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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 28, de 25/11/2008
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2008 IX Legislatura Núm. 28
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL ARIAS CAÑETE
Sesión núm. 6
celebrada el martes, 25 de noviembre de 2008
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:
- Del diputado D. Juan Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista:
Sobre situación del programa 'Hablemos de Europa' y previsiones para el mismo. (Número de expediente del Senado 683/000038 y número de expediente del Congreso 181/000550.)... (Página 4)
Sobre acciones realizadas a escala europea para combatir la crisis alimentaria mundial. (Número de expediente del Senado 683/000039 y número de expediente del Congreso 181/000551.)... (Página 5)
Sobre valoración del fracaso de la Conferencia Gubernamental de la OMC celebrada en Ginebra en julio de 2008 y actuaciones para poner fin a la Ronda de Doha. (Número de expediente del Senado 683/000040 y número de expediente del Congreso
181/000552.)... (Página 8)
Sobre valoración de la política europea de inmigración tras la aprobación de la directiva europea de retorno de inmigrantes. (Número de expediente del Senado 683/000041 y número de expediente del Congreso 181/000553.)...
Sobre planteamiento con respecto al futuro del Euronews. (Número de expediente del Senado 683/000042 y número de expediente del Congreso 181/000554.)... (Página 12)
- Del diputado D. Juan Antonio Barrio de Penagos, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre acciones a fin de mejorar sustancialmente la Directiva de Tiempo de Trabajo que va a ser debatida próximamente por el Parlamento Europeo. (Número de
expediente del Senado 683/000059 y número de expediente del Congreso 181/000790.)... (Página 14)
- De la diputada D.ª Soledad Becerril Bustamante, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso:
Sobre previsiones acerca de consensuar con el resto de los grupos políticos representados en la Comisión Mixta para la Unión Europea Los Objetivos y El Programa de la Presidencia Española de la Unión Europea.
(Número de expediente del
Senado 683/000060 y número de expediente del Congreso 181/000795.)... (Página 16)
Sobre opinión del Gobierno acerca de su presencia y participación internacional conforme al peso y relevancia de España en la comunidad internacional y en la Unión Europea. (Número de expediente del Senado 683/000061 y número de expediente
del Congreso 181000796.)... (Página 18)
- Del diputado D. Jordi Xuclà i Costa del Grupo Catalán (Convergència i Unió):
Sobre puesta en marcha de los mecanismos y protocolos necesarios para traducir la documentación en catalán que se envía a las instituciones europeas y viceversa. (Número de expediente del Senado 683/000062 y número de expediente del
Congreso 181/000797.)... (Página 20)
Sobre valoración del hecho de que las Cortes Generales todavía no cuenten con una representación permanente ante el Parlamento Europeo. (Número de expediente del Senado 683/000063 y número de expediente del Congreso 181/000798.)...
Sobre demandas del Gobierno ante una próxima reforma de las operaciones y servicios sometidos a tipos impositivos superreducidos del IVA, incluidos en el Anexo H. (Número de expediente del Senado 683/000064 y número de expediente del
Congreso 181/000799.)... (Página 23)
Sobre valoración de los efectos del mecanismo de Alerta Temprana, que incorpora el Tratado de Lisboa, en los aspectos que se afecten competencias de los parlamentos autonómicos. (Número de expediente del Senado 683/000065 y número de
expediente del Congreso 181/000800.)...
(Página 25)
Sobre fecha prevista para que Barcelona cuente con el edificio y los medios materiales necesarios para el correcto desempeño de su función como sede operativa y administrativa de la construcción del ITER, así como para el impulso en
Tarragona del Plan de Desarrollo de las Energías Renovables (PDER). (Número de expediente del Senado 683/000066 y número de expediente del Congreso 181/000801.)... (Página 27)
Debate y votación de:
- Moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que promueva y apoye en el seno de la Unión Europea las medidas fiscales conducentes a paliar los efectos negativos de la subida del precio de los carburantes en los
sectores pesquero, agrario y del transporte. (Número de expediente del Senado 661/000032 y número de expediente del Congreso 161/000190.)... (Página 29)
- Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el rechazo a la propuesta de revisión de la Directiva europea de ordenación del tiempo de trabajo, que pretende la
ampliación de la semana laboral hasta 60, 65 ó 78 horas, la inclusión de una cláusula opting-out al margen de la negociación colectiva y la redefinición a la baja del tiempo de trabajo. (Número de expediente del Senado 663/000007 y número de
expediente del Congreso 161/000250.)... (Página 29)
Moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a rechazar la propuesta de modificación de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo. (Número de expediente del Senado 661/000059 y número de expediente del Congreso 161/000280.)... (Página 32)
- Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a incluir la educación entre los objetivos de la Presidencia española de la Unión Europea. (Número de expediente del Senado 661/000132 y número de
expediente del Congreso 161/000497.)... (Página 32)
- Moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a presentar y defender ante la Unión Europea determinadas medidas para compensar los costes derivados de la condición insular. (Número de expediente del Senado
661/000064 y número de expediente del Congreso 161/000281.)... (Página 33)
- Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la celebración de los bicentenarios de la independencia de los Estados de Iberoamérica de España, y política exterior de España y de la Unión Europea (UE) para América Latina.
(Número de expediente del Senado 663/000008 y número de expediente del Congreso 161/000506.) ... (Página 36)
Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señoras y señores senadores y diputados. Se abre la sesión de esta Comisión Mixta para la Unión Europea.
En primer lugar, quiero agradecer al secretario de Estado su disponibilidad permanente para comparecer y responder a la larga serie de preguntas que los señores diputados y senadores van a formular en el día de hoy, así como su
disponibilidad para comparecer en el seno de la ponencia que va a estudiar la Estrategia de Lisboa. Por tanto, señor secretario de Estado es para nosotros una satisfacción la proximidad y la capacidad de presencia que está desplegando la secretaría
de Estado en esta legislatura.
CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA:
SOBRE SITUACIÓN DEL PROGRAMA 'HABLEMOS DE EUROPA' Y PREVISIONES PARA EL MISMO. (Número de expediente Senado 683/000038 y número de expediente Congreso 181/000550.)
El señor PRESIDENTE: Empezamos por la primera pregunta sobre la situación del programa Hablemos de Europa y previsiones para el mismo.
Tiene la palabra la señora Sánchez Hernández.
La señora SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al secretario de Estado al Palacio del Senado y recordar que es la primera vez que se celebra la comisión mixta en el Senado en esta legislatura.
Como bien ha dicho el presidente, la pregunta se refiere al programa Hablemos de Europa. Como este año se van a celebrar elecciones europeas, es muy importante insistir en centrar el mensaje europeísta sobre nuestra población, sobre los
ciudadanos.
En el año previo a la Presidencia europea de España, entendemos que programas como éste son importantes para que los ciudadanos conozcan el proyecto europeo, que forma parte de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de España para
gestionar esta Presidencia. En un contexto, como el que he comentado, acontecimientos, como el 'no' irlandés, han mostrado que en países de impecable trayectoria europeísta, colectivos como los trabajadores o los jóvenes han votado en contra, y
ponen de manifiesto la necesidad de programas como éste. Por tanto, es necesario insistir en la idea de Europa, en sus valores y en dar a conocer a los ciudadanos el proyecto europeo.
Entendemos que programas como éste y otros que también son concebidos para acercar Europa a los ciudadanos, para humanizarla, para fomentar y estimular su implicación con la Unión, potencian debates sólidos, fomentan un diálogo abierto con
respecto a aspectos educativos, sociales, culturales, políticos, etcétera; en resumen, fomentan la conciencia de un espacio común.
Somos conscientes del compromiso del Gobierno. Hemos conocido recientemente las previsiones para los presupuestos del año 2009, y hemos tenido ocasión de comprobar que en un año difícil, en el que los recortes de gasto son importantes, sin
embargo, se mantienen los 559.000 euros destinados a este programa.
Por tanto, en este contexto, y conociendo el compromiso, el Grupo Parlamentario Socialista quiere conocer cuál es la situación del programa Hablemos de Europa y cuáles son las previsiones del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su brevedad.
Tiene la palabra el secretario de Estado para responder a su pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Muchas gracias.
Efectivamente, el programa Hablemos de Europa es una de las iniciativas, uno de los instrumentos más importantes que tenemos todos; un programa que no se puede decir que sea ni de un Gobierno ni de una persona ni de un determinado partido
político, sino que es un programa de participación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Ése es el objetivo, porque se entiende que el proyecto de construcción europea se debe hacer entre todos y todas y para ello, el elemento de la información, y
más allá de la información, yo diría incluso de la comunicación, que no es exactamente información, es esencial.
Como saben sus señorías, el origen de este programa está en el referéndum sobre el Tratado Constitucional. Antes no había un programa parecido.
Pero, con motivo de ese referéndum y de su campaña, se abrió un gran debate sobre la
integración de España en Europa, y todos los asuntos europeos adquirieron mucho relieve.
Se entendió que esta dinámica abierta debía tener una continuación y una consolidación, y es por ello por lo que se establece el programa Hablemos de Europa, dotado presupuestariamente, para que hubiera una constante dinámica de debate sobre
los asuntos europeos en la ciudadanía española.
Y así es como se articuló este programa cuando estaba al frente de la secretaría de Estado para la Unión Europea Alberto Navarro, que fue quien lo dirigió y pilotó y que lo ha hecho muy bien. Se ha
consolidado absolutamente y se ha desarrollado en muchos ámbitos de la sociedad civil, de las universidades, de otros agentes sociales importantes y necesarios para el progreso de la construcción de Europa, que, como es sabido, es la gran apuesta
histórica del siglo XX para España.
Estamos ante un programa que no es publicitario o propagandístico; no se ha pensado para lanzar conceptos unilateralmente sin una respuesta, sino que cuenta con tres ejes de actuación que ponen de manifiesto su naturaleza, muy distinta a lo
que es meramente propaganda o publicidad.
Este programa dedicaba, y sigue haciéndolo, una atención preferente a los jóvenes y a la población universitaria en la medida en que se ha trasladado a programas que se han desarrollado por universidades. Ello sin excluir, naturalmente, a
otros sectores de la población, especialistas o formadores de opinión, a los que creo que también hay que extenderlo, aunque en su origen se hiciera pensado, como digo, más en la población joven.
El programa Hablemos de Europa se sigue basando en la participación de los ciudadanos y debe promover su implicación directa para que las cuestiones comunitarias sean compartidas por toda la sociedad. Hay un tópico en relación con la Unión
Europea que se suele repetir mucho, y es que no es suficientemente cercana a la gente, lo que luego se manifiesta en los procesos electorales en los que se participa menos, y tiene que ver con la necesidad de participación de los ciudadanos.
Tal y como ustedes saben, la secretaría de Estado encargó hace poco a una fundación una amplia encuesta sobre la opinión de los españoles acerca de Europa, cosa que nunca se había hecho antes. Consideramos que era necesario conocer la
opinión de los españoles y españolas sobre Europa cuando íbamos a abordar una Presidencia. Una de las 39 preguntas que se hicieron se refería a la participación en el proyecto europeo y la opinión de los españoles a ese respecto, y una inmensa
mayoría consideraba que se debía participar mucho más en el proyecto europeo y que se debía hacer un especial esfuerzo en ese sentido por parte de los poderes públicos. Asimismo se piensa que los medios de comunicación informan poco sobre Europa y
que, en general, hay un deseo de participar.
No hay desinterés, sino todo lo contrario. Entre todos debemos contribuir a que esto cambie y a que haya una máxima participación. Y ahora que tenemos una Presidencia por delante es la mejor ocasión
para hacerlo. En este sentido el programa Hablemos de Europa es un instrumento importantísimo para lograrlo, dada, además, la metodología utilizada en este programa, que también es descentralizadora. Es decir, que en este debate tiene que
participar, no solo la Administración General del Estado, sino también las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la sociedad civil, las ONG, las asociaciones, las fundaciones, los sindicatos, etcétera.
Consideramos, pues, que este programa es del máximo interés para fomentar la participación de los ciudadanos y la cooperación entre distintas administraciones públicas que tienen, además, otros foros, algunos de los cuales suelen
desarrollarse precisamente en esta Cámara, como es, por ejemplo, la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en cuya última reunión, que se celebró en esta misma sala, participé. Hablemos de Europa también tiene que
seguir en esa dirección descentralizadora.
En cuanto al futuro, nosotros estamos a punto de abrir -lo haremos en el mes de enero, cuando estén aprobados los presupuestos- una convocatoria para el primer semestre del año que viene, y pretendemos evolucionar en un sentido cada vez más
abierto y comunicativo. El programa Hablemos de Europa no es, repito, un programa solo para informar, sino también para comunicar. Tal y como señalé en la pasada reunión de la Comisión Mixta para la Unión Europea, hemos acordado con Bélgica y
Hungría, que son nuestros socios en la Presidencia española, que esta sea eminentemente europeísta, que promueva los sentimientos europeístas y la comunicación sobre Europa, y no solo la información.
Y en este sentido el programa Hablemos de Europa tiene que orientarse claramente a eso y en ello estamos trabajando ahora mismo en la secretaría de Estado; estamos preparando esa convocatoria para que este programa dé un fuerte giro el año
que viene hacia la comunicación de cara a un objetivo que creo que ya es muy claro en este momento: la preparación de la Presidencia española de 2010.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Para un turno de réplica, por tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra la senadora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente, pero en este caso no es necesario el turno de réplica.
El señor PRESIDENTE: Se agradece.
Parece, señor secretario de Estado, que su explicación ha sido absolutamente convincente.
SOBRE ACCIONES REALIZADAS A ESCALA EUROPEA PARA COMBATIR LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL. (Número de expediente Senado 683/000039 y número de expediente Congreso 181/000551.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda pregunta, sobre las acciones realizadas a escala europea para combatir la crisis alimentaria mundial.
Para formular la pregunta tiene la palabra la senadora, doña Margarita Périz Peralta.
La señora PÉRIZ PERALTA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor secretario de Estado. Voy a comenzar aludiendo al director general de la FAO, el señor Jacques Diouf, cuando en su intervención en la ceremonia del día mundial de la alimentación el pasado mes de octubre dijo: Quiero
confirmar que sabemos lo que es necesario para eliminar el hambre de 923 millones
de personas en el mundo. También sabemos lo que hace falta para duplicar la producción mundial de alimentos y alimentar a una población cuyo número se prevé que se elevará a 9.000 millones alrededor del año 2050.
Entendemos que son palabras esperanzadoras en la situación actual, ya que durante los años 2007 y 2008 se está provocando una de las mayores crisis alimentarias en las regiones más pobres del mundo, además de la consiguiente inestabilidad
política, e incluso disturbios sociales. Esta situación, como todos sabemos, se debe al incremento de los precios de las materias primas indispensables para la dieta básica en casi la mitad del planeta. Esta alza de precios está ocasionada por
varios factores sobre los que sus señorías ya han oído hablar en numerosas ocasiones y que no voy a detallar ahora, pero sean cuales fueren las causas, el problema es que actualmente existen en el mundo más de 37 países en crisis alimentaria. Ello
quiere decir que necesitan de ayuda externa para que toda la población tenga acceso a la alimentación.
Nos encontramos, pues, con países que necesitan asistencia exterior, bien porque hacen frente a un déficit excepcional de producción o de los suministros totales de alimentos, bien porque tienen una falta de acceso generalizada, bien porque
tienen una grave inseguridad alimentaria localizada. Pero sea cual fuere la situación, la lucha contra el hambre es, en estos momentos, una prioridad y una responsabilidad de carácter urgente; una prioridad básica en el contexto de la lucha por
evitar la desigualdad, y así creemos que lo entendió nuestro presidente del Gobierno cuando dijo -y cito textualmente-: Entendemos que la crisis alimentaria es uno de los más graves problemas que tiene la sociedad en su conjunto, y también creemos
que el mundo, y Europa en concreto, tiene elementos y desarrollo económico suficientes para superar la crisis y lograr un reparto más justo.
Nos consta, pues, que nuestro Gobierno está comprometido como el que más, pero en esta comisión sabemos de la importancia y la necesidad de las ayudas y de las acciones europeas. Sabemos que nuestro mundo puede y debe ayudar a ese otro
mundo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista agradece su asistencia a esta comisión para responder a la cuestión que le planteamos: ¿Cuáles son las acciones realizadas a escala europea para combatir la crisis alimentaria mundial?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para responder, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Muchas gracias, señor presidente.
Senadora Périz Peralta, esta situación de crisis alimentaria ha sido uno de los desafíos más importantes de la Unión Europea durante los últimos meses, que ha dado lugar a una respuesta bastante rápida por su parte, y en concreto por parte
de la Comisión.
A esta Comisión se dirigió, quiero recordar, el presidente del Gobierno español en una carta al presidente Barroso precisamente alertando de esta situación de crisis alimentaria mundial y de la necesidad de que la Unión Europea respondiera a
ella.
¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea sobre todo ha actuado en dos ámbitos que son los que puede desarrollar: uno, en relación con la propia política agrícola común, en relación con la propia PAC, deteniendo una
orientación que antes de la crisis alimentaria iba dirigida a lo que desde las posiciones defensoras de la PAC se llamó un cierto desmantelamiento de la PAC. Eso fue absolutamente frenado, entre otras cosas, con el gran argumento de fondo de la
situación de crisis alimentaria que cambiaba totalmente los términos del problema y los términos de lo que se ha venido haciendo y que se ha terminado justo la semana pasada, que es el chequeo médico de la PAC.
La Unión Europea se dio cuenta inmediatamente de que había un enorme aumento de los precios de los productos agrícolas, disparado después de treinta años de bajada de los precios. Fue un cambio de tendencia espectacular que deriva, no solo
pero fundamentalmente, del crecimiento de la demanda mundial, a lo que se añade en estos casos todos los impulsos especulativos que hemos visto que se han producido en otros sectores de la economía.
Hemos vivido en los últimos tiempos una fiebre especulativa que, entre otras cosas, ha dado lugar a la crisis cercana al colapso del sistema financiero internacional. En el caso de los alimentos y de los precios del petróleo pasó lo mismo,
y ante ello la Unión Europea toma conciencia de eso que es en parte una acción especulativa y en parte consecuencia del crecimiento de los llamados países emergentes, como China o como India, que presionan sobre la demanda mundial de alimentos y se
produce la elevación de los precios agrícolas.
Eso hizo que la Unión Europea, en un principio, respondiera con una serie de medidas a corto plazo en el entorno de la PAC, dentro de la filosofía de la PAC. Estas medidas a corto plazo fueron: suspensión de los derechos de importación de
cereales; suspensión de restituciones a la exportación; ventas de los stocks; suspensión de la obligación de retirar tierras de cultivo, el set aside; o decisión de aumentar las cuotas lecheras. Vamos a llamarlas medidas contracíclicas,
volviendo sobre sus pasos en algo que en la Unión Europea se había puesto ya muy de moda, y es ir hacia un cambio de naturaleza incluso de la propia política agrícola común.
Se ha criticado durante mucho tiempo las restituciones a la exportación, que convertían a la agricultura europea en una agricultura muy proteccionista, que incluso empezaba a morir de éxito, dado que un porcentaje altísimo del presupuesto
comunitario se destinaba a política agrícola, sin fijarse en exceso en el mercado, en un sentido muy proteccionista, que tuvo mucho éxito después de la
segunda guerra mundial, cuando Europa estaba absolutamente hambrienta y había que tomar medidas. Y ese ha sido uno de los grandes éxitos, sin duda, de la Unión Europea: la política agrícola común, pero una política agrícola común que dio
lugar a un carácter intensivo de las producciones extraordinario, por encima de las necesidades incluso del mercado y que producía efectos muy nocivos para otras economías de países, en este caso no tan desarrollados, que no podían competir con los
productos europeos que iban con la baza de las restituciones a la exportación.
La Unión Europea inmediatamente suspende esas restituciones a la exportación, suspende derechos de importación de cereales, vende determinados stocks, suspende las tierras en barbecho y aumenta las cuotas lecheras, cuando todos sabíamos -en
España hay zonas de producción lechera muy importantes- que la gran preocupación de este sector era que esas cuotas se iban a reducir no a aumentar. Esto es lo que se hace, pero es verdad que algunas de estas medidas han sido, a pesar de todo,
insuficientes en relación con lo que estaba sucediendo con el aumento de los precios del petróleo o de las materias primas agrícolas en los últimos meses.
Es sabido que la Unión Europea ha aprobado, en un principio, unas determinadas orientaciones después del chequeo médico de la PAC, que, por cierto, no son malas en relación con los intereses españoles. Hay una pequeña orientación de la
Unión Europea en la línea de una adecuación al mercado; hay un cierto cambio, pero básicamente las posiciones de los países que más hemos defendido la persistencia de la PAC y no su desmantelamiento están todavía ahí.
Pero junto a esta acción de la Unión Europea, que se refiere a la propia lógica de la PAC y que se hizo siendo conscientes de la crisis alimentaria que se estaba produciendo, además de eso, a la Unión Europea le faltaba una acción
directamente dirigida a solventar o atenuar directamente el asunto gravísimo de la crisis alimentaria en países sobre todo no desarrollados, con consecuencias de enfermedades, de hambre, de muerte, es decir, con consecuencias trágicas para esos
países.
El aumento del precio de las materias primas agrícolas, sobre todo en los países pobres, es lo que lleva a que la Comisión anuncie la creación de un instrumento que permita abordar directamente esa crisis y por eso el Consejo Europeo de
junio de este año apoyó esta intención de la Comisión de crear un fondo de ayuda a la agricultura en los países en desarrollo en el marco de las perspectivas financieras actuales, algo que se ocupó Alemania -como siempre hace Alemania- de poner muy
de relieve, diciendo que fuera en el marco de las perspectivas financieras actuales que, como es sabido, acaban en el 2013.
