Séptimo

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

— Informe de la Ponencia de Estudio sobre nuevas
formas constructivas y nuevas tipologías de vivienda que se adapten a las
actuales necesidades y demandas de la sociedad española y que permitan
asimismo conseguir ahorros energéticos, constituida en el seno de la
Comisión de Vivienda. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, número 67, de fecha 27 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 543/000008)

Página
7448

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la
que se insta al Gobierno a tramitar con la mayor diligencia y rapidez
posible la aprobación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras

7483

El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de la enmienda.

El señor Batlle Farrán defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza,
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Roig i Grau, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así
como las señoras Hernández Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Xamena Terrasa, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.

Página

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE
LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7491

Página

De la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7491

La señora Rubial Cachorro, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.

Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la
Cámara.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Política Territorial en relación con la
Proposición de Ley por la que pasan a denominarse oficialmente
«Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales
llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya»

7492

Comienza el debate del articulado.

El señor Rabanera Rivacoba defiende las enmiendas números 1
a 5.

En turno en contra hacen uso de la palabra el señor
Anasagasti Olabeaga y la señora Rubial Cachorro.

En turno de portavoces intervienen los señores Mur Bernad,
por el Grupo Parlamentario Mixto, y Anasagasti Olabeaga, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas; así como la señora Cunyat
Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés; la señora Rubial Cachorro,

por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rabanera
Rivacoba, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas 1 a 5, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 110 votos a favor y 130 en contra.

Se aprueba el resto de la proposición de ley por 130 votos
a favor y 110 en contra.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley.

Página

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el
Proyecto de Ley de dinero electrónico

7500

El señor Vilajoana i Rovira, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

El señor Vilajoana i Rovira defiende las enmiendas números
4 a 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.

El señor Sanz Carramiñana defiende las enmiendas números 7
a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Serrano Argüello defiende las enmiendas números 1
a 3

En turno de portavoces intervienen el señor Vilajoana i
Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; la señora Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés; el señor Sanz Carramiñana, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Serrano Argüello, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 4 a 6, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a
favor y 220 en contra.

Se aprueba la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 129 votos a favor, 1 en contra y 107 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 121 votos a favor y 117 en contra.

Se aprueba la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 121 votos a favor, 109 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 237 votos a favor y 1 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 112 votos a favor, 117 en contra
y 8 abstenciones.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 237 votos a
favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en
relación con el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7506

El señor Bella Galán, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Roig i Grau defiende las enmiendas números 74 a
87, 89 a 94, 1 a 52, presentadas inicialmente de la 1 a la 16 por los
señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario
Mixto, y de la 17 a la 52, por el señor Sampol i Mas, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Los señores Guillot Miravet y Muñoz Hernández defienden las
enmiendas números 172 a 215, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés.

El señor Fidalgo Areda defiende las enmiendas números 216 a
231, 233 a 245, del Grupo Parlamentario Socialista, y la enmienda
transaccional presentada en comisión sobre la base de las enmiendas 88 y
232.

El señor Valín Alonso defiende las enmiendas números 95 a
171, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fidalgo
Areda.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero
Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, y Pérez Bouza, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Candini i Puig, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los
señores Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés; Llanos Vázquez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Valín
Alonso, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Página

De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de
Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas

7519

El señor Blanco García, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas números
3, 5 y 6, 11 a 14 y 16, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas.

El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas números
66, 68, 70, 72 a 74, 76, 77, 79 a 84, 86 a 89, 92, 93, 97 a 100, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Aleu i Jornet anuncia que decae su enmienda número
38, al haberse presentado una enmienda transaccional.

El señor Caballero Moya anuncia que decae la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 55 a
63, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al haberse presentado
una enmienda transaccional.

El señor Imbroda Ortiz defiende la enmienda número 49, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Uzquiza
González.

En turno de portavoces intervienen los señores Maldonado i
Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Aleu i Jornet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés; Caballero Moya, por el Grupo Parlamentario Socialista, e Imbroda
Ortiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En nombre del Gobierno hace uso de la palabra la señora
ministra de Defensa (Chacón Piqueras).

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 3, 5, 6, 11 a 14 y 16,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 11 votos a favor,
116 en contra y 111 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 122 votos a favor, 115
en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a excepción de
la 100 que ha sido transaccionada, por 10 votos a favor, 114 en contra y
113 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 111 votos a favor y 128 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 65649, por asentimiento de la Cámara.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 238 votos
a favor.

Se aprueba el resto del proyecto de ley, por 238 votos a
favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en
relación con el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

7529

Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 6 a 12, 14 y 15,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
presentadas inicialmente por los señores Quintero Castañeda y Belda
Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, por 6 votos a favor, 231 en
contra y 2 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 3, 4, 5 y 13, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presentadas
inicialmente por los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del
Grupo Parlamentario Mixto, por 115 votos a favor y 123 en contra.

Se aprueba la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presentada inicialmente por
los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario
Mixto, por 120 votos a favor y 119 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 17 a 52, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presentadas
inicialmente por el señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto,
por 8 votos a favor, 230 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 74, 78, 80, 84, 85, 86,
92 y 94, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, por 11 votos a favor y 228 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 75, 76, 77 y 93, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 239
votos a favor.

Se aprueban las enmiendas números 81, 82 y 89, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 129 votos
a favor y 109 en contra.

Se rechaza la enmienda número 91, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 10 votos a favor, 120 en
contra y 109 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 79 y 90, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 127 votos
a favor, 4 en contra y 106 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 172 a 215, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 6 votos a favor, 231 en
contra y 1 abstención.

Se aprueban las enmiendas números 216, 217, 219, 221, 230 y
231, del Grupo Parlamentario Socialista, por 237 votos a favor y 1
abstención.

Se aprueban las enmiendas números 218, 220, 222, 223, 226,
227, 228 y 229, del Grupo Parlamentario Socialista, por 130 votos a favor
y 108 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 224 y 225, del Grupo
Parlamentario Socialista, por 129 votos a favor, 1 en contra y 109
abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 233, 234, 236, 237, 238,
243, 244 y 245, del Grupo Parlamentario Socialista, por 126 votos a favor
y 113 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 235, 239, 240, 241 y 242,
del Grupo Parlamentario Socialista, por 130 votos a favor, 1 en contra y
108 abstenciones.

Se aprueba la enmienda transaccional presentada en comisión
sobre la base de las enmiendas 88, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y 232, del Grupo Parlamentario Socialista
por 129 votos a favor y 110 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 119, 123 y 163, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 118 votos a favor, 119 en contra
y 2 abstenciones.

Se rechaza el resto de las enmiendas números del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 112 votos a favor, 124 en contra
y 3 abstenciones.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 65581, por 239 votos a favor.

Se aprueban por asentimiento de la Cámara las propuestas de
modificación con número de registro 65582 y 65606.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 237 votos a
favor y 2 abstenciones.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de
Ley del Registro Civil

7532

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de
Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

7532

El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión,
presenta los dictámenes.

Comienza el debate del articulado.

El señor Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la enmienda número 49, originariamente presentada por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas; anuncia la retirada de las
enmiendas números 1 y 6, y defiende las enmiendas números 2 a 5, del
Grupo Parlamentario Mixto, todas ellas presentadas al proyecto de
ley.

La señora Parera Escrichs defiende la enmienda número 61
presentada al proyecto de ley, y la enmienda número 1 presentada al
proyecto de ley orgánica, ambas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 50 a
56, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al proyecto de
ley.

El señor Pestana Padrón defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista al proyecto de ley de vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 7, de
los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario
Mixto y 57, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y en lo
modificado por la enmienda 62 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.

El señor García Navarro defiende las enmiendas números 8 a
43 y 45 a 48, así como la enmienda transaccionar presentada en comisión
sobre la base de la enmienda número 44, del proyecto de ley, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pestana
Padrón.

En turno de portavoces intervienen el señor Belda Quintana,
por el Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Parera Escrichs, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como

los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Página

Habilitación del mes de julio de 2011 para la tramitación
de iniciativas legislativas

7545

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

Página

Habilitación del mes de julio de 2011 para la celebración
de sesiones extraordinarias de Comisiones

7546

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la
Cámara.

Página

Acuerdo del Pleno del Senado por el que se autoriza que la
Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se
tramite directamente y en lectura única, de conformidad con el artículo
129 del Reglamento del Senado

7546

Se acuerda por asentimiento de la Cámara que la Proposición
de Ley Orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se tramite
directamente y en lectura única.

Página

Acuerdo del Pleno del Senado por el que se delega en la
Comisión de Trabajo e Inmigración la competencia legislativa para la
tramitación del Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social

7546

Los señores Guillot Miravet y García-Escudero Márquez hacen
uso de la palabra.

Se acuerda delegar en la Comisión de Trabajo e Inmigración
la competencia legislativa para la tramitación del Proyecto de Ley sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, por 233 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de
Ley del Registro Civil. (Votación.)

7547

Se rechazan las enmiendas números 2 a 5, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor y 233 en contra.

Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas, por 5 votos a favor y 234 en contra.

Se rechaza la enmienda número 61, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 220 en
contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda 50, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 9 votos a favor y 230 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 52 y 55, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 10 votos a favor y 227 en
contra.

Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 9 votos a favor y 230 en contra.

Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 4 votos a favor, 233 en
contra y 2 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número
62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
por 117 votos a favor y 122 en contra.

Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas
números 7, de los senadores Belda Quintana y Quintero Castañeda, del
Grupo Parlamentario Mixto, y 57 del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por 123 votos a favor y 115 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 8 a 43 y 45 a 48, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 108 votos a favor, 126 en
contra y 3 abstenciones.

Se rechaza la enmienda transaccional presentada en comisión
sobre la base de la enmienda 44, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por 113 votos a favor y 126 en contra.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 125 votos
a favor y 114 en contra.

Se aprueba el resto del proyecto de ley, por 237 votos a
favor y 1 en contra.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de
Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
(Votación.)

7547

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor y 222
en contra.

Se aprueba el proyecto de ley orgánica por 239 votos a
favor.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica.

Página

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

7549

Página

Informe de la Ponencia de Estudio sobre nuevas formas
constructivas y nuevas tipologías de vivienda que se adapten a las
actuales necesidades y demandas de la sociedad española y que permitan
asimismo conseguir ahorros energéticos, constituida en el seno de la
Comisión de Vivienda

7549

El señor Giménez Martín, presidente de la comisión,
presenta el informe.

En turno de portavoces intervienen las señoras Arqué i
Ferrer, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Gómez
Cermeño, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor García
Ballestero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el informe por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta
minutos.

Página
7458

En el nuevo modelo el Ministerio de Fomento establece que
AENA se mantendrá como empresa matriz, conservando la condición de ente
público empresarial. De ella dependerán dos organizaciones completamente
separadas; una se ocupará de los servicios de navegación aérea y la otra
gestionará los aeródromos a través de AENA Aeropuertos. La gestión de los
aeropuertos, separada por completo, como digo, de la navegación aérea,
será encargada a esta sociedad anónima de nueva creación.

Ahora bien, transcurridos seis meses desde la publicación
de este real decreto-ley, tenemos el convencimiento de que el Gobierno no
tiene muy claro cuál va a ser el modelo aeroportuario que definitivamente
vaya a ser aprobado. Por eso creemos que es indispensable que lo concrete
cuanto antes, ante los continuos vaivenes de declaraciones de los
distintos responsables del transporte aéreo.

Por otro lado, a día de hoy no existe ningún estudio de
viabilidad económica de este proyecto de privatización en el que se
señale el valor real de todos y cada uno de los aeropuertos. Creemos
indispensable, pues, la elaboración de ese informe al objeto de evitar
que el 49% de AENA no se venda a precio de saldo y para que los futuros
compradores conozcan claramente cuál es el valor real de lo que van a
comprar.

Por último, hay que recordar que AENA tiene miles de
trabajadores que directa e indirectamente van a quedar afectados por este
proceso de privatización, por lo que consideramos necesario que el
Gobierno garantice los derechos adquiridos de los trabajadores de AENA y
el mantenimiento y la estabilidad de sus puestos de trabajo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta a la
consideración de esta Cámara una moción por la que el Senado insta al
Gobierno a que, en primer lugar, concrete definitivamente el modelo de
gestión aeroportuaria —parece bastante razonable que así
sea—, determinando cuál va a ser la participación exacta de las
comunidades autónomas, y que eso pueda ser debatido en el seno de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, presente
la valoración de todos y cada uno de los aeropuertos y helipuertos, así
como el estudio de viabilidad económica. En tercer lugar, se respete la
unidad y sostenibilidad de la red aeroportuaria española, porque si eso
no se hace aeropuertos claramente deficitarios, que son la inmensa
mayoría de los aeropuertos pertenecientes a AENA, quedarían sin cobertura
de financiación, con el riesgo de que pudieran ser cerrados aeropuertos
de gran trascendencia e importancia, como son, desde luego, los
aeropuertos de las islas y los aeropuertos o helipuertos de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla; por tanto, como digo, que se respete la
unidad y sostenibilidad de la red aeroportuaria española. Y por último,
se garanticen en todo caso los derechos adquiridos de los trabajadores de
AENA y el mantenimiento y la estabilidad de sus puestos de trabajo.

Señorías, lo que quiere el Grupo Parlamentario Popular con
esta moción es trasparencia, lo que quiere es conocer, lo que quiere es
que todos sepamos qué es lo que tenemos, dónde vamos, cómo lo vamos a
hacer, cuáles son las cargas que asumimos, cuáles son las ventajas y
cuáles los inconvenientes.

Esta moción, señorías, no tiene coste alguno. Esta moción
lo único que pretende es que las Cámaras, y especialmente el Senado,
puesto que los aeropuertos radican en comunidades autónomas que se van a
ver afectadas en su intervención o no, en el pago o no por el futuro
modelo aeroportuario, tengan plena conocimiento de qué es lo que se está
gestionando.

Muchas gracias. Buenos días. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación a la defensa de la enmienda de
Convergència i Unió.

Tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Efectivament, també vull donar la benvinguda als nous
senadors i desitjar-los una molt bona feina en benefici del seu territori
i del conjunt.

Per part de Convergència i Unió hem presentat aquesta
esmena, aquesta transaccional amb la voluntat de, sobretot, subratllar
una mica una qüestió que és el primer punt de la moció que presenta el
Partit Popular que és una qüestió que ens ha preocupat molt i que ens ha
inquietat, quan en el primer punt diu: concretar definitivament el model
de gestió aeroportuària espanyol determinant quina serà la participació
exacta de les comunitats autònomes en la gestió dels aeroports
pertanyents a AENA, remetent al Senat la proposta del nou model de gestió
aeroportuària.

Això és ben sabut, que per acords tant al Congrés com per
acords polítics, com per també tota la feina que s’està fent per
part del Govern espanyol, i en aquest cas també per part del Govern
català, establir els mecanismes de participació de les administracions
territorials incorpora una frase clau, una, diguem, expressió, que no és
una expressió sinó que és tota una filosofia que va més enllà
estrictament de dues paraules, que és l’expressió: la participació
determinant.

Nosaltres sota cap concepte renunciaríem al que és la
participació determinant i, evidentment, de la filosofia que se’n
desprèn del primer punt de la moció que presenta el Partit Popular sembla
que en cap moment hagin escoltat que això ja forma part d’un
compromís, ja forma part d’un acord aprovat en el Congrés dels
Diputats i a més a més d’acords bilaterals que hi ha hagut per part
dels diferents governs.

És per tot això que nosaltres presentem aquesta modificació
a la moció del grup del Partit Popular perquè més enllà que haguéssim
pogut trobar alguna possibilitat, que no ha estat el cas, de fer una
esmena transaccional —no ha estat el cas—, evidentment sota
cap concepte renunciaríem a aquesta expressió, que no és una expressió,
sinó que és una filosofia i són uns principis, que és la participació
determinant, amb tot allò que tingui que veure amb la gestió.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

También yo quiero dar la bienvenida a los nuevos senadores
y desearles un muy buen trabajo, con eficiencia en su territorio.

El Grupo de Convergència i Unió ha presentado esta
enmienda, con la voluntad, por encima de todo, de subrayar una cuestión
que se recoge en el primer punto de la moción del Grupo Popular, que nos
ha preocupado mucho y nos ha inquietado. Me refiero a que en el primer
punto se pide concretar definitivamente el modelo de gestión
aeroportuario español y determinar cuál será la participación exacta de
las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos pertenecientes
a AENA, remitiendo la propuesta del nuevo modelo de gestión
aeroportuario.

Es bien sabido que tanto por acuerdos en el Congreso como
por acuerdos políticos, así como por el trabajo que están haciendo el
Gobierno español y el Gobierno catalán, se establecen mecanismos de
participación de las administraciones territoriales, lo que no es solo
una expresión sino toda una filosofía que va más allá de dos palabras,
como es la expresión participación determinante, a la que bajo ningún
concepto renunciaríamos. Y, evidentemente, de la filosofía que se
desprende del primer punto de la moción del Grupo Popular no parece que
se haya escuchado en ningún momento que eso ya forma parte de un
compromiso, de un acuerdo aprobado en el Congreso de los Diputados y
además de acuerdos bilaterales entre los distintos Gobiernos.

Por todo ello, presentamos esta modificación a la moción
del Grupo Popular, porque, más allá de que hubiéramos tenido alguna
posibilidad —no ha sido el caso— de elaborar una enmienda
transaccional, como ya he dicho, bajo ningún concepto renunciaríamos a
esta expresión, que no es tal sino —repito— una filosofía y
unos principios: la participación determinante en todo lo relacionado con
la gestión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una enmienda a la moción que estamos debatiendo del Grupo
Popular, enmienda que a nuestro entender mejora el contenido y alcance de
los objetivos a los que se orienta.

La enmienda modifica los puntos 1 y 2 del texto propuesto,
se presenta con voluntad de transacción y acuerdo con los distintos
grupos, y en ningún momento entendemos que desvirtúe el contenido
sustancial. Por tanto, sería nuestra intención llegar a un consenso con
los diferentes grupos, al igual que ha sucedido en otras ocasiones.

En concreto, la redacción del punto 1 establece «culminar»,
frente a «concretar» —no hay nada que concretar, ya está
concretado, y hay un modelo definido; tenemos, pues, que seguir
avanzando—, la implantación del nuevo modelo de gestión
aeroportuario y determinar la participación de las comunidades autónomas
en la gestión de los aeropuertos de AENA. Ello recoge, además, como ha
dicho la senadora Candini, la filosofía que establece la moción aprobada
en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 8 de febrero de
2011.

Señorías, el Gobierno está en contacto permanente con las
diferentes comunidades autónomas para culminar el contenido y alcance de
su participación en el nuevo modelo de gestión aeroportuaria.

La moción del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el
futuro modelo de gestión aeroportuaria, aprobada por el Pleno del
Congreso de los Diputados, sintetiza los términos en los que se concreta
la participación de las diferentes comunidades autónomas en nuestro
modelo de gestión aeroportuaria. A través de dicha iniciativa, el
Congreso de los Diputados instaba al Gobierno, no solamente a la
incorporación de la Directiva 2009/12, de la Comunidad Europea, que
tuvimos la oportunidad de incorporarla a través del Título V mediante una
enmienda sobre seguridad operacional, del Grupo Socialista, sino también
los reales decretos de desarrollo.

En concreto, en lo que se refiere a los mecanismos de
participación de las comunidades autónomas, el punto 1 recoge que el
Gobierno preverá la participación determinante de representantes de las
comunidades autónomas y, en su caso, las administraciones locales y
sectores económicos en los consejos de administración de sociedades de
gestión individualizada de aeropuertos de alto volumen de tráfico y
especial complejidad en la gestión. Y también en esos aeropuertos
singulares concesionados, como son los de Barajas o El Prat.

Por otro lado, en el punto 2 se recoge que se adecuará el
régimen de contraprestación de los servicios aeroportuarios a través de
un sistema de precios privados respecto de aquellos servicios que no
tengan la consideración de prestaciones patrimoniales. Por tanto,
establecemos mecanismos que permiten incentivar y singularizar la
explotación de cada aeropuerto, generando una competencia entre ellos y,
al mismo tiempo, garantizando la sostenibilidad y el mantenimiento de la
red de aeropuertos.

Por último, el punto 3, importante, establece que se
actualizarán periódicamente los criterios de clasificación de los
aeropuertos de interés general.

Señorías, esta redacción da respuesta y es compatible con
el contenido de la moción que en su día presentó el senador Sampol, del
Grupo Parlamentario Mixto, para la promoción de un nuevo modelo de
gestión aeroportuaria que, en el caso de los archipiélagos de Baleares y
Canarias, incluye la participación de los cabildos y consells insulares.

Lo mismo ocurre con el contenido de la moción consecuencia
de interpelación presentada por el BNG, que en su momento requería la
descentralización de la gestión de los aeropuertos gallegos.

El nuevo modelo de gestión aeroportuaria ha sido
ampliamente debatido en las Cortes, y afortunadamente podemos decir que
hay un amplio consenso. Además, se han ido dando pasos que marcan los
hitos del avance, como después explicaré en el turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Socialista también ha incluido un
segundo punto, en el que se establece remitir al Senado, antes del inicio
del proceso de venta del 49% de AENA o de la adjudicación de la
concesión, un estudio de valoración de los bienes de AENA. Y ahí nos
quedamos, porque la remisión de un estudio de viabilidad económica del
nuevo modelo de gestión aeroportuaria que permita determinar una
rentabilidad fehaciente para los posibles inversores, tal y como propone
el Grupo Parlamentario Popular, desde nuestro punto de vista no es
oportuno ni conveniente.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor GORDO PÉREZ: Voy terminando, señoría.

El análisis de inversión a realizar por los distintos
grupos de inversores no le corresponde al Gobierno. Son ellos, los
inversores, los que han de conjugar el horizonte temporal de la
inversión, la tasa de descuento, el cash flow, y calcular la liquidez la
solvencia y la rentabilidad.

En aras de la transparencia, y sin ánimo de generar falsas
expectativas, entendemos que el Gobierno ha de proporcionar un estudio de
valoración de bienes que garantice la transparencia, la equidad y la
defensa del interés general.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para manifestar la posición sobre las dos enmiendas, la de
Convergència i Unió y la del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Burgos.

El señor BURGOS PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Senadora Candini, no podemos entender muy bien por qué
cuando el Grupo Parlamentario Popular presenta una moción con la que
fundamentalmente se piden datos y transparencia —repito: datos y

transparencia—, respeto, por lo tanto, para los
ciudadanos y las comunidades autónomas para que puedan tomar decisiones
con claridad, para que todos conozcamos las reglas del juego y para que
se respete el derecho de los trabajadores, no entendemos, insisto, que el
Grupo de Convergència i Unió presente una enmienda de sustitución para
que el Senado, en vez de aprobar el conocimiento, la transparencia, la
claridad y las reglas del juego, vuelva a aprobar una moción que ya está
aprobada por el Congreso de los Diputados. Sustituir una por otra, ni
siquiera complementarla, no tiene ningún sentido. Porque usted pide que
vuelva a aprobarse aquella moción, exactamente la misma, senadora
Candini, salvo en un apartado, y nosotros lo que pedimos
—insisto— es transparencia y conocimiento. Por lo tanto, no
vamos a aceptar su enmienda.

En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, ha presentado
una enmienda respecto de la que teníamos esperanzas de llegar al
entendimiento para suscribir una transaccional, puesto que estamos de
acuerdo en varios puntos. Quiero agradecer la actitud que ha tenido su
portavoz, pero la transaccional no ha sido posible por dos razones. La
primera, porque lo que quiere el Grupo Parlamentario Socialista es, en
vez de concretar el proyecto, concluirlo cuanto antes y concluir también
cuanto antes las concesiones. Pero ¿cómo vamos a concluir cuanto antes
las concesiones si no sabemos exactamente cuál es el modelo? Es más, el
pasado día 15 la propia AENA convocó el estudio de valoración de la
compañía, y da de plazo hasta el 1 de septiembre para las concesiones y
hasta el 15 de septiembre para los aeropuertos. Es decir, cuando no
sabemos lo que vale, cuando AENA acaba de convocar una licitación para el
15 de septiembre, para sacar esa información por 600 000 euros, se
pretende que concluyamos el proyecto cuanto antes y demos las concesiones
sin saber su valor. Parece que eso no tiene mucho sentido.

La segunda cuestión está en que se elimina la evaluación
económica. ¿Cuál es el proyecto económico? ¿Cómo vamos a seguir
conviviendo con aeropuertos —no voy a citar los nombres— que,
en algunos casos, tienen 826 o 1000 pasajeros al mes, o en los que se
cierran sus bares como consecuencia de que no hay suficientes pasajeros?
¿Cómo van a convivir todos esos aeropuertos con las necesidades de esos
territorios? Para que puedan convivir necesitamos saber cuáles van a ser
los ingresos, cuáles van a ser los gastos, y necesitamos saber también
cuál es el plan de viabilidad de cada uno de ellos. Usted dice que eso no
es necesario. Pues mire, en la licitación de AENA para que le digan cuál
es su valoración, también pide que le hagan una proyección hasta el año
2030 sobre cuál va a ser el tráfico aéreo para así conocer cuáles pueden
ser los ingresos de los aeropuertos. Por tanto, el plan de viabilidad
económica parece que es bastante razonable. Y de hecho la propia AENA lo
pide. Así pues, podríamos llegar a un acuerdo.

Señorías, tengo la esperanza de que podamos llegar a un
acuerdo, al menos con el Grupo Socialista, por el interés general. Si no,
se entendería muy mal que ustedes votaran en contra de que haya
conocimiento, transparencia, claridad, normas de juego claras, de que
podamos construir entre todos un sistema que a todos nos satisfaga y
cubra las necesidades en igualdad de condiciones y expectativas. Porque
eso es lo que queremos; lo que no queremos son atajos ni otras
actuaciones. Es decir, el votar en contra de la moción —e insto al
Grupo Parlamentario Socialista a que lleguemos a un acuerdo— sería
simplemente hurtar esa transparencia.

Por tanto, en aras del beneficio de todos los ciudadanos
españoles, en beneficio de todas las comunidades autónomas, y sobre todo
de aquellos pequeños aeropuertos que son absolutamente indispensables
para el desarrollo de un determinado territorio, como los de nuestras
islas y los aeropuertos y helipuertos de Ceuta y Melilla, les agradecería
que pudiésemos llegar a una transaccional en los próximos minutos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señorías, pasamos al turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra
el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, señor presidente. Bos días,
señorías.

O Grupo Parlamentario Popular, a través do senador Burgos,
propón unha moción que, se eu estivese de acordo coa filosofía de fondo,
que é a privatización do sistema aeroportuario do Estado español,
seguramente non tería ningún problema en apoiar porque, efectivamente,
reclama transparencia e ningún grupo desta Cámara seguramente esteamos en
contra de que esa privatización, que algúns defenden

—nós non—, se faga coa maior transparencia
posible e non se malvenda unha parte importante dun sector, o sector
aeroportuario absolutamente estratéxico para o futuro do noso Estado,
para o futuro do Estado español.

Pero hai un problema. O BNG manifestouse no Congreso e no
Senado —a última vez hai dúas semanas— radicalmente en contra
da posibilidade de privatizar o sistema aeroportuario. Dixémolo xa varias
veces: estamos en contra porque consideramos que non responde a ningunha
cuestión de interese xeral, que non vai achegar nada positivo para os
cidadáns, que non se vai conseguir nin moito menos esa ansiada baixada de
taxas, que non vai mellorar a competitividade e, polo tanto, simplemente
se fai para conseguir recursos fáciles que son pan para hoxe e fame para
mañá, nun momento de crise. Polo tanto, señorías, estamos en contra da
filosofía de fondo e, polo tanto, non podemos apoiar esta moción.

Nós defendemos menos privatización e máis participación das
comunidades autónomas na xestión dos aeroportos. Efectivamente,
coincidimos con Convergència i Unió en que queremos unha participación
absolutamente determinante e non queremos que as comunidades autónomas
actúen de comparsas neses consellos de administración ou neses órganos
que terán que no futuro controlar a xestión dos aeroportos. Queremos que
sexa determinante porque pensamos que o actual sistema aeroportuario do
Estado español é un auténtico caos e ademais é absolutamente insostible.
Non pode ser que teñamos o número de aeroportos que temos no Estado
español e non pode ser que ademais compitan entre eles aqueles que están
máis cerca territorialmente. Un exemplo absolutamente claro desta
situación é o que pasa en Galicia. En Galicia temos tres aeroportos nun
radio de menos de 100 km, separados por menos de 100 km entre os tres,
competindo entre os tres polos mesmos clientes, competindo polas mesmas
rutas de navegación aérea, con tres direccións distintas, mentres un
aeroporto próximo a Galicia doutro Estado —retírome ao de Portugal
en Oporto—, está levando unha parte importantísima dos pasaxeiros
que xera o noso país, que xera Galicia.

Por iso, nós pensamos que se as comunidades autónomas,
neste caso o Goberno de Galicia tivese capacidade de decisión e de
ordenación nese modelo de xestión aeroportuaria que nós defendemos,
pensamos de boa fe que esta situación se podería mellorar porque pensamos
que un Goberno, o Goberno de Galicia, se é un Goberno serio que pensa no
interese do seu país non permitiría este tipo de disputas localistas,
absolutamente localistas e empobrecedoras, entre Coruña, Vigo e Santiago,
e faría un deseño de país e cada aeroporto galego actuaría a modo de
terminal dedicándose a unha cuestión de xeito preferente, a distintas
rutas en función da estratexia que se deseñase para cada un deles pero
cun criterio de país e cun criterio de sustentabilidade que neste momento
non existe.

Isto é absolutamente un caos. Polo tanto, señor Burgos, se
nós estivésemos a favor da privatización, sen dúbida apoiariamos ese
modelo. Se vostede, aínda estando en contra da privatización aceptase esa
emenda de Convergència i Unió ou parte desa emenda, onde queda
absolutamente claro, a min non me vale que xa se aprobase no Congreso, no
Senado temos aprobado moitas veces cousas que son redundantes co que se
ten aprobado no Congreso, o seu grupo, o Grupo Parlamentario Popular, é
un especialista en traer a esta Cámara debates que xa se deron no
Congreso e que aquí volvemos aprobar cuestións que das que xa se deu ese
debate noutras Cámaras.

Polo tanto, penso que é unha desculpa para aceptar esa
emenda que non é unha emenda que simplemente sexa de matiz, senón que é
de calado político e por iso vostedes non están dispostos a aceptala,
porque saben que seguramente no futuro serán os que teñan que deseñar
este modelo aeroportuario ao que o Partido Socialista lle abriu a porta
de xeito incomprensible que un partido de esquerdas lle abra a porta a
unha privatización deste nivel.

Polo tanto, o Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas imos votar en contra desta moción por esta cuestión clara
de que non compartimos a filosofía de fondo e nós defendemos claramente
menos privatización e máis participación das comunidades autónomas.

Nada máis e moitas grazas.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario Popular, a través del senador
Burgos, plantea una moción que, si yo estuviese de acuerdo con la
filosofía de fondo, que es la privatización del sistema aeroportuario del
Estado español, yo no tendría ningún problema en apoyar puesto que en
ella se reclama transparencia. Efectivamente, ningún grupo parlamentario
de esta Cámara estaría en contra de que esa privatización, que algunos
defienden —nosotros no—, se haga con la mayor transparencia
posible y no se malvenda una parte importante de un sector, el
aeroportuario, totalmente estratégico para el futuro del Estado español.

Pero hay un problema. El BNG se ha manifestado en el
Congreso y en el Senado —la última vez, hace dos semanas—
radicalmente en contra de la posibilidad de privatizar el sistema
aeroportuario. Hemos dicho varias veces que estamos en contra de eso
porque consideramos que no responde a ninguna cuestión de interés
general, que no aportará nada positivo para los ciudadanos y que no se
conseguirá, ni mucho menos, esa ansiada reducción de tasas ni tampoco
mejorará la competitividad. Por tanto, solo se hará para conseguir
recursos fáciles, que son pan para hoy y hambre para mañana en un momento
de crisis. Como digo, señorías, por estar en contra de la filosofía de
fondo, no podemos apoyar esta moción.

Nosotros defendemos menos privatización y más participación
de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos.
Efectivamente, coincidimos en que queremos una participación
absolutamente determinante y no que las comunidades autónomas actúen de
comparsas en esos consejos de administración o en esos órganos que en el
futuro tendrán que controlar la gestión de los aeropuertos. Queremos que
sea determinante, porque pensamos que el actual sistema aeroportuario del
Estado español es un auténtico caos y además es totalmente insostenible.
No puede ser que tengamos el número de aeropuertos que tenemos en el
Estado español ni que compitan entre ellos aquellos que están más cerca
territorialmente. Un ejemplo totalmente claro de esta situación es lo que
ocurre en Galicia. Allí tenemos tres aeropuertos en un radio de menos de
100 kilómetros que compiten entre sí por los mismos clientes y por las
mismas rutas aéreas con tres direcciones distintas, mientras que un
aeropuerto cercano a Galicia de otro Estado, Portugal —me refiero
al de Oporto—, se está llevando una parte importantísima de los
pasajeros que genera nuestro país, que genera Galicia.

