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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 249, de 07/06/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 249
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 237
celebrada el martes,
7 de junio de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- De la Asamblea de Ceuta, de modificación del apartado 2 de la disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 114-1, de 13 de junio de 2008. (Número de expediente 125/000020.) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mantenimiento de los incentivos fiscales a los jóvenes en el alquiler de vivienda. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 297-1, de 28 de enero de 2011. (Número de
expediente 122/000268.) ... (Página12)
Proposiciones no de ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre actuaciones para evitar el cierre de la planta Derbi de Martorelles. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, número 571, de 13 de mayo de 2011. (Número de expediente 162/000869.) ... (Página17)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de empleo en el sector forestal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 526, de 18 de febrero de 2011. (Número de expediente 162/000786.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para remediar la grave situación que atraviesa el sector pesquero español. (Número de expediente 173/000217.) ...
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 257-1, de 11 de junio de 2010. (Número de expediente 122/000232.) ... (Página31)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación.) ... (Página35)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página35)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página35)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página36)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página36)
Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación.) ... (Página36)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página4)
De la Asamblea de Ceuta, de modificación del apartado 2 de la disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley intervienen el señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Vivas Lara) y la señora Ramírez Salguero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Márquez de la Rubia, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página12)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mantenimiento de los incentivos fiscales a los jóvenes en el alquiler de vivienda ... (Página12)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley interviene el señor Matos Mascareño, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los
señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página17)
De los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre actuaciones para evitar el cierre de la planta Derbi de Martorelles ...
Defienden conjuntamente la proposición no de ley los señores Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Buenaventura Puig y el señor Tardà i Coma, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de empleo en el sector forestal ... (Página21)
Defiende la proposición no de ley la señora De Lara Carbó, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Morán Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página25)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para remediar la grave situación que atraviesa el sector pesquero español ... (Página25)
Defiende la moción el señor García Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Dávila y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y el señor Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor García Díez.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página31)
Proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ...
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página34)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación.) ... (Página35)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Ceuta, de modificación del apartado 2 de la disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aprueba por 319 votos a favor y 16 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página35)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mantenimiento de los incentivos fiscales a los jóvenes en el alquiler de vivienda, se rechaza por 156 votos a
favor, 168 en contra y 11 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página35)
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre actuaciones para evitar el cierre de la planta Derbi de
Martorelles, se aprueba por 335 votos a favor.
Sometidos a votación separada los dos puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de empleo en el sector forestal, se aprueba el número 1 y se rechaza el número 2.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página36)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para remediar la grave situación que atraviesa el sector pesquero español, se aprueba
por 330 votos a favor y cinco abstenciones.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página36)
Sometido a votación el texto del dictamen de la Comisión de la proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, se aprueba por 335 votos a favor.
Votación de conjunto ... (Página36)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 334 votos a favor.
Propuesta de creación de subcomisiones. (Votación.) ... (Página36)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Vivienda, de creación de una subcomisión de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, se aprueba por asentimiento.
Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, al final de la sesión y antes de las votaciones tomarán posesión de sus cargos y prometerán o jurarán acatamiento a la Constitución los nuevos diputados que sustituirán a los que han presentado su renuncia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DE LA ASAMBLEA DE CEUTA, DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO 2 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número
de expediente 125/000020.)
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a examinar la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Ceuta, de modificación del apartado 2 de la disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Para su defensa, en primer lugar y dándole la bienvenida, tiene la palabra el señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el excelentísimo señor don Juan Jesús
Vivas Lara.
El señor PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA (Vivas Lara): Señor presidente, señorías, según ha quedado acreditado, la ciudad de Ceuta comparece ante esta Cámara para defender la toma en consideración de una iniciativa legislativa que
tiene por objeto consolidar y mejorar el régimen de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que fue aprobado en diciembre de 2003, en orden a situar la bonificación en el 50 por ciento de las referidas cuotas -ahora es del 40 por ciento-
y extender su aplicación a todos los sectores económicos. Es una iniciativa, señor presidente, que merece ser calificada de excepcional y trascendental; excepcional por ser la primera vez que nuestra ciudad utiliza este recurso legal contemplado
en nuestro estatuto de autonomía y trascendental por afectar a un asunto de vital importancia: la necesidad de poner al día y fortalecer los incentivos económicos y fiscales, que están concebidos para atender las especiales dificultades que en
nuestras dos ciudades autónomas concurren en relación con la cobertura de determinados servicios esenciales, el desenvolvimiento de la actividad productiva y la creación de empleo. Unos incentivos que, en suma, son expresión material del principio
de solidaridad territorial que sanciona nuestra Constitución y que por tal motivo no deben verse perjudicados por la obligada e inexcusable contención del gasto no esencial que impone la dura situación presupuestaria y financiera que estamos
sufriendo. Siendo consecuente con la comentada trascendencia y considerando que en la medida de lo posible el reconocimiento del hecho diferencial de nuestra ciudad no debe estar sometido a la confrontación partidista, la iniciativa que hoy
defendemos ha contado y cuenta con el respaldo de todas las formaciones políticas de nuestra asamblea y de todos los agentes económicos y sociales. Con base en estos mismos argumentos y procurando ser fiel al mandato recibido, mi intervención
tendrá un carácter marcadamente institucional al servicio siempre del deseado encuentro y del acuerdo.
Señor presidente, señorías, creo que defendemos una iniciativa plenamente justificada y sin duda alguna necesaria; justificada y necesaria porque no existe ningún otro lugar de España en el que concurran de manera simultánea y acumulada en
cuanto a su efectos los condicionantes, las limitaciones y las dificultades que para el desarrollo económico y la creación de empleo se dan en nuestras dos ciudades autónomas. No existe ningún lugar dentro de España en el que a las dificultades
propias de la extrapeninsularidad se sumen la extrema escasez de suelo y de otros recursos naturales, los elevadísimos precios de las comunicaciones con la Península, el reducido tamaño del mercado local y el asimismo singular hecho fronterizo, un
hecho fronterizo que, al margen de provocar una fuerte presión migratoria en todas sus variantes y altas cotas de exigencia en la cobertura de determinados servicios esenciales, no supone en la práctica una oportunidad para abrir nuevos horizontes a
la economía local en condiciones de estabilidad por causa de la conocida actitud de las autoridades del país vecino, que estrangulan, coartan e impiden cualquier posibilidad de desarrollo conjunto basada en la complementariedad, en la cooperación y
en la normalización de las relaciones económicas y comerciales. Como consecuencia de todos estos condicionantes, tenemos unos costes de producción y de distribución de bienes y servicios sensiblemente superiores a los del entorno territorial más
próximo; unas peores condiciones de competitividad y un tejido productivo que se ve y se siente, con razón, incapaz para atender tan acuciantes dificultades; un paro endémico que supera el 30 por ciento de la población activa y, como consecuencia,
condiciones de marginalidad y graves riesgos de inestabilidad y quiebra social. Además, estos mismos condicionantes penalizan la residencia en nuestras dos ciudades por la vía del encarecimiento de determinados bienes y servicios indispensables.
Esta es, señorías, una realidad singular, incontestable y verificable, como también lo es que en los últimos años, gracias al esfuerzo de todos, se ha experimentado una profunda transformación urbana y dotacional, con avances notables en
equipamientos e infraestructuras de toda índole, con mejoras significativas en la calidad de los servicios y con un evidente proceso de convergencia con la renta per cápita nacional. Pero, insisto, la potenciación del tejido productivo y de su
capacidad para generar empleo siguen siendo una asignatura pendiente desde que nuestra integración en la Unión Europea, junto con otras decisiones vinculadas al interés nacional, acabaron con un modelo económico que estaba basado en la condición
peculiar de territorio franco aduanero. Casi todas las voces autorizadas consideran que para afrontar de manera realista y responsable la mencionada asignatura pendiente se requiere activar con la suficiente determinación y amplitud de miras los
incentivos que sean eficaces para amortiguar los efectos de los condicionantes estructurales en el coste de producción y distribución de bienes y servicios; eficaces para hacer atractiva la inversión y la localización empresarial; eficaces para
mejorar la competitividad y la productividad; eficaces en definitiva para, aprovechando las fortalezas y oportunidades, explotar todo el potencial de crecimiento con que cuentan los sectores del turismo, el comercio, las actividades portuarias y
los servicios en general. Se requiere, en suma, fortalecer uno de los renglones más relevantes de los señalados incentivos: el vigente régimen de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social,
cuya mejora constituye, según se ha indicado, el objeto de la iniciativa que nos convoca. Se trata de una medida que, por otra parte, desde su implantación ha tenido un impacto positivo en el mantenimiento y la creación de empleo, según
demuestran los datos objetivos fruto de las evaluaciones practicadas. Al hilo de lo hasta ahora manifestado, dos precisiones merecen ser subrayadas: una, que la medida ha de tener un carácter estructural dado que también tienen naturaleza
permanente e irreversible los condicionantes que la justifican y, otra, que, de acuerdo con la actual regulación, su aplicación debe repercutir tanto en empresas como en los trabajadores, al objeto de, en este caso, contribuir a paliar los efectos
que en el coste de la vida provocan los tantas veces mencionados condicionantes y de esta forma favorecer el arraigo de la población.
Confío, señorías, en que la unanimidad con que fue respaldada en nuestra Asamblea la aprobación de la iniciativa que hoy defendemos tenga fiel reflejo político en esta Cámara a la hora de tomarla en consideración, máxime si se aprecia que
ello no impedirá aprovechar la correspondiente tramitación parlamentaria para, con base en las negociaciones llevadas a cabo y trabajos realizados desde el mes de octubre del pasado ejercicio, concretar, acotar y graduar lo que se estime apropiado.
Tampoco impide la referida toma en consideración plantear en un futuro próximo otras vías alternativas que conduzcan al mismo fin. Pero sobre todo confío, señorías, en la sensibilidad de esta Cámara para comprender las especiales circunstancias que
en nuestras dos ciudades concurren; para entender -por encima de posiciones partidistas- que Ceuta y Melilla necesitan del apoyo solidario, decidido, suficiente e insustituible de los poderes públicos del Estado, apoyo que se necesita si se quiere
viabilizar una estructura productiva que permita combatir en condiciones de estabilidad el drama social del paro que de manera crónica se sufre. Se trata de unos objetivos vitales para el porvenir de dos ciudades atractivas y abiertas que quieren
mirar al futuro con ilusión y optimismo, que se sienten respaldadas por el resto de España y que realizan de manera natural y cotidiana una decidida apuesta por un modelo de vida y de convivencia digno de ser observado; un modelo de convivencia
basado en el respeto y el aprecio por la diversidad cultural, el imperio de la ley y la supremacía de los valores democráticos.
Antes de terminar con esta breve intervención, y considerando tanto la ya comentada trascendencia del asunto como el tiempo transcurrido desde que se presentó la iniciativa que hoy se aborda, me permito solicitar de esta Cámara que en caso
de que prospere, como así lo deseamos, se tome en consideración un impulso y una agilización necesarios para permitir su aprobación definitiva lo antes posible. Señorías, creo con toda sinceridad que la ciudad de Ceuta está defendiendo -y ustedes
lo van a valorar- una causa justa y de gran calado, una iniciativa que encuentra el más sólido de sus argumentos en dos pilares de nuestra Constitución: el derecho de todos los españoles a ser iguales en niveles de vida, en el acceso a los
servicios públicos y en oportunidades de empleo, con independencia de que residan en la Península, en las islas o en nuestras dos ciudades autónomas, y la obligación de los poderes públicos de velar por un equilibrio territorial adecuado y justo.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señorías, por su atención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente de la ciudad autónoma.
También forma parte de la Comisión nombrada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta doña Inmaculada Ramírez Salguero, a la que le ruego haga uso de la palabra para la defensa de la misma iniciativa.
La señora REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA (Ramírez Salguero): Hoy tengo el honor y la satisfacción de dirigirme a sus señorías en representación de los ciudadanos de Ceuta para defender una iniciativa que nace
-como ya se ha dicho aquí- del consenso y la unanimidad, y que es fundamental para el desarrollo tanto de Ceuta como de Melilla. No voy a extenderme en describir las peculiaridades y las especificidades de nuestras ciudades, puesto que ya lo ha
hecho el señor presidente, don Juan Vivas -el hecho fronterizo, su extrapeninsularidad y la escasez de recursos-, pero no podemos olvidar que estas circunstancias originan situaciones de desventaja con respecto al resto del territorio español. Sí
quisiera señalar algunas cuestiones que hacen prioritario, tanto para Ceuta como para Melilla, la adopción de acuerdos sobre la iniciativa legislativa que hoy sometemos a la consideración de esta Cámara, como es la de ampliar hasta el 50 por ciento
la bonificación a la Seguridad Social, cuestión que -como ya se ha comentado- está auspiciada por el artículo 13 de los estatutos de autonomía de Ceuta y de Melilla.
Analizando los datos del PIB de la ciudad de Ceuta se puede comprobar que su economía se asienta principalmente en el sector servicios, que representa aproximadamente el 80 por ciento de dicho producto interior bruto. El sector público, con
un 42 por ciento de representatividad, es el principal componente del mercado laboral, seguido por el comercio y, con menor incidencia, el turismo, el transporte y la hostelería. La falta de empleo en nuestra ciudad es, sin duda, una de las
problemáticas más duras a las que tienen que hacer frente nuestros ciudadanos. Recientemente hemos conocido, a través de los servicios públicos de empleo locales, los datos del último mes, en el que lamentablemente se confirma un incremento en el
número de parados del 8,9 por ciento en esta ciudad con respecto al mes anterior. Esto está rompiendo la dinámica de creación de puestos de trabajo que se aprecia en el resto del país. Somos conscientes de la buena disposición del Gobierno de la
nación para mejorar la calidad de vida de los ceutíes y de los melillenses; tenemos muchos ejemplos. Como les
decía, somos conscientes de que gracias a ese empeño hemos tenido en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de la situación de crisis, una inversión per cápita superior a la del resto del país. Somos también conscientes de que la
apuesta que se hace por los planes de formación y empleo es importante. Concretamente, durante el periodo 2008-2011 solo en Ceuta se han destinado más de 60 millones de euros a estos planes especiales de empleo y formación. Esta inversión ha
beneficiado a unas 7.000 personas que, tras la formación, necesitan y demandan un puesto laboral en el que realizarse y poder llevar a cabo su proyecto de vida personal, familiar y social. Evidentemente, de nada sirve formar si no se encuentra una
salida profesional. Así pues, nuestra realidad hace necesario un nuevo esfuerzo y compromiso para el desarrollo y la generación de riqueza y empleo en ambas ciudades. Necesitamos actuaciones complementarias a los planes especiales de empleo que
incidan directamente en la economía de ambas ciudades y en la creación de nuevos puestos de trabajo.
Señorías, como ya hemos referido, Ceuta dispone de un beneficio del 40 por ciento en las cuotas de la Seguridad Social. Esta medida ha contribuido durante años a la consolidación de empresas y de puestos de trabajo. Además, ha supuesto el
que haya aumentado el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, de la misma manera que se ha incrementado en un 6,8 por ciento el salario de los trabajadores, lo que repercute directamente sobre el consumo interior. Al revisar las
bondades de esta medida, todos los interlocutores sociales coinciden en que es necesario ampliarla. Se necesita un nuevo empuje, que -estamos convencidos todos- va contribuir a asegurar a las sociedades ceutí y melillense una trayectoria de
crecimiento económico, al tener como efecto inmediato no solo el estímulo a la inversión con la implantación de nuevas empresas, puesto que tendrán menos costes laborales, sino que también aumentará la actividad productiva. Son situaciones que
pensamos que van a coadyuvar a conseguir un objetivo fundamental, la creación de empleo en las dos ciudades, donde la tasa de paro es la más alta del país.
Por todo lo expuesto hoy aquí, pedimos a esta Cámara el voto a favor de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa. Lo hacemos tras un acuerdo plenario en el que todos los partidos que representamos al pueblo de Ceuta estamos
de acuerdo. Quiero recordar ahora la frase de Apuleyo que decía que uno a uno seremos mortales, pero juntos somos eternos. Aquí hemos venido todos juntos, con espíritu de unidad, y no solo de unidad sino también de responsabilidad, porque esta
tarde creemos que, como representantes públicos, tenemos la responsabilidad de dar respuesta a los problemas de nuestros ciudadanos. Espero que lo tengan en consideración y les agradezco su atención.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramírez Salguero.
Para fijar posición, en primer lugar tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Saludo la presencia aquí de la representación de la ciudad de Ceuta y de su presidente y anuncio un apoyo con cautelas por parte de mi grupo a esta iniciativa para aumentar las bonificaciones en la Seguridad Social y extenderlas a todos los
sectores económicos, fundamentalmente en el segundo término de la iniciativa, en esto de extenderla a todos los sectores económicos.
Señorías, la Orden 471/2004 dictó las normas para la aplicación de las bonificaciones de cuotas establecidas por el apartado 2 de la disposición adicional trigésima respecto a las empresas y trabajadores por cuenta propia de las ciudades de
Ceuta y Melilla. La bonificación se fijó en un 40 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social y se estableció para empresas y autónomos dedicados a actividades encuadradas en sectores como el comercio, la hostelería, el turismo y la industria,
exceptuando claramente de esta iniciativa la energía y el agua. Digo exceptuando porque no era una iniciativa de carácter generalizado sino singularizado a determinados sectores de la economía ceutí. Estas bonificaciones establecidas por un
periodo de tiempo limitado, dos años, se establecían para evaluar periódicamente su grado de eficacia y pretendían estimular la creación de empleo y la actividad económica de estos sectores, pero no la asistencia a los mismos.
Señorías, en primer lugar y con carácter general -por fijar ya la posición de mi grupo-, nos hemos opuesto rotundamente a las bajadas de cotizaciones y somos muy escépticos con las bondades de las bonificaciones a las cuotas sociales aunque
sean, como estas, de forma temporal y selectiva. En segundo lugar, estamos también en contra de que estas bonificaciones sean lineales. Creemos que si alguna bonificación tiene sentido, tiene que serlo de manear específica desde el punto de vista
territorial y desde el punto de vista sectorial. Y, en tercer lugar, en nuestra opinión no solamente deben producirse para dinamizar los sectores económicos este tipo de medidas de bonificación social o de bonificación de cuotas, sino que debe
haber otro tipo de medidas que tienen que ver con la inversión directa, que tienen que ver también con la iniciativa pública en la propia ciudad de Ceuta. No obstante, podemos entender que los sectores económicos de Ceuta y Melilla están afectados
negativamente por su situación geográfica, por su alejamiento de la Península, y es un coste adicional que debe ser compensado de manera solidaria por motivos sociales. Este sistema se ha prorrogado a su vencimiento; la última vez en febrero de
2010. Se consideró que era preciso continuar con su aplicación durante un nuevo periodo de dos años, incentivando así la economía de las pequeñas y medianas empresas que se benefician de estas bonificaciones. Lo que nos propone ahora la Asamblea
de Ceuta es tomar en consideración un aumento de la bonificación hasta
el 50 por ciento y su extensión generalizada a todos los sectores económicos, y que esta sea por periodos prorrogables de cinco años. Es decir, superamos la selectividad, superamos también el límite de bonificación y planteamos que su
evaluación sea quinquenal. En nuestra opinión es discutible; al menos, discutible. Resalto en todo caso la paradoja que significa el pulso -este pulso que vemos estos días- entre Partido Popular y Partido Socialista para ver quién es más cirujano
y quién recorta más y, por el contrario, el recurso al gasto o a las bonificaciones cada vez que hay un problema para superar la crisis o para garantizar las políticas de solidaridad. Es una paradoja que quiero poner encima de la mesa.
