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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 254, de 21/06/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 254
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 242
celebrada el martes, 21 de junio de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, orgánica de modificación del artículo 160 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 320-1, de 17 de junio de 2011. (Número de expediente 122/000285.) ...
(Página 5)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de protección de menores en situaciones de violencia de género (orgánica). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 284-1, de 29 de octubre de 2010. (Número de
expediente 122/000256.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 253-1, de 4 de junio de 2010.
(Número de expediente 122/000228.) ... (Página 13)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre defensa en las instituciones europeas del libre tránsito de personas recogido en el Acuerdo de Schengen. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 584, de 10 de junio de 2011. (Número
de expediente 162/000874.) ... (Página 20)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo a la industria agroalimentaria española en el sector de frutas y hortalizas afectada por la crisis alimentaria en Alemania. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 584,
de 10 de junio de 2011. (Número de expediente 162/000875.) ... (Página 24)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para profundizar en la credibilidad, la transparencia, la austeridad y los controles democráticos de las instituciones y poderes
del Estado. (Número de expediente 173/000222.) ... (Página 28)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la revisión de la política de gobernanza y autonomía universitaria para avanzar hacia una universidad de calidad. (Número de expediente 173/000223.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para fortalecer la 'Marca España' y contribuir al posicionamiento estratégico de las empresas españolas en los mercados internacionales.
(Número de expediente 173/000224.) ... (Página 38)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 43)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 43)
Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 44)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 44)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 45)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Inclusión en el orden del día ... (Página 5)
El señor presidente pregunta a la Cámara, de conformidad con el Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, si se acepta la modificación del orden del día consistente en que como último punto del orden del día de hoy se someta a
debate la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de protección de menores en situaciones de violencia de género (orgánica) ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Camarero Benítez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea
Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y García Valls, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ... (Página 13)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Quijano González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de Ley ... (Página 20)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre defensa en las instituciones europeas del libre tránsito de personas recogido en el Acuerdo de Schengen ... (Página 20)
Defiende la proposición no de ley el señor Madina Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Tardà i Coma.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo a la industria agroalimentaria española en el sector de frutas y hortalizas afectada por la crisis alimentaria en Alemania ... (Página 24)
Defiende la proposición no de ley el señor Llorens Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Guinduláin Guerendiáin, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Llorens Torres.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 28)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para profundizar en la credibilidad, la transparencia, la austeridad y los controles democráticos de las instituciones y poderes
del Estado ... (Página 28)
Defiende la moción el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Lassalle Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto y la señora Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la revisión de la política de gobernanza y autonomía universitaria para avanzar hacia una universidad de calidad ... (Página 33)
Defiende la moción la señora Riera i Reñé, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; don Adolfo Luis González Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y la señora Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para fortalecer la 'Marca España' y contribuir al posicionamiento estratégico de las empresas españolas en los mercados internacionales ...
Defiende la moción el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Salvador Armendáriz y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 43)
Toma en consideración de Proposiciones de lLy. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de protección de menores en situaciones de violencia de género (orgánica), se rechaza por 144 votos a favor, 171
en contra y 19 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se rechaza por 26
votos a favor y 311 en contra.
Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre defensa en las instituciones europeas del libre tránsito de personas recogido en el Acuerdo de Schengen, se prueba por 337
votos a favor.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo a la industria agroalimentaria española en el sector de frutas y hortalizas afectada por la crisis alimentaria
en Alemania, se aprueba por 336 votos a favor y uno en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ...
(Página 44)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para profundizar en la credibilidad, la transparencia, la austeridad y
los controles democráticos de las instituciones y poderes del Estado, se aprueba por 334 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), relativa a la revisión de la política de gobernanza y autonomía universitaria para avanzar hacia una universidad de calidad, se aprueba por 336 votos a favor.
Sometidos a votación separada los cinco puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para fortalecer la 'Marca España' y contribuir al posicionamiento estratégico de las
empresas españolas en los mercados internacionales, se aprueban los puntos 2, 4 y 5 y se rechazan los puntos 1 y 3.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 45)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds y Mixto, orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se aprueba por 335 votos a favor y uno en contra.
Se aprueba por asentimiento su tramitación directa en lectura única.
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 160 DE LA
LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000285.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con el Reglamento de la Cámara y con lo acordado por la Junta de Portavoces, les pregunto acerca de si aceptan la modificación del orden del día consistente en que como último punto del orden del día de hoy mismo, se someta a
debate la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Así lo acuerda y queda modificado el orden del día en los términos dichos.
El juramento o promesa de los nuevos diputados se efectuará con anterioridad a las votaciones.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000256.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en materia de protección de menores en situación de violencia de género, con carácter orgánico.
Tiene la palabra para defenderla la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular trae esta tarde a debate una proposición de ley que trata de hacer frente a una de las lacras más deleznables que padece la sociedad española, la violencia de género. Quiero comenzar mi intervención con un sentido
recuerdo y mis condolencias a las familias de las veintinueve mujeres asesinadas este año y a los menores que han perdido la vida por esta lacra: el joven de 16 años asesinado junto a su madre hace pocos meses en Segovia y Ainhoa, la niña de 8 años
que ha fallecido asesinada este fin de semana en Mallorca. Porque, señorías, en la violencia de género no hay una sola víctima. La violencia de género es, ha sido y será una prioridad de este grupo parlamentario. Venimos presentando de forma
constante y reiterada iniciativas tendentes a mejorar la lucha contra esta lacra, a optimizar la implantación de los instrumentos y medidas que la ley recoge y a proponer las modificaciones legales necesarias para adaptar la Ley integral a las
necesidades que van surgiendo a lo largo de su desarrollo.
Hoy, el Grupo Popular vuelve a traer a debate una iniciativa que desde nuestro punto de vista cubre una de las lagunas más importantes de esta Ley integral y que consideramos debe solucionarse sin demora. Hoy defendemos esta proposición de
ley que pretende hacer visibles a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia, que busca su consideración como sujetos individuales de esta violencia igual que sus madres. Los menores, señorías, son víctimas directas de esta violencia
y deben tener por ello el reconocimiento legal como tales. Los menores sufren el maltrato en sus carnes, no solo la violencia psicológica, sino la física, una violencia que les marca su futuro, que les impide crecer y desarrollarse con
normalidad y que les deja secuelas para el resto de sus vidas. Esta iniciativa no es nueva. El Grupo Popular la ha traído de forma reiterada durante la legislatura, tanto a la Comisión de Igualdad como a este Pleno, a través de mociones, de
proposiciones no de ley y hoy como proposición de ley. No hemos querido desistir ni abandonar esta reivindicación, porque estamos íntimamente convencidos de la necesidad de mejorar la respuesta hacia los menores víctimas de violencia de género, que
desde nuestro punto de vista son los grandes olvidados por este Gobierno, un Gobierno que no ha cumplido con su obligación de reconocer, de proteger, de mejorar la situación de una de las principales víctimas de esta lacra, una de las víctimas más
vulnerables: los menores.
Esta reivindicación no es un capricho del Grupo Parlamentario Popular. En noviembre de 2009 aprobamos unas conclusiones en la subcomisión de violencia que estudió el desarrollo de la Ley integral. En esta subcomisión y en las aportaciones
de los expertos que en ella comparecieron, ya se puso de manifiesto la necesidad de mejorar el tratamiento de los menores hijos de las mujeres víctimas de violencia.
Aprobamos entonces un paquete de medidas destinadas a estos menores que suponía un
avance en la respuesta a sus necesidades. Sin embargo, desde el Grupo Popular no podemos ni queremos conformarnos. Creemos que es hora de dar un paso adelante, de lograr un avance decisivo en esta materia.
Por ello, seguimos insistiendo en esta
iniciativa en la necesidad de que los menores sean incluidos desde el artículo 1 de la Ley integral, porque si es cierto que la ley reconoce en su preámbulo las consecuencias que la violencia puede producir en los menores, apenas se ocupa de ellos
durante el articulado, no considerándolos en ningún caso como víctimas directas al mismo nivel que las madres maltratadas, cuando todos los expertos inciden en que los menores son víctimas directas de la violencia física o psicológica y en otros
casos receptores de la violencia contra sus madres.
Además, en esta iniciativa proponemos la modificación del artículo 173.2 del Código Penal para la extensión de la pena y del punto 7 del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la extensión de las medidas de naturaleza civil a
estos menores. No es algo nuevo, ya lo hemos debatido antes, en septiembre de 2010 aprobamos una moción del Grupo Popular donde, entre otras cosas, los grupos solicitábamos que la condena firme por delito de violencia de género conllevase la
pérdida de la custodia de los hijos menores. El Gobierno, en lugar de ceñirse a estas recomendaciones, intentó privar a los imputados o procesados de la custodia de los menores, algo a lo que el Grupo Popular se opone. Hoy, sí pedimos la
modificación del artículo 544 de la Lencrim en cuanto a las medidas civiles para incluir la suspensión -que no la eliminación- del ejercicio de la patria potestad en determinados supuestos. Señorías, los menores que crecen en un hogar donde el
padre ejerce violencia de género no son meros testigos pasivos, ya que aunque no reciban golpes físicos, son víctimas directas de esta violencia y, como tal, merecen un reconocimiento legal. Según datos de la Confederación estatal de asociaciones
de madres y padres separados, hay alrededor de 20.000 menores maltratados al año. Señorías, durante el año pasado 73 mujeres fueron asesinadas por violencia de género y, según los datos oficiales, 14 menores perdieron la vida. Según los datos del
propio ministerio, hoy Secretaría de Estado de Igualdad, unos 800.000 menores son testigos directos y, en muchos casos, víctimas directas de la violencia de género.
De ellos, 200.000 son hijos de mujeres que habían recibido órdenes de protección.
Las ONG que trabajan con la infancia, como Save the Children, han denunciado las escasas ayudas habilitadas para atender a estos menores. Apenas un 4 por ciento de los menores que viven situaciones de violencia la reciben. Esta invisibilidad de
los menores en la ley hace que en muchas ocasiones los padres utilicen a los hijos para dañar todavía más a las madres y a ellos mismos. Por otra parte, es fundamental tener en cuenta que los hijos son pieza clave en la cadena de transmisión
intergeneracional de la violencia, ya que viven aprendiendo unas relaciones afectivas insanas, interiorizando que lo que sucede en sus hogares es lo normal y repitiendo estas conductas en su vida adulta. Por tanto, con esta iniciativa pretendemos
dos objetivos. Por una parte, que no se utilice la relación con los hijos para seguir ejerciendo violencia contra la mujer y, por otra, romper con la cadena del maltrato, mediante la recuperación del menor, para que no repitan estas conductas en el
futuro.
El Grupo Popular considera que el Gobierno ha dado la espalda a los menores durante todos estos años. Lo hace cuando de forma reiterada traemos la necesidad de incorporarlos como sujetos de pleno derecho de esta ley desde su artículo 1; lo
hace también por la vía de los hechos, cuando hace desaparecer de los Presupuestos Generales del Estado para este año la partida de 1,5 millones de euros para la atención a los menores; lo hace a pesar de que todos los expertos consultados y los
informes elaborados ponen de relieve la necesidad de visualizar medidas concretas dirigidas a los menores, y lo hace cuando las cifras nos indican que el 90 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género tienen, al menos, un hijo. Es
cierto que la Ley integral reconoce a los menores en su exposición de motivos como víctimas directas o indirectas de esta violencia, pero en ningún caso contempla a los menores en su artículo 1 al describir los objetos de esta lacra, y es ahí donde
el Grupo Popular pone el énfasis.
No entendemos el inmovilismo ni la incoherencia del Grupo Socialista al negarse a aceptar la inclusión de los menores en la ley, cuando el Gobierno, obligado por las iniciativas aprobadas en esta Cámara, está reconociendo
la necesidad de incorporar a los menores en la valoración integral de la violencia y de poner en marcha medidas y trabajar con ellos. Si esto es así, si el Gobierno en los últimos meses ya ha colocado a los menores en la lucha contra la
violencia, al menos de cara a la galería, ¿cuál es el motivo para no considerarlos como sujetos del artículo 1 de la ley? Señorías, sinceramente, no podemos entender su actitud y sentimos profundamente esta decisión. Estamos deseando conocer su
argumentación.
Hoy, el Grupo Popular pide a todos los grupos parlamentarios su apoyo en esta toma en consideración, con el compromiso de estudiar todas las enmiendas que los grupos legítimamente puedan presentarnos durante su tramitación, pero con el ruego
de permitir que este debate se pueda producir a lo largo de esta legislatura; que entre todos busquemos la mejor solución para dar entrada en la ley, como sujetos de pleno derecho, como víctimas directas, que lo son, a los menores; para
reconocerles derechos propios y no solo los derivados de la madre. Señorías, estamos perdiendo un tiempo precioso por el inmovilismo, el fundamentalismo y la necedad de este Gobierno, que no está tomando las medidas necesarias, primero, para tener
una radiografía real de los menores víctimas de esta violencia y, lo más importante, para poner en marcha aquellas medidas necesarias para asegurar la protección y la seguridad de los menores, para salvar su integridad y sus vidas y para
recuperarlos psicológicamente, algo imprescindible para romper con la cadena del maltrato, para evitar que nuestros niños de hoy se conviertan en los maltratadores del mañana.
Yo puedo llegar a entender que, cuando debatíamos esta ley y desde el Grupo Popular ya pedíamos la inclusión de los menores como sujetos de la misma, se hubiera podido pensar que esta incorporación podía distorsionar el fin que se perseguía,
que era un reconocimiento de la desigualdad que hoy persiste, una búsqueda de la sensibilidad social contra esta lacra, una llamada de atención a los poderes públicos sobre la necesidad de intensificar el esfuerzo en esta lucha, pero seis años
después de la aprobación de la Ley integral, la sociedad tiene claro cuál es el objetivo de la ley. Todo el mundo entiende que la violencia de género afecta, habitual y principalmente, a las mujeres, y ese mensaje no se va a perder por incluir a
los menores como objeto de la ley. No pretendemos, señorías, ni retroceder en esta lucha ni hablar de violencia doméstica, pues introduciríamos a otros sujetos como los abuelos, ni desvirtuar la filosofía de los principios rectores de esta ley, ni
quitar uno solo de los derechos a las mujeres, queremos que esta Ley integral sea lo más eficaz posible para las mujeres y también para las otras víctimas de esta lacra, sus hijos.
Me voy a adelantar a su intervención, porque este debate ya se ha producido y me lo conozco. No voy a permitir, no voy a consentir, señorías del Grupo Socialista, que nos acusen de poner palos en las ruedas o de utilizar electoralmente a
las víctimas. El Partido Popular, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, ha trabajado por mejorar en esta lucha. Fuimos nosotros los que hicimos las primeras reformas legales, los primeros que aprobamos planes integrales, los que
aprobamos la renta activa de inserción, los que pusimos en marcha las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, los que comenzamos a sacar esta violencia del entorno familiar y hacerla visible; fuimos nosotros,
señorías, los que aprobamos la ley que regula la orden de protección. Les guste o no, la primera vez que un Gobierno puso una agenda y trabajó seriamente por esta lucha, fue un Gobierno del Partido Popular y, si es necesario, será un Gobierno del
Partido Popular el que mejore el desarrollo de esta ley, el que realice las reformas legales necesarias, sin tibiezas, sin miedos, para que la lucha contra esta lacra social sea más eficaz y, si me lo permiten, más justa. Y mientras tanto, vamos a
seguir como hemos hecho desde la pasada legislatura, con una oposición constructiva, aprobando todas las iniciativas que se presenten y trayendo a debate a esta Cámara todas aquellas propuestas que redunden en la mejora de la respuesta ante esta
lacra, por compromiso con las víctimas y por responsabilidad. Señorías del Grupo Socialista, si alguien ha hecho daño a esta ley, si alguien ha fracasado en esta lucha, ha sido este Gobierno, por su falta de eficacia, por su mala gestión, por su
desidia, por su incapacidad de poner en marcha y desarrollar adecuadamente las medidas e instrumentos que recoge la propia ley, por permanecer en el inmovilismo y no tener capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. Por todo ello, hoy cada
vez menos mujeres confían en su Gobierno. Por eso se reduce el número de mujeres que denuncian, por eso cada vez se retiran más denuncias y por eso el número de víctimas no deja de crecer.
Por todo lo expuesto, señorías, hoy no vamos a renunciar a nuestra iniciativa, porque sería dar la espalda a los menores, sería dar la espalda a las víctimas más indefensas de esta violencia, sería seguir aislándolas y dejarlas olvidadas en
su dolor, en su tragedia. Hoy no nos importa que nos acusen de romper consensos, porque no vamos a ser cómplices de la desidia, de la dejadez, de la parálisis de este Gobierno, porque para nosotros prima el interés del menor sobre cualquier otra
consideración. Por eso hoy, señorías -y voy acabando-, solicitamos de todos los grupos su apoyo, especialmente del Grupo Socialista, al que pedimos que sea valiente, que dé un paso adelante, que deje la complacencia con el Gobierno y que piense en
los niños y niñas que en este preciso momento están siendo agredidos, en los niños que están viendo cómo sus madres lo son, que piensen en todos esos niños huérfanos de madre y cuyo padre está en la cárcel por haberla matado; que piensen si esos
niños que viven toda su vida con las secuelas de un maltrato -con ansiedad, con depresión, con fracaso escolar, con miedo, con baja autoestima o con tristeza- deben o no ser objeto de especial atención, si deben o no ser sujetos de la misma
protección que sus madres, si deben o no tener el reconocimiento que se merecen en esta ley. Señorías, desde el Grupo Popular no vamos a
tolerar más medias tintas con la defensa y la protección de los menores víctimas de violencia, no vamos a negociar, no vamos a rebajar nuestra reivindicación, no vamos a permitir que se supedite su protección a no se sabe bien qué intereses.
Desde el Grupo Popular vamos a luchar por mejorar sus derechos, en este momento desde la oposición con el apoyo de los grupos o dentro de unos meses desde el Gobierno, pero, señorías, no les quepa duda de que los menores, las víctimas más indefensas
de esta lacra social, van a tener con el Partido Popular el reconocimiento que se merecen en esta ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camarero.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, que en una ley se recogiera lo que se recoge en el artículo 1 de la ley a la que se acaba de hacer referencia ha sido para el Bloque Nacionalista Galego un logro que nos costó muchísimo conseguir y sobre el que tuvimos la fortuna,
en este caso esta diputada, de poder participar en su tramitación y aprobación correspondiente. Pero para nosotros que una ley diga en su artículo 1 que tiene como objetivo actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejerce sobre ellas o de quienes estén o hayan estado ligados con ellas por relaciones similares de afectividad, etcétera, es algo que, como digo, nos pareció de
tanta importancia que no estamos en estos momentos en absoluto dispuestos a que nos quieran confundir con discursos como el que en este momento nos acaba de exponer la señora Camarero. No dudo que la señora Camarero y el Grupo Popular tengan
preocupación por la situación del maltrato a la infancia o a los adolescentes, pero lo que no puedo compartir es ese empeño en mezclar o desvirtuar -porque nosotros entendemos que incorporar a este artículo 1 la propuesta que nos formula el Grupo
Popular es desvirtuarlo- lo que se dice en el artículo.
Seguramente, si un día consiguiéramos -y digo un día, porque esto fue difícil, pero la consecución de los objetivos es aún mucho más difícil- erradicar la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, seguramente que ahí también además de estar acabando con la violencia de género, estaríamos incidiendo, y mucho, en esa violencia infantil. Señorías, vuelvo a decir, no confundamos. No lo
hagamos, porque en el discurso de la señora Camarero -que yo comparto en muchos de los aspectos que aquí se han expuesto- nada tiene que ver la propuesta que se nos hace con las acciones que se pretenden y mucho menos con los resultados, porque la
incorporación en el artículo 1 de los hijos, lo único que viene es a desvirtuar, como digo, lo que el artículo quiere decir.
Respecto de lo que se plantea en los artículos 2 y 3, señorías, no creo que porque se retire cautelarmente o de forma temporal la custodia a los padres o la patria potestad al padre que esté acusado o condenado por violencia de género, pueda
ser más significativo o no que cómo se encuentre en este momento. Es decir, que sea realmente el juez quien decida sobre esa cuestión. Lo digo por una razón, porque si bien es cierto que por nuestra parte le retiraríamos todos los derechos a todos
los maltratadores, también es verdad que no estamos por la labor de retirarles esos derechos a los hijos, porque evidentemente es un juez el que tiene que valorar la situación y, en base a la misma, considerar oportuno o no suspender esa patria
potestad. Pero si lo que hacemos es aprobar lo que ustedes nos dicen por ley y sin ningún tipo de valoración por parte del juez, hay que retirarle la patria potestad. Yo he visto lo que establece tanto el Código Civil como el Penal y lo que
ustedes proponen.
Por otro lado, señorías, no creo que ninguna de las cuestiones que se han traído aquí, como uno de los hechos tremendos que se han vivido muy recientemente, se hubieran resuelto si se hubieran incorporado estas modificaciones que ustedes nos
plantean. En cambio, creemos que sería necesario trabajar en la dirección de procurar una mayor protección de los menores, a aquellos que son víctimas de la violencia de género y a aquellos otros que aun no siendo víctimas formalmente de la
violencia de género, en cambio son víctimas de la violencia contra ellos. Por lo tanto, nosotros también hemos presentado iniciativas en ese sentido y cualquier iniciativa que vaya en esa dirección presentada por el Grupo Parlamentario Popular
también la apoyaremos, pero no vamos a apoyar ninguna iniciativa que vaya en la dirección de desvirtuar algo que para nosotros es fundamental de la Ley de violencia de género y que se recoge en este artículo 1.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Don Joan Tardà tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hay que agradecer al Partido Popular que, de la misma manera que la semana pasada nos volvió a avisar que si gobernaban iban a modificar la Ley Orgánica de Educación, hoy nos recuerdan que si gobiernan, si tenemos la desgracia de
que gobiernen... (Rumores.) Sí, una desgracia. Si tenemos la desgracia de que gobiernen, van a modificar una ley que considero que representó un gran progreso para nuestra democracia, la Ley contra la violencia de género. Por eso, hoy les decimos
lo mismo que ya les dijimos el 15 de noviembre del pasado año, cuando volvieron a la carga intentando convencernos de que era importante, necesario, modificar
el objeto de la ley, justamente aquello que se conquistó como un derecho casi me atrevería a decir de civilización, para enterrar -o intentar enterrar- las relaciones de dominio que son la causa de las desigualdades de género y, en
consecuencia, de la violencia machista. Todo ello ya se lo dijimos en el mes de diciembre del pasado año. De hecho, nosotros, que no estamos bunquerizados en esta ley y entendemos que siempre es importante ser críticos con los textos legislativos,
ya les dijimos que estábamos dispuestos a hablar de algunas modificaciones, siempre y cuando no afectaran al punto neurálgico de la ley, es decir, a su artículo número 1. Yo les recuerdo que ya entonces presentamos una enmienda para garantizar que
los hijos y las hijas dependientes de aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de violencia machista, tengan garantizados los mismos derechos que esta ley les reconoce, y por eso apuntábamos la posibilidad -si había juego limpio, por
decirlo en plata- de debatir sobre el artículo número 2. Pero no estamos dispuestos evidentemente a devaluar, podríamos decir incluso a prostituir, esta ley, de manera que les volvemos a decir que con nosotros no cuenten para modificar este
concepto básico con el cual estamos absolutamente de acuerdo. Porque además ya existen artículos, de hecho el mismo preámbulo, ocho artículos y una disposición adicional, que lo que hacen es atender los derechos de los menores que viven en
situaciones de violencia. Ya he hecho mención a esta iniciativa que presentamos a raíz de su proposición no de ley del pasado año. De hecho, somos tan críticos con los textos legislativos -como uno tiene que ser- como para haber introducido a los
menores en la ley catalana como sujetos de derecho, pero en apartados y artículos distintos.
La Ley contra la violencia de género representó -todos estamos convencidos y de hecho fue lo que originó el máximo consenso- un gran avance porque convierte, repito, en el objeto de la ley a las mujeres víctimas de la desigualdad, víctimas
por ende de la violencia de género, porque tal como convenimos género no es sinónimo de sexo, sino de los roles que se han asignado a hombres y mujeres históricamente justamente en función del sexo, y evidentemente si aceptáramos su cosmovisión,
creo que volveríamos a los escenarios ya caducos y periclitados de la violencia doméstica, que es algo que nos parece tan, tan añejo que casi, casi podríamos hablar del antiguo régimen. Si la violencia de género se construye y se justifica desde
las relaciones, repito, de dominio y poder, es bueno que no demos pasos atrás y que no aceptemos escenarios que pudieran desdibujar el objeto de la ley. Aquí se han repetido muchas cifras, a veces con una cierta voluntad demagógica, confundiendo
los universos de la violencia en los que están inmersos los niños y niñas, los hijos e hijas, pero ustedes saben que no toda la violencia doméstica tiene la misma causa. Podemos hablar de desestructuración familiar, de crisis económica, de
toxicomanías; hay un listado de ítems que convergen en la violencia y que necesariamente no son producto de las desigualdades entre hombre y mujer y de la violencia que genera.