Por eso, nosotros pensamos de buena fe que si las
comunidades autónomas, en este caso, el Gobierno de Galicia, tuviesen
capacidad de decisión y de ordenación en ese modelo de gestión
aeroportuario que nosotros defendemos, esta situación se podría mejorar.
Porque si el Gobierno de Galicia fuese serio y pensase en el interés de
su país no permitiría este tipo de disputas, totalmente localistas y
empobrecedoras, entre A Coruña, Vigo y Santiago. Haría un diseño de país,
y cada aeropuerto gallego actuaría a modo de terminal, dedicándose a una
cuestión de manera preferente, a distintas rutas en función de la
estrategia que se diseñase para cada uno de ellos, pero con un criterio
de país y de sostenibilidad que en este momento no existe.

Esto es un caos absoluto. Por lo tanto, señor Burgos, como
le he dicho, si nosotros estuviésemos a favor de la privatización sin
duda apoyaríamos ese modelo. Pero, aun estando en contra de la
privatización, pienso que podría aceptar esa enmienda de Convergència i
Unió o parte de ella, aunque haya quedado absolutamente claro que se ha
aprobado en el Congreso esa moción. Pero también muchas veces hemos
aprobado en el Senado cosas redundantes, y su grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, es especialista en traer a esta Cámara debates que
ya se han dado en el Congreso, volviéndose a aprobar aquí cuestiones cuyo
debate ya se ha llevado a cabo en la otra Cámara.

Por ello, considero que es una disculpa para no afrontar
esa enmienda, que no es de matiz sino de calado político, motivo por el
que ustedes no están dispuestos a aceptarla, pues saben que seguramente
en el futuro serán quienes tengan que diseñar ese modelo aeroportuario. Y
es incomprensible que un grupo de izquierdas, como es el Grupo
Socialista, acepte una privatización de ese nivel.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas votará en contra de esta moción, porque repito que no
compartimos la filosofía de fondo y defendemos menos privatización y más
participación de las comunidades autónomas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la
senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Senador Burgos: per part del Grup de Convergència i Unió,
no podem entendre massa bé que per demanar, segons vostè, transparència,
coneixement i claredat, s’hagi de renunciar als principis que ja
s’han acordat, que és la participació determinant. Perquè vostè sap
molt bé que tota proposta política, i sobretot quan està escrita, pot
tenir la part expositiva, la part dispositiva, però hi ha essencialment
una part, que és la part dels principis filosòfics, ideològics i
polítics, i aquesta part, la de la participació determinant, ja ha
avançat en el debat polític. Jo no sé si vostè no se l’ha fet seva;
en tot cas, serà qüestió de vostè o del seu partit polític.

Però com dic, el que representa des del punt de vista de
model de gestió de la participació determinant de les comunitats
autònomes i de les administracions locals, això ja s’ha avançat.
Per tant, no val portar una moció com si no hi hagués història en la
moció, com si no hi hagués tot un treball col·legiat per diverses forces
polítiques, i renunciar a aquest principi, que és bàsic.

I en canvi, això sí, en nom de la claredat, del coneixement
i de la transparència, es fa tota una sèries de propostes que nosaltres
hi podríem estar perfectament compromesos, però sense renunciar
—insisteixo— al principi de la participació determinant.

Vostè no ha tingut voluntat d’arribar a un acord, de
cap de les maneres. No ha volgut transaccionar. Nosaltres haguéssim estat
d’acord si agafava la part del punt primer, insisteixo, que és
aquesta de la participació determinant. Tota la resta, jo crec que en una
part, i també el senador Gordo, haguéssim pogut arribar a un acord,
perquè som els tres que més o menys ens hi hem implicat; vostè perquè és
qui promou la moció, i tant el senador Gordo com nosaltres mateixos
perquè fem alternatives a la seva pròpia proposta.

Però a vostè no li ha interessat. I vostè, amb la seva
exposició política, ha dit una cosa que és clau, que el defineix molt en
la manera de fer política, senador Burgos. M’explico; quan vostè
s’ha adreçat al senador Gordo, li ha dit: «en tot cas, senador
Gordo, si vostè creu que per l’interès general ens podem posar
d’acord, en benefici dels espanyols». Això ho fan molt sovint molts
que formen part del Partit Popular. Què vol dir? Que quan és interès
general, llavors els qui representem, segons vostès, una representació
política, segons vostès, minoritària, no tenim res a dir en el
plantejament de les qüestions. És això? Perquè d’això els faré
memòria per a moltes coses, llavors. Els en faré memòria per a moltes
coses. Perquè l’interès general es debat cada dia en moltes coses;
amb uns, amb uns altres i amb el conjunt. I tant de bo que la majoria de
coses de l’interès general fossin la suma de moltes voluntats
polítiques; tant de bo. Almenys per part del nostre grup polític,
contínuament intentem fer un exercici d’aquestes característiques.
Però no ens vingui aquí, senador Burgos, a intentar dir que el conjunt
dels senadors que no estan d’acord amb aquesta moció no respecten o
no volen la transparència, el coneixement i la claredat.

El que li hem de dir, senador Burgos, és que si de debò vol
buscar consens, ha de saber, fins a quin punt, quines són aquelles coses
en què podem arribar a un acord. Perquè transparència, coneixement i
claredat, en nom del meu grup, li puc assegurar que nosaltres ho volem,
però fins i tot, estic convençudíssima que el senador Gordo també hi
tenia molt d’interès; i el senador Muñoz, que és de l’Entesa,
que també n’hem parlat, i evidentment el senador Bouza, que
contínuament, amb les seves expressions, sempre reclama aquests principis
polítics. Per tant, els principis polítics de transparència, coneixement
i claredat no se’ls faci seus. Li demano això: no se’ls faci
seus. Perquè tots, en la mesura de les nostres possibilitats, intentem
que formin part.

El que sí que li demano és que quan algú porta una moció a
una cambra com aquesta, si l’aritmètica és la que hi ha, ha de fer
més exercici polític, senador Burgos. No pot ser que digui: jo no
renuncio ni a una coma, i a més a més, crec que part de les coses que es
parlen no tenen importància. Escolti, per part del Govern de Catalunya i
per part del Govern espanyol, i el seu secretari del Ministeri, Isaías
Táboas, estan avançant moltíssim en totes aquestes qüestions. Vostè és un
home que, em consta, llegeix tots els diaris, vostè ha de saber aquesta
part d’informació. I és una persona, a més a més, molt rigorosa i
que té molta cura quan intenta fer les coses. Doncs no oblidi part de la
història; la història també és aquesta. La història també és aquesta. Es
fa feina cada dia en aquest sentit; però no renunciarem a la participació
determinant.

Vostè, si hagués volgut realment un acord, hagués pogut
trobar el punt intermedi que, posant aquest punt primer nostre, el que li
estàvem dient. D’altra banda, perdoni, l’alcalde Ruíz
Gallardón ho ha manifestat; la presidenta Esperanza Aguirre ho ha
manifestat; el Partit Popular, al programa electoral, de Catalunya, això
sí, també ho manifesta. Per tant, quan parla de l’interès general i
només s’adreça al senador Gordo... No sé, com que d’entrada
ja m’he sentit, per l’expressió que vostè ha fet servir, que
estàvem absolutament al marge d’això —cap problema, perquè no
és la primera vegada, i en tot cas, per sort, ens trobarem en molts
debats aquí i recordarem que s’entén per interès general i que
s’entén per actitud política també.

Insisteixo: vostè no pot portar aquí una moció que rebaixi
els plantejaments polítics, filosòfics i de principis d’allò que té
a veure amb el punt de vista de la gestió aeroportuària. Nosaltres
haguéssim estat d’acord, sense renunciar a això, a trobar punts
d’acord als seus punts 3 i 4, i al 2 també; però, evidentment, la
seva manca de voluntat i d’intentar trobar cap tipus de
transaccional, ho ha fet impossible.

Per tot el que he expressat, evidentment, votarem en
contra. Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Senador Burgos, en el Grupo de Convergència i Unió no
podemos entender que para pedir, como dice usted, transparencia,
conocimiento y claridad haya que renunciar a unos principios que ya se
han acordado, como el de la participación determinante. Sabe usted muy
bien que toda propuesta política, sobre todo, cuando está escrita, puede
tener su parte expositiva y su parte dispositiva, pero hay una parte
esencial: la de los principios filosóficos, ideológicos y políticos. Y la
participación determinante ya ha avanzado en el debate político. No sé si
usted no la ha hecho suya, pero, en todo caso, esa es una cuestión suya o
de su partido político.

Como digo, ya se ha avanzado en lo que representa la
participación determinante de las comunidades autónomas y las
administraciones locales desde el punto de vista del modelo de gestión,
por lo tanto, no vale traer una moción como si no hubiera historia
detrás, como si no hubiera todo un trabajo colegiado por diversas fuerzas
políticas, renunciando a ese principio, que es básico.

En nombre de la claridad, del conocimiento y de la
transparencia se hacen toda una serie de propuestas con las que nosotros
podríamos estar perfectamente comprometidos, pero sin renunciar
—insisto— al principio de la participación determinante.

Usted no ha tenido voluntad de llegar a un acuerdo de
ninguna de las maneras. No ha querido transaccionar. Nosotros habríamos
estado de acuerdo si hubiera aceptado la parte del punto primero que,
repito una vez más, se refiere a la participación determinante. En todo
lo demás, también con el senador Gordo, habríamos podido llegar a un
acuerdo, pues somos los tres que nos hemos implicado: usted, porque es
quien promueve la moción, y tanto el senador Gordo como nosotros mismos,
porque damos alternativas a su propuesta.

Pero a usted, senador Burgos, no le ha interesado eso, y en
su exposición política ha dicho algo clave que define su forma de hacer
política. Me refiero a cuando se ha dirigido al senador Gordo, y le ha
dicho: En todo caso, senador Gordo, si usted cree que, por el interés
general, nos podemos ponernos de acuerdo en beneficio de los españoles...
Pues bien, eso lo hacen muy a menudo muchos que forman parte del Partido
Popular. ¿Y qué quiere decir? ¿Que cuando se trata del interés general,
quienes tenemos una representación política, según ustedes, minoritaria
no tenemos nada que decir en el planteamiento de las distintas
cuestiones?¿Es eso? Porque si es eso puedo recordárselo con muchas cosas,
y es que el interés general se debate cada día en muchas cosas entre unos
y otros y con todos en su conjunto. Ojalá la mayoría de cosas del interés
general fueran la suma de muchas voluntades políticas, al menos por parte
de nuestro grupo político continuamente intentamos hacer un ejercicio de
estas características. Así que no nos venga aquí, senador Burgos, a decir
que el conjunto de los senadores que no están de acuerdo con esta moción
no respetan o no quieren transparencia, conocimiento y claridad.

Senador Burgos, si realmente quiere buscar el consenso debe
saber cuáles son aquellas cosas en las que podemos llegar a un acuerdo y
le aseguro —y hablo en nombre de mi grupo— que queremos
transparencia, conocimiento y claridad. Y estoy convencida de que el
senador Gordo también tiene mucho interés en eso, así como el senador
Muñoz, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y el señor
Pérez Bouza, que continuamente con sus expresiones reclama siempre estos
principios políticos. Por lo tanto, no haga suyos los principios
políticos de transparencia, conocimiento y claridad. Eso le pido, que no
los haga suyos, porque todos en la medida de nuestras posibilidades
intentamos formar parte de ello.

También le pido que cuando alguien traiga una moción a una
Cámara como esta, siendo la aritmética como es, haga un ejercicio
político, senador Burgos. No puede ser que no renuncie ni a una coma y,
además, manifieste que parte de las cosas que se hablan no tienen
importancia. Por parte del Gobierno de Cataluña, del Gobierno español y
de su secretario en el ministerio, Isaías Táboas, se está avanzando
muchísimo en todas estas cuestiones. Me consta que usted lee todos los
periódicos, así que debe conocer esa información. Sé también que usted es
una persona muy meticulosa y rigurosa cuando hace las cosas, entonces no
olvide parte de la historia porque la historia también es esta. Se hace
trabajo todos los días en este sentido y no renunciaremos a una
participación determinante.

Si realmente usted hubiera querido un acuerdo podría
haberlo encontrado en un punto intermedio incorporando nuestro punto
primero. Por otra parte, el alcalde Ruiz-Gallardón lo ha manifestado y la
presidenta Esperanza Aguirre también. El Partido Popular, en el programa
electoral de Cataluña, eso sí, también lo ha manifestado. Entonces, no
entiendo por qué cuando habla del interés general solo se dirige

al senador Gordo. Desde luego, yo me he sentido por la
expresión que ha utilizado usted absolutamente al margen de esto, aunque
no tengo ningún problema porque no es la primera vez y, por suerte, nos
encontraremos aquí en muchos debates y recordaremos qué se entiende por
interés general y por actitud política.

Insisto en que usted no puede traer aquí una moción que
rebaje los planteamientos políticos, filosóficos y de principios de lo
que tiene que ver con el punto de vista de la gestión aeroportuaria. Sin
renunciar a esto, nosotros queríamos encontrar puntos de acuerdo respecto
a sus puntos 2, 3 y 4 pero, obviamente, su falta de voluntad para
intentar encontrar algún tipo de transaccional lo ha hecho imposible.

Por todo lo expresado, evidentemente, votaremos en contra.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Muñoz.

El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Bon dia, senyories, senyor
president. En primer lloc, voldria recordar que els aeroports avui per
avui són molt més que una infraestructura de transport, són un factor
clau de desenvolupament econòmic de primera magnitud.

Com va dir el meu company el diputat d’Esquerra Joan
Ridao al Congrés, no té en aquests moments raó de ser un model de gestió
aeroportuari com l’espanyol: centralitzat, radial, en què tot el
sistema gira al voltant d’un aeroport que és alimentat per altres
aeroports considerats com a secundaris i on, a més a més, les principals
decisions es prenen d’un sols ens públic estatal amb seu social a
la capital d’Espanya.

El que funciona al món, i ens ho explica clarament
l’expert Germà Bel al seu magnífic assaig España, capital París,
allò que funciona al món sota fórmules diferents de gestió privada,
pública, o pública, o privada, amb gestions de gestió plenament
individualitzats i singulars on els aeroports competeixen entre sí i on a
la gestió tenen un important paper les institucions econòmiques i les
administracions territorials.

Així, pel que fa a la moció presentada pel Grup Popular i
tenint molt en compte el precedent de la moció aprovada pel Congrés dels
Diputats el 8 de febrer del 2011, amb el suport del Grup Socialista, de
Convergència i Unió, d’Esquerra Unida, Iniciativa per
Catalunya-Verds i Esquerra, pel que fa al seu contingut dibuixava aquest
full de ruta clar pel que feia al futur model aeroportuari i deia: El
Congrés dels Diputats insta al Govern a dur a terme al llarg del 2011, a
través de la incorporació de la Directiva 2009/12 de la Comunitat Europea
relativa a taxes aeroportuàries, en la Llei de Seguretat Aèria i els
corresponents reials decrets que desenvolupen les previsions del Reial
Decret Llei 13/2010, una reforma estructural del model aeroportuari per
incrementar l’eficàcia i eficiència del sistema, millorar la seva
competitivitat i assegurar el compliment de les directrius europees. El
Govern dissenyarà un nou model que prevegi la participació efectiva de
les comunitats autònomes i, si s’escau, les administracions locals
i sectors econòmics en la gestió de l’aeroport.

D’altra banda, el Parlament de Catalunya, cal dir que
s’ha pronunciat de manera reiterada pel traspàs a la Generalitat
dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, i per la creació d’una
entitat consorciada que reconegui a les institucions catalanes una
participació dominant, torno a repetir, una participació dominant, en
l’òrgan de govern de l’aeroport de Barcelona mitjançant els
següents acords. Per exemple, l’any 1987 tenim la resolució del
Parlament de Catalunya sobre la gestió de l’aeroport de Barcelona;
tenim una moció número 50 del Parlament de Catalunya sobre la
participació de les institucions catalanes i gestió de les
infraestructures aeroportuàries; una altra moció número 67, també del
Parlament de Catalunya, sobre l’assumpció de competències en
matèria aeroportuària.

Per tant, i entrant al contingut de la moció que es
discuteix avui i que ha defensat el senador Ignacio Burgos, cal recordar
que a l’apartat número 1 on es demana que el Govern faci una
concreció del model de gestió aeroportuària determinant, quina ha de ser
la participació exacta de les Comunitats Autònomes i que sigui debatut a
la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, tot i que el
PP, el Partit Popular, no va votar la moció aprovada pel Congrés dels
Diputats del 8 de febrer, cal exigir que el seu contingut sigui respectat
com a proposta de mínims, és a dir, no podem començar un altre cop el
debat des de zero.

S’ha concretat molt més. El marc general que
contemplava el Reial Decret Llei 13/2010, aprovat al desembre de 2010,
que suposava la separació de la gestió aeroportuària de la gestió aèria,
en la perspectiva d’espai únic a nivell europeu i que introduïa
alguns elements de privatització del sistema.

Amb l’acord assolit al Congrés, el nou model de
gestió aeroportuària de l’Estat espanyol haurà de seguir les
directius següents: un model plenament descentralitzat, un model basat en
la competència entre aeroports de naturalesa empresarial, un model que
afavoreixi la capacitat de presa de decisió dels

gestors, i un model, finalment, que reconeix la
participació determinant de les comunitats autònomes inclosa la capacitat
de bloqueig pel que fa a les decisions estratègiques.

Es distingeix entre aeroports singulars, El Prat i Barajas,
i els d’alt volum de trànsit i especial complexitat en la gestió.
Els primers seran gestionats per societats concessionàries participades
per les comunitats autònomes, a més de les administracions locals i les
institucions econòmiques amb gestió plenament descentralitzada i
llibertat tarifària sota la tutela de l’autoritat tarifària i
d’acord amb les directrius europees.

Pels d’alt volum de trànsit i especial complexitat en
la gestió es crearà societats filials participades per les comunitats
autònomes amb un paper determinant al seu òrgan rector amb possibilitat
de presència d’un règim de preus privats i amb capacitat de
modulació sobre les tarifes.

Una vegada el Consell de Ministres ja ha autoritzat la
creació de la societat mercantil estatal AENA Aeropuertos S.A., com a
matriu o societat holding, hi haurà d’haver un procés de negociació
política respecte a les societats filials que s’hauran de crear a
continuació. Aquest model és plenament compatible, per tant, amb la moció
aprovada al Senat per assentiment de tots els grups parlamentaris el
passat 10 de març de 2010, una moció que va votar fins i tot el Partit
Popular.

Pel que fa a l’apartat 2 de la moció, a efectes de la
seva transparència és necessari comptar amb un estudi de la viabilitat
econòmica que comporta el projecte de privatització. Suposem que AENA ja
ha elaborat, o elaborarà, la corresponent memòria econòmica preceptiva
legalment en aquests casos.

Pel que fa a l’apartat 3 de la moció, considerem que
el plantejament ja exposat garanteix i millora la navegació aèria.
Caldria aclarir què entén el Grup Popular per unitat de la xarxa
aeroportuària i si pot ser un impediment a l’autonomia de gestió
dels aeroports i la participació de les comunitats autònomes amb caràcter
determinant.

I en l’apartat 4, pel que fa al manteniment de les
condicions laborals i drets adquirits dels treballadors d’AENA, ja
hem manifestat el nostre suport a aquesta petició, i s’ha assolit
un acord sindical amb el Govern que garanteix el manteniment i
estabilitat dels llocs de treball.

Per tant, i tenint en compte aquest argumentari, el meu
grup, l’Entesa Catalana de Progrés, votarà en contra de la moció,
mantenint-nos amb l’aprovada al Congrés el passat 8 de febrer.

Moltes gràcies.

Buenos días, señorías, señor presidente. En primer lugar,
quiero recordar que los aeropuertos hoy en día son mucho más que una
infraestructura, son un factor clave de desarrollo económico de primera
magnitud.

Como decía mi compañero y senador de izquierda Joan Ridao,,
en este momento no tiene razón de ser un modelo de gestión aeroportuaria
española centralizada y radial en la que todo el sistema gire en torno a
un aeropuerto que es alimentado por otros aeropuertos secundarios y en la
que, además, las principales decisiones se toman desde la sede social en
la capital de España.

Nos lo explica claramente el experto Germà Bel en su
magnífico ensayo España, capital París. Lo que funciona en el mundo son
fórmulas diferentes de gestión privada o pública, de gestión plenamente
individualizada donde los aeropuertos compiten entre sí y que en la
gestión tienen un importante papel las instituciones económicas y las
administraciones territoriales.

En cuanto a la moción presentada por el Grupo Popular
—y teniendo muy en cuenta la moción aprobada por el Congreso de los
Diputados el 8 de febrero de 2011 con el soporte del Grupo Socialista, de
Convergència i Unió y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds—, su contenido dibujaba esta hoja de ruta clara
del futuro modelo aeroportuario. El Congreso de los Diputados ha estado
realizando a lo largo de 2011 —a través de la incorporación de la
Directiva 2009/12 de la Unión Europea, relativa a tasas aeroportuarias, y
la Ley de Seguridad Aérea y los correspondientes decretos que desarrollan
las previsiones hechas por el Real Decreto Ley 13/2010— una reforma
estructural del modelo aeroportuario para mejorar la eficacia y
eficiencia del sistema, mejorar su competitividad y asegurar el
cumplimiento de las directivas europeas. El Gobierno diseñará un nuevo
modelo que prevea la participación efectiva de las comunidades autónomas
y de los sectores económicos en la gestión del aeropuerto.

Por otro lado, tengo que decir que el Parlamento de
Cataluña se ha pronunciado de manera reiterada sobre el traspaso a la
Generalitat de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell y por la
creación de una entidad consorciada que reconozca a las instituciones
catalanas una participación dominante; deben tener una participación
dominante en el órgano de gobierno del aeropuerto de Barcelona mediante
los

siguientes acuerdos: por ejemplo, en el año 1987 se
aprueban las siguientes resoluciones del Parlamento de Cataluña: sobre la
gestión del aeropuerto de Barcelona; la número 50 sobre la participación
de las instituciones catalanas en las infraestructuras aeroportuarias y
sobre la asunción de competencias en materia aeroportuaria.

Por lo tanto, y entrando en el contenido de la moción que
se discute hoy y que ha defendido el senador Burgos, tengo que recordar
que en el apartado número 1 se pide que el Gobierno concrete cuál ha de
ser la participación exacta de las comunidades autónomas y que sea
debatido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Aunque el
Partido Popular no votó favorablemente la moción en el Congreso de los
Diputados, se debe exigir que su contenido sea respetado como propuesta
de mínimos, es decir, no podemos empezar de nuevo el debate desde cero.
Se debe concretar mucho más el marco general que contemplaba el Real
Decreto Ley 13/2010, aprobado en diciembre de 2010, que suponía la
separación de la gestión aeroportuaria de la gestión aérea en la
perspectiva del espacio único europeo y que introducía algunos elementos
de privatización del sistema.

Con el acuerdo que se ha alcanzado en el Congreso, el nuevo
modelo de gestión aeroportuaria del Estado español deberá seguir las
directrices siguientes: un modelo plenamente descentralizado; un modelo
basado en la competencia empresarial entre aeropuertos; un modelo que
favorezca la capacidad de decisión de los gestores y un modelo que
reconozca la participación determinante de las comunidades autónomas,
incluida la capacidad de bloqueo en cuanto a las decisiones estratégicas.
Se distingue entre aeropuertos singulares El Prat, Barajas y algunos de
alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión. Los
primeros serán gestionados por sociedades concesionarias participadas por
las comunidades autónomas, además de las administraciones locales y las
instituciones económicas con gestión plenamente descentralizada y
libertad tarifaria bajo la tutela de la autoridad tarifaria y de acuerdo
con las directivas europeas.

En cuanto a los de alto volumen de tráfico y especial
complejidad de gestión, se crean las sociedades filiales participadas por
las comunidades autónomas con una participación determinante en su órgano
rector con posibilidad de presencia de un régimen de precios privados.
Una vez que el Consejo de Ministros ha autorizado la creación de AENA
Aeropuertos, S.A., como matriz o sociedad holding deberá haber un proceso
de negociación política respecto a las sociedades filiales que se deberán
crear a continuación .Este modelo es plenamente compatible, por lo tanto,
con la moción aprobada en el Senado por asentimiento de todos los
parlamentarios el pasado 10 de marzo de 2010. Una moción que también votó
favorablemente el Grupo Popular.

En cuanto al número 2 de la moción, es necesario contar con
un estudio de viabilidad económica del proyecto de privatización.
Suponemos que AENA ya ha elaborado la correspondiente memoria económica
preceptiva legalmente en estos casos.

Respecto al número 3 de la moción, consideramos que el
planteamiento ya expuesto garantiza y mejora la navegación aérea. Se
debería aclarar qué entiende el Grupo Popular por unidad de la red
aeroportuaria y si puede ser un impedimento para la autonomía de gestión
de los aeropuertos la participación de las comunidades autónomas con
carácter determinante.

En el número 4, en cuanto a las condiciones laborales y
derechos adquiridos de los trabajadores de AENA, ya hemos manifestado
nuestro apoyo a esta petición y se ha llegado a un acuerdo sindical que
garantiza el mantenimiento y estabilidad de los puestos de trabajo.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta este argumentario, mi
grupo, Entesa Catalana de Progrés, votará en contra de la moción,
manteniendo la aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 8 de
febrero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días de nuevo, señorías. Nadie puede poner en duda,
en estos momentos, que el sistema aeroportuario español es estratégico
para la economía y nuestro desarrollo, por muchas razones. En primer
lugar, porque en él trabajan 6000 empleados, porque dependen más de 140
000 empleos y casi un millón de puestos indirectos y, durante 2010, se
transportaron 187 millones de pasajeros. Por tanto, los aeropuertos
españoles hoy constituyen un factor decisivo de desarrollo económico. En
algunas comunidades autónomas, su contribución al producto interior bruto
—como es el caso de Madrid— es

superior al 10%; sectores como el turismo o el comercio se
resentirían si no contasen con unas infraestructuras como las que tenemos
en el momento actual.

El modelo actual de gestión aeroportuaria es sensiblemente
mejorable. Es un modelo centralizado, radial, que no se ajusta al modelo
de organización territorial del Estado, un modelo que cuenta con más de
veinte años y que es necesario modernizar y cambiar. Y a esto se orienta
el nuevo modelo de gestión aeroportuaria. Un modelo que recoge los
efectos del paso del tiempo de estos veinte años; que recoge la
liberalización de compañías aéreas en las que se ha aumentado
notablemente la impronta de las compañías de bajo coste; un modelo que
recoge la modificación del marco regulador de la Unión Europea para
alcanzar en 2012 el objetivo del cielo único europeo; un modelo que
recoge la mejora sustancial de las infraestructuras y de los aeropuertos.
En los últimos años, hemos hecho una inversión superior a 17 000 millones
de euros y, al mismo tiempo, se ha profesionalizado notablemente el
desarrollo del personal.

Por tanto, estamos poniendo en marcha un conjunto de
medidas que están permitiendo abordar un importante proceso de mejora. No
solamente con la separación de las funciones de gestión de las de
navegación aérea, sino también con tres importantes actuaciones: la
creación de una nueva sociedad —AENA Aeropuertos—, que asume
la competencia de gestión de la red de aeropuertos estatales; la entrada
de capital privado de AENA y, sobre todo, también —que es el debate
de hoy— la participación de las comunidades autónomas en la gestión
de los aeropuertos a través de sociedades filiales, pero también a través
de la participación en los comités aeroportuarios y los comités de rutas.
Por eso, es difícil entender que el portavoz del Grupo Popular diga que
no tenemos claro el modelo.

Señorías, el modelo está concretado. Se inicia con el
desarrollo de la Ley 9/2010, por la que se regula la prestación de
servicios de tránsito aéreo, y con el desarrollo del Real Decreto
13/2010, que son los principales hitos para mejorar la eficacia y
eficiencia de la gestión, pero también para rentabilizar las inversiones
y conseguir el máximo aprovechamiento de las infraestructuras.

El 25 de febrero se constituyó la sociedad AENA
Aeropuertos, cuya actividad ha comenzado el 8 de junio. En julio se prevé
la constitución de las sociedades de Madrid y Barcelona, y a lo largo de
2011 se va a completar el proceso de capitalización.

El Gobierno ya ha autorizado el traspaso de activos de AENA
a AENA Aeropuertos y las ampliaciones de capital de la nueva sociedad. Se
prevé —ya está programado— la licitación de Barajas y El Prat
para este verano. Y el patrimonio neto de AENA, de 2600 millones de euros
—60% en forma de capital y el 40% en forma de reservas— se
constituyó con un capital social de 61 000 millones, y se ha realizado ya
una ampliación por valor de 1499 millones de euros.

En definitiva, AENA Aeropuertos se constituye así en el
principal gestor mundial de aeropuertos por número de pasajeros. Gestiona
47 aeropuertos y 2 helipuertos en España, y participa
directa-indirectamente en la gestión de otros 27 en todo el mundo.

Señorías, como pueden comprobar, avanzamos con paso firme
en el desarrollo del nuevo modelo de gestión aeroportuaria que moderniza
y garantiza la eficacia y la unidad de la red de aeropuertos españoles
sin interferir en la navegación aérea; un modelo claro, concreto y que
avanza con paso firme, que es lo que le compete al Gobierno.

Por otra parte, la moción del Grupo Popular hacía una
referencia expresa al ámbito laboral. Instaba al Gobierno a garantizar la
estabilidad. Pues bien, desde mi punto de vista, huelga, y le digo por
qué. Porque teniendo en cuenta la incidencia que la normativa enunciada
puede tener en las relaciones laborales, el pasado 8 de marzo de este año
AENA firmó con las organizaciones sindicales ,Comisiones Obreras, UGT y
USO, un marco de garantías que ofrece a los trabajadores afectados una
garantía efectiva de mantenimiento de sus condiciones laborales y de
empleo mediante la transformación del convenio colectivo de grupo
aplicable a AENA a un convenio colectivo de grupo aplicable a AENA
Aeropuertos Sociedad Anónima, sociedades filiales y sociedades
mercantiles concesionarias.

Señores del Partido Popular, como decía antes, su petición
de este punto 4 huelga, no tiene ningún sentido; el mantenimiento y la
estabilidad de los puestos de trabajo están garantizados.

El senador Burgos hacía una referencia expresa a la
transparencia. La transparencia del Gobierno es total, y se pone de
manifiesto no solamente en su actuación día a día sino en la información
facilitada. Lo que no se puede confundir es la información que necesitan
los distintos grupos de inversores para poder clarificar sus
expectativas, con lo que pide, en este caso, el Grupo Popular, que pide
información fehaciente que determine claramente la viabilidad.

Pues bien, a la hora de analizar la inversión, son los
distintos grupos los que han de determinar y concretar la tasa de
descuento, su cartera de servicios, sus opciones —y esto es lo que
determina la rentabilidad—. Por lo tanto, no se le puede pedir al
Gobierno que calcule la rentabilidad de los grupos de inversión, salvo
que queramos hacer otra cosa y estemos en la defensa de otros intereses,
que imagino no es el caso.

Por último, se habla de consenso: todo el consenso que
usted quiera. Lo decía la senadora Candini, que en aras del interés
general, estamos en disposición de llegar a un consenso. Y esto significa
sumar voluntades. Por eso, le hago la siguiente propuesta: En aras del
consenso —y será posible llegar a un acuerdo—, acepten el
punto 1 del Grupo de Convergència i Unió, acepten el punto 2 de la
propuesta del Grupo Socialista y nosotros aceptaremos los puntos 3 y 4 de
la moción del Grupo Popular. Sobre esta base, habría unanimidad y
consenso global, que, en definitiva, sería lo bueno para el interés
general de nuestro país, España.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Burgos.

El señor BURGOS PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Senadora Candini, entiendo que le guste Úbeda y sus cerros.
Pero lo que hace usted es salirse por los cerros de Úbeda. Nosotros lo
que proponemos es una moción para saber cuánto vale AENA, cuál es el
modelo, que no está cerrado, porque se ha encargado a Cuatrecasas y
todavía no ha dado el resultado. Si van a pagar 600 000 euros el Gobierno
de España y AENA a Cuatrecasas para que les dé el proyecto, será que es
porque no lo tienen. ¿O es que quieren tirar el dinero y regalar esos 600
000 euros a dicha empresa? Parece que no sería así la cosa.

