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DS. Senado, Pleno, núm. 69, de 24/02/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2010 IX Legislatura
Núm. 69
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 24 de febrero de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Quinto
MOCIONES
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la realización de determinadas actuaciones en el ámbito de las loterías y apuestas del Estado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 417, de fecha 22 de febrero de 2010). (Número de expediente 662/000096).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para impulsar el proyecto de Cielo Único Europeo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I,
número 417, de fecha 22 de febrero de 2010).
(Número de expediente 662/000098).
-- De los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES NACIONALISTAS Y MIXTO, por la que el Senado expresa su apoyo a la candidatura de
Tarragona para que se convierta en la sede organizadora de los XVIII Juegos Mediterráneos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 417, de fecha 22 de febrero de 2010). (Número de expediente 662/000097).
Sexto
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 34, de fecha 19 de febrero de 2010). (Número de expediente Senado 621/000034 y número de expediente Congreso 121/000033).
-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
(Número de expediente Senado 621/000035 y número de expediente Congreso 121/000035).
-- De la Comisión de Igualdad en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 39,
de fecha 22 de febrero de 2010). (Número de expediente Senado 621/000039 y número de expediente Congreso 121/000041).
Séptimo
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones
penales. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 38, de fecha 29 de diciembre de 2009). (Número de expediente Senado 621/000038 y número de expediente Congreso 121/000036).
Octavo
INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO
-- Informe de la Ponencia de estudio sobre clarificación del sistema de voto en la elección del Senado, constituida en el seno de la Comisión Constitucional. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I,
número 410, de fecha 9 de febrero de 2010).
(Número de expediente 543/000001).
Noveno
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO
-- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación a la papeleta electoral. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número
14, de fecha 17 de febrero de 2010). (Número de expediente 622/000014).
Décimo
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES
-- En relación con diversos señores Senadores. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 417, de fecha 22 de febrero de 2010). (Número de expediente 542/000023).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
MOCIONES (Página 3563)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la realización de determinadas actuaciones en el ámbito de las loterías y apuestas del Estado (Página 3563)
La señora Angulo Martínez defiende la moción.
La señora Vicente González defiende la enmienda de los Grupos Parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas y Mixto.
La señora Angulo Martínez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.
En turno de portavoces, intervienen los señores Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como las señoras
Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Vicente González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza la moción por 118 votos a favor y 135 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para impulsar el proyecto de Cielo Único Europeo (Página 3570) )
El señor Gordo Pérez defiende la moción.
El señor Muñoz Hernández retira la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tras informar de su contenido.
El señor Burgos Pérez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
La señora Candini i Puig retira la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tras informar de su contenido.
El señor Gordo Pérez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.
En turno de portavoces, intervienen los señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Gordo Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Burgos Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación.
Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.
De los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES NACIONALISTAS Y MIXTO, por la que el Senado expresa su apoyo a la candidatura de Tarragona
para que se convierta en la sede organizadora de los XVIII Juegos Mediterráneos (Página 3577) )
El señor Muñoz Hernández defiende la moción.
En turno de portavoces, intervienen los señores Mur Bernad y Torres i Torres, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; el señor Maldonado i Gili,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y las señoras Sánchez Hernández, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Blasco Soto, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3583)
De la Comisión de Igualdad en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (Página 3583) )
La señora Flores Fernández, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate de las propuestas de veto.
La señora Caballero Martínez defiende su propuesta de veto número 1.
El señor Casas i Bedós defiende su propuesta de veto número 2.
La señora Dueñas Martínez defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pajín Iraola.
En turno de portavoces intervienen los señores Bagur Mercadal, Mur Bernad y Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; el señor
Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como las señoras Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Hernández Gutierrez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Dueñas
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, de la señora Caballero Martínez, por 126 votos a favor, 134 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del señor Casas i Bedós, por 128 votos a favor, 132 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 126 votos a favor, 134 en contra y 2 abstenciones.
Se suspende la sesión a las catorce horas.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
Comienza el debate del articulado.
La señora Caballero Martínez defiende su enmienda número 1.
El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números 9 y 10, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Pérez Bouza defiende las enmiendas 2, 3 y 5 a 7 y retira las números 4 y 8, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
La señora Candini i Puig defiende las enmiendas 35, 36, 38 a 46, 51, 56 a 58 y 60, y retira las números 37, 47 a 50, 52 a 55 y 59, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La señora Baig i Torras y el señor Guillot Miravet anuncian que retiran las enmiendas 11 a 34, de Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tras informar de su contenido.
La señora Fuente Fombellida defiende las enmiendas 61 a 88, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Lertxundi Barañano.
En turno de portavoces intervienen las señoras Caballero Martínez, por el Grupo Parlamentario Mixto; Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Hernández Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Dueñas Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comienza la votación.
Se rechaza la enmienda número 1, de la señora Caballero Martínez, por 123 votos a favor, 136 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 9 y 10, del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Quintero Castañeda, por 6 votos a favor, 250 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 5 votos a favor, 252 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 10 votos a favor, 248 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 5, 6 y 7, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 6 votos a favor, 251 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 35 y 36, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 126 votos a favor, 133 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 38, 39, 44, 45, 46, 56, 58 y 60, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 127 votos a favor, 132 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 40, 41, 42 y 43, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 5 votos a favor, 254 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 4 votos a favor, 255 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 57, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 3 votos a favor, 256 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 62, 63 y 78, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 124 votos a favor y 136 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 86 y 88, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 125 votos a favor y 135 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 64, 65, 70, 71 y 83, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 125 votos a favor y 135 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 61, 76, 79, 81, 82, 84, 85 y 87, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 124 votos a favor y 136 en contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 132 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.
El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero (Página 3616)
El señor Bella Galán, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
La señora Candini i Puig defiende la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 11 y 12, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Simón de la Torre, del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 1 a 9 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y la enmienda número
13.
En turno de portavoces intervienen el señor Torres i Torres, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Guillot Miravet, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Iranzo Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Valín Alonso, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comienza la votación.
Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 12 votos a favor y 241 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 11 y 12, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 12 votos a favor y 239 en contra.
Se aprueba la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 1 a 8 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 132 votos a favor, 118 en contra y
2 abstenciones.
Se aprueban las propuestas de modificación números 32793 y 32794 por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior, por 254 votos a favor.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 254 votos a favor.
El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso (Página 3621)
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3621) )
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones
penales (Página 3621) )
Estos dos proyectos de ley se debaten de forma conjunta.
El señor Asensio Martínez, presidente de la Comisión de Justicia, presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
El señor Chiquillo Barber retira las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tras informar de su contenido.
En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Abellán Martínez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comienza la votación.
Se aprueba el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso, por 227 votos a favor y 17 abstenciones.
El señor Presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
Se aprueba el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de
infracciones penales, por 246 votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO (Página 3627)
Informe de la Ponencia de estudio sobre clarificación del sistema de voto en la elección del Senado, constituida en el seno de la Comisión Constitucional (Página 3627)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 3627)
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación a la papeleta electoral (Página 3627) )
Estos dos puntos del orden del día se debaten de forma conjunta.
El señor López Carrasco, presidente de la Comisión Constitucional, presenta el informe.
En turno de portavoces intervienen lo señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Molas i Batllori, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como las señoras Sumelzo Jordán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba el informe de la ponencia por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación a la papeleta electoral, por asentimiento de la Cámara.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES (Página 3632)
En relación con diversos señores Senadores (Página 3632)
El señor Imbroda Ortiz, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.
El señor presidente informa a la Cámara de que queda probado el dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades en los términos en que aparece publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 417, de
fecha 22 de febrero de 2010.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Se reanuda la sesión.
MOCIONES
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO (Número de expediente 662/000096).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto quinto del orden del día: Mociones. Moción del Grupo Popular por la que se insta al Gobierno a la realización de determinadas actuaciones en el ámbito de las loterías y apuestas del
Estado.
A esta moción se ha presentado una enmienda de los grupos parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas y Mixto. Para la defensa de la moción, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Angulo.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender la moción que el Grupo Popular ha presentado para que esta Cámara inste al Gobierno a realizar determinadas actuaciones en el ámbito de las loterías y apuestas del Estado. Es una moción que, como
mínimo, nos va a permitir un debate sobre un tema que consideramos de gran transcendencia, como es la denuncia de la patronal y los agentes sociales de las loterías sobre la privatización que pretende llevar a cabo el Gobierno, dejando solo a la
entidad pública Loterías y Apuestas del Estado la comercialización de lotería en Internet. Es un asunto que, como digo, es transcendental y que, sin embargo, de forma sorprendente, ha pasado por las Cámaras escondido en dos disposiciones
adicionales del proyecto de ley de presupuestos, sin habernos dado siquiera la oportunidad de mantener un debate sustantivo y en profundidad.
Resulta que la Ley General de Presupuestos para 2010 incluía, como si nada, dos disposiciones adicionales que cambian el régimen jurídico de la comercialización de las loterías del Estado hasta el punto de que cualquier empresa, cualquier
operador de apuestas por Internet puede acceder al mercado a través de un contrato privado. De esa forma, se podrá comprar un décimo de lotería nacional como hasta ahora: en una de las 4030 administraciones de lotería o en uno de los 6000 negocios
que tienen concedida una concesión pública, pero también en cualquier tipo de expendedor ubicado en una estación, en un supermercado o en una gasolinera. En definitiva, la comercialización de las loterías se regiría a partir de ahora por el derecho
privado, y la concesión administrativa se cambiaría por un simple contrato comercial al que podría tener acceso cualquier empresa o cualquier operador.
Tengo que señalar que el Grupo Popular ha presentado sendas enmiendas orientadas a la supresión de las mencionadas disposiciones adicionales tras un acuerdo inicial en el Congreso que se consideró claramente insuficiente por el sector, y lo
hicimos porque conocimos esa gran preocupación existente, tanto en la patronal como en los sindicatos, una preocupación que se extiende al futuro que genera este cambio legislativo, y también porque observamos la transcendencia de un tema que el
Gobierno intentaba colar casi a hurtadillas.
¿Por qué presentamos esas enmiendas y por qué presenta hoy esta moción el Grupo Parlamentario Popular? Porque el Gobierno, como digo, en esas dos disposiciones adicionales que pasan casi desapercibidas, cambia radicalmente el modelo de
comercialización de los juegos del Estado y aprueba un modelo que supone una ruptura, una múltiple ruptura. Es una ruptura con el sistema actual, un sistema eficiente y prestigiado en toda la Unión Europea al que se ha llegado a calificar como el
mejor de toda la Unión. Supone también una ruptura con otros precedentes legislativos, como los monopolios fiscales y de rentas públicas -por ejemplo, tabacos e hidrocarburos-, donde el cambio de modelo de comercialización se modificó, como no
podía ser de otra forma, mediante un texto legal.
Asimismo, supone una ruptura con la política que se venía anunciando por el propio Gobierno, una política que se marcó el 31 de diciembre de 2008 como plazo límite para presentar un proyecto de ley
para regular y desarrollar un marco jurídico del juego público, algo que un año y dos meses después siguen sin hacer. Y supone, en cuarto lugar, una ruptura con el sector, con la patronal y con los sindicatos, que ya en marzo de 2009 denunciaban
mediante un comunicado conjunto la intención del Ejecutivo de privatizar los juegos del Estado y los efectos devastadores que tendría la venta masiva en terminales, por ejemplo, más ludopatía y menos empleo, y eso sin que el Gobierno les haya
prestado la menor atención.
Por lo tanto, acabar con un modelo que funciona; un modelo que de hecho es nueve veces más productivo para los ciudadanos que cualquier otro de nuestro entorno que esté construido a base de puntos de venta mixtos; un modelo con un tejido
productivo que solo en la red especializada, en la red de administraciones, representa más de 4000 pequeñas y medianas empresas y más de 12 000 empleos directos; un modelo que, además, genera para el Tesoro, para la Hacienda pública, para los
ciudadanos de este país, nada menos que 2900 millones de euros al año; acabar con ese modelo y cambiarlo por otro que podría generar escasamente menos de 800, y hacerlo además a espaldas de los sindicatos y de la patronal, sin información, sin
difusión y sin siquiera un texto legal que dé soporte jurídico y aporte las garantías necesarias a las administraciones y a los consumidores, supondría lo que definía un lotero en esa manifestación que hicieron contra el Gobierno: un tiro de gracia
a los loteros y a las loterías.
El Gobierno debería estar explicando por qué quiere acabar con ese modelo, porque tiene difícil explicación y no es fácil de entender.
Esas son las grandes preguntas a las que el Gobierno sigue sin dar respuesta, es decir, por qué y para qué. Esas son las preguntas y las grandes incógnitas que el Gobierno sigue sin responder.
Por eso en este caso, señorías, no es tanto la moción lo que exige una explicación, sino la situación que se ha producido, la situación que el Gobierno ha generado, la que requiere muchas explicaciones, la que requiere muchas respuestas a
las que operadores, consumidores y, por supuesto, también los grupos políticos, tenemos derecho. Son muchas preguntas las que, como digo, siguen sin contestar, pero que se resumen en dos: por qué y para qué, señorías. ¿Por qué la urgencia? ¿Por
qué el oscurantismo? Nos han dicho que para cumplir con Europa, como manifestó la ministra cuando justificaba este cambio de legislación. Por la convergencia con Europa, señorías, desde luego no es, porque, de hecho, Bruselas ha excluido el juego
de la Directiva de servicios argumentando precisamente la especificidad de las actividades por cuanto derivan en la aplicación de determinadas políticas incluidas las relativas a la protección de los consumidores, y de hecho también el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, al contrario que en otros sectores en los que ha impuesto la liberalización, en doctrina reciente ha afirmado de forma explícita que la reserva del sector al Estado es perfectamente acorde con la normativa
europea.
¿Para recaudar más? Ya sabemos que esto es siempre, y más últimamente, la obsesión de este Gobierno derrochador, y claro, al final, las políticas de gastar, gastar, gastar determinan una necesidad de recaudar, recaudar, recaudar. Lo
denunciaban también los inspectores de Hacienda la semana pasada: un Gobierno que necesita recaudar todo lo que pueda para gastar todo lo que quiera. Pero señorías, aumentar los puntos de venta de forma masiva a través de terminales no garantiza
en absoluto un aumento en las ventas. Está ignorando el Gobierno que España, con 46 millones de habitantes en 2008, 4030 puntos de venta especializados y 6500 puntos de venta con otra actividad principal -puntos de venta mixtos- en 2008 facturó 10
000 millones de euros, más que otros países de nuestro entorno que tienen un sistema privatizado. Y el juego público en España ha incrementado en los últimos años cuota de mercado. Hay que recordar que de esos 10 048 millones de euros, casi 3000
millones, vuelvo a decir, son para el Tesoro y son, por tanto, una renta pública de los ciudadanos de este país. Cualquier otro modelo que suponga perder ventas y facturación significa, al final, restar dinero de esa renta pública que corresponde a
los ciudadanos. ¿Cuánto? Pues, como decía, se estima que pasaríamos a una cifra menor a los 800 millones de euros al año en tanto que ahora estamos recaudando 3000 millones de euros para la Hacienda pública, para las arcas del Estado. Por tanto,
¿cómo puede plantearse el Gobierno modificar una renta de todos los ciudadanos de 2900 millones de euros, que es prácticamente todo el gasto del capítulo 2, de gasto corriente en bienes y servicios? Y todo ello sin contar con la patronal, con los
sindicatos y con los grupos políticos, sin tener un proyecto de ley del juego público que sea el marco regulador, algo que entendemos que debe ser absolutamente irrenunciable para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a seguir percibiendo
dicha renta.
Pero podríamos perder aún mas que eso, porque hay que tener en cuenta que el Gobierno ha decidido privatizar un sector, como decía antes, que abarca a más de 4000 pymes, que emplea, entre la red especializada y la mixta, a más de 25 000
personas, que cuenta con una red comercial -me refiero solo a la especializada- con una estructura y con una experiencia empresarial de más de doscientos años y con un sistema de comercialización que, además de eficiente, forma parte, en el caso de
la lotería de billetes, de nuestra identidad cultural.
Quizá todos esos factores, como señalaban todos en la primera convención nacional que los administradores de lotería celebraron el día 29 de marzo de 2009, hacen de nuestro juego público un sistema que tiene un plus de competitividad y de
eficiencia, y quizá por eso también genera un plus de confianza. Pero competitividad y confianza, señorías, no son en absoluto valores a desdeñar en un momento en que uno de los datos más preocupantes en este país es el número de empresas que
cierran cada día y el progresivo desmantelamiento de nuestro tejido productivo. Por eso les decía que, en realidad, lo que es complicado de entender y es aún más complicado de defender, es esa privatización escondida que el Gobierno está
planteando.
Por lo que respecta a nuestra moción, he de decir que es muy fácil de defender. En primer lugar, con ella estamos tratando de dar respuesta a una razón fundamental que, como les decía, es de interés general para todos los ciudadanos, que
son los que perderían con esa privatización. En segundo lugar, estamos dando respuesta también al sentido común, es decir, a la necesidad de poder contar con una ley que establezca el escenario, el marco jurídico. En tercer lugar, estamos tratando
de dar respuesta al sector, porque si vamos a cambiar un sistema que está funcionando, que es eficiente y productivo, qué menos que exigir del Gobierno el contenido de nuestra moción, que dialogue con los sectores implicados y con los agentes
sociales para que tengan suficiente información y puedan debatir una posible modificación del estatus que tienen reconocido actualmente. Ese es el primer punto. Segundo punto, que el Gobierno elabore una ley de juego público y deje en suspenso las
disposiciones adicionales 32 y 34 de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 en tanto no sea aprobada la futura ley. Tercer punto, que el Gobierno estudie todas las opciones posibles de los diferentes modelos de comercialización y no solo
la privatización que ha planteado, puesto que ello condicionaría la futura ley de juego público. Cuarto punto, proponemos que asegure -qué menos- que el nuevo modelo por el que se opte resulte al menos tan eficiente como el que se pretende mejorar.
Con ello tratamos de aportar sentido común y racionalidad, pero, señorías, sobre todo tratamos de aportar, tanto cuantitativa como cualitativamente, garantías en un asun-
to de gran trascendencia, garantías de información, de debate, de participación y también garantías para no perder más en nuestras cuentas públicas. En definitiva, garantías para todos los ciudadanos de este país.
Por eso, aunque me consta que hay una propuesta de enmienda transaccional presentada por el resto de los grupos, me atrevo a solicitar su apoyo para el texto íntegro de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la señora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, utilizo este turno para presentar la enmienda firmada por todos los grupos parlamentarios. Aunque la senadora Angulo ha hecho gala de su atrevimiento, no parece estar presente en su trabajo diario ni en su estrategia el consenso
ni el acuerdo que pretendemos con esta iniciativa los grupos que hemos firmado esta enmienda.
Sí quisiera decirles a sus señorías que el Grupo Socialista, en nombre del resto de los grupos que hemos firmado esta enmienda -que seguro que estarán a favor de lo que voy a decir a continuación-, hemos hecho todos los esfuerzos para que
salga adelante esta iniciativa suya, del Grupo Popular, que entendemos que puede recoger una cierta inquietud de una pequeña parte del sector de loterías. Y digo de una pequeña parte porque, como bien explicaré en mi intervención, es necesario
contar con el consenso del sector, de la patronal, de los sindicatos, de las comunidades autónomas, a las que usted ni siquiera ha hecho mención.
En aras de ese consenso y de ese acuerdo, que es lo que esta iniciativa pretende, lo que no entendemos es que usted haga afirmaciones como las que ha estado realizando a lo largo de su intervención: desde el oscurantismo que, según usted,
está practicando el Gobierno, hasta que este Gobierno es derrochador, que ha intentado una ruptura del sector, que ha cambiado el modelo del sector de loterías a escondidas, cuando, no sé si afortunadamente -porque parece que la memoria nos falla a
veces-, la única cuestión que el Grupo Popular aprobó en los Presupuestos Generales del Estado fue esta, gracias a una incorporación suya. Por ello no entiendo muy bien cuál es la estrategia que ustedes pretenden, o quizá pueda entenderla si es que
se trata de paralizar este proceso de acuerdo y de consenso con todo el sector implicado y con las comunidades autónomas.
Repito que lo que pretende esta enmienda que hemos presentado los diferentes grupos políticos es justamente lo que usted no ha transmitido a esta Cámara, que es el acuerdo y el consenso del sector y de las comunidades autónomas, así como de
todos aquellos implicados en este proceso. Y digo bien, porque, como pueden ver, la enmienda tiene dos puntos en los que coincidimos con algunas de las cuestiones que usted plantea en la iniciativa. Por un lado, continuar el diálogo con los puntos
de venta de la red de comercialización de Loterías y Apuestas del Estado y estudiar el modelo de comercialización para conseguir una gestión más eficaz, así como elaborar, en el marco de una ley ya vigente que votamos en esta Cámara, una nueva
regulación de la ley del juego, para dar seguridad jurídica a este sector.
Como he dicho anteriormente, lo que usted nos ha transmitido no es lo que pretende esta enmienda, que es el acuerdo y el diálogo, que es lo que pretenden el Ministerio de Economía y Hacienda y la Dirección de Loterías y Apuestas del Estado,
que están trabajando en esta ley del juego, y usted sabe perfectamente que parte de las competencias del sector del juego las tienen las comunidades autónomas, y hay que dejar constancia de ello.
El Ministerio de Economía y Hacienda está trabajando en esta futura ley del juego, que será importante para que no existan vacíos legales en estas cuestiones y para que haya una mejor protección de la seguridad jurídica del sector.
Como nuestra enmienda lo que pretendía era el acuerdo y el consenso, lo que no vamos a hacer, desde luego, es votar una moción cuando parece que no quiere que lleguemos a un acuerdo. Señoría, únicamente le solicitaría, después del esfuerzo
que hemos hecho los diferentes grupos parlamentarios, que se lo pensase, ya que todavía estamos a tiempo, e incluso a lo largo del debate podríamos llegar a acuerdos, aunque, como digo, me ha dado la sensación de que usted no quiere, pero aun así me
atrevo a esperar que el acuerdo se lleve a cabo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Angulo para manifestar si acepta o no la enmienda.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular no va a aceptar la enmienda presentada porque no es una enmienda de modificación a pesar de lo que parece sugerir la portavoz del Grupo Socialista. Trata con ella de sustituir una moción que contiene unos puntos esenciales
y, precisamente, esa enmienda mutila nuestra moción en puntos fundamentales. De hecho, queda reducida al diálogo, del cual habla la senadora Vicente, ignorando que el propio sector ha manifestado que no cuenta con un solo documento del Gobierno en
todo este proceso que no sean las disposiciones adicionales que, como he dicho, el Gobierno coló de rondón en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Luego decir que continúan con el diálogo supone, cuando menos, una presunción de
falsedad importante. Prometen otra vez una regulación del juego, y tengo que recordar a la senadora Vicente y al resto de los grupos que es una promesa, un compromiso reiteradas veces adquirido y reiteradas veces incumplido por el Gobierno, por lo
tanto, suena más a un intento de salir del paso.
Yo preguntaría de qué están en contra. ¿Están en contra de debatir sobre otros posibles modelos que no sea el de la privatización? ¿Están en contra de asegurar que el nuevo modelo por el que opte el Gobierno sea como mínimo tan eficiente y
tan productivo como el que tenemos y por lo tanto, asegure esa renta que están percibiendo los ciudadanos de este país, las arcas públicas del Estado? ¿Están en contra de exigir que el modelo por el que se opte sea más eficiente?
No podemos, por tanto, aceptar una enmienda que, además, no cuenta con el apoyo del sector -insisto-, no cuenta con el sentido común, porque está apostando por una privatización que es ampliamente rechazada y, desde luego, no cuenta con las
mínimas garantías exigibles ni de que el Gobierno vaya a elaborar la ley del juego ni de que se vaya a garantizar ese mínimo de renta pública para todos los ciudadanos de este país.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
La enmienda no ha sido aceptada.
¿Turno en contra? (Denegaciones.)
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
La moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular es adecuada; la hemos leído y estudiado con mucho interés porque consideramos que el sector afectado está muy inquieto y además ve sus puestos de trabajo en peligro.
Pero habíamos hecho un esfuerzo con esta enmienda de sustitución, porque contiene los dos elementos fundamentales: no se mutila el espíritu de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular y continúa el diálogo con los puntos de
venta de la red comercial de loterías. Creo que es fundamental y que está latente en toda la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y elaborar en la disposición adicional vigésima un marco de actuación para dar seguridad jurídica nos parece
que es lo procedente.
Nosotros añadimos algo más que se suele olvidar en este tipo de iniciativas: las competencias autonómicas. No se tienen en cuenta, y consideramos que es de muchísimo interés, y lamentamos que, en esta ocasión, una buena iniciativa quede
malograda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Moltes gràcies, president.
Señorías, senadora Angulo, nosotros hemos presentado enmiendas a las disposiciones adicionales 32 y 34 de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Solicitábamos en concreto que este movimiento de liberalización -nosotros entendemos
que no es de privatización, sino de liberalización de un sector- se hiciera en un período de cinco años.
Finalmente, se llegó a una transaccional con el Gobierno y se situó en dos años, y estamos en los dos años. ¿Cuál era el objetivo? Pues lo
que usted plantea en esta enmienda, con la que estamos absolutamente de acuerdo, que es dialogar con el sector y buscar medidas para que esta liberalización se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible.
¿Por qué creemos que son importantes este proceso y este movimiento? Por dos razones. Ahora mismo lo planteaba el senador Anasagasti. ¿Qué ha pasado en el mundo de las loterías, que tiene esta historia de doscientos años y que es un
método eficaz? En Cataluña tenemos un fenómeno, que es La Bruixa d'Or, en Sort. La primera industria de Sort es la lotería. Van autocares con gente a comprar lotería porque en La Bruixa d'Or toca. Esto forma parte de esta cultura, y si el
alcalde de Sort estuviera aquí, estaría emocionado contando qué ocurre cada día en esta bruixa.
Pero hay otro fenómeno nuevo que es Internet. La Bruixa d'Or vende billetes en directo, pero introdujo un debate en el mundo de la lotería con la aparición de Internet, potenciando sus ventas a través de este medio. Este es el nuevo
fenómeno sobre el que tenemos que hablar, y en estos dos años pretendemos que se dialogue entre el Gobierno y las administraciones tradicionales sobre los nuevos métodos y solucionar este asunto. Continuamente estamos viendo publicidad de apuestas
por Internet que los equipos de fútbol llevan en su camiseta. Estamos ante una revolución importante. Luego hay otra gran revolución, y es que las competencias de la lotería se han traspasado a las comunidades autónomas.
El Estado tiene unas
competencias, pero, cada vez más, las autonomías tienen otras porque, además, están desarrollando juegos y loterías que tienen carácter autonómico. Esto exige una nueva regulación.
Entonces, ¿por qué nos parece bien esta enmienda transaccional? Primero, porque creo que defiende claramente nuestra voluntad de dialogar y buscar una fórmula mejor para avanzar en estos nuevos retos, que son nuevas loterías, nuevas
apuestas, nuevas competencias autonómicas, más esta nueva tecnología que está revolucionando todo el mundo de las apuestas y, por tanto, también el mundo de la lotería. Esto exige seguridad jurídica, una nueva regulación y respeto a las
competencias. Por estas razones planteamos una enmienda de sustitución basada en la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que, además, ya establece muy claramente que esta nueva
sociedad de la información ha de respetar las competencias autonómicas.
Por tanto, señora Angulo, lamento mucho que no apoye esta transacción que -repito- fundamentalmente respeta lo que usted quiere o, al menos, lo que nosotros queremos, que es el diálogo con el sector, el diálogo para conseguir un sistema que
dé respuesta a las nuevas
necesidades y a los nuevos retos que tiene planteados este sector de gran importancia. Además, hay que asegurar una regulación, pero que no invada las competencias que las comunidades autónomas tienen en este momento.
Por todo ello, nosotros habríamos apoyado claramente esta enmienda de sustitución. No podremos apoyar la suya porque ignora estas realidades que hay que conformar. En cualquier caso, el debate ha sido interesante, y lo vamos a seguir
manteniendo vivo porque es un asunto de gran interés para todos.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la señora Alberich.
La señora ALBERICH CANO: President, molt bon dia.
Mi grupo parlamentario ha apoyado la enmienda transaccional por un motivo de coherencia. Nosotros aprobamos estos presupuestos y estas disposiciones adicionales, con lo cual no entendemos lógico que ahora votemos su suspensión.
Dicho esto, lo que proponemos los grupos que hemos firmado la enmienda transaccional y lo que propone el Grupo Parlamentario Popular no difiere en casi nada, simplemente en esa suspensión. Si respetamos que hay grupos que no podemos aprobar
esa suspensión, nos ponemos de acuerdo en todo lo demás, en el 99,9% del contenido de la moción. ¿Por qué? Porque, obviamente, de alguna manera entendemos muy bien los nervios, la incertidumbre y la necesidad real del sector de mantener un diálogo
firme con el organismo de Loterías y Apuestas del Estado para determinar conjuntamente cuál tiene que ser su futuro y, además, creemos que es la manera de hacerlo. Sabemos que se está haciendo en el marco que comentaba el senador Vilajoana, pero
que se debe seguir haciendo, y estamos de acuerdo. Por otro lado, la nueva ley del juego es una propuesta manifestada por el propio Gobierno que se va a redactar.
Por todo ello, pensábamos que era una buena enmienda transaccional y, también, porque cuando hablamos de lotería se tienen que tener en cuenta muchas, no solo el factor Internet, sino otras cuestiones que vienen de lejos y que tienen mucho
que ver con esta modificación. La mayoría de nosotros compramos la lotería en los bares, esto es una realidad y está sucediendo, y no son puntos de venta autorizados. Deberíamos regular esa situación. Internet es otro fenómeno que, de alguna
manera, supone indefensión. Se puede comprar un billete de lotería por Internet, pero lo tienen que enviar por correo y hay que hacer un pago por transferencia bancaria y tampoco está regulado. Con estas disposiciones tenemos que conseguir una
regulación y seguridad no solo para los puntos de venta, sino también para los que compran.
Quiero añadir una cuestión que no se ha comentado en el debate, pero que hay que tener en cuenta porque parece que vamos a hacer modificaciones de golpe y todo lo demás va a quedar atrás y olvidado. Quiero recordar que en la disposición
trigésimo cuarta se mantienen los privilegios de los concesionarios actuales de cualquier estafeta de Loterías y Apuestas del Estado, es decir, no se privatizan de golpe sino que mantienen sus derechos.
Otra cuestión, que nos gustará o no, que puede ser debatible o no, es que la liberalización del sector es una realidad, y es hacia donde camina la Unión Europea, y no solo en este sector sino en todos. Nos pasamos gran parte de nuestro
trabajo adaptando y transponiendo directivas europeas en la comercialización de servicios o en cualquier otro asunto que tenga que ver con el comercio en general, y la normativa europea va hacia la liberalización, o sea que no nos parece tan raro
liberalizar este sector, eso sí, con seguridad para todos y respetando obviamente aquello mismo que en cualquiera de las partes afectadas y sobre todo -como han comentado los senadores y senadoras de comunidades autónomas-, las competencias propias
de todas las comunidades autónomas, en coordinación con el organismo y con el Gobierno, pero respetando las competencias que tienen derivadas.
Gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Vaya por delante que el Grupo Parlamentario Socialista sigue manteniendo la mano tendida para que el Grupo Parlamentario Popular se sume a un acuerdo de esta Cámara para que el sector siga beneficiado, y para que dialogue no solo con el
Gobierno sino también con las diferentes administraciones a efectos de conseguir una futura ley del juego que proteja su sector.
No he podido entender cómo se inicia esta moción. Ha recordado su señoría que va en contra del espíritu del diálogo y el acuerdo, ya que -como usted dice- las disposiciones trigésimo segunda y trigésimo cuarta de los Presupuestos Generales
del Estado perjudican al sector de loterías. He de decirle que la única aportación que hizo el Grupo Popular a los Presupuestos Generales del Estado fue expresamente en esas dos disposiciones, en la trigésimo segunda y en la trigésimo cuarta. Le
leo exactamente la incorporación que ustedes hicieron en este punto que estamos debatiendo: En el ámbito del diálogo con los sectores implicados, el Gobierno realizará en el plazo de dos años una ley del juego, respetando los derechos adquiridos de
los titulares de puntos de venta y delegaciones de las administraciones de loterías, y respetando, por supuesto, las competencias que las comunidades autónomas tienen respecto a la regulación del juego, así como también las que ordenan las
directivas europeas de contratación. Esa es una de las incorporaciones que ustedes firmaron en los Presupuestos Generales del Estado y que votaron a favor, la única que ustedes hicieron a los presupuestos de este año.
Ahora bien, no será el Grupo Parlamentario Socialista, ni mucho menos el actual Gobierno, quien pretenda priva-
tizar el sector de loterías, como ustedes han indicado. Lo único que se pretende es que las relaciones entre los administradores de loterías y apuestas Estado -que hasta ahora venían reguladas por el derecho administrativo- pasen en el
futuro -para las nuevas administraciones- a estar reguladas por el derecho mercantil. Por tanto, las implicaciones son mínimas, y nada tiene que ver con privatizar.
Podemos entender la inquietud del sector de loterías porque se están produciendo cambios importantes -Internet, nuevos puntos de venta de loterías, etcétera.-Le voy a poner un ejemplo. Antes había dos operadores públicos: por un lado,
Loterías y Apuestas del Estado y por otro, la ONCE. Ahora hay gran cantidad de nuevos operadores amparados por el derecho comunitario, que no necesariamente tienen que ser españoles, que están entrando en España y que están cambiando el sector.
Podemos entender que aquellos que trabajan en el sector puedan tener cierta inquietud, pero lo que en todo caso no debemos hacer es alentarla más, sino todo lo contrario: darles soluciones.
Este mínimo cambio, como digo, tiene más ventajas que inconvenientes para los propios administradores de loterías, porque es más cómodo regirse por el derecho mercantil que por el administrativo. Le pongo otro ejemplo.
Cuando
desgraciadamente fallece un administrador de loterías, corresponde al secretario de Estado de Hacienda aprobar una resolución atribuyendo para esa administración de lotería quién es el heredero -si el viudo o la viuda, el hijo o la hija-, lo que nos
suena un tanto anacrónico, porque imagínese usted, cada vez que fallece desgraciadamente el titular de una Administración de lotería, qué carga administrativa supone para la administración realizar una resolución así. Parecerá una tontería, pero
estamos en el siglo XXI y estas cuestiones no deben tener tanta importancia. Por eso, entendemos que es necesario modernizar las relaciones entre los administradores de loterías y apuestas del Estado, pero insistimos en que ello no significa
privatizar el sector.
Es verdad que se trata de un sector que viene desarrollándose desde hace más de 200 años. En la actualidad cuenta con 10 639 establecimientos, 4026 puntos de venta de la red básica y 6613 de la red complementaria, 12 000 puestos de trabajo
directos y reporta al Estado 2700 millones de euros, pero tampoco se pueden obviar nuevas fórmulas en la red comercial como el mercado on line, o incluso la propia protección jurídica, por ejemplo, de los menores respecto de la compra de loterías,
que, obviamente, creo que tiene que recogerse y ha de tenerse en cuenta. Es más, creo que es importante diferenciar entre la legislación sectorial del juego y la estructura organizativa de las loterías, y me da la sensación de que se están
mezclando ambas cuestiones.
Estoy segura de que la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado está dispuesta a continuar con el diálogo, como así ha venido haciendo con las asociaciones representativas respecto de los intereses de los puntos de venta en su red
comercial desde 2007 en el marco de las negociaciones para desarrollar el contrato programa de la entidad. Este contrato programa no contempla procedimientos de comercialización de la lotería nacional, como se oye decir por parte de ciertos
sectores, a los que solo parece representar usted. Su señoría únicamente plantea el compromiso de análisis del mercado del juego en general y de sus formas de comercialización, y si de ese análisis del mercado o de la actual red de venta se
dedujera esa necesidad, en ningún caso se trataría de un sistema alternativo, sino en todo caso complementario a la actual red de ventas.
Como bien decía la senadora Alberich, ¿quién no ha comprado un décimo de lotería en un bar o en un quiosco o
es que ahora queremos obviar esa realidad? ¿No es complementaria esa venta de lotería con la de las propias administraciones de lotería? ¿No han regalado ustedes un décimo de lotería alguna vez? ¿Qué quieren decir, que con la nueva regulación no
se va a tener esto en cuenta? Creo que son hipótesis vacías de contenido que se alejan de la realidad.
Además usted sabe muy bien que en otros países de la Unión Europea se está avanzando en la regulación de este sector. Reino Unido y Austria ya lo tienen muy avanzado; Francia la está preparando, paralelamente a España; Italia, Dinamarca,
Holanda y Alemania están en este proceso debido a las recomendaciones de la Unión Europea. Por eso creemos que es importante que después de muchos años, por fin, la ley avance en nuestro país, donde el Gobierno no tiene ninguna intención de dejar a
las comunidades autónomas fuera del reparto de los beneficios obtenidos de los impuestos, y menos de la usurpación de los mismos. Por eso es importante el trabajo conjunto con las comunidades autónomas, porque esto viene asociado a la legislación
del sector del juego. Las comunidades autónomas están trabajando en este sentido, lo que, desde luego, agradece el Gobierno de España.
En todo caso, el Gobierno ya asumió el compromiso, en el marco de la disposición adicional vigésima de la Ley de la sociedad de la información, de elaborar una ley de regulación del juego en 2007. Se lo hemos vuelto a recordar, aunque usted
lo obvie, con la incorporación en los Presupuestos Generales del Estado para este año del consenso y la propuesta de que el Gobierno elabore una ley para proteger la seguridad jurídica del sector.
Señoría, le pido que reconsidere su posición. Sabe perfectamente que a través de una moción no podemos suspender una ley y menos si es la Ley de Presupuestos Generales del Estado porque no tiene sentido y porque hay otros caminos para
trabajar y dar seguridad al sector.
Considere la propuesta firmada por todos los grupos de esta Cámara, excepto por ustedes. Su señoría sabe, por las conversaciones que hemos mantenido, que todavía puede existir alguna posibilidad de que el Grupo Popular se sume a esta
enmienda.
Continuar con el diálogo, estudiar el modelo de comercialización más eficaz y elaborar una ley del juego que dé más seguridad son objetivos en los que tanto ustedes, como el resto de la Cámara, estamos de acuerdo.
Por el contrario, si su
estrategia es otra, la de parali-
zar el proceso de acuerdo y de diálogo, están en el camino equivocado.
Desde luego, desde el Grupo Socialista seguimos tendiendo la mano al Grupo Popular, lo que no queremos es que nos la corten.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, empezaré por aclarar que estamos debatiendo una moción del Grupo Popular, no una enmienda que reduce a la mínima expresión la moción del Grupo Popular, que es lo que hace la enmienda: mutilar y reducir la moción que presentaba mi
grupo parlamentario.
El senador Anasagasti expresaba su preocupación por el diálogo con las comunidades autónomas. Desde luego, el Grupo Popular estamos totalmente de acuerdo en que el Gobierno debe hablar con las comunidades autónomas, pero lo que no puede
ocurrir, como en tantos otros casos, es que el Gobierno y el ente público Loterías y Apuestas del Estado pasen de las comunidades autónomas, se inhiban, renuncien a sus responsabilidades y no hagan lo que les corresponde.
Precisamente por eso también es necesaria esta moción. En la reunión que celebraron las comunidades autónomas el pasado 15 de julio para abordar todos los asuntos que conciernen al sector, Loterías y Apuestas del Estado, el operador y
regulador ni siquiera asistió. Ahora nos habla el Grupo Socialista de diálogo con las comunidades autónomas, pero cuando su Gobierno tiene la oportunidad y la obligación de hacerlo, no asiste a las reuniones.
El senador Vilajoana decía que la moción es correcta, y, efectivamente, es así. Se trata de un contenido de mínimos; estamos hablando de diálogo, de garantías, de sentido común y de que seamos los grupos políticos los que establezcamos el
marco jurídico en el que se determinen cada una de las partes del proceso. Por eso, y porque entendemos que mutila la moción, no aceptamos la enmienda. ¿Por qué? Porque al final, si aprobásemos esa enmienda, estaríamos aceptando lo que está
haciendo el Gobierno. ¿Y qué está haciendo el Gobierno? Primero, privatizar, a riesgo de que los españoles pierdan, de que las arcas del Estado pierdan más de 2000 millones de euros al año; y, segundo, dicen que elaborarán una ley del juego -que
es algo que ya han incumplido en repetidas ocasiones- para después iniciar el diálogo. No tiene ningún sentido, y eso es lo que se propone en la enmienda, primero, la privatización y después el diálogo y la ley del juego. Nos parece totalmente
absurdo y que puede tener efectos nocivos.
Senadora Alberich, se refería usted al interés por los consumidores y por los ciudadanos. Precisamente por eso presentamos esta moción.
Hablaba usted de la trasposición de una directiva. Fíjese, como he dicho en mi primera intervención: no hay ninguna normativa comunitaria que obligue a los Estados miembros a renunciar al monopolio de los juegos ni a privatizar total o
parcialmente su gestión comercial. Ese argumento, que esgrimió la ministra asegurando que se trataba de una obligación -entre comillas- de converger con Europa, es absolutamente falso. En lo único que podríamos converger con Europa, con la
privatización que pretende el Gobierno, es en pérdidas, en perder más de 2000 millones de euros para los ciudadanos de España. Fíjese, la asociación que agrupa a las loterías nacionales de los veintisiete Estados miembros ha alabado públicamente la
decisión de que los Estados miembros puedan mantener la reserva, asegurando que existe la gran confianza de que el Estado pueda mantener un monopolio sobre el juego.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al que me he referido en mi primera intervención, ha ido más allá y ha defendido las restricciones que en algunos países se han impuesto a las empresas privadas de apuestas y juegos por
Internet, restricciones que, según el tribunal, se explican por la necesidad de aplicar políticas contra el fraude y la criminalidad. Pero de eso en España no hablamos porque ni siquiera tenemos una ley, porque al final con esta privatización el
Gobierno va a convertir el juego en una actividad sin ley en su sentido literal. Esa es la realidad, senadora Vicente.
Señorías del Grupo Socialista, nosotros hemos hablado con el sector, antes y después. Usted está ignorando que hubo un comunicado conjunto de ANAPAL, FENAPAL, APLA y de las federaciones de UGT y de Comisiones Obreras en el que precisamente
denunciaban su falta de diálogo, algo de lo que pretende usted presumir hoy. Reitero que no hay ningún documento que no sean esas disposiciones adicionales.
Senadora Vicente, usted no se ha referido en ningún momento a la pregunta que le formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué pasará si con la privatización que pretende el Gobierno perdemos 3000 millones de euros al año? ¿Qué
pasará si con la privatización que pretende el Gobierno se produce la misma situación que en otros países como el Reino Unido o Francia, donde únicamente con puntos de venta mixtos la recaudación, con una población superior e incluso en algunos
casos con una renta per cápita superior, es notablemente inferior? ¿Cómo van a explicar a los ciudadanos que ustedes han aprobado una privatización que pretende nada más que eso: dinero y liquidez inmediata para el Gobierno a fin de tapar el
agujero de las cuentas públicas, aunque ello pueda suponer una pérdida y el desmantelamiento de un sector productivo importante en este país?
