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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 99, de 09/12/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2009 IX Legislatura Núm. 99
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL ARIAS CAÑETE
Sesión núm. 32
celebrada el miércoles, 9 de diciembre de 2009
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado para la Unión Europea (López Garrido), para:
- Informar sobre el Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente del Congreso 212/000921 y número de expediente del Senado 713/000609.) ... (Página 3)
- Informar sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para la promoción de las lenguas cooficiales españolas distintas del castellano en la Unión Europea. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente del Congreso 212/000922
y número de expediente del Senado 713/000608.) ...
(Página 3)
- Informar sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para hacer efectivo el cumplimiento de los términos aprobados en el seno de la citada Comisión en relación a la proposición no de ley sobre medidas para el impulso del
catalán, el gallego y el vasco en el marco de la Unión Europea. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente del Congreso 213/000543 y número de expediente del
Senado 713/000614.) ... (Página 3)
Debate sobre:
- Examen del cumplimiento del principio de subsidiariedad de la propuesta de reglamento sobre la jurisdicción, legislación aplicable y reconocimiento de decisiones y medidas administrativas en materia de sucesiones y donaciones, adoptada por
la Comisión Europea el 14 de octubre de 2009, en el marco de los ensayos piloto realizados por la Cosac. Por acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea. (Número de expediente del Congreso 049/000156 y número de expediente del Senado
574/000005.) ... (Página 19)
Celebración de las siguientes comparecencias para informar en relación con la materia objeto de estudio de la ponencia sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Por acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea. ...
- Del señor ex presidente del Gobierno de Canarias (Fernández Martín).
(Número de expediente del Congreso 219/000364 y número de expediente del Senado 715/000279.) ... (Página 20)
- Del señor ex presidente del Gobierno de Canarias (Rodríguez Rodríguez).
(Número de expediente del Congreso 219/000365 y número de expediente del Senado 715/000280.) ... (Página 26)
- Del señor presidente de la Asociación Europea de Productores de Banana (Cólogan Ponte). (Número de expediente del Congreso 219/000366 y número de expediente del Senado 715/000281.) ... (Página 36)
- Del señor catedrático de la Universidad de La Laguna (Rivero Ceballos).
(Número de expediente del Congreso 219/000368 y número de expediente del Senado 713/000592.) ... (Página 43)
- Del señor catedrático de la Universidad de La Laguna (Rodríguez Martín).
(Número de expediente del Congreso 219/000369 y número de expediente del Senado 713/000593.) ... (Página 49)
- De la señora profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (Asín Cabrera). (Número de expediente del Congreso 219/000370 y número de expediente del Senado 713/000594.) ...
(Página
55)
- De la señora comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias (Casas Cabello). (Número de expediente del Congreso 212/000912 y número de expediente del Senado 713/000595.) ... (Página 62)
- Del señor director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la Unión Europea (Díez Torres). (Número de expediente del Congreso 212/000923 y número de expediente del Senado 713/000596.) ...
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (LÓPEZ GARRIDO), PARA:
- INFORMAR SOBRE EL CONSEJO EUROPEO DE LOS DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente Del Congreso 212/000921 y número de expediente del Senado 713/000609.)
- INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES QUE HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS LENGUAS COOFICIALES ESPAÑOLAS DISTINTAS DEL CASTELLANO EN LA UNIÓN EUROPEA. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente del Congreso 212/000922
y número del expediente del Senado 713/000608.)
- INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS APROBADOS EN EL SENO DE LA CITADA COMISIÓN CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE MEDIDAS PARA EL IMPULSO DEL
CATALÁN, EL GALLEGO Y EL VASCO EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente del Congreso 213/000543 y número de expediente del
Senado 713/000614.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión para tramitar tres comparecencias que desarrollará el secretario de Estado sucesivamente. La primera, comparecencia del secretario de Estado de la Unión Europea para informar sobre el Consejo Europeo
de los días 10 y 11 de diciembre. La segunda, comparecencia del mismo secretario de Estado para informar sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para la promoción de las lenguas cooficiales españolas distintas del castellano en la
Unión Europea. Y una tercera, sustituyendo al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, para informar sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para hacer efectivo el cumplimiento de los términos aprobados en el seno de la
citada Comisión con relación a la proposición no de ley sobre medidas para el impulso del catalán, el gallego y el vasco en el marco de la Unión Europea. Por acuerdo unánime de la Mesa y portavoces de esta Comisión del 1 de diciembre pasado, esta
comparecencia va a ser sustanciada por el secretario de Estado para la Unión Europea.
Tiene la palabra, en primer lugar, don Diego López Garrido, secretario de Estado de la Unión Europea, a quien de nuevo le damos la bienvenida a esta Comisión a la que reiteradamente está prestando su colaboración a lo largo de esta
legislatura, para desarrollar la primera de las comparecencias citadas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Como usted señalaba, comparezco ante SS.SS. para informar sobre el previsible desarrollo del Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas el jueves y viernes de esta
semana. Es el Consejo Europeo que marca el cierre de la Presidencia sueca del Consejo de la Unión, de gran importancia para España, puesto que es la última reunión prevista en esta institución antes de que comience la Presidencia española del
Consejo. Por tanto, los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo van a condicionar de forma evidente los trabajos que desarrollaremos durante el primer semestre de 2010.
Este Consejo Europeo se reúne en un momento de indudable relieve para la Unión y marca el arranque de una nueva etapa de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa, como ustedes saben, entró en vigor hace unos días, el 1 de diciembre, y después
de años -podríamos decir- de incertidumbre institucional se ha expresado de forma muy práctica e inmediata esa entrada en vigor con los nombramientos de Herman Van Rompuy y de Catherine Ashton, como presidente del Consejo Europeo y Alta
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad respectivamente. A su vez, tengo que decir que el mismo día 1 de diciembre, cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa, se aprobaron por procedimiento escrito -técnica de la Unión
Europea- una serie de decisiones que se acordaron días antes políticamente, entre ellas, el reglamento interno del Consejo Europeo, el reglamento interno nuevo del Consejo y la lista de formaciones del Consejo. Esta entrada en vigor del Tratado de
Lisboa ha coincidido también con el proceso de designación de los restantes veinticinco candidatos a miembros de la Comisión. La Comisión está compuesta por veintisiete miembros: uno es José María Durao Barroso, el presidente, ya nombrado hace
meses; otra es la baronesa Ashton, que se convertirá previsiblemente en la vicepresidenta de la Comisión. Quedan veinticinco miembros de la Comisión que han sido propuestos por el presidente Barroso y que tienen que someterse a los procedimientos
de audiencias en el Parlamento Europeo y que van a culminar, esperemos, en un voto de confianza hacia la nueva Comisión. En principio, el día previsto para la votación de confianza en la nueva Comisión en el Parlamento Europeo es el día 26 de
enero. Por tanto, esta nueva Comisión podríamos considerarla como plenamente en funciones, si se cumple este calendario -naturalmente, esto es siempre con el permiso del Parlamento Europeo-, a partir del 1 de febrero. Quiero aprovechar para
señalar que España ha mantenido el apoyo a Joaquín Almunia como candidato a comisario
español. Valoramos muy positivamente la confianza que el presidente Barroso ha depositado en él al proponerlo como vicepresidente de la Comisión y comisario de Competencia que, como saben, es una de las carteras más importantes, más
influyentes de la Comisión. Estamos seguros de que su brillante trayectoria profesional y política va a garantizar su confirmación por el Parlamento Europeo sin dificultades.
Finalmente, quería señalar también, como preludio de mi exposición sobre el contenido del Consejo Europeo, desde el punto de vista de los aspectos más políticos, más programáticos, que esperamos que el Consejo de este fin de semana dé el
impulso jurídico y político para la ampliación del número de miembros del Parlamento Europeo, de forma que España -al igual que otros países, pero sobre todo España, que es quien más parlamentarios recupera- en el futuro, lo antes posible -después
de que acaben los procesos de ratificación en todos los parlamentos de los países miembros-, a la cifra actual de eurodiputados pueda sumar los cuatro más que no pudieron ser elegidos el pasado mes de junio porque todavía no estaba en vigor el
Tratado de Lisboa. Intentaremos que todos esos trámites jurídicos se hagan con la máxima rapidez y por eso ya se ha acordado que el Consejo Europeo apruebe la puesta en marcha de este procedimiento, le pida al Parlamento Europeo que no sea
necesaria una convención para reformar el Tratado de Lisboa para esta cuestión muy concreta y, por tanto, que más pronto que tarde España tenga estos cuatro eurodiputados más en el Parlamento Europeo.
Quiero pasar a los contenidos que previsiblemente va a tener el Consejo Europeo en la reunión de este jueves y viernes. Decía al principio que el Consejo Europeo va a tener una influencia muy relevante en la Presidencia española, puesto que
de aquí van a surgir algunos de los mandatos a la Presidencia y al conjunto de la Unión Europea de la instituciones más importantes, que tienen que ver con las prioridades de la Presidencia. Y debo decir que de acuerdo con la discusión que ayer y
anteayer se produjo en el Consejo, que ya ha trabajado en dos formaciones diferentes, lo que era antes el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores ya ha empezado a trabajar en dos formaciones distintas: una, el Consejo de Asuntos
Exteriores, y otra, el Consejo de Asuntos Generales. Ya empezó ayer y anteayer: ayer se produjo la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, la primera, todavía presidida por la Presidencia sueca y el lunes la del Consejo de Asuntos Generales,
también presidido por la Presidencia sueca. Y los contenidos que se proponen para el Consejo Europeo, que llegarán al Consejo Europeo, las redacciones provisionales de conclusiones permiten aventurar que estamos ante un Consejo Europeo muy positivo
para la Presidencia española, porque se corresponden precisamente con las prioridades de la Presidencia española. Ese Consejo Europeo va a preparar adecuadamente esas prioridades que -como saben- tienen, en primer lugar, un objetivo de recuperación
económica y de establecimiento de una nueva estrategia para el crecimiento y la creación de empleo para el futuro en Europa; en segundo lugar, un objetivo, una prioridad de la Presidencia española de desarrollo del Tratado de Lisboa, que además
pretende que sea una presidencia cercana a los ciudadanos, que quiere que se expandan los derechos los ciudadanos y ciudadanas europeos; y además pretende, cuarta prioridad de la Presidencia española, que haya un desarrollo mucho más potente, mucho
más real, mucho más completo de la política exterior en la Unión Europea, de la cual todavía se puede decir que no existe un completo desarrollo y el Tratado de Lisboa es un instrumento esencial para ello. Puedo decir que estas cuatro grandes
prioridades de la Presidencia española van a tener un sustento muy sólido en los debates que va a tener el Consejo Europeo y en las decisiones que previsiblemente va a adoptar y los mandatos que va a dar para las líneas políticas y estratégicas de
futuro este Consejo Europeo último de la Presidencia sueca.
Quisiera empezar por los aspectos económicos. El Consejo Europeo va a constatar una situación económica mejor que la de meses pasados en el conjunto de la Unión; las previsiones son que haya una débil recuperación aún en 2010 y una vuelta
a un fuerte crecimiento en el 2011. El Consejo Europeo va a decidir con toda seguridad que las medidas de estímulo económico, las medidas de estímulo fiscal, se deben mantener hasta que pueda considerarse la recuperación como un proceso sólido,
asentado, consolidado, para evitar que haya una recaída en ese crecimiento. Además el Consejo Europeo va a plantear, como ha hecho el Consejo Ecofin y la Comisión, que haya unas estrategias coordinadas de salida de la crisis para volver de nuevo a
los parámetros establecidos por el Tratado de Maastricht, es decir 3 por ciento de déficit y 60 por ciento de deuda pública como máximo sobre el producto bruto. Es lo que se llama estrategias de salida y plantea la conveniencia de que al menos haya
una recuperación y consolidación por año del 0,5 por ciento del producto bruto y que vayamos ya a una recuperación y consolidación fiscal a partir de 2011 como muy tarde. En algunos países esa consolidación fiscal podría empezar antes incluso del
2011. Especialmente significativa es la necesidad de aplicar estas llamadas estrategias de salida en el sector financiero, de forma que vayan recuperándose los parámetros establecidos en los tratados, unido esto a una importante propuesta de la
Unión Europea en la que se está trabajando que va a ser la reforma del sistema de supervisión de los mercados financieros. Vamos una nueva estructura de supervisión que pretende recuperar la confianza de los consumidores y los inversores en los
mercados financieros dañados, deteriorados y origen, como es sabido, de esta crisis económica generalizada en todo el mundo.
En el anterior Consejo Europeo hubo un acuerdo político sobre lo que se ha llamado el sistema de supervisión macroprudencial, es decir, una forma de prevenir crisis financieras y por eso es por lo que se propone
-que tendrá que ser trasladado a normas jurídicas- la creación de un Consejo Europeo de riesgo sistémico, que vigile la situación de los mercados financieros y que por tanto prevenga y alerte sobre la posibilidad de una crisis financiera.
Esto obtuvo su aprobación política en el anterior Consejo Europeo. En este Consejo se trata de obtener también una aprobación política de lo que se llama la supervisión microprudencial; una supervisión más centrada sobre las entidades financieras.
Por ello de acuerdo con lo que se llamó en su momento el informe Larrosière, la Unión pretende que haya tres nuevas autoridades europeas de supervisión financiera sobre los tres sectores financieros más significativos: la banca, los seguros y el
mercado bursátil, de forma que en el caso de que haya conflictos entre los supervisores nacionales pudiera haber una especie de arbitraje por parte de las autoridades europeas. Lo que pretende el Consejo Europeo es que este sistema de supervisión
macroprudencial y microprudencial esté en marcha y aprobado a través de las normas correspondientes durante 2010, si fuera posible en el primer semestre. Por tanto, es ya un mandato directo sobre la Presidencia española del Consejo. Se trata de
lograr que sobre la base de las propuestas de la Comisión, que tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, haya un acuerdo entre Consejo y Parlamento Europeo durante el año que viene y que eso desemboque en unas nuevas directivas que
establezcan estos sistemas de supervisión macro y microprudencial. A su vez, también el Consejo Europeo pretende que haya una reforma futura de la Directiva sobre los requerimientos básicos de capital en las entidades financieras y que haya reglas
caras sobre remuneración, sobre todo de determinadas actividades bancarias, en la línea de lo que ha planteado el G-20 en sus reuniones. Esto, en definitiva, está muy vinculado a las reuniones del G-20 y, lo mismo que se estaba trabajando en la
Unión Europea en esta línea, también se está haciendo en otros países, en concreto en Estados Unidos, donde hay un debate en el Congreso norteamericano al respecto.
El Consejo Europeo va a marcar a la Presidencia española el objetivo de la aprobación del nuevo sistema de supervisión financiera europea y le va a marcar otro objetivo importante que es la aprobación de la llamada estrategia Europa 2020.
La estrategia llamada Europa 2020 vendría a sustituir a la aún vigente hasta el año que viene estrategia de Lisboa, que ha mostrado claras insuficiencias a lo largo de su vida durante esta década de comienzos del siglo xxi. La estrategia de Lisboa
se aprobó en el año 2000, luego sufrió algunas modificaciones que la hicieron muy compleja y no suficientemente exigente con los fenómenos y transformaciones estructurales que estábamos viendo en nuestras sociedades, en nuestras economías y en
nuestra naturaleza -hablo del cambio climático-; por eso, es absolutamente imprescindible que se lance esa nueva estrategia 2020. El Consejo Europeo plantea que esa estrategia se apruebe durante el Consejo Europeo de primavera con Presidencia
española del Consejo. Ese es el objetivo que va a señalar el Consejo Europeo y que hemos discutido a principios de semana en el Consejo de Asuntos Generales. La finalidad es que haya -y este va a ser el elemento más difícil de precisar- una
adecuada gobernanza -como se dice en la jerga comunitaria- de esta estrategia de crecimiento y creación de empleo, que se va a llamar Europa 2020. Esta estrategia de crecimiento y creación de empleo necesitará una gobernanza transparente y
eficiente, para que lleguemos a resultados más tangibles sobre ese crecimiento sostenido y sostenible y sobre la creación de empleo de calidad. Por eso, la monitorización, la evaluación y el, en definitiva, gobierno europeo sobre esa estrategia son
un elemento crucial para que entremos en una nueva estrategia de crecimiento y creación de empleo verdaderamente eficiente para la próxima década. Evidentemente, va a ser una estrategia para la próxima década y debe formar parte de eso que llamamos
las estrategias de salida de la situación anómala en la que están en estos momentos las distintas haciendas públicas europeas y que consiste -como es sabido y evidente- en un aumento de los déficit públicos y en un aumento de la deuda pública.
Esto, naturalmente, está vinculado con lo que se ha llamado en la Unión Europea la estrategia de desarrollo sostenible y tendrá que formar parte del conjunto de esa estrategia llamada Europa 2020, sobre la cual ya ha empezado a trabajar la
Unión Europea a lo largo de este año. Esta estrategia de desarrollo sostenible, repito, tendrá que formar parte del conjunto llamado Europa 2020, sobre el que esta Comisión ha trabajado mucho y ha aprobado un importante dictamen que formará parte
de una estrategia que tendrá que poner un especial énfasis en los temas de sociedad del conocimiento, de educación, en los temas sociales y de creación de empleo y en los temas de economía verde, de economía baja en carbono. Así pues, tenemos una
primera e importante prioridad de la Presidencia española que es la recuperación económica, ir a la creación de empleo de calidad, a una consolidación fiscal e ir dejando poco a poco, en la medida que sea posible -esto es importante subrayarlo- los
estímulos fiscales y, por tanto, plasmarse en esa doble y muy concreta acción a la que me he referido: por una parte, reforma de la supervisión del sistema financiero y, por otra, estrategia de crecimiento y creación de empleo Europa 2020.
Un segundo elemento prioritario de la Presidencia española es la puesta en práctica del Tratado de Lisboa. En las conclusiones del Consejo Europeo va a haber abundantes referencias a ese desarrollo del Tratado de Lisboa; no solo porque se
pondrán en marcha definitivamente las nuevas figuras, las nuevas instituciones, sino que hay que tener en cuenta que todavía en Presidencia sueca no presidirá el Consejo Europeo Van Rompuy, ni tampoco la baronesa Ashton es aún la Alta Representante
para la Política Exterior con el doble sombrero de vicepresidenta de la Comisión, que empezará a funcionar en ese sentido a partir del comienzo de la Presidencia española; por el momento este Consejo Europeo lo va a
presidir la Presidencia sueca. Asimismo, vamos a poner en marcha toda una serie de instituciones con nuevas posibilidades que tienen que ver esencialmente con los derechos de los ciudadanos, recogidas también en el Tratado de Lisboa; luego
me referiré a ello cuando hable del programa de Estocolmo y del objetivo de la llamada ciudadanía europea del siglo xxi, que va a ser una de las prioridades de la Presidencia española. Por el momento quiero señalarles que el desarrollo del Tratado
de Lisboa en el aspecto del progreso de los nuevos reglamentos del Consejo Europeo, de las nuevas figuras, más el lanzamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, al que me voy a referir después; más la firma por parte de la Unión Europea del
convenio europeo de los derechos humanos; más la puesta en práctica, el lanzamiento, de la iniciativa ciudadana -esta especie de iniciativa legislativa popular que está prevista en el tratado-, todo eso forma parte del conjunto de aspectos del
Tratado de Lisboa que deberán implementarse, ponerse en marcha, durante la Presidencia española. Por tanto, el Tratado de Lisboa ya marca algunos de esos elementos en las resoluciones del Consejo. El Tratado de Lisboa va a ser una prioridad para
la Presidencia española y va a tener este apoyo, estos mandatos, que surgirán de la reunión del Consejo Europeo de este fin de semana.
Conectando con lo anterior, la tercera gran prioridad de la Presidencia española es el Estatuto del ciudadano o ciudadana europea del siglo xxi que, como saben, tiene una vertiente importante expresada en la igualdad entre hombres y mujeres
en la Unión. Este objetivo tendrá un apoyo muy relevante en el llamado programa de Estocolmo y el Consejo Europeo va a aprobarlo este fin de semana, ha sido una de las grandes prioridades de la Presidencia sueca, que ha conseguido un texto que
tiene el consenso del conjunto de los gobiernos de la Unión y tiene como centro, como referencia esencial, los intereses y las necesidades de los ciudadanos europeos. Creo que acertadamente este programa se focaliza en la ciudadanía europea
promoviendo, por una parte, los derechos fundamentales. Saben que el Tratado de Lisboa tiene en su interior un protocolo esencial que es la nueva Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas europeos. Además, la Unión Europea
debe firmar el Convenio europeo de los derechos humanos, y de hecho ya como futura Presidencia, estamos en contacto con el Consejo de Europa para iniciar los trabajos de esa firma del Convenio europeo de los derechos humanos.
Luego, si lo desean,
podemos profundizar más en ello. Además de eso el programa de Estocolmo quiere consolidar lo que podríamos llamar la Europa del derecho y la justicia. Esencialmente se trata de facilitar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos europeos en
el conjunto de la Unión.
En este sentido, la Presidencia española pretende poner en marcha la euroorden de protección frente a la violencia de género, euroorden que iría complementada con el Observatorio europeo contra la violencia de género. El
programa de Estocolmo, que se va aprobar este fin de semana, incide claramente en lograr que vayamos a un verdadero espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad que supere lo que aún hoy es una situación fragmentada a este respecto en Europa.
El programa de Estocolmo se posiciona igualmente sobre el objetivo protector de la Unión. Europa debe ser una creación supranacional y sus instituciones deben ser instituciones protectoras de los ciudadanos europeos en la Unión, por eso
debemos trabajar en la línea de hacer frente al crimen organizado, al terrorismo y a otras amenazas a la seguridad que forman parte del Estatuto de los ciudadanos europeos. En este sentido, también el Consejo Europeo va a marcar a la Presidencia
española un objetivo, que es la puesta en práctica -o el lanzamiento inicial al menos- por parte de la Comisión -porque se necesita una comunicación proveniente de la Comisión- de la llamada cláusula de solidaridad. El artículo 222 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea establece la cláusula de solidaridad diciendo que cuando un país de la Unión sufre un ataque terrorista, o cuando un país de la Unión sufre una catástrofe humanitaria por causas naturales o por causas humanas, ese
país debe recibir la solidaridad y la ayuda de los demás países de la Unión Europea. La puesta en práctica de esa cláusula de solidaridad será también uno de los objetivos de nuestra Presidencia y el Consejo Europeo de este fin de semana también va
a marcar a la Unión Europea ese objetivo, poner en práctica esa cláusula de solidaridad, y así está citado -mencionado en todo caso- en ese programa de Estocolmo que estoy seguro va a ser objeto de aprobación unánime en este Consejo Europeo de los
próximos días.
Este Consejo Europeo tratará dentro del programa de Estocolmo un aspecto que será esencial en nuestra Presidencia, lo relativo a la política migratoria y de asilo. Tengamos en cuenta que el Pacto europeo de inmigración y asilo, que se
aprobó a finales de la Presidencia francesa, señala a la Presidencia española del Consejo una tarea, evaluar por vez primera la aplicación de ese pacto europeo que, como saben, es un pacto europeo basado en la colaboración con países que emiten
emigración. Como saben es un pacto europeo basado en la colaboración con países que emiten emigración, basado en la cooperación, en acuerdos de readmisión y también en el aspecto interior de los países miembros, en la integración de la población
inmigrante en las sociedades europeas. Todo eso forma parte del Pacto europeo de inmigración al que se refiere el programa de Estocolmo que va a ser aprobado por el Consejo Europeo y que incluye también la política de asilo. De hecho, acaba de
señalarse a Malta como la sede de la futura Oficina de Asilo Europea y este va a ser también un elemento fundamental en nuestra Presidencia. El Consejo Europeo ya señala -y es un mandato dirigido directamente a la Presidencia española- que antes de
junio del año que viene tendrá que estar impulsado por la Presidencia española del Consejo el llamado Plan de acción del programa de Estocolmo.
El programa de Estocolmo es
un programa político, señala una serie de objetivos de carácter político y tiene que ser concretado y precisado; eso es a lo que se llama el plan de acción, que tendrá que ser aprobado por la Presidencia española y también está en los
previsibles contenidos del Consejo Europeo de este fin de semana.
También saben que una importantísima prioridad de la Presidencia española va a ser el desarrollo de una real y potente política exterior y de defensa para la Unión. Vamos a tener a este respecto unos instrumentos nuevos muy poderosos, no
solo un presidente del Consejo Europeo, que representa a la Unión en el exterior, o una -vamos a llamarle ministra aunque no se le llame así técnica y jurídicamente- Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,
que van a hablar con una sola voz en la escena internacional representando a la Unión, sino que además hay una cuestión esencial que va a darle a la política exterior de la Unión la fuerza que necesita, que es el Servicio Europeo de Acción Exterior.
El Servicio Europeo de Acción Exterior tiene que ser lanzado en cuanto a su estructura y organización como dice el Tratado de Lisboa, a partir de una propuesta que haga la alta representante con el acuerdo de la Comisión, con el acuerdo del Consejo
y en consulta con el Parlamento Europeo, y el Consejo Europeo de mañana y de pasado mañana va a señalar también un mandato a la Presidencia española, diciéndole que tiene que estar en marcha ese servicio exterior o al menos aprobada esa propuesta
del alto representante antes de abril del año que viene. Por tanto, ahí tenemos otro mandato que surge de este importantísimo Consejo Europeo para nuestra Presidencia: el nacimiento de una de las grandes apuestas del Tratado de Lisboa, el Servicio
Europeo de Acción Exterior, la diplomacia europea.
Por último, quería referirme a un aspecto que va a ser tratado también en el Consejo Europeo y que constituye un apartado de las conclusiones de ese Consejo Europeo, que es la Conferencia de Copenhague sobre cambio climático. Ha empezado ya
y la semana que viene veremos si realmente estas ilusiones que tantos millones de ciudadanos del planeta tierra tienen en esta conferencia para mejorar la salud de nuestro planeta, se confirman. Desde luego, la Unión Europea va a poner toda la
carne en el asador, está liderando ahora mismo la lucha contra el cambio climático, nuestro objetivo común es que el planeta no se caliente más allá de dos grados, basándose en los estudios científicos que hay a ese respecto. El calentamiento
global no debería superar esos dos grados y por eso es por lo que la Unión Europea propone un 20 por ciento de reducción de emisiones para el 2020 comparado con 1990, pero dispuesta a que sea un 30 por ciento de reducción de emisiones si hay un
acompañamiento por parte de los países que, en este caso, lideran la contaminación, que es un liderazgo un poco siniestro pero que puede decirse así; son países como Estados Unidos, China u otros, que deben comprometerse también para que haya una
verdadera acción global contra el calentamiento global. Lo que dice el Consejo Europeo, en las conclusiones que están preparadas para el mismo -por lo menos en la redacción provisional que ayer estuvimos examinando en el Consejo de Asuntos
Generales, veremos cuál es la resolución final-, es que, en todo caso, después de los acuerdos de Copenhague, cuyo alcance no sabemos todavía pero que parece que no llegarán a un instrumento legal completo que sustituya a Kioto, haya un instrumento
legal vinculante que se logre aprobar seis meses después de la Conferencia de Copenhague. Si en Copenhague no se llega a ese instrumento, en todo caso debería aprobarse dicho instrumento legal vinculante no más allá de seis meses después de la
Conferencia de Copenhague, es decir, exactamente el tiempo de la Presidencia española.
Es otra gran responsabilidad que es posible que el Consejo Europeo haga recaer sobre la Presidencia y, naturalmente, no solo sobre la Presidencia española, no
solo sobre la Unión, sino que será un acuerdo para el conjunto de los países que van a participar en esa Conferencia de Copenhague, que es una conferencia internacional bajo los auspicios de Naciones Unidas. Creemos que es importante señalar este
mandato del Consejo Europeo. En todo caso, el Consejo Europeo va a destacar la necesidad de la ayuda a los países menos desarrollados para que puedan afrontar los objetivos de lucha contra el cambio climático. Sin esa ayuda sería imposible hacerlo
y no sabemos si el Consejo Europeo fijará una cifra concreta de esa ayuda en estos días o no.
Básicamente, esos son los contenidos del Consejo Europeo de este fin de semana. También se vio en el Consejo de Asuntos Generales alguna consideración sobre la llamada Eastern Partnerships, es decir, la Asociación Oriental. Hubo una
reunión ayer precisamente en Bruselas del conjunto de países de la Unión con los seis países que forman parte de esta Asociación Oriental y España, como no podía ser de otra forma, señaló que esa política de vecindad proyectada sobre la Asociación
Oriental se va a mantener lógicamente durante la Presidencia española y que también, por supuesto, se va a mantener y a profundizar la Asociación Mediterránea, la Unión por el Mediterráneo, que esperamos que tenga una cumbre dos años después de la
de París también durante la Presidencia española. Estos son, como digo, los elementos esenciales que se van a tratar en el Consejo Europeo de este fin de semana. También hubo -me gustaría señalarlo- un debate en Bruselas en esta reunión de
principios de la semana en relación con Irán y con Afganistán, aprobándose una resolución respecto de la política europea sobre Irán y también en relación con el tema de Afganistán. Puede que estos dos temas sean asimismo objeto de debate por los
jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo.
El señor PRESIDENTE: Como el señor Perestelo no quiere intervenir, en nombre del Grupo Entesa Catalana de Progrés el senador don Joan Sabaté tiene la palabra.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia una vez más para explicar puntualmente cuál va a ser el orden del día y la agenda del Consejo Europeo.
Los temas que ha expuesto forman parte de la agenda de la Presidencia española. Son temas conocidos y, por tanto, me limitaré con brevedad a valorar la importancia de que este Consejo Europeo, como usted ha citado, sitúe los objetivos
prioritarios, los mandatos concretos para la Presidencia española de la Unión, del Consejo Europeo. Todos ellos tienen una extraordinaria importancia: la creación de empleo y el crecimiento y, sobre todo, la estrategia 2020, en la que esta
Comisión ha trabajado largamente y esperamos que dichos trabajos también se reflejen en la posición que nuestro Gobierno lleve ante los organismos de la Unión Europea. Asimismo el desarrollo del Tratado de Lisboa, que finalmente ha llegado a
puerto. Se trata de ponerlo en marcha de inmediato para que la representación de la Unión Europea, que también abordaba usted, con la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, aparezca cada vez más con una sola voz, con una voz fuerte ante
el foro internacional. También el desarrollo de los derechos de los ciudadanos, que no es un tema menor; el programa de Estocolmo, que celebramos que se apruebe ya en este Consejo Europeo y esperamos que permita dar un impulso a ese espacio
europeo de Libertad, Justicia y Seguridad, que es uno de los objetivos prioritarios de la Unión. Por tanto, esperamos que sea un Consejo importante y que dé un impulso de salida a la Presidencia española, liderada por nuestro Gobierno. Estamos
seguros de que va a dejar una fuerte impronta. Usted ha hecho referencia finalmente al seguimiento de la Conferencia de Copenhague, por eso también en nombre de nuestro Grupo Entesa Catalana de Progrés queremos dar nuestro apoyo para que se intente
dar el impulso necesario a la post Conferencia de Copenhague, porque los acuerdos a los que se va a llegar son políticos, genéricos, y es importante que se llegue a concreciones y, sobre todo, a obligaciones que permitan desarrollar estos acuerdos y
den cumplida expectativa a la esperanza que tiene puesta una buena parte de la ciudadanía mundial en este momento en la Conferencia de Copenhague. Pero es la Unión Europea la que tiene que ejercer ahí un fuerte liderazgo, por voluntad política, por
tradición, por convicción y por capacidad, porque ante las dudas que pese a todo siguen teniendo las grandes potencias contaminantes a las que usted aludía, tanto Estados Unidos como China, entre otros, es importante que la Unión Europea coja el
liderazgo, lleve el banderín de enganche, al que luego se puedan sumar el resto de potencias mundiales.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz doña Soledad Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia y por la información que nos proporciona acerca del Consejo Europeo.
Antes de entrar, aunque sea con brevedad, en esta materia, quería mencionarle dos asuntos. Uno es hacerle llegar nuestra gratitud para que, a su vez, se la haga llegar -estoy segura de que el presidente lo hará por otros conductos, pero el
secretario de Estado también lo podrá hacer- a una persona que ha dedicado buena parte de su vida pública a la acción exterior en la Unión Europea, don Javier Solana. Quiero que le transmita la gratitud por el trabajo desarrollado y por los años
dedicados a la política exterior de la Unión Europea y desde la Unión Europea. Creo que ha abierto un camino muy importante para el nuevo papel y la nueva o más amplia función que va a desarrollar la Alta Representante de la Política Exterior y de
Seguridad en la Unión Europea. Seguramente ha sido la persona que ha abierto ese camino y que ha llevado a la decisión europea de instaurar ese nuevo alto representante con las nuevas o más amplias competencias, y creo que merece nuestra gratitud.
Desde su salida de la Unión Europea no he oído muchas voces de gratitud hacia su persona, y me ha llamado la atención -pero, en fin, esa es nada más que una apreciación personal que puede estar además equivocada-, y desde luego yo quiero que en
nombre de este grupo se le haga llegar al señor Solana nuestra gratitud. En segundo lugar, quiero también transmitirle que nos parece una decisión muy acertada de la Unión Europea el que le haya sido confiada al señor Almunia la comisaría... -eso
de la comisaría suena tan mal- (Risas.), el que haya sido designado, elegido o nombrado comisario de Competencia. Estoy segura de que eso responde a una buena acción y a haber sido una persona competente y eficaz en años anteriores en el puesto que
tenía encomendado. Nos alegramos y le hacemos llegar también nuestra felicitación, aunque estoy segura de que el presidente lo ha hecho o lo va a hacer a través de los medios de esta Comisión. Pensando en términos europeos pienso que va a ser
bueno para la Unión Europea. Me alegro como compatriota, pero también por la Unión Europea, porque si ha sido nombrado para este puesto será seguramente porque ha hecho una buena gestión en su puesto anterior para la Unión Europea. Pienso que va a
ser un buen comisario, lo cual es bueno para la Unión Europea y, por tanto, me alegro también de esta designación. Si pensamos en estas dos personas y en otras en etapas anteriores, es curioso el hecho de que cuando algunos de nuestros compatriotas
salen al exterior y se desenvuelven en la política internacional o europea, lo hacen muy bien. Parece como si abrir las fronteras y no tener límites ni restricciones les permitiera hacer una labor que muchas veces aquí no les permitimos hacer entre
unos y otros. ¡Viva la libertad!
En cuanto al Consejo Europeo al que usted ha hecho referencia, me voy a centrar en dos asuntos. A nosotros nos parecen bien las medidas o la propuesta que irá al
próximo consejo sobre el denominado marco prudencial. No se entiende muy bien qué es eso de un marco prudencial, ¿un marco prudente?, ¿un marco para la prudencia?... Pero, en fin, es la manera que tiene la Unión Europea de hablar, que no
se entera casi nadie. Supongo que quiere decir que son unas medidas de precaución hacia la banca, hacia los seguros y hacia los mercados bursátiles. Supongo que estará muy bien mucha regulación, mucha supervisión, tanta tanta supervisión y siempre
poniendo muchos límites, supongo que eso estará muy bien para asegurar que no vuelva a haber unos riesgos muy grandes en materia financiera dentro de la Unión Europea o en las instituciones financieras que hay en la Unión Europea.
En relación con la supervisión de la estrategia de Lisboa y el nuevo programa que usted ha denominado -se denomina así- Europa 2020, quiero trasladarle la idea que tenemos, no sé si todos o parte de esta Comisión, pero por lo menos mi grupo,
de lo interesante que sería que durante la Presidencia España pudiera presentar propuestas concretas para ir graduando el nuevo programa Europa 2020. En vez de hacer un programa a diez años, muy amplio, aunque al final resulte ambicioso, que se
vaya graduando para poder valuar con más precisión a lo largo de los próximos diez años los objetivos alcanzados por los distintos países. Es más, otra idea que se expresa en el documento al que usted ha hecho mención redactado por esta Comisión,
es la posibilidad de que los objetivos, además de graduados, no sean similares para todos los países, sino que, en función de distintas circunstancias y condiciones, se modulen o se gradúen para que los países puedan intentar alcanzar esos objetivos
que siempre son satisfactorios y un estímulo para obtener otros nuevos, porque hay algunos de ellos que son tan inalcanzables que supongo que algún país pasa página. Los objetivos para algunos de los países son absolutamente inalcanzables y algunos
pueden pensar que para qué se van a entretener. Es decir, hay que hacer un poco más realista esa nueva agenda, ese nuevo programa, más pegado al terreno, más fácil de supervisar, que tengan más interés los gobiernos en hacer un seguimiento de cómo
su país va evolucionando y va alcanzando esos objetivos. Sería una aportación muy realista e interesante durante la Presidencia española si fuéramos capaces de hacerlo y, naturalmente, de lograr la aceptación dentro de la Unión Europea, que España
fuera el país más pegado al terreno y dijera que esto hay que hacerlo y que podemos hacerlo de esta forma, clasificando los objetivos de esta y de esta manera. Valdría la pena que el Gobierno hiciera un gran documento sobre esta materia para la
Presidencia española; estoy segura de que esta Comisión estaría dispuesta a trabajar en ello.
En relación con la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, nos parece muy interesante el Servicio Europeo de Acción Exterior. El último día que estuvo el ministro Moratinos en esta Comisión le preguntamos, pero no hubo tiempo para obtener
una respuesta, o fue muy breve porque era al final, sobre la puesta en marcha del Servicio de Acción Exterior. Si fuera posible que el Consejo de la Unión Europea aportara mayores concreciones sobre esta materia, sería interesante por varios
motivos. En primer lugar, este servicio es importantísimo, pero es muy importante que la Unión Europea no multiplique su burocracia y sus infraestructuras, mejor dicho sus estructuras -es más correcto hablar de estructuras que de infraestructuras
en esta materia-. En segundo lugar, es importante saber qué piensa el Gobierno de España de ese servicio exterior y quiénes van a ser los profesionales que van a trabajar en él; sería interesante. Yo tengo escasa información sobre la materia y mi
grupo querría saberlo. Es una petición que hacemos al Gobierno y hacemos otra a la Unión Europea.
El servicio exterior está muy bien, pero también puede llamar la atención en estos momentos que la Unión Europea monte un gran aparato administrativo
con los problemas económicos que los países de la Unión tienen en este momento. Es una materia importante con la que hay que tener cuidado. Hablando de política exterior, he escuchado con mucha atención al secretario de Estado, y la puesta en
práctica del desarrollo del Tratado de Lisboa en materia exterior es desde luego muy importante.
El papel del alto representante -en este momento la alta representante- es una figura que va a ser muy importante, y este tratado amplía la capacidad y
amplía el estatus del alto representante. Por lo tanto, da la impresión -y yo estoy segura de ello- de que la Unión Europea quiere consolidar y afianzar su capacidad en política exterior y de seguridad. Y hablando de política exterior, me ha
parecido muy deficiente, muy insuficiente y muy corta la declaración de la Unión Europea en relación con el problema que tiene España, y el Gobierno español, con Marruecos en este momento por la señora Haidar. Que la Unión Europea se haya quitado
de en medio me ha parecido mal. Hablamos de solidaridad, hablamos de derechos humanos, hablamos de que los países de la Unión, en un momento de crisis, de conflicto, de dificultad, tienen que apoyarse, tienen que solidarizarse. Y cuando España
tiene un problema -que no voy a entrar a considerar en este momento porque no es el lugar adecuado- y lo tiene con un vecino de la Unión Europea, que haya una declaración por parte de la Unión Europea diciendo que es un asunto de la relación
bilateral entre dos países me lleva a pensar que verdaderamente no sé cuándo va a decir la Unión Europea algo importante en alguna materia. Porque si siempre va a estar por encima de todo, del bien y del mal, no comprendo para qué quiere avanzar en
las competencias en política exterior; no se puede comprender.
En cuanto a la Conferencia de Copenhague, vamos a esperar, no podemos avanzar ninguna conclusión. Ya sabemos cuál es la posición de España, conocemos muy bien la posición de la Unión Europea, vamos a ver cuál es la posición de los demás
países de la Unión y estaremos, desde luego, para cumplirla y para hacer el seguimiento de lo que le pueda corresponder a España en los próximos diez años en esta materia para cumplir
con los objetivos y las metas que se alcancen en esta Conferencia de Copenhague.
Gracias, señor secretario de Estado, por su información y por su presencia en el Congreso.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, don Juan Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Quiero dar la bienvenida, una vez más, al secretario de Estado a esta Comisión y haré una intervención breve porque creo que existe un gran acuerdo y consenso sobre los temas que nos ha planteado el
secretario de Estado relativos al contenido del Consejo Europeo de esta semana, con el que se da fin a la Presidencia sueca, que ha tenido solamente dos etapas. Una primera etapa terminó en el anterior Consejo Europeo, en el que Suecia alcanzó
algún acuerdo importante en su ámbito de influencia, como fue la cuestión de la asociación del Báltico, que nosotros también celebramos por su carácter innovador y por el tipo de agrupamiento regional que producía, y que en esta segunda parte del
semestre ha trabajado con cierta diligencia de oficio para poner en marcha cuestiones que van a ser muy importantes para la Presidencia española -como bien ha explicado el secretario de Estado- y que tienen que ver con temas de fondo tan importantes
como los relacionados con la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, el nombramiento de las instituciones y sus nuevos responsables, cuestiones que repasaré brevemente.
Quiero también sumarme, por supuesto, a las palabras de la portavoz del Partido Popular, que creo que compartimos todos en esta Comisión, primero de agradecimiento y, desde luego, de ensalzamiento de la figura de Javier Solana Madariaga,
persona que siempre ha sido una referencia política y ética para mi grupo y también para mí mismo como político español, y segundo para celebrar el nombramiento de Joaquín Almunia en su nuevo puesto de comisario de Competencia, una cartera de máxima
importancia y que hace justicia a su trayectoria política y a su capacidad.
Es evidente que el Consejo Europeo de este fin de semana va a comenzar a acometer cuestiones relacionadas con el contenido de la Presidencia española del próximo semestre, sobre la que hemos tenido oportunidad de debatir el último mes con
intensidad. Quiero agradecer al secretario de Estado y a su equipo el trabajo realizado desde la Secretaría para que durante el mes pasado esta Comisión -lo diré una vez más y ya será la última-, por primera vez en la historia parlamentaria previa
a una Presidencia española semestral de la Unión Europea, en este caso la cuarta, haya tenido la oportunidad de recibir las comparecencias de todos los ministros del Gobierno, sin excepción. Han sido dieciocho comparecencias que nos han permitido
conocer a fondo el programa y la agenda de actividades de todos y cada uno de los departamentos respecto a la Presidencia, proceso que culminará la semana que viene con la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno. A partir del próximo
1 de enero la actividad de esta Comisión cambiará y dejaremos este trabajo previo para pasar a realizar una labor de seguimiento y, por supuesto, de valoración de una Presidencia que todos confiamos -así creemos que va a ser- en que sea todo un
éxito. Usted ha hecho referencia a los importantes aspectos económicos que se van a empezar a vislumbrar en este Consejo, pero también quiero recordar que en el pasado mes de noviembre las comparecencias a las que hacía referencia hace un momento
han coincidido con la negociación de un acuerdo político, del que somos partícipes todos los grupos de esta Cámara -la semana que viene dará lugar a un debate al que confiamos que se sumen el resto de los grupos-, en el que hemos establecido una
serie de prioridades políticas que, en particular en su primer punto, coinciden con alguna de las cuestiones a las que usted ha hecho referencia, relativas a la agenda del Consejo Europeo de este fin de semana, que dará fin a la Presidencia sueca,
sobre cuestiones económicas. Coincidimos con sus valoraciones en cuanto a la estrategia de salida o plan de retirada; en cuanto a la estrategia de supervisión, tanto macro como micro, los nuevos elementos de supervisión en ámbitos sectoriales
financieros, banca, seguros, bolsa, o en su aspecto macroeconómico el Consejo Europeo de riesgo sistémico, que ha sido siempre una vieja reivindicación económica en el marco de la Unión, debe dar lugar a la construcción de la Europa económica que
debe respaldar la unión monetaria que existe con éxito hace ya años. Respecto a la estrategia 2020, la que reemplazará a la estrategia de Lisboa, es evidente que corresponde a la Presidencia española, en el marco del trío, junto con Bélgica y
Hungría, definir las grandes líneas y dar contenido a esta cuestión, pero ello, obviamente, no es óbice para que los suecos establezcan el mandato para España en las conclusiones de su Consejo.
Quiero también proponer, en relación con el documento
que estableció la Comisión sobre la estrategia 2020, aprobado en septiembre, a pesar de que fue un documento controvertido y de que se trata de un acto no legislativo, que esta Comisión remita a las instituciones europeas el informe elaborado sobre
la estrategia de Lisboa para darlo a conocer en un momento tan oportuno como este.
Coincidimos también en el Grupo Socialista con sus valoraciones respecto a cuestiones como la ciudadanía europea del siglo xxi, el programa de Estocolmo y sus aspectos concretos. Por supuesto, lo mismo tenemos que decir respecto al mandato
específico de que para abril de 2010 debería estar en marcha el Servicio Europeo de Acción Exterior, en el marco de la nueva política exterior de la Unión Europea. En estas semanas, como decía, hemos tenido ocasión de escuchar en esta Comisión
tanto al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación como a la ministra de Defensa. La comparecencia de la ministra de Defensa nos pareció a todos que establecía y abría también importantes cauces de cooperación,
ilusionantes en lo que debe ser probablemente una cooperación reforzada en el marco de la Unión en algo tan importante como la política de defensa.
Experiencia no nos falta, en los últimos diez años hemos pasado de no hacer nada en este
ámbito a tener ya misiones importantes desplegadas por todo el planeta, quizá la operación Atalanta sea la más significativa en este momento, aunque ha habido otras muchas como Bosnia, Congo, etcétera.
También quiero destacar esta cuestión como
objetivo a medio plazo y, por supuesto, sus valoraciones respecto al contenido de la cumbre de Copenhague, que quizá hoy se enfrente a la recta final y al momento crucial de alcanzar plenamente las decisiones.
Este fin de semana he tenido la suerte y el honor de participar como delegado del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso del Partido Socialista Europeo que se ha celebrado en Praga, junto a algunos compañeros que están aquí también
presentes en esta Comisión en este momento, y allí, aparte de entablar contacto y tener la oportunidad de discutir sobre cuestiones políticas con muchos compañeros europeos, tanto de los veintisiete Estados miembros de la Unión como de países de
nuestro entorno y países que estaban invitados como observadores, tuvimos ocasión de discutir también sobre la cuestión del cambio de clima y la lucha contra el cambio climático, incluso hubo un vídeo muy significativo en el que quedaba bien claro
que disponemos de entre cuatro y diez años, según los científicos, para poder tomar medidas que realmente contribuyan a detener lo que está ocurriendo. Por eso confiamos en que la Unión Europea sea decisiva y sea capaz de alcanzar un compromiso
vinculante, si no es ahora, dentro de seis meses, como ha dicho el secretario de Estado, que permita poner fin a esta amenaza sobre nuestro planeta y sobre las próximas generaciones.
Señor secretario de Estado, le agradecemos mucho su presencia.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los portavoces que han intervenido tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Coincido con SS.SS. en cuanto a la valoración que han hecho del trabajo de Javier Solana y del trabajo de Joaquín Almunia, del que ha hecho y del que va a hacer. La
labor de Javier Solana como Alto Comisionado de la Unión Europea para la Política Exterior ha sido la de un pionero, porque realmente tenía pocos instrumentos institucionales y pocos instrumentos y medios financieros. La figura de Javier Solana ha
sido la de un creador que ha inventado y liderado la capacidad de la Unión Europea para trabajar en política exterior e incluso sin un apoyo competencial concreto, detallado y preciso ha demostrado la necesidad de que la Unión Europea se haga
presente en el campo internacional. Además, Javier Solana, hay que recordarlo, tuvo mucho que ver con una iniciativa europea sin precedentes como la estrategia de seguridad europea -el llamado documento Solana sobre estrategia de seguridad europea
forma parte del acervo de la Unión Europea- y, como decía la señora Becerril muy acertadamente, ha abierto el camino, que es lo que hacen los pioneros, abren el camino para facilitar la tarea de los que vienen después, en este caso de una figura
como la de Catherine Ashton, que será no solo alta representante sino también vicepresidenta de la Comisión y que va a tener medios de los que no dispuso Javier Solana. Porque Catherine Ashton es la simbiosis de lo que fue la acción de Javier
Solana y la de Benita Ferrero-Waldner en la Comisión, va a tener los dos sombreros, las dos legitimidades provenientes del campo del Consejo y del campo de la Comisión. Eso va a dar una fuerza enorme, multiplicadora, a la acción de quien va a
representar muy directamente la política exterior y la diplomacia europea en el mundo, y todo eso preparado adecuadamente durante los años en que Javier Solana ha estado al frente de esa tarea.
También quiero mostrar mi agradecimiento a la señora Becerril por sus palabras y su valoración positiva de lo que ha hecho Joaquín Almunia al frente de la competencia sobre Economía dentro de la Comisión Europea y a partir de ahí los mejores
augurios sobre lo que va a hacer al frente de la poderosa cartera de Competencia dentro de la Comisión Europea. Joaquín Almunia ha sido sobre todo un representante de los intereses de Europa y por eso creo que ha tenido y tiene alta valoración y
prestigio en la Unión Europea, por lo que se le ha encomendado la importante cartera de Competencia, para algunos la más poderosa de todas las carteras de la Unión Europea. Desde luego va a desarrollar una competencia exclusiva de la Unión Europea,
la competencia sobre la Competencia -si se me permite-, y tendrá que defender los intereses europeos. Aunque cada uno de los comisarios viene de uno de los veintisiete países de la Unión, cuando entran en la Comisión defienden los intereses de la
Unión, los intereses europeos. La Comisión es el órgano europeo por excelencia y defiende el interés europeo, no el nacional. Joaquín Almunia lo ha hecho muy bien en su cartera de Economía en un momento especialmente difícil e importante, con
propuestas tan relevantes como la del Plan europeo de recuperación económica o las directivas de supervisión financiera, y estoy seguro de que lo hará muy bien en la cartera de Competencia, con el permiso del Parlamento Europeo, que aún tiene que
escuchar y debatir con los comisarios y las comisarias lo que propone el presidente de la Comisión y votar su confianza.
Las intervenciones de los portavoces demuestran algo que ha sido destacado por el señor Moscoso y que es el gran consenso político y social con el que vamos a iniciar nuestra Presidencia el 1 de enero. Esa es la forma de afrontar una
Presidencia de estas características, con la altísima responsabilidad que supone presidir el Consejo durante este periodo de transición. La Presidencia española va a ser el eje que vincule la etapa que acaba con el
Tratado de Niza y que arranca con el Tratado de Lisboa, la primera Presidencia que va funcionar con el Tratado de Lisboa, que va a tener que aplicar y que necesariamente va señalar las futuras líneas políticas de la Unión. Lo que se haga
durante la Presidencia española es lo que va a quedar por muchos años en la Unión Europea como elemento interpretativo del tratado y como prioridades de la Unión Europea para el futuro en esa nueva etapa que está presidida por el nuevo tratado que
es el Tratado de Lisboa. España va a esa Presidencia con una gran fuerza porque tiene el consenso político expresado en el documento que todos ustedes conocen firmado por los partidos políticos, porque lleva el consenso del Parlamento, y esta
Comisión mixta para la Unión Europea -y quiero aprovechar para felicitar a su presidente- ha sido decisiva como núcleo catalizador de ese consenso, y también porque va a haber el acuerdo y el consenso con otros sujetos políticos que hay un país tan
descentralizado como es España, que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con los cuales ha habido un trabajo preparatorio constante. Por tanto, vamos con los apoyos políticos necesarios para afrontar las dificultades que pueda haber
en la Presidencia. Desde luego no será por falta de consenso o de apoyo político, y en este sentido creo que hay que agradecer la actitud constructiva de todas las fuerzas políticas, que han entendido perfectamente de lo que se trata en esta
Presidencia española, y es de dar vida a una nueva etapa de la Unión y naturalmente de paso hacer mucho más presente a España como país en el conjunto de la Unión y en el mundo también, puesto que la Unión inicia una etapa que se va a caracterizar
por estar volcada hacia el exterior. Después de un siglo xx en el que la Unión Europea creó sus estructuras internas -y lo hizo muy bien- y las consolidó, entramos en un momento en el que la Unión Europea se vuelca hacia el exterior. Es una Unión
Europea para el exterior, para la acción exterior, necesaria e imprescindible en una potencia económica y comercial como es la Unión Europea. Ese es el sentido, en última instancia, del Tratado de Lisboa, como lo fue de su gran predecesora -porque
representa el 95 por ciento- la nonata constitución europea o tratado constitucional.
