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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 265, de 20/07/2011
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2011 IX Legislatura Núm. 265

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ

Sesión plenaria núm. 251

(Sesión extraordinaria)

celebrada el miércoles,

20 de julio de 2011



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas ... (Página4)


Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador), sobre los planes del Ministerio del Interior en orden a garantizar que los representantes de Bildu, presentes en las instituciones forales de Navarra y País Vasco desde las pasadas elecciones,
respeten la legalidad vigente. (Número de expediente 172/000282.) ... (Página24)


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 172/000289.) ... href='#(Página30)'>(Página30)


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a poner en marcha el nuevo ministro del Interior para que, de una vez por todas, se cumpla el principio de legalidad en su ministerio. (Número de expediente
172/000287.) ... (Página36)



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Página


- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas de reconocimiento de la identidad y lengua catalana. (Número de expediente 172/000288.) ... href='#(Página41)'>(Página41)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas ... (Página4)


Del diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para defender, ante las presiones externas, a sectores relevantes de la
economía gallega, como el sector naval, la conserva o el biodiesel? (Número de expediente 180/001617.) ... (Página4)


Del diputado don Pere Macias i Arau, en sustitución del diputado Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué actuaciones piensa adoptar el Gobierno
con el fin de evitar o moderar las devoluciones de ingresos al Estado, que los ayuntamientos deben efectuar por causas que no les son imputables? (Número de expediente 180/001618.) ... (Página5)


Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Está satisfecho el Gobierno con sus medidas para paliar la actual sequía de crédito a familias y empresas?
(Número de expediente 180/001619.) ... (Página7)


De la diputada doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y


ministra de Economía y Hacienda: ¿Se siente satisfecha de su balance al frente de la política económica del Gobierno? (Número de expediente 180/001620.) ... (Página8)


Del diputado don Cristóbal Ricardo Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda: ¿Cuál es la posición que está
defendiendo el Gobierno en las reuniones de la Eurozona que tienen como objetivo la estabilidad de la moneda única? (Número de expediente 180/001621.) ... (Página9)


Del diputado don Rafael Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente de Política Territorial y ministro de Política Territorial y Administración Pública: ¿Considera que desde su cargo de
vicepresidente de Política Territorial va a poder dar solución a alguno de los problemas que tienen las administraciones territoriales españolas? (Número de expediente 180/001622.) ... (Página10)


Del diputado don Félix Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para impulsar la diplomacia económica?
(Número de expediente 180/001630.) ... (Página11)



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Del diputado don Juan Antonio Gómez Trinidad, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación: ¿Considera el Gobierno suficiente la actual oferta de plazas para formación profesional? (Número de
expediente 180/001628.) ... (Página12)


De la diputada doña María Teresa Villagrasa Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación: ¿Considera el Ministerio de Educación que la política de repetición de curso, que provoca fuertes contrastes
de opinión, logra su propósito de mejorar, haciendo más equitativas las oportunidades educativas? (Número de expediente 180/001631.) ... (Página14)


De la diputada doña María Nuria Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Va a prorrogar, con la
correspondiente dotación presupuestaria, el Gobierno el Plan Prepara tal y como reivindican los sindicatos? (Número de expediente 180/001629.) ... (Página15)


Del diputado don José Ramón Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuál es la relación entre llevar o no llevar corbata y la eficiencia energética? (Número
de expediente 180/001616.) ... (Página16)


Del diputado don Miguel Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Conforme a qué criterio se ha producido el nombramiento de la ex vicepresidenta del
Gobierno de Castilla-La Mancha como secretaria general de Turespaña, con rango de subdirectora general? (Número de expediente 180/001623.) ... (Página17)


Del diputado don Diego Moreno Castrillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cómo va a gestionar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las ayudas para la adquisición
de vehículos eléctricos? (Número de expediente 180/001632.) ... (Página18)


Del diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Considera la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que
las ayudas concedidas por la Comisión Europea han compensado las pérdidas producidas en el sector hortofrutícola español por la bacteria e-coli? (Número de expediente 180/001627.) ... (Página20)


Del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Asume el ministro del Interior las actuaciones de sus subordinados en el 'Caso Faisán' durante el tiempo que
fue secretario de estado para la Seguridad? (Número de expediente 180/001624.) ... (Página21)


Del diputado don Alfonso Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Considera que los responsables políticos del Ministerio del Interior deben asumir algún tipo de
responsabilidad por el procesamiento del ex director general de la Policía Nacional por un delito de colaboración con organización terrorista? (Número de expediente 180/001625.) .... (Página22)


De la diputada doña Celinda Sánchez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Considera adecuadas las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio del Interior en la causa abierta
contra Marta Domínguez? (Número de expediente 180/001626.) ... (Página23)



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Interpelaciones urgentes ... (Página24)


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador), sobre planes del Ministerio del Interior en orden a garantizar que los representantes de Bildu, presentes en las instituciones forales de Navarra y País Vasco desde las pasadas elecciones,
respeten la legalidad vigente ... (Página24)


Formula la interpelación el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.


Contesta el señor ministro de la Presidencia (Jáuregui Atondo), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Salvador Armendáriz y duplica el señor ministro de la Presidencia.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia ... (Página30)


Formula la interpelación el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Contesta la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Campuzano i Canadés y duplica la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a poner en marcha el nuevo ministro del Interior para que, de una vez por todas, se cumpla el principio de legalidad en su ministerio ... href='#(Página36)'>(Página36)


Formula la interpelación el señor Cosidó Gutiérrez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta el señor ministro del Interior (Camacho Vizcaíno), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Cosidó Gutiérrez y duplica el señor ministro del Interior.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas de reconocimiento de la identidad y lengua catalana ... (Página41)


Formula la interpelación el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Contesta la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez-García Herrera), en nombre del Gobierno.


Duplica el señor Tardà i Coma y duplica la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


Se suspende la sesión a la una de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS:


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DEFENDER, ANTE LAS PRESIONES EXTERNAS, A SECTORES RELEVANTES DE LA
ECONOMÍA GALLEGA, COMO EL SECTOR NAVAL, LA CONSERVA O EL BIODIESEL? (Número de expediente 180/001617.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Francisco Xesús Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, ¿qué medidas va a adoptar para defender a sectores relevantes de la economía gallega como el sector naval, la conserva o el biodiesel?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Señor presidente del Gobierno.



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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Jorquera, el Gobierno está trabajando en apoyo de estos sectores. En concreto, por lo que se refiere al sector naval, le diré que, como su señoría sabe y esta Cámara ha debatido, la Comisión Europea acaba de iniciar un procedimiento a
la fiscalidad española de los astilleros basada en que, según la Comisión, esta es de aplicación selectiva, lo que supuestamente la convertiría en ayuda de Estado -que a nuestro juicio no lo es en ningún caso-, y en que cuando se adoptó por el
Gobierno español, en 2002, se omitió la preceptiva comunicación. Ante esta situación, el Gobierno está defendiendo ante Bruselas que el régimen fiscal español no es selectivo, sino aplicable con carácter general y en consecuencia plenamente legal.
Hay precedentes al respecto y en ellos nos estamos apoyando para que los astilleros puedan continuar su actividad.


Sector conservero. La Unión Europea ha suscrito acuerdos comerciales sobre importación de pescado en conserva que han causado inquietud en los competidores nacionales. Para evitar que esas importaciones lleguen a perjudicar a la industria
española el Gobierno ha negociado una serie de medidas con la Comisión, como el establecimiento de un control riguroso de las importaciones, cláusulas de revisión del acuerdo a los tres años y de salvaguarda si las importaciones dañan nuestra
industria o la condición de que la fórmula no creará un precedente de cara al futuro. En este sentido las cifras de Eurostat muestran que las medidas introducidas por el Gobierno están funcionando, pues del acuerdo no se han derivado incrementos
significativos de las importaciones.


Por último, biodiesel. El Gobierno de España y la Comisión están impulsando la utilización de esta fuente renovable de energía mediante el establecimiento de una fiscalidad singular y próximamente mediante una reforma jurídica que protegerá
a los productores de la Unión Europea, entre ellos por supuesto a los de Galicia.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.


Señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, sabe perfectamente que de cómo se resuelva el procedimiento iniciado por la Comisión Europea en relación con el conocido como tax lease depende simplemente el futuro del sector naval. Por eso le pedimos
firmeza en la defensa de este sector. Desde nuestro punto de vista no se puede apelar a la posible competencia desleal cuando en ningún caso estamos hablando de ayudas públicas y ni mucho menos directas. En la Unión Europea además el impuesto
sobre sociedades no está armonizado; por eso un instrumento que contiene ventajas tributarias en el citado impuesto nunca puede ser considerado desde nuestro punto de vista una distorsión a la competencia. Además se da la circunstancia de que
distintos países europeos practican regímenes fiscales similares. ¿Dónde está por lo tanto la competencia desleal, máxime cuando competidores directos de los astilleros europeos -estoy pensando por ejemplo en Estados Unidos o Corea- sí practican
distintos sistemas de ayuda directa a sus astilleros?


Señor presidente, no se nos puede aplicar siempre el lado estrecho del embudo. Mientras se apela a la existencia de una presunta competencia desleal para disputar la cuota de mercado que tienen nuestros astilleros, Bruselas suscribe un
acuerdo en materia conservera con Papua Nueva Guinea que contiene evidentes agravios para nuestra industria conservera -le recuerdo que es la primera industria conservera de Europa, la tercera del mundo y de ella dependen 12.000 puestos de trabajo-
y Argentina e Indonesia practican la competencia desleal para hacerse con el 60 por ciento del mercado español del biodiesel, amenazando también a un sector productor que en Galicia tiene particular relevancia. Por tanto, le pregunto por qué está
paralizada la orden de asignación de cantidades de producción de biodiesel cuando ya se han superado todos los trámites necesarios para su entrada en vigor -si no nos confundimos, lo único que falta es que usted estampe la firma autorizándola-.
¿Qué ocurre con esta orden y qué posición va a mantener su Gobierno ante la revisión del acuerdo de la Unión Europea con Papua Nueva Guinea a finales de año? Espero su respuesta, señor presidente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Le he referido las actuaciones que estamos llevando a cabo en cada uno de los sectores. Por concretar le diré que en lo que se refiere a los astilleros ya hemos tenido que afrontar esta situación, que afectó a Galicia en el año 2004, para
dar una respuesta a la situación de Izar, y lo hicimos, creo, con notable éxito. Vamos a seguir con la misma estrategia que adoptamos en aquel momento, que es buscar no la confrontación, sino las soluciones que atiendan razonablemente a todos los
intereses en juego. Por cierto, comparto básicamente su análisis. Le he referido lo relativo al biodiesel y al sector conservero y seguiremos por supuesto con... (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO CON EL FIN DE EVITAR O MODERAR LAS



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DEVOLUCIONES DE INGRESOS AL ESTADO, QUE LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN EFECTUAR POR CAUSAS QUE NO LES SON IMPUTABLES? (Número de expediente 180/001618.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Pere Macias para formular la siguiente pregunta al presidente del Gobierno.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, desde el principio de la legislatura los municipios han estado pendientes de una modificación de la Ley de Haciendas Locales que les permitiera disponer de mayores recursos para el ejercicio de sus responsabilidades. La
legislatura está acabando y este compromiso no se ha cumplido, por lo que las finanzas municipales se encuentran en situación complicada. El actual modelo de financiación municipal comporta que un porcentaje significativo de los ingresos de los
municipios proceda de su participación en los ingresos del Estado. Estos ingresos han estado gravemente afectados por los errores de previsión cometidos por el Estado en los ejercicios 2008 y 2009. La consecuencia de estos errores la van a tener
que pagar los nuevos ayuntamientos surgidos de las urnas el pasado mes de mayo. Según la última liquidación correspondiente al ejercicio de 2008, los entes locales deberán retornar como media al Estado el 11 por ciento de lo que han recibido. La
cifra es muy relevante porque se suma a la caída de los ingresos propios de cada ayuntamiento como consecuencia de la menor actividad económica. Soy consciente de que el Estado ha pautado esta devolución en sesenta mensualidades, pero ello no es
suficiente ya que a la devolución del año 2008 se suma la del año 2009, que se prevé negativa. Concretamente, los ayuntamientos deberán devolver una media del 15 por ciento de lo percibido en 2009, con lo cual se conforma una situación
dificilísima. Por ello le formulo la siguiente pregunta: ¿qué actuaciones piensa adoptar el Gobierno con el fin de evitar o moderar las devoluciones de ingresos al Estado que los ayuntamientos deben efectuar por causas que no les son imputables?


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señoría, el Gobierno ha tratado de aminorar la consecuencia de lo que significa el régimen de devolución de los anticipos que los municipios percibieron con cargo a su participación en los ingresos del Estado. Por ello, en las leyes de
Presupuestos Generales del Estado para 2010 y 2011, se incluyó la previsión del aplazamiento de un año de estas devoluciones y el fraccionamiento de su abono en cinco años, es decir en sesenta mensualidades. De este modo el reintegro de las
devoluciones correspondiente a 2008 no se ha iniciado hasta enero de 2011 y será en enero de 2012 cuando se inicien las correspondientes a 2009. Así lo acordamos en su momento con la Federación Española de Municipios y Provincias. Una prueba de
que esta medida ha sido beneficiosa para las entidades locales -dentro de las graves dificultades que sé que tienen- es que mientras que los ingresos tributarios del Estado en los que participan las haciendas territoriales disminuyeron en 2009
respecto de 2008 un 29,2 por ciento, la participación de las entidades locales en los tributos del Estado lo hizo solo en un 1,3 por ciento en términos de caja. Además, señoría, el Gobierno también ha mostrado su preocupación por la situación
financiera de los ayuntamientos incrementando en 2011 las transferencias que reciben por el sistema de financiación en una cuantía de 1.400 millones de euros hasta alcanzar los 13.236 millones de euros, es decir un 12 por ciento más que en 2010.
Esta es, señoría, la posición del Gobierno: atenerse a las normas, lógicamente, y también introducir pautas flexibilizadoras y paliativas que hemos impulsado para facilitar la adaptación de los municipios españoles a la reducción de ingresos
tributarios en estos años de crisis, que ha afectado a todas las administraciones públicas.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Macias, tiene la palabra.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, dado que no hay tiempo ya para reformar la Ley de Haciendas Locales y mejorar la financiación de los ayuntamientos, le pido una moratoria al Gobierno. CiU le pide concretamente que suspenda la reclamación de retorno de las
liquidaciones negativas de los ayuntamientos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 estableciendo un periodo de carencia de otros dos años, hasta que la recuperación económica empiece a dar sus resultados, retomando a partir de aquel momento
la devolución en sesenta mensualidades. Creo que sería una forma eficiente de cumplir la resolución aprobada en el debate de política general, donde se mandataba al Gobierno a mejorar la situación de los ayuntamientos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, le debo comunicar o recordar, porque ya ha sido informado, que en el próximo ejercicio presupuestario los ayuntamientos recibirán 2.000 millones de euros más que en este ejercicio como consecuencia, así es el sistema, de la
favorable evolución de la recaudación en 2010, lo que se consignará para su pago en los Presupuestos



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Generales del Estado para 2012. Por lo tanto tenemos una expectativa más razonable y más favorable para los ayuntamientos, que estoy convencido que va a calmar sus inquietudes.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ SATISFECHO EL GOBIERNO CON SUS MEDIDAS PARA PALIAR LA ACTUAL SEQUÍA DE CRÉDITO A FAMILIAS Y EMPRESAS?
(Número de expediente 180/001619.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Mariano Rajoy para formular su pregunta.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.


Señor presidente, para crear empleo se necesita inversión y para eso entre otras cosas se precisa que haya crédito. Todos sabemos que hoy en España no hay crédito ni para las pequeñas y medianas empresas ni para los autónomos ni para las
familias. El Banco de España precisa etsta estadística. Los últimos datos que conocemos de esa entidad, del mes de mayo, dicen que el crédito a empresas en mayo ha bajado el 2,2 -continúa bajando-; el crédito a familias ha bajado el 1,1 -continúa
bajando-, mientras que la financiación a las administraciones públicas sube el 16 por ciento. Lo que le quiero preguntar es cómo valora usted la eficacia de sus medidas de política económica a estos efectos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, le recordaré los datos brevemente. El volumen de financiación hacia el sector privado se ha reducido ligeramente en tasa interanual en el primer trimestre de 2011, un menos 1,2, en efecto. Esta reducción -conviene desagregar
los datos- se debe a la fuerte caída del crédito destinado a las actividades de construcción, del 13 por ciento, y promoción inmobiliaria, del 3 por ciento. El crédito aumenta un 2,5 por ciento en el resto de los sectores productivos en el primer
trimestre de 2011.


Su señoría conoce muy bien que la restricción del crédito que vivimos es consecuencia del proceso de desendeudamiento ante un exceso en su día de crédito y endeudamiento de la sociedad española en su conjunto. Por ello nos hemos visto
obligados como muchos países a afrontar una reestructuración del sistema financiero por exceso de capacidad que estamos llevando a cabo y que es de gran calado porque supone una consolidación de entidades, que reducen el número, por ejemplo, de
cajas, de 45 a 15; porque se están saneando activos por valor de más de 90.000 millones de euros y porque se está recapitalizando, por valor de más de 50.000 millones de euros, el sistema financiero. Este proceso de reforma es imprescindible
hacerlo, como se ha hecho, con transparencia -acabamos de conocer los resultados de los test de estrés, que son razonables para nuestro sistema-, y la única vía para mejorar el crédito es que nuestras entidades financieras hagan la reestructuración
y sean solventes. Estamos acometiendo la más importante de la historia de la banca española, desde luego en democracia. Va a llevar su tiempo, pero la dirección es la adecuada, sabiendo, como he dicho, que en la sociedad española, por su situación
económica de endeudamiento, vamos a tener seguramente una época de restricción de crédito.


Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente, no voy a discutir las cifras, pero si acaso le recomendaría que leyera la última encuesta que ha hecho el Consejo de Cámaras de Comercio, donde con meridiana claridad las pequeñas y medianas empresas españolas sitúan el
problema de la falta de crédito como uno de los temas que más les importa y que por tanto más importa para la recuperación económica y el empleo. Para que haya empleo se necesita inversión y para que haya inversión se necesitan dos cosas:
confianza y crédito, y en España, señor presidente del Gobierno, no hay confianza y el inversor quiere saber o quiere por lo menos tener una mínima certeza de que su inversión va a generar una cierta rentabilidad. En este momento no hay confianza y
esa es la consecuencia de una política económica que, entre otras cosas, ha generado una espectacular caída del consumo en estos momentos.


Tampoco hay crédito y no lo hay por muchas razones, en primer lugar, porque su política económica hace que las entidades financieras se tengan que financiar a un coste astronómico -en el supuesto de que puedan financiarse-; en segundo
lugar, esto ocurre porque no se ha hecho el saneamiento cuando debería haberse hecho de las entidades financieras: se está haciendo tarde, mal y a rastras; en tercer lugar, porque les está aumentando la morosidad como consecuencia de la
inactividad de la economía; en cuarto lugar, porque ustedes les han obligado a recapitalizarse y por tanto todo ese dinero no lo pueden dedicar al crédito y el nivel de recapitalización es mucho mayor que el del resto de las entidades del mundo;
por último, porque las administraciones públicas absorben el grueso del crédito que hay en España. Hoy los intereses de la deuda son el 20 por ciento de los gastos no financieros del Estado.



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Señor presidente del Gobierno, ustedes no resuelven los problemas, ustedes los perpetúan, complican aún más las cosas y, francamente, con su Gobierno -y usted lo sabe-, no es posible ni generar confianza, ni que vuelva el crédito pronto a
nuestro país y por tanto haya recuperación económica y empleo.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.


Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, usted sabe perfectamente que la reestructuración del sector financiero es condición imprescindible para una normalización del crédito en el contexto de una mejora del crecimiento económico y que esa reestructuración se está
haciendo con seriedad y con el principio de que tengan una capitalización adecuada, que es la única manera para que en el futuro -a medio y largo plazo- no tengan problemas. Además le diré que, conscientes de esa situación, el Instituto de Crédito
Oficial ha desarrollado una intensa actividad contracíclica de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para su financiación. Ha movilizado desde la crisis más de 60.000 millones de euros, es decir, cuatro veces más que en 2004 para... (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿SE SIENTE SATISFECHA
DE SU BALANCE AL FRENTE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/001620.)


El señor PRESIDENTE: Preguntas para la vicepresidenta de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda. Para formular la primera tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, presidente.


Señora vicepresidenta, según el portavoz del Gobierno, prescindir de la Vicepresidencia Primera le ha ahorrado al Estado un millón y medio de euros. Parece mucho para un solo puesto, pero poco comparado con lo que nos cuesta mantenerla a
usted al frente de la Vicepresidencia económica (Protestas.-Una señora diputada: ¡Y a ti!): 213.000 millones más de deuda. Señoría, cogió la prima de riesgo en 80 puntos y ahora considera un alivio cada día que pasa y no llega a los 400. Para
pagar esa deuda la vicepresidenta económica ha subido tres veces el impuesto sobre la renta, ha sumado dos puntos al impuesto sobre el valor añadido y por tres ocasiones ha ascendido los impuestos especiales. Ha subido a los consumidores la luz un
17 por ciento y el butano un 39 por ciento, con una inflación que supera los 3 puntos. No le ha bastado con subir los impuestos. Suyos son también los recortes sociales más duros: a los pensionistas, a los empleados públicos y a las familias. Y
toda esta catarata de sacrificios económicos ha producido resultados ninguno, pero consecuencias nefastas: 130.000 autónomos han tenido que cerrar su negocio, un millón de españoles ha perdido su trabajo y 200.000 familias su vivienda. Con este
balance nadie debería permanecer en su puesto ni un minuto más (La señora Valenciano Martínez-Orozco: ¿Y Camps?) Pero no solo es asunto suyo. El fracaso es un fracaso de todo su Gobierno. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: ¿Le extraña ahora que el país entero considere que tienen que fijar fecha ya para las elecciones? (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz.


Señora vicepresidenta, tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el presidente de su partido, don Mariano Rajoy, pedía hace unos días huir de la demagogia como de la peste, porque solo causaría daño a España. No sé si refería a la presidenta de Castilla-La Mancha, al señor Montoro, al señor
González Pons o a los tres a la vez, o tal vez anticipaba su intervención en el día de hoy. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! -Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Señora Sáenz.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señora Salgado, yo le acabo de relatar sus datos y no son demagógicos,... (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oh!)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: ...son bochornosos, señoría. Su balance es injustificable. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: ... y la continuidad de su Gobierno, insostenible. (Varios señores diputados: ¡Oh!) No ha culminado ni una sola de las reformas, y las que ha empezado se han saldado con un



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sonoro fracaso. Mire, señoría, es incoherente prometer austeridad y acabar con un techo de gasto que sube precisamente el gasto público. ¿Es o no una incompetencia una reforma laboral que ha costado 300.000 parados más y 20.000 contratos
indefinidos menos? ¿Es o no un engaño aprobar un modelo de financiación que sabe que no puede pagar? ¿O subir los impuestos a los españoles no para mejorar los servicios públicos sino para pagar los intereses de la deuda? Señoría, mañana se
aprueba la ley de las pensiones, el último gran recorte social de su Gobierno, el que agota su agenda política y el que agota la legislatura. A partir de mañana los españoles no esperan de ustedes otra cosa que convocar elecciones. Señoría, se lo
voy a decir bien claro: convocar elecciones es la única medida con la que no se va a equivocar este Gobierno.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Sáenz.


Señora vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, ya le anticipo que hasta que la cifra de personas sin empleo no se reduzca de manera significativa este Gobierno no va a estar satisfecho. Pero si usted lo que me pregunta es si creo que hemos hecho lo correcto desde que se inició
la crisis económica, la respuesta es definitivamente sí. Tendrían ustedes que preguntarse si han hecho lo correcto en su tarea de oposición, porque, señoría, el enfoque del Gobierno ha sido siempre un planteamiento activo para ayudar al país a
superar los efectos de la crisis económica y ahora impulsando la recuperación. Seguimos con las reformas, con el cumplimiento de los compromisos, ayudando a cambiar el modelo productivo que ustedes dejaron, reduciendo el déficit, finalizando la
reforma del sector financiero, garantizando la sostenibilidad de las pensiones, ayudando a los emprendedores y a las pymes y autónomos, mejorando el funcionamiento del mercado laboral.


Ya sé que algunos de ustedes preferirían seguir como hasta ahora: flotando estilo muertito, a ver si la marea los lleva a La Moncloa. Si fuera solo así, al menos no estorbarían, pero ahora tienen prisa, mucha prisa, demasiada prisa, por
eso hacen las declaraciones irresponsables que hacen en un momento tan delicado para la zona euro. Se lo decía ayer al portavoz de su partido: afortunadamente no tienen credibilidad, pero eso no les exime de responsabilidad, porque sus
declaraciones, si alguien las creyera, no harían daño al Gobierno, no, harían daño a España. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.


- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL RICARDO MONTORO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN QUE ESTÁ
DEFENDIENDO EL GOBIERNO EN LAS REUNIONES DE LA EUROZONA QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA ESTABILIDAD DE LA MONEDA ÚNICA? (Número de expediente 180/001621.)