En segundo lugar, nosotros hablamos de conocimiento,
transparencia, datos, viabilidad, pero usted plantea algo distinto.
Mientras que yo me refiero a la necesidad de estos datos, usted dice que
no quiere cambiar el modelo. Señoría, nosotros no entramos en eso, no
hemos discutido en absoluto sobre ese aspecto, que ha introducido usted
en un debate que no es el suyo.

Además, usted no ha querido una enmienda de adición, sino
de sustitución. Usted no ha querido que se hable de la claridad, de los
trabajadores, de la red y de la viabilidad, sino, simplemente, de la
moción aprobada en el Congreso, porque, si no, usted hubiera planteado
una enmienda de adición, no una de modificación que sustituye plenamente
a la que nosotros hemos presentado.

Senador Muñoz, nosotros no queremos un modelo centralizado.
Una cosa es un modelo en red y otra un modelo centralizado —que
quede completamente claro—. No queremos un modelo centralizado,
queremos un modelo en red, en el que todos puedan tener derecho a contar
con una salida o llegada desde un aeropuerto para desarrollar sus
posibilidades.

Señorías, el Gobierno socialista dice que tiene todo claro.
Sin embargo, ha venido presentando a las Cortes distintos modelos de
gestión de los aeropuertos de AENA. En diciembre de 2008, la ministra
Álvarez presentaba una gestión autónoma de los aeropuertos de gran
complejidad y un movimiento superior a los 30 millones de pasajeros al
año. Poco más de un año después, en enero de 2010, el ministro Blanco
anunciaba un nuevo modelo —y cito—: Se dará entrada al
capital privado en una cifra que no superará el 30% del accionariado. El
consejo de administración de estas sociedades contará con una mayoría de
representación estatal y en él tendrán cabida la representación de las
comunidades autónomas, ayuntamientos y cámaras de comercios. Es voluntad
de este Gobierno —afirmaba— que esta participación sea
realmente efectiva, por lo que se exigirán mayorías cualificadas para la
adopción de acuerdos estratégicos.

Esto, que coincidiría con la pretensión que hoy nos trae a
esta Cámara la senadora Candini, ¿en qué se refleja? Se refleja en que
unos meses después, el 3 diciembre, uno de los más importantes acuerdos a
que se tendría que llegar en esa conjunción de voluntades autonómicas,
locales y nacionales es que las franjas horarias las va a dar un órgano
independiente, es decir, no las va a dar esa conjunción de
administraciones. Por tanto, primer engaño, senadora Candini, y primera
mentira por parte de los socialistas, o del Gobierno —perdón.

El modelo anunciado en el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de
diciembre, dice que se venderá el 49%, frente al 30% que aseguraba un año
antes el ministro. Y además —después de haber dicho lo que dijo el
año anterior el señor ministro— manifiesta que la participación de
las comunidades autónomas se limitará

a estar presente en el órgano de impulso en el caso de las
concesiones y, en el resto de los aeropuertos, en los comités de
coordinación aeroportuaria, cuyas funciones serán de informe y
asesoramiento.

Por tanto, después de haber hecho un pronunciamiento
solemne en el Congreso de los Diputados el señor ministro, cuando es hora
de plasmarlo en la ley lo que dice es lo que dice. Y si ustedes se
quieren llamar a engaño lo hacen, como se llamaron a engaño cuando
votaron a favor de una ley de navegación aérea después de haberse
aprobado la moción de 8 de febrero, porque ustedes votaron a favor de una
ley que no contemplaba precisamente lo que ustedes pedían. Era la primera
vez que salía y ustedes no votaron a favor, es decir, votaron a favor de
algo que no recogía lo que ustedes querían. Y no hicieron nada para que
aquella enmienda recogiese lo que ustedes pretendían.

¿Cuál es el patrimonio de AENA, señorías? Y ¿cuánto vale,
que es la piedra angular? En la comparecencia de enero de 2010 el
ministro Blanco afirmaba que se habían invertido 17 300 millones de euros
en los últimos diez años; algunas obras faraónicas con inversiones que
nada tienen que ver con la funcionalidad del aeropuerto.

En la memoria de AENA de 2009, la última publicada,
afirmaba que el EBITDA era de 574 millones y los activos de 17 366
millones de euros. En el caso de AENA, el Gobierno valoró esta compañía
el día 15, mucho antes de que saliera a contratación y a licitación su
valoración, en 30 000 millones de euros. El Gobierno ha decidido que
retira los 12 000 millones de euros que tiene de deuda y que nos dejaría
un valor neto de la compañía en 18 000 millones de euros, de tal forma
que llegamos a los 9000 millones de euros que espera conseguir el Estado
con la venta del 49% de la sociedad. Sin embargo, si concesionamos los
dos aeropuertos principales y vendemos el 49% del resto, no sabemos muy
bien cómo va a conseguir AENA los ingresos para pagar la deuda de 12 000
millones de euros que antes hemos mencionado.

Frente a los 18 000 millones de euros en los que valora
Fomento, los expertos nos cuentan que la valoración ha de salir de la
operación de multiplicar entre 7 y 10 veces el EBITDA, de forma que en
realidad la cantidad resultante es de entre 4000 y 5000 millones de
euros, por lo que el valor que debería pedir el Estado por ese 49% se
situaría entre los 1960 y los 2500 millones de euros, frente a los 9000
millones de euros que pedía. Por tanto, existe una gran disparidad de
criterios.

Si como reiteradamente afirman tanto el señor Blanco como
el señor Lema el año que viene tendremos beneficios, ¿a qué tanta prisa
para vender si no es para hacer caja? ¿Por qué tenemos tanta prisa en
malvender?

La gran mayoría de los aeropuertos son deficitarios, ¿cómo
se van a financiar? Según el ministerio el nuevo sistema garantizará la
rentabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema de transporte aéreo. Y
continúa: la enmienda introducida en el Senado en la Ley de Seguridad
Aérea permite a los aeropuertos no concesionarios descuentos y
bonificaciones para adaptar el aeropuerto a sus expectativas —es
decir, para captar clientes—. Algunos aeropuertos pueden tirar los
precios y, en ese caso, ¿los que den beneficios tendrán que hacerse cargo
de los déficits? Aeropuertos con menos de 100 000 pasajeros al año e
incluso con poco más de 800 pasajeros al mes bajarán todavía más sus
ingresos, que no sus gastos, premiarán a las compañías de bajo coste,
mientras que las compañías más tradicionales que vuelan desde aeropuertos
con alto número de pasajeros ¿costearán ese déficit?

El Real Decreto Ley 13/2010 determina en su artículo 7 que
corresponde a AENA Aeropuertos la explotación de todos los aeropuertos y
helipuertos integrados en la red atribuida a su gestión. Según el señor
secretario de Estado de Transportes lo normal es que todos los recursos
que se obtengan de los aeropuertos que vayan mejor se utilicen para
compensar aquellos que no vayan tan bien. El nuevo modelo de AENA no es
que sea un sudoku, como decía Solbes, sino que es un enigma en el que las
cuentas no cuadran, en el que a cada cual se le dice lo que quiere oír,
en el que las inversiones milmillonarias se pretenden vender de baratillo
cuando, al parecer, no hace falta para hacer caja —según dice el
señor Lema— y en el que el resto de los trabajadores, gracias a los
sindicatos, siguen teniendo serias dudas sobre su futuro y más desde que
apareció la orden del ministerio el pasado 8 de junio.

Señorías, han sido tantos los despropósitos en materia de
transporte aéreo de este desgobierno socialista, tanta la improvisación,
tanto de decir lo uno y lo contrario, y tantas las rectificaciones que
necesitamos transparencia, cuentas claras, hojas de ruta definidas para
aquellas comunidades y ciudades donde el transporte aéreo es vital y
planes de viabilidad para los aeropuertos.

Señorías, el turismo es de los pocos motores de la economía
que nos queda y no puede ser que la puerta de entrada tenga este grado de
indefinición y de retrasos. Ustedes primero anuncian y, después,
contratan a empresas externas para que les digan el modelo y cuánto vale,
cómo se coloca para su venta y cómo se articula jurídicamente.

Señorías socialistas, el que no tiene cabeza no necesita
sombrero y el que no sabe adónde va nunca llega. A este desgobierno del
caos es lo que le ocurre y lo malo es que nos arrastra a todos los
españoles. Vengan ustedes al parlamento y no nos escatimen ni nos
escondan la posibilidad de debatir en el seno de las comunidades
autónomas el nuevo modelo de gestión. Den los datos con transparencia,
aclaren cuál es el futuro de los aeropuertos y de los trabajadores.
España no se merece este desgobierno, pero al menos cumplan con su
obligación de ser transparentes.

Señor presidente, permítame que haga una última mención y
es que recuerden, señorías, que es absolutamente inadmisible la cantidad
de accidentes con muertes en los trabajos aéreos. Regúlenlo de una vez,
que es su responsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, tomen asiento, por favor. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Pausa.)

Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que
acabamos de debatir del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 238; votos a favor, 110; votos en contra, 127; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE
LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE.

(Núm. exp. S. 662/000187)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a debatir la
siguiente moción, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de promoción y de la
cooperación española en materia de género en América Latina y el
Caribe.

Tiene la palabra la senadora Sanjurjo.

La señora SANJURJO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

Es para mí una gran satisfacción presentar esta moción ante
el Pleno de la Cámara en la que se aúnan gran parte de mis inquietudes
políticas y trabajo parlamentario en el Senado: la lucha por la igualdad
de género y el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe.
(El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Quienes trabajamos por la corrección de la desigualdad
entre hombres y mujeres sabemos de la importancia que tiene la aplicación
del concepto de transversalidad de género a las políticas públicas. La
cooperación al desarrollo y, diría más, el desarrollo mismo de los
pueblos ha de estar definido por esta idea de transversalidad por la que
todas las políticas públicas, tanto las de carácter estructural como las
de carácter sectorial han de incluir la perspectiva de género para
corregir las desigualdades históricas que se observan entre los sexos
que, además, de injustas, son manifiestamente ineficientes.
(Rumores.)

La moción que hoy sometemos a la consideración del Pleno
pretende consolidar el paradigma del desarrollo humano sostenible que
incorpore entre sus pilares el enfoque de género en desarrollo y la
promoción de los derechos de las mujeres, porque desde el Grupo
Socialista sabemos que la mejor manera de ayudar al desarrollo de los
países más desfavorecidos es apostar por el progreso de sus mujeres.
Cuando una mujer avanza lo hace también su familia y su comunidad. Hoy
nuestro país es uno de los referentes internacionales en cooperación al
desarrollo no solo por la cuantía de los recursos que destina a esta
tarea sino también por la forma en la que se orientan las acciones
públicas y privadas para la cooperación. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senadora
Sanjurjo, un segundo, o dos si es necesario. La Presidencia no tiene
problemas con el tiempo. Es un momento, señoría, no se preocupe, ya se
calmará el oleaje. (Pausa.)

Puede proseguir, senadora Sanjurjo.

La señora SANJURJO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, me referiré en primer término a lo que se ha
hecho en España por parte del Gobierno socialista en cooperación con
perspectiva de género en América Latina y El Caribe, para finalizar mi
intervención con los retos que aún persisten en la materia y que han
motivado la presentación de la moción.

El enfoque de género ha impregnado con fuerza todo el marco
normativo de la cooperación española, consolidando su liderazgo
internacional en la materia. El compromiso de España por la igualdad
entre hombres y mujeres se ha traducido en un conjunto de políticas,
estrategias y acciones específicas consolidadas en los últimos años en la
cooperación española. Evidencia de ello es que el enfoque de género en
desarrollo se incorpora por primera vez en un documento de planificación
estratégica en el II Plan Director 2005-2008 otorgándole un carácter de
doble prioridad, como prioridad horizontal y como sector específico para
favorecer el empoderamiento de las mujeres en la lucha contra la pobreza.
Posteriormente estas prioridades se tradujeron en la planificación
sectorial a través de la Estrategia de Género en Desarrollo, instrumento
fundamental para dar cumplimiento a las prioridades que sobre género ha
asumido también el III Plan Director de la Cooperación.

Esta progresiva relevancia del tema en el marco político y
de actuación de la cooperación española se constata además en el
importante aumento presupuestario en el sector en el período comprendido
entre 2004 y 2010, pasando de 50 millones en 2004 a casi 210 millones de
euros en 2010 de la ayuda oficial al desarrollo, lo que ha supuesto que
se hayan cuadruplicado los recursos. En términos de la ayuda oficial al
desarrollo bilateral, la partida a la que se destinó más ayuda fue a
organizaciones de mujeres e instituciones de igualdad de las mujeres.

Actualmente y en el contexto de la retirada de los donantes
en el continente latinoamericano, el movimiento feminista y numerosas
organizaciones de mujeres demandan a la cooperación española un mayor
liderazgo que garantice la consolidación y el avance de los derechos de
las mujeres en la región. De entre las iniciativas abordadas en respuesta
a estas demandas, y con la finalidad de mantener la coherencia y estar a
la altura de la gran apuesta por las políticas de igualdad de género
asumidas por el Gobierno desde el 2004, destacan las siguientes: en
primer lugar, el Plan de Acción de Género de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es relevante en materia
de género desde dos puntos de vista: en primer lugar, porque apuesta por
el mantenimiento del liderazgo en América Latina como seña de identidad
y, en segundo lugar, porque marca la prioridad de siete líneas
estratégicas de trabajo relacionadas con las demandas que se plantean: la
primera, la participación social y política, la segunda, la lucha contra
la violencia de género, la tercera, derechos sexuales y reproductivos, la
cuarta, mujer y construcción de paz, la quinta, derechos económicos y
laborales de las mujeres, la sexta, transversalidad del enfoque de género
y, en séptimo lugar, institucionalización del enfoque de género, dentro
las cuales se identifican diversas líneas de acción que conlleva el apoyo
y fortalecimiento de las organizaciones feministas y de mujeres.

En segundo lugar, se ha consolidado una red de expertas de
la Agencia Española de Cooperación que es especialmente sólida en América
Latina, donde el 64% de las oficinas de cooperación cuentan con personal
especializado y el resto cuentan con un punto focal en proceso de
especialización.

En tercer lugar, hay que señalar que desde el 2008 existe
un espacio de diálogo entre representantes de organizaciones feministas y
de mujeres y de la región latinoamericana y la cooperación española, son
los Diálogos Consonantes. Todas las ediciones han estado financiadas por
la cooperación española a través de diversos instrumentos. En junio de
2008 se realizó la primera edición entre diferentes actores de la
cooperación de España, representantes gubernamentales de Uruguay, de
Unifem, y las redes y organizaciones feministas de América Latina y El
Caribe. En abril de 2010, con el mismo esquema y finalidad se llevaron a
cabo los II Diálogos Consonantes en Lima, y una tercera edición en
Antigua, Guatemala. Como resultado de este proceso se acordó construir un
marco ético y político para asegurar la incorporación de las estrategias
de género en la eficacia de la ayuda al desarrollo. Se dispone de una
declaración de cada una de las ediciones de los Diálogos Consonantes,
donde se reflejan las demandas de las redes y organizaciones de mujeres a
los distintos actores de la cooperación.

En cuarto lugar, hay que decir que España ha favorecido el
diálogo entre organismos multilaterales y regionales, buscando la
complementariedad y coordinación entre ambas instancias y favoreciendo la
participación de organizaciones de mujeres. Así, por ejemplo, el Proyecto
del Observatorio de Igualdad de Género ha permitido la comunicación entre
la Secretaría General Iberoamericana y la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe y, por este
medio, entre el sistema de cumbres iberoamericanas y los foros regionales
que incluyen al Caribe.

En quinto lugar, hay que decir que en los últimos años se
han apoyado al menos doce proyectos bilaterales para el fortalecimiento
institucional de los mecanismos nacionales de igualdad, ministerios,
secretarías o institutos de la mujer como entes responsables de
establecer las políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres en
la región.

Con el fin de luchar contra uno de los problemas más graves
que sufren las mujeres en América Latina, la violencia de género, se han
apoyado iniciativas bilaterales en más de diez países, así como programas
de organismos internacionales, convenios y proyectos de ONG, siendo
importante mencionar el apoyo a temáticas claves como la lucha contra el
feminicidio y la trata y el tráfico de personas con fines de explotación
sexual.

Respecto a la promoción de la salud y los derechos sexuales
y reproductivos se han apoyado diversos programas y políticas sobre
población y salud reproductiva en América Latina, destacando el Fondo de
cooperación de igualdad de género, derechos reproductivos y respeto a la
diversidad cultural para América Latina y el Caribe, además de diversos
convenios y proyectos con ONG.

Para avanzar en la integración económica e inserción
laboral de las mujeres se han impulsado iniciativas de formación
ocupacional e inserción laboral a través de convenios y proyectos y a
través del Programa Regional de Formación Ocupacional e Inserción Laboral
en Centroamérica que en la actualidad se desarrolla por la OIT con el
apoyo español.

Para lograr el empoderamiento de las mujeres a través de su
participación en los espacios de toma de decisiones se han puesto en
marcha intervenciones bilaterales de apoyo a la sociedad civil para
promocionar y fortalecer la participación paritaria de mujeres y hombres
en los espacios sociales y políticos en al menos nueve países de la
región. Hasta aquí lo hecho hasta el momento, pero, a pesar de ello,
queda mucha tarea por delante.

Señorías, América Latina y el Caribe continúa siendo la
región más desigual del mundo, en donde se agudizan las brechas de
género, etnia y raza. Los avances en materia de igualdad en la región son
heterogéneos y aún persisten desafíos para el logro de la igualdad de
género que demandan inversiones permanentes y políticas de Estado en lo
relativo a la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no
remunerado, la eliminación de la discriminación en el mercado laboral y
la protección social de las mujeres. La prevalencia y persistencia de la
violencia contra las mujeres, el racismo, el sexismo, la impunidad y la
lesbofobia, la paridad en todos los espacios de toma de decisión y el
acceso a servicios públicos universales y de calidad son aún un reto en
muchos países de la región, en donde se han de impulsar políticas para la
sensibilización contra el machismo, para el apoyo a la educación y la
salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

La Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, reunida en Brasilia del 13 al 16 de julio del 2010
para discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad
de género, puso el mayor énfasis en la autonomía y el empoderamiento
económico de las mujeres, ratificando el Consenso de Quito y su plena
vigencia, además de los consensos regionales adoptados en las anteriores
conferencias sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Asimismo, en
Brasilia los Gobiernos reafirmaron el compromiso con los tratados
internacionales sobre la mujer, base para la elaboración de la
declaración final. En esta declaración, denominada el Consenso de
Brasilia, los Gobiernos se comprometieron a trabajar para conquistar una
mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral para las
mujeres, fortalecer su ciudadanía, ampliar su participación en la toma de
decisiones y en las esferas de poder, enfrentar todas las formas de
violencia contra las mujeres, facilitar el acceso a las nuevas
tecnologías y promover la comunicación más igualitaria, democrática y no
discriminatoria, así como promover la salud integral y los derechos
sexuales y reproductivos, junto con la promoción de la cooperación
internacional y regional para la equidad de género. Los Gobiernos
reconocieron allí la importancia del fortalecimiento de las estructuras
del Estado y el papel estratégico que han desempeñado los mecanismos para
el adelanto de la mujer, así como la necesidad de dotarlos de autonomía y
recursos humanos y financieros que les permitan incidir en forma
transversal en la estructura del Estado para la construcción de
estrategias de promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad de
género.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista
propone la aprobación de la siguiente moción por el Pleno de la Cámara:
El Senado insta al Gobierno a consolidar el trabajo de la cooperación
española en el sector género en desarrollo en América Latina y el Caribe
puesto que cuenta con un marco normativo favorable y garantista, un
contexto social y político con creciente sensibilidad de género, una
trayectoria

presupuestaria ascendente, un prestigio internacional
indudable y una red consolidada de expertas de género.

En segundo lugar, potenciar la ventaja comparativa de la
cooperación española fruto de la posición de liderazgo internacional en
materia de género, consecuencia de las propuestas innovadoras impulsadas
en el marco de la ayuda internacional en género para el desarrollo, la
coherencia de una propuesta integral y un fuerte incremento del esfuerzo
presupuestario en género.

En tercer lugar, fortalecer las capacidades de
instituciones públicas y organizaciones de mujeres y feministas en la
región para la aplicación de los acuerdos establecidos en el Consenso de
Brasilia, en el que se inscriben las prioridades de la agenda de igualdad
de género de la región propuestos por los mecanismos de igualdad.

En cuarto lugar, y con la contribución del Grupo
Parlamentario Popular, continuar promoviendo, gracias a la cooperación
española en la región, y en cumplimiento de las prioridades que sobre
género se resumen en el III Plan Director de Cooperación Internacional
2009–2012, los avances en una mayor autonomía económica e igualdad
en el mundo laboral, el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres y
su autonomía en la toma de decisiones, así como la promoción de la salud
y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la lucha contra
todas las formas de violencia.

En quinto y último lugar, coordinar esfuerzos con otros
donantes y todos los socios de la cooperación española en iniciativas
relacionadas con el Consenso de Brasilia en América Latina y el Caribe,
donde España es el mayor donante y donde lamentablemente se están
retirando otras agencias bilaterales y multilaterales.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
señoría.

La enmienda transaccional hace que la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular decaiga. Así pues, pasamos
directamente al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor
president.

Senyories, des de Convergència i Unió aplaudim la
presentació d’aquesta moció, perquè és cert que des del punt de
vista de la dona, sortosament s’ha avançat, i molt, en els últims
anys, en les llibertats de la dona, i s’ha avançat molt en la
igualtat. Però també és cert que això no passa arreu, i per tant, que hi
ha llocs, malauradament massa, on la dona segueix mancada de drets i de
llibertats. I sobretot segueix mancada d’instruments, de vegades no
de lleis, però sí d’instruments que puguin aplicar aquestes
obligacions que té la societat en general. Per tant, aprofito aquesta
moció per demanar, de sortida, més instruments que es posin a disposició
de la dona, que es posin a disposició, sobretot, de les organitzacions de
dones.

Senyories, les mocions també han de servir per aportar
propostes, per donar idees, per fer arribar sentiments o pensaments.
Convergència i Unió pensa, creu, demana al Govern, que en el debat
internacional, el Govern espanyol ha de començar a pensar a demanar la
creació de la imatge de la defensora de la dona en les zones de crisi, en
les zones on la dona pateix.

Hi ha països on la figura d’una defensora de la dona
seria molt important. Això sí, amb el suport de la Unió Europea, Nacions
Unides, etcètera, etcètera. Per què? Aquesta figura, aquest instrument,
serviria per a moltes coses. Primer: per fer un seguiment, davant dels
governs, de l’ajuda que es fa arribar per potenciar el treball i la
feina de la dona. Moltes vegades, aquesta ajuda, als governs corruptes,
als governs que no fan el que cal, no arriba, i no hi ha un instrument
imparcial fora del govern que pugui denunciar davant dels cooperants
aquesta ajuda. També seria un instrument per denunciar abusos,
persecucions, etcètera. Crec que aquesta figura s’hauria
d’institucionalitzar i s’hauria de posar a disposició de les
dones als llocs on pateixen diferents marginacions o persecucions.

Avui parlem d’una moció una mica dispersa, és
veritat. Perquè toca molts temes la majoria dels quals donarien per a una
sola moció. És cert, és una moció que parla d’avançar en una major
autonomia econòmica i igualtat en el món laboral, enfortir la ciutadania
de les dones i la seva autonomia en la presa

de decisions, així com la promoció de la salut i els drets
sexuals i reproductius de les dones, i la lluita contra tota mena de
violència contra la dona en la zona d’Amèrica Llatina i el Carib.

És veritat que aquesta moció podria parlar més enllà
d’Amèrica Llatina i el Carib; hi ha d’altres zones, a
l’Àfrica i altres zones del món, que en aquesta moció també es
podrien deixar patents. Però com que es parla des del punt de vista de
cooperació internacional, de cooperació espanyola, on el Govern espanyol
està fent una bona feina, trobem bé que quedi circumscrit aquí.

Però nosaltres, per què donarem suport a aquesta moció? Per
què hem signat la transacció? Per què la votarem favorablement? Per la
filosofia de fons, pel que demana, pel que diu, pel que exposa. I ho
valorem; ho valorem positivament.

Quin mèrit li donem a la moció? Primer: que posa el crit al
cel sobre una realitat; actualitza un problema. Ens diu que, a
l’Amèrica Llatina i al Carib, no només cal seguir fent el que es
fa, sinó que s’ha de fer més. Per tant, vol dir que hi ha zones on
la dona necessita encara la mà solidària, en aquest cas, de la cooperació
espanyola. Fa una altra cosa: demana que no només no es defalleixi, sinó
que s’augmenti la cooperació. Denuncia la retirada d’alguns
països cooperants d’aquestes zones. Hi ha països que treuen les
seves agències de cooperació i se’n van, perquè potser prioritzen
altres llocs, o potser perquè creuen que no cal dur a terme aquesta
ajuda.

També et recorda que s’han produït debats i acords
internacionals, és veritat. Es parla de l’onzena Conferència
Regional sobre la Dona de l’Amèrica Llatina i el Carib, que va
tenir lloc del 13 al 16 de juliol del 2010. I en aquest context, aprofita
per, d’alguna forma, fer esment del Consens de Quito, parla del
Consens de Brasília, on va tenir lloc aquesta conferència... I sabem, se
n’ha parlat, n’ha parlat el portaveu socialista, que hi ha
hagut reunions prèvies a Lima, Antigua, Guatemala, etcètera.

Però creiem que amb aquests acords, aquestes voluntats
polítiques i institucionals, ara cal posar fil a l’agulla, i per
tant, cal donar un suport a aquells acords i aquelles propostes dels
governs que no es desenvolupen. I cal, sobretot, com deia abans, donar un
paper i un rol a la dona, que en alguns llocs n’està molt
mancada.

Es parla molt del punt de vista laboral, de la feina; es
parla molt del treball, de l’esclavitud, dels infant. És veritat,
és cert, és una lacra existent. Però de vegades, aquest arbre, aquest
gran arbre, la denunciable lacra indignant de l’esclavitud, de la
feina, de l’ús i abús dels nens i nenes, de vegades no ens permet
veure que també hi ha un ús i abús, i un maltractament, des del punt de
vista laboral, de la dona, en diferents zones del món; també a l’
Amèrica Llatina i al Carib.

Per tant, nosaltres, tot reconeixent que s’ha avançat
molt en el paper de la dona, la igualtat, la paritat, els drets i les
llibertats, també creiem que a vegades no ens adonem que hi ha llocs on
s’ha avançat poc, o fins i tot no s’ha avançat gens. Perquè a
vegades ens mirem el nostre melic; ens mirem Catalunya, Espanya,
Europa... però no mirem a Àfrica, no mirem al continent americà, no mirem
a Amèrica Llatina i el Carib.

Jo, com que sóc un africanista convençut, aprofito aquesta
moció, que parla de l’Amèrica Llatina i el Carib, per dir que també
hi ha aquest problema, corregit i augmentat, dissortadament, perquè la
dona pateix grans persecucions, maltractaments i manca de llibertats, a
l’Àfrica.

Encara avui, per qüestions culturals, religioses i, fins i
tot, legals, l’ablació és encara present a molts països africans. I
avui, també, que parlem de la dona, vull aprofitar per fer una denúncia
pública per la passivitat que tenim des d’Occident, des
d’Europa, des de les grans potències en un tema que és recurrent;
que sota l’excusa de la cultura, de l’antropologia, de les
ètnies, etcètera, hi ha nenes que avui, en aquests moments, estan sent
mutilades des d’un punt de vista sexual.

És també una denúncia que aprofito, encara que sigui
testimonial, per deixar present, perquè crec que quan parlem del treball
de la dona, quan parlem de les seves llibertats, tampoc no hem
d’oblidar algunes coses que passen arreu del món. La moció parlava
de l’Amèrica Llatina i el Carib, però jo he volgut fer un plus de
denúncia de l’ablació, d’aquesta barbaritat que no té cap
sentit, i que deixa invàlides, que deixa disminuïdes, que deixa en
inferioritat, nenes que passen a ser dones sense tenir la llibertat, en
aquest cas, sexual que els correspon.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, desde Convergència i Unió aplaudimos la
presentación de esta moción porque es cierto que desde el punto de vista
de la mujer afortunadamente se ha avanzado, y mucho en los últimos años,
en cuanto a libertades e igualdad. Pero también es cierto que esto no
pasa en todas partes, y

desgraciadamente hay demasiados lugares donde la mujer
sigue carente de derechos y libertades y, sobre todo, sigue carente de
instrumentos; a veces no está carente de leyes, pero, como digo, sí de
instrumentos que puedan aplicar esas obligaciones que tiene la sociedad
en general. Por tanto, aprovecho la presentación de esta moción para
pedir de partida más instrumentos que se pongan a disposición de la mujer
y, sobre todo, de las organizaciones de mujeres.

Señorías, las mociones también deben servir para hacer
propuestas, para dar ideas y hacer llegar sentimientos o pensamientos.
Convergència i Unió piensa, cree y pide al Gobierno que en el debate
internacional el Gobierno español empiece a pensar en pedir la creación
de la defensora de la mujer en las zonas de crisis, en los lugares donde
la mujer sufre.

Hay países donde la figura de una defensora de la mujer
sería muy importante, eso sí, con el apoyo de la Unión Europea, las
Naciones Unidas, etcétera. ¿Y ello por qué? Pues porque esa figura, ese
instrumento serviría para muchas cosas: en primer lugar, para hacer un
seguimiento ante los Gobiernos de la ayuda que se hace llegar para
potenciar el trabajo y las labores de la mujer. Muchas veces las ayudas a
Gobiernos corruptos que no hacen lo que deben no llega, y no hay un
instrumento imparcial fuera del Gobierno que pueda denunciar ante los
cooperantes esa ayuda. También sería un instrumento para denunciar
abusos, persecuciones, etcétera. Creo que esa figura debería
institucionalizarse y ponerse a disposición de las mujeres en aquellos
lugares donde sufren distintas marginaciones o persecuciones.

Hoy hablamos de una moción algo dispersa, es cierto, porque
toca muchos temas, la mayoría de los cuales darían para una sola moción.
Habla de avanzar hacia una mayor autonomía económica e igualdad en el
mundo laboral, fortalecer la ciudadanía de las mujeres y su autonomía en
la toma de decisiones, así como la protección de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, y la lucha contra todo tipo de
violencia hacia las mujeres en América Latina y el Caribe.

Es verdad que esta moción podría ir más allá de estas
zonas, por ejemplo, África y otros lugares del mundo, pero, en este caso,
se circunscribe a esas zonas, se refiere a la cooperación internacional,
a la cooperación española donde el Gobierno español está haciendo un buen
trabajo.

¿Por qué mi grupo parlamentario va a apoyar esta moción?
¿Por qué hemos firmado la enmienda transaccional, por qué la votaremos
favorablemente? Por la filosofía de fondo, por lo que pretende, por lo
que dice, por lo que expone, y que valoramos positivamente.

¿Qué méritos damos a esta moción? En primer lugar, pone el
grito en el cielo sobre una realidad, actualiza un problema, dice que en
Latinoamérica y en el Caribe no solo hay que seguir haciendo lo que se
hace sino que hay que hacer más, es decir, hay lugares en los que la
mujer necesita una mano solidaria, en este caso, de la cooperación
española. Y pide además que no solo no decaiga sino que aumente la
cooperación; denuncia la retirada de estas zonas de algunos países
cooperantes; hay países que tienen allí sus agencias de cooperación y se
marchan, quizá porque dan prioridades a otros lugares o porque piensan
que no hace falta esa ayuda.

Nos recuerda también esta moción que se han producido
debates y acuerdos internacionales, y es cierto. Nos habla de la onceava
Conferencia Regional sobre la Mujer de Latinoamérica y el Caribe,
celebrada del 13 al 16 de julio de 2010, y aprovecha para mencionar el
Consenso de Quito, habla del Consenso de Brasilia, donde tuvo lugar esa
conferencia, y sabemos, porque ha hablado de ello la portavoz socialista,
que se han celebrado reuniones previas en Lima, en Antigua, Guatemala,
etcétera.

Pero ahora hay que empezar a trabajar en estos acuerdos, en
estas voluntades políticas e institucionales y, por tanto, hay que apoyar
aquellas propuestas de los Gobiernos que no se desarrollan y, sobre todo,
como he dicho anteriormente, dar un papel y una función a la mujer porque
en muchos lugares está muy carente de ellos.

Se habla mucho del trabajo, de la esclavitud de los niños,
y es cierto que es una lacra existente, pero a veces este gran árbol
denunciable, esta lacra indignante de la esclavitud, del uso y abuso de
los niños y niñas a veces no nos permite ver que también hay un uso y
abuso y un maltrato hacia la mujer desde el punto de vista laboral en
distintas zonas del mundo, también en Latinoamérica y el Caribe.