En relación con las prioridades y los temas que vamos a abordar en nuestra Presidencia y que se van a abordar en este Consejo Europeo, quisiera referirme, en primer lugar, a la supervisión financiera. Ha hablado la señora Becerril de este
tema que tiene la denominación de prudencial, la prudencia que no ha habido antes y que ha desencadenado esta terrible crisis que todavía estamos sufriendo. Si de algo ha adolecido la omisión de regulación y la acción de los sujetos económicos
financieros en muchas ocasiones ha sido de prudencia. Por eso la Unión Europea llama marco prudencial a esta forma de supervisar el funcionamiento del sistema financiero, que constituye las arterias del sistema económico y que objetivamente es un
sector sistémico que tiene en sí mismo un riesgo sistémico y que obliga a una nueva forma de supervisión para que no vuelva a ser el desencadenante de la crisis económica, que empezó siendo una crisis financiera ligada, por cierto, al mercado
hipotecario, a las famosas subprime norteamericanas. Así que se necesita una supervisión adecuada, proporcionada, que es lo que van a hacer las autoridades europeas de supervisión. Estas autoridades de supervisión, si se aprueban estas normas
durante Presidencia española -tendrá que recabarse el apoyo del Consejo y del Parlamento Europeo-, van a asegurar que se aplique el conjunto de normas supervisoras reguladoras de los mercados financieros y van a intentar que haya una auténtica
cultura de supervisión comunitaria, que todavía no es suficiente. Cuando haya un desacuerdo entre la normativa nacional y la normativa europea o cuando haya un desacuerdo entre autoridades nacionales o entre autoridades nacionales y autoridades
europeas de supervisión, tendrán que intervenir esas autoridades de supervisión. En todo caso -y esta ha sido una discusión que ha habido estos días por la posición del Gobierno británico-, no van a variar las competencias presupuestarias de los
Estados ni van a cambiar sus atribuciones por el hecho de que haya una capacidad supervisora por parte de la Unión Europea. Hay algo por lo que ha habido una polémica importantísima, porque tiene que ver con el nacimiento de la crisis, que son los
fallos que ha habido en las agencias de rating, las agencias de calificación, por lo que va a haber una supervisión europea al respecto absolutamente necesaria e imprescindible. Por tanto, merece la pena acogerla con la máxima satisfacción, porque
se ha podido llegar a un acuerdo y a un consenso en el Consejo Ecofin sobre el conjunto de la supervisión microprudencial. Ya había un acuerdo, como dije antes, en cuanto a la supervisión macroprudencial. Es importante que profundicemos cada vez
más en la coordinación de políticas económicas. Esa es la asignatura que tiene que aprobar la Unión Europea en el futuro. Tendrá que haber, si se produjeran, una respuesta coordinada ante situaciones de crisis o alertas de situaciones de crisis.
Esta es la lección de esta crisis: cuando hemos actuado coordinadamente ha salido bien, cuando hemos actuado descoordinadamente ha salido mal. En un momento en el que hay una globalización de los mercados no es posible actuar descoordinadamente en
políticas económicas y políticas financieras. Si se actúa descoordinadamente, eso se va a pagar. Por eso la aparición de un marco de supervisión es imprescindible en la Unión Europea y con arreglo al Estado de derecho, porque las normas que se
apliquen estarán sujetas a ese Estado de derecho y, en última instancia, al gran supervisor que es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
También se han referido SS.SS. a la importante estrategia Europa 2020. Me ha parecido muy acertada la propuesta que ha hecho la señora Becerril sobre el envío a la Comisión de las posiciones que tanto en el Parlamento como en el Gobierno
español se tengan en relación con esa estrategia, que se va a debatir también en el Parlamento Europeo. Hay que tener en cuenta que se
abre ahora un road map hacia adelante en el que van a intervenir muchos sujetos que van a confluir en el Consejo Europeo de primavera, con algunos aspectos quizá de desarrollo más concreto, y hasta incluso es posible en el Consejo Europeo de
junio. Esto significa que en estos momentos hay una consulta abierta por la Comisión Europea y me parece muy bien la propuesta que ha hecho el señor Moscoso de que se traslade -estoy muy dispuesto a hacerlo- el informe elaborado por esta Comisión.
Ayer precisamente hablamos de la conexión con la secretaria general de la Comisión Europea, Catherine Day, con la que tuve el gusto de tener una larga entrevista en Bruselas, por lo que se ha abierto una vía de colaboración directa con la Comisión a
este respecto. Creo que es muy importante que la Comisión conozca el informe que ha hecho esta Comisión mixta así como las posiciones del Gobierno a ese respecto. Esa consulta abierta desembocará en una comunicación que esperemos que la nueva
Comisión realice inmediatamente que tome posesión. Eso va a ser además analizado por las distintas formaciones del Consejo y por las distintas comisiones del Parlamento Europeo y va a confluir en el Consejo Europeo de primavera, que es el que
tendrá que aprobar las prioridades de la llamada estrategia Europa 2020 de crecimiento y creación de empleo en el futuro, en el que lo más complicado realmente va a ser el tema de la gobernanza, el asunto de exigencia, de vigilancia, de control, de
seguimiento de esas estrategias, porque la estrategia de Lisboa ha adolecido de ello, ha adolecido de ese marco general de supervisión, que no ha existido lo suficientemente y, por lo tanto, no ha habido una suficiente europeización de la estrategia
de Lisboa. Señora Becerril, también estoy de acuerdo con usted cuando dice que esto no puede ser una estrategia rígida, sino que tiene que ser una estrategia adecuada a cada país. Por eso tiene que haber también una supervisión, un seguimiento
flexible, personalizado, pero en todo caso tiene que ser una acción coordinada, porque nuestras economías están vinculadas y la lógica del mercado único lleva necesariamente a una lógica de moneda única y a una lógica de coordinación de políticas
económicas y de reformas estructurarles, que en última instancia es la estrategia Europa 2020, por lo que estoy de acuerdo a ese respecto.
En cuanto al Servicio Europeo de Acción Exterior, todos ustedes han destacado su trascendencia. El Servicio Europeo de Acción Exterior ha sido definido como la apuesta más arriesgada, la de mayor calado del Tratado de Lisboa. Es estar
presente como Unión Europea en los distintos países, más allá de las fronteras de la Unión Europea y todo el conjunto de la Unión Europea; de hecho, ya las delegaciones que se llamaban de la Comisión Europea a partir del 1 de diciembre -entra vigor
el Tratado de Lisboa- ya se llaman delegaciones de la Unión Europea. Y habrá distintos componentes, como pasa en una embajada, donde el embajador es el que coordina esa embajada pero existen representantes de distintos ministerios, distintos
consejeros que trabajan en la embajada. Eso es lo que tienen que ser las embajadas de la Unión Europea. El conjunto de la Unión tiene que estar presente en cada una de las embajadas de la Unión Europea en el mundo. Eso no va a hacer desaparecer
las embajadas nacionales, ni va a hacer desaparecer la política exterior de los países ni sus relaciones bilaterales, pero desde luego va a ser cada vez más un catalizador, un centro de irradiación y un centro de atracción de la política exterior.
Y desde el punto de vista de los medios económicos -la señora Becerril se refería a ello- va a ser también un elemento de ahorro porque muchos países se plantearán si en determinados Estados es necesario que haya una embajada, muchos se plantearán
la existencia de esa embajada si se cubren por parte de la embajada de Europa los objetivos de política exterior. Eso irá sucediendo con el tiempo porque la implementación del servicio exterior no va a ser una cuestión de semanas ni de meses sino
de años. De hecho durante la Presidencia española -presidencia esencialmente de transición- tendrá que haber -aunque eso está todavía por definir, ya lo estamos hablando con la alta representante y con su equipo- una transición también de la
llamada Presidencia local, que recaerá en la Embajada española durante el tiempo necesario para que se logre la consolidación definitiva de las embajadas de la Unión Europea, esencialmente -entendemos- en aquellos países con los que en un primer
momento va a haber una cumbre de la Unión Europea durante la Presidencia española del Consejo.
El Servicio Europeo de Acción Exterior va a ser una apuesta de la Unión y desde luego el Gobierno español quiere que sea el servicio exterior más brillante, más eficaz y más importante de todos los servicios exteriores, y vamos a hacer que
vayan a él las mejores personas, las más preparadas a ese respecto. La idea con la que se ha empezado a trabajar -que tiene que precisarse porque la señora Ashton sencillamente está aterrizando en este momento en su puesto y es ella quien tiene que
hacer la propuesta de organización y de estructuración de ese servicio- es que deben acudir al mismo funcionarios que provengan de la Comisión, como sucedía ahora porque en el exterior había delegaciones de la Comisión, provenientes del Consejo,
como institución europea, y también diplomáticos provenientes de los Estados miembros. Esperamos que vayan los mejores. Esa debe ser la apuesta de todos los países europeos porque ese Servicio Europeo de Acción Exterior nos va a representar a
todos. De ahí nuestra apuesta decidida y clara hacia el Servicio Europeo de Acción Exterior, haciéndolo un servicio muy eficaz, muy poderoso, muy importante, de gran presencia, que va a tener en su interior el conjunto de la Unión, los distintos
componentes de la Unión, van a ser embajadas de la Unión, no delegaciones de la Comisión sino auténticas embajadas de la Unión Europea pues es el instrumento que se necesita para tener una verdadera política exterior de la Unión. Se debatió en la
convención para la Constitución europea -de ahí proviene el servicio y luego se ha mantenido en el Tratado de Lisboa-
porque se quiere que la Unión Europea tenga política exterior, es decir, una verdadera política exterior como tal Unión. Hay que reconocer que en relación con algunas estrategias de política exterior la Unión Europea no tiene suficiente
bagaje, suficiente doctrina de política exterior para poder estar presente, con el peso que se requiere, en un mundo en el que hay que ir con mucha fuerza en las grandes decisiones de política internacional, puesto que no se trata solamente de
decisiones de pura política exterior sino de decisiones de política económica, de política comercial, de política sobre el cambio climático, de política en relación con la seguridad, etcétera. Esa es la complejidad de la política exterior de
nuestro siglo.
Ha habido dos puntos concretos que también quisiera señalar. Uno es en relación con Marruecos y el caso Haidar, al que se ha referido la señora Becerril. La Unión Europea, señora Becerril, respalda absolutamente a España en la forma en que
está conduciendo este complicado, complejísimo asunto donde hay temas de fondo humanitario en cuestión. El Gobierno español está actuando y cuando sea necesario, si es necesario, naturalmente que la Unión Europea respaldará y respalda la acción del
Gobierno español. No hay ninguna duda al respecto, como pasa siempre que un país europeo actúa en relaciones que lícitamente pueden ser bilaterales. Porque la Unión Europea no significa la desaparición de las relaciones bilaterales y especialmente
la relación España-Marruecos va a seguir existiendo, ¡cómo no! Una relación bilateral España-Marruecos es fundamental. A lo mejor podría plantearse la profundización en las relaciones bilaterales de un país alejadísimo, de otro continente, con
Marruecos, pero España es evidente que va a seguir manteniendo fuertes y saludables relaciones bilaterales con Marruecos, y la Unión Europea respalda en todo caso la acción del Gobierno español, es clarísimo que la respalda.
En cuanto a la cuestión citada por el señor Moscoso de la vertiente política de defensa y las cooperaciones estructuradas, efectivamente ese va a ser uno de los impulsos que van a salir de la Presidencia española.
En un primer momento -me
imagino que lo habrá explicado la ministra de Defensa- a través de un grupo de reflexión, con un estudio detallado sobre cómo puede llegarse a una cooperación estructurada, que es algo que está en el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa
establece la posibilidad de que, con carácter permanente, haya cooperaciones estructuradas en materia de defensa. Es algo que hay que aprovechar pero debe hacerse sosegada y reflexivamente, y lo va a hacer la Presidencia española.
Por último, en relación con la conferencia de Copenhague, el señor Sabaté habló -y yo estoy de acuerdo con él- del liderazgo de la Unión Europea.
Creo que es fundamental. En la conferencia de Copenhague hay una referencia que es la Unión
Europea. La Unión Europea ha mantenido el liderazgo del famoso 20-20-20, aun en los momentos más difíciles; ha habido y sigue habiendo un debate interno fuerte en la Unión Europea en cuanto al reparto de la carga financiera que supone esta
apuesta, pero la Unión Europea continúa liderando claramente estas posiciones de lucha contra el cambio climático. Y ha sido bastante determinante esa posición firme de la Unión para los cambios -todavía seguramente no suficientes pero apreciables-
que hemos visto en las últimas semanas en países tan importantes a este respecto como Estados Unidos, China o India, cambios en la buena dirección que no se hubieran producido en absoluto si no hubiera habido una posición de liderazgo -como usted
señalaba- de la Unión Europea en relación con la lucha contra el cambio climático.
Mantengamos los dedos cruzados, ya ha empezado esta conferencia que culminará la semana que viene y lo que resulte de esa conferencia será la tarea de la Presidencia
española, sea bueno o sea malo. El Consejo Europeo de esta semana va a decirle a la Presidencia española que tendremos que llegar a una resolución legalmente vinculante antes de que acabe nuestra presidencia; este es el deseo. Evidentemente los
deseos no siempre se convierten en realidad, pero este es el deseo de la Unión y se va a explicitar con fuerza en este Consejo Europeo.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado quiere intervenir a título personal? (Pausa.)
Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Seré breve.
No intervine en turno de portavoces y quiero saludar al secretario de Estado y agradecerle la información que ha dado en relación con este Consejo Europeo. Al hilo de la intervención de la señora Becerril, en la respuesta dada por el señor
secretario de Estado en relación con el conflicto que tenemos en este momento en el aeropuerto de Lanzarote y las razones humanitarias habla del apoyo total de la Unión Europea a España en la resolución de este conflicto y sobre todo de las
actuaciones que está realizando el Reino de España en la resolución de este conflicto.
Personalmente entiendo que ese apoyo europeo se tendría que plasmar en una mayor actividad a la hora de resolver la situación. Sobre todo veo que el Consejo de
mañana y pasado es una buena oportunidad para reafirmar esa estrategia de apoyo, pero sería conveniente que el Reino de España también planteara el marco en el que se tiene que establecer ese acuerdo que posibilite la resolución definitiva de algo
que comparto con el señor Moratinos que es un asunto humanitario, pero que indudablemente nos está afectando a todos y al que entre todos tenemos que buscar una solución.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz quiere intervenir? (Pausa.) ¿El secretario de Estado quiere intervenir? (Asentimiento.)
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Quiero reiterar lo que he dicho anteriormente. Todos somos conscientes de la enjundia que tiene este asunto, de lo que se juega
en este asunto. Cuando hay temas humanitarios, como en este caso, nuestro interés y nuestra preocupación se redoblan y puede estar usted tranquilo, señor Perestelo, porque la Unión Europea respalda absolutamente lo que hace el Gobierno
español, absolutamente, no hay ninguna fisura a ese respecto. Por tanto, cuando España actúa lo hace como un país de la Unión Europea y con toda la fuerza que eso le da. El Gobierno español está actuando con prudencia, trabajando en todos los
ámbitos, haciendo todo lo que está en su mano y eso está siendo reconocido por la opinión pública española y por la opinión pública internacional.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo grupo de comparecencias, las relativas a las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para la promoción de las lenguas cooficiales españolas distintas del castellano en la Unión Europea y las
actuaciones que piensa llevar para hacer efectivo el cumplimiento de los términos aprobados en el seno de la Comisión en relación con la proposición no de ley sobre medidas para el impulso del catalán, gallego y vasco en el marco de la Unión
Europea.
Tiene la palabra, en primer lugar, el secretario de Estado para una exposición inicial.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): La promoción de las lenguas cooficiales españolas distintas del castellano en la Unión Europea ha sido, si me permiten, una de las señas de identidad del Gobierno
socialista no solamente en esta legislatura sino desde el comienzo de la anterior. Los gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero han tenido ese objetivo muy claro; tienen muy claro que en España las lenguas que son cooficiales en
algunas comunidades autónomas junto con el castellano tienen exactamente el mismo estatus que el castellano en esas comunidades autónomas y, por tanto, que debería trasladarse la importancia de esas lenguas cooficiales al seno de la Unión Europea.
Lo hemos tenido clarísimo y, por eso, desde el comienzo de la anterior legislatura, concretamente el 13 de diciembre de 2004, el Gobierno presentó un memorando, haciéndose eco de propuestas y deseos provenientes de distintas comunidades autónomas,
sobre reconocimiento oficial de esas lenguas en la Unión Europea. Este proceso de negociación que se inicia entonces es complejo porque, entre otras cosas, requiere la unanimidad. Partiendo de ello, se logra que el Consejo de Asuntos Generales de
13 de junio de 2005 apruebe una reforma del régimen lingüístico de la Unión Europea que permite el uso oficial de todas estas lenguas en las instituciones de la Unión. Esa es la base sobre la cual se van a negociar y a adoptar acuerdos
administrativos en cada una de las instituciones de la Unión Europea para aplicar el nuevo régimen lingüístico. Así, se han ido firmando acuerdos administrativos con todas las instituciones de la Unión y voy a relatarlos uno a uno: en el Consejo,
el 7 de noviembre de 2005; en el Comité de las Regiones, el 16 de noviembre de ese año; en la Comisión Europea, el 21 de diciembre de ese año; también un acuerdo administrativo con el Comité Económico y Social Europeo el 7 de junio del siguiente
año, de 2006; un acuerdo con el Defensor del Pueblo Europeo, el 30 de noviembre de ese año 2006; y, por último -y debo decir que además lo recuerdo muy bien porque lo firmé personalmente en Luxemburgo-, un acuerdo con el Tribunal de Justicia el 27
de abril de 2009. Todos estos acuerdos están en vigor y, basándonos en ellos, los ciudadanos pueden dirigirse a estas instituciones y órganos en cualquiera de las lenguas que son oficiales en España, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
española, y pueden recibir la respuesta en esa misma lengua.
Nosotros queríamos ir más allá y que este régimen lingüístico tuviera también presencia en el Parlamento Europeo. Y, así, el Parlamento Europeo, en su reunión de 3 de julio de 2006, acordó dar cabida al uso de las lenguas oficiales
españolas distintas del castellano en sus comunicaciones con los ciudadanos. Así que, sin necesidad de establecer un acuerdo administrativo, en este caso del Reino de España con el Parlamento Europeo, los servicios de traducción del Parlamento se
encargan de las traducciones necesarias para que se pueda responder a los ciudadanos en la lengua de la comunicación original. Por tanto, podemos decir que en todas las instituciones de la Unión Europea puede haber esa comunicación: los ciudadanos
pueden dirigirse al órgano en cuestión en la lengua cooficial y recibir la respuesta en esa lengua cooficial.
En el caso del Consejo y en el caso del Comité de las Regiones también es posible que representantes autonómicos con lengua propia distinta del castellano puedan usar esta lengua en las reuniones en que participen en el Consejo y en el
plenario, respectivamente, siempre que hayan efectuado una solicitud previa al respecto. Sin embargo, hubo algo que no conseguimos. No conseguimos que en el Parlamento Europeo se pudiera utilizar por parte de los eurodiputados y eurodiputadas una
lengua distinta de las oficiales en la Unión Europea, porque la Mesa del Parlamento Europeo lo impidió; debo decir que por un solo voto, pero lo impidió. Eso es algo que decide la Mesa del Parlamento Europeo, algo que no puede decidir el Gobierno
español. En ese caso el Parlamento Europeo rechazó esa posibilidad pero, una vez que se ha iniciado la nueva legislatura, como anunciamos, hemos vuelto a reiterar esa petición ante el Parlamento Europeo. Le envié una carta personal al presidente
del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, reiterándole la posición, el interés de España en esta cuestión. En días posteriores me reuní con él en su despacho oficial para reiterarle la petición, y así lo he hecho con los grupos políticos del Parlamento
Europeo, con los que me reunido también, empezando por los dos más numerosos, el Popular y el Socialista, para solicitarles su apoyo. Se ha trasladado también esa posición a la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo, y la decisión, una vez
más, corresponde a la Mesa del Parlamento
Europeo, que es la que soberanamente va a decidir a ese respecto. Pero debo decir que los acuerdos administrativos que ha habido funcionan adecuadamente. La Administración General del Estado cuenta con la colaboración de organismos
lingüísticos de las comunidades autónomas con lengua cooficial, una colaboración que ya se acordó en la Conferencia para asuntos relacionados con la comunidad europea, en diciembre de 2005.
En cuanto a traducción de textos comunitarios, quisiera señalar que se procedió a traducir a las lenguas cooficiales el Tratado constitucional.
Se hizo entrega de dichas traducciones a la Secretaría General del Consejo. También hay la
intención de traducir a las demás lenguas cooficiales distintas del castellano el Tratado de la Unión y el Tratado de funcionamiento de la Unión en la redacción que le ha dado el llamado Tratado de Lisboa. Todo esto se enmarca -hay que decirlo-
dentro de las relaciones que tienen las comunidades autónomas y las que deben tener también con la Unión Europea. Ayer mismo tuve una interesantísima reunión con los directores de las oficinas de las comunidades autónomas en las comunidades
europeas. Como es sabido, las comunidades autónomas tienen oficinas situadas en Bruselas; tenemos con ellas una relación constante por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y más concretamente de la Secretaría de Estado para
la Unión Europea. Ayer tuve el honor de tener una reunión detenida, y creo que muy eficaz, con vistas a la Presidencia española de la Unión, con los directores y directoras de esas oficinas en Bruselas. Incluso algunos estatutos de autonomía hacen
referencia a esas relaciones con la Unión Europea. Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que incluso se prevé una Comisión bilateral Generalitat-Estado para las relaciones con la Unión Europea -que está ya constituida-, y de
hecho, como saben ustedes, las comunidades autónomas están representadas en determinados consejos, participan en las delegaciones del Estado español en reuniones de algunos consejos, de aquellos que tienen que ver con competencias que tienen las
comunidades autónomas. Por tanto, la presencia de las lenguas cooficiales de comunidades autónomas en la Unión Europea es clara y evidente, y el propósito del Gobierno español es seguir en esa dirección. Queda pendiente esta asignatura, la posible
participación de los eurodiputados y eurodiputadas en la lengua cooficial que consideren oportuna en el plenario del Parlamento Europeo, pero esto -repito- depende de la Mesa del Parlamento Europeo. En esta legislatura -como le dijimos el otro
día-, y hace muy poco, en la reunión que celebramos con los grupos parlamentarios y con miembros del Gobierno español -presidida, por un lado, por el presidente Buzek, y por el lado español por el presidente Zapatero-, que fue el primer acto propio
de Presidencia que tuvimos en Madrid, se le reiteró al presidente Buzek, formalmente y delante de todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, nuestro deseo de que también allí exista la posibilidad de hablar en las lenguas cooficiales
españolas distintas del castellano.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir algún grupo? (Pausa.) Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador don Joan Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor secretario de Estado, por sus explicaciones en nombre del Gobierno.
Previamente a mi intervención, señor presidente, quería que constase en el 'Diario de Sesiones' la excusa de asistencia del diputado don Joan Tardà, del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds -que me ha
pedido que lo hiciera patente-, porque, pese a su interés en poder asistir, esta sesión coincidía con otra reunión y con una conferencia de prensa que tenía convocada.
Dicho esto, en nombre de nuestro grupo, la Entesa Catalana de Progrés en el Senado, grupo catalán en la Cámara territorial, quiero valorar muy positivamente, señor secretario de Estado, la posición y la voluntad política de nuestro Gobierno
desde 2004 por garantizar tanto el uso de las lenguas cooficiales -catalán, gallego y euskera- ante las instituciones de la Unión Europea, como la posibilidad de que representantes, consejeros y consejeras de las comunidades autónomas puedan
participar en distintos Consejos de Ministros de la Unión Europea cuando los temas a tratar les puedan afectar. Se ha dado un paso importantísimo en el reflejo del carácter plural del Estado español ante las instituciones de la Unión Europea e
insisto en que esto lo valoramos como muy importante.
Es bien cierto que queda un tema pendiente, al que usted ha hecho referencia claramente, relativo a la posibilidad de uso de las lenguas cooficiales por los miembros del Parlamento Europeo. En este sentido, queremos lamentar la posición del
Grupo Popular europeo a instancias de algunos miembros de dicho grupo, representantes de España en el Parlamento y en la Mesa, que por un voto impidió la posibilidad de uso de las lenguas cooficiales ante el Parlamento Europeo y en sus sesiones.
Valoramos, pues, la insistencia de nuestro Gobierno y quiero pedirle en nombre de mi grupo que no ceje en ella, ya que consideramos que es muy importante. Comprendemos la complejidad lingüística de la Unión Europea -el hecho de que coexistan
veintitrés lenguas cooficiales confiere mucha complejidad a las reuniones y a las traducciones simultáneas-, pero España tiene en sí misma una pluralidad cultural y lingüística y eso debe reflejarse en esas sesiones. Hay muchas lenguas, como por
ejemplo el catalán, que la hablan habitualmente más personas que otras lenguas propias de distintos Estados miembros de la Unión Europea y esto solo debería ser motivo para que vayamos hacia una plena normalización del uso de las lenguas cooficiales
españolas ante las instituciones de la Unión Europea. Reitero nuestra felicitación al Gobierno por el esfuerzo y por los
éxitos conseguidos en esta materia, tanto por lo que se refiere al uso de las lenguas como por lo que hace referencia a la participación de las comunidades autónomas en las instituciones europeas, e insisto en que se mantenga y se redoble el
esfuerzo necesario para que los flecos que quedan, especialmente la posibilidad de uso de las lenguas cooficiales en las sesiones del Parlamento Europeo, puedan ser una realidad durante esta legislatura europea.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMENTE: Quiero intervenir para recordar al secretario de Estado que la posición del Grupo Popular sobre estos asuntos ha sido expresada en reiteradas ocasiones en esta misma Comisión.
Ya sabe cuál es nuestra
posición: la aceptación de la decisión del Parlamento Europeo sobre el uso de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Además, valoramos que es posible la comunicación entre las comunidades autónomas españolas y las instituciones de la Unión
Europea en las lenguas cooficiales dentro de los Estados miembros y dentro de España. La posición de la Unión Europea nos parece correcta, pues no hace más complejo el funcionamiento de la Unión Europea, con veintitrés lenguas, y permite que las
comunidades autónomas se dirijan a las instituciones europeas en las lenguas cooficiales dentro de los Estados miembros.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, Àlex Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su intervención y por toda la información que nos ha dado en esta comparecencia, a propuesta del Gobierno y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tras un
acuerdo alcanzado en una proposición no de ley debatida el pasado 15 de septiembre y presentada como iniciativa el 23 de septiembre, lo cual le da a usted, señor secretario, como siempre, la agilidad y la disponibilidad máxima para comparecer en
esta Comisión a informar sobre diferentes temas y sobre este también, un tema importante -usted lo ha dicho- que hace suyo y que lo ha hecho este Gobierno reiteradamente en la presente legislatura y en la anterior. Por economía procesal, podría
hacer mía la intervención de mi compañero, el senador Sabaté, en su integridad. Probablemente, voy a reiterar algún argumento, pero quiero hacerlo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Yo creo que, efectivamente, el uso de las lenguas cooficiales en el seno de la Unión no es una cuestión meramente simbólica. Creo que es una cuestión importantísima de prestigio social de las lenguas, y que está en relación con lo que
piensa, además de nuestro grupo parlamentario, del Gobierno, el conjunto de la Cámara y los grupos parlamentarios sin excepción, que la realidad plurilingüística es un patrimonio común de España que no debe ser patrimonializada por ningún grupo
parlamentario, y que por lo tanto en el marco de esa protección y de esa diversidad lingüística debe complementarse con el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. También va en relación con que nuestra Europa plural, cultural
y lingüísticamente, debe servir de promoción para las culturas de las diferentes lenguas que conviven en el seno de la Unión Europea. Unidos en la diversidad, reza alguno de los principios tanto de nuestra Presidencia española como de los
principios que de alguna manera sustenta nuestra Unión Europea. Por ello, la promoción de las lenguas cooficiales también va en ese sentido de lo que debe ser la protección de las diferentes lenguas que hay en la Unión Europea. Además creo que ese
uso de las lenguas cooficiales en el seno de la Unión Europea cumple un doble objetivo. Uno es facilitar el acceso del ciudadano a las instituciones europeas, las hace más próximas en esa construcción de la ciudadanía europea. Es un derecho más de
ciudadanía, y por lo tanto debemos promoverlo. Y dos, como he dicho, da valor a esa pluralidad lingüística, a la riqueza de lenguas de la Unión Europea, y por lo tanto cumple los objetivos que en materia de cultura de promoción de lenguas tiene el
nuevo Tratado de Lisboa que ha entrado en vigor.
Conocemos la arquitectura institucional y la arquitectura en cuanto al uso de las lenguas de las instituciones europeas: 27 Estados miembros, 23 lenguas oficiales y 3 lenguas internas en el ámbito de trabajo que deben ser perfectamente
compatibles con el uso de estas lenguas cooficiales minoritarias -que no son oficiales como lenguas de trabajo- con las lenguas de la Unión Europea. Usted ha relatado cuáles son los objetivos ya en su día fijados por el Gobierno español en este
memorándum de diciembre de 2004. El grado de cumplimiento al que hace referencia ese memorándum es altísimo, a excepción de lo que se refiere al uso en las intervenciones orales y plenarias en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, hay un
cumplimiento de ese objetivo que fijaba el memorándum de uso de los ciudadanos en sus comunicaciones escritas con las instituciones de la Unión, y el Gobierno ha hecho toda una serie de convenios que han facilitado administrativamente esa
comunicación escrita y que facilita esos derechos de ciudadanía que comentaba anteriormente. Por otro lado, la publicación de ese memorándum fijaba también la necesidad de la publicación oficial en las lenguas cooficiales de los textos de la Unión
Europea, que usted también ha relatado que hay un cumplimiento conocido.
Es cierto que ya en 2004-2005 el Gobierno intentó que el Parlamento Europeo acordara precisamente esas intervenciones orales en las sesiones plenarias, y fue precisamente con
la Presidencia de Josep Borrell cuando se permitieron, a través del acuerdo de la Mesa del Parlamento, las comunicaciones directas, y el compromiso del Gobierno no solo ha sido el de esa petición directa al Parlamento, sino también financiando -como
usted bien sabe- las
traducciones. Es un compromiso máximo, y nos satisface que se haya reiterado esa petición al nuevo presidente Buzek. Además el Gobierno, no solo a través de usted como portavoz en esa Comisión, sino en esta Comisión Mixta de la Unión
Europea el propio vicepresidente de coordinación territorial, el señor Chaves, reiteró ese compromiso y esa voluntad de que el Parlamento Europeo pudiera también ampliar el uso de las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias. Por ello nos
satisface la posición de nuestro Gobierno.
Señor secretario de Estado, usted ha hecho mención a las relaciones de las comunidades autónomas con las instituciones europeas, y se ha referido al Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su capítulo II contiene un artículo sobre
relaciones de la Generalitat con la Unión Europea, que ha sido objeto de debate en esta Comisión a través de diferentes proposiciones no de ley. Quiero reiterarle, como ha hecho el señor Sabaté, que el grado de cumplimiento de este Estatuto de
Autonomía de Cataluña en cuanto a las relaciones con la unión Europea es realmente alto, y nos satisface que esté constituida esta comisión bilateral.
Muchas de las cuestiones que establece este Estatuto de Autonomía de Cataluña se estén
cumpliendo, como la participación en las instituciones y organismos europeos, en las delegaciones españolas. Quiero recordar que el propio ministro Montilla, ahora presidente de la Generalitat, cuando compareció en la reunión ministerial del
Consejo utilizó por primera vez el catalán en el Consejo, y se están realizando algunas de las cuestiones que establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como es la participación en el control de los principios de subsidiariedad y de
proporcionalidad, en la prueba piloto de la Cosac que tendremos ocasión de examinar después de su comparecencia, en la creación de este certificado sucesorio europeo, ejecución de resoluciones y actos en materia de sucesiones. Creo que vale la pena
poner en valor -hay quien lo cuestiona- que la voluntad del Gobierno es máxima, y en un tema sensible como este podemos afirmar que, a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, el desarrollo estatutario ha empezado desde la entrada en
vigor del Estatuto, y que en el tema de las relaciones con la Unión Europea, por compromiso del propio Gobierno y en cumplimiento de este bloque de constitucionalidad, en el que se incluye el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el grado de
cumplimiento es alto.
Le doy nuevamente las gracias, señor secretario de Estado; le deseo nuevos éxitos en esta Presidencia española de la Unión Europea, y enhorabuena por todo el trabajo que ha venido desplegando desde su toma de posesión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Quiero agradecer a SS.SS. el reconocimiento a la labor que el Gobierno está realizando para -en el fondo lo creo así- llevar a sus últimas consecuencias lo que es una
realidad constitucional española, que es el reconocimiento de las nacionalidades y regiones como parte del Estado español, el reconocimiento de las lenguas cooficiales como parte de nuestra sociedad, de nuestra realidad social y cultural, y
naturalmente tratar de que eso se refleje en algo a lo que estamos muy vinculados y que queremos mucho, que es nada menos que la construcción europea.
Pretendemos que se traslade esa realidad en toda su intensidad a la Unión Europea. Por tanto
puedo asegurarles que no vamos a bajar ni un milímetro nuestra preocupación y nuestra insistencia -se ha empleado la palabra insistencia, y creo que está muy bien utilizada, porque lo hacemos constantemente- en que esta realidad española tenga su
proyección, hasta sus últimas consecuencias, en las instituciones europeas.
En una ocasión la Mesa del Parlamento Europeo, por muy estrecha diferencia, no admitió esta pretensión. Conocen que hay argumentos que podrían dar lugar a una multiplicaciones de peticiones en este sentido, también argumentos de tipo de
carga económica, etcétera. Agradezco que se haya recordado que los gastos inherentes a esta pretensión que se ha trasladado a acuerdo administrativos en muchas instituciones, en todas las instituciones de la Unión, es algo que ha recaído sobre el
Gobierno, que ha desplegado un esfuerzo no solamente político, sino un esfuerzo económico a ese respecto, y también este principio implícito: un Estado, una lengua en el plenario del Parlamento Europeo a la hora de dirigirse a ese órgano, a la
institución sin duda más democrática de la Unión, que es el Parlamento Europeo.
Entendemos que hay razones no solamente de tipo constitucional, sino que hay razones que tienen que ver con el carácter esencialmente multilingüístico del Parlamento Europeo, que es una institución esencialmente multilingüística. No hay
nada parecido en el conjunto de los parlamentos europeos, por eso ahí tiene un encaje -lo creemos firmemente- la realidad española. En algunas comunidades autónomas el castellano no es la única lengua oficial, hay otras que tienen exactamente el
mismo estatus, por eso queremos que se traslade a todas las instituciones europeas y también al Parlamento Europeo. De hecho también se ha reconocido el alto grado de cumplimiento de las intenciones de ese memorándum, y eso a su vez nos sirve como
acicate, no lo contrario, no a quedarnos ya satisfechos con lo conseguido, sino al contrario, entendiendo que eso ha tenido una gran receptividad en Europa.
La Unión Europea ha sido receptiva a lo que el Gobierno español ha planteado siempre en
todas las instituciones; usted ha señalado cómo en algunas de ellas incluso ha habido intervenciones, en este caso en catalán del señor Montilla en el Consejo. Ha habido una importantísima aceptación en las instituciones europeas de la realidad
española en toda su integridad. Nos queda esta asignatura pendiente, como
yo la llamaba, en cuanto a las intervenciones en el Parlamento Europeo y esperamos que con paciencia, con sentido común, podamos convencer a los grupos políticos -y no descartamos al Grupo Popular- de que sería importante que pudiera
hablarse en el Parlamento Europeo en todas las lenguas españolas. Esa es nuestra pretensión y vamos a seguir en esa línea.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún otro grupo que quiera intervenir? (Pausa.)
Señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Quiero agradecer esta intervención al señor secretario de Estado, y me permito mostrar nuestra satisfacción por el grado de cumplimiento de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias ratificada por España y
porque el Gobierno español va cumpliendo también las recomendaciones, aunque nos gustaría entrar a veces en el debate terminológico de si nuestras lenguas cooficiales son minoritarias, atendiendo -como bien ha dicho el señor Sabaté- al uso
lingüístico que tienen en varias comunidades y varios Estados tanto el gallego como el catalán o el euskera, que en buena medida superan en uso lingüístico a muchas de las veintitrés lenguas oficiales de la Unión.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos su comparencia al señor secretario de Estado y le deseamos una Feliz Navidad. (Pausa.)
- EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE LA JURISDICCIÓN, LEGISLACIÓN APLICABLE Y RECONOCIMIENTO DE DECISIONES Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SUCESIONES Y DONACIONES, ADOPTADA POR
LA COMISIÓN EUROPEA EL 14/10/2009, EN EL MARCO DE LOS ENSAYOS PILOTO REALIZADOS POR LA COSAC. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Congreso 049/000156 y número de expediente del Senado 574/000005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día: ensayo piloto para verificar el cumplimiento del principio de subsidiariedad de propuesta de reglamento sobre la jurisdicción, legislación aplicable y reconocimiento de
decisiones y medidas administrativas en materia de sucesiones y donaciones, adoptada por la Comisión Europea el 14 de octubre de 2009 en el marco de los ensayos piloto realizados por la Cosac. Como saben los señores diputados y senadores, la
Conferencia de órganos especializados en asuntos comunitarios, Cosac, que actuaba sobre la base de lo dispuesto en el Protocolo sobre la función de los parlamentos nacionales anejo al Tratado de Amsterdam de 1997, ha puesto en marcha a partir de
2004 la realización de diversas experiencias piloto sobre la aplicación del sistema de alerta temprana.
La reunión XLI de la Cosac, celebrada en Estocolmo los días 5 y 6 de octubre de 2009, acordó realizar el examen de subsidiariedad respecto a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y actos auténticos en materia de sucesiones, y a la creación de un certificado sucesorio europeo. La Comisión mixta para la Unión Europea, a propuesta unánime de la Mesa y portavoces
de la misma, ya el 24 de marzo de 2009 adoptó el acuerdo de proceder a realizar experiencias piloto sobre el sistema de alerta temprana, entre otras iniciativas legislativas europeas, respecto a la propuesta que es objeto de este examen.
La propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y actos auténticos en materia de sucesiones, y a la creación de un certificado
sucesorio europeo fue aprobada por la Comisión Europea el 14 de octubre de 2009, y han dispuesto los parlamentos nacionales de las correspondientes traducciones oficiales el 21 de octubre de 2009. En consecuencia, tenemos que hacer el informe en el
plazo de ocho semanas, y debe entenderse que dicho plazo concluiría el día 10 de diciembre de 2009. Por lo tanto era imperativo que lo aprobáramos hoy a efectos de que se traslade esta misma tarde a la Cosac y se participara en este ejercicio.
Debo señalar que la Presidencia de la Comisión mixta, de acuerdo con nuestra normativa provisional, invitó al Gobierno y a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a que participaran en este examen, y se ha recibido informe
tanto de la Secretaría General para la Unión Europea como escritos con los criterios acordados por los parlamentos de Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco, por las Cortes de Aragón, por la Asamblea Regional de Murcia, por la Junta General del
Principado de Asturias, por las Cortes de Castilla-La Mancha y por los parlamentos de Cantabria y de Cataluña. En ninguno de ellos se cuestiona el respeto del principio de subsidiariedad por la iniciativa legislativa europea examinada, y por tanto
les propongo que aprobemos la resolución que se les ha trasladado.
¿Algún diputado o senador quiere intervenir? (Pausa.) En tal caso, ¿podemos entenderla aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Así se declara. En esta ocasión en tiempo y forma hemos podido concluir este ejercicio.
Debo recordarles a los señores diputados que se ha recibido una carta del presidente de la Comisión, señor Barroso, dirigida al presidente del Parlamento y a esta Comisión mixta. Vamos a distribuirla a todos los portavoces porque tiene
interés, ya que la Comisión articula el sistema por el que nos va a comunicar todas las propuestas objeto de subsidiariedad, por tanto, las que son
de competencias compartidas y no exclusivas de la Unión Europea, donde no hay control de subsidiariedad, y el sistema de puesta en marcha en la red informática Ipex, que voy a pedir a los servicios de informática del Parlamento que
establezcan las claves de acceso de los diputados a la red Ipex. Tiene también un párrafo de enorme importancia política que someto a su consideración, establece que en relación con los alcances de los dictámenes de los parlamentos nacionales, dado
que el mecanismo de control de subsidiariedad se aplicará en paralelo con el diálogo político que abarca todos los aspectos de los documentos enviados a los parlamentos nacionales, y no solo el aspecto de cumplimiento de la subsidiariedad, la
Comisión invita a los parlamentos nacionales a que sus dictámenes distingan, en la medida de lo posible, entre aspecto de subsidiariedad y observaciones sobre el fondo de las propuestas. Algunos parlamentos autonómicos ya habían empezado a
pronunciarse sobre el fondo de las propuestas. Por tanto, en el futuro tendremos que hacer un doble examen de subsidiariedad: subsidiariedad stricto sensu y pronunciamiento sobre el fondo de las propuestas, lo cual nos puede llevar a establecer un
procedimiento de consulta con las comisiones especializadas en su caso. Para que lo conozcan los diputados se hará fotocopias de esta carta y se distribuirá a todos los portavoces y también se mandará por email a todos los miembros de la Comisión.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO DE LA PONENCIA SOBRE LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS DE LA UNIÓN EUROPEA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA.
- DEL SEÑOR EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (FERNÁNDEZ MARTÍN).
(Número de expediente del Congreso 219/000364 y número de expediente del Senado 715/000279.)
El señor PRESIDENTE: Sin más dilación pasamos al punto 5.º del orden del día, con una anticipación de ocho minutos sobre el horario previsto -por primera vez en la historia de esta Comisión-, por lo que solicitamos a don Fernando Manuel
Fernández Martín, ex presidente del Gobierno de Canarias, que pase a ocupar esta tribuna para informar en relación con la materia objeto de estudio de esta ponencia sobre regiones ultraperiféricas. Aprovecho para darle la bienvenida. Hemos sido
viejos colegas en el Parlamento Europeo, y soy testigo de excepción de la intensidad, la pasión y la dedicación con que los temas canarios eran objeto de defensa por don Fernando Manuel Fernández Martín.
Don Fernando, tiene usted la palabra.
El señor EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Fernández Martín): Usted tiene vocación presidencial, porque cuando discutimos este tema de las regiones ultraperiféricas usted presidía la Comisión de Política Regional en el Parlamento
Europeo, y ahora le encuentro otra vez aquí.
Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho para comparecer en esta Comisión mixta. Me invita el presidente Bono para hablar de la ultraperiferia, pero la ultraperiferia es muy amplia y podría hablar de muchas cosas. En las
circunstancias actuales, con el Tratado de Lisboa recientemente ratificado y en vigor, y ante la próxima Presidencia española debería centrar mi intervención de diez minutos en esas cuestiones concretas.
El señor PRESIDENTE: Don Fernando, son diez minutos muy elásticos.
El señor EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Fernández Martín): Muy elásticos, ¿hasta cuánto?
El señor PRESIDENTE: Muy elásticos.
El señor EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Fernández Martín): En todo caso, me parece que esta cuestión...
El señor PRESIDENTE: Sin que sirva de precedente, en esta Comisión tenemos mucho miedo a los oradores en las comparecencias que hacemos, por eso decimos una intervención breve, sabiendo que si la Presidencia no les corta son intervenciones
de veinte o veinticinco minutos. Pero si les doy media hora estamos aquí hasta el día del juicio final. Por eso pedimos un esfuerzo de síntesis en la elaboración intelectual de la intervención, y luego se puede uno recrear en la suerte.
El señor EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Fernández Martín): Usted sabe, señor presidente, que en Bruselas estamos acostumbrados a decir en cinco minutos todo lo que tenemos que hablar, y no hay ni un minuto más.
El Tratado de Lisboa, ya en vigor, ratifica y consolida una situación que desde mi punto de vista ya era suficientemente sólida en el acervo comunitario. Por tanto Lisboa para las regiones ultraperiféricas aporta confianza y estabilidad en
una situación que para muchos -no para todos, como veremos enseguida- de los que nos hemos dedicado a estos temas es una situación muy favorable para los intereses de las regiones ultraperiféricas, en el sentido de que nos permite tener una
garantía, desde el punto de vista institucional, del reconocimiento en los tratados, y desde el punto de vista de las dotaciones económicas para garantizar nuestro desarrollo y el mantenimiento de nuestras condiciones de vida en un entorno adverso,
como es el de las regiones ultraperiféricas, no solo canarias, sino las otras ocho. Digo las otras
ocho porque la primera novedad que trae el Tratado de Lisboa es que ya no son siete las regiones ultraperiféricas, sino que a partir de ahora tenemos a dos nuevos colegas ultraperiféricos, como son las islas francesas de San Martín y San
Bartolomé. Además el Tratado de Lisboa deja abierta la posibilidad de integración dentro de este selecto -en el sentido de pequeño- grupo de regiones europeas de otras regiones por un procedimiento muy flexible, que no obliga a modificar los
tratados, sino que sencillamente el Estado miembro concernido -se hace alusión a Dinamarca, al Reino de Holanda y a Francia, que tiene otros territorios de ultramar que eventualmente podrían desear integrarse- lo comunicaría al Consejo, y este, por
propia decisión, podría aceptar la integración de nuevos miembros. Participé activamente en la gestación de esta apertura flexible porque creo que de cara al futuro, a medio plazo uno de los problemas que las regiones ultraperiféricas tienen -que
debería aprovechar la Presidencia española, y si ustedes lo estiman oportuno deberían estimular al Gobierno de España en este sentido- es que con veintisiete Estados miembros la ultraperiferia es todavía más minoritaria y desconocida de lo que en
general fue. Para Francia, Portugal y España no era complicado en una Europa a Diez, en una Europa a Doce o a Quince defender intereses de regiones pequeñas y alejadas. Para una Europa a Veintisiete hablar de ultraperiferia a los representantes
parlamentarios o de los gobiernos de Eslovaquia, Chequia o Rumanía es hablarles de algo absolutamente desconocido. Creo que es importante, primero, que tanto desde el Gobierno de España, de las propias instituciones españolas como desde el propio
Gobierno de Canarias y las instituciones canarias se haga un esfuerzo para dar a conocer mejor en los nuevos Estados miembros las realidades de las regiones ultraperiféricas. Esto tiene implicaciones de todo tipo, entre otras implicaciones
presupuestarias, teniendo en cuenta que el Parlamento es la autoridad presupuestaria en la que votan setecientos treinta y tantos diputados, muchos de ellos, 150 ó 160, de Estados miembros que cuando votan reglamentos o temas relacionados con la
ultraperiferia muchas veces no saben de qué va, creen que va en detrimento de sus propios intereses y votan de manera automática en contra por desconocimiento. Decía antes que este es un tema que en el nuevo Tratado de Lisboa consolida nuestra
situación, pero no es solo eso sino que aporta algunos elementos nuevos. Ha citado que ya no somos siete sino nueve y que en el futuro podríamos ser algunos más. Creo que es bueno que entren regiones de algunos Estados que ahora no tienen regiones
ultraperiféricas, por ejemplo me parece muy interesante la entrada en el futuro de algunas regiones de las Antillas Holandesas. En el Consejo un voto más de un Estado interesado en estos temas a veces puede facilitar y conformar mayorías más
fácilmente, es decir si son cuatro o cinco Estados los que tienen regiones ultraperiféricas que si fuera solo el caso de Francia, Portugal y España.
El segundo elemento que el Tratado de Lisboa aporta como novedad no está en relación directa con la ultraperiferia sino con el papel más relevante que tiene el Parlamento, que en este momento carece de competencias en algunas cuestiones que
dan de lleno con los intereses ultraperiféricos -me refiero a la agricultura y a la pesca, por ejemplo- y que a partir de ahora el Parlamento tendrá que emitir sus opiniones incluso en términos de codecisión en algunas materias y por tanto creo que
ahí tenemos un aliado. En general el Parlamento es un aliado de los intereses de todo tipo porque para los intereses de las regiones ultraperiféricas en algunas ocasiones es mucho más fácil llegar a los diputados o a los grupos políticos a través
del Parlamento que a través de los gobiernos.
También en otro aspecto aporta Lisboa una novedad interesante, y me refiero a las nuevas competencias del Parlamento. En esto sí podríamos tener dificultades las regiones ultraperiféricas. El Parlamento se convierte en un actor importante
en la ratificación de cuestiones relacionadas con el comercio y con la firma de acuerdos comerciales de la Unión con países terceros y en el caso de los, a mi modo de ver, inminentes acuerdos con América Central, con la comunidad andina y con el
Mercosur. En el caso de Mercosur yo no creo que sea tan inminente, ni siquiera creo que sea alguna vez real, pero con América Central ese acuerdo está ultimado aunque quedan unos flecos pendientes. Creo que la voluntad de las partes es firmarlo en
Madrid en el mes de mayo, con motivo de la cumbre Unión Europea-países de América Latina. Los flecos que quedan afectan de lleno a las ultraperiféricas, no solo a la española sino a las europeas en general porque son flecos que tienen que ver con
los aranceles del banano del área dólar, y ahí el plátano canario tendrá serias dificultades. Más importante que todo eso es que el nuevo Tratado de Lisboa aporta una novedad que me parece decisiva para la situación de las regiones
ultraperiféricas. Me estoy refiriendo a las ayudas de Estado. Hasta ahora, con los tratados vigentes, las ayudas de Estado que en el caso de España y de Canarias tienen un ámbito decisivo por ejemplo en materia de régimen económico y fiscal de las
islas o de ayudas al transporte, el Estado miembro lo notificaba a la Comisión y esta en general ponía una serie de reservas que obligaban siempre a recortar la petición inicial. Creo que en el nuevo tratado se reconoce la necesidad de que las RUP
tengan una singularidad flexible y accesible en materia de ayudas de Estado y las modificaciones que se refieren a las ayudas de Estado del antiguo artículo 87 me parece que lo permitirían si esa flexibilidad del tratado se hace real a la hora de
tomar las decisiones.
Sería muy interesante, sobre todo porque después de la ampliación muchas regiones ultraperiféricas van a tener una pérdida de acceso a fondos europeos -en concreto a fondos Feder- debido a que casi todas han perdido ya su
condición de Objetivo 1. Como ustedes saben -lo saben muy bien y no voy a extenderme demasiado en ello-, con la incorporación de nuevos Estados miembros
nosotros, siendo igual de ricos o igual de pobres, nos hemos convertido en un Estado mucho más rico con respecto a las medias comunitarias. Esto hace mucho más necesario en el caso de Canarias -que ha pasado de estar entre las regiones más
a la cola a estar muy por encima de los niveles medios en términos de renta per cápita- que tenga que acudir a las ayudas de Estado. Por ejemplo he citado el caso del plátano, que tenía, sin duda, una fecha de caducidad y por tanto una sentencia de
muerte cierta, pero, a partir de esta nueva realidad de una mayor flexibilidad en el acceso a las ayudas de Estado, la comercialización del plátano de las islas podría tener algunas ayudas al transporte del plátano desde los productores hasta los
mercados. Esto hasta ahora no era posible ni viable y creo que esa es una vía que permite tener algo de luz y esperanza para que nuestras producciones plataneras se conserven en el futuro.