Respecto al punto número 2 -lamento tener que ir tan deprisa; se nos han acortado los tiempos- en donde ustedes nos instan a modificar el artículo 173.2 del Código Penal para incluir una inhabilitación especial para el ejercicio de la
patria potestad, tutela, etcétera, por tiempo de uno a cinco años, les volvemos a decir que no estamos de acuerdo. Nosotros no consideramos oportuna dicha inclusión, porque, por otro lado, sería y se aplicaría de forma automática, y creemos más
conveniente -así lo hemos hecho en Cataluña en la última modificación del Código Civil- que estos aspectos relacionados con la pérdida de la patria potestad sean regulados por el Código Civil, tal y como hemos hecho en Cataluña: la privación de la
potestad solo por sentencia firme fundamentada en el incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones o por sentencia dictada en causa penal o matrimonial. Dicha privación, en el caso del Código Civil, es intemporal y solo puede recuperarse
cuando la autoridad judicial lo considere en beneficio de los hijos y haya cesado la causa que la motivó.
Los automatismos del Código Penal en ningún caso tienen en consideración el interés del menor, por tanto, esta pérdida automática puede
resultar más gravosa para los hijos que los beneficios que se pretenden con la pérdida de la patria potestad.
En conclusión, optamos por la vía de la modificación del Código Civil, y déjenme hacer un apunte dirigido al Gobierno, porque el Gobierno a veces tampoco acaba de hilar bien los puntos. Les recuerdo que, a raíz de aquella proposición no de
ley del mes de diciembre a la cual nos referíamos, ustedes presentaron enmiendas comprometiéndose a promover modificaciones legislativas en todo lo que afecta también a la custodia individual, conjunta o cónyuge inculpado por atentar contra la vida,
la integridad física, etcétera. Es decir, se comprometieron -ya sé, vía enmiendas- a legislar en ese sentido. Han pasado algunos meses, sé que están trabajando en ello, pero sería bueno, atendiendo a que no sabemos si todavía estaremos aquí el
próximo mes -espero que sí-, que evitaran hacer algunos brindis al sol. Estamos con ustedes frente a la derecha, pero, por favor, no abusen de las confianzas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Don Joseba Agirretxea tiene la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente porque nos encontramos hoy ante un debate sin duda alguna preocupante, interesante, necesario y a su vez reiterado, y lo digo porque este debate no es nuevo, no viene ex novo a este Congreso; es el argumentario que
utiliza el Partido Popular. Es, por tanto, un planteamiento que ya se debatió por medio de una interpelación y de la consiguiente moción.
Por nuestra parte, no vamos a entrar en una especie de guerra electoral sobre quién está utilizando a quién, si las víctimas de violencia de género son de uso electoral o no, porque el tema me parece tan aberrante, que prefiero no entrar en
ello. Por tanto, decimos que ya se debatió y en ese sentido el Partido Popular ha sido coherente con la opinión que mostró en su momento, puesto que sigue mostrando la misma, y sigue pensando que la mejor manera de proteger a estos menores es
cambiar la ley.
Decía en mi intervención de entonces, la que se produjo cuando se debatió aquí la moción, que compartíamos un objetivo fundamental y creo que no podemos dudar del objetivo que compartimos todos: la protección de los menores ante la
violencia que se ejerce contra sus madres o progenitoras.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) De eso no hay duda, aunque diferimos seguramente de la metodología y, más que de la metodología, de la forma de
erradicar eso. No cabe duda de que buscamos la protección de estos menores, pero el grupo proponente, en coherencia con el criterio constante en el tiempo, cree que lo que hay que cambiar es el objeto de la Ley 1/2004, así como algún otro artículo
del Código Penal o incluso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La pregunta que mi grupo se hace es la siguiente: ¿Son víctimas estos menores? Sí, sin duda alguna. ¿Para que queden protegidos estos menores se debe cambiar el objeto de la ley?
A nuestro entender no y explicaré por qué.
Mi grupo cree que se deben activar todos los mecanismos legales para que estos menores sean protegidos al máximo en todos sus ámbitos. Nosotros seguimos pensando que hace falta una legislación propia -lo decía en su día cuando intervine-,
un corpus jurídico que verdaderamente dote a estos menores de toda la protección legal sin necesidad de que estemos buscando otra ley que habilite esta posibilidad. Creemos que hace falta una ley que aborde en su globalidad, y en estos momentos sí
me dirijo al grupo de la mayoría porque seguramente nos hubiera gustado que hubiera traído a esta Cámara una legislación propia de protección de los menores en toda su globalidad ante esta problemática. Usted sabe perfectamente que la violencia
ejercida directamente sobre los menores tiene un nombre -se llama maltrato infantil- y tiene una literatura científica y jurídica específica. Es más, le puedo decir que en su día, cuando se trató la moción, comentaba que se debería diferenciar
claramente la violencia de género, que está legislada y definida, del maltrato infantil que, aunque comparte más de un espacio común con la violencia de género, está definido en la literatura especializada. Maltrato infantil se denomina cualquier
reacción física, sexual u emocional u omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o cuidadores que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico.
Se distinguen cinco tipos de maltrato: el abuso físico, el sexual, el maltrato emocional, el abandono físico y el abandono emocional. Por tanto, ¿un tema como el abandono o el maltrato emocional tiene relación con la violencia de género?
O a la inversa, ¿la violencia de género ejerce un maltrato emocional? Por supuesto que sí. Pero nos volvemos a retrotraer a la cuestión que venía al caso. ¿La medida o las medidas que ustedes proponen son las que verdaderamente conseguirán que
eso cambie? Creemos que en estos momentos no es lo más adecuado. Tampoco pasaría nada del otro mundo, pero creemos que no es lo más adecuado cambiar el objeto de la Ley 1/2004. Hagamos una ley nueva que proteja en su totalidad a todas estas
personas.
En cuanto a las otras dos medidas que ustedes plantean, podrían ser estas o podrían ser otras muchas porque la legislación da para eso y más, pero ustedes cogen dos casos. Mi grupo considera que cuando el legislador dejó en manos del juez o
de la jueza la decisión tan dura y drástica como es, por ejemplo, la pérdida de la patria potestad, fue porque este tema tampoco se puede tratar a la ligera; creemos que cada casuística ha de estudiarse caso por caso y no recurrir siempre al Código
Penal para que zanje ciertas cuestiones que son muy delicadas. Al fin y al cabo lo que estamos planteando es qué hay que hacer para evitar que estos menores padezcan este maltrato. ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Tenemos una legislación que
permite que estos menores queden protegidos en su totalidad? En estos momentos sí me refiero al grupo del Gobierno. Creo que no se ha hecho lo suficiente y tampoco se han cumplido todos los pronósticos, las promesas o los compromisos que se
adquirieron por parte del Grupo Socialista de elaborar algo que verdaderamente dotara a estos menores de una protección total.
Acabo diciendo que no estamos de acuerdo, sería la palabra más correcta, en que esta sea la mejor medida para ello, pero no nos negamos al debate ni a que estos menores tengan la total y absoluta protección como víctimas que son en el caso
de que sus madres hayan sido directamente agredidas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, se ha señalado hoy aquí que no es la primera vez que debatimos acerca de la necesidad o de la conveniencia de modificar la Ley de violencia de género para dar entrada a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género de
manera que los derechos de los mismos tengan una mayor y una mejor protección. Desde Convergència i Unió tenemos también, como no puede ser de otra manera, una honda preocupación por los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género. Así lo
hemos expresado en cuantas ocasiones hemos tenido
oportunidad, comenzando por nuestro portavoz, Duran i Lleida, que utilizó uno de los cupos de mi grupo parlamentario para preguntar al presidente del Gobierno por esta cuestión.
Todos conocemos que las consecuencias que sufren los menores hijos de víctimas de violencia de género son devastadoras y que, por ejemplo, la Fundación IRES, del Institut de Reinserció Social hizo visibles de manera muy pedagógica en una
exposición itinerante que se llamó Jo també vaig ser invisible, Yo también fui invisible. Ante estas consecuencias, entendemos que nuestra responsabilidad como políticos no puede ser otra que la de amparar suficientemente los derechos de estos
niños, algo que organizaciones como Save the Children pone reiteradamente encima de la mesa, señalando que la Ley de violencia de género en su redacción actual no lo hace de manera suficiente. Por ello, la posición de Convergència i Unió frente a
la posibilidad de modificar la ley en este aspecto ha sido siempre afirmativa. Así lo sostuvimos ya en las enmiendas que mi grupo parlamentario presentó durante la tramitación de la Ley de violencia de género, lo reiteramos durante la subcomisión
que a petición de Convergència i Unió se hizo en la Comisión de Igualdad para el estudio del funcionamiento en la práctica de la Ley de violencia de género y así nos hemos pronunciado también con ocasión de cuantas iniciativas parlamentarias se han
visto al respecto; la última, si mal no recuerdo, una proposición no de ley también del Grupo Popular presentada, según la fecha de su presentación, al tiempo de la iniciativa que hoy estamos viendo, que se presentó en estas dos formalidades, que
se votó, pero no en los términos en los que lo presentó el Grupo Popular, que son los que hoy repiten en la proposición de ley, sino en los términos ciertamente distintos de la enmienda de sustitución de mi grupo parlamentario, es decir, se votó la
propuesta de Convergència i Unió. Por eso, nosotros podríamos valorar, en principio, una posición favorable a la proposición de ley que estamos viendo si pensáramos que el tiempo que queda de legislatura iba a permitir un debate sereno y pausado y
unas modificaciones de casi toda la letra de lo que hoy se nos pone a votación. Pero, al ser las posiciones tan diferentes, preferimos la abstención; una abstención que permita dejar clara nuestra postura, que es la de que no estamos conforme con
la letra que hoy se nos propone para que quede así reflejado para posteriores debates que puedan tener tanto en esta como, tal como ha señalado la señora Camarero, en próximas legislaturas.
Nuestra posición es favorable a introducir en la ley a los menores hijos de las víctimas como sujetos del derecho a asistencia, pero no en el artículo 1.1 de la ley porque entendemos que en el artículo 1 debe quedar claro que la Ley de
violencia de género tiene como objeto erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres, sino hacerlo, tal como se ha hecho en la ley aprobada en el Parlament de Catalunya, cuando se habla de los sujetos de derechos, sin afectar, por tanto, ni
los principios rectores ni el objeto de la ley, porque Convergència i Unió no quiere convertir la Ley de violencia de género en una ley de violencia doméstica. No es una diferencia de matiz, entendemos que es una diferencia estructural importante.
No estamos tampoco de acuerdo con lo que se nos propone en el artículo 2, la modificación del artículo 173.2 del Código Penal. No estamos de acuerdo, en principio, en acotar todavía con más intensidad la respuesta de los jueces, que es lo que se
nos propone en este artículo 2, que de manera automática deban, al poner las penas, retirar también el ejercicio de la patria potestad.
La señora Camarero, portavoz del grupo proponente; el señor Cabañes, del Grupo Socialista, y yo misma tuvimos oportunidad de asistir no hace mucho a una sesión que en materia de violencia de género organizó el Consejo General del Poder
Judicial y allí, por parte de los asistentes, que eran jueces especializados en esta materia, se nos expuso claramente que parte del problema de la aplicación de la ley es que, a su juicio, la respuesta judicial está tan pautada, tan acotada que,
siendo como son las situaciones a las que debe aplicarse muy heterogéneas y diversas, la respuesta judicial, a su juicio, a veces no llega y a veces sobrepasa la situación. Pues bien, lo que hoy se nos propone no nos parece que vaya en la buena
dirección, ya que propone acotar todavía más la respuesta judicial. ¿No se puede hablar de esto? Sí. Entendemos que hay que hablarlo, hay que estudiarlo, comentarlo con quien tiene que aplicar la ley y operar entonces en consecuencia. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, entendemos que lo que se nos propone en el artículo 3, que es una modificación de la orden de protección en el sentido de que se pueda suspender en este trámite, que es super rápido, el ejercicio de la patria potestad en el caso
de que haya algún peligro para el menor ya se está contemplando en la propia orden de protección. La orden de protección contempla que se puedan adoptar cualquiera de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil, donde entran todas las
medidas que sirvan para proteger al menor. Además, la proposición no habla de otros temas igualmente importantes, a nuestro juicio, en el tema de menores, que sería, por ejemplo, contemplar la asistencia jurídica y psicológica previa o la reforma
de los requisitos para acceder al fondo de garantía de alimentos. Son otras cuestiones que entendemos que deberían entrar.
Creemos que con tiempo por delante deberíamos plantearnos si no sería mejor hacer una ley en donde se recogiera todo aquello que, siendo de competencia estatal, se ha ido poniendo de relieve que es necesario abordar con respecto a los
menores. Sería el caso, por ejemplo, del recientemente debatido tema de los matrimonios forzados a menores, o el gran pozo negro incluso de abusos sexuales a menores que se producen fuera y dentro de la familia, por citar alguno de los temas
grandes y profundos que quedan todavía por abordar.
Por otra parte, si hablamos de modificar la Ley de violencia de género, mi grupo no quiere dejar de señalar que alguna de las aspiraciones que manifestó en la subcomisión, como replantear las competencias civiles de los juzgados de violencia
de género, siguen para nosotros vigentes. Son muchos temas. Es una propuesta acotada en tres temas muy concretos con cuya letra no estamos de acuerdo, y así lo hemos querido significar. No nos cerramos a hablar en posteriores debates, pero hoy
vamos a abstenernos en esta iniciativa del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem
Doña Antonia García Valls tiene la palabra.
La señora GARCIA VALLS: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna a defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en materia de protección de menores en situación de violencia de
género.
Señorías, soy diputada desde el año 2004 y cuando alguien me pregunta qué destacaría de mi experiencia como representante de la ciudadanía en este Parlamento, por mi condición de mujer, y más concretamente de mujer socialista, destacaría
tres leyes fundamentales para nuestro país y para su avance como sociedad moderna, cohesionada y garantizadora de la igualdad de oportunidades, como son la Ley de Igualdad, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con
dependencia y la Ley integral de medidas contra la violencia de género.
Tres leyes impulsadas y aprobadas con un Gobierno socialista, eso sí, con diferentes mayorías, pero de una trascendencia importantísima en nuestra sociedad. Sin duda,
destacaría por su incidencia y por la problemática tan brutal de la que trata, la Ley integral de medidas contra la violencia de género, que fue la que más consenso aunó en su momento. Fue una respuesta a tantas y tantas voces que la demandaban y
su aprobación por unanimidad fue un éxito de todas y de todos. Un consenso que es importantísimo mantener ante la sociedad y, sobre todo, delante de las mujeres que sufren esta forma de violencia tan sin razón por el mero hecho de ser mujeres. Y
es que, como se ha dicho muchas veces, la violencia de género es la manifestación más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres, una violación de los derechos humanos fundamentales contra las mujeres que se deriva de un código patriarcal de
poder machista demasiado tiempo vigente en nuestras sociedades. Una violencia que se emplea como un mecanismo de control, de sumisión y castigo sobre las mujeres. Por tanto, es absolutamente fundamental trabajar por la igualdad para erradicar esta
lacra social. Ahí conseguimos el consenso parlamentario necesario, sin duda, en el reto de la lucha contra la violencia de género. También existe el consenso internacional del mismo Consejo de Europa, siguiendo lo establecido en la declaración de
la ONU sobre eliminación de violencia sobre la mujer y la plataforma para la acción, adoptada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en el año 1995.
Señorías, lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular no está en relación directa con la protección al menor, sino que es fruto de su posicionamiento ideológico acerca de la violencia de género en su concepto y como política pública
específica. Desde el Grupo Parlamentario Popular se viene intentando cuestionar sistemáticamente la definición de la violencia de género que se establece en el artículo primero de la ley, tanto en esta legislatura como en la anterior, a través de
diferentes iniciativas parlamentarias. La que hoy debatimos, se ha dicho ya en esta tribuna, es similar a la interpelación y a la moción consecuencia de la misma que se debatió a finales del año pasado y que este Parlamento ya rechazó. La
violencia de género se ejerce desde la construcción cultural, desde una concepción ideológica en la que la mujer es percibida como un ser no portador ni poseedor de derechos. Ya desde Naciones Unidas se alertó a todos los Estados del peligro de
utilizar conceptos vagos como el de la violencia doméstica y familiar por esconder conceptos que resultan claves para el análisis del fenómeno, el sexo de los autores de la violencia y el de las víctimas de esta violencia. Por ello, seguimos
considerando que para combatir la violencia de género como problema global de los derechos humanos, debe ser ubicada en el ámbito de la discriminación por razón de sexo. El género es una categoría política que implica acciones positivas, políticas
públicas integrales para transformar las desigualdades. Y es que la violencia de género no es sino una forma brutal de desigualdad; discriminación; abuso de poder que hay que combatir desde todos los frentes, como así lo está haciendo el Gobierno
desde el principio; y desde la apuesta fundamental por la cooperación conjunta entre las administraciones, las instituciones y el conjunto de la sociedad, porque esto es tarea conjunta y responsabilidad de todos y de todas.
No entendemos la posición del Grupo Parlamentario Popular de romper el consenso alcanzado en 2004. Consideramos que esta no es una buena decisión. Supone desviarse del camino en la consecución del objetivo que nos marcamos entonces y por
el que venimos trabajando de manera intensa.
Nuestra posición, que es la posición internacionalmente aceptada, es que la violencia de género es la que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo. Esto no significa, en absoluto, que los
menores dejen de ser considerados víctimas por su exposición a la violencia de género. La misma ley, y lo saben ustedes, señorías del Partido Popular, aborda, desde una perspectiva integral y multidisciplinar, aspectos preventivos, educativos,
sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, así como la respuesta punitiva ante la violencia de género. En este sentido, subraya la prioridad de la protección de los y las menores que conviven en contextos de violencia ya desde
su exposición de motivos
y a lo largo del articulado, en los artículos 5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 65, 66 y en la disposición adicional decimoséptima. Desde la aprobación de la ley, las hijas e hijos de las mujeres maltratadas ha sido una de las preocupaciones de
cada una de las medidas que se han puesto en marcha para proteger a las víctimas. Se han puesto en marcha medidas de sensibilización, medidas de prevención, medidas en el ámbito educativo, medidas de atención integral a menores, medidas de estudio
continuado de la realidad y de formación de profesionales para ir adoptando las medidas que resulten más eficaces de extensión de las medidas de protección a los hijos e hijas de víctimas de la violencia de género para las mujeres inmigrantes y para
las víctimas de trata, como hemos ido acordando recientemente con el impulso del Grupo Socialista y del Gobierno con motivo de la tramitación y aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería y del aseguramiento de su cobertura normativa mediante
la tramitación de una proposición de ley que ayer acabó en el Senado.
Señorías, estamos trabajando con las comunidades autónomas como administraciones públicas fundamentales en la atención, prevención y educación, como ustedes saben, y se firmó un convenio con las comunidades autónomas, medidas todas ellas que
ustedes conocen porque se han expuesto en el Congreso de los Diputados en todas las iniciativas y debates que se han planteado sobre esta cuestión. Pero parece que no está ahí su interés; su única preocupación, seis años después, y que es motivo
de la nuestra, es cambiar el objeto de la ley. De hecho, ustedes, cuando gobernaron, no utilizaron violencia de género; siempre hablaban y legislaban en relación con la violencia doméstica. Y nos preocupa porque no queremos dar un paso atrás; no
queremos retroceder en la conquista de los derechos de las mujeres y desdibujar el concepto de violencia de género. Eso es lo que pretenden. Nosotros queremos combatir todo tipo de violencia contra niños y niñas pero no a costa de confundir el
concepto de violencia de género. Ya tuvimos ocasión de escuchar a los diferentes portavoces cuando lo intentaron a través de la interpelación y moción consecuencia de la misma. No solo el Grupo Parlamentario Socialista sino la mayoría de esta
Cámara en voz de sus portavoces manifestaron la importancia de mantener el concepto, porque la mejor forma o el camino más adecuado para dotar a los menores de derechos y garantías no es modificar la ley. Incluso se llegó a afirmar que su propia
definición fue un logro de todos los grupos parlamentarios. Señorías, si su preocupación son los menores, se está trabajando puesto que son una prioridad para el Gobierno, junto con las mujeres. También les manifiesto que, puesto que son una
prioridad, no hay recorte presupuestario en esta cuestión. Se sigue avanzando en todos los ámbitos desde las diferentes competencias y no se ha dejado de hacerlo porque en la lucha contra la violencia de género no hay tregua.
Como dijo la ministra y también distintos portavoces en esta tribuna -reflexión que yo comparto profundamente-, además de proteger a las y los menores también tenemos un trabajo ingente con ellos y con las chicas y chicos jóvenes desde la
educación en valores, desde la educación en y por la igualdad porque son los jóvenes los que han de ser el motor de cambio de la desigualdad en este país. Ellos y ellas han de ser los protagonistas en la lucha contra la violencia de género y a
favor de la igualdad en este país.
Señorías, podría haber subido a esta tribuna con un discurso quizá más agresivo, pero el camino no es la confrontación, sino la profundización de las políticas públicas que nos comprometen para trabajar por erradicar la violencia de género.
Señorías del PP, desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que la centralidad del género no es un obstáculo para priorizar la necesaria atención a los hijos e hijas de las mujeres maltratadas. Reconocer esta realidad y actuar ante ella no
debe llevarnos nunca al cuestionamiento del consenso inicial en el que se basa esta ley, que ha permitido un cambio radical en la percepción y en la tolerancia de esta violencia, en la atención a las mujeres que la sufren y en la persecución de los
maltratadores.
Acabo, señor presidente, con la mano tendida a todos los grupos, diciéndoles que debemos seguir teniendo el coraje, la generosidad y el afán por acabar con esta lacra social que tanto daño hace a muchas familias y a la sociedad en su
conjunto. Señorías, utilizar la violencia de género, utilizar las cifras de forma sesgada con interés electoral o partidista no beneficia a nadie, ni siquiera a quien lo utiliza. Y a quien más perjudica sin duda es a las mujeres víctimas de
violencia de género y a sus hijas e hijos, que en definitiva son responsabilidad de todas y de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Valls.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000228.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional. Para su defensa tiene la palabra
don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en el mes de junio del año 2011, en el último mes de este periodo de sesiones; periodo de sesiones, señor presidente, donde vamos a constatar un fracaso en el cumplimiento de las obligaciones que la propia Constitución nos
dirige a los miembros de esta
Cámara. Nosotros y nadie más que nosotros, los 350 diputados de esta Cámara, estamos llamados a cumplir lo que la Constitución nos otorga como derecho y que en el fondo es un deber institucional. Una vez expirado el mandato de nueve años
de los magistrados que eligió en su día el Congreso, tenemos la obligación institucional y el deber de proceder a la elección de los nuevos cuatro magistrados. Es un deber que no estamos cumpliendo y que tampoco cumplió el Senado en su día, con una
demora histórica de casi tres años en los magistrados que deberían haberse renovado en el año 2007 y que se renovaron a finales de 2010, y vamos camino de seguir con esa imagen colectiva. Una institución crucial en nuestro ordenamiento jurídico
como es el Tribunal Constitucional vamos camino de llevarla al precipicio de la inestabilidad y del desprestigio por culpa de quienes no estamos cumpliendo con nuestra obligación institucional. De ahí que Convergència i Unió y también el Grupo de
Esquerra Republicana de Catalunya hayamos planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de intentar establecer, por la vía de la modificación puntual de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una fórmula que quizá ayudaría a desbloquear
aquello que no somos capaces de acordar con el consenso necesario en esta Cámara o en su día en el Senado. ¿Cuál es la fórmula que planteó en su día Esquerra Republicana? Nosotros nos unimos a la propuesta del señor Ridao en el año 2009 y la
volvimos a plantear conjuntamente ambos grupos el pasado mes de marzo del año 2010. Se nos dijo que el Grupo Parlamentario Socialista estaba de acuerdo y en el Senado se tomó en consideración una proposición de ley con el mismo objetivo de buscar
una fórmula de desbloqueo, y ahora me referiré a cuál es. Se dijo que era preferible hacerlo en el Senado y lo hicimos de común acuerdo, entró esa propuesta en el Congreso el pasado mes de septiembre y llevamos, nada más y nada menos, que treinta y
siete prórrogas seguidas. El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista presentan puntualmente cada semana una petición ante la Mesa para que se prorrogue ese plazo, que en teoría era para una iniciativa legislativa que podía
desbloquear ese asunto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mirando hacia otro lado y no queremos afrontar que tenemos la obligación de ponernos de acuerdo, que tenemos ese deber institucional y que no podemos someter las instituciones a un estado
precario, y menos una tan importante como el Tribunal Constitucional.
