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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 246, de 24/05/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 246
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 234
celebrada el martes, 24 de mayo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día ... (Página 5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas necesarias para poner la economía al servicio de las personas. (Número de expediente 172/000267.) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de las leyes de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 310-1,
de 25 de marzo de 2011. (Número de expediente 122/000278.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en el territorio
nacional. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie B, número 249-1, de 14 de mayo de 2010. (Número de expediente 122/000224.) ... (Página 10)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la promoción del ahorro y la eficiencia energética en las administraciones públicas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 567, de 6 de mayo de 2011. (Número de expediente
162/000862.) ... (Página 15)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la internacionalización de la universidad española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 563, de 29 de abril de 2011. (Número de expediente 162/000849.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno español para reparar con justicia a todas las víctimas de la dictadura y la transición. (Número de
expediente 173/000214.) ... (Página 24)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las propuestas del Gobierno sobre la modificación del impuesto sobre el valor añadido, especialmente en relación al proceso europeo de debate sobre su aplicación. (Número
de expediente 173/000215.) ... (Página 30)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a poner en marcha el Gobierno para paliar el alarmante déficit de inversión en infraestructuras que sufre nuestro país. (Número de expediente 173/000216.) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 37)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 38)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 38)
Página
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente informa a la Cámara acerca de la exclusión del punto 31 del orden del día de la presente semana, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, sobre las iniciativas necesarias para poner la economía al servicio de las personas, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de las leyes de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los
señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en el territorio
nacional ... (Página 10)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 15)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la promoción del ahorro y la eficiencia energética en las administraciones públicas ... (Página 15)
Defiende la proposición no de ley el señor Moraleda Quílez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Seller Roca de Togores, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Azpiaru Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Moraleda Quílez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la internacionalización de la universidad española ... (Página 19)
Defiende la proposición no de ley don Adolfo Luis González Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Costa Palacios, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esteban Bravo, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 24)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno español para reparar con justicia a todas las víctimas de la dictadura y la transición ...
Defiende la moción el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández González, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Tardà i Coma.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), relativa a las propuestas del Gobierno sobre la modificación del impuesto sobre el valor añadido, especialmente en relación al proceso europeo de debate sobre su aplicación ...
Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
y Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a poner en marcha el Gobierno para paliar el alarmante déficit de inversión en infraestructuras que sufre nuestro país ... (Página 33)
Defiende la moción el señor Ayala Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Ayala Sánchez.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 37)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de las leyes de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas
públicas, se rechaza por 142 votos a favor, 186 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública a
las personas con nacionalidad española y residencia en el territorio nacional, se aprueba por 330 votos a favor y una abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 38)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la promoción del ahorro y la eficiencia energética en las administraciones públicas, se aprueba por 182 votos a favor, uno en
contra y 148 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la internacionalización de la universidad española, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba
por 311 votos a favor y 17 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 38)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno español para reparar con justicia a todas las víctimas de la dictadura y la
transición, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 26 votos a favor, 303 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las propuestas del Gobierno sobre la modificación del impuestos sobre el valor añadido, especialmente en relación al
proceso europeo de debate sobre su aplicación, se aprueba por 330 votos a favor.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a poner en marcha el Gobierno para paliar el alarmante déficit de inversión en infraestructuras que sufre nuestro país, se rechaza por 145
votos a favor, 164 en contra y 22 abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS INICIATIVAS NECESARIAS PARA PONER LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS. (Número de expediente 172/000267.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Como asunto previo deseo comunicarles la supresión, si así lo acuerda el Pleno, del punto 31, correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre iniciativas
necesarias para poner la economía al servicio de las personas. ¿Se acuerda así por el Pleno? (Asentimiento.) Queda suprimido el punto mencionado del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LAS LEYES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. (Número de expediente 122/000278.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular relativa a la modificación de las leyes de estabilidad presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra
don Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la primera iniciativa del Grupo Parlamentario Popular de este periodo, que a su vez es tramo final del periodo legislativo, se refiere a una reforma estructural urgente, oportuna y obligada en España. Además la debemos entender
como una derivada primera de la consecuencia de las elecciones que celebramos los españoles el pasado 22 de mayo. Ahí hubo una apuesta mayoritaria de la opinión pública, de los votantes, por los gobiernos de la austeridad, de la eficiencia en el
manejo del gasto público y del compromiso con la estabilidad presupuestaria. En España, el déficit público, el incremento, la velocidad de aumento de la deuda pública se han convertido en uno de los graves y serios problemas de la economía de
nuestro país que están impidiendo la recuperación económica, que están evitando que haya crédito disponible para quienes nos tienen que sacar de esta crisis, los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, los autónomos de nuestro país. Es por eso
por lo que después de las elecciones del 22 de mayo presentamos esta iniciativa, una reforma estructural de la economía que en definitiva introduzca una disciplina en el sector público muy necesaria en los momentos que seguimos atravesando, en esta
fase de crisis, la más larga y también la más dolorosa en términos de pérdida de puestos de trabajo de nuestra historia.
Necesitamos recuperar el crédito, que es igual a recuperar la confianza dentro y fuera de España. Esa recuperación de la
confianza pasa por responder a la pregunta sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en España y eso exige implantar, de una vez por todas, la transparencia como método de gobierno en todos los ámbitos de las administraciones públicas, en el
Gobierno central, en los gobiernos autonómicos y en los gobiernos de orden local. Esa transparencia es la garantía de que las decisiones de los gobernantes no determinarán ni el comportamiento negativo del presente ni el futuro económico de su
país. Tenemos suficientes muestras en España, donde se está promoviendo una nueva ley de pensiones que alarga la edad de jubilación pensando en los problemas de colocación, de absorción, de admisión de la deuda pública del Estado y de las
corporaciones locales y comunidades autónomas emitida en el día de hoy. Por tanto, el buen gobierno y la transparencia de ese buen gobierno pasan necesaria y obligadamente por un compromiso asentado en leyes que garanticen que el déficit público y
el incremento de deuda pública quedan prohibidos en España.
Desde los gobiernos del Partido Popular fuimos pioneros en esas leyes y las trajimos a esta Cámara en el año 2002. Están vigentes en España desde el año 2002, pero el Gobierno socialista inmediatamente cambió, adulteró la naturaleza de esa
ley, y eso es lo que explica que hayamos hecho los mayores y más peligrosos registros de déficit público y de incremento de deuda pública de nuestra historia. Eso explica también en parte, además de la terrible consecuencia social del paro, que hoy
España se haya convertido en un problema del euro, cuando durante la segunda mitad de los noventa y a comienzos de la primera década de este siglo éramos los líderes de Europa en términos de crecimiento, de creación
de empleo y de fidelidad. Por tanto, traemos una reforma estructural, señorías, traemos la ley, recuperándola y ampliándola, que establecería la disciplina, los techos de gasto y de endeudamiento y también los mecanismos concretos para
establecer que esa disciplina se mantenga y se preserve en los diferentes ámbitos de nuestras administraciones públicas, correspondiendo al Gobierno de la nación, al Gobierno de España, la vigilancia, pero no únicamente a ese Gobierno sino de manera
compartida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el conjunto de los gobiernos autonómicos y también en los órganos correspondientes, con los consejos locales, con los ayuntamientos y las corporaciones. Necesitamos volver rápidamente a
ese equilibrio presupuestario, señorías; necesitamos ir hacia los países más fiables, merecedores de confianza de Europa, como es el caso de Alemania, que ha establecido la prohibición del incremento de deuda pública en rango constitucional, en el
máximo rango legal del país; y necesitamos también adelantarnos a otros países europeos, importantes países, como es el caso de Francia, donde ya se está debatiendo en términos políticos, en términos públicos la utilidad de esta disposición.
Por eso esta tarde, señorías, iniciamos este trámite, que corresponde con nuestra manera de entender el Estado, que corresponde con nuestra manera de entender la organización de los recursos públicos y que corresponde también sobre todo y
ante todo con la manera de vencer definitivamente esta crisis económica, con una proposición de ley que ofrecemos a todos los grupos políticos de esta Cámara. Piensen un segundo, y dejen planteamientos más partidistas, en lo importante que sería
que aprobáramos esta tarde por una amplísima mayoría una proposición de ley que dé seguridad, fiabilidad a España entera y, en definitiva, devuelva confianza dentro de España y también la imagen de España ante los mercados financieros. Daríamos un
paso de gigante, señorías, y esta es la oportunidad que desde el Grupo Parlamentario Popular estamos contribuyendo a crear en esta Cámara. Sabemos que no es la primera vez que lo hemos intentando y que lo hemos propuesto, pero yo creo que hoy, y
después del 22 de mayo, todos somos más que conscientes del problema que tenemos por delante como país, y todos tenemos que entender que las mayorías sociales en España, cuando eligen y eligen libremente, apuestan por las premisas, por las pautas de
conducta en la gestión pública que se contienen en esta normativa, señorías. Es una gran oportunidad de apostar, además estamos hablando de una proposición de ley que en el trámite podría ser mejorada y completada aportando las diferentes
sensibilidades de los grupos políticos. Es el momento, no hay más tiempo ya, de tomar decisiones políticas de envergadura, de calado, desde esta Cámara. Por esa razón, insisto en la idea, en la importancia de superar de una vez por todas esta
crisis y aprovechar el tiempo que reste de legislatura para que realmente desde esta Cámara tomemos la iniciativa y llevemos adelante las reformas estructurales que necesita nuestro país para superar de una vez por todas la crisis que más puestos de
trabajo se ha llevado, y devolviendo la confianza devolveremos la capacidad de crecer y de crear empleo a todos los españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Señor Jorquera.
Señora Díez, ¿querrá intervenir también? (Denegación.) Muchas gracias.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
Dado que en la intervención del señor Montoro se ha hablado sobre todo de crisis y esta proposición de ley lo que refleja es una determinada manera de enfocar la salida de la crisis, permítanme que yo también centre buena parte de mi
intervención en el análisis de las causas de esta crisis y de las medidas a tomar. Yo creo que esta crisis podría ser bautizada como la crisis de las paradojas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) La primera y
gran paradoja es que los mismos que han provocado esta crisis son los que están dictando las medidas a tomar.
Y de esta primera y gran paradoja derivan todas las demás. Permítanme que cite varias, a modo de ejemplo, simplemente repasando la
actualidad de los últimos días. La primera es que el máximo dirigente de un organismo internacional que exige a los Estados estrictas medidas de austeridad y duros planes de ajuste vive con todo lujo y desenfreno. La segunda es que el señor
gobernador del Banco de España advertía en unas recientes declaraciones de que la atonía del consumo dificultaba la recuperación de la demanda y con ello la recuperación de la economía, y en esas mismas declaraciones el señor gobernador del Banco de
España defendía que los salarios creciesen por debajo del IPC. Lo que no nos dice el señor gobernador es cómo quiere entonces que se reactive el consumo, cuando existen enormes dificultades para acceder al crédito y además solicita que bajen los
salarios. La tercera paradoja es que la Unión Europea y las agencias de calificación advierten de que las perspectivas de recuperación de la economía española son mucho más modestas de lo que pronostica el Gobierno y ello puede comprometer los
objetivos en materia de déficit. ¿Razones, según estos señores, de la ausencia de recuperación? Las consecuencias de los planes de ajuste. ¿Qué hacer, según estos señores, si no se cumplen los objetivos de déficit? Más ajustes. Y la última gran
paradoja es esta proposición de ley. El Grupo Parlamentario Popular propone endurecer aún más la Ley de Estabilidad Presupuestaria para garantizar el déficit cero, el mismo Grupo Popular que ha defendido en este Cámara rebajas fiscales
generalizadas que provocarían una importante reducción de la recaudación pública, y el mismo Grupo Popular que hoy mismo defiende una moción que alerta contra la alarmante caída de la licitación
de obra pública en el Estado español. En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular con estos planteamientos defiende poco menos que la cuadratura del círculo.
Señorías, no me gusta reiterar argumentos, pero ustedes han suscitado, incluso también en forma de distintas proposiciones de ley, este debate en distintas ocasiones, y por lo tanto voy a reiterarlos. La crisis no tuvo su origen en el
sector público, tuvo su origen en el sector privado.
El origen de la crisis no es el elevado gasto público. El déficit público no ha sido la causa de la crisis, ha sido consecuencia de la misma, y en buena medida el déficit se generó por la
movilización de ingentes cantidades de recursos públicos para combatir una crisis originada en el sector privado. Aún hoy, el principal problema de la economía española no deriva de la elevada deuda pública, que sigue siendo inferior a la media de
nuestro entorno, sino del elevado endeudamiento privado. Señorías, el Bloque Nacionalista Galego es consciente de la necesidad de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo, pero no se puede anteponer este objetivo al de
la recuperación económica y al de la generación de empleo, y las medidas se están demostrando total y absolutamente ineficaces para lograr ambos objetivos. El ritmo de reducción del déficit debe acomodarse a las necesidades de la economía sin
comprometer nunca la inversión productiva y el gasto social. Por ese motivo, porque no compartimos el dogma del déficit cero en el que ustedes tanto creen, porque no compartimos sus políticas para hacer frente a la crisis, el Bloque Nacionalista
Galego votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señorías, ciento veinte días después de que se rechazara la toma en consideración de esta proposición de ley volvemos a discutirla y a debatir lo mismo, las dos únicas recetas del Partido Popular contra la crisis: recortar el déficit o
bajar impuestos, que suponemos que volverán a traer en el próximo Pleno. Es difícil poner en la mesa nuevos argumentos para una cosa que ya hemos debatido, votado y rechazado por parte del Pleno, así que intentaré ser original, pero repetiré seguro
en buena medida mi intervención del pasado 25 de enero, cuando esta Cámara, como digo, rechazó su iniciativa, y recordaré también los motivos por los que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya está en contra de la toma en consideración
de esta proposición de ley.
A nuestro entender, anteponer la reducción del déficit a la salida de la crisis empeora aún mucho más la situación. Señorías del Partido Popular, con su receta dogmática del buen neoliberal, que aboga por reducir el déficit público sean
cuales sean el contexto y las necesidades económicas, respóndame: ¿qué representará?; ¿cuántos hospitales tendrán que cerrar?; ¿qué planes educativos quieren que se dejen de llevar a cabo?; ¿cuántos trabajadores del sector público quieren
despedir?; ¿qué pensiones recortarán?; ¿cuáles son las ayudas a las personas desempleadas que quieren eliminar?; ¿qué inversiones fulminarán? Me gustaría que nos contestaran, porque si no, el resto del debate no tiene ningún interés, no sirve
para nada. Y para más contradicciones, mañana el señor Rajoy tendrá, a nuestro entender, la desfachatez de preguntar al presidente del Gobierno por el paro juvenil; el señor Barrachina también preguntará por el recorte del salario de los
funcionarios; la señora Álvarez, sobre qué ayudas habrá para las familias en paro, y el señor Burgos, sobre las pensiones. Y yo les pregunto a ustedes: ¿cómo van a dar respuesta a estos problemas, si su única receta es mutilar al Estado y a las
comunidades autónomas? ¿Cómo van a luchar contra el paro con iniciativas como esta, que son una fábrica de generar desocupación? (Rumores.)
Saben perfectamente que cuando ustedes dicen que hay que reducir el déficit y cuando además afirman con beligerancia que no hay que subir impuestos a los que más tienen -al contrario, que hay que bajárselos-, el resultado no puede ser otro
que dejar de realizar políticas sociales, y esto lo han de explicar. Y afirman que esta es la principal reforma estructural que necesita el Estado, que necesita nuestro país y que es fundamental para recuperar la confianza de los mercados. Según
ustedes, recortando el déficit se soluciona todo. Pero desde mi grupo consideramos que la primera reforma estructural necesaria es la del sistema financiero, para poner la economía al servicio de las personas, en lugar de privatizar las cajas, que
es lo único que ustedes -y en este caso también el Partido Socialista Obrero Español- han hecho. Y después la reforma energética también es importante para podernos enfrentar al mayor reto de los próximos años, el fin de la era del petróleo. Pero
no, para ustedes acabar con el déficit a golpe de ley lo solucionaría prácticamente todo. Ya el señor Montoro afirmaba el pasado día 25 de enero que la ausencia de una ley de estabilidad presupuestaria nos ha llevado a la mayor crisis fiscal del
Estado, a la auténtica ruina del Estado que está viviendo España en estos momentos. Mire, señor Montoro, lo que nos ha llevado a la ruina no ha sido el déficit. Eso no es una causa, es una consecuencia más. La causa es el modelo económico basado
fundamentalmente en la cultura del tocho, del pelotazo, del sol y la playa (Rumores.), modelo productivo que ustedes propiciaron. Esa actividad inestable, precaria, poco cualificada y poco remunerada, que absorbía todas las inversiones privadas,
dejando arrinconadas las inversiones en la industria, en la investigación, en la economía productiva, mucho menos rentable, claro, porque no son especulativas, es lo que nos ha llevado al desastre. La causa es ese modelo de crecimiento con pies de
barro o
de tocho que ustedes iniciaron, que el posterior Gobierno continuó y que hoy nos deja con casi 5 millones de parados. Reconózcalo de una vez, este es el problema de nuestro país, el déficit es solo una consecuencia, no la causa. ¿O es que
todavía se atreverán a decir, como nos decían hace cuatro años, que la burbuja inmobiliaria no existe ni ha existido nunca?
Su propuesta, además de antisocial, es antieconómica. Estamos seguros de que lo que mejora las expectativas y pone en marcha un nuevo proceso de recuperación es la mejora de la demanda interna, acompañada de un resurgimiento de las cuentas
exteriores, que en el caso español pasan por un plan de choque a corto plazo y una estrategia a largo plazo para reducir nuestra dependencia energética, causante de dos terceras partes de nuestro déficit exterior. Estamos convencidos de que una
dinámica de crecimiento interno impulsada por inversiones públicas y privadas enfocadas al cambio de modelo productivo nos ayudaría a salir de la crisis. Por esto nosotros no vamos a estar de acuerdo en la proposición de ley que nos presenta el
Grupo Parlamentario Popular, igual que no lo estuvimos hace ciento veinte días. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu. (Rumores.)
Silencio.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señores del Partido Popular, son ustedes incansables, lo que en general es una virtud, también en política, pero en este caso su empecinamiento pretende modificar las leyes de estabilidad para volver al punto de partida de las leyes, señor
Montoro, que hemos denominado expresamente como leyes Montoro. Unas leyes que, posteriormente a su aprobación, fueron cambiadas por el conjunto de esta Cámara, salvo el Grupo Popular, dándoles mayor sentido económico y respetando el marco
competencial en que han de desenvolverse las diferentes administraciones públicas.
Quieren volver a las andadas. Apelando al considerable nivel de déficit público y de la deuda existente y utilizando argumentos algunos no ciertos y otros falaces,
su último fin es aplicar la política del palo y tentetieso, del café para todos, del ordeno y mando, desde arriba hacia abajo, tratando de imponer a las comunidades autónomas y los ayuntamientos sus niveles de gasto, endeudamiento, déficit,
etcétera, y este -permítame que le diga, señor Montoro- no es el sistema. El sistema solo funcionará con convencimiento -todos sabemos que hay que realizar un esfuerzo considerable de control de las cuentas públicas a todos los niveles- y de manera
coordinada y cooperativa, respetando las reglas del juego del marco competencial. Además, no cabe exigir por ley a todas las administraciones públicas que presenten y cierren sus cuentas públicas con equilibrio o superávit. Como señala el dicho
castizo, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Pensar que una ley puede conseguir cualquier cosa es no ser consciente de la propia realidad. En la actual situación económica, con elevado nivel de paro, bajo crecimiento, ingresos
menguados y gastos muy tensionados, el equilibrio y el superávit presupuestarios son alcanzables tan solo a medio plazo.
Durante los próximos años el objetivo debe ser cumplir con el escenario contemplado en el programa de estabilidad y crecimiento
económico presentado y validado en la Unión Europea para situar el déficit público del conjunto de las administraciones públicas en el 3 por ciento del PIB a finales del año 2013, y ello va a requerir enormes esfuerzos, sacrificios, recortes
presupuestarios, reformas administrativas de políticas públicas, etcétera. Todas estas medidas hay que adaptarlas no solo en esta Cámara, sino también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la Comisión de Administración Local y en la
Comisión Mixta del Concierto, que con frecuencia se les olvida. No somos ajenos, señor Montoro, al ciclo económico ni podemos olvidar las reglas del juego y, en nuestra opinión, el marco establecido en las leyes de estabilidad vigentes tienen en
cuenta ambas cosas. Convencimiento y persuasión favorecen la cooperación y los resultados satisfactorios; la imposición los dificulta.