Este es el punto 32 de las conclusiones, y creo que merece la pena que lo lea porque es una conclusión del Consejo Europeo del máximo nivel, de la máxima autoridad dentro de la Unión Europea y va dirigido a este objetivo sobre el que la
senadora me pregunta. Así aprobó el Consejo Europeo este punto 32: Los elevados precios de los alimentos suponen una tensión particular para los países en desarrollo. Están afectando gravemente a la situación de las poblaciones más pobres del
mundo y están poniendo en peligro el avance hacia todos los territorios que están en desarrollo.
Por ello, es necesaria la actuación de la Unión Europea desde una perspectiva de desarrollo de ayuda humanitaria. El Consejo Europeo acoge con
satisfacción la intención de la Comisión de presentar una propuesta sobre la creación de un nuevo fondo de apoyo a la agricultura en los países en desarrollo en el marco de las perspectivas financieras vigentes. En su labor, la Unión trabajará en
estrecho contacto con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y dentro del marco de las políticas y estrategias propias de los países socios.
Esto es lo que el Consejo aprobó en su momento y ahora mismo acaba de aprobarse definitivamente por el Consejo de Presupuestos el 24 de noviembre. Hace casi horas se ha alcanzado un acuerdo entre Consejo y Parlamento sobre los siguientes
aspectos: uno, el importe de eso que en terminología comunitaria se llama facilidad para combatir la subida de los alimentos en países en desarrollo, queda fijado en mil millones de euros, que se va a distribuir en un plazo de tres años. La
financiación se va a efectuar con cargo a la técnica que ha aprobado el Consejo, es decir, lo que se llama redespliegue, movilización del instrumento de flexibilidad y reserva de ayuda de emergencia -240 millones de euros para el primero, para el
despliegue; 420 millones de euros para la movilización del instrumento de flexibilidad en 2009 y 340 millones de euros que se quedan en reserva de ayuda de emergencia-, todo ello en lo que se llama en la terminología hacendística europea los
créditos de compromiso. Y además se ha llegado a un consenso para modificar el acuerdo interinstitucional para aumentar la reserva de emergencia en 2008 en 249 millones de euros.
Quiero decirle, señora senadora, que España desde el principio ha apoyado esta iniciativa, que ha demostrado su preocupación por los efectos de la subida del precio de los alimentos y del petróleo y que se reflejó, como antes anticipaba, en
la carta que el presidente Rodríguez Zapatero envió al presidente Barroso el pasado 5 de mayo. Además, se ha señalado por parte de España que el llamado redespliegue no tiene que afectar a los créditos destinados a zonas prioritarias para España, y
es algo que se va conseguir gracias a la utilización del llamado instrumento de estabilidad.
Esto es lo que puedo decirle respecto a la pregunta que me hace, que es sumamente oportuna porque justamente hace dos días se ha alcanzado el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento sobre algo que era imprescindible, y es crear un
instrumento específico, una facilidad, para abordar el gravísimo problema de la crisis alimentaria en los países en desarrollo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
SOBRE VALORACIÓN DEL FRACASO DE LA CONFERENCIA GUBERNAMENTAL DE LA OMC CELEBRADA EN GINEBRA EN JULIO DE 2008 Y ACTUACIONES PARA PONER FIN A LA RONDA DE DOHA. (Número de expediente Senado 683/000040 y número de expediente Congreso
181/000552.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta sobre la valoración del fracaso de la Conferencia Gubernamental de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en Ginebra en julio de 2008, y de las actuaciones para poner fin a la Ronda de
Doha.
Para presentarla, tiene la palabra el senador don Francisco Xavier Carro Garrote.
El señor CARRO GARROTE: Muchas gracias, señor presidente.
Es muy oportuna la pregunta al hilo de la contestación del secretario de Estado a la pregunta anterior, porque, efectivamente, si bien el comercio mundial ha sido un elemento fundamental a lo largo de la historia reciente, de hecho desde los
años treinta se vienen produciendo acuerdos internacionales en el ámbito del comercio mundial, es cierto que en este momento parece como si, debido a la confluencia de la crisis financiera, la crisis alimentaria y la crisis de la subida de los
precios petróleo, aunque esta última está ralentizándose, la necesidad de un nuevo orden global en materia de comercio adquiriese una relevancia fundamental. No se nos puede escapar que al final la situación de las entidades financieras no es ajena
a los propios flujos del comercio mundial que, al fin y al cabo, financian sus operaciones en el propio sistema financiero.
Por lo tanto, estamos en un momento muy importante. Llevamos seis años intentando un acuerdo en esta materia y, recientemente, en la reunión de Ginebra se han visto frustradas las expectativas de un nuevo acuerdo, a pesar de que la posición
de Estados Unidos y de Europa, con el apoyo de Brasil, ha sido flexible; sin duda, el nuevo orden internacional, los nuevos pesos y contrapesos de las potencias emergentes, como son India y China, dificultan acuerdos sobre parámetros clásicos. Por
ello, esta cuestión no debería darse por concluida y por agotadas las posibilidades.
Deberíamos trabajar para que, finalmente, igual que se está poniendo sobre la mesa un nuevo formato o una nueva organización del sistema financiero internacional,
se pueda llegar a un acuerdo en esta materia que transmita estabilidad y confianza a los mercados internacionales y a los intercambios de servicios y mercancías, de tal forma que podamos contribuir con ello a salir cuanto antes de la crisis
económica en que nos encontramos. En consecuencia, para España y para la Unión Europea debe ser un objetivo fundamental retomar la iniciativa en esta materia e impulsar un acuerdo definitivo.
Por estas razones le pregunto, señor secretario de Estado, ¿cómo valora el Gobierno el fracaso de la Conferencia Gubernamental de la OMC celebrada en Ginebra en julio de 2008 y, asimismo, las actuaciones que se están poniendo en marcha por
el Gobierno español a través de la Comisión Europea en relación a la Ronda de Doha?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, la pregunta que formula el señor senador, Carro Garrote -a quien me encanta ver aquí en el Senado después de otros tiempos en que nos veíamos por el Congreso-, es tan oportuna como las anteriores que se están formulando en
esta comparecencia porque, precisamente, acabamos de tener noticia de este asunto de la Ronda de Doha y se ha colocado en la agenda internacional con motivo de la reciente Cumbre de Washington.
Pero esto tiene una historia que creo que merece la pena relatar rápidamente, porque usted me pregunta cómo se valora el fracaso de esta negociación que se inició en Ginebra y que fracasó en julio de 2008.
Bien, como sabe, a la Conferencia
Gubernamental, a las negociaciones sobre la Organización Mundial de Comercio no va ningún país europeo, la que va es la Comisión porque el comercio es competencia exclusiva de la Unión Europea. La Comisión no tiene muchas competencias exclusivas,
pero esta es una de ellas. Por tanto, allí la que habla es la Comisión y solo la Comisión Europea representando a un sistema comercial con arancel único que es el mercado único europeo. Y cuando la Comisión venía a los Consejos de Asuntos
Generales a contarnos lo que pasaba en esas conversaciones en los últimos meses, venía el comisario Peter Mandelson -que se ocupaba en aquel momento de los temas de la Ronda de Doha, ahora se ocupa de otras labores en el Gobierno británico- y los
países europeos expresábamos nuestra opinión, pero la competencia la tiene la Comisión que es la que manda claramente allí. Es la Comisión Europea la que al final somete los posibles resultados de aprobación al Consejo de Asuntos Generales, pero es
la que tiene la competencia claramente.
La Comisión Europea y España han sido partidarias de una liberalización de los intercambios comerciales en el mundo, considerando que eso va en beneficio de todos los países, especialmente los no desarrollados, a los que el mejor favor que
podemos hacerles es, precisamente, la apertura de mercados. Esto es algo que hemos compartido en la Unión Europea para conseguir un marco estable, un marco predecible en el desarrollo de esos intercambios comerciales. Por esta razón, desde el
Gobierno español hemos apoyado siempre la vía multilateral para esa liberalización de los intercambios y la adopción de reglas del comercio internacional. España ha estado siempre a favor de la Ronda de Doha y de su conclusión, cuyo mandato
es amplísimo. Ese fue uno de los primeros elementos positivos. Esto no había sucedido en rondas comerciales de este tipo en la historia. Recordemos la Ronda del GATT en tiempos pasados, la Ronda Kenedy, rondas de negociaciones comerciales que han
tenido diversos nombres a lo largo de la historia y que duran muchísimos años porque son muy complicadas. En esta ocasión la Ronda de Doha tiene un espectro muy amplio, que es uno de los elementos positivos, porque se refiere al comercio de bienes
agrícolas e industriales, pero también al comercio de servicios, a la protección de la propiedad intelectual, incluidas las llamadas denominaciones geográficas, y otras reglas del comercio internacional. Es un mandato muy amplio, ambicioso, junto
con la dimensión de desarrollo que aparece en esa ronda, que no es fríamente comercial, sino que tiene muy en cuenta los objetivos de desarrollo que le dan un activo muy importante a la negociación. Pero es verdad que el camino de la Ronda Doha ha
sido muy difícil, por el momento, no satisfactorio y ha ido salvando obstáculos, salvando fracasos de sucesivas reuniones, como, por ejemplo, la de Cancún en 2003, o ha ido intentando salidas de compromiso como la Conferencia Ministerial de Hong
Kong en diciembre de 2005.
Las esperanzas estaban puestas en que, por fin, a partir de 2006 se iniciase en Ginebra una negociación. En julio de 2006 se reanudan los trabajos en Ginebra y aparece una esperanza, una lucecita en el horizonte, a ver si conseguimos llegar
a esa ansiada negociación y acuerdo final sobre comercio internacional. Se trataba de resolver varias cuestiones. En primer lugar había que resolver la negociación en productos agrícolas y productos industriales llamados productos NAMA, paso
previo a la consideración de otros temas de interés para la comunidad como servicios, propiedad intelectual, etcétera. Por tanto, la negociación se dividía en dos partes; había que empezar por los productos agrícolas e industriales y había que dar
lugar a toda una serie de decisiones de carácter técnico -cuyo detalle les voy a ahorrar para no hacer demasiado pesado este relato- que son la historia de un fracaso -vamos a llamarlo así- de la Ronda Doha, fracaso que se produce a partir del
momento -julio de este año- en que se decide que habrá una reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio para decidir sobre productos agrícolas e industriales, solamente sobre ello, y después, si hubiera un acuerdo, se seguiría sobre el
siguiente tema, los servicios.
La verdad es que la cosa estuvo cerca de conseguirse, pero, al final, no se logró, se produjo una ruptura de las negociaciones, como es sabido.
Quizás se pecó de exceso de optimismo, pero había muchos asuntos que no había forma de resolver,
aunque, formalmente, la ruptura se produjo por el enfrentamiento entre la India y Estados Unidos: la India pedía un mecanismo de salvaguarda especial para su sector agrícola en el caso de aumentos excesivos en las importaciones y Estados Unidos se
opuso a dicha pretensión, y se acabó, no hubo posibilidad de seguir adelante precisamente por esta cuestión.
Me preguntaba el senador: ¿cómo valora el Gobierno esta situación? La valora como una gran frustración. Hemos estado muy cerca del acuerdo y no se ha conseguido. Casi hemos estado rozando con los dedos el acuerdo, aunque no fuera
satisfactorio para todos, porque era imposible que lo fuera, y España, en particular, y la Unión Europea, en conjunto, han lamentado mucho ese fracaso, porque además eramos conscientes de que con esto, que se lo iba a encontrar la Presidencia
española de la Unión en 2010, y con compromisos electorales de por medio tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, iba a resultar difícil reanudar las negociaciones, aunque la Unión Europea sigue apostando por que los trabajos técnicos en
Ginebra no se interrumpan y por rescatar en cualquier momento otra vez la voluntad política de todos para cerrar las negociaciones.
La novedad positiva, una cierta sorpresa positiva es que una de las conclusiones de la cumbre de Washington del G-20 resucita la Ronda Doha.
Se propone al máximo nivel que haya una vuelta a la Ronda Doha y lo más rápidamente posible se
acabe esa negociación. Y hay un comunicado de esa cumbre de Washington que no nos puede dejar indiferentes, en absoluto, porque el G-20 se compromete además a no crear ningún obstáculo al comercio. Dado que se está en una determinada situación, se
pretende mantener el stand still y no añadir más problemas en los siguientes doce meses, aunque ya ha habido un Estado que de alguna forma no ha seguido esa recomendación. Es el caso de Rusia, que a las cuarenta y ocho horas ya anunció que iba a
establecer algún tipo de protección sobre algunos sectores, lo cual no es buen augurio a ese respecto.
Lo cierto es que, por lo menos, nosotros creemos que este peligro de congelación de Doha hasta 2010 parece que se ha despejado con la cumbre de Washington, que parece que ha resucitado todo ello, que lo ha refrescado, de modo que vamos a ver
si es posible convocar de nuevo a los ministros para celebrar una reunión ministerial sobre Doha.
Para terminar, resumiría en cuatro o cinco puntos cuál ha sido la posición española en estas negociaciones. En primer lugar, apoyamos plenamente la declaración de la cumbre de Washington orientada a generar confianza en el ámbito
internacional para promover el crecimiento del comercio internacional, y para ello, para el relanzamiento de la economía, la recuperación del crecimiento económico, para salir de la parálisis o de esta recesión tan importante se ha entendido que era
muy necesario que se produjera un relanzamiento del comercio, para lo cual son fundamentales las conclusiones del acuerdo Doha a fin de que se mejoren los accesos a los mercados de bienes y servicios y para establecer, por fin, unas
reglas del comercio internacional claramente eficaces, equitativas, etcétera.
En segundo lugar, la crisis financiera es un obstáculo en el camino puesto que puede alentar posiciones proteccionistas. Por eso, la cumbre de Washington dice: ojo, todo ello sin proteccionismo, porque el proteccionismo puede cortar de
raíz los esfuerzos coordinados que se están haciendo a nivel internacional y, en particular, a nivel europeo.
Tercer elemento para la reflexión: un acuerdo sobre agricultura y productos NAMA en la OMC, sin duda, generaría una mejora de las expectativas, por tanto, sería un elemento positivo que en estos instantes de preocupación por el
relanzamiento de la economía se añadiría. Es verdad que luego queda la otra parte de la negociación sobre servicios, como antes había indicado, pero no cabe duda de que una primera entrada en estos productos agrícolas, que era lo primero que se iba
a tratar, constituye un paso adelante.
Cuarto elemento a considerar: en el caso de los productos NAMA no se trata solo de iniciativas sectoriales, hay que promover la liberalización del comercio de estos productos a través de la eliminación de barreras no arancelarias, porque
las barreras más fuertes a veces no son las arancelarias, sino otras que en la jerga comunitaria se llaman las normas de efecto equivalente, que tienen efectos peores que las barreras arancelarias.
Por tanto, seguimos creyendo que es posible y es necesario llegar a un acuerdo global -y ese es el gran acervo de las conversaciones de Ginebra-, que no se limite a productos agrícolas o NAMA, sino que llegue hasta el mercado de servicios,
para conseguir en la Ronda Doha un resultado exitoso, lo que supondría una aportación muy importante a la salida de la crisis, que en estos momentos se ha convertido en la principal preocupación de todos los países.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
SOBRE VALORACIÓN DE LA POLÍTICA EUROPEA DE INMIGRACIÓN TRAS LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE RETORNO DE INMIGRANTES. (Número de expediente Senado 683/000041 y número de expediente Congreso 181/000553.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta pregunta.
Para formularla, tiene la palabra la señora diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor secretario de Estado.
Las políticas de inmigración del Gobierno socialista se basan en cuatro pilares básicos. En primer lugar, se basa en la estrecha relación de la inmigración y el mercado de trabajo a la hora de ordenar los flujos migratorios, así se acordó
en el ámbito de diálogo social en 2004.
También se acordaron los mecanismos de participación tripartita para concretar la capacidad de acogida de nuestro mercado laboral. En segundo lugar, se basa en los acuerdos con países de origen para
garantizar que la contratación se haga allí y asegurar, por tanto, la legalidad en las entradas, así como para garantizar una lucha eficaz contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. En tercer lugar, un pilar básico de la política
socialista se refiere a las políticas de integración, de cohesión y de convivencia, para lo cual se establecieron los planes de integración que se acuerdan con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, de tal forma que se garantice que quien
aquí vive disfruta de iguales derechos y está sujeto a iguales deberes que cualquier otro ciudadano.
Pero, además, el Gobierno socialista marcó como prioridad alcanzar una política global e integral sobre inmigración en el seno de la Unión Europea. El Consejo Europeo de diciembre de 2005 supuso un avance significativo en el logro de este
objetivo cuando se acordó la constitución de distintos fondos, así como mecanismos, el Frontex y otros. Con posterioridad, se han adoptado diversas directivas comunitarias como la de retorno y, recientemente, se ha alcanzado el Pacto Europeo sobre
Inmigración y Asilo, que fue iniciativa del Gobierno español, del Gobierno francés y del Gobierno alemán.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista le pregunta, señor secretario de Estado: ¿qué valoración le merece al Gobierno la política europea sobre inmigración?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada Gutiérrez del Castillo, yo le contesto con mucho gusto esta pregunta que se refiere a un tema central de la nueva Unión Europea, de la Unión Europea del siglo XXI. Sí podemos decir con toda claridad que en el siglo XX la
Unión Europea no ha tenido política sobre inmigración, nada que se pareciera a la misma. La política sobre inmigración era una política llevada a cabo por los Estados miembros, una política en donde había un predominio significativo, diríamos, de
los aspectos más de interior, que tenía una regulación muy pensada sobre eso y que no trataba la inmigración como un fenómeno estructural, sino como un fenómeno coyuntural que dependía de cada país y sobre el cual la Unión Europea no tenía por qué
pensar nada puesto que algunos temas que en principio iban a los llamados Consejos JAI o del tercer pilar eran muy intergubernamentales, no conocidos por la opinión pública, en reuniones no públicas y, desde luego, sin una política común sobre
inmigración, sin intervención para nada de la Comisión Europea, sin intervención, no digamos, del Parlamento europeo y sin intervención del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Esto era la no política sobre inmigración de la Unión
en el siglo XX, y hay que decir que ha dado un giro de 180 grados.
Por eso, cuando usted me pregunta por la política europea sobre inmigración, yo le digo que hemos pasado de no tener política, a tener política, lo cual es pasar del cero al infinito, y esa es la gran aportación y la gran apuesta de futuro
que tiene la Unión Europea, ir a una política de inmigración, lo cual es absolutamente lógico teniendo en cuenta que en la Unión Europea, en la mayoría de los Estados -no en todos- hay un espacio de libre circulación, el espacio Schengen, y, por
tanto, no tiene el más mínimo sentido que no haya una política común sobre inmigración, entre otras cosas porque si no hay una política común sobre inmigración, la tentación para los Estados es ver quién es más duro y cada uno hace lo que le parece
para evitar flujos migratorios, no deseados en algún caso, tentación a la que no han sido inmunes algunos Estados europeos. Por tanto, una política común sobre inmigración siempre va en la línea de la preservación de los derechos de las personas,
de los derechos de los inmigrantes, de los derechos que se tienen simplemente por el hecho de ser persona, no por el hecho de tener un estatus administrativo determinado. De ahí que España, el Gobierno español, tuviera tanto interés en que la Unión
Europea se dotase de una política común sobre inmigración. Y, efectivamente, su origen es la fecha que usted ha señalado, la famosa reunión de Hampton Court, en 2005; es cuando empieza a haber una política sobre inmigración en la Unión Europea, en
principio de forma embrionaria y que poco a poco se ha convertido en una muy importante política para desembocar en algo, a lo que luego me voy a referir, en el Pacto Europeo sobre inmigración, que se acaba de aprobar precisamente hace unas semanas
en el Consejo Europeo y que ha tenido el impulso español.
Esta tendencia se inscribe en algo que me parece que usted también ha citado, en el llamado enfoque global de las migraciones. Las migraciones no pueden examinarse o estudiarse como algo puntual o mirarse solo desde una perspectiva, sino
que hay que hacerlo desde muchas perspectivas, porque la inmigración tiene que ver con el desarrollo de los países, tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con las estructuras políticas, sociales y económicas de muchos países, tiene
que ver con los Objetivos del Milenio, tiene que ver con todo. Y eso es lo que faltaba en la Unión Europea, una perspectiva multilateral del fenómeno de la inmigración y eso es lo que la Unión Europea acepta ya desde el 2005 a instancias de España,
que hay un enfoque global de las migraciones, lo que ha dado lugar a que desde entonces hasta ahora -yo no voy a enumerarlo porque sería bastante aburrido- haya habido múltiples procesos y líneas de actuación en muchas dimensiones -desde el llamado
Proceso de Rabat hasta la Asociación UE-África sobre migración, movilidad y empleo, o las asociaciones de movilidad-, decenas de iniciativas, de reuniones, de foros que van desarrollando ese microcosmos, que es al final todo lo que tiene que ver con
un fenómeno tan complejo como es la migración.
Hay un momento histórico crucial, sin duda, el 15 de octubre, que es cuando el Consejo Europeo aprueba el pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. Es la culminación de todo una serie de esfuerzos, aunque es verdad que se concreta en la
cumbre hispano-francesa de enero de este año.
