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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 248, de 26/05/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 248
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 236
celebrada el jueves, 26 de mayo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. (BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2011).
(Número de expediente 130/000042.) ...
- Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. (BOE núm. 115, de 14 de mayo de 2011).
(Corrección de errores en BOE núm. 118, de 18 de mayo de 2011 y BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2011). (Número de expediente 130/000043.) ... (Página 13)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 120-1, de 1 de abril de 2011. (Número de expediente 121/000120.) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación.) ...
(Página 32)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página 33)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 3)
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas ... (Página 3)
El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia ... (Página 13)
El señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), expone las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki
Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Pigmen i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barreiro Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Mármol Peñalver, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 19)
Proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema se Seguridad Social ... (Página 19)
El señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez), presenta a la Cámara el proyecto de ley.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas, intervienen los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y las señoras Díez
González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 32)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, se aprueba por 167 votos a favor, ocho en contra
y 158 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 146 votos a favor, 178 en contra y nueve abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia, se aprueba
por 332 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 331 votos a favor y dos abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 33)
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, se rechazan por siete votos a favor, 175 en contra y 151 abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 5/2011, DE 29 DE ABRIL, DE MEDIDAS PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DEL EMPLEO SUMERGIDO Y FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. (Número de expediente 130/000042.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley, 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. El Gobierno desea explicar las razones que le han llevado
a publicar el real-decreto ley. El señor ministro de Trabajo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señor presidente, señorías, tomo la palabra en nombre del Gobierno para solicitar a la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, sobre medidas para la
regularización y el control del empleo sumergido, así como para el fomento de la rehabilitación de viviendas.
Este es el título que lleva el decreto-ley, un decreto-ley basado en un hecho concreto. La coyuntura económica por la que atraviesa
nuestro país determina que la principal prioridad de la acción pública sea la adopción de medidas contundes, medidas intensas, medidas contra el desempleo y a favor de la creación de empleo, en un contexto en el que se enmarca la prioridad del
Gobierno, que no es otra que la creación de empleo.
La economía sumergida y en particular el trabajo no declarado presentan unos evidentes efectos negativos para el conjunto de la sociedad. Hoy entre nosotros prácticamente nadie discute estos efectos. Hablamos en primer lugar de distorsión
del mercado de trabajo, de competencia desleal y de menoscabo a la gran mayoría de las empresas españolas que actúan en un marco de legalidad común. Hablamos en segundo lugar de disminución, cuando no de eliminación, de los derechos y garantías de
los trabajadores y de dificultades para el sistema de protección social, muy especialmente en el ámbito de su financiación. Hablamos en tercer lugar de un comportamiento social especialmente pernicioso en el momento presente, dado que dificulta la
recuperación de nuestra economía y de los objetivos nacionales de financiación, en particular en un momento además en el que aumentan las necesidades de gasto en protección social. Este es el elemento clave, como saben todos ustedes, para
consolidar la reactivación de la economía. En este aspecto, el del combate a la crisis y la superación de la desconfianza en la marcha de la economía española, es donde se justifica en primer término el recurso a una figura legislativa como la del
decreto-ley, en la medida en que, efectivamente, permite responder a una situación de extraordinaria y urgente necesidad. La actual coyuntura económica con sus problemas reclama la profundización en las políticas públicas, políticas sobre todo
estas dirigidas a combatir el empleo sumergido.
La norma cuya convalidación solicitamos articula medidas de distinta naturaleza, medidas dirigidas a propiciar la regularización del trabajo no declarado; medidas para restablecer los equilibrios y eliminar los perjuicios que estas
prácticas causan tanto a los empresarios que sí cumplen la ley como a los trabajadores afectados; medidas que perfeccionan los niveles de justicia y de solidaridad social en nuestro marco de relaciones laborales y en el conjunto de la economía
española y medidas que tratan de optimizar los mecanismos de inspección y de control en este ámbito lanzando un mensaje contundente a la sociedad española, un mensaje de tolerancia cero frente al empleo irregular.
Para lograr estos objetivos -los objetivos que persigue el plan- se ha previsto un conjunto de estímulos, así como la potenciación de instrumentos de disuasión y de reacción frente a la ocultación del trabajo sumergido, instrumentos a
desarrollar en dos fases sucesivas: una primera que denominamos de regularización voluntaria y una segunda de carácter definitivo y disuasorio. El capítulo I del decreto-ley contiene las medidas dirigidas a incentivar que las empresas se acojan
voluntariamente al procedimiento de regularización de trabajadores ocupados hasta ese momento de forma irregular. Se establece un plazo, el 31 de julio del presente año, durante el cual los empresarios podrán solicitar el alta de trabajadores a su
servicio ocupados hasta ese momento de forma irregular. Durante ese periodo tendrán a su disposición determinados estímulos en el ámbito de la Seguridad Social, tendrán la posibilidad de acogerse a las bonificaciones y a las reducciones de cuotas
que resulten de aplicación en cada momento y a los propios sistemas de aplazamiento en el pago de cuotas establecido reglamentariamente. Estímulos también durante ese periodo hasta el 31 de julio en el ámbito laboral: tendrán la posibilidad de
acogerse a cualquiera de las modalidades de contratación laboral previstas legal y reglamentariamente, siempre que concurran los requisitos establecidos al efecto y siempre -matiz este importante- que tengan una duración mínima de seis meses.
Estímulos
también en el ámbito sancionador, no siendo objeto durante este tiempo de sanción administrativa las situaciones regularizadas con los requisitos que se establecen en el decreto-ley. Por tanto, señorías, hasta el 31 de julio, las altas
solicitadas por la empresa fuera de plazo, si se formalizan acogiéndose a este proceso de regularización, no serán objeto de sanción.
Quiero aclarar -resulta pertinente en este momento- que obviamente no se trata de una amnistía. Estas medidas se limitan a los supuestos en que la empresa decida voluntariamente acogerse al proceso de regularización, siempre y cuando no
haya habido una actuación previa inspectora o medien previamente demandas o denuncias por parte de los trabajadores o por cualquier otro interesado. Quisiera que esta importante cuestión quedara clara. Insisto, no estamos ante una amnistía, porque
la Inspección de Trabajo va a seguir actuando en el periodo de tiempo que denominamos de regularización voluntaria; va a seguir actuando en el control de la economía sumergida y sancionará, como es su obligación, a los empresarios que ocupen
trabajadores de manera irregular sin haberlos regularizado voluntariamente. Además, no se prevé la condonación de deudas. Los empresarios deberán abonar las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan desde el momento en que se formaliza
el contrato.
Por otra parte, el capítulo II contiene las medidas de carácter disuasorio contra los empresarios que no se hubieran acogido al proceso de regularización durante el periodo voluntario. Esta segunda fase se iniciaría el 1 de agosto del
presente año y comprende dos importantes bloques: la ampliación de los sujetos responsables, en este caso considerando que buena parte del empleo irregular se produce en un ámbito muy concreto, el de la subcontratación de la actividad, y se
establece por ello que los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios que se corresponden con la propia actividad de aquellos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo deberán tener la
obligación de comprobar con carácter previo al inicio de la prestación la propia actividad contratada o subcontratada y, dentro de ella, la afiliación y el alta en la Seguridad Social de los trabajadores que estos ocupen en esos puestos de trabajo,
y pueden ser en este caso sancionados ex novo en caso de no hacerlo. Deseo destacar que la obligación no se limita a la propia actividad desarrollada en el centro de trabajo de la empresa comitente, sino a todas las actividades que se presten de
forma continuada en sus centros de trabajo, lo cual es una importante novedad que afectará profundamente tanto a las empresas como a la propia actuación inspectora. Por otra parte, debo subrayar que la norma no alude a la responsabilidad
patrimonial por el impago de los salarios o cuotas a la Seguridad Social, cuestión que sus señorías saben que ya está regulada en nuestro ordenamiento, sino que se trata de una obligación nueva cuyo incumplimiento determinará una responsabilidad
estrictamente sancionadora.
El segundo bloque de medidas consiste en un fuerte incremento de las sanciones. Sin duda el incremento más destacado es el relativo a la sanción por falta de afiliación o de alta en la Seguridad Social, cuyo importe mínimo se multiplica por
cinco. Aumenta también significativamente la sanción mínima por emplear a perceptores de prestaciones de Seguridad Social sin solicitar su alta. En cuanto a las sanciones accesorias a los empresarios, se ha añadido que en caso de reiteración se
les podrá excluir de las ayudas, de las bonificaciones y de los beneficios de los programas de empleo desde el momento de la fecha en que se produzca la infracción. Todo ello, señorías, vendrá acompañado de un incremento de la actividad inspectora
en materia de empleo irregular, una cuestión que se verá reforzada con la elevación en un 10 por ciento de la plantilla efectiva de inspectores durante el segundo semestre del presente año, el semestre en el que empieza el periodo definitivo, el
periodo de aplicación de nuevas sanciones.
Señorías, como ustedes conocen, no es esta la primera iniciativa del Gobierno en su lucha contra el empleo no declarado. Las políticas públicas de inspección, de sanción y de tutela de los derechos sociales y de las reglas de transparencia
e igualdad en el mercado vienen acometiendo de manera regular y constante sucesivas iniciativas y sucesivos planes dirigidos al control y a la lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido. La novedad en este caso viene marcada por el
hecho de que la coyuntura económica que atravesamos exige superar los planteamientos ordinarios, planteamientos que habitualmente incorporan los planes de control y de lucha contra el fraude, para ofrecer medidas que, limitadas en el tiempo,
favorezcan con estímulos atractivos la regularización del trabajo no declarado. Su puesta en marcha es además urgente, en la medida en que estimamos inaplazable la recuperación de niveles más aceptables de competencia empresarial y de protección
social de los trabajadores. También consideramos inaplazable la contribución al restablecimiento del equilibrio presupuestario público como medio para propiciar con inmediatez el mayor y más justo crecimiento económico y la consiguiente creación de
empleo.
Señorías, antes de concluir deseo subrayar también que la norma cuya convalidación solicitamos propone además la modificación de la actual regulación de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual.
El objetivo perseguido es
ampliar su accesibilidad a un mayor número de ciudadanos. En este sentido, hasta el 31 de diciembre de 2012 se amplía el objeto de la deducción, el colectivo de potenciales beneficiarios y la propia cuantía de la deducción fiscal.
En definitiva, señorías, el carácter de las medidas expuestas y la inmediatez con que deben aplicarse de cara a fortalecer su eficacia ponen de manifiesto la concurrencia de los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que exige
nuestro artículo 86 de la Constitución
para su aprobación mediante real decreto-ley. Por todo ello solicito aquí el voto favorable de todos los grupos de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Para fijar su posición doña Rosa Díez tiene la palabra en primer lugar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, efectivamente el ministro nos ha hecho un relato de cuál es la situación de la economía sumergida en España, que es la demostración de un fracaso. Mientras la OCDE cifra para España una economía sumergida en el año 2010 de
aproximadamente un 19,8 por ciento; las cifras de la Unión Europea son de un 14 por ciento. Tenemos un problema, y como aquí se ha dicho y como quiero estimar, es un ejemplo más del fracaso económico y de empleo que sufre nuestro país. Pero las
propuestas que el Gobierno nos hace se concretan en una amnistía parcial, aunque el ministro no las ha querido llamar así, pero realmente es de lo que estamos hablando: cobrar las cuotas de la Seguridad Social pero sin sanciones, darles esa
oportunidad; un incremento de las sanciones en el futuro, o sea, ya veremos, un poco lo del palo y la zanahoria, que me parece que no resuelve el problema que se ha destacado y que lo que hace únicamente es generar problemas complementarios, porque
el trabajador no verá reconocido su tiempo de trabajo a efectos de desempleo. Se me puede decir que ahora tampoco, pero lo cierto es que si entran en un proceso de amnistía, ni siquiera podrán reclamar para que se les reconozca en el futuro. Lo
único que mejoraran serán las estadísticas oficiales de paro, como si lo único que se pretendiera fuera hacer una especie de maquillaje de la realidad, no cambiar la realidad, sino aparentar que la realidad se cambia.
Creo que se busca lanzar un mensaje de que el paro no es tal porque hay mucho paro que está sumergido, es decir, las cifras de paro que se dan oficialmente no se corresponden con la realidad, y que lo hacen una vez más, con todo respeto,
para cubrir las apariencias ante unas exigencias extrañas a nosotros, ajenas a España, exigencias de la Unión Europea, y porque así lo establece una de las cláusulas del Pacto del Euro. En el Pacto del Euro nos dicen: tienen ustedes que hacer
algo. Y en vez de hacer algo, maquillamos algo para dar ante ellos la apariencia de que lo estamos haciendo. Lo que se plantea en este real decreto, señor ministro, con todo respeto, es algo así como pan para hoy y hambre para mañana, y aquí en
España ya no estamos para maquillajes y mucho menos en temas tan sangrantes como este del que estamos hablando, porque, además de todo y aunque parezca poco importante, si entrara en vigor este real decreto, lo que ocurriría en España es que se
discriminaría, se penalizaría a aquellos que han cumplido la ley, a aquellos que han cumplido con sus obligaciones. Ha habido dos ocasiones anteriores en que se ha hecho una cosa parecida, no exacta, pero la conclusión ha sido que no ha emergido la
economía sumergida, nada -el fracaso ha sido completo con medidas similares- y lo que se ha producido ha sido la penalización a quienes han cumplido la ley. Por otra parte, ministro, no es creíble que vaya a haber más sanciones a futuro porque
naturalmente depende de que se descubran, y con una inspección con tan pocos medios y tantas veces denunciada, eso es algo hoy por hoy absolutamente imposible. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
¿Qué le planteamos desde Unión Progreso y Democracia para atajar un problema que sabemos que es real? Hay que reducir el coste empresarial de cumplir con las leyes. Es decir, parafraseando una canción de Sabina, tendría que ser posible que
cumplir la ley no salga tan caro y que no cumplirla no valga la pena. Lo que hay que hacer es facilitar que el cumplimiento de las leyes sea más fácil, más accesible e, insisto, que no valga la pena incumplirlas y que no salga tan caro su
cumplimiento. Hay que incrementar medidas de la Inspección de Trabajo. Hoy están transferidas, no hay coordinación. No es un problema de que estén transferidas, es un problema de que no hay coordinación, por tanto, no hay conocimiento de lo que
ocurre en un territorio u otro de España. Hay que asumir responsabilidades, en vez de endosárselas a los empresarios, porque con este real decreto que ustedes nos plantean los empresarios realmente tendrían que ser los inspectores, tendrían que
sustituir a la Inspección de Trabajo y creo que bastante tienen con lo suyo, si lo hacen bien, y no tendrían que sustituir a la Administración en una tarea que no les corresponde. También hay que dar ejemplo desde las administraciones públicas
acabando con la morosidad. Creo que para exigir a los demás que cumplan, hay que cumplir, y hoy un problema importantísimo que tienen muchas empresas, sobre todo muchas pequeñas y medianas empresas, es la morosidad de las propias administraciones
públicas.
En síntesis, señorías, señor ministro, ustedes, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno del que usted forma parte se han cargado la economía y el empleo reglado y ahora parece que se quieren cargar el resto del empleo. Se
han cargado lo que ya había, el empleo reglado y la economía reglada, y ahora se quieren cargar el resto de la economía y el resto del empleo y yo creo que no nos merecemos esto, y por eso, porque este decreto no resuelve ninguno de los problemas
que se han señalado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ:. no tendrán ustedes el voto de Unión Progreso y Democracia, bueno, no es que no tendrán el voto, es que tendrán el voto en contra de Unión Progreso y Democracia en este real decreto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, inicialmente ya decimos que no vamos a apoyar el real decreto que usted nos acaba de exponer aquí, entre otras razones porque no entendemos la urgencia -por tanto se podía tramitar de otra manera-, que solo es entendible como
la que el Gobierno está teniendo desde hace mucho tiempo para cumplir con los deberes y llegar con ellos hechos a la Unión Europea. Creemos que al próximo Consejo quieren llevar el cumplimiento de la recomendación que en su momento hizo la UE en
relación con este problema. No entendemos la urgencia. Tampoco entendemos que no se haga referencia en la exposición de motivos de este real decreto ni en su intervención en defensa del mismo a la valoración del Plan integral de prevención y
corrección del fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social del año 2010. El Gobierno se dotó con instrumentos también para luchar contra esa economía sumergida y a día de hoy no sabemos los resultados de los mismos, pero además nos viene con
este real decreto, sobre el que adelanto que la posición que mantenemos es la de considerar que va a ser total y absolutamente ineficaz. Ineficaz porque este es un real decreto que va dirigido a las empresas dejando fuera por tanto esa economía
sumergida que todos sabemos el nivel que representa, que son las personas empleadas del hogar -como se las conoce-. Todos sabemos el fraude que este sector supone.
Tampoco se aclara nada en el real decreto sobre la situación de la población inmigrante ni sobre la regularización que puede haber de sus contratos laborales o de la inexistencia de los mismos. En nuestra opinión, si esta regularización
laboral de personas inmigrantes incidiera además en aspectos relativos a la Ley de Extranjería, estaríamos hablando de un plan o de una cuestión positiva. Por otro lado, en todos los casos, la lucha contra todo tipo de abusos que sufren las
personas trabajadoras requiere desde nuestro punto de vista más eficacia y aquí no se contempla ninguna medida por ejemplo de inspección. El plan de regularización -como dijimos y en este caso abundamos- no se dirige nada más que al trabajo no
declarado o sumergido, pero no entra en otras materias que siguen siendo economía sumergida, como las jornadas bajo modalidades de tiempo parcial pero con jornada completa, la cantidad de horas extras que están haciendo personas con contratos
laborales y que no están debidamente declaradas a efectos de cotización de la Seguridad Social ni en relación con los compromisos fiscales.
Estamos por tanto ante un real decreto que no sabemos muy bien, volvemos a decir, para qué sirve. La norma -usted lo acaba de resaltar en la intervención- establece solamente el requisito de que la duración de la contratación tendrá que ser
como mínimo de seis meses y que incluso puede ser bajo la modalidad del contrato formativo. Estamos hablando de que aflore una contratación laboral no reglada y estamos diciendo que tiene ahí unas formas de contratación totalmente precarias; es
decir, pasa de una precariedad sumergida a una precariedad reglada, pero que para la persona trabajadora sigue siendo precariedad.
Por otra parte, las altas que se puedan efectuar en el plazo establecido en el real decreto solo se pueden retrotraer seis meses, con lo cual evidentemente volvemos a estar ante la situación de todas aquellas personas que estén trabajando
meses o años. La medida que usted resaltaba como eficaz sería el incremento de las sanciones, pero para que eso pudiera ser realidad tendría que haber un incremento de las inspecciones y si no hay incremento de las inspecciones, malamente puede
haber sanciones, señor ministro, por lo tanto esas medidas tampoco tienen nada que ver.
