CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2011 IX Legislatura Núm. 171

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO

Sesión núm. 26

celebrada el miércoles, 2 de marzo de 2011

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez), para informar sobre el siguiente extremo:


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso 250/000007 y número de expediente del Senado 770/000004.) ... (Página 2)

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Debate y votación de las propuestas de resolución:


- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2004-2005.
(Número de expediente del Congreso 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000092.) ... (Página 23)


- Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000097 y número de expediente del Senado 771/000097.) ... (Página 24)


- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000117.) ... (Página 24)


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ), PARA INFORMAR SOBRE EL SIGUIENTE EXTREMO:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso 250/000007 y número de expediente del Senado 770/000004.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.



El primer punto del orden del día previsto para hoy es la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2008.



Para su presentación tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, ayer mismo fuimos informados por la Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía sobre la evolución de las cuentas públicas durante el año 2010 y por lo visto se
está cumpliendo el objetivo de déficit. No nos corresponde valorarlas esta mañana, ya lo haremos cuando el Tribunal de Cuentas emita la correspondiente declaración sobre las cuentas de 2010.
Hoy tenemos que volver la vista atrás, solo dos años
atrás, para analizar las correspondientes al año 2008, y no lo hacemos, como saben sus señorías, por simple curiosidad, porque correríamos el peligro de convertirnos en estatua de sal, como le ocurrió a la mujer de Lot, sino para cumplir con lo
dispuesto en la legislación vigente.



Para cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente, el pleno del Tribunal de Cuentas analizó y aprobó, en su sesión del pasado día 30 noviembre, la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2008. Esta cuenta General
fue rendida dentro del plazo establecido, el 30 octubre de 2009, al Tribunal de Cuentas que, según establece el artículo 10 de su Ley Orgánica, ha de efectuar su examen en un plazo de seis meses. A estos plazos ha de agregarse el de dos meses
utilizado por el Gobierno para la formulación de sus alegaciones y el periodo requerido para la tramitación interna de toda esta documentación en el seno del Tribunal de Cuentas, lo que obliga a efectuar un significativo esfuerzo para que la
declaración pueda emitirse, como en el caso presente, antes de que hayan transcurrido dos ejercicios presupuestarios tras la conclusión del año al que se refiere la respectiva cuenta general. Haber logrado estos plazos significa que debemos mostrar
profunda satisfacción por nuestro trabajo, empezando por el de ustedes y siguiendo por el del Tribunal de Cuentas. Ese tópico de que las declaraciones se presentan cuando ya no sirven para nada ha quedado superado, ha quedado sencillamente
eliminado.



La declaración consta de dos volúmenes. Un primer volumen de 420 páginas en las que se desarrolla el contenido de la misma y un segundo volumen con 158 anexos. Sin duda, su análisis requiere una formación y una dedicación importante. El
Tribunal de Cuentas está planteándose la forma de atender la resolución de esta Comisión en la que se solicitaba una presentación más breve e inmediata. No resulta fácil simplificar el contenido ni facilitar su presentación por los datos y las
circunstancias a las que antes me he referido. En todo caso, todos tenemos el mismo propósito, que es atender lo mejor posible esta resolución de la Comisión. La normativa presupuestaria ha incorporado por primera vez el Fondo de contingencia como
una nueva sección presupuestaria, destinada a incorporar un mayor rigor en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y evitar que a través de diferentes modalidades de modificación se alterara el alcance de los presupuestos. El Fondo de
contingencia de 2008 -al que luego seguramente nos volveremos a referir- estuvo dotado


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con 3.100 millones de euros. Estos son los datos objetivos que describen un poco los elementos físicos de la cuenta.



Vamos a entrar ya en el análisis del alcance de la declaración. El examen y comprobación de la Cuenta General del Estado se ha dirigido, fundamentalmente, a determinar si las cuentas generales que la conforman y las cuentas de las entidades
que integran cada una de ellas se han elaborado de conformidad con las normas de aplicación; a comprobar su coherencia interna y su consistencia con la documentación complementaria, evaluando la incidencia de las cuentas parciales no incluidas; a
examinar el cumplimiento de las normas presupuestarias, contables y restantes disposiciones de aplicación; a verificar si los estados financieros se ajustan a los principios contables previstos en los planes de aplicación, y evaluar si reflejan
adecuadamente la situación económico-financiera y patrimonial y los resultados del ejercicio.



La amplitud del ámbito de la cuenta General y de los objetivos establecidos en su examen conducen a que el documento de la declaración emitida por el tribunal aborde cuestiones muy diferenciadas, ofreciendo las pertinentes explicaciones
sobre las conclusiones obtenidas en su examen. El resultado es el extenso documento que hemos elevado a las Cortes Generales, cuyo análisis permite obtener una valoración de la gestión y de la situación alcanzada al final del ejercicio y del que
hoy pretendo efectuar una síntesis en esta exposición.



En cuanto a la elaboración de la Cuenta General del Estado, como saben sus señorías, está integrada por las cuentas generales de los sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional y se había elaborado por la Intervención General
de la Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 diciembre del año 2000, que ha sido posteriormente modificada. A este respecto, el Tribunal de Cuentas destaca lo siguiente. Primero,
la cuenta general del sector público administrativo se había elaborado mediante la consolidación del balance, de la cuenta del resultado económico-patrimonial y del estado de liquidación del presupuesto de 142 entidades que conforman el sector
público administrativo y que presentaron sus cuentas de acuerdo con lo establecido en el Plan general de contabilidad pública y sus normas de desarrollo. No se integraron las cuentas de 2 organismos autónomos, 3 agencias estatales, otros 3
organismos públicos, 2 consorcios y 3 fondos carentes de personalidad jurídica. En los anexos pueden ustedes identificar estas entidades.



Segundo, la cuenta general del sector público empresarial se había elaborado mediante la agregación de las cuentas consolidadas de los grupos empresariales que han rendido tales cuentas y de las cuentas individuales de las entidades no
integradas en ningún grupo. Se incluyen en el sector público empresarial aquellas entidades a las que les es aplicable el Plan general de contabilidad de la empresa española y sus normas de desarrollo. Se agregaron las cuentas anuales de 238
entidades, de las que 193 eran sociedades mercantiles; 11, entidades públicas empresariales; 33, entidades de derecho público, además de un consorcio.
No figuraban agregadas las cuentas anuales de 21 entidades. También está en los anexos la
identificación de estas 21 entidades.



Tercero, la cuenta general del sector público fundacional se había confeccionado mediante la agregación de las cuentas de las fundaciones que perteneciendo dicho sector forman sus cuentas de acuerdo con la normativa contable relativa a las
entidades sin fines de lucro. La Intervención General elaboró esta cuenta general mediante la agregación de las cuentas de 48 de las 61 fundaciones pertenecientes al sector público estatal. No se incluyeron, por tanto, las cuentas de 13
fundaciones. ¿Cuáles? También están en los anexos, pero si quieren sus señorías también se lo puedo recordar.



De conformidad con lo indicado, las tres cuentas generales citadas estaban incompletas al no haberse incluido en las mismas las cuentas de diferentes entidades, siendo la causa más general de esta falta de inclusión el no haber rendido con
anterioridad las cuentas a la Intervención General. Sobre las cuentas no incluidas, el tribunal efectúa el pertinente seguimiento, recogiendo los resultados en la presente declaración o en la de ejercicios futuros. En todo caso, las medidas que se
pueden adoptar para que esta falta de presentación de cuentas no se produzca podemos tratarlas en el debate.



En cuanto al cumplimiento de la obligación de rendir las cuentas anuales individuales, permítanme que les indique lo siguiente. Primero, las entidades integrantes del sector público administrativo, en general, cumplieron con dicha
obligación. Ha de destacarse que la cuenta de la Administración general y las de las entidades del sistema de Seguridad Social, así como las de 77 entidades de las 102 restantes de este sector que rindieron formalmente sus cuentas al tribunal, lo
hicieron dentro del plazo legal, que se extiende, como saben sus señorías, hasta el 31 agosto del ejercicio siguiente. A este respecto, con independencia del elevado número que continuó rindiendo sus cuentas fuera de plazo, se observó una
significativa mejora respecto al cumplimiento de ejercicios anteriores.



Segundo, dentro del sector público empresarial, 17 entidades con participación mayoritaria estatal no cumplieron la obligación de rendir sus cuentas anuales al tribunal y tampoco rindió sus cuentas consolidadas un grupo empresarial.
Asimismo, otras 19 sociedades mercantiles de capital íntegramente público, si bien participadas en un 50 por ciento por el Estado, tampoco rindieron cuentas, así como otras 4 sociedades en las que la participación del Estado era inferior a dicho
porcentaje. Por otra parte, aproximadamente el 70 por ciento de las entidades que presentaron sus cuentas lo efectuaron con retraso respecto al plazo legal, empeorando el porcentaje del ejercicio anterior.



Tercero, dentro del sector público fundacional, 7 fundaciones estatales incumplieron la obligación de


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rendir cuentas y 13 fundaciones las remitieron con posterioridad al plazo establecido. También figuran en el anexo. Las tengo aquí a su disposición, pero les hago gracia de no enumerarlas para no alargar mucho esta exposición primera.



Vamos a analizar la Cuenta General del sector público administrativo, empezando por valorar la regularidad formal y la representatividad. La Cuenta General del sector público administrativo está conformada, como saben, por el balance
consolidado, la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, el estado de liquidación del presupuesto consolidado y la memoria, en la que se incluyen estados con información presupuestaria agregada, desgloses de las liquidaciones del
presupuesto de gastos e ingresos e información relativa a modificaciones de crédito, obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados, compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, derechos a cobrar de presupuestos
cerrados, resultados de operaciones comerciales y remanente de tesorería, además de información agregada, como novedad, relativa a los fondos carentes de personalidad jurídica, de los consorcios y de los organismos públicos con presupuesto
estimativo.



En cuanto a la consolidación realizada, el tribunal manifiesta que, aunque se efectuó siguiendo la citada Orden de 12 diciembre del año 2000, no cumplía determinados requisitos técnicos recogidos en el documento Consolidación de cuentas en
el sector público, destacando que la información consolidada sobre la liquidación del presupuesto era muy limitada, restringida únicamente a las obligaciones y derechos reconocidos netos, sin incluir otras informaciones y otras fases
presupuestarias; que únicamente se habían consolidado el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el estado de liquidación del presupuesto y que no aportaba información sobre transacciones no eliminadas entre entidades integradas,
información que se había incorporado en ejercicios precedentes.



En la declaración del tribunal se exponen también ciertas deficiencias en las que se ha incurrido en la preceptiva publicación en el BOE de los resúmenes de las cuentas de las entidades que conforman esta Cuenta General, así como
determinadas carencias de homogeneidad, especialmente la falta de registro en el estado de liquidación de presupuestos de la Administración General del Estado de las previsiones iniciales del capítulo 9 de ingresos, referido a los pasivos
financieros, así como de las modificaciones de los diferentes capítulos de ingresos, a diferencia de otras entidades, o la diferente utilización del remanente de tesorería. Asimismo, se reseña cierta falta de consistencia interna dentro de la
estructura de algunas cuentas o en su relación con otra información contable, así como en la contabilización de operaciones recíprocas entre diferentes entidades, en el registro de derechos u obligaciones o la contabilización de transferencias y el
registro de otras operaciones, como consecuencia del distinto tratamiento contable previsto para las entidades del sistema de la Seguridad Social entre otras causas.



Igualmente, en relación con los informes de auditoría de estas entidades remitidos al tribunal, se indica que en 59 la opinión sobre la representatividad de sus cuentas fue positiva sin salvedades, mientras que en 2 de ellos la opinión fue
desfavorable, en 4 se denegó opinión y en 35 la opinión fue favorable con salvedades fundamentalmente derivadas de incumplimientos de principios contables y de deficiencias relacionadas principalmente con la contabilización y valoración del
inmovilizado.



En cuanto a la liquidación de los presupuestos y su análisis, atendiendo precisamente al contenido de una de las resoluciones adoptadas por esta Comisión mixta a partir de la declaración del ejercicio precedente, se ha incorporado en la
presente declaración un mayor desarrollo del análisis de la clasificación económica y por programas de los presupuestos. Dentro de la clasificación por programas, el área que absorbe mayor importe, el 41 por ciento del total de gastos consolidados,
es la de actuaciones de protección y promoción social, en la que se incluye el gasto por pensiones y desempleo, que han presentado un incremento del 6,1 y el 20,7 por ciento respecto al año anterior. No obstante, en comparación con el ejercicio
precedente, el mayor incremento del gasto se registró en el área de actuaciones de carácter general, en la que el mayor peso corresponde a las políticas de gasto relativas a la Administración financiera y tributaria, que pasó de 1.640 millones a
16.700 millones de euros, y a transferencias a otras administraciones públicas, que se incrementó de 60.701 millones a 73.778 millones. Estos incrementos se derivan, entre otras cosas, de las medidas adoptadas al finalizar el ejercicio y que se
articularon en tres reales decretos-leyes, por los que se concedieron créditos extraordinarios por un total de 23.000 millones de euros y por los que se crearon el Fondo para la adquisición de activos financieros, el Fondo estatal de inversión local
y el Fondo especial para la dinamización de la economía y el empleo y se adoptaron medidas para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y otras medidas complementarias.



Por lo que se refiere a la clasificación económica, se destaca que el 55,3 por ciento de los gastos consolidados corresponde a transferencias corrientes, en las que se incluyen los gastos por pensiones y otras prestaciones de la Seguridad
Social y las prestaciones por desempleo, así como las transferencias a comunidades autónomas, a corporaciones locales y al exterior. Por su parte, los gastos de personal se incrementaron en un 10,1 por ciento en el ejercicio, representando el 7,5
por ciento de los gastos totales. Los incrementos en los capítulos de transferencias de capital y activos financieros, por 9.327 y 18.938 millones de euros respectivamente, son consecuencia de las medidas extraordinarias a las que ya hemos aludido.



Pasando al capítulo de ingresos, en cuanto a la liquidación del presupuesto de ingresos, tenemos que resaltar


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la disminución de 27.916 millones en los derechos reconocidos netos por impuestos directos e indirectos, lo que supuso una reducción del 10,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, mientras que en el capítulo de pasivos financieros se
incrementaron en 49.034 millones, un 123,9 por ciento, respecto al importe del ejercicio anterior.



Por lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias, de acuerdo con la información que figura en la Cuenta General del sector público administrativo, los créditos presupuestarios iniciales, cuantificados en 366.987 de euros, se
incrementaron en 47.513 millones. Las modificaciones presupuestarias netas globales de la Administración General del Estado y de todos sus organismos supusieron un incremento del 15 por ciento de los créditos iniciales, muy superior al 7,9 por
ciento del ejercicio anterior, mientras que las modificaciones netas de las entidades del sistema de la Seguridad Social supusieron un incremento del 6,8 por ciento de los créditos iniciales, hasta alcanzar los 127.426 millones de euros. La figura
modificativa más utilizada fue, como saben sus señorías, la de créditos extraordinarios.



Todos los incrementos de crédito en el presupuesto del Estado de operaciones no financieras se financiaron en la forma prevista en el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y en la Ley General Presupuestaria, excepto
ampliaciones de crédito por 1.627 millones de euros, destinados a la liquidación definitiva del ejercicio 2006 de la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado y del Fondo de suficiencia a las comunidades y ciudades autónomas.

El resultado derivado del procedimiento seguido en la tramitación de estas partidas es que se realizó un gasto no financiero que no computó a efectos del Fondo de contingencia ni en el año 2007 ni en el ejercicio 2008. Por otra parte, se
financiaron mediante deuda pública créditos extraordinarios por 11.200 millones de euros, destinados a algunas de las medidas excepcionales que ya hemos mencionado. Asimismo, incrementos de crédito por operaciones financieras, por un importe total
de 24.277 millones de euros, se financiaron en un 98,4 por ciento mediante la emisión de deuda. En relación con el 1,6 por ciento restante, no se indica la vía de financiación, como sería deseable en aplicación del principio de transparencia.



En las entidades del sistema de la Seguridad Social destaca el incremento en el grupo de programas relativos a gestión financiera, en el que se incluyen los créditos destinados a la materialización del Fondo de reserva, que experimentaron un
incremento de 1.873 millones de euros, superior en un 19 por ciento a los del ejercicio anterior.