España y Francia son los dos países que impulsan este Pacto Europeo sobre Inmigración, que lo lideran ante el resto de países, que negocian con el resto de países y al que se incorpora más adelante
Alemania, lo que hace que en última instancia vaya con mucha fuerza a las reuniones de los Consejos JAI y también del Consejo Europeo. Yo creo que en ese pacto europeo se introduce, se acepta y se asume -y no es una petulancia en absoluto, sino que
es un hecho objetivo- la línea de política de inmigración que el Gobierno español venía desarrollando, el modelo español en cuanto a la política de inmigración, con las aportaciones naturalmente de muchos otros países en otros ámbitos. No puedo
dejar de citar aquí, por ejemplo, el caso del asilo, en donde la aportación de los países nórdicos es muy importante -este es un pacto europeo sobre inmigración y asilo-, y se plantean para el futuro unos procedimientos comunes para examinar y
decidir sobre el asilo.
Pero me voy a centrar en los temas propiamente migratorios. Aquí hay tres pilares que son los esenciales en esta política de inmigración: un primero que es que la inmigración es un fenómeno positivo -no es una carga negativa- que es
esencial para el desarrollo y el progreso de nuestras sociedades. En países como España o Alemania o Francia o el Reino Unido o Italia, -en los grandes países de la Unión Europea- las cifras sobre el total de la población de inmigrantes se acercan
al 10 por ciento, están en torno al 10 por ciento -en Alemania llegan al 13 o al 14 por ciento. Es decir, estos son elementos estructurales, no coyunturales, están ahí, como se dice, para quedarse; son ya familias de arraigo, de segunda, de
tercera generación, que tienen un origen inmigrante, que han llegado a esos países y han contribuido decisivamente para el progreso de los mismos. En nuestro caso, algunos estudios de economistas han llegado a la conclusión de que la mitad del
crecimiento que España ha tenido en los últimos años -un crecimiento muy acelerado y con fuerte creación de empleo, aunque sabemos que está interrumpido en este momento- se debe a la inmigración. Sin inmigración no hubiera podido producirse. Esto
es algo que todos los países europeos saben y por eso aprueban como uno de los pilares de ese Pacto Europeo sobre Inmigración considerar la inmigración como un fenómeno positivo y, por tanto, las políticas de integración de los inmigrantes como
necesarias en nuestras sociedades, por ejemplo, la política de defensa de los derechos de los inmigrantes y la política
de deberes, de aceptación y obediencia a la ley, que tienen los inmigrantes cuando llegan a un país.
El segundo elemento fundamental de ese pacto es la lucha contra la inmigración ilegal. Dado que hay canales de inmigración legal, canales que no deben sofocarse, sino que deben permitir la regulación de esos flujos migratorios, la
inmigración ilegal no tiene ningún sentido, únicamente consecuencias negativas como fuente de desarrollo de delincuencia organizada, por ejemplo, las mafias que trafican con personas. Por eso, combatir la inmigración irregular es uno de los
elementos centrales de ese Pacto Europeo sobre Inmigración.
El tercer y más importante elemento en la política europea sobre inmigración, por novedoso, es la política de cooperación y coordinación con los países originarios de la inmigración; se trata de un elemento fundamental. Sin una política de
cooperación con los países que dan origen a la inmigración, sencillamente, es imposible una política común sobre inmigración en Europa. En el caso de España: nuestro país ha desarrollado una política de cooperación muy importante, como es sabido,
con países, por ejemplo, de un área geográfica muy clara, la de los países africanos más cercanos a Canarias, donde incluso se han creado nuevas embajadas españolas y se ha fortalecido nuestro servicio diplomático. Y no solamente en el caso de
España, sino que a Europa se le plantea un deber para el futuro como es el desarrollo de pactos, incluso de nivel europeo, con países originarios de la inmigración, porque sin eso no es posible evitar la inmigración ilegal adecuadamente, ni luchar
contra ella adecuadamente y tampoco es posible el retorno, las devoluciones cuando se tienen que producir, ya que también requiere la colaboración de los países originarios de la inmigración.
Sobre esos tres elementos se va a fundamentar el desarrollo de esa política común sobre inmigración que podemos decir que ya existe en la Unión, que está en el llamado PEMA (Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo), cuya evaluación va a
tocar a España, porque logramos introducir en el texto -y con esto termino, presidente- una cláusula según la cual la primera evaluación de la aplicación de ese acuerdo por todos los países europeos se hará durante la Presidencia española. Este es
un acuerdo que va a desarrollarse según los elementos de cumplimiento obligado por parte de los Estados y va a evaluarse. Por eso entendemos que nuestra Presidencia adquiere, desde el punto de vista de la inmigración, una importancia especial
puesto que vamos a ser el país bajo cuya dirección Europa evalúe la forma en la cual se lleva a cabo y se cumple este Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Tiene la palabra la señora diputada.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Simplemente quiero agradecer la respuesta al secretario de Estado y trasladarle la felicitación del Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno español por haber alcanzado este pacto, y muy especialmente al
secretario de Estado por su papel personal en su logro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
SOBRE PLANTEAMIENTO CON RESPECTO AL FUTURO DEL EURONEWS. (Número de expediente Senado 683/000042 y número de expediente Congreso 181/000554.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 5. Para formularla, tiene la palabra la senadora doña Ana Sánchez.
La señora SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Hemos tenido conocimiento de que Televisión Española decidió abandonar su participación en el canal Euronews, canal de televisión europeo que debería tratar temas relativos a las instituciones de la Unión Europea.
Este canal nació en su día
con vocación de servicio público, fundado en 1992, del que forman parte canales nacionales importantes de países como Francia, la RAI italiana o la RTP portuguesa, si bien es cierto que no están países tan importantes como Alemania o Gran Bretaña.
Conocemos y compartimos los motivos que han llevado a plantearse abandonar el canal debido, en primer lugar, al nuevo marco jurídico de Radiotelevisión Española, que no permite acumular deuda; quiero recordar que suponía, además, una
aportación en torno a los 2 millones de euros anuales. Entendemos también que se pretende dar prioridad a los canales en español con presencia internacional; en definitiva, criterios de eficiencia que obligan a reducir gastos fijos siendo
rigurosos y cuidadosos con el gasto -seña de identidad del Gobierno de España- y a priorizar nuestros canales con presencia en el mundo.
Siendo conscientes de lo importante que es el acceso de los ciudadanos a información sobre la Unión Europea, sobre sus instituciones, quiero enlazar con la primera pregunta que esta senadora formulaba, a pesar de que no utilicé mi turno de
réplica. Es verdad que hay otros mecanismos, y el secretario de Estado nos avanzaba algo con respecto al programa Hablemos de Europa -y le parafraseo-, que abriría en el primer semestre para evolucionar en la comunicación y decía que no sólo para
informar, sino para comunicar. Entiendo, por tanto, que existen otros mecanismos, pero consideramos que también es importante la información, aunque es verdad que el momento actual no es el mismo en el que se fundó el canal Euronews, no es la misma
situación de los medios
de comunicación ni del acceso a la información con respecto a los ciudadanos. En este momento las condiciones de acceso cada día son mayores en condiciones de igualdad. Además, también conocemos que la cadena está firmando acuerdos de
colaboración con canales autonómicos y con redes locales.
Es, por tanto, que en este marco, desde el Grupo Parlamentario Socialista, formulamos la siguiente pregunta: ¿cuál es el planteamiento del Gobierno español con respecto al futuro de Euronews?
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora senadora.
El secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Gracias, senadora.
La verdad es que yo no le puedo contestar con una gran disertación sobre la posición del Gobierno al respecto porque realmente el Gobierno poco puede hacer, y se lo voy a explicar porque este es un asunto que yo he debatido con el director
de Radiotelevisión Española y con el director de Euronews, que estuvo en mi despacho y estuvimos hablando largo y tendido sobre esto. Evidentemente, como ciudadano europeo me parece muy bien que haya un canal que se llame Euronews y que tenga una
perspectiva europea en cuanto a la información. Cuando surgió Euronews nos gustó creo que a todos, o por lo menos a mí me pareció muy bien que existiera y que contribuyera a una identidad europea desde ese punto de vista. Pero una cosa es la
simpatía ante ese canal y lo que pueda hacer -y yo no puedo negar mi simpatía hacia ello- y otra cosa es lo que pueda hacer el Gobierno al respecto, primero en relación con Televisión Española y, segundo, en relación con Euronews. En cuanto a
Televisión Española, existe la decisión de no participar en el futuro en Euronews entendiendo -esa fue la razón fundamental que dio Televisión Española- que ya no tiene tanto sentido. Estamos ante una entidad privada como es Euronews, y Televisión
Española, que desarrolla su propio canal de Todo Noticias, lo lógico es que se vuelque en ese canal, y, por tanto, entiende que dentro de sus disponibilidades financieras no debe destinarse una cantidad a Euronews. Nosotros tenemos que respetarlo
porque la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal dice con toda claridad que la Corporación RTVE gozará de autonomía en su gestión y actuará con independencia funcional respecto del Gobierno y de la
Administración General del Estado. Esta es una ley para nosotros muy importante, una ley consensuada con los grupos políticos que supone pasar de un modelo de televisión muy condicionado por el Gobierno -vamos a decirlo así para no ser demasiado
crueles con los objetivos- a un modelo de televisión pública absolutamente independiente del Gobierno y de cualquier gobierno. Ese es el modelo por el que se ha optado en el caso de televisión. Y la Televisión Española tiene autonomía en su
gestión y actúa con independencia funcional. Y la voluntad de los grupos políticos de que eso sea así, empezando por los dos mayoritarios, fue un nombramiento consensuado del director de Radiotelevisión y un nombramiento consensuado del Consejo de
Administración de Radiotelevisión que recibió también el acuerdo del conjunto de los grupos políticos. Creo que todos debemos respetarlo.
Por tanto, esta simpatía no pasa de ser simpatía por parte de la Unión, pero, desde luego, el Gobierno no puede hacer nada al respecto ni puede influir en ningún sentido porque sería ir en contra de lo previsto en nuestra legislación sobre
la radio y la televisión de titularidad estatal. En cuanto a la posibilidad -si a alguien se le ocurriera, no digo que se le haya ocurrido a nadie- de que un gobierno ayudara directamente a Euronews, también es imposible porque Euronews es una
entidad privada, y es que Euronews no admite la intervención, la ayuda económica de entidades de carácter público de cualquier tipo de gobierno.
Por tanto, esta es la situación de Euronews. Creo que tiene una vida por delante que dependerá de cómo
lo haga. Estará en el terreno de la competencia con otras televisiones, cosa que será independiente de lo que decidan otras televisiones públicas europeas. Creo que las de los países más grandes casi ninguna tiene presencia en Euronews.
Y, repito: mucha simpatía, mucha simpatía, pero más allá de esa simpatía nada podemos hacer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: Intervengo de forma muy breve para agradecer la respuesta del secretario de Estado, absolutamente lógica, y para decirle en nombre del Grupo Parlamentario Socialista que entendemos y compartimos la posición de
autonomía e independencia del Gobierno de España en un modelo de gestión del que nos sentimos especialmente orgullosos en el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Aprovecho esta oportunidad para añadir -aunque es pasar ya a otro campo, pero lo digo porque me imagino que Televisión Española estará por ahí siguiendo esta sesión- que
eso no significa que Televisión Española no se ocupe y no deba ocuparse de los temas europeos. Como decía antes, una de las preguntas que les hicimos este verano a los ciudadanos españoles fue si les parecía que los medios de comunicación se
ocupaban o no de los temas de Europa. Su respuesta fue unánime: no, no se ocupan suficientemente de los temas de Europa. Por eso, en el
mandato marco de Radiotelevisión Española está el ocuparse de los temas relativos a la Unión Europea, que es una apuesta esencial de nuestro país. Así es que el que Televisión Española no vaya a Euronews no significa que Televisión Española
no tenga también la obligación, por mandato legal, de ocuparse y de seguir los asuntos europeos, que son de máxima relevancia, sobre todo de cara a la próxima Presidencia española de 2010.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
- DEL DIPUTADO D. JUAN ANTONIO BARRIO DE PENAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACCIONES A FIN DE MEJORAR SUSTANCIALMENTE LA DIRECTIVA DE TIEMPO DE TRABAJO QUE VA A SER DEBATIDA PRÓXIMAMENTE POR EL PARLAMENTO EUROPEO. (Número de
expediente Senado 683/000059 y número de expediente Congreso 181/000790.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6. Para formularla, tiene la palabra don Juan Antonio Barrio de Penagos.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor secretario de Estado.
El motivo de mi pregunta está relacionado con la Directiva europea sobre ordenación del tiempo de trabajo, tema que, como usted sabe, ha sido objeto ya de diversas iniciativas parlamentarias y que en este mismo orden del día figura con dos
PNL de ambos grupos parlamentarios. En concreto, el día 16 de septiembre nuestro portavoz adjunto, Ramón Jáuregui, señalaba ya la contradicción entre la tendencia histórica a la reducción de jornada desde el siglo XVIII con la máquina de vapor, en
el siglo XIX con la aparición del motor eléctrico y ya más recientemente en España con la fijación por el ministro Almunia -actualmente comisario europeo- de la jornada en cuarenta horas. Señaló también el carácter contradictorio de esta Directiva
sobre ordenación del tiempo de trabajo con esa tendencia histórica, y terminaba preguntando -en mi opinión muy oportunamente-: ¿No será éste el momento de reclamar a la política que se imponga al mercado en la regulación de la sociedad? Porque
aceptamos, sí, una economía de mercado, pero no una sociedad de mercado. O dicho con otras palabras, como le gusta citar a Saramago citando a su vez a La sagrada familia -el libro de Marx, no a la otra-: Si el hombre es él y sus circunstancias,
formemos humanamente dichas circunstancias, y entre ellas -añado yo-, la duración de la jornada de trabajo es, obviamente, muy importante.
Posteriormente, el 24 de septiembre el ministro de Trabajo, en respuestas a preguntas del mismo portavoz adjunto, señor Jáuregui, explicitó la posición contraria del Gobierno sobre esta directiva en el Consejo, donde se consiguió, además,
que otros países se unieran a la posición de España, como usted bien sabe. Decía el ministro: Conseguimos liderar un bloque de descuelgue de esta directiva que está permitiendo ahora al Parlamento europeo jugar el partido para modificar esta
directiva. El Partido Socialista europeo, y evidentemente el Gobierno con sus gestiones, seguirá liderando para hacer que esta directiva se cambie.
La directiva, como es sabido, no sólo permite la ampliación de la jornada máxima a sesenta horas, sino que para ciertos colectivos se prevé a sesenta y cinco horas o más. Y también está la cuestión de la reconsideración a la baja del tiempo
de trabajo para ciertos colectivos y el tema de los médicos. Siendo esto muy grave puesto que va en contra de conquistas laborales históricas, como antes decía, y de la dignidad y de la seguridad laboral y de la conciliación de la vida familiar y
laboral -creo que ya no se dice conciliación sino más bien corresponsabilidad-, de la corresponsabilidad de la vida familiar, me parece aún más grave la generalización del opting out, lo que estaba como excepción en la actual directiva. Ahora se
generaliza la posibilidad del opting out, es decir que se pueda aumentar la jornada por negociación directa empresa-trabajador, al margen de la negociación colectiva, cuando lo que se pensaba era más bien lo contrario, que esto iba a ir a una fase
de phasing out, es decir, de progresiva desaparición de la opción del opting out. Esto me recuerda una viñeta de El Roto. En ella se ve una figura enorme, la de un poder multinacional -se dice en ella- junto a la de un empleado muy pequeñito. El
poder le dice al empleado: Estupendo, por fin vamos a poder negociar usted y yo de igual a igual, sin sindicatos ni intermediarios. (Risas.) Pues, como digo, eso del opting out a mí me recuerda esto.
Para terminar diré que, como nos consta la preocupación del Gobierno en su conjunto y muy especialmente su sensibilidad personal por el tema, le formulo la pregunta que figura en el orden del día sobre los esfuerzos que está realizando y
realizará el Gobierno para las modificaciones de la mencionada directiva en la fase actual, fase final de tramitación en el Parlamento Europeo. En comisión ha habido un informe de nuestro eurodiputado socialista y amigo, Alejandro Cercas, que ha
sido aprobado en comisión por más de 30 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, si no recuerdo mal, informe que ya recoge modificaciones muy sustanciales a esta directiva. Ahora está en la fase de segunda lectura, creo que se votará en
diciembre, y después pasaría, si se aprueban algunas de estas enmiendas, como sabe usted mucho mejor que yo, a la fase de conciliación Parlamento-Consejo. Esta es la fase final de tramitación, y yo le pregunto: ¿qué se puede hacer desde el
Gobierno, qué está haciendo el Gobierno siguiendo esta línea que ha seguido usted? No sabía si emplear la expresión fase final de tramitación, porque, teniendo en cuenta que se disuelve el Parlamento Europeo dentro de poco y que hay elecciones en
junio, a lo mejor podría entenderse en un sentido demasiado brusco.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Barrio de Penagos.
Efectivamente, estamos ante una tramitación que en la Unión Europea es siempre compleja, donde diversos sujetos intervienen; tramitación no de una directiva, sino de una modificación de una directiva.
La directiva en cuestión es la de 22 de septiembre de 2004, una propuesta adoptada por la Comisión que modifica la originaria de un año antes, la número 2003/1988, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de
ordenación del tiempo de trabajo. Así que estamos ante una directiva que modifica otra, y eso es lo que se debate en este momento.
¿Qué sentido tenía por parte de la Comisión Europea? Aquí hay tres partes esenciales: Comisión, Parlamento Europeo y Consejo, que son los tres sujetos legisladores en la Unión Europea, y hay que conseguir el acuerdo de los tres para que
una propuesta legislativa salga adelante.
En primer lugar, está la Comisión, que es la que tiene el monopolio legislativo, la iniciativa legislativa, y, por tanto, todo tiene que salir de ella. La Comisión plantea una propuesta con unos objetivos, en algunos casos compartibles,
como adaptar la definición del tiempo de guardia de los médicos, para dar respuesta a una cuestión que se suscitó por dos sentencias del Tribunal de Justicia, las conocidas como Simap y Jaeger. La propuesta preveía que el período inactivo de tiempo
de guardia no se considerara como tiempo de trabajo en el sentido de la directiva.
Lo que pretendía la Comisión era que se adaptase la letra de la directiva a lo que ya había dicho el Tribunal de Justicia. Este era el primer objetivo compartible.
El segundo objetivo, y más destacado, es la revisión de la cláusula opting out, que la directiva prevé para algún país en concreto y que permite que un trabajador pueda superar el límite de 48 horas de trabajo máximo semanal. ¿Qué quería la
Comisión? Que toda decisión adoptada por un Estado miembro con vistas a autorizar esta cláusula siempre estuviera asociada a los interlocutores sociales, a los sindicatos, a los empresarios, de modo que hubiera un debate con los mismos. Este es el
sentido esencial de esta propuesta inicial de la Comisión que va al Parlamento Europeo. Un primer dictamen en el año 2005 motiva que la Comisión modifique algo de esa primera propuesta.
Se inicia después un largo y proceloso debate político y parlamentario que desemboca en una posición del Consejo distinta a la propuesta que venía de la Comisión y del Parlamento Europeo. El Consejo cambia la posición de las otras
instituciones en un sentido totalmente diferente, permitiendo, entre otras cosas, el aumento de las horas de trabajo y que haya una negociación directa con el trabajador sin los interlocutores sociales.
Así que lo que se produce en este proceso es un cambio claro de contenido.
Con la primera iniciativa, la de la Comisión, estamos de acuerdo; con la del Parlamento Europeo también estamos de acuerdo, pero cuando pasa al Consejo la relación
de fuerzas es muy distinta. Por eso es por lo que el 9 de junio, y posteriormente el 15 de septiembre en Bruselas, en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) se formaliza y aprueba la posición común del Ejecutivo, en este
caso la proveniente de los Gobiernos europeos, pero en esa votación, Grecia y España votan en contra. Y ha habido alguna información un poco confusa en el sentido de que España la había apoyado. No, estuvo clarísimo. En el Consejo de Asuntos
Generales, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas el 15 de septiembre, España vota en contra de esa posición, que sale adelante porque tiene una minoría suficiente y no hay minoría de bloqueo para impedirlo. España, junto con
Grecia, vota en contra, y se abstienen Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal. Hay, pues, siete países que no comparten esa posición, unos votando en contra y otros absteniéndose. Por tanto, España no comparte esa posición común, y ha votado
en contra de ella porque no garantiza suficientemente la seguridad del trabajador, la corresponsabilidad -ya no se llama conciliación sino corresponsabilidad, como decía el señor Barrio de Penagos- de la vida profesional, familiar y privada.
Nuestra posición, no la del Gobierno, la de España, es nítida, porque todos los grupos parlamentarios aquí presentes han votado contra esa posición y allí el Gobierno expresó la posición común de todos los grupos parlamentarios españoles.
Al día siguiente, el 16 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley contra la ampliación de la jornada laboral contenida en la posición común. En ese sentido, se apoya la posición que tiene la
Confederación Europea de Sindicatos, que denuncia esa directiva por entender que es una regresión en la protección de los derechos sociales de los trabajadores.
¿Cuál es la última situación, el estado último de la cuestión? Hace unos días, el 5 de noviembre, se produce una votación en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, en segunda lectura, y por el dictamen presentado
por un ponente, el español Alejandro Cercas, se aprueban diversas enmiendas a esa posición.
El Parlamento Europeo, ya en Comisión, enmienda la posición común del Consejo, con una votación bastante significativa: 35 votos a favor de enmendar, de no aceptar puntos esenciales de lo que aprobó el Consejo de Asuntos Generales; 13
votos en contra, y dos abstenciones. Para que quede claro el sentido de la votación: 35 no aceptan la posición del Consejo, 13 sí aceptan la posición del Consejo y dos se abstienen.
Las enmiendas reflejan que hay un desacuerdo entre el Parlamento Europeo a nivel de Comisión -en este momento todavía no ha ido al plenario- y el Consejo.