En la exposición de motivos de su proposición de ley, señores del Partido Popular, incurren en una gran contradicción que es importante para el objetivo de la iniciativa. Achacan por un lado a los planes de estímulo puestos en marcha por el
Gobierno 10 de los 11,1 puntos de déficit del año 2009 y a continuación señalan que se produjo una dramática caída de los ingresos tributarios. ¿En qué quedamos? ¿A qué se debió el aumento del déficit público? Desde luego, el juego de los
estabilizadores automáticos, que ustedes consideran poco importante, tuvo un papel crucial. Los gastos discrecionales anticíclicos tuvieron menor peso cuantitativo y sirvieron también en parte para impulsar una demanda de por sí muy deprimida. Por
otro lado, con esta iniciativa el Grupo Popular pretende adentrarse en un proceso de racionalización y reforma de las administraciones públicas, una tarea necesaria y yo diría que imprescindible, pero que hay que abordar con el máximo consenso y la
máxima voluntad de cambio. La reforma de las administraciones públicas y la revisión de las políticas públicas y del sistema tributario es la gran tarea pendiente que habrá que abordar seguramente en la siguiente legislatura, pero habrá de ser en
cooperación y respetando el marco competencial. Ahora se van a constituir nuevos ayuntamientos y nuevas comunidades autónomas. Ahí tienen ustedes, señores del Partido Popular, una magnífica oportunidad para avanzar en el proceso de racionalización
y de control de las cuentas públicas. Muchas de esas administraciones están en sus manos. Tomen medidas, que se vean las teorías del señor Montoro en las administraciones que ustedes vayan a controlar, que podamos ver, efectivamente, que ustedes
son coherentes con lo que proclaman, y luego nos trasladan
sus resultados y nos los cuentan. Volver en estos momentos, señor Montoro, a las leyes Montoro es dar un paso atrás importante. Se está avanzando hacia el control de las cuentas públicas y con el beneplácito de la Unión Europea. Es una
tarea difícil, pero con esta reforma no la hagamos además absurda. Estos argumentos nos hacen votar en contra y así se pronunciará mi grupo parlamentario, el Grupo Vasco, cuando procedamos a la votación.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una proposición de ley de modificación de las leyes de estabilidad con el mismo texto prácticamente que el de otra iniciativa parlamentaria cuya toma en consideración
tuvimos ocasión de debatir en uno de los plenos del presente periodo de sesiones. En aquellos momentos, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ya votó en contra de la toma en consideración de dicha iniciativa ya que, como diré más adelante,
conculcaba una serie de competencias autonómicas, con lo que estamos radicalmente en contra. Pero permítanme también que planteemos una serie de consideraciones que van en la dirección de que estamos totalmente de acuerdo con que la estabilidad de
las cuentas públicas ha de ser uno de los objetivos primordiales del Gobierno y de todo gobierno que se precie de presentar unas cuentas saneadas; en primer lugar por credibilidad, porque es la única forma de generar confianza en los mercados
nacionales y en los internacionales, y también por responsabilidad, ya que el contexto internacional nos lo exige para generar señales positivas en esta dirección, siendo especialmente escrupulosos en los objetivos.
De todas formas, partiendo de estas premisas, con las que estamos totalmente de acuerdo, de que exista un plan de estabilidad en el curso del tiempo para poder abordar los déficits consecuencia de la coyuntura económica, el Grupo
Parlamentario Popular nos presenta una iniciativa con la que nosotros no podemos estar de acuerdo porque, en primer lugar, se conculcan competencias de las comunidades autónomas en materia de autonomía financiera y en la tutela financiera de las
corporaciones locales; en segundo lugar, se vuelve a la situación de sacralizar el déficit cero, y nosotros en la legislatura del año 2000, en la que el señor Montoro fue ministro de Hacienda, ya estuvimos radicalmente en contra; se suprime la
posibilidad de acordar el déficit para las comunidades autónomas y los entes locales destinado a la inversión; y, finalmente, también se elimina el procedimiento de fijación del objetivo de estabilidad en las comunidades autónomas.
Sobre la base de estas consideraciones totalmente negativas, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar en contra de esta iniciativa parlamentaria. También consideramos que ha existido durante estos últimos meses una ofensiva
del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno y también del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de dar a entender a la opinión pública que el origen de todo lo que está sucediendo y de todos los males de la economía española son las
comunidades autónomas y las corporaciones locales. Ahí no nos van a encontrar ya que entendemos que si es cierto que hay que contraer gastos y ganar eficiencia y que lo tenemos que hacer todos, especialmente tiene que hacerlo la Administración
central, que no tiene más credibilidad que las comunidades autónomas en cuestiones de este tipo. También hay que recordar que la deuda acumulada del Estado es tres veces más elevada que la conjunta de todas las comunidades autónomas, que además son
responsables de servicios como la sanidad, la educación y las políticas sociales. Tampoco hay que olvidar -no nos cansaremos de manifestarlo en cualquier tribuna en la que tengamos esta posibilidad- que ha existido en determinadas cuestiones una
centrifugación del gasto de la Administración central a las comunidades autónomas en leyes elaboradas en esta Cámara, como la Ley de la Dependencia, para las que las comunidades autónomas y las corporaciones locales se han visto obligadas a plantear
una serie de recursos económicos que no les correspondía desde ningún punto de vista plantear, infringiendo, diría yo, una parte muy importante del consenso que se consiguió en esta Cámara por parte de todas las formaciones políticas. Por
consiguiente, sobre la base de estas consideraciones, vamos a votar en contra de esta iniciativa parlamentaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, a mi grupo le pasa lo mismo que al resto de los grupos que han hecho uso de la palabra en esta tribuna, y es que vemos que volvemos a debatir una cuestión que no hace muchas semanas debatimos y sobre la que todos
y cada uno argumentamos de una manera extensa cuál era nuestra posición. Por tanto, tengo que decir que el contenido de la iniciativa es viejo y erróneo, que formó parte de las líneas maestras de la ideología económica de los neoconservadores, que
donde se aplicó hizo daño, y no poco, que es una de las posiciones ideológicas que condujeron al desastre y que si de nuevo volviera a reiterarse daría el mismo resultado que ha dado hasta ahora. A veces las malas ideas abundan, pero no tenemos por
qué negar que estas son soluciones equivocadas y no queremos volver a repetirlas.
Si hacemos un análisis económico de lo que piensa cada cual frente a la crisis, tendríamos que empezar admitiendo que para el Partido Popular la crisis hace perder mucho territorio y tejido económico que no se volverá a recuperar. El mundo
de la poscrisis va a ser más pequeño y reducido que el mundo anterior a la crisis. Por tanto, cuando se produce una falla de esta naturaleza, hay que hacer una contracción radical de la política fiscal, entendida esta palabra en el sentido
anglosajón del término. Ya han dicho el señor Jorquera y la señora Buenaventura quiénes serían los afectados por estas decisiones y qué programas se verían restringidos.
Cuando se hacen este tipo de planteamientos -por qué no decirlo- siempre se
dice que serán otros los que tengan que soportar los efectos de la contracción del gasto público o de la reducción de los ingresos públicos.
Y, claro, va cambiando uno de comparecientes pero siempre es la misma filosofía y nunca encuentra uno a los
otros. Ahora que ustedes han tenido un éxito político importante, tendrían que decir al servicio de quién van a poner ustedes el poder territorial que los españoles les han conferido.
Nuestro planteamiento es distinto. Creemos que de la crisis se puede salir y puede hacerse recuperando terreno y tejido económico. Eso pasa por luchar denodadamente por estabilizar la economía, por desplegar una batería de reformas que
corrijan las deficiencias del sistema y por reequilibrar, por reestructurar y reformar las instituciones y los sectores. El señor Azpiazu lo ha dicho en esta Cámara con reiteración a lo largo de los últimos meses. Por tanto, hay una salida
distinta de la de los conservadores. Nuestra opción pasa por hacer reformas que permitan que las cosas en España se hagan mejor y no solo más baratas. Ustedes rechazan ese planteamiento y, en honor a la verdad, toda la filosofía que hay detrás de
los planteamientos políticos del Partido Popular implica que la sociedad española admita retrasar el reloj en este momento y acepte vivir una era más bien dilatada en un barrizal. Nosotros no estamos en ese planteamiento.
Señor Montoro, es difícil hacer planteamientos políticos en España en este momento al margen de la Unión Europea; es difícil y no es deseable. Pero tengo que decirle una vez más que ha hecho usted una intervención torpe y equivocada acerca
de cuál es la posición que una nación como España tiene que mantener dentro de la Unión Europea. Ha ignorado el esfuerzo que se viene haciendo en aquella institución. Como resultado del mismo a lo largo de los últimos meses hemos aprobado un
instrumento de estabilidad financiera permanente capaz de incrementar el volumen de ayuda disponible, hemos modificado el Pacto de Estabilidad, hemos creado un sistema de vigilancia macroeconómica, hemos establecido nuevas autoridades de
supervisión, hemos adoptado importantes medidas de ajuste fiscal y hemos puesto en marcha lo que será en el futuro próximo la arquitectura económica de la Unión. En esa arquitectura no cabe el aislamiento y en ella tenemos que hacer realidad aquel
viejo planteamiento de Monnet que decía que Europa se forjará en la crisis y que será la suma de las soluciones adoptadas la que permitirá salir de ella. Como bien ha dicho el señor Azpiazu, en ese contexto el señor Montoro nos dice que tenemos que
volver al capricho de Montoro, a las leyes de Montoro, a las leyes que en el año 2001 hizo usted al calor de los planteamientos del Partido Republicano de los Estados Unidos.
Lamento no tener más tiempo, pero termino diciéndole que las reglas fiscales en España existen, que esas reglas fiscales deben favorecer el funcionamiento de los estabilizadores, deben ser flexibles y deben ser respetuosas, como aquí se ha
oído decir abundantemente, con la realidad política y la realidad social. Nada de eso se ve en su iniciativa; detrás de la misma hay poca sabiduría y hay mucha obsolescencia intelectual. Por eso no vamos a apoyar hoy ese planteamiento, como
tampoco lo hicimos hace unos meses.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA A LAS PERSONAS CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y RESIDENCIA EN EL TERRITORIO
NACIONAL. (Número de expediente 122/000224.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria
pública a las personas con nacionalidad española y residencia en el territorio nacional. Para defender la proposición en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, cumplimos con el mandato reiterado del Congreso de los Diputados, hace dos años, y del Consejo Interterritorial de Salud, hace un año, en el marco del Pacto de Estado de Sanidad para la
universalización de la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos españoles por el hecho de serlo. Está extendida la idea de que el Sistema Nacional de salud es universal y que cubre a toda la población española, sin que ello sea más que una
verdad a medias, porque sigue habiendo ciudadanos no cubiertos por la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a pesar de que esta es financiada en su totalidad por impuestos desde hace varios años, desde 1998. Además, otros ciudadanos deben
acreditar escasez de recursos para acceder a la cobertura sanitaria pública, que tampoco es igual para todos, ya que existen coberturas
especiales para ciertos grupos sociales: funcionarios, empresas colaboradoras, convenios especiales, etcétera. La raíz de todos estos problemas -y, por tanto, lo que nosotros proponemos- es que la cobertura sanitaria del Sistema Nacional
de Salud todavía no es un derecho cívico igual para todos los españoles y ligado únicamente a la condición de ciudadano o de residente.
Señorías, el aseguramiento, su naturaleza, la cobertura poblacional, el contenido y equidad son el núcleo que caracteriza al Sistema Nacional de Salud. Frente a la crisis hay quienes apuestan por un modelo liberal y nosotros apostamos por
un modelo social y por desarrollar el Sistema Nacional de Salud. No es de extrañar, pues, que también sean los temas centrales del debate actual sobre el Sistema Nacional de Salud la financiación, las prestaciones, las listas de espera o
financiación de los medicamentos. Por ello es importante aclarar desde el principio que la cuestión de la universalización de la asistencia sanitaria en España es, primero, que unas decenas o centenares de miles de españoles carezcan de cobertura
pública, siendo ello grave e injusto en un sistema financiado por impuestos; segundo, es tanto más grave la desigualdad de cobertura existente; y tercero, es igualmente importante que la naturaleza del derecho de cobertura sanitaria sea diferente
según la situación laboral o económica, sobre todo en momentos de crisis económica, de uno, del cónyuge o de los padres, y que pueda variar también en el tiempo con estos avatares de la situación social o económica. Por todo ello es importante
actualizar la naturaleza de la cobertura sanitaria en España. En primer lugar, para clarificar el derecho de los ciudadanos a la cobertura sanitaria y hacer que esta sea equitativa e igual para todos. En segundo lugar, porque es también necesario
aclarar dónde y con qué responsabilidades se ubica la competencia sobre el aseguramiento sanitario del Sistema Nacional de Salud. Para ello se hace preciso actualizar el contenido de esta competencia y explicitar el papel de las comunidades
autónomas, de la Seguridad Social y del propio Ministerio de Sanidad en la misma. Nos referimos, pues, a universalidad, a eficiencia y a gobierno del sistema.
Hace veinticinco años la Ley General de Sanidad creó el Sistema Nacional de Salud teniendo como referente el Servicio Nacional de Salud británico.
Aunque su diseño estuvo condicionado por la crisis, la Ley General de Sanidad finalmente
incluyó la universalización en su texto con un objetivo a lograr, posponiendo su aplicación al final de la crisis económica. Han pasado veinticinco años y, después de haber dado a la asistencia sanitaria la orientación estratégica de un servicio
nacional de salud y logrado una universalización práctica de hecho, incluyendo en la asistencia sanitaria a más de siete millones de personas en el periodo 1988-1991, no se ha llegado todavía a culminar esta tarea con la proclamación por ley del
derecho cívico a la sanidad pública igual para todos los españoles, como es igual la contribución al sistema de financiación, la contribución al sistema fiscal. Este incremento de cobertura se ha realizado a través de tres tipos de medidas. En
primer lugar, ampliando al máximo las posibilidades del modelo laboral, profesional de la Seguridad Social. En segundo lugar, se incluyó en la asistencia sanitaria a colectivos singulares. En tercer lugar, a finales de los ochenta se procedió a la
inclusión en esta asistencia sanitaria de las personas sin recursos. De las grandes magnitudes del aseguramiento sanitario en España lo más importante es que más del 95 por ciento de los españoles tienen cobertura de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, lo que junto al 3,5 por ciento de la población cubierta por regímenes especiales de la Seguridad Social de funcionarios de la Administración central hace que tengamos a un 99 por ciento de la población con cobertura sanitaria
pública. Señorías, el número de ciudadanos sin derecho a la cobertura de la asistencia sanitaria u otro seguro público se estima de 200.000 a 250.000 personas y su coste en torno a los 150 millones de euros. Entre ellos, en relación con la
naturaleza profesional de la Seguridad Social, existen, en primer lugar, problemas prácticos tanto para los titulares que legalmente pueden ser baja en la asistencia sanitaria de la Seguridad Social al final del desempleo como para los
beneficiarios, cónyuges e hijos que dependen del derecho de aquellos. Tampoco son infrecuentes problemas para cónyuges separados en relación con este primer problema de naturaleza profesional de la Seguridad Social. Un segundo bloque son la
población sin recursos acogida al Real Decreto 1088/1989. La demostración de insuficiencia de medios económicos está todavía plagada de problemas para los que las administraciones sanitarias no están todavía preparadas. Tercero, los ciudadanos sin
derecho a cobertura de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, profesionales colegiados, españoles residentes en países sin convenio, personas con recursos superiores a los que exige el real decreto, es decir, un problema de equidad y de
universalidad del sistema sanitario público, y, por otra parte, los regímenes especiales de la Seguridad Social para funcionarios de la Administración central. En nuestra opinión, señorías, sectores diferenciados con un nivel medio más alto de
estudios como de renta, jueces, maestros, profesores, investigadores, cuadros de la Administración central, oficiales de las Fuerzas Armadas, profesionales, periodistas, empleados de la banca, se encuentran excluidos del Sistema Nacional de Salud y
esta exclusión margina al conjunto del Sistema Nacional de Salud de grupos de clientes potencialmente exigentes e informados, lo cual, en nuestra opinión, es un problema de calidad para el Sistema Nacional de Salud.
En definitiva, en relación con la cobertura sanitaria, el Sistema Nacional de Salud tiene en el Estado de las autonomías dos retos: clarificar y adaptar a la nueva realidad las responsabilidades en materia de aseguramiento sanitario que
corresponden a la Seguridad Social, al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas y, en segundo lugar, asegurar a todos los ciudadanos el reconocimiento de igual derecho a la asistencia sanitaria
en todo el territorio por parte de todas las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Por último, la importancia real y simbólica de esta universalización debería ser también la oportunidad para abordar reformas que tienen que
ver con la Ley General de Sanidad y con el contenido del Sistema Nacional de Salud, reformas que mejoren la eficiencia, reformas que mejoren su calidad y reformas que mejoren su gobierno compartido. Por tanto, esta es una iniciativa que va más allá
de la universalización del sistema, aunque es un requisito para la mejora del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta mañana en la Comisión de Agricultura decía la señora Tarruella que muchas veces era más necesario presentar iniciativas para que se cumplan, proposiciones no de ley aprobadas anteriormente o mociones aprobadas ya por esta
Cámara, por las comisiones y por el Senado. Hoy el señor Llamazares nos trae una proposición de ley que se refiere a algo que se ha aprobado ya en esta Cámara. Esta Cámara ha trasladado al Gobierno la preocupación para redactar esta modificación
que incluye esta universalidad, que parece que en estos tiempos no debiera ser motivo de una proposición de ley porque ya estaría regulado por el marco legislativo actual. Sin embargo, la realidad objetiva es que existen colectivos que todavía no
están incorporados, y el señor Llamazares hoy hacía referencia a esos colectivos. Recientemente, en Canarias el propio Servicio Canario de Salud establecía una modificación de la orden de acceso a la gratuidad del sistema sanitario en función de
unos colectivos que perdían esa condición por dejar de recibir prestaciones por desempleo o por situaciones de dificultad económica en la familia. Plantear esta ley nos parece interesante y, en todo caso, siempre habrá tiempo para poderla modificar
en el plazo de tramitación, en el plazo de enmiendas. En definitiva, se trata -como decía- de dar cumplimiento a un acuerdo de esta Cámara. El Gobierno no ha presentado un proyecto de ley. Un grupo, en este caso Esquerra Republicana-Izquierda
Unida, presenta una proposición de ley y Coalición Canaria desde el Grupo Mixto va a apoyar esa toma en consideración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perestelo.
Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente desde el escaño. Ceo que no hay nada nuevo que debatir en este asunto porque ya lo hemos tratado, tal y como ha dicho el señor Perestelo, el propio señor Llamazares y como lo dirán todos los demás compañeros que tomen
la palabra. Se nos plantea un tema que ya se trató en esta Cámara, que ya se aprobó, y sobre el que ya todos mostramos nuestro apoyo. No todos tienen este derecho cumplido y es un requisito obligatorio porque todos los ciudadanos tienen el derecho
a la sanidad, un derecho universal, como aquí bien se ha dicho.
Por otra parte, existe el compromiso del Gobierno de cumplir esta petición. Es más, estamos esperando a ver cuándo nos trae esta modificación de la ley que haga cumplir la petición de esta Cámara. No vamos a incidir en planteamientos como
que la sanidad, al fin y al cabo, se cubre con los Presupuestos Generales del Estado sobre la base de nuestros impuestos y no sobre la base de las cotizaciones de la Seguridad Social. Por lo tanto, este derecho debe de cubrir a todos sin ningún
atisbo de duda. Además, esto es una toma en consideración, y mi grupo, en la mayoría de los casos, siempre lo aprueba, porque consideramos que aunque no estemos de acuerdo en algunos puntos -quizá con la propuesta que nos trae el señor Llamazares
pudiéramos estarlo- se abre la posibilidad de poder debatir y plantear aquello en lo que estamos de acuerdo y en lo que no lo estamos. Pero no nos vamos a negar a que se debata y se tome en consideración algo que -como se ha dicho- ya se aprobó
aquí.
Hay algo que queda un poco en el aire -como ha reiterado el señor Perestelo- y es que lo que no se puede es aprobar cosas que después no se quieren cumplir, sean con el planteamiento que sean, sean mociones, proposiciones no de ley,
etcétera, porque además de quitarle valor a lo que en esta Cámara podamos decidir es como hacer una especie de trampa.