A modo de anécdota pero muy teñida de negro les contaré que, cuando Francia estaba preparando su Presidencia europea, estuvimos en contacto con el hoy comisario Barnier, que a los efectos entonces era ministro de Agricultura francés, para
tratar de defender mejor el paquete legislativo o el proyecto o programa que la Presidencia francesa tenía para las ultraperiféricas. Michel Barnier nos dijo: Vamos a hablar de otras cosas porque lo del plátano tiene fecha de caducidad. Y la
Presidencia francesa -que tiene muchos intereses plataneros- no aportó nada en materia de organización común del mercado del banano porque el entonces ministro Barnier opinaba lo que acabo de decir. Creo que esta nueva disposición del tratado en
relación con las ayudas de Estado abre una ventana y una esperanza nueva para un sector estratégico de las islas.
Termino, para no abusar de la flexibilidad del presidente, con dos cuestiones que no tienen que ver con la Presidencia española pero sí con la ultraperiferia. Por cierto algunos de ustedes tendrán un documento que he entregado a los
servicios de la Cámara para su difusión, no sé si lo tienen pero pido disculpas porque fue elaborado cuando yo aún era eurodiputado -en mayo o junio del año pasado-. Lo único que ha cambiado desde entonces es que el tratado ya está vigente, ha
entrado en vigor y ha sido ratificado, y en el momento en que lo escribí, no. Debo pedir disculpas también porque la redacción original del documento era en francés y al diputado Pablo Matos se lo he traducido automáticamente con Google y es un
español macarrónico pero que se entiende perfectamente.
Hay algo que a mí me preocupa muchísimo, si alguna preocupación tengo sobre la cuestión ultraperiférica está en relación con lo que voy a decir. Este es un tema que nos preocupa a la mayoría de los canarios pero no es inocente, hay un
sector de la opinión pública canaria que está muy enfadado con esta cuestión. Voy a leer medio minuto. Un periódico de las islas, que no es un panfleto, es el periódico más leído de las islas, publica el siguiente editorial: Un día histórico para
la ignominia. Y dice: Lo que nos faltaba por leer. El Tratado de Lisboa reafirma el trato diferenciado para Canarias. El día para la ignominia es el día de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 2 de diciembre de este año.
Por tanto esto
está fresco. Salto algunos párrafos y sigue: ¿Significa dicho trato diferenciado que se consolidará para siempre esa ignominiosa denominación de ultraperiféricos que nos dan ahora? ¿Permaneceremos otros seis siglos o eternamente tal vez como
españoles colonizados y europeos de extrarradio en vez de ser canarios con Estado propio e identidad reconocida en el mundo?
Esto no es un panfleto, es el periódico que más se lee en las islas y este es el editorial de un día de máxima difusión. Por tanto, hay una pretensión de incorporar en el Estatuto de Autonomía de Canarias la denominación de que Canarias es
una región ultraperiférica. Hace veintidós años fui uno de los fundadores de la ultraperiferia -entonces era presidente de las islas- y lo hicimos porque este es un concepto europeo, nos interesaba separarnos del conjunto de las regiones
periféricas y marítimas, que es donde estaban las islas como las nuestras, porque regiones insulares había entonces 26 -ahora quizás algunas más 28 ó 29- y era más sencillo defender nuestros intereses en un grupo singular. Afirmamos en una reunión
en el año 1987 que nosotros éramos la periferia de la periferia, esto es, la ultraperiferia con respecto a Bruselas, a Bruselas. Con respecto a España creo que el esfuerzo no tiene que ser alejarnos de España, nuestro esfuerzo tiene que ser para
situarnos en Madrid. Nuestro futuro estará más consolidado y será mejor si estamos cerca de Madrid que si estamos en la ultraperiferia. Por tanto yo, que no solo defendí sino que creé con otros presidentes ultraperiféricos el concepto de
ultraperiférico con respecto a Bruselas, pelearé en la medida de mis fuerzas -y lo hago aquí por primera vez- y escribiremos en las islas machaconamente hasta convencer de que este no puede ser un concepto con respecto a España, porque estos
editoriales los carga el diablo, hoy pueden ser motivo de mofa pero mañana podríamos arrepentirnos.
Con esto creo que termino, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Martín, le agradecemos enormemente sus contribuciones a esta ponencia. Abrimos ahora un turno para aquellos portavoces que lo deseen.
El señor Perestelo, en nombre del Grupo Mixto, pide la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Fernando Fernández, ex presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, diputado del Parlamento de Canarias, eurodiputado y, a juicio de quien les habla y
seguro que compartido por el resto de miembros de esta ponencia, una persona conocedora indudablemente del trabajo que tenemos que realizar en esta Comisión en relación con el hecho de hacer llegar al Gobierno la posición de la Comisión respecto al
lugar estratégico, la posición estratégica
de las regiones ultraperiféricas en el marco de la Unión Europea con motivo precisamente de esa Presidencia de la Unión Europea. Por eso, cuando se presentó la iniciativa por parte del señor Segura, hablábamos de la necesidad de la urgente
reunión de la Comisión, de la ponencia, y reducir los tiempos para poder tener un informe por lo menos durante la Presidencia española.
Como digo, agradecemos en primer lugar su presencia y también desde Coalición Canaria agradecemos las reflexiones que ha hecho usted hoy en esta Comisión, que le puedo asegurar que compartimos. No quiero repetir los aspectos que usted ha
puesto sobre la mesa. Quizás el tema del plátano lo veamos después también con la presencia de don Leopoldo Cólogan como presidente de la APEB y probablemente podamos compartir -seguro que lo compartimos- esas ayudas del Estado como ventana a la
esperanza en lo que significa no solo una economía sino también una cultura en Canarias y en una isla que usted conoce perfectamente como La Palma donde, sin duda, forma parte de la vida diaria, de la economía, de la cultura e incluso del paisaje
que posibilita otros desarrollos económicos.
Estamos preocupados también por estos acuerdos con los países andinos y centroamericanos, pero no es menos cierto -usted ha dado la clave hoy aquí en su comparecencia- el tema de la situación del plátano como consecuencia de la pérdida de la
OCM. No es casualidad, después de lo que usted ha dicho, que en Presidencia francesa perdamos la OCM y pasemos a un régimen de Posei diferente a la OCM y que hayamos liberalizado las producciones ACP sin contingentar. Estamos asistiendo a un
desplazamiento de las multinacionales de los países latinoamericanos hacia los países ACP, con lo cual en estos momentos los países latinos o centroamericanos tienen problemas, como tenemos nosotros ahora, a la hora de plasmarlo.
Por eso, en la
reciente cumbre la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, el pasado 30, no se habló del tema plátano, después de tanto tiempo hablando permanentemente de él. Por eso digo que compartimos sus reflexiones, agradecemos sus aportaciones, que
estoy seguro que formarán parte del documento que elabore esta ponencia.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador don Joan Sabaté Borràs.
El señor SABATÉ BORRÀS: Intervengo brevemente para expresar en nombre de nuestro grupo, Entesa Catalana de Progrés en el Senado, el agradecimiento al señor Fernández Martín por su comparecencia y por sus reflexiones. No voy a consumir
tiempo por no quitárselo a los parlamentarios representantes de Canarias, que sin duda harán un buen provecho de su tiempo. También quisiera expresar la solidaridad periférica -si me permite una pequeña ironía- de nuestro territorial catalán, en
este caso con nuestra región ultraperiférica las islas Canarias, y nuestra voluntad de apoyar las iniciativas que puedan surgir derivadas de esta ponencia que se ha constituido en el seno de esta Comisión Mixta para la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular don Pablo Matos tiene la palabra.
El señor MATOS MASCAREÑO: En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a don Fernando Fernández y decirle que es una satisfacción para nosotros y para mí personalmente que comparezca ante esta Comisión en el Congreso de los Diputados. Nos
conocemos desde hace muchísimos y hemos tratado de este y de diversos temas. Es una satisfacción que esté aquí. Los portavoces de los grupos parlamentarios, en vista de las muchas comparecencias que tenemos en el día de hoy, hemos acordado limitar
nuestras intervenciones para que los comparecientes tengan más tiempo y que la lectura de sus intervenciones pueda servir para elaborar el documento que emitamos y redactemos en esta Comisión.
En primer lugar, quiero decir que me agrada muchísimo compartir con el señor Perestelo todo lo que ha dicho, sobre todo su parte final. Es bueno que lo compartamos con el portavoz de Coalición Canaria, y don Fernando sabe por qué lo digo.
El señor Fernández se ha centrado en varios temas.
Se ha referido, en primer lugar, al Tratado de Lisboa y a los cambios que se producen no solo con respecto a la región ultraperiférica sino sobre algunas normas de funcionamiento. Quería
preguntarle si el Tratado de Lisboa solo es un avance y qué queda para que estemos ante un concepto y un estatus de las regiones ultraperiféricas fijo y no siempre con la incertidumbre de cómo queda. No sé si, a lo mejor, que sea cambiante y sea
modulable a lo largo de los años es positivo o es bueno que ya exista un tratado que diga claramente cuáles son no solo los hechos diferenciales de las regiones ultraperiféricas sino las medidas de la Unión Europea frente a esas regiones
ultraperiféricas. ¿Es solo un avance más? ¿Qué es lo que queda para tener un estatus estable dentro de la Unión Europea y no producto de las negociaciones que se vayan produciendo?
Ha hablado también de las ayudas de Estado. Uno de los pasos más beneficiosos que se han dado es que todos los Estados puedan tener una aplicación más libre de sus ayudas a estas regiones ultraperiféricas que forman parte de cada uno de los
Estados. Ha hablado de la flexibilidad.
¿Hasta dónde llega esa flexibilidad? Porque a veces queda confuso, tal y como está redactado, ya que se podría llegar a pensar que su aplicación es ilimitada. ¿Hasta dónde llega esa flexibilidad, qué
limites tiene esa flexibilidad para considerar determinadas ayudas de Estado o poderlas aplicar?
Quiero hacer alusión a algo a lo que usted no se ha referido y sobre lo que quiero saber su opinión, que es el eje de mejorar la integración regional y el Plan de acción para la gran vecindad, que tiene dos ámbitos interesantes, como puede
ser el comercial. Quisiera saber si según su conocimiento de la región ultraperiférica
realmente puede tener una gran utilidad y convertirse en un instrumento muy eficaz. El otro ámbito es el de los flujos migratorios, y me refiero a si también este eje de la inserción regional podría tener consecuencias positivas en los
ámbitos de la prevención y de la gestión a posteriori de esos flujos migratorios. Esos son los temas sobre los que me gustaría que profundizara algo más en su segunda intervención.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Fernández, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos felicitamos por su comparecencia de hoy ante esta ponencia habida cuenta de su dilatada experiencia parlamentaria en esta materia y de su acreditada
defensa de las características de las regiones ultraperiféricas, de lo cual usted ha hecho una síntesis en su intervención. Es obvio que este es un dilatado tema y yo me voy a ceñir, desde luego, a dos o tres aspectos muy específicos formulándole
unas preguntas a modo de reflexión.
El origen de esta ponencia se encuentra en que a lo largo de los últimos años -como usted bien sabe- la Comisión Europea ha publicado varios documentos con el epígrafe Las regiones ultraperiféricas, una ventaja para Europa. Desde el año
2004 prácticamente ha marcado una línea directriz que culminó en un amplio debate, a lo largo de todo el año 2007, en el que participaban universidades, foros sociales, económicos e institucionales, y al menos este diputado, a nivel unipersonal,
estima que en España -es un comentario personal- no hubo el debate o la profundización suficiente y, en consecuencia, un déficit democrático a la hora de configurar el papel de la única región ultraperiférica del Estado español, que es nuestro
Archipiélago. Desde esa perspectiva, en su momento el Gobierno de España, a petición de la Comisión Europea, remitió un documento en respuesta fijando la posición del Gobierno de España, que obtuvo del pronunciamiento del Gobierno de Canarias, oído
el Parlamento de Canarias y, sin embargo, las Cortes Generales no participaron. Las circunstancias de la actividad parlamentaria, no imputables a ningún responsable. De ahí una proposición no de ley de este grupo parlamentario, que tuve la
oportunidad de elaborar y defender, para que por primera vez desde que el Reino de España ingresó en la Comunidad Europea en el año 1986 se constituya en esta Comisión Mixta y se dé realce y potencia a los análisis de lo que ha sido la región
ultraperiférica, archipiélago canario, en su conexión con las instituciones comunitarias y lo que debe ser en el futuro. Luego es una ponencia abierta, en positivo, y precisamente en una línea directriz en la que desde luego usted se ha situado en
su intervención.
Curiosamente le quiero formular dos preguntas nada más. Una, no sé si usted tiene conocimiento del memorándum conjunto de las regiones ultraperiféricas, elaborado por las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y aprobado el 14 de
octubre de 2009, en sesión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria bajo la Presidencia del presidente de la Comunidad canaria, sobre el que se ha hecho toda una serie de reflexiones. Quisiera conocer su preocupación sobre un tema que normalmente se
deja de lado, preocupación a la que me lleva mi experiencia institucional anterior: el fenómeno migratorio, la seguridad en el entorno geográfico en el que nos encontramos, las políticas de gran vecindad -me alegra haber coincidido con el
planteamiento que acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular- y las perspectivas referidas a políticas vinculadas al principio de igualdad de oportunidades, del que no nos debemos aislar, y al principio de refuerzo de la cohesión, de
la coherencia. Estas son las breves preguntas que le formulo por si usted estima oportuno matizarlas y complementarlas.
El señor PRESIDENTE: Para responder a los portavoces tiene la palabra el señor Fernández.
El señor EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Fernández Martín): Gracias a todos los intervinientes. Las respuestas a algunas de las inocentes, entre comillas, preguntas que me ha hecho el diputado Segura nos llevaría a otro debate
ajeno al contenido de esta comparecencia, pero no lo soslayaré.
Señor Perestelo, agradezco sus palabras, como las de todos, por lo que no voy a agradecer uno por uno, sino que reciban todos mi más sentido agradecimiento por sus palabras. La cuestión del Posei no es culpa de la Unión; lo que usted ha
mencionado obedece a una petición desde Canarias.
Yo creo que desde Canarias hemos hecho bien nuestras obligaciones europeas desde mucho antes de nuestra integración. Fuimos pioneros, lo hicimos muy bien desde el comienzo de la democracia en
España y lo hemos hecho en general muy bien hasta hoy, aunque hemos cometido algún error.
Cometimos uno, que corregimos enseguida, cuando optamos por una integración a medias de una opción no sé cuantos, que todos, sobre todo los canarios
reconocimos y que con tanta facilidad pasamos de la opción dos a la opción uno y medio porque era evidente que aquello era insostenible. A lo largo de los años hemos cometido también algunos otros errores menores, pero quiero señalarle que la
cuestión de que el sobre platanero, por emplear la terminología comunitaria, se haya introducido en el sobre Posei obedece a un acuerdo de la Comisión con el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias de la época. Tengo que decir que no sé
si era en beneficio de los intereses canarios, pero desde luego en Bruselas se vieron liberados de un problema. Decían: Estamos hasta el gorro de este problema y, si lo que quieren es meter un sobre platanero en el sobre Posei, que lo resuelvan
ellos en el futuro. Y en eso estamos.
La liberalización de los ACP es inevitable. Uno de los más potentes instrumentos de desarrollo para los países
ACP más pobres es una iniciativa que lanzó el entonces comisario Lamy: Todo menos armas, everything but arms. Los cuarenta países más pobres del mundo -casi todos eran ACP, Mozambique, etcétera- pueden exportar a la Unión todo libre de
aranceles, excepto armas y ese ha sido un potente instrumento de desarrollo. ¿Nos trae problemas? Sí, pero no podemos querer que no vengan inmigrantes de África y no permitirles que dejen de ser pobres. Es decir, si queremos que Marruecos se
desarrolle, en el tratado de asociación con Marruecos habrá que darle los instrumentos para que lo haga. Ahí está la política, hay que alcanzar el punto de equilibrio entre la defensa de unos intereses legítimos europeos y la defensa de unas
necesidades que van en beneficio también de los intereses europeos.
Al senador Sabaté le doy las gracias por sus palabras y le contesto a su pequeña broma diciendo que en estas cuestiones todos somos periféricos.
Cuando hablé con el responsable del Gobierno de Canarias sobre por qué querían meter la
ultraperiferia en el Estatuto de Autonomía, el vicepresidente del Gobierno de Canarias -que es de mi partido y es muy amigo- me dijo: Es que con eso queremos reforzar nuestra posición del REF. El REF dice que la inversión per cápita en Canarias
tiene que equipararse a la media nacional. Y me dijo -y cito al señor Soria-: y eso no se ha cumplido, pero no es una cosa de ahora, ni con unos ni con otros, siempre hemos tenido ese problema. Por lo tanto, en ese aspecto todos somos
periféricos. Con esto termino este tema y enlazo con lo que usted dice. Yo le dije al señor Soria: Si lo que queremos es consolidar el REF hagamos valer lo que dice el REF, pero no metamos la ultraperiferia para defender lo que dice el REF, que
es que la inversión per cápita en Canarias tiene que equipararse a la media de la española, poniendo en riesgo una cuestión mayor que está por encima del REF. No sé si le he convencido, ya lo dirán, pero me parece que meter la ultraperiferia en un
lugar que no le corresponde para darle fuerza al REF, hoy puede darle más fuerza o no, pero mañana puede ser que nos traiga más problemas.
Señor don Pablo Matos, muchas gracias. La flexibilidad es la que le quieran dar y la capacidad de negociación en cada momento. Según dicen los tratados, la flexibilidad de la ultraperiferia no puede ir en contra de los principios básicos
del tratado. Por tanto, si lo que estamos pidiendo es algo que modulándolo -por eso en la redacción francesa, y digo redacción francesa, no es casual, emplean la palabra modular- no rompa con los principios básicos del tratado es defendible. Pero
si va en contra de los principios básicos del tratado es evidente que ahí no hay excepción ultraperiférica. Y digo redacción francesa y no es casual, porque uno de los problemas de las islas de Europa -no a Canarias, no a las ultraperiféricas- es
que la redacción en francés de los artículos que dan excepciones para las islas -hablo de las islas no de la ultraperiferia- no coincide con otras lenguas, y la Comisión se agarra a la más restrictiva que es la francesa. Por tanto, hay que cuidar
mucho esos temas. En cuanto a los retos canarios, francamente, creo que los retos canarios por superar radican en Canarias. Nuestro reto es luchar contra el fracaso escolar; nuestro reto es la educación; nuestro reto es la conservación
medioambiental; nuestro reto es no hacer apartamentos como cajas de zapatos por las montañas; y eso no depende de Europa, depende de nosotros.
Señor Segura, migración y seguridad. ¿Cómo podemos hablar hoy de seguridad? De ese memorándum, más que la letra, le voy a recordar algo que me preocupó. A esa reunión solo asistieron tres presidentes ultraperiféricos y como canario me
sentí mal, porque no tuvimos la capacidad de convocatoria suficiente para que fuesen todos a una reunión de ultraperiféricos que preparaba un memorándum para Europa después de Lisboa. Si no recuerdo mal, estaba el presidente de Canarias, el
presidente de una región francesa; no estaban los dos portugueses y no estaban todos los franceses; estaban representados a un segundo nivel. Me parece que algo está fallando ahí; nuestra capacidad de convocatoria para algo muy importante que se
celebró hace dos meses antes de la entrada en Lisboa merecía que estuviéramos todos. Efectivamente, se trataron algunas cuestiones, pero si le hablo hoy de la seguridad, con lo que está pasando en el aeropuerto de Lanzarote, con lo que está pasando
en Mauritania, con lo que hemos escuchado..., claro que nos tocan de lleno en Canarias los temas de seguridad y de inmigración. Pero si yo me adentro en este debate seguramente terminaremos hablando de otra cosa.
Lo de la ventaja para Europa es cierto. Estoy convencido de que la ultraperiferia es una ventaja para Europa; no es una ventaja de Canarias con respecto a Europa sino de Europa con respecto a nosotros. Por ejemplo, hace dos o tres días
estuve en un congreso y asistí a la presentación de un profesor de la Universidad de Vigo donde están investigando para la fabricación y lanzamiento de satélites espaciales desde la Guayana francesa, en Kourou, ya que tiene unas ventajas y unas
condiciones singulares por su proximidad al ecuador, etcétera. Por eso Francia tiene interés en mantener la Guayana como una región ultraperiférica, porque Hispasat se está desarrollando y perfeccionando desde nuestra presencia en la Guayana
francesa; también está el interés geoestratégico que para Francia tiene su presencia en el Índico, con la isla de la Reunión. También existe el interés -y con esto termino, querido Miguel Arias- de Canarias con respecto a África. Hablaba Pablo
Matos del instrumento de gran vecindad, que es el instrumento de acceso a fondos europeos para mejorar el entorno africano. A mí me preocupa una cosa: África necesita inversiones para su desarrollo y si eso se hace a través de la participación de
empresas canarias, mejor que bien, creo que eso cumple con el espíritu y la letra de los fondos contemplados en el instrumento de gran vecindad para el desarrollo y la integración de las ultraperiféricas en su entorno y de Canarias en el entorno
africano. Pero si ese es un instrumento que va a servir para que algunos aventureros accedan a fondos europeos y se enriquezcan
con negocios múltiples en África, me parece que Canarias tendría que vigilar que eso no ocurriera, porque lejos de ser un instrumento en beneficio del desarrollo de África sería una fuente de conflictos con nuestros vecinos africanos. Eso
se lo he hecho llegar al Gobierno de Canarias y creo que haría bien el Gobierno de España, como responsable de que estas cosas no se hagan, vigilando para que el instrumento de gran vecindad cumpla con sus fines y no sea la coartada de oportunistas
de aventura.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado quiere volver a intervenir?
Tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señor presidente, intervengo exclusivamente para aclarar algo, porque no sé si me expliqué mal o es que no se me entendió bien, señor Fernández, cuando hablaba de liberalizar sin contingentar. Comparto -lo he
dicho muchas veces- la necesaria política activa de Europa en África, sobre todo como canario, cuando vivo permanentemente el drama de la inmigración. Pero se puede liberalizar pensando en los pueblos africanos y se puede liberalizar pensando en el
interés de las grandes multinacionales que probablemente actúen, como usted está diciendo en esta última parte de su intervención que pueden actuar. Eso es lo que me preocupa. Lo que manifestaba era mi preocupación porque al no contingentar las
producciones se estaba produciendo una deslocalización de las multinacionales, que todos sabemos qué efecto ha producido en el desarrollo de los pueblos andinos o centroamericanos, hacia los países africanos. Ahí no estamos consiguiendo un
desarrollo equilibrado de esos pueblos de África como el que queremos, sino que probablemente estemos propiciando un espacio de riqueza para esas grandes multinacionales. Esa era mi preocupación.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos al señor Fernández su intervención, que va a ser enormemente útil para configurar la ponencia definitiva.
- DEL SEÑOR EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ).
(Número de expediente del Congreso 219/000365 y número de expediente del Senado 715/000280.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente compareciente, don Román Rodríguez Rodríguez, también ex presidente del Gobierno de Canarias, a quien también damos la bienvenida. Dispone de la misma elasticidad y flexibilidad de la que ha
dispuesto don Fernando Fernández, que no por viejo amigo iba a tener más ventajas, dado el criterio idéntico que hay que utilizar para todos. Tiene la palabra.
El señor EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Rodríguez Rodríguez): En primer lugar, muchísimas gracias, señoras y señores diputados y senadores por la oportunidad de participar en un asunto que inquieta, que preocupa y que forma parte
de la agenda política de la comunidad a la que pertenezco, la Comunidad Autónoma de Canarias. En primer lugar, habría que agradecer al señor Segura la invitación a través del Grupo Socialista de mi presencia aquí, a pesar de no pertenecer al mismo
espacio político y a pesar de nuestras coincidencias y discrepancias, lo que le honra.
Voy a intentar primero poner en valor lo que acaba de ocurrir, que es la entrada en vigor del Tratado de Lisboa después de un paréntesis, yo diría que de parálisis, del proceso de la construcción europea muy significativo. A pesar de que el
tratado no recoge todas las pretensiones del proceso constituyente que se abrió, resuelve razonablemente la continuidad de este espacio de cooperación supranacional que ha dado buenos resultados al Estado español y concretamente a la Comunidad
canaria. Ese tratado introduce elementos cualitativos relevantes: un mayor y mejor papel del Parlamento Europeo, una reducción de los vetos que hacían impracticable la toma de decisiones en muchas ocasiones, una mayor estabilidad de los cargos e
instituciones responsables y también esa Carta de Derechos Fundamentales, que me parece vital en ese nuevo espacio que representa el Tratado de Lisboa ya en vigor.
Las llamadas regiones ultraperiféricas hemos conseguido un notable éxito al colocar nuestros intereses en el primer nivel del derecho comunitario, a pesar de nuestro pequeño tamaño y escasa influencia política. Es difícil que siete
territorios alejados, complejos, con escaso peso demográfico, económico y político hayamos conseguido en la última década un reconocimiento en el primer nivel del derecho comunitario para tratar de adecuar las políticas comunes a las circunstancias,
a las peculiaridades de estos territorios. Menos del uno por ciento de la población del conjunto de la Unión nos ha permitido este proceso de interlocución que llevó a colocar en el Tratado de Amsterdam un artículo en el que se reconocía el derecho
de estos territorios a tener políticas moduladas en todos los ámbitos desde el transporte a la energía, desde la fiscalidad a las políticas aduaneras, en relación con estos territorios, al reconocerse problemas estructurales para su desarrollo en
virtud de sus condiciones geográficas, escasez de superficie, problemas demográficos, etcétera. Si esto lo conseguimos con una Europa a Quince, tiene más valor haber mantenido esta identificación particular en una Europa a Veintisiete con las
complejidades que esto representa. Y hoy hay que decir que lo que representó el 299.2 en el Tratado de Amsterdam se traslada con más perfección si cabe al 346 del Tratado de Lisboa, y se añade un elemento, que don Fernando Fernández apuntaba, que
es el artículo 107 que nos permite que las ayudas de Estado puedan ser ahora, al margen del nivel de renta, continuadas. Esta es una oportunidad para algunas de estas
regiones, entre ellas Canarias, para dar respuesta a muchas de las especificidades económicas y fiscales del Archipiélago. Una de las claves de este éxito ha estado en el ámbito de Canarias en el consenso político, social e institucional
que siempre precedió a todos los procesos relacionados con la Unión Europea. Así como es una sociedad compleja en la toma de acuerdos, los asuntos europeos siempre concitaron consenso entre todos los ámbitos institucionales, políticos y sociales,
también, evidentemente, en el proceso de entendimiento, de cooperación entre las siete regiones originarias y los tres Estados pertenecientes y una notable interlocución con las autoridades de la Comisión. En mi etapa de presidente del Gobierno de
Canarias quiero recordar el segundo memorándum, que sirvió de base para la política de estos años, que nos permitió sentarnos con el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi y con los jefes de Estado que iban teniendo la Presidencia de la
Comisión. Tuve la oportunidad, en nombre de las regiones ultraperiféricas, de sentarme con el presidente de la República Francesa en dos ocasiones en sesiones amplias de trabajo, de hacerlo con el señor Aznar en La Moncloa y mantener una sesión de
trabajo interesantísima con quien capitaneó el proceso constituyente europeo, el señor Valéry Giscard d'Estaing. Conseguimos un nivel de interlocución extraordinario con las autoridades comunitarias durante todo este proceso. Eso nos ha llevado a
decir con claridad que en el espacio de la Unión Europea tenemos consolidado un estatus reconocido en el primer nivel del derecho, que es lo que nos da cobertura para que se den respuestas adaptadas en materia de transporte, energía, agricultura,
telecomunicaciones, etcétera, a territorios que tienen problemas estructurales y problemas propios para el desarrollo. Todo el tránsito de esta década positiva se concreta ahora en el último memorándum, en la 15.ª reunión de los presidentes de las
regiones ultraperiféricas, donde se reconoce el avance y el esfuerzo, pero se pide mayor eficacia en la aplicación de las políticas comunitarias en estos territorios, puesto que hasta ahora el procedimiento ha sido que frente a cada política hay que
pelear para su adaptación a las circunstancias de estos territorios. Habría que buscar algún mecanismo que nos permitiera un marco más específico, más horizontal y más único para ser más eficaces en las distintas políticas.
No voy a entretenerme demasiado en los grandes parámetros que han conformado este proceso de construcción de una política diferenciada para las regiones ultraperiféricas referidas a la conectividad, la productividad, el desarrollo regional,
ni siquiera a los problemas más estratégicos de las migraciones, la seguridad o el espacio marítimo, sino que voy a tratar de poner sobre la mesa los resultados. Tienen poco sentido las acciones políticas si no se evalúan y se miden los resultados.
Desgraciadamente, tengo que apuntar datos irrefutables como los siguientes. Canarias representa el 46 por ciento de la población de las regiones ultraperiféricas y el 50,4 por ciento del producto interior bruto que estas aportan, y dice el
diagnóstico aportado por el Gobierno de España en el reciente Consejo de Ministros celebrado en el Archipiélago el pasado 9 de octubre que las peculiaridades y características de la economía canaria, su tradición, sus problemas estructurales, la
sitúan en un proceso de alejamiento en la convergencia de las regiones españolas y de las regiones de la Unión Europea. También habla de que la evolución del producto interior bruto, del desempleo o del fracaso escolar ponen en evidencia el proceso
de desconvergencia que en estos momentos vive Canarias en relación con el resto de los territorios de España, frente a los que perdemos posición -del puesto 11 al 14 en las comunidades autónomas-, así como con el resto de las regiones europeas,
donde también perdemos posición. Podríamos decir que después de una década de respuesta razonablemente adaptada a nuestras circunstancias, los resultados son realmente poco halagüeños, y hablo de datos incontestables que aparecen en este documento
pero que también están recogidos en cualquier fuente que mida la situación socioeconómica del Archipiélago. Por ejemplo, a pesar de haber tenido un crecimiento sostenido en la última década de más del 30 por ciento del producto interior bruto del
Archipiélago en consonancia con la evolución del PIB del Estado español y de la Unión Europea, nuestros registros de desempleo no han bajado del 10 por ciento exceptuando un trimestre de 2007, es decir, que cuando otras economías crecen a un ritmo
sostenido de este nivel y son capaces de reducir el desempleo hasta límites estructurales del 4 o el 5 por ciento, nosotros en la época de las vacas gordas, en la época del crecimiento sostenido y significativo no hemos sido capaces de corregir un
parámetro socioeconómico determinante de la justicia y del progreso en una sociedad que es el nivel de empleo, y esto es porque existen problemas estructurales evidentes.
Hoy tenemos el 26 por ciento de la población activa desempleada y yo sostengo -y estoy convencido de que los expertos que escucharán ustedes a lo largo del día van a ratificar esta tesis- que no hemos tocado fondo.
El 26 por ciento de
desempleo son ocho puntos más que la media española, el triple de la media comunitaria y un elemento grave de distorsión de la cohesión y del desarrollo de un territorio como es el archipiélago canario. Pero este no es el único parámetro que pone
en crisis la situación de nuestra comunidad, porque junto al desempleo tenemos claros problemas como por ejemplo el endeudamiento, que se cita poco pero que es fundamental porque lastra la salida de la crisis. El endeudamiento de las familias, de
las empresas y últimamente de las instituciones canarias es el más alto del Estado español, casi duplicando el endeudamiento de España, que a su vez tiene un notable liderazgo en esto del endeudamiento en los países de nuestro entorno. Estamos
hablando de desempleo, de deuda, de salarios privados sensiblemente inferiores -un 16 por ciento menos que la media-, de un notable fracaso del sistema educativo y de elementos que, en definitiva, ponen en evidencia
que estamos en un proceso no de estancamiento sino de retroceso en los parámetros de crecimiento de la economía. Hemos perdido diez puntos de producto interior bruto en relación con la media española en la última década, aproximadamente un
punto por año. De 2004 a 2008 hemos pasado del 92 por ciento de la renta per cápita media española al 88 por ciento.
Esto pone en evidencia que las acciones y las políticas que hemos puesto en marcha no parecen estar dando los resultados
previstos, porque todas las acciones que desarrollamos en el marco de la Unión Europea, del Estado español y en el marco de las propias responsabilidades territoriales deben estar destinadas a seguir progresando, creciendo, generando bienestar,
crecimiento económico, empleo y estabilidad, y los resultados no apuntan en este sentido. Por eso me permito -abusando de la confianza de esta Comisión, del presidente y de los senadores y diputados presentes- hacer una referencia a lo que es
nuestro problema principal, que es que no hemos conseguido retomar la senda de la convergencia, a pesar de tener un estatus diferenciado en la Unión Europea y a pesar de tener un conjunto de políticas moduladas para nuestra circunstancia, a las que
no me voy a referir en detalle porque ya lo ha hecho don Fernando Fernández en gran medida y también lo harán otros comparecientes, especialmente don Leopoldo Cólogan, cuando hable del sector primario, en concreto del plátano. Estoy convencido de
que la Presidencia española tiene que servir, entre otras cuestiones, para seguir avanzando y consolidando el estatus de las regiones ultraperiféricas en el proceso inacabado y eterno de Europa. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que los
problemas de Canarias se resuelven tocando a la puerta de la Unión Europea, que no quiere decir que esta puerta no esté abierta y tenga que modularse. Nuestros problemas son, fundamentalmente, endógenos y en el ámbito del Estado español. No
podemos reclamar a Europa lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Es poco razonable que pidamos a la Unión Europea respuestas fiscales, económicas, de inversión adaptadas a un territorio que precisa de esas respuestas y luego no seamos
capaces en el ámbito de la política interna española de dar las respuestas pertinentes.
Me tengo que referir necesariamente a algunas cuestiones para poner en evidencia que el proceso de retroceso de convergencia de Canarias con el resto de regiones españolas y europeas tiene mucho que ver con la gestión de las propias
autoridades locales, donde hay notables fracasos que hay que reconocer y compartir responsabilidades, me refiero en materia educativa y energética. Canarias sigue teniendo el 96 por ciento de la producción energética en sistemas de origen fósil,
disponiendo de condiciones naturales extraordinarias para tener una cuota alta de producción energética de origen renovable. Sin embargo, no solamente no estamos a la cabeza, sino que estamos a la cola. Esto es responsabilidad de las autoridades
locales porque las competencias son propias. Es la mala gestión la que ha originado este resultado patético de que hoy estemos a la cola en producción de energías renovables, teniendo las mejores condiciones naturales del conjunto de los
territorios del Estado español; o ese notable retroceso o fracaso en materia escolar o en formación profesional, o en materia de movilidad interna, donde el uso masivo del coche privado es un elemento que hoy hace que incumplamos de forma
flagrante, junto con la producción de energía de origen fósil, los compromisos de Kioto tan de moda ahora con la cumbre de Copenhague que comenzó hace unos días. Por lo tanto, hay asuntos que hay que resolverlos en el ámbito interno, pero también
en el ámbito del Estado español. Aquí voy a citar tres situaciones recientes que ponen en evidencia que difícilmente saldremos de esta si las respuestas no cambian. Primer elemento, financiación autonómica. Saben ustedes que una de las claves en
la distribución de las estructuras de medios para garantizar el autogobierno de las distintas comunidades se dirime en la financiación autonómica. Se acaba de suscribir un acuerdo que sitúa a Canarias en el penúltimo puesto en distribución per
cápita de recursos para mantener el autogobierno, colocándonos, en el mejor de los casos, en el 93 por ciento de la media de asignación de recursos. El elemento constitucional de la insularidad no solamente no ha sido reconocido, sino que ha sido
escasamente valorado. Por supuesto, la lejanía no tiene ninguna consideración en el marco de la legalidad interna del Estado español, algo que sí reclamamos en el ámbito de la Unión Europea. Les pongo un ejemplo: la Comunidad canaria, en materia
de financiación autonómica, dejará de recibir 250 euros por persona y año, según datos del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias -y que yo ratifico en base a mis fuentes informativas-, lo que representa 500 millones de euros
menos, por debajo de la media en materia de financiación autonómica. Esto compromete el autogobierno y servicios públicos básicos, como educación, sanidad, servicios sociales o el resto de la estructura competencial.
Para que vean la comparación,
en el periodo 2007-2013 captaremos de la Unión Europea, gracias a nuestro estatus de región ultraperiférica, en el mejor de los casos, 500 millones de euros de todo tipo de fondos; unos 70 millones de media por esta condición si hacemos las tareas
bien. Pues en un solo año, y para muchos años, tenemos un déficit en financiación autonómica que nos coloca a la cola de las comunidades del Estado español y que, por tanto, compromete el futuro y el desarrollo de nuestra comunidad. Evidentemente,
reclamamos a la Unión Europea respuestas adaptadas a nuestras circunstancias. Nuestro Régimen Económico y Fiscal reglado, aprobado por el Parlamento español, reconocido, no se ha cumplido nunca por ejemplo en un parámetro siempre vital, pero ahora
más a causa de la crisis, que es la inversión del Estado en Canarias. Nunca, desde 1991 con la aprobación de la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, el Estado ha invertido en Canarias ni por asomo la media. Uno podría alegar: no cabe.
Parece poco razonable que las leyes de presupuestos
sean condicionadas por otras normas cuando deberían adecuarse a las circunstancias políticas, económicas y sociales de cada momento. Una vez se invierte más en un territorio y otra en otro, pero resulta que la ley de presupuestos para 2010,
en tramitación en estos momentos en las Cortes Generales, respeta y reconoce al detalle el derecho de determinados territorios del Estado español a estar en la inversión media o más. Les pongo cinco ejemplos: los estatutos de autonomía de
Cataluña, de Andalucía, de Aragón, de Castilla y León, y Baleares establecen en sus preceptos el derecho -y no me parece mal- de participar en los presupuestos estatales en materia de inversión en la media o por encima de la media. Esto se cumple a
rajatabla en la ley tramitada en estos momentos en las Cortes Generales en materia de presupuestos. Sin embargo, el único territorio del Estado que tenía este derecho consolidado y reconocido por las Cortes Generales de 1991, no solamente no está
en la media, sino que está sensiblemente por debajo de la media en términos absolutos, exactamente 290 millones por debajo de la media española en 2010. Con este panorama, difícilmente vamos a tener las respuestas oportunas a una situación de
crisis muy seria.
La ley de presupuestos en tramitación dice cosas como la siguiente: El ahorro fiscal para 2010, esencialmente sobre las reservas de inversiones, que, como ustedes saben, es una figura potente, y la deducción por inversiones se reduce un 68
por ciento. Es decir, la propia ley de presupuestos ya establece para el año 2010 una reducción del ahorro fiscal del 68 por ciento, expresando con claridad -y yo creo que con moderación- que la economía privada está paralizada, no hay beneficios,
no hay resultados, por tanto, es previsible que exista una notable retracción de la iniciativa privada en la actividad económica. Si a eso le añadimos las dificultades del sector público, con menos recursos para los ayuntamientos, para los cabildos
insulares y para la propia comunidad, que en su ley de presupuestos reduce la inversión productiva un 7 por ciento, el panorama que se torna en relación con la crisis es desolador. Sostengo -y no me caracterizo por el pesimismo- que 2010 va a ser
un año prácticamente perdido, donde las tasas de desempleo van a seguir aumentando, así como también el deterioro social y económico.
Esperábamos y creíamos muy oportuna una iniciativa del Gobierno de España, el llamado Plan integral frente a la
crisis, el simplificado Plan Canarias. Era una oportunidad para que el Gobierno del Estado español, interpretando las peculiaridades, los perfiles propios de una crisis muy sería que está destruyendo empleo a mansalva -hemos duplicado las tasas por
desempleo en dieciocho meses e, insisto, desde mi punto de vista no hemos tocado fondo-, diera una respuesta ordenada y eficaz que permitiera contener el deterioro económico del momento y ayudar a establecer un sistema productivo más diverso, más
sostenible, que fuera capaz de responder a los intereses endógenos de la sociedad canaria. Tengo que decir, lamentándolo mucho, que ese Plan Canarias, al menos en su formulación actual, no es sino la suma de planes y proyectos previos, con algunas
novedades cualitativas que no están teniendo reflejo en las normas presupuestarias. De manera que el panorama se torna complejo y difícil. Por si fuera poco, el denostado Régimen Económico y Fiscal tiene unos parámetros procíclicos: los
incentivos fiscales de nuestro Régimen Económico y Fiscal funcionan cuando hay actividad económica, cuando hay crecimiento, pero en momentos en que la economía se contrae o retrocede la eficacia de los mecanismos fiscales desaparece. Porque todos
son mecanismos incentivadores del crecimiento y no de políticas anticíclicas, razón por la cual la reflexión sobre el futuro del Régimen Económico y Fiscal en el marco de la crisis tiene que ser rápida, urgente y de amplio consenso.
En definitiva, considero que nuestro estatus como región ultraperiférica en el ámbito de la Unión Europea ha sido un notable éxito desde el punto de vista de la consolidación de ese estatus en el máximo nivel del derecho comunitario, y que
el cajón de sastre que representan el 349 y el 107 ampliando las ayudas de Estado al margen de la renta nos da cobertura para que las políticas españolas sean más adaptadas a las circunstancias.
Pero debo decir con claridad y contundencia que los
resultados son los que son y hoy Canarias se aleja de la media de las comunidades españolas, se aleja de la media de la Unión Europea. Hay un proceso grave de desconvergencia que puede ser duradero y dramático. Los que llevamos ya un cierto tiempo
en esta actividad y seguimos los momentos de la crisis vemos que es fácil destruir 150.000 empleos, que es lo que ha ocurrido en Canarias en el último año y medio, pero es muy difícil recuperarlos: 282.000 personas están en desempleo en Canarias,
el 26 por ciento de la población activa, e insisto y sostengo que en cuanto a crecimiento en los próximos seis o siete meses vamos a rondar el 30 por ciento de la población activa en desempleo. Estos parámetros de desempleo son propios de países en
vías de desarrollo. Cierto es que nuestra renta per cápita, nuestras políticas sociales, el papel de la familia e incluso de la economía informal pueden contener los problemas de esta grave situación.
Pero si preocupante es el momento, más
preocupantes son las salidas, porque ni las autoridades locales en la gestión de sus responsabilidades ni las autoridades españolas en el trato a Canarias parecen estar a la altura de las circunstancias. He puesto tres ejemplos: financiación
autonómica, Plan Canarias y Ley de Presupuestos, y difícilmente vamos nosotros a reclamar soluciones a los cambios estructurales de la economía de Canarias a la Unión Europea, que en el mejor de los casos da cobertura a algunas de nuestras
actividades. Para acabar, ¿cuál es nuestra estructura productiva? En diez años hemos pasado del 3,8 por ciento del peso relativo del sector primario en nuestra estructura al 1,2 por ciento. Hoy el peso del sector primario en la estructura
productiva de Canarias es el 1,2 por ciento de nuestro producto interior bruto, y el de la industria, que es esencialmente agroalimentaria
y para consumo interno, del 5,5 por ciento. El resto de nuestra estructura productiva está asociada a los servicios, concretamente al turismo y a la construcción, que, por cierto y como saben, se ha desplomado en el conjunto del Estado y
también en Canarias. Con esto, aprovechando la circunstancia de que estamos en las Cortes Generales y aquí están los representantes de los españoles, los senadores y los diputados, les quiero trasladar que pensemos no solamente en las reclamaciones
que debamos hacer a las autoridades comunitarias para adaptar sus políticas a nuestros intereses y circunstancias, sino también en el esfuerzo que tienen que hacer la sociedad canaria y sus instituciones para reconvertir y reconducir la crisis que
estamos viviendo, y de manera especial el Gobierno de España en asuntos tan relevantes como el que he citado.
Espero que la Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre del próximo año contribuya a seguir consolidando nuestro
estatus en la Unión. Pero sobre todo espero que las autoridades españolas y las autoridades canarias tomemos conciencia de la grave situación que vivimos, de las dificultades objetivas para retomar el vuelo de la convergencia y del progreso con el
resto de las comunidades del Estado español y de Europa. Y eso no será fácil.
Voy a hacer un último apunte aprovechando la consideración que hacía Fernando Fernández de algunas veleidades que empiezan a aparecer en el panorama socioeconómico de Canarias. Me refiero al editorial del periódico importante que citaba
Fernando Fernández y a los ánimos de algunos que cultivan este tipo de comportamiento. Los que conocemos aquella tierra y sus dificultades vemos que es fácil que esas veleidades encuentren caldo de cultivo en la crisis, en el paro, en la
desconvergencia, en la falta de cohesión social que se puede estar produciendo en aquella tierra. No quiero con esto generar ningún miedo sino pedir que seamos conscientes de que esas formas primarias de entender Canarias, creo que superficiales e
irresponsables, se alimentan de estas circunstancias y que o retomamos el vuelo o seguramente la anécdota pase a ser algo más, y en eso comparto absolutamente las preocupaciones de Fernando Fernández.
Muchísimas gracias, señor presidente, sé que he abusado del tiempo y de la paciencia, pero me interesaba colocar algunos elementos de reflexión sobre el momento y el futuro.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de portavoces, en primer lugar, con la intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, de don José Luis Perestelo. ¿No quiere intervenir? (Denegación.) El senador Sabaté, en nombre de Entesa
Catalana de Progrés.
El señor SABATÉ BORRÀS: Quiero dar las gracias de nuevo en nombre de nuestro grupo parlamentario al señor Rodríguez Rodríguez por su comparecencia y por su exposición, y decirle también que me ha dejado preocupado su exposición exhaustiva,
dada la brevedad del tiempo de que disponía, sobre la situación económica de Canarias, sobre las tasas de desempleo -que desconocía, lo reconozco-, la evolución del producto interior bruto y el reflejo de la situación educativa y del fracaso
escolar. Sin duda -tiene razón y comparto su opinión-, esto exige una reflexión también en clave de política interna, más allá de la relación y el marco en el que se deba desenvolver la situación de las islas Canarias en el contexto de la Unión
Europea. Es importante aprovechar las condiciones que pueda ofrecer la condición -valga la redundancia- de región ultraperiférica, pero sin duda exige también una reflexión profunda de la política canaria para modificar las condiciones de esta
gobernación y, por supuesto, contribuir a mejorar la vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, en todo lo que se pueda hacer desde estas Cortes Generales cuenten con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña Luz Elena Sanín Naranjo va a intervenir.
La señora SANÍN NARANJO: Señor Rodríguez Rodríguez, bienvenido a esta Comisión y enhorabuena por su intervención.
Como no puede ser de otra forma, entre las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea está precisamente la consolidación y el desarrollo de las políticas comunitarias de ultraperificidad y, por tanto, la de
impulsar políticas específicas destinadas a las regiones ultraperiféricas conforme al contenido de la Comisión del 17 de octubre de 2008, en particular en todo lo referente a mejorar su competitividad y su conectividad interna y externa, y muy
especialmente a su mayor inserción regional con los terceros países de su entorno. No cabe duda, señor Rodríguez, de su experiencia en la materia que nos atañe, pero no podrá negarse que existen otras regiones que reúnen las mismas condiciones o
condicionamientos de las RUP, y si no las mismas, muy similares. Hablamos de las ciudades de Ceuta y Melilla. Salvo por las características de la gran lejanía, cuando leemos la definición de región ultraperiférica y pensamos en Ceuta y Melilla no
nos cuesta mucho imaginar que estamos hablando de ellas, por lo que, aun entendiendo que es casi imposible que estas obtengan la condición de región ultraperiférica, sí podrían beneficiarse de algún régimen especial asimilado al de la región
ultraperiférica. En un intento de cuantificar las ventajas que se obtendrían en un régimen similar para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, vamos a tomar como referencia el caso canario, que, además de ser territorio español objetivo de
ayuda de la Unión Europea, comenzó su andadura precisamente de la mano de Ceuta, teniendo como marco normativo el protocolo 2 del Tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas. Pero se tendrá que trabajar también entre estas prioridades,
señor Rodríguez, para que tengan un protagonismo
las dos ciudades, al igual que las RUP, en el acceso a los distintos fondos comunitarios de manera estable y teniendo en cuenta el marco de las próximas perspectivas financieras, sin que quepan -como hasta la fecha- aspectos estadísticos.
En la Unión Europea existe un territorio aduanero común para la libre circulación de las mercancías entre los Estados miembros, y hay también una frontera común respecto al exterior en la que se aplica una misma política comercial, arancelaria o no
arancelaria. Sin embargo, hay otros territorios que forman parte de algún Estado miembro pero que no son parte del territorio aduanero, como son la Ciudad Autónoma de Ceuta, las islas Feroe en Dinamarca, Livigno en Italia, y Büsingen en Alemania,
junto con las islas de San Martín y San Bartolomé, que son territorio francés; otros territorios que están muy ligados a la Unión Europea, como el Vaticano, Andorra y Gibraltar, y otros que sí forman parte de la Unión o del territorio aduanero pero
que no participan en esa política fiscal y tienen unas peculiaridades y protecciones determinadas como son precisamente las siete regiones ultraperiféricas. Ceuta y Melilla, como fronteras de la Unión Europea, ocupan un espacio geopolítico
importante, y la Presidencia española tendrá que poner todo su empeño para convencer a los socios comunitarios de que se otorgue a ambas ciudades un estatus equiparable al de región ultraperiférica que se adapte a las condiciones específicas de las
mismas, sobre todo teniendo en cuenta los sobrecostes que ocasionan a ambas ciudades su condición de frontera de la Unión Europea en África, el encarecimiento del nivel de vida que origina esta situación geográfica y las desventajas naturales que
supone la escasez de recursos básicos, energéticos, suelo, agua, su condición de ultrapeninsularidad y su reducida dimensión territorial, la orografía y los elevados costes de accesibilidad en el tráfico marítimo y aéreo que limitan definitivamente
las posibilidades de desarrollo, además de esa fuerte presión migratoria que tienen que soportar ambas ciudades con motivo precisamente de ser frontera terrestre de la Unión Europea con África. Por eso es tan importante el consenso, y me quedo con
una frase que usted ha dicho: La clave del éxito es el consenso político. Ese consenso político, señor Rodríguez, es el elemento sine qua non para la solidaridad y la igualdad territorial, sobre todo cuando en estos territorios concurren los
mismos condicionamientos que tienen todas las RUP, salvo esa gran lejanía. Entre otras cosas, me reservo el término de gran lejanía porque no he visto en ningún sitio qué distancia se marca entre el continente europeo y las regiones para que estas
sean consideradas regiones ultraperiféricas.
En definitiva, para terminar, señor Rodríguez, considero que ese consenso político al que usted hace referencia hemos de obtenerlo precisamente de todas aquellas regiones también ultraperiféricas, incluyendo las islas Canarias, para que el
Gobierno despliegue la totalidad de sus esfuerzos y se remuevan cuantos obstáculos sean necesarios para recabar de la Unión Europea un tratamiento para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de un estatus similar o equiparable al de regiones
ultraperiféricas, con base en los condicionamientos estructurales y singulares que en las mismas concurren en forma de extrapeninsularidad, superficie reducida, alta densidad de población, escasez de suelo, de agua, de recursos energéticos y, sobre
todo, la presión migratoria, a la que he hecho referencia, en razón de ser frontera terrestre de la Unión Europea, lo que eleva muy considerablemente todos los costes. Entendemos, señor Rodríguez, que las características que son comunes a
determinadas regiones tienen que tener también unas respuestas y un tratamiento en común. Por tanto, le pregunto si, dadas las circunstancias y características que reúnen las ciudades de Ceuta y Melilla, tienen la posibilidad, según su criterio, de
que se les reconozca un estatus equiparable al de las regiones ultraperiféricas. No pedimos que se declaren regiones ultraperiféricas porque eso conllevaría la modificación del tratado constitucional de la Unión, pero sí que se reconozca un
tratamiento equiparable a fin de que puedan obtener los mismos beneficios y ayudas de la Unión Europea, igual que la reciben el resto de las regiones ultraperiféricas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don José Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Rodríguez, reiteramos, como hemos hecho con don Fernando Fernández, la satisfacción que nos produce que un ex presidente de la Comunidad canaria haya comparecido en esta ponencia. Las Cortes Generales son el
foro de las libertades y además el foro de la limpieza democrática. Con independencia de que pueda coincidir o no con algunos de los contenidos de su exposición, le felicito por la misma y reitero la satisfacción de mi grupo parlamentario por su
presencia entre nosotros.