En definitiva, señorías, vamos a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa con la intención de estudiar detenidamente su contenido y en todo caso enmendarlo si se produce esta tramitación. Los problemas de Ceuta, como los problemas
de Melilla, son por una parte similares a los del resto del país, sumido en una grave crisis económica, pero también tienen especificidades añadidas que acaban por traducirse en unos niveles de desempleo superiores y que afectan especialmente a los
jóvenes. La tasa de desempleo es del 26,4 por ciento en Ceuta y el paro juvenil representa en dicha ciudad el 57 por ciento. Estas razones nos llevan a tomar en consideración esta iniciativa, a anunciar nuestras enmiendas y a desear que no sea
este un apoyo complaciente para luego paralizar esta iniciativa en la tramitación parlamentaria. Que no nos pueda la hipocresía, señoras y señores diputados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar también saludamos, en estas reflexiones preambulares, a los representantes de la ciudad de Ceuta y les felicitamos por la facunda de su intervención, muy ilustrativa para mi grupo parlamentario. Les adelanto que va a ser
objeto de toma en consideración la proposición que ustedes con tanta pertinencia presentan, no sin añadir algunas de las reservas mentales que este procedimiento especial de fortalecimiento o de reactivación de la actividad económica le plantea a mi
grupo parlamentario. Hace referencia el primero de ellos a la nueva configuración que la nueva ley o, mejor dicho, el proyecto de ley de políticas activas atribuye a las bonificaciones de cuotas en materia de Seguridad Social, que se desvinculan
del sistema público de pensiones y se configuran como un mecanismo de fortalecimiento del empleo para ciertos colectivos especiales, particularmente los desempleados jóvenes, colectivos o segmentos de la población que están particularmente afectados
o castigados por la lacra del desempleo. Pero ya las bonificaciones de cuotas no forman parte de una reducción de las cuotas del sistema público de pensiones que suponga un quebranto para las finanzas o la tesorería del sistema público de
pensiones, en tanto en cuanto se provee o se enfatiza mucho ya la compensación por el Servicio Público de Empleo del quebranto económico que el servicio público de pensiones sufre precisamente por la utilización del sistema de bonificación de
empleo, de incentivación de empleo, a través de las bonificaciones de cuotas. No obstante, la singularidad de la situación, que ustedes han glosado perfectamente aquí, nos aconseja, hasta que la nueva ley se regule y la nueva configuración o
naturaleza jurídica de las bonificaciones de cuotas adquiera relevancia jurídica clara, utilizar este procedimiento, que no es nuevo, como ustedes mismos han indicado, sino antiguo en el tiempo. Desde el año 2004 hasta el año 2008, me parece
recordar, a través de órdenes sucesivas de ampliación, de las leyes de acompañamiento, la Ley de medidas administrativas y del orden social, se ha previsto en relación a las bonificaciones de cuotas de contingencias comunes, de Fogasa, de desempleo,
etcétera, todas las previstas, tanto para los trabajadores afiliados al régimen general de la Seguridad Social como para el régimen especial de trabajadores autónomos, si bien circunscritas a determinados sectores económicos, que en concreto eran
los vinculados al comercio, a la hostelería, al turismo y a la industria. Ustedes solicitan con plena legitimidad una ampliación a otros sectores económicos, también afectos por el problema del desempleo, y nosotros estamos de acuerdo con esta
ampliación. Pero sobre todo estamos de acuerdo, señor presidente -con esto acabo mi intervención-, en la toma en consideración de la proposición de ley y en analizar dos problemas fundamentales. Si son las bonificaciones de cuotas, las que ustedes
preconizan en este momento y que a nosotros nos parecen pertinentes, el mejor instrumento para la reactivación económica de dos ciudades autónomas que tienen problemas singulares, como el carácter extrapeninsular, el ámbito territorial reducido o la
falta de recursos que puedan permitir una reactivación de la economía de forma espontánea; si ese es el mejor procedimiento, y si, mediante una adecuada identificación de los problemas económicos que afectan a la economía de estas dos ciudades
autónomas, son esos sectores económicos -todos ellos-, los que ustedes en este momento invocan, los que deben ser objeto de una actuación de estas características y de esta especial naturaleza, cuando en las leyes relativas a las políticas activas,
a la reactivación del empleo, las leyes vinculadas a la empleabilidad que se están aprobando en estas Cortes Generales del Estado, están ya renunciando, desde una perspectiva conceptual, como mecanismo de fortalecimiento de la empleabilidad a la
fórmula de las bonificaciones de cuotas, como quizás de las menos indicadas para buscar este fin: el fortalecimiento del empleo o, en definitiva, la empleabilidad. Aquí hay un problema -prometo que acabo con estas palabras, señor presidente- de
extemporaneidad. Ustedes hace mucho tiempo que presentaron
esta iniciativa y, por circunstancias diversas, se está debatiendo en el día de hoy. Desde que ustedes presentaron esta iniciativa hasta el día de hoy han ocurrido muchas cosas en los planteamientos conceptuales en relación al diseño de las
políticas de empleo o de empleabilidad, hasta el punto de que puede haber un problema de extemporaneidad de lo que ustedes, con legitimidad, en este momento nos solicitan a los legisladores.
En todo caso, los problemas que ustedes han argumentado con brillantez son problemas que siguen subsistiendo en estas dos ciudades y, desde esa perspectiva, pueden contar con nuestra leal colaboración para resolver lo problemas económicos
especiales y específicos que afectan a estas dos ciudades. Esto requiere, como trámite indispensable, la toma en consideración de la proposición de ley y el debate y la búsqueda de los consensos posteriores. Cuenten con nosotros para buscar los
consensos más adecuados para la reactivación económica de dos ciudades, para corregir dos ratios que a nosotros nos preocupan -acabo ya, señor presidente-, la tasa de desempleo y la tasa de actividad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Deseo anunciarles que está previsto en esta sesión plenaria el debate y la aprobación del dictamen relativo a la proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social. Como ordena el Reglamento, les anuncio que no se producirá la votación antes de las diecinueve horas y calculo que sobre las diecinueve horas y treinta minutos podría
estar suspendida la sesión hasta mañana.
Señor Campuzano, tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Damos también la bienvenida a los representantes de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Creo que todos los grupos podemos compartir las preocupaciones que han manifestado sus comisionados; todos los grupos podemos compartir las características
propias de estas ciudades, que exigen políticas adecuadas a sus propias necesidades, pero, señorías, he de decirles que Convergència i Unió, esta tarde, tal como tuvimos ocasión de hacer también hace unos cuantos meses en una iniciativa parecida
promovida en este caso por el Parlamento de Melilla, no vamos a votar favorablemente la toma en consideración de su proposición de ley. Y no lo vamos a hacer porque, con todo el respeto, tenemos dudas de que la respuesta a los problemas de Ceuta y
Melilla pase por una bonificación del 50 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social. No nos atrevemos -nos equivocaríamos- a dar lecciones a nadie en esta materia, pero intuimos que la complejidad de todo tipo que afecta a estas dos ciudades
exige alguna cosa más que una simple reducción de cuotas a la Seguridad Social. Simple, por un lado, como medida aparentemente fácil, pero al mismo tiempo simple porque no aborda todas esas complejidades. Y existen instrumentos en el ámbito de la
acción pública desde los Presupuestos Generales del Estado no tan solo en términos de reducciones fiscales, de reducciones de cuotas, sino en términos de otras políticas públicas que desde el Gobierno de España se deberían impulsar que quizá
permitirían a las ciudades autónomas superar esas dificultades.
Hoy el debate no es en relación con cómo el Gobierno del Estado aborda los problemas de la crisis económica que afecta a estas dos ciudades, pero si debemos discutir la toma en consideración de esta proposición de ley, mi grupo quiere
remarcar que nos parece que el asunto es suficientemente complejo y que exige soluciones más sofisticadas que las que hoy se plantean. Además hay una cuestión de principios y precedentes, con todo el respeto, y es que entendiendo las
características propias de Ceuta y de Melilla, nosotros podríamos identificar comarcas catalanas afectadas por procesos graves de pérdida de la industria, con tasas de desempleo elevadas, con condiciones geográficas que impiden que esos territorios
puedan generar empleo (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) y legítimamente los representantes de aquellos territorios podrían plantear también una política específica de reducción de bonificación de las cuotas en el
nivel que ustedes nos plantean. Y en la crisis que hoy estamos viviendo seguramente serían muchos más los territorios que hoy lo podrían plantear. Eso exigiría una discusión sobre una cuestión tan relevante como es cómo financiamos nuestro sistema
de pensiones y si estamos dispuestos a continuar abocando recursos desde los Presupuestos Generales del Estado para compensar estas reducciones de bonificaciones. Mi grupo hoy por hoy no es partidario de esa política, no lo es para esas comarcas
catalanas con graves problemas vinculados a la crisis y tampoco lo podemos ser en relación con las ciudades de Ceuta y Melilla. Todo ello nos lleva, vista la unanimidad que parece que en el resto de los grupos va a provocar esta iniciativa, a que
no la rechacemos pero tampoco vamos a votar favorablemente, nos vamos a abstener y vamos a seguir con mucha atención el debate parlamentario que se va a producir en las próximas semanas, en la confianza de que los grupos que hoy votan la toma en
consideración de esta proposición de ley se comprometan a que la misma termine en el Boletín Oficial del Estado, porque quedan muy pocos meses de vida parlamentaria y lo tentador puede ser que alguien hoy les dé la razón, acompañándoles en este
proceso, con la esperanza de que la legislatura termine y esta ley no se apruebe, lo que sería una pena desde el punto de vista de los legítimos intereses que ustedes han venido a defender esta tarde aquí en el Congreso.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Márquez de la Rubia.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero dar en primer lugar la bienvenida en nombre del Grupo Popular en esta ocasión a la representación de la Ciudad Autónoma de Ceuta en esta Cámara, encabezada por su presidente, acompañado por la señora portavoz del Grupo Socialista.
Como ceutí, como representante de Ceuta en este Congreso de los Diputados, pero también en este momento en representación de todos y cada uno de los diputados del Grupo Popular, quiero manifestar la satisfacción por acoger en este foro que alberga
la soberanía del pueblo español a la España en África que es nuestra ciudad de Ceuta. La representación de la ciudad de Ceuta viene hoy a esta Cámara en ejercicio de sus legítimas competencias que derivan de su Estatuto de Autonomía aprobado en
1995 en desarrollo de la Constitución de 1978. Es por tanto esta comparecencia -y me parece importante resaltarlo así- una muestra más del sólido encaje constitucional de Ceuta en la España de las autonomías en el Estado constitucional y
democrático de derecho. Es necesario también decir que esta intervención puede ser directamente aplicable en sus términos, en su argumentación y en sus consecuencias a la Ciudad Autónoma de Melilla, a la que por tanto debe ser de aplicación todo
aquello que en cuanto a la modificación normativa que ahora se debate se acuerde para la ciudad de Ceuta.
Creo que debo empezar recordando cómo el debate que ahora estamos manteniendo sobre la toma en consideración de la iniciativa legislativa de la Asamblea tiene su origen en decisiones tomadas en el año 2003. En efecto, fue en ese año en el
que el Gobierno del presidente José María Aznar decidió instar la modificación del texto del Real Decreto Legislativo de la Ley General de la Seguridad Social para incluir la disposición que suponía la introducción de una bonificación del 40 por
ciento en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social; estas disposiciones comenzaron a aplicarse en marzo del año 2004. Esta medida, sin duda singular, original y claramente excepcional, vino acompañada además por un
acuerdo de concertación social también único en toda España entre organizaciones sindicales y empresarios de ambas ciudades para que los menores costes para esos empresarios repercutieran también positivamente en las retribuciones de los
trabajadores. Se aunaba, por tanto, el objetivo último y primordial de incentivar la economía de las dos ciudades y promover mejores condiciones para la creación de empleo, con la seguridad de que se buscaban las mejores condiciones finales para
empresarios, como digo, y para asalariados. La medida, promovida por un gobierno del Partido Popular, no era otra cosa que un ejercicio más de solidaridad constitucional con unas ciudades españolas necesitadas del más especial de los apoyos por
parte del Estado, y venía a incluirse en el amplio conjunto de normativa especial y singular para ambas ciudades que esta Cámara ha venido aprobando a lo largo de la historia. Quisiera incidir en este punto, que nos parece absolutamente
clarificador. Estamos debatiendo tomar en consideración una iniciativa de Ceuta para extender y ampliar un régimen singular de bonificaciones; es sin duda, como digo, un régimen singular, pero porque la situación de hecho, la situación
estructural, más allá incluso de coyunturas económicas más o menos temporales, es radicalmente, esencialmente singular. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la ciudad en su certero y muy descriptivo análisis de la situación, así se
expone con meridiana claridad en la exposición de motivos de la iniciativa y así se puede avalar con multitud de datos oficiales.
La singularidad de la situación excepcional de Ceuta y Melilla obliga también a la adopción de medidas extremadamente singulares. No existe una situación que ni siquiera pueda ser calificada como similar en el resto del Estado. También
decía que, siendo esta una medida aprobada en 2003 y posteriormente prorrogada en sucesivas ocasiones por el Gobierno de la nación, no es nada más que un ejercicio de solidaridad del resto de España para con los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Esa
solidaridad ha venido siendo manifestada tradicionalmente a través de la historia, a través de la acción de este cuerpo legislativo con el régimen económico, fiscal y especial. Es este un foro tradicional con consideración legal desde 1863, pero
con precedentes históricos muy anteriores y que representa un conjunto de exenciones fiscales y arancelarias de muy diverso tipo. Pues bien, señorías, señor presidente de la ciudad de Ceuta y demás representantes, yo quiero expresarles con
rotundidad el apoyo del Grupo Popular a la toma en consideración de la iniciativa que hoy traen ante esta Cámara; un apoyo íntegro en los términos en los que se trae la propuesta y, por tanto, considerando favorablemente la ampliación al 50 por
ciento de la actual bonificación. Y lo es ese apoyo íntegro y rotundo porque entendemos que la necesidad de la medida sigue vigente, porque ha demostrado plenamente su eficacia, su oportunidad y su necesidad, porque los datos demuestran que se ha
convertido en una herramienta indispensable para evitar la destrucción de empleo. En ese sentido, señorías, señor presidente, el Grupo Popular promoverá la tramitación de esta iniciativa como proposición de ley para que este sistema de
bonificaciones se establezca con carácter permanente y que tenga, por tanto, el mismo carácter que el del resto de medidas que componen el Régimen Fiscal Especial de Ceuta y Melilla, cuyo campo de vigencia no encuentra límites en el tiempo porque,
si duda, el legislador entendió que las condiciones estructurales justificativas no iban a variar.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Márquez, por favor.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Voy terminando, señora presidenta.
En último lugar quiero decir que compartimos alguna de las posiciones expresadas por otros grupos en el sentido de que esta medida debe de ir acompañada de otras y concretamente de mayor iniciativa pública y mayor inversión productiva. Esta
proposición de ley supone una importante iniciativa para incentivar la economía y la creación de puestos de trabajo. Señor presidente de la ciudad de Ceuta, el pasado 22 de marzo comparecía usted ante la Comisión Mixta Congreso-Senado y lo hacía en
esta Cámara en la sala Constitucional. Usted decía en esa intervención que los ceutíes deben saber que contamos con el conjunto del Parlamento para atender nuestras legítimas aspiraciones. Pues bien, yo quisiera terminar mi intervención emulando
esas palabras para garantizarle que Ceuta puede contar con el total apoyo del Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Márquez.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me van a permitir que mis primeras palabras no tengan que ver con la iniciativa a debatir, pero mi grupo parlamentario no puede dejar pasar y comenzar esta sesión plenaria sin señalar que llegamos a este Pleno después de una semana
destacada por el mayor ataque que se recuerda que se haya hecho a la confianza y a la estabilidad de nuestro país. Y se está haciendo a través de las mentiras y la irresponsabilidad del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. (Rumores.) Por eso quiero pedir a los distintos intervinientes del Grupo Popular en este Pleno que se desmarquen de esa brutal irresponsabilidad que ha demostrado el PP en esa comunidad autónoma y con la que están haciendo, señorías, un
enorme daño al país. (Aplausos.) Si no lo hacen, entenderemos que el señor Rajoy es corresponsable de las mentiras de su partido en esa comunidad autónoma y es, por tanto, corresponsable de la mayor demostración de irresponsabilidad política que
hemos visto en nuestro país en muchos años. Si esta es la forma de estar en política del Partido Popular, ¿saben qué les digo?, que la democracia española no se merece una derecha como la que ustedes representan, (Aplausos.-Rumores.)
Entrando en la iniciativa a debatir, el Partido Socialista tiene otra forma de estar en política y lo demostramos en iniciativas como la que a continuación vamos a debatir. Quiero dar la bienvenida al presidente de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, señor Vivas, a la portavoz en funciones del Grupo Socialista, señora Ramírez, y al secretario general del PSOE en Ceuta, señor Carracao, que nos acompañan desde la tribuna. Señorías, debatimos la toma en consideración de una proposición de
ley presentada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta que propone modificar la disposición adicional trigésima del Real Decreto 1/1994, de 20 junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Mi grupo
parlamentario va a votar a favor de la toma en consideración con el objetivo de poder hacer un debate serio y riguroso sobre este tema en el que se analicen la eficiencia y la eficacia de las bonificaciones a la Seguridad Social que reciben las
empresas y los trabajadores autónomos de las ciudades autónomas. Pensamos que tomando en consideración esta proposición de ley vamos a contribuir a enriquecer el debate con las aportaciones que hagan y que ya han demostrado aquí los distintos
grupos parlamentarios. La tomamos en consideración pensando en los beneficios para los ciudadanos, para las empresas y para esos territorios.
Me gustaría hacer tres consideraciones previas para situar en el debate esta iniciativa. Primera, es un debate sobre Ceuta pero que también tendrá los mismos efectos para Melilla. Segunda, el antecedente que tiene esta iniciativa -el señor
Vivas lo ha destacado ya- hay que situarlo en el día 30 de diciembre del año 2003, cuando se modifica la Ley de Seguridad Social para establecer una bonificación de hasta el 40 por ciento en cuotas de la Seguridad Social para determinadas empresas y
en distintos sectores: comercio, hostelería, turismo e industria, menos las que tengan que ver con energía y agua. Tercera, esta toma en consideración se aplazó el pasado mes de octubre y hay que decir que poco tiempo después se establecieron unas
conversaciones bilaterales entre el Gobierno de Ceuta y el Gobierno de España. En esas negociaciones se ha ido avanzando hacia un texto diferente al que se refiere la proposición de ley. Por tanto, queremos dejar claro en mi grupo parlamentario
que vamos a apoyar la toma en consideración, pero que no estamos de acuerdo con el texto que esa proposición de ley tiene en esta Cámara. Con el debate parlamentario esperamos poder hacer lo mejor para ambas ciudades autónomas. Pero tengo que
decir que fundamentalmente no estamos de acuerdo porque se pretende ampliar la bonificación de la cuota del 40 al 50 por ciento extendiéndola en su aplicación a todos los sectores económicos. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esa ampliación a
todos los sectores? Tenemos que recordar y retrotraernos a que esta bonificación se concedió para apoyar a sectores especialmente afectados, y consideramos que ampliándolo a todos los sectores se rompe el carácter singular y específico de la
medida. Además, hay sectores que no tienen por qué tener esta bonificación, por ejemplo, los relacionados con la actividad financiera o los relacionados con la actividad inmobiliaria. Además, extendiéndolo a todos los sectores quizás estaríamos
perjudicando o creando agravios comparativos con otros territorios. Por tanto, nos parece mucho más lógico que esa ampliación de un 10 por ciento de la bonificación a la cuota de la Seguridad Social vaya por la línea de las
negociaciones establecidas entre ambos gobiernos, que establece la ampliación a determinados sectores y ampliándolo también a los que hay actualmente. Además, en esa propuesta se dice que el incremento de las bonificaciones se hará de forma
progresiva.