El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta. Don Cristóbal Montoro tiene la palabra para formularla. (Rumores.) Un momento. Silencio por favor, silencio. Adelante, señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, España es mucho más que su Gobierno. Eso, a estas alturas de legislatura, lo tendría que haber aprendido de sobra. Afrontamos mañana una cumbre de jefes de Gobierno y de Estado de la zona euro en la que el Gobierno
español va a defender una posición. ¿Quiere explicar su señoría por qué no ha sido capaz el Gobierno de explicar a esta Cámara, y por tanto a toda la sociedad española, qué va a defender mañana, con qué países se va a alinear mañana? Ya, ustedes
gesticulan porque no lo saben, seguro. (Risas.) Este es el problema de este Gobierno, la infiabilidad del Gobierno, señoría. Qué fácil es desmentir rumores frente a realidades y qué fácil es conformar políticas de fiabilidad y confianza cuando se
es capaz de explicar, dentro y fuera de España, el contenido de esas políticas. ¿Puede la señora vicepresidenta explicarnos con toda claridad y sin tanta demagogia qué va a defender mañana? (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, la posición española, como no podía ser de otra manera, es garantizar el cumplimiento del programa asumido por Grecia, aportando toda la ayuda que sea necesaria, pero en forma tal que se evite el contagio a otros Estados miembros.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: O sea, que seguimos sin enterarnos. (Risas.) Señoría, es absolutamente lamentable su posición. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



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El señor MONTORO ROMERO: Su posición es tan a la defensiva que en vez de trasladar a la sociedad española la importancia que tiene la estabilidad del euro, en vez de trasladar a la sociedad española la importancia que tiene que los países
miembros del euro hagamos los deberes en casa en términos de estabilidad presupuestaria y de reformas económicas y la importancia, en definitiva, de la confianza que debemos generar dentro y fuera de España porque somos un país oído, escuchado y
respetado en esas cumbres, con lo que ustedes explican, con lo que no son capaces de explicar realmente, están generando la mayor de esas desconfianzas, y así es como la prima de riesgo país está en posiciones que hacen infinanciable la recuperación
económica, porque quienes están generando falta de confianza son ustedes, que no creen en las reformas económicas y que no creen en la estabilidad presupuestaria para salir de esta crisis. No estamos para paños calientes, señora vicepresidenta, y
realmente un Gobierno que es capaz de ser escuchado y de exigir es un Gobierno que en casa ha hecho los deberes, exactamente lo contrario de lo que ustedes han hecho en esta legislatura, que han situado a España en una situación débil, frágil y, en
definitiva,... (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.


Señora vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Como veo que su señoría no lo ha entendido, se lo voy a explicar con más detalle. Señoría, el problema central reside en Grecia y en la sostenibilidad de su deuda. Por parte de Grecia deberán cumplirse todos los compromisos y por parte de
Europa deberá, en opinión de España, incrementarse al máximo la flexibilidad del mecanismo de estabilidad financiera del que nos hemos dotado en el área euro, por cierto, incluyendo también la compra de bonos en el mercado secundario. Porque,
insisto, la cuestión clave es garantizar la sostenibilidad, y las aproximaciones que se han hecho por parte de algunos países no han sido bien recibidas por los mercados, tienen efectos secundarios indeseados y no son por tanto soluciones óptimas,
entre otras razones porque dificultan la actuación del banco central como proveedor de liquidez al sistema financiero de Grecia. Por eso España no es partidaria de una implicación del sector privado en forma tal que pueda suponer un contagio para
otras economías.


Creemos que hay soluciones aceptables, en ellas estamos trabajando con los países del euro y con las instituciones internacionales, y esperamos que en la reunión del jueves próximo se actúe con determinación, porque hace falta más Europa,
más cooperación, más solidaridad, más responsabilidad, aunque utilizar la palabra responsabilidad con su señoría es una pérdida de tiempo, porque da todos los días muestra de lo contrario, como cuando dice que España es un lastre para el euro o como
cuando, en pleno fin de semana y con las bolsas cerradas, se atreve a poner en cuarentena la validez de los stress test porque dice que no han convencido al mercado. Todo un ejercicio de evidencia y de rigor académico -exactamente a lo que nos
tiene usted acostumbrados-, mientras que, sin embargo, califica de simple percance el procesamiento del señor Camps. Un poquito más de rigor, señor Montoro. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Prolongados aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON RAFEL MERINO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ¿CONSIDERA QUE
DESDE SU CARGO DE VICEPRESIDENTE DE POLÍTICA TERRITORIAL VA A PODER DAR SOLUCIÓN A ALGUNO DE LOS PROBLEMAS QUE TIENEN LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/001622.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor vicepresidente de Política Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Pública. Tiene la palabra don Rafael Merino para formularla. (Rumores.)


Silencio, por favor.


El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, en su anterior cargo de vicepresidente tercero de Política Territorial -el mismo que tiene ahora, pero sin lo de tercero- no hizo ni una sola iniciativa legislativa ni aportó una sola solución a los ayuntamientos y a
las comunidades autónomas; es más, lo agravó porque en esos dos años y medio estaba usted más preocupado por atacar a la oposición para defenderse del mayor caso de corrupción de la historia de España -los ERE- que en buscar soluciones en las
administraciones territoriales, y sus declaraciones de ayer con respecto a la herencia recibida son una frivolidad, una irresponsabilidad y una complicidad con los gobiernos despilfarradores salientes. Por eso le pregunto si cree que en su nuevo
cargo va a aportar alguna solución a las administraciones territoriales. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.


Señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESDIDENTE DEL GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MINISTRO DE



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POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señor presidente, señor Merino, contestando a su pregunta, le diré que la responsabilidad de mi ministerio es mejorar el funcionamiento y la eficacia del Estado autonómico,
también de las corporaciones locales, aportando soluciones como estamos haciendo desde el diálogo, desde la lealtad, desde la cooperación y desde el respeto a la autonomía de cada una de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Señor Chaves, ¿qué lealtad a España? Tanto que habla la señora Salgado de los daños a España, lo que hace daño a España es que cuando entra un gobierno del Partido Popular en ayuntamientos como el de Córdoba -aquí
hay alguna compañera suya que lo conoce bien-, el de Sevilla o el de Jerez lo único que se encuentran son facturas en los cajones sin pagar. Pasa igual que ocurrió en Cataluña cuando entró el Gobierno de CiU, que se encontró un déficit que ustedes
negaban, pero es que ahora en Castilla-La Mancha, ustedes que hablan tanto... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor MERINO LÓPEZ: El daño a España no lo hacen las declaraciones de los miembros del Partido Popular; el daño a España lo hacen los gobiernos irresponsables socialistas que decían que había 700 millones de facturas sin pagar y al
abrir los cajones han aparecido 2.700 millones, o que ustedes, cómplices de ese Gobierno socialista despilfarrador, decían que en Castilla-la Mancha había un déficit del 1,7 por ciento y hay un déficit de más del 5 por ciento. Ustedes están
poniendo en peligro el Estado del bienestar, han llevado a la ruina a las familias, a las pymes y a los autónomos, y usted en su ministerio no ha dado ni una solución a las administraciones públicas; es más, no ha controlado a las administraciones
públicas. Usted y la señora Salgado tenían que haber controlado sus déficits. ¿Y qué han hecho? Respaldar las cifras engañosas que estaban dando los gobiernos socialistas, porque ustedes y el señor Barreda decían que el déficit de Castilla-La
Mancha era del 1,7 por ciento. ¿Y qué hacen ahora? No recibir siquiera a la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha porque no saben qué decirle. Su complicidad y su silencio dañan la imagen de España y ponen en peligro la situación
económica de España. Ustedes son un gobierno en funciones con dejación de funciones, y lo mejor que pueden hacer es irse y convocar elecciones. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESDIDENTE DEL GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señor presidente, señor Merino, le podría dar una lista de iniciativas que hemos hecho en relación
con las corporaciones locales, la línea de crédito de 3.400 millones, los 10.000 millones que se incluyen en el techo de gasto, 2.000 para los municipios, y los 362 para el Fondo Feder, pero usted ha querido llevar su pregunta al tema de los
presuntos déficits ocultos y las facturas. Coloquialmente, hay un dicho que dice que con las cosas de comer no se juega, y en la actual situación de los mercados ustedes están haciendo un ejercicio de frivolidad y de irresponsabilidad. Están
jugando con la economía española, como han hecho a lo largo de estos dos últimos años; es lo que hacen ustedes cuando juegan políticamente presentando presuntos déficits ocultos o presuntas facturas sin pagar.


¿Por qué lo hacen? Porque saben que tienen que hacer recortes en el gasto, que van a hacer recortes en el gasto sanitario, en el gasto social y en el gasto educativo y lo que pretenden es justificar ante la ciudadanía el recorte en el gasto
social educativo y sanitario que tienen que hacer. ¿Cómo? Endosándole la culpa y la responsabilidad al Gobierno de la nación, a otro, no asumiendo las responsabilidades que les corresponden a ustedes. Pero, señor Merino, en un Estado autonómico
la gestión de las competencias es responsabilidad de las comunidades autónomas gobierne quien gobierne. Va siendo hora, señor Merino, de que ustedes abandonen la estrategia del victimismo, que a nada conduce, por favor. Ustedes han ganado las
elecciones en muchas comunidades autónomas; gobiernen, asuman la responsabilidad de gobernar, que para eso les han elegido los ciudadanos. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON FÉLIX LARROSA PIQUÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ PONIENDO EN MARCHA EL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA DIPLOMACIA ECONÓMICA?
(Número de expediente 180/001630.)


El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Tiene la palabra don Félix Larrosa para formular la pregunta.


El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, las tendencias globales han modificado las relaciones económicas internacionales, donde aparecen nuevas oportunidades. Seguramente estaremos de acuerdo si le digo que este siglo ya no se parece en



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nada al siglo que dejamos hace apenas diez años atrás. Por un lado, la globalización y el consecuente aumento de los flujos financieros y comerciales han dado lugar a una mayor participación del sector exterior en las economías domésticas.
Si bien la cooperación y la seguridad continúan siendo los ejes principales de la labor diplomática, la creciente convergencia entre intereses de Estado y los intereses económicos determina la dimensión económica de las relaciones entre Estados, que
ha pasado de ser accesoria a ser una prioridad. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor LARROSA PIQUÉ: Por otro lado, la crisis financiera y económica mundial ha inclinado a los gobiernos a apoyar la internacionalización de las empresas y la apertura de nuevos mercados, y más aún cuando los avances tecnológicos
aceleran los cambios y permiten que nuevos actores entren a jugar un papel relevante en las relaciones económicas entre distintos países. Sin duda la diplomacia económica se debe constituir como un vector añadido a la política exterior tradicional
y orientar su actuación hacia el fomento del empleo de calidad y el apoyo de los sectores tractores, esto es infraestructuras, turismo, empresas de transportes, de telecomunicaciones, de la energía, especialmente las renovables, etcétera. Para ello
es necesario avanzar en complicidades con las personas, así como con las empresas y sus marcas con el fin de ampliar la notoriedad internacional de nuestro país potenciando la imagen de marca de España en el mundo. Hoy se trata pues de poner en
valor las buenas relaciones políticas con el exterior para promover las relaciones económicas y comerciales en el Mediterráneo e Iberoamérica como áreas naturales para nuestro Gobierno, para nuestra economía, pero dedicando una atención preferente a
otras economías emergentes de la cuenca del Pacífico, de Asia central o del golfo Pérsico.


Por ello, señora ministra, nos gustaría que pudiera explicarnos qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para impulsar la diplomacia económica. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larrosa.


Señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para impulsar y fortalecer la internacionalización de la economía española es amplio, es extenso y es además intenso. Sin duda en este contexto la diplomacia económica a la que su señoría
hace referencia es una apuesta fundamental del Gobierno. Como ha señalado, se trata de aprovechar la oportunidad de poner en valor las excelentes relaciones políticas que España mantiene con países estratégicos del área del Mediterráneo, en América
Latina y en los países asiáticos para promover el crecimiento económico y la creación de empleo en nuestro país. ¿Cuáles son las medidas que hemos puesto en marcha? En primer lugar, hemos reforzado la vertiente económica y comercial en todos y
cada uno de los viajes o visitas que he tenido oportunidad de realizar con el fin de impulsar las relaciones económicas y comerciales, las relaciones en este ámbito. Para ello he mantenido siempre encuentros con representantes de empresas españolas
en todos los países que he visitado para apoyar su expansión internacional, pero también para acompañarles cuando han tenido que resolver contenciosos precisamente gracias a esa buena relación, capacidad de interlocución política, que en suma es lo
que hace útil y eficaz nuestra intervención. En segundo lugar, hemos dado un nuevo impulso a la labor que desarrollan las siete fundaciones-consejo que España tiene constituidas con Australia, China, Estados Unidos, India, Japón, México y Rusia, y
estamos trabajando también en la constitución de un nuevo consejo con Brasil. Y además con otras iniciativas de la sociedad civil que tienen también por objetivo impulsar la cooperación comercial, empresarial, pero además la científica y cultural.
Tenemos un ejemplo de ello muy reciente en la celebración del VI Foro España-China, que tuvo lugar en Barcelona hace apenas dos semanas, o en Oviedo, donde tuvo lugar el XXVI Foro España-Estados Unidos, que centramos en ámbitos y sectores
estratégicos para España como son las energías renovables, la innovación y las oportunidades de negocio entre ambos países. En tercer lugar, señoría, quiero subrayar que todo este esfuerzo se está haciendo en estrecha coordinación con otros
ministerios, fundamentalmente con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Ciencia e Innovación... (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. Lo lamento.


- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GÓMEZ TRINIDAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO SUFICIENTE LA ACTUAL OFERTA DE PLAZAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL? (Número de
expediente 180/001628.)


El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Educación. Para formular la primera tiene la palabra don Juan Antonio Gómez Trinidad.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, no solo las cifras de fracaso escolar son preocupantes sino también las del paro juvenil, que



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alcanza ya un 45 por ciento, el doble de la tasa europea. Por ello le pregunto si se está haciendo todo lo posible para solucionar este problema y, en concreto, si considera suficiente la actual oferta de plazas de formación profesional.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Trinidad.


Señor ministro de Educación.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Señor presidente, señoría, desde el curso 2004-2005 se ha producido en España un incremento del 29,9 por ciento de alumnos de formación profesional. Esto nos obliga a adoptar una serie de
medidas, pero considero que la oferta no es aún suficiente. Si la pregunta es si es suficiente, a mi juicio no, y sobre todo ha de mejorarse su distribución. Por eso, trabajamos con las comunidades autónomas para que se amplíe y organice mejor la
oferta y se destinen más recursos, tal y como se está haciendo desde el Gobierno central.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Gómez Trinidad.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Señor ministro, coincidirá conmigo en que estamos ante un grave problema de Estado. Durante dos legislaturas ustedes no previeron la crisis, no la reconocieron y, lo que es más grave, no saben poner remedio, como
tampoco en el tema que nos ocupa de formación profesional. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Lo grave es que, además, se encontraron con una hoja de ruta que ya estaba establecida, con la Ley de Cualificaciones
y Formación Profesional consensuada con todos los agentes sociales y con todas las fuerzas políticas. Ahí tenían ustedes un plan de acción en todos los aspectos: mapa de cualificaciones, reconocimiento de la experiencia laboral, etcétera. Ustedes
se pasaron seis años sesteando y dos intentando cumplir deprisa la hoja de ruta precipitada que se impusieron en 2008. Es cierto que se ha incrementado la demanda de formación profesional, entre otras cosas debido a la crisis, pero también es
cierto que estamos muy lejos de los 200.000 jóvenes que ustedes se propusieron. Esto lastra al mercado laboral de tal modo que, en el improbable caso de que hubiera empleo, muchos de nuestros jóvenes no podrían acceder a él por falta de
cualificación. Le voy a señalar, a título de ejemplo, algunas de las muchas tareas que tiene usted pendientes, con el fin de que no mueran de gozo en esto que usted mismo ha llamado el año de la formación profesional. No han completado el mapa de
las cualificaciones nueve años después, ni el de títulos ni el de certificado de profesionalidad. Tampoco han desarrollado el marco español de las cualificaciones, tanto es así que la Comisión Europea hace escasos días les acaba de reconvenir y les
ha dicho que tienen que aplicar las reformas de formación profesional, ya que consideran que son incapaces de cumplirlas. En segundo lugar, no han hecho nada significativo que potencie la relación entre la formación profesional y la empresa. Una
formación profesional de espaldas a la empresa es una formación profesional que no sirve para el empleo. Hay que darles estímulos e incentivos a las empresas para que colaboren. En tercer lugar, no han coordinado de modo estructural la relación
entre formación profesional y universidad, y la relación no puede ser solo de reconocimiento de créditos. En cuarto lugar, no han aportado nada efectivo para la integración de los distintos sistemas formativos. En quinto lugar, no han coordinado
los ministerios de Trabajo y Educación. Por tanto, señor ministro -acabo-, ustedes han llegado tarde y no pueden estar satisfechos. Tienen muy poco tiempo y muchísimas tareas pendientes.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gómez Trinidad.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Gracias, señora presidenta.


Si tenemos en cuenta que esto no es una comparecencia sino una pregunta y que las preguntas requieren dos minutos y medio, he comparecido hace pocos días y ha tenido usted oportunidad de hacer este discurso. No comento los lemas que va
dejando ni las consignas ni las indicaciones ni las tareas ni el mundo por venir, sino que le voy a responder a la pregunta que me ha hecho, que me parece que es lo que se pide aquí. El número de plazas las ofrecen las comunidades autónomas, que
son las que tienen esta competencia. Busca criterios, la inserción laboral, los sectores productivos del entorno, el número de empresas disponibles para la realización del módulo de formación de centros, la prospectiva de la familia profesional, y
lo que tenemos que hacer es coordinar toda esta oferta. Nosotros hemos tomado medidas muy estructurales y programas muy específicos -por cierto, todas las titulaciones y las cualificaciones están ya apunto de culminarse-. El Ministerio de
Educación también trabaja en el mapa de la FP, que daremos a conocer a finales de julio, que reflejará la actual oferta de cada una de las comunidades autónomas en cada una de las familias profesionales, vinculándola con datos de los sectores
productivos y del mercado laboral. Trabajamos con esta información, con la elaborada por el Centro Europeo para el Desarrollo de la FP y con las necesidades de titulaciones para el año 2020, en virtud de las cualificaciones y de los sectores
productivos, así que podremos hacer mejor la oferta con un mapa para los próximos cinco años, ajustándola a las demandas de los sectores productivos y a las necesidades de formación de los ciudadanos. Me preguntaba si era suficiente la oferta, yo
le decía que no es suficiente, pero además me parece que no está bien distribuida; es en lo que estamos



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trabajando. En todas las demás medidas -de las que di cuenta en la comparecencia y a la que me remito- lo hacemos con respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Así lograremos que la extraordinaria demanda encuentre una
respuesta adecuada. Pero no convirtamos la buena noticia de la FP en una mala; seamos justos también con nuestras palabras. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA VILLAGRASA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN: ¿CONSIDERA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE LA POLÍTICA DE REPETICIÓN DE CURSO, QUE PROVOCA FUERTES
CONTRASTES DE OPINIÓN, LOGRA SU PROPÓSITO DE MEJORAR, HACIENDO MÁS EQUITATIVAS LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS? (Número de expediente 180/001631.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Villagrasa Pérez.


La señora VILLAGRASA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, según el último informe PISA conocido en los países de la OCDE un 13 por ciento de los alumnos de 15 años han repetido curso al menos una vez: un 7 por ciento lo hizo en primaria y un 6 por ciento en secundaria. Sin
embargo, el número de alumnos repetidores varía mucho entre unos países y otros. En países como Finlandia, Islandia, Eslovenia, Reino Unido y Croacia más del 97 por ciento de sus estudiantes no han repetido nunca y en Japón, Corea y Noruega la
repetición no existe; cifras que contrastan con el más del 25 por ciento de repetidores de Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. En dicho informe se llega a las siguientes conclusiones: la repetición implica grandes
costes, incluyendo el coste de proporcionar un año adicional de educación a un estudiante y el coste para la sociedad en el retraso de al menos un año en su incorporación al mercado laboral. En Bélgica, los Países Bajos y España el coste equivale
al 10 por ciento del gasto nacional anual en enseñanza primaria y secundaria, calculando el coste por alumno en 7.700 euros. En países donde más alumnos repiten curso el rendimiento general tiende a ser menor y los estudiantes con entornos
sociales, económicos y culturales menos favorecidos sufren un mayor impacto en sus resultados, efecto que se repite en los países en los que se traslada a otras escuelas a los estudiantes con mayores dificultades.


Todo ello implica que los sistemas escolares se enfrentan a los retos de la diversa población estudiantil de diferentes maneras. Algunos países tienen sistemas escolares no selectivos e integrales que buscan proporcionar a todos los
estudiantes las mismas oportunidades, dejando a las escuelas sin maestros que atiendan las necesidades particulares de cada estudiante. Otros países tienden a agrupar los estudiantes según su rendimiento académico o valorando sus intereses y
comportamiento, tendiendo a que los alumnos con bajo rendimiento, con dificultades o problemáticos, repitan curso o sean llevados a otros centros escolares. Partiendo de que nuestro país un 35 por ciento de los alumnos es repetidor, convendría
analizar sus consecuencias y estudiar el resultado que dichas repeticiones comportan. Por ello, le pregunto: ¿Considera el Ministerio de Educación... (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Villagrasa.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Gracias, señora presidenta.


Señoría, la política de repetición de recurso es cara social, académica y económicamente; por tanto, no nos satisface. Informes recientes como el mencionado PISA Infocus número 6, que ha estudiado la repercusión que tiene en el alumnado y
en el sistema educativo la repetición de curso subraya que no es una adecuada solución. Es también significativo observar, a la luz del último diagnóstico la evaluación general que hemos realizado, cómo afecta la repetición en términos de
rendimiento académico. Alumnos que han repetido un año tienen entre 56 puntos en competencia matemática y 73 puntos en competencia lingüística menos que los que no han repetido. Si los alumnos han repetido dos años, esas diferencias llegan hasta
99 puntos en la competencia lingüística. Señorías, los países en que los estudiantes repiten curso con más frecuencia además de ser muy costosos económicamente obtienen generalmente menor rendimiento en PISA, y sus estudiantes con entornos
sociales, económicos y culturales menos favorecidos sufren un mayor impacto en los resultados. Para nuestro sistema educativo, que es de los más equitativos de la OCDE, y para los estudiantes con entornos menos favorecidos es especialmente una mala
solución, y se agrava aún más si, como hacen algunos y otros proponen hacer, se separa a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Pero también es preocupante el coste económico de la repetición. Según este informe, en España, que sigue un
modelo francés con Luxemburgo, Bélgica, Brasil, frente a un modelo anglosajón que no sigue este sistema, la repetición de cursos de primaria y secundaria se sitúa alrededor del 35 por ciento. Es un coste económico que supone el 10 por ciento del
presupuesto anual. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Hay países, como se ha dicho, que tienen excelentes resultados académicos y no tienen políticas educativas de repetición: Noruega, Japón o Corea. Por ese motivo, el ministerio trabaja para mejorar esto con programas de ayuda, de refuerzo,
de orientación y de apoyo. Tenemos que incidir más en la detección rápida de los estudiantes



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con más riesgo. Tenemos que impulsar y apoyar la tutorización y no debilitarla y no eliminarla, y tenemos que seguir y atender singularizadamente con un sistema de apoyo y de refuerzo para potenciar las capacidades a los que tienen más
necesidades. Este es el camino y no el de la repetición tan numerosa, y no el de eliminar tutorías, y no el de no atender singularmente a los estudiantes.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA NURIA BUENAVENTURA PUIG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿VA A PRORROGAR, CON LA
CORRESPONDIENTE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA, EL GOBIERNO EL PLAN PREPARA TAL Y COMO REIVINDICAN LOS SINDICATOS? (Número de expediente 180/001629.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Trabajo e Inmigración. Tiene la palabra doña Nuria Buenaventura para formularla.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.


Señor ministro, quisiéramos saber si el Gobierno va a prorrogar, con la correspondiente dotación presupuestaria, el Plan prepara tal y como reivindican los sindicatos y además también necesitan los miles de parados que pueden quedarse sin
ningún tipo de prestación. En los últimos tiempos, después de la derogación del Prodi, han bajado 10 puntos las prestaciones a personas en paro, por tanto, le pedimos que nos diga si piensa, como decía al principio, prorrogar el Plan prepara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señor presidente.


Señoría, en la lucha contra el paro el Gobierno va a continuar haciendo las reformas necesarias, reformas para crecer y para crear empleo, y seguirá reforzando las políticas activas para que aumenten las oportunidades de los desempleados.
Esto, sin descuidar su protección, una protección que, como usted bien sabe, alcanza ya a un alto porcentaje de desempleados, pero además le diré que el Gobierno es plenamente consciente del alcance de las resoluciones aprobadas en el reciente
debate sobre el estado de la Nación. Este es el compromiso del Gobierno, un compromiso adoptado votando también por parte del Grupo Parlamentario Socialista una resolución, la primera de todas ellas, en el marco del último debate sobre el estado de
la Nación.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.


Por tanto, señor ministro, entendemos que sí están trabajando y que tienen la voluntad de prorrogar el Plan prepara; así lo entendemos y nos alegramos de ello, ya que en los últimos tiempos sus reformas, en concreto su reforma laboral, no
han conseguido los objetivos que pretendían, como el de crear empleo. En el último año nos hemos encontrado con más parados, ya llegamos casi a 5 millones de parados, y lo más grave es que muchos de ellos se están quedando sin esta prestación
social pero, por lo que usted dice, existe el compromiso de que como mínimo el Plan prepara continúe. Nosotros entendemos que además de estas urgencias vitales para que no haya cada vez más diferencias dentro de la población española y que los
jóvenes puedan tener un futuro, lo más importante es crear empleo, y para generar empleo se necesita inversión pública y esta inversión pública solo puede venir dada por un cambio en la fiscalidad, cuestión que hemos estado reivindicando durante
toda la legislatura. Un cambio de rumbo en las políticas económicas, un cambio de modelo productivo y una nueva fiscalidad que luche contra la posible pobreza y contra la que ya hay en la sociedad española. También quiero decirle, señor ministro,
que últimamente coincidimos en algunas cosas con usted, que también hemos ido reivindicando. Igualmente consideramos obsceno que algunos directivos tengan los sueldos que tienen y desde hace tiempo reclamamos algún tipo de impuesto que nos ayude a
variar la fiscalidad y a tener recursos para hacer frente a las necesidades sociales que tenemos en estos momentos. No pedimos elecciones anticipadas, pedimos que se pueda acabar la legislatura siempre y cuando corrijan sus políticas económicas,
una economía...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señor presidente.