Por lo que se refiere a la ejecución presupuestaria -voy a ver si soy breve y claro-, segregado por su singularidades el capítulo de pasivos financieros y según los estados de liquidación del presupuesto consolidado, las obligaciones
reconocidas netas ascendieron a 332.905 millones de euros, mientras que los derechos reconocidos netos alcanzaron los 282.374 millones, deduciéndose un resultado presupuestario negativo de 50.502 millones. Por su parte, el resultado presupuestario
por operaciones comerciales ascendió a 30 millones frente a los 173 millones previstos.



Como síntesis de la ejecución de los presupuestos hay que señalar que, frente a la previsión de un resultado presupuestario negativo de 9.552 millones de euros, la Cuenta General del sector público administrativo presentó una desviación
global desfavorable de 40.950 millones, hasta alcanzar el mencionado resultado presupuestario negativo de 50.502 millones. Esta desviación derivó tanto de que no se vieran satisfechas las previsiones de ingresos como del incremento de los gastos en
todos los capítulos del presupuesto de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos. Ítem más, el Tribunal de Cuentas, en el examen de los estados de liquidación presupuestaria, constató diferentes deficiencias que implicaban
un incremento del resultado negativo en 3.055 millones de euros, hasta alcanzar el importe de 53.557 millones como resultado estrictamente imputable al ejercicio fiscalizado. Agregando a este importe la variación neta de pasivos financieros
positiva por importe de 46.802 millones, como consecuencia del mayor endeudamiento, resultaría un saldo presupuestario del ejercicio de signo negativo por un importe de 6.755 millones. Por otra parte, en la declaración se señala que al cierre del
ejercicio existían operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y que deberán ser imputadas a los presupuestos de ejercicios posteriores por un importe de 3.562 millones en ingresos y 3.384 millones en gastos, una parte importante de los cuales
pudo haberse regularizado.
Asimismo, de la información incluida en las cuentas individuales rendidas se deduce que el importe de gastos comprometidos con cargo a presupuestos de ejercicios futuros ascendía a 502.131 millones de euros, importe en el
que no estaban incluidos compromisos adquiridos por la Administración general y no registrados por un importe de al menos 956 millones.



Si hacemos un seguimiento de estos datos y cifras, en cumplimiento de un anterior acuerdo adoptado por los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en la declaración del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del ejercicio
2008 se presentan cuadros sobre la evolución de los resultados presupuestarios y de las partidas pendientes de aplicación al cierre de los ejercicios del periodo 2005-2008. Estos cuadros son muy fáciles de seguir y creo que en este sentido el
Tribunal de Cuentas ha dado cumplimiento a lo que de verdad se quería en el acuerdo adoptado por los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado. En estos cuadros se aprecia el importante cambio en la evolución del resultado presupuestario en
el año examinado, pasando de 20.232 millones del resultado presupuestario positivo en el ejercicio precedente, al importe ya mencionado de resultado presupuestario negativo. Asimismo, en las


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operaciones pendientes de aplicar a presupuesto se ha mantenido la evolución creciente de ejercicios precedentes, observándose un incremento muy significativo respecto a los importes del ejercicio anterior. Y atendiendo también a
determinadas resoluciones parlamentarias adoptadas en relación con la declaración del tribunal de anteriores ejercicios, se han incluido sendos breves epígrafes referidos a la presupuestación por programas y a las relaciones con la Unión Europea.
Voy a hacer una breve referencia a estos dos temas, repito, porque estamos cumpliendo uno de los mandatos de esta Comisión.



En cuanto a la presupuestación por programas, además de considerar inadecuado el mantenimiento de los programas de especial seguimiento, se señala que la normativa prevé la emisión a partir del ejercicio 2005 de un balance de resultados y un
informe de gestión en el que se evaluará el grado de ejecución de los objetivos previstos y el coste de los objetivos realizados. La Administración General del Estado no elaboró esta información en el ejercicio 2008 ni en los anteriores, ni aporto
ninguna explicación justificativa de esta carencia, mientras que los organismos públicos y las entidades del sistema de la Seguridad Social vienen, eso sí, remitiendo dichos documentos, si bien la información es incompleta, especialmente en relación
con los costes de los objetivos realizados.



Por lo que se refiere al otro tema, es decir, a las relaciones financieras con la Unión Europea, se ofrece una breve síntesis de las fuentes de estas relaciones y los procedimientos a través de los cuales se materializan, así como de las
limitaciones para alcanzar una cuantificación precisa de sus importes, ya que no todos los ingresos se canalizan a través de la Dirección General del Tesoro, resaltando cómo el saldo, aunque favorable a España, sigue una evolución sensiblemente
decreciente destacando la disminución del saldo en los años 2006 y 2008 en más de un 50 por ciento en relación con el ejercicio anterior, habiendo disminuido a partir del ejercicio 2005, aproximadamente, los ingresos comunitarios en un 24 por ciento
e incrementado la aportación española en un 3 por ciento.



Ahora vamos a detenernos a analizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En relación con el cumplimiento del límite máximo de gasto no financiero del Estado y del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido, se
señala que el importe previsto en los Presupuestos Generales del Estado fue de 152.331 millones de euros, inferior en 230 millones de euros al límite fijado por el Consejo de Ministros, si bien dichos créditos iniciales resultaron aumentados en el
ejercicio en un importe neto de 12.499 millones. Por su parte, las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 158.925 millones de euros, superando en 6.364 millones el límite fijado, a lo que habría que agregar el importe de las obligaciones
originadas en el ejercicio y pendientes de imputar al presupuesto. En relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, se resalta en nuestro informe, en nuestra declaración, en primer lugar, un año más, la carencia de
información sobre esta materia en la liquidación presupuestaria incluida en la cuenta general. En el informe requerido por el tribunal a la Intervención General de la Administración del Estado previsto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, se concluye que el resultado del ejercicio en términos de contabilidad nacional, por lo que se refiere al ámbito de la cuenta general del Estado, presenta un déficit de 22.038 millones de euros, lo que
representa un 2,02 del PIB, del producto interior bruto, con una desviación negativa respecto al objetivo fijado del 2,92 del PIB, incumpliéndose, en consecuencia, el objetivo de superávit previsto. Este déficit es consecuencia de la agregación
-esto hay que entenderlo bien- del déficit de 30.500 millones de la Administración General del Estado, organismos autónomos estatales y demás entes públicos, y del superávit de 8.462 millones del subsector de Seguridad Social, según la delimitación
sectorial del Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, el SEC-95. Frente a esta situación de déficit, se indica la capacidad de financiación del ejercicio precedente, según datos definitivos, que redujeron en 1.405 millones el importe
deducido de los datos provisionales, manteniéndose no obstante el cumplimiento del objetivo de estabilidad establecido con un resultado muy superior al previsto.



En los análisis efectuados de los ajustes incorporados por la Intervención General de la Administración del Estado sobre el resultado presupuestario hasta obtener la necesidad de financiación mencionada en términos de contabilidad nacional,
se concluye que se corresponden, salvo ligeras diferencias, con las salvedades puestas de manifiesto por el tribunal en el análisis de la liquidación presupuestaria o se basan en información, esta contable, asumida en sus propios términos por la
Intervención. Hay un voto particular acompañando a la cuenta, al que voy a hacer una brevísima referencia. En relación con la declaración aprobada mayoritariamente en el pleno del tribunal, prácticamente fue aprobada por todos, menos por el
consejero don Ubaldo Nieto de Alba, que emitió un voto particular, cuyo motivo principal fue la no inclusión en la misma de ningún análisis relativo al cumplimiento del principio y de las normas que regulan la transparencia en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2008, reiterando la discrepancia ya manifestada con ocasión de anteriores declaraciones. En dicho voto particular se reconoce la competencia del tribunal para abordar su análisis y se indica que
su fiscalización no solo resulta legal, sino también conveniente. Como está el voto entre la declaración, me parece oportuno sencillamente hacer referencia al mismo.



En cuanto a los análisis de los estados financieros, con la mayor brevedad diré lo siguiente. Por lo que se refiere al balance consolidado, el importe total del balance consolidado del sector público administrativo al cierre del ejercicio
ascendió a 344.032 millones de euros. En


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relación con el mismo cabe señalar las siguientes incidencias. El inmovilizado de la Administración General del Estado presenta diversas deficiencias, algunas de ellas señaladas reiteradamente en declaraciones de ejercicios anteriores, como
es la no incorporación del detalle previsto en la Orden ministerial de 2002. Así, por ejemplo, continúa careciendo de inventarios correctamente elaborados y actualizados de los elementos y categorías que conforman el inmovilizado material y se
mantiene por diferentes motivos la infradotación a su amortización.
Asimismo, se observaron múltiples deficiencias en los inventarios de los organismos, así como la carencia de un criterio homogéneo en el tratamiento contable de operaciones
similares de las que se ofrece una amplia información en la declaración. Me remito a ella para no cansar a sus señorías.



En relación con las entidades del sistema de Seguridad Social, también se destacan las deficiencias del inventario de la Tesorería General que, entre otras consecuencias, no permite correlacionar su información con los saldos contables, así
como que sus balances siguen incluyendo en la cuenta de construcciones los inmuebles entregados en uso a las comunidades autónomas y los edificios adscritos a diferentes fundaciones hospitalarias por un importe de 3.143 millones de euros y que son
anualmente amortizados, pese a no disponer de su uso. Continúa figurando en la cartera de valores de la Administración General las aportaciones efectuadas para ampliaciones de capital de diferentes empresas y que el Tribunal de Cuentas ajusta en su
análisis de la liquidación presupuestaria por considerar que su finalidad es atender gastos derivados de determinadas celebraciones y no inversiones de capital.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas reitera un año más la conveniencia de conciliar las
obligaciones y los derechos derivados de las relaciones entre la Administración General y la Seguridad Social y de adoptar las medidas pertinentes para la amortización de los préstamos en su día concedidos a la Seguridad Social y que el Estado asuma
la carga patrimonial que pudiera derivarse de dichas relaciones. Respecto a las inversiones financieras permanentes de la Seguridad Social, se destaca el incremento del 28,3 por ciento, debido fundamentalmente a la materialización a largo plazo del
Fondo de reserva. En cuanto al activo circulante, en la rúbrica de otros deudores figuran, entre otros, pagos pendientes de aplicación por 3.607 millones de euros, entre los que se incluyen los anticipos a las comunidades autónomas a cuenta de la
liquidación definitiva de los tributos cedidos. Respecto a los deudores presupuestarios pendientes de cobro en 2008, la Tesorería General de Seguridad Social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social,
el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial continuaban sin registrar contablemente los derechos de cobro por un importe conjunto de 3.170 millones. En relación con los deudores no presupuestarios de la Seguridad Social
correspondientes a prestaciones indebidamente percibidas, se destaca la asistencia de numerosos deudores cuya antigüedad era superior a los cuatro años, con las consiguientes dudas sobre su cobrabilidad. En el área de tesorería, junto a
determinadas deficiencias contables, se destaca que algunas entidades mantenían excedentes de tesorería muy elevados en relación con las obligaciones a satisfacer a corto plazo, lo que debería tenerse en cuenta al elaborar los correspondientes
presupuestos. En cuanto al pasivo, al analizar la rúbrica de patrimonio se constató, aunque se había mejorado la información de la memoria, la falta de correspondencia en el registro de los bienes cedidos y de los bienes recibidos entre la
Administración y diferentes organismos, resultando una sobrevaloración de 10.530 millones de euros. Los fondos propios de las entidades del sistema de la Seguridad Social resultaron un año más positivos, alcanzando a 31 de diciembre de 2008 un
importe de 67.402 millones de euros, con un incremento del 28,3 por ciento respecto al ejercicio anterior. Se reitera de nuevo en este ejercicio el inadecuado tratamiento contable del Fondo de reserva, que ascendía al final del ejercicio a 56.358
millones de euros, así como de sus rendimientos implícitos.



En cuanto al endeudamiento, en el análisis del mismo se señala que el endeudamiento total de la Administración del Estado al final del ejercicio alcanzaba la suma de 410.501 millones de euros, con un aumento del 21,4 por ciento respecto al
del ejercicio anterior, mientras que el de las entidades del sistema de la Seguridad Social descendió un 9,7 por ciento, alcanzando el importe de 30.372 millones de euros, del que el 97 por ciento correspondía a deudas con administraciones o
entidades públicas. En este ejercicio, de conformidad con la posición mantenida por el tribunal en anteriores ejercicios, se ha asumido por la Administración del Estado la deuda mantenida por el Ministerio de Defensa con la empresa Navantia y la
asumida con Renfe. Asimismo, dentro de las deudas a corto se registró la asunción por la Administración General del Estado de la deuda de Radiotelevisión Española por 240 millones de euros. La cuenta consolidada del resultado económico patrimonial
del sector público administrativo presentó un resultado negativo de 14.509 millones, cifra que contrasta con el resultado positivo de 43.342 millones del año 2007.
Por subsectores, el resultado fue negativo en la Administración General del Estado,
por 25.244 millones, frente al ahorro del ejercicio anterior, por 28.049 millones, como consecuencia fundamentalmente de la disminución de los ingresos tributarios, y en los organismo autónomos del Estado, por 5.146 millones, mientras que fue
positivo en las entidades del sistema de la Seguridad Social y en el resto de entidades. El Tribunal de Cuentas cuantifica en 6.792 millones de euros el importe negativo neto derivado de operaciones pendientes de regularización, importe que deberá
ser soportado por ejercicios posteriores.



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La memoria de la cuenta general del sector público administrativo presentaba, como se ha señalado anteriormente, algunas novedades referentes al remanente de tesorería y a la información agregada de los presupuestos de explotación y capital
de los consorcios, organismos públicos y fondos carentes de personalidad jurídica, aunque seguía sin aportar la información necesaria para conocer e interpretar adecuadamente los saldos contables. A este respecto cabe recordar que en una de las
mociones elevadas a esta Comisión por el tribunal se describía y se proponía el contenido que debería aportar la memoria de la cuenta general, propuesta que no ha sido atendida.



Brevísimamente me voy a referir a las otras dos cuentas: a la del sector público empresarial y a la fundacional, para dejar así cerrada la exposición de la declaración que nos ocupa esta mañana. En cuanto al sector público empresarial, ya
se ha comentado el procedimiento seguido para su elaboración. En cuanto al procedimiento ha de señalarse que la agregación de los estados consolidados de los grupos empresariales y de otras cuentas individuales no ha estado acompañado de los
pertinentes ajustes y eliminaciones de las operaciones realizadas entre grupos y entidades, lo que unido a otras deficiencias ha dificultado que la cuenta general refleje más adecuadamente la realidad económica y financiera y los resultados de la
actividad del sector público empresarial estatal.
Por lo que se refiere al análisis de los estados financieros, tengo que decir que el balance agregado de la cuenta general del sector público empresarial ascendió a un total de 108.547 millones de
euros; que dentro del activo cabe destacar el inmovilizado material, que representa el 57,7 por ciento del total, en el que más de la mitad corresponde a los grupos ADIF y AENA, si bien el inmovilizado material del grupo Renfe-Operadora estaba
infravalorado. En el activo corriente destaca la cuenta de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuyos importes alcanzan el 10,4 por ciento del total del activo, correspondiendo en su mayor parte a los grupos Loterías y Apuestas del
Estado, ADIF y SEPI y al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. El patrimonio neto ascendió a 55.563 millones de euros, en el que estaban incluidos unos fondos propios negativos por 2.402 millones, que correspondían en su práctica
totalidad al grupo Radiotelevisión Española. Dentro del pasivo, la mayor parte de las deudas a largo plazo provenían del grupo AENA, mientras que en las deudas a corto destacaban las correspondientes a los grupos AENA, Radiotelevisión Española en
liquidación y ADIF. La cuenta de pérdidas y ganancias agregada representaba un resultado positivo de 2.346 millones de euros, originado fundamentalmente por el beneficio de 2.898 millones, obtenido por el grupo Loterías y Apuestas del Estado, la
joya de la corona. Entre las entidades que habían obtenido pérdidas destaca Expoagua Zaragoza 2008, con 479 millones, y los grupos Radio TV en liquidación, Renfe-Operadora y AENA, como consecuencia en gran medida de los gastos financieros que
soportaron las entidades cabeceras de estos grupos. Y en relación con el Estado de cambios en el patrimonio neto agregado, destacaron las variaciones originadas por los aumentos de capital, en particular ADIF, Renfe-Operadora y Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial, que recibieron unas aportaciones de 1.352.451 y 423 millones respectivamente, y de Expoagua Zaragoza 2008, S.A., que incrementó su capital social en 224 millones, de los que 161 fueron aportados por el Estado.
Asimismo, cabría destacar la incidencia de otras operaciones a las que ya se han hecho referencia en otros apartados y que también hago gracia a sus señorías. Entre otras cosas, están perfectamente identificadas en el informe y en los anexos. En
cuanto a la liquidación de los presupuestos del sector público empresarial, tengo que decir que la cuenta general del sector continuaba sin proporcionar información alguna en materia de planificación de la actividad económico-financiera de dicho
sector y de la ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades que lo integran, con incumplimiento de lo establecido en el artículo 130.2 de la Ley General Presupuestaria. Por lo que se refiere a la memoria, la información ofrecida
resulta insuficiente para explicar la composición de los estados financieros, aspecto de gran relevancia en este caso, dado el escaso grado de desarrollo que presentan y la diversa naturaleza y procedencia de las operaciones agregadas que se
recogen, insuficiencia que se habría paliado de haberse ajustado la memoria a las prescripciones establecidas en el Plan general de contabilidad vigente para la empresa española.