Mientras todo eso llega, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario Socialista apoya las bonificaciones para determinados sectores en Ceuta y Melilla. La apoyamos porque la incidencia de esta medida ha sido positiva y se ha logrado el
objetivo de contribuir a paliar los desequilibrios derivados de las particulares circunstancias que tienen algunos sectores que desarrollan su actividad en esa ciudad autónoma. Se ha demostrado que los sectores objeto de bonificación...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Sánchez, vaya terminando.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: ...han experimentado una tendencia creciente a la mayor intensidad de la media nacional. Termino diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista considera necesaria la medida para conseguir el objetivo de procurar y
continuar la creación de empleo y el mantenimiento de empresas. Los ciudadanos de Ceuta y Melilla deben saber que el Grupo Parlamentario Socialista apoya todas aquellas iniciativas tendentes a seguir mejorando la calidad de vida y el desarrollo
económico de ambas ciudades autónomas y de esas pequeñas historias de la vida de los ceutíes y de los melillenses que contribuyen a mejorar su día a día. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Sánchez.
Muchas gracias, señor Vivas y señora Ramírez, les agradecemos su presencia aquí.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LOS JÓVENES EN EL ALQUILER DE VIVIENDA. (Número de expediente 122/000268.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Acabado el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley, pasamos a continuación a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa
al mantenimiento de los incentivos fiscales a los jóvenes en el alquiler de vivienda. Para defender esta proposición de ley tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Matos. (Rumores.) Señor Montoro, por favor.
Cuando quiera, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, al presidente Felipe González se le decía desde los bancos de la oposición que ustedes los socialistas solo aciertan cuando rectifican. Este Gobierno, el de Rodríguez Zapatero y el de Rubalcaba, ni eso. (Rumores.-Aplausos.) El 30
de marzo de 2007 el Gobierno había aprobado un importante incentivo fiscal para fomentar el alquiler para jóvenes menores de 35 años, la exención del cien por cien de las ventas del alquiler cuando la vivienda se hubiera alquilado a jóvenes menores
de esa edad. Esta medida entró en vigor el 1 de enero de 2008 y en su célebre comparecencia en la escalinata de La Moncloa en septiembre de 2007 la ministra Chacón puso en valor este incentivo. Afirmó que esta medida, junto con las demás que se
presentaban, suponía un gran salto para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda y contribuir a su emancipación fomentando las políticas de alquiler. Pues bien, los vigentes Presupuestos Generales del Estado para 2011 dieron también un
salto, pero un salto hacia atrás. Redujeron de 35 a 30 años la edad de los arrendatarios de viviendas para permitir aplicar al arrendador la exención del cien por cien de los rendimientos del capital inmobiliario en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, es decir, el Gobierno rectificó una medida que solo tenía tres años de vigencia y que había sido recibida con agrado por todos los partidos políticos, incluida la oposición, por los agentes económicos y sociales y sobre todo
por los jóvenes. Esto no se debió a que el Gobierno considerara que una persona de 32 o 34 años hubiera dejado de repente de ser joven o que ya no era digna de protección o a que el Gobierno hubiera decidido que ya no era necesario fomentar las
políticas de alquiler. El motivo no era otro que el recaudatorio, el mismo camino emprendido en el mes de mayo de 2010 de reducir el déficit público que el propio Gobierno había causado a base de subidas de impuestos y de recortes sociales.
Efectivamente, de recortes sociales, y sé que con esta afirmación me convierto a los ojos del presidente Zapatero en uno más de los millones de bellacos españoles que denuncian los brutales recortes sociales llevados a cabo por el Gobierno.
Al Gobierno de Zapatero, y también de Rubalcaba, no le basta con que la crisis la pagaran los pensionistas, los funcionarios, las mujeres que daban a luz y los consumidores; también tuvieron que pagarla los que buscaban vivienda,
especialmente los jóvenes. El brutal recorte del Gobierno había llegado al maltrecho sector de la vivienda. Redujo en 140 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas, suprimió la ayuda estatal directa a la entrada, redujo la
ayuda a la promoción de vivienda protegida en alquiler y la ayuda para la adquisición de suelo de vivienda protegida. Fue un tremendo error suprimir la deducción por adquisición de vivienda habitual en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas a los que obtuvieron rentas mayores de 24.000 euros justo cuando el mercado de la vivienda estaba en caída libre. Y es otro tremendo error limitar el alcance de la exención del cien por cien de las rentas de
los jóvenes menores de 30 años, dejando fuera a miles de jóvenes para los que este incentivo suponía sin duda una menor dificultad para acceder a una vivienda.
Señorías, la proposición de ley que defendemos pretende dejar las cosas como estaban desde el 1 de enero de 2008. Creemos que se debe y se puede seguir incentivando el acceso a la vivienda a los jóvenes menores de 35 años. Creemos que se
debe y se puede seguir fomentando el alquiler. Y creemos que se debe y se puede reducir el déficit público generado por el propio Gobierno sin acometer todos estos recortes sociales. Señorías, esta es una más de las cerca de cien proposiciones de
ley presentadas por mi grupo parlamentario, lo cual no está nada mal para aquellos a los que desde el Partido Socialista nos acusan de no hacer propuestas y de no arrimar el hombro. Pues bien, los que no hacemos propuestas hemos presentado cien
proposiciones de ley, más de mil proposiciones no de ley, setenta mociones y cientos de enmiendas a los proyectos de ley del Gobierno. Y he dejado fuera las miles de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de los años 2009, 2010 y 2011.
Los que no hacemos propuestas hemos presentado decenas de iniciativas legislativas con el objetivo de reducir el déficit y de incrementar el control del gasto de todas las administraciones públicas; decenas de iniciativas dirigidas a que el crédito
llegara a las pymes, a los emprendedores y a las familias; decenas de iniciativas que constituyen potentes incentivos fiscales para facilitarles la vida a los emprendedores y decenas de iniciativas dirigidas a una reforma de nuestro mercado laboral
no para abaratar el despido sino para crear empleo. Los que no tenemos propuestas hemos pedido la modificación de la línea ICO-Moratoria para que las familias que pierden su empleo no pierdan también la vivienda que constituye su hogar familiar.
Hemos pedido la modificación del sistema hipotecario porque es injusto y desproporcionado. Hemos pedido el mantenimiento de la deducción por adquisición de vivienda, pues es un disparate suprimirla cuando el mercado está por los suelos. Hemos
pedido incentivos económicos, fiscales y financieros para dinamizar el mercado del alquiler y para reducir el stock de vivienda nueva sin vender. Hemos pedido ayudas financieras para que los ayuntamientos puedan impulsar el desarrollo de los suelos
destinados a viviendas protegidas. Y hoy, los que no tenemos propuestas pedimos el mantenimiento de un importante incentivo fiscal para el fomento del alquiler para un amplio sector de los ciudadanos españoles como son los jóvenes de entre 30 y 35
años.
Señorías, si quieren recortar pueden empezar por liquidar la Sociedad Pública de Alquiler, que con más de 30 millones de euros constituye un auténtico agujero negro de este Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y también de Rubalcaba.
Para ello les pedimos el voto. En especial se lo pedimos al Partido Socialista, a un partido que está en la estrategia de repetir hasta la saciedad que no hacemos propuestas y que está en la estrategia de no llegar a ningún acuerdo con el Partido
Popular, salvo en las iniciativas en que pueden perder sus votaciones, para luego poder seguir repitiendo hasta la saciedad que no tenemos propuestas. Esta estrategia es tan irresponsable que mientras tras las últimas elecciones autonómicas y
locales desde mi partido se lanzaba la instrucción de intentar llegar a acuerdos con todo el mundo menos con Bildu, desde el Partido Socialista se daba la orden de llegar a acuerdos con todo el mundo menos con el Partido Popular, incluyendo acuerdos
puntuales con Bildu. Parafraseando a la portavoz Mary Carmen Sánchez, que acaba de intervenir, la democracia española no se merece un gobierno como este. Pero así y todo voy a solicitar su voto. Les pido el voto para la proposición de ley que en
nombre de mi grupo parlamentario he defendido desde esta tribuna.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Matos.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, discúlpenme si empiezo recordando cuestiones de a, b, c, pero los impuestos y las políticas impositivas pueden cumplir tres finalidades que nosotros entendemos que son complementarias entre sí. Primero, una finalidad recaudatoria,
necesaria para proveer de recursos a las políticas públicas para dotar el desarrollo de sus políticas y asegurar el mantenimiento de los servicios. Una finalidad redistributiva, necesaria para distribuir de manera más equitativa la riqueza
existente, para corregir desigualdades y para evitar la explosión social. Y una finalidad también a través de políticas de estímulo fiscal, de estímulo a la economía, que faciliten e incentiven el desarrollo de determinadas actividades. Nosotros
no somos dogmáticos, no despreciamos este último aspecto. En este sentido, el retorno al anterior límite de edad de 35 años de los arrendatarios que permitan al arrendador una reducción del cien por cien de los rendimientos del capital inmobiliario
en el IRPF puede ser una medida de estímulo positiva para impulsar el mercado del alquiler. Estamos convencidos de que la corrección introducida en la última Ley de Presupuestos Generales del Estado no se explica en términos de mejorar el
funcionamiento del mercado del alquiler de la vivienda, sino que simplemente se explica por razones de consolidación fiscal. Pero, señorías, aunque podamos coincidir de manera puntual y aislada con esta medida, es necesario de una vez por todas
superar un debate en materia fiscal que está marcado por la demagogia y el populismo. No se pueden defender exenciones y estímulos fiscales sin concretar cómo se piensa compensar esta pérdida de ingresos, máxime cuando el grupo proponente aboga
machaconamente por el dogma del déficit cero. Pese a que el señor Martos insistió en que hizo muchas propuestas, no conocemos ninguna propuesta
del Grupo Popular en este sentido. El grupo que habla, el Bloque Nacionalista Galego, desde la modestia de los dos parlamentarios que tiene en esta Cámara, se opuso a la subida del IVA, defendió incluso a través de una proposición de ley,
admitida a trámite en esta Cámara, que se aplicase el IVA superreducido a los productos alimentarios y a todos los productos de la cadena alimentaria, defendimos estímulos fiscales para algunas actividades económicas; pero, al mismo tiempo, en
forma de proposición de ley presentada conjuntamente con otros grupos de esta Cámara y en forma de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, también defendimos que había que subir determinados impuestos, sobre todo en los tramos que afectan
a las rentas más altas, para evitar su impacto en un descenso de la recaudación fiscal, que provocaría una reducción drástica de políticas públicas que afectaría negativamente a la mayoría social.
Nosotros sí que hicimos estas propuestas, y desconocemos, por parte del Grupo Popular, porque todavía no nos lo ha aclarado cómo piensa cumplir con el dogma del déficit cero defendiendo multitud de exenciones fiscales sin ningún tipo de
corrección en materia fiscal, al mismo tiempo que defiende una restricción drástica del gasto público sin concretar claramente qué programas se verían reducidos y suprimidos.
Porque no compartimos esta demagogia instalada en materia fiscal, porque entendemos que son necesarios la seriedad y el rigor en esta materia, aunque podamos coincidir en que la propuesta tiene aspectos puntuales positivos, no vamos a dar
apoya a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señorías, confieso, señor Matos, que he tenido que leer dos veces como mínimo la propuesta para entender a quienes iban dirigidos los incentivos que su grupo proponía, puesto que en la exposición de motivos parecía que los beneficios se
dirigían a los arrendatarios, es decir, a los jóvenes, cuando en realidad lo que proponen es un beneficio para el arrendador, es decir, para los propietarios. Dicho esto, en nuestro grupo, en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, entendemos que
por desgracia es verdad que la edad de emancipación vuelve a retrasarse por culpa de la crisis, esto es así, y que por otro lado son necesarias medidas para facilitar el acceso al alquiler que además sirvan para hacer emerger alquileres que en
porcentajes bastantes altos son fraudulentos. Por tanto, es necesario un mecanismo que estimule la oferta; puede ser la vía de incentivos en el IRPF de los arrendadores, pero lo que a mi grupo le interesa es que sea una oferta asequible y para
todo tipo de familias. Estas dos condiciones no las contempla la propuesta que usted hoy nos plantea, que el Grupo Popular nos plantea en esta proposición de ley. Con una oferta asequible me refiero a que debería establecerse una limitación en el
importe máximo del alquiler, es decir, un arrendador que reciba un alquiler alto no debería acceder a este tipo de incentivos. Por otro lado, el otro tema con el que no estamos de acuerdo son los tramos de edad. Creemos que no debería limitarse,
sino al contrario, debería estar abierto a cualquier edad según las condiciones económicas de las familias. Una fijación de una edad de acceso perjudica a un tipo de familias porque a veces además los propietarios podrían rechazar. En resumen, no
podemos apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, pues si bien compartimos el fondo de la problemática que usted plantea, nos preocupan los efectos negativos de su propuesta: que se excluyan a familias mayores de 35 años y que se
beneficien de las desgravaciones alquileres cuantiosos.
Por último, aprovecho la oportunidad de debatir esta proposición de ley para introducir dos temas íntimamente relacionados que también nos llaman la atención. El primero es el relativo a la inclusión de las ayudas al alquiler en la base del
IRPF. Nos parece ilógico y contradictorio que los contribuyentes más necesitados de ayuda -motivo por el cual se les conceden las ayudas al alquiler- deban afrontar un pago de impuestos como consecuencia justamente de la ayuda recibida. A nuestro
grupo le parecería razonable establecer una exención, que además de evitar esta contradicción simplificaría la gestión del impuesto, en tanto que una gran mayoría de los perceptores de estas ayudas no están obligados a declarar por rentas distintas
de las percibidas en este concepto. El segundo tema que quería poner de manifiesto es la necesidad de seguir mejorando el trato fiscal en el IRPF de los arrendatarios, teniendo en consideración la necesidad de fomentar el alquiler como forma de
satisfacción del derecho a una vivienda digna; derecho que nuestro grupo defendió en la presentación de una proposición de ley el pasado mes de febrero y que fue rechazada por la mayoría de la Cámara. -El Grupo Popular también la rechazó-.
Nuestra propuesta partía del derecho subjetivo a la vivienda y, como tal, de un servicio público con vocación de cobertura universal.
Señorías, déjenme que termine aludiendo a la previsible aprobación hoy por parte de esta Cámara, punto 7 del orden del día, de la creación de una subcomisión de estudio sobre la problemática de las hipotecas. Quiero recordar que por nuestra
parte es un tema que hemos reclamado a lo largo de esta legislatura, y esperamos que las conclusiones de la subcomisión nos puedan servir para realizar las modificaciones pertinentes en la legislación para hacer posible la dación en pago del piso
hipotecado si se acredita que es la residencia habitual, liberando por tanto a las personas y familias de la totalidad de la deuda. Es algo que nos reclama un tanto por ciento importante de la población.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Buenaventura.
Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el grupo proponente de la iniciativa, el Grupo Popular, plantea a través de esta proposición de ley dar marcha atrás a la medida adoptada mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2011 en
relación con la edad a la que se permite deducir de la tributación el cien por cien de los pagos realizados al arrendador de la vivienda. Esta edad, fijada actualmente en los 30, se propone que se amplíe hasta los 35. Se puede discutir cuál
debería ser el límite de edad para que la deducción del alquiler de la vivienda en el IRPF sea aplicable, si 30 años son pocos o muchos o si 35 años lo son o no. Lo cierto es que los jóvenes tienen cada vez más difícil acceder al mercado de trabajo
y que la tasa de paro juvenil en el caso del Estado español es escandalosamente alta, a pesar de contar -como se suele decir- con los jóvenes mejor formados de la historia. Los salarios que cobran son en general muy bajos, los fenómenos del
mileurismo y del menoseurismo están muy extendidos y, como todo el mundo, los jóvenes tienen también derecho a desarrollar un proyecto de vida como muchos de nosotros lo hemos hecho. Por lo tanto, los jóvenes como colectivo deben ser protegidos y
apoyados desde las administraciones públicas a la par que deben ser incentivados para que se formen y busquen empleo.
Ahora bien, establecer el límite de edad a los 30 o 35 años es una decisión meramente política que, al contrario de lo que señala el Grupo Popular en su iniciativa, sí tiene repercusiones en la recaudación tributaria aunque su impacto sea
relativamente limitado. A modo de ejemplo, le señalaré que la norma foral de IRPF de la Diputación Foral de Bizkaia establece los 30 años como edad máxima a la que los jóvenes se pueden desgravar de sus pagos correspondientes al alquiler de la
vivienda. Por ello nuestro grupo parlamentario no tendría excesivo inconveniente en que se aplicara una edad o la otra. Sin embargo, por coherencia y como es nuestra costumbre cuando debatimos cuestiones tributarias y fiscales en las que, en
virtud del Concierto Económico, la competencia está en mano de las diputaciones forales y de las juntas generales de los territorios históricos de Euskadi, el Grupo Vasco se va a abstener a la hora de votar esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo va a dar su voto favorable a la tramitación como proyecto de ley de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y lo va a hacer por muchos motivos; en primer lugar, porque es una buena medida.
No creo que nadie pueda comprender que el proceso que se supone que se pretende con la medida de emancipación de un joven de pasar a una vida independiente y, por lo tanto, a disponer de una vivienda en régimen de alquiler se acabe hoy día a los 30
años. Cualquier lectura de cualquier estadística nos dice que este proceso cuando más intensidad tiene es justamente de los 30 a los 35 años. Por eso, nos parece de elemental coherencia que esta reducción de hasta el cien por cien pueda ser para
los jóvenes de hasta 35 años. Este es ya un motivo. Cuando oía a la portavoz del Grupo de Iniciativa per Catalunya Verds diciendo que no estaba de acuerdo y que, a lo mejor, habría que introducir también otros elementos en cuanto a la renta
disponible por cada persona, uno puede estar de acuerdo, pero -como usted sabe- a cualquier proposición de ley se pueden presentar enmiendas para llegar a una buena solución. Este ya es un motivo por el cual vamos a dar nuestro voto favorable a
esta proposición de ley. Pero la casualidad, señoras y señores diputados, ha hecho que hoy mismo me llegara, enviada por el señor ministro de Fomento, una excelente publicación que muchos de ustedes deben conocer que se llama: Ciudad y
territorios. Estudios territoriales, editada por el Gobierno de España, Ministerio de Fomento, donde hay un escrito de dos catedráticas de dos universidades distintas, por una parte la de Barcelona y por otra la de Granada, cuyo título -fíjense
ustedes- es: El alquiler, una asignatura pendiente de la política de vivienda en España. Les invito a que se lean esto y, especialmente, a que lean algunas de las conclusiones de estas dos ilustres y destacadas catedráticas de la comunidad
universitaria -que en ningún caso uno podría calificar de secuaces de don Pablo Matos- que, como conclusión, dicen textualmente: el mercado del alquiler es todavía una asignatura pendiente en España. Tanto los propietarios de viviendas en alquiler
como los inquilinos han sufrido desventajas a través del modo en que la vivienda en alquiler ha sido regulada y fiscalmente tratada. Ya sé que lo que hoy propone el señor Matos a través de esta proposición de ley es algo de un alcance muy limitado
-de 30 a 35 años pasar del 60 por ciento al cien por cien en ciertos casos-, pero me parece que la sensibilidad de las políticas sociales, que todos consideramos prioritarias, hay que tratarlas precisamente con sensibilidad. Me gustaría mucho que
esta proposición de ley pudiera ser aprobada y debatida en la Comisión para mejorarla en el sentido que decía la señora Buenaventura, o en otro, de restablecer esta ayuda importante de cara a la emancipación de nuestros jóvenes.