Creo que usted acaba de hacer una exposición -y también se valora en el real decreto- que quiere tranquilizar por un lado a los empresarios y por otro a los grandes de la Unión Europea de que aquí hacemos algo que no es negativo para los
empresarios y que cumplimos los deberes, pero que al final va a dejar la situación como estaba. El dato, en situaciones normales de economía sumergida, aportado por Hacienda de que hay un 20 por ciento...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...se supone que en estos momentos será mucho más alto. Disculpe, señora vicepresidenta. Desde luego el real decreto desde nuestro punto de vista no es en absoluto eficiente, por lo tanto vamos a votar en
contra.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, subo aquí para anunciar en primer lugar que nuestro grupo no va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto. Compartimos con el Gobierno la necesidad de luchar contra el fraude y contra la economía
sumergida y así lo hemos manifestado en infinidad de iniciativas parlamentarias, de carácter tributario, en los debates sobre el estado de la Nación y con motivo de los Presupuestos Generales del Estado, pero este real decreto que trae hoy a esta
Cámara nos parece del todo insuficiente. Le recuerdo
que hace poco en esta Cámara se debatió un proyecto, el de la ley de economía sostenible, que debía tratar estos temas, los de la economía real, y lamentablemente no fue así. No hubo un debate serio y ahora nos presentan este real decreto
para que no haya debate. Este es un primer motivo para estar en contra de la convalidación. Un tema que afecta a tantos actores de la sociedad no se ha negociado con los agentes sociales, dejando especialmente al margen a los representantes de los
trabajadores y las trabajadoras, y además no se ha debatido en esta Cámara, impidiendo añadir todos los matices necesarios en una propuesta tan importante como es acabar con uno de los problemas estructurales de la economía de nuestro país. Es un
tema lo suficientemente importante para discutirlo en profundidad y no en un real decreto-ley.
Permítanme unas consideraciones previas antes de entrar en el contenido del real decreto. Si se quiere acabar con la economía sumergida, hay una medida mucho más compleja pero infinitamente más efectiva, que es acabar con aquellas
actividades económicas que son el caldo de cultivo de la actividad no declarada. Acabar con algunos sectores como por ejemplo la especulación urbanística, en vez de fomentarlo, debería ser el primer paso para combatir la economía sumergida. Por
otro lado, por supuesto, hay que garantizar unos subsidios por desempleo dignos y universales.
¿Cómo no va a haber economía sumergida con casi 5 millones de parados y paradas y más de un millón de ellos sin ningún tipo de prestación? ¿Cómo piensan
que van a vivir estas personas si no es a través de la economía sumergida? Lo hacen para sobrevivir, porque a muchos de ellos se les está negando la posibilidad de una vida y un empleo dignos.
Como decía al principio, además de estar en contra del método escogido por el Gobierno para legislar estas cuestiones relevantes, a pesar de que estamos de acuerdo en muchos de los planteamientos, cuestionamos el contenido del real decreto
en su conjunto por varias razones. En primer lugar, dejan fuera del punto de mira, a nuestro entender, al gran enemigo. Ese texto no ataca el gran agujero negro de la economía española: el fraude fiscal, que según los expertos es de 161.000
millones de euros. Imagínense si reduciríamos el déficit, evitaríamos recortes en sanidad, en educación, en prestaciones sociales, si fuéramos, si fueran valientes en la lucha contra el fraude fiscal. Pero, como siempre, ustedes, con los poderosos
de verdad, no se acaban de atrever. Propuestas desde nuestro grupo para luchar contra el fraude fiscal han tenido muchas y nunca las han aceptado. Solo quiero recordar que por cada euro que el Estado invierte en los planes de lucha contra el
fraude fiscal se recuperan 8,36 euros; son cifras de los Presupuestos Generales del Estado, no son un invento por nuestra parte. Hay pocas actividades más rentables que la lucha contra el fraude, pero por supuesto se necesita voluntad política
para ello.
En segundo lugar, consideramos que los incentivos del real decreto que hoy proponen convalidar son totalmente insuficientes. Ustedes proponen perdonar algunas sanciones de aquí al 31 de julio para los empresarios que regularicen la
situación de sus trabajadores, y ya está. Hay una enorme incógnita que desearía que nos aclarasen, si con el 10 por ciento anunciado de incremento de los inspectores de la Inspección de Trabajo va a ser suficiente para poder perseguir y controlar
todas estas empresas a las cuales se debe sancionar. Por otra parte -también lo ha apuntado la representante del BNG-, queda excluida la situación de una bolsa importante de fraude que es la de las trabajadoras -digo trabajadoras porque
fundamentalmente son mujeres- domésticas; se olvidan del trabajo doméstico cuando normalmente prestan diferentes servicios en varios hogares y debería ser la propia trabajadora o trabajador quien debería darse de alta en el régimen especial de la
Seguridad Social, pero también se olvidan de hacerlo cuando es el empleador el obligado al alta y a la cotización al tener a la trabajadora o trabajador a jornada completa en su hogar. Así pues, los únicos beneficiados y sin coste serán los
empresarios. ¿Por qué desaparece la posibilidad de reconocer periodos previos de trabajo y la obligación de ingresar las respectivas cotizaciones con respecto a anteriores borradores? Ya que se tendrán que jubilar seguramente a los 67 años, que
estas personas que se han visto abocadas al empleo en negro tengan posibilidades, como mínimo, de salvar lagunas para tener una pensión digna y un mínimo de protección por desempleo.
Señor ministro, si es un plan de afloramiento, quiere decirse que sabemos que los trabajadores trabajaban sin contrato, pero trabajaban. ¿Por qué permitimos que se les hagan contratos temporales, como dice el artículo 4.1 de este real
decreto? ¿Por qué seguir dejándolos en precario en lugar de reconocer que por el tiempo trabajado tienen el derecho a un contrato indefinido? Con este real decreto los trabajadores y trabajadoras pierden la oportunidad de que se coticen, acrediten
y reconozcan los periodos trabajados efectivamente. En definitiva, con este texto ellos pierden pero perdemos todos, porque, insisto, si es un plan de afloramiento, sabemos que trabajaban previamente en negro. ¿Por qué no obligar a las empresas a
que justifiquen el origen del dinero negro con el que estuvieron pagando los salarios? Eso permitiría a la Agencia Tributaria llevar a cabo las sanciones tributarias y empezar a deshacer el ovillo de fraudes. Eso sí sería un avance y una
recuperación urgente de la pérdida de ingresos públicos y no este plan, a nuestro entender, cosmético.
En tercer lugar, en algunos aspectos se premia a los que hacen trampas...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, no tiene usted tiempo.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Voy terminando.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, termine, por favor.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Sí. En este texto del real decreto, a diferencia de borradores anteriores, se posibilita el acceso a las bonificaciones, reducciones de cotización a la Seguridad Social y al resto de beneficios previstos para
el fomento de la contratación a los empresarios que acudan al proceso voluntario de regularización. Y, fíjense, en el artículo 5 desaparece la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes o subcontratantes.
En definitiva -y para terminar-, como dicen los agentes sociales, el plan de economía sumergida responde más a exigencias de Europa, al Pacto por el Euro, a la genuflexión ante los mercados financieros, que a la voluntad real de combatir el
fraude.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ha cosechado hasta este momento tres noes y nuestro grupo se va a abstener. No sé si esto supone un alivio suficiente para sus pretensiones, pero se lo comento con esa intención.
Señor ministro, con esto no se puede frivolizar. Estamos hablando de un problema de una gran magnitud, la economía sumergida constituye una verdadera atrofia en nuestras estructuras económicas y sociolaborales.
Usted ha hecho un buen
diagnóstico que consta en la exposición de motivos del real decreto-ley. Efectivamente, en este ámbito no se protegen los derechos ni los deberes que corresponde a los empresarios y a los trabajadores; en este ámbito se compite deslealmente con
las empresas que actúan en situación regular; en este ámbito no se contribuye con la tributación a la que están obligadas las empresas y los propios trabajadores. Por tanto, se está perjudicando desde una perspectiva de análisis macroeconómico a
los problemas atinentes al déficit público, que es la gran patología del Estado español. Nada hay nada bueno en la economía sumergida y debemos realizar planes eficientes y contundentes.
Usted ha hecho una invocación a la contundencia y esto es lo que justifica nuestra abstención. Esto es lo que no percibimos en este real decreto-ley, contundencia. Lo que nos parecen contundentes son otras medidas que ya están adoptadas.
Usted ha invocado e indicado que existen planes anuales que acomete la Inspección de Trabajo para intentar aflorar la economía sumergida. Yo creo que la Inspección de Trabajo lo puede hacer con eficiencia, puesto que puede comarcalizar, puede
territorializar ámbitos geográficos diferentes y escudriñar cuáles son los porcentajes de economía sumergida, hasta el punto de que hay aproximaciones a su dimensionamiento. Más o menos en el ámbito de la Inspección de Trabajo se comenta que los
porcentajes de economía sumergida en relación con el producto interior bruto del Estado rondarían entre el 17 y el 19 por ciento, dato coincidente con informes como el de la CEOE o el propio informe reciente del Consejo Económico y Social.
Además,
hay otros planes elaborados en concertación con la Agencia Tributaria, en unos casos, el famoso plan de 5 de marzo de 2010, el Plan integral para el afloramiento o la lucha contra el fraude fiscal y el fraude laboral, o la creación de un
observatorio, nada menos, para la prevención y lucha contra el fraude. Faltaba, quizá, una explicación más pormenorizada por su parte del resultado de estas actuaciones que, siendo beligerantes, parece que no han sido suficientes. Hay que
entenderlo a sensu contrario, señor ministro, hay que interpretar desde una perspectiva de análisis hermenéutico lo que usted ha querido decir cuando ha explicado este real decreto-ley, porque no tendríamos que recurrir -y esta es una cuestión que
no es semántica, es una cuestión real- a una verdadera amnistía en un plazo de tiempo determinado, hasta el 31 de julio del año 2011. Luego le explicaré las razones de por qué hay que hablar de una amnistía -aunque a usted le horripila el término o
repudia la utilización de esta alocución, de la expresión amnistía- para quienes regularicen a los trabajadores desde una doble perspectiva, desde la contractual y desde la perspectiva de su afiliación o de las obligaciones de afiliación a la
Seguridad Social.
¿Por qué hablo de amnistía, señor ministro? Hablo de amnistía, entre otras cosas, porque usted considera que a quienes regularicen antes del 31 de junio del año 2011 a los trabajadores que con ellos trabajan de forma sumergida, de forma
irregular, no les será de aplicación el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores. Me tiene que explicar por qué no resulta de aplicación. El artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, por si alguien en esta Cámara no lo conociera,
establece lo siguiente: Cuando se incumpla con la obligación de afiliar a la Seguridad Social, se producirá una novación contractual automática y los contratos temporales se transformarán en indefinidos. Si estamos condonando una obligación de
derecho necesario absoluto, como es la consignada por el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, estamos hablando de una amnistía del cumplimiento de una obligación legal.
Ustedes han sido particularmente débiles, lábiles -utilice o asuma la expresión menos agresiva que quiera- en la lucha contra dos patologías que caracteriza nuestro mercado de trabajo. En primer lugar, ustedes admiten la concertación, a
efectos de regularizar a los trabajadores irregulares o sumergidos, de cualquier fórmula contractual, de cualesquiera de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico, que no son pocas las de carácter temporal que precarizan realmente el mercado de
trabajo, incluso los contratos formativos. Nos oponemos rotundamente a que los contratos formativos
también puedan ser objeto de utilización como instrumento contractual para aflorar a los trabajadores en situación irregular, puesto que su duración muchas veces no llega al mes. Las relaciones bilaterales que afectan a los contratados a
través de contratos formativos no pueden ser más deletéreas en su definición normativa, señor ministro. Esta no es una forma de acometer la precarización de nuestro mercado de trabajo, basada en la poca duración de los contratos que se conciertan,
sobre todo con trabajadores jóvenes. Esta falta de coraje en la lucha contra la precariedad también se puede transformar en falta de coraje en la lucha contra la economía sumergida.
La otra gran patología de nuestro mercado contra la que ustedes no han demostrado particular energía, han sido débiles, lábiles, ha sido en la subcontratación, en las posibilidades de subcontratación facilitadas por el ordenamiento jurídico
laboral y la atrofia que constituye lo que se denomina subcontratación en cascada, en virtud de la cual el empresario principal, el que empieza la cadena de subcontrataciones, al final ni llega a conocer físicamente quién es el que realiza
efectivamente la obra objeto de subcontratación. Hasta tal punto llega la atrofia, señor ministro, que, como sabe, en el ámbito de la legislación de prevención de riesgos laborales se puede llegar a subcontratar al final de la cadena a una persona
física, ni siquiera a una empresa. Y la responsabilidad es solidaria, efectivamente, sigue siendo solidaria, no hace falta convertir al empresario principal en una especie de inspector de Trabajo in pectore para que vigile si los que va a
subcontratar de forma sucesiva y en cascada cumplen con las obligaciones previstas con relación a los requerimientos de regularización que este real decreto-ley consiga.
Se me acaba el tiempo, señora presidenta. Me gustaría acabar diciendo que no nos parece mal la otra parte del precepto, la relativa a la deducción...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría...
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, ya acabo, señora presidenta. La relativa a la deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas por las obras habituales en todas las viviendas de las que es propietario el beneficiario, elevando la
base imponible de la deducción de 53.000 a 70.000 euros. Ahora, sí me gustaría -y con esto acabo, señora presidenta- que me explique qué tiene que ver esto con la economía sumergida, cuál es el elemento de conexidad de este precepto con la
regularización de la economía sumergida. Por estas razones y otras muchas que no tengo tiempo de explicarle, señor ministro, no le vamos a decir que no, pero nos vamos a abstener. Hay que trabajar mejor estas cosas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el debate está evidenciando claramente que los grupos constatan un fracaso de las políticas del Gobierno en la lucha contra la economía sumergida. Incluso la propia aprobación de este real decreto demuestra que las medidas
adoptadas hasta ahora no han tenido la eficacia que debían. Creo que hace quince días Funcas nos recordaba que la economía sumergida en España representa cerca de un 20 por ciento de nuestro PIB y que hay 4 millones de trabajadores que están
afectados por esa situación. La propia intervención del señor ministro -se lo recordaba el señor Olabarría- también pone en evidencia que las medidas adoptadas no han sido explicadas en esta Cámara en términos de resultados. Por tanto, es legítimo
que la Cámara se pregunte por qué es precisamente ahora cuando el Gobierno aprueba este real decreto.
Además, señor ministro, compartiendo sus consideraciones sobre cómo afecta la economía sumergida la competencia desleal, cómo desprotege a aquellos trabajadores que están en esa situación y cómo implica menos ingresos públicos para el
Estado, todos asumimos también que precisamente en el contexto actual esa economía sumergida forma parte de los colchones que explican esa relativa paz social que existe en nuestra sociedad. Cuando se analiza lo que sucede en España, con un 20 por
ciento de desempleo, más allá del esfuerzo que ha hecho el sector público, del papel que juegan las prestaciones por desempleo, la solidaridad familiar, lo cierto es que sin esa economía sumergida hoy la situación para muchas empresas, para muchos
emprendedores, para muchos trabajadores, sería peor. El debate es complejo. Es necesario abordar la lucha contra la economía sumergida. Las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes.
Sabemos que si queremos parecernos a las economías
más avanzadas de nuestro entorno debemos actuar y corremos el riesgo de que, en función de cómo actuemos, quizá compliquemos más la vida al conjunto de los ciudadanos.
Mi grupo es escéptico en cuanto a la eficacia de las medidas que se adoptan: ese incremento del régimen sancionador en forma de palo, esa zanahoria en forma de amnistía. En todo caso, los resultados que esta medida puede generar son
inciertos. ¿Van a ser suficientes los incentivos a las empresas para que de aquí a finales del mes de julio opten por regularizar? ¿La amenaza de un incremento de las sanciones va a evitar que continúen produciéndose estas prácticas? ¿Van a
encontrar los trabajadores que hoy están en la economía sumergida incentivos reales para normalizar su situación, incluso cuando no se les va a reconocer los derechos adquiridos en el supuesto de que hubiesen estado dados de alta?
Insisto, señor ministro, somos escépticos en cuanto a la eficacia de esta política. Y además estamos convencidos de que abordar una efectiva lucha contra la economía sumergida exigiría medidas más audaces y más estructurales, que fuesen al
fondo de por qué en España tenemos ese volumen de economía sumergida que nos aleja de los estándares de nuestro entorno. Por ejemplo, hoy buena parte de nuestra economía sumergida está vinculada a los servicios, a las personas y a las familias,
servicios que las familias necesitan contratar: ayuda en la limpieza del hogar, en atención de personas dependientes de baja intensidad, en la reparación de ordenadores, en informática, en la atención a niños pequeños, profesores de repaso,
necesidades que las familias tienen y que no pueden comprar en el mercado formal, en el mercado de la economía regular, porque los costes de esos servicios en el mercado ordinario son inasumibles para las familias y, como la necesidad existe, la
gente opta por la economía sumergida y, en la medida en que la necesidad existe, la oferta de esos servicios aparece. En países de nuestro entorno -Alemania, Francia, Bélgica- se han adoptado medidas para establecer esos servicios en el mercado
formal con costes fiscales y sociales que permiten hacerlos competitivos y atractivos para las familias. Un planteamiento más a fondo de lucha contra la economía sumergida, que pretendiese dar salida a una problemática compleja, exige algo más que
un proceso de normalización, una amnistía, un incremento de las sanciones, una mayor exigencia en los procesos de subcontratación.
No nos vamos a oponer a la convalidación de este real decreto, estamos seguros de que es bienintencionado y ojalá sirva para que emerjan unos cuantos miles de empleos -eso va a ser bienvenido en cualquier caso-, pero tampoco vamos a votar a
favor del mismo. Queremos curarnos en salud y, en función de nuestra corresponsabilidad con esa medida, que, insisto, seguramente va a ser insuficiente, incierta y no va a resolver las cuestiones de fondo que afectan a la economía sumergida, no
puede contar con el beneplácito explícito de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy abordamos el enésimo real decreto del Gobierno en materia laboral, a cual más ineficaz, es cierto, pero por cantidad no podemos criticarle, señor ministro. Usted sufre una enfermedad nueva que empieza a estar descrita ya en la
literatura médica: el decretismo. Es una enfermedad que cursa con una obsesión compulsiva por aprobar cada viernes en Consejo de Ministros un nuevo decreto aunque no sirva para nada -si no, no tendríamos 5 millones de parados en nuestro país-,
pero que al peso deben valer un montón. Es una enfermedad que cursa además con la fiebre de darle la forma de decreto-ley, una fórmula que reserva la Constitución española, en su artículo 86, a los casos de extrema y urgente necesidad y que cursa
también con la fijación de intentar que no se tramite como proyecto de ley para que nadie pueda enmendar en esta Cámara esos dislates legislativos: reforma laboral, plan de choque, Prodi, políticas activas de empleo, inspección de trabajo, régimen
agrario, etcétera. Y ahora, la amnistía laboral. Es la del decretismo una enfermedad grave, que por otra parte ya se ha cobrado a algún antecesor suyo y que tiene como principal síntoma un aumento de los PSOE, los parados sin opción a empleo, de
los que cada vez hay más en este país, que pueden llegar al 21,3 por ciento en sangre y a 5 millones en el recuento de la fórmula leucocitaria y que aparecen en forma de brote epidémico cada vez que gobiernan ustedes en este país. En definitiva, es
una enfermedad que solo se cura con la convocatoria de nuevas elecciones y con el reposo -cuanto más tiempo, mejor- de este Gobierno y su partido en la oposición, como les han prescrito los ciudadanos el pasado domingo.
