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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 264, de 19/07/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 264
Sesión plenaria núm. 250 (Sesión extraordinaria)
celebrada el martes,
19 de julio de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados, por la que se modifican los artículos 79 y 82. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 327-1, de 15 de julio de 2011. (Número de expediente 410/000013.) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre incorporación del sistema de precios de referencia establecido en la Ley 16/2003 para dar participación a las comunidades autónomas en la prestación farmacéutica. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 300-1, de 11 de febrero de 2011. (Número de expediente 122/000271.) ... (Página5)
Página
- Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 246-1, de 30 de abril de 2010. (Número de expediente 122/000221.) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre sumideros naturales en la lucha contra el cambio climático. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 558, de 18 de abril de 2011. (Número de expediente 162/000833.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de la función de inspección de las entidades sometidas a supervisión por el Banco de España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 598, de 1 de julio
de 2011. (Número de expediente 162/000891.) ... (Página24)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para la mejor defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero cuestionado por la Comisión Europea. (Número de expediente
173/000228.) ... (Página27)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad
Intelectual, especialmente la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). (Número de expediente 173/000229.) ... (Página31)
Declaración institucional ... (Página36)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados (Votación.) ... (Página37)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación.) ... (Página37)
Proposiciones no de ley (Votación.) ... (Página37)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.) ... (Página38)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página5)
De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados, por la que se modifican los artículos 79 y 82 ... (Página5)
El señor presidente informa a la Cámara de la decisión de los portavoces de dar por examinada la iniciativa y pasarla directamente a votación en el momento oportuno.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre incorporación del sistema de precios de referencia establecido en la Ley 16/2003 para dar participación a las comunidades autónomas en la prestación farmacéutica ...
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley interviene la señora Pastor Julián, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, el señor Ríos Rull, y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Tarruela Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martín González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía ... (Página11)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i
Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pedret y Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página19)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre sumideros naturales en la lucha contra el cambio climático ... (Página19)
Defiende la proposición no de ley el señor Quirós Pulgar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ríos Rull, del Grupo Parlamentario Mixto y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Quirós Pulgar.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de la función de inspección de las entidades sometidas a supervisión por el Banco de España ... (Página24)
Defiende la proposición no de ley el señor Aguirre Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista; los
señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página27)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para la mejor defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero cuestionado por la Comisión Europea ...
Defiende la moción el señor Azpiazu Uriarte, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad
Intelectual, especialmente la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ... (Página31)
Defiende la moción el señor Lassalle Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González y el señor Ríos Rull, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Lassalle Ruiz.
Declaración institucional ... (Página36)
El señor presidente procede a dar lectura de una declaración institucional con motivo de que ayer, día 18, se cumplieron 75 años del inicio de la guerra civil.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.) ... (Página37)
Sometida a votación la toma en consideración de reforma de los artículos 79 y 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se aprueba por 336 votos a favor.
Sometida a votación su tramitación directa y en lectura única, se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página37)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre incorporación del sistema de precios de referencia establecido en la Ley 16/2003 para dar participación a las
comunidades autónomas en la prestación farmacéutica, se rechaza por 142 votos a favor, 174 en contra y 19 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se rechaza por ocho votos a favor, 320 en contra y ocho abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página37)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre sumideros naturales en la lucha contra el cambio climático, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se
aprueba por 191 votos a favor y 145 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de la función de inspección de las entidades sometidas a supervisión por el Banco de España, se rechaza por 144 votos a
favor, 178 en contra y 13 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página38)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para la mejor defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero cuestionado por la Comisión Europea,
se aprueba por 335 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos reconocidos
en la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 328 votos a favor y ocho abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 82. (Número de expediente 410/000013.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día, toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Me comunican los portavoces que se da por examinada y pasaremos a votarla en su momento oportuno. ¿Es así?
(Asentimiento.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA DE PRECIOS DE REFERENCIA ESTABLECIDO EN LA LEY 16/2003 PARA DAR PARTICIPACIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. (Número de expediente
122/000271.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto, proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre incorporación del sistema de precios de referencia establecido en la Ley 16/2003 para dar participación a las comunidades autónomas en la
prestación farmacéutica. Tiene la palabra para su defensa doña Ana Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Señor presidente, señorías, vengo a defender esta tarde la proposición de ley de precios de referencia porque, como todos ustedes conocen, los medicamentos han contribuido de una manera determinante en los últimos
cincuenta años al aumento de la esperanza de vida de los pacientes y al mejor nivel de salud de los ciudadanos paliando o curando la inmensa mayoría de las patologías conocidas, previniendo la aparición de las mismas y diagnosticando precozmente
muchas de ellas. Además de este valor farmacoterapéutico, los medicamentos contribuyen de una manera determinante a reducir las estancias hospitalarias y mejoran la autonomía personal de los pacientes que en otro caso necesitan cuidados
especializados. Pero a la vez el gasto en medicamentos es una de las claves para hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud por varias razones: primero, porque su peso en el gasto sanitario público total representa uno de cada cuatro euros en
medicamentos; segundo, porque el dinamismo de la propia industria farmacéutica basa su desarrollo necesariamente en la búsqueda permanente de la innovación y, tercero, porque el Sistema Nacional de Salud español, si lo comparamos con otros sistemas
de su magnitud y nivel de desarrollo, es uno de los que más intensamente emplean este tipo de recursos. Señorías, estamos, por tanto, ante una parte fundamental del sistema sanitario de nuestro país y ante una parte muy importante de lo que
significa el gasto sanitario en España, y permítanme que les recuerde que en este punto en los últimos años hemos tenido algunas experiencias que son muy mejorables. En primer lugar, me refiero a los cambios sustanciales que ha habido en los
precios de los medicamentos. Como ustedes conocen, los medicamentos en España son: unos, vía receta y, otros, en gasto hospitalario. Pues bien, este gasto, el gasto total en política farmacéutica ha crecido en los últimos años. El gasto en
recetas ha supuesto más de 12.000 millones de euros y el gasto hospitalario sube ya de los 5.000 millones de euros; es más, el gasto en recetas ha bajado en los últimos tiempos, como ustedes conocen, porque ha habido una serie de medidas; sin
embargo, el gasto hospitalario, al que se han trasladado, como saben, medicamentos que estaban en la receta y además se han quitado de la receta dietoterápicos o pañales, ha crecido de forma importante.
Además, tengo que decirles que hay una falta total de evaluación del gasto hospitalario, que hay falta de transparencia en cuanto al alcance de la prestación; también hay falta de transparencia en los precios de adquisición de los fármacos
en los centros sanitarios, y además de modo diferente dependiendo de los hospitales. Es decir, que estamos en este momento ante una política farmacéutica en la que hay falta de transparencia y en la que además se han cambiado las reglas del juego.
La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, como saben, supuso un avance fundamental, y lo supuso porque hubo un cambio en lo que se denominan precios de referencia, que, como saben, consiste en que cuando un medicamento
pierde la patente, pasa a tener el precio de los tres genéricos más baratos. Pues bien, eso, que fue un cambio sustancial, se cambió en el año 2004 y lo que tenía que suponer un ahorro de 1.500 millones de euros no se produjo. Fíjense si fue
impactante la ley que en el primer año de vigor de la Ley de Cohesión el gasto en recetas en 2004 experimentó una desaceleración, pasando de un crecimiento superior al 12 por ciento a un crecimiento del 6,4 por ciento. Tras su primer año de
vigencia, el sistema quedó en suspenso para ser sustituido por una reglamentación y un cambio posterior en la Ley de garantías y uso racional del medicamento, con esa interrupción ya conocida en todo el país que significaba que, en vez de que el
medicamento bajara de precio al precio de refe
rencia el año que pierde la patente, lo hacía en tres años. Eso ha significado no ahorrar 1.500 millones de euros cada año. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense, en el caso de medicamentos que en este momento tenían que estar en 7 euros,
su precio no bajará hasta el año 2013 porque el precio total de referencia tiene todavía un margen hasta el año 2013. Les estoy hablando de fármacos que son de primera elección, les estoy hablando de fármacos que, como ustedes conocen, tienen una
factura de más de 150 millones de euros cada uno. Por eso hemos presentado esta propuesta. La hemos presentado por varios motivos: En primer lugar, para que volvamos a ese sistema de precios de referencia que nunca debíamos haber abandonado
mediante el cual, cuando un fármaco pierde la patente, de forma automática pase a precio de referencia; en segundo lugar, para que las comunidades autónomas tengan un mayor papel en la fijación y en la determinación de los fármacos que se
incorporan al Sistema Nacional de Salud y que además son financiados públicamente. Apostamos, pues, por una política farmacéutica que apueste por la innovación, pero que cuando un fármaco ha perdido la patente porque ya ha amortizado la
investigación, pase de forma automática a precios de referencia.
Señorías, estamos todos de acuerdo en que el gasto farmacéutico es una parte importante del gasto sanitario. Estamos de acuerdo -estoy segura- en respetar los principios de cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud. Estamos de
acuerdo en un tratamiento integral de la asistencia farmacoterapéutica. Estamos de acuerdo, a mi juicio, en que tiene que haber una política estable y previsible. Estamos de acuerdo en que si hoy un fármaco del que se venden 5 millones de envases
cuesta 70 euros y del que se venden 5.000 vale 7, es que algo no está funcionando bien. Creo que estamos de acuerdo también en que hay que potenciar y reforzar el liderazgo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, pero, a la vez, que
las comunidades autónomas tienen que hacer una participación activa en la política farmacéutica y también contando con los profesionales y con las oficinas de farmacia.
Señorías, queremos una política que favorezca la prescripción de medicamentos genéricos. Se ha hecho un esfuerzo importante, pero tenemos todavía camino por recorrer. De otro lado, nos parece importante que haya un plan estratégico de
política farmacéutica que dé estabilidad en los próximos años, que se apruebe en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como también nos parece fundamental, y lo recogemos en la proposición, un Plan estratégico de
política farmacéutica que se aprobó ya hace algunos años, con 67 medidas y cuya evaluación todavía no se ha presentado en la Cámara. Asimismo, señorías, queremos una apuesta por la investigación y desarrollo en el campo de los fármacos y por eso
apostamos por un cambio en el modelo actual Profarma.
En este momento, si ustedes analizan cuál es el comportamiento del gasto farmacéutico en España, encontrarán que hay un grupo de fármacos que tenían que haber bajado su precio hace ya cuatro años y estos fármacos -y no voy a señalar con el
nombre a ninguno- hoy todavía siguen estando un 50 por ciento por encima de su valor, del valor que tendrían que tener. Me pueden decir que se han adoptado algunas medidas de bajada lineal de los fármacos, pero estoy hablando de fármacos cercanos a
los 100 euros que tenían que haber bajado a 7. Por tanto, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la Agencia Española del Medicamento recupere lo que tendría que ser, una agencia ágil en la que los medicamentos genéricos y los medicamentos
esenciales para patologías graves tengan prioridad y puedan ser autorizados. Le estoy hablando de recuperar una política farmacéutica de Estado que dé cohesión y que el nomenclátor sea el mismo en todo el territorio nacional y no que cada uno tenga
que tomar iniciativas, como han hecho muchas comunidades autónomas, como están haciendo Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia, diciendo que vuelvan de nuevo los precios de referencia de la ley del año 2003. El día 21, pasado mañana, hay Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es una reunión ciertamente importante, pues se va a hablar del futuro del Sistema Nacional de Salud, que, como todos ustedes conocen, tiene una deuda ya cercana a los 15.000 millones de euros, y de
política farmacéutica. Me gustaría que allí, que están sentadas la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, se decidieran cuando menos tres cosas: En primer lugar, que se decida de una vez por todas que las comunidades autónomas han de participar
no solamente en la incorporación de fármacos al nomenclátor, sino también en la fijación de los precios; en segundo lugar, que se apruebe un sistema automático de precios de referencia, que podría entrar en vigor ya mismo, es decir, le estoy
hablando de un ahorro de hoy a final de año de más de 400 millones de euros, y en tercer lugar, y muy importante, que entre todos los partidos políticos podamos decir a los ciudadanos desde el Parlamento que queremos para ellos todos los fármacos,
los fármacos más innovadores, pero que a la vez queremos hacer posible que estos fármacos tengan la posibilidad de que cuando pierden la patente pasen al precio de los tres genéricos más baratos, lo que se llama el precio de referencia. Voy a ir a
más, incluso que los medicamentos de marca puedan adquirir de forma automática la consideración de EFG, especialidad farmacéutica genérica. Los ciudadanos nos lo van a agradecer y estoy segura que los sanitarios lo harán de la misma manera, eso sí,
conservando siempre la cohesión y la equidad del Sistema Nacional de Salud. Por eso, señorías, les pido su apoyo para la tramitación y la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pastor.
Doña Rosa Díez tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para anunciar que, lamentablemente, no vamos a poder apoyar esta iniciativa que ha presentado el Grupo Popular. A nuestro juicio no cambia nada sobre el tema esencial, los precios de referencia de los medicamentos.
Además, se puede entender, por su disposición adicional tercera, que pretende alterar la distribución competencial sin plantearlo con claridad y transparencia. No tenemos nada en contra de una revisión de la distribución competencial, pero no nos
parece que sea la manera de hacerlo y es bastante contradictorio con lo que se predica a otros niveles. Asimismo, puede generar conflictos innecesarios. Como se exige la unanimidad para la toma de decisiones, podría llevar a la parálisis del
sistema y/o a que las comunidades autónomas se echaran los trastos entre ellas, lo que me parece bastante negativo. Por otra parte, los efectos pueden ser contrarios, negativos para la cohesión sobre todo entre territorios y ciudadanos, que es lo
que nos importa, y no clarifica el sistema ni garantiza esa cohesión en modo alguno. Y esto que es siempre importante en todos los ámbitos, la clarificación en las políticas, es particularmente importante en una materia tan sensible como la
política sanitaria. Eso es lo que hace que anunciemos que no apoyaremos esta iniciativa.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señor Ríos, tiene la palabra.
El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidente.
Coalición Canaria también anuncia que no va a apoyar esta proposición de ley porque no consigue los dos propósitos fundamentales que persigue. Por un lado, abaratar el coste de los medicamentos. Aun con todos los defectos que tiene, el
sistema actual ha permitido en apenas un año que en Canarias, por ejemplo, se baje el gasto farmacéutico en casi un 30 por ciento. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por tanto, variar la fórmula, que lo que
precisamente hace es subir el precio de referencia, creemos que no beneficia al sistema. Por otro lado, tampoco beneficia al sistema la participación de las comunidades autónomas. O dicho de otra manera, en absoluto este texto permite que las
comunidades autónomas tengan una participación mayor. Se lleva a cabo una serie de modificaciones que lo que hacen es incidir en el sistema actual, es decir, que las comunidades autónomas participen en la conferencia sectorial y en la Agencia del
Medicamento, pero en modo alguno van a mejorar su participación o su fórmula de decisión en el sistema. Coalición Canaria apoyaría en todo caso un sistema en el que las comunidades autónomas participaran decisivamente en la determinación del precio
de los medicamentos.
Si algo positivo pudiera tener la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular es garantizar -cosa que tampoco consigue- que los genéricos se distribuyan mejor y que todas las farmacias puedan contar con esos medicamentos
para dispensarlos. Como tampoco profundiza en ese tema, en definitiva Coalición Canaria no va a apoyar esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señora Pastor, nos trae una proposición de ley que realmente nos parece interesante, ya que a nosotros también nos preocupa el gasto farmacéutico. El problema que nosotros encontramos a la vista de la exposición de la proposición de ley que
hacen ustedes y, al mismo tiempo, de la parte resolutiva de la misma, es que creemos que existen contradicciones incluso en la exposición que acaba de hacer usted en su defensa. Por otro lado, tenemos dudas en relación con que el sistema que
ustedes nos plantean sea más eficaz que el que existe actualmente.
La cuestión en la que desde nuestro punto de vista existen contradicciones es aquella con la que nosotros estamos más de acuerdo con ustedes, y es el hecho de que es necesario dar a las comunidades autónomas un papel relevante en las
decisiones en relación con los precios y en relación con la política farmacéutica en general. Usted sabe que nuestro grupo, el BNG, apoyó en Galicia la ley que se define como catálogo de fármacos. Pero cuando usted habla de este tema es cuando yo
digo que existe una contradicción, porque usted habla de homologar todo el territorio -pongo esto un poco como ejemplo- y también critica -de alguna manera usted lo ha hecho- las iniciativas que distintas comunidades autónomas han tenido en relación
con este asunto. Además usted dice que es necesario mantener un nomenclátor uniforme en todo el territorio del Estado.
Nosotros creemos que es importante tratar el asunto relacionado con el precio de los fármacos y, sobre todo, llevar a cabo políticas de reducción del gasto farmacéutico. Para eso también sería importante poner en valor, analizar y hacer una
valoración de conjunto sobre cómo han resultado esas iniciativas autonómicas y si efectivamente han tenido repercusión en la reducción del gasto farmacéutico. Creemos que es necesario llevar a cabo un debate porque desde nuestro punto de vista hay
iniciativas, como la propia de Galicia, que nosotros apoyamos porque somos defensores del recorte del gasto farmacéutico o, mejor dicho, de la reducción del gasto farmacéutico y, por tanto, estamos en esa situación. Pero cuando usted nos plantea el
tema y lo reduce a la fórmula de cálculo del precio de referencia teniendo en cuenta
solamente tres parámetros, nos parece que se queda muy corta y que sería necesario tener en cuenta otras cuestiones para hacer dicho cálculo. En definitiva, entendemos que en la proposición de ley se deberían recoger otras iniciativas para
impulsar esa reducción del gasto farmacéutico, entre las que estaría también el impulso en la comunidad médica para una racionalización adecuada de la prescripción farmacéutica. Por tanto, debido a estas contradicciones que comentaba y a las dudas
que al respecto tenemos, aunque compartimos con ustedes la preocupación por el gasto farmacéutico y la necesidad de afrontar una reforma legislativa que permita reducirlo, nos vamos a abstener, porque...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...si sale adelante -finalizo, señora presidenta-, reflejaríamos nuestra postura a través de enmiendas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comenzaré por lo que coincido con el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, coincido con el Grupo Parlamentario Popular en la existencia de un déficit sanitario en nuestro país, que es especialmente sensible en estos
momentos de crisis, y coincido también en que existen márgenes de ineficiencia -podemos decir márgenes de eficiencia- en relación con el gasto farmacéutico. En esas dos cuestiones podemos estar de acuerdo. Sin embargo, no coincido en trasladar una
imagen de crisis de nuestro sistema sanitario, una imagen catastrofista de nuestro sistema sanitario como antesala de una política de recortes, y no es la primera vez que esto se hace. Tampoco coincido con que únicamente nos planteemos la cuestión
de la política del medicamento desde la perspectiva del ahorro. Desde la perspectiva sanitaria debe existir una perspectiva de ahorro, una perspectiva de sostenibilidad del sistema sanitario público, pero también tiene que haber otras perspectivas
en relación con la política farmacéutica, que en esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular no se tienen en cuenta. Señorías, es verdad, como decía la proponente, que tenemos un gasto farmacéutico muy alto -probablemente con el hospitalario
estemos cerca del 33 por ciento del gasto sanitario-, que se incrementa anualmente, salvo en los casos en los que se producen recortes de manera coyuntural. En todo caso, ese incremento anual en el periodo legislativo anterior era de dos dígitos y
en este periodo legislativo se ha desacelerado, y es, aproximadamente, de un dígito, lo que hay que tener en cuenta para saber cómo no volver atrás y desarrollar medidas hacia el futuro. Por otra parte, decía antes que no solo es una cuestión de
ahorro y que la política farmacéutica es muy importante también desde el punto de vista de la calidad y la seguridad de nuestro sistema sanitario; se calcula que la cuarta causa de urgencias en nuestro país, una de las causas de muerte y de
morbilidad más importante, es la mala utilización, la mala administración de los fármacos. En ese sentido, no estamos solo ante una cuestión de ahorro, sino también ante una cuestión de calidad y seguridad sanitarias.
