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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 179, de 23/03/2011
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS


Año 2011 IX Legislatura Núm. 179

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL ARIAS CAÑETE

Sesión núm. 63

celebrada el miércoles, 23 de marzo de 2011

en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado para la Unión Europea (López Garrido), para informar sobre:


- El Consejo Europeo del 24 de marzo. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente del Congreso 212/001449 y número de expediente del Senado 713/000941.) ... (Página 2)


- El estado de las negociaciones en el seno de la Unión Europea en torno a la instauración de una patente comunitaria. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente del Congreso 212/001405 y número
de expediente del Senado 713/000921.) ...
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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (LÓPEZ GARRIDO), PARA INFORMAR SOBRE:


- EL CONSEJO EUROPEO DEL 24 DE MARZO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente del Congreso 212/001449 y número de expediente del Senado 713/000941.)


El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Señorías, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea con la celebración, en primer lugar, de la comparecencia del secretario de Estado para informar sobre el Consejo
Europeo del 24 de marzo, abriremos un turno y luego, a renglón seguido, continuaremos con la comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la instauración de una patente comunitaria. Damos la palabra al
secretario de Estado, don Diego López Garrido.



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Como ha dicho el señor presidente de la Comisión, comparezco, como siempre, con mucho gusto ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea para informar sobre el Consejo
Europeo que se va a celebrar mañana y pasado mañana.



El Consejo Europeo va a girar en torno a tres puntos esencialmente: en primer lugar, los aspectos económicos, y después los asuntos exteriores; previsiblemente durante la cena habrá un debate sobre la situación en Libia y la vecindad sur,
y también sobre Japón, según nos indicó el presidente del Consejo Europeo, el señor Van Rompuy, en la cena que tuvimos con él después del Consejo de Asuntos Generales de este mismo lunes. Este parece ser que será el orden de debate mañana: primero
la parte económica, luego la parte de política exterior y, como se suele proceder, el último día, en este caso el viernes, se hará un pormenorizado debate en profundidad sobre la declaración final, el texto final de este Consejo Europeo, que es sin
duda un consejo de gran relevancia económica y política, incluso algunos países en el Consejo de Asuntos Generales del lunes lo calificaron de histórico; además coincide con una situación crítica en el norte de África, concretamente en Libia, sobre
la cual también se va a pronunciar o va a debatir el Consejo Europeo.



Voy a empezar por los aspectos económicos, que han sido, en cuanto a su contenido, precedidos por una reunión del Eurogrupo el pasado día 11 de este mismo mes, una cumbre extraordinaria del Eurogrupo a nivel de jefes de Estado y de Gobierno;
es la segunda vez que sucede así, se suele reunir a nivel de ministros de Finanzas y en esta ocasión se reunió a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. En esa cumbre extraordinaria hubo un acuerdo sobre el llamado entonces Pacto del Euro -ha ido
cambiando su denominación y ya veremos si termina llamándose así o cambia una vez más- y también sobre el mecanismo permanente de prevención de crisis. Sobre estos dos puntos hubo un acuerdo en el Eurogrupo y serán presentados mañana en la reunión
del Consejo Europeo. Así que tendremos, por un lado, el llamado Pacto del Euro y, por otra parte, el mecanismo europeo de estabilidad, el llamado MEDE, cuya configuración definitiva se acordó, como les decía, en una reunión del Eurogrupo, en este
caso en una reunión del llamado Eurogrupo Plus, Eurogrupo +10, que se produjo el 21 de marzo.
Estos son los precedentes más inmediatos en este mismo mes de lo que va a ser una reunión importante. Y también, naturalmente, tenemos que señalar como
precedente la reunión que tuvimos el lunes, tanto del Consejo de Asuntos Exteriores por la mañana como del Consejo de Asuntos Generales por la tarde.



En los aspectos económicos el Consejo Europeo va a tratar esencialmente temas que tienen que ver con la política económica de la Unión Europea y también otros que tienen algo más que ver con lo que podríamos llamar gobierno económico o
gobierno institucional de la economía en la Unión.
Me gustaría establecer esa primera distinción conceptual que nos puede clarificar un poco todo este maremágnum de iniciativas, de medidas relacionadas con la economía, con el sistema financiero y
que a veces se convierte en un bosque difícil de estructurar. Yo quisiera por eso empezar diciendo que hay un conjunto de medidas que hay que situarlas más bien como medidas de política económica que la Unión Europea coordina como forma de
responder a la crisis económica esencialmente, que están catalizadas por esa crisis económica. Y luego hay un segundo grupo de medidas de carácter más de medio y largo plazo que tienen que ver con el gobierno económico, con la institucionalización
de un gobierno, de unas instituciones que gobiernan y que coordinan y que, por tanto, tienen la perspectiva de una longitud de onda no exactamente igual.



En cuanto a lo primero, a las medidas de política económica que son percibidas como más urgentes, como más necesarias, como inmediatas, hay que señalar en la discusión que va a haber mañana en el Consejo Europeo tres cosas: una, el semestre
europeo; otra, lo que he citado anteriormente, el Pacto del Euro; y otra, lo relacionado con los programas de reforma y estabilidad o convergencia que tienen que presentar los países a lo largo de los próximos meses. En relación con el semestre
europeo, lo que se pretende que haga el Consejo Europeo de marzo es establecer las prioridades en materia de reformas estructurales, de consolidación fiscal y de mercado único de la Unión Europea; este es el objetivo. A todo esto se le ha llamado
el semestre europeo, que por vez primera se produce en este semestre de Presidencia húngara. ¿Cuál es el objetivo de este semestre? El objetivo es que los Estados tengan en cuenta unas prioridades que va a señalar el Consejo Europeo de


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marzo, que yo ya he mencionado -prioridades en materia de reformas estructurales, de consolidación fiscal y de mercado único-, y que para que su política esté de acuerdo con esas prioridades, tienen que incluirlas en una obligación que
tienen los Estados miembros de la Unión Europea, que son los programas de estabilidad y convergencia, y los llamados programas nacionales de reforma. Esta terminología un poco prolija de la Unión Europea me obliga quizás a clarificar que los
programas de estabilidad y convergencia son los que tienen que hacer los Estados para cumplir con ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento que está en el tratado; por tanto, cada uno de los Estados, de los gobiernos, tiene que presentar un programa
de estabilidad y convergencia para cumplir con el Pacto de Estabilidad.



Luego está lo que se llaman los programas nacionales de reforma. Estos programas nacionales de reforma tienen un objetivo de política económica a largo plazo; no es ya tanto, vamos a llamarlo así, la disciplina presupuestaria financiera,
sino la política económica a largo plazo, los objetivos de política económica que desde el año pasado tienen que estar orientados en lo que se ha llamado la estrategia de crecimiento y creación de empleo 2020. Así que, tanto en los programas de
estabilidad y convergencia -aspecto de disciplina presupuestaria, sobre todo- como en los programas nacionales de reforma -aspecto de política económica-, los Estados tienen que incluir las prioridades económicas que va a señalar el Consejo Europeo
mañana y pasado, y que tienen que ver, como he dicho y repito, con reformas estructurales que potencien el crecimiento, con consolidación fiscal -hacer una deuda sostenible- y con profundización de mercado único. Esto es lo que se llama el semestre
europeo.
Posteriormente, a la vista de todo lo que presenten los Estados miembros, el Consejo Europeo siguiente, es decir, el de junio, el último de Presidencia húngara, va a hacer una recomendación específica a cada miembro de la Unión Europea.
Es decir, resumiendo: primero, se plantean las prioridades; segundo, los Estados presentan sus programas; tercero, el Consejo Europeo evalúa esos programas y les da sus recomendaciones, a la vista de lo que presenten. A eso se le llama el
semestre europeo.



Unido a ello está el llamado Pacto del Euro. Tiene que ver con este semestre europeo, porque el Pacto del Euro establece líneas de política económica, les está señalando a los Estados lo que tienen que hacer en términos de política
económica, con un objetivo de competitividad. Y esto proviene de comienzos de este año, cuando en un Consejo Europeo también extraordinario, del 4 de febrero, se acordó que teníamos que coordinar mejor nuestras economías, nuestras políticas
económicas, converger, y que por tanto había que ir en esa línea de la que se ha debatido mucho y en donde lo importante es que se cumpla lo que está establecido en el tratado, en el Tratado de Lisboa, y es que los Estados tienen la obligación de
coordinar sus políticas económicas, sus políticas de empleo y sus políticas sociales. España ha apoyado, sin duda, este Pacto del Euro, que tiene aspectos que tienen que ver con la competitividad. Hay otros que pretenden favorecer el empleo; hay
otros que pretenden reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas; y otros, reforzar la estabilidad financiera. Cuatro grandes compromisos, repito: competitividad, empleo, finanzas públicas y estabilidad financiera. Si luego lo desean,
podemos profundizar algo más sobre el contenido de ese Pacto del Euro y ver qué papel va a jugar en el futuro en relación con las políticas económicas que desarrollen los Estados miembros y en concreto el Estado español.



Decía que, junto al bloque de medidas que apruebe el Consejo Europeo -o líneas estratégicas, porque ese es el cometido que tiene el Consejo Europeo, aprobar líneas estratégicas de política económica-, hay otros aspectos más relacionados con
lo que se ha venido en llamar gobierno económico de la Unión o gobernanza económica; es decir, medidas que son, en definitiva, instrumentos de los que se está dotando la Unión Europea para gobernar económicamente, para poder realizar una política
económica general en la Unión, y no como hasta ahora solamente políticas sectoriales, limitadas, acotadas. Seguramente es la crisis la que obliga a la Unión Europea a abordar ya una política del máximo nivel desde el punto de vista económico, y por
así decirlo, la Unión Europea ya se atreve a hacer una política económica general, para lo cual necesita instrumentos institucionales, sin los cuales no puede hacer esa política, no puede desarrollarla. Y eso es lo que está construyendo la Unión
Europea desde hace un año, está construyendo un edificio que no tenía para llenar de contenido esa pata económica de una unión que se llamaba unión monetaria y unión económica pero que no era más que monetaria, no era económica; eso es lo que se
está construyendo. Y diríamos que el Consejo Europeo, muy económico, de mañana y de pasado va a consolidar estos avances de gobierno económico.



Algunas de esas medidas que van a consolidar esos avances en los temas de gobernanza económica son, por ejemplo, las seis propuestas legislativas que presentó la Comisión en septiembre del año pasado, que pretendemos que sean aprobadas por
el Parlamento Europeo y, por tanto, que puedan entrar en vigor a partir de junio o julio de este año, al final de la Presidencia húngara, y que recogen ese trabajo que inició la task force, el grupo de trabajo que presidió Herman Van Rompuy desde
febrero del año pasado. Ese grupo de trabajo desembocó en una serie de propuestas, la Comisión las convirtió en propuestas legislativas y en estos momentos se están debatiendo con el Consejo y con el Parlamento Europeo. Esas medidas, que han
pasado esencialmente por el Ecofin, son propuestas de reforma tanto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, reforzando la disciplina fiscal, como también -algo muy importante que no hacía la Unión Europea, que tiene un carácter fundamentalmente
preventivo- la prevención de los desequilibrios macroeconómicos. La Unión Europea va a vigilar una disciplina fiscal y la Unión Europea va a vigilar y


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prevenir desequilibrios macroeconómicos, que son los teóricamente productores en un futuro de gravísimas crisis. Hay que prevenir esos desequilibrios, evitarlos, estar vigilándolos. Y eso adquiere en estos momentos una forma jurídica a
través de las seis propuestas de la Comisión que pretendemos que se pongan en marcha este año.



En cuanto a la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el reforzamiento, su mejora se tiene que hacer definiendo una política fiscal prudencial o prudente, y por tanto estableciendo un límite de crecimiento anual del gasto público.
En segundo lugar, vigilando el criterio de la deuda. Es muy visible que esta crisis se ha convertido en una crisis de deuda soberana en algunos Estados, a la cual se le hacía muchísimo menos caso que al déficit, y la deuda también tiene que ser
vigilada en torno a los criterios de Maastricht. La reforma da más importancia al criterio de la deuda pública de la que se le daba antes. Y en relación con el marco de supervisión de desequilibrios macroeconómicos, se establece un marco legal
propio para vigilar esos desequilibrios para la Unión, y particularmente la zona euro.



Otro aspecto de gobernanza económica -luego, si quieren, podemos profundizar más en los contenidos de estas medidas a las que me voy refiriendo-, son los llamados test de resistencia del sector bancario, los stress tests. El año pasado hubo
ya unos primeros test de resistencia. Por cierto, el 95 por ciento del sector bancario español se sometió a los mismos, frente a una media del 65 por ciento en el conjunto de la Unión Europea. En este caso se trata de hacer unas pruebas de
resistencia más exigentes. Ya saben que se trata de simulaciones que se realizan sobre la capacidad de bancos y de cajas para enfrentarse a un hipotético, puramente virtual, escenario de deterioro general de la economía, para ver si esos bancos y
cajas, en esa hipótesis, mantendrían el nivel de solvencia que es exigible. Los resultados definitivos de esas pruebas de resistencia se quieren tener para junio de este año. Tenemos probablemente el mecanismo de gobernanza económica más
importante, el más destacado, vamos a llamarle el mediáticamente más visible, que es el llamado mecanismo de asistencia financiera o de estabilidad. Se trata de que este fin de semana el Consejo Europeo apruebe las líneas generales del mecanismo
europeo de estabilidad de carácter permanente, no el que ya funciona, la facilidad europea, que tiene un carácter transitorio hasta 2013, sino el que empezaría a funcionar en 2013 con carácter permanente.
Aún no hay un acuerdo definitivo; hay
acuerdos parciales sobre una reforma que habría que hacer para fortalecer la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, vigente hasta mayo. Aún no hay un acuerdo total al respecto, ni lo habrá mañana o pasado mañana -es algo que todavía está
estudiando el Ecofin-, pero sí que habrá una aprobación -esperamos- para el mecanismo permanente de estabilidad, el que funcionará a partir de 2013.



Este mecanismo permanente de estabilidad financiera va a tener una capacidad de préstamo de 500.000 millones de euros y un capital total de 700.000 millones. Ese mecanismo proporcionará asistencia financiera a solicitud de un Estado miembro
de la eurozona, cuando resulte imprescindible. Las decisiones al respecto se van a adoptar por unanimidad sobre la base de un informe de la Comisión, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Y también, como pasa en este
momento con la llamada facilidad europea, el mecanismo -le llamaremos a la primera facilidad y al segundo mecanismo para distinguirlos-- el mecanismo también se va a someter a una condicionalidad financiera estricta. En todo caso, como ya se ha
acordado para la facilidad, en estos momentos transitoria, el mecanismo futuro permanente va a poder comprar deuda soberana en el mercado primario, por tanto se van a flexibilizar sus posibles intervenciones. Estas serían las principales medidas
que el Consejo Europeo va a convalidar, va a endosar, va a avalar en el Consejo de mañana y de pasado mañana, y que tienen esa doble vertiente que yo he clasificado en medidas que tienen que ver con política económica y medidas que tienen más que
ver con gobierno económico con carácter más estable, más permanente para el futuro.



La otra gran vertiente de la reunión será la de asuntos exteriores: la situación en Libia y la vecindad Sur; y también la situación en Japón como consecuencia de la crisis nuclear. Empezando por Libia y por la vecindad Sur, hay que decir
que en el conjunto de los acontecimientos que están produciéndose en el norte de África la Unión Europea, apoyada en su política de vecindad, no ha sido para nada espectadora pasiva de lo que está pasando, sino que ha tenido una actuación clara en
lo político, en lo humanitario, en lo que tiene que ver con la actualidad, y por tanto el Consejo Europeo, precedido por el debate que hubo este lunes en el Consejo de Asuntos Generales y en el Consejo de Asuntos Exteriores, se ocupará de esa
situación en el norte de África, y también de los casos de Yemen o de Bahrein, que están sufriendo crisis importantes.



