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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 169, de 22/02/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2011 IX Legislatura Núm. 169
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL ARIAS CAÑETE
Sesión núm. 60
celebrada el martes, 22 de febrero de 2011
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias para informar en relación con la materia objeto de estudio de la ponencia para la revisión de las perspectivas financieras de la Unión Europea, del sistema de recursos propios y de la reforma de las políticas de cohesión y
agraria común. Por acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
- De la señora consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León (Clemente Municio). (Número de expediente del Congreso 212/001435 y número de expediente del Senado 713/000930.) ... (Página 2)
- Del señor consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Martínez Guijarro). (Número de expediente del Congreso 212/001434 y número de expediente del Senado 713/000929.) ...
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados y senadores, se abre la sesión. Antes de celebrar las comparecencias previstas en el orden del día, permítanme que les proponga la adopción de un acuerdo en el sentido de modificar el nombre
de la ponencia que teníamos constituida en su momento en el seno de esta Comisión, para la revisión del marco presupuestario de la política agraria común, para hacer una ponencia más amplia que se va a denominar, ponencia para la revisión de las
perspectivas financieras de la Unión Europea, del sistema de recursos propios, y de la reforma de las políticas de cohesión y agraria común.
Funcionaremos como ponencia la Mesa y portavoces y se podrá sumar cualquier diputado o senador que
voluntariamente quiera incorporarse a la misma.
¿Hay alguna objeción a que se adopte este acuerdo? (Denegaciones.) Entonces se declara adoptado y modificado el título de la ponencia.
Procédase en consecuencia por los señores letrados.
COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO DE LA PONENCIA PARA LA REVISIÓN DE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS Y DE LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS DE COHESIÓN Y
AGRARIA COMÚN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA.
- DE LA SEÑORA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CLEMENTE MUNICIO). (Número de expediente del Congreso 212/001435 y número de expediente del Senado 713/000930.)
El señor PRESIDENTE: Y pasamos, sin más dilación, al primer punto del orden del día previsto originalmente, que era la celebración de la comparecencia de la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para informar
en relación con la materia objeto de estudio de la ponencia con su anterior denominación, desde la perspectiva de su comunidad autónoma. Por tanto, le damos la bienvenida a la consejera, le agradecemos su disponibilidad para comparecer hoy ante
nosotros y tiene todo el tiempo que necesite para desarrollar su intervención, en el sentido de que lo que está buscando esta Comisión es analizar tanto las consecuencias de las propuestas iniciales de la Comisión en todo el territorio español, como
el impacto que puedan tener en distintas comunidades autónomas por la especificidad de su régimen de cultivo. Ha parecido oportuno seleccionar dos comunidades importantes, que cubren prácticamente la totalidad de los cultivos de España en su
conjunto, lo que nos puede permitir tener una fotografía clara de qué impacto pueden tener estas propuestas iniciales todavía de la Comisión Europea, pero que apuntan líneas directrices sobre los distintos territorios.
Por tanto, señora consejera tiene usted la palabra y bienvenida a esta comisión.
La señora CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Clemente Municio): Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la Mesa y a los portavoces de los grupos parlamentarios de esta Comisión Mixta para la Unión
Europea de esta Cámara, por crear la ponencia sobre el marco presupuestario de la Unión Europea 2014-2020 y el impacto sobre la reforma de la política agraria común y sobre las políticas de cohesión. Debo agradecer por otra parte, que me permitan
comparecer en ella para ofrecer reflexiones y aportaciones al debate que sobre la política agraria comunitaria se está teniendo en este momento, y aportar la experiencia que tenemos en el desarrollo y en su aplicación en una comunidad autónoma como
Castilla y León. Espero que sus trabajos y las conclusiones se puedan enriquecer con alguna de estas aportaciones que voy a exponer y ya les brindo por adelantado mi colaboración y cualquier información que podamos proporcionarles. He seguido
atentamente las intervenciones que se han producido desde la creación de la ponencia el 15 de marzo del año pasado y reconozco que se ha aportado interesante información desde diferentes puntos de vista, especialmente por profesionales que trabajan
en distintos campos del sector público. Por este motivo, voy a obviar algunas cuestiones que ya son evidentes para ustedes y me centraré fundamentalmente en los aspectos que son más importantes para el futuro, cada vez más próximo, de la
agricultura en Europa a partir de 2014.
El sector agrario tiene un peso relativamente pequeño en la economía de los países desarrollados, en concreto en la Unión Europea de los Veintisiete supone el 1,8 por ciento del valor añadido bruto, es decir, 192.000 millones de euros, con
participaciones diferentes según los Estados que oscilan entre menos del 0,5 en el caso de Luxemburgo y el 6,5 en Bulgaria y Rumania. En España la participación es mayor que la media, el 2,5 por ciento del valor añadido bruto. En territorios más
pequeños y que están más identificados con el medio rural y la agricultura, por ejemplo Castilla y León, el valor relativo duplica el valor nacional, concretamente se trata del 5 por ciento del PIB de Castilla y León. En la Unión Europea este
sector da empleo a 13 millones de personas a tiempo completo en las actividades agropecuarias repartidas en 13,7 millones de explotaciones; el 60 por ciento del empleo se localiza en cinco estados, Rumania, Polonia, Italia, España y Alemania. A
pesar del escaso peso económico este sector tiene unas fortalezas y potencialidades que son indiscutibles. En primer lugar abastecer a la población de las materias primas para la alimentación. En segundo lugar desarrollar su actividad en una gran
parte del territorio europeo: unos 172,5 millones
de hectáreas de superficie agraria útil en la Unión Europea que vienen a representar el 40 por ciento del territorio europeo, y además otra de las razones a destacar por su peso es generar actividad económica en el área de transformación
industrial. Este sector asociado, el de la industria agroalimentaria, da empleo a 5 millones de ciudadanos europeos localizándose el 57 por ciento en seis Estados, concretamente Alemania, Polonia, Francia, Italia, España y Reino Unido. Por lo
tanto, estamos hablando de una actividad, la agraria alimentaria, que en Europa da empleo a 18 millones de personas y que representa el 4 por ciento de su valor añadido bruto. La Unión Europea, además, es el primer exportador mundial de la mayor
parte de productos agrarios transformados que representa el 6,8 por ciento de las exportaciones totales de la Unión.
Una potencialidad añadida es que este sector ha demostrado un gran dinamismo en la balanza comercial de algunos Estados, como es el
caso de España, con más de 27.000 millones de euros de facturación, situándonos como el sector más importante de nuestras exportaciones.
Las particularidades de la especialización alimentaria y el desarrollo económico en las áreas rurales, que son más frágiles en la creación y en el mantenimiento del empleo, han llevado consigo históricamente a un intervencionismo público en
el sector agrario con diferente intensidad.
Desde el Estado más avanzado hasta el más precario en recursos. En la Comunidad Europea esta orientación estratégica dio lugar en 1962 a la primera de las políticas europeas, que es la política agraria
común, y prácticamente medio siglo después sigue siendo una de las referencias en la construcción europea. Hoy estamos hablando de ella y no como un hecho histórico sino como una realidad. Esta política ha ido evolucionando, como todo
indudablemente, y ha dado paso a otras actuaciones de la Unión demandadas por la sociedad. Este proceso ha tenido un claro reflejo en el presupuesto de la Unión, pasando el gasto agrario de representar un 75 por ciento en los años ochenta hasta un
40 por ciento aproximadamente en la actualidad, que supone 53.000 millones de euros. Importe, como verán, nada desdeñable en términos absolutos, sin duda; aproximadamente estamos hablando de 30 céntimos de euro al día por habitante de la Unión
Europea de los Veintisiete. Señorías, entramos en una revisión de la política agraria continuando la trayectoria ya iniciada en procesos anteriores.
Sin embargo ahora nos encontramos ante un debate hasta cierto punto interesado donde se empiezan a
cuestionar y buscar principios. Está claro que nos encontramos además en una situación compleja, financieramente hablando, en la que necesitamos priorizar y optimizar la utilización de los recursos públicos.
Si me permiten, una vez que me he referido a los datos más destacados de la agricultura y la ganadería en Europa y también al contexto en el que se lleva a cabo esta revisión, voy a entrar de lleno en los planteamientos y en las reflexiones
que yo les quería exponer hoy aquí.
La política agraria común como política comunitaria se sitúa desde el punto de vista económico en los marcos financieros plurianuales planificados. Estamos en el marco 2007-2013 y vamos a entrar en el proceso de
negociación del próximo marco 2014-2020. Estamos en la quinta perspectiva financiera desde el denominado paquete Delors de 1988 a 1992.
En estas nuevas perspectivas se van a definir objetivos y medios presupuestarios de la Unión, tanto a nivel de
ingresos como de gastos, distribuyendo la financiación entre las distintas políticas como la agraria común, la de cohesión, la de competitividad y otras actuaciones, todo en el marco de la nueva estrategia Europa 2020. El marco financiero será la
clave para el desarrollo de las políticas en el próximo período y va a definir la medida de nuestras posibilidades de gasto, pero hay que tener en cuenta que la definición de este marco va a coincidir con la revisión del presupuesto comunitario y de
la política agraria común. La Comisión Europea presentó el 19 de octubre pasado, la comunicación relativa a la revisión del presupuesto de la Unión Europea, estableciendo las orientaciones generales que deberán determinar los próximos presupuestos,
indicando expresamente que la política agraria común tendrá que orientarse para contribuir a la estrategia Europa 2020.
En lo que respecta al ámbito agrario la Comisión Europea ya nos ha transmitido su planteamiento respecto a lo que espera de la agricultura en el próximo período en su comunicación de la PAC en el horizonte 2020, que presentó el pasado 18 de
noviembre al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Con esta comunicación se inicia un proceso que llevará consigo la presentación de propuestas legislativas a mediados de este año que se solaparán
con las propuestas del marco financiero antes del 1 de julio de 2011, con debates entre los Estados miembros durante 2012, acuerdos del Consejo Europeo y decisiones del Consejo y el Parlamento Europeo en 2013. Todo ello con el objetivo de que el 1
de enero de 2014 tengamos en vigor las perspectivas financieras 2014-2020, el nuevo presupuesto y la PAC adaptada para este período también. No hemos entrado señorías, permítanme la expresión, con buen pie desde el punto de vista agrario. Cuando
se presentó por la Comisión Europea el 3 de marzo de 2010 la comunicación, Europa 2020, una estrategia para el crecimiento inteligente sostenible e integrador, donde se marcan las propuestas de objetivos para los próximos años en la Unión Europea,
no figuraba la agricultura por ningún sitio. Sorprende que la principal política comunitaria quedara fuera de esta estrategia. Fue olvidada o fue simplemente relegada. En realidad, para ser precisos, solo figura el sector agrario una vez, cuando
dice la comunicación que Europa tiene puntos fuertes como un sector agrícola floreciente, floreciente; más constructivo hubiera sido incorporar algunos de los datos o reflexiones a los que me he referido, las potencialidades del sector agrario en
materia de empleo, de sostenimiento de los recursos naturales, de lucha contra el cambio climático desde
luego la más importante, la alimentación. ¿Cómo vamos a crecer inteligentemente en Europa si se olvida que tenemos que comer? En definitiva, no se incorporó ni como iniciativa ni como objetivo ninguna alusión referida a la necesidad de
mantener una producción mínima de alimentos para la población de la Unión Europea, que no es precisamente escasa, ya que contamos con 500 millones de habitantes. Miren ustedes, esto además se produce en un momento en el que conocemos el informe del
Banco Mundial que se ha hecho público el pasado 15 de febrero. En él se dice que 44 millones de personas en los países en vías de desarrollo han pasado a ser pobres por el encarecimiento del precio de los alimentos.
Señorías, esta ausencia de mención de la política agraria con la fortaleza y con la importancia que tiene en Europa ha provocado dos reacciones.
Una, se intentó parchear la estrategia, como hizo el Consejo Europeo del 17 de junio de 2010,
incorporando una pequeña alusión para que la PAC junto con otra políticas comunes apoyaran la estrategia 2020. Otra, un intento de legitimar la política agraria común que partió con una comunicación de la Dirección General de Agricultura de la
Comisión de diciembre de 2009 bajo el título, Por qué necesitamos una PAC, seguida de un debate público que abrió a principios de 2010 el nuevo comisario de Agricultura, el señor Ciolos, sobre esta política. Este debate terminó en la conferencia de
julio en Bruselas, con la presentación de la comunicación de la Comisión de 18 de noviembre a la que he aludido anteriormente. Llegamos a este punto, señorías, yo les pregunto, a quién intentamos convencer sobre los beneficios de la PAC, por qué
tenemos que buscar ahora argumentos para legitimarla distintos a la producción de alimentos de forma saludable, porque realmente llevamos más de un año con el mensaje de convencer a la sociedad de que la PAC incorpora beneficios como el
mantenimiento del paisaje, contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y a conseguir equilibrios sociales y territoriales. La semana pasada tuve la ocasión de intercambiar opiniones con la ministra de Medio Ambiente, la señora Aguilar, y
me insistía aún en estos argumentos. Miren ustedes, yo les invito a que pregunten a la gente de la calle, cuando salgan de esta Cámara, qué piensan sobre la PAC. Seguro que las respuestas que se van a encontrar les van a sorprender. El grado de
conocimiento de lo que es y de lo que representa, será totalmente diferente si preguntan a un habitante de una gran ciudad, como puede ser Madrid, o a uno que vive en un núcleo rural. Les voy a dar un ejemplo y les voy a dar datos.
En la encuesta del Eurobarómetro de diciembre de 2009 podemos encontrar el resultado obtenido sobre la pregunta a los ciudadanos de si habían oído hablar de la PAC. El 87 por ciento respondió que no o que sí, pero no sabían lo que era.
Estas encuestas se hacen fundamentalmente en las zonas urbanas donde está la mayor parte de la población. Si la encuesta se hubiera hecho en el medio rural los resultados hubieran sido totalmente inversos. Revisen por otra parte quiénes han
realizado las 5.600 aportaciones en este debate público de la PAC. Comprobarán que un porcentaje elevadísimo procede de personas y organizaciones vinculadas con el sector agrario, ¿dónde está entonces representada la sociedad? Por lo tanto me da
la impresión de que buscar nuevos argumentos que legitimen la PAC diferentes a la producción de alimentos, está más bien dirigido por ideólogos que no bajan a la arena, permítanme la expresión. Les transmito esto porque en mi opinión la sociedad en
general está alejada de los problemas y de las realidades del sector agrario. Con esto señorías, les incorporo mi primera reflexión, lo que realmente necesitamos es concienciar a la sociedad de que los alimentos, la barra de pan o el tetrabrik de
leche que compramos en la tienda del barrio o del supermercado no proceden de allí; proceden del trabajo de personas que intentan garantizarnos el abastecimiento de esos productos y esto indudablemente tiene un coste, que es preferible pagar entre
todos con unas reglas comunes. Si queremos seguir teniendo la seguridad alimentaria que demandamos como consumidores, eso es justamente la PAC.
Una crisis alimentaria por desabastecimiento o por problemas sanitarios tendría efectos muy negativos en la economía de Europa; por lo tanto tengamos en cuenta estas situaciones en el impacto de la PAC en las perspectivas financieras. Si
lo quieren ver en términos económicos, recuerden a lo que me he referido, 30 céntimos al día por persona y el 40 por ciento del presupuesto comunitario. Ese es el coste. ¿Estamos dispuestos a renunciar a la PAC por este coste? Miren ustedes, hay
un claro consenso en reconocer que la eliminación de apoyos públicos europeos a la agricultura producirá la concentración de la producción de agraria en determinadas zonas de la Unión Europea utilizando prácticas más intensivas. Se perdería esta
actividad en la mayor parte de los territorios rurales de Europa empezando por los más frágiles y con escasos recursos, provocando además pérdida de capacidad productiva. Les recuerdo que el 91 por ciento del territorio de la Unión Europea es rural
y en él se ubica el 59 por ciento de la población de Europa.
Personalmente defiendo la política agraria y la entiendo como una política comunitaria. Creo francamente que es una forma de avanzar con vistas al futuro. La PAC ha conseguido grandes
logros, garantizar una parte de la renta de los agricultores, en torno al 25 por ciento de media en España. Ha conseguido consolidar a la Unión Europea como una potencia agraria y alimentaria en el mundo y con un modelo de calidad en sus
producciones, por cierto, no recibiendo una reciprocidad equivalente en los intercambios. En contraposición es cierto que no resuelve los problemas de competitividad y no convence a los jóvenes.