Vayamos a la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Popular pretende ir hacia atrás para calcular el precio de referencia, en el sentido de recuperar lo que estaba legislado antes del decreto que
estableció que el precio de referencia era el menor. Nosotros creemos que esa propuesta supone para el sistema sanitario un coste equivalente que el Partido Popular intenta también paliar: el coste de aplazar el precio de referencia a lo largo de
un tiempo. Es decir, podríamos matizar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular como lo comido por lo servido. El Grupo Parlamentario Popular nos propone acortar los plazos para que entre en vigor el precio de referencia pero, al mismo tiempo,
ampliar el número de fármacos para calcular el precio mínimo y, con ello, elevar el precio de referencia. Es evidente que eso va a ser así. Pero además no soluciona el problema, señora Pastor, porque da la casualidad de que las comunidades
autónomas toman decisiones autónomas en esta materia -las de uno y las de otro color- porque no es que haya un problema con el precio mínimo en torno a si son tres o es un fármaco en torno a lo que se calcula, no; lo que hay es un descuento -todas
las comunidades autónomas lo saben- aproximado del 10 por ciento, sin tener en cuenta cuestiones de márquetin, de las compañías de genéricos y ese descuento es el que está motivando en estos momentos que la Comunidad Autónoma andaluza tome una
decisión o que la Comunidad Autónoma gallega tome otra, pero en nuestra opinión no tiene que ver con el cálculo del precio de referencia. Algunas propuestas que se hacen por parte del Grupo Parlamentario Popular no solamente no son eficaces sino
que son imposibles, porque no hay trazabilidad en estos momentos con relación a los fármacos y es muy difícil exigir hacia atrás la responsabilidad que plantea el Grupo Parlamentario Popular.
Nosotros creemos que las prioridades son otras, señorías. Aquí no están las prioridades con relación a cómo recortar el gasto farmacéutico. En primer lugar, creemos que una prioridad esencial es la prioridad con respecto a la incorporación
o no de un fármaco a lo que podríamos llamar la financiación pública. Ahí está el problema, que nosotros financiamos más de 6.000 fármacos, cuando en realidad debíamos financiar, a través de la iniciativa pública, no más de 1.000. No más de 1.000
serían suficientes para el conjunto de las terapéuticas y, por tanto,
para que hubiera una decisión por parte del Gobierno en esa materia. ¿Y cómo decidirlo? Pues hay que decidirlo por ventaja terapéutica; no porque el fármaco signifique una innovación -entre comillas- del fármaco existente, sino porque
significa una ventaja terapéutica con relación al fármaco existente. Eso en estos momentos no está ocurriendo en nuestro país y, por tanto, es un margen de ineficiencia muy importante. Creemos que en vez de formación de las compañías farmacéuticas
lo que tiene que haber es formación continuada por parte de las administraciones públicas. No sustituir a las administraciones públicas mediante las compañías farmacéuticas como ocurre en estos momentos y que dificulta la formación continuada de
los profesionales. También mediante la prescripción por principio activo. A nosotros nos parece que es fundamental la prescripción por principio activo para que se potencien los genéricos en nuestro país.
Por otra parte, con relación a la propuesta que hace de participación de las comunidades autónomas nosotros podemos estar de acuerdo y estamos de acuerdo. La cuestión es cómo. ¿La participación de las comunidades autónomas es trámite de
audiencia, o la participación de las comunidades autónomas es, en primer lugar, si entran o no los fármacos en el catálogo y, en segundo lugar, cómo se financian los fármacos en ese catálogo? Creemos que ahí es donde está el problema fundamental;
no en lo que propone el Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, lo que más nos preocupa es esa imagen de los 14.000 millones. Mire, señora Pastor, antes de aplicarlo -hace unas semanas el déficit del sistema sanitario era de 9.000 millones y ahora son 14.000 millones-, estudiemos el déficit
y no creemos catastrofismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente en nombre de mi grupo. Toma en consideración de proposición de ley del Grupo Popular, sobre la incorporación del sistema de precios de referencia establecido en la Ley 16/2003 para dar participación a las
comunidades autónomas en la prestación farmacéutica; ese es el título de la proposición de ley que nos trae el Grupo Popular.
Mi grupo considera que la preocupación por mejorar sistemas que hagan más eficaz la política farmacéutica, la política sanitaria en su globalidad, siempre es positiva; no puede haber duda en ello. El año pasado la ministra Jiménez trajo a
esta Cámara una propuesta dentro de las medidas para combatir la crisis, con el objetivo de racionalizar el gasto farmacéutico. Por tanto, ya desde el año pasado se han hecho ciertas modificaciones. Pero la pregunta es si entendemos todos lo mismo
por racionalización de gasto. Seguramente los criterios que hacen plantear modificaciones de esta índole no sean los mismos y no es cuestión solamente de voluntad política sino incluso de planteamiento de gestión eficaz. Ante esta proposición de
ley, por lo tanto, mi grupo tiene una sensación, dos dudas y una conformidad o coincidencia; me explico. La sensación es que el título de la proposición de ley dice una cosa y el texto no solo se refiere a ella; es más, entra como por la puerta
de atrás y tenemos la sensación de que es un poco engañosa, cuando perfectamente podría haber planteado la modificación del artículo 93 de la Ley 29/2006 sin ningún otro añadido. Por qué lo digo. Lo digo porque el título es una especie de reclamo:
que participen las comunidades autónomas en la decisión -en lo cual estamos de acuerdo, como más tarde citaré-, pero después el grueso del texto, lo más importante se refiere a otra cosa. Por tanto como decía nos genera dos dudas. Primero, no
creemos necesario que las dos modificaciones susodichas deban ir juntas, sino que podrían ir separadas, y seguramente encontraría usted más acuerdo en esta Cámara si fueran separadas; y la segunda duda es que no sabemos si verdaderamente supone un
ahorro o no. Se lo digo con toda sinceridad, no lo sabemos, no lo tenemos claro, porque no es exacta la apreciación que hace el Partido Popular. No es por ello una cuestión de rechazo, sino de duda; es decir, no nos convence el argumentario como
un sistema eficaz para ahorrar. No digo que haya mala voluntad en ello ni que el objetivo no sea loable, en absoluto, sino que tenemos esa duda.
Por último también quiero decir que tenemos una conformidad, y es la referida a algo que el Partido Nacionalista Vasco siempre ha propuesto aquí: que las comunidades autónomas participen a la hora de fijar los precios de referencia de los
fármacos. Por tanto el Partido Popular propone algo que mi grupo no solo propuso, sino que acordó con la ministra Jiménez y después ratificó la señora Pajín. De este modo estamos totalmente de acuerdo en que las comunidades autónomas deban
participar en ese tema. En consecuencia creemos necesaria la participación de las comunidades autónomas en la fijación de precios porque creemos que conocen perfectamente las necesidades farmacéuticas y sanitarias de su comunidad, como elementos
cercanos que son. Además creemos que su capacidad autonómica les dota para ello no solamente por un tema de conocimiento, sino porque están capacitadas y porque su autonomía así se lo permite.
Estamos de acuerdo también con la apreciación de la compañera del Bloque Nacionalista Galego cuando habla de una cierta contradicción en este tema del Partido Popular, y es que ustedes plantean la participación de las comunidades autónomas
pero como una especie de participación sin autonomía propia, a partir de una homologación de todos lo mismo y de la misma manera. En consecuencia no sabemos si ustedes creen que tienen que participar las comunidades autónomas porque tienen
autonomía, capacidad y autogobierno para ello, o para que no sea solamente el Ministerio de Sanidad el que decida en este sentido. En cualquiera de los casos ciertas afirmaciones hacen que mi grupo no vote en contra de esta proposición de
ley pero tampoco a favor, motivo por el que nos abstendremos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular nos presenta hoy esta proposición de ley sobre la incorporación del sistema de precios de referencia establecido en la Ley 16/2003 para dar participación a las comunidades autónomas en la prestación farmacéutica.
Empezamos diciendo que el título suena muy bien, y así lo han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Nos falta ahora conocer cómo se va a aplicar, qué letra se va a poner a esta partitura y de qué forma se va a tener que
hacer.
Para nuestro grupo en esta proposición de ley las principales reivindicaciones del Partido Popular se centran en dos bloques diferentes. En un primer bloque integra las disposiciones adicionales nuevas, y el segundo bloque integra el único
artículo sobre los precios de referencia. El primero bloque, con estas disposiciones adicionales, hace una valoración crítica sobre la política llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad respecto al I Plan estratégico, de 23 de noviembre de 2004,
que establecía un conjunto de líneas estratégicas y de medidas, y ahora pretende que se reemprendan los trabajos para la aprobación de este II Plan estratégico de política farmacéutica en el seno de la comisión de farmacia del consejo
interterritorial. Nosotros estamos de acuerdo con usted en que se tendría que hacer esa evaluación, se tendría que volver a reunir, se tendría que llevar a cabo ese II Plan estratégico, pero nos parece que no es el momento de plasmarlo hoy en esta
proposición de ley.
Compartimos con ustedes, señora Pastor, que se han llevado políticas confusas en prestación farmacéutica, no existiendo tampoco un balance sobre las aplicaciones del Plan estratégico al que he hecho referencia. Demandan la actualización del
programa Profarma de manera periódica para incentivar la I+D en el ámbito de los medicamentos, cosa con la cual nuestro grupo está de acuerdo, pero como he dicho antes tampoco dice en el resto de la proposición de ley qué más podríamos hacer al
respecto para mejorar la política farmacéutica, y sobre todo para estimular el ahorro en gasto farmacéutico, que es -como han dicho todos los grupos que han hablado- lo que nos preocupa principalmente en este hemiciclo. Por eso tampoco estamos de
acuerdo en la modificación que usted propone en este artículo único para volver hacia atrás, al año 2003, con los tres grupos para fijar los precios de referencia. Nos parece que en estos momentos, cuando todos estamos mirando la forma de gestionar
mejor, de reducir este gasto farmacéutico, lo que propone el Grupo Popular es peor que lo que se está llevando a cabo en estos momentos.
Nuestro grupo entiende que tenemos que hacer un debate serio sobre cómo podemos racionalizar el gasto farmacéutico. No solamente tenemos que hablar de los genéricos, que también, porque son muy importantes, sino también de todo el resto de
fármacos que nos preocupan y nos interesan a todos. Parece que últimamente hayamos demonizado los medicamentos de marca, muchos de los cuales, cuando han perdido la patente, están a precios incluso inferiores a algunos de los genéricos. Debemos
cambiar la política farmacéutica, pero no creemos que este sea el momento oportuno ni a través de esta proposición de ley. Por eso sentimos una especie de ambigüedad. Una parte de lo que proponen nos gusta, pero la otra, quizá la más importante,
lo que modifica de esta ley no nos gusta. Por estos motivos nos vamos a abstener en la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, posiblemente esta proposición de ley no se hubiera tramitado si no estuviéramos en el momento político que vivimos. Se registró en el mes de febrero y ahora se retoma, probablemente
por el gran deseo de algún representante del Partido Popular de volver a ser ministro si gana las elecciones, o quizá para hacer un guiño de complicidad a la industria farmacéutica. Señora Pastor, no le quepa ninguna duda de que el señor Rubalcaba
no la nombrará ministra. (Risas.-Aplusos.)
Es incomprensible la exposición de motivos, las descalificaciones que contiene, y sobre todo el tono de reproche hacia un ministerio que ha conseguido los mejores resultados en frenar el gasto farmacéutico. A lo largo de muchos meses el
Partido Popular viene haciendo un discurso catastrofista sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Este discurso no es nuevo y abre la puerta a todos aquellos que proponen fórmulas de copago a los usuarios. Es necesario que
compartamos todos la preocupación por hacer sostenible un modelo sanitario que está entre los mejores del mundo, pero lo que no podemos compartir es ese afán permanente de trasladar a los ciudadanos un mensaje de insostenibilidad del propio sistema.
Demandan ustedes más financiación. La cifra sube día a día. La última que ustedes han dado en una entrevista en un medio de comunicación es verdaderamente alarmante, si fuera cierta. Permítame que dude de sus cifras, teniendo en cuenta
que quien les hace las cuentas se ha pasado de largo, y los números no salen como
ustedes dicen. Proponen retomar un modelo -el que estaba el vigor durante los gobiernos del Partido Popular en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud- que establecía el precio de referencia con la media
aritmética de los tres costes tratamiento/día de menor precio. Este modelo fue modificado en el Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, que obtuvo el respaldo unánime de sus señorías. En este decreto se acepta la determinación del precio de
referencia en el menor coste tratamiento/día. No hay que ser muy buen matemático para entender que la menor cifra nunca puede ser mayor que la media de otras tres. De esto se concluye que su propuesta encarece claramente el precio de referencia de
un medicamento. Dicho esto, quisiera aclarar que, en contra de lo que ustedes dicen, las diferentes medidas impulsadas por el ministerio de Sanidad han logrado invertir la tendencia creciente del gasto farmacéutico, gasto que conviene recordar que
pagan las comunidades autónomas.
Hagamos un poco de memoria. En el año 2003 el crecimiento interanual del gasto farmacéutico alcanzó el 12 por ciento; en el año 2011, en el mes de mayo, su decrecimiento ha sido del 9 por ciento. Esta desaceleración progresiva se ha
conseguido gracias al consenso de las comunidades autónomas en marzo de 2010, junto a la entrada en vigor de los decretos 8, de 2010, y 4, de 2011, de contención del gasto farmacéutico. Estas cifras se irán mejorando a lo largo de los años 2011 y
2012, sumando también el esfuerzo de la industria farmacéutica y la colaboración de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Sí, señorías, ha habido un descenso de más de 20 puntos en el gasto farmacéutico, 20 puntos menos que cuando era
ministra la señora Pastor. Los números dicen que lo que ustedes proponen supondrá un aumento de más de 200 millones en gasto farmacéutico. No sé cómo le van a trasladar esto a las comunidades, porque necesitan ustedes mucho maquillaje para
convencerlas de que tendrán que pagar 200 millones de euros más por el mismo consumo.
Algún dato más. Estas medidas han supuesto un ahorro de más de 7.000 millones de euros, y de estos, 2.500 han sido por la aplicación de los reales decretos que he mencionado. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo: el precio de referencia
para el tratamiento de una infección, el herpes zoster, con un principio activo conocido como es el valaciclovir a día de hoy, con el actual sistema, es de 55,56 euros; con el sistema que ustedes proponen subiría a 64,52. El coste diario del
tratamiento pasaría de 7,96 a 9,22, y esto es un aumento del 16 por ciento. Hemos hecho una gráfica estupenda y desde luego no sabemos quién va a pagar esta diferencia. (Aplausos.) Como bien ha deducido esta propuesta también repercute, como es
lógico, en la economía de los pacientes y en sus familiares, y es que lo que ustedes proponen es un incremento que está entre el 15 y el 20 por ciento. No sé cómo se lo van a explicar a los ciudadanos; no sé si va a ser como a las comunidades
autónomas, pero, señorías, cabe pensar que lo que ustedes pretenden es hacer un guiño a la industria farmacéutica, porque otra posibilidad no se ve.
Con respecto a la mayor participación de las comunidades autónomas debo decirles que precisamente ese es el objetivo del consejo interterritorial, y concretamente de la comisión de farmacia. El consejo es el órgano permanente de
coordinación, cooperación, comunicación e información, pero para que el consejo funcione hay que acudir a las convocatorias del mismo, hacer propuestas, debatirlas, y sobre todo ser leales con los acuerdos que se adoptan. No he querido aludir a
otro concepto que ustedes utilizan en su exposición de motivos; mencionan lo que llaman medidas adicionales de las comunidades autónomas. No nos parece un ejemplo de lealtad institucional que una comunidad como la de Galicia elabore un decreto con
un catálogo de fármacos a utilizar en su territorio, sin que se haya sometido al debate dentro del consejo. Esto sí que rompe nuestro sistema de salud y esto sí rompe la equidad. Pero como ya sabe, señora Pastor, la ministra ya se ha comprometido
a avanzar en cómo se puede incrementar la participación de las comunidades autónomas, ya se ha comprometido a ello. Por todo esto, vamos a votar en contra de su propuesta. Queremos un sistema eficiente, equitativo, universal y gratuito, con los
mejores profesionales y las mejores prestaciones, y vamos a seguir trabajando para que sea sostenible, aunque sea sin su ayuda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Martín.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, DE AMNISTÍA. (Número de expediente 122/000221.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
Para defender esta proposición tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
La presente proposición contempla añadir un nuevo artículo a la Ley de Amnistía con el siguiente redactado: Primero. Lo dispuesto en esta ley no será de aplicación a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, a los que será de
aplicación lo dispuesto en la normativa internacional que regula los mismos. Segundo. En lo referente a la definición de actos criminales de genocidio y lesa humanidad, a su ámbito de aplicación universal y en su carácter imprescriptible se estará
a lo dispuesto en la normativa internacional en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Tercero. El presente artículo será aplicable retroactivamente a todas
las resoluciones administrativas o judiciales que guarden relación con su objeto, pudiendo revisarse o reiniciarse al amparo de lo dispuesto en el mismo.
Señorías, ayer fue 18 de julio. Han pasado ya setenta y cinco años desde el inicio de la insurrección fascista que sumió a los pueblos del Estado español, citando a Celso Emilio, en una longa noite de pedra de cuarenta años de duración.
Desde el inicio del golpe de 1936 hasta la muerte del dictador se produjeron más de cien mil desapariciones, se arrebataron miles de menores a sus familias, y las ejecuciones extrajudiciales, así como las torturas, estuvieron al orden del día.
Los profesores Pedro López, Miguel Ángel Rodríguez Árias y Lidia Vicente Márquez, expertos en derechos humanos y en la investigación del franquismo, decían en un artículo publicado en abril del pasado año lo siguiente: La paramnesia es una
patología consistente en la elaboración de falsos recuerdos, el maquillaje de la larga noche franquista como una suerte de autoritarismo ye-ye, el negacionismo de su aterrador genocidio aún entre nosotros, y la presentación de una transición idílica
que se ha pretendido exportar como modelo de impunidad a otros procesos transicionales. Todo esto han sido operaciones dirigidas desde arriba, destinadas a fabricar una falsa memoria colectiva.
Señorías, sacando a colación esta cita no pretendo suscitar un debate sobre la transición. El BNG desde luego no la glorifica, pero en cualquier caso la transición y su resultante no fue sino la consecuencia de la correlación de fuerzas
existente en aquel momento histórico. Sacando a colación esta cita tan solo pretendemos invitarles a una reflexión. Han pasado ya setenta y cinco años del alzamiento fascista, han pasado ya treinta y seis años desde la muerte del dictador, treinta
y cuatro años desde la aprobación de la Ley de Amnistía, treinta y tres años desde la promulgación de la Constitución. ¿Es lógico, tras este tiempo, que siga existiendo esa resistencia a conocer y a asumir el pasado, y a revisar por tanto las
atrocidades que se cometieron durante la dictadura franquista?
Señorías, en 1977 la Ley de Amnistía fue aprobada con el objetivo fundamental de ser aplicada a los casos de personas que fueron perseguidas o condenadas por hechos considerados delictivos por las leyes del régimen franquista, cuando los
mismos tenían como fin la defensa de las libertades y la democracia y los derechos de los pueblos y naciones que conforman el Estado español. Pero lo cierto es, señorías, que posteriormente se ha impuesto una interpretación -y subrayo-, una
interpretación que ha desvirtuado el principal objetivo y razón de ser de esta ley, sirviendo de coartada para defender la imposibilidad de perseguir los crímenes y violaciones de derechos fundamentales amparados por el régimen franquista. Esta
interpretación ha excluido de la aplicación de la normativa internacional en materia de derechos humanos a los crímenes de lesa humanidad amparados por la dictadura franquista, lo que contradice abiertamente la evolución doctrinal plenamente
consolidada, que propugna la aplicación universal de la normativa internacional en materia de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, su carácter imprescriptible y la exclusión de esta clase de crímenes de la aplicación del principio de
irretroactividad de las normas.