Señorías del Grupo Socialista, como manifiesta la senadora Vicente, ustedes reclaman confianza para el Gobierno. Piden confianza para un Gobierno que dice que sí va a aprobar una ley del juego, pero en el sector no les creen y,
probablemente, muchos de ustedes tampoco lo creen porque el Gobierno ya prometió una ley del juego. La sena-
dora Vicente ha comentado que no se puede anular algo aprobado en los presupuestos, pero en el contrato programa firmado entre el Ministerio de Economía y Loterías y Apuestas del Estado, que se aprobó en la disposición adicional cuadragésimo
séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 -estamos hablando de hace tres años-, el Gobierno ya prometió que en un plazo de dos años desarrollaría un marco jurídico del juego público. Ahí tenemos el primer compromiso
que no han cumplido, pues el plazo terminaba el 31 de diciembre de 2008. Nos engañaron, a ustedes también.
El segundo compromiso que no han cumplido lo tenemos en la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, pues señala que el Gobierno presentará un proyecto de ley para regular actividades de juego y apuestas, y siguen
sin hacerlo.
Y el último compromiso, senadora Vicente: el director de Loterías y Apuestas del Estado ni siquiera se compromete, solo manifiesta que mantiene la esperanza de que el Gobierno elabore esa ley antes de que termine la legislatura, pero ni
siquiera señala cuál, eso sí, se dan mucha prisa y aprueban unas disposiciones para hacer una privatización por la puerta de atrás.
Este es el segundo punto al que usted se ha referido. Su señoría anuncia que no quieren privatizar las loterías, ¿pero qué problema tienen, señores del Grupo Socialista, con el lenguaje? ¿Qué problemas tienen para decir la verdad? Pero ya
nadie les cree, de hecho todos los titulares coinciden: Los sindicatos temen que el Gobierno pretenda privatizar la lotería igual que en otros países europeos; El Gobierno quiere vender la lotería por 30 000 millones; El Gobierno quiere
privatizar la lotería sin hacer demasiado ruido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
A esto todos le llamamos privatización, pero ustedes, como les pasa con la crisis, le llaman de otra manera, y eso es engañar a los ciudadanos.
Además, cuando uno quiere hacer las cosas como ustedes, de tapadillo y sin saber o al menos sin
explicar ni por qué ni para qué, como mínimo generan incertidumbre y desconcierto. Y cuando además aparecen noticias, que el Gobierno no ha desmentido, sobre posibles negociaciones del Gobierno con operadores europeos, que en otros países estarían
excluidos y no podrían obtener licencia porque tienen filiales que operan en paraísos fiscales, y tampoco han informado, repito, cuando el Gobierno no ha desmentido ninguna de esas noticias, se genera más incertidumbre, se genera más recelo y se
genera más temor. (Rumores.)
Senadora Vicente, usted pide tranquilidad y pide confianza. Pero es difícil que ustedes y el Gobierno obtengan confianza, porque cuando hablamos de un Gobierno que ha engañado tantas veces, se genera desconfianza y se genera recelo.
(Rumores.) Porque ¿quién puede creer ahora mismo que la intención del Gobierno es lo que reclama el sector, que es
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: mayor productividad, mantener o incrementar empleo y potenciar el valor económico de los juegos, cuando están apostando por un modelo que es justamente lo contrario, que se ha demostrado que es justamente lo
contrario en países de nuestro entorno, si hoy ustedes están votando en contra de garantizar que el nuevo modelo sea como mínimo tan bueno como el que tenemos? ¿Quién va a creer en ustedes? (Rumores.)
Señorías, la intención del Grupo Socialista es como siempre. Fíjense en que el Gobierno ha generado un tremendo agujero en las cuentas públicas, con lo cual o tiene que aplicar austeridad, o tiene que vender activos y subir impuestos.
Austeridad no la aplican, tampoco en Loterías y Apuestas del Estado, donde han incrementado el número de direcciones de cuatro a ocho y donde el director general ha puesto tres asesores externos más de los que había -por cierto, ninguno tuvo tiempo
de asistir a la reunión con las comunidades autónomas-. (Rumores.)
Por lo tanto, lo que sí se teme y lo que sí nos preocupa
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
Concluya, señoría.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Lo que intenta el Gobierno es vender activos, conseguir de forma rápida 30 000 millones más para tapar el agujero de las cuentas públicas, aunque eso sea otra vez más a costa del desmantelamiento de más de 4000
pequeñas y medianas empresas y a costa de la pérdida de muchos puestos de trabajo en este país.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que acabamos de debatir del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la realización de determinadas actuaciones en el ámbito de las Loterías y
Apuestas del Estado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 118; en contra 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA IMPULSAR EL PROYECTO DE CIELO ÚNICO EUROPEO (Número de expediente 662/000098).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para impulsar el proyecto de Cielo Único Europeo.
A esta moción se han presentado tres enmiendas, una del Grupo Entesa, otra del Grupo Popular y otra del Grupo de Convergència i Unió.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista somete a la consideración de esta Cámara una moción que se orienta a impulsar el desarrollo del proyecto comunitario de Cielo Único Europeo, una iniciativa que nos debe permitir disponer en un futuro próximo
de un sistema de tránsito aéreo más seguro, eficiente en costes, sostenible y que permita un mayor desarrollo económico tanto a nivel comunitario como nacional. No hay que recordar la importancia del transporte aéreo en un país en el que la
industria del turismo supone gran parte del producto interior bruto. (Rumores.)
El pasado 27 de enero el ministro de Fomento
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señoría.
Señorías, ruego silencio. Es dificilísimo escuchar al senador que está en el uso de la palabra. Si no quieren escuchar, salgan del hemiciclo.
Por favor, silencio.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias de nuevo, señor presidente.
Decía que el pasado 27 de enero, el ministro de Fomento, señor Blanco, explicaba en el Parlamento Europeo las principales líneas de actuación de la Presidencia española que va a llevar a cabo durante este semestre en el ámbito de la política
europea de transportes. El ministro destacó que en materia de transporte aéreo se va a impulsar la puesta en marcha del Cielo Único Europeo.
Mañana y pasado mañana, días 25 y 26 de febrero, se celebra en Madrid la Conferencia de Madrid, organizada por la Presidencia española y la Comisión Europea. En ella debe establecerse una hoja de ruta para la culminación en 2012 de esta
segunda fase del proyecto, adoptando las medidas para poner en práctica el segundo paquete legislativo adoptado por la Unión Europea.
Un Cielo Único Europeo no solo es un eslogan surgido de un concurso organizado por los funcionarios de la Agencia Eurocontrol, es más, es mucho más. Con la creación del Cielo Único Europeo se permite a los Estados miembros una gestión del
espacio aéreo más segura e integrada, con arreglo a criterios de funcionalidad más allá de los límites tradicionales que venía imponiendo la soberanía y las fronteras de cada país.
Después de la liberalización del tráfico aéreo en los años noventa, se ha producido un aumento sin precedentes de los retrasos que, como consecuencia de la cogestión del tráfico aéreo y la falta de capacidad suficiente en las unidades de
control, ha entorpecido el tráfico aéreo en gran parte de los países del mundo occidental. La fragmentación en el ámbito nacional de la gestión del tráfico, que ha aumentado la distancia de vuelo y el uso de tecnologías obsoletas, así como la
multiplicación de sistemas muy variados de control, vienen todo ello a complicar el problema.
Según Eurocontrol, en la actualidad, los costes asociados al modelo de espacio aéreo en Europa -un espacio fragmentado- se sitúan en torno a los 2000 millones de euros anuales adicionales con otros modelos; esto se traslada al precio de los
billetes. En estos momentos, estos costes son entre un 30 y un 60% superiores a la media de Estados Unidos y Australia; por tanto, de ahí la importancia del proyecto de Cielo Único Europeo. Se trata de un proyecto que intenta dar respuesta a los
problemas referidos y que tiene como finalidad, en primer lugar, disponer de rutas más directas para los vuelos; reducir los tiempos de vuelo; ahorrar combustible y, por tanto, reducir las emisiones contaminantes; aumentar la puntualidad y
reducir costes. En la actualidad, se encuentra en su segunda fase. En el año 2000 se creó el primer grupo de alto nivel para la creación del proyecto; en 2004, se aprobaron los cuatro reglamentos para su desarrollo; en 2008, la Comisión Europea
adoptó el segundo paquete de Cielo Único Europeo, el denominado SES II, que es el que hoy traemos a debate en esta sesión y tiene como objetivo mejorar la seguridad pero también rebajar los costes y reducir los retrasos en los vuelos aéreos. De
implantarse con éxito, su vigencia se traducirá en un consumo menor de combustible, por lo que se calcula que la emisión de CO2 se reducirá en 16 toneladas, y en una disminución de los costes anuales entre 2000 y 3000 millones de euros.
Esta reforma completa el sistema de gestión de tránsito aéreo y será fundamental para gestionar la duplicación prevista de tránsito en 2020.
No solo se van a beneficiar los viajeros, sino también las agencias de viajes y la aviación
militar. Mientras, la industria manufacturera europea podrá colocarse en la vanguardia de la innovación tecnológica en la gestión del tránsito: satélites, como el Galileo, y nuevos sistemas de gestión de datos, que, sin duda, aportarán una ventaja
competitiva en los mercados mundiales, que resulta mucho más importante en este contexto de crisis económica internacional.
Hay que reconocer, y así lo ha puesto de manifiesto el Gobierno, que el paquete reglamentario conocido como Cielo Único Europeo SES I, que se aprobó en 2004, no alcanzó los efectos deseados en áreas esenciales de la iniciativa. Así, podemos
decir que la creación de la figura denominada bloques funcionales de espacio aéreo no ha producido resultados concretos hasta el momento. Igualmente, apenas se han conseguido escasos progresos en la eficiencia general del diseño de las estructuras
europeas de rutas y se ha constatado la extensión de un monopolio en ciertos ámbitos de la prestación del servicio de tránsito aéreo. Por otra parte, las exigencias en materia de seguridad tras los últimos acontecimientos -no solamente el 11-M o el
11-S, sino también los últimos quebrantos de vuelos- hacen necesario reforzar la seguridad e introducir mejorar paralelas que incrementen la seguridad en el tráfico aéreo.
En cuanto al segundo paquete de medidas, España apoya la propuesta en términos generales. España no tiene dificultades en designar proveedores de servicios de tránsito aéreo ya que los Estados miembros siguen teniendo la capacidad de
designar al proveedor que consideren oportuno.
Al mismo tiempo y en cuanto al sistema de evaluación del rendimiento, se permite a los Estados miembros y a las autoridades nacionales la supervisión y fijación de
objetivos, y su alineación con los objetivos comunitarios. En relación con la propuesta actual sobre los bloques aéreos funcionales, se ha considerado la opción de crear un bloque homogéneo entre España y Portugal, cuyo estudio está en fase
muy inicial pero más avanzada que el del resto de los bloques aéreos internacionales.
Permítanme que me refiera ahora especialmente a tres aspectos relacionados muy estrechamente con el desarrollo de este segundo paquete de cielo único: la navegación aérea, el sistema tecnológico SESAR o la flexibilidad del espacio aéreo.
Por lo que se refiere a la navegación aérea, he de decirles que los costes de navegación aérea en España son mucho más elevados que los de los otros países de la Unión Europea. El motivo se encuentra en la enorme diferencia entre las retribuciones
de los controladores aéreos en España y las de los del resto de Europa. Para encontrar el origen de este problema hay que remontarse al convenio del año 1999, por el que una de cada tres horas trabajadas se considera extraordinaria y se paga el
triple. Otro problema derivado del convenio es que el propio colectivo de controladores tenía la potestad de organizar y dirigir este servicio público, de acuerdo con sus propios criterios y conveniencias, lo que sin duda se ha traducido, y se
traduce, en ineficiencias y en costes excesivos.
Hay que destacar la actual rigidez de la gestión del servicio de navegación aérea, que es otro problema que era necesario abordar, y ya se está abordando, para avanzar en la línea que marca el programa de Cielo Único Europeo, el conocido SES
II.
Me voy a referir ahora al nuevo sistema europeo de generación para la gestión del tráfico aéreo, sistema tecnológico SESAR, y he decirles, señorías, que los actuales sistemas de control del tráfico aéreo están prácticamente obsoletos y no
pueden seguir el ritmo de evolución rápida, económica y fiable de la aviación en Europa.
Las tecnologías son antiguas y no permiten gestionar de forma óptima el tránsito. Los aviones en muchas ocasiones se ven obligados a seguir una trayectoria previamente definida que no es la más adecuada desde el punto de vista del consumo
de energía, de la emisión de ruidos o para buscar el mínimo desplazamiento.
El sistema SESAR sin duda es la respuesta de la Unión Europea a este problema. La implantación, dadas las diferencias entre los sistemas de control existentes en Europa, requiere una fase de transición y una implantación progresiva; en el
momento actual se ha de impulsar el desarrollo de tecnologías de base sobre las que se va a fundamentar la nueva generación de sistemas; España va a apoyar la presencia del sector nacional en este programa tecnológico y la rápida implantación de
mejoras operacionales y tecnológicas que se derivan de este programa, lo que va a contribuir a que nuestra implicación constituya un referente para el desarrollo tecnológico y, además, a situarnos en la vanguardia de las nuevas tecnologías, con un
fuerte impulso a la mejora de la competitividad.
Por lo que se refiere a la flexibilidad del espacio aéreo, he de decirles que entre los principios fundamentales del desarrollo ordenado y seguro del tráfico aéreo está el diseño de las autovías o rutas aéreas, de forma que su configuración
permita la mayor flexibilidad y agilidad en la operación.
El espacio aéreo en estos momentos es compartido tanto por usuarios civiles como militares para variedad de emisiones y necesidades; al ser un recurso limitado, la gestión que se hace del mismo es fundamental para permitir, como he dicho
antes, flexibilidad y agilidad, y a medida que se incrementa el número de operaciones, mucho más.
Lo que se pretende con el Cielo Único Europeo es unificar el espacio aéreo a través de bloques funcionales, diversificar, abrir el mercado en tierra en lo que se refiere a los aeródromos y aeropuertos.
Para mejorar los flujos y reducir los retrasos, cuestión esencial para la mejora de la gestión, se van a crear bloques funcionales denominados FAB, y en España estamos muy avanzados con el desarrollo del bloque funcional de España y
Portugal; un bloque que, sin duda, nos va a permitir una mayor operatividad aérea.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una moción que consideramos estratégica, una moción cuyo desarrollo tiene una importancia significativa no solamente para garantizar y mejorar la seguridad aérea sino también para reducir
costes, aumentar la competitividad tanto del turismo como de la industria aeronáutica española y todos los efectos derivados y para la sostenibilidad medioambiental.
Señorías, desde esta tribuna me gustaría pedir a todos los grupos parlamentarios su implicación y apoyo. Estamos hablando de una iniciativa de Estado, una iniciativa que nos ha de permitir mirar al futuro, situarnos a la vanguardia junto
con Europa en navegación aérea y, por tanto, esta iniciativa merece el respaldo de todos los grupos parlamentarios; respaldo que estoy seguro de que va a tener porque, como he dicho, es una iniciativa que proyecta a nuestro país y a las distintas
comunidades autónomas hacia el futuro, no solamente en innovación tecnológica sino también en seguridad y en un sistema aeronáutico moderno, como es el que tiene nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Muñoz para la defensa de la enmienda de la Entesa.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: (El señor senador comienza su intervención en catalán.)
Decía, señorías, que para tener un discurso didáctico que nos ayude a entender el espacio de Cielo Único Europeo -un título literario-, me he documentado en la ponencia de Marian-Jean Marinescu, eurodiputado al Parlamento Europeo, una
ponencia en la que decía bien claro que el Pleno de la Eurocámara aprobó una nueva legislación que regula el tránsito aéreo a la Unión Europea y que supone un paso definitivo hacia el Cielo Único Europeo.
El nuevo paquete sobre el Cielo Único Europeo, 6.2, en sus siglas en inglés es la revisión del SES aprobado el
año 2000 y tiene por objetivo mejorar el rendimiento del sistema aéreo de la Unión Europea en campos como la seguridad, la duración de los vuelos, los costes y el medio ambiente mediante la coordinación y la supervisión del tránsito aéreo de
los Estados miembros y la aplicación de normas y objetivos comunes.
El nuevo SES -decía- introducirá planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea. Estos planes serán diseñados y aplicados de acuerdo con las políticas de la Organización de Aviación Civil Internacional y serán reproducidos a
escala nacional y regional teniendo en cuenta la opinión de los proveedores de servicios de navegación aérea, de los representantes de los usuarios, de los operadores y de los coordinadores de los aeropuertos, y decía también que los Estados
miembros garantizarán la correcta aplicación de las normas y el respeto de los objetivos establecidos en los planes mediante el uso de incentivos y sanciones.
También decía que las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, AESA,
establecida en el año 2002, se ampliarán para garantizar normas precisas, uniformes, vinculantes, relativas a la seguridad de los aeropuertos, la gestión del tráfico aéreo y los servicios de navegación aérea, así como su correcta aplicación por
parte de los Estados miembros.
Por todo lo expuesto y ante la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que considera que es necesario el nuevo impulso para todos los países que comporta este proyecto de Cielo Único Europeo, el Grupo de la Entesa había
presentado un quinto punto a su moción por razones obvias y que en aras al consenso hemos retirado, una enmienda en la que pedíamos que se garantizase que las compañías de vuelos extranjeras pudiesen elegir libremente el aeropuerto español de
destino.
Con todo, mi grupo votará a favor de la moción que ha promovido el senador Juan Luis Gordo, recordando, una vez más, la situación encorsetada de la gestión del aeropuerto de El Prat de Barcelona, gestión en la que queremos que sea
determinante el papel de la Generalitat, situación encorsetada en cuanto a los convenios de carácter bilateral firmados por España y 23 países ajenos a la Unión Europea, que establecen como único destino para vuelos internacionales el Aeropuerto de
Madrid-Barajas y como único operador la compañía Iberia.
Muchas gracias. Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el senador Burgos.
El señor BURGOS PÉREZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular, como ha pedido el senador Gordo, del Grupo Socialista, en un tema de Estado se va a implicar y va a dar el apoyo a esta moción, si bien con algunas enmiendas que van a mejorar la misma.
El Partido Popular apoya el Cielo Único Europeo y apoya las medidas que el reglamento aprobado el pasado mes de octubre pone en marcha en toda Europa: procedimientos de mejora de la navegación aérea, de aumento de la capacidad, de aumento
de la seguridad, de la mejora del coste-eficacia y de la mejora del medio ambiente mediante la disminución de emisiones de las aeronaves.
Concretándonos en las enmiendas que presenta el Grupo Popular, al punto primero de la moción del Grupo Socialista añadimos que las medidas que se pongan en marcha no solamente deben ser reglamentarias sino también no reglamentarias, pueden
ser tecnológicas o de procedimientos, o dar un mayor impulso a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Además, añadimos que uno de los objetivos fundamentales de este Cielo Único Europeo por supuesto que es la seguridad, pero también la capacidad.
Por lo tanto, uno de los objetivos será conseguir ese aumento de la capacidad.
En el punto segundo, en relación con el coste-eficacia de los objetivos cuantificados y que el control aéreo sea de coste más razonable, el propio ministro ha tomado las iniciativas apoyadas recientemente por el Grupo Popular, entre otros
grupos de las Cortes Generales de España. Por lo tanto, dejamos tal cual este punto.
En relación con el tercer punto y el desarrollo del programa tecnológico SESAR -en el cual nosotros confiamos claramente y por el que apostamos para que España tenga la mayor implicación, puesto que estamos seguros de los retornos, ya que
tenemos una gran experiencia tecnológica en sistemas de navegación aérea-, lo único que queremos indicar es que este programa SESAR va a ir parejo en toda Europa. Es inútil que en España apriete, lo que no debemos hacer es quedarnos descolgados;
en todo caso, va a ir al mismo compás que el resto de Europa.
Por otra parte, todo este reglamento se base precisamente en la seguridad, seguridad, que se le encomienda a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, y en España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, debe tener una actitud
extraordinariamente dominante; no solamente dominante, sino extraordinariamente capaz, cosa que actualmente está en duda. ¿Por qué lo digo? Ante una pregunta de este senador se me responde que en seguridad operacional exclusivamente hay trece
inspectores, lo que consideramos realmente una cantidad escasísima para mantener la seguridad operacional de todo el sistema de navegación español. Naturalmente que habrá inspectores en aeropuertos y en otros campos para el mantenimiento de las
aeronaves, pero la seguridad operacional en la que se basa precisamente este reglamento, de octubre, de la Unión Europea debe ir acompañado de una potenciación clarísima de la Agencia de Seguridad Aérea. Por lo tanto, entendemos que se le deben
dotar de los recursos humanos y financieros necesarios para que cumpla dignamente con su función.
Por último, es posible que esta sea una de las pocas mociones que cumpla el Partido Socialista como consecuencia de que es una moción planteada por el propio Partido Socialista. Pero como tenemos nuestras seria dudas de cómo se va
desarrollando el cumplimiento de las mociones aprobadas por esta Cámara por parte del Gobierno -quiero recordar que las mociones son de obligado cumplimiento para el Gobierno y que es una actitud
democrática cumplirlas y una actitud antidemocrática no cumplirlas, que es a lo que nos tiene acostumbrados el Gobierno socialista-, ponemos una última cláusula: que el Gobierno informe semestralmente a esta Cámara de cuál es la evolución
en el desarrollo del Cielo Único Europeo, puesto que estamos cansados todos los grupos políticos de los incumplimientos del Gobierno.
Estas son las enmiendas que el Grupo Popular somete a la consideración del Grupo Socialista esperando que sean aceptadas.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president. Bon dies a tothom.
Consideramos que la moción presentada por el Grupo Socialista es oportuna y necesaria. Evidentemente, la normalización de las diferentes cuestiones que afectan a la Unión Europea desde todas sus vertientes, la unificación de criterios,
normas y objetivos comunes, también, como no puede ser de otra manera, las cuestiones relativas al espacio aéreo, son, sin duda alguna, una necesidad y unos objetivos que se tienen que ir culminando poco a poco. Pero más allá de las cuestiones de
seguridad, de navegación aérea y de otros elementos que se exponen en la moción, también consideramos importante -de ahí nuestra enmienda- que se hable de otras cuestiones, como los acuerdos bilaterales con otros Estados que limitan la capacidad de
algunos aeropuertos porque, en definitiva, son aquellas rutas que en el conjunto del cielo europeo se acaban definiendo si son operativas o no lo son. No en vano, el senador Gordo hacía mención a los mercados internacionales, que son cada vez más
importantes. Asimismo, el senador del Grupo Parlamentario Popular hacía referencia al aumento de la capacidad de los vuelos. De ahí que nosotros presentemos una enmienda que pretende modificar de manera inmediata los acuerdos bilaterales con otros
Estados que limiten la capacidad de establecer vuelos intercontinentales desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat porque, como ya hemos dicho, también se habla de rutas.
A nuestro entender, en el siglo XXI no tiene sentido que haya convenios que impidan que el aeropuerto de Barcelona, en este caso, tenga vuelos intercontinentales, es decir, ya no es suficiente con tener una muy buena infraestructura como
tenemos con el nuevo aeropuerto, sino que también se necesita el control de dicho aeropuerto desde el punto de vista de una mayoría determinante -algo que de manera reiterada hemos ido exponiendo desde este grupo parlamentario- y que la política de
convenios del Estado español, por varias razones, no impida que el aeropuerto de El Prat sea un hub de vuelos intercontinentales, sobre todo por la pura racionalidad de la inversión económica. No entendemos que El Prat entre en competencia con
Barajas, sino que en un Estado moderno, si es que nos lo queremos creer, los diferentes aeropuertos lo que tienen que hacer es competir en excelencia y en calidad porque, en definitiva, son complementarios desde el punto de vista de la
internacionalización y de la competitividad. Si a más a más se añade que en el caso del Estado español tenemos una exportación clarísima y una industria de primera magnitud como es el turismo, no tiene razón de ser que exista esta limitación.
A pesar de ello, y en aras de la voluntad de mantener el consenso, retiramos esta enmienda con el compromiso de mi grupo parlamentario de presentar una moción próximamente en la que pediremos esta misma voluntad de consenso. Entiendo
perfectamente que hoy nos toca contextualizar mucho más aspectos de navegación y de seguridad, es decir, aspectos relativos a criterios y normas para poner las bases de cómo tiene que ser este cielo europeo, pero, como toda voluntad de consenso, es
un camino de doble dirección. Y este camino de doble dirección se lo pido especialmente al senador del Partido Socialista Obrero Español, el señor Gordo, en dos sentidos. En primer lugar, que retiramos esta enmienda y cuando presentemos nuestra
moción instando a que de manera inmediata los acuerdos bilaterales con otros Estados no limiten la capacidad del aeropuerto de El Prat ustedes también tengan la voluntad de Estado a la que hacía referencia el senador del Partido Popular, al que
también invito, evidentemente. La segunda reflexión relativa a que el consenso siempre tiene un camino de doble dirección se refiere a hacer caso de las mociones que se aprueban y no únicamente de aquellas que en realidad las promueve el propio
partido del Gobierno, porque esto se traduce en debilidad y fragilidad democrática de las Cámaras legislativas. Esto no funciona, no sirve, no es lícito y no es democráticamente completo, si me permite esta expresión, que únicamente se cumplan
aquellas mociones que insta el propio partido que está en el Gobierno. Esto debilita y sé que usted, que es una persona de un calado democrático profundo, lo entenderá perfectamente.
Por tanto, en aras de la voluntad del consenso, retiramos esta enmienda pero esperamos la misma voluntad de consenso cuando presentemos nuestra moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Gordo, por el Grupo Parlamentario Socialista, para manifestar su posición sobre las enmiendas que se acaban de debatir.
El señor GORDO PÉREZ: Señor presidente, si le parece bien, voy a intervenir desde el escaño.
En primer lugar, quiero agradecer a los distintos grupos parlamentarios la posición que han mantenido con respecto a esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Creo que todas las enmiendas que se han presentado precisan y enriquecen la moción. La presentada por el Grupo Parlamentario Popular propone varias modificaciones que creo aportan una mayor precisión, especialmente
la referida a la letra A), donde se hace referencia a medidas reglamentarias y no reglamentarias, y la relativa al proyecto europeo.
Quisiera hacer una matización en relación con la puntualización que ha hecho el senador Burgos sobre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Esta agencia tiene recursos suficientes y muy cualificados que se han ido incorporando
progresivamente y que garantizan en todo momento la seguridad aérea. Señorías, estamos a la vanguardia de la seguridad aérea en España, y basta con visitar AESA para darse uno cuenta de que hay allí un grupo de profesionales que trabajan con
método, con orden y con una preparación rigurosa. Por tanto, se trata de un mensaje respecto del cual en ningún momento podemos quebrar ni generar confusión alguna. Como le he manifestado al senador, no podemos admitir el último punto de la
enmienda por ser redundante. La Cámara tiene mecanismos. El Gobierno tiene mecanismos para informar semestralmente sobre las mociones aprobadas. Por tanto, no podemos admitir ese punto y creo que estaremos de acuerdo en ello.
Quiero agradecerle a la senadora Candini su exposición. La enmienda que presentaba encaja más en otra iniciativa ya que no entra en el contexto ni en el contenido funcional de la moción que hoy presentamos. Pero quiero decirle también que
va a contar siempre con el apoyo y con el consenso del Grupo Parlamentario Socialista, como viene ocurriendo hasta el momento, siempre y cuando las propuestas que se hagan sean razonables y busquen el punto de equilibrio. Tenga su señoría la
completa seguridad de que desde el Grupo Parlamentario Socialista no sesgamos nada. Es decir, tanto las mociones que presenta nuestro grupo como las que presentan otros, le merecen a nuestro grupo parlamentario y al Gobierno el máximo respeto.
Quiero dar las gracias también al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas y al Grupo Parlamentario Mixto. Hemos mantenido contactos con ellos y han sido capaces de interpretar e identificar la importancia de esta moción. Por tanto,
mi agradecimiento. Y también tengo que agradecer al grupo de fomento que venimos trabajando en esta área funcional que lleguemos a acuerdos -casi siempre estamos llegando a acuerdos-, lo que significa una manifestación más de la madurez del grupo y
de la madurez democrática.
Hemos aceptado una enmienda transaccional, que agradezco, porque creo que mejora la moción inicial y nos permite avanzar.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el senador Belda por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero manifestar brevemente nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, si bien en este caso podríamos decir que el propio Gobierno, que el propio ministerio se ha adelantado a algunas de las medidas que se proponen,
tal y como se desprende del propio contenido del Real Decreto Ley 1/2010, sobre el cual ya comentamos algo en el Pleno pasado. Como este real decreto ley ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados y se ha decidido que sea tramitado como
proyecto de ley, estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios tendremos la oportunidad de mejorarlo en ambas Cámaras mediante las oportunas enmiendas y completarlo en aquellos aspectos en que consideremos que es insuficiente.
Para un territorio archipielágico y alejado como es Canarias, poder contar con unas comunicaciones aéreas fluidas y regulares es vital. En especial si, como decíamos en el Pleno pasado, más del 70% de la economía de las islas depende
directa o indirectamente del sector turístico.
Por ello, señorías, todas las iniciativas que tiendan a mejorar la eficacia y la seguridad de los servicios de navegación aérea, esa relación coste-eficacia que repercute directamente en el coste de los billetes de las líneas aéreas, nos
parecen positivas porque, en definitiva, son medidas que mejoran los servicios y la movilidad de los ciudadanos que no tienen otra alternativa de transporte rápido distinto del aéreo, como son los ciudadanos insulares.
Valoramos, igualmente, de manera muy positiva, las enmiendas que se han presentado, que tratan de mejorar desde un punto de vista global la iniciativa y por eso manifestamos nuestra satisfacción por la aproximación y por el acuerdo al que se
ha llegado entre la práctica totalidad de los grupos políticos, porque en este tema pensamos que todos debemos ir juntos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas no hace uso de la palabra. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tampoco.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo creo que ha quedado clara hasta el momento la importancia estratégica de esta iniciativa. Además -lo decía el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-, el Gobierno de España está tomando decisiones que nos están
permitiendo avanzar en el desarrollo de este proyecto comunitario.
Sin duda, son decisiones difíciles, muy difíciles, pero que van a situar y están situando a España a la vanguardia de la navegación aérea, y por ello todos hemos de sentirnos orgullosos de nuestro Gobierno.
Mañana y pasado mañana se celebra en Madrid la Cumbre de Madrid, que sienta las bases para impulsar la hoja de ruta del proyecto único europeo, que, además, va buscando un acuerdo también con terceros países, de tal manera que se culmine con
transparencia la mayor zona
de tráfico mundial de viajeros, concretamente, el 60%; sin duda, un compromiso que tiene la Unión Europea, pero, sobre todo, el Gobierno de España, liderando este proceso.
Tenemos retos -antes hablaba del reto en materia de seguridad-, pero tengo que decirles que el Consejo de Ministros de la Unión Europea, los días 12 y 13 de febrero, convino desarrollar una estrategia conjunta para garantizar de una manera
integrada altos niveles de seguridad, reforzando la cooperación internacional y, al mismo tiempo, utilizando las tecnologías más avanzadas. Esto en materia de seguridad.
En materia de organización y eficiencia del tránsito aéreo, el Gobierno acaba de trasladar hace unos días al Congreso de los Diputados el Real Decreto 1/10, que regula el tránsito aéreo y que va a permitir, en primer lugar, cumplir las
exigencias regulatorias que establece el proyecto de Cielo Único Europeo, así como reducir costes. Hay que tener en cuenta que con las medidas adoptadas vamos a poder reducir las tasas de navegación aérea nada más y nada menos que un 15% en dos
años, y ahorrar 1200 millones de euros. Esto va a tener una clara repercusión y es que van a bajar los precios de los billetes. Una buena noticia, sin duda, para los ciudadanos. Este real decreto permite también, dar respuesta al desarrollo del
marco comunitario con el que había ciertas dificultades.
Si hablamos de reestructuración del espacio aéreo tengo que decirles también que el Gobierno está apostando por la reestructuración, y en la última Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático celebrada el día 12 de noviembre, se
aprobó un paquete de 29 medidas adoptadas conjuntamente por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Defensa; un paquete que va a permitir mayor ahorro de combustible, dado que las rutas van a ser mucho más directas; va a permitir también
reducir el tiempo de vuelo, y el pasado mes de julio ya se pusieron en marcha 28 medidas de este nuevo paquete.
Es decir, vamos dando pasos firmes, vamos avanzando en el nuevo modelo de gestión aeroportuaria. El Gobierno ya ha expuesto las líneas de las principales reformas que piensa implantar en el nuevo modelo, un modelo que separa, la gestión
aeroportuaria de la navegación aérea y que garantiza la rentabilidad del sistema aeronáutico y sobre todo, la sostenibilidad.
¿Qué decir del desarrollo tecnológico? Hacíamos antes una apuesta por el proyecto SESAR. El Gobierno está impulsado y profundizando las bases tecnológicas como son SESAR, Galileo, el proyecto EGNOS, que nos van a permitir no solamente dar
un valor estratégico importante a nuestros centros de control, sino también desarrollar nuevas tecnologías que, nos van a permitir que nuestra industria manufacturera esté a la vanguardia y nos permita crear, a su vez, efectos indirectos en la
competitividad de la economía española.
Señorías, tenemos un proyecto ambicioso de reforma estructural, un proyecto que está liderando el Gobierno de España, no solamente en España sino también en la Unión Europea y un proyecto por el cual nos hemos de sentir orgullosos todos los
españoles porque nos va a situar a la vanguardia aeronáutica no solo de Europa sino del mundo.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Burgos.
El señor BURGOS PÉREZ: Gracias, señor presidente.
A pesar de que no conozco la enmienda transaccional a la que se ha llegado, en principio, por parte de todos los grupos, pues no ha sido pasada a la firma, entiendo que no habrá ningún inconveniente en que la veamos y la podamos firmar. En
todo caso, me gustaría poderla ver.
El Grupo Popular va a apoyar esta enmienda y lo va a hacer a pesar de cuáles pueden ser las dos causas que han originado esta enmienda. ¿Es una enmienda laudatoria para facilitar al Gobierno una vez más y felicitarle por lo bien que lo está
haciendo? No creo que esa haya ha sido la intención del Grupo Socialista. Es posible que el motivo de la enmienda del Grupo Socialista sea el clamor que sienten todos los españoles ante la falta de gobierno del Gobierno socialista. Es decir, el
espacio aéreo es un tema que puso en marcha nuestra llorada Loyola de Palacio hacia el año 2000, cuando era la responsable de transportes de la Unión Europea; en el año 2004 tuvo un paquete de desarrollo extraordinariamente importante gobernando el
Partido Socialista y hasta ahora se ha hecho más bien poco. Pongo dos ejemplos de lo poco que se ha hecho durante el período de Gobierno socialista hasta ahora, entre otros el Gobierno de la señora Magdalena Álvarez. Uno, la señora Magdalena
Álvarez prometió que se iban a enderezar las rutas aéreas y reiteradamente este senador ha ido preguntando sobre cuántas rutas aéreas se habían enderezado por parte de la ministra, y se habían enderezado pocas. La ministra, al parecer, no tenía
gran capacidad para enderezar las rutas aéreas.
En relación con la navegación aérea, otro tanto de lo mismo. Durante años se ha venido retrasando hacer un convenio que regulase realmente las necesidades de tránsito aéreo en coste y eficacia para que los ciudadanos pudiéramos tener igual
de seguridad pero menor coste en la navegación aérea.
Por tanto, nosotros aplaudimos que el Grupo Parlamentario Socialista haya tenido el coraje de presentar una enmienda para exigirle al Gobierno que cumpla con su obligación puesto que no cumple con ella. Nosotros aplaudimos esa valentía, ese
coraje del Grupo Parlamentario Socialista.
Es evidente también que tenemos pocas esperanzas de que todo esto se cumpla, a pesar de que es una moción que propone el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Por qué? Porque una de las enmiendas que introduce el Grupo Parlamentario Popular
pretende, precisamente que el Gobierno informe a esta Cámara cada seis meses de cómo se van desarrollando estos trabajos de Cielo Único Europeo y cómo va la situación, que no es poner una pistola en el pecho. El Grupo Parlamentario Socialista no
quiere acep-
tar esta enmienda porque le resulta extraordinariamente dura, porque conoce, por experiencia, que el Gobierno Socialista no suele cumplir con las mociones y los mandatos de esta Cámara, lo cual -y coincido con la senadora Candini- es una
postura antidemocrática del Gobierno Socialista que nos produce estupefacción y, además, nos llena de dolor, puesto que esta Cámara tiene la responsabilidad de presentar y debatir iniciativas en beneficio de los ciudadanos de España, para mejorar
las condiciones de vida y todos los extremos que atañen a los ciudadanos españoles, que después son incumplidas por el Gobierno Socialista.
El sentido de Estado del Grupo Parlamentario Popular va a hacer que votemos a favor de esta moción transaccionada en el momento en que la podamos ver. Por lo tanto, señor presidente, no va a ser necesario votar esta enmienda, con la
esperanza de que realmente se cumpla, por un lado, que el Cielo Único Europeo sea más seguro, más capaz, menos contaminante y más barato y, por otro, que España cumpla con sus obligaciones a nivel de Estado, con el impulso necesario en la Unión
Europea a través de la Presidencia de turno, en lo que le deseamos todo tipo de éxitos al Gobierno socialista porque será el éxito del Estado español.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, tengo el documento de la enmienda transaccional y está firmada por todos los grupos parlamentarios. Por tanto, entiendo que puede aprobarse por asentimiento. (Asentimiento.) Queda aprobada.
-- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES NACIONALISTAS Y MIXTO, POR LA QUE EL SENADO EXPRESA SU APOYO A LA CANDIDATURA DE
TARRAGONA PARA QUE SE CONVIERTA EN LA SEDE ORGANIZADORA DE LOS XVIII JUEGOS MEDITERRÁNEOS (Número de expediente 662/000097).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación, señorías, a la moción de los grupos parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Entesa Catalana de Progrés, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas y Mixto,
por la que el Senado expresa su apoyo a la candidatura de Tarragona para que se convierta en la sede organizadora de los XVIII Juegos Mediterráneos.
Señorías, se encuentra en la tribuna una delegación de apoyo a la candidatura de los Juegos Mediterráneos.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Muñoz, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ:
(El señor senador comienza su intervención en catalán.)
Señorías, daba la bienvenida a los responsables de la candidatura de Tarragona a los XVIII Juegos Mediterráneos de 2017, y decía que en el año 2007 Tarragona dio el primer paso hacia una carrera apasionante, seguramente la más especial desde
la imperial Tarraco, capital de la Hispania Romana, patrimonio de la humanidad.
En marzo de 2007, el plenario del ayuntamiento de la ciudad decidió por unanimidad formalizar la candidatura a los XVIII Juegos Mediterráneos de 2017. Este objetivo representa una gran oportunidad y al mismo tiempo un importante desafío
para Tarragona, y es que desde su creación, los Juegos Mediterráneos han ido creciendo en magnitud. El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos han conseguido hacer de ellos el acontecimiento
polideportivo más importante del área del Mediterráneo.
Para una ciudad mediana, con más de 140 000 habitantes, como es Tarragona, ciudad universitaria por excelencia, con una tradición deportiva innegable, como es, por ejemplo, disponer de dos de las entidades deportivas más antiguas de España:
el Club Nàutic, que se fundó el año 1878, o el Nàstic, fundado en el año 1886, la organización de los Juegos Mediterráneos significa, en términos de esfuerzo colectivo y de proyección internacional, lo mismo que para las grandes urbes, como
Barcelona, Atenas, o Londres, organizar unos juegos olímpicos.
Tarragona está demostrando que está preparada para asumir el reto, con la singularidad de que 2017 coincidirá con los 25 años de los grandes y recordados Juegos Olímpicos de Barcelona, de 1992. Les recuerdo, señorías, que los Juegos del
Mediterráneo -de la Mediterránea- son una serie de competiciones deportivas entre atletas pertenecientes a los diferentes comités olímpicos nacionales de las naciones ribereñas del Mediterráneo, incluido el Estado catalán de Andorra.
Los Juegos del Mediterráneo tienen lugar cada cuatro años, el año posterior al que tienen lugar los Juegos Olímpicos. El símbolo son tres anillos, que representan Asia, África y Europa, los tres continentes implicados en esta competición.
Los anillos se disuelven en una ola en la parte inferior como si fuesen inmersos en el Mediterráneo. Este símbolo puede verse en la bandera de La Mediterránea.
Los primeros Juegos Mediterráneos se celebraron en el año 1951, en Alejandría, bajo la iniciativa de Taher Pasha, presidente del Comité Olímpico de Egipto. Tarragona 2017 es la gran oportunidad, el vehículo a través del cual la ciudad podrá
entrar en pleno siglo XXI, un proceso que culminará con la celebración de los juegos y gracias a que Tarragona mostrará, ante ella misma y ante la atenta mirada de los países vecinos, su potencial por liderar con éxito un proyecto social deportivo
de carácter internacional.
Como representante del Comité Olímpico Español, Tarragona tiene ante sí el reto y la responsabilidad de demostrar una vez más la capacidad receptiva de este país en los grandes acontecimientos deportivos. Tarragona 2017 será un
acontecimiento único que permitirá dotar a la ciu-
dad de equipamientos deportivos de primera línea, adecuados a las dimensiones de Tarragona y de los cuales se beneficiarán todos sus habitantes tras la competición. Asimismo, permitirá mejorar las instalaciones deportivas ya existentes,
comportará un gran impulso para la ya de por sí importante red de comunicaciones del territorio: el puerto, el aeropuerto y el tren de alta velocidad, y propiciará la realización de grandes proyectos de la ciudad, como la remodelación de la fachada
marítima. Todo esto, además, supondrá la creación de un número importante de puestos de trabajo y de riqueza.
Tarragona 2017, con el espíritu olímpico que comporta, convertirá a la ciudad en la capital del deporte y la juventud mediterráneos, con la exaltación de todos sus valores históricos, sociales y culturales, una herencia intangible y al mismo
tiempo incalculable para Tarragona y para todas las subsedes que participarán en esta experiencia única: Barcelona, Calafell, Cambrils, Castelldefels, El Vendrell, Reus, Salou y Vila-seca.
La candidatura de los Juegos Mediterráneos contribuirá decididamente a difundir los valores olímpicos entre toda la sociedad, entendiendo el deporte como un vínculo para la paz, la integración y la tolerancia. El éxito de Tarragona en su
candidatura a los XVIII Juegos Mediterráneos pasa necesariamente por la fuerza innegable del deseo de acoger la gran fiesta deportiva del Mediterráneo. Por eso, Tarragona 2017 quiere implicar a toda la sociedad en el camino emprendido por la
candidatura para la organización de los Juegos Mediterráneos, que, desde el principio, ya ha contado con el espaldarazo social e institucional necesario para construir un proyecto sólido y con garantías. Más de 44 empresas del tejido empresarial
tarraconense han confiado desde el primer momento en la candidatura.