Y los grupos políticos españoles, todos los partidos políticos, coinciden en las preocupaciones que expresó el ponente eurodiputado, señor Cercas, en ese momento y las que expresó el Parlamento Europeo básicamente en lo siguiente: por lo
que respecta al tiempo de guardia, el Consejo dice que el período inactivo del tiempo de guardia no se considere tiempo de trabajo, a menos que la legislación nacional, o de acuerdo con un convenio, disponga de otro modo. La Comisión del Parlamento
Europeo a eso alega que, en todo caso, la totalidad del tiempo de atención continuada o tiempo de guardia, incluido el periodo inactivo -estamos hablando de los servicios médicos- debe considerarse tiempo de trabajo. Esa es la posición que ha
aprobado el Parlamento Europeo en Comisión y que apoya España.
En relación con el llamado periodo compensatorio, es decir, el tiempo de descanso compensatorio en circunstancias en las que no se pueden tomar periodos de descanso normal, el Parlamento Europeo entiende que deberá tener lugar tras el
periodo de trabajo. Esa posición también la comparte nuestro país.
En cuanto a la cláusula opting out, la más conflictiva y polémica, que se introdujo ya en 1993 con determinados opting out para ciertos Estados, es decir, poder trabajar más de 48 horas de promedio semanal, lo que dice el Parlamento Europeo
es que hay que derogarla, aunque los Estados miembros puedan autorizarla durante un periodo transitorio de hasta 36 meses después de la entrada en vigor de la directiva. Esa sería la posición de consenso: Yo voy a derogar esa cláusula porque tiene
que desaparecer forever, pero admito un tiempo transitorio de 36 meses para que algunos Estados puedan, durante ese tiempo, mantenerla. Ese es el punto de compromiso que se plantea.
Nosotros estamos de acuerdo con esa posición y con ese dictamen de la comisión y los grupos parlamentarios, también. Habrá que esperar a la reunión del Consejo el 17 de diciembre de 2008, o sea el mes que viene, donde España va a mantener
esa posición, la que hemos expresado aquí y la que se ha defendido en todos los debates y en el proceso de negociación con las instituciones comunitarias y los demás Estados miembros. Ese día, además, se votará en el pleno del Parlamento Europeo la
posición común y ya veremos qué pasa; si hay una aprobación de la posición del Consejo, saldrá adelante esa modificación y, por así decirlo, habremos perdido; y si se aprueba alguna enmienda, continuará el procedimiento parlamentario y ya veremos
qué pasa después. No obstante, hay que tener en cuenta que dentro de poco se va a disolver el Parlamento Europeo y que resulta complicado que llegue a finalizar ese proceso.
Ese es el estado de la cuestión y la posición nítida que tiene el Gobierno, así como el conjunto de los grupos parlamentarios aquí representados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, secretario de Estado.
Tiene la palabra el señor diputado.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecerle sus detalladas explicaciones y animarle a seguir en esta misma línea, aunque como luego hay dos proposiciones no de ley seguramente la comisión en pleno le va a animar a que siga en la línea de oponerse a esta directiva.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Sin duda, nosotros vamos a seguir en esa línea, pero no solamente en este asunto sino en el conjunto de lo que llamamos la Europa social.
Una de las prioridades de la Presidencia española en el 2010 va a ser ir a una Europa social. Europa no puede ser por más tiempo la que tenga una posición absolutamente subordinada a la legislación de los Estados en temas sociales; entre
otras, esa es la razón por la que la gente se siente a veces alejada de la Unión Europea. Creemos que la dimensión social debe desarrollarse en la Unión Europea.
A España le va a tocar dirigir el período post-agenda social, porque la agenda social europea acaba en el 2010 y entonces se inicia un nuevo período. Precisamente en estos momentos, y más aún en la coyuntura que vivimos actualmente, debemos
profundizar en la dimensión social de la Unión Europea, que es una asignatura pendiente de la Unión. Es cierto que ha progresado en algunos aspectos sociales pero hay amplísimos espacios en los que no. Para ello, sin duda -y aprovecho para
decirlo-, sería de muchísima ayuda que el Tratado de Lisboa entrase en vigor, porque lleva aparejado una carta de derechos de los ciudadanos y ciudadanas europeas que incluye una parte de derechos sociales; derechos que, por vez primera en la
historia, tendríamos los europeos frente a las decisiones provenientes de las instituciones europeas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
- DE LA DIPUTADA D.ª SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO:
SOBRE PREVISIONES ACERCA DE CONSENSUAR CON EL RESTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA LOS OBJETIVOS Y EL PROGRAMA DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA.
(Número de expediente Senado
683/000060 y número de expediente Congreso 181/000795.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número siete. Para formularla, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Soledad Becerril Bustamante.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, en reuniones anteriores y en comparecencias suyas ya hemos hablado sobre la participación de esta Comisión Mixta para la Unión Europea y de la voluntad de los grupos y del Gobierno, según he entendido, para
participar conjuntamente en la elaboración de la agenda de la Presidencia española a partir del primer semestre del 2010. Yo he entendido, y así lo ha manifestado el secretario de Estado, su deseo de llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios
o con esta comisión. Como el tiempo se echa encima porque prácticamente nos queda un año, quiero saber si desde la Secretaría de Estado se tiene prevista alguna fórmula para plasmar ese acuerdo por el que la agenda y el contenido de la Presidencia
española cuente con el apoyo de los grupos parlamentarios que conforman el Parlamento.
He visto el Real Decreto de Presidencia del Gobierno de 20 de octubre, por el que se crea el comité organizador de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y quiero destacar que su artículo 3 da pie a organizar la presencia
del Congreso de los Diputados y del Senado, por tanto de esta comisión mixta, en la elaboración de esta agenda. Señala que podrán asistir a las reuniones del comité organizador, previa convocatoria de... -y continúa con un largo etcétera que no
voy a leerles ahora-, órganos de la Administración General del Estado y otras instituciones.
Por eso, quiero saber si tiene previsto ya la Secretaría de Estado cómo plasmar esta presencia y formalizarla para que podamos preparar la Presidencia española con un amplio acuerdo, lo cual sería interesante para los intereses generales de
España. Esa es mi pregunta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Becerril.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Señora Becerril, le agradezco la pregunta.
Creo que desde el momento en que fui convocado, en principio por iniciativa propia, a esta comisión mixta dejé muy claro que un planteamiento de fondo del Gobierno sobre la Presidencia española de la Unión era la necesidad de ser en sus
contenidos, en su orientación y en su desarrollo objeto del más amplio consenso con las fuerzas políticas y sociales de nuestro país, porque no es un proyecto de un Gobierno. Es un proyecto, no solo de un Estado sino de país, y, como tal, todos
debemos estar convocados y trabajar en esa dirección, y cuanto más lo abordemos conjuntamente mejor nos va a salir. De eso estamos convencidos. Si solamente lo hiciera el Gobierno saldría peor que con la participación conjunta del Gobierno, los
grupos parlamentarios y los grupos sociales.
Cuantas más fuerzas intervengan mejor nos va a salir esta Presidencia.
Este método de trabajo lo tenemos clarísimo y así lo he manifestado siempre y en todo momento en esta comisión mixta.
De hecho, la última vez que comparecí en esta comisión mixta -y recuerdo que fue en el Congreso de los Diputados- mostré mi acuerdo con esa formulación e idea de consenso en torno a la Presidencia española, y es que no puedo estar más de
acuerdo. Se lo dije a usted y a la señora Rudi, que planteó una serie de propuestas que a mí me parecieron adecuadas. Me refiero a la idea de tomar las prioridades de la Presidencia española, que recibieron el apoyo de la comisión porque nadie
suscitó nada en contra y, además, entre ellas se incluyeron algunas de las formulaciones efectuadas por algún miembro del Grupo Parlamentario Popular. Recuerdo que el senador que está a su lado hizo algunas propuestas al respecto y que el diputado
Sebastián González también las planteó en materia educativa y que, finalmente, se incorporaron. Por su parte, la señora Rudi hizo una propuesta muy constructiva en el sentido de que esta comisión adoptase los puntos prioritarios y se debatiesen
conjuntamente y uno a uno sectorialmente para poder alcanzar el máximo consenso y el mayor enriquecimiento de esos puntos prioritarios para el consenso
Hay que tener en cuenta, también, que esta comisión es un lugar muy adecuado para conseguir el consenso, aunque siempre podemos encontrar otros foros. Me parece que es el mejor de los territorios posibles para que los grupos parlamentarios
puedan debatir y consensuar. Además, no hay que olvidar que esta debe ser una Presidencia en equipo que debe ser consensuada para 18 meses con Bélgica y con Hungría. Como saben, se va a adoptar incluso un logo común para la Presidencia a fin de
simbolizar esa labor de equipo que queremos desarrollar a lo largo de 18 meses. Solo así se puede profundizar en políticas e iniciativas que se aporten al comienzo de ese período, ya que seis meses es un tiempo muy reducido para poderlo llevar a
cabo. Además, y esto tendrá que ser objeto de estudio durante el próximo año 2009, este programa tiene que ser aprobado por los 27 países de la Unión. De hecho, el programa de Presidencia en equipo de 18 meses llegará aproximadamente en el mes de
diciembre del año que viene al Consejo de Asuntos Generales y este debatirá si lo considera oportuno y, en todo caso, votará su aprobación para ese programa de 18 meses.
Estamos ante una Presidencia en donde España no se representa a sí misma, sino
que representa a 27 países y tiene que defender los intereses de España y de los 27 países. Y es un momento trascendental en la historia de un país el poder representar esos intereses generales. Por lo tanto, la acción de consenso debe conseguirse
en todos los niveles políticos y territoriales.
En este sentido, seguramente será de enorme ayuda el hecho de que grupos políticos de referencia política en Europa, trabajen en la dirección de lograr consensos para los objetivos de la Presidencia española. El Grupo Popular al que usted
pertenece, por ejemplo, es el grupo mayoritario en el Parlamento Europeo, con más diputados y diputadas que el Grupo Socialista. Por lo tanto, es de enorme importancia que el Grupo Popular, y la familia política popular en general, apoye los
objetivos de la Presidencia española de la Unión, no solo en el Parlamento español, sino también en el Parlamento Europeo. Por ello, es una labor de todos lograr el acuerdo y el consenso. El Gobierno está al frente de esta iniciativa y creo que se
han dado y se darán siempre pruebas de ello, porque, repito, la Presidencia española de 2010 será mucho mejor y mucho más fuerte con el apoyo de todos que sin él.
Por lo tanto, yo estoy a disposición de sus señorías para establecer la fórmula que les parezca oportuno como, por ejemplo, la presentada por su grupo la semana pasada, en la que se proponía ir debatiendo los elementos básicos del programa
de la Presidencia o cualquier otra. Como señalaba el presidente de la comisión al comienzo de esta sesión -y agradezco sus palabras-, les ofrezco toda mi disponibilidad para trabajar con ustedes en conseguir esos acuerdos que, además, considero que
no son difíciles de alcanzar, pues todos mantenemos una dirección muy clara en cuanto a los objetivos que hay que alcanzar. Un ejemplo de ello es la Directiva de Tiempo de Trabajo, en la que hemos coincidido todos los grupos. Por lo tanto, estoy
convencido de que también coincidiremos en los objetivos de la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a la señora Becerril, a mí me gustaría solicitar al secretario de Estado -en nombre de todos los miembros de esta comisión- que nos envíe copia del documento que ha remitido a sus colegas belga y
húngaro sobre los objetivos iniciales de la Presidencia española, para poder ir trabajando sobre los mismos. Se trataría de un instrumento útil de trabajo para alcanzar el consenso y definir las aportaciones respecto a los documentos definitivos
que hay que consensuar con todas las presidencias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Con mucho gusto, yo le remito ese documento. Se trata de un mero borrador sin carácter definitivo, pues está destinado a ser debatido con Bélgica y Hungría para obtener
en enero un documento que también será provisional.
Durante el año 2009 habrá que negociarse el programa definitivo para dentro de un año. Por lo tanto, deben tener en cuenta estas cautelas respecto al documento, pues se trata de meros borradores
-ni siquiera anteproyectos- para trabajar con Bélgica y Hungría.
Por lo tanto, estoy dispuesto a facilitar el documento a los grupos parlamentarios, para que realicen el seguimiento y las aportaciones oportunas al respecto.
El señor PRESIDENTE: La senadora Becerril tiene la palabra.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor secretario de Estado, el hecho de que de esta comisión emanaran una serie de propuestas para remitírselas al Gobierno es una iniciativa que podría parecer bien a la secretaría de Estado y al Gobierno.
La Mesa y el presidente podrán decidir cómo se organiza ese trabajo. Manifestada su voluntad inequívoca en este sentido, así como las voluntades de los distintos portavoces de esta comisión, debemos proceder de una manera lógica, eficaz y
relativamente rápida para poder contar con el o los documentos necesarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Becerril.
Por este motivo, la Presidencia de esta comisión ha solicitado el borrador inicial de intenciones, a efectos de calibrar cómo podemos organizar el trabajo de la comisión para desarrollar las aportaciones necesarias.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Quedo a disposición de lo que decida la comisión en este sentido, pues yo no decido cómo organiza su trabajo. Desde luego, las aportaciones que realice la comisión serán
atendidas con toda seguridad por el Gobierno.
Por nuestra parte, no hay ningún recelo en que pueda surgir nada contrario de esta Comisión Mixta para la Unión Europea, pues creo que compartimos los objetivos básicos de la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SU PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL CONFORME AL PESO Y RELEVANCIA DE ESPAÑA EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente Senado 683/000061 y número de expediente
Congreso 181000796.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta octava, para cuya formulación tiene la palabra la senadora Becerril Bustamante.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señor presidente.
Deseo saber qué posición va a mantener o está manteniendo el Gobierno en relación con la participación de España en foros y organismos internacionales de peso. Por ejemplo, me gustaría conocer qué va a pasar con el Foro de estabilidad
constituido a partir de la reunión de Washington, cuál va a ser la posición del Gobierno y si va a luchar porque España tenga un lugar, pues aunque ello no se acordara después de Washington, a lo largo de
los próximos meses podría acordarse en este o en otros foros o en otras instituciones internacionales qué posición va a tener el Gobierno. Por lo tanto ¿va a trabajar para que España permanezca en el G-20 o en otros foros? Me gustaría que
el señor secretario de Estado manifestara su opinión al respecto.
Aprovecho para decirle que yo me alegré mucho, y creo que conmigo muchas personas, de que España lograra estar en la reunión del G-20 de Washington; aunque yo creo que ya es G-21, porque por lo menos había 21 o 22 países. Considero que la
labor diplomática del Gobierno dio resultado y por ello quiero expresarle mi satisfacción al secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco a la señora Becerril su alegría -que sé es absolutamente sincera- por este hecho tan relevante para nuestro país como haber estado presentes en igualdad de condiciones que el resto de países que intervinieron en esa cumbre ya
histórica del G-20; aunque, en realidad, hubo más de 20 países. Sé que vamos a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular para que España mantenga esas posiciones y refuerce su presencia y participación internacional como corresponde a su
propio peso.
Señora Becerril, en cuanto a la valoración positiva respecto a la actuación del Gobierno por conseguir una modificación del formato de la reunión del G-20 -pues ese formato se modifica con la presencia de España-, me gustaría hacer una
aportación complementaria que podría incluso disminuir el protagonismo exclusivo del Gobierno español por haber conseguido estar allí. Señoría, dicho logro no solo se debe a la habilidad y capacidad negociadora, diplomática o política del Gobierno
-que, sin duda, lo ha sido-, sino a que el Gobierno actuaba muy apoyado por la fuerza de la razón, pues si no, por mucha habilidad que hubiera demostrado, no lo habría conseguido. Por lo tanto, el gran elemento positivo es que el Gobierno ha sabido
resaltar y poner en valor con firmeza y convicción lo que España es, razón por la cual España ha estado presente allí, y no porque alguien decidió cederle un sitio o por todo lo que se ha comentado sobre la decisión del presidente Sarkozy. No,
España debía estar allí, porque por su peso económico y político en el mundo tiene derecho a estarlo.
No tiene sentido que se convoque una cumbre, de alguna manera, con el objetivo de convertirse en el embrión del Gobierno del mundo y para afrontar la crisis financiera más pavorosa de la historia y que España no estuviera presente, máxime
cuando ya se ha dicho y se ha reiterado -y todo el mundo sabe- que somos la octava potencia económica del mundo, que tenemos un sistema financiero y bancario muy saneado, muy potente y muy sólido, que somos el primer inversor en Latinoamérica, que
somos el cuarto inversor en Estados Unidos y que somos el segundo inversor en el Reino Unido; es decir, que estamos hablando de un país de una extraordinaria potencia y, por ello, teníamos que estar presentes en esa cumbre.
Además, desde el momento del ingreso de España en la Unión Europea ha aumentado exponencialmente su capacidad y su influencia política en el mundo. Nosotros ingresamos en la Unión Europea junto con Portugal como los países más retrasados de
los que entonces formaban parte de la Unión -que eran menos de la mitad que ahora- y con una convergencia sobre la renta de la Unión del 74-75 por ciento; mientras que hoy, España está por encima del cien por cien de la media de la renta de la
Unión. Es decir, se ha producido un cambio importantísimo en este tiempo, que tiene mucho que ver con nuestra presencia en la Unión Europea.
Por otro lado, no solamente ha sucedido lo de la Cumbre de Washington a la que usted se refería, señora Becerril, sino que en los últimos meses ha tenido lugar otro acontecimiento que creo que es de primer orden en el reconocimiento de la
importancia y el peso de España en el ámbito internacional: la designación de Barcelona como sede permanente del Secretariado de la Unión por el Mediterráneo. La Unión por el Mediterráneo está compuesta por 43 países, todos los de la Unión y todos
los países mediterráneos, incluyendo los de África y parte de Asia, y esos 43 países han decidido unánimemente que España se convierta en la sede permanente del secretariado; es decir, en el elemento estructural esencial más importante de la Unión
por el Mediterráneo en el futuro, lo que convierte ya formalmente a Barcelona -aunque lo era en la realidad- en la capital del Mediterráneo y a España en el país de referencia en el Mediterráneo.
La Unión por el Mediterráneo es un proyecto de altísimo alcance no solamente económico o de modernización política y social de la zona sino que es un instrumento de alcance geopolítico fundamental en la arquitectura de seguridad de Europa y
del mundo. En este sentido, es en el Mediterráneo donde se sitúa el conflicto más dilatado y desestabilizador en este momento en nuestro planeta, y en la Unión por el Mediterráneo será el único lugar, aparte de las Naciones Unidas, en donde se van
a sentar israelíes, palestinos y árabes. Además, en el secretariado actuarán como secretarios generales adjuntos un palestino y un israelí, algo inimaginable hace poco tiempo.
Desde nuestro punto de vista, todas estas manifestaciones, junto a, por qué no decirlo, la presencia singular y especial, la fuerza, la influencia y las relaciones de todo tipo -sobre todo afectivas- que mantiene España con América Latina
ponen de relieve nuestra posición.
Cuando España y Portugal entraron en Europa, la Unión Europea no miraba hacia América Latina pero, ahora sí y, además, con relaciones de la máxima importancia, como vamos a comprobar en la cumbre que se celebrará
en España en 2010 de Unión Europea y América Latina. Ese también es un elemento esencial para medir el peso de un país.
España ha tomado la iniciativa en estos últimos tiempos, en el desarrollo de determinadas crisis geopolíticas y económicas; por ejemplo, en la reunión del Eurogrupo -por cierto, el día de nuestra fiesta nacional- el 12 de octubre, con el
fin de frenar la caída libre y en picado del sistema financiero internacional. Asimismo, ante la crisis de Georgia como ante la crisis financiera quien ha tenido la iniciativa ha sido la Unión Europea. Es decir, que España ha demostrado tener una
capacidad importante de iniciativa.
Por otro lado, ¿por qué no hablar de aquellas personas que todos nos alegramos de que estén al frente de instituciones europeas significativas? Ese es el caso de Javier Solana, que ha sido secretario general de la OTAN y que hoy es el alto
representante para la Política Exterior de la Unión Europea; de Joaquín Almunia, que es comisario de una cartera tan importante como la de Economía, precisamente en la Comisión; de Felipe González, que ha sido encargado hace unos días por el
Consejo Europeo para dirigir un grupo de reflexión sobre el futuro de Europa; el hecho de que España vaya en diciembre a presidir el Consejo de Europa -y ya preside la Asamblea del Consejo de Europa un español-; o que dentro de un año vayamos a
ocupar la Presidencia de la Unión Europea.
Todas ellas son manifestaciones de la importancia de nuestro país en el mundo, en la arquitectura económica, social y política del mundo y contribuye a que España esté en la Cumbre de Washington, ¿cómo no va a estar España en esa cumbre?
Además, como buen europeísta, estoy convencido de que una de las cuestiones que más fuerza nos da es que estamos en la Unión Europea, que es nuestra gran apuesta y que ocupamos un lugar central de liderazgo o de coliderazgo. Por eso también estoy
convencido de que España mantendrá y acrecentará esa posición que se ha alcanzado en la Cumbre de Washington, en el desarrollo de ese y de otros foros, y usted ha citado algunos. Además, sé que todos los grupos parlamentarios, todas las fuerzas
políticas -y usted lo ha puesto de manifiesto- apoyan que España siga esa dirección y ese es un elemento de fortaleza ulterior del que va a disponer el Gobierno: del apoyo de los grupos parlamentarios, empezando por el principal grupo de la
oposición en el Parlamento, el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Hubiera querido más concreción por su parte, pero debe ser muy difícil de conseguir y no voy a insistir porque ya es un poco tarde.El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados y senadores, llevamos dos horas de reunión y hemos visto
ocho puntos de los diecinueve que tiene previsto el orden del día. Vamos a continuar hasta las tres de la tarde, pero les ruego a todos que hagan un esfuerzo de síntesis para que, a ser posible, podamos debatir todo el orden del día. En todo caso,
a las tres de la tarde se levantará la sesión, habiendo visto lo que hayamos debatido hasta ese momento.