Así, señorías, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, suscrito por España antes de la aprobación de la Ley de Amnistía, establece en su artículo 15.2, que la irretroactividad de las normas penales no será
aplicable para impedir el juicio ni la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fuesen delictivos, según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Lo mismo estipula el
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado por España el 4 de octubre de 1979. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1988 y ratificado por España ese mismo año,
establece en su preámbulo que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. En parecidos términos se expresa la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y la
Convención internacional para la protección contra las desapariciones forzadas, suscrita también por España, estipula que el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político, ni delito inspirado
en motivos políticos. Esta situación, señorías, ha dado lugar a que en distintas ocasiones organismos de las Naciones Unidas hayan amonestado al Estado español por la aplicación que se estaba haciendo de la Ley de Amnistía, y que organizaciones
civiles como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, o la Federación Internacional de Derechos Humanos se hayan expresado en los mismos términos.
El 5 de enero de 2009 el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mostró su preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977,
recordando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto. Fruto de ello el comité sugirió la derogación de la Ley de Amnistía y
tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento del carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. El 19 de noviembre de 2009, el Comité contra la tortura de la ONU volvió a recordar que el enjuiciamiento de
actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad ni por el efecto de prescripción, exigiendo al Estado español asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no son crímenes sujetos a amnistía.
Por último, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas de la ONU cita de nuevo expresamente la Ley de Amnistía, y concluye que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas
apropiadas que tengan en
cuenta su extrema gravedad, instando además a que se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada.
Pero además, por si todos estos fundamentos de derecho no fuesen suficientes, resulta que el 29 de diciembre de 1978, un año después de la aprobación de la Ley de Amnistía, entra en vigor la Constitución española. Una constitución que,
además de derogar las leyes fundamentales del régimen franquista, establece que asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Una constitución -no creo necesario recordarlo- que reconoce derechos
y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, a la tutela judicial efectiva o el derecho a no sufrir torturas o tratos degradantes. Una constitución que además en su artículo 10 establece que las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Señorías -ya concluyo-, el modelo español de transición se puso de ejemplo a países sudamericanos que vivieron en sus carnes la tragedia de una dictadura. Hoy esos países han abolido sus leyes del punto final, y mientras tanto aquí hay
quien pretende hacer una interpretación perversa de la Ley de Amnistía porque eso, señorías, es lo que queremos corregir, esta interpretación perversa de la Ley de Amnistía, y hacer por lo tanto de la Ley de Amnistía con esta interpretación una ley
del punto final. ¿Es lógico, señorías, que jueces españoles investigasen los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos Estados y no puedan investigar idénticos crímenes cometidos en su propio Estado? ¿Es lógico esto? Señorías, el pasado jueves
en Argentina eran condenadas siete personas por los crímenes cometidos durante la dictadura, y mientras esto ocurre, en el Estado español un juez está suspendido y tendrá que sentarse en el banquillo, a instancias de organizaciones fascistas, por
pretender investigar los crímenes del franquismo.
Señorías, no pretendemos, a la hora de presentar esta proposición de ley, reabrir ninguna herida, presentamos esta proposición de ley precisamente con la intención de contribuir a cerrar heridas, porque además, señorías, los criminales
responsables de estos hechos durante el franquismo están todos ellos fallecidos. Tengan ustedes en cuenta que no se pueden cerrar heridas desde el olvido y la impunidad; solo se pueden cerrar heridas conociendo la verdad, reparando a las víctimas,
haciendo justicia. Esto es lo que nos preocupa, esa es la intención de esta proposición de ley: reparar a las víctimas, reparar su memoria, y corregir hechos vergonzosos que todos ustedes conocen y que he descrito en esta intervención. Por ese
motivo solicito su apoyo a esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Para fijar la posición del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ayer -como ustedes saben- fue 18 de julio y conmemoramos el 75º aniversario de la rebelión militar fascista contra la legitimidad republicana, y el inicio de una guerra no solo ilegal, sino cruenta como pocas guerras, propiciada
por unos golpistas con el apoyo del fascismo internacional, cuya victoria además supuso la instauración no solo de un régimen autoritario, como sostienen hoy en día algunos revisionistas, sino de un régimen auténticamente sustentado en el terror, en
la tortura, en la represión, en el odio y en la venganza institucionalizada. Y nosotros, la gente de Esquerra Republicana, que somos herederos de Lluís Companys, pero también de miles de víctimas de la represión del franquismo y de la barbarie
-como ustedes saben-, ni desistimos ni vamos a desistir nunca, aunque hayan pasado setenta y cinco años de aquellos hechos, de exigir que se restituya finalmente la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del franquismo, no esa
ley de impunidad que fue en su día la Ley de la Memoria Histórica, sino una auténtica reparación para que se esclarezcan no solo las circunstancias de aquellos hechos desgraciados, sino también la responsabilidad de todo orden de los verdugos del
franquismo para con las víctimas, para con todas las víctimas del franquismo: los muertos, los encarcelados, los exiliados, los depurados, los internados en campos de concentración, en batallones de trabajo, etcétera.
Hoy el presidente del Congreso a lo largo de esta sesión leerá una declaración institucional, cuyos términos desconozco, pero desde luego se trata de la misma Cámara, de este Congreso de los Diputados, donde conmemoramos, y de forma
merecida, no solo el Día de las víctimas del terrorismo, sino también de las víctimas del holocausto, pero que sigue setenta y cinco años más tarde siendo incapaz de condenar de forma expresa y explícita el alzamiento militar del 18 de julio de
1936. Quizá porque alguien desea que no se levanten de su tumba ni Franco, ni José Antonio, ni Mola, ni Sanjurjo o Queipo de Llano, y digo de su tumba o quizá de sus estatuas ecuestres, efigies o placas de callejero. Para algunos todavía están
presentes los vestigios del franquismo en nuestra sociedad, y el olvido es la forma en la que algunos entienden la mejor manera de reconciliarse con el pasado, pero para nosotros señorías, es lo contrario a esto, y esto es lo que plantea y en lo que
incide esta proposición de ley acertada del Bloque Nacionalista Galego, la impunidad no es deseable. La impunidad, señorías, se apuntaló desgraciadamente durante la transición con leyes como la Ley de la Reforma Política de 1976 o la Ley de
Amnistía
de 1977, que ahora se plantear reformar. Para nosotros la transición ni constituye desgraciadamente en términos de memoria histórica un hito democrático ni un proceso modélico del que debamos sentirnos orgullosos en estos momentos. La
transición supuso no solo que los franquistas se disfrazaran de demócratas, que la viuda del dictador muriera en su cama cobrando una pensión del Estado, sino que además quedaran exentos los verdugos de cualquier tipo de responsabilidad, que además
no tuvieran que abjurar de sus antiguas lealtades. Se intentó por tanto a través de una ley como la Ley de Amnistía borrar la divisoria entre vencedores y vencidos, una divisoria por cierto trazada a sangre y a fuego por los sublevados el 18 de
julio, al precio por cierto del olvido, de echar tierra encima de la memoria de los miles y miles de víctimas del franquismo. Hubo por tanto un 18 de julio de 1936 y sus consecuencias para miles de víctimas, también de sus familiares, perduran y no
solo perduran sino que además oprimen con la misma fuerza que oprime la tierra de las cunetas que tapa los cuerpos sepultados de los miles de víctimas del genocidio franquista.
Este es, señorías, el punto de partida de esta proposición de ley que de entrada no vamos a discutir en términos técnico-jurídicos. Evidentemente es una proposición de ley manifiestamente mejorable en algunos aspectos, pero es no solo
oportuna sino también deseable políticamente. De lo que se trata, como ha explicado muy bien el diputado señor Jorquera, es de que el Estado español cumpla de forma estricta con las recomendaciones de Naciones Unidas, por tanto, que ponga fin a la
Ley de Amnistía del año 1977 que impide no solo investigar crímenes aberrantes sino obtener hoy en día una rendición de cuentas por los abusos del pasado, algo que ha impedido, por cierto, a un juez investigar los crímenes de la guerra y de la
dictadura, básicamente porque esta ley exonera a los supuestos de intencionalidad política cometidos después de diciembre de 1936 y eso hoy en día no es sostenible. Para nosotros no hay fundamento en el derecho internacional como para que un Estado
no pueda no deba garantizar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos una debida reparación, porque, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dejado sentado como principio general que las leyes de amnistía o de
punto final no son compatibles en ningún caso con la obligación de los Estados de investigar los actos de tortura o de barbarie. Deseo recordar, como decía además muy bien el diputado Jorquera, que hasta tres informes de Naciones Unidas han
amonestado al Estado español por enmascarar y por escudarse en esta Ley de Amnistía para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y por no atender los ruegos de las víctimas y esta, señorías, es quizá la peor quiebra, el eslabón más
débil de la imagen internacional de la transición política del Estado español, que hasta hace muy poco tiempo había recibido elogios por todas partes, verbigracia lo que dijo hace muy poco tiempo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que
es quien vela, por cierto, por el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, cuando recriminaba a España el mantenimiento de la Ley de Amnistía y recordaba también la necesidad de garantizar la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes.
Acabo, señorías, señora presidenta, diciendo que para nosotros, como para el Tribunal de Estrasburgo, los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir, lo dice el artículo 2 del Estatuto de Roma, también lo dice el Convenio Europeo de
Derechos Humanos. Por tanto, ese cerrar o restañar las heridas a que se aludía hace un momento de la transición, treinta y cuatro años más tarde es hoy en día la causa del asombro de la mayoría de países democráticos que pensaban...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.
El señor RIDAO I MARTÍN: Sí, señora presidenta.
...que pensaban que España había hecho sus deberes, y ahora ven no solo cómo se elude el derecho internacional sino que se abandona miserablemente a miles y miles de víctimas del franquismo.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
El señor Jorquera ha hecho una gran exposición, explicitando mucha legislación para demostrar que en realidad deberían y podrían juzgarse determinados crímenes realizados, razón de su imprescriptibilidad, en el momento actual y con la
legislación actual. Más que una propuesta para modificar la Ley de Amnistía, lo que nos ha dado es toda una batería de ideas y de argumentos legislativos y jurídicos para pensar que no sería necesario a la hora de abordar determinadas tareas
judiciales. Coincido con él en esa afirmación que ha hecho de que la Ley de Amnistía fue el resultado de la correlación de fuerzas de la época. Sin lugar a dudas, hay que situarlo en el contexto político, en la situación política, en el momento en
el que todavía el régimen franquista estaba muy vivo y muy reciente. Ni siquiera podríamos decir que habría desaparecido por completo, porque estamos hablando de una ley aprobada un año antes de la Constitución. Desde luego, si nos preguntamos qué
imagen es la que la ciudadanía en general tiene de la Ley de Amnistía y qué imagen es la que tuvo también en aquel momento es, sobre todo, la reparación a los perdedores de la guerra civil, la reparación a los represaliados de la guerra civil y la
reparación también a mucha gente que estaba penando en la cárcel injustamente en función de sentencias, en función de resoluciones dictadas por un
régimen dictatorial, y a eso iba. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Eso es lo que iba a reparar y esa es la imagen genérica que se tiene, más allá de que el debate en la Cámara fue muy jugoso y es heredero también del momento en
el que se produce.
Cuando se produce el debate de la llamada Ley de Memoria Histórica vuelve a surgir esta cuestión, la posibilidad de juzgar o no determinados asuntos y nosotros fuimos muy conscientes de ello cuando discutimos la disposición adicional segunda
de la ley que dice literalmente: las previsiones contenidas en esta ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y
convenios internacionales suscritos por España. Por tanto, venía a reforzar la idea de que la Ley de Memoria Histórica no era una ley de punto final ni nada en la legislación española en vigor hacía pensar que esto tuviera que ser así. Pero hay
más, porque usted, señor Jorquera, ha citado expresamente varios tratados y convenios internacionales y todos conocemos perfectamente que el artículo 96 de la Constitución española explicita que, una vez aprobados dichos tratados o convenios
devienen parte del ordenamiento jurídico interno y, por tanto, parte de la ley; y todos conocemos también que ley posterior deroga lo anterior, y también existe un artículo, el artículo 10, si no me equivoco, de la Constitución española, que
mandata una interpretación de la ley, de la propia Constitución y, por ello, de todo el ordenamiento jurídico de acuerdo a lo establecido en los convenios internacionales. A nuestro modo de ver, esta propuesta no es necesaria y también señalo que
no estamos de acuerdo con recientes, más que numerosas, interpretaciones por parte de los tribunales de justicia en este campo.
Pueden argumentarse una serie de problemas sobre todo relacionados con la irretroactividad. En cuanto al principio de irretroactividad del derecho penal, el artículo 9 de la Constitución se refiere a la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables. En la propuesta que hace el BNG, el Grupo Mixto, se habla de aplicar retroactivamente todas las resoluciones administrativas o judiciales. Ahí podríamos encontrarnos con un problema, pero luego hay otra cuestión que ha
citado de pasada el señor Jorquera y que yo creo que tiene bastante trascendencia. No vayamos a engañar a la opinión pública: ¿A quién vamos a juzgar exactamente? ¿Hay sujetos, personas concretas que puedan ser llevadas a los tribunales por esos
delitos? Se me ocurren gobiernos franquistas, pensemos en un senador que era el junior del Gobierno en los estertores del franquismo, puede ser él y algún otro nonagenario, pero sobre todo pensemos que estamos ligando esta resolución a los delitos
de genocidio y lesa humanidad, o sea, ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil o parte de ella que se produjeron básicamente en los primeros años, en las primeras décadas del franquismo. Quizá pueda ser una disposición
declarativa, pero en el plano práctico -seamos realistas, digámoslo así- me temo que queda poca gente viva -si se nos ocurre alguno- que cometiera estos delitos de genocidio y de lesa humanidad y que pueda ser llevada ante los tribunales. En el
plano declarativo no le falta razón -acabo, señor presidente-, pero si hubiera voluntad por parte de los tribunales -tengo que reconocerle que el peso de la dictadura sigue estando presente en algunos ámbitos, también jurídicos, ese peso de cierta
memoria, y la Ley de la Memoria Histórica iba a remover esto- estoy seguro de que en el ordenamiento jurídico español existen los cauces adecuados sin modificar esta ley.
Mi grupo se va a abstener, a no ser que las intervenciones de los grupos que faltan sean de tal calibre que hagan variar nuestra opinión y nos hagan votar que sí, pero en principio mi grupo se va a abstener.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Don Jordi Xuclà tiene la palabra.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Jorquera, su proposición de ley tiene claramente dos dimensiones y dos formulaciones, una de carácter y de valoración política y otra de carácter y de argumentación jurídica. Desde un punto de vista político, he de decirle
que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está integrado por dos partidos políticos, por Convergència Democràtica de Catalunya, fundado en el año 1974 en la clandestinidad y en la lucha contra el franquismo, del cual formo parte,
siendo mi padre fundador, y por Unió Democràtica de Catalunya, un partido con más de ochenta años de trayectoria, que se mantuvo fiel a la República y que sufrió en propias carnes el golpe de Estado de ahora hace setenta y cinco años. Lo digo desde
el punto de vista de que hemos intentado durante estos más de treinta años de democracia remover los obstáculos, el inmovilismo de aquellos que no quisieron recuperar la memoria histórica para hacer aflorar las verdades de treinta y nueve años de
dictadura franquista y de los tres años largos de la guerra civil. Quedan, pues, presentadas las credenciales y la coherencia -creo- de mi grupo parlamentario durante todos estos años.
Usted nos plantea una proposición de ley concreta, con un texto concreto y determinado, y voy a argumentar y a fijar mi posición a partir de este texto, con valoraciones de carácter jurídico y algunas de carácter jurídico-político sobre
estos treinta años, como la propia valoración de la Ley de Memoria Histórica. Se ha dicho por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, el diputado don Aitor Esteban, pero yo también quiero hacer referencia al artículo 96 de la
Constitución española, donde se habla de que los tratados internacionales válidamente concluidos una vez publicados oficialmente en España pasen a formar parte del sistema legal interno del Estado. En este sentido, los convenios internacionales a
los cuales usted ha hecho referencia a
la luz del artículo 96 de la Constitución española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tratado de Roma y otros convenios de lucha contra los crímenes de lesa humanidad, ya son perfectamente operativos en nuestro sistema jurídico
para plantear los aspectos a los que usted se ha referido. Se ha dicho de pasada, pero desde un punto de vista jurídico el grupo al que usted representa utiliza en la proposición de ley la expresión genocidio, y creo que en su intervención no la ha
usado ni una vez; nos situaríamos en el campo de la descripción jurídica de qué es genocidio. Nosotros a través de distintas leyes hemos intentado denunciar, perseguir y reparar a las víctimas del franquismo, pero sabiendo que esta es una palabra
que tiene su controversia desde un punto de vista de carácter estrictamente jurídico.
Dicho esto, don Aitor Esteban también decía que la Ley de Amnistía fue aprobada en el contexto de aquel momento, y es cierto. La Ley de Amnistía ha supuesto, desde el punto de vista de la valoración política y jurídica, un techo de cristal
para la evolución posterior de algunas de las leyes de que nos hemos dotado para remover los obstáculos y para condenar los hechos punibles. Por ejemplo, la Ley de Amnistía abrió las puertas de las cárceles pero en ningún momento supuso en el año
1977 la anulación de las sentencias dictadas por tribunales franquistas y evidentemente a la luz de un sistema jurídico franquista. En aquel momento simplemente se pedía la amnistía, y yo quiero recordar que a través de la Ley de Memoria Histórica,
aquella que algunos portavoces han valorado como la ley de punto final, como una ley negativa, y a través de algunas enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se incorporó la declaración de ilegitimidad de los tribunales
y se incorporó la derogación expresa de leyes del sistema franquista, que de hecho quedaban derogadas con la entrada en vigor de la Constitución, pero reiteramos su derogación; y que fruto de esta declaración de ilegitimidad y de esta derogación
expresa un decreto del fiscal general del Estado, después de haber escuchado a la Sala de fiscales del Tribunal Supremo y después de la denuncia presentada por parte del Gobierno de la Generalitat sobre el juicio a don Lluís Companys, llevó a la
declaración de nulidad de pleno derecho y expulsión del ordenamiento jurídico de las sentencias políticas dictadas durante el régimen franquista.
Con esto quiero señalar, señorías, señor Jorquera, que yo creo que no es cierto que desde la Ley de Amnistía hasta el día de hoy no se hayan operado cambios importantes como el que le acabo de señalar sobre la declaración de ilegitimidad de
los tribunales franquistas, incorporado a través de la Ley de Memoria Histórica, que sí nos ha permitido evolucionar. Bien es cierto que la Ley de Amnistía del año 1977 suponía un techo de cristal para el margen de operatividad de los futuros
cambios legislativos.