El Gobierno o el grupo que apoya al Gobierno lo que no puede hacer es sumarse a mayorías sabiendo que después no va a cumplir a
cambio de no perder una votación. Por lo tanto, si lo que quiere es cumplir algo que lo cumpla, y si lo que quiere es no perder una votación que diga: mire, yo me apunto a este carro para no perder una votación, que es mucho más fácil que cumplir
lo que se aprueba.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.
Doña Concha Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley se basa en la necesidad -como ha explicado muy bien el señor Llamazares- de hacer efectiva la previsión del artículo 3.2 de la Ley General de Sanidad, que establece que la asistencia sanitaria pública se extenderá a
toda la población española. Nuestro sistema sanitario tiene marcado con la Ley General de Sanidad un carácter universal, pero no se ha hecho efectivo globalmente en el sentido de equiparar universalización con gratuidad, pese a que la Ley de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la
exposición de motivos, manifiesta claramente que la Ley General de Sanidad ha configurado el Sistema Nacional de Salud con el carácter público y la universalidad y gratuidad del sistema. En Cataluña, con la Ley 21/2010, de 7 de julio, de
acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud se hizo efectivo el derecho para todas las personas empadronadas en Cataluña a la asistencia sanitaria gratuita. Por lo tanto, y con carácter general,
valoramos como positiva esta iniciativa en tanto que equipararía la situación en el resto del Estado español con la que actualmente tenemos ya en Cataluña. Pero tengo que repetir también, como han hecho los compañeros que anteriormente han hecho
uso de la palabra, que ya en la Comisión de Sanidad, y en el Pleno unos meses más tarde, hemos aprobado por unanimidad dos proposiciones no de ley sobre esta universalización de la sanidad. Por cierto, tengo que recordar que a nuestro grupo
parlamentario, o al menos personalmente a mí, no le ha llegado ningún informe como se pedía al respecto en esas proposiciones de ley.
El Gobierno hasta ahora nos ha anunciado ya varias veces esta presentación del proyecto y, aunque parece ser que está muy avanzado, lo cierto es que, como todavía no ha sido registrada, hoy vamos a votar favorablemente la toma en
consideración esta proposición no de ley. Nosotros no estamos de acuerdo con algunos de los aspectos que contempla; no coincidimos con el señor Llamazares en algunas partes, pero confiamos que en la tramitación presentaremos estas enmiendas con la
finalidad de poder llegar a acuerdos y mejorar este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Don Mario Mingo tiene la palabra.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo quiero felicitar al señor Llamazares por esta proposición de ley. La verdad es que me da pena que un grupo parlamentario haya tenido que presentar una proposición de ley por la incapacidad del Gobierno de llevar a cabo lo que
en varias ocasiones hemos aprobado, en la Comisión de Sanidad y en este Pleno, que es el aseguramiento de todos los ciudadanos a tener derecho a la asistencia sanitaria y a la salud. Por tanto, felicidades, señor Llamazares, porque vamos a tener la
oportunidad en este Congreso de los Diputados de hacer una ley que garantice el derecho de todos los ciudadanos, con la aprobación hoy de la toma de consideración de la proposición de ley, para que podamos asegurar a todos los ciudadanos españoles
que estamos garantizando sus derechos constitucionales y una llamada al Gobierno que ha tenido tres años para llevar a cabo algo en lo que todos estamos de acuerdo. Quiero recordar que se presentó prácticamente hace veinte meses una propuesta suya,
señor Llamares, y una propuesta de mi compañero el señor Azpiroz que defendió magníficamente aquí en el Pleno del Congreso y nos pusimos de acuerdo.
Nos pusimos de acuerdo en decir que esto es conveniente, esto es adecuado, esto es necesario.
Además, vamos a saber cuántos afectados son, cuánto dinero nos cuesta y vamos a dar las soluciones. Es verdad que el Gobierno ha dicho prácticamente cuántos éramos entonces en el mes de septiembre o noviembre de 2009, pero no sabemos cuántos somos
en la actualidad porque todas aquellas personas que trabajaban y han dejado de trabajar han perdido el derecho a tener una tarjeta sanitaria y el derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Por tanto, los 90.000 o 180.000 de entonces puede que hoy
sean 300.000. Claro, ese es un tema de enjundia cuando tenemos un Sistema Nacional de Salud y tenemos garantizado por ley la asistencia sanitaria y la salud pública a todos los ciudadanos españoles, porque somos españoles, y a todos los residentes
extranjeros que residen en España.
Por tanto, me hubiera gustado que no estuviéramos debatiendo esta proposición de ley; e encantaría que estuviéramos debatiendo un proyecto de ley aprobado por el Gobierno que es estrictamente sencillo, señora Grande. Es muy sencillo:
aprobación en el Consejo de Ministros de algo que defiende toda la Cámara y a lo que tienen derecho todos los ciudadanos españoles, como es la garantía en la ley a la conservación de la salud y a la asistencia sanitaria. Es verdad que desde 2008
todas las ministras -las dos últimas en concreto- han dicho reiteradamente que esto lo iban a traer, pero el Consejo de Ministro hasta ahora no ha regulado nada. Esto lo han aprobado las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud; estábamos todos de acuerdo. Esto lo hemos aprobado en la subcomisión para el pacto de Estado, también estábamos todos de acuerdo. Bueno, pues es sorprendente que estando todos de acuerdo el Gobierno no lo haya hecho y
el señor Llamazares traiga una proposición de ley.
Quiero felicitarle, señor Llamazares, y manifestar que mi grupo va a votar afirmativamente, como es natural, en garantía de los derechos de los ciudadanos españoles. Solamente quiero decir que, en primer lugar, es verdad que estamos de
acuerdo con esa propuesta, pero con respecto a todo lo demás tenemos unas enormes diferencias y nos sorprende que en su proposición de ley proponga quitar a determinados ciudadanos que voluntariamente quieran tener un doble aseguramiento el derecho
constitucional a la salud y la asistencia sanitaria en la salud pública, lo cual me parece una aberración de la mayor envergadura. En segundo lugar, pretender suprimir el modelo Muface, que es muchísimo más barato y que permite la libre elección de
los ciudadanos. El 83 por ciento de los que están incorporados a ese modelo prefiere la asistencia sanitaria privada, que es mucho más barata -prácticamente el 55 por ciento más barata-, y que quiera usted modificar ese modelo me parece un error
para la modernización del sistema sanitario. Es
evidente que esto lo hemos debatido en innumerables ocasiones y es una de las razones por las cuales no hemos podido llegar a un pacto de Estado.
Termino con la tercera razón pero no de menor enjundia, señor Llamazares, y es algo que está
en relación con los modelos de gestión. No es solo en España y en todas las comunidades autónomas sino en Europa. Los distintos modelos de gestión quieren eficacia, quieren libertad de elección y quieren potenciar todos los mecanismos posibles
para trasladar a los ciudadanos los mejores procedimientos diagnósticos y terapéuticos que podamos ofrecer a nuestros enfermos y que podemos ofrecer a los ciudadanos. Por tanto, con esas salvedades que pretendemos incorporar con enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular a la proposición de ley, reiteramos nuestro agradecimiento por la presentación de esta proposición de ley y nuestro voto favorable a su tramitación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo.
Doña Pilar Grande tiene la palabra.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo sobre esta proposición de ley que versa sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en el territorio nacional, que nos
presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señor Llamazares, yo no le voy a felicitar irónicamente, como ha hecho el señor Mingo, porque nosotros pensamos que no es ni necesario ni oportuno traer en estos momentos esta proposición de ley. Durante mi intervención voy a explicarle los
motivos de esta afirmación, y no tiene nada que ver que no estemos de acuerdo con el fondo del asunto.
Lo primero que quiero expresar es que cuando algún grupo parlamentario presenta iniciativas del rango de una proposición de ley como la que nos ocupa esta tarde, en la creencia de que es más importante ganar una batallita mediática o
colgarse una medalla momentánea, comprendo que tiene bastante lógica que muchos ciudadanos a pocos metros de aquí nos estén pidiendo que cambiemos la manera de hacer política; tiene absolutamente ese sentido. (Rumores.) La manera de consolidar los
derechos sociales, como es la universalización plena de la sanidad en nuestro país, en mi opinión no pasa por cortocircuitar con esta proposición de ley el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
conjuntamente con otros departamentos ministeriales como son Trabajo, Economía y Hacienda, así como con los responsables de todas las comunidades autónomas, comunidades que por cierto son las responsables de prestar la asistencia sanitaria y a las
que la universalización plena les afecta directamente, ya que incluiría asistencia sanitaria plena para un número de ciudadanos que podría oscilar entre el 0,2 y el 0,4 de la población española y que conllevaría un coste añadido que puede estimarse
entre los 60 y 103 millones de euros de gasto adicional para las comunidades autónomas.
Quiero valorar aquí positivamente que en alguna de ellas, como Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y hasta la Comunidad Valenciana han ampliado la cobertura sanitaria a los colectivos que quedaban fuera del
sistema a costa de sus propios presupuestos, aunque esta cobertura solo tiene efectos en el territorio autonómico de residencia de estos ciudadanos y no es reconocida en todo el Sistema Nacional de Salud, porque la solución, desde luego, pasa por la
universalización. Todas las comunidades autónomas, a pesar del impacto tanto económico como asistencial para sus servicios regionales de salud, están en sintonía con la extensión de la universalización ya que, como recordarán, unánimemente el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 18 de marzo de 2010, además de otras importantes medidas para la sostenibilidad del sistema nacional en el apartado de medidas inmediatas, aprobó por unanimidad la plena universalización;
universalización que está plenamente amparada desde el punto de vista normativo, desde el artículo 43 de la Constitución española, la Ley General de Sanidad y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Como
hemos visto tenemos base jurídica, tenemos impulso institucional tanto del ministerio como de las comunidades autónomas y tenemos además las conclusiones del informe presentado en esta Cámara por el Ministerio de Sanidad y Política Social que fue
trasladado a la Comisión de Sanidad y Política Social el 5 de noviembre de 2009 en cumplimiento de las dos proposiciones no de ley, señorías, que aprobamos efectivamente tanto en la Comisión como en el Pleno de esta Cámara. Señor Llamazares, usted
conoce, porque además es el presidente de la Comisión de Sanidad, la conclusión del informe remitido que dice textualmente: Parece que ha llegado la hora de hacer una normativa con rango de ley para el aseguramiento sanitario de toda la población.
Nos dice además los tres puntos que tendría que tener el artículo único de esa ley. Aparte de todos estos compromisos del Gobierno, de las comunidades autónomas y de esta Cámara, hay más compromisos para la universalización, como todas sus señorías
conocen pero que no está de más recordar. Me refiero al expresado por la actual ministra de Sanidad en su primera comparecencia el 18 de noviembre de 2010. Se comprometió a tres cosas: primero, a traer una ley de salud pública que como ustedes
saben está en trámite parlamentario en esta Cámara, primer compromiso cumplido; segundo, una ley que regulase los derechos de las personas ante el final de la vida, y el Consejo de Ministros del pasado 13 de mayo aprobó el estudio del anteproyecto;
y, tercero, a la aprobación de una norma para la tan esperada universalización plena. Si hay dos compromisos cumplidos, ¿por qué hay dudas de
que el Gobierno vaya a cumplir este tercer compromiso, señor Llamazares? Tengo que decir -y lo manifesté al principio- que consideramos que esta proposición de ley en este momento no es ni necesaria ni oportuna. A pesar de eso vamos a
votar afirmativamente la toma en consideración porque mi grupo parlamentario representa a un partido que lleva décadas pidiendo y trabajando en la línea de conseguir la universalización.
Además es un partido cuyo ministro, Ernest Lluch, impulsó la
Ley General de Sanidad del 25 de abril que hoy cumple 25 años. Es por ello por lo que no podemos decir que no a esta iniciativa, a la que también anuncio que presentaremos enmiendas, sobre todo a la parte final del texto tal y como viene redactada.
Votaremos que sí -termino señor presidente- aunque creemos y repetimos que esta no es la vía más adecuada ni por lo que puede dilatarse en el tiempo ni por las carencias que presenta el texto que usted nos ofrece. Intentaremos contribuir a corregir
ambas cosas durante el tiempo de trámite parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Grande.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000862.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la promoción del ahorro y la eficiencia energética en las administraciones públicas. Para la defensa de la proposición tiene la palabra don Fernando Moraleda.
El señor MORALEDA QUÍLEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae a la Cámara una proposición no de ley para promocionar el ahorro y la eficiencia energética en las administraciones públicas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.) Como ustedes saben esta es una política que se viene desarrollando desde el Gobierno dentro de un marco de estrategia de ahorro y eficiencia energética y en un periodo temporal, 2004-2012. España como país ha hecho un notable esfuerzo
por la mejora de la eficiencia energética a través del reforzamiento y el impulso de los objetivos previstos en los planes de ahorro establecidos y en vigor hasta el año 2012. Estos esfuerzos se han visto complementados además con el apoyo por
parte del Gobierno español de todas y cada una de las actuaciones comunitarias que tienden a buscar el mismo objetivo, no solamente de ahorrar energía sino de aminorar por consecuencia el déficit público del conjunto de las administraciones,
disminuir las emisiones de CO2, disminuir también por tanto nuestra balanza comercial en cuanto a la demanda de productos derivados del petróleo y, en consecuencia, obtener un modelo, aplicado en este caso a las edificaciones públicas, sostenible
con estos objetivos.
Es verdad que estas políticas están dirigidas al conjunto de los ciudadanos. El motivo de esta proposición no de ley es destacar el aspecto ejemplarizante que deben desempeñar ante ellos el conjunto de las administraciones públicas. En
este sentido la Administración General del Estado ha puesto en marcha distintas medidas para establecer la disminución de los consumos energéticos en el ámbito de su competencia, que son los edificios públicos de su propiedad, en ellos, garantizando
las condiciones de habitabilidad y confort, pero buscando concreción a través de la creación de un nuevo sistema de contratación establecido con las empresas de servicios energéticos. Este nuevo mecanismo de contratación que no pasa solo por la
instalación y supervisión del gasto energético, sino también por la financiación para llevarlo a efecto, es novedoso, no tanto por los objetivos que persigue, de manera reiterada la disminución del consumo energético, sino también por el empleo que
genera, un sector innovador que genera, por lo que ya conocemos, en sus trabajos empleo estable y de calidad. Por eso el Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010 estableció una nueva línea de apoyo a estas empresas de servicios energéticos que
resulten adjudicatarias de los concursos para la realización de inversiones en medidas de ahorro y eficiencia energética. No cabe duda de que la actuación de la Administración General del Estado, siendo relevante, es insuficiente, pues necesitaría
del conjunto de las administraciones restantes, autonómicas y locales, para que este instrumento y este objetivo alcanzaran el conjunto de los objetivos que pretende. Creo además que es un argumento que debe de compartir, independientemente del
ámbito competencial, el conjunto de administraciones por los objetivos que -insisto- representan. Por ello hemos establecido una serie de recomendaciones, siempre respetuosas con el ámbito competencial de las comunidades autónomas y corporaciones
locales, que consiste en tres objetivos: el primero de ellos, el de eliminar los obstáculos administrativos, técnicos y de mercado para el desarrollo del ahorro y la eficiencia energética, de manera especial en los edificios públicos de los que se
sea propietario; en segundo lugar, establecer los marcos de apoyo y mecanismos de financiación para promover el uso eficiente de la energía; y, en tercer y último lugar, la creación de las condiciones necesarias y los instrumentos jurídicos para
el desarrollo y el fomento de un mercado de servicios energéticos.
Dicho esto, quería ponerles de manifiesto el resultado de las conversaciones que el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido con los distintos grupos, en la pretensión de obtener el máximo consenso de esta iniciativa. Les tengo que
adelantar que nuestro interés es alcanzar un consenso con todos los conceptos establecidos por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de manera que podamos presentar una transacción aceptando los principios fundamentales que este grupo parlamentario ha hecho llegar a esta proposición no de ley; de
igual modo hacerlo con el Grupo Catalán, con el Grupo de Convergència i Unió, de manera que los aspectos que se refieran a la coordinación puedan ser sustituidos por la definición de colaboración. Entendemos que la colaboración lleva a la
coordinación, pero si en alguna ocasión esta palabra coordinación puede entenderse como falta de respeto competencial no es el caso y queremos resaltar la colaboración como principio fundamental, eso sí, mientras que en la necesidad financiera
respetemos el actual marco presupuestario, que es en el que en este periodo nos movemos. Tengo que decir que espero que el Grupo Parlamentario Vasco y el resto de los grupos, Grupo Mixto, atendiendo a estos objetivos en los que yo creo sinceramente
que existe un amplio consenso, podamos descansar finalmente y obtener consecuentemente un resultado lo más amplio posible.
Una última consideración al Grupo Popular. Espero que hagan un último esfuerzo porque es verdad que sería la primera vez que diciéndoles que sí a todo lo que nos dicen nos digan que no a lo que ustedes dicen, si decimos lo que nosotros
decimos, de manera que espero que reflexionen. No se trata de que sea una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, sino de que sea una iniciativa del Parlamento. Espero que en el día después ustedes no tengan demasiado mareo de altura y
podamos distinguir lo que nos une de lo que nos separa. Insisto, espero que esa reflexión se produzca porque es de interés del Grupo Parlamentario Socialista que este objetivo, que es socialmente compartido por todos y cada uno de los ciudadanos,
sea a su vez respetado y consensuado por el conjunto de fuerzas políticas de este Parlamento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moraleda.
A esta proposición se han presentado enmiendas por parte de varios grupos.
En primer lugar, para defender las de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente. Pienso que la propia proposición no de ley se defiende y por nuestra parte estamos totalmente de acuerdo. Lo único es que hemos presentado enmiendas entendiendo que debíamos intentar puntualizar y conseguir marcar unos
objetivos claros para que realmente lo que nos proponemos, que es el ahorro y la eficiencia energética, se vaya cumpliendo y podamos medir año a año si estos objetivos se van cumpliendo. Por eso hemos presentado tres enmiendas, pero la fundamental
sería la de que nos marcáramos como objetivo: reducir el consumo de energía en sus edificios por parte de las administraciones, al menos un 1,5 por ciento anual en términos absolutos, y además conseguir también un ahorro del 50 por ciento respecto
al año 2005 en el año 2020.
Evidentemente estas enmiendas son de puntualización y de mejora y, aunque entendemos que nos pondremos de acuerdo, no obstante votaremos a favor porque entra dentro de las propuestas realizadas por nuestro grupo en
reiteradas ocasiones. Fundamentalmente ya en el mes de abril del año 2008, iniciada justo la legislatura, presentamos una proposición de ley sobre toda la problemática del ahorro energético y, en concreto, también el papel que tenían que jugar las
administraciones públicas como ejemplo para el resto de los ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo la sensación de que vengo hoy aquí con una iniciativa que está muy oportunamente calculada; diría que no solamente sensación, sino una convicción, porque tengo también esa misma sensación de encontrarme ante una actitud de
aprovechamiento de las circunstancias, si sus señorías me permiten que lo exprese; circunstancias que vienen marcadas por unas fechas muy concretas y que han sido las elecciones municipales y autonómicas hace apenas dos días. Esto me permite
decir, al menos desde la opinión pública y de la de aquellos que somos fervientes defensores del municipalismo, que esto tiene tintes de urdir un plan, quizá una maniobra con cierta hostilidad, y que posiblemente esta proposición no de ley sea el
primer eslabón para culpar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales de esos errores y desaciertos que hasta ahora en materia de ahorro y eficiencia energética ha llevado el Gobierno. Esta es la sensación que nos da al Grupo
Parlamentario Popular, señoría.
Efectivamente hemos presentado una enmienda de sustitución. Hemos declinado llegar a un acuerdo con ustedes, pero no porque el acuerdo no sea bueno; al contrario, el acuerdo siempre es bueno. Tenemos que poner de
manifiesto que siempre lamentamos no llegar a un acuerdo en esta cuestión, porque no podemos admitir que ustedes acepten nuestra propuesta como algo accesorio o secundario. No, nuestra propuesta es principal y medular. Por tanto, lo primero que le
pedimos es que sean ustedes honestos, que no larguen la culpa a otras instituciones y acepten cuáles son sus responsabilidades.