Señoría, déjeme que le haga alguna acotación respecto de la protección por desempleo. La primera, nuestra tasa de cobertura está en el 70 por ciento en este momento, pero no incluye a los perceptores, a los beneficiarios del Plan prepara.
Con ellos la tasa de cobertura sería ostensiblemente más alta que el 70 por ciento que refleja



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nuestra estadística. El valor del Plan prepara está precisamente en que combina ayuda de rentas con formación. No está funcionando mal, aproximadamente 105.000 beneficiarios perceptores de estas ayudas y participantes en los programas
existían a 30 de junio de 2011. En esto debemos elevar el nivel efectivo de protección. Sin embargo, aprovechando su pregunta le daré dos datos importantes y poco conocidos. En primer lugar, que en términos medios los desempleados españoles no
consumen más que la mitad de su derecho. En ocasiones, en demasiadas ocasiones, oímos denostar a los perceptores de prestaciones, pero solo la mitad consumen todo el derecho acumulado a lo largo de su vida laboral antes de quedar en el desempleo, y
la mayoría de las bajas en el sistema de prestación, más del 50 por ciento, lo son por colocación. Cada mes se dan de baja en el sistema de protección más de 350.000 personas. Este es un dato importante para valorar en su medida cómo funciona
nuestro sistema de protección por desempleo. Por eso, lo mejor no es elevar la duración de las prestaciones. Si queremos tener siempre en cuenta a los desempleados lo mejor es impulsar su cualificación, y estoy seguro de que usted coincide conmigo
en que esta es la mejor forma de proteger hoy, en la sociedad del siglo XXI, a los desempleados.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN BELOKI GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LLEVAR O NO LLEVAR CORBATA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA? (Número
de expediente 180/001616.)


El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. Para formular la primera tiene la palabra don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, le formulo esta pregunta inducido por sus palabras, enfáticamente pronunciadas aquí en el Pleno del Congreso el pasado miércoles, rodeado de diputados e incluso miembros de su Gobierno a cada cual más encorbatado, y dijo
usted: no llevo corbata por la eficiencia energética de nuestro país. Ahí es nada. Le pregunto por la relación entre llevar o no llevar corbata y la susodicha eficiencia energética, no sea que de sus palabras alguien infiera, con énfasis
asimismo, que los que llevamos corbata seamos contrarios a la eficiencia energética. De ahí la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, la idea de quitarse la corbata no es una idea de este ministro, sino de un Gobierno conservador, el de Japón, en el año 2005, que decidió elevar la temperatura del aire acondicionado para ahorrar en un país que consume mucho
energéticamente. Hace poco tiempo Japón ha endurecido la medida como consecuencia de la crisis energética producida por el accidente de Fukushima, y hace una semana el Gobierno conservador de Portugal también se ha sumado a esta medida limitando la
temperatura en los edificios públicos y permitiendo a los trabajadores ir sin corbata. ¿Por qué se hace todo esto? Se hace porque por cada grado que elevamos la temperatura o reducimos el aire acondicionado se ahorra un 7 por ciento. Sé que es un
pequeño gesto, pero millones de pequeños gestos consiguen grandes ahorros, y España necesita grandes ahorros. Porque su señoría debe saber que pagamos 50.000 millones de euros al año en importaciones energéticas, es decir, más de todo lo que
ingresamos por turismo. Por eso el Gobierno aprobó un decreto por el cual se limita la temperatura en verano a un mínimo de 26 grados. Además tenemos que hacer un efecto ejemplarizante. Nosotros somos el ministerio de las empresas, queremos que
las empresas sigan este ejemplo, que permitan a sus trabajadores directivos ir sin corbata en verano y así ahorrar energía. Nos han seguido algunas empresas del IBEX, pero aunque no nos siguiera ninguna seguiríamos haciéndolo. ¿Y sabe por qué?
Porque en nuestro ministerio, en nuestro edificio, gracias al gesto de la corbata y al gesto de las bombillas, hemos ahorrado 250.000 euros al año, es decir, le salimos gratis al contribuyente tanto el ministro como varios altos cargos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor ministro.


El verano en Japón empieza en junio y dicen que a partir del mes de julio el calor y la humedad resultan insoportables y la mayoría de los japoneses disfrutan bañándose en el mar y relajándose en los balnearios de las zonas rurales, todo
menos viniendo a un hemiciclo, para empezar, señor ministro. En cualquier caso, vaya por delante su derecho a vestir como le parezca, con o sin corbata, no es el único sin corbata entre las autoridades. Por ejemplo, en el País Vasco últimamente



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han proliferado los sin corbata, no por razones energéticas, por cierto. Nada está escrito en este campo de la vestimenta sobre gustos y los hay variados en el mundo, ¡vaya si los hay! Además de gustos, hay usos y costumbres, de mayor o
menor arraigo y alcance, e incluso suele haber obligaciones. Por ejemplo, si usted además de sin corbata intentara venir al hemiciclo sin chaqueta, en camiseta, en shorts y con chancletas, no le sería permitida la entrada, aunque dijera que es por
eficiencia energética. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quiere no llevar corbata está en su perfecto derecho, pero tiene que ir acompañado de una auténtica política de eficiencia energética. Estaría bien que convenciera a los ministros que
tiene al lado, para empezar, y luego a los diputados -estaría bien que lo hiciera si es realmente una política que este Gobierno quiere desarrollar- y también a los ejecutivos de empresa, de los que le veo rodeado, y no sé si alguien le ha
convencido de que tiene que quitarse la corbata. Sin la implementación de esas políticas, señor ministro, llevar o no corbata es casi una anécdota. Va por gustos y, en su caso, no sé si de pasar un poquito más de calor. Y punto pelota, nada más.


En todo caso, señor ministro, buen verano sin corbata, sin chaqueta, con chancletas, en shorts o como le parezca.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el primer ministro de Japón no lleva corbata en el Parlamento, no solamente en la playa, sino tampoco en el Parlamento. Permítame una reflexión y una sugerencia. La reflexión es a quién le molesta esto de la corbata, más allá de
las eléctricas. ¿Por qué es decoroso hacer pagar a los contribuyentes un dinero que no les sobra y a España aumentar una deuda que sí le sobra? ¿Qué tiene de civilizado pasar frío cuando fuera hace calor o pasar calor cuando fuera hace frío?
Señoría, la sugerencia. Usted pertenece a la Mesa. Por favor, ayude a velar por el cumplimiento de esa normativa que limita la temperatura, pero no solamente en el día de hoy -que sé que se está cumpliendo-, sino todos los días.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Aun cuando no es común, he consultado a los vicepresidentes y están de acuerdo en que les añada una información suplementaria. La temperatura en el hemiciclo varía dependiendo del lugar que se ocupa. Según los termómetros que nos ha
regalado el ministerio, aquí estamos concretamente a 27 grados y medio, pero el señor Campos -diputado que ha tenido la cortesía de enviarme información-, con el ingenio electrónico de la misma naturaleza, está a 28,8 grados. Por tanto, la
temperatura en la casa es más difícil de regular que con una simple orden de la Presidencia. No entro en las cuestiones más de fondo, simplemente quiero decirles que es probable, señor ministro, que el primer ministro japonés vaya sin corbata al
Parlamento, todos lo hemos visto, no sé si ante el emperador de Japón irá también sin corbata. En cualquier caso, agradezco a los que vienen con corbata a la Cámara porque así me ayudan a poder mantener la disciplina de uniformidad con los ujieres,
que están con chaqueta y corbata obligadamente y si alguno no lo estuviera tendría la obligación de sancionarlo. A veces hay que dar ejemplo a aquellos a quienes tenemos que mandar.


Muchas gracias. (Rumores.)


- DEL DIPUTADO DON MIGUEL BARRACHINA ROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ¿CONFORME A QUÉ
CRITERIO SE HA PRODUCIDO EL NOMBRAMIENTO DE LA EX VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA COMO SECRETARIA GENERAL DE TURESPAÑA, CON RANGO DE SUBDIRECTORA GENERAL? (Número de expediente 180/001623.)


El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta de don Miguel Barrachina Ros.


Tiene la palabra.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señor presidente.


Estos ajustes internos sobre la vestimenta podían despacharlos internamente y nos evitarían perder minutos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)


Le pregunto al señor ministro, por lo que recientemente la Asociación profesional de administradores civiles del Estado ha calificado de chapuza, de mercadeo inconfesable... (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.


El señor BARRACHINA ROS: ... el nombramiento de la exconsejera de Hacienda de Castilla-La Mancha como secretaria general de Turespaña por ser contrario a la independencia y a la profesionalidad indispensable para la promoción externa de
nuestro país.



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Señor ministro, esta designación es un premio a la peor gestión autonómica, con 2.606 millones en facturas impagadas sin presupuesto. Récord nacional. El Gobierno del que usted forma parte, tras las pasadas elecciones, ha acelerado las
designaciones de candidatos autonómicos y municipales derrotados legítimamente en las elecciones, convirtiendo al Estado en una agencia de colocación socialista. Por eso le pregunto, señor ministro, ¿conforme a qué criterio ha designado usted como
secretaria general de Turespaña a la exvicepresidenta del Gobierno castellanomanchego? (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Barrachina.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señora presidenta.


Quisiera matizarle que este no es un nombramiento del Gobierno -repito, no es un nombramiento del Gobierno-, ni siquiera es un nombramiento del ministro, lo hace autónomamente el área correspondiente, en este caso Turespaña, y lo hace con el
criterio que siempre utilizan esa y todas las áreas del Gobierno. Es el criterio del mérito y de la capacidad, y creemos que ambos criterios se cumplen en este caso.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Este grupo está acostumbrado a que su Gobierno se desentienda de la actividad de otros compañeros ministros, pero desentenderse, como usted ha hecho en este instante, de su propio departamento y de sus propios
nombramientos es algo que no habíamos alcanzado. (El señor Cuesta Martínez pronuncia palabras que no se perciben.) Turespaña es nuestra ventana al exterior, señor ministro, y hasta ahora la cualificación técnico-turística de los administradores
civiles era nuestra garantía. Usted, en ese mercadeo político, como lo denominan los propios administradores civiles del Estado, ha hecho descender a España un peldaño más en su profesionalidad. Vivimos en la administración española más politizada
de los últimos treinta años. (Un señor diputado: ¡Hala!) Este nombramiento sectario es uno más. La asociación de diplomáticos ha denunciado recientemente la proliferación de embajadores políticos. Y ya están todos -la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, la del Mercado de Valores, la de Defensa de la Competencia, el Banco de España, la Agencia Nacional de Protección de Datos-, absolutamente todos, copados por militantes socialistas (El señor Cuesta Martínez: ¡Anda!-Rumores) Esa
es su forma de entender la administración...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Barrachina.


Señor Cuesta, todos nos hemos enterado de que está molesto. Como ya nos hemos enterado todos, por favor, silencio.


Señor Barrachina, continúe.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.


Esa es su forma de entender la administración española... (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías.


El señor BARRACHINA ROS: ... un proceso incesante de ocupación política de todos sus extremos. Por eso nos va así. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Barrachina.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señora presidenta.


Señoría, es bastante comprensible que usted opine de esta forma viniendo de dónde viene, pero le quiero recordar que aquí estamos hablando de cargos de la Administración del Estado y que aquí nos comportamos de forma diferente a cómo se
comporta la Generalitat Valenciana. (Un señor diputado: ¡Ahí, ahí!) Turespaña ha sido escrupulosamente respetuosa con la normativa. Ha tratado de encontrar el perfil más adecuado para un puesto que se quedaba vacante, no se ha cesado a nadie para
proceder a este nombramiento porque ha habido un traslado voluntario de la anterior titular de la Secretaría General de Turespaña a la Consejería de Turismo en Roma. El puesto de la Secretaría General de Turespaña exige, además de ser funcionario
en adscripción provisional, conocimientos de gestión económica y administrativa y conocimiento del sector turístico. Creemos firmemente y avalamos que doña María Luisa Araújo cumple con estos requisitos. Ha sido consejera de una comunidad autónoma
durante once años; durante siete años ha estado desarrollando una brillante actividad profesional en la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y además, en materia turística, ha sido la responsable de esta materia en
Castilla-La Mancha y ha impulsado el Plan estratégico de turismo 2010-2015, que, por cierto, fue apoyado unánimemente en el Parlamento regional, incluido su partido, y además ha establecido una gran relación de colaboración con Turespaña,
participando en la conferencia sectorial en el Consejo Español de Turismo. Estoy plenamente convencido de que va a hacer una magnífica labor dentro de Turespaña.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON DIEGO MORENO CASTRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO



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SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CÓMO VA A GESTIONAR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO LAS AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS? (Número de expediente 180/001632.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Moreno Castrillo.


El señor MORENO CASTRILLO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, particularmente en un momento tan difícil como el que actualmente estamos viviendo, mantener y reforzar el carácter innovador y sostenible de nuestra política energética e industrial, además de un síntoma de coherencia, es
sin lugar a dudas una señal clara y evidente de la determinación con la que el Gobierno está afrontando el cambio de modelo productivo, un cambio de modelo que pasa indiscutiblemente por la puesta en marcha de iniciativas que fomenten tanto el uso
como la producción industrial del vehículo eléctrico. Estas iniciativas, desde que usted dirige el Ministerio de Industria, se vienen impulsando de manera decidida y son estandarte y vanguardia de los principales valores que queremos establecer y
preservar como fundamentos del futuro de nuestra economía. Porque, tal y como usted mismo ha explicado en multitud de ocasiones, el vehículo eléctrico sintetiza algunos de los valores que los socialistas queremos que sean atributos reconocibles de
nuestro modelo económico; es decir, menos dependencia energética, más energías renovables, más respeto medioambiental, más tecnologías de la información y de la comunicación y más actividad industrial. Por cierto, esa mayor actividad industrial ya
está dando frutos en comunidades autónomas como la mía, Castilla y León, donde la fabricación de uno de los modelos eléctricos, por supuesto con el apoyo de su ministerio, ha permitido el mantenimiento de muchos puestos de trabajo. En definitiva,
todo esto es el vehículo eléctrico y por todo eso, como usted bien sabe, pasa, entre otras cosas, el futuro de nuestra economía.


Esa es la razón sin ninguna duda por la que ha puesto en marcha una estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en el horizonte de 2014, estrategia cuyas previsiones espero que sean superadas y sean más de 250.000 los
prototipos circulando por nuestras carreteras. Esa es la razón por la que para ejecutar esa estrategia a corto plazo ha puesto en marcha un plan de acción en el que incluye medidas de oferta y de demanda y esa es la razón por la que, con cargo a
unos presupuestos tan restrictivos como los de este año, se ha destinado una importante cantidad de recursos para financiar ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos. Precisamente por la buena gestión de estas ayudas, que son garantía de su
eficacia, es por lo que le pregunto, señor ministro: ¿Cómo va a gestionar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos?


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moreno.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


En el marco de nuestra estrategia a largo plazo, que su señoría ha mencionado y que se inserta en la estrategia europea que impulsamos durante la Presidencia, tenemos un Plan de acción hasta 2012 integrado por quince medidas que cuentan con
ayudas por un montante global de 590 millones de euros. Nuestro objetivo es conseguir que a finales del año que viene, 2012, se hayan matriculado en España 70.000 vehículos eléctricos puros o híbridos enchufables. Para alcanzar esta cifra, una de
las medidas más importantes son los 72 millones de euros que este año 2011 se destinan a la concesión de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos. En concreto, a principios del pasado mayo, aprobamos un real decreto por el que se
regulan estas ayudas, se establecen subvenciones de hasta un 25 por ciento del precio de venta antes de impuestos para turismos, furgonetas pequeñas, motocicletas y cuadriciclos con un máximo de 6.000 euros; un importe máximo que se eleva hasta los
15.000 euros en el caso de furgonetas y microbuses y hasta los 30.000 euros en el caso de autobuses y autocares. Adicionalmente, y dado que en esta primera fase los principales destinatarios de estos vehículos van a ser las flotas, cuando el mismo
beneficiario adquiera más de un vehículo de la misma categoría, se va a incrementar la ayuda individual correspondiente a cada vehículo hasta un 25 por ciento, por lo tanto, una flota de veinte vehículos, por ejemplo, tendrá una subvención del 32
por ciento para los últimos diez vehículos adquiridos.


Para gestionar estas ayudas, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, hemos suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil, Fitsa, y en virtud de este
convenio se ha puesto en marcha una plataforma electrónica denominada Sitve para gestionar de forma rápida y eficaz el pago de las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos. Se trata de una plataforma electrónica totalmente automatizada,
segura, que evita todo el papeleo; y además a través de la misma tanto el beneficiario final como el agente de ventas van a estar totalmente informados de los trámites de ayuda. Una guía para los agentes de ventas, preguntas frecuentes



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y otros documentos se encuentran en la página web www.sitve.es. Las solicitudes de ayudas se gestionan a través de estos agentes de ventas y los concesionarios adheridos al plan. Señoría, con todo esto seguimos facilitando... (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro. Ha acabado su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿CONSIDERA LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO QUE
LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN EUROPEA HAN COMPENSADO LAS PÉRDIDAS PRODUCIDAS EN EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL POR LA BACTERIA E-COLI? (Número de expediente 180/001627.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que formula el diputado señor Llorens Torres.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora presidenta.


Doy por formulada la pregunta en los términos planteados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llorens.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señora presidenta.


Señoría, es increíble pero cierto. Me pide que valore unas ayudas que todavía no se han concedido porque aún la Comisión Europea está trabajando, ya que el día 18 acabó el plazo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señor Llorens.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Popular hace un mes presentó en esta Cámara una iniciativa aprobada por unanimidad para respaldar al Gobierno en la obtención de las ayudas de la CE para compensar las pérdidas producidas por la crisis del pepino. Pedíamos que se
ampliara a la totalidad de la producción hortofrutícola afectada el listado de los cinco productos inicialmente aprobados para compensar por la Comisión Europea y que se compensara al sector por la totalidad de los daños producidos en una crisis de
la que ha sido totalmente ajena. Hasta ahora, señora ministra, solo funciona el reglamento para indemnizar las pérdidas de producción por retiradas. La campaña de promoción, por lo que sabemos, tiene un soporte ridículo de 15 millones de euros
para toda Europa y por tres años, y además tiene que ser cofinanciada en parte por los productores. Y no disponemos de ninguna medida para compensar el daño por las pérdidas de mercado debidas a la reducción de ventas y precios. Ya están, señora
ministra, las cámaras de Lleida, de Zaragoza o de Murcia repletas de melocotones y nectarinas que no salen porque se ha producido una retracción en el consumo europeo. Esperamos, al menos, señora ministra, que usted sea capaz de incorporar al
listado de los cinco productos estas producciones, además del melón, ciruela, sandía y producciones típicas de nuestro país.


Señora ministra, yo le reconozco que, por mucho respaldo que le demos, el éxito negociador de este Gobierno es difícil no solo porque este Gobierno está en las últimas, amortizado y desacreditado, no solo porque no ayuda un presidente en
funciones, que insiste en llamar fracasada a la canciller Merkel, es que además dispone usted de un equipo desconcertante. Señora ministra, usted que es tan aficionada a repartir certificados de lealtad ya me dirá qué nota les pone a los
eurodiputados socialistas españoles en la Unión Europea que la pasada semana apoyaban en el Parlamento Europeo la ratificación en los términos actuales del Tratado de la Unión Europea-Marruecos, que si siempre es rechazable ahora en estas
circunstancias lo es doblemente... (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llorens. Ha acabado su tiempo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señora presidenta.


Señoría, de sus palabras se pone de manifiesto una cosa y es que las ayudas no le importan y el sector de la agricultura tampoco. Le da igual, solo utiliza la crisis una vez más para criticar y criticar. Sabe bien que desde el primer día
hemos trabajado de la mano del sector, que el sector ha valorado el trabajo del Gobierno de España, que hemos conseguido en Europa 210 millones de euros para solicitudes de las OP y de los agricultores a título individual y de España se han cursado
solicitudes por valor de 71 millones euros. Pero lo que ya me sorprende es que usted esté tan desinformado, porque en el día de ayer España consiguió en el Consejo Europeo que el comité de gestión del 28 de julio incremente los precios de retirada
del melocotón y la nectarina, tal y como nos había pedido el sector, señoría. Y eso se va a solucionar además con efectos retroactivos del día de ayer, 19 de julio; es decir, no solo hemos trabajado a lo largo y ancho de la crisis en los daños
centrales, sino que trabajamos



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ahora en los daños colaterales. Y no vamos a parar de trabajar, y estamos haciendo campañas de promoción en España más allá de las que va a hacer la Comisión. Y le hemos dicho al comisario que no estamos de acuerdo con que tenga que
financiar el 20 por ciento el sector y que no lo vamos a permitir. Infórmese bien antes de criticar porque, en definitiva, no le interesa ni la respuesta ni tan siquiera la pregunta que formula, sino simplemente tiene el objetivo de criticar al
Gobierno de España sea como fuere.


El sector y el Gobierno de España remamos en la misma dirección; el Partido Popular, donde siempre, en dirección contraria. ¿Para qué? Para criticar y algo mucho peor, que es lo realmente preocupante, que ustedes hablan mucho de
agricultura, pero les da exactamente igual la agricultura. Al Partido Popular no le interesan ni los agricultores ni le importa la agricultura. Esa es la realidad que se pone de manifiesto con lo que acaba de decir. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿ASUME EL MINISTRO DEL INTERIOR LAS ACTUACIONES DE SUS SUBORDINADOS EN EL 'CASO FAISÁN' DURANTE EL TIEMPO QUE
FUE SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD? (Número de expediente 180/001624.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar, la que formula el diputado señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta.


¿Asume usted las actuaciones de sus subordinados en el caso Faisán durante el tiempo que fue secretario de Estado?


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gil Lázaro.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señora presidenta.


Señoría, el ministro del Interior asume todas y cada una de las operaciones realizadas por la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, y por supuesto la que usted menciona contra el aparato de extorsión de la banda, que
supuso la detención de dieciséis presuntos miembros o colaboradores de la banda terrorista.


Gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta.


Inicia usted el mismo camino que su antecesor: irse por los cerros de Úbeda. (Rumores.) La justicia dirá hasta quién alcanzan las responsabilidades penales en este asunto. Por ejemplo, tendrá que aclarar si es cierto que la tarde anterior
al chivatazo el entonces comisario general de información le contó a usted personalmente la operación que se iba a desarrollar al día siguiente y la relación de las personas que iban a ser detenidas. En todo caso, el procesamiento del ex director
general de la Policía no puede quedar sin sanción política y por eso mi grupo hoy exige su dimisión como ministro del Interior. (Varios señores diputados: ¡Sí, hombre!-Risas.-Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.


El señor GIL LÁZARO: Primero, por la gravedad de los hechos que imputan a quien era su subordinado directo, ordenar que se avisara por parte de policías a terroristas para evitar ser detenidos, y, en segundo lugar, señor ministro, porque es
impensable que el señor García Hidalgo ejecutara esa decisión por sí mismo. Por eso el señor ministro del Interior, su antecesor, ha estado mintiendo durante casi dos años a esta Cámara y sigue haciéndolo, y hoy usted se ha sumado a esa estela. Es
falso que diga que todo este asunto no existiría si él no fuera candidato, porque comenzamos a exigirle explicaciones aquí el 14 de octubre de 2009, y es falso, como hoy usted ha tratado también de sugerir, que el chivatazo fuera inocuo porque mes y
medio después se produjeron las detenciones. La investigación policial dice que el chivatazo permitió a la banda ocultar información e ingresar en sus arcas 54.000 euros procedentes de la extorsión. Ha llegado la hora de la verdad, aquello que el
señor Rubalcaba calificaba de infamias coincide plenamente con el retrato incriminatorio hecho por un juez, al que ustedes ahora tratan de descalificar, igual que trataron de hacerlo conmigo y con mi grupo, pero el 'Diario de Sesiones' es testigo.
(Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.


El señor GIL LÁZARO: Advertí al señor Rubalcaba que si se dictaban autos de procesamiento tendría que irse a su casa, y hoy reitero esa exigencia... (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.


El señor GIL LÁZARO: Por mucho que el señor Rubalcaba se quitara de en medio y le endosara a usted



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la cartera ministerial ciento veinte horas antes de conocerse la decisión del juez, por cierto, dejándolo solo también, como ha hecho esta mañana en este debate ante esta Cámara. Señor ministro del Interior, en términos políticos el señor
Rubalcaba es la equis del Faisán y usted fue su acompañante necesario. Tome nota y asuma... (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gil. Ha acabado su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señora presidenta.