Nosotros vamos a votar en contra por los argumentos de carácter jurídico que le he detallado -podemos coincidir con usted, evidentemente, venimos de tradiciones políticas parecidas y representamos lo mismo en este hemiciclo desde el punto de
vista de la lucha contra el franquismo y de la defensa de las libertades de la democracia y de los derechos fundamentales-, pero lo vamos a hacer no solo porque estemos a finales de legislatura, no solo porque sería difícil tramitar esta ley desde
un punto de vista temporal, no solo porque seguramente habría algunas referencias que se deberían mejorar técnicamente, sino porque la Ley de Amnistía en aquel momento y con aquellos constituyentes conformó una de las piezas del pacto de la
transición que nos ha permitido durante estos treinta años hacer algunas aportaciones positivas: primero, la aprobación de la Constitución que tiene un artículo 96 con una remisión expresa a los convenios internacionales, con la incorporación de
estos en nuestro sistema jurídico; y, segundo, la aprobación a través de la Ley de Memoria Histórica de la declaración de ilegitimidad que ha llevado a la declaración de nulidad de pleno derecho de las sentencias políticas dictadas durante la
guerra civil y durante el franquismo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decía el señor Jorquera en la defensa de su iniciativa que su grupo no glorificaba la transición. Nosotros tampoco, lo que pasa es que nos sentimos muy orgullos de la transición a la democracia que hicimos los españoles y de la
culminación de la transición, que fue el pacto constitucional de 1978. Su grupo no estaba entonces representado en esta Cámara y, por tanto, mal podía estar en el pacto constitucional. La pena es que sigue sin estar en el pacto constitucional y
están ahora aquí, y es más penoso todavía que algunos que tuvieron un especial protagonismo en el pacto de la transición que culminó en el pacto constitucional hoy se hayan olvidado. Ha dicho también algún interviniente, con una lógica evidente,
que las leyes son fruto del contexto histórico del momento, claro y lo que votaremos esta tarde en relación con esta proposición de ley es fruto de la correlación de fuerzas políticas que hay aquí que, a su vez, representan la voluntad del pueblo
español el día que se efectuaron las elecciones generales del año 2008. Evidente. Ahora, de ahí a colegir que la Ley de Amnistía es un ley de punto final, una ley que, poco más o menos, estuvo viciada en su origen porque había determinados poderes
fácticos que establecieron que fuera una ley de punto final y otras cosas, media un trecho; como también media un trecho decir, por ejemplo, que determinado juez está suspendido de sus funciones por perseguir los crímenes del franquismo; que yo
sepa, está suspendido en sus funciones por presuntos delitos como el de pre
varicación o uno gravísimo, como es el de interceptación de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, que es algo sagrado en un Estado democrático y de derecho, como usted sabe.
Sin embargo, no es el tema del juez el que hoy nos ocupa ni el de someter a debate la transición, aunque sí es verdad, en mi opinión y en la del grupo en cuyo nombre hablo ahora, que la Ley de Amnistía de 1977 fue una pieza clave de la
transición como lo fue antes la Ley para la Reforma Política de 1976 y el referéndum de 1976, como usted sabe, que fue el que resolvió el dilema que había en aquel momento para salir del franquismo e ir a la democracia: reforma o ruptura. Había
fuerzas políticas que querían la ruptura y había otras fuerzas, entre ellas Unión de Centro Democrático, que apostaban por la reforma. En el referéndum del año 1976 sobre la Ley para la Reforma Política, como usted sabrá -estoy haciendo nuestro
relato, como le gusta decir y muy bien al señor Llamazares-, la izquierda pidió la abstención. Votó más del 77 por ciento del cuerpo electoral y más del 80 por ciento votaron a favor. La Ley para la Reforma Política entonces creaba el Congreso de
los Diputados, creaba el Senado y permitió que hubiera unas elecciones democráticas y libres el 15 de junio de 1977. Una de las primeras cosas que se hizo, el 14 de octubre de 1977, fue aprobar la Ley de Amnistía. La Ley para la Reforma Política
jurídicamente era una ley fundamental y fíjese usted lo que fue después en la práctica. Salieron las Cortes que no eran formalmente constituyentes -en la práctica lo fueron-, que elaboraron la Constitución de 1978. Así se escribe la historia.
Por tanto, por razones jurídicas y por razones políticas nos vamos a oponer a la admisión a trámite de su proposición de ley. Lo puedo decir más alto, pero no más claro, con todo respeto, señor Jorquera. En primer lugar, no aceptamos que
se pueda cuestionar la legitimidad de la Ley de Amnistía de 1977, porque la aprobaron unas Cortes absolutamente democráticas, las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977. Porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional en
numerosísimas ocasiones. Sabe, usted, señor Jorquera, que hay numerosísimas sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la legitimidad de la Ley de Amnistía de 1977. Entre todas las sentencias, le podría citar la 147 de 1986, que dice que la
Ley de Amnistía fue una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia, pretende eliminar en el presente las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa, en sentido amplio, que se rechaza hoy en el presente por
contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. El orden político que se alumbró precisamente a partir del referéndum de la Ley de la Reforma Política, de manera muy particular, a partir de las elecciones constituyentes del 15
de junio de 1977. Ha hablado de razones jurídicas. Le sigo diciendo que el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas y el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, ambos tratados -como usted sabe muy
bien y ha dicho- incorporados al ordenamiento español con posterioridad a la aprobación de la Ley de Amnistía, obviamente de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, se refieren a hechos producidos con anterioridad evidentemente, y usted
conoce -se ha citado aquí la Constitución- el principio general de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Además está la Convención de Viena que sobre el derecho de los tratados establece literalmente en su artículo 28 la irretroactividad
de los tratados. Las disposiciones de un tratado -reza ese artículo 28 del Tratado de la convención de Viena- no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado
para esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. La misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU se ha guardado muy bien de condenar
al Gobierno de España, o al Estado español o al Reino de España, como quiera, como infractora del pacto; en ningún momento. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los pactos y tratados internacionales suscritos por
España, desde el punto de vista de la constitucionalidad o la legitimación de la Ley de Amnistía son absolutamente innumerables los argumentos en contra de la pretensión que jurídicamente ustedes nos han traído aquí.
Luego le he hablado de razones políticas. Decían, evidentemente se aprobó en un contexto determinado; mire usted qué contexto. Una persona que no está ya entre nosotros, pero a la que todos respetamos, don Marcelino Camacho en
representación del Partido Comunista de España, dijo algo desde esta tribuna durante el debate de la Ley de Amnistía, el 14 de octubre de 1977. Nadie dudará del antifranquismo del señor Camacho ni nadie dudara, ni yo ni mi grupo lo dudamos, de que
seamos afines ideológicamente al Partido Comunista y, por ello, nadie dudará de la legitimidad del antifranquismo del Partido Comunista de España del señor Camacho. Mire lo que decía el 14 de octubre de 1977: '¿Cómo podríamos reconciliarnos los
que nos estábamos matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra' -decía don Marcelino Camacho-. Y seguía diciendo:
'Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en la vía de la libertad, en esa vía de la paz y
del progreso que hoy se abre.' Eso decía cuando se debatía la Ley de Amnistía don Marcelino Camacho. Él decía que venían a enterrar sus muertos y sus rencores y ustedes hoy -treinta y seis años después- vienen a traer muertos y vienen a traer
rencores.
Lo que hacía el señor Camacho, en definitiva, era actualizar el manifiesto de la Declaración del Partido Comunista de España, como tuve yo ocasión de decir en
la Comisión Constitucional cuando se debatió la Ley de Memoria Histórica de 1956. Con ocasión del 30º aniversario del comienzo de la guerra civil -hoy estamos cincuenta y seis años después- el Partido Comunista de España -no hablo del BNG
porque entonces no existía- decía: Crece en España -año 1956- una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos y no podemos sin incurrir en tremenda responsabilidad ante
España y ante la historia hacer pesar sobre esta generación, la de 1956, las consecuencias de hechos en los que no tomó parte. Y fíjese, decía el Partido Comunista de España en 1956: Una política de azuzamiento de rencores puede hacerla Franco y
en ello está interesado, pero no las fuerzas democráticas españolas. Y cincuenta y seis años después determinadas fuerzas políticas españolas vienen haciendo ese azuzamiento y ese echar muertos y rencores encima, cuestionando la base de nuestra
convivencia democrática de hoy que es nada más y nada menos que la Ley de Amnistía de 1977 como pieza clave de nuestro pacto constitucional.
El señor PRESIDENTE: Termine. Muchas gracias.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Termino, señor presidente.
Confundir historia con memoria colectiva nos ha dado lugar a ese híbrido de la memoria histórica, que cuando se impone por ley ya es un absoluto sinsentido. De ese revisionismo histórico, de ese intentar reescribir la historia, de esos
vientos vienen estas tempestades, desde la responsabilidad de unos y la irrelevancia política de otros. Evidentemente, nosotros estamos por la Constitución, por el Pacto constitucional, por el sentido común y por la reconciliación. Por eso
votaremos que no cuantas veces sea preciso a iniciativas de estas características. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Don Jordi Pedret tiene la palabra.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Jorquera, en las proposiciones de ley el Grupo Parlamentario Socialista tiene por costumbre examinar dos aspectos fundamentales: uno, el contenido de la propia proposición para ver sus bondades intrínsecas y, otro, la oportunidad de
la presentación. Hemos examinado estos dos aspectos, y he de decirle que por los dos nos vamos a ver obligados a votar en contra de su proposición.
Se ha dicho por parte de intervinientes anteriores. Desde el punto de vista del contenido de la propuesta concreta que se hace en su proposición de ley, resulta prácticamente innecesaria, y lo ha dicho usted mismo. Usted pretende -y nos
parece muy bien que lo pretenda- combatir determinadas interpretaciones recientes de la Ley de Amnistía, pero no son defectos de la Ley de Amnistía, no lo son. La propuesta de modificación, modesta en su extensión pero muy importante en su calado,
que usted propone en realidad viene a ignorar -voy a utilizar este verbo sin que vea usted en ello nada despectivo- desde el punto de vista académico el hecho que se ha repetido por varios intervinientes de que la subsiguiente Constitución española
en su artículo 96.1 establece que los tratados y convenios forman parte del ordenamiento jurídico interior. Por tanto, aquello que usted pretende que se diga ahora se dice ya directamente por parte de la Constitución en su artículo 96.1. Además,
cuando forman parte del ordenamiento interior, lo forman todos, no solo los convenios que usted alega y que quiere que consten en el nuevo texto de la Ley de Amnistía, sino que, por ejemplo, la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, cuyo
artículo 28 ha sido también citado anteriormente, prohíbe expresamente la retroactividad de la aplicación de los convenios internacionales.
Señor Jorquera, su proposición tiene además algún inconveniente de calado jurídico importante. Creo que olvida el contenido del artículo 9.3 de la Constitución española en dos aspectos fundamentales: uno, el de la irretroactividad de la
ley penal no favorable y, otro, el principio de la seguridad jurídica. Usted propone que se apliquen con retroactividad tipos penales inexistentes en el momento de la comisión de los hechos -si se cometieron, en cualquier caso deberán ser los
tribunales los que lo digan, no el Parlamento-, así como que se puedan revisar sin limitación alguna todos los actos derivados de la aplicación de la Ley de Amnistía, lo cual va en contra del principio de irretroactividad y en contra del principio
de seguridad jurídica. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Solicita usted también que sean imprescriptibles los delitos a los que se refiere -por cierto, no siempre los mismos en la exposición de motivos y en el texto: el delito de genocidio aparece y desaparece, queda el de lesa humanidad- y usted
quizá olvida que desde 2004, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de finales de 2003, los delitos de lesa humanidad que se recogen en nuestro Código Penal actualmente vigente son imprescriptibles. Por tanto, desde el punto de
vista del contenido, señor Jorquera, lo que usted solicita o ya está en la Constitución, o es contrario directamente a principios constitucionales recogidos en el artículo 9.3, o está ya recogido en el Código Penal. Mi grupo entiende que no podemos
modificar leyes para evitar interpretaciones determinadas. Desde el punto de vista de la oportunidad, no es adecuada la discusión de la Ley de Amnistía en estos momentos, treinta y cuatro años después.
Señorías, en la mañana del 14 de octubre de 1977 hubo en esta Cámara una sesión de una importancia extraordinaria, con un debate que tenía unas características de grandeza enorme. Si no somos capaces -y me temo que no lo somos- de emular la
grandeza de
aquel debate, seámoslo al menos de recordar cómo fue, quiénes y cómo aprobaron la amnistía. Digámoslo. En primer lugar, se debatía una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, por el Grupo
Parlamentario de Socialistas del Congreso, por el Grupo Parlamentario Mixto, por el Grupo Parlamentario de la Minoría Vasco-Catalana -que así se denominaba en aquel momento-, por el Grupo Parlamentario Comunista y por el Grupo Parlamentario
Socialistes de Catalunya. Solo el Grupo de Alianza Popular quedó fuera de la proposición. Era una correlación de fuerzas, sí, una correlación de fuerzas que recogía la totalidad de los demócratas de la Cámara y dejaba fuera del consenso a Alianza
Popular en aquel momento.
¿Qué dijeron los que intervinieron? El señor Carro Martínez, en representación de Alianza Popular, dijo a los diputados de aquel momento en esta Cámara que manifestaba su voto discrepante, pero que aceptaba la institución de la amnistía.
Se colocó, por tanto, al margen. ¿Qué dijo el representante del Grupo Comunista, el señor Marcelino Camacho, al que se ha referido también el anterior interviniente? Dijo que la amnistía era una política nacional y democrática, la única
consecuente para cerrar una etapa de guerras civiles y de cruzadas, y que ellos enterraban sus muertos y enterraban sus rencores. Mi compañero Josep Maria Triginer, en representación de Socialistes de Catalunya, manifestó que en el día de hoy -por
el 14 de octubre de 1977- se cerraba definitivamente una etapa histórica en este país y se abría una nueva etapa fundada en la esperanza de que pudiera haber acuerdos en el Parlamento que solucionaran las diferencias políticas. Mi compañero Benegas
Haddad intervino en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Refiriéndose a la amnistía, advirtió a los diputados: Que nadie crea que hoy estamos concediendo algo, que hoy estamos otorgando algo, que hoy estamos acordando medidas de gracia. Hoy
solamente estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas, con un ineludible compromiso con la libertad. Le siguió en la tribuna don Xabier Arzalluz, en representación del Grupo de la Minoría Vasco-Catalana, en una intervención que yo creo
que debiera constar en los manuales escolares de nuestro país, y dijo que la amnistía era simplemente el olvido, la amnistía de todos para todos, el olvido de todos para todos. Y dirigiéndose a los diputados dijo: Si nosotros somos los
representantes y el cauce de esa sociedad, debemos ser también el ejemplo a la misma con nuestro mutuo olvido. Y siguió: Hemos de procurar que descienda a la sociedad efectivamente, que esta concepción del olvido vaya ensanchándose, vaya
haciéndose cuerpo y corazón, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor, oírnos con respeto. Y concluyó su intervención diciendo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señores, la amnistía es un camino de reconciliación, pero es también un camino de credibilidad democrática. Y, por último...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Pedret, no tiene tiempo.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señora presidenta.
El señor Arias Salgado, en nombre de UCD, dijo que asumía el concepto de la amnistía. Pese a ello, señorías, pese a ese debate, la amnistía no nació de este Congreso. La amnistía nació de la reclamación en las calles, en las plazas, en las
asambleas obreras, en las reuniones de intelectuales, en la lucha estudiantil. La amnistía nació de una reivindicación unánime de la sociedad española, que creía que solo sobre la amnistía se podía fundar un nuevo régimen democrático. La amnistía
nació del lema, compartido por todos, que reclamaba libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Por ello, también la proposición de ley de amnistía se publicaba en el mismo diario...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Pedret, por favor.
El señor PEDRET I GRENZNER: ...en el mismo Boletín Oficial de las Cortes en que se publicaba el Real Decreto-ley de 29 de septiembre de 1977 por el que se restauraba provisionalmente la Generalitat de Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Pedret.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SUMIDEROS NATURALES EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 162/000833.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista sobre sumideros naturales en la lucha contra el cambio climático.
Tiene la palabra para su defensa el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta iniciativa parlamentaria que debatimos hoy tiene como objetivo fundamental incrementar el valor de los sumideros de CO2 en la lucha contra el cambio climático. Por un lado, se quiere reconocer la labor de sumideros naturales
de CO2 a los cultivos agrícolas, fundamentalmente los leñosos, y, por otro, se quiere proteger aún más el valor que tienen nuestras masas forestales como secuestradores permanentes
de CO2. Con respecto al primer apartado, sobre la consideración de los cultivos agrícolas como sumideros de CO2, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista considera que todavía se puede mejorar la gestión de las zonas agrícolas,
fundamentalmente las dedicadas a monocultivos leñosos, en aras de contribuir a un secuestro permanente de CO2, por un lado, y al impulso de la biomasa como fuente de energía, por otro.
Señorías, para conocer el alto peso específico que tienen en nuestra agricultura los cultivos leñosos y comprender su potencial de sumideros, les tengo que decir que somos el primer país del mundo en superficie de olivar y viñedo. Si le
sumamos el resto de cultivos leñosos, podemos decir que el potencial de bosque agrícola de nuestro país está en torno a los 5 millones de hectáreas. La importancia de lo que les quiero transmitir se lo puedo resumir en un estudio realizado por el
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias sobre la captación de CO2 en los cultivos cítricos, que tuvimos la suerte de conocer por una comparecencia en la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático. Pues bien, para que se hagan una
idea del potencial de la agricultura como sumideros de CO2, baste decir que 180.000 hectáreas de cítricos son capaces de fijar en torno a las 900.000 toneladas de CO2 al año. Les haré una estimación más somera con el olivar. Podemos hablar de que
los 2,5 millones de hectáreas que hay en nuestro país de este cultivo pueden estar fijando más de 146 millones de toneladas de CO2, si tenemos en cuenta que un olivo es capaz de fijar 570 kilogramos de CO2 en un año. Así podíamos hacer estimaciones
con el resto de cultivos leñosos para hacernos una idea de la importancia que tienen nuestros cultivos agrícolas como sumideros.
Actualmente, las superficies agrícolas están contabilizadas en el inventario nacional de gases de efecto invernadero, pero de una forma estimada. El Protocolo de Kioto contempla claramente las actividades que se pueden cuantificar, entre
ellas la gestión de las tierras agrícolas. Pues bien, el objetivo que queremos es muy claro, que los agricultores reciban ayudas agroambientales por el secuestro de carbono sobre la base de un servicio medioambiental que están prestando. Desde
hace tiempo se está trabajando en esta idea; la reforma de la PAC va por esta línea y los artículos 89 y 90 de la Ley de Economía Sostenible lo viene a atestiguar. En el artículo 89 se habla de incentivar la participación para aumentar la
capacidad de captación de CO2 y en el artículo 90 abre la posibilidad de compensar las emisiones a las empresas y personas físicas mediante inversiones en programas agrarios de reducción de CO2. Pero para el establecimiento de estos incentivos y
ayudas primero se necesita disponer de información veraz, precisa y verificable para poder cuantificar el papel de estas superficies como sumideros de carbono. En este sentido, la iniciativa insta a establecer un sistema de información agrícola
relacionado con el cambio climático a nivel nacional en colaboración con las comunidades autónomas para mejorar, en primer lugar, el inventario nacional de gases de efecto invernadero y conocer el balance de carbono de todas aquellas extensiones
agrícolas existentes en nuestro país, en especial las dedicadas a los cultivos leñosos. La segunda acción de esta iniciativa parlamentaria pone de manifiesto la necesidad de aglutinar en una única norma reguladora todos los instrumentos que ya
regulan la eliminación de la quema de los residuos vegetales. El objetivo es muy claro: derivar su utilización bien para fines de producción de energía por fuente de biomasa o bien para la producción de abonos orgánicos.
Señorías, tenemos que acabar con el espectáculo de la quema indiscriminada de la leña y los restos de poda agrícola y forestal. Eso lo sabemos muy bien los diputados que somos de territorios donde hay monocultivos agrícolas. Estamos mal
quemando una de las potencialidades de riqueza de este país. La desgracia de Fukushima está haciendo replantearse el papel que pueden jugar algunas energías. La biomasa, hasta ahora, ha tenido un papel residual con respecto al desarrollo de otras
energías renovables, pero la desconfianza hacia la energía nuclear y los incrementos de los precios de los combustibles fósiles abren nuevas expectativas para el impulso de esta fuente de energía. La biomasa puede ser también el soporte para el
impulso de la energía eólica y solar que, como ustedes saben, depende más de las condiciones climatológicas. A nadie se le escapa el potencial económico derivado de la producción de energía y de empleo que puede tener para este país si somos
capaces de apostar por la biomasa. Esta iniciativa quiere ayudar a ello, pues en definitiva vamos a valorizar, aún más, estos residuos.