Señorías, cuando hace dos años el ministro Corbacho proclamó solemnemente que la economía sumergida ascendía al 20 por ciento en nuestro país, todos pensamos que aquella noticia era el preámbulo de un anuncio de alguna medida de refuerzo de
la inspección. Pero no; lo cierto es que solo sirvió para que la vicepresidenta económica lo desmintiera y nada más. Ahora resulta que es necesario un real decreto-ley, ahora resulta que, después de dos años de aquel anuncio, se ha convertido en
un motivo de extraordinaria y urgente necesidad. Estamos de acuerdo. El pasado 29 de abril era de extraordinaria y urgente necesidad, pero únicamente para el Gobierno -no para los españoles-, camuflar, esconder y despistar el brutal aumento en la
EPA de parados, que anunciaba más de 256.000 parados y una cifra cercana a los 5 millones. Era necesario, por tanto, dar la sensación de que se hacía algo, aunque fuese aprobar otro real decreto tan inútil como este pero de extraordinaria y urgente
necesidad; otra cortina para tapar las vergüenzas de este Gobierno. Me pregunto yo y se pregunta la sociedad española también que si nos dijeron que en las crisis la economía sumergida aumentaba y llevamos tantos años de crisis, ¿por qué ahora,
señor ministro? ¿Por qué con un decreto de extraordinaria y urgente necesidad? ¿Por qué con prisas otra vez? Los españoles ya les conocemos muy bien y conocemos su operación de magia Borrás por la que cuando usted era secretario general de Empleo
hacía desaparecer a 600.000 parados, que lo son pero no para ustedes porque están en formación o en otros códigos, como lo llaman ustedes. Pero como aquel truco no sirvió, ahora dibujan en dos semanas este plan para ver si asustando un poco se les
suman algunos cotizantes más. Esa es la realidad que conocen los españoles y por eso esta amnistía laboral ahora.
Por eso, señorías, este real decreto no tiene ni una sola línea para combatir la economía no declarada o irregular. Por eso no han elaborado una memoria económica del mismo. Por eso no hay un diagnóstico riguroso detrás, ni un solo dato
del número de empleos a aflorar, ni objetivos económicos, ni medios extraordinarios a disposición de este plan. Por eso no hay tampoco un plan extraordinario de inspección, ni han modificado el plan ordinario en vigor este año, ni han aumentado la
plantilla ni los medios humanos, ni tampoco han hecho ninguna iniciativa para los autónomos. Porque todo esto, señor ministro, es una gran chapuza, como todo lo que nos han traído en materia laboral en esta legislatura, porque ustedes son incapaces
de tener un plan para la creación de empleo y para la lucha contra el desempleo, porque nunca lo tuvieron y porque nunca lo van a tener. Por eso, señorías, no hay objetivos ni hay nada cuantificable para medir la importancia de este plan, y un plan
sin objetivos es como un coche sin ruedas, no sirve absolutamente para nada.
Por eso tienen en contra a las asociaciones de inspectores de Trabajo e incluso a la Unión Progresista, que están estupefactos con este real decreto. Por eso también las
asociaciones de subinspectores han demostrado su rechazo. También en esto, señor ministro, han fracasado en el diálogo social, a pesar de que Zapatero dijo que lo pactaría. Lo grave es que están afirmando de forma directa el fracaso del papel del
control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en sus competencias, y están intentando trasladar que la economía sumergida existente es consecuencia del defecto de ese control en las actividades o en las actuaciones desarrolladas por la
Inspección e incluso por la falta de eficacia de los funcionarios para esa inspección.
Por tanto, otra pregunta es que si de cada tres euros uno corresponde al fraude laboral y dos al fiscal, ¿por qué solo un plan laboral?, ¿por qué no uno fiscal? Ustedes ya lo hicieron en los años 1984 y 1991. La respuesta es: porque
saben que es perfectamente inútil. Señorías, ¿por qué no han incluido medidas que prevean la repercusión tributaria de la regularización voluntaria, retenciones de IRPF no practicadas o declaraciones fuera de plazo? Porque si no el miedo a
sanciones hará perfectamente inútil este plan. ¿Por qué, señor ministro, ha reducido la última plantilla de inspectores en un 5 por ciento? ¿Por qué ha reducido el presupuesto en materia de inspección de trabajo un 7 por ciento en este ejercicio?
¿No se da cuenta de que los españoles ya saben que son medidas perfectamente inútiles y que solo son propaganda, que son palos de ciego inconexos y contradictorios, que no se pueden subir todos los impuestos y luego amnistiar, que no se puede sorber
y soplar a la misma vez, que son medidas que, en lugar de combatirlas, privilegian a quien ha burlado las normas y a quien ha infringido la ley, que desaniman a los inspectores y que desaniman a quien cumple regular y puntualmente con sus
obligaciones?
Señorías, este probablemente es uno de los elementos más injustos de los que existen en el ámbito de la inspección de los países de nuestro entorno. Mientras cada vez hay menos parados en las colas del INEM y más parados en las colas de
Cáritas, mientras el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, monta reuniones con los agentes sociales sencillamente no para avanzar en la reforma laboral sino para evitar fotos con los otros dos países socialistas arruinados. ¿Dónde está,
señoría, la negociación colectiva del 19 de marzo? ¿Dónde está el cambio de modelo productivo de la Ley de Economía Sostenible, señor ministro? ¿Dónde está el cacareado fondo austriaco o la reforma de la formación? En definitiva, señor ministro,
¿cuándo van a hacer ustedes algo útil o eficaz en materia de empleo en este país? La amnistía laboral que hoy nos presenta es real y sencillamente penosa.
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Echániz.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, señorías, voy a comenzar con una autocrítica porque yo siempre había considerado que el señor Echániz era un fiel representante de la escuela de Chicago, del Tea Party madrileño, y me ha
sorprendido hoy porque veo que usted lo que lee fundamentalmente es la mitología griega. Usted es un hijo del dios Júpiter capaz de llegar aquí y lanzar rayos y truenos a la concurrencia sin querer explicar nada, porque todavía no sé qué es lo que
piensa del real decreto que hemos presentado. Porque, señor Echániz, la economía sumergida es un problema del conjunto del país, nuestro, de ustedes antes y de toda la sociedad. Fíjese usted si es un problema que tenemos tres encuestas en estos
momentos que dicen tres datos absolutamente contradictorios: para uno es el 19,8 de nuestra actividad económica -no deberíamos de tener desempleo en ese caso-, para otros es el 14 por ciento -también deberíamos de estar en una situación realmente
diferente- y para otros es el 13 por ciento. ¡Es economía sumergida! No la podemos cuantificar porque es así. ¿Por qué se produce? Porque hay un desfase entre la relación equilibrada de capital y trabajo en algunos sectores y en algunos
territorios, y cuando está a favor del capital los trabajadores pierden y pasan a ser elementos de contratación absolutamente en el subempleo. Eso es lo que ocurre en determinados sectores, con ustedes, con nosotros, y posteriormente. Y en la
Unión Europea igual, en menor o mayor proporción, en la zona del sur y en la zona del norte. Lo decía el señor Campuzano, cuando las relaciones son individuales, en lo que es actividad económica, vinculadas a las familias es economía sumergida, lo
tengamos reglamentado o no; y en estos momentos es perjudicial para nuestra población.
¿Cómo nos puede decir usted, señor Echániz, que no hemos hecho nada si nos han estado llamando de todo
cuando regularizamos a los extranjeros que teníamos en una situación ilegal en este país, e hicimos emerger más de seiscientos mil puestos de trabajo nuevos? ¿Estaban en la economía sumergida o no estaban en la economía sumergida? ¿O
estaban en el limbo? Porque para ustedes la economía sumergida es el limbo. Para nosotros es un problema social; es un problema que tiene que ver con las personas, con los empresarios, con la actividad económica, con las prestaciones sociales, y
sobre todo perjudica a las empresas que hacen sus cosas con regularidad, margina a los trabajadores, les limita las prestaciones sociales, y además les pone en una situación de indefensión. ¿Les parece poco para tener que hacer un real decreto?
¿Les parece poco, señor Echániz, que tengamos que hacer un marco de regulación diferente? Y lo hemos hecho equilibradamente.
Equilibramos entre lo que es la necesidad de que aflore y evitar que se siga manteniendo en los límites que actualmente
estamos viendo. Eso es lo que hemos hecho. Lo que decimos es: ¿usted tiene economía sumergida, usted tiene relaciones de trabajo irregulares? Entonces regularice que no le vamos a perseguir; regularice, tiene hasta el 31 de julio con una
limitación temporal. Y no solo le decimos eso: si usted tiene problemas económicos para regularizar le ofrecemos la posibilidad de poder hacer un acuerdo con la Seguridad Social para su pago. ¿Le parece poco? Y a continuación lo que les decimos
es que de cara al futuro -que quede bien claro- lo que vamos a hacer es otra cosa: si usted tiene una situación irregular vamos a incrementarle las sanciones por las cuales usted va a tener esa situación, de dos maneras: por acción y por omisión.
Por acción, si usted incumple, más sanción; y por omisión, si usted es condescendiente con una relación irregular por subcontrata usted es igual de responsable que la subcontrata. Y a continuación le diremos que no estamos hablando de un problema,
sino que estamos hablando de cada problema. No recibirá usted una sanción por lo que realiza, sino por cada persona que usted tiene en situación irregular. ¿Le parece poco? ¿Todavía le parece poco? Y le decimos a continuación: si usted tiene
contratos con la Administración, olvídese de ellos si tiene en este momento una relación de complicidad con la economía sumergida. Y si además usted tiene alguna bonificación por haber hecho una contratación, olvídese durante dos años de ello. ¿Y
le parece poco? ¿Le parece poco? No sé qué es lo que usted quiere que hagamos para resolver un problema de estas características.
A continuación estamos incrementando la inspección, probablemente no en el número en que todos quisiéramos. A lo mejor si ustedes fuesen opositores al cuerpo de inspectores podrían explicar por qué no se cubren las plazas adecuadamente. Y
si ustedes estuviesen en el ministerio de Trabajo sacando las plazas en cada momento verían que las plazas que sacamos no se cubren. ¿Por qué no se cubren? Por unas limitaciones determinadas de lo que son en estos momentos las oposiciones. Pero
nosotros estamos haciendo los planes anuales integrados de la inspección en este sentido ¡Los estamos realizando! Se ha constituido el observatorio de fraude, está en marcha. Tenemos un plan de acción y tenemos un plan integral de prevención y
concreción del fraude fiscal. Eso lo tenemos, lo hemos desarrollado, y por cierto, señor Echániz, lo hemos puesto nosotros. Lo hemos resuelto nosotros, y en este momento tenemos la necesidad de explicar al conjunto de las fuerzas políticas el
grado de efectividad de estas medidas. De acuerdo, pero no nos diga que no hemos hecho nada. No nos diga que estamos haciendo un plan absolutamente edulcorado fruto de la manía de este Gobierno de sacarse un real decreto cada viernes. ¡Haga el
favor! Un poco más de respeto para las cuestiones que se están planteando y para las personas que están en economía sumergida y que sufren en sus carnes una relación contractual indebida. Un poco de respeto. Indudablemente nosotros consideramos
que estas son medidas que tienen como objetivo fundamental impulsar la emergencia de aquellas situaciones irregulares, porque coactivamente es muy difícil poderlo resolver. ¿O es que me va a decir usted que va a resolver en algunas comarcas de
determinados territorios del mediterráneo lo que está ocurriendo con las contrataciones para algunas recolecciones? No es posible, no tenemos inspectores para ir detrás de cada uno de los empresarios, y no lo vamos a hacer porque estamos en un
Estado de derecho donde en principio hay que pensar que las normas se cumplen. Por eso consideramos que este real decreto es equilibrado, tiene como objetivo fundamental aflorar una situación irregular. Hay un compromiso claro del Gobierno con
ello, y vamos a ver el grado de efectividad. Señorías, lo que saquemos en positivo de afloramiento de esa economía significará que estamos hablando de personas, estamos hablando de relaciones laborales, y estamos hablando de recaudación, desde el
punto de vista económico, algo que es necesario. Este real decreto, y con esto termino,...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: ... tiene también como objetivo las medidas para el fomento de la rehabilitación de la vivienda, que es un paso importante en el sentido de que no solamente se hace afección a la vivienda de uso, sino a todas
aquellas viviendas que cumplan en estos momentos una relación desde el punto de vista de la renta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, por favor.
El señor MEMBRADO GINER: Ambos decretos deberían merecer el apoyo del conjunto de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Membrado.
- REAL DECRETO-LEY 6/2011, DE 13 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS ACAECIDOS EL 11 DE MAYO DE 2011 EN LORCA, MURCIA. (Número de expediente 130/000043.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. Para presentar el real decreto-ley en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy se cumplen quince días desde que uno de los terremotos más intensos de los que ha sufrido España en los últimos años produjera gravísimos efectos en el municipio murciano de Lorca. Sin duda, la consecuencia más trágica del
seísmo es el fallecimiento de nueve personas y las heridas causadas a otras trescientas más. Quiero comenzar esta intervención recordando a estas víctimas. Por desgracia, nada podemos hacer por los que perdieron la vida, pero sí podemos y debemos
ayudar a quienes convalecen de sus heridas y a los miles de vecinos de Lorca que han tenido que ser desalojados de sus viviendas. Los daños que han sufrido edificios e infraestructuras de titularidad pública, bienes del patrimonio cultural y
numerosas viviendas y muchos comercios exigen, desde el principio constitucional de la solidaridad, la adopción de medidas paliativas y reparadoras por parte de los poderes públicos que contribuyan al restablecimiento de la normalidad en la zona.
El Gobierno estimó que la gravedad de los hechos justificaba la aprobación de estas medidas con carácter excepcional, por la fórmula de decreto-ley, una norma en cuya elaboración han participado trece ministerios de la Administración del Estado y
que ha contado con consultas permanentes con el Gobierno autonómico de la Región de Murcia y con el Ayuntamiento de Lorca.
Pasaré a referir brevemente ante sus señorías las medidas más importantes que establece el real decreto-ley, empezando por aquellas que se refieren a quienes han perdido la vida o van a quedar en un estado de incapacidad absoluta o
permanente. Para ellos y sus familiares hay en el decreto-ley unas ayudas de 18.000 euros en el caso del cónyuge de la persona fallecida o persona con análoga relación de afectividad, y una cantidad idéntica para el supuesto de incapacidad absoluta
y permanente al que me refería anteriormente. Existe en el decreto-ley un conjunto de medidas que tratan de salir al paso del problema de las viviendas que mencionaba al comienzo de esta intervención. En concreto, cuando la vivienda habitual haya
resultado totalmente destruida o haya sido precisa su demolición, a los ocupantes si son prioritarios se les financiará el alquiler de una vivienda, y si se encontraban en régimen de alquiler se les abonará la diferencia entre el nuevo y el anterior
alquiler, en ambos casos por un periodo máximo de 24 meses, prorrogable en casos excepcionales. Asimismo, en el caso de que la reparación de vivienda siniestrada exija su desalojo, se financiarán los alquileres correspondientes durante un periodo
máximo de 12 meses, tanto si quienes vivían en ella son sus propietarios o son arrendatarios. La financiación de estas ayudas corresponderá al Ministerio del Interior y a la Comunidad Autónoma de Murcia al 50 por ciento cada una de las dos
administraciones.
En tercer término, existen en el real decreto-ley ayudas para la reconstrucción de viviendas, en concreto, ayudas para aquellas viviendas que hayan sido dañadas o tengan que ser reparadas, que serán financiadas al 50 por ciento por el
Ministerio de Fomento y el 50 por ciento restante por las administraciones públicas implicadas, ayuntamiento y comunidad.
Existen asimismo, en cuarto lugar, ayudas para entidades locales, en concreto aquellas que se refieren a los gastos de
emergencia, que serán sufragados al cien por cien en todo lo referido a los servicios públicos esenciales, todo ello con cargo al Ministerio del Interior. Igualmente en este terreno existirán ayudas para obras de reparación o restitución de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones correspondientes a servicios básicos esenciales hasta un 50 por ciento del máximo de su coste. En este caso la financiación corresponderá en la parte que se refiere al Estado al Ministerio de Política
Territorial y Administraciones Públicas. En quinto término, establece el decreto-ley un conjunto de beneficios y reducciones fiscales, en concreto la exención del pago del IRPF a las ayudas personales por fallecimiento e incapacidad, a las que me
refería al comienzo de esta intervención; exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles relativo a viviendas, locales de trabajo y similares; reducciones en el impuesto de actividades económicas en industrias y establecimientos comerciales;
exenciones de tasas de tráfico para la tramitación de bajas de vehículos y expedición de duplicados de permisos de circulación y carnés extraviados, y exenciones por parte de las entidades locales en las tasas correspondientes a la expedición de
licencias de obras. Finalmente se autoriza al Ministerio de Economía, como suele ser habitual en estos decretos-leyes, a reducir el módulo de las actividades agrarias para fijar la cuota de los impuestos sobre la renta de personas físicas y el
valor añadido. En sexto lugar, hay un conjunto de ayudas a las producciones agrícolas y ganaderas, concretamente se compensarán pérdidas superiores al 20 por ciento de su producción; pérdidas sufridas por titulares de este tipo de explotaciones
que tengan pólizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados para el año 2011.
Hay asimismo, en séptimo lugar, un conjunto de medidas laborales y de Seguridad Social que tratan de salir al paso de las catástrofes sufridas por
muchas
empresas y locales comerciales. En concreto, en el real decreto-ley se establece que los expedientes de regulación de empleo, así como las pérdidas de actividad en los sectores empresariales o económicos tendrán la consideración de fuerza
mayor. Se recoge la exoneración de las cuotas de Seguridad Social a los empresarios mientras dure la suspensión de contratos; se establece la obligatoriedad de que las indemnizaciones por despido, en el caso de extinción de contratos, corra a
cargo del Fogasa, del Fondo de garantía salarial; se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal para que los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada sean compatibles con el
cobro de las prestaciones por desempleo, y que estas no se computen por supuesto a la hora de consumir periodos máximos de percepción establecidos; se autoriza para que puedan recibir prestaciones por desempleo trabajadores incluidos en estos
expedientes, aunque carezcan de los periodos de cotización exigidos para tener la posibilidad o el derecho de acogerse a ellas. Y finalmente se establece también que las empresas y trabajadores por cuenta propia puedan obtener una moratoria de un
año en el pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondiente a los tres meses naturales inmediatamente anteriores a la producción del seísmo. Con carácter excepcional, y en lo que se refiere al ámbito del Ministerio de Trabajo, se anticipa
al día 1 de junio de 2011 el abono de la paga extraordinaria correspondiente al periodo diciembre-mayo a los pensionistas del sistema de la Seguridad Social. El real decreto recoge asímismo algunas normas para flexibilizar los requisitos exigidos
en materia de contrataciones del sector público para facilitar la reconstrucción en su caso de los edificios dañados. Se fija asimismo una línea preferencial de crédito de 25 millones de euros con cargo al Instituto de Crédito Oficial para que los
afectados puedan atender a la reparación o reposición de instalaciones, equipos industriales, mercantiles, agrícolas, forestales, ganaderos, etcétera. Y finalmente el real decreto, como es habitual en este tipo de normas, establece un conjunto de
comisiones de coordinación para facilitar el trabajo de las administraciones públicas, una comisión mixta con la Administración del Estado, la Administración de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, una comisión interministerial para
facilitar la coordinación interna de los ministerios de la Administración del Estado, y por último prevé la celebración de un conjunto de convenios que instrumenten estas medidas cuando estas obliguen a más de una Administración pública.
