Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 255, de 22/06/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 255
Sesión plenaria núm. 243
celebrada el miércoles, 22 de junio de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la respuesta del Gobierno a las propuestas planeadas por el movimiento social del 15-M. (Número de expediente 172/000278.) ...
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las ayudas estatales a la pesca y la acuicultura. (Número de expediente 172/000279.) ... (Página 31)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política económica que va a adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la morosidad que soportan las pymes y autónomos. (Número de expediente 172/000280.) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la mejora de la negociación colectiva. ('BOE' núm. 139, de 11 de junio de 2011). (Número de expediente 130/000044.) ... (Página 39)
Página
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel / el Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie
A, número 421, de 15 de abril de 2011. (Número de expediente 110/000262.) ... (Página 60)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 61)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 61)
- Acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel / el Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie
A, número 421, de 15 de abril de 2011. (Número de expediente 110/000262.) ... (Página 61)
- Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra, por el que se modifica el Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación, hecho en Kleinmond, Sudáfrica el 11 de
septiembre de 2009. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 422, de 15 de abril de 2011. (Número de expediente 110/000263.) ... (Página 61)
- Acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia, en particular, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la delincuencia organizada entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2011.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 425, de 29 de abril de 2011. (Número de expediente 110/000264.) ... (Página 62)
- Convenio entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Amman el 15 de marzo de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 426, de 29 de abril
de 2011. (Número de expediente 110/000265.) ...
(Página 62)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 31 de enero de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 427, de 6 de mayo de 2011.
(Número de expediente 110/000266.) ... (Página 62)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas
consulares, hecho en Accra el 31 de marzo de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 428, de 13 de mayo de 2011. (Número de expediente 110/000267.) ... (Página 62)
- Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y del Protocolo adicional al Convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional
entre sistemas de justicia relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010, y Declaración que España desea formular. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 429,
de 13 de mayo de 2011. (Número de expediente 110/000268.) ... (Página 62)
- Acuerdo de Aplicación del Convenio multilateral iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 431, de 27 de mayo de 2011.
(Número de expediente
110/000269.) ... (Página 62)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votación.) ... (Página 62)
- Proposición de ley orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 320-1, de 17 de junio de 2011. (Número de
expediente 122/000285.) ... (Página 62)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página 7)
De la diputada doña Ana María Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Garantiza el presidente del Gobierno que en el próximo ejercicio se mantendrán las bonificaciones de las
tarifas aeroportuarias que se vienen aplicando de forma extraordinaria para el fomento del transporte aéreo en Canarias, teniendo en cuenta el cambio de modelo de AENA? (Número de expediente 180/001581.) ... (Página 7)
Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Por qué la recaudación total del Estado está por debajo de las previsiones del Gobierno? (Número de
expediente 180/001585.) ... (Página 8)
Del diputado don Joan Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior: ¿Qué medidas concretas
prevé en lo que queda de legislatura el vicepresidente primero, como impulsor y coordinador de la acción política del Gobierno, para dar respuesta al malestar ciudadano? (Número de expediente 180/001582.) ... (Página 9)
De la diputada doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior: ¿Están condicionando las aspiraciones políticas
del vicepresidente primero el cumplimiento de su labor en el Gobierno de España? (Número de expediente 180/001586.) ...
(Página 10)
Del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior: ¿Qué opinión le merece al ministro del Interior que la fiscalía de la
Audiencia Nacional se haya opuesto a la sustitución del equipo policial investigador del chivatazo que pretendía uno de los imputados? (Número de expediente 180/001587.) ... (Página 12)
Del diputado don Cristóbal Ricardo Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Qué objetivo se ha marcado el Gobierno de
cara al próximo Consejo Europeo? (Número de expediente 180/001588.) ... (Página 13)
Del diputado don Álvaro M.ª Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda : ¿Considera la vicepresidenta segunda que las medidas
adoptadas en el sector financiero son las más adecuadas para alcanzar el nivel de crédito necesario para la recuperación económica? (Número de expediente 180/001589.) ... (Página 14)
Del diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Por qué se empeña el Gobierno en no modificar
la Ley de Estabilidad Presupuestaria? (Número de expediente 180/001590.) ... (Página 15)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública: ¿Está cumpliendo el Gobierno la moción
aprobada en esta Cámara el 7 de octubre de 2010 acerca del uso por parte de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes de otras lenguas oficiales distintas del castellano? (Número de expediente 180/001583.) ...
(Página 16)
De la diputada doña Lourdes Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad: ¿Qué valoración hace el Gobierno en relación al Plan integral de lucha contra la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual? (Número de expediente 180/001596.) ... (Página 17)
Del diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Considera el ministro de Industria que su falta de iniciativa política puede ayudar
a la recuperación del tejido productivo español? (Número de expediente 180/001594.) ... (Página 18)
De la diputada doña Miriam Muñoz Resta, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Va a seguir el Gobierno apostando por una mejora de la calidad de la oferta turística durante 2011?
(Número de expediente 180/001595.) ... (Página 19)
Del diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Cuál es la razón por la que el Gobierno está realizando precipitadamente la privatización de AENA?
(Número de expediente 180/001591.) ... (Página 20)
De la diputada doña María Concepció Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno todavía no ha aprobado el
reglamento para que las madres y padres de hijos con cáncer o enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de larga duración puedan solicitar la baja laboral y beneficiarse de la prestación económica correspondiente? (Número de expediente
180/001584.) ... (Página 21)
Del diputado don José Ignacio Echániz Salgado, en sustitución de la diputada doña Celia Villalobos Talero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Considera el Gobierno que el
mercado de trabajo español está preparado para crear empleo? (Número de expediente 180/001592.) ... (Página 22)
De la diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cómo valora el ministro de Trabajo la caída de la cobertura social frente
a la crisis? (Número de expediente 180/001593.) ... (Página 23)
Del diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación: ¿Qué nuevas actuaciones está impulsando el Ejecutivo para potenciar la excelencia investigadora en
nuestro sistema de ciencia e innovación? (Número de expediente 180/001597.) ... (Página 25)
Interpelaciones urgentes ... (Página 26)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la respuesta del Gobierno a las propuestas planteadas por el movimiento social del 15-M ... (Página 26)
Formula la interpelación el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Contesta el señor ministro de la Presidencia (Jáuregui Atondo), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Llamazares Trigo y duplica el señor ministro de la Presidencia.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las ayudas estatales a la pesca y la acuicultura ... (Página 31)
Formula la interpelación el señor Agirretxea Urresti, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Contesta la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Aguilar Rivero), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Agirretxea Urresti y duplica la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política económica que va a adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la morosidad que soportan las pymes y autónomos ... (Página 35)
Formula la interpelación el señor Aguirre Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Contesta la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Aguirre Rodríguez y duplica la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 39)
Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la mejora de la negociación colectiva ... (Página 39)
El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno en contra intervienen los señores Llamazares Trigo y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Interviene el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
Replican los señores Llamazares Trigo y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Interviene el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, los señores Salvador Armendáriz, Rios Rull y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Interviene de nuevo el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
Intervienen los señores Olabarría Muñoz, Campuzano i Canadés, la señora Báñez García y el señor Membrado Giner.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 60)
Acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel/el Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011 ... (Página 60)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; De Arístegui San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 61)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2001, de 10 de junio, de medidas urgentes para la mejora de la negociación colectiva, se aprueba por 169 votos a favor, 159 en contra y 20 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 346 votos a favor y una abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 61)
Acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel/el Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011 ... (Página 61)
Sometido a votación el Acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel/el Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011, se prueba por 339 votos
a favor, seis en contra y tres abstenciones.
Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra, por el que se modifica el Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación, hecho en Kleinmond, Sudáfrica, el 11 de
septiembre de 2009 ... (Página 61)
Acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia, en particular, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la delincuencia organizada entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2011 ...
(Página 62)
Convenio entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Amman el 15 de marzo de 2011 ... (Página 62)
Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 31 de enero de 2011 ... (Página 62)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas
consulares, hecho en Accra el 31 de marzo de 2011 ... (Página 62)
Convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y del Protocolo adicional al Convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional
entre sistemas de justicia relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010 y Declaración que España desea formular ... (Página 62)
Acuerdo de Aplicación del Convenio multilateral iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009 ... (Página 62)
Sometidos a votación el resto de los convenios, son aprobados por asentimiento.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votación.) ... (Página 62)
Sometidas a votación las enmiendas presentadas a la proposición de ley orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se aprueban por 345 votos a favor.
Votación de conjunto ... (Página 62)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 343 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
De acuerdo con las previsiones reglamentarias, les anuncio que tenemos en el día de hoy y en el orden del día el debate y eventual aprobación de un proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En
consecuencia, les anuncio que no se producirá la votación de conjunto sobre este dictamen antes de las doce horas. Del mismo modo, y antes de empezar la sesión, deseo, en nombre propio y en nombre del Congreso de los Diputados, saludar al
presidente del Bundestag que nos honra con su presencia en la tribuna de honor. Le deseamos una feliz estancia en España y éxito en su visita oficial. (Aplausos.)
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿GARANTIZA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO SE MANTENDRÁN LAS BONIFICACIONES DE LAS
TARIFAS AEROPORTUARIAS QUE SE VIENEN APLICANDO DE FORMA EXTRAORDINARIA PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE AÉREO EN CANARIAS, TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO DE MODELO DE AENA? (Número de expediente 180/001581.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, ¿garantiza usted que en el próximo ejercicio se mantendrán las bonificaciones de las tarifas aeroportuarias que se vienen aplicando de forma extraordinaria para el fomento del transporte aéreo en Canarias, teniendo en
cuenta el cambio de modelo de AENA?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Oramas, como bien conoce, la actual Ley de Presupuestos de 2011 establece que los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur disfrutarán de una tarifa de pasajeros de 4,87 euros en vuelos del espacio económico europeo y de 7,30 euros
en vuelos internacionales inferior a lo que realmente les hubiera correspondido, atendiendo a su tráfico de pasajeros, que hubiera sido de 5,70 euros en vuelos del espacio económico europeo y 8,60 euros en vuelos internacionales. Además, continúa
vigente la subvención del cien por cien de la tarifa de pasajeros para aquellas compañías que registren en 2011 un incremento de pasajeros respecto al de 2010 en el conjunto de aeropuertos de Canarias, así como otras subvenciones como la del 50 por
ciento del importe devengado por las tasas de aterrizaje, seguridad y pasajeros en las operaciones que supongan un incremento de frecuencia respecto de las de 2010 o aquellas que supongan la apertura de nuevas rutas. Estas medidas de fomento están
surtiendo efectos porque no son ajenas al incremento medio de un 15 por ciento que se ha producido en el número de pasajeros durante los cinco primeros meses en los aeropuertos de Canarias: 30 por ciento en Fuerteventura, 20 por ciento en el de
Tenerife Sur, 15 por ciento en el de Lanzarote y 10 por ciento en el de Gran Canaria.
El Gobierno ha iniciado un proceso para cambiar la gestión de AENA, para separar las funciones de gestión aeroportuaria y las de navegación aérea, que hasta ahora venían siendo desarrolladas por la misma entidad. En este nuevo contexto,
señora Oramas, deseo que quede claro que el Gobierno se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar que, en todo caso, las bonificaciones de las tarifas aeroportuarias para el fomento del transporte aéreo en Canarias se sigan aplicando
en el próximo ejercicio, incluido el supuesto de que se haya cambiado ya el modelo de gestión de AENA. Entendemos que ha sido muy positivo para el turismo, para la economía y para el empleo en Canarias, teniendo en cuenta además que el turismo es
la fuente principal de actividad económica de las islas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, su respuesta da tranquilidad a Canarias porque, como usted sabe, en este momento se está contratando la temporada de invierno por los turoperadores en Canarias que dura hasta marzo de 2012 y
esta medida ha sido fundamental para la salida de la crisis de Canarias. Le doy unos datos. Las primeras bonificaciones del acuerdo de presupuestos del año 2010 supusieron el año pasado 1.100.000 pasajeros y las nuevas bonificaciones del acuerdo
PSOE-Coalición Canaria de presupuestos de este año han supuesto en los cinco primeros meses 1.800.000 nuevos pasajeros y con dos datos fundamentales: las afiliaciones a la Seguridad Social del sector de hostelería han aumentado en Canarias un 4,9
por ciento, mientras a nivel nacional ha sido un 0,8. Pero lo que a nosotros nos pone en la senda de lo que debe ser es que mientras el paro en España ha aumentado en los últimos doce meses un 3 por ciento, en Canarias ha disminuido en los últimos
doce meses un 4,4 por ciento. Eso son números. Nosotros necesitamos esa garantía. Usted necesita estabilidad política para sacar adelante las medidas. Canarias necesita estabilidad política. Ayer se ha firmado el acuerdo de gobernabilidad de
Canarias, que va a dar esa estabilidad política y, para esas reformas económicas del Estado y de Canarias para salir de la crisis, usted nos va a encontrar en el camino si continuamos con medidas del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias que
se han implantado en la comunidad autónoma con mayor paro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señora Oramas, intervengo solo para expresar mi satisfacción por los datos que ha puesto encima de la mesa y también por esa voluntad constructiva de apoyar las medidas para salir
definitivamente de la crisis y, por supuesto, para tener la estabilidad política que ayude a esa salida de la crisis y a la creación de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ LA RECAUDACIÓN TOTAL DEL ESTADO ESTÁ POR DEBAJO DE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/001585.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente del Gobierno.
Para formularla tiene la palabra don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, ustedes en los presupuestos nos dijeron que la economía iba a crecer el 1,3 este año y, en consecuencia, fijaron unas previsiones de ingresos, pero ahora la Intervención General del Estado nos dice que sus previsiones no se
están cumpliendo y que, por tanto, la recaudación está por debajo de esas previsiones. Este es un asunto capital para España, como usted sabe, puesto que tenemos el compromiso de reducir el déficit público este año al 6 por ciento. Aquí nos
jugamos solvencia, nos jugamos credibilidad y nos jugamos buena parte del futuro de nuestra economía. Y tanto la Unión Europea como el Fondo Monetario Internacional han advertido que de no cumplirse los objetivos habrá que tomas nuevas adicionales,
es decir, nuevos recortes. Lo que le pregunto es si a usted esto le preocupa, por qué no se cumplen las previsiones del Gobierno y si tiene previsto tomar alguna medida o simplemente se va a contentar con no cumplir el déficit público previsto para
este año.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, la credibilidad y la solvencia son fundamentales, y le apelo a ellas porque las previsiones del Gobierno en ingresos del Estado se están cumpliendo al 99 por ciento. Los ingresos hasta el mes de abril, que es el último dato
disponible, ascienden a 63.350 millones de euros, un 4,1 por ciento más que en el primer cuatrimestre de 2010. -Repito, cumplimiento al 99 por ciento-. Ahora bien, puede ser que usted, como algunos, desconozcan que, como consecuencia de la entrada
en vigor del sistema de financiación, el reparto de la atribución de los recursos presupuestarios para las comunidades autónomas ha cambiado simplemente porque la cesta de los impuestos ha aumentado para las comunidades autónomas y desciende lo que
podríamos considerar la partida de transferencias; simplemente eso; es lo que sucede. El dato global, que es el que cuenta, supone cumplimiento de los ingresos en las previsiones al 99 por ciento, con un aumento del 4,6 por ciento, lo que por
cierto nos está permitiendo, junto a un 20 por ciento de contención de los gastos, reducir el déficit público en lo que va de año en un 53 por ciento, situándolo en el 0,22 del PIB.
Por tanto, señor Rajoy, se están cumpliendo las previsiones. Diga usted que se están cumpliendo las previsiones. Ayude con la verdad a ganar la credibilidad y no intente con la tergiversación y con la mentira dañar la credibilidad del
cumplimiento del déficit del Gobierno.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, voy a ayudar con la verdad. La verdad es que no se están cumpliendo las previsiones. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor RAJOY BREY: Y lo dice la Intervención General del Estado, no yo.
La recaudación por el IRPF dijeron ustedes que iba a crecer un 6,2, y está creciendo solo el 2,1 por ciento. La recaudación por sociedades dijeron que iba a crecer
el 9,3, y está bajando el 14,8 por ciento. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) La recaudación por especiales dijeron que iba a subir el 2,3 y está bajando el 4,3 por ciento. Y lo único que sube es el IVA porque los tipos impositivos de este año
son mayores que los del primer semestre del año pasado, pero en el segundo semestre serán iguales y será muy difícil que ustedes cumplan las previsiones. Por tanto, afirmo aquí que, según dice la Intervención General del Estado, no se están
cumpliendo las previsiones y no se están cumpliendo, señor vicepresidente del Gobierno, porque en España no hay actividad económica, y no hay actividad económica porque no hay inversión ni consumo, y no hay inversión ni consumo por la falta de
credibilidad de su Gobierno que es incapaz de generar confianza y porque no resuelven el problema del crédito. Ahora mismo me acaban de pasar la cifra de firma de hipotecas del mes de abril y ha bajado un 38 por ciento. Señor presidente, sin
actividad económica es imposible la recuperación y el empleo, y sin confianza eso también es imposible y su Gobierno es una losa para la economía española y el principal obstáculo para su recuperación, y por eso no hay cumplimiento de previsiones de
los ingresos del Estado.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, es falso de toda falsedad (Rumores.-Protestas.) que no se estén cumpliendo las previsiones de ingresos.
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Usted no ha refutado el propio dato de la Intervención General del Estado. Ingresos a mes de abril, 63.550 millones de euros, un 4,1 por ciento más que en el primer cuatrimestre de
2010, lo que supone un cumplimiento del 99 por ciento de las previsiones de ingresos. Usted se ha referido a cómo va sociedades -unos ingresos están por encima de lo estimado y otros por debajo-, pero la cifra global a mes de abril es esta, 99 por
ciento, un 4,1 por ciento más de ingresos que en 2010. Sé que no le gusta que se cumplan las previsiones, pero cuando se cumplen, por favor, respete la verdad que va en juego la credibilidad... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS CONCRETAS
PREVÉ EN LO QUE QUEDA DE LEGISLATURA EL VICEPRESIDENTE PRIMERO, COMO IMPULSOR Y COORDINADOR DE LA ACCIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO, PARA DAR RESPUESTA AL MALESTAR CIUDADANO? (Número de expediente 180/001582.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor vicepresidente primero del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señor Rubalcaba, como responsable de impulsar y coordinar la acción política del Gobierno, ¿qué medidas piensa adoptar para apaciguar la actual situación de malestar ciudadano?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Supongo que se refiere usted esencialmente al denominado movimiento de los indignados. Le diré lo que estamos haciendo. Primero, respetarlos cuando se manifiestan pacíficamente. Segundo, no instrumentalizarlos. Tercero, escucharlos.
Cuarto, pensar las propuestas que hacen. Y finalmente, defender las instituciones de la democracia representativa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor Rubalcaba, le pregunto a usted por las prioridades del Gobierno porque cada día parecen más evidentes las diferencias de criterio entre usted y el presidente del Gobierno. Ya me perdonará, porque el
presidente del Gobierno está obstinado en pasar el juicio de la historia como gran timonel de las reformas, caiga quien caiga, aunque ayer dijo en el Senado que sufría, y usted parece que no está tan predispuesto, como candidato socialista, a
indisponerse con los sindicatos y a más recortes dolorosos desde el punto de vista social. Por eso, cuando el Gobierno dice en la comunicación previa al debate de política general que va a culminar las reformas, yo le pregunto: ¿Va a seguir
haciendo caso a lo que dice el gobernador del Banco de España o lo que ayer le exigía el Fondo Monetario Internacional, una reforma laboral todavía más dura que abarate más el despido y desvincule salarios de inflación? Cuando el Gobierno dice que
va a impulsar derechos cívicos y sociales al final de la legislatura -¡a buenas horas mangas verdes!-, ¿quiere decir que va a haber una ley de libertad religiosa, que va a hacer efectiva la ley de eutanasia? Señor Rubalcaba, aludía usted al
movimiento 15-M. Yo no lo he hecho expresamente porque, a pesar de algunos excesos, este es un movimiento que hay que escuchar. No se puede ignorar y seguramente ni estigmatizar ni reducir a una cuestión de orden público, pero en todo caso nos
apela a dos cosas muy simples, que son las que yo le pregunto. Primero, nos dicen que hay que buscar una salida más justa a la crisis, es decir, más firmeza con los bancos, más con las eléctricas y menos con los pensionistas, con los trabajadores,
con los que no pueden pagar la hipoteca a fin de mes. Le exigen al Gobierno una gobernanza política de la economía, es decir, que el señor Zapatero mande más que el director gerente del Deutsche Bank y que deje de ser el aparcero de la banca. Nos
dicen también, señor Rubalcaba, que hay que mejorar nuestra democracia representativa porque, como hoy reza una pancarta que he visto cerca del Congreso, nuestros sueños no caben en una urna. Yo le pregunto: ¿Está usted de acuerdo con lo que dice
la señora ministra de Defensa de que hay algunas propuestas posibles y razonables que el Gobierno puede adoptar?, ¿piensa usted impulsarlas en este tramo de legislatura que queda?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Como le decía antes y le relato un poco más en detalle ahora, lo primero es respetar a la gente que se manifiesta pacíficamente, se esté de acuerdo o no con lo que dicen. En segundo lugar, no hay que instrumentalizarlos, y sabe que este es
un tema importante -no tratar de pescar en río revuelto-, lo cual significa dos cosas fundamentales: no demonizarlos, pero tampoco regalarles los oídos, no decir a todo acríticamente sí. En tercer lugar, como usted señalaba, hay que escuchar las
cosas que dicen. Son variadas y algunas incluso contradictorias entre sí, pero todas merecen ser escuchadas. Pienso también que conviene reflexionar sobre el origen de este movimiento, que está ahí, y sobre sus causas. Hay que ver cuáles son sus
razones, cuáles son ciertas, cuáles son asumibles y cuáles no.
Finalmente, le decía que tenemos que reforzar las instituciones democráticas, y esto es muy importante en esta Cámara. Que los problemas de la democracia siempre se arreglan con más democracia, reforzando las instituciones, reforzando el
sentido de la democracia representativa. Eso es lo que tenemos que hacer en cámaras como esta.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿ESTÁN CONDICIONANDO LAS ASPIRACIONES POLÍTICAS
DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO EL CUMPLIMIENTO DE SU LABOR EN EL GOBIERNO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/001586.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rubalcaba, cuando el presidente del Gobierno anunció que no se presentaba dijo usted que habíamos visto al mejor Zapatero. A partir de ahí lo que estamos viendo es al peor Rubalcaba. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: El mejor Zapatero, el que se va; el peor Rubalcaba, el que se queda. Porque mal está que un vicepresidente no asuma sus obligaciones políticas, pero peor está que las supedite a sus ambiciones
personales. (Rumores.)
Como vicepresidente debería impulsar las reformas que necesita España, pero como candidato las frena para no responsabilizarse de nada. Como ministro del Interior su principal obligación es cumplir y hacer cumplir la ley, pero como
candidato intenta hacerse el simpático aunque alguna se la salte. Como portavoz los viernes explica lo que hace en el Gobierno y como candidato los sábados promete lo que desde el Gobierno es incapaz de hacer. Cada promesa electoral de Alfredo es
un fracaso político en el Gobierno. ¿Cómo va a gobernar usted, señor Rubalcaba, si como candidato todo su empeño consiste en demostrar que usted nada tiene que ver con el Gobierno? En esta Cámara se limitó a decir que dejaría sus responsabilidades
en el Ejecutivo cuando fueran incompatibles con las del partido. Entonces, señoría, ¿qué espera para elegir entre su ambición y su obligación?
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
Me pregunta usted si hay incompatibilidad entre lo que usted denomina mis ambiciones y mi trabajo y la respuesta que digo es taxativamente no, señora Sáenz de Santamaría. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Sáenz de Santamaría.
La señora Sáenz de Santamaría antón: Señor Rubalcaba, no parece querer entender mi pregunta. (Rumores.) Se lo diré más claro. El Gobierno de España no puede ser la plataforma electoral de nadie. La suya tampoco y menos en los tiempos que
corren. Usted no sabe ni cómo ni cuándo ni de qué cargos irse, pero todos intuimos por qué aún no se ha ido. No se va porque después de treinta años de carrera política sabe que el día que salga del Gobierno será para no volver. (Rumores.) No se
va porque después de siete años en el Gobierno de Zapatero y siete meses como su vicepresidente no se fía de sus compañeros, no vaya a ser que no estando usted les dé por tomar decisiones y le arruinen su carrera política.
(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Si tuviera autoridad en el partido no tendría por qué aferrarse al poder en el Gobierno, porque en el Gobierno no hace nada; pero sin el Gobierno teme usted quedarse en nada.
(Rumores.) Señores del
Grupo Parlamentario Socialista, tanto que nos decían: ¡Qué viene Rubalcaba, genio y figura! Sí, sí, sería genio y figura, pero hasta la candidatura.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Me gustaría que me explicara usted en esta Cámara de dónde sacan este principio, que parece que lo formulan así, según el cual se puede ser candidato y
presidente y no se puede ser candidato y vicepresidente. (Risas.) Me encantaría que me explicara por qué lo pudieron hacer José María Aznar, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o, más cerca, la señora Aguirre o el señor Gallardón, que han
sido presidentes y candidatos de alcalde y candidatos, respectivamente.
¿De dónde sacan ese principio? Me encantaría que me lo dijera.
(Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Es más, me encantaría que me
dijera si existe algún país del mundo en el que ese principio se aplica. Es como si ustedes trataran de imaginar un nuevo régimen de incompatibilidades, eso sí, decidido solo para mí mismo. (Risas.)
Le voy a explicar. Ustedes se han pasado la legislatura sesteando y pidiendo elecciones anticipadas. Ahora tienen un nuevo mantra, elecciones anticipadas y que yo me vaya de la Vicepresidencia del Gobierno.
Trabajar, nada. Bueno, usted
sí, usted trabaja: sigue mi agenda y memoriza sus intervenciones, lo cual le debe llevar bastante tiempo.
(Risas.-Aplausos.) Le voy a decir algo más. En esta obsesión por no trabajar que tienen ustedes ahora le dan una vuelta de tuerca: no solo
no quieren trabajar ustedes sino que ahora pretenden que no trabaje yo.
(Risas.) ¿Pues sabe qué le digo? Que no es disponible para usted, que las decisiones sobre quién forma el Gobierno las toma el presidente del Gobierno, no el grupo de la
oposición. Y ahora le diré dos cosas más. Se lo dije la semana pasada. Trincas personales usted querrá, pero conmigo no va a contar. Si usted quiere hablar del problema de los españoles, del empleo, de la educación, de las reformas laborales, de
lo que quiera, aquí estoy yo; las trincas se las dejo para usted sola. Y me decía usted en la pregunta que si mis aspiraciones políticas condicionaban, y yo pensaba: qué excelente pregunta para el líder de la oposición.
¿Condicionan las
aspiraciones políticas del señor Rajoy la salida de la crisis de España? Mi respuesta es sí, porque si hubiera echado una mano nos irían las cosas mejor, pero de eso nada de nada. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL MINISTRO DEL INTERIOR QUE LA FISCALÍA DE LA
AUDIENCIA NACIONAL SE HAYA OPUESTO A LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO POLICIAL INVESTIGADOR DEL CHIVATAZO QUE PRETENDÍA UNO DE LOS IMPUTADOS? (Número de expediente 180/001587.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para formular su pregunta tiene la palabra don Ignacio Gil Lázaro.
(Rumores.)
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ¿qué opinión le merece...
El señor PRESIDENTE: Un momento. Silencio, por favor.
Adelante, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ¿qué opinión le merece que el fiscal no respalde la petición de sustituir al equipo policial investigador del chivatazo?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Sabe usted que no emito opiniones sobre las decisiones de los jueces y los fiscales; no lo hago cuando acaban los procesos ni le cuento mientras están
en marcha.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor vicepresidente, sobre no emitir opiniones de procesos, solamente los que afectan a su responsabilidad en el chivatazo y al caso Faisán. Estamos en tiempo de conclusiones. Usted se va del ministerio, pero no va a
conseguir eludir las consecuencias del caso Faisán. El chivatazo no le va a salir gratis. Tiene usted una deuda con el Estado de derecho, con las víctimas del terrorismo, con la policía y con la dignidad colectiva de la sociedad española. Esa
deuda los ciudadanos se la van a hacer pagar en las urnas y quizá también algún día se la exija un tribunal. Desde el 4 de mayo de 2006 usted ha tratado de impedir la acción de la justicia, dificultar la investigación judicial y engañar a la
opinión pública; además usted ha mentido de forma reiterada ante esta Cámara. El chivatazo no se pudo actuar jamás a sus espaldas, porque tuvo un móvil político enmarcado en el proceso de negociación con la banda. Esa es la síntesis del análisis
policial que obra en el sumario, y eso es exactamente lo que yo he venido repitiéndole a usted desde hace casi dos años mientras usted lo calificaba de infamias. Al final, señor vicepresidente, su prepotencia le ha delatado. Creyó usted que con
sus burlas y guasas iba a conseguir hacernos callar, sin darse cuenta de que esa estrategia demostraba su miedo y su culpa, porque quien trata de tapar la verdad haciendo gracietas demuestra que tiene mucho que ocultar.
En definitiva, señor vicepresidente, hoy es usted una víctima de sí mismo.
Creyó que su poder le hacía impune y ha ido demasiado lejos. Del chivatazo al bildunazo existe una misma secuencia manejada por usted pisoteando la ley en función
de sus intereses políticos. Eso los españoles no se lo van a perdonar. Por eso, señor vicepresidente, usted se va, pero el caso Faisán permanece, es el pórtico de su derrota y de su vergüenza. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
En el 'Diario de Sesiones' las taquígrafas pondrán tímidos aplausos detrás de su intervención. (Risas.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
Le voy a decir primero una cosa que me parece importante, le rogaría que no utilizara a las víctimas del terrorismo, que son de todos (Un señor diputado: ¡Muy bien!); le rogaría que no lo volviera a hacer en esta Cámara para sus intereses
partidarios. En segundo lugar, la verdad es que pensé que después de estas dos o tres semanas en las que ha estado usted reflexionando traería aquí alguna cosa imaginativa, pero veo que no; veo que sigue en lo mismo y que me pregunta exactamente
lo mismo que hace dos semanas y que hace tres. Le vuelvo a insistir, el equipo de investigación lo nombró un juez, y la única persona que ha criticado al equipo de investigación en esta Cámara ha sido usted, hasta que le ha venido bien hacer lo
contrario, porque esa es su coherencia parlamentaria. Pero, en fin, como le he contestado dos veces a la pregunta me remito al 'Diario de Sesiones', porque la respuesta sigue siendo la misma.
Le diré más -ya con esto termino-, se lo he repetido antes, no acostumbro a comentar las decisiones de los jueces ni de los fiscales, y menos aún la de los abogados defensores, que hacen lo que quieren naturalmente en el
ejercicio del derecho de defensa. En eso también me distingo de usted, fíjese que digo también, en eso también; usted hace siempre lo mismo: que le gusta, aplausos, que no le gusta, pitos. Valiente concepción del Estado de derecho, señor
Gil Lázaro. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL RICARDO MONTORO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ OBJETIVO SE HA MARCADO EL GOBIERNO DE
CARA AL PRÓXIMO CONSEJO EUROPEO? (Número de expediente 180/001588.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la vicepresidenta segunda. Para formular la primera tiene la palabra don Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, en el próximo Consejo Europeo nos vamos a jugar mucho todos, los españoles, los europeos, el euro. Quienes nos sentimos profundamente europeístas y estamos a favor del euro vemos con preocupación cómo a ese Consejo
Europeo va a acudir un gobierno debilitado, un gobierno incoherente, un gobierno que, como dijo ayer el presidente Zapatero en el Senado, sufre, y también su partido cuando hace lo que tiene que hacer por el euro y por España. Lo que le pedimos es
que explique en esta Cámara, puesto que usted no ha concurrido a ninguna Comisión de Economía ni para hablar del Pacto por el Euro ni de la nueva gobernanza europea, qué va a presentar el Gobierno, qué va a defender el Gobierno de España en el
próximo Consejo Europeo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, España, el Gobierno de España, el presidente del Gobierno, va a defender en ese Consejo Europeo aquello por lo que hemos estado trabajando durante todo este tiempo: la estabilidad del euro y una mejor gobernanza europea.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señoría.
La estabilidad y la fortaleza del euro la dan los países miembros del euro. Este Gobierno representa en este momento a una España debilitada.
¿Debilitada por la crisis? No. Debilitada por las políticas equivocadas del Gobierno de España,
que han llevado a España, a su economía, a ser un problema, una rémora para el euro. Qué diferente sería la situación en el euro si hoy España fuera un país líder en Europa y en el euro, y no fuéramos esa carga, en definitiva, esa rémora que
significa la España de los 5 millones de parados, la España con el alto déficit público, la España a la que vigilan e inspeccionan dentro y fuera porque sencillamente tiene un gobierno que no acertó en el tratamiento de la crisis, mucho menos cuando
la negó, pero que sí tuvo enfrente a una oposición que dijo la verdad a los españoles, señores miembros del Gobierno de España, señores del Partido Socialista, y que presentó propuestas que realmente hubieran evitado lo peor de esta crisis y, sobre
todo, la imagen de debilidad que tiene esta España en el resto de Europa.