Señoras y señores diputados, señora presidenta, quisiera acabar esta intervención con una alusión al punto del día, que hoy vamos a sustanciar, sobre la previsible creación de una subcomisión para estudiar la modificación del régimen
hipotecario en España. Nuestro grupo
-como ustedes saben- ha sido un grupo muy activo en esta materia, le han sido aprobadas múltiples iniciativas y está realmente satisfecho con la aprobación finalmente de esta subcomisión. Como presidente de la Comisión de Vivienda creo que
se va a dar toda la agilidad posible a esta subcomisión para tratar unos temas que son de gran sensibilidad social. Por lo tanto, esta es una buena noticia. Hoy el Pleno va a dar una buena noticia a los ciudadanos. Señoras y señores diputados,
sinceramente, me hubiera gustado que les pudiéramos dar dos buenas noticias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidenta.
Señorías, mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Popular. La presentó el Grupo Popular a finales de enero con un título engañoso -lo ha dicho bien la señora Buenaventura, que me ha
precedido en el uso de la palabra-. Es engañoso porque dicen que es una proposición de ley relativa al mantenimiento, subrayo, de los incentivos fiscales a los jóvenes en el alquiler de vivienda cuando en realidad lo que proponen es aumentar el
incentivo fiscal a los propietarios de las viviendas que las alquilan a los jóvenes de entre 30 y 35 años. -El portavoz del Partido Popular me da la razón con gestos, y lo digo para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones'-. Señorías, me
explicaré. En tiempos del Gobierno del Partido Popular no había ningún tipo de incentivo fiscal al alquiler de viviendas por dos razones. Una, porque precisamente ustedes eliminaron la que había, en el año 1998, y además porque su política de
vivienda era una política antialquiler. Fue, recuérdenlo, su nefasta política de favorecer la urbanización masiva e indiscriminada del suelo y la construcción de viviendas la que ha sido una de las causas importantes de nuestra particular burbuja
inmobiliaria, con todas las consecuencias que esta política ha acarreado a la economía española.
Han sido los gobiernos socialistas los que han intervenido para ir equilibrando las políticas de viviendas dirigidas a las dos opciones, la de compra o la de alquiler. Y somos los socialistas los que lo hemos hecho con todos los
instrumentos a nuestro alcance; no solo las medidas fiscales, también con ayudas financieras directas a la promoción de las viviendas de alquiler, a la rehabilitación, con ayudas también a los propietarios de las viviendas, que desde luego las hay
porque las implantó el Gobierno socialista en el año 2008, como usted muy bien ha recordado. Por tanto, señorías, lo que ha hecho este Gobierno ha sido actuar tanto sobre la oferta como sobre la demanda con todos los instrumentos posibles a su
alcance, en un marco, eso sí, muy difícil a causa de la misma crisis que sus políticas ayudaron a exacerbar.
Señor portavoz del Grupo Popular, debo decir que en su exposición vuelve a engañar porque insiste en dos cosas. Insiste en que quieren beneficiar a los jóvenes, cosa que no es verdad, e insiste en que lo que hizo el Gobierno socialista en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 -que le recuerdo que fue aprobada por mayoría en esta Cámara- fue compensar esta disminución de edad con un aumento de la posibilidad de disminución hasta un 60 por ciento de los
rendimientos netos, que estaba en un 50. Usted eso no lo ha recordado. En consecuencia, señorías, su propuesta es pura y simplemente un mero aumento de la desgravación fiscal al alquiler que favorece en primera instancia al propietario. Ahí
empiezan las preguntas que mi grupo hace siempre al Partido Popular, que no por habituales son menos importantes. Puesto que lo que ustedes están proponiendo hoy es una disminución en los ingresos, ¿qué gastos dejarían de realizar? Ustedes dicen
que han presentado montones de enmiendas, pero nunca han respondido de verdad a esta pregunta. Una segunda pregunta: ¿Son conscientes de que su propuesta va a suponer menores ingresos para las comunidades autónomas? Debieran serlo. También
debería serlo Convergència i Unió porque conocimientos para saberlo tiene. Entonces, ¿qué recortarán? A Convergència i Unió no se lo pregunto porque todos los catalanes a estas alturas saben que su política consiste en reducir los impuestos a los
que tienen más y recortar los servicios públicos básicos, pero de ustedes aún no hemos recibido esta respuesta y me gustaría que nos la dieran. Miren, señorías, no se puede estar en política engañando. Engañando con una proposición de ley en la
que juegan irresponsablemente con los problemas, las angustias, las preocupaciones y las ansiedades de nuestros jóvenes sobre su futuro; aprovechando de manera indigna, en el sentido no de indignación sino de falta de dignidad, que puede parecer
con esta proposición que están apoyando a los jóvenes. Esta proposición de ley es otra muestra -una más, pequeña, eso sí- de su irresponsabilidad, que sigue a la responsabilidad bastante mayor y mucho más preocupante que ha demostrado este fin de
semana el Partido Popular en Castilla-La Mancha, poniendo en duda la estabilidad financiera y económica de nuestro país. -Duele, duele de verdad, ver que no es la primera vez que prefieren que España se hunda con tal de que esto les facilite la
llegada al poder-. Hubiera sido positivo que el señor portavoz del Grupo Popular se hubiera desmarcado claramente de esta irresponsabilidad. Y me reafirmo, para terminar, presidenta, en lo que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista que me ha
precedido en el uso de la palabra: si esta es la forma de estar en política, señorías del PP, la democracia española no se merece una derecha como la que ustedes representan.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE ACTUACIONES PARA EVITAR EL CIERRE DE LA PLANTA DERBI DE MARTORELLES. (Número de
expediente 162/000869.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación al debate de las proposiciones no de Ley. En primer lugar, la de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, sobre actuaciones para evitar el cierre de la planta Derbi de Martorelles.
En primer lugar, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ruiz Llamas.
El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quisiera saludar al ilustre alcalde de Martorelles y miembros de la corporación municipal y a los miembros del comité de empresa que se encuentran acompañándonos en la tribuna de invitados del hemiciclo.
Para los ciudadanos que vivimos en la comarca del Vallès Oriental, la fábrica Derbi es un icono de nuestra industria local. Una firma con la que mantenemos vínculos emocionales y generacionales porque durante más de setenta años, desde que
Simeón Rabasa y Singla emprendió su andadura en la fabricación de ciclomotores, allá por el año 1944, muchas familias de las poblaciones de Martorelles, de Sant Fost, de Mollet, de Montmeló, de Montornès, de Parets y demás pueblos, han podido
desarrollar su vida y su trabajo en la misma empresa con un cierto orgullo de pertenencia a la misma. Quiero hacer asimismo una breve mención, pero merecida también, a la marca Derbi por su indiscutible palmarés de campeona en los Mundiales de
Motociclismo. Las balas rojas de Paco Tombas fueron pilotadas por los campeonísimos Ángel Nieto, Jorge Martínez Aspar, Ricardo Tormo, Champi Herreros, Alex Crivillé, Lorenzo y tantos otros. Y apuntar también que en 2010 la firma Derbi logró su
victoria número cien pilotada por el campeón Marc Márquez.
Dicho esto, señorías, la iniciativa que hoy traemos a esta Cámara tiene que ver con la continuidad de esta empresa emblemática, Derbi, en Catalunya, con el mantenimiento de los puestos de trabajo y con el compromiso activo de los gobiernos
de España y Catalunya para la continuidad de Derbi y del sector de la moto en Catalunya.
Como ustedes conocen, últimamente multinacionales como Honda y Yamaha han trasladado su producción a Italia y Francia. La empresa Piaggio ha presentado un ERE alegando razones económicas, productivas y organizativas para justificarlo y
llevarse la producción a Italia, ERE que de momento no ha sido aceptado por las autoridades de la Generalitat de Catalunya, que han pedido aclaraciones a las razones esgrimidas por la empresa. Porque, señorías, el ERE y el traslado de la producción
de Derbi a Italia no tiene justificación alguna. Derbi ha tenido beneficios en sus últimos ejercicios y también porque en el 2009 se pactó entre empresas, trabajadores y la mediación de la Generalitat de Catalunya un plan de viabilidad, un plan
industrial que conllevaba prejubilaciones de trabajadores, inversiones para la competitividad y la eficiencia en la producción de dicha planta. Dicho plan se ha desarrollado con rigor y seriedad y la multinacional se comprometía a mantener la
producción en Martorelles y, por tanto, los puestos de trabajo. Como he dicho antes, la cuenta de resultados fue positiva en 2010, los costes de eficiencia en la producción se han reducido en un 11 por ciento por unidad fabricada, siendo la fábrica
más eficiente del grupo Piaggo. Derbi es, además, una empresa exportadora, una empresa internacionalizada, tan necesaria para la recuperación de la economía catalana y española en un sector productivo fundamental, para la salida de la crisis que
padecemos. Señorías, la empresa Derbi, sobre los objetivos de producción que tenía fijados en este trimestre ha crecido prácticamente un 20 por ciento debido a la fuerte demanda de exportación, por tanto, las razones económicas, productivas y
organizativas que se dicen para el cierre de la planta y su traslado no son reales ni acreditadas, porque el ERE presentado por Piaggo de ninguna manera está justificado con la realidad de una empresa viable, exportadora, eficiente en sus costes y
con proyección de futuro. Esperemos que este ERE presentado por la empresa quede sin efecto y sea retirado -su fecha límite es el 30 de junio-. Lo contrario, señorías, supondría una estocada mortal a la industria de la moto en Catalunya, que en
los tres últimos años ha visto cómo la industria de la moto se ha ido reduciendo significativamente, ya que Honda y Yamaha trasladaron, como he dicho antes, su producción fuera de España.
La iniciativa que hoy presentamos, señorías, pretende evitar este cierre de la fábrica Derbi en Martorelles. Razones de peso avalan su continuidad. Lo hemos dicho. Los tres puntos de la proposición de ley tienen como objetivo la mediación
de los gobiernos de España y Catalunya para que Piaggio replantee la decisión de cerrar la planta de Derbi en Martorelles y, por tanto, mantener la producción y el mantenimiento de los puestos de trabajo. El segundo punto sería realizar actuaciones
urgentes y, además, activas y necesarias con la búsqueda, en caso de que no fuera así, de nuevos inversores y mantener la marca Derbi como una de las marcas de referencia de la industria de la motocicleta en Catalunya y en España. Y el tercer punto
es trabajar de forma
coordinada y compartida con el Gobierno de la Generalitat para garantizar la continuidad del sector de la moto en Catalunya, tal como se hizo en el sector del automóvil, porque otras empresas también están en riesgo. Catalunya y España no
pueden permitirse el cierre de una fábrica que genera beneficios, que genera exportación y que, en definitiva, es viable, señorías. Esta proposición, que hemos compartido con los demás grupos del Congreso, a los que agradecí en su día las
conversaciones que tuvimos para llevar adelante esto, es una iniciativa muy positiva que además debería redundar en que la continuidad en los puestos de trabajo de una empresa rentable, viable y de creación de puestos de trabajo y riqueza para
Catalunya y España continúe aquí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado conjuntamente con otros grupos parlamentarios esta iniciativa parlamentaria, esta proposición no de ley, que tiene unos objetivos básicos y
fundamentales. El primer objetivo es conseguir una complicidad total entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Catalunya para evitar la deslocalización de la marca Derbi, de la multinacional Piaggio, y el cierre de su planta de Martorelles.
Al mismo tiempo, también queremos plantear que, a través de la aprobación de esta iniciativa, se pueda garantizar la continuidad de la actividad productiva en esta planta de Martorelles, así como el mantenimiento de sus puestos de trabajo.
Un segundo objetivo importante y relevante a nuestro entender es plantear que el sector de la moto, enclavado principalmente en Cataluña y en otras comunidades autónomas del Estado español, sea considerado como un sector industrial
prioritario, estratégico, de gran potencialidad de cara al futuro, con muchas posibilidades de internacionalización y al mismo tiempo como un sector industrial con un amplio margen de capacidad para incorporar innovación tecnológica y poder tener
mayor capacidad de competitividad que la que tenemos en estos momentos. Con esta iniciativa parlamentaria queremos adquirir una complicidad del Gobierno del Estado y de la Generalitat de Catalunya para garantizar la continuidad del sector de la
moto en Cataluña y en el resto del Estado, como hemos hecho también con el sector del automóvil. Estas son dos cuestiones fundamentales, importantes y relevantes.
Con la aprobación de esta iniciativa parlamentaria hemos de conseguir el máximo de sinergias a fin y efecto de mantener un sector industrial y estratégico como es el de la moto en Cataluña y en algunas comunidades del resto de España para
poder garantizar su actividad económica y por tanto mantener los puestos de trabajo. Yendo ya directamente al hilo de la cuestión de esta moción, se trata de evitar la deslocalización del centro de trabajo de Martorelles ya que, como ha dicho el
diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, es una compañía que dispone de beneficios, que no tiene pérdidas en sus cuentas de explotación, y por lo tanto no es de recibo que se pueda admitir una deslocalización de un sector y de una
compañía tan importantes como la que estamos tratando en estos momentos.
También hay que decir que el Gobierno actual de la Generalitat ya ha empezado a actuar con diferentes medidas a las que me voy a referir a continuación. Hay una primera consideración importante por parte del Gobierno y de los agentes del
sector, que consideran que el sector de la moto es un sector viable en Cataluña, que se ha de avanzar en un modelo de negocio basado en la especialización, en productos de contenido tecnológico, de producción de series cortas, y también hay que
potenciar la internacionalización y el posicionamiento de la marca. En este sentido, ayer por ejemplo el Gobierno de la Generalitat nos daba a conocer algunas de las medidas en las que se incluyen actuaciones a corto y a largo plazo que se van a
plantear desde la misma y entendemos que tendríamos que extrapolarlas con otras medidas de ámbito estatal para que tuvieran unos resultados satisfactorios.
Por ejemplo, entre estas medidas que ayer aprobó el Gobierno de la Generalitat, se plantea una línea de financiación sin aval de 11 millones de euros para nuevos proyectos tanto de fabricantes como de proveedores priorizando los proyectos
consorciados; apoyo a la estructura de promoción exterior para atraer nuevas inversiones; creación de un centro de I+D especializado en el desarrollo de proyectos conjuntos; líneas de ayudas para iniciativas de motos eléctricas; mapa de riesgos
de deslocalización para retener las empresas o minimizar los efectos; establecer nuevamente en 14 años la edad mínima para poder obtener un permiso en ciclomotores. Esta es una cuestión relevante que nuestro grupo va a plantear probablemente en
esta Cámara, en la Comisión de Industria o en la de Seguridad Vial, con el objeto de poder implementar algunos aspectos o ideas interesantes, como ha sucedido en Francia o en Italia, donde al incorporar la edad de 14 años para el permiso de
ciclomotores, se ha evitado la deslocalización de algunas industrias importantes de este sector. Son aspectos relevantes que creemos sinceramente que podrían complementar -repito- estas iniciativas que ha tomado el Gobierno de la Generalitat para
que finalmente, junto con medidas que pudieran plantear el Ministerio de Industria y Energía o el Ministerio de Economía, pudiéramos concluir esta legislatura con un apoyo total, global y específico en el que todos conviniéramos que el sector de la
moto en España y concretamente en Cataluña es un sector industrial y prioritario que hay que mimar, especializar y complementar para que definitivamente no se deslocalice, como lamentablemente ya hemos visto algunos
ejemplos en Cataluña como pueden ser Montesa u Honda o hace relativamente poco tiempo Yamaha, que hizo un expediente de regulación de empleo, que tampoco ha sido aprobado por el Gobierno de la Generalitat. En el caso de Derbi se trata de
que no se destruya un tejido tan importante como es el sector de la moto, que está ubicado mayoritariamente en Cataluña, que representa unos 7.000 puestos de trabajo directos más algunos miles de indirectos y una facturación global de más de 2.000
millones de euros. Entendemos que no tendríamos que desperdiciar estas políticas industriales de determinados sectores, así como lo hicimos en el sector de la automoción.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura en primer lugar.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como grupo firmante de la proposición no de ley entendemos que es necesario el apoyo institucional y gubernamental a Derbi y por tanto celebramos que hoy se pueda aprobar justamente este texto. La proposición que hoy presentamos
recoge cuestiones trabajadas por los diferentes grupos en el Parlament de Catalunya en estrecha relación y contacto constante con los representantes de los trabajadores de Derbi, que por cierto hoy nos acompañan en la tribuna de invitados,
juntamente con una representación del Ayuntamiento de Martorelles.
El Vallès oriental, la comarca, la zona donde está ubicada la planta de Derbi en Martorelles, como se ha dicho, ya se ha visto muy afectada por la crisis industrial y en este sentido creemos muy importante que hagamos todo lo posible para
que puedan permanecer las empresas y se conserven los puestos de trabajo. Creemos que tanto el Govern de la Generalitat como el Gobierno del Estado tienen que aplicar un liderazgo claro ante la multinacional italiana Piaggio, propietaria de la
planta, para que no se vayan de nuestro país, un liderazgo que a lo mejor ha faltado en el caso de Yamaha, porque a pesar de que finalmente se ha retirado el ERE, el futuro en estos momentos de la planta de Palau de Plegamans sigue siendo muy
incierto: que no nos pase igual que con Yamaha. Por eso creemos que el caso de Derbi es especialmente importante, porque es el emblema del sector de la industria de la motocicleta en Cataluña, un sector que desgraciadamente -ya se ha dicho
anteriormente- ha ido desapareciendo ERE tras ERE. La retirada de modelos en la planta de Honda en Santa Perpetua o los problemas en Yamaha, en Rieju, en Ossa y por supuesto lo que estamos comentando hoy aquí de Derbi son ejemplos del momento
delicado en que se encuentra el sector, un sector además cualificado, con unas empresas competitivas, destacadas hasta hace muy poco como un modelo potente de integración de fabricantes y proveedores.