Para terminar, les quiero resaltar la importancia de la tercera acción que solicitamos al Gobierno para la lucha contra los incendios forestales y el cambio climático. En nuestro país la mayor causa de pérdida de superficie de sumideros son
los incendios forestales. Se ha avanzado mucho en los últimos años, gracias a la Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley de Montes, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que aún se puede avanzar más en las medidas de la lucha
contra los incendios forestales y el cambio climático. Para ello, tenemos que tipificar como daño la contaminación, por la emisión directa de una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, así como la pérdida o minoración como sumidero que tiene la masa
forestal afectada. Hoy en día, tenemos los instrumentos suficientes que posibilitan estos cálculos. Solamente falta establecer unos criterios periciales específicos de cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de estimación
de su valor, teniendo como valor de referencia el precio de la tonelada equivalente de CO2.
Según los datos que aparecen en el Plan forestal español a partir de los inventarios forestales nacionales segundo y tercero, los bosques españoles almacenan más de 900 millones de toneladas de CO2. Hay investigadores españoles que
establecen esta cifra en más de 2.800
millones de toneladas, ya que contabilizan, además de la biomasa arbórea, la de matorral, pastizal, la subterránea -radical- y el suelo. Señorías, esto nos pone de manifiesto la importancia de la protección de nuestras masas forestales
contra los incendios forestales. Por tanto, la protección de nuestros bosques es clave contra el cambio climático. Sumemos también este daño a los que ya se consideran actualmente en la toma de decisiones penales en los incendios forestales.
Vamos a hacer más costoso a un pirómano la quema de un bosque. Para ello, vamos a contabilizar la contaminación que produce y la pérdida de valor como sumidero de CO2 que tienen nuestros bosques en un incendio. Por todo ello, señorías, les pido su
apoyo a esta iniciativa parlamentaria.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Quirós.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.
Coalición Canaria quiere empezar la intervención manifestando nuestro apoyo a esta proposición no de ley, en su afán de mejorar la protección de los sumideros naturales de CO2 en la lucha contra el cambio climático. Si bien es necesario
recabar la información a través de instrumentos de ámbito estatal, como pretende la presente PNL, no hay que perder de vista que son las comunidades autónomas los entes que deben implicarse decididamente en la lucha contra el cambio climático,
máxime en el caso de Canarias, que es un territorio archipielágico alejado en más de mil kilómetros del continente europeo y, por tanto, de los lugares donde más se emite CO2. Por eso, en Canarias existe un organismo, que es la Agencia de
desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático, que tiene como misión casi exclusiva estudiar y recabar la máxima información sobre el tema.
Señorías, en la intención de mejorar el texto, Coalición Canaria presenta dos enmiendas, que cree que no solo lo mejoran, sino que lo complementan. La primera pretende colmar una laguna de la parte dispositiva de la proposición no de ley,
como es destacar la importancia no solo de los espacios agrícolas, sino también de los bosques y formaciones vegetales naturales y seminaturales como sumideros de CO2. La primera enmienda, por tanto, propone dos sistemas de información: uno, el
agrícola, que es ampliamente desarrollado por la PNL, y otro, los sistemas naturales y seminaturales, y ello precisamente para mejorar estos últimos, haciendo hincapié, sobre todo, en la colaboración con las comunidades autónomas. Por poner un
ejemplo, el inventario estatal de gases de efecto invernadero en su desglose para Canarias aparece vacío, sin información. Lo cierto es que en Canarias existe una formación vegetal como es la laurisilva, propia del Terciario, que prácticamente solo
existe en Canarias y que tiene una tasa de absorción de 4,6 toneladas de CO2 por hectárea y año.
La segunda enmienda pretende la regulación por parte del Estado de proyectos domésticos que permitan mejorar los resultados comprometidos por España en la lucha contra el cambio climático y contra los gases de efecto invernadero. Lo que
ocurre en la actualidad es que, en contra de lo que pasa en otros países de nuestro entorno, en nuestro país no están regulados esos proyectos domésticos.
En definitiva, las dos enmiendas que propone Coalición Canaria creemos que son complementarias a lo establecido en la proposición no de ley y, en todo caso, la mejoran. Apelo a su generosidad para que sean admitidas. Si no lo son, el Grupo
de Coalición Canaria va a apoyar esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.
Para defender las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Desde el escaño quiero agradecer la iniciativa del señor Quirós. Las tres propuestas que nos plantea de manera fundamental: el establecimiento de un sistema de información para conocer el papel tanto de nuestros bosques como el del sector
agrario en la mitigación del CO2, el impulso de la biomasa y la incorporación de los daños derivados de incendios forestales o en zonas agrarias en los seguros nos parece un enfoque interesante y novedoso. Sobre esas cuestiones manifestamos nuestro
apoyo a la iniciativa del señor Quirós.
Hemos presentado una enmienda que pretende, por un lado, reconocer el papel que en materia agraria y en materia de gestión forestal tienen las comunidades autónomas -competencias exclusivas en estas materias- y, al mismo tiempo, reconocer
que esa política en esas tres direcciones debe responder también a la capacidad de colaboración con la iniciativa privada, con los sectores afectados por la misma. No son cuestiones principales respecto al contenido de su proposición no de ley,
pero complementan perfectamente la misma.
Asimismo, hemos querido incorporar otra consideración. Hoy sabemos que el cambio climático no es tan solo aquello que va a suceder, sino aquello que está sucediendo, y que en nuestras políticas de adaptación, quizás las menos desarrolladas,
nos hemos esforzado con más o menos éxito en estos años en las de mitigación de emisiones, pero quizás no hemos desarrollado con toda la intensidad aquellas políticas que permiten a los sectores económicos de la sociedad adaptarse al cambio
climático. En este sentido, mi grupo propone añadir a su punto primero una frase, cuando articulan ustedes su
propuesta con relación a este sistema de información, en el sentido de que la pretensión de este sistema de información fuese establecer también medidas dirigidas a fomentar la implementación de orientaciones productivas que contribuyan a
mitigar los efectos del cambio climático. Se trataría de que la gestión de los bosques partiese del hecho de que hoy nuestros bosques ya están cambiando como fruto de este cambio climático. Nos parece que esta enmienda viene a complementar lo que
nos parece una propuesta correcta, adecuada e innovadora, que ha defendido el señor Quirós.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para fijar la posición de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
También desde nuestro grupo quiero reafirmar y agradecer la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista en el Congreso sobre los sumideros naturales en la lucha contra el cambio climático. Nuestra posición será apoyarla,
porque coincidimos con lo que plantea la proposición no de ley: en primer lugar, con el diagnóstico que hace de la importancia que tiene en estos momentos la lucha contra el cambio climático y, evidentemente, también las políticas de mitigación de
los efectos de este cambio climático, que realmente existe; en segundo lugar, con las propuestas que hace de entender la importancia que tienen los bosques y también los agroforestales para plantearlos como sumideros de esta lucha contra el cambio
climático y, finalmente, porque plantea e incentiva -y para nosotros también es muy importante- políticas de buenas prácticas en temas medioambientales en la producción agrícola. Creemos que es importante incidir en este aspecto, y en ese sentido
se estaba planteando la política agraria común a nivel europeo. También evidentemente estamos de acuerdo con el planteamiento de una gestión sostenible de los bosques. Es importante la conservación de los bosques como una riqueza natural, una
riqueza en biodiversidad de nuestro país y también en la lucha contra el cambio climático.
Quiero decirles, además, que vamos a apoyar esta proposición no de ley con mucha más ilusión después de haberle escuchado decir que la energía nuclear tampoco a ustedes les da mucha confianza, con lo cual seguro que vamos a votar a favor de
esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente desde el escaño para decir que mi grupo va a apoyar esta propuesta, pero también con una serie de indicaciones. En primer lugar, creo que ya hemos ido argumentando varios portavoces ciertas carencias que veíamos en
esta proposición, aunque no por ello la parte sustantiva de la proposición deja de tener nuestro apoyo. Es importante volver a incidir en la importancia de los bosques, tanto desde el aspecto como sumideros, como bien ha explicado el orador y el
proponente, como también como parte de la sostenibilidad de nuestro espacio, no solamente desde una perspectiva de sostenibilidad de aspecto medioambiental, sino también por lo que supone a nivel de generar. Yo creo que hay que aportar en los
bosques para que sigan siendo parte fundamental de la economía productiva del sector primario, porque tantas veces nos olvidamos de la parte productiva necesaria, que también es parte de la sostenibilidad que nosotros defendemos. También quiero
decir que en ese sentido, sin duda alguna, los incendios no solo dañan los bosques, dañan muchísimas cosas más: nos dejan sin bosques y generan un nivel de contaminación, etcétera, que verdaderamente después es una especie de retroalimentación
porque al fin y al cabo esos bosques dejan de ser a su vez sumideros del propio CO2 que se está emitiendo.
Por último, quiero decir que nos hubiera gustado que hubiera habido un poquito más de incidencia en la propuesta sobre la participación de las comunidades autónomas, porque -como usted bien sabe- son competentes plenamente en materia
agrícola, en materia de montes. No es solamente una cuestión de colaboración con el Estado, porque mi grupo siempre ha defendido, cuando se dice en tema de cambio climático que las comunidades autónomas tienen que participar plena y claramente -y
algunos dicen que es un estatus excesivamente pequeño-, que de la misma manera el Estado también es excesivamente pequeño en materias tan importantes como el cambio climático. Siempre hemos defendido que mínimamente estas decisiones hay que
tomarlas a nivel europeo, porque no afectan solamente a lo que usted haga en cada terreno, sino que verdaderamente son políticas, que nosotros siempre hemos defendido que a nivel europeo mínimamente, por no decir a nivel mundial, han de tomarse.
Dicho esto, quiero decir que vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque creemos que todo aquello que incida en beneficio de esta lucha contra el cambio climático será en beneficio no de lo está pasando ahora -como decía el señor
Campuzano, queramos o no ya está ocurriendo-, sino para que las pérdidas posteriores cada vez sean más mitigadas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte, cómo no, la preocupación que subyace en la proposición no de ley que ha defendido en nombre del Grupo Socialista el señor Quirós, preocupación por esa lacra que año tras año asola miles de
hectáreas a lo largo de la geografía española, esa lacra que suponen los incendios forestales por las enormes pérdidas sociales, económicas, ambientales y en vidas humanas. El Grupo Popular comparte asimismo, señorías, la importancia de nuestros
bosques como sumideros de dióxido de carbono y reconoce el papel que juegan muchas especies agrícolas de la geografía española para fijar el carbono y mitigar el cambio climático. En ese sentido, creemos fundamental dar valor a nuestras masas
forestales y a nuestras explotaciones agrícolas por su papel en esa mitigación que he enunciado. Se da la circunstancia de que tanto organizaciones profesionales agrarias en sus reivindicaciones de sumar más ayudas como la propia Comisión Europea
caminan en la dirección de valorizar los efectos sumideros de las plantaciones forestales y agrícolas e incluso en la próxima -ya en marcha- reforma de la PAC se propone ligar el cobro de las ayudas tradicionales a la exigencia a los agricultores de
unas mayores prácticas medioambientales, donde es probable que se tenga presente el balance de dióxido de carbono de las superficies agrícolas como un factor importante.
Ahora bien, señorías, la proposición no de ley que hoy analizamos está tan cargada de buenas intenciones como de falta de concreción, además de plantear una colaboración o coordinación con las comunidades autónomas de difícil encaje
jurídico, puesto que las cuestiones que solicita sobre la valoración de los sumideros agrícolas, información, aglutinación e incluso aseguramiento, son en su mayoría temas competencia de las comunidades autónomas. En el primer punto de la
iniciativa se solicita un sistema de información agrícola que ya existe, señorías. El Sigpac proporciona información fidedigna de la superficie de cultivo, los tipos de cultivo y el estado y la situación de estos cultivos, y las comunidades
autónomas ya han desarrollado iniciativas para medir la absorción de dióxido de carbono de sus producciones agrícolas. Así, la región de Murcia ha desarrollado el programa Less CO2 y ha valorado en 2 millones de toneladas de dióxido de carbono la
extracción neta que suponen los diferentes regadíos de la región. Los cítricos de la Comunidad Valenciana están asimismo valorados, como ha indicado el portavoz socialista. Los datos de La Rioja indican que la agricultura riojana absorbe casi un
30 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono generadas en la comunidad y, de otro lado, la Asociación Española de Agricultores de Conservación Suelos Vivos calcula que con el fomento de cubiertas vegetales en olivar en pendientes en
Andalucía se han secuestrado durante los años 2001 a 2007 un total de 5 millones de toneladas de dióxido de carbono. En definitiva, señorías, creemos que existe información suficiente para cuantificar la absorción de CO2 de nuestros cultivos con
las herramientas ya existentes, lo que falta es voluntad política para poner en valor esta absorción.
En cuanto al segundo punto de la iniciativa, aglutinar en una única norma reguladora todos los instrumentos que regulan la eliminación de la quema de residuos vegetales, conviene tener en cuenta que no hay una norma específica que regule en
todos los casos la forma concreta en que deban eliminarse los restos de corta, ya que la variedad de situaciones en España y el sentido común de los legisladores lo han impedido hasta la fecha, ni tampoco hay normas autonómicas tan restrictivas en
el mismo sentido. De otro lado, el tema entra de lleno entre las competencias de gestión forestal que corresponden a las comunidades autónomas por lo que entrar a semejante nivel de detalle en legislación estatal resulta improcedente. Apostamos,
claro que sí, por la utilización de la biomasa como fuente energética pero, señorías, si estamos de acuerdo en que es positivo limitar el uso de fuego para la eliminación de residuos agrícolas forestales, no estamos de acuerdo en prohibirlo
totalmente, como parece pretender la iniciativa, ya que en muchos lugares es imposible introducir la maquinaria para el procesado y extracción del monte de la biomasa y solo queda el recurso de la quema, que en muchos bosques de montaña, sobre
sustrato silicio, hecho en invierno, no produce daño ecológico alguno.
Respecto al tercer punto de la iniciativa, aunque parece sugestiva la idea de compensar adicionalmente las indemnizaciones por los siniestros cuando se produzcan pérdidas de dióxido de carbono fundamentalmente a causa de los incendios
forestales o quema de residuos, lo cierto es que debería plantearse previamente esta cuestión en la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por cuanto los seguros agrarios, aunque están subvencionados, los gestionan empresas
aseguradoras privadas que deberán adoptar, lógicamente, las líneas básicas sobre este aseguramiento. Las repercusiones penales que se pretenden, si atendemos al bajísimo número de encausados por incendios forestales y al todavía más bajo número de
condenados, es posible que a la postre resulten irrelevantes.
Termino, señorías. El Grupo Popular se va a abstener, por tanto, en la votación de la proposición no de ley pues, como he dicho, está cargada de buenas intenciones pero a la postre no es más que un brindis al sol. Creemos, señorías, que se
impone como cuestión previa plantear y modular estos objetivos en la conferencia sectorial y trabajar en la Unión Europea para que estas ayudas agroambientales y forestales orientadas al secuestro de carbono sean efectivas. El ministerio debería
participar más activamente en la definición de la nueva PAC, en la que ya se ha anunciado que se fomentarán medidas agroambientales. Entendemos, señorías, que este es el marco adecuado y conveniente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora De Lara.
Señor Quirós, ¿acepta su señoría alguna de las enmiendas presentadas?
El señor QUIRÓS PULGAR: Acepto la de CiU y quiero decir que la de Coalición Canaria...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Simplemente tiene que decir si acepta o no acepta. Acepta solamente la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS A SUPERVISIÓN POR EL BANCO DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000891.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la regulación de la función de inspección de las entidades sometidas a supervisión por el Banco de
España.
Para defender la proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero que mis primeras palabras en nombre de mi grupo sean para agradecer la presencia en las tribunas de esta Cámara de numerosos representantes de la Asociación de Inspectores del Banco de España y por esa razón quiero agradecerlo en la
persona de su presidente, don Miguel Ángel López; bienvenidos a esta casa y espero que se encuentren confortablemente entre nosotros.
Señorías, voy a intentar introducir el tema de una manera muy ordenada y para ello voy, en primer lugar, a citar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Marta Gastón, que en la pasada reunión de la Comisión de Economía, con
motivo de la presencia del gobernador del Banco de España, pudo llegar a decir y dijo una cosa tan clara como: No sabemos si sería posible evitar la discrecionalidad marcando un calendario fijo de oficio. Claramente, para el Grupo Socialista hay
ya un hecho: que hay posibilidad de que exista discrecionalidad. Pero, por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas, en un informe realizado con motivo de la fiscalización del Banco de España, ha llegado a decir -y voy a leer literalmente-: El Banco
de España no dispone de una norma escrita que describa los diferentes procedimientos que se llevan a cabo para supervisar las entidades de crédito, las fases en que se dividen estos procedimientos, las actuaciones que se deben efectuar en cada una
de ellas, los documentos que se deben generar en cada momento, su contenido mínimo, las personas autorizadas para cada actuación, las funciones de cada una de las personas que intervienen, así como sus responsabilidades. Y termina el Tribunal de
Cuentas afirmando: Esta falta de concreción escrita -sigo leyendo- del procedimiento de inspección bancaria provoca subjetividad y falta de transparencia en la función del supervisor. Pero, a más a más, a estas dos afirmaciones que ya he
subrayado, hay que sumar la que hace la vicepresidenta económica del Gobierno cuando, con motivo de la carta de la asociación de inspectores de mayo de 2006 en la que anticipan ya todo lo que va a pasar en el sector financiero por culpa de un mal
cálculo de la política de riesgos, contesta a este diputado al preguntarle por escrito qué le parecen los informes de los inspectores del Banco de España ni más ni menos lo siguiente: En cuanto al valor que da el Gobierno a los informes de los
inspectores del Banco de España se señala que no hay informes de los inspectores del Banco de España. Y respecto a su valor jurídico no sigue hablando porque, lógicamente, si no hay informes no hay valor jurídico que valga.
Por tanto, señorías, en este punto de la puesta en escena y en conocimiento del problema que tenemos entre manos tengo que resumir que el PSOE advierte que hay discrecionalidad, el Tribunal de Cuentas alerta de que hay subjetividad y falta
de transparencia y la vicepresidenta del Gobierno afirma que no existen informes de la inspección ni de los inspectores. Es decir, la Ley de Autonomía del Banco de España y la Ley de Disciplina de Intervención no regulan de manera clara la
finalidad de la función inspectora, el contenido de esa función inspectora y el procedimiento y su régimen aplicable. Por estas razones, la proposición no de ley que hoy defendemos en esta tribuna quiere promover y estimular al Gobierno para que
impulse una redacción en la que pongamos fin a este vacío legal y se pueda verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de las entidades sometidas a supervisión, que quede constancia de una relación de actas e informes que realicen los
inspectores y que esas actas y esos informes tengan valor y alcance jurídico y que se establezcan las bases para el reconocimiento de un cuerpo de inspectores del Banco de España. Por cierto, cuerpo de inspectores del Banco de España sobre el que
luego volveré con una curiosidad que manifestaré al final de mi intervención. Señorías, nadie debería confundir qué es el nivel de supervisión con qué es el nivel de inspección. No se puede confundir la toma de decisiones, que nadie cuestiona que
corresponde en exclusiva a los órganos rectores del Banco de España, con la existencia de actas o informes elaborados por el cuerpo técnico. Una cosa es la toma de decisión y otra muy distinta realizar los análisis técnicos de la situación de una
entidad de crédito.