Señorías, señora vicepresidenta económica, España no se merece este Gobierno. España es un gran país que, haciendo las reformas que le convienen, liderará pronto la Unión
Europea y contribuirá a la estabilidad del euro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, le hablaré del Consejo del próximo jueves y viernes, pero permítame que le diga antes que cuando dice que ustedes son claves porque los ciudadanos saben que son ustedes los que saben luchar contra la crisis, y que les han dicho la
verdad, no sé si dijeron la verdad cuando en su programa electoral hacían unas previsiones de crecimiento del 3 por ciento para el año 2008, más del 3 por ciento para el año 2009, y un 3,9 por ciento para el año siguiente; si les dijeron la verdad
en ese momento o si les dijeron la verdad en algún otro, porque como no le conocemos ninguna propuesta, es muy difícil que los ciudadanos españoles puedan juzgar. En todo caso, señoría, el Consejo Europeo es importante. Vamos a aprobar la
ampliación del Fondo de estabilidad financiera, y vamos a aprobar el nuevo mecanismo de estabilidad financiera para los países de la zona euro. Son dos cuestiones extraordinariamente importantes que contribuyen a la estabilidad, la misma a la que
está contribuyendo el Gobierno de España con unas reformas en las que ustedes nunca colaboran.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO MARÍA NADAL BELDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA QUE LAS
MEDIDAS ADOPTADAS EN EL SECTOR FINANCIERO SON LAS MÁS ADECUADAS PARA ALCANZAR EL NIVEL DE CRÉDITO NECESARIO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA? (Número de expediente 180/001589.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta; para formularla tiene la palabra don Álvaro Nadal.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, ustedes comenzaron el año con una medida de política económica, que mi grupo no pudo apoyar -porque no está de acuerdo con ella-, de capitalización del sistema financiero, suponiendo que esta iba a ser la reforma
definitiva del sistema financiero.
¿Realmente piensa el Gobierno que los españoles pueden estar contentos con esa reforma? Esa es la pregunta que le hago, porque los resultados no pueden ser peores. En el último año las administraciones públicas
sí han mejorado su financiación en 100.000 millones de euros, pero las empresas han perdido 8.000, y las familias 13.000. Las actividades productivas, todas, salvo una escasa mejora en los servicios, han tenido unas caídas muy sustanciales en el
crédito a su financiación, especialmente construcción, industria y agricultura, que supongo que ustedes pensarán que todas ellas son actividades especulativas que se merecen tener un menor grado de financiación. El 50 por ciento de las pymes
españolas ven rechazado el crédito que piden, frente a un 20 por ciento o menos de las pymes alemanas. ¿Cuál es el discurso que ustedes están haciendo? Que el tema del crédito no les preocupa en exceso. Por lo menos es lo que dice su secretario
de Estado de Economía, que el crédito acude donde tiene que ir, a la demanda solvente, y el resto, como no es solvente o es especulativa, se tiene que fastidiar; qué le vamos a hacer, no tenemos en España suficientes buenos demandantes de crédito.
Esa no es la realidad de la calle. La calle está preocupadísima. Este es el principal problema de la economía española. Por eso no se invierte y como no se invierte no se crea empleo; al revés, se destruye. El Gobierno tiene una responsabilidad
porque es el que ha liderado esta reforma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, ha escogido usted un mal día para quejarse de esta reforma que supone la capitalización de las cajas de ahorros, porque desde luego es una de las reformas más favorablemente vistas y consideradas, tanto por la Comisión Europea como
por el Fondo Monetario Internacional. Es más, el Fondo Monetario Internacional dice textualmente: una reestructuración del sector financiero, combinada con niveles robustos de capital y de liquidez, favorecería una más rápida asignación del
crédito entre sectores. También dice que en la reforma de las cajas de ahorros es importante que la siguiente etapa del proceso, la obtención de capital en los mercados, se aplique lo antes posible. También dicen por supuesto que en el gobierno de
las cajas todavía hay que reducir más la representación política. Señor Nadal, quiero recordar que en este tema en concreto ustedes han tenido una actitud titubeante. En todo caso le quiero decir que el Gobierno de España está haciendo todo lo
posible para esa vuelta del crédito, para esa aportación del crédito suficiente que necesita nuestra economía, y desde luego la actuación del ICO a ello va dirigida.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Nadal.
El señor NADAL BELDA: Señora vicepresidenta, me ha citado del informe del Fondo Monetario Internacional la parte en la que les dicen lo que ustedes todavía tienen que hacer y las reformas fundamentales que son urgentes que tienen ustedes
que aplicar después, no lo que se ha hecho. Lo digo para que mire de qué parte del informe ha hecho usted la cita. El informe básicamente lo que les dice es que quedan por reestructurar las entidades de mayor debilidad, cosa que no se ha hecho y
cosa que le decíamos nosotros que era lo más urgente, en una aproximación caso por caso, cosa que ustedes no hacen; que hay que aumentar la transparencia y las provisiones de las entidades, y ustedes no admitieron la postura que nosotros defendimos
y por eso no les apoyamos en esta reforma; y que había que continuar con la gobernanza de las cajas de ahorro, que está todavía en pañales. Les ha dicho lo mismo que la Comisión Europea, que siguen teniendo esta reforma abierta en canal y no se
concreta. De hecho ustedes han conseguido bastante poco. En primer lugar, han conseguido una enorme incertidumbre. Está todo el mundo hablando qué entidades van a poder salir a Bolsa, cuáles no, bajo qué condiciones sí, bajo qué condiciones no,
que es lo que le faltaba a la economía española, y esto ha sido gratuito porque ustedes se han empeñado en ello. En segundo lugar, se ha encarecido enormemente el capital y el pasivo de las entidades financieras, y eso se traduce en una mayor
escasez de crédito para todos los agentes económicos, y eso usted sabe que es así. Después de varios meses en que por lo menos había estancamiento
del crédito hemos vuelto otra vez a cifras negativas. Y encima nuestras entidades financieras tienen problemas de competitividad respecto al resto de las europeas, porque ustedes les exigen más que a las demás. Ha sido un fracaso de
reforma y ya se está viendo, señora vicepresidenta.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, al igual que en el caso de los ingresos tributarios del Estado son ustedes maestros en negar la evidencia. La reforma del sector financiero que hemos llevado a cabo en el último año es la reforma más profunda que se ha hecho nunca
del sector financiero en nuestro país, y así ha sido reconocida. No obstante le quiero decir que estoy completamente de acuerdo con usted en este tema de reducir la influencia de los políticos en el gobierno, en la gestión y en la actuación de las
cajas de ahorros; convendría que se lo dijera usted al presidente de la Xunta de Galicia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿POR QUÉ SE EMPEÑA EL GOBIERNO EN NO MODIFICAR
LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA? (Número de expediente 180/001590.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta; para formularla tiene la palabra don Vicente Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora vicepresidenta, cada vez que oigo sus respuestas en esta Cámara me doy cuenta de que está encantada de haberse conocido. Si usted se bajara de uno de los cinco o seis coches oficiales, (Rumores.)
abandonara un poco el glamour y bajara a la calle se daría cuenta de que hay 5 millones de parados. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Hay 5 millones de parados, y no es una acusación falsa del Partido Popular; existen los 5 millones de parados.
Se daría cuenta de que hay decenas de miles de empresas que han de cerrar porque tienen
problemas de financiación, porque tienen problemas de cobro, incluso con las administraciones. Señora vicepresidenta, no es una frase del Grupo Parlamentario Popular. La economía española está en una profundísima crisis y todos los analistas le
dicen que hay tres problemas fundamentales: un mercado laboral que no funciona, a pesar de las dos reformas que han hecho ustedes, que no han valido para nada; un sistema financiero que no funciona, a pesar de las siete, ocho o diez reformas que
han hecho, siguen haciendo reformas, cuando otros países ya lo han arreglado; y unas cuentas públicas en desequilibrio porque ustedes cuando llegaron aumentaron el gasto público al doble, y además se cargaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Señora vicepresidenta, ahora que entre el PSOE está muy de moda buscar culpables, ¿a quién le echan la culpa del desequilibrio de las cuentas públicas? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Pues, señoría, en una buena parte a los desequilibrios económicos creados por su política de suelo. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora vicepresidenta, se supera; ustedes se superan. Le echan la culpa a Aznar, al régimen anterior, le pueden echar la culpa -como Valeriano, el ministro de Trabajo- a los bancos, otro día a las
comunidades autónomas. Señora vicepresidenta, los culpables de la situación económica que hoy vivimos en España son ustedes, que no han sabido gestionar la crisis económica internacional.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Protestas.) Señora vicepresidenta, son ustedes los que tienen que hacer una reforma estructural de las entidades financieras, los que tienen que hacer la reforma estructural del mercado de trabajo, y los que tienen que hacer las reformas
estructurales del gasto público. Basta ya de echarles la culpa a las comunidades autónomas. Son ustedes los que tienen que hacer... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Aunque verdaderamente me es difícil encontrar algo a lo que tenga que contestar. Por lo tanto simplemente le voy a decir que este Gobierno está haciendo reformas, usted dice que las tenemos que hacer, y las estamos haciendo, casi todas
ellas sin su concurso, porque incluso en la reforma del sector financiero en la que iban medianamente bien, apoyando la reforma de las cajas de ahorros que estaba haciendo este Gobierno y la reforma en conjunto del sector financiero, han decidido
que no les parece bien que se recapitalicen las cajas de ahorros y el resto de las entidades financieras, y por tanto han dejado de dar su apoyo también a la reforma del sector financiero. Pero no se preocupe, las reformas están saliendo adelante.
Muchas de ellas están ya aprobadas, otras están en este momento en el Parlamento. Me gustaría contar con su apoyo, soy poco optimista a ese respecto, pero no tenga ninguna duda de que este Gobierno está haciendo que nuestra economía salga de la
crisis en la que estaba sumida por muchas razones, entre otras la que le he dicho. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ¿ESTÁ CUMPLIENDO EL GOBIERNO LA MOCIÓN
APROBADA EN ESTA CÁMARA EL 7 DE OCTUBRE DE 2010 ACERCA DEL USO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE OTRAS LENGUAS OFICIALES DISTINTAS DEL CASTELLANO? (Número de expediente 180/001583.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor vicepresidente tercero del Gobierno; para formularla tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor vicepresidente, el 28 de septiembre y publicada el 7 de octubre del año pasado se aprobó una moción a instancias de nuestro grupo acerca del empleo en la Administración General del Estado y entidades
dependientes de las lenguas oficiales distintas del castellano. ¿Qué se ha hecho? ¿Se está cumpliendo la moción aprobada?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señor presidente, señor Esteban, que yo recuerde la moción aprobada en esta Cámara tenía siete iniciativas muy
concretas, y he de decirle que todas ellas se han puesto ya en marcha. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Se están desarrollando, se están ejecutando, y una buena parte de esas iniciativas incluso ya se han
culminado. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente.
Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor vicepresidente, efectivamente eran asuntos absolutamente concretos, pero además con plazos concretos, que vencían precisamente en este primer semestre, o sea a finales de este mes. Que nosotros sepamos, en
cuanto al primer punto, el sistema red de la Tesorería de la Seguridad Social no se puede volcar en idiomas diferentes al castellano, no se ha avanzado en este tema. Sobre el asunto de los impresos en el Instituto Nacional de Seguridad Social,
etcétera, en la misma página web, se puede ver que únicamente se encuentran en castellano. En cuanto a las comunicaciones electrónicas con diferentes entidades seguimos en lo mismo, como ejemplo le podré la Agencia Española de Protección de Datos,
que únicamente tiene su página en castellano. Es otro de los temas concretos que se apuntaba en la moción, y por lo tanto no se está contemplando ni completando lo que había propuesto el propio Consejo de Lenguas, creado por el Gobierno. En cuanto
al documento nacional de identidad no es posible hacer la cita previa en euskera, tal y como se había solicitado, y tampoco se puede solicitar información porque la información -al menos la que está en la página web del ministerio correspondiente-
está únicamente en castellano. El Consejo de Lenguas no se ha vuelto a reunir, pero es que además para diciembre del año pasado se tenía que haber presentado en esta Cámara el informe de 6 de julio, es el último que se hizo porque el consejo no se
ha vuelto a reunir desde el 6 de julio de 2010. No se ha presentado. El informe de 2011 se tiene que presentar a lo largo del año, pero ya estamos a medio año y todavía ustedes no lo han presentado. De Inforeg no sabemos nada y el proyecto de ley
que reconozca la iniciativa de poder dirigirse en cualquier lengua cooficial a determinados órganos del Estado, que era también otro de los compromisos de la moción y que además usted había adelantado anteriormente y por eso se recogió en la misma,
tendría que presentarse a 30 de junio de este año y tampoco tenemos absolutamente ninguna noticia. Por lo tanto efectivamente son puntos concretos, plazos concretos, pero desgraciadamente y a diferencia de lo que usted señala no parece...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Esteban.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señora presidenta, señor Esteban, pretendo darle una síntesis de en qué situación nos encontramos en relación con el
uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado. Ya se ha entregado el informe correspondiente al año 2009, no se ha entregado el del año 2010, lo entregaremos a corto plazo a todos los grupos parlamentarios.
Por ejemplo, le
puedo decir que en los registros civiles principales, que son más de 400, ya es posible la inscripción bilingüe, y estamos desarrollando un proceso de informatización para los 7.000 juzgados de paz que seguramente pondremos también en marcha a corto
plazo. Le puedo decir que el 99,2 de las empresas del País Vasco se encuentran incorporadas ya al sistema red de la Tesorería de la Seguridad Social, y que la información sobre este sistema figura ya en una página web que se puede consultar y está
disponible en euskera. Tiene usted razón, yo tengo que reconocer aquí que todavía no se pueden realizar en todas las lenguas cooficiales los trámites absolutamente necesarios. Los contenidos de las sedes electrónicas de la Tesorería y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social ya están disponibles en lenguas cooficiales, y el próximo mes de julio lo estarán los de la Agencia de Protección de Datos.
Respecto a la tramitación del documento nacional de identidad todos los
formularios que se confeccionan de manera centralizada se realizan ya de forma bilingüe; los que se realizan en los propios equipos se podrán obtener en lenguas oficiales también a corto plazo. Y le puedo decir que también tiene usted razón en
cuanto al retraso en la elaboración de un anteproyecto de ley sobre uso de lenguas cooficiales ante determinados órganos del Estado. Es una ley compleja, pero estamos trabajando en ella.
En definitiva el Gobierno tiene una voluntad y un compromiso
firme...
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MUÑOZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO EN RELACIÓN AL PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA
TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL? (Número de expediente 180/001596.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, que formula la diputada señora Muñoz Santamaría.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Ministra, una de las conclusiones de la ponencia del estudio de la prostitución en España, que trabajó durante el año 2006 en este Parlamento, dice: La lucha contra la esclavitud sexual y laboral requiere de una
respuesta global, además de ser necesario empoderar a todas las mujeres del planeta para que no tengan que ser prostitutas y, cómo no, formar a hombres y mujeres en el respeto a los demás. Como sabe este informe tuvo un amplio soporte
parlamentario, no habitual ni frecuente, y supone una apuesta por un abordaje integral para disminuir la trata de seres humanos, y con ese fin disminuir la prostitución. En cumplimiento de estas recomendaciones el Gobierno en diciembre de 2008
aprobó el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la primera estrategia transversal y global que hace un gobierno de nuestro país. Es una estrategia que prioriza la disminución de la prostitución y
de la trata, porque priorizamos a la gran mayoría y a las más débiles. Y en ese sentido hemos realizado una serie de acciones en tres líneas: atención, con las subvenciones anuales a los servicios de atención; medidas de sensibilización, como la
campaña Corazón azul, y también modificaciones legislativas para estrechar al máximo las posibilidades de las redes y fortalecer a las víctimas para favorecer las denuncias. Ahora es el momento de la evaluación, de seguir adelante, pero primero
evaluar, en una cuestión que sabemos que es altamente compleja. No olvidemos que las redes criminales operan a nivel transnacional, que la explotación sexual se ha convertido en un fenómeno global y que hablamos de vulneración de los derechos
fundamentales. En este sentido usted elevó al Consejo de Ministros del viernes el segundo informe del Plan integral y por esa razón le pregunto hoy aquí -porque también nos interesa en el Parlamento conocerlo- cómo ha evaluado el Gobierno este
plan.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Muñoz.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señora presidenta.
Señoría, quiero en primer lugar agradecer su interés por un tema fundamental para esta Cámara, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y fundamental para este Gobierno. El pasado viernes efectivamente presenté en el Consejo de
Ministros el segundo informe sobre la ejecución del plan, es decir, rendir cuentas de lo que estamos haciendo en materia de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual;
un plan, señoría -como decía-, que sigue las recomendaciones que la Comisión parlamentaria sobre Derechos de las Mujeres nos hizo al Gobierno. Y en ese segundo informe sobre la ejecución del plan se destaca fundamentalmente el alto grado de
cumplimiento que hemos hecho entre todas las instituciones. Esto es clave, fundamental para la lucha contra este delito, y sobre todo para proteger a las víctimas. Quiero agradecer hoy, aprovechando esta pregunta, el esfuerzo ingente de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han incrementado sus inspecciones en un 164 por ciento, lo que ha permitido doblar el número de actuaciones contra grupos criminales, detener a casi 700 personas e identificar a 1.641 víctimas. Además
se mantiene el esfuerzo presupuestario de 2 millones de euros, para colaborar con las organizaciones que trabajan con las víctimas, y con ello vamos a poder prestar atención especial a la situación de las víctimas y a los hijos menores de estas
víctimas. Además contamos ya con 451 centros de apoyo que seguiremos incrementando, porque entendemos que crear esa red es también una apuesta clara por el acceso a estas prestaciones por parte de las víctimas. Han sido muchos los encuentros y las
jornadas de sensibilización, entre las que quiero destacar la campaña Corazón azul, de Naciones Unidas. Señoría, entre nuestros objetivos puedo anunciarle la elaboración de un protocolo marco que garantice la asistencia y la protección de las
víctimas de trata, con independencia de su procedencia. Por otro lado, nuestro marco jurídico ha avanzado también notablemente en este año, no solo con la reforma del Código Penal para castigar expresamente esta conducta, sino abordando este
fenómeno en la Ley de Asilo y en la Ley de los derechos y libertades de los extranjeros. Por último, quiero reiterar en sede parlamentaria el compromiso del Gobierno con la desaparición de los anuncios de contactos.
La Comisión de Igualdad dio su
respaldo unánime, y como sabe bien ya hemos iniciado la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios y lo haremos con los medios. El Gobierno seguirá firme en esta tarea.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO MARISCAL ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE INDUSTRIA QUE SU FALTA DE INICIATIVA POLÍTICA PUEDE
AYUDAR A LA RECUPERACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/001594.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. En primer lugar, la que formula el diputado señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, usted empezó diciendo que el empleo destruido por la construcción sería sustituido por la industria; deseo, señor ministro, porque la realidad es bien distinta. La situación de la industria española es crítica en gran
medida como consecuencia de su contumaz negación de una crisis que arrasaba el tejido productivo español hasta arrastrarlo a una sima social. Los datos desde que ustedes ocupan el Gobierno son elocuentes. El peso de la industria ha caído en
nuestro producto interior bruto del 18 al 15 por ciento. Con la contribución de la industria al empleo ocurre algo similar, del 17 al 14 por ciento. El índice de producción industrial cayó un 4,1 por ciento en el mes de abril; desde marzo de 2004
ha descendido un 28 por ciento, y 154.700 empresas han dejado de existir desde marzo de 2008. La industria iba a ser la impulsora de un nuevo modelo productivo -eso fue lo que usted dijo- que sacaría a España de la crisis, pero los datos certifican
desgraciadamente que está lejos de ser ese revulsivo que se anunció. Muy a nuestro pesar, estos y no otros son los cambios introducidos en el modelo productivo. Señor ministro, la recuperación de la industria es vital para nuestra economía y para
el empleo, porque aunque ha perdido peso en el producto interior bruto todavía hay 149.000 empresas dedicadas a la industria. ¿Considera el ministro que su falta de iniciativa política puede ayudar a la recuperación del tejido productivo español?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Mariscal.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, ¿cómo puede ni atreverse a hablar del peso de la industria? En su última legislatura, cuando gobernaban con mayoría absoluta, la industria creció un 5 por ciento acumulado en cuatro años, un uno por ciento al año, mientras que el
sector de la construcción creció un 27 por ciento. Y ahora le voy a hablar de la industria y del tejido productivo español, como el sector del automóvil, que gracias al PlanE -¿se acuerda del PlanE que tanto criticaron?- hemos salvado todas las
plantas del automóvil en España. Hemos conseguido una inversión récord de Ford en Almussafes; Figueruelas; el Audi Q3 para Barcelona; Vigo, etcétera. Gracias a nuestros planes de apoyo a los sectores estratégicos tenemos un sector récord -el
sector aeronáutico- en lo que se refiere a la participación española en los proyectos europeos de Airbus, A350 y A400M. Tenemos un sector líder en energías renovables con reconocimiento mundial. Nuestro sector farmacéutico también es uno de los
más
reconocidos hoy en el mundo. Tenemos el sector de las exportaciones con récord en su crecimiento y en su nivel, y vamos a tener el cuarto mejor año de turismo -por cierto, los otros cuatro años también de la época de Zapatero- gracias a
nuestro apoyo al Plan Renove Turismo. ¿Y cuál ha sido su plan? Su plan ha sido lo que ya ha oído al señor Rajoy: quiere más hipotecas, ladrillo y especulación. Ese es el plan productivo de Partido Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Señor ministro, 18.000 empleos perdidos en el sector de la automoción desde que ustedes ocupan el Gobierno. ¿Qué hemos tenido hasta el día de hoy? Planes muy voluntaristas sin plazos y sin asignación
presupuestaria. Señor ministro, sin recursos no se solucionan los problemas. La industria perdió, desde que se aprobó en el mes de diciembre el Plan de acción 2011-2015, 82.000 puestos de trabajo. No creo que fuera ese el objetivo perseguido,
imagino. No basta con presentar un plan. Se hacen extremadamente necesarias políticas que incentiven la competitividad y la productividad en la industria, que despejen las incertidumbres que han conducido a la situación que hoy padecemos: caída
del consumo, menos crédito, bajada de los beneficios y aumento del desempleo, señor ministro. La necesidad de diversificar nuestro tejido productivo exige apostar por las pymes y por la innovación. Señor ministro, gobernar significa avanzar,
explicitar el camino, y no -en ningún caso- entorpecer. Reconozca la situación y veamos entre todos si somos capaces de sacar adelante estos retos que la economía nos está presentando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Mariscal.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, ya le he dicho lo que hemos hecho por el sector productivo, pero, ¿ustedes qué hacen por la economía? Porque ya empiezan a hacer cosas; por ejemplo, la señora Cospedal ha suprimido el Consejo Económico y Social porque dice que es
un organismo inútil, y la misma semana el señor Feijóo nombra un nuevo presidente del Consello Ecónomico e Social de Galicia. El señor Rajoy dice que va a bajar los impuestos, y la misma semana el señor Gallardón, alcalde de Madrid, nos condena a
los madrileños a una subida de impuestos no de un año, sino para los próximos diez años. (Aplausos.) El señor Montoro dice que no puede hacer un pacto energético porque exige que no se cierre Garoña, hace seis meses; ahora pactan con Izquierda
Unida en Extremadura el cierre de Almaraz. (Rumores.- Varios señores diputados: ¡Sí!) Ese es su modelo económico, no existe; contradictorio.
Señoría, aclárense y luego vienen a pedir explicaciones al Gobierno.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MIRIAM MUÑOZ RESTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿VA A SEGUIR EL GOBIERNO APOSTANDO POR UNA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DURANTE
2011? (Número de expediente 180/001595.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Muñoz Resta.
La señora MUÑOZ RESTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, usted sabe que ha sido un gobierno socialista y no un gobierno conservador el que ha puesto en marcha los planes de recualificación turística, las líneas de crédito para la puesta a punto de equipamientos turísticos privados,
o los fondos para la modernización de infraestructuras turísticas. Ha sido este Gobierno socialista el que ha tomado medidas para reducir progresivamente las tasas aeroportuarias; ha sido este Gobierno el que ha favorecido, mediante planes de
competitividad, una mayor diversificación del turismo español, como la apuesta para ampliar nuestros mercados internacionales; ha sido este Gobierno quien en 2008 arrancó el Plan turismo horizonte 2020, un plan que contó con la colaboración y al
apoyo de todas las comunidades autónomas, de las administraciones locales y también de los agentes sociales. Ese plan se adelantó al modelo y recomendó potenciar un modelo de turismo sostenible a través, entre otras medidas, del impulso a programas
de actuación que incorporan en la oferta turística el medio ambiente y la sostenibilidad. Señor ministro, hemos venido debatiendo en esta Cámara iniciativas para mejorar la competitividad de nuestro sector.
Así, la derecha española considera que
la competitividad se obtiene rebajando tasas o perdonando deudas, que son, como hemos podido ver, las únicas iniciativas que han presentado hasta ahora en esta Cámara. Por el contrario nosotros creemos que este Gobierno ha apostado a futuro, tal
como se pretendía en el Plan horizonte 2020. Por eso creo que este Gobierno ha contribuido a dar continuidad y a reforzar las políticas de renovación, de mejora y de modernización de nuestra oferta turística.
También desde el punto de vista de la
sostenibilidad y de la eficiencia energética, una política que, señor
ministro -si me equivoco me lo dice-, creo que fue inexistente con gobiernos anteriores. Mi grupo considera que cuando hay que comprometerse hay que venir aquí y decirlo. Por tanto, señor ministro, le pregunto y considero necesario que se
comprometa a explicarnos si va a seguir el Gobierno apostando por una mejora de la calidad de la oferta turística durante 2011.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Muñoz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.
Claro, porque al contrario del partido hipotecario, para nuestro partido y nuestro Gobierno el sector turístico es un sector fundamental, es un sector estratégico, es como nuestro petróleo, con una gran ventaja, que no se agota si lo sabemos
cuidar bien. Saberlo cuidar bien es apostar por su calidad, por su sostenibilidad y por una diversificación geográfica también de producto, y por supuesto también temporal. Esos son los ejes por los cuales estamos implementando nuestra política
turística, y con buenos resultados. Hoy hemos tenido el dato del mes de mayo de este año, un dato que significa que en los cinco primeros meses del año el número de turistas internacionales llegados a nuestro país ha aumentado un 7,3 por ciento,
gracias al incremento en el último mes de un 4,2 adicional.
Esperamos que continúe así todo el año, para lo cual confiamos en un aumento del número de turistas internacionales entre el 4,5 y el 6,5 por ciento. Esto va a hacer que nuestro sector
turístico registre este año 2011 el cuarto mejor año de la historia, lo cual creo que es una noticia para alegrarse, sobre todo en el contexto de crisis internacional en el que estamos. Por cierto, el cuarto mejor año de la historia y todos los
mejores anteriores, todos, fueron en época de gobierno de Zapatero, y eso lo hemos hecho gracias a un esfuerzo colectivo, fundamentalmente con el sector privado, también con comunidades autónomas y con ayuntamientos, a través de los planes Renove y
FuturE con los que hemos puesto a disposición del sector turístico 1.900 millones de euros, hemos financiado 6.830 proyectos, y hemos creado 77.000 nuevos puestos de trabajo en el sector. Por ahí vamos a seguir apostando con la nueva línea del ICO
de 300 millones de euros y, además, con un Plan FuturE que aumenta el importe máximo de financiación y que aumenta el plazo de amortización que puede llegar a los veinte años, es decir, ocho años más que en ediciones anteriores. En los primeros
quince días de vigencia de la nueva línea hemos financiado 266 operaciones por un importe de 35 millones de euros, que ha movilizado una inversión de 50 millones de euros. Sin duda, ello, junto con el Plan Litoral, son las claves para seguir
apostando por un sector fundamental para nuestra economía.
Muchas gracias, señor presidente.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE EL GOBIERNO ESTÁ REALIZANDO PRECIPITADAMENTE LA PRIVATIZACIÓN DE AENA?
(Número de expediente 180/001591.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Fomento que formula el diputado señor Ayala Sánchez.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, su ministerio ha anunciado que los concursos para la adjudicación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona se van a iniciar este verano, que paralelamente se va a iniciar un proceso para enajenar el 49 por ciento de AENA y
que la adjudicación del control aéreo de trece torres se va a producir en octubre. Señor ministro, cualquier mente sensata piensa que abordar todos estos procesos de forma simultánea es una auténtica locura, porque no solamente son incompatibles,
sino que tienen influencia negativa unos sobre otros, y esto es más que evidente.
Entonces, no entendemos cuál es la razón de tanta precipitación y tanta prisa en la privatización de AENA, y esperamos que nos lo explique.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ayala.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, lo que no es compatible con su discurso es pedir por la mañana reformas que beneficien la competitividad, la eficiencia y la rebaja de las tasas aéreas -y, por tanto, una mayor
competitividad- y por la tarde decir lo contrario. Eso se llama incoherencia. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La eficiencia en la gestión no está en la venta del 49 por ciento, que es para los privados que no van a intervenir en la gestión. Por tanto, no mezclemos las cuestiones. Antes
de sacar ningún concurso, tenemos que
saber qué es lo que vale AENA, qué es lo que valen aeropuertos y qué es lo que valen sus participaciones y en este momento todo eso no está definido, no sabemos cuál es la cifra, no hay ni garantía ni solvencia ni seguridad en lo que están
haciendo. Hay tres asesoramientos en marcha: el estratégico, el jurídico y el de la banca de inversión. Además, hay un cuarto concurso, convocado la semana pasada, para la valoración económica de las sociedades concesionarias: Madrid, Barcelona,
AENA Aeropuertos, todas sus filiales y las participaciones. Nada más y nada menos, todo está en el aire. Entonces, estando todo en el aire, ¿cómo es posible que, con este panorama, se atrevan a licitar este verano las concesiones de aeropuertos y,
simultáneamente, la privatización y, al tiempo, sacar las torres del control de AENA?
Señor Blanco, es una irresponsabilidad, una irresponsabilidad. Estas prisas no tienen más explicación que el intento de dejar las cosas atadas, pero muy mal atadas, muy mal atadas; y España tampoco se lo va a perdonar. Señor Blanco, si
usted consiente, será usted el único responsable de un fiasco espectacular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ayala.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señorías, en esta ocasión todo se hace con rigor y con transparencia, de acuerdo con una hoja de ruta que yo he explicado el 6 de abril en el Congreso de los Diputados, de acuerdo con unos plazos
que he establecido en el Congreso de los Diputados, y esto contrasta con el proceso de privatizaciones que hizo su Gobierno, del que el Tribunal de Cuentas dijo: falta de transparencia, valoración poco objetiva, con precio inferior al establecido y
bajo actuaciones poco acordes con los procedimientos ordinarios; Tribunal de Cuentas, señoría. Por tanto, escuchar sus lecciones es como escuchar consejos de un pirómano para apagar un fuego. Nosotros estamos haciendo las cosas con transparencia,
con rigor, informando al Congreso de los Diputados. AENA seguirá siendo una empresa pública y estamos siguiendo para ello un calendario establecido. Probablemente, ustedes lo que querrán es privatizarla, que deje de ser pública y por eso dicen que
no pueden estar las cosas bien hechas y bien atadas.
El 8 de junio entró en funcionamiento AENA Aeropuertos. El pasado lunes hemos contratado el banco que asesorará todo el proceso. Esta semana nombraremos el consejo de administración, formado por personas de reconocido prestigio e
independencia, y antes de que acabe el verano licitaremos -sí, señoría- las dos sociedades concesionarias de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Mientras ustedes regalaron las empresas públicas a sus amigos, pensando exclusivamente en el interés
personal y en el interés privado, nosotros seguiremos apostando por una AENA pública, eficiente, saneada y competitiva. Esa es la diferencia entre su política y la nuestra. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CONCEPCIÓ TARRUELLA TOMÀS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO TODAVÍA NO HA APROBADO EL
REGLAMENTO PARA QUE LAS MADRES Y PADRES DE HIJOS CON CÁNCER O ENFERMEDAD GRAVE QUE REQUIERA INGRESO HOSPITALARIO DE LARGA DURACIÓN PUEDAN SOLICITAR LA BAJA LABORAL Y BENEFICIARSE DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE? (Número de expediente
180/001584.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo e Inmigración. En primer lugar, la que formula la diputada señora Tarruella Tomàs.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cuáles son las razones por las que el Gobierno, después de haberlo anunciado reiteradas veces, todavía no ha aprobado el reglamento para que las madres y padres de niños con cáncer o enfermedad grave que requiera ingreso
hospitalario de larga duración puedan solicitar la baja laboral y beneficiarse de la prestación económica correspondiente?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señora presidenta.
Señoría, el Gobierno, como usted sabe, está trabajando de forma intensa en el desarrollo reglamentario pendiente, un desarrollo que esperamos concluir muy pronto. Se trata, usted lo sabe, de una medida compleja, que exige determinar el
concepto de enfermedad grave y fijar el catálogo de las que requieren un cuidado directo y permanente de los padres durante la hospitalización y el tratamiento de la enfermedad. En todo caso, debo recordarle que todos los funcionarios pueden
acogerse ya a la medida protectora, que en este ámbito de la Función pública se articula como permiso retribuido. Los trabajadores con hijos afectados por cáncer pueden solicitar y ver reconocida ya la nueva prestación económica a partir de las
propias previsiones legales y sin necesidad de desarrollo reglamentario. Solamente los
trabajadores con hijos afectados por enfermedades graves precisan de desarrollo reglamentario para el disfrute de la prestación, con un matiz importante, señoría, desde principios de año tienen derecho a la reducción de jornada y pueden
solicitar la prestación a la Seguridad Social, que se abona siempre con carácter retroactivo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señor ministro, esta información, esta respuesta que me da no es del todo cierta y no se está cumpliendo así. El día 9 de marzo ya hice la pregunta, que me contestó en su nombre el ministro de Presidencia.