Yo creo que hoy se ha demostrado que a ustedes les preocupa más el anterior ministro del Interior que el actual, y la razón es obvia. Señoría, creo que el problema que tiene usted es que ha dictado sentencia en este caso y ha condenado no
solo a los que están siendo investigados en un procedimiento judicial, sino incluso a los que no han sido nunca investigados en un procedimiento judicial. Y, señoría, en el Estado de derecho las sentencias las dictan los jueces. Sé que el Partido
Popular tiene una posición un tanto extraña en torno a la Administración de Justicia. El presidente de su partido dijo que apoyaría a un alto dirigente de su partido cualquiera que fuera la decisión de la justicia. Esa es su forma de entender la
Administración de Justicia: aceptable o al menos comprensible cuando se trata de defender a compañeros del partido implicados en casos por corrupción, pero absolutamente inaceptable cuando estamos hablando de la lucha contra el terrorismo. (Una
señora diputada: ¡Muy bien, ministro!) Señoría, permita que el procedimiento termine, estemos a la resolución que le ponga fin, y cesen en esa causa general abierta contra funcionarios de la Policía, que, en definitiva, lo que han acreditado es una
larga y acrisolada historia de lucha contra el terrorismo, en algunas ocasiones incluso jugándose su propia vida. Mientras tanto, asumo y debato con usted cualquiera de las actuaciones como secretario de Estado: 733 detenidos de la banda
terrorista, 395 en materia de terrorismo islamista, 239 en kale borroka y 7 cúpulas de la banda desarticuladas en cuatro años. (Rumores.) Esos son datos. Y ahora dicte su sentencia, y la sentencia será irrecurrible.


Gracias, señoría. (Prolongados aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ALFONSO ALONSO ARANEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA QUE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEBEN ASUMIR ALGÚN TIPO DE
RESPONSABILIDAD POR EL PROCESAMIENTO DEL EX DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL POR UN DELITO DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA? (Número de expediente 180/001625.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Alonso Aranegui.


Señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, quiero que le quede muy claro que aquí nadie cuestiona la lucha antiterrorista. (Varios señores diputados: ¡No! ¡No!- La señora Monteserín Rodríguez: Pues que digan la verdad.-Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio. Un momento, señor Alonso. Silencio.


Señor Alonso, cuando quiera.


El señor ALONSO ARANEGUI: Lo que hacemos es defender la dignidad del Estado de derecho, que representamos todos. (Rumores.-Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.


El señor ALONSO ARANEGUI: Se supone que también usted, señoría.


Señor Camacho, usted ha sido siete años secretario de Estado de Seguridad y una semana y un día ministro del Interior. Si después de siete años ha sido incapaz de asumir ninguna responsabilidad, no sorprende que tampoco lo haga esta semana.
(La señora Monteserín Rodríguez: ¡Qué ligereza!) Ni responsabilidades ni explicaciones, solo que antes le bastaba con no venir al Congreso, pero hoy tiene que dar explicaciones en esta Cámara. Se lo preguntaré directamente. ¿Quién dio la
instrucción para alertar a ETA de la operación judicial que se iba a desarrollar contra su red de extorsión? En otras palabras, señor Camacho, ¿es usted el principal responsable del chivatazo a ETA en el caso Faisán o tenemos que buscar más arriba?


Señor ministro, tiene procesados por delitos de extrema gravedad a sus colaboradores más directos, pero no solo no se han depurado responsabilidades, sino que usted acaba de ser ascendido. En 1994 el ministro del Interior tuvo que dimitir
por la fuga del ex director general de la Guardia Civil. Fue el ministro del Interior más breve de la democracia. Usted está en vísperas de batir esa marca por el procesamiento del ex director general de la Policía, su director, señor Camacho.
¿Qué tiene que pasar en España y qué tiene que pasar en su ministerio para que usted asuma su responsabilidad? (Varios señores diputados: ¡Camps! ¡Camps!-Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Alonso.



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Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señora presidenta.


Señoría, usted es letrado, y sabe perfectamente que las responsabilidades en un Estado de derecho se derivan de sentencias y no de las resoluciones que se puedan dictar a lo largo de la tramitación del procedimiento y que, además, no son
firmes.


Gracias, señoría. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Señor Camacho, a usted no se le imputan responsabilidades penales, pero pesa sobre usted una doble responsabilidad política y moral (Rumores.), porque no se entiende que en ningún país democrático se procese a los
más altos mandos policiales por colaboración con organización terrorista y que sus jefes políticos no dimitan inmediatamente.


Nadie puede creer que esos mandos actuaron por su cuenta, unos mandos que siempre habían guardado la obediencia debida a su superior jerárquico, como supongo que también hacía usted, y se le pide a su señoría la responsabilidad moral de
quien tiene a su cargo más de 60.000 policías, de los que la sociedad española se siente legítimamente orgullosa y que no se merecen esto y que tienen derecho a que paguen los culpables y a que paguen también los responsables.


Señor Camacho, la sociedad española pide un cambio político y quiere mirar hacia delante. Usted representa el mismo pasado que representa el señor Rubalcaba. A él le ha dejado sin tiempo y a usted le ha dejado sin futuro político.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Alonso.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señora presidenta.


Señoría, le vuelvo a repetir lo mismo. Usted sabe perfectamente que en el procedimiento penal la verdad material se fija en las sentencias y no en las resoluciones que tienen un carácter provisional. ¿Qué pretende? ¿Que empecemos a
debatir responsabilidades en torno a una resolución que, por lo que han publicado los medios de comunicación, se encuentra recurrida? ¿Y qué ocurriría si en primera o en segunda instancia se modifica ese relato de hechos o las presuntas
responsabilidades? ¿Qué responsabilidad habría que pedirle a usted que ha exigido responsabilidades antes de tiempo, siendo perfectamente consciente de que eso no es posible?


Señorías, dejen ya de llevar a cabo una instrucción o una investigación paralela. Dejen que funcione con su ritmo la Administración de Justicia. No interfieran, porque, señorías, yo creo que realmente a ustedes les da lo mismo que funcione
o no la Administración de justicia, que se sepa o no la verdad, simplemente mantienen una ceremonia de la confusión con medias verdades y muchas mentiras con un único objetivo: erosionar al Gobierno, llegar a donde pretenden llegar, aunque eso sea
a costa del descrédito de toda la clase política. Y además lo están haciendo en unas condiciones que deben llamarnos a un examen acerca de su responsabilidad: utilizando la lucha contra el terrorismo. Señorías, ustedes hablan -usted mismo lo ha
hecho- continuamente de democracia, de Estado de derecho, de Constitución. Se les oye continuamente. Si realmente creen en el Estado de derecho, si realmente creen en la Constitución, no olviden aquello en lo que creen para perseguir aquello que
anhelan.


Gracias, señorías. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CELINDA SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA ADECUADAS LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA CAUSA
ABIERTA CONTRA MARTA DOMÍNGUEZ? (Número de expediente 180/001626.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada Sánchez García.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, creemos en el Estado de derecho... (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Y por eso, porque creemos en el Estado de derecho, le pregunto si considera adecuadas las actuaciones que su ministerio ha llevado en la causa contra Marta Domínguez. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Sánchez.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señora presidenta.


Sí, considero adecuadas las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en la operación que usted ha mencionado. (Aplausos.)



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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señora Sánchez.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señor ministro, el sobreseimiento de la causa contra Marta Domínguez por la llamada operación Galgo exige responsabilidades políticas. La justicia ha hablado y ahora es el momento de las explicaciones que usted
hoy nos tiene que dar. El cúmulo insondable de errores y chapuzas muestra una clara intencionalidad en la actuación de su ministerio, es decir, una vergonzosa intención política. No es casual que la fecha elegida para dar este golpe de efecto
mediático haya sido el 9 de diciembre, día en el que el presidente del Gobierno comparecía en esta Cámara para explicar las medidas adoptadas por la huelga de los controladores aéreos y concretamente la declaración del Estado de alarma por primera
vez en democracia. No es casual que la detención de esta atleta se convirtiese en otro espectáculo mediático, ya que alguien avisó a la prensa, que estaba allí cuando llegó la Guardia Civil para proceder al registro. En la contestación que el
Gobierno me ha dado a una pregunta que hice se dice que la fecha para la detención de esta atleta ha sido fijada por la autoridad judicial. No es cierto. En el documento que la Guardia Civil presentó a la juez pone explícitamente 9 de diciembre.
Por tanto, la elección de esa fecha fue de su ministerio. Por cierto, señor ministro, esta detención se produjo tras un largo periodo de escuchas telefónicas que la juez consideró ilegales y anuló, ya que no había ni un indicio contra Marta
Domínguez. Y lo más grave es que el último auto, de 4 de julio, dice que no hay indicios racionales de criminalidad en la conducta de Marta Domínguez en cuanto al dopaje. Por eso, permítame que le diga que han tenido fines espurios en este tema.
Usted tiene que pedir disculpas y también el señor Rubalcaba, su antecesor. Tiene que pedir disculpas a este grupo y a esta Cámara, tiene que pedir disculpas a todos los deportistas y tiene que pedir disculpas a una mujer que ha sido humillada
personal y profesionalmente, con la que se ha cometido... (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Sánchez. Ha acabado su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señora presidenta.


Señoría, siento disentir de usted. Creo que usted debe pedir disculpas a la propia deportista, porque ha dicho cosas que no ha dicho ella en ningún momento, y también a la Guardia Civil. No olvide que es una de las instituciones más
valorada por nuestros ciudadanos.


Me meteré en todos los argumentos. Primero, usted no desconoce -lo que pasa es que no lo cuenta- que la Guardia Civil ahí actuó como Policía judicial y en el Estado de derecho a la Policía judicial solo puede darle órdenes e instrucciones
la juez, en ningún momento el ministerio, que por otro lado no ha dado en los siete años que yo he estado como secretario de Estado instrucción alguna en un caso operativo a la Guardia Civil.


Por lo que se refiere a la fecha, en todas las operaciones, de cualquier tipo, el cuerpo que actúa propone, pero la fecha es decidida por la juez, es su responsabilidad y la asumen en todas las ocasiones. Su señoría sabe que esa fecha se
propuso un mes antes del 9 de diciembre, por lo que no tenía ningún sentido que en aquel momento, que nada se sabía sobre el conflicto que usted menciona, se fijara la fecha con el motivo que usted aduce.


En cuanto a la nulidad de las intervenciones telefónicas, usted obvia algo que es esencial, y es que la misma juez que declaró la nulidad de las intervenciones es la que lo había acordado en una resolución judicial que además prorrogó seis
veces. En seis ocasiones tuvo que hacer una reflexión acerca de si era o no era adecuada la intervención que había llevado a cabo y la prorrogó. Por otro lado, tampoco es cierto que se haya producido algún tipo de manipulación de las pruebas que
están en el procedimiento.


En definitiva, señoría, ustedes imputan al Gobierno un maltrato al deporte como consecuencia de esta operación, y lo que quieren el Gobierno, la Guardia Civil y la Policía es que el deporte sea limpio, que haya buenas prácticas en los
deportistas y que sea depurada la responsabilidad de quien incurra en error. Eso, señoría, es proteger de forma cabal el deporte, el alto nivel del deporte español... (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro, ha acabado su tiempo.


INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SALVADOR), SOBRE LOS PLANES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN ORDEN A GARANTIZAR QUE LOS REPRESENTANTES DE BILDU, PRESENTES EN LAS INSTITUCIONES FORALES DE NAVARRA Y PAÍS VASCO DESDE LAS PASADAS
ELECCIONES, RESPETEN LA LEGALIDAD VIGENTE. (Número de expediente 172/000282.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, pasamos a continuación al debate de las interpelaciones urgentes. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Mixto sobre los planes del Ministerio del Interior en orden a garantizar
que los representantes de Bildu, presentes en las instituciones forales de Navarra y País Vasco desde las pasadas elecciones, respeten la legalidad vigente.


Para formular la interpelación en nombre de dicho grupo tiene la palabra el señor Salvador.


EL señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.



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Señorías, señor ministro, en una reciente entrevista en un medio de comunicación nacional el candidato de Bildu a diputado general de Gipuzkoa, que ahora lo es, definía a ETA como una organización político-militar. De alguna manera lo que
este individuo venía a decir a las claras es que la banda terrorista ETA no es sino un grupo político que emplea la violencia para obtener sus objetivos, obviamente de naturaleza política. Que ETA emplea la violencia y el crimen desde hace más de
cincuenta años no hacía falta que nos lo dijera este individuo. Que conozcamos cuáles son las distintas plataformas políticas con las que ETA hace política o que sepamos cuáles son los objetivos políticos por los que ETA lleva cincuenta años
asesinando en nuestro país, pudiera parecer un poco más difícil, pero estarán conmigo, señorías, en que no mucho más. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, silencio, por favor.


EL señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Hemos presentado esta interpelación, señor ministro, señorías, por varios motivos. Primero, porque no nos resignamos a que -abro comillas- 'una organización político-militar' que sigue activa continúe dictando
y condicionando la vida de miles de personas que tienen derecho a vivir en paz y en libertad. Segundo, porque si creemos en los valores en los que se asienta nuestro sistema de convivencia no podemos mostrarnos indiferentes ante la irrupción de una
plataforma política que allí donde se instala elimina la competencia, el pluralismo y la libertad. Y tercero, porque solo podremos enfrentarnos con éxito a este enemigo, Bildu, que es un enemigo formidable, si lo hacemos todos juntos, y cuando digo
todos me refiero a todos los que no creemos en sus métodos mafiosos ni en sus objetivos políticos de desunión y ruptura de España, ni en sus promesas adánicas, ni en la sociedad asfixiante que pretenden construir a través de la coacción, la
intimidación y la amenaza, como estamos viendo estos días.


Hoy, treinta y tres años después de que se aprobará la Constitución española de 1978, el País Vasco y Navarra siguen viviendo en un auténtico estado de excepción predemocrático que no tiene parangón en toda Europa. La singularidad, el mayor
hecho diferencial con cualquier otra región de España o nación de Europa, es que en aquellas tierras todos aquellos que se oponen públicamente al independentismo obligatorio, y desde luego los que hacen política de partido frente a esta ideología
defendida por métodos político-militares, viven escoltados, viven silenciados, han sido eliminados o se han tenido que exiliar fuera de su tierra. Créanme si les digo, señor ministro, señorías, que más allá de que formalmente por cupo tengamos que
interpelar al Gobierno y en este caso sea usted, señor ministro, quien conteste, nuestro objetivo pretende también interpelar a toda la Cámara sobre esta cuestión, incluso a nosotros mismos, y con ello intentar conocer -lo sabremos mejor cuando en
septiembre, si es posible, debatamos la moción- cuál es la opinión de este Gobierno y de esta Cámara sobre la existencia de una plataforma política en nuestro país que ha sido calificada por el Tribunal Supremo como cauce simulado y fraudulento para
soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA y así permitir el acceso de Batasuna-ETA a las instituciones representativas y acusada de ser mero testaferro de la banda terrorista. Queremos conocer cómo debemos enfocar este fenómeno,
que mi partido, Unión del Pueblo Navarro, cree que no debe dejarnos indiferentes ni que debamos minusvalorar, ignorar o despreciar. Cuando Bildu ocupa las instituciones democráticas y ETA se congratula abiertamente de ello en un comunicado, son ETA
y Bildu los que nos interpelan a todos nosotros. Porque, señorías, si ellos ganan -como dice el último comunicado- batallas ideológicas y políticas, es evidente que otros pierden, y yo creo, señorías, que ese otros somos todos los demás. Es obvio
que desde Madrid se ven las cosas de modo diferente, puedo incluso aceptar que en algunos casos es bueno tomar distancia para poder ver con más claridad los problemas, pero, señorías, ya me lo dirán ustedes cuando formalmente, dentro de seis meses,
o cuatro, o menos estas mismas candidaturas, con otros nombres pero igualmente fraudulentas, plagadas de amigos y defensores de ETA, todos muy independientes por supuesto, tenga grupo propio aquí, en las Cortes Generales, en el Congreso.


No voy a entrar muy a fondo, señorías, en los antecedentes de la irrupción de Bildu, porque son de sobra conocidos por todos ustedes y especialmente por el Gobierno. Hace unas semanas conocíamos el fallo de la sentencia del Tribunal
Constitucional por el cual se legalizaba esta candidatura heredera de Batasuna y se permitía a los defensores de ETA que volvieran a las instituciones locales y forales en el País Vasco y Navarra. Las elecciones han otorgado a esta candidatura una
representación muy relevante tanto en el País Vasco como en Navarra y, por tanto, quienes han apoyado abiertamente a ETA durante cincuenta años ahora nuevamente tienen poder político, financiación pública e información cuando menos sensible gracias
a la entrega previa de los censos electorales sobre mucha gente, sobre todos en nuestras dos comunidades, que ya veremos cómo gestionan, qué hacen con ella y dónde acaba terminando. UPN no ha negado, sino que ha dicho abiertamente que no era
partidario de que los amigos de ETA estuvieran en las instituciones y ha valorado de forma muy negativa la sentencia del Tribunal Constitucional. La tenemos que acatar, es verdad, como no podía ser de otra manera, pero no la compartimos en
absoluto. Todos los que hacemos política en el País Vasco o Navarra sabemos que vivimos dentro de unos condicionantes de excepción que nos preocupan y nos ocupan y, como digo, no nos resignamos a aceptar esto como si fuera algo normal. En otros
lugares del mundo, en otros tiempos, a la gente se la marcaba, se la perseguía y se la eliminaba igual. Este fenómeno de exclusión no es nuevo, ni



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siquiera es original, pero no queremos que sea algo normal.


Aun con todo, si tuviera que destacar algo en positivo quiero creerme el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la puesta a disposición de la justicia de pruebas suficientes de la vinculación de la candidatura de Bildu
con el mundo de Batasuna-ETA, aunque no haya sido suficiente material probatorio para convencer al Tribunal Constitucional de la relación indisoluble de ambos. Entiendo que, en su caso, el ministro del Interior pueda avalar la tesis policial de la
vinculación y valoro positivamente el trabajo realizado, pero es normal que siga empeñado en probar lo que para todos, salvo para el Constitucional, es algo evidente. No me duelen prendas en felicitar al Gobierno, a la Policía y a la Guardia Civil
cuando cumplen su función de combatir a quienes desde la clandestinidad o desde la legalidad ayudan, financian, apoyan, aplauden o jalean a los terroristas, pero igualmente opino que si queremos de verdad a aquellos principios y valores que
fundamentan nuestro ordenamiento y sobre los que se construye la convivencia de la sociedad española, algo tendremos que hacer o seguir haciendo para que este fenómeno no siga creciendo, generando una metástasis en el cuerpo social de Euskadi y de
Navarra que nos impida progresar y vivir en libertad en estas comunidades como en cualquier otro lugar de esta nación.


En otro orden de cosas sí que me gustaría un especial pronunciamiento, señor ministro, frente a algunas actitudes y connivencias, cuando no apoyos explícitos, del Partido Socialista con concejales y grupos de Bildu en algunas localidades en
las que han preferido abrir frentes de oposición junto a ellos antes que buscar acuerdos con partidos políticos como el que yo represento. No puedo dejar de citar los casos paradigmáticos en los ayuntamientos navarros de Larraga y Tafalla, en los
que su partido está llegando a un nivel de cooperación y colaboración con Bildu realmente muy poco edificante. (El señor ministro de la Presidencia, Jáuregui Atondo, hace gestos negativos.)


Interpelamos, señorías, porque creemos que Bildu y Batasuna son lo mismo. Interpelamos porque ya los tenemos gobernando en numerosos ayuntamientos, en muchos con mayoría absoluta y en otros muchos en los que están únicamente ellos solos,
nadie más. Interpelamos porque allí donde gobiernan, todos lo sabemos, desaparece la pluralidad política, la libertad para hablar abiertamente y la vida en paz, aunque por el momento esta nos la perdonen. Interpelamos porque no podemos entender y
además nos indigna que quienes han defendido un proyecto de ruptura de España durante muchos años con las armas puedan ser interlocutores válidos para seguir desuniendo España. Interpelamos para que esta enfermedad social, porque no otra cosa es la
política consentida que se ejerce desde la violencia y el chantaje, no nos deje indiferentes. Interpelamos para que lideren desde el Partido Socialista, desde el Gobierno, una apuesta de país que reduzca el peso de los movimientos violentos
radicales en nuestro país y que elimine todas sus falsas justificaciones étnicas, históricas o políticas. Interpelamos apelando a su responsabilidad para que busquemos puntos de encuentro que nos permitan creer que podemos construir un proyecto de
sociedad en el que la libertad, la igualdad y la justicia sean, como dice la Constitución española, valores superiores del ordenamiento y de nuestra convivencia. Interpelamos porque no vemos pulso en este Gobierno que oponga una oferta política de
país, un modelo claro, mientras ETA legitima su discurso de odio y ruptura, se jacta de su victoria, parasita las instituciones, extiende su paranoia destruyendo todo aquello que tanto costó construir. Le interpelamos, por último, porque creemos
que el sacrificio de todas las víctimas de ETA se merece que lo hagamos y que nos unamos en un renovado proyecto sugestivo de vida en común sin tanto enfrentamiento y tanto resentimiento que lo único que hacen es fortalecer las posturas de los que
no creen en la libertad, ni en la convivencia, ni en la unidad de España.


Por todo ello y para ello quisiera formular una serie de preguntas. ¿Cómo valora el Gobierno la existencia legalizada de Bildu? ¿Qué medios va a poner para controlar, investigar, detectar los movimientos de este grupo en connivencia con
los violentos? ¿Qué recursos tiene pensado activar para impedir los futuros incumplimientos legales de estos grupos allí donde gobiernen? ¿Cómo los va a impedir, señor ministro? ¿Qué alternativas o qué pactos cree el Gobierno que debiéramos
alcanzar para reducir su más que preocupante influencia social? ¿Qué tiene pensado hacer su Gobierno para buscar acuerdos entre partidos afines e impedir la extensión de este fenómeno filoetarra? ¿Qué tipo de pedagogía política debemos fomentar
entre los demócratas para combatir estas ideologías del odio? ¿Cree, señor ministro, que el modelo constitucional autonómico puede ser un referente válido, eficaz, suficiente, para afrontar este fanatismo político? Desde su punto de vista, señor
ministro, como miembro del Gobierno pero también como político español, ¿cómo se defiende la sociedad abierta en la que vivimos frente a un modelo soviético, totalitario, excluyente, de los amigos de ETA? ¿Qué valores, en qué creen ustedes? ¿Qué
es lo que debemos cultivar, en qué debemos profundizar para garantizar el éxito colectivo frente a este fanatismo que hoy nos desafía?


Termino. Créame, estoy muy interesado en escuchar -hubiera preferido escuchar al ministro del Interior- su análisis, sus previsiones, sus objetivos, los medios que están dispuestos a poner al servicio de las soluciones, los planes que
ustedes planteen para afrontar este fenómeno. Y sí le digo que en mi siguiente intervención no habrá sorpresas y que le anticiparé, en la medida en que la moción se verá dentro de un mes, aquellos puntos que pueden ser...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador.



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El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino.


...un buen arranque para consensuar una respuesta eficaz, a la altura del desafío por el que hoy, señor ministro, señorías, este fenómeno social, corrosivo si me lo permiten, de estricta naturaleza política, nos interpela.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Salvador.


Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Salvador, espero no decepcionarle si respondo en nombre del Gobierno, aun no siendo el ministro del Interior, en una materia que por otra parte tiene desviaciones horizontales en el conjunto del Gobierno respecto a la interpretación de
este asunto y la actuación del conjunto del Gobierno en torno al mismo. Permítame también que le haga una puntualización política partidaria porque usted también la ha hecho: ha señalado algunas referencias a algunos municipios navarros como
diciendo que el Partido Socialista de Navarra mantiene algún tipo de colaboración con Bildu. No puedo entender cómo lo dice usted aquí; UPN gobierna en Navarra porque el Partido Socialista ha hecho un pacto con ustedes renunciando a otros pactos
posibles que sumaban mayorías parlamentarias por hacerlo con ustedes, entre otras cosas por no hacerlo con quienes ustedes critican, y lo ha hecho también en Pamplona y en todos los ayuntamientos de Navarra. Francamente no me parece justo su
reproche porque no se corresponde en absoluto con la realidad.


En cuanto a la cuestión, déjeme que le explique en primer lugar un principio general que deberíamos tener en cuenta a la hora de analizar la actuación del Gobierno. El Gobierno en toda esta materia ha actuado de conformidad con lo que
disponen las leyes y los procedimientos establecidos. El Estado de derecho da a cada parte, a cada poder, al Legislativo, al Judicial, las funciones correspondientes. Empecemos por la legalización, señor Salvador. Es competencia de los tribunales
en primera y en última instancia, solo de los tribunales. Le recuerdo que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, impugnó todas las candidaturas presentadas por considerar que de los informes en su poder se derivaban motivos suficientes
para cuestionar su legalidad, pero finalmente el Tribunal Constitucional reconoció a la coalición la posibilidad de participar en las elecciones con arreglo a una consideración jurídica quizás de mayor garantismo desde el punto de vista de los
derechos constitucionales, que nosotros respetamos. Respetamos esa y la otra; todos tenemos que respetar todas las resoluciones de los tribunales. Por tanto, en primer lugar, en cuanto a la legalización esto que he dicho.


En cuanto a los resultados electorales, son los que conocemos, esa fue la voluntad de los ciudadanos, señorías. No es la voluntad política de nadie, es la de los ciudadanos.


En cuanto a la configuración de las distintas instituciones en las que gobierna Bildu, ciertamente en muchos casos no es consecuencia del resultado directo de la voluntad de los ciudadanos, hubo posibilidad de que se produjeran coaliciones
políticas alternativas, pero el Gobierno es ajeno a las coaliciones que se forman para gobernar los municipios y mucho más ajeno a las no realizadas, es decir, a las que no fue posible configurar porque los partidos políticos llamados a generar
alternativas institucionales no fueron capaces de llegar a esos acuerdos; pero el Gobierno no es responsable de esto.