Sobre Libia, hubo el lunes una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, una agria discusión, también hubo una discusión en concreto sobre temas relacionados con medidas humanitarias o de ayuda económica en el Consejo de Asuntos Generales,
pero desde luego lo que sí que hubo fue unas conclusiones políticas que son el antecedente inmediato del debate que va a haber mañana; unas conclusiones políticas, las primeras después de la Resolución 1973 de Naciones Unidas, con lo que la Unión
Europea muestra su preocupación por la situación en Libia y su voluntad colectiva de asistir a la protección de civiles y a la asistencia humanitaria en el marco de dicha resolución. En ese debate del lunes se logró un consenso, teniendo en cuenta
que el precedente era que Alemania se había abstenido en el Consejo de Seguridad, se lograron unas conclusiones en donde el conjunto de países miembros de la Unión Europea mostraban su satisfacción por la Resolución 1973. Daban la bienvenida a esa
resolución y acordaban que las medidas humanitarias


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que iba a desarrollar -que ya está desarrollando la Unión Europea- iban a tener la ayuda en todo caso de todos los medios a disposición de la Unión que le permite el Tratado de la Unión Europea. Ha sido una conclusión de compromiso absoluto
por auxiliar a las personas que están sufriendo esa crisis en Libia. A su vez hay que tener en cuenta que la Unión Europea ha ido adoptando una serie de sanciones económicas al régimen de Libia, al régimen de Gadafi en Libia, y que las ha ido
ampliando. El Consejo Europeo lo va a examinar e incluso podría plantearse, si lo considera oportuno, como es lógico, ampliar más aún esas sanciones que han ido destinadas a evitar la financiación del régimen. Por eso la Unión Europea ha producido
un embargo financiero al régimen libio. Los ministros, el lunes, en el Consejo de Asuntos Exteriores, en esas conclusiones han dado mandato a la Alta Representante, la señora Ashton, para que presente al Consejo Europeo de mañana y pasado una
planificación de la actividad futura de la Unión en coordinación con Naciones Unidas y con la OTAN.
Junto al apoyo a la Resolución 1973, existe ese apartado importante de coordinación: una Unión Europea que trabaja en coordinación con otras
organizaciones internacionales y con actores políticos, como es la Liga Árabe, por ejemplo, pero especialmente hace hincapié en Naciones Unidas y en OTAN.



En cuanto a Yemen y Bahrein, situación también preocupante, en ambos casos el Consejo de Asuntos Exteriores también aprobó conclusiones. Este es un tema sobre el que podrían discutir también, si lo consideran oportuno, los jefes de Estado y
de Gobierno este fin de semana, habrá que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos. Y desde luego, España está siguiendo la situación puntualmente en Yemen y en Bahrein, con una protección prioritaria a la colonia española y con planes de
emergencia que están activados desde hace semanas.



En cuanto a la estrategia, vamos a llamarle, de medio plazo en la vecindad Sur, la Unión Europea debe potenciar al máximo esas posibilidades. Igual que cuando se produjo, recordemos, en Presidencia francesa en 2008 la crisis de Georgia, se
vio con claridad que la vecindad Este era importante para la Unión, y tuvo que ver seguramente aquella crisis con el desarrollo posterior de esa vecindad Este y del partenariado oriental, ahora, con la crisis del norte de África es el momento de
hacer especial énfasis precisamente en esta zona mediterránea. La vecindad Sur adquiere una importancia especial y por eso es por lo que hemos saludado como un documento muy significativo, muy bueno en su composición, en sus perspectivas, en su
ambición, el documento que la alta representante y la Comisión presentaron el día 8 pasado sobre vecindad Sur, que se va a completar, según nos anunció el comisario Füle en estos días que ha estado aquí en Madrid, con una comunicación más global que
integre el conjunto de la política de vecindad en mayo. Por tanto, nosotros apoyamos el contenido de esa comunicación, apoyamos su dimensión financiera, apoyamos que se aumente el mandato del BEI, y también que sean posibles las devoluciones de
préstamos del BEI, los llamados reflows. Apoyamos también, en el terreno comercial, que se concluyan o se refuercen acuerdos de libre comercio, aunque nos gustaría que hubiera más propuestas sobre inversiones, y así lo pusimos de manifiesto en la
reunión del lunes mismo, la importancia de las inversiones en relación con el desarrollo de esa ribera sur del Mediterráneo. Igualmente apoyamos lo que en esa comunicación se dice sobre movilidad. Asuntos muy complicados siempre en cualquier zona
geográfica, pero asuntos que hay que abordar. Naturalmente, esto está conectado con la política de visados. También nos gustaría que en el futuro se enfatizase más la temática de las interconexiones, en especial ámbitos energéticos y de
transporte. Lo mismo que, naturalmente, lo que deseamos es que la Unión por el Mediterráneo salga de una cierta parálisis en la que está metida en estos momentos y sea un instrumento fundamental en el conjunto de una estrategia nueva que tiene que
desarrollar la Unión Europea a la vista de los acontecimientos en el norte de África.



Por último me referiré al tema de Japón. También será objeto de debate en este Consejo Europeo de mañana. Situación dramática, pérdidas humanas y físicas enormes, gastos de reconstrucción gigantescos, sin duda, lo acaba de señalar, lo
acaba de cuantificar aproximadamente el Banco Mundial, pero es verdad que la preparación de Japón y la ejemplar actuación de su población ha paliado, si es posible hablar así, una catástrofe que podría haber tenido todavía daños mayores de los que
ya hay, que son enormes.
Tenemos las últimas cifras de 9.000 muertos y 13.500 desaparecidos aproximadamente, 360.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares. Japón no es un país en vías de desarrollo, es un país desarrollado, no es un
país al que vaya ayuda oficial al desarrollo, pero debemos tener toda la disposición, como ya lo hemos hecho, en lo que podamos ayudar. Y España está participando, desde luego.



La situación nuclear tiene que centrar nuestra atención. El Consejo extraordinario de Energía que se celebró el lunes de esta semana analizó la situación y llegó también al acuerdo de establecer una serie de líneas de acción en materia de
seguridad de las instalaciones nucleares en la Unión Europea. Uno de esos acuerdos es revisar en profundidad el estado de seguridad de las centrales nucleares de la UE con unos test de esfuerzo, en este caso para las centrales nucleares, de manera
que de forma inmediata podamos ya iniciar esa revisión. La idea es que en junio de este año tengamos ya unos criterios técnicos en los que se tienen que basar esas pruebas, y que las pruebas sean realizadas en el segundo semestre de este año 2010.
Sin embargo, como la seguridad nuclear no tiene fronteras, se ha acordado también que se recomienden estas pruebas a países terceros, empezando con los más próximos a las fronteras europeas de la Unión Europea (por ejemplo Suiza, Balcanes
occidentales, Bielorrusia, Turquía, Ucrania), y también a nivel mundial bajo los auspicios de la Organización


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Internacional de Energía Atómica. El objetivo, desde luego, está claro que tiene que ser que la Unión Europea disponga de los estándares más elevados en seguridad nuclear a nivel de esa dimensión importantísima de la seguridad.



También hay que ser conscientes de que la crisis en Japón es una crisis no solo nuclear, es también económica, puede tener repercusiones no solo locales o regionales, sino también mundiales, y aunque la valoración de ese impacto aún es
incierta, la Unión Europea tiene que esta alerta, y en especial en el seno del G-8, para que esta situación no tenga un efecto negativo en el proceso de recuperación económica, teniendo en cuenta que Japón es la tercera economía mundial. Las
primeras valoraciones de reconstrucción indican unas cifras que son auténticamente estremecedoras: 230 millardos de euros para esa reconstrucción.



Con esto concluyo, señor presidente, esta síntesis de lo que entiendo que van a ser los asuntos esenciales de debate en el Consejo Europeo de mañana y de pasado mañana.



El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Abrimos el turno de portavoces, y en primer lugar damos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, el senador señor Sabaté.



El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor secretario de Estado, de nuevo por su comparecencia ante esta Comisión y por informarnos puntualmente de los temas a tratar en el próximo Consejo Europeo.



Sin duda en cuanto al tema económico, usted insistía y remarcaba la importancia de este Consejo. Me permito, con todo, decir que vienen siendo importantes todos recientemente, más en materia económica, el contexto de la crisis y la
necesidad de tener una política común. Por una parte, como usted decía, el control de la situación en este momento, las medidas más a corto plazo y la estabilidad económica y financiera de los países de la Unión; por otra, el avance hacia esa
gobernanza, hacia ese gobierno económico, que es un objetivo cada vez más claro y que sin duda es un tema todavía pendiente de la Unión Europea. Por tanto, entiendo que de lo que se trata es de afianzar esos mecanismos de estabilidad, y sobre todo
de asegurar los mecanismos de control para garantizar que no haya crisis graves en un futuro.



En cualquier caso, la preocupación que estos días está en la sociedad y recogen los medios de comunicación es recurrente sobre la posibilidad de que algunos países de la Unión puedan necesitar un rescate, vuelve a salir Portugal y vuelve a
salir el impacto que eso pueda tener.
Compartimos absolutamente la necesidad de estas medidas duras, me atrevo a decir, estas medidas tomadas de común acuerdo en el seno de la Unión, aunque me asalta un poco la duda de si precisamente determinadas
medidas no pueden agravar la situación. Por ejemplo, en el caso de Portugal: estamos con una cierta crisis política en el país, hasta qué punto de alguna forma en el remedio no está un poco también la enfermedad, en el sentido de que las medidas
que se están planteando desde la Unión Europea, si bien estabilizan la situación política no puedan acabar generando desconfianza en los mercados y, en definitiva, la caída en una situación de necesidad de rescate. El tema ciertamente es complejo y
de alguna forma hay que garantizar esa cohesión y esa unidad en las políticas de estabilidad y de mecanismos de crecimiento a medio y largo plazo. Por tanto, es necesario que la Unión Europea exija el seguimiento por parte de todos los países. Me
gustaría conocer un poco más con detalle, si es posible, su opinión sobre la situación en Portugal y de alguna forma qué impacto pueden tener los acuerdos que se tomen en el Consejo Europeo sobre la situación en nuestro vecino país, en la medida
también de que parece ser que es la banca española la que dispone de una parte no menospreciable de la deuda externa de este país.



Luego quería hacer referencia a la situación de temas exteriores, y especialmente a los casos de Libia y Japón. Evidentemente, ante la situación de Libia, más allá de la preocupación que despierta lógicamente, entendemos que la actuación
internacional bajo mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es lo que cabía hacer en este momento, la participación de España, absolutamente necesaria, tal como estableció ayer por amplísima mayoría el Congreso de los Diputados. En
definitiva, hay que estar atentos a cumplir ese mandato y a que se consiga el objetivo de garantizar la seguridad del pueblo libio y su derecho a un futuro de respeto a los derechos humanos y a un futuro democrático. Con todo, preocupan las
disensiones de nuevo entre los miembros de la Unión Europea. De alguna forma aparecen discrepancias: países que no participan en la acción, países como Alemania que empiezan a participar en el bloqueo marítimo y luego retiran sus fuerzas,
actitudes de duda por parte de Italia. Todo eso de alguna forma pone en evidencia la necesidad de esa política exterior y de seguridad común tan necesaria y que venimos reivindicando desde hace tanto tiempo y que, si bien forma parte del discurso
oficial, cuando estamos ante una crisis concreta como esta vuelven a salir todos los fantasmas y todas las dudas de siempre.



Por supuesto, los casos de Yemen, de Bahrein, etcétera, todo lo que es el polvorín en el que se está convirtiendo todo Próximo Oriente y el Magreb, todo el mundo árabe en general, y un poco más allá incluso incluyendo a Irán y a otros,
exigen un seguimiento a fondo, forzar el esfuerzo de nuestros diplomáticos, los diplomáticos de la Unión precisamente, para estar muy atentos a lo que se está moviendo e intentar que la solución diplomática evite el tener que llegar a situaciones de
confrontación abierta y de necesidad de intervención militar, como ha sido el caso de Libia.



Finalmente quería hacer referencia a Japón. El tema de Japón es una catástrofe de origen natural. En ese sentido no sé si predecible, pero seguramente no en su magnitud. En cualquier caso, toda la solidaridad con


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Japón, la ayuda necesaria a la que usted aludía. Ahora bien, hay dos consecuencias, por decirlo así, más allá del impacto de la ayuda inmediata, de la crisis en Japón que afectan a la Unión. Por una parte el tema de la seguridad nuclear.
Se abre el debate, seguramente un debate que habría que hacer en frío y que se ha abierto ahora en caliente, las decisiones de gobiernos como el Gobierno alemán no sé si ayudan, porque dan la impresión de inseguridad, de una cierta improvisación,
posiblemente de movimientos de carácter preelectoral, pero que abren un debate y alimentan una sensación de inseguridad en la población que es preocupante. Uno de los grandes temas de la Unión sin duda es la necesidad de una política de seguridad
energética y es necesario que las medidas que se tomen sean medidas compartidas, no podemos estar hablando de que este es uno de los grandes temas permanentes de la agenda europea y luego, en cuanto aparece una situación, por supuesto grave, como la
de Japón, cada Gobierno actúe por su cuenta sin atender a lo que debería ser una política común. Entre otras cosas porque la seguridad de la energía nuclear en un territorio relativamente pequeño como es el de la Unión nos afecta a todos; o sea,
en definitiva la seguridad de las centrales en Francia, por decir algo, evidentemente afecta a todos los países vecinos y en general a la Unión.



Por supuesto, las apuestas a medio y largo plazo en materia de política energética exigen también que adoptemos medidas comunes, o sea, el esfuerzo por esta unión política y económica que queremos que sea la Unión Europea ahora tiene aquí
también una prueba real de estrés y habría que dar la justa respuesta precisamente a partir de una respuesta clara del Consejo Europeo. Y más cuando es una crisis que se ha dado en Japón y afortunadamente no tenemos la amenaza inmediata encima de
la afectación por la radiactividad o sus consecuencias inmediatas. Por tanto, es posible tomar una cierta distancia y abordar el tema de la seguridad energética de fondo sin cometer el error de medidas precipitadas y unilaterales por parte de los
países miembros de la Unión.



Finalmente, el otro aspecto al que aludía hablando de las consecuencias de la crisis en Japón es el impacto de lo que podríamos llamar la crisis económica que se va a derivar de la crisis natural en Japón. Es evidente que la reconstrucción
de Japón -usted lo situaba- va a tener un coste extraordinario -es la tercera potencia económica-, y seguramente los japoneses harán ese esfuerzo, pero esto va a tener un impacto en el resto de economías del mundo, empezando, por volver a la materia
energética, probablemente por el precio del petróleo. Si las centrales nucleares de Japón bajan actividad, que la van a tener que bajar por razones evidentes, y si aumenta el consumo de combustibles fósiles, del petróleo y de sus derivados, ¿qué
impacto va a tener esto? Porque junto a la crisis en Libia y en general en el Magreb, etcétera, puede tener un impacto importante en el corto y medio plazo sobre los precios del petróleo y por tanto sobre la economía de la Unión Europea. Este no
es un tema en absoluto menor, entiendo que este es uno de los que sin duda se han de tratar en el Consejo Europeo, y nos gustaría también conocer su opinión, más allá de los otros aspectos de esta crisis que puedan repercutir en la Unión Europea,
que sin duda tendrá impactos de sentido diverso, como la ayuda a la reconstrucción, lo que puede ayudar en parte a la economía europea también, no deja de ser un elemento dinamizador, en cuanto a los costes de esta crisis y de esta reconstrucción
que sin duda van a tener un impacto negativo. Señor secretario de Estado, nos gustaría conocer un poco su opinión sobre estos impactos de la crisis japonesa, y sobre todo en qué medida se va a entrar en el detalle, pero con fuerza, en la reunión
del Consejo Europeo.



Dicho esto, agradezco de nuevo su comparecencia.



El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la diputada doña Inma Riera.



La señora RIERA I REÑÉ: Quiero agradecer de nuevo al secretario de Estado su comparecencia para informar sobre el Consejo previsto los días 24 y el 25 de marzo, mañana y pasado mañana.