- DEL DIPUTADO D. JORDI XUCLÀ I COSTA DEL GRUPO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ):
SOBRE PUESTA EN MARCHA DE LOS MECANISMOS Y PROTOCOLOS NECESARIOS PARA TRADUCIR LA DOCUMENTACIÓN EN CATALÁN QUE SE ENVÍA A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS Y VICEVERSA. (Número de expediente Senado 683/000062 y número de expediente Congreso
181/000797.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 9, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré ser breve, pero me pasa algo parecido a lo que me ocurría cuando estaba en el colegio, y es que como siempre se hacen las cosas por orden alfabético y, mi apellido era el último, también me apremiaban para que fuera breve.
El señor PRESIDENTE: Como tiene cinco preguntas, puede hacer lo que desee.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intentaré precisar.
Antes de pasar a formular la primera pregunta al señor secretario de Estado, y dado que esta es la primera vez que coincidimos en sede parlamentaria, me gustaría expresar la felicitación de Grupo Parlamentario Catalán al Ministerio de
Asuntos Exteriores y, especialmente, al señor secretario de Estado, por las buenas gestiones realizadas en orden a la consecución de la Secretaría Permanente de la Unión por el Mediterráneo para la ciudad de Barcelona.
Quiero recordar que Convergència i Unió presentó una iniciativa al inicio de esta legislatura que inauguró o plasmó el apoyo parlamentario a la consecución de este objetivo compartido.
Sin más, paso a hacer referencia a la primera pregunta. En los meses previos al referéndum para la ratificación del después no viable Tratado por el cual se establecía una construcción para Europa, en sectores relevantes y mayoritarios de
la sociedad catalana se plantearon algunas dudas sobre el hecho de que este Tratado Constitucional no reconociera algunos de los aspectos vinculados con la identidad, como puede ser la lengua.
En aquel momento, algunos de los grupos parlamentarios que pedimos el 'sí' decidido por el Tratado constitucional hicimos un gran ejercicio de pedagogía para explicar que no correspondía a la Unión Europea sino a los Estados miembros la
plasmación del carácter plurilingüístico y pluricultural de España, y que era precisamente en este camino en el cual se debía reflejar después este carácter en la representación de los Estados ante la Unión Europea. (El señor vicepresidente, Sáez
Jubero, ocupa la presidencia.)
Fruto de negociaciones entre el Gobierno socialista, el grupo parlamentario de la mayoría, y el grupo parlamentario catalán se llegó a algunos acuerdos para expresar esta realidad plurilingüística en las instituciones europeas, bien sea en
el Parlamento Europeo -gran asignatura pendiente en el uso de las distintas lenguas cooficiales en parte del territorio español-, bien sea en la representación permanente y ante las instituciones europeas.
Me gustaría conocer por parte del secretario de Estado si se han puesto en marcha todos los mecanismos acordados en su momento para traducir los documentos en catalán y en las otras lenguas cooficiales que se envían a las instituciones
europeas y viceversa, aquellos de las instituciones europeas en los que se responde a los ciudadanos españoles con lengua cooficial distinta a la castellana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Saéz Jubero): Gracias, señor Xùcla.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Muchas gracias, señor presidente.
La pregunta que me ha formulado se responde con un monosílabo: sí. Se han puesto en marcha todos los mecanismos para que se traduzcan los documentos oficiales de las instituciones europeas en todas las lenguas cooficiales en el Estado
español, especialmente aquellos que se envíen por los ciudadanos a dichas instituciones y su respuesta correspondiente.
Este es el objetivo que nos trazamos en la legislatura pasada, que ha tenido una buena respuesta y unos buenos resultados aunque, evidentemente, no el cien por cien de los que nos planteamos en ese momento, no por falta de esfuerzos por
parte del Gobierno español, sino porque hay que tener en cuenta también la posición de las instituciones europeas, donde no solamente está España. De lo que se trata es de que los escritos que se dirijan a las instituciones europeas por ciudadanos
españoles en alguna de las lenguas cooficiales, así como las respuestas a los ciudadanos, se tramiten con las traducciones correspondientes.
¿Qué es lo que se ha conseguido? Se han conseguido resultados en todas las instituciones europeas. A través en este caso de la Representación Permanente de España en la Unión Europea, la Reper, se producen estas traducciones que hacen
posible que sea operativa la conexión de un ciudadano con las instituciones en el idioma que elija, siempre que sea cooficial en nuestro país.
En este sentido, existen unos acuerdos llamados administrativos para el uso de lenguas cooficiales entre el Reino de España y, primero, el Consejo de Ministros; segundo, el Comité de Regiones; tercero, el Comité Económico y Social;
cuarto, el Defensor del Pueblo, y una declaración ad hoc específica en este sentido del Parlamento Europeo. En virtud de estos acuerdos administrativos, se traducen al gallego, al euskera, al catalán y valenciano los documentos que se presenten con
cargo al Gobierno español, gestionados por la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, la Reper, que, como saben ustedes, depende de la secretaría de Estado para la Unión Europea.
En el Parlamento Europeo el mecanismo no es exactamente igual pues éste utiliza sus servicios internos de traducción, pero si necesita en algún caso acudir a traducciones externas, lo hará también con cargo al Gobierno español que es el que,
en definitiva, da el soporte financiero a la traducción de todos estos documentos.
Por último, está aún pendiente de firmar un acuerdo administrativo con el Tribunal de Justicia, aunque en este caso sí se excluye la traducción de los actos jurisdiccionales, dado el enorme volumen de sentencias que produce el Tribunal de
Luxemburgo.
Por tanto, en contestación a su pregunta sobre si se han puesto en marcha todos los mecanismos por parte del Gobierno, he de indicar que así ha sido; de hecho, incluso en la práctica debo decirle que se ha solicitado a la Comunidad Autónoma
del País Vasco, a la de Cataluña, a la de Galicia, a la Comunidad Valenciana, a Navarra y a les Illes Balears que designen unidades u órganos para efectuar la traducción de comunicaciones recibidas por las instituciones comunitarias en idiomas
oficiales en España diferentes del castellano.
Por tanto, existe todo un sistema a disposición de los ciudadanos, si éstos quieren utilizarlo, naturalmente, porque eso luego depende de que lo utilicen o no. Todos los medios se han puesto en práctica; solamente queda la firma con el
Tribunal de Justicia y, por tanto, considero que se han conseguido bastantes de los objetivos que nos fijamos en la anterior legislatura.
El señor VICEPRESIDENTE (Saéz Jubero): Gracias.
Tiene la palabra por un breve espacio de tiempo, el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Moltes gràcies, senyor president.
Muy brevemente, he de señalar que celebro su respuesta, que se reduce a un monosílabo afirmativo, sí, con algunos matices. El convenio con el Tribunal de Justicia puede ser rápido, pero usted ha hablado de aquellos objetivos que nos
habíamos fijado, y creo que podremos
compartir que la utilización de las distintas lenguas oficiales diferentes al castellano ha tenido un parón por decisión política de los órganos del Parlamento Europeo.
Decidimos dejar pasar un tiempo, y quizás sería bueno retomar el uso de estas lenguas también en el Parlamento Europeo; lenguas que se pueden utilizar como un derecho individual. Creo que debemos agradecer la sensibilidad del Gobierno al
reconocer estos derechos. Usted ha hecho una especial referencia a las personas que se pueden dirigir pero también los Gobiernos y parlamentos autonómicos deberían poder utilizar la representación permanente.
Por último, simplemente por una cuestión de principios, me gustaría que constara en acta que evidentemente cuando usted ha hablado de catalán y valenciano, desde un punto de vista filológico y de interpretación personal, imagino que estaba
hablando de catalán/valenciano, es decir, de una misma lengua con dos denominaciones. No quiero respuesta sobre el particular, pero se trata de una cuestión de principios bastante importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Gracias.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Quiero dejar claro que el Gobierno español va a seguir poniendo todos los medios para que las lenguas del Estado español, que son la riqueza de nuestro gran país, un país
plurilingüístico, tengan el máximo apoyo en su proyección en Europa.
En cuanto al Parlamento Europeo, he de señalar que será una buena ocasión seguir trabajando en esta misma línea después del nacimiento de un nuevo Parlamento Europeo. Como usted sabe, en el propio Parlamento Europeo se hicieron todos los
esfuerzos posibles, pero en las instituciones no solamente está España sino que hay otros países, y en este caso, siendo presidente José Borrell, un español catalán, he de indicar que puso todo su empeño desde la Presidencia del Parlamento Europeo
para que así fuera.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Gracias, señor secretario de Estado.
SOBRE VALORACIÓN DEL HECHO DE QUE LAS CORTES GENERALES TODAVÍA NO CUENTEN CON UNA REPRESENTACIÓN PERMANENTE ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO. (Número de expediente Senado 683/000063 y número de expediente Congreso 181/000798.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Para formular la pregunta número 10, tiene nuevamente la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Antes de formular la siguiente pregunta quiero recordar que al final no fue posible la utilización en el Parlamento Europeo del catalán ni de otras lenguas, no por la negativa de otros países miembros, sino de algunos europarlamentarios
españoles. Espero que con el nuevo Parlamento esto cambie.
Voy a enunciar muy brevemente mi segunda pregunta. En su momento se planteó en la Mesa del Congreso de los Diputados la duda sobre si un diputado podía preguntar al secretario de Estado sobre una decisión que compete a los órganos de las
Cortes Generales, pero usted, que tiene una larga y dilatada experiencia parlamentaria, creo que en un día como hoy, en una sesión de impulso al Gobierno, más que de control, podrá compartir conmigo una reflexión como ciudadano y como parlamentario
sobre la importancia de que las Cortes Generales tengan una representación permanente ante el Parlamento Europeo.
Muchos países grandes -y España lo es- tienen un representante permanente de los parlamentos en el Parlamento Europeo. Francia lo tiene a una hora de distancia y Bélgica lo tiene evidentemente allí mismo, pero no les quiero aburrir
enumerando los países que sí tienen representación.
De los países grandes de la Unión Europea, el único que no tiene una representación que tendría que estar apoyada por la Reper, es España. Sé que su respuesta puede ser muy breve diciendo que esta es una competencia de los parlamentos, pero
también sé que usted, que es una persona con una larga trayectoria parlamentaria, puede coadyuvar desde el Ejecutivo a que España tenga esta pieza, que considero clave en algunas situaciones que se van a activar en breve, como puede ser, por
ejemplo, el sistema de alerta temprana.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Gracias, señor Xuclà.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Gracias, señor presidente.
Creo que el señor Xuclà, además de tener un apellido por el que siempre le preguntaban el último, tiene también clarísimas dotes adivinatorias, pues mi respuesta es exactamente la que usted ha imaginado, y es que esto es algo que deben
decidir las Cortes Generales. No es el Gobierno el que debe decir a las Cortes lo que tienen que hacer en cuanto a su representación en el Parlamento Europeo.
Ahora bien, el Gobierno sí puede expresar su deseo, en este caso, a través de un humilde secretario de Estado. Y es que a mí me gustaría muchísimo que las Cortes Generales tuvieran una representación permanente en el Parlamento Europeo.
Sería una buena noticia que las
Cortes -que no el Gobierno- adoptasen esa decisión, y ello por muchas razones, de las cuales usted ha citado algunas, pero también porque de cara a la Presidencia española de la Unión Europea en el 2010 eso no nos vendría nada mal.
Todo lo que esté en la mano del Gobierno para favorecerlo, delo usted por descontado, pero, insisto, las que deciden son las Cortes Generales, que son absolutamente soberanas para hacerlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Gracias, señor secretario de Estado.
SOBRE DEMANDAS DEL GOBIERNO ANTE UNA PRÓXIMA REFORMA DE LAS OPERACIONES Y SERVICIOS SOMETIDOS A TIPOS IMPOSITIVOS SUPERREDUCIDOS DEL IVA, INCLUIDOS EN EL ANEXO H. (Número de expediente Senado 683/000064 y número de expediente Congreso
181/000799.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Avanzamos en el orden del día y continuamos con la pregunta número 11, también del señor Xuclà, que tiene la palabra.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Antes de formular la siguiente pregunta quisiera decir que considero que la declaración de voluntad de un secretario de Estado, que pertenece al grupo mayoritario, es relevante, y espero que pueda existir una buena cooperación entre el Poder
Legislativo y los distintos grupos parlamentarios que somos partidarios de esta representación permanente, y el Poder Ejecutivo, que al final tendría que prestar su apoyo a esta representación permanente más allá del funcionario de enlace que
actualmente está designado por las Cortes Generales.
En cuanto a la siguiente pregunta, como muy bien saben sus señorías, la fiscalidad indirecta, lo que conocemos por IVA, está armonizada a nivel europeo. Tan cierto como esto lo es también que la sexta directiva europea, y concretamente su
anexo H, permite a los Estados miembros modular la fiscalidad que se aplique al IVA de algunos bienes y servicios. No se trata de una homogeneización absoluta, sino que hay margen para la modulación por parte de los Estados miembros.
Periódicamente se va revisando el anexo H de esta directiva europea, y evidentemente los Estados miembros plantean sus prioridades en cuanto a los productos, bienes y servicios que pueden formar parte de aquellos a los que se aplica un IVA
cuya fiscalidad se puede modular.
Para no aburrir a sus señorías les voy a poner dos ejemplos de lo que actualmente consta en el anexo H. Así, por ejemplo, me voy a referir a los bienes culturales. Ustedes saben que la que en su momento fuera ministra de Cultura hizo un
gran anuncio sobre la reducción del IVA, que topó con la legislación europea. Y ahora, con la posibilidad de una revisión de este anexo, quizá sería el momento de hacer posible aquello que mi grupo parlamentario plantea, que es un IVA superreducido
para bienes culturales o para el consumo, por ejemplo, de pañales, que cuando se ejerce la paternidad o la maternidad es muy relevante.
Sin querer entrar en más ejemplos, y yendo a la categoría general, me gustaría saber qué bienes plantea el Gobierno introducir en la futura revisión de este anexo H de la sexta directiva de la Unión Europea referida a la fiscalidad
indirecta.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Gracias, señor Xuclà.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Gracias, señor presidente.
Efectivamente estamos ante una cuestión sumamente técnica, pero que realmente tiene efectos sociales inmediatos muy importantes. Por ello se trata de un debate complicado, un debate en el que no se ha avanzado mucho y respecto del que los
países mantienen posiciones de cierta cautela hasta el momento en que acabe el plazo para la reforma de esa directiva, que es el 31 de diciembre de 2010.
Hay tiempo, pues, y por ello los Estados se lo están pensando para cuando llegue ese momento, avanzando solo en posiciones estratégicas, pero siempre sin concretar cuáles son los productos en los que están pensando.
Es verdad que tenemos que remontarnos a 2005 para ver una posición clara del Consejo a este respecto. Exactamente en junio de 2005 los ministros acordaron conservar un tipo normal mínimo del IVA del 15 por ciento hasta el 31 de diciembre de
2010, y se mantuvo una lista, que aparece en un anexo, sobre los tipos reducidos o superreducidos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La directiva originaria es la 77/388.
Los intentos de las cuatro últimas Presidencias para cambiar esta situación no han tenido efectos; ha habido dificultades para alcanzar un acuerdo entre Estados miembros, pues unos quieren que se amplíe la lista de bienes y servicios a los
que se aplica la política de IVA reducido y otros están a favor de que no se haga. Se trata de dos posiciones irreductibles, lo que ha dificultado alcanzar un acuerdo sobre estos asuntos que son objeto de especial atención por parte de su señoría.
Podríamos hacer una simplificación seguramente elemental, quizás en algún caso no del todo precisa, y en este caso, si me permite, yo haría una división en tres grupos: un primer grupo es el caso de Alemania, Austria, Dinamarca y Suecia,
que lo que quieren es que no se amplíe la lista de los productos de IVA reducido o suprreducido. Entienden que no contribuye a crear puestos de trabajo y que, por tanto, no tiene ningún sentido
ampliar esa lista, que en el fondo para estos países es algo así como una especie de subvención, pero no es una medida fiscal, no tiene objetivos fiscales realmente.
Hay un segundo grupo de países en el que yo destacaría el caso de Francia.
Francia asumió el compromiso, en este caso sí explícito, de reducir el IVA en el sector de la restauración, cosa que no es un problema para nosotros porque nosotros
sí que tenemos un IVA reducido para ese caso.
Francia quería que hubiera una ampliación de la lista sobre todo para los asuntos relativos a restauración.
Hay un tercer grupo de países que no vive mal con la situación actual. Los productos que esencialmente nos interesa que tengan IVA reducido están ahí y, por tanto, no somos muy beligerantes en que se amplíe esa lista pero, si prosperase la
ampliación, tampoco la vetaríamos, pues sí que podríamos incluir algunos productos y servicios aún por desarrollar y por concretar, pero todavía hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2010 para verlo.
En el mes de julio la Comisión presentó una propuesta de directiva -por darle el último dato- para reformar los anexos III y IV de la directiva, en este caso de la directiva 2006/112, que es el texto en el que está ahora mismo esa regulación
sobre los IVA reducidos. Es una directiva que permite aplicar tipo cero o superreducido a algunos Estados miembros con anterioridad a la ampliación de la Unión hasta la entrada en vigor del régimen definitivo. La propuesta lo que hace es
flexibilizar y ampliar las posibilidades de los Estados miembros para aplicar tipos reducidos.
En el caso de que fuese adelante esa propuesta -y todavía no sabemos qué va a pasar con ella- podría España mantener la lista de bienes y servicios que
actualmente tributan a tipos reducidos, con la exclusión de las bebidas alcohólicas que se suministren de forma conjunta con los servicios de restauración y catering.
A la vista de la falta de resultados, en el mes de septiembre ha habido una reunión del Ecofin y no ha tenido resultados muy tangibles al respecto; ha sido un Ecofin informal y la Presidencia francesa le ha pedido a la Comisión una
información suplementaria sobre efectos económicos o presupuestarios potenciales de la propuesta y, además, un documento en el que la Comisión diga de forma esquemática aquellas ventajas y desventajas de ampliar los tipos reducidos a nuevos tipos de
servicios.
Así que esta es la situación de la Unión Europea respecto de la posible modificación de esta directiva sobre tipos reducidos o superreducidos. En este caso, España está estudiando, si se llevase a cabo esa modificación, la posibilidad de
incluir determinados bienes o servicios, también alguno de los que usted ha citado, aunque es verdad que los libros están ya dentro de la directiva actual como bienes culturales.
Se está pensando en la posibilidad, que comparte la Comisión, de que hubiera nuevos bienes a los que se les pudiera aplicar este IVA reducido, por ejemplo, equipos, aparatos y ayudas para discapacitados. En el caso de los libros que se
incorporen a formatos electrónicos para ser leídos en aparatos específicamente pensados para ello, la Comisión plantea que pudiera tributarse al mismo tipo reducido que se aplica a los libros en el formato de papel tradicional. A la construcción de
viviendas cabría aplicar tipos reducidos del IVA y esto es algo que también está estudiando la Comisión, o los servicios de reparación, limpieza y mantenimiento de bienes corporales, incluidas las bicicletas y triciclos, con la exclusión de
cualquier otro tipo de transporte.
Estos son los asuntos en los que está trabajando la Comisión y que requieren un cierto tiempo. Como les decía anteriormente tenemos hasta el 31 de diciembre de 2010, que es cuando hay que proceder a esa revisión.
Creo que nosotros tenemos
que estar ahí, apoyando la posición de la Comisión y algunos otros casos, por ejemplo, los temas agrícolas. España está pensando que podrían ampliarse determinados suministros de bienes y servicios para la agricultura. Este es otro elemento que se
podría estudiar. En todo caso, todo tiene que provenir de una propuesta de la Comisión; se está estudiando ese espectro de temas y en su momento habrá que estudiar cuál es la proposición real que la Comisión establece sobre estos bienes en los que
está trabajando en este momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, ¿quiere intervenir?
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo para decir que la información que nos ha trasladado es amplia y creo que muy relevante. Hace un momento usted ha hecho una distinción entre países que consideran que la fiscalidad del IVA no es un
instrumento útil en estos momentos y países que consideran que la fiscalidad del IVA reducido y superreducido sí que lo es. Por ejemplo, ayer Gran Bretaña decidió incorporar nuevos bienes y servicios con el IVA superreducido. Si hacemos un mapa no
de países sino de grupos parlamentarios, le traslado que para el Grupo Parlamentario Catalán es una tradición defender que el IVA es un instrumento de política fiscal muy relevante. No es el momento de reducir todos los impuestos, y somos muy
conscientes de ello, pero algunos de los bienes y servicios que le he planteado en mi pregunta y algunos de los que usted ha detallado en este borrador, en este proyecto de directiva, sí que deberían acogerse a este IVA reducido y en algunos casos
superreducido.
Nos ha planteado el horizonte de la finalización del plazo de vigencia del actual anexo H el 31 de diciembre de 2010. En lógica comunitaria esto está a la vuelta de la esquina. Creo que nos ha trasladado una información de calidad que
puede servir para los trabajos de esta comisión, yo al menos anuncio algún tipo de iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Catalán para que la posición española sea de defensa de la incorporación de
nuevos productos y servicios en los tipos de IVA reducido o superreducido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Gracias, señor presidente.