Quisiera terminar con tres consideraciones. Primero, recalcar ante esta Cámara que desde el primer momento las administraciones públicas nos pusimos de acuerdo para dar la máxima celeridad al conjunto de normas que se recogían en el real
decreto-ley, y así se han sucedido la firma de convenios entre la comunidad autónoma, el ayuntamiento y la Administración del Estado, en concreto con el Ministerio de Fomento y con el Ministerio del Interior, para todo lo que se refiera a
reconstrucción y a ayudas de alquiler a viviendas. En segundo término, quisiera enfatizar ante esta Cámara la excelente relación que ha existido entre las administraciones implicadas en socorrer a los vecinos de Lorca después del seísmo. Es verdad
que hemos trabajado conjuntamente el ayuntamiento, la comunidad autónoma y la Administración del Estado, y lo hemos hecho sin que en modo alguno haya habido problemas de tipo competencial. Al contrario, quiero calificar ante esta Cámara de
excelente la relación entre las tres administraciones; hemos compartido desgracias y esfuerzos unos y otros, y me parece que es algo que esta Cámara debe conocer y de lo que todos debemos felicitarnos. La Administración del Estado hizo un esfuerzo
-policías, guardias civiles, militares de la UME, Protección Civil, Cruz Roja, esfuerzo material-, también la comunidad autónoma, y por supuesto el Ayuntamiento de Lorca, y creo que de eso debemos sentirnos satisfechos. Hemos hecho mucho, pero sin
duda queda muchísimo por hacer y ya manifiesto ante esta Cámara que la voluntad de la Administración del Estado es seguir cooperando como hasta ahora lo hemos hecho.
Finalmente quiero decirles que por parte del Gobierno se elaboró el decreto-ley con la mayor celeridad posible. Creemos y seguimos creyendo que es fundamental que estas normas se apliquen rápidamente, y eso exige un esfuerzo importante de
coordinación administrativa. Puede ser que alguna de las prescripciones contenidas en el real decreto-ley exija su tramitación como norma de rango legal -no nos opondremos a ello, naturalmente-, pero me gustaría recordar a los grupos de esta Cámara
que cuanto antes tengamos las normas en vigor mejor, y que aquellas que estén en funcionamiento sean consideradas por los grupos como tales, como normas en funcionamiento, para evitar que enmiendas o tramitaciones de enmiendas al final den al traste
con la voluntad de las tres administraciones públicas, que no es otra que la de tramitar rápidamente las ayudas correspondientes.
Les agradezco la atención que me han prestado. Gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
Por el Grupo Mixto, ¿desea intervenir alguno de sus miembros? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Solamente quiero apoyar el real decreto y manifestar además nuestra solidaridad con el pueblo de Lorca en una situación tan dramática.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, señorías, hoy se cumplen quince días desde que la tierra temblara en Lorca, y se ha vuelto a demostrar, en la catástrofe pero también en las crisis, que los ciudadanos no esperan de la dinamización
exterior de la economía ni de los mercados gran cosa, esperan fundamentalmente de la iniciativa pública, de las ayudas públicas, esperan todo de la solidaridad, y esperan también de servicios públicos que en este caso han funcionado, en nuestra
opinión, de manera adecuada: la Unidad Militar de Emergencias, la Protección Civil, la colaboración entre las administraciones. Señorías, sin duda lo más doloroso, lo más sensible se refiere a la pérdida de vidas humanas porque estas son
irrecuperables; también han sido graves y costosas las pérdidas materiales, la destrucción y daños en edificios, en casas, en negocios y también en el patrimonio cultural, gravemente afectado. Mi grupo parlamentario va a respaldar la convalidación
de esta norma, del Decreto 6/2011, lo que no es óbice para que consideremos insuficientes, tanto la cuantía como la amplitud de las indemnizaciones que se han establecido. Asimismo queremos hacer alguna referencia al riesgo sísmico que en nuestra
opinión debe ser revisado por parte del Gobierno.
Las cuantías indemnizatorias previstas en el real decreto para el caso de muerte e incapacidad absoluta o permanente resultan en nuestra opinión, aunque están fijadas anteriormente para incendios e inundaciones, absolutamente insuficientes.
Habría que actualizar su importe en previsión de catástrofes futuras. Cabe mencionar que algunos han perdido la vida y han resultado afectados por defectos constructivos que la Administración pública tendría el deber de vigilar. A este respecto no
estaría de más que la Administración General del Estado se reservase la facultad de realizar una acción pública contra aquellos que puedan haber intervenido en la construcción de los inmuebles que en estos momentos se ha demostrado que tenían vicios
constructivos o vulneraban claramente la norma de edificabilidad. Y lo mismo sucede con las ayudas por pérdida o deterioro de la vivienda. En caso de pérdida total la cuantía de la ayuda se condiciona al valor real de la vivienda, algo que es
lógico; pero teniendo en cuenta que la gran mayoría de las viviendas son antiguas, aplicando el coeficiente de depreciación por edad la cuantía finalmente reconocida es ínfima, y no permite construirse otra vivienda a la gran mayoría de los
ciudadanos. Así pues en caso de pérdida de vivienda la ley debería garantizar el derecho a poder habitar una nueva, otorgando sin más el 80 por ciento del precio de venta de una vivienda calificada de protección oficial de régimen especial. Uno de
los requisitos que se exige también es ser beneficiario de que la vivienda dañada constituya el domicilio habitual. Pero se da el caso de que hay viviendas que han sido cedidas a familiares en primer o segundo grado de consanguinidad, algunos de
ellos en situación de dependencia, cuestión que no contempla el decreto.
Por otra parte se plantea que compartan la financiación de las ayudas, tanto el Estado como la comunidad autónoma. Teniendo en cuenta la delicada situación de Estado y comunidades autónomas, mucho nos tememos que si no hay otras garantías,
estas ayudas puedan no llegar ni ágil ni totalmente a los afectados. El Gobierno ha previsto ayudas para los que hayan perdido su casa y para reparar las que hayan quedado parcialmente destruidas; el problema es que estas ayudas pueden tardar
varios meses en llegar; el problema es que muchos afectados no tienen dinero suficiente en estos momentos para adelantar estas ayudas, esta financiación que finalmente les reembolsarán en su momento -como digo: con varios meses de tardanza- el
Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Lamentamos además que el Gobierno no se haya atrevido a decretar la suspensión de las hipotecas en casos de destrucción o daños irreversibles en las viviendas. Creemos asimismo que si fuera
necesario el Gobierno debería habilitar un fondo de garantía del Estado para estos créditos urgentes, para que nadie se quede sin el dinero necesario para la reconstrucción de su vivienda. Deberían contemplarse asimismo ayudas directas para locales
de negocios e industrias. Las líneas de crédito abiertas en el ICO ni siquiera alcanzan a los locales de negocio pues el real decreto-ley habla tan solo de los locales de trabajo profesionales: arquitectos, abogados, médicos, etcétera. Sin
embargo los locales de negocio no se ven afectados. Por último, Lorca ha sufrido un daño incalculable en su rico patrimonio histórico, que por otro lado tiene una extraordinaria potencialidad económica. Dado que el real decreto no concreta ayudas
al respecto ni tampoco la creación de ninguna comisión, sería oportuna la creación de una comisión mixta de las distintas administraciones para abordar el alcance y la financiación de la restauración de este gran patrimonio histórico y su puesta en
valor.
Señorías, el terremoto de Lorca ha vuelto a mostrar la vulnerabilidad sísmica de muchas de las estructuras construidas y la necesidad de endurecer la norma de construcción sismorresistente de nuestro país. La comisión creada hace tres años
por el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, ha elevado el riesgo sísmico de distintas regiones y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha identificado nuevas zonas de riesgo en la Cordillera Cantábrica, al oeste de
la Cordillera Bética y al norte de Valencia. Por ello es necesario revisar el mapa de riesgo sísmico en nuestro país. Deberíamos extraer en este sentido algunas conclusiones y algunas propuestas de carácter general. En primer lugar, debe
revisarse el código de edificación para garantizar la resistencia antisísmica; resistencia antisísmica que hoy no está totalmente garantizada. En segundo lugar, debe actualizarse el mapa de riesgo sísmico y de riesgos naturales, así como el
estudio a fondo de estos fenómenos para una mejor política de prevención. En
tercer lugar, las administraciones públicas deberían intensificar la inspección técnica de los edificios de construcción. Y finalmente deberíamos perfeccionar los protocolos de información a la ciudadanía en caso de terremotos u otras
catástrofes naturales, que nos parecen remotas pero que no lo son tanto. Cabe recordar, por otra parte, la urgencia de que se revisen todas las centrales nucleares del país, atendiendo al riesgo de terremotos e inundaciones a partir de la
catástrofe de Fukushima y la advertencia de Lorca.
Señorías, vamos a votar favorablemente este real decreto no sin pedir al mismo tiempo su tramitación como proyecto de ley para mejorar los aspectos a los que me he referido con anterioridad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Don José Ramón Beloki tiene la palabra.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno somete hoy a la consideración y aprobación de esta Cámara un real decreto por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos que tuvieron lugar el pasado día 11 de mayo
en el municipio murciano de Lorca. Mi grupo va a aprobar este real decreto conformado por dieciocho artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final. Aunque no se tratara de nada más que de un gesto político -y un real decreto es
más que eso o debe ser más que eso, evidentemente-, nos parecería bien que los ciudadanos y las ciudadanas de Lorca tuvieran constancia clara por un lado de la voluntad del Gobierno, y no menos de los grupos presentes en esta Cámara que apoyaremos
este real decreto, de acudir en nombre de la voluntad solidaria general que se ha alzado en el conjunto del Estado, al tener conocimiento de los graves hechos acaecidos el día 11, en ayuda de quienes a causa del terremoto han visto y sufrido, en
unos casos, la pérdida de seres humanos queridos; en otros, quebrantos en su salud física, en sus bienes, en su vivienda, en sus actividades económicas; en otros, pérdidas en su patrimonio cultural o infraestructural de titularidad pública o
privada, y en definitiva, daños de diverso y grave alcance en todo caso. Y hay que acudir en los términos en que, más allá de gestos mediáticos, debe acudir un gobierno y debe acudir una administración, con los instrumentos legales de que se
dispone. Solo así, en efecto, los gestos políticos cobran un contenido real que merezca la pena.
No voy a entrar a debatir las medidas en detalle que han sido ya expuestas, pero sí me gustaría hacer algunas consideraciones. La primera de ellas hace referencia a lo que el Gobierno denomina inadecuación de las reglas que con carácter
general sobre esta misma materia establece el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situación de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el
procedimiento para su concesión. Que este real decreto que hoy se somete a nuestra consideración va más allá de aquel Real Decreto 307/2005 constituye una obviedad, no hay más que hacer una lectura comparada de ambos. Pero, ¿por qué va más allá?
¿Por qué la definición de emergencia o catástrofe que se define allí no vale para el caso de Lorca? Si alguien leyera en el artículo 1.2 qué se entiende por situación de emergencia en aquel real decreto diría que está perfectamente comprendido lo
ocurrido en Lorca en aquel real decreto. Es decir, que el ámbito de aplicación de aquel real decreto en principio y en teoría incluye perfectamente los hechos acaecidos en Lorca, de forma que si se declara la inadecuación hay que responder a una de
las dos posibilidades por las que se derivaría tal inadecuación. Por un lado, que el Gobierno simplemente no ha querido hacer caso de aquel real decreto por los motivos que fuere, o segunda alternativa, que aquel real decreto está requerido de una
revisión tan a fondo -y esta es nuestra tesis- que simplemente no vale ya para estas ocasiones, no ya para esta ocasión -la de Lorca-, sino que prácticamente no vale para ninguna ocasión. No hay forma de entender, en efecto, por qué razón algunas
de las medidas -o todas ellas- que se contemplan en este caso no serían de aplicación también en otros casos en los que se produjeran catástrofes que fueran comprendidas en aquel real decreto. En todo caso, es evidente que este debate en torno a
por qué se aplica o no se aplica aquel real decreto tiene muy poco interés, nulo interés diría yo, para los lorquinos y es francamente de escaso interés también para nosotros en este momento, de forma que apunto este tema porque ahí está, pero no es
de mayor interés.
Mayor interés y debate tienen en su caso las medidas que se proponen, su consistencia, su alcance y sobre todo su eficacia. Sobre la extensión, de hecho a mi grupo se le suscitan dudas: ¿por qué razón -por poner un caso- se establece un
límite de 18.000 euros en el caso de pérdida de vidas humanas y, sin embargo, cuando se trata de hacer frente a daños producidos en las viviendas ese límite es superior a 24.000, por qué razón? No terminamos de entender la lógica. En todo caso, la
preocupación principal de mi grupo -lo quiero dejar establecido con claridad- no es tanto la extensión y la consistencia de las medidas -sobre eso si se debate posteriormente, si este real decreto va a ser finalmente un proyecto de ley que se pueda
discutir, se podrá hablar-, la preocupación principal de mi grupo gira en torno a la aplicación, a la gestión eficaz y eficiente de este real decreto más que a la definición de las medidas que en él se contemplan.
El real decreto tiene un recorrido largo y no sé si también difícil a la hora de su implementación; ahí las prisas por tener un real decreto valen poco a la hora de la aplicación de las medidas que en el mismo se contemplan. El texto está
repleto de expresiones futuribles:
podrá autorizar, podrá conceder, podrá ser aplicado, podrá tener la consideración de, podrá celebrar convenios. O también esa expresión que se repite numerosas veces en el real decreto a la hora de establecer porcentajes de financiación, se
dice: la Administración central financiará un 50 por ciento, el restante 50 por ciento, en su caso, las otras administraciones. Mire usted, pues ese es el recorrido que para que estas medidas sean eficaces y eficientes se debe hacer. Está bien
tener urgencia por disponer de un real decreto, está bien tener ese gesto claro de solidaridad, y nosotros nos sumamos al mismo, y seguramente desde esa urgencia este tipo de expresiones es inevitable, pero augura mucho trabajo, quizá también
dificultades en su aplicación. Hago votos -y con esto ya termino- de forma específica para que las administraciones, todas ellas, y de forma especial la comisión interministerial que se crea en la Administración central, sean tan diligentes en su
actuación como lo ha sido el Gobierno a la hora de traernos aquí un real decreto, de forma que los lorquinos vean la solidaridad manifestada en la urgencia de este real decreto, pero sobre todo la solidaridad real de que las medidas que aquí se
establecen sean eficaces para responder a las desgracias causadas por el terremoto citado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Doña Mercè Pigem tiene la palabra.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, cuando el pasado 11 de mayo el municipio de Lorca sufrió las consecuencias del terremoto, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tuvo ya ocasión de expresar a través de su portavoz Duran i Lleida sus
sentimientos de afecto y solidaridad hacia las familias de las víctimas y hacia la población de Lorca. Hoy desde esta tribuna quiero reiterar estos sentimientos y expresar también sin mayor preámbulo que desde Convergència i Unió vamos a apoyar
este real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar en lo posible los daños causados por estos movimientos sísmicos.
Ciertamente, lo ha señalado el señor vicepresidente en su intervención, la intensidad de este suceso, el más grave de este tipo acaecido en los últimos años en España, produjo numerosas consecuencias catastróficas, entre las que cabe
destacar muy especialmente el fallecimiento de nueve personas. Asimismo, más de 300 personas resultaron heridas como consecuencia de los hechos acaecidos y a ello se le añade que miles de personas fueron desalojadas de sus viviendas, un elevado
número de vecinos abandonaron sus domicilios temporalmente ante la posibilidad de que se produjeran nuevos movimientos sísmicos y entre 35.000 y 40.000 personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas para evaluar el estado de los edificios que
habitaban. Además, a consecuencia del terremoto, nueve de los centros educativos de Lorca permanecerán cerrados durante lo que resta de curso, lo que obligará también a redistribuir a 6.600 alumnos en diferentes colegios e institutos.
Estos son solo algunos de los devastadores efectos porque, a medida que van pasando los días, se va constatando y evaluando esta situación en toda su amplitud y magnitud y se constata la ingente tarea que va a suponer la reconstrucción de
Lorca. Desde la consideración, señorías, de que la política y los políticos deben estar al lado de la ciudadanía a quien legítimamente representan siempre, pero especialmente en aquellos momentos de mayor fragilidad, como los que se dan en una
catástrofe de esta magnitud, se ha dicho hoy aquí, y es cierto, que el principio constitucional de solidaridad exige una acción inmediata de los poderes públicos para adoptar medidas paliativas y reparadoras, en especial en este caso de los daños
producidos en las viviendas, alojamiento provisional de los damnificados, incidencia sobre la actividad económica, medidas que puedan contribuir al restablecimiento gradual de la normalidad en toda esta zona. A nuestro entender, así se hizo en una
respuesta rápida y bien coordinada de todas las administraciones y a ello obedeció también este real decreto-ley de medidas urgentes, que se aprobó tan solo dos días después de la catástrofe y que hoy se va a convalidar.
Es un real decreto-ley que
implica a nueve ministerios y prevé ayudas excepcionales por los daños personales en los casos de fallecimiento, de incapacidad y por daños materiales para alquiler de vivienda, reposición de enseres, gastos de emergencia que tuvieron lugar y para
la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas. Se prevén también habilitaciones de crédito, beneficios y bonificaciones fiscales, medidas laborales, de Seguridad Social, líneas preferentes de crédito y se crea una comisión
interministerial para la aplicación de estas medidas, que es la que debe actuar coordinadamente con la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Lorca y la Delegación del Gobierno de la comunidad. Por todo ello, desde Convergència i Unió, como he
dicho ya al comienzo de mi intervención, y como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley.
Quisiera finalizar con dos reflexiones. La primera es que, posiblemente por la necesaria premura con la que fue adoptado, como he dicho antes, tan solo dos días después, seguramente esto requerirá que se hagan precisiones y concreciones
posteriores. No podemos olvidar que el real decreto-ley utiliza con profusión el tiempo verbal podrá y esto tendrá que concretarse. La segunda reflexión se ha hecho ya aquí con ocasión de otras catástrofes y es que una vez más, lo ha señalado
también el señor Beloki en su intervención, se constata la inadecuación de las reglas que, con carácter general, establece el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.
Digo una vez más, porque en todos los reales decretos que, con motivo de daños
catastróficos, bien por incendios, bien por viento, por nevadas o por cualquier otro motivo, se
vienen aprobando en fecha posterior a la aprobación de este real decreto de carácter general, siempre se constata que este real decreto resulta inaplicable. Creemos, pues, que sin la premura, ni la presión que conlleva la necesaria reacción
urgente en la adopción de medidas que supone una catástrofe de la magnitud de la que estamos viendo, deberíamos replantearnos adoptar un marco legal de reacción que fuera de mayor utilidad y aplicación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
La señora Barreiro tiene la palabra.
La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Señor presidente, señorías, siento que la primera vez que subo a esta tribuna tenga que hacerlo para tratar un tema tan dramático como ha sido el terremoto que ha acaecido en Lorca.