Respecto a este Consejo Europeo que tendrá lugar mañana y pasado mañana, me referiré en mi intervención fundamentalmente al eje económico. En este eje y en este marco quisiera desde mi grupo parlamentario resaltar algunos aspectos, pero
antes quisiera hacer tres breves consideraciones previas. Echando una mirada hacia atrás, recordaré que a final del primer trimestre de 2010 se visualizó, lo determinante que no solo para España sino para Europa y para el conjunto de la Unión
Europea era la aprobación del real decreto que en aquel momento presentó el Gobierno para su aprobación; un real decreto con marcado acento europeo en cuanto que se señalaban y se incorporaban una serie de acciones inmediatas a tomar por parte del
Gobierno español de las que dependía nuestro inmediato futuro, tanto financiero como económico y social. También la misma mirada atrás nos evidencia los déficits que arrastraba y aún arrastra nuestra estructura económica, fundamentalmente en
términos de competitividad y de productividad, lo que nos ha obligado en estos últimos tres años de crisis y nos continúa obligando a actuar en paralelo tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Esto quiere decir afrontar de manera
contundente y decidida una serie de reformas estructurales. Esta misma mirada atrás también nos lleva a una evaluación macroeconómica sobre la delicada situación financiera en la que se encontraban nuestras finanzas públicas.



Son tres breves reflexiones que no he querido dejar de hacer porque entiendo que son importantes para contextualizar el Pacto por el Euro y el marco del Consejo Europeo de mañana y pasado mañana. Porque el pacto lo que persigue, y
entendemos que persigue, es el


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refuerzo de la coordinación de la política económica para la competitividad y la convergencia, algo que no solo compartimos, sino que es prioritario, especialmente en nuestra economía y en nuestro país. El pacto es muy amplio. Es un pacto
de gobernanza, y es un pacto que celebramos y que conlleva muchas obligaciones para los Estados miembros, pero un pacto también que desde nuestra perspectiva europeísta es necesario, y reitero que es necesario. Entendemos que es necesario sobre
todo porque creemos que nos falta más Europa en muchos aspectos y también que ha sido Europa la que nos ha obligado -como recordaba en mis reflexiones iniciales- a actuar con más firmeza y más determinación en medidas, repito, tanto en el corto
plazo, de salida inmediata de la crisis, como de largo plazo, es decir, a compromisos en reformas estructurales necesarias en términos de crecimiento y competitividad.



Hechas estas tres consideraciones previas e iniciales, sí quisiera resaltar cuatro aspectos relacionados ya muy directamente con los contenidos del pacto, y en particular a los objetivos que se marcan en el pacto de impulso, en primer lugar
a la competitividad, en segundo lugar al empleo, en tercer lugar a la sostenibilidad de las finanzas públicas y por último a la estabilidad financiera. En primer lugar, nuestro grupo ha reclamado insistentemente desde el inicio de la crisis medidas
concretas orientadas a la reactivación económica, y todo ello en un contexto en el que en nuestra economía el crédito ha constituido y continúa constituyendo un factor determinante, no solo en términos de crecimiento sino sobre todo de viabilidad
económica de gran parte de nuestro tejido económico y productivo. En este contexto, la misma excepcionalidad de la crisis nos obligaba, como ya he dicho antes, a actuar en paralelo en el corto y en el medio plazo; y sobre todo a poner en marcha
una serie de medidas activas de reactivación, pues solo la vía de la recuperación y de generar más actividad económica es la que entendemos desde nuestro grupo, así lo hemos defendido y en este sentido hemos orientado nuestras medidas, podía, puede
y podrá permitir mantener y generar más empleo. Hoy para el conjunto de la sociedad y para todos nosotros, y creo que todos estaremos de acuerdo, los índices tan elevados de paro son nuestra principal ocupación y nuestra principal preocupación y el
principal problema que tiene nuestra sociedad.



Ello me lleva a comentar los aspectos de tipo más laboral incorporados en el Pacto por el Euro. Uno de los objetivos decía antes que es impulsar el empleo. Y uno de los objetivos del pacto pasa fundamentalmente por medidas activas de
ocupación, por reformas laborales más ambiciosas y por un acuerdo en el caso español, al que han de sumarse todos los agentes y que esperamos llegue pronto porque entendemos que es necesario. En este contexto suscribimos propuestas que se
incorporan al Pacto por el Euro que marcan una mayor vinculación de los salarios a la productividad. Este es un eje muy positivo que desde nuestro grupo parlamentario apoyamos, pero también entendemos que en materia laboral y de reformas laborales
hemos de ir a reformas más incisivas.



Otro aspecto que quisiera señalar está vinculado al déficit del Estado, que no es elevado, es muy elevado. Es insostenible, y ahora se están tomando las medidas que van en la dirección de la reconducción, en términos tanto de contención del
gasto como también de más actividad económica, por tanto también por la vía de los ingresos. En este contexto de evaluación del déficit y de sus componentes y de sus causas es importante señalar que todos han de hacer sus esfuerzos -la
Administración del Estado y las comunidades autónomas-, como lo están haciendo, y pongo también por ejemplo las medidas y las políticas que se están ya aplicando en Cataluña. Es cierto, señor secretario de Estado, que con la crisis y el sistema de
financiación que tienen las comunidades autónomas y los entes locales el endeudamiento de las comunidades autónomas ha aumentado notablemente, y esto es una realidad. Sin embargo, las cifras siguen señalando al Estado como el principal generador
del déficit de nuestras administraciones, y esta también es una realidad.



Paso a otro aspecto también íntimamente relacionado con los contenidos del Pacto por el Euro, y con la situación de las entidades financieras, a la que usted ha hecho también referencia en su intervención. Yo creo que estamos haciendo en la
economía española un proceso importante de ordenación y de concentración en un contexto -repito lo que decía al inicio también- aún de fuerte restricción del crédito que continúa afectando a una gran parte de nuestra economía y de nuestro tejido
productivo. Creo también que se está yendo en la línea de ser muy exigentes con las entidades financieras y que este proceso está siguiendo unas pautas de comportamiento y una línea que va en la buena dirección.



Creemos que también a nivel europeo se ha avanzado en la buena dirección y se ha avanzado de manera significativa en términos de supervisión y de reglamentación del sector financiero; pero también somos conscientes de que, mirando el caso
español y la economía y la situación financiera en nuestro país, a la implementación de este proceso de reordenación y de concentración y a estas exigencias orientadas a las entidades financieras también tenemos que añadir dos objetivos que son muy
importantes y que afectan a nuestro sistema financiero y a nuestro sistema económico. El primero es conseguir que la liquidez llegue al sistema productivo, en un contexto de situación nada fácil por parte de algunas entidades financieras. Aunque,
repito, vamos en la buena dirección en términos de reordenación del mismo sistema, al mismo tiempo que estamos avanzando en este proceso, hemos de ser capaces de que esto no influya de manera negativa en la restricción del crédito que sufre y que
continúa sufriendo el tejido productivo. El segundo es que, con los requisitos de solvencia que se establecen y que se exigen a las entidades financieras, ser capaces también, en los casos en que estos requisitos de solvencia se den, de que se
pueda mantener también


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un sistema y una estructura de cajas, en cuanto continúa siendo muy importante el valor que tanto en términos de territorio como en términos sociales estas entidades financieras han aportado al sistema no solo productivo sino también a la
sociedad.



Nosotros, señor secretario de Estado, con una vocación profundamente europeísta y con la máxima convicción de que Europa nos suma, nos ha sumado y nos continuará sumando en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales -y
esta crisis lo ha evidenciado, la importancia de formar parte del proyecto europeo-, estamos también convencidos de que hemos de ser capaces de instaurar instrumentos y de generar el mejor entorno económico y financiero en términos de mayor
coordinación para evitar desviaciones o excesivas desviaciones económicas y los riesgos que se han producido en estos últimos años. Hemos de ser capaces de establecer los instrumentos y el entorno que nos permita anticiparnos a futuras situaciones
críticas que puedan darse. Creemos que en este marco la coordinación es el principal instrumento y el Pacto por el Euro responde a esta voluntad y a estos objetivos: una mayor coordinación tanto en el marco financiero como fundamentalmente también
en el marco fiscal. Por tanto, con un objetivo común de ganar en un sistema común de gobernanza, creemos que es el camino adecuado y el camino que desde el grupo parlamentario que represento nosotros apoyamos.



Termino, señor presidente, diciendo que el pacto es muy amplio y es muy ambicioso; por tanto, la pregunta que nos hacemos, que le hacemos como secretario de Estado es: ¿cómo vamos a afrontar este compromiso? ¿Qué plan tenemos de
implementación y de seguimiento de todos los compromisos y las obligaciones que incorpora el Pacto por el Euro por parte del Gobierno y de su secretaría de Estado? Por último, me sumo también a la preocupación por la situación de Portugal, por los
efectos que pueda tener, no solo internos sino también a nivel europeo, y preguntándole también si se esperan algunas medidas específicas para neutralizar los posibles riesgos que se puedan dar. No he entrado en el análisis del ámbito político
refiriéndome a Libia porque creo que ayer -el marco también será objeto de debate en el Consejo seguramente-, en el Pleno del Congreso, tuvimos un debate importante sobre el apoyo al Gobierno para la intervención militar en Libia. Creemos
firmemente en una acción común europea, que nos hubiese gustado que hubiese llegado antes, y no ha sido en este caso por culpa de España, sino por otros aspectos que van mucho más allá de la voluntad de nuestro país.



El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Becerril.



La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Como en ocasiones anteriores, si la Presidencia lo tiene a bien y el secretario de Estado también, será el senador Muñoz-Alonso el que se refiera -aunque los dos la haremos de forma breve, muy resumida- a
asuntos de política exterior, política de vecindad, y hará algún comentario -supongo- sobre los graves problemas y difícil futuro de algunos de los países del norte de África. Me quedo ya muy tranquila cuando le he oído al secretario de Estado
decir que será la alta representante la que obtenga el mandato del Consejo Europeo para coordinar la política Unión Europea-OTAN-Naciones Unidas. Con esto ya nos quedamos tranquilísimos, senador.¡Cómo echamos de menos al señor Solana en estos
asuntos! Si me lo permiten, voy a hacer aquello a lo que me he referido, que son unos comentarios, tras agradecer al secretario de Estado su información y su presencia como en tantas otras ocasiones.



Quería decirle al secretario de Estado que a nuestro grupo le gustaría saber en las vísperas de estos consejos europeos, de todos, pero desde luego de un Consejo como el que se inicia mañana de tantísima trascendencia, la posición del
Gobierno de España, qué va a hacer el Gobierno en algunas de estas grandes cuestiones. Porque este Consejo -todos son importantes-, es especialmente importante y es difícil de trasladar a la opinión pública. Yo comprendo que estos asuntos son
complejos y que no se resumen bien en los titulares que la comunicación hoy exige, pero este Consejo es un Consejo en el que, de manera consciente y deliberada, de manera estudiada y acordada a lo largo de años en los distintos parlamentos de los
Estados miembros, hay una cesión de soberanía en políticas que hasta ahora han sido responsabilidad y competencia de los Estados miembros. Lo digo de acuerdo con este paso que se está dando. A mí me parece que esto es así, porque aquí ya se están
tomando, se van a tomar mañana posiciones en relación con la política fiscal, con la política financiera y con otros asuntos más, pero desde luego estos, hasta hoy, han sido competencia exclusiva de los Estados miembros, y ahora, tras una serie de
circunstancias y de evolución y de andadura de la Unión, los Estados estamos cediendo determinadas competencias o parte de esas competencias para construir una política económica y de gobierno económico de la Unión Europea. A nosotros nos gustaría
saber cuál es la posición del Gobierno de España. Porque nos vamos a enterar pasado mañana o mañana por la noche por algunos medios de comunicación, pero lo lógico hubiera sido -yo estoy segura de que el secretario de Estado entiende, en el sentido
no de que lo comprende, claro que lo comprende, sino que pienso que estará pensando que algo de razón tengo- que hoy el Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, ministra de asuntos económicos, hubiera señalado cuál iba a ser la posición del
Gobierno mañana. Porque el Pacto por el Euro es un paso muy importante; bienvenido sea este pacto que vamos a refrendar, creo, creemos que vamos a refrendar; se ha aprobado en un Consejo extraordinario, pero el refrendo puede venir mañana por la
noche o pasado mañana. Pues entonces, ¿cuál va a ser la posición del Gobierno en relación con algunas de las medidas que


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nos va a exigir tomar el suscribir este pacto? Porque este pacto exige reformas estructurales, algunas no del agrado del Partido Popular, pero algunas sí las ha presentado ya el Gobierno y están realizándose o perfilándose en este momento.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Hay medidas en este pacto que afectan al mercado interior y al mercado único y que obligan a los Estados a emprender algunas acciones de supresión de barreras, de supresión de burocracia, de facilitar la
marcha económica de las pequeñas y medianas empresas. Hay también acuerdo o puede haber acuerdo en lo que se refiere cómo van a evolucionar los salarios en los próximos tiempos. Hay algo que el pacto denomina: freno al endeudamiento y normas
sobre el gasto público. Nos gustaría saber qué es lo que va a proponer, porque después de haber escuchado tanto al vicepresidente señor Rubalcaba y a la vicepresidenta señora Salgado esta mañana, yo creo que España, que el Gobierno va a presentar
algunas medidas. Lo lógico es que hubiéramos conocido estas medidas aquí, ahora, a lo largo del día de hoy o la semana pasada, y no que nos enteremos después.



¿Qué va a decir el Gobierno en relación -vuelvo sobre este pacto-, qué va a proponer sobre la modificación de leyes de estabilidad presupuestaria? Es decir, ¿cómo va a trasladar todos estos objetivos y demandas de la Unión Europea a nuestro
país? Tengo contabilizado que el Partido Popular ha presentado cinco iniciativas en esta materia de reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria; ninguna ha sido aprobada; la última fue rechazada a mediados de este mes de enero. Pero ahora
el Gobierno va a tener que tomar alguna medida, porque dice el pacto -que no tiene desperdicio, porque son tan impresionantes algunas de las cosas, en el sentido de que nos obliga, obliga a España y a los otros países a tomar una serie de medidas
que no se han tomado a lo largo de los últimos tiempos y que son de gran trascendencia- que cada miembro participante presentará medidas específicas que adopte para lograr estos objetivos. No vuelvo sobre los objetivos, porque los ha narrado muy
bien el secretario de Estado.



El señor PRESIDENTE: Señora Becerril, está usted consumiendo la totalidad del tiempo en su turno. Entiendo que hay dos oradores.



La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Sí. Como yo había sugerido y sigo sugiriendo, si a la Presidencia le parece bien, que intervenga el senador Muñoz-Alonso, pues no continúo con mi intervención. Ya sabe el secretario de Estado por dónde van
las cosas y por dónde iba mi intervención. Seguro que él pone la coletilla final y lo hace mucho mejor que yo.



El señor PRESIDENTE: Es imposible que lo haga mejor que usted. Señor Muñoz-Alonso, tiene la palabra.



El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Voy a procurar ser lo más breve posible, y cuando el presidente estime oportuno...



El señor PRESIDENTE: La Presidencia estirará el tiempo, pero es que la señora Becerril lo ha consumido casi todo.



El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Yo quería hablar sobre todo de la vecindad sur, y en concreto de Libia y de esa operación que yo creo que muy acertadamente se llama eso Odisea al Amanecer, porque menuda odisea.
Aunque iba a preguntarle una
cosa al secretario de Estado, un poco en broma: ¿quién es el Ulises de esta odisea? Porque me parece que no tenemos Ulises, no tenemos Ulises... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Muñoz-Alonso, esta sala es muy pequeña, si hablan todos a la vez, al único que no se oye es al señor Muñoz-Alonso. Les rogaría a todos un poquito de moderación en el tono de sus conversaciones privadas.