Entonces ya lo dije. En una instrucción que tienen las mutuas que se hacen cargo de la prestación solamente se les abona hasta el 75 por ciento de la base reguladora a los padres de los niños con cáncer que tienen derecho. Los autónomos también
están afectados por el reglamento. Hasta que no se haga el reglamento no tienen derecho. Hay padres de hijos con enfermedades graves, algunos de ellos fallecidos ya en algún hospital -como un caso de Euskadi que nos ha llegado-, que habían
solicitado esa prestación por una enfermedad grave, rara y resulta que no estaban incluidos porque el reglamento no estaba hecho. No podemos seguir así, señor ministro. La ley entró en vigor el día 1 de enero, prometieron el reglamento en febrero,
en marzo les pregunté y dijeron que estaba ya terminándose, que era cosa de semanas.
Estamos a finales de junio y no ha salido todavía a exposición pública, para que las asociaciones de padres de hijos con enfermedades raras u otro tipo de
enfermedades graves puedan ver si están incluidos o no y hacer sus alegaciones.
Señor ministro, por favor, dio muchas expectativas a los padres. Estaban muy esperanzados y están volviendo a pedir bajas a los médicos, porque no están satisfechos con el funcionamiento, ni con lo que decía la ley, que la prestación sería
de un mínimo de un 50 por ciento, y ahora se les dice que el máximo que se les retribuye es el 75 por ciento de la base reguladora. Tengo múltiples ejemplos de ello. Además, a una asociación de padres de niños con cáncer el mismo INSS les decía
este mes: no tenemos claro todavía si la petición a la empresa superior al 75 por ciento es un derecho del solicitante. Por favor, señor ministro, por el bien de todos estos padres que están esperando lo que usted anunció y a los que todos les
dijimos...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señora presidenta.
Señoría, es evidente que compartimos una preocupación por dar cobertura adecuada a estas situaciones. Me consta su espíritu constructivo y en todo caso le garantizo el máximo esfuerzo del Gobierno para culminar cuanto antes este proceso de
elaboración del desarrollo, en relación con el cual he tenido ocasión de estudiar ya el último borrador previo a su exposición pública.
Quisiera finalizar dando importancia al significado de esta nueva prestación. En primer lugar, como extensión de la protección social, porque supone un apoyo a las familias, familias golpeadas por circunstancias tan desgraciadas como la
enfermedad grave de un hijo y, en segundo lugar, porque constituye un mecanismo que también favorece la conciliación en estos casos de la vida profesional con la personal y familiar. No pasará mucho tiempo -créame, señoría- sin que tengamos este
desarrollo reglamentario completado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA CELIA VILLALOBOS TALERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE
EL MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL ESTÁ PREPARADO PARA CREAR EMPLEO? (Número de expediente 180/001592.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado Echániz Salgado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Trabajo, sus políticas -las de usted y las de sus jefes, el señor Rubalcaba y el señor Zapatero- no han tenido resultados sobre el empleo, mejor dicho, los han tenido muy negativos, pero si hay un ámbito donde los efectos
han sido especialmente lacerantes ha sido en el de los agentes sociales. Durante sus gobiernos, España ha perdido 500.000 empresas y autónomos y los sindicatos 500.000 afiliados. Ya dijimos que poner a un ministro sindicalista a cuidar del empleo
en España era como poner a la zorra a cuidar de las gallinas (La señora Arnaiz García: ¡Bueno, bueno!), y el tiempo nos ha dado la razón. Así nos va, señor ministro. España en la UVI, con toda la Unión Europea mirando sus constantes vitales, y el
ministro de Trabajo poniendo tiritas y mercromina para tratar el cáncer que ha crecido al amparo del Gobierno socialista.
Señor Gómez, ¿considera que el mercado de trabajo español está preparado para crear empleo?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Echániz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señora presidenta.
Señoría, nunca logrará que yo me arrepienta de haber puesto mi trabajo y mis conocimientos a disposición de la defensa de los trabajadores de este país. Nunca lo logrará, nunca me avergonzaré de ello, nunca. (Aplausos.) Y creo, en efecto,
que el mercado de trabajo español está preparado para crear empleo. De hecho, descontando el desplome de la construcción en este país, nuestra economía hace tiempo ya que está creando empleo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, permítame que le recuerde que desde que aprobaron la reforma laboral han creado ustedes menos un millón de empleos en España y que con la inflación los salarios están perdiendo capacidad adquisitiva, lo que significa que se
reduce el consumo y la recaudación, y que, por tanto, no se puede cumplir con las políticas sociales. Señor ministro, ustedes prometieron un salario mínimo interprofesional de 800 euros y, como todas, también se van a tragar esa promesa.
Prometieron un modelo austríaco en la Ley de reforma laboral para el 18 de junio de este año, hace cuatro días, y tampoco lo han cumplido. Nombraron hace un año a cuarenta subinspectores de Trabajo en el Boletín Oficial del Estado y llevan un año
en casa, sin trabajar, pero cobrando, un auténtico escándalo, señor ministro, en un ámbito de crisis y, mientras tanto, usted tramita la Ley de Inspección por urgencia.
Señor ministro, usted es un ejemplo de prudencia. Culpa a los bancos del paro, se inmiscuye en la CEOE, da tratos de favor a los sindicatos, saca pecho con la estacionalidad del empleo temporal de sol y playa y trae un decreto de
negociación colectiva con 5.000.000 de parados, que es un himno a la irresponsabilidad. Señor ministro, siempre es igual. Cada vez que gobiernan, cometen excesos y errores, y es la sociedad la que adelgaza y paga los platos rotos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Echániz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, presidenta.
Efectivamente, somos responsables de hacer todo aquello que ustedes no hicieron cuando tenían que hacerlo. Somos responsables de haber traído a esta Cámara una reforma de la negociación colectiva, de haber hecho una reforma laboral hace un
año y de haber cambiado radicalmente las políticas activas de empleo. Somos culpables de haber firmado un acuerdo con los interlocutores sociales, que sostiene nuestro esquema de pensiones durante el próximo medio siglo. Somos culpables de haber
hecho un programa de empleo a tiempo parcial que está dando buenos resultados.
Somos culpables de haber hecho un plan de afloramiento del empleo sumergido importante durante esos meses y somos culpables de haber hecho en plena crisis económica todo
aquello que con anterioridad ustedes no hicieron durante su etapa de Gobierno en situaciones de auge. Le recuerdo una vez más que somos culpables de haber hecho una reforma laboral pensando en los trabajadores y en las empresas y no en el despido y
ustedes son culpables de haber hecho una reforma que entre 2002 y 2011 ha mandado ya a más de 8.000.000 de trabajadores al despido, con una fórmula que hoy todo el mundo conoce en la España de nuestro tiempo como despido exprés. (La señora Arnaiz
García: ¡Claro, claro!) De eso es de lo que ustedes tienen que acordarse también.
Hoy debo decirle que nuestra economía está en condiciones de crear empleo.
Si no fuera por el desplome del sector de la construcción, nuestra economía ya estaría creando empleo en muchas ramas importantes. Por ejemplo, el sector servicios
lleva trece meses consecutivos creando empleo; prácticamente hay un 35 por ciento del conjunto de las ramas del sector servicios que crean empleo. El empleo neto creado en ese sector es ya de 240.000 empleos en el último año. Esto no es
estacionalidad.
Podemos hacer muchas cosas por esta economía, pero lo que no haremos es convertirla en una suerte de economía de casino como ustedes hicieron cuando gobernaron. (La señora Arnaiz García: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL MINISTRO DE TRABAJO LA CAÍDA DE LA COBERTURA SOCIAL
FRENTE A LA CRISIS? (Número de expediente 180/001593.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Álvarez-Arenas Cisneros.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cómo valora la caída de la cobertura social frente a la crisis?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Álvarez-Arenas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señora presidenta.
Señoría, en el conjunto del periodo afectado por la crisis económica la cobertura social en términos globales no se ha reducido. Esto ha sido posible gracias a la voluntad política de este Gobierno de mantener el nivel de cohesión social de
nuestro país durante la crisis. Por eso, a pesar de las restricciones que ha impuesto la crisis, la protección social se ha mantenido y en muchos aspectos fundamentales se ha mejorado.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cómo puede usted contestar lo que ha contestado cuando la tasa de cobertura está en el 70 por ciento en este momento y en el año 2010 era del 79 por ciento? (La señora Arnaiz García: 60 por ciento.) Que yo sepa, eso en
matemática pura es una reducción.
Señor ministro, hay 1.700.000 parados sin ninguna cobertura y hay 1.386.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro y alguno de ellos sin cobrar ya ningún tipo de prestación. Ya sabemos que para usted los culpables de todas estas
cuestiones son los bancos; curiosamente no las cajas, donde tienen ustedes algún que otro imputado, y que también han hecho muchas barbaridades; de hecho, bastantes más que los bancos en relación con todo lo que usted está denunciando estos días.
En algo tiene usted razón: son los bancos. Pero son los bancos azules que ocupa el Gobierno los responsables de esta situación, un Gobierno que es el más antisocial de toda la democracia. ¿Qué fue del talante? ¿Qué fue de la Champion League?
¿Qué fue de la bonhomía para todos? El señor Zapatero decía que nadie se iba a quedar en la cuneta y en este momento tenemos 5.000.000 de españoles que están en la cuneta, 1.700.000 que están en cuneta y sin bocadillo y -lo que es peor, señor
ministro- millones de españoles y millones de familias pensando qué es lo que se les viene encima con miedo por la posible pérdida de sus empleos. Los jóvenes están marchándose al extranjero, emigrando. ¡Qué barbaridad! ¡Quién nos lo iba a decir,
señor ministro! Como en la época de Franco.
Ahora buscan ustedes congraciarse con la calle, a la que sin duda hay que escuchar. No hay ninguna duda. Pero también deberían haber escuchado al señor Pizarro cuando le cantó las verdades al señor Solbes y ustedes no hicieron nada y lo
negaron todo. Ya en mayo de 2008 yo formulaba este tipo de preguntas por la inquietud que a nuestro grupo le producían las cifras y el devenir del empleo. Seguíamos preguntando, señor ministro, por el perfil de estos parados. Son jóvenes con
estudios, con hijos pequeños y con hipotecas que están pensando en volver a casa de sus padres; padres jubilados en muchos casos a los que ustedes han congelado la pensión. Señor ministro, sus actuaciones son insuficientes y deficientes. Son
reformas impuestas y cumplidas a medias; reformas que nosotros apoyaríamos si fueran dirigidas a lo que es más importante: crear empleo. Señor ministro, sin empleo no hay política social y no hay mejor política social que la creación de empleo.
Ustedes no ponen los mimbres necesarios ni generan la confianza imprescindible para poder conseguirlo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Álvarez-Arenas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señora presidenta.
Si hay algo que pocos se atreven a dudar es que este Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante por mantener la protección de los ciudadanos en esta etapa de crisis. Permítame que le dé al menos dos ejemplos. Desde el inicio de la crisis
ha aumentado el número de beneficiarios de la prestación por desempleo en 1.200.000 personas. La tasa de cobertura por desempleo se ha situado en máximos históricos. Ahora siete de cada diez desempleados tienen una prestación -por cierto, igual
que en mayo de 2007, antes de la crisis- y en 2010 se alcanzó en algunos meses el 80 por ciento de la cobertura. Le recuerdo que cuando el Partido Popular dejó el Gobierno apenas estaban cubiertos cinco de cada diez desempleados, solo el 50 por
ciento; veinte puntos porcentuales menos y estábamos en expansión. (La señora Arnaiz García: ¡Claro!) Ustedes no pueden criticar a este Gobierno cuando hablan del salario mínimo. ¡Pero si ustedes lo congelaron! (La señora Álvarez-Arenas Cisneros
pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Álvarez-Arenas.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Ustedes no pueden criticar a este Gobierno por las pensiones mínimas. ¡Si ustedes las congelaron también! ¡Si ustedes nunca hicieron la menor cosa por los más débiles! Nunca lo
hicieron ni lo harán.
Respecto a la situación actual de la cobertura, me gustaría señalar dos cosas importantes. La primera es que hemos puesto en marcha durante la crisis un programa de estímulo y prolongación de las prestaciones por desempleo cuando los
trabajadores agotaban sus prestaciones, el Prodi.
Esto lo hemos cambiado por un programa más activo, al que hemos denominado Prepara. Hay 80.000 personas más, además de las que reflejan las cifras de protección por desempleo, que perciben este
programa. Por cierto, señoría, le recuerdo un dato fun
damental. Este Gobierno ha reducido la pobreza relativa de los mayores de 65 años en 5 puntos. Cuando ustedes gobernaron en ocho años de crecimiento económico aumentó la pobreza relativa en 15 puntos; la duplicaron. Ustedes duplicaron la
pobreza en 15 puntos, ¿o es que ya no se acuerdan? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON DOMINGO MIGUEL TABUYO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: ¿QUÉ NUEVAS ACTUACIONES ESTÁ IMPULSANDO EL EJECUTIVO PARA POTENCIAR LA EXCELENCIA INVESTIGADORA
EN NUESTRO SISTEMA DE CIENCIA E INNOVACIÓN? (Número de expediente 180/001597.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Ciencia e Innovación que formula el diputado señor Tabuyo Romero.
El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, estos días han sido tiempos de buenas noticias, al menos en lo referido a los más de 1.300 millones de euros de retorno del VII programa marco, con un incremento de captación de fondos del 41 por ciento, que ha supuesto, en
sus propias palabras, señora ministra, que las empresas e investigadores españoles participan más y mejor y que España está consolidando internacionalmente algunos liderazgos, como los de investigación en proyectos de energía, tan solo por detrás de
Alemania. El ministerio y el Gobierno de España han sido conscientes de la necesidad de dotar al sistema de ciencia en su conjunto de un marco actualizado y de referencia para afrontar los nuevos retos como país de ciencia y, por ello, la Ley de la
ciencia, la tecnología y la innovación es hoy una realidad, donde la excelencia aparece como uno de los puntos más destacados. Si en la pasada legislatura la apuesta era fomentar y ampliar la masa crítica a través de programas como el Consolider,
fomentar la colaboración público-privada a través del Cenit o la incorporación del talento al tejido productivo a través del programa Incorpora, hoy estas bases han de reforzarse, como usted manifestó ya en el Senado. Si debemos destacar un ámbito
para 2011 este será el de los recursos humanos, pero debemos fijar también nuevas apuestas. Si hasta ahora el esfuerzo se concentraba en el investigador individual o en la suma de investigadores más empresas con buenos resultados, hoy el reto debe
ser incorporar unidades, centros o departamentos que se encuentren entre los mejores del mundo para crear modelos que puedan ser imitados por el conjunto del sistema de ciencia. La apuesta por la excelencia es un proceso de transformación continua,
que comenzó con la puesta en marcha de programas para atraer el talento, y hoy podemos decir no solo que lideramos sectores, sino que tenemos además liderazgos emergentes en otros muy competitivos. Es un camino largo y complejo y hemos avanzado
mucho, pero no podemos detenernos. Por eso, señora ministra, le pregunto ¿qué nuevas actuaciones está impulsando el Ejecutivo para potenciar la excelencia investigadora en nuestro sistema de ciencia e innovación? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tabuyo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Gracias, presidenta.
Señoría, España es ya la novena potencia científica mundial. Para consolidar esta posición tenemos que avanzar hacia la excelencia y, para ello, debemos identificar, reconocer e impulsar aquellos laboratorios que, estando en España, están
trabajando entre los mejores del mundo. Con este objetivo hemos puesto en marcha el programa de acreditación Severo Ochoa, que reconocerá hasta un máximo de cuarenta unidades de excelencia científica a lo largo de los próximos cuatro años en todo
el país, a partir de un proceso de acreditación transparente y muy riguroso y siguiendo las mejores prácticas internacionales. El objetivo es acreditar un máximo de diez unidades al año hasta 2014 y, a partir de ese momento, donde habremos
construido la élite científica de nuestro país, para entrar una nueva unidad acreditada tendrá que salir otra. Cada centro contará con una financiación de un millón de euros que, según su criterio, podrá aplicar en captación de talento
internacional o para la financiación de proyectos de investigación. Otros beneficios del programa serán el uso preferente de las instalaciones científicas o una reserva de plaza para investigadores en formación, de tal manera que garanticemos que
nuestros mejores talentos se forman junto a nuestras élites científicas.
En su primera convocatoria el programa ha recibido un total de 75 solicitudes en las tres categorías existentes, 30 en la categoría de ciencias de la vida y medicina, 40 en la categoría de ciencias experimentales e ingeniería y 5 en la
categoría de ciencias humanas y sociales, todas ellas provenientes de doce comunidades autónomas. Las candidaturas van a ser avaladas y evaluadas por tres paneles con investigadores de reconocido prestigio internacional, entre los que contaremos
con tres premios Nobel: el profesor Samuel Ting, del CERN, en el panel de ciencias experimentales e ingeniería; el profesor Robert Huber, del Max Planck Institute, en el panel de ciencias de la vida y biomedicina, y el profesor Roger Myerson, de
la Universidad de Chicago, en el panel de ciencias humanas y sociales.
Señoría, esta es la apuesta por la excelencia, cuyos resultados conoceremos en el mes de noviembre. Va a
marcar un nuevo camino para la construcción de nuestro sistema científico.
Desde luego, seguiremos fomentando y potenciando todos los centros de investigación, pero vamos a destacar e impulsar definitivamente a los mejores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LAS PROPUESTAS PLANTEADAS POR EL MOVIMIENTO SOCIAL DEL 15-M. (Número de expediente 172/000278.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de las interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la respuesta del Gobierno a
las propuestas planteadas por el movimiento social del 15-M.
Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en mi papel de representante de los ciudadanos, y no en otro, traigo a esta Cámara las propuestas y las iniciativas de lo que se ha venido a denominar el movimiento del 15-M, el movimiento de los indignados. Señorías, no se trata
de ningún tipo de instrumentalización, se trata de ejercer mi función de diputado trayendo a esta Cámara lo que existe en estos momentos en la sociedad española: un hondo malestar social y también una indignación cada vez más organizada, que
cuestiona la salida de mercado de la crisis y el papel subordinado de la política y de las instituciones democráticas. Se trata de eso y, además, al cabo de tres meses de un movimiento cada vez más masivo y más pacífico, no se trata solamente de
ser sensibles, no se trata únicamente de escuchar, sino que se trata de dar respuestas ya, de dar respuestas al menos tan ágiles como las que hemos dado a los mercados cuando estos han golpeado a nuestra puerta. Ya que los ciudadanos que forman
parte del movimiento 15-M también llaman a nuestra puerta, es el momento de abrirla y de dar respuestas.
Señorías, quiero recordarles uno de mis libros preferidos: La peste, de Camus. Una peste, una epidemia recorre Europa -podríamos decir parafraseando a los clásicos-, una epidemia que ha tenido como caldo de cultivo la especulación
financiera provocando una de las crisis económicas más graves de nuestro tiempo y que ahora se configura como una peste de mercado, es un golpe de mercado contra el Estado social europeo y contra la democracia política. Si queremos mirar para otro
lado, hagámoslo, pero no sería más que lo que el propio Camus dice en La peste, que se trataba de una humillación en la que los humillados consentían.
Pues bien, señorías, el movimiento 15-M ha demostrado que los humillados no consienten,
sencillamente se indignan, reaccionan y se organizan.
Hemos visto movilizaciones importantísimas, pacíficas, masivas, como ha sido la última movilización del 19 de junio, donde se plantea claramente refutar el golpe de mercado, en este caso a
través de la nueva propuesta de la Unión Europea, el Pacto por el Euro Plus, que no es tanto un rescate como un chantaje al modelo social europeo y a las conquistas sociales de los trabajadores y de los ciudadanos a lo largo de muchas décadas.
Señorías, sigo con la comparación de La peste de Camus. En La peste de Camus no solamente había una enfermedad transmitida por las ratas, sino que la reacción ante la enfermedad fue muy distinta, fue una reacción frustrada hasta que,
finalmente, hubo la clarividencia y organización suficiente para enfrentarla. Señoría, quiero recordarle que, en La peste, esos humillados que consentían, primero, miraron hacia otro lado; es decir, negaron la existencia de la enfermedad.
Podríamos hacerlo, podríamos negar que hay una gravísima crisis que golpea en especial a los jóvenes de nuestro país y que les diseña una sociedad que no les tiene en cuenta y no les contempla para el futuro. Creo que no lo vamos a hacer y espero
que seamos capaces de dar respuesta a esa generación, una de las mejor formadas de nuestro país, que ve cómo tiene prácticamente vetado el acceso al empleo, el acceso a la vivienda y a la integración en nuestra sociedad. Pero también miraríamos
para otro lado si no viéramos que las políticas que se están poniendo en marcha no solamente no nos acercan a la ciudadanía sino que nos alejan de ella. Las políticas que se han puesto en marcha enfrían la economía, alargan la crisis y socializan
-hay que decirlo-no solamente las pérdidas sino el sufrimiento. Miren, señorías, con todo el respeto que podemos tenernos entre los partidos, poco me importa el sufrimiento de los partidos ante la crisis; me importa mucho más el sufrimiento de los
ciudadanos, y estamos, evidentemente, ante políticas que socializan el sufrimiento y que privatizan la democracia, y eso es lo que nos debe preocupar a las fuerzas políticas en nuestro país.
Una segunda reacción ante el movimiento de los indignados, ante la contestación y el malestar social, es la criminalización del malestar.
También ocurrió en el caso de La peste de Camus: criminalizar el malestar, intentar estigmatizarlo
para negarlo. Señorías, sería un grave error, porque además nos han demostrado que, si en un momento existió ese riesgo, dicho riesgo ha sido conjurado masiva y pacíficamente a lo largo de los últimos días. Pero el propio vicepresidente del
Gobierno también nos ha alertado sobre el peligro de instrumentalizar la indignación.
Señorías, no se trata de instrumen
talizar; se trata de representar, de representar a la sociedad española y también a la sociedad española organizada. Y si se trata de decidir de qué lado está mi grupo parlamentario, no tenemos ninguna duda: estamos del lado de los
ciudadanos indignados y no del lado de los mercados autocomplacientes; no estamos con ellos. Por lo tanto, trasladamos a esta Cámara una obligación de representación de los ciudadanos que nos parece que, además, no es coyuntural. Señorías, nos
equivocaríamos si pensásemos que esta cuestión tiene únicamente que ver con un momento de indignación, de malestar social y que esta tormenta pasará. No pasará, esta tormenta no pasará. Esta tormenta apela, de nuevo como en La peste de Camus, a la
renovación de la democracia y apela también a una nueva moral, que en La peste de Camus era también la nueva moral de la solidaridad, la nueva moral de la respuesta justa a la situación de crisis. En ese sentido nosotros nos comprometemos con esa
nueva política y con esa nueva moral.
Señorías, he dicho que han pasado ya unos meses y que no se trata únicamente de dar una respuesta de sensibilidad o de dar una respuesta de atención. Es necesaria una respuesta en estos momentos, cuando a las puertas del Congreso llaman los
movilizados del 15-M y los indignados de este país, unas generaciones que están siendo discriminadas y olvidadas, y se trata de responder mediante medidas concretas, mediante cambios políticos. A ellos está emplazado este Gobierno, aunque estemos
en los estertores de esta legislatura. Estamos emplazados y no podemos esperar.
No debemos esperar por el bien de las instituciones democráticas, no debemos esperar por el bien de la sociedad civil. Porque, señorías, este movimiento, que podría
asimilarse al papel del doctor Rieux en La peste de Camus, a ese papel solidario de organización frente a la crisis, demuestra que estamos al borde de una crisis aún más profunda. Es verdad que tenemos una muy grave crisis económica, de las más
importantes de las últimas décadas. Pero, señorías, si no hacemos algo esta crisis económica se puede convertir en una fractura social, una fractura social que hemos visto en las calles de nuestro país. Una parte de la sociedad se siente muy lejos
de las medidas sociales y democráticas del Estado social. Y eso es muy grave para un 43 por ciento de parados jóvenes, muy grave para trabajadores mayores que se sienten excluidos y, en general, muy grave para un gran colectivo social que se siente
discriminado. Esa fractura social hay que evitarla con una salida social de la crisis, no con una salida de mercado de la crisis al servicio de los organismos internacionales o del Fondo Monetario Internacional, que en un alarde de cinismo nos
propone más ajuste y se lamenta de las consecuencias del ajuste. No, señorías, con una salida social de la crisis para la cual tenemos margen en Europa y tenemos margen también en nuestro propio país.
Pero también este movimiento nos interpela porque podemos estar muy cerca de una grave crisis política. Seguramente, para algunos partidos de esta Cámara crisis política es la crisis de confianza del final de esta legislatura. Para mí no
es eso, para mí la crisis política es cuando las organizaciones y las instituciones democráticas no son capaces de canalizar el malestar y las reivindicaciones sociales. En ese momento se produce la desafección de los ciudadanos, el
desentendimiento de los ciudadanos con la política, y en ese momento entran en crisis la legitimidad y la legitimación de la acción política. Por eso, señorías, también hay que conjurar el riesgo de la crisis política. Por eso, señor ministro,
señoras y señores diputados, lo que planteamos hoy aquí es qué medidas concretas vamos a adoptar para responder a una salida social de la crisis, a una salida justa, y qué medidas vamos a adoptar también para una necesaria regeneración democrática
que reconcilie a la política con la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Para contestar la interpelación tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Señora presidenta, señor Llamazares, señorías, agradezco en primer lugar su interpelación porque creo que nos da la oportunidad de hacer un debate político de fondo y de hablar en esta
Cámara sobre un tema que está efectivamente en la calle y que está en los medios de comunicación desde hace ya algunos días. Quiero empezar por señalar el respeto que el Gobierno ya ha manifestado a todo este conjunto de movimientos, de
manifestaciones, de concentraciones, que se vienen produciendo en los últimos días y que hemos llamado simplificadamente movimiento 15-M. El Gobierno no solo respeta, también comprende. Inclusive, le diré más: se siente destinatario de muchas de
las quejas y protestas que de una manera bastante heterogénea, es verdad, se expresan en esos movimientos.
Solamente añadiré que conviene precisar ante la ciudadanía que ese conjunto de protestas han coincidido con una circunstancia electoral que también tiene su significado, y al mismo tiempo que respetamos y que comprendemos esos movimientos de
miles de ciudadanos que se han manifestado, por ejemplo, el pasado domingo en muchas ciudades españolas, millones de españoles votaron hace solamente unas semanas y dieron legitimidad democrática a miles de concejales y de gobiernos autonómicos que
han salido de la decisión soberana de 23 millones de españoles que votaron ese día y a los que también hay que hacer caso, sin devaluar ni simplificar lo que pueden ser las expresiones de protesta en esta dirección, pero reconociendo que al mismo
tiempo hay, como le digo, una circunstancia democrática que no conviene olvidar.
Señoría, me gustaría también dar respuesta al contenido fundamental de su interpelación, porque usted quiere que entremos en el fondo y lo voy a hacer, no voy
a rehuir el debate porque creo que el Gobierno tiene que hacerlo. Digamos que en este conjunto heterogéneo de pancartas, de manifestaciones, de reivindicaciones, hay cuatro grandes líneas de protesta, si cupiera resumirlas o reducirlas a
cuatro grandes ideas o cuatro grandes debates.
En primer lugar, la crisis, la manera en la que esta se ha gestado, la manera en que la estamos combatiendo; en segundo lugar, el paro, manifestación más importante de la crisis; en tercer lugar, el
problema de los créditos hipotecarios y la situación de la vivienda derivada de lo que fue la burbuja inmobiliaria y el desplome del sector y, en cuarto lugar, lo que podríamos llamar la calidad de nuestra democracia, la mejora de nuestra
democracia.
Empezaré por el primero coincidiendo con usted, señor Llamazares, en la idea de que es necesario decir que la génesis de la crisis no la ha producido ni los trabajadores ni los pensionistas ni los ciudadanos, no; la causa ha estado en una
excesiva desregulación, en una serie de productos financieros que han producido resultados absolutamente tóxicos que han contagiado a toda la economía financiera y han impactado brutalmente sobre la economía real como ninguna crisis económica en la
historia de la humanidad, mucho más que la depresión de los años treinta.
Ciertamente es así, y creo que lo que se expresa en ese movimiento -y comparto esa reivindicación- es que la política ordene los mercados, que no dejemos que el mercado o los
sistemas financieros desregulados y globalizados nos impongan un modelo de sociedad. Como decía Jospin, sí aceptamos la economía de mercado, no la sociedad de mercado. Y hay una reivindicación para que la política, en la función más noble de la
humanidad, regule, ordene, controle la economía de mercado al servicio de la sociedad. Compartimos eso, pero por ejemplo, señoría, usted y yo sabemos, lo saben ellos, que durante estos meses este Gobierno ha estado reclamando en todas las mesas
internacionales una mayor gobernanza supranacional en el FMI, en las Naciones Unidas, en el G-20, este Gobierno está reclamando política en las mesas de la supranacionalidad.
Este Gobierno está ordenando, junto a los gobiernos de Europa, la
supervisión financiera en nuestro país. Se han puesto en marcha varios organismos de supervisión financiera muy importantes que no existían. Se han regulado materias en mercados financieros en Europa que no existían hace tres años. ¿Lo saben los
indignados? ¿Saben los indignados que el presidente del Gobierno hace solo unos meses, en Naciones Unidas, reivindicó la tasa Tobin? ¿Saben los indignados que este Gobierno ha establecido hace solo unos días, el 3 de junio, un decreto que
establece que las remuneraciones de los directivos de entidades que reciben apoyo financiero público tienen que estar limitados? A veces, señoría, usted y yo debemos de compartir la idea de que nuestra comunicación, nuestra propia acción, que
responde a esa reivindicación que comprendemos y compartimos y que estamos materializando en el difícil terreno de la política supranacional, porque lo estamos haciendo, a veces no es sabida, a veces no es comprendida.
En segundo lugar, se expresan quejas contra el paro. Y comprendemos muy bien, comprendemos muy bien, pero aquí tenemos que decir luego qué proponemos cada uno, señor Llamazares. Este Gobierno honradamente está haciendo una política de
reformas imprescindibles para que el empleador -porque cuando hablamos de empleo hay que hablar de empleador, es decir del que contrata- tenga una capacidad, un estímulo, una facilidad para contratar. Hay reformas importantes en el sistema
crediticio para que haya dinero, porque si no hay inversión no hay contratación. Y tenemos un problema con el sistema financiero, y tenemos un problema con los mercados a los que pedimos dinero todas las semanas porque tenemos déficit, porque hemos
generado un gasto estructural sobre un ingreso que era coyuntural y que se ha desplomado. Y este Gobierno le dice al país: hay que hacer esfuerzos, hay que ajustar el gasto para no pedir tanto dinero a los mercados; hay que sanear las bancas;
hay que hacer reformas en el mercado laboral; hay que establecer una serie de reformas para que la economía pueda volver a crecer y crear empleo. ¿Cuál es la alternativa de otros, señorías? Este Gobierno honradamente lo dice, se podrá compartir o
no, pero está haciendo lo que cree sinceramente que España necesita para que pueda ser posible la recuperación y la creación de empleo. Y a ellos, a los indignados que protestan con razón, hay que decirles también en esta ocasión la verdad, y la
verdad, por ejemplo, es que cuando se protesta contra el euro o contra el euro plus, el acuerdo del euro, las salidas pueden resultar incómodas. Pero déjeme que le diga una cosa que me parece muy importante, y es que fuera del euro Europa
desaparece y fuera de Europa España va al infierno, como Grecia y otros, y esto hay que decirlo. Yo recuerdo -como usted recordará también- un debate muy importante sobre la Constitución europea. Hubo una voz que decía no a la Constitución europea
porque no era suficientemente progresiva; la hubo en Francia y en Holanda y aquí. ¿Cuál fue el resultado? Que no hay Constitución europea, señorías. (Varios señores diputados: ¡Claro, muy bien!-Aplausos.) A veces, lo mejor es enemigo de lo
bueno, y este partido y este Gobierno están haciendo lo que España necesita. Por ejemplo, si hay que estabilizar las pensiones, hay que decirles también a los indignados que hoy tenemos 2,33 ciudadanos que pagan la pensión de un pensionista y que
en 2050 habrá 1,33, y que para dar seguridad al sistema de pensiones este Gobierno ha hecho las reformas y las trae aquí a la Cámara para que haya sistema de pensiones en 2050.
Pero a los ciudadanos, indignados o no, hay que decirles la verdad
siempre, señorías, como hay que decirles que para que el empleador contrate hay que facilitarle el mecanismo dentro de una estabilidad laboral, de una seguridad laboral que usted y yo queremos, pero queremos empleo, y este Gobierno hace las reformas
que hay que hacer.
Los indignados, señorías, nos piden una democracia de más calidad, y tienen razón. El Gobierno se suma a una reflexión necesaria y pertinente, pero hagámosla con
seriedad. Escuchando, sí, pero también diciendo la verdad sobre debates y propuestas que a veces no mejoran para nada la democracia, que a veces resultan muy demagógicas. La reforma electoral, por ejemplo, no es la panacea de la
democracia: arregla algunos problemas y crea otros.
¿Fórmulas de participación ciudadana? Llevamos muchos años buscándolas y seguimos en ese camino, seguimos aprendiendo. El combate a la corrupción es un camino largo, como diría Mao, una larga
marcha, y queremos seguir combatiendo en ese camino. Los partidos somos organizaciones que tenemos que abrirnos, yo lo comparto con usted y con ellos, pero no se han mostrado todavía mecanismos mejores para la representación política, para la
representación de la democracia. Los representantes públicos somos muy imperfectos, no somos ejemplares, quizá porque somos parte de la sociedad misma, y está bien que recibamos la queja y la protesta y tenemos que hacernos mejores, pero somos
parte sencillamente de la sociedad. Las protestas son legítimas, pero no todas tienen razón; las propuestas son bienvenidas, pero no todas son posibles. Escuchamos, dialogamos, pactamos, pero algunos además gobernamos y lo hacemos no solo para
unos miles sino para 47 millones de españoles.