Los diferentes grupos que hemos firmado esta iniciativa hemos sido capaces de trabajar conjuntamente y este es un buen ejemplo para poder apoyar a la empresa Derbi. Aparte del trabajo que hemos hecho hasta ahora conjuntamente todas las
fuerzas políticas y todos los grupos parlamentarios, debemos ser conscientes de la necesidad de dar una vía rápida a la posible solución del conflicto. No tenemos mucho tiempo. Debemos actuar con urgencia para evitar que se despida a más de 200
trabajadores y trabajadoras, cosa inadmisible en una empresa con beneficios y cuya competitividad mejora año tras año. No podemos permitir que Piaggio incumpla los acuerdos firmados, a la vez que la acción del Gobierno del Estado tiene que ser
coordinada con la del Gobierno de la Generalitat, pero debe ser mucho más proactiva de lo que ha sido hasta el momento. Además de superar la urgencia del caso de Derbi, deberemos pensar también en medidas de carácter estructural, porque el Plan
MotoE no puede ser la única política industrial para el sector de la motocicleta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por favor.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Termino en diez segundos.
En juego están unos 25.000 empleos directos e indirectos en el sector, cifra suficientemente importante para que se lleve a cabo una verdadera política industrial y un plan integral que dé respuesta a los problemas del sector de la
motocicleta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, para no repetir argumentos que han sido expuestos por los compañeros diputados y diputadas que hemos firmado conjuntamente esta iniciativa parlamentaria, debo decirles que todo aquello que solicitamos lo escribimos en la iniciativa
parlamentaria utilizando las palabras conjuntamente y de forma coordinada con el Gobierno de Cataluña. Debo decirles asimismo que el Gobierno de Cataluña ayer mismo aprobó un plan muy interesante -creo que el diputado de Convergència i Unió ha
hecho referencia al mismo, un tanto interesada- para facilitar la implementación de planes de viabilidad del sector de la moto en Cataluña, por un montante de 12 millones de euros -lo cual celebramos-, incluso con el compromiso de crear un centro de
investigación y diseño. Luego si el Gobierno de Cataluña
ya ha movido pieza, ahora de lo que se trata es de que esta iniciativa que hoy sustanciamos aquí en el Parlamento, que será aprobada y que instará al Gobierno a actuar, conlleve la máxima diligencia por parte del Gobierno. Es decir, lo que
pedimos es actuación política, evidentemente todo el peso de la mediación y capacidad política del Gobierno para hacer de intermediario ante la multinacional Piaggio, pero sobre todo concretando aportaciones económicas y además de forma diligente.
Incluso, por respeto al procedimiento utilizado al ser una iniciativa parlamentaria conjunta, nosotros no hemos enmendado para mejorarla. ¿En qué sentido hubiéramos querido enmendarla y ahora lo pido? En el de que el Gobierno, antes de finalizar
este periodo de sesiones, es decir antes del verano, comparezca ante la Comisión de Industria para decirnos qué es lo que ha hecho a raíz de la aprobación de esta proposición no de ley esta tarde aquí.
Estamos ante un problema que requiere actuación, recursos económicos y sobre todo diligencia. De ahí que pidamos al Gobierno que incluya en las demandas de esta tarde comparecer para explicar exactamente qué es lo que hace a partir de
mañana, porque no solamente están pendientes muchos puestos de trabajo. Hay que señalar que la planta de Martorelles ha sido viable gracias a la responsabilidad de los trabajadores. Algunos compañeros que me han precedido ya han explicado cuáles
fueron las condiciones gestadas, protagonizadas por los trabajadores, a fin y efecto de hacer viable la planta de Martorelles. Oí decir un día a un compañero miembro del comité de empresa que lo que se pretendía era matar a un ser vivo, como es la
industria en Martorelles, rentable económicamente, para intentar vestir o rehabilitar a un muerto. Esto es lo más feroz, atroz y perverso de la deslocalización capitalista y esto un Estado como el Estado español no puede permitirlo o, al menos,
políticamente tiene que actuar de forma diligente y además comprometerse a aportar recursos económicos. El Gobierno de Cataluña ya lo ha hecho. Ahora le toca al Gobierno español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias señor Tardà.
A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas por parte de ningún grupo, por tanto pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Pocas iniciativas suscitan tanto apoyo y unanimidad como la que hoy se presenta en defensa de la actividad y el empleo de la planta Derbi en Martorelles. El cierre y el traslado de una empresa con tradición competitiva y que da empleo a más
de 200 personas tiene un gran impacto en sus familias, en el entorno y en la actividad económica de la comarca. Es preciso, pues, defenderla y realizar todas las gestiones que también desde la política se deben y se pueden realizar.
Instamos mediante esta proposición a que el Gobierno, en cooperación con la Generalitat, actúe para que la multinacional Piaggio reconsidere su decisión y se evite la pérdida de empleos y actividad, que es tanto o más sangrante en el momento
de crisis en el que nos encontramos, puesto que hoy es muy difícil reemplazar una actividad generando otra nueva; en primer lugar por tanto hay que defenderlo y pelearlo y hay que defenderlo y pelearlo como en el caso de otras muchas empresas y
actividades que corren el riesgo de desaparecer o de que sean deslocalizadas. La política industrial de hoy en día también debe consistir en defender y mantener la industria existente. Esperemos que el Gobierno tome buena nota de ello, amén de
realizar una gestión que deseamos exitosa, y que defienda la industria y los puestos de trabajo tan cotizados hoy en día.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Popular va a respaldar esta iniciativa por muchas razones, pero queremos aprovechar para incidir sobre la situación de un subsector de nuestra industria que vive momentos
dramáticos y hacer un análisis serio sobre causas y posibles soluciones. La verdad es que el caso de la planta de Derbi en Martorelles es la punta del iceberg de un problema más profundo que se refiere al declive industrial de Cataluña y de España.
El posible desmantelamiento de la empresa -me refiero a Derbi- es reflejo de un subsector industrial que lleva años en franco declive, precisamente cuando el motociclismo español vive los momentos más gloriosos de su historia. Esta paradoja nos
lleva a una primera conclusión inquietante. Mientras nuestros deportistas hacen vibrar a la afición, mientras la televisión pública gasta millones en la compra y difusión de derechos de emisión de las carreras de motos, la industria del
motociclismo catalán y español se asfixia, las fábricas cierran y los trabajadores se van al paro. Resulta evidente que hay algo que no se está haciendo bien.
Déjenme recordar algunos datos que son importantes. En mayo las matriculaciones de motocicletas en nuestro país han caído un 15 por ciento. Como se ha dicho aquí antes, la fábrica Yamaha también ha anunciado su cierre en la planta de
Palau-Solità i Plegamans, suponiendo la pérdida de más de 400 puestos de trabajo. Cataluña, y más precisamente la provincia de Barcelona y lo que entonces llamábamos con orgullo el cinturón industrial, han sido incubadoras de una cultura industrial
en el sector de la fabricación de motocicletas que tiene sus orígenes en el siglo pasado y que permitió que floreciesen
en esta provincia -en mi provincia- no solo los puestos de trabajo, sino también una dinámica industria auxiliar y accesoria, con alto componente de diseño, de calidad y de desarrollo tecnológico, así como una sólida afición deportiva que
permitió que España se asociase a un grupo de marcas de éxito como Montesa -hoy muy minimizada y en manos japonesas-, Bultaco, Ossa, Sanglas y nuevas marcas que florecieron en ese entorno como Gas Gas, Sherco, Alfer y otras más. Todo ello era un
activo de la industria catalana y española que hoy lamentablemente está a punto de desaparecer, de dejar de existir, como si fuesen especies industriales en vías de extinción. Seamos realistas. La producción de motos se ha reducido a casi a la
mitad en los últimos tres años: se ha pasado de producir 115.000 motocicletas en el año 2007 a 70.000 en el año 2010. Este es el balance y parece que las administraciones socialistas que han gobernado en Cataluña y en España podrían haber hecho
algo más en defensa de ese activo industrial, de esos puestos de trabajo y de esa cultura del diseño y del deporte tan arraigado en nuestro país.
La zona en las que estas fábricas están instaladas, que como he dicho anteriormente comprende la provincia de Barcelona, sufre tasas de paro superiores al 20 por ciento. Por todo ello la crisis del subsector que nos ocupa se inscribe en una
depresión galopante de uno de los pulmones económicos de España y de Cataluña -me refiero a la zona metropolitana de Barcelona-. El caso de Derbi resulta especialmente sangrante al tratarse de una empresa de matriz originalmente española, hoy en
manos italianas, que dio innumerables días de gloria al deporte español, así como puestos de trabajo y movilidad -a buen precio, eso sí- a millones de españoles. Pero aún más dolorosa resulta la situación cuando comprobamos que la empresa, hoy
propiedad de la italiana Piaggio, presenta beneficios en su facturación de Martorelles. No voy a gastar mis pocos minutos en criticar el desastre de la política industrial del Gobierno a lo largo de estos años, con el agravante de que en este caso
dos ministros de Industria fuesen socialistas y catalanes, como el señor Clos o el señor Montilla. En todo caso, la sensibilidad política se mide también en resultados, y aquí la verdad es que el balance para los socialistas españoles y catalanes
resulta triste, deprimente y frustrante.
En definitiva, se trata de abordar no solamente el caso de Derbi, por supuesto, que es el que nos ocupa, sino el de todo el sector, como bien ha señalado aquí anteriormente otra señoría. En este caso, lo que queremos decir es que hay
múltiples medidas para abordar un marco que favorezca este subsector de nuestra industria tan importante. En otro sentido, también es importante que se legisle con una sensibilidad que trate al motorista, que al final es el consumidor, de un modo
muy distinto a como se ha hecho últimamente. En definitiva, el Grupo Popular considera que hay muchos caminos para solucionar la cuestión y animo a todos a convocar a los agentes más influyentes del sector: administraciones, trabajadores,
empresarios, deportistas de élite, medios de comunicación...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Moragas, por favor.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: ...para desplegar todos juntos una acción concertada a nivel nacional e internacional que no solo asegure los puestos de trabajo, sino que también ofrezca un horizonte de futuro a nuestros diseñadores, a nuestros
trabajadores, ingenieros y deportistas. Hace un año de la factoría Derbi salió una vez más una moto campeona del mundo. Ahí hay talento, conocimiento e investigación catalana y española. No permitamos que se la lleve el tiempo o que se vuelva a
Italia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moragas.
Al no haberse presentado enmiendas a esta proposición no de ley, se votará en sus propios términos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CREACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR FORESTAL. (Número de expediente 162/000786.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la creación de empleo en el sector forestal. Para defenderla en nombre de su grupo tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos en la crisis económica más profunda de la historia de nuestra democracia, con 4.910.200 personas desempleadas, según la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre de
2011, duplicando con creces la tasa de paro de nuestro entorno europeo, hasta alcanzar el 21,9 por ciento de la población activa, datos que no hacen más que constatar el fracaso de la política económica del Gobierno y la ausencia de políticas que
incentiven la creación de empleo. El Grupo Parlamentario Popular considera necesario en este contexto realizar propuestas efectivas y concretas que incentiven la creación de empleo -empleo productivo- sin desestimar ningún recurso a nuestro alcance
y priorizando aquellos ámbitos con mayor potencial.
El aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, más concretamente de nuestros montes, a través del impulso de la gestión forestal sostenible, planteando actuaciones en colaboración con las comunidades autónomas -que son quienes
tienen la competencia en gestión forestal- y los propietarios de los montes puede ser uno de esos entornos prioritarios de actuación que
generarían empleo inmediato en el medio rural. Entre las medidas destinadas a la creación directa de empleo, destacamos, señorías, que las actividades forestales tradicionales, como los tratamientos silvícolas de mejora y prevención de
incendios forestales y la repoblación forestal, tienen una gran capacidad de crear empleo en comarcas donde la debilidad de la actividad económica hace más sensible cualquier reducción de actividad y donde es más difícil que surjan otras
alternativas. A su vez, señorías, el impulso de la gestión forestal sostenible permitirá un mejor aprovechamiento de los montes y la producción y comercialización de productos forestales e incentivará sin duda alguna las industrias derivadas y el
uso de la biomasa forestal en el marco de la generación de energía de fuentes de origen renovable.
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario propone un plan de empleo forestal con un triple objetivo. En primer lugar, creación de empleo directo en las comarcas más desfavorecidas como medida de choque frente a la crisis
económica. En segundo lugar, mejora del patrimonio forestal a través de la creación de bosques, del cuidado de los existentes y de la puesta en valor de los recursos que proporcionan. Y en tercer lugar, dinamización de la actividad económica en el
ámbito rural mediante la promoción de nuevas actividades, como la utilización energética de la biomasa, el turismo en el medio rural, en especial el ligado a la conservación, el aprovechamiento de los recursos del monte, la caza y la pesca. Con
estas medidas, señorías, además de generar una fuente de riqueza para el futuro, además de crear empleo en el medio rural a corto plazo, se conseguirá reducir el riesgo de inicio de los incendios forestales y su propagación, incendios forestales que
año tras año asolan nuestro país y ocasionan enormes pérdidas materiales, medioambientales y en vidas humanas -fíjense, señorías, que la media de la superficie forestal afectada por incendios durante los últimos diez años ha sido de 123.441
hectáreas anuales-. Con todo ello, señorías, se conseguirá incrementar el efecto sumidero de nuestros montes, de especial relieve en la lucha contra el cambio climático, y se evitará el dudoso honor que ostenta España de ser el país de la Unión
Europea que más derechos de emisión debe comprar para el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Además se conseguirá evitar enormes costes, derivados de la pérdida que se produce cuando el monte se quema, en los servicios que las áreas
forestales prestan, estimados por el Ministerio de Medio Ambiente en 2.200 euros por hectárea; costes derivados de las emisiones de dióxido de carbono que se producen debido a los incendios forestales y que en el periodo 1990-2005 se aproximó al
millón y medio de toneladas anuales de CO2; costes evitados en la compra de derechos de emisión por el efecto sumidero de nuevas y mejor gestionadas masas forestales, evaluado en 20 toneladas por hectárea; costes evitados al minimizar los efectos
catastróficos de inundaciones y riadas, al impedir la pérdida de suelo agrícola de alta calidad como consecuencia de la erosión y al frenar la pérdida de biodiversidad; y, en fin, costes derivados de las pérdidas económicas producidas por los
incendios forestales que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino sitúa en el entorno de los 300 millones de euros anuales, si bien en el fatídico año 1994 llegaron a más de 1.300 millones de euros.
En definitiva, señorías, la proposición no de ley que hoy presenta ante ustedes el Grupo Parlamentario Popular pretende impulsar la generación de empleo a corto plazo en el sector forestal a través de una serie de actuaciones en colaboración
con las comunidades autónomas, que son las competentes en gestión forestal, y los propietarios de los montes, que, recordemos, señorías, poseen la titularidad de cerca del 70 por ciento de la superficie forestal española. Se trata de incrementar
los tratamientos silvícolas de mejora y prevención de incendios y de establecer un marco estable para el uso de la biomasa forestal en el marco de la generación de energía de fuentes de origen renovable, al ser esta la materia prima energética más
intensiva en creación de empleo. Se trata de impulsar la gestión forestal sostenible y el máximo aprovechamiento compatible de recursos forestales y sus industrias derivadas, ampliando la capacidad de generación de empleo. Son muchos los
aprovechamientos, además del puramente maderero, que se pueden llevar a cabo mediante la explotación racional de los montes. Estamos hablando de extracción de resinas, de aprovechamiento micológico y apícola, de recursos cinegéticos y piscícolas,
de obtención de frutos (corcho) y de plantas medicinales y aromáticas, que deben tenerse en cuenta para realizar una gestión forestal integral. Se trata finalmente de incrementar las actuaciones de repoblación forestal, muy intensivas en mano de
obra, que incrementan, a la vez que la productividad del sector, el efecto sumidero de nuestros bosques. En el segundo punto de la iniciativa solicitamos habilitar un sistema para establecer incentivos fiscales a la gestión forestal sostenible y a
la repoblación forestal.
No vamos a admitir, señorías, las enmiendas del Grupo Socialista porque cambian el sentido de nuestra propuesta. Leyéndola detenidamente, parece que es una propuesta distinta, no una alternativa o un añadido a la nuestra. Tampoco podemos
aceptar la enmienda del Grupo Mixto porque, aun estando de acuerdo con ella, consideramos que es demasiado específica dentro del ámbito general al que se refiere nuestra iniciativa, ya que, como he repetido, señorías, nuestra iniciativa tiene un
objetivo claro: crear empleo en el sector forestal.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora De Lara.
Efectivamente, a esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para justificar la razón por la que el Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda a la proposición no de ley defendida por la portavoz del Grupo Popular. La razón es que, estando de acuerdo con aquellas
cuestiones que plantea fundamentalmente en el punto 1, entendemos que debe quedar claro que las competencias en materia de montes y en materia de política forestal corresponden a las comunidades autónomas. Aunque esto se reconoce en cuanto se habla
de la colaboración con las comunidades autónomas en el primer párrafo del punto 1, nos parece que debe quedar claro porque efectivamente está bien, y nosotros vamos a apoyar que desde la Administración central se impulsen medidas para la creación de
empleo aprovechando una riqueza tan importante como la que generan nuestros montes y concretamente el sector forestal, pero entendemos que esta misma política de impulso la tienen que hacer también las administraciones autonómicas, y lo digo de
manera específica en lo que me corresponde como diputada gallega y por lo tanto en lo que la Xunta de Galicia tiene que hacer. Nos parece muy importante lo que se incorpora en la proposición no de ley, en las letras a) y b) de este punto 1, porque
efectivamente son iniciativas que sirven también para minorar los peligros de los incendios forestales, es decir, son medidas que pueden ser preventivas en relación con esta lacra que todos los veranos nos acecha. Por tanto la valoramos muy
positivamente, pero queremos aprovechar también, dado que la proposición no de ley es del Grupo Popular, para decir que es efectivamente importante -como dije- que lo haga la Administración central pero también las administraciones autonómicas, y no
como en el momento actual en que la Xunta de Galicia ha anunciado la retirada de las ayudas a las comunidades de montes para su limpieza y por lo tanto para hacer esta política preventiva de incendios forestales.
Por otro lado, si hemos presentado una enmienda de adicción -que ha explicado la señora proponente por qué no la podía aceptar y era concretamente por la concreción de la misma- ha sido porque desde el Bloque Nacionalista Galego cuando
hablamos de política forestal o políticas dirigidas a actuaciones en los montes no podemos olvidar la concreción y la realidad propia de Galicia, y lo que está ocurriendo en este momento con la proliferación de los parques eólicos que, siendo
favorables a ellos, entendemos que no deben colisionar con las otras funciones que tiene el monte, incluso más allá de la propia forestal, y concretamente la colisión que en muchas ocasiones estos parques eólicos están teniendo con la función
forestal de nuestros montes. Es concreta la enmienda evidentemente, pero lo es porque entendemos que ha de tenerse en cuenta tanto desde la Administración central como desde las comunidades autónomas, dado que además nosotros no podemos ver -como
dije al principio de la intervención- una propuesta de actuación del Gobierno central en esta materia sin que se tenga en cuenta que las competencias corresponden a las comunidades autónomas, y que por supuesto vemos con muy buenos ojos que la
Administración del Estado colabore con las administraciones autonómicas para mejorar la gestión que se haga. Lamentamos que no se pueda asumir esta enmienda que nosotros presentamos, y lo que sí planteamos es la solicitud de votación por puntos de
la proposición no de ley que estamos debatiendo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Morán Fernández.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Señorías, en la intervención de la portavoz del Grupo Popular me pareció entender una desautorización implícita a algunos de los planteamientos que desde el Partido Popular en Castilla-La Mancha se han venido
manteniendo a lo largo de los últimos días. En el momento en el que se plantea el Partido Popular en Castilla-La Mancha el objetivo de eliminar 3.000 puestos de trabajo de las empresas públicas que en estos momentos funcionan allí, haciendo uno los
números, le sale que 2.500 puestos de trabajo de los citados corresponden a las brigadas forestales, a los trabajadores que empeñan su función diaria en aquella tarea en la cual la portavoz del Grupo Popular tenía la intención de incidir en su
proposición no de ley. Pero creo que esta desautorización implícita no es suficiente. Cuando un partido se enfrenta a la encomienda de gobernar un territorio en el inicio de una legislatura debe tener la responsabilidad institucional de hacerlo
sin buscar excusas que sirvan para justificar las previsibles consecuencias que se derivarán de la aplicación de su programa. Edificar sobre la mentira los próximos cuatro años de un Gobierno, en este caso en Castilla-La Mancha, coloca a esta
comunidad autónoma en una situación de debilidad que pueden acabar pagando los ciudadanos de la región, sean estos trabajadores o empresas, en resumen, cualquier iniciativa emprendedora que pudiese plantearse un proyecto en este territorio. No
pueden ni deben tolerar ustedes que se arroje sin miramientos a Castilla-La Mancha al foso de los especuladores. Pueden reparar en parte el daño que ya le han hecho desautorizando el inaceptable discurso de los últimos días por parte del Partido
Popular en aquella comunidad autónoma, y eso es lo que les pedimos.