Estas son las grandes líneas por las que defendemos esta proposición de ley, pero hay dos argumentos más que queremos exhibir en este momento en la Cámara. Los que estamos siguiendo el debate de la subcomisión del FROB estamos comprobando
cómo el Banco de
España asiste a estas reuniones y hace sobre los procesos de integración unas afirmaciones absolutamente complacientes y favorables y, en cambio, luego nos enteramos a través de los medios de comunicación de que existen informes técnicos del
cuerpo de inspectores que dicen todo lo contrario, que están hablando de grandes agujeros en aquellas entidades que se están especialmente integrando en sistemas institucionales de protección. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Hay que
poner fin a esta dualidad de que el Banco de España diga una cosa y los informes de los inspectores otra muy distinta. Creo que es la hora de dotar al cuerpo de inspectores de un auténtico amparo legal tanto en sus funciones como en sus actuaciones
y, curiosamente, señor presidente -con ello termino-, me ha llegado un sobre en el que está el anteproyecto de ley de supervisión de seguros privados. Esto, como se pueden imaginar sus señorías, está elaborado por el Gobierno. En la página que se
refiere a los artículos 152 y 153, sorpresa. Entonces sí, para crear el cuerpo de inspectores de seguros sí hay literatura, sí hay cobertura legal y sí hay funciones definidas. ¡Qué casualidad! ¿Por qué al cuerpo de inspectores de seguros sí y al
cuerpo de inspectores del Banco de España no?
Muchas gracias. (El señor Gómez Darmendrail: ¡Muy bien, Ramón!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
Señora Buenaventura, tiene la palabra. Adelante.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar que retiro las enmiendas presentadas por mi grupo, ya que hemos firmado una de consenso con el Grupo Socialista, con el Grupo Catalán y con el Grupo Vasco, y nos parece suficiente.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta iniciativa, como ha dicho el señor Aguirre -en eso le doy la razón-, nace a raíz de una serie de reuniones, de sugerencias y de reivindicaciones que a los grupos parlamentarios de esta Cámara nos traslada, en este caso un
colectivo, la Asociación de Inspectores del Banco de España. El Grupo Parlamentario Socialista, al igual que el resto de los grupos, tiene las puertas abiertas a quienes llaman, y este es el caso, y además encuentran voluntad política siempre y
cuando el interés que busquen sea el interés general y no el particular, y cuando además todas las sugerencias sean susceptibles de encontrar solución o mejora para todos. Este, insisto, fue el caso. Mantuvimos una reunión constructiva en busca de
interés general, y ellos, la asociación de inspectores, encontraron en nosotros, en el Grupo Parlamentario Socialista, receptividad, ya que se nos trasladaron mejoras en busca de este citado interés general. Pero desde luego, señor Aguirre, el
contenido de las sugerencias y lo trasladado en el encuentro no coincide ni de lejos con lo que recoge la iniciativa del PP que usted nos trae ni con lo que usted, señor Aguirre, ha vendido en prensa. En dicho encuentro nosotros percibimos en
aquello que se nos trasladó constructivismo. En ningún caso corporativismo, que es lo que usted defiende en nombre de esta asociación de inspectores y además lo traslada en su iniciativa, es lo que parece emanar del contenido de esta iniciativa.
Tampoco percibimos ni mucho menos -y además en ningún caso lo compartimos- el cuestionamiento de la función inspectora ni de la función supervisora del Banco de España, cuestionamiento que recoge el Partido Popular en su iniciativa y lo exhibe el
señor Aguirre aquí, en tribuna.
Y no es que fuera exclusivamente nuestra impresión, la del Grupo Parlamentario Socialista, sino que coincide con la que se nos ha trasladado desde otros grupos parlamentarios y, curiosamente, con lo que los propios inspectores trasladaron a
prensa que era el objeto de todas estas reuniones. Por lo tanto, convencidos además de trabajar por lograr mejoras, hemos redactado una enmienda que, quiero insistir en ello, lleva la firma del resto de grupos parlamentarios y que ha sido ofrecida
también al Grupo Parlamentario Popular, que ha sido el único que ha rechazado compartir con el resto de la Cámara una enmienda en positivo, una enmienda constructiva que entendemos que corresponde al espíritu de las reivindicaciones que se nos han
hecho. Si no hubiéramos estado con ellos, no podríamos cuestionar cuanto usted nos presenta en la iniciativa y cuanto nos dice en esta tribuna, pero es que además, señor Aguirre, no manipule, no manipule palabras que esta misma diputada dijo en la
comparecencia del señor gobernador del Banco de España, porque literalmente, y me ampara el 'Diario de Sesiones', lo que dije fue: No sabemos si alguna adaptación legislativa podría suponer dejar claro que no hubiera ningún agujero, ninguna
discrecionalidad en cuanto al trabajo de supervisión o de inspección. Muy distinto a lo que usted acaba de decir, señor Aguirre.
Pero mire, lo que en definitiva yo quiero trasladar al Partido Popular es que, no habiendo sido ustedes los únicos en atender a este colectivo, nos parece de dudoso gusto por su parte instrumentalizar estas peticiones, instrumentalizar a los
inspectores, usarlos como ariete para cuestionar institucionalmente la labor supervisora del Banco de España. Nos parece, señor Aguirre, mezquino el uso de los inspectores para hacer ruido una vez más contra una institución y para cuestionar su
trabajo. ¿Porque qué ganamos con esta iniciativa, señor Aguirre? Usted no nos lo ha explicado. ¿Qué ganamos con esto que nos presentan y cuál es el interés que ustedes pretenden con esta iniciativa más allá que el que podemos
percibir de generar ruido? Esperábamos sinceramente que se unieran a la enmienda, como hemos hecho, insisto, la totalidad del resto de los grupos parlamentarios, evitando trasladar cualquier duda sobre el hacer del Banco de España.
Señor Aguirre, todo es mejorable en esta vida, así lo trasladé en la comparecencia del señor gobernador, y para eso estamos, para mejorar, para adaptar. Pero hablamos del trabajo supervisor, señor Aguirre, de una institución que cuenta con
fortaleza, que cuenta con confianza plenamente reconocida no solo por el grupo parlamentario al cual estoy representando en esta tribuna, sino también por los agentes económicos y organismos tanto nacionales como internacionales. (El señor Aguirre
Rodríguez hace gestos con las manos.) Ustedes verán, si no quieren unirse al consenso del resto de la Cámara, porque se les llena a ustedes la boca pidiendo confianza y son quienes más empeño ponen en degenerarla. ¡Ya basta! (Aplausos.) Si es que
les queda algún atisbo de responsabilidad, señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, dejen de cuestionar el funcionamiento de las instituciones, y más en el contexto económico en el que nos encontramos de tensiones financieras.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora GASTÓN MENAL: Finalizo. Señor Aguirre, invitados quedan por segunda vez a unirse. Tienen en su mano una nueva oportunidad de recordar aquello que era tener voluntad y tener actitud de unirse al pacto y al consenso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.
Señor Aguirre, en relación con su gesto llamando al tiempo, deseo decirle que su señoría ha sobrepasado más el tiempo que la oradora que acaba de hacer uso de la palabra. Lo puede comprobar su señoría en el video que se encuentra grabado y
que se pone a su disposición.
Pasamos a la intervención que corresponde hacer al señor Sánchez i Llibre. Tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha firmado una enmienda que hemos presentado diferentes grupos parlamentarios a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Es cierto que
hace unas semanas diferentes grupos parlamentarios tuvimos la agradable visita de la Asociación de Inspectores del Banco de España, que nos planteó sus inquietudes, sus sensibilidades y nos dio a conocer algunos aspectos importantes del
funcionamiento de lo que tendría que ser una inspección de regulación y supervisión del Banco de España. Nosotros les escuchamos atentamente, como lo hacemos con todos los sectores que nos vienen a visitar, porque los diputados no sabemos de todo y
necesitamos luces y determinados conceptos que nos puedan venir de fuera. Como fruto de esta visita que tuvieron a bien hacer los inspectores del Banco de España, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta iniciativa. He escuchado
atentamente la brillante intervención de don Ramón Aguirre respecto a una proposición de ley que va en una dirección determinada y nosotros podemos compartir algunos de los aspectos que ustedes plantean. He hecho diferentes consultas a distintos
organismos reguladores y es posible que algunos de los conceptos que ustedes plantean pudieran llegar a ser de interés general, pero, dadas las circunstancias actuales, dada la actual coyuntura económica, uno podría llegar a la interpretación de que
la función de inspección y supervisión que ha hecho el Banco de España y los mismos inspectores que nos han venido a visitar quizá no haya sido la correcta; uno podría llegar a pensar que de la mala actuación o mala gestión de la inspección del
Banco de España pudiera derivarse culpa por lo que ha acaecido en el sistema financiero español. Nosotros creemos que esto no es cierto en absoluto y que para evitar estas malas interpretaciones mediáticas que se pudieran dar y el daño que se
pudiera producir al cuerpo de inspectores del Banco de España, así como a nuestro sistema financiero, es importante buscar la parte positiva de esta iniciativa, de la visita de estos señores, de esta Asociación de Inspectores del Banco de España
-siempre he dicho que serán bien recibidos estos señores y otros por nuestro grupo parlamentario-. Buscando este aspecto positivo hemos hablado con los diferentes grupos parlamentarios, así como con don Ramón Aguirre, con el fin de intentar buscar
un consenso y sacar el máximo provecho y la máxima rentabilidad de estas gestiones que se nos han presentado. La enmienda que hemos presentado podría perfectamente subsumirse en la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y, en
caso de aprobarse, quizá también -esto no lo sé- la Asociación de Inspectores del Banco de España vería el fruto, el resultado de su trabajo en esa enmienda que hemos firmado diferentes grupos parlamentarios.
En definitiva, se trata de instar al Gobierno a que en el plazo de seis meses revise, y en su caso reforme, la regulación de la función supervisora de las entidades de crédito. Desde esta perspectiva se considerará también la oportunidad de
establecer un procedimiento específico para el desarrollo de las actuaciones supervisoras y se garantizará que en todo caso el acceso al Banco de España continúe rigiéndose por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. El
señor Aguirre hoy nos ha dado a conocer un planteamiento interesante: por qué este tipo de planteamientos de inspección y supervisión existen en determinados organismos de la economía en España, como es el sector de los seguros, y no existen en el
Banco de España. Pues aprobemos esta iniciativa y analicemos con profundidad esta situación para -repito- buscar la parte positiva de
la inspección del Banco de España, que son gente muy preparada, que están desarrollando muy bien su trabajo y desde esta perspectiva siempre cabe buscar la máxima rentabilidad de sus actuaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Sorprende, señores del Grupo Popular, el detalle y la concreción de las medidas que se contemplan en la proposición no de ley relativa a la regulación de la función de inspección de las entidades sometidas a supervisión por el Banco de
España. Muchas de estas medidas parecen más propias de un desarrollo reglamentario o de un procedimiento de trabajo interno que de una modificación legislativa, tal y como se plantea por parte del Grupo Popular. Detallar en exceso y cerrar de esta
forma todo lo relativo a la función inspectora de entidades de crédito nos parece sinceramente un poco exagerado. Creemos más acertado, sobre todo pensando en que la regulación de la función inspectora ha de ser estable y estar sujeta a mínimos
cambios que podrían ser malinterpretados, que nos tomáramos un tiempo para analizar y estudiar con detalle los cambios que sí se precisan en la función inspectora. Eso sí, la actividad inspectora ha de responder a los criterios de máxima
transparencia y profesionalidad por parte de los que la ejercen. Además, y a modo de ejemplo relevante, he de señalar que en la propia propuesta del Grupo Popular no se toma en consideración o no se tiene en cuenta el actual marco legal existente.
Como saben sus señorías, los estatutos de autonomía -el del País Vasco con toda seguridad porque lo conozco- incluyen la competencia en materia de entidades financieras y en concreto la relativa a las cajas de ahorros. En nuestra opinión, y como
viene siendo el proceder habitual desde hace muchísimos años, esto implica que las cajas de ahorros de Euskadi son inspeccionadas conjuntamente por inspectores del Banco de España y por funcionarios del Gobierno vasco. Restringir la posibilidad de
inspección de las cajas de ahorros a los procedimientos que se puedan establecer exclusivamente para el Banco de España, tal y como planteaba la proposición no de ley, entendemos que es vulnerar la práctica existente y, sobre todo, entraña el riesgo
de vulnerar el marco competencial no respetando lo establecido en los estatutos de autonomía.
Por lo tanto, señores del Partido Popular, es preciso analizar con detalle estas y otras cuestiones que habría que considerar a la hora de reformar en profundidad el papel de la inspección y de los inspectores. Por eso, nuestro grupo
parlamentario ha firmado junto con otros grupos de esta Cámara una enmienda transaccional que recoge la necesidad de abordar el tema de las inspecciones de las entidades financieras y el papel y funciones que han de desarrollar los inspectores, pero
no cierra con excesivo detalle las funciones, como sí se desprende de la iniciativa del Grupo Popular, dejando -insisto- fuera elementos fundamentales como son los temas competenciales a los que me he referido. Por ello, nuestro grupo
parlamentario, en caso de ser aceptada la enmienda, votará lógicamente a favor de la misma; pero, en caso de que el Grupo Popular no la acepte, votaremos en contra. Por tanto, en aras del consenso, en aras de la unanimidad, de la búsqueda de un
punto de encuentro entre todos los grupos de esta Cámara, yo le pediría al Grupo Popular que acepte la transaccional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Entiendo que doña Ana Oramas había renunciado al uso de la palabra. ¿Es así? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA LA MEJOR DEFENSA DE LA LEGALIDAD DEL RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUESTIONADO POR LA COMISIÓN EUROPEA. (Número de expediente
173/000228.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para la mejor defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero cuestionado por la Comisión Europea.
Tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, vengo en nombre de mi grupo parlamentario, del Grupo Vasco, para defender una moción consecuencia de interpelación con el fin de que el Gobierno dé los pasos
necesarios, adopte las medidas oportunas para defender la legalidad del conjunto de medidas fiscales llamadas por la Comisión Europea sistema español de arrendamiento financiero.
No voy a repetir -al menos no en exceso- ni las cifras ni los argumentos que la semana pasada tuve ocasión de plantearle a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda y que los interesados pueden leer en detalle
en el 'Diario de Sesiones', sin embargo, permítanme recordarles las claves de la citada interpelación. Tras varias denuncias presentadas sobre la aplicación en el sector marítimo del sistema español de arrendamiento financiero, la Comisión Europea
ha decidido incoar un procedimiento de investigación al objeto de determinar la naturaleza y compatibilidad del sistema con la normativa comunitaria
de ayudas estatales. Ello significa que, mientras no recaiga la oportuna decisión por parte de la Comisión, se produce la suspensión de la aplicación del régimen fiscal cuestionado. Esta suspensión puede significar, de convertirse en
definitiva, la puntilla y la desaparición de un sector que, tras sufrir especialmente las crisis económicas anteriores y la competencia de China, Corea del Sur y Japón, había conseguido ser puntero tecnológicamente y había logrado una posición
competitiva. Más de 7.500 empleos directos y cerca de 1.200 millones anuales de facturación en Euskadi, tres veces más aproximadamente a nivel del Estado, con un efecto multiplicador en multitud de sectores productivos y, por supuesto, con un
impacto muy directo en territorios muy concretos como Galicia, Asturias, Andalucía o Euskadi.
Creemos, pues, que es preciso realizar el esfuerzo necesario para mantener la actividad y el empleo en el ámbito del sector marítimo. No nos podemos permitir el lujo de perder puestos de trabajo. Por ello, instamos al Gobierno a que
afronte la situación desde tres ámbitos. En primer lugar, que defienda ante la Comisión Europea con cuantos argumentos jurídicos, políticos y económicos sean necesarios, el régimen fiscal aplicable hoy en suspenso, de manera que se concluya con la
declaración de inexistencia de ayuda o, en su defecto, que se considere compatible con la normativa comunitaria de ayudas de Estado. El tiempo corre en nuestra contra y es preciso por ello ponernos manos a la obra lo antes posible. Para ello,
contarán con nuestra colaboración y, a buen seguro, con la de la mayoría de los grupos de esta Cámara dado que el tema es de gran interés para todos ellos. En segundo lugar, consideramos que corresponde también al Gobierno ofrecer a los operadores
afectados, cualquiera que sea el sector de actividad al que pertenezcan, la máxima seguridad jurídica en relación con la legalidad de dichas medidas. En tercer y último lugar, planteamos que el Gobierno apruebe en su caso medidas que puedan
mantener e impulsar la actividad económica de sectores como al que me he referido u otros que han sido y deben seguir siendo claves en nuestra economía, recabando cuando sea necesario la autorización previa de la Comisión Europea. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Consideramos que de esta forma, a través de estos tres caminos, de estas tres vías que planteamos, la cuestión está perfectamente encauzada. Ahora falta atinar con la estrategia frente a la Unión Europea y con las medidas que se han de
acometer de cara a los afectados, de forma que se garantice la actividad y el empleo de los mismos. Como ya indiqué la semana pasada, desde nuestro grupo parlamentario estaremos vigilantes respecto al proceso. Además quisiera agradecer, después de
haber hablado con los portavoces de los diferentes grupos, al resto de grupos de esta Cámara el apoyo expreso y manifiesto a esta moción, lo que contribuirá sin duda a que se resuelva de una manera mucho más satisfactoria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra para fijación de posición el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias.
Intervengo brevemente para expresar el total y absoluto apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta moción consecuencia de interpelación. Por esa razón, entre otras cosas, no hemos presentado enmiendas, porque suscribimos todos y cada uno
de sus términos. De hecho, es una iniciativa coincidente con proposiciones no de ley que el Bloque Nacionalista Galego ha registrado en la Cámara e incluso esta cuestión ha sido objeto de distintas preguntas al Gobierno. Es un problema que, aunque
afecte al conjunto del sector naval civil del Estado español, afecta singularmente a Galicia. Piensen sus señorías que el sector naval gallego representa por sí solo el 50 por ciento del volumen total del sector naval en el Estado español y, si se
consolida la suspensión del régimen de arrendamiento financiero conocido coloquialmente como tax lease, su impacto económico tan solo en Galicia se puede evaluar en 1.000 millones de euros y 35.000 empleos. Sin recurrir a un catastrofismo
irresponsable, sinceramente este procedimiento abierto por la Unión Europea puede poner al borde de la desaparición un sector que es estratégico para Galicia por su impacto en nuestra economía y su capacidad de generación de empleo.
Desde nuestro punto de vista, en ningún caso estamos hablando de ayudas públicas directas -esto es necesario aclararlo y enfatizarlo- y además discrepamos claramente del criterio de los demandantes de que el régimen de arrendamiento
financiero puede representar en el ámbito de la Unión Europea una distorsión de la competencia que atenta contra las normas de la propia Unión Europea. Piensen ustedes, señorías, que en la Unión Europea no hay armonización fiscal y el impuesto
sobre sociedades no está armonizado. Por eso, un instrumento que básicamente contiene ventajas tributarias en el citado impuesto, difícilmente puede ser considerado como una distorsión de la competencia en el ámbito de la Unión Europea. Pero
además, es que distintos países de la Unión Europea practican regímenes fiscales similares para el impulso del transporte marítimo sin que se haya abierto ningún procedimiento al respecto y hay que tener en cuenta -es bueno tenerlo presente- que
competidores directos de los astilleros europeos -y estoy pensando en Corea o en Estados Unidos- sí se benefician de ayudas públicas directas de sus Estados a su sector naval, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, en el Estado español y
en Galicia, porque el tax lease en absoluto son ayudas públicas. En Corea hay hasta tres sistemas de ayudas públicas a su sector naval y en cuanto a Estados Unidos simplemente les pido a sus señorías que contesten a la siguiente interrogante
retórica: ¿es una ayuda pública o no que exista la obli
gación de construir los buques en los astilleros estadounidenses si estos están destinados a rutas que tengan su origen o su destino en un puerto de los Estados Unidos de América? Cabe recordar, además, que la realización de contratos por
este régimen de arrendamiento financiero comienza en el año 2003 sin que desde entonces y hasta hoy se haya presentado ninguna denuncia. ¿Por qué se presenta ahora una denuncia y se abre este procedimiento formal por parte de la Unión Europea?