Tarragona 2017 trabaja con el objetivo de conseguir la máxima implicación de todos los agentes sociales, deportivos, institucionales y económicos para ser designada en 2011 sede de los Juegos Mediterráneos. Tarragona tiene todos los valores
necesarios. Es una ciudad mediterránea abierta, amable y hospitalaria, con un legado de más de 2000 años de historia junto al mar, lo que la ha permitido ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000. Goza de buen clima
y se ha visto favorecida por el apogeo de una variada oferta lúdica, cultural y comercial, playas, rica gastronomía, un vasto patrimonio histórico; da la bienvenida al visitante para que disfrute de sus fiestas, tradiciones y espectáculos.
Tarragona, por lo tanto, es el paradigma de ciudad mediterránea, habitada por gente amable, tolerante, con un amplio abanico de tradiciones y una gastronomía que aprovecha al máximo todo lo que la tierra ofrece. Es un entorno ideal para celebrar
con éxito unos Juegos Mediterráneos y que estos contribuyan a su vez a construir la Tarragona del siglo XXI.
Como les decía antes, los Juegos se celebran cada cuatro años, el año posterior a los Juegos Olímpicos. Su primera edición fue en 1951 en Alejandría, gracias a la iniciativa de Taher Pasha, quien quiso convertir la competición en un símbolo
de paz durante un periodo oscurecido por la tensión entre las grandes potencias. La segunda edición se celebró en la ciudad de Barcelona y desde entonces se han realizado 15 ediciones. La próxima cita será en Vólos, Grecia, en 2013.
El programa deportivo de los Juegos Mediterráneos, como el de los Juegos Olímpicos, ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo y Tarragona 2017 presenta la propuesta que parte de la experiencia de Almería 2005, siempre de acuerdo con
los criterios que fija el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos, como es la implantación de los distintos deportes en la región o el mínimo de participación que se exige en cada disciplina. Además, Tarragona 2017 ha preparado una lista
de 29 especialidades en su propuesta inicial, entre las que destaca la incorporación del triatlón como novedad respecto a las ediciones anteriores.
Las listas de clubes, ayuntamientos y entidades sociales, culturales y económicas que ya han mostrado su apoyo a su candidatura son el mejor ejemplo del arraigo del proyecto en todos los sectores de la sociedad, un arraigo que además cuenta
con el consenso político, ratificado en las declaraciones oficiales de instituciones como el Ajuntament de Tarragona, impulsor de la candidatura, la Diputación Provincial o la Generalitat de Catalunya. El Pleno del Parlamento de Cataluña pronunció
por unanimidad el 15 de abril de 2009 una declaración de apoyo a la candidatura. El 29 de abril de 2009 el Comité Olímpico Español designó Tarragona candidata oficial y personalidades como Su Majestad el Rey, don Joan Carles, o el presidente de
honor del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, también han mostrado públicamente su apoyo a que Tarragona acoja los Juegos del Mediterráneo.
Además, se puede destacar el apoyo del tejido empresarial, que patrocina y colabora con la candidatura. Asociaciones comerciales y empresariales se han adherido al proyecto, y si algo puede definir con absoluta precisión el apoyo con que
cuenta el proyecto de Tarragona 2017 entre la ciudadanía es el gran número de voluntarios que ya se han comprometido a colaborar con la candidatura, actualmente unos 2000, un número que no deja de crecer gracias a la implicación social.
El 31 de marzo de 2009 se creó el foro Tarragona 2017, un grupo de 32 hombres y mujeres procedentes de diferentes estamentos de la vida social, económica y cultural de la ciudad, que se han comprometido, como en la época del Imperio Romano,
a difundir el proyecto ante la sociedad.
(El señor senador continúa su intervención en catalán.)
La traducción al castellano de lo que acabo de decir es la siguiente: El Senado expresa su apoyo a la candidatura de Tarragona e invita a las entidades, las instituciones y las administraciones públicas a dar el apoyo necesario a la ciudad
de Tarragona para que se convierta en la sede organizadora de los XVIII Juegos Mediterráneos.
Moltes gràcies. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Intervengo como senador por la Comunidad Autónoma de Aragón y, antes de nada, quiero saludar a los miembros de la asociación promotora que hoy nos acompañan y expresarles el apoyo más entusiasta de este senador, como el de todo el Grupo
Parlamentario Mixto, a esta moción. Asimismo, tengo que felicitar al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y al senador Muñoz por su magnífica defensa y exposición, lo que nos lleva todavía a un mayor convencimiento, si cabe, del que ya
teníamos antes de iniciar el debate. Por tanto, les doy mi enhorabuena y les animo a seguir adelante con los juegos y con esa tradición que se inició en el año 1951.
Hay 23 países que podrían optar legítimamente a esta candidatura, pero ustedes tienen la suerte de que en España no hay más que una opción, la de Tarragona. Barcelona ya los organizó, Almería ya los organizó y, por tanto, creo que todo va a
ir bien porque toda España va a volcarse en este apoyo, como lo hace hoy el Senado.
Sin embargo, permítanme que desde Aragón les recuerde que nosotros también aspiramos, por quinta vez, a organizar unos juegos olímpicos de invierno, a través de la candidatura Zaragoza-Pirineos, pero tenemos la mala suerte de que no podemos
presentar en esta Cámara una moción unitaria porque nos ha salido otro competidor en nuestro propio territorio, en el territorio español, la candidatura de Barcelona; de manera que hasta que no pase un tiempo, no podremos solicitar el apoyo
unitario ni podremos traer al Senado, Cámara territorial, una moción como la que hoy se debate.
En Barcelona están en su derecho, faltaría más, pero no es inteligente porque nos divide, porque nos debilita y porque incluso nos puede llegar a enfrentar; y aunque a los aragoneses el enfrentamiento no nos va mal y nos estimula bastante,
no se trata de eso, señorías. En este día gozoso por este apoyo, deberían ustedes transmitir al alcalde de Barcelona una petición: que se retire, que no es su momento, que le irá muy bien a él porque esa retirada es una actitud inteligente, que le
irá muy bien a Zaragoza-Pirineos y también le irá muy bien a Tarragona porque ustedes no pueden aspirar a organizarlo todo; quieren la candidatura de 2017, la de 2022, la de 2027 ¡Todo para ustedes!
Insisto en que creo que es bueno, pero no solo por favorecer a Aragón sino para no entorpecer a Tarragona. Por ello, si se retiran, todos estaremos encantados. No obstante, si eso no es así, porque seguramente no habrá suficiente
inteligencia para verlo de esa forma, les pido a los que en el año 2013 formen parte de esta Cámara cuando el Comité Olímpico Español se haya decidido entre Zaragoza y Barcelona, y haya elegido a Zaragoza-Pirineos, que presenten una moción unitaria,
cuando ya no quede más que una candidatura, de cara al Comité Olímpico Internacional, que será la última instancia, y así todos estaremos encantados de apoyar la candidatura de Zaragoza-Pirineos, como hoy apoyamos la de Tarragona a los Juegos del
Mediterráneo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el senador Torres.
El señor TORRES I TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los componentes del comité organizador de Tarragona 2017 y desearles que puedan llevar a cabo este evento.
Como bien se indica en la exposición de motivos de la presente moción, cuyo objeto es apoyar la candidatura de Tarragona 2017 como sede organizadora de los Juegos Mediterráneos, esta debe representar un acontecimiento importante para el
deporte español y su proyección en los países mediterráneos, así como una apuesta decidida por hacer de puente de encuentro entre las culturas correspondientes. Tal y como estableció Mohamed Taher Pacha, se han de seguir buscando y promoviendo
valores como la paz, el respeto, la tolerancia y la solidaridad a través del deporte.
Todos los grupos parlamentarios de esta Cámara apoyan la candidatura que, además, cuenta con el respaldo de los sectores socioeconómicos y ciudadanos. La candidatura ha contado desde el principio con el respaldo social e institucional
necesarios para construir un proyecto sólido y con garantías, y el tejido empresarial ha confiado también desde el primer momento en dicha candidatura. Parece ser una candidatura consensuada y, por lo tanto, una oportunidad excelente para
promocionar Tarragona en España y en todos los países bañados por el Mediterráneo.
Tal y como se especifica en la web oficial de la candidatura de Tarragona a la XVIII edición de los Juegos Mediterráneos, Tarragona 2017 apuesta por unos juegos que se extiendan a otras ciudades bien comunicadas, por lo que el impacto de los
juegos se multiplicará en lo que a implicación territorial y mejoras estructurales se refiere. Además, la experiencia de Barcelona durante los Juegos Olímpicos de 1992 será un apoyo y una ayuda indiscutible para la organización de este evento.
Tarragona tiene ante sí el reto y la responsabilidad de demostrar la capacidad organizativa de nuestro país en los grandes acontecimientos deportivos. Yo le pido a Tarragona implicación y entusiasmo, ya que sin ello nunca se ha hecho nada
importante.
En junio de 2005 se celebró la XV edición de estos juegos en Almería y entonces ya se pudo demostrar por segunda vez el potencial de nuestras regiones del Mediterráneo. Los XV Juegos Mediterráneos celebrados en esta provincia andaluza
reunieron a 4000 deportistas de veintiún países. Para este acontecimiento se construyeron 25 nuevas instalaciones deportivas, entre ellas el Estadio Mediterráneo con 25 000 localidades de asiento.
Ahora, Tarragona 2017 ha de seguir trabajando con ímpetu e ilusión para conseguir la implicación de todos los agentes sociales, deportivos, institucionales y económicos, demostrando así su potencial para liderar con éxito este proyecto
internacional. La organización de unos juegos significa un importante crecimiento social, económico y
cultural para Tarragona en particular y para España en general.
Señorías, quiero transmitir mi deseo y apoyo para que Tarragona sea designada en el 2011 como sede de los Juegos Mediterráneos del 2017.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, como en su momento comentó e hizo constar con su firma, apoya decididamente esta candidatura para la celebración de los XVIII Juegos Mediterráneos.
Pensamos que pueden significar una proyección para toda la zona y ser lugar de encuentro de los tres continentes. Nos gusta la idea de los tres aros que señalan cuáles son los tres continentes que miran a este mar.
Nos alegraría muchísimo
que los juegos se celebraran en la ciudad de Tarragona y, por eso, quiero anunciar que nuestro grupo va a apoyar esta candidatura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente. (El señor senador comienza su intervención en catalán.)
Señorías, siempre que subo a este estrado acostumbra a ser para posicionar a mi grupo ante alguna iniciativa parlamentaria. Hoy este requisito no es necesario, porque es una iniciativa presentada conjuntamente por todos los grupos
parlamentarios presentes en el Senado, con lo cual con una simple afirmación de apoyo a la moción podría acabar mi intervención.
Pero no será este el caso, ya que creo que esta es una gran ocasión para visualizar muchos aspectos de la bondad de
esta candidatura a los Juegos Mediterráneos 2017 por parte de la ciudad de Tarragona.
En primer lugar, es necesario destacar, como he dicho al inicio de mi intervención, el hecho de que es una iniciativa presentada conjuntamente por todos los grupos políticos, con lo cual la unanimidad política queda patente. Unanimidad que
también se ha producido en otros ámbitos de la Administración, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Tarragona, en el Parlament de Cataluña, e incluso en otros ayuntamientos de diferentes colores políticos de la provincia de Tarragona.
A esta unanimidad política se debe añadir el masivo apoyo de la sociedad civil: colegios profesionales, Cámaras de Comercio, asociaciones y un largo etcétera, el cual recoge a todas las entidades ciudadanas de Tarragona y provincia. No
encontraríamos, señorías, ni una entidad en la demarcación que no dé apoyo de una forma u otra a este ilusionante proyecto.
El apoyo también se ha recogido en la calle, ya que ningún ciudadano de Tarragona ha mostrado su oposición a esta candidatura, todo lo contrario, este proyecto ha generado ilusión colectiva.
Por tanto, nos encontramos de salida con que este es un proyecto ciudadano, que cuenta con el apoyo de todos -de todos, repito- los segmentos presentes en nuestra ciudad. Esto ya sería suficiente para que hoy el Senado diera su total apoyo
a esta candidatura, pero este portavoz quiere profundizar en la bondad de esta candidatura para que sus señorías, que representan a otros territorios y que, lógicamente, pueden desconocer en profundidad este proyecto, conozcan qué hay detrás de la
candidatura de Tarragona 2017 a los Juegos Mediterráneos y voten convencidos de que damos apoyo a un gran proyecto que está lleno de ilusión, pero que a la vez está basado en irrefutables realidades.
Siguiendo con los aspectos que caracterizan a este proyecto, debemos decir que si bien es cierto que esta es una candidatura de una ciudad, de la ciudad de Tarragona concretamente, también es verdad que es un proyecto de ámbito territorial,
que va más allá de una sola ciudad, ya que Tarragona y su comité organizador han abierto los juegos a diversos municipios del Camp de Tarragona y hoy podemos decir que Tarragona cuenta con municipios que serán sede o subsede de alguna competición de
las diversas modalidades deportivas que se desarrollarán en los Juegos Mediterráneos. Entre ellos nos encontramos con Calafell, Cambrils, El Vendrell -mi ciudad, quiero que quede constancia alguna vez del municipio al cual pertenezco-, Reus, Salou,
Vila-seca e incluso otras ciudades catalanas como Castelldefels y Barcelona. Por tanto, podemos afirmar que serán unos juegos abiertos y solidarios con el territorio y que estos Juegos Mediterráneos serán vividos y compartidos por muchos municipios
de las comarcas de Tarragona y de más allá.
Quiero seguir con las bondades de este proyecto y lo quiero hacer resaltando dos aspectos importantes de estos juegos para Tarragona, para las comarcas del Camp de Tarragona, de las Terres de l´Ebre y para Cataluña en general, que son la
importancia social y económica que tiene para este territorio el hecho de que Tarragona sea sede de los Juegos Mediterráneos 2017.
En primer lugar, desde el punto de vista económico, para Tarragona esta será -y digo será porque estoy convencido de que seremos sede de los juegos- una gran inyección económica, ya que no hemos de olvidar que detrás de unos juegos de este
tipo se encuentra el hecho de que comportará la llegada masiva de una gran cantidad de personas que visitarán nuestras poblaciones: deportistas, equipos, técnicos, familiares, medios de comunicación, amantes del deporte, gente que hará turismo
deportivo y un largo etcétera, que harán que en esas fechas la Costa Dorada se convierta en una zona con presencia de personas de diversos países del Mediterráneo y de más allá de la ribera mediterránea.
Por tanto, este es un evento que supondrá una gran inyección económica para diversos sectores, entre ellos, la hostelería, la restauración, los comercios, y muchos más
que, directa o indirectamente, se beneficiarán de los juegos. No olvidemos que Tarragona es una provincia turística, una demarcación turística, con una gran oferta hotelera, gastronómica, de ocio, etcétera. Y, además, señorías, estos
juegos se desarrollarán en un momento en el que la crisis aún estará presente en estos sectores, no sé si por haberla superado recientemente o por estar aún inmersa en ella, porque, a este paso, veremos cómo estamos en 2017.
También tenemos que hablar en este apartado del beneficio que representará para estos municipios desde el punto de vista de las infraestructuras, sobre todo en cuanto a instalaciones deportivas. Tarragona recibirá apoyo económico de las
instituciones para adecuar y/o construir instalaciones que, según el proyecto, dejará nuestra demarcación equipada para ser en un futuro una gran demarcación con instalaciones deportivas; que pueda ser también una provincia donde nuestros
ciudadanos practiquen el deporte con instalaciones de gran calidad, y una provincia que se convierta también en un destino turístico deportivo.
También quiero comentar, señorías, aunque sea de pasada, los aspectos positivos desde el punto de vista social, no solo el económico, como he hecho hasta ahora. Para no alargarme demasiado y porque no tengo tiempo, comentaré solo dos: en
primer lugar, el hecho de que estos juegos serán para nuestros jóvenes un referente más de los valores del deporte. Como se puede leer en el ideario del proyecto, estos serán unos juegos del deporte y de la juventud, con la exaltación de sus
valores. Detrás de estos juegos habrá mesas redondas, debates, simposios, actividad cultural, social, etcétera, alrededor de los valores del deporte.
En segundo lugar y en la misma línea, hay que resaltar la vertiente solidaria que queda plasmada en el voluntariado, que ya hoy es una realidad y una gran oportunidad para nuestros jóvenes, nuestros adultos, la tercera edad, para que la
sociedad en general sienta que tiene juego -usando un término deportivo- en este evento deportivo.
Podría hablar largo y tendido, pero no puedo y no debo. Pero no puedo ni quiero dejar de manifestar que esta es una gran oportunidad también para el deporte catalán. Cataluña tiene una gran oportunidad para demostrar al mundo que somos un
gran país deportivo; es más, tenemos una nueva oportunidad para demostrar que Cataluña es una gran nación, donde el deporte tiene un espacio importante entre sus habitantes.
Tampoco quiero acabar sin comentar un aspecto importante y que me sirve para pedir a sus señorías un consenso en torno a esta candidatura, y me refiero al consenso en el apoyo presupuestario. Hace una hora, el presidente del Senado recibía
a los representantes de la candidatura, que le hacían entrega de un ánfora, símbolo de la sede. Y a la vez, el señor Mario Rigau, como buen catalán, lógicamente, aprovechaba para pedir, y decía que el Senado era un buen foro, un buen instrumento y
un buen lugar para incluir alguna enmienda en los presupuestos del Estado que ayudara a hacer viable económicamente este proyecto.
Señorías, yo me sumo a esta petición para solicitar un consenso más allá de este simbólico de hoy. Todos hemos de recordar la oportunidad que hemos perdido hace menos de dos meses cuando por una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió presentada en esta Cámara, con el apoyo de los grupos parlamentarios Popular en el Senado, Mixto, Senadores Nacionalistas, etcétera, se aprobó destinar 1 millón de euros a la candidatura. Y, sorprendentemente, el
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados votó en contra, con lo cual todo quedó en agua de borrajas; esperemos que sepamos enmendarlo.
Los símbolos son importantes, pero los presupuestos lo son igual o más. No quiero profundizar más en esta herida para mí del todo incomprensible.
Quiero acabar aplaudiendo el consenso político que representa esta moción.
Quiero, deseo y espero que Tarragona llegue a buen puerto y sea sede de los Juegos Mediterráneos 2017. Quiero felicitar a todo el mundo y agradecer el esfuerzo colectivo, de toda una ciudad, que tiene un sueño: que el deporte ponga a
Tarragona en el mundo. (El señor senador termina su intervención en catalán.)
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Muñoz. (Pausa.)
No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Sánchez Hernández.
La señora SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Quiero comenzar mi intervención como finalizaba el portavoz de Convergència i Unió: congratulándome, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por el alto consenso alcanzado en torno a la candidatura de Tarragona como sede de los Juegos
Mediterráneos 2017, fruto, a nuestro entender, del esfuerzo y de la convicción de aquellos -muchos- que creen en las posibilidades reales de Tarragona. Basta escuchar al portavoz de Entesa, al señor Muñoz, el entusiasmo que nos transmitía al hablar
de las capacidades y de la potencialidad que la ciudad de Tarragona tiene para albergar la sede de los Juegos Mediterráneos -Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés del que forman parte los senadores socialistas miembros del PSC-, y basta
hablar con ellos solo un ratito para darse cuenta de que este es un proyecto colectivo, de todos: de ciudad y de empresas, del que todos forman parte. En este sentido y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar la bienvenida a los
representantes del comité organizador y aprovecho para felicitarles por su esfuerzo.
Ya se ha destacado la importancia del acontecimiento para toda la zona, así que no insistiré en ello. Pero quiero añadir que el acontecimiento es también importante como proyección del deporte español y una apuesta decidida por hacer de
Tarragona un puente de encuentro de las culturas
mediterráneas, como ya se ha dicho aquí, por la historia que atesora: es ciudad Patrimonio de la Humanidad. Permítanme añadir que crear, como están haciendo, las condiciones necesarias para organizar un evento de esta envergadura
internacional contribuye a la promoción del deporte español, ya que, en un mundo tan globalizado, estos eventos hacen del deporte, de las sedes que lo albergan y de los deportistas embajadores del país de acogida. Veinte años después, sigue viva en
nuestras mentes la imagen de Barcelona 92, una ciudad del entorno, vecina, catalana, con experiencia organizativa suficientemente demostrada; tantos años después, permanece en nuestra mente. También Barcelona demostró su capacidad organizativa en
los Juegos Mediterráneos, como lo hizo Almería en 2005.
Para estas ciudades, los juegos han supuesto un salto cualitativo del deporte de base y del de alta competición; es decir, deporte para todos, el modelo deportivo en el que creemos los
socialistas.
Hoy estamos en el Senado para manifestar, para evidenciar, para visualizar, el apoyo decidido de esta Cámara Alta a Tarragona, como candidata para ser sede de los Juegos Mediterráneos. Y lo hacemos por unanimidad; la unanimidad que ha
apoyado la candidatura desde 2007, desde que se dio el primer paso. Tanto el ayuntamiento de la capital tarraconense, con su alcalde a la cabeza, Josep Fèlix Ballesteros, otro entusiasta convencido de las posibilidades de la ciudad, como la
diputación, el Parlamento catalán o la Generalitat, han dado ya su apoyo a la candidatura, al que se suma hoy el de la Cámara Alta. Y también el de agentes sociales, empresas, deportistas y federaciones, y el que a esta senadora le parece más
importante por lo particular: el apoyo de toda la sociedad civil y, particularmente, de la ciudadanía. Es un deseo que la ciudadanía de Tarragona tiene, evidencia y demuestra. Ese elevado número de voluntarios que apoyan la candidatura después de
solo dos años y muchos años antes de que llegue a confirmarse, evidencia el deseo de la ciudadanía de la zona.
Es, por tanto, un apoyo decidido, al que hoy nos sumamos. Somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer, y estamos convencidos de que el comité organizador es también consciente de ello. Un trabajo de promoción y proyección que no
termina aquí.
Quiero acabar deseando que alberguen esta fiesta deportiva del Mediterráneo. Cuentan con el apoyo de todos nosotros. Confiamos en el potencial de Tarragona para acoger este proyecto deportivo que la convierta en 2017 en la capital del
deporte; que la convierta en la capital de los valores que fomenta el deporte; que, efectivamente, sea una oportunidad única para el desarrollo socioeconómico de la zona; que los valores del deporte -que, repito, ojala tengan la oportunidad de
albergar- se trasladen a la sociedad: los valores del olimpismo de los que los catalanes han hecho ya bandera; los de ciudadanía, de educación en valores, de interculturalidad, integración social, de tolerancia, etcétera; los valores de Barcelona
92 que, como ya he dicho, están en la mente de todos.
Por tanto, termino parafraseando al presidente del Comité Olímpico Español diciendo que hacer un país más deportivo es hacer sin duda una España más justa y más integradora; y con su entusiasmo y con el nuestro solo me resta decirles que
buen trabajo, mucha suerte, molta sort, y que se conviertan en sede de los Juegos Mediterráneos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Blasco.
La señora BLASCO SOTO: Gracias, señor presidente.
Me gustaría dar la bienvenida a los representantes de la candidatura de Tarragona 2017, a los que mi grupo parlamentario desea muchísima suerte.
Hoy se ha hablado mucho de ella, y lo más importante es que es una candidatura de todos; lo
mismo hicimos con Madrid 2012 o con Madrid 2016; y hoy estamos aquí apoyando la candidatura de Tarragona 2017.
Mi grupo parlamentario ha apoyado siempre el desarrollo de grandes eventos deportivos porque consideramos que son muy importantes para la ciudad, en este caso Tarragona, para Cataluña -mi grupo siempre ha apoyado a Cataluña- y también para
España.
Sobre la repercusión que supone la realización de unos Juegos Mediterráneos ya se ha referido a ella en su exposición el senador Muñoz, que ha sido fantástica, y además lo ha explicado punto por punto; por tanto, sería redundante volver a
explicar lo de los tres aros, los valores del deporte, etcétera, que han comentado también muchos de mis compañeros. Pero sí me gustaría hablar de la repercusión que supone a nivel deportivo.
Yo tuve la suerte de vivir unos juegos en España, de competir en Barcelona 92, de ganar un oro para España (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Muy bien, muy bien!) y puedo decirles que lo que supone para
un deportista estar en casa, jugar en casa, apoyado por todo el público español, es inenarrable.
Por ello, además de todo lo que se ha expuesto sobre los valores del deporte, de unión, de cultura, me gustaría que supiéramos lo que significa para los deportistas poder competir en el propio país, que todo el público español pueda estar
ahí animando a los deportistas, la repercusión que tiene en la prensa, los ídolos tan cercanos que se crean para nuestros jóvenes, etcétera.
Señorías, voy a finalizar ya porque esta es una moción conjunta apoyada por todos los grupos parlamentarios. Y únicamente me queda desear muchísima suerte a Tarragona; es un camino largo pero todos juntos lo podemos conseguir. Mi grupo
parlamentario siempre apoyará este tipo de eventos y tenéis la mano tendida no solo del mundo del deporte sino también del Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Finalizadas las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, esta moción queda aprobada por asentimien-
to. Y he de decir que todos deseamos que sea una realidad que los Juegos Mediterráneos se celebren en Tarragona. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente Senado 621/000039 y número de expediente Congreso 121/000041).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación al punto sexto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Igualdad en relación con el proyecto de ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Flores.
La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 29 del mes de diciembre de 2009, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín General de las Cortes
Generales y fue calificado el 2 de febrero de 2010.
El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizaba inicialmente el día 9 de febrero de 2010. No obstante, fue posteriormente ampliado hasta el día 15 de este mismo mes.
A este proyecto de ley orgánica, que se tramita por el procedimiento ordinario, se presentaron tres propuestas de veto: veto número 1, de la señora Caballero Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 2, del señor Casas i Bedós,
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular.
Igualmente, se presentaron 88 enmiendas, distribuidas de la siguiente forma: número 1, de la señora Caballero Martínez; números 9 y 10, del señor Quintero Castañeda; números 2 a 8, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas;
números 35 a 60, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió; números 11 a 34, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; números 61 a 88, del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia designada en el seno de la Comisión de Igualdad para informar este proyecto de ley estuvo integrada por los siguientes senadores y senadoras: don Francisco Javier Tuñón San Martín, del Grupo Parlamentario Mixto; doña Miren Lore
Leanizbarrutia, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; doña Monserrat Candini i Puig, del Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió; doña María Assumpta Baig i Torras, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; doña
Patricia Hernández Gutiérrez y don Roberto Lertxundi, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María del Carmen Dueñas y doña María José de la Fuente, del Grupo Parlamentario Popular.
Esta ponencia, reunida el día 17 de febrero, emitió formalmente un informe en el que, como consecuencia del rechazo de todas las propuestas de vetos y enmiendas presentadas, mantiene en todos sus términos el texto remitido por el Congreso de
los Diputados.
La Comisión de Igualdad se reunió igualmente el 17 de febrero para dictaminar este proyecto de ley, cuyo resultado fue aprobar como dictamen el texto propuesto en el informe de la ponencia, que es, como ya he dicho anteriormente, el remitido
por el Congreso de los Diputados.
Para este Pleno se han presentado siete votos particulares, en los que se mantienen, para su debate y votación las tres propuestas de veto y las 88 enmiendas presentadas.
Con estas palabras creo haber resumido fielmente la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a la defensa de los vetos.
Hay tres vetos: de la senadora Caballero Martínez; del senador Casas i Bedós y del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, el veto de la senadora Caballero Martínez.
Tiene la palabra, señoría.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a tratar de explicar las razones fundamentales que han movido a mi partido a presentar esta propuesta de veto a este proyecto de ley. Posiblemente no pueda, por no alargarme en exceso, explicarlas todas, pero trataré de ir a
lo fundamental. En primer lugar, por coherencia y por responsabilidad. Coherencia con los principios de mi partido, que quedaron plasmados en la ponencia política del último congreso con la siguiente redacción: la vida debe protegerse y
respetarse en cualquier momento y circunstancia. UPN aboga por la defensa de la vida y promoverá políticas activas a favor de la vida, de prevención de embarazos no deseados y de apoyo social y económico a las mujeres embarazadas.
Y también por responsabilidad, la de saber que la mayoría de los navarros es lo que quiere que hagamos, quiere que paremos este proyecto del Gobierno y con esta propuesta de veto estamos respondiendo a un mandato electoral.
Yo soy senadora de UPN, Unión del Pueblo Navarro, y, junto con los señores Palacios y Pérez Lapazarán, soy la que más votos obtuvo en las pasadas elecciones en Navarra. Todo aquel que nos votó sabía cuál era nuestro sentir y nuestro
pensamiento, ya que mi partido, como he dicho, siempre se ha manifestado de forma clara y rotunda sobre esta materia. No creo que puedan decir lo mismo en esta
Cámara los senadores socialistas, porque, como bien saben, en su programa electoral no se contemplaba el apoyar una reforma como esta. Y tampoco quienes representan a otras formaciones políticas que hoy están dando su apoyo a esta ley
expusieron a sus votantes su postura. La única referencia que se hacía en el programa electoral del Partido Socialista era promover una reflexión social sobre el tema. Es cierto que se contemplaba la posibilidad de modificar la ley actual, pero se
decía textualmente: Cualquier posible modificación deberá basarse en un amplio consenso, garantizando en su aplicación la seguridad jurídica para los médicos y para las mujeres, cuya voluntad debe ser respetada dentro de los límites de la ley.
Nosotros queremos que ustedes cumplan su programa y propicien ese debate social, esa reflexión, y que encuentren -y encontremos entre todos- un consenso más que necesario. Queremos que no les baste una mayoría tan justa, tan justita como la
que han logrado buscando y hasta suplicando apoyos en un tema tan sensible como este. Esta es otra de las razones fundamentales de nuestro veto: la falta de consenso y la ruptura del actual.
Creemos que el Gobierno no ha querido dar los pasos necesarios para buscar ese consenso, que no cuenta con la confianza de los ciudadanos porque tampoco la solicitaron, y ha buscado el camino más rápido y más injusto para sacar adelante esta
reforma. Por eso hemos querido presentar esta propuesta de veto: para que el Gobierno rectifique, retire este texto y trate de consensuar otro que no genere la división actual.
Para nosotros el aborto no es un derecho y mucho menos un avance social; ni es progresista ni es social ni es solidario. Discrepamos del concepto fundamental de esta reforma, con la que se pretende imponer el aborto libre a la sociedad
española como un derecho que tiene la mujer y, en cambio, no se muestra ningún interés por proteger la vida del no nacido.
No es un tema de derechas ni de izquierdas. Para nosotros el aborto es un fracaso; es un fracaso de la sociedad, que no
pone en valor la vida y resuelve un problema por el camino más corto.
Decía el otro día en la Comisión de Igualdad el senador Lertxundi que puede haber mujeres que votan a partidos de izquierda y que están en contra del aborto; que no quieren realizarlo y que no lo realizan. Y que, en cambio, hay mujeres que
están votando a partidos de derechas que abortan. Si eso es así, no entiendo por qué entonces no han dejado libertad de voto a sus diputados y senadores. Quizá sean ustedes los que están haciendo de un tema de conciencia una cuestión de partidos,
porque a mí me extraña mucho que todos coincidan en que este es un gran proyecto de ley.
Dicen ustedes que no debemos centrar el debate actual en aborto sí o aborto no, porque eso ya esta superado; ya se debatió en el año 1985.
Nosotros tenemos claro que no estamos hablando de eso, porque una cosa es no sancionar el aborto
cuando concurren circunstancias extremas y otra, reconocer el aborto como un derecho subjetivo de la mujer, mientras que el ser humano concebido no tiene derecho alguno por la única razón de encontrarse en sus primeras semanas de vida. Eso, además
de ir en contra del mandato de la Constitución de protección de la vida humana, supone una ruptura histórica del ordenamiento jurídico español, de tutela de la vida humana desde su concepción.
Señorías, yo también creo en la libertad de las mujeres para decidir si quieren tener hijos y cuándo tenerlos, pero no veo tan clara la libertad de decidir no tenerlos cuando ya están en camino. Tampoco creo que esta ley tenga mucho que ver
con las políticas de igualdad que tanto pregonan; es más, creo que es una ley que discrimina al hombre porque no respeta ni protege sus derechos ante un embarazo. Esta norma aparta al varón de todo ámbito de decisión, lo despoja de su derecho a
decidir y lo convierte en un mero observador que debe esperar la decisión de la mujer sobre ese embarazo. La paternidad para ustedes no otorga ningún derecho previo pero sí todos los deberes y todas las obligaciones en el caso de que la mujer
decida seguir adelante con el embarazo. Esa discriminación del hombre resulta todavía más sorprendente cuando esta es una ley que viene del Ministerio de Igualdad y se olvida que el embarazo es cosa de dos, que un bebé no aparece en el vientre de
la madre porque sí, por lo que no podemos dejar al margen a los hombres. Para bien o para mal, son los padres de las criaturas y ellos también tendrán que decir algo.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Cuando esta ley proclama la idea de que el aborto es un derecho exclusivo de la mujer crea un derecho correlativo del hombre a desvincularse, a irresponsabilizarse de sus propios actos, aunque estos condicionen
a la mujer.
Señorías, son alarmantes las cifras de abortos realizados cada año en este país. España ocupa el cuarto puesto en número de abortos en la Unión Europea, con más de 122 000 anuales durante 2008 y 112 000 el año anterior. Es el país donde
más se han incrementado las interrupciones de embarazos en los últimos diez años. Y no queda claro cómo piensa el Gobierno con esta ley reducir el número de abortos que se realizan, porque, lo quiera o no, la reducción de abortos debiera ir
acompañada de un cambio radical en nuestra forma de pensar y de comportarnos en materia sexual. No basta con decir que esta ley plantea políticas de formación y de educación sexual, porque yo no he visto grandes diferencias y novedades en el plano
formativo y educativo en función de lo que ya se está dando en mi comunidad. La única novedad que aporta esta ley en esta materia es poder acceder al aborto fácilmente como un derecho, y se corre el riesgo de que el aborto parezca un método
anticonceptivo más, el que se utiliza cuando han fallado los demás o simplemente cuando no se han querido utilizar otros.
Y ya que he mencionado Navarra, me van a permitir que haga alguna puntualización sobre la situación peculiar de mi comunidad en esta materia, ya que en más de una ocasión suele dar que hablar. Es cierto que esta es una comu-
nidad donde no se practican abortos. Pero, siendo eso cierto, también lo es que en Navarra se ha cumplido escrupulosamente la ley actual del aborto, y todas aquellas mujeres que han querido abortar dentro de los supuestos que contempla la
ley lo han podido hacer. (Rumores.) No en Navarra, porque no existen clínicas privadas... (Varias señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Aaaah!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: ... al igual que no existen ni en Castilla-La Mancha ni en Castilla y León ni en Extremadura ni en Murcia.
Y la sanidad pública no lo practica porque no hay ni médicos que lo quieran hacer ni demanda
suficiente para hacerlo efectivo. No debemos olvidar que solo un 3% de las mujeres españolas exigen la sanidad pública para abortar, y en Navarra esa proporción también se da. Lo que ocurre es que en Navarra no existe esa clínica privada quizá
porque no tiene expectativa de negocio por no ser una comunidad muy numerosa. Pero, desde luego, cualquiera puede ir a Navarra, poner una clínica privada y practicar abortos. No hay impedimento alguno para ese tema siempre que no esté marcado por
la ley.
A pesar de la peculiar situación de Navarra, según los estudios estatales realizados sus ciudadanas pueden estar muy tranquilas porque son las que más información reciben en los centros públicos sobre esa intervención.
Para concluir, señorías, creemos que este proyecto de ley no mejora la legislación vigente sobre el aborto voluntario y no soluciona las lagunas existentes; se inmiscuye en la labor educativa de los padres y en su responsabilidad como
tales; no cuenta con el consenso necesario; divide profundamente a la sociedad española; y no estaba en la agenda política.
Por todo ello presentamos esta propuesta de veto, porque queremos la retirada de un proyecto que no es socialmente
reclamado, no ha sido objeto de ningún debate digno de tal nombre, se hace al margen de los verdaderos derechos de la mujer y del hombre, no ha recibido ningún parecer favorable fundado en derecho y es contrario a la doctrina del Tribunal
Constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa del veto número 2, tiene la palabra el senador Casas i Bedós.
El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.
Presento este veto, como ya hice en su día en relación con el matrimonio homosexual, en representación de mi partido, un antiguo partido fundado en el año 1931: Unió Democràtica de Catalunya.
En la presentación ante el Pleno del Congreso de los Diputados del proyecto de ley del que ahora debatimos este veto, la ministra de Igualdad afirmaba que asumir la realidad social y resolver los problemas de la gente debe constituir la
prioridad de cualquier gobernante democrático y responsable. Nunca pensé, señora ministra, que pudiera coincidir tanto con usted. Lo que pasa es que, ¡qué más quisiera la sociedad española que el Gobierno se aplicara con el mismo empeño que la
ministra de Igualdad en todos los problemas que afectan a la sociedad española, que no son pocos y algunos, muy graves! Y en lo que llevamos de esta legislatura, creo modestamente que hemos perdido mucho tiempo y energías en cuestiones que no
constituyen problemas que preocupen de forma excesiva a la sociedad española en su conjunto.
Seguía afirmando la ministra que el Gobierno presenta este proyecto de ley ante una situación que califica de insatisfactoria, como es el incremento de embarazos no deseados en nuestro país y el creciente número de abortos a lo largo de los
últimos años. Pero asumir la realidad social, como afirma la ministra, no significa legislar de cualquier manera; significa estudiar a fondo la realidad social y las causas que provocan los comportamientos que queremos corregir.
Si lo que preocupa y motiva la presentación del presente proyecto de ley es el incremento de embarazos no deseados, habrá que ver si las medidas que prevé van a conseguir disminuir esos embarazos. Coincido con el Gobierno en que esta
situación no es deseable y en que estamos, evidentemente, ante un problema grave. Pero el problema del incremento de los embarazos no deseados no creo que se resuelva sin abordar antes las causas que los originan. Y creo que la ley no entra en
este tema.
Ese incremento de embarazos no deseados y de abortos es significativo especialmente en adolescentes y mujeres jóvenes, y creo que hay que prestarle una especial atención a esta situación, en la medida en que afecta a muchas familias y a
personas de edades muy jóvenes. Como afirmó la ministra, todos coincidimos -o eso creo yo- en que esta situación -repito- no es deseable y en que hay que abordarla. Estoy de acuerdo en ello. Lo que pasa es que nosotros discrepamos en cómo enfoca
el Gobierno esta cuestión, razón por la cual defiendo este veto con el ánimo de introducir nuevos elementos de reflexión que puedan orientar mejores textos legislativos y políticas más adecuadas. Quiero referirme especialmente a los embarazos no
deseados e interrumpidos en mujeres jóvenes, lo que ha ido -insisto- en un preocupante aumento durante estos últimos años.
Las últimas encuestas sobre educación nos hablan del incremento notable del fracaso escolar y de la cantidad de estudiantes universitarios que no finalizan los estudios en los que se matriculan, así como del insuficiente nivel académico con
el que muchos jóvenes se incorporan a la universidad. En otro orden de cosas, a mí también me llama la atención el incremento del consumo de alcohol y de drogas de distintos tipos en la población más joven, cada vez más joven. ¿No creen ustedes
que todas estas cuestiones tienen alguna relación? Supongo que para reducir el número de embarazos no deseados, especialmente entre las mujeres más jóvenes, habrá que analizar qué es lo que está ocurriendo, y procurar orientar las soluciones
abordando el problema en toda su profundidad y extensión. De
no hacerse así no creo que la ley ayude a resolver las causas que originan la situación que se quiere resolver por parte del propio Gobierno y que le ha motivado a presentar este proyecto de ley.
Abordar la problemática de la interrupción del embarazo otorgando derechos -dicho entre comillas, puesto que a mi juicio es discutible que el aborto sea un derecho- me parece que es reducir el problema a un aspecto concreto y no abordarlo en
toda su extensión y profundidad. Probablemente estamos ante una crisis de valores que provoca comportamientos no deseados. Y no me estoy refiriendo a valores morales o religiosos que no son compartidos por todos, sino a valores sin los cuales
difícilmente una sociedad puede avanzar y sin los que es más difícil para la gente joven ganarse un futuro sólido. Me refiero al valor del esfuerzo, del trabajo, a ser conscientes no solo de los derechos sino también de las obligaciones y
responsabilidades. No se trata solo de hablar de salud sexual y reproductiva o de sexo seguro. Se trata de algo mucho más profundo y que afecta a la actitud frente a la vida. ¿Creen ustedes que muchos jóvenes universitarios son conscientes del
coste de su plaza universitaria, que pagamos entre todos? Lamentablemente, en demasiadas ocasiones la generosidad y el esfuerzo de la sociedad para sufragar con sus impuestos la universidad no se ven correspondidos con la responsabilidad que sería
de desear por parte de algunos estudiantes.
¿Hacemos algo para incrementar la conciencia de lo que significa el valor de la responsabilidad y del esfuerzo, para que sean conscientes del esfuerzo que toda sociedad hace para conseguir una universidad
digna? ¿Hacemos algo? Creo que no. Por eso diré, si me lo permiten, que estamos en un debate en el que es un grave error -y lo digo porque lo he oído en multitud de entrevistas radiofónicas- utilizar la argumentación de la izquierda supuestamente
progresista contra la derecha reaccionaria. Es una reducción absurda que quizá alguien piense que le puede dar rédito electoral, pero afortunadamente pienso que nuestra sociedad es mucho más madura y no se impresiona ni se deja influenciar por
debates tan reduccionistas.
Existen muchos valores compartidos por una amplia mayoría de la sociedad, valores muy transversales que deben tenerse muy en cuenta cuando se legisla en cuestiones tan sensibles como esta.
A mi juicio, ha faltado diálogo, mucho más diálogo. Y también mucha más voluntad de llegar a acuerdos. Esta es la percepción del que les está hablando, y creo que coincide con ella un amplio espectro de la sociedad española.
Tenemos un problema, es verdad; lo tenemos y hay que abordarlo, y en ello coincido con la ministra y con el Gobierno. Pero creo que hay que hacerlo de una forma distinta.
Este proyecto de ley se limita a reconocer unos derechos, haciéndolos prevalecer por encima de otros, y a mi juicio no existe el derecho a causar un mal objetivo, el de la vida del aún no nacido.
Dudo que el presente proyecto ayude a reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo. El tiempo lo dirá. Nuestra discrepancia está, pues, en la orientación del proyecto de ley ante el problema que pretende resolver.
Hubiese sido deseable un más amplio consenso y abordar toda la problemática que hay en el fondo del aborto de forma extensa, más tranquila, implicando a más ministerios, así como analizando y entrando en las cuestiones que antes he
mencionado.
Por otra parte, ha habido una utilización fraudulenta de la legislación hasta ahora vigente que ningún Gobierno ha querido abordar y que no resuelve el actual proyecto de ley. Velar por la correcta aplicación de la legislación vigente, que
es la obligación de cualquier Gobierno, quizás hubiera sido más aconsejable. Cuando menos, era su obligación.
De todo el proyecto de ley se desprende la voluntad de que todo embarazo no deseado concluya con su interrupción. Para mí realmente ese es un triste final. Deberían incluirse muchas más políticas activas e incentivos, como hacen, por
cierto, algunas leyes -citadas en el preámbulo- de países como Alemania, para que la mujer embarazada pudiera optar sin temor alguno y con toda seguridad a concluir su embarazo.