Nuestros sueños no caben en una urna, decía esta mañana Ridao que dice una pancarta. Durante cuarenta años, cuando no había urnas, mis sueños y los suyos eran que las hubiera. (Aplausos.) Eran que las hubiera. Aquí al lado, en Túnez y en
Egipto, aquí al lado, mueren por que haya urnas. Yo no quiero recoger lo que no es bueno de ese movimiento, como puede ser el cuestionamiento de la democracia o el desprecio al sistema democrático.
(El señor Llamazares Trigo hace signos
negativos.) Los indignados se quejan con razón de que muchos préstamos hipotecarios se concedieron irresponsablemente, y tienen razón; tienen razón porque hay una carga de injusticia grande en ese hecho. Hemos creado una subcomisión parlamentaria
en esta Cámara para hablar de eso y este Gobierno quiere, con todos ustedes, buscar soluciones a ese problema. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Estoy convencido, señorías, de que muchas de esas aspiraciones hay que encauzarlas políticamente y de que somos los partidos de izquierda -y yo les hablo en nombre de uno de ellos, el que gobierna en este país- quienes tenemos que ser
precisamente los interpelados, los que demos respuesta a ese movimiento, a ese trasfondo importante de justicia social, de igualdad de oportunidades, de solidaridad, de reivindicación de la política frente a la especulación, de puesta en valor de lo
colectivo y del Estado frente al egoísmo de unos pocos. Son valores que nos definen también a nosotros y a mi partido, que lleva 130 años defendiendo eso mismo.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno... (El señor ministro de la Presidencia, Jáuregui Atondo: No, no, ministro de la Presidencia.-Risas.) Señor ministro de la Presidencia, perdón. Le había elevado de grado. Da igual, lo importante no es el
nivel del cargo. Señor ministro de la Presidencia, en la respuesta inicialmente respeta, comprende y se siente interpelado, pero, en términos de ajedrez, me ha hecho una defensa cerrada, casi perfecta, porque al mismo tiempo de sentirse interpelado
ha desviado prácticamente todos los balones que le he planteado en mi interpelación.
Vamos a ir por partes. No comparto con usted el diagnóstico de la situación y, por tanto, no comparto su firmeza en las medidas. Yo no comparto que la situación económica que vivimos sea únicamente consecuencia de la especulación
financiera. La especulación financiera se produce -además está perfectamente estudiado desde los años veinte- en los momentos de mayor injusticia y de mayor disparidad de rentas, es decir, de mayor desigualdad. Es la desigualdad la que está en el
trasfondo de la especulación financiera y también en el trasfondo de la crisis. Por tanto, las medidas contra la crisis no pueden ser para aumentar la desigualdad, que es lo que se está haciendo en estos momentos en nuestro país. Las medidas
contra la crisis, avaladas por el Fondo Monetario Internacional, por la Unión Europea, son básicamente recuperar la tasa de ganancia fundamentalmente debilitando a los trabajadores en la negociación colectiva, debilitando el Estado social, cortando
alguna de las medidas, sobre todo de iniciativa pública, que podrían contribuir a recuperar la situación económica y a salir de la crisis. Por tanto, mantener la fijeza y la obsesión por esas medidas de ajuste, en mi opinión, en opinión de mi
grupo, lo que hace es alejarnos de las reivindicaciones del 15-M. Nos aleja de las reivindicaciones del 15-M porque endurece la situación para los jóvenes, para los trabajadores mayores, endurece la situación de la crisis económica y su dramatismo
social; y, por otro lado, porque de alguna manera debilita nuestro modelo social construido a lo largo de mucho tiempo. Por tanto, señoría, no estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero creo que nadie prácticamente estará tampoco de acuerdo en la
Unión Europea con que en estos momentos vivamos buenos tiempos para la política europea. Yo creo que estamos viviendo los tiempos en que la política europea es básicamente un mercado con una muy deficiente dirección política, un mercado además
donde las medidas de ajuste abundan; abundan las medidas contra los europeos y contra las europeas, las medidas anticiudadanas y, sin embargo, faltan medidas para aquellos que provocaron esta crisis. Usted habla de alguna de ellas -paraísos
fiscales, tasa Tobin-, pero la mayor parte de
los controles financieros internacionales se dilatan en el tiempo, se diluyen cuando se toman esas medidas y, sin embargo, los ajustes son durísimos, inmediatos y con un gran sufrimiento social.
Señor ministro, no comparto en absoluto su planteamiento. Y no comparto un planteamiento de fondo -y con ello quiero terminar-, el que contrapone democracia política a movilización ciudadana. Nadie ha dudado aquí del resultado de las
elecciones, nadie ha deslegitimado ese resultado, aunque nosotros tendríamos razones para hacerlo porque somos claramente el foco de la discriminación electoral. Nadie contrapone resultado democrático a reivindicaciones del 15-M. Pero de la misma
manera que somos muy sensibles en esta Cámara a las presiones de los mercados, lo que yo le pido es la misma sensibilidad a las presiones de los movimientos sociales y de este movimiento social en concreto, incorporando no solamente sensibilidad
sino medidas concretas, algo sobre lo que usted, señor ministro, no ha dicho prácticamente nada. Medidas concretas significa, en nuestra opinión, reconsiderar el Pacto del Euro, hay que reconsiderarlo porque solamente le pide esfuerzos a una parte;
medidas concretas significa una Unión Europea con un tesoro europeo; medidas concretas significa la dación en pago en relación con el tema hipotecario, y medidas concretas significa también reformas electorales y reformas de partidos.
Termino. Creo que evidentemente estamos interpelados en las políticas económicas y sociales para una salida justa de la crisis y estamos interpelados también en términos democráticos para cambios democráticos en nuestro país. Es la
respuesta de La peste de Camus -¿se acuerda?-, cerrar las puertas para que las ratas se hagan con la ciudad. No dejemos que las ratas, en este caso los especuladores, se hagan con nuestra ciudad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Muchas gracias, señor presidente.
No me parece justo, señor Llamazares, que reduzca usted mi intervención a una especie de cierre de filas. Creo que he sido suficientemente equilibrado en el reconocimiento de las quejas, de las protestas, en la manera de compartir con esas
personas indignadas muchas de sus reivindicaciones, pero también he querido ser justo a la hora de establecer cuáles son nuestras respuestas.
Déjeme que le haga cuatro matizaciones muy breves sobre lo que está pasando en este debate. En primer lugar, sobre España. Es que, señor Llamazares, tenemos que admitir que España ha tenido un desplome brutal en su política económica, en
su política social, porque hacíamos 700.000 viviendas hace solo tres o cuatro años, teníamos unos ingresos fiscales determinados; ahora hacemos poco menos de 50.000, hemos tenido 2 millones de parados solamente de ese sector, se ha desplomado.
Nuestros gastos en política social son estructurales, pero nuestros ingresos eran coyunturales y han desaparecido. Hemos perdido 7 u 8 puntos de PIB en ingreso fiscal. A eso hay que hacerle frente. Seguimos apelando a los mercados y reclamamos
que no nos cobren mucho interés, pero la política más de izquierdas es no tener que recurrir a ellos porque son como son.
España tiene que hacer un ajuste, señoría, y ese ajuste tenemos que hacerlo para que tengamos la posibilidad de volver a
reclamar la redistribución y la igualdad, porque no hay redistribución si no hay creación de riqueza. Esto lo sabemos muy bien nosotros, que ya lo hicimos en los ochenta, ya lo hicimos cuando España era una chatarrería y tuvimos que crear el Estado
del bienestar en gran parte por una política de modernización, de reconversión industrial, de entrada en Europa, que permitió que España creciera y que pudiera crear un Estado de bienestar.
Lo hizo el PSOE, señorías. (Aplausos.) Fue este partido
el que hoy también quiere reclamar el crecimiento como base, pero hay que hacer algunas reformas imprescindibles. Y eso es lo que nos separa, que yo gobierno y tengo que hacer las reformas y usted simplemente se permite reivindicar sin proponer
alternativas. Por cierto, cuando hablamos de Europa decimos que el Pacto del Euro no nos gusta; a mí tampoco me gusta lo que hace Alemania con la deuda griega, pero es que ella es la que aporta gran parte del dinero para reestructurar o para
sanear el problema de Grecia. Europa es una club muy complicado, somos 27; el euro somos 16, ahora 17, tiene una negociación muy compleja. Pero, repito, fuera del euro no hay Europa. Es que el proyecto europeo de 50 años, de 60 años ya, que es
un bello sueño de construcción de un espacio político supranacional sobre el solar de la Segunda Guerra Mundial, está en riesgo, señorías. Hay que salvar el euro, la gobernanza económica, aunque implique esfuerzos para todos nosotros, y eso es lo
que estamos reclamando algunos. Es fácil decir que me opongo a todo, pero entonces Europa estará en riego y España también, como les pasa a otros países.
Señoría, la posibilidad de que podamos construir efectivamente una sociedad más igualitaria en este momento pasa por hacer lo imprescindible, y este Gobierno le dice al país que hay que hacer reformas, que fuera de ellas no es posible la
alternativa, con la perspectiva de que esas reformas nos permitan volver a tener una economía próspera que compita en un mundo nuevo, en un mundo que compite con nosotros, señoría. Hace veinte o treinta años no había un mundo globalizado
económicamente -no financieramente: productivamente-. Ese mundo existe hoy. Hay mil millones de personas en el mundo que no trabajaban formalmente produciendo. Cultivaban arroz o hacían cestillos en poblados africanos, pero hoy trabajan y
compiten con Europa y Europa tiene que adaptarse a ese nuevo mundo, desgraciadamente es así. Hay una economía de mercado que no tiene alternativa como modelo económico. Si usted la tiene, dígala: cuál es el modelo Yo quiero reformar ese modelo,
quiero hacer que ese modelo per
mita crecer y luego redistribuir y hacer igualdad y hacer redistribución social.
En fin, tengo que acabar, señoría, con una afirmación que parece muy evidente en este caso. Nosotros, los socialdemócratas, somos eso. Lo hemos sido en los últimos cincuenta o sesenta años en Europa y ahí tenemos nuestra tarjeta de
presentación: el modelo social más justo que la historia de la humanidad ha conocido. Por eso quiero terminar con unas palabras que utilizó Jean Daniel en un editorial de Le Nouvel Observateur, que yo a todos les recomiendo, para hablar de una
nueva ética de la izquierda. Él decía al final: Yo no quiero cambiar el mundo, quiero reformarlo, eso sí. Eso es lo que queremos nosotros, señorías.
Gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Prolongados aplausos dirá el 'Diario de Sesiones'.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS AYUDAS ESTATALES A LA PESCA Y LA ACUICULTURA. (Número de expediente 172/000279.)
El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco sobre las ayudas estatales a la pesca y la acuicultura. Para formular su interpelación tiene la palabra el señor Agirretxea, don Joseba.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Tras este debate de gran altura, mi interpelación va a ser más humilde; iba a decir que más terrenal, pero no es terrenal, es marítima, por tanto la gran altura de mi debate se deberá al sistema de pesca que vamos a tratar, que es el de
gran altura precisamente. Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Vasco para interpelar al Gobierno sobre las ayudas estatales a la pesca y la acuicultura, aunque en puridad debería decir que venimos a interpelar, a preguntar sobre
las no ayudas estatales o sobre la ausencia de las mismas. Porque lo que a mi grupo le ha traído a esta tribuna es precisamente eso, saber por qué existiendo una directiva europea específica, la 2008/C84/06, que entre otras especificidades
posibilita una serie de ayudas en materia de desgravaciones fiscales o reducciones en el tipo de cotizaciones sociales y de impuestos para los pescadores y que el Estado español negoció en su día en Europa, no ha sido traspuesta y adecuada a la
legislación española. Por consiguiente, los posibles destinatarios de este paquete de ayudas no han podido acogerse a ellas, con lo que de desventaja competitiva ello supone.
La directiva comunitaria citada 2008/C84, que como su nombre indica examina las ayudas estatales en el sector de la pesca, específicamente en el apartado 4.5 cita las desgravaciones fiscales y la reducción de los costes laborales para buques
de pesca comunitarios que faenan fuera de las aguas de la comunidad. Cito textualmente cuando dice: Con el fin de que los operadores comunitarios desistan de inscribir sus buques de pesca en registros de terceros países -porque el riesgo es ese,
que no garanticen el debido control de la actividad de su flota pesquera, especialmente en lo que se refiere a la pesca ilegal, incontrolada y no regulada-, pueden considerarse compatibles con el mercado común las medidas de desgravación fiscal
aplicadas al impuesto sobre sociedades de los buques de la comunidad que faenan fuera de las aguas de esta, así como aquellas otras medidas por las que se reduzca el tipo de cotizaciones sociales y del impuesto sobre la renta de los pescadores
empleados a bordo de estos buques. Creo que queda claro cuál es el objetivo de esta directiva y, específicamente, en su punto 4.5. Estas medidas se extenderían exclusivamente a los buques de pesca que enarbolando pabellón de un Estado miembro y
hallándose inscritos en el registro de la flota pesquera comunitaria, pesquen exclusivamente túnidos o especies afines fuera de las aguas de la comunidad y a no menos de 200 millas náuticas de las líneas de base de los Estados miembros. En resumen,
podría haber medidas similares a las ya existentes para con la flota mercante, porque se hizo en su día una adecuación para que dicha flota pudiera seguir siendo competitiva por medio de unas ayudas, porque si no era imposible operar: reducciones
de las cotizaciones sociales de los empleados a bordo, exenciones fiscales o un régimen fiscal especial y exenciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los empleados a bordo.
En el proyecto de ley de pesca sostenible que el Gobierno presentó y que por motivos diversos está pendiente -no creo que sea hoy el día para debatir sobre lo que ha sido de ese proyecto de ley-, en la disposición adicional sexta, con el fin
de desarrollar las ayudas contempladas en esa directiva -suponemos-, el Gobierno planteó la creación de un registro especial para la flota atunera y palangrera de superficie en aguas internacionales, cuyo desarrollo y regulación se haría
reglamentariamente. Eso es lo que dice el proyecto de ley. La verdad es que deja bastante en el limbo lo que podría ser eso y mi grupo, por medio de una enmienda, presentó lo que debería ser el desarrollo de ello. El fin de crear este registro, a
nuestro entender, es acotar beneficiarios, tal y como se indicaba en la propia directriz, a la flota atunera y palangrera de superficie en aguas internacionales. No me voy a extender en lo que podría ser esa posible enmienda; quizá después de la
respuesta de la ministra, en mi segunda intervención, podamos desarrollar ese apartado.
Lo que está claro es que esta directriz europea se aprobó con el impulso y el deseo de la propia Administración española de que esto fuera así. Este tipo de incentivos fiscales o de Seguridad Social no son nuevos en la Unión Europea, ya que
existen en la agricultura e incluso en la marina mercante, como antes he citado. Sin embargo, a pesar de haber pasado ya tres años desde la
aprobación de esta directriz, no se ha desarrollado en la legislación española tal posibilidad, hecho sorprendente teniendo en cuenta que prácticamente el único destinatario de tal posibilidad de desgravación fiscal en la Unión Europea es la
propia flota atunera y palangrera española que, como decíamos, faena en aguas internacionales a más de 200 millas. El proyecto de ley de pesca sostenible, como hemos dicho, está hoy en día empantanado y la posibilidad de reactivarlo está un poco
complicada. No hay consenso político, hay problemas, la ministra lo sabe, nosotros se lo hemos dicho más de una vez, pero tampoco creo que el problema a la solución de la no aplicación de esta directiva esté en el proyecto de ley de pesca
sostenible. Podía no existir ese proyecto de ley y aplicar esta directiva.
Es importante que sepamos que hoy en día existe un enorme diferencial de costes de explotación con los que operan los buques atuneros de pabellón español con respecto a los de terceros países. Los costes laborales representan un capítulo
muy importante. Dado el gran número de marineros españoles embarcados en los atuneros, los buques atuneros registrados en pabellón español destinan más de la mitad del presupuesto total de sus costes operativos a los relativos a la tripulación:
salarios, primas de pesca, seguros sociales, viajes, así como otros costes derivados del trabajo, cuando en el caso por ejemplo de un buque filipino esta partida puede estar en torno al 6 por ciento. El coste laboral de un marinero embarcado en un
buque asiático puede ser diez veces menos que el de un marinero de la Unión Europea, lo cual es muestra del gran diferencial de recursos económicos que destinan los armadores asiáticos al pago de costes laborales, entre otras partidas.
Además, los citados marineros de origen asiático o también los latinoamericanos embarcados en flotas de banderas extranjeras trabajan en condiciones que distan enormemente de las de los buques europeos -es más, gracias a Dios, los de los
buques europeos trabajan en las condiciones que se debe trabajar, que conste en el 'Diario de Sesiones-, sin apenas coberturas médicas, ni de seguro, ni vacaciones, en condiciones infrahumanas, amén de que todos aquellos buques no cumplen ni de
lejos los requerimientos que deben cumplir los buques registrados en pabellones europeos. Los buques europeos cumplen las obligaciones que dimanan de las normas europeas sanitarias, de navegación, de medio ambiente, de pesca, de trazabilidad,
etcétera, que como decíamos estos buques no comunitarios no cumplen ni de lejos. Todo ello se traduce en el aspecto económico en que mientras que un buque atunero europeo puede tener unos gastos anuales en el Estado español de en torno a 4,1
millones de euros por ejemplo, la flota taiwanesa puede tener un gasto anual de 2,6 millones, la mitad, seguida por las flotas ecuatoriana y filipina, con un gasto anual aproximado de 1,2 millones de euros. Al problema estructural de diferencial de
costes entre un buque atunero de pabellón europeo y los de terceros países, principalmente los de banderas asiáticas y latinoamericanas, se ha unido en los últimos años para barcos que faenan en el Índico, como usted sabe perfectamente, que es el 55
por ciento de la flota atunera de Anabac, por ejemplo, el coste extraordinario que supone la seguridad privada, así como el alza del combustible del último año. Por lo tanto, han ido aumentando los problemas que se generan.
La implementación de estas ayudas para los armadores de atuneros permitirá, por derivada, facilitar la renovación de flota del segmento atunero congelador. La renovación de esta flota, que a nivel de capturas no tiene grandes problemas, a
diferencia del resto de flotas del marco europeo, representa o representaría, como usted bien sabe, un motor para la reactivación de la industria naval también, dado que todos los buques atuneros se han construido y se construyen en astilleros del
Estado español, con lo que ello supone en términos de posible generación de empleo en este sector tan necesitado hoy en día. Al mismo tiempo y ante una coyuntura tan desfavorable para el desempeño de esta profesión, sabemos que aligerar la carga
fiscal del IRPF que recae sobre los tripulantes embarcados en estos buques, de forma que se haga un poco más atractiva la misma, supondría un gran aliciente para el colectivo de los pescadores, más si tenemos en cuenta las condiciones en las que
deben ejercer su trabajo los que faenan precisamente en el océano Índico, con el problema añadido de la tan citada, tratada y desarrollada cuestión de la piratería somalí, que les tiene sometidos a una tensión constante.
Por todo ello mi grupo considera necesario implantar con urgencia este mecanismo de bonificación en las cotizaciones sociales y fiscales para la flota atunera de aguas internacionales en el marco de las directrices para el examen de las
ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura, llamada directiva 2008/C84/06. Antes de que la Unión Europea empiece a sancionar o a avisar, es importante, es necesario, es obligatorio trasponer esta directiva y sobre todo antes de que
ciertos armadores o muchos armadores empiecen a plantear si sigue siendo rentable, viable y conveniente mantener bandera europea y no deslocalizar de alguna manera sus flotas, porque, como usted bien ha escuchado, las condiciones no tienen nada que
ver.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirretxea.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señor presidente.
Señoría, las directrices, que no la directiva, para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura, efectivamente, como ha referenciado, fueron publicadas en abril del año 2008 y se aplican al sector en su
totalidad, afectando por tanto a la pesca
extractiva, a la acuicultura, a la transformación y a la comercialización de sus productos. Tienen estas directrices, pues, una mirada global e integral y además establecen entre otras medidas, tal y como plantea en su interpelación, la
compatibilidad con el mercado común de las ayudas estatales, consistentes en desgravaciones fiscales y reducción de los costes laborales para aquellos buques de pesca inscritos en el registro de la flota comunitaria. Estas ayudas están dirigidas a
buques que pesquen únicamente túnidos o especies afines fuera de las aguas de la comunidad y a no menos de 200 millas de las líneas de base de los Estados miembros.
La aplicación de estas medidas de apoyo, que en España sin duda beneficiarían a las empresas atuneras o palangreras de superficie -124 buques en total: 91 palangreros y 33 atuneros-, tiene, es verdad, la finalidad de evitar el riesgo real
al que usted se refería de que los buques soliciten su baja en el registro nacional y para eso las directrices plantean que se pueden adoptar medidas que se aplicarían al impuesto sobre sociedades, a las cotizaciones sociales y al impuesto sobre la
renta de los pescadores empleados a bordo de los buques. En este sentido, como supongo que ya conocerá, estamos trabajando para la aplicación de estas directrices y ya se han dado los primeros pasos, que son clave, esenciales y fundamentales.
En primer lugar, señoría, estamos impulsando la creación de la mesa de trabajo acordada en este misma Cámara a través de una moción que su grupo apoyó, en la que participará el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, las
comunidades autónomas, la flota y también los grupos políticos. Van a estar por tanto todas las partes: las asociaciones del sector, las comunidades con flotas de altura, los grupos políticos y el ministerio. El objetivo por parte del ministerio
es trabajar en esa mesa analizando el modelo de aplicación de las líneas de las directrices para examinar las ayudas estatales que podemos dar al sector y que por tanto desde las directrices podamos contribuir de manera decidida a cambiar la
situación por la que atraviesa el sector. Le puedo confirmar que esta mesa de trabajo será una realidad de inmediato. Además de abordar el examen de las ayudas del Estado al sector, con especial atención a las ayudas a atuneros y palangreros, le
digo que será constituida de inmediato porque ya la secretaria general del Mar a principios de esta semana ha remitido un escrito a todos y cada uno de los que deben conformar esa mesa de trabajo y está esperando a que cada una de las partes designe
los representantes para tener un primer encuentro de inmediato para la constitución formal de la citada mesa y comenzar los trabajos.
Se tratará -y así lo estimaron también sus señorías en la votación- de una importante herramienta que pronto tendremos en marcha y que va a servir, en un espacio de acuerdo y de diálogo, para que se puedan articular todas y cada una de las
propuestas que consideremos que hay que implementar e impulsar. Esa mesa de trabajo también va a servir para mantener el contacto permanente que desde el ministerio venimos teniendo con el sector, analizando y haciendo un diagnóstico de la
situación. Este contacto ya no solo será por parte del ministerio, sino en un espacio en el que confluyamos comunidades autónomas, ministerio, sector y grupos parlamentarios. Le puedo manifestar que por parte del ministerio hay una disposición
plena, total y absoluta para atender, tener en cuenta, desarrollar y llevar a cabo todas y cada una de las conclusiones que juntos alcancemos en esa mesa de trabajo, porque hay que tomar decisiones importantes y qué mejor que nuclearlas desde el
diálogo, el consenso y el acuerdo.
Señoría, convendrá conmigo en que esa mesa debe ser también el marco en el que se alcance la forma y manera de configurar el segundo registro, que entendemos es la alternativa clara para avanzar en el tema del que estamos hablando, una
alternativa que habíamos previsto en una disposición adicional de la ley de pesca sostenible, que es verdad que sigue en esta Cámara en el camino del diálogo, en torno a la cual ojalá se pueda alcanzar un amplio consenso, porque sin duda es
necesaria para el sector pesquero y además nos prepara para un futuro sostenible de la pesca, algo esencial y fundamental para garantizar entre todos el futuro de nuestro sector desde la perspectiva de la sostenibilidad, pues sin las señas de
identidad hacia el futuro en la sostenibilidad sabe que las dificultades en el futuro serán muchas; por eso entendemos que es una ley necesaria, y es esencial y fundamental alcanzar el consenso desde el diálogo en torno a ella.
El segundo registro, señoría, además se hace ya imprescindible para definir los derechos y obligaciones, las altas y las bajas, los beneficiarios objeto de ayudas y las condiciones de acceso a las ayudas de las que estamos hablando, motivo
de esta interpelación. Por eso tenemos que trabajar juntos y rápido para alcanzar el consenso de inmediato y obtener conclusiones que desde un posicionamiento común en el marco de esa mesa de trabajo conduzcan de forma firme y segura a la creación
del registro especial, pieza esencial y fundamental para avanzar en la dirección adecuada.
Señoría, sabe que el Gobierno está plenamente implicado en mantener la competitividad y la rentabilidad de la flota atunera y palangrera, abordando con eficacia y prontitud los principales problemas que tiene nuestra flota, facilitando las
inversiones en innovación y modernización y examinando las mejores opciones que permitan, por la vía de las ayudas del Estado, por las que su señoría se interesa en esta interpelación, el mantenimiento de la actividad y del empleo. Quiero recordar
a su señoría que el Gobierno -bien lo sabe- ha concedido ayudas de Estado para el fomento de la innovación tecnológica en el área de la pesca y la acuicultura, que en 2010 rondaron el millón de euros. Además de esta ayuda, la Administración General
del Estado en la actualidad, también bajo el régimen exclusivo de ayudas de Estado, está contribuyendo a mantener la competitividad y la seguridad de nuestra flota atunera congeladora que opera en el Índico. Como bien sabe, los buques atuneros
cuentan con ayudas para la cofinanciación de la seguridad privada. En 2011 17 buques que operan en esas aguas están recibiendo una inversión por parte del Gobierno de España de 1,7 millones de euros, que supone el 25 por ciento de los
costes de seguridad que tiene la flota que opera en la zona del Índico. Por tanto, están recibiendo ayuda para la seguridad por parte de la Administración General del Estado y también por parte del Gobierno vasco y en este sentido estamos
respondiendo a una necesidad con vistas a la seguridad y a la competitividad.
En definitiva, señoría, el ministerio lidera una apuesta importante en el ámbito de la pesca por la sostenibilidad, porque sabemos que es la garantía para el futuro del sector pesquero. Para ello, junto a la gestión de sus recursos, clave
en esta sostenibilidad, y el mantenimiento de la rentabilidad del sector a medio y largo plazo, es preciso -es cierto- poner a su disposición apoyos dirigidos a facilitar la adaptación del sector al contexto socioeconómico actual y así garantizar su
solvencia. En esto está trabajando el Gobierno de España en coordinación con la Unión Europea y a través del diálogo y el consenso con todos los sectores implicados y, cómo no, para llevarlo a buen y feliz término contamos en la mesa de trabajo con
las aportaciones, propuestas e iniciativas de los grupos parlamentarios. Creo que es una extraordinaria oportunidad constituir la mesa y alcanzar el consenso suficiente como para dar respuesta a nuestra flota pesquera en lo que significa el
desarrollo y la aplicación de las directrices del ámbito de la Unión Europea. Espero que podamos juntos realizar ese trabajo necesario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice usted, pero no me ha contestado a por qué no se ha traspuesto lo que yo le planteaba. Hemos hablado de muchas cosas. Usted me ha derivado a un planteamiento global en la
problemática de la pesca, con el cual estoy de acuerdo y sobre el que seguramente compartimos muchas cuestiones. Me ha hablado de todas las ayudas que existen y me ha hablado de otras ayudas que se están recibiendo, como no podría ser de otra
manera, pero no es ningún extra, es decir, está marcado como tal. La pregunta no es mía, es la pregunta del sector, que está preocupado y se pregunta por qué no estamos aprovechando este marco legal que nos permite y concede la Unión Europea y por
qué en el Estado español no podemos acogernos a él. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Seguramente los mecanismos que usted está planteando, que deberían ser los correctos para llegar a ello, pueden ser un camino, pero yo creo que a estas alturas, después de tres años, se podrían haber desarrollado un poquito más. El problema
es el riesgo de lo que se denomina marítimamente desabanderamiento, es decir, que la flota decida en un momento dado que dadas las condiciones que se les exigen, los riesgos que corren, etcétera, no compensa seguir teniendo bandera de la Unión
Europea, cuando los datos que yo le he dado -usted lo ha visto perfectamente- muestran que en otros países tener bandera de Taiwán, de Filipinas o de Ecuador cuesta la mitad en todos sus ámbitos. Los armadores, por lo que fuere, porque
verdaderamente creen en lo que hacen, porque se sienten arraigados, porque necesitan una tripulación en la que ellos confíen y porque el producto al final es el que es, siguen apostando por seguir teniendo bandera de la Unión Europea. En ese
sentido existe ese mecanismo, ya que si no la Unión Europea no hubiera marcado esas directrices, porque sabe que esa descompensación ha de ser solventada de alguna manera y por eso marcó ese planteamiento. Sabemos todos que ese tipo de ayudas
tienen además unas obligaciones, que no solamente es dar por dar, no, tiene unas obligaciones y hay que plantearlas después y hay que notificarlas a Europa, porque son ayudas notificadas. Por lo tanto, es la Unión Europea la que en un momento
decidirá sí o no, pero pongamos en marcha este mecanismo.
Usted ha aludido a la mesa de trabajo, la famosa mesa de trabajo que se propuso a partir de una moción del Grupo Popular. Estoy totalmente de acuerdo, mi grupo la apoyó y estamos dispuestos a colaborar, porque creemos que en estos momentos
el sector está muy necesitado. Podríamos ampliar esta interpelación y discutir sobre la situación global de la pesca en el Estado español, porque no solamente son los atuneros congeladores y los del palangre de superficie; está también la pesca de
arrastre, de bajura del Cantábrico, de altura del Atlántico, del cerco, del arrastre, de la almadraba y los marisqueros, etcétera. Los que nos movemos un poquito en este mundo sabemos perfectamente que cada uno de los subsectores dentro de la pesca
tiene su problemática, muy compleja, aunque algunos son temas estructurales y otros coyunturales.
Dicho esto -no me voy a extender más-, el tema del segundo registro es una iniciativa que aparecía en el proyecto de ley de pesca sostenible. Mi grupo está de acuerdo y aunque es una herramienta, podía haber habido otras para vehiculizar
esas ayudas, porque al fin y al cabo lo que plantea un segundo registro es que claramente se defina, sobre todo para un control sobre la pesca ilegal, para que verdaderamente los que estén enrolados en ese segundo registro tengan un control
específico de que se están cubriendo todos los conceptos de calidad, trazabilidad, etcétera, que se exigen y así ser posibles beneficiarios de esas ayudas.
No tengo más tiempo, pero le quiero decir que participaremos en esa mesa, escucharemos lo que nos diga el Gobierno, pero seguiremos incidiendo en que independientemente de que se tenga que hacer todo eso
-porque parece que fueran incompatibles; son complementarias y se podrá desarrollar un trabajo de mesa para este tipo de ayudas-, seguimos pensando que estas ayudas ya debían haber sido incluidas en la legislación y estos posibles
beneficiarios ya deberían estar, en su caso, cobrando estas ayudas.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Tiene la palabra la señora ministra para su turno de dúplica.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, al inicio de mi intervención hice referencia a que hablamos de directrices y no de directivas comunitarias. Por eso no hay que hacer trasposición de ellas, simplemente hay que llevar a efecto las directrices. Y en ese contexto
también le he dicho que por parte del Gobierno de España sí que se han arbitrado medidas sobre ayudas de Estado en materia de innovación tecnológica y en materia de seguridad. Es decir, esas directrices las hemos desarrollado en aquellas cuestiones
que en un momento determinado entendíamos que eran para la flota esenciales, fundamentales y prioritarias. Y, sin duda, estamos de acuerdo en que ese segundo registro va a ser una herramienta útil y que podemos converger en lo que ha de ser y
significar. Por eso me parece fundamental, en primer lugar, que de manera inmediata constituyamos la mesa de trabajo y comencemos analizando justamente aquello de lo que hoy estamos hablando.
En segundo lugar, que en esa mesa estudiemos con
urgencia, con prontitud, con rapidez -para dar la respuesta adecuada por parte de todos los que vamos a conformar la mesa y, por lo tanto, con el sector- todas las posibilidades para la concesión de ayudas con el fin de articular las mismas de forma
que cumplan los objetivos y los fines para los que las vamos a dar. En tercer lugar, hay algo que me parece fundamental y es que trabajemos juntos para alcanzar el mejor de los acuerdos. Pero, señorías, las medidas que adoptemos desde el diálogo y
desde el consenso tienen que ser -y espero que en esto esté de acuerdo conmigo- aplicadas con rigor, con responsabilidad y en el marco estricto de las directrices de 2008 de la Unión Europea; medidas que deben favorecer el empleo, que deben
favorecer el mantenimiento de los salarios y de las condiciones laborales.