¿Cuál es la fórmula? Aquí no hay una varita mágica, pero si que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estableciera que, una vez finalizado el mandato de nueve años, se dará un tiempo prudencial de seis meses. Ese tiempo vendría
justificado porque en ocasiones la expiración del mandato podría coincidir con una renovación de las Cámaras, del Consejo General del Poder Judicial -que también propone dos miembros- o del Gobierno, que propone otros dos. Por tanto, parece
prudencial un tiempo de seis meses, transcurrido el cual expiraría el mandato de manera definitiva y no podrían actuar como magistrados. Así, se generarían unas vacantes y nos obligaría a ponernos de acuerdo. Ya que no lo hacemos políticamente,
jurídicamente tendríamos un instrumento que contribuiría a la necesidad de generar el acuerdo, porque sabríamos que no podemos seguir jugando con quién lo compone en cada momento determinado según qué sentencia debe dictar ese tribunal, a ver si
podemos, de alguna manera, arbitrar su composición con una prórroga, esperando unos meses a ver si se dicta esa o aquella otra sentencia, que siempre serán coyunturales, mientras que el prestigio de la institución no es coyuntural, sino algo que
como Estado de derecho nos interesa prestigiar. Estamos haciendo un juego peligroso.
Estamos jugando con los plazos, estamos ajustando de alguna manera la composición al momento histórico y estamos dañando el prestigio de nuestras instituciones,
en este caso, el Tribunal Constitucional.
¿Qué les plantea hoy Convergència i Unió? Estamos ante el Pleno de la Cámara, en el que ya no deberíamos estar debatiendo esto porque ya deberíamos haber renovado a esos cuatro magistrados; más aún, deberíamos haber renovado en su día a
don Roberto García Calvo, que falleció en el año 2008, y ni tan siquiera hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para realizar una renovación por causa de fallecimiento. Esa no es la mejor imagen que trasladamos ante una ciudadanía que nos mira
desde la perplejidad. ¿Y ustedes qué hacen? Pues ustedes van debatiendo, pero no acuerdan aquello que deben acordar y que se nos exige a todos que acordemos. Este es un llamamiento que hacemos desde Convergència i Unió.
Quiero también destacar que Convergència i Unió, al igual que Esquerra Republicana de Catalunya, está de acuerdo en presentar ya candidatos ante el nuevo plazo que nos ha dado la Presidencia de la Cámara. De manera reiterada el presidente
de la Cámara está haciendo un llamamiento público a que nos pongamos de acuerdo, a que se presenten candidaturas. Pues se nos ha dado ya un nuevo plazo, el 30 de junio. Pues bien, anuncio que varios grupos de esta Cámara estamos de acuerdo en que,
por ejemplo, dos de los candidatos que había propuesto en su día el Parlamento de Cataluña, con un acuerdo general del que también participaba el Grupo Socialista y cuya idoneidad ya ha sido incluso apreciada por el Senado, podrían ser dos de los
candidatos que ahora estén encima de la mesa, dado que tenemos que acordar cuatro. Tampoco se trata de que cada grupo proponga los cuatro, podríamos ir buscando propuestas plurales que nos ayudaran a seguir adelante. Ustedes, PSOE y PP, pueden no
proponer nada, dejar pasar la fecha del 30 de junio. Institucionalmente, los grupos que ya hemos movido ficha abrimos el proceso. Se van a hacer los llamamientos de los propuestos, deberán ir a la comisión consultiva de nombramientos y tendremos
que elevar una propuesta ante el Pleno de la Cámara aunque ustedes dos no la voten. Podemos seguir así muchos meses, pero no estaremos ayudando a aquello que se nos pide.
No nos valen argumentos que ya se nos han dado en anteriores debates, porque no es la primera vez que lo planteamos y siempre se nos dice que esta no es la solución, pero cuando, sonrojándonos a los que estamos aquí, tres magistrados ya
caducados han presentado su renuncia -aunque el presidente del Constitucional no se la ha aceptado-, están poniendo de relieve que cuando las vacantes asoman el acuerdo es más inmediato que si las vacantes no se producen. Por tanto, la fórmula que
plantea Convergència i Unió en su proposición de ley es que ni un día más de esos meses de prórroga y que eso obligue a los grupos a actuar con mayor responsabilidad, con mayor sentido institucional, a acordar unos nombres desde la pluralidad, desde
el consenso y cumpliendo esas mayorías que la propia Constitución nos exige. Les pedimos que tomen en consideración esta proposición de ley porque, si no lo hacen y siguen además pidiendo semana tras semana prórrogas a la ya acordada por el Senado,
haremos un triste favor a la imagen institucional de esta Cámara y al cumplimiento necesario de nuestros deberes. Por tanto, les pido que la tomen en consideración.
Sé que esta propuesta incluye también otros aspectos que iban ligados al debate estatutario. Quizá no los comparten el Grupo Socialista ni el Grupo Popular. Ya les digo de entrada que nosotros estaríamos dispuestos a tomarla en
consideración y centrarnos únicamente en el aspecto del plazo, porque en la vía de enmiendas es fácil hacer una enmienda de supresión de los otros apartados si nos ponemos de acuerdo en el plazo.
Si en el plazo nos ponemos de acuerdo, nosotros, que
entendemos también que no es buena la precariedad cuando se está intentando resolver recursos contra estatutos de autonomía, que no es bueno ir dilatando en los años la sentencia, que no son buenas determinadas mayorías coyunturales que deban
pronunciarse sobre los estatutos de autonomía -y eso también lo plantea nuestra propuesta-, estaríamos en esta ocasión dispuestos a afrontar únicamente aquel elemento esencial, troncal, inmediato y urgente para cumplir nuestro deber de elegir a unos
magistrados, que es el plazo. Les pido a PSOE y PP que se pronuncien sobre el plazo. ¿Están ustedes de acuerdo en que, transcurridos seis meses desde que ha expirado un mandato de nueve años, puedan esos magistrados seguir actuando, o prefieren
una fórmula que nos ayude a activar la renovación de manera más inmediata? Piénsenlo. Si estaban de acuerdo en aceptarlo en el Senado hace un año, no entenderíamos que hoy en el Congreso le diesen la espalda a aquella posición en el Senado y a que
en Cataluña el entonces presidente Montilla también impulsara que se tenía que presentar en el Senado. Nosotros ya decíamos: Cuidado, que esto puede quedar en una vía muerta; y lamentablemente ha sido así, pero estamos a tiempo de recuperarlo y
de recuperar con ello una respuesta digna. Respuesta digna solo será aquella que permita un acuerdo en tiempo y forma, respuesta digna solo será aquella que permita que cuando finalice el 30 de junio existan ya las propuestas de candidatos y que el
mes de agosto no empiece sin que se haya producido una renovación en los plenos de julio que tenemos convocados.
Si eso no es así y hoy no toman en consideración esta proposición de ley, no sé qué argumentos darán a la sociedad cuando los ciudadanos indignados nos miren fijamente y nos digan: cómo ustedes, que nos exigen tanto a todos, no son capaces
de cumplir aquellas obligaciones que la Constitución les marca a la hora de renovar los magistrados del Tribunal Constitucional; cómo ustedes, que siempre nos exigen el cumplimiento de los plazos a todos -cuando una persona tiene un plazo y ha
pasado un día ya no puede presentar esa instancia-, pueden permitirse dilatar meses y años renovaciones que la Constitución les obliga a realizar en tiempo y forma. Lamentablemente este no es un debate puntual, es un debate reiterado, un debate que
ya se ha producido en otras ocasiones y un debate que nos gustaría que no fuera necesario plantear, que el tiempo no nos hubiera dado la razón y que hoy, cuando Convergència i Unió plantea de nuevo esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, se dijera: No hace falta, si ya nos pusimos de acuerdo en tiempo y forma, y se renovaron en su día los magistrados. Pero no es así; nos tememos que puede no ser así. Por tanto, ante esas luces de alarma que provocan el bloqueo de
una institución importante, lastiman su prestigio y, de alguna manera, torpedean con ello la legitimidad de sus decisiones futuras -porque cuando se daña una institución, se daña todo aquello que esa institución realiza-, Convergència i Unió hace
este llamamiento al acuerdo y al consenso para encontrar la solución, es decir, posibilitar el desbloqueo. Entendemos que ese plazo de seis meses, transcurrido el cual esos magistrados dejarían de serlo, ayudaría de manera decisiva a que nos
pusiéramos de acuerdo.
Esperamos el voto afirmativo a la toma en consideración. Repito, que los temas estatutarios no sirvan de excusa para no tomarla en consideración, porque estaríamos dispuestos a centrarnos únicamente en el plazo de seis meses, pero actuemos
ya y de manera que se dé mayor prestigio a nuestras funciones constitucionales. En este momento, Convergència i Unió tiene que constatar que, lamentablemente, ese prestigio no se da. Todos somos responsables de ese incumplimiento. No podemos
mirar hacia otro lado y no actuar cuando se nos pide. Hoy Convergència i Unió pide a toda la Cámara que actúe y que tome en consideración esta proposición de ley -incluso podríamos tramitarla en lectura única- para dar una solución adecuada a
aquello que la sociedad nos demanda y el prestigio de nuestras instituciones nos exige.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Para fijar posición tiene la palabra, en primer lugar, el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para expresar el acuerdo del Bloque Nacionalista Galego con la presente proposición de ley. En primer lugar, coincidimos en la necesidad de establecer para los magistrados del tribunal un periodo máximo
en funciones desde la expiración de su mandato que conlleve su cese automático inmediato una vez transcurrido el mismo.
Es una medida total y absolutamente necesaria para corregir una situación vergonzosa, una situación inaceptable a la que ha
hecho amplia alusión el señor Jané en su intervención. Me estoy refiriendo al bloqueo a la renovación de los miembros de este tribunal mantenido a lo largo de toda esta legislatura, fruto de la pugna que mantienen los dos grandes partidos estatales
por el control de esta institución. Nosotros no lo entendemos de otra manera. Creemos que la pugna bipartidista que lleva a partidos, que en muchas cuestiones coinciden en el fondo, a hacer ver sus diferencias hasta el paroxismo está conllevando
una degradación de la vida política. Otra consecuencia es que esta pugna bipartidista está contribuyendo a un deterioro quizás irreversible de la imagen de una alta institución como es el Tribunal Constitucional. La dimisión, finalmente rechazada,
de tres magistrados del tribunal es el último episodio de esta vergonzosa situación y el BNG, en coordinación con otros grupos de esta Cámara, ha decidido también mover ficha para forzar que esto se modifique formalizando una propuesta en lo que
respecta a los magistrados que tienen que ser propuestos por el Congreso de los Diputados.
En segundo lugar, aunque el señor Jané ha enfatizado su disposición a que se tenga en cuenta el primer objeto de esta proposición, quiero manifestar nuestra coincidencia también con el otro objeto que tiene esta proposición, como es la
necesidad de reforzar el consenso exigible para la declaración de inconstitucionalidad total o parcial de los proyectos de estatutos de autonomía, y con otros aspectos que se contemplan en esta proposición de ley como fijar un plazo máximo para la
resolución de estos procedimientos y la prescripción de que no se podrán adoptar resoluciones interpretativas de los preceptos estatutarios objeto del proceso.
Nosotros seríamos partidarios de una reforma mucho más profunda del Tribunal
Constitucional al objeto de adaptarlo al carácter compuesto del Estado. Un tribunal encargado de dirimir muchos conflictos entre el Estado central y las comunidades autónomas debe configurarse en su composición, en sus competencias y en sus ámbitos
de actuación de acuerdo con el papel arbitral que desempeña. Debe corregirse con ello una situación en la que el árbitro, en la práctica, es designado y actúa de facto a instancias de una parte. Pero, al margen de esto, en cualquier caso la
reforma puntual que se propone, desde nuestro punto de vista, avanza en la buena dirección. La pugna por el control de esta institución a la que antes me refería ha hecho que se pretendiese instrumentalizar el Tribunal Constitucional para hacer de
él un contrapoder contra las instituciones depositarias de la soberanía popular, incluso contra la voluntad expresada por un pueblo en referéndum; es una situación que nos parece inaceptable y por ese motivo también compartimos plenamente el
segundo objeto de esta proposición no de ley y manifiesto que el Bloque Nacionalista Galego, por tanto, va a apoyar su toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Don Joan Ridao tiene la palabra.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no será nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quien le vaya a restar ningún mérito a estos tres magistrados del Tribunal Constitucional que con su amago de dimisión o de
renuncia, finalmente no aceptada, han pretendido forzar, aunque sea con calzador, la renovación del tribunal y, de paso, quién sabe si incluso hacer sonrojar, siquiera por unos pocos días -aunque esta cuestión duró medio telediario, señorías-, a los
auténticos responsables de la parálisis por la que atraviesa el Tribunal Constitucional. Cosa distinta es por qué lo hacen ahora, porque es verdad que el tribunal lleva unos cuantos meses de interinidad forzosa -ocho meses- en relación con la
renovación que corresponde al Congreso de los Diputados, pero quiero recordar que mucho peor fue el colapso auténtico al que llegó el Tribunal Constitucional después de tres años de intento fallido de renovación por parte del Senado. ¿Es quizá que
las críticas injustificadas e hirientes a raíz de la sentencia de Bildu han pesado en el ánimo de estos magistrados, críticas provenientes de la reacción de la derecha política y mediática durante estos meses? Quizá si, pero quiero recordar que
algunas de estas críticas parecen casi un auténtico juego de criaturas al lado de lo que se vivió, por ejemplo, con respecto a la sentencia del Estatut. Quiero recordar que entonces no es que no dimitiera nadie, es que nadie hizo un simple amago de
dimitir. Debo recordar además -y todo el mundo lo sabe, no hace falta que lo diga yo desde esta tribuna- que la politización extrema a la que ha llegado el Tribunal Constitucional por parte de los dos grandes partidos tiene un correlato casi
inmediato, una correspondencia automática en la creación de auténticos bloques, dos bloques -progresistas y conservadores- en el seno del Tribunal Constitucional, dos bloques que casi recuerdan a los dos bloques de la guerra fría, señorías, y
tampoco nadie hasta ahora había manifestado abiertamente ningún escrúpulo.
Dicho todo esto y sea como fuere, el Tribunal Constitucional está hoy en la UCI, lo que es un síntoma más que evidente de la parálisis por la que atraviesan las instituciones, el conjunto de la arquitectura del Estado, al que nos ha llevado
ese bipartidismo extremo y ese
antagonismo feroz entre PP y PSOE y entre PSOE y PP en las instituciones, y es algo además que se acrecienta a medida que va avanzando la legislatura o, si ustedes prefieren, a medida que va agonizando la presente legislatura. Asistimos,
señorías, a un auténtico empate infinito de impotencias. Una impotencia, por un lado, del Partido Socialista, que es responsable junto con el Partido Popular de haber politizado de forma extrema el Tribunal Constitucional, aunque es verdad que
quizá su mayor responsabilidad es su incapacidad para haber excitado no solo jurídica sino políticamente esta cuestión y este debate junto con otras minorías, al margen de un Partido Popular que, por descontado, es el principal responsable de haber
enquistado el Tribunal Constitucional.
Quiero recordar que el PSOE hace muy pocos meses también ha cerrado un acuerdo, un auténtico cambalache partidista y político en el Senado para renovar parcialmente el Tribunal Constitucional; acuerdo al que por cierto llegó con el Partido
Popular. De otro lado, señorías, tampoco quiero ocultar que, en nuestra opinión, el Partido Popular ha realizado todo tipo de maniobras dilatorias y torticeras con tal de aprovechar la composición del actual Tribunal Constitucional y de asegurarse
también en el futuro una mayoría que, en definitiva, pueda beneficiarle. Todavía hoy insiste y mantiene su obstinación en poner a un auténtico zorro a cuidar el gallinero cuando todavía postulan la candidatura de don Enrique López.
Por tanto,
señorías, lo que necesita este tribunal es un auténtico meneo, lo que necesita este tribunal no es solo una renovación de sus miembros sino de sus propios fundamentos. Señorías, señor presidente, ¿qué va a pensar la opinión pública cuando un
vicepresidente del Tribunal Constitucional dice abiertamente que el tribunal está secuestrado por los partidos, es decir, que está reconociendo públicamente que es un campo de batalla abierto para la confrontación partidista? Nadie va a creer en la
legitimidad de este Tribunal Constitucional si su propio vicepresidente lo reconoce abiertamente. Por tanto, la legitimidad de este tribunal no depende solo de que se cumplan las normas procedimentales en relación a su composición y renovación,
sino que depende también de que desaparezca esa terrible impresión de mercadeo político que evidentemente contamina la legitimidad de algunos de sus pronunciamientos. Por tanto, depende de eso, pero también depende -y con eso acabo, señor
presidente, señorías- de que algún día la composición del alto tribunal, como sucede en otros sistemas, responda no solo al reflejo plural del sistema político y a la presencia de las minorías, sino también a la diversidad territorial. Por tanto,
el tribunal debería ser un árbitro equitativo, un árbitro neutral, la voz respetada de la constitucionalidad y no lo que es hoy en día, el auténtico chico de los recados de los dos principales partidos políticos.
Por tanto, en la medida en que esta
iniciativa del Grupo de Convergència i Unió, que sustancialmente es idéntica a otra que presentó nuestro grupo parlamentario, intenta utilizar este vehículo para propiciar esta renovación del Tribunal Constitucional, nuestro grupo parlamentario por
descontado va a dar apoyo a esta toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Don Aitor Esteban tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Es una proposición de ley que evidentemente viene a cuento aunque el texto ha salido de otro contexto, de las vísperas -y leyendo está claro, ¿no?-, de las vísperas de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de
Cataluña. Pero, como he dicho, viene a cuento y no podemos sino estar de acuerdo en las líneas básicas que se presentan, aunque quizá en los detalles o en las fórmulas planteadas podamos tener unas diferencias. Es evidente que el bloqueo a que se
somete la elección del Tribunal Constitucional es inaceptable. No es la primera vez que sucede esto con una institución importante del Estado y curiosamente quienes bloquearon la renovación del Consejo General del Poder Judicial en su momento y
además quien fue el portavoz de dicha institución haciendo declaraciones absolutamente políticas más allá de la neutralidad que se podría haber esperado de una persona en esa institución, resulta que esa persona es ahora el caballo de batalla en las
diferencias entre los dos grandes partidos políticos. Y el Partido Popular parece ser, al menos hasta el momento, que está sentado cómodamente para conseguir una mayoría en esa institución toda vez que quizá esperan unos nuevos resultados con unas
nuevas elecciones. Lo que es evidente es que los dos grandes partidos políticos han dejado claro a todos, a toda la ciudadanía y al resto de la Cámara, que consideran al Tribunal Constitucional como una tercera Cámara de control con sus propias
mayorías y para conseguir esas mayorías, que responden en bloque a sus planteamientos una y otra vez, es para lo que juegan a retrasar el mandato constitucional, a retrasar la elección de los magistrados.
Esta propuesta tiene dos partes. Desde luego, si es solo para esto, señor Jané, haga lo que ya ha anunciado que va a hacer. Propongamos nombres, se proponen nombres y aunque esos nombres no salgan adelante, va a quedar en evidencia de
manera clara que no hay una voluntad política para renovar el tribunal. Pero yo tampoco creo que sea necesario este límite temporal, no está mal pero no es necesario. Con que lo forcemos, con que una y otra vez en esta Cámara se intente llegar a
esa mayoría estoy seguro de que andaríamos un buen tramo para conseguir que al menos a determinados responsables políticos se les pusiera la cara roja de vergüenza y tuvieran que llegar a un acuerdo, por cierto con candidatos más neutrales y no tan
ligados a posiciones políticas como ha sucedido, desgraciadamente, en la mayoría de los casos de la historia del Tribunal Constitucional español.
Pero creo que también hay que dar importancia a la segunda parte de su proposición aunque no se ha explayado en ella, y es que parece que ahora, con las iniciativas que ha habido anteriormente acerca de esta misma ley, de la reforma de esta
misma ley, a los estatutos de autonomía se les quiere dar un trato peor que al resto de las leyes. Se les quiere someter a un recurso previo de inconstitucionalidad. No se quieren tener en cuenta sus características fundamentales, señaladas por la
doctrina, como son entroncar directamente con la propia Constitución. Aparte de ser leyes orgánicas que forman parte del bloque de constitucionalidad y que sirven para interpretar la propia Constitución, dan sentido a muchos artículos que en la
propia Constitución digamos que no tienen un significado definido; y obvian también que en muchas ocasiones esos estatutos han sido ratificados y son fruto de un acuerdo político. Por tanto, parece lógico que podamos pensar en fórmulas como
mayorías cualificadas o incluso, por qué no, excluirlos de la Constitución, del control constitucional. Lo que quizás no parecería tan correcto desde un punto de vista jurídico sería arbitrar una desestimación pasando de un plazo sin que se
explicitasen las razones de por qué esa norma ha sido considerada constitucional.
Señora presidenta, en términos generales es loable la intención de reforzar los estatutos de autonomía porque forman parte del bloque de constitucionalidad en el juicio del Tribunal Constitucional y es loable la intención de proceder ya, de
una vez y sin más demora, a la renovación de los cargos del Tribunal Constitucional. En este sentido, daremos nuestro apoyo a la propuesta.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, viene una vez más a debate en esta Cámara una proposición de ley orgánica del Grupo Catalán relativa al Tribunal Constitucional que, desde mi punto de vista, representa -dada la fecha en que esta tuvo lugar- una secuencia de lo que
fue una batería de medidas legislativas cuando se estaba discutiendo el Estatuto de Autonomía. La voluntad de la primera de ellas era que a los miembros del Tribunal Constitucional que les hubiese expirado su mandato no pudieran formar parte del
quórum para tomar decisiones, así como que no pudieran votar ni en el pleno ni en las comisiones. En esta ocasión lo que nos presenta -es ya una proposición de junio del año 2010- es que una parte cese de forma automática cuando transcurran seis
meses desde la conclusión de sus mandatos, una desestimación tácita de la demanda de impugnación de los estatutos de autonomía cuando hubiese transcurrido un plazo sin haber dictado la oportuna sentencia, privar del voto de calidad al presidente, lo
cual tampoco era una novedad de esta proposición de ley puesto que se hace desaparecer en el texto que se presenta. Finalmente, una nueva modalidad es que no podrán dictar resoluciones interpretativas. Señorías, esta proposición está fuera de
lugar puesto que algunas de sus disposiciones, como la final primera, ya no tiene sentido dado que en estos momentos no hay ningún Estatuto de Autonomía pendiente de resolución por parte del tribunal. Se ve claramente la relación entre la
proposición de ley y la discusión sobre el Estatuto de Autonomía.
Yendo muy rápido por el turno de fijación de posición en el que nos encontramos, diré que nosotros no compartimos la filosofía de esta proposición de ley que nos presenta el Grupo Catalán. Ya hemos dicho que esta materia debe ser fruto del
consenso de las principales fuerzas políticas que están en esta Cámara; sin ese consenso difícilmente podemos acometer las reformas trascendentales que lleva nuestro Tribunal Constitucional. En ese sentido, nuestro grupo está plenamente dispuesto
para acometer cualquier tipo de consenso en esta materia, eso sí, con las garantías de que lo que hacemos no tiene un sentido absolutamente individual o para un caso determinado sino un carácter general. En este contexto, no podemos compartir el
cese automático e inmediato de los magistrados cuando haya transcurrido la prórroga de seis meses que se plantea, porque esto, lejos de dar una solución o de provocar o incitar al consenso, lo que normalmente podría provocar si se diesen las
circunstancias sería un colapso total del tribunal, puesto que desaparecerían los magistrados, y si no se lograse el consenso, convendrán conmigo en que el tribunal entraría en su más absoluto colapso. Por tanto, no parece que deba ser este el
modelo.
En segundo lugar y respecto a la desestimación tácita de los recursos de inconstitucionalidad cuando pasara un tiempo sin que el tribunal resolviera la cuestión planteada, no vemos que el silencio sea la forma de operar, que puede tener su
sentido en el derecho administrativo cuando se produce inactividad del procedimiento por culpa del propio recurrente o del propio instante al respecto, pero no por inactividad del propio tribunal, porque incluso llegaría a producirse una
conculcación de nuestros principios más elementales de justicia recogidos en el título preeliminar del Código Civil. Bastaría con que el tribunal no dictara o dejara transcurrir el plazo sin dictar sentencia o la oportuna resolución para que no se
resolviera la cuestión de inconstitucionalidad planteada.