El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Le quiero decir, señor secretario de Estado, que la aprobación, podemos decir que masiva, que ha obtenido esa operación en este Congreso ayer mismo contrasta con una cierta confusión que se percibe en la opinión
pública y en la lectura de los medios de comunicación, porque hay muchas cosas que no están claras. Se perciben muy visiblemente discrepancias entre los miembros de la propia Unión Europea. Quizá lo más notable es que esos dos elementos
fundamentales de lo que tantas veces se ha llamado el eje fundamental de Europa -Francia y Alemania-, pues en este asunto evidentemente no están ni mucho menos coordinados y cada uno va por su lado. Por no hablar del tema italiano, con tantos
intereses en Libia y que tiene también su propio punto de vista. Se está de alguna manera proyectando la idea de una cierta renacionalización de las políticas exteriores: parece que cada uno tiene sus propios intereses, que los defiende, cosa que
es muy respetable, sin ninguna duda, pero falta una acción de conjunto. Y se ha utilizado el procedimiento de eso que yo creo que a partir de 2001 Rumsfeld llamó la coalition of the willing, una coalición de los que quieren, una coalición
voluntaria, una coalición en la que no está ni toda la Unión Europea ni toda la OTAN ni todo eso que hemos llamado tantas veces occidente, ni toda la Liga Árabe, que ha dicho que sí pero con las excepciones de Siria y de Argelia. Por no hablar de
la actitud, verdaderamente digna de análisis, de Estados Unidos, que está porque se da cuenta de que si no está, prácticamente no se puede hacer nada, pero que al mismo tiempo quiere de alguna manera retranquearse en la operación y no tomar una
línea clara. Aquí hay unas cuestiones que me parece que sería importante aclarar, y que yo no sé si el secretario de Estado puede decirnos algo al respecto. Yo no creo que haya existido nunca una operación de


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este tipo o parecida sin que haya habido un cuartel general que la coordine y la dirija. ¿Dónde está el cuartel general de esta operación?, porque no lo sabemos. Es decir, no sabemos cuál es eso que llaman los militares la línea de mando.
En concreto, por lo que hace a los españoles, nosotros tenemos fuerzas del Aire y fuerzas de la Armada con una profesionalidad garantizada y con unos equipos realmente muy modernos, pero ¿quién les da la orden a esas unidades españolas para que
actúen y a quién reportan? ¿Quién les dice que vayan al este o al oeste? Todo eso está muy poco claro. Evidentemente, tienen una línea de mando en España y ahí reportarán, como es lógico. Pero dentro de la operación no se sabe muy bien cómo está
esto. Y así las cosas, realmente es muy difícil saber qué se está haciendo en esta operación.



Por otra parte, está el tema de los fines. Quisiera hacerle una reflexión personal. A lo mejor estoy equivocado, pero yo escucho lo que me tenga que decir el secretario general. En la Resolución 1970, la del 26 de febrero, se empezaba por
decir que el Tribunal Penal Internacional tenía que hacer una investigación y se insinuaba de una o de otra manera que ahí se iba a producir un cambio de régimen. En la propia nota de la reunión de Asuntos Exteriores del día 21 se habla de que el
coronel Gadafi debe abandonar el poder inmediatamente, en el punto 1 que estoy viendo aquí de este comunicado, que está hecho para la prensa y es del día 21. Pero después, en la Resolución 1973 este asunto del cambio de régimen y la desaparición
del coronel Gadafi ya no se toca, y ya ha habido algunos que han hablado, he oído a algunos de los países participantes que dicen que la eliminación -hablo de eliminación política, no estoy hablando de ningún otro tipo de eliminación- del coronel
Gadafi no está en los objetivos de la operación. Y claro, eso la opinión pública no lo entiende, porque, ¿cómo puede darse por terminada una operación con Gadafi siguiendo en el poder? No parece que esté muy claro.



Después, esta cuestión de Libia, que nos llevaría desde luego a unos análisis mucho más detallados en los que no me puedo detener, hay que ponerla en conexión con todo lo que está pasando en el norte de África.
Yo leí ayer algo que me dejó
realmente preocupado y sorprendido. Ayer, algunos de los periódicos americanos le daban mucha más importancia a Yemen que a Libia; venía en primera página lo de Yemen porque decían que eso era muy serio; después hablaban de Libia, evidentemente.
Eso nos cae más lejos a nosotros, pero de una u otra manera parece que empieza a cobrar una relevancia muy importante. Y algo parecido está sucediendo con Siria, que ya he visto que hay una nota de la señora Ashton sobre Siria que dice una serie de
cosas que siempre se pueden aceptar, pero que no suponen ningún compromiso para la Unión Europea, y que de suponerlo plantearían el mismo problema de discrepancias entre unos y otros y de puntos de vista totalmente distintos.



Ha habido otra cosa que no me quedo tranquilo si no se la comento, y es el referéndum del sábado pasado en Egipto, donde los que desde aquí veíamos como demócratas -el señor El Baradei y el propio señor Musa, secretario general de la Liga
Árabe- estaban por el no, porque decían que lo que había que hacer era una constitución nueva y no unos remiendos en la Constitución de Mubarak. Han ganado los de los remiendos, y además de una manera abrumadora, por un 70 por ciento más o menos,
según he leído en algún periódico. Con lo cual, quiere decir que las esperanzas de un proceso democrático en Egipto. Las fuentes que yo he manejado decían que aquí hay una toma de posiciones de los Hermanos Musulmanes, de los islamistas, en suma,
en una alianza extraña, y casi diríamos que contra natura, con los restos del partido único de la época de Mubarak, que eran enemigos hasta este momento, pero que, aliados contra los demócratas, ellos que no son, evidentemente, muy demócratas, pues
plantean una situación muy preocupante para Egipto. Yo quería preguntarle: ¿se está estudiando esto? Porque nos hemos felicitado y nos hemos congratulado de lo que estaba pasando en Túnez y en Egipto, y ahora parece que empieza a haber unos
nubarrones que son desde luego bastante preocupantes. Yo creo que estos temas exigen más que nunca una política única de la Unión Europea. Es un poco lamentable ver que cada uno está tirando por su lado y que no hay unos puntos mínimos en los que
los Veintisiete estén de acuerdo, por lo menos, por lo menos en lo fundamental y en los objetivos a los que se va a tender.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista su portavoz don Juan Moscoso tiene la palabra.



El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Quiero comenzar recordando a sus señorías que desde que se reformó la ley que regula la Comisión Mixta para la Unión Europea el pasado año, a finales del pasado año, compete a esta Comisión pedir
comparecencias al Gobierno previas a consejos europeos o consejos de ministros en los que se vayan a adoptar decisiones relevantes sobre materia comunitaria. Lo digo a colación de lo que ha dicho la señora Becerril, y que si bien es cierto que,
como ella decía, en el Consejo Europeo de este fin de semana se van a tomar importantes decisiones económicas que sin duda implican una transmisión de soberanía, como ella decía -y que es cierto, luego entraré sobre ello-, en esta Comisión decidimos
pedir tres comparecencias. Una se ha producido ya, en materia de política agraria. La semana que viene comparece el secretario de Estado de Interior para, previo al Consejo de Ministros de Interior y Justicia, explicarnos cuál va a ser el informe
sobre la situación de Schengen para España. Y en el mes de mayo comparecerá el secretario de Estado de Economía para exponer el contenido del programa de estabilidad.
De manera que creo que


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estamos haciendo un avance cualitativo importante en estas materias y que debe ser tenido en consideración.



Llega este Consejo Europeo de este fin de semana después de un Consejo Europeo extraordinario de hace pocos días, en un momento en el que por primera vez da la sensación de manera clara de que muchos países están o estamos llevando la
iniciativa demasiado por delante de lo que ocurre en las instituciones comunitarias. En el ámbito económico -lo decía la señora Riera también- es evidente que se debaten una serie de cuestiones que hoy parece que algunas van a ser pospuestas al mes
de junio, como puede ser la creación del mecanismo europeo de estabilización financiera o del fondo europeo de estabilización a medio y largo plazo. Pero es evidente que países como España han hecho los deberes y han adoptado y aprobado reformas en
el ámbito financiero, en el ámbito del mercado de trabajo, en el ámbito de pensiones, en otras cuestiones que quizá no se están viendo respondidas o respaldadas con decisiones en el ámbito europeo al ritmo que todos quisiéramos. Ocurre también algo
similar a escala internacional. En la crisis de Libia, es verdad que, como también decía la señora Riera, todos sabemos que el retraso en la decisión no compete, no ha sido culpa, desde luego, de España, pero es verdad que al final han sido las
iniciativas nacionales -a pesar de lo que se dijo en el Consejo Europeo de hace dos semanas, el del 11 de marzo- las que han llevado adelante, han permitido que se adoptase la Resolución 1973, que ha posibilitado la puesta en marcha de la operación
que centró ayer el debate en el Pleno y que es liderada por una serie de países individuales, entre ellos el nuestro, lo cual nos debe -a mí al menos y a mi grupo- enorgullecer, pero todavía no existen mecanismos de coordinación, mecanismos europeos
de presencia, e incluso la actitud de algún país importante como Alemania no deja de despertar, cuando menos, ciertas dudas.



El Consejo Europeo de este fin de semana en materia económica debe adoptar medidas que significan no solamente una transferencia de soberanía, como decía la señora Becerril, sino la adopción de medidas reales de coordinación económica en
todos los puntos a que ha hecho referencia el secretario de Estado, y que desde luego desde mi grupo respaldamos sin ningún tipo de fisuras. El contenido del pacto de competitividad, o del Pacto por el Euro, como se le conoce ahora, en materia de
empleo, de competitividad, sostenibilidad y de las finanzas públicas, etcétera; la puesta en marcha del semestre europeo, que también quiero decir que debe ser reforzado desde el plano parlamentario y desde la asistencia parlamentaria a las
reuniones que lo coordinan, y creo que ha habido una reunión que no ha sido muy satisfactoria; asimismo, la puesta en marcha y la verificación de los llamados stress tests, los test que se realizan en el sistema financiero, y que debemos exigir
desde nuestro país que se realicen con el mismo grado de solvencia, de alcance y de transparencia para todos los países, no solamente para España sino para todos, porque hay grandes países que están dando lecciones en algunos sentidos que no lo
están haciendo en esta cuestión, en cuanto a transparencia de su sistema financiero; y por supuesto, en cuanto a la aprobación de las medidas de gobernanza económica contempladas en la agenda de la task force que coordina el señor Van Rompuy y que
contempla una serie de legislación europea. Quiero también recordar que parte de estas medidas comparten su origen; algunas son iniciativas europeas, ha sido la Comisión la que las ha propuesto, lo cual nos satisface, pero otras han surgido de
acuerdos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, entre países, como son los que surgieron a partir de la reunión de Francia y Alemania en Deauville, lo cual, como país importante, nos debe llevar a reconducir el debate adonde se debe producir, esto
es, en el marco comunitario.



El Pacto por el Euro, el pacto de la competitividad debe llevarnos a algo más incluso de lo que Alemania como inspirador propone; debemos llegar realmente a lo que nuestro Gobierno y yo creo que en general como país todas las fuerzas
políticas hemos planteado siempre y que formó parte de la espina dorsal de la Presidencia española, como es trabajar para una unión económica que debe llevar, no tanto a una obsesión con la fijación de los salarios en función de la productividad,
que sabemos que no siempre es fácil, que no siempre es medible y que en este país ya se hace, sino también a una aproximación entre las productividades marginales entre países, lo cual exige aproximación en infraestructuras, en dotaciones de
capital, en todos aquellos elementos de los que depende la productividad, y por supuesto educación, infraestructuras e inversión en innovación, investigación y desarrollo. Hace falta una verdadera estrategia europea de crecimiento común a todos que
sirva -y en esto estoy convencido de que la señora Becerril estará de acuerdo conmigo- para que la estrategia 2020 sea un éxito y no repitamos lo que ocurrió con la estrategia de Lisboa. Quiero también recordar, hoy que quizá sea ya realidad que
sepamos que no se va a llegar a un acuerdo definitivo, como decía antes, sobre el mecanismo europeo de estabilidad financiera, la importancia que tiene la rapidez de las decisiones y su calado para evitar problemas como el que quizás hoy amenazaba
sobre Portugal, en un momento también en el que debemos congratularnos porque, por ejemplo, ha habido unas colocaciones de deuda española por primera vez en muchos meses en unos tipos de interés inferiores a los de los últimos meses, que demuestran
que las reformas y las medidas puestas en marcha son las adecuadas.



En segundo lugar, sobre Libia, del mismo modo que decía antes que nuestro país ha hecho los deberes en materia económica, quiero también celebrar que la manera en la cual se ha puesto en marcha esta misión coincide con lo que desde mi grupo
parlamentario se ha defendido siempre: una resolución de Naciones Unidas, acuerdo claro en el marco del derecho internacional y, sin duda, el deseo colectivo de la comunidad internacional y de la Unión Europea de proteger a los civiles y


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defender los derechos humanos de los ciudadanos en Libia. Hay que estudiar por qué la Unión Europea no está siendo capaz de coordinar, no ya la operación militar en sí, sino incluso medidas que, en teoría, en la práctica serían más fáciles
de desarrollar, como el embargo económico en la zona naval libia y otras cuestiones, incluso hemos conocido cómo Alemania ha retirado sus barcos en las últimas horas. Creo que es importante insistir, y creo que es una oportunidad también la que
Estados Unidos nos está ofreciendo de que haya un liderazgo europeo verdadero en esta misión. Al fin y al cabo existe cierta simetría en la voluntad de algunos países entre el desarrollo de la vecindad europea del este y la vecindad sur, como acabo
de decir, y es nuestra responsabilidad, la española, junto con otros países de la Unión Europea, poner a la altura de lo que realmente merece esta operación, y desde luego ponerlo en el contexto de lo que significa para el mundo árabe. Y podríamos
hablar, como ha dicho también el señor Muñoz-Alonso, de otros muchos países; yo creo que es fundamental para el resultado global cómo acabe la misión en Libia.



Finalmente, quería hacer una breve referencia también a lo ocurrido en Japón. Quiero transmitir una vez más la solidaridad y el apoyo de mi grupo, y estoy convencido que al de todos los grupos, a lo que ha ocurrido en Japón y al pueblo
japonés. Yo no creo que lo ocurrido vaya a afectar a la recuperación económica; quizá transformará algunos de sus elementos, sobre todo en Japón, pero confió en la fuerza y en el entusiasmo del pueblo japonés para salir de los problemas que están
atravesando, aunque sin duda puede afectar también indirectamente a nuestro país y a Europa en lo que se refiere al debate energético y al replanteamiento del uso de la energía nuclear.



El señor PRESIDENTE: Le han sobrado 16 segundos de su turno. Señor secretario de Estado, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Muchas gracias por sus intervenciones, a las que voy a contestar, en algún caso específicamente al diputado o diputada o senador o senadora concretamente, y en otras
conjuntamente, porque ha habido, como es lógico, intervenciones muy cercanas sobre los mismos temas.



En primer lugar, sobre el tema de Portugal y la posible incidencia de la crisis política en Portugal, si es que se produce una dimisión del presidente del Gobierno como consecuencia del debate que se está produciendo a estas mismas horas en
el palacio de Sao Bento en Lisboa, que ha sido una de las preguntas que me ha hecho el señor Sabaté, de Entesa, y también al final de su intervención la señora Riera, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. No se trata de hacer aquí ahora
un ejercicio profético sobre cómo puede reaccionarse ante esa eventualidad.
Como digo, se está produciendo el debate en este momento y no podemos adivinar su resultado. Si hubiera un resultado negativo para la propuesta que hace el Gobierno
portugués y se produce esa dimisión de la que se habla, también como eventualidad, del presidente del Gobierno de Portugal, acudiría al palacio del presidente de la República, y el presidente de la República tiene diversas opciones a partir de ese
momento. Pero no podemos avanzar nada porque no sabemos qué va a suceder dentro de unos minutos, porque el debate, como digo, empezó hace un par de horas y se está produciendo en este momento en el Parlamento portugués. Pero lo que está claro es
que Portugal va a hacer frente a todas sus obligaciones financieras respecto de sus acreedores. Portugal es un país serio, es un país absolutamente integrado en la Unión Europea.
Las dificultades que está teniendo Portugal en el mercado de la
deuda, con tipos de interés muy elevados que se le exigen en sus emisiones de deuda, sí que se puede decir en este caso con toda claridad que tienen muy poco que ver con la situación de la economía real en Portugal, un país que está en la zona euro,
un país en una zona que ha establecido ya una facilidad, la facilidad europea, para garantizar cualquier crisis financiera; pero existe esa situación, que no sabemos cómo va a evolucionar como consecuencia de una eventual crisis política en
Portugal.