En cuanto a la tercera parte de la cuenta general, la del sector público fundacional, tenemos que decir con mucha brevedad que los análisis efectuados han permitido constatar que la cuenta general de este sector es internamente coherente, es
concordante con las cuentas individuales agregadas y que su estructura se ajusta a lo dispuesto en la normativa reguladora. El balance agregado ascendió a 1.175 millones de euros. En relación con los inmuebles o bienes cedidos por sus patronos
para la realización de su actividad propia, algunas fundaciones no tenían valorado el derecho de uso sobre los mismos, ni tampoco lo registraban como inmovilizado intangible. En el activo circulante es de destacar el elevado saldo de la partida
efectivo y otros activos líquidos equivalentes, que representaba nada más y nada menos que el 40,6 por ciento del activo corriente. En cuanto al pasivo, cabe indicar que una fundación presentaba fondos propios negativos y que los fondos propios
eran inferiores a la dotación fundacional en otras cinco entidades. Se recogen perfectamente estos datos en la declaración y en los anexos. El resultado de la explotación agregado de las 48 fundaciones integradas en la cuenta general ascendió a
5,6 millones de euros y el resultado financiero a 15


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millones, generando por lo tanto un resultado positivo antes de impuestos de 20,6 millones. Por otra parte, 33 fundaciones obtuvieron un excedente positivo, mientras que 3 presentaron un resultado nulo y 12 un resultado negativo. En cuanto
al análisis de la declaración presupuestaria de la liquidación de los presupuestos del sector fundacional, se observaron discrepancias entre los datos de los presupuestos de explotación y de capital que aparecen en los estados de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado del ejercicio y los que figuraban en la cuenta general de este sector. Por lo que se refiere a su ejecución, se constataron desviaciones -en algunos casos muy significativas en términos relativos- respecto a los
saldos presupuestados, principalmente en operaciones de fondos tanto en el capítulo de ingresos como en su aplicación. Por lo que se refiere a la memoria, continúa presentando deficiencias o carencias de información al no ajustarse su contenido a
lo establecido en la adaptación del Plan general de contabilidad que es de aplicación, como saben sus señorías; carencias que se han trasladado a la memoria general con independencia de la información por esta aportada.



Concluyo, señora presidenta, señorías. Muchas gracias por su atención.
Quizá he sido demasiado extenso en la exposición, pero he tratado de recoger los aspectos más importantes para que puedan servirnos para analizar luego con ustedes
aquellas cuestiones que estimen de mayor interés. En cumplimiento de los acuerdos adoptados por los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado en relación con las declaraciones de anteriores ejercicios, en relación con la cuenta general del
Estado del ejercicio 2008, el tribunal ha efectuado un seguimiento de las resoluciones acordadas tras el examen de la declaración sobre las cuentas generales de los ejercicios 2000 y 2001, entendiendo que se había dispuesto de plazo suficiente para
llevar a cabo las actuaciones necesarias para incorporar lo contemplado, lo solicitado en las citadas resoluciones. Aunque se han podido constatar ciertos avances -no todo ha sido negativo- en el proceso de consolidación de la cuenta general y en
la corrección de determinadas deficiencias, como la asunción de determinadas deudas por la Administración General del Estado a las que ya he hecho referencia, la conclusión general, señora presidenta, señorías, es que se mantienen pendientes de
subsanar muchas de las deficiencias puestas de manifiesto en ejercicios precedentes y que se han visto reiteradas en la exposición de los diferentes apartados de la presente declaración.



La señora PRESIDENTA: Gracias, presidente, por su prolija exposición.



Tiene a continuación la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Aguirre.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Núñez, presidente del Tribunal de Cuentas, por esta larga exposición en la que incluso hemos podido prestar una detenida atención a la evolución de los datos de las cuentas públicas al
cierre del ejercicio 2010 con motivo de la última rueda de prensa de la vicepresidenta segunda.



Señora presidenta, tengo que empezar esta intervención lamentando que nuevamente en el mes en curso hayamos conocido que el paro en febrero ha vuelto a darnos una mala y muy desagradable noticia alcanzando los 4.300.000 parados, que es la
mayor cifra registrada en la fase de crisis.
Hay en este momento 68.260 parados más. La mala noticia que hoy recibimos tenemos que sumarla a la muy mala noticia que recibimos la semana pasada de que aparece una nueva amenaza en el entorno
económico, como es la inflación descontrolada, que sumada a este paro y a la situación de estancamiento, crea un círculo absolutamente perverso en la economía real, en las economías domésticas. Por esta razón, tengo que lamentar en nombre de mi
grupo la mala evolución de los datos de paro que hoy hemos conocido.



Se refería el señor presidente a que se había producido una cierta corrección de los saldos de las cuentas públicas en el año 2010 y que eso contrastaba con la cuenta que íbamos a analizar en el año 2008. Sí, es cierto que se ha producido
en 2010 una cierta corrección del saldo, pero hay que decir por qué motivos se ha producido esa corrección. La razón no es otra que el Gobierno de la nación, con el señor Zapatero al frente, ha subido de manera muy intensa los impuestos. Es decir,
la corrección que se ha producido en el déficit, la corrección del déficit que soportan los españoles, se hace a través del incremento de los impuestos y no con menos gasto. Nuevamente recibimos del Gobierno del señor Zapatero una señal de falta de
compromiso con la austeridad. Por si faltara poco, hemos tenido que ver en las valoraciones de esas cuentas del año 2010 que la Seguridad Social registra por primera vez déficit desde el año 1998.
Es decir, a las preocupaciones que tenemos en el
cuadro económico español tenemos que añadir dos nuevas, la de los precios de la semana pasada y ahora la del déficit de la Seguridad Social. En definitiva, creemos que las medidas que el Gobierno ha adoptado recientemente no solo no corrigen, sino
que de alguna manera están excitando aún más los desequilibrios de la economía española.



Entrando directamente en la cuestión que hoy nos convoca, que es el examen de la cuenta del año 2008, quiero compartir con sus señorías que esta es una cuenta muy importante por dos razones. Esta es la cuenta del año en que comienza la
legislatura presente, es la cuenta que se produce en el ejercicio en el que hay elecciones generales que se hacen bajo el prisma de empleo para todos, la situación económica mejor de todas las economías europeas y la propuesta de tener el mejor
sector financiero de toda la comunidad internacional. Recordarán sus señorías que al inicio del año 2008 al señor Zapatero se le llenó la boca de decir que en España no había crisis, prometía el pleno empleo, y además decía que contábamos con la
economía más fuerte de las


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homólogas europeas y que teníamos el sector financiero más solvente de toda Europa. Año 2008; palabras del señor Zapatero.



En ese año 2008 empieza esta legislatura, pero es también cuando empieza la traición del señor Zapatero al pueblo español. Una traición claramente reflejada cuando nos hemos podido enterar por los medios de comunicación de que el cuerpo de
inspectores del Banco de España, en una carta dirigida en mayo de 2006 al señor Solbes, le anticipaba exactamente todo lo que iba a ocurrir a partir del cambio de coyuntura. Recordarán sus señorías perfectamente que a finales de febrero de 2008,
cuya cuenta estamos analizando, se produjo un debate que tuvo una relevancia política en las cámaras de televisión; un debate entre el número dos del Partido Socialista por la lista de Madrid y en aquel momento vicepresidente económico del Gobierno
socialista, el señor Solbes, y el número dos de la lista del Partido Popular por Madrid, el señor Pizarro. Si recuerdan aquel debate, el señor Solbes, vicepresidente económico del señor Zapatero, dijo que no había crisis, que estábamos en la
economía más sólida y ante el sector financiero más solvente. El señor Solbes mintió a los españoles, porque ya tenía en su poder...



La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, usted podría dedicar su tiempo -no puede, pero bueno- a lo que quisiera, pero le recuerdo que lleva cinco minutos y no se está dedicando al análisis del punto del orden del día que hoy traemos, sino a
otras cuestiones, como debates electorales, análisis de una rueda de prensa de la ministra, etcétera. Yo le ruego que se atenga en su intervención al punto del orden del día que hoy examinamos, que es el informe que ha presentado el presidente del
Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2008.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Señora presidenta, estoy haciendo una introducción para que sepamos qué estaba ocurriendo en el año 2008 y el porqué de este presupuesto. Esta introducción va a ver usted que esta perfectamente conectada con los
calificativos que voy a hacer a renglón seguido sobre el examen de la cuenta.



Decía que el señor Solbes en aquel debate conocía perfectamente esta carta, que se la voy a hacer llegar, señor presidente, para que tenga conocimiento usted también de que el Gobierno, en el año 2008, cuando hizo los presupuestos que hoy
examinamos, sabía lo que sabía. Sabía que el cuerpo de inspectores del Banco de España tildaba la situación económica de delicada, tildaba la situación del sector constructivo e inmobiliario de frágil y avisaba que la burbuja inmobiliaria tendría
grandes consecuencias sobre la sociedad española e introduciría a las familias españolas en grandes dificultades. Ya sé que esto a alguien le puede parecer -y ya lo ha dicho- que son afirmaciones para historiadores; pues no. Esto es cómo se
empieza a engañar el pueblo español en el año 2008 y eso es lo que hace la cuenta general de 2008 que ahora vamos a analizar.



Voy a hacer unas consideraciones de carácter general porque viene siendo una constante en los últimos años que llevamos debatiendo la cuenta general del Estado y probablemente le tenga que ofrecer al Grupo Parlamentario Socialista, al Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, al Grupo Parlamentario Mixto, a todos los grupos de la Cámara, que alguna parte de las propuestas de resolución relativas a esta cuenta general deberíamos consensuarlas; sobre todo aquella parte que concierne a
la corrección de las insistentes formalidades que son saltadas a la torera ejercicio tras ejercicio. Por cierto, en una nueva aportación del Tribunal de Cuentas -que este Grupo Parlamentario Popular agradece-, en este cuenta general aparece en un
apartado especial el seguimiento del incumplimiento reiterado -ordinario, yo diría- de asuntos tales como que las cuentas no llegan a tiempo; que hay organismos, entidades, consorcios, patronatos o fundaciones que no rinden cuentas; o lo que es
peor, hay organismos que tienen el coraje -voy a decirlo entre comillas, porque diría otra palabra- de aportar sus cuentas con auditorías con informes llenos de salvedades y les da lo mismo, año tras año. Hay incluso dos organismos que nos
presentan informes de auditoría desfavorables; estoy hablando de la Confederación Hidrográfica del Segura y del Parque de la Maquinaria. Y hay cuatro organismos que deniegan la opinión los auditores porque consideran que no están en condiciones de
poner opinión auditada de lo que les facilitan estos organismos, y estoy hablando -ni más ni menos- que de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, del Guadalquivir y del Tajo. A estos señores se les escapa la necesidad de cumplir con las leyes
y con los mandatos del Tribunal de Cuentas y la Ley General Presupuestaria.



Señorías, mi partido ofrece a todo el arco parlamentario que consensuemos de una vez por todas un conjunto de medidas para poner pies en pared y que no se vuelva a producir la reiteración de que hay organismos que llegan tarde, organismos
que llegan incompletos y organismos que llegan con auditorías plagaditas de salvedades y de informes desfavorables. Creo que no solo la informática -como bien se ha dicho reiteradamente por el Tribunal de Cuentas- puede favorecer que cumplamos con
los plazos establecidos, que homogeneicemos los documentos que tiene que recibir el Tribunal de Cuentas -deberíamos consensuar de qué manera fortalecemos el sistema informático de toda la Administración pública- sino que además tendremos que
imaginar alguna norma, señorías, que ponga como en cualquier examen una calificación y por tanto, si cabe, alguna consecuencia para aquel que de manera reiterada incumple. Ya veremos cuando este portavoz alcance el punto referido a las fundaciones,
donde el asunto comienza a ser un burlar la disciplina presupuestaria, hecho casi por profesionales.



Señor presidente, nos ha indicado que estamos ante un presupuesto con elevadísimas cifras de modificaciones presupuestarias. Aquí retomo, señora presidenta, por qué en aquel año en que estaban pasando las cosas


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que estaban pasando, la del engaño a la ciudadanía española, se produjo otro engaño mayor, y es que el presupuesto no respondía a lo que realmente necesitaba la economía de ese momento. De ahí viene que tengamos este abultadísimo y
voluminoso número de modificaciones de crédito, que asciende, como ha reconocido el informe del Tribunal de Cuentas, a 47.513 millones, que representa, ni más ni menos, una desviación del 16 por ciento sobre los créditos iniciales aprobados por esta
Cámara. Luego hablaremos de la distancia que hay entre las modificaciones de créditos aprobadas por esta Cámara y las modificaciones de crédito donde esta Cámara no puede aprobar nada. Al final, en el apartado correspondiente, trataremos esta
manía de gobernar a base de decretazos.



Está claro que las modificaciones de crédito en la cuenta de 2008 se duplican y dejan al descubierto que los presupuestos que aquí aprobamos no representaban realmente la política que necesitaba la economía española. Pero cuando nos vamos a
la ejecución presupuestaria es cuando ya obtenemos el certificado clarísimo de que la institución presupuestaria es arrastrada con demasiada frecuencia por los incumplimientos. Hubo una previsión inicial de la ejecución presupuestaria con un
resultado negativo de 9.552 millones. Hemos escuchado al presidente del Tribunal de Cuentas decir que el resultado negativo ha alcanzado 50.000 millones; la friolera de 40.000 millones de desviación. Por lo tanto, seguimos acreditando que la
institución presupuestaria no refleja las políticas que necesita la economía española. ¿Y por qué no lo refleja? Sencillamente, porque se hacen previsiones voluntaristas para salir del trámite del debate en el Parlamento, se hacen previsiones para
engañar a la ciudadanía española.
¿O es que acaso no se sabía que la economía española estaba en crisis? El señor Solbes decía: No hay crisis, la economía es más fuerte, el sector financiero más solvente. Pero en el año 2008, esa economía
fuerte, esa economía solvente perdió ingresos de una manera absolutamente cercana al hundimiento de la recaudación fiscal. Tomen nota, señorías, la caída de ingresos que se ha provocado en figuras como el IRPF ha sido del 13 por ciento sobre la
previsión. En el impuesto de sociedades, es decir, en el tejido empresarial, en el que tiene que crear empleo, la caída de recaudación ha alcanzado el 40 por ciento. Esto quiere decir que estamos destruyendo tejido, que estamos destruyendo
actividad económica. Claro, no había crisis; había pleno empleo; éramos los mejores de Europa. Y en el IVA, la recaudación cae el 24 por ciento. En el conjunto de las figuras tributarias de nuestro sistema tributario se produce un hundimiento
de la recaudación del 14 por ciento. Eso pasa por engañar, por no querer reconocer la crisis ni saber lo que viene realmente en la economía, y mientras tanto, esta desviación del resultado negativo de la ejecución presupuestaria de 50.000 millones
se produce no solo por el hundimiento de ingresos, sino también por el incremento despavorido de los gastos; en todas las rúbricas, en todos los componentes, las obligaciones reconocidas han sido muy superiores a las que figuraban en el presupuesto
aprobado en el año 2008. Es lógico que esto termine con un resultado presupuestario negativo. Y aquí vienen, señor presidente, varias peticiones de este grupo al Tribunal de Cuentas y por tanto a la presidencia que usted ostenta. Si se está
haciendo una presupuestación irreal y luego se están produciendo unas modificaciones de crédito intensas, una ejecución presupuestaria a través de decretos, lo que está ocurriendo en la institución presupuestaria española es el descrédito, la falta
de credibilidad, la falta de confianza, en definitiva, de la responsabilidad de los gobernantes, ya que nuestra institución presupuestaria está perdiendo credibilidad.