Este último apartado es un asunto preocupante. El mayor valor añadido es el capital humano joven, que permite la renovación y la incorporación de ilusión y de ideas. El agricultor joven está más formado y en términos de potencial económico
mejora el uso de la tierra y de la fuerza del trabajo. La agricultura europea está en general
muy envejecida; prácticamente la mitad de los agricultores tienen más de 55 años de media. Hay un agricultor de menos de 35 años por cada nueve de más de 55 años. En España, este índice de juventud es menor, un agricultor de menos de 35
años por cada catorce de más de 55 años, existiendo importantes contrastes entre Estados; los más envejecidos son Portugal, Italia, Reino Unido y Bulgaria. Un agricultor de menos de 35 por cada veinticinco de más de 55 años. Y los menos
envejecidos, este es un buen ejemplo son Polonia, Alemania y Finlandia, con un joven de menos de 35 años por cada cuatro de más de 55 años. Fíjense en este dato, Alemania tiene un joven de menos de 35 por cada cuatro de más de 55, España uno de 35
por cada catorce de más de 55 años. En Castilla y León tenemos una situación similar a la media europea y algo mejor que la media española. Un agricultor de menos de 35 años por cada diez de más de 55. Aunque estamos obteniendo buenos resultados
con las incorporaciones de jóvenes al sector agrario, a través de los programas públicos ya que en estos cuatro últimos años hemos incorporado 1.663 jóvenes que representan de manera global aproximadamente un 5 por ciento de los productores que se
dedican a tiempo completo a esta actividad en Castilla y León, la balanza sigue dando unos resultados de excesivo nivel de envejecimiento.
En la Unión Europea, por supuesto en España, podemos comprobar de forma general que a pesar de todo cada día contamos con menos agricultores y ganaderos, que la población joven es minoritaria y que no fomentamos un ambiente atractivo en este
sector, sobre todo, porque los agricultores jóvenes tienen auténticas dificultades para acceder a la tierra, y en general los agricultores y los ganaderos están sometidos a graves problemas de mercado, con precios percibidos y pagados que dejan un
escaso margen de beneficio, con incrementos continuados de los costes de producción y en algunos casos exagerados.
Todo esto, señorías, desemboca en una actividad insegura desde el punto de vista de las rentas, y el instrumento más potente que tenemos para aportar soluciones es la política agraria comunitaria y esta ahora mismo sólo ofrece garantías
relativas. La agricultura ofrece altas cuotas de autoempleo. No olvidemos que el sector agrario europeo es de tipo familiar, por lo tanto puede contribuir claramente a la creación de empleo si damos con las soluciones adecuadas. Por eso también
entiendo que la PAC tiene que revisarse y esto me lleva a expresarles dos reflexiones más. Una, la PAC necesita adaptaciones para cubrir las necesidades del sector agrario y la principal necesidad que deriva prácticamente de los objetivos iniciales
de esta política es garantizar un nivel de vida adecuado a los agricultores y a los ganaderos. Con ello conseguiremos que esta actividad sea atractiva, y permita no solo mantener el empleo sino crearlo. Otra reflexión, la tercera, que la PAC debe
incluir entre sus objetivos, un componente de protagonismo joven que permita que la juventud lidere la innovación y los nuevos mecanismos de intervención y de regulación de mercados en el aspecto relativo a la concentración de la oferta. Estoy
convencida de que si cubriéramos esta imperiosa necesidad, se desencadenarían múltiples beneficios respecto a los denominados bienes públicos, y se conseguiría también avanzar sobre los grandes retos europeos en materia de seguridad alimentaria,
gestión sostenible de los recursos naturales y la mitigación de los efectos del cambio climático. Ahora bien, para hacerlo deberíamos evaluar el resultado de la PAC que hemos tenido hasta ahora puesto que se han llevado a cabo adaptaciones, las más
importantes a partir de 1999 derivadas de la aplicación de la Agenda 2000, que marcó una línea liberalizadora de la política agraria europea, incluso con adaptaciones de las modificaciones realizadas previamente y todo ello, permítanme que les diga,
sin comprobar los efectos de lo anterior. El ejemplo último ha sido el chequeo médico que pretendía ser un análisis de las modificaciones introducidas para ver sus efectos y se convirtió en otra modificación más, sin analizar ni los resultados ni
las consecuencias, sobre todo porque no se podían analizar, ya que estas modificaciones se introdujeron de una manera simétrica en el tiempo; en los Estados miembros no había experiencia que valorar.
Señorías, ahora nos adentramos en una nueva fase y en esta fase en la comunicación de la Comisión Europea hay tres opciones. La primera quedarnos como estamos, pero equilibrando la distribución de pagos directos entre Estados miembros. La
segunda avanzar, garantizando una mejor distribución de los pagos entre los Estados, manteniendo dos pilares, uno de ayudas y mercado, con un nuevo sistema de ayudas más orientado hacia las condiciones ambientales y otro pilar dirigido a prioridades
de la Unión Europea, es decir, medioambiente, cambio climático y la innovación. Y una tercera más radical, que es la eliminación gradual de los pagos directos junto con las medidas de mercado y la reorientación de la financiación hacia el
medioambiente y la mitigación del cambio climático. En conclusión, tres opciones entre las cuáles la primera y la tercera se descartan por sí mismas, sobre todo la tercera, y con una opción, la segunda, con grandes interrogantes porque supone una
concepción nueva que desde luego requiere realizar un análisis profundo. Como podrán comprobar se vuelve a repetir la historia, nos han presentado unas propuestas en la comunicación de la Comisión, sin análisis de impacto ni de lo que ha pasado ni
de lo que puede pasar. En definitiva, ideas que se lanzan, sobre las que hay que decidir y el tiempo nos dirá lo que puede pasar.
He manifestado en varias ocasiones que nos adentramos con mucha probabilidad en un cambio profundo, ya lo veremos en todo caso, pero lo que es evidente es que nosotros en España necesitamos saber qué efectos pueden producir las propuestas
que se han planteado. En definitiva, es imprescindible hacer una simulación del impacto económico, y esta es mi cuarta reflexión, y no quiero que me acusen ni de temeraria ni de desleal por decir esto, porque en varias ocasiones he escuchado que
en toda negociación hay que hablar poco, que forma parte de la estrategia, y eso yo también lo tengo claro. Pero, señorías, entenderán que en toda negociación es necesario conocer los perjuicios y los beneficios de lo que se está negociando
y no consiste en ir propagando nuestras debilidades, eso lo doy por sentado.
Entiendo que hay muchas dudas e incertidumbres, pero es necesario aclararlas cuánto antes para poder avanzar. Creo sinceramente que nos estamos dejando llevar por la Comisión Europea, que gana tiempo ahora para acelerar el proceso del
debate después. La realidad es que hasta la fecha sólo se está entrando en debates de ideas generales en el Consejo, pero no olviden que el tiempo pasa y que queramos o no el 1 de enero de 2014 tendremos nuevas disposiciones reguladoras de esta
política. La Comisión nos ha planteado unas opciones para revisar la PAC con el objetivo de conseguir ocho retos y contribuir a la estrategia Europa 2020 en lo que respeta al crecimiento inteligente y sostenible. Estas opciones se han planteado
sin conocer la estrategia financiera que al final será la que determine las posibilidades de avanzar, estancarnos o desaparecer.
Ya he comentado anteriormente los riesgos que traería la desaparición; el estancamiento tampoco sería bueno porque hay
que avanzar para solucionar graves problemas que en este momento tiene el sector y que no son baladí.
En consecuencia, no nos queda más remedio que luchar por mantener la financiación, que será un buen punto de partida para adaptar la política
agraria actual.
Todos ustedes saben los efectos que los fondos agrarios europeos tienen y tendrán en el balance financiero español. En el último ejercicio han supuesto en España 7.000 millones de euros solo de contribución europea.
--los segundos
receptores detrás de Francia-. En Castilla y León esta financiación también es importantísima, somos los segundos perceptores detrás de Andalucía. El año pasado se alcanzó el importe más alto, 1.146 millones de euros. Por lo tanto con
independencia del debate de aplicación, que será intenso y duro, necesitamos conocer el impacto económico para mantener una posición negociadora fuerte en todos los ámbitos y niveles políticos que nos permitan conseguir la máxima financiación
posible como Estado. La comunicación de la Comisión ha destacado un reto que ya de por sí es delicado, aunque entendible desde el punto de vista de la solidaridad, equilibrar las ayudas de la PAC entre lo Estados miembros y los agricultores.
Quiero incidir aquí en una quinta reflexión, la actividad agraria no se ejerce de la misma forma y con los mismos costes en todos los territorios, por lo tanto hay que analizar claramente las causas que existen para tener esos
desequilibrios. Les pongo un ejemplo en mi región. En ella para una misma superficie, un agricultor de secano no recibe el mismo apoyo que un agricultor de regadío, no son comparables los costes por superficie del cereal en secano con los de la
remolacha o el maíz. Este argumento también puede extenderse entre Estados, por ejemplo en Reino Unido y Francia la remolacha prácticamente no se riega y en España sí; los costes de producción, por lo tanto, son muy diferentes.
Si a esto
incorporamos además la necesidad de estudiar las diferencias entre Estados que han tenido referencias históricas en las ayudas, con los que no las han tenido como es el caso de los Estados del Este, nos encontramos con una serie de circunstancias
que requieren un análisis pormenorizado; no es tan simple como decir que cobren todos igual.
Llegados a este punto, con el mismo argumento de las diferencias en los sistemas productivos que ya ha sido reconocida por la Comisión tras los posicionamientos, hay que decirlo, de Francia y Alemania, para descartar la idea que inicialmente
estaba planteando de una ayuda básica para todos los Estados miembros, aprovecho para incorporarles otra reflexión que sería la sexta. La necesidad de fijar ya una posición de Estado Español respecto a las ideas propuestas por la Comisión para ir
orientando el debate hacia lo que realmente nos interesa o descartar del debate lo que no nos interesa. Aún no existe esta posición en España a pesar de que otros Estados ya lo han hecho como Francia, Alemania o Países Bajos.
No voy a entrar a criticar este asunto, solo les informo que estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para ayudar a tener una posición consensuada. Confío en que en el mes de marzo el Gobierno del Estado pueda tener esta
posición para expresarla públicamente. Nosotros desde luego creemos que es positivo y colaboraremos para conseguir este objetivo, aunque va a llegar muy tarde.
Si me permiten, voy a pasar a exponer a continuación algunas aportaciones a este debate. Es una concepción algo diferente de lo que pienso que podría ser la nueva PAC. Indudablemente, algunos rechazarán estos planteamientos y a otros les
parecerán interesantes. En cualquier caso espero que puedan ayudarles en su trabajo en el marco de esta ponencia.
La posición que voy a transmitir parte del principio de conseguir que el mayor peso de la financiación que se obtenga se oriente al
sector productor agrario y alimentario para que pueda desarrollar su principal faceta, que es la productora de alimentos, pero sin olvidar todas las potencialidades que este sector puede desarrollar. A este respecto hay que tener en cuenta que la
incorporación de la Red Natura 2000 ha representado una contribución muy significativa para la preservación de la biodiversidad. El 13,7 por ciento del territorio de la Unión Europea está incluido en estos espacios. Eslovenia, Bulgaria y España
tienen entre el 24 por ciento y el 31 por ciento de su territorio en esta red y existen grandes posibilidades. En Castilla y León tenemos casi 2,5 millones de hectáreas en Red Natura 2000, el 26 por ciento de nuestro territorio. Con esta
potencialidad ya aplicamos programas derivados de la PAC para desarrollar prácticas agrarias en estas zonas.
Otro apartado que nos interesa es contribuir desde el ámbito agrario a la mitigación de los efectos del cambio climático. Las bajas cosechas debidas a sequías, inundaciones y exceso de calor en determinadas partes del
planeta han provocado variaciones en los abastecimientos y por lo tanto en los precios de las materias primas. En definitiva, todo lo que podamos hacer en este asunto será bueno para la sociedad en general y para el sector agrario en
particular. La agricultura de la Unión Europea produce 471 millones de toneladas equivalentes de CO2. Esto supone el 9,6 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa, con una disminución media anual del 0,7 por ciento en
los últimos diez años.
Debemos continuar por este camino contribuyendo a disminuir estos gases.
España con 39 millones de toneladas, representa el 8 por ciento de las emisiones del sector agrario europeo, por debajo de las emisiones de Francia,
Alemania y Reino Unido. Partiendo de estos datos, en mi opinión, señorías, la nueva PAC debe defender una posición claramente de competitividad productiva, pero a la vez garantizando un nivel de rentas determinado con independencia de las
fluctuaciones del mercado. Por ello debe estructurarse en tres pilares, y no vean en esto el primer punto de conflicto, no es contrario a la simplificación ni mucho menos, ante todo tiene que imperar la sencillez y la simplificación. Por lo tanto,
la estructura que yo propongo es la siguiente. Un pilar de garantía de rentas basado en un sistema de ayudas a agricultores y ganaderos que estén realmente produciendo y que se dotaría de financiación exclusivamente europea. Un pilar de mercado,
por una parte, recuperando sistemas de intervención pública en colaboración con los operadores privados del sector; por otra parte, implantando sistemas de seguros contra riesgos y, por otra, con normas de competencia adaptadas, favoreciendo la
concentración de la oferta, y este pilar tendría un sistema mixto de financiación europeo y privado. Y finalmente un pilar estructural y de cooperación con el medio natural que estaría basado, por un lado, en acciones inversoras en materia agraria
y alimentaria, con apoyo a la formación y a la innovación, y, por otro, en actuaciones de apoyo a la agricultura medioambiental, a la mejora medioambiental en el medio rural, a la mitigación del cambio climático y a la mejora de las áreas rurales.
Este pilar estaría cofinanciado entre financiación europea y de los Estados miembros.
En esta concepción quiero destacar que el pilar de mercado tendría un peso fundamental en la reforma, ya que si realmente funciona prácticamente las ayudas se podrían minimizar. El agricultor y el ganadero no quieren ayudas, lo que
realmente quieren es vender sus productos para poder vivir y para que sus hijos vean esta actividad atractiva. A través de este diseño tendríamos una política en la que garantizaríamos a los agricultores de los sectores que han recibido apoyos de
la PAC un nivel de sus rentas, un tipo de ayuda base por Estado con un sistema de ayudas, por supuesto, respetuoso con unas normas de condicionalidad simplificadas. En este sistema tendríamos desligados de la producción todos los sectores con la
ayuda base, pero recibirían un complemento diferenciador determinadas producciones por estar ligadas a procesos industriales como es el caso del cultivo de la remolacha, por diferencia de costes de producción como por ejemplo el regadío, por tener
ganadería o por algún supuesto particular especial que podría determinarse a nivel de Estado. Estos complementos se deberían ajustar al cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, pero evitando complejos requisitos para que se cumplan por
nuestros agricultores. Es decir, volveríamos a un sistema mixto desacoplado acoplado, como se utiliza en el argot de las ayudas europeas, pero con la salvedad de que la parte acoplada sería voluntaria para el agricultor.
Respecto a los perceptores en el concepto de agricultor activo, nos dirigimos, en primer lugar, a simplificar la definición en el sentido de que lo que nos interesa realmente es una agricultura y una ganadería productiva. En segundo lugar,
a través de este diseño de tres pilares mejoraríamos el aspecto en el que mayores problemas encontramos para dar respuesta en este momento a los productores, que son los mercados. Es preciso recuperar los sistemas de intervención que pueden
permitir retirar producto en épocas de bajos precios e incorporarlos en épocas de precios altos. Para ello se condicionaría el sector a agruparse o a asociarse en estructuras de comercialización que concentren la oferta, y se regularía un nuevo
sistema de precios de intervención o de retirada con un tramo fijo público y otro que correría por cuenta de las estructuras de concentración de la oferta. Estas estructuras tendrían una dotación financiera del presupuesto comunitario para acceder
a gastos de retirada o aprovisionamiento. Este sistema se dirige hacia el principal problema que tiene ahora mismo el sector agrario, que es la falta de concentración de la oferta. La organización inadecuada e insuficiente que tenemos debilita
considerablemente al sector y no le permite negociar los precios, dependiendo de otros eslabones de la cadena alimentaria con posiciones más dominantes. El sistema también debe ir acompañado de una regulación sobre la competencia que permita
concentrar la oferta y negociar los precios, así como un sistema de seguro para cubrir los riesgos. En tercer lugar, este diseño de pilares al que me he referido permitiría trasladar las exigencias medioambientales distintas de la condicionalidad o
el tramo verde de la PAC a un paquete de ayudas voluntarias, en este caso a lo que he llamado tercer pilar y a los incentivos inversores. También como novedad sustituiríamos la política actual de desarrollo rural de la PAC por una cooperación entre
el territorio rural y el medio natural. No podemos hacer recaer el desarrollo rural en la PAC y en consecuencia en los agricultores y en los ganaderos. En todo caso debe contribuir esta política a la mejora de estos territorios en la medida de sus
posibilidades, pero el desarrollo rural debe ser un objetivo de todas las políticas europeas y nacionales, todas deben contribuir a dar más posibilidades de empleo y de riqueza en estas áreas del territorio.