Estamos todos atentos, pero desde luego la Unión Europea, ante la posible necesidad de un rescate, necesidad que el Gobierno portugués hasta este momento ha negado sistemáticamente, ha dejado claro que no es esa la vía que tiene que seguir
Portugal, pues desde luego en todo caso y en última instancia existe un mecanismo, la facilidad europea, que prevé que ante dificultades de desestabilizaciones financieras habrá una ayuda por parte de la Unión Europea, habrá una condicionalidad
respecto del plan que se establezca, y por tanto está asegurado por completo cualquier devolución, la devolución regular que se hace a los acreedores cuando van venciendo los instrumentos de la deuda pública. Eso en cuanto a Portugal.



Hay que decir, por otra parte, que en estos momentos la situación está muy acotada a Portugal. Precisamente estos días no se ha movido prácticamente nada el interés de la deuda española en el mercado primario o secundario; por ejemplo, hoy
no ha habido ningún movimiento al respecto; y en las últimas emisiones de deuda de España ha tenido el comportamiento más satisfactorio desde hace muchísimos meses en el mercado; es decir, que ha habido ya una atmósfera de tranquilidad y que las
turbulencias que ha habido en meses anteriores ya no existen, por lo menos en estos días no existen, en relación con la deuda española. Por tanto, las ondas concéntricas que podría producir una desestabilización financiera en Portugal, esa
hipótesis no está teniendo efectos más allá de lo que pueda suceder en relación con Portugal.



Después el señor Sabaté se ha referido al tema de Libia. Si me permite, voy a tratar este asunto posteriormente, conjuntamente con las observaciones que ha hecho el señor Muñoz-Alonso, y me voy a referir a sus consideraciones sobre Japón, a
la situación en Japón. La situación de Japón tiene diversos ángulos: el primero de


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todos es, sin duda, la solidaridad. Nosotros tenemos que expresar toda nuestra solidaridad con Japón, y eso es lo que tiene que llegar, en primer lugar, a la opinión pública japonesa. El pueblo japonés es el que está sufriendo los efectos
devastadores de estos terremotos, de los posteriores tsunamis, todavía más devastadores, y de los riesgos de una crisis nuclear. Y lo primero, desde luego, es mostrar nuestra solidaridad con el pueblo japonés, que tan admirablemente está
reaccionando ante esta dificilísima situación. Tiene, naturalmente, una parte humanitaria ligada a la anterior. La Unión Europea está a disposición del Gobierno de Japón.
Las autoridades japonesas han pedido concretamente que sea el llamado
mecanismo europeo de protección civil el que coordine la actuación de la Unión Europea con Japón. Las principales peticiones de Japón han sido mantas, colchones, tiendas y plantas potabilizadoras. Y sobre el terreno, en estos momentos hay un
equipo de coordinación de la Unión Europea que está analizando las necesidades constantemente. España, por supuesto, está participando en ello y, como decía anteriormente, está participando en la evacuación de nuestros nacionales y también de
nacionales de otros países que nos lo han pedido. Como saben, un avión que ha fletado el Gobierno de España llegó el lunes a Madrid con ciudadanos españoles y con ciudadanos de otras seis nacionalidades más, concretamente japoneses, belgas,
brasileños, búlgaros, lituanos y húngaros.



La crisis japonesa tiene indudablemente una dimensión nuclear, como decía anteriormente. No es fácil hacer un diagnóstico absolutamente certero, extraer conclusiones de lo que ha sucedido en la central nuclear de Fukushima I que puedan ser
aprovechables para la Unión Europea con absoluta certidumbre, pero sí que hay un consenso sobre la necesidad de reflexionar y de tomar medidas de seguridad adicionales, si son necesarias, en las centrales nucleares europeas, y en eso está ahora
mismo la Unión Europea, a través de estos stress tests referidos a la revisión de las medidas de seguridad que tienen todas las centrales nucleares en la Unión Europea. Creo que hay que mirar a este respecto muchos indicadores: por ejemplo, la
resistencia ante los seísmos de esas centrales nucleares, la resistencia ante inundaciones, posibles o hipotéticos fallos que se podrían producir ante una eventualidad de catástrofe o de crisis en sistemas de refrigeración, tipos de reactores,
planes de emergencia y evacuación ante acciones producidas no solamente por causas naturales, sino inducidas por los seres humanos (por ejemplo, posibles acciones terroristas, colisiones de aeronaves), en fin, hay que plantearse todo tipo de
escenarios, y la Unión Europea va a tenerlo en cuenta a la hora de establecer esos criterios técnicos. Creo que hay que lograr a este respecto un equilibrio entre una actitud que no debe ser de alarmismo, dando seguridad a la población, a los
pueblos de Europa con respecto a que las centrales nucleares europeas tienen que tener los máximos niveles de seguridad posibles.



Hay también una dimensión económica a este respecto. El posible efecto de lo que ha sucedido en Japón tampoco es que sea absolutamente predecible en estos momentos. Si nos remitimos a informes o estudios, primeras impresiones de organismos
internacionales financieros, yo voy a citar a dos, al Banco Central Europeo y al Banco Mundial. El Banco Central Europeo ha señalado que la catástrofe podría provocar una subida del petróleo, y por eso es por lo que el Banco Central Europeo ha
dicho que va a reconsiderar -no sabemos lo que va a pasar- la subida de tipos de interés en abril; esa que ya parecía que se iba a producir en todo caso, por lo menos se va a reconsiderar. Ya veremos qué decide el Banco Central Europeo, porque en
recientes declaraciones Trichet ha dicho que no es que vayan a retirar esa intención, está ahí presente. Por lo tanto, puede que haya una subida de tipos de interés, pero en principio se va a reconsiderar. ¿Contagio hacia el resto de la economía
mundial? Según el Banco Central Europeo, podría haber un contagio limitado. A este respecto el Banco Mundial ha señalado que en la primera mitad del año habrá efectos negativos, pero que incluso en los siguientes trimestres -es una opinión del
Banco Mundial- podría haber una reactivación, es decir, que la reconstrucción podría dar lugar a un estímulo positivo al crecimiento.
Son hipótesis que se establecen por estos organismos internacionales.



En todo caso, en relación con la Unión Europea, está prevista una cumbre Unión Europea-Japón para mayo; puede que se retrase por estos acontecimientos dramáticos. No cabe duda de que esto va a influir en una reconsideración importante que
ya estaba previsto hacer en cuanto a las relaciones entre Japón y la Unión Europea. Nosotros pensamos que Europa debe incluir a Japón entre sus socios estratégicos, y en el debate que tenemos abierto en estos momentos en la Unión Europea sobre los
socios estratégicos de la Unión Europea, la renovación de la relación estratégica con Japón tiene un programa de trabajo que caduca este año y debemos renovarlo, puesto que Japón es el socio más cercano, es un socio natural de la Unión Europea en
Asia, es el más afín, sin duda, para hacer frente, conjuntamente con la Unión Europea y otros países, a los retos de la globalización y a los esfuerzos en asuntos de cambio climático, seguridad energética, crisis financiera, etcétera. Tenemos
incluso problemas comunes, por ejemplo el envejecimiento de nuestras poblaciones, y por tanto se debe trabajar con Japón en estas y otras materias, como cooperación al desarrollo. Todo esto va a dar lugar, sin duda, a un aumento exponencial de la
interacción entre la Unión Europea y Japón.



La señora Riera, de Convergència i Unió, ha centrado su intervención en el Pacto del Euro, expresando una opinión positiva sobre el llamado Pacto del Euro y haciendo alusión a un real decreto del Gobierno, de la primavera de 2010, en el que
yo recuerdo que su grupo parlamentario tuvo un comportamiento profundamente responsable en un momento muy difícil.
Era imprescindible


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que España aprobase un programa de ajuste -imprescindible dadas las circunstancias en las que estábamos y dentro del contexto de una estrategia de ajuste aprobada en el seno de la Unión Europea- no solo porque España necesitaba ese ajuste
ante una crisis que afectó a muchísimos países y que produjo recesiones económicas importantísimas, prácticamente en todos los países más desarrollados y más avanzados de la Unión Europea, sino además porque eso formaba parte de una estrategia
conjunta de la Unión Europea. En ese sentido, era importantísimo que estuviéramos en esa estrategia conjunta.



Efectivamente, ese es un primer momento en el que -debo decirlo, aunque lo he dicho en alguna ocasión- yo temí por la continuidad de la unión monetaria europea, estuvo en riesgo la continuidad de la unión monetaria europea. Hubiera afectado
gravísimamente al propio proyecto europeo, era necesario tomar esas iniciativas, esas medidas, coordinadas con el resto de la Unión Europea, en un programa de estabilidad financiera que, como se sabe, culmina en 2013 con el objetivo del 3 por ciento
de déficit y coincidiendo con los objetivos de otros países europeos. Específicamente eso ponía de manifiesto, no solo en España, pero en España también, los problemas estructurales que teníamos que abordar, los problemas de competitividad que
teníamos que abordar -la Unión Europea en su conjunto ha perdido competitividad en los últimos años, es así, por lo tanto es una asignatura que tenemos que abordar- y la situación, como ha dicho la señora Riera, de las finanzas españolas.



Efectivamente, este es el contexto del Pacto del Euro, con el que nosotros estamos de acuerdo. Y con esto respondería a la señora Becerril sobre la posición del Gobierno a este respecto: nosotros estamos de acuerdo con ese pacto en los
términos en que está planteado y fue aprobado en la reunión del Eurogrupo a la que yo me he referido anteriormente. Y estamos de acuerdo con los objetivos de competitividad, de empleo, de sostenibilidad de las finanzas públicas y de estabilización
financiera; estamos absolutamente de acuerdo con esos objetivos. Eso seguramente va a obligar a adoptar medidas adicionales. Ya ha manifestado el presidente del Gobierno que tiene el propósito de anunciar medidas adicionales. Ya veremos si en el
contexto del Consejo Europeo; depende también de lo que hagan otros países. El presidente Van Rompuy hizo un llamamiento para que aquellos países que no forman parte de la zona euro pero que quieren incluirse en el Pacto del Euro lo anuncien hoy,
mañana jueves, más exactamente; alguno ya ha dicho que tiene interés en hacerlo, como es el caso de Polonia. En ese contexto, el Gobierno ha anunciado que puede presentar algunas medidas. Hoy, desde luego, yo no puedo decir qué es lo que va a
hacer el presidente del Gobierno en el contexto del Consejo Europeo. Algunas de ellas ya se han producido de forma anticipada respecto de algunas cosas que propone el Pacto del Euro, por ejemplo el retraso en la edad de jubilación; Otras también
se han aprobado, y otras están en estudio. Pero, desde luego, en este momento hay que ver exactamente cuál es el contexto en el que se produce el Consejo Europeo de mañana, puesto que la previsión es que las medidas que se adopten por los gobiernos
respectivos sean establecidas e incluidas en los planes de convergencia y en los planes nacionales de reforma; que más adelante, porque eso está previsto para el mes de abril, será examinado por el conjunto de los países europeos, y que habrá
recomendaciones específicas en el Consejo Europeo de junio. Hay tiempo hasta junio para ir estableciendo y anunciando esas medidas en el conjunto de la Unión Europea.



El problema del endeudamiento, de los déficits, va a obligar a plantearnos no solo una política fiscal desde la perspectiva del gasto, sino desde la perspectiva del ingreso. Yo tengo aquí delante la declaración que hicieron los jefes de
Estado y de Gobierno de la zona euro el 11 de marzo pasado, en donde se refrendó el Pacto del Euro que se va a presentar mañana y que será supuestamente avalado y endosado por el Consejo Europeo de este fin de semana. Y en ese documento, además de
aprobar el Pacto del Euro, que figura como un anexo de una declaración, en el punto 8 de la declaración se dice: Los jefes de Estado o de Gobierno acuerdan además que debe explorarse la introducción de un impuesto sobre transacciones financieras y
desarrollarse en la zona euro y a escala de la Unión Europea e internacional. Es una declaración importante la relativa al impuesto de transacciones financieras internacionales, que de forma simultánea ha recibido en estos últimos días un apoyo
prácticamente total, por parte del Parlamento Europeo, porque todos los grupos han compartido una enmienda a un informe al respecto, y los grupos homólogos de los que están aquí representados en esta Comisión aprobaron esa declaración favorable al
impuesto de transacciones financieras internacionales. Es decir, que todo este ajuste fiscal requiere una consideración global, no solo desde el punto de vista del gasto, sino desde el punto de vista del ingreso, y esto es importante tenerlo en
cuenta.



Lo mismo que otros temas que ha señalado la señora Riera, como el tema de la relación entre salarios y productividad, con el que estamos de acuerdo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en España ha aumentado de forma muy considerable
la productividad en los últimos años, enormemente; hay que tener en cuenta eso. Pero también el propio Pacto por el Euro, en relación con el tema de la negociación colectiva, dice: Cada país será responsable de las medidas específicas que elija
para impulsar la competitividad, con arreglo a determinados criterios. Por ejemplo, el respeto a las tradiciones nacionales de diálogo social y relaciones laborales, y la autonomía de los interlocutores sociales en el proceso de negociación
colectiva. Y esto también forma parte del Pacto del Euro, porque cuando se hacen algunas críticas a ese Pacto del Euro a veces se olvida que forma parte también de este respeto a las tradiciones, incluso a las tradiciones constitucionales y legales
que hay en los


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países miembros de la Unión. Por eso, desde el punto de vista de la competitividad y del empleo hay que tener en cuenta todas esas consideraciones de un pacto que está bastante bien equilibrado y que se completa con la sostenibilidad de las
finanzas públicas, por ejemplo de las pensiones, y con el refuerzo de la estabilidad financiera. Y entre otras cosas, también con el desarrollo de una armonización fiscal, sobre todo en la imposición indirecta (la imposición directa es una
competencia nacional clarísima), y ya ha habido un primer avance que ha sido la propuesta de la Comisión para desarrollar una base común para el impuesto sobre sociedades. Esto es lo que plantea el Pacto del Euro: unos compromisos concretos
anuales que se reflejan en esos programas y que son examinados por el conjunto de los países miembros, esencialmente de la zona euro, con recomendaciones específicas a los países miembros. Pero estas recomendaciones serán en junio, en el Consejo
Europeo de junio. Y ahí cada uno de los Estados va a incluir las medidas que considere necesarias en los programas correspondientes. El Pacto del Euro dice: La elección de las actuaciones políticas específicas para lograr los objetivos comunes
sigue siendo responsabilidad de cada país. Esto dice el Pacto del Euro, dentro de los criterios generales que aparecen en ese pacto.



Hay algo más que yo quería señalar de la intervención de la señora Riera en relación con el proyecto europeo y la coordinación -como ha culminado su intervención- necesaria de las políticas económicas, que es en definitiva eso que llamamos
la gobernanza. Hay que tener en cuenta que determinadas acciones pueden seguir la trayectoria del llamado método comunitario, pero otras no, porque no forma parte de las competencias. En este sentido me refiero a la intervención de la señora
Becerril cuando habla de las cesiones de soberanía. Hay cesión de soberanía vía Tratado de Lisboa, pero también cuando hay una autolimitación de los Estados -y eso es un paso cualitativo fundamental que se produce en este Consejo Europeo-, de los
países miembros que establecen una dinámica intergubernamental para llevar a cabo este Pacto del Euro. El Pacto del Euro dice, al comienzo, que se concentrará en acciones en que la competencia corresponde a los Estados miembros, no a la Unión; en
muchos casos son competencias de los Estados miembros, pero que los Estados miembros ponen en común con los demás para hacer esa coordinación de sus políticas económicas, aunque no esté previsto específicamente el procedimiento comunitarizado en el
Tratado de Lisboa. Eso es un paso cualitativo en estos momentos en la Unión Europea, inevitable, porque ni siquiera el Tratado de Lisboa contempla determinadas acciones de coordinación que, sin embargo, ya están dando los Estados, que han ido más
allá incluso del Tratado de Lisboa en esa coordinación o en esa gobernanza económica. Y esto es uno de los más importantes efectos de este Pacto del Euro.