No creo que esta solución sea la más conveniente para el Tribunal Constitucional. Otro tanto puede decirse de la personación que aparece en esta proposición de ley en las cuestiones de
inconstitucionalidad que puedan suscitarse de las partes que lo hayan sido en el proceso. Esto no está recogido dentro de la Constitución. La personación y la legitimación en los recursos de inconstitucionalidad son los que determina la propia
Constitución en el artículo 62.1, y no aparece esta legitimación que en estos momentos se quiere dar con esta ley ni tiene
sentido toda vez que esta, por la especificidad de los recursos de inconstitucionalidad, está limitada a quien está limitada. Por tanto, no se puede dar entrada a partes privadas en esta legitimación.
En definitiva, señorías, esta proposición de ley no aporta nada nuevo y no provoca las consecuencias beneficiosas que dice que quiere aportar. En primer lugar, porque lo que probablemente determinaría sería el colapso del propio tribunal.
En segundo lugar, porque restaría al Tribunal Constitucional el conocimiento de algo que la propia Constitución sí le ha encomendado, que es el examen de la constitucionalidad de todas las leyes que emanan de los poderes legislativos, incluidos los
estatutos de autonomía. No se puede dejar fuera, no cabe que por el hecho de que se integren los estatutos de autonomía en el denominado bloque de constitucionalidad podamos aceptar, desde luego mi grupo no lo acepta, que esos estatutos de
autonomía estén exentos de la potestad de revisión constitucional que tiene el Tribunal Constitucional, porque eso nos podría llevar al absurdo de que disposiciones contrarias a la Constitución dentro de los estatutos de autonomía tendrían que
mantenerse simplemente por la imposibilidad de revisión del Tribunal Constitucional.
Señorías, nosotros entendemos los buenos propósitos que animan a los distintos proponentes de estas iniciativas, pero entendemos que este no es el camino. El
camino pasa necesariamente por el consenso de las principales fuerzas políticas, el respeto absoluto y escrupuloso de lo que marca nuestra Constitución y, por tanto, tiene que ser una propuesta que nazca del consenso entre unos y otros. En
definitiva, con esta proposición de ley no haríamos ningún favor, al contrario, al Tribunal Constitucional y a la constitucionalidad de todas las leyes, todas, incluidos los estatutos de autonomía que emanan o que puedan emanar de estas Cortes y de
los distintos instrumentos donde puedan surgir. En consecuencia, señorías, nuestro grupo no puede aceptar ni va a votar favorablemente esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García-Tizón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Quijano.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Jané, déjeme, con todos los respetos, que empiece diciéndole que ha hecho usted un ejercicio de oportunismo equidistante verdaderamente magistral. ¿Qué es lo que sucede? La proposición de ley que ustedes han presentado es copia
literal de otra que obra en la Cámara procedente del Senado. Podían haber presentado las oportunas quejas para impulsar su tramitación, pero sin duda al calor de los acontecimientos recientes en el Tribunal Constitucional ustedes pensaron, libre y
legítimamente, que era una buena ocasión para hacer oportunismo equidistante.
Usted hace luego aquí un debate en el cual obvia el planteamiento jurídico de prácticamente todo lo que dice la proposición. Se ha limitado a cargar las tintas en el asunto de la limitación del periodo en funciones una vez producido el cese
sin renovación. Solo se ha referido a esto por activa y por pasiva. Interpreto que es una muestra de oportunismo equidistante porque en lo demás, que usted sabe de sobra que estaba pensado única y exclusivamente para el momento en que estaba
pendiente de la sentencia del Estatuto de Cataluña, no ha hecho la más mínima mención. Me gustaría tener tiempo ilimitado para entrar en todos y cada uno de esos asuntos y analizar las consecuencias que tendría limitar el periodo en funciones sin
renovación y los vacíos que podría producir; analizar las consecuencias de la desestimación presunta de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, que no sé si lo han medido bien; analizar la prohibición de sentencias interpretativas, que no
se olvide que es una vía de conservación de normas, no de anulación, de conservación de normas, o analizar las consecuencias de la mayoría cualificada para ciertas leyes orgánicas, como todo lo anterior, y no para otras. Creo que todas esas
consideraciones van en una misma dirección, la de limitar la jurisdicción del Tribunal Constitucional por razón de tiempo, de forma o de materia, y creo que ninguna de las tres consecuencias es muy aceptable. Pero, insisto, soy consciente de que
estos aspectos jurídicos, a los que me parece que usted tampoco ha dado demasiado interés, merecen más discusión tal y como se ha planteado el asunto. Soy consciente de que el problema de fondo es otro, el problema de fondo es la tardanza en la
deseable renovación. Usted sabe de sobra, como lo sabemos todos, cuáles son las razones del bloqueo. Lo sabe de sobra, como lo sabemos todos.
Tiene una prueba reciente, la renovación de los cuatro miembros del Senado. Se movió ficha por parte
del Partido Popular y el acuerdo fue inmediato. Lo sabe de sobra; prefiere hacer equidistancia, yo no lo voy a discutir, pero lo sabe de sobra. Y sabe de sobra que las razones del bloqueo tienen mucho que ver con el prestigio, con el crédito y
con la cualificación de los candidatos a ser miembros del Tribunal Constitucional, lo sabe de sobra; prefiere hacer equidistancia, y obviamente eso no se lo voy a discutir. Como ya tuvimos ocasión de decir en anteriores ocasiones en que se
discutieron asuntos parecidos, esta no es una cuestión de modificación de reglas, es una cuestión de buena voluntad en el acuerdo, de buena fe en el acuerdo, de voluntad política, en definitiva.
Le hago una consideración final, tómela solo como un consejo o como una sugerencia, si me la quiere aceptar. Ustedes pueden contribuir al acuerdo por la vía en que se debe solucionar el tema; ustedes ahora mismo tienen sobre el Partido
Popular un ascendiente mucho mayor que el de mi grupo, lo sabe también de sobra. Úsenlo, anímenles; mueven ficha y habrá acuerdo de inmediato. Sabe exactamente que ese es el problema.
Por tanto, usen su amistad y su influencia para resolver el asunto. La disposición de mi grupo es total e inmediata, como es público y notorio y como ocurrió -como le decía antes- en la renovación de los miembros del Senado. Sería eso
mucho más eficaz que reformar la normativa del Tribunal Constitucional. Sería más eficaz, sin duda más útil y yo creo que también más coherente. Desde luego, más coherente, insisto, que la reprimenda oportunista y equidistante, injustamente
equidistante, con que nos ha obsequiado en la tarde de hoy.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Quijano.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DEFENSA EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS DEL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS RECOGIDO EN EL ACUERDO DE SCHENGEN. (Número de expediente 162/000874.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al turno de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre defensa en las instituciones europeas del libre tránsito de
personas recogido en el Acuerdo de Schengen. Para defender la proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario presenta hoy una pequeña, breve y sencilla iniciativa, una proposición no de ley, pero es en su fondo una iniciativa contra el miedo. Lo hacemos, es verdad, algunas fechas después de que el debate sobre la libre
circulación de personas y, en consecuencia, sobre el principio de ciudadanía europea se viera afectado por la decisión de suspensión de Schengen tomada por el Gobierno liberal de Dinamarca a instancias de un partido de ultraderecha llamado Partido
Popular en Dinamarca. La vuelta a las aduanas y a las policías de fronteras es una propuesta orientada a una enorme demostración de miedo, del miedo a ser europeos que subyace en quienes toman de forma unilateral una decisión como esta. Se podría
decir, supongo que versionando al de siempre en estos casos, que algo huele a cerrado en Dinamarca. Por otro lado, esta Cámara recordará también a la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, en aquella frase también cargada de miedo que introdujo
este mismo debate sobre la libre circulación en el Consejo de Ministros de Interior celebrado hace algunas semanas -abro comillas-: Los acontecimientos extraordinarios en la otra orilla del Mediterráneo exigen cambios en la política europea de
inmigración y de asilo. Recogía así la comisaria las reclamaciones planteadas, entre otros, por el señor Berlusconi en esta misma dirección ante la llegada -decían- de unos 20.000 inmigrantes exiliados de las situaciones producidas en los países
del norte de África en los últimos meses. Ahí tenemos a Europa, con 37.500 dólares de renta media, cuestionándose a sí misma por la llegada supuesta de 20.000 personas exiliadas de los combates y de la guerra del norte de África, frente, por
ejemplo, a Túnez, con 4.500 dólares de renta per cápita media, soportando una presión migratoria de 200.000 inmigrantes y sin cuestionarse nada de su identidad ni jurídica ni políticamente.
Así que, desde nuestro punto de vista, señoras y señores diputados, mala idea de Europa tienen quienes ante 20.000 personas que huyen de los combates y de la guerra todo lo que tienen que ofrecer es el cierre de fronteras y la modificación
de una de las razones principales de existencia de la propia Unión Europea. Porque, señorías, ¿qué es la Unión Europea sino una construcción basada en la confianza mutua, en la integración de soberanías de Estados miembros, en el principio de
ciudadanía, en sus libertades, su libre tránsito? ¿Qué es Europa sino el reconocimiento mutuo y elaboración de un camino compartido? ¿Qué quedaría de ella si aceptáramos y defendiéramos, casi si teologizáramos el libre tránsito de los capitales y
modificáramos o impidiéramos el libre tránsito de las personas? Porque no olvidemos que la Unión Europea es el nombre que le damos a un recorrido que nace de la memoria de una gran herida histórica, de la narrativa de lo ocurrido en las trincheras,
en los barracones, en las cámaras de gas de la Segunda Guerra Mundial. Unión Europea es, en ese sentido, un coeficiente de unidad, una civilización con la que vacunarnos de las cosas de las que fuimos capaces en el pasado. Todo un mundo, diría
Claudio Magris en El Danubio, todo un mundo detrás de las naciones. Todo un mundo que parte de la idea de la paz, de la aceptación mutua, del reconocimiento del otro, de la solidaridad, de la confianza mutua para que sea el propio camino, y nuestra
forma de fluir por él, el que nunca nos permita alcanzar las desembocaduras de sangre y de rechazo del otro, de odio al diferente que alcanzamos en la primera parte del siglo XX.
Mi grupo parlamentario pide con esta iniciativa la unanimidad del Congreso de los Diputados para, con ella, trasladar en la defensa de un pilar central de la idea de Europa un gesto al Gobierno para la próxima cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno a celebrar en Bruselas en los próximos días. Una unanimidad política del conjunto de las fuerzas aquí representadas para que España se posicione sólidamente en Bruselas y luche en la sede del Consejo contra el cierre de las fronteras, para
pedirle a Europa, de alguna manera, que se sienta orgullosa de sí misma.
Para que recuerde que cuando se hace preguntas a sí misma sus preguntas tienen que ser siempre una pregunta abierta, no cerrada; para solicitar a la Unión Europea que a la
hora de responderse a sí misma, aunque sea ante la compleja pregunta de quién soy y de quiénes
somos, de quién soy yo, de quiénes somos nosotros, responda libre de esa esclavitud regresiva que suponen las identidades cerradas, de la obsesión del nosotros y del ellos, de la obsesión enfermiza del yo y del otro, de la obsesión de la
frontera y de la delimitación, de la obsesión de las barreras bajadas en esa frialdad de las aduanas y de la policía de fronteras.
Señoras y señores diputados, es verdad que atravesamos desde hace ya algún tiempo una atmósfera cargada de una cierta dosis excesiva de incertidumbres. Estoy seguro de que no se nos escapa a nadie aquí que esos son los momentos, los clímax,
las épocas, los instantes históricos que algunos eligen para crecerse a sí mismos, normalmente los que menos altura política tienen. No se nos escapa tampoco que este tipo de momentos históricos son siempre el lugar que eligen cuando aparentan no
haber respuestas para poner una respuesta encima de la mesa todos esos que nunca han tenido ni siquiera una sola pregunta decente que hacerse a sí mismos. Por todo ello, le pedimos a la Unión Europea, desde esta iniciativa, esperamos que desde esta
unanimidad, que ante los interrogantes tenga altura en la respuesta, que diga alto y claro lo que muchos de nosotros estamos esperando: que frente al miedo al otro, que frente a las certidumbres fáciles de última hora, que frente a las identidades
cerradas digan que la Unión Europea no tiene miedo.
Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Madina.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para defenderla tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley esperando que sirva para que el Gobierno defienda enérgicamente ante las instituciones europeas el Acuerdo de Schengen por el que se suprimían las fronteras para las personas y
las mercancías en el marco de la Unión.
Máxime si, además, el Grupo Parlamentario Socialista tiene a bien incorporar nuestra enmienda, que se añadiría al finalizar el texto que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista y diría lo siguiente: E
igualmente a garantizar el acceso al derecho de asilo y la solidaridad con los países que acogen un número mayor de refugiados. En este sentido, el Gobierno español defenderá la incorporación de estos principios en la futura reforma del Reglamento
de Dublín.
La enmienda de Esquerra Republica habla de solidaridad entre los países que acogen refugiados porque existe una importante disparidad que perjudica a los países fronterizos, como es el caso del Estado español.
Esto se produce cuando el
Reglamento de Dublín, que es uno de los cuatro instrumentos que se aprobaron en su momento, exige que los solicitantes de asilo regresen al primer país al que entraron. Por ello reclamamos que en la reforma del Reglamento de Dublín el Gobierno
español defienda, por un lado, el reconocimiento del acceso al derecho de asilo, pero, por otro lado, la solidaridad entre los miembros de la Unión Europea, porque ahora todavía existe una disparidad y podríamos atenernos al desigual compromiso
existente entre los Estados de la Unión Europea respecto a todo aquello que atañe a los refugiados y a las personas que se acogen al derecho de solicitar el asilo. Los datos muestran que es necesario modificar este instrumento. Pues bien, en el
proceso de modificación de este instrumento, el Reglamento de Dublín, hay que intensificar nuestras demandas. El no reconocimiento del acceso a este derecho no solo pone en cuestión este derecho para las víctimas, sino que pone también en cuestión
los valores defendidos por la Unión Europea. Por otro lado, en los últimos tiempos hemos asistido a una clara violación del Acuerdo de Schengen y, en consecuencia, del marco jurídico europeo, con la más absoluta impunidad. El proponente, el
diputado socialista, ya ha hecho mención a algunos casos acaecidos últimamente, por no recordar aquello que ocurrió en la República Francesa, donde se expulsaron del territorio francés a ciudadanos rumanos de etnia gitana a pesar de tener derecho a
circular y residir libremente en todo el territorio de la Unión Europea.
Aquello no solamente cuestionaba el Acuerdo de Schengen sino que además se instauraba una política xenófoba que atenta contra los valores más elementales de la Unión Europea y
que ciertamente hoy encuentra en el contexto en el que vivimos un caldo de cultivo para crecer. Ideas que creíamos enterradas, sepultadas desde Núremberg vemos cómo hoy día renacen en Europa. La vergüenza en el caso del comportamiento del
presidente Sarkozy no solamente era para la República Francesa, lo era también para el conjunto de la Unión Europea, que lo permitió por activa o por pasiva.
En definitiva, repito, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley y estamos a la espera porque creo que el Grupo Socialista está por la labor de admitir nuestra enmienda. Si es así, lo celebramos porque creo que ayuda, que
contribuye a mejorar esta iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Para fijar la posición del Grupo Vasco, del PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Madina, quiero comentarle nuestro voto también favorable a la toma en consideración de esta proposición no de ley por dos razones: primero, por la facundia en su defensa, por la elocuencia que usted ha demostrado
y, segundo, por su absoluta carencia de contenido. Usted ha hecho una exposición preñada de retórica hueca, pero en la que todos estamos de acuerdo. ¿Que hay problemas con el Tratado de Schengen? Sí, había problemas en 1985, cuando se
configuró inicialmente; en 1990, cuando se ratificó por el Estado español con nuestro voto en contra, y sigue habiendo problemas de naturaleza diversa. Usted ha citado algunos: el caso danés, el caso noruego y otros incipientes y que requieren
quizás una actuación preventiva en relación con su fundamentación filosófica original. Pero, señor Madina, hay casos nuevos que desde un análisis profuturo de prospectiva deberían ser objeto de consideración por su parte. En Italia en estos
momentos están pasando cosas graves. La Liga del Norte está presionando al Gobierno Berlusconi -no sé si le interesa a usted esta fenomenología, si la conoce y, si es así, si le preocupa- en relación con la libre circulación de ciudadanos, incluso
comunitarios, dentro de los países de la Unión. Eso es una perversión absoluta de los principios fundacionales del Tratado de Schengen. Lo que usted ha hecho es una invocación en blanco respecto a la regeneración de un tratado malo
originariamente, que tenía una consistencia importante en relación con el control perimetral de fronteras de la Unión Europea sobre la entrada de extranjeros, pero que se ha convertido en un instrumento policial para el control del libre movimiento
de ciudadanos extranjeros comunitarios dentro de los países de la Unión. Es una perversión que nosotros, entre todos, deberíamos intentar reprimir, con otro problema adicional que a usted se le ha olvidado indicar pero que es particularmente
importante, señor Madina. El Tratado de Schengen en este momento está conviviendo con otros tratados...
Señora presidenta, en definitiva y dado el interés que el grupo proponente está manifestando en relación con las propuestas de nuestro grupo y a modo de resumen...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone, señor Olabarría, yo creo que toda la Cámara está escuchando atentamente su intervención.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, no, sin duda, no lo pongo en duda, señora presidenta. Solo quería decir a modo de conclusión que el Tratado de Schengen está también, de alguna forma, sufriendo la incidencia de tratados en paralelo de
naturaleza o de corte de transmisión de información jurisdiccional o de información policial. Convive con dificultades porque no están identificados los umbrales de unos y otros, con Eurojust en relación con el tratamiento de las cuestiones
jurisdiccionales intrínsecas a la Unión Europea; con Europol en relación con los tratamientos de las cuestiones policiales en el seno de la Unión Europea. Hay muchos factores que nos pueden provocar preocupación dentro de esta retórica hueca que
usted ha utilizado -pero relevante para la defensa de los principios fundacionales de un tratado que a nosotros desde su origen nunca nos gustó- más los señalados con lucidez por el señor Tardà en relación con el derecho y la legislación de
extranjería vinculada al Tratado de Schengen que hacen que nos parezca pertinente, primero, la invocación -son pocas las proposiciones de ley que hacen una invocación puramente retórica y de naturaleza puramente conceptual- a la regeneración del
espíritu fundacional de un tratado que resulta consustancial al acervo comunitario, al acquis communautaire. Desde esa perspectiva, no sé si usted es consciente de lo que ha defendido, señor Madina, pero sea o no sea consciente a nosotros nos
parece pertinente.
Aunque usted no lo sepa, es muy importante lo que ha dicho, sabiéndolo o no sabiéndolo. Desde esa perspectiva, vamos a votar que sí por esa razón.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Convergència i Unió va a sumar gustosa sus votos a la unanimidad que nos solicitaba el portavoz del grupo proponente, el señor Madina. Y lo va a hacer porque la posición y la filosofía de Convergència i Unió al respecto es justamente la que
se preconiza en el artículo 2.2 del Tratado de Lisboa, donde se reconoce la libre circulación que garantiza el Tratado de Schengen como uno de los principios fundamentales de la Unión.
Cuando se establece en este precepto que la Unión ofrecerá a
sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de personas, conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores -asilo,
inmigración y prevención y lucha contra la delincuencia-, define exactamente lo que pensamos al respecto desde Convergència i Unió.
Se ha señalado aquí, y lo ha hecho el propio grupo proponente, cómo el miedo -esa razón profunda atávica que nos impulsa tantas veces a la xenofobia y a la criminalización del que nos parece diferente- ha hecho que de cierta manera en
algunos países -él ha señalado Dinamarca- se estén proponiendo medidas para salirse del Acuerdo de Schengen. Pero también hay otros países, como Francia e Italia, que proponen la reforma de Schengen a partir de la afectación que han sufrido por la
llegada masiva de inmigrantes tunecinos tras las revueltas del norte de África.
Entendemos que algunas de estas razones pueden comprenderse; las comprenderíamos seguramente si nos afectaran a nosotros. Por eso estimamos que es importante que se
pueda aceptar -y me han dicho que así será- la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, concretamente el señor Tardà, porque en esta Cámara cuando hemos legislado sobre
asilo hemos tenido muy en cuenta las relaciones que hay entre inmigración y
asilo, la previsión de que pueda haber llegadas masivas de inmigrantes que huyen de situaciones prebélicas o de revueltas en sus respectivos países, y que, de acuerdo con las directivas de la Unión Europea, se tiene que prever también el
reasentamiento de estos flujos para que se haga una cierta justicia en todo el espacio común de la Unión Europea.
Finalizo ratificando que desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y a pesar de la petición de estos países, creemos que después de más de veinticinco años de vigencia del Tratado de Schengen es el momento de seguir
apoyando la idea de una Europa unida, como hace la iniciativa que se propone, sin que ello tenga que implicar menos controles migratorios o mayor tolerancia con la criminalidad. De esta manera, la lucha contra el tráfico de armas o personas y
contra la inmigración ilegal debe darse en los controles aduaneros de la frontera exterior común manteniendo una firme y estricta aplicación de la legislación europea vigente en la materia. Por tanto, reitero nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Hernando Fraile.
El señor HERNANDO FRAILE: Señora presidenta, señorías, señor Madina, el grupo mayoritario pide hoy mediante su proposición no de ley que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a defender en las instituciones europeas el libre
tránsito de personas recogido en el Acuerdo de Schengen. Llegados a este punto tengo que decirle, señor Madina, que va a contar con el respaldo de mi grupo, como no podría ser de otra manera. Mi grupo ha respaldado siempre Schengen, que es una
oportunidad histórica que supone dar carpetazo a una historia de una Europa dividida, en guerra, en la que muchas personas han sufrido conflictos en las fronteras. Pero quiero decirle que este respaldo que usted nos pide hoy me resulta un tanto
sorprendente por lo obvio. No entiendo que el Gobierno tenga necesidad de que la Cámara le respalde a la hora de defender la libre circulación y el Tratado de Schengen como algo excepcional. Creo que eso se hace continua y decididamente.
Desconozco si eso tiene que ver con la fragilidad o la volatilidad en las posturas que a veces ha planteado el presidente del Gobierno con anteriores conflictos que tienen relación con la migración -me refiero a alguno que ha planteado algún otro
portavoz- o incluso con la fragilidad o la volatilidad del Gobierno hace tan solo unos pocos días en la reunión de la Comisión de Justicia e Interior, en la que el Gobierno español se quedó solo manteniendo una postura de intransigencia, con el
único apoyo de Bélgica y de Malta -dos grandes potencias, hay que reconocerlo, una de ellas sin Gobierno desde hace un año-, frente al resto de los veinticuatro socios comunitarios. Eso es lo que a mí me preocupa.
Aquí lo que tendríamos que analizar sería la posición de fondo que nos trae a este conflicto que se ha generado en los últimos días. El conflicto tiene su origen en los procesos de democratización del norte de África y la falta de respuesta
de la propia Unión Europea, que habiendo visto con buenos ojos esos procesos de reformas democráticas, sin embargo no ha sabido prestar ayuda a algunos países que han recibido en sus fronteras llegadas masivas de inmigrantes de forma absolutamente
ilegal.
Me sorprende porque nuestro país ha tenido precedentes en esto. Por tanto, la incomprensión del Gobierno hacia esos países en las soluciones más o menos acertadas que algunos han dado en un primer momento me resulta sorprendente, y muy
especialmente del señor Rubalcaba, que ha sido el que ha tomado una decisión clara en contra de Francia y de Italia a la hora de enfocar este problema. Lo que han hecho Francia e Italia, con la gran mayoría del resto de los países de la Unión
Europea, hasta veinticuatro, ha sido, de cara al próximo día 24, la cumbre del Consejo de Europa a la que acudirá el presidente del Gobierno español, pedir la reinterpretación del límite que el propio Tratado Schengen reconoce a la libertad de
circulación, límite con el levantamiento de fronteras contemplado en el artículo 2.2 y que también nuestro país en alguna ocasión ha solicitado. Por tanto, yo creo que, dada la posición estratégica y geográfica de nuestro país y los precedentes que
hemos tenido con relación a las llegadas masivas de inmigrantes de forma ilegal, España debería haber sido más comprensiva con los países socios y con los países que tienen las mismas necesidades y posiciones que nosotros.
Creo que lo que han decidido los veinticuatro, al margen de España, Bélgica y Malta -vuelvo a repetir-, es algo que parece razonable: definamos y hagamos un listado de los casos en los que el artículo 2.2 deja una amplia arbitrariedad para
poder determinar en qué casos se puede adoptar la reposición de las fronteras. Hasta ahora se ha hecho con motivos pintorescos, unas veces la boda de un príncipe, otras veces un partido de fútbol o eventos deportivos. Yo creo que desarrollar
reglamentariamente el artículo 2.2 y por tanto las restricciones del Tratado de Schengen debe ser algo positivo y negarse a ello me parece sencillamente instalarse en un inmovilismo que sigo sin entender. Yo habría deseado del Gobierno hoy aquí
algo más.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Hernando, no tiene tiempo.