Quisiera que mis primeras
palabras fueran de recuerdo para las familias de los fallecidos, para más de 400 heridos que fueron atendidos y para todos los ciudadanos de Lorca que en este momento están atravesando la peor situación de sus vidas. No puedo subirme aquí para
tratar de calificar si el trámite es o no el adecuado. Creo que en estos momentos no se trata de eso, de lo que se trata es de la unidad de todas las fuerzas políticas para estar al lado de los desfavorecidos, de los que han sufrido esta catástrofe
en cuerpo propio. Aquí se han dado datos, se ha hablado de la idoneidad o no de la construcción y de las medidas antisísmicas. Quisiera empezar por decir que se ha dado un ejemplo. A las poquísimas horas de la catástrofe todas las
administraciones estaban trabajando en Lorca, todas coordinadas perfectamente para hacer posible la atención en un momento dramático de unas dimensiones a las que ninguna Administración se había enfrentado en ningún momento anterior. Eso hay que
destacarlo en un momento en el que quizá la clase política estamos en una situación no muy favorecida. La Administración central, el Gobierno, la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Lorca, otras administraciones de otras comunidades autónomas y
ayuntamientos de la propia Región de Murcia pusieron a disposición de Lorca todos sus medios.
Quisiera dar unos datos que son escalofriantes. A día de hoy se han evaluado 4.100 edificios de la ciudad de Lorca: con código verde están el 82 por ciento; con código amarillo el 15 por ciento; con código rojo el 3 por ciento. El
código verde quiere decir que tienen que hacer adaptación de sus viviendas para poder entrar otra vez. El código amarillo es que las reparaciones son cuantiosas y han de estar fuera de sus casas durante un tiempo. El código rojo quiere decir que
muchos de ellos no podrán volver a entrar en sus casas, ni siquiera para recoger sus recuerdos ni sus objetos personales. Se ha perdido todo el patrimonio histórico y arqueológico de Lorca. Hoy hay un campamento establecido con 1.416 residentes,
la inmensa mayoría inmigrantes que no tienen familia, que no tienen amigos, ni dónde acudir para poder vivir y, por tanto, no es el caso de muchos lorquinos que tienen familia a la que acudir para poder vivir estos días. 1.416 residentes en un
campamento, por mucho tiempo, señorías, a los que se ha hecho 1.566 asistencias médicas, hay 258 niños a los que ha habido que poner una guardería y una escuela, hay nueve mujeres embarazadas y todo esto con unas temperaturas que cada día son más
elevadas. Se ha evacuado de Lorca a otros municipios a 298 personas mayores que estaban en residencias. En las residencias que tienen arreglo, el tiempo mínimo es de cuatro meses, otras de dos años y a otras ya no pueden volver. Como se ha dicho
aquí, seis colegios y tres institutos no podrán utilizarse en este curso. Continuaría dando datos terribles que hacen ver que la situación ha sido catastrófica, pero eso no es lo peor, lo peor es que a Lorca le queda mucho tiempo para recuperarse,
muchos meses para poder volver a tener una vida cotidiana y normal, mucho tiempo para tener su vida hecha, no de la manera que la tenían anteriormente, porque ya no podrá volver a ser la misma.
Mi grupo va a ratificar este decreto, porque además está bien planteado, utilizado en su momento, con una rapidez desde luego de agradecer. Pero debido a esa rapidez y a esa urgencia con la que ha tenido que hacerse frente a esta situación,
entendemos que en el decreto quedan ausencias, concreciones respecto a las medidas, calificar las valoraciones de las viviendas, ajustar la cantidad de las indemnizaciones en muchas materias y también establecer una serie de medidas fiscales a largo
plazo. Es posible que eso se pudiera hacer por la vía del convenio, señor ministro -estoy segura de que sí-, pero también es necesario que cuando Lorca nos escuche hoy sepa que desde este Congreso estamos todas las fuerzas políticas dispuestas a
tramitar una ley que ampare la situación dramática de los lorquinos, situación dramática que no se acaba hoy, que no se acaba mañana, que no se acabará en años. Las ayudas siempre serán pocas, pero es necesario que nos pongamos de acuerdo para
tramitarlo por la vía de la ley.
Señor ministro, así como la respuesta a la situación fue rápida, ágil y casi todo el Gobierno estuvo en Lorca, le pediría que volvieran a Lorca para ver el alcance de esta catástrofe, que solo se puede valorar en su justa medida cuando uno
llega allí y ve cómo siguen las cosas, cómo están todavía trabajando los bomberos, Protección Civil, policías locales de otros municipios haciendo turnos, y que la gente todavía está en la calle. El alcance del drama no se puede reflejar en el
decreto, no porque no haya intención de hacerlo, no porque no se haya querido contestar, sino simplemente porque el alcance es tan grande que, a pesar de la urgencia, era imposible atenderlo. Por tanto, vamos a pedir la tramitación como ley y
presentaremos enmiendas que tiendan a garantizar las ayudas, la rapidez, la agilidad y a evitar las situaciones de picaresca que, desgraciadamente, se dan en estas ocasiones. Espero la comprensión de sus señorías y del Gobierno, al que invito a que
vaya a Lorca nuevamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barreiro.
Tiene la palabra el señor Mármol.
El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, el tiempo no podrá borrar fácilmente la profunda conmoción producida por el terremoto de Lorca. Desolación, pánico, confusión, escombros, la vida cotidiana alterada en unos segundos. Un terremoto de 5,2 grados, que fue precedido
de un movimiento sísmico de 4,5, con epicentro muy cerca del casco urbano y a muy poca profundidad, asoló el pasado día 11 la ciudad de Lorca. En unos segundos sus 50.000 habitantes pasaron de estar en sus casas a deambular por las calles, sin
rumbo, con lo puesto, un día que los lorquinos en particular y los murcianos en general no olvidaremos fácilmente. El terrible seísmo, como ya se ha dicho, dejó nueve fallecidos, y quiero transmitir desde esta tribuna una vez más nuestras más
sinceras condolencias a sus familiares, trescientos heridos y cientos de millones de euros en pérdidas materiales, viviendas, hospitales, patrimonio histórico, comercios, colegios, institutos, centros de mayores, toda una ciudad en el suelo. Hoy
más que nunca podemos corroborar que las catástrofes naturales no solo se producen en zonas lejanas como Japón o Haití, que la naturaleza no distingue entre países ni entre ricos y pobres, aunque estos últimos siempre sean los más afectados, como ha
ocurrido en Lorca, donde, de los 20.000 ciudadanos que durmieron la primera noche al raso, en estos momentos, como ha dicho la diputada del Grupo Popular, existe un campamento que acoge a más de mil personas, en su mayoría inmigrantes, que no
disponen de una segunda residencia ni de familiares que les acojan.
No quiero continuar sin antes destacar la actitud que han tenido en todo momento los ciudadanos de Lorca. Señorías, aún en las peores circunstancias, a veces se dan notas positivas. En este caso, nos las proporciona una reacción oficial a
la catástrofe que ha sido rápida y bien coordinada. Nadie podrá devolver los seres queridos a quienes los han perdido en este desastre, pero reconforta siquiera parcialmente comprobar que los servicios de auxilio y rescate se han comportado con
diligencia y profesionalidad. También es digna de aplauso la colaboración ofrecida por instituciones y por las distintas administraciones, con el ánimo de paliar en la medida de lo posible los estragos de la catástrofe.
Y, por supuesto, es de
desear que esta solidaridad se mantenga mientras sea necesario y que el compromiso con los lorquinos y las lorquinas no se desvanezca cuando otras noticias los desplacen de las primeras páginas de los diarios. En cuarenta y ocho horas el Gobierno
de España aprueba el Real Decreto-ley 6/2011, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos en Lorca. Son ayudas dirigidas a las familias que han perdido a sus seres queridos, a los ciudadanos
que han perdido su vivienda y a los comerciantes y empresarios que han visto muy alterada su vida profesional y a la recuperación del patrimonio histórico-artístico. Es cierto que Lorca tardará en recuperar su normalidad, pero lejos de las
diferencias políticas, de los distintos planteamientos que podamos tener en otras situaciones, hoy todos somos uno y no nos vamos a olvidar de los lorquinos y las lorquinas. Aprobaremos este real decreto, lo convalidaremos y haremos patente que
todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara aportamos nuestro grano de arena al comienzo de la reconstrucción de esa ciudad, la tercera ciudad de la comunidad autónoma de Murcia. Es un real decreto que recoge medidas de las que ha
hablado detalladamente el vicepresidente primero y en las que no voy a entrar. Podríamos hablar de los convenios que se van a firmar con seguridad entre las distintas administraciones y que seguro complementarán este real decreto. Es, en
definitiva, un real decreto-ley realizado en tiempo récord por la gravedad de los hechos y que recoge de una manera muy amplia todos los ámbitos de actuación concretos para ayudar a Lorca y a su recuperación.
Termino, señorías, señor presidente, agradeciendo la actitud constructiva de todos los grupos, y en especial la de la diputada por la Región de Murcia del Grupo Parlamentario Popular, doña Pilar Barreiro. Como ya ha dicho el vicepresidente
primero, al igual que los demás grupos, desde el Partido Socialista, desde el Grupo Socialista también compartimos que la prioridad es Lorca. Por ello, vamos a votar a favor de su tramitación como proyecto de ley, para que en la misma se mejore con
aportaciones siempre en la dirección de recuperar la normalidad en la vida de los ciudadanos de Lorca. Es un real decreto de los mejor redactados para estas situaciones de catástrofes naturales pero que, como he dicho, mejorará con las distintas
aportaciones. Es cierto que el pasado día 11 gran parte de Lorca quedó derrumbada, pero hoy, día 26 de mayo, con el voto de sus señorías comienza su reconstrucción. Muchas gracias de corazón, ya no como diputado sino como murciano.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mármol.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000120.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Para presentar el proyecto el señor ministro de Trabajo en nombre del Gobierno tiene la palabra. (La señora vicepresidenta,
Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me dirijo al Pleno del Congreso para presentar y defender el proyecto de ley de actualización, adecuación y modernización del sistema español de Seguridad Social. Es una iniciativa que fue aprobada por el Consejo de Ministros el
pasado 25 de marzo y que, como saben sus señorías, es la plasmación del acuerdo para la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones. Es un acuerdo integrado dentro del acuerdo social y económico más amplio que suscribieron el
Gobierno y los interlocutores sociales el 2 de febrero del presente año.
Nos encontramos, señorías, ante una de las iniciativas más relevantes que se han traído a esta Cámara en los últimos años. Es así por la enorme incidencia que tiene nuestro sistema público de pensiones en la vida de los ciudadanos de esta
generación, de las pasadas y de las venideras, y lo es más si cabe en este caso por la ambición de la reforma planteada.
Como punto de partida quisiera poner de manifiesto que el sistema público de pensiones constituye la pieza central en la
configuración de nuestro Estado del bienestar. Es un elemento irrenunciable de lo que nuestra Constitución denomina Estado social y democrático de derecho. Lejos de ser una obviedad, esta consideración de la centralidad de las pensiones públicas
sirve para entender cuál es el objetivo fundamental de la reforma de nuestro sistema de Seguridad Social. Su objetivo fundamental es preservar un sistema público de pensiones, basado en el compromiso entre generaciones o, lo que es lo mismo,
salvaguardar su sostenibilidad a largo plazo, de manera que los que hoy son menores de edad tengan garantizada la suficiencia económica cuando se jubilen, dentro de cuarenta o cincuenta años, gracias a unas pensiones públicas adecuadas.
Antes de entrar en la exposición del contenido del proyecto de ley que hoy debatimos, permítanme hacer tres rápidas consideraciones generales, consideraciones que dan sentido a esta reforma y que resaltan su trascendencia, más allá incluso
del ámbito estricto de nuestro sistema de Seguridad Social. En primer lugar, creo que todos somos conscientes del proceso de envejecimiento de la población, un proceso que afecta en particular a las sociedades europeas, como consecuencia de la gran
conquista que supone el alargamiento en la esperanza de vida. Pero me gustaría también insistir en otros aspectos. Señorías, es razonable tomar las proyecciones demográficas con prudencia, en cambio es casi una certeza la estimación del número de
personas mayores de 65 años que vivirán en España en 2050, porque esas personas ya están aquí, son nuestros hijos y nuestros nietos, y por eso estamos en condiciones de estimar con mucha exactitud cuál será el número de pensionistas dentro de esos
cuarenta o cincuenta años. De los actuales 8,5 millones pasaremos a más de 15 millones de pensionistas y seremos prácticamente 17 en el año 2050. Este indudable cambio sociológico supone -como es obvio- un gran desafío para los sistemas públicos
de pensiones, de reparto, en los que quienes trabajan financian las pensiones de los que ya están jubilados.
Hay sin duda factores como la evolución de la población activa o el incremento de la productividad que pueden servir para mitigar las
consecuencias de este aumento en el número, en el colectivo de pensionistas. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor ministro.
Señorías, el señor ministro está en el uso de la palabra. Les ruego silencio para atender a su exposición. Muchas gracias.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, presidenta.
Decía que hay sin duda factores como la población activa o el incremento de la productividad que pueden servir para mitigar esas consecuencias en el aumento del número de pensionistas, pero sería irresponsable ignorar la magnitud del desafío
al que se enfrentan las sociedades avanzadas. Es en realidad el conjunto del Estado del bienestar y el propio modelo social europeo lo que está en juego y lo que estamos defendiendo, y por ello es importante anticiparse con un espíritu reformista,
hacerlo ante quienes propugnan un modelo más individualista y seguramente socialmente más injusto.
Como segunda consideración previa es obligado referirse a la actual coyuntura económica, una coyuntura de crisis. Durante ella la Seguridad Social ha demostrado una enorme capacidad y solidez para hacer frente a los efectos de la crisis y
en especial a la caída importantísima en el empleo durante estos años. Sirva como ilustración que incluso en 2010 el ejercicio cierra con superávit o que el Fondo de reserva acumula ya más de 65.000 millones de euros.
La tercera y última de estas consideraciones preliminares tiene que ver con el método elegido para el diseño de la reforma. Este proyecto de ley llega a esta Cámara avalado por un amplio apoyo, en dos ámbitos, en el ámbito político, sin
renunciar al apoyo en el ámbito social. Por una parte, la iniciativa se enmarca en el perímetro delimitado por las recomendaciones del Pacto de Toledo que, después de un largo e intenso trabajo en la Comisión sobre esta materia, fueron aprobadas
por el Pleno de esta Cámara por extensa mayoría el pasado 25 de enero. Y por otra, este consenso favoreció el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 2 de febrero al que antes me refería. Y quiero resaltar también este
punto de encuentro como expresión y reivindicación del valor del diálogo social, porque más allá de que los interlocutores sociales demostraran una visión comprometida con el país, seguramente todos compartimos que una solución colectiva y
cohesionada de los retos que asumimos como sociedad es la fórmula más eficaz para garantizar nuestro progreso social.
Además, este doble sostén político y social tiene una implicación básica que, sin duda, no hemos sido capaces de transmitir suficientemente a los ciudadanos: el compromiso y la defensa del sistema público de pensiones como elemento
irrenunciable, como seña de identidad de nuestro Estado del bienestar. La reforma contenida en este proyecto de ley se asienta sobre cuatro principios básicos: sostenibilidad, adecuación, gradualidad y equilibrio. Sostenibilidad porque el sentido
primero de esta reforma es garantizar, durante al menos otro medio siglo, la viabilidad del actual sistema público de pensiones basado en un régimen de reparto, de solidaridad entre generaciones y un sistema capaz de superar el formidable desafío
demográfico al que se enfrentará durante las próximas décadas. Adecuación porque la reforma persigue una mayor correlación entre el esfuerzo contributivo y las prestaciones recibidas, al tiempo que mantiene el componente solidario para la mejor
protección de los ciudadanos, de los pensionistas más vulnerables. Gradualidad porque los cambios normativos que pretenden introducirse serán aplicados de forma paulatina, de forma gradual en el tiempo a lo largo de un largo periodo de transición
que culmina en el año 2027. Damos así margen razonable a los ciudadanos para adaptar sus decisiones laborales y profesionales.
Todo ello sin afectar en ningún caso a los actuales pensionistas. Por último, equilibrio porque la reforma supone un
reparto equitativo entre generaciones. Debemos ser conscientes de que de no adoptar reformas en materia de jubilación implicaría, con toda seguridad, una quiebra del compromiso intergeneracional al endosar a las generaciones venideras una carga
demasiado pesada como consecuencia del cambio demográfico que nos afectará en el futuro. Por todo ello, la conjunción de estos cuatro grandes objetivos se plasma en un compromiso de mantenimiento, pero también de mejora progresiva de las pensiones
durante las próximas décadas. Con esta reforma en treinta o cuarenta años el sistema público de la Seguridad Social va a ser capaz de hacer frente a un número muy superior de pensiones, pero también a un número de pensiones de mayor cuantía que
durará mucho más tiempo en su percepción.
Señorías, la reforma que hoy presento ante esta Cámara actúa sobre dos ejes principales que conforman históricamente nuestro sistema público de pensiones. Desde esta perspectiva los cambios que se impulsan no cuestionan en modo alguno los
elementos estructurales del sistema y, en particular, no cuestionan ni su dimensión colectiva, ni su dimensión solidaria, ni su dimensión intergeneracional. El primero de estos ejes de actuación tiene que ver con la determinación de la edad de
acceso a la jubilación. Todos los expertos coinciden en que la elevación de la edad de jubilación es la fórmula más adecuada para lograr lo que verdaderamente busca la reforma, un mayor equilibrio entre el tiempo cotizado y el tiempo jubilado, el
tiempo que pasa como jubilado cada uno de los futuros pensionistas. Pero resultaría simplificador presentar este proyecto de ley como un mero retraso en la edad de jubilación, porque como el acuerdo económico y social señala de forma explícita la
reforma en este aspecto es mucho más completa y mucho más ambiciosa, al menos en un doble sentido. Por una parte se consagra el concepto de carrera laboral completa, según el cual la edad de referencia para acceder a una pensión de jubilación con
el cien por cien de su cuantía varía en función del esfuerzo en la cotización que se realiza a lo largo de la vida laboral. Será de 65 ó 66 años siempre que se haya cotizado un mínimo de 38 años y medio. Una cifra sin duda importante, pero que
está sensiblemente por debajo de lo exigido en otros países de nuestro entorno. Como alternativa, la edad de referencia será de 67 años, exigiéndose entonces 37 años de cotización para disfrutar de una pensión plena. Todo ello a lo largo de un
periodo transitorio extenso que, como decía, culminaría en el año 2027. Por otro lado, se introducen importantes dosis de flexibilidad que refuerzan la concepción de la jubilación como derecho social, al menos a través de tres vías distintas.
La
primera de ellas es la introducción de un escalonamiento en la regulación de la edad de acceso a la jubilación. Se reconoce un abanico de supuestos para la jubilación desde los 61 años hasta los 67 años. En concreto, sin olvidar el mantenimiento
de la jubilación parcial a partir de los 61, los trabajadores podrían jubilarse de forma anticipada desde esa edad cuando se viesen afectados por situaciones de crisis empresarial. Asimismo, cabe destacar -lo debo resaltar en este momento- un nuevo
derecho, el derecho a la jubilación anticipada a partir de los 63 años, en uno y otro caso con la exigencia de un mínimo de cotización previa y con la consiguiente aplicación de coeficientes reductores para preservar el equilibrio económico y
financiero del sistema. La siguiente marca temporal es la de 65 años, edad en la que como he dicho es posible una jubilación plena, con el cien por cien de la pensión de jubilación, si se reúnen en este caso 38 años y seis meses cotizados. Por
último, para el resto de los casos, que son en este momento aproximadamente la mitad del conjunto de los que se jubilan, la edad de jubilación ordinaria sería los 67 años.