Tenemos que mostrar y demostrar a la Unión Europea que aplicamos las directrices con el objetivo y el destino para los que fueron dadas. Por lo tanto, debemos ser claros en lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo. Debemos
condicionar toda su aplicación y desarrollo a las medidas de ayudas de Estado que decidamos y al cumplimiento estricto de cada una de las directrices que en 2008 marcó la Unión Europea. Debemos dar una respuesta al sector porque lo necesita, es
cierto y verdad, y porque queremos que sigan faenando con bandera española. También es cierto que debemos hacerlo cuanto antes y de manera consensuada entre todos nosotros y con el sector. Pero, como digo, el objetivo que no podemos ni debemos
perder de vista en esta Cámara para el trabajo que vamos a realizar es el mantenimiento del empleo, de los salarios y de las condiciones laborales. Las ayudas de Estado deben cumplir el fin que persiguen y deben fortalecer la posición de España
ante la Unión Europea y nunca debilitarla. Tenemos un trabajo importante por delante para responder al sector, con la participación del sector y para nuclear un consenso en el desarrollo de la pesca sostenible y en la función y misión de las ayudas
de Estado que vamos a dar.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD QUE SOPORTAN LAS PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 172/000280.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la interpelación del Grupo Popular, sobre las medidas de política económica que va a adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la morosidad que soportan las
pymes y autónomos. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Aguirre Rodríguez.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, para la comprensión de sus señorías y de las personas que están siguiendo el debate, me gustaría centrar en primer lugar el motivo de esta interpelación y hacia dónde quiere dirigir sus palabras este portavoz. Señora
vicepresidenta, quiero dirigirme a usted, como representante máxima del Gobierno, para ver si logro convencer a usted, a su Gobierno y a una mayoría ganadora de la Cámara para poner fin a una ilegalidad manifiesta y continuada que se viene
desarrollando en las relaciones comerciales entre privados y en las relaciones comerciales entre administraciones públicas y privados.
Los antecedentes del problema de la morosidad en las relaciones comerciales son francamente nefastos. Es un problema crónico que la economía española lleva padeciendo desde que la democracia es democracia.
Es un problema que genera un
sobrecoste a las empresas, más allá de lo que habitualmente ya tienen. La morosidad es el origen de la mortandad de muchas pymes, de muchos autónomos. Como origen de esa mortalidad hay un incremento inmediato del paro, como origen de esa
mortalidad hay un descenso, desfallecimiento o desplome de la actividad económica y como origen de esa mortalidad hay efectos negativos en la recaudación de impuestos del Estado. Además de todos estos perjuicios que genera la morosidad en
las relaciones comerciales, se genera también un estrangulamiento en el mundo financiero porque, al final, las instituciones financieras, que tienen que descontar el papel que se genera en las relaciones comerciales, vienen a desconfiar claramente
de la capacidad de pago de nuestras empresas y últimamente creo que ya comienzan a desconfiar de la capacidad de pago de las administraciones públicas. Por lo tanto, estamos en un problema de empresas, entre empresas, pero también en un problema,
como veremos después, muy gordo en la relación de la Administración pública con las empresas.
En esta Cámara ha tenido este problema una larguísima trayectoria legislativa que tiene una característica y es que hay una baja intensidad del cumplimiento de nuestras leyes en esta materia: la Ley de Comercio de 1993, las recomendaciones
del Consejo de Europa, las sucesivas directivas de la Comisión Europea, la ley de 2004 en relación con la morosidad, la ley que modificó en 2010 esta de 2004 e incluso -por qué no decirlo- el fracaso de herramientas financieras como las líneas ICO,
puestas al servicio de desbloquear el embalse de deuda de las administraciones públicas en su relación con los privados. Después de un año desde la última modificación, señora vicepresidenta -es verdad que no pusimos en marcha aquel observatorio,
que nos hubiera permitido tener un seguimiento mensual del cumplimiento o no cumplimiento de lo que marca la Ley de Morosidad-, es bueno, y mi grupo así lo entiende, que tengamos con usted un cambio de impresiones de cómo ha funcionado la morosidad
con el nuevo marco legal que nos dimos en el año 2010. Podemos decir con toda tranquilidad -y no nos confundiremos en absoluto- que la relación entre privados que se ha pactado en el nuevo marco legislativo, el pago en 75 días, realmente se ha
hecho en 93 días. Está mal pero también hay que significar que ha mejorado relativamente en relación con la evolución habida en el año 2009. La relación del pago entre administraciones públicas y privados se fijó en el nuevo marco legal en 85
días; se puede constatar que se paga a 157 días. Esto es lo que está funcionando francamente mal, señora vicepresidenta. Y además, le puedo decir que dentro de esa media de 157 días podemos anotar que hay ayuntamientos que pagan a 360 días o a
600 días. Es decir, en el campo de la relación de las administraciones públicas con el sector privado en materia de pagos, en materia de morosidad, hemos empeorado. Mejora entre privados y empeoramiento entre administraciones públicas, y España,
lamentablemente, en una situación contraria a derecho con respecto a Europa.
Esto nos invade, nos abarca y nos implica a todos, y por lo tanto creo que hay que preguntarse: ¿Es admisible esta situación de incumplimiento reiterado y crónico de un marco legal? ¿Es admisible que España esté en situación contraria a
derecho en la Unión Europea? ¿Es admisible que sigamos instalados en una ilegalidad de la que somos conscientes? Por eso, señora vicepresidenta, quisiera que mínimamente pudiéramos consensuar en la moción algunas medidas que nos saquen de esta
situación, que creo que es anómala, que tiene unas consecuencias muy negativas, cuando el Gobierno y la oposición podemos tener puntos en común para desbloquear el embalse que está ahogando, estrangulando la capacidad de funcionamiento de nuestras
empresas. Habría que imaginar algún mecanismo para obligar a cumplir la ley. Le propondría, señora vicepresidenta, que diseñemos una línea ICO nueva para apoyar el desbloqueo de ese embalse. Y una línea ICO a lo mejor con alguna de las ideas que
usted aportó en el anterior debate de vincular créditos a ingresos de la PIE, por qué no. Le propongo clarísimamente que traspongamos la nueva directiva europea, la Directiva 2035. También sería muy bueno, señora vicepresidenta, que imaginemos una
herramienta de pago, como la que hay en el sistema tributario, una cuenta corriente, para compensar las relaciones comerciales con la Administración pública. Le propongo, señora vicepresidenta, que estudie con su departamento de Hacienda el hacer
coincidir, el vincular el pago del IVA al cobro de la factura efectiva y no estar jugando con eso que le pasa a mi amigo Pachi, que me llama todos los días diciendo: No me paga la Administración y yo hace un año que he ingresado ya el IVA. Sería
justo que los empresarios ingresen el IVA en el momento que se produzca el pago efectivo de la factura.
Y por último, señora vicepresidenta, me gustaría que imaginase dónde se produce la perversión del pago de la Administración o, mejor dicho, del no pago de la Administración a los empresarios españoles, en qué momento.
Desde luego, no es en
el momento del mandato del pago, ni es en el momento de la obligación reconocida de pago, sino en el momento del reconocimiento de la deuda. Habría que imaginar, señora vicepresidenta, que en la relación entre el suministrador de la Administración
pública y la Administración pública se haga efectivo el reconocimiento de la deuda en el mismo instante en que se produzca la transacción comercial y la firma de dicha transacción.
Como verá, señora vicepresidenta, mi grupo le ha hecho hoy un conjunto de propuestas para lo que creo que es absolutamente necesario, que es salir de una ilegalidad de la que todos somos conscientes y probablemente casi todos somos
culpables, pero realmente usted tiene la capacidad de gobernar, usted es el Gobierno de España, y nosotros le queremos proponer este conjunto de reflexiones para poder salir de lo que creo que es un atolladero. Para cifrar el problema, hay que
decir que estamos hablando de una deuda que tiene la Administración pública con los privados de aproximadamente 35.000 millones de euros. Yo creo que esto merece una profunda reflexión, merece una atención prioritaria de su señoría y merece que
suba aquí, a la tribuna, y nos
diga qué piensa hacer el Gobierno para salir de esta ilegalidad en la que estamos instalados por el incumplimiento del marco vigente en materia de morosidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Aguirre.
Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, lo primero que sería conveniente hacer es asignar a cada uno sus responsabilidades. El Gobierno presentó una ley para la reducción de la morosidad que fue aprobada por el Parlamento y que reducía los plazos de pago del conjunto de
las administraciones públicas. Por cierto, en la tramitación de esa ley sus señorías en algunos casos planteaban plazos inferiores, lo cual a nosotros -como sabe- no nos pareció realista, en particular para las administraciones territoriales.
Porque le voy a decir que el periodo medio de pago en 2010 de las operaciones analizadas en gastos corrientes en bienes y servicios por parte del Estado se sitúa, según el informe de la Intervención General del Estado, en 52,06 días; el periodo
medio de pago para las inversiones es de 55,25 días en el caso de la Administración General del Estado. Nos dice la Intervención -porque quiero darle todos los datos- que las operaciones pendientes de pago a 31 de diciembre del año 2010 son 7.803,
por un importe de 1.026 millones de euros, llevando en esta situación de pendiente de pago 27,87 días. Y añade la Intervención -le leo textualmente-: Este elevado número de operaciones pendientes de pago es debido al significativo número de
operaciones que se contabilizan a finales de diciembre y, por tanto, que están ya incluidas en déficit del año 2010 -para que no quede ninguna duda- y cuyo pago se realiza en los primeros días del mes de enero del ejercicio siguiente. Respecto a
las operaciones del Estado pendientes de pago, en 817 se ha excedido el periodo legal de pago, con un importe de únicamente -aquellas en las que se ha excedido- 78,8 millones de euros.
Pero añade a continuación que, de estas 817 operaciones de pago
en las que se ha excedido el periodo legal de pago, 627 de ellas ya se encuentran pagadas a 31 de marzo del año 2011. Quedan por tanto únicamente 190 operaciones, por importe de 2,4 millones de euros, aún pendientes de pago.
Por tanto, señoría, las responsabilidades donde deben situarse, desde luego no en la Administración General del Estado, desde luego no en aquello que depende del Gobierno de España. Por supuesto, con toda seguridad, puesto que yo no dudo de
sus datos, que además coinciden con los nuestros, el problema deberemos situarlo en comunidades autónomas y en corporaciones locales. Por cierto, que ustedes ya gobernaban un número de comunidades autónomas que superaba en bastante el 50 por ciento
de nuestro producto interior bruto, pero como resultado de las últimas elecciones autonómicas van a gobernar todavía en mayor número. Por tanto, señorías, será a ustedes como partido de gobierno en la mayoría de las comunidades autónomas a los que
les corresponda poner en marcha en ese ámbito la Ley de Morosidad y reducir los periodos de pago. En cuanto a los ayuntamientos, como sabe, la Ley de Morosidad señala la obligatoriedad de las corporaciones locales de la elaboración y remisión de un
informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada entidad local, estableciendo un modelo normalizado de informe y la correspondiente aplicación informática al objeto de que el Ministerio de
Economía y Hacienda y las comunidades autónomas que tengan atribuida la tutela financiera -como sabe, la mayoría- puedan obtener los informes periódicos sobre cumplimientos de los plazos de pago. En aquellas entidades locales en las que la
Administración receptora es el Ministerio de Economía y Hacienda la gran mayoría de corporaciones locales ya han cumplido con esta obligación de información, y las que no lo han hecho son por lo general entidades de muy pequeño tamaño entre esos
numerosos 8.200 municipios que configuran nuestro Estado. Por tanto, señoría, primera cuestión: aplíquense en aquellas administraciones donde gobiernan en reducir los tiempos de pago, porque desde luego la Administración General del Estado, desde
los Presupuestos Generales del Estado, tiene los datos que le he dicho: a día 31 de diciembre, 817 operaciones en las que se había excedido el periodo de pago por un importe total de 78,8 millones de euros. Señoría, una cifra insignificante si se
compara con todo el presupuesto de inversiones o de adquisición de bienes y servicios.
Dicho esto, es evidente que por parte del Gobierno se han llevado a cabo actuaciones de todo tipo no solo para reducir la morosidad sino fundamentalmente para reducir sus efectos, los efectos que soportan las pymes y los autónomos. Desde
luego, parte de esos efectos se han reducido con las modificaciones fiscales que hemos llevado a cabo, que han supuesto en todos los casos reducciones de los impuestos que pagan en particular la pequeñas y medianas empresas, y que también se han
paliado con las actuaciones que se han llevado a cabo sobre el sistema financiero español, de manera que pudiera seguir proporcionando crédito, y me refiero por supuesto al Fondo para la adquisición de activos financieros y al programa de avales
que, como sabe, ha sido prorrogado por la Comisión Europea hasta finales de este año 2011. Pero me refiero fundamentalmente a la actividad que se ha desarrollado a través del ICO, una actividad que no ha dejado de crecer desde finales de 2008.
Quiero señalarle que el ICO movilizó en el año 2010 financiación por importe de 33.140 millones de euros en un total de 297.500 operaciones, y hay otras iniciativas específicas de apoyo a la financiación de la PYME como,
por ejemplo, el Fondo de titulización para permitir el acceso de la PYME a los mercados de capitales o los instrumentos de reafianzamiento. Por tanto, señoría, son muchas las actuaciones de este Gobierno para tratar, en primer lugar, de
reducir la morosidad que soportan las empresas. En aquello que es competencia directa del Gobierno, ya le he dado los datos: una morosidad en estos momentos mínima en cuanto al número de operaciones en las que no se están excediendo los plazos
marcados por la ley -insisto, mínima-, y de ellas se han pagado ya todas a 31 de marzo del año 2011, excepto 2 millones de euros en total, y por supuesto medidas para facilitar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas en
particular.
Ha hecho usted referencia al IVA, a que el criterio debe ser pagarlo cuando se cobra la factura y no según el criterio del devengo; es decir, sustituir el sistema por un sistema de cajas. Como usted sabe, esta es una modificación de gran
calado que tendría efectos positivos para unas empresas pero sin duda muy negativos para otro número importante o, alternativamente, tendría un efecto negativo muy importante para las finanzas públicas. Esa previsión de ingresos de la que se
quejaba esta mañana el señor Rajoy porque no se estaba cumpliendo, desde luego no se cumpliría, ya se lo aseguro, si se implantara el criterio de caja.
Seguramente por esa razón en la Comisión Europea, en la Unión Europea, en Europa, se han dado
únicamente tímidos pasos para que en el futuro determinadas operaciones puedan adaptarse a este criterio. Pero hay más, señoría. En primer lugar, como sabe, el plazo para reclamar el IVA en caso de impago de la factura se ha reducido, en este
momento no supera en ningún caso los nueve meses. Y además de eso, señoría, hay que comparar esas cifras con las cifras correspondientes a los aplazamientos de IVA.
Quiero decirle que se ha elevado el importe exento de la prestación de garantía de
6.000 a 18.000 euros en el año 2009 para que no pudiera concederse automáticamente un aplazamiento del IVA, y en ese sentido los datos son bastante significativos. En el año 2010 se han concedido 935.862 aplazamientos de IVA. Por tanto, señoría,
aquella empresa que por retraso en el cobro de la factura se vea en una situación complicada puede pedir un aplazamiento, y se le concede con toda seguridad, como lo han hecho 935.862 empresas. Por cierto, un 26,4 por ciento más que el año
anterior, por un importe total de 7.369 millones de euros. Por tanto, nosotros estamos desde el Gobierno haciendo todo lo que está en nuestra mano para reducir la morosidad, para cumplir con nuestras obligaciones y para mejorar la situación de las
empresas que puedan verse afectadas por este retraso en los pagos de otras administraciones públicas.
En relación con la línea ICO, quiero recordarle que ya pusimos en marcha una línea ICO con las condiciones que usted ahora comenta y acepta.
Quiero decirle que esa línea ICO tuvo un éxito muy relativo. Se instrumentó una línea hasta un
máximo de 3.000 millones de euros, pero únicamente fue utilizada por 417 entidades locales y un importe total de 106 millones de euros. Por tanto, señoría, la línea de crédito estaba ahí, con esa condición que usted menciona, asociada a los
ingresos procedentes del Estado en el caso de los ayuntamientos, y sin embargo no fue utilizada más que por un número muy pequeño de ellos. Quiero recordarle que este año también la Ley de presupuestos habla del ICO y de las empresas y dice, por
supuesto, que el ICO, en su función de agencia financiera del Estado, continuará atendiendo las necesidades de financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales conforme a los criterios habituales de riesgo económico, financiero y
presupuestario, estableciendo por supuesto las garantías necesarias para la cobertura de las operaciones que pudieran ser financiadas por el ICO.
Esto es lo que hicimos con la línea ICO que pusimos en marcha y el resultado es el que le acabo de
comentar.
Por lo tanto, el Gobierno, junto con el Parlamento, ha aprobado ya las medidas para impulsar la liquidez y para abordar el problema de la morosidad en las operaciones comerciales, incluso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
ha publicado una resolución sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.
La información está ahí, es transparente y de esa información
resulta que quien está cumpliendo es la Administración General del Estado; quienes están incumpliendo son otras administraciones en las que ustedes tienen mucho que decir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Aguirre, tiene tiempo para su turno de réplica
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias.
Total, señora vicepresidenta, que el culpable es el PP porque gobierna las comunidades autónomas desde el día 22 de mayo y está tomando posesión en estos días. Eso es lo que he deducido de su discurso.
Ya le he dicho al inicio que venía con todo el afán de encontrar puntos en común para resolver un problema que creo que nos afecta a todos. Veo que podemos coincidir en una primera apreciación y es que el problema reside muchísimo más en
los municipios, en la esfera municipal, que en la Administración central. La Administración central da esos números, pero me gustaría inclusive que subiera usted en el segundo turno y nos dijera detalladamente los números que arroja el mundo de la
sanidad, porque seguro que no salen los que usted nos ha comentado. Pero sigo viendo el problema como un problema que nos afecta a todos. Vamos por partes. Si es en los municipios donde se encuentra el gran embalse de esta deuda tendremos que
hacer algo, algún fortalecimiento, alguna modificación de la ley, con carácter general, desde estas Cortes, con este Gobierno, para que podamos desbloquear lo que le pasa al embalse de deuda de los ayuntamientos. Me gustaría estudiarlo
conjuntamente con usted y que, tras la moción que presentemos la próxima semana, puedan ustedes estudiar
una solución de conjunto que afecte a todos, señora vicepresidenta, porque es verdad que esta vez ha habido un gran respaldo a las candidaturas del Partido Popular en los municipios españoles, pero los datos que usted y yo manejamos son
anteriores y ahí, en ese barco y en ese problema, estamos todos. Por tanto, le animo a estudiar conjuntamente una solución con un marco legal nacional, una modificación y un reforzamiento. Le animo a que impulse la trasposición urgente de la
directiva nueva de refundación de las medidas de morosidad que le he mencionado en mi anterior intervención. Creo que es una modificación legal que fortalece la capacidad de la relación de pago entre privados y administraciones públicas, y es
urgente que inicie usted esa trasposición.
En materia del ICO, por fin ha reconocido usted hoy que aquello no salió bien. Se puso una línea de crédito con un importe de 3.000 millones de euros cuando, como se ha dicho antes, el problema del embalse en los ayuntamientos se estima que
está alrededor de los 35.000 millones. El Gobierno puso una línea del ICO con solo 3.000 millones que, como muy bien ha dicho usted, se utilizó de una manera casi ridícula porque no alcanzó ni al 10 por ciento de la utilización. Algún fallo
tendría esa línea, señora vicepresidenta, y por eso estudiemos una línea que corrija los fallos de aquella pero que introduzca liquidez en las administraciones públicas porque, de lo contrario, tengo la sensación de que las administraciones
públicas, en su esfera municipal, no van a poder hacer frente al embalse de su deuda y ese es un problema que nos afecta a todos. Me gustaría convencerla de que nos afecta a todos y que deberíamos ser todos en estas Cortes los que buscáramos una
solución. Que no dijéramos que aquello fue una línea fracasada, sino que estudiáramos por qué fracasó la línea y qué nuevos diseños hay que hacer de la línea ICO para que sea un éxito. Por eso le invito a que lea con detenimiento la moción que le
presentemos y a que esté en el tono del consenso en el que le está hablando el Grupo Popular, y no en el tono de eludir responsabilidades en el que ha estado en esta tribuna olvidándose de que es usted el Gobierno de la nación de todos los
españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Aguirre.
Tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señoría, creo que me he expresado con toda claridad. Ya antes de las elecciones del pasado 22 de mayo ustedes gobernaban en comunidades autónomas que sumaban más del 50 por ciento del PIB nacional.
No estoy hablando, por
tanto, de aquellas comunidades autónomas donde van a comenzar a gobernar en los próximos días o semanas o donde han comenzado a gobernar hace pocos días, estoy hablando de comunidades autónomas en las que gobiernan desde hace mucho tiempo. Esas
suponen más del 50 por ciento del PIB español y en esas debo decirle que hay concentrada una gran morosidad. Además, lo que me ha resultado completamente sorprendente es su pregunta. Cuando le he dicho los datos de la Administración General del
Estado, me ha contestado que querría que subiera a esta tribuna para que le dijera los números de la sanidad y cuál es la morosidad que tiene la Administración General del Estado en relación con la misma. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señoría, ninguna, porque hace ya muchos años que la prestación de los servicios sanitarios, excepto en Ceuta y Melilla, es responsabilidad de las comunidades autónomas. No sé si ha sido un lapsus, como tal me lo tomo, pero en todo caso, señoría,
los datos de la Administración General del Estado son los que son, y en este momento la morosidad en la Administración General del Estado es absolutamente mínima, se lo he dicho, 2 millones, comparado con los Presupuestos Generales del Estado.
Por supuesto que estaré siempre dispuesta a tratar de buscar soluciones, insisto, sin abdicar cada uno de sus responsabilidades porque, como sabe su señoría, en este momento estamos en un proceso de consolidación fiscal y de reducción del
déficit. Por cierto, es algo que siempre les he escuchado a ustedes: reducción del déficit, incluso en algún momento proponían que esa reducción del déficit fuera más acelerada de la que finalmente hemos acordado en la Unión Europea. En todo
caso, señoría, no me puedo negar a estudiar otras opciones, lo único que le digo es que cumpliendo lo que dice la ley. Y la ley dice claramente que el ICO por supuesto puede hacer cosas, conforme a los criterios de riesgo económico, financiero y
presupuestario propios de su actividad como entidad de crédito y estableciendo las garantías necesarias para la cobertura de las operaciones que pudieran ser financiadas por el ICO y con absoluto respeto al principio de equilibrio financiero
establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre. Usted ha sido presidente del ICO, sabe perfectamente de qué le estoy hablando. Cumplidas las condiciones que marca la ley, por supuesto que el ICO
seguirá prestando, como ha hecho hasta ahora, su máxima colaboración para solucionar los problemas de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 7/2011, DE 10 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. (Número de expediente 130/000044.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la mejora de la negociación colectiva. Un miembro del Gobierno, el señor ministro de Trabajo, tiene la palabra para
explicar las razones que han llevado al Gobierno a promulgar el presente real decreto-ley.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Gobierno para solicitar a la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 7/2011, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, un decreto-ley que aprobó, como saben ustedes, el
Consejo de Ministros el pasado día 10 de junio.
Nuestro modelo democrático de negociación colectiva tiene su origen, como saben sus señorías, en plena transición y es deudor de las circunstancias políticas, económicas y sociales presentes en
nuestro país en aquel momento. Fue elevado a rango de ley como título III del Estatuto de los Trabajadores, en cumplimiento del artículo 35.2 de la Constitución, a través de un modelo que se ha venido manteniendo vigente durante algo más de treinta
años y que ha sido capaz de adaptarse a los nuevos acontecimientos, a las nuevas realidades, aunque conservando la mayor parte de sus señas de identidad iniciales. El balance de estos tres decenios de funcionamiento del sistema ha sido
razonablemente positivo.
Ha permitido a la economía española, a sus empresas, a sus trabajadores abordar uno de los mayores procesos de transformación económica y social de nuestra historia y ha hecho frente a desafíos tan importantes como la
crisis industrial de los años ochenta del pasado siglo, nuestra incorporación a las instituciones europeas, un proceso de apertura exterior de nuestra economía y la propia incorporación a una moneda única, un intenso proceso de internacionalización
de nuestras empresas, un proceso, como bien saben sus señorías, sin precedentes en nuestra historia reciente ni remota. Ha hecho frente también, ha servido al mayor incremento del empleo registrado en nuestra historia moderna durante los lustros
pasados.
Y por último, ha sido objeto de asimilación y de gestión de sucesivas reformas laborales, adoptadas todas ellas a lo largo de los últimos veinticinco años. Pese a lo que a veces se dice, no es en absoluto un mal balance. Más bien todo ello
significa que la negociación colectiva ha acompañado, ha canalizado, ha gestionado un enorme proceso de cambio, de adaptación al nuevo marco y de modernización en nuestras relaciones laborales, pero manteniendo un conjunto de reglas básicas de
juego, de comportamiento y de regulación de nuestro sistema de convenios colectivos. Sin embargo, el paso del tiempo también ha puesto de manifiesto algunas disfunciones, disfunciones que restan eficacia al modelo y que afectan en particular a su
capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes de nuestra economía y a las necesidades de creación de empleo. Hay en general una amplia coincidencia, tanto en el diagnóstico de tales disfunciones como en los principales problemas que ello
conlleva. Entre ellas, destacaría como más relevantes las siguientes. En primer lugar, las relacionadas con la estructura de la negociación colectiva, es decir, la ordenación entre las distintas unidades de negociación existentes. Problemas como
la atomización de los convenios colectivos, su desvertebración, su falta de orden o la confusión en torno a las reglas sobre concurrencia de unos y otros. En segundo término, disfunciones en materia de contenidos o aquellas derivadas de la falta de
agilidad, de la falta de dinamismo, que dificultan la adaptación de las condiciones de trabajo en la empresa a las circunstancias económicas y productivas de cada momento, cada día más cambiantes, cada día mucho más exigentes. Por fin, existe un
tercer grupo de anomalías, aquellas relacionadas con las reglas de legitimación como consecuencia sobre todo de la aparición de nuevas realidades empresariales y de distintas y diferentes formas de organización productiva. La aparición de grupos de
empresas, de empresas en red, es probablemente la realidad más nueva, más importante en este aspecto. Con el objetivo de corregir estos problemas, de articular un sistema moderno de relaciones laborales, la Ley 35/2010, la Ley de reforma laboral,
de medidas urgentes -recordémoslo- para la reforma del mercado de trabajo, instó al Gobierno a promover un conjunto de iniciativas, prácticamente todas ellas de carácter legislativo, que se consideraban necesarias para la modificación de nuestro
marco laboral, entre ellas esta que hoy presento y que tiene que ver con el diseño de nuestro sistema de negociación colectiva. Hacerlo primero en los términos que en el ejercicio de la autonomía colectiva fueron acordados por los interlocutores
sociales. Decía la norma que solo ante la falta de un acuerdo bipartito correspondía la iniciativa unilateral del Gobierno.
Como sus señorías bien conocen, el proceso de negociación bipartita disponía de un plazo nominal de seis meses, hasta el 18
de marzo, para alcanzar un acuerdo, aunque es verdad que en justicia ha de reconocerse que el periodo de negociación efectiva fue mucho menor y comenzó más bien con la firma del acuerdo social y económico a principios de febrero del presente año.
Por ello, a petición de los interlocutores sociales y ante la expectativa verosímil de lograr un acuerdo, ese plazo fue ampliado hasta el pasado mes de mayo, momento en el cual se puso de manifiesto la imposibilidad de alcanzar ese acuerdo entre las
partes. De ahí la decisión del Gobierno, como había comprometido en su día y como establecía la propia norma, de impulsar esta nueva iniciativa legislativa en el ejercicio de las responsabilidades que le corresponden y de acuerdo con el mandato
mencionado de la Ley 35/2010.
La reforma aprobada por el Gobierno a través del decreto-ley que hoy se somete a convalidación responde a cuatro rasgos fundamentales que configuran el carácter
de esta medida: profundidad, eficacia, equilibrio y respeto. Profundidad, porque desde un planteamiento global aborda todos los problemas del sistema de negociación colectiva; problemas que han sido identificados tanto por los
interlocutores sociales como por la mayoría de los especialistas en materia de relaciones laborales desde el ámbito jurídico, sociológico o económico. Eficacia, porque la reforma comprende también medidas adecuadas para superar aquellos problemas
estableciendo un nuevo marco estable de funcionamiento; un marco válido para hacer frente a nuestras necesidades en el momento presente, y un marco válido también para seguir desenvolviendo nuestra economía en el medio y largo plazo. Equilibrio,
porque se trata de favorecer una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación del sistema sin impedir ni excluir -como plantean algunos- la interlocución y el acuerdo; en suma, fortaleciendo y no debilitando la negociación colectiva como uno de los
objetivos fundamentales de la reforma. Y, por último, respeto. Por un lado, respeto pleno a los elementos esenciales de nuestro sistema, a aquellos sin los cuales no puede funcionar, preservando de este modo un modelo democrático de relaciones
laborales que es fruto de nuestra historia y nuestra tradición y al que los empresarios y trabajadores han contribuido decisivamente. Por otro lado, pleno respeto a la autonomía colectiva rechazando el intervencionismo, la unilateralidad, el
desequilibrio o el poder hegemónico de una parte sobre la otra en nuestro modelo de relaciones laborales. Porque desequilibrar el modelo sería indudablemente injusto, además sería enormemente conflictivo y conduciría a la inestabilidad, al mal
funcionamiento y, en última instancia, al propio fracaso de nuestro modelo de negociación colectiva.
Recuerden, señorías, esto que les digo desde la más íntima convicción como conocedor desde hace muchos años de las relaciones laborales. Es preciso reformar el sistema, sí; es preciso darle forma a las instituciones que lo componen para
que estas actúen a favor de la flexibilidad y de la capacidad de adaptación. Pero si rompemos el equilibrio y damos todo el poder a una sola de las partes eliminaremos la negociación, que es la parte sustantiva de la negociación colectiva, y con
ello estaremos contribuyendo a desintegrar un modelo que ha funcionado bien durante las tres últimas décadas en nuestro país. (Prolongados aplausos.)
Señorías, la reforma de la negociación colectiva se articula en torno a cuatro ejes principales. Dentro de ellos se inserta el conjunto de medidas que lo conforman. Para ello, en primer lugar, es imprescindible en mi opinión favorecer una
mejor ordenación de la negociación en el mejor sentido, en el más potente y adaptable, que permita superar el esquema anterior. Era un esquema que descansaba en exceso en niveles intermedios y, en particular, en los convenios colectivos sectoriales
de carácter provincial. La experiencia ha demostrado que estos no son el ámbito adecuado para regular las relaciones laborales porque atomizan, desvertebran y debilitan al final la cohesión de los sectores; y sobre todo porque carecen de capacidad
para impulsar la adaptación a los cambios que necesitan en muchas ocasiones nuestras empresas y nuestros trabajadores. El Gobierno ha apostado en esta norma por un binomio: una negociación colectiva más cercana a la empresa y, al mismo tiempo, una
negociación colectiva de ámbito supraempresarial más adaptada a la situación de cada sector concreto de nuestra actividad económica, abandonando esa zona gris, esa zona de ineficiencia configurada alrededor de los convenios colectivos de carácter
provincial sectorial. El resultado será un sistema más completo, más pleno de negociación colectiva, con más y más intensa negociación colectiva, un sistema en el que son los ámbitos sectoriales, el estatal y -no se olvide- el autonómico, los que
ordenan nuestra negociación colectiva, determinando su estructura más adecuada, incluyendo el papel que deban o no jugar los convenios provinciales.
Señorías, no estamos poniendo en segundo lugar el sistema de negociación colectiva autonómico, al contrario. Estamos poniendo por primera vez las bases para que, cuando sea necesario, pueda ser también un sistema ordenador de la estructura
de la negociación colectiva en su ámbito correspondiente. Esto no existía hasta la formulación de este decreto ley y, mientras tanto, es la empresa el ámbito prevalente en la determinación de las principales condiciones salariales del tiempo de
trabajo, de la organización productiva, de la clasificación profesional, de una adaptación más flexible, de las propias modalidades de contratación y de la conciliación de la vida laboral y familiar. Este es el ámbito tradicional de la empresa y es
aquí donde deben producirse los procesos de adaptación concreta de la estructura que se desarrolla en el ámbito sectorial, estatal o autonómico. En este sentido, señorías, permítanme subrayar la relevancia de esta decisión política. La entrada en
vigor de la reforma va a suponer que, de forma inmediata, para más del 80 por ciento de los trabajadores sujetos a convenio colectivo, la concreción de sus principales condiciones de trabajo se podrá dilucidar a través de un convenio colectivo. No
valdrá un simple pacto en el ámbito de la empresa.
Este asunto es de especial relevancia para nuestro futuro inmediato. De ahora en adelante será este el ámbito central de la negociación colectiva en la regulación de condiciones más importantes,
aquellas a las que me he referido hace un momento.
En paralelo al desplazamiento de la empresa del centro de gravedad de la negociación colectiva, la reforma avanza en el reforzamiento de su estructura sectorial, refuerza el papel de los convenios estatales y autonómicos en la determinación
del conjunto de la estructura de nuestros convenios colectivos. La actual estructura, con un solo ámbito de negociación en muchísimos sectores, fundamentalmente el provincial, es seguramente la más débil y también la más rígida de las posibles.
Por consiguiente, superar esta situación es indudablemente una ventaja para las empresas y para los trabajadores, pero además es de incuestionable utilidad, de incuestionable
importancia lograr un sistema verdaderamente flexible de negociación colectiva que no renuncie a la capacidad de pacto entre partes. Esta es la razón por la que la reforma persigue una ordenación mejor, una ordenación más robusta, porque
plantea un cambio inmediato hacia un sistema realmente articulado en, al menos, dos niveles, el estatal o autonómico y el de empresa, una estructura mucho más sólida y vertebrada, pero también más ágil en los cambios y mucho más flexible.
El segundo gran objetivo de la reforma es adaptar el sistema de negociación colectiva. Implica nuevas reglas de legitimación desde el ámbito sectorial y reglas de legitimación también desde el lado sindical.