No quiero centrar el debate en el señor Moraleda porque sé que se ha tomado muchos esfuerzos y que es un gran parlamentario, pero el Gobierno, a través de esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, viene quizá a
disfrazar el debate. En él ustedes hablan de esfuerzo, de refuerzo y finalmente de colaboración
con la Administración General del Estado, y obviamente nadie puede estar en contra de eso -es una obviedad-, pero es que esa colaboración viene marcada en la ley. Es una proposición no de ley que viene a redundar sobre lo mismo; no
entendíamos exactamente por qué esa redundancia. Piden ayudas y mecanismos de financiación para promover el uso eficiente de la energía, pero a menos de un mes de expirar el plazo que la Ley de Economía Sostenible establece para que el Gobierno
presente un proyecto de ley sobre la eficiencia de energías renovables no se ha presentado todavía ni sabemos cuál va a ser el fondo de la cuestión. Obviamente, a un mes vista lamentamos que los retrasos se produzcan de esta manera.
¿Qué hace el
Gobierno mientras tanto? Presenta una maraña de planes, con los que en principio las propias corporaciones locales y las comunidades autónomas ni siquiera se aclaran. Además el Gobierno tampoco ha presentado esa línea ICO-ESE, que estaba
inicialmente dotada aproximadamente con 600 millones de euros. Tampoco han solucionado ustedes el déficit tarifario. Tengo que recordarles que tenemos exactamente la misma dependencia energética que hace años, nada más y nada menos que un 74 por
ciento. Esto supone, en términos de balanza de pagos, unos 50.000 millones de euros, para que se hagan una idea, aproximadamente lo mismo que ingresamos por el turismo en España. Sigue todavía paralizada la interconexión con Francia en el tema
eléctrico.
Ustedes nos dan determinado tipo de consejos: quítense ustedes corbatas, pasen ustedes la velocidad a 110. No les digo nada en cuanto a materia nuclear se refiere, porque aquí presentan una enmienda y en el Senado presentan una
distinta en la misma Ley de Economía Sostenible. ¿Qué hacen por su parte las comunidades autónomas? Cumplir la ley, señorías. Cumplen la ley, ejecutan los planes de ahorro y eficiencia energética, a través de las agencias de energía, y se suman a
pactos de los alcaldes promovidos en el entorno de la Unión Europea. Los ayuntamientos se enfrentan a cortes muy importantes de luz, pagan un 20 por ciento más de recargo. Por tanto, ustedes les niegan la financiación local, les niegan también la
financiación a las comunidades autónomas en función de su densidad demográfica, pero vienen aquí a decirles que hagan lo que ustedes quieren hacer.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Seller, por favor.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Termino, enseguida. Muchas gracias, señora presidenta.
En definitiva, lo que el Grupo Parlamentario Popular desea es que se inste en esta Cámara a quien realmente es el responsable y en condiciones de responsabilidad por todos los diputados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Seller.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) comparte la finalidad que hoy plantea el Grupo Socialista en su proposición no de ley. Compartimos la finalidad, el objetivo, lograr esa eficiencia energética, un objetivo, señor Moraleda,
que para Convergència i Unió debería plantearse en esta Cámara, el Congreso de los Diputados, a través de lo que deben ser instrumentos de colaboración. No puede ser por la vía imperativa, pero es bueno que desde esta Cámara se lancen mensajes a
todas las administraciones públicas sobre cuál es el denominador que compartimos en el ámbito de la necesidad de incorporar esos criterios de eficiencia energética. De hecho, la Generalitat de Catalunya lleva ya años incorporándolos; tiene
determinados planes, programas, como por ejemplo el denominado Genercat, un programa dirigido a conseguir un ahorro energético del 11 por ciento para el año 2015. Estamos en esa línea y de ahí que mi grupo haya presentado una enmienda que prima la
colaboración más que la coordinación, en tanto que en ocasiones el verbo coordinar puede suponer una posición jerárquica distinta, y nadie pretende hoy con esta proposición no de ley alterar el régimen competencial de cada comunidad autónoma. Por
tanto, damos a cada uno el ámbito de autoorganización que tiene, pero es bueno compartir objetivos, como quiere el Grupo Socialista a través de esta proposición no de ley. Así, pues, maticemos la parte propositiva en ese ámbito de la colaboración,
no de la coordinación, y digamos también que las nuevas obligaciones requieren de financiación. Las nuevas obligaciones de las comunidades autónomas, que ya van cargadas con un fuerte déficit público, deben venir con esa necesaria financiación.
Por último, hay dos matices más que a Convergència i Unió le gustaría incorporar al texto final, en relación con los cuales adelanto que si se llegasen a incorporar llegaríamos a un punto de acuerdo. Cuando hablamos de marcos de apoyo para
promover el uso eficiente de la energía el verbo debe ser diseñar, que diseñen marcos de apoyo. Es un verbo más acorde con lo que el predicado viene a pedir al conjunto de las administraciones públicas. Aquí hay que sacar también la obligación de
mecanismos de financiación, toda vez que en todo caso cada comunidad autónoma lo hará o no y dependiendo asimismo del acuerdo de financiación al que se llegue en el ámbito estatal. Por tanto, haciendo estas precisiones, mi grupo parlamentario está
en ese punto de acercamiento y lo valoramos en sus justos términos. Tampoco magnifiquemos hoy lo que esta proposición no de ley significa; es un posicionamiento de este Congreso de los Diputados a favor de esa eficiencia energética en el ámbito de
las administraciones públicas, de nuestros edificios públicos, una eficiencia incluida en los propios
requisitos que nos imponen a nivel de Unión Europea y acorde con la crisis económica que estamos padeciendo. Todo lo que sea remar en esa dirección va a contar con el apoyo de Convergència i Unió, siempre que no sea imperativo y siempre que
sea en el marco de las competencias de cada comunidad autónoma. Por tanto, valoración final de un punto de acuerdo que esperamos sea totalmente positivo a lo largo de las conversaciones que aún tenemos abiertas con el grupo mayoritario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Realmente me voy a pronunciar sobre la proposición no de ley porque no conozco el texto que al parecer se está pactando entre el grupo proponente -el señor Moraleda lo ha anunciado de esa manera- y el resto de grupos parlamentarios, entre
los que esta diputada no se encuentra.
Por tanto, me pronunciaré exclusivamente sobre el texto que obra en mi poder, y que es la proposición no de ley defendida por el Grupo Socialista. Me parece que entre la exposición de motivos y la parte
dispositiva hay una gran distancia porque la exposición de motivos es verdaderamente ambiciosa. Se trata ni más ni menos de poner en marcha un instrumento no solamente de ahorro energético sino de generación de empleo; o sea, ahorrar energía y
crear empleo es una cosa muy seria y muy necesaria para nuestro país, y se compadece mal con lo que son los tres puntos de la parte dispositiva, que no sé si cambiarán con esos pactos que nos han anunciado, pero que son meros brindis al sol tal y
como están aquí planteados. Es verdad que es difícil votar en contra de un brindis al sol, vale con no brindar, pero realmente ¿quién podría estar en contra de eliminar obstáculos administrativos, de establecer marcos de apoyo o de crear
condiciones necesarias? Uno no puede estar en desacuerdo con estas cuestiones, pero puesto que estamos en el Congreso de los Diputados creo que podríamos y debíamos ir en una materia tan sensible como esta un poquito más lejos de los
pronunciamientos de carácter general, porque además hay precedentes sobre esta cuestión.
Hay una estrategia energética, hay una aprobación del Consejo de Ministros que se cita aquí, del año 2010, y hay un discurso del presidente Rodríguez Zapatero, creo que en marzo de 2010, en el que nada menos que, avanzando lo que iba a ser
esa decisión del Consejo de Ministros, nos decía que con estas medidas de ahorro energético en los edificios públicos nos íbamos a ahorrar 3.000 millones de euros al año, ni más ni menos -tengo la referencia exacta-, que es algo así como afirmar que
los edificios oficiales consumen al año 15.000 millones de euros, porque él decía que era el 20 por ciento de la factura energética de los edificios públicos. Me parece que son cifras astronómicas y, si fuera cierto, requeriría a estas alturas,
teniendo en cuenta que ha pasado más de un año, señor Moraleda, además de plantear que se extienda al conjunto de las administraciones públicas un tipo de medidas de esta categoría que ustedes anunciaron en su día, que nos plantearan una evaluación.
Si, como digo, se han puesto en marcha hace más de un año, si efectivamente íbamos a ahorrar 3.000 millones de euros al año y ha pasado más de un año, creo que antes de pronunciarnos sobre esto, para que no nos engañemos respecto de la dimensión de
lo que estamos acordando, lo menos que nos mereceríamos sería una evaluación. ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado con esas medidas? Supongo que tendrán ustedes la evaluación para querer extenderlo al conjunto de las administraciones
públicas.
¿Efectivamente nos hemos ahorrado 3.000 millones de euros en los edificios públicos españoles? En fin, me parece que el buenismo está bien, las buenas intenciones también, el discurso de pedagogía de ahorro energético también está bien,
pero en una situación como la que vive España creo que los españoles esperan algo más de nosotros.
Sé que no tiene usted el turno de réplica y que no me lo puede explicar, pero echo en falta una evaluación sobre lo que hemos conseguido con ese ahorro. Si no hemos conseguido nada ¿a qué viene esto? ¿A cubrir el cupo del Grupo Socialista
de proposiciones no de ley en el debate que nos toca esta semana? Me quedo con la pregunta y sé que no tendré respuesta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Para fijar la posición del Grupo Vasco del PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente desde el escaño para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con esta proposición no de ley. La iniciativa que presenta hoy el Grupo Socialista es, desde nuestro punto de vista, una iniciativa que cabe calificar de
buenista. Pretende impulsar medidas de eficiencia y de ahorro energéticos fundamentalmente en los edificios públicos, y pide para ello la colaboración y cooperación de todas las administraciones públicas. En principio, es difícil estar en contra
de ambos temas, tanto del ahorro y de la eficiencia energética como de la colaboración interinstitucional. Además, desde el Grupo Vasco creemos firmemente que es preciso avanzar por el camino del ahorro y de la eficiencia. Las administraciones
públicas han de ser responsables en el uso racional de la energía y deben además contribuir a que el conjunto de los ciudadanos nos concienciemos del problema y seamos también corresponsables. Sin embargo, si me permite, señor Moraleda, quisiera
añadir una reflexión que a nuestro grupo le sugiere la lectura de la iniciativa y que nos hace matizar esta posición inicial. En su iniciativa, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a establecer instrumentos de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas y en su caso -también se dice- con las corporaciones locales para a continuación pedirles, en primer lugar, que eliminen los obstáculos administrativos,
técnicos y de mercado; segundo, que sean estas las que financien y establezcan los marcos del apoyo y, en tercer lugar, que creen los instrumentos jurídicos para el desarrollo y el fomento de un mercado de servicios energéticos. Las insta a
colaborar y coordinar con el Gobierno y luego les exige a las comunidades autónomas y a las corporaciones que cumplan con todo lo anterior. Nos suena a impositivo -si me permite decirlo- desde el punto de vista competencial, si bien de una forma
bastante sibilina y aunque posiblemente ustedes en el fondo no lo pretendan.
También nos parece poco coherente que esta proposición no de ley se plantee ahora, cuando está en ciernes un proyecto de ley de ahorro, eficiencia y energías renovables, que contempla precisamente los mecanismos de apoyo y financiación desde
el Estado para las comunidades autónomas y las corporaciones locales; y no en sentido contrario, tal y como aparentemente se desprende de la iniciativa. Además, les pide a las comunidades autónomas y a las corporaciones que creen los instrumentos
jurídicos para el desarrollo y el fomento de un mercado de servicios energéticos. En nuestra opinión, señor Moraleda, antes habría que definir en qué consiste el mercado de servicios energéticos. Primero tendría que aprobarse -o, al menos, venir a
esta Cámara para negociarlo- un proyecto de ley de ahorro, eficiencia energética y energías renovables, y en ese marco hablaríamos luego de la necesaria coordinación y colaboración a la que nosotros evidentemente estamos dispuestos. Por estas
reservas, nuestro grupo en principio se abstendrá en esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor Moraleda, entiendo que ha anunciado que va a presentar una transaccional para su votación.
El señor MORALEDA QUÍLEZ: Sí. El Grupo Parlamentario Socialista presentará una transaccional para acercarse a todos los grupos. La presentaremos y se la haremos llegar a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moraleda.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. (Número de expediente 162/000849.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley del Grupo Popular en el Congreso relativa a la internacionalización de la universidad española. Para defender la proposición en nombre de
su grupo tiene la palabra el señor González Rodríguez.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Señora presidenta, señorías, sin duda alguna la universidad española durante los últimos cincuenta o sesenta años ha avanzado de forma muy importante con un número más que aceptable de
ciudadanos con estudios universitarios -hoy en día hablamos de un 40 por ciento de población universitaria, más que la media europea-, si bien su posición en los ránquines internacionales es manifiestamente mejorable, aun teniendo en cuenta la
subjetividad de los mismos. Hay que recordar que ocupa el noveno puesto en producción científica, si bien también aquí hay que matizar pues España en 2010 publicó 500 textos divulgados y, aunque a enorme distancia, en Estados Unidos fueron 20.000
los textos divulgados.
En el siglo XXI la universidad, y muy especialmente la española, debe ser apoyada como institución estratégica en la sociedad del conocimiento.
Debe tener una mayor conexión con el mundo empresarial, adaptando los contenidos formativos a
las necesidades de la sociedad, así como fomentar la empleabilidad de los graduados. Debe tener una financiación adecuada, debe flexibilizar los grados y posgrados para facilitar la movilidad internacional y, tal y como ha dicho recientemente el
presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, se debe llevar a cabo una auténtica y decidida internacionalización de las universidades españolas, que es el objeto principal de esta proposición no de ley.
Puedo afirmar sin exageración, sin desmedida euforia y sin ningún mareo -aunque legítimamente podemos estar mareados en el día de hoy-, señor Moraleda, que tanto el Grupo Socialista, a través del documento estrategia Universidad 2015, como
el Grupo Popular, a través de sus programas de gobierno y electorales, coinciden en la imperiosa necesidad de internacionalizar nuestra universidad para estar a la altura que nos marca el actual mundo académico. Las tareas más inmediatas para
conseguirlo son, en primer lugar, atraer a buenos alumnos del ámbito internacional; en segundo lugar, proporcionar mejores y mayores incentivos para los profesores e investigadores; y, en tercer lugar, realizar una investigación vanguardista.
Todas ellas son tareas bastante difíciles, pues España carece de dos elementos fundamentales para lograrlo: uno, universidades de prestigio internacional y, dos, un alto porcentaje de alumnos internacionales.
Según el profesor Crespo McLennan, Suiza aparece como el país europeo con mayor número de estudiantes extranjeros, con un 18 por ciento, y España dependiendo de las fuentes está entre un 3,6 por ciento y un 5 por ciento. Si tomamos como
modelo comparativo la Universidad de Harvard, que aparece siempre como una de
las principales, esta tiene un 50 por ciento de estudiantes extranjeros.
Ahora bien, como dice la exposición de motivos de la presente proposición no de ley, la universidad española cuenta con dos activos muy importantes para llevar a cabo
una internacionalización con éxito en los próximos años. Uno es su larga trayectoria académica en el mundo hispánico.
Piénsese que la primera universidad en América se creó en el año 1538, en la República Dominicana, seguida posteriormente por las
universidades de México y de Lima, en el año 1551. De ahí que no sea de extrañar que en el momento actual el 45,6 por ciento de los estudiantes extranjeros en las universidades españolas procedan de América Latina y del Caribe, y el 30,7 por ciento
de la Unión Europea. En cuanto a las becas Erasmus, las universidades que reciben más estudiantes que vienen a nuestro país con este tipo de becas son las de Granada, Complutense, Valencia, Politécnica de Valencia, Barcelona y Sevilla. El otro
punto interesante al que me acabo de referir es el idioma español, el castellano, el segundo más hablado del mundo, con unos 450 millones de hablantes. Para los estudiantes de los Estados Unidos precisamente es el cuarto lugar de destino para
aprender el castellano.
Como he dicho antes, desde hace unos cincuenta o sesenta años la universidad española ha avanzado mucho, y desde entonces hasta hoy en día también ha aumentado mucho durante las últimas décadas el número de estudiantes latinoamericanos,
incrementándose por otro lado las ofertas de ayudas, becas y programas, ya sea a través del Instituto de Cooperación Iberoamericana, de la Fundación Carolina, que concede mil becas anuales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Aecid,
de la UNED, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o, finalmente, del Instituto Cervantes. No debemos olvidarnos además de dos universidades españolas que llevan en su propio nombre la palabra internacional: en primer lugar, la UIMP,
la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y, en segundo lugar, la UNIA o Universidad Internacional de Andalucía; ambas con una intensa actividad en el mundo iberoamericano a través de cursos, seminarios, etcétera. Además, hoy en día contamos
también con una interesante actividad privada, que es la llevada a cabo por el Banco Santander a través de Universia, que es la red de cooperación universitaria más importante del mundo, con 1.216 universidades en España, Portugal e Iberoamérica, y
actualmente se está trabajando también en China. Según el rector de la Universidad colombiana del Cauca, Universia puede ser el articulador de los procesos de internacionalización de las universidades, convirtiéndose en un canal que no solo informe
de las ofertas de becas en grados y en posgrados, sino en dar a conocer la necesidad que tienen los estudiantes, docentes y egresados para su preparación académica e investigadora promoviendo programas acordes a las realidades de cada país. Por
todo ello, señorías, el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley. ¿Para qué? Para colocar a las universidades españolas en puestos de relevancia y prestigio a nivel internacional y, dentro de este nivel internacional, dar preferencia por
la cultura común e idioma común, a las universidades y universitarios iberoamericanos, en donde España, sin ningún tipo de duda, debe jugar un papel destacado dada su vinculación histórica y cultural con el español como principal lengua vehicular.
A esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular se han presentado dos enmiendas: una por parte del Grupo Socialista y otra por parte de Convergència i Unió. Tengo que decir desde esta tribuna -y termino, señora presidenta- que
la enmienda del Grupo Socialista ha sido aceptada por el Grupo Popular y será lo que tengamos que votar en la tarde de hoy. Por otra parte, compartimos todas las letras, comas, puntos y acentos que aparecen en la enmienda de Convergència i Unió,
pero creemos que no se refiere exactamente a lo que se plantea en esta proposición no de ley. Evidentemente, respetamos la autonomía universitaria y queremos que sean los mejores profesores, investigadores y estudiantes los que vengan a nuestras
aulas, pero en este caso en esta proposición no de ley el matiz preferencial del mundo iberoamericano es el leitmotiv de la misma; de ahí que aceptemos la enmienda del Grupo Socialista y que no aceptemos la enmienda de Convergència i Unió.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor González.
Efectivamente, a esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. Para defender, en primer lugar, la del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, insistimos desde el grupo parlamentario que represento en el papel de la universidad como instrumento de dinamismo y de progreso social y como instrumento clave en el cambio de modelo
productivo y en la estructura de nuestro crecimiento y apostamos por unas políticas que permitan conseguir un sistema universitario accesible y de excelencia, con objetivos de eficiencia, calidad, movilidad y competitividad a nivel internacional.
Hemos insistido también recientemente en el marco de la Ley de la Ciencia en que las universidades son agentes clave en la gestión y la transferencia del conocimiento y juegan un papel fundamental en la transformación de dicho conocimiento en más
actividad económica, de mayor valor añadido, y en más bienestar.
En estos años, los cambios que han afectado al sistema universitario han sido y son importantes. El proceso de Bolonia y la integración en el espacio europeo de Educación Superior nos han obligado y nos continúan obligando a cambios
importantes, a nuevos enfoques del sistema y a un proceso irreversible de internacionalización. Pero hemos de avanzar más y de manera más decidida, no solo en este eje de la internacionalización sino en otros ejes determinantes de cambios profundos
en el sistema universitario, como son el de la gobernanza y el de la financiación, si queremos que el nuestro sea un sistema de excelencia, abierto, competitivo, que permita que nuestras universidades tengan un mayor reconocimiento a nivel
internacional y que podamos visualizarlo en los ránquines internacionales, donde aún hoy no ocupamos ningún puesto entre las cien principales universidades a nivel mundial, lo que nos debe hacer reflexionar. Déjenme aquí, en el marco de las
competencias autonómicas en la materia y en el de la misma autonomía universitaria, hacer una breve referencia a las universidades catalanas, que son las primeras en aparecer en dichos ránquines, lo que demuestra que algo se está haciendo bien desde
la Generalitat a la hora de gestionar sus universidades.