En relación con el contenido mismo de la proposición no de ley creo que se produce una situación curiosa en este caso al traer a la Cámara a discusión una proposición no de ley registrada en el mes de febrero, obviando que en el mes de marzo
en esta misma Cámara se aprobó una ley, la Ley de Economía Sostenible, que establece objetivos mucho más ambiciosos que los que la propia proposición no de ley nos trae hoy aquí para debatir. Voy a leer literalmente lo que dice la Ley 2/2011, de 4
de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 89, para que se constate con claridad que en este caso la propuesta del Grupo Parlamentario Popular está muy por detrás de
lo que ya aprobó esta Cámara: Primero. Las administraciones públicas, en el marco del Consejo Nacional del Clima y la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, adoptarán las decisiones oportunas para incentivar la
participación de los propietarios públicos y privados y el sector forestal en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros españoles. Con el fin de conocer y determinar el carbono absorbido por las actividades de uso de la
tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura en España, el Gobierno, en colaboración con el resto de administraciones públicas, diseñará y desarrollará un sistema de información ágil, exhaustivo, preciso y eficaz que será actualizado
periódicamente y tendrá carácter público y accesible. Especialmente las administraciones públicas promoverán el aumento y mejora de sumideros vinculados al uso forestal sostenible, que se evaluarán, entre otras fuentes, a partir del Inventario
Forestal Nacional. Para ello se fomentarán acciones que den valor tanto a las producciones inmediatas como a las externalidades positivas que las áreas forestales producen, y en especial las siguientes: la planificación y ordenación forestal a
través de los planes y proyectos de gestión forestal sostenible; la agrupación de propietarios forestales para el desarrollo de explotaciones forestales como unidades de gestión planificada sostenible; la producción y comercialización de productos
forestales procedentes de explotaciones nacionales con certificado de gestión forestal sostenible, así como productos derivados con certificación en su proceso productivo nacional; la conservación y mejora de la variabilidad genética de los
recursos forestales; la prevención de los incendios forestales y otros daños, como plagas, tormentas, riadas y otros, y su impacto sobre el patrimonio natural y la biodiversidad; las iniciativas y proyectos dirigidos a la prevención de daños en
los bosques, especialmente de incendios forestales, que agrupen agentes económicos y sociales, habitantes de zonas rurales, propietarios, empresas y organismos públicos; el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías para la prevención y lucha
contra los daños en los bosques, especialmente incendios forestales; y el uso de la biomasa forestal en el marco de la generación de energía de fuentes de origen renovable.
Bien, el texto de la proposición no de ley que hoy nos trae a la Cámara el Grupo Parlamentario Popular está clarísimamente superado a través de la aprobación posterior de una ley en la Cámara en ese mismo sentido. Es más, entiendo que las
intenciones del Grupo Popular en este caso son poco ambiciosas y se quedan excesivamente cortas en lo que se refiere a su punto primero. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por lo que respecta a su punto segundo se propone una modificación
no posible en la actualidad en el marco legislativo que rige las funciones de mecenazgo. Se propone en último término la modificación de una ley del propio Partido Popular aprobada en la Cámara en 2002, y entendemos que la propuesta que le hacía el
Grupo Parlamentario Socialista de mejora del contenido de la proposición no de ley iba en ese sentido. En el momento en que el Grupo Popular ya ha explicitado su rechazo a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista es evidente que nosotros no
podemos respaldar en ningún momento esta propuesta.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
Tiene la palabra don Joseba Agirretxea para fijar posición.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente. Tenemos una proposición no de ley para la creación de empleo en el sector forestal que nos ha presentado el Grupo Popular. La situación del sector forestal está atenuada por la crisis, que a su vez ha ejercido
una importante influencia en su actividad económica. La situación es problemática debido a esta crisis, con bosques en situaciones adversas de accesibilidad -hoy en día nadie quiere cuidar el monte porque no le genera ningún beneficio-, con un
envejecimiento silvícola muy importante, y con una crisis del sector transformador de la madera como consecuencia de las materias primas que surgen del bosque. La rentabilidad que en términos económicos plantean algunos está en estos momentos en
una situación complicada para los bosques.
El Grupo Popular nos plantea una serie de medidas con el objetivo de impulsar la actividad económica en este sector forestal, con el objetivo de generar empleo. Supongo que el objetivo es doble, es decir, un objetivo de generar empleo y de
productividad económica, y a su vez generando una sostenibilidad medioambiental. Puede ser dual, y ojalá los dos puedan darse a la vez. Las medidas que plantea son, por una parte, impulsar la generación de empleo junto con las comunidades
autónomas -que conste que esto es competencia, tal y como ha dicho la compañera del Bloque Nacionalista Galego, de las comunidades autónomas; en el caso vasco son las diputaciones forales las competentes en esta materia, y después le voy a añadir
los planes que las diputaciones forales tienen a este respecto en Euskadi-, y por otra parte, plantean ustedes cuidar los montes para prevenir incendios, biomasa forestal, recuperación y tratamiento, impulsar la gestión forestal sostenible e
impulsar la repoblación forestal. Perfecto. Tiene un segundo punto la proposicion que dice: habilitar un sistema por el cual se pueda declarar la utilidad pública en el ámbito de lo establecido en la Ley -que se ha citado aquí- de fundaciones y
de incentivos fiscales, las actuaciones de repoblación forestal, y en general las que tengan por objeto la gestión, conservación y protección forestal.
La posición del Partido Nacionalista Vasco en este ámbito es que en Euskadi las diputaciones forales llevan muchos años aplicando una política forestal muy eficaz,
activa y sostenible. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 introduce el concepto de gestión sostenible, un concepto que queda concretado para los bosques en la Conferencia interministerial de Helsinki
de 1993 de la siguiente manera: Gestión y utilización de bosques y terrenos forestales de una forma y con una intensidad tal que conserven su biodiversidad, su productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad y su capacidad para
satisfacer, actualmente y en el futuro, funciones ecológicas y sociales importantes a escala local, nacional y mundial, sin ocasionar perjuicios a otros ecosistemas. Esta declaración fue adoptada por cada país europeo en la Conferencia de Lisboa
del año 1998, aplicando el sistema de certificación forestal paneuropeo, como usted bien sabe. Este sistema permite, además de la certificación individual y colectiva, una tercera modalidad, llamada certificación forestal regional, que por ser lo
que mejor se adapta a las condiciones del País Vasco ha sido apoyada tanto por los propietarios como por el sector de la transformación y la Administración. Le digo esto para que vea cómo ciertas medidas que usted plantea en el caso de nuestra
comunidad autónoma ya se están aplicando desde hace tiempo. Se ha creado ya la Asociación para la Certificación Forestal de Euskadi, integrada por las tres diputaciones y la mesa intersectorial de la madera, y se está trabajando en la elaboración
de un código de prácticas de gestión forestal sostenible. Estas actuaciones, junto con otras que se están desarrollando, han permitido crear un sistema marco que garantizará que los montes gestionados, de acuerdo a las especificaciones que se
determinen, cumplan los principios establecidos en las tres conferencias: la de Río, la de Helsinki y la de Lisboa.
Pero es más, usted también plantea una serie de medidas, y por ejemplo en el caso de Bizkaia, en las diputaciones hay seis líneas de ayuda específicas para el sector forestal: ayudas para el aumento del valor económico de los bosques;
ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras; ayudas a favor del medio forestal; ayudas a la recuperación de potencial forestal; ayudas a las forestaciones, y ayudas a la maquinaria autopropulsada. Como verá, no nos pilla de nuevo
en este sentido. Estamos de acuerdo en que se debe apoyar al sector forestal, que está pasando por una situación muy complicada, debido entre otras cosas a que la salida de la madera está siendo muy dificultosa; que es una industria que está en
situación de crisis por muchos motivos, en los que no vamos a entrar ahora, pero le sugiero, si es posible, que se vote la proposición no de ley que usted plantea separando los dos puntos, es decir, el punto 1 y el punto 2, porque tenemos claro que
en el punto 2 hay cuestiones que no podemos aceptar ya que entra en una materia fiscal que está regida en este caso por las diputaciones forales, y no creo que debamos remover este asunto. Por tanto hecha queda la petición al Partido Popular de
que, de ser posible, pueda ser votada separando los dos puntos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
El señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño. Oídos todos los portavoces y singularmente la portavoz del Grupo Popular, promotora de esta iniciativa, y al portavoz del Grupo Socialista, el señor Morán, tengo la impresión de que en los aspectos fundamentales
de esta iniciativa existe acuerdo. Estamos convencidos de que en el ámbito de las políticas verdes en un sentido muy amplio, en este caso las políticas de gestión de lo forestal, existen enormes oportunidades de generación de empleo; que existe un
sector emergente necesitado de apoyos públicos; que existe una legislación que avanza en esa dirección, y que el grupo de la oposición comparte la necesidad de promover esta política. En el terreno de los incentivos fiscales, en el del
reconocimiento de las actividades de utilidad pública tiene sentido que incorporemos ese tipo de cuestiones. Además esta es una política que responde a los principios de lucha contra el cambio climático, expresando en este sentido un compromiso
también del principal grupo de la oposición en esta materia. Me parece, señorías, que se darían condiciones suficientes para que los dos principales grupos de la Cámara fuesen capaces de ofrecernos un texto de transacción que comprometiese a todos
los grupos en esa dirección. Insisto en que en las cuestiones de fondo no he oído diferencias sustanciales entre unos y otros.
Dicho esto, mi grupo apoya en esta Cámara todas aquellas iniciativas orientadas a la creación de empleo y al reforzamiento del tejido empresarial, y en la medida en que la iniciativa de la señora De Lara va en esa dirección, la vamos a
apoyar convencidos de que esa iniciativa hoy, con una mínima flexibilidad y con un menor interés partidista, podría alcanzar el apoyo unánime de la Cámara. Creo que perdemos una buena oportunidad de avanzar en una línea que compartimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REMEDIAR LA GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000217.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para
remediar la grave situación que atraviesa el sector pesquero español.
Tiene la palabra para defenderla don Joaquín María García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, señorías, hace aproximadamente catorce días desde esta misma tribuna le exponíamos a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, creo que con rigor y con seriedad, cuáles eran los
principales problemas que viene soportando el sector pesquero español. Desde esta misma tribuna la señora ministra me decía que la interpelación al Gobierno se realizaba para confrontar con el Gobierno de España, para criticar. En definitiva que
era un brindis al sol. Palabras todas ellas que constan en el 'Diario de Sesiones'. Pues bien, señorías, hoy, de manera constructiva y rigurosa, planteamos a la Cámara un decálogo de medidas que, de aplicarse por el Gobierno, sin duda supondría
una mejora sensible de la situación que actualmente padece el sector pesquero español. Me referiré muy brevemente a cada una de estas medidas.
La primera de ellas surge con motivo del brutal recorte que sufre nuestra flota en muchas de las especies, concretamente el 93 por ciento en el TAC de- la cuota de bacaladilla, comparada con la que disponía en el año 2010, pero que ha
afectado también a toda la flota de arrastre del Cantábrico noroeste. En aquel momento el Gobierno se comprometió a paliar esta situación con una ayuda equivalente a un mes más de parada, tanto para los armadores como para los pescadores. Esta
flota ahora no puede pescar, pero no puede pescar ni bacaladilla ni caballa ni recientemente merluza porque también ha sido cerrada esta pesquería. A día de hoy, como le recordé a la señora ministra, todavía no se han publicado las órdenes
ministeriales que permitan cobrar estas ayudas, y por eso el primer punto de la moción solicita al Gobierno que realice la publicación urgente de las órdenes que regulan las ayudas en el marco del plan de recuperación de todos aquellos planes por
falta de cuotas, y que esta resolución y propuesta de pago al Tesoro se realice en el plazo de tres meses desde la presentación de solicitudes.
El segundo punto de la moción hace mención a los planes de gestión. Estos no han dado los frutos esperados, entre otras razones porque a nuestro juicio responden más a medidas para compensar a los pescadores que a establecer verdaderos
planes diseñados que permitan alcanzar el máximo rendimiento sostenible. De ahí que pidamos que en colaboración con las comunidades autónomas afectadas, y contando también con la colaboración del sector pesquero interesado, se continúen los
trabajos que ya se han iniciado para el desarrollo de los planes de gestión integrales, al amparo del reglamento comunitario 2371 del año 2002.
Señorías, la flota pesquera no puede permitirse perder ni una sola posibilidad de pesca. Cuando un acuerdo de pesca no se renueva, todos sabemos que la mayor parte de la flota que faena bajo ese acuerdo no tiene otra salida que el desguace.
En este momento hay tres acuerdos vitales pendientes de un hilo: Guinea-Bissau, Mauritania, Marruecos. En conjunto 160 barcos afectados, que tienen además puerto base en tres provincias españolas, en tres zonas duramente castigadas por el paro,
como son Huelva, Cádiz y Las Palmas. De ahí que pidamos, también en el punto tercero de la moción, la renovación de estos acuerdos en las mejores condiciones para los intereses españoles. Es hora de poner en marcha también ventajas de las que ya
disponen otras flotas comunitarias o de terceros países. No podemos permitir que la flota española tenga costes de explotación superiores, y por tanto menor rentabilidad que estas flotas. De ahí la propuesta de crear una mesa de trabajo con el
ministerio, con las comunidades autónomas que tengan flota de altura, con las asociaciones del sector pesquero y los grupos políticos para analizar cómo aplicar las líneas directrices de estas ayudas estatales. Mantener y mejorar el plan de
actuación implantado conjuntamente con la Unión Europea, para evitar la piratería en el Océano Índico frente a las costas de Somalia sigue estando presente en esta moción, igual que en otras iniciativas anteriores y que seguirán mientras este
problema no finalice. Creemos igualmente que es innecesario aplicar aquellas medidas que se han propuesto recientemente por parte del Gobierno al gasóleo que utilizan los buques pesqueros, cuando la flota comunitaria no aplica estas restricciones.
Ya para ir terminando, tres últimas medidas: instar al Gobierno a la redacción urgente de un nuevo proyecto de ley que recoja con flexibilidad la aportación de bajas y la opción de regularizar embarcaciones que ya fueron sometidas a
procesos anteriores, para acabar con esas más de 1.100 embarcaciones que a día de hoy siguen estando en situación irregular; apoyar la acuicultura de manera que ese déficit comercial que tiene España se vea disminuido con la producción de la
acuicultura marina, y finalmente impulsar ante la Unión Europea que la futura reforma de la organización común de los mercados de la pesca disponga de un presupuesto suficiente para que se pueda tener garantía para los consumidores, para la
promoción, para la exportación y para la trazabilidad.
Y he dejado para el final, no porque sea el menos importante, sino por su trágica actualidad, el de los accidentes de buques pesqueros, que -sin duda igual que a este portavoz le puede ocurrir a cualquiera de sus señorías- ha sido desde el
primer momento lo que más sobresaltos nos ha dado en la pesca y, como yo les he dicho en muchas ocasiones, lo que ha traído la pesca a esta tribuna, pero también a las páginas de los medios de comunicación. Yo lo he dicho muchas veces: la pesca
solo es noticia cuando hay estas desgracias o cuando hay un secuestro en las aguas de Somalia. Recientemente eran nuevamente las aguas de mi tierra las que se cobraban las vidas de dos marineros, del pesquero Nueva Luz, el pasado día 27 de mayo.
Por eso incluimos también en nuestra moción, entre los fines específicos de la
Comisión de seguridad de buques pesqueros, que se creó por acuerdo del Consejo de Ministros del año 2005, el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión permanente de accidentes e incidentes marítimos para así entre todos ir mejorando
las condiciones de seguridad de nuestros buques pesqueros.
En definitiva, señorías, planteamos diez propuestas con voluntad de colaborar en la búsqueda de soluciones, diez propuestas con planteamientos -modestamente lo digo- razonables. Solo me resta solicitar al resto de los grupos la aprobación
de esa propuesta de transacción que hemos hecho entre los grupos enmendantes y el grupo proponente, el Grupo Popular, pedir a toda la Cámara el apoyo unánime, si fuera posible, para que se convierta en un mensaje de confianza y de esperanza para el
sector pesquero español.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Díez.
La señora Fernández Davila compartirá su tiempo, según me informan, con la señora Díez. En primer lugar la señora Fernández Davila, y después la señora Díez.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para defender la enmienda que presentamos a la moción del Grupo Popular. En primer lugar quiero decir, señor Díez, que vamos a apoyar esta transacción que usted acaba de manifestar y que llega a acuerdos con los grupos que
hemos presentado enmiendas. Además de manifestar el apoyo a esta transacción, quiero agradecerle en nombre de mi grupo, el Bloque Nacionalista Galego, no solo el esfuerzo para llegar a ese acuerdo, sino también la forma en la que ha presentado la
moción, porque demostró una gran generosidad por su parte para que el acuerdo pudiera alcanzarse. Por eso quiero agradecérselo, porque la situación del sector pesquero, concretamente en Galicia, es grave y alarmante y requiere el mayor consenso y
acuerdo de aquellos grupos que tenemos la obligación de conocer la situación y de trabajar para que el sector tenga futuro. Quisiera solicitar al Gobierno que tenga en cuenta lo que hoy vamos a aprobar, porque no es la primera vez que llegamos a un
acuerdo y que después nos llegan noticias de que la Comisión Europea no va en la dirección que nosotros acordamos aquí. Es importante que el Gobierno actúe con mayor celeridad, y sobre todo con mayor rigor y fuerza.