El tercer gran objetivo es el
de introducir mayor dinamismo, mayor agilidad en la negociación colectiva. Se produce sobre todo la existencia de un ámbito de protección que impida las situaciones de bloqueo, pero que mantenga la protección de los trabajadores durante el periodo
posterior a la pérdida de vigencia del convenio. Ahí reside uno de los aspectos fundamentales de nuestro modelo. No hay pérdida de protección para el trabajador. Existe un mayor dinamismo en el proceso de negociación, con plazos máximos una vez
perdida la vigencia del convenio, pero el resultado será, en caso de desacuerdo, que las partes no acordadas serán sustanciadas por un arbitraje externo, y lograremos que no existan situaciones de bloqueo como las que hemos podido conocer en el
pasado reciente en algún sector concreto. El cuarto objetivo es el de mejorar, como decía antes, la capacidad de adaptación de las empresas.
Todas las medidas redundan en una mayor capacidad de adaptación; además la reforma aborda, como cuarto
eje, medidas específicas de flexibilidad interna, eso sí, de carácter negociado, cuestión identificada como uno de los grandes objetivos de las reformas impulsadas por el Gobierno desde el estallido de la crisis.
El Gobierno ha acometido en estos doce meses a través de dos leyes, la Ley 35/2010, de reforma del mercado de trabajo y la actual Ley de reforma de la negociación colectiva, al menos tres grupos de medidas de enorme importancia. Por un
lado, medidas que favorecen la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos por causas empresariales. Se trata de evitar con ello la apelación masiva y sistemática a los despidos. Por otro lado, medidas que habilitan al empresario para
modificar las principales condiciones de trabajo, incluidas las propias condiciones retributivas cuando existan causas que lo justifiquen. Y finalmente medidas para dinamizar la negociación colectiva, para mejorar la capacidad de adaptación de las
empresas, y en este aspecto destacan las reformas ya mencionadas anteriormente; por ejemplo, la prevalencia del nivel colectivo en el ámbito de la empresa o la propia agilización de los procesos de dinamización de la renegociación de los convenios
colectivos. Además, muy especialmente, cabe añadir la previsión legal de ampliación del contenido mínimo de los convenios, instándose a que en todos ellos se incluyan medidas para contribuir a la flexibilidad interna de las empresas, en particular
en materia de distribución irregular de la jornada y en movilidad funcional.
¿Qué objetivo perseguimos con todo ello, señorías? En mi opinión está claro: aumentar de forma considerable la flexibilidad en la organización de los recursos de la empresa, primar la flexibilidad interna frente a la adopción de medidas de
flexibilidad externa más traumáticas, como ocurre con nuestros despidos. Somos uno de los países que más rotación laboral tiene, en la entrada y en la salida, y por desgracia somos uno de los países que más intensamente apelan al expediente de
despido como forma de adaptación temporal de las condiciones laborales en nuestras empresas.
Ahora bien, siendo este el objetivo fundamental, el Gobierno considera que en esta reforma como en cualquier otra en el ámbito de las relaciones laborales,
esto debe hacerse de forma equilibrada y con más flexibilidad para las empresas, pero debe hacerse de una forma negociada que permita mantener un nivel de compromiso y de protección de los trabajadores con los objetivos de la empresa.
Señorías, voy concluyendo. A lo largo de esta exposición les he presentado el contenido de una reforma aprobada el pasado día 10 como decreto-ley; una reforma aprobada tras un resultado negativo del periodo de negociación bipartita
desarrollado por empresarios y sindicatos a lo largo de los últimos meses. En mi opinión y en opinión del Gobierno nos encontramos ante una situación que justifica la adopción de este tipo de norma. La razón fundamental es que en pocos casos más
que en este se produce lo que la jurisprudencia constitucional denomina coyuntura económica problemática, una situación que exige la adopción de medidas para consolidar el incipiente crecimiento económico y con ello seguir impulsando la creación de
empleo. Igualmente hay que tener presente entre otros factores adicionales que la aplicación urgente de esta reforma contribuya de manera firme a reforzar la confianza externa en nuestra economía. El Gobierno está abierto y siempre estará abierto
a producir modificaciones durante el proceso de tramitación parlamentaria. Han sido y serán modificaciones estudiadas durante el periodo de negociación de manera bipartita o tripartita por los interlocutores sociales: estudiar modificaciones en el
ámbito del papel de las mutuas y del absentismo; estudiar, por supuesto, a la luz de la jurisprudencia de nuestros tribunales el papel del convenio colectivo de la comunidad autónoma en el ámbito de la estructuración de nuestra negociación
colectiva; analizar los plazos para la renegociación de los convenios colectivos y hacerlo desde la perspectiva de mantener la orientación de que no debe haber desprotección durante este periodo de tiempo de renegociación; mejorar las
posibilidades de movilidad funcional e incluso de distribución irregular de la jornada. Por consiguiente hay por parte del Gobierno un espíritu de apertura durante el trabajo de tramitación parlamentaria.
Permítanme formular una cita que tiene que ver con la historia de las relaciones laborales y con el papel que desempeña la ultraactividad en el ámbito de nuestra
negociación colectiva. Uno de los grandes empresarios modernos del siglo XX, Henry Ford, decía que él prefería pasar el día de año nuevo con sus empresas, con sus centros de trabajo en paz; que ya tendría él tiempo de complicarse la vida
en el ámbito de las relaciones laborales en lo que restaba de año, pero que siempre prefería tener un día de año nuevo tranquilo en sus centros de trabajo y entre sus trabajadores. Era una forma de decir que no es bueno empezar cada año desde el
principio, perdida la vigencia del convenio, renegociando todo su contenido, por lo que implica de apelación y de sistemática aparición de conflictividad alrededor del proceso de negociación del convenio colectivo. Si hoy somos uno de los países
que menos conflictividad social tenemos por horas de trabajo perdido en la negociación de los convenios en toda Europa, si hoy somos ese tipo de país que está muy por debajo en el número de horas perdidas durante la negociación de un convenio, es
probablemente por la existencia de este mecanismo que permite dar tranquilidad y protección a los trabajadores durante el proceso de renegociación del convenio. Lo que hacemos con la reforma es mantenerlo, sí, pero dinamizando esa negociación,
poniéndole plazo, y asegurando que una vez vencido ese plazo, sin que exista dificultad en cuanto a protección, haya un mecanismo de arbitraje que suceda cuando no exista acuerdo concreto en esta materia en el ámbito de la renegociación del
convenio.
El Gobierno está abierto también a contemplar una mejor relación entre salarios y productividad, sabiendo que somos un país de economía libre.
Un país en el que ni los gobiernos ni la ley pueden fijar las condiciones de trabajo de los
trabajadores del sector privado, sabiendo que nuestro diseño constitucional autoriza a la ley y al Gobierno a cambiar las condiciones de trabajo de los funcionarios y de algunos empleados públicos, pero no autoriza en absoluto a los poderes públicos
para determinar las condiciones salariales del conjunto de los trabajadores del sector privado. Desde esa perspectiva cabe la orientación, la necesidad, la conveniencia de avanzar en una mejor relación entre salarios y productividad, pero sabiendo
cuál es el papel que nuestra Constitución asigna a los poderes públicos en materia de política salarial.
Señorías, estamos ante una iniciativa ambiciosa, profunda, con vocación de estabilidad; una iniciativa planteada desde la eficacia y el equilibrio.
Es una iniciativa que no está configurada alrededor de la idea de lo que llamamos reformas
a medias; no es una reforma a medias; no es una reforma insuficiente; es una reforma en el medio, una reforma dentro de un territorio de equilibrio necesario e imprescindible en cualquier modelo de relaciones laborales. Es una iniciativa que
sobre todo aborda las necesidades de la reforma de nuestro sistema de negociación colectiva desde el pleno respeto a la autonomía colectiva, a la autonomía de las partes sociales. Esta es la primera reforma que aborda un gobierno desde 1994. Es
una reforma y una iniciativa que a este Gobierno -como estoy seguro que a todos los anteriores- le hubiera gustado que fuera fruto del consenso y del acuerdo entre las partes sociales, pero que en su ausencia -ya lo advirtió el Gobierno- pensaba
seguir estrictamente el mandato de la ley, que es regular y legislar en ausencia de pacto, en ausencia de acuerdo entre los interlocutores sociales. Nada hubiera gustado más al Gobierno y al ministro que les habla que se hubiera alcanzado un
acuerdo en esta materia entre los interlocutores sociales. Ahora bien, sería equivocado, sería escasamente responsable, una vez constatado el fracaso de aquella negociación, no asumir la iniciativa que le corresponde presentar a esta Cámara: el
decreto ley para el que hoy les pido su convalidación. Se la pido no simplemente para cubrir el vacío de respuesta del diálogo entre las partes; se la pido sobre todo con dimensión y con perspectiva de futuro; se la pido por convicción, en el
momento en que podemos y debemos dar a luz reglas mediante las que deberán negociarse -sí, señorías, negociarse- nuestras relaciones laborales, las condiciones de producción, las condiciones de trabajo, los salarios y las retribuciones de los
empleados durante muchos años, y de las que debemos obtener sin duda más productividad, más flexibilidad, pero también más participación y más cooperación en nuestras relaciones laborales. Con estos objetivos, señoras y señores diputados, hemos
trabajado desde el Gobierno para elaborar este real decreto-ley que ahora sometemos a su consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Se ha pedido a la Mesa un turno en contra. ¿Algún grupo, además del que lo solicitó, desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) En tal caso tiene la palabra para un turno en contra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha pedido turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 7/2011, de negociación colectiva, porque supone, en primer lugar, un
nuevo sacrificio inútil a los mercados, un nuevo motivo de indignación de los ciudadanos, un nuevo recorte del Gobierno, un recorte desequilibrado -no es verdad que se quede a medio camino-, y un nuevo servicio por parte de este Gobierno a la
derecha. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Señorías, esta propuesta de reforma de la negociación colectiva en primer lugar no responde a las necesidades, porque una propuesta de estas características entre los dos sujetos requiere necesariamente lograr un acuerdo social, respetando
la autonomía de las partes, y no tiene ese acuerdo; porque cualquier reforma unilateral como esta de la negociación colectiva que no recoja el com
promiso fruto del diálogo social es un caldo de cultivo para el conflicto, y así lo han dicho los propios sindicatos; y en tercer lugar, porque el contenido de la reforma es regresivo y desequilibrado, y fortalece el poder empresarial
recortando los derechos de los trabajadores de forma importante. Este real decreto, señorías, es una decisión unilateral del Gobierno que ni siquiera recoge los compromisos alcanzados en el proceso de negociación, ni los criterios básicos acordados
en el AES. No es cierto que el real decreto-ley en su redacción final se sitúe en un punto de equilibrio, no es un real decreto salomónico entre las posiciones conocidas de la patronal y de los sindicatos. Por el contrario el real decreto-ley se
aleja de las bases del acuerdo que se habían establecido en la negociación. Esta reforma, señorías, aumenta el margen de discrecionalidad del empresario en materias muy importantes como el tiempo de trabajo, la movilidad funcional, la modalidad de
contratación, la clasificación profesional o los descuelgues, sin avanzar paralelamente en la participación de los trabajadores y de sus representantes en estas decisiones empresariales.
En primer lugar, la famosa apuesta por la flexibilidad interna, como ya se hizo en la anterior reforma laboral, acaba por incrementar el poder discrecional de los empresarios y cuestionar la negociación colectiva, (Rumores.) otorgando mayor
poder al empresario en detrimento de la flexibilidad negociada y con participación sindical, que era la que se había propuesto en el marco de negociación. La flexibilidad interna debería significar la ampliación de los derechos de participación
sindical en los centros de trabajo... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Llamazares. Le he parado el tiempo, no se preocupe.
Señorías, seguramente las conversaciones son sumamente interesantes, pero habrá algún diputado que quiera atender al señor orador que está en el uso de la palabra. Les ruego por favor que hablen en voz más baja o salgan a otro recinto donde
puedan tener sus conversaciones. (Rumores.) Y si no me atienden cuando les hago la reflexión, seguramente por eso no pueden escuchar que no deben tener conversaciones.
Señor Llamazares, lo siento, continúe si puede.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias por su amparo, señora presidenta.
En primer lugar, decía, la famosa apuesta por la flexibilidad interna -como ya se hiciera en la reforma laboral- acaba por incrementar el poder discrecional de los empresarios cuestionando la negociación colectiva. Se otorga mayor poder al
empresario en detrimento de la flexibilidad negociada y con participación sindical, que era lo que estaba encima de la mesa. La flexibilidad interna debería significar la ampliación de los derechos de participación sindical en los centros de
trabajo, pasando de un simple derecho de información a un derecho de consulta y a una negociación efectiva y a un acuerdo en esta materia. (Rumores.) Por otro lado, la reforma apuesta por la prevalencia aplicativa del convenio de empresa sobre el
convenio sectorial en materias básicas como el salario, y posibilita que el ámbito de la empresa se pueda regular a la baja en las condiciones de trabajo. Los sindicatos han advertido que esto significa una vulneración de los derechos de los
trabajadores y que puede generar un indeseable y contraproducente dumping social, al facilitar que las empresas compitan entre sí en debilitar las condiciones de trabajo y de salarios de los trabajadores. (Rumores.)
En segundo lugar, los sindicatos denuncian también que además en materia de legitimidad se abre una vía peligrosa a los sindicatos corporativos a través de los convenios franja. En el ámbito de negociación, señorías, no debe ser la
categoría, sino el sector o la empresa, favoreciendo con ello intereses corporativos de grupo de trabajadores en una empresa en detrimento del interés general. (Rumores.) Por último, señorías, la reforma impone a las partes un arbitraje vinculante
que de manera forzosa deberá resolver las divergencias durante la negociación de los convenios, cuando se haya superado el plazo máximo de negociación fijado. Todo parece indicar que esto puede ser anticonstitucional. En todo caso lo cierto es que
se trata de un retroceso que debilita a los trabajadores, que en el caso de desacuerdo en la negociación de un convenio deberán estar a la espera de una resolución arbitral, que evidentemente en ningún caso mejorará el contenido del convenio
vencido. En suma, un real decreto-ley que incide en los aspectos más regresivos de la reforma laboral en materia de negociación colectiva, al fortalecer de nuevo el poder de la dirección empresarial debilitando los derechos de los trabajadores.
(Rumores.)
La negociación de los interlocutores sociales para acordar esta reforma del marco legal de negociación colectiva se frustró, señorías. Se frustró porque la patronal entendió que el contexto económico actual, la crisis, legitima y es una
oportunidad para debilitar a los sindicatos y aumentar el poder empresarial. Pero también se frustró porque tuvo en cuenta la debilidad del Gobierno, la debilidad del Gobierno que se hace palmaria simplemente comparando -termino- el primer
anteproyecto con lo que nos llega a la Cámara. En unas horas pasamos de las musas al teatro, en unas horas endureció su contenido convenientemente, abandonando cualquier equilibrio sobre la base de los compromisos ya alcanzados en el proceso de
negociación de los interlocutores sociales, y a los criterios básicos acordados en el AES. Termino; al final ni acuerdo social en una materia tan sensible ni en su ausencia una reforma que compatibilice la flexibilidad interna con la seguridad, la
protección y la participación de los trabajadores. (Rumores.) Señorías, el peor escenario social y político posible.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)
Señorías, señor ministro, uno de los dogmas neoliberales...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, por favor, no me obliguen a repetir una vez más el tema de las conversaciones. No se preocupe, señor Ridao, está el tiempo parado. Vamos a esperar un poco a ver si estas
conversaciones tienen fin. (Rumores.) Señorías, por favor, no me obliguen a decir los nombres de los que no están atendiendo a la recomendación de que el orador pueda hacer uso de la palabra. (Rumores.) Es increíble.
Señor Ridao, inténtelo, por favor.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta, por su amparo.
Señorías, uno de los dogmas neoliberales que más se ha tenido que escuchar durante esta crisis, sobre todo por parte de círculos empresariales y financieros, pero también por parte del Gobierno, es el que atribuye el elevado desempleo
existente a la rigidez del mercado de trabajo. Es algo así como aquel otro silogismo que dice: si hay paro es porque el despido es caro; si no somos competitivos es porque los salarios son excesivamente altos. Y esto por desgracia, señorías,
señor ministro, forma parte ya del acervo, casi de la sabiduría convencional de este país, de donde se infiere necesariamente que la receta que el Gobierno debe aplicar es la de desregular más el mercado de trabajo, facilitar todavía más y abaratar
el despido; devaluar, disciplinar los salarios e incluso vamos a ver si en el futuro ustedes se atreven a desvincularlos de la inflación. Y todo eso ante la evidencia palmaria que dice por ejemplo que Alemania, que es uno de los países con un
mercado de trabajo más regulado, con unos sindicatos muy poderosos, la cogestión empresarial ha hecho posible reducir la jornada y evitar el despido. Ante la constatación también paradójica, señor ministro, de que facilitar el despido en muchos
países nos ha demostrado que en plena recesión lo que hace es aumentar el desempleo, porque evidentemente el empresario se adapta a la reducción de la demanda.
Por eso nosotros hemos discrepado globalmente de todas las reformas operadas por el Gobierno en el mercado de trabajo en estos últimos tiempos, y dimos apoyo a una huelga general por este motivo. Digo esto porque teníamos y abrigábamos
todavía la esperanza de que hubiera un acuerdo en la negociación colectiva, esperábamos un auténtico oasis en medio de estas reformas, de este desierto reformista del Gobierno, porque durante este largo y tedioso tiempo de negociación entre los
interlocutores sociales evidentemente ha habido expectativas favorables, ha habido también incluso un acuerdo bipartito previo que fijaba los criterios básicos de un previsible acuerdo. Pero, qué quieren que les diga, había todavía una razón más
poderosa, que era intentar reducir a la mínima expresión las opciones legislativas de este Gobierno, porque cada vez que el Gobierno legisla a espaldas del resto de los interlocutores sociales lo estropea absolutamente todo. Este decreto-ley no
está ni a quince minutos, como dijo el señor Rubalcaba, de lo que estaba encima de la mesa en el marco del diálogo social; el Gobierno no ha sido capaz ni tan siquiera de hacer eso. Primero fue ciertamente la patronal que después del 22-M,
envalentonada y con la perspectiva de su hegemonía política quizá en el futuro, dio marcha atrás; lamentable. Luego fue el Gobierno quien, siguiendo una estrategia muy discutible, la de decir sin acuerdo total no hay acuerdos parciales, ha acabado
incluso reflejando un decreto-ley que no tiene nada que ver con lo que estaba encima da la mesa de la negociación.
Por tanto no nos queda más remedio, señor ministro -entre otras cosas porque ni tan siquiera usted ha hablado con nosotros-, y no podemos dar apoyo a este decreto-ley. Votaremos en contra del decreto-ley porque, pese a reconocer algún
avance, como es ese precario equilibrio entre trabajadores y empresarios en el marco de la negociación colectiva, que es verdad que acaba con ese desarme unilateral de los trabajadores que existe en este momento, no compartimos para nada la
prevalencia de los convenios de empresa, porque va a desregular todavía más el mercado de trabajo, porque va a quitar garantías a los trabajadores, y sobre todo porque invalida la negociación de ámbito autonómico. Es incompatible con una cosa muy
querida para los catalanes que es el marco de relaciones laborales en Cataluña, porque deseamos adaptar las reglas de nuestro mercado de trabajo a nuestras necesidades productivas y a nuestra realidad social y económica, y eso este real decreto-ley
no lo permite.
Acabo, señorías, diciendo que vamos a pedir también que se tramite como proyecto de ley, si finalmente se convalida este decreto-ley, insisto, admitiendo que desde el punto de vista social ha habido algún avance; contiene algún avance como
es esa combinación, ese equilibrio por ejemplo con una prórroga de los convenios más allá de la fecha de su expiración, de su vigencia, y esa desjudicialización evidente de los conflictos con el recurso al arbitraje. Nos parece positivo, pero en
cambio no nos gustan absolutamente nada las mejoras en materia de participación, porque no han permitido avances de la misma intensidad en el campo de la flexibilidad interna, y evidentemente lo que nos disgusta profundamente -repito-, señor
ministro, es la estructura y la concurrencia territorial de los convenios. Los convenios de ámbito autonómico van a tener un papel de mero comparsa, un papel puramente testimonial. Esperábamos que la desaparición de los convenios provinciales
hubiera ido acompañada de una potenciación de los convenios de ámbito autonómico, que por cierto no solo excluyen materias fundamentales como la jornada, la movilidad o la clasificación profesional, sino que incluso se faculta a que los convenios
sectoriales de ámbito estatal puedan excluir, como ya sucede ahora, los convenios de ámbito
autonómico, y eso evidentemente nunca en la vida puede tener el apoyo de Esquerra Republicana.
Gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Señor ministro de Trabajo, ¿desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Sabe su señoría que tiene derecho por el Reglamento a hacer uso de la palabra, con la advertencia de que su intervención puede generar turnos de réplica.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, presidenta.
Señorías, me gustaría responder a alguna de las cuestiones que se han suscitado en las dos intervenciones que me han precedido, sobre todo a lo que tiene que ver con el concepto de equilibrio en la reforma. El Gobierno ha enfocado su visión
de la reforma precisamente alrededor de dos polos esenciales -ustedes lo han destacado bien-: en un lado estaría todo lo que tiene que ver con la vigencia del convenio. ¿Qué es lo que le ocurre al convenio cuando deja de tener vigencia, eso que
llamamos técnicamente ultraactividad? ¿Qué le pasa al convenio cuando pierde vigencia? ¿Sigue manteniendo su vigencia? ¿En qué temas? Debo aclarar algo fundamental porque en ocasiones este tipo de perspectivas se pierden. Cuando un convenio
pierde vigencia no se prorroga el incremento salarial. Cuando un convenio que establece un 3 por ciento de incremento salarial pierde vigencia se mantienen el resto de los aspectos normativos del convenio, pero no hay una prórroga del incremento
salarial pactado.
Cuando un convenio, que establecía una reducción de la jornada de cinco, seis o diez horas en el año, pierde vigencia no hay una reducción de la jornada equivalente cuando se prorroga su vigencia, mientras que se negocia. Es
decir, en los aspectos fundamentales la ultraactividad no supone prorrogar las condiciones salariales en cuanto a los aumentos o las reducciones de las jornadas pactadas en convenios anteriores. Ahí se congela la situación. Lo que ha dicho el
Gobierno y lo que mantiene en este decreto-ley es que merece la pena, en atención al mantenimiento de un grado razonable de protección, que tiene efectos positivos sobre la paz social durante la negociación del convenio, mantener este esquema
durante un tiempo. ¿Indefinidamente? No; durante un tiempo, con un esquema de plazos: ocho meses para los convenios que duran menos de dos años, catorce meses para los convenios que duran más de dos años, manteniendo la protección y diciendo:
si hay algún aspecto en el que no hay acuerdo en ese tiempo máximo de negociación, ese tipo de desacuerdo es el que se lleva al arbitraje de terceros. Cualquier acuerdo previo por supuesto será posible mantenerlo. El árbitro no tiene por qué
pronunciarse sobre todo el convenio, sino sobre aquellos aspectos sobre los que se mantengan desacuerdos. Y el equilibrio está precisamente en combinar este elemento de protección cuando el convenio pierde vigencia, que es clave, como es lógico,
para la posición de los trabajadores con un nivel de flexibilidad determinado en el ámbito interno.
Se ha mencionado aquí la flexibilidad negociada, pero debo recordarles y subrayarles mi opinión a ese respecto. Uno de los elementos que más contribuyó al fracaso de la negociación en sus días finales entre los interlocutores sociales, fue
que la propuesta de los empresarios -la que hemos conocido todos los que hemos seguido de cerca la negociación-, en cuanto a toda la reforma de ámbito interno, de flexibilidad interna que planteaban, se refería a las reformas de libre disposición
empresarial; no eran reformas que apelaran a la posibilidad de negociación y de acuerdo entre los interlocutores sociales, entre los trabajadores de la empresa. Si hubo una razón importante para el desacuerdo una de ellas fue esta, un concepto de
flexibilidad impuesta y no negociada que no se puede ver; nadie la verá en el contenido de este decreto-ley. Nadie verá un modelo y una filosofía de reforma impuesta. Todos podemos ver que las grandes medidas de flexibilidad interna son
negociadas, que en caso de desacuerdo terminan en un arbitraje, por supuesto, para no bloquear las situaciones de adaptación en las empresas, pero no hay una filosofía de flexibilidad impuesta en este real decreto-ley. Solamente hay un 5 por
ciento, una cantidad equivalente al volumen actual de horas extras permitido por la ley, de la jornada anual que puede ser distribuido irregularmente por el empresario. Esta es la única materia de libre disposición del empresario entre las
contenidas en este decreto-ley.
Hablamos de desvincular los salarios de la inflación, este no es el objetivo como es lógico del decreto-ley. Les he insistido en la presentación; la ley no puede intervenir en este tipo de materias, ni debe hacerlo, tiene que haber una
orientación y un papel de la política monetaria, de la política fiscal, de la política presupuestaria, de la política de tipo de cambio, ya no en nuestras manos, para orientar nuestra economía. Pero no puede haber un papel de la política salarial
intervenida desde los poderes públicos. Esta es la clave del funcionamiento de una economía en un sistema democrático, esta es la clave sobre la que se sigue desenvolviendo este real decreto-ley. Aquí no hay nada que suene a desindiciación o a
indiciación, partimos de la base de que esa es una materia que corresponde a los interlocutores sociales.
Desde esa perspectiva se puede hablar de pleno respeto a la autonomía de los interlocutores sociales.
Se ha hablado aquí, creo que con buen criterio, de Alemania, de Alemania como modelo que combina fuerte flexibilidad interna y alta participación de los trabajadores en las empresas. Modelo de cogestión alemana tradicional desde la segunda
posguerra mundial. Pues bien, por ahí hemos querido enfocar esta visión de la flexibilidad interna. Ya adaptamos el conocido modelo alemán, kurzarbeit, en la reforma de 2010; hemos planteado un esquema en el que la negociación colectiva y
la flexibilidad interna en ella también necesita la voz de los trabajadores, necesita la participación de las organizaciones sindicales o de los propios trabajadores cuando no exista representación sindical en la empresa, persigue la
negociación, persigue la cooperación, persigue el compromiso de los trabajadores en la empresa. Esta es la filosofía, aquí no se puede hablar, no creo que uno pueda destacar elementos contra esta filosofía dentro de este real decreto-ley.
Hablamos también de prevalencia de los convenios de empresa, y debo subrayarlo en este momento. Es fundamental; en este momento tenemos aproximadamente al 65 por ciento de los trabajadores afectados por convenio con convenios colectivos de
carácter provincial. Son convenios que prácticamente no establecen más que suelo salarial. La inmensa mayoría de las empresas y de los trabajadores españoles están regulados por convenios que se limitan prácticamente a establecer una jornada
mínima y un salario mínimo, y que no pasan de ahí; prácticamente no pasan de ahí, y sistemáticamente se renuevan con una tasa de crecimiento salarial, y en ocasiones con una nueva jornada máxima. Esto no tiene ningún sentido; si hay posibilidad
de engrandecer el papel del convenio de empresa, si hay posibilidad de hacerlo en el ámbito de la jornada, en el ámbito de los salarios, tenemos que hacerlo, porque ya sabemos que hay un suelo, y ese suelo por cierto no está demasiado alejado del
salario mínimo interprofesional. ¿Para qué queremos más ese tipo de convenios que nunca entran a regular las condiciones en las empresas? No es inconsistente una visión de la reforma en equilibrio con una reforma que le dé también papel a la
empresa. Para eso es fundamental que haya interlocutores que negocien un convenio en la empresa, que los empresarios tengan la posibilidad y sean capaces de atreverse a negociar un convenio en la pequeña y mediana empresa -prácticamente ninguno lo
hace-, en muchas ocasiones por desidia o por coste o por pensar que no les merece la pena el esfuerzo de negociación. Pero también hace falta la interlocución de los trabajadores, aquellos que están representados como asamblea en la empresa o
aquellos que representan al conjunto de los trabajadores en una elección libremente realizada. Por eso digo que en mi opinión una de las partes esenciales de la reforma, como es la prevalencia en ciertas materias del convenio de empresa sobre los
convenios provinciales no puede ser interpretada de una forma proclive a la desregulación; para nada. Si hay una ineficiencia en nuestro modelo es esa, que solo el 10 por ciento de los trabajadores están afectados por convenios sectoriales de
carácter estatal o autonómico y otro 10 por ciento por convenios de empresas, el resto, prácticamente el 70 por ciento, son convenios provinciales que no sirven de gran cosa, que se limitan pura y simplemente a revisar el suelo salarial de vez en
cuando, con negociadores que se ven todos los años y que repiten el mismo ejercicio todos los años, con negociadores que lo mismo negocian un convenio del metal que un convenio del sector agrario, que lo mismo lo hacen en un convenio de la química
que en un convenio de la hostelería.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Esto no tiene sentido, y es ahí donde se centra la ineficiencia de nuestro sistema de negociación colectiva. No lo vamos a cambiar de un día para otro, lo sabemos
bien, pero la filosofía se orienta por ahí, a ir eliminando esa zona de sombra, esa zona gris, esa zona de ineficiencia que no está reñida con la búsqueda y con la persecución del equilibrio.
Señorías, he dicho siempre -y lo repito en esta Cámara- que tenemos un sistema de negociación colectiva que nos ha servido para transitar, bien por cierto, durante estos últimos treinta años y que ha sido sometido a reformas, algunas de
cierta intensidad como en 1994 y 1997 a través de un acuerdo interconfederal entre empresarios y organizaciones sindicales.
Ese es un camino ya recorrido esencialmente, ahora necesitamos volver a recorrer otro camino seguramente de décadas, con una
negociación colectiva con más participación de los trabajadores también en los procesos de negociación, con soluciones arbitrales, con soluciones que desjudicialicen, sin duda alguna, porque muchos conflictos que terminan en las magistraturas de lo
social no tienen por qué terminar ahí, tiene que haber ese tipo de mecanismos de arbitraje. Por ahí va la ley, por ahí va el decreto-ley, va por el equilibrio, por el respeto, por la autonomía de los interlocutores sociales y por inaugurar
prácticas nuevas, que en ocasiones no son tan nuevas, como las del arbitraje, que son esenciales y que no son algo extemporáneo o excepcional en España después de esta norma, que son habituales en prácticamente todas las economías libres
desarrolladas; en Francia, en Alemania, en Holanda, desde luego en el Reino Unido o en Italia son prácticas habituales y por ahí también va esta reforma. Creo que es una reforma que en lo esencial servirá y no puede ser interpretada, de ninguna
manera, como una reforma que afecte en regresión, en negativo, a los derechos de los trabajadores. Con ese espíritu hemos trabajado, al menos, en el Ministerio de Trabajo.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
¿Desean utilizar su tiempo, debo entender que de réplica? (Pausa.) Doy por contestado el turno a favor con lo manifestado por el señor ministro, ¿están de acuerdo? (Asentimiento.)
El señor Llamazares tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, esta reforma de la negociación colectiva -repito- no deviene de una iniciativa pactada entre los dos interlocutores sociales, entre sindicatos y patronal, esta negociación y esta reforma la propone el Gobierno por la presión
de los mercados. Es una nueva reforma del tenor de la reforma laboral y con las consecuencias de la reforma laboral, que en estos momentos sabemos que no contribuyó ni a la recuperación econó
mica ni a la mejora de la calidad del empleo con el abaratamiento del despido. En segundo lugar, una reforma que se produce en un contexto de desacuerdo entre los agentes sociales -lo dicen los propios sindicatos y la patronal- es una
reforma abocada al fracaso y fuente de conflictos; y por tanto, señor ministro, totalmente innecesaria. En tercer lugar, frente a los argumentos de que ha hecho gala en su intervención, únicamente le voy a leer los argumentos sindicales, los
argumentos unitarios de los sindicatos.
En relación con el convenio de empresa, consideran que la apuesta que hace el real decreto por la prevalencia aplicativa del convenio de empresas sobre el convenio sectorial, en materias básicas como el salario, posibilita que en el ámbito
de la empresa se pueda regular a la baja las condiciones de trabajo, posibilita el dumping y posibilita convenios franja, que debilitan objetivamente a los trabajadores y a los sindicatos. En relación con el arbitraje vinculante, los sindicatos
rechazan el real decreto y rechazan la imposición a las partes de tal arbitraje vinculante porque rompe con el actual sistema de solución de conflictos, que es un sistema voluntario, y dudan de su constitucionalidad. En tercer lugar, para los dos
sindicatos, con respecto a la flexibilidad interna, mejora las expectativas empresariales al disponer de un mayor margen de actuación discrecional en materias como el tiempo, la movilidad, etcétera, sin mejorar en absoluto la posición de los
representantes de los trabajadores en cuanto a la participación en estas decisiones de flexibilidad interna, que era la condición de los sindicatos en la mesa de negociación. En cuarto, y último lugar, dicen los sindicatos que la reforma incide en
los aspectos más regresivos de la reforma laboral en materia de negociación colectiva, fortaleciendo el poder de la dirección empresarial, en perjuicio de los derechos de los trabajadores.
Ese es el resumen, señoría, que demuestra que una reforma no acordada es un fracaso y una fuente de conflictos. Pero, señoría, la presentan ustedes a la Cámara al final de la legislatura, a una Cámara que puede hacer que el 5 por ciento de
horas de flexibilidad termine en 15, que puede hacer que planteamientos que ustedes hacen sobre la ultraactividad terminen peor todavía. Presentan, además, esta propuesta desequilibrada en un contexto de mayor desequilibrio, de mayor frustración y
de mayor respuesta fundamentalmente a los mercados y no a los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Don Joan Ridao tiene la palabra.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, incluso diría que estoy de acuerdo en algunas cuestiones sobre la ultraactividad, pero yo le he hablado de otra cosa y le he dicho que fundamentalmente el no de Esquerra Republicana es básicamente porque este es un
decreto-ley que desdibuja el marco de la negociación de ámbito autonómico, es decir, la prevalencia absoluta y hegemónica del convenio de empresa. No sé si es por culpa de la nomenclatura de algún sindicato representativo en el ámbito madrileño, no
sé si por culpa de la patronal o por convicción del propio Gobierno, pero ustedes se han cargado la posibilidad de un convenio autonómico potente. Para establecer un símil o una analogía, es como si ustedes estuvieran potenciando las competencias
de los ayuntamientos en detrimento de las competencias de las comunidades autónomas.