En cuanto al trasfondo de su interpelación, que se refiere a lo que usted mismo llamó en el debate del estado de la Nación una fiscalización incesante de cada una de las actuaciones de Bildu, déjeme que le diga que el Gobierno está
efectivamente en eso. El Gobierno está con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado manteniendo una posición absolutamente vigilante sobre cualquier comisión de hechos delictivos, con especial seguimiento de todas las actividades,
declaraciones, etcétera, que realizan los integrantes de esa coalición. Quiero dejar bien claro esto porque es manifiesto que así está ocurriendo. Incluso déjeme que le aporte también la información de que los servicios jurídicos del Estado, la
Abogacía del Estado, el Ministerio de Justicia, la fiscalía en su caso a través de su propia autonomía en la persecución de los delitos, mantenemos una actuación de vigilancia minuciosa, rigurosa, puntual, concreta sobre cada una de las
resoluciones, actuaciones, declaraciones que surgen de esa coalición, porque somos conscientes de lo que hay detrás. Somos muy conscientes y estamos llevando a cabo una actuación en los tribunales y en el propio Gobierno que no permiten que se
produzca ninguna ilegalidad y ningún incumplimiento de la ley. Lo estamos haciendo, insisto, de una manera rigurosa y minuciosa. Por ejemplo, le recuerdo que se planteó un problema en relación con la seguridad de las personas, es decir, con los
escoltas de los concejales, etcétera, y el Gobierno llegó a anunciar que si era necesario cambiaría la ley para garantizar que la seguridad de los responsables públicos jamás fuera vulnerada. Afortunadamente hubo un acuerdo que resolvió, por
rectificación de algún representante de Bildu, ese problema, pero, si no hubiera sido así, habríamos actuado con toda firmeza y con toda seguridad. Lo mismo se ha hecho con la seguridad del conjunto de las personas, que se sigue manteniendo,
reestructurada, pero asegurando que la seguridad física de todos los representantes públicos que pudieran estar amenazados por la violencia quede siempre a salvo. Lo estamos haciendo incluso con el anuncio de las reformas que hicimos en nuestra
propia legislación, en el Código Penal y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Usted recuerda que la ley contempla a través de la reforma que establecimos que si en cualquier momento del mandato electoral el Tribunal Supremo, a instancia del
ministerio fiscal o de la Abogacía del Estado, concurriendo los



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requisitos previstos, pudiera aplicar causa de incompatibilidad sobrevenida para el ejercicio de sus cargos a las personas electas en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados
sobrevenidamente, posteriormente ilegales, perderían por sentencia judicial firme su cargo o su mandato electoral. Es una previsión que todos acordamos en la Loreg y que está ahí, y que no es posible aplicar todavía con base a los informes
jurídicos que el Gobierno maneja a este respecto. Hemos hecho una persecución muy severa de todo lo que son actuaciones en materia de resoluciones municipales o de acuerdos de símbolos de Estado, y le aseguro que el Gobierno está velando por la
aplicación estricta en estas materias de la Constitución y del resto de normas, en especial la Ley Orgánica de Bases del Régimen Local y su reglamento, en todos los ayuntamientos. Déjeme que le diga, señoría, en cuanto a los símbolos que se puedan
mostrar en pancartas, en pintadas o inclusive en fotografías, que si alguien pone una pintada contraria a la ley o vulneradora de los derechos, se borrará; si alguien coloca un cartel en esa misma dirección, se quitará, y si alguien pone una
pancarta, también se quitará. El Gobierno está actuando en esa materia con absoluta firmeza y le repito que los incumplimientos de la ley por parte de los electos, tanto a título individual como en representación de la coalición electoral Bildu,
estarán perseguidos por las autoridades a las que corresponda la responsabilidad del orden y de la seguridad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del ministerio fiscal o en su caso otras fuerzas autonómicas. El Gobierno no tiene ninguna duda
de que los juzgados y tribunales encargados de garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes sancionarán a sus infractores; por cierto, como estamos consiguiendo en multitud de sentencias que a través de la Abogacía del Estado se están
planteando desde la Delegación del Gobierno del País Vasco o de Navarra contra estas actuaciones, acuerdos parlamentarios, reglamentos municipales, etcétera, que puedan constituir cualquier indicio de vulneración legal. En todos los casos se está
actuando con enorme firmeza en contra de estas actuaciones.


Permítame para terminar que le haga una reflexión personal sobre lo que está ocurriendo. Yo puedo equivocarme, como todos. Yo respeto su punto de vista, lo he escuchado con atención y con mucho respeto, y estoy dispuesto a considerar que
es posible que haya una amenaza como la que usted señala. Pero también tiene usted que admitir que puede haber otra interpretación sobre lo que está ocurriendo. Yo llevo más de treinta años, como muchos de los aquí presentes, sufriendo ese horror.
Yo he asistido a multitud de situaciones en épocas en las que cada día o cada semana teníamos varios atentados terroristas. Si ha habido 850 víctimas, puedo asegurarle que en más de un tercio de los casos he estado acompañando a las víctimas. Yo
mismo, como otros muchos aquí presentes, he sido víctima de ese horror. Sin embargo, con esa legitimación que me da la experiencia de unos años vividos, puedo decirle que probablemente nunca hemos estado más cerca del final de la violencia. Esa es
mi impresión y puedo equivocarme. De hecho, la hemeroteca -quien tiene hemeroteca puede decirlo; quien no la tiene, no- está llena de mis errores y de los de otros muchos que nos hemos equivocado en muchas cosas. Con esa sinceridad, con esa
humildad también, tengo que decirle, señoría, que probablemente en este momento estamos más cerca que nunca de encontrar todos juntos el final de la violencia para siempre. Eso requiere, en mi opinión, tres características fundamentales:
inteligencia, por supuesto unidad y firmeza. Inteligencia para comprender que estamos quizás ante una oportunidad no sé si última, pero sí creo que única, para la superación definitiva de la violencia, sin negociación, sin precio político, con el
triunfo de la democracia, señorías, puesto que nada se ha pagado para que cese la violencia, y les recuerdo que hace dos años, dos años, que no ha habido un atentado terrorista ni kale borroka ni impuesto terrorista; dos años, conviene recordarlo.
Quienes hemos vivido un muerto cada día, a veces, no podemos dejar de recordarlo y reconocerlo. Inteligencia, señoría, para explicar que quizás no haya otro final posible, que quizás no haya otra manera de acabar con cincuenta años de tragedia
terrorista. Inteligencia para favorecer unos movimientos que, probablemente, representan que ese propio mundo ha dicho que no quiere más ETA, aunque lo diga de una manera que no nos guste, pero está diciendo esto que me parece importante que
reconozcamos. Unidad para abordar juntos este delicado proceso de paz, para dar continuidad fuera de legislaturas y de elecciones a estos movimientos y convertirlos en definitivos e irreversibles. Unidad para terminar juntos lo que hemos hecho
juntos, señor Salvador, porque juntos hemos muerto en las mismas trincheras de la libertad y de la Constitución y juntos tenemos que acabar. Los que hemos hecho esta defensa de la democracia juntos, juntos tenemos que terminar y queremos hacerlo
juntos. Y firmeza para que la democracia no sea burlada, para que no sea posible nunca más que política y violencia puedan estar unidas, con el compromiso de aplicar la ley. Le aseguro todo el peso de la ley contra cualquier expresión política que
se apoye o justifique la violencia, si esta vuelve. Firmeza para enseñar y defender los principios de la democracia a todas las fuerzas y a todos los representantes públicos que se incorporan a ella ahora, treinta años después de que lo hiciéramos
los demás. Inteligencia, unidad y firmeza, señor Salvador, para que esta vez sea posible, para que el momento que vivimos, el más cerca que nunca hemos tenido par el final de la violencia, sea un final definitivo, sea un final para todos y para
siempre.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Salvador, su turno de réplica.



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El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Jáuregui, qué quiere que le diga. Yo sí que considero que es una falta de respeto, conmigo, con mi grupo y con los ciudadanos que represento. Porque esta interpelación la hemos registrado tres veces; por cupo es verdad que no ha
pasado hasta hoy, pero ustedes tienen conocimiento de esta interpelación. Es más, fui yo el que, sin ningún problema, acepté una semana de retraso para que pudiera contestarla el ministro del Interior, y así me lo dijeron. No tengo ningún
inconveniente en que me la conteste usted o me la hubiera contestado el señor Rubalcaba que estaba entonces y hubiera sido más interesante porque, en el fondo, estoy interpelando por el modelo de país que queremos tener y con el que queremos
combatir este fenómeno. Le reitero, no me diga que no es una falta de respeto porque yo considero que sí lo es.


Me dice que no debería de citar los ejemplos de los ayuntamientos de la Larraga y Tafalla donde, por desgracia y ostensiblemente, están colaborando con Bildu. Estoy seguro de que usted siente tanto como yo esos asuntos, pero no me negará
que es una realidad, es algo cierto. Estoy seguro de que, además -porque hemos llegado a un acuerdo general en Navarra-, a usted y al Gobierno les duele que aún existan esas excepciones que, como le digo, son, por desgracia, una realidad evidente
que ni usted ni yo podemos negar. Usted me dice que la ilegalización es competencia de los tribunales; bien. Pero al final el Tribunal Constitucional a quien no le ha dado la razón es a usted, a su Gobierno. Yo, que he sido abogado, cuando los
jueces no me daban la razón tenía que acatar sus sentencias, pero estaría mínimamente insatisfecho, iba a decir cabreado, o por lo menos dolido. Entiendo que si ustedes se creen los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía y han hecho
trabajar concienzudamente, seguro, a la Policía y a la Guardia Civil en hacer informes que prueban cuál es la vinculación, lo mínimo que usted o el ministro del Interior podrían decirme es que siguen trabajando porque, a fecha de hoy, no han sido
capaces de convencer a los tribunales de que esa vinculación existe. Por tanto, si para ustedes existe, para los informes existe y es evidente, yo creo, que existe, lo mínimo que nosotros les podemos pedir -que además creo que es su deber- es que
mantengan la presión -y usted lo ha dicho aquí- y las investigaciones para que llevemos al convencimiento de los tribunales que esa realidad está ahí, esa realidad que nos interpela, que ETA ha aprendido más que nosotros y ha buscado una fórmula
fraudulenta para volver a estar en las instituciones, y dentro de cuatro meses, como digo, aprenderá más rápido que nosotros para seguramente poder volver a estar aquí, tener más información y más financiación. Eso, sinceramente, no me parece
ningún éxito. Lo que le estoy diciendo y pidiendo es que cumplan con su obligación. Al final, lo que nosotros hemos hecho ha sido invertir los términos. Yo leo el artículo 9 de la Constitución: 'Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social'. Es que esto no se da, es que no se sigue dando ni en el País Vasco ni en Navarra; es que este artículo de la Constitución hoy, y desde hace treinta años, no rige. Yo solo les estoy pidiendo que hagan lo
posible para que eso sea así, y que cuenten con la ayuda de los demás, y que la busquen, porque si ellos tienen determinación, tienen creencias -que yo creo que están equivocadas-, tienen detrás una banda terrorista activa, tienen fe, tienen
voluntad, ahora financiación y nos desafían políticamente, nosotros tenemos la obligación frente a los ciudadanos de presentar un modelo distinto, si creemos en él. Eso es lo que le estoy pidiendo, sencillamente. Eso es lo que realmente le pido a
usted y en septiembre, si llegamos, plantearé a esta Cámara: qué modelo de país queremos tener -que seguro que es mejor que el que estos señores nos ofrecen- y queremos defender. Es así de sencillo y así de urgente, si me lo permite. O sea, yo
creo que hoy la existencia de Bildu y la existencia activa de ETA nos siguen interpelando como el primer día y mi problema es que no veo país, no veo que este Gobierno sea capaz de buscar consenso, de buscar acuerdos, de que queramos a este país más
que quieren ellos a su fanatismo. Ese es el problema. Yo hubiera querido debatir con el ministro del Interior, pero debato con usted, señor Jáuregui.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, por favor.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Eso es lo que le pido, que cumplan con su deber, pero que, más allá de eso, hagamos política de altura para saber qué país queremos construir entre todos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, por favor.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Esa es la única manera de garantizar el éxito frente a estos fanáticos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.


Señor ministro, su turno de dúplica.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Señora presidenta, señor Salvador, yo, al final, no acabo de apreciar las diferencias de lo que estamos hablando, porque lo único que estoy dispuesto a debatir es sobre la última de sus
expresiones: hagamos política de altura. Ahí estoy completamente de acuerdo con usted -no sé quien la hace mejor-, en lo



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otro, en lo relativo a lo que usted le pide al Gobierno, le reitero que el Gobierno está haciendo absolutamente lo que debe. El Gobierno está manteniendo una actitud de vigilancia absoluta, de impugnación ante los tribunales de cualquier
acuerdo, de cualquier resolución por parte de los ayuntamientos o de los electos de Bildu en la dirección de lo que pudiera ser vulneración del marco jurídico constitucional.


Yo no sé hasta qué punto es inteligente que nos convirtamos en altavoces de esa coalición, pero en todo caso, puesto que usted plantea el debate, déjeme que le diga y le reitere que, efectivamente, por parte del Gobierno no hay ninguna,
ninguna duda respecto a cuál debe de ser su función, y podría citarle aquí a continuación doce, quince, veinte acuerdos de actuación judicial, de intervención de las fuerzas de seguridad en relación con esto que usted reclama de que haya una
vigilancia, de que cumplamos con nuestro deber. Tenga la seguridad de que el Gobierno del Estado está manteniendo una actitud de firmeza, una actitud de exigencia absoluta para que ninguna de las representaciones institucionales o personales o
electorales de Bildu pueda saltarse la ley. La vamos a exigir hasta el final y le aseguro que se va a cumplir en todas las instituciones, sea con retratos del Rey, sea con banderas, sea con resoluciones ilegales, etcétera, este Gobierno va a
asegurar el cumplimiento de la ley.


Cuando se plantea por su parte que haya una política de altura, es ahí donde creo que quizás cabe que reflexionemos un poco más en profundidad, y es ahí donde yo le he trasladado una visión que puede usted no compartir, pero que configura en
este momento uno de los elementos que quien tiene perspectiva, quien tiene atalaya para ver lo que ha sido toda esta trágica página de nuestra historia, puede hoy decir que, efectivamente, están evolucionando las cosas. En gran parte porque hemos
hecho bien nuestro trabajo, en los últimos años en particular, yo lo reconozco, incluso después de lo que fue la ruptura de la tregua de 1999, con el acuerdo de los grandes partidos, el acuerdo antiterrorista; con la ilegalización, con la actuación
de los tribunales, con la colaboración con Francia en la actuación policial; con lo que muy bien decía el ministro del Interior esta mañana, que ha desarticulado a siete cúpulas de ETA, que tiene perfectamente detectado el fenómeno operativo
terrorista. Todo esto es el éxito de la democracia española, y claro, a partir de ahí hay una transformación, hay un cambio. ¿Que tenemos que ser vigilantes e inteligentes? Por supuesto. ¿Firmes, para que no nos engañen? Por supuesto. Pero
tenemos que favorecer que eso nos lleve al final de la violencia, a usted y a mí, a todos juntos. Eso es política de altura. La otra puede ser de bajo vuelo, la otra puede ser muy demagógica, y no le acuso a usted, pero tenemos que asegurar que
esto sea definitivo. El presidente dijo literalmente el otro día, en el debate sobre el estado de la Nación, asegurando que ha llevado a ETA a su posición más débil en su historia, que la eficacia de la policía, la inteligencia política que hemos
aplicado en la lucha contra el terrorismo, y siempre reconociendo a todos los demócratas y a su unidad la lucha a favor de la libertad y contra el terrorismo, nos han traído a esto. Y ahora sí, ahora puede ser que hagan y digan cosas -sobre todo
que digan cosas- que no nos gustan, pero, señor Salvador, permítame que termine con una referencia que creo que está bien traída. La historia está llena de derrotas no reconocidas, la historia está llena de derrotas que se mueven en la retórica del
triunfalismo pero son derrotas, y lo que hay que dejar bien claro aquí es que todos, la democracia española ha conseguido vencer al terrorismo, ¡y ojalá que sea para siempre! Esa es la batalla, esa es la política de altura que tenemos que hacer
entre todos hoy, mañana y pasado. ¡Esa es la batalla! (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO PIENSA LLEVAR A CABO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 172/000289.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para mejorar el sistema de atención a las personas
en situación de dependencia.


Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, mi grupo le plantea en este final de legislatura una interpelación sobre la aplicación, el desarrollo, las posibilidades de mejora de la Ley de Dependencia. Le planteamos una
interpelación desde la discrepancia que hemos mantenido desde la discusión de esta ley que, como sabe usted, Convergència i Unió no apoyó. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor; perdone, señor Campuzano, es que la ministra no podrá escuchar al interpelante. Muchas gracias.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Decía también con la vocación de que esta no sea una interpelación desde el reproche, sino que en el diálogo que hoy mantengamos usted y yo y el diálogo que podamos mantener en septiembre ya, ayudemos, entre
otras cosas, a ser capaces de repensar nuestra política de atención a la dependencia para garantizar los objetivos de fondo que creo que la Cámara comparte. Estamos muy convencidos



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de que ese repensar nuestra política de la dependencia -que es imprescindible- va a exigir también un amplio acuerdo político fundamentalmente entre el Gobierno del Estado y el conjunto de las comunidades autónomas; y es precisamente en un
momento en que en buena parte de las comunidades autónomas desde el 22 de mayo se ha producido un cambio de Gobierno, cuando el Gobierno del Estado -aunque fuese en esta fase final de la legislatura- debería de liderar ese acuerdo. Entre otras
cosas, señora ministra, porque creo que todos coincidiríamos en que las previsiones que formuló el Libro Blanco de atención a la dependencia, en los debates que mantuvimos en la correspondiente Comisión en el Congreso de los Diputados sobre las
previsiones de la ley, no se han producido. El gasto de la Administración General del Estado en esta materia ha sido superior hasta un 60 por ciento de aquello previsto por el libro blanco, el impacto para las finanzas de las comunidades autónomas
ha superado con creces cualquier tipo de previsión. Además, se formuló esa ley en la fase alcista del ciclo económico, y hoy nos encontramos con una disminución de los ingresos tributarios del Estado y del conjunto del sector público de cerca del
20 por ciento afectando a ese despliegue de la propia ley. No contemplábamos -nadie en su momento lo formuló en esos términos- que aquello que la ley contemplaba como una excepción -que era la prestación por cuidados familiares- llegase a
representar la mayoría de las prestaciones que reciben las familias. Y además, las previsiones del propio libro blanco sobre la generación de empleo de esta política tampoco se han producido. El libro blanco contemplaba para 2010 la creación de
330.000 puestos de trabajo no pensando en los cuidadores familiares.


Todo este panorama es evidente, señora ministra, que tiene consecuencias. Las tiene para las personas dependientes de sus familias, sin entrar en el debate sobre los problemas de gestión que han existido en distintos puntos del Estado; las
tiene para el sector público, especialmente para las comunidades autónomas, con poco margen de incremento de gasto pero que deben hacer frente a nuevas exigencias de gasto derivadas de esta ley; para los profesionales que trabajan en este sector;
para el sector privado, tanto de iniciativa social, como de carácter mercantil, que es aliado imprescindible para desarrollar esta política, y sobre todo y especialmente en el desarrollo a medio y largo plazo de esta propia política en términos de
su viabilidad y de su sostenibilidad. Mi grupo es consciente del esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas en esta materia y no queremos entrar en una discusión basada en el reproche de quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor. En
todo caso, mi grupo constata que el Gobierno de la Generalitat con el Ministerio de Sanidad en los últimos meses ha alcanzado acuerdos positivos que resuelven cuestiones que a nuestro entender estaban mal planteadas y que, por tanto, esa sintonía
entre los dos gobiernos marca una línea de trabajo en los próximos tiempos.


Le decía que estamos convencidos de que es necesario repensar y reformular nuestra política y nuestra propia Ley de atención a la dependencia en términos de garantizar una buena atención a las personas con servicios de calidad; en términos
de pretender que aquello que la ley formula en su exposición de motivos, que formula en su título, que formula en su propio articulado, como es esa aspiración a promocionar la vida independiente, la autonomía de las personas, sea realidad; en
términos de que efectivamente este sea un sector generador de ocupación, generador de empresa, que no tan solo sea visto por el Ministerio de Economía o por las consejerías económicas de las distintas comunidades autónomas como una partida de gasto,
sino que sea percibido también como una partida de ingresos, generadora -insisto- de más cotizaciones sociales, de más ingresos por IRPF, de más ingresos por impuestos sobre el valor añadido. Y estamos muy convencidos, señorías, de que además
seremos capaces en esta reformulación de convertir aquello que ustedes han constatado que es una realidad, que las personas quieren vivir sus últimos años en casa, que es bueno que las familias se impliquen en el cuidado de sus familiares, que eso
da calidez a la atención a las personas y responsabiliza a los individuos también en su relación con sus familiares más inmediatos; pero eso no puede convertirse en la alternativa a los servicios de calidad y hay que hacer compatible que las
familias reciban servicios de calidad con esa implicación de las familias en el cuidado de sus personas dependientes.


Señora ministra, si queremos reformular y repensar nuestra legislación en esta materia y hacerla viable, sostenible y creíble, al entender de Convergència i Unió necesitamos algunas cosas. Necesitamos una financiación ligada al coste real
de los servicios por parte del Estado. En este sentido, se aprobó a propuesta del Grupo Nacionalista Vasco -creo que fue en mayo- una moción que se movía en esa dirección, no nos pusimos de acuerdo en esa cuestión en el reciente debate de política
general, pero hay que abrir esa discusión sobre la vinculación de la financiación del Estado con lo que cuesta realmente el servicio. Entre otras cosas, el auge de los cuidadores familiares tiene mucho que ver con que para las comunidades autónomas
es más económico reconocer una prestación por cuidado familiar, en la que saben que el 50 por ciento del coste lo va a asumir el Estado, que ofrecer un servicio cuando saben que seguramente sobre ese servicio su aportación financiera va a ser
bastante superior. Esa discusión hay que ser capaces de plantearla si no queremos evitar que el sistema continúe apostando por los cuidadores familiares; es más, cualquier comunidad autónoma que pretenda cumplir los objetivos de la ley sabe que la
manera más económica, más rápida y más simple, es otorgar una prestación de estas características, y en este sentido hay que reformular también la prestación por cuidados familiares y no planteándolo como una alternativa de las prestaciones que
tiene el sistema, sino como una línea de apoyo a las familias y que la prestación a recibir por la persona sea



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la correspondiente prestación de ayuda domiciliaria, atención residencial, teleasistencia, la que fuese.


Hay que aclarar también en esta línea de la reformulación y del repensar, los escenarios que se van a producir a partir de 2015, donde el sistema de financiación que contempla la ley se nos agota, y hay que dar tranquilidad a las comunidades
autónomas en este contexto sobre ese escenario futuro. Hay que introducir transparencia en la financiación de los servicios sociales, porque tendríamos como mínimo tres fórmulas distintas de financiar estas políticas: las que vienen directamente
marcadas por la Ley de la Dependencia, tanto en el nivel mínimo como en el nivel acordado; las que se han incorporado en el sistema de financiación general, una parte de las cuales se justifica por estas características, más las excepcionales que
el Gobierno puede poner en marcha; las que se pusieron en marcha a raíz de los planes de apoyo local -parte se destinaron a estas políticas-, las que vienen por la vía de la financiación de los servicios sociales a través del plan concertado. A
todo eso démosle transparencia para que sepamos de qué estamos hablando. Seamos capaces también de priorizar, en tiempos de crisis y en un escenario donde el sector público no va a tener aumentos de ingresos fiscales, sino que va a estar sometido a
una tensión fuerte, las personas que vamos a atender y echémosle una pensada, señora ministra, a la aplicación del calendario previsto en la ley, asumiendo que esto quizás es imprescindible en el corto plazo, pero sabiendo que en el largo plazo,
cuando analicemos la evolución de la demografía, se va a incrementar el número de personas mayores de 80 años y, por tanto, se va a incrementar sustancialmente la necesidad de servicios en este ámbito, configurándose España como uno de los Estados
del entorno europeo con más personas de 80 años y, por tanto, con mayores necesidades de buenos servicios.


Si de verdad aspiramos a que nuestro gasto en dependencia pase del 0,5 al 0,6 del PIB, de nuestro gasto actual al 1,2, que sería lo razonable en términos no de los que invierten más -los suecos, si no recuerdo mal, están alrededor del 3,5-,
sino acercándonos a ese 1,2, esos 12.000 ó 13.000 millones de euros, la discusión de fondo de esta sociedad, de esta Cámara y del próximo Gobierno es cómo somos capaces de financiar esta política, qué esfuerzos colectivos o individuales, porque al
final va a ser vía impuestos, vía cotizaciones, vía copagos, vía tasas, vía aseguramientos obligatorios, ya sean privados o colectivos, lo que es cierto es que nadie puede pensar que podemos crecer en nuestra aportación a la dependencia de ese 0,5
al 0,6, a ese 1,2, sin un incremento del esfuerzo colectivo para financiar esa política. En este contexto, ¿cómo articulamos la colaboración con el sector privado que todos identificamos como un aliado imprescindible en el desarrollo de esas
políticas, pero que hoy observa con ciertas desconfianzas y dificultades cómo participa en un escenario de incertidumbres? ¿Cómo desarrollamos todo el ámbito sociosanitario? En Cataluña el nuevo Gobierno ha reemprendido una política en este campo,
pero continuamos sin desarrollar lo previsto en la Ley de cohesión sanitaria. ¿Y cómo impulsamos las políticas de prevención que sabemos que nos van a ayudar a contener también ese gasto y a mejorar la calidad de vida de las personas?