En este marco de pérdida de credibilidad, señor presidente -lo ha mencionado de pasada en su intervención-, me gustaría que dijera sí se ha cumplido el techo de gastos que aprobó el Consejo de Ministro el día 25 de mayo de 2007, en lo que al
presupuesto del año 2008 se refiere. Si en todos los debates políticos estamos diciendo que todo el mundo tiene que tener un techo de gastos -comunidades autónomas y Administración central- y aquí hacemos un incumplimiento flagrante del techo de
gasto, me gustaría que no lo dijera el Grupo Popular sino que lo diga el Tribunal de Cuentas. Señor presidente, ¿se ha cumplido el límite de gastos que aprobó el Consejo de Ministros el 25 de mayo de 2007?


Ha hablado usted del objetivo de estabilidad presupuestaria, tema de una importancia máxima. Ha venido usted a decir que hemos dado un salto cualitativo de situaciones de superávit a situaciones de déficit. Yo le quiero preguntar también
en el marco de los cumplimientos o incumplimientos: ¿Se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria marcado para la cuenta del año 2008?


Tercera cuestión de cumplimientos e incumplimientos. Me ha parecido que ha pasado usted deprisa con una afirmación rotunda y que daba por zanjado el tema cuando ha querido hablar del principio de transparencia, hasta el punto de que creo
que le he escuchado decir que es imposible poder calificar el cumplimiento del principio de transparencia porque no hay elementos para alcanzar esa conclusión. Entonces le quiero preguntar: ¿Se ha cumplido el principio de transparencia en la
cuenta? A nuestro juicio, señor presidente, se ha incumplido el límite de gastos, se ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y se ha incumplido el principio de transparencia. Sin embargo, preferimos que en vez de decirlo el Grupo
Popular lo diga una institución como el Tribunal de Cuentas, que tiene en este sentido acreditada opinión al respecto.



Por último, tendríamos que preguntarle sobre la evolución de la deuda pública, porque con tanta modificación y tanta desviación, todo esto al final hay que financiarlo a través de diferentes elementos. Si la recaudación y los impuestos
están cayendo, la única forma


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de financiar esto es a través de deuda pública. Nos ha dicho que en términos absolutos el endeudamiento español en 2008 alcanzó los 410.000 millones de euros, algo así como 49.000 millones más de incremento respecto del año anterior; la
friolera del 21,4 por ciento en relación con el año 2007. Ya tenemos aquí, al lado de lo que he mencionado al inicio del paro, el estancamiento en crecimiento y el disparate de la formación de precios, otro nuevo desequilibrio de la economía
española excitado, que es el límite de endeudamiento de nuestra Administración central. Señor presidente, ¿qué valor le da a la evolución de la deuda pública, ligada a la evolución del déficit que presenta el ejercicio y las cuentas de 2008?


Este grupo quiere pasar rápidamente por el sector público empresarial y por el sector público fundacional, por lo que no dejaré de hacer una mención a los mismos. El presidente del Tribunal de Cuentas ha calificado de joya de la corona a
nuestro sistema de loterías públicas. Yo también lo haría así; creo que es un organismo que genera...



La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, le recuerdo que lleva veinte minutos de intervención, por lo que le ruego que intente ser lo más sintético posible en lo que le quede de la misma.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Estoy terminando, señora presidenta, pero la cuenta general tiene infinidad de datos que es bueno repasar, así como aprovechar la oportunidad de tener aquí al presidente.



La señora PRESIDENTA: Por eso lleva usted el doble de tiempo de intervención, pero como veo que todavía le quedan asuntos pendientes, le ruego que intente sintetizar para que el resto de sus compañeros dispongan del mismo tiempo.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Tres asuntos pendientes, señora presidenta.
Como decía, en el sector público empresarial la joya de la corona son las loterías, y aquí estamos pensando en intentar desinvertir en esta materia. No sé si será el
momento más adecuado para cambiar al presidente de la institución, pero lo que no me parece es que sea el momento más adecuado para hacer esta desinversión dado que es una de las cosas que funciona razonablemente bien a la hora de obtener ingresos,
en un momento en el que vemos que los ingresos están cayendo. Me preocupa que en el sector público empresarial no figuren las cuentas agregadas de 21 entidades. Señor presidente, me gustaría saber, no ya quienes son, dado que está en el documento,
sino a qué se debe. Por lo que deduzco -aquí vuelvo a llamar al consenso-, falta información en materia de actividad económica y financiera; incumplen lo establecido en la Ley General Presupuestaria; hay una ausencia de información sobre las
desviaciones presupuestarias en cuantías relevantes -eso lo dice el Tribunal de Cuentas- en el sector público empresarial, y todo esto no permite efectuar una comparación entre los presupuestos aprobados en el sector público empresarial y su
ejecución. Me parece gravísimo que el sector público empresarial presente estas carencias, que lo diga la cuenta general del Estado y que nos quedemos tan tranquilos. En este punto, vuelvo a decirle al arco parlamentario que habría que hacer algo
para poner pie en pared a este cúmulo de inacciones. Y cuando llego al sector público fundacional se me abren las carnes. Dice claramente: La representatividad efectuada es negativa; no incluye la liquidación de los presupuestos de las
fundaciones agregadas; hay un elevado número de fundaciones que no se integran, y hay siete fundaciones -habrá que publicarlas- que no envían las cuentas. Está claro que a estos señores de las fundaciones no tenemos forma de seguirles nunca, año
tras año, en lo que hacen con los dineros que tienen.



Para terminar, señora presidenta, quiero señalar que al analizar la liquidación de los presupuestos el señor presidente ha recordado que el mayor incremento de gasto se deriva de las medidas adoptadas al finalizar el ejercicio 2008, medidas
que se articulan en tres reales decretos-leyes por los que se concedieron créditos extraordinarios por un total de 23.000 millones de euros. Así, se creó el Fondo para la adquisición de activos financieros, el Fondo estatal de inversión local y el
Fondo especial para la dinamización de la economía y del empleo. Pues bien, desde el punto de vista de las instituciones de control -el Parlamento es una de ellas- estas medidas se prestan a importantes reflexiones y a muchas más consideraciones
para determinar si el camino normativo escogido para dar vida a las medidas adoptadas, es decir, los reales decretos-leyes -tenemos experiencia reciente de algunos más nuevos-, es el más correcto, y en este sentido tengo que recordar que en el
sector financiero vamos por el sexto real decreto-ley. Por tanto, creo que es importantísimo que el incremento de gasto público que llevan aparejados estos reales decretos-leyes y en consecuencia el consiguiente endeudamiento, no sé si el
procedimiento seguido no supondrá desvirtuar la naturaleza del instituto presupuestario al hurtar su conocimiento procedimental a estas Cortes, recortando su función esencial de examen, enmienda y aprobación. Señor presidente, ¿a qué conclusión ha
llegado el Tribunal de Cuentas sobre este asunto que le acabo de decir, sobre la intensidad de gobernar a través de reales decretos-leyes, decretazo a decretazo, en algún sector -como he dicho- hasta seis?


Gracias, señora presidenta por su amabilidad y gentileza en el tiempo que le ha otorgado a este portavoz.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aguirre, pero mi gentileza es la de todos los miembros de la Comisión que le hemos estado escuchando y del propio presidente del Tribunal.



A continuación, en nombre de Convergència i Unió, la señora Riera tiene la palabra.



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La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, antes de empezar con el análisis de la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2008, presentada por el presidente del Tribunal de Cuentas ante esta Comisión, desearía comenzar mi
intervención resaltando una vez más la importante labor del tribunal en su tarea fiscalizadora que, en opinión de nuestro grupo, es especialmente trascendente cuando se refiere al análisis del conjunto de las cuentas públicas del Estado. Además, es
una tarea más relevante si cabe en un momento económico como el actual, en el que deben controlarse más que nunca -siempre debe ser así pero especialmente en estos momentos más críticos desde el punto de vista económico y financiero- los gastos del
sector público para evitar incrementos del déficit, que es uno de los grandes ejes de reconducción y asignatura pendiente que tenemos y que está condicionando nuestra economía.



Antes de entrar en cuestiones relacionadas con el análisis de las cuentas del ejercicio 2008, mi grupo cree que es necesario hacer una referencia al contexto económico del ejercicio 2008 -cuyas cuentas se analizan- y recordar que el Consejo
de Ministros, en su reunión del día 25 de mayo del año 2007, estableció el objetivo de estabilidad presupuestaria para el trienio 2008-2010, que para el conjunto del Estado -sus organismos y la Seguridad Social-, por lo que se refiere al ejercicio
2008, se fijaba en un superávit del 0,9 del PIB, siendo este el resultado de la suma del superávit del 0,3 del producto interior bruto previsto para el Estado y sus organismos más el superávit del 0,6 del PIB para la Seguridad Social.
Sin embargo
-la información enviada a la Comisión Europea en septiembre de 2009 así lo evidencia-, se concluyó por parte del Ministerio de Economía y Hacienda que el resultado del ejercicio 2008 en términos de contabilidad nacional, por lo que se refiere al
ámbito de la cuenta general del Estado, presentaba un déficit de 22.038 millones de euros, lo que representaba un 2,02 del PIB, con una desviación negativa respecto del objetivo fijado del 2,92 del PIB, incumpliéndose en consecuencia el objetivo de
superávit previsto, con una desviación notable e importante.
A ello cabe añadir que el ritmo de respuesta por parte del Gobierno y por derivada del resto de administraciones públicas al inicio de la crisis especialmente, no fue el adecuado y
condicionó el proceso de recuperación, reactivación o al menos de freno de la misma. Este era el contexto en el año 2008 y que, con alguna tímida señal de mejora -y esperemos que estas señales de mejora vayan a más-, continuamos viviendo aún: una
situación económicamente crítica; sobre todo, la elevadísima tasa de paro que sufren nuestra sociedad y nuestra economía, y que es creciente, lo evidencia y lo pone de manifiesto. Creemos, señor presidente, señorías, que es importante hacer
referencia al contexto económico y a las desviaciones entre lo establecido, lo previsto y lo presupuestado por el Gobierno y la realidad final del ejercicio 2008. Es importante también por la vinculación y para entender el análisis desde el punto
de vista más estrictamente financiero que se hace en la cuenta general del Estado de 2008.



Dicho esto de carácter más general y habiendo hecho referencia al contexto económico que, repito, tiene también importancia ponerlo de manifiesto, entraré en el análisis más detallado de lo que el Tribunal de Cuentas ha expuesto en la
declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2008. Quiero señalar, desde el grupo que represento, que valoramos positivamente las mejoras que el tribunal expone y que se han producido en la forma de rendir cuentas por el sector
público estatal en el 2008 respecto a ejercicios anteriores. De esta manera, también valoramos positivamente que se aprecie una mejora en relación con los retrasos en la presentación de las cuentas individuales por parte de las entidades
pertenecientes al sector público administrativo, que se haya reducido el importe de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores que no figuran en la memoria del ejercicio anterior -en concreto, de 692 a 287 millones
de euros-, y que se hayan asumido también en las cuentas las deudas con ADIF y con Renfe-Operadora que no aparecían en ejercicios anteriores. Es cierto que todos estos son pasos adelante en la consecución del objetivo que todos deseamos: tener
unas cuentas públicas fiables, creíbles y que puedan estar sujetas a una fiscalización adecuada y estricta por parte del Tribunal de Cuentas. No obstante, estas mejoras, que no podemos dejar de evidenciar y valorar positivamente, no son en absoluto
suficientes. A pesar de estos avances, la valoración general de la lectura y el análisis de la declaración es que todavía le queda mucho trabajo por delante al Gobierno para conseguir que la cuenta general del Estado y las cuentas que la conforman
se ajusten a la legislación aplicable y a los principios que deben informar su elaboración y rendición, y pongan de manifiesto de manera adecuada la situación financiera y patrimonial y los resultados de la ejecución presupuestaria y de la actividad
económico financiera del sector público estatal en este ejercicio concreto del que hablamos, objeto del debate y del informe de hoy, el de 2008.



En este sentido, y siguiendo también la estructura de la declaración realizada por el Tribunal de Cuentas, me gustaría resaltar los temas que más nos preocupan como grupo parlamentario en los tres ámbitos de análisis del informe. Voy a
empezar por el sector público administrativo.
En este sentido, en primer lugar entendemos que resulta indispensable seguir avanzando en el cumplimiento de los plazos para la rendición de cuentas así como en el proceso de consolidación de las
mismas. En segundo lugar -siempre referido al sector público administrativo-, deben solventarse de una manera definitiva todas las deficiencias referidas a la ejecución presupuestaria que se repiten año tras año y que provocan un desplazamiento
temporal del gasto o del ingreso sin


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que en la mayor parte de los casos correspondan a operaciones imputables a los meses correspondientes del ejercicio. En tercer lugar, también queremos señalar que debe avanzarse en la elaboración de inventarios para una parte importante de
bienes que integran el inmovilizado no financiero de la Administración General del Estado y de algunos organismos. En cuarto lugar, entendemos que deben solucionarse las discrepancias que se observan, ya manifestadas en ejercicios anteriores, entre
la contabilidad patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado respecto de las insuficiencias de financiación de las prestaciones y servicios incluidos en la acción protectora de la Seguridad
Social de financiación obligatoria por parte del Estado. En quinto lugar, debe regularizarse el tratamiento dado a determinadas operaciones en el ejercicio, que continúa siendo diferente al que debiera aplicarse atendiendo a su naturaleza
económica, práctica que si bien no supone una vulneración estricta de ninguna norma sí que contribuye a no reflejar la auténtica realidad económica. En sexto lugar, deberían revisarse muchas rúbricas de activo y de pasivo cuya antigüedad permite
prever que no van a ser ni realizables ni exigibles. Por último, señor presidente, señorías, pensamos que debería desaparecer del balance del sistema de la Seguridad Social el registro del valor neto contable de los bienes inmuebles transferidos a
las comunidades autónomas como consecuencia de los reales decretos de traspaso de las funciones y servicios en materia sanitaria y de servicios sociales del extinguido Insalud, del Imserso y del ISM.



Voy a abordar ahora los aspectos relacionados con el sector público empresarial que a nuestro grupo parlamentario le parecen más críticos.
Desde esta perspectiva y atendiendo específicamente al sector público empresarial, en primer lugar,
señor presidente, el grupo parlamentario que represento entiende que debe terminarse de una manera definitiva, también aquí, con el hábito de que la rendición de cuentas anuales de las empresas estatales se realice rebasando ampliamente los plazos
legalmente fijados. Esta es una situación que se repite año tras año y que ha empeorado, no ha mejorado, ha empeorado respecto del año anterior. En segundo lugar, y en el marco del sector público empresarial, debe garantizarse que el cien por cien
de los grupos obligados rindan sus cuentas consolidadas ante el tribunal, evitando que ninguna empresa evada la labor fiscalizadora del mismo. En tercer lugar, desde nuestro punto de vista, resulta preocupante que la cuenta general del sector
público empresarial siga sin proporcionar información alguna en materia de planificación de la actividad económico-financiera de este sector y de la ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades que la integran, quebrantando, desde
nuestro punto de vista, lo establecido en el artículo 130.2 de la Ley General Presupuestaria. Así mismo, creemos que también merece mención especial el hecho de que en la lectura de la documentación remitida al tribunal se observe falta de
información en aspectos como el control y seguimiento presupuestarios, especialmente en relación con las desviaciones presupuestarias y sus causas. En definitiva, todas estas circunstancias conducen a una situación de una cierta opacidad con
respecto al estado de las cuentas del sector público empresarial que debe solventarse rápida y urgentemente para conseguir una mejor fiscalización y, sobre todo, el objetivo pleno y real de transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Entraré a continuación en los aspectos relacionados con el sector público fundacional. En relación con las cuentas del sector público fundacional entendemos que no debe permitirse que se siga incumpliendo la obligación de rendir cuentas al
tribunal, por una parte, de las fundaciones del sector público estatal. El 11 por ciento de ellas no lo han hecho en el ejercicio de referencia 2008. Es un dato muy significativo y preocupante.
En segundo lugar, debe garantizarse que las
fundaciones diferencien adecuadamente en los términos que prevé el plan contable su actividad propia de la actividad mercantil. Por último, también queremos señalar en este sentido y en el marco del sector público fundacional que deben corregirse
de una vez por todas y de manera definitiva todas las discrepancias no justificadas que todavía existen entre el número de fundaciones consideradas en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y el de las integrantes en la cuenta
general del sector público fundacional. Este es otro aspecto que entendemos que debe corregirse de manera urgente.