En relación con la proposición no de ley, compartimos en gran parte el diagnóstico, así como los objetivos a conseguir que se plantean en la exposición de motivos, pero entendemos que los factores motores de la internacionalización no pueden
limitarse al idioma español y a la tradición educativa, especialmente en el proceso de globalización en el que estamos inmersos. Es cierto que la internacionalización del sistema universitario se ha visto favorecida por la integración en el espacio
europeo de Educación Superior. Las becas Erasmus también han contribuido de manera clara a ello, pero el proceso de internacionalización pasa también por un sistema más flexible que permita la captación de talento, profesores y alumnos de cualquier
parte del mundo. El talento es universal. Nuestras universidades tienen resultados razonables en productividad científica o en la ratio de estudiantes por profesor, pero hay otros datos en los que aún son muy débiles, como la presencia en nuestras
universidades de profesores, investigadores y estudiantes extranjeros. Por ello insistimos en que el actual sistema de incorporación del profesorado en nuestras universidades sigue adoleciendo de una rigidez excesiva. Por ello, la apuesta firme
por la internacionalización ha de ir necesariamente acompañada de cambios en el sistema de financiación y en el sistema de gobernanza.
Analizada la problemática y los objetivos a alcanzar, hemos de decir que no compartimos los medios que se proponen en la proposición no de ley como vía para conseguir los objetivos de internacionalización y competitividad planteados. No
compartimos desarrollar una estrategia nacional de internacionalización de la universidad española, así como elaborar un plan especial de fomento de colaboración de las universidades españolas con las universidades iberoamericanas. En primer lugar,
porque existe, y así debe de ser reconocida y respetada, la autonomía universitaria, elemento esencial para que cada universidad pueda tener libertad a la hora de diseñar sus programas académicos y de investigación, compitiendo con las demás para
obtener los mejores resultados. En segundo lugar, no se hace referencia a las competencias en la materia por parte de las comunidades autónomas para gestionar sus propios sistemas universitarios. Y, por último -tal y como he señalado
anteriormente-, el talento es universal. Sin restar nada a las universidades iberoamericanas, con las que también podemos y hemos de estrechar lazos de colaboración, es muy importante tener una visión más amplia, no excluyente de otros continentes
claramente emergentes o que, incluso, ya han superado esta etapa y con universidades en las que el talento en áreas más innovadoras hemos de saber aprovechar y atraer. Por lo tanto, son países de máximo interés en términos de conocimiento y de
crecimiento económico y social y no podemos alejar de esta interacción áreas como Asia o la misma Europa.
La propuesta del Grupo Popular, señorías, opta por poner especial atención en Iberoamérica dentro de la estrategia de internacionalización...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera, por favor.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.
Desde Convergència i Unió creemos que la verdadera internacionalización pasa por apostar por la promoción de iniciativas de excelencia que atraigan talento de todo el mundo. Nos gustaría que el Grupo Popular considerase nuestra enmienda.
Lamentamos, como ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular, que no sea así, pero entendemos que recoge gran parte del espíritu que no queda recogido en la proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Costa Palacios.
La señora COSTA PALACIOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la postura de mi grupo sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la internacionalización de la universidad española.
Vaya por delante
que, efectivamente, como ha dicho el señor González, hemos llegado a una enmienda de sustitución en la que estamos de acuerdo.
En realidad, todo el espíritu de la proposición de ley presentada por el señor González se corresponde perfectamente con
algo que ya el Gobierno estaba realizando desde el año 2008, y también hemos tenido en cuenta que él se ha querido fijar especialmente en la relación bilateral de la universidad española con la iberoamericana.
Señorías, el Gobierno comenzó ya en 2008 la elaboración de la estrategia Universidad 2015 y creemos que aquí es donde se incluye todo el aspecto, de manera pormenorizada, de la internacionalización como uno de sus ámbitos prioritarios. En
esta internacionalización han participado órganos colegiados de representación universitaria, como el Consejo de Universidades compuesto por los rectores de todas las universidades españolas y
ahora con la representación de los consejos sociales, la Conferencia general de política universitaria y los responsables de políticas universitarias de las comunidades autónomas. En junio de 2010, esta estrategia Universidad 2015 estaba
acompañada de un plan de acción para el curso 2010-2011. Y dentro de este plan de acción se contempla el Plan director de internacionalización para desarrollar las acciones que permitan cumplir el objetivo de modernización e internacionalización de
las universidades. Este Plan director de las universidades se enmarca tanto dentro de la estrategia Universidad 2015, que establece las actuaciones necesarias para la modernización y mejora de la calidad del sistema universitario español, como para
contemplar el ámbito de la internacionalización como un área estratégica de fortalecimiento institucional en un contexto del futuro desarrollo de la estrategia de cooperación internacional de educación superior de la Unión Europea, que fue promovida
precisamente durante la Presidencia española en el primer semestre del año pasado. El Plan director plantea una estrategia de internacionalización explicitada en un sistema de visión y ha llevado y quiere llevar unas acciones concretas. En este
Plan director se ha hecho hincapié y se hace un énfasis especial en todo lo que se refiere a las relaciones de la universidad española en colaboración con la universidad iberoamericana. Esto es así por razones de lazos históricos, culturales,
lingüísticos, etcétera. A nadie se le oculta que, efectivamente, todo este proceso de construcción va también al espacio iberoamericano del conocimiento, que ha sido impulsado por España. En julio de 2010, el ministro de Educación nombró una
comisión de expertos internacionales para la evaluación y el seguimiento de la implantación de la estrategia Universidad 2015. Esta comisión ha celebrado ya tres sesiones de trabajo y precisamente en la última sesión de trabajo, a la que tuvimos
ocasión de asistir el señor González y yo misma como diputados de este Congreso de los Diputados, estuvimos de acuerdo en que uno de los impulsos que le falta a la universidad española es poder estar en otros ámbitos.
Esta idea de la proyección internacional de las universidades no solo se refiere al ámbito de Iberoamérica, sino a todo lo que tiene que ver con la consolidación de un sistema universitario altamente internacionalizado. Nuestras
instituciones deben suministrar a sus estudiantes la formación y las competencias necesarias para trabajar en un entorno internacional. Esto es así, pero también es prioritario aumentar el atractivo internacional de las universidades. Tendríamos
que tener una visibilidad mayor para que se haga un reconocimiento internacional de nuestros mejores campus universitarios y también se debería promover la dimensión y la responsabilidad social global de las universidades en respuesta a los retos
globales de la sociedad.
Efectivamente, una de estas cuestiones tendría que ver precisamente con intensificar la cooperación en educación superior.
Señor González, estamos totalmente de acuerdo en que esta es una de las asignaturas pendientes de la universidad española; usted y yo lo sabemos perfectamente. Sin embargo, estamos en el camino de intensificar nuestra colaboración. No
solamente hemos propuesto esta enmienda, sino que también queremos conseguir que en adelante se intensifique todavía más esta colaboración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Costa.
Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señor González, realmente el Grupo Popular nos trae una iniciativa que tiene mucho sentido y mucho interés y que muestra una preocupación por la educación, aunque sea en el aspecto concreto de la educación universitaria. Pero permítame,
señor González, que le diga que es un poco reduccionista focalizar los problemas de la universidad española, que son muchos y que usted señala muy acertadamente como parte del diagnóstico, como forma de ver el problema, en el hecho de que entre las
cien universidades principales del mundo no haya ninguna española. Usted lo califica como un síntoma de la preocupación que evidentemente todos hemos de tener en esta materia, pero me parece que esa preocupación y ese problema no se resuelven
adecuadamente. Ya sé que estamos ante una proposición no ley, que no es el único instrumento para finalizar el debate, pero tengo la sensación de que entre la definición del problema y la parte expositiva que su grupo nos plantea hay también, como
le decía antes al portavoz del Grupo Socialista, un decalaje, un agujero demasiado grande.
La portavoz del Grupo de Convergència i Unió le ha hecho alguna apreciación al respecto, con la que yo coincido. ¿Hay que fijarse específicamente en la relación con las universidades de América Latina? ¿El hecho de que hablemos el mismo
idioma tiene que ser el referente único? Porque aquí no aparece como uno más, las universidades del mundo y específicamente estas porque nos puedan ser más cercanas o más fáciles.
Yo creo que es poco ambicioso; hay mucha más ambición en el
discurso que nos ha hecho que en la resolución o concreción de ese discurso.
Por otra parte, si estamos hablando de la universalización de las competencias de las universidades, solo hay dos que dependan de la Administración, que sean nacionales, que son la UNED y la Menéndez Pelayo, que usted citaba.
¿Internacionalización ahora, después de regionalizarlas? Dado que las universidades están regionalizadas, ¿cómo internacionalizar lo que está regionalizado si lo que se vería afectado directamente por esta proposición serían solo dos de las
universidades que existen en España? ¿Realmente resolvemos así el problema fundamental de nuestras universidades? ¿No le parece a usted, por ejemplo, que uno de los problemas que deberíamos abordar con mayor urgencia -para eso
no tenemos que hacer nada más que ponernos de acuerdo, que a veces ya es más que suficiente- es resolver los problemas de la movilidad dentro del propio territorio nacional entre universidades? ¿Cómo vamos a competir en el mundo si somos
incapaces de resolver la movilidad de profesores y alumnos dentro del propio territorio nacional? Realmente este es el problema fundamental del que se derivan todos los demás.
Dicho todo esto -lo digo como reflexión de carácter general-, le anuncio que votaremos a favor de la proposición que ha planteado. No obstante, en la medida en que esa es una reflexión que nos afecta a todos, deberíamos incorporarla porque
tendremos legislatura por delante u otras legislaturas, y, en todo caso, oportunidad de tomar decisiones en relación con la educación en general y con la universidad en particular.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Para fijar la posición del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, compartimos plenamente que uno de los aspectos principales de nuestras universidades son las conexiones con universidades de otros países en el reconocimiento internacional de nuestra docencia y la investigación imprescindibles
para hacernos visibles por que nuestros estudiantes tengan experiencia internacional y para atraer estudiantes e intentar retener el talento, que en estos momentos es más necesario que nunca si queremos hacer un cambio real de modelo de crecimiento
basado en la sociedad del conocimiento y en la producción de valor añadido. Por cierto, en la exposición de motivos afirman algo que incluso me ha parecido un tanto impúdico. Hacen referencia a que ninguna de las universidades públicas españolas
aparece entre las cien primeras universidades del mundo. Como sabe, esta es una verdad a medias, y precisamente hace poco leí un artículo que se quejaba de cómo se evaluaba a las universidades en este ranquin. Por ejemplo, se daba una gran
importancia y muchos puntos a aquellas universidades que habían tenido exalumnos premios Nobel o premios Nobel trabajando, y usted sabe que los premios Nobel van donde está el dinero. Por tanto, esta es una verdad a medias.
En cualquier caso, y aun reconociendo que no estamos en el cielo, también es cierto que ahora se han introducido otras variables a la hora de valorar a las universidades. Por ejemplo, hay un caso muy interesante, como es el de la
Universidad de Barcelona, que es la primera de las españolas, está en el tramo 151-202, pero en todo lo que atañe al aspecto médico, a la carrera de Medicina, a la investigación médica, estamos en el lugar 74. Es decir, acepto que no estamos en el
mejor de los mundos, pero me ha parecido un tanto catastrofista su exposición de motivos. Digo esto porque en los últimos tiempos -hablo por lo poco que conozco de las universidades de Cataluña; en este sentido, reconozco que tengo un universo
quizás un tanto más limitado que el que tienen ustedes-, en las universidades catalanas se ha trabajado muchísimo básicamente a partir de dos realidades. Una es intentar estar en la punta de lanza de la globalización en todo lo que afecta a la
proyección internacional. De hecho, hay planes que se han desarrollado conjuntamente con el mundo de la empresa, con los capitales privados que hay que atraer a la universidad. La verdad es que los resultados no están mal porque se han aprovechado
iniciativas europeas y se han construido proyectos nuevos y muy innovadores que han posibilitado, por ejemplo, una creciente participación de estudiantes en el programa Erasmus y una participación creciente en grupos de investigación y proyectos
internacionales, por no hablarle en concreto del programa Icrea y otros programas lanzados desde una asociación -la Asociación Catalana de Universidades Públicas- y la Xarxa-red Vives que engloba a las universidades del País Valencià, de las Illes
Balears y del principado de Cataluña. Es decir, yo creo que la universidad ha asumido el reto; o asumía el reto o moría presa de la misma endogamia y la imposibilidad de entender cómo funcionará el mundo y, de hecho, cómo está funcionando. Digo
esto porque lo que hay que hacer es potenciar lo que ya se está llevando a cabo. Creo que ustedes ahora salen con una propuesta que no encaja con aquello que se ha hecho desde las comunidades autónomas, desde la autonomía universitaria, de acuerdo
más o menos con los acuerdos marcos y con los planes de gobierno.
Entendemos que no se ajusta a las necesidades que hoy día tiene el mundo universitario y sobre todo a aquello que se está llevando -acabo ya- desde hace algunos años.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Desde el escaño, porque creo que lo que voy a aportar ya está dicho básicamente por algunos de los intervinientes anteriores. El señor González nos ha hecho una propuesta bienintencionada pero muy amplia y muy genérica. Evidentemente creo
que en este ámbito, en el de la internacionalización de las universidades, no es necesaria siquiera una PNL sobre todo tan genérica para que efectivamente todo ministerio y consejería que se precie trabaje en ello. Sobre todo por eso de la
autonomía universitaria y porque además les va la vida a las propias universidades españolas que con la apertura de las fronteras, también en este ámbito, se han visto sumidas en una competición no ya a nivel internacional sino también
incluso internamente dentro del Estado español para conseguir más alumnos, para conseguir los mejores profesores, etcétera. Como digo, ya las propias universidades se habían y se han tenido que poner las pilas en ello basándose sobre todo
-insisto- en la autonomía universitaria que les corresponde porque, desde nuestro punto de vista, no entenderíamos una estrategia que fuera dirigida a poner un cauce que no se pudiera superar a las iniciativas de las universidades sino todo lo
contrario. Podemos hablar de fomentar, de ayudar, de incentivar e incluso de subvencionar, pero un plan o una estrategia nacional en el sentido de poner un cauce del que no se pueda salir creemos que sería del todo inapropiado en un mundo abierto
como es el universitario hoy en día. Tanto en la proposición original como en la enmienda del Grupo Socialista se habla de proyectos educativos y de investigación conjuntos que parece que fueran una cosa nueva o que tuviéramos que fomentar. Antes
se han mencionado una serie de ejemplos pero incluso cuando Bolonia se estaba intuyendo todavía para el Estado español, desde el programa Tuning, por ejemplo, ya se fomentaba que hubiera proyectos conjuntos de varias universidades a la hora de
acceder a proyectos europeos. Eso ya se está haciendo: Tuning, Tempus, etcétera. Algunas universidades han localizado unos nichos de clientela, de alumnos potenciales e incluso algunas de ellas se han focalizado precisamente en algunos países
iberoamericanos. Creo que no es algo en lo que tengamos que partir de cero porque hasta ahora haya sido un fracaso el intercambio de alumnos y profesores entre universidades sino que creo que es algo que se está desarrollando y que en todo caso
habría que fomentar, ayudar y promocionar pero dentro de la propia autonomía universitaria que puede desarrollar sus propias políticas y sus propias estrategias.
Comparar con los números de Harvard, la verdad es que no... Comparar con los números de Harvard en cuanto al número de alumnos internacionales, evidentemente yo creo que más deseable que el número de alumnos internacionales es que al final
las universidades españolas sean más atractivas dentro de esa competencia que estábamos diciendo, pero por otra parte, Harvard es IVY-League y Harvard además tiene el inglés, algo de lo que adolecen todavía muchas universidades españoles. Está bien
focalizar las cosas hacia Iberoamérica, pero estamos en la ubicación geográfica en la que estamos y creo que hay que pelear también por un alumnado europeo, como están haciendo otras universidades, y para eso hay que apoyar la introducción de
estudios en inglés, porque esa es la realidad en el mundo universitario.
Por último, creo que no podemos olvidar, y se olvida tanto en la propuesta inicial como en la enmienda que se formula desde el Grupo Socialista, el papel que tienen las comunidades autónomas en el ámbito universitario también, por supuesto,
claro que sí. El Ministerio de Educación tiene mucho, muchísimo que decir ahí, siempre supeditado a la autonomía universitaria, pero también las comunidades autónomas que tienen sus propias estrategias en el ámbito universitario. Por tanto,
creemos que son puntos importantes que no aparecen y de los que adolece esta proposición, incluso con la enmienda aceptada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.
Señor González, entiendo, por tanto, que pasaremos a votación su proposición no de ley con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista. (Asentimiento.) Muchas gracias, así se hará.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL PARA REPARAR CON JUSTICIA A TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA Y LA TRANSICIÓN. (Número de
expediente 173/000214.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno español para reparar con justicia a todas las víctimas de la dictadura y la transición. Para defender esa moción tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparecen ante ustedes, y sobre todo comparecen ante los diputados y diputadas del Partido Socialista Obrero Español, las víctimas ignoradas, las víctimas invisibles de la violencia política durante los años de la transición,
decenas y decenas de víctimas que claman justicia y que ustedes hoy volverán a ignorar, seguirán ignorando. Doble injusticia: injusticia por haberlos ignorado e injusticia por no querer aprovechar la oportunidad que nos brinda una proposición de
ley firmada por todos los grupos parlamentarios, que se está tramitando, que lo que pretende es mejorar, hacer mayor justicia a las víctimas del terrorismo.
Y nosotros nos preguntamos, y las víctimas les preguntan a ustedes, si no hay que reparar a
todas las víctimas, a todas. Les pido a ustedes que suban aquí y tengan la valentía de decir que el dolor es distinto, que hay dos tipos de dolor, que no es igual el dolor de la madre de un guardia civil muerto en un atentado de ETA que las madres
de los jóvenes santanderinos asesinados por la Guardia Civil, torturados por la Guardia Civil en Almería en el año 1981.
¿Acaso el dolor es distinto? Suban aquí y tengan el honor, la dignidad de decir que el dolor es distinto. Si no suben aquí a decir esto, ustedes serán unos verdaderos hipócritas, farsantes. Lo digo y lo vuelvo a decir: hipócritas y
farsantes. El dolor es el mismo.
Por eso les pedimos que aprovechemos esta ley que estamos tramitando y que en sesenta días conozcamos todos los casos acaecidos, víctimas de la violencia durante los años de la transición, para que podamos incorporarlos, si es el caso,
repito, si es el caso, incorporarlos a la ley que estamos tramitando. Porque el Estado por mucho que haga por las víctimas, por todas, siempre será poco. El dolor es enorme, pero hay que reconciliar, hay que metabolizar los pasados. Y por eso les
pedimos esto, como les pedimos que dejen al margen la hipocresía del otro día, manifestada por el vicepresidente, señor Rubalcaba, que en la Comisión Constitucional dijo, respondiendo al diputado Aitor Esteban del Partido Nacionalista Vasco, que
efectivamente estaban dispuestos a modificar el Real Decreto 1803/2008, que pervierte la Ley de la Memoria, porque cuando debatimos la Ley de la Memoria, cuando negociamos la Ley de la Memoria, decíamos que se repararía a las víctimas anteriores a
1977, se repararía a todas, a todas. En cambio, luego con este real decreto ustedes pervirtieron la ley y dijeron que aquellas que habían pertenecido a organizaciones armadas, aquellas no, aquellas quedaban excluidas. Es decir, los familiares de
Salvador Puig Antich no pueden acogerse a los beneficios de la ley. Esto es una perversión de la ley porque en la ley quedaba implícito y reconocido que hablábamos de todas las víctimas anteriores a 1977 y el señor Rubalcaba dijo que ciertamente
había que modificarlo. Él era muy consciente de esta hipocresía y de esta perversión. Hoy ustedes aquí no son capaces de mantener la actitud finalmente valiente o hipócrita del vicepresidente del Gobierno, señor Rubalcaba, hace tres semanas, en la
Comisión Constitucional.
De la misma manera les pedimos que en el plazo de unos meses ustedes presenten aquí la creación y los resultados de una comisión de sabios, juristas, que puedan resolver la contradicción entre aquello que ustedes dicen que es, es decir que
es el reconocimiento de la ilegitimidad de las sentencias conlleva la anulación. Ustedes saben que esto no es reconocido luego por los tribunales, y lo hemos demostrado con documentos desde esta tribuna, porque los tribunales no aceptan este
reconocimiento de pleno derecho. Pedimos una comisión de sabios que lo trabaje. De igual manera que pedimos al ministro Jáuregui el otro día que no se atrevan otra vez a decir que no es posible técnicamente exhumar las fosas del Valle de los
Caídos, le pedimos que se apruebe hoy instar al Gobierno a que una comisión en donde exista presencia también de arqueólogos, no solamente de forenses, lo diga. Porque, si no, no vale hacer trampas y menos hacer trampas en el año 2011, después de
tantos años de humillación y de falta de respeto y justicia a las víctimas.