Usted ha tenido una parte de su intervención que propicia e incentiva el debate interno en España y, es más, el debate interno en la Comunidad canaria. Es lógico, dado su pedigrí de persona integrada en una institución pública y durante
muchos años en distintos niveles de responsabilidad en la Comunidad canaria. Pero es obligación moral y convicción de este interviniente refutar algunas de sus consideraciones.
Estimo que el actual Gobierno de España ha dado unas pruebas
innegables de su preocupación sobre lo que está ocurriendo en Canarias. En el debate sobre el estado de la Nación de mayo pasado, el presidente del Gobierno reiteró que ante esas circunstancias que se producen en Canarias era menester una actuación
singular. El diseño de un plan estratégico para el desarrollo económico de la comunidad, la búsqueda de nuevos foros, de nuevos medios, de nuevos sistemas productivos para generar actividad económica, para reconducir nuestra economía, para
fundamentar la generación de empleo han sido la motivación que impulsó al presidente del Gobierno a
desplazarse en los primeros días del mes de septiembre a Canarias con cuatro ministros de distintas áreas para captar las necesidades que desde el Gobierno de Canarias se le hiciesen llegar y poder vertebrar un plan estratégico, que fue
aprobado en un Consejo de Ministros celebrado con posterioridad. De ahí que la sensibilidad del Gobierno de España al respecto está acreditada. Puedo discutirle a usted la viabilidad futura de determinados planteamientos expuestos en ese Consejo
de Ministros, pero el Consejo de Ministros definió una serie de líneas de trabajo que van a ser vertebradas y recorridas por las instituciones canarias. Todos los que representamos en los distintos foros parlamentarios a nuestro pueblo tenemos la
obligación de incentivar que se impulsen las políticas definidas en ese Consejo de Ministros desde los ayun-tamientos, los cabildos insulares y desde el propio Gobierno de Canarias. Este es el primer aspecto que me gustaría matizar.
El segundo es que usted ha hecho una crítica a la nueva ley de financiación de las comunidades autónomas, pero tengo que indicarle que la tramitación parlamentaria de la misma no ha culminado. He salido unos minutos a buscar un documento
que tenía en mi despacho y que le quiero leer. Procedente del Senado ha entrado en el Congreso una modificación, una disposición adicional a la ley de financiación de las comunidades autónomas, y yo le puedo asegurar que hay un precepto que
concretamente dice: Disposición adicional novena. Modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los fondos de compensación interterritorial, por ejemplo. Se adiciona una nueva letra c) al artículo 2.1 de la Ley 22/2001, de 27
de diciembre, reguladora de los fondos de compensación interterritorial, que dice: con el uno por ciento de la cantidad determinada en la letra a) anterior, siendo este último porcentaje la cantidad que se adiciona en función de la variable región
ultraperiférica. Es decir, se está trabajando en las Cortes Generales para introducir en lo que era el proyecto de ley pactado en el órgano correspondiente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, una serie de preceptos vinculados al
reconocimiento de la insularidad y la ultraperiferia que están recogidos en las dos leyes, del año 1991 y del 1994, la fiscal y la económica, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Estas son unas consideraciones para darle ciertos ánimos en el
sentido de la política interior, pero no era esta -naturalmente lo tiene que entender- la intencionalidad de este diputado.
Si me lo permite, señor presidente, le prometo que utilizaré solo dos minutos más para hacer unas breves consideraciones. En cuanto a los documentos a los que hice referencia en la anterior intervención del señor Fernández, las
instituciones comunitarias incentivan mucho las políticas de investigación en Canarias. Canarias se ha convertido poco a poco y a lo largo de los últimos años en un conjunto investigador muy interesante a nivel mundial. Hacer referencia al
Instituto de Astrofísica de Canarias no es un tema baladí, reiterativo, es nuestra obligación. A él hace referencia el propio documento comunitario. En las políticas de I+D+i, las políticas de investigación novedosa tanto en esa materia como en
materia energética, el Plocan -pongámoslo por caso- es una iniciativa del centro de investigación Taliarte en la isla de Gran Canaria que va a ser puntero en el mundo, o sea, una plataforma de investigación oceánica.
Tenemos un entorno que lo
propicia, y yo diría que, con independencia de todas las potencialidades y de los esfuerzos que nuestras universidades y centros de investigación llevan a cabo, en Canarias, como región ultraperiférica, es cierto que sigue habiendo dificultades que
no tienen otras comunidades de ámbito peninsular o territorial continental. La competencia, el crecimiento, el empleo de acuerdo con la estrategia de Lisboa, especialmente en este ámbito de la investigación, del desarrollo y de la innovación,
encuentran dificultades, pero también es cierto que hay unas potencialidades que no tienen otros centros de investigación y otras comunidades, luego va a depender de las políticas que desde la propia comunidad se pongan en marcha.
En cuanto a criterios de excelencia vinculados a la RUP, hay muchas publicaciones al respecto. Es más, llama la atención el interés -y este es un dato que debemos tener presente- que en universidades peninsulares -entrecomilladamente
expresado- tienen distintos departamentos de investigación que pretenden conocer precisamente esas nuevas líneas de investigación que se dan en Canarias y no en otros lugares. El objetivo, señor Rodríguez, de que la RUP, y particularmente el
archipiélago canario, se pueda convertir en una auténtica plataforma de difusión tecnológica, en un centro de referencia científica en las materias en las que se viene trabajando, es algo de lo que nos podemos sentir satisfechos. Son varias las
consideraciones que al respecto podríamos hacer, pero la razonable limitación de tiempo para este interviniente, que a lo que fundamentalmente aspira es a escuchar reflexiones y consideraciones de aquellos a quienes hemos invitado a que vuelquen su
experiencia en esta Comisión, me lleva sencillamente a reiterarle que, si bien es cierto que usted ha dado datos incuestionables, también lo es que esa preocupación la comparte el Gobierno de España, la compartimos los parlamentarios y la comparten
las instituciones de muy diferente índole que desde distintos niveles de responsabilidad en el Gobierno de España miran hacia la Comunidad canaria con singularidad y conscientes de la necesidad de reconfigurar un nuevo modelo productivo que pase por
las líneas que tanto el señor Fernández como usted han expuesto y a las que yo he pretendido dar un ligerísimo brochazo. Mi pregunta final es: ¿Qué recomendaría usted a esta ponencia que recoja en las conclusiones a efectos de hacerlo llegar al
Gobierno en los primeros meses de la Presidencia española del próximo semestre?
El señor PRESIDENTE: Para contestar a todos los portavoces, don Román Rodríguez Rodríguez tiene la palabra.
El señor EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Rodríguez Rodríguez): En primer lugar, quiero reiterar mi agradecimiento por las palabras y las consideraciones de los distintos portavoces a mis primeros comentarios.
Quiero expresar que desconozco el detalle de las ciudades de Ceuta y Melilla como para tener una opinión cualificada. Me consta que existen singularidades reconocidas, por ejemplo en materia fiscal, en el IRPF, que tiene una significación
importante -si no calculo mal, podemos estar hablando del 50 por ciento de bonificación del IRPF para estas dos ciudades-, pero seguro que existe una justificación, circunstancias peculiares absolutamente diferenciales, para que se tenga una
respuesta adaptada a este hecho o para que el proceso de integración y de igualdad que siempre se debe perseguir se pueda dar. Por lo tanto, me parece razonable la propuesta de la portavoz del Grupo Popular de buscar mecanismos equiparables que
permitan una respuesta adaptada a las circunstancias de estas dos ciudades autónomas, que tienen peculiaridades muy distintas a las de la Comunidad canaria. Agradezco también las consideraciones que ha hecho el representante de Entesa, que, como
siempre, expresan con claridad y sinceridad apoyo a territorios complejos como el que hoy discutimos aquí, el archipiélago canario, lo que además hago extensivo a otras expresiones del nacionalismo territorial español, con cuya colaboración siempre
se cuenta en los procesos de análisis y entendimiento en las políticas para el archipiélago.
Yo tenía que aprovechar esta comparecencia para poner en valor los problemas que son que la Comunidad canaria, perteneciente al Estado español e integrada perfectamente en la Unión Europea, ha conseguido un estatus de reconocimiento
específico en el tratado europeo muy significativo, muy relevante. Que en el derecho primario europeo aparezca citado que estos territorios tienen dificultades estructurales y permanentes y que por tanto las políticas comunitarias en sus más
diversas expresiones deben modularse y adaptarse a las circunstancias me parece una conquista relevante, y ha sido producto del consenso político en el ámbito local, del partenariado con los tres Estados a los que pertenecemos, Portugal, Francia y
España, y del estatus de las regiones ultraperiféricas, que ha permitido una importante interlocución con las autoridades no solamente de los Estados sino también de la propia Unión Europea, que hoy nos coloca como regiones con una política
diferenciada.
Cierto es que la aplicación de las políticas comunes ha sido hasta ahora dura, difícil, porque frente a cada política hay que buscar los mecanismos de adaptación y no hemos conseguido una política uniforme, una política única que nos
haga más eficaces en este tema. En los temas de desarrollo se ve con claridad, es decir, el Fondo Europeo de Desarrollo actúa sobre los países limítrofes del archipiélago canario, y nosotros, a través de los distintos instrumentos de cooperación
transfronteriza, también, pero hay unas contradicciones y unas incapacidades contrastadas, y o logramos que en materia de cooperación ambas actuaciones estén coordinadas e integradas o la eficacia será limitada. Pero, salvando este hecho de que
tenemos que mejorar los procedimientos de intervención de la Unión Europea en sus políticas o en las autorizaciones de las políticas específicas para las regiones ultraperiféricas para seguir avanzando, el éxito y la conquista es clara y por tanto
hay que perfeccionar el espacio que tenemos. Pero quiero destacar, porque si no estaría traicionando mis propias convicciones, que los problemas del archipiélago canario no se van a resolver en la puerta de la Unión Europea, por importante que sea
el espacio conquistado y por conquistar. Es fundamental que interpretemos bien lo que nos pasa y lo que nos pasa, es que tenemos un 26 por ciento de desempleo, que tenemos encarecimiento, que tenemos la sociedad española más endeudada. Más del
doble del endeudamiento medio español se produce en el archipiélago canario y esto es un lastre para la salida de la crisis. Tenemos unos salarios privados un 16 por ciento por debajo de la media española. Tenemos 5 puntos más de pobreza relativa.
Tenemos un notable fracaso escolar y no hemos logrado zafarnos del problema grave del claro perfil de sociedad en vías de desarrollo. Una parte sustancial de las respuestas para salir de esta crisis se tienen que dar en el ámbito local, en el
cumplimiento adecuado y eficiente de la estructura competencial de que dispone la Comunidad canaria. No podemos culpar a nadie, por ejemplo, del dato sobre el sistema energético. Es poco razonable, es poco aceptable que la comunidad que tiene más
viento y sol de los territorios de España, contrastado de forma indiscutible, esté a la cola de la producción de energías renovables con lo que esto significa de incumplimiento del Protocolo de Kioto, y con lo que esto significa en cuanto a inyectar
riqueza y autonomía energética al sistema energético canario. Este es un elemento que tenemos que corregir de forma urgente y no podemos endosar responsabilidades a otros porque es nuestra responsabilidad.
El déficit en el sistema educativo. Aunque existan elementos previos que condicionen los resultados educativos no se transforma una comunidad en cuarenta años en este parámetro, cuando hace cincuenta años las tasas de analfabetismo
superaban a las de América Latina. Ahí hay un lastre y una espada de Damocles que no será fácil de superar, pero es evidente que los resultados del sistema educativo están sensiblemente por debajo de la media española y tenemos que hacer un
esfuerzo desde el autogobierno para salir de él.
En cuanto al tema de la movilidad, en un territorio hiperpoblado, con un nivel de protección muy importante, el coche privado se ha constituido en el elemento de movilidad para ir al trabajo, al hospital o a la universidad, superando
claramente los parámetros continentales, y esto es poco razonable y poco sostenible. Tenemos que transformar los sistemas de movilidad en las islas para hacerlos más racionales, más eficientes, más sostenibles y menos contaminantes. Y estos son
asuntos propios, esto lo tenemos que gestionar y todos tenemos una parte de responsabilidad. Yo asumo la que me corresponde, pero me parece muy importante para salir de esta situación que el autogobierno ejerza sus funciones de manera
eficiente, diligente y con resultados que puedan ser comparables, y también en el ámbito del Gobierno de España. La financiación autonómica es estructurante y vital para el autogobierno.
Las leyes de presupuestos son capaces de añadir o restar
respuestas a problemas concretos, pero lo sustancial del autogobierno se sufraga con el sistema de financiación. Y ahí está el 90 por ciento de los recursos para la sanidad, la educación, el transporte y la cultura. Ahí está el autogobierno. Ya
no es un análisis solo del que les habla. He leído recientemente un trabajo muy interesante de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que concluye lo que hemos concluido nosotros, que en este sistema de financiación
estamos en el 93 por ciento de la media, y que el hecho de la insularidad reconocido en la Constitución no solo no se ha ponderado debidamente sino que ha perdido peso relativo de forma absoluta. En el anterior sistema de financiación que tuve la
oportunidad de negociar partíamos inicialmente de una participación del 105,7 por ciento, porque se reconocía la compensación a un territorio donde los servicios públicos son más costosos por el hecho territorial discontinuo y por todo lo que esto
representa, y ahora estamos en el 93 por ciento. Es más, el último año -escuchen bien porque este es un dato relevante- del sistema anterior, en términos relativos, es mejor que el primer año del nuevo sistema. El último año del sistema de
financiación anterior representábamos el 94 por ciento de participación del sistema de financiación. En el inicio de este nuevo sistema estamos en el 93 por ciento. Es evidente que esto va a condicionar el futuro, la suficiencia financiera de la
educación, de la sanidad y del resto de las responsabilidades de autogobierno, y el sistema de financiación no ha reconocido de forma adecuada las singularidades canarias. No estamos en la media y deberíamos estar por encima de la media para
compensar el hecho insular. Por supuesto, la lejanía no está considerada en el ordenamiento jurídico interno español, que sí lo está en el espacio de la Unión Europea. Por lo tanto, ahí tenemos un problema serio de déficit financiero para el
autogobierno, para la cohesión y para la calidad de vida de los canarios. Se ha cerrado un acuerdo que además tiene algunos elementos preocupantes. Hay una disposición transitoria de la ley, la octava, en la que se introduce por primera vez la
incorporación de los recursos del REF cara a la cuantificación de los recursos del fondo de competitividad, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de los acuerdos de financiación. Por lo tanto, no solamente no se producen avances en esta
materia sino que se consolida un trato claramente injusto a un territorio que precisa de estas políticas para salir adelante.
En la Ley de Presupuestos pasa lo mismo. Yo apoyé en este Congreso de los Diputados la aprobación del Estatuto de Cataluña, también el Estatuto de Andalucía y el de Baleares, el de Aragón o el de Castilla y León, y se reconocía en sus
disposiciones transitorias el derecho de estos territorios a participar en el presupuesto estatal en materia de inversión de interés general en determinados porcentajes, en unos casos en función del producto interior bruto relativo de esas
comunidades y en otros casos en función de la población o sencillamente el promedio. La ley tramitada se ha cumplido a rajatabla, la hemos estudiado con precisión y a estas cinco comunidades se les respeta el derecho a estar en los promedios y
tenemos que decir con tristeza que la Comunidad canaria, que desde 1991 tiene consolidado en el artículo 96 de los aspectos fiscales del REF la participación en el presupuesto estatal en términos promedios, en el proyecto de ley de presupuestos,
todavía en tramitación, estamos 290 millones por debajo de la media, que son muchos millones para una comunidad pequeña y con serias dificultades económicas, con retracción de la economía privada y con dificultades objetivas para salir de la crisis.
Esto es indiscutible, porque se trata solo de sumar y restar: son 290 millones por debajo de la media en el proyecto de ley de presupuestos, a pesar de que desde 1991 tenemos esta consideración. Se podía alegar hasta el momento que como no había
ninguna comunidad que condicionara la ley de presupuestos en materia de inversión, no iba a ser la canaria, a pesar de su cobertura legal, la primera; pero es que en estos momentos se respeta este derecho a cinco comunidades y a una no, a pesar de
casi veinte años de historia.
Agradezco, y creo que ha sido un buen ejercicio, aunque los resultados sean francamente mejorables, el esfuerzo del Gobierno de España al interpretar que la crisis canaria tiene un perfil propio, porque ya bastante perfil propio tiene la
crisis española con el 18 por ciento de desempleo y algunos otros parámetros de cara a la salida de la misma. En Canarias hay un 26 por ciento de desempleo y sigue creciendo. Insisto en que me gustaría equivocarme, pero sostengo, porque el último
trimestre del año es malo para la estructura productiva del Archipiélago, que cuando tengamos los datos del último trimestre de este año nos podemos encontrar con dos o tres puntos más de crecimiento del desempleo y con que rondemos el 27, el 28 o
el 29 por ciento de población activa en paro, que es una bomba de relojería, porque sabemos que las dificultades para salir de esto son muy serias. ¿Cómo vamos a crear no el empleo que necesitamos para conseguir parámetros de sociedades
desarrolladas sino para volver a los parámetros del 12 y el 13 por ciento en que se convirtió el paro estructural? Cuando crecíamos a un ritmo del 3 o del 4 por ciento el paro estructural no bajó ninguna del 10 o del 12 por ciento, cuando en las
sociedades más desarrolladas de nuestro entorno está en el 4 o el 5 por ciento. Ahora, en período de retracción, de retroceso de la economía, el paro estructural se puede colocar en torno al 20 por ciento y eso es muy difícil de gestionar en una
sociedad moderna que pretenda seguir progresando y no hay resultados.
Tengo que decir que agradezco el esfuerzo hecho en el Consejo de Ministros y comparto absolutamente el análisis, porque dice todo esto: habla del fracaso escolar, del desempleo, de las dificultades objetivas y estructurales de la Comunidad
de Canarias, pero también tengo que decir que lamentablemente las medidas son las que ya conocíamos, con algunas novedades cualitativas no expresadas en términos presupuestarios, que es como se resuelven los problemas. Va a ser difícil contener el
proceso de deterioro económico que existe en estos momentos en el Archipiélago sin la intervención activa, eficaz y sensible del Gobierno de España y, por supuesto, de la sociedad local en toda su dimensión.
Le voy a poner un ejemplo. Hemos repasado Castilla y León, una comunidad española que tiene la mitad de paro que Canarias, que tiene exactamente diez puntos más que Canarias de renta per cápita y tiene un plan de convergencia interior
aprobado por el Gobierno de España y la comunidad respectiva que tiene una expresión presupuestaria de 2.466 millones de inversión, que es el doble de lo que le correspondería en términos poblacionales. Sin embargo, nosotros para el Plan integral
de Canarias la inversión en el presupuesto para 2010, y previsiblemente en los próximos años, se mantiene por debajo del promedio. Difícilmente vamos a resolver los problemas de infraestructura y de desarrollo si no conseguimos una mayor
implicación. Por tanto, lamentándolo mucho, y reconociendo el valor que tienen las decisiones adoptadas en ese Consejo de Ministros, o se añaden contenidos, especialmente presupuestarios, o el impacto del Plan Canarias en la contención de la crisis
y, sobre todo, el impacto del Plan Canarias en el cambio del modelo productivo va a ser muy complicado.
Insisto en que en los asuntos europeos hablamos esencialmente del sector primario, y hay que seguir defendiéndolo, entre otras cuestiones porque
si no desaparece, está en el 1,2 por ciento, pero la clave del futuro de Canarias está en el sector servicios, especialmente en el tema turístico, que por cierto, en este ámbito es difícil de tocar, porque es una actividad teóricamente competitiva y
en la que debemos mejorar nosotros internamente.
En definitiva, es fundamental dejar claro que el proceso de desconvergencia de la Comunidad canaria está ahí, que las políticas europeas no tienen las respuestas a estos hechos, que los fondos europeos no son el maná que resuelva estos
problemas, insisto, captaremos 500 millones si hacemos las cosas bien en el periodo 2007-2013, y estos 500 millones son los que recibimos de menos cada año en función de nuestra separación de la media en materia de financiación autonómica. Estos
datos gustarán o no gustarán, pero con este parámetro difícilmente Canarias retomará el vuelo del proceso de convergencia y de progreso. Es fundamental el papel de la sociedad local y de sus instituciones, el papel del Gobierno de España y sus
instituciones y, por supuesto, seguir trabajando en el proceso del estatus específico de las regiones ultraperiféricas en la Unión, pero reconociendo que una parte importante de las tareas la tenemos que hacer nosotros con la cobertura legal que nos
posibilita el Tratado de Lisboa, porque las ayudas del Estado, que sustentan la mayoría de las políticas diferenciales en materia fiscal, tienen ahora una cobertura indefinida, y es que caben ayudas del Estado al margen del nivel de renta y, por
tanto, el Gobierno español tiene un instrumento para actuar de forma permanente.
Agradezco a los portavoces sus consideraciones y preguntas, y le digo al señor Segura que me parece fundamental enfatizar sobre la política interior si queremos sacar a la Comunidad canaria del mal momento que atraviesa, porque si no
reaccionamos no hay perspectivas razonables, objetivas y medibles de salir a corto plazo, y el deterioro social y económico va a ser sensible y lamentablemente duradero. En otros ámbitos, en otras crisis que hemos vivido ha sido fácil destruir
empleo, como siempre, pero muy difícil volver a crearlo y tenemos 282.000 personas sin empleo y en aumento. Este parámetro expresa en gran medida los malos resultados de la economía canaria, la necesidad de una reconversión de nuestro sistema
productivo y la necesidad de fundamentar el futuro económico del Archipiélago sobre otras bases. Europa tiene que ayudarnos, España también, y nosotros, como sociedad canaria y en los ámbitos competenciales pertinentes, tenemos que hacer las tareas
debidamente porque si no el proceso de alejamiento de la riqueza media española y europea va a continuar como ha ocurrido en la última década, perdiendo de media un punto de riqueza cada año y seguramente en este contexto de crisis económica se
intensifique ese alejamiento de la media española y comunitaria.
Muchísimas gracias por sus consideraciones. Agradezco especialmente al señor Segura la invitación, él sabe que no pensamos igual, aunque coincidamos en las preocupaciones de futuro y nos inquiete a ambos la necesidad de modificar y cambiar
aquella tierra para que sea más próspera, más convergente, para que esas veleidades minoritarias soberanistas, que yo respeto si se hacen pacíficamente pero que no comparto, no alcancen cobertura porque hay gente interesada en alentarlas, y no me
parece mal, forma parte de la lógica democrática. Hay medios de comunicación y partidos políticos que están en esa estrategia, yo lo respeto de forma absoluta, pero me parece que nuestros problemas son de otra naturaleza: son de organización, de
eficiencia, de una respuesta más adaptada a las necesidades de Canarias por parte del Gobierno de España y de seguir persistiendo en que nuestro modelo de integración en Europa tiene que ser diferenciado, adaptado a las circunstancias territoriales
y estructurales de un archipiélago que pertenece al Estado español y a la Unión Europea, que ha tenido una buena respuesta y una gran sensibilidad por parte de la Unión en todo este proceso de integración que ya lleva unos cuantos años y que yo creo
esencialmente positivo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Román Rodríguez Rodríguez.
- DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PRODUCTORES DE BANANA (CÓLOGAN PONTE). (Número de expediente del Congreso 219/000366 y número de expediente del Senado 715/000281.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las comparecencias. Tiene la palabra don Leopoldo Cólogan Ponte, presidente de la Asociación Europea de Productores de Banana, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Ponencia
sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Conozco al señor Cólogan desde hace mucho tiempo, tiene dilatada experiencia, es un batallador infatigable a favor del plátano canario y un personaje enormemente conocido en los círculos
agrarios de la Unión Europea. Tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PRODUCTORES DE BANANA (Cólogan Ponte): Doy las gracias a los diputados y senadores que me han permitido comparecer hoy aquí para explicar la importancia del sector platanero como sector
estratégico dentro de las regiones ultraperiféricas. Ya en el año 1989 cada país de la Unión Europea tenía su propio sistema de abastecimiento de plátanos. En España teníamos el autoabastecimiento total; no entraban bananas de ninguna
procedencia.
Francia tenía un sistema que protegía sus producciones en Martinica y Guadalupe, y permitía la entrada de lo que le faltaba, e igual ocurría en Portugal con Madeira. Esto nos llevó a crear en el año 1989 la Asociación de productores
europeos de plátano, que hace unos días cumplió veinte años, donde los productores de Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias estamos juntos. Entre todos tenemos 20.000 hectáreas en las regiones ultraperiféricas, de las cuales 9.500 están en
Canarias; tenemos casi 13.000 productores de plátano en toda la Unión Europea, de los cuales 9.000 están en Canarias; y tenemos una producción de casi 600.000 toneladas, de las cuales casi 400.000 están en Canarias. No solamente se trata de lo
importante que para nosotros es el plátano sino que también juega un papel muy relevante en Canarias. Nosotros traemos al mercado tradicional, al mercado de la Península casi un millón de kilos de plátanos diarios que vienen con los barcos. La
alimentación de Canarias se lleva desde aquí, desde la Unión Europea y concretamente desde la Península. Aproximadamente el 80 por ciento de la alimentación va vía marítima, y nosotros nos encargamos de cargar los barcos hacia arriba, con lo cual
también jugamos un papel importante porque si los barcos hacia arriba fuesen vacíos se vería bastante afectado el coste de la cesta de la compra porque subirían los precios.
Nosotros hicimos esto en el año 1989, y en el año 1993, con un trabajo formidable por parte de un ministro, Pedro Solbes, y con la intervención muy directa de Felipe González, hicimos una fantástica OCM del plátano, que se aprobó y se aplicó
el 1 de enero de 1993, y a partir de ahí empezamos a funcionar. A los dos días de entrar en vigor esta OCM del plátano ya empezaron las denuncias ante la Organización Mundial de Comercio y comenzamos a hacerle frente, siempre colaborando con los
gobiernos de España, Francia y Portugal codo con codo. Los sucesivos ataques los compartimos con los diferentes ministros que tuvimos. En este sentido quiero hacer un recuerdo especial a la desaparecida Loyola de Palacio. También con Miguel Arias
-a quien tengo al lado- trabajamos codo con codo porque tuvimos que hacer frente a otra de las reformas, de la misma manera que en la actualidad lo estamos haciendo con Elena Espinosa.
Hemos trabajado estrechamente con los tres gobiernos y hemos
propiciado que la política que lleven con respecto al plátano de España, Francia y Portugal vaya un poco en línea con todo eso.
Como ya les he explicado, se hizo la OCM; esa OCM fue atacada y fue desapareciendo poco a poco porque en cada contencioso pedíamos algo y buscábamos una compensación. Siempre fuimos un sector dinámico porque ir contra la pared no nos
llevaba a ninguna parte ni ir a protestar tampoco.
Lo bueno era trabajar: trabajar en la Comisión, trabajar en el Parlamento Europeo, trabajar en todas las instituciones e intentar explicar cuáles eran nuestras características. Y así llegamos con
una OCM -que en principio tenía vida hasta 1993- hasta 2006, y luego con el paso cambiado fueron desapareciendo los sistemas de protección hasta que llegamos a la actualidad, donde la Unión Europea, que es deficitaria en plátanos, se abastece de los
plátanos de la Unión Europea -ahora, con la Europa ampliada, cubrimos aproximadamente el 10 por ciento del abastecimiento de Europa-; luego están los suministros de las antiguas colonias de la Unión Europea -que son los países ACP-, que hasta ahora
han estado contentados con contingentes y que hace un año se liberalizaron totalmente, y por último se abastece de terceros países, de los países latinoamericanos.
Esa es la situación actual. Antes de dejar bien concretado este asunto En este momento en la Organización Mundial de Comercio tenemos un contencioso, uno de los tantos que hemos tenido. Lo que pretende este acuerdo es bajar el arancel de
entrada a terceros países que ahora está en 176 euros por tonelada. Hemos perdido el contencioso que presentaron Estados Unidos y Ecuador, por lo que el arancel de 176 que tenemos en la actualidad hay que bajarlo hasta 114 en ocho años, pero la
primera bajada va a ser a 148, que -lo anuncio ya aquí- se va a aplicar el 1 de julio de 2010 pero con carácter retroactivo al día 1 de enero de 2010. El día 16 ó 17 de diciembre se firmará el acuerdo pero ojalá que no se firme; nosotros vamos a
hacer todo lo posible por reventar ese asunto y lo vamos a intentar hasta el último minuto pero parece que los esfuerzos que estamos haciendo no van a servir y vamos a tener que bajar el arancel. Va a haber una primera bajada fuerte del arancel
pero pedimos que, por lo menos esa primera bajada hasta 148 euros, se mantuviese durante un periodo de
dos o tres años. Esta discusión en Ginebra está siendo muy fuerte. Nos estamos reuniendo con los países ACP -que tienen 84 votos dentro de la Organización Mundial de Comercio- prácticamente cada quince días porque intentamos que hagan
prevalecer esos 84 votos -la Unión Europea tiene solamente uno- que son importantes para presionar y que ellos consigan lo que pretenden, porque a los países ACP la bajada de 176 euros por tonelada a 114 los liquida. Por eso ellos están muy
preocupados y han presionado mucho para que esto sea así pero las cosas, por el camino que van, no van a acabar como queremos.
En Madrid -y yo voy a dejar al presidente el dossier firmado por los ministros de Agricultura francés, española y portugués- se llegó a un acuerdo el 16 de junio, acuerdo que los productores comunitarios suscribimos al cien por cien porque
recoge todas las peticiones de los gobiernos francés, español y portugués con respecto a lo nuestro.
Adaptándonos a la situación actual se pide en ese documento, como ustedes podrán comprobar luego, que la primera bajada se mantenga durante un
periodo de tres años -no hacerlo tan de golpe-, que el acuerdo de Ginebra tenga un respaldo jurídico suficiente y que se lleve al consejo de la Organización Mundial de Comercio para que, a posteriori, cuando se abra la ronda de Doha, no se vuelva a
debatir este asunto y pide que la Unión Europea mantenga la renta de los productores comunitarios, actualizando la ficha financiera que poseemos que estaba calculada para un sistema como el que está funcionando en la actualidad. De todas estas
peticiones que no firmé yo, sino que firmaron los tres ministros, ni una está recogida en el acuerdo que se está presentando en Bruselas y que se pretende aprobar en Ginebra, que nosotros sepamos. Pero estamos viendo que la Unión Europea, para
tapar la boca a los países ACP, primero les ofreció 100 millones de euros y ahora va por 200; calculo que va a terminar entre 210 y 220 millones de euros. Curiosamente, la Unión Europea reconoce los daños de un descreste arancelario a los países
ACP y a los países comunitarios no les reconoce absolutamente nada. Nos quedamos verdaderamente asombrados de que esto sea así. Está recogido con la firma de los tres ministros para que se actualizasen esas peticiones.
Estamos viendo que esto es
así.
Para resumir, en Ginebra vamos a bajar de 176 a 148 y luego, paulatinamente, hasta 114. Si se recoge bien legalmente, va a ser el mal menor. Pero lo tengo que decir, viene lo grave, y es que el Gobierno español está favoreciendo los
acuerdos de libre comercio con los países latinoamericanos y los está propiciando. Lo sabemos porque estamos en Bruselas un día sí y otro también, como sabe perfectamente el presidente de esta Mesa. La propia Comisión nos ha dicho que España tiene
mucho interés en firmar el próximo mayo, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, aquí, en Madrid, el acuerdo que va más allá de los acuerdos de Ginebra. Ese acuerdo lo quiere llevar hasta 95. En los pasillos de Ginebra
se hablaba la semana pasada de 75 -lo pongo entrecomillas porque cuando el río suena por algo será- con el objetivo de llegar a un acuerdo, pero en el acuerdo que está firmado en este momento y del que tenemos la documentación, es continuar el
descreste a partir de los 114 hasta 95, ampliando el plazo de ocho a diez años. Según se nos dice, hay una gran necesidad de desarrollar este asunto porque las grandes empresas nacionales se quieren ubicar en Latinoamérica y son mucho más
importantes que los 9.500 productores de Canarias. Lo digo con toda la tranquilidad del mundo porque es así, y no puedo levantarme de aquí sin decir lo que siento porque siempre lo he hecho y quiero seguir haciéndolo. El acuerdo con los
centroamericanos está prácticamente terminado y el Gobierno español lo sabe porque tiene más documentación que yo. Los países andinos en conjunto, Venezuela por un lado y Ecuador por otro, se están peleando todo el día, por lo que la Unión Europea
ha optado por ir uno por uno a ver si los va enganchando y los mete a todos en el saco de aquí a mayo. Lo va a conseguir porque si ven que a los vecinos les van a bajar el arancel y a ellos no, sería de tontos que no lo asumieran. Por lo tanto,
eso queda así.
Otra cosa que no podemos comprender es que el Gobierno español, en su oficina de la Agencia de Cooperación Internacional, esté favoreciendo las plantaciones de plátano en otros países. En República Dominicana, el Gobierno español ha puesto
4.700.000 dólares de sus fondos, que podría haber invertido en carreteras, en educación o en cualquiera de estas cosas, pero no precisamente en lo que nosotros tenemos; es incongruente que se haga así. Asimismo ha depositado fondos en unas
plantaciones en Senegal cuya dimensión viene a ser el equivalente a un poco más de una cuarta parte de lo que tenemos hoy plantado en Canarias. Tampoco lo podemos comprender porque también en Senegal con ese dinero se podrían hacer un montón de
actuaciones, por ejemplo, enseñar a estos países a que elaboren los productos de alimentación primaria que necesitan, pero lo que no es congruente es lo que estamos viendo. Este es nuestro panorama y tenemos una postura muy clara. Hemos tenido
reuniones con el Gobierno español; estamos trabajando con la ministra codo a codo y le hemos dicho que hay una oportunidad porque ella firmó el documento que yo tengo aquí, en el que se establece que en los acuerdos con los latinoamericanos no
puedan llegar a 95. Con este documento en mano pido al Gobierno español que traslade a la Unión Europea que 95 euros por tonelada no pueda ser y que, en coherencia con el acuerdo que se firmó, tiene que ser una cantidad similar o igual a la que se
acuerde esta semana en Ginebra. Si en Ginebra se pasa de 148 a 114 -que ya es una bajada importante-, que a los latinoamericanos se les pague 114; si se quiere se les baja unos euros, pero no llevarlo ni a 95 ni a 75. Eso es lo que estamos
solicitando al Gobierno español.
También desde Asprocan, la Asociación de productores de plátanos de Canarias, se ha solicitado del
Gobierno una serie de medidas -y ustedes ya lo han debatido en el Congreso de los Diputados y está autorizado por la Unión Europea-, como son las ayudas de Estado; sino, esto se nos va. Si estamos hablando -y se lo he oído a mis
predecesores- de que vamos a llegar a un 30 por ciento de paro en Canarias, ¿por qué vamos a cargarnos un sector que ha ido sobreviviendo -porque el del tomate se va de rositas y los demás sectores también-, y que hemos trabajado? Nosotros lo que
pedimos es, primero, que España y los países productores de la Unión Europea exijan a ésta que si se va a bajar el arancel se compense actualizando la ficha financiera; segundo, respecto a las ayudas de Estado, no van a ser suficientes. Me
explico. Van a entrar bananas por un tubo, y en los países ACP Camerún y Costa de Marfil no son los productores de Costa de Marfil quienes lo llevan, sino las multinacionales americanas, que ya se han establecido allí. La Unión Europea ha puesto
en manos de las multinacionales americanas el comercio de toda Europa, es una cosa verdaderamente increíble, yo no lo puedo comprender. Y ahora resulta que hay que ayudar a los países, sí, a Camerún y a Costa de Marfil, pero será a los productores
de Camerún y de Costa de Marfil, y nosotros estaríamos dispuestos a ayudarlos, pero no a las grandes multinacionales americanas que van a explotarlos, a sacarles la sangre, y después se mudan, como se van a mudar ahora de América. Por eso nosotros
pedimos también que se aplique de forma automática el cien por cien del transporte al plátano desde que baje el arancel. Si el arancel baja en enero -porque va a bajar en enero, no va a bajar en julio que es cuando va a salir un titular diciendo
que se aplica en julio; pero se devuelve porque va a salir con carácter retroactivo al 1 de enero- pedimos la subvención al transporte y los productores canarios que estamos consolidando nuestro mercado tradicional, que es el del plátano en la
Península Ibérica y en Baleares -y tenemos que decir una cosa: que el consumidor nacional es realmente formidable con el plátano de Canarias, tengo que hacer aquí un reconocimiento expreso a todos los consumidores, pero cada vez hay más bananas,
más bananas y más baratas, porque cada vez serán más baratas, ellos producen a menos de la mitad del costo que nosotros-, ya hemos perdido el 20 ó 25 por ciento del mercado europeo, de nuestro mercado tradicional, y pedimos al Gobierno español la
ayuda del cien por cien al transporte de forma automática, que se habilite una ficha financiera que por lo menos equipare la cuantía a lo que aportamos los productores canarios en la actualidad, para poder seguir fijando y manteniendo la fidelidad
del consumidor español y nacional al plátano de Canarias.
Perdonen si me he extendido un poco pero en el tema del plátano esto es lo que hay; me he expresado lo mejor que he podido y he intentado explicarles lo más rápidamente posible la situación de un sector tan complejo como el del plátano;
para que ustedes se hagan una idea: el 80 por ciento del comercio mundial lo mantienen tres empresas multinacionales. Tres empresas multinacionales comercializan el 80 por ciento de la banana del mundo. Y vayan a visitar esos países, yo siempre
lo digo: en el Parlamento Europeo tenían que ir a visitar esos países, a exigirles calidad, seguridad social, que no trabajen los niños. Todas esas cosas se han perdido porque no se ha hecho, y cuando uno va a esos países se le cae el alma a los
pies viendo en qué condiciones trabaja toda esa gente para unas grandes multinacionales, y la mitad del dinero no llega a su sitio.
El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Bienvenido, señor Cólogan; me uno a las palabras que como recibimiento pronunciaba el presidente de esta Comisión, creo que se ajustan a la realidad del trabajo de muchos años en defensa de este sector.
Quiero también valorar la decisión de esta Comisión de permitir su presencia en esta ponencia; me parece importante; creo que este es el único subsector económico que se incorpora a los trabajos de la ponencia, que se pretendía más general, sobre
todo por el tiempo. El tiempo era importante para que la Presidencia española pudiera dotarse de un documento que permitiera un trabajo o al menos una estrategia en el marco de la Unión Europea. Por eso quiero agradecer y valorar la decisión de la
Comisión de invitarle, y también valorar que otras presencias que podrían ser importantes no puedan compartir este tiempo en esta ponencia, y en ese sentido quisiera saludar y agradecer la presencia del presidente de Asprocan, señor Rodríguez, por
su preocupación. Por lo menos está como oyente en esta comparecencia y creo que es bueno que el señor Rodríguez pueda estar compartiendo con nosotros estas reflexiones.
Aquí se han hecho hoy muchas referencias al documento COM 2004, de 26 de mayo de 2004, que fue un mandato del Consejo de Europa, de Sevilla, de junio de 2002. En relación con la estrategia de las regiones ultraperiféricas, en su punto 4.3
establece en dos párrafos una referencia importantísima, con un alto contenido referido a la agricultura, y habla del plátano por su valor estratégico. Entenderán las razones por las que se plantea esta comparecencia en este marco de trabajo y
sobre ese documento. Pero también en el punto 2.2.1.1. del último memorándum aprobado -es lo importante- en Canarias, y firmado por las siete regiones ultraperiféricas, se establece la estrategia de apoyar a la agricultura en la óptica de la
autosuficiencia alimentaria y en la competividad, y usted, señor Cólogan, hablaba también de eso, de calidad alimentaria. No se puede entender una Europa que no protege a sus productores comunitarios, a los que le garantizan la calidad alimentaria.
Por eso hay que establecer políticas de apoyo, como ha hecho recientemente Alemania con una partida presupuestaria importantísima de ayuda directa a sus productores, como ayudas de Estado, como consecuencia de la aprobación por los Veintisiete del
establecimiento de ayudas de
Estado. Usted ha hecho referencia a la importancia y la trascendencia que para nuestra única región ultraperiférica en el Estado, Canarias, tiene la producción platanera: 9.500 hectáreas, 9.000 familias productoras, y todo lo que como
consecuencia de esta producción deviene en empaquetados, transportes, etcétera.
Hablaba usted también y mostraba su preocupación -una preocupación que es compartida- sobre la bajada del arancel. Estoy completamente convencido de que si no se trató en Ginebra el 30 de noviembre no fue por una estrategia negociadora,
sino precisamente por eso a lo que usted hacía referencia de pasada: las discrepancias que existen en los países andinos sobre todo en cuanto a otras producciones tropicales y su comercialización en Europa. Ahí hay un conflicto importante en estos
momentos que deriva en una falta de acuerdo que posibilita el retraso de la aplicación de medidas de bajada del arancel, como se está haciendo en este momento en la Organización Mundial del Comercio. Eso es importante, son factores externos a
nosotros, pero indudablemente nos favorecen en esta situación. Está claro que los Veintisiete también establecen la posibilidad de ayudas de Estado, y nosotros entendemos -y lo hemos manifestado en esta Cámara- que la situación actual, sin bajada
del arancel, está ya produciendo efectos negativos en la comercialización de nuestros plátanos. Usted ha hecho referencia a pérdidas de un 25 por ciento; no tengo los datos del actual Posei, pero podemos afirmar -para evitar las dudas de mi
intervención anterior en la comparecencia de don Fernando Fernández- que nosotros estamos de acuerdo, como usted bien ha dicho, con el apoyo a los países africanos, pero habría que contingentar para ayudar realmente a los productores y a los
ciudadanos de esos países, no a las multinacionales que se han movilizado. Hace poco el presidente de Panamá, en una comparecencia en el Senado, afirmaba con un cierto desasosiego que en estos momentos el arancel era menos importante, porque
estaban dándose cuenta de lo que significaba esta liberalización sin contingentes de las producciones ACP, y la deslocalización de las multinacionales hacia esos países. Ojalá Europa sea tan escrupulosa a la hora de controlar cómo se mueven esas
multinacionales en esos países y que no tengamos ejemplos como los que usted manifestaba que se están produciendo en los países centroamericanos y latinos.
Por tanto mi reflexión es que ya existen efectos negativos con la situación actual que obligarían a poner en funcionamiento esa disposición contenida en el real decreto que aprueba las ayudas al transporte, que establece que el ministerio,
comprobada la situación, puede activar los mecanismos para crear ayudas de Estado al transporte. No vayamos a dejar pasar los meses y, como decimos en Canarias, muerto el burro, la cebada al rabo; si dejamos morir el sector indudablemente no
podremos vivir uno, dos o tres meses sin tener garantizadas esas ayudas para generar la producción. En definitiva, esa era mi reflexión a eso que hace usted como denuncia en cuanto a la inversión de fondos del Estado en producciones en otros
países. Nos preocupa, usted lo ha dicho; no es la primera vez que se lo escucho o por lo menos lo había visto en algún documento anterior.
Creemos que manifestamos nuestra preocupación en el marco adecuado, porque estamos tratando de producir
aquí un desarrollo equilibrado y un valor estratégico de las regiones ultraperiféricas en el marco de la Unión Europea.
Por tanto, muchísimas gracias por su comparecencia y por la información que nos ha aportado. Estoy seguro de que el tema del plátano, en función de su información, va a llevar por lo menos un apartado en el documento final que elabore esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor Cólogan, por su comparecencia; bienvenido a esta Comisión en nombre de nuestro Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en el Senado. Gracias también por la cantidad de datos y de valoraciones
que ha aportado sobre un tema que evidentemente conoce usted muy bien, por razones obvias. Sin duda la situación de la competitividad del plátano es preocupante, pero con todo entendemos que es necesario que las políticas de nuestro Gobierno y de
la Unión Europea protejan los intereses de los productores de plátanos evidentemente, y en general de los productores del sector primario de nuestro país. No obstante, eso debe hacerse compatible con la tendencia inevitable hacia la liberalización
del comercio mundial y administrar con prudencia también la política arancelaria, en la medida en que no es aconsejable un exceso de proteccionismo tampoco para la economía de la Unión Europea, a la vez que nuestra política de protección de la
propia producción, que es prioritaria ciertamente, debe compatibilizarse con la ayuda al desarrollo de una serie de países emergentes con los cuales la Unión Europea está comprometida, y España particularmente. Compartimos por eso con usted esa
diferencia importante que hay entre ayudar al desarrollo de los países productores y ayudar a las grandes compañías que monopolizan el comercio mundial de la banana. Por tanto, habrá que hacer un esfuerzo por atender los intereses de nuestros
productores y compatibilizarlos con esa adaptación del comercio mundial y del papel de la Unión Europea, con un respeto a las reglas del libre mercado, y evitando un exceso de proteccionismo a la vez que colaboramos al desarrollo de los países
emergentes, pero sin abandonar a nuestros productores, especialmente a nuestros productores de plátano de Canarias.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz don Pablo Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Quiero dar también la bienvenida en nombre de mi grupo parlamentario
a don Leopoldo Cólogan. Quizá este debate, estas preguntas o esta comparecencia se podía haber llevado no solo de un canario a otro canario, como soy yo, sino que el presidente de la Comisión ha tenido la oportunidad durante muchos años de
debatir con el señor Cólogan, cuando ostentaba el cargo de ministro de Agricultura.
He tomado nota de toda la intervención de don Leopoldo, y solamente quería hacer una reflexión y unas preguntas. Es cierto lo que decía el señor Perestelo; en este momento usted es una excepción en la Comisión, puesto que la agricultura no
es el único sector económico que está representado o que va a comparecer, sino que dentro de la agricultura está el sector del plátano por la importancia que tiene dentro de la agricultura de Canarias. Solamente quiero hacer unas reflexiones para
luego hacerle una pregunta o pedirle una opinión. Se ha hecho referencia a los distintos documentos COM que manejamos y que se han elaborado y aprobado por la Comisión desde 2004 a finales de octubre de 2008. En todos los documentos se hace
referencia, basándose en las especiales circunstancias estructurales de las regiones ultraperiféricas, a la necesidad de preservar la agricultura desde distintos puntos de vista. En algunos momentos se habla de la fortaleza de las RUP, de sus
productos específicos o especiales dentro de la agricultura común, de su calidad.
Se habla en otros momentos de preservar a las regiones ultraperiféricas para que puedan seguir exportando sus productos agrícolas, y no solo de la autosuficiencia o
el mercado propio. Por supuesto se sigue hablando de la agricultura con respecto a los fondos del Posei. Incluso en los documentos no solo de la Comisión, sino en los memorándum establecidos por los presidentes de las regiones ultraperiféricas se
siguen presentando en la Unión Europea una serie de necesidades para la protección de la agricultura, bajo tres aspectos: garantizar los ingresos de los agricultores; seguir con medios financieros suficientes, en este caso de los Posei; y
proteger las producciones agrícolas amenazadas por los acuerdos de libre comercio. Usted sabe, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, que soy de los que considero, porque vengo de otro ámbito, que aparte de que la agricultura es un sector
importantísimo dentro de la economía y de la sociedad canaria es absolutamente necesario protegerla, entre otras cosas porque en una isla que tiene un territorio limitado sirve para fijar el territorio. Creo que es indispensable seguir manteniendo
a toda costa en el archipiélago canario la agricultura en general y el plátano en particular.
Hemos vivido la lucha continua por ese reconocimiento. Pasamos por los contingentes y luego por los aranceles, que están sufriendo las condiciones que usted ha dicho. Y yo le pregunto: ¿cómo se puede llevar a cabo el mantenimiento de la
producción agrícola canaria y del plátano en Canarias como región ultraperiférica, igual que otras regiones ultraperiféricas, de una manera estable y siendo realistas, es decir, sabiendo los problemas o los criterios de la Organización Mundial del
Comercio, y por tanto adaptando la normativa que pueda garantizar la supervivencia de la agricultura y del plátano a la realidad, que no es otra que los criterios de la Organización Mundial del Comercio? ¿Sería suficiente el paso abierto después
del Tratado de Lisboa con respecto a las ayudas de Estado que posibilita la subvención al transporte? ¿Sería suficiente con esa medida, que no entorpece esos acuerdos y esas resoluciones de la Organización Mundial del Comercio? Si eso fuera así,
que yo creo que sería suficiente, coincido con el señor Perestelo en que el decreto de ayudas al transporte tiene que operar de una manera automática, porque si vamos a esperar a una evaluación de sus estudios puede darse el caso de que ya no
podamos resucitar el sector, porque el sector haya caído. Me imagino que compartirá con nosotros que es necesario modificar el decreto de transporte para que opere de una manera automática. Por otro lado, ¿qué otra fórmula ha valorado el sector
para mantener la protección al plátano sin tener los problemas jurídicos, de presión política, etcétera?
El señor PRESIDENTE: Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Cólogan, su figura personal, la institución y el colectivo social a quienes usted representa a los parlamentarios canarios en Cortes Generales a lo largo de los últimos veinte años nos sugiere respeto y
admiración. Pero no el señor Cólogan, sino lo que usted representa, que es lo importante. Las personas somos instrumentos. (La señora Becerril Bustamante: Las personas, además de instrumentos, somos algo más.)
El señor PRESIDENTE: No debatan entre ustedes, señorías.
El señor SEGURA CLAVELL: Las personas actuamos como instrumentos al servicio de la sociedad, y el papel que hemos jugado a lo largo de los últimos veinte años, tanto el señor Matos como el señor Perestelo como quien les habla, nos ha
causado admiración. Es una realidad. Cuando en el año 1986 -y en la Mesa tenemos otro canario, sin demérito de los parlamentarios que no representen una circunscripción, y naturalmente incluyo a don Anselmo Pestana como otro de los activistas-
ingresa el Reino de España en las comunidades europeas, el sector del plátano, que tenía el mercado en régimen de monopolio en la península, ve que se le abren unos horizontes impensables. Lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos veinte años
ha sido realmente espectacular, no se puede negar, y tenemos la satisfacción -y cada uno de nosotros podríamos dar una conferencia, aunque no es la intención de este interviniente- de haber podido ver la evolución y cómo aquella especie de milagrito
del niño de Jesús, que fue la aparición de la OCM del plátano, por una serie de circunstancias, lo consolidó, y en ese proyecto de conferencias que
cada uno podríamos dar hablaríamos de la importancia que tiene desde la perspectiva social, desde la generación de empleo, desde la perspectiva del paisaje, y desde lo que significa culturalmente ese sector. La virtud que ustedes han
tenido, los productores canarios, asociados posteriormente en un grupo comunitario, desde luego ha servido para consolidar ese sector, y han sabido adaptarse a las circunstancias variadas que en cada momento se han producido. Ahora sin duda alguna
estamos en una nueva etapa. Casi me atrevería a afirmar -y es la primera pregunta que le formulo- que la OCM ha desaparecido, y en esta nueva circunstancia todos tenemos que actuar con inteligencia para garantizar la supervivencia del sector.