Por tanto, aun reconociendo que se ha avanzado mucho en la
igualdad, la paridad, los derechos y las libertades de las mujeres,
creemos que a veces no nos damos cuenta de que hay lugares donde se ha
avanzado poco o incluso nada porque nos miramos el ombligo, miramos a
Cataluña, España, Europa pero no miramos a África, al continente
americano, a Latinoamérica y el Caribe.

Puesto que soy un africanista convencido, aprovecho esta
moción que habla de Latinoamérica y del Caribe para manifestar que
también este problema, corregido y aumentado, desgraciadamente, lo padece
la mujer en África, con graves persecuciones, maltratos y falta de
libertades.

Actualmente, por cuestiones culturales, religiosas e
incluso legales, la ablación todavía sigue estando presente en muchos
países africanos, y hoy, como hablamos de la mujer, quiero aprovechar
para hacer una denuncia pública de la pasividad de las grandes potencias
de Occidente y Europa sobre un asunto que es recurrente, y es que bajo la
excusa de la cultura, de la antropología, de las etnias, etcétera, hay
niñas que actualmente están siendo mutiladas sexualmente.

Por tanto, aprovecho mi intervención para hacer esta
denuncia, aunque sea testimonial, y para dejar constancia de que, cuando
hablamos del trabajo de la mujer y de sus libertades, tampoco hay que
olvidar algunas situaciones que se dan en todo el mundo. La moción se
refiere a Latinoamérica y al Caribe, pero he querido hacer la añadidura
de la ablación, de esta barbaridad que no tiene ningún sentido y que deja
inválidas, disminuidas, y en inferioridad, a niñas que pasan a ser
mujeres sin tener la libertad sexual que les corresponde.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra la senadora Baig.

La señora BAIG I TORRAS: Gràcies, senyor president.

Bon dia. Conec, i el nostre grup coneix que és Amèrica
Llatina i el Carib una de les regions on les fissures de gènere, de raça
i d’ètnia s’aguditzen més.

És cert, també, senyor Maldonado, que Àfrica té una
situació realment greu i que cal que hi cooperem des d’Espanya
també per donar-hi aquest sentit, però avui la moció que ens ha portat el
Grup Socialista és d’Amèrica Llatina i el Carib.

I és una moció que el nostre Grup valora molt positivament,
perquè tant en la seva exposició de motius com en els punts que té la
moció crec que estan molt ben estructurats, possiblement són molt amplis;
donaria fins i tot per fer dues o tres mocions, però té tot un sentit de
coherència i, per tant, nosaltres li donarem el vot favorable. Per poder
consolidar aquesta feina que ja s’està fent des de fa anys i també
per poder continuar promovent i prioritzant aquesta zona en què els temes
són prou greus perquè puguin i puguem ajudar a aquelles persones,
sobretot a les dones, a poder tirar endavant.

En una societat com la d’Amèrica Llatina i del Carib
on sabem i coneixem que són les dones aquelles que prenen les
responsabilitats familiars amb molt escassos recursos, ens demostren que
elles són l’esperança per poder estructurar la seva comunitat, i
tot estructurant la seva comunitat, estructurar la societat en general.
Són elles les que han de tenir la possibilitat d’assumir la
responsabilitat en l’administració local i en la política en
general.

Formo part d’una organització que estem en un
programa per ajudar a dones a «empoderar-se» perquè tinguin la capacitat,
des del món rural, de poder ser elles les que tirin endavant
l’organització de la seva comunitat a partir, bàsicament, de
cooperatives. Lluny d’estructurar la comunitat en jerarquies estem
ajudant que tinguin una altra forma d’organització perquè també
siguin capaces de trobar elles i assumir el seu paper a dins de la
societat.

Crec en el rigor de la moció que considero i veig molt
favorable i em va sorprendre, i així ho vull dir, l’esmena que va
presentar el Grup Popular, perquè més que una esmena la vaig considerar
un esquema; no ens té acostumats la Sra. Dueñas a un tema de tan poc
contingut. Per això vull agrair la voluntat política de la senadora del
Grup Socialista. Li vull agrair perquè una mica a mi em va sorprendre
tant que ja hauria deixat a una banda el tema de l’esmena, però
crec que ha fet un exercici que l’honora com a dona, també, de
buscar el consens, l’acord, perquè es pugui arribar a aquest acord
comú perquè siguem també la unanimitat de la Cambra que davant moments de
crisi sapiguem prioritzat polítiques i puguem prioritzar polítiques de
gènere, polítiques que ajuden a l’autoestima de les dones i que a
més ho fem en una zona on hi ha molta necessitat i on ajudem que realment
també aconsegueixin una organització diferent de la jeràrquica i del món
masclista que està superdemostrat que en aquests territoris no és la
solució.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Buenos días. Mi grupo conoce que es América latina y el
Caribe una de las regiones donde las fisuras de género, raza y etnia se
agudizan más. Es cierto también, señor Maldonado, que África tiene una
situación realmente grave, y España cooperará también en este sentido,
pero, hoy, la moción que ha traído el Grupo Parlamentario Socialista se
refiere a América Latina y el Caribe.

Nuestro grupo valora muy positivamente esta moción, porque
tanto su exposición de motivos como sus puntos están muy bien
estructurados, son muy amplios, y daría incluso para dos o tres mociones
más, pero como es totalmente coherente, la votaremos favorablemente para
consolidar este trabajo que se lleva realizando desde hace años, para
continuar promoviendo y priorizando esta zona en la que los asuntos son
suficientemente graves, y para que podamos ayudar a aquellas personas,
sobre todo a las mujeres, a salir adelante.

En una sociedad, como la de América Latina y el Caribe,
donde sabemos que son las mujeres las que toman las responsabilidades
familiares con unos recursos muy escasos, ello demuestra que también son
la esperanza para estructurar su comunidad y, estructurando su comunidad,
estructurarán la sociedad en general. Son ellas quienes deben tener la
posibilidad de asumir la responsabilidad con la Administración local y
con la política en general.

Formo parte de una organización que tiene un programa para
ayudar a mujeres a empoderarse, con el fin de que sean ellas capaces de
sacar adelante la organización de su comunidad en el mundo rural a partir
básicamente de cooperativas. Lejos de estructurar la comunidad en
jerarquías, estamos ayudando a que tengan otra forma de organización para
que también sean capaces de encontrar y asumir su papel dentro de la
sociedad.

En mi opinión, considero muy favorable la rigurosidad de la
moción.

Me sorprendió, y así quiero manifestarlo, la enmienda que
presentó el Grupo Parlamentario Popular, porque más que una enmienda
consideré que era un esquema. No nos tiene acostumbrados la señora Dueñas
a un tema de tan poco contenido. Por ello quiero agradecer la voluntad
política de la senadora del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero
agradecérselo porque me sorprendió mucho que hubiera dejado de lado el
tema de la enmienda, pero creo que ha hecho un ejercicio, que la honra
también como mujer, para buscar el consenso con el fin de que se pueda
llegar a este acuerdo común para que sea la Cámara la que ante momentos
de crisis sepa y pueda priorizar políticas de género, políticas que
ayudan a la autoestima de las mujeres y que, además, lo hagamos en una
zona donde hay mucha necesidad y donde ayudamos a que realmente también
se consiga una organización distinta de la jerárquica y del mundo
machista que está extremadamente demostrado que en estos territorios no
es la solución.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Sanjurjo.

La señora SANJURJO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

El pasado 30 de mayo de 2011 las Comisiones de Cooperación
e Igualdad del Congreso de los Diputados y del Senado tuvimos el honor de
participar en un encuentro con la directora ejecutiva de ONU Mujeres,
Michelle Bachelet. En este encuentro, la vicepresidenta primera del
Congreso de los Diputados, Teresa Cunillera, le dijo como bienvenida a
Michelle Bachelet que la colaboración entre España y ONU Mujeres será
magnífica, como lo ha sido hasta ahora con Unifem. Y continuó diciendo:
En su trabajo, señora Bachelet, contará con el apoyo incondicional de
España y su Parlamento, que seguirá, seguiremos preocupados y trabajando,
a pesar del actual contexto económico, por la cooperación al desarrollo y
por la igualdad de género.

Señorías, creo que hoy, con la aprobación de esta moción
con el consenso de la Cámara, vamos a dar cumplida muestra de este
compromiso. Quiero agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular su disposición al acuerdo y que hayamos consensuado fácilmente
una transacción que conserve en su totalidad el texto original de la
moción junto con la aportación de su grupo.

También, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
quiero agradecer a todos los grupos el apoyo que han prestado a esta
iniciativa y rogarles que, a través de las Comisiones de Cooperación,
Igualdad y Asuntos Iberoamericanos de esta Cámara, hagamos posible el
impulso continuado a las políticas y a la posición política que hoy hemos
comprometido con esta moción.

El acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad y
toma de decisiones económicas y políticas, su plena seguridad y disfrute
de una vida sin violencia, el ejercicio de su libertad y derechos de
ciudadanía, el acceso al empleo y a los derechos sexuales y
reproductivos, el aprovechamiento social de sus capacidades y
conocimientos, son conquistas apenas iniciadas o retos aún por conseguir
y por los que tenemos que seguir trabajando sin descanso.

Estoy convencida de que en el avance hacia la igualdad no
cabe la autocomplacencia ni considerar que los derechos adquiridos no
tienen marcha atrás. Sé que si no estamos avanzando, sin duda estaremos

retrocediendo. Eso no lo queremos para nuestro país y, por
supuesto, no lo queremos para los países iberoamericanos y del
Caribe.

Además, comparto con Felipe González y Enrique Iglesias que
los cambios económicos que se están produciendo en la región y que están
permitiendo notables crecimientos económicos, especialmente en los países
situados de Panamá hacia el sur, han de ser una oportunidad para afrontar
cambios estructurales e institucionales que conduzcan a un modelo
económico de crecimiento generador de empleo, redistribuidor del ingreso
y garante de la igualdad. Un nuevo modelo en el que la sostenibilidad
económica sea causa y consecuencia de la sostenibilidad social, en el que
el progreso económico lleve aparejado una mejora de las condiciones de
vida de la población.

Hay posiciones políticas desde las que se sostiene que hay
que procurar el crecimiento económico para que, como efecto del mismo, se
produzca de manera natural la redistribución de la riqueza. En cambio,
desde la óptica socialista pensamos que se ha de avanzar en paralelo en
la generación de riqueza y en su redistribución, y esto no ocurre de
manera natural, sino que hay que desarrollar políticas específicas para
ello. Hay que generar riqueza, sí, para poder repartirla no solo por
razones éticas, sino también porque la economía que redistribuye es mucho
más eficiente y, por tanto, más sostenible en el tiempo.

No cabe duda de que la plena incorporación del talento de
las mujeres es condición sine qua non para que se produzca ese
crecimiento sostenible. En palabras de la directora de ONU Mujeres para
América Latina, la relación estratégica con España en materia de igualdad
de género y empoderamiento de las mujeres es muy importante para avanzar
en esta línea. La política y la economía inteligentes del siglo XXI han
de incluir el ámbito de la igualdad. Cuando se avanza en la igualdad se
mejora en la calidad de la democracia, la calidad de vida, la sociedad
del bienestar y la creación de riqueza. Como dice Michelle Bachelet,
eliminar la desigualdad de género permite eliminar el resto de las
desigualdades. El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género
no es una política sectorial; por el contrario, es una política integral
que debe guiar todas las demás políticas y un eje de cualquier agenda
política independientemente de una u otra ideología.

Señorías, en América Latina y el Caribe hay que desarrollar
las condiciones para que esto sea posible. Sabemos cómo nos miran desde
allí, la importancia que dan al trabajo que hacemos en el Senado de
España y el reconocimiento internacional que nuestro país tiene en
políticas de cooperación e igualdad. El apoyo que desde el Senado damos
hoy a esta moción contribuirá a reforzar el trabajo de las instituciones
públicas y de las organizaciones de mujeres en la región para la
aplicación de las políticas de igualdad. Asimismo, consolida el trabajo
de la cooperación española para que siga desarrollando nuestra posición
de liderazgo internacional en materia de género.

Por todo ello, muchas gracias otra vez a todos los grupos
por su apoyo unánime a esta moción. Les deseo mucha salud para seguir
trabajando por esta causa que nos une.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Gracias, señorías.

Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario
Popular satisfecha por haber llegado a esta transaccional en la que se
incluye lo que se recogía en la enmienda de sustitución planteada por el
Grupo Parlamentario Popular, que tenía como único objetivo seguir aunando
esfuerzos y concretando cuantas medidas sean necesarias para disminuir
las brechas de género que siguen existiendo en este caso en América
Latina y el Caribe.

Es evidente, por lo que se desprende en los recientes
informes internacionales, que América Latina y el Caribe continúa siendo
la región más desigual del mundo. Los Estados y Gobiernos de la región
siguen manteniendo una contradicción entre los compromisos
internacionales asumidos y la materialización real de las políticas de
igualdad y plena garantía de derechos.

En el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de
que los esfuerzos colectivos de los países tienen que ir dirigidos hacia
un mayor compromiso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, compromiso que se suscribió en el año 2000, un compromiso de
mínimos pero realmente indispensable para avanzar, entre otras
cuestiones, en erradicar la pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria
universal o alcanzar la igualdad de géneros.

Sin embargo, señorías, señora Sanjurjo, estos compromisos
adquiridos por el Gobierno de España chocan con algunos hechos —o
al menos el Grupo Parlamentario Popular tiene esa impresión—, por
ejemplo, que hayamos podido ver cómo España, a medida que iba aumentando
sus aportaciones a los diferentes organismos multilaterales, perdía
personal en puestos de responsabilidad, como nos pasó con la señora
Alberdi, la única directora española de un organismo de Naciones Unidas,
Unifem, y de la que la nueva institución ONU Mujeres ha prescindido. De
nuevo una española. Por tanto, a pesar del importante esfuerzo de España
en los organismos multilaterales, el Gobierno no ha sido capaz de tener a
un español o a una española en la dirección de ningún organismo.

En consecuencia, no me negarán que una vez más hay una
cierta incoherencia entre lo que deseamos y esperamos y lo que el
Gobierno logra. Y también choca con la disminución operada en este
ejercicio presupuestario sobre el total de la ayuda oficial al
desarrollo, de servicios sociales básicos como la educación o la salud,
ambos indispensables para ese camino deseable en la igualdad de géneros.
Hemos pasado de 2114 millones de euros a 1314 millones, una reducción del
37,8% respecto al año 2010, datos objetivos que, como estos, demuestran
una clara y a nuestro juicio falta de coherencia de este Gobierno. Porque
de nada nos sirve hablar de Objetivos de Desarrollo del Milenio, de
consensos internacionales —como el reciente consenso de Brasilia,
que usted ha nombrado—, entre los que se incluye, como uno de los
ejes prioritarios, la igualdad de género, si, por otro lado, vemos el
gran descenso que esto sufre.

Además, señorías, con este recorte se incumplen los
acuerdos del Pacto de Estado en servicios sociales básicos, y nos
alejamos del objetivo marcado en el Tercer Plan Director de dedicar el
25% de la ayuda oficial al desarrollo a servicios sociales básicos. Como
también nos alejamos de alcanzar la meta prevista en el Eje 11 del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, de destinar en 2012 el 15% de
la ayuda oficial al desarrollo al sector género. España ha recortado sus
aportaciones a Unifem de 74 a 33 millones de euros; un recorte del 55%.
Con esta situación, está muy bien lo que hoy aprobemos aquí, las palabras
y los gestos, pero, desde luego, compartirán conmigo que si no van
acompañados de compromisos reales de poco nos va a servir.

Señorías, en América Latina y el Caribe las mujeres
continúan ocupando la mayoría de los puestos de trabajo precarios. La
discriminación salarial, el nivel de desempleo y el acoso sexual y moral
siguen siendo una constante en la experiencia laboral de las mujeres. Los
índices de violencia de género son intolerables. Según el último informe
que hemos conocido y que refiere los datos a 2009, 329 mujeres han muerto
por violencia de género en América Latina y el Caribe.

Debemos prestar también especial atención y trabajar desde
la cooperación internacional y desde estos compromisos que vamos a asumir
para evitar la violación de derechos humanos en los que muchas mujeres se
ven afectadas.

Por eso, hoy, desde aquí, quiero pedir un compromiso activo
y decidido para el caso que todos conocemos de la jueza María Lourdes
Afiuni, que sabemos que está en arresto domiciliario tras varios
aplazamientos de juicio. Desde luego, se requiere una actitud exigente y
decidida por parte del Gobierno de España para solventar lo antes posible
esta vulneración de derechos fundamentales.

Ciertamente, los datos a los que antes me he referido nos
deben llevar —de ahí el acuerdo que hoy hemos alcanzado— a
seguir trabajando de cara a la comunidad internacional y, concretamente,
en América Latina y el Caribe.

Pero, señorías, aunque no vamos a negar que España ha
experimentado avances, lo cierto es que aún queda mucho por hacer. Así se
reflejó recientemente en el informe 2011 de la Secretaría General
Iberoamericana, que venía a decir que en América Latina, España y
Portugal el vaso de la igualdad de género puede verse medio lleno por los
avances logrados o medio vacío por lo mucho que queda por hacer.

Considero importante reseñar hoy aquí que en España las
mujeres también se ven afectadas por una situación en el ámbito de la
igualdad que no es todo lo buena que desearíamos. Porque ya son más de
dos millones de mujeres las que se encuentran en paro en nuestro país. Un
titular reciente refleja que a España aún le queda mucho por avanzar.
Venía a decir: españolas, más paro, mala conciliación y sueldos más
bajos. Más de un 20% de tasa de paro femenino. La brecha salarial sigue
existiendo. Alrededor de 5300 euros de diferencia por igual trabajo entre
un hombre y una mujer. Las mujeres siguen sufriendo precariedad laboral y
temporalidad manifiesta. Cerca de 4000 mujeres sufren cada año en España
mobbing maternal laboral. La conciliación sigue siendo una asignatura
pendiente, así lo reflejaba recientemente la OCDE; solo se ha construido
un 45% de las 750 000 plazas de guardería prometidas. Y,
desgraciadamente, la violencia de género sigue siendo una losa para
todos: 29 mujeres asesinadas

en lo que va de año. Como digo, una losa que nos debe
llevar a todos a reflexionar y a tomar medidas para atajar con reformas
más directas, si cabe, esta situación.

Con este panorama, señorías, de poco podemos ser referente
en el ámbito internacional (Una señora senadora del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Pues lo somos, y sin vuestra ayuda!) y, en concreto, con
relación a América Latina y el Caribe. Queda mucho por hacer. De nada
sirve si se permanece paralizado y atrincherado como, lamentablemente, se
encuentra hoy por hoy su Gobierno también en materia de cooperación
internacional. Lo hemos visto con los diferentes recortes presupuestarios
que se han operado en la ayuda oficial al desarrollo.

Así que les invito a que en el tiempo que les queda
—y confiamos en que sea poco por el bien de este país— no
solo el Gobierno dé cumplimiento en sus justos términos a la moción hoy
aquí aprobada y, desde luego, espero que no se olvide como tantas otras
mociones que hemos aprobado en esta Cámara y que ustedes han dejado en el
cajón. También espero que cuando hablemos de igualdad de género lo
hagamos en mayúscula en España, en América Latina y en el Caribe y, en
general, en cualquier ámbito internacional para que la crisis y la
pobreza dejen de tener rostro de mujer. Así, seremos capaces de ser
referentes en algo, primero, en España y, luego, en el ámbito de la
cooperación internacional.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Terminado el debate, como la propuesta ha sido presentada
por todos los grupos, supongo que se puede aprobar por asentimiento.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS,
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TRAMITAR CON LA MAYOR DILIGENCIA Y
RAPIDEZ POSIBLE LA APROBACIÓN DEL CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS
INVASORAS.

(Núm. exp. S. 662/000186)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos a la
siguiente moción, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por
la que se insta al Gobierno a tramitar con la mayor diligencia y rapidez
posible la aprobación del catálogo español de especies exóticas
invasoras.

A esta moción se ha presentado una enmienda que no va a ser
defendida porque todos los grupos han firmado una transaccional, así que
procederemos a su debate directamente.

Tiene la palabra el senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gràcies, senyor president.

Voldria començar aquesta intervenció agraint als portaveus
de tots els grups polítics el fet de poder arribar a una transaccional en
una resolució d’aquestes característiques.

L’objectiu d’aquesta moció, quan la vam
presentar inicialment, era instar el Govern a que acabés allò que va
començar ja fa una colla d’anys, conscients que la detecció i els
mitjans de control que ha d’establir tot govern per a un catàleg de
quelcom nou com son les espècies exòtiques invasores —en tots els
camps: en el camp terrestre, en el camp aquàtic, lògicament,
d’aigua continental i aigua marina, i en les espècies voladores,
les aus i els insectes—, són de difícil quantificació i de difícil
seguiment. I per tant, com que és de difícil quantificació i de difícil
seguiment, el control, i la catalogació d’aquests controls, no és
fàcil, no és una labor fàcil. Però un dia o un altre s’ha
d’acabar perquè aquest catàleg és essencial per establir els
nivells de població que són tolerables i, a partir d’aquí, intentar
controlar i eradicar els que són intolerables.

I, per tant, agraeixo, com deia abans, la participació de
tots per millorar aquesta moció; en especial, com a conseqüència
d’una esmena que ens va presentar el Partit Popular, que ha fet que
arribéssim a aquesta transaccional afegint a la moció inicial que, amb la
col·laboració del conjunt de les administracions públiques, instem també
a elaborar estratègies de gestió, control i possible eradicació. I, per
tant, al meu parer, la moció queda molt millorada, la qual cosa
agraeixo.

Si vostès s’han fixat en l’exposició de motius,
ja hi diem que les espècies exòtiques invasores són una de les principals
causes de pèrdua de biodiversitat al món, i és lògic. Són invasores, i
per tant envaeixen uns hàbitats que no són els seus, i la majoria de les
vegades desplacen d’aquests hàbitats que no són els seus aquells
que en són els habitants originals. Això es dóna bàsicament a les zones
humides, que són les zones on hi ha una més alta proliferació
d’éssers vius. I, lògicament, té conseqüències greus sobre els

hàbitats, però sobretot per a la producció agrària,
ramadera i forestal i, en alguns casos, pot afectar fins i tot la salut
pública. I jo crec que hi ha exemples clars de l’afectació sobre la
salut amb la invasió, sobretot en el tram final del Delta de
l’Ebre, del mosquit tigre, que Déu n’hi do com pica; i la
presència del picut roig, per fora de les palmeres i per fora dels
arbres, per niar i perpetuar la seva continuïtat.

És evident que, a nivell internacional, existeix una
preocupació constant respecte de l’amenaça que això representa. Per
tant, demanda dels governs que s’introdueixin mesures que
impedeixin l’entrada als seus ecosistemes d’aquestes espècies
que no en són pròpies. Perquè també són molt dolents, i és molt important
que no es produeixin, els intercanvis genètics que se solen produir quan
hi ha aquestes invasions.

Per tant, avui ja no és cap secret per a ningú veure la
gran disparitat que hi ha, i el gran nombre que hi ha, de cotorres
verdes, de cotorres argentines, que a part que foten un soroll
espectacular, no deixen de ser una molèstia per als ciutadans. I, en el
cas de l’agricultura, la presència cada dia més massiva, perquè ja
han eliminat pràcticament el que eren els estornells naturals,
d’aquest estornell negre, que sembla gairebé com un mig voltor.

Per tant, quan l’Estat espanyol va aprovar,
l’any 2007, la Llei de Patrimoni Natural i la de la Biodiversitat,
ja establia que les administracions públiques competents havien de
prohibir i havien d’utilitzar mecanismes de control i de lluita per
fer molt difícil que les espècies exòtiques invasores acabessin atacant i
destruint els hàbitats naturals.

I en trobem exemples en tots els camps. Si li pregunten a
un gallec, els dirà que el que més preocupa a la gent que té implantació
en el medi rural gallec és la proliferació de les acàcies bordes
aquestes, que estan envaint prats i zones no conreades, o fins i tot
zones conreades, del nord, bàsicament, a Galícia. I si parlen amb les
associacions de pescadors, els diran que els silurs, les carpes dentades,
la gambúsia i el cranc americà han destruït pràcticament els gaburros i
les espècies autòctones que teníem als nostres rius, i els silurs, que
als pantans, a part que fan molta por, Déu n’hi do, també, la
destrucció que estan causant.

Però, és clar, si això ho transportem a l’agricultura
i als professionals agraris, no hi ha ningú que estigui al món rural, que
conreï terres i es dediqui a qualsevol tipus de producció, que no conegui
les conseqüències del que és, si entra a la seva finca, l’enciam
d’aigua, l’ungla de gat, per descomptat, la cugula, más
conocida como la avena loca, o les lleteroles i l’emparradora
borda, que obliguen a una sèrie de labors manuals i de despesa
d’herbicides, en aquest cas, que no tenen res a envejar, en segons
quines plantacions, als sistemes de tractament habituals.

Molts de vostès potser es preguntaran: però com pot ser que
una espècie invasora, que canvia d’un lloc cap a un altre, pugui
arribar a un lloc on és forastera i fer-se’n l’ama. Doncs
mirin, perquè té una capacitat de supervivència espectacular i perquè el
primer a què es dedica és a eliminar la competència. I això, que és així,
fa que els mitjans de lluita siguin molt complicats. Per què? Perquè
l’eliminació i l’eradicació és pràcticament impossible,
perquè per mitjans manuals és caríssim, per mitjans químics és francament
impossible, perquè en el moment en què vols atacar una espècie invasora
de gran transcendència en el món de l’apicultura, com és la vespa
xinesa, si fas un tractament generalitzat, i no tens un producte
específic que elimini les unes i deixi les altres, el que fas és
carregar-te-les totes; i això, evidentment, no pot ser.

Si això ho apliquem al caragol poma, passa exactament el
mateix. El mecanisme de control amb els mol·luscocides no s’ha
mostrat eficient i, per tant, s’ha d’anar a mitjans mecànics,
a captures, que o es fan de forma molt generalitzada i molt rigorosa, amb
la qual cosa és impossible detectar-los tots, i a més és impossible
detectar els ous, perquè els ous no es veuen, o acaben havent-hi nous
naixements, acaben havent-hi noves generacions, que fan impossible la
seva eradicació.

Si això ho transportem a la lluita biològica —és
veritat que la lluita biològica, que en principi va nàixer per controlar
les plagues que es produïen en fructicultura—, l’eliminació
d’un nombre considerable de mascles a través de sistemes de captura
i les feromones corresponents, permetia, com a mínim, controlar que
l’expansió de la plaga no fos tan gran, però en aquest aspecte, no
ha evolucionat tot el que seria necessari.

Per tant, per això nosaltres agraïm la participació de
tots. Per què? Perquè ens ha fet veure que la moció, tal com la
presentàvem d’inici, se’ns quedava curta. Se’ns quedava
curta, per què? Perquè només instàvem el Govern, i el Govern no ho pot
fer tot, entre d’altres coses, perquè al territori, al medi rural i
a les Comunitats Autònomes operen altres administracions, que o les tens
com a col·laboradores o, si no, no fas pràcticament res. I, per tant, per
això, l’afegitó considerem que és molt important, que és el que diu

que «així com en col·laboració amb el conjunt de les
administracions públiques es puguin establir estratègies de gestió,
control i possible eradicació d’aquestes espècies exòtiques
invasores»; lògicament, respectant el que diu el paràgraf cinquè de
l’article 61 de la Llei 42/2007, del 13 de desembre, que és on he
centrat una part de la meva intervenció, quan he manifestat la
impossibilitat d’acabar eliminant i, en canvi sí, la possibilitat
—si som seriosos i rigorosos i tenim ganes de fer-ho bé—
d’establir uns mecanismes de control que permetin conviure
—si no els podem treure, fem-los els nostres amics—, sense
que això signifiqui un cost addicional, ni per a la biodiversitat ni per
als sistemes productius que es veuen greument afectats per aquestes
espècies exòtiques invasores.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Quiero empezar esta intervención agradeciendo a los
portavoces de todos los grupos políticos el haber llegado a una
transaccional en una resolución de estas características.

El objetivo de esta moción, cuando la presentamos
inicialmente, era instar al Gobierno a que acabase lo que había empezado
hace ya varios años, conscientes de la complejidad que conlleva la
detección y los medios de control que debe establecer todo Gobierno para
la elaboración de un catálogo de algo nuevo, como son las especies
exóticas invasoras en todos los campos: el terrestre y el acuático,
incluyendo la aguas continentales y las marinas, o sea de las especies
voladoras: las aves y los insectos, y resulta difícil por lo complicado
de su cuantificación y seguimiento. Puesto que es de difícil
cuantificación y seguimiento, el control y la catalogación de estos
controles no es una labor fácil pero un día u otro debe acabarse porque
este catálogo es esencial para establecer los niveles de población que
son tolerables y, a partir de ahí, intentar controlar y erradicar todos
aquellos que sean intolerables.

Por lo tanto, como he dicho antes, agradezco la
participación de todos para mejorar esta moción, en especial como
consecuencia de una enmienda que presentó el Grupo Popular y que ha
permitido alcanzar esta transaccional al añadir a la moción inicial que,
con la colaboración de las administraciones públicas, instemos también a
la elaboración de estrategias de gestión, control y posible erradicación.
Por tanto, a mi entender, la moción queda muy mejorada, lo cual
agradezco.

Si ustedes se han fijado, en la exposición de motivos ya
decimos que las especies exóticas invasoras son una de las principales
causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, y es lógico. Son
invasoras y, por tanto, invaden unos hábitats que no son los suyos y en
la mayoría de los casos desplazan de ellos a quienes sí son sus
habitantes originales. Esto se da básicamente en las zonas húmedas, que
es donde hay una más alta proliferación de seres vivos y, lógicamente,
tiene consecuencias graves sobre los hábitats, pero sobre todo sobre la
producción agraria, ganadera, forestal y en algunos casos puede afectar
incluso a la salud pública, y creo que hay ejemplos claros de ello, con
la invasión, sobre todo en el tramo final del Delta del Ebro, del
mosquito tigre, que hay que ver cómo pica, y la presencia del picudo
rojo, que anida fuera de las palmeras y de los árboles y perpetúa su
continuidad.

Es evidente que a nivel internacional existe una
preocupación constante con respecto a la amenaza que esto representa. Por
lo tanto, requiere de los Gobiernos la introducción de medidas que
impidan la entrada en sus ecosistemas de estas especies que no son
propias, porque también es muy importante que no se produzcan los
intercambios genéticos que se suelen producir cuando hay este tipo de
invasiones.

Por consiguiente, hoy no es un secreto para nadie ver la
gran disparidad y el gran número que hay de cotorras verdes, de cotorras
argentinas que, aparte de hacer un escándalo espectacular, no dejan de
ser una molestia para los ciudadanos. Y en el caso de la agricultura, la
presencia cada día más masiva porque ya han eliminado prácticamente los
estorninos naturales y vemos estos estorninos negros que se ven ahora
casi como un medio buitre.

Por lo tanto, cuando el Estado español aprobó en 2007 la
Ley del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad ya establecía que las
administraciones públicas competentes debían prohibir y debían utilizar
los mecanismos de control y de lucha necesarios para hacer muy difícil
que las especies exóticas invasoras acabaran atacando y destruyendo los
hábitats naturales.

Y encontramos ejemplos en todos los campos. Si le preguntan
a un gallego, le dirá que lo que más preocupa a la gente que tiene
implantación en el medio rural gallego es la proliferación de las
acacias, que están invadiendo prados y zonas no cultivadas del norte,
básicamente en Galicia. Y si hablamos con las asociaciones de pescadores,
les dirán que los siluros, las carpas dentadas, la gambusia y el cangrejo
americano han destruido prácticamente a los gaburros o a las especies
autóctonas que teníamos en

nuestros ríos, y los siluros de los pantanos, aparte de que
dan bastante miedo, hay que ver también la destrucción que están
provocando.

Si esto lo trasladamos a la agricultura y a los
profesionales agrarios, no hay nadie que esté en el mundo rural, que
cultive tierras y se dedique a cualquier tipo de producción que no
conozca las consecuencias de lo que es, si entra en su finca, la lechuga
acuática, la uña de gato, la cugula, más conocida como la avena loca, o
los falsos níscalosy la trepadora silvestre, que obligan a una serie de
labores manuales y de gasto en herbicidas que en este caso no tienen nada
que envidiar, según qué plantaciones, a los sistemas de tratamiento
habituales.