Finalmente les pedimos que acepten lo solicitado que cuelga de una enmienda de Esquerra Republicana en el Senado para que en la nueva Ley de Registro Civil finalmente podamos cambiar los asentamientos y no tengamos que sufrir la vergüenza de
que los hijos de los fusilados aparezcan en los asentamientos del Registro Civil como muertos en defensa del glorioso alzamiento nacional. Es decir, de vergüenzas estamos hasta la coronilla y de vergüenzas consentidas por el Partido Socialista
Obrero Español más.
De manera que les pido que tengan la valentía de subir aquí y decir que hay dos clases de víctimas, que no es igual ni tiene la misma profundidad el dolor de una víctima de la violencia perversa del terrorismo que una víctima de
la violencia de Estado. Ejemplos son Gustau Muñoz, Agustín Rueda y Yolanda González. ¿Recuerdan aquella estudiante madrileña secuestrada, torturada y asesinada en el año 1980 por los grupos fascistas? Repito, ¿qué hay que hacer con los asesinados
y torturados por la Guardia Civil?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Estamos hablando de un dolor que hay que superar, todo ello en beneficio de la fraternidad, de la reconciliación y para fortalecer los valores democráticos, sobre todo de las nuevas generaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Y les recuerdo que los jóvenes también dicen basta a según qué tipo de impunidades y de colaboracionismos que no tienen vergüenza.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Tardà, pensaba que, después de la efervescencia electoral, hoy estaríamos más sosegados y se defenderían iniciativas totalmente legítimas, pero con un poco más de serenidad. Conste que se lo decía a las filas del Gobierno, y lo digo
para que vea que no hablo desde una posición partidista. Menos mal que todo lo que ha dicho de asesinados por la Guardia Civil y demás lo ha dicho en nombre de la fraternidad y la reconciliación.
Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda en relación con el primer punto de su moción, donde dice: para que se modifique la norma que desarrolla la Ley de Memoria Histórica en lo relativo a las indemnizaciones y se permita que las
perciban también quienes
han pertenecido a bandas o grupos armados con anterioridad al año 1977.
Soy diputado por Barcelona y usted es catalán, Joan Tardà, y sabe muy bien de qué hablamos. Recuerdo el asesinato del señor Bultó y del señor Tarragona por Terra
Lliure en Barcelona en el año 1976, donde les pusieron unos artefactos explosivos de una manera cruel e inhumana -absolutamente cruel e inhumana-, porque además los dejaron, como usted sabe, con los dispositivos de explosión retardados para
garantizar su huida y dejarles a ellos durante esos minutos, sabiendo que momentos después sus cuerpos iban a estallar. Así murieron asesinados los señores Bultó y Tarragona. Y usted pone el acento en los miembros de Terra Lliure que cometieron
esos asesinatos, cuando usted plantea esta moción, en los términos literales en que ha planteado su iniciativa, y lo hace en nombre de la fraternidad y la reconciliación.
Este debate lo tuvimos usted, yo y los demás ponentes durante la discusión de la Ley de Memoria Histórica. Nosotros apoyamos al Gobierno, evidentemente entonces y le vamos a seguir apoyando, para que nunca en casos como este, ni en otros
que podrían incluirse en estas características, este Congreso de los Diputados pudiera aprobar el escarnio que significaría que a las personas que cometieron esos atentados, esos terribles asesinatos, encima el Estado les considere como dignos de
ser receptores de indemnizaciones. Explíquele usted a la sociedad española, que está sufriendo los recortes sociales que está padeciendo en estos momentos, que entre sus prioridades está que el gasto público se destine a homenajear, a honrar y, en
definitiva, a pagar a los que cometieron, entre otros, aquellos asesinatos. Aunque me atrevo a pensar que evidentemente usted no aprueba, no ya esos actos, que por supuesto, sé que me va a decir que en el ámbito de aplicación que ustedes plantean
no iría eso incluido, le tengo que decir, señor Tardà, que en la literalidad de lo que ustedes dicen sí va incluido. He citado esos casos de los señores Bultó y Tarragona, de Terra Lliure, porque se cometieron en Barcelona, y usted, señor Tardà, es
diputado por Barcelona y, por tanto, conoce especialmente bien de lo que estoy hablando. No hagamos según qué tipo de discursos, porque seguramente si la opinión pública los conoce adecuadamente, van a tener que explicarlos con la cara colorada.
En cuanto a lo demás, señora presidenta, señor Tardà, como se habla otra vez del Valle de los Caídos y de la exhumación, en su caso, de los restos de personas allí enterradas, quiero hacer una declaración de principios en nombre de mi grupo
parlamentario, que consta en el primer punto de la enmienda. Por supuesto, apoyamos sin ningún tipo de reservas el derecho -y fíjese en cómo lo voy a calificar- sagrado de cualquier persona a localizar, exhumar y tener a su disposición los restos
de sus seres queridos -eso nos parece incuestionable-, y solo me permito añadir una cosa, siempre que sea humana y técnicamente posible y que se haga en el marco de la ley. Por lo que se refiere al Valle de los Caídos, el marco de la ley, la Ley de
Memoria Histórica nos remite, como usted sabe, en el artículo 16 a la normativa general aplicable sobre cementerios públicos y lugares de culto. Por tanto, le guste o no, la Ley de Memoria Histórica nos refiere a la Constitución, que en su artículo
148.1.21.ª establece que las comunidades autónomas -en este caso, la Comunidad Autónoma de Madrid, en cuyo territorio radica el Valle de los Caídos- tienen competencia sobre sanidad mortuoria. Hay una normativa que desarrolla esa competencia
constitucional por parte de la comunidad autónoma y también el ayuntamiento, en este caso el de San Lorenzo de El Escorial, tiene competencias. Por tanto, que eso se tenga presente porque a veces se olvida.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Termino, señora presidenta.
Y que también se tenga presente en cuanto a la publicidad de los datos que la Ley de Protección de Datos y el artículo 8 de la Directiva 95/46 de la Comunidad Europea es muy tajante respecto a la necesidad de no ser objeto de tratamiento los
datos que revelen la ideología, la religión y las creencias, que están especialísimamente protegidas además por doctrina constitucional española. Por tanto, ¡ojo! con la publicidad de esos datos, puesto que nos encontramos en un Estado de derecho,
con una ley y con un ordenamiento jurídico que establecen claras líneas rojas a esos efectos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para fijar posición en relación con los cinco puntos de la moción y defender también la incorporación de un sexto punto, que en parte enmienda o
complementa la visión sobre la nulidad de los juicios que se refleja en la moción inicialmente presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
Quiero decirles de entrada que, si se acepta nuestra enmienda, nos veremos obligados a votar a favor, pues hay un gran consenso en un elemento amplio de los puntos 2, 3, 4, 5 y, eventualmente, en el 6 si se incorpora nuestra enmienda, pero
también queremos que conste en el 'Diario de Sesiones' nuestra discrepancia sobre el enfoque del punto 1 y quizá sobre algunos aspectos de su redacción. Por otra parte, somos favorables a la reparación de todas las víctimas durante el franquismo y
la transición, así como se contemplaba en la ley, así como lo pactamos en al ley y así como se enmendó, de forma que contravino la ley, en el reglamento y como se ventiló también en la Comisión Constitucional en la comparecencia
del vicepresidente primero del Gobierno, con lo cual estamos a favor del punto número 2, de la reparación de todas las víctimas que padecieron violencia también durante la transición.
Con respecto a la exhumación de los 30.000 cadáveres, de las 30.000 víctimas que yacen en el Valle de los Caídos, de las dos partes, el Gobierno nos comunica que es prácticamente imposible la misma y el grupo parlamentario nos propone
encargar a una comisión de expertos forenses y arqueólogos la posibilidad de la exhumación. Se ha dicho por parte de otros portavoces que el derecho a poder enterrar a un familiar, a un ser querido, es algo muy relevante, con lo cual también
apoyamos este tercer punto.
En el punto 4, el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya insiste en la necesidad de constituir una comisión para estudiar lo que el grupo plantea como una contradicción jurídica entre la resolución de la Fiscalía General del Estado y el
pronunciamiento por parte de los tribunales sobre las sentencias políticas dictadas durante el franquismo.
Señorías, en este punto hay una discrepancia de fondo. Nosotros damos valor, un alto valor jurídico y político, a la resolución de la Sala
de Fiscales del Tribunal Supremo, que trajo causa del decreto del fiscal general del Estado a partir de la petición de nulidad del juicio a Lluís Companys, presidente de la Generalitat, que llevó a que la Sala de Fiscales del Tribunal Supremo y el
fiscal general del Estado, interpretando la Ley de Memoria Histórica, interpretando la declaración de ilegitimidad de los tribunales y la derogación expresa de las leyes franquistas, que daban cobertura a estas sentencias políticas, declararan nulo
de pleno derecho dichas sentencias y literalmente la expulsión del sistema jurídico de dichas sentencias políticas.
Con lo cual, como dije en la Comisión Constitucional hace algunas semanas, creo que se ha hecho con la ley en la mano lo más difícil y que ahora falta lo más fácil, que es que la Fiscalía General del Estado emita de forma singularizada y
para cada familia que así lo requiera la certificación de la nulidad de pleno derecho que tiene que ser una certificación no de carácter administrativo como han venido siendo las 1.011 reparaciones de carácter administrativo que ha emitido el
Ministerio de la Presidencia desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, sino que tiene que ser, de acuerdo con el principio de separación de poderes, desde el ámbito judicial, desde el ámbito de la Fiscalía General del Estado, que
dice: No se debe entrar en el fondo de la cuestión porque las sentencias políticas dictadas durante el franquismo quedan expulsadas del ordenamiento jurídico. Nosotros damos valor a este hecho y queremos que el Gobierno impulse, porque hay una
dependencia...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: Termino ahora mismo, señora presidenta.
Hay una dependencia jerárquica, reconocida por la Constitución, de la Fiscalía General del Estado respecto del Gobierno y queremos que el Gobierno inste a la Fiscalía General del Estado a emitir estos instrumentos de reconocimiento de la
nulidad de pleno derecho. Creo que este sería un avance importante en los impulsos reiterados que damos a la Ley de Memoria Histórica.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fernández González.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, sigue comprometido con el desarrollo pleno e íntegro de la conocida como Ley de la Memoria Histórica. Me permitirán que aproveche el debate sobre una moción -en la que, evidentemente, se insta al
Gobierno- para atreverme a pedir -no a exigir, no a instar, pero sí a pedir- a dos grupos parlamentarios de esta Cámara una reflexión, una reflexión cuando ya ha pasado mucho tiempo desde que el 28 de diciembre de 2007 aprobamos en esta Cámara la
conocida como Ley de la Memoria Histórica. Al Grupo Popular le pediría, siendo como es un grupo respetuoso con las leyes que aprobamos en esta Cámara y en coherencia con lo que acaba de expresar el señor Fernández Díaz en esta tribuna, que
aprovechara las responsabilidades que tienen en muchos municipios y comunidades autónomas de este país para aplicar también la Ley de la Memoria Histórica. Le pediría que aprovechara esas responsabilidades para hacer posible que a estas alturas del
siglo XXI ningún español, ningún compatriota, tenga que luchar todavía para poder enterrar con dignidad a su abuelo, a su padre, a su familiar o a su amigo que murió como consecuencia de la guerra civil y la dictadura.
Al Grupo de Esquerra Republicana le pediría una mayor capacidad y una mayor voluntad para reconocer los avances que se han producido en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. No voy a hacer aquí una reflexión o un tratado sobre la
hipocresía, pero sí le pediría al Grupo de Esquerra Republicana mayor valentía. No tuvieron valentía para pactar la ley -porque para acordar hay que ser valientes, hay que renunciar a alguno de los puntos que uno defiende- y hoy no tienen la
valentía de reconocer ninguno de los avances de esta ley. Porque, mire, señor Tardà, hoy hay 187.000 hijos y nietos de exiliados españoles que tuvieron que abandonar nuestro país a consecuencia de la guerra civil y la dictadura, 187.000 ciudadanos,
que tienen la nacionalidad española y la tienen gracias a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Hoy hay 1.011 ciudadanos compatriotas que tienen títulos de reparación y reconocimiento
de la ilegitimidad de las sentencias de los tribunales y del ordenamiento jurídico que los juzgó bajo el franquismo. Y son 1.011 ciudadanos españoles que lo tienen gracias a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Hoy hay 570
símbolos o vestigios del franquismo que han desaparecido de nuestras plazas, de los equipamientos públicos, y han desaparecido gracias a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.
Pues bien, en ningún caso su grupo, que no tuvo la valentía de
comprometer su voto en esta ley, ha tenido la valentía de aceptar y reconocer que la Ley de la Memoria Histórica ha supuesto avances sustanciales en el objetivo de reparar las injusticias que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura.
Respecto a la moción, simplemente quiero decir que mi grupo ha presentado una enmienda coherente con lo que estamos defendiendo. Es una enmienda que sigue apostando por la aplicación íntegra de la Ley de la Memoria Histórica y que, además,
da respuesta concreta a uno de los puntos -el último, en concreto- de la moción presentada por Esquerra Republicana. Da una respuesta concreta porque en esta enmienda mi grupo propone que se adopten las disposiciones normativas necesarias para
facilitar la inscripción en el Registro Civil de aquellas víctimas de la guerra civil y la dictadura que hubieran desaparecido cuando sus datos no consten en él. Es una enmienda que puede aplicarse perfectamente, aprovechando el hecho de que en
estos momentos se encuentra en tramitación en el Senado el proyecto de ley del Registro Civil.
El resto de puntos que nos presenta Esquerra Republicana no podemos apoyarlos y las razones son sobradamente conocidas; no voy a repetir aquí argumentos. Simplemente quiero decirles que, por ejemplo, la aprobación de una moción que impulse
la creación de una comisión respecto al Valle de los Caídos es innecesaria, ya que el propio Gobierno ha explicado en este Pleno y en la Comisión Constitucional que ya está creando esta comisión a través del diálogo con los grupos parlamentarios y
con un objetivo sencillo: que también en este terreno se aplique la Ley de la Memoria Histórica en su integridad con relación a las disposiciones que hacen referencia al Valle de los Caídos.
Por otra parte, señorías, tampoco podemos apoyar el punto 4 de la moción cuando pretende reabrir el debate entre nulidad y legitimidad. Para nosotros es un debate que ya está cerrado; mejor dicho, no está cerrado el debate pero sí la
propuesta que hizo la ley al respecto y que es apostar por la legitimidad, una legitimidad que la fiscalía y el Tribunal Supremo reconocen que tiene las consecuencias jurídicas que tiene: que expulsan esas sentencias del ordenamiento jurídico
español.
Por tanto, señorías, vamos a mantenernos en una línea de coherencia. Vamos a ser fieles y coherentes con lo que aprobamos en esta Cámara. La Ley de la Memoria Histórica tal como salió de este Congreso no es la que el Gobierno aprobó como
proyecto de ley, pero mi grupo sigue asumiendo esa ley como la que ha de aplicarse y desarrollarse plenamente. En esa actitud y con ese objetivo mi grupo seguirá trabajando con conciencia, con fuerza y con vigor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señor Tardà, no voy a contestarle a las cosas que ha dicho aquí y me quiero limitar a hacerle una reflexión sobre el texto de la moción, particularmente sobre lo que me parece más destacable y más rechazable y en lo que voy a basar mi
argumentación y mi voto en contra, que es el párrafo segundo de esta moción. Señor Tardà, en el párrafo segundo de esta moción usted pide que se presente en el plazo de sesenta días un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia
política en los años de la transición -1978 se puede considerar un año de la transición-; no en la dictadura sino en los años de la transición a la democracia en España, después de la Constitución de 1978, con la finalidad de que sean consideradas
beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la futura ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. Señor Tardà, supongo que usted estará de acuerdo conmigo en que existe lo que se denomina comúnmente el uso
legítimo de la violencia por parte del Estado; igual tampoco está de acuerdo con ese concepto que tiene un consenso internacional: uso legítimo de la violencia por parte del Estado. En las democracias eso existe y protege al Estado de derecho y
al conjunto de los ciudadanos. Si convenimos eso, si hay democracia se supone que o hay uso legítimo de la violencia por parte del Estado o lo que no esté dentro de eso es delito. Y usted ha citado algunos ejemplos, y ha hablado de los asesinatos
de la Guardia Civil. ¡Parece que la Guardia Civil se dedica eso! Si ha habido alguien que ha cometido un delito, este delito se juzga, ¿no? Pero no se puede generalizar. Me parece que esto es así o quiero entenderlo así. Usted sabe que yo le
tengo aprecio y respeto personal, pero quiero entender que usted no está poniendo en el mismo lado a las fuerzas de orden público, a los que tienen la obligación, y lo hacen, de proteger el Estado de derecho, las instituciones públicas y la libertad
de todos, entre los que estamos incluidos todos, usted también, que a una organización terrorista. No creo que los quiera usted poner en el mismo lugar, en la misma posición, ni analizarlo de la misma manera, porque si hay alguien que no usa
legítimamente la violencia, la violencia legítima del Estado -no tengo que repetirlo todo-, si hay alguien que no cumple con su obligación para proteger a los ciudadanos, es decir, que se excede, que hace lo que no debe, está delinquiendo, y a ese
hay que juzgarle y ha de ser condenado.
De hecho en España se han producido juicios y condenas particulares, incluso se ha condenado lo que
en su día se pudo denominar, porque lo fue, violencia, terrorismo de Estado, interpretando ahí que existió. O sea, se condena a los responsables, pero no se establece un paralelismo entre lo uno y lo otro porque no se puede establecer. El
terrorismo no solamente es la mayor de las violencias, la violencia más execrable, sino que tiene como objetivo terminar con las instituciones democráticas y con la sociedad plural. Las organizaciones terroristas no utilizan la violencia como un
fin en sí mismo, sino como un instrumento para destruir la democracia y las sociedades plurales. Lamento que no me escuche el señor parlamentario al que le estoy dirigiendo la palabra, pero en todo caso quiero decir que me parece que está fuera de
lugar equiparar el terrorismo y las víctimas del terrorismo con las personas que han sufrido violencia ilegítima. Lo que hay que pedir para ellas es que se juzgue a los culpables y, naturalmente, que se les resarza por la violencia sufrida, pero en
modo alguno compararlas con víctimas del terrorismo. Me parece que está fuera de lugar y que no se puede equiparar. Es como si usted considerara, como acaba de hacer en una entrevista que hemos podido leer hoy en un medio de comunicación nacional
un portavoz de esta nueva organización llamada política, Bildu, que ETA ejerció violencia política y la padeció o la sufrió. Es que no estamos hablando de eso, el terrorismo, las organizaciones terroristas ejercen la violencia para destruir la
sociedad plural y democrática, no es que tengan como objeto en sí mismas ser violentas sino que tienen que destruir, quieren destruir la democracia.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, señora presidenta.
Por eso me parece que está absolutamente fuera de tono que pretenda equiparar a las víctimas del terrorismo con las víctimas de cualquier delito violento, que ha de ser juzgado y condenado. Que les juzguen y les condenen, pero desde luego
me apunto a la primera: que no se equipare lo que no es en derecho equiparable.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Yo no voy a negarle al señor Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que se han producido avances con la denominada Ley de la Memoria Histórica. Además, no es la primera vez que lo reconozco públicamente, porque hemos tenido
muchas ocasiones para debatir sobre este asunto, lo que sí señalo -por no utilizar la palabra acuso- es que el Gobierno no ha utilizado desde su posición política los resortes que la propia ley le ofrece para poder avanzar en el desarrollo de la
misma.
Entiendo que efectivamente se han hecho cosas buenas, cosas interesantes, pero todavía quedan puntos por desarrollar -así se lo hacía ver el otro día al vicepresidente del Gobierno, señor Rubalcaba, que acudió, sorpresivamente por cierto, a
la Comisión correspondiente para hablarnos precisamente del estado de la cuestión en el ámbito de la memoria histórica-; no solo hay temas que no se han desarrollado, sino artículos a los que a través del desarrollo reglamentario se les ha dado la
vuelta respecto a su intención inicial, porque todos sabemos que esa ley fue pactada entre algunos grupos políticos y seguramente no es del gusto al cien por cien de ninguno de ellos, cada uno fue dejando sus reivindicaciones puntuales a un lado,
pero se puso lo que se puso y se dejó de poner lo que se dejó de poner, a sabiendas también.