La segunda vía de flexibilidad consiste en incorporar previsiones específicas para determinados colectivos, previsiones que favorecen justificadamente el acceso a la pensión de jubilación. Es el caso de las mujeres u hombres que interrumpan
su actividad profesional para el cuidado de sus hijos. Para ello se contemplan dos medidas: el reconocimiento de nueve meses de cotización por hijo hasta un máximo de dos años, a efectos de determinar la edad de acceso a la jubilación, y la
extensión del periodo considerado como cotizado hasta tres años en el caso de excedencia para el cuidado de hijos. Se refuerza igualmente la protección de los jóvenes cuando participan mediante becas en programas formativos vinculados a estudios
universitarios o de formación profesional. Para ello se eliminan las restricciones hoy existentes al inicio de la cotización y se les reconoce el derecho de recuperar hasta dos años de cotización por
trabajos de esa naturaleza realizados en el pasado. Aún existiría una tercera vía para introducir mayor flexibilidad en el acceso a la jubilación, que es el refuerzo de los incentivos para la prolongación voluntaria de la vida laboral más
allá de la edad ordinaria de jubilación. En función de los casos, la cuantía de la pensión puede llegar a incrementarse hasta en un 4 por ciento por cada año de trabajo adicional. Ello repercute sin duda en la mejora de la pensión a percibir, pero
al mismo tiempo repercute en la mejora del propio equilibrio presupuestario y financiero del sistema.
Señorías, el segundo eje de la reforma tiene que ver con el fortalecimiento de eso que llamamos contributividad; un principio que preside a la Seguridad Social desde su nacimiento, un sistema como el nuestro de tradición continental, por
consiguiente de corte bismarckiano, que se basa en las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Se apuesta por establecer una mayor proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización realizado y las prestaciones recibidas. Esta es una de las
claves del futuro de nuestro sistema de la Seguridad Social. Es evidente que, de este modo, se refuerza, por supuesto, el equilibrio financiero del sistema, la equidad interna de este sale fortalecida y se favorecen carreras de cotización más
amplias. Además, quisiera destacar que todo ello redunda en la mayor necesidad y legitimidad de otros instrumentos de carácter solidario, como los complementos a mínimos que se convierten en el reverso de la contributividad y en el principal
elemento de cohesión dentro de nuestro sistema de Seguridad Social. Entre las medidas concretas plasmadas en el proyecto de ley la más relevante en este ámbito de la contributividad es la ampliación del periodo de cómputo, que sirve para el cálculo
de la pensión y que pasará también progresiva y transitoriamente desde los 15 años actuales hasta los 25, un periodo que concluiría en este caso en el año 2022. Además de la sobrada justificación de la medida en sí misma, quiero destacar la
realidad de otros países relevantes de nuestro entorno, en los que el periodo de cómputo es mucho más amplio incluso que el que aquí ahora establecemos, o la experiencia que hemos vivido en España con ocasión de otras reformas de este mismo tenor,
que no han impedido en absoluto la progresiva mejora de la cuantía de las pensiones, pero que han eliminado, en cambio, los efectos perversos y han aumentado sin duda alguna el grado de justicia del sistema.
Hay un último aspecto al que quisiera hacer referencia como complemento al conjunto de las medidas que se insertan dentro de estos dos ejes principales de reforma; me refiero a la introducción de lo que se ha venido a denominar el factor de
sostenibilidad, siguiendo en este caso la estela de países importantes como Alemania y Francia o tan emblemáticos como Suecia o Dinamarca. Se trata de un mecanismo que pretende anticiparse a un escenario que pueda suponer de alguna forma una
amenaza al equilibrio en el sistema público de pensiones. Para ello se prevé que a partir de 2027 una revisión de los parámetros fundamentales del sistema pueda atender, siempre pensando en cómo evoluciona la esperanza de vida, a partir de los 67
años. Este es el factor clave en el equilibrio financiero de cualquier sistema de reparto, la esperanza de vida de aquellos que percibirán la pensión en el futuro. Más que la amenaza en el recorte de las prestaciones que algunos quieren ver, este
mecanismo actúa como un seguro elemento de equilibrio con la finalidad de garantizar que el sistema público de pensiones responde en cada momento a los retos, tal y como está configurado. Es, en otras palabras, otra manifestación más con el actual
modelo y con su naturaleza contributiva.
Señorías, de aquí a 2050 el gasto en pensiones, que hoy representa aproximadamente el 9 por ciento del PIB, va a aumentar de forma notable y va a hacerlo además como consecuencia de la jubilación de las cohortes de personas que nacieron a
partir de 1960, de nuestro baby boom en España, pero el conjunto de las medidas que integran este proyecto de ley va a permitir suavizar el crecimiento del gasto en pensiones en las próximas décadas y evitar una sobrecarga que podría poner en
peligro su viabilidad financiera. En consecuencia, señorías, la defensa de la reforma es la defensa de la permanencia del sistema de Seguridad Social como un instrumento poderoso de redistribución de rentas, como un instrumento esencial en la lucha
contra la pobreza y como un elemento imprescindible en la realización de la igualdad. Es el modo en el que queremos garantizar que las pensiones que cobren nuestros hijos sean mayores que las que cobran hoy los que están jubilados, al igual que las
nuestras van a ser superiores a las de nuestros mayores.
Señorías, hace algo más de 120 años, en 1890, el Parlamento alemán de la época, el Reichstag, aprobó el primer esquema público de pensiones de jubilación. En aquel momento el canciller Bismarck afirmó que el auténtico objetivo de aquella
reforma era -cito textualmente- expulsar a estos monstruos de la vida política. No hace falta que les señale que aquellos monstruos eran los socialdemócratas alemanes de la época, que habían convertido en una de sus principales reivindicaciones la
construcción de un sistema de pensiones contributivo, capaz de combatir la pobreza y dotar de dignidad la existencia humana tras la jubilación.
Desde entonces, a lo largo de más de un siglo, en ocasiones en solitario y en muchas más compartiendo
objetivos con partidos de corte democratacristiano y liberales, España y Europa han logrado construir un modelo de protección social que tenemos la obligación de preservar para los jóvenes de hoy y por respeto a la labor de los que nos precedieron.
Por todo ello, señorías, apelo a su responsabilidad; la misma, por cierto, que demostraron todos los grupos políticos para suscribir el Pacto de Toledo y para renovarlo a lo largo de todo el tiempo transcurrido, prácticamente en estas dos décadas,
o que han demostrado los interlocutores sociales en el Acuerdo Social y Económico. Es hora de que culminemos esta reforma
por el bien de nuestro país, pero también y sobre todo para fortalecer un sistema público de pensiones como el nuestro, que debe seguir siendo nuestro gran orgullo de futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para defender la enmienda tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, la verdad es que hoy es un día aciago para el Estado social y también para la representación democrática de esta Cámara. Vamos a adoptar una medida que es un retroceso histórico, rompemos el icono de la jubilación
a los 65 años que consiguió el movimiento obrero con su entrada en las Cámaras representativas, y además hacemos este sacrificio como un sacrificio inútil a los dioses del mercado que, como los dioses mitológicos, son tan omnipotentes como
insaciables. Señorías, no servirá de nada porque el ataque a la deuda no parará; continuará después del ajuste laboral, después del ajuste del déficit, después del ajuste de las pensiones y después de los ajustes que están previstos; un ajuste
interminable. Esta iniciativa en el día de hoy, esta iniciativa de retrasar la edad de jubilación a los 67 años es un escándalo, una burla. Hoy mismo la empresa Telefónica presenta un expediente de regulación que pretende prejubilar a los 50 años.
¿A qué estamos jugando? ¿Qué mensaje lanzamos a la gente, a los jóvenes que creen que no tienen presente y que tampoco cuentan en nuestro futuro? El mensaje que les lanzamos fundamentalmente es la garantía de las pensiones presentes a cambio de la
incertidumbre sobre las pensiones futuras, una fractura intergeneracional precisamente contraria a la solidaridad que proclama nuestra Constitución y que también proclamamos respecto al Estado social.
Señorías, valoramos en esta iniciativa la aportación de los sindicatos de clase. Creemos que gracias a ellos se ha reducido sustancialmente el recorte o la amputación de nuestro sistema de pensiones públicas y que se ha equilibrado un poco
lo que tiene que ver con la contributividad y la solidaridad en relación con la mujer, con los becarios y con otras materias, pero, en nuestra opinión, se mantiene un ajuste duro de nuestro sistema público de pensiones que va a provocar más malestar
social, menos Estado del medioestar y más fractura entre la sociedad y sus instituciones, entre la sociedad y las instituciones democráticas. Les recuerdo que este tema no estaba en los programas electorales de los partidos que nos presentamos a
las elecciones, que es una iniciativa impuesta por los mercados y que este recorte cuenta con el rechazo del 80 por ciento de los ciudadanos, del 80 por ciento. Por tanto, no es una buena noticia para garantizar el Estado social y tampoco lo es
para revitalizar nuestra democracia y para mejorar nuestras relaciones con la sociedad y la representatividad de este Parlamento. Este recorte se basa en un dogma, el dogma malthusiano de la demografía. Esta ya no parece una ciencia sino un
castigo que obliga a un recorte primero en el 2050, luego en el 2040 y ahora en el 2027. Además de un dogma, el Gobierno utiliza una profecía autocumplida, la de la inviabilidad, la de la insostenibilidad del sistema de pensiones, cuando tenemos
uno de los sistemas de pensiones más sostenible del marco europeo y además un Fondo de reserva de 65.000 millones, que hace aún más incomprensible esta previsión del Gobierno. La única solución del Gobierno es la culpa; la profecía, el dogma y la
culpa. La culpa es el recorte. La única salida es recortar; la única salida es aplazar la edad de jubilación; la única salida es aumentar el periodo de cómputo; la única salida es aumentar el periodo de cálculo con el objetivo de conseguir
recortar tres puntos del PIB para 2027 en el gasto público de pensiones y como consecuencia reducir más del 10 por ciento la pensión media que hoy perciben los ciudadanos. En nuestra opinión es un flaco favor al sistema social así como -lo decía
antes- al sistema democrático.
En nuestra opinión existe una alternativa, que no es la de la profecía y el dogma ni la de la culpa y el recorte. Existe la alternativa de plantearse una reforma del sistema de pensiones basada por una parte en la consolidación del sistema
público, no en su subordinación a los intereses del mercado y a los intereses privados, y por otra en la armonización y racionalización del gasto de nuestro sistema público de pensiones. Se pueden hacer cosas en materia de ingresos que el Gobierno
no ha hecho y se pueden hacer muchas más cosas en materia de gastos. En nuestra opinión se puede adoptar una iniciativa pública para salir de la crisis; se puede promover un empleo de calidad y no un empleo precario, y con ello mejorar la
productividad de nuestra economía que influirá de manera decisiva también sobre los ingresos del sistema público de pensiones; se puede apurar al máximo la política de empleo, tanto la política de empleo juvenil, la de la mujer, como la política de
empleo en la edad avanzada, y con ello mejorar también y consolidar los ingresos de nuestro sistema público de pensiones. Se puede separar las fuentes de una vez; se puede asumir el complemento de mínimos por parte del sistema público -por parte
de los impuestos generales del Estado- y se puede también, en función de la productividad, mejorar las bases de cotización.
Con ello, en nuestra opinión, tendríamos un volumen de ingresos que mejorarían sustancialmente la funcionalidad, que no la
viabilidad, del sistema público de pensiones de aquí a varias décadas.
En materia de gastos, nosotros seguimos apostando por la jubilación flexible que ha sido hasta ahora el mecanismo eficaz que hace a nuestra jubilación real
prácticamente una de las jubilaciones reales más avanzadas de la Unión Europea, casi 64 años. Casi un año solamente de diferencia con la edad de jubilación formal. También creemos que debe reducirse de manera drástica el recurso a la
prejubilación, que es un escándalo, y que como he dicho la compañía Telefónica lo presenta hoy, el mismo día en que se va a aprobar este ajuste del sistema público de pensiones. Creemos por último que se puede luchar contra el fraude, que se puede
evitar la programación y la planificación de las pensiones.
Señorías, termino. Finalizo dirigiéndome al Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares, el tiempo; el que no le quedará a su compañero de grupo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Solamente una frase.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Usted mismo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino dirigiéndome al Grupo Parlamentario Socialista para decirles que se rebelen, que no hagan la estrategia de Tarantino, que no hagan ellos de cirujanos para que otros recojan los votos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el resto del tiempo tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ayer les reclamábamos por enésima vez un giro en su política social y económica. De hecho, le decíamos al presidente Zapatero que el pasado domingo, mientras las plazas se llenaban de ciudadanos indignados, las urnas se llenaban
de votos derechistas. Ustedes hoy, rechazando nuestra enmienda a la totalidad, volverán a demostrar que quieren continuar siendo parte del problema. Ustedes se han convertido en el caballo de Troya del capitalismo más perverso, de hecho han
asumido representar el papel de escuderos de los mercados en detrimento de una de las joyas de la corona del Estado social y de las clases populares, el sistema público de pensiones. De hecho ustedes ya apuntaban en esta dirección traicionando
incluso sus principios socialdemócratas en la reforma del año 2007, cuando la crisis todavía no estaba instalada, razón por la cual consiguieron que pasara un tanto desapercibida aun cuando nosotros nos opusimos; me refiero a restar, por ejemplo,
entre otros ítems dos mensualidades por año pasando de los doce años y medio cotizados para tener acceso a la pensión a quince. Ustedes hoy rechazarán nuestra demanda porque se han rendido ciertamente a los dictados de los mercados financieros
dirigidos políticamente por la cancillera Merkel, que exige una actuación inmediata aunque no sea urgente, recuerden los 65.000 millones del Fondo de reserva. Todo ello pone en jaque los logros sociales para terminar al final derrotados, ustedes
destruyen y luego viene la derecha y construye, ciertamente con otros criterios, con otros objetivos y en nuestra contra. No fue suficiente la reforma laboral, no han sido suficientes los recortes sociales, no es suficiente la consolidación de un
marco de relaciones laborales en donde reinará la precariedad contractual y salarial, todo ello en un océano de paro. ¿Todo ello no es suficiente? Reconozco que ustedes nos ganaron la batalla ideológica, de hecho convirtieron el debate demográfico
en el único parámetro determinante para justificar su proyecto; reconozco nuestra incapacidad para poderles superar en ese terreno. Convirtieron el incremento de la esperanza de vida en determinismo demográfico, como si este fuera el único ítem a
contemplar, obviando el incremento de los cotizaciones, obviando la misma progresividad del sistema tributario, la incorporación laboral de las mujeres, la inmigración, la mejora de la productividad o una mejora misma del sistema de financiación de
la Seguridad Social. Tal como decía mi compañero Gaspar Llamazares 65 es mucho más que una edad en la vida de las personas a partir de la cual es posible acceder a la pensión, es un derecho conquistado por la clase obrera. Nosotros además nunca,
nunca nos hemos negado a entrar en el debate de las necesarias modificaciones; es más, estamos dispuestos a incrementar la edad de jubilación mediante incentivos, pero con una jubilación voluntaria, porque ciertamente compartimos la necesidad de
avanzar en la convergencia entre la edad real de jubilación y la edad legal. ¿Acaso no es cierto que la esperanza de vida de las personas de más de 65 años está relacionada con el tipo de trabajo que han ejercido a lo largo de la vida? ¿Acaso no
es cierto que en los últimos años la esperanza de vida en España para los mayores de 65 años solo ha aumentado 2,3 frente a los 4 que se ha incrementado de media para el resto de la población?
Diputados y diputadas del Grupo Socialista su proyecto es una carga de profundidad contra los derechos de los trabajadores: más dificultad para acceder a la jubilación, menos prestación, inconcreciones sobre la exigencia, que se dejen de
pagar las pensiones y complementos no contributivos a partir de la Seguridad Social y sí a cargo de los Presupuestos Generales del Estado; esto por no recordarles su fracaso absoluto en la lucha contra el fraude fiscal, porque actuar les obligaría
a enfrentarse a un sistema fiscal más progresivo, a dejar de ser amigos del señor Botín, a reírle sus gracias a este personaje que acumula tanta riqueza como impúdicos son sus beneficios de los paraísos fiscales. ¿A qué viene reír las gracias al
señor Botín? Esto por no recordarles su sumisión a los poderes económicos en todo aquello que afecta a las prejubilaciones, tal como decía Gaspar
Llamazares, la gran orgía de las prejubilaciones consentidas por ustedes de las empresas con beneficios. ¿Quieren mayor vergüenza? Cuenten a las viudas que reciben una pensión mínima que el dinero del FROB, que debería haber servido como
capital circulante para crédito familiar y para que las pequeñas y medianas empresas pudieran generar riqueza y trabajo, es destinado a las prejubilaciones tal como se demuestra en el caso de Bankia. En definitiva, señorías, fuertes con los débiles
y débiles con los fuertes. He aquí el triste papel de ustedes; he aquí el papel, el encierro de la socialdemocracia, y si no vamos a ver qué ocurrirá con las prejubilaciones de Telefónica.
El escenario que se abre por su culpa es el del debilitamiento progresivo y acelerado del sistema público de pensiones, más pobreza para la mayoría de ciudadanos y un apetito creciente para los capitales, aquellos que se acumulan más
rápidamente cuanto mayor y más intensa es la crisis y su necesidad de sobrellevarla. Qué engañosas fueron las palabras del presidente Zapatero desde esta tribuna cuando dijo aquello de: No temáis que la crisis no la van a pagar los de siempre.
Cuánto engaño, qué final tan patético para que luego venga la derecha y gane (Un señor diputado: Bueno, bueno.), siguiendo aquel viejo axioma de que entre la copia y el original siempre es mejor el original. A no ser -termino, señora presidenta-
que hoy den un golpe de timón. Señor Zapatero, no quiera ser la Agustina de Aragón o la Juana de Arco, pregúntese a quién tiene enfrente y por favor, corrijan, no pueden alcanzarse todas las reformas de un plumazo, todas de golpe, hay que esperar;
esperemos, por favor, a encarar la reforma de las pensiones en otra coyuntura, en una coyuntura en donde la izquierda no sea tan débil. Se han hecho todas las reformas necesarias, pues bien, anuncien hoy que retirarán este proyecto de ley porque si
no el jaque se convertirá en mate.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Mixto para defender su enmienda tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señores ministros, señor presidente, señorías, efectivamente el sistema de Seguridad Social en España ha sufrido siempre una permanente adaptación; aunque ahora hablemos de adaptación no es la primera que se hace, es un proceso de
adaptación permanente y compartimos el objetivo de que se haga la adaptación precisa tanto desde la perspectiva demoscópica como económica precisamente para garantizar la protección social de los ciudadanos porque ese es el objetivo. Sin embargo, a
nuestro juicio, señor ministro, esta ley no sirve ni en el fondo ni en la forma a ese objetivo.