Muchos de ustedes se preguntarán, quizás, cómo puede ser
que una especie invasora que cambia de un lugar a otro pueda llegar a un
lugar donde es forastera y hacerse el amo. Pues porque tiene una
capacidad de supervivencia espectacular y a lo primero que se dedica es a
eliminar a la competencia. Y esto, que es así, hace que los medios de
lucha sean muy complicados. ¿Por qué? Porque la eliminación y la
erradicación es prácticamente imposible, porque por medios manuales es
carísimo, por medios químicos es francamente imposible y porque en el
momento en que quieres atacar a una especie invasora de gran
trascendencia en el mundo de la apicultura, como es la avispa china, la
avispa asiática, si haces un tratamiento generalizado y no tienes un
producto específico que elimine las unas y deje las otras, lo que haces
es cargártelas a todas, y eso, obviamente, no puede ser.

Si esto lo aplicamos al caracol manzana pasa exactamente lo
mismo. El moluscocida no se ha mostrado eficiente y, por lo tanto, hay
que ir a medios mecánicos y capturas que, o bien se hacen de forma muy
generalizada y rigurosa —es imposible detectarlos a todos y
detectar todos los huevos, porque no se ven— o acaba habiendo
nuevas camadas, nuevas generaciones, que hacen imposible su erradicación.

Si esto lo trasladamos a la lucha biológica —bien es
cierto que la lucha biológica al principio nació para controlar las
plagas que se producían en fruticultura—, la eliminación de un
número considerable de machos a través de sistemas de captura y las
feromonas correspondientes, permitiría, cuando menos, controlar que la
expansión de la plaga no fuera tan amplia, pero en este aspecto no se ha
evolucionado todo lo que hubiera sido necesario.

Por eso, nosotros agradecemos la participación de todos.
¿Por qué? Porque nos ha hecho ver que la moción, tal como la
presentábamos al inicio, se quedaba corta, pues solo instábamos al
Gobierno y el Gobierno no puede hacerlo todo, entre otras cosas, porque
en el territorio, en el medio rural y en las comunidades autónomas operan
otras administraciones que, o bien son colaboradoras o si no, no haces
prácticamente nada. Por lo tanto, consideramos que es muy importante ese
añadido que dice: en colaboración con las administraciones públicas se
podrán establecer estrategias de control y posible erradicación de estas
especies exóticas invasoras, lógicamente respetando lo que dice el
párrafo 5 del artículo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que es
en el que he centrado una parte de mi intervención cuando he manifestado
la imposibilidad de acabar eliminando estas especies y, en cambio
—si somos serios, rigurosos y tenemos ganas de hacerlo bien—,
la posibilidad de establecer unos mecanismos de control que permitan la
convivencia —si no podemos echarlos, hagámoslos nuestros
amigos—, sin que esto signifique un coste adicional ni para la
biodiversidad ni para los sectores productivos que se ven gravemente
afectados por estas especies exóticas invasoras.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, señor presidente.

Moi brevemente, simplemente para anunciar que o Grupo de
Senadores Nacionalistas está absolutamente de acordo coas formulacións da
moción defendida polo senador Batlle. Efectivamente, pensamos que este é
un tema importante, que algo hai que facer no conxunto das
administracións públicas. Deben de traballar conxuntamente para facer
fronte a un problema que vai a máis no conxunto do Estado español e de
maneira especial nalgunhas das súas comunidades autónomas. É o caso de
Galiza.

Se cadra haberá un mes, na Comisión de Medio Ambiente e
Agricultura, defendía unha iniciativa pola cal pediamos que se elaborase
un plan de actuación para tentar controlar e, se fose posible, erradicar
unha praga que temos en Ourense que está invadindo terreos produtivos,
que agora quedaron ermos, e que é unha especie fortemente invasora, como
é a acacia dealbata, que está copando eses terreos e os está volvendo
absolutamente improdutivos. É un problema que, como digo, vai a máis, que
precisa dunha actuación urxente. Somos conscientes de que son actuacións
moi custosas, pero tamén somos conscientes de que se non se levan a cabo
o custo será moito maior no futuro.

Polo tanto, totalmente de acordo co que formula a moción
nos seus dous apartados, tanto no que fai referencia a que se elabore
canto antes e que se rematen eses traballos que se están a levar a cabo
para elaborar o catálogo onde queden recollidas todas aquelas especies
que consideramos, tanto de fauna como de flora, que son exóticas e, polo
tanto, invasoras, que dalgún xeito rompen o equilibrio do noso medio
natural, dos nosos ecosistemas. Pero é tan importante como saber cales
son esas actuacións que debemos levar a cabo para controlalas e, como
digo, se fose posible, que é o desexable, poder erradicalas, sendo
conscientes da dificultade que isto supón.

Polo tanto, dado que estamos de acordo coa iniciativa
inicial nos termos que esta formulaba, tamén estivemos de acordo coa
transaccional que ao final acabamos asinando creo que a totalidade do
grupo.

Nada máis e moitas grazas.

Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para decir que el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas está totalmente de acuerdo con
esta moción defendida por el senador Batlle y, efectivamente, pensamos
que este es un tema importante, que algo hay que hacer, que las
administraciones públicas deben trabajar conjuntamente para hacer frente
a un problema que va a más del territorio del Estado español, y de manera
especial en alguna de sus comunidades autónomas, como es el caso de
Galicia.

Hace aproximadamente un mes, en la Comisión de Medio
Ambiente se defendió una iniciativa por la cual pedimos que se aprobara
un plan de actuación para intentar controlar, si fuera posible, e incluso
erradicar una plaga que tenemos en Orense, que está invadiendo terrenos
productivos que ahora han quedado totalmente yermos. Se trata de una
especie fuertemente invasora, la acacia dealbata, que está copando estos
terrenos y los está volviendo totalmente improductivos. Es un problema
que, como digo, va a más y necesita una actuación urgente. Somos
conscientes de que son actuaciones muy costosas, pero también sabemos que
si no se llevan a cabo el coste será mucho mayor en el futuro.

Estamos totalmente de acuerdo con lo que plantea la moción
en sus dos apartados. En uno hace referencia a que se elabore cuanto
antes y se concluyan esos trabajos que se están llevando a cabo para
elaborar el catálogo donde queden recogidas todas aquellas especies,
tanto de fauna como de flora, que son exóticas y, por lo tanto,
invasoras, y que de alguna manera rompen el equilibrio de nuestro medio
natural y de nuestros ecosistemas. Pero tan importante es también saber
cómo son esas actuaciones que se van a llevar a cabo para controlarlas y,
como digo, erradicarlas si fuera posible, siendo conscientes de su
dificultad.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la iniciativa inicial.
También lo estamos con la transaccional, que hemos firmado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Moltes gràcies, senyor president.

Des de l’escó mateix i amb molta brevetat per
manifestar la nostra posició d’acord absolut amb aquesta
iniciativa, aquesta moció que avui portem a debat i aprovació al Ple.

Estem absolutament d’acord amb aquesta iniciativa
perquè ens sembla totalment justa, és oportuna, perquè el problema que
se’ns planteja amb relació a la invasió d’espècies exòtiques
és un problema greu. Per tant, nosaltres volem felicitar el senador
Batlle per aquesta iniciativa que insisteixo que és oportuna; òbviament
també donem recolzament a aquesta transaccional que s’ha firmat per
tots els grups i, per tant, ho votarem favorablement.

Mirin, el tema aquest és un tema realment greu, important,
que està generant uns costos extraordinaris a les nostres administracions
i a la nostra agricultura. Com molts de vostès saben, jo sóc habitant del

Delta de l’Ebre. El Delta de l’Ebre som els
campions, indiscutiblement, de les espècies invasores exòtiques. Em
sembla que ho tenim pràcticament tot: tenim el musclo zebra; tenim el
caragol poma en aquests moments —que està fent uns danys
extraordinaris a l’arròs—; hem tingut i ja hem començat a
conviure amb ells, amb una espècie que és el cranc roig, una espècie
importada del Canadà, si no m’equivoco, i que ha fet danys
extraordinaris a les infraestructures de reg de tot el Delta de
l’Ebre. Ho ha dit també el senador Batlle, tenim uns silurs que jo
convido les senyores i senyors senadors a veure’ls; són uns animals
que fan tres o quatre metres i que van ser importats per uns alemanys al
pantà de Riba-roja per dedicar-lo a la pesca esportiva, però el resultat
final ha estat que s’han menjat totes les altres espècies.

Per tant, tenim experiència en aquest tema, creiem que és
un tema greu. Des de les administracions locals i des de les
administracions autonòmiques s’està lluitant, però em fa
l’efecte que posar en solfa mecanismes de lluita coordinada a
partir d’aquesta iniciativa serà molt important.

En tot cas, acabo, ens adherim absolutament a aquesta
proposta i felicitem, absolutament, la iniciativa que ha presentat el
senador Batlle.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño y con mucha brevedad para
manifestar nuestra posición de total acuerdo con esta iniciativa, con
esta moción que hoy se debate para su aprobación en el Pleno. Estamos
totalmente de acuerdo con ella porque nos parece totalmente justa.
Además, es oportuna, porque el problema que se nos plantea en relación
con la invasión de las especies exóticas es grave.

Por consiguiente, queremos felicitar al senador Batlle por
esta iniciativa que, insisto, es oportuna. Obviamente, también apoyamos
la transaccional que se ha firmado por todos los grupos, por lo que la
votaremos favorablemente.

Señorías, esta es una cuestión realmente grave, importante,
que está generando unos costes extraordinarios a nuestras
administraciones y a nuestra agricultura. Como muchos de ustedes saben,
yo soy habitante del Delta del Ebro, donde, indiscutiblemente, somos los
campeones de las especies invasoras exóticas; prácticamente las tenemos
todas: tenemos el mejillón cebra, tenemos el caracol manzana —que
en estos momentos está causando unos daños extraordinarios en el
arroz—; hemos tenido y hemos empezado a convivir con el cangrejo
rojo, una especie, si no me equivoco, importada de Canadá, que ha causado
daños extraordinarios en las infraestructuras de riego de todo el Delta
del Ebro, y,como ha señalado el senador Batlle, tenemos unos siluros, que
invito a las señoras y señores senadores a que los vean: son unos
animales que miden 3 o 4 metros, que importaron unos alemanes para el
pantano de Ribarroja para dedicarlo a la pesca deportiva. El resultado
final ha sido que se han comido a todo el resto de las especies.

Por lo tanto, tenemos experiencia en esta materia.
Consideramos que es un problema grave; las administraciones locales y
autonómicas están luchando para combatirlo, pero será muy importante
poner en marcha mecanismos de lucha coordinada a partir de esta
iniciativa.

En todo caso —y termino—, nos adherimos a esta
propuesta y felicitamos totalmente la iniciativa que ha presentado el
senador Batlle.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra al senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gràcies, senyor president.

I des de l’escó perquè, després de l’exposició,
no crec que calgui dir gran cosa més.

No obstant això, sí que vull fer-los una confessió a
vostès, senyors i senyores senadors, i és que quan vam plantejar aquesta
moció, la vam plantejar des d’un punt de vista una mica egoista.
Una mica egoista pensant en el sector agrari de rec, per les
conseqüències que tenia, i que comença a tenir, el musclo zebra, en les
infraestructures de rec; en les infraestructures de rec localitzat o a
pressió, que és, en el conjunt del Pla Nacional de Regadius, el sistema
que s’està imposant, no només quan es fa un rec nou, sinó quan hi
ha una millora d’un rec ja existent. Per què? Perquè la
proliferació d’aquest musclo zebra acaba obturant les canonades,
acaba destrossant-ne els filtres, perquè es mou amb tanta facilitat per
l’aigua, i amb tanta capacitat, que o bé hi ha un control adequat
sobre aquest tema o bé la passarem magra. I, per tant, les
infraestructures de rec es veuran molt afectades, les màquines que són
els

mecanismes d’impulsió perquè l’aigua tingui la
pressió suficient per establir els sistemes de rec localitzat, de recs
eficients, de recs que siguin cada vegada més estalviadors d’aigua,
van ser l’esperit inicial d’aquesta moció.

Afortunadament, la participació de tots ha fet veure que no
només era interessant per aquest tema sinó pels de caràcter ambiental,
perquè els costos ambientals sobre aquesta qüestió de les espècies
exòtiques invasores són enormes, i poden arribar sent impagables si no hi
posem remei de bon principi.

Per tant, a tots i a totes, moltes gràcies; primer, per
ajudar-me a fer una moció que crec que finalment ha quedat bastant ben
articulada i bastant ben acceptada; i segon, per obrir-me els ulls a la
realitat que no només els agricultors tenen problemes, sinó que en té el
conjunt de la societat.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño, ya que después de la exposición
no creo que haya que decir mucho más.

No obstante, quiero hacerles una confesión a ustedes,
señoras y señores senadores, y es que cuando planteamos esta moción lo
hicimos desde un punto de vista algo egoísta, pensando en el sector
agrario de riego, por las consecuencias que empieza a tener la presencia
del mejillón cebra en las infraestructuras de riego localizado a presión,
que es el sistema que se está imponiendo en el plan nacional de regadío,
no solo cuando se instala un riego nuevo sino cuando se produce una
mejora en un riego ya existente. ¿Por qué? Porque la proliferación del
mejillón cebra acaba obturando las tuberías, acaba destrozando sus
filtros, porque se mueve con tanta facilidad por el agua que, o bien hay
un control adecuado al respecto o las vamos a pasar canutas, porque las
infraestructuras de riego se pueden ver muy afectadas, es decir, las
máquinas, que son los mecanismos de impulsión para que el agua tenga la
presión suficiente para hacer funcionar los sistemas de riego localizado,
de riego eficiente y de riegos que sean cada vez más ahorradores de
agua.

Ese fue el espíritu inicial de esta moción.
Afortunadamente, la participación de todos nos ha hecho ver que no
solamente es interesante en este ámbito sino también en los de carácter
ambiental, porque los costes ambientales respecto de las especies
exóticas invasoras son enormes y pueden acabar siendo impagables si no
ponemos remedio desde el principio.

Por eso, muchas gracias a todas sus señorías, primero, por
ayudarme a hacer una moción que creo que finalmente ha quedado bastante
bien articulada y ha sido aceptada y, en segundo lugar, por abrirme los
ojos a la realidad de que no solo tienen problemas los agricultores, sino
la sociedad en general.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la
senadora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero felicitar al senador Batlle y a su
grupo parlamentario por esta iniciativa para que se apruebe el catálogo
español de especies exóticas invasoras, ya que esta es una de las
principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, en concreto
es la segunda mayor amenaza global para la biodiversidad biológica. La
llegada de estas especies invasoras puede ocasionar graves perjuicios
para la economía, como bien decía el senador Batlle, especialmente para
la producción agrícola, ganadera y forestal, pero también para la salud
pública.

Como saben sus señorías, esta no es solo una preocupación
de España sino internacional. Fruto de ello es que el Convenio de
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica reconoció su gravedad y
estableció que cada país impedirá que se introduzcan, y controlará o
erradicará las especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats u
otras especies. Y a nivel europeo, el Consejo de Europa, en el marco del
Convenio de Berna, elaboró en 2004 la Estrategia de Europa sobre Especies
Exóticas Invasoras, además de las directivas de 2009 y nuestra Ley
nacional de 13 de diciembre de 2007, de patrimonio nacional y la
biodiversidad.

En España, distintas especies de fauna y flora silvestre y
algunos hábitats tienen en la presencia de especies exóticas invasoras su
principal amenaza. Así, muchos peces endémicos están amenazados por el
impacto producido por peces exóticos introducidos. Ocurre con la malvasía
cabeciblanca o el visón europeo, gravemente afectados por la presencia de
especies competidoras.

La ocupación de terrenos ejercida por especies de flora
exótica ha arrinconado algunos hábitats naturales, sobre todo asociados a
zonas húmedas. Las pérdidas económicas por la presencia, por

ejemplo, del mejillón cebra, el caracol manzana o la avispa
asiática son cuantiosísimas, sobre todo, por el impacto que tiene sobre
distintas actividades económicas tradicionales.

Por todo ello y especialmente para posibilitar la
implantación de medidas activas —como bien nos decía el compañero
de Convergència i Unió— que eviten los efectos negativos derivados
de la presencia de especies exóticas invasoras sobre la propia diversidad
biológica española y los intereses en los aprovechamientos económicos de
las personas, estamos de acuerdo con la moción inicial y, por supuesto,
con la transaccional que hemos firmado.

Terminamos valorando el acuerdo de todos los grupos
parlamentarios y la voluntad que ha mostrado el senador Batlle para
conseguirlo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la senadora
Xamena.

La señora XAMENA TERRASA: Gracias, señor presidente.

Quiero también dar las gracias al senador Batlle porque
creo que con la presentación de esta moción y con la enmienda que hemos
transaccionado hemos conseguido unos objetivos superiores a los que
inicialmente nos habíamos propuesto y, además, hemos abierto una vía de
trabajo para que el Gobierno pueda dar cumplimiento a los objetivos y
compromisos nacionales e internacionales que adquirió en octubre de 2010
en Aichi, en el sentido de que en 2020 seguiría rigurosamente el control
de las especies exóticas e invasoras.

En ocasiones hay compañeros que me preguntan por qué
hablamos de estas cosas tan extrañas en el Senado y creo que es el
momento adecuado para decir que hablar de especies exóticas invasoras no
es algo baladí y que no es un capricho, porque además de su parte
romántica y bucólica de conservación o de preservación, también tiene una
parte muy importante relacionada con los sectores productivos, con la
agricultura, con la ganadería, con la pesca, con el mantenimiento de
nuestros ecosistemas naturales, que son un gran atractivo turístico y,
por tanto, estamos hablando de economía, de trabajo y también de sectores
productivos.

En cualquier caso, he de decir que hoy en día las especies
exóticas nvasoras en nuestro país son grandes desconocidas, incluso son
grandes desconocidos los costes que originan. Actualmente disponemos de
pequeños estudios, como los de Montserrat Vilà, investigadora de Doñana,
que ha hecho las primeras aproximaciones de los costes económicos que
supone el control y seguimiento de especies exóticas invasoras en España.
Únicamente apunta que controlar el jacinto de mar en algunas zonas de
nuestros ríos ya ha costado, a día de hoy, más de 3,4 millones de euros.
Asimismo hacer un seguimiento del kaipu, en Gran Canaria, lleva un coste
acumulado de más de 2,8 millones de euros. Y un aspecto que me afecta por
ser mallorquina y por proceder de una isla: la cartografía de algas
marinas invasoras en algunas zonas de nuestro litoral mediterráneo, a día
de hoy, ya ha costado más de 8,2 millones de euros. Por tanto, insisto en
que no es un tema baladí sino que estamos hablando de economía, de
sectores productivos y también de la conservación de nuestro patrimonio
natural.

Me gustaría decir que las pérdidas que se ocasionan
anualmente en el Reino Unido por artrópodos invasores que afectan sobre
todo a la agricultura se valoran en más de 2800 millones de euros al año,
y en Estados Unidos la gestión directa de las especies invasoras en su
conjunto supone un gasto anual de más 137 000 millones de dólares
—que no es algo menor—. En España, a día de hoy, desconocemos
el montante del control y seguimiento de estas especies.

Actualmente, tanto la sociedad como las administraciones
reconocen la problemática que crea la propagación de estas especies; hoy
se monitorizan algunas, y se siguen y vigilan otras, pero no hay un
trabajo coordinado de todas ellas que repercuta positivamente en la
conservación de nuestro patrimonio natural.

En la actualidad nadie sabe cuántas especies invasoras se
hallan en España, nadie sabe cuál es su distribución, el tamaño de su
población, el peligro que suponen para cada uno de los hábitats afectados
o qué posibilidades de expansión tiene cada una de ellas; asimismo,
desconocemos los efectos negativos en los distintos sectores económicos y
en la salud humana.

Ya que todos han hecho una especie de catálogo de las
especies invasoras que les son más próximas, quisiera recordar la
caulerpa taxifolia, la famosa «alga asesina» que llenó páginas y páginas
de prensa, sobre todo de la inglesa e internacional. La caulerpa
taxifolia es una especie invasora que desplaza la posidonia oceánica, que
es la gran creadora de praderas marinas y la que mantiene todo el nicho y
la

estructura ecológica dentro del mar y las cadenas tróficas.
Esta alga, con el nombre que le pusimos de alga asesina, incluso hizo
temer a las personas que los baños en la costa de Baleares pudiesen tener
alguna repercusión sobre su salud, por lo que hay que evitar esto en lo
posible y creo que es muy necesario que todos trabajemos en ello. Sí me
gustaría que constase en acta que no se sabe por qué motivo el alga
asesina, la caulerpa taxifolia, está en fase de regresión, está
desapareciendo de nuestras costas sin que conozcamos el motivo, porque en
estos momentos ella misma se está erradicando.

Por tanto, señorías, el Grupo Popular está satisfecho de
haber conseguido esta transaccional. Estamos de acuerdo en que se debe
aprobar de inmediato el catálogo de especies exóticas invasoras, ya que
no puede ser de otro modo, sobre todo por coherencia. El Grupo
Parlamentario Popular ya en los años 2007 y 2010 presentamos mociones en
ese sentido en esta Cámara. También quiero recordar que el valor en sí no
es la aprobación de este catálogo, no es el listado en la clasificación
de estas especies, sino las actuaciones que se deben desarrollar en
función de los resultados de este trabajo, que nos indicará las medidas
activas que debemos adoptar para evitar los efectos negativos sobre estos
ecosistemas. Estamos muy satisfechos de esta transacción, repito, ya que,
a partir de este catálogo y a partir de los trabajos de gestión y control
de estas especies podemos decir qué especies debemos erradicar, cuáles
debemos eliminar y qué especies foráneas podrán convivir en nuestros
hábitats y las podremos mantener en algún sitio en una densidad
suficiente para que no afecten a nuestros ecosistemas.

Agradezco al señor Batlle esa moción, y gracias a todos los
grupos por habernos permitido llegar a un acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.

El texto que se somete a votación está firmado por todos
los grupos. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobado por asentimiento.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE
LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN EN RELACIÓN
CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31
BIS Y 59 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 624/000015)

(Núm. exp. C.D. 122/000232)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos al
punto sexto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y
proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

Dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración en
relación con la proposición de ley orgánica de modificación de los
artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

No se han mantenido enmiendas para su defensa en el
Pleno.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la
presidenta de la comisión, la senadora Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.

He sido designada por la Comisión de Trabajo para presentar
a la Cámara el dictamen de la proposición de ley orgánica en los
artículos 31 bis y 59 bis, que usted ha comentado.

La proposición de ley tuvo su entrada en el Senado el 10 de
junio, siendo publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en
la misma fecha, finalizando el plazo de enmiendas el pasado 14 de junio.
Se han presentado tres enmiendas por el Grupo Catalán de Convergència i
Unió, retirándose en comisión la enmienda número 3, y habiendo presentado
el Grupo Socialista una transaccional a las enmiendas 1 y 2, que han sido
apoyadas por unanimidad.

Señor presidente, dado que no va a haber debate me va a
permitir solo un minuto porque yo creo que merece la pena resaltar el
consenso alcanzado por los grupos, que permite proteger más y mejor a las

personas inmigrantes que viven y trabajan en nuestro país.
Hoy disponemos de una ley sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España que, además, avanza en la protección de los menores no
acompañados, de las mujeres víctimas de violencia de género y de las
personas que entran en las redes que trafican con seres humanos.

Con el texto que ahora hemos transaccionado en el Senado
—por el que creo que debemos felicitarnos— conseguimos
proteger más y mejor a las víctimas de violencia de género, amparando
también mejor la denuncia y la explotación. Se protege mejor a sus hijos
y familias, se garantiza también mejor la autorización de residencia y
trabajo y la no expulsión del territorio.

No debemos olvidar que el informe de la fiscalía de 2010
nos decía que hay más de 135 000 denuncias por violencia de género, de
las cuales el 40% corresponde a inmigrantes. También en el informe de
2010 sobre víctimas identificadas como de potencial explotación por redes
que trafican con seres humanos hay 1605, de las cuales el 93% corresponde
a mujeres extrajeras, y de ellas 523 estaban en situación irregular en
nuestro país. Estas mujeres son las que queremos proteger más y mejor, y
con el acuerdo alcanzado por los diferentes grupos parlamentarios en el
Senado lo vamos a conseguir.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.

No hay debate de totalidad. Por tanto, pasamos al turno de
portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) No
interviene.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas?
(Denegación.) No interviene.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió? (Denegación.) No interviene.

¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés?
(Denegación.) No interviene.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegación.) No
interviene.

¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegación.) No
interviene.

¿Podemos entender que la Cámara aprueba por asentimiento
esta proposición de ley? (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento esta proposición de ley
orgánica de modificación y, en consecuencia, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el
Rey.

— DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL EN RELACIÓN
CON LA PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE PASAN A DENOMINARSE OFICIALMENTE
«ARABA/ÁLAVA», «GIPUZKOA» Y «BIZKAIA» LAS DEMARCACIONES PROVINCIALES
LLAMADAS ANTERIORMENTE «ÁLAVA», «GUIPÚZCOA» Y «VIZCAYA».

(Núm. exp. S. 624/000014)

(Núm. exp. C.D. 122/000252)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Dictamen de la
Comisión de Política Territorial en relación con la proposición de ley
por la que pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y
«Bizkaia» las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente «Álava»,
«Guipúzcoa» y «Vizcaya».

No hay presentación del dictamen ni debate de totalidad.
Por tanto, pasamos al debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 5, presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en este turno de defensa de las cinco enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular voy a intentar convencer a
sus señorías, aunque creo que es misión imposible, para que las apoyen,
pese a que en sucesivos debates, tanto en el Congreso como en Senado en
las correspondientes ponencias y comisiones, han sido rechazadas, y yo no
he tenido, en mi caso aquí en el Senado, el acierto de conseguirlo, algo
que, lo digo con toda sinceridad, lamento profundamente. Lo voy a
intentar ahora en esta nueva oportunidad con la intención de llegar a un
acuerdo de entendimiento coincidente con lo que creo que es lo natural en
la sociedad vasca, que está harta de crispación y de enfrentamiento
político, a veces incluso en estas materias lingüísticas, cuando esa
realidad no existe en la calle. Y lo hago porque

tengo la plena convicción, y se lo digo sinceramente a sus
señorías, de que estas enmiendas son perfectamente asumibles por todos
ustedes, por todos los grupos políticos.

Creo que desde el punto de vista político son unas
enmiendas asépticas, basadas en el sentido común, en la defensa de la
convivencia, de la pluralidad y de la diversidad lingüística, que
considero que son el fiel reflejo de la sociedad vasca hoy en día en esta
materia. Por ello voy a repasarlas una por una.

La primera enmienda viene orientada a cambiar el título de
la proposición, por considerarlo más claro y entendible respecto al
contenido de esta proposición de ley.

Respecto a la segunda enmienda, referida a la exposición de
motivos, creo que expresamos con más claridad a quién corresponde la
competencia de la denominación de los territorios históricos del País
Vasco —me gusta llamarlo así y así está expresado en la propia
disposición adicional primera de la Constitución española—, que
está depositada ni más ni menos que en estas Cortes Generales. Creo que
en esto algo se ha avanzado pues si recordamos, en anteriores ocasiones
el Partido Nacionalista Vasco había puesto en entredicho la competencia
de las Cortes Generales en esta materia, competencia que queda claramente
definida y limitada en el artículo 25 del Real Decreto de la Ley
781/1996, de 18 de abril, que dice lo siguiente: Solo mediante ley
aprobada por las Cortes Generales pueden modificarse la denominación y la
capitalidad de las provincias. La enmienda, en la que planteamos una
modificación de la exposición de motivos, deja bien clara esta
competencia.

Pero creo que las enmiendas fundamentales son las números
3, 4 y 5. Y voy a decirlo con toda claridad y cordialidad, la razón de
estas enmiendas es defender la pluralidad lingüística del País Vasco,
como así se contempla en el propio estatuto de autonomía. En concreto, en
el estatuto de autonomía, en el artículo 6.1 se establece, y dice con
toda claridad, que —entre comillas—: el euskera, lengua
propia del pueblo vasco, tendrá, como el castellano, carácter oficial en
Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho de conocer y usar esas
lenguas. Explíquenme entonces por qué, si se aprueba esta proposición de
ley, la denominación de Vizcaya y de Guipúzcoa no la van a tener en
castellano ¿Y por qué esta ocurrencia? ¿Qué motivación tiene? Algunos me
podrán decir —lo dijeron en la comisión correspondiente— que
fue una decisión de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa de los
años 1985 y 1986, respectivamente; por cierto, decisión que no fue votada
ni apoyada por el Partido Socialista ni por el Partido Popular en esas
dos instituciones vascas. Pero es que en el caso de Álava tampoco se
respeta en esta proposición la norma foral aprobada en esas Juntas
Generales en el año 1989, sin un solo voto en contra, y en la que
textualmente se dice —entre comillas—: el territorio se
denominará en cada una de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma,
Álava en castellano y Araba en euskera. Es decir, lo mismo —porque
es copia literal de lo que se aprobó en las Juntas Generales de
Álava— que expresa nuestra enmienda número 3 y que ustedes han
manifestado en varias ocasiones que rechazan, disfrazando su enmienda, la
que fue aprobada mediante una modificación en el Congreso de los
Diputados, por este texto aprobado en las Juntas Generales por el
Araba/Álava, que complica todavía más la situación, porque puede
producirse un contrasentido, y es que se utilice la palabra Álava en
euskera y Araba en castellano. Explíquenselo ustedes a los miembros de la
lengua vasca en el País Vasco.

Yo creo que las palabras, en el caso de Álava, tienen unos
fonemas diferentes y no deben ser confundidas, y debe ser Araba cuando se
habla en euskera y Álava cuando se habla o se escribe en castellano.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador,
vaya terminando.

El señor RABANERA RIVACOBA: Termino.

He intentado defender las enmiendas en un afán de
encuentro. Creo que con ellas defiendo la pluralidad, la convivencia, la
no exclusión, el no crear un problema que no existe, y considero que
estas enmiendas pueden ser asumidas —y les ruego que así lo
sean— perfectamente por todos ustedes, si, como ustedes dicen, y lo
han dicho en muchas ocasiones, defienden la diversidad y pluralidad.

Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (El señor Anasagasti Olabeaga y la señora
Rubial Cachorro piden la palabra.)

El tiempo correspondiente a este turno, que es el
equivalente al empleado para la defensa de las enmiendas, se repartirá
entre el senador Anasagasti y la senadora Rubial.

Tiene la palabra el señor Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor
presidente.

Con el tiempo de que dispongo diré únicamente al senador
Rabanera: Erramón Ravanera —con v— Ribacoba —con
b—. ¿Le gustaría eso? No, ¿verdad? Porque usted se llama Ramón
Rabanera —escrito con b— Rivacoba —escrito con v.

Pero aquí hablamos de una grafía vasca y de lo que se trata
fundamentalmente es de hacer normal lo que es normal a nivel de calle y a
nivel lingüístico. Eso lo decía Adolfo Suárez; por tanto, no estamos
proponiendo aquí nada extraordinario, se trata simplemente de una
cuestión de grafía, no vamos a cambiar el nombre.

Efectivamente, usted se ha referido a los acuerdos de
Juntas Generales, y como se nos dijo que tenía que ser una iniciativa
trasladada a las Cortes Generales, pues lo hemos hecho, hemos trasladado
a las Cortes Generales esta iniciativa para su tramitación. Es verdad que
el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra en una ocasión, pero
ahora parece que va a votar a favor. Es decir, que están cambiando las
cosas, y usted, señor Rabanera, también debería cambiar porque,
efectivamente, hay que hacer normal lo que es normal a nivel de calle,
como se ha hecho también en otros lugares, como, por ejemplo, en A
Coruña, Illes Balears, Girona o Lleida. ¿Por qué en estas ciudades se
puede cambiar el nombre y no se puede poner Vizcaya con b?

Se nos ha argumentado que qué va a pasar con el BBV. Pues
que pase lo que tenga que pasar y que le nombren como les de la gana,
porque en euskera no hay uves, señor Rabanera, es un nombre vasco y por
tanto, vamos a ponerlo con b, si no, sería una falta de ortografía.

Y en cuanto a Álava, en lo que ustedes muestran tanta
oposición, hemos tomado una decisión salomónica para respetar lo que
dicen, y hemos puesto Araba/Álava; usted lo llamará Álava y otros Araba,
y no pasará absolutamente nada. Pero no dramatice algo que debería ser
absolutamente normal.