Yo, la verdad, no he entendido nada de la intervención de la señora Díez, porque creo que estaba acusando al señor Tardà de algo que no ha dicho.
El señor Tardà estaba hablando de unas situaciones que se produjeron antes de la Ley de
Amnistía y antes de la instalación del sistema democrático, y lo que me sorprende es que algunos estén escandalizados porque se señale que ha habido personas asesinadas por la Guardia Civil.
¡Claro que si, claro que ha habido personas asesinadas
por la Guardia Civil! Desde luego que las hubo. ¿No hubo personas asesinadas en el franquismo? Pues sí. Encima se dice que sería un escarnio que a determinadas personas que pudieron militar durante la época franquista en determinadas
organizaciones, que evidentemente hoy están proscritas y son organizaciones terroristas, se les pudiera dar algún reconocimiento u honrarlos de alguna manera. Yo quiero recordar que hay una Ley de Amnistía y quiero creer que entonces se piensa lo
mismo sobre Melitón Manzanas, un servidor del régimen, torturador donde los haya, que causó mucho sufrimiento y más de un muerto en las comisarías de las que él se responsabilizaba, y al que sin embargo se otorga una medalla al mérito y se le
reconoce también como una víctima. Lo que yo no puedo asumir es que algo que no se ponía en la ley aparezca después en el Decreto 1803/2008, esto es, que no puedan recibir ayudas quienes hayan pertenecido a bandas o grupos armados. A bandas y a
grupos armados de aquella época, si se denominan así, pertenecieron, por ejemplo, Mario Onaindia, Jon Juaristi, Teo Uriarte, muchas personas que se han integrado en la democracia y que incluso han ocupado puestos de responsabilidad institucional o
cargos nombrados por gobiernos socialistas y por gobiernos del Partido Popular.
Si a esas personas se les da el beneficio de haberse integrado en la sociedad y de haber sido unos demócratas, ¿por qué no a otros que fueron asesinados durante el
franquismo? ¿Por qué no se reconoce que esas personas también se podían haber integrado? Que no se mencionara nada en la ley lo hicimos conscientemente, ¿por qué se menciona en el decreto? El real decreto fue más allá de lo que se había pactado.
Señora vicepresidenta, voy acabando, pero permítame que puntualice algunas otras cosas. También hay mucho que hacer todavía en el tema de los registros. Por ejemplo, a la hora de acudir y poder obtener los datos por cualquier persona de
sucesos acaecidos allí sin que se tengan que justificar las razones que llevan a solicitar esos datos o sin que se tengan que ocultar nombres de los que participaron en determinados sucesos por parte del registrador.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Termino, señora presidenta.
También es injusto que todavía consten simplemente como fallecidos, simplemente como desaparecidos, personas que fueron fusiladas, que fueron asesinadas durante la dictadura franquista. Los familiares tienen derecho a que conste así en los
registros. Por eso -no tengo más tiempo- vamos a votar a favor de la moción presentada por Esquerra, aunque algunas de las medidas quizás nosotros no las hubiéramos propuesto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Esteban.
Señor Tardà, su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor TARDÀ I COMA: Aceptamos la enmienda de adición de Convergència i Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà. Así se votará.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, ESPECIALMENTE EN RELACIÓN AL PROCESO EUROPEO DE DEBATE SOBRE SU APLICACIÓN. (Número
de expediente 173/000215.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las propuestas del Gobierno sobre la modificación del impuesto sobre el valor añadido, especialmente en
relación al proceso europeo de debate sobre su aplicación. Tiene la palabra para defender la moción el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió plantea una moción que hemos conseguido consensuar con todos los grupos parlamentarios. Mostramos desde esta tribuna el agradecimiento a sus portavoces: a
la diputada del PSOE doña María José Vázquez, a la diputada de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds doña Nuria Buenaventura, a la diputada del Partido Popular doña Ana Madrazo y a la portavoz del Grupo Mixto, señora
Oramas.
Hemos intentado consensuar una iniciativa parlamentaria para que el Congreso de los Diputados pueda instar al Gobierno a que defienda en el seno de la Unión Europea una serie de cuestiones que hacen referencia al impuesto sobre el valor
añadido, cuestiones que se han aprobado en esta Cámara y en las diferentes comisiones y que hacen referencia a una serie de objetos y productos culturales que si se distribuyen en papel o en material electrónico con soporte físico tributan a un tipo
de IVA superreducido del 4 por ciento y cuando no existe -como es el caso del libro electrónico- un soporte físico tributan al 18 por ciento. Por lo tanto, hemos consensuado una serie de cuestiones e iniciativas para que el Gobierno las defienda
después del 31 de mayo, que es cuando finalizan los plazos para que todos los gobiernos o los Estados miembros de la Unión Europea planteen las modificaciones y para intentar atender a la homogeneización de los diferentes IVA que se están aplicando
en los diferentes países. Es este caso -repito- estamos muy satisfechos porque hemos conseguido un acuerdo parlamentario con el consenso de todas las formaciones políticas que va en la dirección de poder aplicar el IVA superreducido a los libros
electrónicos que no se hallen en soporte físico. Esta era una demanda muy importante del mundo cultural, del mundo de las ediciones, que se encontraban con un problema de competitividad en función de cómo distribuían sus productos. Nosotros
pensamos que el Gobierno español ha de hacer los máximos esfuerzos para que en el mínimo tiempo posible en España a todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la comercialización de los libros electrónicos se les pueda aplicar el IVA
superreducido, siempre que no vayan en soporte físico.
También nos hemos puesto de acuerdo en otra cuestión relevante, como es que de una vez por todas se pueda aplicar en España el IVA reducido a los pañales desechables de uso infantil y de uso adulto. Llevamos bastantes años -concretamente
dos legislaturas- que en la Comisión de Economía hemos aprobado en reiteradas ocasiones que los pañales de uso infantil y de uso adulto puedan ir a un IVA reducido y lamentablemente tampoco hemos conseguido por parte de la Unión Europea la
autorización referente a esta cuestión.
Otro tema importante es el del sector industrial de la rehabilitación. Es cierto que el sector de la construcción ha padecido unos descensos de actividad económica notables, pero hay un sector, la industria de la rehabilitación, que si le
damos los mecanismos fiscales y económicos a su alcance probablemente podrá contribuir a la generación de empleo. Por tanto, también hemos conseguido consensuar que se pueda aplicar un tipo
de IVA reducido a todas aquellas rehabilitaciones de viviendas particulares suprimiendo o eliminando las limitaciones impuestas por la aplicación de la ley vigente, de la ley Zurbano. Este es también un aspecto importante para una parte
importante de la economía productiva del país, como es el sector de la construcción y la rehabilitación, las industrias auxiliares del sector de la construcción, así como todos aquellos comercios cuyo mercado se basa en poder vender productos que
complementan las rehabilitaciones. Una competitividad fiscal mucho más efectiva, unos tipos de IVA más competitivos probablemente podrían incrementar todas estas cuestiones que hacen referencia a la industria de la rehabilitación, que pensamos que
ha de ser uno de los motores de la economía española en los próximos años.
En estas tres cuestiones estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios en las diferentes enmiendas y al mismo tiempo también hemos conseguido plantear la simplificación del impuesto y la reducción de las obligaciones formales a cumplir
por las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, haciendo compatibles dichas medidas con el reforzamiento del control tributario y la lucha contra el fraude fiscal, así como la neutralidad en la aplicación del impuesto, su eficiencia y la
mejora de la competitividad de las empresas europeas.
El Grupo Popular ha presentado también una enmienda de adición que hacía referencia al pago del IVA cuando se haya efectuado el cobro por parte de las pequeñas y medianas empresas. Esta es una cuestión que en aras al consenso -partiendo de
la base de que Convergència i Unió siempre ha sido partidario de esta cuestión y la ha planteado, al igual que en otras ocasiones el Grupo Parlamentario Popular- hemos preferido dejar para otra ocasión. Sí queremos instar al Gobierno -en eso
también pedimos una colaboración importante del Grupo Parlamentario Socialista- para que antes de que finalice este año 2011 sea una realidad que en España los libros electrónicos puedan cotizar a un IVA superreducido, que los pañales de uso
infantil y para adultos puedan ir a un IVA reducido, así como que también sea una realidad la supresión y la eliminación de las limitaciones impuestas para todas aquellas obras de rehabilitación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez.
Para defender las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como saben bien por otras intervenciones de nuestro grupo cuando hablamos de fiscalidad, nosotros entendemos que la fiscalidad es justamente un instrumento para hacer política; es un instrumento que nos debe ayudar para fomentar
determinados hábitos y desincentivar o eliminar otros. Por eso nosotros estamos a favor de una fiscalidad verde, por ejemplo, que pueda reducir sustancialmente la cuota del impuesto sobre sociedades a las empresas que inviertan para reducir su
impacto ecológico, pero a la vez que paguen las empresas que más contaminan; o de que se creen tasas que con una tributación muy pequeña puedan dificultar enormemente la especulación en los mercados financieros. Por eso en su momento nos opusimos
al incremento del IVA. Hoy nos gustaría estar discutiendo aquí una reforma fiscal en profundidad, una reforma integral de la fiscalidad española en el sentido de que paguen más los que más tienen, los que más contaminan y, por tanto, que ayuden al
Estado a tener los ingresos suficientes para que el sector público pueda liderar la salida de la crisis que estamos padeciendo, como se ha estado haciendo a nivel mundial desde el año 1929 con la gran crisis económica. Y querríamos hablar hoy
también de los tramos más altos del IRPF, de recuperar el impuesto sobre el patrimonio, de evitar el dumping fiscal de los que eliminan el impuesto sobre sucesiones, de eliminar la discriminación de las rentas del trabajo respecto a las del capital,
de instaurar una tasa de transacciones financieras, pero no podemos hablar de todos estos temas porque la proposición de ley sobre fiscalidad progresiva que nosotros presentamos fue rechazada por la mayoría de esta Cámara. No obstante, hoy hablamos
de un tema en concreto, de poder reducir algunos conceptos del IVA y, aunque hayamos presentado unas enmiendas, estamos a favor; estamos a favor del planteamiento que hacía Convergència i Unió porque nosotros preferimos los impuestos directos a los
indirectos. Además, me gustaría recordar una observación que hemos hecho alguna otra vez, una afirmación del profesor Vicenç Navarro que en un estudio reciente elaborado por la Universidad de Luxemburgo decía que el Estado español es uno de los
países desarrollados con mayores desigualdades de renta y que justamente una de las causas han sido las políticas fiscales regresivas de los sucesivos gobiernos españoles desde el año 1995. Sea como sea, hoy no estamos discutiendo esto sino
reducciones del IVA. Nos parece oportuno que hoy se puedan aprobar por consenso aspectos como la aplicación del IVA superreducido a los libros electrónicos que no se hallen en soporte físico, aplicación de los tipos de IVA reducido a los pañales
desechables de uso infantil y adulto y la eliminación de las limitaciones impuestas a la aplicación de tipos reducidos a la rehabilitación de viviendas particulares, todo lo cual nos parece bien. No obstante, nosotros presentamos una serie de
enmiendas que proponían esto mismo para el transporte público, rebajar el tema de la bicicleta; en definitiva, aspectos que contemplan otros países europeos de nuestro entorno. En cualquier caso, como decía, estamos satisfechos al menos de haber
transaccionado unas enmiendas y de que el conjunto de la Cámara podamos votar favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, a finales de este mes, cuando concluya el plazo de consultas abierto por la Comisión Europea sobre el llamado libro verde del IVA, arrancará un debate importantísimo en materia de fiscalidad indirecta. Se trata de una gran
oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo más armonizado en el seno de la Unión Europea reduciendo múltiples trabas burocráticas que suponen para nuestras empresas las transacciones intracomunitarias y haciéndolo más
transparente. Coincidimos en que tras más de cuarenta años -veinticinco en el caso de España- de aplicación de este impuesto es necesaria una reflexión para este impuesto que nació con la pretensión de facilitar la transmisión de bienes y servicios
en el mercado intracomunitario.
En la interpelación de la semana pasada y que dio lugar a esta moción, la señora Salgado hizo aquí una encendida defensa de la imposición indirecta frente a la directa. Desde luego, quién les ha visto y quién les ve, señores socialistas;
ustedes defendiendo impuestos regresivos, defendiendo subidas en los tipos de IVA que perjudican fundamentalmente a las clases trabajadoras y con menor poder adquisitivo. No es de extrañar que los ciudadanos castiguen en las urnas esta incoherencia
entre lo que dicen y lo que hacen, porque ustedes todo lo solucionan subiendo impuestos para que los paguen los mismos de siempre.
Señorías, Bruselas cifra en más de 100.000 millones de euros el volumen de fraude por IVA en Europa, y es en ese camino en el que entendemos desde el Grupo Popular que debemos avanzar simplificando y eliminando burocracia a los empresarios y
dando una mayor seguridad jurídica a aquellos contribuyentes que actúan de buena fe, frente a aquellos otros que pretenden defraudar. En ese camino deben ir las aportaciones del Gobierno de España a este libro verde y no en el de más subidas de
impuestos, como siempre parece apuntar el Gobierno socialista.
El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, señor Sánchez i Llibre, planteaba el debate de la interpelación centrado en dos cuestiones muy concretas. Por un lado, la aplicación de un tipo superreducido a los productos y servicios
culturales, en especial al libro electrónico, y por otra parte, la aplicación de un tipo de IVA reducido a los pañales de uso infantil y de adulto. Ambas cuestiones se han planteado ya en diversas ocasiones tanto en Comisión como en Pleno y ambas
han contado con nuestro apoyo. Por tanto, esta vez también van a contar con él y también hemos llegado a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios. El Grupo Popular también ha presentado dos enmiendas de adición a esta moción que
desgraciadamente no se han transaccionado con el resto de grupos, no han sido admitidas por el grupo proponente. Planteábamos por un lado la aplicación del tipo superreducido del 4 por ciento al sector turístico, fundamentalmente porque no
entendemos la oposición del Gobierno socialista a apoyar uno de los sectores verdaderamente estratégicos de nuestro país, una de nuestras señas de identidad y una de nuestras principales fuentes de riqueza y de empleo. Pero aún entendemos menos que
una iniciativa que planteábamos en nuestra enmienda número 2, que es la relativa a permitir que las pymes y los autónomos ingresen el IVA en el momento del cobro de la factura, y cuya toma en consideración ya ha sido aprobada en este Pleno, esté
siendo incumplida por el propio Gobierno mientras cerca ya de 200.000 negocios han cerrado sus puertas debido a la morosidad. Lamentamos por tanto que estas dos enmiendas no se hayan incorporado al acuerdo al que se ha llegado con el resto de
grupos.
Señorías, voy concluyendo. Creemos que España debe ser un agente activo en esta reforma del IVA, pero si planteamos este debate únicamente en términos de subida de tipos de IVA y de pérdida de recaudación estaremos contribuyendo a una mayor
caída de nuestra demanda interna y del consumo familiar en un contexto poco propicio para el gasto de las familias. Por el contrario, si logramos avanzar haciendo aportaciones en este periodo de consultas en la dirección de normas más claras que
den una mayor seguridad jurídica a nuestros empresarios, todo este proceso de revisión del IVA resultará un avance para conseguir un impuesto más simple y verdaderamente eficaz. No obstante, hemos transaccionado, como he dicho ya, la enmienda sobre
la que hemos llegado a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Madrazo.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, presidenta.
Señorías, debatimos hoy la moción presentada por CiU por la que solicita al Gobierno que defienda ante la Comisión la reducción del IVA de una serie de productos y servicios. Yo quería decirle, señor Sánchez i Llibre, que mi grupo está en
su línea en algunos productos de esa relación que usted ha presentado, como así se ha demostrado y usted lo ha dicho en varias ocasiones en esta Cámara. Por lo tanto, no debiera parecer que son ustedes los que proponen esta defensa porque el
Gobierno no quiera hacerla ya que usted escuchó a la vicepresidenta de Economía la semana pasada cómo hacía su defensa del libro electrónico. En cuanto a la rehabilitación de viviendas, me gustaría dirigirme en este sentido a usted porque sabe que
el Gobierno lleva ya mucho
tiempo trabajando y defendiendo ante la Unión Europea la reducción del tipo en las obras de reparación y renovación de viviendas particulares.
Ya se hizo en el Real Decreto 6/2010 y se va a ampliar tanto el colectivo como la base anual de
deducción en el decreto que veremos el próximo jueves, el 5/2011. La directiva europea no permitía que fuera la mano de obra lo que preponderara en el presupuesto, porque la medida pretende favorecer el empleo en el sector de la construcción y no
tanto en la entrega de equipos y materiales. Convendrá conmigo en que el debate abierto por el Libro Verde del IVA no persigue que los Estados miembros presenten una relación de productos a los que les gustaría aplicar un IVA reducido o
superreducido; más bien persigue un debate para conseguir un IVA más simple, es decir, con menos excepciones a la regla, más robusto, con mayor potencial recaudatorio, más eficiente para aumentar la competitividad de las empresas, y sobre todo
persigue lograr un mayor grado de armonización de los tipos de IVA. Es más, el libro verde plantea con claridad que la existencia de tipos reducidos complica el impuesto y reduce su capacidad recaudatoria, y la Comisión duda mucho del éxito en la
bajada de precios reduciendo los tipos de IVA. El caso de Francia es clarísimo: redujo el IVA en los restaurantes en más de 14 puntos y los precios se redujeron en menos de 2 puntos, por lo que no parece que sea directamente proporcional.
Por otro lado, señor Sánchez i Llibre, resultaría difícil entender que un país como España, que el principal objetivo que tiene ahora es reducir su déficit público, únicamente se erigiera en promotor de amplias reducciones de impuestos,
sobre todo si sabemos y pensamos que nuestro tipo de IVA sigue siendo uno de los más bajos de la Unión Europea, tras solo Luxemburgo y Chipre. Por eso nosotros consideramos más adecuado no solo defender ante la Unión Europea una bajada de impuestos
en algunos productos, sino también incidir en su simplificación, fundamentalmente para las pymes y para los autónomos, en su eficiencia para mejorar la competitividad de las empresas y para luchar contra el fraude fiscal y en consensuar, es
importante, la relación de productos y servicios que puedan tributar a tipo reducido. Por eso hemos negociado esta transaccional, y yo me felicito con todos ustedes por haber llegado al acuerdo; se incide, por tanto, en la defensa de esos tres
puntos a los que he aludido, y además hemos nombrado -como ya se ha dicho aquí- los productos en los que todos los grupos de esta Cámara estábamos de acuerdo y se puso de manifiesto de alguna otra forma: se ha incluido el libro electrónico, se han
incluido los pañales de uso infantil y adulto y hemos incluido la defensa en reducir las limitaciones a la rehabilitación de viviendas, si es que esto puede contribuir más a la armonización que se pretende en la Unión Europea y la que pretende
también mi grupo.
(Rumores.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Vázquez.