Como verán, señorías, estas ideas difieren de la propuesta de la Comisión, sobre todo porque no veo que esta comunicación que ha hecho la Comisión mejore la PAC respecto al objetivo de mantener un sector fuerte y
competitivo con los planteamientos que nos han trasladado, algunos muy poco definidos. Reconozco que no me gusta el esquema de exigir más a un sector que padece auténticos problemas sin aportarles soluciones para que puedan trabajar en unas
condiciones dignas y bien remuneradas. Recuerden las manifestaciones de los ganaderos de leche en Europa en el segundo semestre de 2009, las manifestaciones en España a finales de ese año o las que se están produciendo ahora mismo de ganaderos que
exigen soluciones al incremento continuo y exagerado de los costes de producción y al estancamiento o bajada de los precios de sus producciones. Nosotros hemos analizado con el sector sus problemas y una buena parte de la solución pasa por adaptar
la PAC. Insisto en lo que les he transmitido: si tuviéramos un buen pilar de mercado, esa tercera pata que le falta a la mesa de la PAC para que sea estable, tendríamos más posibilidades de contar con un sector agrario fuerte. Tenemos una buena
oportunidad y hay que aprovecharla. Necesitamos que ustedes, los parlamentarios, que son representantes de la sociedad, entiendan los problemas y que los homólogos en el Parlamento Europeo también lo entiendan, y estoy segura de que con su
colaboración podremos llegar a mejorar la posición del sector agrario y alimentario en la Unión Europea.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera, por su intervención detallada. Abrimos el turno de portavoces, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular el senador don José Valín va a intervenir. Tiene la palabra por tiempo de
diez minutos.
El señor VALÍN ALONSO: Señora consejera, ante todo bienvenida a esta ponencia. No puedo por menos de manifestar que tenía una auténtica curiosidad, por razones obvias de naturaleza personal, en conocer sus planteamientos y concretamente su
exposición.
También tengo que darle las gracias especialmente porque su exposición ha sido ordenada, documentada y concisa, lo que contrasta bastante con lo que está sucediendo en general con esta reforma. Nos estamos encontrando con que desde hace un
año esta reforma tan esperada apenas da lugar más que a documentos bastante vagos, comunicaciones que no pueden ser más vagas, que no fijan especiales detalles en cosas importantes. Es verdad que señalan algunos problemas, como puede ser la
necesidad de sustituir los derechos históricos, indudablemente uno de los problemas más importantes de la PAC desde muchos puntos de vista, pero no señala ningún mecanismo ni ninguna intención de resolver los problemas a los que usted se ha
referido, que son los problemas del mercado a los que se enfrentan los agricultores y que están dando lugar, como bien sabemos todos, a una tremenda oscilación de precios y a una volatilidad, como se dice ahora, en los mercados. Tampoco muestra una
excesiva voluntad de defender la ficha financiera, a la que se hacen pocas referencias en los planteamientos generales. Y eso, que es así en cuanto a lo que está emanando de las instituciones europeas, también es algo parecido en cuanto a la
postura que emana en esta materia del Gobierno. También hay algunas comunicaciones, pero a fuer de vagas se hace difícil conocer cuál sería la orientación, más que las referencias habituales a los aspectos medioambientales y algunas otras
cuestiones, como una PAC fuerte, etcétera, pero sin concretar demasiado en los aspectos.
Usted, señora consejera, ha planteado en su exposición una postura mucho más concreta, yo diría incluso que ha sido una postura realmente comprometida en algunos aspectos fundamentales. Ha señalado usted concretamente tres pilares como una
línea de orientación de lo que sería la postura de Castilla y León en esta materia. Ha señalado una preocupación muy clara por los jóvenes, y ha dado datos que dan escalofríos en relación con la pirámide poblacional tanto en Europa como en España,
como en Castilla y León. Es una pirámide muy preocupante desde luego en España y en general en todas sus comunidades autónomas, lo que nos orienta en dos o tres sentidos, o bien tenemos rendimientos muy escasos o tenemos muy mal dimensionadas las
explotaciones, con las necesidades de reestructuración que ello conllevaría. En cualquier caso, usted lo ha puesto de manifiesto junto con los problemas de mercado, que sin lugar a dudas son los problemas reales de la agricultura, a los que hay que
hacer frente con esta o con cualquier reforma. Esa problemática, sin lugar a dudas, es la que se hace de desear en los planteamientos europeos y en los españoles, es decir, planteamientos que bajen a la arena y que realmente den soluciones a esos
problemas. Hemos estado demasiado tiempo en España esperando que viniera y dando palos al agua en cuanto a los planteamientos del Gobierno español en la Presidencia española en relación con esta materia. No se ha concretado la Presidencia española
en las líneas que acaso fueran las más interesantes en su momento, como eran las de asegurar y afianzar la ficha financiera hacia el futuro, en unos momentos en los que probablemente España tendría que haber adoptado, desde ese punto de vista un
papel fundamental puesto que es España la segunda o tercera preceptora, según los años, después de Francia y más o menos en el mismo nivel que Alemania, y parece absolutamente lógico que en caso de cambios importantes lo mejor que le puede pasar a
España es que pierda una parte de ese pastel que en estos momentos es importante y que se ha negociado y batallado así a lo largo de la historia para mantener ese volumen y ese montante.
Son muchas, por tanto, las preocupaciones, usted se ha referido a todas ellas, y yo querría ser muy concreto y plantearle tres preocupaciones que me suscita la situación actual y el futuro en relación con esta reforma, y tres preguntas
concretas sobre lo que usted ha manifestado como una línea de lo que podría ser una PAC desde el punto de vista de Castilla y León. Las tres preocupaciones que me suscita la reforma son las siguientes. Una
primera es que las experiencias anteriores, más o menos recientes pero que ya empiezan a ser de algún decenio o de casi algún decenio, muestran que cuando ha habido alguna reforma importante todas aquellas producciones que tenían
dificultades de competitividad han terminado yéndose al garete. Estoy hablando del tabaco, estoy hablando de la remolacha, estoy hablando del algodón. Es decir, hemos visto que como no se tenga cuidado los productos con mayores dificultades de
competitividad pueden terminar maltratados en una reforma. En mi opinión, hay dos líneas importantes de producciones en España que tienen problemas de competitividad en estos momentos, una es la que podríamos decir que afecta a las zonas del sur,
que podría ser la derivada o la relacionada con la horticultura que tiene problemas de competitividad con las importaciones de terceros países, Marruecos o Mercosur, y en lo que se refiere a la zona norte de España, que es la que quizás a usted como
consejera y a mí como senador en representación de esa comunidad autónoma nos preocupa, que es el sector ganadero, que está teniendo en estos últimos tiempos -y a la vista está las manifestaciones a las que usted ha hecho referencia-, problemas
importantísimos que le están conduciendo a situaciones casi de angustia, por decirlo de alguna manera. La pregunta o reflexión que le hago es si se está haciendo lo suficiente desde el análisis y desde la negociación por parte del Gobierno español,
por parte en general de todas las estructuras, las instituciones españolas, para asegurar que esta reforma no ocasione problemas muy serios e importantes a sectores con riesgo, con problemas, como puede ser el sector ganadero. Una segunda
reflexión, una segunda pregunta. La Comisión, la comunicación de la Comisión, los planteamientos del Gobierno español, todo el mundo hace énfasis en relación con lo medioambiental, y evidentemente España tiene grandes producciones, como son las del
regadío, como son las producciones de cebo y de leche estabuladas, que son aproximadamente la mitad en España, estabuladas sin base tierra, y como son otra serie de producciones que difícilmente pueden tener la calificación de medioambiental. En un
supuesto de que lo medioambiental se llevase una parte importante del pastel de las ayudas, un posicionamiento español muy, digamos, valiente en lo medioambiental haría correr el riesgo de que determinadas producciones de las más interesantes, como
son regadío, como son otras producciones a las que me he referido de la leche sin base tierra o el cebo sin base tierra, se vieran sin un porcentaje importante de esas ayudas. La reflexión que me hago es hasta qué punto el Gobierno y los
negociadores españoles están valorando esta cuestión como un elemento de riesgo también.
La tercera reflexión que me hago es la siguiente. De resultas de otras experiencias anteriores de naturaleza personal -yo acompañé como consejero de Castilla y León a la ministra de Agricultura de entonces a la negociación del azúcar- se
vio claramente -y creo que aquí hay alguna persona, como el presidente de la Comisión, que ha participado en muchas negociaciones- que no se negocia en los Consejos de Ministros, donde hay tres minutos para exponer una opinión, allí se expone una
opinión y basta. Lo que hay que hacer es negociar con los países líderes, con los países importantes, con los países hegemónicos, que son los que de verdad tienen peso y condicionan de alguna manera naturalmente a la Comisión. Yo creo que en
aquella negociación de la remolacha Francia y Alemania eran países fundamentales, pero no se tuvo en cuenta, no se puso el énfasis en esa negociación con esos países hegemónicos, y ahí estuvo de alguna forma la razón de que aquella negociación no
saliese tan bien como tenía que haber salido. Mi pregunta o mi reflexión es si se estará haciendo en estos momentos por parte del Gobierno Español y de las instituciones, de los negociadores el planteamiento negociador adecuado en el sentido de que
se esté yendo donde está de verdad el origen de las decisiones o las posibilidades de influir en las decisiones, es decir, Francia, Alemania y algún otro país, que es, entiendo yo, el camino adecuado de la negociación junto con la fijación de
prioridades.
Esas son mis tres reflexiones sobre la materia, pero quisiera también hacerle tres preguntas específicas en relación con lo que usted acaba de manifestar.
El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya terminando.
El señor VALÍN LONSO: Termino rápidamente. En primer lugar usted ha señalado tres pilares, que naturalmente cambian un poco la filosofía y la cuestión. ¿Se trata de una subdivisión de alguno de los pilares, cómo cree usted que se va a
gestionar o que se gestionaría esa situación con los tres pilares que ha manifestado? En segundo lugar, respecto al componente joven, muchas veces se ha hecho referencia en las políticas agrarias europeas a la necesidad de rejuvenecer, pero solo
algunos países, por lo que usted nos ha señalado en sus datos, lo están haciendo bien. ¿Cómo cree que habría que profundizar en esa política del componente joven en la PAC? Y en tercer lugar, y termino, ha señalado usted la necesidad de análisis
de impacto, que yo creo que es fundamental para fundamentar, perdón por la redundancia, las posturas de España y las posturas de la Comisión ¿Cómo cree que habría de organizarse, qué puede profundizar en esa materia en relación con ese análisis de
impacto?
Por lo demás, le agradezco nuevamente su concisión y el interés de su exposición.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista el diputado señor Alonso tiene la palabra.
El señor ALONSO NÚÑEZ: También desde el Grupo Socialista queremos agradecer su presencia y su intervención a la consejera de Agricultura de Castilla y León y reconocer su contenido y que en gran parte de los planteamientos, sobre todo
filosóficos, de política agraria, hay
una coincidencia básica. En el Grupo Socialista consideramos que estamos tratando un tema de gran importancia no sólo para los agricultores afectados por este cambio de política agraria, sino para el conjunto de los ciudadanos europeos, que
necesitan una política agraria que les garantice alimentos con seguridad alimentaria, con calidad y a precios competitivos, por tanto, es una política sectorial, efectivamente, pero que afecta al conjunto de la sociedad. Defendemos desde el Grupo
Socialista el carácter estratégico de la agricultura europea, por tanto, española, y debemos entre todos, partidos políticos, gobiernos, comunidades autónomas, sociedad, hacer el esfuerzo institucional y político que sea necesario para conseguir el
mejor resultado en esta negociación. Las negociaciones en Europa -algunos de los que están aquí saben más que otros- se inician y culminan y por tanto hay que hacerse presente y muchas veces no solo poner condiciones sino también estar en
condiciones de sacar adelante la mejor propuesta posible.
Decía al principio que coincidimos con algunas de las reflexiones que ha hecho y, efectivamente, estamos muy de acuerdo en poner en evidencia el problema de los jóvenes como un problema fundamental para garantizar el futuro. Yo creo que
este tiene que ser un elemento esencial en el diseño de las nuevas políticas en la Unión Europea. La PAC se ha cambiado en los últimos años, la última reforma es la que en este momento se está aplicando, junto con el chequeo médico, y estoy seguro
de que quienes negociaron entonces no fueron a aquella negociación asumiendo como principio o como resultado de la misma que había que renunciar a los principales instrumentos de gestión de mercado. Aquello fue el resultado de la última
negociación, España y el resto de países consiguieron una consolidación de su ficha financiera a cambio de, entre otras cosas, renunciar a los principales instrumentos de gestión de mercado.
Coincidimos desde el Grupo Socialista en que hay que
hacer un esfuerzo por recuperar esos instrumentos, pero es evidente que quienes negociaron entonces asumieron casi en su totalidad su desaparición, y por tanto las fluctuaciones, la volatilidad de los precios han sido una constante en estos últimos
años desde la última reforma.
Estamos en esta Comisión, señora consejera, usted lo sabe, para elaborar un dictamen que de alguna manera refuerce la posición negociadora española, un documento en la línea de lo que han hecho otros parlamentos -el Parlamento francés y el
alemán además han elaborado un documento conjunto-, y un documento, el de las Cortes Generales, que espero que pueda ser complementario, homogéneo, con el documento que el Gobierno en este momento está tratando de consensuar con las comunidades
autónomas, un documento que les fue entregado a los distintos consejeros creo que en una de las reuniones que hubo a lo largo del mes de noviembre. Por tanto, y con el fin de ir clarificando el destino y el resultado final de esta negociación, me
gustaría, señora consejera, por ser además consejera de una de las regiones, junto con Andalucía y Castilla-La Mancha, más afectadas y más dependientes de lo que resulte de esta nueva política, hacerle algunas preguntas. La primera es en relación
con el documento que les ha remitido el Gobierno, que pretende fijar una posición de gobiernos, comunidades autónomas y Gobierno central. He interpretado en sus preguntas que no hay en principio graves discrepancias porque el documento del Gobierno
habla efectivamente en uno de sus puntos del fortalecimiento y el mantenimiento de los tres pilares a los que usted ha hecho referencia, pero me gustaría conocer si hay, en definitiva, algún tema chirriante, si efectivamente es posible o usted cree
que será posible conseguir una posición común entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas. Segunda pregunta. En relación con estos temas hay un documento de los gobiernos francés y alemán -un pronunciamiento de los parlamentos francés
y alemán- que me parece que es un documento clave de orientaciones. Si usted lo conoce, como me figuro que lo conocerá, me gustaría conocer su opinión en relación con los planteamientos que Francia y Alemania están planteando en este momento. En
tercer lugar, de documentos que vamos viendo en los últimos días al Grupo Socialista le ha preocupado enormemente -no sé si usted coincide conmigo y también le pregunto por su opinión- la propuesta de documento que ha hecho el ponente del Parlamento
Europeo, el eurodiputado alemán Albert Dess, del Partido Popular Europeo, que en el primer documento que ha sometido a la reflexión del resto de eurodiputados ha propuesto, desde mi punto de vista, nada más y nada menos que reducir en un 20 por
ciento el primer pilar para destinarlo al segundo pilar, tercero para nosotros, de desarrollo rural. Esta es una propuesta -no sé si esto tendrá mucho consenso o poco- que me parece preocupante y me gustaría conocer su opinión.
Por último, de los debates que están surgiendo en España en relación con el futuro de la PAC y sobre todo la concreción de los nuevos instrumentos de política agraria comunitaria y específicamente el cálculo de las ayudas directas, que es un
tema muy importante, me gustaría saber si usted estaría de acuerdo en que, como se ha propuesto por algunas personas con capacidad para poder proponer, el cálculo de las ayudas directas se hiciera o se siguiera haciendo sobre la base de los derechos
relacionados que han generado ese tipo de ayudas. Es una propuesta que, como saben ustedes, circula y que de alguna manera está tratando de consagrar las actuales mochilas individuales a los principales perceptores de estas ayudas sobre la base de
unos criterios de cálculo basados en 2001-2002, para su aplicación en 2014 a 2020. Este es un tema importante porque puede ir despejando si queremos ir a una consagración de la situación actual o ir a la búsqueda de unos sistemas de cálculo de las
ayudas, desde mi punto de vista, con más legitimidad y de alguna manera con una mayor justicia sobre el momento en el que se produce la percepción de las ayudas.
Termino en relación con sus reflexiones iniciales con en el tema de los jóvenes. Estoy convencido de que este es un tema esencial. Hemos conocido que de los 620.000 perceptores de ayudas en España en este momento casi 250.000, el 40 por
ciento, tienen más de 65 años, y por tanto si no aseguramos aquí un relevo generacional en una PAC que estamos diseñando para los años 2014 a 2020, si vamos consolidando la foto actual creo que hay aquí un problema grave. Por tanto, respecto a los
jóvenes, desde mi punto de vista, no solo hay que trabajar con los instrumentos en los que se ha trabajado estos años para ayudarles a su instalación con ayudas a la modernización de explotaciones, sino que hay que asegurar a los jóvenes que quieran
desarrollar su actividad vital en la agricultura en el medio rural con cupos de producción en todas las áreas, y por tanto habrá que establecer sistemas que propicien su incorporación no solo con ayudas directas ligadas al establecimiento de la
explotación, sino también a los cupos de producción que hagan viable su explotación.
Por mi parte, nada más, señora consejera, muchas gracias por su intervención y le deseo éxito en su gestión en una comunidad autónoma que, por supuesto, es vital y fundamental para el conjunto de la agricultura española.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado quiere hacer uso de un turno breve? Entiendo que don Sebastián González es voluntario para este turno. Tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Soy voluntario, y se lo agradezco, presidente, porque tengo especial interés en dar la bienvenida a esta casa a Silvia Clemente, la consejera de la Junta de Castilla y León, mi tierra por otra parte. Le agradezco
enormemente su exposición exhaustiva, coherente, realista, con conocimiento, una exposición crítica también pero en la que nos ha aportado importantes alternativas. Por tanto, la felicito por su intervención, por su información y por sus
propuestas.