Y de forma muy resumida, señor presidente, diré que para
echar abajo en reiteradas oportunidades esta iniciativa en el pasado han
utilizado el argumento de que, al margen de lo que acordasen las Juntas
Generales a propósito del nombre con el que han de ser oficialmente
conocidas estas sedes de demarcaciones forales, en tanto que son
provincias españolas, los territorios históricos vascos solo podían
alterar su denominación oficial a través del procedimiento previsto en el
artículo 25.2 del real decreto legislativo —es decir, de una ley de
ámbito estatal-, mediante la tramitación del oportuno proyecto de ley o
proposición de ley en las Cortes Generales. Pues bien, esta es una
proposición de ley.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular sostuvo en
aquella oportunidad a este respecto que las Juntas Generales son
competentes para establecer la cooficialidad de topónimos y no la
oficialidad exclusiva de los mismos, por lo que invito a los proponentes
a que si quieren que la única grafía oficial sea la euskérica presenten
la iniciativa adecuada, poniendo como ejemplo al grupo parlamentario
catalán, que cuando planteó el cambio de denominación oficial de Lérida y
Gerona por los correspondientes de Lleida y Girona, lo hizo mediante
proposición de ley para que fueran las Cortes Generales quienes, en su
caso, oficializasen el cambio.

Por su parte, el portavoz socialista recordó la doble
naturaleza de los tres entes públicos que integran la comunidad vasca, la
de territorios históricos, la de territorios forales y la de provincias
de régimen común, y concluyó que la iniciativa o bien resulta innecesaria
por existir normativa aplicable a la denominación de los territorios
históricos, o bien es improcedente si lo que se pretende es la
utilización de las denominaciones oficiales de los territorios históricos
a las demarcaciones provinciales del País Vasco.

En alguna ocasión hemos llamado la atención sobre la
concurrencia en este caso de una circunstancia diferencial específica
para el caso vasco que no resulta fácilmente comprensible, un hecho
diferencial de carácter negativo porque impide a su titular hacer algo
que, sin embargo, se permite a los territorios de régimen común. Lo que
se da por bueno para Lleida, Girona, A Coruña, Ourense e Illes Balears,
mutaciones que en algunos casos entrañan cambios fonéticos incluso de
difícil pronunciación para el castellano parlante, se niega a los
territorios vascos por mucho que sus nombres sean de raíz netamente
euskérica y la modificación propuesta apenas suponga alteraciones
fonéticas de relevancia, limitándose prácticamente a lo gráfico. En el
caso de los territorios vascos no estamos hablando de distintas
denominaciones…

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría,
termine, por favor.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente,
termino.

Como digo, no estamos hablando de una denominación vasca y
otra castellana, sino de una única denominación de sustrato
inequívocamente euskérico, pues nadie cuestiona la raíz vasca de las
voces Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
señoría.

Tiene la palabra la senadora Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo parlamentario ya manifestó en la
Comisión de Política Territorial que celebramos al finalizar el pasado
Pleno que íbamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado porque consideramos que no son
coincidentes con las normas existentes en los territorios forales vascos,
entre otras cosas, porque modifican y desnaturalizan el sentido de la
proposición de ley.

Pero quiero decir que igual que respetamos que Álava/Araba
pueda ahora denominarse indistintamente en euskera o en castellano, por
decisión de las Juntas Generales deberíamos respetar también que Bizkaia
y Gipuzkoa pase a ser su grafía oficial en euskera.

Eso no quiere decir que se vaya a penalizar a nadie por
utilizar el uso del castellano —luego hablaré de ello en el turno
de portavoces—, pero el otro día curiosamente estuve en un acto en
Asturias, comunidad que no tiene una lengua oficial española —no sé
si van a molestarse los asturianos—, y pude ver que la grafía de
los municipios figura en numerosas ocasiones en bable, y nadie ha dicho
absolutamente nada. Es cierto que en su día no se apoyó esta decisión,
también es cierto que las cosas han cambiado, que la normalización del
uso de las lenguas en los territorios en los que tenemos lengua oficial
es de todos ya admitida y consabida.

Por tanto, debemos respetar ese acuerdo, además, va a
seguir existiendo la pluralidad lingüística y sobre todo —después
lo explicaré en el turno de portavoces—, lo vamos a aprobar en esta
Cámara, en las Cortes Generales, que es donde corresponde tomar la
decisión definitiva y donde ha sido presentada, para que sea una ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Mur.

¿Va a intervenir solo un senador por el Grupo Parlamentario
Mixto? (Asentimiento.) Por tanto, tiene cinco minutos.

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

Voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario y, de
manera especial, la de este senador, que, además, como presidente de la
Comisión de Política Territorial, tuvo el honor de dirigir el debate
celebrado en la comisión. La verdad es que fue y ha sido un debate
interesante porque hemos conocido puntos de vista yo creo que
innecesariamente discrepantes.

Les resumo diciéndoles que apoyé el texto de la proposición
del Congreso de los Diputados en la Comisión de Política Territorial.
Escuché con muchísima atención los argumentos del senador Rabanera, que
creo que son estimables, aparte del entusiasmo que le pone en sus
intervenciones, y para una persona que ve la cuestión con una cierta
distancia, tiene también puntos asumibles. En el fondo, mi voto lo decide
la posición de los que allí han decidido —es decir, las
diputaciones forales-cómo tienen que decirse las cosas.

La verdad es que las leyes no lo cambian todo porque la
gente que viva en el País Vasco dirá lo que tenga que decir y lo nombrará
con la denominación castellana o con la denominación euskera, y no va a
pasar nada. Esto de la guerra de las lenguas debería ir aplacándose,
porque no me parece fundamental, cuando se trata de algunas cuestiones
más de matiz que de fondo. Por tanto, apoyaré el dictamen de la
comisión.

Señor presidente, con su permiso, voy a utilizar este turno
para decir a sus señorías que es mi última intervención en este Senado.
La cámara autonómica aragonesa, las Cortes de Aragón, que me eligieron

para representar a mi comunidad hace ocho años y me
volvieron a elegir hace cuatro, se constituyó ayer y están en el proceso
de designación de los nuevos representantes de la comunidad autónoma en
este Senado, proceso al que no voy a concurrir. Por tanto, no voy a estar
aquí a partir de una fecha próxima.

Quiero precisamente aprovechar este turno relativo a la
proposición que se tramitó en la comisión que he tenido el honor de
presidir en esta legislatura para decir algunas cosas, señor presidente.
En primer lugar, para dar las gracias a todos los compañeros y compañeras
con los que he convivido durante estos ochos años; de manera muy
especial, a los compañeros y compañeras de la Comisión de Medio Ambiente
en la legislatura anterior, que tuve el honor de presidir, y a los de la
Comisión de Política Territorial en esta legislatura, que también he
presidido, así como a los compañeros de la Mesa, de la Junta de
Portavoces y a todos los miembros de las comisiones. La verdad es que fue
muy fácil presidir y ordenar el trabajo de estas dos comisiones en estas
legislaturas. También quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todas
sus señorías, con las que he convivido, trabajado y luchado, con las que
he compartido ilusiones y trabajo, discrepancias, y a las que tengo que
decir que he aprendido mucho de todos ustedes. Por tanto, me voy con
mejor bagaje intelectual que con el que llegué, me voy también con la
creencia de que tengo muchos más amigos que cuando llegué aquí
—ustedes también pueden considerarme a mí su amigo-, y quiero
decirles también que ahí donde la vida nos lleve a todos, yo seguiré
estando los próximos años, casi seguro, por aquellas montañas del Pirineo
aragonés de donde soy nativo, disfrutando de una bien ganada tranquilidad
porque llevo casi 25 años de tarea parlamentaria y ya es hora de dar el
relevo a otras generaciones que a buen seguro seguirán con la tarea de
prestigiar las instituciones, de fortalecer la democracia y de buscar una
sociedad más justa y más solidaria.

Quiero decirles a todos ustedes también, a los que se
quedan y a los que vengan, una única cuestión: que sigan trabajando lo
mejor posible, que vienen tiempos muy difíciles y va a hacer falta hacer
política con mayúsculas.

Ya que estamos en este Senado, señor presidente, y si usted
me lo permite, quiero hacer una petición: trabajen para que la reforma
del Senado sea efectiva, de lo contrario, esta casa tan querida para
todos nosotros y para mí en especial no va a tener el protagonismo, el
papel, que la Constitución le tiene encomendado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mur, por sus
palabras, y le deseamos lo mejor, sentimiento que tenemos todos los que
compartimos hoy el Senado con usted.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Muchas gracias, señor Mur, a quien conocimos en el Congreso
y ahora en el Senado. Es usted un viejo roquero. Termina su periplo
parlamentario con una iniciativa y además nos pide que se haga política
con mayúsculas. Pues haremos política con mayúsculas. Señor Rabanera, ¿ha
escuchado usted al señor Mur? Política con mayúsculas. Además, el señor
Mur es un hombre templado, moderado y va a votar a favor de esta
iniciativa. Por tanto, anímese usted también a votar favorablemente esta
iniciativa y haga caso al señor Mur. No estaría nada mal. (Risas.)

Señor presidente, estamos debatiendo esta proposición de
ley, con unas enmiendas, y quizás simplemente sería bueno recordar algo
que ocurrió hace tiempo. La denominación de las provincias del Estado
español no es de ahora, fue fijada por el Real Decreto de 30 de noviembre
de 1833 —ha llovido desde entonces—, cuyo artículo primero
estableció, en lo que ahora interesa, que tomarán el nombre de sus
capitales respectivas, salvo las de Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya,
que conservan sus actuales denominaciones.

Con posterioridad, la legislación del régimen local ha
regulado el procedimiento que ha de observarse para alterar el nombre
oficial de una provincia, y en la actualidad este procedimiento está
previsto en el artículo 25.2 del Real decreto de 18 de abril, según el
cual solo mediante ley aprobada por las Cortes Generales pueden
modificarse la denominación y capitalidad de las provincias.

Durante la presente etapa democrática han sido varias las
provincias que han promovido el cambio de su denominación oficial. A
principios de los ochenta, Logroño, Oviedo y Santander cambiaron sus
nombres tradicionales por los de La Rioja, Asturias y Cantabria
respectivamente. En el primer caso, el cambio se produjo con anterioridad
a la aprobación del estatuto y en el caso de Asturias, en un momento
posterior. Por su parte, Cantabria promovió el cambio de su denominación
a través precisamente de la propia norma estatutaria.

Con posterioridad, ya en la década de los noventa, varias
provincias de comunidades bilingües acometieron también la modificación
legal de su nombre con el común objetivo de instituir como oficial la
versión expresada en la lengua autonómica correspondiente. Así las
provincias de Gerona y Lérida pasaron a denominarse Girona y Lleida, el
archipiélago balear cambió su nombre por el de Illes Balears y las
provincias gallegas de La Coruña y Orense optaron por fijar su
denominación oficial bajo los apelativos de A Coruña y Ourense.

En el supuesto de La Rioja y de Asturias, las leyes a
través de las cuales se produjo el cambio oficial de denominación
—que responden al mismo esquema formal— se limitaron a hacer
efectivo el cambio legal y a especificar que, pese a la alteración de la
denominación provincial, se mantenía el nombre de la capital añadiéndose
en ambos casos que las referencias que al antiguo nombre se hubieran
realizado por los órganos del Estado u otros organismos públicos se
entenderían hechas en lo sucesivo en la nueva denominación. Ninguna razón
se aduce, sin embargo, para justificar el cambio.

En el caso de Cantabria, el estatuto expresa como
motivación del cambio el propósito de recoger el sentir mayoritariamente
ya expresado en la diputación y ayuntamiento de la actual provincia de
Santander.

No voy a redundar más en argumentos ya sabidos.

Hay que recordar nuevamente que queremos hacer normal lo
que es normal en cualquier conversación en Euskadi. Me comentaba la
senadora Leanizbarrutia que si efectivamente hubiera que hablar de
Guipúzcoa como lo plantea el señor Rabanera, habría que decir Güipuzcoa,
algo, sinceramente, bastante raro ¿no? Porque el nombre es euskérico, es
un nombre vasco, por lo tanto, llamémoslo con su grafía actual.

Voy a terminar apelando de nuevo a lo que ha dicho el
senador Mur sobre la política con mayúsculas. Además, tenemos una muy
buena relación personal con el senador Rabanera y he tratado de buscar en
Wikipedia a ver qué dicen de él, y dicen: «Rabanera» —con b—
«trató de aportar sentido común a su gestión de gobierno desde el
compromiso para gestionar de un modo que permitiera que todos, tanto
nacionalistas como no nacionalistas, se sintieran cómodos en Álava»
—Álava/Araba—. «Su talante conciliador y una personalidad
cercana y amable permitieron que gozara de gran aprobación social y
dieron un perfil moderado a su gobierno que contó con gran estabilidad en
su primera legislatura. Su firme convencimiento foral…» —su
firme convencimiento foral— «…y su sentimiento vasquista le
llevaron a jugar un papel trascendental en importantes hitos del
autogobierno vasco y de la realidad foral de las Diputaciones.»

Por tanto, señor Rabanera, no se empecine. Usted es
Rabanera con b y no Mayor Oreja.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.—
Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra, por Convergència i Unió, la senadora
Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.

Señorías, buenos días.

En primer lugar, en nombre de CiU, quiero agradecer al
senador Mur su cordialidad, su eficacia y su amabilidad con todos los
senadores de nuestro grupo y con la Cámara. Por lo tanto, evidentemente,
le deseamos mucha suerte en sus nuevas actividades.

Respecto al dictamen, quiero hacer una breve intervención
para fijar nuestra posición. En un Estado plurinacional como es el Estado
español es conveniente la existencia de una Cámara de representación
territorial para que las naciones que vivimos en España podamos defender
nuestros intereses. El Senado ha ido mejorando en su condición de Cámara
de representación territorial, y el último gran paso adelante ha sido la
incorporación del uso de las diferentes lenguas oficiales en el Pleno del
Senado. Este hecho tiene un gran valor para superar la visión centralista
de que existe una lengua de primera y otras de segunda. Cuesta mucho el
reconocimiento de esta realidad plurinacional y no gusta en determinados
ámbitos, pero no se puede cuestionar la realidad plurilingüística de los
territorios que tienen su lengua propia.

Como saben, señorías, yo soy de Girona y no pasa nada
porque mi demarcación o mi ciudad sea nombrada así. Tampoco pasada nada
por decir Lleida, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia. Sencillamente, forma parte de
la normalidad, del respeto a las lenguas y, en definitiva, del respeto a
las personas que las hablan.

Por razones de legalidad, de normalización y de
reconocimiento de una realidad social y lingüística innegable, mi grupo
votará a favor del dictamen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Senador Bruguera, tiene la palabra por la Entesa.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero saludar cordialmente al senador Mur
enviándole un abrazo fraternal y deseándole mucha suerte en el futuro.

Si me permiten, quisiera centrar el tema del que estamos
tratando, diciendo que parecería que hoy estamos tratando un tema
excepcional, cuando precisamente lo excepcional es que se trate hoy y no
se haya tratado y resuelto hace dieciocho o diecinueve años, tal y como
se hizo en Cataluña —Girona, Lleida-, en las Illes Balears y en
Galicia, por cierto, con el voto a favor del Partido Popular. ¿Por qué
ahora, cuando se trata el mismo tema que tuvo lugar hace muchísimos años
en esos territorios para el País Vasco, parece que estamos tratando un
tema raro o excepcional? Pues bien, es que no es así. Pero, además, en el
caso del País Vasco se da una dualidad y es que al mismo espacio
geográfico se le denomina de dos maneras distintas según se trate de los
territorios históricos, de los territorios forales o de las provincias
aunque geográficamente son la misma cosa. Por lo tanto, respetando los
acuerdos tomados en su momento por las Juntas Generales de los
territorios forales y de los territorios históricos del País Vasco, con
los que estamos de acuerdo, adaptamos pura y simplemente la denominación
de las provincias a lo que en su momento acordaron democráticamente los
territorios forales. Por tanto, esto es algo de absoluta normalidad y lo
raro y lo excepcional, repito, es que tratemos este tema hoy, cuando
podría haberse resuelto tranquilamente, repito, con el voto favorable del
Partido Popular en el resto de territorios que he comentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente. Al
ser la mía la tercera o cuarta intervención, es probable que pueda
repetirme en algunas cosas.

En primer lugar quiero desearle al señor Mur no solo
personalmente sino en nombre de todo el Grupo Parlamentario Socialista el
mejor futuro y el mejor éxito.

Como ya hizo nuestro grupo al defender esta proposición
días pasados en la Comisión de Política Territorial, vamos a votar a
favor de la misma puesto que lo que pretendemos es apoyar la decisión de
las Juntas Generales de los tres territorios históricos, que ya en su
momento se pronunciaron en cómo deseaban que fueran denominadas las
respectivas provincias. Lo hicieron en los años 1985, 1986 y 1989 las de
Guipúzcoa, Vizcaya y Álava respectivamente. Además, no debemos olvidar
que la Ley 10/1982, del Parlamento vasco, de normalización del uso del
euskera, en su artículo 10, confiere a los órganos forales la capacidad
de fijar la nomenclatura oficial de los territorios históricos. Asimismo
el Real Decreto 781/1986, tal como se indica en su exposición de motivos,
establece en su artículo 25.2 que la modificación de la denominación de
cualquier provincia ha de hacerse mediante ley aprobada por las Cortes
Generales. Por tanto, se incluye entre nuestras competencias como Cámara
legislativa debatir también aquí en el Senado esta proposición de ley.
Por ello entendemos que es coherente que se haya instado a las Cortes
Generales a través de esta Cámara a que se respeten las decisiones que,
por ser de su estricta competencia, libre y autónomamente adoptaron en su
momento los tres Parlamentos provinciales. Nuestro grupo parlamentario lo
va a hacer con la misma normalidad con que vizcaínos, guipuzcoanos y
alaveses lo han hecho y se ha reconocido en los acuerdos de las Juntas
Generales a que me he referido.

Tenemos una gran riqueza lingüística que debemos conservar,
y así lo reconoce nuestra Constitución en su artículo 3, y lo que procede
es no utilizar el uso de nuestras diferentes lenguas como arma arrojadiza
porque debemos sentirnos orgullosos de esta diversidad, apoyando y
respetando, como he dicho, la decisión de las Juntas Generales, que son
instituciones apreciadas y respetadas por la ciudadanía vasca, a las que
les corresponde, como ya se ha mencionado, fijar los nombres de los tres
territorios históricos.

Ya se ha dicho aquí, y no es la primera vez que se ha
apoyado: se ha hecho con la denominación de Girona, Lleida, Illes
Balears, Ourense y A Coruña, y entendemos que estamos en la misma
situación y que tenemos los mismos derechos.

Si viajamos por la geografía vasca —seguramente
muchos de ustedes habrán tenido el privilegio de hacerlo, y perdón por la
bilbainada—, desde hace muchos años se ve habitualmente Loiu, en
lugar de Lujua, o Gernika, en lugar de Guernica con u y con c, o Pasaia,
o Hondarribi, y no ha pasado nada, es absolutamente normal verlo así.

Así pues, dado que vamos a votar a favor de la proposición
de ley como ya he anunciado, votaremos en contra de las cinco enmiendas
presentadas por el Grupo Popular porque entendemos que supondrían una
redacción alternativa y que afectarían además a la distribución de
competencias.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Gracias, señor presidente.

Señor Mur, le deseo en esa próxima vida apartada de la
política, en la que creo que ha hecho un ejercicio ejemplar, el mayor de
los éxitos y, sobre todo, muy buena salud.

Tengo que empezar por agradecer esa especie de curriculum
que el señor Anasagasti ha hecho de este senador, de Ramón Rabanera, tan
elogioso y tan merecido. (Aplausos.) Es cierto que a mí me ha tocado por
diversas circunstancias hacer una política muy complicada, y usted lo
sabe bien, incluso en muchos momentos con riesgo personal, y lo he hecho
siempre con un intento de aunar, de convivencia. Y hoy también lo he
hecho porque me da la impresión de que los portavoces que han intervenido
no han leído las enmiendas del Grupo Popular. Usted decía que Bizkaia
tiene que ser con b porque la v no existe en euskera. Pues así lo decimos
nosotros en nuestra enmienda, que la grafía en castellano sea Vizcaya,
con v, y que la grafía en euskera sea Bizkaia, con b. Lo mismo hacemos
con Guipúzcoa, y los expresamos así en nuestra enmienda: que en
castellano se escriba como se tiene que escribir en castellano y en
euskera como se tiene que escribir en euskera. Precisamente lo que
hacemos es defender el plurilingüismo, no estamos diciendo que no se
escriba en euskera o en castellano.

Respecto a la enmienda referente al territorio alavés,
ustedes no dicen la verdad y, lo que es peor, lo saben. Porque la
enmienda del territorio alavés es clarísima, y se aprobó en el año 1989
en las Juntas Generales de Álava. Y no solo le voy a leer la enmienda,
sino también su prólogo. La Ley básica de normalización del uso del
euskera dice: Corresponde a los poderes públicos de la comunidad, a cada
uno en su ámbito, y, entre otras muchas cuestiones, la de determinar la
nomenclatura oficial de los territorios, municipios, entidades de
población, etc., de la comunidad autónoma, respetando, en todo caso, la
originalidad euskaldun, romance o castellana con la grafía académica
propia de cada lengua.

El Estatuto de Autonomía de Euskadi y la legislación
ordinaria de la comunidad reconocen a los territorios históricos
capacidad para autoorganizarse dentro de su territorio, entre las que,
indudablemente, se encuentra la capacidad para determinar su denominación
—fíjense qué palabras más sensatas y más de convivencia, votadas
por todos: por el Partido Socialista, por el Nacionalista y por el
Popular, en aquellas Juntas Generales—:

Siendo habitual y pacífico el uso de los términos Álava y
Araba para identificar el territorio histórico en cada una de las lenguas
oficiales de la comunidad, solo la afectación castellana se encuentra
—hasta aquel tiempo— refrendada con propósitos definidores o
determinantes en un texto normativo de carácter oficial, cual es el Real
Decreto de 30 de noviembre de 1833; es decir, hace casi 200 años ya se
hablaba del territorio alavés como Álava. Continúa diciendo: La presente
norma foral tiene el objeto de llenar esa laguna y proclama la dualidad
terminológica cooficializando las voces Araba y Álava para identificar el
territorio histórico en ambas lenguas oficiales de la comunidad, dando
cumplimiento así a la moción aprobada por estas Juntas Generales en la
sesión celebrada el 19 de julio de 1989. Y el artículo único, que es el
que hemos presentado nosotros como una enmienda de sustitución
—textualmente, es el mismo—, dice: El territorio histórico se
denominará en cada una de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma,
Álava en castellano y Araba en Euskera. Esto sí que es foralidad.

Y le voy a decir otra cosa. ¿Sabe quién era el presidente
de aquellas Juntas Generales que aprobaron esta moción? El señor
Ibarretxe, posteriormente lendakari. ¿Y saben quién era el diputado
general de la Diputación en aquel tiempo? Don Fernando Buesa, y ambos
apoyaron esta enmienda que hoy presenta el Grupo Popular y que ustedes
rechazan no sé por qué, diciendo que esto no es plurilingüismo.

Señorías, yo creo que nos estamos equivocando todos.
Ustedes argumentan que eso es lo natural, pero yo vivo en Vitoria y
recorro las calles de la ciudad, y lo natural es que se utilice tanto
Álava como Araba, Guipúzcoa como Gipuzkoa y Vizcaya como Bizkaia, y lo
natural es que cada nominación y cada

grafía vaya en su lengua y no lo que ustedes están
intentando hacer, que es eliminar el castellano en cualquier relación con
el País Vasco. Así de claro. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a pasar a la votación de la proposición de
ley por la que pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa»
y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente
«Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya».

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 240; a favor, 110; en contra, 130.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos el resto de la proposición de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 240; a favor, 130; en contra, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales la proposición de ley por la que pasan a denominarse
oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones
provinciales llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya».

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN
CON EL PROYECTO DE LEY DE DINERO ELECTRÓNICO.

(Núm. exp. S. 621/000101)

(Núm. exp. C.D. 121/000105

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de
dinero electrónico.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Vilajoana. (Rumores.)

Espere un momento, senador Vilajoana, a que se haga
silencio. (Continúan los rumores.)

Señorías, por favor, silencio o abandonen el hemiciclo.
(Pausa.)

Comience, señoría, y levante la voz.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias,
presidente.

Presentación del dictamen del proyecto de ley de dinero
electrónico. El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día
16 de mayo, fecha de su publicación en Boletín Oficial de las Cortes
Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas
terminó el día 27, siendo ampliado hasta el día 2 de junio. Se han
presentado nueve enmiendas a este proyecto de ley, así distribuidas: tres
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tres del Grupo
Parlamentario Socialista y tres del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich
Cano, don Nicolás Fernández Cucurull, don José Manuel Pérez Bouza, don
Pere Sampol i Mas, don Francisco Javier Sanz Carramiñana, doña María
Arenales Serrano Argüello, doña Yolanda Vicente González y por el senador
que tiene el honor de dirigirse en estos momentos al Pleno de la Cámara.

La ponencia emitió informe el día 8 de junio y acordó
mantener en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. La comisión dictaminó el mismo día 8 y aceptó como dictamen el
texto propuesto por la ponencia. Han presentado votos particulares a este
proyecto de ley los grupos parlamentarios de Convergència i Unió,
Socialista y Popular.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenas días a todos. Como bien saben sus señorías, traemos
en esta ocasión para su debate en el Pleno el proyecto de Ley de dinero
electrónico, que tiene un propósito claro, y es la transposición de la
Directiva 110 del año 2009, de 16 de septiembre, al ámbito de la
regulación o de la normativa española, con tres claros objetivos. Uno de
ellos —como no puede ser de otro modo— es el de aumentar la
precisión del régimen jurídico aplicable, por lo que tiene que definirlo
bien, clarificarlo y delimitar su ámbito de aplicación. También tiene
otro objetivo clarísimo, que es la eliminación de determinados
requerimientos que hoy en día se le están haciendo, o se le podrían
hacer, a la entidades de dinero electrónico, que pueden resultar
bastantes gravosos u onerosos; y, el tercero objetivo que pretende
alcanzar este proyecto de ley es el de garantizar la consistencia del
nuevo régimen jurídico entre las entidades de dinero electrónico y las
entidades de pago.

Pues bien, para ello, intentando cumplir estos objetivos y
mejorar, en la medida de lo posible, el proyecto de ley de dinero
electrónico, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado tres enmiendas,
dos de modificación y una de adición.

¿Qué pretende el Grupo Parlamentario Popular con las tres
enmiendas? Lo explicaré rápidamente.

Pretendemos alcanzar tres objetivos. Con la primera de las
enmiendas pretendemos profundizar en la precisión; con la segunda
pretendemos actuar dentro del ámbito de la operatividad, y con nuestra
tercera enmienda pretendemos dotarle de garantía. Por lo tanto,
precisión, operatividad y garantía, tres elementos que son una condición
sine qua non de los que debe dotarse cualquier proyecto legislativo para
que pueda ser aplicable.

La primera de las enmiendas, de modificación, trata de
transponer, en sentido literal, el considerando número 5 de la directiva
europea que habla precisamente del régimen de exclusiones, en función de
la naturaleza y de las características. Este considerando número 5
también versa sobre los supuestos donde dicha exclusión no se puede
operar. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular entiende que,
transponiendo literalmente el considerando 5 al nuevo proyecto de ley, no
cabría ni ningún error. En ese sentido, esta enmienda de modificación
trata de aumentar la precisión.

Con la segunda de las enmiendas, también de modificación,
tratamos de dotar al proyecto de ley de operatividad. No tiene ningún
sentido que con el texto actual las entidades de dinero electrónico no
puedan emitir con carácter profesional dinero electrónico. Estamos
haciendo un proyecto de ley que realmente no se puede aplicar en España.

Señorías, tenemos que tener en cuenta —se lo digo
especialmente a la bancada del Grupo Parlamentario Socialista, con los
que hemos charlado, aunque lógicamente me refiero a todo el Senado—
que cualquier entidad profesional podría operar desde cualquier otro país
de la Unión Europea, y no tiene sentido hacer un proyecto de ley en
España en el que no se pueda dotar con carácter profesional para emitir
dinero electrónico precisamente a las entidades de dinero electrónico.
Por lo tanto, la justificación de esta enmienda, insisto, es dotarle de
operatividad.

Por último, con la tercera enmienda, que añade una nueva
disposición final, pretendemos dotar a este proyecto de ley de garantía.
¿Y por qué de garantía? Pues porque con él aseguramos el correcto
funcionamiento operativo de las actividades reconocidas dentro de las
entidades de dinero electrónico. ¿Y por qué? Porque la actual redacción
no solamente las equipara a los sistemas de pago sino que, además,
restringe el propio acceso a los sistemas de pago. Esto, en la práctica
quiere decir que no hay una competencia efectiva.

Por lo tanto, señorías, esperamos su apoyo a estas tres
enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular trae a la Cámara, porque lo
que pretendemos es dotar a este proyecto de ley de una clara precisión,
de operatividad —como no puede ser de otro modo— y de
garantía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Si no hay turno en contra, pasamos al turno de
portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? No hace
uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muy brevemente, señor
presidente, en primer lugar, debo lamentar que no se hayan aceptado por
parte del Gobierno y por parte del Grupo Socialista las tres enmiendas
que hemos presentado, pues este proyecto de ley nos daba la oportunidad
de ajustar algunos elementos que nos parecen importantes de esta
reestructuración reciente del sistema financiero español.

Lamentamos también que no se acepte la transacción a la
enmienda número 8, del Grupo Socialista. Esta enmienda define un comité
consultivo de la Comisión Nacional del Mercados de Valores. A esta
Comisión se incorpora un conjunto de representantes de emisores,
inversores, entidades de crédito, entidades aseguradoras, colectivos
profesionales designados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
y lamentamos que no se incorpore a los miembros de todos los mercados
secundarios oficiales; es decir, está muy bien que en esta comisión
figuren todos, pero nos parece un error que no figuren aquellos que están
operando en los mercados en estos momentos, en concreto, todas las
entidades oficiales que operan en bolsa. Lo lamentamos y expresaremos
nuestro voto en consecuencia.

No obstante, dicho esto, votaremos a favor de una ley que
entendemos que intenta reglamentar y definir un área muy importante de
nuestra economía, el dinero electrónico, que permite el desarrollo de un
factor determinante en una situación de decaimiento de la demanda,
porque, en el fondo, el dinero electrónico también acelera la velocidad
de la circulación del dinero, que, al final, es una forma de generar
riqueza.

Por tanto, vamos a apoyar esta ley, aunque lamentamos que
las tres enmiendas que presentamos y esta propuesta de enmienda
transaccional no hayan sido aceptadas por parte del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora
Alberich.

La señora ALBERICH CANO: Muchas gracias, señor presidente.

Del mismo modo que mis predecesores, intentaré ser muy
breve.

Quiero destacar, no la importancia de esta ley, que,
obviamente, es una trasposición y una obligación de Europa, sino la
importancia de la propia directiva. Las entidades de dinero electrónico
forman parte de un mercado muy escaso. De hecho, en España solo tenemos
una entidad propiamente dicha de dinero electrónico. Además, es muy
fácilmente confundible con otro tipo de mercado, más relativo a los
servicios de pago e, incluso, a un sector de negocio de las propias
empresas y casas comerciales para fomentar las ventas a través de medios
de pago y créditos al consumo muy específicos para esos bienes. Por
tanto, consideramos que era necesario mejorar su definición y, sobre
todo, dotar a este mercado de las herramientas suficientes para que
aumenten este tipo de entidades pero, sobre todo, la posibilidad de
competencia entre ellas.

Realmente, esta es una ley que ha generado bastante
consenso tanto en el Congreso como en esta Cámara. De hecho, como ya
viene siendo habitual, es una ley a la que se han presentado pocas
enmiendas, pero aún menos relativas al propio proyecto de ley. De las
tres presentadas, vamos a apoyar la primera de ellas, porque consideramos
que se ajusta a la filosofía de la propia directiva.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Sanz
Carramiñana.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Muchas gracias, señor
presidente.

Tal y como se ha comentado por parte de varios compañeros
que me han precedido en el uso de la palabra, este proyecto de ley que
hoy sometemos a votación pretende regular la emisión de dinero
electrónico con carácter profesional y el régimen jurídico de las
entidades emisoras, estipulando la competencia y aportando mayor
seguridad jurídica al sector. También se ha comentado aquí que incorpora
a nuestro ordenamiento jurídico la directiva comunitaria 2009/110, de 16
de septiembre, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero
electrónico y su ejercicio, así como la supervisión prudencial de
entidades por la que se modifican las directivas de 2005 y 2006 y se
deroga la directiva 2000/46.