Yo le agradezco su respuesta. Creo que todos estaremos de acuerdo en que hay un objetivo central en este momento en nuestro país y en otros países europeos que es el empleo. Este es un objetivo muy importante en relación con la política
fiscal y en la posible reducción para algunos productos concretos del IVA, incluso de la ampliación de la lista de tipos superreducidos, que es el tema concreto del que estamos hablando. España tiene un posición bastante equilibrada, y es que
básicamente todos los productos con tipo IVA superreducido o reducido se mantengan y no haya cambios en ese sentido y que en algún caso, con el criterio de que sean productos con mucha mano de obra intensiva, se pudiera estudiar algún tipo de
producto o de servicio al que reducir el IVA o se pudiera introducir en esa lista del tipo superreducido. Es lo que estamos pensando básicamente la Comisión, nosotros y el Ecofin -que también acaba de reunirse al respecto y que estaría en esa
línea-, acotarlo -y hay países que no estarían dispuestos a un cambio fundamental al respecto- a determinados productos, algunos de los cuales ya he citado que está estudiando la Comisión Europea -tenemos que esperar para ver cuál es la propuesta-
que o bien tienen relación con bienes de carácter cultural, o bien con bienes o productos relacionados con actividades intensivas en mano de obra.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: gracias.
SOBRE VALORACIÓN DE LOS EFECTOS DEL MECANISMO DE ALERTA TEMPRANA, QUE INCORPORA EL TRATADO DE LISBOA, EN LOS ASPECTOS QUE SE AFECTEN COMPETENCIAS DE LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS. (Número de expediente Senado 683/000065 y número de expediente
Congreso 181/000800.)
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclá, tiene la palabra para formular la pregunta número doce.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Voy a intentar aclarar un poco el objetivo de esta cuestión porque a la pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno del Tratado de Lisboa y el sistema de alerta temprana evidentemente la respuesta es positiva. Lo que estaba en el
ánimo de esta pregunta era incorporar la perspectiva autonómica en el sistema de alerta temprana.
Todas sus señorías compartirán conmigo que el próximo mes de diciembre vamos a celebrar 30 años de una Constitución exitosa que optó por el modelo de un Estado compuesto, con parlamentos autonómicos, y ahora afrontamos el reto de redactar la
norma, seguramente a través de ponencia conjunta de los distintos grupos parlamentarios, para dar cauce al sistema de alerta temprana, en virtud del cual se recabará la opinión de los parlamentos de los Estados miembros, en este caso del Parlamento
español y, también, de los parlamentos autonómicos. Y en la cuestión de recabar la opinión de los parlamentos autonómicos hay un punto, quizás muy técnico pero políticamente muy relevante y la opción legislativa -una opción político-legislativa- de
incorporar mecánicamente las opiniones de los parlamentos autonómicos en el dictamen de la posición española que se le eleve ante las instituciones europeas. Este es el ánimo de esta pregunta: conocer la voluntad y la opinión del Gobierno y del
secretario de Estado sobre la dimensión autonómica y la incorporación de las aportaciones de los parlamentos autonómicos en la posición española ante las instituciones europeas en el momento en que se active el sistema de alerta temprana contemplado
en el Tratado de Lisboa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor secretario de Estado, tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Xuclà.
Esta es otra de las cuestiones en las que el protagonismo esencial lo tienen los parlamentos, lo tienen las Cortes Generales. Además, sé que esta comisión mixta está trabajando específicamente sobre ese asunto para, incluso, si fuese
necesario, como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, hubiera una reforma de la ley introduciendo el llamado mecanismo de alerta temprana que está previsto en ese tratado que he citado.
Me parece que la aportación que hace el Tratado de Lisboa es sustantiva.
Es verdad que los parlamentos han sido de alguna manera los grandes olvidados en la construcción europea, que ha sido hecha por las instituciones europeas y con una
presencia importante de los Ejecutivos, y en la que ha tenido menos influencia la acción de los parlamentos nacionales. Y lo que hace el Tratado de Lisboa es dar mucho más protagonismo a los Parlamentos nacionales a través del sistema de alerta
temprana en aplicación del principio de subsidiariedad. Si un parlamento entiende que la Unión Europea está entrando en competencias que le son propias -y la Unión Europea sabemos que actúa conforme al principio de atribución, tiene las
competencias que se le atribuyan por los tratados,
por el derecho primario-, si la Unión Europea, repito, se saliese de ese rumbo e invadiese competencias de los países miembros, en ese caso se establece ese mecanismo de alerta temprana para que en un plazo muy breve de seis semanas, desde
el conocimiento de la iniciativa por parte de la Comisión Europea, pueda haber una reacción, y si se obtiene un determinado número de apoyos para ello, conseguir, incluso, la paralización del procedimiento hasta que se solucione exactamente en qué
consiste esa supuesta invasión de competencias. Eso es un método que, de una forma directa o indirecta, lleva a la implicación de los parlamentos nacionales en la política y en las decisiones de la Unión. En ese sentido es muy positivo porque
significa que definitivamente la Unión Europea es una construcción hecha por todos los ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, por sus representantes. Los Parlamentos nacionales son los representantes de los ciudadanos por definición, los que tienen
mayor legitimidad para ello y deben tener acogida y entrada en las decisiones de las instituciones de la Unión Europea.
El problema surge cuando algunos Estados, como es el caso del Estado español, tienen descentralizada la potestad legislativa en temas de la máxima importancia y que confluyen con competencias comunitarias. Por tanto, se puede dar el caso en
que esa invasión de competencias que podría hacer la Unión Europea a la hora de legislar pudiese ser una invasión de competencias no del Parlamento nacional, no del Parlamento español, no de las Cortes Generales en nuestro caso, sino de convenios y
competencias de parlamentos autonómicos. Por tanto, tiene sentido que haya una presencia de los Parlamentos autonómicos en ese mecanismo de alerta temprana, es algo que debe regularse por parte de las Cortes Generales. Sé que algunos Parlamentos
autonómicos están trabajando también en ello para ver de qué modo tienen que implicarse y estar atentos a la legislación europea.
Antes del verano estuve en una visita institucional con el presidente de la Generalitat de Catalunya, el señor Montilla, y con el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Benach, precisamente hablando de este asunto, sobre cómo el
Parlamento de Cataluña ya está trabajando a través de una comisión -también estuve con la presidenta de esa comisión- acerca de cómo participar de ese mecanismo de alerta temprana. Así que es algo que tiene todo su sentido, que los parlamentos
autonómicos en cuanto haya invasión de competencias por parte de la Unión se vean concernidos y puedan intervenir. El interlocutor de la Unión Europea es sabido que es el Estado y, por esa razón, en este caso la potestad legislativa del Estado
soberana que está expresada en las Cortes Generales a través de la legislación correspondiente, en la que me parece que está esta comisión, debe prever el mecanismo para que también conozcan y, en su caso, intervengan los Parlamentos autonómicos si
consideran que una legislación comunitaria amenaza con invadir las competencias legislativas que tienen esas comunidades autónomas. Yo estoy muy de acuerdo con que eso se haga, con que se ponga en práctica después -y me parece que todos estamos de
acuerdo- de que entre en vigor el Tratado de Lisboa, como deseamos, que es el que prevé esa novedad cualitativa, y es la presencia, en este caso muy resonante, de los parlamentos en la construcción europea.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
En el inicio de la contestación a esta pregunta, usted, que es catedrático de derecho constitucional, recordaba el deslinde entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y el impulso y el trabajo que está llevando a cabo esta comisión para tener
un texto articulado. Tan cierto como esto es que, viajando del derecho constitucional a la ciencia política, suele haber mecanismos de comunicación entre el grupo de la mayoría, el grupo que apoya el Gobierno y el propio Gobierno. Lo digo porque,
como muy bien ha apuntado usted, hay competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y así se reconoce en los estatutos aprobados por amplias mayorías o por unanimidad en la anterior legislatura. Y en uno de los borradores en que hemos
trabajado se contemplaba la incorporación automática de los informes de los Parlamentos en la información que trasladará el Estado a las instituciones europeas y en uno posterior esta incorporación automática de los informes de los parlamentos
autonómicos cayó del proyecto.
He trasladado a quien corresponde, que es al portavoz del grupo de la mayoría en el Congreso de los Diputados, el señor Moscoso, la relevancia que tiene para mi grupo este punto y también le he trasladado -y puedo hablar en nombre de dos
grupos parlamentarios- que la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al respecto tendrá mucho que ver con la incorporación jurídica de algo que creo interpretar de sus palabras -y
coincidimos en el fondo-, la posición y la voluntad de los Parlamentos autonómicos que legislan, muchas veces con competencia exclusiva, sobre materias sobre las que, al final, tiene que ser el Estado el que traslade el punto de vista a las
instituciones europeas.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Gracias.
Esta es una decisión legislativa que corresponde adoptar a las Cámaras.
Creo que hay dos principios en los que todos los grupos estamos de acuerdo, con independencia de la técnica legislativa que luego se emplee, y es que el interlocutor
con la Unión Europea es el Estado y el mecanismo de alerta temprana establece una interlocución del Estado con la Unión Europea, si se pone en práctica, y, en el caso de que sean competencias
de las comunidades autónomas, estas han de participar de ello en la forma que técnicamente se considere adecuado. Esos son los dos principios en los que creo que podemos estar de acuerdo.
Creo que debe asegurarse que hay una participación de los Parlamentos autonómicos en cuanto a competencias que son suyas y establecer los mecanismos adecuados para poder advertir y participar de la respuesta que se dé a ese respecto.
A partir de ahí creo que será fácil que también haya un acuerdo, pero esa es una competencia parlamentaria, sobre cómo técnicamente se lleva a cabo y cómo se hace eficazmente, porque hay que tener en cuenta que la Unión Europea hace una
propuesta, pero, como suele criticarse, tarda en tomar decisiones. Uno de los grandes avances del Tratado de Lisboa es pedir la mayoría cualificada en muchos temas para ser más eficaz, pero constituye un problema de fondo de la Unión. Si no toma
decisiones con rapidez, los ciudadanos pasarán de ella, porque hay decisiones que deben adoptarse de forma inmediata. Y eso es un problema.
Por tanto, el mecanismo de alerta temprana se ha criticado en alguna ocasión porque retarda la decisión. Si además en ese mecanismo interviene el Parlamento nacional y el Parlamento autonómico, se retarda aún más el acuerdo; es decir, se
trata de establecer una técnica lo más eficaz posible, donde esté presente y participe, por supuesto, el Parlamento autonómico pero de modo que no añada un elemento de mayor lentitud a la ya criticada lentitud en la adopción de decisiones en la
Unión Europea.
Este es el elemento técnico que hay que conseguir.
Ciertamente, debe haber una interlocución con el Estado, como también debe haber una participación de los parlamentos autonómicos cuando se invaden sus competencias, pero hagámoslo -es una posición personal- de forma ágil y eficaz para no
convertirlo en un mecanismo lento, a veces incluso utilizable para frenar o retardar determinadas iniciativas con las que no se está de acuerdo.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
SOBRE FECHA PREVISTA PARA QUE BARCELONA CUENTE CON EL EDIFICIO Y LOS MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN COMO SEDE OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITER, ASÍ COMO PARA EL IMPULSO EN
TARRAGONA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES (PDER). (Número de expediente Senado 683/000066 y número de expediente Congreso 181/000801.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la última pregunta, tiene la palabra de nuevo el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Les voy a poner en el contexto de por qué formulamos esta pregunta en la Comisión Mixta para la Unión Europea y no en la Comisión de Industria.
Durante el segundo gobierno del presidente Aznar se presentó la candidatura española y se luchó para que España acogiera el proyecto ITER de investigación de fuentes alternativas de energía, que es importantísimo, para pasar de la fusión a
la fisión nuclear, lo que abriría importantísimas expectativas de cambio en las fuentes de energía.
En la Legislatura 2000-2004, se decantó la candidatura a favor de Francia, aunque no se formalizó hasta el 30 de junio de 2005. En aquella misma fecha, se anunció que Francia había ganado esta apuesta pero que Barcelona tendría una sede
operativa y administrativa. Esta sede subsidiaria del proyecto ITER está en funcionamiento en Barcelona, pero le faltan las condiciones mínimas para poder desarrollar todas sus potencialidades desde el punto de vista del espacio y desde el punto de
vista de las condiciones de trabajo. Asimismo, en su momento, se habló de impulsar un plan de desarrollo de energías renovables para Tarragona, lugar para el que se presentó la candidatura, concretamente, para la central de Vandellós.
Es, pues, en los ámbitos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Secretaría de Estado para la Unión Europea donde en su momento se llevaron a cabo estas negociaciones y se concretó la sede operativa de Barcelona, y, por tanto, es el
contexto de estas relaciones con la Unión Europea donde quiero plantear esta realidad sobre los problemas de espacio y condiciones de trabajo de la sede en Barcelona, así como la falta de concreción de algunos compromisos con la demarcación de
Tarragona.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado para contestar a esta pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (López Garrido): Gracias, señor presidente.
Como usted ha dicho, señor Xuclà, se consiguió la Empresa Común para el ITER en nuestro país, y se consiguió porque hubo una decisión del Consejo de la Unión Europea, de 27 de marzo de 2007, favorable a la creación de esa Empresa Común, que
se inaugura el 28 de junio del mismo año. Desde ese momento, la Empresa Común para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión -que es una energía alternativa muy importante y que claramente se sitúa en la línea de la política energética
española y europea- está desarrollando sus funciones en Barcelona.
El acuerdo decía que el Reino de España pondría a disposición de la Empresa Común el edificio para
albergar sus actividades y la Empresa Común sería la que correría a cargo del equipamiento y del mantenimiento de las instalaciones. Como también se contempla en el acuerdo, en una fase inicial, la Empresa Común se sitúa en unas
dependencias de alquiler, con gastos a cargo de España, para trasladarse después a un edificio propio, cuya construcción está prevista. Por tanto, la empresa todavía no está en ese edificio definitivo, sino en uno que, con toda seguridad, usted
conocerá, situado en la Torre Diagonal Litoral B-3, ubicada en la calle Josep Pla, número 2, de Barcelona, con una superficie de 6.000 metros cuadrados aproximadamente y una plantilla, en rápido crecimiento, hasta alcanzar -se espera- unas 150
personas. Con estas instalaciones -no le relato toda la composición de la arquitectura interior de estas instalaciones- la Empresa Común está en condiciones de desarrollar plenamente las actividades encomendadas -y de hecho las desarrolla- que van
destinadas a la construcción del llamado ITER y al desarrollo de la tecnología para los futuros reactores de energía de fusión. Se entendió desde un principio que esta sede debería ser un edificio exclusivo para la Empresa Común porque -y esto lo
pretendemos todos- queremos que sea el referente europeo de la energía de fusión. Esto requiere simbólicamente la existencia de una arquitectura propia, de un edificio propio, y ese es el objetivo que tenemos. De hecho, hay un principio de acuerdo
con la Fundación bTEC, que gestiona el campus del Besós para que ceda una parcela y construir ahí la sede definitiva, en una zona relativamente cercana a la sede actual o a los locales que tiene ahora mismo esa Empresa Común.
El CIEMAT, que, como sabe usted, actúa como organismo ejecutor de los compromisos españoles, estableció a finales del año pasado un acuerdo con la Fundación bTEC para lanzar un concurso y para elaborar el proyecto arquitectónico, que luego
daría lugar naturalmente a su ejecución y al edificio en el que se está pensando. Ese concurso se ha publicado el 19 de junio, está en fase de adjudicación, y se espera que en el verano del año que viene se pueda disponer del proyecto constructivo
e inmediatamente después se lanzará el concurso para la construcción, que durará entre dieciocho y veinte meses. Se está pensando en que finales del 2010 pudiera ser una fecha probable para la entrega del edificio, con capacidad aproximadamente
para 300 puestos de trabajo. Pero quiero decirle que, en cualquier caso, la empresa está operativa ya, está trabajando con su intensidad completa y con las previsiones de esa actividad, y que el hecho de que esté en unas dependencias alquiladas
provisionalmente no impide ni dificulta la operatividad real y actual de esa empresa.
La segunda parte de su pregunta es el Plan de Desarrollo de las Energías Renovables en Tarragona. Conviene recordar de entrada que el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 -el PER- revisa el Plan de Fomento de Energías Renovables
2000-2010, y en esta revisión de lo que se trata es de mantener el compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 12 por ciento del consumo total de energía en el 2010. Ya sabe que la Unión Europea está debatiendo en estos momentos el
paquete de energía y cambio climático, conocido como el 20-20-20, para el año 2020, cuyo acuerdo es difícil porque no hay unanimidad, porque no hay un consenso total en este momento. En este caso trataríamos de que antes del 2020, en el 2010
hubiera ya un porcentaje significativo de fuentes renovables en torno al 12 por ciento. De acuerdo con ese plan, los objetivos eólicos planteados para Cataluña son 3.000 megavatios en 2010, que es, creo yo, un objetivo ambicioso. Hay que decir que
las instalaciones eólicas ubicadas en el mar no existían en el 2005 para nada y que uno de los emplazamientos previstos es precisamente el delta del Ebro. En el horizonte del 2010 se estima que todas las instalaciones españolas de la llamada eólica
marina estén en torno a una producción de 1.000 megavatios.
En informe que facilita el CIDEM -Centre Innovacio i Desenvolupament Empresarial- de la Generalitat de Catalunya, dice que los proyectos existentes en relación con Tarragona sobre temas de energías hacen referencia a la creación del
Instituto de Investigación en Energía de Cataluña -el IREC- que está previsto que tenga dos sedes, una en Barcelona y otra en Tarragona. Ahora se está procediendo precisamente a la constitución de la fundación, que va a ser el organismo rector del
instituto. Y el centro de Tarragona -usted pregunta específicamente sobre el desarrollo de energías renovables en Tarragona- está previsto que dirija su actividad principal a los biocombustibles y a la energía eólica marina. Así que entendemos, y
usted seguro que está de acuerdo con ello, que el IREC -Institut de Recerca en Energía de Catalunya-, que está en Tarragona, representa un impulso muy importante en la energía renovable en la región; está muy de acuerdo con la posición que el
Gobierno español impulsa dentro de la Unión Europea, y que esperemos que la propia Unión Europea lo pueda acordar así en el Consejo Europeo de diciembre y que pueda ir con una posición común a la conferencia de Copenhague de diciembre del año que
viene. Sus resultados, si son favorables -y todos queremos que sea así-, serán desarrollados por la Presidencia española de 2010, que de nuevo demuestra realmente tener una ubicación en la carrefour o encrucijada de la actual vida de la Unión
Europea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
¿El señor Xuclà quiere volver a intervenir? (Asentimiento.) Tiene su señoría la palabra.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Tan sólo quiero agradecerle la información y decirle que discrepamos sobre los espacios de Barcelona, que usted dice que están a pleno rendimiento y yo tengo
información de que tienen graves problemas de operatividad. En todo caso, estamos a la espera del nuevo edificio que estará en 2010.
También quiero recordar que la candidatura de España era para Tarragona, que la candidatura para la sede del proyecto ITER era la central de Vandellós, y que el discurso centralista no solo se puede aplicar a veces en la relación Madrid y
comunidades, sino dentro de las comunidades. Lo digo porque usted hoy nos ha informado otra vez de una serie compartida de energías renovables Barcelona-Tarragona. Simplemente quiero poner de relieve que es muy importante en el ámbito de sus
competencias y del reto de la cumbre de Copenhague que sea Tarragona la sede central de este proyecto de energías renovables.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor secretario de Estado, ¿quiere usted intervenir? (Pausa.)
Le agradecemos, finalmente, su comparecencia, sus explicaciones, sus respuestas y su voluntad de seguir acudiendo a esta reunión.
Muchas gracias, señor secretario de Estado.
DEBATE Y VOTACIÓN DE:
- MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE PROMUEVA Y APOYE EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA LAS MEDIDAS FISCALES CONDUCENTES A PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES EN LOS
SECTORES PESQUERO, AGRARIO Y DEL TRANSPORTE. (Número de expediente Senado 661/000032 y número de expediente Congreso 161/000190.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley, advirtiendo a los señores senadores que a partir de este momento acortaremos los tiempos todo lo posible -el señor secretario de Estado tenía
derecho a los tiempos que tiene el Gobierno, y, según el Reglamento, no los ha agotado- y que votaremos cada proposición no de ley a la terminación de la misma, porque hasta las tres de la tarde veremos las que podamos y a esa hora levantaremos la
sesión.
Empezamos por la primera proposición no de ley. Para su defensa, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías, bienvenidos a los compañeros diputadas y diputados a esta Casa.
Esta moción, si se han fijado ustedes, fue presentada el 30 de mayo en una situación sustancialmente distinta a la actual en lo que tiene que ver con la situación de crisis que sufren determinados sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros y,
asimismo, el sector del transporte. En aquel momento -abril, mayo o junio- la crítica situación que padecían estos sectores en buena medida era derivada por el alza en el coste de los carburantes y, en especial, del gasóleo, uno de los más
utilizados por estos sectores, que llegó a costar más de 1,30 euros. Esto contribuía de manera decisiva a que los costes de producción de estos sectores también se vieran aumentados.
Algunos grupos políticos defendíamos en aquel momento que el Gobierno del Estado debería tener algún tipo de medida para corregir esta situación, pero por parte del Gobierno central siempre se nos ponía como disculpa que la legislación
europea impedía tomar medidas de carácter fiscal en esta dirección. Es en ese contexto en el que presentamos esta proposición no de ley, intentando que por parte del Gobierno central se llevara al seno de la Unión Europea la necesidad de abrir un
debate en torno a la posibilidad de aplicar medidas fiscales que contribuyeran a reducir en aquel momento el coste del precio de los carburantes.