Yo coincido con muchas de las cosas que ha planteado la señora Becerril como objetivos, y la posición del Gobierno es claramente favorable a estas medidas del Pacto del Euro; algunas se han anticipado ya, otras se plantearán por el Gobierno
y serán objeto de un examen por el conjunto de los países miembros en los próximos meses. Usted ha citado el caso del mercado único. El mercado único y la supresión de las barreras es un objetivo fundamental al que se refiere el Pacto del Euro, y
que tiene un instrumento poderoso -tiene que haber más- que es la Directiva de Servicios, que es seguramente la reforma estructural más importante que ha abordado la Unión Europea, y en donde España está en una buena posición. Incluso puede decirse
que no todos los Estados miembros han traspuesto esa directiva. España sí la ha traspuesto y todos deberían hacerlo. Está en marcha la supresión de barreras en el campo financiero, que no está en esa directiva, y la Comisión está preparando de
forma avanzada estas propuestas sobre la liberalización del mercado financiero.



En cuanto al tema de los salarios que ha citado la señora Becerril, también me he referido a ello anteriormente. Respecto al freno al endeudamiento y al gasto público, es un objetivo fundamental. Yo creo que en el mundo, vamos a llamarle
occidental, hay un sobreendeudamiento -en alguna ocasión me he referido a ello porque es una cosa que personalmente me preocupa- que produce una dependencia exagerada de los llamados mercados financieros. Eso nos obliga a replantearnos la
fiscalidad, porque ese sobreendeudamiento se ha producido, entre otras cosas, porque ha sido más sencillo, políticamente hablando, acudir al endeudamiento que acudir a la fiscalizad. Es más sencillo, todo el mundo lo sabe; en esta sala todo el
mundo sabe perfectamente que es mucho más sencillo acudir al endeudamiento que acudir a una reforma fiscal cuando es necesario. Por eso yo me refería antes al impuesto de transacciones financieras internacionales. Creo que es importante un
replanteamiento completo en este sentido y por eso, como parte del documento en el que se aprueba el Pacto del Euro, hay una reflexión muy significativa de los países del euro sobre el impuesto de transacciones financieras internacionales. (El
señor vicepresidente, Sáez Jubero, ocupa la Presidencia.) Se hará lo necesario para que haya un cumplimiento estricto de lo que se considera un adecuado nivel de déficit y de deuda, y si es necesario producir modificaciones legales, se hará por
parte del Gobierno, como ha anunciado el presidente del Gobierno. Pero de lo que no cabe duda es de que se va a asegurar, creo que es una de las tendencias de la cultura europea en este momento, que los criterios de déficit y de deuda establecidos
en los tratados se cumplan, se exijan y haya la disciplina presupuestaria e incluso las sanciones correspondientes. Porque precisamente entre estas propuestas legislativas que la Comisión hace y que esperemos que estén aprobadas por el Parlamento
Europeo antes de que acabe este semestre, están una serie de sanciones en la fase preventiva o en la fase correctiva; una serie de sanciones a las que aludió explícita o implícitamente el Gobierno de España el año pasado cuando


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inició su mandato de Presidencia de Consejo, porque nosotros teníamos muy claro que era fundamental el objetivo de la disciplina presupuestaria dentro del conjunto de ese objetivo que también planteamos de la coordinación de las políticas
económicas. Eso estaba entre los objetivos de la Unión Europea al comienzo de la Presidencia española. Creo que buena parte de todo ello va a culminar cuando acabe el trío de presidencias con la Presidencia húngara.



Me parece que me queda referirme al tema más de política exterior, a la situación en Libia, norte de África, Yemen, Bahrein, que ha planteado el señor Muñoz-Alonso, que ha planteado también el señor Sabaté y que ha planteado también don Juan
Moscoso. A los tres querría referirme específicamente. Al señor Moscoso también me he referido antes, aunque no lo he mencionado, para los temas de carácter económico, a los que se ha referido también. Pero en cuanto a este asunto concreto,
pregunta el señor Muñoz-Alonso quién es Ulises aquí. Pues debería ser un Ulises colectivo, no un Ulises individual como en la leyenda de Homero, sino un Ulises colectivo. En este caso debería ser desde luego, claramente, la Unión Europea. También
otros países, pero yo estoy pensando sobre todo en el medio y largo plazo, en la estrategia sobre el norte de África de la Unión Europea, no tanto en la misión específica de carácter militar que ahora se está desarrollando. En ese objetivo futuro
yo creo que la Unión Europea tiene por delante un desafío con el norte de África, tiene un desafío importante, y me parece que va a ser la prueba fundamental en el siglo xxi de la política exterior a la que aspiramos.



Tengo que reconocer que yo me esperaba menos rapidez en el gobierno de la economía y más rapidez en la política exterior. Ha sucedido lo contrario: en el gobierno de la economía hemos avanzado a una rapidez enorme, a mi juicio de carácter
histórico, lo que está haciendo la Unión Europea en muy poco tiempo, y sin embargo tenemos que reconocer que hay dificultades para avanzar en temas que tienen que ver con la política exterior.
Tenemos dificultades, por ejemplo, en el caso de
Alemania, que en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, toma una posición que no obstaculiza claramente, no obstaculiza, pero que no es la misma en cuanto al voto que expresaron Reino Unido o Francia en relación con el asunto de Libia. Aunque
es verdad que también en el contexto del Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes se llega a una resolución que incluye a Alemania, donde hay una muestra de satisfacción por la resolución 1973 de Naciones Unidas. Por tanto, no cabe duda de que
en determinadas intervenciones, acciones que están muy cerca de la soberanía nacional, existen más dificultades. Eso es algo que está pasando. Yo creo que un desafío que tenemos por delante en la Unión Europea específicamente es nuestra estrategia
sobre el norte de África, donde se están produciendo revoluciones democráticas extraordinarias, en un mundo, el mundo árabe, al que se consideraba incapaz de aspirar a tener lo que seguro que todos los seres humanos quieren, que es derechos humanos
y democracia. En este momento a la Unión Europea se le va a pedir un esfuerzo especial para que se implique en ese proceso. Ese proceso lo va a tener mucho más difícil si la Unión Europea no se implica en él, lo va a tener mucho más difícil.
El
socio natural de esos procesos es la Unión Europea. España, desde luego, lo tiene clarísimo: ha habido recientemente una gira de la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación por esa zona. Nosotros ponemos a disposición de esos países, que
nos lo piden, nuestra experiencia en transiciones democráticas, nos lo piden específicamente, concretamente, que les ayudemos en eso. Esos países necesitan una cooperación económica, pero no solo, y para algunos de ellos no es lo más urgente, lo
más necesario, necesitan una cooperación política, un apoyo político, porque esos países necesitan sobre todo estructuras democráticas, Estado de derecho, consolidación de las administraciones públicas, eso es lo que necesitan realmente esos países
para consolidar estas incipientes democracias.



En cuanto a la misión sobre Libia, en este momento lo que hay es una misión que está coordinada por Estados Unidos. Hay, como es sabido, un debate sobre adónde va a ir el ámbito operativo de esa misión, qué papel puede jugar la OTAN; hay
países de la OTAN que son más reticentes a una implicación de la propia OTAN en ese aspecto. Se habla de la posibilidad de que en todo caso la OTAN, aunque como tal no adopte una posición protagonista, pueda prestar determinados elementos para el
cuartel general o para otras acciones operativas. Es algo que se está viendo en este momento, pero lo cierto es que ha habido una intervención absolutamente imprescindible que ya ha tenido efectos. Por ejemplo, acaba de anunciar Reino Unido que el
cien por cien de la aviación libia ha sido desactivado por completo. Es decir, que ha habido ya efectos inmediatos, eficaces, y se ha logrado parar acciones agresivas del régimen contra ciudadanos de partes de Libia que lo único que pretenden es
que haya un acceso a la democracia y que se respeten sus derechos humanos. Yo no entiendo, por eso, muy bien posiciones que se plantean la intervención militar desde una idea supuestamente pacifista o progresista. No entiendo qué tiene de
progresista no ir a auxiliar a alguien que está sufriendo una masacre. Porque en realidad es la comunidad internacional la que está desarrollando, a través de Naciones Unidas, esa acción. Si ante una situación como la de Libia la comunidad
internacional, Naciones Unidas, no pone en práctica lo que está previsto en la Carta de Naciones Unidas, ¿para qué sirve la comunidad internacional? Forma parte de sus propias competencias. El hecho de que en otras ocasiones esa comunidad
internacional haya sido más lenta es algo que estará en la crítica a la comunidad internacional respecto a esas acciones, pero no tiene por qué llevar aparejado que como no lo hicimos también hace un tiempo lo tenemos que seguir haciendo mal. Me
parece que esto lo tiene muy claro la Unión Europea. Es algo que se debatió, como digo, en los consejos de asuntos exteriores


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y de asuntos generales esta misma semana, y ha habido resoluciones aprobadas por unanimidad en los tres temas específicos que se han señalado: el caso de Libia, el caso de Yemen y el caso de Bahrein.



En el caso de Libia hay una resolución en la que la Unión Europea se compromete con la resolución de Naciones Unidas, la apoya, y además incluso señala que va a poner a su servicio todos los instrumentos de la política de seguridad y de
defensa europea en apoyo de lo que esencialmente es el objetivo de la Unión Europea, que son acciones humanitarias en relación con el conflicto de Libia. En relación con Yemen, hay una resolución en la que, además de condenar, lógicamente, el uso
de la fuerza contra los manifestantes en Yemen y de lamentar las lesiones y la pérdida de vidas humanas, se insta a las fuerzas de seguridad a renunciar inmediatamente al uso de la fuerza, y se dice que en el caso de que eso no sea así el Consejo y
los Estados miembros van a revisar sus políticas respecto a Yemen. Se señala, como se ha hecho en relación con Libia, la obligación que tienen las autoridades yemeníes de garantizar el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, y
se dice que los responsables de la pérdida de vidas y de las lesiones causadas deben responder de sus actos y comparecer ante la justicia. Se insta a que el Gobierno de Yemen emprenda un diálogo constructivo -se dice por la Unión Europea-, global e
influyente, y se dice que son absolutamente imprescindibles en Yemen las reformas políticas y económicas. En cuanto a Bahrein, hay una resolución aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Asuntos Exteriores, en términos asimilables a los que
he señalado en relación con Yemen.



Así que creo que existe en el caso del norte de África siempre una doble perspectiva: la perspectiva más inmediata de aquellos conflictos que exigen una intervención más directa e incluso una intervención militar, y existe una perspectiva
de más largo alcance que la Unión Europea tiene que plantearse y en lo que, en mi modesta opinión, se juega la Unión Europea la credibilidad de su política exterior para el futuro. Por eso hicimos especial hincapié desde España el lunes en el
Consejo de Asuntos Generales en que la Unión Europea se tiene que volcar en favor de esos países, de esas democracias, y tiene que poner sus instrumentos, como la política de vecindad, la Unión por el Mediterráneo, los instrumentos económicos, pero
también políticos, al servicio de ese movimiento democrático importantísimo que se está produciendo en ese lugar tan cercano a nosotros.



El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Si les parece, nos queda otra comparecencia, y si acceden los portavoces podríamos dar por finalizado este turno. La señora Becerril quiere intervenir; la señora Riera también. Les ruego que por un
brevísimo turno, porque les recuerdo que tenemos otra comparecencia. Tiene la palabra la señora Riera en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



La señora RIERA I REÑÉ: Seré muy breve, telegráfica. En primer lugar, en relación con la situación de Japón estoy de acuerdo en que debe analizarse desde tres vertientes: la primera, la de la solidaridad. En este sentido, manifiesto
nuestro firme compromiso por parte del grupo parlamentario que represento con el país, y también nuestra más firme complicidad con la acción que está desarrollando la Embajada española en Tokio, que en un entorno de muchas dificultades está, con los
medios que tiene, al lado de los ciudadanos españoles presentes en Japón y contribuyendo de manera decisiva en lo que puede hacer. Por tanto, manifiesto nuestro más firme compromiso con el país y la complicidad con la embajada y con el embajador
Miguel Ángel Navarro. La vertiente económica y financiera -segundo eje- realmente afectará sobre todo a los países que tienen una relación y una vinculación mucho más estrecha en términos de intercambio económico y de inversión con Japón. Nuestra
economía no está excluida de este contexto, por las inversiones que tenemos y por los ejes de relación también en materia de investigación, de universidades, no solo de intercambio comercial, que mantenemos con este país. Por tanto, deberemos estar
vigilantes y acoger las acciones de refuerzo y de acuerdos económicos que puedan darse desde la Unión Europea para reconducir estas situaciones más críticas que puedan darse. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El tercer eje es el
energético.
Pero entendemos que por la entidad del debate este debe hacerse desde posiciones, digamos, frías. ¿Qué entiendo por frías? Situaciones lo más objetivas posible que permitan una evaluación objetiva de todos los aspectos, y que a partir
de ello puedan tomarse las medidas oportunas, sobre todo en el marco de la seguridad, que debe ser nuestro principal objetivo, más allá también del marco de la diversificación de fuentes de energía, que para nuestro país, para nuestra economía y
para el sector del que hablamos es un objetivo prioritario. Pero sobre todo en el marco de la seguridad.



El segundo aspecto al que quisiera hacer una referencia muy breve es que la señora Becerril, la portavoz del Partido Popular, hablaba de cesión de soberanía en el marco del debate europeo. Cierto, cesión de soberanía: el proyecto europeo,
desde el inicio, implica un proceso gradual de cesión de soberanía. Y si nos creemos Europa, como creo que nos tenemos que creer Europa, incorporamos este hecho y esta cesión de soberanía desde el momento en que aceptamos formar parte, y sobre todo
parte activa, de este proyecto europeo. En relación con el Pacto del Euro, seguramente habrá aspectos y detalles en los que podremos estar más o menos de acuerdo, serán objeto de debate, y tendremos que estar muy atentos por tanto a la
implementación que se haga, al seguimiento y a la implementación en términos de ordenamiento y de legislación de las medidas que incorpora el pacto. Pero el pacto es positivo, va en la línea de reforzar Europa.
Usted, secretario de Estado, hacía
referencia al reforzamiento de Europa, y también hemos de ser conscientes


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de que la misma crisis nos ha obligado a reforzar Europa, nos ha obligado a actuar, sobre todo desde el punto de vista económico y financiero. Por tanto, la crisis ha sido detonante de una mayor coordinación y de un cierto reforzamiento de
las políticas europeas. Bienvenido sea. Falta la parte más política, que echamos en falta y que necesitamos de manera decisiva si queremos construir una Europa real y que los ciudadanos crean también en Europa; porque necesitamos Europa, y el
pacto va en la dirección no solo de coordinarnos, de contribuir a este reforzamiento europeo, sino que en nuestro caso, en nuestra economía y en nuestro país este pacto nos ayuda en términos de implicarnos en medidas más activas de reactivación
económica, que necesitamos aún y de manera urgente, y sobre todo de mejorar y de ir en la dirección de ganar en competitividad. Este es el eje de salida de la crisis y de cambio del modelo productivo que estamos obligados a hacer.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular su portavoz doña Soledad Becerril tiene la palabra.



La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor secretario de Estado, como conclusión o una de las conclusiones a las que me gustaría llegar antes o después, si no hoy, en otras sesiones de esta comisión, es que, igual que previo a la Presidencia
española tuvimos un acuerdo sobre las grandes líneas de esa Presidencia; igual que creo que vamos a conseguir o intentaremos conseguir un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, y desde luego oposición y Gobierno, sobre las perspectivas
financieras de la Unión Europea, el nuevo presupuesto, de tantísima trascendencia, y la política agraria común; igual que un acuerdo fue posible y otro parece que puede ser posible, me gustaría que el secretario de Estado trasladara al Gobierno que
la fuerza política a la que represento también desearía un acuerdo en el Parlamento con otras fuerzas políticas, naturalmente, para desarrollar -me parece que el término que ha utilizado la señora Riera es muy correcto, desarrollar- este Pacto por
el Euro. Y ya no vuelvo a entrar en eso para que no me llame la atención el presidente.