El principal objetivo de la norma es aumentar la precisión
del régimen jurídico aplicado a la emisión de dinero electrónico,
clarificando su definición y ámbito de aplicación. Se entiende por dinero
electrónico

todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o
magnéticos que representen un crédito sobre el emisor, emitiéndose recibo
de fondo con el propósito de efectuar operaciones de pago y este sea
aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero
electrónico. Asimismo, el proyecto de ley pretende garantizar la
consistencia entre el nuevo régimen jurídico de las entidades de pago y
el aplicable a las entidades de dinero electrónico. Las actividades que
pueden desarrollar ambos tipos de entidades tienen conexiones evidentes,
de manera que es preciso coordinar ambas regulaciones para evitar
prácticas de arbitraje regulatorio.

Una parte fundamental del régimen jurídico de las entidades
de dinero electrónico es su obligación de mantener en todo momento,
además del capital inicial mínimo exigible, un nivel suficiente de
recursos propios. La norma dota al Banco de España de una serie de
facultades para garantizar la existencia de capital suficiente en las
entidades de dinero electrónico. Asimismo, antes de comenzar su
actividad, las entidades de dinero electrónico deberán inscribirse en un
registro especial que a tal efecto se creará en el Banco de España, en el
que figurarán también los subagentes, las sucursales y las actividades
que pretendan llevar a cabo.

Como también se ha comentado, el proyecto de ley se compone
de 23 artículos y 6 capítulos. Incluye las disposiciones generales que
establecen el objeto de la ley, como la definición de dinero electrónico,
el régimen jurídico y prudencial de las entidades de dinero electrónico,
así como la delimitación de la actuación, y prevé una excepción respecto
a dos tipos de instrumentos: aquellos que son de uso limitado a los
establecimientos del emisor o a una red limitada de proveedores de
servicio; o también aquellos que se utilicen para operaciones de pago
ejecutadas por dispositivos de telecomunicaciones digitales exentas por
la Ley 16/2009, de Servicios de Pago. Asimismo, también se enumera el
tipo de entidades que pueden emitir dinero electrónico de manera
profesional, desde entidades de crédito a autoridades públicas.

Los siguientes capítulos y artículos se encargan del
régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, define las
entidades y otorga la denominación de entidades de dinero electrónico. El
Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España
—como no puede ser de otra manera— autoriza la creación de
estas entidades, que se integrarán en el registro especial de entidades
de dinero electrónico.

También se regulan las causas para la revocación de las
autorizaciones; se establece en 350 000 euros el capital inicial mínimo
de estas entidades y un nivel de recursos propios suficientes y adecuados
a los indicadores de negocio de la propia entidad.

Por otro lado, el proyecto de ley permite que las entidades
de dinero electrónico puedan desarrollar otro tipo de actividades
económicas como la prestación del servicio de pago, excepto la captación
de depósitos u otros fondos reembolsables del público.

Igualmente, se regulan los requisitos de salvaguarda de los
fondos económicos recibidos a cambio de dinero electrónico y se elabora
la información contable de estas entidades.

También se regula la posible actividad transfronteriza de
las entidades de dinero electrónico, y cualquier actividad en este
sentido debe ser comunicada al Banco de España.

Por otro lado, se regula la actividad de una entidad de
dinero electrónico española en otro Estado miembro de la Unión Europea o
en un Estado que no lo sea, del mismo modo que también se regula la
actividad en nuestro país de otros Estados miembros de la Unión
Europea.

Recoge la facultad de las entidades de delegar en terceras
personas la prestación de funciones operativas, manteniendo la
responsabilidad plena de los actos realizados. Solo podrán distribuir y
desembolsar dinero electrónico a través de sus agentes, pero nunca emitir
por intermediación. La emisión y reembolso de dinero electrónico se
emitirá siempre por su valor nominal y será reembolsable en cualquier
momento.

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Prohíbe expresamente la
concesión de intereses u otro beneficio asociado al tiempo de posesión de
dinero electrónico.

La supervisión de las entidades de dinero electrónico corre
a cargo del Banco de España así como su inscripción en el registro
especial de entidades de dinero electrónico.

Finalmente, recoge el régimen sancionador para las
entidades que incumplan la regulación.

Termino agradeciendo al resto de los ponentes la voluntad
de llegar a un acuerdo en relación con este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular tiene algo que agradecer y
algo que lamentar. En este sentido, quiero agradecer el apoyo del resto
de los grupos a nuestra enmienda presentada como número 1 que, como dije
en mi primera intervención, se encarga precisamente de dotar de precisión
al propio proyecto de ley, para dejar al margen ambigüedades y para que
sea de fácil aplicación.

Por otro lado, quiero decir también que para otros grupos
no ha de ser un esfuerzo tremendo porque, como todos sabemos, esa
enmienda únicamente traspone literalmente el considerando número 5 de la
Directiva 110/2009. Por lo tanto, lo único que hemos hecho es decir:
vamos a trasponerla literalmente, aunque entendemos que todos los grupos
parlamentarios tenían que estar de acuerdo. No obstante, bienvenido sea
ese apoyo para que al final dotemos a este proyecto de ley de una clara
precisión.

Lamentamos —porque el Grupo Parlamentario Popular
traía aquí otras dos enmiendas, una de ellas, la segunda, de clara
operatividad, y lo vuelvo a repetir en esta intervención— que las
entidades no puedan emitir de forma profesional dinero electrónico en
España, pero sí puedan hacerlo en Londres, ya que no tiene ningún
sentido. En cuanto a lo relativo a profundizar en la garantía del propio
sistema, también lamento la poca operatividad que tiene, porque lo que
hacemos aquí en el Senado es aprobar proyectos de ley, o un proyecto de
ley como este, en un contexto determinado. Y, por último, lamento la poca
aplicación que tendrá este proyecto de ley en este contexto determinado,
aquí ahora en España, donde la economía, como ustedes y nosotros sabemos
—como todos los españoles sabemos— está absolutamente
paralizada.

Se lo dijo ayer mi portavoz, don Pío García-Escudero, al
presidente del Gobierno: la economía está paralizada, y donde una
economía está paralizada, al final, ni dinero electrónico ni dinero en
cash ni sistemas de pagos, porque todos sabemos que la cadena de cobros y
pagos está absolutamente rota; por lo tanto, en este momento tendrá muy
poca aplicación este proyecto de ley. En una economía donde está todo
paralizado, estamos en una situación gravísima, y no nos hartamos de
recordar —porque nos afecta a todos— que tenemos cinco
millones de parados, y en esta situación gravísima, además, el déficit
está absolutamente disparado y nuestra deuda está también absolutamente
disparada.

Por lo tanto, ante esa gravísima situación, además de estos
proyectos de ley —que puede estar muy bien regularlos— que
nos exigen las directivas de la Unión Europea, está claro que hay que
ponerse a trabajar porque —también se lo dijo ayer mi
portavoz— la mayor responsabilidad que tenemos todos y, cómo no, el
presidente del Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista que apoya al
Gobierno en este momento, la mayor responsabilidad, repito, es velar por
los intereses de España y los intereses de todos los españoles, y para
ello hacen falta tres cosas: una, reforma; dos, trabajo; tres, confianza.
Reformas, muchas y buenas; trabajo, mucho y bueno, y confianza para que
todo esto vuelva a funcionar. Y para adquirir la confianza, que es la
tercera y muy importante —ya lo reconocen absolutamente todos,
incluso presidentes de entidades financieras—, la confianza solo
pasa por un sitio: váyanse, convoquen elecciones generales. La situación
lo requiere. Aquí hay un grupo parlamentario y un partido que puede hacer
reformas, en las que cree y que darán frutos, y que está dispuesto a
trabajar mucho y bien por los intereses de España. Y ayer Pío
García-Escudero se lo decía clarísimamente en una pregunta, pero yo se lo
convierto hoy en un ruego: por favor, váyanse. ¿Y por qué? Por los
intereses de España.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, antes de proceder a la votación del proyecto de
ley que acabamos de debatir, les quería trasladar a sus señorías que dada
la hora en que nos encontramos, entraríamos en el siguiente proyecto de
ley, que tiene muchas enmiendas y, por tanto, en torno a las 14’15
horas donde hayamos llegado cortamos y proseguimos el debate a partir de
las 4 de la tarde. (Rumores.) Digo esto porque de mí depende controlar el
tiempo, pero no estoy en la tribuna utilizándolo. (Rumores.) Me están
entendiendo perfectamente. Me han entendido, sabemos de qué hablamos. Por
tanto, entraremos en el siguiente proyecto de ley y Dios proveerá.

Cierren las puertas.

Votamos, señorías, el proyecto de ley de dinero
negro…, de dinero electrónico (Risas.— Aplausos.) Sí, ustedes
ríanse, ríanse.

Señorías, votamos el proyecto de ley de dinero electrónico.
En primer lugar, las enmiendas de Convergència i Unió números 4 a 6.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos 228; a favor 8; en contra, 220.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario
Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 129; en contra, 1; abstenciones, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario
Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 238: a favor, 121; en contra, 117.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario
Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 238; a favor, 121; en contra, 109; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario
Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 238; a favor, 237; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 2 y 3 del Grupo Parlamentario
Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 112; en contra, 117; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 237.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas
y en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
PESCA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000105)

(Núm. exp. C.D. 121/000114)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente proyecto de ley:
de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el
proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Bella. (Rumores.)

Silencio, señorías. Abandonen el hemiciclo.

Tiene la palabra, señoría.

El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para
presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los
Diputados y publicado el pasado día 6 de junio de 2011. El plazo de
presentación de enmiendas concluyó el día 10 de junio de 2011,
ampliándose posteriormente al día 13 de junio de 2011.

Al mismo se han presentado 224 enmiendas por los siguientes
grupos parlamentarios: Enmiendas números 1 a la 16 de los señores
Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas números 17 a 52 del senador Sampol i Mas, del Grupo
Parlamentario Mixto. Enmiendas números 74 a 94 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Enmiendas números 95 a 171
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Enmiendas números 172 a 215
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y enmiendas números
216 a 245 del Grupo Parlamentario Socialista.

La ponencia se reunió el día 16 de junio del año 2011. La
comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 16 de junio,
aceptándose como dictamen el texto remitido por el Congreso de los
Diputados.

Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado
cuatro votos particulares que a continuación se defenderán. Del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
correspondiente a las enmiendas 74 a 87 y 89 a 94, así como a las
enmiendas 1 a 52 presentadas inicialmente de la 1 a la 16 por los
senadores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario
Mixto, y de la 17 a la 52 por el señor Sampol i Mas, del Grupo
Parlamentario Mixto. Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
correspondiente a las enmiendas 172 a 215. Del Grupo Parlamentario
Socialista, correspondiente a las enmiendas 216 a 231 y 233 a 245, así
como la enmienda transaccional presentada en comisión respecto de las
enmiendas números 88 y 232. Finalmente, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, correspondiente a las enmiendas números 91 a 171.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que
hasta ahora se ha llevado a cabo.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación pasamos al debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente paso a defender las enmiendas que
quedan vivas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En cualquier
caso quisiera hacer una reflexión, y es que, aunque sé que este no es el
foro adecuado, creo que deberíamos replantear el trámite en el Senado de
ciertas leyes que por su complejidad y carácter técnico necesitarían de
mucho más tiempo para su concreción.

Señorías, esta ley llega al Senado tras un intenso debate
en el Congreso, con la incorporación de muchas de nuestras enmiendas y
con un amplio acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto,
con el Gobierno. En este trámite vamos a mantener, por coherencia,
nuestro acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, pero defenderemos
obviamente las enmiendas que mantenemos vivas y que no han podido ser
transaccionadas.

En primer lugar la enmienda número 74 se refiere a la
denominación de ministerio competente en vez de Ministerio de
Agricultura, porque nos parece más coherente con las diferentes dinámicas
del país; me refiero a las competencias autonómicas y a diferentes
consejerías. Y un tema que para nosotros siempre es importante es la
sustitución del término nacional por el de estatal, que nos parece más
apropiado en una ley de este tipo.

Las enmiendas números 75, 76 y 77 pretenden simplemente
avalar la incidencia de esta ley en relación con la lucha contra el
cambio climático. Se trata, pues, de enmiendas muy filosóficas.
Mantenemos la enmienda número 78 que nos parece importante porque define
cuál es el concepto de la fracción vegetal. Creemos que la ley no lo deja
suficientemente claro y nuestra enmienda pretende hacer una definición
relacionada con el tema.

Asimismo mantenemos viva la enmienda número 80, que
nosotros creíamos que había sido transaccionada en el Congreso, pero que
por algún motivo no se incorpora en el texto que nos ha sido remitido.
Esta enmienda se refiere a la incorporación obligatoria de los
productores de residuos al sistema de los ayuntamientos y de sus
competencias cuando estos últimos no justifiquen su correcta gestión a
través de otra entidad o persona jurídica.

Hemos llegado a un acuerdo y a una transacción importante,
sobre todo en tres enmiendas. Nuestra enmienda número 83 ha sido objeto
de una transaccional. En ella planteamos mecanismos de amplia
participación en cualquier decisión sobre un cambio de sistema; y estamos
hablando básicamente de que el sistema del retorno se pueda plantear.

Antes de tomar una decisión en esta línea, que puede ser
muy ambiciosa, hemos incorporado la necesidad, la obligación de consultar
con los diferentes sectores afectados.

Las enmiendas números 84 y 85 hacen referencia a un
concepto, el de los biorresiduos, que nos parece importante.

La enmienda número 86 pretende —no sé si será posible
que prospere— una supresión de este concepto porque, en nuestra
opinión, implica una doble autorización, y sobre la base de la
simplificación de los trámites administrativos no debería mantenerse.

La enmienda número 87 es muy importante y es base de una
transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, en la que se
establece que los sistemas, las condiciones de aplicación de ciertas
medidas tienen que cumplir los objetivos mínimos de reciclaje, en
términos de mayor eficacia y de eficiencia, o las expectativas viables de
superarlos.

Consideramos que durante los últimos años se han hecho
algunas cosas bien en este campo que debemos consolidar. Por ejemplo,
estamos satisfechos de lo que se ha hecho en Cataluña, donde hemos
avanzado muchísimo; por tanto, antes de dar nuevos pasos, que pueden ser
muy ambiciosos, y que sabemos que funcionan en ciertos países de Europa,
tenemos que introducir estas prevenciones.

Mantenemos la enmienda número 91 porque hace referencia a
una cuestión que en estos momentos genera un gran debate, que es la
sustitución de las bolsas de plástico de un solo uso.

También mantenemos viva la enmienda número 93 porque es una
propuesta que incide muy especialmente sobre las pequeñas y medianas
empresas. Nos preocupa que cualquier nueva aplicación, cualquier
mecanismo, cualquier nuevo programa de eliminación de residuos, de
reciclaje tenga en cuenta la diferencia que hay entre una gran empresa,
por ejemplo, una empresa distribuidora, y las pequeñas y medianas
empresas.

Y mantenemos viva la enmienda número 94, que nos parece
importante y nos gustaría que prosperase, que hace referencia a los
incentivos fiscales.

En definitiva, Convergència i Unió está relativamente
satisfecha del trámite en el Senado de esta ley, con la observación de
que nos parece que el ritmo de análisis de la Cámara en leyes como esta,
con un peso específico, tendría que ser mucho más pausado, mucho más
reflexivo, con mucho más tiempo.

En todo caso, repito, estamos satisfechos porque hemos
podido avanzar en toda una serie de propuestas que determinaban nuestra
posición en esta ley.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés va a
dividir su tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el senador
Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy discutimos la transposición de una directiva
europea sobre una cuestión tan vital como los residuos y vamos a
sustituir la Ley de residuos de 1998, ya de por sí importante.

Hoy aprobaremos una ley que se va a convertir en una ley
básica del Estado, sobre la cual se irán construyendo las diferentes
normativas de las comunidades autónomas; es decir, es una ley importante
no solo por lo que va a determinar en sí misma sino también porque
informará de toda la normativa que van a llevar a cabo las comunidades
autónomas.

La ambición de Iniciativa per Catalunya Verds en la
tramitación de este proyecto de ley, tanto en el Congreso como en el
Senado, era, y es, que esta ley nos permita avanzar hacia una economía
ecosuficiente.

No podemos olvidar que el agotamiento del modelo de
crecimiento de nuestra economía y la crisis económica mundial nos obligan
a replantearnos con rigor nuevas soluciones y modelos a nuestros

actuales procesos de producción y de consumo, sin olvidar
que en toda Europa, también en España, la producción de residuos se
encuentra en continuo aumento, y sin olvidar tampoco que la actividad
económica vinculada a los residuos alcanza cada vez mayor
importancia.

Nuestras críticas al proyecto de ley de residuos y suelos
contaminados se centran en tres grandes cuestiones: en primer lugar, la
falta de ambición y de concreción. Anteriormente, el senador Roig ha
manifestado que en España hay diferentes experiencias sobre el reciclaje
y el tratamiento de residuos. Yo pertenezco a la Comunidad Autónoma de
Cataluña que es pionera y puntera en ese sentido, pero hay otras
comunidades autónomas donde las experiencias no son suficientemente
positivas. Por ello, consideramos que es muy importante que esta ley, que
será una ley de base para el conjunto del Estado, sea más ambiciosa y más
concreta a la hora de marcar esos objetivos.

En segundo lugar, la falta de pautas claras respecto al
establecimiento de los sistemas de depósito, devolución y retorno, que es
una de las grandes apuestas de presente y futuro para el tratamiento y
reciclaje de residuos.

Y, en tercer lugar, como siempre, la falta de una
fiscalidad ambiental, que es un instrumento decisivo, oportuno, y con
experiencia en otros países, en lo relativo a la conducción y el cambio
de mentalidad y de modelo del tratamiento de los residuos.

En el Congreso presentamos una enmienda a la totalidad y 40
enmiendas parciales. Se abrió allí un proceso de negociación que nos
permitió pasar de esta enmienda a la totalidad a la abstención respecto
al proyecto de ley, y hoy presentamos, como Iniciativa per Catalunya
Verds al Senado, 15 enmiendas, dos de ellas compartidas con Esquerra
Republicana. Tres de ellas hacen referencia a la mejora y concreción de
los controles de la Administración y a la ejecución del reglamento, que
se corresponden con las números 182, 207 y 213. Dos de ellas, las números
184 y 208, hacen referencia a la mejora de la información y la
participación.

La enmienda número 189 establece una apuesta decidida por
los sistemas de depósito devolución y retorno, aspectos que faltaban por
tratar con mayor ambición en el proyecto de ley presentado en el
Senado.

Las enmiendas números 191 y 201 plantean la necesaria
homologación de los centros de preparación para la reutilización.

Y, por último, la enmienda número 193 propone abordar otro
de los grandes déficit de este proyecto de ley, que es pasar del 50 al
70% en el peso del reciclaje, objetivo a alcanzar antes de 2020, y sobre
la cantidad de los residuos domésticos y comerciales. Es decir,
planteamos un objetivo más ambicioso que el que plantea el proyecto de
ley porque lo consideramos necesario. No es que lo queramos incrementar
porque sí, sino porque creemos que es posible y necesario alcanzar el 70%
de reciclaje.

En la enmienda número 195 introducimos la figura de un
canon al vertido e incineración como elemento disuasorio para reducir al
máximo aquellos elementos que se vayan a eliminar.

En la enmienda número 197 proponemos la reducción al máximo
de los residuos destinados a la eliminación, junto con otras dos sobre el
diseño y la prima de entidades de economía social.

Consideramos que este conjunto de 15 enmiendas mejoraría el
proyecto de ley. Lamentablemente, no ha habido posibilidad de llegar a
alcanzar más acuerdos con el Grupo Parlamentario Socialista ni con el
resto de los grupos. Con todo, tenemos un proyecto de ley y la
trasposición de la directiva. Hay elementos que permiten valorar algunos
aspectos positivos, aunque seguimos criticando la falta de ambición en
aspectos fundamentales de esta ley. Es necesario que el Gobierno afronte
la cuestión de los residuos, porque si no, nos comerán, y eso es un
elemento importante en una sociedad desarrollada como la española. Por
tanto, como el objetivo de las enmiendas que hemos planteado era mejorar
el proyecto de ley, les pido que voten a favor.

Por último, señor presidente, quiero manifestar que tanto
el senador Saura como yo nos abstendremos en la votación del proyecto de
ley.

Gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Muñoz Hernández.

El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en cuanto al texto remitido por el Congreso de
los Diputados, de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en
relación con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado un conjunto
de enmiendas de adición,

de modificación, en concreto, 28 enmiendas correspondientes
a Esquerra Republicana de Cataluña, y 2 presentadas conjuntamente por
Esquerra e Iniciativa per Catalunya Verds.

Nuestro grupo, la Esquerra, da por defendidas las 28
enmiendas presentadas, enmiendas que pretenden, modestamente, mejorar una
importante ley que intenta adecuarse a la trasposición de la directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre del año 2008,
directiva que aspira a transformar la Unión Europea en una sociedad del
reciclado, con una ley que en nuestro caso debe ser el marco de los
principios básicos de protección de la salud humana y del medio ambiente,
maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos
de producción y gestión de residuos.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Buenos días.

En este turno quiero defender las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista para explicar, en primer lugar, que de esas 224
enmiendas, 30 son del Grupo Parlamentario Socialista, y no es que
planteen ningún aspecto especial sino, simplemente, que uno de los
objetivos es recoger algunos de los consensos que habían sido acordados
en los trámites anteriores.

Quiero llamar a los grupos a un esfuerzo para conseguir un
buen texto legal, un texto que trasponga la directiva europea, que le dé
a España una ley básica que nos coloque a la cabeza de los países más
avanzados en gestión ambiental. En ese sentido, quiero recordar y poner
en valor que esta ley llega aquí fruto de un amplio nivel de
participación, tanto en su tramitación europea para elaborar la directiva
en el Parlamento y en el Consejo Europeo, como por parte del Gobierno,
que cuando elaboró este proyecto de ley recibió hasta 1500 aportaciones
de diferentes colectivos, organizaciones no gubernamentales,
administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, sistemas
de gestión, sectores económicos, etcétera. Evidentemente, también en el
Congreso ha habido un amplio consenso, que creemos que debe mantenerse a
través del trabajo de los grupos parlamentarios en esta Cámara, y se
llegó a puntos de encuentro muy importantes sobre las líneas básicas de
este proyecto de ley.

Esta es una ley respetuosa con las competencias de las
administraciones autonómicas y locales y que, evidentemente, se adapta a
la directiva marco, pero que posibilita ir más allá en los programas y
planes que se desarrollen. Al mismo tiempo, estamos hablando del
nacimiento de un nuevo sector económico que puede crear una importante
actividad económica y generar un importante número de puestos de trabajo,
al tiempo que va a ayudar a salvaguardar el medio ambiente.

En cuanto a nuestras enmiendas, hay dos grupos. Uno recoge
el consenso de todos los grupos en el Congreso. A este respecto, hemos
detectado que hay muchas transaccionales que no estaban incorporadas al
texto, por lo que les pido que apoyen estas propuestas en respuesta al
consenso de los diferentes grupos parlamentarios. Estas enmiendas se
refieren a cuestiones como la inclusión de la lucha contra el cambio
climático, el acceso a la información y participación, la introducción
del principio de que quien contamina paga, las medidas para prevenir la
generación de envases, las obligaciones de los sistemas individuales y
colectivos, la adaptación por las comunidades autónomas de las
comunicaciones y autorizaciones, la promoción del ecodiseño y la
certificación forestal… En fin, tratan de diversas materias.

Por otro lado, incorporamos un par de enmiendas nuevas, una
en relación con un informe del Consejo de Estado que aconseja incluir la
potestad para restablecer la legalidad ambiental, y otra que incluye
entre las ayudas para el transporte de residuos que no puedan ser
tratados en los diferentes territorios, aparte de las previstas entre las
islas, Ceuta y Melilla y la Península, también el transporte entre las
diferentes islas. Es una enmienda importante que coincide con las de
otros grupos, por lo que espero que podamos llegar a un acuerdo.

En resumen, como he dicho, recogemos las transacciones y
consensos de la tramitación anterior, y en ese sentido esperamos el apoyo
de todos los grupos. Aportamos alguna mejora, como la ayuda al coste
adicional del transporte de residuos entre islas, y aspiramos a conseguir
un texto equilibrado; que sea bueno; que no cree problemas; que debe ser
desarrollado por el Gobierno, por las comunidades autónomas y por los
entes locales; que sea respetuoso con la directiva, y que al mismo tiempo
permita que aún se puedan conseguir objetivos mucho más ambiciosos.

Respecto del posicionamiento sobre las enmiendas de los
otros grupos, esperamos hacerlo en un turno posterior.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el senador Valín.

El señor VALÍN ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Popular mantiene vivas a este proyecto 77
enmiendas, que hacen referencia prácticamente a la mayoría de los
artículos que lo componen. De esas 77 enmiendas se han transaccionado
cuatro, concretamente, la número 127 de mi grupo con la número 83 del
Grupo de Convergència i Unió, la número 140, del Grupo Popular, con la
número 87 también de Convergència, y las números 109 y 110, ambas del
Grupo Parlamentario Popular. Agradezco al resto de los grupos que hayan
suscrito esas transacciones, que tenían una gran importancia,
especialmente las dos primeras, como ha glosado el senador Roig en su
anterior intervención. Por tanto, evito referirme más a ellas.

En relación con el resto de las enmiendas no
transaccionadas, tengo que señalar expresamente algunas, especialmente la
número 131, relativa al artículo 24, en lo que se refiere a los
biorresiduos. Consideramos fundamental no imposibilitar que los
biorresiduos procedentes de residuos mezclados y obtenidos no por
recogida separada, puedan ser utilizados como compost con todas las
garantías y posibilidades, naturalmente, siempre y cuando cumplan las
condiciones de calidad. Creemos que eso permitiría avanzar en la línea en
la que se está trabajando ya en muchas ciudades, en muchos municipios y
en muchas comunidades autónomas, cuestión que no tengo nada claro que con
este proyecto salga adelante.

La enmienda número 139 trata fundamentalmente de eliminar
del artículo 30 alguna referencia a que puedan ser considerados
productores quienes vendan. Consideramos que eso no tiene sentido.

La enmienda 141 es muy importante desde nuestro punto de
vista, y afecta al artículo 31.3. Se refiere concretamente a las fórmulas
de admisión, funcionamiento y voto especialmente de los sistemas
integrados de gestión, los SIG tradicionales, que vienen resolviendo los
problemas de recogida de buena parte de los iglús específicos de vidrio,
plásticos, etcétera. Y con la previsión del proyecto o con otras
enmiendas que han sido transaccionadas entendemos que pueden producirse
problemas importantes de dominio en esos sistemas integrados de gestión
por parte de las grandes empresas, ya que tendrían un posicionamiento muy
diferenciado con respecto a las empresas muy pequeñas. Creemos que hay
que evitar cualquier tipo de discriminación y que se tiene que dejar en
la ley el cauce natural a las posibilidades de acuerdo que haya dentro de
los sistemas integrados de gestión.

En cuanto a la enmienda número 154, relativa a la
disposición adicional segunda, y referente a la eliminación que se
pretende hacer de las bolsas de plástico, pensamos que debería matizarse
con un estudio técnico que tendría que realizar el Gobierno antes de
adoptar las correspondientes medidas, asumiendo, naturalmente, que los
objetivos de eliminación tienen que ser los mismos y que entre 2015 y
2018 debe llegarse a esos objetivos, pero no por el procedimiento
obligatorio de la eliminación de las bolsas sino por los procedimientos
que establece la directiva. Nos parece que este proyecto de ley va mucho
más allá de la directiva y pone en grave riesgo muchos puestos de
trabajo.

Y en relación con la enmienda número 156, referida a la
disposición adicional decimocuarta, entendemos que debería incorporarse a
la Ley de Economía Sostenible 2/2011 la idea de que las empresas del
sector del comercio y la restauración tengan la misma deducción, del 10%
para las inversiones motivadas por esta ley, que las que tienen las
empresas industriales. Consideramos que esta es una línea que va dirigida
especialmente al apoyo de la pequeña y mediana empresa, algo fundamental
en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, el senador Fidalgo tiene la
palabra.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias.

Entiendo que este es el turno en el que puedo posicionarme
sobre las enmiendas de los otros grupos.

En primer lugar, he de manifestar que hemos llegado a un
amplio acuerdo con Convergència i Unió en muchas enmiendas. Las números
88, 83 y 87 han sido transaccionadas. Otras muchas las vamos a votarlas
favorablemente. Y algunas de ellas no podemos apoyarlas porque no forman
parte del consenso básico que habíamos alcanzado con respecto a las del
Grupo Mixto.

Creo que hay que valorar la enmienda número 238, del Grupo
Socialista, que reconoce el transporte entre las islas. En cuanto a las
de la Entesa, en nuestra opinión algunas están incluidas en el texto, y
en otras, como siempre, Esquerra e Iniciativa quieren ir más allá. El
Grupo Popular ha dicho que esta ley va más allá de la directiva, mientras
que ustedes piensan que se queda corta. La ley trata de homogeneizar los
diferentes tratamientos en los distintos territorios, consiguiendo
objetivos realistas pero que permitan al mismo tiempo poder ser más
ambiciosos.

En relación con las enmiendas del Grupo Popular, hemos
transaccionado el artículo 7 con las enmiendas números 109 y 110. Por
otro lado, como saben, las números 127 y 140 han sido objeto de
transacción con Convergència i Unió. Por lo tanto, entendemos que entran
en el acuerdo. Y hay otras que no podemos apoyar por distintas razones,
en muchos casos, porque se apartan de los términos y conceptos de la
directiva marco, que es el mandato para los Estados miembros, y no
podemos incluir cuestiones que vayan en contra de dicha directiva.

Otras cautelas expuestas creo que ya están recogidas en
diferentes partes del articulado. Varias enmiendas tratan de concretar
cuestiones que deben ser objeto de desarrollo normativo, es decir, que se
aprobarán por real decreto, a propuesta de la comisión de coordinación,
en la que van a participar las comunidades autónomas, las entidades
locales, los colectivos interesados y los técnicos. Por tanto, ese es el
trámite.

Hay enmiendas que son más propias de los planes y programas
que deberán aprobarse para desarrollarla. En cuanto a otras,
evidentemente, las normas que establezcamos en esta ley marco deben ser
comunes para todo el territorio, y eso no puede obviarse. Y, por otro
lado, deben respetarse las competencias de las entidades locales.

Otro tipo de enmiendas mantenemos que no pueden aceptarse:
que para asegurar, por ejemplo, que el compost tenga una calidad
suficiente, pueda imponerse un canon a la incineración, aparte del que ya
existe para el vertido, y que pueda aplicarse de forma eficaz el
principio de jerarquía en la gestión de residuos.

Por otra parte, consideramos que las operaciones de
valorización energética deben realizarse con un alto nivel de eficiencia
energética para que contribuyan también a la lucha contra el cambio
climático. De hecho, las características del Anexo II sobre la calidad de
la valoración energética deben cumplirse, y, en caso contrario, deberán
ser consideradas como una eliminación.

Tampoco podemos aceptar la enmienda relativa al silencio
negativo. Por otro lado, creemos que hay que dar flexibilidad a las
comunidades autónomas para que establezcan en sus normas cuáles deben ser
las entidades, cómo debe ser la inspección y la comprobación, así como
los procedimientos de control que se consideren, haciéndolo de forma
abierta para que cada comunidad autónoma decida cuál será su sistema de
control, si la acreditación en el registro, la comunicación o la
autorización.

Con respecto a las medidas de la disposición adicional
segunda, que tiene que ver con la prevención sobre las bolsas de
plástico, ese es un tema muy estudiado sobre el cual el Gobierno ha
adquirido unos compromisos. En este sentido, es preciso adoptar medidas
para prevenir la generación de esos residuos y no solo su vertido.

En otro caso, se proponen modificaciones del impuesto sobre
sociedades que entendemos que no caben en esta ley y que deberían
introducirse en la normativa de dicho impuesto. Por otra parte, hay que
recordar que la Ley de Economía Sostenible ya prevé un amplio sistema de
deducción de inversiones de hasta el 8%. De cualquier forma, la redacción
que propone el Grupo Parlamentario Popular no nos parece concreta, y en
algunos casos incluso puede incentivar actividades que son perjudiciales,
como cierta forma de eliminación de residuos.

Con respecto a la Ley de envases, hay que considerarla como
una ley básica, por tanto, de desarrollo de esta ley marco, de la ley de
residuos.

En fin, creo que el texto que vamos a aprobar debe ser de
calidad y que no debemos introducir muchos cambios que le hagan perder
esa calidad, de tal forma que España sea un país donde la prevención, la
reutilización y el reciclado sean la forma normal de gestión de los
residuos, una gestión sostenible que desarrolle también su potencialidad
para crear empresas y empleo. Esta ley es respetuosa con la directiva y
va a suponer un gran avance en las políticas ambientales de España y al
mismo tiempo

va a permitir que se pueda avanzar en cada plan y programa
y alcanzar objetivos muchos más ambiciosos. En ella se establece el
régimen de responsabilidad empleada del productor, la recogida separada,
la reutilización en el reciclaje, etcétera. En resumen, esta ley respeta
a todos los agentes sociales, económicos y políticos que han participado
en el proceso de confección de este texto, que es equilibrado y
respetuoso con las comunidades autónomas y las entidades locales, y sobre
el que, como ya he dicho, debemos mantener el mayor grado de
consenso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Bagur.