Pues simplemente porque en un contexto de crisis, en un contexto de caída de la demanda en el campo de la construcción naval civil, lo que pretenden las asociaciones de constructores navales demandantes es disputar la cuota de mercado que tienen los
astilleros del Estado español. Este es el problema de fondo.
En este contexto, nosotros creemos que el Gobierno del Estado tiene que defender los intereses del sector naval civil del Estado español con la máxima firmeza, debe ejercer toda la presión política posible para que se garantice la aplicación
del tax lease, para que se evite su supresión práctica, que es lo que está pasando. En definitiva, tiene que asumir como una prioridad en su agenda, como una prioridad que para Galicia además es estratégica, la defensa de un sector tan vital para
nosotros como es el sector naval. Por estos motivos, reitero el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a la moción del Partido Nacionalista Vasco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Para fijar la posición del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i LLibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente esta moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco porque va en la dirección de que nuestro sector naval y de pequeños astilleros sea más competitivo al haber
incurrido, desde la perspectiva de la Unión Europea, en una serie de especificidades que no van de acuerdo con los sistemas y los mecanismos financieros empleados hasta la fecha. Por este motivo, nosotros vamos a votarla con la máxima contundencia
para ver si definitivamente se resuelve esta problemática que, repito, puede afectar a muchísimos puestos de trabajo en todo el Estado español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar también la moción presentada por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco porque realmente la situación que atravesamos en este momento, debido a la medida adoptada por la Unión Europea,
por la Comisaría de la Competencia, pone en serio riesgo de cierre los astilleros privados españoles de manera importante en Galicia, que es donde efectivamente hay más del 50 por ciento de los puestos de trabajo que hay en España en relación con la
construcción naval en materia de astilleros privados, pero desde luego también en Asturias, en el País Vasco, sin ninguna duda en Valencia y en Andalucía. Partimos de una situación en la que el expediente abierto a España y la suspensión del
sistema de tax lease por el comisario de la Competencia ha conducido a la paralización de nuevas contrataciones y a la paralización de cualquier terminación de las que se están construyendo en este momento que afectan a todo el mundo, de manera
especial en Galicia donde, por cierto, hay que recordar que hay uno de los astilleros más importantes que se encuentra en concurso de acreedores. Todo esto conduce a un grave y serio riesgo de cierre de todos los astilleros en España, pero desde
luego a una quiebra de la confianza tanto de bancos como de inversores en los astilleros españoles, lo cual nos pone en una situación realmente límite, porque ni se contrata ni se entregan barcos.
Señorías, es importante destacar lo que decía el señor Jorquera, no solo en Corea, en China, en los países asiáticos, nuestros competidores, están utilizando medidas proteccionistas -y en Estados Unidos también-, sino que en el seno de la
Unión Europea aquellos países que ahora nos han denunciado también están utilizando el sistema tax lease, que no es un sistema de ayudas directas a la construcción naval, ni muchísimo menos, como tampoco lo eran aquellas que se estaban dando
acogidas al Real Decreto 442/1994, de reestructuración a la construcción naval, que supuso el expediente abierto como consecuencia de la creación del grupo Izar en España. Entonces hablábamos de unos 800 millones de euros; en este momento estamos
hablando, según el expediente abierto por la Unión Europea, de un expediente que supone cerca de 9.000 millones de euros en los 273 buques que se han construido con este sistema desde el año 2002 y que supondría una devolución importantísima, en
torno al 30 por ciento de ese volumen de contratación. Nuestra pregunta es qué está haciendo el Gobierno en este momento, simplemente contestación de papeles a nivel dirección general, a nivel de subdirección general. ¿Este tema está de verdad en
la agenda del Gobierno? Tiene todo el apoyo de esta Cámara, incluido el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, porque no podemos tolerar como país que la Unión Europea siga marginando y desplazando a España en materia de construcción naval cuando
es uno de los países que ha sido el puntero y el número uno del mundo en esta materia y en esta industria. Por tanto, el Gobierno va a tener todo el apoyo de esta Cámara y desde luego del Grupo Parlamentario Popular para pedir en el seno de la
Unión
Europea lo que nosotros entendemos que es vital, que este procedimiento no se alargue, porque supone definitivamente el cierre de los astilleros.
Por lo tanto, nosotros creemos que es importantísimo pedir de manera inmediata la suspensión del procedimiento abierto a España. El señor Almunia decía hace unos días que solamente se trataba de revisar aquellos contratos que se habían
establecido a partir del año 2010. Pues que se cierre esa causa general abierta desde el año 2002, puesto que no hay ninguna denuncia previa, y que se centren las denuncias que ha habido en el año 2010, que son a las que se refería el señor
Almunia, y no una causa general. En todo caso, lo que sí creemos es que hay que reponer el sistema cuanto antes porque, de lo contrario, nuestros astilleros se ven abocados al cierre. Yo creo, señorías que estamos ante una oportunidad de
recomponer una cuestión que hasta este momento estaba abandonada y que no es otra que la de devolver al sector de construcción naval en España toda la credibilidad y todo el crédito que ha tenido a nivel internacional. El otro día la señora
ministra de Economía se extrañaba de que el presidente de la Xunta de Galicia, donde están afectados cerca de 35.000 trabajadores, pusiera en marcha los mecanismos necesarios para estudiar la fórmula de recuperar el sistema de tax lease. Eso es lo
que tiene que hacer el presidente de la comunidad autónoma, apoyando al Gobierno de España, para dar una solución a esta cuestión. Por tanto, señorías, desde la mayor de las responsabilidades y, desde luego, desde las críticas, porque caso a caso
ha tenido que aprobar los tributos del Estado, no podemos permitir que la Unión Europea cuestione lo que en cada uno de los casos que ha aprobado el Gobierno español esté sometido a revisión. De ninguna de las maneras. Nosotros no creemos que el
Gobierno de España haya cometido fraude en 273 buques que se han contratado desde el año 2002, y no estamos dispuestos a admitirlo. Y como estamos convencidos de que el Gobierno no lo ha hecho pedimos, primero, la suspensión del procedimiento
abierto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Fernández de Mesa, vaya terminando.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Termino, señora presidenta.
Y en segundo lugar, pedimos también que esos países competidores nuestros, que están utilizando el mismo sistema que nosotros y que ahora les aprieta el zapato porque contratan menos que España, sean los que nos digan qué procedimientos
están sometidos a revisión. Por tanto, señorías, con estos argumentos, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco.
Muchas gracias, señora presidente. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, se agradecen los apoyos, pero no duden ustedes de que el Gobierno tiene el máximo interés en sacar adelante este tema que vemos como un problema, sobre todo en el momento actual.
La semana pasada, debatimos la interpelación sobre las actuaciones del Gobierno en defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero cuestionado por la Comisión Europea. La Comisión Europea lo que cuestiona es un sistema de
amortización autorizado en el año 2002 por el Ministerio de Economía y Hacienda, que en aquel momento no fue sometido a la autorización comunitaria como era preceptivo. Si se hubiera hecho, quizá se hubiera podido negociar como hicieron otros
países. Por ello, hoy la Comisión considera el sistema de arrendamiento fiscal que estamos tratando como algo ilegal por no tener visado comunitario y, además, ayuda del Estado, incompatible con el derecho comunitario. Con todo, no buscamos
justificaciones en el pasado. El sistema se continúa aplicando y se consideraba positivo y acorde con el derecho comunitario. En la interpelación y en el día de hoy la mayoría de los grupos han tomado como referencia el sector naval por el impacto
que esta medida tiene en el mismo; un sector que tiene un gran impacto sobre el empleo, pero, al contrario de los demás grupos, no vamos a insistir más en el tema del sector naval para no dar más argumentos a los detractores de esta medida, porque
nosotros defendemos, como ustedes entienden, que la medida afecta a todas las empresas que deseen utilizar este sistema específico de financiación en la compra de bienes de inversión, no solamente al sector naval.
El tema, como se ha dicho, se arrastra desde el año 2006 y desde esta fecha el Gobierno está informando a la Comisión. En la actualidad, como consecuencia del recurso, las negociaciones son continuas para buscar una solución positiva y
rápida. La argumentación del Gobierno se centra en defender algo de lo que está convencido, la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico al mercado comunitario. El argumento esgrimido por el Gobierno, que compartimos, se basa en que no existe
selectividad en la medida, ya que se puede aplicar con carácter general a todas las empresas en la adquisición de cualquier bien de inversión. Como el tema se decide en una negociación Gobierno-Comisión Europea que ya está en marcha, entendemos que
el papel -y así lo entienden los grupos y lo agradecemos- de esta Cámara es apoyar la posición del Gobierno en la negociación y, si cabe, pedirle la máxima diligencia, pues el recurso de la Comisión genera, como se dijo, una inquietud que no
favorece el normal funcionamiento de las empresas que, en principio, se ven afectadas.
La moción que debatimos va en el sentido que nosotros consideramos la buena dirección. Por ello, aunque pudiéramos tener matices, lo vamos a apoyar. En el primer punto se plantea la defensa ante la Comisión de la legalidad española y se
utilizan los argumentos que usó en esta Cámara la señora vicepresidenta del
Gobierno, de que el procedimiento finalice con la declaración de inexistencia de ayuda o, en su defecto, se considere compatible con la normativa comunitaria de ayudas de Estado. Coincidimos, claro está. En el segundo apartado entendemos
que la seguridad jurídica debe ser el resultado esperado de la negociación. Es decir, la seguridad jurídica viene de la negociación. Es uno de los objetivos prioritarios que defiende el Gobierno. Esta interpretación es la que nosotros apoyamos en
la propuesta. En el tercer apartado se defiende la toma de medidas que ayuden a sectores afectados, recabando la autorización de la Comisión. Quiero precisar, y remato, señora presidenta, que nos gustaría que no fueran necesarias porque las
negociaciones tuvieran un punto final positivo, pero no depende de nosotros. Por ello, aceptamos la medida como cautelar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Díaz.
Como esta moción no ha tenido enmiendas, la vamos a votar en los términos en que ha sido presentada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, ESPECIALMENTE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE). (Número de expediente 173/000229.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que va adoptar el Gobierno para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los
derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente la Sociedad General de Autores y Editores. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Lassalle.
El señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Después de la interpelación que planteamos la semana pasada alrededor de la actuación desarrollada por el Gobierno en la gestión del problema planteado por la Sociedad General de Autores y de la que tuvimos cumplido tratamiento y debate
tanto en el Pleno como después durante la Comisión de Cultura y la comparecencia de la señora ministra, quedó claro que por parte del Gobierno de España existió un decidido apartamiento del ejercicio de funciones que la Ley de Propiedad Intelectual
le señalaba a través de su artículo 159. Ese apartamiento de funciones se planteó de manera reiterada y continua durante varios años, y fue generando un escenario de desistimiento jurídico y de no aplicación de la propia legislación que condujo a
situaciones de opacidad, de falta de transparencia y de incapacidad de control en cuanto a las cuentas, como lo pusieron en evidencia los distintos informes que la agencia de evaluación del Ministerio de Administraciones Públicas, que la Comisión
Nacional de la Competencia de diciembre de 2009, o que la propia subcomisión de la Propiedad Intelectual que desarrolló su actividad en esta Cámara durante todo el año 2010, evidenciaron. Esa falta de gestión, de atribución de responsabilidad por
parte del ministerio y en general por parte del Gobierno con respecto a la Sociedad General de Autores, condujo a los hechos que hemos conocido desde hace varias semanas y que han puesto en evidencia una fractura de la seguridad jurídica y de la
legalidad respecto de la gestión de los derechos colectivos.
Todo ello también puso en evidencia la urgencia de que nuestro país se dote de una ley integral de derechos de propiedad intelectual; una ley integral que tenga, como decíamos la semana pasada, los pies en la tierra digital. No podemos
seguir proyectando una reflexión analógica en torno a los derechos de propiedad intelectual. Es urgente que nuestro país haga realmente un esfuerzo legislativo que nos coloque en la vanguardia de la innovación y que permita el desarrollo de modelos
de negocio que estén en consonancia con lo que la legislación europea plantea y, sobre todo, con el marco de competitividad que los derechos de autor vinculados a nuestras industrias culturales nos exigen si queremos hacer de la cultura en español y
en general de la cultura un escenario de oportunidad y de explotación de rendimientos económicos para nuestras industrias culturales. Pues bien, esa situación que se puso en evidencia, como digo, la semana pasada, tanto en el trámite de debate en
el Pleno, en la interpelación que pudimos mantener con la ministra, como después durante el debate en la Comisión de Cultura, hoy se sustancia a través del documento que les he presentado. Un documento donde se incide en la urgencia de presentar en
el plazo de tres meses un proyecto de ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, siguiendo las propuestas que en su momento planteamos en la subcomisión de Propiedad Intelectual. Por cierto, señora Díez, Comisión a la que usted no
accedió a asistir, ni participó, a pesar del reiterado interés que mostró el otro día en esta tribuna y que evidenció también en sus declaraciones. Nos hubiera gustado que hubiera estado usted presente en los trabajos de la subcomisión, trabajando
con el resto de nuestros compañeros y mostrando ahí un evidente interés público y particular por su parte a la hora de defender los derechos de propiedad. En ese sentido, yo sí le doy la bienvenida en la defensa de los derechos de propiedad
intelectual y probablemente el resto de mis compañeros.
Por otro lado, también hace falta afrontar, y eso es fundamental en el seno de esta ley, un nuevo régimen de gestión de los derechos relacionados con los autores, particularmente con la gestión colectiva de los mismos.
Debemos tratar de evitar los escenarios de opacidad, de falta de transparencia, que hemos estado padeciendo los últimos años y que en esta tribuna, como en otras, se han estado denunciando. Hace falta evidentemente afrontar con concreción
una serie de iniciativas, que son las que se apuntan, respecto de la intervención que el Ministerio de Cultura debe desarrollar en estos momentos en relación con la Sociedad General de Autores y, por supuesto, insisto, lo que hace falta es
centrarnos en el esfuerzo de elaborar una ley de propiedad intelectual consensuada, que tenga en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe de la subcomisión y que piense en clave digital, que piense en los nuevos modelos de negocio y en
las urgencias que en estos momentos gravitan sobre el conjunto de la gestión de nuestras industrias culturales. Las industrias culturales españolas son competitivas, son eficientes, tienen capacidad de internacionalización, pero hace falta
optimizarlas y rentabilizarlas, y eso pasa evidentemente por superar escenarios absolutamente caducos y superados por la realidad, como son los que con respecto al canon digital u otros planteamientos están todavía lastrando y dificultando la
innovación en este campo.
Por eso, agradeciendo el esfuerzo de todos los grupos en la elaboración de enmiendas, me gustaría señalar que por el esfuerzo de tratar de encontrar un punto de encuentro y de obligar al Gobierno a que se ajuste a los términos del debate que
planteamos en el seno de la subcomisión, queremos asumir como nuestra la enmienda de Convergència i Unió que plantea la necesidad de presentar, antes de que finalice el mes de octubre, un proyecto de ley de modificación de la propiedad intelectual
en sintonía, insisto, con las recomendaciones del informe de la subcomisión y que de alguna manera subsuma el conjunto de reivindicaciones que todos los grupos le hemos planteado al Gobierno y que a día de hoy siguen haciendo urgente la necesidad de
que el Gobierno traiga a esta Cámara una ley de propiedad intelectual...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Lassalle, por favor.
El señor LASSALLE RUIZ: ... a la altura del siglo XXI.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Lassalle.
En el turno de presentación de enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Comparto la reflexión -por supuesto las cariñosísimas palabras de reconocimiento que me ha dedicado el señor Lassalle- del señor Lassalle y del Grupo Popular sobre la necesidad de una ley integral de derechos de propiedad intelectual aunque
no aparece así en el título de esta moción que estamos discutiendo. En todo caso, comparto la necesidad de caminar en esa dirección y comparto también la necesidad de controlar desde el punto de vista jurídico la actuación de las sociedades
generales de autores, particularmente la SGAE. Pero tengo algunas dificultades para aceptar algunos de los puntos que se mencionan expresamente en esta moción, puntos a los que he presentado una serie de enmiendas que no han merecido la
consideración cariñosa que, por otra parte, el señor Lassalle me ha brindado. Entiendo que entre elegir el cariño y contestar a las enmiendas ha preferido el cariño personal y yo se lo agradezco muchísimo.
Planteamos tres enmiendas, una de modificación del apartado c) del punto 2, en el que el Grupo Popular plantea que se haga una auditoría externa. Nosotros creemos que efectivamente hay que hacer una auditoría pero que la debe hacer la
Intervención General de la Administración del Estado, que para eso existe y no para contratar auditorías externas; existe la Intervención General de la Administración del Estado, por tanto planteamos una reforma, una modificación en ese sentido. Y
planteamos la supresión de dos de los párrafos que aparecen en el punto 1, los párrafos c) y d) del punto 1. En el párrafo c) se nos plantea la necesidad de crear un fondo nacional para las artes y las industrias culturales. Según nuestro
criterio, es un concepto que aún no está aprobado por la Unión Europea, aunque usted, señor Lassalle, la cita en su moción. Proviene de un proyecto de directiva elaborado por expertos en mayo del año 2011 que no ha sido siquiera debatido; por
tanto, no nos parece apropiado introducirlo ya en esta moción.
Por otra parte, también planteamos la supresión del apartado d) del mismo punto número 1, en el que el Grupo Popular nos plantea la creación de una agencia española de la propiedad intelectual como organismo público. A nuestro juicio, la
fracasada Ley de 18 de julio de 2006, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, se ha revelado ineficaz, no ha supuesto ningún ahorro, sino un incremento del gasto, carece de sentido porque las auditorías operativas se pueden
realizar por el Tribunal de Cuentas y otros organismos, y por tanto nos parece una propuesta contraproducente e innecesaria que encarece. Por eso no la vemos necesaria. (Rumores.)
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ríos. (Rumores.) Silencio por favor.
El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.
Señor Lassalle, si en algo coincidimos con ustedes es en que es necesaria la actuación del ministerio en el control de las entidades de gestión colectivas de derechos de autor, pero si algo se vio tanto en la interpelación de la semana
pasada... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.
El señor RÍOS RULL: ...como en la comparecencia de la señora ministra es que el Gobierno se escuda en una mala regulación de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas para no intervenir. Por eso nuestras
enmiendas van destinadas a clarificar precisamente esa distribución de competencias, en la medida en que casi todos los estatutos tienen competencias de ejecución en materia de propiedad intelectual, por tanto la reiterada jurisprudencia
constitucional así lo establece, pero la normativa estatal que contiene las bases en la materia no lo esclarece. Por consiguiente, por pura coherencia para que el ministerio o las administraciones públicas puedan intervenir, primero hay que
clarificar la distribución de competencias, qué actuaciones le corresponden al ministerio y qué actuaciones les corresponden a las comunidades autónomas.
La segunda de nuestras enmiendas va dirigida a que esta Cámara tenga conocimiento de las actuaciones que ha realizado o, por lo menos, de cuál ha sido el resultado del control, de la intervención de estas entidades de gestión. Además, no
hacemos otra cosa que reproducir una moción del Senado apoyada por su grupo parlamentario en ese sentido. Por tanto, las dos enmiendas de Coalición Canaria van dirigidas, por un lado, a clarificar la distribución de competencias y efectuar el
traspaso de las mismas a las comunidades autónomas que en sus estatutos tengan asumida esa competencia y, por otro lado, a que esta Cámara conozca las actuaciones por parte del ministerio de ese control de las entidades de gestión.