Yo tenía dos cuestiones que me preocupaban enormemente. Una era la relativa a los jóvenes agricultores, porque aquí no se había hablado todavía prácticamente nada de los jóvenes en la agricultura. Agradezco mucho que haya sido la consejera
de Castilla y León, que tiene un importante componente joven, la que haya traído aquí una visión de la importancia de esos jóvenes en el futuro de la PAC y la necesidad de que el componente del protagonismo joven se incluya en la política agraria
común. He quedado sorprendido por esos datos, realmente no los conocía, de esa relación de uno a catorce jóvenes menores de 35 años en España, y uno a diez, mejor tasa, en Castilla y León, pero muy lejos todavía de la relación uno a cuatro en
Alemania. Eso nos indica que hay que hacer todos los esfuerzos para incluir este componente en la política agraria común, que, por otra parte, no he visto en el borrador que el ministerio ha repartido entre las comunidades autónomas para intentar
posicionar una postura española. Por tanto, yo le iba a preguntar, pero no hace falta preguntarle ya y simplemente le agradezco la reflexión que nos ha hecho.
Por otro lado tenía también interés en conocer la opinión de la consejera, de la compareciente, en relación con la conformación de la posición común española. Me consta que usted ha estado pidiendo insistentemente la fijación de esa
posición común. Lamentablemente, a estas fechas no está hecha ni como Estado ni siquiera en relación con otras alianzas de otros países que sabemos que ya están hechas. En la reunión de ministros de Agricultura de ayer celebrada en Bruselas no
estuvo la ministra de Agricultura española, y lamento que eso haya sido así dado que era la última de las reuniones previas a lo que deben ser las conclusiones para la propuesta reglamentaria de la política agraria común que habrá que negociar. Sé
que existe por ahí un borrador al que se ha hecho referencia también ya, pero un borrador genérico, sin entrar en los temas candentes.
Habla de dos pilares, y me parece interesante la aportación nueva de un tercer pilar. En el borrador solamente
se habla del mantenimiento de la estructura de dos pilares. Me parece interesante esa reforma y desde luego creo que es muy importante conseguir cuanto antes, y sobre todo antes de que se pueda ver la luz, una propuesta reglamentaria, la posición
común española tan exigida, tan demandada, pero en ningún caso conseguida hasta la fecha. Al respecto, y con esto termino, ¿qué cree usted, que se podría hacer para conseguir que esa posición común entre comunidades autónomas y el Estado Español
pudiera elaborarse cuanto antes para estar en una posición fuerte y potente en la negociación de la próxima política agraria común? Muchas gracias, y reciba mi felicitación por las alternativas, las aportaciones y la interesante visión que nos ha
planteado del futuro de la PAC.
El señor PRESIDENTE: Recuerdo a los señores diputados que en el uso de este turno se deben limitar a una pregunta concreta, no a una intervención, porque entonces otros grupos pueden entender que estamos duplicando el turno de portavoces.
Hoy íbamos bien de tiempo, pero normalmente les ruego que se limiten a una simple pregunta. Señor Llorens, acuérdese de lo que acaba de decir la Presidencia, tiene usted tres minutos para formular una pregunta.
El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, trataré de ceñirme disciplinadamente, como usted sabe que son todas mis actuaciones, al turno que me han concedido, teniendo en cuenta además que todavía tenemos tiempo hasta la comparecencia de la
próxima interviniente.
Yo desde luego no puedo dejar de felicitar a la consejera de Castilla y León por la claridad de su exposición y de sus ideas. Quiero comentarle que en el último Pleno se aprobó una propuesta del Grupo Parlamentario Popular para respaldar al
Gobierno que fue aprobada por la Cámara por 330 votos a favor y tan solo 8 abstenciones para respaldar al Gobierno en las difíciles negociaciones
que se avecinan. Quisiera comentarle, señora consejera, aprovechando su visita hoy aquí a esta Cámara, que según la propuesta que se conoce de la comunicación y respecto a las ayudas destinadas al primer pilar, en el que se incluyen ayudas
medioambientales varias, parece que de acuerdo con los comentarios especulativos que circulan por Bruselas una parte de las ayudas de ese primer pilar se destinaría a las zonas con hándicaps naturales y esa medida conviviría con la ayuda ya
existente para el desarrollo rural. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el concepto de zonas con hándicaps naturales sustituirá al régimen en vigor dedicado a las zonas desfavorecidas, desapareciendo así los criterios socioeconómicos de
despoblación principalmente. Creo que los esfuerzos de todos los grupos de esta Cámara tienen que ir por otra dirección, pero la dirección es, como se ha dicho antes, combatir este documento que perjudica nuestros intereses y combatir el nuevo
modelo de reparto de las ayudas. Pero yo quisiera preguntarle, señora consejera, si usted sabe si dentro de este tramo de las ayudas al primer pilar que contempla las zonas con hándicaps naturales van a desaparecer los criterios de despoblación,
digo de la propuesta de Bruselas, que perjudicarían gravemente a la comunidad de la que usted es consejera.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los portavoces que han utilizado su turno y aquellos diputados que han formulado una pregunta, la señora consejera tiene la palabra.
La señora CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Clemente Municio): Voy a intentar ser breve en la contestación porque algunas preguntas son quizás un poco largas para contestar.
En relación con la pregunta que me ha hecho el señor Valín sobre los tres pilares, cómo se van a gestionar, yo le puedo decir que lo que nosotros planteamos no es hacer más farragosa la gestión de la política agraria comunitaria porque desde
Castilla y León hemos apostado por la simplificación y además lo hemos hecho de una manera cierta, con aportaciones concretas. De hecho durante el segundo semestre de 2009 Castilla y León representó a las comunidades autónomas ante la Unión Europea
y nos comprometimos con Castilla-La Mancha a elaborar un documento de consenso, de simplificación. Ese es un buen ejemplo que pusimos en manos del ministerio para trasladarlo a las negociaciones que se estaban desarrollando sobre la simplificación
de la PAC y es un magnífico documento en el que contamos con la participación de todas las comunidades autónomas, por lo tanto, somos un ejemplo en simplificación y no quiero que se entienda que nuestro modelo tiene nada que ver o va en contra de
esta simplificación. Al contrario, nosotros pensamos que los dos fondos europeos se tienen que mantener, el de las ayudas directas, el Feaga y el Feader para el desarrollo rural, y lo único que planteamos con estos tres pilares es una nueva
definición de reparto de los recursos económicos. Además yo he hecho también hincapié en que si este modelo tal y como nosotros pensamos se demuestra efectivo deberían disminuir las ayudas directas, porque nosotros apostamos por un segundo pilar,
que es un pilar de intervención en los mercados donde establecemos o pedimos una nueva regulación de las normas de competencia, donde estamos pidiendo un sistema de seguros de renta y donde proponemos la concentración de la oferta a través de la
regulación de los mercados y además esta concentración de la oferta incluye una prioridad para los agricultores jóvenes. Por eso nosotros hemos también apostado en nuestra propuesta por tener en cuenta la incorporación de jóvenes. Este modelo es
un modelo en el que entra la financiación privada, porque en este segundo pilar nosotros planteamos incentivar la concentración dándole entrada también a recursos de los propios participantes y a recursos europeos, pero hay que estimular la
participación de jóvenes en modelos de concentración de oferta a través de cooperativismo, a través de nuevos modelos de asociacionismo porque las cooperativas se demuestran obsoletas en este momento; es decir, una nueva fórmula de cooperación
entre agricultores jóvenes y únicamente distribuir mejor, adecuadamente, los fondos económicos con los que ahora contamos. Queda contestada la pregunta del componente joven con esto que acabo de decir.
Usted se refería a dos cuestiones que son interesantes. Cuando se negoció la OCM del azúcar, ahí también se recoge buena parte de lo que yo me he referido en mi exposición, volvemos a tener una comunicación de la Comisión Europea sin hacer
un balance del impacto económico ni de las consecuencias económicas de esta nueva formulación. Yo puedo poner un ejemplo claro que afectaba a Castilla y León que es al que usted se ha referido, que es el de la remolacha. Con la negociación de la
OCM pues se han cerrado siete fábricas de azúcar en España y la producción se ha reducido a la mitad de la que teníamos antes de la reforma. Esto ha supuesto para Castilla y León, apostar por el mantenimiento de este cultivo y por lo tanto de las
fábricas, que hemos tenido que aportar 50 millones de euros desde el Gobierno de Castilla y León, porque hemos tenido que garantizar un precio para la remolacha y seguir trabajando hasta el 2014 a expensas de qué puede suceder en este sector que
también está sometido a las variables que pueden afectar al resto de la política agraria comunitaria. Dudo mucho que este impacto económico se tuviera en cuenta, porque los 50 millones de euros han tenido que salir del presupuesto de la comunidad
autónoma para incentivar el cultivo a través de un plan de competitividad y para apoyar la reindustrialización, para complementar los fondos europeos ligados a la reindustrialización. Dudo mucho, insisto, que se hubiera tenido en cuenta cuál iba a
ser el impacto económico. Si se hubiera hecho quizás no hubiéramos llegado a esta situación. En esa negociación, aparte de no haber hecho impacto económico,
también falló el haber estado aliados a dos países que están demostrando tener una posición de fortaleza en las negociaciones también en este momento, como son Alemania y Francia.
Señor Alonso, algunas de las preguntas que usted me ha formulado tienen que ver con lo que he referido en este momento, con el tema de los instrumentos de mercado. Yo creo que ahora se ha demostrado la volatilidad de los precios, el
incremento de los costes de producción de una forma alarmante, y es en este momento cuando de verdad sentimos su ausencia, es cuando precisamente por no haber evaluado mejor las consecuencias que podría tener un cambio como el que estamos sufriendo
en la situación económica de Europa, vemos que podría afectar claramente a los productores y la ausencia de estos instrumentos de mercado llevarnos a la situación en la que en este momento nos encontramos.
Nosotros insistimos en este asunto porque este asunto es la clave de las soluciones que en este momento necesita la PAC. Usted me preguntaba por el documento que ha girado el ministerio para determinar una posición española y este es uno de
los asuntos que nosotros incluimos precisamente en este documento. Hemos hecho bastantes sugerencias y yo le puedo decir que con carácter general, porque el documento contiene bastantes puntos que están distribuidos en bloques, hemos hecho
referencia a la inclusión de este aspecto, de la gestión de mercados, hemos hecho referencia a los aspectos relacionados con los conceptos medioambientales, no se puede cargar y esto es en síntesis lo que nosotros aportamos a cada uno de los puntos
en los que se refiere, con más compromisos medioambientales a los agricultores y a los ganaderos si no se incluyen más recursos económicos, porque entendemos que no se puede seguir cargando en el primer pilar compromisos medioambientales, y hacemos
también referencia a la necesidad de establecer en el nuevo modelo un mejor análisis de los diferentes agentes de la cadena alimentaria.
Es a grandes rasgos lo que hemos planteado en el documento que, como le decía, tiene 23 puntos, pero esto es un poco la esencia. Hemos hecho observaciones a un buen número, prácticamente a la mitad de los puntos que aparecen en esta
posición española, y yo lo que sinceramente creo es que esta posición llega tarde, estamos, vamos muy tarde con esta posición española porque tanto Alemania como Francia y los Países Bajos ya se han pronunciado antes de la comunicación, después de
la comunicación y lo han vuelto a hacer recientemente otra vez acerca de lo que esperan de la PAC.
Yo creo que esa posición es una posición adecuada y en gran medida España debería de estar. Yo no puedo decirles si España está trabajando con
Francia y Alemania porque no lo sé, pero yo considero que sería una buena posición negociadora la de estar al lado de Francia y de Alemania porque a grandes rasgos los documentos elaborados por estos dos países son próximos a nuestras posiciones, a
grandes rasgos.
En relación con la propuesta que se ha realizado recientemente por el señor Dess, yo no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo en que se deriven recursos del primer pilar porque va en contra de todo lo que he estado exponiendo;
precisamente lo que considero es que se tiene que fortalecer el primer pilar con una posición de ayudas clara y el resto tiene que ir en otro ámbito, no se puede mezclar.
En cuanto al cálculo de las ayudas directas, lo que le puedo decir porque en este momento es que sin conocer la ficha financiera, especular en exceso sobre apartados económicos a mí me parece que es arriesgado en la medida en que lo más
importante es mantener el montante total, también lo he dicho en mi exposición. A expensas en este momento de que no conocemos otras variables, debemos de negociar fuerte por el mantenimiento del montante global que recibe España por esa media de
7.000 millones de euros que recibimos, porque discutir sobre cómo se distribuyen algunos aspectos como agricultor activo, aspectos como los complementos medioambientales, cuánto se va a llevar cada apartado, en este momento no nos lleva a ninguna
parte, porque lo que no podemos es perder financiación. En todo caso, yo también he expuesto que me parece más adecuado establecer ayudas directas complementadas en orden a las variables, una ayuda directa igual pero complementada con las
especificidades y las variables de cada país y que cada Estado sea capaz de establecer esas variables. Yo he explicado cómo no es lo mismo y no cobra lo mismo porque no puede cobrar lo mismo un agricultor de regadío que un agricultor de secano
porque sus costes de producción no tienen nada que ver y por lo tanto está absolutamente justificado, no puede cobrar lo mismo el agricultor de remolacha o de maíz que el agricultor de cereal, de secano. Y eso es lo que se debe contemplar para
establecer una ayuda básica y complementada siempre que obedezca a producción, o sea, mi apuesta es la de la productividad, y que esté complementada con las variables que además acreditan un mayor esfuerzo económico para producir.
En relación con la reflexión sobre los jóvenes y que además también el señor Sebastián se ha referido a ella, fíjense qué datos tan elocuentes son los que yo he puesto de manifiesto y qué ausencia tan grave en la formulación de la
comunicación de la Comisión. Si la mitad de los agricultores tiene más de 55 años en los próximos 10 años perderemos la mitad, en 10 años perderemos la mitad de los agricultores que tiene Europa. Si no apostamos por la incorporación de jóvenes, si
no lo hacemos de una manera firme, de una manera seria, nos quedaremos sin agricultores y ganaderos en el campo, porque los datos apuntan de manera objetiva en este sentido y eso hace imprescindible introducir el componente joven como un componente
básico de las políticas que tenemos que desarrollar y también de la política que tiene que desarrollar el Estado español, porque con la misma política agraria en Europa hay países como Alemania que tienen un agricultor de menos de 35 años por 4 de
más
de 55, y España tiene uno por cada 14 de 55 años. Algo hemos hecho peor que otros países de la Unión Europea, pero el enfoque tiene que ser europeo y la política de Estado tiene que contemplar esta circunstancia de una manera clara.
Señor Llorens, usted me ha preguntado algo, aunque realmente no he llegado a saber cuál era la pregunta concreta, ha hecho una reflexión sobre los jóvenes y no he entendido su pregunta de manera concreta.
El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, para los efectos aclaratorios.
El señor PRESIDENTE: Sí, sí.
El señor LLORENS TORRES: Dentro del documento de la comunicación y dentro del primer pilar donde se contemplan las ayudas directas a rentas, en la propuesta de la Comisión aparecen tres tramos, uno de base igual por hectárea para todas las
hectáreas por superficie, y otro de los tramos es una ayuda a las zonas con hándicaps naturales que vienen a sustituir lo que antes se consideraba como zonas desfavorecidas y que estaban incluidas en el segundo pilar de desarrollo rural. No me
extraña que no me haya comprendido debido al lío que hay en la propuesta que nos envía la Comisión, y yo con la premura de tiempo quizá no me haya explicado con la suficiente claridad.
Partiendo de la base de que este documento no nos sirve, de que le estamos ofreciendo un respaldo al Gobierno y que tenemos que ir lo más unidos posible en estos difíciles momentos y lo más de acuerdo que podamos con los países que están
liderando la futura reforma de la PAC según nuestros intereses, que son Alemania y Francia, no obstante quisiera saber por si dentro de ese tramo de las ayudas que están incluidas ahora en el primer pilar y que es el que se refiere, y parece ser que
será de un 10 por ciento a las zonas con hándicaps naturales que vienen a sustituir a las zonas desfavorecidas, si se va a tener en cuenta según el documento de la Comisión, los criterios de despoblación, que eso afectaría muchísimo a la comunidad
de la que usted es consejera. Ese era el tenor de mi pregunta, porque yo no lo he conseguido descifrar y no sé si ustedes por el gran seguimiento que hacen de esta cuestión tenían una idea clara sobre ese asunto. Ese era el sentido de mi pregunta
y no sé si ahora le ha quedado claro.
La señora CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Clemente Municio): Entiendo su pregunta pero es muy difícil contestarla porque no sabemos en este momento a qué se están refiriendo porque está enunciado en la
comunicación y no se ha dicho más. Se han formulado como sabe también preguntas desde el Parlamento y también desde España a la Comisión para que aclare una batería de preguntas, para que aclare incógnitas que tiene esta comunicación y esta es una
de esas incógnitas. No sabemos muy bien cómo se van a desarrollar todos esos complementos a los que se refiere la comunicación dentro de las ayudas directas.