Glosando el contenido del decreto-ley con relación a esta cuestión, le diré, primero, las organizaciones más representativas de ámbito estatal son las que pueden fijar en los acuerdos interprofesionales la estructura de la negociación e
incluso prohibir los convenios autonómicos. Segundo, solo por acuerdo interprofesional se pueden negociar convenios distintos de los de ámbito estatal. Tercero, los convenios de empresa tienen prioridad sobre los convenios sectoriales,
independientemente de su ámbito territorial. Es decir, temas tan importantes, señor ministro, como los salarios, la clasificación profesional, los turnos, la conciliación y la contratación quedan fuera, excepto pacto en contrario, que evidentemente
no deja de ser una auténtica trampa saducea. Cuarto, las materias susceptibles de ser negociadas en el ámbito del convenio autonómico se hacen más rígidas, porque se excluyen y, por tanto, son innegociables cuestiones como la jornada anual máxima,
incluso la modalidad de los contratos, la clasificación, en general. Y finalmente, señor ministro, hay una cuestión a la que nadie se ha referido, se establece ese consejo de relaciones laborales, que es un consejo que afecta a las competencias de
ámbito autonómico y que es muy dudoso desde el punto de vista de nuestro sistema de distribución competencial y, por tanto, eso también es nocivo.
Por consiguiente, señorías, señor ministro, el decreto-ley coarta la libertad, coarta la idiosincrasia, perjudica la posibilidad de un mercado de trabajo y de un marco de relaciones laborales en Cataluña, introduciendo todo tipo de trabas
para que se produzca el efecto sin que se note el cuidado, pero nosotros sí que lo hemos advertido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señor presidente.
Señorías, decía el señor Llamazares que la iniciativa no deviene de una forma pactada y que está más bien pactada externamente en los mercados.
Trataré de responder a esta objeción. Solo hubo una vez, hace treinta años, en que los
interlocutores sociales -tampoco fueron todos, fue uno de los grandes sindicatos de clase de este país- y la organización empresarial llegaron a un acuerdo, un acuerdo que llamaron acuerdo básico
interconfederal y que en lo esencial es el título III que ahora conocemos del Estatuto de los Trabajadores. Desde entonces, todas las reformas importantes producidas en nuestro estatuto son reformas a iniciativa del Gobierno de turno.
Nunca han vuelto a ser pactadas. Ha habido acuerdos interconfederales, por supuesto, incluso de estructura de la negociación colectiva, acuerdos de cobertura de vacíos -estos que he citado de 1997 fueron acuerdos importantes, por cierto, y me
gustaría subrayarlo aquí-, pero no hubo reforma del título III del Estatuto de los Trabajadores.
Nunca la hubo de forma pactada desde entonces. En 2002 hubo una iniciativa del Gobierno de la época y hubo una conocida carta del presidente de la
organización empresarial española recomendando al presidente del Gobierno que se metiera en sus cosas, que hablara de lo que supiera, que no hiciera cosas que no estaba acostumbrado a hacer y que, como suele ocurrir en esos casos, terminan mal.
Esta fue la carta que el presidente de la CEOE de entonces, que en paz descanse, José María Cuevas, dirigió al presidente de turno de la época, José María Aznar. Lo que a uno le quedó de aquella discusión, más allá del contenido, es si los
gobiernos de turno tienen la posibilidad de actuar en esta materia, si es posible actuar, aunque después de treinta años en lo esencial no haya habido acuerdos en ninguna medida y en ningún sentido de los interlocutores sociales.
Esta es la cuestión a la que ha tratado de responder el Gobierno. En parte ya respondió esta Cámara diciendo hace un año que, si no había acuerdo entre los interlocutores sociales, el Gobierno tenía que legislar y el Gobierno lo asume
porque le da ese mandato la ley. Es la primera vez que eso ocurre y lo que hace el Gobierno es impulsar la negociación y colaborar con los interlocutores sociales, colaborar en la mayor medida posible poniendo documentación, textos a su
disposición. Hemos estado muy cerca de la negociación, cerca en todos los sentidos; lo que ocurre es que la negociación no termina con un preacuerdo, es decir, no hay un texto en relación con el cual quince minutos después se pudiera alcanzar un
acuerdo. No. Hay un conjunto de puestas en común verbales y de ahí tenemos que partir, y esas puestas en común verbales, una vez que se rompe la posibilidad de acuerdo, son rechazadas por unos y otros. ¿Qué sabemos? Sabemos por los textos que el
modelo de flexibilidad pretendido finalmente por la confederación empresarial es una flexibilidad no negociada en lo interno y tratamos de hacer un proyecto en el que, como usted puede comprobar y el conjunto de sus señorías, no hay un solo
elemento, salvo la distribución del 5 por ciento, en distribución irregular de jornada, equivalente casi exactamente a las 80 horas de jornada extraordinaria, a la que se puede aplicar todos los años, salvo ese elemento, no hay un solo elemento que
no sea de flexibilidad negociada o, finalmente, en caso de desacuerdo, arbitrada por un tercero.
Esto es posible comprobarlo en la norma. No hay una flexibilidad impuesta en ningún momento.
Dice usted, señor Llamazares, que es una reforma abocada al fracaso.
Claro. Toda reforma que no sea fruto del acuerdo tiene que ser siempre un fracaso y entonces lo que estamos haciendo es condenando a los gobiernos de turno y a esta
Cámara a no legislar nunca en este tipo de materias si no hay un acuerdo previo de los interlocutores. La hemos buscado intensamente por primera vez en muchos años y, al parecer de sus declaraciones, casi lo habían obtenido. No lo han hecho.
Tenemos que hacerlo nosotros al final de la legislatura, porque hace ya mucho tiempo -desde que comenzó esta legislatura- que tenían que haberlo hecho. En 2004 -fíjese adónde me remonto- ya figuraba la reforma bilateral de la negociación colectiva
en la declaración que entonces firmamos todos, Gobierno e interlocutores sociales. No son solo unos meses, sino que hace ya siete años que nos comprometimos a reformar la negociación colectiva en España. Este es el principal problema al que nos
enfrentamos. Sé que hay objeciones desde el punto de vista de la constitucionalidad a los mecanismos de arbitraje vinculante u obligatorio, y las respeto, pero quiero decir que basta con un solo acuerdo. Basta con introducir esta materia en
cualquiera de los acuerdos vigentes de solución extrajudicial de conflictos, estableciendo que se va a aplicar el contenido de ese acuerdo también a los desacuerdos cuando concluye la vigencia del convenio, para que el tema sea solventado. Decaerá
por sí mismo. Basta con introducirlo en un acuerdo de solución extrajudicial de conflictos y la propia norma se desactivará con automatismo. Por tanto, no es algo importante, es más bien un estímulo a que lo incluyan como una materia esencial en
los acuerdos de solución extrajudicial de conflictos.
La negociación colectiva de ámbito autonómico es una materia esencial. La norma pone en un lugar similar a la negociación colectiva de ámbito autonómico y a la negociación colectiva de ámbito estatal. ¿En qué medida? En la medida en que
dice que los convenios de empresa pueden en determinadas materias ir por encima del convenio provincial, salvo que lo disponga el convenio estatal o el convenio autonómico. Más allá de la evolución que consideremos que pueda tener este asunto, ahí
están puestos en el mismo rango. Es muy importante saber cómo se comporta la realidad.
Más allá de la norma, es muy importante la evidencia. Solo el 10 por ciento de los trabajadores españoles están afectados por convenios del sector o convenios
autonómicos. Por tanto, la posibilidad de que por esa vía se frene el desarrollo del convenio de empresa es imposible, porque la inmensa mayoría no están regulados por convenios sectoriales. Lo que pretendemos es que haya más convenios sectoriales
de ámbito autonómico -o, si las partes así lo deciden, más convenios sectoriales de ámbito estatal- y progresivamente muchos menos de ámbito provincial. Este es el objetivo declarado y está en la propia exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, como está utilizando su señoría el turno a favor, quería pedirle que procure acomodarse a los tiempos porque, si no, habría una desproporción.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Termino ya.
Quería precisar un matiz solo respecto al consejo de relaciones laborales.
Lo que hemos hecho ha sido importar a nuestra legislación realidades y modelos que sí existen en las comunidades autónomas. Hay consejos económicos y sociales,
participación de todos los interlocutores como órganos consultivos, y consejos de relaciones laborales; en el caso catalán es el Consell de Treball. Hemos tratado de incorporar este modelo de auxilio, de apoyo y de estímulo a la negociación
colectiva. Es un modelo que incluye observatorios de la negociación colectiva, que incluye las actuales competencias de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Son modelos de estímulo y de auxilio; no son modelos sustitutivos de
los consejos autonómicos. Ese doble modelo de consejo económico y social y consejo de relaciones laborales, donde ha funcionado, ha funcionado razonablemente bien. Aquí hacemos lo contrario: importamos realidades autonómicas al ámbito estatal.
Pero en ninguna medida el objetivo ha sido afectar de alguna forma las competencias autonómicas en esta materia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Según las notas de la Presidencia por el Grupo Parlamentario Mixto han pedido la palabra la señora Díez, el señor Salvador, el señor Rios y la señora Fernández. ¿Es así? (Asentimiento.) En primer lugar, la señora Díez tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Utilizo este turno de posición para explicar también nuestro voto en contra, aunque sea en el turno de posición de grupo.
Tenemos ante nosotros, señor ministro, una reforma que no es tal, podríamos decir una no reforma, una reforma que es un real decreto-ley, que es, a mi juicio, el primer fracaso del Gobierno de la etapa pos-Zapatero, por decirlo así, el
primer fracaso del momento en el que el viceprimer ministro de todo, vicepresidente de todo, asume esta responsabilidad, si bien es usted quien hoy está aquí dando la cara. La reforma de la negociación colectiva podría haber sido trascendental de
haberse hecho bien. Se trata de una cuestión que afecta tanto al nivel de desempleo, pues abre a las empresas con problemas, o debiera abrir, otras vías de ajuste distintas al despido, como a la competitividad, ya que tiene que ver con la
determinación de los salarios y su vinculación a la productividad, o a la facilidad para reasignar recursos hacia nuevos sectores productivos. La rigidez del modelo español de negociación colectiva ha provocado, por ejemplo, que los salarios reales
de convenios hayan crecido entre 2008 y 2010 un 6 por ciento en el sector de la construcción, mientras tanto el empleo se reducía en ese sector el 40 por ciento. En el conjunto de la economía española los salarios reales en convenio crecieron un
4,7 por ciento en esos mismos años, a la vez que se destruía un 10,1 por ciento del empleo. Es decir, todo el ajuste -este es nuestro drama- se ha venido realizando vía empleo, manteniéndose los salarios al margen, pero esos salarios solo los
cobraban los que seguían trabajando.
En la reforma de este modelo insostenible, señor ministro, se ha perdido un tiempo precioso. Usted hablaba de eso antes, aunque no lo asumía. La crisis dura ya más de tres años, los parados suman 5.000.000, miles de empresas han cerrado,
pero cualquier dilación se ha considerado justificada porque ustedes todo lo supeditaban a alcanzar un acuerdo con los agentes sociales. Yo sí creo que el Gobierno tiene que legislar, que el Gobierno tiene que tomar decisiones y que a nosotros nos
corresponde controlarlas y legislar. No creo que ustedes tengan que estar al margen, casi les afeo lo contrario, que a veces se duermen en las musas -como dice el señor Llamazares- y cuando toman las decisiones, además de tomarlas mal, las toman
tarde. Yo creo que tienen que legislar, pero tienen que legislar bien, esa es la cuestión. El procedimiento seguido genera inseguridad jurídica y desconfianza, no resuelve los problemas, y este continuo reformar solo para aparentar y retocar
agranda los problemas que ya tenemos. Han elegido ustedes una vez más un sistema de disimular -el paciente se desangra, las tiritas no valen-, y ya no estamos para disimulos. No han resuelto ninguno de los graves problemas planteados, solo les ha
preocupado ganar tiempo, aparentar ante los llamados mercados que estamos haciendo las cosas bien -cuando descubran que las estamos haciendo mal, perderemos más crédito, del poco que nos queda-. Esto es un desastre, una tragedia. Insisto, ustedes
quieren engañarse, engañarnos y engañar, y quien paga los platos rotos de toda esta falta de política, en el sentido de falta de responsabilidad, son todos, las empresas y los trabajadores. En definitiva, es España. No nos van a encontrar ustedes
acompañándoles en esta tarea, en este camino. No les vamos a acompañar en esta deriva ni vamos a consentir, en la medida en que podamos evitarlo, que sigan ustedes perjudicando el interés general para ganar un poquito de tiempo para ustedes mismos.
Por eso votaremos en contra de este real decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señor Salvador, don Carlos.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, si hay un problema en nuestro país que requiere hoy un tratamiento absolutamente prioritario ese es, sin lugar a dudas, el nivel insoportable de paro que afecta a millones de españoles. Y si hay hoy una
reforma estructural absolutamente urgente en la que coinciden todos los expertos de dentro y fuera de nuestro país, esa es la reforma del mercado laboral; una reforma que exige consenso, valentía, imaginación y acierto.
Mi partido, desde
luego, cree que vamos ya tarde, dado nuestro estado de salud económico y social totalmente crítico.
Señor ministro, el Gobierno nos presenta una reforma muy esperada que, a nuestro juicio, llega tarde y se queda un tanto corta. ¿Alguien cree sinceramente que los emprendedores españoles se van a animar a contratar si aprobamos esta
reforma? ¿Esto es lo que esperaban? ¿Alguien cree que con estos cambios vamos a rebajar de manera estructural los 5.000.000 de parados? ¿Alguien cree que esta es la reforma que nos está demandado Europa, la que va a devolver la confianza a los
mercados internacionales, la que racionalizará los distintos contratos de trabajo, la que terminará con el absentismo laboral, la que situará las cotizaciones en un nivel sugerente para los empleadores, la que reducirá la economía sumergida, la que
facilitará la unidad de mercado o la que disminuirá los trámites burocráticos para la creación de empresas? La única virtualidad, señorías, la única bondad a estas iniciativas pasa precisamente por poner fecha fija a una votación sobre todos estos
aspectos que deberán estar recogidos al final del proceso legislativo en una reforma integral que pretenda considerarse llamarse como tal.
Señorías, devolver al Gobierno esta iniciativa y retrasar la tramitación de la reforma hoy supondría una equivocación. Ya no hay tiempo para parches, ni para componendas, ni para trampas en el solitario. La realidad es muy tozuda,
señorías, señor ministro, y cometerá un grave error quien crea que puede obligar a los empresarios a crear empleo por decreto; no se puede hacer. Y se equivocarán quienes en este momento crítico de nuestra historia no acepten que hoy se debe
garantizar la libertad para emprender, que debemos motivarla en positivo, acompañarla, no tutelarla con recelos ni prejuicios ideológicos que no crean empleo, créanme. Con 5.000.000 de parados mucho me temo, señor ministro, que no nos queda otro
margen de maniobra que no sea el de facilitar el emprendimiento incluso abaratando sus costes, aunque sea con medidas coyunturales de ida y vuelta. Si queremos salir de esta situación, no nos queda más remedio que renunciar a algunas ventajas,
aunque las creamos derechos adquiridos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Quienes así lo han hecho con sentido común, solidaridad y conciencia de la gravedad de la situación son los únicos que han visto la luz
al final del túnel. Hoy, señorías, nadie, ni dentro ni fuera de España, entendería que por razones estrictamente partidistas o por intereses inconfesables de algunas minorías cerráramos la puerta al debate urgente sobre la reforma laboral. Es
verdad que a nosotros no nos convence hoy el contenido del real decreto, tampoco la política económica de este Gobierno...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, por favor.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: ... pero menos aún nos convence retrasar una solución, un debate, una reforma que ayude a reducir de una vez por todas el paro en España.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Rios.
El señor RIOS RULL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme empezar mis palabras deseando en nombre de Coalición Canaria un pronto restablecimiento a los soldados heridos en Afganistán, tres de ellos pertenecientes al regimiento Soria 9, con sede en la isla canaria de
Fuerteventura. También quiero expresar el alto honor y, sobre todo, la enorme responsabilidad que supone, como demócrata y nacionalista, representar al pueblo canario en esta Cámara.
Señorías, señor ministro, Coalición Canaria se va a abstener en la convalidación del decreto-ley de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, y lo va a hacer fundamentalmente por coherencia con posicionamientos similares
sobre la materia, en particular en la reforma laboral, donde Coalición Canaria se abstuvo, porque esa reforma no contentó a nadie, ni a empresarios ni a organizaciones sindicales.
Prueba de ello es que todavía hoy desde determinados sectores se
sigue reclamando una reforma más profunda. Coalición Canaria coincide con el Gobierno en que la normativa que regula la materia ya no responde a las necesidades actuales ni del mercado de trabajo ni de la economía española, pero no compartimos que
su reforma fuese de extraordinaria y urgente necesidad, que es el presupuesto fáctico que prevé la Constitución en el artículo 86 para habilitar al Gobierno a dictar este tipo de disposiciones con rango de ley. Por ello, Coalición Canaria sí
apoyará que el decreto-ley, en caso de que se convalide, se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Tampoco comparte Coalición Canaria que el Gobierno ignore total y absolutamente a las comunidades autónomas, que, aunque carecen de competencias normativas, sí la tienen para su ejecución según la Constitución y sus respectivos estatutos.
La negociación se limita -como todos ustedes saben- en ámbitos autonómicos que ponen en peligro singularidades de determinados territorios, como en este caso el canario.
Por su parte, Coalición Canaria también justifica su abstención en que, como
sucedió en la reforma laboral, esta reforma, en la negociación colectiva y en determinados efectos de los convenios, se vuelve a quedar a medio camino, con luces pero también con profundas sombras. Como dijo mi compañera Ana Oramas con ocasión de
la reforma laboral, esta reforma no convence a nadie o, lo que es lo mismo, ni es chicha ni es limoná. Por último,
el decreto-ley tampoco aborda cuestiones importantes como la lucha contra el absentismo laboral o el papel que deben jugar las mutuas y las reformas de su régimen jurídico.
En definitiva, señorías, señor ministro, en la medida que coincidimos con el Gobierno en que es necesaria una reforma en la negociación colectiva que actualice la normativa y dote de flexibilidad a las distintas situaciones que se dan en la
negociación colectiva, Coalición Canaria no va a votar en contra pero tampoco a favor. Ello sucederá si a lo largo de la tramitación como proyecto de ley se logra un consenso mínimo entre los entes sociales y las formaciones políticas y se da
respuesta a las cuestiones aquí planteadas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Rios.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, regular las relaciones laborales dentro del marco competencial autonómico es un principio político del BNG, y sería razón suficiente para votar en contra de una legislación que, como esta, nos aleja cada vez más de
este principio. Tenemos que recordar que los acuerdos alcanzados en el año 1997 ya supusieron en la práctica una recentralización de la negociación colectiva y se potenció la negociación de ámbito estatal. Si a esto añadimos la reforma de 1994,
sobre todo lo establecido en el artículo 84 con respecto a las estructura de concurrencia y prevalencia, observamos la desvalorización de convenios de rango inferior, caso de los de carácter sectorial provincial. El real decreto que estamos
debatiendo vuelve a incidir en lo mismo, una negociación burocratizada y controlada desde Madrid frente a una negociación más viva, activa, directa y cercana a los actores implicados.
Señor ministro, aunque en el artículo 84 se hace mención -usted lo ha dicho- a la negociación colectiva autonómica, no hay nada que indique en el real decreto que se vayan a eliminar los impedimentos actualmente existentes para que se
articulen convenios de ámbito autonómico, como es el caso gallego, donde existe una representación sindical del 30 por ciento que así lo solicita. Pero, señor ministro, señorías, tenemos más razones que las que hemos planteado para votar en contra
de este real decreto. No podemos olvidar el debilitamiento que de la negociación colectiva y la desprotección de los trabajadores se hace en el mismo.
Estamos ante una nueva deslegitimización y desvalorización de los convenios de ámbito sectorial
provincial, que se hace además en beneficio de la prevalencia del convenio de empresa, sobre todo en materias que pueden representar un grave perjuicio para los trabajadores y trabajadoras, ya que pueden ver reducidos sus derechos laborales y
salariales actuales. De nuevo lo de siempre: se cargan las tintas sobre la parte más débil, se rebaja la protección de los trabajadores y se beneficia a la parte empresarial. Un debilitamiento en la negociación que desembocará, desgraciadamente,
en mayores recortes sociolaborales, como así se explica en el artículo 82 apartado 3, según la redacción que queda figura estos momentos. ¿Cómo se entiende, señor ministro, que una empresa pueda desvincularse del régimen salarial superior de la
empresa cuando esta tenga un nivel persistente de reducción de ingresos pero mantenga beneficios? Es inexplicable. Su Gobierno socialista, señor ministro, sigue plegándose a las exigencias de la gran patronal, de la gran banca, del Ecofin y del
FMI, que ayer mismo les exigió más recortes, haciendo un llamamiento duro a nuevos recortes salariales y mayor flexibilidad laboral; por cierto, el FMI, un órgano que, desde nuestro punto de vista, no está precisamente sobrado de credibilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por tanto, señor ministro, le volvemos a decir que la del mercado es una dictadura en toda regla, donde no existe la democracia. Es otro camino el que le pide el BNG, el del reforzamiento del Estado del
bienestar para que las mayorías sociales puedan superar la grave crisis económica, sin que paguen siempre los platos rotos de los poderes financieros las capas sociales más desprotegidas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por tanto, señor ministro, nuestro voto será en contra y lamentamos no tener tiempo nada más que para manifestar telegráficamente nuestra posición.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, comentaba usted y comentaba algún otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que para llegar a un acuerdo sobre esta materia -materia relevante- faltaron quince minutos de tiempo.
Esto me recuerda
-usted, por razones generacionales, seguramente lo recordará con más facilidad que otras personas más jóvenes- una canción muy conocida de Víctor Jara, que también descanse en paz, Te recuerdo Amanda, cuando comentaba que la vida es eterna en cinco
minutos, no en quince. La vida es eterna en quince minutos, señor ministro.
Le voy a hacer la primera reflexión de naturaleza preambular. No se han tomado ustedes en serio esta negociación. Permítame que sea tan franco en las expresiones porque la relación que usted y yo tenemos es una relación afectuosa con
carácter general. Ustedes han tomado la negociación con los grupos parlamentarios a beneficio de inventario. Me atrevería a decir, señora presidenta, que han conseguido algo que es difícil de conseguir en esta Cámara, la desafección de la
totalidad del arco parlamentario, de los demás grupos parlamentarios. No tienen en este momento el voto de ningún grupo garantizado; es más, creo que lo que tienen garantizado es casi lo contrario, pero no vamos a adelantar acontecimientos.
Señor ministro, algo han hecho mal en el ámbito de la negociación. Pero es que también se lo han tomado a beneficio de inventario con los interlocutores sociales, porque tampoco ninguno de los interlocutores sociales, que son los
concernidos por la norma, que son los sujetos legitimados para la negociación de los convenios colectivos y por tanto los destinatarios directos de lo que estamos regulando en la nueva estructura de la negociación colectiva, tampoco está ninguno de
ellos satisfecho. Tiene usted una capacidad casi omnicomprensiva para dejar insatisfecho a todo el mundo con el que negocia. Yo no pensaba que iba a tener que realizar algún día esta reflexión, pero casi uno empieza a echar de menos a su
predecesor, al ministro Corbacho, por lo menos en lo concerniente al debate de esta norma que estamos hoy tramitando. Pero, por si fuera poco todo lo anterior, quien les han mandatado a realizar estos deberes -al fin y al cabo estamos hablando de
deberes que ustedes tienen que obedecer obligatoriamente, sin ninguna capacidad de disposición-, quien fuera el mandante -yo no sé quién es el sujeto mandante, usted o la vicepresidenta Salgado lo sabrán, será el Ecofin, será el Fondo Monetario
Internacional, serán los mercados, será la ratio de solvencia de la deuda española-, desde luego, si usted se va a presentar al examen con el mandante de estos deberes con este real decreto-ley, señor ministro, le auguro con toda seguridad que va a
suspender; se va a tener que volver a presentar en septiembre. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es que, ante la creciente desafección de acuerdos con los interlocutores sociales, ustedes han recurrido sistemáticamente y de forma exactamente
proporcional a adelgazar el contenido de la norma. Y estamos debatiendo un real decreto-ley con cuatro artículos, señor ministro, con cuatro, más algunas disposiciones adicionales, transitorias y finales, pero con cuatro preceptos. Han ido
adelgazando crecientemente el contenido de la norma hasta convertirla en una norma manifiestamente inoperante para acomodar o reestructurar la negociación colectiva de forma pertinente o conveniente a la competitividad, a la creación de empleo y a
una posibilidad de negociación de convenios colectivos nuevos.
Mire, señor ministro, ni va a haber nuevos convenios colectivos con esta norma -casi con toda probabilidad-, ni los mecanismos o la reestructuración de la negociación colectiva va a posibilitar una mejora de las condiciones de competitividad
de nuestra economía, ni esto va a favorecer la creación de empleo, que es el problema que a usted y a todos los que estamos aquí presentes nos concierne de forma absolutamente prioritaria. Le podría decir más pero tampoco me quiero regodear en esta
suerte, en la suerte de las críticas. Algunos grupos nos consideramos engañados casi con carácter personal, engañados en virtud de expectativas que ustedes generaron en negociaciones bilaterales y que luego han sido objeto de incumplimiento
unilateral, igualmente unilateral por su parte.
Espero que el señor Membrado -con el que usted está manteniendo una interlocución también bilateral- esté en condiciones de reformar o de remover este engaño al que usted en concreto ha sometido a mi
grupo parlamentario.
Entrando en sus contenidos hay que decir que la pequeñez de la norma no permite reproducir aquí la conseja de que el buen perfume está en tarro pequeño. La pequeñez de la norma es pequeñez, sin más, y la pequeñez de la norma lo que impide
es su efectividad y su aceptación o no, y por tanto su ineficiencia, por los concernidos por ella, por los legitimados para negociar convenios colectivos. Pero quiero reproducir algunas de las reflexiones del señor Ridao, que me han parecido
particularmente pertinentes, que hacen referencia a cómo esta norma consigue algo patológico, en nuestra opinión, y contrario a la filosofía, a la ontología de lo que ustedes pretenden a efectos de reestructurar la negociación colectiva, que parece
ser que consiste en afianzar la negociación colectiva en el ámbito de la empresa de forma preferente; en excluir el ámbito provincial intermedio, que es el más frecuente, el más abundante entre los 4.500 convenios registrados en este momento en el
Estado, y en algo que ha dicho el señor Ridao y que es vierto, aunque usted lo ha negado, en difuminar la negociación colectiva en el ámbito autonómico. No voy a reproducir la expresión difuminar, cuyo copyright se lo dejo al señor Joan Ridao,
pulverizar -sería la expresión- la negociación colectiva en el ámbito autonómico. ¿Por qué? Porque en el artículo 84.3 ustedes establecen lo que ya se estableció en la reforma del año 1994; yo también participé en aquella reforma, seguramente
usted también participó indirectamente y la conoce. Se retrocede, esta reforma resulta regresiva sobre lo que se aprobó en el año 1994 en materia de concurrencia de convenios colectivos.
En relación con el juego combinado de los artículos 84 y 83 del Estatuto de los Trabajadores, efectivamente, el artículo 84.3 del Estatuto de los Trabajadores expresa que un convenio colectivo de comunidad autónoma podrá disponer o alterar
lo dispuesto en uno de ámbito estatal, pero utiliza una locución que resulta particularmente perversa, señor ministro, y cuya exclusión le volvemos a solicitar por enésima vez, la expresión: salvo pacto en contrario. Trampa saducea, decía el señor
Ridao. Trampa saducea al cubo: siempre va a haber un pacto en contrario
que impida la prevalencia del convenio colectivo de comunidad autónoma sobre el convenio colectivo de ámbito estatal. Aquí, el juego combinado del artículo 84.3 y 83.2, que es el que legitima a los interlocutores sociales para realizar
pactos que estructuren territorial, sectorial y personalmente la negociación colectiva, tiene las siguientes posibilidades. O existe un pacto estatal que reestructurara como consideren los interlocutores la negociación colectiva al margen de la
voluntad de este real decreto-ley; podrían forzar la recuperación de los convenios provinciales aunque el real decreto-ley no lo quiera; podrían hacer desaparecer los convenios de empresa, aunque sea la pretensión del real decreto-ley sea su
fortalecimiento, pero en todo caso van a hacer desaparecer los convenios de ámbito de comunidad autónoma en detrimento y no posibilitando la afectación y la hegemonía de los convenios de comunidad autónoma sobre los de ámbito estatal. Puede suceder
otra cosa, también realizando una interpretación combinada de los artículos 84.3 y 83.2: que exista simultáneamente un pacto de ámbito estatal y un pacto de ámbito autonómico. Dada la prevalencia del pacto de ámbito estatal sobre el pacto de
ámbito autonómico, nos encontramos de nuevo con la situación anteriormente descrita: la prevalencia del pacto de ámbito estatal va a generar una vis atractiva de la negociación colectiva de los convenios de ámbito autonómico, que van a declinar
ante la hegemonía de los convenios de ámbito estatal. Luego, no solo están pulverizando algo que forma parte históricamente de nuestro acervo ideológico y cultural en esta materia, la configuración de un marco autónomo de relaciones laborales, sino
que están regresando, están retrocediendo sobre la reforma o lo previsto en la reforma del año 1994; regresión que nosotros, en principio, señor ministro, y no lo tome como una amenaza sino solo como una advertencia, no vamos a tolerar.
Por otra parte, en el ámbito también de la articulación de marcos autónomos de relaciones laborales, usted no ha explicado a nadie por qué se reserva o se apodera el ámbito estatal en exclusiva la negociación de determinadas condiciones de
trabajo, todas las previstas en el artículo 84.4 de la reforma que ustedes preconizan aquí, incluso incorporando materias que antes no estaban reservadas al ámbito estatal, que estaban reservadas al ámbito autonómico.
En resumen, nos encontramos con dos problemas, señor ministro, y con esto acabo mis palabras, señora presidenta. En primer lugar, ustedes centralizan la negociación colectiva, contradiciendo lo que ustedes explicitan en la propia exposición
de motivos del real decreto-ley, la centralizan, la estatalizan. Y, por otra parte, ustedes...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y, por otra parte, ustedes no dejan ningún tipo de suerte en el ámbito de la concurrencia a la convención en ámbitos inferiores al estatal. Si esa es su propuesta, no es la nuestra, y el adelgazamiento de la norma
no va a provocar ningún efecto en materia de consolidación de una negociación colectiva eficiente, que es lo que debería pretender usted con una norma de estas características.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, tomo la palabra en esta convalidación del real decreto y he de empezar recordando, señor ministro -otros portavoces así lo han afirmado-, que estamos frente a un fracaso del Gobierno. El Gobierno planteó tarde esta
reforma y fue incapaz de poner de acuerdo a las partes sobre la misma. Somos todos conscientes -y usted de manera muy especial- de que en materia de negociación colectiva lo ideal, lo óptimo, en la medida que tiene que ver con cómo se organizan las
empresas y que eso tiene que ver con trabajadores y empresarios, es que la norma que regula esta materia responda a ese acuerdo. Ahí existe un fracaso evidente del propio Gobierno; fracaso también de los agentes sociales y de las capacidades que
tiene el diálogo social, la concertación social, de dar la respuesta adecuada en tiempos de crisis; fracaso también de los agentes sociales.
En la reforma laboral que aprobamos hace cerca de un año, en septiembre del año pasado, y a petición de Convergència i Unió, se introdujo precisamente un mandato para que si ese fracaso del diálogo social se producía, fuese el Gobierno quien
tomase cartas en el asunto y legislase, y el Gobierno ha tenido que dar cumplimiento a ese mandato legal. Mi grupo discrepa de las consideraciones de otros portavoces cuando afirman que esta es una reforma fruto de las presiones exteriores. Esta
es una reforma fruto de un mandato legal aprobado por esta Cámara que constataba que entre los problemas que tiene nuestra economía están los problemas derivados de la estructura y del funcionamiento actual de la negociación colectiva. Convergència
i Unió no apuesta por un proceso de finiquitación del derecho del trabajo ni apuesta por un proceso de individualización de las relaciones laborales, pero sí apostamos claramente por un modelo de derecho del trabajo que no nos condene a un paro
estructural como el que tiene España, que no nos condene a que la única fórmula de flexibilidad de las empresas sea el despido o que continúe castigando a jóvenes, a personas de origen extranjero, a mujeres, a un trabajo precario. Y eso, señor
ministro, señorías, responde a los problemas de fondo que también tiene nuestro sistema de negociación colectiva. Somos partidarios de un proceso a fondo de modernización de nuestras relaciones laborales que ponga en el centro la
buena gestión de los recursos humanos y la capacidad de competir de nuestras empresas.