En definitiva, es en aquel contexto, y no en el actual, en el que presentamos esta iniciativa que hoy consideramos que está desfasada en su argumentario y, por lo tanto, pensamos que lo más prudente, en aras de la responsabilidad y para
acelerar la terminación de esta intensa sesión, es retirarla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL RECHAZO A LA PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO, QUE PRETENDE LA
AMPLIACIÓN DE LA SEMANA LABORAL HASTA 60, 65 Ó 78 HORAS, LA INCLUSIÓN DE UNA CLÁUSULA OPTING-OUT AL MARGEN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA REDEFINICIÓN A LA BAJA DEL TIEMPO DE TRABAJO. (Número de expediente Senado 663/000007 y número de expediente
Congreso 161/000250.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley.
Para su defensa tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Esta iniciativa tiene que ver con la Directiva de Tiempo de Trabajo, que en nuestra opinión es una directiva estratégica en la Unión Europea y estratégica para el Estado
social. Quiero recordar, señorías, que junto a esta Directiva hay otra que tiene que ver con la política de inmigración, en nuestra opinión muy regresiva, y recientemente hemos conocido también la intención de la Unión Europea de introducir
elementos de distorsión, en nuestra opinión, en los sistemas sanitarios públicos, estableciendo medidas en relación con la sanidad transfronteriza. Esta cuestión, desde nuestro punto de vista, también tiene una evidente importancia para el Estado
social.
En relación con la propuesta concreta que se hace de rechazo a la Directiva de ordenación del tiempo de trabajo, nos encontramos ante una iniciativa que nos retrotrae a 1870, que es el momento en que se reduce el tiempo de trabajo de las 65
horas propuestas, pero no solamente eso, sino que pensamos que debilita de manera muy importante el Estado social en el marco de la Unión Europea. No hay que olvidar que el Estado social europeo está vinculado, en primer lugar, al derecho al
trabajo, es decir, es el derecho al trabajo el primer signo del avance del Estado social europeo, progresando luego en cuestiones vinculadas a la seguridad social y, finalmente, reconociendo derechos universales a los ciudadanos de los Estados
miembros. En consecuencia, nos encontramos ante una cuestión fundamental que hay que parar, que hay que rectificar de manera muy profunda, y en este momentos tenemos la próxima fecha del 17 de diciembre en la que habrá una decisión o bien de
continuar con esta directiva o bien de paralizarla en el proceso de codecisión entre la Comisión y el Parlamento.
Creemos que el Gobierno español debe redoblar su iniciativa, la aprobada por el Congreso de los Diputados, y por eso presentamos esta propuesta en la Comisión Mixta, porque estamos convencidos de que si finalmente se aprueba la directiva
europea de tiempo de trabajo, se debilitará la negociación colectiva y con ello el equilibrio entre las partes; por otro lado se retrocederá de manera muy importante en el tiempo de trabajo; y lo que es peor, de alguna forma se consagrará un tipo
de modelo de trabajo precario y de número de horas muy importantes en el trabajo europeo que se está haciendo cada vez más generalizado, sobre todo entre los jóvenes, en la Unión Europea y en nuestro propio país.
Creemos que ante la crisis económica sería un mensaje muy negativo tratar de nuevo de atribuir la responsabilidad a los trabajadores, y esta directiva va en ese sentido. Por eso proponemos a la Cámara que se reafirme en las posiciones de
rechazo de la directiva Tiempo de Trabajo y que inste al Gobierno a que redoble su actuación para que dicha directiva no salga adelante y para que se mantenga el Estado social en la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares, sobre todo por su brevedad y concisión.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para defender la del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jesús Merino.
El señor MERINO DELGADO: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, este es un asunto que ya se trató en el Congreso de los Diputados en la sesión plenaria del 16 de septiembre, donde se debatieron dos proposiciones no de ley, una del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya Verds y otra del
Grupo Socialista en relación con la directiva comunitaria relativa a la implantación de la jornada de 65 horas.
La posición de mi grupo entonces fue la de rechazar la implantación de dicha jornada porque entendíamos que no había razones para modificar el actual sistema y, además, la jurisprudencia española es muy clara y parte de la aplicación de la
condición más favorable, primero, de los convenios colectivos, después del Estatuto de los Trabajadores y por último de los convenios de la OIT, que además han sido ratificados por España.
Este grupo parlamentario presentó dos enmiendas similares, igual que hace hoy, a las dos proposiciones no de ley, y finalmente aceptó una enmienda transaccional aprobada por todos los grupos, en la que se instaba al Gobierno a liderar la
oposición a la ampliación de la jornada laboral, apoyándole en sus trabajos con el grupo de países que tratan de modificar la Directiva 93/04, de la Unión Europea, del Consejo Europeo de 23 de noviembre, relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo que pretende la ampliación del horario laboral hasta las 65 horas.
Asimismo, reafirma la confianza en el diálogo social y en la negociación colectiva, reitera la necesidad de seguir avanzando en las medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, apoya la posición de la Confederación
Europea de Sindicatos en su denuncia de esta directiva por suponer una regresión en la protección de los derechos de los trabajadores y, por último, traslada su posición contraria a la ampliación de la jornada laboral a todos los grupos del
Parlamento Europeo a los que solicita su apoyo para rechazar la directiva.
Esta iniciativa se aprobó por unanimidad y, por tanto, consideramos que reiterar aquí de nuevo dos proposiciones no de ley muy similares por los mismos grupos que las votaron hace que hayamos presentado en esta ocasión otras dos enmiendas
similares con el mismo texto que se aprobó por consenso de todos los grupos en el Congreso. En nuestra intervención en ese Pleno, mi compañero, el señor Echániz, manifestó, no obstante, que la directiva aprobada por el Consejo Europeo procedía de
una iniciativa que el Gobierno laborista inglés trataba de sacar adelante desde hacía tiempo. Es cierto también que, al parecer, el representante socialista en el Consejo se abstuvo en una decisión cuyas razones no fueron aclaradas en ese Pleno del
Congreso de 16 de septiembre. Hoy, el secretario de Estado, señor López Garrido, nos ha dicho que el Grupo Parlamentario Socialista
no se abstuvo, sino que votó en contra, lo cual no ha dejado de sorprendernos porque en el Pleno del 16 de septiembre prácticamente todos los grupos dijeron que se había abstenido y, sin embargo, el representante del Grupo Socialista no
manifestó en aquel momento que hubieran votado en contra. Finalmente, lo importante no es tanto lo que haya ocurrido con ese voto, sino que toda la Cámara, todos los grupos parlamentarios, votaron una enmienda transaccional que hoy hemos trasladado
como enmienda a este debate.
La enmienda transaccional es clara y nosotros la hemos presentado de nuevo en estas dos proposiciones no de ley dado que no ha habido factores o hechos nuevos que hagan cambiar los términos de la enmienda y nuestra posición contraria, por
tanto, a esa jornada de 65 horas.
En consecuencia, a la vista de nuestras dos enmiendas, que creo que coinciden con las del representante y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, salvo una frase final que nosotros no habíamos incluido, no tenemos inconveniente en
aceptar nuevamente una enmienda transaccional de todos los grupos en los mismos términos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Merino, pero en las proposiciones no de ley es el proponente el que acepta o rechaza.
Le doy la palabra a don Juan Antonio Barrio de Penagos para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero decir que la enmienda que propone mi grupo es también enmienda a la siguiente proposición no de ley, por lo que haré una sola defensa dado que vamos mal de tiempo.
Como ya quedó claro en la intervención del secretario de Estado a pregunta de este portavoz que les habla, el Grupo Parlamentario Socialista está a favor de la corriente histórica de reducción de jornada y no de esta Directiva que propone su
aumento.
Esta directiva, como ya nos ha aclarado, viene de una modificación a otra modificación que se proponía a la directiva, modificación mucho más suave y que, sin embargo, empeora muchísimo la directiva. Hay alguna cuestión que, aunque ha
quedado clara, me parece conveniente insistir en ella porque siendo muy grave lo que se propone en cuanto a ampliación de jornada, a mí me parece mucho más grave el tema del opting-out, es decir, que la negociación colectiva pierda vigencia en favor
de la negociación directa empresa-trabajador. Hay que partir de cuál es la situación actual y de qué podemos hacer en este momento. Esta directiva está bloqueada. Lo que puede suceder, como ha dicho el secretario de Estado, es que no dé tiempo a
esa negociación posterior entre el Parlamento Europeo y el Consejo. ¿Cuándo se produciría esa negociación, si es que se aprueban enmiendas por mayoría absoluta -hay que decirlo claramente- en el Pleno del Parlamento Europeo en la segunda lectura el
día 17 de diciembre, para lo que hacen falta 393 votos? Lo digo porque lo mejor es enemigo de lo bueno. En comisión, aunque se aprobó por el 70 por ciento, con 35 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, el informe del eurodiputado
socialista Alejandro Cercas no obtuvo todos los votos con las enmiendas a la directiva que se podían obtener en función del rechazo a esa modificación de la directiva.
Lo que quiero decir es que todos los grupos parlamentarios debemos hacer un esfuerzo para que ese día no falte nadie. Repito que necesitamos 393 votos en algunas enmiendas para que de momento la directiva no se apruebe y se entre en esa
fase de conciliación posterior. En ese sentido quiero decir que si los grupos proponentes de esta proposición no de ley y el señor Pérez Bouza, del BNG, en la siguiente lo aceptaran como transaccional, el texto es exactamente el que ha dicho el
señor Merino, que es lo que aprobó ya como resolución el Pleno del Congreso el día 16 de septiembre. Pero iríamos un poco más allá puesto que han pasado dos meses, de ahí lo de añadir ese párrafo final. El señor Merino ha dicho ya cuáles son los
términos de esa declaración que aprobamos por unanimidad en el Congreso, pero el último párrafo dice así: En consonancia con esta proposición, y en la fase final de tramitación comunitaria de la mencionada directiva, la comisión mixta insta al
Gobierno a redoblar los esfuerzos... ¿Por qué añadirlo? Porque, efectivamente, estamos en una fase decisiva en la que hay que redoblar los esfuerzos a los que instaba la resolución aprobada en el Congreso. Creo que quizá convendría señalar esto
como una aportación específica de la Comisión Mixta en la fase actual para que cuando el Parlamento Europeo reciba esto no diga: ¿Y por qué vuelven a decirnos otra vez lo mismo? Pues miren ustedes, es que han pasado dos meses y esto se vuelve a
plantear y se vuelve a instar al Gobierno, y la única diferencia es ese párrafo final.
Tal y como ha señalado antes el señor Llamazares, en lugar de proposición no de ley habría que decir resolución ya que fue una enmienda transaccional de todos los grupos lo que se aprobó definitivamente el día 16 de septiembre en el Pleno.
Si todo el mundo está de acuerdo con esa modificación técnica, aprobaríamos esa enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrio.
¿Algún otro grupo parlamentario quiere fijar posiciones? (Pausa.)
En tal caso, pregunto al proponente si acepta alguna de las enmiendas presentadas por los otros grupos parlamentarios.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros elaboramos la transaccional a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y de nuestro grupo parlamentario en el Congreso, y por la misma razón aceptamos la transaccional en el Senado. No hay ningún problema.
El señor PRESIDENTE: ¿En la formulación del Grupo Socialista que viene en el último párrafo?
El señor BARRIO DE PENAGOS: Sí, con el último párrafo.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. ¿Puedo entender que se acepta por unanimidad? (Asentimiento.)
Así se declara.
- MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECHAZAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN E LA DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2003, RELATIVA A DETERMINADOS ASPECTOS DE LA
ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO. (Número de expediente Senado 661/000059 y número de expediente Congreso 161/000280.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, si es necesario, a la siguiente proposición no de ley, que es idéntica a la anterior.
Para su defensa tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Quiero decir muy brevemente que la intención del BNG al presentar esta iniciativa en el Senado es porque consideramos que esta Cámara tiene la suficiente relevancia e importancia como para debatir también estos
asuntos, independientemente de que en el Congreso ya se hubiera debatido o aprobado alguna resolución.
Nosotros fuimos una de las primeras organizaciones políticas que nos posicionamos en contra de esta directiva europea, y así lo hicimos constar en esta iniciativa, que no voy a pasar a defender y que, por tanto, doy por defendida en los
términos en que figura en la exposición de motivos de la propuesta. En cuanto a la parte resolutiva, por supuesto que acepto la transacción que fue aceptada para la anterior iniciativa.
Solo cabe esperar que finalmente el Parlamento Europeo
apruebe esas enmiendas que han sido aprobadas en comisión el día 5 de noviembre, y que a posteriori el Consejo tenga en cuenta la voz del Parlamento Europeo, que es la voz del pueblo, y no las intenciones del Consejo, que es elegido de manera
indirecta y no directamente por el pueblo de los diferentes Estados que configuran la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Entiendo que podemos aceptarla por unanimidad? (El señor Barrio de Penagos pide la palabra.)
Puede intervenir, señoría.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Señor presidente, es que se me olvidó decir antes, en relación con lo que decía el señor Merino, que en el Diario de Sesiones de 24 de septiembre de 2008, a pregunta del diputado señor Jáuregui, el ministro de
Trabajo, don Celestino Corbacho, dice tajantemente lo siguiente: Señoría, el Gobierno, a través de este ministro, votó en contra de esta directiva en el Consejo tal y como recoge el acta de dicho organismo. Esta fue la posición que mantuvo el
Gobierno español en la votación de este Consejo. Y dice: El Partido Socialista votó en contra de esta directiva y consiguió durante ese Consejo que otros países se unieran a la posición de España, pues cuando llegamos al mismo solo Grecia estaba
en contra.
Es decir, queda aclarado que sí se manifestó la posición contraria en sede parlamentaria, quizá no ese día, el 16 de septiembre, pero sí el 24 de septiembre, a pregunta concreta del señor Jáuregui para aclarar estos extremos.
El señor PRESIDENTE: Queda aclarado en el sentido de que fue el Gobierno de España, no el Partido Socialista como ha dicho su señoría.
El Partido Socialista todavía no vota en los Consejos de la Unión Europea, es el Gobierno de España.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Sí, señor presidente, el Gobierno en primera instancia en el Consejo y el Partido Socialista en el Parlamento Europeo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Podemos, pues, entender aprobada esta proposición no de ley por unanimidad sin ningún problema? (Asentimiento.)
Así constará.
Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a presentar y defender ante la Unión Europea determinadas medidas para compensar los costes derivados de la condición insular. (El señor Pérez
Bouza pide la palabra.)
¿Desea intervenir, senador Pérez Bouza?
El señor PÉREZ BOUZA: No, señor Presidente. Sólo quiero decir que intervendrá el senador Sampol, que no se encuentra en este momento en la Comisión.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCLUIR LA EDUCACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente Senado 661/000132 y número de expediente
Congreso 161/000497.)
El señor PRESIDENTE: Así pues, saltamos a la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a incluir la educación entre los objetivos de la Presidencia española de la Unión Europea.
Tiene la palabra el senador Peral.
El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor presidente.
En el año 2000 la Conferencia de Lisboa acordó que para 2010 la Unión Europea constituiría la economía basada en el conocimiento y la más competitiva del mundo, con más y mejor empleo y con una mayor cohesión social. Para conseguir este
objetivo es absolutamente imprescindible fomentar la calidad de la educación, una educación a la que no se dedican salvo cantidades simbólicas de fondos europeos, al contrario de lo que se hace con la formación ocupacional intentando mejorar las
posibilidades de empleo de muchas personas mayores de dieciséis años. Sin embargo, esas posibilidades de empleo y de desarrollo personal se ven muy condicionadas hoy en día por el deficiente nivel de formación con el que muchos jóvenes europeos
terminan la enseñanza obligatoria.
Por otra parte, en la Europa de hoy muchas administraciones educativas se enfrentan con recursos insuficientes al reto de integrar a los alumnos inmigrantes y a aquellos provenientes de familias desfavorecidas o que constituyen la segunda
generación de familias inmigrantes, un reto que requiere por parte de los Estados miembros de la Unión un esfuerzo de solidaridad que se traduzca en la aportación de fondos europeos.
En cuanto a los objetivos en materia de educación y formación aprobados en el Consejo Europeo de marzo de 2001, es preciso constatar con realismo que será prácticamente imposible alcanzarlos en el año 2010 en la mayoría de los Estados de la
Unión Europea. Por todas estas razones parece lógico que entre los objetivos de la Presidencia española de la Unión Europea se incluya la educación para dar las mejores oportunidades de futuro a los jóvenes europeos y especialmente a aquellos que
por su situación económica y social más lo necesitan.
Se ha llegado por todos los grupos a una proposición no de ley transaccional que es la que sometemos a su consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El texto de la transaccional reza así: Siendo la educación uno de los ejes fundamentales de la Estrategia de Lisboa, la Comisión Mixta para la Unión Europea insta al Gobierno de España, en colaboración con las
comunidades autónomas, a incluir la educación entre los objetivos de la Presidencia española de la Unión Europea.
Había una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la portavoz socialista, salvo que entienda que la transaccional la cubre.
La señora ABURTO BASELGA: Muchas gracias. Voy a ser muy breve, señor presidente.
Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa, aparte de que la encontramos oportuna. Es evidente que mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo en construir más Europa y en que el mejorar la educación en Europa está
de acuerdo con la Estrategia de Lisboa, la cual compartimos todos los grupos.
Quiero señalar tres cosas. En primer lugar, no coincidimos en la valoración que se hace en la exposición de motivos sobre que sea demasiado importante como para dejarla en manos de las comunidades autónomas porque creemos en la bondad del
Estado compuesto plural, en la democracia participativa y, por supuesto, en que esté lo más cercana posible al ciudadano.
Es más complejo de gobernar y de gestionar, requiere más coordinación, pero le añade valor de calidad democrática y, con toda seguridad, la mayor proximidad la hace más eficiente.
En lo demás, estamos de acuerdo. Pero queremos resaltar que el Ministerio de Educación trabaja ya perfectamente integrado en los foros y organismos comunitarios donde se elaboran las políticas de la Unión Europea sobre educación en todos
sus tramos, y colabora activamente en la mayoría de sus actividades, con lo cual, es un trabajo que ya se está haciendo con toda eficacia.
Creemos que con nuestra enmienda se enfatiza más el objetivo en el que coincidimos y se adapta más a la realidad de España como país compuesto, característica que no es única en los países de la Unión Europea.
Por último, la Unión Europea es una comunidad de principios y valores en los que quisiéramos coincidir, así como en una historia común europea, que existe. Esperamos que alguna vez podamos llegar a algún consenso también sobre esos temas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún otro portavoz desea intervenir para fijar posición? (Pausa.)
En tal caso, habiéndose presentado una enmienda transaccional, ¿podemos considerarla aprobada por unanimidad? (Asentimiento.)
Así se declara.
- MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR Y DEFENDER ANTE LA UNIÓN EUROPEA DETERMINADAS MEDIDAS PARA COMPENSAR LOS COSTES DERIVADOS DE LA CONDICIÓN INSULAR. (Número de expediente Senado 661/000064 y
número de expediente Congreso 161/000281.)
El señor PRESIDENTE: Me han informado de la sustitución de don José Luis Perestelo por don Pere Sampol.
Su señoría tiene la palabra para la defensa de la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a presentar y defender ante la Unión Europea determinadas medidas para compensar los costes derivados de la condición insular.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Como dice la exposición de motivos, un 3 por ciento de la población de la Unión Europea, más de 11 millones de ciudadanos europeos viven en las casi 300 islas habitadas que existen en la Unión Europea. Todas ellas presentan una problemática
común, que es el coste de la insularidad, un coste añadido que tienen los ciudadanos por el simple hecho de vivir en una isla.
Este sobrecoste se refleja en distintos ámbitos: escaso desarrollo industrial, al no disponer de materias primas abundantes; sobrecostes por el transporte, que dificulta la comercialización; un acceso al mercado lento y caro, y pondré un
ejemplo: transportar una carga de Barcelona a Palma es cuatro veces más caro que transportar la misma carga desde Barcelona a Zaragoza, y hay la misma distancia, y no hablemos de si el transporte es a Formentera, que entonces este coste se puede
multiplicar varias veces.
Existe un bajo nivel de formación profesional, esta es una constante de todas las islas; hay escasez de recursos naturales: agua y energía, y un territorio escaso, que dificulta la urbanización; no podemos crear más polígonos
industriales, y, en consecuencia, el suelo industrial es escaso y caro y hay dificultad de acceso a servicios públicos; determinadas infraestructuras y equipamientos, por la condición pluriinsular, se han de multiplicar. En cuatro islas hemos de
hacer cuatro hospitales, extensiones universitarias, etcétera.
A pesar de todas estas limitaciones, la Unión Europea no ha articulado ninguna medida específica que reconozca la insularidad. De hecho, las regiones insulares que tienen algún reconocimiento, Canarias, Azores y Madeira, lo tienen por el
hecho de que son regiones ultraperiféricas no por el hecho de ser islas, y, como tales, como regiones ultraperiféricas, disponen de un estatuto permanente que recoge medidas específicas.
Es decir, que algunas islas del Mediterráneo tienen excepciones. Las islas griegas reciben un mayor porcentaje de cofinanciación de la Unión Europea, los productos agrícolas de Malta no pagan IVA, etcétera.
En definitiva, sería necesario armonizar todas estas excepciones insulares, y, en función de ello, se propone instar al Gobierno para que defienda ante la Unión Europea medidas específicas de reconocimiento del hecho insular. Estas medidas
están en la parte dispositiva y serían: la inclusión de todas las islas del Mediterráneo como regiones transfronterizas, esto permitiría acceder a mayores cuotas de cofinanciación por parte de la Unión Europea; la aprobación de una cláusula de
excepción insular en caso de políticas de liberalización de los servicios públicos; existen monopolios naturales, por ejemplo, no puede existir competencia en la producción de energía; determinados servicios han de ser públicos, como el transporte
entre islas o determinado transporte aéreo, incluso con el continente, que siempre será deficitario y, por tanto, no se puede dejar exclusivamente en manos de la iniciativa privada; la aprobación de un estatuto permanente para las islas; en el
caso particular de las islas Baleares, defender su inclusión en el espacio Interreg III, de manera que se reconozca que las islas forman frontera con el norte de África y con los Estados francés e italiano, y la creación de una política agraria
específica para las islas europeas.