Lo que sí nos parece es muy farragoso, que está en contra de la simplificación y que además carga de compromisos medioambientales. Eso es algo sobre lo que nos hemos posicionado en contra con carácter general, no queremos más compromisos
medioambientales para los agricultores y ganaderos si no hay más recursos financieros, porque el primer objetivo de la agricultura es la productividad, no cumplir con otros compromisos de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención? En tal caso agradecemos a la consejera sus aportaciones, le deseamos mucha suerte en su gestión y que colabore en la definición de esa política de posición nacional sobre la reforma de la PAC
junto con las restantes comunidades autónomas y el Gobierno de la nación.
Suspendemos durante tres minutos para que el siguiente consejero pueda ocupar su escaño. (Pausa.)
- DEL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (MARTÍNEZ GUIJARRO). (Número de expediente del Congreso 212/001434 y número de expediente del Senado 713/000929.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la comparecencia del consejero de Agricultura y Medioambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para informar en relación con la materia objeto de estudio de la ponencia sobre el
marco presupuestario de la Unión Europea 2014-2020 y su impacto sobre la reforma de la política agraria común y sobre las políticas de cohesión, especialmente en lo que se refiere al impacto de la reforma en la comunidad en la que el señor consejero
desarrolla su actividad. Le agradecemos enormemente su disponibilidad a comparecer ante nosotros y tiene la palabra.
El señor CONSEJERO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (Martínez Guijarro): Señorías, ante todo he de agradecer a esta Cámara y a los miembros de esta Comisión Mixta para la Unión Europea la
invitación para poder trasladar la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la nueva política agraria comunitaria. Me honra hablar ante ustedes sobre un asunto tan importante para el futuro de un sector sin duda estratégico que afecta a
todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Sobre todo quiero dar las gracias, como decía, por permitirme trasladar en esta Comisión los planteamientos del Gobierno de Castilla-La Mancha en el futuro de la PAC más allá de 2013, que lo son también del conjunto del sector agrario de
Castilla-La Mancha porque precisamente
en el día de ayer dichos planteamientos fueron recogidos en un documento de posición común aprobado por el Consejo Asesor Agrario, que es el órgano regional integrado por las organizaciones agrarias, los representantes de las cooperativas
agroalimentarias, los sindicatos, la federación de empresarios, y los gobiernos autonómicos y provinciales.
Por lo tanto, Castilla-La Mancha cuenta en estos momentos con un documento de consenso que trasladaremos tanto al Ministerio de
Medioambiente, Medio Rural y Marino, como a la Comisión Europea.
Han pasado más de cincuenta años desde que Sicco Mansholt concibiera la política agraria común y cerca de 40 años desde que esta misma persona ideara lo que podríamos denominar hoy la política agraria comunitaria moderna. En todo este
tiempo se han conseguido avances notables de indudable valor, pero siguen persistiendo, paradójicamente, algunos de los problemas sobre los que el propio Mansholt ya alertó en aquella época. Llama poderosamente la atención que siendo comisario de
agricultura insistiera sobre el hecho de que el nivel de vida de los agricultores no había mejorado en más de una década. Sin duda un asunto que si lo analizamos en el día de hoy persiste, no en las mismas circunstancias pero también
comparativamente con el resto de los ciudadanos de la Unión Europea.
La PAC ha sido desde sus inicios la hoja de ruta que ha plasmado el consenso de los pueblos europeos en materia como la sostenibilidad, la competitividad, la orientación en el mercado, el respeto al medioambiente, el territorio rural, la
biodiversidad, el cambio climático y por supuesto el suministro de alimentos seguros a los ciudadanos de la Unión Europea. Para Castilla-La Mancha y para España la PAC ha supuesto un salto de gigante que jamás hubiera sido posible sin nuestra
entrada en la Comunidad Económica Europea hace ya veinticinco años, un cuarto de siglo durante el cuál el sector agrario castellano-manchego ha recibido cerca de 15.000 millones de euros en concepto de fondos europeos.
Las reformas de los años ochenta trajeron los mecanismos de intervención de mercado mientras que en la década de los noventa aparecieron las ayudas compensatorias para rematar con la reforma de principios de milenio que acuñó el concepto de
desacoplamiento de las ayudas. Mientras que las ayudas compensatorias tenían como principales objetivos la reducción de excedentes, la concienciación medioambiental, la apuesta por la competitividad y el fomento del desarrollo rural, la reforma del
año 2003 con la introducción del pago desacoplado venía principalmente a conjugar la sostenibilidad de la agricultura con la orientación al mercado de las producciones.
Tras dos décadas de reforma la Comisión Europea llevó a cabo el llamado chequeo médico con el fin de corregir y perfeccionar algunos de los aspectos que quedaron pendientes seis años atrás. Tras este largo camino recorrido se han producido
muchos cambios y han aparecido nuevas herramientas. La PAC con la que hoy contamos está más orientada al mercado, el desacoplamiento total de las ayudas está más cercano y el desarrollo rural es la vía escogida para afrontar los retos planteados
por el cambio climático, la biodiversidad, las energías renovables y la gestión del agua. Con este espíritu el pasado 18 de noviembre la Comisión Europea lanzó una nueva propuesta bajo el título: La PAC en el horizonte de 2020, responder a los
retos futuros en el ámbito territorial de los recursos naturales y alimentarios. Esta nueva reforma llega en un momento crucial para el futuro de Europa y de los europeos, un momento de grandes desafíos, con una ampliación de la Unión Europea a
veintisiete Estados miembros, un nuevo orden mundial con la consagración del G-22 y sus implicaciones en el comercio mundial, una política agraria común más cerca de los ciudadanos gracias al mecanismo de codecisión introducido con el Tratado de
Lisboa y por último su relación en el desarrollo de la estrategia 20-20.
La agricultura es una parte integral de la economía y de la sociedad europea, con implicaciones que van más allá de las propias fronteras sociales y económicas del propio sector agrario. El sector primario europeo y la PAC conforman el
escenario donde se juegan buena parte de las claves que van a permitir a Europa consensuar una hoja de ruta con la cual poder ganar la batalla y responder a muchos de los retos que plantea esa estrategia 2020. Por ello es por lo que queremos
reconocer el papel económico territorial, ambiental y social de los agricultores, afirmando que cualquier reducción significativa de la actividad agraria generaría pérdidas en términos de producto interior bruto y de empleo en otros sectores
económicos, en particular dentro de la cadena agroalimentaria, y del resto de actividades rurales, como puede ser el turismo, el transporte, los servicios básicos locales. Todo ello aceleraría la despoblación y tendría consecuencias ambientales y
sociales irreversibles para muchos territorios. Por otra parte, es necesario admitir que los agricultores europeos prestan una multitud de servicios, algunos de los cuales actualmente no son adecuadamente remunerados por el mercado y otros nunca lo
serán. Los agricultores son empresarios y por lo tanto desean poder obtener la mayor parte de su renta del mercado, un aspecto que la ya iniciada reforma de la PAC debe considerar prioritario en todos sus planteamientos. La PAC, más allá de 2013,
debe satisfacer las necesidades alimentarias, conservar el potencial de producción de alimentos de toda la Unión Europea y los recursos naturales. Asimismo debe mantener unas comunidades rurales viables para las cuáles la agricultura es una
actividad económica principal. Para el futuro será necesario contar con una PAC más justa, más equitativa y con mayor legitimidad ante la sociedad y la reforma debe tener en cuenta una serie de aspectos. El primero, la necesidad de configurar una
PAC capaz de conjugar la compensación por producir en zonas con limitaciones naturales y el apoyo a las rentas con mecanismos de
gestión de mercados que amortigüen la volatilidad de los precios y su consiguiente efecto en los ingresos de los agricultores, todo ello en el marco de una actividad agraria sostenible, rentable, competitiva, mejor organizada y mejor
representada en el seno de la cadena de abastecimiento y que, además, se vea respaldada con la aplicación del principio de reciprocidad a las importaciones de terceros países.
La PAC es una política con derivaciones multisectoriales, que también tiene que contribuir a la estrategia de la Unión Europea hacia el 2020 mediante el fomento del crecimiento verde y tiene que propiciar la consecución de los objetivos de
acción del clima, habida cuenta del papel positivo que juega la agricultura desde el punto de vista medioambiental, ya sea a través de las prácticas agroambientales o el suministro de bienes públicos, no siempre reconocido y remunerado. La PAC es
una de las políticas más integradas y sin su aportación no se puede explicar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Por ello es necesario mantener el segundo pilar y seguir mejorando la contribución de la agricultura, la cohesión
territorial mediante el apoyo al empleo, la incorporación de jóvenes, la modernización de pequeñas explotaciones, la mejora y diversificación de la economía rural y el fomento de cadenas de valor más cortas. Pero no olvidemos que ante todo la
agricultura europea debe satisfacer las demandas de sus ciudadanos en materia de alimentación, territorio y biodiversidad y tiene que afrontar retos importantes, como el mantenimiento de la capacidad productiva o la globalización con unos mercados
más amplios y volátiles. Por cierto, son estos mismos ciudadanos quienes no solo no aceptan que se produzca un crecimiento económico en detrimento del respeto al medioambiente, sino que, preguntados en uno de los últimos eurobarómetros sobre cuáles
son los aspectos a priorizar para conseguir un relanzamiento económico sostenible, de un número máximo de tres respuestas posible, escogieron el apoyo a la producción de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente y el apoyo a la
agricultura en segundo y en tercer lugar respectivamente. Por lo tanto, se requiere un presupuesto ambicioso para permitir que la PAC siga dando respuesta a unos objetivos tan ambiciosos como los que he mencionado. No podemos pedir que los
agricultores hagan más con menos dinero y que una política con respuestas plurisectoriales sea sometida a un examen sectorial, ya sea en el contexto de la estrategia 2020 o en el marco presupuestario de la Unión Europea del 2013 al 2020. La PAC es
una de las políticas más integradas basada en dos pilares, el primero de los cuales es financiado íntegramente por la Unión Europea. Estoy convencido, y así lo defenderemos, de que así debe seguir siendo, porque de lo contrario una cofinanciación
por parte de los Estados miembros en función de los recursos de cada uno conllevaría no solo un perjuicio directo a los agricultores, que verían cómo los apoyos varían entre un Estado miembro y otro, a pesar de encontrarse en un mercado único, sino
que además la cofinanciación ahondara en las diferencias de competitividad, perjudicando al conjunto del sector agrario europeo, que vería mercada su viabilidad a medio plazo. El marco presupuestario comunitario del próximo período programático no
puede ser concebido a espaldas de los objetivos que nos marcamos dentro del sector agrario. La PAC de por sí requiere un presupuesto sólido para garantizar su funcionamiento normal. Es tan importante como cualquiera de las demás grandes políticas
comunitarias y ello ha de tener su reflejo en el marco presupuestario de la Unión Europea. No cabe otra opción si queremos que la agricultura europea siga cumpliendo los objetivos que establecieron sus padres fundadores. Si el presupuesto
disminuyera, habría que revisar a la baja las ambiciones que la propia PAC se ha marcado de cara al futuro. La propia concepción de la misma no pone en riesgo la estrategia 2020 porque precisamente se trata de una política que aboga por el
crecimiento sostenible a través de una buena gestión de los recursos, tal y como quedó refrendado en el chequeo médico al establecerse un conjunto de nuevos retos que los Estados miembros deben concebir como un faro. Por otra parte, no se concibe
un crecimiento verde sin la PAC, ya que la ausencia de la misma provocaría auténticos desequilibrios y conllevaría la desaparición de la agricultura en ciertas zonas donde es muy necesaria para la fijación de la población y el mantenimiento de la
biodiversidad y del paisaje. Honestamente, creo que el debate no debe centrarse solo en la cuantificación del presupuesto, que es imprescindible, sino también en la utilización del mismo. Desde Castilla-La Mancha creemos que una mejor asignación y
distribución de los fondos de la PAC es posible y así lo hemos manifestado. La Unión Europea debe estar dispuesta a financiar una agricultura y una industria agroalimentaria que aporten valor añadido, pero además debe estar dispuesta a financiar la
seguridad alimentaria. La comunicación de la Comisión Europea en torno a la PAC de después de 2013 reconoce que los retos que justifican un presupuesto fuerte son la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el cambio climático y el equilibrio
territorial. Según la Comisión Europea, al enfrentarse a estos retos la PAC también contribuiría a la estrategia 2020, a través de un crecimiento inteligente, aumentando la eficiencia de los recursos sostenible, manteniendo la base productiva de
los alimentos, los piensos y las energías renovables, garantizando la gestión sostenible de la tierra e inclusive liberando el potencial económico de las zonas rurales.
Se trata de aspectos que legitiman la existencia de un presupuesto fuerte que permita que la PAC sea útil precisamente para poder tener el mejor marco presupuestario para servir del modo más eficaz a esa estrategia de la Unión Europea, sobre
todo cuando todos los objetivos de la misma, en materia de empleo, por ejemplo, están estrechamente ligados a la existencia de un sector primario sólido. Pero no solo los actuales mandatos de la PAC exigen el mantenimiento de los fondos, sino que
existen otras razones que hay que ir a buscar en la propia
reforma iniciada en el pasado mes de noviembre. Creo que la reforma debe actuar en tres ámbitos que, aunque diferenciados, son complementarios: un sistema de ayudas directas que remunere los beneficios que para la sociedad aporta la
actividad agraria; una mejora del funcionamiento del mercado, apoyando los esfuerzos realizados por los agricultores y sus cooperativas y un desarrollo rural centrado en la competitividad, la innovación y diversificación de la actividad económica y
la fijación de la población. En el apartado de ayudas directas es necesaria una adaptación del sistema de pagos directos así como una redistribución, un rediseño y una mejor focalización de la ayuda. Los criterios deben ser a la vez económicos, de
mercado, de modernización e innovación y de respeto a las personas, los animales y el medioambiente. Además, un tema a tener en cuenta en el pago directo concedido a los titulares de explotaciones agrarias es que el mismo se debe condicionar al
ejercicio de la actividad. Aquí aparece como referencia en el documento de la Comisión el concepto de agricultor activo, que nosotros queremos entender como aquella persona física o jurídica que ejerce una agricultura activa, la cual a su vez
creemos que se tiene que basar en algunos principios. El primero, que obtenga una producción; el segundo, que tenga orientación de mercado y estrategia comercial; el tercero, que realice una adaptación y modernización acorde con la mejor
utilización de los recursos disponibles, y el cuarto, que genere empleo estable y de calidad. Por otra parte, dentro de los distintos esquemas propuestos por la Comisión Europea, desde Castilla-La Mancha nos decantamos por un tipo básico en apoyo a
las rentas, una ayuda adicional obligatoria para bienes públicos medioambientales, un pago adicional para compensar condicionantes naturales específicos y un componente de ayuda asociada voluntaria para los sectores y regiones específicos.
Voy a intentar profundizar en algunas de las cuestiones de estas líneas propuestas por la Comisión. En el caso del tipo básico se pretende compensar los beneficios y servicios públicos que proporciona la actividad agraria y que no remunera
el mercado. El sistema actual, basado en la compensación de rentas por las pérdidas debidas al desmantelamiento de la política de precios que han dado lugar al valor de los derechos actuales, ha producido diferencias muy acusadas entre territorios.
Estas diferencias a día de hoy, una vez disociadas las ayudas, están generando problemas de competitividad a las explotaciones precisamente más agudizados en las regiones y comarcas menos productivos. La ayuda de base no puede representar una
vuelta al sistema de índices comarcales. Los distintos territorios proporcionan diferentes niveles de servicios y bienes públicos, es cierto, pero nunca esas diferencias son lo suficientemente significativas para que hagan pensar en ayudas de base
por comarcas. Como ya se ha apuntado, el sistema actual, basado en la compensación de renta por las pérdidas de vida al desmantelamiento de la política de precios que han dado lugar al valor de los derechos actuales, ha producido diferencias muy
acusadas entre todos los territorios.
Pensamos que, desde el punto de vista de la percepción de las ayudas directas, se deben fijar unos criterios claros en el reparto entre las distintas regiones de la Unión Europea en esta ayuda básica. En
cuanto a la ayuda adicional obligatoria para bienes públicos medioambientales, hay que destacar que en el actual modelo ya existen unas ayudas que podrían responder a la pretensión de la Comisión Europea. Son las denominadas ayudas agroambientales,
que se encuentran en el segundo pilar de la actual política agraria comunitaria, pero que entendemos que deben ser sometidas a una serie de ajustes. Además, su efectividad se ve limitada por su duración en el tiempo y sus efectos son patentes
mientras dura la medida, acabándose sus posibles beneficios con el final del compromiso.