El señor HERNANDO FRAILE: Medio minuto, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Medio.
El señor HERNANDO FRAILE: A mí me habría gustado que hoy el Gobierno nos hubiera planteado la necesidad de respaldar y reforzar la política común de
inmigración y la creación de un régimen de asilo común europeo, que está en el fondo de estos conflictos que a veces surgen. También me hubiera gustado que el grupo proponente hubiera pedido apoyar la necesidad de reforzar el sistema de
gestión de fronteras externas y apoyar a los países que lo han solicitado para aclarar las excepciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Por último y atendiendo a los principios de mutua solidaridad, cooperación y responsabilidad interna en la Unión Europea hacer frente a los conflictos que, como los que ha tenido Italia con los refugiados del norte
de África...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Hernando, no abuse, por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: ... se pueden producir en el futuro en un país como el nuestro que sigue siendo también frontera con el norte de África.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Hernando.
Señor Madina, su turno para aceptar o rechazar la enmienda del Grupo de Esquerra Republicana.
El señor MADINA MUÑOZ: Señora presidenta, la aceptamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Madina. Así votaremos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA EN EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS AFECTADA POR LA CRISIS ALIMENTARIA EN ALEMANIA. (Número de expediente 162/000875.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Popular de apoyo a la industria agroalimentaria española en el sector de frutas y hortalizas afectada por la crisis alimentaria en Alemania. Para
defender la proposición de su grupo, además de la autoenmienda presentada por el propio grupo, tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la mejor prueba de la oportunidad de la iniciativa que hoy traigo aquí en nombre del Grupo Parlamentario Popular es la nota que hoy ha publicado el ministerio en la
que se anuncian más reclamaciones en defensa del sector hortofrutícola español. Nuevas iniciativas que son las que contiene la iniciativa que hoy presentamos y que son las que ayer discutía la ministra en su comparecencia, en la que no vino a
aclarar nada sino a inquietar más a un sector que, como todos ustedes saben, pasa por una grave crisis.
Los hechos son suficientemente conocidos. Las falsas y graves acusaciones de la consejera de Hamburgo sobre la contaminación de los pepinos españoles han provocado enormes pérdidas en el sector hortofrutícola español. En un principio
decidimos no alborotar. El mismo día 26, poco antes de llegar la exculpación de las autoridades alemanas, presentamos una iniciativa que hoy autoenmendamos porque las circunstancias han cambiado en la que mandábamos dos mensajes inequívocos. Uno
de apoyo al sector hortofrutícola español y otro de respaldo al Gobierno para negociar las mejores compensaciones posibles. Hoy, antes que nada, tenemos que decir que el Gobierno español en la crisis del pepino no ha estado a la altura de las
circunstancias. No es ninguna novedad porque este Gobierno hace tiempo que no gobierna porque tiene otras prioridades.
Solo pueden explicarse así una serie de retrasos, como una falta de réplica y de respuesta al incumplimiento del protocolo de
las alertas alimentarias de la Comisión Europea o a que el resultado de los análisis de los pepinos holandeses llegara mucho antes que los de los análisis de los pepinos españoles o a que no se constituyera el gabinete de crisis porque la ministra
de Asuntos Exteriores andaba por aquella época en Brasil impulsando el acuerdo y negociación Unión Europea-Mercosur que, precisamente, no beneficia a nuestro sector hortofrutícola. Parece increíble que hasta el día 16 de junio figuraran en la
página web de las alertas alimentarias de la Unión Europea como causa contaminante los pepinos españoles cuando ya habían desaparecido de esa página los pepinos holandeses. Resulta también inexplicable que el presidente Zapatero tardara siete días
en comunicar con la canciller alemana, señora Merkel, aunque según nos aclaró ayer la señora ministra fue porque la canciller no cogía el teléfono, lo cual es menos tranquilizador.
Más que las críticas a la gestión de la crisis del pepino, obligadas para que no se vuelvan a repetir si se producen circunstancias similares a las que hoy aquí discutimos, nos importan desde el Grupo Parlamentario Popular dos cosas sobre
todas las demás. La primera es que el sector hortofrutícola español debe ser compensado al cien por cien por la totalidad de unos daños en los que no ha tenido ninguna responsabilidad.
¿Por qué tenemos que conformarnos con compensaciones al 50 por
ciento y solo para pérdidas o por retiradas? Como consecuencia de la alarma social suscitada por las acusaciones de la consejera alemana se han ocasionado pérdidas en ventas y en precios, pérdidas de mercado que hay que compensar. Así lo adelanta
precisamente hoy el ministro holandés que recoge la totalidad de lo que están pidiendo sus productores y lo va a elevar al Consejo de Ministros que se va a celebrar el día 27. La compensación no debe limitarse a los cinco productos inicialmente
compensables
por la Comisión Europea sino a la totalidad de la producción hortofrutícola afectada. Exigimos que las indemnizaciones comunitarias de la Unión Europea se distribuyan a través de sobres nacionales porque de lo contrario la mayor parte de
las indemnizaciones previstas en los insuficientes 210 millones de euros aprobados por la Comisión Europea se las van a llevar los productores comunitarios. Solicitamos que las campañas de promoción se cofinancien también con fondos comunitarios.
Estos son los parámetros básicos -los que reclama el sector con toda justicia para superar una crisis que no ha creado-, que hacemos nuestros y para los que pedimos el apoyo de toda esta Cámara, de todos los grupos parlamentarios, porque sabemos que
pondrán la defensa de los intereses generales de un sector tan emblemático como es el hortofrutícola español por encima de diferencias partidistas.
Queríamos aclarar también otra cuestión que nos parece muy importante.
Nosotros queremos ofrecerle hoy también aquí un respaldo al Gobierno, un respaldo a su debilidad negociadora. Todos sabemos que pasa por graves dificultades, que no
tiene grandes aliados en Europa, que con frecuencia, demasiadas veces, ha seguido una política contraria a la que se seguía en la Unión Europea en materia de política exterior, en política económica o en política de inmigración y que pesamos muy
poco. Entonces, nosotros queremos que todos los grupos políticos -y el primero es el de la oposición- nos pongamos al lado de la ministra del Gobierno de España para que vaya el día 27 a defender los intereses del sector hortofrutícola español.
Por eso nosotros hoy también aquí hemos aceptado las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista porque entendemos que completan y enriquecen nuestra iniciativa y porque a nosotros, una vez más y aunque con tanta frecuencia se diga lo contrario,
lo que nos interesa es la defensa de los intereses generales de nuestros sectores, en este caso los del sector hortofrutícola español. Por eso me dirijo a todos los grupos de la Cámara para que todos ellos se unan a la propuesta que hoy tengo el
honor de defender y presentar aquí en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llorens.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alonso Núñez. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor ALONSO NÚÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Estamos debatiendo una proposición no de ley que, según el orden del día del Pleno de hoy, fue presentada por el Grupo Popular el pasado 31 de mayo en plena crisis, en el momento álgido de la crisis, una crisis ocasionada por la declaración
de una alerta sanitaria en Alemania de la que se culpó injustamente a los pepinos cultivados en dos explotaciones españolas. Fueron días tristes, duros, y cualquier persona que trabaje en este sector va a recordar a doña Cornelia, senadora de
Hamburgo, por su triste actuación y también ese fatídico 26 de mayo que tan graves repercusiones ha tenido sobre el sector español. La crisis ha provocado 22 muertos en Alemania, más de 2.500 afectados y en el caso concreto España ha causado
enormes pérdidas económicas en un sector emblemático de la economía española; un sector innovador, competitivo, moderno, que produce en calidad y en cantidad y que tiene una vocación exportadora que es un ejemplo y un orgullo para nuestro país.
Los señores del Grupo Popular presentaron una proposición no de ley que trataba de marcar la hoja de ruta al Gobierno, una proposición no de ley que en su mayoría es asumible para el Grupo Socialista, pero que la realidad ha ido superando.
Las actuaciones del Gobierno, yendo mucho más allá de lo que pedía en su momento el Grupo Popular en su proposición no de ley, justifican esta autoenmienda que ha presentado hoy dicho grupo y en la que vamos a llegar a un acuerdo. Sin embargo, hay
que decir en este caso, contradiciendo lo dicho por el Grupo Popular, que el Gobierno ha actuado eficazmente en esta gravísima crisis económica y que hasta este momento ha conseguido arrancar de la Comisión Europea un paquete importantísimo de
ayuda, dotado de más de 210 millones de euros. Sepan ustedes que no ha sido fácil arrancar esta decisión como tampoco lo será arrancar las sucesivas que estamos pidiendo. Deben saber que la propuesta se aprobó en el comité de gestión con 180 votos
a favor, pero que en esta Unión Europea a la que pertenecemos hubo 90 votos en contra y 92 abstenciones, es decir, más votos en contra y en abstenciones que a favor. En cualquier caso hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular sobre el texto
de esta proposición no de ley porque el sector hortofrutícola se merece esta posición unánime que creo que obtendrá del Congreso de los Diputados. Una proposición no de ley que sirva de apoyo a las justas reivindicaciones del sector y que dé
respaldo a las actuaciones eficaces que está desarrollando el Gobierno en el seno de las instituciones europeas de cara a las relaciones bilaterales con Alemania y también con países terceros que tomaron también decisiones negativas en relación con
el comercio de estos productos.
Señores del Grupo Popular, señoras y señores diputados, creo que el tema está encauzado, que la situación comienza a mejorar. Por tanto, en vez de mirar tanto hacia atrás sobre lo hecho, cuando -vuelvo a repetir- hubo actuaciones erróneas,
irregulares e injustificables en las instituciones alemanas y también en la Unión Europea, hay que mirar al futuro. En este sentido, el Grupo Socialista ha presentado enmiendas a la formulada por el Grupo Popular que claramente quieren marcar la
línea en tres objetivos fundamentales. En primer lugar, hay que conseguir -exigiendo, trabajando y negociando en la Unión Europea- una compensación al cien por
cien de las pérdidas ocasionadas al sector. Se han aprobado 210 millones, se compensan pérdidas en siete productos, pero es evidente que está habiendo pérdidas en otras áreas del sector de la fruta y también de las hortalizas. Por tanto,
comprobadas y evidenciadas las pérdidas económicas por la crisis, habrá que exigir la compensación por la Unión Europea. En segundo lugar, hay que recuperar los mercados, hay que recuperar confianza, y en este sentido hay que programar con la Unión
Europea, también con el Gobierno alemán, una acción sostenida de promoción, de divulgación de las excelencias de la producción hortofrutícola que tiene nuestro país. Y en tercer lugar, y muy importante también, hay que perfeccionar la legislación
comunitaria para evitar que puedan darse situaciones como esta. Creemos que es perfectamente mejorable la legislación que regula el sistema de alarma que lanzan los distintos Estados y que de alguna manera, como en esta, erróneamente la Unión
Europea dio credibilidad al incorporarla al conjunto de la Unión Europea.
Asimismo creemos, y esto también es muy importante, que la Unión Europea debe dotarse de un sistema de lucha, de trabajo, para evitar estas crisis alimentarias. La actual
política agraria europea no contempla medidas contra crisis alimentarias por este tipo de alertas sanitarias, por precios o por cualquier otro motivo. Por tanto, en la próxima negociación de la política agraria comunitaria tendremos que hacer un
esfuerzo por recuperar medidas de mercado. En definitiva, una proposición no de ley que creo que aprobaremos por unanimidad y que lanzará un mensaje claro, contundente y favorable a un sector que merece el apoyo del Congreso y un eficaz y buen
trabajo por parte del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso Núñez.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Guinduláin.
La señora GUINDULÁIN GUERENDIÁIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, el daño causado a España por la llamada crisis del pepino va mucho más allá del daño económico a la agricultura y a los agricultores.
Es un daño a la credibilidad de nuestros productores, de nuestros agricultores y de todos
aquellos profesionales que intervienen en la cadena alimentaria, desde el que cultiva hasta que el alimento llega al consumidor. Nuestros agricultores y distribuidores son profesionales preparados y cualificados que están sometidos a rigurosos
controles sanitarios y que están obligados a responder de la trazabilidad del producto. Por esa razón las organizaciones de agricultores defienden que los controles alimentarios de España son los más férreos de toda la Unión Europea y nosotros,
desde el conocimiento que de este sector tenemos en Navarra, estamos convencidos de dicha afirmación.
A fecha de hoy, un mes después de que estallara la crisis que ha provocado ya cuarenta muertes además de miles de afectados, todavía no hay confirmación de cuál es el origen de la contaminación. Lo único cierto que sabemos es que es más
peligroso viajar a Hamburgo que comer pepinos.
En este momento en que se debate esta proposición no de ley conocemos el importe de la indemnización que se ofrece, que son 210 millones de euros, y los productos a los que afecta: pepino, calabacín,
pimiento, tomate y lechuga. Tal y como han manifestado los sectores afectados por la crisis alimentaria -agricultores, transportistas y distribuidores-, dicha cantidad no va a resarcir las pérdidas reales porque se deben revalorar: el coste
laboral en términos de pérdida de empleo y de excesos de manipulación de los productos como consecuencia de no salir a la venta; el lucro cesante en cantidad de pequeños negocios como consecuencia de la bajada de precios a la que se ha visto
sometida la práctica totalidad de frutas, verduras y hortalizas de temporada. Además la crisis ha afectado a más productos que los establecidos por el comité de gestión de la Unión Europea, como por ejemplo al espárrago, brócoli, berenjena, cereza,
pera o manzana entre otros, por lo que se debería ampliar el listado de los productos indemnizables como también se recoge en la proposición.
Consideramos muy acertada esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular así como las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista, y junto con las de Unión del Pueblo Navarro estamos seguros que saldrá un texto
que será útil para todos los sectores afectados. No obstante, a lo ya expuesto por los otros grupos, como país más perjudicado de la Unión Europea y también como cuna de científicos y organizaciones de reconocido prestigio en la materia, no estaría
de más la incorporación de expertos españoles en seguridad alimentaria en el proceso de investigación del origen de la contaminación hasta el esclarecimiento del mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Guinduláin.
El señor Canet tiene la palabra.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, las crisis alimentarias no deberían usarse como arma política, pero no debe eludirse un análisis de las responsabilidades, o sea qué es lo que no se ha hecho bien, y sobre todo la propuesta de soluciones, qué es lo que todavía se
puede hacer para minimizar los efectos del desastre.
Porque efectivamente hablamos de una historia muy conocida de acusaciones, desmentidos y en el fondo desastres.
Hace unas semanas, el día 26 de mayo -como se ha dicho-, desde Alemania se señaló a los pepinos andaluces como el origen de un brote infeccioso extendido en ese país. Las acusaciones resultaron sin fundamento,
porque finalmente se comprobó que el origen del brote de E. coli no tenía su origen en los pepinos procedentes del Estado español sino en los brotes de soja cuya procedencia era una granja de Alemania.
A pesar de las disculpas de Alemania, el mal ya estaba hecho y los recelos se extendieron a todos los productos de huerta y frutales del Estado español. Muchas cadenas de alimentación europeas alertaron a sus clientes con espectaculares
carteles que rezaban así: Las frutas y verduras no proceden del Estado español. Varios países centroeuropeos así como Rusia y Reino Unido suspendieron totalmente sus pedidos no solo de pepinos sino de todo tipo de hortalizas. Según cálculos de la
Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas así como de la propia ministra de agricultura, esta suspensión ha supuesto unas pérdidas para los productores cercanas a los 200 millones de euros semanales. Además, la reorientación
de la producción ha acabado saturando el mercado interior y haciendo desplomar los precios. Podríamos decir que de la crisis del pepino se pasó a la crisis de la huerta, y de aquí a la crisis total en un sector que teme la pérdida de hasta 70.000
empleos por la psicosis del E. coli. De hecho, el pánico hace, como ha explicado la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias, que estén amenazadas incluso las exportaciones de fruta con hueso de cualquier zona del Estado. Por ejemplo, la
empresa Agrofruit de Tortosa, la principal exportadora catalana de naranjas y mandarinas, soportó ya en la primera semana de la crisis la cancelación de pedidos por un montante de 200.000 kilos, el 30 por cierto del volumen que comercializa
actualmente.
No han de sorprender las críticas en diferentes direcciones, en primer lugar hacia Alemania por la acusación sin fundamento. Lógico, pues, que sindicatos agrarios y asociaciones de consumidores hayan exigido que sea Alemania la que pague
las pérdidas del sector hortofrutícola español, pues el comportamiento de sus autoridades ha sido gravísimo. En segundo lugar, hacia la Unión Europea porque mantuvo bastantes días la alerta contra los pepinos españoles. Tampoco se ha librado el
Gobierno del Estado español; ayer mismo escuchamos las explicaciones de la ministra de agricultura defendiendo la actuación de su ministerio y efectivamente entendemos que ha habido reacción, aunque a juicio del sector ha sido tardía y poco
contundente. Se habla de indemnizaciones y se coincide en que la cantidad de 210 millones de euros es insuficiente, y lo es además por la cantidad y por el número de productos que serán beneficiarios, pero ahora mismo ya solo queda el análisis de
las salidas posibles: aumentar la cantidad prevista en indemnizaciones, y ya el portavoz del Grupo Socialista avisaba de la dificultad que habrá en el ámbito europeo; aumentar el número de productos, porque es evidente que no se trata solo de
aquellos que en principio se suponían los perjudicados sino que hay que hablar de muchos más, hasta llegar a la cebolla, la col, la zanahoria, la berenjena y las frutas de temporada; asimismo hay que intensificar las campañas de promoción. Por
tanto, se habla de una transacción para la que se pide el voto unánime y evidentemente lo va a tener aunque en algunos de los puntos no acabemos de estar de acuerdo. En cualquier caso y, como decía al principio, las crisis alimentarias no deberían
usarse como arma política. La aprobación hoy de manera conjunta de una iniciativa sería un buen ejemplo y siempre un buen mensaje.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Señor Agirretxea tiene la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor presidente, intervengo muy brevemente desde el escaño para no repetir cuestiones que ya se han dicho porque creo que todos coincidimos en la base de esta cuestión.
Por una parte, estamos ante las consecuencias de una crisis que kafkianamente ha afectado a quien nada ha tenido que ver con dicha crisis. Se ha producido una crisis alimentaria en Alemania que en el Estado español ha supuesto una crisis
agrocomercial o relacionada con el comercio de los productos agrarios. Dicho esto, lo importante es que se busquen medidas para solventar esta situación, evidentemente exigir responsabilidades a quien las tenga e indemnizar a los productores
hortofrutícolas del Estado español que han sido damnificados por esta crisis surgida en Alemania.
En este contexto, quiero decir que hubo explicaciones por parte del Gobierno; el Grupo Popular ha preferido registrar esta iniciativa; si no me equivoco el Grupo Popular y el Grupo Socialista han llegado a una transacción que propone una
serie de medidas, una serie de exigencias, una serie de compromisos a asumir por parte del Gobierno y también a exigir a otras instituciones. Por tanto, como no podría ser de otra manera, mi grupo votará a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Doña Conchi Tarruella tiene la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
No por la importancia de esta proposición no de ley, que la tiene, y mucha, sino por ahorro de tiempo y por la brevedad de mi intervención, intervendré desde el escaño.
Esta proposición no de ley del Grupo Popular, que es en estos momentos oportuna por la gravedad de la crisis que padece el sector hortofrutícola, viene a recordarnos una vez más la fragilidad a veces de la Unión Europea en algunos de estos
temas, sobre todo en alertas alimentarias, y cómo unas declaraciones inoportunas e imprudentes, me atrevería a decir que incluso alarmantes, sin base alguna de una senadora alemana, nos han llevado a esta grave crisis económica en nuestro país.
Nosotros,
como no puede ser de otra manera, estamos totalmente de acuerdo, sobre todo con la autoenmienda que el Grupo Popular ha hecho. Nos gusta muchísimo más lógicamente la redacción de esta autoenmienda completada por las aportaciones que se han
hecho desde el Grupo Socialista y que son necesarias para todo el sector, sobre todo para el hortofrutícola.
Hay que pedir que se paguen los daños al cien por cien; no solamente los daños ya efectuados sino que las caídas de precios, las caídas de ventas y las caídas en la exportación, comparadas con otros años, también deben ser resarcidas y
compensadas, trabajando el Gobierno junto con todo el sector, con todas las OPA, con las cooperativas agrarias, con la FEPEX y con todas las organizaciones representativas, tal como pide el punto 2 de la proposición no de ley. Son importantísimas
también todas estas campañas publicitarias que, a nuestro entender, debe pagar completamente la Unión Europea. También el Gobierno alemán tendría que ayudar y compensar por todo el daño que ha hecho porque es importantísimo recuperar la confianza
en los mercados, en la calidad de los productos españoles, en todo lo que llega a nuestras mesas y se vende en nuestros mercados, para que la marca, que siempre ha sido buena, de todos nuestros productos siga siendo inmejorable en el extranjero.
Por todos estos motivos, señor presidente, nosotros apoyaremos gustosamente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Señor Llorens, ¿se confirma que han de presentar la transaccional?
El señor LLORENS TORRENS: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy amable. Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA PROFUNDIZAR EN LA CREDIBILIDAD, LA TRANSPARENCIA, LA AUSTERIDAD Y LOS CONTROLES DEMOCRÁTICOS DE LAS INSTITUCIONES Y PODERES
DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000222.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para profundizar en la credibilidad, la transparencia, la austeridad y los controles democráticos de
las instituciones y poderes del Estado.
Para su defensa tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, decía un viejo profesor mío, don Josep María Vallet, que no hay política sin acompasar los sentimientos con las propuestas. Precisamente por ello el movimiento llamado 15-M constituye un auténtico fenómeno político en la medida en
que aúna emociones por un lado, indignación y pasión, también algunos excesos, como se han visto, pero por otro lado sugiere propuestas, algunas más concretas que otras, algunas más viables que otras. En cualquier caso, este movimiento, como vimos
el domingo pasado, se reafirmó hasta tal punto que podríamos decir que el 19-J superó el mismo 15-M. Por ello se puede legítimamente recelar o incluso discrepar de los que protestan, pero, señorías, es difícil mostrarse indiferente. Es difícil
reproducir un titular de un periódico estos días que contraponía los votos del 22 de mayo con la gente que salió a la calle el otro día y que sugiere casi que los partidos podemos administrar la democracia y la confianza recibida en las urnas como
queramos durante cuatro años. Es difícil ponerse a la defensiva en ese momento y, lo que es peor todavía, señorías, estigmatizar este movimiento, reducirlo a una cuestión casi de orden público, porque lo que se ha visto recientemente es un
auténtico movimiento interclasista, intergeneracional más allá de que haya habido algunos alborotadores vocacionales que estuvieron a punto, por cierto, de arruinar el capital de simpatía de este movimiento el otro día a las puertas del Parlament de
Catalunya.
En segundo lugar, quiero decirles que con el distanciamiento que le da a mi grupo político, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa, saberse tan poco representativo para este movimiento como todos ustedes que se sientan en su escaño
-pero al mismo tiempo con la legitimidad que nos da, y sin ningún tipo de complejo, el hecho de haber defendido en esta Cámara la mayoría de propuestas que hace este movimiento, por tanto no me acompleja para nada- no me siento, señorías, un títere
del sistema, ni me siento dócil ante los poderosos, ni prepotente ante los ciudadanos como en algún momento ha insinuado algún portavoz de ese movimiento. Me duelen las descalificaciones globales dirigidas hacia todos los partidos políticos. Dicho
todo esto, como estos días hemos admitido todos los partidos en que conviene escuchar lo que se nos está diciendo, evidentemente quiero poner en valor algunas cuestiones que son de la mayor coincidencia con los planteamientos de nuestro grupo
parlamentario.
Incluso diré más, de lo que se trata con esta moción es de llevar a cabo algunas de las propuestas razonables y posibles, para parafrasear lo que decía la ministra de Defensa hace pocas horas con relación a estas propuestas. Por
tanto, señorías, no es ni oportunista ni el sueño de la razón populista, simplemente son distintas
propuestas que figuran en la moción y en la transacción a la que hemos llegado todos los grupos de la Cámara, sin excepción. Lo que se propone, señorías, es muy simple, ahora hace falta más política que nunca. No tiene nada de malo que
esta democracia representativa, que este Parlamento, pueda cambiar algunas cosas y que escuche este auténtico aldabonazo ético que supone el movimiento 15-M que, por un lado, nos reclama una salida más justa y más equitativa a la crisis social y
económica que estamos padeciendo, mayor valentía con los bancos, mayor valentía con las eléctricas, mucho menos con los trabajadores, clases populares y capas medias pero que, por otro lado, también nos exige una democracia más participativa, más
real y más plena.