Señorías, cualquier analista que se aproxime a esta realidad con un mínimo rigor sabe que la reforma es imprescindible en términos de una mejor estructuración de nuestra negociación colectiva, de un acercamiento del proceso de negociación
colectiva a las necesidades concretas de las empresas, que introduzca mayor flexibilidad y mayor adaptación a los cambios del ciclo económico -y en esta crisis se ha demostrado que nuestro sistema de negociación colectiva es incapaz de impedir la
salida del despido-, que se oriente hacia la flexibilidad interna frente a una orientación hacia la flexibilidad externa y que tenga en cuenta las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y de los emprendedores. La propia
Unión Europea está reclamando en sus políticas que incorporemos a nuestra visión en estos asuntos el principio de la Small Business Act, que nuestras legislaciones respondan a este ámbito -es evidente, señorías, que eso no está sucediendo- y que
además nuestra negociación colectiva sea capaz de vincular claramente la evolución de los salarios a la evolución de la productividad y de los beneficios de las empresas. Hemos vivido situaciones absurdas durante esta crisis: empresas que han
tenido que subir los sueldos que pagan a sus trabajadores un 3 o un 4 por ciento, una situación absolutamente impresentable en estos contextos.
El Gobierno en su exposición, el señor ministro en las intervenciones que ha hecho en la Cámara, compartiría estos diagnósticos, nada originales, por otro lado. La OCDE, los expertos, nos insisten en ellos; en cambio, el real decreto-ley
que aprobó y que hoy solicita que la Cámara convalide es claramente insuficiente para dar respuesta a la magnitud del reto. El problema, señorías, no es la música que ustedes nos tocan, que yo creo que más o menos la Cámara la podría compartir,
sino cuando uno entra a analizar la letra de esta partitura, que se aleja de las necesidades de las empresas, de las necesidades de los trabajadores, de las necesidades de los desempleados.
Señor ministro, usted sabe que esta misma mañana nuestro grupo parlamentario le ha planteado determinadas cuestiones que a nuestro entender son imprescindibles para que esta norma tenga esa utilidad que pretendemos: utilidad de creación de
confianza entre las empresas, utilidad para ayudar a la generación de empleo y utilidad para el mantenimiento del empleo. Les hemos planteado algunas cuestiones muy concretas. Les hemos planteado la necesidad de una mayor flexibilidad interna,
tanto en materia de distribución de la jornada como en materia de movilidad funcional, así como en materia salarial. Le hemos planteado que los dos grandes polos de la negociación colectiva deben ser la empresa, donde se sitúa buena parte de los
problemas que vive nuestra economía, pero también el convenio de ámbito autonómico. El planteamiento que hace el real decreto-ley del Gobierno se aleja, a nuestro entender, no tan solo de las previsiones de la reforma del año 1994 sino también de
las sentencias del Tribunal Supremo, que han reforzado esa primacía del convenio autonómico frente al convenio estatal. Afirmada desde la tribuna por un diputado de Convergència i Unió, la defensa del marco de relaciones laborales propio de
Cataluña, fruto de la concertación social en Cataluña por parte de los agentes sociales catalanes, nos parece absolutamente imprescindible.
Le hemos planteado también nuestras dudas y discrepancias sobre cómo el Gobierno afronta la resolución de los problemas vinculados a la renegociación de los convenios colectivos. Usted sabe que la fórmula del arbitraje, por el que el
Gobierno apuesta de manera indirecta, suscita enormes dudas en la doctrina y enormes dudas de encaje en nuestro modelo constitucional. No terminamos de ver que esa sea la cuestión que permita resolver los problemas de fosilización de nuestra
negociación colectiva.
También le hemos planteado la necesidad de ir hacia un proceso de renovación no tan largo en el tiempo. No tiene sentido que nos planteemos catorce meses de renegociación de un convenio colectivo con la que está cayendo.
Hemos planteado introducir un menor nivel de duración del mismo.
Les hemos planteado, se lo planteamos la primera vez que hablamos con usted de estas cuestiones, que las necesidades de las pymes se deben tener en cuenta y que aquellas personas que
inician su primera actividad económica, los emprendedores, también deben tener un marco que facilite la puesta en marcha de esos negocios. Les hemos reclamado que aquello que acordaron, poco o mucho, empresarios y sindicatos en materia de lucha
contra el absentismo se incorpore en este real decreto. Les hemos planteado estas cuestiones, porque para las pequeñas y medianas empresas el absentismo continúa siendo un problema. Les hemos reclamado también que se incorporen en este texto
mensajes que refuercen esta idea de que los salarios también deben estar más vinculados a esa evolución de la productividad y de los beneficios de las empresas. No tenemos respuestas concretas, claras y evidentes que nos den seguridades en estas
materias en estos momentos en que hablo desde en la tribuna.
Finalmente, señorías, estamos convencidos de que el reto de acertar en esta reforma es imprescindible. El Gobierno ha perdido de momento la oportunidad de hacerlo bien y el Gobierno, en algún momento, deberá corregir su planteamiento.
Muchas gracias. (El señor ministro de Trabajo e Inmigración, Gómez Sánchez, pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Señor ministro, quiere usted intervenir? (Asentimiento.) Sabe, señor ministro, que tiene usted el derecho reglamentario de hacerlo, pero le tengo que hacer la misma advertencia que en la ocasión anterior, que usted abre un debate que puede
ser motivo de réplica. (Rumores.) Señorías, silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Intervendré muy brevemente para responder a algunas de las intervenciones y también a algunos de los requerimientos que se han suscitado en este debate.
(Rumores.)
En primer lugar, el Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones públicamente...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): En primer lugar, el Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones públicamente, y también a los grupos parlamentarios con los que ha mantenido conversaciones y negociaciones en
esta materia, uno, que su actitud durante el proceso de tramitación parlamentaria es una actitud abierta.
Dos, ha dicho que entre esos temas a tratar en el ámbito del desarrollo parlamentario están los asuntos vinculados con el absentismo y con la
organización de las mutuas, algunos de ellos son temas también sobre los que se ha ido avanzando en la tramitación parlamentaria de la Ley de pensiones. Hemos dicho también que estamos dispuestos a estudiar, a la luz de nuestra jurisprudencia, el
papel del convenio colectivo de la comunidad autónoma. Hemos dicho también que en nuestra opinión, sinceramente, no había una situación en la que el convenio de comunidad autónoma quedara postergado o en menor posición que la que había con carácter
previo a la aprobación de este real decreto-ley. Hemos dicho también que estábamos dispuestos a analizar los plazos de renegociación de los convenios colectivos entre ocho y catorce meses, y lo hemos dicho además en la perspectiva de que hemos
elegido no casualmente esas cifras sino que ahí estaba aproximadamente lo que hoy, en términos medios, se estaba dedicando a ese proceso de negociación en función de la duración de los convenios. Sabemos que cuanto más largos son los convenios, más
tiempo se dedica a su negociación y estábamos dispuestos a estudiar la posibilidad de introducir alguna rebaja adicional, no demasiada, porque no queremos negar una realidad, y es que para negociar un convenio hacen falta más de cuatro o cinco meses
en casi todas las ocasiones. Nada impide que se haga en menos, pero sabemos bien que hay un periodo de negociación, de conformación de las opiniones suficiente.
Hemos dicho que estamos dispuestos a mejorar las posibilidades de movilidad funcional y de distribución irregular de la jornada, con una condición, la de que eso fuera también fruto del acuerdo y del convenio en el seno de la empresa, y que
cuando no lo hubiera existiera un procedimiento de mediación y arbitraje posterior. Hemos dicho que estábamos dispuestos a contemplar, naturalmente en la exposición de motivos, donde únicamente cabe, que es necesario -yo así lo considero también-
mejorar la relación entre salarios y productividad. Lo digo desde la perspectiva de que eso es algo que habitualmente se tiene en cuenta en nuestra negociación colectiva. De verdad, señorías, no hay ningún convenio, ninguno, que no tenga en cuenta
la productividad de la empresa, ninguno, y cuanto más cerca está de la empresa, en los convenios de empresa, más imposible resulta encontrar ejemplo alguno que no tenga en cuenta la productividad de la empresa, porque los trabajadores son los
primeros que saben que sin productividad y sin empresa no hay empleo.
Entonces, carece de sentido en mi opinión esta discusión. Tiene más que ver con los problemas que plantea un país como el nuestro, que tiene sistemáticos diferenciales de mayor
inflación que Europa y donde una indiciación sistemática a nuestro índice interior de precios nos aleja en términos de competitividad con el resto de Europa, pero eso no es productividad, eso es precios, precios interiores, excesivos márgenes, fuera
de la industria exportadora, y su repercusión sobre el conjunto de los salarios del Estado.
Hemos dicho por último que estábamos dispuestos a estudiar la posibilidad de avanzar en la flexibilidad interna en situaciones excepcionales, sí, estudiando mecanismos de retorno a una situación ordinaria. No nos hemos negado en ningún
momento a estudiar estas cosas y, vuelvo a repetirlo, tampoco nos negamos en este momento, pero decimos dos o tres cosas importantes. No abandonemos la filosofía. La filosofía en esta norma es la de estimular también el compromiso y la
colaboración de los trabajadores. No abandonemos la posibilidad de legislar en momentos de crisis en temas como este. Yo sé que es difícil. Cuando elegimos un contexto de equilibrio, siempre es difícil, siempre, porque cuando no se firma un
acuerdo los que no lo firman siempre tendrán argumentos para negar el ámbito elegido, bien sean los sindicatos bien sean los empresarios. Sabemos bien que ese es el ejercicio habitual en este tipo de casos, pero el Gobierno ha decidido seguir
escogiendo el terreno del equilibrio, a pesar de que las críticas son críticas que inevitablemente se desenvuelven en uno y otro lado.
Decía el señor Olabarría en tono de broma que él echaba de menos al ministro Corbacho. Créame, señor Olabarría, yo también le echo mucho de menos. (Risas y aplausos.) Se refería también al mandante. El mandante es la Cámara, señoría. El
mandante de esta reforma es la Cámara. Fue la Cámara hace ya algunos meses, en septiembre, quien mandató al Gobierno para que legislara si fracasaba la negociación bilateral. Este es el mandante, no hay ninguno más, somos todos nosotros los que
hemos mandatado al Gobierno para producir esta reforma. Sí, es una reforma con pocos artículos, pero usted sabe bien cuántos artículos tiene el título III, que son aproximadamente el doble que los artículos que tiene esta ley. O sea, que hemos
tocado nada más y nada menos que el 50 por ciento del título III, el que regula nuestra negociación colectiva. Yo no concluiría en este aspecto con la visión de que esta reforma constituye el fracaso del Gobierno. Esta reforma constituye, como
bien se ha dicho aquí, el fracaso de los interlocutores sociales en autorregular sus relaciones en el ámbito de
la negociación colectiva, lo que hace necesario que el Gobierno y la Cámara legislen en esta materia ante la imposibilidad de ponerse acuerdo, la no renuncia a legislar.
Diré solo dos cosas más respecto de la flexibilidad interna. El programa de rescate portugués planteaba como una de sus grandes iniciativas que las empresas de tamaño inferior a doscientos cincuenta trabajadores pudieran tener su propio
convenio. En España saben ustedes bien que puede tener convenio propio cualquier empresa, con independencia de su tamaño.
Italia, que acaba de conocer una experiencia fundamental para las relaciones laborales italianas en el convenio de Fiat, una
de sus grandes empresas exportadoras, ha roto el convenio general sectorial del metal para implantar una bolsa de horas de disposición empresarial, que hace muchos años que están presentes en la mayor parte de nuestra industria automovilística.
Tenemos en muchos aspectos, en muchos, mucha más flexibilidad y capacidad de negociación interna en nuestras empresas que la de la mayoría de los países que nos rodean, pero tenemos que saber apreciarla y sobre todo tenemos que saber explicarla
dentro y fuera de nuestro país.
Nosotros no perseguimos, el Gobierno no ha perseguido en este asunto y en estas circunstancias un abaratamiento de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, es verdad, sin duda no es el mejor momento, pero debo recordarles a todos
ustedes que las tres últimas veces que en este país se han rebajado las cotizaciones sociales -en 2006, en 2005 y en 1993- lo han hecho gobiernos del mismo signo político: han sido gobiernos presididos por un socialista. (Varios señores diputados:
¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.
El señor Olabarría me pide la palabra. Señor Campuzano, ¿va a desear hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) Si les parece bien, tendrán un turno de tres minutos. Señor Olabarría, en primer lugar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor ministro, por las alusiones y por las referencias. Hay una que me ha sorprendido particularmente y es que usted también echa de menos al señor Corbacho como ministro. No esperaba esto.
Pretendía haber utilizado un tono satírico, pero no sabía que estaba tocando tan a flor a piel en el problema que estamos afrontando en este momento. Su argumentario no me ha convencido en absoluto. Es difícil, en tres minutos, exponer por qué no
me ha convencido, pero usted lo sabe como yo, porque su argumentario es falaz, sin que considere esta expresión particularmente agresiva.
Pretendo mantener con usted, como con otros ministros de Trabajo anteriores, la relación de afecto que siempre
he tenido.
Es falaz por lo siguiente. Porque esta perversa locución, salvo pacto en contrario, consignada por el artículo 84.3, posibilita que no sea el real decreto-ley, que no sea la voluntad del Gobierno, que no sea la voluntad de los mandantes,
que ni usted se cree que es esta Cámara: todos sabemos quiénes son los mandantes; si no se lo puede preguntar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, que conoce personalmente a los mandantes que nos obligan a realizar este tipo de deberes y
reformas estructurales, ella sabe quiénes son los mandantes de verdad. No sirve de nada, mientras mantengamos esa expresión, la vocación de fomentar la convención en el ámbito de la empresa; la desaparición de la convención provincial y la
pretendida hegemonía que ustedes pulverizan hacen desaparecer la de los convenios de comunidad autónoma sobre los estatales, siempre que salvo el pacto en contrario, que es un pacto en contrario que negocian los interlocutores sociales estatales,
puedan establecer unidades de negociación diferentes a las previstas en la norma. Y como lo pueden hacer y lo van a hacer, de nada sirve la aprobación de este real decreto-ley, de nada sirve la aprobación de la reforma laboral anterior y de nada
sirve cualquier cosa que no sea converger mínimamente a la reforma del año 1994, donde el pacto en contrario no posibilitaba de forma arbitraria, omnicomprensiva y sin limitación ex lege alguna, la articulación de las unidades de negociación. Usted
sabe que esto es verdad y que va a provocar una situación de metástasis inmediata en la norma que estamos en este momento analizando. Y como usted lo sabe perfectamente -los demás no tienen por qué saberlo-, no voy a hacer glosa alguna más, excepto
la referencia a que era buena persona el señor Corbacho, pero me gusta que usted siga ahí.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hemos citado la reforma que aprobamos en septiembre del año pasado. Mandatábamos entonces que el 19 de marzo de este año el Gobierno legislase y el Gobierno ha alargado la agonía llevando este real decreto al final de la
legislatura, con menos margen para hacer las cosas bien. Haber asumido sus responsabilidades hubiese comportado seguramente aprobar la reforma en marzo de este año.
Coincidimos -nadie puede rechazar eso- en la necesidad de que la flexibilidad sea negociada, pero tal como ustedes configuran el real decreto-ley, esa flexibilidad negociada puede tener un tono lampedusiano: que cambie todo sin que cambie
nada, y que los problemas que padecen las empresas no sea vean resueltos a pesar de algunas innovaciones legislativas que ustedes introducen. Ustedes continúan ignorando la realidad de la mayoría del tejido productivo de nuestra economía, que es un
tejido de pequeñas y medianas empresas, donde exigirles procesos tan burocráticos como el que plantean
en ese real decreto difícilmente les da la flexibilidad necesaria para adaptarse.
Finalmente, usted sabe que el riesgo que abre, si no resolvemos bien el papel del convenio autonómico en este real decreto-ley, es un proceso de recentralización de la negociación colectiva a nivel estatal y que por tanto lo que se abrió en
el año 1994, que ha tenido en algunos sitios un desarrollo más intenso y en otros menos, se vea frustrado. Estas son las cuestiones que Convergència i Unió le ha planteado, sobre las que resulta evidente, como decía al empezar mi intervención, que
la rectificación en cualquier caso va a ser imprescindible.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la economía española evidentemente está hoy en una situación muy vulnerable. Tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea y sufrimos que casi 5 millones de personas no tengan hoy un puesto de trabajo. A esas
incertidumbres que tenemos se suman las dudas sobre la situación de las finanzas públicas y sobre todo la incapacidad de un Gobierno bien para culminar de forma efectiva las reformas iniciadas o bien para poner en marcha el resto de las reformas
pendientes, reformas que son muchas y sin duda muy importantes, pero sobre todo, señor ministro, hoy, esta mañana más que nunca, se siente la debilidad de un Gobierno sin apoyos claros en esta Cámara. España no puede permitirse por más tiempo esta
situación.
El Gobierno trae hoy a convalidación un nuevo decreto-ley, el segundo en el plazo de un año, sobre reforma del mercado de trabajo, y tanto en un caso como en el anterior de hace un año lo ha hecho claramente presionado por los mercados. Por
eso se nos presenta esta mañana una reforma para salir del paso y para cumplir el calendario de Bruselas, que es lo único que de verdad preocupa al presidente del Gobierno. Estamos, pues, señorías, ante una reforma que no es creíble, una reforma
superficial, que no es aplicable inmediatamente, y, lo que es peor, una reforma que tendrá que ser en un futuro reforma para reformar. No es una reforma que vaya a crear empleo, no va a flexibilizar tampoco nuestro modelo de relaciones laborales y,
lo que es peor, no va a tener efectos en el corto plazo en la creación de empleo. Se trata en realidad de una maniobra con la intención de ir ganando tiempo, cuando el tiempo lo estamos perdiendo todos, sobre todo, señor ministro, los 5 millones de
parados que no pueden ni deben esperar ni un minuto más. Esto, señorías, no pasa desapercibido para nuestros socios europeos -claro que no-, pero tampoco para los mercados financieros, y, lo que es peor, no sirve para aliviar la presión que hoy
sufre nuestra deuda soberana. Antes al contrario, corremos el riesgo de que esta iniciativa genere más frustración y desconfianza en la capacidad del Gobierno para consolidar la solvencia de la economía española. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Sí, señor ministro, porque ¿qué reforma de la negociación colectiva necesita España? Una que dé respuesta coherente a los problemas estructurales que tienen nuestro mercado de trabajo y nuestra economía y que modernice por fin las
relaciones laborales. Se lo han dicho todos: la OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, todos los expertos económicos españoles y también los grupos parlamentarios en esta Cámara. El Partido Popular se lo dijo claro hace un
año y lo seguimos diciendo hoy: la reforma de la negociación colectiva era y es imprescindible, por un doble motivo. Sin duda por razones económicas, porque una negociación colectiva ágil y adaptada a las necesidades de las empresas y de los
trabajadores es un instrumento fundamental para superar la crisis que hoy padecemos, pero sobre todo es una necesidad social, señor ministro. Una reforma de la negociación colectiva debe eliminar trabas, debe ayudar a superar la crisis, debe
contribuir a que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo, pero este modelo no lo ha hecho; es más, desde la última reforma laboral ya hemos dejado muchos desempleados, muchos empleos destruidos en el camino. Señor ministro, el Gobierno
siempre les ha fallado en lo fundamental: en la convicción de lo que hay que hacer y de que además es necesario hacerlo.
Defendemos que es imprescindible una reforma de la negociación colectiva, pero no esta reforma de la negociación colectiva, ni por el fondo ni por la forma. Por la forma, porque viene usted aquí con una reforma que no tiene ningún respaldo
ni dentro ni fuera de la Cámara, ni con diálogo social ni con acuerdo político. Han sido incapaces de liderar un consenso político, económico y social porque nunca sabían adónde querían llegar.
No han convencido a nadie, ni a los trabajadores ni a
los empresarios ni a los sindicatos ni a los expertos, a nadie. ¡Qué lejos quedan aquellas frases del señor Zapatero cuando decía en 2008 que no harían ninguna reforma laboral sin consenso! Señor ministro, la realidad es aterradora.
Las dos
reformas más importantes del mercado de trabajo se han hecho en el último año en soledad, por real decreto-ley y con una huelga general en medio. Una vez más el Gobierno del talante ha sido incapaz de impulsar una reforma de acuerdo con los agentes
sociales. Señorías, una reforma sin acuerdo como esta -su reforma- es imposible que se pueda aplicar, porque necesita para su implementación el acuerdo posterior de los agentes sociales. Por tanto, lejos de ser un avance, esta reforma deja hoy en
papel mojado todas sus buenas intenciones. Por lo que se refiere al fondo, señor ministro, tampoco es la reforma que necesitamos, porque estamos hablando de recortes y de retoques cosméticos. Ni hay más flexibilidad en el mercado de trabajo, ni se
clarifica bien la prelación de los convenios en el seno de la negociación colectiva, ni el descuelgue de
los convenios colectivos será real, porque al final queda todo al arbitrio de las partes y a lo que posteriormente acuerden.
Señor ministro, es una reforma fallida, porque está concebida desde el acuerdo y para el acuerdo y no ha existido acuerdo ni tenemos garantías de que se produzca. Señorías, la valoración de este decreto es que crea más ambigüedades y más
burocracia y no resuelve de verdad los problemas que tiene nuestra negociación colectiva. Si valoramos la reforma de 2010 y la reforma de la negociación colectiva que nos trae hoy el Gobierno, parece claro que con ellas nuestro obsoleto modelo de
relaciones laborales no se va a modernizar. Será necesario realizar en un futuro nuevas reformas, habiendo perdido con ello un tiempo precioso y, lo que es peor, nos habremos dejado muchos empleos en el camino.
Señor ministro, necesitamos una reforma de la negociación colectiva, claro que sí, pero no esta reforma de la negociación colectiva que trae a la Cámara. Ni es la reforma que necesita España, ni flexibiliza las relaciones laborales, ni
servirá para crear empleo y, lo que es peor, hay 5 millones de parados que esperan más respuestas y más soluciones por parte del Gobierno. Por eso el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar este decreto-ley. España, señor ministro, necesita
liderazgos, reformas y confianza y ustedes solo traen contradicciones, recortes e incertidumbre.
Los españoles, señor ministro, merecen un Gobierno que se ocupe de solucionarles sus problemas y no de resolver hoy el futuro del Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Don Jesús Membrado tiene la palabra.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, quiero trasladar un mensaje de apoyo, por la larga jornada que hoy estamos dedicando a debatir sobre la negociación colectiva, al ministro de Trabajo, porque creo que se lo está
mereciendo.
Este es un debate no usual en la Cámara y por tanto las respuestas que en la mayoría de los casos está habiendo y que ponen en valor el debate solamente tienen un lado oscuro respecto al mismo, y es la participación del Grupo Parlamentario
Popular. Señora diputada, no sé qué piensan ustedes de la negociación colectiva. Sé que piensan modernizarla, sé que están criticándola, sé que nos acusan de no haberla hecho a tiempo, sé que consideran que es fruto del destrozo del mercado de
trabajo y del efecto en la pérdida de empleo, sé que piensan todo eso en clave negativa, pero no sé qué piensan en clave positiva.
Señora diputada, me hubiese gustado mucho escuchar aquí cuáles eran las propuestas del Partido Popular a un problema como el que tienen en estos momentos las empresas en este país, que es la negociación colectiva.
(Aplausos.) Me hubiese
gustado también que usted hubiese valorado positivamente el esfuerzo que millones de trabajadores, de sindicalistas y de empresarios hacen todos los días para renovar cinco mil convenios que se producen en el conjunto del país, me hubiese gustado
también. Y me hubiese gustado que usted también hubiese valorado positivamente que los treinta años de experiencia del título III del Estatuto de los Trabajadores han sido positivos, porque han democratizado las relaciones laborales, porque han
garantizado en estos momentos capacidad de compra a nuestros trabajadores, porque han generado riqueza y distribuido la misma en el país y porque han sido un elemento central de la constitución de una clase media. Eso es lo que me hubiese gustado
que usted hubiese valorado. (Aplausos.) Lo contrario es echarnos en estos momentos piedras a nuestro tejado.
El título III lo pactó la Unión de Centro Democrático con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en el año 1980 y el apoyo de CEOE y de la Unión General de los Trabajadores. ¡Apoyen eso, que es poner en valor una experiencia positiva!
Este país tiene una negociación colectiva rica, plural, que ha generado riqueza y, sobre todo, señoría, estabilidad. Los empresarios y los trabajadores no son antagónicos en las empresas.
Colaboran en la mayoría de los casos. Eso es fruto de la
negociación colectiva.
Tenemos problemas y necesitamos resolverlos, claro que sí, pero son problemas que surgen fruto fundamentalmente de una crisis descabellada como esta, descomunal, y ante eso vamos a hacer frente. ¿Con qué? Con un real decreto equilibrado,
con capacidad de penetrar en las empresas, de flexibilizar las relaciones laborales en las mismas, de priorizar la negociación colectiva en aquellos ámbitos donde mayor elemento de referencia puede darse: comunidad autónoma y empresa. Eso es lo
que estamos haciendo, eso que es un elemento fundamental, desde el equilibrio de los derechos de los trabajadores y de las obligaciones de los empresarios para con ellos. Eso estamos haciendo, señorías. No estamos dándole la vuelta al calcetín,
porque darle la vuelta al calcetín significaría en estos momentos generar una innecesaria conflictividad, que es lo que menos necesita este país.
Señorías, en el año 2010 nuestro país ha tenido el 50 por ciento de horas perdidas por huelga respecto del año 2009. ¿Ustedes, con la que está cayendo, se creen que eso no ha sido fruto de la negociación permanente? ¿Es que ustedes piensan
que esto ha caído del cielo? Esto es fruto del esfuerzo de empresarios y de sindicatos. Por eso es por lo que hay que hacer una reforma equilibrada y consensuada. No ha podido llegar. El consenso se ha quedado a las puertas del Parlamento, pero
se ha quedado porque ha habido intereses en la última instancia que tenían poco que ver con la negociación colectiva y mucho que ver con el continente social del país. Estaban en clave política algunos empresarios que han impedido que se avance en
la negociación colectiva, y eso ustedes
lo saben muy bien y no son capaces de reconocerlo. (Aplausos.)
Hoy, señorías, es fundamental hablar de lo que existe, de por dónde vamos a avanzar, no de generar un debate que tiene una connotación estrictamente política general. Eso no es estar a la altura de las circunstancias. Estar a la altura de
las circunstancias es poner en valor lo que hacemos y lo que queremos conseguir entre todos. Hoy me hubiese gustado que esta Cámara trasladase al conjunto de la ciudadanía que a pesar de las discrepancias queremos hacer una reforma de la
negociación colectiva, fruto del debate en la Comisión. Eso es lo que tenemos que vender al conjunto de la sociedad, porque eso es lo que la sociedad está esperando que digamos y que hagamos, porque, señorías, esta no es una reforma cualquiera. Es
que estamos hablando de salarios, de jornadas, de vacaciones, de turnos, de promoción interna. Estamos hablando del pan y la sal de todos los hogares de este país. Estamos hablando de que de cada cien trabajadores, setenta y siete se rigen por
negociación colectiva.
Eso es vital y significa darles confianza y seguridad de que vamos a mejorar la competitividad de la empresa garantizando las condiciones laborales de los trabajadores. Ese es el mensaje que hoy debería salir de aquí. Por
eso, señorías, considero que el debate ha sido ilustrativo de lo que piensa el Gobierno, pero también ilustrativo de lo que piensa hacer el principal partido de la oposición: demagogia, populismo y poco más, que es lo que ustedes vienen haciendo
habitualmente. Ese es el problema.
Estoy convencido de que todos sabemos lo que nos estamos jugando esta mañana en esta Cámara. Estoy convencido de que todos sabemos que el hecho de que salga este real decreto puede significar un antes y un después.
Hago un llamamiento al
conjunto de los grupos parlamentarios a la responsabilidad, a la coherencia, a no decir que hoy es necesario hacer reformas y mañana, cuando lleguen, desecharlas como si fuese un desecho de tienta. No, estamos hablando de cohesión, de trabajo, de
sumar para sacar un proyecto de estas características, que debatiremos en Comisión, claro que lo debatiremos, porque nosotros somos los primeros interesados en que se tramite como proyecto de ley y se debata a lo largo de los próximos meses, porque
no queremos hurtar el debate, pero tampoco queremos dar el paraguas para que nadie oculte detrás de un debate general un problema particular y de partido, y es no tener alternativas a las que presenta en estos momentos el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- ACUERDO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL/EL MINISTERIO DE DEFENSA ISRAELÍ, HECHO EN MADRID EL 7 DE FEBRERO DE 2011. (Número de expediente 110/000262.)
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. En relación con el Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel han pedido la palabra el señor Llamazares, el señor Ricomá y el señor Pedret.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para decir que mi grupo parlamentario votará en contra del memorándum de entendimiento que se propone para la protección de información clasificada entre el Reino de España, el Gobierno del Estado de Israel y,
aparte, su Ministerio de Defensa. No tiene precedentes que consideremos casi como un Estado diferenciado al Ministerio de Defensa israelí.
Daré cinco razones muy breves. En primer lugar, Israel incumple las resoluciones de Naciones Unidas y la Convención de Ginebra. En segundo lugar, Israel tiene unos servicios de inteligencia, el Mossad, que es responsable de ejecuciones
extrajudiciales y de que sus agentes recientemente usurpen identidad de personas extranjeras que nada tienen que ver con el terrorismo de Estado. En tercer lugar, como consecuencia de esto, en España se tramitan demandas judiciales contra Israel,
sus autoridades políticas, militares, sus servicios de inteligencia, por crímenes contra la humanidad. En cuarto lugar, quiero llamar la atención sobre el artículo 7.7 relativo al terrorismo, que plantea la obligación de las partes de notificar
cualquier alarma que suponga un peligro o amenace la seguridad. Pongamos por ejemplo, señorías, la expedición rumbo a Gaza, un viaje pacífico, que saldrá el 25 de junio. ¿Debe dar España información al ejército israelí para que convierta ese viaje
de nuevo en un baño de sangre? ¿Esa es la información que se nos pide? En quinto lugar, el acuerdo ha tenido -como he dicho antes- una dificilísima andadura; ha pasado un año desde que fue aprobado en el Consejo de Ministros y, sin lugar a dudas,
tiene que ver con el hecho de que Israel quiera que este acuerdo no sea solamente entre Estados, sino que sea entre el Estado de Israel y el Estado español y, de manera diferenciada, entre el Estado español y el Ministerio de Defensa israelí. En
nuestra opinión, aceptamos un precedente inaceptable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor De Arístegui tiene la palabra.
El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, los acuerdos en materia de seguridad entre Estados son una cuestión habitual entre los Estados democráticos. La defensa de la información sensible en la lucha contra el terrorismo y otros tipos de delincuencia organizada y grave
es habitual. Me parece de una irresponsabilidad verdaderamente extraordinaria que las obsesiones del señor Llamazares y de su grupo vuelvan a hacer aquí una especie de espectáculo, casi circense, y pongan en cuestión Estados con los que mantenemos
relaciones diplomáticas y con los que hemos tenido una cooperación estrecha en materia antiterrorista y que, además, ha dado frutos en el pasado con todos los gobiernos democráticos de España, fueran del color que fueran. Le pido al señor
Llamazares que tenga responsabilidad en la defensa de los convenios y tratados que firma el Reino de España con otros países, especialmente aquellos que tienen que ver con la seguridad y la lucha contra el terrorismo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Arístegui.
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista votará a favor de la autorización para ratificar el tratado de que se trata, que viene a sustituir al ya existente de 13 de febrero de 1995. Creemos que la normalidad en las relaciones con todos los Estados, sin entrar a
juzgar políticamente las actividades de los gobiernos de los Estados, es algo absolutamente necesario y normal en las relaciones internacionales, y más en una materia tan sensible como la de la información clasificada en la que, desde luego, España
no puede renunciar a tener acceso a datos importantes en la comunidad de inteligencia internacional. Por ello, para perfeccionar el ya existente de 1995, autorizaremos al Gobierno la ratificación de este convenio.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.
Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO LEY 7/2011, DE 10 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. (Número de expediente 130/000044.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento. Vamos a iniciar las votaciones. Cierren las puertas, por favor.
Votamos en primer lugar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para mejora de la negociación colectiva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 169; en contra, 159; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos.)
¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Asentimiento.) Prácticamente todos los grupos de la Cámara lo solicitan. Sometemos a votación esta solicitud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 346; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)
- ACUERDO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL/EL MINISTERIO DE DEFENSA ISRAELÍ, HECHO EN MADRID EL 7 DE FEBRERO DE 2011. (Número de expediente 110/000262.)
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. En primer lugar, vamos a votar el convenio con Israel.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 339; en contra, seis; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el convenio internacional.
- ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, POR OTRA, POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO EN MATERIA DE COMERCIO, DESARROLLO Y COOPERACIÓN, HECHO EN KLEINMOND, SUDÁFRICA, EL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000263.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, EN PARTICULAR, EL TERRORISMO, EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA, HECHO EN MADRID EL 3 DE MARZO DE 2011.
(Número de expediente 110/000264.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN AMMAN EL 15 DE MARZO DE 2011. (Número de expediente 110/000265.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SERBIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 31 DE ENERO DE 2011. (Número de expediente 110/000266.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GHANA SOBRE LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS
CONSULARES, HECHO EN ACCRA EL 31 DE MARZO DE 2011. (Número de expediente 110/000267.)
- CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA RELACIONADO CON LOS COSTOS, RÉGIMEN LINGÜÍSTICO Y REMISIÓN DE SOLICITUDES, HECHO EN MAR DEL PLATA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000268.)
- ACUERDO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, HECHO EN LISBOA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000269.)
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, ¿se pueden aprobar por asentimiento de la Cámara el resto de convenios? (Asentimiento.)
Quedan aprobados.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(VOTACIÓN.)
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000285.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 345.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas por unanimidad.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: A continuación, y por tratarse de iniciativa con carácter orgánico, procede la votación de conjunto en los términos del texto publicado, con las correcciones técnicas que han sido distribuidas.
En esos términos,
comienza la votación, con el carácter de orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 343.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Se enviará al Senado para su ulterior tramitación.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.