Por último, y en lo que respecta a estas medidas, hay que señalar la tendencia que últimamente se observa en su desarrollo al convertirse en un marco
complementario de ayudas de las contempladas en el marco del primer pilar de la PAC para aquellos cultivos, que por unas u otras razones se convierten en vulnerables y son excluidos de ese primer pilar, aunque se impongan unas condiciones
ambientales para la producción que posteriormente se utilizan para obtener una serie de compensaciones. Este hecho en realidad desvirtúa por completo la filosofía y los objetivos por los cuáles se deben regir estas ayudas. Desde Castilla-La Mancha
consideramos positiva la propuesta de introducir una ayuda adicional de carácter anual por el suministro de bienes públicos medioambientales que no acarree dificultades de gestión a los agricultores y a los gestores de las ayudas como tienen las
actuales líneas de ayudas agroambientales.
La tercera tarifa denominada por la Comisión como pago adicional para compensar condicionantes naturales específicos, entendida esta como una ayuda a los territorios con dificultades naturales, como pueden ser las zonas de montaña y las
zonas secundarias, desde Castilla-La Mancha entendemos que debe ser percibida por todas las explotaciones como compensación a las dificultades de producción ligadas a las características agrolimáticas de aquellos territorios que actualmente están
clasificadas como zonas de montaña o intermedias, pero creemos que también se tiene que aprovechar este concepto para contemplar una ayuda suplementaria para aquellas superficies que se encuentran dentro de la Red Natura 2000, la cuál tendría que
compensar las limitaciones ambientales específicas que impone esta normativa a las explotaciones agrarias. La cuarta pata del esquema de pagos directos propuesto es el llamado componente de ayuda asociada voluntaria para sectores y regiones
específicas. En el caso de Castilla-La Mancha, como sectores vulnerables, creemos que estaríamos hablando de herbáceo, viñedo y olivar, todos ellos de secano, y también de una serie de cultivos sociales, así como la ganadería extensiva, el vacuno,
tanto de leche como de carne, y la apicultura. Bajo nuestro punto de vista se debería incluir en todos los sectores anteriores
una vertiente convencional y otra ecológica, pero en todo caso la organización y gestión de la explotación tendrá que tener una clara orientación hacia el mercado con el fin de contribuir no solo a su propia viabilidad y sostenibilidad sino
también a la del conjunto del sector.
En cuanto a la posible fijación de topes máximos y mínimos en las ayudas, siempre dentro de los pagos directos, creo que sería razonable establecer un límite máximo para la percepción de las ayudas, con el fin de evitar efectos indeseados de
competitividad, pero habría que ser también flexibles en este punto vinculando este techo máximo a la generación de empleo efectivo en las explotaciones. Por otro lado, creemos conveniente establecer un límite mínimo para cuya fijación entendemos
que en todo caso habría que tener en cuenta el coste de gestión de las ayudas.
Además, la futura PAC debe avanzar en una simplificación real de la condicionalidad para los agricultores y para los gestores de las ayudas y contemplar una ayuda
especial para las pequeñas explotaciones, de modo que su coexistencia con las demás integrantes del sector agrario sea más equilibrada. Finalmente, este cambio de esquema de las ayudas directas exige un período transitorio suficiente para evitar
grandes cambios que pudieran poner en riesgo la viabilidad de algunas explotaciones del sector agrario.
En cuanto al segundo punto, las medidas de mercado, quiero recordar que el Tratado de Lisboa consolida la PAC como política comunitaria, reconociendo entre los objetivos de la misma velar por la estabilidad de los mercados y garantizar el
abastecimiento de un mercado de 500 millones de consumidores. Sin embargo, las sucesivas reformas han ido desmantelando de manera progresiva los instrumentos de gestión de mercados a la vez que aumentaba la volatilidad de los mismos, provocando una
desprotección de los agricultores y ganaderos debido a la ausencia de herramientas que permitan estabilizar sus ingresos. Por eso en Castilla-La Mancha creemos que la evolución de las medidas de mercado deben llevarse a cabo en tres áreas: la
mejora de la posición de los agricultores y de los productores en la cadena alimentaria, lo cual exige una mejora de la capacidad de negociación; una reforma de la normativa de competencia; una mejora del marco contractual y el establecimiento de
un código de buena conducta. Señorías, la normativa de la competencia debe tener en cuenta las especificidades del propio sector agrario a la hora de diagnosticar la existencia o no de un monopolio y hacer más flexible la legislación antimonopolio
para los agricultores, cuyo poder de negociación se ve mermado y que la propia legislación comunitaria de la competencia no ha resuelto aún. La PAC de después de 2013 debe contar con una normativa de competencia adaptada a la realidad y a los retos
del sector agrario y por ello es importante que se condicione la creación de agrupaciones de productores a una integración económica de los mismos y a la existencia de estructuras comerciales estables y viables, constituyendo este hecho una
excepción al derecho de competencia comunitario para conseguir una mejor posición negociadora de los agricultores europeos a la hora de poder negociar la fijación de precios de compraventa con el resto de actores de la cadena alimentaria. Y la
autoridad de competencia debería establecer mecanismos para monitorizar aquellas estrategias de bajadas de precios que tengan como único objetivo hacer un reclamo publicitario o de gancho para atraer consumidores provocando con ello una competencia
desleal y una distorsión en el mercado que afecta de manera directa a la renta de los agricultores.
El déficit actual en herramientas adecuadas a nivel comunitario para dar una respuesta rápida, eficaz y contundente, a la volatilidad de los mercados, impide no solo una correcta planificación y programación por parte de los productores,
sino que además supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria de la Unión Europea y una amenaza continua a los ingresos de los agricultores, que ven cómo los precios de producción han caído en los últimos quince años, mientras los precios de
los insumos agrarios seguían una tendencia diametralmente opuesta. La elección de los instrumentos exige una labor paralela de corrección de aquellos que no hayan surtido en el pasado el efecto esperado, a lo que habría que añadir una mejora en la
política de comunicación de la Comisión Europea en lo que respecta a los mensajes a lanzar en cada momento cada uno de los mercados agrarios, de la misma manera que la selección y definición de estos mecanismos debe hacerse desde una perspectiva
sectorial, estableciendo, de entre los posibles, la gestión y regulación pública, el almacenamiento privado, la intervención, el control de la producción, la cláusulas de medidas excepcionales, etcétera, aquellos que se hayan revelado como más
eficaces en cada uno de los sectores. La revisión de los mecanismos de mercado es imprescindible, ya que una PAC más orientada al mercado requiere de una batería de mecanismos de regulación, lo cual a su vez implica una necesidad de revisar y
reordenar los instrumentos actuales. También creemos imprescindible fijar la aplicación de un principio de reciprocidad comunitaria, con el fin de garantizar que, dentro de la frontera de la Unión Europea, los productores de los Estados miembros no
se vean amenazados por la entrada de productos provenientes de terceros países que no tengan garantía de cumplimiento de los requisitos mínimos en materia de seguridad y salud alimentaria que le son aplicables a los agricultores de la Unión Europea,
para evitar no sólo una competencia desleal sino también para proteger la salud de los propios ciudadanos de la Unión Europea.
El tercer ámbito al que hacía referencia de la reforma tiene que ser el desarrollo rural, cuyos fondos deben orientarse a ayudar a las explotaciones agrarias y a la industria agroalimentaria a mejorar su eficacia y productividad para poder
contribuir a un modelo agrícola industrial sostenible, competitivo e innovador, así como para afrontar seriamente los nuevos retos de la agricultura y de la sociedad, especialmente los derivados del cambio climático y de la gestión sostenible de los
recursos, sin
olvidarse de la necesaria diversificación de la actividad económica, todo ello con el objetivo de fijar población en el medio rural y mejorar su calidad de vida, asunto vital en una Unión Europea predominantemente rural.
Existen tres ejes sobre los que debe girar la reforma de la PAC en este segundo pilar en materia de desarrollo rural: en la competitividad, la innovación; un segundo eje sería el de la diversificación económica y la fijación de población
y, por último, un tercer eje relacionado con el cambio climático. En lo que respecta al primer eje de la competitividad, hay que hacer un esfuerzo en el fomento del conocimiento y la mejora del potencial humano de las explotaciones agrarias, tanto
en la titularidad de las mismas, fomentando la participación de las mujeres y el rejuvenecimiento de estas explotaciones y la mejora en la capacitación de dichos titulares, como asimismo en la mejora de la innovación y renovación de las inversiones
existentes. Por eso la PAC debe hacer también hincapié en la modernización de las explotaciones agrícolas como vía para aumentar la renta agraria y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus titulares y de sus trabajadores. La mejora de
la competitividad de las explotaciones, la adaptación de sus producciones al mercado, la calidad, la innovación y la utilización de nuevas tecnologías redundarán en una reducción de los costes de producción, imprescindible para competir en los
mercados internacionales. El clima y la energía se han convertido en asuntos prioritarios de cara a lograr una economía mundial de baja emisión de carbono; la optimización y uso eficiente de recursos hídricos y gestión sostenible del agua también
tienen que ser prioritarias en esta modernización de las explotaciones agrarias. En cuanto al asesoramiento de explotaciones, el desarrollo sostenible de una actividad agraria pasa por la adopción de nuevas técnicas de producción, que, además de
contribuir a lograr una agricultura competitiva y viable, sean más respetuosas con el medio ambiente. Por eso es imprescindible que los titulares de las explotaciones cuenten con un correcto sistema de asesoramiento. Siempre dentro del primer eje
de la competitividad y la innovación, hay que facilitar la instalación de los jóvenes como titulares de explotaciones agrarias, contribuyendo así al necesario relevo generacional en el sector, dado el importante grado de envejecimiento de la
población dedicada a la actividad agraria en nuestro país y en la Unión Europea en su conjunto, incentivando al mismo tiempo la creación de empleo y la fijación de población en las zonas rurales. La cuarta línea de actuación de este eje de
competitividad es el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales. La mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria es una estrategia prioritaria y, en un contexto de creciente competencia internacional, es
importante apoyar al sector de manera que pueda aprovechar las oportunidades de mercado mediante enfoques amplios e innovadores. Por otro lado, es fundamental, dentro del sector de la industria agroalimentaria, fomentar el cooperativismo para
conseguir concentrar la oferta y adaptarla a la demanda así como mejorar la calidad de la gestión de las cooperativas agroalimentarias y generar estructuras potentes de comercialización a nivel internacional.
En cuanto al segundo eje de desarrollo rural de diversificación y fijación de la población, hay fundamentalmente dos líneas de actuación. La primera sería aquella que hace referencia a la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y
diversificación de su economía mediante la implantación de actividades no específicamente agrícolas, a través de las ayudas a la creación y desarrollo de microempresas y pequeñas y medianas empresas, fomento de actividades turísticas, dotación de
servicios básicos para la economía y la población rural, la renovación y el desarrollo de poblaciones rurales, la conservación y mejora del patrimonio del medio rural y la formación. La información y la promoción es una estrategia elegida por la
inmensa mayoría de la Comunidad Autonoma de Castilla-La Mancha y de las regiones de la Unión Europea. El objetivo anterior no sería posible sin la participación de la población local, representada por los grupos de desarrollo rural como desarrollo
endógeno, en el ámbito de lo que ha venido a denominarse enfoque líder, por lo que es necesario en la nueva política agraria comunitaria seguir contando con este tipo de enfoques. En lo que atañe a la segunda línea de actuación, hay que hacer
referencia a que en el esquema de pagos directos al que antes me refería, la Comisión Europea contempla un pago adicional para compensar los condicionantes naturales específicos de algunas zonas de montaña e intermedias, lo que actualmente conocemos
como las indemnizaciones compensatorias de montaña y de zonas desfavorecidas, que, además de los condicionantes naturales, tienen un componente social ligado básicamente al despoblamiento. Creemos necesario mantener en este segundo pilar de la PAC
un régimen de apoyo a los titulares de explotaciones que se encuentran en zonas especialmente desfavorecidas con el objeto de compensar las diferencias en cuanto a servicios y prestaciones respecto a territorios más desarrollados, es decir, mantener
en el segundo pilar el componente social de las indemnizaciones compensatorias. Estas ayudas deben dirigirse prioritariamente a los agricultores a título principal, profesionales o titulares de explotaciones prioritarias, bien individualmente o
bien como miembros de sociedades agrarias de transformación o cooperativas agrarias.
Finalmente, el tercero de los ejes de las políticas de desarrollo rural es el del cambio climático, con una primera línea de actuación que serían las actuales ayudas agroambientales que se han erigido en instrumentos necesarios para apoyar
el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Es necesaria una adecuada conservación de la Red Natura 2000, integrar la actividad agraria mediante prácticas agrícolas que contribuyan al mantenimiento de los hábitats y especies en zonas en
concreto. No obstante, como he dicho antes, su regulación y desarrollo es complejo, de difícil gestión y seguimiento, y requiere efectuar comprobaciones de las condiciones de
concesión de la ayuda que no siempre se pueden efectuar de una manera eficaz. Requieren un gran esfuerzo tanto por parte de los beneficiarios como por parte de la administración gestora de las líneas de ayuda. Por eso estas cuestiones
hacen que estas medidas, en comparación con el resultado obtenido, sean muy costosas para los agricultores y para la administración y solo en determinados casos, cuando afecta a espacios territoriales reducidos, generalmente espacios protegidos o
similares, es posible obtener una importante rentabilidad medioambiental. Por todo ello planteamos que estas ayudas se incorporen al primer pilar de la PAC y a esa ayuda de carácter ambiental que plantea la Comisión Europea y dejar en el segundo
pilar, para todos los territorios, una línea de ayudas para la agricultura ecológica y la agricultura de producción integrada y también ayudas agroambientales específicas para los territorios de la Red Natura, como aplicación para dar respuestas a
necesidades de conservación o de recuperación del espacio natural.
La segunda línea de actuación del eje de cambio climático es la continuidad del programa de forestación de tierras agrícolas, haciéndolo bastante más atractivo que el actual diseño que tiene la actual política agraria comunitaria, puesto que
la erosión hídrica es una de las mayores amenazas para la conservación del medio natural y su origen en la mayor parte de los casos responde a acciones del hombre. Por otra parte, en el caso de Castilla-La Mancha, el 44 por ciento de nuestra
superficie es de terreno forestal, inferior incluso a la media nacional y europea, del cual se encuentra arbolado alrededor de una de cada tres hectáreas.
Creemos que el mantenimiento de esta medida para diversificar la actividad agraria, así como
para generar fuentes de renta y empleo y contribuir a la prevención de la erosión y desertización y la conservación y mejora de los suelos, es imprescindible pero es necesario hacerla más atractiva para los agricultores.
La tercera medida, dentro del eje de cambio climático, es la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas, habida cuenta de que las masas forestales existentes están sometidas a una presión originada por el
cambio de hábitos de la sociedad actual que ocasionan riesgos evidentes que pueden provocar directa o indirectamente su degradación o, en un extremo, su desaparición. El establecimiento de medidas preventivas pretende impedir que se originen
incendios forestales por causas perfectamente evitables así como obstaculizar el avance del fuego una vez que se haya producido. El desarrollo del sector de la biomasa forestal es un asunto clave, dadas las repercusiones socioeconómicas y
medioambientales positivas que tiene a través de la generación de empleo y fijación de población. La valorización de residuos forestales y la lucha contra los incendios es una fuente muy importante de generación de empleo en el medio rural. Una de
las principales fuentes para obtener energía de origen renovable, ya sea para su uso térmico como eléctrico, es la plantación de cultivos energéticos forestales con especies de crecimiento rápido, que se caracterizan por su baja capacidad de generar
escorias en los hornos dedicados a esta producción y su mejor reducción de consumo de agua con respecto a otros cultivos. En el aspecto social, la generación de biomasa crea empleo, tanto en la fase de recogida de la materia prima como en las fases
de transporte y posterior transformación en energía limpia.
Señorías, como han podio comprobar, existen razones de peso para que la PAC siga estando respaldada por una financiación suficiente y, sobre todo y fundamentalmente, que se la tenga en cuenta en la confección y elaboración del marco
presupuestario comunitario de 2013 al 2020, que tan intrínsecamente ligado está a la estrategia 2020 de la Unión Europea. A este respecto me gustaría hacer una breve reflexión antes de finalizar mi intervención. Esta estrategia consta, como saben
sus señorías, de esos tres pilares denominados crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador. Pues bien, el texto original de la estrategia no recogía ni consideraba el papel fundamental del sector agrario europeo como
factor indispensable para apuntalar, junto con el resto de políticas europeas, tres pilares de crecimiento y no fue hasta la Presidencia española de turno cuando se produjo la subsanación de una omisión que, a mi juicio, resulta notoria. Es decir,
se produjo una rectificación del Consejo Europeo, que creo sinceramente que no debería repetirse con el diseño del marco presupuestario comunitario, el cual debería considerar desde el inicio que la PAC es una pieza importante para el futuro de la
Unión Europea, porque un sector agrícola sostenible, productivo y competitivo, contribuirá de forma importante no sólo a la estrategia 2020 sino también a la coherencia de la financiación del próximo período programático.
Sin más, quiero reiterar mi agradecimiento, quedando a su disposición para aclarar cualquier duda y responder a cuantas cuestiones quieran plantear.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su intervención, señor consejero.
Abrimos el turno de portavoces con la intervención en primer lugar del portavoz de Entesa Catalana de Progrés, don Joan Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor consejero, por su comparecencia ante esta Comisión y por sus aportaciones, en nombre de nuestro grupo la Entesa Catalana de Progrés en el Senado.