En definitiva, y termino ya, señora presidenta, un ejercicio, el de 2008, difícil, crítico en términos económicos y también crítico en términos de balance de la cuenta general del Estado. Mejoras sí, las valoramos positivamente, pero son
insuficientes. Entendemos que existen, y así los he indicado, muchos ejes aún pendientes de reconducir y un principio de transparencia aún por asumir plenamente por parte del sector público administrativo empresarial y fundacional.



La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tuñón.



El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Bienvenido, señor presidente.



En primer lugar, quería alabar el informe del Tribunal de Cuentas que avanza en algunas novedades en las que convendría profundizar en los próximos años. Este informe al final es un análisis que sigue el mismo esquema que en ejercicios
anteriores, pero está claro que algunos de los datos y algunas de las cifras varían. Claro, hay que tener en cuenta que el año 2008 es el inicio de un periodo de crisis y que el Tribunal de Cuentas no puede entrar en ello, pero es una reflexión que
hay que hacer tal y como es. No se explicaría esa diferencia en lo que sería el resultado presupuestario si no hubiera pasado lo que pasó, un proceso de crisis en el que, en principio, estamos inmersos.



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Quería resaltar varios aspectos y en algunos casos voy a hacer comentarios de una forma no demasiado ordenada. Me interesaría resaltar algunas ideas. Antes el portavoz del Grupo Popular ha invocado al principio de transparencia y es verdad
que es un principio que tenemos que integrar muchísimo más en las administraciones públicas. La rendición de cuentas y en plazo serían las dos variables. No solamente rendir cuentas tarde, con lo cual ya llegamos tarde, no sabemos cuál se puede
agregar y ya empezamos mal, porque en cuanto a la informática no hay razones; aunque estamos hablando de los pequeños ayuntamientos, en una Administración como la que tenemos, una Administración del siglo XXI, no se justifica ningún retraso. Es un
tema en el que hay que insistir y estoy de acuerdo con que hay que hacer algo. También hay que explicar el principio de transparencia en la Intervención General del Estado. Las memorias deben posibilitar al Tribunal de Cuentas que haga análisis
más importantes sobre la ejecución presupuestaria, que creo que es el gran déficit que hay en estos momentos, porque a pesar de que en el informe del Tribunal de Cuentas se desarrolla, no se puede desarrollar más; se pueden constatar datos pero no
seguramente el análisis de esos datos. Lo mismo podemos decir del incumplimiento de la Ley General Presupuestaria, ya que también aquí hace falta más información.



También se ha aplicar el principio de transparencia no solamente en lo que es rendición de cuentas, en aportar información suficiente, sino también en el análisis de la gestión y en el análisis de eficacia y eficiencia.
Sé que no estamos en
esa fase, pero en estos momentos la sensación que tenemos, después de haber estado aquí viendo tres o cuatro cuentas generales y otras cuentas de otros informes que he visto, es que, más o menos, hay algunas incorrecciones o deficiencias que se van
repitiendo.
De hecho, hoy hemos visto que el año pasado dimos importancia a cosas que este año ya ni mencionamos. ¿Por qué? Porque son tan antiguas que ya no las citamos y entonces, como hay hechos nuevos, comentamos los hechos nuevos sobre los
hechos antiguos y parece que, al final, hay que insistir en cómo podemos aplicar precisamente este principio de transparencia.



A pesar de este análisis que he hecho, en primer lugar, en cuanto a regularidad formal y presentación, algo se ha avanzado aparentemente. En mi opinión, todo lo que se ha avanzado no es suficiente, porque no tendría que haber ningún
incumplimiento. Lo digo con relación a que existe mayor información agregada, mayor cumplimiento de rendición de cuentas individuales y mayor cumplimiento de plazos, sobre todo en el sector público administrativo, y además -y es un tema relevante
en positivo- que todos los entes están acompañados de informes de auditoría.
Este es un tema importante.



En cuanto al sector público empresarial, que no se hayan agregado 21 entidades y que los plazos todavía hayan empeorado respecto al año 2007, no tiene ninguna justificación. Debíamos ser muy determinantes con este tipo de actuaciones de
estos entes empresariales. Lo mismo podemos decir del sector público fundacional: siete fundaciones no rinden cuentas y un 21 por ciento de ellas no están integradas en los principios. Este es un primer elemento, la regularidad formal y de
presentación, tal y como lo enuncia el Tribunal de Cuentas. La IGAE también debe intentar -lo he dicho, que sería la segunda fase de la transparencia- dar información consolidada sobre la liquidación de los presupuestos de una forma más extensa de
la que lo hace, tal como recoge el Tribunal de Cuentas. Esto sería muy importante, pero sobre todo lo sería porque, si analizamos la liquidación del presupuesto -en estos momentos es una cifra que llama la atención pero que de alguna forma ya la
hemos interiorizado- las modificaciones presupuestarias suponen un 15 por ciento. Ya sabíamos que estas cifras se podían dar y que sea el doble que en el ejercicio del año anterior también es consecuencia de las circunstancias económicas que en
esos momentos se produjeron.



En los datos que presenta el Tribunal de Cuentas en sus páginas de liquidación de los presupuestos -lo ha resaltado el presidente-, en la clasificación por programas o en la clasificación económica se pueden evaluar un poco los datos, el
tanto por ciento de crecimiento, pero no sabes las razones. Algunas sí las sabes, por ejemplo, que se ha incrementado el desempleo y todos sabemos por qué, pero no sabemos muy bien por qué en política exterior se ha incrementado en el 48 por ciento
el gasto. No sé si en la memoria se tiene información, con lo cual el Tribunal de Cuentas tampoco nos puede dar mucha más. La educación, a efectos de gastos, y lo digo positivamente -también negativamente, porque en el rigor presupuestario eso es
lo más importante-, se ha incrementado un 34 por ciento. Si vamos a la clasificación económica, vemos que los gastos de personal se han incrementado en un 10 por ciento. ¿Cómo es posible? Las transferencias corrientes un 7,9 por ciento, que en
algunos casos pueden estar justificadas por algunas políticas de impulso que se produjeron, pero eso hubiese afectado más a las transferencias de capital, como el Plan de empleo local, etcétera. La sensación que siempre se tiene en estos análisis
es que no puedes hacer un análisis, aunque sea posterior, de la gestión. Ese es otro dato que quiero comentar.



Es importante resaltar que el Tribunal de Cuentas ha hecho una corrección al alza del déficit, de 3.055 millones. No sé si el Gobierno ha puesto algún reparo diciendo que no está de acuerdo, por ejemplo, en esta valoración, porque es
aproximadamente un 8 por ciento más de la desviación que había dicho el Gobierno, que había dado la cantidad de 41.000 millones, por lo que si son 3.000 millones más ello supone un 8 por ciento. Nos gustaría también señalar que en el resultado
presupuestario de la evolución de cuentas, que muy bien hace el Tribunal de Cuentas, hemos pasado en el año 2007 de más 20.000 millones a menos 53.000 millones. Aquí hay un salto al vacío, porque la diferencia entre uno y otro es de 73.000
millones. A veces se echan en falta estos


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análisis para intentar, aunque sea a toro pasado, evaluar estos datos, que en este año ya han sido llamativos y que naturalmente en el año 2009 me imagino que lo serán todavía más.



Igualmente podemos decir que el Gobierno -voy a abreviar, señora presidenta, porque veo que me estoy extendiendo- no ha cumplido con el cumplimiento del límite de gasto ni con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Los datos los tenemos
y es importante, pero la memoria tampoco aporta en este caso información suficiente. Según dice el Tribunal de Cuentas, los presupuestos y las liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para verificar su adecuación al
principio de estabilidad presupuestaria. Parece que tampoco tenemos explicación de este tema.



Podemos hablar del análisis del balance, un análisis que de alguna forma está más incorporado y al que el Tribunal de Cuentas le da muchísima importancia, pero aquí los hechos reseñables no difieren, al menos en mi opinión. En todo caso, me
gustaría que el presidente hiciera una evaluación del análisis del inmovilizado, cómo se carece de inventarios actualizados y cómo se sigue manteniendo la infradotación de su amortización.



Se ha hablado también de los deudores pendientes de cobro, de la antigüedad y del excedente de tesorería, que en estos momentos es -perdón, era- muy elevado. Estamos hablando de cómo no se contabiliza el patrimonio de la Seguridad Social,
la minoración del mismo, el valor de los bienes entregados, algo que ya ha dicho otra portavoz, el uso por las comunidades autónomas, etcétera. Esto, naturalmente, aunque está más incorporado, debería ser objeto de comentarios y en este sentido se
ha producido alguna mejoría en estas deficiencias, no digo en todas, que se han ido observando.



En cuanto al seguimiento de las conclusiones del sector público administrativo, siguen siendo más o menos parecidas a las de años anteriores, con lo cual voy a pasar al análisis del sector público empresarial, del que nos da también los
datos. La memoria no tiene información suficiente sobre la planificación de la actividad económico-financiera del sector empresarial ni sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos -creo que son prácticamente las mismas palabras que decía
el informe del año anterior- y particularmente es insuficiente la información suministrada sobre las desviaciones presupuestarias registradas y sus causas. Tampoco proporciona información suficiente para explicar la composición de las partidas que
integran el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Nos da una explicación de los datos, que también son importantes, más en un análisis político que en el análisis que estamos haciendo, pero simplemente quiero centrarme en un detalle que me
ha llamado la atención y que el presidente ni siquiera ha comentado. En el caso de los gastos de personal de los grupos empresariales incluye el tanto por ciento que son hombres y el tanto por ciento que son mujeres. Tampoco merece ningún
comentario ni ningún análisis, simplemente da los datos y los datos dicen que, aproximadamente, el 67 por ciento en estas empresas públicas son hombres y el 33 por ciento mujeres. No sé si podría hacerse alguna recomendación en este sentido. No lo
sé, porque tampoco es el objeto de la fiscalización, pero llama la atención que en entidades como Renfe-Operadora, en que puede estar más justificado, el 91 por ciento sean hombres y el 9 por ciento mujeres; en Correos, ese porcentaje pasa al 55
por ciento de hombres y al 45 por ciento de mujeres; y en Radiotelevisión pasa al 60 y al 40 por ciento, desproporción que en principio estaría menos justificada. Con respecto al seguimiento de las recomendaciones que se hacen respecto al sector
público empresarial, podemos decir que prácticamente se repiten, aunque, en principio, creo que aquí se mejora la rendición de cuentas en la agregación pero se empeora en el plazo establecido.



En relación con el sector público fundacional, qué quiere que le diga, que si bien su cuantía económica es menor, sigue siendo importante. Estamos hablando de 1.175 millones de euros. Podemos decir que también hay una falta de
representatividad formal, como ya se ha dicho.



El balance nuevamente habla de otro hecho, que es el de los inmuebles o bienes cedidos a fundaciones que no tienen el derecho de uso sobre los mismos y, por tanto, no lo registran como inmovilizado tangible. También el seguimiento de las
recomendaciones podemos decir que sigue siendo el mismo que en años anteriores.



Finalmente, ahondando en lo que he dicho al principio y analizando los acuerdos que se tomaron en la última declaración de la cuenta del año 2007, había algunas propuestas de resolución que afectaban a la Intervención General del Estado.
Deduzco que no se ha avanzado, pero me gustaría saber si se han cumplido o, por lo menos, si hay signos de cumplimiento por parte de algunas que voy a citar. Pondré algunos ejemplos de las que serían más novedosas. Se insta a la Intervención
General del Estado a que realice informes específicos de evaluación de los gastos corrientes de las cuentas públicas dirigidos a una mayor modernización y racionalización de la Administración. Se insta a que en la declaración de la cuenta general o
en informes específicos se incluya una opinión sobre el contenido de la liquidación de los programas presupuestarios; a que se proceda a la evaluación de los planes del Gobierno contra la crisis y de los planes de austeridad o saneamiento de las
cuentas públicas; y a que se proceda a la evaluación, justificación e idoneidad conjunta del sector público empresarial. De esto último no hemos hablado, pero aparentemente tampoco se ha procedido a hacer un análisis por parte de la Intervención
para hacer una evaluación, que es una de las cuestiones que estamos solicitando.



Entre las que afectan al Tribunal de Cuentas, quería citar las dos últimas. El presidente ha dicho que el Tribunal de Cuentas ha incorporado alguna de las propuestas de resolución. Le felicito porque es un ejercicio


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de comunicación entre esta Comisión y el presidente. En una de las dos últimas se instaba al Tribunal de Cuentas a que efectuara un análisis sobre el endeudamiento financiero de los distintos sectores públicos, examinando la capacidad
financiera de los sectores públicos empresarial y fundacional, para hacer frente a su amortización, sin que dicha obligación sea asumida por la Administración General del Estado. En un segundo punto se instaba a que efectuara un análisis del
endeudamiento de las entidades públicas y de los plazos habitualmente aplicados para el pago de las obligaciones contraídas.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Mas tiene la palabra.



El señor MAS I ESTELA: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por la exposición que nos ha hecho del informe del tribunal relativo a la cuenta general del Estado del año 2008.



El artículo 199 del Reglamento del Congreso establece que la función de las Cortes Generales es recibir el informe del Tribunal de Cuentas y elaborar propuestas de resolución en relación con el mismo. No se trata, pues, en esta Comisión y
en este acto de hoy de informar las cuentas porque esto es lo que hace el tribunal. Esta Comisión, a la vista del informe del tribunal, elabora propuestas sobre las conclusiones a las que llega el tribunal, pero nosotros no informamos las cuentas.



Hasta ahora, en los tres años anteriores de la legislatura vimos cuentas con resultados positivos y superávit. El resultado del ejercicio de 2008 es de signo contrario con déficits y desviaciones. Es un dato suficientemente conocido y creo
que no ha extrañado a nadie que la cuenta general del Estado de 2008 saliera de esta forma. Lo hemos discutido suficientemente y nuestro grupo parlamentario no tiene ningún inconveniente en volver a discutirlo, ya que creemos que tiene suficientes
elementos de explicación y justificación. Pensaba que no veníamos a discutir los resultados del ejercicio en este debate pero, señora presidenta, después de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que básicamente se ha
centrado en este punto y no en el examen del informe de Tribunal de Cuentas, no me queda más remedio que hacer un breve inciso sobre ello. Creo que la situación de 2008 se ha discutido ad nauseam en esta casa; llevamos dos años hablando de ella,
pero me parece que la intervención de hoy del Grupo Popular es para contestar -permítame, señora presidenta-. Intentaré ser muy breve, pero creo que debemos contestarla desde nuestro grupo parlamentario. Con la vehemencia que caracteriza las
intervenciones del señor Aguirre ha hablado de traición, mentira y engaño por parte del presidente del Gobierno, del Gobierno y supongo que consiguientemente del grupo parlamentario que apoya a ese Gobierno. Me parece que son unos calificativos que
no por conocidos en el argumentario del Grupo Popular dejan todavía de sorprendernos.



Señor Aguirre, en mi tierra dicen que cuando le has levantado la cola -se refiere al gato- ves si es macho o hembra. Es muy fácil decir ahora -ya lo llevan diciendo cierto tiempo- que la situación en 2008 -el señor Aguirre ha hecho
referencia a un famoso debate entre socialistas y populares en televisión- se conocía. Yo quiero decir sin acritud, señor Aguirre, que este análisis es tramposo y ventajista. Creo que todos fuimos a las elecciones de 2008 con unos datos muy
concretos; conocíamos los datos de crecimiento trimestral interanual del producto interior bruto, de crecimiento de la situación del paro y los datos de cómo podía evolucionar. Los datos están ahí, los que dijimos nosotros y los que dijeron
ustedes, que también dijeron; pero ahora resultará que en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones de 2008 había crecimiento negativo. No era así, y usted lo sabe. Los análisis de todos los grupos analistas de la situación
económica no decían que en cinco trimestres el crecimiento trimestral interanual de las economías europeas caería del 3,5 por ciento positivo al 4 por ciento negativo. Cuidado, porque el decrecimiento de la economía alemana en el primer trimestre
de 2009 fue más fuerte todavía que el español. Por tanto, yo creo que el análisis que ustedes hacen es tramposo y ventajista, porque ahora es muy fácil decir que la gran crisis de 2008 estaba prevista. No es cierto; hay montones de referencias y
de explicaciones de responsables políticos internacionales y de responsables analistas internacionales que reconocen que la situación del año 2008 les cogió por sorpresa.