Este malestar, señorías, que se expresa en este movimiento del 15-M, insisto, no solo tiene que ver con la incapacidad para dar respuesta a la crisis económica con una auténtica gobernanza política de la economía, no por parte de los
mercados en un momento en que manda más el director gerente del Deutsche Bank que el presidente del Gobierno y en un momento en que todos los gobiernos están aplicando recortes brutales en contra de nuestro estado de bienestar, sino que tiene que
ver sobre todo, como les decía, con la necesidad de mejorar nuestra calidad democrática. Con un sistema democrático cada vez más cerrado en el que evidentemente existe alternancia, pero a veces parece que no hay alternativa, en la que la
participación más allá de las elecciones cada cuatro años brilla por su ausencia, fíjense en la paradoja que supone que, al mismo tiempo que salían miles de personas a la calle en Madrid y en Barcelona, en Italia se estuviera celebrando un
referéndum abrogativo que echaba para atrás distintas iniciativas legislativas abusivas del señor Berlusconi; o no hay peor violencia incluso que los desahucios que estamos viendo estos días de gente que no puede pagar la hipoteca y que se les
desahucia simplemente por los excesos del propio sistema financiero. Por tanto, hay medidas razonables y posibles que tienen que ver con la mejora de la democracia. Algunas las plantea ese movimiento: la reforma del sistema electoral para que sea
más proporcional, más participativo; la revocación de mandatos; la limitación de los mismos; facilitar la iniciativa popular; facilitar los referéndums y consultas populares; la desaparición de algunos privilegios de la mal llamada clase
política en los que, por cierto, esta Cámara, con el impulso de su presidente, ya está avanzando.
Finalmente, señorías, como les decía, hemos alcanzado todos los grupos de la Cámara, sin excepción, un acuerdo que plantea, por un lado, dar pábulo a un debate que en su día planteó el Gobierno y al que se comprometió a raíz de ese nonato
proyecto de ley de acceso a la información pública. La transacción plantea que el Gobierno traiga a esta Cámara durante este periodo de sesiones, por tanto en pocos días, este proyecto de ley; un proyecto de ley fundamental para dar transparencia,
publicidad y para facilitar el control público de las instituciones, pero aprovechar también el trámite legislativo de esta ley para profundizar en la democracia y en la participación política, examinando todas aquellas medidas de mejora de la
democracia, todas aquellas medidas de transparencia y control de las instituciones democráticas. Además, la transacción a la que hemos llegado los distintos grupos insta al conjunto de grupos de esta Cámara y manifiesta la voluntad de tramitar con
la mayor diligencia, con la mayor celeridad una proposición de ley, que en su día ya se tomó en consideración, de reforma de la Ley de financiación de partidos, precisamente para dar una vuelta de tuerca más al actual sistema de financiación de
partidos para que sea el más transparente posible.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. No quisiera acabar mi intervención, señor presidente, sin agradecer a todos los grupos su buena disposición para haber alcanzado este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Don José María Lassalle tiene la palabra.
El señor LASSALLE RUIZ: Señor presidente, señorías, profundizar en nuestra democracia es asumir con responsabilidad que el Gobierno y los representantes del pueblo debemos servir ejemplarmente a este.
Profundizar en nuestra democracia pasa
por responder a las exigencias de perfeccionamiento que son inherentes a ella. Ese perfeccionamiento habla el lenguaje de la calidad institucional, la transparencia, la eficiencia y el respeto escrupuloso al imperio de la ley. Nuestra voz es la
voz del pueblo y debemos defenderlo con la dignidad ejemplar de quienes no estamos dispuestos a bajar la mirada porque nada tenemos que ocultar ni esconder. La democracia no se esconde ni tiene que eludir sus responsabilidades de favorecer la
transparencia de sus instituciones y de su funcionamiento. Lo que hacen las instituciones democráticas y sus servidores públicos debe ser accesible a los ciudadanos a quienes representan, sin intermediaciones que glosen interesadamente la labor
política y contribuyan a que los apóstoles de la antipolítica se froten las manos. Representación y democracia son dos caras de la misma moneda.
Quienes formamos parte de este hemiciclo no somos ni una clase ni tampoco una casta. Somos ciudadanos
que hemos asumido el honor de representar a los ciudadanos de nuestro país y debemos ser capaces de transmitirlo ejemplarmente. Por eso el Grupo Popular respaldará la transacción que nos propone esta tarde el señor Ridao, pero este ejercicio de
responsabilidad no bajará la guardia ni permitirá la desidia que viene evidenciando el Gobierno desde que hace dos años nos anunció la inminente presentación de un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública.
Señorías del Grupo Socialista, señores miembros ausentes en este momento del Gobierno, España sufre un deterioro institucional del que son directamente responsables. Ocupamos el puesto 53 en competitividad
institucional, el 57 en arbitrariedad gubernamental, el 70 en transparencia, el 75 en confianza política. Con estos números ya no hay inminencia de anuncio de una ley de transparencia que valga. Ustedes tienen que traer a esta Cámara antes
de que termine el periodo de sesiones una ley que someta a los representantes públicos al control político con la misma responsabilidad que los ciudadanos asumen la delegación de su representación. España es, junto a Chipre y Malta, el único país
de la Unión que no tiene una ley de transparencia que incremente la participación democrática y el control en el ámbito de las administraciones y que contribuya positivamente a la recuperación económica. Además, venimos incumpliendo desde 2009 el
convenio de transparencia del Consejo Europeo, que no hemos ratificado y que nos obliga jurídicamente.
Los ciudadanos deben tener reconocido el derecho a saber cómo se desarrolla y ejecuta la gestión de los asuntos públicos, a ser juez y también parte de las instituciones, a los que la ciudadanía da sentido, por dignidad democrática por
supuesto pero también porque una ley de esta naturaleza tiene una repercusión económica positiva para nuestra economía, ya que, como explica Rufus Pollock en The Economics of Public Sector Information, da instrumentos al sector privado para mejorar
su trabajo, pero la dignidad democrática a la que servimos nos exige algo más que hablar de transparencia. Tenemos que ir más lejos; tenemos que incorporar a la ley un código de buen gobierno, de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de
la Administración del Estado, que el ministro Sevilla ya impulsó bajo la forma de un acuerdo en febrero de 2005. Ese código debe tener rango de ley y asumir que los valores de referencia ética, como la objetividad, integridad, neutralidad,
responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno público y medioambiental y de la igualdad entre
hombres y mujeres, son principios éticos que han de regir la actuación de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, para responder -cito literalmente- a las demandas y exigencias de los ciudadanos en cuanto integrantes de la comunidad
política en la que viven, y ofrecer un compromiso sólido de respeto, protección y fomento de todas las aspiraciones de los individuos en un marco de solidaridad, libertad y justicia. Esto está en el código de buen gobierno, en un acuerdo asumido
por el Gobierno que no tiene fuerza de ley desde el año 2005. Esto, señorías, es una exigencia democrática inexcusable que debemos hacer nuestra, dando forma de ley a este código, así como la ley de transparencia. Si la democracia es esencialmente
el gobierno de las leyes, nuestra democracia tiene una deuda que debe saldar inmediatamente: la elaboración de una ley de transparencia que además dé acceso a la información pública, pero que salvaguarde también unas exigencias éticas de
ejemplaridad que demuestren que somos, sin motivo de ninguna duda ni sospecha, servidores públicos que solo respondemos al imperio de la ley democrática. Trabajemos por ello y estemos a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lassalle.
Don Carlos Salvador tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, muy brevemente voy defender las dos enmiendas de adición que ha presentado Unión del Pueblo Navarro a esta moción de Esquerra porque creemos que responden fielmente a los objetivos que pretende esta iniciativa parlamentaria. El
texto justificativo de la moción dice que lo que se pide en ella es profundizar la credibilidad, la transparencia, la austeridad y los controles democráticos de las instituciones y de los poderes del Estado. Pues bien, para cumplir esos fines
ampliamos los puntos de la moción presentada por Esquerra con dos iniciativas. En la primera pedimos expresamente que el Congreso de los Diputados ratifique la necesidad de poner en marcha lo antes posible la oficina presupuestaria de las Cortes
Generales, en cumplimiento de la ley aprobada el pasado mes de diciembre, que permita un mejor control, fiscalización y publicidad de las cuentas públicas. Señorías, la puesta en marcha de esta oficina creemos que es hoy una necesidad más que
nunca.
Una segunda enmienda responde, igualmente, a una petición mayoritaria de transparencia que hoy está latente en las manifestaciones en la calle, y más en estos días, como es que hagamos públicos los contactos y las numerosas reuniones que con
asiduidad celebramos con los distintos grupos de interés. El objetivo de la enmienda no es otro que institucionalizar esas reuniones y contactos, como hacen otros parlamentos; sinceramente, que las hagamos públicas, las tratemos con normalidad y
con madurez democrática. Señorías, no tenemos que repetir ni justificar que somos representantes de los ciudadanos y que buscamos en nuestra actividad que cada norma vaya dirigida al interés general. También es una realidad que en esta actividad
las iniciativas parlamentarias, las leyes, afectan e interesan a personas y a entidades, que nos trasladan sus inquietudes, sus ideas, sus soluciones, sus problemas, sus propuestas, que nos sirven, es verdad, y mucho, para madurar nuestros
posicionamientos, para formar opinión y para tener un mayor conocimiento a la hora de decidir en un sentido o en otro.
Hoy, señorías, la ciudadanía nos exige un paso más en esa transparencia.
Por eso, la enmienda que presentamos pide que esta Cámara manifieste su voluntad de poner en marcha un registro oficial público de lobbies, de grupos de interés, que
permita la publicidad de los contactos y reuniones de los distintos grupos y parlamentarios con todo tipo de afectados e interesados en la actividad legislativa de la Cámara. Mi partido, Unión del
Pueblo Navarro, cree que ambas enmiendas van en la dirección correcta y suponen un avance en el control democrático de nuestra actividad.
Señorías, debemos de acostumbrarnos a dar más cuentas de nuestro trabajo, a ser más transparentes en
nuestra actividad diaria. Obviamente a más transparencia menos corrupción, que es algo de lo que precisamente se están quejando y con lo que se indignan los ciudadanos, y me temo que muchas veces con razón. Hubiéramos preferido que nuestras
enmiendas hubieran sido aceptadas y añadidas a la transaccional pero en todo caso, señor presidente, anuncio que la apoyaremos igualmente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Doña Victoria Monteserín tiene la palabra.
El señor MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Lassalle, fantástico discurso el de esta tarde; qué pena que normalmente voten en contra de estos temas como en Baleares hace unos meses y que cuando gobiernan no lo suelan practicar como es debido.
De todas formas, hoy tenemos una buena noticia: que finalmente hayamos llegado a un acuerdo a través de una transaccional sobre el texto de la moción. Creo, señor Ridao, que el debate que usted quería trasladar a una subcomisión puede
perfectamente sustentarse en el desarrollo del debate parlamentario de la ley que nos ocupa. Señorías, en los últimos años hemos avanzado en transparencia, en austeridad, hemos definido más y mejor las incompatibilidades de los representantes
públicos y, con ello, hemos contribuido a mejorar el sistema democrático, siendo esta una tarea de todos los días y de todos nosotros. A la vez hemos perdido credibilidad, y hemos perdido mucha. Esto, señorías, de alguna manera no casa. ¿Cómo es
posible que en la medida en que avanzamos en este sentido ser diputada o diputado cada vez se considere un cargo que conlleva privilegios? Ser diputada o diputado es efectivamente un honor, y en ese sentido es un privilegio que no debe conllevar
privilegios pero que tampoco debe conllevar perjuicios.
Señorías, la inmensa mayoría de los 350 diputados que estamos en esta Cámara hacemos bien nuestro trabajo, con rigor, con honestidad, con criterio, consecuentemente con nuestra ideología y con el partido al que pertenecemos y respondiendo a
los ciudadanos a los que representamos; sin embargo la apreciación pública de este trabajo es totalmente contraria hasta el punto de que nos hemos convertido en un problema en la percepción social de la ciudadanía. Esto es lo que nos tiene un
tanto perplejos y creo que en la interpelación y moción subyace esta perplejidad. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Ha pasado que los poderes no democráticos, los mercados, las finanzas y sus malas prácticas alejadas en su día del control público
han trabajado contra nosotros. No rinden cuentas, no explican sus programas, no se someten a ninguna elección; no obstante han dirigido su atención hacia nosotros que sí rendimos cuentas mientras ellos se pasean arrastrando derivados tóxicos que
han contaminado el sistema financiero, el político, el social y el económico.
Lo expresaba así El Roto en una de sus viñetas: ¿Por qué si mandan los mercados elegimos a los políticos? La gran aliada para esta desviación de atención es la sociedad
del espectáculo. Lo definía muy bien en los años ochenta Guy Debord. Definía el espectáculo como una relación social entre personas mediatizadas por imágenes. Eso somos a los ojos del gran público: una relación de imágenes; imágenes vacías o
imágenes de bronca en este salón de plenos, templo de la democracia.
Miren, señorías, la mayor parte de nuestro trabajo se desarrolla en Comisión, no se produce en esta sala. En la Comisión se trabaja, se hacen propuestas que son positivas para la inmensa mayoría de los ciudadanos y que pasan desapercibidas
también para esa inmensa mayoría. En el Pleno somos parte de un espectáculo en el que hasta el más mínimo detalle, el más nimio de los gestos es recogido por las cámaras y siempre será la bronca, el chascarrillo, la anécdota lo que será
inmediatamente recogido y multiplicado inmediáticamente, palabra que sé que no recoge el diccionario. La sociedad del espectáculo así lo demanda y en cierto modo nosotros somos mercancías de esa sociedad. ¿No es cierto, señorías, que viendo los
informativos muchas veces nos sentimos así todos los que estamos aquí? Otra viñeta de El Roto dice: La prensa cada vez trae más munición y menos información. Muchas veces la munición para esa sociedad del espectáculo la damos nosotros. Señorías,
ahí sí que tenemos que hacer un gran ejercicio de autocrítica todos y todas.
Señor Ridao, señorías, les planteo: ¿La política y los políticos debemos reflexionar, incrementar y perfeccionar el sistema democrático para acotar a los poderes no democráticos? Sí, porque eso es defender la democracia. ¿La sociedad y la
ciudadanía tienen que reflexionar sobre lo que demanda la política a los políticos y a sus representantes ciudadanos contribuyendo a defender la democracia y, desde luego, a sus representantes? Sí, porque eso es mejorar la calidad de nuestra
democracia. ¿Los medios de comunicación tienen que reflexionar sobre su papel como mediadores entre lo que se produce aquí democráticamente, las decisiones que tomamos y los debates que hacemos? Sí, porque eso contribuye a mejorar la información
democrática. Las crónicas parlamentarias de la república informaban de las normas, de los debates y de los acuerdos. Hoy prima la información sobre lo que opinan unos de lo que dicen otros; opiniones que nacen y mueren cada día y que son
intrascendentes para la inmensa mayoría de la gente, pero que nos impregnan a todos, a unos y a otros, a ellos y a nosotros, del paradigma del Gran Hermano.
Señor Ridao, señorías, termino. La legislatura nos da todavía el tiempo suficiente para ser imaginativos, buscar preguntas y encontrar respuestas sobre cómo mejorar la
participación y la calidad de nuestra democracia. Mi grupo se compromete a ello y sé bien, señor Ridao, que el suyo también y, después de la transaccional, los demás grupos de la Cámara. Parafraseando un gran programa de televisión de los
años ochenta, tenemos hasta el mes de marzo para imaginar y si en todo este tiempo no se nos ha ocurrido nada a lo mejor deberíamos de ver menos la tele.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Virtudes Monteserín.
Tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Una más; y más que llegarán. He estado atento a la presentación que ha hecho el señor Ridao y he visto que ha pasado mucha parte de su tiempo justificando; muchas justificaciones para esta iniciativa. No sé si es el sueño de la moción
populista, como algunos podrían pensar, pero desde luego suena a ello, y también la intervención. Da la sensación de que es una medida al albur de la ola mediática.
Mi grupo no está de acuerdo en que el sistema democrático es cada vez más cerrado, en el que falta transparencia; no estoy de acuerdo. Quienes nos dedicamos a la política estamos más expuestos respecto a los detalles de nuestra vida
personal, a lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, que muchos otros actores importantes de la vida social y económica de este país. Se han dado pasos importantes y no se puede tachar de antidemocrática o de falta de transparencia a la estructura
política del país. Muchas veces la realidad de la dedicación política, por medio de inexactitudes, por las simplificaciones de calle, se convierte en verdades absolutas. Cuidado con el populismo; no es una tabla de surf que se puede utilizar para
avanzar en la ola de las opciones políticas de cada cual, sino que es una ola que puede tragarse esa tabla de surf y puede tragarse también todo el sistema. Señor Lassalle, me considero, como le considero a usted, un servidor público, solo al
servicio de la ley democrática, y no lo pongo en duda en nadie. Seguro que hay gente decente y algunos pocos indecentes, como en todos los ámbitos, también en la política, pero ir aceptando, como parece que estamos haciendo últimamente, que
mayoritariamente la clase política tiene pecados de los que avergonzarse y cosas que ir tapando y determinados privilegios, que no lo son en la mayoría de los casos, que ni siquiera existen, aunque a través de la simplificación la opinión pública de
la calle piensa que sí, creo que es un tema para reflexionar. Pero ¿participación directa, profundizar en la democracia, participación ciudadana? Siempre. Proponía el señor Ridao una subcomisión, ahora parece que vamos a la presentación de un
proyecto de ley. Digamos todo a la ciudadanía. Nosotros, desde luego, estamos a favor de todo, hemos firmado la moción y si viene alguna otra también la firmaremos. Digamos a la ciudadanía lo siguiente: nos queda un periodo de sesiones que
empieza en septiembre y acaba en diciembre y que, aunque se presente el proyecto antes del 30 de junio, que lo dudo, todo esto lleva unas fechas y hay un periodo en el que tiene preferencia para ser discutida la Ley presupuestaria. Por tanto, que
esta ley culmine y llegue a buen puerto va a ser muy difícil, casi imposible.
No digamos: ya hemos dado este paso y con esto vamos a hacer un gran cambio, una revolución. Hay dificultades evidentes, pero por nosotros no será. ¿Hay que venir en
julio? Se viene en julio, señor Ridao. ¿Hay que venir en agosto? Que lo habilite el señor presidente y se viene en agosto, y si hace falta los fines de semana también, porque si los diputados no dan ni golpe, venimos en agosto y fines de semana.
¿Participación directa? Evidentemente, sin problemas. No sé si recuerdan a una persona que se llama Ibarretxe. Era el lehendakari de Euskadi y presentó un proyecto para preguntar a la ciudadanía qué estatus político quería. ¿Participación
directa? Claro que sí, por supuesto; el Partido Nacionalista Vasco va a ser el primero en ahondar en estos sistemas de democracia directa, recall y todo lo que quieran.
Se menciona también en la propuesta la Ley de financiación de partidos políticos. Desde luego, al Partido Nacionalista Vasco no se le puede achacar que hasta ahora no se haya debatido desde que se presentó; han sido otros grupos políticos
de la Cámara. Usted sabe, señor Ridao -así como el resto de los miembros de la Cámara-, cómo funcionan estas cosas, que si varios grupos piden una prórroga del plazo para presentar enmiendas esto se alarga. Desde luego, a nosotros no se nos puede
achacar. Pero también le diré que no sé si tiene mucho sentido cuando hace menos de dos años hemos debatido una iniciativa sobre la financiación de partidos políticos, hemos suprimido las donaciones anónimas y hemos hecho yo creo que una buena ley
hablando de todos los detalles y con una cosa muy importante: un acuerdo de todos los grupos políticos, que no es fácil de conseguir en esta ley. Eliminamos los problemas de oscurantismo que había en el tema de financiación de partidos políticos.
Bien, ¿quiere debatir otra iniciativa? Por nosotros no será, pero, una vez que se debaten estas cosas y se aprueban, sacar inmediatamente otra iniciativa de este tipo lo único que hace es sembrar dudas, sembrar dudas cuando no existen. En fin, por
nosotros, de acuerdo, en esta y en otras mociones, hasta la próxima moción que traiga la ola, a fin de que nos fustiguemos. Desde luego, cuente con nuestro voto favorable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Señor Jané, tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, Convergència i Unió ha suscrito también la propuesta transaccional que el grupo proponente trae ante el Pleno de la Cámara. Saldrá fumata blanca, votaremos
todos a favor, quedaremos muy bien ante la galería que nos observa: de qué forma hoy el Congreso de los Diputados -una más, decía el señor Esteban- se pone de acuerdo en aumentar controles, aumentar transparencia y aumentar, para
entendernos, todo aquello que beneficia a la información pública. Todos de acuerdo, Convergència i Unió también. ¿Qué es lo que nos gustaría que saliera al final de este debate? Más que un mensaje fácil ante la galería para quedar bien y que
después quizá con un horizonte de fin de legislatura no muy lejano esto quede en nada -habremos quedado bien hoy ante la galería-, nos preocupa el mensaje de fondo. Nos gustaría que a través de la unanimidad que hoy se va a tejer en este Pleno,
fuéramos capaces también de defender lo que es la democracia representativa, que esta Cámara es su principal plasmación ante la ciudadanía. Somos los representantes de la ciudadanía, estamos en un sistema de democracia representativa y ante las
voces críticas -en ocasiones críticas que merecen ser escuchadas y con fundamento, pero que en muchas ocasiones críticas a la función parlamentaria que no tienen fundamento y que a veces nosotros caemos en la crítica fácil a nuestra propia función
parlamentaria- debemos reivindicar nuestra función parlamentaria. Todas sus señorías que están aquí sentadas están ejerciendo su función parlamentaria ante el Pleno, los que están ausentes quizás están preparando las enmiendas al proyecto de ley
que llevan mañana o están en sus despachos trabajando. Cuando en ocasiones se dice: es que hoy no hay Pleno, es que hay dedicación en la circunscripción.
Cuántas veces un parlamentario está ausente de la Cámara porque está atendiendo una visita
parlamentaria en su despacho, y nadie lo dice ni lo explica por nosotros. Por tanto, la democracia representativa se debe medir también no solo por el barómetro fácil de mirar horas de Pleno en esta Cámara, sino trabajo en comisiones, enmiendas que
se presentan, propuestas que cada diputado está elaborando y audiencias a la ciudadanía para escuchar lo que nos plantea, porque es muy importante; trabajo parlamentario que no debe, repito, simplemente exteriorizarse con la facilidad de decir:
escaños vacíos, escaños ocupados. En ocasiones, uno ocupa el escaño en el momento en el que no tiene un pressing de actividad parlamentaria muy importante, porque en ocasiones el propio plazo del proyecto que estás llevando o una transacción...
Quizás algún diputado ahora no está porque está transaccionando el punto siguiente en los pasillos de la Cámara.
Debemos explicar de qué forma el Congreso de los Diputados trabaja, más allá de la crítica fácil de si estamos o no ocupando en ese momento el escaño. Esa es una labor de todos. Ya que todos vamos a aprobar esta moción que hoy se nos
plantea, seamos todos también capaces de explicar mejor el trabajo parlamentario a la ciudadanía que nos observa, que muchas veces lo hace desde la indignación de no comprender muy bien lo que estamos haciendo en esta Cámara. Debemos saber explicar
mejor ese trabajo parlamentario y la bondad de la representación política. No nos engañemos, la democracia representativa tiene muchas imperfecciones, pero en estos momentos todos sabemos que, a pesar de las imperfecciones que tiene, que debemos
asumir y que debemos mejorar -ojalá esta moción vaya en la línea de la mejora, la transparencia y el control-, debemos recordar todos que nos ha costado mucho que ese sistema democrático representativo sea realmente eficaz. Como nos cuesta mucho
defenderlo, debemos ser nosotros los primeros en sacar pecho a favor de la función parlamentaria y democrática. Todos estamos aquí de paso, todos tenemos después procesos electorales en los cuales va a ser la ciudadanía la que va a definir
finalmente quiénes estamos aquí y quiénes no. Al final, tenemos el deber de defender ante la opinión pública y ante el conjunto de los poderes públicos el valor del voto, el valor de la democracia representativa, porque esto nos legitima a todos,
pero, sobre todo, a la sociedad en su conjunto.
Señor presidente, señorías, Convergència i Unió votará a favor, pero espero que esta unanimidad se traslade también a la defensa unánime de nuestra función parlamentaria en todos los foros en los que, en ocasiones, se nos cuestiona. Hay que
saber encajar las críticas, pero hay que saber explicar también en positivo lo que realmente supone nuestra función día a día en esta casa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBERNANZA Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA PARA AVANZAR HACIA UNA UNIVERSIDAD DE CALIDAD. (Número de expediente 173/000223.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la revisión de la política de gobernanza y autonomía universitaria para avanzar hacia una universidad de calidad.