Es una ley injusta y una ley inútil. En la forma, porque nace de la ruptura del consenso básico que sobre esta cuestión ha mantenido siempre y se fijó en el Pacto de Toledo y en el fondo porque, como ya se ha dicho, es una propuesta rígida
que no tiene otro propósito y no tendrá otro efecto -esto es lo más pernicioso- que reducir el gasto, una ley que llega de forma precipitada, sin la reflexión necesaria, una ley cuya necesidad negó el propio presidente del Gobierno; negó la reforma
hasta que recibió las instrucciones pertinentes, aunque la demoscopia y la economía eran datos conocidos y por tanto debiera de haber formado parte de la reflexión previa. La precipitación, la falta de reflexión, como le digo, les ha llevado a
equivocarse en el qué de la ley, de lo que se regula, y en el cómo. La falta de debate y reflexión no se subsana por un acuerdo social que naturalmente ha arreglado algo el entuerto, pero no se subsana. Las Cortes, nosotros, no estamos aquí solo
para ratificar acuerdos que se elaboran al margen del lugar en el que reside la soberanía popular. Es una ley alicorta que no tiene otro objetivo que tranquilizar a los mercados; no afronta las reformas estructurales que ustedes mismos proclaman
como necesarias; no se clarifica la separación de fuentes; el acceso a la jubilación se regula de forma poco flexible, fijando una edad legal máxima y rígida sin incentivar adecuadamente la vida laboral más allá de esa edad, que además se produce
-como ha dicho otro portavoz antes de mi intervención- en un momento en el que se comunican jubilaciones anticipadas de cuantiosísimos recursos que pagaremos entre todos. Tampoco se favorece que con las reducciones pertinentes las personas que lo
decidan puedan dejar el mercado laboral, o sea que abunda en la calificación de rigidez de la norma. No se afronta la baja tasa de actividad y el elevado desempleo de los mayores de 55 años, ya que no se penalizan las prejubilaciones, como acabo de
señalar, no solamente no se penalizan sino que de alguna manera se incentivan. Se mejora la regulación de la jubilación parcial para evitar el fraude, pero siguen sin establecerse las medidas para que puedan acceder a ese tipo de jubilación
anticipada los trabajadores de las pequeñas o las medianas empresas. No hay una sola medida concreta que garantice la sostenibilidad del sistema. No se abordan las reformas tan urgentes y necesarias como las de muerte y supervivencia. Sí,
ministro. No hay ni una sola medida concreta. Hay teoría, hay filosofía y hay literatura, pero no hay una propuesta concreta en todo el texto. En suma, es un placebo para tranquilizar a los mercados, a lo mejor es lo único que ustedes son capaces
de afrontar. En fin, una norma realizada desde la perspectiva concreta de adaptar el sistema para garantizar derechos y sostenibilidad que, planteada como la están planteando ustedes, no deja de ser simplemente un placebo y un fraude para aquello
que se dice perseguir. Ni refuerza la contributividad del sistema; ni establece un régimen flexible en el acceso a las pensiones de jubilación; ni penaliza las prejubilaciones; ni adopta ninguna medida desde el punto de vista de los ingresos;
deja para el futuro reformas de otras prestaciones distintas a la jubilación, como el hijo a cargo, la discapacidad,
la incapacidad permanente; no regula la Seguridad Social de los parlamentarios para acabar con un régimen especial separado del conjunto y, por tanto, privilegiado. En suma, es un fiasco más de lo último de su gestión. Realmente,
señorías, hoy es un día de retrocesos, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, es un mal día para traer esta propuesta, es un mal día para que ustedes mismos, desde el Grupo Socialista, no reflexionen sobre las consecuencias de
esta propuesta que nos están haciendo. Señor ministro, entiendo que no esté de acuerdo con lo que le digo, pero es que no solo no es una ley eficaz sino que es una ley profundamente injusta. No resuelve ninguno de los problemas que en su enunciado
se plantean y, además, es profundamente injusta para los derechos sociales del conjunto de los trabajadores.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Para defender su enmienda tiene la palabra la señora Fernández Davila. Por favor, dejen pasar a la señora Fernández Dávila, si no, no podrá defender su enmienda. Luego, si pueden, la atienden.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Como no podía ser de otra manera, señorías, señores ministros, señor presidente del Gobierno, el Bloque Nacionalista Galego, y de acuerdo con la postura que hemos tenido en todo el debate de la reforma de las pensiones, presentamos esta
enmienda a la totalidad, una enmienda de devolución al proyecto de ley sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, ya que la justificamos plenamente, además, en el claro carácter antisocial del citado
proyecto.
De llevarse a cabo, señorías, la presente reforma supondrá un empeoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población al tener que trabajar más años y recibir una pensión menor. El retraso de la edad de jubilación
hasta los 67 años supondrá una edad legal de jubilación de las mayores de los países de nuestro entorno. El incremento de 35 a 37 años como tiempo de cotización necesario para acceder al cien por cien de la pensión, así como el incremento para el
cálculo de la cuantía de las pensiones, desde los quince años actuales hasta los veinticinco años, supondrá que las personas pensionistas percibirán una pensión menor. Señorías, diversos economistas estiman que por cada incremento de un año en el
periodo de cálculo de la pensión la cuantía desciende de promedio en un uno por ciento. Así, al incrementarse en diez años este cómputo, la pensión media, por ejemplo de 730 euros mensuales que significó la media de la pensión en Galicia en el año
2010, perdería 73 euros mensuales y 1.000 euros anuales.
La reforma, señorías, como ya hemos comentado, no se justifica en medidas que sean reales o en verdades que sean reales sino en cuestiones que ocultan muchísimas de las razones por las que se está haciendo esta reforma.
La exposición de motivos del proyecto de ley justifica la necesidad de la reforma en la evolución demográfica del Estado español. Se afirma que el incremento de la esperanza de vida y el futuro incremento del número de personas ancianas
hace necesaria una reforma del sistema. Aquí es necesario recordar las numerosas predicciones catastrofistas de décadas anteriores, todas fallidas. Siendo cierto que las estimaciones indican que se incrementará el número de pensionistas en el
futuro, se trata de un argumento interesado, teórico e incompleto, que no tiene en cuenta otros factores como los siguientes: no se trata de comparar personas ancianas frente a gente joven, sino que la comparativa debe hacerse en términos de
pensionistas frente a cotizantes de la Seguridad Social. En un Estado donde el paro ronda el 20 por ciento y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo aún está en el 54 por ciento, cuando en algunos países del entorno está ya en el 87 por
ciento, existe una amplia capa de población susceptible de ser cotizantes. Además no se tienen en cuenta posibles flujos migratorios que podrían incrementar considerablemente el número de cotizantes, como de hecho sucedió en el Estado español en
los últimos años. Un descenso de cotizantes no implicaría descenso del volumen de cotizaciones, al igual que la reducción de trabajadores y trabajadoras en el campo no implicó un descenso del volumen de alimentos. Y esto es debido al incremento de
la productividad, sobre la cual existe el consenso de que puede crecer a un ritmo alrededor del 1,5 por ciento anual. Por tanto, señorías, un incremento en la esperanza de vida no implica directamente que se vivan más años en la tercera edad. De
hecho, el actual incremento de la esperanza de vida tiene uno de sus principales factores en la reducción de las tasas de mortalidad infantil. Además el superávit actual de la Seguridad Social representa 60.000 millones de euros, lo que supone el 6
por ciento del PIB del Estado.
En estos últimos minutos queremos entrar en lo que hay detrás de esta reforma y la verdadera razón de la misma, que desde nuestro punto de vista está en la expansión de los fondos de pensiones. Con esta reforma el Gobierno satisface los
intereses económicos del sector financiero en detrimento de las mayorías sociales. El montante de dinero que suponen las pensiones es más que apetecible para el sistema financiero y, en concreto, para los fondos de pensiones. El porcentaje de
inversión en fondos de pensiones privados con respecto al PIB en los países de la OCDE se sitúa de promedio en un 67,1 por ciento, mientras que en el Estado español supone un 8,1 por ciento del PIB. Esto significa que los fondos de pensiones se
encuentran con un reducido mercado, que solo conseguirán ampliar si se logra crear alarma social sobre el sistema de pensiones y deteriorar las pensiones públicas. Para que nos hagamos una idea del volumen de negocio que está en juego para los
fondos
de pensiones, si estos tuvieran la misma presencia que en la media de los países de la OCDE, los fondos estarán manejando 620.179 millones de euros más. La cifra habla por sí sola, más de medio billón de euros. No es casualidad que la
mayoría de los informes que concluyen la insostenibilidad del sistema público de las pensiones provengan de fundaciones y entidades ligadas a la banca. En el Estado español el gasto en pensiones con respecto al PIB está en torno al 8,5 por ciento y
el promedio de la UE a veintisiete es del 10 por ciento y el de la UE a quince el 12 por ciento. Esto nos indica que el esfuerzo medio de la Unión Europea para mantener el sistema de pensiones es mayor que en el Estado español, lo que significa que
existe un margen razonable para incrementar el esfuerzo en el mantenimiento del sistema. Además las pensiones en el Estado son relativamente reducidas, ya que la pensión contributiva media se sitúa aproximadamente en el 70 por ciento de la pensión
media de la Unión Europea a quince. Señorías, el futuro de las pensiones se tiene que vincular al número de activos, que son los cotizantes, y a la calidad de sus salarios. Así hace falta aplicar políticas de fomento del empleo y de salarios
dignos para garantizar los ingresos a la Seguridad Social. Bajo estas premisas globales caben reformas en el sistema para mejorarlo, como cumplir el acuerdo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora, Fernández, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...para la separación y clarificación de las fuentes de financiación o mejorar las pensiones, en concreto, la de los regímenes especiales y corregir las desigualdades territoriales.
Finalizo, señora presidenta...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, acabe ya, señora Fernández, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Solamente una frase, señora presidenta, en relación con el consenso.
Además del desacuerdo que hemos tenido en esta cuestión, la falta de consenso social está en la cifra del 79,4 por ciento de los encuestados por el CIS, que están en contra de esta decisión del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández.
Para fijar la posición del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señor ministro, señor presidente del Gobierno, iniciamos el debate de una de las leyes más relevantes de esta legislatura, aunque no lo parezca, aunque no parezca que el escenario, la
escenografía, se corresponde con la dimensión y la profundidad de la ley que empezamos a debatir. Imagino que la gente estará preocupada con otros avatares vinculados a la coyuntura política más inmediata. Hemos analizado con detenimiento todas
las enmiendas presentadas a este proyecto de ley y me gustaría dirigirme a los grupos enmendantes diciendo que algunas de sus reflexiones, de sus valoraciones, de sus justificaciones de las enmiendas son pertinentes y deberían ser objeto de una
mejor toma en consideración, salvo algunas reflexiones un tanto desgarradoras y apasionadas que hemos escuchado, pero uno tiene también la impresión de que el sustrato ontológico, si se me permite la petulancia de la expresión, de todas ellas se
basa en la máxima ignaciana de en tiempos de perturbación no hacer mudanza. Es mejor dejar el sistema cómo está, sin acometer reforma de ninguna naturaleza, reforma estructural alguna, y esta es la peor reforma que se puede acometer o la peor de
las posiciones políticas posibles que ahora mismo se puede adoptar porque están sucediendo cosas en el ámbito demográfico.
Me llama mucho la atención la ridiculización de los problemas democráticos que afectan al sistema de pensiones en tanto en cuanto es un problema cierto y sobre todo a la creación ex novo, la imaginación que caracteriza las reflexiones
político-jurídicas de algunos grupos parlamentarios, de esta expresión a la que se llama determinismo demográfico. He estado indagando y escudriñando en el ámbito doctrinal científico y nadie ha sabido darme ninguna explicación de a qué tipo de
concepto nos estamos refiriendo con esta expresión llamada determinismo demográfico. La demografía no es determinista; la demografía es, aunque parezca tautológica la expresión. Malthus fue una de las personas que reflexionó sobre estos
problemas, pero la demografía, parafraseando a Lucrecio, señora presidenta, está en la naturaleza de las cosas. No sé si es determinista o no decir que dentro de veinte años vaya a haber 1,7 trabajadores por cada pensionista, por cada persona
beneficiaria de alguna de las prestaciones, de las contingencias protegidas por el sistema, pero es un riesgo que todos deberíamos considerar, un riesgo además que no se puede compensar con algunas de las propuestas que se han hecho, aparentemente
compensadoras del riesgo de envejecimiento de la población, en relación con la sostenibilidad financiera del sistema. Aquí se habla de lo de siempre, del incremento del empleo, del incremento de la tasa de actividad, del incremento de la
productividad, del incremento en definitiva de otros parámetros que puedan compensar con menos trabajadores, financiando en un sistema de reparto las pensiones de los que han dejado de trabajar o no se encuentran en situación de actividad
profesional, esa disminución de efectivos, de cohortes de población cotizante y no, no es posible compensarla cuando estamos hablando de un sistema de reparto de parámetros o de tasa de dependencia, que es el concepto técnico que se ha de utilizar,
de 1,7 trabajadores por cada pensionista. Es imposible materialmente mantener sin modificaciones profundas un sistema de estas características.
Dicho esto, hay que decir otras muchas cosas. Usted sabe que algunas de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, señor ministro, están muy puestas en razón. En primer lugar, aquí se acredita que estamos ante el paradigma de la
falta de autonomía económica del Gobierno que usted representa, señor Zapatero, porque estas son reformas estructurales impuestas extramuros del Gobierno que usted en este momento preside. ¿Es malo o es bueno que estén impuestas? No sé. ¿Son
requerimientos de los mercados -ese mundo un tanto deletéreo que son los mercados- a los que debemos atender indubitadamente? Tampoco lo sé. ¿El Ecofin tiene razón cuando dice que si no se acometen reformas de esta naturaleza se castigará
inevitable e inexorablemente a la deuda española? Es posible que sí, pero estamos moviéndonos en un ámbito donde la autonomía político-económica del Gobierno español está muy limitada o es nula. Es una reforma impuesta extramuros de las
instituciones que gobiernan el Estado español.
En segundo lugar, señor ministro, nos encontramos con otro problema y es que no se afronta -y lo siento porque tenía expectativas por sus posiciones más proautonomistas que las de otros miembros de su Gobierno- el debate autonómico sobre las
competencias autonómicas que están consagradas en los estatutos de autonomía en relación con la gestión del régimen financiero de la Seguridad Social. Señor ministro, no solo están consagradas por los estatutos de autonomía, tanto el catalán como
el vasco en dos preceptos -el 18.2 y la disposición transitoria quinta-, sino que están en las competencias autonómicas constitucionalizadas. Hay una sentencia que usted conoce perfectamente -la hemos discutido, señor ministro de Trabajo-, la
195/1996, donde se prevé. No hay una sola alusión a las competencias autonómicas en la nueva estructura orgánica de la agencia que se va a crear y donde se integrarán todas las entidades que gestionan el sistema público de pensiones. Es una
gravísima carencia de esta ley, que es manifiestamente mejorable.
Voy acabando, señora presidenta. Usted ha citado la Constitución de Weimar y me congratulo de ello. El nivel parlamentario de esta institución que todos representamos es -utilizando una expresión eufemística- discutible, pero a veces uno
se encuentra con reflexiones lúcidas y preñadas de calidad histórico-político-jurídica. En la Constitución de Weimar se consagran los paradigmas del Estado del bienestar, que son dos fundamentalmente: articular una serie de políticas económicas
orientadas hacia el pleno empleo -es mejor que no entremos en un debate más pormenorizado sobre este primer paradigma de la Constitución de Weimar, fruto de una transacción entre el humanismo cristiano o la democracia cristiana y la socialdemocracia
en aquella época, y que tenemos que recuperar- y un sistema público de pensiones que garantice de forma suficiente cualquier situación de necesidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya con esto acabo. Y acabo de verdad, señora presidenta, no es una falsa expectativa.
Esto en estos momentos sufre porque el Tribunal Constitucional ha comentado que el derecho a una cuantía predeterminada de pensión no solo es un requerimiento del artículo 41 de la Constitución, sino que lo es también del derecho a la
propiedad privada consagrado por el artículo 33 de la Constitución. Si se reducen las cuantías a las que se causa derecho en virtud de contribuciones predeterminadas por el ordenamiento jurídico se está expoliando la propiedad privada del futuro
beneficiario de una cuantía determinada de pensión, como proclama el Tribunal Constitucional en el año 1987, sin la invocación de la causa de interés público, sin un expediente de expropiación y sin indemnización.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Incluso hay problemas de inconstitucionalidad en esta ley. Señor ministro, siga por esta vía de elevación intelectual -pero también constitucional- de los requerimientos a la hora de afrontar el sistema de
pensiones, que es lo más importante que nos queda por hacer.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como señalaba el señor Olabarría, me gustaría empezar por agradecer el tipo de intervenciones que el señor Gómez hace en esta Cámara. Las hace siempre desde una honestidad intelectual y política a la que en los debates que
entre todos realizamos no estamos demasiado acostumbrados y que nos obliga a todos a acercarnos de manera más seria a los problemas colectivos que abordamos. Por tanto, se lo quiero agradecer.
En todo caso, Convergència i Unió aborda esta discusión desde algunas convicciones muy claras, discrepando de los planteamientos de fondo de los enmendantes pero también convencido de que las enmiendas a la totalidad nos permiten mantener
este debate. Repito que tenemos algunas convicciones muy claras. Primera convicción, el acuerdo económico y social cerrado a finales de enero y que se concreta en este proyecto de ley que empezamos a tramitar responde a la filosofía de los
acuerdos del Pacto de Toledo, sin ningún tipo de duda. Dos, que el reto del envejecimiento, que es esa mezcla de aumento de la esperanza de vida, de baja tasa de fertilidad, de llegada a la edad de jubilación de los baby boomers exige
una reforma ambiciosa y profunda de nuestro sistema de pensiones, con independencia de la existencia de la crisis, y que la existencia de la crisis -eso es verdad- convierte también esta reforma en necesaria en estos momentos, precisamente
para garantizar la solvencia de las cuentas públicas de España en el medio y largo plazo. Convicción de que el entorno europeo y el resto de los países europeos, con gobiernos de centro izquierda y con gobiernos de centro derecha, han orientado la
reforma de su sistema público de pensiones en líneas muy parecidas a las que estamos empezando a tramitarlo nosotros, y dándole valor al diálogo social y a ese acuerdo desde la responsabilidad que han asumido los agentes sociales. No es serio
elogiar el papel de moderación de los agentes sociales en el proceso de discusión de la reforma de las pensiones y no acompañarlos a la hora de la verdad, que es en la votación en esta Cámara. Última convicción. La defensa del modelo público de
pensiones de carácter contributivo, solidario y de prestación definida, convencidos de que es un buen modelo de protección social y de que las reformas que debemos impulsar deben garantizarlo.