Por último, doy por defendidas las enmiendas presentadas por los diputados del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hemos presentado una enmienda al punto número 1 de la moción del Grupo Popular. De hecho, hemos tenido interés en que el redactado de nuestra enmienda fuera el mismo que el de Convergència i Unió. Convergència i Unió y Esquerra
Republicana han presentado la misma enmienda. Es cierto que no la firmamos juntos, pero es la misma enmienda. ¿Y por qué? (Rumores.) Porque estamos hartos, estamos cansados de que después de años de reclamar que finalmente el Gobierno presente un
proyecto de ley de modificación del actual...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, perdone un momento, por favor.
Señorías, les ruego un poco de silencio para que el señor Tardà se pueda expresar sin forzar la voz como tiene que hacer en este momento.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta, por dedicarme tanta atención.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
El señor TARDÀ I COMA: Decía que estábamos un tanto hartos de predicar en el desierto clamando para que, de una vez por todas, el Gobierno presentase un proyecto de ley de modificación de la actual Ley de Propiedad Intelectual y ahora creo
que estamos en condiciones de hacer un último intento. Sé que a la desesperada es muy difícil que cumplan, puesto que, si no han cumplido con sus compromisos ateniéndose al hecho de que fueron contraídos ya hace muchos meses, difícilmente ahora,
que ya estamos en el tramo final de la legislatura, van a cumplirlos, pero no será por no intentarlo una y otra vez. Así pues, les pedimos que en el plazo de dos meses presenten el proyecto de ley.
Las conclusiones de la subcomisión fueron aprobadas en 2010, es la hoja de ruta para proceder a la modificación de la ley. De hecho, se comprometieron a hacerlo antes de finalizar la legislatura. Debo decirles que desde el año 2010 el
ministerio ni tan solo ha dedicado cinco minutos a hablar con nuestro grupo parlamentario -y, por ende, creo que con el resto de grupos parlamentarios igual- para comunicarnos cómo iban los trabajos que debían concluir en la presentación de un
proyecto de ley. Es decir, ha habido una total y absoluta negación por parte del ministerio a la colaboración con este grupo parlamentario. De hecho, también hemos denunciado a veces que hemos sido víctimas de la tensión en este ámbito entre el
Partido Socialista y el Partido Popular. En esta cuestión, en aras de esta voluntad de proceder a la modificación de la ley, que es lo que requiere y demanda la sociedad, siempre hemos intentado arrimar el hombro con unos y con otros, a fin y
efecto de alcanzar este objetivo. Así lo expresamos hoy. Si esta iniciativa hubiera sido firmada por otro grupo parlamentario, nuestra posición hubiera sido la misma. Si el Grupo Socialista hubiera requerido apoyo parlamentario para presionar a
su Gobierno con este objetivo, de igual manera hubiéramos apoyado al Grupo Socialista. Esta ha sido nuestra coherencia, expresada y materializada durante muchos meses. Así, pues, pedimos que se incorpore nuestra enmienda, que no se aparta de la
hoja de ruta -repito- de aquello que se está elaborando en las instituciones europeas ni de la hoja de ruta marcada por la subcomisión en sus conclusiones. También debo decir al Grupo Popular que actúe con la misma responsabilidad con la que
actuamos nosotros; es más, creo que deberíamos intentar que se aprobara esta moción por unanimidad. Es decir, si hay una enmienda
-a mí no me toca defenderla-, si hay un apunte, que me parece muy enriquecedor, del Partido Nacionalista Vasco -el diputado Aitor Esteban es el autor y ya la explicará, pero nosotros estamos de acuerdo con ella-, ustedes deberían entender
que es muy importante que se apruebe esta moción por unanimidad y arrastraremos al Grupo Socialista, porque son personas coherentes y con sentido común.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Hoy el Grupo Popular trae a colación una moción consecuencia de una interpelación relativa al control de las entidades de gestión de los derechos de autor, que viene precedida por una situación de crisis importante en relación con una de
ellas en concreto, la SGAE, sobre lo que ya tuvimos ocasión de debatir largamente la semana pasada en la Comisión de Cultura con motivo de la comparecencia de la ministra. Creemos necesario reiterar hoy nuestro máximo respeto por el procedimiento
judicial en curso, así como resaltar que los hechos investigados lo son únicamente respecto de una de las entidades de gestión, confiando en que los propios socios emprendan las acciones que sean necesarias para depurar las responsabilidades que,
finalmente y en su caso, determine la justicia. A pesar de ello, es necesario insistir en que hay otras entidades sobre las que no existe ninguna sospecha y así se puso de manifiesto también en la Comisión de Cultura la semana pasada. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Ahora bien, aclarado esto, también es cierto que mucho antes de que saliera a la luz este caso, mi grupo parlamentario y otros de esta Cámara habíamos suscrito la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Intelectual. Concretamente,
elaboramos unas conclusiones en la subcomisión de estudio de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que recogían expresamente este punto y emplazaban al Gobierno a presentar un proyecto de reforma en el plazo máximo de seis meses. Ha
transcurrido sobradamente el plazo y el Gobierno no ha cumplido. Pero no solo esto, en la Ley de Economía Sostenible se incluyó también un plazo para reformar la compensación equitativa por copia privada y asimismo ha transcurrido dicho plazo y
tampoco se ha acometido la modificación. Aunque estamos hablando de cuestiones distintas, por un lado de las entidades y por otro de la compensación de otras cuestiones y es bueno mantener la separación entre cosas distintas y muchas más que
comparten, están bajo el concepto de protección de propiedad intelectual. Estamos ante una ley que ha sido objeto de modificaciones, pero su redacción actual no se adecua a la realidad tecnológica en la que vivimos. Hay distintos aspectos que
tendrían que ajustarse y así lo constatamos en la mencionada subcomisión. Precisamente, uno de los puntos a mejorar, que abordamos, fue el de las entidades de gestión, porque, sin cuestionar su necesidad, es cierto que podemos mejorar muchos
aspectos de su regulación actual, principalmente lo que se refiere a su supervisión y transparencia.
Ahora bien, también es cierto que los diferentes grupos parlamentarios abordamos de forma distinta las cuestiones de la ley que tendrían que modificarse. Tenemos planteamientos de fondo dispares, pero lo que sí compartimos es la necesidad
de abordar la reforma. Este planteamiento también se puso de manifiesto la semana pasada en la Comisión de Cultura. Hubo total y absoluta unanimidad en la necesidad de abordar la reforma de la ley; unos con más profundidad que otros, pero
absolutamente todos partíamos de la misma base. De hecho, incluso la propia ministra anunció reformas concretas de la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, y siguiendo esta línea, podríamos compartir la filosofía de la moción del Grupo
Parlamentario Popular, pero lo que no asumimos es su modelo. Esta iniciativa consta de de dos apartados. En el primero se insta al Gobierno a emprender la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y ahí se desglosa una serie de puntos que
deberían incluir la reforma, entre ellos la creación de un fondo nacional para las artes e industrias culturales bajo el control del Ministerio de Cultura y también una agencia española de propiedad intelectual dependiente igualmente del ministerio
para dirigir el funcionamiento de las entidades. Evidentemente, aunque sea legítimo que el PP en esta moción pretenda preestablecer su modelo y nos quiera comprometer en él, lo que está claro es que desde Convergència i Unió no podemos asumirlo
porque no lo compartimos. Se pretenden recuperar determinadas competencias y recentralizar el ejercicio de la políticas culturales, concepción que dista, y mucho, del modelo de nuestro grupo parlamentario. Precisamente por esta razón hemos
presentado una enmienda de sustitución que suprimiría el primer apartado de la moción y lo sustituiría por un mandato genérico al Gobierno en el que creemos que todos los grupos parlamentarios se sentirían cómodos, a pesar de tener cada uno nuestras
fórmulas y planteamientos, como bien he mencionado anteriormente.
Por último, y en relación con el segundo apartado de la moción del Grupo Parlamentario Popular, hemos de resaltar que únicamente hace hincapié en la necesidad de supervisar lo llevado a cabo en cuanto a la fiscalización de la Sociedad
General de Autores y Editores, que es lo propio según el artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual. Nosotros entendemos, al igual que el compañero de Esquerra Republicana, que sería deseable que hubiera la máxima unanimidad en el apoyo a esta
moción por cuanto únicamente se recoge el cumplimiento de los compromisos derivados de la subcomisión de propiedad
intelectual y, por lo tanto, entendemos que sería bueno partir de ese máximo consenso que ya se consiguió en aquel momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Don José Andrés Torres Mora tiene la palabra.
El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace unos cuantos años, en el año 2007, una periodista canadiense, Naomí Klein, escribió un libro que se llama La doctrina del shock. En ese libro defendía la tesis de que los neoliberales utilizan las crisis, los momentos de
conflicto, de gran dificultad como instrumento para aprovechar el shock psicológico que producen en las personas para llevar a cabo sus objetivos políticos.
Hay algo en el comportamiento del Grupo Parlamentario Popular en este tema que me produce desconfianza; algo que pretende aprovechar una crisis, una situación de shock o de dificultad en torno a una entidad de gestión para proceder a una
revisión completa, rápida y urgente de todo el sistema de propiedad intelectual de nuestro país. No me gusta legislar bajo el shock. Ustedes además nos dan muy pocos meses para legislar un tema que tiene que ver con el 4 por ciento del producto
interior bruto; tanto como la agricultura, 40.000 millones de euros. Queremos ordenar, imagínense, la agricultura en dos meses. No podemos ordenar la cultura en dos meses. No me parece que sea algo muy responsable; me parece excesivamente
urgente. Usted, además, ha aprovechado esta moción, esta circunstancia concreta para traer aquí su modelo, para enseñarnos su modelo, y no ha conseguido apoyos para el mismo. Su modelo supone una nacionalización de la cultura, en un doble sentido:
nacionalización en el sentido de la centralidad y nacionalización en el sentido de la socialización, es decir, de que una gran parte de competencias de los creadores se queden en manos del ministerio, en manos del Gobierno. Me produce una cierta
inquietud y, además, siempre he sospechado que detrás de todo esto había un deseo de cercenar las libertades de cierto sector social... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor TORRES MORA: ...que es muy crítico, que es poco dominable. No ha conseguido usted un acuerdo, un consenso sobre su modelo y se refugia en el burladero de una enmienda generalista, abstracta. No es fácil llegar a un acuerdo,
señorías. El señor Lassalle proponía su modelo, pero se mete en el burladero de una enmienda porque sabe que no tiene apoyos. Ese es el problema, por eso es difícil llegar a un acuerdo sobre un tema tan importante como es la cultura en nuestro
país y de una manera tan urgente. Hay dos problemas en su propuesta. Uno es que están en marcha varias directivas fundamentales de la Unión Europea. Comprendo que hay que tenerlas en cuentas. No sé si esas directivas van a estar en los dos meses
que nos dan para legislar. Si lo están, bien, pero si no lo están, nos vamos a anticipar a toda la legislación europea, por urgencia, para resolver un tema puntual. No termino de ver cuál es el objetivo. El segundo punto de su moción propone unos
instrumentos para intervenir en el caso de una entidad mercantil, de una fundación, de una sociedad de gestión para un tema muy concreto. Nosotros le hemos planteado una enmienda que sería probablemente mucho más rigurosa desde el punto de vista de
la seguridad jurídica y de la seguridad legal. Se la hemos ofrecido y ahí está. Entendemos que es necesario tomar medidas en este tema. La ministra anunció las que pretende tomar el Gobierno y estamos a favor de todas las medidas que haya que
tomar para aclarar y arreglar esta situación, pero nuestra propuesta da más seguridad jurídica. Señorías -no me queda más tiempo-, esta es la posición del Partido Socialista. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres Mora.
Don Aitor Esteban tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Al Grupo Vasco no puede acusársele de pretender un cambio completo de la Ley de Propiedad Intelectual bajo el shock del momento, bajo el shock del affaire SGAE. Siempre hemos pensado que esa era la solución que se necesitaba y la hemos
llegado a defender incluso en comparecencias públicas, en ruedas de prensa, junto con otros grupos, aunque ciertamente los mayoritarios...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: ...nunca han participado de esta opinión o, al menos, en esas ruedas de prensa. Por tanto, estamos de acuerdo con las enmiendas presentadas en ese sentido por CiU y por el Grupo de Esquerra, exigiendo la
presentación de un proyecto de reforma completa de la Ley de Propiedad intelectual. No tendríamos ningún inconveniente en apoyar el primer punto, si fuera aceptado así por el Partido Popular. Evidentemente, nuestra opinión es distinta si entramos
en el contenido del primer punto presentado... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego que guarden silencio.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, presidente.
Es distinta de ese primer punto presentado por el Grupo Popular porque se compone de un elenco de medidas que buscan de facto recentralizar el ejercicio de las competencias culturales, en concreto en materia de las entidades de gestión de
derechos, fondos nacionales, etcétera. Por lo
tanto, no podemos estar de acuerdo en ese texto; sí con lo presentado por CiU y Esquerra. Hasta este punto podría pensarse que entonces deberíamos dar nuestro apoyo a la moción. Sin embargo, el segundo punto, que insta al Ministerio de
Cultura a ejercer las competencias que le atribuye el artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual, nos suscita algunas dudas y es por lo siguiente. Por una parte, nosotros queremos dejar claro una vez más que no podemos estar de acuerdo con lo
que expresó la ministra de Cultura el pasado día en la Comisión. No puede ser que después de lo sucedido en la SGAE diga que el Gobierno central no tiene ninguna competencia y que eran las comunidades autónomas quienes tenían que haber estado
atentas y pedido la documentación precisa sobre lo que se estaba realizando. Y no puede ser cuando uno además ha tenido la experiencia de estar negociando una competencia para la Comunidad Autónoma vasca, en concreto en este tema, y desde el
Gobierno durante mucho tiempo, muchas semanas, se nos ha estado diciendo que no, que el control sobre las entidades de gestión, en principio, debía corresponder únicamente al Gobierno central. Pero finalmente se llegó a un acuerdo concreto y se ha
producido ese traspaso de competencias. Por tanto, hay un traspaso efectivo que me van a permitir que lea literalmente porque creo que es importante. Entre otras cosas, da a la comunidad autónoma la vigilancia sobre el cumplimiento de las
obligaciones y requisitos establecidos en la normativa estatal de todas las entidades de gestión que operen en la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo relativo a su actividad en la misma y, en particular, la obligación de administrar los derechos
de propiedad intelectual conferidos, las características de los contratos de gestión, el reparto de derechos y la función social de las entidades de gestión. También el control de todas las entidades de gestión o, en su caso, la representación o
asociación gestora que opere en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a su actividad en la misma. Ello incluye la fiscalización de documentación contable, de declaraciones y liquidaciones anuales, y la relación de pagos efectuados.
Y por último, la mediación y el arbitraje, sin perjuicio de las facultades de la Administración General del Estado.
En este sentido, nosotros podríamos votar a favor de este segundo punto, pero creo que todos los grupos, incluidos CiU, Esquerra y el Grupo Socialista, estarían de acuerdo en añadir un párrafo que lo único que viene a hacer es reconocer que
se ha producido una transferencia y que dijera: Se insta al Ministerio de Cultura a ejercer sus competencias, a estos efectos en concreto respecto a la SGAE, pero todo ello finalmente sin perjuicio y con respeto a las competencias que en este
ámbito han sido transferidas a algunas comunidades autónomas. Viene a refrendar lo que sucede y que dentro de la legislación se ha producido entre dos gobiernos concretos, y recientemente entre el Gobierno vasco y el Gobierno central.
Sin embargo, el Grupo Popular se niega a admitir este último párrafo y sinceramente creemos que no puede haber otra razón si no es sobre la base de la redacción original de su primer punto, esto es, la intención centralizadora. Porque si
no, ¿cómo puede interpretarse que se nieguen a admitir una transferencia que se ha producido? No parece normal, sobre todo habiendo un consenso -termino, señor presidente- con todos los demás grupos para que esto pudiera ser incluido. Por tanto,
visto que este reconocimiento no quiere ser dado por el Partido Popular y entonces adivinando cuáles son las segundas intenciones en esta propuesta, nuestro grupo se abstendrá en esta votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Señor Lassalle, ¿es tan amable de trasladar a la Presidencia si acepta alguna enmienda para su votación?
El señor LASSALLE RUIZ: Sí, señor presidente. Sería la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que está en sintonía con el texto de la enmienda de Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: En concreto es la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
Votaremos dentro de tres minutos.
Señor Aguirre, ¿si es tan amable, podría trasladarnos si en la proposición no de ley que ha defendido su señoría acepta alguna enmienda para su inclusión en la votación?
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: No. La única enmienda de sustitución que se ha presentado no la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre. (Pausa.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 140/000042.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Junta de Portavoces acordó que el presidente del Congreso hiciera publica una declaración en el Pleno de la Cámara, con motivo de que ayer su cumplieran setenta y cinco años del inicio de la guerra civil.
Ayer también se cumplieron setenta y tres años desde que el presidente de la República, don Manuel Azaña, pronunciara un discurso en el Ayuntamiento de Barcelona, cuyas últimas palabras en plena guerra civil fueron estas: Cuando la antorcha pase a
otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda, y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los
muertos y que escuchen su lección, la de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal gran
dioso, y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Sirvan, señorías, estas palabras del presidente Azaña
para rendir homenaje a quienes murieron en defensa de sus ideales, y ojalá sirvan también para desterrar el odio y la intolerancia de nuestras vidas.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores en la tribuna de invitados.) Las personas que están en las tribunas no deben hacer manifestaciones, según dice el Reglamento. Tengan la bondad de dejar de hacer esa manifestación; tomen asiento si lo
desean, y en caso contrario deben abandonar el hemiciclo. Siéntense.
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN).
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 82. (Número de expediente 410/000013.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones. En primer lugar, pregunto a la Cámara si toma o no en consideración la proposición de reforma del Reglamento de la Cámara. Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 336.
El señor PRESIDENTE: Queda tomada en consideración la proposición de reforma del Reglamento de la Cámara. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de reforma del Reglamento. ¿Lo acuerda así también la Cámara? (Asentimiento.) Queda acordado. En consecuencia, saben que esta tramitación directa y en lectura
única por el Pleno exige que se fije el plazo de presentación de enmiendas, que si la Cámara asiente sería para mañana miércoles a las 14:00 horas. ¿Les parece bien el plazo? (Asentimiento.) Posteriormente en lectura única se tramitaría y se
introduciría en el orden del día del próximo jueves. ¿Dan su conformidad a esta tramitación? (Asentimiento.) Así se acuerda.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA DE PRECIOS DE REFERENCIA ESTABLECIDO EN LA LEY 16/2003 PARA DAR PARTICIPACIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. (Número de expediente
122/000271.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular sobre incorporación del sistema de precios de referencia establecido en la Ley 16/2003, para dar participación a las comunidades autónomas en la
prestación farmacéutica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 142; en contra, 174; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, DE AMNISTÍA. (Número de expediente 122/000221.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, ocho; en contra, 320; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SUMIDEROS NATURALES EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 162/000833.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre sumideros naturales en la lucha contra el cambio climático. Se vota con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 191; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS A SUPERVISIÓN POR EL BANCO DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000891.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la regulación de la función inspectora de las entidades sometidas a supervisión por el Banco de España. Se vota en sus propios términos y sin enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 144; en contra, 178; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA LA MEJOR DEFENSA DE LA LEGALIDAD DEL RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUESTIONADO POR LA COMISIÓN EUROPEA. (Número de expediente
173/000228.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Vasco (PNV) sobre las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para la mejor defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero cuestionado por la Comisión Europea. Se vota en sus
términos sin enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 335; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, ESPECIALMENTE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE). (Número de expediente 173/000229.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad
Intelectual, especialmente en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Se vota con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 328; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las 9:00 horas.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.