Los sobrecostes de producción, de transporte, el minifundismo y la escasez de agua dificultan la competitividad del sector agrícola y ganadero. De hecho en las islas Baleares, donde tenemos la renta per cápita media por encima de la Unión
Europea, nuestros agricultores, por las dificultades de competitividad, tienen la renta per cápita no de la Unión Europea sino del Estado español.
Finalmente, se propone la creación de una agencia europea por la insularidad, con el objetivo de ir impulsando las acciones y programas específicos para las islas.
Señorías, la Constitución establece que el hecho insular ha de tener un reconocimiento, y este reconocimiento no sólo ha de ser en el Estado español sino en el conjunto de la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado una enmienda con la intencionalidad de producir una conducción racional a una proposición no de ley con una aspiración de mucho calado y que requiere rigor, método, sistemática y auténtico conocimiento de las políticas
comunitarias.
Retomo mi intervención inicial enlazándola con la última parte de las reflexiones que ha llevado a cabo el senador proponente.
Es cierto que la Constitución española, en el artículo 2 establece con carácter general el principio de solidaridad, y es cierto también que la Constitución, en el artículo 138.1, se refiere concretamente al equilibrio económico
interterritorial, poniendo en aquellas zonas de la España no peninsular en las que concretamente se de la peculiaridad de ser isla, y atendiendo -dice expresamente el artículo 138- a las circunstancias del hecho insular.
Me gustaría poner de manifiesto que, reconocido constitucionalmente el hecho insular, los estatutos de autonomía de los dos archipiélagos españoles, el canario y el balear, trasladaron a su nivel legislativo esa condición.
Las islas Baleares tienen unas características geográficas y económicas distintas a las del archipiélago
canario, pero con la evidencia de la insularidad -como ha manifestado el senador proponente-. Por ello, en el Estatuto de Autonomía de Baleares se explicita que una ley de las Cortes Generales regulará el conocimiento concreto del hecho
diferencial de la insularidad como garantía de la solidaridad y del equilibrio interterritorial, lo que se recogió en el Régimen Especial de las Islas Baleares. Consiguientemente, la normativa española se ha hecho eco de una circunstancia singular
que caracteriza a un archipiélago, el balear, al cual nos estamos refiriendo. Pero la moción que ha presentado el senador tiene una dimensión tal que no es propia de una proposición no de ley, máxime cuando reglamentariamente tenemos unos minutos
tasados.
En esta moción plantea incluir a las islas Baleares en el espacio Interreg III A, como si eso lo pudiésemos acordar aquí. Quienes creemos en las políticas comunitarias no podemos hacerlo por una razón elemental, y es que el Gobierno de
España, como han manifestado varios ministros en distintas intervenciones, ya ha intentado que la Comisión Europea modifique las 150 millas de distancia a territorio continental que se establecen para poder acceder a los beneficios económicos del
Interreg III A. Como eso no es decisión de un solo Gobierno sino de la Comisión Europea, de la Comunidad en su conjunto, resulta impropio que aprobemos aquí una resolución al respecto. Podemos hacerlo pero realmente no tiene ninguna repercusión.
También me gustaría poner de manifiesto, porque el tema tiene calado y ya me he referido al acervo normativo español, que el hecho insular también está presente en el acervo comunitario. En el artículo 158 del Tratado de Amsterdam se
recogen claramente unas consideraciones y mandatos sobre la cohesión económica y social, añadiendo las islas europeas al grupo de regiones cuyo retraso debe ser objeto de política de cohesión. Pero es que, además, en la declaración trigésima sobre
las regiones insulares, tras reconocerse la existencia de desventajas estructurales originadas por la insularidad cuya permanencia perjudica su desarrollo económico y social, se prevé que el derecho comunitario pueda tenerlas en cuenta siempre que
esté justificado mediante la adopción de medidas específicas que favorezcan la integración de las regiones insulares en el mercado interior en condiciones equitativas. Es decir, el acervo comunitario establece unas rutas, unas vías racionales para
poder acceder a un tratamiento singular, pero el concepto fronterizo es algo que está recogido en la normativa comunitaria. ¿O es que ahora vamos a reinventar el tratamiento Schengen de fronteras de la Unión Europea? Este no es un foro en el que
podamos hacer planteamientos de esas características.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista es consciente en su globalidad de la temática diferenciada que tiene una región insular, pero también lo es de que hay normativa, tratamiento comunitario, al que nos tenemos que acoger. Si
me permite un minuto más, señor presidente, quiero señalar que debemos tener muy presente que los tratados comunitarios -y el Tratado de Amsterdam es de máximo nivel y el que está en fase de consolidación también- definen una serie de islas en las
que no se aplican políticas comunitarias. Concretamente, se alude a las islas Aland, donde el Tratado se aplica conforme al protocolo dos del acta de adhesión de Finlandia; las islas Feroe, donde el Tratado de la Unión Europea no se aplica; las
islas del Canal y las islas de Man, donde el tratado sólo se aplica en la medida necesaria para asegurar la aplicación del régimen especial previsto en el acta de adhesión del Reino Unido.
Pero las islas menores del Mar Egeo son las únicas
comunitarias que gozan de una serie de medidas específicas, y esto tiene su origen en las conclusiones del Consejo Europeo de Rodas que se acuerdan años atrás y se consolidan en 1993; entre ellas se abarcan disposiciones de varias políticas
comunitarias para islas menores, para islas muy singulares.
(Rumores.) Señor presidente, parece que el tema de las islas no sensibiliza a algunos parlamentarios, así que no se moleste por ellos.
En consecuencia, el reconocimiento de la insularidad tiene un tratamiento específico normativo español y otro comunitario y el Grupo Parlamentario Socialista, en cuya representación hablo en este momento, es sensible al reconocimiento de ese
hecho insular. Entendemos que las resoluciones que los pasados 10 y 11 de abril de este año se adoptaron en Palma de Mallorca, en una asamblea a la que asistieron representantes de 18 regiones europeas insulares con motivo de la XXVIII Asamblea
Anual de la Conferencia de Regiones Periférico Marítimas de Europa, deben ser analizadas y deben ser objeto de análisis por el Gobierno de España en coordinación con el Gobierno de las islas Baleares y transmitidas a las Cortes Generales,
previsiblemente a esta comisión mixta, que es la competente en esa materia.
De ahí que hayamos hecho una propuesta para que un tema de tal calado no sea objeto de una resolución no suficientemente meditada, y voy a leerla.
En ella el Grupo Parlamentario Socialista propone, en primer lugar, a esta comisión mixta que
inste al Gobierno a continuar impulsando en las negociaciones futuras, en su caso a través del proceso de reflexión en curso -porque no estamos inventando nada, es un mecanismo puesto en marcha-, sobre la revisión del presupuesto de la Unión, todas
aquellas cuestiones que relacionadas con la cohesión territorial permitan obtener mayores cuotas de financiación dado el carácter insular. En segundo lugar, que el Gobierno estudie la oportunidad de plantear en su caso la creación de una agencia
europea por la insularidad -propuesta que hace el proponente en su punto número 6- con el objetivo de impulsar las acciones y programas específicos por la insularidad dentro del marco adecuado de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra don Juan Manuel Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Mixto del Senado presenta esta moción instando al Gobierno a defender ante la Unión Europea que se compense a las islas no incluidas dentro de las regiones ultraperiféricas los inconvenientes que su carácter insular
conlleva.
No las he contado pero el promotor de la moción, el senador Sampol, estima que son unas 300 islas. Naturalmente, ni la situación geográfica ni su nivel de desarrollo son similares en los tres centenares de islas. Por ello, todos los
argumentos empleados en su moción no son válidos para la totalidad, pero estoy seguro que sí para un gran número de ellas.
Es verdad que los sectores primarios y de servicios prevalecen en la mayor parte de las islas del Mediterráneo. Sin embargo, no veo razones para sostener que el nivel de formación profesional sea inferior que en las regiones continentales.
Sí parecen ciertos los demás aspectos desfavorables que se citan en la justificación de la moción. A lo que no hace referencia el senador Sampol es a lo agradables que son las vacaciones en muchas de esas islas, sobre todo para los que no vivimos
permanentemente en ellas.
Cinco de los seis puntos que contiene la moción nos parecen razonables para el objeto pretendido. Muy importante para conseguir los objetivos propuestos es la recomendación del punto cuatro sobre que se incluya a las islas Baleares en el
Capítulo A: Cooperación transfronteriza del espacio Interreg III. Naturalmente, si la Unión Europea aprobara tal inclusión serían muchas más islas del Mediterráneo las que aspirarían a ella. Lógicamente, discrepo del portavoz socialista cuando
dice que esta comisión no tiene competencias para aprobar esto. Naturalmente que sí.
Para lo que no tiene competencia es para incorporar a las islas Baleares en el espacio Interreg III, pero sí -y, por eso, se plantea- para pedirle al Gobierno que
presente y defienda esta moción en la Unión Europea.
Sin embargo, en el sexto punto se propone la creación de una agencia europea por la insularidad y nos parece que no encaja en la naturaleza de las agencias europeas, que no tienen carácter territorial sino que han sido creadas con el fin de
realizar una labor técnica o científica muy concreta en el marco del primer pilar de la Unión Europea. Sirva de ejemplo la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, la de medicamentos, la de medio ambiente, la de seguridad aérea, etcétera.
Por ello, señor presidente, nosotros vamos a solicitar votación separada del punto sexto de la moción respecto de los otros cinco.
Es evidente que no podemos votar favorablemente las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, pues nos parecen muy poco ambiciosas. Su redacción no puede ser menos comprometida, pues hablar de estudiar la oportunidad...,o plantear en su
caso..., significa muy poco compromiso.
Por este motivo, no estamos de acuerdo con sus enmiendas.
En resumen, nuestro grupo va a apoyar la moción y, si es posible, solicitamos que se vote separadamente el punto sexto del conjunto de los otros cinco.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albendea.
Pregunto al proponente de la proposición si acepta o no la enmienda socialista.
El señor SAMPOL I MAS: La verdad es que la enmienda socialista es excesivamente descafeinada. Todos estamos de acuerdo en que esta comisión no toma acuerdos ejecutivos. Sé perfectamente que nos encontramos ante una proposición al Gobierno
para que defienda ante las instituciones europeas determinadas propuestas o criterios...
El señor PRESIDENTE: No entremos en debate. Diga si la acepta o no la acepta.
El señor SAMPOL I MAS: Señor presidente, quería proponer que, mientras se discute la última proposición, intentáramos llegar a un acuerdo por unanimidad, con más compromiso que el expresado en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Puedo aplazar la votación de esta proposición solamente hasta el final de la siguiente, pero dénse ustedes prisa.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LOS BICENTENARIOS DE LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS DE IBEROAMÉRICA DE ESPAÑA, Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA Y DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) PARA AMÉRICA LATINA.
(Número de expediente Senado 663/000008 y número de expediente Congreso 161/000506)
El señor PRESIDENTE: Para defender la siguiente proposición no de Ley, tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
No sé si ir muy deprisa o muy despacio, para darles tiempo a que negocien la enmienda. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Intervenga usted deprisa, que la gente tiene hambre -empezando por el presidente, las taquígrafas y el resto del mundo- y son las tres de la tarde.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: En nombre de mi grupo quiero defender esta proposición no de ley, que pretende llamar la atención sobre una serie
de hechos, aprovechando que en el año 2010 España ostentará -como bien sabemos en esta comisión- la Presidencia de la Unión Europea. En este sentido, se trata de intentar que la Unión Europea participe y sea responsable también de los actos
de celebración del segundo centenario de la independencia de las repúblicas iberoamericanas.
Es evidente que durante los próximos cuatro años vamos a vivir una serie de acontecimientos. En el año 2008 vamos a vivir la celebración del comienzo de la independencia de los Estados americanos; en el año 2010 ostentaremos la Presidencia
de la Unión Europea y en el año 2012 se conmemorará el segundo centenario de la constitución de las Cortes de Cádiz. Si la independencia de las repúblicas iberoamericanas supuso un shock y un trauma para la España de entonces, dicho acontecimiento
se inspiró, como todos sabemos, en la Ilustración y en los movimientos revolucionarios de los Estados Unidos, que acababan de alcanzar la independencia, al igual que Francia en Europa. Este mismo espíritu revolucionario fue el que inspiró en España
las Cortes democráticas del año 1812.
Por razones de tiempo, no voy a repasar el alcance y la profundidad de las relaciones entre la Unión Europea y España con América Latina en materia económica, cultural y de ayuda oficial al desarrollo, todas ellas descritas en la exposición
de motivos de esta proposición no de ley, que invito a leer con detenimiento a todas sus señorías.
Por ello, recordando la coincidencia de hechos, voy a repasar brevemente cuál es la parte dispositiva de la proposición. En primer lugar, aprovechar la conmemoración de los bicentenarios -a partir del año que viene- para contribuir al
desarrollo y profundización de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, más aun teniendo en cuenta que en el año 2010 la Presidencia de la Unión Europea será española. En segundo lugar, trabajar en el seno de las instituciones
europeas, con el fin de que la Unión Europea se implique también en los bicentenarios.
Queremos que los bicentenarios -que ya tienen un organismo que se encarga de coordinarlos desde España y con un comisario, el señor Felipe González Márquez-
cuenten con el impulso y el apoyo del resto de Estados de la Unión Europea. En tercer lugar, dado que el año 2010, año de la Presidencia de España, será también el Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza, es evidente que se puede desarrollar la
versión latinoamericana de ese Año de la Lucha contra la Pobreza. Y, finalmente, insistir desde la Presidencia española y desde nuestro país en el compromiso por el desarrollo de la consolidación de la democracia y las libertades en Latinoamérica,
tanto desde el ámbito de la política bilateral, como desde el ámbito de las políticas multilaterales que la Unión Europea desarrolla en América Latina.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré fijar la posición de mi grupo con la máxima brevedad, anticipando que el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente esta proposición no de ley, aunque tenemos algunas observaciones que hacer.
En primer lugar, en relación con el elemento temporal. Nosotros sí hemos leído con atención la exposición de motivos, y nos llama la atención que se diga que hemos de aprovechar el año 2010, cuando España ostentará la Presidencia de la
Unión Europea, para llevar a cabo estas actuaciones. El proceso de independencia de las actuales repúblicas latinoamericanas comenzó si se quiere en el año 1808 y no acabó hasta 1844, con lo cual, no nos parece que sea algo tan perentorio como para
llegar al año 2010.
Vamos a tener nada menos que medio siglo por delante para poder ocuparnos de la celebración de las independencias americanas.
Por otro lado, habrá que empezar por ponerse de acuerdo en cuándo y qué es lo que tenemos que celebrar, pues ni siquiera muchas de las propias repúblicas americanas cuentan con un solo día para celebrar su independencia; por ejemplo,
Argentina, que celebra el 25 de mayo de 1810 como el primer Gobierno patrio, pero también celebra el 9 de julio de 1816 como la propia Declaración de Independencia. Lo mismo ocurre en el caso de Brasil, que celebra el año 1810 la primera Junta,
pero la independencia en 1818; o el caso de México, que celebra el grito de la independencia en 1810, pero la independencia efectiva en 1821. No es una cosa tan perentoria, aunque nos parece adecuado empezar a tomar ciertas determinaciones.
En cuanto a la exposición de motivos, el proponente hace una interpretación de la historia que compartimos en ciertos aspectos, pues ciertamente, estos movimientos emancipadores lucharon contra el absolutismo, representado en España por
Fernando VII de Borbón y, desde nuestro punto de vista, se deben básicamente al triunfo de los ideales liberales. El liberalismo de tradición francesa e inglesa hizo posible la independencia tanto norteamericana como de las actuales repúblicas
centro y sudamericanas. Es ese triunfo de la libertad y del espíritu que representa el liberalismo inglés y francés el que hizo posible este papel, tanto para las colonias como para la metrópoli.
Ahora bien, la pretensión del proponente de que seamos nosotros quienes digamos qué es lo que hay que celebrar y qué sentido ha de dársele, francamente, nos parece un tanto impositiva. La exposición de motivos dice literalmente: Esta será
una ocasión para que España transmita el claro mensaje de lo que la independencia supuso, así como la interpretación que debe darse a este hecho histórico. Francamente, considero que habría de tenerse en cuenta qué es lo que opinan los propios
afectados por la Declaración de
Independencia de lo que supuso esa independencia. ¿Vamos nosotros a decirle a los peruanos, chilenos, mexicanos y argentinos qué es lo que ha supuesto para ellos la independencia de España? No fue algo que España otorgase, sino que nos fue
arrancada. Por lo tanto, parece bastante dogmático que seamos nosotros quienes les digamos a ellos en concepto de qué han de tener su propia independencia.
En la exposición de motivos se manifiesta también que estas celebraciones han de servir a los países americanos como ocasión para independizarse de nuevo y superar las tiranías del siglo XXI, tales como la pobreza, el hambre, la inequidad,
la exclusión o la corrupción. O sea, que no solo les decimos lo que significó algo sucedido hace 200 años, sino que, además, les tenemos que decir en concepto de qué tienen que acometer las celebraciones y qué es lo que han de hacer en el futuro.
Esto sí que podría verse como un nuevo colonialismo y no una nueva actuación dogmática de la metrópoli. Por cierto que, entre las lacras y tiranías del siglo XXI, echo en falta que usted incluya la del populismo, que es precisamente y, en general,
la causa de la pobreza, el hambre, la inequidad, la exclusión y la corrupción; ese populismo magníficamente representado por ciertos líderes mesiánicos, muy del gusto de algunos, y desde luego, no de los que se sientan a este lado de la bancada,
que no los visitamos con tanta profusión como algunos de los que firman esta proposición no de ley.
Lo que se propone, en definitiva, es que celebremos la independencia americana. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que les digamos nosotros a los países americanos qué es lo que tienen que celebrar, en concepto de qué y cuál es el
significado. Pero si lo que se quiere es que la Unión Europea participe en estos actos, lo primero que hay que definir es cuáles son esos actos en los que tenemos que participar y quién los organiza. Consideramos que la iniciativa han de llevarla,
sin duda, los propios países causantes de su propia independencia, es decir, los países americanos. Que nosotros queramos dar un punto de vista de lo que eso supuso -el punto de vista de España como antigua metrópoli- me parece muy bien, pero que
se haya de hacer dentro del marco de la Unión Europea no nos parece precisamente lo más indicado. Debería ser España entonces la que acometiese sus propios actos de celebración del bicentenario, para dar su propia opinión sobre lo que esto supuso.
Todo esto no implica que vayamos a votar en contra porque el hecho de que la Unión Europea acometa actos de celebración nos parece perfecto. El punto tercero, que señala que dado que el año 2010 será el Año Europeo de la Lucha contra la
Pobreza vamos a asumir el compromiso para mejorar las condiciones de vida, nos parece perfecto, pero nada tiene que ver con la independencia de los países americanos. Y, el punto cuarto, que recoge que seguimos comprometidos con el desarrollo de
Latinoamérica es cierto, pero lo es hoy, mañana, en el año 2010, en el año 2045 y, desde luego, hubiera sido deseable también en el siglo pasado.
Estamos de acuerdo y votaremos a favor, a pesar de todas las discrepancias que dejo consignadas en el Diario de Sesiones. En cualquier caso, recomendaría que en lo sucesivo este tipo de cuestiones, que deben contar con un amplio consenso,
realmente se redacten con ese espíritu.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz desea intervenir?
Tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.
Intervendré con brevedad para apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Nos parece enormemente acertado no solo que España participe de este proceso de celebración de la independencia sino que impliquemos a la Unión Europea, de la que formamos parte y que es nuestra realidad actual.
Sobre todo, me parece
importante esa voluntad de recoger el espíritu de libertad y de justicia que implicó todo el proceso de independencia, que sea un estímulo para que en la sociedad actual se superen las actuales injusticias.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún otro portavoz desea intervenir? (Pausa.)
Pese a las reservas sobre las licencias literarias de la exposición de motivos, ¿se puede aprobar por unanimidad? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
¿Ha habido consenso, transacción o acuerdo en relación con la proposición no de ley sobre la insularidad?
El señor SAMPOL I MAS: No, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta la enmienda socialista?
El señor SAMPOL I MAS: No.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular ha pedido votación separada del punto sexto.
Sometemos a votación los puntos uno a cinco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Según el artículo 88 del Reglamento del Congreso de los Diputados: 1. 'Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda, y si persistiere aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que
estime razonable la Presidencia.
Transcurrido el plazo, se repetirá la votación, y si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate.' 2. 'En las votaciones en Comisión se entenderá que no
existe empate cuando la igualdad de votos, siendo idéntico el sentido en el que hubieren votado todos los miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo Grupo Parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el número de votos con que cada Grupo
cuente en el Pleno.'
Han votado en contra el Grupo Socialista y Entesa, que en el conjunto del Congreso de los Diputados y el Senado suman 290 votos; y, a favor, 309 votos.
Por tanto, se entiende que queda aprobada por 309 votos ponderados a favor y 290 votos ponderados en contra.
Votamos el punto sexto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 14; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Les recuerdo que el próximo día 1, a las cinco de la tarde, contaremos con la presencia de la comisaria Wallström y, por ello, pido a los portavoces y a la Mesa que estén presentes aquellos diputados y senadores que puedan voluntariamente
asistir.
Se levanta la sesión.
Eran las quince horas.