Señora ministra, estamos pendientes de que ustedes cierren la evaluación de la ley, esa evaluación debería ser la oportunidad para que el Gobierno liderase ese repensar la ley, ese reformular esta política y alcanzar un acuerdo de fondo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Eso nos parece imprescindible.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, quiero empezar esta interpelación agradeciendo el compromiso de su señoría con el desarrollo de la ley y la sensibilidad que ha mostrado siempre en materia de política social, pero también y sobre todo agradeciéndole esta
interpelación, como usted decía, cuando estamos en el tránsito final de la legislatura, aunque todavía quedan meses para poder abordar temas, porque estamos en un momento adecuado e importante para reflexionar y, sobre todo, porque ahora tenemos un
conocimiento mayor del sistema, una vez que este año han entrado también en el sistema el último tramo que habíamos acordado, los últimos dependientes, aquellos con una dependencia menos severa. Por tanto, hoy podemos hacer una reflexión de cómo
hemos construido ese sistema, de cómo ha ido funcionando y se ha ido desarrollando y cómo aprender de sus retos, de sus dificultades y poder desarrollar en el futuro una mejor garantía para los ciudadanos y ciudadanas.


Me parece importante, como usted mismo hacía, que empecemos la reflexión abordando una realidad y respondiendo a la pregunta de qué hemos conseguido con todo el camino que hemos transitado hasta llegar aquí. Para ello es fundamental hacer
un repaso de algunas cosas que creo que son positivas, pero que, además, son una realidad que debemos poner encima de la mesa. Para empezar, hemos ampliado y extendido entre todos y todas, en medio de una crisis económica, el Estado del bienestar
de nuestro país. Hemos hecho una apuesta decidida por garantizar derechos allí donde no los había y por extender la calidad del Estado del bienestar. Además, quiero reiterarlo, lo hemos hecho gracias al esfuerzo de todos. Este no ha sido un
mérito única y



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exclusivamente de España. Todas las administraciones públicas, los profesionales de los servicios sociales, las organizaciones del tercer sector y, por qué no decirlo, por supuesto también el sector privado de atención social, han sido
fundamentales para recorrer este camino. Entre todos y todas hemos conseguido mejorar la calidad de vida -se dice pronto- de 715.000 personas que están recibiendo hoy más de 873.000 prestaciones. Es un conjunto de personas, señorías, que residen
en los diferentes territorios de nuestro país, personas que han sido valoradas con un mismo instrumento objetivo y que reciben prestaciones homogéneas en todo el Estado. Por cierto, en Cataluña son más de 115.000 personas las beneficiarias y más de
140.000 las prestaciones. Porque, señoría, aunque la implantación de este sistema ha sido complicada y compleja y aunque quedan retos por abordar, que comparto, hay que reconocer de entrada lo mucho que hemos avanzado en la coordinación entre las
diferentes comunidades autónomas y las corporaciones locales, así como la adaptación a las particularidades de cada territorio. En ese sentido, quisiera agradecer de forma muy clara la colaboración y la cooperación que mantenemos de forma cotidiana
con la Generalitat catalana, con el Gobierno de Cataluña, porque es verdad que hemos iniciado un trabajo eficaz que ha servido para abordar algunos de los retos que teníamos compartidos y que ha servido para dejar una evidencia clara, que la
cooperación, la lealtad y el trabajo conjunto es la mejor garantía para atender mejor a los ciudadanos dependientes, y yo quiero agradecer ese compromiso por parte del Gobierno de la Generalitat.


Señoría, también hemos mejorado la ordenación normativa, los sistemas de información, la profesionalización de los servicios y significativamente la calidad del sistema de servicios sociales. Son avances, en mi opinión, de gran calado, más
aún recordando que partíamos de cero, de un sistema que antes de la llegada de este Gobierno sencillamente no existía. Ahora bien, como toda implantación de un sistema, evidentemente tiene sus retos y su tiempo. En eso estoy de acuerdo con usted,
señoría, y por eso no hemos dejado esos retos para mañana, sino que son un motivo permanente de actuaciones cotidianas en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Todas esas cuestiones están siendo abordadas, precisamente, en el
Consejo Territorial de la Dependencia y le voy a poner algunos ejemplos concretos de algunas reflexiones que hacía su señoría y que estamos abordando de forma concreta. Por ejemplo, el establecimiento de un baremo de valoración de dependencia para
todo el Estado y en todas las comunidades autónomas, incluyendo indicadores de calidad, de prestación de servicios, que nos van a servir para mejorar esa prestación; el desarrollo de la red de servicio y retención para todos los grados y niveles:
residencias, centros de día y de noche, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, prevención y promoción de la autonomía, con apoyo desde el Estado tanto para la inversión como para la provisión, o la regulación común de la participación
económica de las personas beneficiarias en todo el Estado, que también me parece claramente importante.


Son ejemplos en los que, en mi opinión, se muestra el compromiso del Gobierno con la implantación del sistema, pero también con su financiación. Hablaba su señoría de su financiación y sabe bien -lo reconocía él- que hasta finales del año
2010 lo invertido en dependencia han sido casi 5.400 millones de euros, cantidad, como también decía su señoría, muy por encima de lo previsto en la memoria económica como responsabilidad de la Administración General del Estado, siempre muy por
encima, por cierto -quiero remarcar esto-, del 50 por ciento previsto para la financiación total. De acuerdo con la memoria económica, la financiación de la ley debe contar con las cantidades ya previstas para la financiación de los servicios
sociales a las personas en situación de dependencia y la aportación de nueva financiación por parte del Estado, así como al menos la misma cantidad adicional, como decía, a las comunidades autónomas.


Además, como sabe, estas administraciones pueden desarrollar un tercer nivel de atención dependiendo de sus leyes, planes y programas de atención a las personas en situación de dependencia y de promoción de su autonomía. Sé que esta
cantidad a algunos les parece insuficiente y lo entiendo, sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo de la ley ha coincidido en los últimos años con una etapa de contención de gasto público, pero ustedes saben que, a pesar de eso, el Estado ha
cumplido siempre con su compromiso financiero. Y siendo conscientes de esta realidad, aprobamos además una serie de medidas incluidas en el Real Decreto 8/2010, con las que se eliminaba, por ejemplo, el pago de la retroactividad y las prestaciones
económicas durante los primeros seis meses de tramitación y se garantizaba el pago aplazado de las mismas a las personas que ya tienen ese derecho, lo que está permitiendo -eso no se dice nunca- un ahorro de 300 millones de euros para las
comunidades autónomas. Estas medidas, señor Campuzano, no tenían otro objetivo que seguir impulsando y desarrollando una ley que consideramos necesaria, prioritaria y coherente con nuestro modelo de protección social. Hemos hecho todo esto siendo
conscientes, además, de otro gran reto que por supuesto compartimos: el sistema como generador de empleo y de riqueza, algo que usted también decía. De hecho, el empleo en el sector de los servicios sociales no se ha visto afectado por la crisis
económica como otros y es algo que debemos poner en valor y redoblar en el futuro. Es más, ha crecido incluso. A finales del año 2010 más de 260.000 altas en la Seguridad Social son un dato evidente. Se dice muy a la ligera que esa ley no ha
creado el empleo esperado y en mi opinión no es así. Teniendo en cuenta la coyuntura, los datos dicen todo lo contrario. No solo no hemos destruido empleo en el sector, sino que lo hemos aumentado.


Señorías, sin duda compartimos la preocupación por la sostenibilidad del sistema, las garantías de equidad y



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de calidad para todos los ciudadanos, y quiero insistir tanto en el acceso al sistema como en el disfrute de las prestaciones y de los servicios. Por eso, reforzar la aplicación de la ley en base a estos criterios es el objetivo con el que
estamos haciendo la evaluación de la que su señoría hablaba. Para ello estamos analizando la regulación, la financiación y los impactos de tipo social y económico, entre otros, que la ley está teniendo; una evaluación, señoría, que está contando
con todas las partes y con todos los agentes implicados en el proceso para que sirva de verdad como reflexión y nos ayude a tomar decisiones. En ese sentido, las comunidades autónomas están participando en una primera fase mediante un cuestionario
exhaustivo y hasta el momento han contestado prácticamente la mayoría; estamos a la espera de que la contesten todas. De hecho, este pasado lunes precisamente se ha reunido la comisión delegada y volverá a hacerlo a lo largo del mes de septiembre,
con el objetivo de cerrar ya la evaluación que queremos presentar en un consejo territorial en el mes de octubre de este año. Además hemos querido avanzar con mayor profundidad con los agentes sociales, y por eso hemos mantenido reuniones en el
marco de la mesa del diálogo social. Hemos convocado al comité consultivo para el próximo 21 de julio, algo que vamos a seguir haciendo en septiembre. Asimismo, esta misma semana hemos mantenido reuniones con las asociaciones de mayores, así como
con el Consejo de Discapacidad. Estamos realizando además una encuesta telefónica a una muestra estadística de 2.500 personas beneficiarias del sistema para conocer exactamente cuál es su grado de satisfacción y su opinión sobre las garantías y
sobre la calidad. Todo ello, señoría, porque nuestro objetivo es cerrar las recomendaciones y propuestas de mejora entre todas las instituciones profesionales y agentes sociales, que son parte activa del sistema.


En ese sentido, entre las resoluciones aprobadas en el último debate sobre el estado de la Nación está la referida a promover el acuerdo político y social en torno a la evolución y el resultado de la ley que su señoría ha puesto de
manifiesto en varias ocasiones. En ello estamos, y ya les anuncio que precisamente a la vuelta de vacaciones, entre septiembre y octubre, una vez concluido el proceso de evaluación que estamos desarrollando, vamos a convocar a las fuerzas políticas
para organizar la aplicación y el desarrollo progresivo, la sostenibilidad y la suficiencia del sistema. Espero que ambas Cámaras mantengan el protagonismo activo que ya tuvieron durante la tramitación de esta ley, que fue muy necesaria para que se
mejorara. Pretendemos que ahora apoyen aquellas iniciativas que propongamos que vayan encaminadas precisamente a seguir desarrollando el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia y que, sobre todo, garanticen la atención a las personas que más
necesitan una atención adecuada a sus necesidades.


Señorías, estamos hablando de un sistema que aporta, además de cuidados, dignidad y apoyo a personas dependientes de sus familias. Es una absoluta prioridad para este Gobierno. Por eso esta evaluación exhaustiva nos va a servir para
resolver los retos de los que hablaba. No vamos a eludir ese debate, lo vamos a abordar desde el coraje y desde el rigor, y estoy convencida de que en esta Cámara las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios serán decisivas
para que sigamos mejorando.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


Señor Campuzano, su turno de réplica.


EL señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, mi grupo no discute los esfuerzos del Gobierno, no discute los esfuerzos de las comunidades autónomas. Mantenemos esa discrepancia casi filosófica en el sentido de que una mayor homogeneidad en la regulación y en la
política garantiza mejores servicios para las personas; sabe que en eso no coincidimos con ustedes. Ojalá fuésemos capaces de que esta política evolucionase desde la perspectiva competencial y bajo la lógica de los métodos abiertos de coordinación
que promueve la Unión Europea, donde se comparten directrices, objetivos y se exige transparencia, y no nos obsesionásemos con normativas unificadoras. Sobre eso habrá que continuar trabajando.


A mí me gustaría citarle, señora ministra, el informe que la OCDE hizo en mayo de este año sobre cuidados de larga duración, donde cuando se habla de España se afirma que tiene uno de los porcentajes más altos de proveedores de cuidado
informal para personas mayores o con discapacidad de la OCDE. La mitad de estos cuidadores proporciona más de veinte horas de atención a la semana, la segunda cifra más alta del mundo o en el ámbito de la OCDE, para ser precisos, después de Corea.
Se afirma que un cuidado de alta intensidad de estas características reduce el empleo y las horas de trabajo en el sur de Europa -nos lo advierte la CEOE-, y se afirma también en ese informe que a pesar de la intención de capacitar a un mayor número
de cuidadores, el tamaño de la fuerza laboral de cuidados de larga duración en España sigue siendo uno de los más bajos en la OCDE comparado con el número de personas en situación de atención. Finalmente, nos recuerda la OCDE que, en vista del
estrecho entorno fiscal que enfrenta España, sería importante otorgar beneficios a aquellos con las necesidades de atención más severas y continuar utilizando medidas focalizadas para determinar el monto de los apoyos otorgados a los dependientes
elegibles.


Una vez leído el informe de la OCDE, el Gobierno debería ser capaz de incorporarlo en su trabajo de evaluación de la ley, porque nos lo dicen desde fuera y con un punto de distancia. No niego ese esfuerzo. En mi intervención lo he dicho:
el 60 por ciento más de gasto por parte de la Administración General del Estado. No le niego esa afirmación, pero usted y yo sabemos que de



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cada cuatro euros que cuesta un servicio hoy en la práctica tres son asumidos por las comunidades autónomas y uno por el Estado. Es más, del 33 por ciento de copago que debería hacer el ciudadano, hoy se asume alrededor de un 15 por ciento
de media. ¿Quién asume esa diferencia entre el 15 y el 33? La están asumiendo las comunidades autónomas, y sabemos, por la estructura de nuestra población, por los niveles de ingresos medios y bajos, mayoritarios en nuestra sociedad, que en los
copagos, tal y como los tenemos formulados, no tenemos recorrido. Por tanto, mientras la financiación no se vincule al coste real del servicio, la diferencia entre el 33 y el 15 va a ser asumida por las finanzas de las comunidades autónomas. Sé
que esta es una cuestión polémica, que no nos ampara la ley -estoy convencido que eso nos llevaría a modificar la ley-, pero podríamos encontrar el acuerdo de que la vinculación al coste del servicio tuviese que ver con la aportación del mínimo
garantizado que hace el Estado, que la aportación del mínimo garantizado que hace el Estado tuviese que ver con el coste real del servicio. Ahí, señora ministra, hay recorrido para acercar posiciones entre el Gobierno del Estado y los gobiernos
autonómicos.


Usted nos dibuja un escenario de informe en octubre. No sé el calendario electoral ni si usted lo sabe, pero tengo la intuición femenina, si me lo permite, de que nos va a convenir cerrar ese acuerdo lo más pronto posible. Por tanto, le
pido, le reclamo que aprese ese calendario que usted anuncia. Aceptamos que al final de la legislatura es difícil alcanzar un acuerdo con el principal grupo de la oposición, pero su responsabilidad debe ser con el conjunto de las comunidades
autónomas. Ese acuerdo nos dará a todos un espacio de tranquilidad en esta política. Convergència i Unió va a realizar ese esfuerzo en esta Cámara, en los órganos de participación institucional y ante la opinión pública. Espero que la moción que
planteemos la próxima semana ayude a ese proceso de acuerdo y consenso en esa política, que en el fondo, como decía al principio, todos compartimos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Señoría, tengo que empezar diciendo que comprendo las cuestiones que plantea; comparto algunas y otras no, pero muestro toda nuestra disponibilidad y nuestra
capacidad de dar respuestas.


Cuando un sistema de estas características, casi un pilar del Estado del bienestar, se pone en marcha necesita un tiempo y tiene que realizar un ajuste de forma cotidiana. La experiencia del sistema y de la garantía del derecho -que, por
otro lado, es también una obligación hasta cierta edad- de la educación en nuestro país o de la sanidad de nuestro país nos muestra que no se recorre un sistema con plenas garantías de la noche a la mañana y que tiene un tiempo. Por eso he querido
empezar haciendo una reflexión de qué es lo que habíamos conseguido hasta llegar aquí, porque prácticamente hemos generado un nuevo pilar del Estado del bienestar garantizando derechos, es decir, no simplemente prestando servicios sino garantizando
derechos a los ciudadanos, que pueden exigir y reclamar, algo que, por cierto, no solo la OCDE sino otros informes ponen de manifiesto y en valor respecto a otros modelos de otros países europeos. Los informes se pueden ver y uno puede quedarse con
la parte positiva o negativa. Por supuesto incorporamos la reflexión de la OCDE, lo hacemos de forma cotidiana, pero también dice cosas de forma muy clara sobre los beneficios de este modelo que no tienen otros modelos mucho más injustos y que no
dan cobertura a todos los ciudadanos. Le diré más, señoría. Esta ley tiene, de entrada, un reto fundamental. Cuando la pusimos en marcha, todos y cada uno de nosotros pensábamos que iba a tener un coste presupuestario. Lo pensaban los grupos
parlamentarios, lo pensaba el Gobierno y lo pensaban las comunidades autónomas, y todos nos hemos tenido que adaptar. He puesto en valor el porcentaje que dedica el Estado para dejar claro -no creo que usted me lo haya reprochado- que igual que las
comunidades autónomas han tenido que hacer un esfuerzo, que yo reconozco, el Gobierno central también, y a pesar de la crisis económica ha garantizado siempre su parte en la Ley de la Dependencia, priorizándola por encima de otras políticas.


Como le decía, señoría, vamos a abordar este debate y lo tenemos que hacer cuando tengamos todos los datos. Es más, su señoría sabe que desde que llegué al ministerio no he hecho otra cosa que priorizar esa evaluación y hacerla exhaustiva
incorporando nuevas reflexiones a la mesa del diálogo social con sindicatos y patronal, hablando directamente con la empresa privada, con los agentes del tercer sector y también con las comunidades autónomas. Porque creo sinceramente que si no
tenemos ese diagnóstico exhaustivo y veraz, no de intuición sino datos reales de una radiografía real y cotidiana de cómo está la dependencia en nuestro país, nos equivocaremos en el diagnóstico y desde luego en las propuestas. Pero no se preocupe,
abordaremos este debate, usted lo verá; incorporaremos reflexiones que usted ha hecho aquí y que nosotros compartimos.


Nosotros sí creemos que hay que avanzar más aún en la equidad territorial. Por una razón, porque mi obligación como Gobierno de España es garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Por eso, mi liderazgo y mi propuesta
tienen que ver con garantizar que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. También vamos a abordar la prestación de los servicios de calidad porque en esta ley es muy importante no solo la calidad sino que es un nicho generador de
empleo. No coincido con la OCDE en que no se esté creando empleo en este país, porque de hecho le acabo de dar cifras contundentes y objetivas que forman parte



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de las altas en la Seguridad Social de nuestro país que demuestran que se está generando empleo con esta ley. También vamos a abordar la eficiencia del sistema, estableciendo procedimientos de coordinación entre los sistemas de protección
social y el sanitario. Señorías, voy a acabar con esa reflexión. Vamos a hablar de financiación y de sostenibilidad, por supuesto. El Gobierno pondrá encima de la mesa propuestas y escuchará aquellas que tengan que hacer los grupos
parlamentarios. Yo creo que tenemos recorrido para llegar a un acuerdo en esta materia, como también que nos tenemos que tomar en serio -como ya hemos abordado en el ámbito sanitario- que haya una mesa sociosanitaria que aborde los problemas de
cognicidad y envejecimiento de nuestra población. No tiene sentido que abordemos esta reflexión y sus propuestas de futuro solo desde el ámbito de la dependencia o solo desde el ámbito sanitario. Tenemos que hacer frente a ese reto, que es un reto
como sociedad y desde luego como instituciones públicas, desde la programación conjunta y compartida. Solo así seremos capaces de tener un buen Sistema Nacional de Dependencia, al mismo tiempo que descongestionaremos un Sistema Nacional de Salud
que atiende ahora a realidades que debería atender un buen Sistema Nacional de Dependencia. Por eso ha llegado el momento, y ahora tenemos la posibilidad con esa evaluación, de hacer frente a esa reflexión compartida y de tomar medidas certeras y
concretas. Le garantizo, señor Campuzano, que no vamos a eludir esa reflexión, que vamos a poner propuestas encima de la mesa y que estoy convencida de que llegaremos a acuerdos. Desde luego no tengo ninguna duda sobre su voluntad, que ha
manifestado en muchas ocasiones. Espero y confío que el resto de los grupos parlamentarios también sepan estar a la altura.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A PONER EN MARCHA EL NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR PARA QUE, DE UNA VEZ POR TODAS, SE CUMPLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU MINISTERIO. (Número de expediente
172/000287.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación del Grupo Popular, sobre las medidas que va a poner en marcha el nuevo ministro del Interior para que, de una vez por todas, se cumpla el principio de legalidad en
su ministerio. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro, señorías, poner la política por encima de la ley ha sido una constante a lo largo de toda la historia del Partido Socialista. Este desprecio al principio de legalidad fue afirmado con toda rotundidad por su propio fundador
cuando desde esta misma tribuna proclamó: Mi partido estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad, cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones. (El señor Hernando Fraile: Pablo
Iglesias.) Su hoy sucesor, el autoproclamado gran líder del partido, el señor Rubalcaba, no solo se mantiene fiel a este principio de legalidad selectiva, sino que lo ha practicado fielmente con la necesaria colaboración del actual ministro,
situando en todo momento su acción política por encima de la ley.


Ustedes, señor ministro, han violado la ley en la lucha contra el terrorismo, como pone de manifiesto el caso Faisán; han vulnerado la ley en la lucha contra la inmigración ilegal imponiendo cupos, retención de extranjeros a las comisarías
de policía; han incumplido las sentencias judiciales en materia de personal; han ignorado los mandatos parlamentarios respecto a la transparencia debida de los datos de criminalidad; y en definitiva, han puesto instituciones básicas del Estado de
derecho al servicio de los intereses de partido.


Quiero empezar, por tanto, señor ministro, pidiéndole que ponga fin al secretismo, a la manipulación y a la falta absoluta de transparencia que ha caracterizado la gestión del señor Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. Y sé bien
que pedirle a usted transparencia es como pedirle peras al olmo, porque lo primero que hizo usted nada más llegar al Ministerio del Interior fue firmar una instrucción como secretario de Estado en la que prohibía taxativamente dar cualquier tipo de
dato a los delegados del Gobierno, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil sobre la evolución de la criminalidad. Pero usted debe saber, señor ministro, que tiene un mandato de esta Cámara, que tiene un mandato de la Comisión de Interior del
Congreso instándole a que publique mensualmente los datos de delincuencia en la web del ministerio. Si se toma la molestia de entrar en la web del ministerio que tiene en la pantalla del ordenador, se dará cuenta de que está incumpliendo ese
mandato parlamentario. Además, señor ministro, la manipulación que están realizando ustedes de las cifras de delincuencia pasará a la historia de este país como una de las grandes mentiras estadísticas, porque las cifras de delitos reales que se
cometen en España se alejan cada vez más de las cifras oficiales que maneja su ministerio. Ni siquiera, señor ministro, tenemos un sistema estadístico nacional que nos permita saber cuántos delitos se cometen en el conjunto de nuestro país, y sabe,
señor ministro, que los datos que ofrecen son incompletos y están gravemente devaluados. (El señor ministro del Interior, Camacho Vizcaíno, hace gestos negativos.) Sí, señor ministro. En definitiva, me temo que la cifra negra del delito en España
es, por difícil que parezca, aún mayor que el déficit oculto que



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ha dejado su partido en algunas comunidades autónomas como la de Castilla-La Mancha.


Señor ministro, no se trata solo de ocultación o de falta de transparencia sino de algo más grave; se trata de ilegalidades en la gestión del Ministerio del Interior. Usted y el señor Rubalcaba han hecho un catálogo de puestos de trabajo
para el Cuerpo Nacional de Policía ilegal; usted y el señor Rubalcaba se han negado reiteradamente a cumplir sentencias judiciales firmes; usted y el señor Rubalcaba han realizado concursos que después han sido anulados por los tribunales de
justicia. Permítame que le lea en esta Cámara un solo párrafo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, auto de 15 de julio del año pasado. Decía el tribunal de justicia, no la oposición, señor ministro: Es evidente que no
puede darse por cumplida, ni siquiera por iniciada la ejecución de la sentencia por la Administración, que parece más bien que pretende no cumplir con lo resuelto en la citada resolución judicial. Y añadía: En definitiva, lo que la Administración
intenta es obviar la ejecución de la sentencia continuando utilizando el sistema de libre designación en lugar del concurso de méritos para proveer dichas plazas y es precisamente eso lo que anula el catálogo por utilizar dicho sistema. Más
recientemente, hace solo unos meses, en el mes de marzo de este mismo año, ese mismo tribunal le advertía, señor ministro, de que no se abstuviera de resolver las convocatorias de destinos a cubrir por el procedimiento de libre designación entre los
funcionarios de nivel 28. Esto es en la Policía, pero no se crea que la situación en la Guardia Civil es idílica. Le daré un solo dato: dos de cada tres sentencias emitidas por los tribunales de justicia en relación con recursos planteados por
guardias civiles le quitan la razón al Ministerio del Interior, y solo en 2010 cerca de doscientas sentencias ponían en cuestión su gestión de personal en este cuerpo. Señor Camacho, no solo como ministro sino como fiscal en excedencia, se le
debería caer a usted la cara de vergüenza por el constante varapalo que la justicia está dando a su política de personal. Señor ministro, mi pregunta es si tiene usted voluntad de arreglar esto y cómo lo va a arreglar.