Doña Inmaculada Riera tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, consecuencia de nuestra interpelación nuestro grupo presenta y defiende hoy una moción que pretende ir en la dirección de avanzar en las reformas necesarias en nuestro sistema universitario y,
en este contexto, acelerar los cambios hacia un sistema de gobernanza más flexible que permita a nuestro sistema ganar en calidad, reconocimiento, competitividad y excelencia. Y todo ello porque entendemos que el papel de la formación superior y el
de la universidad en la transformación de nuestro modelo productivo y de nuestra sociedad es fundamental. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Hemos reconocido los importantes avances registrados en el marco de las
reformas, avances marcados por el mismo proceso de Bolonia, por la necesaria competitividad de nuestro sistema y por los retos
de transformación de nuestra economía a los que estamos obligados, pero el proceso de cambio ha de ser continuo y la universidad no puede ser ajena a ello. Su propia calidad, reconocimiento, internacionalización y competitividad dependen de
este proceso de adaptación al nuevo entorno económico, social, educativo y tecnológico. En este contexto consideramos que avanzar en las reformas en el sistema universitario implica necesariamente afrontar cambios en el actual sistema de
gobernanza, especialmente en cuatro ámbitos diferenciados que recoge nuestra moción.
En primer lugar, consideramos que cualquier cambio en materia de gobernanza ha de ir en la dirección de conseguir mayor transparencia, eficiencia, agilidad y, sobre todo, mayor flexibilidad; flexibilidad en sus órganos y estructuras
organizativas, en la gestión y promoción de la transferencia y en sus relaciones con las empresas, en la oferta académica, adecuándola a la demanda y orientándola a la calidad, en las políticas de recursos humanos y, así, en el margen de actuación y
capacidad para atraer talento, eje clave de la excelencia; mayor flexibilidad, señorías, implica también una menor regulación, una mayor agilidad, mayor participación e implicación con la sociedad. En segundo lugar, nuestra moción insiste en el
ámbito de la autonomía universitaria y en el respeto de las competencias en la materia, entendiendo que hemos de dejar que también sean las propias universidades las que puedan iniciar sus propios procesos de cambio. En tercer lugar, situamos el
ámbito de la financiación y, en este sentido, hemos de desarrollar sistemas de financiación que garanticen la accesibilidad, la competitividad y la calidad del sistema universitario, y para ello no solo hemos de contar con un sistema de becas que lo
garantice, sino también con un modelo de financiación público-privada que incorpore indicadores de referencia, nuevas metodologías de rendición de cuentas y resultados en la recepción de los fondos y una mayor transparencia en la gestión. Por
último, señorías, no podemos dejar de señalar en nuestra moción que nuestro grupo entiende necesario abrir un nuevo proceso de debate en torno al estatuto del PDI. Ya manifestamos en nuestra intervención en la interpelación nuestros desacuerdos
sobre el último borrador, dejamos constancia de nuestras discrepancias en cuanto que, entendemos, no va en la dirección correcta, en la dirección de la flexibilidad ni de otras leyes recientemente aprobadas con las que mantiene vivas discrepancias y
enfoques distintos, y no va en la dirección del respeto competencial. Es un borrador que, lejos de flexibilizar el sistema permitiendo la coexistencia de varios modelos y potenciando la contratación laboral, consagra un modelo de universidad
funcionarial que supone una gran carga económica y que no incentiva ni la competitividad ni la movilidad. Es por ello que insistimos en un proceso de diálogo y de consenso en torno al estatuto, y para ello creemos que debería presentarse como
proyecto de ley.
A nuestra moción, señorías, se han presentado diversas enmiendas.
Comenzaré por la presentada por el Grupo de Esquerra Republicana, que insiste en el ámbito que creemos que hoy no toca y que no es objeto hoy de debate. Hoy, el tema a
debate es la gobernanza, no el traspaso de becas. Este es un ámbito para nuestro grupo de máxima importancia y sobre este tema hemos presentado iniciativas diversas y hemos insistido mucho en ello. Y es ahora, cuando justamente después de mucho
tiempo estamos trabajando de manera intensa y muy decidida y culminando un proceso de cierre de los traspasos pendientes, cuando lo último que nos hace falta es una cierta retórica parlamentaria. No dejando de suscribir la importancia de los
traspasos y su cierre definitivo, no podemos aceptar la enmienda porque hoy no es el tema que nos ocupa, porque hemos presentado en los últimos años iniciativas diversas al respecto adquiriendo también compromisos firmes para un desenlace positivo
y, por último, porque estamos, como decía, en una fase final de trabajo conjunto para este desenlace positivo y tan importante para nuestros estudiantes, nuestro sistema y nuestra sociedad.
En segundo lugar, y en relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, presentaremos conjuntamente una enmienda transaccional en la que incorporamos varios de los aspectos que proponen las enmiendas de
los dos grupos. Respecto del primero, creemos convenientes y agradecemos las matizaciones que han introducido en el texto porque entendemos refuerzan el espíritu de la moción. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, también
hemos incorporado las referencias a los trabajos de la Comisión mixta sobre gobernanza universitaria, y en materia de cambios en el sistema de financiación, el marco actual de modelo de financiación universitaria acordado por consenso por la
Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades el 26 de abril de 2010. Por último, en relación con el borrador del estatuto del personal docente investigador, hubiésemos deseado su tramitación como proyecto de ley, por
lo que representa en términos de debate, de diálogo, de mayor participación de todos los agentes implicados. Pero aceptaremos en esta transacción las enmiendas propuestas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular en relación con el estatuto
del PDI, y reiterando la necesidad de abordar cambios en el mismo en la línea antes indicada, aceptaremos orientar en este sentido los trabajos del estatuto en la línea del respeto competencial y en materia de flexibilidad.
Señorías, necesitamos un sistema sólido, competitivo, eficiente, de calidad y que responda a los cambios de nuestra economía y sobre todo de nuestra sociedad. Con este espíritu de consenso es con el que agradezco a los diferentes grupos las
enmiendas presentas y las aportaciones de los portavoces. Agradezco la votación positiva que haremos conjuntamente y con este consenso esperamos que esta iniciativa suponga y permita un impulso a la modernización del sistema...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: ... y sea un refrendo -termino, presidenta- a los cambios necesarios e improrrogables en los que debe avanzarse en el sistema universitario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señora Riera, no toca y sí toca. Es difícil hablar de universidades, hablar del buen gobierno de las universidades, y no hablar de becas. De hecho, es tan difícil no hablar de becas que usted misma en el punto número 3 hace referencia a
ellas. Es inevitable. Usted dice: contando tanto con un sistema de becas que garantice dicha accesibilidad como una financiación pública y privada, etcétera. Es decir, eleva la categoría de ítem prioritario fundamental para el buen gobierno de
las universidades hablar de becas. Cómo no va a ser imprescindible hablar de becas, si en el caso catalán tenemos un 13,2 por ciento de estudiantes universitarios de todo el Estado y tan solo el 9 por ciento de becarios. De hecho, es fundamental.
Es más, aquí hemos estado discutiendo durante años sobre la necesidad de adecuar los umbrales de acceso a las becas y a las ayudas del estudio a las realidades socioeconómicas de cada una de las comunidades autónomas.
En el pasado debate, en el que estuvimos hablando a raíz de una iniciativa de la diputada doña Monserrat Palma, del Grupo Socialista, ya salió este tema de forma recurrente, y nosotros pedimos a través de una enmienda que al menos se
culminaran los trabajos de traspaso de los servicios de la gestión de las becas a las comunidades autónomas atendiendo a sentencias del Tribunal Constitucional antes de finalizar esta legislatura. Nos dijeron que no había problemas, que no podíamos
poner fecha, pero que no tuviéramos ninguna desconfianza, que los trabajos se llevarían a cabo y que se daría cumplimiento a los estatutos de autonomía. El otro día, el líder de Convergència i Unió, señor Duran i Lleida, incluso pregunto al
presidente del Gobierno cómo andaban las cosas, y el presidente del Gobierno respondió que efectivamente se estaba negociando. Es decir, hace años que se está negociando, de manera que nosotros volvemos a insistir en una enmienda que lo que demanda
es intensificar las negociaciones -que se están llevando a cabo, de acuerdo, ¡solo faltaría que no se estuvieran llevando a cabo!-, pedimos, digo, que se intensifiquen las negociaciones a fin de culminar los trabajos, el traspaso, antes de finalizar
esta legislatura. ¿Y a ustedes les suena tan raro que tengamos prisas y que les instemos a acelerar las negociaciones atendiendo al hecho de que existe un debate en la calle sobre si la legislatura va a finalizar en el mes de noviembre o en la
primavera del próximo año y ya se convocarán las elecciones tal como toca? Pues es evidente que nosotros estamos muy, pero que muy preocupados.
No solamente les pedimos esto. Les pedimos también que la Comisión parlamentaria esté al corriente de las negociaciones. No porque ahora haya llegado el señor Duran i Lleida, el gran estadista, con el señor Zapatero, el gran estadista...
Sí, ahora resulta que las negociaciones son bilaterales; de acuerdo, como tiene que ser, ¿pero por qué no podemos reclamar transparencia? Atendiendo al problema, que es una reivindicación de todos los grupos parlamentarios catalanes y también del
PSC, si esto es un patrimonio de todos que venimos reclamando desde hace años, estamos absolutamente legitimados para exigir, primero, que los trabajos culminen en esta legislatura y que los grupos parlamentarios estemos informados de las
negociaciones -repito-, máxime cuando el señor Duran i Lleida preguntó el otro día al presidente del Gobierno sobre esta cuestión, y el presidente del Gobierno le dijo al señor Duran i Lleida que se iba trabajando en todo aquello que exigía el
proceso. Pero no sabemos exactamente de qué están hablando ni sabemos exactamente cuál es el tempo de los trabajos. Por tanto, reclamamos -repito- lo que para nosotros es fundamental. Es más, hacemos lo que cualquier grupo parlamentario catalán
haría o ya ha hecho...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: ... reclamar que de una vez por todas se culmine el proceso de traspaso de las becas a Cataluña y al resto de las comunidades autónomas que así lo han solicitado y demandado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González Rodríguez.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Señora presidenta, señorías, habiendo oído y leído las intervenciones de la señora Riera y del señor ministro de Educación de la semana pasada, no se puede estar en desacuerdo con nada de lo
que se dijo, ¡como vamos a estar en desacuerdo con que haya una mejor docencia, una mejor investigación, una dimensión social de la universidad, defender la calidad y la excelencia, intensificar el debate sobre el gobierno de la universidad, la
flexibilidad, la autonomía, la rendición de cuentas, más recursos humanos, más recursos públicos y privados, la excelencia, internacionalización y competitividad
para el gobierno de la universidad...! Está claro, señorías, que cuando se habla del gobierno de la universidad no se habla solo de la elección del rector. Yo coincido con el señor ministro en que el sistema actual de gobierno es un sistema
desjerarquizado y que si se quiere cambiar la universidad hay que hablar desde la universidad. Pero creo que en la intensificación del debate sobre el gobierno de la universidad habría ya que coger un poco el toro por los cuernos y permítanme esta
expresión. Si hay que hablar de las rigideces con claridad -si las hay-, tenemos que hacer un mayor esfuerzo desde esta Cámara y podríamos cambiar aquello que fuera necesario, por supuesto con rigor, con tranquilidad, con seriedad y con consenso.
Desde el Grupo Parlamentario Popular opinamos que la Lomlou ha sido una oportunidad perdida para mejorar todo este sistema de gobierno, pero estamos donde estamos. También tenemos que ser conscientes de que todo esto que se habla de cambio de
gobierno de las universidades en este país significa un cambio normativo importante, y también es verdad que las universidades llevan años cambiando las normas, pueden estar un poco cansadas y reitero que lo que haya que hacer se haga con rigor, con
tranquilidad, con seriedad y con consenso, respetando aquello que sea bueno y mejorando aquello que pueda ser objeto de cambio.
Desde un punto de vista teórico-académico, en este tema habría que tener en cuenta un artículo de don Juan Vázquez, exrector y expresidente de la Conferencia de Rectores, que tiene cuatro ideas principales que me parecen suficientemente
importantes. La primera es que no hay ningún modelo superior, el mejor es el que más se adapte a las circunstancias de cada lugar; no existe una asociación inequívoca entre forma de gobierno y calidad de las universidades, pues hay buenas
universidades con muy diferentes formas de gobierno; debe haber diversidad de modos organizativos y no hay recetas sencillas -sería la última propuesta-, pues las universidades son instituciones complejas y singulares que tratan multiobjetivos y
trabajan además con el conocimiento. Además, según un reciente comunicado de la Unión Europea que habla específicamente del Tratado de Lisboa y sobre todo del gobierno de las universidades, una reglamentación excesiva no es buena para el gobierno
de las universidades; hace falta más autonomía para los programas, la gestión de personal, de recursos y de instalaciones; hay que suavizar el marco reglamentario; no se debe incrementar la dimensión de los órganos colegiados de gobierno y el
gobierno de las universidades tampoco es único, la elección del más idóneo debe basarse en la adaptación a cada universidad, a cada entorno, a cada situación y a cada objetivo. Hasta ahora solo conocemos un estudio de la Fundación Conocimiento y
Desarrollo que habla sobre este tema e incide precisamente en el cambio normativo necesario para llevar a cabo esto que tanto se habla sobre el gobierno de las universidades.
Como bien se ha dicho, el Grupo Popular ha presentado una enmienda que creemos que mejora y amplía lo establecido por el espíritu y la filosofía de la moción que presentó el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Nosotros hemos presentado
una medida concreta que no se ha aceptado, aunque respetamos la decisión -en la transacción no se va a aceptar todo lo que un grupo pone, sino que precisamente hay que buscar el consenso-, y es que si hasta el propio Tribunal de Cuentas dijo que
había que reducir los órganos colegiados, comencemos por estudiar esta reducción de los órganos colegiados y, por otro lado, darle un mayor impulso a los consejos sociales. Nuestra enmienda está relacionada, como bien ha dicho la señora Riera, con
el mercado laboral, la excelencia, la internacionalización, la movilidad, la igualdad de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias y la relación -para nosotros esto es muy importante y se ha recogido en la transacción- y
coordinación de los sistemas de financiación desarrollados por las comunidades autónomas, basados en indicadores de referencia y metodologías de rendición de cuentas. Si bien es verdad -finalizo ya, señora presidenta-, agradecemos que por parte del
grupo proponente se haya aceptado la no edición del estatuto del PDI -el diputado que les habla preguntó directamente al señor ministro sobre el mismo-...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor González, por favor.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis):: Termino, señora presidenta. Pedimos que no se haga por tramitación de ley sino que aparezca, como lo hace en esta moción, lo más pronto posible y con el mayor rigor y consenso posibles entre
todos los órganos competentes en el gobierno de las universidades.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor González.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Palma Muñoz.
La señora PALMA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, queremos agradecer al grupo proponente su actitud receptiva para incorporar las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista a esta moción, muy en línea con los trabajos que el Ministerio de Educación a través de
la Secretaría General de Universidades viene llevando a cabo de forma decidida y fructífera en los últimos tiempos.
Como muy bien expresó el ministro la semana pasada, el término gobernanza universitaria va más allá del gobierno de las
universidades y tiene que ver con la forma de relación entre la universidad y la sociedad, con las administraciones, con la toma de decisiones, con la gestión de la financiación,
con la rendición de cuentas, con todo lo que se ha comentado aquí esta tarde. Desde nuestro punto de vista, demasiado a menudo se acusa a las universidades de rigidez, de ineficiencia y se olvida también con demasiada frecuencia el papel
fundamental que han tenido en el proceso de modernización y progreso de nuestro país.
Nosotros, señorías, en el Grupo Socialista estamos por las reformas; reformas que hay que hacer y que se están haciendo ya como consecuencia del desarrollo del espacio europeo de Educación Superior, del desarrollo normativo de la Ley de
Universidades, también como consecuencia de la necesaria agilidad en la toma de decisiones y en la gestión de unas universidades, las nuestras, cada vez más internacionalizadas y más intensivas en investigación. Estamos también por reforzar la
autonomía universitaria reconocida en la Constitución, indisociable de la rendición de cuentas, y esto es una enorme responsabilidad para todos los que participamos de la vida universitaria.
Se le exige a la universidad una organización eficiente y ágil pero respetuosa con los principios democráticos, con la participación democrática que forma parte de la esencia de la institución, también de la dimensión social y de la
dimensión de servicio público. Por tanto, abordar las reformas necesarias, como propone esta moción, debe hacerse a través del modelo de financiación, como se está haciendo, y por eso hemos incorporado en el punto 3 la referencia al acuerdo
alcanzado hace algo más de un año en la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades. Puede y debe hacerse redefiniendo las estructuras organizativas como está haciendo el ministerio preparando un real decreto a tal
efecto. Asimismo, debe hacerse con la revisión de la oferta académica como dice la moción, pero esto forma parte de los mecanismos de oficio de los que nos dotamos ya con la Ley de 2007, con un sistema de evaluación de la calidad universitaria que
incorpora por primera vez mecanismos periódicos de evaluación y debe y puede hacerse con el impulso de agregaciones estratégicas como las que se contemplan en el programa Campus de Excelencia Internacional, que ya va por su tercera convocatoria.
Señorías, hasta aquí los acuerdos y los matices que el Grupo Socialista ha introducido con sus enmiendas y que agradecemos que hayan sido incorporadas.
En el punto número 4 no podíamos estar de acuerdo en instar la presentación de un proyecto de ley. El Estatuto del personal docente investigador es desarrollo de la Ley de Universidades, que en su disposición adicional sexta encomienda al
Gobierno su aprobación mediante un real decreto. El estatuto seguramente está llevando más tiempo del previsto y del que todos hubiéramos deseado, pero, en aras de la eficacia y del consenso, debo decir que no se han escatimado esfuerzos en atender
a su complejidad con la creación de grupos de trabajo y diferentes borradores que han ido mejorando al recabar e incorporar sugerencias de todas las partes.
Se trata de un tema complejo, pues no olvidemos que la situación es peculiar, ya que los profesores universitarios funcionarios están regulados por una normativa básica que establece el Gobierno; los salarios se abonan mediante las
transferencias que las comunidades autónomas realizan a las universidades y la relación laboral directa es con las propias universidades. Les proponemos con nuestra enmienda orientar la fase final de la elaboración del estatuto en dirección a la
flexibilidad reclamada, contemplada al definir una figura de profesor universitario integral que atiende a la docencia, la investigación y la transferencia, que puede hacerlo mejor a través de las intensificaciones temporales de estas funciones, que
lo hace también a través de la movilidad entre instituciones y que introduce medidas de estímulo y reconocimiento de la buena labor del profesorado sobre la base de méritos, capacidad, transparencia y objetividad.
Señorías, termino diciendo que celebramos que el grupo proponente reciba positivamente nuestras aportaciones para apoyar la mejora para la gobernanza y la autonomía universitaria, que redundarán sin duda alguna en los objetivos de calidad y
en el refuerzo de la dimensión social de nuestras universidades. Por tanto, apoyaremos la transacción y lo haremos muy gustosamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palma.
Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Brevísimamente, para señalar nuestro apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Es conocido que nuestro grupo siempre ha defendido la posibilidad de que sean las propias universidades quienes
tengan en sus manos los mecanismos para tomar las decisiones más adecuadas en cuanto a su propia gobernanza, y avanzar en esta dirección es en cualquier caso positivo. Entendemos que el respeto a las competencias autonómicas debe preservarse y
también en lo que se refiere a una posible elaboración de las normas básicas del Estatuto del personal docente investigador; normas estrictamente básicas. Por otra parte, nos parece oportuna la mención que hace el Grupo de Convergència de revisar
la actual oferta académica con el objetivo de adecuarla a la demanda y orientarla a la calidad. Hay que hacer una reflexión seria en cuanto al volumen de oferta universitaria en el país y sobre cómo esta está orientada para mejorar los recursos y,
en su caso, si fuera necesario, si fuera preciso, reducir las instituciones implicadas en esta tarea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FORTALECER LA 'MARCA ESPAÑA' Y CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.
(Número de expediente 173/000224.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que va adoptar el Gobierno para fortalecer la marca España y contribuir al posicionamiento estratégico de las empresas españolas en los mercados internacionales.
Don Celso Delgado tiene la palabra.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, el pasado miércoles el diputado Álvaro Nadal, un reconocido experto en política comercial, interpelaba al ministro Miguel Sebastián y reflexionaba sobre un tema trascendental para la
economía española, que es que los compradores y clientes a nivel mundial juzgan la calidad o la relación calidad precio de los bienes y servicios que compran con muchas señales, siendo una de ellas el país de procedencia. Decía con toda claridad
que si una nación tiene un prejuicio a la contra necesita una política decidida porque la mejora de la imagen general del país es un bien público y, por tanto, necesita de una inversión y de un esfuerzo en políticas públicas.
Señorías, sería necio negar que en este momento tenemos una situación económica y social muy degradada. Es un hecho muy lamentable que haya empresas que no tienen interés en mostrar su españolidad o incluso la llegan a ocultar pensando que
no les aporta valor o que incluso puede perjudicar la percepción que el público tiene de sus bienes y servicios.
Esto no es admisible y tenemos que cambiarlo. Además, la crisis económica ha relegado a la economía española a la duodécima posición
mundial, siendo superada por países considerados como economías emergentes.
Nuestra posición actual no es aceptable y nuestra competitividad ya no puede ser solo una cuestión de eficacia operativa, sino que es preciso disponer de una imagen más
atractiva que la de los competidores en la mente de nuestros clientes.
Estamos padeciendo importantes desequilibrios macroeconómicos, en particular en las finanzas públicas, y la dificultad de recuperar una senda de crecimiento sostenible y generador de empleo ha provocado un rápido deterioro de la imagen de
España en los mercados internacionales, lo que se ha convertido en un lastre para un adecuado posicionamiento estratégico de las empresas españolas en el exterior. La recuperación de un mejor posicionamiento entre las principales economías del
mundo debe ser un objetivo irrenunciable al que se tienen que orientar todas las decisiones de la política macroeconómica. Además, a nivel microeconómico es necesario construir una imagen país abanderada por la marca España sobre la base de los
factores de competitividad empresarial, culturales, sociológicos, históricos, medioambientales y tecnológicos que tenga valor intrínseco y que sea independiente y ajena a los vaivenes de la gestión política de estos recursos que constituyen el
patrimonio nacional.
La arquitectura de la marca España como imagen del país que queremos proyectar al exterior tendría que empezar por un análisis de la percepción propia a nivel nacional de las capacidades del país para luego analizar la imagen actual de
España en el exterior, su posicionamiento y su reposicionamiento en función de las capacidades y valores que deseemos transmitir. Actualmente existen distintas iniciativas referentes a la imagen país que están construidas principalmente desde el
Estado, pero sin tener en cuenta la dimensión cultural y empresarial y la sociedad civil ni tampoco los aspectos mediáticos y de comunicación que constituyen la base de una arquitectura de la marca España. Por ello, consideramos que es necesario
desarrollar un plan general de la marca España que debería contar desde su concepción con todos los agentes mencionados -sociales, políticos y empresariales-, facilitándoles a todos ellos una participación activa en el diseño y ejecución del plan.
Un plan que debería formar parte también de una potente estrategia a largo plazo de crecimiento y de configuración de una imagen país que se convierta en un factor estratégico de competitividad y de prosperidad para toda la sociedad española, que
contribuya a generar valor e influencia comercial, a corregir nuestro déficit comercial por cuenta corriente, a la diversificación de nuestras exportaciones y a la atracción de nuevas inversiones. Y no me quiero olvidar en esta tribuna de la
necesidad de fomentar una alianza sinérgica entre la Administración y las empresas titulares de nuestras marcas líderes, que son unas embajadoras principales y de cuyo prestigio debemos beneficiarnos para ayudar a la internacionalización del tejido
empresarial.
Señorías, en el Partido Popular estamos preparados para hacernos cargo del Gobierno de España cuando los ciudadanos lo decidan con su voto, porque queremos frenar ese deterioro, queremos recuperar la economía dentro y fuera de nuestras
fronteras e impulsar el crecimiento y la confianza en nuestra economía. Tenemos un serio compromiso en mejorar la imagen de nuestro querido país. Un compromiso que abarca toda la actuación política, no solo en el ámbito del Estado, sino también en
el de las comunidades autónomas y en el de las corporaciones locales. Pero como por el momento estamos donde estamos, en la leal oposición, queremos aportar una constructiva moción y por ello formulamos esta compuesta por cinco grandes puntos. En
primer lugar, desarrollar un plan general de la marca España que abarque todas las dimensiones que configuran nuestra imagen país y promover una potente imagen de España en el exterior como factor estratégico de competitividad y de prosperidad. Un
segundo punto que busca reforzar la evaluación sistemática, el análisis coste/beneficio del impacto de los instrumentos de promoción de
la marca España, para así mejorar su eficacia. En tercer lugar, queremos favorecer las acciones de promoción de las empresas y de los productos españoles para enriquecer la imagen de España como marca de calidad, y en especial, y esto lo
consideramos importante, crear una desgravación fiscal para las inversiones en promoción de las marcas empresariales cuando, a su vez, promocionen el nombre de España. En cuarto lugar, deseamos que se potencie la coordinación entre el Gobierno de
España, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir en esta materia, con las cámaras de comercio y con los demás agentes protagonistas en la promoción de la marca España. Y
finalmente a promover y promocionar los instrumentos del Estado -el ICES, el CESCE, el FIEM, la línea ICO-Internacionalización, el Plan de iniciación y promoción de las exportaciones españolas, Cofides, etcétera- para así favorecer la participación
de las empresas españolas, especialmente de las pymes, y fortalecer su posición en el exterior.