Me gustaría que usted nos dijera qué espera de las ayudas al transporte, y qué espera de actuaciones españolas y comunitarias sobre las políticas de comercialización y de publicidad para incrementar -digamos- esa capacidad de penetración en
el consumidor comunitario; qué espera de políticas de modernización de las infraestructuras, de los cultivos, y qué espera de posibles actuaciones en nuevos sistemas de riego. En suma, qué políticas que pudiese recoger esta ponencia demandaría
como conclusiones para elevarlas adonde tiene que elevarlas. Yo tengo la convicción de que no hay que modificar los dos reales decretos que regulan la subvención al transporte de mercancías. Pensar en hacerlo nos mete en una batalla comunitaria
que no sabemos dónde nos puede conducir. Creo que bastaría con una resolución ministerial ya que quedó abierta la puerta. Dado que el real decreto por el cual se regulaba la subvención al transporte de mercancías de ida y vuelta con Canarias del
año 2001 tenía una serie de defectos, que algunos hemos tenido que sufrir en su implementación, ha sido sustituido por dos. En uno figura un anexo donde aparecen los productos agrícolas, y en el otro un anexo de otro tipo de productos. En los
agrícolas en efecto tuvimos que mantener una gran batalla con los distintos sectores que debieron tomar decisiones, y figura abierta la posibilidad de la subvención al transporte del plátano, siempre y cuando se produzcan modificaciones
estructurales de naturaleza política en el sector. No es esta la transcripción fidedigna, pero creo, señor Cólogan, que basta con una orden ministerial. Es cierto que es muy positivo que reivindiquemos su aplicación desde el 1 de enero próximo.
Me ha llamado la atención -termino- que en la página 27 del memorándum conjunto de las regiones ultraperiféricas, que se firmó el 14 de octubre de 2009 en una sesión que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, el caso del plátano sea
objeto de un tratamiento muy ligero, muy poco concreto, muy poco materializado. En esa página, si se me permite leer por parte de la Presidencia dos o tres párrafos, entre otras cosas se dice: las RUP consideran que es indispensable efectuar una
política de calidad de sus productos agrícolas que tenga en cuenta todas sus particularidades. Ahora bien, esta producción destinada a la exportación debe hacer frente a costes excesivos, esencialmente vinculados al coste de la mano de obra y a los
fletes, y a una fuerte competencia de los países situados en su región, países ACP, cuenca mediterránea, etcétera.
El caso del plátano comunitario es un ejemplo patente de la reducción progresiva de la protección de los principales productos de
exportación de las RUP. No dice más, y me ha dejado muy sorprendido que no haya concretado. Hay que ser un superexperto para sacar un poquitín de rendimiento a esta frase. Yo no logro sacárselo.
En suma, el Grupo Parlamentario Socialista quisiera que usted transmitiese a quienes representa el firme compromiso de mantenernos en la misma línea de conducta, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias políticas de cooperación con
países en distintos lugares del mundo. No nos olvidemos de que no solamente estamos viviendo una crisis económica global, sino una crisis global en el globo terráqueo. Hay del orden de 4.000 millones de seres humanos pasando hambre, hay muchos
países en una gravísima situación económica, y la política de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores español lleva naturalmente a financiar y a apoyar actuaciones en distintos sectores: en materia de formación profesional y en materia
agraria, en la generación de infraestructuras en el sector agrario de distintos productos, plantas ornamentales, plantas decorativas, flor cortada, esquejes, también plátanos, frutas de muy diferentes características, y desde luego la Organización
Mundial del Comercio, después de fracasos reiterados años atrás, probablemente adoptará una decisión que espero que no sea tan catastrófica como la que usted ha diseñado. Esperemos que nosotros en el ámbito de nuestra responsabilidad hagamos lo
único que podemos hacer, que es hacernos eco de los planteamientos que aquí nos ha transmitido, y continuemos no en una lucha reivindicativa, demagógica, buscando fotografías, sino en la firme convicción de la necesidad de consolidar cada vez más la
capacidad competitiva de un sector que ha jugado un papel clave en nuestra economía, y desde el punto de vista cualitativo, porque desde el punto de vista cuantitativo en el producto interior bruto canario tiene el peso relativo que tiene, pero sí
tiene una importancia social excepcional. De ahí que le pida que conteste a esas cinco preguntas a las que he hecho referencia, y desde luego no habrá réplica. Simplemente le reitero el compromiso de continuar trabajando en una línea que nos ha
caracterizado durante veinte años, y de la que usted es un testigo excepcional.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, para contestar a los portavoces que han utilizado su turno tiene la palabra el señor Cólogan.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PRODUCTORES DE BANANA (Cólogan Ponte): En primer lugar quiero manifestar que, en cuanto al acuerdo de Ginebra, el conocimiento que tengo a día de hoy es que ya está aprobado por los
latinoamercanos
y por los ACP -me falta la ficha financiera, pero no estoy confundiéndome si hablo de entre 190 y 210 millones de euros de compensación a los ACP-, pero está pendiente de un acuerdo con Estados Unidos, y es imprescindible que Estados Unidos
firme este acuerdo, porque si no esto no sirve para nada.
Con respecto al arancel que en su día estudió la Unión Europea para aplicar fue de 230 euros por tonelada. El estudio que hizo la Unión Europea para proteger a las producciones comunitarias era que había que aplicar un arancel de 230 euros
por tonelada, y para llegar a un acuerdo de buena fe la Unión Europea ha ido bajando hasta llegar a los 176 actuales. Por lo tanto, todo lo que pase de 176 hacia abajo, si nosotros ya con estos 176 y la liberalización de los ACP hemos perdido el 20
ó 25 por ciento del mercado tradicional, todo apunta a que si baja el arancel toda esta gente..., porque toda esta gente no son los productores latinoamericanos ni los productores ACP, son las grandes multinacionales dueñas de barcos, de fábricas de
cartón, y ellos se cambian de país como quien se cambia de camisa. Se ha hecho una política para esta gente no para los productores. Estoy convencido de que si hubiese sido una negociación entre productores europeos y productores latinoamericanos
hubiésemos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo, pero es que no existen porque no los dejan existir. Ese ha sido otro error de la Unión Europea, que debió haber llamado a los productores latinoamericanos, pero no ha podido ser así.
El representante del Grupo Catalán -aunque no está le voy a contestar- me decía que había que ser más prácticos. Si hay algún sector que ha sido dinámico ese es el sector nuestro. Nosotros nos hemos ido siempre adaptando a las
circunstancias. Ya lo dije antes, a nosotros no nos ha dado por decir que esto no tiene solución; siempre hemos buscado un resquicio para salir porque, lógicamente, nuestra obligación es defender al sector platanero y adaptarnos a las reglas del
juego. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo en esa línea.
En cuanto a la pregunta del señor Matos de cuál sería la fórmula de mantener una estabilidad en el sector, es difícil responder porque de tener una serie de medidas de protección -como fueron primero los contingentes donde estaban limitados
los volúmenes- a pasar ahora a un sistema de arancel único, lógicamente si ese arancel baja mucho, con lo que tenemos enfrente es muy fuerte. Lo que nosotros le hemos dicho al Gobierno y a la Unión Europea es que teníamos que buscar compensaciones
económicas para mantener la renta de los productores en Bruselas, que creo que es una responsabilidad, y además con un argumento total: si a los ACP se lo han reconocido ¿cómo no nos lo van a reconocer a nosotros? No me entra en la cabeza. Por
otra parte, la subvención al transporte de forma automática. No hay que hacer nada con el transporte. El decreto dice que si el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino pide al Ministerio de Fomento que se aplique la subvención al
transporte, que se aplique de forma automática. No hay que hacer nada; está autorizado por Bruselas. La tercera medida eran las ayudas a la promoción del plátano de Canarias. Creo que es algo legítimo que nos echen una mano durante cuatro o
cinco años para ver si logramos consolidar el sector platanero para intentar minimizar el impacto de una liberalización brutal. Dense cuenta ustedes de que las producciones de Camerún, Costa de Marfil, etcétera, de todos estos países africanos, no
van a entrar por Alemania ni por Holanda; van a entrar por un puerto francés que está muy cerca de España, y cuando se rompe el mercado francés todo viene hacia abajo, hacia España y hacia Portugal. Nos estamos convirtiendo en los receptores de la
banana más barata del mercado, porque cuando las multinacionales no saben qué hacer con el producto lo empiezan a soltar a diestra y siniestra. Y yo digo: a ver si se arruinan de una vez, que sería lo ideal en este sentido.
En cuanto al tema del Posei, nosotros no queríamos entrar en el Posei.
Nosotros nos negamos ante el Gobierno español, el francés y el portugués y ante Bruselas y tuvimos grandes discusiones. Nosotros queríamos seguir manteniendo nuestra
OCM. En este momento hay una OCM europea donde entran todos los grupos. Toda la agricultura entra en una sola OCM. Ahora existe una OCM en la que estamos todos juntos. Una gran OCM en donde entra lo mismo el plátano como cualquier otro producto.
Lo que nosotros teníamos era la OCM del plátano comunitario, que fue el mejor trabajo que se ha hecho jamás en la vida, aunque nos fuera quedando poco; y nosotros queríamos quedarnos con ese poco dentro de la OCM. Se nos dijo primero en Bruselas y
luego en Madrid y en París que como nosotros estábamos siendo objeto de un ataque ante la Organización Mundial de Comercio y que nos estaban denunciando en todos los frentes, lo ideal sería que nos camufláramos dentro de las ayudas del Posei para no
estar al alcance de una posible denuncia porque fueran ayudas ilegales y entonces se ha hecho dentro del Posei. Quiero dejar claro que esa decisión se tomó en Madrid, en París y en Bruselas en contra de nuestra voluntad. El argumento que emplearon
fue ese y nosotros lógicamente, al final, cuando vimos que ya no había más solución que aceptar el Posei, en el Posei estamos y como nos tenemos que adaptar a lo que hay vamos a trabajar por él.
Finalmente, quiero decir que gracias a Dios hemos tenido el máximo respeto por todas las fuerzas políticas de Canarias y que siempre hemos intentando actuar profesionalmente; nunca hemos actuado, como bien saben todas las fuerzas políticas,
yendo de un lado para otro, sino que siempre hemos estamos buscando el consenso en Canarias porque era fundamental para poder traspasarlo aquí y a todas partes.
En cuanto a lo que sale en el documento de las regiones ultraperiféricas, estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer un curso para entender lo que dice esa frase; no he visto una cosa más desafortunada, porque no dice nada. Y como no
dice nada, también comparto lo que
está diciendo. Lo que vamos a seguir haciendo es trabajar, que es lo que hemos hecho hasta ahora.
Quiero dar las gracias a SS.SS. por haberme escuchado y decirles que para mí ha sido un placer estar hoy en esta Comisión que, además, está presidida por una persona a la que aprecio mucho.
El señor PRESIDENTE: Damos las gracias a don Leopoldo Cólogan por sus aportaciones, que serán tenidas en cuenta en la ponencia resultante de los trabajos de esta Comisión.
Suspendemos la sesión hasta las cuatro en punto de la tarde, que seguiremos con las comparecencias en esta misma sala.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (RIVERO CEBALLOS).
(Número de expediente del Congreso 219/000368 y número de expediente del Senado 713/000592.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la comparecencia de don José Luis Rivero Ceballos, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, para que informe en relación con la materia
objeto de estudio de la ponencia sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Le damos la palabra, agradeciéndole que se haya desplazado para participar e los trabajos de esta ponencia y aportar el punto de vista de la universidad a la
construcción científica que luego tendremos que elaborar entre todos.
Tenemos la suerte de tener hoy tres catedráticos de la Universidad de La Laguna entre nosotros. (La señora Asín Cabrera: Soy profesora titular, tengo que aclararlo.) Todo se
andará. En el orden del día alguien ha escrito catedrática. Así podremos tener una visión global de cuál es el punto de vista de la universidad sobre la situación de Canarias como región ultraperiférica en la Unión Europea.
El profesor Rivero Ceballos tiene la palabra con generosidad en el tiempo.
Sé que les advertimos, como dije esta mañana, de que tuvieran cierta brevedad, pero tendrán ustedes la flexibilidad necesaria.
El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Rivero Ceballos): Muchas gracias por la invitación para participar en esta Comisión. Para mí es un honor poderme dirigir a ustedes y comentar algunas cuestiones que me parecen claves o
interesantes para comprender el proceso de debate en el que una vez más están las regiones ultraperiféricas en relación con diversos documentos que se están debatiendo, que parten de la Comisión y que a su vez han tenido respuesta por las regiones
ultraperiféricas, y vuelta otra vez a otra comunicación de la Comisión, etcétera.
Organizaré la intervención en dos partes. En la primera me referiré a tres cuestiones que me parecen clave para entender la situación de la economía de Canarias, pero no exactamente la de este momento, sino en general a lo largo de su
historia. En una segunda parte me voy a referir a algunas cuestiones de carácter estratégico, aunque esta parte la desarrollará a continuación José Ángel Rodríguez Martín de una forma más detallada y, por último, Asunción Asín Cabrera se referirá a
los aspectos legales.
Como decía, en esta primera parte me gustaría destacar tres cuestiones clave para entender la economía de Canarias. La primera es el proceso de divergencia que se produce en la economía de Canarias respecto a la economía
española y de la Unión Europea. Este gráfico que tienen en la pantalla refleja muy bien este proceso de divergencia. Normalmente se suele utilizar el indicador del PIB per cápita para mostrar la convergencia o divergencia entre economías. Salvo
en 1998 y 1999, en el resto de los años, desde que existe la última serie homogénea del Instituto Nacional de Estadística de contabilidad regional, se ha producido una divergencia cada vez mayor entre la economía española y la economía de Canarias.
Este es un aspecto clave, porque demuestra que no es un aspecto coyuntural de la economía de Canarias, ya que esta situación no se debe al efecto de la crisis económica, porque la crisis comienza en agosto de 2007, aunque se agrava después en 2008,
pero el año 2007 no refleja exactamente todo el proceso de crisis económica al afectar solo a medio año; refleja una realidad que es de carácter permanente en los últimos años. Si tomamos la referencia de la media de la Unión Europea, las regiones
de la Europa de los Quince, también podemos llegar a la misma conclusión: respecto a la economía europea, la economía de Canarias ha perdido niveles de convergencia. Lo mismo ocurre con el resto de las regiones ultraperiféricas, salvo Madeira y
Azores, las regiones portuguesas, que han mejorado de una forma muy moderada su convergencia con la media de la Unión Europea. Se podría pensar que esta divergencia se produce como consecuencia de que el numerador de ese indicador del PIB ha tenido
un crecimiento inferior al crecimiento de la media española. En todos estos años coincide exactamente el crecimiento medio del PIB en Canarias con el crecimiento medio del PIB en la economía española; es exactamente el mismo. La diferencia está
en que la población ha crecido en Canarias de una forma, podríamos decir, muy contundente en estos años, de tal manera que ese indicador ha ido cayendo.
Se podría pensar en otra posibilidad de por qué esto es así -y esto ya es una cuestión de medio y largo plazo- basándonos en que la capacidad de crecimiento de la economía de Canarias ha ido, poco a poco, moderándose respecto a unos
fundamentos de crecimiento económico que se plantearon a principio de los años
sesenta. En los últimos cuarenta y tantos años la economía de Canarias ha crecido por oleadas, ciclos económicos a corto plazo con fases expansivas, siempre a partir de los mismos fundamentos, que se establecieron entonces como consecuencia
de una serie de hechos que todos conocemos, por lo que no vale la pena repetirlos. La reproducción de esos fundamentos, poco a poco, ha ido perdiendo su capacidad de potencial de crecimiento y ha provocado esa divergencia cada vez más acentuada.
Esto, junto al incremento de la población que antes señalaba, es lo que nos lleva precisamente a esta situación. Esa pérdida de crecimiento potencial de la economía de Canarias tiene consecuencias a medio y largo plazo, que luego señalaré, respecto
de las opciones estratégicas que se abren en el medio y largo plazo.
Otra forma de ver los problemas en la economía de Canarias es a través de la tasa de paro. Estos fundamentos, que se establecieron en la economía de Canarias en los años sesenta, tienen una característica respecto al empleo que actúa en dos
sentidos. Por una parte, el crecimiento económico es muy intensivo en empleo, son actividades económicas que generan mucho empleo cuando la economía está en fase expansiva, pero con la misma facilidad se destruye empleo cuando el crecimiento es
moderado o incluso cuando el crecimiento es negativo. Esto hace que, cuando se está en una fase expansiva, se genera mucho empleo, el empleo tira de la población activa y la población activa tira de la población en general. Ocurre, sin embargo,
que cuando el crecimiento económico se modera se genera mucho paro rápidamente, sin embargo la población activa y la población siguen creciendo. De hecho, los datos de población activa de los últimos años y de los últimos trimestres, según los
datos de la encuesta de población activa en comparación con la media nacional son realmente muy divergentes, porque la población activa ha seguido creciendo en Canarias por encima del 5 por ciento mientras que en el contexto de la economía española
crece en términos del 0,45 ó 0,50. Es decir, que hay una diferencia muy notable.
Esa elasticidad o ese tirón del crecimiento económico respecto del empleo se puede calcular siguiendo el modelo econométrico que utiliza la OCDE para los países de la OCDE, y nos da que la elasticidad del empleo respecto del crecimiento
económico es aproximadamente de un 0,972. Es decir, por cada punto de crecimiento económico, la respuesta de la población ocupada es de un punto. Esto quiere decir que según las perspectivas de crecimiento negativo para el próximo año desde el
menos 0,4 para la economía de Canarias, podríamos terminar el año próximo con el 28 por ciento de tasa de paro. Esto también es una constante, no es un problema de coyuntura adversa en un momento determinado; como digo es una constante en la
economía de Canarias que cuando se sufre un choque externo se transmite inmediatamente a la economía interna y esa transmisión provoca un crecimiento de la tasa de paro de carácter considerable. Por tanto es una repetición de los mismos hechos en
relación esta vez con la tasa de paro.
Esto pone en cuestión la viabilidad de los actuales fundamentos de la economía de Canarias. Para pensar en el futuro podemos plantearnos dos opciones. Ya sabemos que de verdad nunca se producen dos opciones estratégicas polarizadas, que la
realidad siempre es híbrida, pero a efectos de explicación es interesante plantear dos opciones para los próximos años. Por una parte, es fácil pensar en una reproducción de los mismos hechos de los últimos cuarenta años; es fácil pensar que una
vez que se recuperen las economías, fundamentalmente de Alemania y Reino Unido, se producirá de nuevo una demanda de los servicios turísticos, esta demanda provocará unas mejoras en las expectativas empresariales; a partir de ahí se reactiva el
mercado de suelo, crece el empleo y se reduce la tasa de paro poco a poco. La última vez que la tasa de paro creció tanto como ahora, en el año 1993, se llegó al 28,7 de tasa de paro; hemos tardado desde entonces hasta el 2007 para reducirla por
debajo del 2 por ciento, es decir, tenemos por delante un proceso de reducción paulatino a la tasa de paro de 10 ó 15 años; poco a poco la tasa de paro se va reduciendo sobre la base de la repetición del esquema que utiliza la economía canaria de
los años sesenta. Esto tiene una importante limitación y es que actualmente suelo útil de aprovechamiento en Canarias, territorio con aprovechamiento en Canarias, queda el 20 por ciento según los datos de Grafcan. Si a la superficie total de
Canarias le quitamos los espacios protegidos, las alturas de más de 1.200 metros y pendientes de más del 30 por ciento; restamos los viales, lo edificado, el terreno o el territorio, el sostén de la actividad económica, nos queda el 20 por ciento.
Evidentemente, esto impone una limitación natural a un tipo de crecimiento repetitivo que llevamos desde los años sesenta hasta ahora. Esta sería una primera hipótesis.
Una segunda hipótesis es un cambio en los fundamentos de la economía de Canarias, que sería un cambio histórico porque -repito- llevamos más de 40 años con el mismo sistema; un cambio por el que, en las actuales actividades económicas, se
introduce una cantidad de conocimientos cada vez mayor, mejor capital humano y mayor inversión en el mismo. A partir de ahí pueden provocarse procesos de innovación que, naturalmente, son lentos y no siempre rentables a corto plazo pero que pueden
ir poco a poco cambiando las actividades económicas, no solo las que existen actualmente sino otras que pudieran existir y que, dentro de los actuales procesos productivos, implicarían un crecimiento del empleo todavía muy pequeño. Una hipótesis
como esta supone también que la recuperación de una tasa de paro a niveles bajos sería mucho más lenta y larga. Estas son las dos opciones puras, aunque ya sabemos que dichas opciones nunca se dan en la realidad sino que son situaciones mezcladas,
mixtas.
Respecto de nuestras relaciones con la Unión Europea, ¿qué se plantea? Creo que hay un consenso generalizado
en Canarias apoyado en distintas actuaciones y decisiones del Parlamento de Canarias. Si se analizan los planes que han pasado por el Parlamento de Canarias los últimos seis años y los documentos oficiales, discursos, etcétera se observa
que existe un consenso tendente a posibilitar esa segunda hipótesis de crecimiento. Dentro de esa hipótesis, ¿qué implican nuestras relaciones con la Comisión? Implican un cambio sustancial que anuncian las comunicaciones a las que se ha hecho
referencia esta mañana y también el memorándum que firmaron las regiones ultraperiféricas el otro día en Las Palmas. Ese cambio significaría un sesgo muy intenso de dedicación de fondos a procesos de innovación y desarrollo -también esta mañana se
ha hablado ya de esto en la intervención de don José Segura-.
Generar en Canarias un proceso de innovación fundamentado en el avance científico-técnico implica cambios considerables para abrir una nueva vía en relación con las regiones del entorno
económico.
Todos conocemos las dificultades de los países que tenemos alrededor; dificultades de orden político que se transforman en dificultades de orden económico. Determinados países como Mauritania y Senegal no están pasando por el mejor
momento; está el problema del Sáhara, etcétera. Esa es una vía todavía incipiente. La evaluación del Plan de gran vecindad, en general, es que ha sido un plan tímido y todavía muy tentativo de lo que podría ser una conexión y una cooperación
interregional mucho más fuerte. Pasaría también por una base económica mucho más lenta en términos de creación de empleo, pero al mismo tiempo generaría un empleo de mayor calidad. Podría ser una compensación entre perder capacidad de creación de
empleo y mejorar el empleo en cuanto a la segmentación, calidad, etcétera.
En resumen, en una primera fase del debate respecto de la nueva estrategia se ha subido razonablemente bien un primer peldaño de la escalera, que es plantearse nuevos temas, nuevas opciones y proponer de forma todavía muy tímida y tentativa
nuevas opciones de cambio de bases dentro de la economía de Canarias. Una nueva oleada de debate requerirá probablemente un estudio mucho más detallado. El memorándum hace una revisión muy detallada de determinadas medidas y de muchas políticas
que se aplican con carácter específico en Canarias, desde el punto de vista comunitario.
El memorándum es un primer documento, que necesita sucesivas revisiones en muchos aspectos, que necesita todavía más cocina, más fuego para ir afinando algunos
de los aspectos que en él están. Esa es la vía. La gran incógnita es si esto es posible hacerlo desde Canarias, si realmente es posible producir ese cambio paulatino, que tendría un carácter histórico, porque las bases están sentadas desde
principios de los años sesenta y todo esto aparece como una gran incógnita de cambio en la economía canaria.
El señor PRESIDENTE: Abrimos el turno de portavoces.
En primer lugar, para contestar a don José Luis Rivero Ceballos, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señorías, intervengo brevemente, en primer lugar, para agradecer al profesor Rivero Ceballos su presencia en esta Comisión y también sus aportaciones, muy importantes para el marco de trabajo de la ponencia,
pues posibilitan una aproximación más real a lo que una región ultraperiférica, en este caso concreto Canarias, espera de esta Presidencia española de la Unión Europea. Ha planteado su intervención como una parte de las dos que vienen a
continuación.
Probablemente entonces será el momento de ver de manera más global esta importante aportación.
A este portavoz se le abren vías de esperanza al escucharle hablar de los motivos reales de la divergencia con Europa o con España, que ya se planteaban esta mañana y que se referían a un crecimiento similar del producto interior bruto, pero
a un incremento notable del denominador población en Canarias. Hablaba, con realismo de la I+D+i, porque podemos hablar de I+D+i, pero mi preocupación es qué puede significar en empleo real en las canarias de hoy y, sobre todo, qué puede significar
en unas canarias a las que puede afectar la situación sociopolítica de un país como Venezuela, porque en los próximos años, cuando la numerosa colonia que vive en Venezuela, ante la situación de inseguridad física y jurídica, quiera volver a su
tierra, con todo el derecho del mundo, se puede producir un incremento de población, en un momento poblacional como el actual, y más cuando solo tenemos un 20 por ciento del territorio sobre el que poder establecer nuevas actividades económicas.
Ahí viene el debate sobre la capacidad de admisión de población, las posibilidades de crecimiento o la compatibilidad del crecimiento poblacional en Canarias.
En definitiva, muchísimas gracias por sus aportaciones. Solo quería hacer esta breve reflexión. En todo caso, seguiremos trabajando en esta línea.
Estoy seguro de que sus aportaciones van a ser importantes para el documento final que
elabore la Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre de Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Quiero dar las gracias al doctor Rivero por su comparecencia, al igual que al resto de comparecientes, y por su aportación desde el ámbito académico porque sin duda nos va a generar una serie de datos y sobre todo de
reflexiones, ya que los datos a fin de cuentas se pueden encontrar pero la reflexión y el análisis son lo importante. Quiero pedirle disculpas, por la parte alícuota que me toca, por haberle dado tan poco tiempo en esta Comisión para hacer una
exposición, porque sin duda se merecía mucho más tiempo y tranquilidad.
Su análisis en el fondo coincide en parte con algunas de las cosas que ya han expuesto los ponentes de esta mañana en el sentido de analizar que la situación no es fácil, que hay una situación de dificultad de decrecimiento económico según
indica esta ratio del PIB por habitante y su decrecimiento, la tasa de paro, etcétera, y que esto no tiene que ver necesariamente con la coyuntura actual de crisis económica. Esa reflexión es importante, y a partir de aquí hay que analizar hasta
qué punto esto se puede resolver desde el marco de la Unión Europea. Eso que usted planteaba sin duda se trata de una reorientación de la política económica y, en definitiva, una reorientación de la actitud de la sociedad de las islas, del
archipiélago. Evidentemente las condiciones que se deriven de la condición de región ultraperiférica pueden favorecernos si sacamos partido, con las condiciones adecuadas, a ese contexto, a esa situación y a ese reconocimiento. Así, de una manera
muy correcta y muy adecuada, va a ser una base interesante para la reflexión que tengamos que hacer en el seno de esta ponencia. Quiero agradecerle una vez más su aportación y su reflexión y también quiero agradecer, señor presidente, el turno de
intervención.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Pablo Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: También quiero dar la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al profesor Rivero, en su doble condición de profesor y de presidente del Consejo Económico y Social durante muchos años, con lo cual
tiene una perspectiva no solo académica sino real de lo que ha sido Canarias durante todos estos años.
Es difícil intentar hablar de algunas cuestiones concretas. Quiero hacer algún comentario sobre los que usted ha hecho, porque los datos que ha dado los hemos conocido casi todos en Canarias. Al contrario, para mí no es esperanzador tener
divergencias con respecto a la Unión Europea; me gustaría más ser convergente con la media de la Unión Europea. Uno de los datos que sí ha dado se refiere a la situación del mercado, que se ha producido de decrecimiento del producto interior
bruto, pero con un incremento de población que hace una disminución de la renta per cápita de los ciudadanos canarios. Compartirá conmigo que, por ejemplo, hay islas que han tenido un crecimiento poblacional enorme y el paro estaba en el 5 por
ciento, era del 4,5 por ciento, como en Fuerteventura y Lanzarote. Canarias tiene un problema estructural que debe solucionar la propia Canarias, como la ausencia de movilidad de las islas mayores que han creado unas bolsas de paro
injustificadamente por falta de movilidad hacia donde hay trabajo dentro de la comunidad autónoma. Este es un problema nuestro que hay que solucionar con formación y con movilidad, más que con otros aspectos de la propia economía. Comparto con
usted que en un territorio limitado como una isla el suelo o la construcción no debería tener el peso que ha tenido en el sector productivo, pero es verdad que partíamos de unas bases con carencias de planes generales, que conocemos todos, y que
cuando se plantaron encima de la mesa había una gran demanda, que ha hecho que muchos canarios disfruten de una vivienda que antes no tenían. Sin embargo, es cierto que no puede tener este peso en el sector productivo.
Esta serie de comparecencias, igual que la subcomisión que se creó por todos los grupos políticos a propuesta del Grupo Socialista, tiene el objetivo de aportar -y no solo apoyar- por el Congreso de los Diputados el apoyo a las regiones
ultraperiféricas. En un debate que había estado fuera se había manifestado mucho en el Parlamento de Canarias y se había manifestado el Parlamento Europeo, pero no había tenido una presencia en el Congreso de los Diputados. También a ver qué se
puede aportar desde el Congreso de los Diputados, cuando hay un trabajo enorme y estudios hechos durante todos estos años sobre todo en Canarias. Me gustaría conocer en su segunda intervención la opinión que tiene usted sobre algunas cuestiones.
Tanto el memorándum como los documentos hacen referencia a tres puntos clave que son la accesibilidad, la competitividad y la integración regional. Dentro de la accesibilidad se basa en la política de transportes, en el sentido de que todos
entendemos que es necesario estar mejor comunicados, entre nosotros -entre las islas- y con el exterior; por otra parte siempre se habla de la tecnología y la sociedad de la información, aunque es difícil calcular el impacto que pueden tener, pero
hay algo de lo que no hemos hablado esta mañana y que yo quería introducir esta tarde, y es la política energética. Llegará el reto, y me gustaría saber qué piensa usted sobre hacia dónde tiene que ir la política energética de Canarias, hacia la
autosuficiencia, hacia la autonomía energética puesto que estamos a muchísimos kilómetros, y qué tipo de energía teniendo en cuenta los estudios realizados. Tal y como está hoy de avanzada la investigación, no todo pueden ser energías renovables,
eólica o solar; hay que incrementarlas pero hay que vivir de otras. Este es un debate que, a pesar de que desde hace muchísimos años en Canarias hablamos del gas, todavía no echa a andar. Este es uno de los objetivos del reconocimiento a la
política energética, es algo que está en todos los memorandos y en todas las comunicaciones europeas respecto a las regiones ultraperiféricas en orden a la accesibilidad.
En relación con la competitividad, esta mañana hemos hablado de sobra de agricultura, y todo el mundo está de acuerdo en que es un sector que hay que proteger. ¿Qué se echa de menos en Canarias, desde su punto de vista, respecto a otros
sectores productivos? ¿Es necesario que haya una política de algún tipo a nivel europeo respecto a la industria, sobre todo respecto a la agroalimentaria? Por otra parte, me gustaría saber cómo valora los cambios producidos tras el Tratado de
Lisboa con relación a las ayudas de Estado, por tanto, las ayudas destinadas tanto a la inversión como al funcionamiento. Se trata de
objeciones que podrían aportar algo más al debate que posteriormente volcaríamos sobre una resolución o una ponencia que se ha de redactar con calma pero sin pausa en estas Cortes Generales, y en este sentido sería buena su aportación.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Rivero, dado que es el primer interviniente de esta sesión de la tarde, tengo que decirle que todos los parlamentarios canarios nos sentimos muy satisfechos de esta jornada, porque, es curioso, pero a lo largo
de los veinte años de vida de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, regulada por una ley y no por un reglamento interno, que es una Comisión de las Cortes Generales, esta es la primera ocasión en la que durante todo un día se
debate sobre Canarias. Seguro que todos los senadores y todos los diputados canarios nos sentimos muy satisfechos. En esta sesión de la tarde intervendrán esencialmente académicos, y lo harán por la sensibilidad que esta Comisión ha tenido,
conscientes de que las regiones ultraperiféricas han sido o están siendo observadas. Han sido observadas en una etapa, y están siendo observadas por la academia española, por los centros de investigación, por los centros docentes universitarios con
mucho interés. En la bibliografía que nos ha sido entregada por los servicios de la Cámara aparecen muchas referencias bibliográficas, y los parlamentarios veteranos que hemos seguido esta cuestión tenemos importantísimos y amplios dosieres. En
este sentido, ustedes, los tres intervinientes, el profesor Rivero Ceballos, el profesor Rodríguez Martín y la profesora Asín Cabrera, han publicado mucho. En estos momentos tengo en mis manos, La Constitución europea y el Estatuto jurídico de las
regiones ultraperiféricas de la profesora Asín Cabrera, que será la tercera en intervenir, tema que parece lógico viniendo de una profesora que reside en Canarias y de un centro docente canario. Pero, hay que destacar lo que significa en la
universidad española en su conjunto el que, por un lado, el Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Maradiaga, de la Universidad de la Coruña, haya llevado a cabo a través de la profesora Sobrido Prieto un estudio sobre una
modificación del Estatuto de las Regiones Ultraperiféricas, o que en la Universidad Carlos III de Madrid el profesor Trujillo Herrera haya publicado, El hecho diferencial en el Tratado constitucional de la Unión Europea. Y así una amplia
bibliografía. Luego es un tema que hay que destacar -reitero- que está siendo objeto de mucho interés académico, razones las hay y lo justifican. Y de ahí se justifica que personas que llevan bastantes años trabajando en los departamentos
universitarios de nuestras universidades comparezcan aquí. Ese es el sentido de estas tres comparecencias.
A nosotros, y a mí particularmente, me han llamado la atención algunos de los contenidos de su intervención. Sin embargo, me llama la atención que no haya incidido en la formación. Ha hablado del desempleo, ha hablado de su evolución y
naturalmente el desempleo también está vinculado a la formación, a la educación y a la proyección desde la perspectiva académica. Nos interesa mucho este tema y me parece -y es lo que les pediríamos- importante que ustedes nos hiciesen
aportaciones, no necesariamente en el día de hoy, a lo largo de los días próximos, que pueden ser recogidas como propuestas de resolución. Porque en lo que respecta particularmente a la educación y a la formación -que es lo que le quiero preguntar-
hay investigadores en esta materia que ponen de manifiesto que en los diferentes programas de formación de la Unión Europea, el programa Comenius, el Erasmus, el Leonardo da Vinci, el Grundtvig y tantos otros no recogen modulaciones específicas, y
estimamos que podrían recogerse para las RUP. Porque los programas europeos, a pesar de las intenciones nobles de la Comisión Europea para formar y elevar el nivel académico medio, no se han hecho eco de las duras condiciones de movilidad que
caracteriza a nuestros estudiantes y también a nuestros investigadores. No se han hecho eco de las dificultades de movilidad que tienen nuestros jóvenes en formación, y nosotros tenemos la obligación desde Canarias no solamente de formar a nuestros
jóvenes para que ejerzan en Canarias, sino para que ejerzan en el mundo entero, sin duda alguna. Es un tema del que me gustaría oír alguna reflexión por su parte porque se vincula al hecho del desempleo al que he hecho referencia.
Me consta que usted es un experto y ha tenido mucha vinculación con el sector empresarial -además así lo ha indicado el señor Matos- por su anterior condición de presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El tejido empresarial en una RUP y especialmente en Canarias es otra cosa, por expresarnos coloquialmente.
No tiene nada que ver con el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid ni con el de una comunidad sin limitaciones territoriales. Un
tejido empresarial que normalmente está concentrado en una isla y tenemos siete islas; la movilidad de mercancías vinculadas a la producción de una isla a otra genera unos mundos que todos los parlamentarios canarios conocemos. En Canarias es muy
difícil encontrar medianas y grandes empresas, sin embargo, es muy fácil encontrar microempresas. Las microempresas generan empleo, pero generan empleo en pequeña cantidad y normalmente no es un empleo muy cualificado. Las microempresas en sus
cuentas de resultados relativamente cortas sufren de esa movilidad, por un lado de la formación, por otro lado de la movilidad de la producción entre las diferentes islas, y por otro lado también del hecho insular en su conjunto y de la escasa
diversificación. Me gustaría oírle alguna reflexión sobre esta materia vinculándola al empleo y al posible establecimiento de mecanismos de potenciación de esas microempresas para consolidarlas.
Por último, porque qué duda cabe de que se les podrían formular muchas consideraciones -no es este nuestro papel, sino fundamentalmente escucharles-, quisiera incentivarles a que nos hagan llegar propuestas de resolución que podamos asumir
por unanimidad en esta Comisión. En líneas generales, la estrategia de Lisboa propuso unas líneas de actuación con la intencionalidad de modernizar el modelo social europeo globalmente, invirtiendo importantes cantidades en recursos humanos, en
mejorar la cualificación, consiguientemente la competitividad y desde luego la capacidad de producción y con una directriz esencial: alejarse de la exclusión social. La reorientación de gastos hacia inversiones en capital físico y humano en el
ámbito del conocimiento, que también se vincula a los dos planteamientos anteriores que le acabo de hacer -formación, empleo-, contribuye al crecimiento de un colectivo. Nosotros tenemos siete colectivos que cada vez deben estar más
interconectados. Nos gustaría recibir también alguna orientación en esta materia, es decir, cómo potenciaríamos el alejamiento de la exclusión social que en Canarias -aquí se ha reiterado a lo largo del día de hoy- tiene unos ribetes escandalosos
por el desempleo, por el subempleo y desde luego por las escasas posibilidades de recuperar el empleo que tienen los que lo han perdido, porque -yo no creo descubrir nada- es muy razonable pensar que los nuevos puestos de trabajo que se vayan
creando a lo largo de los años próximos serán ocupados por jóvenes que irrumpen formados en el mercado de trabajo, no por aquellos que se han quedado con un determinado nivel de preparación. Estas son tres líneas fundamentales desde la perspectiva
social en Canarias. Si usted puede hacer algunas consideraciones, perfecto y, si no, nos las hace llegar por escrito en un futuro.
El señor PRESIDENTE: Para responder a los portavoces que han utilizado su turno tiene la palabra el señor Rivero Ceballos.
El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Rivero Cebayos): Son muchos detalles, pero todos son importantísimos. Empecemos por orden. Si optamos por actividades económicas con todos los supuestos -que sean posibles, rentables,
etcétera- y por una mayor participación en el PIB de determinadas actividades económicas que son intensivas en empleo de buena calidad y en capital humano de calidad, no podemos pensar en que el empleo crezca con la intensidad con que está creciendo
o que estaba creciendo hasta el año 2007 en Canarias. Es decir, si nosotros cogemos series de la EPA como la del año 1976, cuando empieza la EPA moderna, con trescientos cuarenta mil ocupados, y la EPA de antes de 2007, con novecientos y pico mil
ocupados, vemos que ese crecimiento del empleo es impensable en tan pocos años con empleo de buena calidad y con puestos de trabajo que requieren un alto nivel de conocimiento, incluso un nivel de conocimiento medio, etcétera, así que esa es una
opción social por la que se puede optar o no. Parece que el consenso está en el sí. Hay que optar por esa vía. Hay que ser consecuente entonces con que vamos a tener una tasa de paro muy alta. Hay muchas personas que han salido del mercado de
trabajo y otras que van a salir que no volverán jamás a la ocupación, y esto es muy duro socialmente. Sepamos lo que estamos diciendo y cuáles son los costes sociales y las propuestas sociales que estamos haciendo, y con todo tómese la decisión que
se quiera tomar, pero con todos los datos encima de la mesa. ¿Que podemos desarrollar actividades económicas que utilicen intensivamente el capital humano de buena calidad, etcétera? Posiblemente sí podamos hacernos un hueco en un mundo muy
difícil como es este, pero sepamos lo que estamos diciendo, nunca, por lo menos en un plazo mediano, para sustituir las actividades económicas que hoy son hegemónicas en Canarias y que mantienen el grueso del empleo. Hostelería, restauración,
comercio, etcétera, son actividades que mantienen un nivel de ocupación extraordinariamente alto y que no podemos pensar en sustituir por un empleo equivalente en términos numéricos y además de buena calidad. Esto me parece fuera de cualquier
opción actualmente existente en Canarias.
Enlazo con las preguntas de don José Segura. Hay un problema que siempre hemos destacado respecto del Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo estuvo y está diseñado para mercados de trabajo muy amplios, y la teoría es: al
desempleado hay que darle una formación muy versátil que le permita elegir entre muchas posibilidades o probabilidades de empleo en distintas actividades, ocupaciones y sectores. Esa era la orientación del Fondo Social Europeo. ¿Qué es lo que
ocurre? Que en un mercado pequeño de trabajo esa orientación no se adapta bien. ¿Por qué? Porque nuestro empleo es empleo cierto. Hasta hace poco tiempo sabíamos qué hoteles se estaban construyendo, cuántas estrellas tenían y cuántas camas
tenían, y se podía haber previsto perfectamente qué plantillas necesitaban, porque esos son estándares más menos. Es decir, nosotros podíamos haber hecho un tipo de formación para el empleo cierto. El Fondo Social Europeo tenía otra orientación,
se adaptaba mal a lo que pretendíamos. Esto es un problema. Esta es la formación ocupacional.
¿Qué ocurre con la formación continua? Enlazo con otra de las reflexiones que ha hecho. En un mundo de pequeñas empresas la formación continua tiene un problema gravísimo. Primero es un problema de margen de excedente que pueda
financiarla, pero, aun suponiendo que se vaya a financiar de acuerdo con la bolsa común, hay un segundo problema de organización, o lo que es lo mismo, organizar a pequeñas empresas, microempresas por ejemplo, de una misma actividad económica es
complicadísimo. Se necesita tiempo, recursos, mucha paciencia y, como siempre, fortuna. No hemos tenido ninguna de las tres o cuatro condiciones. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el mundo de la microempresa de una determinada actividad es
tremendamente competitivo, y
esto dificulta que se pongan en común determinadas necesidades para organizar la formación continua. ¿Se puede trabajar mejor en este aspecto? Sí, pero también el Fondo Social Europeo tiene otro problema, y en general las políticas
comunitarias tienen otro problema. Las políticas de formación son políticas de oferta de trabajo, pero el mercado de trabajo tiene dos partes. Yo puedo formar muy bien a las personas y pueden tener grandes capacidades, pero si los empleos que
tengo son los que tengo esa formación se aplica muy mal. Hemos insistido en las políticas activas, pero hemos olvidado gran parte de las políticas del otro lado del mercado, las políticas de demanda de trabajo.
Desgraciadamente entonces hay un
desfase, no ha habido buena sintonía en el ajuste entre oferta y demanda.
Esta es otra posibilidad que se abre: un cambio de orientación en la formación y en las políticas de empleo contemplando las dos partes del mercado, no solo las políticas activas ligadas a la formación, sino también las demandas. Creo que
ese es un cambio estratégico que es muy interesante y que hay que hacer lo más urgentemente posible. Porque sí es verdad que ahí se pueden producir retrasos enormes y puede ser un hándicap terrible de cara al cambio del que estamos hablando, cambio
que todavía no es muy tangible ni muy concreto en qué puede consistir porque, además, puede no serlo. Todas estas cuestiones están relacionadas y requieren más finura en la elaboración de políticas y en el análisis, también más flexibilidad por
parte de la Comisión. Esto sí es reclamable, una mayor posibilidad para adaptar las políticas de formación y empleo a la situación de un mercado de trabajo pequeño y, además, dividido en siete islas. Es cierto que la formación que se da no tiene
por qué ser para que las personas trabajen en Canarias -será muy difícil recuperar 900.000 ocupados en algún tiempo- y, como decía don Pablo Matos antes, probablemente las políticas de movilidad tendrán que ser una vía muy intensa de actuación, no
solo dentro de Canarias, sino también fuera de Canarias. Ahí hay que romper algunos valores que tienen efectos importantes desde el punto de vista económico, porque la salida de personas de Canarias no tiene por qué verse como una maldición, sino
como un progreso y una vuelta de la vida que quizá pueda hacer que las personas vuelvan con otras experiencias y otras ideas. Hay muchas cuestiones muy interesantes y yo les prometo que les haré llegar algo más concreto sobre esto, pero hay que
darle muchas vueltas porque hay muchas cuestiones interconectadas.
Respecto a la intervención de don Pablo Matos y a la cuestión energética, el plan energético de Canarias está prácticamente recién aprobado; lleva dos o tres años aprobado. Ahí se establecen los objetivos, las políticas y las estrategias.
Se hizo un debate muy largo, se llegó a determinadas conclusiones e incluso muchas personas dijeron que los objetivos que se habían planteado respecto a las energías renovables eran demasiado optimistas. No sé si son optimistas o pesimistas, porque
esto siempre es opinable, pero valdría la pena seguir impulsando el plan para ver hasta donde puede dar de sí. Es un documento que se trabajó muchísimo y hubo un consenso muy generalizado en el momento de su aprobación. Antes de entrar en
cualquier otra rediscusión, valdría la pena aplicar y desarrollar el plan. Me parece que por ahí podrían ir las cosas. Ahí se plantea el 20 por ciento de sustitución de energía por renovables; quitando la experiencia piloto del Hierro, que es
cien por cien, se plantea el 20 por ciento general. Es verdad que también se están dando por hechas -y esto sí que me preocupa muchísimo- determinadas innovaciones tecnológicas que no se han producido y determinados avances científicos que tampoco
se han producido; incluso he visto en alguna presentación que se ponen fotografías de cosas que tecnológicamente no existen, que no son posibles hoy en día. Eso sí me preocupa, porque se generan unas expectativas que, probablemente, van a quedar
frustradas en el corto y medio plazo.
En mi opinión, debería hacerse un esfuerzo renovado para desarrollar lo que ya está aprobado y para ampliar ese debate que ya se produjo.
El señor PRESIDENTE: Concluye esta comparecencia. Damos las gracias al señor Rivero Ceballos.
- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (RODRÍGUEZ MARTÍN).
(Número de expediente del Congreso 219/000369 y número de expediente del Senado 713/000593.)
El señor PRESIDENTE: Pedimos a don José Ángel Rodríguez Martín, también catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, que ocupe su puesto en esta mesa, a los efectos de informar en relación con la materia objeto de
estudio de la ponencia sobre las regiones ultraperiféricas. Tiene la palabra.
El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Rodríguez Martín): Expreso mi reconocimiento a la Comisión Mixta Congreso-Senado y espero que mi presencia sea devuelta con un deber por lo menos de reciprocidad argumental. Voy a
sintetizar la historia de mi relato en siete puntos muy breves, porque hay que atender a las circunstancias, como hizo antes mi compañero José Luis Rivero.
El señor PRESIDENTE: Breve, pero con amplitud.
El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Rodríguez Martín): Sí, haremos llegar papeles, en todo caso.
Se dice que en el principio fue el Verbo. ¿Cuál es el verbo del tema que nos ocupa? Ciudadanos de la Unión Europea en distintas zonas de mundo, en zonas muy dispersas -Caribe, el Índico, esta parte del Atlántico que está frente al noroeste
africano-, tienen una serie de necesidades y esas necesidades las conectan con
supuestas desventajas operativas. Ante esas exigencias, las instituciones diseñan mecanismos de respuesta, que van orientados, en primer lugar, a reducir efectos, costes, en segundo lugar, a compensar impactos y, en tercer lugar, a abrir
formas autónomas de reproducir el sistema.
El gran nódulo de la temática que estamos debatiendo es lo siguiente: primero, el concepto, la categoría, el calificativo de ultraperificidad.
La segunda cuestión sería si las desventajas son estructurales y permanentes. De entre toda la
bibliografía y documentos que uno va repasando, me ha llamado mucho la atención un dictamen del Consejo Económico y Social Europeo de 2005, en el que se llega a cuestionar a escala jurídica y formal si el concepto de regiones especiales con
desventajas estructurales y permanentes está bien construido. Yo creo que es una duda metodológica que puede tener consecuencias. Obviamente, esas desventajas estructurales y permanentes comportan, en un espacio que quiere dar un trato lo más
homogéneo posible a sus ciudadanos y por ende a sus territorios, derechos de diferencia, derechos de experimentación, plena autenticidad, diversificación, modular las especificidades. Este es el origen, este es el estado de la cuestión. Para ello
lo que hace la Unión Europea es formular tres ejes, que el diputado Pablo Matos en su intervención anterior acaba de especificar: la accesibilidad, la competitividad y la inserción; es curioso, porque primero en los textos solo se limitaba al
mercado interior, pero luego se amplió a los países vecinos, terceros, derivados del Plan de acción de gran vecindad.
Entro ya en el tercer punto, que es el siguiente y lo planteo entre interrogantes. ¿Qué sucede para que problemáticas y estatus, como en este caso el de las RUP, tengan una relevancia menor, tengan poca presencia y sean a veces olvidados?
El memorándum tiene una redacción sutil de una serie de principios que teóricamente regulan a estas regiones RUP: principio de especialidad diferencial, principio de coherencia territorial, etcétera. Habla de muchos de estos principios de
coordinación territorial y lo que viene diciendo es que en la mayor parte de las políticas comunes, en muchas iniciativas, en muchos instrumentos, las RUP ni aparecen y en algunos casos se les pone en anexos relativamente marginales o con algún
fondo se trata de solventar la cuestión. Este tema me parece bastante interesante, porque nos hace plantearnos por qué sucede esto. Esto tiene mucho que ver y deriva de esa logística, de ese estilo, en una comunidad, en una Unión Europea que es
una especie de monstruo burocrático, político, decisional. Es muy complejo y obviamente, en la complejidad, reparar en detalles, en especificidades, en especialidades, comporta costes decisionales, costes cooperativos, de coordinación, etcétera.
Hay otro hecho que los canarios, los que somos miembros de RUP y ustedes, como representantes del pueblo español, nunca debemos perder de vista y es que en realidad las RUP son muy minoritarias; lo que significan, el peso que tienen es
relativamente marginal. Ahora bien, en política y en economía siempre establecemos lo que es importante, lo que es urgente y lo que es insignificante. Lo que pasa es que hay insignificancias, como en este caso, que están reconocidas como derecho
primario, lo que les daría una especie de plus para decir: oigan, de mí se han olvidado o se han pasado por alto este tipo de necesidades y exigencias que estoy planteando. En esa escasa presencia cabría el atisbo de plantearse uno hasta qué punto
el argumento de la ultraperificidad, de eso que llamamos los problemas estructurales permanentes, están bien argumentados. Una idea fuerza prende, suscita interés cuando, desde el plano político, mediático, en estrategias de lobbyzación, etcétera,
logra colocarse en las agendas o por lo menos no tenerla descuidadas. Es decir, que también cabe decir algo de hasta qué punto las agarraderas, el enraizamiento mental y argumental, de la ultraperificidad y de bases estructurales permanentes tiene
ciertas debilidades analíticas. Hace pocos días estuvo en Canarias un personaje que es muy conocido, por lo menos en los medios periodísticos y económicos, el profesor Jürgen Donges, del Instituto de Colonia, uno de los cinco sabios alemanes, y
dijo que esto de la ultraperificidad, desde el punto de vista económico, nada; que esto es un problema político y que interesa este argumento políticamente de cara a las ayudas, y punto.
Quiero decirles que entre los analistas también hay este tipo de mentalidad. Creo que es un error deslizar que la ultraperificidad es solo una cuestión política; espero argumentarlo muy brevemente a continuación del siguiente modo. Dentro
de la ultraperificidad, el núcleo duro, el gran catalizador, es la insularidad. Si uno analiza los distintos elementos que teóricamente conforman esas desventajas estructurales permanentes, ahí aparecen lejanía, fragmentación, exigüidad del
mercado, dificultades hasta climáticas, cuestiones demográficas, pero aparece también la insularidad; esto es un conjunto heterogéneo. Ahí hay variables que realmente inciden, pero también hay otras que son más bien lo que, en términos analíticos,
de modelos, etcétera, se llaman parámetros. Por ejemplo, el desarrollo de la globalización, el desarrollo de las tecnologías, relativizan la importancia, la gravitación de algunos de esos elementos; sin embargo, en otros, permanece. En mi
argumento, que es de donde deriva la cierta discrepancia en este caso con el profesor Donges, lo que es relevante en la ultraperificidad es que es un efecto conjunto. Hasta cierto punto no sé si la presentación de algún tema de estos como lejanía,
etcétera, es procedente. Me pongo en el papel de las islas Martinica y Guadalupe o de la isla Reunión y lo podría entender, pero en Azores, Madeira y Canarias hay que relativizar esto mucho, desde el punto de vista tecnológico, porque algunas
regiones continentales pueden presentar problemas de lejanía mayores incluso que las islas. Esto no creo que sea una heterodoxia, lo pueden entender. Quiero decirles que lo interesante es el efecto conjunto; ahí la insularidad sí puede acreditar
que genera costes adicionales y, si son costes adicionales, son costes operativos. Por tanto, está influyendo en los esquemas, en las decisiones de carácter productivo, en las redes relacionales, etcétera.