Quería exponer que nosotros enmendamos con una medida de compensación por la subida de los precios del combustible, por la situación en estos momentos al alza del precio de los mismos, y por otro lado, en la medida en que también el señor
Díez incorporaba un punto que tenía relación con el asunto, la modificación de la normativa actual que regula la flota pesquera. Es cierto que en octubre de 2009 se aprobó el Real Decreto 1579, donde se recogían unas medidas que mejoraban la ley
actual que regula las embarcaciones, pero también es verdad que esto es insuficiente, y así lo hemos presentado en una proposición no de ley que se debatió en la Comisión de Agricultura y Pesca en abril del año 2010, cuyo texto aprobado incorporamos
en la enmienda. Lo que hemos presentado en la enmienda es un texto que previamente fue aprobado en la Comisión de Agricultura y que previamente, valga la redundancia, fue consensuado con los diferentes grupos parlamentarios. Seguimos manifestando,
reconociendo la existencia de ese real decreto, que es necesario para resolver el problema de la irregularidad de la flota gallega, que es aquella que se dedica sobre todo al marisqueo y a las artes menores, hacer un esfuerzo en la dirección de
modificar el real decreto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Intervengo para anunciar mi apoyo a esta iniciativa, que efectivamente plantea una serie de medidas, todas ellas importantes y necesarias para el sector. Bien es cierto que me gustaría aprovechar esta oportunidad, tal y como ha hecho el
portavoz que ha defendido la proposición y también la señora parlamentaria representante del Grupo Mixto que ha intervenido antes que yo, para realizar una reflexión sobre la necesidad de plantear medidas estructurales en el sector que sustituyan
progresivamente las ayudas puntuales o subvenciones que en este momento son imprescindibles para la supervivencia del sector, pero que todos sabemos que de una manera u otra tienen fecha de caducidad. Creo que en este compromiso de avanzar hacia
las medidas estructurales sería muy importante montar una red de infraestructuras e instalaciones de acuicultura para que las cofradías de pescadores, plataformas distribuidoras, comerciales, etcétera, para que los pescadores puedan trabajar y
comercializar sus productos mientras duran los paros forzosos de la flota por biología o por cupo de captura. Nos parece que es imprescindible. Concretamente sobre la acuicultura, primero se ayuda a la investigación de la misma, nuevos métodos,
nuevas especies, mejor productividad y que los pescadores trabajen en ese desarrollo para que puedan crear sus propias granjas en colaboración con las cofradías, siendo, como les digo, no solo un complemento a la pesca natural, sino para que pueda
ser una actividad en algunos casos más que alternativa para los propios pesqueros y para las nuevas generaciones. En definitiva, se trata no solamente de subsistir, de hacer lo mejor para que subsista esta parte de nuestra economía y del sector,
sino de hacerlo pensando en el futuro y de hacerlo pensando en que lo importante es establecer, como les decía, medidas estructurales que vayan sustituyendo todas las ayudas puntuales y subvenciones.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Doña Nuria Buenaventura tiene la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo en principio no coincidía con la propuesta de moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular y por eso hemos presentado diferentes enmiendas, en concreto siete, que van en el sentido de lo que entendemos que
debe ser la pesca en España, una pesca sostenible. Entendemos que el verdadero problema de la pesca hoy es que hay un tanto por ciento elevado de stocks en Europa y también en España que están sobreexplotados y no podemos afrontar un debate sobre
medidas concretas sin tener en cuenta que estamos en vísperas de la presentación por parte de la Comisión Europea de una propuesta de una nueva política pesquera común. En todo lo que podamos decidir hoy aquí hemos de tener en cuenta, como digo, la
futura política pesquera común, la propuesta que en el mes de julio la Comisión Europea nos presentará. La futura política pesquera común deberá basarse en una gestión a largo plazo que priorice la protección y conservación de los ecosistemas
marinos y debe establecerse la obligatoriedad de que todas las pesquerías comunitarias se administren bajo estos planes de gestión a largo plazo. Además, se deberían introducir objetivos de ajuste de la flota pesquera que sean legalmente
vinculantes, basados en planes a largo plazo para cada pesquería, afrontando de manera decidida la problemática de la sobreexplotación, estableciendo una nueva forma de repartir el acceso a recursos pesqueros justa y que incentive la pesca de bajo
impacto, priorizando aquellas actividades pesqueras más sostenibles que tengan un menor impacto sobre el conjunto del hábitat marino y, en general, que el sector cumpla estos principios que además son los artesanales y de bajura. Deben establecerse
nuevas prioridades y criterios en el sistema de financiación; los recursos financieros públicos deben utilizarse ante todo para conservar los bienes públicos. Por último, entendemos que la nueva política pesquera común debe garantizar que la flota
de la Unión Europea de larga distancia se someta a las mismas exigencias ambientales y sociales que existen en las pesquerías europeas. La reducción de la capacidad pesquera global es una prioridad y la Unión Europea debe jugar un papel más activo
en la consecución de un acuerdo internacional justo y equitativo con tal fin.
En resumen, las enmiendas que nosotros hemos presentado están enmarcadas en estos principios. Hemos presentado siete, pero quería destacar alguna de ellas. Una en concreto hacía referencia a la modificación del punto cuarto de la moción,
ya que entendemos que debe haber más participación no solo del sector -el sector, evidentemente, es el protagonista y es importante, así como las administraciones que tengan competencia-, sino también pensamos que las organizaciones no
gubernamentales son importantes y, cuando hablamos de intervención del sector, no debemos entender solamente los patrones, sino también los trabajadores del sector pesquero.
Otra de las enmiendas que quisiéramos destacar pretende justamente la modificación del primer punto de la moción, en el que se pide la publicación inmediata de unas órdenes ministeriales en concreto y unas ayudas comprometidas por el
Gobierno. Nosotros consideramos que el texto propuesto es confuso y, si se refiere a las ayudas para la pesca, en concreto de la merluza sur y la caballa, el recorte de cuota se debe justamente al descontrol que ha habido en las aguas ibéricas, la
falta de gestión y control por parte en este caso de la Administración española, que ha permitido que en años anteriores se superasen varias veces las cuotas. Por eso consideramos que deberían limitarse a las flotas que han cumplido, estas sí deben
tener ayudas, y por tanto publicarse la orden ministerial, y no a las que no han cumplido. El texto actual está premiando, a nuestro entender, los intereses de la flota de altura y gran altura cuando esta representa únicamente el 20 por ciento de
la flota española, y en cambio el 80 por ciento restante pertenece a la flota artesanal, más sostenible y que genera un entramado económico social mucho mayor.
Estamos estudiando la propuesta de transacciones, entendemos evidentemente que un voto en contra no va a suceder; por tanto, seguro que la moción prosperará, igual nos abstenemos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Don Ceferino Díaz tiene la palabra.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, permítame un pequeño inciso, que creo que viene a cuento en la sesión de hoy. Los miembros de esta Cámara no podemos ser ajenos a las tensiones que se generaron de manera irresponsable estos días
hablando de quiebras autonómicas. Esta forma de hacer política afecta a la confianza y a la estabilidad del Estado y puede tener consecuencias negativas en el exterior. El señor Rajoy lo sabe y no hace nada.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz, le ruego que se atenga a la cuestión.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, nos felicitamos de que los debates del día de hoy discurran por otros derroteros.
La estrategia política que sustenta la moción se parece mucho a la seguida en el sector agrario. Hay un problema en el sector y tenemos la solución. La diferencia está en que el proponente, el señor García Díez, como es habitual, hace una
presentación en tono positivo y el contenido de la moción es también ambicioso y constructivo. Por nuestra parte, hemos dado facilidades porque nada
de lo que se pide se escapa a las previsiones del Gobierno, aunque se presenta como novedoso, por ello nos felicitamos de la existencia de una transacción que fue presentada brillantemente por el señor García Díez, una transacción que
apoyamos, aunque en algunos puntos, como el 4 y el 8, tengamos discrepancias, pero globalmente la apoyamos. Damos por defendidas nuestras enmiendas porque están publicadas y al alcance de sus señorías. (La señora vicepresidenta, Cunillera i
Mestres, ocupa la Presidencia.)
Permítanme que vuelva al comienzo de la moción. En la moción se piden al Gobierno determinadas medidas para remediar la grave situación del sector. Aceptamos que la situación es grave, pero no nos creemos que, como sería deseable, la
solución venga con estas medidas, esto es más discutible. Siempre que en esta Cámara hablamos del sector pesquero hablamos de crisis, en estos momentos singularizar se hace difícil, pues siempre puede haber otros que se consideren en peor
situación, la diferencia puede estar en que la crisis pesquera es una crisis estructural y viene de antiguo, de cuando otros sectores disfrutaban de bonanza. Tenemos flota, tenemos capital humano, tenemos un gran mercado, pero no tenemos recursos
pesqueros, hace tiempo que no hay peces para dar pleno trabajo a nuestra flota y mucho menos para abastecer autónomamente nuestro mercado. El problema aparece cuando nuestros caladeros tradicionales se ven mermados por la ampliación de los Estados
a 200 millas exclusivas, lo que afecta a caladeros que eran tradicionales de nuestra flota. Y el tema se va a agravar cuando en nuestros caladeros, ya en el marco de la Unión Europea, empieza a haber problemas de sostenibilidad, problemas que
obligan a fijar cuotas de captura y también a que en los acuerdos pesqueros que se están renovando también se plantea el problema de la sostenibilidad. Así que tenemos capacidad de pesca, pero las posibilidades de pesca son menores. Tenemos
capacidad de pesca y tenemos mercado, pero no tenemos los peces que quisiéramos.
Como este no es un problema coyuntural, hay que afrontarlo e implicar al sector y al conjunto de la UE y la reforma, incluso, señora Buenaventura, podía ser una buena oportunidad, pero no sabemos. De todos modos, seguir aplazando las
reformas no alivia el problema, pero, si ningún Estado quiere alterar su capacidad extractiva, nosotros solos en tierra no podemos. Hay que reconocer que el paraguas de la UE está financiando paradas biológicas que ayudan a soportar y aplazar el
problema. Pero algo se puede hacer. No todo depende de la UE. Los problemas de rentabilidad no se resuelven solo modificando la OCM de la pesca, ni incrementando capturas, que no es posible, ni en muchos casos es deseable por razones de
sostenibilidad. La valoración del producto en primera venta no la va a resolver la OCM de los productos pesqueros. Existe una atomización de la oferta frente a una demanda oligopolística que distorsiona la fijación de precios. La corrección de
esta anomalía tiene que afrontarla el sector a través de sus organizaciones. Necesita controlar la oferta para incidir en la negociación de precios y buscar los canales adecuados para crear más valor. Para ello, quizá, sean necesarios cambios en
la organización del sector. Las administraciones pueden colaborar, pero el sector tiene que actuar; no se puede sustituir. Todo lo anterior no impide, señorías, que veamos con simpatía y apoyemos la transaccional y hagamos votos para que sea
positiva para el sector.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Díaz.
Para fijar la posición de Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición de mi grupo. Evidentemente, podemos alargarnos todo lo que queramos aquí hablando de la situación del sector pesquero, que más de una vez lo hemos hecho, y coincidimos casi siempre en las
mismas conclusiones. Es un sector que vive una situación complicada, dramática. Hace unos minutos hablábamos del sector forestal y decíamos las mismas palabras. El señor Díaz también decía que parecía que estábamos hablando del sector agrario.
Parece ser que el primer sector, el que nos toca a algunos portavoces, siempre está en crisis.
Dicho esto, quiero decir que nosotros vamos a apoyar la moción que ha presentado el Partido Popular, como no podía ser de otra manera. Porque, venga de una bancada o de otra, sin entrar en guerras tribales en este sentido, cuando se trata
de apoyar a un sector que lo está pasando mal y cuando se trata de pedir a quien tiene la responsabilidad de las políticas pesqueras, en este caso el Gobierno, que cumpla y ejecute aquellas cuestiones que están acordadas, nosotros nos ponemos al
frente de la pancarta en ese sentido. Creemos que es importante y, además, nos congratulamos de que se haya presentado esta moción por dos razones. Por una parte, teniendo en cuenta el tema, que creo que es fundamental, y, por otra parte, porque
se haya llegado a una transacción, que no es normal, pero parece que en el mundo pesquero coincidimos en muchas cuestiones como he dicho anteriormente.
El Partido Nacionalista Vasco considera que esta moción es un poco un totum revolutum, en el sentido de que, por mucho que sea loable la intencionalidad, creo que no es excesivamente lógica o racional, es decir, se mezclan cosas que no
tienen relación la una con la otra, aunque todo, evidentemente, esté englobado en la problemática del sector pesquero. Nosotros creemos que se podía haber analizado individualmente cada uno de los casos, quizá, por otra serie de vías, no por medio
de una moción, porque todos sabemos hasta dónde llega el recorrido de la moción, aunque digo que lo apoyaremos y es loable la intencionalidad porque, entre otras cosas, es lo que está pidiendo el sector, o parte del sector, que
es el que está sufriendo la problemática concreta que se analiza en los diez puntos de esta moción. No vamos a reiterar ahora qué cuestiones se piden en esta moción, aunque ha habido una transacción, pero al fin y al cabo las conclusiones
son las mismas: hay un tema de ayudas, otro para que se haga el plan de gestión, el de los acuerdos con países terceros, el de la mesa de negociación, el de la piratería y hay otra serie de cuestiones.
Me ha llamado la atención, como resumen y como anécdota, el último punto que plantea el señor García Díez, que al fin y al cabo es una enmienda a la ley de pesca sostenible -sin duda alguna, señor García Díez-, que podemos compartir, pero
parece que de refilón entra en este caso. Dicho esto, para no alargarme más, añado que la vamos a apoyar, como no podía ser de otra manera.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Convergència i Unió va a votar favorablemente el texto que finalmente hemos transaccionado sobre la base de la moción que hoy está incluida en el orden del día. Habrá consenso, pero -digámoslo claro también- este consenso no es
suficiente para dar respuesta a las necesidades del sector pesquero. Hoy nos ponemos de acuerdo en una moción, pero que esta moción no sea un mero catálogo -decálogo, decía el proponente- de buenas intenciones, sino que sirva realmente a un sector
que lo está pasando mal y que en demasiadas ocasiones tiene la sensación más que justificada de que la Administración, en lugar de remar a su lado -buscando la metáfora-, va en contra de su futuro; una sensación que incluso hoy, sin darnos cuenta,
estamos aprobando aquí.
Uno de los puntos que mi grupo claramente apoya es que debemos modificar el Real Decreto 61/2006 y sus modificaciones posteriores, excluyendo al sector pesquero de la utilización del gasóleo con contenido máximo de azufre de 10
miligramos/kilo. Ahora pedimos al Gobierno que modifique este real decreto, pero es que el Gobierno ya lo ha modificado en sentido contrario al sector. Lo ha modificado, aumentando con ello el precio del gasóleo pesquero, porque con las
especificaciones técnicas del Real Decreto 1088/2010 estamos exigiendo al sector pesquero una reducción del contenido máximo de azufre, cuando el propio sector, a través de Cepesca y de otras organizaciones, se dirigió al Ministerio de Industria, al
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, exigiendo que ello no fuera de aplicación para los mismos. ¿Y qué supone? Puede suponer entre 3 y 5 céntimos por litro, al año entre 21 y 35 millones de euros. Esto es un problema para el
sector pesquero. Y hoy decimos al Gobierno que se modifique. ¿Con qué plazo, con qué urgencia? ¿Va a quedar en buenas palabras o el sector va a estar padeciendo una vez más una sensación de que la Administración va por un lado, legislando,
estableciendo normas, que al final perjudican a ese sector?
Quiero recordar, por ejemplo, al presidente de la cofradía de Tarragona, Esteve Ortiz, que se ha quejado de que las multas que se imponen al sector se ganan en los tribunales, después no se aplican por parte de Hacienda o no hay una
coordinación, hay una jurisprudencia en un sentido, otra en otro, pero el sector acaba perjudicado, pagando. Es una serie no de sensaciones, sino de acciones, de manera que al final un sector que está pasándolo mal, que está en la UCI no tiene la
respuesta adecuada. Ojalá que esta moción sirva por lo menos para marcar una ruta de aquello que compartimos, que nos permita desarrollar los planes de gestión integrales de la flota pesquera, que nos permita frenar ese impacto de la subida del
precio de los combustibles, que está afectando muchísimo la competitividad del sector, que nos permita garantizar los recursos y la rentabilidad del sector. Pero, sobre todo, que lo que hoy aprobemos no quede en buenas palabras, que se materialice,
que esta modificación del Real Decreto 61/2006, a la que alude la moción, sea realmente efectiva y que al final seamos capaces de planificar mejor, contando con los diversos planes de gestión integrales para todas las modalidades de pesca y para
todas las especies. Hay que hacer un planteamiento integral que en estos momentos, señorías, nuestro país no tiene. No tiene ese planteamiento integral, no tiene este planteamiento global y no tiene ese consenso necesario. De ahí que al final
vayamos a tener un marco comunitario y quizá tras ese marco y una futura legislatura será posible elaborar un proyecto de ley de pesca, sin ponerle el adjetivo de sostenible o no, que dé realmente solución a las necesidades del sector.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Señor García Díez, entiendo por las intervenciones de los diferentes grupos que hay una transaccional, que será el texto que se pasará a votación.
El señor GARCÍA DÍEZ: Sí. He comentado al presidente anteriormente que, una vez firmada por los grupos que la acepten, la haremos llegar a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Dada la hora en que estamos, sería bueno que llegara a la Mesa para poderla repartir.
El señor GARCÍA DÍEZ: Inmediatamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García Díez.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 59 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 122/000232.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, a continuación, al siguiente punto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en concreto el de la proposición de ley orgánica de modificación de los
artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene, en primer lugar, la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta.
Simplemente quiero decir que, igual que en la toma en consideración votamos favorablemente para que pudiera salir adelante este debate, hoy nuestro voto también será a favor. Era importante celebrar este debate y hacer estas modificaciones
necesarias en esta ley y las enmiendas que se han introducido, que se han consensuado, han mejorado el texto, por lo que tengo la satisfacción de anunciar que votaré a favor.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, el Bloque Nacionalista Galego quiere manifestar su posición favorable a esta proposición de ley, que hoy vamos a aprobar, de modificación de la Ley Orgánica de Extranjería, como popularmente se conoce la Ley Orgánica 4/2000.
Señorías, en el momento de la tramitación de la Ley 2/2009 ya fuimos muy sensibles y tratamos de que algunas cuestiones que se recogen ahora fueran incorporadas cuando se hizo la reforma de ese año. Hay que reconocer que en aquel momento supuso un
grandísimo avance tanto en las políticas de protección de las mujeres extranjeras víctimas de violencia como en las víctimas de trata de personas, pero faltaba algo que creemos que se incorpora en lo que hoy estamos aprobando. Eso no quiere decir
que a lo mejor más adelante no sea necesario tener que hacer una nueva revisión de esta cuestión, porque la lacra de la violencia de género es enorme y es necesario aumentar las medidas de protección, pero en este momento desde luego lo vamos a
apoyar pues mejora lo que se avanzó en el año 2009.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente. Quiero felicitar al grupo parlamentario proponente, al Grupo Parlamentario Popular, y también quiero felicitar especialmente la conclusión final por parte de la ponencia y de la Comisión en relación con la
modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y quiero felicitar esta iniciativa y su conclusión final, que me parece más positiva incluso
que la redacción inicial -la redacción final ha salido muy beneficiada-, porque hace prevalecer algo que es fundamental en democracia: los derechos humanos, los derechos fundamentales sobre cualquier otro mecanismo administrativo. Estamos hablando
de la violencia de género y de la trata de personas y, además, en un ámbito muy delicado, como es el caso de las extranjeras que están en nuestro país en condiciones de irregularidad.