En fin, son puntos de vista en los que encontramos también profundas discrepancias y que hacen difícil nuestro voto favorable al proyecto de ley.
Por último, queda la cuestión de las mujeres entre 16 y 18 años. Es verdad que en el Congreso se ha modificado un poco el texto presentado por el Gobierno, pero sigue sin convencernos. Y es que entendemos que se desprecia el auténtico
significado de la patria potestad.
La patria potestad es algo muy profundo, que va más allá de las obligaciones de la manutención y el alojamiento, y de ella deriva en buena parte la solidez de la estructura familiar, entendida como transmisora de valores, así como de soporte
y ayuda en las dificultades.
Menoscabarla es, a nuestro juicio, un grave error. Nadie mejor que los propios padres pueden ayudar y aconsejar a su hija, y en esta cuestión nadie podrá convencerme de lo contrario.
No creo que el Estado deba inmiscuirse en estos temas, dando la posibilidad a una menor de no afrontar la situación ante quien mejor la podría ayudar. Me parece, sinceramente, una transgresión del orden natural de las cosas.
Señorías, sinceramente, me resulta difícil comprender el concepto que tiene el Gobierno, a tenor del texto del proyecto de ley, de lo que es un adolescente, de lo que es una familia del tipo que sea, y de lo que son las relaciones materno y
paterno-filiales. Y más grave aún, cómo entiende la patria potestad al excluir a los padres en un momento en el que la decisión que se va a tomar tiene gran transcendencia psicológica, física, jurídica y, para muchos ciudadanos, también moral; y
hay que respetarles.
Pocas veces un adolescente se verá ante una decisión tan trascendente como esta, y pocas veces habrá en que tenga más sentido que nunca el ejercicio de la patria potestad. A mí, sinceramente, me cuesta entenderles, y por eso
no pueden pretender que les apoye.
Termino, señor presidente, con la convicción de que se podría y se debería haber legislado mejor, y que el no haber sido diligentes en la aplicación de la legislación
actualmente vigente ha contribuido a complicar aún más las cosas.
La emplazo, señora ministra, a que dentro de un año o año y medio venga con las estadísticas y veamos si hemos conseguido -ojalá sea así; lo deseo sinceramente- reducir el número de embarazos no deseados y de abortos. No va a ser así.
Difícilmente puede ser así con este texto. En todo caso, el tiempo es un juez inexorable y la emplazo -repito- a que dentro de un año, año y medio o dos años usted comparezca y nos traiga esa estadística.
Prefiero no lamentar la estadística que va a traer usted. Y si hubiesen querido más voluntad de diálogo y más consenso, seguramente en nuestro grupo o en mi partido lo hubiera encontrado. Pero no lo hemos visto.
Hemos visto más la
intención, como en algunas cuestiones que afectan a la crisis económica, de ideologizar el problema para sacar rédito electoral que la voluntad real de ir al fondo de la cuestión.
Muchas gracias, señorías.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para hacer una defensa, a nuestro juicio coherente y motivada, del veto presentado por nuestro grupo a esta reforma legislativa planteada por el Gobierno en materia de aborto. Y
lo hago, señorías, desde el convencimiento y desde la responsabilidad, porque estamos convencidos de que esta reforma, planteada con nocturnidad y alevosía, como dije ya en su día en la comisión, choca frontalmente con la doctrina consolidada del
Tribunal Constitucional.
Manifestamos alto y claro nuestro desacuerdo con el Gobierno por el planteamiento interesado de la situación y el enfoque claramente partidista que ha dado a un asunto como este y, desde luego, discrepamos de las medidas propuestas en el
proyecto de ley.
Señorías socialistas, lo que ustedes pretenden con esta partidista reforma es imponer el aborto libre a la sociedad española. Y digo bien, porque si tenemos en cuenta que hasta la semana 14 no hay que dar explicación para abortar, y que, en
algunos casos hasta la semana 22, tampoco, ustedes me dirán cuál es el marco expuesto. Además, lo pretenden hacer a hurtadillas, bajo ese paraguas que se han sacado de la manga que al fin al cabo es el envoltorio, pero nada más, de lo que han
denominado ley de salud sexual y reproductiva.
En esto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular y esta portavoz están manifiestamente en contra, como lo están la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Ha habido muchas encuestas -ustedes las conocerán de primera de mano-, que
indican que no están a favor de esta reforma, y se refieren por igual a hombres y mujeres y de todas las edades. Además, en una encuesta reciente de El País, se señalaba que el 56% de sus votantes está en contra del proyecto. Pero ustedes a lo
suyo; todo sea por desviar la atención. Desprecian absolutamente la voz de los ciudadanos, como desprecian el más del millón de firmas presentadas durante los pasados días en el Congreso de los Diputados, firmas de personas libres, no de
asociaciones ni de movimientos, que le dan un «no» con mayúsculas a esta reforma. Desprecian la importante opinión de un número de expertos científicos, médicos, juristas, académicos y educadores, que a lo largo de estos meses han demostrado
públicamente su desacuerdo con la reforma. ¡Y qué pronto olvidan! Recuerdo una frase del señor Rodríguez Zapatero en enero de 2003 -han pasado ya muchos años-, que subrayaba el compromiso de los socialistas por acercarse a los ciudadanos y escuchar
sus sugerencias. Me pregunto de quién verían esas sugerencias. Estoy convencida de que, siendo conscientes de que carecían y carecen de la legitimación necesaria para llevar adelante esta reforma, la excluyeron con conocimiento de causa y por
miedo de su programa electoral. Ya sé que me lo negarán, pero es así. Pero no solamente faltaron a la verdad con sus electores sino que, además, ni siquiera el presidente de Gobierno fue capaz de llevar en sus líneas de Gobierno, en su discurso de
investidura, la reforma ahora planteada.
Ustedes hablan de demanda social. ¿Demanda de quién? Aún nos los peguntamos. Pretenden imponer la radicalidad de unos pocos sobre la mayoría. Pretenden presentar como un derecho lo que es una excepcionalidad. Pero la verdad es que a
estas alturas no nos sorprende.
Ustedes han conseguido, gracias a esa inacción de Gobierno en la que están instalados, que lo que se supone que es una excepción, que es cobrar el paro, se haya convertido en un derecho y que lo que es un derecho,
que es tener trabajo, se haya convertido en la excepción. Y si no, pregúntenselo a los más de 4 millones de parados que hay en nuestro país (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Dejen también de hablar de consenso. Consenso con ustedes mismos y con sus amigos? La primera muestra de que no hay consenso suficiente es la presentación en esta Cámara de estos tres vetos. No es cierto, pues,
que esta haya sido una de las leyes más debatidas, no es cierto que se haya consensuado lo suficiente. No es cierto. Ustedes debaten y consensúan cuando les interesa. La actuación de la subcomisión parlamentaria dejó mucho que desear: limitaron
la capacidad de los grupos parlamentarios, y limitaron el número de expertos y el plazo para debatir. Se impuso, en definitiva, el diseño de la estrategia política del Gobierno.
Fíjense si eso es así, que no solamente los ciudadanos sino también los principales órganos consultivos de este país, que ustedes escuchan solo cuando les dan la razón,
han mostrado sus discrepancias con este proyecto. El Consejo Fiscal ha informado negativamente el proyecto y, de hecho, lo tachó de inconstitucional. El Consejo General del Poder Judicial ha sido incapaz de emitir un dictamen por falta de
consenso. Y el Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, ha sido muy duro y crítico con el proyecto.
Señorías, reitero que la única demanda social es la de la voz de los ciudadanos, que ustedes no quieren oír. Les piden que en vez de apostar por el drama del aborto lo hagan por ofrecer alternativas para no tener que hacerlo; les piden que
apuesten por la vida y por la maternidad, peticiones que, al menos hasta hoy, ustedes han negado de manera sectaria y partidista. No hay ni una sola medida en todo el proyecto de ley de apoyo a la maternidad.
Otro de los pilares de nuestro veto, como decía al principio, es que entendemos que este proyecto de ley choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia es muy clara, y ustedes la conocerán: el no nacido es un
bien jurídico protegido constitucionalmente por el artículo 15 de nuestra Carta Magna, y merece protección desde el primer momento. Lo que nos viene a decir el Tribunal Constitucional, y para entenderlo no hace falta ser experto en derecho, es que
en un Estado de derecho como el que tenemos no es admisible un sistema que deje al margen la vida del no nacido. Debe existir un equilibrio entre los derechos de la madre y del no nacido, y solo excepcionalmente pueden prevalecer los unos sobre los
otros. Reiteramos, por tanto, que este sistema de plazos que pretende imponer el Gobierno no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, porque desprotege al no nacido durante las primeras 14 semanas de gestación y no fija mecanismos que
garanticen el cumplimiento de la legalidad.
Pero aún hay más. Esta reforma planteada por el Gobierno también contraviene las resoluciones y tratados internacionales suscritos por nuestro país, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y, cómo no, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que fija la protección legal del niño tanto antes como después del nacimiento. Pero parece que esto a ustedes tampoco les interesa. Han presentado un
proyecto siendo conscientes de que lo único que buscan con él es dividir a la sociedad española, con esa actitud, ya manida, que tanto les gusta utilizar, de dividir a los españoles entre buenos y malos. Lógicamente, los buenos son ustedes y los
malos somos nosotros.
En definitiva, señorías, no hay tratado internacional en materia de derechos humanos ratificado por nuestro país que reconozca el derecho al aborto. Dejen de argumentar que nos pondremos al nivel de Europa con esta reforma. Saben que eso
no es cierto. Dos de cada tres países de la Unión Europea, incluso aquellos que contemplan una ley de plazos, exigen la concurrencia de causas para que una mujer pueda someterse al aborto. Y en este punto quiero referirme concretamente al señor
Lertxundi, que en la Comisión de Igualdad se refirió a Polonia. No es cierto, señor Lertxundi, que en Polonia haya aumentado el número de abortos. Polonia tiene una legislación muy similar a la española de 1985, una ley que garantiza el apoyo a
las mujeres embarazadas sin recursos durante la gestación y después del parto. De esta forma, en Polonia se ha pasado de 135 654 abortos anuales en 1985 -por cierto, gobernando partidos de izquierdas-, a 546 en 2008. Creo que los datos son más que
evidentes y, desde luego, hacen que su argumentación caiga por su propio peso.
Señorías, con su política del todo vale no solo dejan sin protección al no nacido, a un ser humano, digan lo que digan -no me voy referir a la famosa frase-, sino que también dejan sin protección a las madres y a los padres. Y me refiero
concretamente a la cuestión de las menores de edad.
Ustedes han introducido un punto en esta reforma con el que pretenden privar de la atención, el consejo y el amparo de los padres ante una de las situaciones más duras de la vida de una mujer. Lo
hemos dicho por activa y por pasiva: esta reforma choca frontalmente con el principio de patria potestad, vulnera los derechos y obligaciones que tenemos los padres respecto de nuestros hijos. Pero vuelvo a decir lo de antes: no me sorprende. El
señor Zapatero dijo que los padres éramos una interferencia. No sé si ustedes para sus hijos, pero yo, desde luego, no me considero en absoluto una interferencia para los míos. Y a eso lo llaman ustedes avance histórico, avance social,
progresismo, feminismo.
Eso, señorías, si es algo, es feminismo retrógrado y trasnochado. Olvidan ustedes que estamos en el siglo XXI. Se olvidan de eso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Pero afirmaciones y actitudes como estas son muestras más que evidentes (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Estén tranquilos, porque están un poco nerviosos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Estas actitudes demuestran la incoherencia manifiesta en la que está instalado este Gobierno, que se preocupa más de proteger la intimidad de los menores -que nos parece bien-, del consumo de alcohol o de tabaco,
del exceso de velocidad, que del hecho de que una mujer pueda someterse a un aborto.
El síndrome posaborto, que también se negó, existe. Hay estudios científicos que avalan el impacto físico y psicológico de un aborto. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista pronuncia palabras que no se perciben.) Lo hicieron
en el texto original.
Sigo con el tema de los menores. Hicieron, simplemente, -me van a permitir que se lo diga- un lavado de cara más que evidente. Con esta actual regulación, basta con que una menor alegue conflicto o presión para que no tenga que informar a
sus padres. ¿Estarán ustedes ahí, al lado de esa menor, si hay complicaciones en ese momento? ¿La acompañarán a casa?
No solo quieren fomentar la división de la sociedad española, sino que quieren acabar con uno de los pilares
fundamentales de nuestra sociedad, que es la familia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es así. Es así.
Señorías, ustedes han traído a esta Cámara un proyecto de ley panfletario y catequético, y es, como lo denominó el Consejo Fiscal, que lo tachó de inconstitucional, un proyecto de ley que nace de espaldas a la mayoría de los españoles, sin
consenso social, un proyecto de ley que a los únicos a los que da seguridad jurídica es a aquellos que han hecho del drama del aborto un negocio, y ustedes lo saben y lo conocen de primera mano. Lo saben. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.) Pero les garantizo que nada tiene que ver con la seguridad jurídica de las mujeres ni con los derechos de las mujeres. Las mujeres tenemos muchos derechos, pero este no es un derecho. Algo que es malo para la
mujer no se puede considerar un derecho. Pero aún hay más.
Ustedes, los defensores de las políticas de igualdad, que nos parecen bien, sepan que esta reforma supone un retroceso en esas políticas de igualdad, una clara contradicción con las
posiciones europeas. Liberan ustedes al hombre, con carácter general, de la asunción de responsabilidades y de sus obligaciones elementales en prevención.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es así.
Termino, señor presidente, señorías, reiterando nuestra posición en la defensa de este veto, defensa que hacemos siendo conscientes de nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, de nuestro compromiso con las personas y
con la vida. Por eso solicito, señorías, que se paren un segundo, que reflexionen, y que apoyen nuestro veto, cuyos argumentos nacen (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Déjenme hablar, por favor. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Como les decía, reflexionen. Les puedo garantizar que los argumentos contenidos en nuestra propuesta de veto, los hoy aquí expuestos, en coherencia con nuestra posición, nacen no solo de la razón de los
argumentos, sino que nacen del corazón. Es un veto que reseña nuestro apoyo al derecho a la vida del no nacido, a la vida del ser humano, a la vida de la mujer y del hombre, y, en definitiva, a la protección de la maternidad, porque tenemos muy
claro, lo tiene esta portavoz y lo tiene el Grupo Parlamentario Popular, que si protegemos esto, señorías, estaremos protegiendo a toda la sociedad, porque si protegemos la vida, señorías, protegemos el presente y el futuro de este país.
Termino con una cita: Un nacimiento representa el principio de todo, el milagro del presente y la esperanza del futuro. Señorías, ya que están acabando con el presente de este país, apostemos entre todos por que no acaben con su futuro.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señor presidente.
Permítanme que empiece diciendo que es un enorme honor para mí subir por primera vez a esta tribuna para defender un texto que mejora la actual ley, garantiza derechos y, sobre todo, goza de un gran consenso.
(Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
La señora PAJÍN IRAOLA: Permítanme que para ello haga un pequeño recorrido sobre cuál ha sido el debate de este texto hasta su llegada al Senado, porque, señorías, llevamos casi dos años con él. Los socialistas dijimos desde el principio
que aprobaríamos la mejor ley y con el mayor consenso posible, y así ha sido. Me gustaría, por tanto, empezar destacando que el texto que llega del Congreso de los Diputados es una propuesta madurada.
Y lo es, en primer lugar, porque es un debate
que se ha mantenido vivo durante mucho tiempo y que llega aquí tras casi dos años de diálogo, reflexión y puntos de encuentro. Es una ley que ha ido mejorándose a medida que se iba oyendo a expertos, a organizaciones y a grupos parlamentarios, y
que llega tras el resultado de los trabajos de la subcomisión en el Congreso, esa que se ha querido minimizar desde esta tribuna hace unos minutos, una subcomisión que escuchó a expertos, a expertas y a organizaciones sociales, que discutió, debatió
y que, finalmente, instó al Gobierno a ir en una dirección concreta.
Es un texto, además, que recoge las recomendaciones del comité de expertos que el Gobierno propuso para escuchar todavía a más gente que no había sido oída en el seno de la subcomisión, pero que, además, viene acompañado por unas
recomendaciones del propio Consejo de Estado, que habla de reformar su regulación.
Aquí, algunas senadoras se han atribuido la capacidad de decir lo que es constitucional y lo que no lo es. Yo prefiero apelar a las instituciones jurídicas de nuestro país, al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, que
van en esta dirección. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Pero, señorías, sobre todo, este texto viene después de escuchar a muchas mujeres, a muchas organizaciones de mujeres y a muchas organizaciones sociales, algunas
de las cuales están hoy aquí, por lo que quiero aprovechar para saludarlas y darles la bienvenida. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Pero, con todo, lo que en mi opinión debe ser muy importante para esta Cámara es que esta ley llega con la aprobación total o sustancial de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso. Eso es, señorías, consenso parlamentario.
En resumen, todas las partes han hecho un gran esfuerzo para que hoy debatamos esta ley en el Senado. Y fíjen-
se, no es un debate nuevo, ni inventado, ni mucho menos ficticio. Se ha hablado en esta tribuna de Europa y de la Unión Europea. Pues bien, de los países de nuestro entorno -no hay que irse muy lejos-, en Francia, en el año 1974, se aprobó
la ley de plazos; en Alemania lo hicieron en 1992; en Italia, en 1978; y nuestros vecinos portugueses, en la pasada legislatura. Las Naciones Unidas y la Unión Europa nos dijeron hace ya mucho cómo abordar esta cuestión y, como digo, los países
de nuestro entorno, incluidos los de tradición católica, cuentan ya con marcos normativos como el que hoy vamos a votar en esta Cámara; con una única diferencia, eso sí: lo han hecho mucho antes que España.
España ha sido pionera en la Unión Europea con leyes en materia de igualdad que nos llenan de orgullo: la Ley contra la violencia de género o la Ley de igualdad. Señorías, en muy poco tiempo, hemos pasado de ser un país que miraba con sana
envidia a los países nórdicos, a ser un país puesto como ejemplo en los organismos internacionales por nuestros avances en materia de igualdad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Quienes hemos tenido la oportunidad de
estar presentes en organismos internacionales así lo hemos podido comprobar.
Sin embargo, teníamos una asignatura pendiente con las mujeres y con su derecho a la salud sexual y reproductiva, y hoy vamos a dar un paso fundamental para que se ponga
fin a esa deuda pendiente.
Señorías, hoy estamos debatiendo una ley tan necesaria como meditada y equilibrada porque, por un lado, soluciona los problemas actuales y, por otro, garantiza los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y pone el acento en
la educación sexual, en la prevención y en evitar que las mujeres jóvenes de este país se queden embarazadas si no lo desean.
Sinceramente, no creo que nadie de esta Cámara pueda sentirse indiferente, si es un poco coherente, ante los datos sobre la interrupción de embarazos no deseados en nuestro país. Más de 100 000 mujeres, señorías, han pasado por esa
situación solo en un año en nuestro país, cifra que refleja que se siguen produciendo muchos embarazos no deseados. Ante esta realidad hay dos actitudes: la que quiere mirar hacia otro lado y que además, reduce las ayudas a las organizaciones que
practican la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) y la actitud rigurosa y realista de abordar este
debate con sentido de la responsabilidad, que es lo que está haciendo hoy la mayoría de esta Cámara.
El veto del Grupo Parlamentario Popular hace referencia concreta a la falta de demanda social para esta ley, según ha dicho su portavoz. Pero yo me pregunto ¿acaso 100 000 mujeres al año les parece poca demanda, señorías? (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Cuántos profesionales deben seguir trabajando con inseguridad jurídica, según ustedes, para que haya demanda? ¿A cuántas mujeres hay que señalar y vulnerar en su intimidad, como ocurrió en Madrid hace
unos meses, para que ustedes entiendan que hay demanda para el cambio de esta ley? (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Fue en Barcelona!-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Es verdad que la ley actual tiene casi veinticinco años. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora PAJÍN IRAOLA: Fue la mejor ley en su momento, y lo quiero reconocer, porque permitió sacar de la clandestinidad a muchas mujeres de este país, pero también sabemos que hace mucho tiempo que no se ajusta a la realidad en la que
vivimos hoy, y las leyes tienen que responder a los problemas del presente y del futuro.
Señorías, hoy quiero reconocer con mayúsculas el gran impulso que supuso aquella ley y dar las gracias a quienes la hicieron posible (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), a las diputadas y diputados que la votaron,
al Gobierno que la propuso, a las organizaciones de mujeres pero, especialmente, a las mujeres anónimas que hasta ese día fueron carne de cañón y sobre todo presas del miedo y de la clandestinidad cuando tuvieron que ir a otros países a interrumpir
voluntariamente su embarazo. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Finalmente, quiero reconocer el impulso y la labor de quien, en mi opinión, ha sido uno de los mejores ministros de la democracia española, el señor Ernest Lluch. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señorías, hoy todas y todos sabemos sobradamente de las deficiencias que ha tenido la aplicación de esa ley; una ley que sigue manteniendo el aborto como un delito, salvo en tres supuestos. Está tipificado en el Código penal y, si bien es
cierto que ninguna mujer está afortunadamente en prisión por ello, debemos modificar sin duda una ley que no se puede aplicar por injusta y por desproporcionada. Pero, sobre todo, debemos evitar que algunos se aprovechen de ese marco para señalar a
mujeres y que tengan que ser los tribunales los que los pongan en su sitio, como ocurrió en Madrid -insisto- hace unos meses. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡En Barcelona!)
Señorías, creo sinceramente que no podemos someter a muchas mujeres de este país a la incertidumbre de ser llamadas a declarar y a muchas clínicas y profesionales a ser inspeccionados y cuestionados en su profesionalidad. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) No podemos permitir la vulneración de su intimidad ni tampoco podemos decirles que tendrán que interrumpir voluntariamente su embarazo con miedo y con rechazo social. A esas mujeres que fueron
presas del miedo, seguramente ya no les podremos devolver esa seguridad, pero sí podemos hacer mucho por sus hermanas y por sus hijas (Varios señores senadores del Grupo Par-
lamentario Popular en el Senado: ¿Y por sus hijos?) para que tengan una educación sexual justa y equilibrada que les impida quedarse embarazadas si no lo desean pero, si tuvieran que pasar por ese trago, que al menos esta vez tengan a la
ley y a la sociedad de su lado. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora PAJÍN IRAOLA: Y, por supuesto, no podemos seguir manteniendo las diferencias entre las comunidades autónomas. Aunque ya se ha debatido aquí, quiero subrayarlo. Todos y todas debemos ser iguales a la hora de acceder a la
prestación sanitaria, y en la actualidad esto se incumple con una falta de equidad que no podemos consentir en un país como el nuestro. Señorías, yo quiero el mismo acceso a la sanidad y a las prestaciones en Navarra, en Euskadi, en Cataluña, en
Valencia y en Murcia, con independencia de quién gobierne, porque todas las mujeres deben ser iguales ante la ley. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señorías, hemos dejado desprotegidas a las mujeres durante algunos años y ha llegado el momento de cambiar esto de raíz. Quiero reiterar que los que estamos aquí sabemos que la legislación actual no solo no protege del todo a las mujeres,
sino que permite que sean señaladas y se haga pública su intimidad. En definitiva, este es un debate de dignidad, señorías.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Pero deseo destacar otro aspecto relevante. Esta nueva ley es absolutamente respetuosa con nuestro marco constitucional. Quiero dejarles claro, señoras y señores del Grupo Popular, que la ley no obliga a nadie a abortar. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!) La ley supone libertad y seguridad. (Rumores.-La señora
Quesada Bravo: Como la ley del divorcio.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
Continúe, señoría.
La señora PAJÍN IRAOLA: No se preocupe, señor presidente. Intentaron acallar la voz de esta senadora durante siete meses y no lo consiguieron, tampoco lo van a hacer hoy. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!)
La ley, señorías, supone libertad y seguridad. Aquellas mujeres que no la compartan moralmente no harán uso de ella, y a aquellas que sí quieran hacerlo, ustedes, señores del PP, no pueden ni deben impedírselo.
(Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Es más, incluso a aquellas mujeres que públicamente dicen que no están de acuerdo, pero que después tienen que pasar por ese trago, yo quiero que esta legislación las respalde. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Es una ley más segura y equilibrada que la vigente. Garantiza la autonomía y la libertad de las mujeres y no descuida la protección de la vida prenatal. Respeta los espacios de autonomía y libertad que nuestro Tribunal Constitucional ha
definido y reconoce los derechos fundamentales de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Señorías, afortunadamente ha finalizado el tiempo en el que las mujeres eran sospechosas, por irresponsables e irreflexivas, en el ejercicio de su derecho a la maternidad. Nadie cuestiona que para cualquier mujer la decisión de interrumpir
un embarazo es de las más difíciles de su vida.
En conclusión, conscientes de la importancia de la prevención, una de las prioridades de esta ley se refleja en el amplio capítulo de políticas públicas destinadas a la educación sexual y
reproductiva. Por eso llama mucho la atención que el Grupo Parlamentario Popular proponga en el texto de su veto desarrollar una importante estrategia de prevención, formación e información sexual. Yo me pregunto, ¿es tan importante como la que
ustedes no realizaron en los años de gobierno del Partido Popular? (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Mentira! -Rumores.) ¿Tan importante como la que no realizan en las comunidades autónomas donde gobiernan?
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) No es creíble, señorías, y les diré por qué. No desarrollan ni una sola campaña de información sobre embarazos no deseados en las comunidades autónomas donde gobiernan.
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Qué mentira!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor. Pido silencio a todo el mundo.
La señora PAJÍN IRAOLA: Fíjense si es así que quien les habla formuló una interpelación en el año 2003, cuando ustedes gobernaban, poniendo el acento en esos 500 000 embarazos no deseados e interrupciones voluntarias porque no había una
sola campaña del Gobierno de España al respecto.
(Rumores.) Y, por cierto, ahora dicen que hace falta -y cito textualmente- una ambiciosa política de Estado de apoyo a la maternidad, cuando es de nuevo en esta etapa, en los últimos seis años de
gobierno socialista, cuando se han aprobado, por ejemplo, la iniciativa de los 2500 euros por nacimiento e hijo, el derecho a la prestación no contributiva para las mujeres que son madres y no han cotizado lo suficiente, el permiso de paternidad o
la extensión en educación de 0 a 3 años, que, por cierto, ustedes impiden en Madrid y en la Comunidad Valenciana. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Hay quienes defienden mucho a la familia en las pancartas y en las palabras; hay otros que preferimos hacerlo
en las leyes, en las iniciativas y en los presupuestos. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo
hicieron. Dicen defender a la familia, pero siguen sin reconocer que esta sociedad está formada por familias plurales.
Hay algo que considero muy importante: señorías, en mi opinión, deben ustedes dejar de jugar con temas tan importantes y delicados, como cuando dicen que queremos separar a los padres de sus hijos, porque creo sinceramente que en esta
Cámara no nos corresponde juzgar ni valorar el nivel de diálogo y confianza entre madres y padres con sus hijas (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), ni podemos ni debemos. Este no es un debate de malos
padres e hijos irresponsables, porque lo deseable sería que todas las adolescentes de este país tuvieran un marco familiar que las apoyara. Pero si por algún motivo, en un momento dado, unas adolescentes no pueden, no quieren o no deben, por un
tema grave, confiar en su familia, el Estado debe velar por esas mujeres (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), garantizándoles la atención adecuada y evitando que recurran a sistemas clandestinos que no queremos
que vuelvan en este país.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Fíjense, me llama la atención el doble rasero que utiliza el Grupo Popular a la hora de medir la responsabilidad o no de los menores. A veces quieren que se les juzgue y se los condene como a adultos; al mínimo ejemplo concreto,
demagógicamente, apoyan que los menores sean mayores. Y la última propuesta que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de apoyo a las mujeres embarazadas, dice textualmente: Todas las personas físicas
o jurídicas, así como las entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de asistencia, apoyo e información a las mujeres embarazadas conforme a lo dispuesto en la ley deben mantener la debida reserva y confidencialidad sobre cualquier
dato de carácter personal de la madre o del niño.
En definitiva, las mujeres, con independencia de su edad, que quieran seguir adelante con el embarazo tienen derecho a la intimidad, y aquellas que tienen que pasar por un trago muy duro no tienen derecho a ella.
(Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Señorías, quiero que todas las mujeres sean libres -todas- decidan lo que decidan, que tengan derecho al apoyo de las instituciones de la
sociedad, porque esa es la mejor garantía.
Acabo ya, señorías. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Una cosa es cierta: el oportunismo es siempre mala idea en política, acaba haciendo que se descubra la falta de coherencia y de valentía a la hora
de abordar los problemas de la ciudadanía (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), y el Grupo Popular nunca quiso una regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. No la quisieron hace veinticinco años,
pero cuando pudieron no la derogaron; es decir, no han cuestionado la ley actual. Sobre esta nueva ley, la que va a reducir el número de embarazos no deseados -que es el objetivo de todos y de todas-, ya veremos dentro de unos años cuál va a ser
su actitud. Quieren pasar de puntillas por un tema que tiene un difícil abordaje, y están dejando la responsabilidad al resto de los grupos parlamentarios.
Señorías, en política se nos mide a todos por igual, y así debe ser.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) No haber vivido algo no quiere decir que no lo conozcamos, que no lo tengamos en cuenta, que no
tengamos la obligación de conocerlo y, sobre todo, de ser corresponsables con nuestro tiempo y con el momento que nos ha tocado vivir.
Debatir sobre esto no es fácil, es ese tipo de temas que algunos se empeñan en dejar en un cajón, que nunca son oportunos, como muchos de los asuntos que tienen que ver con las mujeres, pero este debate se ha abordado con valentía, con
coraje y con toda la seriedad que requiere. La aprobación de esta ley dignifica a las mujeres y a la clase política, que ha abordado este tema con rigor, como se ha hecho. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Quiero felicitar expresamente a la ministra Aído por su iniciativa (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) porque, como dijo el senador Lertxundi, algunos han intentado convertirla en la persona seguramente más
insultada de un Gobierno democrático. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¿Recuerdan cómo la llamaban asesina? Pues quiero decirles que mientras eso ocurría, no recuerdo ni una sola mala palabra de la ministra
Aído. Esa es la diferencia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y como quiero que se reconozca, le doy las gracias por habernos situado al Gobierno y al grupo parlamentario que la apoya en el lado mayoritario del rigor,
del debate sereno, en el que nos podemos mirar a los ojos con seriedad, escuchando y respetando a todos y a todas (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), y dejando para el Grupo Parlamentario Popular
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
La señora PAJÍN IRAOLA: las palabras altisonantes, la crispación y el no saber estar a la altura en un debate como este. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores y protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
Querida ministra, nos hemos quedado en el lado de los derechos y de la seriedad; otros se han quedado en el lado de las palabras altisonantes y de la crispación. Allá cada cual con su forma de hacer política. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Pero, como creo en el consenso, considero que todavía no es tarde para animar al Grupo Parlamentario Popular a que se sume a la mayoría de esta Cámara (Rumores en los esca-
ños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), a que se sume a un proceso que dará seguridad jurídica a las mujeres y que apoyará a los profesionales, que evitará embarazos no deseados y que será responsable con los tiempos que nos ha
tocado vivir. Súmense, señores del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
La señora PAJÍN IRAOLA: Todavía están a tiempo, y así no tendrán que ser incoherentes años después. Merece la pena, se lo digo de verdad.
Señorías, tenemos el mejor texto que hemos podido conseguir, y estoy segura de que en el reflejo de su aplicación nos devolverá una imagen de una sociedad más madura, más segura y más justa.
Quiero reconocer, además, la labor de los portavoces de otros grupos parlamentarios que, a lo largo de este debate en el Congreso de los Diputados y en el Senado, han ido mejorando esta ley, han ido sumando iniciativas y propuestas que hemos
recogido porque la hacían mejor.
Porque esta ley es fruto, como digo, del debate, del consenso y, sobre todo, de una forma de entender la política basada en el diálogo, en el debate sereno y riguroso.
Creo, queridas compañeras de las organizaciones de mujeres, que sois libres aunque pertenezcáis a una organización; esa es la base de nuestra democracia, sois muy libres y siempre lo habéis sido. (Aplausos.) Gracias por esa libertad que,
por cierto, muchas mujeres hemos podido aprovechar tiempo después. Hoy en esta Cámara damos un paso fundamental e importante para que las mujeres de este país estén más seguras y sean más libres.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señorías, pasamos a continuación al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Bagur.
El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, señor presidente.
Bon dia.
Hoy debatimos, espero que para su aprobación, el proyecto de ley orgánica de Salud Sexual, Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Como en todas las leyes que suponen libertades cívicas, se produce un apasionado debate, e incluso en un país aconfesional, como España, se promueven opiniones muy respetables si van dirigidas a los miembros de una religión o creencia, pero
del todo inoportunas cuando se intenta extender esta opinión a la totalidad de la población, sea o no creyente.
El desarrollo de la sexualidad y el tener descendencia está directamente vinculado a la dignidad y a la libertad de la persona. Esta libertad, este libre albedrío afecta de forma muy especial a la mujer, para quien el embarazo y la
maternidad inciden muy profundamente en su futuro.
Esta adecuación del marco normativo actualizará las políticas públicas de servicio y atención a la salud sexual y reproductiva de forma integral, con voluntad de generar seguridad jurídica, y evitará -espero- el bochorno de algunas
actuaciones del pasado más reciente.
Seguramente el punto que más polémica suscita es la interrupción voluntaria del embarazo -y repito, voluntaria-, que precisa de clarificación jurídica, sin limitaciones legales, que dé la posibilidad de acceder al aborto. Esta ley reconoce
el derecho a la maternidad libremente decidida, ya que la mujer podrá tomar, de una vez por todas, la decisión inicial sobre el embarazo, y que esta decisión sea respetada sin que nadie sea discriminado en el acceso a los servicios previstos en esta
ley.
Uno de los aspectos interesantes de la ley es el acceso a la información y a la educación efectiva sexual y reproductiva que garantice el conocimiento y el acceso a métodos seguros para la regulación de la fecundación y que propicie a la vez
una relación en pie de igualdad entre el hombre y la mujer en un ámbito de salud sexual, incorporando de forma efectiva estos conceptos al sistema educativo. Practicada por profesionales de la medicina cualificados -y mejor en centros públicos
acreditados, si es posible- se garantizará el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que determina la ley. Uno de los puntos polémicos, el que afecta a las jóvenes de 16 y 17 años, creo que se ha resuelto con
responsabilidad y corrección.
A mi modo de ver, es una buena ley que ya era necesaria y que no obliga a nadie, insisto. Durante demasiados años hemos sufrido la tutela de una forma oficial de pensar que algunos quisieran perpetuar.
El señor PRESIDENTE: Señoría.
El señor BAGUR MERCADAL: Por tanto, mi voto será positivo para esta ley que da un paso más hacia una sociedad libre y responsable.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy viene a esta Cámara un tema controvertido, difícil, de choque de derechos, con la diferencia entre ellos de que unos derechos se pueden defender y otros no se pueden defender. Es un tema que divide a la sociedad española; un
tema de calado; un tema, a mi juicio, inoportuno, que afecta sobre todo a la conciencia individual, un tema sobre el que no se entiende la postura de grupo y partidista, que debería ser, a mi juicio, el ejemplo claro del voto individual, del voto
de la conciencia.
Coincido con los argumentos jurídicos, éticos y sociales de los portavoces que han defendido los vetos que se han presentado. Por eso mi voto -modesto voto del Senado-
va a ser un voto de apoyo a esos vetos; va a ser un voto meditado, un voto libre, un voto sin sujeción a disciplina alguna, excepto a la disciplina de mi conciencia.
Yo creía que este tema ya lo habíamos resuelto -mal, a mi juicio, pero aceptado democráticamente- con la modificación de la Ley de 1985 del Código Penal. Al parecer, no es así. Al parecer, al actual Gobierno no le parece un asunto
resuelto, prueba inequívoca de lo mal resuelto que quedó y del fracaso que supuso la Ley de 1985, aceptada democráticamente incluso por los que no estábamos de acuerdo.
Hoy vuelven otra vez a traer una modificación de esa ley. Hoy vuelven a contarnos una serie de ventajas de la nueva ley. Dentro de unos años, ustedes volverán a traer otra modificación de la ley, que será la prueba más clara del fracaso de
lo que hoy nos traen aquí.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Buenos días, señor presidente.
Señorías, hablo como senador autonómico de Navarra. Le he oído decir a la senadora Caballero, con todo el respeto y la admiración que me merece, que UPN es el partido más votado. Es verdad, pero también es cierto que la mayoría
parlamentaria de Navarra aprueba este proyecto de ley.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Voy a pronunciar un discurso que ya pronuncié en la comisión. El derecho de la mujer a decidir se convierte en el referente de este proyecto de ley. La base de este proyecto de ley es reconocer el derecho de la maternidad libremente
decidida, que implique que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada.
La interrupción voluntaria del embarazo debe ser un derecho libre y gratuito, con las debidas condiciones sanitarias y el respeto de la intimidad y confidencialidad de las usuarias, derechos que no obligan a quienes por su conciencia o moral
rechazan esta práctica.
La decisión de interrupción voluntaria del embarazo es fruto de un embarazo no deseado; la mujer, tras un embarazo, debe decidir si quiere continuar o no; lo que se tiene que garantizar es que sea esa voluntad de la mujer la que adopte esa
decisión, siempre previamente informada y con todas las garantías sanitarias, asesoramiento, protección y confidencialidad de su decisión. En mi opinión, ejercer este derecho nunca ha sido una decisión fácil para la mujer, siempre ha sido difícil y
dolorosa, y desde luego no es un método anticonceptivo.
Estamos en España, un país donde, como se ha dicho, se producen más de cien interrupciones voluntarias del embarazo, y debemos dar respuesta a esta necesidad con las mejores garantías para las mujeres.
En el Parlamento estamos para resolver problemas y buscar salidas dignas y razonables a esta necesidad social. Los aspectos personales o religiosos son respetables, por eso se habla de interrupción voluntaria, pero no deben invadir la libre
decisión de la mujer.
Este no es un problema de algunas mujeres, es una situación que afecta a mujeres de todas las ideologías y condiciones sociales y, por desgracia, especialmente a las más vulnerables.
Y voy a hablar de cómo he visto, con la edad, este problema en el tiempo, porque soy de una generación -ya lo he dicho- que conquistó su libertad sexual en el franquismo, que ha vivido una sexualidad madura en la democracia y que quiere para
sus hijos una educación sexual basada en la prevención y en una mejor salud sexual y reproductiva, tal como establece el proyecto de esta ley.
El franquismo tiene para mí unos recuerdos terribles en lo que se refiere a esta cuestión; una práctica clandestina sujeta a graves riesgos, y las mujeres que se decidían a hacerlo en España era en pésimas condiciones sanitarias, sin apoyo
familiar o psíquico, en un entorno de criminalización y eran vilipendiadas solamente por el derecho de decidir sobre su maternidad; y siempre he pensado que las mujeres que tenían más medios podían ejercer este derecho en el extranjero, en muchas
ocasiones acompañadas por sus padres. No olvidemos que esta es una necesidad que existe desde hace muchos años.
Cuando en el año 1985 se despenaliza parcialmente el aborto ya hubo un debate a este respecto. Seguramente salió la mejor ley posible, pero era una solución provisional porque seguían existiendo trabas que han afectado a la seguridad
jurídica tanto de las mujeres como de los profesionales sanitarios, tal como demuestra el caso de Navarra, que es la única comunidad donde ninguna mujer puede practicar la interrupción voluntaria del embarazo.
Señorías, no me iba a detener en Navarra porque considero que es un tema muy sensible, pero quiero recordar que esto es fruto de una situación que se produjo en el año 1990 cuando tres ginecólogos fueron llevados a juicio por una asociación
ultraconservadora. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Los médicos fueron exonerados, pero la práctica fue condenada.
Señora Caballero, se argumenta que los médicos de la red pública son objetores. Todos no son objetores, algunos han manifestado no serlo, y yo conozco a varios. La interrupción voluntaria del embarazo necesita un equipo y no se puede
disponer del mismo más que con el apoyo del centro donde se realiza, y este apoyo no se tiene en los centros sanitarios públicos de Navarra.
Por eso le recuerdo que el Parlamento de Navarra aprobó en el año 2007 sendas resoluciones en las que se instaba al Gobierno de Navarra a garantizar dentro del sistema sanitario en la Comunidad Foral de Navarra el cumplimiento de la
normativa del IVE en vigor y a poner en marcha antes del 31 de diciembre de 2007 en dicha comunidad foral todas las medidas necesarias y adecuadas, tanto técnicas como humanas, para la prestación del IVE, a fin de que las mujeres pudieran ejercer
este derecho, siendo
atendidas en la sanidad pública de Navarra. Por eso, en Navarra sí hay un problema.
Ha pasado el tiempo -veinticinco años- y considero que la sociedad está madura para aceptar esta regulación. Creo que era una asignatura pendiente. No podemos estar al margen de los países de nuestro entorno ya que todos tienen una ley de
plazos, todos han aceptado la ley de plazos.
Que esta ley -y este es el punto donde mejora- consiga las mejores condiciones posibles para ejercer este derecho, y estamos en un Estado -recuerdo- laico y desarrollado. También tengo que recordar que
los países europeos con menos tasas de abortos tienen ley de plazos, y este camino es así.
Voy a terminar con una cita que me gustó, aunque no puedo recordar el nombre de su autor, que dice que el camino para evitar el aborto es una mejor educación sexual, un mayor acceso a los métodos anticonceptivos, mejores recursos preventivos
y un apoyo a mujeres con dificultades que tienen un embarazo deseado, pero siempre respetemos a la mujer en su libre decisión sobre su maternidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
En primer lugar, quisiera hacer constar nuestro malestar por el poco tiempo que se nos ha dado para estudiar las enmiendas que se presentaron aquí -el proceso ha sido muy rápido-, máxime cuando se podía haber tenido más holgura de tiempo
para reflexionar sobre temas que realmente importan, y mucho, a la sociedad.
En segundo lugar, quiero dejar bien claro que no estamos hablando ni decidiendo nada sobre aborto sí o no, sino sobre una ley que, por el número de enmiendas que se han presentado a la misma, suscita interés, además de que todas las partes o
grupos parlamentarios aquí representados han mostrado su interés por mejorarla, y de hecho mi grupo piensa que ha sido para mejorar.
En tercer lugar, quisiera que conste que mi grupo parlamentario ha presentado las enmiendas números 2, 3, 4, 5 y 6 y que las enmiendas números 8 y 4 pertenecen al Bloque Nacionalista Galego. Quiero adelantarles que los Nacionalistas Vascos
votaremos en contra de las enmiendas de dicho grupo en caso de que se mantengan, pues no compartimos su espíritu.
Quiero hacer constar también que somos plenamente conscientes de que nuestra aportación ha sido tenida en cuenta en el texto, y nos alegra que se remitiera al Congreso. Además se ha hecho un esfuerzo para mejorarla.
Señorías, decimos no a los vetos porque se ha constatado, en primer lugar, la necesidad de que, una vez aceptada la legitimidad del aborto -que nadie ha puesto en duda durante tantísimos años en la sociedad actual-, se adopte una posición
política sobre su mejor regulación. Se está considerando que los derechos sexuales son derechos universales, basándose en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos.