Señor presidente del Tribunal de Cuentas, supongo que el tribunal a la hora de analizar las cuentas de 2008 tiene en cuenta el contexto en que se producen. En todo caso, ustedes analizan el resultado pero supongo que no entran a hacer su
valoración. Nosotros tenemos que hacerla en virtud del contexto en que se producen. Voy a terminar este punto, señora presidenta, porque no es el tema de este momento. Creo que en el resultado de 2008 no tiene por qué sorprender que haya habido
disminución de ingresos ni incremento de gastos, porque seguramente en todas las economías y en todos los presupuestos de los países de nuestro entorno europeo se dieron las mismas circunstancias. Hablar ahora tal como lo ha hecho el Grupo
Parlamentario Popular no es de justicia ni riguroso.



Vamos ya a la cuenta que tenemos que debatir. En primer lugar, tenemos que hablar de la posible incorporación de anteriores propuestas de esta Comisión al informe de la cuenta general. Hemos de tener presente que la cuenta general de 2008
sale de unos datos que podían incorporar en todo caso las recomendaciones que hizo esta Comisión respecto a la cuenta de 2005, que fue la que vimos en 2008. Por tanto, las propuestas que hicimos el año pasado podríamos exigir que se vieran en las
cuentas de 2013, pero no en las que vamos a evaluar este año, porque evidentemente cuando se hicieron las recomendaciones en 2010 sobre las cuentas de 2007 el Tribunal de Cuentas ya estaba elaborando


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el informe de la cuenta de 2008 y la Intervención General del Estado estaba haciendo las cuentas de 2009. No obstante, podemos decir que algunas de las propuestas efectuadas en 2010 en la cuenta de 2007 ya se han incorporado en la cuenta de
2008 o se han registrado avances. Se incluye en la memoria el procedimiento de integración aplicado; se minimiza el desplazamiento temporal del gasto y del ingreso -en el conjunto del sector público administrativo es el 0,8 por ciento-; se avanza
en la consolidación, especialmente en el sector público administrativo y en el sector público empresarial en memoria y en la integración, tanto en el sector público empresarial como en el fundacional; se da información de las entidades con
presupuesto de gasto de carácter estimativo; se incluye -me parece que la señora Riera ha hecho referencia a ello porque es un tema que siempre le ha preocupado- el endeudamiento de Adif, de Renfe-Operadora y de Navantia; se da información en
términos de contabilidad nacional; se informa de datos sobre a quién se entregan los bienes en cesión, adscripción o gestión; hay información agregada de los remanentes y tesorería del sector público administrativo; hay una mejora en la
homogeneidad de los estados contables de las distintas entidades; hay mejoras en la valoración real y en el inmovilizado de Adif y de Renfe-Operadora; se continúan mejorando las memorias de las diferentes cuentas generales y otros aspectos que
podríamos ir detallando y que tendremos que valorar convenientemente a la hora de presentar las resoluciones para esta cuenta general que ahora estamos examinando. Sin embargo, señor presidente del Tribunal de Cuentas, me gustaría que me dijese
-aunque después se lo preguntaré más concretamente- si el tribunal ha tenido presentes los avances normativos que se han ido incorporando en los últimos tiempos, que creo que son relevantes; en primer lugar, la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda 480/ 2008, de 20 de febrero, por la que se modifica la instrucción de contabilidad. Pienso que es un tema importante, y alguna cosa se ve en esta cuenta pero la veremos con más claridad en las próximas. Sucede lo mismo en la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda 1681/2009, de 12 de junio, por la que se regula la elaboración de la cuenta general del Estado; como esta es una orden de 2009 evidentemente aquí no la hemos podido ver. Además está la Orden 1037/2010 del
Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública; un acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 sobre racionalización del sector público empresarial, tema que sale recurrentemente cuando
hablamos del sector público empresarial, pues hay un acuerdo de racionalización del 30 de abril de 2010; el Real Decreto 8/2010, por el que se dotan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público -que evidentemente en la cuenta de
2009 no saldrá y en la cuenta de 2010 seguramente aparecerá-; y, por último, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales. Esto va en la línea de
lo que otros portavoces han reclamado. El Tribunal de Cuentas hace referencia continuamente a cómo se remiten mal o tarde algunas cuentas de ciertas entidades del sector público. Es decir, hay que considerar un tema para las próximas cuentas.

Algunas de las consideraciones para la cuenta general de 2008 han de ser vistas a la luz de estas disposiciones, especialmente las perspectivas de las fiscalizaciones de 2009 ya en curso -que la tiene el tribunal- y la de 2010 que está preparando la
Intervención General del Estado en estos momentos.



Vayamos a la cuenta de 2008. Además de las consideraciones hechas anteriormente, podemos decir que hay avances previsibles, hay discusiones y hay carencias que se dan en unos sectores más que en otros. Hay avances en los retrasos en la
presentación del sector público administrativo. A pesar de lo que han dicho algunos portavoces, el 95 por ciento de las cuentas de los grupos obligados a consolidar el sector público empresarial está ya consolidado; sucede igual en las cuentas del
sector público fundacional, a pesar de que tiene, como sabemos, mucha menor importancia que en otros sectores, así como el número de fundaciones, de las que discrepan los Presupuestos Generales del Estado y la cuenta general, porque salen más en
aquellos que en esta. Hay avances previsibles para los próximos ejercicios, algunos como los de 2009 ya en manos del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, la inclusión del endeudamiento de Seitsa; las memorias del sector público administrativo; la
información y planificación de la actividad; la ejecución y liquidación de los presupuestos en las entidades del sector público empresarial y la rendición de cuentas del sector público fundacional.



Me gustaría detenerme un momento en las discusiones que hay entre el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado. Quien hace el informe es el Tribunal de Cuentas, pero a pesar de todo, si hay reiteradas discusiones, me gustaría
saber -después se lo preguntaré al señor presidente- cómo pueden resolverse estas discusiones, especialmente interesantes en el apartado de las cuentas de la Seguridad Social, tanto por lo que hace referencia a inmuebles, a fondos propios, a fondos
de reserva, a determinadas contabilizaciones y también en el tema de mutuas de accidentes de trabajo. Evidentemente, el Tribunal de Cuentas es quien hace el informe y quien tiene la última palabra, pero, señor presidente, no se le escapa que hay
discusiones al respecto. Por último, hay carencias que hemos de resolver, algunas reiteradas. El señor Aguirre ha comentado que tendremos que hacer algo; es cierto. La señora Riera también hablaba de ello. Quiero recordar que nunca ha habido
problemas en esta Comisión para consensuar una declaración. Les voy a leer la del año pasado, que dice: Reiteramos al Gobierno, por acuerdo -fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados y después por el Senado-, la necesidad de que
mantenga


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la exigencia a todas las entidades y organismos cuyas cuentas han de integrar el conjunto de la cuenta general del Estado para que cumplan con las obligaciones establecidas de tiempo y forma en la rendición de sus correspondientes cuentas,
al objeto de obtener unos mejores resultados en cuanto a la homogeneidad y mejor integración de la misma. Señoras y señores diputados, tendremos que buscar en esta Comisión la fórmula de materializar esta necesidad de exigencia, pero nunca ha
habido discusión, debate, ni problema para creer que teníamos que poner esta condición unánimemente. Es básico para la credibilidad de las cuentas del Estado que todo el mundo las cumpla. Estoy de acuerdo con el señor Aguirre, todos lo hemos
observado, en que tenemos un problema con bastantes confederaciones hidrográficas. Está ahí, sale en la cuenta, por tanto tendremos que hacer algo. El distinto peso de los tres sectores (el administrativo, el empresarial y el fundacional) hace que
tengamos que incidir más, por ejemplo, en la consolidación empresarial que en la fundacional. Se dan casos curiosos de fundaciones que por sus características se reúnen una vez al año y lo hacen en diciembre, con lo cual nunca presentan las cuentas
del año correspondiente sino con retraso. Evidentemente, tendremos que decir al Gobierno que este tipo de fundaciones, que tradicionalmente por su estilo se reúnen en diciembre, se reúnan en otro momento. No puede ser esto, que rutinariamente
aprueben en diciembre las cuentas del año anterior y las del presupuesto del siguiente, porque a la hora de rendir las cuentas no llegan a octubre del año en el que tendrían que rendir las cuentas, ya que no las tienen aprobadas.



Termino ya señora presidenta. Quiero hacer tres preguntas al señor presidente del tribunal: ¿Cómo valora el presidente del Tribunal de Cuentas esta situación que he expuesto? ¿Cuál es la perspectiva que vislumbra, señor presidente,
especialmente a la luz de las normativas que se han ido aprobando? ¿El horizonte es más cercano, o como decía el cantante, cuanto más voy pa'llá más lejos queda? ¿Los avances telemáticos ayudarán en la dirección deseada?


Por otra parte, señor presidente, está el tema de las opiniones encontradas entre el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado en determinados aspectos, especialmente en el campo de la Seguridad Social. El fiscalizador
evidentemente es el Tribunal de Cuentas, pero ¿existen debates entre la institución y el organismo para intentar solventar las diferencias y consensuar algunas cuestiones? Por último, señor presidente, qué nos puede decir de las ocho propuestas que
esta Comisión efectuó a la resolución correspondiente al año 2002 directamente al tribunal. Algunas nos las ha contado, especialmente ir modificando y mejorando la forma de presentación, pero había otras propuestas sobre las que nos gustaría
conocer su opinión y que nos indicara cómo ha ido avanzando el tribunal en las consideraciones que le hacía esta Comisión.



La señora PRESIDENTA: A continuación el presidente del tribunal tiene la palabra para dar respuesta a los requerimientos que le han hecho los diputados, por lo menos a esa parte de sus intervenciones.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Me han puesto muchos deberes y requerimientos, menos mal que no son combinatorios. En todo caso, voy a tratar, sobrevolando la situación, de hacer una especie de denominador común
de las preocupaciones que los cuatro grupos han planteado, porque yo creo que todas conducen -me alegro muchísimo y doy las gracias tanto al señor Aguirre como a la señor Riera, al señor Tuñón y al señor Mas- a que fortalezcamos la credibilidad de
las cuentas públicas. Empiezo por esa frase. La transparencia es la fuente de la credibilidad, y en ella tenemos que insistir. En eso han insistido los cuatro intervinientes, por tanto le vamos a dedicar unos minutos, no muchos, como a otras
cosas. Late en la preocupación de todos ese propósito de lograr cada vez unas cuentas más creíbles, pero sobre todo más eficaces en el sentido de que puedan servir no solo al control sino a lo que se deriva del control externo, este control
político y a que también en lo legislativo alcancemos metas que sirvan a la sociedad; ese es el juego. Pienso que se ha avanzado en la presentación de las cuentas; se ha avanzado, no lo suficiente pero se ha avanzado. El propio informe del
tribunal trata de responder a esta inquietud. Se ha avanzado en el grado de consolidación de la cuota general en el sector administrativo, con independencia de que aún permanezcan determinadas deficiencias en el tratamiento de operaciones
recíprocas o en la consolidación del presupuesto en todas sus fases. Asimismo se manifiesta también que la Administración General ha asumido determinadas deudas, y todas ante determinadas empresas como Navantia o Barcelona 92, etcétera; no
obstante, estos avances como es natural no son suficientes para poder transmitir una valoración de satisfacción. Se reiteran demasiadas deficiencias de las señaladas también en los ejercicios precedentes. En el Tribunal de Cuentas también surgen,
al igual que en esta Comisión, la inquietud y la pregunta de por qué no se corrigen determinadas deficiencias, dónde está el secreto de la corrección, dónde está la medida que permita el avance, que lo facilite. A este respecto creo que hay que
transmitir al control interno -luego hablaré de la IGAE- el mensaje de que una de sus primera obligaciones debería ser vigilar que las resoluciones de esta Comisión mixta y que las conclusiones y recomendaciones del tribunal se atiendan y se cumplan
inmediatamente. En este punto voy a referirme a algo que efectivamente han dicho el señor Tuñón, el señor Mas, el señor Aguirre y la señora Riera.



Hay recomendaciones y propuestas que afectan a la IGAE -claro que afectan-, pero respecto a algunas de las que nos preocupan y que todos tenemos en mente ya estaban rendidas las cuentas -las que hoy analizamos-


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cuando estas medidas se tomaron. Por tanto, lo que podemos hacer es el oportuno seguimiento, porque yo sé -luego lo diré- que en la IGAE no han caído en saco roto. Esta es una de las primeras contestaciones que quiero dar. Efectivamente
hay propuestas y recomendaciones que han sido incluso objeto de órdenes ministeriales que aquí se han citado, por ejemplo la Orden 1681/2009 de Economía y Hacienda y la 1037/2010; también se hizo referencia a acuerdos de Consejo de Ministros de 30
de abril de 2010.
Como es lógico, todo eso, que conocemos y que sin duda obedece a recomendaciones y resoluciones tanto del tribunal como después de esta Comisión, está ahí como medidas que sin duda van mejorar no solo la rendición de las cuentas
sino su análisis y contenido, por tanto al final la credibilidad. Esta es la primera cuestión que me han planteado todos.



Hay preguntas muy concretas. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo además el tribunal para subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en esta declaración, en la declaración de 2007 y en otras? ¿Qué medidas tiene que tomar el tribunal
para que determinados organismos públicos, fundaciones o empresas estatales rindan sus cuentas a tiempo y en debida forma? La única actuación prevista en la normativa del tribunal y que afecta al desarrollo de sus funciones es la posibilidad de
formular requerimientos combinatorios -por eso lo dije al principio de mi intervención- que llevan consigo también la capacidad de sancionar; concretamente al pleno extraordinario de mañana van más de treinta requerimientos combinatorios con multa
a determinados ayuntamientos que no han rendido cuentas. Eso también se puede hacer respecto a niveles más altos de la Administración, y no digo más altos por la importancia porque para mí el gobierno de lo inmediato, que es lo que llevan los
ayuntamientos, es quizá lo más importante de toda la actividad pública. En todo caso, tenemos esa posibilidad, formular requerimientos combinatorios que puedan derivar en la imposición de multas coercitivas a fin de que esas entidades públicas
rindan sus cuentas al tribunal, o que los gestores públicos le presten la debida colaboración en el ejercicio de sus funciones, porque también el deber de colaboración está perfectamente regulado en la normativa vigente.



En relación con la falta de rendición de cuentas, el Tribunal de Cuentas viene formulando requerimientos, repito, a las entidades locales con un grado de consecuencias positivas muy alto. En alguna otra comparecencia he señalado que después
de que se hiciera la plataforma para la rendición telemática de las cuentas, se establecieran determinados requerimientos combinatorios y se impusieran determinadas multas -siento que el origen tenga esta parte negativa y dolorosa-, el nivel de
rendimiento de cuentas en determinadas comunidades está alcanzando el 90 por ciento en ayuntamientos de mas de 3.000 habitantes, lo cual es un dato espectacular y que efectivamente nos conforta, porque todo deriva de una preocupación comúnmente
sentida por todos ustedes. Ha de recordarse que el tribunal, por otra parte, no tiene capacidad sancionadora y sus resultados y conclusiones no son imperativos ni vinculantes, salvo en esa parte de los requerimientos combinatorios con multa a la
que antes me he referido. Por lo que se refiere a los otros sectores públicos, repito, hasta ahora no se ha aplicado la figura del requerimiento combinatorio. Tenemos que tener presente que en el ámbito estatal puede producirse un retraso en la
rendición de cuentas, pero son muy excepcionales los casos en que las cuentas no entran definitivamente en el tribunal, y esto también hay que decirlo. Al final, con las excepciones espectaculares que aquí se han visto y que figuran en el anexo, y
salvo las que se presentan fuera de plazo pero dentro del plazo en el que el tribunal puede analizarlas, en el sector estatal las presenta casi todo el mundo.



En cuanto a los cambios de la normativa, con independencia de que el tribunal ponga en marcha este procedimiento previsto en su normativa, también se considera conveniente revisar la extensión de los plazos para la rendición de cuentas,
considerando que es prioritario que el control externo pueda llevar a cabo su actuación lo antes posible y que el Parlamento y la sociedad tengan una valoración de las cuentas a lo largo del siguiente ejercicio al que hacen referencia. Este es el
calendario establecido legalmente para el sector privado y para la emisión del correspondiente informe de auditoría. Por lo tanto no se encuentran razones para que una situación similar se pudiera alcanzar en cuanto a las cuentas públicas. Es -ya
lo sé- la meta máxima a alcanzar, pero es a la que hay que aspirar. Una de las cosas que más me duele -si me deja decirlo, señora presidenta- es que en determinados medios de comunicación, en sus tertulias -para las que tengo toda clase de
respetos-, se dice con mucha frivolidad que para qué nos sirve una declaración del Tribunal de Cuentas con ocho años de retraso. Ya no es cierto lo de los ocho años, ya son solo dos y está dentro de los plazos legalmente establecidos; pero ese
tópico está y se menciona como una verdad absoluta e irrebatible. Creo que entre todos -en este terreno el consenso es evidente y fácil- debemos luchar ante los medios de comunicación y la opinión pública para defender lo que estamos haciendo entre
todos.