Si uno hace el seguimiento de la insularidad -empiezo por la insularidad- en la bibliografía histórica de la insularidad, tanto referida a pequeños Estados insulares como a lo que hicieron los geógrafos económicos o a los documentos que
tienen Naciones Unidas o el PNUD, etcétera, acerca de este tema, desde un principio uno ve que aparecen tres cosas, aparece la accesibilidad, efectivamente es un contínuum; aparece el pequeño mercado, con lo que eso supone de microempresas,
microdemandas, economías de escala, economías de alcance, es decir, toda esa bibliografía relacionada con lo pequeño; pero en la bibliografía clásica aparecía un tema que era dotación de factores, que, en las teorías del crecimiento económico,
configura un elemento básico de carácter un poco determinista como para decir que unos países se especializan si tienen este tipo de recursos o si no los tienen. Es verdad que en esa misma bibliografía hay algunos análisis sobre la fatalidad de
tener muchos recursos, la famosa enfermedad holandesa. En cualquier caso, la dotación de recursos hoy es un problema de orden secundario. ¿Por qué? Porque en contextos de globalización, de fuerte accesibilidad mundial, la mayor parte de los
países puede acceder a recursos de otros, siempre y cuando los quieran vender. Siempre se pone el ejemplo de que el país mayor productor de café envasado es Suiza y, que se sepa, no hay ni un cafetal en los jardines botánicos de Suiza; o de
chocolates, en Reino Unido; las famosas teorías de Porter, etcétera, sobre la competividad de las naciones o Estados. No hay que tener determinados recursos para estar especializado y Canarias hasta puede hablar en esos términos, por ejemplo, en
el caso de la industria tabaquera, en la industria de conservas de pescado; tenemos ejemplos de habernos especializado en cosas en las que carecíamos relativamente de recursos.
Dotación de factores. Es curioso cómo en la bibliografía de las RUP empezó el tema, en las primeras conferencias de regiones insulares y marítimas estaba pero desapareció y se ha sustituido por lo de competitividad e inserción, tomándolo
más bien de la estrategia de Lisboa; se importó y se incluyó ahí. Luego aparecen los economistas regionales o economistas espaciales y apuntan un dato que no aparece normalmente en la bibliografía de los RUP, que son los efectos. Los crecimientos
son desiguales en términos espaciales; por ejemplo, en el caso español, en el caso portugués, etcétera, hay determinadas regiones, determinadas comunidades, que son las que llevan, digamos, la gran gravitación de ese crecimiento económico.
Entonces todas las regiones colindantes, contiguas, etcétera, pueden sufrir dos tipos de efectos, o bien se les toman recursos, se les vacía un poco, o bien, cuando tienen ya un cierto nivel de madurez, de complejidad, empiezan a practicar efectos
de desparramiento, de tal modo que esas regiones vecinas pueden verse arrastradas -son coeficientes de arrastre- y beneficiarse de ese crecimiento. Esto ocurre en España en el caso, por ejemplo, de Rioja respecto al País Vasco; de Zaragoza
respecto a Cataluña; algo de Navarra; se habla en la bibliografía del crecimiento regional español; es decir que Canarias, las islas, no están sujetas a beneficios de desparramiento, lo cual les obliga a que, si quieren colocar productos en esos
mercados, casi tienen que planteárselo como comercio, entre comillas, internacional, como comercio exterior en realidad, e interregional derivado de eso. Luego aparece en la bibliografía la nueva geografía económica, empiezan a hablar de la
educación, de las transferencias de tecnología, de las economías externas.
Esto es lo que he querido exponerles en paralelo, qué se dice de la insularidad, de la ultraperificidad, que está haciendo un poco la bibliografía de las teorías del crecimiento, digamos los nuevos paradigmas. Es curioso que en la
bibliografía también de las RUP, en uno de los documentos sobre estrategias de 2008 se dice que hay un nuevo paradigma para interpretar a estas regiones. Yo, ante ello, les voy a proponer algo que no me importa en absoluto que no sea ni considerado
en esa redacción que se va a hacer para fortalecer el argumento que el Reino de España presentará ante esta temática. Es una propuesta heterodoxa. A mí me parece, siguiendo la pista, la estela, a los desarrollos temáticos que están teniendo los
análisis de ámbito territorial, que Canarias es una región insular frontera, frontera de la UE. Si algo es relevante en estos momentos en la bibliografía territorial de análisis espacial son los llamados efectos frontera. ¿Qué implican los efectos
frontera? Los efectos frontera comportan tres cosas, otro efecto conjunto, un mix que se combina. Implican costes de insularidad, es decir, que reconoce ese papel de la insularidad; un tema que es extrañísimo que no haya aparecido en la
bibliografía de las RUP y que hoy es de dominio público, sobre todo entre la gente de empresa. Se acaba de dar un premio Nobel de Economía sobre esa temática o derivada de ella, los costes de transacción. Son fundamentales en las relaciones, en
los intercambios de bienes y de servicios. ¿Qué comportan los costes de transacción? Tres cosas.
Problemas de información, búsqueda de información -la información a veces es cara-. Problemas de tiempo, el tiempo cada vez es más cotizado y
valorado económicamente; la discontinuidad hace que se generen lags, retrasos, retardos, incluso estrategias empresariales; esas discontinuidades llevan a políticas de gestión de stocks, buscar el momento oportuno para hacer los abastecimientos,
etcétera. Desde el punto de vista microeconómico del mundo empresarial, ¡vaya si se tiene en cuenta ese tipo de facturas! Costes de tiempo, costes de información y un tercer tipo de coste, burocrático, mucho papeleo. ¿Por qué? Es una cuestión de
las fronteras. Además, en las fronteras hay un aspecto que sí está dentro de la bibliografía de las RUP -sobre todo en ese dictamen, que ya les digo que para mí es de lo mejor que he visto- que es reconocer en la insularidad un valor
geocultural. Las islas tienen coordenadas que hacen que tengan ese tipo de atractivo, con todo lo que eso significa. ¿A qué obliga ese enfoque de región insular frontera? Implica calibrar mejor compromisos, estrategias y escenarios, en
apartados como la cuestión marítima. No solo son problemas derivados de puertos, de tráfico, de contaminación marítima, de seguridad, de sintonizar inestabilidades en rutas, en vecinos. Otro tema es la biodiversidad. Una región frontera, una
región insular, tiene una especie de humus, de invernadero, con una fragilidad pero también con una diversidad enorme. Incluyo el tema del cielo, el valor del cielo, de la cuestión espacial.
Tercera cuestión, plataforma logística. Al ser región insular, esa plataforma es fundamental para las interrelaciones con países vecinos.
Todo lo de la vecindad tiene que ser en buena medida llenado con que lo que oferta Canarias es
atractivo y que tiene ciertas ventajas comparativas, de proximidad, que hacen que sea importante esa cuestión.
El otro tema que también se acaba de suscitar -y que se le ha preguntado al profesor Rivero Ceballos- son las redes energéticas. La
región insular plantea la energía con una sensibilidad enorme. Otra cuestión, gestión del cambio climático. Las islas pueden ser observatorios extraordinarios de experimentación, de proyectos piloto, pero también de medición, y pueden acusar, en
algunos casos muy gravemente, efectos del cambio climático, si creemos en él. Otro tema es la construcción de una sociedad fuerte de información. Los sectores, las actividades relacionadas con la información, son los únicos no sujetos a costes de
insularidad. Fíjense si es estratégico para las islas que puedan estar en la línea de salida sin plantear compensaciones, reducciones de coste. Basta tener buenas infraestructuras y sobre todo desarrollar talento, creatividad, para entrar en ese
mundo; hay algunos atisbos en Canarias que no son pesimistas. Otra cuestión, sin duda, son los contenidos de la cooperación y de las relaciones económicas con los vecinos, con mercados terceros. Es decir, que esa bifurcación que me he permitido
proponer de región insular frontera hace una lectura un tanto distinta de la ultraperificidad, porque el contexto relacional la coloca de manera diferente. Es verdad que los casos de Canarias, Madeira y Azores son absolutamente distintos de los de
Martinica, Guadalupe y el Caribe y de lo que pasa en el Índico.
Dentro del grupo RUP la heterogeneidad es tal que por lo menos deberíamos reflexionar estratégicamente sobre cómo mantener un equilibrio inteligente y sensato, no solo porque el grupo
hace fuerza, tiene sinergia, sino también porque son problemáticas diferentes. Eso mismo se suscita cuando en los documentos RUP, al tratar homogéneamente a todas las regiones que componen el grupo, se dice que tienen clima desfavorable. Eso, para
Canarias, no deja de ser ofensivo. Esas son las paradojas que surgen al compartir. En los papeles que les haré llegar se lo redacto. Entre las RUP hay cosas comunes y muchas diferentes.
Les hago un considerando especial y acabo. Aquí hay una dialéctica de alternativas que por lo menos debería hacernos reflexionar. En el desarrollo de la complejidad en el seno de la Unión Europea, ¿qué pasa con la posición que van teniendo
las RUP o unas RUP más que otras? Esta mañana Fernando Fernández ya dejó caer alguna de estas cosas en sus reflexiones sobre si pueden ganar posiciones o si tener en estos momentos un anclaje institucional más fuerte da más margen de maniobra de
cara a las peticiones, una posición de fuerza mayor. Yo soy algo más escéptico y creo que la complejidad de la Unión Europea, el estilo que tiene ya, es ADN, está en su código genético y, por tanto, los procesos de simplificación en su seno van a
ser un poco difíciles. Ante ello, las RUP estarán siempre zigzagueando, unas veces se les atenderá más y pasado un tiempo se les atenderá menos, o sea, tendrán posiciones variantes. Dicho muy gráficamente, Godzilla frente a las liliputienses será
temeroso o jugará con ellas o procurará integrarlas como juguetes. Esa es una alternativa. Confiemos en que los desarrollos institucionales, las buenas relaciones estatales, el tener comisarios que nos entiendan mejor, los contactos y las
comunicaciones, el discurso de la ultraperificidad, de la problemática de la insularidad y el no borrarlas de las agendas puedan mejorar algo. De otra manera, tendremos otro nuevo memorándum con un listado de agravios, recogiendo la falta de
respeto a tantos principios reconocidos.
¿Cuál sería la otra alternativa? Es un tanto heroica lo reconozco, es muy difícil: un régimen especial que diga muy bien cuál es el campo del juego, cuáles son las reglas, cuáles son los derechos y los deberes de los jugadores. Mal
régimen especial será, primero, aquel que no incrementa las especializaciones; segundo, que no amplia las redes relaciones, fundamentales en la economía y en la sociedad actual; tercero, que no tenga mecanismos de flexibilidad; cuarto, que no
tenga plataformas reactivas que reaccionen rápidamente y sobre la base de dispositivos que establezcan, sin perder la armonización, la última raya de la frontera en la que se puede jugar. Ese es un régimen especial, régimen que además tenga que ver
muchísimo con lo que yo creo que es el brazo armado de la Unión Europea en el mercado interior, con la política de competencia. En la política de competencia Canarias, las RUP en general, deben plantear lo siguiente. Una nueva redefinición de lo
que es el concepto de mercado, piensen lo que les estoy diciendo. ¿Qué es mercado relevante? Aquel que es influenciable por producciones de terceros o por producciones de miembros del interior que no respetan determinadas normas del acervo, lo que
es un mercado pertinente para las especializaciones de los territorios y lo que son mercados adyacentes, internos, que son -entre comillas- hasta despreciables. ¿Qué hace la política de competencia preocupándose por un abastecimiento de lechugas de
un pueblo de la isla de Tenerife? Llega hasta extremos un poco grotesco, si ustedes quieren. La política de competencia, muy bien; pero si me define bien lo que es el mercado, cuáles son
los mercados y qué es el poder de mercado, a lo mejor nos evitamos montones de historias, de adaptaciones, de flexibilidades, etcétera.
Acabo mi exposición, gracias por su interés.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Intervendré brevemente, porque hay que interiorizar todo lo que ha planteado el profesor Rodríguez Martín en su intervención. Ha hecho un inicio en nueve minutos aproximadamente, porque noté un cambio a partir
del minuto nueve de la intervención, sobre todo en la parte de la insignificancia o ser minoritario dentro del marco de la Unión Europea. Pero creo que somos estratégicos y tenemos un valor estratégico ahí que es muy importante.
Efectivamente nos llevó en su intervención a una posición, la región insular frontera de la Unión Europea, sobre la que se centraba después una serie de estrategias que posibilitan enmarcar el valor estratégico, que precisamente es lo que se
pretendía con la ponencia. Yo creo que lo ha clavado perfectamente, ha llegado al marco de lo que se pretendía en la ponencia. Por eso decía que hay que interiorizarlo para luego poderlo materializar en las propuestas que haga esta ponencia en
relación con la posición que tiene España con las regiones ultraperiféricas. Lo hemos dicho hoy en repetidas ocasiones, este Parlamento, estas Cortes Generales deben tener una posición y una opinión sobre la situación de las regiones
ultraperiféricas en el marco de la Unión Europea. Ha hablado de los efectos frontera y de la accesibilidad -para nosotros tiene una gran importancia la conectividad y los aeropuertos, todo lo que eso significa en el marco del desarrollo de
Canarias- y también de otros temas como la educación. En definitiva, lo importante ha sido dicho ya, poco me atrevería a decir más. Hay que interiorizarlo y plantearlo como propuestas en ese documento que tiene que elaborar esta Comisión.
Muchas gracias por su comparecencia. Como usted podrá comprender he sentido una gran satisfacción al escuchar lo que ha dicho hoy, lo mismo que al escuchar antes el profesor Rivero Ceballos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Pablo Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Damos también la bienvenida y expresamos nuestro agradecimiento al profesor José Ángel Rodríguez, cuyas reflexiones desde el ámbito académico sobre las regiones ultraperiféricas es un placer escuchar. Nosotros,
los que estamos normalmente en una vida más posibilista en el sentido de ir introduciendo una frase que nos permita abrir una puerta para mañana, para poder abrir otra y seguir conformando este entramado de normas -no solo las grandes normas de
convivencia sino de desarrollo económico que permitan conseguir un trato y unas ayudas determinadas sobre la base de una situación determinada-, vamos buscando comas de las cuales nos podamos aprovechar para establecer unas normas de funcionamiento.
En cualquier caso, siempre es bueno escuchar este tipo de reflexiones.
Hablaba, con respecto al concepto de la ultraperificidad, de que se podía cuestionar el derecho a la diferencia. Yo no creo que se trate de establecer un derecho cuando estamos creando una norma de este tipo, sino del reconocimiento de una
situación distinta. No cabe duda de que cuando se decide utilizar el término ultraperificidad se está diciendo que hay una serie de ciudadanos en la Unión Europea que tienen unas características comunes que también usted cuestionó. Yo he buscado
algunas de esas características comunes de las que se habla en los documentos de la Unión Europea y puedo decir que se habla de insularidad, superficie reducida, dependencia económica respecto a un pequeño número de productos y lejanía,
características que tenemos casi todos los que pertenecemos a regiones ultraperiféricas. También es cierto que relieve y clima adverso podrían ser más cuestionables. (El señor catedrático de la Universidad de La Laguna, Rodríguez Martín:
Orografía difícil.)
Yo creo que hay ciudadanos europeos que viven lejos y en territorios fragmentados, reducidos, con un pequeño mercado interior y que las políticas continentales podrían marcar más las diferencias si no se les trata de una forma diferente. De
ahí nace por tanto la ultraperificidad, pero no hablando de derechos sino de situaciones concretas, que además son estructurales y permanentes. Lo que desde el punto de vista de este portavoz se está haciendo en esta ponencia es intentar aportar
algo más, no ya nuevo puesto que es difícil aportar cosas nuevas a los estudios que se vienen realizando desde hace tiempo principalmente desde las instituciones de Canarias, desde el Gobierno de Canarias así como por parte la Universidad de
Canarias, de los agentes sociales, etcétera. Pero en un momento determinado en que en las Cortes Generales se decide aportar algo, sería bueno aportar algo más novedoso, cuestión de la que hemos estado hablando a lo largo del día de hoy.
En mi opinión están bien definidos los ejes, es decir, los problemas de accesibilidad o de conectividad los tenemos todas las regiones ultraperiféricas y necesitamos ayuda para solucionarlos y para unirnos más al continente desde el punto de
vista económico, o bien ayuda para soportar o paliar las dificultades de esa lejanía, por ejemplo, en cuanto a la política energética. Respecto a algunas cuestiones vamos teniéndolo más o menos claro y la Unión Europea y sus autoridades lo han ido
teniendo claro a medida que existe esa comunicación que todos nos creemos, los canarios los primeros pero también el Estado, porque hace años nos reconocieron un determinado régimen aduanero para paliar esa lejanía y esa insularidad. Y en los temas
agrícolas hay conciencia de que verdaderamente determinados productos necesitan
algún tipo de protección para que puedan darse. En una isla el sector agrícola es importante no solo por la producción económica o su participación en el PIB, sino simplemente para proteger ese territorio y para proteger esos paisajes de
los cuales usted y yo también hemos hablado en otros debates -como, por ejemplo, de la moratoria, etcétera-.
Hay otras cuestiones, las cuestiones medioambientales, los últimos documentos dan cabida a esos nuevos desafíos como el cambio climático,
política marítima y la trayectoria demográfica. Usted hablaba de principios nuevos -cuando uno se pone a leer estos documentos ve que se utiliza una literatura diferente a la que nosotros utilizamos en el día a día- me imagino que se referiría al
principio de valorización de las potencialidades de las regiones ultraperiféricas, que es uno de los últimos principios. Creo que uno de los mayores problemas -aparte de los que hemos analizado con el profesor Rivero- desde el punto de vista
económico es el cuidado del medioambiente. Me ha extrañado -y quiero saber su opinión- cuando se habla de que se han introducido como un nuevo desafío los estudios del cambio climático y la limitación de las emisiones de gas de efecto invernadero;
creo que tenemos problemas medioambientales en Canarias no solo del territorio, sino que también tenemos problemas, como otras regiones ultraperiféricas, para deshacernos de los residuos que generamos. Por lo tanto, se podría aprovechar -y eso lo
veremos en estos próximos días, una vez que releamos toda su intervención con calma- para intentar desde esta ponencia profundizar más en algunos aspectos que a juicio de los ponentes no están suficientemente recogidos o que creemos que hay que
matizar o darles una vuelta de tuerca más, porque todo está recogido en los documentos que nos hemos leído. Y si antes me referí a los problemas de accesibilidad o energéticos ahora quería saber su opinión con respecto a algo como es el
medioambiente o los problemas gordos para una región fragmentada y alejada de deshacernos de los residuos, que desde el punto de vista económico también es importantísimo.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Me sonrío un poco, presidente, porque formularle preguntas o hacerle reflexiones al profesor don José Ángel Rodríguez Martín es, desde luego, harto arriesgado por cuanto él ha tenido una intervención provocadora
intelectualmente hablando, como es su papel de académico cualificado. Ha reflexionado sobre aspectos que a buen seguro los miembros de esta ponencia tendremos que meditar. Tendremos que modular nuestras reflexiones, pero tenemos la obligación de
extraer conclusiones. Ha planteado temas relevantes, temas relevantes que aquellos que no somos del nivel de cualificación del profesor Rodríguez Martín pero sí políticos en activo con largo recorrido siempre hemos meditado. En primer lugar, usted
ha querido someternos a un ejercicio intelectual sobre el término. Tengo que decirle que el término ultraperificidad lo he asimilado e incorporado a mi vocablo personal pero sin una auténtica pasión. Porque, en efecto, dentro de las regiones
ultraperiféricas está la heterogeneidad a la que usted ha hecho referencia. Hay regiones ultraperiféricas de otras latitudes geográficas con problemas políticos y sociales muy diferenciados de los que tienen los archipiélagos portugueses y
canarios; muy diferenciados, razas distintas, lenguas diferentes, políticas distintas y riesgos estructurales distintos. (El señor catedrático de la Universidad de La Laguna, Rodríguez Martín: Y status.) Y status. Esa es una realidad, darle la
espalda no es bueno. Tampoco quizás sea bueno, como decimos en Canarias, hurgar demasiado porque necesitamos apoyos para defender nuestro planteamiento. En esa línea provocadora usted ha planteado profundizar en el concepto de Canarias región
frontera. (El señor catedrático de la Universidad de La Laguna, Rodríguez Martín: Región insular frontera.) Región insular frontera. Yo me identifico mucho con eso. Canarias, desde la perspectiva metodológica en el control de fronteras, es la
comunidad española con mayor número de puntos fronterizos Schengen. Si hacemos un repaso isla por isla, está el puerto de Las Palmas, el aeropuerto de Gran Canaria, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el aeropuerto de Tenerife norte y el
aeropuerto de Tenerife sur, el aeropuerto de la isla de La Palma, el aeropuerto de Lanzarote, el aeropuerto de Fuerteventura -llevo ocho-, y en los cuatro años del Gobierno anterior, de 2004 a 2008, hay dos nuevos puntos, el puerto de Santa Cruz de
la Palma y el puerto de Puerto del Rosario, capital de la isla de Fuerteventura, para posibilitar singularmente el tráfico marítimo con el punto del litoral africano occidental más próximo, que es el Puerto de Tarfaya; es decir, son diez puntos
fronterizos, mientras que la comunidad de Madrid tiene, que yo recuerde, uno, el aeropuerto de Barajas. Consiguientemente, en ese papel de comunidad frontera, que es comunidad archipiélago -son islas-, el control fronterizo no solamente es muy
singular desde el punto de vista de la seguridad, del cumplimiento del Tratado de la Unión Europea en lo que se refiere al control de tráfico de personas, sino también en el control de mercancías. Este ha sido un segundo gran tema que usted ha
planteado y que nos debe llevar a los miembros de esta ponencia a meditar.
También ha planteado algo que a los que hemos participado en muchos procesos electorales hoy quizás nos haga sentir rubor por no haber sido capaces de vertebrarlo normativamente. ¡En cuántos procesos electorales este candidato reiteraba la
necesidad de evaluar los costes de la insularidad en España como texto legislativo! Es una asignatura pendiente. Usted me corregirá o corroborará este planteamiento. Este es un tercer asunto muy relevante, los costes de la insularidad. Hay que
hablar de los costes de transacción y de la necesidad de disponer en una comunidad archipiélago de auténticas autopistas de la información, de banda ancha potente que permita todo tipo de conexión no solo para los centros
de investigación y para la vida comercial sino para toda la actividad de una comunidad como la nuestra. Hay instituciones en Canarias como el Cabildo insular de Tenerife que vienen dando la talla en esa preocupación, concursando en
concursos públicos que ha abierto el Gobierno de España a través del actual Ministerio de Industria para la Red Iris, para aplicarla singularmente en Canarias, lo que tiene una gran proyección para nuestros centros de investigación. La Red Iris se
puso en marcha en el año 1988, en la época de un gobierno presidido por Felipe González, y, transcurridos más de veinte años, en Canarias aún no ha tenido la implementación potente requerida para comunicarnos con el mundo entero. No necesitamos
solo autopistas aéreas sino también autopistas por la mar, pero esencialmente autopistas de la información. Este es un aspecto que usted ha planteado y que considero relevante.
No le voy a leer, por ejemplo, reflexiones sobre insularidad, pero, como dije en otra intervención anterior, sí creo conveniente ponerle de manifiesto, para atenuar su ímpetu intelectual, que desde el año 1978 se viene hablando en Europa de
las regiones insulares y provocando este debate. Por ejemplo, en el año 1973, el siglo pasado, en Saint Malo se creó una asociación de regiones a iniciativa británica con ocasión de la adhesión a la comunidad de ese país, al mismo tiempo que
Dinamarca e Irlanda. Hubo una conferencia de las regiones periféricas marítimas de Europa. Hoy son 149 regiones pertenecientes a veintisiete Estados con esa proyección y esa característica común. Voy a hacer referencia a una conferencia que tuvo
lugar en Tenerife en abril del año 1981, la conferencia relativa a las regiones insulares europeas (El señor catedrático de la Universidad de La Laguna, Rodríguez Martín: En el Puerto de la Cruz.), en el Puerto de la Cruz -profe, usted y yo somos
dos veteranos que hemos vivido eso-, donde se debatió mucho sobre esas materias.
Me identifico con un cuarto planteamiento: Canarias plataforma logística en el Atlántico. ¿Cuándo podremos hablar de ello? ¿Qué papel puede jugar como región fronteriza de la Unión Europea? Son muchos los aspectos que usted ha planteado
y que nos generan interés y curiosidad. (El señor catedrático de la Universidad de La Laguna, Rodríguez Martín: Le traspaso mi ímpetu.) Lo ha traspasado, sin duda alguna, y yo espero de verdad que, superada esta comparecencia, pueda tener unos
cuantos días, como le hemos indicado al profesor Rivero Ceballos... (El señor catedrático de la Universidad de La Laguna, Rodríguez Martín: Estamos coordinados.) Están coordinados, han venido como auténtico equipo, cosa que nos satisface a todos
los miembros de esta Comisión, y si nos hacen planteamientos con ese rigor intelectual que les caracteriza que podamos vertebrar como propuestas de resolución sin duda alguna habrán hecho una gran aportación al trabajo de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: El señor Rodríguez Martín tiene un breve turno de réplica.
El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Rodríguez Martín): No voy a contestar uno por uno, sino tres o cuatro cosas. En el tema de las regiones insulares europeas dejé fuera -me doy cuenta ahora y pido perdón-, cuando señalaba
los componentes -costes de insularidad, costes de transacción-, los costes de las geos: geoeconomía, geoestrategia y geopolítica, todo el marco de las geos que hay que interiorizar más.
En cuanto a lo que decía don Pablo Matos de compensación, modulación, la parte de fiscalidad o compensación fiscal, es que en cualquier tema que se araña en las grandes políticas de la Unión Europea aparece esta lectura que hay que hacer en
clave, en este caso, canaria. Por ejemplo, en políticas de la competencia, directiva de servicios, lo que ha traído Bolkestein y su directiva. ¿Cómo se atempera eso en un contexto insular con las características comerciales, etcétera? En el tema
de ayudas del Estado la profesora Asunción Asín va a reflexionar algo sobre ello, derivado del Tratado de Lisboa. En el tema energético ¿se desarrollará la energía nuclear en una nueva generación que hace que el vulcanismo, los residuos y la
problemática de la misma se inscriban en otra óptica? Esas minicentrales nucleares de las que se habla, el caso de si Marruecos establece o no centrales nucleares, todo este tema va a suscitarse en Canarias en cualquier momento. Pero en energías
renovables por supuesto que hay que hacer muchísimo, y creo que donde más hay que hacer de momento es en eficiencia energética, en ahorro energético, empezar por ahí y luego ya seguiremos avanzando.
No quiero extenderme más porque creo que he abusado un poco anteriormente, pero seguimos en contacto y nos haremos llegar papeles. Respecto a mi aspecto provocador, ya hace tiempo que he decidido que la palabra está para eso, porque la
imagen es la que domina y el lenguaje de las palabras tiene que poner dientes frente a los otros lenguajes.
- DE LA SEÑORA PROFESORA TITULAR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ASÍN CABRERA). (Número de expediente del Congreso 219/000370 y número de expediente del Senado 713/000594.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia de doña Asunción Asín Cabrera, a la que rogamos que ocupe su puesto en esta mesa.
La señora PROFESORA TITULAR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Asín Cabrera): Para mí es un honor comparecer ante esta Comisión. Agradezco la invitación y la oportunidad de poder aportar también mi granito de
arena al tema de las RUP, que para mí tiene una importancia fundamental desde mis inicios académicos, dado que las regiones insulares en la Unión Europea fue el tema de mi propia tesis doctoral. Dicho esto, yo soy la jurista por la parte
académica y, por tanto, en mi intervención me voy a centrar en algunas de las novedades jurídicas que me parece importante destacar. Algunas de ellas ya han sido mencionadas a lo largo de la mañana, pero haré unas matizaciones en cualquier caso,
algunas más intensas que otras. Hay que ver cómo se puede encuadrar el tema general de las regiones ultraperiféricas en el marco jurídico que es el Tratado de Lisboa.
En relación con el Tratado de Lisboa, es sabido que viene a reformar el propio Tratado de la Unión Europea y también el Tratado de la Comunidad Europea, que ahora pasa a denominarse Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Como
primera novedad jurídica me gustaría hacer referencia a la técnica legislativa utilizada por el legislador comunitario para llevar a cabo la regulación del régimen actual de las regiones ultraperiféricas en el propio tratado. A estos efectos, la
primera cuestión que me parece oportuno resaltar es que se ha desdoblado el contenido del antiguo artículo 299.2 del Tratado de la Comunidad Europea en dos disposiciones diferentes del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea pero
complementarias entre sí. Por un lado, están las disposiciones que aparecen en el artículo 355, relativo al ámbito de aplicación territorial de los tratados, y por otro, el artículo 349, referido exclusivamente -y esto lo subrayo- al contenido del
régimen especial aplicable a estas regiones. También es importante destacar que ambos artículos están ubicados sistemáticamente en la séptima parte del tratado, que se refiere a las disposiciones generales y finales. Respecto a esta primera
novedad podemos decir que, por un lado, como se ha dicho a lo largo de esta sesión, se viene a reafirmar el modelo de plena integración de las RUP en la Unión Europea y, por otro, se consolida jurídicamente el estatuto de ultraperiferia.
De forma muy similar a lo contemplado en el antiguo artículo 299.2, el contenido del régimen jurídico especial aplicable a estas regiones previsto en el propio artículo 349 autoriza la aplicación de medidas específicas y como también se ha
dicho a lo largo de esta sesión, establece el reconocimiento de un tratamiento jurídico particular. Este artículo continúa incorporando la noción de ultraperiferia que se ha manejado también en el día de hoy y en este sentido se vienen a utilizar
las mismas circunstancias fácticas y factores establecidos en el antiguo artículo 299.2. En líneas generales podemos decir que la redacción de este artículo, el artículo 349, es muy similar a la del antiguo artículo 299.2. Sin embargo, también
podemos observar algunas novedades que creo que conviene no perder de vista. En primer lugar, como también dijo esta mañana don Fernando Fernández, desaparece del texto del artículo 349 la denominación genérica de departamentos franceses de
ultramar y se designan ahora individualmente los territorios que merecen el calificativo de regiones ultraperiféricas. Las regiones que aparecen expresamente reflejadas en el artículo 349 son Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, La Reunión,
San Bartolomé, San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias. La razón de por qué el grupo de las RUP ha aumentado -antes eran siete y ahora son nueve- se debe al cambio de estatus político interno de San Bartolomé y San Martín, antes
dependientes de Guadalupe y que ahora han pasado a convertirse en departamentos franceses de ultramar. Esto no es nuevo, esto ha pasado ya con otras colectividades, como fue el caso de Saint Pierre et Miquelon, que en un momento fue departamento
francés de ultramar, luego se convirtió en país y territorio de ultramar y ahora se ha querido establecer expresamente, en vez de decir departamentos franceses en abstracto, cuáles son los departamentos franceses de ultramar desde el punto de vista
del Estado francés.
En segundo lugar, un aspecto clave del desarrollo del modelo especial que estamos analizando es la determinación de las instituciones comunitarias intervinientes en este proceso decisorio de la adopción de las medidas específicas. El
proceso legislativo previsto para la adopción de los actos comunitarios no es el legislativo ordinario o el de codecisión -esta es una de las novedades importantes del Tratado de Lisboa-, sino el legislativo especial. Por tanto, de conformidad con
lo dispuesto en este artículo, la iniciativa de la adopción de las medidas específicas corresponde a la Comisión. No obstante, será el Consejo, previa consulta al Parlamento, el que decida la adopción de un reglamento -en su caso una directiva o
una decisión- con arreglo a ese procedimiento legislativo especial que aparece previsto en el artículo 289.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Lo tengo que remarcar porque esto es importante.
Otra novedad que tampoco figuraba en la redacción del antiguo artículo 299 con carácter general y que ahora encontramos en el apartado 6 del artículo 355 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea es la inclusión de una cláusula
pasarela específica, a través de la cual algunos de los países o territorios daneses, franceses o neerlandeses de ultramar, a iniciativa del Estado miembro de que se trate -por tanto, Dinamarca, Francia o los Países Bajos-, podrán modificar su
estatuto comunitario, bien el de región ultraperiférica, bien el de país y territorio de ultramar. ¿Cómo se lleva a cabo? Es un procedimiento específico. En este caso, se debe pronunciar el Consejo Europeo por unanimidad, previa consulta de la
Comisión. (El señor vicepresidente, Sáez Jubero, ocupa la Presidencia.) Aunque esta disposición -y esto también quiero resaltarlo- no es aplicable ni a España ni a Portugal, incide en el estatuto jurídico aplicable a las regiones ultraperiféricas
al posibilitar la ampliación del número de regiones que podrían beneficiarse del mismo. Concretamente me estoy refiriendo en un futuro próximo a la nueva incorporación de Mayotte por un lado y a las Antillas neerlandesas y Aruba por otro. Esto
significa que cualquier cambio o modificación
del estatuto de región ultraperiférica en relación, por ejemplo, con Canarias tendría que llevarse a cabo no por este procedimiento de la cláusula pasarela, sino por el procedimiento de revisión general de los tratados. Esto creo que es
importante.
La tercera gran novedad que introduce el tratado -que quizá sea sobre la que más se ha hablado en el día de hoy- es la que se refiere a las ayudas de Estado. Las ayudas de Estado se han visto, incluso ya por la propia doctrina porque ya
empieza a desarrollarse, como de especial trascendencia sobre todo para Canarias; el gran logro, por decirlo de alguna manera. En relación con esta cuestión, la letra a) del apartado 3 del artículo 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea señala expresamente: Podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones contempladas en el artículo 349 -por tanto, de las RUP-, habida cuenta de su situación
estructural, económica y social. La autorización de la posibilidad de concesión de ayudas de Estado a las regiones ultraperiféricas, independientemente de sus niveles de renta, yo creo que beneficia fundamentalmente a Canarias y supone, o así se ha
visto, una cierta garantía -siempre hay que verlo entre comillas- de continuidad para determinados artículos del Régimen Económico y Fiscal al configurarlo como una ayuda de Estado. Por todos es bien sabido que las ayudas de Estado han sido la base
jurídica en las que se fundamenta el Régimen Económico y Fiscal, que deberá someterse a renovación con relación a las directrices, como también es sabido, antes del año 2013.
Por tanto, gracias a esta inclusión, a esta posibilidad que se incorpora
en el Tratado de Lisboa cuenta ahora, por decirlo así, con una mayor cobertura jurídica.
Al hilo de lo que acabo de exponer -además quiero ser clara y no extenderme en el tiempo-, para terminar me gustaría hacer una serie de consideraciones finales. En primer lugar, la ultraperiferia constituye una realidad única caracterizada,
como se ha dicho aquí, por la permanencia y acumulación de una serie de limitaciones estructurales, que justifican hoy por hoy un tratamiento específico en el seno de la Unión Europea. El reconocimiento institucional del estatuto de las regiones
ultraperiféricas en el texto del Tratado de Lisboa es el resultado de una labor de continuidad y de profundización de la acción comunitaria a favor de estas regiones, pero siempre sin olvidar -y esto es importante- que se trata de regiones
plenamente integradas en las políticas comunes y en el proceso para la realización del mercado interior. Una muestra de este quehacer conjunto son las comunicaciones de la Comisión -y hablo de las comunicaciones del año 2000, 2004, 2007 y 2008- y
el propio memorándum adoptado en la XV Conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria durante los días 14 y 15 de octubre de 2009.
Las acciones desarrollas por la Unión Europea a favor de las regiones ultraperiféricas evidencian la necesidad -esto es importante y quizás aquí está el meollo- de conciliar las dificultades de la integración de estos territorios con los
objetivos generales de la Unión, tal como se precisa en la cláusula de salvaguardia incluida en el último párrafo del artículo 349, a favor de los intereses de la Unión Europea: La adopción de las medidas específicas -dice literalmente y expresa
nuevamente lo recogido en el artículo 299.2- no deben poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las políticas comunes. No cabe la menor duda de que las medidas específicas
adoptadas y las que en un futuro se adopten basándose en lo dispuesto en este artículo 349 suponen una excepción a las medias comunitarias adoptadas a favor del desarrollo del mercado interior único.
Sin embargo, debemos tener presente -y esto es
una afirmación positiva que aparece en la propia declaración final de la última Conferencia de presidentes de las RUP- que el mercado interior es un instrumento cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos, incluidos los de
las regiones ultraperiféricas.
El referido artículo 349, con el fin de preservar las particularidades de las RUP y reducir sus limitaciones o eliminar incluso la discriminación que suponen los costes de la ultraperiferia, permite, como se ha dicho también a lo largo del
día, modular la aplicación de las disposiciones del tratado. A mi juicio, el problema que se presenta y que es el gran meollo de la cuestión es el de los límites de ese derecho particular que ha venido a denominarse estatuto especial. La cláusula
de salvaguardia evidencia la necesidad de ponderar la relación entre los beneficios de las medidas que se adopten para las RUP y los perjuicios para la integridad y coherencia del ordenamiento comunitario. A estos efectos, uno de los principios
clave tomados en consideración fundamentalmente a la hora de evaluar las medidas adoptadas a favor de estas regiones es el de proporcionalidad, dentro del cual, desde mi punto de vista, hay dos test que ocupan un lugar esencial: el test de igualdad
de oportunidades de los ciudadanos europeos a partir del derecho a la diferencia y el de la justificación de la necesidad objetiva de las medidas. Como he dicho, la aplicación diferenciada o modulada del acervo comunitario en estas regiones no debe
repercutir en desventajas de los Estados miembros de la Unión en virtud de esta cláusula. Por ello resulta fundamental que la medida específica o particular que se adopte sea tan imprescindible al propio desarrollo de la colectividad territorial
-como ya he señalado en otras ocasiones- que su carencia produzca una situación discriminatoria para la misma; en otras palabras, que se justifique por la justicia de su motivación o necesidad objetiva con vistas a un desarrollo económico y social
de estas regiones.
Hoy por hoy la vía jurídica de conciliar estos dos criterios es cada día más compleja, simplemente por la mera incorporación de veintisiete Estados miembros y las grandes diferencias que existen entre los propios Estados.
Desde esta perspectiva parece evidente que al corresponder a la Comisión la iniciativa de elevar las propuestas de las medidas específicas para las RUP, supone una garantía de la defensa de los propios intereses comunitarios, y en ocasiones
incluso en posible detrimento de los intereses de las regiones ultraperiféricas. No obstante, aun en el supuesto de que la adopción de esas medidas menoscabara la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión o ese derecho a la
diferencia en el sentido de lo que estoy hablando, reconocido a las regiones ultraperiféricas también por el propio artículo 349, no podemos olvidar la posibilidad de recurrir a la vía contenciosa, que siempre estaría abierta en estos casos y en los
que el Tribunal de Justicia de la propia Unión Europea tendría la última palabra. Un buen ejemplo de esto que estoy diciendo y de esencial interés para Canarias lo constituye el recurso de anulación, interpuesto por Portugal el 27 de febrero del
año 2003, contra la decisión de la Comisión Europea, de 11 de diciembre del año 2002, y la correspondiente sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de septiembre del año 2006, sobre el régimen fiscal de las islas Azores.
En este caso, el tribunal
desestimó el recurso interpuesto por Portugal, que solicitaba la anulación de la decisión de la Comisión en la medida en que consideraba que las reducciones del tipo de gravamen del impuesto sobre la renta de las personas físicas y jurídicas con
domicilio fiscal en Azores constituían ayudas de Estado. Portugal, entre otras razones, consideraba que las ventajas fiscales concedidas a las empresas solo podían considerarse medidas generales y, por tanto, no constitutivas de ayudas de Estado.
Esta sentencia del tribunal viene a marcar claramente cuáles son esos criterios para considerar este tipo de medidas como ayudas fiscales, por lo que tiene repercusiones en determinados artículos, como el 24 y siguientes, del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias de cara a un futuro. Muchas gracias por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Señor Perestelo, tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer a la profesora Asín la presentación de esta ponencia dentro del marco de trabajos que estamos realizando en la Comisión. Quiero agradecerle toda la información que ha aportado
y sobre todo esa visión, desde el punto de vista del derecho, de lo que significa ese estatus especial de región ultraperiférica en el marco de la propia Unión Europea. Creo que son aportaciones importantes. Hoy se han puesto en cuestión por algún
interviniente algunos aspectos del soporte jurídico de ese concepto e incluso también la valía o no o la importancia o no de seguir incorporándolo en una estrategia futura de relación, en el caso de Canarias, con la Unión Europea, comparándolo con
otros territorios, con otros lugares y con otras diferencias. Usted hacía una valoración sobre la igualdad de los ciudadanos con ese derecho a la diferencia. Al hilo de su reflexión final sobre esa sentencia en relación con un recurso interpuesto
por Portugal, si me permite, me gustaría hacerle una pregunta.
En estos momentos estamos discutiendo en este Parlamento la ley de puertos, que parte de un criterio establecido en una sentencia de los tribunales europeos sobre una denuncia del Tribunal de la Competencia por las bonificaciones en puertos
de origen-Península para mercancías que van a Canarias. Nosotros siempre hemos entendido que el 299.2 garantizaba en su día que esas bonificaciones se pudieran contemplar en el marco del derecho español en cuanto a la operatividad de los puertos en
relación con las mercancías que van a Canarias. Sin embargo, la no interposición del recurso por el Reino de España ha llevado incluso al planteamiento en esta nueva ley de la posible supresión de esas bonificaciones. Hoy afortunadamente estamos
en un clima de diálogo en el que parece que es posible recuperar esas bonificaciones en la operatividad de los puertos canarios, pero no así cuando hablamos de puertos de origen en territorio peninsular en relación con otro territorio europeo. No
sé si conoce la referencia, pero entiendo que podía estar un poco en similitud con el ejemplo que usted planteaba en su intervención. En todo caso, muchísimas gracias por la información y por las aportaciones que ha realizado. Yo espero que
podamos un día muy pronto, igual que con otros ponentes, proporcionarles, en reciprocidad, como antes decía alguien, el documento final de esta Comisión, porque de la misma manera que les solicitamos a ustedes que nos aporten por escrito esas
propuestas, entiendo que esta Comisión se ve también en la reciprocidad de devolverles a ustedes el documento final que elabore la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Senadora Sanín, tiene la palabra.
La señora SANÍN NARANJO: Bienvenida, señora Asín, y enhorabuena por su intervención.
Las regiones ultraperiféricas forman parte integrante de la Unión Europea y como no podía ser de otra forma han sido objeto de tratamientos específicos y diferenciados precisamente por contribuir a la diversificación de la economía
comunitaria. Esa especificidad territorial es la que ha permitido adaptar las políticas comunitarias a sus realidades y sus particularidades a tenor precisamente del artículo 299.2 del Tratado constitutivo de la Unión, que hoy es ratificado
precisamente por el artículo 349 del Tratado de Lisboa. En algunos foros he escuchado ya que son como una avanzadilla de la Unión Europea en el mundo y a su vez son atractivas precisamente para el desarrollo de ciertas actividades por su potencial
en cuanto a la investigación y la tecnología. Sin embargo, esas características propias de las regiones ultraperiféricas como el clima, el relieve, la separación física del continente europeo, su densidad poblacional o su proximidad con países
terceros menos desarrollados se convierte en la práctica en graves obstáculos para su
desarrollo, pero es que esas especificidades también las comparten otros territorios españoles que no tienen el reconocimiento de regiones ultraperiféricas.
Señor presidente, yo no puedo dejar de decir, lo que tengo que decir, porque realmente a mí me sensibilizan mucho precisamente las circunstancias en las que se encuentran las dos ciudades autónomas que comparten las mismas especificidades de
aquellas regiones ultraperiféricas, salvo la lejanía. Ese concepto de gran lejanía es un concepto muy relativo y quizá diría yo muy subjetivo, ¿Por qué razón? Porque, salvo que se me corrija, no he encontrado en ningún momento, en ningún lugar
algo que diga cuál es el límite mínimo que debe existir entre esa Europa continental y esa región europea. Por lo tanto, si no existe ese límite mínimo que debe existir entre una zona y otra, vale también para aquellas ciudades la lejanía que
geográficamente existe dada su situación de ultrapeninsularidad.
Ceuta no es una isla, evidentemente, todos lo sabemos; sin embargo, solo se diferencia de estas en el hecho de contar con una reducida frontera terrestre con el Reino de Marruecos y esta circunstancia, lejos de ser una ventaja con respecto
a los territorios insulares, origina gravísimos problemas difíciles y costosos de resolver. Es frontera terrestre de la Unión Europea, tiene una fuerte presión migratoria que provoca grandes disfunciones en el paso fronterizo demandando
precisamente la permanencia de fuerzas de seguridad, centros de acogida de menores y de estancia temporal de inmigrantes que evidentemente no puede soportar con los presupuestos propios. Entiendo, señora Asín, que Ceuta y Melilla padecen esos
problemas estructurales y permanentes que dificultan su desarrollo.
Ya se ha mencionado aquí precisamente toda la problemática que hay y no la quiero repetir, pero en todo caso son problemas y dificultades estructurales y permanentes y que se
comparten, pues precisamente son las mismas características comunes que presentan las regiones ultraperiféricas salvo, como decía anteriormente, la lejanía. No es que se pretenda que se reconozcan como regiones ultraperiféricas, pero sí que se les
reconozca un estatus similar o parecido al que tienen las regiones ultraperiféricas.
Me quedo con dos frases que he escuchado hoy que son muy importantes: La clave del éxito es el consenso político. Yo añado que es condición sine qua non la solidaridad territorial y la igualdad. Usted hoy ha hablado precisamente de la
igualdad de oportunidades a partir del derecho a las diferencias. Nosotros también somos diferentes -yo soy de la Ciudad Autónoma de Ceuta, parece evidente-, tenemos esas peculiaridades y necesitamos también que se nos reconozca -insisto- no ese
estatus de región ultraperiférica, pero sí uno equivalente a las mismas. Como decía el señor Rodríguez Martín hace poco, es necesario ese reconocimiento para reducir y compensar impactos, reducir costes y abrir formas autónomas de reproducir el
sistema.
Señora Asín, solamente le quiero hacer una pregunta. ¿Considera usted que realmente, dadas las peculiaridades que subsisten en las dos ciudades autónomas, sería conveniente que se les reconociera ese estatus similar o parecido al de
regiones ultraperiféricas a fin de poder conseguir esas subvenciones comunitarias que les permitan soportar o paliar todas esas deficiencias y especificidades que padecen?
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Por el Grupo Socialista tiene la palabra don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora Asín Cabrera, desde luego qué satisfacción para este profesor de la Universidad de La Laguna que les habla comprobar que tres profesores de nuestra universidad, que se han caracterizado por trabajar en esta
materia a lo largo de una serie de años, en líneas distintas pero complementarias, y que tienen capacidades para integrar un modelo, hayan comparecido ante esta Comisión.
Termino en esta intervención en la misma línea en la que comencé, dirigiéndole unas palabras al profesor Rivero Ceballos. Quedará recogido en el 'Diario de Sesiones', al que obviamente accederán ustedes de inmediato, y están configurando un
conjunto de consideraciones que nos enriquecen sin duda alguna. Bien es cierto que un no jurista -si me puedo calificar de esa manera- como quien les habla sintió curiosidad de leer trabajos de investigación suyos en etapas anteriores en estas
materias.
Hay un trabajo que usted tituló 'La Constitución Europea y el estatuto jurídico de las regiones ultraperiféricas' -al que también hice referencia- donde lleva a cabo una serie de consideraciones. Si bien es cierto que ese trabajo es
previo a la consolidación del Tratado de Lisboa, está en una línea directriz que he podido comprobar es la línea directriz mayoritaria que usted ha mantenido en su intervención, luego no dude que va a ser muy positivo para nosotros.
Usted ha hecho referencia a la posición de desventaja estructural que ocupan los territorios ultraperiféricos calificados en la primera Conferencia relativa a las regiones insulares europeas que se celebró en la isla de Tenerife en abril de
1981 -como le dije a don José Ángel Rodríguez hace un rato- bajo los auspicios de la Conferencia de los poderes locales y regionales de Europa. Fue una conferencia singular -curiosamente a veces los canarios no presumimos de ella- que creo que
marcó no digo un punto de inflexión, pero sí un mecanismo de aceleración de una dinámica más intensa para avanzar en la configuración de un modelo en el que hoy nos encontramos bastante bien definidos. En ese sentido usted además, con
posterioridad, en este artículo, dice: Con el fin de consolidar jurídicamente la posición comunitaria de las regiones ultraperiféricas, una mención particular merece la técnica legislativa empleada por el legislador comunitario para llevar a cabo
la incorporación del contenido del artículo 299.2 del Tratado de la constitución europea en el texto del Tratado de la constitución. A tales efectos, el legislador comunitario ha desdoblado el contenido del artículo 299.2 en dos disposiciones
diferentes del texto constitucional. Usted pone énfasis en unas conclusiones a las que me quiero referir. Una de ellas es la siguiente: Las acciones desarrolladas por la comunidad a favor de estos territorios sobre la base de la
aplicación del artículo 299.2 evidencian la necesidad de conciliar las dificultades de la integración de estas regiones, calificadas de ultraperiféricas, con los objetivos generales de la Unión -tema clave que ha presidido prácticamente todas las
intervenciones-. Los problemas son esencialmente sociales y económicos -en esto incidió el profesor Rivero Ceballos-, pero los instrumentos para alcanzar un justo equilibrio entre la diversidad y la uniformidad de las soluciones son necesariamente
jurídicos e institucionales. Ahí es donde yo me pierdo. Lo ha llevado a su terreno, a su especialidad, y ahí quisiera que profundizase un poco.
Expone también otra conclusión. Dice: El régimen jurídico previsto en el Tratado constitucional, al igual que el artículo 299.2, autoriza la aplicación de un derecho particular a las regiones ultraperiféricas, pero ello no garantiza la
perdurabilidad indefinida de un tratamiento diferenciado. Eso me preocupa. No garantiza la perdurabilidad de un tratamiento diferenciado. Hay características que son perdurables en el tiempo. La climatología, como vemos con el cambio climático,
puede variar, pero la distancia geográfica, la ubicación, las características orográficas o las características vulcanológicas de nuestra tierra no van a variar. Repito: Pero ello no garantiza la perdurabilidad indefinida de un tratamiento
diferenciado. Su mayor o menor vigencia dependerá de la necesidad objetiva que justifique la adopción de actos jurídicos singulares o particulares, pero siempre sin olvidar que se trata de regiones plenamente integradas en las políticas comunes y
en el proceso para la realización del mercado interior. Termino. Esto choca un poco con la terminología clásica que muchos políticos canarios utilizamos durante mucho tiempo, con la que defendíamos un estatus perdurable y permanente para Canarias
en el seno de la Unión Europea.
En resumen, me gustaría que profundizase en estas tres o cuatro conclusiones de su trabajo que he leído o las matizase y nos las edulcorase, porque me ha preocupado esta última consideración.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): ¿Hay alguna otra intervención de algún otro diputado o senador individualmente? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Asín para contestar.
La señora PROFESORA TITULAR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Asín Cabrera): Gracias a todos por el interés que ha suscitado mi intervención. Trataré de responder individualmente a cada uno de ustedes.