En segundo lugar, estamos debatiendo la oportunidad de una ley de plazos.
Pensamos que adoptar una ley de plazos clara, con un límite temporal, sobre el que haya consenso social, lejos de ampliar la actual regulación, evitaría riesgos para
las mujeres y profesionales, abusos con abortos injustificados y tardíos y sobre todo, reconocería el deseo de las mujeres a decidir sobre la continuación de un embarazo, elementos, señorías, de política democrática de primer orden. También se
analiza el plazo propuesto en el caso de que haya peligro para la salud materna o serias anomalías fetales.
Se aborda la edad necesaria para solicitar una interrupción del embarazo sin consentimiento parental obligado. La no obligatoriedad del consentimiento parental en nada afecta a la posibilidad de que las adolescentes informen y cuenten con
sus padres para la toma de esta decisión, pero salvaguarda aquellas situaciones en que las jóvenes encuentran dificultades para dar a conocer a sus padres su gestación y su decisión de interrumpir el embarazo y que puedan derivar en abortos más
tardíos o clandestinos con todos sus riesgos.
Asimismo, es necesario revisar y proponer, en su caso, la modificación de toda la normativa, excesivamente dispersa en distintas leyes, que hace referencia a los derechos y obligaciones de los jóvenes de entre 16 y 18 años.
En la situación actual del marco normativo, totalmente contradictorio, en el que se encuentran estos jóvenes tenemos muchos ejemplos: con 16 años se puede tener un trabajo, tener relaciones sexuales con un adulto a partir de los 13 años,
dar el consentimiento para cualquier operación quirúrgica, contraer matrimonio, conducir un ciclomotor, tener responsabilidad penal, sin embargo, con 16 años no se puede comprar tabaco, comprar y consumir alcohol, ponerse un piercing o hacerse un
tatuaje. Si se analiza el tema, señorías, esto sí nos debería hacer reflexionar para revisar realmente el tema de la edad en que pueden tenerse derechos.
También se analiza en este texto que el aborto hay que sacarlo del código penal. Se recoge, señorías, asimismo la libertad de conciencia del profesional, garantizando a su vez el derecho de la mujer. Estas reflexiones hacen que nuestro
grupo parlamentario tenga claro que, no siendo el debate -y otra vez, insisto- aborto sí o no, esta es una ley que puede, y es nuestra obligación, ser mejorada. Nuestra obligación es conocer y decidir sobre leyes que afectan a la vida del
ciudadano, pero tenemos también muy claro que no tenemos ni debemos entrar en las conciencias de los mismos, como pensamos que se puede mejorar y además dar una seguridad jurídica ante posibles conflictos de intereses.
Señorías, quisiera compartir con ustedes una poesía de Kahlin Gibran, que en algunas ocasiones a mí, como madre y como mujer, me ha ayudado, y es aquella que
dice: Madre -y en este caso también diría padres-, los hijos no son hijos tuyos, son hijos de la vida, y tú eres el arco donde se posa ese hijo y se lanza a la vida. Debemos ser los padres ese arco en el que se apoyen nuestros hijos,
ayudando a que se desarrollen como personas en el mundo para que este sea más humano y teniendo siempre muy claro que ellos también, señorías, tienen conciencia.
Para nosotros la conciencia del ser humano es sagrada. Evitemos que nuestras hijas lleguen a ese trance con medidas firmes de educación en valores e información; esa, señorías, es nuestra obligación. Está en nuestras manos que lleguemos
un día a no tener que regular la interrupción del embarazo. La mejor ley de interrupción del embarazo será la que no exista, porque ninguna de nuestras hijas habrá tenido que llegar a ese trance.
Nuestra posición pues ante estas propuestas de veto en esta sede parlamentaria es no aceptarlas y sin entrar a juzgar por qué lo han hecho los demás grupos parlamentarios. Pensamos que estos vetos no ayudan a la mejora de lo que nos ha
traído aquí, como es posicionarnos ante un proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que hemos querido. Y ya que nos hemos empeñado, está en nuestra conciencia mejorarlo.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que estoy un tanto decepcionado del cariz que ha tomado el debate. Voy a presentar un veto que responde a mi forma de entender la política porque entiendo que es más importante dedicar esfuerzos a la complicidad que a arreglar
la discrepancia. Es verdad que hay momentos en que hay que explicitar la discrepancia, y el debate de un veto es uno de esos momentos, pero siempre buscando puntos de encuentro.
El cariz que ha tomado el debate es una especie de cuerpo a cuerpo, politizando un tema tan sensible como es este de una forma que no me parece necesaria.
En mi veto he expresado mis dudas de que esta ley resuelva el problema, que evite que haya más embarazos no deseados y más abortos, y he dado una serie de pistas, me parece a mí, de dónde se podría encontrar un punto de encuentro. He
hablado de valores -que creo que son fundamentales- que, más allá del debate del sexo seguro y de la salud sexual, tienen que ver con esa problemática y que podrían ser tenidos en cuenta en otros textos legislativos. Se hace un veto -para
entendernos- buscando complicidades.
No ha habido ninguna referencia al veto que yo he presentado, pero sí un cuerpo a cuerpo. Senadora Pajín, con todos los respetos -es la primera vez que la oigo hablar en la tribuna-, hoy no se trataba de hacer una descripción histórica de
lo que han hecho los Gobiernos socialistas en relación con el aborto poniéndose medallas. No se trataba de esto.
¿Y a qué viene a cuento si la señora Cospedal ha hablado más o ha hablado menos en veintidos meses en un debate en el que estamos tratando de la interrupción del embarazo? (La señora Pajín Iraola: No he dicho nada de eso.) Sí, sí, se ha
dicho desde esta tribuna. La impresión que yo tengo es que se ha querido convertir este debate en un inicio de campaña electoral. Me parece un grave error. Ha habido un intento de no buscar ninguna complicidad, y fíjese que el Gobierno popular no
derogó la legislación vigente aprobada en la época de Felipe González, lo cual podría dar una pista al actual Gobierno socialista en el sentido de que a lo mejor podría haber un punto de encuentro para resolver el grave problema que hay con el
aborto. Digo esto porque si hubiera una oposición muy cerrada, probablemente hubieran derogado la anterior legislación, y no lo hicieron.
Por lo tanto, cuando se dice que se ha buscado consenso, bueno, con algunos sí y con algunos no. A mi grupo parlamentario y a las fuerzas políticas que represento nadie nos puede dar lecciones de consenso porque llevamos años construyendo.
Hemos ayudado mucho en la transición, como todos, pero hemos estado un grupo reducido de diputados, -porque somos los que somos- en el centro de grandes consensos en los Pactos de la Moncloa, el Pacto de Toledo, con el Gobierno del PP, cuando Felipe
González perdió la mayoría absoluta; es decir, hemos estado siempre en grandes consensos. Esto quiere decir que nuestra forma de entender la política está muy clara, y creo que hoy, en un tema muy sensible, hemos perdido la oportunidad de hacer un
debate más profundo con menos lucha partidista y de intentar dar una esperanza a la sociedad española para que disminuya el número de embarazos no deseados en gente joven, algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo y que al final es el
objetivo que persigue el proyecto de ley.
Me gustaría hacer referencia a algunas cuestiones que ha dicho. Cuando usted compara la legislación española con la de los países europeos, algunas cosas hay que decir. Las leyes europeas -en Bélgica, Alemania o Francia- van acompañadas,
como yo he pedido en mi veto, de muchas alternativas seguras para quien quiera continuar el embarazo, sobre todo, de unas políticas de apoyo a la familia con un presupuesto impresionante -por cierto, España, junto con Grecia y Portugal, está a la
cola-. Si usted compara las políticas de apoyo a la familia -a la familia en mayúsculas, no a una familia determinada, sino a todas las formas convencionales que hoy están recogidas en el ordenamiento jurídico, porque todas tienen un sentimiento de
compartir-, las ayudas que existen en Alemania, en Bélgica o en Francia con las que existen aquí, vemos que no admiten la comparación. Por tanto, cuando se dice una cosa, hay que decir la otra.
Me parece que insistir y seguir hablando solo de salud sexual y de sexo seguro es reducir el debate. Hay muchos más temas -en los que seguro que con nosotros encontraría un punto de acuerdo- en los que tenemos que trabajar, y
mucho, para que mucha gente joven no se encuentre en situaciones tan difíciles. No basta con esto, hay que hacer más. Cuando se dice, encontramos la callada por respuesta. No quieren entrar a buscar un consenso en esta línea.
Usted quiere la misma sanidad para todos, pero este es un debate muy complicado, y le hubiera aconsejado que hoy no lo dijera porque este es un problema endémico que tiene este país. ¡Qué más quisiera yo! ¿Usted sabe que hay comunidades
receptoras del Fondo de Solidaridad que dan muchas más prestaciones sanitarias que las que aporta el sistema? Cuando se dice esto, sobre todo desde un partido que provoca esta situación, hay que andar con mucho cuidado. Creo que son cuestiones que
no tienen nada que ver. Todos queremos que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y derechos, pero cuando se afirma desde el Gobierno, hay que saber lo que se dice, porque a veces esto no pasa por políticas que el propio Gobierno impulsa.
Lamento que no hayamos tenido un debate de reflexión. Al menos en mi veto había un intento de introducir elementos para esa reflexión que pudieran encontrar algún consenso -no sé si se puede hablar de un veto constructivo, pero ha sido con
este ánimo-. No creo que haya criticado con excesiva dureza, simplemente he introducido elementos de reflexión que considero que no están en el proyecto de ley, y por eso lo veto, porque creo que se queda corto. Creo que hay que ir mucho más allá
y profundizar más. Por el contrario, me encuentro en el turno en contra que se quiere politizar el tema y hacer un debate duro. Esto no me interesa, la verdad. Cuando quieran debatir para buscar complicidades y redactar proyectos de ley en los
que todos estemos seguros de que son para construir y para mirar al futuro, siempre me encontrarán, pero para debates de este tipo no cuenten conmigo.
Gracias, han sido muy amables. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el grupo de Entesa, tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, presidente. (La señora senadora comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.)
«Els partits polìtics que formen el grupo de l'Entesa Catalana de Progrés rebutjarem els 3 «vetos» ja que desde fa molts anys que desde les nostres opcions defensem el dret de les dones a decidir lliure i responsablement sobre la seva salut
sexual i reproductiva.»
Porque, señorías, hoy debatimos sobre un tema ideológico. Nuestro grupo y también otros avalamos esta ley. Incluso alguno solicitó en la anterior legislatura que esto fuera posible. La diputada de Iniciativa per Catalunya, doña Carmen
García, lo había pedido, pero no era aún el momento oportuno. Hoy nos sentimos realmente cómodos porque hoy podamos debatir esta cuestión, y se lo agradecemos a la ministra, a todos sus colaboradores y al Gobierno en general. ¿Por qué? Porque el
actual marco legal, el de 1985, está obsoleto e insuficiente, marco que se limitó a modificar el Código Penal para despenalizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en los tres supuestos que ya conocemos.
Afortunadamente, hoy debatimos la garantía plena del derecho de las mujeres al ejercicio libre y responsable de su sexualidad, que necesariamente ha de contemplar un sistema que permita a las mujeres decidir en condiciones seguras, médica o
sanitariamente adecuadas y sin consecuencias penales sobre un embarazo no deseado.
Entesa Catalana de Progrés votaremos a favor de la ley porque responde a nuestros principios ideológicos y además porque nos sentimos cómodos, ya que no es única y exclusivamente una ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino que va
acompañada de la salud sexual y reproductiva. Esta vinculación de educación, formación, información y prevención es un aspecto importantísimo, porque se debe garantizar una adecuada educación en función de la edad -una información- para saber y
trabajar dentro de la escuela, dentro de la familia y en la sociedad sobre educación emocional y afectiva, sobre educación sexual, sobre anticonceptivos, sobre los valores y el respeto que se ha de tener a cada uno de estos valores para dar a todos,
niños y niñas, jóvenes, chicos y chicas una educación como personas que les sirva para toda la vida. Y es este aspecto en el que, estando todos de acuerdo en que la interrupción voluntaria del embarazo no es buena, que no es tampoco un
anticonceptivo, estando todos de acuerdo en que debemos reducirla, no entiendo cómo los que han puesto el veto a la ley no apoyan este aspecto de la educación.
Aquí es donde yo encuentro una gran falsedad. El señor Casas y la senadora Caballero
decían que era muy importante prevenir embarazos no deseados. ¿Y cómo tenemos que prevenirlos y ayudar? En el campo de la educación. Pues en el campo de la educación, en el Ministerio de Educación, en las consejerías de Educación o en algunos
ayuntamientos es desde donde se promueven temas de educación sexual o de planificación familiar dentro de la educación de la ciudadanía. Pero son también los mismos quienes se oponen a ello. (Aplausos.) Y aquí es donde yo encuentro la gran
falsedad en estos vetos. Porque me resulta realmente difícil entender cómo aquellos que están más en contra de los abortos promueven determinadas políticas publicitarias o nos hacen llegar determinados documentos donde se muestran unas imágenes de
abortos que en alguna ocasión se han pasado incluso en escuelas, en edades no adecuadas. Y esto no es educación, señorías, esto es adoctrinamiento y esto no puede ni debe ocurrir. (Aplausos.)
Ya que estoy en este tema, me gustaría incidir en que leí hace poco en la prensa que la Universidad católica de Navarra -y no descartaban que también sucediera en alguna universidad pública- por prejuicios morales no incluía en la formación
de los médicos la práctica de un aborto voluntario.
Al margen del debate -porque no es el campo que yo conozco- sobre si las técnicas que se usan para un aborto espontáneo son o no las mismas que en uno inducido, lo que está detrás de esta cuestión es una batalla ideológi-
ca y moral, como siempre que se discute sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Para ir terminando, me gustaría recordar también algún aspecto más propio y personal de las mujeres de mi generación. Porque hace ya más de treinta años, en el inicio del despuntar de la democracia en España, participé en un mitin, hablé en
nombre de las mujeres y reivindiqué que todas las mujeres pudieran decidir libremente sobre su cuerpo y que el aborto fuera una decisión libre y gratuita. Porque en aquellos momentos existían grandes diferencias según la clase social y las
posibilidades económicas de la familia. Unas podían ir a Londres o a Holanda, y a otras se las relegaba a sistemas clandestinos. (Aplausos.)
Han tenido que pasar muchos años, más de treinta años. Seguramente tenía y tiene toda la razón un gran político como Solé Tura, al que se le dice Padre de la Constitución, un buen ministro de Cultura, un gran político, que escribió que se
necesita más tiempo para hacer reformas que para hacer la revolución. Y este es un caso bien significativo.
Por esto, creo que hoy, o en el momento en que concluya el trámite de esta ley y veamos esta ley aprobada, las mujeres de mi generación, algo mayores que la portavoz socialista, veremos que también hemos dado un gran paso, que hemos avanzado
con respecto a nuestros principios políticos e ideológicos, y esto me llena realmente de satisfacción.
Hemos esperado tiempo. Hemos ayudado a que una gran parte de la sociedad -no toda, pero una gran parte- haya podido madurar, e igual que en aquel primer acto político pedí que la educación, la coeducación, fueran instrumentos
imprescindibles para que la interrupción voluntaria del embarazo fuera utilizada el mínimo de veces posible, así como para que todas las mujeres tengan derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, es por lo que daremos nuestra opción a que
esta ley sea una realidad. Porque ya es hora de que en 2010 las mujeres seamos consideradas personas. Personas capaces de decidir libremente. Con derecho a decidir sobre la sexualidad. Con derecho a decidir cuándo y cómo. Con derecho a decidir
la maternidad y la no maternidad si no es el momento oportuno. Y con derecho a decidir en igualdad de oportunidades, sean cuales sean las posibilidades económicas y sea cual sea el lugar o la comunidad autónoma en donde viva cualquiera de estas
mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista respecto a los tres vetos presentados y no vamos a dar sorpresas. Nuestro voto será en contra de todos y cada uno de los vetos presentados, porque están alejados de la
realidad, porque se sostienen sobre premisas falsas y porque son debates pasados.
El aborto es una dolorosa realidad social que, como tal, demanda la atención especial de los poderes públicos. Voy a repetirlo: El aborto es una dolorosa realidad social que, como tal, demanda la atención especial de los poderes públicos.
Señor Fraga, ¿reconoce estas palabras? Son suyas. Estoy reproduciendo literalmente a Manuel Fraga Iribarne, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II Legislatura, número 40, página 1843. Estamos en 2010 y la interrupción voluntaria del
embarazo es una realidad en España. Y nunca pensé que lo diría pero, senadora Dueñas, está más lejos de la realidad de 2010 que el Fraga de 1983. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Por mucho que quieran no vamos a debatir sobre las convicciones particulares, morales o religiosas de nadie, no vamos a reproducir debates pasados y no solo porque ustedes están peor de lo que estaban en 1983 sino porque no toca. La
interrupción voluntaria del embarazo es una realidad y de lo que se trata hoy, febrero de 2010, lo recuerdo por si acaso, es saber si este proyecto de ley garantiza más o menos la tutela y la seguridad jurídica de profesionales sanitarios y de
mujeres. La respuesta es sí, la respuesta es más y mejor, la respuesta es que aumenta la seguridad y la certeza de qué es lo que la ley prohíbe y qué es lo que la ley permite, la respuesta es que ofrece más seguridad jurídica a las mujeres en
ejercicio de su derecho a la maternidad, ofrece más seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y garantiza la igualdad y equidad en el acceso a esta prestación sanitaria. Porque la situación de Navarra es, como decía el veto de UPN,
ilegítima, incongruente, injusta e inconstitucional, y le voy a decir en qué artículo del texto constitucional se menciona, artículo 14, igualdad; artículo 139.1, equidad territorial. Es injusto, es inconstitucional que las mujeres de Navarra
tengan que desplazarse a otra comunidad autónoma para recibir una prestación sanitaria que les otorga la ley. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y es injusto que no se tomen este debate en serio y que digan que se impone
el aborto libre y cualquier otra clase de disparate. No se legisla por razones de conciencia, senadora Caballero, sino según la Constitución, y en ella no hay prohibición al aborto, como ya dijo el propio Tribunal Constitucional, pero sí hay un
límite a la posibilidad de castigar penalmente, según el principio de proporcionalidad de la pena, y el artículo 10.1 de la Constitución española proclama la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Y digo yo que el ser o no
ser madre tendrá algo que ver con el desarrollo de la propia personalidad.
Esta ley es más que una ley de interrupción voluntaria del embarazo, es una ley de salud sexual y reproductiva. De hecho, es el asunto central de esta nueva ley, y si dicen otra cosa es que no se han leído la ley o mienten. Esta ley tiene
como objetivo reducir el número de embarazos no deseados y para conseguirlo establece varios instrumentos, información, accesibilidad a métodos seguros y eficaces de anticoncepción y sexo seguro y educación, mucha educación sexual. Se trata de
reducir la tasa media de inte-
rrupción voluntaria del embarazo que, aunque está por debajo de la media europea y mundial, ha ido aumentando en los últimos años. Y en estos últimos años, en España donde más ha aumentado esta tasa es en la comunidad autónoma de Murcia,
diez puntos desde 1998. Y esta ley tratará y luchará para que Madrid, comunidad autónoma con mayor número de abortos de toda España, reduzca su tasa de 16 o/oo. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Se ponen
nerviosos. Y es que el incremento del número de interrupciones voluntarias del embarazo no se debe a ninguna otra causa que no sea la de una deficiente educación en salud sexual y reproductiva y a una inadecuada planificación familiar.
Esta ley, que propone un nuevo modelo de regulación, en el que se parta del reconocimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres como única garantía para asegurarles el ejercicio de la libre sexualidad, incluye
educación, información y pleno acceso a los métodos de anticoncepción.
Les decía que la prevención y la planificación familiar reducen el número de embarazos no deseados. Y puede ser que esa sea la respuesta por la que Madrid está a la cabeza de número de abortos en toda España, porque resulta que el único
centro de planificación familiar que estaba abierto los fines de semana en la ciudad de Madrid ha tenido que cerrar por falta de financiación pública. Y es que ustedes cuestionan la prevención de los embarazos no deseados; ustedes cuestionan la
ley de salud sexual y reproductiva; no se creen la educación y no se creen la planificación familiar. Voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿Saben cuántas campañas exclusivas de prevención de embarazos no deseados hizo el Gobierno del PP en ocho
años? Una sola campaña exclusiva de prevención de embarazos no deseados. Se destinaron 170 000 euros en los ocho años de gobierno, nosotros hemos destinado 6 millones en cuatro años. ¿Saben cuál era el lema de la campaña?: Hablar es otra forma
de prevenir embarazos no deseados. (Risas.) Sin comentarios. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Estamos hablando de la campaña de 2003. Esa falta de conexión con la realidad, esa manía de meterse en la intimidad de la
gente hasta el punto de pedirles castidad, hasta el punto de pedirles castidad hace que seamos incapaces de entenderles y que ustedes sean incapaces de entender la sociedad de 2010.
Esta ley quiere que las mujeres sean responsables de su propia sexualidad, y esta ley les permite decidir cuándo quieren ser madres sin que nadie, sin que nadie se meta en una decisión tan íntima, tan personal. Queremos acabar con el miedo
y la inseguridad de tantas y tantas mujeres que cuando, por sus circunstancias, van a una clínica a recibir una prestación sanitaria que les otorga ley, no saben si su historial terminará en un juzgado.
La ley que estamos debatiendo se convertirá en una de las más debatidas de la historia. Desde el 16 de octubre de 2008, fecha en que se creó la subcomisión en el Congreso, venimos debatiendo las carencias de la ley vigente, y estamos
tratando de conseguir el mayor consenso posible para la ley, es exactamente, senadora Borrego -lo digo porque usted me ha aludido en la comisión-, para lo que ponía nuestro programa electoral: promover la reflexión sobre la ley vigente y buscar un
amplio consenso para modificarla, para garantizar la equidad en el acceso y la seguridad jurídica para los médicos y para las mujeres -página 224-. Hemos buscado el máximo consenso y hemos encontrado el máximo consenso posible, porque muchas
pensamos ya que en la ampliación de derechos, ustedes ni están, ni se les espera. Y otra vez hemos escuchado que la familia se rompe y que el cielo se cae. (Rumores.-Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado: ¡No! ¡No!) Hemos escuchado otra vez que la familia se rompe, como lo escuchamos con la Ley del divorcio y como lo escuchamos con el matrimonio entre personas homosexuales. Lo escuchamos otra vez. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) De todos modos, estamos seguras y seguros de que luego se sumarán, luego se sumarán. Estamos seguras y seguros de que luego no modificaran esta ley si vuelve el día en que gobiernen este país.
Hemos adoptado numerosas medidas -se las enuncié- para las mujeres que quieren tener hijos. Esta ley contiene medidas para las mujeres que deciden no tener hijos por sus circunstancias personales. Porque detrás de cada mujer que se ve
abocada a interrumpir su embarazo hay una situación personal que ni ustedes ni yo tenemos derecho a juzgar.
Queremos acabar con el miedo y la inseguridad de tantas y tantas mujeres que cuando van a una clínica no saben si su historial terminará en
un juzgado. Más de 100 000 mujeres al año interrumpen voluntariamente su embarazo. Mujeres de todas las ideologías -no se engañen-, también votantes suyas. Dejen a un lado la hipocresía, háganlo por ellas, retiren el veto y voten esta ley, que es
más equilibrada que la anterior, que da más seguridad que la vigente, que aumenta la tutela y que, además, es más justa.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y los señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, ¡qué pena! ¡Qué oportunidad perdida, señora Hernández! Mucho hablar, mucha demagogia, pero de la vida, nada, señora Hernández, nada de nada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señorías, hemos tenido la impresión, escuchando sus intervenciones, de que no vivimos en el mismo país. Ustedes solo han hablado de movimientos feministas, de represión, de mujeres, pero no de todas las mujeres del país, sino de las que
ustedes han determinado. Pero nada de la
vida, nada de apoyar la maternidad, nada de familia, nada de defender a los jóvenes. Ustedes sí que han retrocedido en el túnel del tiempo, del que usted hablaba en la comisión.
Le recuerdo que en la anterior regulación, la de 1985, el Partido Socialista asumía como uno de sus objetivos alentar a la madre en la decisión libre y responsable de continuar el embarazo, y veo que van para atrás, porque eso no lo han
mantenido.
Nosotros en este tema tenemos muy claro que este no es un debate ni de derechas ni de izquierdas (Fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.). No lo es, señorías. Ustedes han pretendido que lo sea dividiendo a
los españoles. Lo han hecho. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Nosotros apostamos, y lo hemos dicho antes, por hablar de la vida, del derecho de todo ser humano a nacer, a vivir, a desarrollarse como persona, superando posiciones ideológicas y, desde luego, creencias
religiosas. Menos mal, por fin han encontrado ustedes la página del programa electoral en la que se señala que iban a promover esa reflexión, como ustedes decían.
Les recuerdo algunas afirmaciones del presidente del Gobierno: en diciembre de 2007, precampaña electoral: no está, en lo que afecta a mi voluntad y en mi idea, proponer una reforma de la Ley de interrupción del embarazo, señor Zapatero.
No existe demanda social para reformar la Ley del aborto, señora Fernández de la Vega. En febrero de 2008 la misma vicepresidenta dice: La realidad social lo que está demostrando es que el sistema de plazos también plantea problemas, no solo aquí
sino en los países que lo tienen implantado.
La ley que tenemos hasta ahora funciona razonablemente bien. ¿Qué ha pasado para que ustedes cambien de esta manera? Había que desviar la atención, había que despistar, había que dividir. Esa es la actitud, ya manida, que ustedes
desarrollan.
Habla usted de los países europeos. Pues bien, ni la derecha alemana, ni la francesa, ni la italiana, han votado una ley tan radical como esta.
Lea algún artículo que viene hoy sobre la política en materia de aborto en Francia. Los hechos
han demostrado que el número de abortos, lejos de reducir, se ha incrementado.
Reiteramos: no escuchan a los ciudadanos, no les escuchan. Fíjense, curiosamente, ayer salían los sindicatos a la calle a reclamar contra el «pensionazo», y, hoy, rápidamente el presidente del Gobierno ha salido a decir que los escuchará.
¿Por qué no escucha al resto de los ciudadanos? ¿Por qué no escucha a aquellos que apuestan por la vida? ¿Por qué no lo hace?
Usted ha manifestado que en las comunidades y ayuntamientos donde gobierna el PP no se hace nada. Mire, los Gobiernos del PP son pioneros en llevar adelante planes de apoyo a la maternidad. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Recientemente, Ley Canaria de Igualdad, ley que, además, promovió en su momento el Partido Socialista (La señora Hernández Gutiérrez hace signos negativos). Sí, señora Hernández, y que, sin embargo, cuando vieron que iba incluido un
plan de apoyo a la maternidad, el Partido Socialista votó en contra. Eso es así, señora Hernández.
En el Parlamento gallego sucedió lo mismo. La actual directora del Instituto de la Mujer, la señora Seara, manifestó que este tipo de planes respondían a una agenda oculta. Fíjense qué barbaridad: ¡apoyar a las madres una agenda oculta!
Y si quiere, hablamos de derechos. Creo que ha quedado bastante claro nuestro apoyo a la vida, al no nacido, a los padres y a las madres, pero, si hablamos de los derechos de las mujeres, derechos tenemos muchos. Aquí esta la ministra, que
los conoce muy bien, pero algunos todavía no se han satisfecho. Por ejemplo, en cuanto a paro femenino, en este mes de enero ha habido un incremento de 77 219 mujeres en la lista de desempleo. El derecho a un empleo digno es algo que reclaman los
ciudadanos -un derecho de hombres y mujeres- y ustedes sobre eso, nada de nada, lo mismo que en cuanto al derecho a la conciliación; o el derecho a cobrar igual salario sin tener que trabajar más, porque para eso tenemos un Ministerio de Igualdad.
Que nuestros jóvenes trabajen, que consigamos rebajar ese 45% de paro, que el millón de familias, hombres y mujeres de este país que tienen a todos sus miembros activos en paro puedan cobrar una prestación.
Y no hagan más demagogia con el tema de la cárcel. Ninguna mujer ha ido a la cárcel en estos veinticinco años desde la entrada en vigor de la ley.
Dejen de hacer demagogia, dejen de utilizar a la mujer y, desde luego, dejen de desvalorizar
a la mujer embarazada, a la que, por cierto, en absoluto se han referido en este debate. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Ustedes a quienes tanto se les llena la boca hablando de derechos humanos. Ayer mismo en esta Cámara escuchaba la defensa de los derechos de los presos de Guantánamo. Sin embargo, del primer derecho humano que
es el derecho a la vida, ustedes, nada de nada.
Vuelvo a hacer uso de unas palabras del señor Zapatero, quien recientemente, con motivo de la Presidencia europea, ha dicho: Los derechos humanos no son el resultado de imponer unos valores sobre
otros, no son patrimonio de nadie, son la consagración misma de la dignidad del ser humano en cuanto tal. (La señora Porta Cantoni: «¡Exacto!») ¿Por qué no lo aplican, señorías, para todos, no solo para quienes les interesa?
Fíjense, un socialista reputado, el señor Peces-Barba, afirmó respecto de esta reforma: En este caso la opinión pública no nos sigue. Somos rehenes de sectores minoritarios, feministas muy radicales y gente de la izquierda del PSOE.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Sean coherentes, señorías. No sean hipócritas, como nos han acusado a nosotros.
Por cierto que, con todo lo que hemos escuchado en este debate en el Pleno, es triste que su portavoz haya tenido
que recurrir a unas declaraciones del señor Fraga del año 1983 para fundamentar sus argumentos. Demuestra que no ha tenido ninguno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Voy terminando, señorías, y, desde luego, lo hago mostrando nuestro apoyo a los otros dos vetos presentados y nuestra rotunda disconformidad con el proyecto de ley presentado por el Gobierno, en primer lugar,
porque entendemos que choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional y, en segundo lugar, porque vulnera las resoluciones adoptadas en esta materia en el ámbito internacional.
Además, nace sin consenso. Digan ustedes lo que digan,
no hay consenso en esta materia y, desde luego, no cuenta con respaldo social. Y tenemos muy claro que es un texto que trata de imponer -y digo bien: imponer- el aborto libre, desprotege a la mujer y no contempla ningún apoyo a la maternidad, de
modo que estamos lejos de poder reducir esa cifra de abortos que hemos conocido en estos días.
Por último, reitero de nuevo a sus señorías que vuelvan a detenerse un minuto para reflexionar sobre esta cuestión y muestren su apoyo a la vida.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto presentadas al proyecto de ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En primer lugar, votaremos la propuesta de veto número 1, de la senadora Caballero Martínez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 126; en contra, 134; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación de la propuesta de veto número 2, del senador Casas i Bedós.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 128; en contra, 132; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación votaremos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 126; en contra, 134; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y los señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista puestos en pie.)
Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenas tardes, señorías.
Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, la enmienda de la senadora Caballero. Tiene su señoría la palabra.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Es público y notorio que el proyecto de ley en curso va a ser objeto de varios recursos de inconstitucionalidad. Los argumentos y principios sustentados por el Tribunal Constitucional en su sentencia 53/1985, de 11
de abril, dan base suficiente para pensar en la inconstitucionalidad de la ley o, al menos, de alguno de sus preceptos.
Con la presentación de esta enmienda queremos añadir un inciso en la disposición final sexta que se refiere a la entrada en
vigor de la ley, y que dice lo siguiente: salvo en el supuesto de que se interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra ella o contra algunos de sus preceptos, en cuyo caso quedará en suspenso la entrada en vigor de los preceptos impugnados
por dicho recurso durante la tramitación y resolución del recurso por parte del Tribunal Constitucional, quedando alzada dicha suspensión en el plazo de cuatro meses a partir de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en el
Boletín Oficial del Estado.
Creemos que es una petición más que razonable tratándose de una norma que afecta a derechos fundamentales, ya que en el caso de ser recurrida la ley y que la sentencia diera razón total o parcial a los recurrentes, se producirían unos
perjuicios gravísimos e incluso irreparables por afectar al derecho fundamental de la vida en el sujeto protegible del nasciturus.
Esta petición no afecta a la aplicación de la ley, ya que el plazo para la interposición del recurso de
inconstitucionalidad es de tres meses desde la publicación de la ley, y al haberse previsto su entrada en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la indicada suspensión no interfiere en absoluto en su aplicación,
ya que ésta todavía no se habría producido; mientras que si, finalmente, no se interpone recurso, no hay perjuicio alguno para la entrada en vigor ni para la aplicación de la ley, habida cuenta del citado plazo. Por ello, la prudencia aconseja, al
margen de cualquier ideología, aplicar la suspensión de su aplicación con independencia de quién pueda ser el sujeto, grupo o institución que recurra. Si tan convencidos están ustedes, que van a votar a favor de esta ley, de que se ajusta a derecho
y es constitucional, no tienen por qué no apoyar esta enmien-
da. No es comprensible que no quieran contar con todas las garantías posibles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para defender las enmiendas números 9 y 10, tiene la palabra el senador Quintero Castañeda, también del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender dos enmiendas a este proyecto de ley, las números 9 y 10, ambas al artículo 13, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el supuesto de jóvenes de 16 y 17.
La enmienda número 9 propone suprimir la palabra «exclusivamente», de modo que la decisión no corresponda exclusivamente a la menor y se informe siempre a alguno de sus tutores o representantes legales.
La enmienda número 10 se refiere al segundo supuesto; si se alegan conflictos familiares, como el desarraigo familiar o los que se señalan en el artículo, que sea un profesional del servicio sanitario el que avale este posible desarraigo
familiar para apoyar profesionalmente a la menor tanto durante el proceso de interrupción voluntaria del embarazo como posteriormente, de modo que la falta de apoyo de sus padres o tutores legales no suponga en el futuro un trauma para esta menor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.
Boas tardes a todos e todas. Señorías, subo a esta tribuna con un doble objetivo: por un lado, para defender las 7 enmiendas que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas mantenemos vivas al proyecto de ley que hoy debatimos; por
otro, para fijar el posicionamiento del BNG, fuerza política a la que represento dentro del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas. Permítanme que empiece por lo segundo, que a estas alturas del debate es quizá lo más importante.
Señorías, pocas veces he subido a esta tribuna más convencido de lo que lo hago hoy. Y digo esto porque tengo absolutamente claro que lo que voy a defender y lo que voy a votar es lo correcto. Me lo dice así el corazón, me lo dice así la
cabeza y, como dijo mi compañero Jordi Casas en el último Pleno, cuando la cabeza y el corazón te dicen lo mismo es que estás, sin duda, acertado.
Estamos ante un proyecto de ley necesario, equilibrado, que responde a una importante demanda social, que avanza en el reconocimiento de derechos sociales y que otorga a la mujer algo tan importante como la capacidad de decidir sobre su vida
y sobre su cuerpo, motivos suficientes para que una fuerza política como el BNG, de izquierdas y claramente comprometida con las reivindicaciones de los colectivos feministas y con todo lo que suponga avanzar en el reconocimiento individual y
colectivo de derechos, apoye este proyecto de ley y, además, rechace los argumentos de aquellos grupos políticos que se posicionan en contra.
Es una ley necesaria porque por primera vez la regulación de la introducción voluntaria del embarazo va ligada a políticas de educación sexual y de prevención de conductas sexuales de riesgo, en definitiva, a políticas de planificación
familiar, hechos que tienen su importancia porque no debemos olvidar que el preámbulo de un posible aborto es siempre un embarazo no deseado. Por eso, en el futuro, el verdadero éxito o fracaso de esta ley estará en conseguir reducir el porcentaje
de embarazos no deseados a través de la educación y también de la prevención.
Pero, sobre todo y ante todo, es necesaria porque después de facilitar toda la información, deja en manos de la mujer embarazada poder tomar la decisión de manera libre y sin presiones externas de seguir adelante o de interrumpir su
embarazo, hecho que hasta el momento con la legislación actual no era posible.
A mayores, este proyecto de ley da respuesta a una vieja reivindicación de colectivos feministas, así como de fuerzas políticas y sociales que desde hace mucho tiempo consideramos que se debía despenalizar el aborto y que una sociedad
moderna y avanzada como la nuestra no podía tolerar que se persiguiera penalmente a ninguna mujer por el hecho de decidir interrumpir su embarazo. Y todo esto se hace mediante el establecimiento de unos plazos y de unos supuestos claros, dentro del
respeto a los preceptos constitucionales y buscando el máximo equilibrio entre el derecho a la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y la protección de la vida del no nacido.
Otro aspecto importante para el BNG es que en este proyecto de ley se regula la objeción de conciencia entendida de forma individual y que permite compatibilizar el derecho de los profesionales a no practicar abortos con el de los usuarios,
en este caso la mujer, a que se le preste la atención precisa para interrumpir voluntariamente su embarazo, y todo esto dentro de una apuesta clara por el Sistema Sanitario Público.
Señorías, como todas las leyes, sin duda, esta también es mejorable.
Seguramente, si lo hubiera impulsado el BNG sería diferente; en todo caso, nos damos por satisfechos, siendo así que en este punto anuncio la retirada de las enmiendas
números 4 y 8 presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, que son las impulsadas por el BNG, y doy por defendidas, en los términos que han sido presentadas, las impulsadas por mis compañeros del PNV.
Pero antes de terminar, me gustaría recordar a los grupos sociales y políticos que se han posicionado en contra de este texto legislativo que esta ley no obliga a abortar a ninguna mujer y, por el contrario, sí regula de una manera clara los
plazos y los supuestos en los que la mujer libremente puede decidir interrumpir su embarazo.
Por todo lo manifestado, apoyaré con mi voto este proyecto de ley que hace que hoy la sociedad del Estado espa-
ñol salde una deuda con las mujeres, reconociéndoles el derecho a decidir libremente sobre su vida y sobre su cuerpo. Pero el camino para llegar aquí no ha sido fácil. Por eso, quiero reconocer a todos los colectivos feministas su lucha y
su tesón en la defensa de la dignidad de la mujer y también la valentía del Gobierno, la valentía de la ministra Aído, impulsando esta normativa que solo es posible impulsar desde planteamientos ideológicos de izquierdas. Desgraciadamente, la
derecha nunca se ha distinguido por su interés en reconocer derechos de los ciudadanos, aunque afortunadamente, cuando llegan al Gobierno y tienen la posibilidad de eliminarlos, los asumen con normalidad.
Es así, transitando por esta senda no solo en el reconocimiento de derechos sino en todo tipo de políticas, donde el Gobierno siempre encontrará al BNG.
Termino citando al genio de Úbeda, Joaquín Sabina, que en el año 1994 junto a otro genio, Javier Krahe, compuso una mítica canción que decía algo así como: determinadas cuestiones no hacen ilusión más que si van seguidas de excomunión.
Con excomunión o sin ella, votaré a favor de este proyecto de ley no porque me haga ilusión, sino porque estoy absolutamente convencido de que reconociendo algo tan importante como es el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad,
estamos construyendo una sociedad más justa y más igualitaria.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Moltes gràcies, senyor president.
Subo a la tribuna para explicar nuestra posición en relación con las enmiendas presentadas. En todo caso, en el turno de portavoces daré una explicación mucho más amplia del posicionamiento político pues, como bien saben ustedes, el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se muestra plural ante este anteproyecto de ley.
He de decir que doy por defendidas las enmiendas números 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 56, 57, 58 y 60. Y paso a explicar con más detalle las siguientes enmiendas.
Por ejemplo, en la enmienda número 37 planteamos una propuesta de modificación al artículo 11, elaboración de la estrategia de salud sexual y reproductiva. Establece que para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley, el
Gobierno, en cooperación con las comunidades autónomas y con respecto a su ámbito competencial, aprobará -y nosotros añadimos- en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley un plan que se denominará estrategia de salud sexual y
reproductiva y que contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales. Además de lo anterior, añadimos: Dicho plan deberá ser consensuado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. La justificación es que entendemos conveniente establecer un plazo concreto y realista para la elaboración y aprobación del plan, así como la propuesta de que se haga una referencia explícita al consejo interterritorial.
La enmienda número 47, también de modificación, se formula al artículo 17 y en ella se propone la siguiente redacción: Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo recibirán
información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en esta ley, los centros sanitarios públicos -y añadimos- y/o privados autorizados a los que se puedan dirigir y los trámites para
acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura -y añadimos- por los servicios sanitarios públicos y/o privados autorizados.
En la siguiente enmienda, la número 48, de modificación del artículo 17.2.c), información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, en el punto c) se señala: Datos sobre los centros disponibles para ofrecer
información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro. Nosotros añadimos: y, especialmente, sobre los criterios de aplicación de la contracepción reversible de larga duración después de una interrupción voluntaria del embarazo. Para nosotros
sería conveniente que las mujeres que opten por la interrupción voluntaria del embarazo tengan garantizado su derecho de acceso a la información actualizada sobre la contracepción reversible de larga duración.
En relación con la enmienda número 49, de modificación del artículo 17.2.d), el punto d) señala exactamente: Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del
embarazo. Y nosotros añadimos: y, especialmente, sobre la elegibilidad y eficacia de la contracepción reversible de larga duración después de una interrupción voluntaria del embarazo. También añadimos: Esa misma información deberá ser entregada
en los centros sanitarios y/o privados autorizados para la interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la información, en sobre cerrado se entregará a la mujer un documento acreditativo de la fecha de la entrega a los efectos de lo establecido
en el artículo 14 de esta ley.
La elaboración, contenidos y formato de esta información será determinada reglamentariamente por el Gobierno -y añadimos- así como por las comunidades autónomas en el marco de sus competencias respectivas.
La enmienda número 50, de modificación al artículo 17.5, dice lo siguiente: La información prevista en este artículo será clara, objetiva, comprensible -y añadimos- y accesible a las personas de cualquier origen cultural. El resto del
redactado se mantiene exactamente igual.
La enmienda número 52 es de modificación al artículo 18, garantía del acceso a la prestación, y dice lo siguiente: «Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para
garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la
interrupción voluntaria de embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud -y nosotros añadimos- del mismo modo que
los métodos contraceptivos reversibles de larga duración.»
En la enmienda número 53, que afecta al artículo 19.1, medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud, se dice lo siguiente: «Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación a la interrupción
voluntaria del embarazo, las administraciones sanitarias competentes garantizarán los contenidos básicos que -añadimos- se determinen mediante ley, oído el Consejo Interterritorial de Salud. Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a
la prestación con independencia del lugar donde residan.»
La enmienda número 54, en relación con el artículo 19.2, medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud, dice: «La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en los centros -nosotros
añadimos- sanitarios públicos y/o privados autorizados.» Evidentemente, en coherencia con enmiendas anteriores.
Con la redacción de la enmienda número 59, a la disposición final sexta, que también es de modificación, se propone un plazo de seis meses para la entrada en vigor de la ley que permitiría que el Gobierno y las comunidades autónomas pudieran
consensuar el desarrollo reglamentario, aun cuando el Capítulo II del Título II, donde se recogen las garantías de acceso a la prestación, no tiene carácter orgánico.