Quería hacerle un comentario más al secretario de Estado: el Gobierno tendrá que traer aquí el programa de convergencia y estabilidad, tendrá que traerlo, y deberá traer el programa nacional de reforma, porque así lo establece el Pacto por
el Euro. Me gustaría que estos dos grandes acuerdos y dos grandes programas o proyectos, el de reforma y el de convergencia, antes de ser concluidos por el Gobierno también fueran objeto de conocimiento de este Parlamento, de las Cámaras. Hablamos
constantemente del Tratado de Lisboa y de su desarrollo, y creo que es bueno que recordemos todos que ese tratado no solo incorpora en la tarea legislativa al Parlamento Europeo sino que da también un lugar a los parlamentos nacionales. Pues
hagamos uso de ese lugar que da a los parlamentos nacionales y discutamos estos asuntos aquí. Es posible que se me pueda decir que me gustan mucho los acuerdos. Ya sabe usted, señor secretario de Estado, que a aquellos que nos autodenominamos
liberales -no sé si lo somos o no porque es una apreciación que hacemos nosotros hacia nosotros mismos- nos gustan mucho los acuerdos. Luego, entre nosotros nos peleamos muchísimo unos con otros, pero con los más alejados o medianamente alejados
nos gustan mucho los acuerdos. Por eso yo propongo de cuando en cuando un acuerdo aquí, y luego me pongo así, no vaya a ser que ahora me regañen en mi grupo. No, los senadores y diputados de aquí, no, porque son amigos, pero, en fin, dentro de los
grupos grandes hay amigos y menos amigos, y nunca se sabe.



A Ulises no le puedo traer a colación hoy. ¿Por qué? Porque pobre Ulises, para arriba y para abajo. No, no, y además me parece que no ha sido bien mencionado. No me atrevo a traerlo a colación porque una vez traje a Parménides y me
equivoqué, tenía que haber sido Heráclito. Yo no me he perdonado a mí misma ese lapsus en una amante del humanismo, etcétera, eso para mí ha sido terrible, me abalancé sobre el 'Diario de Sesiones' y cuando lo leí, le dije a la funcionaria: no
siga, pero ya lo habían impreso y me habían puesto Parménides en vez de Heráclito. (Risas.) Eso, en mi currículum. Bueno, ya me queda poco de currículum a estas alturas, pero ha sido fatal.



El señor PRESIDENTE: Eso le pasa, señora Becerril, por salirse de Quevedo y Góngora, que es mucho más asequible. El señor diputado portavoz socialista no quiere intervenir. El secretario de Estado tiene la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Quiero decir que coincido esencialmente con las consideraciones que han hecho la señora Riera y la señora Becerril. En este caso, a lo mejor que yo diga que coincido
esencialmente con lo que ha dicho la señora Becerril se lo pone todavía peor en su grupo de lo que usted imagina. Pero a pesar de todo lo quiero decir porque me parece que es una actitud muy constructiva y que ayuda mucho esencialmente en una
política que tiene que ser fundamentalmente de consenso, como es la política europea. Yo sé que la señora Becerril está absolutamente de acuerdo en que la política europea tiene que ser una política de consenso, que hace mucho más fuerte a nuestro
país en las a veces difíciles y procelosas aguas de Europa, en las que a veces hay que hacer un poco de Ulises. Pero la historia de Ulises acaba bien, después de haber tomado muchos riesgos y de haber hecho muchas cosas esa historia acaba bien.
Mucha gente, esa Penélope colectiva, también está esperando siempre que acabe bien la historia europea, y yo creo que sí, que ha acabado bien. Desde luego, en el siglo XX ha transcurrido bien, y en el siglo XXI, si respondemos a los desafíos que
tenemos, también acabará bien.



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- EL ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA EN TORNO A LA INSTAURACIÓN DE UNA PATENTE COMUNITARIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente del Congreso 212/001405 y número
de expediente del Senado 713/000921.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda de las comparecencias del secretario de Estado, para informar en este caso sobre el estado de las negociaciones en el seno de la Unión Europea en torno a la instauración de una patente comunitaria,
a petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra en primer lugar el secretario de Estado, don Diego López Garrido.



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Quisiera empezar diciendo que en relación con el estado de las negociaciones en torno a la patente europea, sobre lo cual el Grupo de Convergència i Unió ha solicitado una
comparecencia, que yo le agradezco, tenemos que empezar diciendo que nosotros, por supuesto, apoyamos la patente europea; estamos a favor de que haya una patente unitaria, que favorecerá sin duda el mercado interior de productos innovadores e
impulsará la innovación en Europa. España comparte absolutamente este objetivo. Creo que además es un objetivo que se integra perfectamente en la estrategia 2020, que de forma tan decidida impulsó el Gobierno de España, así que no hay ninguna duda
sobre que ese es un objetivo esencial. Ahora bien, el Tratado de Lisboa estableció ese objetivo en el artículo 118, es decir, lo relativo a la creación de títulos de propiedad industrial, y dejó muy claro que el régimen lingüístico, que es un
elemento central de la patente europea, tendría que aprobarse por unanimidad. Por tanto, hay una base jurídica que no es habitual en el tratado; en este caso se dice con toda claridad: lo lingüístico es un elemento central en todo lo que tiene
que ver con propiedad industrial.
Porque la Unión Europea tiene veintitrés lenguas oficiales, no tiene una ni dos ni tres, tiene veintitrés lenguas oficiales, y lo relativo al aspecto lingüístico es sabido que es de una especial sensibilidad, y por
eso es por lo que en Presidencia sueca se aprobó un acuerdo sobre el reglamento de la patente y se dijo con toda claridad que cuando se regulase el sistema de traducciones de las patentes tendría que aprobarse por unanimidad. Esto es lo que, sin
embargo, ha sido desoído por la Comisión Europea, que, de forma inopinada, precisamente el día último de la Presidencia española, el 30 de junio del año pasado, lanzó una propuesta trilingüe para la patente europea, es decir, una patente que tendría
tres lenguas de procedimiento y solo esas tres: el inglés, el francés y el alemán. Nosotros tuvimos durante la Presidencia española numerosas reuniones con el comisario Barnier al respecto y hablamos de muchas opciones de la patente europea que no
eran ese sistema trilingüe, de muchas posibilidades. Pero la Comisión desoyó esa posición y de la noche a la mañana, porque era absolutamente inesperado que eso se produjera, lanzó esa propuesta trilingüe. Ahí la Comisión ha demostrado una
absoluta inflexibilidad, y desde luego desde el principio España dejó muy claro que era inaceptable para nosotros.



Debo decir que hemos tenido el apoyo de las fuerzas políticas españolas.
Recuerdo que la señora Becerril en la última reunión de esta Comisión al principio de su intervención dejó muy claro que el Grupo Popular apoyaba absolutamente la
gestión de este asunto por parte del Gobierno español; pero no solamente las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, la organización de los empresarios españoles, las organizaciones, no solamente la CEOE sino también las organizaciones de las
pequeñas y medianas empresas han apoyado absolutamente esta posición del Gobierno español. Por eso es por lo que nosotros no hemos considerado adecuado el ritmo que han imprimido a esta negociación las presidencias posteriores belga y húngara a
algo que está previsto en el tratado como algo que tiene que aprobarse por unanimidad y que a nuestro juicio, por tanto, no puede, no debe aprobarse por una llamada cooperación reforzada. Lo que hizo la Comisión fue proponer una cooperación
reforzada, por lo que este asunto desembocó en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo hubo una votación el pasado 15 de febrero en la que 471 miembros del Parlamento Europeo votaron a favor de una cooperación reforzada sobre la patente,
sin decir cómo, sin decir sobre qué bases, simplemente diciendo que estaban a favor de que, ante las dificultades de la unanimidad, hubiera una cooperación reforzada, pero hubo 160 votos en contra y 42 abstenciones. Es decir, teniendo en cuenta la
actitud mayoritaria de los Gobiernos en el seno del Consejo a favor de la cooperación reforzada, hubo un apoyo mucho mayor del que representaban España e Italia, que son los países que han apoyado la posición de seguir negociando para obtener un
acuerdo a veintisiete, no un acuerdo a veinticinco, en el seno de la Unión Europea respecto a la patente.



Nosotros hemos defendido en todo este proceso desde el Gobierno, primero, que estamos por un título unitario de la patente para el conjunto de la Unión; segundo, que estamos dispuestos a mantener todo tipo de contactos y negociaciones que
permitan aprobarla con el consenso general de la Unión, no por un grupo de Estados; y que hay unos principios básicos de los que no nos podemos bajar, que son los principios de seguridad jurídica, de no discriminación y de eficiencia de costes. La
propuesta de cooperación reforzada hacia una patente trilingüe que hace la Comisión no tiene suficiente seguridad jurídica, no tiene una base igualitaria, es decir, hay una conculcación del principio y del valor de la Unión Europea de la no
discriminación, y desde luego no es la más eficiente en costes.



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Por tanto, entendemos que una cooperación reforzada sobre la patente es un fraude a los tratados, y en este sentido hemos anunciado nuestra decisión de recurrir el acuerdo del Consejo de Competitividad del pasado 10 de marzo ante el tribunal
de Luxemburgo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la base de cinco argumentos esenciales. Uno, los títulos europeos de propiedad industrial exigen la unanimidad. Dos, una cooperación reforzada solo es el último recurso, así
está concebida en el tratado, y la Comisión solo nos planteó el 30 de junio una posición y solo esa posición, y a continuación ha habido un procedimiento absolutamente acelerado, superacelerado, que no se corresponde con la necesidad de obtener el
máximo consenso en un asunto que es tan sensible para los diversos Estados miembros como es el asunto lingüístico, y todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, a estos efectos, deben tener la misma consideración. Tres, una cooperación
reforzada no debe afectar al mercado interior -y no puede hacerlo según el 118- ni a la cohesión económica, social y territorial, y esa cooperación que plantea como lenguas de procedimiento para patentes el inglés, el francés y el alemán perjudica
claramente al mercado interior porque fragmenta ese mercado y daña la posición de competitividad de aquellas empresas que trabajen en otros idiomas que no son esos tres. Cuatro, la cooperación reforzada debe impulsar los objetivos de la Unión, lo
dice el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, y esta cooperación reforzada no impulsa los objetivos de la Unión, impulsa la discriminación, no la no discriminación, y por tanto no se debe permitir que un grupo de países pueda avanzar en ese
camino dañando los objetivos de la Unión. Y, por último, nos parece muy importante el principio de la no discriminación, que está anclado en el núcleo, en el corazón del Tratado de la Unión y en el corazón del proyecto europeo, y es evidente que
una empresa, un sector económico que no trabaje en inglés, en francés o en alemán va a tener siempre una situación discriminada y una menor competitividad que aquellos que trabajan en esos idiomas en relación con algo tan importante como es la
patente comunitaria, que es en definitiva lo que permite el acceso a la tecnología y que está sin duda en el centro de los objetivos que tiene la Unión Europea para esta próxima década. Por eso nosotros no podemos aceptar esta cooperación
reforzada. Esa ha sido nuestra posición, y además apoyada en un reciente dictamen del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, del 8 de marzo. Ese dictamen apoya la posición del Gobierno de España, que hizo sus observaciones en su momento; un dictamen
sobre la jurisdicción, el sistema jurisdiccional, que es un elemento fundamental para un sistema de patentes, cómo se resuelven los litigios, que son miles, sobre las patentes, dejando muy claro que hay que seguir el proceso comunitario, que no
caben aventuras -hemos hablado antes de aventuras, esto sí que son aventuras temerarias- fuera de los tratados. Y además debo decir que hay una opinión de los abogados generales del tribunal de Luxemburgo, que se ha conocido, donde se dice
claramente que un sistema trilingüe es un sistema discriminatorio que conculca el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva que, lo mismo que en nuestra Constitución, está también en la -vamos a llamarla- constitución europea que es el
Tratado de Lisboa, el derecho primario europeo. Pero además de todo eso hay un argumento ulterior que yo quisiera también resaltar, que es el relativo a la lengua española, la lengua castellana en la Unión Europea, la importancia de la lengua
castellana en la Unión y en el mundo. Porque, además de otras lenguas, también se discrimina la lengua española, la lengua española y otras 19 lenguas más, pero también la española. Nosotros no vemos en qué interesa a la Unión Europea discriminar
la lengua española, que es de una importancia capital en el mundo. La lengua española es lengua oficial de Naciones Unidas, lengua oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, lengua oficial de la Oficina de Armonización del
Mercado Interior, lengua oficial de la Oficina de Marcas, que está establecida en Alicante. ¿Tiene sentido que no sea una lengua oficial en relación con la futura patente europea, que ya no será unitaria si no tiene en cuenta las pretensiones
lícitas de España y de Italia?


La lengua española es la segunda lengua materna, lengua nativa del mundo, después del chino. Y en el planeta Tierra hay cerca de 500 millones de hispanohablantes. En estos momentos incluso hay que decir que en países como Estados Unidos,
que no tiene originariamente el español como su lengua, está previsto que para el año 2050 haya 132 millones de hispanohablantes. En estos momentos Estados Unidos está sobrepasando a España como país donde se habla más el español; el primero es
México, ahora ya estaría Estados Unidos, y detrás va España.



Es decir, que desde ese punto de vista cultural, y también económico, porque la industria relacionada con el español aporta el 15 por ciento del PIB en España, 150.000 millones de euros aproximadamente, emplea directamente a medio millón de
personas; el español es la lengua que más ha crecido en Internet, 102 millones de usuarios, es el tercer idioma de la red, por detrás del inglés, que tiene 366 millones de usuarios, y del chino, que tiene184 millones de usuarios; es decir, en los
últimos ocho años el español ha multiplicado por tres su presencia, en gran parte por la sociedad de la información en zonas como es el caso de Latinoamérica.



En definitiva, nos parece que es una opción arbitraria, literalmente arbitraria, el que la Comisión haya hecho esa propuesta trilingüe sobre la posible futura patente unitaria y nosotros hemos defendido, y seguiremos defendiendo, en línea
con las posiciones que han tenido todos los gobiernos de la España democrática, de todos los colores políticos, que en el sistema de patentes de la Unión no debe haber discriminación y que, desde luego, la lengua castellana no puede verse
discriminada y tiene que verse reconocida en el peso que tiene. Nosotros creemos que esta debe ser la línea a defender. Utilizaremos las armas del Estado de derecho ante el tribunal de Luxemburgo, y


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desde luego esperamos que vayamos convenciendo también a quienes no lo ven así, porque esta es sin duda una pretensión que va en interés del conjunto de la Unión Europea, y no es solamente un interés español el que mueve en este caso a
España, sino el interés del conjunto de la Unión Europea, del que forma parte, una parte muy importante, la lengua española.



El señor PRESIDENTE: En primer lugar, doña Inma Riera tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



La señora RIERA I REÑÉ: Señor secretario de Estado, le agradecemos muy sinceramente esta comparecencia, solicitada por nuestro grupo, en la que pretendíamos fundamentalmente obtener información sobre la situación en las negociaciones y
conocer un poco más en detalle la situación y la estrategia que sigue el Gobierno en esta materia y en el marco de esta negociación, sobre todo para transmitir esta información a los distintos agentes que se ven afectados, como pueden ser empresas,
universidades, investigadores, etcétera. Por tanto, se lo agradecemos muy sinceramente.



Es cierto que el concepto de una única patente comunitaria surge ya en 1949. Pero desde entonces también es cierto que ha resultado del todo imposible que los Estados miembros llegaran a un acuerdo al respecto, siendo el idioma uno de los
principales puntos de discordia en las negociaciones. Los Estados miembros han intentado crear un sistema de patente única durante años y con este objetivo la Comisión Europea ha presentado diversas propuestas en los años 2000, 2009 y 2010, sin
avances significativos en las negociaciones.



Pero si bien es cierto que la creación de una patente comunitaria válida para todos los Estados miembros de la Unión Europea es una necesidad que vienen reclamando desde hace años distintos colectivos, como el de investigadores, centros de
investigación, empresas, etcétera, como mecanismo que permite reducir los costes y fomentar e impulsar la competitividad, entendemos y compartimos con usted que esta ha de ser también consensuada, y por tanto debe incorporar determinados aspectos
que entendemos que han de ser reconocidos, recogidos y aceptados.