Es evidente que la política agraria común debe tener como objetivos fundamentales, así ha sido desde su origen, garantizar la seguridad alimentaria, o sea, el abastecimiento, y el mantenimiento también, de la renta de los agricultores, así
como garantizar el mantenimiento del medio natural y la propia pervivencia de las sociedades rurales. En este contexto y a partir de estos principios, la aplicación de la estrategia 2020 -y en esto, como en muchas otras cosas, señor consejero,
coincidimos con usted- no debe significar en cualquier caso
un esfuerzo menor hacia la política agraria común, hacia la PAC. La estrategia 2020 debe ser un marco en el cual la PAC pueda incidir perfectamente, pero sin que eso signifique una pérdida de importancia dentro de lo que son las políticas
comunitarias. Coincidimos también con usted y con su exposición en cuánto a la necesidad de focalizar las ayudas hacia el agricultor activo. Me ha parecido un concepto interesante que muchas veces las organizaciones agrarias defienden. Cuando las
ayudas del primer pilar se orientan simplemente hacia la producción, o en cualquier caso hacia las superficies de cultivo, pueden ignorar la realidad de lo que es propiamente la existencia del agricultor y sobre todo del agricultor activo,
competitivo, con una agricultura enfocada hacia el mercado, creador de puestos de trabajo tal como usted ha expuesto.
Una idea que ha planteado, entre otras muchas, es la necesidad de que dentro de las ayudas a las zonas con condiciones especiales en las que usted ha insistido se tengan en cuenta las explotaciones situadas en las zonas Natura 2000, porque
precisamente ahí hay una situación de necesidad, de mantenimiento medioambiental y especialmente de protección de las especies animales, de las ornitológicas, pero evidentemente necesitan de una compensación por ese esfuerzo por parte de la política
agraria común y por tanto de la Unión Europea.
También es importante la idea del control de las importaciones en territorio de la Unión Europea para garantizar que todos los productos que entren desde otros países respondan a las garantías de calidad, sanitarias, de respeto también con
el medio ambiente que se exige en la propia Unión Europea para su producción.
Finalmente, estoy absolutamente de acuerdo con los ejes que usted planteaba al final de su exposición como ejes de futuro en cuanto a esa agricultura que debe basarse en la competitividad, la diversificación económica y la lucha contra el
cambio climático, su incidencia precisamente en el mantenimiento del medioambiente.
Quería plantearle, señor consejero, una pregunta que está en el fondo de la reforma de la política agraria común, dentro de esta revisión del marco presupuestario de la Unión Europea, y es que evidentemente en esa política agraria común que
ya lleva cincuenta años de implantación, la ampliación de Europa hasta los Veintisiete ha supuesto evidentemente un cambio sustancial y es el nuevo contexto en el que hay que redefinir esa política agraria común. Los países que se han incorporado
más recientemente tienen en algunos casos una estructura económica con un peso más fuerte en el sector primario que la media de lo que era la Europa de los Quince, y a su vez en la mayoría de los casos tienen una agricultura con un perfil muy
distinto al de nuestra agricultura mediterránea. Este es un elemento a tener muy presente, en qué medida esto va a significar un esfuerzo presupuestario adicional por parte de la Unión Europea y cómo puede afectar también a la tipología de nuestros
productos y a las características productivas de la agricultura tradicional española. Se lo pregunto por si puede ampliar de alguna forma su opinión sobre este impacto y qué medidas debería plantear España para proteger precisamente nuestra
agricultura en el contexto en que nos movemos en este momento y que va a marcar el futuro de la PAC en la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular el diputado señor Llorens tiene la palabra.
El señor LLORENS TORRES: Señor consejero, con toda la brevedad que a estas horas requieren todas las intervenciones, yo quisiera agradecerle en primer lugar su amplia y detallada exposición y quisiera hacerle, más que unas preguntas, una
serie de reflexiones que intentaré que sean lo más concisas y claras posibles.
Nos encontramos ante un nuevo escenario, como usted y la anterior compareciente han señalado, de reforma de la PAC más allá de 2013 con dificultades económicas. Van a entrar nuevos Estados en el reparto de los fondos de la política agraria
comunitaria, estamos en un contexto económico difícil y previsiblemente las prioridades de la Unión Europea, a pesar de que ha ido recortando las dotaciones destinadas a la política agraria comunitaria, van a cambiar y no es difícil vaticinar que
habrá tensiones presupuestarias. Lo primero que hay que tener muy claro es que a Europa se va a negociar, y para negociar hay que ir con claridad de ideas, con unos principios y con unas líneas rojas de los intereses que tenemos que defender en
Bruselas. Para negociar hay que establecer acuerdos con nuestros socios que deben reunir dos condiciones, lo primero es que tengan unos intereses muy parecidos a los nuestros y lo segundo es que tengan fuerza negociadora. Estos socios no son otros
que Francia y Alemania, y precisamente aquí hay que recordar que este Gobierno no se ha distinguido por su capacidad negociadora durante este periodo. Por eso el Grupo Parlamentario Popular presentó la semana pasada una iniciativa, que respaldaron
todos los grupos políticos, para apoyar al Gobierno en este marco de difíciles negociaciones.
En el reparto, en el mejor de los casos, se van a mantener los fondos de 53.000 millones de euros que representan prácticamente las ayudas que la Unión Europea destina a la PAC. Va a haber muchos más Estados que van a entrar en ese reparto
y a los agricultores y ganaderos cada vez se les imponen más exigencias de todo tipo. Se les exige que sean unos agentes combativos en la defensa del medio natural y del paisaje, que contribuyan a la vertebración del territorio, que participen en
la lucha contra el cambio climático y que encima produzcan alimentos en cantidad y calidad suficientes para un mercado de 500 millones de consumidores. Además, el principio fundacional de la Unión Europea es el de equiparar las rentas de los
agricultores a las rentas del resto de sectores productivos y todos sabemos que están por debajo del 50 por ciento. Parecen demasiados objetivos los que se les imponen a los agricultores y ganaderos. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer
es
establecer unas prioridades. Nosotros -y lo ha dicho la consejera de Castilla y León en su anterior comparecencia- entendemos que la desaparición de los mecanismos de regulación ha afectado gravemente a las rentas del sector. Es decir, la
intervención pública para retirar los productos agrarios cuando los precios se hundían o para devolverlos al mercado para recuperar los precios cuando bajaban excesivamente se ha demostrado que ha favorecido una volatilidad de los precios que está
golpeando gravemente a los sectores, a sectores como por ejemplo el sector ganadero, que usted sabe por la comunidad en la que es consejero que está viviendo gravísimas dificultades.
Por otro lado, todos los acuerdos liberalizadores de la Unión Europea con terceros países se hacen a costa del sector agrario comunitario, el último que tenemos encima de la mesa -afortunadamente aplazado- es el acuerdo UE-Marruecos, y no es
que nuestro Gobierno haya sido especialmente beligerante en la defensa de nuestros intereses o en la compensación al menos de los sectores afectados.
Por último, hay otro instrumento que no plantea la comunicación de la Comisión Europea como es la actuación en la cadena de valor. Todos sabemos que hay una gran diferencia entre los precios que llegan al consumidor y los precios que
percibe el productor, que hay diferentes factores que agravan y que explican esa diferencia, pero la realidad es que los precios se hacen de arriba abajo y el productor finalmente percibe lo que le dan al cabo de ni se sabe cuánto tiempo. Toda esa
serie de acciones que yo le he estado comentando, los acuerdos con terceros países, las actuaciones en las cadenas de valor, las exigencias ambientales y de todo tipo cada vez mayores que se le piden a los agricultores, para esas transacciones no
hace falta soporte presupuestario. Tenemos que partir también de una base realista, y en el mejor de los casos lo que estamos defendiendo es que se mantengan con cargo a la Unión Europea los actuales presupuestos de la PAC.
La segunda consideración que hay que establecer es que España sea capaz de defender los fondos que actualmente percibimos desde Bruselas y que representan aproximadamente un 30 por ciento de las rentas de nuestros agricultores, que, como
usted sabe, son del orden de 7.500 millones de euros. Y a la hora de analizar la comunicación de la Comisión resulta que los considerandos o las reflexiones de esta Comisión no favorecen precisamente nuestros intereses.
En el reparto más equitativo de las ayudas al que alude la Comisión, en el primer pilar, que es el pilar para ayudas directas a la renta, se incorporan nuevas ayudas ambientales que he visto que usted apoyaba y que además contienen otro
riesgo, porque las ayudas ambientales que antes estaban incluidas en el segundo desarrollo rural tienen que estar cofinanciadas. Por lo tanto, la primera consideración que yo quisiera hacerle es que lo que le interesa a España es mantener un primer
pilar tal como está, un pilar productivo de ayudas directas a las rentas. Ahí sabemos que estamos en contradicción con otros países a los que les interesa una ayuda por hectárea, pero los países productores como Francia y España, que son los
principales perceptores de las ayudas comunitarias y que han sido denominados como los graneros de Europa, tenemos que defender esos intereses.
El segundo pilar -que podría ser contemplado como un tercer pilar, porque hasta ahora solo se ha hablado de dos pilares pero como ha mencionado la anterior compareciente, la consejera de Castilla y León, sería muy interesante defender en
Bruselas- son las ayudas de gestión de mercados, los mecanismos de intervención. Esos no tienen una carga presupuestaria importante, se trata de pequeñas ayudas que permiten la regulación del mercado y que son la salvación en unos momentos de
crisis de muchas producciones en un mercado que se ha arreglado con el paso del tiempo, pero que han provocado su eliminación, una gran volatilidad de los precios y graves perjuicios.
Y por último está el tercer pilar que ahora es el segundo pilar, el del desarrollo rural. Nos parece bien que se mantenga, si es que nosotros nunca hemos pedido la desaparición de ese segundo pilar; que se mantenga e incluso que se
incremente, pero no a costa del primer pilar. Esa es la posición para la que nuestro grupo está ofreciendo el respaldo negociador al Gobierno, expresado el otro día a través de una propuesta en el Congreso que contó con el respaldo de todos los
grupos políticos, pero eso además es lo que piden todas las organizaciones profesionales agrarias. Nosotros pensamos que el Gobierno tiene que entender el respaldo negociador como el respaldo a lo que están pidiendo las organización profesionales
agrarias y el respaldo a lo que nosotros estamos detectando que son los intereses de nuestro país, un país que en estos momentos es esencialmente productor.
Nos estamos jugando el futuro del sector. Antes se ha hablado aquí del envejecimiento de la población, del apagón en masa de la actividad, del cierre de explotaciones y nos estamos olvidando del principal papel que tiene que cumplir la PAC
de 2013, que es garantizar la producción de alimentos en cantidad y calidad suficiente. En cantidad suficiente no solo para nuestro propio mercado, porque ya vemos las dificultades de todo tipo que están pasando los países del Tercer Mundo. Y en
calidad suficiente, para lo que deberíamos también poner en valor nuestro modelo agrario europeo, porque usted sabe que a nuestros productores se les exige todo tipo de estándares de calidad, la trazabilidad, el bienestar animal, las restricciones
fitosanitarias, etcétera, y todas esas exigencias no se les piden a los terceros países con los que Europa firma tratados, acuerdos y convenios internacionales. Esa es otra cuestión que tampoco cuesta dinero, que tampoco va a cargo de los
presupuestos y que debería defender nuestro Gobierno.
En resumen, nosotros no estamos de acuerdo -no entendemos muy bien si es que usted ha querido expresarlo de esa manera- con que se mezcle el segundo pilar con el primer pilar, eso sería tanto como cofinanciar incluso el primer pilar. Yo
creo que eso es gravísimo para el futuro
de la política agraria comunitaria. Hay que mantener diferenciados el primer pilar y el segundo pilar tal como están ahora. En todo caso, nosotros creemos que es muy interesante y que ha llegado el momento de plantear un tercer pilar que
sería el de la recuperación de los instrumentos de gestión de mercado, pensamos que es en estos momentos más necesario que nunca y que hay que habilitar otros capítulos presupuestarios dentro de la Unión Europea para atender una serie de exigencias
que se le están pidiendo al agricultor y al ganadero con, en el mejor de los casos, el mismo presupuesto. Yo creo que para luchar contra el cambio climático, que es muy necesario y muy interesante, como para otra serie de acciones en defensa del
entorno natural y del medio ambiente tienen que habilitarse otros capítulos, que naturalmente tendrían que revertir en los agricultores porque al fin y al cabo los agricultores y ganaderos son los agentes naturales de la defensa de la futura PAC en
el más amplio escenario posible, que no solo es el de producir alimentos sino también el de garantizar la preservación del medio ambiente y el equilibrio territorial. Pero la primera sostenibilidad que hay que garantizar y que hay que defender es
la económica, porque si no hay sostenibilidad económica no nos quedarán agentes naturales que puedan cumplir todas estas funciones que les demanda la sociedad europea.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Desde el Grupo Socialista, señor consejero, queremos en primer lugar darle las gracias por haber aceptado la invitación que le hemos hecho desde la Comisión Mixta de la Unión Europea para que comparezca y nos aporte
sus reflexiones y sus propuestas en relación con el futuro de la PAC. Se lo agradecemos muy sinceramente porque sabemos además que hoy martes es día de Consejo de Gobierno y ha tenido usted que compatibilizar su presencia en el Consejo de Gobierno
de Castilla-La Mancha con su presencia aquí en la Comisión.
La comparecencia nos parece magnífica y sobre todo comprometida. Yo creo que ha ido más allá de lo que normalmente se hace en estas ocasiones, que es señalar los puntos débiles, hablar de filosofía, de planteamientos, pero yo creo que la
intervención del consejero de Castilla-La Mancha ha sido comprometida y muy especialmente en el tema seguramente más controvertido en este momento que es en la organización y estructuración del nuevo modelo y especialmente en lo que tiene que ver
con el sistema de pagos a los agricultores y ganaderos que se establezcan en la nueva política agraria europea. Estoy seguro de que parte de sus reflexiones formarán parte de los documentos que finalmente apruebe esta Comisión y que lógicamente
pretenden servir de refuerzo de la posición negociadora del Gobierno en la Unión Europea.
Coincidimos todos en que tenemos por delante un largo camino, largo camino que culminará con un acuerdo, como ha pasado siempre en la Unión Europea, que no dé satisfacción a todos, que en parte recoja aspiraciones de los distintos Estados y
en parte trunque determinados posicionamientos iniciales. A quien de alguna manera en algún momento trate o haya tratado de sacar ventaja política de todo este proceso habría que decirle, con la experiencia que algunos de los que hay aquí tenemos
de negociaciones de este tipo, que conviene no sacar ventaja. Estas negociaciones son largas, culminan siempre en un momento final donde cada uno de los países, jefes de Estado y de Gobierno ponen lo esencial de sus planteamientos y la Unión
Europea normalmente trata de buscar soluciones o trajes que sirvan al conjunto de países de la Unión.
Esta es una negociación que, por lo que sabemos, va a retrasarse en los plazos, nos da la impresión de que la Comisión no va a ser capaz de hacer sus propuestas legislativas en este primer semestre, que lo hará seguramente en el segundo
semestre de este año y, por tanto, la negociación final Unión Europea-Estado se va a producir en el año 2012, y en el año 2012, señor consejero, señor presidente, señores portavoces, en España habrá un nuevo gobierno después de unas nuevas
elecciones. Por lo tanto, mi primera reflexión debería ir en ese sentido. Vamos a ver si somos capaces de ver lo principal de esta negociación porque, en definitiva, lo importante es el resultado final y no tirarnos los trastos a la cabeza de lo
que hacemos, lo que defendemos, lo que hicimos o vayamos a hacer.
La comunicación de la Comisión, ese primer documento, yo creo que a cualquiera de los que algo sabemos de esto nos produjo una gran depresión, nos defraudó ostensiblemente. Yo creo que es la primera vez que la Comisión Europea, ante una
reforma de este calado, presenta un documento tan deficiente, tan carente de planteamientos y objetivos. Y yo creo que eso es la consecuencia de la propia situación de la Unión Europea, la incapacidad en este momento del comisario de proyectar un
horizonte de actuaciones para después de 2014, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea no ha tomado previamente otras decisiones más importantes, las que tienen que ver con la estrategia 2020 y cómo se financian cada uno de esos objetivos
y, sobre todo, la aprobación de las perspectivas financieras, los documentos financieros que, querámoslo o no, lógicamente marcarán lo que tenga que ser la política agraria europea. Y en ese sentido, señor consejero, me gustaría que pudiéramos
intentar vislumbrar ese horizonte de ayudas. Si España en este momento, con el presupuesto que tiene, tiene un pago medio por hectárea inferior a la media europea -creo que estamos en 270 euros cuando la media es 300 y el máximo es 800-, si
nosotros pretendemos consolidar el presupuesto y vamos a un modelo de pagos distinto con un pago básico y unos pagos adicionales, la verdad es que resulta difícil situarse en ese momento de redistribución del gasto para encajar esas
ayudas con un pago básico, que no podría ser por el total, lógicamente, tendría que ser por menos, y los pagos adicionales. Yo creo que ahí hay un tema que sí convendría ir tratando de despejar. Me ha parecido valiente, y se lo quiero
reconocer, que efectivamente plantee una revisión del modelo de pagos yendo hacia un modelo de pagos más legítimo y más justo. Por tanto, entiendo que se ha manifestado en contra, como han hecho algunos otros gobiernos, del pago por referencias
históricas individuales, que de alguna manera inviabilizaría el diseño de un nuevo modelo de pago. Nosotros desde el Grupo Socialista creemos que hay que pagar efectivamente sobre la base de un compromiso, de un contrato social de los agricultores
con la sociedad, no se puede pagar por haber cobrado en el año 2001 o 2002, en 2014, 2015, 2016 o 2017. Me parece muy valiente y bien estudiado el planteamiento que ha hecho de diseño de ese modelo.