Estas son todas las enmiendas que nosotros hemos presentado e, insisto, retiramos las enmiendas números 37, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55 y 59 después de una conversación no únicamente con representantes del Partido Socialista Obrero
Español, sino también con responsables del Gobierno, en la que nos han asegurado que todas estas enmiendas, por ser de calado de información, de calado de pedagogía, de calado en el sentido de intentar encontrar medidas que garanticen toda la
información necesaria para estos casos, pueden ser perfectamente absorbidas e incorporadas en el futuro reglamento. En el espíritu de que no dudamos en ningún momento de que este pacto será respetado, retiramos todas estas enmiendas.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a compartir la defensa de las enmiendas con el senador Guillot, que defenderá las que corresponden a una parte del grupo, mientras que en mi turno yo defenderé las de todo el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés,
que son las números 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31.
Mi grupo parlamentario considera que el artículo 11 contiene un aspecto muy importante, y es la posibilidad de elaborar un plan estratégico de salud sexual y reproductiva; plan estratégico al que en este proyecto de ley se le quiere dar un
alcance global y que compromete no solo a la política sanitaria sino también a la educativa y a otras políticas sociales.
No obstante, entendemos que la prevalencia de la competencia sanitaria en la materia justifica que se garantice expresamente la intervención del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en este proceso de elaboración y
aprobación de dicho plan y, por ello, hemos añadido al artículo 11 que dicho plan deberá ser debatido y aprobado previamente por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Las enmiendas números 21, 25, 26, 28 y 31 pretenden un cambio de terminología: la palabra «acreditación» -que es la que usa el proyecto de ley- versus «autorización». En Cataluña entendemos por centro sanitario autorizado aquel que cumple
con los requisitos necesarios determinados por el departamento de salud para el desarrollo de su actividad, mientras que centro sanitario acreditado -que es la terminología que usa el proyecto de ley- es aquel que consigue unos estándares de calidad
previamente establecidos por el departamento de salud.
La acreditación es un requisito administrativo para poder establecer convenios o contratos de gestión con el Servicio Catalán de Salud. En Cataluña, todos los centros sanitarios donde se realizan las interrupciones de embarazo están
autorizados en cuanto cumplen los requisitos establecidos por el departamento de salud para la realización de esta prestación. Utilizar la terminología «acreditación» -por ello solicitamos este cambio- podría crear una confusión al respecto.
A pesar de haber presentado estas enmiendas, consideramos que todo lo que se refiere al plan estratégico se podría resolver vía reglamento, mientras que todo el paquete de medidas referido a la terminología lo podremos resolver buscando
nueva terminología en Cataluña que no cree confusión en la ley.
Por ello, en aras del acuerdo o del consenso trabajado y conseguido en el Congreso de los Diputados, retiramos las enmiendas números 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31.
A continuación, va a intervenir el señor Guillot que va a defender otro paquete de enmiendas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.
Señorías, soy de los que piensa que esta ley es un avance. Por fin tenemos una nueva ley que consideramos necesaria y que, aunque con limitaciones que queremos superar con las enmiendas que a continuación presentaré, supone un avance
innegable respecto a la anterior.
Hoy vamos a legislar sin hipocresías sobre la realidad, y lo haremos en beneficio de las mujeres. Y no legislamos solo sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sino que la enmarcamos en una visión más amplia que incorpora políticas de
salud sexual, planificación familiar, educación y formación de profesionales. Damos un paso adelante.
La ley actual, la ley vigente tiene efectos evidentes: genera inseguridad jurídica, la mujer no decide, está supeditada a un informe médico; no resuelve los casos con diagnósticos de malformaciones fetales que se efectúan después de las 22
semanas de embarazo; no garantiza la atención sanitaria pública; ha permitido la vulneración grave de las historias clínicas de mujeres y ha habido una interpretación excesiva de uno de los supuestos.
Este es el motivo por el que creo oportuno que el Gobierno haya presentado el proyecto de ley y que hoy estemos discutiendo, por toda esta serie de razones, esta reforma o esta nueva ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Era,
pues, necesaria esta nueva ley.
Al texto remitido por el Congreso, Iniciativa Verds-Esquerra Unida ha presentado una serie de enmiendas cuyo objetivo es mejorar el proyecto.
Nos hemos querido centrar en cuatro grandes cuestiones. En primer lugar, alargar el plazo para
tomar libremente la decisión de interrumpir el embarazo de 14 a 22 semanas: enmiendas 11, 12, 13, 22 y 23; en segundo lugar, la plena despenalización del aborto para las mujeres: enmiendas 14, 15, 30, 32 y 33; en tercer lugar, la educación
sexual: enmiendas 17 y 18; y en cuarto lugar, acceso a los anticonceptivos: enmienda 29. También hemos presentado la enmienda número 34, que exige responsabilidades penales al personal sanitario que de forma consciente obstaculice, deniegue o
impida el libre ejercicio de derecho al aborto.
¿Por qué la propuesta de pasar de 14 a 22 semanas? En primer término, porque la comunidad científica sitúa la viabilidad del feto extrauterino en torno a las semanas 24-26 de gestación. Esto nos permite alargar el plazo para que las
mujeres puedan tomar con más tiempo su decisión sobre la continuidad o no del embarazo. A la luz de la experiencia acumulada, según las indicaciones de los especialistas, la ampliación del plazo permitiría a las mujeres, especialmente a las más
vulnerables, poder acogerse a este derecho, si así lo deciden, en mejores condiciones.
Reducir el plazo a 14 semanas puede generar abortos ilegales o volver a enmascararlos relacionándolos con la salud. Tampoco compartimos que se limite a 22
semanas en los supuestos de causas médicas, que nosotros quisiéramos sustituir por causas de salud.
Un segundo bloque importante de enmiendas pretende despenalizar el aborto para la mujer. No queremos un delito despenalizado, sino el libre ejercicio de un derecho, de un derecho y no de una obligación. Pienso que es importante repetir que
estamos legislando sobre un derecho y no sobre una obligación para las mujeres. Esta es una vieja reivindicación, la despenalización penal del aborto, del amplio movimiento reivindicativo a favor de un aborto libre, y para argumentar estas
enmiendas leeré una parte del informe del Comité de Personas Expertas que soporta gran parte de este proyecto de ley. Dice el comité, y leo textualmente: El profundo conflicto personal que para una mujer puede suponer un embarazo no deseado, con
repercusiones globales en su proyecto vital de futuro, afecta de modo tan intenso al libre desarrollo de la personalidad que convierte el procedimiento penal en una respuesta desmedida, desproporcionada y difícilmente justificable por su
participación en el aborto, aun cuando este se realice fuera de los límites de la legalidad.
Sobre la educación sexual, hemos propuesto las enmiendas números 17 y 18.
En ellas planteamos la necesidad de que la educación sexual incorpore la diversidad afectivo-sexual e incluya a las familias en este proceso formativo.
En relación con el acceso a los anticonceptivos, planteamos también que se acorte el plazo previsto por el Gobierno de 1 año a 3 meses para que concrete la efectividad de acceso a los métodos anticonceptivos y, por otra parte, la necesidad
de gratuidad a jóvenes y colectivos con especiales necesidades.
En todo debate parlamentario, señorías, cualquier opinión debe ser respetada. A lo que yo no tengo ningún respeto es a la hipocresía y a la doble moral. Existe una individual, que es decir no al aborto, pero cuando alguien próximo tiene un
embarazo no deseado se aborta y punto.
Pero lo que es peor -y no sé si la señora Caballero es consciente de lo que nos ha explicado de Navarra- es la hipocresía institucional. No puedo entender cómo una Comunidad Foral no cumple una ley, no cumple
las resoluciones de su Parlamento foral, deja desprotegidas a las mujeres y, lo que es peor, cómo son ustedes capaces de establecer convenios con clínicas de San Sebastián o Madrid para mandar allí a las mujeres a abortar mediante pago. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No sé si son conscientes de la gran hipocresía que representa esto y por ello es importante esta nueva ley y que además se cumpla en todo el territorio nacional.
El debate no es fácil, no es un debate fácil para nadie. Estamos hablando de un problema que queremos resolver -todo el mundo quiere que exista el menor número posible de embarazos no deseados- y por eso hablamos de salud sexual, de
educación, de anticonceptivos, etcétera. Estamos hablando de una realidad que hay que legislar, y sobre esta realidad también incorporamos un derecho: el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia sexualidad y sobre su propio cuerpo.
Decían tanto el senador Casas como la senadora Dueñas que este no es un debate entre derechas e izquierdas, sino un debate entre progresistas y conservadores. Yo no lo sé, lo que sí sé es que a lo largo de la historia de España siempre que
se han planteado el acceso a un derecho, especialmente si es sobre las mujeres, el conservadurismo político y social y la jerarquía católica siempre han dicho que no. Esto se lo tienen que plantear ustedes. Siempre que hay un nuevo derecho encima
de la mesa, ustedes dicen que no. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)
También planteaban que aquí no hay consenso. Para que quede la foto muy clara, para que vean ustedes que sí hay consenso en esta nueva ley, independientemente de los matices o aportaciones que cada grupo puede tener, le informo, señor
presidente, de que voy a retirar las enmiendas que quedan de la Entesa, para que la foto quede muy
clara y precisa respecto al proyecto de ley. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Gràcies, president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Fuente.
La señora FUENTE FOMBELLIDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, las enmiendas que presentamos, de la 61 a la 68, discurren en torno a la defensa de tres ideas: mantener la constitucionalidad de la regulación sobre el aborto, la seguridad jurídica y evitar la confusión; mejorar las garantías
sanitarias, con especial referencia a las menores, y establecer un plan de apoyo a la maternidad.
Para mantener la constitucionalidad de la regulación sobre el aborto, la seguridad jurídica y evitar la confusión, planteamos las enmiendas de supresión al preámbulo, Título Preliminar y Titulo I, ya que son dogmáticos e innecesarios y
configuran un comienzo de la ley que es un auténtico coctel de conceptos y definiciones que, de forma desordenada, poco seria y rigurosa, van desgranando razones, medias verdades e interpretaciones interesadas dirigidas a demostrar que toda la
sociedad española clama por una ley de plazos cuando esto no es cierto. Lo que sí es cierto y recurrente es el escaso interés por apoyar la maternidad y a las mujeres que desean ser madres y tienen dificultades. Así, el preámbulo comienza
enfatizando sobre la decisión de tener hijos y dice que no tiene que ser interferida por el Estado, aunque está obligado a poner a disposición servicios de atención sanitaria, asesoramiento e información. Y nada más, señorías.
Desde el comienzo esta ley entiende que la decisión de tener hijos se correlaciona únicamente con evitar tenerlos, como si el hecho de que existan apoyos que no se nombran no influyera en la decisión. Extraña que esa gran finalidad de la
ley de adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional en esta materia no encuentre, porque no existe, el derecho al aborto en ningún tratado internacional suscrito por España y recurra a citar en la argumentación
documentos de carácter programático, mientras no se citan los innumerables textos que se inclinan por la protección de la vida del concebido y no nacido. Se insiste en el consenso de la comunidad internacional cuando las legislaciones de los países
de nuestro entorno no recogen mayoritariamente el derecho al aborto. Se citan los valores dominantes cuando gran parte de la sociedad ha manifestado su rechazo de manera contundente, por no hablar de nuevo de la opinión que le merece al Consejo
Fiscal, al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial.
Para completar la confusión en materia de argumentación nada como las medias verdades, para lo que se utiliza una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la que se extrae una frase que en el contexto de la sentencia dice
exactamente lo contrario de lo que se quiere hacer ver. Así termina el preámbulo; y mucha necesidad tiene que tener el Gobierno para proporcionar tanto envoltorio al texto de la ley, pues para 23 artículos, señorías, cuatro páginas y media de las
doce del Boletín de las Cortes que tiene la ley, se dedican exclusivamente a esto.
Después del preámbulo comienza el Título Preliminar, cuya supresión también pedimos, con sus definiciones de salud, que en el caso de la salud reproductiva genera dudas importantes cuando se trata de las condiciones para el aborto
terapéutico. ¿Va a ser el Estado de bienestar sociocultural determinante para practicar un aborto?
Continúa el Título I. Ambos están cuajados de vocablos y expresiones como el derecho a la maternidad libremente decidida, la corresponsabilidad en las conductas sexuales o el desarrollo armónico de la sexualidad, sin significación jurídica y
muy interpretables, lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica.
Y ya siento yo que se haya marchado la ministra de la igualdad que ha estado aquí esta mañana, porque le iba a decir que ya que el Ministerio de Igualdad concede ayudas para estudios feministas para hacer mapas de algunas zonas de la
anatomía femenina más íntima, podría concederlas para estudiar lo que quieren decir estas expresiones, que eso al menos mejoraría la seguridad jurídica del texto legislativo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Por último, y con el fin de mantener la constitucionalidad del texto, se propone la supresión de los artículos 12 y 14 por manifiesta inconstitucionalidad derivada de la desprotección de la vida del no nacido.
Señorías, se quiere transmitir la idea de que esta ley aumenta la seguridad y la certeza de lo permitido, y eso es una absoluta falsedad porque está llena de ambigüedades y supuestos sin concreción temporal. Es de sobra conocido lo que está
despenalizado y lo que no. Lo que hay que procurar es que existan los suficientes controles y garantías para que no se produzca fraude de ley, y en ese camino, señorías, está el consenso que hubieran encontrado de haberlo buscado. En ese sentido
se presenta un nutrido grupo de enmiendas destinadas a mejorar las condiciones sanitarias en las que deben realizarse los abortos en nuestro país; porque nuestro ánimo es constructivo, pese a lo que se quiera decir, y nuestras enmiendas también lo
son. Y quien diga lo contrario, o no se las ha leído o las rechaza seguramente porque son del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a continuar con la defensa de la segunda gran idea. Se trata de mejorar las garantías sanitarias para la práctica del aborto en los supuestos despenalizados. Pensamos que hace falta un título específico donde se combine la protección
del no nacido, en los supuestos de despenalización parcial del aborto, con las máximas garantías sanitarias que aseguren una decisión madura y la salud de la mujer, por lo que se propone la modificación del Título II, que pasaría a llamarse
Garantías en los supuestos de despenalización del aborto. Este Título debe incluir un capítulo 1 de garantías en el ámbito sanitario que lo desarrolle.
Con este fin se propone un artículo 13, distinto del que recoge la ley, que contenga los requisitos en los supuestos permitidos por la ley y, por tanto, se señale el tipo de pro-
fesionales y centros donde llevarlo a cabo y sea conforme a la normativa vigente sobre autonomía de los pacientes y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; eliminando -insisto- la regulación propuesta para
las menores de 16 y 17 años, porque no estamos de acuerdo y nos parece un grave error que no se garantice la información y la participación de los padres, y que, al amparo de supuestos de difícil comprobación, se permita que estos no sean
informados. Planteamos la supresión de los artículos que recogen el aborto por causas médicas y del comité que lo avala por considerar que no añaden garantías a los supuestos actualmente despenalizados ni resuelven los aspectos que han dado
problemas mientras abren posibilidades de aborto prácticamente ilimitadas.
Entendemos necesario modificar todo lo referente a la información que recibe la embarazada para que no se ciña únicamente a conocer la manera en que puede terminar su embarazo, sino que contenga un equilibrio en el que, de forma
personalizada, reciba información sobre las posibilidades de llevar adelante el embarazo y las consecuencias también de adoptar una decisión o la contraria, y que en esta información, según la causa que motive el aborto, puedan participar personas o
asociaciones que comparten el problema, sobre todo en el caso de la discapacidad.
Destacamos la importancia del dictamen preceptivo que dos médicos -dos- del sistema sanitario público y de la especialidad que corresponda deben emitir cuando se dan problemas graves de salud, así como de la acreditación de los centros, que
deberá hacerse por la comunidad autónoma y respetará siempre la voluntad de los profesionales de participar en la práctica del aborto, no pudiendo ser obligados los profesionales ni directamente ni a través de contratos de gestión u otros
procedimientos.
Planteamos también, dentro del artículo 17, una mejora sustancial en cuanto al consentimiento informado, posterior a la información que hemos detallado de la embarazada y al dictamen preceptivo, con un plazo de reflexión de diez meses. Esta
no es una decisión baladí.
En cuanto a la consideración del aborto como prestación sanitaria, nos remitimos a lo dispuesto en la Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, y también a lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos de carácter
personal. Por cierto, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, tienen ustedes sin desarrollar el artículo 14 de la Ley de cohesión, de la atención sociosanitaria en el ámbito sanitario, y estas sí son prestaciones sanitarias a la vista de la
pirámide de población actual: cuidados sanitarios de larga duración, atención sanitaria a la convalecencia, etcétera. Ahí tienen ustedes una posibilidad de emplear las prestaciones sanitarias como un bien útil a la sociedad con el envejecimiento
que presenta.
En cuanto a las disposiciones adicionales, deben suprimirse las dos primeras, dado que obvian la existencia del Consejo Interterritorial de Salud, y debe también modificarse su redacción de tal forma que recoja el papel del Consejo
Interterritorial de Salud en el seguimiento y análisis de los costes. Y la tercera debe suprimirse también porque da a los medicamentos anticonceptivos un estatus diferente al resto de medicamentos.
Entendemos que no debe derogarse el artículo 417 bis -aunque habría podido mejorarse- por ser el que encaja en la doctrina del Tribunal Constitucional, ni tampoco la Ley de autonomía del paciente ya que debe mantenerse la capacidad de los
padres de opinar, aconsejar y acompañar a sus hijas menores en el trance de decidir con respecto al aborto.
Y añadimos dos disposiciones finales nuevas. Una para que el Gobierno establezca un plan de apoyo a la maternidad en el plazo de seis meses, con medidas de apoyo antes y después del parto y de promoción de la natalidad, con acceso fácil y
medidas sanitarias, de empleo, sociales y educativas que sea especialmente sensible con las mujeres que estén en situaciones difíciles, con las menores, inmigrantes, o víctimas de violencia de género. Y otra disposición para que en el mismo plazo
se remita al Congreso de los Diputados una ley de salud pública que sirva de base para la coordinación con las comunidades autónomas de estrategias dirigidas a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, entre otras la salud sexual,
señorías. De manera que, junto con las familias y el sistema educativo, se promuevan conductas saludables en la esfera afectiva y sexual. Pensamos que es aquí, en la salud pública, donde debe regularse la información, la educación y la prevención
de enfermedades, y no en el marco de otra ley que poco tiene que ver con la salud sexual.
Está claro que en materia de educación sexual algo debe revisarse. Son muchos los años que viene hablándose de educación sexual pero los resultados son negativos. El número de abortos crece; el número de embarazos no deseados también; el
número de relaciones sexuales sin protección también, con las consecuencias añadidas de posible contagio de enfermedades de transmisión sexual, algunas de las cuales pueden ser mortales o pueden condicionar la vida de una persona joven, incluso
adolescente, para siempre. Según las conclusiones de la Conferencia de El Cairo debe darse máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados, y hacer todo lo posible para eliminar la necesidad del aborto.
Por último, y mediante otra enmienda adicional nueva, se pide la creación de las comisiones de evaluación, que recuperan las de 1985, para comprobar el ajuste a la ley y a la doctrina del Tribunal Constitucional de los centros sanitarios,
externa en los casos de clínicas privadas, con el objetivo de poder contar con mayores garantías en la práctica del aborto en los supuestos despenalizados por la ley.
Así, señorías, es como nosotros entendemos que se abordan los problemas.
(Rumores.) Porque si en algo nos hemos manifestado de acuerdo es en que el aborto es malo para la mujer, por lo que debe reducirse y no ser incluido como método de
planificación familiar. (Rumores.) Y para esto, señorías, no vale ni una ley de plazos ni tampoco pretender proyectar la imagen de preocupación por las mujeres cuando se las deja solas y se carga sobre ellas toda la responsabilidad de una decisión
muy dura. No puede ser que ante el incremento alarmante de abortos la solución
sea la de más abortos, porque entonces estaremos haciendo el mundo al revés.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Silencio, por favor.
En turno en contra, tiene la palabra el senador Lertxundi.
El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Señor presidente, señoras y señores senadores, buenas tardes. Gracias por su presencia. Continuamos el debate de esta mañana y yo les agradezco su paciencia al tener que escuchar argumentos que se están
entrecruzando y sobre los que a veces los oradores podemos repetirnos, cansándoles quizá un poco a lo largo de esta discusión.
Intervengo para marcar la posición de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las enmiendas presentadas. Vamos a votar en contra de las del Grupo Parlamentario Popular y también en contra de la presentada por Unión del
Pueblo Navarro por entender que en el caso de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular significa prácticamente una enmienda a la totalidad y porque no nos parece correcto que se plantee un recurso previo de inconstitucionalidad cada vez que
hablamos de derechos nuevos de las mujeres. (Aplausos.) No nos parece correcto. Hay partidos que siempre están en esa actitud.
El resto de las enmiendas de todos los grupos que han colaborado en la búsqueda de un amplio consenso, evidentemente, van a ser tenidas en cuenta, no sé si directamente ahora -en la votación lo veremos-, pero desde luego sí en el desarrollo
reglamentario, en el desarrollo de normas posteriores que acompañarán a la puesta en vigor de esta nueva ley.
Los socialistas estamos muy satisfechos del trabajo realizado. Creemos que se ha alcanzado un consenso muy amplio, quizá el máximo posible. Es una lástima -yo lo digo así- que no estemos todos en ello, que la derecha de nuestro país no sea
como la derecha europea de algunos países cercanos que sí ha colaborado con sus sociedades -en Francia, en Alemania, en Italia- para tener leyes de plazos en el acceso al aborto por libre decisión de la mujer, y que sea una derecha en este sentido
más conservadora y más sometida a las presiones de los lobbies religiosos y de los grupos de ultraderecha. (Rumores.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Yo creo que esto es evidente; es así, está pasando en nuestro país y
es quizá el obstáculo principal para no haber podido tener un consenso más amplio.
Pero, permítanme que haga mención uno por uno, a los senadores del Grupo Parlamentario Mixto, a los senadores de Izquierda Unida, del Bloque Nacionalista Galego, de Esquerra Republicana, del PSC, de Iniciativa Verds, de la Entesa, a todos
ellos les debemos realmente nuestro agradecimiento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Porque han trabajado, han aportado, han discutido y han puesto a nuestra disposición sus ideas, sus puntos de vista, cosas que están
muy vinculadas con la personalidad, porque no estamos hablando de cómo dar dinero para hacer un puente; estamos hablando de algo tan profundo como tomar una decisión personal en un momento determinado, que siempre es un drama para quien tiene que
tomarla.
¿Saben ustedes qué dice la IPPF, que es la Fundación Internacional de Planificación Familiar sobre el tema del aborto? Dice que en todo el mundo desarrollado la gente tiene una doble opinión: quieren que se minimice al máximo el recurso al
aborto -evidentemente, nosotros también-; y, en segundo lugar, quieren que ninguna mujer sea penalizada por tener que interrumpir un embarazo no planeado. Estos dos elementos (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señor presidente, como me aplaudan tanto no voy a poder usar el tiempo (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Estos dos elementos configuran la necesidad de un planteamiento nuevo en un país como el nuestro, que tiene una normativa despenalizadora en tres supuestos con una antigüedad de veinticinco años y que se ha
demostrado claramente insuficiente, también cuando ustedes estaban en el Gobierno. Entre el año 1996 y el 2004 hubo cerca de 600 000 abortos legales en España. Cada año iban creciendo y no tomaron medidas, ni en el campo de la prevención, ni en el
campo de la formación, ni tomaron medidas en el campo de modificaciones legales.
Estamos todos en el mismo barco. Luego podré referirme un poco a que el aborto no es de izquierdas ni de derechas. Tiene que ver con las convicciones personales y no tiene que ver con los partidos a los que se vota.
Pero permítanme que les hable de algunos hechos, porque no me quiero dedicar a la opinión, a dar mi punto de vista, sino a decirles qué pasa con la epidemiología -los médicos hablamos así-, con la prevalencia del aborto en el mundo.
Evidentemente, el aborto no es un hecho español.
El otro día volví a releer las declaraciones del director de población de Naciones Unidas, que es un alemán, y decía lo siguiente -fíjense, es muy fácil recordar las cifras-: hay un millón de embarazos en el mundo al día. De ese millón, la
mitad, 500 000, no son planeados. Se interrumpen de manera voluntaria 150 000, que hace una cifra anual de unos 50 millones en todo el mundo. ¡Tela, 50 millones! ¡Qué fracaso! La humanidad está fracasando en muchas cosas! Y de ellos, 1500 son
abortos sépticos que conllevan la muerte de las mujeres.
En España, estamos ahora en una cifra creciente de interrupciones de embarazo. Los últimos datos de que disponemos son del año 2008 y nos hablan de 115 000, -en parámetros epidemiológicos el porcentaje se calcula por 1000 mujeres en edad
fértil- por lo que estaríamos en torno a 12 o/oo mujeres en edad fértil, que es una cifra importante, sin ninguna duda, pero que en el contexto europeo es relativamente baja.
En España no todo se está haciendo mal. Hay muchas comunidades que están estableciendo, hace ya años, programas de prevención, programas de información, programas de acceso a métodos anticonceptivos.
Podemos asegurarles que España, con esa cifra menor al de 12 o/oo, esta cerca del mejor país del mundo que es Holanda, que está en el 8 o/oo; del segundo país mejor del mundo que es Alemania, que está en torno al 10 o/oo; estamos bastante
mejor que Francia, con un 18 o/oo; mejor que Gran Bretaña, con un 20 o/oo y bastante mejor que Estados Unidos con un 25 o/oo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Estos son los hechos Y, ¿cuál es el siguiente hecho? Que en los países donde hay leyes hay menos abortos que en los países donde no las hay. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La
legalidad es un factor positivo en materia de aborto. En los países donde no hay leyes no es que no se hagan abortos, se hacen clandestinos, en peores condiciones sanitarias para las mujeres y en mayor número, porque tampoco hay prevención desde el
punto de vista anticonceptivo. En la Unión Europea hay dos países que no tienen leyes sobre el aborto: Irlanda y Malta. Ambos países superan la cifra media de abortos de la Unión; están por encima. Esta mañana, la senadora Dueñas hablaba de
Polonia y nos daba una cifra increíble, publicada -yo la he visto-. Decía que bajo el Gobierno de los gemelos Kaczynski -¿se acuerdan ustedes?; uno era presidente y otro primer ministro- se había llegado a una cifra de 546 abortos. Es
absolutamente falso. Esto se ha publicado, pero lo que ha pasado en Polonia es que se ha «clandestinizado» totalmente el aborto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.). Se ha «clandestinizado» y las dos sociedades
profesionales, rigurosas, científicas que en Europa controlan de alguna manera y dan luz sobre estos asuntos que son la IPPF y la European Society of Contraception, la Sociedad Europea de Contracepción, hablan de más de 220 000 abortos en Polonia en
el año 2008.
Segundo hecho. Hemos dicho que la legalización disminuye el número de abortos. Vamos a ir un paso más allá. Las leyes más liberales disminuyen aún más el número de abortos que las leyes más restrictivas, y el ejemplo es Holanda. Holanda,
que es el país que tiene una trayectoria en materia de anticoncepción más dilatada, mejor planeada, es el país que tiene una cifra más pequeña, 8 o/oo mujeres en edad fértil. Las dos áreas del mundo que más abortos practican en su población son
áreas de carácter integrista: las antiguas repúblicas de la Unión Soviética que utilizaban el aborto como método anticonceptivo y los países de Latinoamérica, donde a la falta de legalidad y a la clandestinidad se le suma la presencia potente y
restrictiva de una iglesia católica integrista. Es una bomba para la salud de las mujeres; ilegalidad e integrismo religioso es una auténtica bomba, un auténtico perjuicio para las mujeres en el mundo.
No tenemos más que ver lo que ha pasado en otras partes del mundo, qué ha pasado en Europa, qué ha pasado en Alemania, en Holanda, e intentar hacer las cosas parecidas a como las hacen ellos, y esto es lo que pretende la ley que hoy estamos
discutiendo.
Los argumentos que se han opuesto por parte de los partidos que están en contra de este proyecto de ley son fácilmente desmontables. Hablan ustedes de la imposición del aborto libre. ¡Qué barbaridad! Digan de una vez que el aborto no es
obligatorio, díganlo. Es una barbaridad, no tiene fundamento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ustedes hablan de que estamos legislando contra 10 millones de votantes, ¿quién sabe a qué partido han votado las mujeres
que abortan en nuestro país? ¿Quién lo sabe? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Dónde están los sociólogos, los científicos que han investigado esto? Es evidente que habrá gente que vota a la izquierda y que no
interrumpe el embarazo no planeado, como es evidente lo contrario.
Estas son cosas difícilmente discutibles.
Y no me hablen, por favor, del síndrome posaborto. Eso es un invento de la derecha mundial para culpabilizar a las mujeres que han interrumpido el embarazo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Esa enfermedad no
existe. El único trabajo publicado en toda la literatura científica sobre esta materia es de la Universidad de Baltimore, en el año 2008; está en The Lancet, la revista británica, o está en Contraception, la revista norteamericana. Léanla si
quieren. Es un estudio multicéntrico. Cogen todo lo publicado en torno a esta materia y estudian si las mujeres, con un mínimo de cuatro años de antigüedad desde el aborto realizado hasta veinte años, han tenido más tentativas de suicidio, más
situaciones de depresión grave, más alteraciones de la energía o alteraciones familiares, sociales, cognitivas, o enfermedades mentales que la población general. Resultado: cero. El síndrome posaborto es simplemente una forma de culpabilizar a
las mujeres por parte de quienes quieren controlarlas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Y el cuarto argumento que utilizan los partidos en esta Cámara, y a lo largo del debate en el Congreso, es el de la patria potestad. No me voy a meter ahí; está todo explicado claramente. Nosotros hablamos con nuestras hijas, sabemos cómo
tratarlas y evidentemente -y eso lo saben todos los ciudadanos de España-, quien sí hable con ellas habitualmente y tenga confianza y relación la va a seguir teniendo; quien no hable con ellas, no la va a tener por más que lo exija un reglamento.
Así de claro.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Esta es una ley oportuna, porque corresponde al momento determinado en el que la inseguridad jurídica de la legislación actual es enorme; es una ley conveniente para que el país avance; es una ley ética, hecha desde el respeto a los
derechos, desde el respeto a las libertades; es una ley solidaria, realista y responsable, porque hay que crear unas condiciones que garanticen el derecho a la libre maternidad. No hablamos de derecho al aborto, hablamos de derecho a la libre
maternidad, a la libre decisión de las
mujeres para saber cuándo van a tener sus embarazos, sus hijos y el desarrollo de su personalidad como tales. Es un avance histórico para España. Todos ustedes tienen más de 30 años -incluida la senadora Patricia, que los ha cumplido el
pasado domingo (Risas.) En el año 1978 se despenaliza en España el uso de las píldoras anticonceptivas; hace nada, cuando ya llevaba veinte años usándose en el mundo. En el año 1985, del siglo pasado, dejó de ser un delito hacerse una vasectomía o
una ligadura de trompas. Venimos de un país muy atrasado en materia de derechos. Evidentemente, hay que ponerse al día, y con esta ley nos vamos a poner al día en materia de derechos reproductivos. Los derechos personales son hoy la
característica de los españoles. Este es el país de los derechos y en todo el mundo lo reconocen.
Permítanme que vaya terminando. Es una iniciativa que creo deben celebrar las mujeres y, en particular, los movimientos feministas, que desde el principio han levantado la bandera frente a la incomprensión y la represión social; pero
también los hombres, porque los hombres no seremos libres si las mujeres no lo son. Libertad e igualdad son elementos absolutamente unidos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Libertad e igualdad no se pueden separar, son
la base de la ideología democrática. Es una ley que nos va a homologar con Europa, con lo que tenemos alrededor; ya está bien de ser raros, eso de «Spain is different» vamos a dejarlo; somos ciudadanos de Europa. Es una ley que apunta a la
prevención, a la educación, a la formación, que va a plantear por primera vez una estrategia en salud sexual y reproductiva y una estrategia en la utilización de la anticoncepción con los medios adecuados a través de las prestaciones farmacéuticas.
Será un avance decisivo en el campo de los derechos humanos -así de claro-; un avance en la laicidad, que falta nos hace; un avance decisivo para que la salud sexual de las mujeres deje de estar tutelada y controlada desde fuera, y será
una buena noticia para todos los demócratas. Seguro que con su voto y con su apoyo lo vamos a conseguir.
(Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Caballero.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a interrumpir este momento de alegría que tienen nuestros compañeros socialistas, después de las palabras del senador Lertxundi, para hacer algunas matizaciones, que me parecen indispensables después de lo que he escuchado en
las distintas intervenciones que se han producido en este debate.
En primer lugar, hoy he oído hablar bastante de religión, pero precisamente por aquellos partidos que están apoyando la ley, que son los que hacen más alarde de laicismo. No creo que ninguno de los que hemos defendido una postura contraria
a esta ley hayamos querido sacar ningún argumento religioso, porque no ha sido mi caso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
En segundo lugar, quiero hacer otra matización. Se está culpabilizando aquí del gran número de embarazos no deseados a una falta de educación sexual. Discrepo de esa apreciación. No sé dónde viven ustedes, pero yo les aseguro que vivo en
el Primer Mundo, les aseguro que vivo en un mundo en el que he tenido acceso a los métodos anticonceptivos, he conocido la libertad sexual, la libertad de decidir cuándo tener un hijo, y no puedo entender dónde y cómo desarrollan la formación
educativa en sus comunidades. En Navarra, por mucho que les pese, desde hace muchísimo tiempo, está integrada en las escuelas, está integrada en todos los centros de atención a la mujer, la educación y formación gratuita de acceso a todo tipo de
métodos anticonceptivos. No creo que ese sea un argumento válido, porque hasta ahora no ha servido para poner freno a los embarazos no deseados. No digo que no haga falta, por supuesto, me parece muy bien que esta ley incida en esta cuestión, pero
tendremos que reflexionar, porque esto solo no sirve. Hará falta promover una serie de valores a los que aquí no se hace mención, valores de responsabilidad y de asunción de las consecuencias de nuestros propios actos.
También habrá que hablar de valores como la generosidad, porque no basta con conocer los métodos anticonceptivos, sino si se quiere asumir la responsabilidad de utilizarlos y, si no, las consecuencias de no utilizarlos.
Quiero hacer otra reflexión, y esta va dirigida a mi querido compañero Patxi Tuñón, que es senador autonómico por Navarra. Yo le he dicho que intervenía aquí por mandato electoral, por responsabilidad con mis electores, que sabían muy bien
cuando nos votaron mayoritariamente qué era lo que íbamos a hacer a este respecto.
Señor Tuñón, usted dice que el Parlamento de Navarra está a favor de esta ley, y yo le digo que el Parlamento de Navarra no ha votado nunca esta ley. No podemos hablar de supuestos, porque no se han presentado. Es verdad que existe una
mayoría que quizá le pueda dar a entender que ahora la apoyarían, pero no se ha dado el caso, y las personas que eligieron a los representantes navarros nunca pensaron que esta ley iba a votarse en esta legislatura. Yo sí estoy respondiendo a mis
electores, y creo que lo hago con coherencia, pero no sé si usted está respondiendo a los que le eligieron para estar hoy aquí, que no son otros que los parlamentarios de mi partido, en una mayoría bastante aplastante, junto con los del Partido
Socialista. Yo en su lugar, ¿qué hubiera hecho? Seguramente me habría abstenido para, por coherencia, no incidir en un tema concreto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
En segundo lugar, a la señora Hernández, que ha dicho que en Navarra esta ley del aborto es inconstitucional, yo le diría que recurra al Constitucional, porque yo creo que en Navarra todas las navarras tienen el derecho de acceder
al aborto; lo que pasa es lo que he explicado en reiteradas ocasiones: que tienen una clínica a 80 kilómetros. El único problema es que no hay una clínica privada, porque nadie ha querido poner ese negocio. No hay demanda suficiente. No
hay demanda en la calle porque ustedes quieran. No existe esa necesidad, porque, verdaderamente y en confianza, les digo que las navarras prefieren irse, como las demás, buscando la privacidad, a un sitio donde no las conozcan, como hacen otras.
Por último, señorías, no se confundan, porque esta ley no es moderna, ni progresista, ni social, ni igualitaria, ni justa.
Para ustedes hoy es un día grande, un día de gloria. Por así decir, han venido con todo el batallón y están celebrándolo por todo lo alto. Les entiendo y les respeto. Pero les diré que para mí también es un día muy grande, porque estoy
orgullosa de ser una de las voces que hoy en esta Cámara está defendiendo a los más desvalidos, a los indefensos y a los que no tienen voz, a la del montón de ellos que ya nunca la tendrán.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-El señor Tuñón San Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senador Tuñón, le daré la palabra al final del turno de portavoces en la medida en que ha habido una alusión clara.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la postura del Grupo de Senadores Nacionalistas. Como decía en mi anterior intervención, esta no es nuestra ley o la que nosotros quisiéramos, pero es evidente que nuestra obligación es la de posicionarnos
ante ella, después de intentar mejorarla lo más posible.
En la anterior ley no se reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre la continuidad o no del embarazo, incluso condiciona la interrupción a una opinión de terceros, como tampoco se aborda desde la perspectiva de los derechos humanos, ni
de los derechos sexuales y reproductivos, ni desde la perspectiva de la salud pública. Por el contrario, aborda la interrupción del embarazo como un delito punible con carácter general, salvo en tres supuestos, y no aborda la libertad de conciencia
del profesional.
Señorías, tanto en la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, como por lo manifestado por organizaciones europeas, como la Unión Europea y el Consejo de Europa, se ha tratado esta cuestión desde la perspectiva de los
derechos humanos. En estas sociedades democráticas se ha considerado que la decisión de interrumpir un embarazo enfrenta dos intereses: el derecho de la madre a tomar dicha decisión y el derecho del feto a que su vida sea protegida por los poderes
públicos.
Este conflicto de intereses es resuelto mediante los ordenamientos europeos desde hace décadas declarando la prevalencia de los derechos fundamentales de las mujeres en las primeras fases del embarazo, pasando a valorar superiormente al
nasciturus a partir de una edad gestacional concreta.
Señorías, no es de esperar que esta ley -o cualquiera, por buena que sea- elimine o reduzca el aborto, pero sí que reconozca derechos a las mujeres, proteja a las personas que se acojan a ella y a los profesionales que la aplican, mejore la
atención sanitaria y social, reduzca las inequidades y evite los abortos inseguros; en definitiva, que gestione bien el problema y el fracaso de la prevención que representa un embarazo no deseado.
Toda legislación debe respetar la pluralidad de creencias, lo que fundamenta la existencia de Estados laicos o no confesionales. No se trata de excluir las decisiones basadas en las creencias o en la religión o, incluso, en la ausencia de
creencias religiosas. Todo lo contrario, se trata de evitar que las ideas de una determinada creencia o religión se impongan a aquellos que no comparten tales convicciones.
En esta intervención quisiera rendir un homenaje a hombres y mujeres que con su hacer constituyen el acervo político del partido al que yo pertenezco, el Partido Nacionalista Vasco. Para mí es un honor pertenecer a un partido político que
allá en el año 1936, hace 73 años, hubo de tomar una de las decisiones más terribles que puede tocar a un dirigente político, cual es la de hacer la guerra o no. Pero es que en aquel momento, con el golpe de Estado dado por el general Franco, se
les imponía a esos hombres una decisión clave, que era a favor de quién estar, si del bando que defendía la religión católica o del bando que defendía la legitimidad democrática.
Pues bien, señorías, el Partido Nacionalista Vasco en aquellos momentos era un partido confesional, integrado por personas de fuertes convicciones religiosas y de una conciencia extremadamente estrecha sobre las mismas, personas a las que he
tenido el honor de conocer y de las que he aprendido mucho. De hecho, no podía pertenecer a este partido una persona no religiosa. Cuando a estas personas se les pone en la difícil tesitura de ser excomulgados por no salir a defender lo que se
denominó la «santa cruzada», hubo algunos que quisieron hacer prevalecer el criterio religioso. Pero no, señorías, triunfó el criterio de la legitimidad democrática. (Aplausos.) Aquellos políticos supieron distinguir lo que era ser demócrata, que
era defender lo que legítimamente se había establecido, porque la ley es para un político lo que para los religiosos son las conciencias.
Señorías, aquellos hombres y mujeres lucharon como los que más al lado de comunistas, anarquistas y socialistas, que no eran políticamente los más cercanos a ellos, al lado de todos aquellos que estaban defendiendo la ley porque, además, de
entre todas las cosas, lo primero que tiene que ser un político en una sociedad democrática es demócrata.
Señorías, permítanme hacer una reflexión a ambos lados de la Cámara y es que cuando veo estas posiciones tan contradictorias entre un lado y el otro, no entiendo cómo pueden gobernar juntos en mi querida tierra vasca.
Nuestra postura en el Congreso de los Diputados fue favorable al proyecto de ley y, con las enmiendas que planteamos a los artículos 13 y 17, mejoramos la seguridad de que la persona afectada comprende perfectamente la información que se le
proporciona y también se reconoce la libertad de conciencia de los profesionales.
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Por tanto, más información, más valores y más poner como meta los medios para la reducción de los casos de aborto.
He recordado desde esta tribuna al Partido Nacionalista Vasco, por el que soy senadora pero, ante todo, mi mayor título y del que me siento más orgullosa es el de madre, que además sabe lo que es guardar 18 meses de cama, de los que 6 estuve
hospitalizada.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Un momento, señor presidente.
Por eso, quiero dejar claro que al preparar mi intervención he tenido presente a ese feto, también he tenido en cuenta a Laura, una compañera de clase que murió con 18 años, a consecuencia de un aborto clandestino; y a Maritxu, que habiendo
querido abortar porque el embarazo le rompía su vida no lo hizo, y ahora los ojos de su niña son su vida.
Por todas estas razones y siguiendo esa tradición democrática es por lo que defendemos esta ley, porque la mejoramos, como había que hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Y precisamente es en este terreno, en el legislativo, donde nosotros tenemos que desarrollar nuestro trabajo, para la mejora de la ley. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
En el tramo final de este proyecto de ley quiero agradecer, ante todo, el trabajo de mis compañeras del Congreso de los Diputados, tanto de Mercè Pigem como de Conchita Tarruella, que, con diferentes sensibilidades y aportaciones, han
demostrado que esta cuestión no es en absoluto banal, porque se ha trabajado muchísimo en el Congreso de los Diputados, desde el ámbito del conocimiento, de la información y de la pedagogía absolutamente necesaria y lejos del enfrentamiento
político.
En primer lugar, quiero decir que mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, es plural y tengo el privilegio de formar parte de una formación política que no se rige ni por dogmatismos ideológicos ni por posiciones maximalistas, máxime
cuando legislamos sobre consideraciones morales que tienen que ver claramente con dos conflictos, con dos valores constitucional y legalmente protegidos: por un lado, la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de la mujer;
y, por otro, la vida del feto.
Además, lo que aquí hagamos tiene o puede tener enormes consecuencias en la vida de muchas mujeres. Desde esta libertad de voto, vamos a expresar individualmente nuestra posición. Sin embargo, me gustaría hacer algunas reflexiones. La
primera de ellas es recordar, una vez más, que no estamos debatiendo sobre aborto sí o aborto no, porque este es un debate que se produjo, señorías, en el año 1985, por tanto, hace veinticinco años. Y, desde entonces, sin que se haya cuestionado
por Gobiernos de ningún signo, contamos con un marco legal regulador del aborto que, por cierto, se ha venido considerando como uno de los más permisivos de Europa.