Posibles contactos con la Intervención General. Es un tema muy importante y me alegro de que lo hayan comentado todos. Que conste que el control externo y el control interno nos llevamos muy bien, porque sabemos que son dos patas que no
pueden perder el equilibrio. El banco que sustentamos de la fiscalización del sector público no puede estar cojo.
Por lo tanto, con independencia de las iniciativas que pudieran adoptarse en relación con la elaboración de la cuenta general -que es
competencia de la Intervención General de la Administración del Estado-, se ha previsto intensificar las relaciones del tribunal con la IGAE, de forma que sin confundir los respectivos ámbitos de actuación se puedan conocer y valorar directamente
las dificultades o las


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explicaciones que pudieran existir para que determinadas deficiencias, reiteradamente puestas de manifiesto por el tribunal, se corrijan de manera definitiva. Tengo que repetir que las relaciones con la IGAE son muy fluidas en la pretensión
de implantar la rendición telemática de las cuentas; con ellos hicimos este proyecto que tantos buenos resultados está dando, y la queremos aplicar a los organismos autónomos para empezar. En el pleno del Tribunal de Cuentas se verá esta
propuesta. Creo que de forma generalizada esta rendición telemática va a ser de aplicación ya en este ejercicio -lo veremos como muy tarde en 2012 ó 2013-, así como el acceso electrónico a registros contables de ejercicios concluidos o la base de
datos de subvenciones y otros temas marcados por el funcionamiento ordinario. Por lo tanto estamos intensificando las relaciones con la IGAE para la corrección de deficiencias detectadas. Con el interventor general tengo buena relación y tenemos
siempre un inventario de preocupaciones que analizamos en las reuniones en las que coincidimos.



Dicho todo esto con carácter general tengo que bajarme al suelo de las cuestiones concretas. El Grupo Parlamentario Popular me pidió un sí o un no a dos temas muy específicos, y lo voy a decir porque está recogido en el informe muy
claramente. ¿Se ha cumplido el límite de gastos? Evidentemente no. Las obligaciones reconocidas superaron en 6.364 millones el límite fijado; por lo tanto, pregunta contestada. Segunda pregunta: objeto de estabilidad. También la han hecho la
señora Riera y me parece que el señor Tuñón. Se ha incumplido, frente a una previsión positiva del 0,8 del PIB, se alcanzó un déficit del 2,02, con una desviación del 2,9. Por lo tanto es un tema en el que la respuesta es contundente. En la
declaración sí se ha dejado constancia de las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales, y a este respecto cabe una doble interpretación: por un lado, si dicha modificación se ajusta a la normativa reguladora. En la declaración se
señalan determinadas irregularidades, singularmente cómo alguna de estas modificaciones no se tramitan a través del Fondo de contingencia -lo dije al principio de mi intervención-, creado precisamente para ordenar este proceso modificativo; así
como que no se recoja en todos los casos la vía de financiación de dichas modificaciones o la descripción de los objetivos que se pretende atender con la misma. La segunda interpretación hace referencia a si dicha modificación es el resultado de
una imprecisa e irregular presupuestación inicial, y el tribunal pone de manifiesto cómo determinadas modificaciones -Fuerzas Armadas en misiones de paz, relaciones con comunidades autónomas, gastos financieros- son consecuencia de una falta de
ajuste en el presupuesto inicial, lo que viene a derivar en una falta de representatividad y de transparencia del proyecto de presupuestos, a la que luego me tengo que referir, porque me han pedido que hable de ella tanto el señor Aguirre, como la
señora Riera y el señor Tuñón. Asimismo, la evaluación interanual y las desviaciones observadas respecto a los datos inicialmente previstos son una clara manifestación de la evolución de las cuentas públicas, así como el desajuste observado entre
los planteamientos iniciales y la situación alcanzada en la ejecución de las políticas públicas diseñadas. Los datos de la declaración son elocuentes y creo que la valoración definitiva de los mismos -la valoración definitiva de los mismos, señor
Mas- nos corresponde a los grupos políticos y, en definitiva, a la sociedad, que ha de ser consciente de la situación sobrevenida. He escuchado con respeto los planteamientos iniciales de los grupos, concretamente del Grupo Popular y del señor Mas,
y simplemente tengo que decir que los respeto, pero que no puedo entrar a hacer valoraciones de esa naturaleza en la cuenta general. Ustedes lo han hecho, están legitimados para hacerlo y es su responsabilidad cómo lo hacen.



En cuanto a la fiscalización de las medidas para paliar los efectos de la crisis económica y su reflejo en los presupuestos, es un tema importante, y es un tema importante porque afecta a la labor del Parlamento en sí misma. Lo apuntó el
señor Aguirre en una clara estimación de lo que en la declaración hace referencia a estas medidas y lo que han supuesto en la ejecución presupuestaria. En el programa de fiscalización en el Tribunal de Cuentas figura incluido el acuerdo de
fiscalizar las diferentes medidas adoptadas. De hecho, en la declaración que hoy presentamos se recogen diferentes alusiones, repito, a las cuantías que dichas medidas presentan y al efecto que las mismas originaron en los presupuestos de 2008.
Estas referencias se verán complementadas, como es natural, en la declaración de la cuenta general del Estado de 2009 que, efectivamente, ya está rendida, ya se está analizando y ya tenemos incluso las alegaciones hechas por el Gobierno en debida
forma; la veremos seguramente este año, creo que en el pleno de este año podremos lograr también que esta declaración se apruebe, con lo cual estaremos ya dando pasos en ese camino hacia delante que, señor Mas, sí sabemos dónde va -lo ha dicho
usted, yo entiendo su preocupación pero, al avanzar, avanzamos no retrocedemos-. Estas referencias se verán complementadas, repito, en la declaración de la cuenta del 2009 en la que, con toda probabilidad, se verá la continuidad de estas medidas,
entre otras el Fondo de adquisición de activos.



Por otra parte y recientemente, el pleno del tribunal ha aprobado las directrices técnicas para dos fiscalizaciones dirigidas a evaluar los procedimientos y los resultados derivados de la financiación canalizada a través del Fondo de
inversión local, con la pretensión de analizar las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Administración central en la concesión y seguimiento de las ayudas otorgadas, así como en el ámbito de las entidades locales que vayan a ser
seleccionadas para comprobar cómo se llevaron a cabo las obras comprometidas y el resultado alcanzado con las mismas. Serán dos informes de fiscalización: uno lo llevará el departamento segundo, que lleva los ministerios administrativos


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y políticos, y otro lo llevará el departamento de corporaciones locales, para que entre los dos se vea exactamente el buen equilibrio del origen de las ayudas y luego de la realización y fiscalización de las mismas por cada una de las
corporaciones locales. También se está fiscalizando el ICO, a través del cual se han canalizado muchas de las ayudas financieras. Aunque inicialmente la fiscalización en curso pudiera no abarcar estas operaciones, podría reconsiderarse la
oportunidad de ampliar su ámbito temporal, a fin de que el Parlamento tuviera la información más completa posible sobre el desarrollo y aplicación de las diferentes medidas.



En cuanto al procedimiento seguido en la adopción de estas medidas, en la declaración que presentamos se incorporan referencias a las cuantías vinculadas a estas medidas. El efecto cuantitativo de estas se incorporó a las consecuencias que
pudieran derivarse del otorgamiento de avales y otras medidas que no llevan consigo un incremento inmediato de gasto público, que es sin duda muy significativo y representa un elevado porcentaje sobre el total de créditos iniciales del presupuesto.
No obstante, a esta referencia cuantitativa cabría agregar una valoración cualitativa como consecuencia del procedimiento seguido en la adopción de estas medidas. Como es algo que me han preguntado varios intervinientes, voy a dar la conclusión o
valoración del tribunal desde el punto de vista técnico-jurídico, como se me ha solicitado. Frente a la tramitación parlamentaria que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado conlleva, estas medidas, por adoptadas directamente
aplicando la figura del decreto-ley, desvirtúan la misma tramitación parlamentaria y el propio contenido formal y material de los presupuestos. Sin duda, la vía utilizada ha supuesto una alteración sustantiva en la forma de aprobar estos créditos
extraordinarios si tenemos en cuenta lo que dispone el artículo 134 de la Constitución. Cabe recordar, por lo tanto, que la nueva normativa relativa a la estabilidad presupuestaria, adoptada tras la adhesión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
incorporó nuevos principios a los ya clásicos principios presupuestarios, tratando de realzar, fíjense, la figura del presupuesto como expresión racional de la actividad pública a llevar a cabo en un ejercicio. ¿A partir de qué? De un límite
máximo de gastos previamente aprobado. Entre los nuevos principios adquirió una relevancia significativa el de la transparencia, al que luego también me referiré brevemente. Si bien este principio ya estaba incorporado al ordenamiento jurídico
como principio rector de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, su aplicación a la actividad presupuestaria y, por tanto, a las cuentas, superó el alcance del principio clásico de publicidad, requiriendo que los presupuestos en su
proceso de elaboración y en su liquidación ofrecieran información suficiente y adecuada para permitir verificar su adecuación al principio de estabilidad presupuestaria así como su cumplimiento. Dicho todo esto, señor Aguirre -que me formulaba
usted una pregunta muy concreta-, puede que algunas medidas como las aprobadas, y sobre todo su instrumentación jurídica, no sean totalmente conformes en cuanto al procedimiento utilizado, los reales decretos-leyes, con el artículo 134 de la
Constitución, relativo a la aprobación del gasto público, que dice sencillamente que se hace por ley ordinaria. Hubiera sido fácil dar solución a este problema -yo entiendo que las medidas eran necesarias, había que hacerlas- a lo mejor modificando
el propio Reglamento del Congreso y del Senado para permitir que estos reales decretos-leyes tuviesen una tramitación distinta que pudiese permitir esa labor de examen y de enmienda y de debate que a los parlamentarios les corresponde en materia tan
complicada, delicada e importante como es esta.



Termino, señora presidenta. En cuanto al tema de la transparencia, que aquí se ha puesto de manifiesto, quizá porque vieron el voto particular del señor Nieto de Alba, al que me refería en mi primera intervención -no sé si dedicarle a esto
mucho tiempo o poco, pero como es muy tarde voy a dedicarle poco-, tengo que decir que la posición defendida en el voto particular no presenta una posición doctrinal contraria a la mantenida por la mayoría de los miembros del pleno, partidarios y
defensores de la fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia en el proceso presupuestario. De hecho, se aprobaron unas directrices técnicas para llevar a cabo la fiscalización de la transparencia en la elaboración de los
presupuestos, y esperamos que en un plazo prudencial se pueda elevar a esta Comisión mixta un informe específico con los resultados de dicha fiscalización pese a las dificultades encontradas en su realización. Tenemos que resaltar que el objetivo
de esta fiscalización de transparencia es analizar la calidad y la suficiencia de la información y documentación que acompaña al proyecto de ley de presupuestos, como explicación y fundamento del objetivo de estabilidad presupuestaria y cuya emisión
está prevista en la normativa reguladora del proceso de elaboración de dicho proyecto, sin que en ningún momento se haya pretendido inmiscuirse en el proceso de la tramitación parlamentaria de dicho proyecto. No tenemos por qué intervenir en este
tema ni tampoco en la definición de las políticas públicas, cuya responsabilidad corresponde al Gobierno. No debería olvidarse, sin embargo, que la Comisión Europea y otros organismos internacionales someten a control de calidad los presupuestos de
sus organismos, someten a la fiscalización de transparencia la elaboración de sus presupuestos.
Cabría efectuar a este respecto un repaso de los argumentos jurídicos que amparan, sin lugar a dudas, esta actividad fiscalizadora del tribunal.

Repito, que la transparencia sea un elemento básico en la elaboración de los presupuestos y que, a través de la fiscalización de la transparencia, tuviésemos todos los datos necesarios para juzgar no lo que ya está presupuestado, sino lo que va a
presupuestarse en función de las necesidades a las que hay que atender, sería simplemente un elemento de credibilidad, un elemento de seguridad y -lo voy a decir- un motor de crecimiento económico.



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Hay otra serie de cuestiones que me han planteado, tengo aquí un montón de preguntas y las repasaré todas, señora Riera, señor Tuñón, señor Mas y señor Aguirre, para darles una respuesta por escrito, si es que efectivamente vemos que en
alguna de las partes de la declaración o en algunos de sus anexos no están contestadas. En todo caso, si lo están, también lo que haremos llegar es el dato exacto de dónde están y la página en que están, como hago en otras ocasiones. Sé que
efectivamente cabría hacer una glosa y un comentario de los distintos planteamientos y el repaso que ha hecho la señora Riera de las distintas propuestas que afectan tanto al sector público administrativo como al sector empresarial como al sector
fundacional, pero en líneas generales les hemos dado una respuesta, porque hemos valorado las cosas que se han hecho y las que están por hacer, y lo mismo le puedo decir al señor Tuñón. Por lo que se refiere al señor Mas, estoy completamente de
acuerdo con usted en el sentido de que la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha producido una serie de resoluciones que vinculan a todos, que empiezan a tener frutos en el propio ordenamiento jurídico, pero
que efectivamente debemos hacer un seguimiento de las mismas no ya en los momentos en que hacemos el correspondiente análisis de la cuenta general del Estado de cada año, sino en todos y cada uno de los informes de fiscalización que vemos en esta
Comisión y que marcan, por así decirlo, las áreas de riesgo que más preocupan a todos y donde quizá el establecimiento de estas medidas y de estas modificaciones pudieran tener mayores y más positivos rendimientos. Perdón si me quedan algunas cosas
por contestar. He tratado de dar una contestación más general para no cansarles y sencillamente les doy las gracias por su atención y por todas las sugerencias y planteamientos que nos han hecho esta mañana. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señorías. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor presidente, por las explicaciones y las respuestas que ha dado a todos los requerimientos hechos por los portavoces de los grupos parlamentarios.



Señor Aguirre.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Solicito un turno en aplicación del artículo 73.1 al considerar este portavoz que ha sido contradicho por la intervención del portavoz del Grupo Socialista.



La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, no le voy a dar la palabra basándose en ese artículo del Reglamento, porque creo que no es de aplicación en esta Comisión, que tiene su propia regulación. Usted sabe además que esta Presidencia, no solo
en este asunto, la cuenta general del Estado, que es de suma importancia, sino en cualquier otro, ha sido siempre flexible en la concesión de palabra a los portavoces, pero esta Comisión y la presentación de la cuenta general tienen su propio
procedimiento en el Reglamento de la Cámara. Existe el derecho a réplica, pero exclusivamente para replicar a lo que conteste el compareciente, en este caso, el presidente del Tribunal de Cuentas. Como presidenta de la Comisión creo que todos los
portavoces han tenido la oportunidad de plantearle al presidente todas las cuestiones que han creído convenientes y necesarias y el presidente ha contestado y dado respuesta suficiente a todas ellas.
Además, ha manifestado que, en caso de que le
quedara alguna pendiente, iba a remitirla, como ha hecho en todas las ocasiones, a esta Comisión por escrito. Por tanto, señor Aguirre, le agradecería que no insistiera en la petición de palabra, porque esa petición, tal y como usted la ha
formulado, se refiere a establecer de nuevo una réplica entre los portavoces de los distintos grupos, que no está prevista en el Reglamento en esta Comisión ni ante cualquier compareciente.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Señora presidenta, lamento no coincidir con la interpretación que hace del Reglamento.



La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, no creo que se deba establecer un debate sobre si estamos de acuerdo o no. Voy a hacer esa aplicación del Reglamento y, por tanto, no tiene usted la palabra.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Pues sepa que elevaré la correspondiente protesta, porque está haciendo una interpretación del Reglamento absolutamente errónea y creo que calculadamente errónea. (Varios señores diputados: ¡Buenooo!-Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Muy bien, señor Aguirre.



Señor presidente, muchas gracias por su comparecencia. Suspendemos unos minutos la Comisión para despedir al presidente del tribunal. (Pausa.)


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIOS 2004-2005.
(Número de expediente del Congreso 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000092.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos la Comisión con el punto 2º del orden del día, dentro del apartado debate y votación de las propuestas de resolución, relativo a las propuestas sobre la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios
2004-2005. Se ha presentado a la Mesa un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, con una transacción, pero el portavoz del Grupo Popular pide el uso de la palabra. Le ruego que sea muy breve en la presentación y, si le parece, le daría la
palabra una vez que se produjera la votación como explicación de


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voto para que así fuéramos más sucintos, ya que hay un acuerdo sobre la propuesta. ¿Entiendo, por tanto, que se aprueba por unanimidad de la Comisión? (Asentimiento.) Que así conste en el 'Diario de Sesiones'.