Señor Perestelo, el REF ha sido uno de los temas candentes desde los primeros momentos. Cuando España formuló la candidatura a la Comunidad Europea, en el año 1986, hubo un gran debate, que partía incluso de 1981, de esa conferencia que
acaba de mencionar el señor Segura. Precisamente, una de las cuestiones que justificaron en su momento la necesidad de que la adhesión de Canarias se negociase en un capítulo aparte fue el reconocimiento del Régimen Económico y Fiscal en la
Constitución española, en esa famosa disposición adicional tercera que todavía tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? A partir de entonces el REF ha sufrido muchas modificaciones. El cambio de modelo por el que se optó -y fue una opción política en
su momento- en el año 1986, el famoso protocolo número 2, fue pasar al modelo pleno de integración. Por eso lo he subrayado en mi intervención. Creo que hay un antes y un después. En el modelo anterior Canarias estaba fuera de la Unión Aduanera y
se le aplicaban otras políticas distintas. En ese sentido era una integración parcial; ahora es el modelo de pleno integración. Una de las cuestiones que se derivan de ese modelo -la que más ha sufrido, por decirlo de alguna manera, o la que más
ha salido a la palestra- ha sido el Régimen Económico y Fiscal a través de las distintas modificaciones.
Con relación a esta sentencia -ahora ya me sitúo en el momento actual-, lo que viene a marcar es que determinados artículos del Régimen Económico y Fiscal tienen la calificación de ayudas estatales. Hay muchos temas más, no solamente están
estas cuestiones puntuales o estos beneficios fiscales. El REF es mucho más amplio y existen muchas cuestiones todavía por negociar en un futuro. Usted ha hablado también de esa ley.
Concretamente no conozco esa sentencia del tribunal, si puede
facilitármela estaré encantada de estudiarla y matizarla.
Lo que es importante -es una baza que aquí no se ha dicho, pero es importante por lo menos para las cuestiones de competencias de comunidades autónomas- es la elaboración del Estatuto de Autonomía. Es un hándicap que tenemos. Sería muy
interesante que muchas de estas cuestiones de las que estamos hablando, de esos retos de cara al año 2013, estuvieran ya concretadas en un Estatuto de Autonomía aprobado, con esas competencias queremos en materia fiscal y en otros ámbitos, dentro
del margen de la propia Constitución española. Es algo que no debemos olvidar desde el punto de vista jurídico porque va a ser la base -importante también- para argumentar en el contexto económico del que aquí también se ha hablado, y ver realmente
cuál es la evaluación. El discurso que he leído a la Comisión a través de estos documentos.com se repite. ¿Y qué es evaluación? Evaluación de las medidas, contrastar y ponderar. Esa es una cuestión que de cara a un futuro va a estar ahí.
Permítame enlazar esto con el tema de la perdurabilidad. Siempre he mantenido que no es aconsejable un estatuto permanente en el sentido jurídico del término, como dije en algún momento de mi ponencia. Es verdad que hay una continuidad con
ese artículo porque ahí no
hay muchos cambios de la Constitución al propio Tratado de Lisboa. Hay algunas cuestiones que sí, pero otras que no. Cuando digo que desde el punto de vista jurídico el estatuto permanente no lo es, es porque todo régimen especial,
incluido el de las RUP actuales, supone una negociación permanente, por una razón. Sería una contradicción hablar de un estatuto de permanencia en el sentido literal del término, al decir: Quiero un estatuto permanente, rígido, donde yo no tenga
maniobra de acción, cuando estoy plenamente integrado en la Unión Europea y se me van a aplicar unas políticas y unas deferencias, unas medidas especiales, para mejorar y eliminar esos sobrecostes, o como se les quiera llamar, de la ultraperiferia.
Quiere decir que en un momento a lo mejor esos costes serán mayores y en otros momentos podrán ser mitigados. No quiere decir que vaya a desaparecer obviamente la cuestión de lejanía, la reducida superficie o el ámbito insular; eso sí que
permanece. Cuando hablo de permanencia me refiero a que siempre tendremos que negociar -digo esto al hilo de una de las preguntas de Pablo Matos esta mañana cuando hablaba de cuál era esa flexibilidad-; siempre tendremos que tener una negociación
permanente, no hay una garantía absoluta. Dentro de la Unión habrá momentos en que será más fácil conseguirlo, dependiendo de los problemas que haya y no solamente con relación a la RUP, que como se ha dicho desde el punto de vista es significativo
y tiene mucho valor para nosotros, pero a lo mejor para el resto de los Estados miembros hay otros problemas que quieren solventar. Por tanto ahí entrarán también las negociaciones.
Es una política de bandos a nivel europeo. En ese sentido digo
que la perdurabilidad no tiene carácter indefinido. La perdurabilidad en el tiempo se producirá en cada momento concreto, pero eso supone una negociación permanente. Y así ha pasado en los regímenes especiales dentro de la Unión Europea en su
momento. De esta manera enlazo con la pregunta que me hacían sobre Ceuta y Melilla.
Este es un tema que estudié en su momento y quiero señalar que se trata de una opción de política. Ceuta y Melilla estaban en un régimen similar incluido dentro del protocolo número 2, concretamente en el artículo 25 del Acta de adhesión.
Por aquel entonces se incluyó a Canarias por un lado y a los territorios de Ceuta y Melilla por otro. En el año 1986 se eligió una opción política y se produjo nuevamente un gran debate a partir del cual Canarias pasaría de un modelo de integración
menos plena a un modelo de plena integración. Pero esa fue una opción política, igual que en su momento también se manejó, incluso antes del famoso protocolo número 2, la posibilidad de que Canarias quedara fuera como un tercer Estado. Recuerdo
ese debate, similar al que se produjo respecto a las islas Feroe. Ceuta y Melilla sí tienen una situación especial dentro de la Unión; el protocolo número 2 se sigue aplicando a Ceuta y Melilla.
Desde el punto de vista del Tratado -hablo jurídicamente- esa cláusula pasarela que permite a determinados Estados miembros de la Unión como Países Bajos, Dinamarca y Francia un cambio en el Estatuto de regiones ultraperiféricas, no es
posible ni para España ni para Portugal. Esto significa que en un futuro podría haber un debate que no tiene por qué ser el del modelo de región ultraperiférica, pero sí podría haber otro modelo diferente, lo cual sería una opción política interna
del Estado español. Respecto a Ceuta y Melilla, en las que no veo el cambio a región ultraperiférica porque tienen otros problemas particulares pero no los de las regiones ultraperiféricas, se podría optar por otro cambio de modelo que así se
estableciese. En cualquier caso, desde el punto de vista del Tratado de Lisboa, cualquier cambio de región ultraperiférica pasaría por una revisión de los tratados; esa es la diferencia de la cláusula pasarela, que solamente concierne a tres
Estados. Por tanto, Ceuta y Melilla podrían tener opción de cambiar su modelo, el que fuera, pero tendría que producirse primero un debate interno porque eso no depende de la Unión Europea. Los regímenes especiales son competencia exclusiva de los
Estados sobre su territorio -ahí no hay competencia compartida-, corresponden al territorio del Estado en cuestión del que dependen jurídicamente. Por eso les hablaba de los departamentos franceses de ultramar. El cambio que se ha producido en
Maillot¿?, San Martín o San Bartolomé es un cambio constitucional de política interna de esos Estados. En este caso el Estado francés es el que ha planteado que un territorio que antes dependía de Guadalupe, que era una comuna, ahora pase a ser
departamento francés de ultramar; y lo mismo ocurre con Sant Pierre et Miguelon al que antes hacía referencia; un territorio de ultramar y ahora es departamento ¿Por dónde pasa? Por la Unión Europea.
La Unión Europea jamás va a decidir sobre las
cuestiones constitucionales de política interna ni en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ni en el de Canarias, Azores o Madeira. Por tanto, si se quisiera hacer un cambio de modelo en un futuro tendría que producirse un debate
interno sobre cuál sería esa opción. En cualquier caso, no debemos olvidar que hoy en día el protocolo número 2 sigue vigente en esas dos ciudades, cosa que no ocurre en Canarias puesto que optó por un modelo de plena integración. Me gustaría que
se tomase en consideración esta cuestión porque los regímenes especiales -los insulares, etcétera- a veces han fraguado y otras veces no, pero siempre el primer punto de partida de la negociación se produce en el Estado miembro del cual ese
territorio depende jurídicamente. Hay muchos ejemplos, desde el caso de Groenlandia a cualquiera de ellos, pero, desde el punto de vista jurídico y constitucional, depende del Estado en que se está inserto. A partir de ahí se ha abierto un debate
a nivel interno vía Parlamento, Congreso, instancias políticas. Y luego hay que ver con el Tratado de Lisboa en la mano qué mecanismo existe, para presentar una posible revisión del Tratado de la Unión Europea y establecer el modelo a seguir.
La lejanía es un factor más, como se ha dicho aquí. Cuando hablamos de ultraperiferia, no se trata de un único factor, sino que es un cúmulo de factores que están ahí. Como dijo antes don José Ángel Rodríguez Martín, siempre he partido de
la posición de que cada situación de las RUP es única. Y eso se ve claramente. En los antecedentes a las regiones ultraperiféricas -es el caso de los departamentos franceses de ultramar-, Francia fue uno de los primeros Estados que formó parte del
mercado común. Entonces la política francesa estableció unas medidas específicas.
Incluso, hubo una sentencia del Tribunal de Justicia que sentó una jurisprudencia importante que fue el caso Hansen. En Canarias, como dije, primero hubo un modelo
distinto al actual. En el caso de Azores y Madeira, cuando se incorporó Portugal, a penas hubo debate. Azores y Madeira consiguieron entonces una especialidad que era prácticamente la de la zona franca, y como empuje al lado de Canarias. Lo que
quiero decir es que la ultraperiferia no surgió de repente, sino poco a poco al hilo del tiempo, con cambios de modelo. En ese sentido, hablaba de que los estatutos no son permanentes, cada momento puede tener un cambio y a lo mejor dentro de unos
años podemos decir que el modelo RUP no es válido, o es válido para 'a' y no es válido para 'b'. Esto es muy importante y es lo que he querido destacar.
Cuando hablo de ese desdoblamiento en la Constitución no es en vano porque hay una diferencia importante. En el artículo 299 estaba todo el ámbito de aplicación territorial de los tratados y el artículo 299.2 lo explicaba. Ahora está
diferenciado: un primer artículo contiene el ámbito de aplicación territorial y hay una mención a las RUP. Ahora tenemos un único artículo de derecho originario exclusivo que aborda, desde el punto de vista institucional, el tratamiento de las
regiones ultraperiféricas.
Y creo que en estas cuestiones podemos apoyarnos, siempre con esa cláusula de salvaguarda que mencioné antes. Para eso está el Tribunal de Justicia al que puede acudir el Estado español o cualquier otro Estado en contra
de una decisión, directiva o reglamento de cualquier otro Estado miembro. Entraba en ese principio -del que hoy se habla bastante- que es el de la proporcionalidad, que aparece recogido en el artículo 5 del Tratado junto con otros. Por eso podemos
hablar del test de igualdad, del test de no discriminación, podríamos incorporar el hecho diferencial, otros pluses más, etcétera. El marco para negociar y continuar hoy por hoy en las necesidades en un momento de crisis está consolidado. Esa es
la vía jurídica importante que no debemos olvidar.
Estoy de acuerdo con los anteriores intervinientes, incluso con los de esta mañana, en que tenemos un marco óptimo. Pero añadí que no ha surgido de repente pues es fruto de un esfuerzo continuo por parte de la Comisión, de los Estados, del
partenariado, y en su momento de la propia comisión de servicios que es cuando se empieza a establecer el concepto o la noción -me gusta más noción- de región ultraperiférica y aparecen las primeras políticas, que eran los famosos Poseís. Esa es la
dinámica.
Claro que va a haber dificultades, y la Comisión cada vez más va a ejercer de guardiana de los Tratados como es su deber. En la composición de la Comisión actual, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, van a estar los veintisiete
comisarios. Esta mañana se hablaba del poder de codecisión de los parlamentos. En este caso no es el poder de codecisión, sino un procedimiento legislativo especial, lo cual nos beneficia porque sería el Consejo por mayoría cualificada. Pero en
el caso de la Comisión van a estar ahora representados los veintisiete comisarios y ahí va a haber mucho debate y juego de muchas políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Muchísimas gracias, señora Asín Cabrera, por su comparecencia y por todas sus explicaciones en nombre de la Comisión. Si nadie más quiere alguna aclaración, podemos seguir con la ronda de
comparecencias.
- DE LA SEÑORA COMISIONADA DE ACCIÓN EXTERIOR DEL GOBIERNO DE CANARIAS, CASAS CABELLO. (Número de expediente del Congreso 212/000912 y número de expediente del Senado 713/000595.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Está presente la señora Casas Cabello, así que procedemos a su comparecencia.
La señora COMISIONADA DE ACCIÓN EXTERIOR DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Casas Cabello): Querría empezar mi comparecencia agradeciendo la invitación a participar en esta Comisión. Me gustaría señalar que todo lo que se ha hecho con respecto al
estatus especial de las regiones ultraperiféricas, los desarrollos del estatuto ultraperiférico, han avanzado gracias a un trabajo conjunto de las regiones ultraperiféricas de los tres Estados miembros a los que pertenecen, siempre con la
complicidad de las instituciones comunitarias. Me gustaría destacar que ha sido en ese trabajo conjunto y en el alto grado de consenso que hemos conseguido donde ha estado nuestra fuerza y donde se han conseguido los mayores avances. Por eso, me
parece muy oportuno y pertinente que esta Comisión quiera sumarse activamente a estos trabajos.
Por mi parte, me gustaría dar la visión que tenemos desde el Gobierno de Canarias, desde una institución que participa -y yo personalmente llevo ya unos cuantos años en esto- activamente en estos trabajos de concepción y desarrollo del
estatus ultraperiférico. Desde los inicios, prácticamente desde el año 1986, con la adhesión de España y Portugal, donde todo el tema de la ultraperiferia cogió un rumbo nuevo, ese trabajo conjunto de las regiones, de los Estados y de las
instituciones comunitarias ha pasado por varias fases. Al principio, era esa renegociación de las medidas específicas que teníamos los Posei, la Declaración 26 del Tratado de Maastricht,
etcétera; y, en segundo lugar, esa nueva etapa a raíz del año 1991, en la que tratábamos de consolidar ese derecho a la diferencia en el derecho primario, que se culminó con la introducción del artículo 299.2 en el Tratado de Ámsterdam. En
este punto me gustaría mezclar la comparecencia que traía preparada con algunas de las opiniones que he escuchado esta tarde, que me parecen interesantes y que me gustaría comentar.
El reconocimiento del estatus específico de las regiones ultraperiféricas en el artículo 299.2 del Tratado de Ámsterdam nos da derecho a la diferencia, y hay una confusión muy frecuente entre estatus y estrategia.
Antes comentaba la
profesora Asunción Asín -con la que suelo estar de acuerdo prácticamente en todo pero en esto, no- si el estatus de ultraperiferia es permanente o no. Yo afirmaría categóricamente que el estatus específico de las regiones ultraperiféricas es un
estatus permanente. Una cosa es el estatus, el derecho a la diferencia que nos reconoce el artículo 299.2, ahora 349; y ese derecho a la diferencia, a tener una aplicación modulada, diferente, incluso excepciones en las políticas comunitarias, es
permanente, porque permanentes son las circunstancias que lo motivan. Eso existirá hasta que a lo mejor desaparezca de los tratados. Tendría que haber una revisión de los tratados en la que desapareciera por completo ese reconocimiento y, por
tanto, el estatus. Mientras eso no suceda, el estatus es permanente porque permanentes son las circunstancias que lo motivan. Distinto es que la concreción y el desarrollo de ese estatus tenga que hacerse mediante una negociación permanente,
porque el derecho a la diferencia en sí mismo no es nada; el derecho a la diferencia tiene que traducirse en una estrategia y en unas medidas concretas, que serán las que sean en función de la coyuntura en la que se estén desarrollando, en función
de la coyuntura europea y de las regiones. En ese sentido, hay una concepción muy clara desde los tres niveles -regiones, Estados e instituciones comunitarias- por la que la condición de ultraperiferia es una situación permanente que se trata, se
aborda, con medidas temporales que se renuevan periódicamente. Permanente es el estatus; periódicas y sujetas a una renovación temporal son las medidas en las que se concreta el desarrollo de ese estatus, y eso sí que está sujeto a una negociación
permanente. Esa necesidad de una negociación permanente es lo que hace tan importante ese trabajo conjunto de regiones, Estados e instituciones comunitarias, porque en ese esfuerzo continuo de renegociación seremos fuertes si tenemos en cuenta dos
cosas. Primero, argumentos sólidos que acompañen la defensa de nuestros planteamientos. Con el tiempo hemos podido comprobar que por lo general todo es planteable en Europa siempre que tengas argumentos sólidos que lo defiendan. Las instituciones
comunitarias han sido hipersensibles a los planteamientos de la ultraperiferia y hay muy pocas cosas que podamos decir que se han quedado por el camino. Unas se han conseguido en su integridad y otras han perdido algunos flecos, pero por lo general
todo se ha conseguido si se acompaña con argumentos sólidos. Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo desde las instituciones de elaborar documentos estratégicos que tengan ideas claras, que fijen objetivos concretos y sobre todo que concilien
ese objetivo de cohesión económica, social y territorial con el necesario respeto a la integridad del ordenamiento jurídico comunitario, que es en definitiva de lo que estamos tratando; hasta qué punto una medida es necesaria, proporcional y
adecuada a la situación ultraperiférica y hasta qué punto no. La ultraperiferia no sirve para todo, en eso tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que entiende que el régimen ultraperiférico sirve para cualquier cosa, y no es así. Debemos ser
sólidos en nuestros planteamientos y aportar argumentos rigurosos.
Eso es el primer elemento, tener argumentos sólidos.
El segundo es tener apoyos políticos. Estoy de acuerdo con el profesor Donhe en que la ultraperiferia es una creación política e institucional que se ha llenado de contenido gracias a la teoría económica y a la teoría jurídica. El soporte
de la teoría económica, los argumentos económicos y los argumentos jurídicos son los que nos han permitido avanzar e ir dotando de la cobertura necesaria a esos planteamientos que llevamos a Bruselas. Pero su creación es una creación político
institucional. Muchas de las cosas que trasladamos en esos documentos han salido de una negociación de despacho, de una negociación entre las siete regiones, los tres Estados y las instituciones, donde hemos llegado a ponernos de acuerdo sobre algo
en lo que básicamente todos estamos de acuerdo, no molesta a nadie y más o menos es defendible. Esto es como una estrategia bottom up-top down, o sea, traducimos una idea al lenguaje comunitario, llegamos a un planteamiento que no molesta a nadie,
que es asumible por las instituciones comunitarias, y luego vuelve a bajar y tiene que traducirse en medidas concretas donde sí entran los argumentos económicos y jurídicos para soportarlas. Ese es un trabajo continuo; siendo el estatuto
permanente, ese es un trabajo continuo de renegociación y de adaptación de las medidas a la coyuntura, a la evolución de la Unión Europea y a las prioridades de cada momento. Los apoyos políticos, por tanto, son absolutamente necesarios, y más en
una Europa ampliada a veintisiete Estados miembros. Ahí el apoyo de los tres Estados miembros con regiones ultraperiféricas, la unión de los tres Estados, es fundamental, pero también tenemos que buscar otros aliados.
Alianzas, que no confusiones.
Antes mencionaba el profesor don José Ángel Rodríguez el concepto de región insular frontera. Estando totalmente de acuerdo en la importancia del elemento fronterizo como elemento caracterizador de la ultraperiferia, creo que debemos ser
muy cuidadosos a la hora de introducir el término insular. Desde el principio de nuestros trabajos hemos omitido voluntariamente el término insularidad, o por lo menos siempre hemos tratado de introducirlo acompañado de los otros elementos que
caracterizan la ultraperiferia. La ultraperiferia es la acumulación de una serie de circunstancias;
es la acumulación de la insularidad, la lejanía, la reducida dimensión, la dependencia de una serie de productos, etcétera. Focalizar demasiado en la insularidad contribuye a confundirnos con las regiones insulares, y regiones insulares en
la Unión Europea hay muchísimas. En esas mismas condiciones de región insular frontera podrían estar Sicilia o incluso Malta si lo ampliamos a los Estados insulares. Esas confusiones a veces nos restan credibilidad, y sobre todo nos restan fuerza.
Yo creo que precisamente la fuerza de las regiones ultraperiféricas está en haber sabido definir y caracterizar nuestra singularidad y nuestra diferencia, lo que nos distingue de los demás. Eso es lo que nos hace fuertes. De hecho, en los
memorándum que elaboramos y en los que trabajamos las regiones ultraperiféricas casi siempre ponemos un eslogan que acuñamos desde el inicio de nuestros trabajos que en francés es más claro, pero la traducción del francés viene a decir: Nuestras
diferencias -diferencias con respecto a la Unión Europea- se asemejan, nos asemejan. A pesar de ser un grupo bastante heterogéneo, donde hay muchas diferencias entre Canarias, la Reunión o las regiones de las Antillas francesas, todas compartimos
una serie de diferencias con respecto al resto de la Unión Europea que son las que nos agrupan, y esas diferencias que nos agrupan y nos individualizan son las que nos hacen fuertes. En ese sentido, más que de reunión insular frontera hablaría
básicamente de región ultraperiférica frontera, porque ya el carácter fronterizo forma parte de la noción de ultraperiferia. Es una pena que no esté recogido en el artículo 349. Lo intentamos cuando la modificación del Tratado de Lisboa, pero no
se quiso tocar mucho el artículo, sino introducir algunas pequeñas matizaciones sabiendo que es inherente al concepto de ultraperiferia que somos fronteras cercanas a terceros países. Yo hablaría más bien de región ultraperiférica frontera. Sí a
las alianzas estratégicas. Sí a las alianzas estratégicas con otras regiones y con otros territorios con desventajas estructurales permanentes de otro tipo; sí a las alianzas estratégicas con regiones insulares; sí a las alianzas estratégicas con
las regiones poco pobladas del norte de Suecia, por ejemplo; pero no a las confusiones, porque es precisamente la individualidad, la insularidad y la singularidad lo que nos diferencia y lo que nos hace fuertes.
Dicho esto, ¿en qué marco nos movemos ahora y en qué estamos trabajando? Partiendo -como decía antes- de que el estatus es permanente pero la estrategia no y de que la estrategia está sujeta a una negociación y a una renovación permanente,
estamos ahora en un marco pseudocerrado hasta 2013 en el que las prioridades políticas de la Unión Europea, las políticas hacia las regiones ultraperiféricas y los medios financieros ligados a esas políticas están bastante definidos. Puede haber
pequeños ajustes, pero el margen de maniobra es más bien corto. Cuando hablamos ahora de estrategia para las regiones ultraperiféricas hablamos siempre en el horizonte 2014-2020; estamos hablando de una estrategia de futuro.
Ahí es donde nos
movemos ahora. Esa estrategia de futuro es en la que estamos trabajando ya. Como saben, en la Unión Europea se trabaja con muchísima antelación y tenemos que acompasar los tiempos y ser capaces de poner sobre la mesa unos planteamientos al mismo
tiempo en que van apareciendo los otros y en que el debate europeo en general se va produciendo. Ahora somos ya capaces de plantear una estrategia mirando al pasado y al futuro, haciendo un balance de lo que ha sido la estrategia hacia las regiones
ultraperiféricas durante todos estos años y teniendo en cuenta la coyuntura en la que nos movemos. Es una coyuntura indudablemente difícil porque está marcada por una crisis financiera y económica mundial, por una Unión ampliada a veintisiete
miembros y por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y todo el cambio en el funcionamiento de la Unión Europea que va a conllevar. Y, además, todo esto incide en una necesaria modificación de las prioridades europeas a la que nos tendremos que
acompasar, porque es erróneo pensar que la Unión Europea puede ir por un lado y nosotros por otro. Por tanto, mirando al pasado, al balance de la aplicación de la estrategia comunitaria hacia las regiones ultraperiféricas, hacia esos tres ejes
-accesibilidad, competitividad y la integración regional y la puesta en valor de las potencialidades- y sabiendo la coyuntura en la que nos movemos, ¿cómo podemos posicionarnos hacia el futuro? ¿Cuáles deben ser los principios que deben marcar una
estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas que nos permita garantizar la igualdad de oportunidades, es decir, que un ciudadano europeo de Canarias tenga las mismas oportunidades y se beneficie en igual medida de las ventajas de
pertenecer a la Unión Europea que un ciudadano que vive en Dusseldorf o en Estrasburgo? ¿Qué estrategia podemos plantear para garantizar un desarrollo económico y social sostenible para nuestras regiones? Y, además, ¿qué estrategia podemos
plantear para configurarnos como regiones que aportan algo a Europa?, ya que no solamente somos regiones beneficiarias sino también regiones oportunidad para Europa como dice el nuevo paradigma.
En esa línea es en la que hemos iniciado nuestros trabajos. Aprobamos recientemente, en el mes de octubre, un memorándum conjunto de las regiones ultraperiféricas que es un punto de partida, una primera reflexión o unas primeras pistas de
orientación de las siete regiones ultraperiféricas. Al ser un documento de las siete regiones tiene que moverse de alguna manera en planteamientos comunes. Probablemente si hubiese sido un documento solo de Canarias hubiese habido algunos aspectos
en los que hubiésemos profundizado más o que hubiésemos cambiado, pero también sabemos que nuestra fuerza está en mantener planteamientos comunes. Por eso, este documento refleja una visión general, una visión de lo que para las siete regiones
creemos que debe ser esa estrategia comunitaria hacia las regiones ultraperiféricas en la Europa que se está diseñando.
En ese modelo de Unión Europea que se está diseñando, ¿qué debemos pensar? En primer lugar, debemos
pensar que estamos asistiendo a una concepción de un modelo de Unión Europea muy competitivo y orientado hacia políticas de alto valor añadido. Ya es lo que reflejan documentos que empiezan a circular, como el que se conoce como documento
Barroso que, aunque no es oficial, es a lo que apunta. Por otro lado, constatamos que siguen existiendo diferencias en el nivel de desarrollo económico de las regiones y, por tanto, en su nivel de competitividad. Es de sentido común que no todas
las regiones europeas pueden ser motores del crecimiento económico, no todas las regiones europeas son capaces de atraer actividades de alto valor añadido, pero todas las regiones europeas deben ser capaces de participar en ese modelo europeo
competitivo, en esa Unión Europea de la competitividad, cada una en función de sus posibilidades y de sus potencialidades. Una estrategia para las regiones ultraperiféricas debe ser una estrategia de competitividad adaptada a sus posibilidades y a
sus potencialidades, una estrategia que incluya, por ejemplo, la potenciación del sector primario, que es fundamental para estas regiones. Por eso defendemos el mantenimiento de programas como los Posei, sin por ello dejar de trabajar hacia la
puesta en valor de una agricultura más innovadora, de calidad, etcétera.
Apostamos también por una estrategia de competitividad que defienda un sector productivo que mantenga un cierto desarrollo industrial en las islas, porque hay que mantener una economía diversificada, pero también que apueste por sectores
punteros, por sectores de valor añadido, que los hay en las regiones ultraperiféricas, pero que deben identificarse y ponerse en valor. Por tanto, estrategia de competitividad, sí, pero adaptada a las posibilidades y a las potencialidades de estas
regiones.
Para ello es fundamental que haya elementos correctores, porque una política de competitividad en abstracto lo más probable es que polarice la riqueza y las posibilidades y que sean más competitivas las que ya lo eran, y que las regiones
que tenemos condicionantes estructurales o de otro tipo al final no logremos subirnos a ese carro. En ese sentido, la política de cohesión ha sido siempre un elemento corrector importantísimo, que ha permitido de alguna manera igualar esas
diferencias dentro del territorio comunitario y que todas las regiones europeas podamos sumarnos a esa estrategia de competitividad. Por ello, también apostamos por una política de cohesión fuerte aplicable a todas las regiones europeas y que de
alguna manera palie, elimine o difumine esas diferencias y que nos haga ser más competitivas.
En segundo lugar, esa estrategia para las regiones ultraperiféricas debe tener un enfoque positivo, debe estar basada en ese cambio de paradigma, es decir, que focalice, que ponga en valor las potencialidades que tienen las regiones
ultraperiféricas. Las RUP igual a oportunidad para Europa y no las RUP igual a carga para Europa. Este es el meollo de la cuestión, porque en ese modelo de Europa tan competitivo donde lo que vale es lo que tiene algo que ofrecer, lo que nos
preguntan desde la Unión Europea es qué tiene Canarias que pueda ofrecer a un polaco o a un alemán, que es lo mismo que decir sobre qué factores estratégicos debemos articular nuestro modelo de desarrollo, es decir, cuáles son nuestras ventajas
comparativas y, además, cómo podemos traducir esas ventajas comparativas en algo que sea útil para Europa. El esfuerzo es doble: primero, identificar los factores estratégicos de nuestro modelo de desarrollo y, luego, darles una dimensión europea.
Ya se han citado algunos. Comparto plenamente lo que se ha dicho. Una ventaja comparativa de Canarias es el potencial que ofrece para la investigación y el desarrollo en determinados sectores. Se ha citado el cielo de Canarias. La
astrofísica es quizás el ejemplo más claro. Ya tenemos el Instituto Astrofísico, el Grantecan. Yo creo que hay que hacer una apuesta por instalaciones de investigación punteras para Europa de las que pueda beneficiarse Canarias, pero también el
resto de Europa.
Ahora Canarias está apostando muy fuerte por tener un telescopio extremadamente grande y esa es una de las políticas que va en esa línea, de apostar por poner en valor la potencialidad de Canarias. Hablo del cielo de Canarias,
pero lo mismo se puede decir, por ejemplo, de los recursos marinos, de la investigación en ciencias marinas, de la plataforma oceánica, la biodiversidad, las energías renovables. Hay muchos ámbitos en los que Canarias ofrece ventajas que pueden ser
aprovechados por Canarias para investigar, para crear empleo, para desarrollos empresariales, pero también por el resto de Europa.
El otro gran potencial que tiene Canarias es el valor estratégico de su posición geográfica, el valor estratégico que tiene como plataforma logística de intercambio, como referente para los países del entorno geográfico. Ese es un valor que
creo que a la Unión Europea le puede interesar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La fuerza que tienen las regiones ultraperiféricas, o en concreto Canarias, viene no tanto de su proximidad geográfica a los países que tiene cerca, sino
por ser la única región europea con un nivel de desarrollo económico lo suficientemente alto en un entorno de menor nivel de desarrollo económico. Eso lo que hace es que forzosamente se haya convertido en un referente para todos esos países; ya lo
es en muchísimos aspectos: en relaciones económicas y comerciales, en formación -hay muchísimos estudiantes africanos estudiando en universidades canarias-, hay cooperación entre las universidades, es un referente en formas de organización
institucional y administrativa. Ese es un potencial que creemos que Europa puede aprovechar para proyectar los valores y las políticas europeas hacia esos países. Indudablemente está el tema de la plataforma logística. Ahí hay un trabajo
importante por hacer y la responsabilidad desde luego no es toda de las instituciones comunitarias.
Por ejemplo, está el tema del puerto de Granadilla, que está como está, y difícil será hablar de plataforma logística si no tenemos las
infraestructuras adecuadas. Esa es una apuesta que debemos hacer, pero quizá mirando para adentro. En definitiva, se trata de
poner en valor las potencialidades dentro de una estrategia de competitividad adaptada a nuestras posibilidades.
Un tercer aspecto importante también en este tema es que una estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas tiene que combinar dos aspectos: uno es la cohesión territorial, que obliga a que las regiones puedan tener unas políticas
adaptadas a sus condicionantes geográficos, estructurales, etcétera, pero esa cohesión territorial, que hoy por hoy es ya un principio europeo, tiene que ir acompañada de una lógica de coherencia territorial: las regiones ultraperiféricas están
donde están y son como son, y eso no lo cambiará nadie. A veces toda esa estrategia comunitaria a favor de las regiones ultraperiféricas parte de una lógica de adaptar las políticas comunitarias a la realidad de las regiones ultraperiféricas, y eso
a veces es muy difícil y hay ejemplos absolutamente ilustrativos, por ejemplo, las redes transeuropeas. Las redes transeuropeas sean de transporte, de telecomunicaciones o energéticas, se basan en el interés europeo de los proyectos, y el interés
europeo de los proyectos son los grandes corredores, la interconexión energética con Rusia, etcétera. Probablemente a nadie le interesen las conexiones de transporte entre Canarias y sus países vecinos o el proyecto de cien por cien renovables de
la isla de el Hierro, pero el caso es que Canarias está donde está y es tan europea como el que más, con lo cual necesitará también estar en las redes transeuropeas, tanto o más cuando la propia Comisión Europea ha definido la accesibilidad como un
eje fundamental de la estrategia para las RUP, y sin embargo no estamos pintadas en ninguna de las redes transeuropeas. En el caso de las redes energéticas, el proyecto de el Hierro a lo mejor no tiene la importancia europea del gaseoducto que nos
une con Rusia, pero en el Hierro viven 12.000 habitantes europeos que tienen derecho a tener un aprovisionamiento energético, seguro, de calidad, a precios regulares y equitativos, con lo cual ese empeño en forzar las políticas comunitarias para que
incorporen las realidad de las RUP, al final se está revelando estéril. A eso alude un poco ese balance negativo que estábamos haciendo.
A veces usamos un ejemplo, que es un poco incorrecto, pero es como la persona que físicamente no está muy bien hecha, que va a una tienda y se empeñan en venderle el traje pret a porter de la tienda. Dice: mire, yo aquí no encajo, pero le
dicen: no se preocupe, yo se lo subo, se lo ensancho y se lo arreglo de aquí. Total, que al final llega a la conclusión de que hubiese sido mejor hacerle un traje a medida desde el principio, porque es imposible meternos en un traje que no está
hecho para nosotros. Las RUP aspiran a una integración plena en la Unión Europea, a una integración plena en las políticas comunitarias y a participar plenamente de las ventajas del mercado único, pero hay determinadas cosas -y no decimos que sea
el único planteamiento-, determinadas políticas, determinados sectores en los que eso es muy difícil. En definitiva, lleguemos a la conclusión de que es mejor un traje a medida en algunos sectores, no como única solución, pero sí como una de las
posibles soluciones. Por tanto, cohesión territorial, sí, pero coherencia territorial. Estamos donde estamos y nuestras prioridades son las que son, y cuando me hablan de redes transeuropeas, probablemente mi prioridad en transporte sea conectarme
con los países vecinos o conectar las islas entre sí, y a lo mejor eso para el resto de Europa tiene poco o ningún interés.
Por último, y con esto acabo, hay otro principio que es importante tener en cuenta, porque afecta a un elemento que es fundamental, por lo menos para Canarias. Cuando hablamos de una estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas
tenemos que pensar en cuáles son los instrumentos para poner en marcha esa estrategia para favorecer el desarrollo económico y social de las regiones. Todas las regiones ultraperiféricas tienen desde épocas históricas regímenes económicos y
fiscales diferenciados. El REF de Canarias es un modelo histórico que se ha revelado como un instrumento fundamental para todo lo que ha sido el desarrollo económico y social en la historia de las islas. Hoy por hoy, con el Tratado de Lisboa,
tenemos el mejor marco posible, en tanto en cuanto las medidas de fiscalidad directa recogidas en el REF sigan siendo consideradas ayudas de Estado. En tanto en cuanto los artículos 24 y siguientes, la RIC, la ZEC y demás, sigan siendo consideradas
ayudas de Estado, difícilmente podremos estar mejor de lo que estamos. En ese sentido, el artículo 107 del Tratado de Lisboa es una garantía de continuidad para el REF. Ese artículo fue además el resultado de una negociación política, aunque luego
al final se haya argumentado que la ultraperiferia es muy difícil de cuantificar económicamente, y mire que lo hemos intentado -y lo saben los profesores que están aquí-, hemos hecho de todo. No sé si recuerdan aquel proyecto que hicimos para
definir unos indicadores de ultraperiferia. Es imposible, porque no hay ninguna situación en Europa comparable con esa, no la hay. Recurrimos a todo, a aquellas teorías de la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares, porque eran parecidas
y demás, pero ninguna sirvió, porque es muy difícil de cuantificar. Cuando se negoció el artículo 107, al final fue una negociación casi política en la que acabaron diciendo: es verdad que hay una jurisprudencia consolidada a nivel europeo que
dice que cualquier empresa, por el solo hecho de operar en el mercado europeo, esté donde esté, aunque esté situada en la isla de El Hierro, ya es una amenaza real o potencial para la competencia y, por tanto, está sujeta a las reglas de
competitividad que acompañan al mercado interior. Sin embargo, intuitivamente, entendemos que en las regiones ultraperiféricas se dan unas circunstancias que hacen que las empresas que operan allí de alguna manera no participan plenamente de las
ventajas del mercado único y, por ende, para qué les vamos a aplicar unas reglas que están hechas para asegurar el buen funcionamiento del mercado único; y fue más o menos así.
Cosa distinta es que ahora tengamos que negociar cada medida y que nos
digan: sí, pero con esta intensidad y no con
esta otra; pero, básicamente, el marco está asegurado. Es un marco que nos obliga a esas renegociaciones temporales de las directrices de ayudas de Estado. Cierto es que, mientras sigan considerándose ayudas de Estado, tenemos el mejor
marco que podemos tener.
La sentencia que comentaba antes la profesora Asín abre una línea nueva que es muy interesante. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia Europeo venía a determinar las condiciones que debe reunir una medida fiscal para no ser considerada
territorialmente selectiva. Por el hecho de que una medida fiscal se aplique en un territorio determinado, solo eso no basta para considerar que es territorialmente selectiva, que era el caso de Azores. Vale que se aplique en un territorio
determinado, pero aparte de eso tendremos que ver si esa medida tiene autonomía institucional, autonomía procedimental y autonomía económica. Si reúne esas tres características, aunque una medida fiscal se aplique en una isla, en una región o en un
territorio pequeñito, esa medida no es una ayuda de Estado y es un régimen fiscal autónomo. Eso no se lo reconocieron a Azores, porque lo consideraron ayuda de Estado, aunque luego se lo autorizaron, pero sí se lo han reconocido al País Vasco, al
régimen fiscal vasco, en una sentencia reciente, continuación de esa primera. Esto enlaza con la negociación del estatuto de autonomía, porque aquí sí hay una línea que podemos seguir.
¿Cuál es la única posibilidad de que el REF tenga verdaderamente atemporalidad o permanencia? Que no sea considerado una ayuda de Estado, sino un régimen fiscal autónomo y específico. Hoy por hoy no reúne las tres condiciones que recoge la
jurisprudencia comunitaria. No reúne la autonomía institucional, no reúne la autonomía procedimental y no sé si reúne la autonomía económica, pero si la reúne es porque no reúne las otras dos. Esto es algo que habría que estudiar, porque es el
único avance que podríamos conseguir en el ámbito del REF. Si no, en tanto en cuanto siga siendo considerado una ayuda de Estado, tenemos el mejor marco que podríamos tener. Simplemente quiero comentar que ese memorándum que aprobamos las regiones
ultraperiféricas en la conferencia de octubre es nada más que un punto de partida, un papel que hemos puesto sobre la mesa para empezar una reflexión, pero esto tiene ahora un proceso largo y difícil, porque estamos en un proceso de negociación de
las orientaciones políticas europeas, de los medios financieros que acompañan a esas prioridades, y esa negociación nos va a llevar probablemente hasta finales del año 2012, para luego diseñar las medidas que se aplicarán a partir del año 2014. A
partir de ahora se abre una hoja de ruta que ya está definida y en la que la Presidencia española de la Unión Europea tiene un papel muy importante. El 7 de mayo se va a celebrar una nueva reunión en Canarias en la que vamos a intentar que, con
todas estas propuestas que hemos puesto sobre de la mesa, lleguemos a una posición común de las regiones y de los Estados. Por tanto, estos trabajos ya se han iniciado y los trabajos de esta Comisión pueden contribuir muy bien a ese documento. El
27 y 28 de mayo habrá un fórum en Bruselas, un fórum de ultraperiferia que se ha institucionalizado ya y con el que podremos empezar a debatir estas medidas, y finalmente esperamos que el Consejo Europeo que cierre la Presidencia española recoja una
mención hacia la necesidad de que la Comisión Europea avance en la definición de una estrategia comunitaria hacia las regiones ultraperiféricas en el horizonte 2014-2020.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a doña Elsa María Casas Cabello.
A continuación, los portavoces que quieran intervenir pueden hacerlo. (El señor Perestelo Rodríguez pide la palabra.) Entiendo que el señor Perestelo quiere intervenir, tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer a la compareciente en esta ponencia toda la información que nos ha aportado, una información que posibilita aún más la elaboración de este documento del que hemos hablado a lo
largo del día de hoy. Me gustaría también decir que usted, señora Casas, representa hoy aquí a la institución que más ha trabajado -por razones evidentes- en relación con el estatus de regiones ultraperiféricas. Estamos terminando el año 2009 y
por primera vez el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales -y eso sí es una iniciativa del diputado señor Segura-, está trabajando en la elaboración de un documento sobre la posición del Reino de España, la posición de las Cortes Generales
en relación con el estatus específico de Canarias. Por tanto, es bueno resaltar el esfuerzo que se ha realizado, porque así ha sido reconocido en numerosas ocasiones con motivo de esta iniciativa parlamentaria y también a lo largo de esta ponencia.
Por tanto, usted representa al Gobierno de Canarias y en esa línea hay que felicitar al Gobierno por lo que ha hecho, por el trabajo que se ha realizado, y sobre todo permítame una reflexión más: como canario me siento satisfecho por las manos en
las que está la acción exterior del Gobierno, después de escucharla y por plantear las cuestiones que usted ha planteado con el ímpetu y la fuerza con que las ha planteado, la fe o la confianza en lo que está planteando. La verdad es que no voy a
hacer ninguna pregunta.
Comparto esos criterios que ha planteado, pero sí querría hacer dos aportaciones más.
Es la última que interviene en la aportación de Canarias a esta ponencia en el día de hoy. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de Adán Martín, él quería estar; cuando le comenté la posibilidad de la creación de esta ponencia me
manifestó su deseo de participar, ha sido presidente del Cabildo, vicepresidente del Gobierno y como tal recuerdo una reunión en la isla de la Palma de regiones ultraperiféricas departiendo con la ministra de ultramar de Francia, siempre preocupado
por estos temas; ha sido presidente del Gobierno de Canarias, ha sido diputado en esta Cámara, y seguro que sus reflexiones podrían ser importantes. Créanme que las
aportaciones que pueda hacer el Grupo de Coalición Canaria llevarán una parte importante de reflexiones que él nos puede aportar. Y otra reflexión, señor presidente: buena la ponencia, interesante el debate de hoy, pero la podíamos haber
hecho en Canarias, teníamos que haberla hecho en la isla de la Palma, con el sabor del mar allí muy cercano. Antes hablaba José Ángel Rodríguez del valor del cielo, estamos trabajando para el cielo de la Palma, la bóveda celeste patrimonio de la
humanidad y como valor estratégico también en algo que planteaba antes el profesor Rodríguez Martín. Por ello, habría sido una oportunidad haber celebrado esta reunión en Canarias, en la Palma; nos llevábamos a las taquígrafas, al letrado, y a
usted como presidente también a celebrar esta ponencia en Canarias. Muchísimas gracias por esas aportaciones.
El señor PRESIDENTE: Si tiene usted valor, se lo dice al señor Bono y a los miembros de la Mesa especialistas en recortes presupuestarios a los viajes parlamentarios. Bastante haremos si somos capaces de presentar el resultado de la
ponencia en las Islas Canarias, que en todo caso tendremos que hacerlo con o sin la participación de la Mesa.
¿El señor Matos quiere intervenir? (Asentimiento.) Tiene la palabra.
El señor MATOS MASCAREÑO: Agradezco la exposición a toda velocidad que nos ha hecho la comisionada consejera de Asuntos Exteriores del Gobierno de Canarias y quiero felicitarla por su exposición. En eso comparto las manifestaciones de mi
compañero José Luis Perestelo y también lo de que se podía haber hecho en Canarias, aunque tampoco las Cortes Generales son mal sitio para hablar de las regiones ultraperiféricas, que es lo que pretendíamos precisamente con esta ponencia. Es
interesante, sobre todo en contraposición con cosas que hemos oído hoy, su intervención. Yo quería centrarme en algunas cosas porque son interesantes.
El señor PRESIDENTE: Con cierta brevedad, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Sí, señor presidente.
Hemos hablado del estatus y de si debe ser permanente o no permanente. He preguntado esta mañana también a don Fernando Fernández cuando hablaba de los avances del Tratado de Lisboa en su concepción o en su redacción de los artículos, y
especialmente, en lo que supone la aplicación de las ayudas de Estado -que parecen abrir una vía que no teníamos hasta ahora- de si es un avance en cuanto a la noción o al concepto de región ultraperiférica o si es necesario algo más para llegar a
tener un estatus más claro y no tener que estar negociando absolutamente todas las políticas o si es bueno dejarlo en ese ámbito para poder negociar todas las políticas. Porque a veces confundimos lo que es un estatus permanente y quizá lo que
consideramos bueno es que sea permanente la percha donde ir colgando todas aquellas políticas. Y son políticas dirigidas, básicamente, unas a compensar todas nuestras debilidades y otras a facilitar el desarrollo de todas nuestras potencialidades,
y hemos puesto el ejemplo del cielo de Canarias. Por lo tanto, quería saber su opinión sobre si con la redacción dada al Tratado de Lisboa ya está realmente consolidado, de una forma permanente y clara, el tratamiento que tienen que tener en todas
las políticas las regiones ultraperiféricas y en Canarias o si hay algo más. No sé si ese algo más puede traducirse en una especie de directiva hacia los Estados.
Los Estados dicen sí a esa ayuda, porque además la Unión Europea dice en qué ejes tiene que ir, porque no los abre a todos. Es lo que decía usted, hay que ser coherentes con el territorio. Todos estos documentos que he leído hacen una
referencia clara a la cualificación profesional de los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas. Yo digo que la cualificación es una desventaja que tenemos por estar mal cualificados pero no está dada por la lejanía ni por la insularidad ni por
la fragmentación del territorio ni por lo abrupto de nuestra morfología, sino porque no ha funcionado como debería funcionar. Sin embargo, facilitar la movilidad de los estudiantes sí es una condición, al estar a 2.500 kilómetros de distancia. Hay
que ser coherentes con las cosas que se plantean. Los documentos del consejo apuestan claramente -y nosotros también lo hacemos en la proposición no de ley que hemos negociado los partidos políticos respecto a los objetivos y prioridades para el
semestre europeo- por el impulso de las políticas específicas destinadas a las RUP. Conforme al contenido de la comunicación de la Comisión de octubre de 2008 las regiones ultraperiféricas son una ventaja para Europa, particularmente en todo lo que
afecta a la competividad que es una dificultad por la insularidad, la lejanía y por todo la suma de condicionantes a la conectividad y a la inserción regional. Si vamos a los documentos y a las comunicaciones del Consejo cuando se habla de
accesibilidad es transporte, política energética y tecnología y sociedad de la información; cuando hablamos de competitividad es agricultura, pesca y acuicultura. Otros sectores productivos quedan más difuminados. Hay que hablar, por ejemplo, de
qué es la diversificación industrial por coherencia territorial, porque no se pueden pedir cantidades de industria pesada a 2.000 kilómetros de distancia por la escala del propio mercado.
Pero sí hay situaciones estratégicas en las que hemos visto
que es necesario esas ayudas al transporte para estar en igualdad de condiciones, sobre todo en sectores estratégicos como puede ser la agricultura. Luego, cuando se habla de la inserción regional, está claro que el instrumento de gran vecindad es
la vía por la que tenemos que ir, sobre todo por el desarrollo de esos sectores y por el beneficio comercial que nos podría producir.
Hay algo que me ha llamado la atención. Cuando hablaba de nuestro Régimen Económico y Fiscal, entendí
dos cosas que me parecieron contradictorias, aunque a lo mejor las entendí mal. Por un lado, que era bueno que se considerara un marco especial, pero por otro que, si se consideraban ayudas de Estado, al permitir su aplicación tanto al
funcionamiento como a la inversión, estábamos en un sistema casi idóneo, porque la aplicación de las ayudas de Estado nos permitían ser mucho más laxos, menos estrictos, en este tipo de políticas. Querría que me aclarase bien eso. Sobre todo, me
gustaría que me dijese dónde está el límite de la consideración de las ayudas de Estado. Nos dijo dónde estaba el límite en la cuestión fiscal, pero hay ayudas al transporte y otras que pueden ser consideradas ayudas de Estado. ¿Qué límite pueden
tener en su aplicación esas ayudas de Estado permitidas por la Unión Europea? Sería bueno tener claro el marco en el que vamos a jugar para que no existiesen incoherencias que no permitiría la Unión Europea.
De todas formas, muchísimas gracias por su intervención.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora Casas, comparto la satisfacción por su comparecencia que han expresado los anteriores intervinientes. Me satisface mucho pensar que, como ocurre siempre, a pesar del escaso instrumental del que puede
disponer -porque en su responsabilidad de comisionada exterior de la Comunidad Autónoma Canaria no tendrá una gran infraestructura de personal a su alrededor-, el trabajo que viene desarrollando es un trabajo potente, que se visualiza de manera
importante y además me consta que hay una excelente vinculación con el Ministerio de Exteriores a través del departamento correspondiente de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Esa interconexión de dos niveles de la Administración
pública española está trayendo importantes beneficios a nuestra comunidad. Canarias se siente -como dice la canción pasional- y tiene presencia en las instituciones comunitarias. Ese es un hecho innegable. Son muchas las consideraciones que usted
ha hecho.
Además, como pienso que es -espero no equivocarme- una de las personas que inspiró la resolución del Parlamento canario a resultas de un escrito que remitió el Gobierno de la comunidad al propio Parlamento de Canarias, me gustaría hacer
referencia a algunas de esas resoluciones.
En principio, usted ha continuado planteando provocativamente -desde un punto de vista intelectual, como le dije a don José Ángel Rodríguez- temas de discusión. Usted no defiende la terminología región insular frontera, sino región
ultraperiférica frontera -me pareció entender- con toda una serie de argumentos. Obviamente, es un tema discutible, que responde quizá a dos conceptos, a dos maneras de entender las cosas. El carácter de región insular frontera puede darse a otras
muchas regiones insulares de la propia Unión Europea que no tienen el carácter de región ultraperiférica. Bien sabemos que Grecia tiene esa aspiración, como también la tiene, en el propio Estado español, Baleares; la ha manifestado en muchas
resoluciones de su Parlamento y parlamentarios de Baleares la han traído a debate a la propia Comisión. Ha hecho toda una serie de consideraciones con las que me siento identificado. Es cierto que, como decimos en ocasiones -y esto sí que lo añado
yo-, a veces los canarios podemos tener una cierta tendencia, como los vascos o como los extremeños, a considerar que somos el centro de gravedad del globo terráqueo. Si ponemos los pies en el suelo, entenderemos que no somos el centro de gravedad
del globo terráqueo, es decir, que además de Tenerife, de Gran Canaria, de La Palma, de Hierro, de Lanzarote y de Fuerteventura -no sé si me dejo alguna que otra,- existen otros territorios en el globo terráqueo. Lo digo así porque no podemos
pretender que nosotros seamos los elaboradores fundamentales de las políticas comunitarias, elaboradores de trajes adaptados exclusivamente a nuestra morfología corporal, empleando un símil que usted ha utilizado.
Es cierto que todavía en Europa no tenemos una política energética común.
El señor Matos ha preguntado a los sucesivos comparecientes qué posición tenían sobre la política energética común. Creo que Canarias tiene que tener una política
energética propia, específica y singular. Europa dispone de una política agrícola común, hoy en transformación evidente.