Hay que centrar el debate en lo que es y en lo que no es. No se ha tratado, en ningún momento, de suprimir la regulación del aborto sino solo si debemos cambiar esta regulación.
Mi segunda reflexión apunta a que la legislación que hoy se nos propone es claramente, a mi juicio, mejor que la actual desde muchos puntos de vista porque enmarca la interrupción voluntaria del embarazo dentro de un aspecto amplio de salud
sexual y reproductiva, proponiéndose así prevenir mediante la formación y la información los embarazos no deseados y reducir, en consecuencia, el número de abortos. Por tanto, personalmente entiendo que esta ley es mucho más clarificadora.
Se ha escrito mucho sobre el derecho a la libre maternidad, se ha escrito mucho sobre el derecho a la autodeterminación de la madre por parte de diferentes expertos y, también, teólogos. Recuerdo de manera especial a la monja Teresa
Forcadas, médico y bióloga. Es evidente que no se puede hablar de manera banal y requiere unos espacios de reflexión e, insisto, de pocos dogmatismos ideológicos. Hay que evitar reduccionismo de pensamientos y sobre todo, enfrentamientos políticos
en cuestiones tan delicadas. Para nosotros conocimiento, información, pedagogía son absolutamente necesarios en estas cuestiones.
Permítanme decirles también que Convergència Democrática de Cataluña siempre ha defendido la libertad de voto, ahora y en los momentos de las campañas electorales. Para nosotros las cuestiones morales, éticas o de principios están por
encima de las ideológicas, y así lo hemos defendido siempre. Por eso, insisto, para mí personalmente es un privilegio formar parte de un grupo político que antepone las cuestiones personales, éticas y morales a las cuestiones puramente ideológicas.
Quisiera hacer una reflexión, desde la más absoluta humildad, a los dos grandes partidos de esta Cámara, tanto al Partido Socialista Español como al Partido Popular. Señorías, ustedes saben que estamos en tiempos de desafección política, a
los políticos no nos salen demasiado
bien las cosas a la hora de explicar las razones de nuestra acción y de nuestra causa. Pero eso quiere decir que en cuestiones tan importantes como esta, creo sinceramente que estos partidos mayoritarios no deberían tener ningún tipo de
miedo a la libertad de voto. Si ustedes están de verdad seguros de que están conformando una misma cultura política, una misma cultura corporativa, no deben tener en ningún momento miedo a la libertad de voto. Desde mi más absoluta humildad, creo
que estos nuevos tiempos que requiere la política también requiere nuevas maneras de hacer.
El señor PRESIDENTE: Señoría termine.
La señora CANDINI I PUIG: Acabo, señor presidente.
Por tanto, en el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió proponemos la libertad de voto para las cuestiones éticas, morales, de principios. En el ejercicio de la política en el siglo XXI consideramos importante y
emplazamos a los dos partidos mayoritarios a que no tengan ningún miedo a dar libertad de voto a sus señorías.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
A lo largo del debate de hoy hemos hablado bastante de igualdad en la salud sexual y del derecho a decidir de las mujeres, pero me parece que en el aire han quedado más aspectos negativos, como la interrupción voluntaria de un embarazo, un
embarazo no deseado, y ha pesado menos la voluntad de hablar de esta educación sexual que ha de ir acompañada del amor y de proporcionarnos felicidad.
Señorías, la aprobación de esta ley, a la que invito a aquellos que aún no están convencidos para que se lo replanteen, conlleva un espíritu de solidaridad con las generaciones futuras porque trabajamos desde el deseo de una sociedad en la
que hombres y mujeres seamos felices con una relación emocional, afectiva y sexual positiva. Cuando veamos avanzar esta ley con el paso del tiempo cumpliremos con nuestros hijos, hijas, y ahora que ya soy abuela, también con nuestros nietos y
nietas, porque hoy les hemos trillado el camino para que puedan vivir una vida mejor que la nuestra, más libre, más real, más efectiva y, sobre todo, más feliz.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Hoy es un día histórico para este país. Han tenido que pasar veintiséis años para que el Parlamento español vuelva a debatir un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Quiero dar las gracias a aquellas mujeres que lucharon e hicieron posible la vigente ley y que, cuando vieron que había disfunciones, no pararon hasta conseguir tener otra más justa y más equilibrada. Permítanme que presente mi
agradecimiento a todas esas mujeres anónimas como Assumpta Baig, Carmen Alborch, Matilde Fernández, María Escudero, Maribel Flores, Ruth Porta... , etcétera. Voy a parar porque se me van a quedar muchísimas en el tintero. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) Muchas gracias por no mirar para otro lado.
Muchas gracias a la ministra Aído por hacer posible lo que vamos a conseguir hoy: que ninguna española se sienta avergonzada ni señalada por decidir cuándo quiere ser
madre. Muchas gracias a los partidos que han hecho posible esta ley y a los que han hecho aportaciones desde el acuerdo o desde la discrepancia. Muchas gracias al senador Tuñón, a la senadora Leanizbarrutia, a la senadora Candini, a la senadora
Baig y a todos los que no estando en la comisión han hecho aportaciones.
Les decía que hoy es uno de esos días grandes, es el día del cumplimiento de un compromiso histórico con las mujeres y con toda la ciudadanía.
Después de un debate social y político profundo, hoy vamos a tener una ley con más seguridad
jurídica para las mujeres y los profesionales sanitarios, una ley que nos equipara con los países de nuestro entorno y que pone límites y garantías jurídicas donde no los hay.
Con esta ley de salud sexual y reproductiva se traen innovadoras propuestas al ámbito social, sanitario y educativo para prevenir embarazos no deseados, sin imponer la moral de nadie a nadie, sin llamamientos a la castidad, como en la
campaña de prevención de embarazos del Partido Popular en el 2003, y sin miedo, sin fobia a decir ni la palabra sexo ni la palabra seguro, porque releyendo los diarios de sesiones, ni en el del 26 de noviembre del Pleno del Congreso de los Diputados
ni en el del 10 de diciembre en la comisión ni en el del 17 de diciembre en el Pleno, ni en el del 16 de febrero en comisión del Senado, han nombrado las palabras sexo y seguro, y no sé a qué le tienen más fobia, si al sexo o a lo seguro. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Nos definimos por lo que decimos, pero también por lo que evitamos decir. Los grupos parlamentarios nos definimos por las iniciativas que presentamos en las Cámaras.
Y voy a hablar de la responsabilidad penal que el Partido Popular quiere poner a los doce años. A los doce años es algo muy incoherente que se afirme que alguien tiene responsabilidad criminal y que a los diecisiete y medio una mujer no
pueda decidir si no quiere ser madre. A los doce años responsabilidad criminal, a los diecisiete años y medio no puede decidir si quiere ser madre. ¿Y esto cómo se come? -se diría en mi pueblo-, ¿esto cómo se come? (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
Ha sido imposible -lo digo en serio-, hemos hecho muchos esfuerzos para acordar con todos los grupos parlamentarios, con todos, pero ha sido imposible llegar a un acuerdo con el grupo parlamentario que también se oponía a la salud sexual y
reproductiva, un partido político que se negaba a decir la palabra sexo; era imposible.
Y, luego, la senadora De la Fuente afirma que la ley es dogmática. De dogma saben ustedes mucho. Nosotros sabemos de derechos humanos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.) Sí, sí.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: No queremos que ninguna mujer sea perseguida por decidir no ser madre. Se acaban las excusas de que no hay clínicas privadas. Aumenta la seguridad. Se acabó el mirar para otro lado. Se acabó el dar la
espalda a las mujeres. Desde hoy, España es un país más justo, y deben sentirse orgullosos y orgullosas.
Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes aplausos de las señoras y lo señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, veo que de antemano están celebrando algo que no creo yo que merezca una celebración. Afortunadamente, aquí hay voces que defienden a los que no tienen voz, no como ustedes. (Rumores.)
Tengo que decirles que vuelvo a sentir tristeza porque han vuelto a dejar a un lado la vida, lo han vuelto a hacer. Han vuelto a hablar de mujeres, de derechos, de movimientos feministas, de la época del franquismo pero de vida, nada,
señorías.
Subo de nuevo a esta tribuna para defender, manifestar y reiterar la posición del Grupo Parlamentario Popular. Por cierto, señora Hernández, no tenemos temor a hablar de sexo, ni de sexo seguro. Desde luego, en el Partido Popular andamos
bien, no sé ustedes. (Rumores.)
Nuestras enmiendas hablan de vida, de información, de consentimiento informado, de protección a la maternidad. En definitiva, son propuestas de futuro, no como su reforma, que habla de todo lo contrario, de retroceso. (Rumores.)
Es una reforma que nace sin consenso, como hemos visto hoy aquí. Es una reforma que choca frontalmente con el artículo 15 de nuestra Constitución. Es una reforma que incumple los convenios y tratados internacionales suscritos por España.
Pero, además, la reforma que ustedes plantean y que ha sido sancionada duramente por los principales órganos consultivos de este país también choca frontalmente con algo fundamental, al menos a nuestro juicio. Me refiero, lógicamente, al tema de
las menores de edad. Ni consentimiento ni conocimiento, eso es lo que ustedes pretenden. Han introducido una enmienda trampa, un auténtico coladero. Eso es lo que les preocupa a ustedes el tema de las menores.
Dejen de hacer demagogia con este
asunto.
La objeción de conciencia es un derecho constitucional que parece que ustedes también pretenden negar. Ni la derecha alemana, señor Lertxundi, ni la derecha francesa tienen leyes tan radicales como la que ahora el Gobierno quiere imponer.
Dejen de hablar de que garantizará la seguridad jurídica de las mujeres.
Por cierto, ninguna mujer ha ido a la cárcel en estos veinticinco años de aplicación de la ley, ninguna. Tristemente, la única seguridad jurídica que conseguiremos
con la aprobación de esta ley será -y ya lo he dicho esta mañana- para aquellos que han hecho del drama del aborto un negocio.
Para ellos, señorías, es la seguridad jurídica y ustedes en sus filas los conocen muy bien. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Dejen de plantear este tema como un derecho. Repito que las mujeres tenemos muchos derechos pero no puede considerarse un derecho algo que, como ha quedado meridianamente claro, es malo para la mujer. Queremos el derecho a la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, a la conciliación, a un empleo estable, a cobrar igual. Desde luego, con su actitud continua y manifiesta de desvalorizar a la mujer embarazada no vamos a conseguir reducir ese dato que todos conocemos sobre que el
75% de las mujeres españolas tienen problemas laborales a raíz del embarazo.
(Rumores.)
Señor Lertxundi, me alegra su rectificación pero no es cierto, y usted lo sabe. En Polonia han reducido el número de abortos, así que déjese de abortos clandestinos y no se invente más cosas. No sé si lo conocerá usted por su profesión
pero no es cierto. (Rumores.)
Volvemos a decir que nace sin respaldo social, sin ninguno. Efectivamente, no estamos hablando ni de derechas ni de izquierdas, ni de posicionamientos religiosos ni de movimientos feministas. Este debate debe superar esos límites pero lo
cierto es que ustedes han oído con más celeridad lo que ayer decían los sindicatos en la calle que lo que han dicho millones de españoles en este país durante los últimos meses.
Abandonen ya la soberbia en la que están instalados y escuchen a los
ciudadanos.
Reitero -y lo hago porque estoy plenamente convencida de ello- que para el Grupo Parlamentario Popular el derecho a la vida, ese que aquí ustedes no han nombrado, es un valor social.
Hagan caso de lo que ha dicho hoy el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, hace escasamente una hora: Nadie tiene derecho a arrebatar la vida a otro ser humano, absolutamente nadie. ¿Por qué no escuchan al presidente del Gobierno?
¿Por qué son tan incoherentes y contradictorios, y en un foro dicen una cosa y en otro la contraria? A eso sí se le llama cobardía e incoherencia. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Termino, señorías, haciendo uso de unas declaraciones de Gregorio Peces-Barba -socialista, por si alguno no lo recuerda- sobre las que esta mañana ya he referido algún apunte. Decía que con esta ley se disminuye
el valor de la familia, y terminaba su intervención diciendo que legislar exige moderación -algo que ustedes no tienen-, sentido común -que ustedes han perdido-, no separarse de las creencias mayoritarias -y ustedes se han apartado-, intuir cuáles
son las corrientes que impulsan la opinión pública -y está claro que ustedes no la han escuchado.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Sí, señor presidente, termino.
Es saber interpretar lo que más conviene en cada momento, y ustedes hoy han hecho una clara dejadez de lo que conviene al presente y al futuro de este país, que es defender la vida.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Tuñón San Martín pide la palabra.)
Antes de proceder a la votación, tiene la palabra el senador Tuñón, porque ha habido una alusión clara de la senadora Caballero. Pero, señoría, le pido que no reabra el debate, porque le quitaré la palabra.
Tiene la palabra por una alusión clara sobre su representación.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Sí, señor presidente.
Es la segunda vez que ocurre esta situación, y en esta ocasión ha sido mucho más grave porque lo ha manifestado en el turno de portavoces, en el que yo podría haber intervenido si hubiera sabido que la señora Caballero iba a hacer esa
intervención.
Señora Caballero, usted sabe que a mí este rifirrafe me perjudica, especialmente en Navarra, y no quiero entrar en ese debate. Solo le pido que tenga mejor estilo, porque el que yo tengo con usted es envidiable y respetuoso. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que no reabra el debate. Ha habido una alusión, conteste a ella y nada más.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Lo voy a hacer expresamente.
Señora Caballero, no quiera amordazar mi libertad de decisión en función de que UPN apoyó a este senador autonómico. Usted no tiene que decir lo que yo debo votar. Por favor, respete mi libertad. (Rumores.) Mi voto no es un voto
cautivo...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La senadora Caballero Martínez pide la palabra.)
Senadora Caballero, no tiene la palabra. (La señora Caballero Martínez continúa solicitando la palabra). No tiene la palabra. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señorías, ha habido una alusión clara de la senadora Caballero al senador Tuñón y, una vez aclarada, no hay más turnos de palabra. (Rumores. -La señora Caballero Martínez continúa solicitando la palabra.) Senadora Caballero, no tiene la
palabra.
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En primer lugar, votamos la enmienda número 1, de la senadora Caballero.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 123; en contra, 136; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del senador Quintero, del Grupo Parlamentario Mixto, números 9 y 10.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 6; en contra, 250; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas. Han sido retiradas la 4 y la 8, por lo que votamos en primer lugar la número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 5; en contra, 252; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 10; en contra, 248; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 5, 6 y 7, del Grupo de Senadores Nacionalistas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 6; en contra, 251; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Convergència i Unió. Han sido retiradas la 37, 47, 48, 49, 50, de la 52 a la 55 y la 59.
Votamos la 35 y la 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 126; en contra, 133; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 38, 39, 44, 45, 46, 56, 58 y 60, de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 127; en contra, 132; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la 40, 41, 42 y 43, del Grupo Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 5; en contra, 254; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 51, del Grupo de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 4; en contra, 255; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 57, de Convegència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 3; en contra, 256; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa han sido retiradas todas, por lo tanto vamos a votar a continuación las enmiendas del Grupo Popular. En primer lugar, votamos la 62, la 63 y la 78.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 124; en contra, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 86 y 88, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 125; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 64, 65, 70, 71 y 83, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 125; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 61, 76, 79, 81, 82, 84, 85 y 87, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 124; en contra, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 132; en contra, 126; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y señores senadores del
Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
-- DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11
DE ENERO (Número de expediente Senado 621/000034 y número de expediente Congreso 121/000033).
EL señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a debatir el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Bella.
(Rumores.)
Un momento, señoría, espere a que se haga silencio en la Cámara.
Señorías, por favor, guarden silencio o abandonen el hemiciclo.
Comience, señoría.
El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca al proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Espere un momento, señoría. Por favor, señorías, guarden silencio.
Continúe, señoría.
El señor BELLA GALÁN: Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 4 de diciembre de 2009.
El plazo de presentación de enmiendas concluyó el 17 de diciembre de 2009. Se han presentado
13 enmiendas por los siguientes grupos parlamentarios: las enmiendas números 1 a 9, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; la enmienda número 10, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; las enmiendas
números 11 y 12, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; y la enmienda número 13, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 16 de febrero.
Se aprobaron las siguientes enmiendas: las números 1 a 9, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y las demás enmiendas fueron rechazadas. Igualmente, se
incorporan al dictamen unas correcciones de error en el preámbulo, en el apartado 3 del artículo único y en la disposición transitoria segunda.
Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado 4 votos particulares, que a continuación se defenderán: del Grupo Parlamentario Socialista, que solicita la vuelta al texto del proyecto remitido por el Congreso de los Diputados en
lo modificado por las enmiendas 1 a 9 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a la enmienda 13; del Grupo Parlamentario de Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió, correpondiente a la
enmienda 10; y del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, correspondiente a las enmiendas 11 y 12.
Con estas palabras, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de las enmiendas.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió.
Tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Únicamente quiero comentar la enmienda número 10, que propone una disposición adicional nueva con un artículo único en el cual se dice que la evaluación ambiental de los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración
General del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable será en todo caso tramitada y resuelta por la administración de la comunidad autónoma cuyo estatuto le atribuya la función ejecutiva en esta materia. Entendemos que
posibilitar la aplicación de las competencias compartidas con la Generalitat de Catalunya en el artículo 144 del estatuto, comporta que a dicha administración le corresponde la totalidad de la función ejecutiva, es decir, debe realizar la
tramitación y la resolución de la evaluación ambiental de todas las obras, todas las instalaciones y las actividades situadas en Cataluña y de los planes y programas que afecten a su territorio. Únicamente es esto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
He presentado dos enmiendas, la número 11, que es de modificación del artículo 10.2, donde propongo que se amplíe el plazo de 3 a 5 meses para formular la declaración de impacto ambiental. Creemos que es un plazo más razonable, más ajustado
para poder trabajar en condiciones.
La número 12 es muy parecida a la que ha defendido ahora la senadora Candini. Propone la creación de un apartado nuevo que solicita incluir la participación de los órganos ambientales territoriales en los procesos de evaluación de impacto
ambiental.
Esas son las dos enmiendas y esta es su defensa.
Gràcies, president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Del Grupo Socialista, vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 1 a 9, del Grupo Parlamentario Popular, y enmienda 13.
Tiene la palabra el senador Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Gracias, señor presidente.
Mi grupo ha presentado dos votos particulares. En uno solicita la vuelta al texto del proyecto remitido por el Congreso de los Diputados en lo que ha sido modificado por las enmiendas números 1 a 9, del Grupo Popular, y en el otro solicita
defender la enmienda número 13, del Grupo Socialista.
Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, que han modificado el texto del proyecto, quiero señalar que nos oponemos, porque, cuando no generan confusión, alargan innecesariamente los plazos o dan autoridad técnica a quien no tiene la
obligación de tenerla. De este modo, la enmienda número 1 no añade nada nuevo a lo que establece el artículo 4 de la ley, en el que ya está claro cuáles son las competencias, quedando igualmente claro cuándo deben ser autorizadas o aprobadas.
No podemos compartir la número 2, ya que según su redacción parece innecesario cumplir el plazo en todo caso, incluso sin la conformidad del órgano sustantivo respecto a los documentos que remite, y esto no nos parece aceptable, ya que el
órgano sustantivo tiene que estar de acuerdo con el proyecto presentado por el promotor y que,
posteriormente, una vez realizada la evaluación de impacto ambiental, tiene que aprobar.
En las enmienda números 3 y 4, del Grupo Popular, en lo que se refiere a la determinación de responsabilidad solidaria de los redactores del estudio junto con el promotor del proyecto, no creemos que pueda afectarse, ya que el promotor no
tiene por qué contar con la cualificación técnica suficiente para suscribir el contenido técnico del proyecto y, por tanto, asumir la responsabilidad solidaria respecto a su contenido.
Nos oponemos a la enmienda número 5, ya que en la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental se incluyen los elementos que este debe considerar y que son determinados por las administraciones públicas con competencia, previa
consulta a otras administraciones o a personas interesadas. Si se permite que se obvien estas consideraciones, eso puede dar lugar a estudios de impacto incompletos que habrán de ser subsanados con posterioridad con los consiguientes retrasos,
además de que estaríamos vulnerando la directiva en materia de impacto ambiental.
También nos oponemos a la enmienda número 6, ya que este artículo responde a un equilibrio alcanzado con los órganos sustantivos entre la agilización de trámites ambientales y sustantivos. Además, en el segundo y cuarto párrafo que
introducen, parten de una concepción errónea, ya que la fase dos no solo incluye el estudio de impacto ambiental, sino también el resultado de la información pública y el análisis de las alegaciones.
En su enmienda número 7, ustedes añaden un período de quince días a un plazo ya existente de tres meses para siempre, para el caso de que no se haya dado ninguna respuesta. No lo compartimos, ya que la declaración de impacto supone el
cumplimiento de unas garantías establecidas en la Directiva 85/837.
Rechazamos la enmienda número 8, ya que la inclusión de un período con carácter indeterminado para que el promotor pueda subsanar las deficiencias supone prolongar sine díe la tramitación de la evaluación de impacto ambiental.
Respecto a la enmienda número 9, que no compartíamos, sí hemos sido capaces, entre el Grupo Popular y el Socialista, de llegar a una enmienda transaccional, que tiene la Mesa y que permite plasmar en dicho acuerdo.
Respecto a la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, también votaremos en contra. La interpretación del régimen competencial en materia de evaluación ambiental que se determina en las sentencias del Tribunal Constitucional reconoce la
competencia de la Administración General del Estado para realizar la evaluación ambiental de las infraestructuras de interés general.
Quiero señalar, respecto a la enmienda número 11, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, que el plazo de tres meses responde a un equilibrio alcanzado con los órganos sustantivos entre la agilización de trámites ambientales y sustantivos, y
por eso vamos a votar en contra.
Igualmente, rechazamos la enmienda número 12, ya que la finalidad de la reforma son los procedimientos de competencia estatal.
Respecto a la enmienda número 13, de mi grupo parlamentario, hemos llegado a una transaccional que suprime la redacción vigente. Con esta enmienda se mantiene el texto de la disposición, añadiendo una regulación específica para los centros
penitenciarios en línea con lo ya previsto para otros supuestos en la propia ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
No hay turno en contra.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES I TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.
Como se especifica en la exposición de motivos de la modificación del texto refundido de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, la evaluación ambiental resulta el
instrumento más adecuado y eficaz para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.
Por ello, se hace necesario que se adapte a un marco temporal determinado para que sea un verdadero instrumento facilitador de la
actividad económica y social.
La evaluación de impacto ambiental de proyectos constituye una forma eficaz para evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deben adoptarse al poder elegir, entre las
diferentes alternativas posibles, aquella que mejor conserve los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada.
En definitiva, señorías, los objetivos de esta modificación del texto viene a ser una mejora sobre un instrumento que ya se ha demostrado eficaz. Por un lado, se busca reducir los plazos de tramitación, aumentando la eficacia de los
procedimientos, y, por otro, aclarar el procedimiento que deba realizarse corresponsabilizando a todos los actores.
Como senador por Ibiza y Formentera, les puedo decir -seguro que lo sabrán- que sobre todo la isla de Ibiza ha sufrido un gran impacto ambiental como consecuencia de un turismo de sol y playa que en su momento generó trabajo y beneficios
económicos, pero a día de hoy se ha visto que las infraestructuras y obras civiles que se han precisado para este sector turístico sin una conciencia medioambiental han acabado con gran parte de la riqueza natural. Con el paso de los años, se ha
demostrado que las masificadas y grandes edificaciones en el litoral se han traducido en pan para ayer y hambre para hoy.
Es muy difícil llevar a cabo la actividad turística sin unos mínimos impactos ambientales, sociales y culturales. Sin embargo, sí es posible preverlos o reducirlos porque existen modelos de turismo sostenibles alternativos. Los intereses
económicos de unos pocos no deberían perjudi-
car el legado de nuestros antepasados que vivían en armonía con su entorno natural.
Por otro lado, sin ir más lejos, la última macroobra realizada por el Partido Popular hace tan solo unos años en la isla de Ibiza supuso un impacto irreversible, y es que en muchas ocasiones los intereses económicos han hecho que se mire
hacia otro lado para poder tirar hacia adelante con la obra, arrasando con casas, campos, yacimientos arqueológicos, árboles centenarios, etcétera. Las autopistas construidas en Ibiza supusieron unos proyectos completamente desmesurados y
desproporcionados para un territorio insular de tan solo 572 kilómetros cuadrados. Dichos proyectos dieron lugar a unas 500 expropiaciones.
Además de la superficie afectada, se expropiaron negocios y viviendas, algunas de ellas centenarias, así
como diversos yacimientos arqueológicos que no pudieron excavarse, una necrópolis y un acueducto romano.
La extensión de suelo rústico afectado por los proyectos viarios fue enorme. Se calcula que en Baleares, en general, el suelo afectado por este tipo de proyectos equivale a todo el territorio construido en cinco años. La ejecución de estas
obras supuso el asfaltado de 2000 hectáreas, cuando la media anual de urbanización era de 382. Además, para llevar a cabo este proyecto muchas de las canteras existentes tuvieron que ampliarse, y todas ellas están ubicadas en espacios protegidos o
forestales, sin contar con la apertura de canteras nuevas con su consiguiente impacto ambiental. De hecho, se modificó la normativa en esta materia para permitir la autorización de nuevas explotaciones de áridos, incluso en espacios naturales
protegidos por la Ley de espacios naturales balear. En definitiva, en la isla de Ibiza, hace tan solo cinco años, todavía se fomentaba un modelo de crecimiento insostenible desde el punto de vista ambiental.
Por estos y muchos otros motivos considero que la modificación y actualización del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, es totalmente
necesario y positivo. No podemos dejar que se sigan llevando a cabo proyectos faraónicos con un impacto medioambiental irreversible, lo que nos obliga a actualizarnos y a seguir tomando conciencia de lo importante que resulta un crecimiento
sostenible para nuestra sociedad.
Les puedo asegurar que mi voto, señorías, será totalmente favorable a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Pausa.) No hay nadie.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
La principal finalidad de este proyecto de ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos es mejorar y agilizar la tramitación administrativa e incrementar la transferencia del procedimiento de elaboración del impacto ambiental de
proyectos. Algunas novedades, a nuestro entender, son interesantes y, sin lugar a dudas, necesarias después de toda una serie de años de cuestiones relacionadas con el impacto ambiental.
La primera novedad es la clarificación de las fases de adaptación de la evaluación -esto es muy importante-, que permite poner a disposición del público en general todos los expedientes en tramitación con indicación de las fases en que se
encuentran. La segunda novedad es que se introduce la obligación de identificar al autor o autores responsables de la elaboración del estudio de impacto ambiental. La tercera novedad es que se reduce el plazo a dieciocho meses para completar el
trámite de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Otra novedad es que se atribuyen efectos al incumplimiento del plazo establecido tanto por causas imputables al promotor como al
órgano sustantivo, lo que supone la posibilidad del archivo del expediente por el órgano ambiental. Y otra novedad es que se habilita al Gobierno a regular los requisitos adicionales y la metodología a utilizar en la evaluación del impacto
ambiental de los proyectos que puedan afectar directa o indirectamente a la Red Natura 2000 y que sean competencia del Estado.
Estas y algunas otras novedades se merecen, a nuestro entender, un voto a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.
Esta es una ley que se ha trabajado bien en el Congreso. En ella se aceptaron gran parte de las enmiendas que presentamos. Por ello vamos a dar nuestro voto afirmativo al proyecto de ley. Entendemos que agiliza, clarifica y precisa la
aplicación temporal y material de esta ley sin dejar de hacer efectivos los estudios y planteamientos como uno de los instrumentos más adecuados de que disponemos para la preservación de los recursos naturales y para la defensa del medio ambiente.
Por todo ello, señor presidente, votaremos afirmativamente este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Iranzo.
La señora IRANZO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero destacar la importancia del proyecto de ley que a continuación vamos a aprobar.
Estamos dotando al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, concebido por la mayoría de los ciudadanos como un procedimiento largo, prolijo y complejo, de algo tan importante y necesario como un marco tempo-
ral, preciso y determinado. Vamos a conseguir que este instrumento de preservación de los recursos naturales y de defensa del medio ambiente sea un medio más eficaz para atender las exigencias que la actividad económica precisa con trámites
administrativos más ágiles. Y también resulta necesario incrementar la transparencia de las actuaciones en que intervienen los distintos órganos administrativos. Decía antes mi compañero, el senador Julián Simón de la Torre, que se congratulaba de
las dos enmiendas transaccionales alcanzadas. Con la enmienda número 9 iniciamos ese camino que planteábamos en comisión, para que haya más claridad y más transparencia en lo que se refiere a procesos de evaluación ambiental donde haya varios
órganos que intervengan. En cuanto a la enmienda número 13 diré que nuestro grupo parlamentario entiende que es también importante que en materia de ejecución legislativa penitenciaria hayamos alcanzado un acuerdo. Con este proyecto de ley
contribuimos, sin duda, al desarrollo sostenible de la actividad económica de nuestro país ya que la introducción de la variable ambiental en la toma de decisiones debe ser compatible con una mayor eficacia en la realización de la evaluación
ambiental, basada, como decía antes, en la claridad del procedimiento y en la corresponsabilidad de todos los agentes intervinientes en el mismo.
Sin perder de vista que la evaluación ambiental se ha venido manifestando como la forma más eficaz para prevenir y evitar el deterioro del medio ambiente, se hace necesario que se adapte y se ajuste un marco temporal determinado para que sea
un instrumento facilitador de la actividad económica y social de una sociedad preocupada por que todos los efectos ambientales derivados de la actividad proyectada sean tenidos en cuenta.
Hoy mejoramos sin duda este proceso que atenderá las
exigencias de la actividad económica de nuestro país, pero no quiero finalizar mi intervención sin dejar de agradecer a todos los grupos parlamentarios el tono que han mantenido desde el inicio del debate ya en comisión.
Hemos sido todos conscientes de la importancia de este proyecto de ley, de la necesidad de su pronta entrada en vigor. Sin duda será un instrumento fundamental para poner más obra pública a disposición y, por tanto, poder generar empleo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Valín.
El señor VALÍN ALONSO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley, cuyo dictamen debatimos, corresponde a la adecuación de la Ley de impacto ambiental aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2008 y corresponde al procedimiento administrativo para la evaluación del impacto
ambiental. No es una ley fundamental, pero es una ley en la que se concreta el Estado de derecho en esta materia.
El motivo básico para su modificación es la aplicación de la Directiva 123/2006/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la liberalización de los servicios, que supone la supresión de gran número de autorizaciones administrativas que
pasan a ser sustituidas por comunicaciones o declaraciones responsables del prestador de los servicios. Por lo tanto, es necesario modificar, adecuar la Ley de impacto a esta nueva situación.
La obligada modificación del trámite que ello implica es recogida en el nuevo texto refundido atendiendo varios aspectos. Algunos de ellos no tienen carácter básico, son aquellos que afectan exclusivamente a los proyectos cuyo órgano
sustantivo es la Administración General del Estado.
En el texto se aprovecha para establecer plazos y condicionantes administrativos que clarifiquen la norma ante las nuevas situaciones.
Pero, en esa materia, en lo que no son condicionantes básicos, creo que es necesario aportarle mejoras, y las enmiendas -de la 2 a la 8- aportadas por el Grupo Popular van en el sentido de fijar las responsabilidades de la Administración
actuante y en el de disminuir los plazos. Pongo un ejemplo. El texto propuesto fija un plazo para la Fase 2 -una de las tres fases-, la de Estudio, información pública y consultas, de dieciocho meses, sin especificar qué parte de esos dieciocho
meses corresponde a la Administración.
Pues bien, la enmienda del Grupo Popular pide un periodo de doce meses, estableciendo que de esos doce meses tres sean los que puede utilizar la Administración del Estado para sus funciones.
Creemos que es necesario exigir a la Administración una mayor celeridad en estos procesos, que, en su conjunto, pueden llegar a durar treinta meses.
Señorías, si estamos pidiendo a nuestra sociedad un mayor nivel de competitividad, tenemos que empezar por que la propia Administración se exija a sí misma unos mayores niveles de celeridad, puesto que en muchas ocasiones una evaluación de
impacto ambiental es la fase previa para poner en marcha una nueva actividad, una nueva industria, una nueva inversión en nuestros territorios.
Tenemos la obligación -como decía antes- de iniciar ese proceso de mejora de nuestra competitividad en la sociedad española precisamente desde la propia Administración.
Creo que este conjunto de enmiendas, de la 2 a la 8, son de alto interés.
Se nos llena la boca a todos -como he dicho- señalando lo necesario que es esa mejora de competitividad, pero hoy la Cámara, con estas enmiendas, puede poner su
granito de arena para la misma.
Pero donde acaso sea más significativa la modificación del texto y donde más afecta a las competencias propias de la Cámara en tanto en cuanto esta es una Cámara de representación territorial es en alguno de los aspectos en los que la ley
tiene carácter básico. Me refiero a lo que afecta al órgano sustantivo del procedimiento -artículo 2.2 del texto refundido y artículos concordantes-, y de forma especial a esta Cámara porque atañe al ámbito competencial de las distintas
administraciones -fundamentalmente, la estatal y la autonómica.
Señorías, con independencia de que la reflexión y el debate sobre esta materia habría de elevar el tiro por enci-
ma de lo que corresponde estrictamente a esta ley, habrá de actuarse básicamente en consecuencia con el actual sistema competencial del Estado de las Autonomías.
El Estado tiene sus competencias, a las que no puede ni debe desde muchos puntos de vista renunciar. Las comunidades autónomas también tienen las suyas, a las que tampoco pueden ni deben renunciar.
Cuando en un proyecto determinado -como sucede en muchas ocasiones- confluyen competencias de ambos ámbitos, ¿cuál debe ser el ámbito sustantivo que tramite y desarrolle el proyecto?
No es extraño que las distintas sensibilidades de la Cámara, ante la indefinición que se plantea fundamentalmente en aquellos proyectos en los que intervienen esas administraciones, se hayan manifestado en las correspondientes enmiendas.
La propuesta del Grupo Popular, planteada en las enmiendas números 1 y 9, está perfectamente recogida: El órgano sustantivo en la tramitación correspondería a aquel que ostente las competencias en la actividad, para cuya finalidad se
orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostenten competencias sobre actividades circunstanciales o complementarias. Señorías, también la enmienda número 1, sobre el órgano ambiental, es fundamental porque es concordante con lo
anterior.
Agradezco que el espíritu de la enmienda número 9 se haya recogido en la transaccional aprobada por los grupos y confío en que entre todos se haya aportado racionalidad, evitando retrasos en la tramitación por las problemáticas de los
conflictos competenciales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
En primer lugar, votamos la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 12; en contra, 241.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 11 y 12, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 12; en contra 239.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta del Grupo Socialista de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 1 a 8 del Grupo Parlamentario Popular, ya que la enmienda número 9 tiene una transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 132; en contra, 118; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos las propuestas de modificación del dictamen con números de Registro 32793 y 32794. Entiendo que se aprueban por asentimiento en la medida que está firmado por todos los grupos parlamentarios.
(Asentimiento.)
Quedan aprobadas.
Votamos, señorías, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación que acabamos de efectuar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 254.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 254.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO (Número de expediente Senado 621/000035 y número de expediente Congreso 121/000035).
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
-- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO POR LA COMISION DE INFRACCIONES
PENALES (Número de expediente Senado 621/000038 y número de expediente Congreso 121/000036).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto sexto del orden del día: De la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley para la ejecución de la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso, y con el punto séptimo del
orden del día: Proyecto de Ley Orgáni-
ca de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Asensio.
Ruego silencio a sus señorías.
El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como presidente de la Comisión de Justicia tengo el honor de presentar ante el Pleno el dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 11 de diciembre de 2009, fecha asmismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El
plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el pasado día 23 de diciembre.
A este proyecto de ley se presentaron un total de 4 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
La comisión se reunió para dictaminar el día 22 de febrero de 2010 y, tras rechazar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, votó favorablemente el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un voto particular al dictamen de la comisión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación al debate de las enmiendas.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 4, tiene la palabra el senador Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente voy a defender el voto particular de las 4 enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso, que se había sustanciado en
el debate en el Congreso de los Diputados. Los textos presentados por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Justicia el pasado lunes día 22 fueron debatidos y rechazados.
Hemos presentado 4 enmiendas. La primera es de carácter técnico, de contenido puramente terminológico pues, como se expone en su justificación, tanto el dictamen del Consejo General del Poder Judicial como el del Consejo de Estado hacen
referencia a la terminología que se utiliza en el proyecto de ley que nos ha remitido el Gobierno, tras su aprobación en el trámite del Congreso de los Diputados, por ser su terminología demasiado vaga y genérica, debiendo citarse a los jueces y
tribunales, así como las sentencias, acomodándose mejor el lenguaje al Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial para definir, caracterizar y regular las instituciones procesales sustantivas y orgánicas
aludidas en cada caso. Responde a esas recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado esta enmienda número 1, que, repito, es de carácter técnico.
La enmienda número 2, al artículo 12 del anteproyecto, actual artículo 13, es de supresión porque, igualmente, en su informe el Consejo de Estado señala que la disposición marco de la Unión Europea no contempla este precepto. Ese es el
sentido de la petición de la supresión.
Las enmiendas números 3 y 4 son de sentido práctico, tendentes a la eliminación de trabas administrativas. Están en consonancia con un acuerdo genérico adoptado por el resto de los partidos en el debate, discusión y votación de la
implantación de la nueva oficina judicial.
Dicho lo cual, el Grupo Parlamentario Popular presentó esas 4 enmiendas.
Las dos primeras son de carácter terminológico y las enmiendas números 3 y 4 son modificaciones puntuales tanto para lograr mejoras en el aspecto penal como para
facilitar e implementar la implantación de la nueva oficina judicial. No tengo más remedio que lamentar que en el debate del Congreso no fueran consideradas y que en el debate del pasado lunes tampoco.
A pesar de las invocaciones al consenso, estas enmiendas números 3 y 4 fueron presentadas a instancias de colectivos relacionados con el libre ejercicio del derecho, carentes por completo de contenido ideológico o político, pero con un gran
sentido práctico para la eliminación de trabas administrativas, y muy en consonancia con los criterios de la recién aprobada nueva oficina judicial.
A pesar de que algunos portavoces en el trámite del Congreso valoraron positivamente estas enmiendas 3 y 4 y de que las números 1 y 2 atendían a consideraciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, mantuvimos su
debate, pero, dado que por algunos grupos así se me ha indicado y en aras de ese consenso que me gustaría que esta ley y la ley complementaria lograran, en este momento las retiro, después de haber expuesto las razones por las que fueron
presentadas, por atender a las consideraciones de órganos consultivos del Estado y porque colectivos profesionales de la abogacía así nos lo habían hecho llegar. Visto lo visto, en este mismo momento retiro las enmiendas números 1 a 4.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para manifestar, en nombre de Coalición Canaria, nuestro apoyo a esta iniciativa legislativa, que es consecuencia de la normativa y de la política europea en materia de libertad, seguridad y justicia de la Unión
Europea, lo que exige armonizar nuestras propias normas y nuestra propia legislación para facilitar la ejecución de las resoluciones judiciales de decomiso, bien las dictadas por un órgano judicial español, bien las dictadas
por un órgano judicial de algún otro país de la Unión Europea para su ejecución en España.
El hecho de armonizar todas las legislaciones de la Unión Europea en materia de decomiso de bienes o derechos que constituyen el producto de una infracción penal y los instrumentos de dicha infracción supone, a nuestro entender, un avance
importante en la lucha contra el crimen organizado en el seno de la Unión Europea y, en definitiva, en la lucha contra delitos como el terrorismo, la trata de seres humanos, la explotación sexual de menores y pornografía infantil, el tráfico de
drogas, los homicidios, robos organizados, chantajes, extorsiones o secuestros, entre otros muchos.
Por todo ello, reiteramos nuestro apoyo a esta iniciativa. Apoyaremos también la Ley orgánica complementaria de esta ley, que veremos a continuación y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso es -alguien ya lo dijo en su día- necesario, a la vez que razonable en sus contenidos articulados, y recalco lo de contenidos
articulados por lo que posteriormente señalaré.
Como bien se dice en el preámbulo del proyecto, el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales constituye la piedra angular en la consolidación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. Para la
plasmación de dicho principio, la Unión ha venido y viene dando sucesivos pasos mediante decisiones marco que arrancan con la de 13 de junio del año 2002 y que ha tenido continuidad en el tiempo hasta llegar a la decisión marco del Consejo de 6 de
octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso y cuya incorporación a nuestro derecho se efectúa precisamente con este proyecto de ley.
Nuestro grupo parlamentario, como ya quedó patente durante la tramitación en el Congreso de los Diputados, estaba y está sustancialmente de acuerdo con la transposición y regulación que con tal motivo se lleva a cabo. La mejor prueba de
ello es que no presentamos allí enmienda alguna y votamos a favor de la misma, e idéntica razón nos ha llevado a seguir sin enmendarlo a su paso por esta Cámara. Pero hete aquí que al hacer una lectura final sosegada, no del texto articulado, sino
de su preámbulo, hemos comprobado con asombro que en el punto final de su epígrafe II se dice textualmente lo siguiente: «( ) se exige la traducción al español (término acuñado ante las instituciones comunitarias para designar a nuestro idioma) de
los formularios que se remitan a nuestro país por las autoridades competentes de los demás Estados miembros. Con ello se consolida una línea de política lingüística que constituye una pieza básica para la eficacia del sistema, consistente en optar
por la lengua que conocen todos los jueces de España, sin necesidad de nuevas traducciones en el supuesto de reenvíos de las resoluciones en el territorio español o de desconocimiento del juez de la lengua cooficial y, en definitiva, retrasos en la
eficacia de las resoluciones a las que se refiere el certificado.» Continúa la exposición de motivos o preámbulo, aunque dejo aquí su lectura.
Señorías, señor ministro de Justicia -que en estos momentos no nos acompaña-, creemos que no es de recibo esta parrafada. Constituye todo un discurso que alguien ha tenido especial empeño en que figure, aunque afortunadamente luego no esté
desarrollado en el texto articulado del proyecto, pero pone de manifiesto eso que expresamente se dice: que se consolida una línea de política lingüística, una línea con la que no estamos de acuerdo, sino radicalmente en contra, y no la podemos
admitir.
Debo reconocer -mea culpa- que no hemos sido capaces de detectar la cuestión con anterioridad y soy consciente de que a estas alturas de la tramitación del proyecto de ley es posible que ya no dispongamos de vías reglamentarias que nos
permitan modificar esta redacción, pero tiene que comprender el señor ministro de Justicia que en los términos actuales no podemos apoyar el preámbulo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué salidas tenemos? Si su corrección no es posible, solamente nos quedaría
abstenernos en la votación final del proyecto como muestra de desagrado por algo que nunca debería haberse incorporado. Una abstención -que quede claro- no significaría oposición o reparo al texto articulado del proyecto de ley, sino únicamente a
este concreto pero importantísimo aspecto para nosotros apartado de su preámbulo.