Coincidencia con algunos de los grandes principios de la reforma que se están articulando, como reforzar el principio de contributividad en términos de un sistema que responda a la filosofía de fondo de aquello que pretendemos fortalecer
-tiene sentido que la pensión que una persona cobre tenga más que ver con el esfuerzo contributivo realizado a lo largo de su vida- y lograr la prolongación efectiva de la edad de jubilación para hacer frente al reto, fruto de un éxito como es el
aumento de la esperanza de vida de las personas. Son dos principios que se reflejan en los acuerdos de enero del Pacto de Toledo, que se reflejan en este proyecto de ley y que mi grupo comparte. Es más, si uno se aproxima intelectual y
políticamente de manera honesta a los ciudadanos y a los problemas que tiene planteado nuestro sistema de pensiones a medio y largo plazo, no puede ponerse de espaldas a esta reforma, porque quienes hoy están planteando estas enmiendas alternativas
saben perfectamente que en la perspectiva de los próximos veinte, veinticinco o treinta años, ni los aumentos de productividad, ni los aumentos de la población ocupada, ni una gestión inteligente de los flujos migratorios harían innecesaria una
reforma de estas características. No hay nadie que se aproxime con seriedad y honestidad a los ciudadanos que pueda creer que ante el reto del envejecimiento en España no necesita reformas de fondo, entre otras cuestiones porque las dimensiones de
nuestro baby boom, nuestras esperanzas de vida, nuestros actuales niveles de productividad, nuestra actual situación económica y la perspectiva de generación de empleo en los próximos años hacen absolutamente impensable la no introducción de
reformas paramétricas en nuestro sistema público de pensiones.
Desde la convicción y desde la responsabilidad, hoy vamos a rechazar las enmiendas que plantean los grupos enmendantes. Eso sí, convencidos de que todos, en el trámite parlamentario que vamos a iniciar en los próximos días, vamos a poder
recuperar el espíritu de consenso que ha caracterizado durante estos años las discusiones de pensiones. Por tanto, invitamos a los grupos parlamentarios a que, en el trámite de enmiendas parciales, seamos capaces de alcanzar acuerdos. El trámite
parlamentario del proyecto de ley en las próximas semanas, a nuestro entender, deberá mejorar los aspectos de equidad y justicia en algunas de las reformas que se están planteando. Una mayor contributividad -como se recoge en el proyecto de ley-,
con exigencia de carreras más largas para cobrar una buena pensión, obliga a tener en cuenta de forma mejor la situación de aquellas personas que ayudan al sostenimiento del sistema en la medida en que traen hijos a nuestra sociedad, y muy
especialmente a mujeres que se ven obligadas a abandonar sus carreras laborales para dedicarse al cuidado de los hijos. Hay que mejorar los aspectos relativos a los jóvenes que se incorporan de manera tardía al mercado de trabajo y que están en
procesos de formación. También se debe mejorar la situación de los trabajadores autónomos y reconocer los periodos de servicio militar y obligatorio. Una prolongación efectiva y legal de la edad de jubilación exige quizás elementos más ponderados
para procurar que el proceso de cambio sea lo menos traumático posible, así como configuraciones legales que adapten mejor esa modificación de la edad legal de jubilación a determinadas situaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
No hay que olvidar algunas cuestiones que están recogidas en el Pacto de Toledo y que en el proyecto de ley no se incorporan, como la reforma de la pensión de viudedad, la mejora de las pensiones de orfandad, más elementos de transparencia
en el funcionamiento del sistema, más elementos que faciliten la previsión social complementaria, la compatibilidad entre la pensión y el trabajo remunerado o una mayor participación de las comunidades autónomas en la gestión del sistema.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Nuestro compromiso va a ser, señorías, el de mejorar en el trámite parlamentario aquellos aspectos que garanticen el carácter justo y equitativo de la reforma imprescindible que vamos a tramitar en los próximos
días.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señorías, en estos días superaremos por primera vez en nuestra historia los 8 millones de pensionistas contributivos, un dato muy importante. Por su relevancia cuantitativa y sobre todo por su impacto social y
económico en el conjunto del país, las políticas de ingresos y gastos en pensiones constituyen una pieza decisiva en el engranaje de la cohesión social de España. En este momento, el sistema evoluciona en sus principales parámetros de un modo que
conviene valorar.
Hemos perdido más de 2 millones de afiliados a la Seguridad Social, casi un 11 por ciento del total, en estos meses de crisis. Hemos retrocedido más de una década en afiliación al sistema. Hemos perdido solo en 2010 el 72 por
ciento del superávit de nuestra Seguridad Social. Estamos en un proceso en el que los gastos evolucionan en función de unas variables mucho más importantes que los ingresos. Tenemos, pues, un problema serio para nuestras cuentas de la Seguridad
Social, hoy, no en el año 2060, sino hoy, y es fruto del principal problema que tiene España, que es el desempleo, desempleo en cotas históricas para todos los segmentos y colectivos, para todos los tramos de edad, para todos los españoles sin
distinción. Ese es el contexto en el que se plantea este debate.
La primera reforma que necesita el sistema de pensiones es decir la verdad sobre él: decir que se sustenta en el empleo y que sin empleo no aguantará; decir que no se puede obtener más de lo que se aporta, aunque eso no dé votos; decir
que hay que conseguir que se cotice mejor, pero sobre la base de un trato justo y equitativo y sin que ello suponga exigir esfuerzos a los de siempre; decir que los recursos del sistema son para pagar las pensiones y no para otras cosas; decir que
la hucha de las pensiones es sagrada y no puede quedar expuesta a usos arbitrarios; decir que las cotizaciones sociales que pagan los españoles son de las más altas del mundo y aun así se les dice hoy que no son suficientes; decir que el sistema
sí se puede sostener, salvo si se quiebran sus fundamentos económicos con políticas altamente corrosivas.
¿Responde este proyecto de ley adecuadamente al desafío que supone para nuestro sistema de pensiones la realidad que vivimos? Creemos que no.
Nosotros estamos a favor de las reformas en el sistema, siempre lo hemos estado y contribuido a
ellas, pero en el momento actual de España, algunos de los contenidos de este proyecto de ley nos plantean serias dudas sobre su eficacia. Señor ministro, no se puede alcanzar un objetivo deseable a cualquier precio. Los medios que se utilizan
para un supuesto fin positivo, como es la sostenibilidad, son muy importantes, son los recursos de los ciudadanos, son sus derechos, sus impuestos, sus cotizaciones, sus ahorros, sus años de actividad, sus horas trabajadas, sus condiciones sociales
y económicas. ¿Puede un Gobierno desentenderse de esto y limitarse a pedir más y más esfuerzos a los ciudadanos a cambio de peores y peores resultados? Creemos que no, pero eso es lo que hace precisamente este proyecto de ley.
Todo ahorro en principio es bueno, señor ministro, señoras y señores diputados, pero a costa de qué. ¿Ahorrar a costa de hacer inalcanzables pensiones dignas para muchos ciudadanos? ¿Ahorrar a costa de recortar porcentajes de pensión a
personas con décadas de cotización que se quedan a las puertas de una edad de jubilación arbitraria? Señorías, creemos en la necesidad de avances; por eso no estamos ni podemos estar con quienes niegan la conveniencia de las reformas, argumentos
que subyacen en las enmiendas a la totalidad. No podemos compartir una imagen edulcorada del sistema de pensiones que afirma que no tiene problemas ahora ni los tendrá a medio plazo. Tiene problemas serios y los tiene hoy. No menospreciamos el
desafío demográfico que se avecina. Necesitamos reformas adecuadas y precisas para enfrentarnos mejor a él y no desde el dogmatismo ni desde el determinismo, pero no se puede resolver diciendo que bastará con subir los impuestos si hacen falta más
recursos.
Creemos que, en líneas generales, estas enmiendas de totalidad, bien es verdad que unas más que otras, adolecen de inmovilismo, de falta de realismo y de un equivocado análisis de la realidad. Las políticas de la izquierda no pueden
sostener las pensiones porque las políticas de la izquierda crean más paro, más estancamiento, menos progreso y menos recursos, y cuanto más a la izquierda, peor. Las pensiones están en riesgo por las políticas económicas de la izquierda, por su
fracaso económico, y este proyecto de ley es otro precio más a pagar por ese fracaso. Por ello, nosotros nos situamos en la línea de las reformas, pero no de cualquier reforma, obviamente, no de algunas de las que se incorporan a este proyecto de
ley.
Confunde deseos con realidades. Elevar la edad de jubilación a los 67 años no hará, por sí misma, que un solo ciudadano pueda seguir trabajando si no dispone de un puesto de trabajo y se mantiene en él. Simplemente le pondrá las cosas aún
más difíciles para acceder a una pensión digna.
Elevar el número de años exigidos para una pensión no hará que los jóvenes se incorporen antes al trabajo o dispongan de carreras de cotización estables y continuadas. Simplemente los condenará a no
poder cumplir los requisitos precisos y a salir mal parados socialmente. Esto es lo que los ciudadanos entienden que se incorpora en este proyecto de ley, que en su actual configuración adolece de numerosos defectos que son responsabilidad
exclusiva del Gobierno, defectos que convierten el proyecto de ley en un texto muy deficiente, desequilibrado, incompleto e incluso contraproducente en algunas cuestiones.
Mi grupo sí cree en la necesidad de reformas, las adecuadas, las que convienen, las que ayuden, las que no creen problemas adicionales en un contexto como el actual. Por eso, pudiendo disponer de argumentos para presentar una enmienda a la
totalidad, no lo hemos hecho, pero nos manifestaremos adecuadamente en el trámite de las enmiendas parciales.
Por eso emplazamos al Gobierno desde este momento a que abandone su
posición rígida, inflexible, soberbia y dogmática en esta materia. No nos mueve la oposición por la oposición, por eso no hemos recurrido a una enmienda a la totalidad. Insisto, no nos faltarían argumentos. Una vez más nos mueve la
voluntad de aportar en positivo con argumentos e ideas.
Mi grupo se va a abstener en este trámite de enmienda a la totalidad.
Tómese como una llamada de atención seria al Gobierno ante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. Hay
muchos elementos de discrepancia, señor ministro, quizá demasiados para un texto que debería haber nacido con un mayor nivel de acuerdo político. Veremos si en su tramitación ese vicio de origen además trae aparejadas la intransigencia, la falta de
diálogo, la inamovilidad, la pereza o la falta de altura de miras por parte del Gobierno.
Las especiales circunstancias políticas, económicas y sociales en que se va a desenvolver la tramitación de este proyecto de ley deben mover al Gobierno a una mayor sensibilidad, sensatez y voluntad de acuerdo. Detrás de mí va a intervenir
un portavoz socialista que no ha dedicado ni un solo minuto aún a hablar con el Partido Popular en esta materia. Ello retrata la actitud socialista mejor que ninguna otra cosa. Los ciudadanos españoles estarán muy atentos a esta cuestión que les
preocupa enormemente. No parten ustedes con el apoyo ni la comprensión de la mayoría de los ciudadanos. Solo de ustedes depende cómo va a terminar este proceso. En todo caso, suya será la exclusiva responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Burgos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Caldera Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Yo creo, señorías, que esta es una reforma progresista -si no, no subiría a esta tribuna a defenderla; me gustaría, señor Llamazares, convencerle- porque garantiza un sistema universal, solidario, de reparto y equitativo y porque viene
avalada por un gran acuerdo social, además de por un gran acuerdo en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo. Todos los países de la OCDE están abordando reformas en sus sistemas de pensiones. Tenemos aquí un gran acuerdo social con
empresarios y sindicatos, y esto no es común, al menos en Europa -solamente en Suecia ha ocurrido otro tanto-.
El proyecto además completa una serie de aspectos que hacen al sistema mejor, para hoy y para el futuro. Todo ello, señorías, explica
que, a pesar de la destrucción de empleo que estamos padeciendo, nuestro sistema todavía -y espero que por mucho tiempo- tiene superávit. Así ha sido en los años 2008, 2009, 2010 y esperamos que así sea en el año 2011. Pero para hacernos una idea
de los riesgos a los que nos enfrentamos quiero recordarles que en el año 2010 el sistema de Seguridad Social norteamericano entró ya en déficit, ocho años, por cierto, antes de lo previsto. Esto quiere decir que tenemos que hacer esfuerzos
notables para evitar que eso ocurra.
Señorías, la población mayor de 65 años en España es el grupo social que se ha alejado con más rapidez del riesgo de caer en pobreza relativa. Hoy solo el 14 por ciento de nuestros mayores están en esa situación -en la mayoría de los países
de la OCDE el porcentaje es muy superior- y a ello sin duda ha contribuido nuestro sistema de pensiones y por supuesto ha contribuido el esfuerzo en el incremento de las pensiones mínimas. Eso también se debe al acuerdo, desde 1985, del sistema
español de Seguridad Social y por supuesto al Pacto de Toledo, que trazó una hoja de ruta de la que no deberíamos separarnos. Las reformas anteriores, por cierto, siempre fueron criticadas con el argumento de que las pensiones se recortarían. No
ha sido así, señorías. Las pensiones en España han venido creciendo ininterrumpidamente. En euros de hoy, en el año 1985, la pensión era de 168 euros; en 1997, de 417; hoy es casi de 800. Quiero aclarar que el gasto en pensiones va a aumentar
inevitablemente y que nuestros hijos -estoy convencido-, si hacemos las reformas necesarias, percibirán mejor pensión que nosotros. Estoy completamente convencido, pero para ello hay que tomar las decisiones que eviten mermar ingresos al sistema y
que permitan garantizar el mismo en el futuro.
Por cierto, hay una serie de rasgos, señorías, que definen la situación de esta crisis. Por primera vez, con respecto a crisis anteriores, en esta, en España, no ha aumentado la brecha de género, no. No ha aumentado la desigualdad en
contra de la mujer, no. Hay un mantenimiento de su afiliación, mejor dicho, una mejora relativa de sus niveles de afiliación. Los colectivos más desprotegidos, como los despedidos, ven como sus años de trabajo se van a computar mejor para el
cálculo de la pensión y los jóvenes verán incorporarse a su carrera de cotización su experiencia en programas formativos como antes lo fueron las becas de investigación. Se garantiza la cotización por salarios reales de los trabajadores en el
campo, en un camino que se culminará en breve con las empleadas de hogar, y los incentivos a la prolongación de la vida laboral y deslizamiento de la edad de jubilación se combinan con la posibilidad de una jubilación voluntaria sin perjuicios para
el sistema. Es decir, señorías, que además de la gradualidad y flexibilidad de la aplicación de la norma, sin duda alguna esta reforma va a garantizar mejores pensiones, a percibir durante más tiempo, pero, eso sí, con las dosis de responsabilidad
necesaria para conseguirlo.
Me gustaría aclarar solo algunos aspectos con respecto a lo que sus señorías, los que han planteado sus enmiendas a la totalidad, han venido defendiendo. La reforma no está fundamentalmente motivada por la crisis económica actual, como
saben sus señorías, no, más bien por otros fenómenos como la evolución demográfica, como indicaba el señor Olabarría, y la mejora continuada de nuestras pensiones. Hoy el sistema de pensiones goza de una buena salud financiera y esperemos que la
siga
teniendo en el futuro, pero tenemos que hacer las políticas necesarias que lo garanticen.
Esta ley no supondrá en absoluto un recorte de pensiones. (Rumores.) Si tiene éxito el cambio de modelo productivo y la aplicación de estas reformas, seguramente en los próximos treinta años la pensión en términos reales seguirá
incrementándose y además de forma importante. (Continúan los rumores.) No supondrá en modo alguno, señorías, una merma de las oportunidades de empleo para los jóvenes...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Caldera.
Señorías, es imposible que ustedes puedan atender al orador que está en la tribuna, es imposible porque no se oye ni él mismo. Por favor, un poco de silencio. Si tienen que despachar asuntos urgentes, tienen otros ámbitos donde lo pueden
hacer. Un momento, señor Caldera, a ver si conseguimos un poco de tranquilidad. (Pausa.)
Continúe, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
No supondrá, señorías, una merma de las oportunidades de empleo de los jóvenes, quiero combatir ese prejuicio. He de decir rotundamente que ello no depende de la edad de jubilación sino del crecimiento económico, y entre los años 1995 y
2007 se crearon en España 8,5 millones de empleos con una distribución favorable a los jóvenes. La tasa de empleo, tanto aquí como en Europa, de los jóvenes entre 20 y 25 años y de las personas entre 55 y 59 tiene una correlación positiva; es
decir, que si aumenta la tasa de empleo de los mayores de 55 años, también lo hace la tasa de empleo de los jóvenes entre 20 y 25 años. Esa es una constatación empírica.
La reforma no va dirigida a los mercados, va dirigida a los ciudadanos. La reforma mejorará los ingresos del sistema, por supuesto que los va a mejorar. Se puede decir que tendremos que hacer más esfuerzos, pero no que esta reforma no
mejorará los ingresos del sistema incrementando la contributividad y prolongando el tiempo efectivo de trabajo de todos los ciudadanos. Eso mejora los ingresos, señorías, y garantiza la sostenibilidad en el futuro. La reforma, como les decía, está
más relacionada con la demografía que con la economía. En todos los países de la OCDE las expectativas de vida de los ciudadanos -lo que es muy positivo- han aumentado sistemáticamente por encima de las previsiones de los cálculos actuariales.
Esto significa más años de percepción de pensión y, obviamente, sobre todo si la pensión media sigue aumentando, más gasto para el sistema. Las expectativas de vida de una persona que se jubila hoy a los 65 años son de diecisiete en Estados Unidos
y de diecisiete y medio en Reino Unido, pero en España, señorías, son de diecinueve años y en 2050 serán de veinticuatro.
La reforma también dará respuesta a la caída de la población activa en el futuro y eso es algo evidente al menos en los próximos veinte o veinticinco años, dada la actual composición demográfica de nuestras sociedades, en particular de la
sociedad española. Como se reconoce en las enmiendas presentadas por todos ustedes, es preciso ampliar la vida laboral, solo que ustedes proponen hacerlo de forma voluntaria. No ha funcionado demasiado bien el sistema de incentivos y es por eso
por lo que no podemos pensar o confiar solo en él.
Señorías, lo que tenemos por delante en mi opinión es positivo si lo miramos así. Viviremos más, con mejor salud, mejores pensiones y mejor formación. Solo habrá que reordenar el reloj vital: los estudios terminarán más tarde y nuestra
carrera laboral se mezclará con la formación permanente, y la frontera entre el ocio y el trabajo será más tenue. Por eso la vejez podrá ser un momento de actividad y de plena realización personal. Para ello hay que adelantarse y hacer las
reformas, como esta, que se precisen para garantizar ese futuro mejor.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Caldera.
Hemos finalizado el debate del orden del día. Votaremos en cinco minutos.
(Pausa.- El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. Por favor, cierren las puertas.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 5/2011, DE 29 DE ABRIL, DE MEDIDAS PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DEL EMPLEO SUMERGIDO Y FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. (Número de expediente 130/000042.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 167; en contra, ocho; abstenciones, 158.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Desea algún grupo su presentación como proyecto de ley? (Asentimiento.) Pasamos a votar la tramitación de este real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 146; en contra, 178; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
- REAL DECRETO-LEY 6/2011, DE 13 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS ACAECIDOS EL 11 DE MAYO DE 2011 EN LORCA, MURCIA. (Número de expediente 130/000043.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca,
Murcia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 332; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, convalidado.
¿Desea algún grupo que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Asentimiento.) En tal caso, habiendo sido solicitado por el señor Llamazares y por el Grupo Parlamentario Popular, comienza la votación para su
tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 331; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada su tramitación.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000120.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Se han presentado enmiendas de devolución y todas ellas se votarán de modo conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, siete; en contra, 175; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta minutos del mediodía.