Pero mi pregunta sería: ¿Vamos a ser capaces de
encajarlo presupuestariamente, incluso en el horizonte teóricamente mejor de consolidar el presupuesto que en este momento tiene España? Según los últimos datos, en el último ejercicio ha sido de 7.653 millones de euros y creo que es la cifra
récord de toda la historia de pagos, en 2009 fueron 7.400, en 2008, 6.900; en definitiva, quizá estemos en un buen momento para hacer ese cálculo del cheque español en torno a los 7.500 millones de euros, pero yo veo cierta dificultad de rediseño,
de encaje de ese modelo en una superficie agrícola tan grande como tiene España y con un número de agricultores perceptores de ayuda también tan importantísimo. Creo que la cifra está en torno a 900.000.
En relación con el tema de las medidas de mercado, efectivamente este es un tema que estamos reclamando yo creo que todas las instituciones, un rediseño, una recuperación de los instrumentos de mercado. Un planteamiento que convendría que
tuviéramos claro en España es que recuperar este tipo de cosas en la Unión Europea no va a ser fácil, están los compromisos de la Unión Europea con la Organización Mundial de Comercio y por tanto sería recuperar algo a lo que ya se renunció. En
este sentido se ha puesto encima de la mesa por algunos estudiosos de este tema el establecimiento de un sistema de mutuas complementario al de los seguros agrarios españoles. No sé si este es un tema que podría financiarse lógicamente con fondos
del primer pilar, dentro de las ayudas de mercado y que se constituyera como una auténtica red de seguridad, una red de seguros de rentas en definitiva para los agricultores y ganaderos del conjunto de la Unión Europea. Es un tema sobre el que me
gustaría conocer su opinión, si es que quiere aportarla.
Por último, con respecto al tema de desarrollo rural, me parecen muy interesantes sus reflexiones y específicamente dos temas, uno es el que tiene que ver con los jóvenes, con la incorporación de los jóvenes.
Efectivamente tenemos una PAC
que en este momento paga en torno a un 40 por ciento de perceptores que tienen más de 65 años, por tanto, si no hacemos un esfuerzo de rejuvenecimiento del sector, la PAC, la agricultura en definitiva, está condenada al fracaso y por tanto aquí
habría que tratar de ser imaginativos en proponer nuevas medidas que efectivamente constituyan un incentivo para la incorporación de jóvenes.
Creo que también la perspectiva de género es un tema a incorporar en el diseño de la nueva PAC. También
es importante el tema que ha planteado en relación con las cuestiones medioambientales, específicamente el papel que puede jugar la agroenergía en el nuevo diseño de la PAC, en esa PAC multifuncional por la que creo que todos trabajamos.
Señor consejero, suerte en su trabajo y la Comisión le queda muy agradecida por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los portavoces que han intervenido tiene la palabra el señor consejero.
El señor CONSEJERO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (Martínez Guijarro): Si les parece voy a hacer una intervención en el conjunto, iré respondiendo a los planteamientos, a preguntas concretas
y a reflexiones. Hablamos del presupuesto, de las perspectivas financieras de la Unión Europea. Decía el portavoz del Grupo Popular de 53.000 millones de euros que era la cifra que actualmente se baraja en el presupuesto. Yo, es mi opinión
personal, creo que como objetivo de negociación no nos lo tendríamos que fijar en términos absolutos sino en términos relativos, es decir, si nos fijamos el objetivo de que no bajen de 53.000 millones de euros y tenemos doce Estados miembros más,
hay el mismo dinero para más Estados. Si nos fijamos el objetivo del porcentaje que supone la política agraria comunitaria dentro del producto interior bruto de la Unión Europea, a lo mejor las cosas cambian porque son doce Estados más que aunque
estén menos desarrollados que los otros quince, tienen su producto interior bruto y, por lo tanto, también se tendría que considerar. No nos debemos conformar con mantener 53.000 millones de euros sino que tiene que incrementarse la cifra para
poder atender a los doce nuevos Estados. Sé que esto es fácil decirlo desde Madrid, desde Toledo si me lo permiten, pero es difícil luego conjugarlo con el presupuesto, pero para eso están los ministros de Economía de la Unión Europea, para cuadrar
el presupuesto de la Unión Europea. Si no estaríamos cometiendo una tremenda injusticia, y es que tendrían que ser los agricultores de la Europa de los Quince, los que tendrían que financiar la ampliación a la Europa de los Veintisiete con unos
Estados con más peso de la agricultura, como decía el representante de Entesa del Progrés, y con un perfil de producción distinta al que tenemos por ejemplo en España o en el arco mediterráneo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la
negociación habría que ir a mantener ese porcentaje del producto interior bruto, teniendo también en cuenta la caída que ha habido en el PIB en los últimos años con motivo de la crisis.
Habría que estudiar el producto interior bruto en un período más largo, no la referencia de los últimos años donde incluso se han producido reducciones en muchos países, o en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, y creo
que la negociación debería ir en ese sentido, porque si no, insisto, habría una injusticia con respecto a los actuales perceptores de las ayudas.
Dicho esto de fijación de las macrocantidades, es posible otros sistemas de distribución más focalizados. Decía el portavoz del Grupo Socialista que en España había 900.000 perceptores de las ayudas. ¿Esos son 900.000 agricultores objetivo
prioritario en nuestro país? Es una pregunta que tenemos que contestar. Si los 900.000 perceptores son público objetivo con la nueva política agraria comunitaria. Yo dejo ahí la pregunta, porque yo creo que se puede hacer otro sistema. Yo no
planteaba mezclar el primer y el segundo pilar que decían, sino que las ayudas agroambientales que en este momento están en el segundo pilar pasen al primer pilar precisamente para no tener que cofinanciarlas. Planteo que en el primer pilar se haga
una ayuda a la Red Natura 2000 porque si esa es la red que nos ha impuesto, entre comillas, la Unión Europea como la red más importante de protección ambiental, tiene que pagarla la Unión Europea porque supone una serie de limitaciones para las
explotaciones agrarias, y eso no puede ser, no tiene que ser cofinanciado por los Estados miembros, porque va a ocurrir lo que está ocurriendo, que no existen esas compensaciones a los agricultores por la Red Natura, porque siempre hay otras
prioridades anteriores a esta por parte de cada uno de los Estados miembros. Si es una decisión de la Unión Europea la creación de la Red Natura finánciese, y finánciese compensando a los agricultores por las limitaciones que tienen y sin ninguna
cofinanciación. Todo el tema agroambiental tiene que pasar al primer pilar en esa tarifa que ha planteado la Comisión, es decir, que puede ser una alternativa, en esa tarifa que ha planteado la Comisión, más sencillo de lo que actualmente tenemos
en el segundo pilar que es absolutamente complicada la gestión, el control de las ayudas para los agricultores y para la Administración.
Gastamos más fondos en los controles y en la gestión de estas ayudas que en los beneficios que puede al final
obtener la sociedad, los beneficios ambientales, porque teóricamente el agricultor lo único que recibe son compensaciones por los costes añadidos que tiene la implantación de las medidas.
Ese es uno de los planteamientos que yo hacía en ese sentido. Hay algún eurodiputado, alemán creo que es, que plantea que se cofinancie el primer pilar. Eso bajo ningún concepto. El primer pilar no se puede cofinanciar por los Estados
miembros, porque entonces sí que estaríamos perjudicando la competitividad de Estados, de regiones, y esa es una cuestión, es un límite que no podemos franquear. Les hago una reflexión. Ha dicho el portavoz del Grupo Socialista que en el último
año España ha percibido 7.653 millones de euros y la situación del sector agrario es la que es, de muchas dificultades para garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Creo que en el futuro del sector agrario, es decir, la futura PAC, a lo
mejor no tenemos que hablar tanto de pagos directos como de otra serie de medidas para resolver los problemas estructurales del sector agrario, porque está claro que con un sistema basado exclusivamente en las ayudas no resolvemos la rentabilidad de
las explotaciones agrarias, y a las pruebas me remito. ¡Ojo¡, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no sean necesarias las ayudas, creo que son necesarias, hay que mantener el presupuesto y la capacidad y ver cómo se redistribuyen, pero creo
que en la nueva política agraria comunitaria son más importantes las medidas de mercado que los propios pagos directos para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Creo que la mejor decisión que se podría tomar en la nueva PAC
para garantizar el futuro de las explotaciones sería la aplicación de lo que yo denomino, ese principio de reciprocidad frente a las importaciones de terceros países, mejor que discutir si una ayuda agroambiental sí o no. Es decir, es mejor para
los agricultores de la Unión Europea para competir dentro y fuera de la Unión Europea, pero fundamentalmente dentro, que a los productos agrarios y agroalimentarios que vienen de terceros países se les exijan los mismos requisitos en materia de
seguridad y de salud alimentaria que se les exigen a los productores y a las industrias agroalimentarias de la Unión Europea, que cualquier línea de ayuda que pudiéramos poner. Esa es una de las piezas fundamentales.
Probablemente en la Comisión
la parte de agricultura diga que esto no tiene nada que ver con la agricultura, que es un problema de comercio y de acuerdos de libre comercio de la Unión Europea, pero la PAC y las perspectivas financieras entiendo que se discuten en el colegio de
comisarios, y por lo tanto se pueden hacer este tipo de planteamientos porque creo que es la principal cuestión que en estos momentos está encima de la mesa. Usted hablaba de acuerdos de libre comercio, habrá que tenerlos, yo no digo que no hay que
tenerlos, creo que es negar la realidad, pero se pueden poner siempre ese tipo de cláusulas y al final es el consumidor el que decide. En estos momentos puede estar decidiendo con poca información y con poca capacidad de decisión de una manera
clara.
Es lo mismo que la referencia que se hacía a la cadena de valor. Aquí hay que abordar el problema que tenemos con la normativa de competencia, europea y nacional. No es de recibo que los agricultores no puedan unirse para negociar los
precios de sus productos frente a una gran cadena de distribución, los agricultores o sus cooperativas. Algo falla en la normativa de competencia europea o nacional, algo falla. Porque no se pueden abrir expedientes a los productores de naranjas
por intentar defender su producto y cuando vemos que las grandes superficies están utilizando el aceite de oliva como reclamo comercial que no tengamos capacidad de respuesta. Algo falla y algo hay que resolver, o resolvemos esto en el seno de la
nueva PAC tendremos ayudas pero no habremos resuelto problemas del sector.
Hablaban también del sistema de mutuas. Puede ser un buen sistema a explorar, hay algún país que ya lo tiene. Canadá es un modelo, yo creo que es el que más desarrollado tiene el modelo de seguro de rentas. Puede ser una vía a explorar y
ver cuál es la financiación de este modelo de mutuas, si se financia con fondos del primer pilar, de sobrantes que pueda haber de fondos del primer pilar. Hay que establecer mecanismos de intervención, tradicionales, que hayan funcionado y que se
puedan volver a poner en el conjunto de la PAC o ver nuevas fórmulas. Siempre es bueno que se pueda producir la innovación en todos los sectores y creo que en este también. El objetivo que nos tenemos que marcar con la nueva PAC es una garantía de
la producción de alimentos en calidad y cantidad suficiente en la Unión Europea. Más en los tiempos que corren y con las perspectivas de crecimiento de población y de crecimiento, cada vez, afortunadamente, de más consumo en países que se están
desarrollando de una manera importante y que cada vez requieren más alimentos y más materias primas en general; por lo tanto, esa es una estrategia que tiene que tener en cuenta la Unión Europea para ver el tema de la política agraria comunitaria.
Hablamos de desarrollo sostenible; desarrollo sostenible son dos palabras y más conceptos, desarrollo y sostenible; si no hay desarrollo, ni sostenible ni insostenible, no hay desarrollo, por lo tanto cuando hablamos de desarrollo
sostenible por parte del sector agrario, el sector agrario se tiene que desarrollar, si no, no existe sostenibilidad económica porque hay tres patas, la económica, la ambiental y la social.
Cuando hablamos de sostenibilidad, por lo tanto eso se
tiene que plantear. Hay un debate, desde mi punto de vista interesante, importante, pero yo, con esto termino, les haría una reflexión que en parte algo ha hecho también el portavoz del Grupo Socialista. No sé quién será el presidente del Gobierno
de España en abril de 2012, no tengo ni idea. Lo que sé es que seguirá habiendo agricultores en España y creo que este es un tema que no es tanto ideológico como territorial. Este planteamiento de negociación no es tanto ideológico como
territorial, por eso creo que es uno de los temas en los que sería conveniente dejar a un lado las diferencias legítimas que pueda haber entre grupos y entre partidos políticos para defender los intereses de la agricultura de España.
Ese es el objetivo que pretendemos en Castilla-La Mancha cuando ayer planteábamos en el Consejo Asesor un documento común que no es del Gobierno sino que es del sector, es de la comunidad autónoma, que pretendemos refrendar también en las
Cortes Regionales. Esto es un tema lo suficientemente relevante para una parte importantísima del territorio y para muchas personas como para que la negociación y el debate se haga con la altura de miras suficiente de saber de qué estamos hablando,
no ya de quién va a ser quién gobierne este país en el 2012, sino en el 2020.
Con lo cual creo que hay que hacerlo con esa altura de miras, con seriedad, con tranquilidad y también con el necesario rigor y haciendo un planteamiento sobre cuáles son
los problemas que tiene el sector y cuáles son las posibles soluciones que se pueden plantear a esos problemas en el seno de la nueva política agraria comunitaria. Yo no hablo de reforma de la PAC, hablo de nueva política agraria comunitaria que
creo que es lo que hay que hacer hasta el horizonte de 2020, porque no se trata solo de reformar un poquito lo que tenemos sino que hay que hacer reflexiones más profundas de cuál es la situación del sector agrario, y qué necesita en estos momentos
el sector agrario, desde el punto de vista de apoyos presupuestarios, y de mecanismos y herramientas que le permitan garantizar su viabilidad de cara al futuro.
Les reitero mi agradecimiento.
El señor PRESIDENTE: ¿No hay ninguna intervención más? (Pausa) ¿Quiere usted, señor Llorens, algo brevemente?
El señor LLORENS TORRES: Simplemente decir que ha introducido, el señor consejero, aportaciones muy interesantes que compartimos, precisamente empezando por lo que ha dicho usted, como hay doce nuevos socios no habrá que conformarse con el
mismo presupuesto si no que habrá que plantearlo en términos de porcentaje de producto interior bruto. Es una precisión muy interesante. En cuanto a los mecanismos de gestión no podemos estar más de acuerdo, lo hemos dicho antes, y en cuanto a los
tratados de reciprocidad ahí está una de las cuestiones que puede resolver el futuro.
También estamos de acuerdo con que el futuro no está escrito, por eso es posible hacer estos debates que son interesantísimos, y yo le agradezco, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, todas sus aportaciones porque son muy interesantes para llegar a una postura lo más consensuada posible, porque de lo que se trata es de defender los intereses del sector.
Por último permítame simplemente introducir una pequeña discrepancia. Si introducimos criterios medioambientales en el primer pilar aunque no estuvieran confinanciados, que no está claro, según la comunicación de la Unión Europea,
estaríamos detrayendo fondos para lo que tiene que ser rentas. Por eso nosotros somos partidarios de que lo que sea segundo pilar, lo que sea desarrollo rural se mantenga en el desarrollo rural, y si hay otros desafíos y otras exigencias que se
cubra con cargo a otros capítulos de la Unión Europea, de los presupuestos de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor consejero quiere intervenir?
El señor CONSEJERO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (Martínez Guijarro): Sí, por esto último que decía, al final al agricultor lo que le interesa desde el punto de vista de los pagos, son los
euros que le llegan a la cuenta
corriente. Le da igual que le lleguen por un pilar o por otro pilar, pero ya hay criterios ambientales en el primer pilar. La condicionalidad de la PAC es un criterio ambiental que nos da muchos dolores de cabeza en su aplicación. Mi
colega de Castilla y León ha hecho referencia al documento conjunto que hicimos las dos comunidades de simplificación de los controles de la condicionalidad. Ya hay criterios ambientales en el primer pilar de la PAC. Yo planteo eso por supuesto si
cofinanciaciones.
Está claro que el documento de la Comisión no lo deja claro pero yo creo que no tiene que ir con cofinanciación cualquier cuestión ambiental que se ponga en el primer pilar.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias señor consejero. Agradecemos su inestimable colaboración a los trabajos de esta Comisión Parlamentaria.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.