Hemos estudiado las enmiendas que nos han planteado los distintos grupos; las respetamos, valoramos y agradecemos, pero creemos que es mejor que votemos el texto de nuestra moción. Eso sí, vamos a pedir a la Presidencia que se voten los
puntos 1 y 3 conjuntamente, los puntos 2 y 4 conjuntamente también y finalmente el punto 5 para así dar una oportunidad mayor a que sean valoradas por el conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Debo entender que solicitan el 1 y el 3 conjuntamente, el 2 y el 4 conjuntamente también y el 5 aparte. Muchas gracias.
Doña Nuria Buenaventura tiene la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo, en general, en los objetivos genéricos que plantea esta moción, está de acuerdo, como no podía ser de otra manera.
Una moción que plantea medidas para fortalecer la marca España y contribuir al posicionamiento
estratégico de las empresas españolas en los mercados internacionales. Si siempre deberíamos estar de acuerdo en tomar medidas de este tipo, muchísimo más en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo. No obstante, de los cinco
puntos que plantea la moción hay uno que pensamos que debemos complementar, y así hemos presentado una enmienda de modificación o de ampliación; otro que creemos que no ha lugar en esta moción; y un sexto punto porque creemos que es importante que
las medidas que se tomen vayan en este sentido.
Paso a explicar las tres enmiendas que hemos presentado. En primer lugar, la de ampliación del primer punto de la moción, donde se pide desarrollar un plan general de la marca España que abarque todas las dimensiones que configuran nuestra
imagen de país -económica, cultural, social, empresarial, deportiva, tecnológica, histórica y medioambiental- que sirva para promover una imagen potente al exterior como factor estratégico de competitividad y prosperidad. Nosotros planteamos añadir
que dicho plan se desarrollará respetando y en estricta coordinación con los planes de promoción exterior de las comunidades autónomas ya existentes. Del mismo modo, se respetará la pluralidad económica, cultural, social, empresarial, deportiva,
tecnológica, histórica y medioambiental valorizando la riqueza de la diversidad entre las diferentes naciones, nacionalidades, comunidades autónomas y hasta regiones del conjunto del Estado. Es importante que la promoción de la marca España no
pueda ir en detrimento de los esfuerzos de promoción exterior realizados por las comunidades autónomas, que en algunos casos han sido muy fructíferos cultural y económicamente. Del mismo modo, la imagen que se proyecte no puede ser monolítica, sino
respetar la pluralidad de culturas y realidades económicas y sociales de cada una de las nacionalidades, comunidades autónomas, regiones -naciones para nosotros- del conjunto del Estado. Hemos presentado una segunda enmienda al punto tercero en la
que planteamos su eliminación. Ustedes saben nuestro posicionamiento respecto a los temas de fiscalidad. No estamos de acuerdo en que un tema de comercio exterior de promoción de una marca sirva para la desgravación indiscriminada de actuaciones
diversas, independientemente de su utilidad para la promoción exterior. Es coherente con nuestros planeamientos. Por último, una enmienda de adición. Proponemos añadir un nuevo punto a la moción en el que planteamos que la internacionalización de
la economía no puede suponer nunca la externalización de costes ambientales, sociales o laborales. La promoción de la marca España debe realizarse en estricta coherencia con el principio de responsabilidad social corporativa y respetando el marco
normativo internacional con todos los convenios en materia de derechos humanos, de derechos de los trabajadores, las disposiciones internacionales en materia de medio ambiente, el convenio de lucha contra la corrupción y de igualdad entre mujeres y
hombres, así como todos los convenios internacionales de los que el Estado español sea parte. Lo que pedimos respetar aquí, también debemos respetarlo en el exterior. Las enmiendas no han sido aceptadas. No obstante, como habrá votación separada,
podremos coincidir en algunas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
El señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución de tres puntos a la moción como consecuencia de la interpelación
planteada por el Grupo Parlamentario Popular. Inicialmente pretende sustituir la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular de cinco puntos, ya que todos los aspectos que plantea desarrollar en un plan general de la marca España
que pueda abarcar aquellas dimensiones que configuran la imagen de este país, desde la perspectiva económica, cultural, social, empresarial, deportiva, tecnológica, histórica y medioambiental para poder aprovechar todas aquellas sinergias que,
hipotéticamente, pudieran potenciar la imagen de España en el exterior como factor estratégico de competitividad y prosperidad, nosotros creemos que es un aspecto que va más allá de lo que realmente necesita nuestro tejido productivo sobre la base
de la competitividad y la internacionalización y no necesariamente tendríamos que desarrollar todos aquellos aspectos que hacen referencia a la economía productiva bajo una única percha exclusivamente de la marca España. Por tanto, respetando este
aspecto que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, pero no compartiendo el fondo de la misma, hemos presentado una enmienda en la cual, yendo en la misma dirección, proponemos poder desarrollar conjuntamente con las comunidades autónomas una
estrategia de apoyo a la internacionalización de los productos y servicios españoles, principalmente desde la perspectiva económica, teniendo en cuenta la visión de la demanda en cada mercado y el impulso a la diversidad de las múltiples marcas
territoriales -que las hay- y sectoriales reconocidas en los mercados mundiales como valor añadido.
Nosotros entendemos que cuando se está promocionando el turismo en todo el mundo no necesariamente lo tenemos que promocionar bajo la marca España, porque todos sabemos que internacionalmente el turismo tiene reconocidas todas aquellas
bondades que representa, por ejemplo, el territorio de Andalucía, la costa de Levante o Barcelona; o si hemos de promocionar el tema de cruceros vale la pena también aprovechar no única y exclusivamente la marca España, sino la marca Barcelona, la
marca Gaudí, etcétera. Por tanto, tendríamos que ceñirnos a todos aquellos aspectos que hacen referencia a la competitividad y a la internacionalización, pero basándonos en una visión de la demanda en cada mercado y el impulso de la diversidad de
las múltiples marcas territoriales y sectoriales reconocidas en los mercados mundiales como valor añadido.
Respecto al segundo punto, también planteamos una enmienda de sustitución con la cual pretendemos potenciar la cooperación entre el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con comunidades autónomas,
cámaras de comercio y demás agentes protagonistas en la promoción de las marcas más posicionadas en los distintos mercados.
Finalmente, señor Delgado, quiero decirle que en el caso de que planteen la votación por separado, sí vamos a votar afirmativamente el punto número cinco de su moción, que coincide con uno de los que ha presentado nuestro grupo en el sentido
de que estamos de acuerdo en promocionar los instrumentos que el Estado tiene a su disposición, como es el Cesce, el FIEM, la Línea ICO Internacionalización, el sistema CARI, el Plan de iniciación a la promoción exterior para favorecer la
participación de las empresas españolas, especialmente las pymes, y fortalecer su posición en el exterior.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Salvador, tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una moción que pretende impulsar una estrategia coherente y amplia para mejorar la imagen país de España a través del desarrollo de un plan general de la marca España.
Quiero empezar
reconociendo la actualidad y oportunidad de esta iniciativa. Hoy mismo en el diario Expansión figura una noticia sobre los esfuerzos del Reino Unido para captar turistas a través de una campaña publicitaria mundial en la que participarían actores,
cocineros o modelos británicos de forma desinteresada. Es obvio que esta crisis nos debe agudizar el ingenio a todos para ensalzar y poner en valor nuestras virtudes y es innegable que, con la que está cayendo, es tiempo de ponernos de acuerdo en
un renovado modelo publicitario de país que en modo alguno está reñido con las distintas singularidades de las comunidades autónomas y que, junto al turismo, ayude a la internacionalización de nuestras empresas.
Para quien les habla no supone un tema novedoso. En el año 2005, en concreto el 2 de marzo, registré varias preguntas al Gobierno sobre su conocimiento del impacto de la marca España como valor positivo para contribuir al aumento del número
y frecuencia del turismo en nuestro país. Entonces le preguntaba a través de qué instrumentos o programas se llevaba a cabo dicha promoción, qué ministerios estaban implicados en la potenciación de la imagen de nuestro país y si ya entonces se
podía cuantificar el coste de las medidas puestas en marcha para alcanzar ese aumento deseado del turismo. Hoy esta iniciativa vuelve a recordarnos la necesidad continuada de realizar una eficaz labor de márquetin de España como destino turístico,
como exportador de conocimiento, como incubadora de empresas multinacionales y como comunidad política diversa y estable.
Hemos presentado una enmienda que creemos que completa el cuadro de acciones que recoge la moción. A nuestro juicio, si queremos que la campaña sea eficaz y tenga el mayor impacto posible, deberíamos coordinar la actividad de promoción de
todas las oficinas de representación de las distintas administraciones públicas en el exterior. En la Comisión de Asuntos Exteriores defendimos la necesidad de racionalizar, optimizar, auditar y coordinar la acción exterior de las oficinas de las
comunidades
autónomas, pero entonces nos quedamos solos. Nuestra enmienda no supone un cambio en esa postura, pero si las oficinas van a seguir siendo una realidad seamos pragmáticos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señorías, pedimos que al menos en lo relativo a esta iniciativa de promoción de la marca España las delegaciones diplomáticas de nuestro país y todas esas oficinas -más de 180- combinen esfuerzos y no tengamos
que asistir al espectáculo de que cada una defienda sus respectivos intereses, confrontando campañas que lo único que hacen es impedir sinergias. Por todo ello, señorías, esperamos que pueda ser tomada en consideración esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Doña Rosa Díez tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Como saben sus señorías, el proyecto marca España o la promoción internacional de España como país, y por ende de sus productos, fue iniciado en los años 2003 y 2004 entre ciertos organismos públicos: el ICEX, el Real Instituto Elcano, el
Foro de marcas renombradas españolas y la Asociación de directivos de comunicación. O sea, la marca España ha existido. Este proyecto nació por necesidades de coordinar las distintas actuaciones sobre la marca España, tanto públicas como privadas,
y entre los grandes proyectos desarrollados dentro de estas iniciativas destacan la promoción de la denominación de origen en el extranjero o la formación de expertos en comercio exterior, que tan buen resultado nos dieron. Esto ocurrió y este
proyecto ha funcionado bien durante bastante tiempo -de manera excepcional, diría yo- hasta el punto de que en el año 2007 el Deutsche Bank calificó a España como la variedad feliz del capitalismo; sin embargo, en los últimos cuatro años ese mismo
banco nos ha calificado como el enfermo de Europa.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular está bien. Hacer campañas de promoción y de publicidad está bien, pero nuestro deterioro en el exterior en estos momentos pasa por algo más que la marca
España o la necesidad de hacer campañas de publicidad. Lo digo como lo siento. Nuestro deterioro hoy tiene que ver con una situación económica que va muy mal, que encarece nuestro crédito -no solo el público, sino también el privado- y que hace
que los potenciales inversores desconfíen de nosotros, lo que daña nuestra imagen, nuestras exportaciones y nuestra actividad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Esto difícilmente se arregla con campañas de promoción. Por eso tenemos que dejarnos de planes de imagen, o ponerlos en otro nivel, y atacar los problemas que tenemos de raíz, haciendo lo que tenemos que hacer y no vendiendo humo con planes
de imagen de marca. Diría yo que no hay que distraerse de lo urgente, de lo importante o de lo sustancial con lo accesorio. Si además de hacer lo que tenemos que hacer consideramos que es importante apoyar a nuestros exportadores y a nuestra
economía en general con un plan de publicidad internacional -como este que he citado, que estuvo en marcha y en el que había agentes importantísimos, o como este que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario Popular-, bien, pero no tenemos que
distraernos, porque como nos distraigamos demasiado no nos ocuparemos de lo verdaderamente importante, y lo importante poco tiene que ver con el discurso que hoy sobre este asunto se ha hecho a la hora de presentar esta iniciativa que no vamos a
rechazar, pero hemos de evitar distraernos, porque insisto en que los problemas de marca, de imagen y de falta de confianza que hoy tiene España no se arreglan ni con la mejor imagen de publicidad.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señor Larrosa, tiene la palabra.
El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señor presidente.
Permita, señor Delgado, que le lance dos ideas con relación a la moción que usted hoy nos ha presentado, consecuencia de la interpelación de la semana pasada. En línea con lo que apuntaba la señora Díez, los ciudadanos exigen cada vez más
que nos centremos en debates propositivos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida, que mejoremos sus expectativas de trabajo, sus derechos como ciudadanos españoles, que avancemos en aquellas inversiones de las que depende ya quizás no
solo el futuro de nuestros hijos, sino el de nuestros hermanos: la innovación, la sociedad de la información, la mejora del capital humano y la internacionalización de nuestras empresas. En fin, que sentemos las bases para tener una economía más
competitiva que permita mantenernos en la cabecera de la prosperidad. España tiene dificultades que aspira a superar con el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de todos nosotros.
Por ello es importante que aquí vengamos a debatir, a hacer
propuestas, sin dejar de observar lo que sucede en el mundo.
Hoy el PP presenta una moción que solo plantea, y parcialmente, una novedad: beneficios fiscales para que las empresas promocionen el nombre de España. Usted sabe que ha sido el punto de la discordia. Si ustedes no hubieran mantenido esta
posición, estoy prácticamente convencido de que todos los grupos habríamos podido llegar a una transaccional a favor de la imagen de España y de sus empresas. De los cinco puntos, solo media frase
es nueva, algunos incluso los votamos la semana pasada. Yo reconozco la capacidad del señor ministro, pero también reconocerán que ustedes no son especialmente creativos, en tanto en cuanto... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Larrosa. Por favor, ¿tienen la bondad de bajar el volumen de voz en sus conversaciones? Adelante, señor Larrosa.
El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señor presidente.
Le decía al señor Delgado que de los cinco puntos que plantean en la moción de hoy, dos idénticos los votamos la semana pasada. Por tanto, trabajadores, se lo presupongo; creativos, no lo son. En cualquier caso, también quiero decirle que
hace un año les planteamos una iniciativa similar a la del plan general de la marca y, en cambio, ustedes optaron por votar en contra.
Al Grupo Parlamentario Socialista le gusta analizar las propuestas, debatirlas, que nos permitan avanzar para crecer como sociedad y como economía y con respeto a las cuentas públicas. Por ello hemos presentado la enmienda, que creemos
mejora la iniciativa del grupo proponente, porque no lo dude, señor Delgado, nuestra actitud es fundamental para la imagen de nuestro país, como lo es la actitud de dirigentes de su partido, que se dedican a lanzar titulares que ponen en dificultad
a este Gobierno, todavía más, en su lucha constante contra la crisis. ¿Usted se acuerda de los titulares que nos dedicaron sobre cuál es el problema de España -esto lanzado por un presidente de Gobierno de su partido- o afirmando que España no
podría pagar su deuda? Estos titulares destrozan cualquier iniciativa de promoción y de márquetin del país. (Aplausos.) Esto es lo que hay que tener en cuenta. Con estas actitudes también hay que venir a esta Cámara para buscar el consenso de
todos los grupos parlamentarios.
Porter ya dijo que por competitividad de los países entendemos el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan la productividad de un país. Sin embargo, en este concepto deberíamos incorporar a aquellas personas que son las
que al final deciden: los clientes o los ciudadanos, los inversores, los emprendedores y también los responsables políticos.
¿Sabe lo que es importante? Para hablar de marca país debemos primero caracterizar lo que podemos ofrecer. ¿Qué ofrece
España? Servicios, productos, servicios turísticos y el establecimiento e implantación de empresas y personas. Usted sabe perfectamente -hoy hemos compartido mesa y mantel con el secretario de Estado de Comercio- cómo funcionan las exportaciones,
cómo evoluciona nuestro turismo, cuáles son las previsiones que tenemos para este año, cuál es el stock que tenemos en estos momentos en inversiones extranjeras directas, todo ello síntoma de confianza en nuestro país, a pesar de que algunos se
empeñen en lo contrario. Por tanto, podemos atraer a nuestro país empresas o personas que puedan contribuir a su desarrollo con inversiones, centros de producción, tecnología o talento, pero también generar ilusión para que nuestras empresas vayan
promoviendo fuera la globalización de nuestra economía. Lealtad y compromiso son valores que se le presuponen a una persona que participa de un proyecto colectivo, esté en el Gobierno o esté en la oposición. El proyecto es nuestro país y sus
ciudadanos.
Ustedes tienen su cuota para generar confianza y contribuir a generar una actitud positiva en los creadores de opinión de los prescriptores políticos y económicos. Una imagen país positiva, la imagen que todos queremos. Por ejemplo,
la del presidente del Gobierno y el presidente ruso acompañando a los empresarios firmando acuerdos para mejorar las relaciones económicas entre países y empresas. Esa es nuestra batalla, señor Delgado, es la de todos.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente, por su atención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larrosa.
Don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en la exposición de motivos de su moción, señores del Grupo Popular, describen una situación de la economía española marcada por los desequilibrios macroeconómicos -en particular se señala el de las finanzas
públicas- y de ello se deriva que la imagen de España ha sufrido un rápido deterioro. Acto seguido proponen poner en valor la marca España construyendo una imagen sobre las bases culturales, tecnológicas, económicas, etcétera. Como metodología
plantean analizar la percepción propia de las capacidades del país para luego analizar la imagen de España en el exterior y desarrollar posteriormente lo que denominan un plan general de la marca España.
Señores del Grupo Popular, hoy la economía española es vista, como ustedes señalan al principio de la moción, como una economía con problemas, que día sí y día también las autoridades políticas y económicas están mirando si los spreads se
disparan en 10 puntos básicos o si bajan 10 puntos básicos. Una economía que algunos la sitúan tras Grecia, Portugal e Irlanda, con riesgo de tener que ser apoyada; no digo rescatada, pero sí apoyada. Una economía a la que los mercados y la Unión
Europea tutelan y le dicen lo que tiene que hacer en materia de reformas estructurales. No es, pues, una economía que transmita valores positivos. No es, en este sentido, una buena marca. Hoy hay empresas que venden por todo el mundo sus
productos porque son empresas competitivas y lo hacen bien sin necesidad de llevar el logo marca España en su publicidad comercial.
Posiblemente, dada la situación económica, si lo hicieran, las ventas se podrían ver más perjudicadas que
beneficiadas por llevar la marca.
Primero hay que recuperar la actividad, la productividad, la competitividad de la economía y esa es la mejor marca... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Espere un momento, señor Azpiazu. Por favor, tengan la bondad, por respeto al orador, de guardar silencio.
Adelante, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Decía que esa es la mejor manera para mostrar la solvencia, dar confianza y vender en el mundo.
En su moción se insta al Gobierno a desarrollar un plan general de la marca España que abarque múltiples ámbitos: la economía, la cultura, lo social, empresarial, deportivo, tecnológico, histórico y medioambiental.
No sé si lo deportivo
puede tener algún enganche positivo, posiblemente sí. Lo que les recomendaría es no poner en valor en este momento el ámbito económico. Proponen también coordinarse a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con las comunidades
autónomas, cámaras de comercio y demás agentes protagonistas para la promoción de la marca España. Si me permiten, les sugeriría que no lo hagan en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Creo que hoy no es una buena marca. No lo digo por el
rechazo al término España, aunque alguno así lo pueda interpretar. Creo que la marca hoy perjudica más que ayuda. Lo que nos parece positivo es buscar las sinergias entre los potentes instrumentos del Estado en el ámbito de la internacionalización
y los instrumentos con los que cuentan también para esas cuestiones las propias comunidades autónomas.
Señores del Partido Popular, yo les recomendaría que guardaran la iniciativa en un cajón y que trabajaran para superar la situación de crisis en la que nos encontramos, que impulsen los instrumentos de promoción exterior ya existentes y que
cuando se recupere la competitividad y la productividad, podamos poner en valor la marca. La propaganda y la publicidad simplemente han de ser creíbles y la de la marca España, a nuestro juicio, en este momento no lo es.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Votaremos dentro de dos minutos. (Pausa.)
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la toma de juramento o promesa de la nueva diputada y los nuevos señores diputados. (Rumores.) Les ruego silencio, por favor.
En sustitución de doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, pregunto a don Alejandro de la Mata Menéndez si jura o promete acatar la Constitución.
El señor DE LA MATA MENÉNDEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos.)
En sustitución de doña Belén María do Campo Piñeiro, pregunto a doña María Asunción Torres Parada si jura o promete acatar la Constitución.
La señora TORRES PARADA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos.)
En sustitución de doña María Ramallo Vázquez, pregunto a don Jesús Otero Varela si jura o promete acatar la Constitución.
El señor OTERO VARELA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
Aunque es comprensible, ruego a los ciudadanos que ocupan la tribuna que se abstengan de hacer manifestaciones; digo que son comprensibles, pero están prohibidas en el Reglamento.
En último lugar, pregunto si en sustitución de don José Luis Perestelo Rodríguez, don Fernando Ríos Rull jura o promete acatar la Constitución.
El señor RÍOS RULL: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos.)
Los señores De la Mata, Otero y Ríos y la señora Torres han adquirido su condición plena de diputados. Bienvenidos a la Cámara y que tengan suerte.
Muchas gracias.
Cierren las puertas, por favor. Vamos a iniciar las votaciones.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000256.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en materia de protección de menores en situaciones de violencia de género. Se trata de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 144; en contra, 171; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000228.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica, de modificación de la también orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 26; en contra, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA SOBRE DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS DEL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS RECOGIDO EN EL ACUERDO DE SCHENGEN. (Número de expediente 162/000874.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre defensa en las instituciones europeas del libre tránsito de personas reconocido en el acuerdo de Schengen. Se han presentado varias enmiendas transaccionales, a esta una
de ellas. ¿Hay alguna oposición a que se tramiten todas las enmiendas transaccionales presentadas? (Pausa.) En consecuencia, debe entenderse que todas se admiten para su tramitación.
En los términos de la transaccional, de la enmienda de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a esta proposición no de ley del Grupo Socialista, comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA EN EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS AFECTADA POR LA CRISIS ALIMENTARIA EN ALEMANIA. (Número de expediente 162/000875.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular de apoyo a la industria agroalimentaria española en el sector de frutas y hortalizas afectada por la crisis alimentaria en Alemania. En los términos de la transacción admitida a
trámite, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 336, en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA PROFUNDIZAR EN LA CREDIBILIDAD, LA TRANSPARENCIA, LA AUSTERIDAD Y LOS CONTROLES DEMOCRÁTICOS DE LAS INSTITUCIONES Y PODERES
DEL ESTADO.(Número de expediente 173/000222.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas para profundizar en la credibilidad, la transparencia, la austeridad y los controles democráticos
de las instituciones y poderes del Estado.
Anuncia la Presidencia que, en el supuesto de que se aprobara, debe entenderse en todo caso con el procedimiento que establece el Reglamento del Congreso de los Diputados. En esos términos y en el de la transacción admitida a trámite,
comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 334, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBERNANZA Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA PARA AVANZAR HACIA UNA UNIVERSIDAD DE CALIDAD. (Número de expediente 173/000223.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la revisión de la política de gobernanza y autonomía universitaria para avanzar hacia una universidad de calidad. En los términos de la
transacción presentada, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336, a favor, 336.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FORTALECER LA 'MARCA ESPAÑA' Y CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.
(Número de expediente 173/000224.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para fortalecer la marca España y contribuir al posicionamiento estratégico de las empresas españolas en los mercados internacionales.
Votamos en primer lugar los puntos 1 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 149; en contra, 177; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Puntos 2 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 318; en contra, siete; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Por último, punto 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 334; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 160 DE LA
LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000285.)
El señor PRESIDENTE: Por último, toma en consideración de la proposición de ley orgánica, de modificación del artículo 160, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 335; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
Pregunto a la Cámara si podemos aprobar sin votación electrónica la tramitación de esta proposición de ley en lectura única. (Asentimiento.) Si así se acuerda, queda aprobada su tramitación en lectura única.
Por último, ¿aprueba el Pleno la modificación del orden del día de mañana para que las enmiendas a esta proposición de ley puedan presentarse hasta las once horas del día de mañana, con la consiguiente modificación del orden del día para su
tramitación en el día de mañana? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.