En estos momentos hay cientos de mandos de la Policía que están vacantes u ocupados en comisión de servicio, y eso genera una situación de caos. Tenemos que acabar con un modelo de Policía en el que la totalidad de los mandos son nombrados
a dedo y de forma ilegal. En un Estado democrático es esencial la existencia de una policía profesional e independiente al servicio de los intereses generales, y no una policía politizada y al servicio de intereses partidistas como la que usted y
el señor Rubalcaba han intentado desarrollar. Son los principios de mérito y de capacidad los criterios que deben imperar en la designación de los mandos policiales, y no el amiguismo, ni la arbitrariedad, ni el sectarismo con el que ustedes han
hecho norma en el Ministerio del Interior. Cuando se utiliza a la Policía para preparar fichas electorales de su partido, o cuando se filtran investigaciones policiales a los medios de comunicación para desacreditar a sus adversarios políticos, o
cuando se instrumentaliza a la Policía para facilitar la negociación con los terroristas, no solo se hace un gran daño a la institución, sino que se hace un gran daño al conjunto de la democracia. Yo no le pido mucho, señor ministro, le pido que en
los pocos meses que previsiblemente usted va a estar al frente de su departamento no hagan más daño a la Policía, cumplan de una vez las resoluciones judiciales y no utilicen a la Policía al servicio de los intereses políticos.


Pero lo más lamentable de todo, señor ministro, es que ha vuelto usted a transitar atajos ajenos al Estado de derecho en la lucha contra el terrorismo. Como secretario de Estado, usted ha estado agazapado durante mucho tiempo en relación
con el caso Faisán, pero como ministro del Interior está obligado a responder ante esta Cámara. Se le habrá olvidado probablemente, señor Camacho, pero tiene usted pendiente una petición de comparecencia de mi grupo parlamentario desde hace más de
un año para que venga a la Comisión a aclarar su grado de conocimiento con relación al presunto chivatazo. Usted se ha negado a venir porque tiene mucho que esconder y muy pocas ganas de dar la cara en este asunto. (El señor Fernández González
pronuncia palabras que no se perciben.) Pero hoy, como ministro del Interior, está usted obligado a responder, y la primera cuestión, señor ministro, es si tuvo usted conocimiento de que se había producido este chivatazo, porque resulta inconcebible
que como secretario de Estado no se enterara de nada. Y si usted reconoce hoy que no se enteró de nada, entonces lo que debe hacer es dimitir por responsabilidad política, por incompetencia en sus funciones.


La segunda cuestión, señor ministro, es que habla usted en las dos llamadas que el director de la Policía le hizo horas antes del chivatazo. (El señor Fernández González pronuncia palabras que no se perciben.) Espero sinceramente que la
amnesia que tiene el anterior director de la Policía no se le haya contagiado y pueda decirnos algo sobre lo que hablaron. La tercera cuestión, señor ministro, es por qué en las comunicaciones posteriores, hasta diez, que usted hizo con el director
de la Policía, hoy procesado, utiliza usted el mismo teléfono que utilizaba ETA para sus comunicaciones con el Gobierno. Que usted utilizara en sus comunicaciones el mismo teléfono que los terroristas resulta absolutamente anómalo, señor ministro.
Ese teléfono fue incautado por la Policía en Francia y ese mismo número es el que aparece en sus comunicaciones. Debe dar usted una explicación. Pero le digo más. En las actas de la negociación con ETA que la juez Le Vert envió a la Audiencia
Nacional figura que el chivatazo fue utilizado en su negociación con los terroristas. Me gustaría un desmentido rotundo por su parte. Lo que no vale ya es esa evasiva de decir que usted no comenta estas cosas, porque fueron ustedes los que dieron
interlocución política a los terroristas.



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La última cuestión, señor ministro, pero quizá la más importante: ¿quién dio la orden política? Nosotros jamás podremos justificar ni política ni moralmente una delación como esta a los terroristas, pero, si ustedes creyeron necesario dar
un chivatazo para salvar su negociación con los terroristas, lo que en todo caso no debieron hacer jamás fue involucrar a la Policía. Si ustedes querían mantener a toda costa esa negociación, haber llamado usted o que hubieran llamado el señor
García Hidalgo o el señor Rubalcaba, pero no hagan a la Policía cumplir órdenes ilegales. Y si usted dio esa orden, señor ministro, si la dio, al menos tenga el coraje de dar la cara hoy, esta mañana, por sus subordinados (Un señor diputado: Ahí,
ahí.), porque no comparece usted en esta Cámara como acusado ni como fiscal, comparece como ministro del Interior. Las preguntas que le han formulado taxativamente han sido apartadas por el juez instructor de las responsabilidades penales del caso,
pero son enormemente relevantes para saber cuál es la responsabilidad política que les incumbe a usted y a su antecesor. Tiene usted la obligación de responder, y le advierto que su silencio no le va a eximir a usted de sus responsabilidades ni va
a ser capaz de encubrir al señor Rubalcaba. No se trata, como tantas veces ha afirmado el anterior ministro, de un caso menor y que los etarras fueron detenidos posteriormente. Ese chivatazo permitió a ETA hacerse con el dinero recaudado y
destruir pruebas sobre su red de extorsión.


El caso Faisán no solamente es un paso atrás en la lucha contra el terrorismo por esas razones. El caso Faisán es una afrenta muy grave al funcionamiento de nuestro Estado de derecho por el que usted tiene que asumir alguna responsabilidad.
Nunca en la historia de la democracia, yo creo que en ningún país del mundo, un director general de la Policía ha sido procesado por colaboración con una banda terrorista. Y más allá de las consecuencias penales, en las que ni a usted ni a mí nos
corresponde entrar, hay unas responsabilidades políticas que resultan ineludibles, porque es inadmisible que en un Estado de derecho un gobierno colabore con los terroristas, porque esa delación resulta políticamente inaceptable y moralmente
aborrecible, porque el chivatazo fue una traición a todos los policías, a todas las víctimas del terrorismo y a toda la sociedad española. Por eso tiene usted no solo obligación política, tiene la obligación moral de contestar. Lo más injusto es
que al final de este caso sean unos policías los que terminan pagando por un chivatazo que fue político, que tuvo unos responsables políticos, que obedeció a una instrucción política y que tuvo una motivación política. Quiero que sepa que con su
silencio está usted traicionando a los miles de hombres y mujeres que tiene bajo sus órdenes hoy como ministro del Interior.


Creo que el presidente del Gobierno ha cometido un grave error nombrando como ministro del Interior a un político que aparece mencionado en este caso. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: La duda es si usted no ha sido nombrado ministro precisamente por eso, porque nadie mejor que usted, señor Camacho, para guardar los secretos de Interior.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Cosidó, ha acabado su tiempo.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Termino ya, señor ministro, y lo hago con una sola frase: en una democracia, el fin jamás justifica los medios. (Aplausos.-El señor Canongia Gerona: Has estado brillante. ¡Qué grande eres!-Una señora diputada:
Haciendo méritos.- Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cosidó. (Continúan los rumores.)


Señorías, cada uno de ustedes tiene su momento para interpelarse. Ahora les toca escuchar la contestación a la interpelación y para ello tiene palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señora presidenta.


Señoría, ciertamente, cuando venía hacia aquí pensaba iniciar esta intervención poniendo de manifiesto mi doble satisfacción: por un lado, porque la primera interpelación hubiera sido realizada por usted, en la medida en que nos conocemos
de muchos debates en la Cámara. Créame que esa satisfacción ha desaparecido cuando he oído el tono que su señoría ha utilizado, rayano en el insulto y en la descalificación de una gestión que está comenzando en este momento e incluso de los
principios del Estado de derecho y de la democracia en la que afortunadamente vivimos. Supongo, señoría, porque le conozco desde hace tiempo, que eso es necesario para medrar en el partido en el que usted se encuadra. (Aplausos.- Rumores.) Lo
siento por nuestros ciudadanos y por usted si se ve obligado a mantener ese tono y esa intervención que ha hecho. Ha comenzado su intervención citando de una manera probablemente inadecuada una frase del fundador del Partido Socialista. Señoría,
no es necesario traer a personas ya fallecidas a este hemiciclo, que no pueden contestar. El presidente de su partido -lo he mencionado en la respuesta que he dado a uno de sus compañeros de filas- ha manifestado que apoyará a un político que está
imputado y respecto al cual se ha abierto juicio oral, sea cual sea la decisión de la justicia. ¿Es eso respetar la ley? ¿Es eso respetar el Estado de derecho? ¿Es eso respetar la democracia? (Aplausos.)


Señoría, la segunda satisfacción la sigo teniendo. Estoy en un ministerio encargado de hacer cumplir la ley y lo hace siempre desde el más estricto respeto a la ley, al Estado de derecho y a los principios de nuestra democracia.



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Creo que los ciudadanos ya lo manifiestan, se sienten especialmente orgullosos de tener este ministerio, de tener una Policía y una Guardia Civil que velan por su seguridad y que velan todos los días por el libre ejercicio de sus derechos
fundamentales. Esa es la opinión mayoritaria de los ciudadanos. No se equivoque, no estamos hablando de un grupo político o de otro, sino de la mayoría de los ciudadanos.


Es obvio -y usted lo sabe perfectamente, lo único que ocurre es que tiene que introducir la ceremonia de la confusión- que la Administración se encuentra sujeta a la ley, es obvio que los tribunales controlan la legalidad de la actuación de
la Administración, lo han hecho así a lo largo de toda la democracia. El hecho de que determinen que una resolución administrativa es ilegal no quiere decir que el Gobierno o el Ministerio del Interior sean ilegales. Ha llegado al absurdo de
sostener eso. Es como si una ley votada por este Parlamento y declarada posteriormente inconstitucional conllevara que todas sus señorías son inconstitucionales o se caracterizan por violar la Constitución. Eso, señoría, reconozca que es un
absurdo.


Nos metemos en cada uno de los temas que usted ha señalado. Estadísticas. Yo mismo en persona concerté con usted una proposición no de ley y una moción que establecían las características o la forma en la que se iba a poner en conocimiento
de los ciudadanos los datos en materia de criminalidad, y lo hemos cumplido. Nunca antes un secretario de Estado, nunca antes un ministro habían comparecido tantas veces y con tantos datos en ambas Cámaras en relación con las cifras de criminalidad
de cada año. Nunca antes por lo tanto se habían sometido al debate que es propio de las Cámaras parlamentarias. En alguna de mis intervenciones en la Comisión le dije que lo entendía, porque tenía que ser muy valiente un ministro que en los años
2001 y 2002, con las peores cifras de criminalidad de nuestra democracia, compareciera en las Cámaras y compareciera en las comisiones para hablar de criminalidad. Señoría, no creo que tenga que recordarle quién era el ministro del Interior en esas
fechas. Hemos comparecido, hemos dado datos, hemos hecho informes semestrales, informes anuales y usted sigue hablando de falta de transparencia. Consensuó conmigo una PNL y una moción y sigue hablando de falta de transparencia, a pesar de que el
Gobierno se ha ajustado siempre al contenido de ambas, de la PNL y de la moción. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Por lo que se refiere al catálogo de puestos de trabajo que ha mencionado, es cierto que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableciendo la nulidad de algunas de las vacantes de ese catálogo en la medida en que
eran de libre disposición y no estaban suficientemente justificadas. Pero se ha olvidado de señalar que hay dos resoluciones de la subsecretaría del ministerio de diciembre de 2010 y de marzo de 2011 que dan traslado de las modificaciones del
catálogo y de las justificaciones de los puestos, que en aquellos supuestos en los que desde los tribunales se nos ha pedido que no resolviéramos concursos que están pendientes no se han resuelto y que las plazas que han sido nombradas en comisión
de servicios ascienden a 16, en una plantilla que llega a 70.000 personas. Es obvio que esa plantilla requiere determinados puestos, pero no se trata de nombramientos a dedo. Hay cargos dentro del ministerio que tienen que ser de libre
disposición, porque una especial responsabilidad se exige a las personas que los ocupan. En todo caso, si considera que esos puestos son designados a dedo, durante la última legislatura del Partido Popular, el Ministerio del Interior tenía más
puestos de libre disposición, un 8,5 por ciento, que los que tiene ahora, un 7,23.


Por lo que se refiere al caso Faisán, creía que ya habían tenido suficiente con lo que he manifestado a lo largo de mi intervención. El Gobierno, este ministerio y este ministro sí respetan los principios del Estado de derecho, sí respetan
los principios de la democracia. No se trata solo de hablar continuamente de la Constitución, de hablar de democracia, de hablar de Estado de derecho, darse la vuelta y a partir de ese momento comenzar a desconocerlos continuamente. Señoría, usted
ha dicho en el estrado que yo he violado la ley en el caso Faisán. Yo creo que su aseveración es lo suficientemente fuerte como para que yo me queje, porque ahí hay un procedimiento judicial, hay una resolución que en este momento es provisional,
no ha terminado la investigación, no se ha abierto juicio oral, no se ha formulado acusación alguna, y usted no puede, en un Estado de derecho, hacer una manifestación como la que ha hecho. Además, señoría, sigo pensando que no cuadra con su forma
de entender la vida y la política y sigo lamentando que se sienta obligado a decir ese tipo de cosas en un estrado cuando realmente no las siente.


Señoría, en ningún momento he estado agazapado en ningún sitio, en ningún momento me he escondido en ningún sitio. Creo que he sido un secretario de Estado responsable, que he acudido a las Cámaras, que, señoría, si tiene en cuenta mis
comparecencias, he superado con mucho las comparecencias de mis antecesores y que he respondido a todas y cada una de las preguntas que se me ha formulado. Y como soy responsable y en su momento formé parte de dos carreras que se encargan de
gestionar la Administración de Justicia, no voy a contestar a las preguntas que usted ha formulado, porque no es este el lugar en el que se haya de contestar a esas preguntas si partimos de la base de que hay una investigación penal abierta. Yo sí
respeto los tiempos de la Administración de Justicia. Yo sí respeto el papel que tiene el Poder Judicial en este país. Además de eso, no respondo por una cuestión de responsabilidad. Estamos hablando de una de las cuestiones más esenciales y más
graves para nuestra democracia, la lucha contra el terrorismo, y no voy a permitir que ninguna de mis manifestaciones, ninguna de mis respuestas afecten a la responsabilidad que tengo como ministro del Interior. Ni ahora ni nunca.



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Ya sé que ustedes utilizan este tema -y lo he dicho a la hora de contestar la pregunta- para generar una ceremonia de la confusión. Dicen mentiras como que yo he violado la ley, en ese caso al que usted ha hecho referencia, para generar
confusión en los ciudadanos, que probablemente en este momento, en la medida en que parten de la seriedad de todas las señorías que se sientan en este hemiciclo, puedan tener alguna duda. Pues no deben tenerla. Nunca he violado la ley, ni en ese
ni en ningún otro caso. No me lo permitirían mis principios. No me lo permitiría mi entendimiento del Estado de derecho y de la democracia y no hay ninguna razón que me llevara a llegar a hacer cosas que no me permiten mis principios, que no me
permiten las ideas en las que creo, señoría. Creo que ese es el principio que debe regir a todas las personas que creen realmente en la democracia, que creen realmente en el Estado de derecho.


Señoría, no es necesario que el ministro del Interior adopte medidas adicionales a las que ya se adoptaron durante el tiempo en que fue secretario de Estado de Seguridad, bajo dos ministros magníficos, para exigir el cumplimiento de la
legalidad en el ministerio. No es necesario porque tanto los ministros que han estado como yo mismo tenemos muy claro cuáles son los principios que rigen el Estado de derecho, que rigen la democracia; en segundo lugar no es necesario porque
afortunadamente el Ministerio del Interior cuenta con 150.000 funcionarios de Policía y de la Guardia Civil que saben perfectamente cuál es su trabajo, que saben perfectamente cuál es el marco en el que se mueven, que respetan continuamente el
Estado de derecho y la democracia.


Para finalizar, señoría, le voy a dar datos que ponen de manifiesto que el principio de legalidad se cumple en el ministerio: 5 puntos menos de tasa de criminalidad con relación a 2003; 126 asesinatos menos el año pasado que los que hubo
en 2003, o que los robos con violencia e intimidación han caído a la mitad en relación con los datos que tenemos de 2001. Por lo tanto, los ciudadanos, cuando dicen en las encuestas que es el mejor momento de la democracia desde el punto de vista
de seguridad, contemplan la realidad y esta realidad, señoría, es mucho más intensa, es mucho más importante que sus obsesiones.


Gracias, señorías. (Aplausos.-Algunos señores diputados: ¡Muy bien!)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Cosidó, tiene la palabra.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Mire, señor ministro, usted no contesta a una sola de mis preguntas no por respeto a nada. No contesta porque no puede contestar, porque no tiene una sola respuesta a ninguna de las preguntas que yo le he
formulado. Me gustaría al menos reiterarle dos de ellas. La primera es si usted hablaba, como le decía antes, a través de un teléfono que fue incautado a la banda terrorista ETA, el teléfono de contacto de los terroristas con el Gobierno: por qué
utilizaba usted ese teléfono para hablar con su director general de la Policía. Yo creo que no solo esta Cámara sino el conjunto de los españoles merecen una explicación al respecto. En segundo lugar, señor ministro, quién dio la orden política
del chivatazo. Porque hay muchas cosas en juego. Está en juego el honor de policías, está en juego la credibilidad de nuestro Estado de derecho y es muy importante que usted responda hoy a esta Cámara. Con más de cien preguntas orales en Comisión
sin responder y más de sesenta comparecencias, no puede usted venir aquí a sacar pecho en materia de transparencia. Es que usted ni siquiera va a poder comparecer en la Comisión, porque, con toda probabilidad, cuando usted quiera comparecer para
explicar los planes de su departamento, las Cámaras habrán sido disueltas. (El señor Canongia Gerona: ¡Eso es lo que tú quieres!) Las sentencias se están incumpliendo. Le he leído párrafos de sentencias y de autos judiciales en los que los
tribunales ponen de manifiesto su voluntad expresa de incumplir las sentencia judiciales. Eso es de una enorme gravedad, señor ministro.


En relación con el caso Faisán, señor ministro, yo no le he acusado de nada. He dicho dos cosas que son muy graves. La primera es que el caso Faisán, el chivatazo a ETA, no es una violación de la ley: es un delito, un delito muy grave, y
ese delito existió. En segundo lugar, le he dicho que usted tiene una responsabilidad política clara en ese caso y eso es lo que estamos dilucidando esta mañana y por tanto tiene usted la obligación constitucional de responder mis preguntas, porque
mis preguntas precisamente el juez instructor del caso las ha apartado, y por eso usted en este momento no está imputado en ese caso.


Las recomendaciones sobre el respeto a la justicia se las da usted al ministro Jáuregui, que es el que ha dicho que la actuación del juez en este caso ha sido una actuación disparatada y ha dicho que el sumario del caso Faisán es un conjunto
de entelequias. Y se lo dice también usted a su candidato, al señor Rubalcaba, que ha dicho que el conjunto del sumario no vale absolutamente para nada, que ha descalificado, en una agresión sin precedentes por parte de un ministro del Gobierno y
por parte de un candidato a presidente del Gobierno, a los tribunales de justicia.


Usted no tiene ni el tiempo ni la voluntad ni la capacidad para cambiar las cosas en el Ministerio del Interior. Usted va a mantener la más absoluta opacidad. Usted va a mantener la más absoluta opacidad porque la delincuencia está
creciendo y porque tenemos unas elecciones muy próximas. Por tanto, lo que quiero decir en esta tribuna es que frente al secretismo que ha caracterizado su gestión, el Partido Popular asume un compromiso claro de transparencia con los ciudadanos,
porque es un derecho de los ciudadanos conocer cuál es la evolución de la delincuencia. Segundo, usted va a mantener la misma política sectaria en el Cuerpo Nacional de Policía



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y lo que quiero decir es que el Partido Popular asume un compromiso firme de que trabajaremos por una policía profesional, en la que los criterios de mérito y capacidad sean la única guía en el nombramiento de los mandos policiales.


Mi partido tiene no solo la convicción, tiene la determinación inquebrantable de derrotar a ETA. Por tanto, lo que quiero también es asegurar en esta tribuna que con el Partido Popular no habrá posibilidad ninguna de negociación ni de
diálogo con los terroristas, que utilizaremos todos los resortes del Estado de derecho para expulsar a los cómplices políticos de los terroristas de las instituciones democráticas, que el Partido Popular defenderá la dignidad y la memoria de las
víctimas del terrorismo hasta sus últimas consecuencia y que haremos una política antiterrorista basada en el cumplimiento más estricto de la ley, en el respeto más absoluto al Estado de derecho. Porque, señor ministro, al final, el camino de la
libertad solo se puede transitar a través del Estado de derecho. Aquí no habrá ni más Faisanes, ni más Gales, ni más atajos al margen de la legalidad para derrotar a los terroristas (El señor Fernández González: ¡Habrá Gürteles!) y es así como lo
vamos a conseguir. (Aplausos.-Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor ministro del Interior, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señor presidente.


Señoría, sí he contestado. He dicho cuál ha sido el principio que ha regido mi actuación durante los últimos siete años y el principio que va a regir mi actuación de cara al futuro, pero, probablemente, ustedes ni quieran ni les interese
entender. Lo que pretenden es hacer ruido en un tema muy sensible para nuestros ciudadanos, que se terminarán dando cuenta del doble discurso que ustedes mantienen. Si tanto respeto tiene por el honor de los policías y de los guardias civiles, no
adelante conclusiones hasta que termine la investigación judicial. Usted, con sus manifestaciones, juega con el honor de aquellos que están siendo investigados, pero que no han sido condenados, y usted y su grupo se caracterizan por condenar
previamente a aquellos que no han sido juzgados. Le reto a que busque una sola declaración mía o de algún responsable del Ministerio del Interior en relación con los cientos de imputados que tienen en los distintos casos en los tribunales de
justicia. No la encontrarán, porque mi ministerio y yo sí creemos en la democracia, en el Estado de derecho y en los principios que rigen el mismo.


Por lo que se refiere a la transparencia, señoría, puede imputarme todo lo que me ha imputado, pero lo que no me puede imputar es falta de inteligencia. Tenemos los mejores datos de criminalidad de la historia de la democracia española.
¿Qué sentido tendría que yo los escondiera? ¿Qué sentido tendría que el ministerio no estuviera compareciendo continuamente a efectos de determinar la situación en cada momento? No es cierto que la criminalidad esté subiendo, señoría, y lo peor de
mi aseveración es que usted sabe que no es cierto, pero sin embargo se ve obligado a subir a este estrado y a mantener algo que no es verdad. Los datos que hemos ido aportando en los últimos tiempos ponen de manifiesto que las cifras de
criminalidad siguen descendiendo. Por lo tanto, señoría, no falte a la verdad también en estos datos objetivos, porque además no tiene efecto. Los ciudadanos en este momento consideran que los niveles de seguridad son los más adecuados de los
últimos quince años. Los ciudadanos afortunadamente son lo más inteligente de este país, y esos mensajes, esa confusión, esas medias mentiras, esas mentiras enteras no les van a confundir. No les traslade preocupación en un ámbito que les afecta a
su vida diaria. Trasládeles los datos reales. Sea crítico con el Gobierno, pero, por favor, no los engañe.


Dice que las sentencias se incumplen. Ya le he dicho todos los pasos que se han dado. Es una especie de mantra, pero tiene que estar basado en alguna justificación, y yo le he dado la justificación a través de las resoluciones de la
subsecretaría en el tema de personal.


Señoría, usted sabe muy bien y yo le he puesto de manifiesto las razones para no hacer ningún pronunciamiento más con relación al caso Faisán: responsabilidad, la que nos compete a todos: al ministro, a los que trabajan en el Ministerio
del Interior y a la oposición, que también tiene responsabilidad en este ámbito, también tiene responsabilidad. Por tanto, no confunda entre los términos acusado, imputado y testigo. Son absolutamente diferentes y sin embargo usted, de forma
consciente, sin ningún género de duda, no ha utilizado el adecuado, el que sabe perfectamente que era el correcto, sino que ha utilizado otros dos términos que nunca, en ninguna resolución, se han puesto de manifiesto. No siga faltando a la verdad.
No siga comprometiendo la lucha de este país contra el terrorismo.


En definitiva, señoría, parafraseando lo poco que ha dicho en su discurso que puede ser parafraseado, creo que usted tiene tiempo y que tiene capacidad e inteligencia para cambiar. Tome la decisión y eso pondrá de manifiesto que también
tiene voluntad.


Gracias, señorías. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! -Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro del Interior.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y LENGUA CATALANA. (Número de expediente 172/000288.)



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El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre las medidas de reconocimiento de la identidad y lengua catalana. Para formularla tiene la palabra don
Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, si me permite, para ponernos en ambiente, le recordaré solamente -creo que a usted le puede ayudar y a mí también, repito, ponernos en ambiente- que la primera actuación política del nuevo Gobierno aragonés ha sido
comprometer la derogación de la Ley de Lenguas que permitía a las lengua aragonesa y a la lengua catalana intentar -repito, intentar- que no desaparezcan en los próximos años. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El nuevo Gobierno en las Illes Balears ya ha dicho que la inmersión lingüística se va a acabar en las Islas Baleares y el Gobierno del Partido Popular en el País Valencià ha diseñado un nuevo modelo educativo que conllevará la minorización -todavía
más- de la lengua catalana en el País Valencià. Permítame, pues, que nos pongamos en ambiente. Estos son los hechos y comoquiera que nuestro grupo parlamentario ha hecho múltiples interpelaciones al Gobierno español, a los distintos gobiernos, al
señor Sevilla, a la señora Cabrera, al señor Moratinos y a usted misma, y hoy usted ocupa un cargo muy importante dentro del Gobierno, le pido ya de entrada si ustedes nos pueden decir qué harán, qué pueden hacer para aprovechar la coyuntura de la
apertura de negociaciones entre la Unión Europea y el Estado croata, que conllevará inevitablemente el reconocimiento de una lengua, la serbocroata, que hablan 7 millones de personas en Europa -por cierto, 3 millones menos que catalanohablantes- y
que será reconocida oficialmente, como tiene que ser, cuando Croacia se integre en la Unión Europea.