En estos momentos el 40 por ciento de los casos de violencia de género afecta fundamentalmente a estas personas y, por tanto, era necesario extremar todo tipo de protecciones que, en nuestra opinión, en la redacción actual de la ley no
estaban suficientemente acreditadas. De alguna manera se producía una colisión entre el derecho fundamental y los mecanismos administrativos, de tal manera que el mecanismo administrativo de expulsión a veces disuadía de la denuncia y de la
persecución del delito de violencia de género. Esta propuesta hace prevalecer la denuncia, hace prevalecer la investigación y hace prevalecer fundamentalmente el derecho de la mujer a la libertad, a la integralidad de su persona y a la vida sobre
cualquier otro criterio de carácter administrativo. En ese sentido, tenemos que felicitarnos del resultado final, tanto en relación con la violencia de género como en relación con la trata, aunque en materia de trata lo que se ha visto en la
ponencia y en la Comisión es la necesidad de desarrollar una legislación más completa en nuestro país, de acuerdo con los mandatos y con el marco legislativo a nivel internacional.
Felicito al grupo proponente, a la ponencia, a la Comisión y a esta Cámara porque el resultado final es garantista en un ámbito muy delicado, donde todos estamos muy preocupados en estos momentos por la evolución de la violencia de género en
nuestro país y en particular de la violencia de género frente a personas doblemente desprotegidas como son las que en estos momentos sufren la situación de inmigración irregular y, por otra
parte, las que sufren la trata. Concluyo diciendo que es un buen texto y que estoy seguro de que va a mejorar las condiciones de estas personas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Esteban, ¿desea intervenir? (Denegaciones.)
Pasamos a la intervención del señor Campuzano, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió). (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
En diciembre de 2009 modificamos la Ley de Extranjería y seguramente quedaron algunas cuestiones no suficientemente bien resueltas, entre ellas la regulación en estos artículos, 31 bis y 59 bis, en lo que hace referencia a la protección de
las víctimas de violencia de género y a la lucha contra los grupos organizados que trafican con personas. El acierto en su momento del Grupo Parlamentario Popular, en concreto del señor Hernando promoviendo esta iniciativa, y la capacidad de todos
los grupos en alcanzar consenso, singularmente de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, nos permiten, por primera vez en la historia de esta Cámara, que aprobemos una modificación de la Ley de Extranjería en materia inmigratoria por
unanimidad de todos los grupos. Si no recuerdo mal, en el año 1985, la Ley de Extranjería no fue apoyada por Izquierda Unida. Y a partir de ahí, todas las modificaciones legislativas, desde 1991 hasta la fecha, han tenido la oposición de la
izquierda, de la derecha y de quien sea. Hoy, por primera vez, lo aprobamos y debemos felicitarnos. Aprobamos una norma que refuerza la tutela judicial efectiva de las víctimas de determinados delitos, en desarrollo del artículo 24 de la
Constitución, y lo hacemos amparando también los principios que nos permiten regular los flujos migratorios de manera adecuada. Se ha encontrado un buen equilibrio entre la protección de las víctimas, la atención a las personas y la obligación que
tiene el Estado de luchar contra la inmigración irregular. Señorías, nos podemos sentir satisfechos. Ampliamos la protección a los familiares de las víctimas y reforzamos todo aquello que tiene que ver con la colaboración de las víctimas de la
trata de seres humanos con las autoridades competentes.
Hace pocos días, visitando el proyecto Sicar, que desarrolla en Barcelona la orden de las Adoratrices, nos insistían en que en este trámite parlamentario tuviésemos muy en cuenta que detrás de delitos como el de la trata de seres humanos,
detrás de las leyes que pretenden regular esos fenómenos complejos y combatirlos, existen personas concretas que deben ampararse. Quizás en la legislación que aprobamos en diciembre de 2009 primó nuestra vocación de controlar efectivamente los
flujos migratorios y luchar de manera eficaz contra la inmigración irregular. En esta reforma que hoy estamos promoviendo a iniciativa del Grupo Popular y con el apoyo de todos los grupos de la Cámara fortalecemos esa visión orientada a las
personas concretas. Me parece que hemos hecho una ley más humana y más adaptada a esas necesidades.
Ahora bien, no debemos olvidar que necesitamos más recursos y más políticas públicas que acompañen a estos grupos más vulnerables. Por ejemplo, en materia de trata de seres humanos toda la problemática vinculada a la trata de menores de
edad, que se viene incrementando en los últimos tiempos y las comunidades autónomas no tienen los medios ni los recursos para desarrollar medidas específicas para estas personas o, como se ha puesto de manifiesto en los debates que hemos tenido en
la ponencia, la necesidad de contar con una ley integral de lucha contra la trata de seres humanos que permita que los convenios europeos e internacionales que nos obligan puedan desarrollarse a fondo. Creo que de este debate, del debate de estas
semanas, también se deriva este hecho.
Finalmente, más allá de ese agradecimiento que mi grupo quería hacer al grupo proponente y al grupo de la mayoría, quiero agradecer también a un nutrido grupo de representantes de la sociedad civil, de Cáritas, de la Red contra la Trata, de
proyectos como Sicar, en Barcelona, que hayan estado muy atentos a esta proposición de ley y nos hayan ayudado a configurar esta solución equilibrada que hoy vamos a votar. Ojalá en más ocasiones en esta Cámara olvidásemos el narcisismo de las
pequeñas diferencias y pudiésemos poner en valor aquello que nos permite abordar de manera conjunta determinados problemas sociales que nos interpelan como comunidad. Creo que el ejemplo de hoy es un buen ejemplo a seguir en los próximos tiempos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Don Rafael Hernando tiene la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, desde que el 8 de febrero, con la colaboración de todos los grupos y la toma en consideración por unanimidad de esta proposición de ley de mi grupo parlamentario, decidimos afrontar la reforma de
la Ley de Extranjería, el primer objetivo de mi grupo fue intentar obtener un texto que satisficiera las intenciones, los criterios, las enmiendas y las propuestas del conjunto de los grupos en un asunto que nos parecía de una extraordinaria
importancia, intentar extender la tutela judicial efectiva a las víctimas, en unos casos de maltratadores y en otros casos de aquellas personas que son utilizadas con fines execrables por redes de mafias que trafican con personas y que son los
nuevos esclavistas del siglo xx y del siglo xxi. Con ese objetivo nos hemos movido a lo largo del debate de la ponencia y también del debate en Comisión. Podríamos haber utilizado la mayoría configurada en el trámite de enmiendas para haber
excluido a algún
grupo; no lo quisimos hacer en ningún momento y ahora tenemos que felicitarnos por haber sido capaces entre todos de obtener un texto que, por lo que hemos oído a anteriores intervinientes, por lo que podrán escucharme a mí y espero que
también a la representante del Grupo Socialista, satisface las intenciones, la vocación y el interés común de todos. Eso es lo que pretendíamos y eso es lo que hemos conseguido. Por lo tanto, se trata de una reforma consensuada, que seguramente
hoy se aprobará por unanimidad y que demuestra que en un asunto como este, la Ley de Extranjería, deberíamos haber hecho esfuerzos, y muy especialmente el grupo mayoritario, por haber alcanzado mayores acuerdos, mayores puntos de entendimiento, como
los que en su día se consiguieron en otras reformas. Estoy refiriéndome a la reforma del año 2000 o a la del año 2003.
Señorías, con esta reforma lo que pretendemos es, como he dicho antes, reforzar la tutela judicial efectiva de unas personas muy vulnerables: las mujeres sometidas a maltrato y muy especialmente aquellas que se encuentran en situación de
irregularidad porque precisamente esa situación es utilizada por sus verdugos o por sus maltratadores sencillamente como un elemento que las disuade de proceder a la denuncia de esos malos tratos y que por lo tanto permite que aquellas personas que
trafican o que maltratan sigan con sus actividades de forma permanente. Ahora hemos modificado la reforma anterior de la Ley de Extranjería y lo hemos hecho de forma más eficaz. Creo que hoy hay muchas mujeres inmigrantes, legales o ilegales, que
se sentirán satisfechas con esta reforma porque, si bien en el tema de maltrato es un avance sobre lo ya existente, que ya tenía una protección muy especial para un determinado tipo de mujeres, en el caso de la trata abre una nueva vía que debe ser
culminada con la elaboración de una nueva ley de trata, tal como nuestro grupo anunció al exponer y al presentar esta iniciativa en el Pleno aquel 8 de febrero. Debe ser una ley de trata que ampare y regule, basándose en la nueva legislación
comunitaria, esta situación execrable de crímenes abyectos, de explotación de personas por personas en algunas actividades, algo que de alguna forma tenemos que ser capaces de expulsar de nuestra vida social.
Hoy, con este proyecto de ley demostramos que cuando se habla de la defensa de los derechos de los más débiles es posible alcanzar acuerdos y que además lo hemos hecho garantizando que el actual sistema y la nueva regulación no puedan ser en
ningún caso utilizados por aquellas personas que, abusando de los sistemas, incurren en el uso fraudulento de los mismos para encubrir otras situaciones. Me estoy refiriendo a que, en mi opinión, hemos conseguido una definición concreta que va a
disuadir a las personas que pretendieran, a través de la denuncia falsa, utilizar un mecanismo como este, de protección de los más débiles, para buscar situaciones de ventaja y oportunidad. No era ese nuestro objetivo, el de ninguno de los grupos,
y por eso hemos podido cerrar un buen acuerdo.
Por último, quisiera decir un par de cosas. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a las organizaciones no gubernamentales que a lo largo de todo este tiempo han colaborado con nosotros: la Red de Trata, Amnistía Internacional,
Cáritas, Médicos Mundi, Médicos sin Fronteras y otras asociaciones que nos han ayudado a elaborar un texto para proteger aún más a estas víctimas y eliminar elementos disuasorios que impedían formular denuncias y por lo tanto beneficiaban a los
agresores y a los transgresores de la norma. En segundo lugar, quiero decirles que mi grupo, señor presidente, va a aprobar también la enmienda técnica al preámbulo que hemos remitido.
Para acabar, diré que a lo largo del día de hoy he visto cómo algunos portavoces del grupo parlamentario de la mayoría utilizaban sin venir a cuento el turno de distintos asuntos...
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: ...para hablar de temas que nada tenían que ver con lo expuesto. He observado que el presidente en el último caso ha llamado al orden a uno de los intervinientes. Yo creo que no es irresponsable decir la verdad;
al revés, lo irresponsable es ocultar la verdad, como se ha hecho en estas elecciones en algunas comunidades autónomas. Como sé que me va a llamar al orden también...
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, ni llamé al orden...
El señor HERNANDO FRAILE: ...me evito el resto.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Hernando. Ni llamé al orden...
El señor HERNANDO FRAILE: A la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Exactamente. No llamé al orden al anterior diputado preopinante ni le llamo a usted. A usted le llamo al tiempo, porque debe ir acabando y hacerlo con rapidez.
El señor HERNANDO FRAILE: Ni al tiempo ni a la cuestión, nada más, señor presidente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muy amable, muchas gracias.
Doña Esperanza Esteve tiene la palabra.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señor presidente, señorías.
Lástima, señor Hernando, lástima, porque íbamos tan bien, tan bien, que a última hora se ha tenido que estropear. Pero vamos adelante en el tema que nos ocupa hoy
que es muy, muy importante. Igual que mis compañeros que me han precedido -usted mismo-, quiero empezar agradeciendo el clima de colaboración entre todos los ponentes, que nos ha llevado a un buen debate y al acuerdo para modificar los
artículo 31 bis y 59 bis de la Ley orgánica 2/2009, de reforma de la Ley de Extranjería a partir de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular. En la Comisión alcanzamos el acuerdo por unanimidad y hoy, efectivamente, alcanzaremos
también un acuerdo en esta sesión plenaria, sin ninguna enmienda viva y dispuestos a ratificarlo con nuestro voto afirmativo.
En cuanto al contenido -probablemente me voy a repetir- no puedo dejar de señalar que nuestro trabajo ha estado centrado de manera rotunda en hacer una firme oposición a la violación de los derechos humanos en la situación de violencia de
género y de trata en las mujeres de origen extranjero en situación irregular y, en consecuencia, con menor amparo del Estado de derecho por su invisibilidad y la explotación a que están sometidas, precisamente favorecida por esta situación de
irregularidad.
Quiero detallar los elementos modificados para conocimiento de sus señorías. En primer lugar, priorizamos la protección otorgando permiso de residencia y de trabajo por causas excepcionales a las mujeres víctimas de violencia de género
hasta la resolución del proceso penal, sin que exista en ningún caso incoación de expediente como sucedía en la ley de 2009. Es decir, hemos avanzado en este aspecto. Esta protección se extiende a los hijos y personas con discapacidad a cargo de
la mujer víctima. Coincido con usted, señor Campuzano, en que esta es una vía en la que debemos entrar y asegurarnos de que los hijos y personas a cargo no queden en la situación de vulnerabilidad y se conviertan en víctimas directas o indirectas
de los abusos del explotador.
En cuanto a la víctima de trata de seres humanos, en caso de acogerse al periodo de reflexión de treinta días que la ley prevé, se amplía también la protección a los hijos, a familiares o a otras personas cuando se acredite la desprotección
de los mismos. Esto es fundamental, porque cuando una persona quiere poner en evidencia su situación pero siente que su compañera de piso, que su familiar, que su hijo va a ser amenazado o puede correr riesgo su vida, esto se convierte en un
elemento de disuasión importantísimo. Por lo tanto, habrá que acreditar esta desprotección frente a los presuntos traficantes para facilitar que la víctima pueda cooperar sin temor a represalias. Todo ello, igualmente, sin incoación de expediente
y con permiso de estancia temporal en nuestro país.
Voy acabando. Se trata de luchar con todos los medios que nos da el Estado de derecho contra los traficantes, contra los violentos, que cercenan voluntades, que amenazan y subordinan a las mujeres solo por eso, por ser mujeres; no solo por
ser inmigrantes, por ser mujeres. Quiero agradecer a las organizaciones sociales, igual que lo han hecho mis compañeros, que nos hayan ayudado con su experiencia y criterio y, cómo no, al letrado, don Ignacio Gutiérrez, que siempre está atento a
nuestros requerimientos, ayudándonos y precisando el contenido; y a las asesoras de mi grupo, que nos han ayudado a hacer posible nuestros objetivos que son, en definitiva, hacer mayor justicia, dar mayor protección.
De nuevo gracias a todos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego atención. Vamos a proceder al llamamiento de los nuevos señores diputados proclamados por la Junta Electoral Central para que presten juramento o promesa de acatar la Constitución. En sustitución
de don Juan Antonio Barranco Gallardo, pregunto a don Juan Julián Elola Ramón si jura o promete acatar la Constitución.
El señor ELOLA RAMÓN: Prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos.) Pueden hacerlo al final.
En sustitución de doña María Salom Coll, pregunto a doña Carmen Feliu Álvarez de Sotomayor si jura o promete acatar la Constitución.
La señora FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de doña María Eugenia Carballedo Berlanga, pregunto a don Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca si jura o promete acatar la Constitución.
El señor RODRÍGUEZ-PONGA SALAMANCA: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Los señores Elola, Rodríguez-Ponga y la señora Feliu han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena y bienvenidos. (Aplausos.)
Para que sus señorías puedan organizar sus agendas, les anuncio que esta mañana he propuesto, y la Junta de Portavoces de manera unánime ha aceptado, que tendremos en el próximo mes de julio dos diputaciones permanentes, previsiblemente el
lunes día 11 y el miércoles día 13, que serían las encargadas de convocar dos plenos que con carácter extraordinario se celebrarían, aunque su contenido sería ordinario, los días 12 y 13, en sesión de tarde el día 12 y en sesión de mañana y tarde el
día 13, con control del Gobierno el 13 por la mañana.
También habrá Pleno el día 19 por la tarde y el 20 en sesión de mañana, control del Gobierno, y de la tarde. Esta es la previsión, sin que haya ninguna otra previsión a la que los grupos no han sino renunciado, excepto que se produzca causa
de fuerza mayor o razón bien justificada.
Tras estas informaciones, pasamos a votar. Ruego a los ujieres que tengan la bondad de cerrar las puertas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS (VOTACIÓN.):
- DE LA ASAMBLEA DE CEUTA, DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO 2 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número
de expediente 125/000020.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, toma en consideración de proposición de ley de la Asamblea de Ceuta, de modificación del apartado 2 de la disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 319; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN.):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LOS JÓVENES EN EL ALQUILER DE VIVIENDA. (Número de expediente 122/000268.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, relativa al mantenimiento de los incentivos fiscales a los jóvenes en el alquiler de vivienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 156; en contra, 168; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.):
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE ACTUACIONES PARA EVITAR EL CIERRE DE LA PLANTA DERBI DE MARTORELLES. (Número de
expediente 162/000869.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre actuaciones para evitar el cierre de la planta
Derbi de Martorelles. Se vota en los términos de la proposición, sin enmiendas. ¿Es así? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 335.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CREACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR FORESTAL. (Número de expediente 162/000786.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, sobre la creación de empleo en el sector forestal. Se vota en sus términos, sin enmiendas. (La señora Fernández Davila pide la palabra.) Un momento, señorías, he interrumpido
la votación. ¿Qué ocurre?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, no sé si es posible pero habíamos pedido la votación por separado. Si no es posible, pues nada, evidentemente.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, es la primera vez que interrumpimos una votación por el sistema electrónico por haberlo solicitado su señoría, pero a la Presidencia no le había llegado su solicitud. ¿Alguna dificultad por
parte de algún grupo parlamentario? (Pausa.) ¿Qué desea su señoría? Explíquelo. Adelante, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, pedimos votación separada del punto número 1 y del punto número 2.
El señor PRESIDENTE: El grupo proponente ha de pronunciarse al respecto. ¿Acepta la votación separada?
(Pausa.) ¿Y han de votarse el 1 y el 2, señora Fernández Davila, también separadamente o de modo conjunto? (Rumores.)
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Perdón, señor presidente, pido disculpas por este lío que estoy montando.
El señor PRESIDENTE: No, no se preocupe.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Es por separado, de toda la proposición no de ley, el número 1 en su conjunto del número 2.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila, y no se preocupe, que está en nuestro sueldo aceptarlo.
Votamos el punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 335.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 158; en contra, 171; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REMEDIAR LA GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000217.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para remediar la grave situación que atraviesa el sector pesquero español. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Hay alguna oposición a
que se tramite? (Pausa.)
En los términos de la transacción, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 330; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.):
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 59 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 122/000232.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el dictamen de la Comisión de la proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. En primer lugar votamos el texto del dictamen en los términos de la corrección que ha sido distribuida. ¿Conocen los portavoces la corrección distribuida? ¿Dan su conformidad? (Asentimiento.)
En los términos anunciados, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 335.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen por unanimidad.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos de modo conjunto la iniciativa por tener carácter orgánico. Saben sus señorías que han de obtenerse al menos 176 votos para que la misma quede aprobada.
En estos términos, comienza la votación con carácter orgánico. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 334.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad y cumpliéndose el requisito de las leyes orgánicas.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN.):
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN DE ANÁLISIS Y POSIBLE REFORMA DEL SISTEMA HIPOTECARIO ESPAÑOL. (Número de expediente 158/000036.)
El señor PRESIDENTE: Por último, se ha propuesto la creación de una subcomisión de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada por asentimiento de la
Cámara.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.