Tiene la palabra el señor Gutiérrez por el Grupo Popular.



El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señora presidenta, voy a ser brevísimo.



Quiero mostrar mi satisfacción por la transaccional a la que hemos llegado todos los grupos políticos, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como nosotros mismos y el Grupo Mixto. Sencillamente, quiero decir dos cosas.
En primer lugar,
que la propuestas de resolución que hemos votado y a la que hemos incorporado la nuestra, la entendemos siguiendo la normativa y las recomendaciones del Tribunal de Cuentas; de otra forma no lo hubiéramos entendido y, por tanto, como el texto
discursivo del corpus doctrinal del Partido Socialista sigue literalmente las indicaciones del Tribunal de Cuentas, hemos añadido la nuestra y nos felicitamos por ello.
En segundo lugar, quiero hacer una breve matización en relación con uno de los
puntos donde se habla del inventario. No es cuestión menor que confeccione un inventario de bienes actualizado y completo. Consta en el informe del Tribunal de Cuentas, en las alegaciones que hizo el Gobierno de la Ciudad de Melilla, que se está
realizando dicho inventario con fecha del año 1995, aunque cada año se está intentando mejorar la coordinación entre el servicio de contabilidad y el servicio de patrimonio para poder actualizar dicho inventario, tal y como ha recomendado el
Tribunal de Cuentas. Y también quiero decir que actualmente podemos concretar -cito literalmente la alegación del Gobierno de Melilla- que la ciudad autónoma está en condiciones de presentar un inventario bastante aproximado, que se rendirá en la
cuenta general del año 2006. No me parecía cuestión menor subrayar esto.



Hay algo que no quisiera dejar pasar en mi intervención; y termino ya, señora presidenta, para no alejarnos del mero debate de las propuestas de resolución. Seguramente por la estación en la que nos encontramos -la estación del año
preelectoral-, los representantes domésticos en Melilla del Grupo Parlamentario Socialista han sacado en la prensa que amenazan con llevar al Gobierno de Melilla a no sé qué cosa judicial de no sé qué recomendación del Tribunal de Cuentas que no es
verdad. Como no es verdad y el Tribunal de Cuentas no ha explicitado en ningún momento tal admonición, abusando de la generosidad de la señora presidenta, me parecía adecuado hacerlo constar aquí por la sencilla razón de que, si se leen con
detenimiento y mesura el informe del Tribunal de Cuentas, verán que dichas aseveraciones no existen. Como no existen, me parece de justicia hacerlo constar aquí contando con la benevolencia de la señora presidenta y la de las señoras y señores
diputados y senadores.



La señora PRESIDENTA: Señor Tuñón, ¿quiere hacer uso de la palabra? (Denegación.) ¿Señor Sáez? (Denegación.)


- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente DEL CONGRESO 251/000097 y número de expediente del Senado 771/000097.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos, por tanto, al siguiente punto del orden del día, que son las propuestas de resolución sobre el informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005.
También tenemos en la Mesa una propuesta de resolución consensuada por los grupos parlamentarios. Supongo que no hay intervenciones, porque no se han pedido a la Mesa. ¿Se entiende aprobada por unanimidad? (Asentimiento.) Así consta.



- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000117 y número de expediente del Senado 771/000117.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4º del orden del día, que son las propuestas de resolución acerca del informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, también de los ejercicios 2004 y 2005. Tenemos una propuesta transaccional
entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto y las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular. ¿Quieren ustedes hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) Señora Madrazo, le ruego que intervenga estrictamente
por cinco minutos.



La señora MADRAZO DÍAZ: Me toca hoy defender las propuestas de resolución que ha presentado mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, con respecto al informe de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Les adelanto que nos hubiera gustado haber
llegado a algún tipo de consenso con el Grupo Parlamentario Socialista, como en los casos anteriores, porque entendemos que estos informes deben servir para mejorar la eficiencia en la gestión del gasto público de cara al futuro. Pero la
contundencia de este informe y la distancia que nos separa en la valoración y en el análisis del mismo con respecto al Grupo Parlamentario Socialista, nos ha llevado a presentar nuestras propias propuestas de resolución, que no ha sido posible
consensuar.



Como ya expresé en la anterior sesión, se apuntan ya en estos primeros años de Gobierno socialista regionalista en Cantabria 2004-2005 deficiencias graves en la gestión económica de nuestras cuentas públicas, que desgraciadamente con el paso
del tiempo no han mejorado, sino todo lo contrario. Además, ha habido un enorme crecimiento de nuestro aparato administrativo,


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porque en la actualidad tenemos en Cantabria nada menos que 68 entes públicos para una comunidad tan pequeña como la nuestra. Como ya dijimos, el informe pone de manifiesto numerosas deficiencias de índole contable y, lo que es peor, las
explicaciones que se aportan en la memoria son claramente insuficientes. Pero las irregularidades más graves hacen referencia a la gestión en la contratación administrativa. Como cántabra, me interesa destacar en especial la deficiente gestión que
se ha producido por parte del Gobierno de Cantabria en los años 2004 y 2005 de las obras del Plan director del hospital de Valdecilla; un plan director que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular con más de 200 millones de euros y que
debería haber finalizado en el año 2007. Estamos en el año 2011, las obras de ese hospital no han finalizado y, lo que es peor, nos están costando cientos de millones al bolsillo de todos los cántabros, cuando el Gobierno de España se ha
comprometido en numerosas ocasiones a firmar un convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria para financiar el desfase que se ha producido en el coste de esas obras.
El propio presidente del Tribunal de Cuentas con respecto al hospital de
Valdecilla expresó que en el informe se recogen numerosas irregularidades y por eso nosotros, como grupo parlamentario y como grupo de la oposición tanto en el Gobierno de Cantabria como en el Gobierno de España, tenemos que ejercer nuestra
responsabilidad y plantear las propuestas de resolución que consideramos convenientes para controlar la gestión de este gasto público.



Hemos presentado 14 propuestas de resolución, de las que les voy a leer las que esencialmente difieren de las presentadas por los otros grupos.
Instar al Gobierno de Cantabria al cumplimiento estricto de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, subsanando las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas. Instar al Gobierno de Cantabria al cumplimiento del principio de publicidad y transparencia en materia de contratación, estableciendo criterios de
adjudicación precisos que permitan cumplir con el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, corrigiendo las deficiencias observadas por el Tribunal de Cuentas en su informe, donde se especifican numerosas irregularidades cometidas
por el Gobierno de Cantabria en la adjudicación y ejecución de distintos contratos en los ejercicios 2004 y 2005. Reprobar la actuación del Gobierno de Cantabria durante los ejercicios 2004 y 2005 en la planificación, adjudicación y ejecución de
las obras del Plan director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que ha provocado graves desviaciones en los plazos y en el coste de ejecución de las obras, tal y como expone el informe del Tribunal de Cuentas. Instar al Gobierno de
Cantabria a paliar la deficiente gestión y ejecución de las obras del Hospital Valdecilla en los ejercicios 2004 y 2005, exigiendo al Gobierno de España que aporte los recursos económicos necesarios para garantizar la financiación íntegra del Plan
director del citado hospital, incluida su tercera fase, mediante la firma de un convenio donde se señalen plazos y financiación de la obra. Reprobar la actuación del Gobierno de Cantabria al contravenir con excesiva frecuencia el principio de
economía en la gestión de fondos públicos, adjudicando en muchos casos los contratos a la oferta más cara sin la necesaria justificación. Instar al Gobierno de Cantabria a una reducción del sector público autonómico, cuyo número de entidades ha
aumentado de forma desproporcionada en 2004 y 2005, incumpliendo el principio de austeridad en la gestión de los fondos públicos. Instar al Gobierno de Cantabria a eliminar aquellas entidades del sector público que no responden a una racionalidad
económica o administrativa o suponen una merma de transparencia o de garantías jurídicas.



La señora PRESIDENTA: Señora Madrazo, por favor, debe acabar.



La señora MADRAZO DÍAZ: Termino ya. A tal fin deberán hacerse públicas anualmente las cuentas y auditorías de estas entidades, remitiéndose al Parlamento de Cantabria. Por último, instar al Gobierno de Cantabria a que las cuentas de los
entes públicos se ajusten al Plan general de contabilidad, presentando adecuadamente la liquidación del presupuesto y la memoria correspondiente, así como efectuar las auditorías correspondientes a cada ejercicio, de forma que permita el control de
su gestión de forma más transparente.



La señora PRESIDENTA: Señor Tuñón.



El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Brevemente, para hacer un comentario sobre estas propuestas de resolución. Querría decir a la señora Madrazo, y en este caso al Grupo Popular, que sería bueno que hubiera más coherencia en todas las propuestas.
Me refiero a este tema, al de las comunidades autónomas, no lo quiero hacer extensivo a otras propuestas de resolución.
Digo esto porque yo hago las propuestas de resolución de tres comunidades autónomas e intento ser un poco coherente conmigo
mismo. Yo veo que hay distinto tratamiento -voy a poner un ejemplo- entre la Comunidad de Murcia y la Comunidad de Cantabria para un mismo informe, que puede tener sus diferencias pero que puede ser equivalente. Yo creo que, aunque lo hagan
personas diferentes, no hay que ponerse unas gafas y quitarse otras; hay que hacer las propuestas con las mismas gafas. No se puede decir en las propuestas de la Comunidad de Murcia: mantener la tendencia hacia la mejora, seguir avanzando en la
corrección, reconocer la mejora experimentada en la gestión de los recursos públicos... Y llegar a Cantabria, que son más o menos las mismas historias, y decir: instar, instar, reprobar... Yo no voy a aceptar ninguna resolución, salvo que sea del
Parlamento de Cantabria. Cuando el Parlamento de Cantabria repruebe, seguramente yo también reprobaré. Reprobar la actuación del Gobierno de Cantabria al contravenir con excesiva frecuencia, instar, instar, instar, reprobar,


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reprobar... Yo creo que hay que tener un poco de coherencia. En las propuestas que he hecho siempre hay una primera salomónica para que no moleste a nadie: instar al Gobierno a un proceso de mejora continua en la gestión pública,
aplicando las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización. Con esto seguramente cumpliríamos todo, pero luego lo desagrego en las cosas que me parecen resaltables. Por eso, simplemente quería decir que para
no perdernos en coherencia, sobre todo en el tema de las comunidades autónomas que son de distinto color, creo que se debería hacer un análisis un poco más mesurado y más consecuente.



La señora PRESIDENTA: Señora Gómez de Santamaría.



La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado como propuestas de resolución -como ya anuncié en mi anterior intervención- las recomendaciones a este informe que hace el Tribunal de Cuentas, por cierto lo mismo
que mi grupo parlamentario ha hecho con los informes de Melilla y de Murcia, con la salvedad de que por el tiempo transcurrido todas ellas lo han sido o están en este momento en fase de cumplimiento.



Quiero dar las gracias al señor Tuñón, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, por sus propuestas de resolución, por el acuerdo al que hemos podido llegar incorporando tres de esas propuestas de resolución, que sin duda contribuyen a mejorar
y a complementar las propuestas que nosotros habíamos presentado. Pero, la verdad es que leyendo las propuestas y escuchando a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular tengo la sensación nuevamente de estar ante un informe, unas conclusiones y
unas recomendaciones diferentes a las que ella tiene. Aun así, quiero decir que algunas de las propuestas que ha presentado el Partido Popular están también en la línea de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas -como las nuestras- e incluso
podíamos haber llegado a algún acuerdo, pero quiero dejar muy claro que esa no era la intención de la portavoz del Partido Popular puesto que desde el primer momento se ha negado a esa posibilidad, aspecto que, como no puede ser de otra manera,
respeto totalmente. Evidentemente, si consensuamos y pactamos resulta complicado hacer aquí el discurso que ha hecho la portavoz del Partido Popular, una vez más un discurso en el que priman los minutos de gloria en el 'Diario de Sesiones' por
encima del acuerdo y el consenso, a diferencia de lo que este grupo parlamentario ha hecho hoy aquí con Melilla y con Murcia.



Voy a dejar a un lado esas propuestas en las que podríamos coincidir y me voy a centrar en aquellas en las que no coincidimos absolutamente para nada. Son las número 10, 11 y 12, que hacen referencia al Hospital Marqués de Valdecilla.
Señorías, al Partido Popular Valdecilla le da absolutamente igual, utilizan Valdecilla constantemente en un intento de desgaste del Gobierno; lo hacen aquí y lo hacen en Cantabria una y otra vez. Lo he dicho en más ocasiones y lo voy a volver a
repetir. En Valdecilla nos dejaron ustedes una pésima gestión, no solo en Valdecilla sino en toda la gestión sanitaria, una mala financiación, un plan director mal redactado y mal presupuestado. Hubo que hacer revisiones del plan director, ha sido
necesario hacer modificaciones; el plan director no contemplaba las fases dos y tres, como dice el propio informe del Tribunal de Cuentas del año 2003, donde ustedes contrataban la redacción del proyecto y dirección de obras de la fase dos; es
decir no estaba incluido en el plan director, por cierto adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, que también el Tribunal de Cuentas critica. Tampoco contemplaba el plan director los equipamientos; preveía 30 millones para
equipamientos para Valdecilla y vamos por 77; es decir, 47 millones solo en equipamientos era lo que ustedes preveían. Lo importante en este momento es que Valdecilla va a ocupar el lugar que siempre ha ocupado; es un hospital moderno, innovador
y con unas excepcionales instalaciones, como demuestra todo lo que está terminado ya hasta que se ha concluido la fase dos. La fase tres se encuentra en obras y cuando finalice, sin duda, va a contribuir aún más a que Valdecilla ocupe ese lugar que
siempre ha ocupado, que ocupa y que sin duda va a seguir ocupando, gracias sobre todo a dos cuestiones: a sus profesionales y a unas modernas y bien dotadas instalaciones.



Tampoco estamos de acuerdo con las propuestas 14 y 15 en cuanto al número de entidades del sector público. A ustedes les pueden parecer muchas o pocas ya que el número es absolutamente subjetivo, pero en lo que no puedo estar de acuerdo es
en que estas entidades del sector público supongan una merma de transparencia de garantías jurídicas porque me parece una afirmación un tanto atrevida. Si usted piensa que es así me parece bien que presente esta propuesta, pero lo que creo es que
debe ir acompañada, si ustedes tienen la certeza de que esto es así, de otras acciones ante otros organismos. Pero le pediría que lo hicieran ustedes mismos, no con intermediarios, como suelen hacer siempre. Eso y lanzar continuas insidias y
calumnias por aquello de que algo queda siempre.



En cuanto a la gestión de manera transparente, ustedes tienen también una muy mala nota. En el informe del año 2003 -siento tener que referirme al informe del año 2003, pero es el que tenemos de referencia porque que estamos hablando de
2004 y 2005-, váyase usted a las páginas 64, 69, 70, 73 y 78, donde el Tribunal de Cuentas hace referencia continuamente a que no se facilita información ni se aportan documentos. En cuanto a los contratos, el Tribunal de Cuentas también dice que
no se publican en los diarios oficiales las adjudicaciones de contratos. En fin, un ejercicio de transparencia absoluta. En cuanto a gestión de empresas públicas, me puedo referir a la Empresa de Residuos de Cantabria, con un saldo deudor que
aumenta...



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La señora PRESIDENTA: Señora Gómez Santamaría, debe ir concluyendo.



La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Termino, señora presidenta. Con un saldo deudor que aumenta, de 2002 a 2003, en un 642 por ciento. Podíamos seguir, pero no tengo más tiempo. En fin, transparencia absoluta.



Señora presidenta, las propuestas de mi grupo siempre van en la línea de sensatez que creemos que aporta el propio Tribunal de Cuentas. No difieren de ellas y tampoco difieren de otras presentadas ante informes similares, siempre con la
idea de contribuir a superar las deficiencias encontradas e instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria a que las cumpla, hasta el punto en que en este momento ya no estén cumplidas por el tiempo que ha transcurrido.



La señora PRESIDENTA: Pasamos a las votaciones de estas propuestas de resolución. En primer lugar, las presentadas por el Grupo Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



A continuación votamos la transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 19.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Les recuerdo, señorías, que los grupos tienen que presentar ponentes para la cuenta general del Estado y que a continuación celebraremos Mesa y portavoces.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y quince minutos de la tarde.