Nosotros tenemos que tener la habilidad de que nuestro agro, en la dimensión que tiene, pueda tener el apoyo, la potenciación
y la posible comercialización que le corresponde, al igual que nuestra política energética común. Una política energética común inexistente en Europa -esperemos teóricamente que la alcancemos en un futuro, no lo veo personalmente muy próximo- pasa
por la interconversión energética, por el transporte energético de un país a otro con fluidez. El kilovatio/hora no va a llegar a Tenerife ni a Gran Canaria procedente de Cádiz; ni el kilovatio/hora ni ningún elemento comburente, como puede
ocurrir en el archipiélago balear, que va a estar conectado por cable, va a recibir kilovatio/hora con territorio peninsular y va a estar conectado para recibir gas a través de un gasoducto submarino. Nosotros no podemos tener un gasoducto
submarino ni con Cádiz ni con la provincia de Huelva. Desde el punto de vista energético, no somos solamente un territorio aislado, sino un sistema termoenergético aislado, y tenemos siete sistemas termoenergéticos aislados. Hay una experiencia
común de conexión por una zona de fondos no excesivamente profundos entre Lanzarote y Fuerteventura, la única experiencia equivalente, pero entre Tenerife y Gran Canaria, con profundidades de 10.000 metros, ya me contarán ustedes.
El mix energético en Canarias ha venido bien definido globalmente a lo largo de los últimos años en los sucesivos planes energéticos, aunque es discutible. Hoy en día -no es una alusión a nadie-, todos los ciudadanos
preocupados por el tema energético nos hemos convertido en catedráticos de termoenergética y cada uno, como cada español es seleccionador de fútbol cuando juega la selección nacional, en esta materia, cree que hay que potenciar el sistema A
o el B. Canarias tiene unas perspectivas muy interesantes. Todos recordamos el apoyo que la comisaria Loyola de Palacio dio de manera potente, siendo ella comisaria responsable de ese ramo, a la iniciativa singular de un sistema hidroeólico en la
isla de Hierro. Usted, me imagino, presidente, que seguiría aquello como eurodiputado. Es una experiencia única en Europa; lo pretende también la isla de la Gomera. Además, han sido aprobados sistemas termoenergéticos aislados en determinadas
pequeñas zonas geográficas como líneas generales en el Consejo de Ministros celebrado en Canarias hace algo más de un mes, a propuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria, la empresa de Chira y Soria y en otros lugares a los que no vamos a hacer
referencia. Y probablemente energía geotérmica que no hemos explotado. Esto tiene conexión con una intervención que tuvo don Román Rodríguez con anterioridad, cuando hablaba de que teníamos un 95 por ciento de energías fósiles. Es todo un mundo
pero esa política energética común futura, ideal, que podamos alcanzar, tiene que tener un reflejo en Canarias, a pesar de nuestras singularidades. Y ahí es donde habrá que echar imaginación y habrá que echar desde luego creatividad. De la misma
forma hacía usted referencia a las redes transeuropeas con carácter general.
¿Qué tenemos nosotros que ver con las redes transeuropeas del transporte? El Libro Blanco del transporte de hace diez años no recogía a Canarias como región
ultraperiférica en ningún concepto. Llegaba a plantear para España el corredor del Mediterráneo, la alta velocidad ferroviaria Lisboa-Madrid- París, etcétera. A nosotros, desde Canarias, nos parece fundamental para la cohesión, para la movilidad,
para la modernidad, pero no encuentra su reflejo en nuestra comunidad.
En la resolución que aprobó el Parlamento de Canarias -el origen de esta ponencia está vinculado a los célebres documentos a los que hemos estado haciendo referencia durante todo el día- hay toda una serie de conclusiones muy interesantes
que fueron aprobadas por unanimidad. Quién no se va a identificar, por ejemplo, en el punto 2, con una política marítima europea que potencie la investigación. Hace un rato hablé del Plocan, iniciativa con la que me identifico plenamente y que
vengo siguiendo desde hace años a través de compañeros míos de Taliarte y de tantos otros centros de investigación vinculados, así como de los departamentos de biología marina de las dos universidades. Las posibilidades de incorporarnos a esas
políticas a las que usted ha estado reiteradamente haciendo referencia de competitividad son muchas. Tenemos que ser conscientes, sin ser ampulosos ni petulantes, de que Canarias ha sido pionera en la implementación de muchas políticas de
investigación; tenemos que ser conscientes de que el primer lugar en España desde donde se impulsaron hace ya más de 35 años políticas de reutilización de aguas depuradas, hoy un bien bastante escaso, ha sido en la Comunidad canaria; y tenemos que
ser conscientes de que también hemos sido pioneros en montar plantas de potabilización de agua de mar con tecnologías muy diferentes. Nuestras universidades, fundamentalmente la de Las Palmas, a través de la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales, ha patentado muchos elementos tecnológicos, y la presencia constante de Argelia o Israel para aprender dichas técnicas ha sido una realidad. En esas políticas de competitividad hemos sido pioneros, y en este sentido se ha hecho
referencia a muchos centros de investigación, pero quiero destacar los trabajos realizados en medicina tropical, los centros de investigación bioquímica o el prestigiosísimo Instituto de Productos Naturales Antonio González, cuna de producción de
elementos básicos para la farmacología obtenidos a partir de nuestras plantas endémicas, en triterpenos y en tantas otras materias.
Termino, señor presidente. Desde esa perspectiva, Canarias necesita de una inyección de moral colectiva, y ahí reside su responsabilidad como comisionada, porque tiene la responsabilidad de coger con una mano estas iniciativas de las que
nos sentimos tan orgullosos y con la otra transferirlas a la Unión Europea. Hablaría más, pero el presidente me tiene acogotado con el tiempo (Risas.), de modo que, señora Casas, la felicito por haber tenido una brillante intervención. Quiero
decir, además, que, sin haberse puesto de acuerdo, aquí ha habido esta tarde un auténtico cuarteto de nivel. Tal y como les hemos dicho a los anteriores intervinientes, esperamos propuestas -se lo rogamos-, para que nosotros podamos debatirlas y
procurar incorporarlas con rigor y método a la resolución que tenemos la obligación de sacar.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, que todos le acogoten como este presidente, porque a lo largo del día de hoy ha intervenido con no menos de 45 minutos, según mis anotaciones, lo cual en este Parlamento en el que el tiempo es tan escaso
no está mal.
¿Señor Matos, quería usted intervenir?
El señor MATOS MASCAREÑO: Treinta segundos para terminar con una confusión a la que a lo mejor mis palabras han llevado al señor Segura. Solamente quería decir que jamás he planteado una política energética común.
Precisamente, basado en
los documentos y en el objetivo de accesibilidad se habla de aquellas cuestiones que tienen que ser diferentes, desde los transportes a la política energética, que tiene que ser diferente porque son completamente diferentes. Y por supuesto no voy a
convertirme en catedrático de termodinámica gracias a las lecciones del señor Segura.
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: No entre usted en debates ni precisiones y dejemos que la ponente desarrolle la contestación a todos ustedes.
La señora COMISIONADA DE ACCIÓN EXTERIOR DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Casas Cabello): Empezaré por las dos cuestiones que planteaba el diputado Pablo Matos. El estatuto debe ser permanente. El derecho a la diferencia es permanente, y lo
recoge el artículo 349, pero la concreción de ese estatuto permanente necesariamente debe ser evolutiva. Es decir, que entendamos siempre el artículo 349 como una percha muy bien estructurada y muy sólida políticamente a la cual habrá que ir
colgando los desarrollos oportunos para cada momento y según las prioridades de cada momento. Y creo que es conveniente que sea evolutivo, porque Europa cambia, Canarias cambia, las demás regiones ultraperiféricas cambian y las prioridades también
deben evolucionar. Por tanto, es bueno, esa obligación de renegociar nos empuja a nosotros a hacer una reflexión sobre cuál debe ser nuestro enfoque, cuáles deben ser las prioridades y qué debemos defender. En ese sentido debe ser evolutivo. Pero
hay algo que planteaba y en lo que quiero insistir. Todo el mundo en general cometemos dos errores frecuentes, uno, pretender que la ultraperiferia sirva para todos, y dos, es pretender que la Unión Europea lo resuelva todo. Y ni lo uno ni lo
otro. Para empezar, tenemos que saber que la condición de ultraperiferia justifica y define determinadas cosas, pero otras, no. El nivel de formación que pueda haber en la gente joven de las regiones ultraperiféricas difícilmente tendrá algo que
ver con la condición de ultraperiferia. A lo mejor, la situación de desempleo sí, porque -antes lo explicaba el profesor José Luis Rivero- si en un mercado pequeñito con un sector productivo muy dependiente de un solo ámbito, digamos que el empleo
se focaliza ahí, la formación ligada a ese sector productivo se focaliza ahí, y cuando eso quiebra hay mucho desempleo, con una formación pobre y demás. Pero por lo general es difícil ligar eso a una condición de ultraperiferia. La ultraperiferia
sirve para unas cosas y para otras, no.
Otra cosa, la Unión Europea no es competente para todo. En primer lugar, hay que saber a qué ventana llamar. Hay cosas que son competencia de la Unión Europea y en las que nos podrán de alguna manera atender o podremos plantearlas ante
Europa y hay otras que no, que son competencia de las autoridades nacionales o incluso de las autoridades del Gobierno autonómico. Por tanto, lo primero es saber a qué puerta tocar, no estemos planteando en Europa cosas que ellos no nos pueden
resolver. Y ambas cosas inciden en la coherencia de nuestros planteamientos. El artículo 349 es un artículo que sirve para plantear nuestras políticas en Europa.
¿Hasta qué punto eso representa una obligación para el Estado de reproducir eso en
el nivel interno? Eso es una valoración más política o más constitucional o como quieran llamarlo. Pero, no hay una vinculación de principio entre el Tratado de Lisboa y el régimen interno de los Estados, la Unión Europea es muy respetuosa con el
régimen interno de cada Estado, por lo tanto poco que ver.
La pregunta relativa al REF. El tratado define qué es una ayuda de Estado y en qué condiciones las ayudas de Estado están permitidas. En principio, cualquier disposición de fondos públicos a favor de una empresa es susceptible de falsear
la competencia y por tanto es considerado una ayuda de Estado e incompatible con el tratado. Sobre esa base, determinadas ayudas de Estado otorgadas en determinadas condiciones son admisibles o son autorizables, y pongo el verbo en su
correspondiente versión. Autorizables, que no autorizadas, porque el tratado lo que reconoce es el derecho a que tú puedas plantear una ayuda de Estado de ese tipo, negociarla con la Comisión Europea y llegar a que sea autorizada. Entre esas
ayudas de Estado están las ayudas de finalidad regional, las que se conceden a determinadas regiones que tienen un nivel de renta o de empleo anormalmente bajo y -ahí es donde viene el gran avance del artículo 107- a las regiones ultraperiféricas,
independientemente de su condición de renta o empleo, por el simple hecho de ser regiones ultraperiféricas. Digamos que las regiones ultraperiféricas, de acuerdo con el nuevo artículo 107, tenemos el derecho a ser beneficiarias de ese tipo de
ayudas de Estado siempre y cuando cada ayuda de Estado sea autorizada por la Comisión Europea después de la correspondiente notificación, negociación y autorización.
Entre esas ayudas de Estado hay de muy diverso tipo -los citaba antes-, al
transporte, a las empresas y las ayudas de naturaleza fiscal, entre ellas las de fiscalidad directa, entre las que entran la RIC, la ASEC, la bonificación a la producción y todas esas. Todas esas que están recogidas en los artículos 24 y siguientes
del REF han sido consideradas ayudas de Estado de naturaleza fiscal, porque, a pesar de estar recogidas en leyes estatales, se aplican solo en un territorio, que es el de la Comunidad Autónoma de Canarias y por tanto tienen una aplicación
territorial selectiva. Y, al tener una aplicación territorial selectiva, no es una medida fiscal de alcance general, sino una ayuda de Estado concebida para beneficiar a las empresas que operan en ese territorio, en este caso, en el territorio de
Canarias. Mientras, y hoy por hoy no hay otra opción, en tanto en cuanto los artículos 24 y siguientes del REF sean considerados medidas de fiscalidad directa territorialmente selectivas, seguirán siendo ayudas de Estado y, como tales están sujetas
al artículo 107 y a la normativa de desarrollo.
¿Qué ventajas nos da el artículo 107? Nos reconoce de entrada el derecho a poder aplicar ese tipo de medidas. Si no tuviésemos el artículo 107, no podríamos ni plantearlas. Con el artículo 107 tenemos opción a plantear medidas como las
que recogen el artículo 24 y siguientes del REF. Esto no quiere decir que ya de por sí tengamos derecho a tenerlas; tendremos que notificarlas a la Comisión Europea, negociarlas, tal intensidad para tales empresas, con estas condiciones y demás.
Lo que negociamos es el detalle, la vigencia y demás, pero medidas de esa naturaleza están autorizadas por el tratado; negociamos el detalle y luego nos las autorizan. Esa negociación
tiene un carácter temporal, está sujeta a revisiones cada siete años, y eso es lo que sobre todo el sector empresarial considera que limita el efecto incentivador de esas medidas. Porque una empresa que quiere instalarse en la Zona Especial
de Canarias y le dicen que esa zona tiene una autorización solamente hasta 2011, 2013 ó 2014, se lo piensa dos veces. Pero eso no lo vamos a poder evitar, al menos por ahora. En tanto en cuanto sigan siendo consideradas ayudas de Estado, el marco
que tenemos es el mejor. El único paso adelante que podríamos dar es que dejasen de ser consideradas ayudas de Estado y fuesen consideradas regímenes fiscales autónomos, como el caso del Régimen Foral Vasco, pero esa ya es otra cuestión bastante
más complicada. En realidad es una negociación básicamente interna, dentro del estatus constitucional español y del bloque de constitucionalidad, de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Hoy por hoy, mientras sigan siendo ayudas de
Estado territorialmente selectivas, el marco que tenemos es el mejor.
En relación con lo que decía el diputado José Segura, básicamente estamos de acuerdo en todo. Yo desde luego creo en la potencialidad de Canarias y que tanto Canarias como las demás regiones ultraperiféricas son una oportunidad para Europa
y tienen muchos valores que ofrecer a Europa.
Efectivamente, ahora el trabajo que tenemos que desarrollar es cambiar ese concepto de regiones ultraperiféricas como regiones subsidiadas, regiones que eran casi una carga para Europa, hacia ese cambio
de paradigma a regiones oportunidad. En este punto debo decir que, dentro del grupo de regiones ultraperiféricas, no todas tenemos el mismo enfoque. Ese planteamiento es mucho más aceptable para Canarias que para, por ejemplo, los departamentos
franceses de ultramar, que tienen unas dificultades económicas y sociales muy serias y que dicen: Yo estoy para que me ayuden y luego ya veremos lo de las potencialidades. Ese es su planteamiento, e incluso alguna región, como Madeira, también es
bastante reticente a ese planteamiento, pero básicamente todas entienden que Europa se mueve por un camino, que es el de apoyar a las regiones competitivas, a las que tienen algo que ofrecer, y difícil será salirnos de ahí. Como mínimo, lo
tendremos que utilizar como una justificación: ¿Por qué la Unión Europea ayuda a las regiones ultraperiféricas? Lo hace porque en las regiones ultraperiféricas hay un potencial enorme, del cual se benefician todos los europeos, pero para que ese
potencial aflore y todos los europeos podamos beneficiarnos de él son necesarias medidas de apoyo, de discriminación positiva, que nos coloquen en una situación de igualdad de oportunidades con el resto de las regiones europeas. Como mínimo, como
justificación, aunque luego eso no implique un cambio sustancial en la estrategia.
En el tema de la insularidad yo sí insistiría. No sé si me he explicado mal. Desde luego no pretendo que seamos el ombligo del mundo, ni que las políticas comunitarias se hagan especiales para las regiones ultraperiféricas. En
determinados casos es posible que haya que recurrir a medidas especiales por lo que comentábamos antes y en lo que estábamos de acuerdo. Por ejemplo, hablando de redes transeuropeas, de redes energéticas, el antiguo comisario de Energía estuvo hace
poco en Canarias y él lo reconocía. Le había resultado muy ilustrativa la visita porque a él, cuyas negociaciones eran básicamente con Rusia, el gasoducto, etcétera, le llamaba la atención ver cómo unos territorios pequeñitos y alejados tenían un
plan energético que básicamente tenía los mismos principios que la política energética europea, pero cuya aplicación era muy distinta. Es muy distinto el aprovisionamiento energético en la isla del Hierro que en Alemania, y los dos necesitan lo
mismo, pero su traducción a la realidad es diferente. Si la política europea general no está concebida para dar respuesta a esos territorios, quizás haya que articular medidas especiales.
En lo de la insularidad sí insisto, porque ese derecho a la diferencia, esa imagen de marca que hemos acuñado como regiones ultraperiféricas, el hecho de tener un artículo con el tratado, nos da muchísima fuerza, y esa tendencia
homogeneizadora a confundirnos con las insulares, las de montaña, las despobladas, etcétera, existe, y luchamos con todas nuestras fuerzas para decir: sí, una estrategia específica para todos aquellos que la necesiten, cada uno en función de sus
necesidades. La cohesión territorial es eso, políticas en las que haya un enfoque territorial, no políticas espacialmente ciegas, que es lo que se dice, pero cada uno en su contexto. La ultraperiferia es una cosa y la insularidad es otra, y las
zonas poco pobladas del norte de Suecia son otra. ¿Que nos unamos todos para defender un enfoque territorial en las políticas? Por supuesto, pero cada uno con su respaldo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Casas Cabello. Le agradecemos su intervención.
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS GENERALES Y ECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA (DÍEZ TORRES). (Número de expediente del Congreso 212/000923 y número de expediente del Senado 713/000596.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última comparecencia, la de don Alfonso Díez Torres, director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la Unión Europea.
Damos la bienvenida al director general de Integración, agradecemos su larga paciencia en esta sesión, que se ha prolongado durante toda la tarde, y tiene la palabra para desarrollar la posición de su departamento en torno a las materias que
son objeto de estudio por esta ponencia. Don Alfonso Díez Torres tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS GENERALES Y ECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA (Díez Torres): Soy yo el que tiene que estar muy agradecido por esta ocasión de intervenir, y no es mi paciencia, sino la suya, la
que espero no colmar, porque soy plenamente consciente de la agenda que han tenido hoy. Sé que han empezado esta mañana con una comparecencia de mi secretario de Estado -nuestro secretario de Estado- para la Unión Europea, -más mío en algún
sentido- y ha sido una oportunidad y una suerte poder escuchar a los demás comparecientes. Al escuchar a la comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias tenía un sentimiento un poco doble. Por un lado, me sentía un poco incómodo -tengo
que decirlo, Elsa-, porque decía: ¿qué voy a decir yo ahora, si está diciendo todo lo que yo podía decir? Por otro lado, también era consciente de que son las ocho de la noche y que eso me iba a facilitar poder ser mucho más rápido.
Es verdad lo que ha dicho el señor Segura de que hay una larga tradición de colaboración intensa entre el Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado para la Unión Europea y, en particular, la dirección general que ocupo yo ahora, hasta
el punto de que a veces un poco en broma se le llama la dirección general de Canarias. Tenemos otros cometidos que abarcan relaciones exteriores a cualquier parte del mundo, pero dedicamos una atención especial y con mucho gusto a Canarias, con una
gran sintonía en cuanto a nuestros planteamientos. Prueba de esa sintonía es que yo espero que esta mañana el secretario de Estado haya realzado, como le indiqué -pero quizás por el tiempo no haya podido hacerlo-, que en las conclusiones del
Consejo Europeo que mañana van a empezar a discutirse en Bruselas hemos logrado -creo, porque todavía no están aprobadas- incluir un párrafo sobre las regiones ultraperiféricas, un párrafo que tiene mérito porque no estamos en este momento de la
agenda como para que se justificara plenamente tal párrafo por parte de otros Estados miembros, pero así lo hemos hecho, primero porque eso nos va a permitir una continuidad para una buena puerta de salida para nuestra Presidencia y, segundo, porque
en sí el propio párrafo que se refiere precisamente a ese foro sobre ultraperiféricas que se ha convocado ya por iniciativa de la Presidencia española de la Comisión y que se va a realizar cada dos años va a quedar -espero- consagrado en unas
conclusiones del Consejo Europeo y va a tener un carácter permanente. La importancia de esto, que obviamente -no es un secreto- ha sido a instancias españolas, no ha sido una iniciativa sueca propia, tiene también un valor especial porque el año
pasado -lo recuerdo y lo digo con humildad- no logramos que la delegación francesa quisiera incluir un párrafo sobre las conclusiones de su Consejo Europeo, y hablo de Francia. No era algo que tuviera un impacto, pero en cierto modo sí era una
secuencia lógica, que es lo que yo quiero referirles ahora de alguna forma, que me parece que puede ser el valor añadido. Más que entrar en cuestiones que se han discutido de sustancia, quiero sino explicar un poco cuál es el programa de la
Presidencia, el procedimiento, los pasos que vamos a dar. En ese sentido, esta ponencia es de extrema utilidad para los trabajos que lleva a cabo la Presidencia. Se ha hablado de ese nuevo paradigma al que se ha referido la comisionada, que es el
valor añadido y las oportunidades que ofrece Canarias, en las nuevas comunicaciones de la Comisión de 2007 y 2008. Allí la Presidencia portuguesa de 2007 incluyó un punto en las conclusiones donde se acogía con satisfacción esa comunicación de 2007
y se invitaba a una nueva comunicación, que fue la que posteriormente publicó en 2008, que en cierto modo es la que nos ha permitido empezar la reflexión sobre esa estrategia renovada para el nuevo periodo, como también ha recalcado la comisionada
de Acción Exterior. Para el nuevo periodo de perspectivas financieras a partir de 2013 ya la Presidencia francesa hizo una labor importante, que se concretó en una contribución de los tres Estados miembros -aquí no estaban las regiones
representadas-, un documento importante porque, siguiendo la idea central de la comunicación de la Comisión, pone el acento en la necesidad de apoyar esa reflexión de la Comisión sobre una estrategia renovada e innovadora que ponga énfasis en ese
cambio de paradigma que se ha destacado aquí y sobre el que yo querría poner aún mayor énfasis, que es la necesidad de valorar las potencialidades y riquezas de las regiones ultraperiféricas. Es verdad que esto no es una situación que pueda
complacer y ser apoyada igual por una región ultraperiférica u otra, porque evidentemente hay diversidad entre ellas, pero se debe incardinar esta estrategia en la propia reflexión que actualmente se lleva a cabo en el seno de la Unión Europea para
la estrategia de la renovación de las políticas comunitarias. Aquí hay un debate complejo, difícil y con opiniones bastantes diversas -por decirlo así- sobre cuáles deben ser los valores añadidos, las potencialidades que deben apoyarse y tener un
reflejo en las próximas perspectivas financieras para 2013. Como ya se sabe, hay un documento de la Comisión -que finalmente no fue publicado a la espera de la nueva Comisión- que supone un cambio muy importante con relación a la visión o enfoque
tradicional de las grandes prioridades comunitarias. Ahí se tiene que insertar necesariamente la estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas porque si no se tratara de hacer propuestas sobre el vacío y que no puedan engranarse en esa
renovación de las políticas europeas.
Otro de los grandes debates que también nos va a tocar durante nuestra Presidencia, muy conectado con este, es el de la renovación de la estrategia de Lisboa o la llamada ya estrategia 2020 que, como saben, va a ser una de las grandes
prioridades de la Presidencia española, a la que le corresponderá presentar ya un documento para el Consejo de primavera.
Conociendo ya las ideas preliminares de la Comisión y el énfasis que se pone en los conceptos de innovación, educación e
investigación, la
necesidad de la igualdad de oportunidades entre regiones que no tienen las mismas condiciones ni los mismos niveles para acceder a ese paradigma de competitividad que se realza y que debe ser compatible con el de solidaridad -principio
básico de la Unión Europea-, es importante también en ese nivel que la dimensión específica de la región ultraperiférica sea tenida en cuenta. Ya en ese documento debemos tener referencia a las regiones ultraperiféricas. Yo he leído ese documento
de la Comisión y no he visto ninguna referencia a las regiones ultraperiféricas; no existe.
Es algo que la Presidencia española -y, en cierto modo, me he ido dando cuenta a lo largo del debate de hoy aquí- debería tener en cuenta. Se debería
tener presente de alguna forma el problema específico de las regiones ultraperiféricas a la hora de diseñar esa estrategia 2020 que será la sucesora de la estrategia de Lisboa. Saben bien SS.SS. que es una estrategia que siempre se encuentra con
un dilema difícil de soportar, sobre todo para quienes estamos en el ámbito de la Administración de la Unión Europea. Muchas veces se le pide a la Unión Europea resultados en ámbitos para los cuales no se le quieren atribuir competencias ni medios.
La estrategia de Lisboa va un poco en esa línea, cómo se coordinan las políticas nacionales en aquellos ámbitos donde no hay competencias atribuidas específicamente o políticas comunitarias como tal. Hablamos de políticas para luchar contra el
desempleo, pero sabemos que las políticas de empleo son nacionales, hablamos de políticas sociales, pero sabemos que las políticas sociales fundamentalmente están en manos de los Estados miembros. Establecemos sistemas de coordinación flexibles, no
muy vinculantes, la llamada coordinación abierta, lo que llamamos la gobernanza de Lisboa, pero luego nos quejamos de que los objetivos, como ser la economía más competitiva, etcétera, no son alcanzados. Esto es algo que se va a enfrentar en esta
nueva revisión en la que la Presidencia va a adoptar un papel fundamental, pero también en el tema de las regiones ultraperiféricas resulta fundamental porque esos paradigmas se citan precisamente sobre estos nuevos ejes en los que se debe basar la
nueva estrategia posLisboa o 2020. Esa es una primera consideración importante, cómo incorporar la dimensión ultraperiférica en ese debate global sobre las políticas europeas y, en particular, sobre la estrategia posLisboa.
Esa secuencia que nos ha llevado en la Presidencia francesa a ese documento que pone el acento en el nuevo paradigma tiene una continuación que nosotros vamos a asumir para ir preparando con esa antelación que se requiere el engranaje
comunitario para tener ya para el próximo periodo de 2013 unas medidas específicas en favor de las regiones ultraperiféricas. El siguiente paso ha sido el de la decisión conjunta que se tomó con motivo de la Conferencia de Presidentes de Regiones
Ultraperiféricas, que se desarrolló en el mes de octubre en Canarias, el compromiso que asumen los tres Estados con regiones ultraperiféricas y las regiones ultraperiféricas de redactar un memorándum conjunto, que se elaboraría sobre la base del
memorándum que elaboraron y presentaron con ocasión de esa conferencia las regiones ultraperiféricas y que sería la base de la contribución para una futura comunicación de la Comisión que, a su vez, sería la fuente o lo que permitiría ya un debate
concreto para esas políticas comunitarias del post 2013. Es aquí donde precisamente, ya en plena colaboración con el Gobierno de Canarias, estamos en contacto con las dos administraciones centrales de Francia y Portugal para poner en marcha un
sistema de coordinación. Hemos tenido una reunión previa de coordinación con representantes del Gobierno canario y con representantes de todos los ministerios implicados, que son prácticamente todos, como puede imaginarse en todas las políticas
comunitarias, para de alguna forma examinar ese memorándum conjunto, tener una posición de la Administración española sobre las propuestas concretas que se formulan y, a su vez, empezar ese proceso de concertación con los otros Estados miembros
-Francia y Portugal- con el objetivo de tener concluido ese proyecto de memorándum conjunto con tiempo suficiente para que se puedan tener los mecanismos internos de concertación tanto a nivel de los veintisiete Estados miembros como de las siete, o
ya nueve, regiones ultraperiféricas. Ese es el programa de trabajo. Nosotros lo queremos culminar, primero, elaborando y transmitiendo a la nueva Comisión ese memorándum conjunto y, en segundo lugar, aprovechando esa ocasión del foro de
ultraperiferia, que se celebrará a finales de mayo en Bruselas, para poder debatir también y siendo una parte importante de ese debate este memorándum conjunto y de ahí poder extraer unas conclusiones que serán operativas en cierto sentido. Pedía
la Comisión una nueva comunicación, pero como habrá algunas conclusiones de ese foro, también podemos intentar con cierta limitación y humildad orientar un poco el sentido de esa futura comunicación. Digo que habrá que hacerlo con cierto cuidado y
precaución, porque es obvio que eso implica el acuerdo de los veintisiete Estados miembros y quizá no habrá ni el tiempo ni el clima necesarios para llegar a un consenso sobre unas orientaciones comunes. En cualquier caso, ahí iremos tan lejos como
sea posible y las aportaciones de esta Comisión serán de extrema utilidad y valor, y por supuesto, como no puede ser de otra forma, serán tenidas en cuenta por la Administración y por el Gobierno.
Quería terminar con una reflexión más de sustancia, de contenido, aunque doña Elsa no me ha dejado mucho margen, pero que me parece que es una cuestión de fondo y que podrá estar en el debate -no entre nosotros que estamos de acuerdo-,
porque quizá habrá alguna diferencia de concepto con otros Estados miembros. Me refiero a esa idea que ha expresado y que está bien recogida en las conclusiones del memorándum, por la que se trataría de pasar de la lógica actual, que es una lógica
de la adaptación de las políticas comunitarias a las realidades de las ultraperiféricas, a una lógica distinta, más ambiciosa, y es que para garantizar ese principio de igualdad de oportunidades al que se han referido aquí
los intervinientes y de coherencia territorial sería necesario o conveniente crear un marco específico, horizontal y único -se dice- que integre todas esas medidas específicas para el desarrollo sostenible de las RUP. En definitiva, estamos
hablando de una metodología distinta, más ambiciosa y, por tanto, más compleja y difícil de ser aceptada por todos los Estados miembros. A veces es más fácil -lo digo claramente- una negociación de un artículo en una directiva comunitaria, que la
negociación de una directiva comunitaria sobre regiones ultraperiféricas o todo un reglamento. Es algo en que no solamente primará la virtud académica, sino también la oportunidad política y hasta dónde poder obtener resultados concretos.
Termino reiterando la disponibilidad para esta Comisión e insistiendo en que esa cooperación no solamente seguirá, sino que se reforzará. Es un hecho significativo que esta dirección general sea la única del Ministerio de Asuntos Exteriores
que tenga una oficina -que en realidad es la misma delegación en Canarias, la Oficina para Asuntos Ultraperiféricos-, lo cual nos está permitiendo tener un contacto mucho más estrecho, teniendo además, como tenemos, un funcionario de la Comisión
designado en esa oficina. Por supuesto, reitero la disposición para cualquier otra posibilidad de información a esta Comisión. Les agradezco su atención.
El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo, tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Por supuesto, quiero agradecer su presencia en esta ponencia al director general para Canarias -ojalá que tenga por mucho tiempo ese nombre- de la Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos
Generales y Económicos de la Unión Europea. Su aportación ha sido importante y sobre todo el nivel de coincidencia con la comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, y en especial cuando está hablando de la renovación de la estrategia
de Lisboa 2020, ya que precisamente el memorándum elaborado en octubre en Canarias por las regiones ultraperiféricas también plantea las regiones ultraperiféricas en el horizonte de 2020. Luego hay una coincidencia y eso, como aquí se ha dicho,
demuestra un nivel de conexión. Es bueno y positivo para los ciudadanos de Canarias, y creo que para los del Estado satisfactorio, ese nivel de complicidad o por lo menos de diálogo y de lealtad institucional, siempre positivos. Produce
satisfacción también desde el punto de vista parlamentario su disponibilidad a estudiar las aportaciones que hoy se han hecho aquí. Eso me lleva a pensar que el documento que pueda elaborar esta Comisión puede ser también motivo de incorporación a
ese debate, a esa reunión de Bruselas, no solo con el documento elaborado ya por las regiones ultraperiféricas, sino también con las aportaciones que se puedan hacer y sobre todo con las que se puedan hacer por parte de la ponencia en el marco de la
Comisión Mixta de la Unión Europea.
No sé, señor presidente, si hoy estamos batiendo algún récord en el tiempo de duración de una ponencia, pero le aseguro que, desde la poca experiencia parlamentaria, sí estamos batiendo un récord que me parece importante y es la implicación
de los comparecientes en el tema que estamos tratando. Estoy seguro de que no ha habido ninguna ponencia anterior en la que todos los ponentes se hayan quedado durante todo el tiempo, desde las once de la mañana hasta ahora, escuchando,
participando y siguiendo con mucho interés todas las comparecencias. Eso me parece positivo y creo que hay que agradecerlo, por lo que en nombre de mi grupo parlamentario, en nombre de Coalición Canaria -y estoy seguro de que en nombre de todos los
grupos-, quiero agradecérselo a todos los comparecientes, no solo por lo que nos han dicho, sino también por la implicación al permanecer en esta sala durante todo el día de hoy.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña Luz Elena Sanín.
La señora SANÍN NARANJO: Bienvenido, señor director general.
Señor presidente, señorías, pensarán ustedes que soy muy insistente, pero nada ha de cerrar las puertas a las legítimas aspiraciones de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y si no es por una vía será por otra, para que más temprano
que tarde se les reconozcan sus especificidades y un estatus equivalente al de las regiones ultraperiféricas porque ambas soportan unos déficits estructurales de carácter físico, geopolítico y de desarrollo socioeconómico que históricamente han
propiciado un permanente reconocimiento por parte de las administraciones nacionales y comunitarias de un estatus jurídico y administrativo especial. Estos déficits estructurales, señorías, a los que hago referencia son muy similares a los que
padecen las RUP como, por ejemplo, la reducida superficie, orografía, dependencia económica de un reducido número de productos, carencia de recursos básicos, falta de suelo, agua, recursos energéticos, densidad poblacional, aislamiento del
continente europeo, presiones migratorias por ser frontera terrestre de la Unión Europea y el cada vez más costoso tránsito marítimo del Estrecho de Gibraltar en el caso de ambas ciudades. Por eso es necesario mantener los niveles de inversión y
las ayudas procedentes de los fondos estructurales y de cohesión, un régimen específico de ayudas de Estado, la habilitación de medidas específicas para mejorar la accesibilidad de las mismas desde el continente Europeo y la aplicación de otras
políticas comunitarias con las adaptaciones pertinentes a sus condicionamientos.
La situación geográfica de Ceuta y Melilla, alejadas del continente europeo, y la imposibilidad de contar con comunicaciones terrestres con el mismo generan estrangulamientos en el tráfico de mercancías y afectan de
forma alarmante a la libre circulación de las personas por el elevado coste del pasaje, lo que supone, en definitiva, un freno notable del turismo y, por tanto, de su desarrollo económico. Todo ello viene a justificar las demandas que ambas
ciudades hacen al Gobierno en el sentido de desplegar la totalidad de sus esfuerzos y remover cuantos obstáculos sean necesarios para recabar de la Unión Europea para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla un estatus similar o equiparable al de
las regiones ultraperiféricas, basándose en los condicionamientos estructurales y singulares que concurren en las mismas en forma de extrapeninsularidad, reducida superficie, alta densidad poblacional, escasez de agua, suelo, energía y otros
recursos básicos, y el carácter de frontera terrestre de la Unión Europea. Estos problemas estructurales permanecen y han de ser compensados con los fondos comunitarios, que han de ser estables, sin contar con aspectos estadísticos y teniendo en
cuenta el marco de las próximas perspectivas financieras. La no consideración de un régimen especial para Ceuta similar al de las RUP podría significar en un futuro una reducción o incluso la desaparición de todos o alguno de los fondos
estructurales para la ciudad con motivo de su salida definitiva del Objetivo 1. En estos momento existen regiones ultraperiféricas que saldrían igualmente de estas consideraciones pero que precisamente por su condición de RUP y, por consiguiente,
por la consideración de que existen en su territorio graves problemas estructurales si no se mantienen las ayudas, podrían volver atrás y la Comunidad Europea parece consensuar que en un futuro deberían seguir manteniendo niveles de ayuda similares
a los de las regiones Objetivo 1.
Voy a hacerlo lo más corto posible...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Sanín, porque lleva cinco minutos.
La señora SANÍN NARANJO: Señor presidente, ya termino.
La Presidencia española en todo caso debe aprovecharse para un relanzamiento importante de interés geoestratégico de las RUP dentro de la plataforma tricontinental y dentro del espacio euroafricano en el que está inmerso. Sin olvidarse para
terminar, señor presidente, que las ciudades de Ceuta y Melilla, frontera terrestre de la Unión Europea con su ultrapeninsularidad y limítrofe con Marruecos, pueden jugar un papel importante y convertirse en motor socioeconómico de las relaciones
comerciales entre Europa y África al ser punto de unión entre ambos continentes, sin permitir que Marruecos siga imponiendo las formas y los tiempos o pretenda condicionar la política de la Presidencia en relación a las dos ciudades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Finalmente tiene la palabra el señor Segura en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor director general, don Alfonso Díez Torres, los miembros de esta ponencia deseábamos, y se lo digo con toda franqueza, su comparecencia porque nos parecía interesante, en el diseño de comparecientes que
hicimos, que compareciesen personas que habían tenido, como políticos, experiencia gestora en la comunidad canaria. Nos parecía interesante que compareciesen profesionales de la docencia y de la investigación universitaria que han investigado
aspectos específicos, nos parecía interesante que compareciese la comisionada de Asuntos Exteriores de la comunidad canaria en esta materia y un representante de la secretaría de Estado, y era lógico que fuese usted, como director general, uno de
cuyos cometidos, no el único, es sin duda alguna el seguimiento y la actividad constante en los temas de Canarias. Y si me permite la licencia, algo de lo que este interviniente presume es la veteranía -la veteranía se alcanza con los años- y tengo
que indicar que históricamente el papel que la Secretaría de Estado para Asuntos Comunitarios ha desempeñado con respecto a Canarias algún día tendrá que ser objeto de un reconocimiento institucional. Desde Pedro Solbes como secretario de Estado en
el palacio de la Trinidad, con directores generales como Ricardo Díaz Hochleitner o Alberto Navarro y tantos otros, desde los años 1988 y 1989 en que el Parlamento de Canarias comienza a debatir el cambio de modelo por no identificarnos plenamente
con el modelo recogido en el acta de adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas donde Canarias, Ceuta y Melilla quedaron en un estatus especial, y mientras que -y lo reitero- las instituciones canarias tomaron decisiones que elevaron al
Gobierno de España, desde ese momento la actividad de los diferentes ministerios encauzada a través del Ministerio de Exteriores y de la secretaría de Estado de la que usted forma parte ha tenido un constante entendimiento con el Gobierno de la
comunidad canaria. Esa trayectoria recorrida en común es menester que sea valorada porque hemos pasado desde aquel Posei a la OCM del plátano, y hemos pasado por programas específicos del Interreg para las regiones fronterizas, y hemos recibido
fondos comunitarios de muy diferente índole, y nuestras universidades, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestras redes viarias, políticas ambientales, el desarrollo del sector ganadero, desarrollo de sectores específicos agrarios en zonas de
medianía y tantos y tantos otros sectores productivos que han ido posibilitando que Canarias vaya haciendo crecer su producto interior bruto. Nuestro producto interior bruto per cápita en los últimos tiempos, si bien es cierto que ha ido bajando
fruto de las circunstancias de los dos últimos años, ha convertido a Canarias en un lugar en el que el producto interior bruto per cápita comparado con el de las regiones geográficas más próximas da las diferencias de niveles más espectaculares de
la tierra. Nuestro producto interior bruto comparado con el producto interior bruto del ciudadano mauritano, marroquí, senegalés o de Malí, o de Sierra Leona, o del Chad, o de Níger es
espectacular. Y estas diferencias de producto interior bruto per cápita traen consigo numerosas repercusiones sociales. La más importante, desde mi punto de vista, es la que vivimos en los años 2006 y 2007 a bordo de los cayucos: la
arribada a nuestra tierra de seres humanos que iban buscando otro horizonte en el que poderse desarrollar, impulsados no solamente por el motor de gasolina de dos tiempos de la popa de esa pequeña embarcación en la que iban 120, 140 ó 180 seres
humanos sino fundamentalmente por el motor del hambre, ese combustible que es un gran impulsor de locomoción. Reitero, somos -profesor, me inclino por la teoría de doña Elsa- comunidad ultraperiférica fronteriza. Ello trae consigo muchos señuelos,
muchas repercusiones y no solo la de un fenómeno que afortunadamente se ha modulado y debilitado en el tiempo -el fenómeno de la inmigración irregular vía marítima- sino que va a traer necesariamente el que cada vez nos vertebremos mejor desde la
perspectiva de las políticas de seguridad, de las que normalmente no solemos hablar.
El papel de Frontex, órgano comunitario -es decir, financiado con fondos comunitarios- en el control de nuestras fronteras, en la lucha contra el tráfico de
estupefacientes, en la lucha contra el tráfico ilegal de seres humanos y, en suma, en la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado Schengen es algo que también hay que poner en valor, sin duda alguna. El documento
del memorándum, señor Díez, dice en alguno de sus puntos -y concretamente me voy a referir a uno-: Más allá de su nivel de producto interior bruto per cápita todas estas regiones tienen características que constituyen a menudo handicap para la
mejora de sus niveles de competitividad. Las RUP temen no poder beneficiarse del gran mercado interior. Hoy ha comparecido el representante de un importante sector productivo, el platanero, que así lo ha manifestado, y ha reivindicado capacidades
para hacer que penetren y se consoliden en el mercado interior europeo productos procedentes de regiones ultraperiféricas del sector agrario, del sector platanero específicamente. Esta situación exige que sea reconocido un tratamiento conjunto y
equitativo para todas las regiones ultraperiféricas en el marco de la futura política de cohesión. A mí me han interesado mucho sus consideraciones y me gustaría que respondiese a esta primera pregunta: ¿Cuáles serian las características de esa
futura política de cohesión? En segundo lugar, me gustaría saber si usted estaría en condiciones de proporcionarnos el documento para el desarrollo de una nueva política regional, a la que ha hecho referencia en su intervención. Creemos que ese es
un documento básico que nos permitirá tener información de por dónde van a ir las líneas directrices comunitarias en esa materia.
Le pediría al Gobierno de España, como lo he venido haciendo tradicionalmente, que si bien es cierto que tenemos que apoyarnos en los gobiernos de otros países que tienen regiones ultraperiféricas, nuestra especificidad es muy diferenciada
dentro de la heterogeneidad de las nueve, muy diferenciada. Las capacidades para poner en marcha industrias para competir no las tienen las restantes. Antes mencioné unas cuantas industrias vinculadas a centros de investigación. El
aprovechamiento de las algas de nuestro entorno para el sector farmacológico nos va a proporcionar unas posibilidades excepcionales, como han acreditado ya dos importantes industrias radicadas específicamente en la isla de Gran Canaria. Tenemos la
necesidad de sentir que el Gobierno de España es activista en la potenciación de nuestros centros de investigación. La semana pasada, al igual que ha ocurrido en el Senado, la Comisión competente ha reivindicado un activismo potente del Gobierno de
España en el seno de la ESO para intentar conseguir -dado que de los cuatro países que competían dos han quedado en la cuneta y dos, Chile y España, están en la primera línea reivindicativa- la ubicación del telescopio europeo extraordinariamente
grande. Basándonos en la experiencia del Grantecan, podemos afirmar que este ha servido para potenciar muchas pequeñas y medianas industrias canarias, especialmente en la isla de La Palma, que han colaborado en la creación de los elementos
tecnológicos de miles de las partes integrantes d ese Grantecan. Si el activismo del Gobierno de España continúa -lo creemos, porque así lo manifestó públicamente el propio presidente del Gobierno cuando presidió el Consejo de Ministros el pasado
mes de octubre en Canarias-, estamos convencidos de que ese será otro de los logros importantes. En otras muchas materias, en acuicultura, en aprovechamiento de las potencialidades que tiene nuestro medio marino colindante o en la potenciación de
la que puede ser la gran plataforma oceánica del Estado español y probablemente de toda la Unión Europea, las características de nuestras aguas y la corriente del Golfo nos proporcionan unas potencialidades que no tiene ningún otro país.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, lleva usted diez minutos.
El señor SEGURA CLAVELL: Se lo agradezco. No pongo en duda su carácter generoso.
En suma, señor director general, terminando con ello, le he hecho dos peticiones y una serie de consideraciones. Disponer de ese documento de nueva política regional puede ser una aportación importante. Al igual que los restantes
intervinientes, si desde la Administración General del Estado nos hacen sugerencias, dentro de la autonomía de cada institución y de la libertad parlamentaria que caracteriza a esta Comisión, estamos, qué duda cabe, dispuestos a recibirlas con mucho
agrado y a trabajar como equipo, codo con codo, con la Administración General del Estado, como ha hecho esta Comisión durante veinte años y como ha hecho la propia secretaría de Estado respecto a las regiones ultraperiféricas.
El señor PRESIDENTE: Para concluir, tiene la palabra el señor Díez Torres.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS GENERALES Y ECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA (Díez Torres): Voy a ser breve, aunque me abruma ver que no tienen prisa y que están relajados, no sé si es porque todavía ni Las
Palmas ni el Tenerife están en la Champions y no juegan esta noche y no tienen ninguna cita. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Ya han perdido todos los aviones posibles. (Risas.)
El señor DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS GENERALES Y ECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA (Díez Torres): Desde luego yo no tengo prisa y estoy encantado de estar aquí.
Empiezo con las consideraciones del señor Segura, a quien agradezco por supuesto ese pequeño homenaje a la colaboración de la secretaría de Estado con Canarias, que es cierto. Sencillamente yo me considero un humilde sucesor de una
tradición que realmente está allí y que no solamente no se va a detener, sino que se va a acentuar, porque entre otras cosas los tiempos requieren que se acentúe, no solamente por voluntad propia. En cuanto a las cuestiones concretas que ha
planteado, empiezo por la petición del documento. Oficialmente nos costaría transmitir un documento que no existe, porque ese documento realmente no existe. Insisto, vía oficial, me costaría transmitir un documento que no existe, si se está
refiriendo al documento de revisión de políticas financieras, porque hay otro documento, que es el de reflexión sobre la estrategia 2020 o pos-Lisboa, que sí existe. (El señor Segura Clavel: Me estaba refiriendo a los dos.)
El que existe, por supuesto, que lo podemos transmitir. El que no existe oficialmente, insisto, como no existe, no se puede transmitir.
Me ha preguntado por las características futuras de la política de cohesión. El señor presidente me ha dicho que van a dedicar toda una ponencia a ese tema y que sin duda va a ser muy interesante y oportuna también para nuestra Presidencia.
Requeriría toda una comparecencia, pero tampoco quiero excluir la pregunta, así que me refería telegráficamente a tres ideas que están en el pensamiento o en la reflexión española. En primer lugar, que sea una política que mantenga y en cierto modo
refuerce el carácter regional. En segundo lugar, que esté orientada para el cumplimiento de los fines y objetivos de la estrategia de Lisboa, otra estrategia de pos-Lisboa, y en ese sentido que dé respuestas adecuadas al problema, que se presenta
en particular a países como España, que han tenido un verdadero éxito en la convergencia económica y social, a resolver el problema de la convergencia tecnológica. Son tres ejes de reflexión que, sin entrar en más detalle, podrían ser ideas
centrales en nuestra reflexión sobre el futuro de esa política.
Se ha referido a algunas cuestiones sobre las potencialidades de Canarias, al aprovechamiento de las algas. Incluso lo he visto. En un viaje reciente a Canarias visitamos el centro de investigación y pude ver esas algas, nos explicaron el
método y sin duda es un buen ejemplo, no solamente que lo viera yo, que es lo de menos, sino que había también representantes de la Comisión y de otros Estados miembros que pudieron ver en vivo lo que supone esa palabra que a veces puede parecer un
poco académica y hueca o retórica de la potencialidad de una región como Canarias en un ámbito como es la innovación y la investigación. Eso, entronca directamente con ese debate más general, que es el problema de cómo regiones que están en
desigualdad de condiciones o de oportunidades pueden competir, y más en un tema como es la innovación y la investigación, donde sabemos que el principio de excelencia es el que predomina, y va a ser difícil que no siga haciéndolo, para poder
participar obviamente en esos programas marco de investigación que definen, en definitiva, la distribución de fondos. Ese es el gran desafío y tenemos que buscar el cómo, buscar criterios y modalidades para que las regiones ultraperiféricas y
Canarias puedan tener ese tratamiento diferenciado que merecen para beneficiarse de las nuevas políticas que van a estar de una forma u otra en la preferencia del desarrollo de las políticas comunitarias.
Al señor Perestelo no tengo más que reafirmar que por supuesto no solamente contamos con ella sino que agradecemos esa contribución, que sabemos que va a ser -lo digo porque no solo he oído estas aportaciones de los ponentes sino las propias
preguntas y observaciones de los componentes de esta Comisión- de gran calidad y que nos va ayudar enormemente en un trabajo que, insisto, no va a ser fácil, porque también están otros Estados miembros con sensibilidades y circunstancias objetivas
distintas con relación a sus regiones ultraperiféricas, como son Portugal y Francia. Por tanto, lo tendremos muy en cuenta y lo agradecemos.
Finalmente, no olvido los comentarios de la señora Sanín, a la que quiero decir que sensibilidad respecto a Ceuta tampoco le falta a la secretaría de Estado, aunque quizá no tenga esa tradición que ha tenido con Canarias. Todavía no se ha
llamado a la Dirección General de Ceuta, pero por mí que no quede; al fin y al cabo mi madre es de Ceuta y yo he pasado muchos veranos allí, conozco bien la ciudad y soy muy sensible y consciente en este sentido. También es importante que las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla definan cuál quieren que sea su futuro, como en algún momento tuvo que tomar esa determinación Canarias. Hoy por hoy, Ceuta y Melilla no participan de la unión aduanera sino que tienen un estatuto especial. A
partir de que Canarias tomara esa decisión fue cuando empezó a desarrollarse esa política actual para las regiones ultraperiféricas, lo cual obviamente no quiere decir que mientras no se defina su conveniencia o no de participar -sé que ha habido
estudios de impacto sobre esto- en la unión aduanera y en otras cuestiones delicadas como las fron
teras o cuestiones comerciales, no se tengan en cuenta en las políticas específicas -ha citado el tema del phasing-out-, como región Objetivo 1, las características singulares de Ceuta y Melilla. Por supuesto en esto no falta la disposición
de la secretaría de Estado y en particular de nuestra dirección para estar en contacto continuo y tratar de aportar esas lógicas reivindicaciones en el debate que de alguna forma se inicia ahora, pero del que estamos hablando siempre para el periodo
2013. Con esto creo haber respondido a las preguntas. Agradezco una vez más su atención y enorme interés.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general. Quiero terminar esta sesión agradeciendo a los taquígrafos el esfuerzo realizado. Agradezco a todos los comparecientes su implicación en esta materia así como el hecho de
haberse quedado durante toda la jornada y haber participado activamente, así como a los heroicos diputados y senadores que han permanecido durante la misma -tuvimos más afluencia al principio de la mañana, pero ha habido un núcleo duro al cual
agradezco su consistencia-. A la señora Sanín le agradezco su pertinacia en la defensa de Ceuta y Melilla. Por otra parte, me gustaría pedirles, fundamentalmente al señor Segura y a los portavoces que han intervenido a lo largo del día, señores
Matos y Perestelo, que hagan llegar a la Mesa un calendario de actuaciones de la ponencia y cómo quieren desarrollarlo para tener acotados los tiempos y organizar los trabajos. Probablemente tengamos reunión de la ponencia de la Comisión el próximo
día 22, ya que va a haber un pleno en esa fecha, no sé si por la mañana o por la tarde.
Asimismo me gustaría decirles a los ponentes que han intervenido hoy que si quieren mandar cualquier tipo de documento que consideren positivo, con toda
libertad nos lo mandan a esta Comisión para incorporarlo a nuestros trabajos.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.