El señor BAGUR MERCADAL: Muchas gracias, señor presidente.

Es evidente la importancia que tiene esta ley, dado el
número de enmiendas que han presentado todos los grupos parlamentarios.

La Ley de residuos de 1998 supuso en su momento un avance
muy importante para ordenar y legislar en relación con una problemática
que nos afecta a todos como productores de residuos, pero que afecta
sobre todo a los ayuntamientos y comunidades autónomas. El incremento en
las últimas décadas de todo tipo de residuos domésticos, comerciales e
industriales nocivos de varias categorías obliga a implicar a toda la
sociedad, dado el contenido y la cantidad de residuos que se producen a
diario. La reducción de su producción, la separación en origen y toda una
cadena de buenas prácticas, así como unas normas que eviten la
contaminación de nuestro planeta, es el objetivo del proyecto que nos
ocupa hoy.

La aplicación de la directiva marco europea, principal
motivo de la modificación de esta ley, hace frente a unos nuevos retos de
forma homologada en los países miembros de la Comunidad, aunque a mi
entender algunas de las propuestas serán de difícil ejecución de forma
inmediata. Desde las islas vimos cómo la disposición adicional tercera
recogía las medidas financieras para el transporte de los residuos a la
Península, pero también vimos con preocupación el que no se mencionara el
transporte entre islas. Las enmiendas presentadas en este sentido y el
trabajo del senador Ramis y de otros pueden solventar este importantísimo
aspecto, que afecta principalmente a las islas menores.

La igualdad de trato en todos los territorios se topa una
vez más con los costes económicos, que precisan de una discriminación
positiva hacia las islas, que por su dimensión tienen que cumplir con la
normativa pero a unos costes muy elevados para su población.

Para finalizar, espero que la disponibilidad presupuestaria
garantice el transporte entre islas durante todos los ejercicios
presupuestarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

Estamos ante la necesaria modificación del marco
legislativo en materia de residuos para su adaptación al derecho
comunitario y, cómo no, para la actualización y mejora del régimen
anteriormente vigente. Una de las principales consecuencias es que se
obligará a las empresas a innovar para que desarrollen productos mucho
más reciclables en origen y con materiales más fáciles de manipular en el
proceso de reciclaje, es decir, que sean más aprovechables o fáciles de
eliminar con el menor coste medioambiental posible.

Coalición Canaria ha presentado 16 enmiendas, algunas de
mejora técnica, y otras para una mejor adaptación y racionalización de
las competencias municipales, lo que nos parece fundamental, así como
para su agilización en materia de reciclaje.

Una enmienda fundamental —ya se ha referido a ella mi
compañero del Grupo Mixto, Arturo Bagur— es la número 16. Ya la
disposición adicional tercera del texto refundido de esta ley recogía la
financiación y las medidas para el transporte de las islas a la
Península. Nosotros en esta enmienda hemos incluido el transporte entre
las islas, como decía el citado senador, algo que nos parece fundamental,
porque si no fuese así el coste sería mucho más elevado para las empresas
y para los ciudadanos de las islas que para aquellos del territorio
peninsular.

El Grupo Socialista nos propone la enmienda 238, que es muy
parecida y que también modifica el texto, pero no entendemos por qué nos
tenemos que limitar a la disposición adicional tercera. Por otro lado, se
dice que podrán establecerse medidas, es decir, se está poniendo una
condición basada en los presupuestos, lo que yo creo que no debería
recogerse en la ley. Si en la ley de presupuestos no se puede, no se dará
aquella aportación que no se tenga en la correspondiente partida, pero,
como digo, no creemos conveniente que eso se tenga que recoger en esta
ley.

Por otra parte, se limita, porque se dice que se podrán
establecer medidas para financiar el coste adicional que implica la
valoración de determinados tipos de productos, con lo cual entendemos que
con ese «podrán» después se pueden sesgar mayoritariamente muchos
transportes de residuos, lo que sería un mal menor —aunque no lo
parece— y un agravio a la insularidad o ultraperiferia que sufren
tanto las islas Baleares como las islas Canarias.

Por eso, pedimos al Pleno que acepte y apruebe la enmienda
número 16, propuesta por Coalición Canaria y por el ya exsenador Pere
Sampol, y avalada por el senador Arturo Bagur, porque es más completa y
se ajusta más a la realidad y a la situación de las islas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Quintero.

Tiene la palabra el senador Pérez Bouza, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.

Voy a intentar recoger el mensaje del presidente y, por lo
tanto, hacer un uso adecuado del tiempo de intervención siendo muy breve.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas está absolutamente de
acuerdo con esta ley. De hecho, tanto el PNV como BNG presentaron
enmiendas en el Congreso. Algunas de esas enmiendas fueron incorporadas
mediante distintas fórmulas: bien por la vía transaccional, bien
aceptando la enmienda propiamente dicha. Por consiguiente, en el Senado
ya no hemos presentado ninguna de las que nos quedaban vivas porque
considerábamos que eran enmiendas menores.

Pensamos que esta es una ley necesaria, que va a ser útil
si todos ponemos de nuestra parte: los productores, los gestores y las
administraciones. Si todos cumplen con su responsabilidad estaremos
dotándonos de un marco normativo que permitirá algo muy importante, como
es la valorización de los residuos, en lo que hay un gran valor añadido
si lo sabemos aprovechar. Pero para eso, efectivamente, es fundamental la
reutilización, el reciclaje y es menos fundamental o totalmente
prescindible la incineración.

Yo espero que del espíritu de esta ley sepan beber todas
las comunidades autónomas, en especial, la mía, Galicia, y se deje de
apostar por la incineración como el método prioritario para el
tratamiento de los residuos sólidos. Ese es un mal método, que está ya en
desuso y que no es recomendable por la contaminación medioambiental que
se produce y porque no hay una valorización clara de esos recursos. Por
lo tanto, como he dicho, nosotros concordamos perfectamente con el
espíritu de esta ley, con su articulado, la votaremos a favor, y por eso,
repito, no hemos presentado ninguna enmienda.

Con respecto a las enmiendas de otros grupos, vamos a
apoyar todas las transaccionales que se han acordado y también alguna
otra, concretamente de Coalición Canaria, que pide apoyo para el
transporte de residuos entre las islas. Pensamos que eso es de justicia y
que además no se puede supeditar a la disponibilidad presupuestaria. Eso
no se puede recoger en una ley; se podrá recoger en otro tipo de
normativas o se podrá practicar si efectivamente hay esas restricciones
económicas, pero repito que no puede quedar recogido en una ley, a
nuestro entender, porque entonces ya no es ley. La ley otorga derechos,
independientemente de las disponibilidades presupuestarias que haya en
cada momento.

Por último, estamos viendo con interés algunas enmiendas de
otros grupos, pero en este momento aún no podría decir cuáles vamos a
apoyar y cuáles no. En todo caso, esta es una buena ley, y esperemos que
se aplique por parte de todas las administraciones y de todos los actores
implicados.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la
senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

También yo intentaré hacer un buen uso del tiempo.

Como bien saben sus señorías, el objeto de este proyecto
ley es establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de
residuos, así como la previsión de las medidas para prevenir su
generación.

Para Convèrgencia i Unió este es un proyecto de ley de cuya
filosofía participamos ampliamente. De hecho —ya se ha mencionado
antes—, Cataluña tiene un modelo específico y concreto de gestión
de residuos desde hace más de quince años. Es un modelo exigente y a la
vez basado en la colaboración público-privada, un modelo de gestión de
residuos que debería ser integrado también en el conjunto del Estado
español. Las aportaciones a modo de enmiendas que hemos realizado durante
estos días están basadas en tres ejes, sobre los que de manera muy
especial ha trabajado mi compañero Joan Maria Roig.

El primer eje es el necesario avance hacia este modelo de
gestión, en tanto que somos conscientes del impacto ambiental de los
recursos. El segundo eje es la oportunidad de una nueva economía, la
economía verde, que, según el sector de la gestión de residuos,
representa el 40% del sector ambiental, factura 7800 millones de euros y
genera 144 000 puestos de trabajo. Y el tercer eje es la necesaria
colaboración con los agentes implicados para entre todos poder avanzar
hacia el modelo de gestión que nos indica la propia transposición de la
directiva y que además es necesario desde el punto de vista de la
política medioambiental.

Cierto es, como ha dicho un senador, que en el momento de
proponer nuevas leyes muchas veces podemos hacer planteamientos quizás
excesivamente dogmáticos o poco ambiciosos. Pero, como bien ha dicho otro
senador, creo que el equilibrio entre ambición y realismo es un buen
punto de arranque, sobre todo para aquellas cuestiones que la ley obliga
a cumplir a través de los agentes sociales implicados.

Creemos que no hay peor ley que aquella que no se puede
cumplir, que no hay peor norma que aquella que es difícil que sea asumida
por parte de la sociedad, y por eso insisto en que el equilibrio entre
ambición y realismo es un buen punto de partida.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.

Estamos debatiendo una ley que tiene una transcendencia
importante, que tiene mucho recorrido y que, con toda seguridad, si somos
capaces de hacer las cosas bien y de que se cumpla, tendrá muchos años de
vida.

Se trata de la transposición de una normativa europea que
ha tenido un largo período de gestación, bastante participativo, durante
el que el disgusto de las partes implicadas y de las partes consultadas
ha ido decreciendo; continúa habiendo disgustados con esta ley por cómo
queda, pero nadie está ni muy enfadado ni muy satisfecho, lo cual no deja
de ser un buen síntoma.

La finalidad de este proyecto de ley es, a mi entender,
dibujar con precisión la vía española y, si me apuran, incluso la del sur
de Europa, hacia la sociedad europea del reciclado. Dicho de otra forma,
es un buen proyecto ley. Se trata de sacar el mejor partido posible a
algo que en estos momentos nos cuesta dinero gestionar.

Por tanto, la recuperación y el reciclado deben tener como
última finalidad una actividad económica, porque los tiempos no están
para desprendernos de los recursos ni para ir tirando el dinero.

Considero que el proyecto de ley resuelve bien las
definiciones y, en lo referente a la materia orgánica, ha ido
evolucionando desde los primeros borradores y han desaparecido los
objetivos cuantitativos de recogida separada de la materia orgánica, lo
cual, desde mi punto de vista, es un acierto. ¿Por qué? Porque una cosa
es la teoría y otra las divergencias que se pueden producir a la hora de
comentar estas materias con las comunidades autónomas y administraciones
locales que, en última instancia, son las que manejan el producto, y no
siempre el esfuerzo realizado se puede corresponder con la mejora
medioambiental que se pretende conseguir.

La definición mediante la cual solo se denominará compost a
un producto de recogida separada no me parece aceptable, ya que los
materiales bioestabilizados requieren muchas veces de una calidad
aceptable y equiparable al anteriormente citado. Por lo tanto, considero
que este proyecto de ley resuelve bien este concepto, a pesar de que en
la Unión Europea históricamente hayan convivido dos tendencias para
establecer los diferentes objetivos, la que identificaba el producto a
partir de su origen y, la segunda, que identificaba el producto a partir
de los estándares de calidad. Y esto nos lleva a definir de una forma
clara y contundente el concepto de compost, al que me referiré al final
de mi intervención.

En segundo lugar, me gustaría destacar como parte positiva
del proyecto de ley el concepto y la valoración que se le da al fin de la
condición de residuo. ¿Por qué? Porque si queremos de verdad facilitar

el mercado de los productos valorizados y reciclados,
debemos crear mecanismos ágiles para ello, con lo cual parece obligada la
colaboración y la imprescindible participación de los Gobiernos
autonómicos y las entidades locales.

En lo referente a los sistemas de depósito, devolución y
retorno son la base del fundamento de la prevención, la reutilización y
el reciclado. Por ello, es necesario decir que hay que analizar la
viabilidad, la proporcionalidad y la adecuada relación de
coste-beneficio, extremo que el proyecto de ley resuelve también de forma
adecuada. Asimismo, también la autorización de las operaciones de
tratamiento de residuos en función de su naturaleza, de su composición y
de las posibilidades de reutilización, algo que parece lógico pero que no
se tenía en cuenta y ahora se prevé; y los sistemas integrados de
gestión, pues no se trata de demoler lo que hasta ahora se ha hecho, no
se trata de desechar todo lo que se ha hecho hasta ahora, se trata de
aprovechar lo que ha funcionado bien para ir mejorándolo de una forma
eficiente. O el tratamiento que se le da a la utilización y a la
reutilización de las bolsas de plástico; así como el concepto, o incluso
la poca viabilidad a lo que algunas veces se ha tratado de imponer, que
son las bolsas de un solo uso. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista
ambiental no es muy fácil de manejar, precisamente porque los tiempos de
fermentación y maduración de los productos que se utilizan para la
confección de estos productos de un solo uso algunas veces triplican el
tiempo del proceso de fermentación de la materia orgánica.

Para finalizar, respecto a las operaciones de valorización,
a lo que se refiere el Anexo II y el R 1 con el concepto de los
biorresiduos, la utilización principal como combustibles no debe ser
producir energía, sino la reutilización y el retorno a la sociedad. Por
eso, en el tramo de lo que significa el fin del residuo creo que se debe
incluir —además, la ley lo prevé así— la definición y la
consideración del producto compost, para lo que es necesario una
normativa armonizada que especifique sus condiciones físicas y químicas.
Y es muy importante ligarlo, para que el residuo deje de serlo. Es
primordial generar un sistema de certificación y de garantías para el
producto que favorezca el mercado, porque es imprescindible promover
desde la Administración programas de enriquecimiento de suelos. Estamos
hablando de materia orgánica, de algo que debe retornar para que las
condiciones de los suelos mejoren. Sería una paradoja que fuésemos
miembros de un país que al mismo tiempo vive la erosión de los suelos y
dificulta la salida de los productos compost. Por tanto, hay que
convencerse de que hay que trabajar sobre la demanda y que eso,
lógicamente, no lo harán —o, al menos, con facilidad— los
gestores de residuos, que saben tratarlos —no se lo vamos a
discutir—, pero no saben venderlos ni abrir mercados para
establecer una línea de fertilizantes que tienen un componente natural:
son productos orgánicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Llanos.

El señor LLANOS VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para defender en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista el proyecto de ley de residuos y suelos
contaminados que ha presentado el Gobierno de la nación.

Este proyecto de ley incorpora al Derecho español la
Directiva Marco de Residuos, al tiempo que revisa el marco jurídico de la
producción y la gestión de los residuos en España, apostando claramente
por la prevención, la reutilización y el reciclado. El proyecto configura
los instrumentos necesarios para llevar a cabo la política de residuos,
articula la coordinación entre las administraciones públicas y delimita
las obligaciones y responsabilidades de los productores y gestores.

Por eso, señorías, era necesaria la modificación de nuestro
marco legislativo interno en materia de residuos, para su adaptación a
las modificaciones del Derecho comunitario y mejorar el régimen previsto
en la vigente Ley 10/1998, de 21 de abril. En los doce años de aplicación
de esta norma, las administraciones públicas, los productores y los
gestores de residuos han adquirido una experiencia y formación en este
campo mucho mayor que la existente en el momento de la aprobación de la
norma anterior. Por otra parte, la prevención, producción y gestión de
los residuos y los principios que la inspiran han experimentado una
importante evolución.

Señorías, la nueva ley promueve la implantación de medidas
de prevención, la reutilización y el reciclado de residuos y, conforme a
lo que establece la directiva marco, forma parte del espíritu de la ley y
propone la innovación en la prevención y la gestión de los residuos para
facilitar el desarrollo de las soluciones con mayor valor para la
sociedad en cada momento, lo que sin duda incidirá en la reducción

de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a
este sector y contribuirá a la conservación del mismo.

El objeto de presentar esta ley es establecer el régimen
jurídico de la producción y gestión de residuos, así como la prevención
de medidas para su generación y evitar o reducir los impactos adversos
sobre la salud humana y el medio ambiente asociado a la generación y
gestión de los mismos.

Esta ley incluye un artículo en el que se recogen conceptos
clave como el de residuos, reutilización, reciclado, valoración y
eliminación. También se introducen las definiciones de residuo doméstico,
comercial e industrial, al objeto de clarificar las competencias de
gestión para los distintos tipos de residuos.

Señorías, en aplicación del principio de que quien
contamina paga, la ley incluye un artículo relativo a los costes de la
gestión de los residuos, que recaerá sobre su productor o sobre el
productor del producto que con el uso se convierte en residuo, en los
casos en que así se establezca en aplicación de las normas de
responsabilidad ampliada del productor del producto.

Debido a que son varias las administraciones públicas que
intervienen en la gestión de los residuos y se hace necesario que se
definan las competencias administrativas de cada una de ellas, se debe
configurar un foro de autoridades administrativas competentes en esta
materia. La ley incluye la creación de una comisión de coordinación en
materia de residuos como órgano de cooperación técnica y colaboración
entre las distintas administraciones, integrada por representantes de la
Administración General del Estado, las comunidades y ciudades autónomas y
de las entidades locales.

Señorías, la planificación de la gestión de los residuos es
otro instrumento esencial de la política de residuos; por ello, esta ley
desarrolla estos planes a nivel autonómico y local. El plan nacional
marco de gestión de residuos define la estrategia general de gestión de
residuos, así como los objetivos mínimos. Las comunidades autónomas
elaborarán sus respectivos planes autonómicos de gestión de residuos, y
se posibilita a las entidades locales para que realicen por separado, o
de forma conjunta, programas de gestión de residuos.

Este proyecto de ley ha sido sometido a un exigente proceso
de participación en que se han realizado y valorado muchas alegaciones
procedentes de administraciones, sectores, organizaciones no
gubernamentales y particulares. Con todo ello se ha llegado a un acuerdo,
sin perder de vista el principio que nos inspira la protección de la
salud de las personas y la protección del medio ambiente. Tiene en cuenta
también otros principios comunitarios y constitucionales como el de
libertad de creación de empresas, unidad de mercado y libre circulación
de mercancías, todo ello dentro de un escrupuloso respeto a la
distribución de competencias en materia de medio ambiente entre el Estado
y las comunidades autónomas. Señorías, las comunidades autónomas ejercen
competencias normativas de desarrollo y la función ejecutiva o de gestión
correspondiente; y, finalmente, las entidades locales también ejercen
competencias en materia de gestión de residuos y dictan sus propias
ordenanzas.

Uno de los principios de este proyecto de ley es la
aplicación del principio de jerarquía, que prioriza las actuaciones en
materia de gestión de residuos. Dicho principio supone apostar claramente
por la prevención, la reutilización, el reciclado y otras formas de
valoración de los residuos frente a la peor opción: la eliminación.

En materia de prevención, el proyecto de ley recoge la
obligación de elaborar antes de 2014 programas de prevención en materia
de residuos, que incluirán objetivos y medidas para alcanzarlos, así como
un proceso de análisis de la eficacia y de los resultados logrados,
correspondiendo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
previa consulta a las comunidades autónomas, entidades locales, así como
a otros ministerios, elaborar el plan nacional marco de gestión de
residuos. De este modo, en materia de reciclado el proyecto avanza hasta
el punto que marca la directiva, pero a su vez permite que las
administraciones autonómicas que quieran ir más allá puedan hacerlo.

Los beneficios ambientales obtenidos de un reciclado de
calidad de los biorresiduos son muchos: conservación del clima, uso
eficiente de los recursos, protección del suelo y producción de energía
renovable.

Por lo que se refiere a la implantación de depósitos de
devolución y de retorno, que es otro de los aspectos muy complejos del
proyecto, se recoge la posibilidad de que las administraciones, en su
ámbito competencial, adopten medidas destinadas a facilitar el
establecimiento en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor
al objeto de fomentar la reutilización y el reciclado de determinados
residuos.

En cuanto a las bolsas comerciales de un solo uso, el
proyecto de ley establece un calendario que comienza en 2013 para
sustituir progresivamente las bolsas de plástico no biodegradables, dando
así

cumplimiento al compromiso del Gobierno establecido en el
Plan Nacional Integrado de Residuos. En consecuencia, señorías, este
enfoque de la política medioambiental del Gobierno pretende hacer más
efectivo el principio de que quien contamina paga, ampliando las
responsabilidades que incumben a los productores de productos que
terminan siendo residuos.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere dar las
gracias a todos los sectores, organizaciones no gubernamentales y
particulares —y por supuesto a todos los grupos de la Cámara—
que con sus aportaciones han enriquecido este proyecto de ley

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Valín.

El señor VALÍN ALONSO: Gracias, señor presidente.

Debatimos una ley de residuos, es decir, una ley de
basuras, que es una ley muy importante. La gestión de las basuras cuesta,
aproximadamente, 12 000 millones de euros al año; afecta a muchas
personas, a todo el mundo, en la vida diaria. Del nivel de importancia de
esta ley da razón el hecho de que todos los grupos hemos tenido que
recibir aproximadamente entre 12 y 15 colectivos para tratar de atender
sus demandas.

Desde mi punto de vista, en estos momentos, ¿qué
circunstancias califican este proyecto de ley? Yo creo que es evidente
que ha adolecido, a pesar de lo que aquí se ha dicho, de una razonable
intención de acuerdo en la negociación y en el debate previo. De ello da
clara razón y muestra un hecho evidente: 224 enmiendas vivas han llegado
a esta Cámara. Realmente demasiadas para ser la transposición de una
directiva marco, y ello es terrible cuando afecta directamente a más de
100 000 personas, cuya actividad está directamente relacionada con la
gestión de los residuos, y a más de 300 000 personas que lo están
indirectamente.

Una muestra de que el proyecto venía del Congreso
absolutamente cojo es que el propio grupo que sustenta al Gobierno de la
nación, el Grupo Socialista, ha presentado 32 enmiendas. Cierto que una,
la 239, no tiene absolutamente nada que ver con esta ley, sino que es una
enmienda que se refiere a las obras para paliar la sequía en determinadas
zonas de Andalucía y Extremadura.

En definitiva, es un proyecto que ha llegado absolutamente
crudo a esta Cámara, y sin la intención de que en el debate previo se
alcanzaran acuerdos importantes. Pero, además, la tramitación ha
adolecido de falta de adecuación a las circunstancias. Por los datos que
acabo de explicar con 224 enmiendas el trámite de urgencia, señorías, no
tiene sentido y, desde ese punto de de vista, exhorto a la Cámara y a la
Mesa de la Cámara para que tengan muy en cuenta que la discusión de las
leyes se haga de acuerdo con lo que procede, de acuerdo con las
circunstancias y no con lo que venga establecido desde arriba. Si la Mesa
de esta Cámara no tiene la capacidad y el discernimiento para saber
cuándo no se debe hacer un debate por vía de urgencia, realmente no sé
para qué vamos a tener discernimiento. Esta ley no se podía debatir por
el procedimiento de urgencia porque ha llegado con 224 enmiendas; pero es
que, además, el conocimiento que cada uno de los senadores teníamos de
las enmiendas de los distintos grupos ha sido una hora antes de entrar a
verlas precisamente en la ponencia; es decir, no teníamos
conocimiento.

Pues bien, por todo ello y pese a la buena voluntad de la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Esmeralda Iranzo, y del
resto de los portavoces que han permitido asumir alguna transaccional,
hay algunas cuestiones de fondo que siguen sin resolverse y que afectan
muy claramente a la calidad del proyecto. En primer lugar, la ley se
posiciona sobre algunas fórmulas de gestión que prioriza, que entiendo
que son respetables, como son los sistemas de devolución, depósito y
retorno, recogida separada de orgánicos, eliminación de las bolsas de
plástico, etcétera. Todo ello es muy respetable, pero igual de
respetables son otras fórmulas; igual de respetables o, incluso, más
respetables, o por lo menos han sido respetadas por otros países. Aquí en
esta Cámara se ha dicho que la incineración es un mal sistema y que es
contaminante. Es curioso que países que tienen la vitola de números uno
en la preocupación por el medio ambiente, como pueden ser algunos países
de Centroeuropa, Dinamarca o Alemania, practican la incineración como
fórmula habitual. Es curioso que sistemas como el SDDR, el sistema de
depósito, devolución y retorno de los envases, es calificado por muchos
de los colectivos de los países donde se está utilizando como una fórmula
absolutamente demodé, que ni ha dado resultados ni puede darlos. Porque
no se trata, señorías, de aquella antigua fórmula de retornar los cascos.
No, es que se meten los envases en una máquina que hay en cada comercio o
en cada lugar de distribución para volver a triturarse, igual que se hace
ahora con los envases que se depositan en un iglú, bien sean de vidrio o
de

plástico. Y para eso cobran a cada ciudadano 25 céntimos
por cada envase, que luego lo recupera o no lo recupera. Señorías, esto
realmente exige un estudio mucho más detallado antes de ponerlo en
marcha.

Y tengo que señalar que se ha aprobado por una serie de
grupos parlamentarios una transacción, en la que se propone la
elaboración de un estudio previo sobre cuáles son las circunstancias de
cumplimiento de las exigencias de la normativa para poder poner en marcha
ese sistema del SDDR. Quiero hacer especial énfasis, para que sirva como
aclaración por, si acaso, esta transaccional exige interpretaciones, en
que solo si se ve que no se cumplen los objetivos, es cuando habría que
poner en marcha ese sistema que a todas luces es como matar moscas a
cañonazos. Y ello porque, señorías, los informes que han presentado a
este grupo —y supongo que a casi todos los grupos
parlamentarios— los colectivos afectados señalan que esto puede
costarle además a este país entre 500 y 1000 millones de euros , para no
obtener ninguna ventaja, por lo cual su puesta en marcha mediante real
decreto sería una absoluta estupidez si nos costase mucho, y encima no
fuese necesario porque se están cumpliendo los objetivos esperados en
este tipo de residuos por los mecanismos con los que actualmente se está
actuando, o con un complemento a esos mecanismos mediante la prevención u
otras fórmulas. Por tanto, señorías, no solamente son sistemas más caros,
sino que, además, hay mucha gente afectada que está en contra.

También tengo que señalar que de acuerdo con la directiva
marco no es necesario. Y desde el Grupo Parlamentario Popular no se
entiende por qué es necesario ir más allá de la directiva marco cuando en
los últimos años se están consiguiendo en España avances muy importantes,
naturalmente con excepciones, y lo que es mejor, la tendencia es de claro
crecimiento. Entonces, ¿por qué se establecen en el proyecto de ley
determinadas posturas que son fruto de planteamientos ideológicos que
podríamos considerar dogmáticos —algún portavoz ha utilizado esta
palabra—, por qué tenemos que adoptar esos posicionamientos
dogmáticos? ¿Por qué adoptar posturas excluyentes? ¿Por qué no negociar
esas posturas con tiempo?

Yo creo que se le hace un flaco favor a este país con estos
posicionamientos que lejos de buscar los acuerdos, buscan el dogmatismo,
buscan el que prevalezcan los posicionamientos ideológicos, que pueden
ser muy respetables, y de hecho lo son, pero que pueden lesionar
realmente derechos de ciertas personas, pueden lesionar muchos intereses,
sin que al país, sin que a España le generen ninguna ventaja.

Por todo ello, señorías, yo tengo que manifestar que lejos
de considerar que hemos hecho un buen trabajo, realmente siento un poco
de vergüenza ajena de ver que, a pesar del esfuerzo de todos, vamos a
aprobar una ley que deja mucho que desear y que rebaja mucho el nivel de
las leyes de aplicación de las directivas europeas en las que nuestro
país tradicionalmente ha venido siendo un ortodoxo cumplidor.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Finalizado el debate, la votación de este proyecto de ley
la haremos después del debate y votación del próximo dictamen que es el
de la Comisión de Defensa en relación con el proyecto de la Ley orgánica
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y treinta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento. Se reanuda la
sesión.

— DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS
FUERZAS ARMADAS.

(Núm. exp. S. 621/000099)

(Núm. exp. C.D. 121/000082)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Defensa en
relación con el proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Blanco. (Pausa.)

Senador Blanco, ¿presentará usted el dictamen?

El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Estaba puntual al comienzo de la sesión, esperando su
requerimiento para leer la presentación, que me cabe el honor de hacer,
del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas.

Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el día 16
de mayo, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales
en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas fue prorrogado y
quedó ampliado hasta el día 2 de junio.

A este proyecto de ley orgánica se han presentado 100
enmiendas: 23, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 37,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 18,
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y 22 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que luego retiró 2.

La Comisión de Defensa dictaminó en un plazo rápido
—prácticamente en un mes—, en una sesión celebrada el día 14
de junio de este año, incorporando enmiendas de prácticamente todos los
grupos parlamentarios —Senadores Nacionalistas, Convèrgencia i
Unió, Entesa Catalana de Progrés y Popular—. Además, se
incorporaron 15 enmiendas transaccionales.

Por último, para su debate ante el Pleno, se han formulado
5 votos particulares y, fruto del consenso o de las negociaciones entre
grupos, se formularán más enmiendas transaccionales porque entendemos, y
así lo entendió la comisión, que esta ley orgánica, que afecta a los
miembros de las Fuerzas Armadas en sus derechos y deberes, debería tener
el mayor consenso posible.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que
hasta ahora se ha dado de la ley.

Nada más y muchísimas gracias, senadores y presidente.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Me solicita la palabra el Gobierno?

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras):
Intervendré al final del debate.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos, por tanto, señorías, al debate del proyecto de
ley.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas.

Tiene la palabra, senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, Convergència i Unió presentó 37
enmiendas, de las cuales solo 1 fue aceptada en su momento por el Partido
Socialista, 2 se aprobaron en comisión gracias al apoyo del Partido
Popular, 12 fueron transaccionadas por el Partido Socialista, transacción
que CiU aceptó en aras de la mejora del texto final y para favorecer las
reivindicaciones del colectivo. Por tanto, mi grupo mantiene vivas todas
las que no se aprobaron ni transaccionaron en comisión, con el ánimo de
pedir un último esfuerzo pactista que nos permita aprobarlas.

¿Por qué este interés por mantener vivas las enmiendas? Por
varias razones: porque es lo que nos pide el colectivo; porque mejoran la
ley y la hacen más democrática, y por más razones que nos llevan a creer
que son aportaciones positivas. Dado que es imposible, en el tiempo de
que dispongo, enumerar una a una las 24 enmiendas, haré una valoración
global sobre qué pretendemos con las enmiendas vivas y mencionaré alguna
de ellas relativas a cuestiones importantes. Lo que pretendemos, lo he
dicho antes, es que salga una ley más democrática y que respete las
libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Hablando de alguna de las enmiendas, por ejemplo,
mantenemos la enmienda número 66, que habla de la igualdad en el trato,
en el empleo y la ocupación, un hecho lógico, pero que aún debe pedirse
que se incluya en el texto final de esta ley.

La enmienda 68 trata de que se permita la afiliación
política a los militares, como pasa en diversos países, como Alemania,
Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, dejando claro que la mera
afiliación política no quebranta el deber de neutralidad política de los
militares.

La enmienda número 70 habla del derecho a la intimidad y
sobre todo hace referencia a la dignidad personal. En el presente
proyecto se limita al ámbito del trabajo, y nosotros creemos que no se
debe limitar solo al ámbito del trabajo y que esta mención debe
desaparecer para dejar más amplio el ámbito.

Las enmiendas números 80, 81, 84 y 87 intentan avanzar en
los derechos de los militares a asociarse, sindicarse o afiliarse
políticamente; reivindicación histórica de gran parte de los miembros de
las Fuerzas Armadas, pero que hasta ahora ha sido imposible recoger en
ninguna ley.

Las enmiendas números 89, 90, 91 y 92 intentan, entre otras
cosas, hacer más plural el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y
hacen a la vez hincapié en dar a sus representantes una mayor
representación.

Las enmiendas números 94, 95 y 96 intentan potenciar la
figura del observatorio de la vida familiar y hacer más democrática su
composición, fijando, a la vez, una fecha límite para su
constitución.

La enmienda 98 la mantenemos porque nos parece que es de
justicia que se reconozca su situación a todo el personal que sufrió
lesiones antes del 31 de diciembre de 1984 y que no pudo solicitar su
integración en el Cuerpo de Mutilados. Nos parece que esta es una
enmienda que acaba con una discriminación. Es verdad que los portavoces
socialistas nos ofrecieron una transacción, creemos que también se la han
ofrecido a Entesa y al Partido Popular, que intentaba mejorar esta
situación. No la aceptamos porque deseábamos que se aceptara íntegramente
el texto que proponíamos, ya que era un texto que hacía falta para acabar
con una discriminación histórica.