Sé que condicionar es una palabra dura y fuerte. Además, es cierto que para que exista el reconocimiento de la oficialidad de la lengua serbocroata tienen que estar todos los Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo. Es decir
-permítame el órdago, el órdago teórico-, si el Estado español quisiera condicionar la presencia de la lengua serbocroata en las instituciones europeas como lengua oficial, podría hacerlo. Sé que es un órdago muy fuerte. Entiendo los problemas
políticos que ello conllevaría, pero no entiendo por qué un Estado como el español, que está comprometido en el ejercicio de esfuerzo, en la voluntad de reconocer la lengua catalana en las instituciones europeas, de entrada descarta el órdago.
Permítame la expresión -no sé si debería decirlo, pero lo digo-, el hacha -como se dice en castellano; destral en catalán- nunca hay que esconderla y ustedes tienen una gran potencialidad para, aprovechando, repito, la coyuntura, puesto que las
negociaciones tienen que acabar en 2013, poner encima de la mesa que existe una realidad que es excepcional en Europa. Lo digo con todo el respeto porque estamos comprometidos con la lengua euskara y con la lengua galega, el catalanismo político
está comprometido desde siempre, pero la lengua catalana es la decimocuarta entre las más habladas en la Unión Europea, luego es una excepción también.


Le pregunto si hoy podemos ya concretar un tema de debate. ¿Qué pueden hacer? Puesto que hubo un compromiso en el año 2004 -de hecho se llegó tarde-, entiendo que voluntad había, ha existido la voluntad, nunca hemos dicho que no hubiera
voluntad por parte del Gobierno español, sobre todo en los primeros dos años de la VIII Legislatura. Se llegó tarde y se hizo lo que se pudo. Quizá nosotros tenemos razón cuando decimos que se hubiera podido hacer más. Ahora esta agua ya no mueve
molino. Lo importante es saber si ahora estamos en condiciones de forzar la máquina y esto se tiene que hacer desde la visualización, es decir, hay que explicar a la ciudadanía catalana y a la ciudadanía española que el Gobierno español va a por
ello, puesto que cuanto mayor sea su compromiso, caso de que gobernara el Partido Popular -que yo sí que repito como un mantra que ojalá que no ocurra-, al menos, todo el empuje que ustedes hubieran realizado durante estos meses y la socialización
de esta demanda pondría al Partido Popular en una situación difícil, al menos para no desandar el camino.


En segundo lugar -aprovecho que usted es la representante del Gobierno que hoy responde a esta interpelación urgente-, le voy a poner un ejercicio de imaginación. Si el Estado español tuviera fronteras con otros Estados que tuvieran como
lengua oficial la española -imagínese que en Francia y en Portugal se hablara el español-, estoy convencido de que existiría un buen número de convenios político-culturales/idiomáticos a fin y efecto de rentabilizar recursos y de potenciar y crear
sinergias a favor de la lengua. Es lógico. Si esto se hace con Estados situados en otros hemisferios, ¿cómo no se haría con Estados colindantes? Pues bien, el gallego, el vasco, el catalán son idiomas que tienen frontera con otros Estados y
nosotros desde el año 2004 venimos reclamando abrir pequeños surcos de colaboración, por ejemplo, en Catalunya Nord. Pues oiga, no se ha hecho nada y, si usted lee una interpelación mía del año 2005, verá que decíamos que hay que ir abriendo
caminos de colaboración con los Estados colindantes. Esto desemboca en otro tema, el tema europeo al cual me he referido anteriormente. El otro día escuchaba cómo el señor Chaves, vicepresidente, respondía al diputado del Partido Nacionalista
Vasco, don Aitor Esteban, a raíz de algo tan cansino como las páginas web. Yo llegué en 2004 y al cabo de dos meses ya hacíamos una interpelación, proposiciones no de ley... Es más, en 2005 se aprobó aquí una resolución pactada entre el Grupo
Socialista y Esquerra Republicana que era histórica. Nunca anteriormente había habido una resolución que hablara de llegar incluso a la normalización de los usos lingüísticos ya no



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digo en la Administración General del Estado, sino en los órganos constitucionales.


Esta mañana he viajado con el ordenador hasta la página web de La Moncloa y -creo que el presidente del Gobierno debería dar la orden hoy para que esto se resolviera esta tarde- ni tan solo se ha traducido la biografía del presidente.
¡Tanta dejadez! ¿Cómo es posible que se haya avanzado tan poco? Sé que siempre dicen que se va avanzando y no lo niego. Es más, ustedes siempre dicen que nunca las lenguas cooficiales habían gozado de tanta buena salud. Efectivamente, si venimos
del fascismo, venimos del genocidio. Que hoy día todavía -ya no digo la Casa Real- esté todo en castellano, este Parlamento en inglés y en castellano todavía. Ya no hablo de los órganos constitucionales, hablo del Gobierno. Repito, en la página
web de La Moncloa incluso la biografía del presidente Rodríguez Zapatero está en castellano. Por cierto, bienvenidos, benvinguts, benvidos, ongi etorri..., benvinguts. Imagínese usted como andaluza que tuviera que sentir la humillación de ver una
página web escrita en andaluz y en castellano. ¿O es que no es suficiente lo que ha dejado claro, clarito, clarete la Real Academia Española de la Lengua, que el valenciano -no hablo en términos políticos, hablo en términos académicos- es una
modalidad del sistema idiomático catalán, como también lo son los otros dialectos de la lengua, como lo es el catalán central que hablamos los de Barcelona? ¿Cómo puede ser que hoy en día todavía estemos así? Usted se preguntará a qué viene tanta
angustia. La angustia viene de que estamos a finales de la legislatura, y como estamos a finales de legislatura nos preocupa, por ejemplo, que no exista una declaración clara. Agradezco a la ministra Pajín que lo dijera; en la calle pero lo dijo:
es necesaria una declaración solemne del Gobierno español que diga que aun cuando la directiva europea amenace el poco, escasísimo etiquetaje que podemos hacer en catalán, el Gobierno español se va a plantar.


Señora ministra, tenía algunos temas más, pero para centrar la discusión, si me permite el debate, el tema es la Unión Europea y Administración General del Estado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.


Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, como ha hecho unas reflexiones sobre cómo ponernos en ambiente, lo primero que quiero hacer es poner de relieve la sensibilidad, el respeto y el compromiso que ha demostrado especialmente este Gobierno hacia el reconocimiento de la
identidad y de la lengua catalana. Usted sabe muy bien, señoría, como también ha recordado, que en esta etapa, en estas dos legislaturas de Gobierno socialista ha sido cuando más se ha respaldado y alentado un mayor autogobierno para Cataluña,
cuando más hemos reafirmado el respeto a los sentimientos de identidad de los ciudadanos de Cataluña y cuando hemos trabajado más intensamente por reconocer la identidad nacional de Cataluña y por afirmar el valor y el respeto en el uso de la lengua
catalana. En estos últimos siete años -son muchos, es verdad, señoría, hay que recordarlo- son muchos y muy significativos los logros en materia de autogobierno en Cataluña, y más concretamente en la promoción de la lengua catalana en el exterior,
que es el objeto de esta comparecencia.


Señoría, voy a referirme especialmente al reconocimiento e impulso de la lengua catalana y el resto de lenguas cooficiales en el ámbito de la Unión Europea, puesto que se trata del ámbito de competencia de este ministerio que represento.
Como sabe, señoría, desde el primer momento, desde el principio, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero asumió el compromiso político de solicitar el reconocimiento oficial para estas lenguas en la Unión Europea. De hecho, fue con fecha de 13
de diciembre de 2004, pocos meses después de tomar posesión, cuando el Gobierno presentó ante la Unión Europea un memorándum con esta propuesta. A raíz de ello, en el Consejo Europeo de junio de 2005 se aprobó una reforma del régimen lingüístico
permitiendo el uso oficial de todas estas lenguas en las instituciones de la Unión. Es cierto, señoría, que la reforma adoptada que se nos transmitió no cumplía todas las exigencias que solicitábamos por parte del Gobierno español, pues lo que
pedíamos era una modificación del reglamento lingüístico y lo que obtuvimos fueron unas conclusiones del Consejo. Pero también es cierto que este nuevo régimen permite en la práctica el uso oficial de todas estas lenguas en las instituciones de la
Unión, y desde entonces, desde ese momento, el primer momento, señoría, el Gobierno ha negociado y ha adoptado acuerdos administrativos con cada una de las instituciones de la Unión Europea para aplicar ese nuevo régimen lingüístico con el Consejo,
con el Comité de Regiones, con la Comisión, con el Comité Económico y Social, con el Defensor del Pueblo, con el Tribunal de Justicia Europeo y también con el Parlamento Europeo, señoría, de una manera especial con el Parlamento Europeo.


Quiero recordarle que la Mesa del Parlamento Europeo adoptó en su reunión del día 3 de julio de 2006 un acuerdo para dar cabida al uso de las lenguas oficiales españolas distintas del castellano en sus comunicaciones con los ciudadanos. De
modo, que en este caso, sin necesidad de formalizar un acuerdo administrativo entre dicha institución, entre el Parlamento Europeo y España, los servicios de traducción del Parlamento se encargan de las traducciones necesarias para que este pueda
responder a los ciudadanos en la lengua de la comunicación original. Señoría, quiero aclararle también que, en este asunto de las traducciones, el organismo de referencia para las instituciones europeas designado por el Gobierno



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es la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, a través de su Consejería de Asuntos Autonómicos. Y esta institución, la Reper, trabaja en estrecha colaboración con los organismos lingüísticos de las comunidades autónomas.
Y me consta que se hace un esfuerzo permanente, muy dedicado, muy especial, acorde con la sensibilidad que existe en nuestro país por el respeto a la identidad de cada comunidad autónoma, pero sobre todo a las lenguas diferentes en nuestro Estado,
en la traducción de los escritos que le son remitidos en todo momento, según lo acordado, además, en diciembre de 2005 en la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea, en Carue. En el caso del Defensor del Pueblo no existe tal
intermediación, siendo la propia institución la que contacta con los citados organismos de traducción de manera directa, y solo en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la norma establece que los ciudadanos deben dirigir su
comunicación a la Oficina para las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial, que es quien se responsabiliza de las traducciones y del traslado de los documentos.


Por tanto, señoría, si tenemos que ser justos y equilibrados con la realidad existente respecto al respeto de las lenguas cooficiales y de las identidades, estos acuerdos están en vigor y en funcionamiento, y de acuerdo con ellos los
ciudadanos pueden dirigirse a estas instituciones y a estos órganos por escrito en cualquiera de las lenguas que son oficiales en España y recibir la respuesta en la misma lengua. Creo que -su señoría lo hacía- es justo reconocer que se ha
producido un extraordinario avance. Es verdad que con relación al Parlamento Europeo -es algo en lo que estamos trabajando- no hemos logrado que se puedan utilizar por parte de los eurodiputados y eurodiputadas el catalán o cualquiera de las otras
lenguas cooficiales, y lo lamentamos enormemente -de hecho, estamos trabajando en esta dirección-. La Mesa del Parlamento Europeo lo impidió, y debo decir que por un solo voto, pero lo impidió. Como saben, esta es una decisión que compete
exclusivamente a la Mesa del Parlamento Europeo, por tanto ya no está en manos del Gobierno español. No obstante, el Gobierno ha seguido insistiendo. Repitió la misma petición en 2009, al inicio de la nueva legislatura, con el nuevo presidente,
que contestó negativamente, y retomaremos de nuevo esta petición a partir del 1 de enero de 2012, con el cambio de Presidencia en el Parlamento Europeo. Luego mantenemos nuestra presión, nuestra insistencia, porque estamos hablando de un derecho
que reconocemos y respetamos. Quiero, en consecuencia, hacer constar los esfuerzos y la perseverancia del Gobierno en el avance de las lenguas cooficiales en la Eurocámara. Y quiero informarle también de que en el caso del Consejo y del Comité de
las Regiones, desde la formalización de los acuerdos, se han producido solicitudes de uso de lengua oficial en 48 consejos y en 30 sesiones plenarias del Comité de las Regiones. Ello supone un avance significativo en el reconocimiento de la lengua
catalana y del resto de las lenguas cooficiales y en la garantía también de la no discriminación de ninguna de las lenguas oficiales.


Por tanto, la presencia de las lenguas cooficiales de comunidades autónomas en la Unión Europea es clara y evidente y el propósito del Gobierno español, señoría, es seguir trabajando en esta dirección. Queda pendiente, como le decía
anteriormente, la posible participación de los eurodiputados en la lengua cooficial que consideren oportuna en el plenario del Parlamento Europeo, pero esto -insisto- depende del propio Parlamento. En lo que compete al Gobierno, hemos hecho lo
máximo que teníamos que hacer en cada momento, y lo más importante, lo que está en manos del Gobierno español, que es garantizar los derechos de los ciudadanos lo hemos hecho.


Me va a permitir, señoría, que ahora que el Instituto Cervantes cumple 20 años desde su nacimiento haga algunas consideraciones por lo que eso supone de proyección exterior de respeto a las lenguas cooficiales. El Instituto Cervantes, en la
promoción de las lenguas cooficiales en el exterior, que también es competencia del ministerio al que represento, ha hecho un extraordinario trabajo. Por ello, no solo en las instituciones europeas, sino también hemos progresado en este campo.
Quiero informarle de que en los centros del Instituto Cervantes se han impartido un total de 174 cursos de catalán durante esta legislatura, con un total de 1.040 matrículas. En este curso académico 2010-2011, que aún no ha concluido, se han
impartido 48 cursos con un total de 275 matrículas. Creo que es también relevante -insisto- para poner de manifiesto esa reflexión inicial que hacía su señoría sobre lo que supone el respeto a la lengua y a las lenguas cooficiales. También hemos
impulsado la creación en Madrid del Espacio de las Lenguas Ibéricas y Prehispánicas, un centro de estudio que tiene como objetivo principal el análisis y difusión de las lenguas de la península Ibérica y prehispánicas americanas. En la actualidad
también están implicados en su funcionamiento la Universidad de Alcalá, la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, la Delegación del Gobierno de la Generalitat en Madrid, el Instituto Camões de Portugal y el Instituto
Etxepare que se acaba de sumar al proyecto. El centro imparte cursos de lengua catalana, de lengua gallega, de lengua portuguesa y está previsto incorporar también la lengua vasca en este mismo año académico. Concretamente durante esta legislatura
aquí se han impartido 23 cursos de lengua catalana con un total de 452 alumnos; de los que 7 cursos, con un total de 173 alumnos, corresponden a este curso académico 2010-2011.


Por otra parte, señorías, como también sabe, el Instituto Cervantes ha desarrollado una relación basada en el respeto y la colaboración con el Instituto Ramon Llull desde su creación en el año 2001. En esta legislatura se han suscrito nueve
convenios de colaboración, algunos directamente encaminados a reforzar la enseñanza del español y otros más desde el punto de vista cultural como



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la exposición, Dalí y los libros. Pero todo esto junto con conferencias que se imparten por escritores en lengua catalana, también en el centro de París, en Atenas o en cualquier otro lugar, contribuye a la difusión pero sobre todo al
respeto, que es algo que nos importa por encima de todo, del uso de las lenguas cooficiales y de la promoción de nuestras lenguas oficiales en el exterior. También quiero referirme a las bibliotecas dedicadas a un autor catalán como la biblioteca
Salvador Espriu en el Instituto Cervantes de Palermo o la biblioteca Juan Goytisolo en Tánger. En fin, son muchísimas las actividades que hemos hecho desde el punto de vista cultural en torno a la cultura y la lengua catalana durante la última
legislatura. Concretamente han sido más de 680 actividades, de las que 274 corresponden a este último curso académico.


En el año 2011 en colaboración con el Institut Ramón Llull hemos puesto en marcha, por ejemplo, un homenaje al filósofo Walter Benjamin y a la Ibiza de los años treinta, en el centro de Frankfurt; y la presentación de la ontología Poetas de
las Islas Baleares, en el centro de Nueva Delhi. En definitiva, señoría, como le decía al principio este Gobierno ha tratado en todo momento no solo de respetar la identidad y la lengua catalana, sino de que Cataluña sienta de verdad que es
respetada en sus sentimientos identitarios, en sus símbolos, en su lengua, en su historia y en su cultura. Se trata de una tarea que hemos empezado relativamente hace poco tiempo, es compleja, que requiere de la confianza, de la colaboración, del
respeto, de sumar voluntades. Pero sin duda tenga la seguridad por parte de este Gobierno que consideramos que se trata de una tarea que merece la pena y ahí vamos a seguir.


Usted me ha hecho una pregunta muy concreta con relación a la posible adhesión de Croacia. Le diré que para ello, como su señoría ha señalado, se requiere la unanimidad de todos los Estados miembros y la modificación del Reglamento que
hasta el momento, desde el comienzo de la creación de la Unión Europea, en su origen las Comunidades Europeas, nunca se ha hecho. Por tanto, permítame que siga con otro tipo de iniciativas o actividades que van a garantizar...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): ...no solamente el uso de la lengua sino el respeto de la misma.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


Señor Tardà, su turno de réplica.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, ¿dónde está el plan B? Yo creo que ya he hecho un ejercicio, si me permite de una cierta honestidad política, de reconocer la dificultad de forzar -como catalanohablante me gustaría que ocurriera esto-, pero puedo entender
que el Gobierno español argumente que no es posible. Bien, nosotros seguiremos reivindicándolo, como lo reivindicamos ya en una resolución que no fue aprobada. Pero luego, ¿dónde está el plan B? A nosotros tampoco se nos puede pedir, puesto que
estamos muy alejados del poder -desgraciadamente-, que tengamos fórmulas magistrales. Intuimos soluciones, queremos colaborar. Por ejemplo, siempre hemos dicho que si en este Parlamento se pudiera hablar en gallego, vasco y catalán con toda
normalidad posiblemente garantizar el uso de estas lenguas en el Parlamento Europeo sería más fácil. No digo que fuese la solución mágica, pero sería mucho más fácil. De manera que, nosotros, desde las órbitas del poder, intuimos posibles
soluciones. Al menos tiene que existir un plan B para que los que vengan detrás de nosotros, y coincidan con ustedes en que hay que ir hacia una sociedad donde modernidad y pluriligüismo sea la misma ecuación, puedan alcanzar ese objetivo. Plan B.
Ya sé que no es responsabilidad suya pero sí de su Gobierno, sin embargo, nos dijeron que iban a presentar un proyecto de ley para que de una vez por todas se reconozca a los ciudadanos la iniciativa de poder dirigirse en cualquier lengua cooficial
-dijeron para ser prudentes, cosa que les aplaudo- a algunos órganos del Estado. De acuerdo, a algunos, pero ha pasado el plazo y no lo han presentado. Es más, el otro día yo fui quien enmendó al Partido Nacionalista Vasco para que quedara fijado
el plazo que acababa hace unos meses, y el proyecto de ley no se ha presentado. Es decir, terminaremos la IX Legislatura, no le digo ya con nuestro proyecto de ley de lenguas que fue debatido y rechazado aquí en la VIII Legislatura -si se hubiera
aprobado hoy habríamos avanzado mucho-, sino ni tan siquiera con su proyecto estrella, para que finalmente el ciudadano pueda acceder a la interlocución con la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales, que
finalmente no van a presentar. Qué final. Me parece un final tan triste..., y precisamente porque me puedo creer lo que usted dice, pero hay que ir a los hechos. Era su proyecto de ley, y en 2009 nos dijeron que se estaba haciendo, que estaba ya,
ya, y no va a llegar.


Ustedes además de recursos pueden dar prestigio a las lenguas minorizadas, y le voy a poner un ejemplo muy triste pero que forma parte del imaginario de muchos ciudadanos españoles todavía, porque venimos del fascismo. Una compañía muy
importante que distribuye productos de alimentación recibió miles de protestas de consumidores porque los productos estaban etiquetados en inglés, castellano y catalán. ¿Sabe?, no era catalán, era portugués. Fíjese el trabajo que tenemos por
hacer, el reto de educar a las nuevas generaciones, por eso siempre hemos dicho que al cabo de dos, tres o seis años de uso normalizado del gallego, del catalán, del castellano y del



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euskara en esta Cámara las nuevas generaciones tendrían una actitud y una cosmovisión de las lenguas que no tendría nada que ver con nosotros mismos. Luego ustedes también tienen la gran responsabilidad de dar prestigio a las lenguas. Ya
sé que competencialmente no pueden hacer nada en el País Valencià ni en les Illes ni en Aragón mientras gobierne el Partido Popular, pero hay otras fórmulas para hacer realidad esas palabras suyas que yo saludo a favor de la normalización de las
lenguas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.


Señora ministra, su turno de dúplica.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, un plan B es para cuando falla el plan A, por tanto, como el plan A se ha puesto en marcha, ha funcionado y está registrando notables avances, tenemos que seguir trabajando para que dicho plan A pueda implementarse en toda su
dimensión y en toda su extensión. Como su señoría reconoce, se ha avanzado de una manera extraordinaria y en aquellos elementos en los que todavía no hemos conseguido el acuerdo pero tenemos convenios, tenemos el marco jurídico, tenemos el acuerdo
firmado con las instituciones europeas, tenemos que conseguir que se implante de manera definitiva. En consecuencia, es una cuestión de seguir trabajando con voluntad política y de seguir avanzando en el ámbito de las instituciones europeas. No es
que nos haya fallado un plan.


Se han producido notables avances en todos los niveles, desde el reconocimiento institucional hasta el reconocimiento de las lenguas cooficiales. Incluso meteré en este apartado la participación de las comunidades autónomas en la formación,
en los procesos de decisión por parte del Estado con relación a la Unión Europea. Hemos venido trabajando mucho en eso, como también en el control del principio de subsidiariedad o la asistencia a reuniones para cooperar y coordinarse
constantemente. Eso también tiene mucho que ver con el respeto a la identidad y también tiene mucho que ver con el respeto a la lengua. Todo eso se ha venido haciendo y se ha consolidado, se ha normalizado. Luego tenemos que seguir trabajando,
quedan todavía aspectos que hay que desarrollar, pero ya están esas bases -el marco jurídico fundamental suscrito, acordado- que nos van a permitir seguir avanzando en la dirección que su señoría ponía de manifiesto.


Todos los acuerdos que el Gobierno de España tenía que cerrar con las instituciones europeas se han cerrado, absolutamente todos: con el Consejo, con la Comisión, con el Comité de las Regiones, con el Tribunal de Justicia, incluso con el
Parlamento Europeo, en todo lo que afecta a los ciudadanos. Mi pregunta es: ¿se pueden utilizar las lenguas cooficiales? Sí. ¿Pueden los ciudadanos del Estado español, de todas y cada una de las comunidades autónomas, dirigirse por escrito en su
lengua cooficial, en su lengua originaria? Sí, señoría, se puede hacer. Por tanto, no es que haya fallado el plan, es que tenemos que perfeccionarlo, tenemos que seguir avanzando. Lo vamos a hacer, esa es la voluntad de este Gobierno. Reafirmo
la apuesta del Gobierno, nuestro compromiso, el cumplimiento que hemos dado a todos estos acuerdos, y siempre que haya que corregir elementos o ajustarlos lo vamos a seguir haciendo, pero insisto en que los acuerdos existen, está el marco legal, el
marco normativo que nos va a permitir seguir avanzando, desde los principios de la colaboración, de la cooperación y del respeto institucional que siempre hemos defendido. Lo hemos venido haciendo en la relación con las comunidades autónomas y lo
vamos a seguir haciendo.


Es verdad que su señoría se refería al uso de las lenguas cooficiales dentro de la Administración General del Estado, donde todavía queda mucho por avanzar, pero además, como sabe, hay ya un real decreto de 6 de julio de 2007 que creó el
Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, como órgano interministerial encargado de lograr el mejor cumplimiento de las exigencias derivadas de la existencia de distintas lenguas oficiales y de su reconocimiento en la
actividad de los departamentos que integran la Administración General del Estado. Pues bien, ese mismo real decreto creó la Oficina para las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado como una unidad permanente de asistencia y apoyo
al Consejo de las Lenguas Oficiales que depende de la Secretaría de Cooperación Territorial. De acuerdo con la información que posee la oficina sobre impresos, modelos y formularios de soporte físico, lo que tenemos es la consolidación de la
generalización de su presentación en forma bilingüe durante el año 2010 y lo que va del año 2011, tanto de los modelos que estaban pendientes de traducción como de los nuevos modelos y sus modificaciones, y se ha incrementado la presencia de las
lenguas cooficiales en las páginas web. Yo le recomiendo que, en vez de ir a las que no están traducidas, vaya a las que sí lo están. Por ejemplo, vaya a la página web del Ministerio de Industria, del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad o de otros ministerios, como los Ministerios de Trabajo e Inmigración, el de Economía y Hacienda o los de Cultura o Defensa, que han avanzado sustancialmente dentro del tercer nivel, en un 90 por ciento del nivel de traducción. Como
comprenderá, señoría, por parte del Gobierno queremos hacerle ver los avances. Queda todavía mucho.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora ministra, por favor.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Sí, señora presidenta, estoy terminando.


Le puedo decir que este Gobierno es firme en sus convicciones, y sus convicciones son muy firmes res pecto



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a lo que representa el respeto a la lengua y a la identidad de cada comunidad, de cada región y de cada persona y cada ciudadano que sienta que tiene el respeto por nuestra parte para seguir comunicándose en su propia lengua, y lo va a
seguir teniendo. Son notables los avances y le puedo asegurar que en la medida en que esté en nuestra mano seguiremos trabajando para lograr la plena normalización.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Era la una de la tarde.