Hay algunos datos en relación con las patentes que creo que es importante señalar y dejar constancia de ellos porque evidencian la situación de déficit en la que se encuentra nuestro sistema en términos de patentes, situación que debemos
reconducir. Ser capaces de reconducir esa situación querrá decir que hemos invertido más y hemos trabajado más por mejorar la competitividad a través de la I+D+i. Según datos de Eurostat, el 43,5 por ciento de las empresas españolas tienen
actividad innovadora frente al 51,6 por ciento de media de los países de la Unión Europea, y solo el 4,4 por ciento de las mismas colaboran con otras empresas de países de la Unión Europea o de la EFTA frente al 11,2 por ciento de media de los
veintisiete países miembros. También podemos señalar que de las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes el año pasado a empresas europeas, el 41,2 por ciento fue otorgado a firmas alemanas, el 14,6 por ciento a francesas, y solo el
1,26 por ciento a españolas. Estos datos creemos que evidencian la necesidad de apostar de manera mucho más decidida por la I+D+i, en particular por la transferencia, porque la competitividad, nuestra competitividad, depende de ello, y por tanto
también establecer los mecanismos que favorezcan esta inversión en I+D+i, esta transferencia y esta competitividad, y un sistema de patentes es uno de los instrumentos que necesitamos.



Otros datos relevantes en el marco del debate de la patente comunitaria en términos de costes son que, según datos de la Comisión, una patente europea validada en trece países cuesta en torno a 18.000 euros aproximadamente, de los que casi
10.000 corresponden a costes de traducción. Esto provoca que una patente europea sea diez veces más cara que una patente en Estados Unidos, donde puede costar alrededor de unos 1.800 euros, en términos de euros. En definitiva, el fragmentado
sistema de patentes vigente actualmente en Europa provoca la pérdida de entre 700 y 800 millones de euros en el sector comercial cada año y esta situación, sinceramente, también genera efectos indirectos en la capacidad de innovación y en la
creatividad de la investigación europea.



Ante estos datos que entendemos que es relevante señalar, compartimos sus consideraciones iniciales, señor secretario de Estado, y creemos que la creación de una patente única europea, que tiene como objetivo facilitar los procedimientos y
reducir los costes necesarios, es importante. Pero esta patente unitaria, que garantizaría el mismo acceso a todos los inventores de la Unión Europea, que facilitaría la resolución de litigios y mejoraría las condiciones para las empresas
innovadoras con la supresión de unas ciertas fronteras, digamos, nacionales, impulsando la internacionalización y la competitividad, no puede ser gratuita, y estamos de acuerdo con sus consideraciones. Y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo
europeo unánime, y rompiendo con este principio de unanimidad previsto y al que hacía usted referencia, un grupo de Estados, como usted muy bien ha dicho, decidieron, conforme a lo dispuesto en el Tratado de Lisboa, poner en marcha el procedimiento
de cooperación reforzada, con la finalidad de adoptar reglas nuevas de aplicación común a los países que participen de la cooperación. Y así, la Comisión emitió una propuesta en diciembre de 2010 que abrió la puerta al procedimiento de cooperación
reforzada, en aras a una patente europea. Y en febrero de 2011 el Parlamento Europeo dio su aprobación a que se recurriera al sistema de cooperación reforzada. Pero en este contexto creemos que hay dos aspectos fundamentales, que son los aspectos
más críticos a los que usted ha hecho referencia, en el desarrollo de la patente europea, aspectos que compartimos. El primero es de orden y está relacionado con el régimen lingüístico, en el que España, y también Italia, se oponen a la propuesta
de mantener como idiomas oficiales aquellos de


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la Oficina Europea de Patentes. Y el segundo es la cuestión relacionada con el régimen jurídico, por el que se crea un órgano jurisdiccional en temas de propiedad intelectual con capacidad de decisión en caso de litigio. En cuanto a este
aspecto, al régimen jurídico, al régimen jurisdiccional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró a inicios de marzo contrario al acervo comunitario el proyecto de crear un órgano de resolución de conflictos de propiedad intelectual fuera
de las estructuras actuales de la Unión Europea por lo que los Estados deben modificar la propuesta. A pesar del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 10 de marzo el Consejo de Competitividad de la Unión Europea autorizó el
procedimiento de cooperación reforzada por el que veinticinco Estados (todos menos España e Italia) pretenden seguir adelante con el procedimiento de creación de una patente europea con validez en los Estados que lo apoyan. La futura patente
unitaria será válida de forma automática en todo el territorio de los Estados miembros participantes en el idioma en el que se conceda. No obstante, el Tratado de Lisboa estipula que aquellos países no incluidos en el procedimiento tendrán la
opción de incorporarse cuando lo deseen. Usted, señor secretario de Estado, participó en dicho Consejo de Competitividad celebrado en Bruselas, y en sus conclusiones insistió en la inviabilidad del proyecto de patente tras el dictamen del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la máxima autoridad, cuestiona el sistema jurisdiccional de la patente europea. Asimismo, usted señaló que España recurrirá al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea el proceso de cooperación reforzada aprobado por el Consejo de Competitividad, ya que atenta contra el mercado interior y los derechos fundamentales, puesto que discrimina las empresas y la lengua española. De la misma manera,
usted también pidió un espacio mayor de tiempo para reflexionar, algo que desde nuestro grupo parlamentario compartimos.



En Convergència i Unió, señor secretario de Estado, queremos que la negociación para la creación de una patente única europea avance y, teniendo en cuenta que ya hay veinticinco Estados miembros involucrados, deberíamos ser capaces de
negociar de cara a conseguir que España -y en su caso también Italia, pero en este caso nos interesa nuestro país- pueda unirse en condiciones a una patente con validez en todos los países de la Unión. Y es cierto que en ningún caso queremos desde
el grupo parlamentario que represento que se vean menoscabados los derechos de las empresas españolas, atendiendo a que no es lo mismo defender los términos de una patente en tu propia lengua que en una extranjera, y que deben ser exigidos los
principios básicos y el principio de unanimidad al que hacía referencia usted y al que he hecho referencia yo, y que no puede ser sustituido por una cooperación reforzada, por los efectos que esta decisión tiene y que usted mismo ha comentado.



Por tanto, somos conscientes de los aspectos más críticos, que debemos solucionar, que deben solucionarse, los aspectos relativos al régimen lingüístico y al régimen jurídico, y somos conscientes de la problemática de la lengua, que debe
encontrar por tanto una solución. Pero también, señor secretario de Estado, somos conscientes de que las ventajas de la instauración de una patente comunitaria pueden ser para nuestra economía y para el tejido productivo muy importantes. El hecho
de que hoy la patente europea no cubra a todos los países provoca que en aquellos países donde no se aplica se tienda a fomentar la imitación en lugar de la innovación. Asimismo, una única patente acabaría con el método estratégico de validación
que en ocasiones algunas empresas utilizan para evitar acciones legales por parte de los competidores.



Voy terminando, señor presidente. Creemos que al sistema actual le falta eficiencia y en este contexto entendemos importante contribuir al desbloqueo de las negociaciones con la interacción, la comunicación de todos los agentes, y también
con la contundencia en la defensa de nuestras posiciones, pero es importante avanzar en el reconocimiento de todos los aspectos a los que he hecho referencia y, al final, podernos sumar a la instauración de una patente comunitaria común que
simplifique el sistema actual, como vía para reducir costes, para impulsar las actividades de I+D+i a través de patentes, para mejorar la competitividad y para fomentar la internacionalización de nuestro sistema.



Esta era la razón de la solicitud de su comparecencia. Agradecemos muy sinceramente las explicaciones y la posición que tiene el Gobierno frente a la negociación que está en marcha. Constatamos y compartimos muchos de los argumentos a los
que usted ha hecho referencia, las dificultades de la negociación, pero también esperamos que puedan irse solucionando y, en definitiva, al final podamos sumarnos a la patente comunitaria común, que tiene unas ventajas competitivas para nuestro
sistema innegables.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, su portavoz don Joan Sabaté tiene la palabra.



El señor SABATÉ BORRÀS: Señor secretario de Estado, con la mayor brevedad quiero mostrar el apoyo de nuestro grupo parlamentario, Entesa Catalana de Progrés en el Senado, a la posición del Gobierno. Compartimos la necesidad de la patente
europea, pero denunciamos la fórmula del acuerdo y el acuerdo sobre la patente trilingüe a que se ha llegado. Nuestro apoyo también al anuncio del Gobierno de presentar recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo y, finalmente,
quiero lamentar igualmente la discriminación de la lengua española, que en definitiva está en el fondo también de la decisión de la Comisión Europea.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz doña Soledad Becerril tiene la palabra.



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La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Mantenemos la posición, que explicamos en una ocasión anterior al secretario de Estado, en relación con la patente, el apoyo a la posición defendida por el Gobierno español sobre la patente europea. Seguimos
manteniendo esa posición de apoyo a las negociaciones que pueda llevar a buen término el secretario de Estado o el Gobierno.Y quiero decir que yo he aprendido muchísimo esta tarde sobre la patente escuchando al secretario de Estado y a la señora
Riera, me alegro de haber permanecido aquí, aunque sea en solitario o casi en solitario por parte de mi grupo. No pasa siempre esto, algunas veces se quedan conmigo.
Y ya decía yo que esto es un aula de formación permanente de adultos, aquí
aprendemos muchísimo, yo por lo menos aprendo muchísimo y les agradezco a todos lo que nos han ilustrado esta tarde.



El señor PRESIDENTE: Señor Moscoso, ¿quiere intervenir? Tiene la palabra.



El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Sí, señor presidente, quiero intervenir para transmitir también al secretario de Estado nuestro apoyo absoluto en los aspectos que él ha destacado. Sin duda no es oportuno ni corresponde utilizar el
procedimiento de cooperación reforzada en esta cuestión, es evidente, es una cuestión de fondo y no de forma lo que permite hacerlo así, y sería romper el método comunitario.



También quiero destacar la valentía del Gobierno español, que ha planteado propuestas muy interesantes y que creo que deben ser las que se alcancen en el futuro: la llamada propuesta uno más uno, la propuesta de Alicante, o incluso la
propuesta de utilizar solamente el inglés, que al fin y al cabo es lo eficiente y lo que el mercado va a imponer. Creo que es un absoluto despropósito europeo que el español, que es la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua materna y la
tercera más conocida, no sea de utilización, porque existe, como decía el secretario de Estado, la dimensión exterior de cara a los países y mercados que utilizan el español, y desde luego nos encontramos de nuevo con la actitud de países, como es
el caso sobre todo de Alemania, que yo no acabo de comprender qué trayectoria siguen en los últimos tiempos en el marco de la construcción europea.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra para concluir el debate.



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Muchas gracias por las intervenciones de apoyo a la posición del Gobierno en este asunto. Yo quisiera hacer algunos comentarios con motivo de las intervenciones que han
tenido, contestando algunas de ellas.



Respecto al tema de la innovación, que ha sido suscitado por la señora Riera y que está en el eje de su intervención, ya existe una llamada patente europea -existía antes de que nosotros ingresásemos en la Unión Europea y no es un
procedimiento comunitario-, que tiene como lenguas de procedimiento estas tres, pero que permite, y eso lo hacen prácticamente todos los Estados, que una patente concedida en alguna de esas tres lenguas tenga que traducirse a la lengua de un país
para ser protegida en ese país, de tal forma que, en España, toda patente que quiera ser protegida tiene que ser traducida al castellano; si no se traduce al castellano y no se registra en castellano no está protegida. En estos momentos, de cada
cien patentes que se conceden en la oficina de Múnich, treinta vienen a España y se registran traducidas al español; el resto no están protegidas en España, pero hay un 30 por ciento que están protegidas en España, en español. Y las empresas y los
terceros saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, porque, al estar traducidas al español, el acceso es, evidentemente, mucho más fácil que si estuvieran en otro idioma. Por eso, pasar a un sistema como el que se pretende causaría unos
daños enormes a la competitividad de las empresas españolas, porque, automáticamente, una patente concedida en alemán, de forma inmediata, al día siguiente de su concesión, estaría protegida en España en alemán, y sería francamente difícil para
muchas empresas conocer cuáles son las patentes que andan por el mundo siendo protegidas y afectaría a sus procesos económicos e industriales.



Y no solamente eso, sino que desde el punto de vista del acceso a la tecnología -ha dado las cifras la señora Riera, el 1,26 por ciento de patentes europeas en español-, primero, hay que decir que el país que mayor crecimiento tiene en
cuanto a número de patentes es España; partimos de abajo, pero es el que tiene más crecimiento proporcional.
Pero, segundo, hay que decir que eso tiene que ver también con el hecho de que el sistema de patente europea es un sistema trilingüe, que
no es comunitario, que no obedece al derecho europeo ni está metido dentro de lo que es el proyecto europeo. Si a las empresas españolas se les dificulta el acceso a la futura patente europea, la acción innovadora será más difícil porque hay más
obstáculos para poder acceder a la tecnología.



Yo le decía al comisario Barnier en la discusión que tuvimos en el Consejo de Ministros de Competitividad: 'Usted, que es francés, va a tener la posibilidad de conocer en francés, traducido, el cien por cien de las patentes según el sistema
que usted propone; pero yo, español, voy a poder conocer en español el 1,26 por ciento, que es el número de patentes que España obtiene a través de los procedimientos de Múnich'. Es decir, que el acceso a la tecnología significa que si hay un
sistema trilingüe, las empresas o los sectores económicos que actúen en francés, en inglés o en alemán van a conocer en esos tres idiomas todas las patentes existentes, van a saber qué tecnología hay, van a saber qué pueden hacer o no; en el caso
de los demás países de la Unión, incluido España, solamente van a tener en su idioma el porcentaje de patentes de su idioma. Luego la discriminación no es


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solamente una discriminación lingüística, es una discriminación económica enorme. Por eso es absolutamente explicable que nosotros estemos batallando por que no se discrimine el español. Sería un golpe muy fuerte a la industria española, a
los sectores económicos españoles industriales, desde ese punto de vista. Por eso es por lo que nosotros hemos propuesto todo tipo de fórmulas -ha citado el señor Moscoso anteriormente algunas de ellas-, hemos estado muy abiertos en esa
negociación, fórmulas que son más baratas, fórmulas que son menos discriminatorias, que son perfectamente accesibles. Y no hemos encontrado por parte de la Comisión ninguna disposición para aceptar en esa negociación.



Así que yo creo que efectivamente hay una evidente ventaja de la patente europea, que en vez de tener que registrar en cada uno de los países europeos de una sola vez pueda haber un registro, por así decirlo, universal, pero la Unión Europea
se basa en la solidaridad entre los componentes de la Unión, el reconocimiento de su pluralismo y la no discriminación, desde todos los puntos de vista. Eso es un principio esencial de la Unión. No se puede construir una patente europea sobre la
base de la discriminación porque en Europa no se debe construir nada sobre la base de la discriminación. Y ese es, yo creo, el fondo del asunto.



Nosotros estamos abiertos a cualquier solución que no discrimine a las empresas europeas. Pero es verdad que en este momento los países que han mantenido una posición de defensa de sus sectores económicos y de su lengua son Italia y España.
Y además me han dicho que tiene usted algo que ver con Italia. O sea, que entenderá perfectamente que España e Italia, países muy relevantes en la Unión Europea, económicamente importantes, mantengan una posición muy clara a ese respecto y que la
sigamos manteniendo. Pero no dude, señora Riera, señores diputados y señores senadores y señora diputada Becerril, que se ha quedado aquí en este debate tan interesante, que vamos a tener una actitud abierta, como la hemos tenido en todo momento, y
que todo aquello que no signifique una evidente discriminación lo vamos a aceptar. Pero, en fin, digamos que en este caso el camino que nos queda en este momento, el paso a dar en este momento inevitablemente es el mantenimiento de esa posición, el
que sea el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el que dictamine al respecto, porque creemos que tenemos suficientes apoyos jurídicos como para poder defender nuestra posición en ese tribunal.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz quiere hacer uso de otro turno? (Pausa.) En tal caso, agradeciéndole al secretario de Estado su comparecencia, se levanta la sesión.



Eran las ocho y cinco minutos de la noche.