En relación con el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y complementaria a la ley anterior, indicaré que nuestro voto sí será favorable.
Se trata de un proyecto de ley de artículo único que simplemente adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 89 bis de la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial para recoger la nueva competencia que corresponde a los juzgados de lo penal,
que es el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea cuando las mismas deban cumplirse en territorio español. Nada que objetar, ningún
pero que oponer a tal modificación en la medida en que viene dada por lo establecido en el artículo 4 de la ley matriz anterior y, en consecuencia, reitero que contará con nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.
Estaba ayer por la mañana en mi despacho preparando distintos temas que tenía para el Pleno de esta semana,
cuando sonó el teléfono. Me llamaba el senador Bofill, quien me leyó -me gusta decir las cosas como son porque creo que hay que ser honestos- lo que acaba de leer el senador Zubia en relación con el tema de la lengua que explica el
preámbulo de este proyecto de Ley. No daba crédito a lo que escuchaba porque me pareció sorprendente. Cogí el texto y la verdad es que la primera impresión que tuve al leer lo que ha referido el senador Zubia me pareció ofensivo, además de
absolutamente contrario al espíritu de la Constitución y mucha legislación que entre todos hemos hecho a lo largo de estos años. Luego me fui al articulado y es verdad que este no tiene nada que ver con lo que dice el preámbulo.
A nuestros compañeros del Congreso también se les escapó y fue por una razón que comprenderán. Es un tema muy técnico y uno empieza a leer el preámbulo y cuando lleva dos párrafos, deja de hacerlo. Es un tema tan técnico que incluso uno
duda de si sabe derecho o no, y lo digo yo que soy licenciado en Derecho. Y, por ello, me fui al articulado. Sin embargo, el senador Bofill me puso al corriente. Él no daba crédito, yo tampoco, y mi grupo parlamentario decidió votar en contra, a
pesar de que estamos de acuerdo con el contenido del proyecto de ley y de que votamos a favor en el Congreso de los Diputados. Pero, señorías, de verdad creo que no es bueno que el preámbulo siga formando parte del texto y que es, como mínimo,
ofensivo.
Dado que me consta que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno se han dado cuenta de que esto no es correcto, que es posible que a algún amanuense del ministerio se le haya ido la mano -ya saben ustedes que a veces hay alumnos
aventajados que quieren superar al profesor- y como tengo constancia de que no está en el ánimo del Gobierno mantener este redactado, nos vamos a abstener, como ha dicho el senador Zubia, con el fin de crear un clima que haga posible redactar de
forma distinta lo que dice el preámbulo, de acuerdo con la Constitución y, sobre todo, de acuerdo con el texto, con el artículo 7, de manera que no exista ninguna contradicción. Léanlo tranquilamente -me consta que son sensibles- porque de alguna
forma hay que arreglarlo.
Insisto, mi grupo parlamentario se va a abstener, a pesar de que nuestro voto hubiera sido favorable de no existir este problema, que se nos había pasado por alto, pero a veces la constancia del senador Bofill en algunos temas hace que donde
no llegue uno, lo haga otro.
Agradezco al senador Bofill que nos haya puesto al corriente de lo que ocurre porque hubiésemos votado de forma equivocada, que nos hubiese dejado un mal sabor de boca a todos, no solo a los grupos que estamos defendiendo el derecho al
respeto a nuestras lenguas cooficiales, sino al conjunto de la Cámara.
Por tanto, espero que entre todos tengamos, como decía Josep Pla, seny, mal traducido al castellano como un poco de cordura, y redactemos las cosas como manda la ley, la gran ley que es la Constitución.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Gràcies, president.
Gràcies, senyor Casas, per les seves amables paraules.
Debatem avui un Projecte de Llei que s'hauria de limitar a incorporar al Dret de l'Estat el contingut d'una Decisió Marc europea per al reconeixement de resolucions de decomís entre els estats membres.
Semblava, doncs, que era un projecte
en què tots estaríem d'acord, però resulta que ens trobem que fa una interpretació restrictiva i inacceptable pel que fa a la possibilitat d'ús de les llengües oficials en l'àmbit de la Justícia prevista sense ambigüitat en la Llei Orgànica del
Poder Judicial i en els Estatuts, amb unes formulacions que no respecten ni l'esperit ni la lletra de la Constitució.»
Continúo en castellano por una imposición reglamentaria, que confío en que muy pronto una mayoría de la Cámara deje en desuso.
Decía que el proyecto de ley que hoy debatimos debería limitarse a una incorporación técnica, sin gran perfil político, al Derecho del Estado, de las previsiones de una decisión marco europea con cuyo contenido estamos todos de acuerdo.
Ilusos, seguramente, no nos esperábamos que subrepticiamente aparecieran en el preámbulo unos planteamientos de política lingüística en el ámbito judicial que son, para nosotros, inaceptables.
Por un error, no se presentaron en el plazo previsto las enmiendas para intentar corregir el texto. Sin embargo, para que quede constancia y como punto de referencia para una interpretación de la norma ajustada a las leyes, ahora las
formulamos como lo hicimos en la comisión:
Enmienda número 1, de supresión de todo el último párrafo del apartado segundo del preámbulo.
Enmienda número 2, de modificación del párrafo tercero, del apartado 1 del artículo 15 en los siguientes términos. Así, donde dice: Cuando el certificado que acompañe a la resolución de decomiso no venga traducido al español , debería
decir: Cuando el certificado que acompañe a la resolución de decomiso no venga traducido al castellano o a la lengua oficial propia de la comunidad autónoma en que radique la autoridad judicial, se remitirá a la autoridad judicial que lo hubiera
firmado para que lleve a cabo la traducción correspondiente.
Las enmiendas que proponemos y que defenderemos para que se incorporen en futuras iniciativas legislativas son plenamente acordes con la Constitución y con la Ley Orgánica del Poder Judicial, no así el texto que hoy debatimos.
La Constitución, en ningún caso, habla de una única lengua española y, expresamente, habla de lenguas españolas, en plural, y en ese plural incluye explícitamente al castellano y a las demás lenguas oficiales en las comunidades autónomas.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece de forma clara y sin limitaciones en su artículo 231.4 que las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad
de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la comunidad autónoma. Es claro y diáfano para cualquiera, menos
para el redactor del preámbulo de este proyecto de ley que, enfáticamente y comprometiendo gravemente a un ministerio cuyo titular estamos convencidos que no comparte sus palabras, dice que la exigencia exclusiva del castellano consolida una línea
de política lingüística que constituye una pieza básica para la eficacia del sistema, etcétera, tal como lo ha leído con anterioridad el senador Zubia. El autor del preámbulo es perfectamente consciente de que está en contradicción con el artículo
231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e intenta hacer una interpretación restrictiva como si el origen, sea cual sea, de un escrito condicionara que fuera aceptado o no en la lengua propia de la comunidad. Y esto no es así. Si una autoridad
judicial europea de Amberes o de Perpigná remite un certificado, acompañado de la correspondiente traducción al catalán, a un órgano judicial radicado en Cataluña, el documento deberá ser aceptado a trámite porque así lo prevé la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Hoy no podremos corregir el texto de esta ley, sin embargo, tenemos confianza en que el ministro, desde su sensibilidad plural, encontrará el camino para hacerlo. Por nuestra parte estamos abiertos al diálogo y al acuerdo, puede contar con
nuestra colaboración. Realmente es una lástima que esta cuestión haya empañado hoy el trámite de una ley en cuyo contenido sustancial hay un gran acuerdo. Queremos que quede constancia de la voluntad del conjunto de los senadores de nuestro grupo
parlamentario para que se llegue a la aprobación de un nuevo texto que respete plenamente lo establecido en el artículo 231.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que reconozca explícitamente la plena validez de una traducción al catalán, al
euskera o al gallego, remitida por una autoridad europea a un órgano judicial radicado en una comunidad autónoma que tenga una de estas lenguas oficiales.
Por lo que se refiere a la votación, los senadores de Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya no votaremos el conjunto del dictamen y, tal como han manifestado los portavoces de otros grupos parlamentarios, nos abstendremos para
expresar con mayor claridad y contundencia nuestro desacuerdo, estando de todas formas abiertos al diálogo y a una negociación con el ministerio para que no se vuelva a repetir una situación como esta.
Gràcies, president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Abellán.
El señor ABELLÁN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a intentar ser lo suficientemente rápido para dar también nuestro punto de vista sobre las últimas consideraciones de los que me han precedido en el uso de la palabra. Efectivamente, el proyecto de ley para la ejecución en la Unión
Europea de las resoluciones judiciales por decomiso, así como la legislación complementaria que veremos en el punto posterior, tienen su origen en una decisión marco del año 2006, que nació en una reunión del Consejo Europeo en Tampere los días 15 y
16 de octubre de 1999. Por tanto, estamos ante una trasposición de una decisión marco de la que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Justicia decía que llegaba tarde y que había sido modificada.
Efectivamente, esa
modificación se produce con otra Decisión Marco 2009/299 para introducir elementos nuevos respecto a los derechos procesales de las personas en aquellos procedimientos que se celebran sin la comparecencia del imputado.
La ley que ahora debatimos introduce novedades muy significativas tales como la incorporación a los ordenamientos jurídicos, en este caso al español, de la Decisión Marco 2005/212 respecto al decomiso de productos, instrumentos y bienes
relacionados con el delito.
Otra novedad fundamental es remediar los problemas derivados de las dudas sobre la localización de los productos, bienes, dineros de ese delito internacional. Igualmente, se incluyen previsiones contenidas en la decisión marco, que
prácticamente se traslada en su integridad, respecto al destino de los bienes decomisados y el reembolso de determinados gastos. Y, por último, la ley confirma cuestiones que ya aparecen en leyes anteriores sobre reconocimiento mutuo de
resoluciones judiciales en la Unión Europea.
Dicho esto, realmente, este proyecto de ley fue debatido en el Congreso de los Diputados con un alto consenso, y es verdad que esta tarde se ha puesto de manifiesto por dos grupos que se pasó por alto la cuestión del preámbulo que hace
referencia a las lenguas oficiales.
Considero que la lengua no puede ser nunca un elemento de enemistad, sino todo lo contrario; la lengua debe ser un instrumento que afecte a las civilizaciones, a los pueblos y a las personas. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que
ser consecuentes y aplicar el principio general del derecho de los propios actos, en tanto en cuanto nadie puede ni debe ir en contra de sus propios actos.
Si ni en el Congreso de los Diputados ni en la tramitación en el Senado ha caído ni reparado ningún diputado ni ningún senador en esa delicada redacción del preámbulo, no es menos cierto que a lo hecho, pecho, y hay que ser consecuentes con
esa falta de diligencia de todos de no haber precavido una solución desde el punto de vista de utilizar la lengua como elemento de consenso y nunca de disenso. Desde ese punto de vista, yo quiero terminar diciendo, además, que si nos atenemos a la
legislación estatal, hay dos normas, una interna, como es la Ley de Enjuiciamiento Civil, que deja muy claro cómo han de tramitarse y utilizarse las lenguas en nuestro territorio, territorios autonómicos y territorio estatal, y, por tanto,
Administración judicial estatal y Administración judi-
cial autonómica, y son perfectamente compatibles como lenguas oficiales las reconocidas dentro del territorio nacional.
Ahora bien, el reglamento lingüístico comunitario, también es cierto, haciendo honor a la verdad, que solamente reconoce como lengua oficial el español o castellano. Habrá que avanzar, evidentemente, pero la realidad legislativa comunitaria
dice que eso es así. Solamente hay veintitrés lenguas oficiales en el seno de la Unión Europea. ¡Que pueden ser más! Evidentemente. El futuro está abierto al diálogo.
Por último, se han hecho enormes avances en el uso de las lenguas cooficiales dentro de la Unión Europea y, tan es así, que en el Consejo, respecto a los acuerdos administrativos, desde el 7 de noviembre del 2005, o en el Comité de las
Regiones, desde el 16 de noviembre del mismo año, en la Comisión Europea, desde el 21 de diciembre de ese mismo año, en el Comité Económico y Social Europeo, desde el 7 de junio del 2006, y el Defensor del Pueblo Europeo, también del 2006, se
permite el uso de todas las lenguas, incluidas las que no son el castellano.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, termine.
El señor ABELLÁN MARTÍNEZ: Por tanto, es un avance importante que no cierra, ni mucho menos, las puertas a nada; que después del lunes viene el martes; que después del sábado toca domingo y después de esto, seguro que vendrá una solución
posible y positiva.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para manifestar nuestro apoyo tanto al proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso, con motivo de la transposición de la Decisión Marco
2006/783 de Justicia y Asuntos Internos del Consejo, de 6 de octubre de 2006, como el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es complementaria para la ejecución de esas resoluciones judiciales de
decomiso.
Esta decisión marco que hoy nos ocupa y preocupa, la 2006/783/JAI del Consejo, es un nuevo acto normativo de la Unión Europea relativo a la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, que supone desde
nuestro punto de vista un destacado paso más en la consecución del espacio judicial europeo y un reforzamiento de la cooperación necesaria e imprescindible entre los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia organizada, facilitando la
superación de fronteras para combatir con firmeza, rigor y todos los instrumentos del Estado de derecho la criminalidad precisamente en el punto clave, que es la obtención de beneficios económicos.
La Unión Europea fomenta la ejecución directa de resoluciones de decomiso del producto del delito fijando procedimientos simplificados para el reconocimiento de dichas resoluciones entre los Estados miembros.
Establece, asimismo, normas,
como en esta decisión marco, que permiten el reparto de haberes decomisados entre el Estado miembro que pide el decomiso, el Estado miembro de emisión, y el que lo realiza, el Estado miembro de la ejecución.
Una vez manifestado nuestro claro y rotundo apoyo a estas dos decisiones normativas que hoy vamos a impulsar, me van a permitir que realice una crítica constructiva y ponga algunas objeciones. Critica constructiva porque es evidente, y así
se pone de manifiesto lo que ha sido el proceso de implementación de esta decisión marco del 2006 que hoy debatimos, que la gran mayoría de los Estados de la Unión Europea han cumplido los plazos para esa trasposición que tenía que haberse producido
en noviembre de 2008, o sea, lleva algo más de un año de retraso. Baste citar a Holanda, la República Checa, Finlandia, Rumania, Eslovenia, Austria, Polonia, Luxemburgo. Por ello, quiero hacer esta crítica constructiva sobre la lentitud en el
proceso de trasposición de algunas normativas, la parálisis legislativa en esta materia de trasposición de decisiones marco fundamentales en el pilar de seguridad, justicia y libertad de la Unión Europea y la pasividad por parte del Ministerio de
Justicia en algunas cuestiones de cooperación internacional.
Y no lo dice el Partido Popular. Se destaca la relación de esta decisión marco con una del 2005/212, de 24 de febrero, sobre el decomiso y los instrumentos y productos de delito y de bienes relacionados con el delito, que se va a trasponer
cuando se apruebe el código penal que está en trámite, a pesar de que esa decisión marco nos obligaba a que se traspusiera en marzo de 2007. Hay un descompás, una asimetría, que nos puede llegar incluso a impedir, como hizo el Consejo Fiscal en su
informe y el Consejo General del Poder Judicial, el decomiso ampliado que contempla la decisión marco del 2005, que no se ha implementado en tiempo y forma, porque se va a trasponer con casi tres años de retraso respecto a cuál era el mandato de las
instancias europeas.
Por lo tanto, me quedo con esa crítica constructiva, esa objeción a esa lentitud en la trasposición de decisiones marco en materia de decomiso.
El fiscal general del Estado, respecto a estas dos decisiones marco, pone una clara objeción, y
es que falta la necesaria actividad legislativa en la trasposición de esta decisión marco del 2005. Por lo tanto, se va a crear una asimetría y puede provocar problemas. Este retraso pone de manifiesto que el Ministerio de Justicia tiene
prioridades en algunas iniciativas legislativas y en otras tan importantes, como las trasposiciones de decisiones marco en materia de lucha contra el crimen organizado o la ciberdelincuencia, demuestra una pasividad que entendemos que no es de
recibo.
Anuncio nuestro apoyo firme a estos dos proyectos: el de ley ordinaria y el de ley orgánica. Pero me van a permitir esta crítica porque esta lentitud, esta pasividad y esta parálisis no es buena para la credibilidad de España en la Unión
Europea. Digo esto porque recientemente la Unión Europea nos remitió un escrito en el que decía lo siguiente respecto a la no trasposición de la decisión marco del 2005: Al momento de cumplirse lo previsto en esta norma, diez Estados han declarado
plena su trasposición, otros cinco están en el proceso y otros seis Estados, entre los que se encuentra España, no han remitido ninguna información respecto a la trasposición de la decisión marco. Y dice la Comisión -abro comillas-: Consideramos
preocupante que la trasposición de esta decisión marco haya avanzado tan poco en algunos Estados miembros como España, recordando que la adopción de disposiciones legislativas firmes y completas a escala nacional es indispensable para garantizar una
lucha eficaz en la Unión Europa contra la crimen organizado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. En la medida en que el Grupo Popular ha retirado las enmiendas, votamos el proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 227; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
Votamos a continuación el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la
comisión de infracciones penales. Votamos el proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 246; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la
ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales.
INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO
-- INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE CLARIFICACIÓN DEL SISTEMA DE VOTO EN LA ELECCIÓN DEL SENADO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL (Número de expediente 543/000001).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO
-- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, EN RELACIÓN A LA PAPELETA ELECTORAL (Número de expediente 622/000014).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación al punto octavo del orden del día: Informe de la Ponencia de estudio sobre clarificación del sistema de voto en la elección del Senado, constituida en el seno de la Comisión
Constitucional. Y, a su vez, el punto noveno del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado, proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación
a la papeleta electoral.
Para la presentación del informe, tiene la palabra el senador López Carrasco.
El señor LÓPEZ CARRASCO: Señor presidente, señorías, me corresponde presentarles el informe de la Ponencia de estudio sobre clarificación del sistema de voto en la elección del Senado, informe que fue aprobado por unanimidad de la Comisión
Constitucional en su sesión del pasado 2 de febrero.
Esta ponencia fue creada por acuerdo de la comisión del 18 de mayo de 2008, a propuesta de todos los grupos parlamentarios. El motivo principal fue la constatación del alto número de votos nulos y votos en blanco que se venía produciendo en
las elecciones del Senado, tanto en términos absolutos como en comparación con los porcentajes de estos mismos votos en el Congreso de los Diputados.
Esta situación podía relacionarse con el modelo de papeleta de votación empleado en las elecciones del Senado, más complicado, al exigir del votante seleccionar a sus candidatos entre todos los propuestos y más grande por existir una sola
papeleta donde figuran todos ellos. La finalidad de la ponencia de estudio era precisamente la de averiguar las causas de esta situación y proponer posibles soluciones.
La ponencia estuvo integrada por los siguientes senadores: por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la señora doña María Rosa Vindel López, los señores don Agustín Conde Bajén y don José Ferrández Otaño, si bien este último causó
baja como senador más tarde; por el Grupo Parlamentario Socialista, las señoras doña Ruth
Porta Cantoni, doña María del Carmen Silva Rego y doña Susana Sumelzo Jordán. La señora Silva Rego causó baja más adelante; por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el señor don Isidre Molas i Batllori; por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el señor don Jordi Casas i Bedós; por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el señor don Joseba Zubia Atxaerandio; y por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor don
Alfredo Belda Quintana.
La ponencia solicitó diversa documentación y antecedentes de la Junta Electoral Central y del Ministerio del Interior y procedió a su estudio.
La ponencia ha celebrado 12 reuniones de trabajo, entre ellas, unas con expertos, que expusieron su parecer sobre el tema. En concreto, comparecieron los profesores don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don
Miguel Presno Linera, don Gabriel Colomé García, doña Paloma Biglino Campos, don Julián Santamaría Ossorio, don José Ramón Montero Gibert, don Joan Marcet i Morera y don Pablo Santolaya Machetti; algunos de ellos, además, habían sido vocales de la
Junta Electoral Central. Asimismo, compareció el responsable de la empresa MEYDIS S.L., don Benjamín Caro Picón.
Todas estas autorizadas opiniones fueron analizadas en posteriores reuniones de la ponencia. Me consta que todos los ponentes han trabajado con el máximo interés, considerando y contrastando diversas fórmulas y posibilidades. Fruto de su
esfuerzo, han elaborado un informe aprobado por unanimidad. Esta unanimidad constituye prueba de la actitud institucional y suprapartidista que ha presidido todas sus actuaciones.
El informe incluye tres grupos de conclusiones: en el primero se proponen reformas legislativas, y así se acompaña una proposición de ley que da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 171 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General. Para que la papeleta de votación resulte más manejable y comprensible se dispone que el orden de las candidaturas venga determinado por el resultado de las últimas elecciones; que su presentación sea por columnas de izquierda a derecha y
de arriba abajo; que el orden de candidatos los decida la fuerza política correspondiente; que se omita el nombre de los suplentes en la papeleta de votación; y que conste una nota informativa a los votantes sobre el número de votos que pueden
emitir.
En el segundo grupo del informe, también con la misma finalidad de clarificación, se proponen reformas de la normativa de desarrollo que compete al Gobierno.
Finalmente, en el tercer grupo se hacen nuevas recomendaciones dirigidas a la Mesa del Senado.
Solo me resta felicitar a los ponentes por el buen trabajo realizado y por el interés y objetividad demostrados a lo largo de todo el proceso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser lo más breve posible dada la hora y la densidad de los debates que nos han precedido.
Tal y como manifestamos en la ponencia y en la comisión, Coalición Canaria está de acuerdo completamente con las conclusiones de la ponencia y con la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que hoy se nos trae
para su toma en consideración. Por tanto, dados los problemas que se han detectado y el gran número de votos nulos, estamos de acuerdo con las medidas que se proponen para solucionarlo. Por consiguiente, no voy a reiterar lo que nos ha dicho el
presidente de la comisión porque compartimos todos y cada uno de esos puntos que modifican el artículo 171 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de tal manera que con esta simplificación pensamos que la papeleta va a ser más sencilla
para los electores y disminuirá el número de votos nulos; la papeleta tipo sábana quedará en una mera papeleta tipo funda de almohada.
Pero lo que sí quiero explicar es el voto particular que hemos formulado a las conclusiones de la ponencia. No es un voto particular a la proposición de ley, sino que tiene un sentido de explicación de voto.
¿Por qué? Porque a pesar de
estar de acuerdo con todas estas modificaciones que se proponen, tanto a nivel legal como a nivel reglamentario, pensamos que podíamos haber llegado un poco más lejos y haber simplificado el sistema algo más, de tal forma que no fuera necesario que
todos los candidatos estuvieran en la misma papeleta. Desde nuestro punto de vista, no existe ningún impedimento constitucional para que los candidatos puedan agruparse por formaciones políticas y que cada formación política pueda disponer de su
propia papeleta con los recuadros correspondientes a sus candidatos y el elector pueda seleccionar a los candidatos de esa formación política o a los de otras formaciones políticas, combinándolos.
El problema es que la gran mayoría de los electores van con las papeletas ya provistas desde casa y el mailing electoral que hacen los partidos políticos, y no es lo mismo confeccionar una papeleta por formación política, porque es mucho más
sencillo y más económico, que confeccionar papeletas con todos los candidatos, con todos los retrasos que eso implica en caso de que no se verifique por la Junta Electoral Central.
También aludíamos en nuestro voto particular a que constantemente teníamos que estar solicitando a la junta electoral la ampliación de los plazos para el depósito de este mailing, y que es especialmente dificultoso en los territorios
insulares porque ese depósito se tiene que hacer en las oficinas de correos de cada capital de provincia, con lo cual, como a Canarias estos mailings electorales hay que llevarlos en avión o en barco, no se puede producir el más mínimo retraso. Por
ejemplo, si una candidatura tiene un problema en cuanto al nombre de un candidato o al logotipo, se produce un retraso, lo cual perjudica que el mailing se distribuya en Canarias.
La otra cuestión tenía relación con los nuevos sistemas de escrutinio que se han experimentado. Concretamente en las elecciones al Parlamento Europeo se han introducido unos códigos de barras y, si tenemos a todos los candidatos agrupados
en una misma papeleta, va a ser muy difícil que estos códigos de barras, que facilitan el escrutinio de la elección más tediosa de escrutar, que es la elección al Senado, puedan ser introducidos en esta papeleta al Senado.
Tenemos ejemplos en el derecho comparado, donde nos encontramos con Suecia y Letonia, que utilizan una papeleta por formación política con los candidatos de cada formación para elegir por parte de los electores. Hay otro sistema que es
incluso más sencillo que el de las formaciones políticas, y es el de Finlandia y Estonia.
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
El señor BELDA QUINTANA: Voy concluyendo, señor presidente.
Hay una papeleta en blanco. Cada candidato tiene un número y el elector simplemente introduce en la papeleta el número de los candidatos que quiere votar.
Para concluir, señor presidente, únicamente nos queda agradecer al letrado de la Comisión Constitucional, señor Santaolalla, y también a todos los ponentes el trabajo realizado. A la senadora Vindel, al senador Conde y al senador Ferrández,
del Grupo Popular; a las senadoras Porta, Silva y Sumelzo, del Grupo Parlamentario Socialista; al senador Molas, del Grupo Entesa Catalana de Progrés; al senador Casas, del Grupo de Convergència i Unió; y al senador Zubía, del Grupo de Senadores
Nacionalistas.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor BELDA QUINTANA: Con estas modificaciones vamos a aprobar la proposición de ley. Seguro que los electores nos agradecerán en las próximas elecciones la sencillez.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Como de todos es conocido, mi grupo parlamentario votó el pasado día 2, en la Comisión Constitucional, a favor del informe de la Ponencia de estudio constituida en el seno de la misma sobre clarificación del sistema de voto en la elección
del Senado. Es bueno y hasta necesario recordar que el motivo por el que se creó la ponencia no era otro más que la constatación de que en las elecciones al Senado se vienen emitiendo unos porcentajes de votos en blanco y nulos muy superiores a los
que se dan en las votaciones para el Congreso de los Diputados, lo que hacía conveniente, a nuestro entender, analizar el porqué o los porqués de esa situación que se produce elección tras elección.
Las actuaciones llevadas a cabo por la ponencia han sido bien diversas, como ha quedado resaltado, pasando por el estudio del resultado de las últimas elecciones generales del 9 de marzo de 2008, a la vista de las copias de las actas de las
juntas electorales provinciales remitidas por la Junta Electoral Central; pasando por el examen del modelo oficial de papeleta de votación empleada en cada una de las circunscripciones; pasando por el examen de la regulación existente en los
diferentes países de la Unión Europea, tanto en lo que tiene que ver con la presentación de candidaturas como con la papeleta de votación; pasando, finalmente, por la celebración de una serie de comparecencias de distintos expertos en la materia
que fueron invitados a informar sobre la cuestión con la intención última de buscar algún tipo de solución técnica, y que esta fuera la mejor.
El resultado final de todo ello ha sido la elaboración de un informe que contempla una serie de conclusiones y de propuestas concretas. La primera conclusión es plenamente coincidente con lo que todos sospechábamos, y es que una buena parte
de esos votos nulos y en blanco producidos en las elecciones al Senado tiene que ver con la dificultad de encontrar a los candidatos en unas papeletas en las que figura un considerable número de candidaturas, sobre todo en las circunscripciones de
gran población.
También tiene que ver con la forma y diseño de la papeleta, excesivamente grande en no pocas ocasiones, que dificulta su manejo por los electores e induce, evidentemente, a errores. Igualmente, se ha puesto de manifiesto que
tampoco es ajeno el hecho de que el elector no tenga del todo claro el número de votos máximo que puede emitir.
A la vista de tales conclusiones, el informe de la ponencia recoge una serie de propuestas en las que no me detendré individualizadamente por razones de tiempo y por haber sido ya explicitadas en el trámite de comisión por anteriores
intervinientes. Tan solo me fijaré, y muy brevemente, en aquellas medidas que se proponen y requieren una reforma legal, y más concretamente de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General.
Se ha suscrito por todos los grupos parlamentarios una proposición de ley de artículo único que modifica el artículo 171, apartados 2 y 3, de la LOREG, y cuya toma en consideración será objeto de votación tras este debate. Una proposición
de ley que trata de dar respuesta a los problemas detectados y que tiene como objeto, por un lado, incluir en cada candidatura a senador a dos candidatos suplentes en lugar de uno, como en la actualidad. Candidatos suplentes estos que, por lo
demás, solo figurarán en la publicación de las candidatas en el Boletín Oficial del Estado, pero no estarán incluidos en las papeletas electorales. Por otro lado, en esta proposición, y en relación con las papeletas de votación, el objetivo es
determinar que estas irán impresas por una sola cara, salvo que el número de candidatos supere el número fijado por la normativa de desarrollo de la ley, en cuyo caso irán impresas por las dos caras.
En cuanto al contenido propiamente dicho de las papeletas, se especifica que debe figurar en ellas la denomi-
nación, sigla o símbolo del partido, coalición, etcétera, que presenta al candidato o candidatos, y se determina -novedad importante, eso sí- que bajo esta denominación figurarán los nombres de los candidatos en el orden que libremente
acuerde cada partido, federación o coalición, y no por orden alfabético como en el momento presente.
También se establece en esa proposición de ley cómo deben ordenarse las candidaturas, así como el nombre de cada candidato, que irá precedido de un recuadro en el que el votante marcará con una cruz el correspondiente al candidato al que
otorga su voto.
Finalmente, se indica que en la misma papeleta aparecerá una nota informativa señalando el número máximo de candidatos que el elector puede votar, advirtiendo expresamente que cualquier alteración en la papeleta determina la nulidad del
voto.
Es evidente -y termino, señor presidente- que nos parecen oportunas y correctas estas modificaciones recogidas en la proposición de ley, y de ahí nuestra firma a la hora de su presentación. En consecuencia, anuncio que el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas va a votar a favor de su toma en consideración, al igual que lo hará en relación con el informe de la ponencia mencionada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
No voy a cansar a sus señorías especificando y concretando el acuerdo al que hemos llegado porque lo conocen sobradamente. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Hemos estado tiempo intentando resolver un problema que todos sabíamos que
existía. Las papeletas eran complicadas, en muchos casos era un hecho objetivo que inducían a error, y creo que al final, escuchando a muchos expertos y con voluntad de consenso por parte de todos los grupos, hemos conseguido dar una buena solución
al problema.
Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra aportación modesta al acuerdo, felicito a todos los ponentes porque, insisto, hemos hecho un buen trabajo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.
Hemos trabajado sobre un supuesto de hecho. No teníamos que hacer un análisis más allá de encontrarle una solución al progresivo aumento del diferencial entre el voto válido en el Congreso y el voto válido en el Senado. Este era el tema.
Por tanto, nosotros nunca hemos entrado en la cuestión de la participación electoral, sino en el problema de que quien decide participar se traduce en votos más altos en el Congreso que en el Senado. En definitiva, se trataba de encontrar las
razones y la terapia, si es que existe, para que se redujera el número de votos nulos o en blanco en el Senado. El propósito era clarificar el sistema de voto. Es decir, la pregunta sería: ¿Es una consecuencia del sistema de voto lo que induce a
que haya más votos nulos o en blanco en el Senado que en el Congreso? Es una posibilidad. Lo hemos estudiado y hemos visto que sí era posible clarificar el sistema de votación. Y la ponencia, que al menos desde mi punto de vista ha trabajado
magníficamente -y agradezco a todos sus aportaciones y la forma en que han abordado las cuestiones-, ha examinado las causas posibles, entre ellas las más técnicas, las que podríamos modificar sin entrar en discusiones generales sobre la forma de
votación en otros países -que también las hemos estudiado en otras cámaras legislativas-. Y hemos intentado encontrar medidas concretas. A lo mejor alguien podría pensar que son medidas muy pequeñas, pero hay que tener en cuenta que small is
beautiful, y que seguramente eso tendrá efectos. Pero no hemos intentado sustituir los trabajos sobre la necesidad de conseguir una mayor participación electoral en general, no hemos intentado sustituir los trabajos que se llevan a cabo en el
Congreso de los Diputados sobre la reforma de la Ley electoral española, sino que hemos intentado encontrar una fórmula lo más concreta y práctica posible -a aprobar por unanimidad, como así ha sido- que permitiera afrontar concretamente lo que
queríamos modificar.
¿Y cuál es la propuesta? Que mientras exista el Senado tal y como está, con su composición y con su forma actual -con independencia de que algún día lo reformemos, como yo desearía; yo seguiré dale que dale diciendo que eso es necesario-,
el voto de los ciudadanos pueda realizarse de una forma clara sin que exista dificultad alguna para los ciudadanos que desean votar.
Las propuestas son tres. En primer lugar, modificar el tamaño y el diseño de la papeleta, como se ha dicho antes, pasando de la sábana a la almohada; yo decía de la sábana al folio, poque, en principio, será un folio. Y, por tanto, con la
posibilidad abierta de que puedan constar en las dos caras de la papeleta los nombres de los candidatos, caso de que su número obligue a ello. De hecho, en las primeras y en las segundas elecciones de la democracia se votaba así. De ese modo la
papeleta se podría doblar de un modo más fácil para poder introducirla mejor en el sobre. Para ello sería conveniente, además, que hubiera menos nombres de candidatos. Por tanto, como se ha hecho ya en otras elecciones, habría que desplazar la
publicación de los suplentes -nosotros proponemos que sean dos para que no queden sitios vacantes- al Boletín Oficial del Estado donde aparecerán los suplentes proclamados y conocidos. Pero en la papeleta de votación deberán constar solo los
candidatos que en aquel momento se presentan a las elecciones, caso de que hayan obtenido los votos adecuados. Por tanto, en primer lugar, modificación de la papeleta, espectacular si se enseñan las dos, y más espectacular aún si se intentan doblar
la papeleta nueva y la vieja para meter en el sobre, sobre que sería igual.
Segunda modificación, ordenación de las candidaturas. Se realizaría de acuerdo con los resultados de las últimas
elecciones y solo se haría un sorteo para aquellos candidatos que no se hubieran presentado en las anteriores elecciones, con lo cual será más fácil su colocación partiendo de una claridad expositiva de entrada.
Y la tercera, que la ordenación interna dentro de las candidaturas que se presenten sea formulada no de acuerdo con el criterio del apellido del padre correspondiente -el orden alfabético- que ha dado lugar a análisis de ciencia política en
el sentido de que para ser senador de elección directa es mejor ser de la a que de la z, y que si es de la z mejor que fuera por las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
El señor MOLAS I BATLLORI: Me he pasado de tiempo, sí.
Si han conseguido saber cuáles son las modificaciones y están de acuerdo con ellas, yo les recomiendo que hagan lo que va a hacer mi grupo: votar a favor tanto del informe como de la proposición de ley, en el bien entendido de que la
cuestión básica es que en la ponencia y en la comisión todos estamos de acuerdo en que sería bueno recoger esta modificación. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy aprobaremos el informe de la Ponencia de estudio sobre la clarificación del sistema de voto en la elección del Senado. Ponencia que ha concluido tras casi dos años de trabajo con la presentación de un texto que será remitido
al Congreso de los Diputados tras su aprobación por esta Cámara.
Concretamente, daremos luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con la papeleta electoral, con el objetivo de que en las próximas
elecciones generales del año 2012 la papeleta electoral del Senado ya esté modificada.
Señorías, a lo largo de estos veinte meses de trabajo se ha reforzado la necesidad de crear esta ponencia y los trabajos que hoy les presentamos vienen avalados por las valiosas aportaciones de numerosos expertos y por el estudio y análisis
detallado de la documentación remitida por la Junta Electoral Central, consistente en las actas de las juntas electorales provinciales con los resultados de las elecciones del día 9 de marzo de 2008.
De todos los datos analizados, considero necesario destacar que el número de votantes para el Senado es ligeramente superior que para el Congreso en la mayoría de las provincias españolas. Lo destaco porque este dato desmiente la impresión
generalizada de que las elecciones al Senado despiertan menor interés que las elecciones al Congreso de los Diputados.
En cambio, y sorprendentemente, los porcentajes de votos nulos y blancos son mucho mayores en el caso del Senado que en el caso del Congreso en todas las circunscripciones electorales, registrándose cuatro veces más votos nulos que los
contabilizados en el Congreso.
Estos datos, esta diferencia injustificable, evidenciaba la necesidad de abordar el problema. Demandaba una respuesta por parte del Senado, una modificación necesaria para convertir el sistema de votación en una operación más comprensible y
fácil para el elector y, de esta forma, acercar el instrumento de voto a los ciudadanos.
Con el fin de ser breve, no me referiré a los acuerdos adoptados que ya se contemplan en el informe de la ponencia y que detalladamente ha explicado el senador Isidre Molas. Tan solo -y porque creo que él no lo ha hecho- me referiré a que
para simplificar el contenido de la papeleta se mostrará solo el nombre del candidato, sin suplentes, que a partir de ahora serán dos en lugar de uno, porque la experiencia ha demostrado su conveniencia.
El Grupo Parlamentario Socialista aplaude el acuerdo que también hemos adoptado referente a que se promuevan campañas divulgativas explicando funciones y competencias del Senado, incluyendo la forma y el procedimiento de elección de los
senadores.
Finalizo ya anunciando el voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, no sin antes felicitar a los portavoces del resto de los grupos por la buena disposición que ha imperado en la toma de decisiones. Porque para nosotros, los
socialistas, es importante poner en valor la capacidad demostrada en esta ponencia por todos los grupos para llegar a acuerdos, lo que demuestra que si hay voluntad es posible aunar posiciones y lograr un consenso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.
La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la Ley electoral nació para hacer efectivo el artículo 23 de la Constitución porque saben muy bien sus señorías que uno de los derechos fundamentales en todo Estado de derecho es la regulación del derecho de sufragio.
Quizás uno de los aspectos más dignos de ensalzar de nuestra Constitución, desde una perspectiva democrática, sean las reiteradas llamadas que se hacen en la Constitución a la participación de las personas en los diversos ámbitos de
convivencia que se extienden a lo largo de su texto.
La participación, señorías, se propugna como un valor en sí mismo, en palabras de Habermas, e incluso se transforma en una verdadera ideología cual es la democracia participativa.
El constituyente español, por razones obvias, se vio claramente influido por este orden de ideas, y por eso, en el artículo 9 proclama el principio de participación como uno de los ejes centrales que deben guiar la acción de los poderes
públicos y, así, materializa el principio democrático y la soberanía popular que se consagra en el artículo 1.
Naturalmente, señorías, el Tribunal Constitucional a lo largo de estos años no ha sido ajeno a estos principios y
mantiene en multitud de sentencias -y cito textualmente- que el derecho de sufragio activo es un aspecto indisociable de una misma institución, el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
Estos son los principios, señorías, pero ahora vamos a los hechos. Vez tras vez, convocatoria tras convocatoria electoral se vienen dando más votos nulos y en blanco al Senado que al Congreso de los Diputados y, señor presidente, señorías,
muy flaco favor estaríamos haciendo al principio constitucional de participación política si permitiéramos que esto siguiera ocurriendo.
Bien es cierto que esta distorsión ya se ha intentado solucionar en otras legislaturas, pero ha sido en esta, como muy bien ha subrayado en la presentación del informe el presidente de la comisión, en la que hemos detectado el problema y
también es la solución la que les vamos a plantear y les estamos presentando para que esto no vuelva a ocurrir.
Déjenme que les hable de mi circunscripción: Madrid. En Madrid, los votos nulos al Senado en las últimas elecciones generales multiplicaron por 4 los votos nulos al Congreso de los Diputados: más de 72 000 votos frente a más de 18 000
votos, y los votos en blanco al Senado duplicaron los votos en blanco al Congreso de los Diputados, con la paradoja, como muy bien decía la senadora Sumelzo, de que se registraron más votos al Senado que al Congreso de los Diputados. ¿Por qué
ocurrió esto, señorías? Lo van a ver rápidamente. Les voy a mostrar -el senador Molas dice que esto es muy espectacular- esta papeleta que es con la que votamos en Madrid, en mi circunscripción. Es decir, nos enfrentamos a esto cada vez que
tenemos que votar al Senado. Dado el ingenio popular, se la llama de muy diversas maneras, en el mejor de los casos unos la llaman sábana, otros acordeón, pero déjenme que les diga que todos los comparecientes que tuvimos el honor de escuchar y
disfrutar con sus intervenciones en la ponencia, la calificaron rápidamente, según la recordaban y según se la enseñamos, como un auténtico desastre. Está claro que había que cambiarla, y esta que les muestro ahora es la propuesta que les hacemos.
Mide 35 centímetros por 25 centímetros, es más simple, más racional, más reducida, como habrán podido ver, más ordenada, contiene instrucciones claras a la hora de emitir el voto, se dobla en dos, se introduce fácilmente en el sobre y no tiene
mayores problemas.
Señorías, este es el resumen del resumen del resumen. No me queda más que pedirles su respaldo a esta pequeña pero muy transcendente, como decía el senador Molas, modificación electoral de la única lista abierta que hay en elecciones para
cualquier tipo de Parlamento.
Si conseguimos, señor presidente, señorías, que en ninguna otra legislatura tenga que volver a plantearse este asunto, seguro que habremos acertado y el que ganará será, como pretendíamos y como hemos pretendido trabajando en la ponencia,
nuestro sistema electoral.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Un señor senador: ¡Bravo!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Antes de proceder a la votación, debo señalar que me sumo a las felicitaciones de los ponentes que, sinceramente, han hecho un buen trabajo. Se intentó legislatura tras legislatura y, evidentemente, no se consiguió. Por tanto, ha sido un
buen trabajo.
Pasamos a votar el informe de la ponencia.
¿Puede considerarse aprobado por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
Votamos la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación a la papeleta electoral.
¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobada. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES.
-- EN RELACIÓN CON DIVERSOS SEÑORES SENADORES (Número de expediente 542/000023).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto décimo del orden del día: dictámenes de la Comisión de Incompatibilidades.
Tiene la palabra el senador Imbroda.
El señor IMBRODA ORTIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra para presentar en este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en su sesión celebrada el pasado día 18 de febrero de 2010, y que se refiere exclusivamente a la senadora doña Leire Pajín
Iraola.
Aunque se trata de una sola señora senadora y, de acuerdo con el artículo 16.1 del Reglamento del Senado, este dictamen carece de motivación específica, puesto que la comisión, tras un detenido estudio de la declaración formulada por la
señora senadora, no encuentra causa alguna de incompatibilidad.
La señora senadora formula declaración completa y detallada, haciendo constar la percepción de ingresos en su calidad de ex secretaria de Estado y hasta el mes de julio de 2010, que tiene naturaleza compatible según criterio constante de la
comisión y de la Cámara.
No me cabe sino concluir solicitando el voto favorable de sus señorías para este dictamen favorable a la compatibilidad de la senadora doña Leire Pajín Iraola.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
Se entiende aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades en los términos en que aparece publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 417, de fecha 22 de febrero de 2010.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.
CORRECCIÓN DE ERRORES
En el Diario de Sesiones número 68, correspondiente a la sesión del Pleno celebrada el martes, 23 de febrero de 2010, en la intervención del señor Bofill Abelló, página 3510, columna derecha, quinta línea, debe decir: « en el tramo
Caldes-Sils.», y en la penúltima línea debe decir: « de la nueva autovía, entre Tordera y La Jonquera en el 2015.»