Para fijar la posición del Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu, si le dejan.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente y desde el escaño quiero fijar nuestra posición. También desde el Grupo Vasco nos congratulamos, como lo hace el Grupo de Convergència i Unió en esta moción, del proceso iniciado por la Comisión Europea para reflexionar y
mejorar el régimen del IVA en beneficio de los ciudadanos y las empresas tras cuarenta años de funcionamiento, veinticinco en el caso del Estado español. La experiencia, la evolución experimentada y las necesidades presentes y futuras aconsejan una
revisión como la que se plantea en el seno de la Unión. En ese contexto, la iniciativa presentada por Convergència i Unió y que ha sido objeto de transacción merece todo nuestro apoyo, máxime teniendo en cuenta que en gran parte responde a
iniciativas ya aprobadas en esta Cámara por unanimidad. En la esperanza de que esta moción sirva al Gobierno para aportar en positivo a este proceso de reflexión y cambio, nuestro grupo votará favorablemente la misma.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor Sánchez i Llibre, entiendo que pasaremos a votación el texto de la transaccional firmada por los grupos.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A PONER EN MARCHA EL GOBIERNO PARA PALIAR EL ALARMANTE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS QUE SUFRE NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 173/000216.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la moción del Grupo Popular, sobre las medidas que va a poner en marcha el Gobierno para paliar el alarmante déficit de inversión en infraestructuras que sufre nuestro
país. Para defender la moción tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el pasado 11 de mayo el ministro de Fomento hizo un mitin electoral impropio
de un ministro e impropio de un diputado. No sabemos si es que quería arrancar algún voto, aunque visto el resultado parece que tampoco. El señor Blanco -me reafirmo en esto- ha pasado de ser el ministro de la promesa constante al de la
provocación permanente. Tiene miles y miles de promesas sin cumplir y cada vez que te tropiezas con un BOE o con un acuerdo del Consejo de Ministros adviertes con indignación que no se parece en nada a lo dicho por el ministro apenas unas horas o
unos días antes. Todo se maquilla, todo se falsea, y si por una casualidad el maquillaje se cae o la falsedad se descubre, pues una promesa distinta, un nuevo modelo, diferente estrategia y más plazo. Y si tampoco esto resulta, el bálsamo de que
nada volverá a ser como antes. Es evidente que nada volverá a ser como antes, pero no por el devenir de los tiempos sino única y exclusivamente por culpa de un gobierno inútil, tramposo, sin ideas y sin peso, que ha sumido a España en la peor
crisis de todos los tiempos. El pasado día 11 pusimos de manifiesto las contradicciones, falta de justificación e incongruencias de las medidas del Gobierno no ya por las promesas del señor Blanco, sino con los propios presupuestos del Ministerio
de Fomento. Una cosa es que la obra pública se haya parado, un 37 por ciento cayó en 2009, un 60,4 por ciento en 2010 y un 58,1 por ciento en el primer trimestre de 2011, y otra bien distinta que se sigan aprobando presupuestos y prometiendo obras
que no se piensa ejecutar. El Ministerio de Fomento está a punto de estallar, el PEIT muerto, los presupuestos sin ejecutarse, obras contratadas y en ejecución paradas, certificaciones sin abonar, liquidaciones sin hacer, revisiones sin aprobar,
proyectos paralizados, y ante eso el ministro de Fomento instalado en la demagogia permanente. Hay que coger el toro por los cuernos. ¿Hasta cuándo hay dinero para aguantar? ¿Está el Ministerio de Economía y Hacienda en disposición de autorizar
los gastos que día tras día promete el ministro de Fomento? ¿Qué cobertura legal y presupuestaria tienen todas y cada una de las promesas del señor Blanco?
En esta moción no hemos querido utilizar nuestros datos, hemos utilizado los del ministro, y con lo que él dijo nosotros le requerimos para que, con un mínimo de ejercicio de claridad, un mínimo de ejercicio de coherencia y, si me aprietan,
de decencia para con todos los españoles que ingenuamente se creen las palabras de un ministro, sepamos a qué atenernos. Por eso, fíjense que no les instamos a hacer nada, les instamos a que se aclaren y nos lo aclaren a todos. El ministro acabó
su intervención diciendo que en 2011 iban a licitar 5.000 millones de euros por vía presupuestaria y otros 5.000 millones de euros en contratos de colaboración público-privada. Pues eso es lo que pedimos, que nos facilite las dos relaciones de
obras y, claro, fechas de aprobación de cada proyecto y de su licitación, el presupuesto de ejecución, el plazo y su programación plurianual. Y para el caso de la financiación público-privada qué menos que las condiciones de financiación, la TIR
del proyecto, año de concesión y máximos y mínimos a pagar por la Administración, sobre todo porque el ministro vende como colaboración público-privada lo que es un vulgar pago a plazos, pero carísimo. También se tiene que aclarar cómo se van a
contratar, ejecutar y pagar las cantidades que obran en el presupuesto del Estado de 2011 y concretamente 1.022 millones de euros para infraestructuras ferroviarias, 1.041 para creación de carreteras, 1.911 en Seipsa, así como la contratación de
ADIF en el ejercicio 2011 y su endeudamiento y el endeudamiento total de ADIF, que sospechamos enorme, y sus condiciones de cada préstamo. Si en el mes de mayo del año pasado ya se produjo un recorte de obra pública de 6.045 millones de euros que
dio lugar a la recesión de 32 contratos y a la reprogramación de 199, con el nuevo recorte de 1.800 millones del Plan de estabilidad 2011-2014, tenemos que conocer a qué obras concretas afecta en el Ministerio de Fomento, así como la repercusión de
esa bajada de cuatro décimas del PIB en cuanto a la inversión.
Finalmente, para desenmascarar el juego del Gobierno y del Ministerio de Economía y Hacienda con las licitaciones y los modelos de financiación, es imprescindible que con carácter inmediato se nos facilite la información de confirmar la
existencia de consignación para los 1.800 millones de euros adicionales a fin de dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de abril de 2011 sobre 24 licitaciones de obra en la línea ferroviaria Lubián-Ourense, porque, señores
diputados, no se pueden adoptar acuerdos del Consejo de Ministros vinculantes sin la existencia de consignación presupuestaria. El año pasado se anunció la licitación por colaboración público-privada del AVE a Galicia en junio, con acuerdo del
Consejo de Ministros, y ahora, diez meses más tarde, se acuerda también por el Consejo de Ministros la licitación de la misma obra por vía presupuestaria, eso sí, troceada; una chapuza, una chapuza.
Simplemente queremos conocer los datos para
aprender cómo se hace la magia que practica el Gobierno. Entendemos que nadie se puede oponer a esto y que ningún grupo en las labores lógicas de control del Gobierno podrá decir que es exagerada nuestra petición. Solo pedimos los datos del
ministro. Por tanto, no terminamos de entender la enmienda de Convergència i Unió, que parece la enmienda del Gobierno. Se conforma con muy poco y además no pone ningún plazo. Súmense a nuestra moción, pero de todas formas el Gobierno nos tomará
el pelo a todos, o sea que no se preocupen que tampoco sacaremos nada en claro.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ayala.
A esta moción ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Macias para defenderla.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, visto el entusiasmo del señor Ayala, uno ya no sabe si defender la enmienda. En cualquier caso, para nosotros sí hay aspectos que resultan relevantes y que nos han llevado a presentar esta enmienda. En primer
lugar, la lista de peticiones que formula el señor Ayala, del Grupo Parlamentario Popular, se nos antoja una lista absolutamente correcta para formular preguntas por escrito, incluso orales, de forma que el propio Grupo Parlamentario Popular y, por
tanto, los demás grupos y los ciudadanos pudieran disponer de todos estos datos.
Es un mecanismo que a lo mejor resulta algo exorbitante desde el punto de vista de que sean necesarias la interpelación y la moción para hacer estas demandas. Desde
un punto de vista parlamentario, además de tener estos datos que pide el señor Ayala, nos parecía un mecanismo más perfecto y elaborado conseguir que estos datos puedan ser debatidos en el marco de la Comisión de Fomento, con la presencia de quien
planifica, que a nosotros nos parece que es el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras. Por tanto, nuestra enmienda, que creemos que podría conseguir una buena aceptación por parte de todos los grupos de la Cámara, lo que hace es
perfeccionar el mecanismo de control que propone el señor Ayala y enriquecerlo con una comparecencia urgente. Usted ha dicho que no hay calendario. Si esto se aprueba, señor Ayala, me comprometo a defender mañana que tenemos reunión de Mesa y
portavoces que esta comparecencia se lleve a cabo -y aquí está nuestro presidente, el portavoz socialista- en el próximo mes de junio. Por tanto, el mecanismo que prevé la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es, si me lo
permite, señor Ayala, más perfecto que el de su propia propuesta. En este sentido, creo que debería ser asumido.
Señor Ayala, señoras y señores diputado, permítanme que haga una reflexión. A nosotros, como a usted y como al resto de los grupos de la Cámara, nos preocupa la excesiva fertilidad de acuerdos de consejos de ministros, que sobre todo en
etapas preelectorales tienen una notable difusión. El ministro tiene que visitar Extremadura y la semana antes el Consejo de Ministros aprueba uno de estos acuerdos en relación con el AVE de Extremadura. El ministro va a Orense a debatir un
trazado y la semana antes se anuncia que se van a licitar unos cuantos tramos. Esto es verdad, y a nosotros, como usted sabe, no nos parece bien. Tampoco nos parece nada bien la persistencia de un PEIT que está absolutamente sobrepasado por las
circunstancias, que habría que haber revisado, según los calendarios del PEIT y según los anuncios del ministro. Yo creo que un gran favor que se podría hacer en este último año de la legislatura sería intentar llegar a un acuerdo para racionalizar
la ejecución del PEIT y evitar lo que nosotros llamamos esparcir en toda la geografía de la península Ibérica una serie de obras que a lo mejor luego nadie va a ser capaz de acabar. Estamos francamente preocupados por el desorden en la ejecución de
la obra pública, por el desorden en la planificación y sobre todo en la programación, y desde este punto de vista creemos que sería positivo poner algo de orden. El mecanismo, señor Ayala, creo que es una comparecencia del secretario de Estado, y
de ahí la buena intención -no lo dude en absoluto- de la enmienda de Convergència i Unió.
Nosotros compartimos esa preocupación. Creemos que nos estamos metiendo en un lío muy gordo en las obras públicas, y como todos creemos que sabemos lo que va
a pasar, todos tenemos la mejor intención de conocer la realidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Macias, por favor.
El señor MACIAS I ARAU: Sí, señora presidenta, acabo.
...para intentar corregirla cuanto antes.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Para fijar la posición del Grupo Mixto ¿desea intervenir alguno de sus diputados? (Pausa.) Pasamos por tanto al Grupo Vasco del PNV. Tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, empiezo por reconocer que los términos en los que discurrió la interpelación urgente del pasado día 11 de mayo, de la que trae causa la moción que hoy nos presentan ustedes a debate y consideración, suscitaron en mi grupo no sé si
decir curiosidad o duda sobre en qué términos finalmente vendría la moción, porque por hablar hablaron ustedes de todo o de casi todo. Hablaron de déficit de inversiones en infraestructuras, del supuesto plan extraordinario de infraestructuras
económicas, de inversiones o licitaciones del AVE en Galicia... Hablaron de todo, como se suele decir, y además en un tono francamente mitinero, como usted mismo ha reconocido. Ustedes se dijeron uno a otro que hablaban en tono mitinero. Y uno se
preguntaba, después de hablar de todo esto y en estos términos, en el día D+2, que es el día de hoy, ¿cómo se desarrollará la moción?, ¿cuáles serán los contenidos de la moción?
Hay algo que a mi grupo, al menos por no habitual, le ha extrañado.
Ustedes presentaron la interpelación en los términos siguientes: Medidas que va a poner en marcha el Gobierno para paliar el alarmante déficit de inversión en
infraestructuras que sufre nuestro país. No es el mismo enunciado que el de la moción, algo que es absolutamente inhabitual, porque la moción dice: Medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las consecuencias económicas producidas por el
alarmante descenso de la licitación de obra pública. Es cierto que los dos temas pueden estar relacionados, que tienen un tramo común, pero le aseguro que también tienen tramos que pueden extenderse en muy distintas direcciones, uno y otro tema.
En todo caso, esta no habitualidad de que haya una diferencia en el enunciado de la interpelación y de la moción no es lo más informativo, lo que más ha
llamado la atención en mi grupo. Lo que más ha llamado la atención en mi grupo es que ustedes hablan de qué medidas se van a adoptar o bien para paliar el alarmante déficit de inversión o bien para paliar las consecuencias económicas
producidas, y lo único que usted nos propone son medidas informativas. Pues muy bien. Tendrá usted pleno derecho a tener toda la información del mundo, pero con eso ni paliaremos las consecuencias económicas ni el déficit de inversión;
simplemente usted tendrá más información y de paso la tendremos todos. Mi grupo se va a abstener en esta moción porque el tema que de verdad subyace en esta interpelación es algo que a mi grupo le preocupa enormemente. (Rumores.) Estamos altamente
preocupados, en primer lugar, por la situación de crisis económica, que afecta a todo y también al capítulo de las infraestructuras. Estamos preocupados, y mucho, porque las consecuencias económicas que de alguna forma ha puesto de manifiesto esta
crisis no son que haya mejor o peor información, son mucho más graves, y es que el esquema inversor con el que venimos funcionando ha fracasado. Esta es la conclusión a la que ha llegado mi grupo. Simplemente, el sistema con el que veníamos
funcionando no vale, señor Ayala, y, claro, la moción no habla de nada de eso. Lo que queremos es ver qué pasa, y que en el mismo esquema usted me explique cuántas licitaciones se han hecho o se han dejado de hacer nos parece absolutamente
insuficiente y no aborda de verdad los temas que a nuestro juicio se deben ir abordando. (Continúan los rumores.) Más bien se insiste en el mismo sistema de funcionamiento que, insisto, creemos que la crisis económica ha puesto de manifiesto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Beloki.
Señorías, es imposible que quienes de ustedes tengan interés en la moción puedan atender al orador que está en el uso de la palabra. Les ruego que quien tenga una conversación tan inaplazable haga el favor de salir.
(Continúan los
rumores.) Un momento, señor Beloki, que parece que no me han oído. (Pausa.) Adelante.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta. Voy finalizando.
Insisto en que la crisis es mucho más honda que el hecho de que tengamos o no unas informaciones de las licitaciones que ha dejado de hacer, las que ha hecho y en qué términos este Gobierno. Ese es el diagnóstico de mi grupo. Puestos a
proponer medidas, hay que proponer medidas mucho más serias. No tenemos nada, evidentemente, contra que el Gobierno dé toda la información. Cualquiera de las fórmulas puede ser válida. Sirve para poco, pero usted tiene pleno derecho a pedir toda
la información que desee a través de esta fórmula, a través de las preguntas escritas o a través de la fórmula que también propone el Grupo de Convergència i Unió, solo que como no responde a las inquietudes de este grupo ni responde al enunciado de
la interpelación urgente ni de la moción, mi grupo, como le he dicho, señor Ayala, se va a abstener en esta moción.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ayala, me temo que no vamos a apoyar esta moción porque se trata de una moción tramposa. (Rumores.) Hizo usted hace unos días una interpelación al Gobierno reclamando más inversión en obra pública, redactó usted una exposición de
motivos para esta moción reclamando (Rumores.) más inversión en obra pública...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Un momento, por favor, señor Simancas.
Señorías, se lo repito: es imposible, totalmente imposible escuchar al orador que está en el uso de la palabra. Por favor, si no pueden salir al exterior, tengan las conversaciones en un tono más bajo.
Siga, señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.
Insisto, señor Ayala, moción tramposa. Ha hecho usted una interpelación reclamando más inversión en obra pública, ha expuesto una exposición de motivos reclamando más inversión en obra pública y a la hora de establecer la parte dispositiva
de la moción nos pide simplemente más datos. Para obtener datos en este Congreso, señor Ayala, están el artículo 7 del Reglamento o las comparecencias del Ministerio de Fomento que hacemos de manera reiterada en el seno de la Comisión, tal y como
le propone en su enmienda el Grupo de Convergència, razonablemente. Las mociones en Pleno son para plantear propuestas e ideas. ¿Por qué no proponen ustedes algo alternativo? ¿Por qué no tienen ustedes una idea que exponer aquí? ¿Es que les da
vergüenza plantear aquí lo contrario de lo que están haciendo en los gobiernos autonómicos o municipales, o es que el señor Montoro no les permite a ustedes contradecirse? Porque es muy fuerte que a las cuatro de la tarde planteen una ley para la
estabilización presupuestaria y a las siete y media nos reclamen inversiones millonarias en obra pública para desestabilizar las cuentas públicas. Una moción tramposa, señor Ayala, que no podemos aprobar.
Además nos piden datos que saben que no
existen, con el propósito, más que evidente, de enredar. Piden la solución al déficit presupuestario del Ministerio de Fomento de 2011 a 2014, cuando por definición el Ministerio de Fomento no puede tener déficit y además los presupuestos de 2012 a
2014 aún no existen, como es lógico. Piden autorizaciones de gasto que el Ministerio
de Hacienda ha dado a Fomento en 2010 y en 2011, cuando deben saber que el Ministerio de Hacienda ni autoriza ni desautoriza los gastos presupuestarios del Ministerio de Fomento. Esta no es una moción para proponer cosa alguna ni para
obtener información útil alguna. Se trata solo de enredar, señor Ayala, y debe usted saber que ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista ni esta Cámara ni el país están para perder tiempo en enredos. Si quieren ustedes ayudar, ayuden, y
si no, échense a un lado y dejen de enredar, señores del Partido Popular, por favor.
Esta moción solo sirve para confirmar tres cosas. Para confirmar que ustedes quieren el desgaste a toda costa del Gobierno ante empresas y ante ciudadanos involucrados en la obra pública; que quieren ustedes eludir su responsabilidad por
los recortes salvajes de inversión -estos sí- en obra pública que llevan a cabo allí donde gobiernan; y, lo que es peor, señor Ayala, usted ha venido hoy aquí a sembrar la incertidumbre ante los eventuales inversores privados del Plan estratégico
de infraestructuras, y esto es muy grave. Se lo voy a decir muy claro: prefieren ustedes que las infraestructuras no se lleven a cabo por falta de inversores privados antes que permitir que las infraestructuras sirvan a la economía y a la calidad
de vida de los ciudadanos de España merced al buen trabajo de un gobierno socialista. Esto sí que es demagogia, esto sí que es faltar al interés general, señor Ayala.
¿Qué quieren demostrar en todo caso? ¿Que se ha invertido poco en obra pública en estos años? ¿Poco con respecto a qué, señor Ayala? ¿Respecto a los países de nuestro entorno? Un 1,3 por ciento del producto interior bruto este año de
ajuste presupuestario, el doble de lo invertido por el Reino Unido, por Francia o por Estados Unidos. (Rumores.) ¿Quieren que comparemos con la etapa de gobierno del Partido Popular en España? Año 2003, año de mayor inversión del Gobierno popular
en materia de infraestructuras. En el año 2010 nosotros superamos la inversión del Gobierno del Partido Popular en un 55 por ciento. ¿Quieren que comparemos, por ejemplo, con la gestión del Ayuntamiento de Madrid, que acaba de asegurar que no va a
haber una sola obra pública nueva durante el ejercicio 2011? Señor Ayala, señorías del Partido Popular, no hay comparación posible.
El Plan estratégico de infraestructuras es complejo y difícil, pero es inteligente, razonable y eficaz para captar recursos privados sobre la obra pública cuando los presupuestos son ajustados. Efectivamente es difícil, pero lo que es
absolutamente insoportable es cruzarse de brazos o enredar, que es lo que hacen ustedes. (Rumores.)
Termino. Señorías del Partido Popular, les veo un tanto subiditos. Señor Ayala, permítame un consejo gratis para terminar: sosiego y moderación.
Políticos y físicos compartimos una ley ineludible: todo lo que sube acaba bajando,
irremediablemente, señor Ayala; y cuanto más alto y más rápido se sube, más dura será la caída. Por tanto, sosiego, moderación y ponderación, señora Ayala y señores del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Simancas.
Señor Ayala, ¿acepta su señoría la enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió?
El señor AYALA SÁNCHEZ: No, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias. Entonces votaremos la moción en sus propios términos.
Votaremos en tres minutos. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento, por favor, para que podamos iniciar las votaciones. Cierren las puertas, por favor.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LAS LEYES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. (Número de expediente 122/000278.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): En primer lugar, votamos la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la modificación de las leyes de estabilidad presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las
finanzas públicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 142; en contra, 186; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA A LAS PERSONAS CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y RESIDENCIA EN EL TERRITORIO
NACIONAL. (Número de expediente 122/000224.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, silencio, por favor.
Pasamos a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en el territorio nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 330; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000862.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la promoción del ahorro y la eficiencia energética en las administraciones públicas. Se votará la enmienda
transaccional, si ningún grupo se opone a su tramitación, teniendo en cuenta que en el primer punto y en el tercero, cuando dice: 'en los términos de la proposición no de ley', quiere decir: 'tal y como estaba redactada en sus términos
originales'.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 182; en contra, uno; abstenciones, 148.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. (Número de expediente 162/000849.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la internacionalización de la universidad española, que se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 311; abstenciones, 17.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL PARA REPARAR CON JUSTICIA A TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA Y LA TRANSICIÓN. (Número de
expediente 173/000214.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones del Gobierno español para reparar con justicia a todas las víctimas
de la dictadura y la transición, que se vota en su texto incorporando la enmienda de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 26; en contra, 303; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, ESPECIALMENTE EN RELACIÓN AL PROCESO EUROPEO DE DEBATE SOBRE SU APLICACIÓN. (Número
de expediente 173/000215.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las propuestas del Gobierno sobre la modificación del impuesto sobre el valor añadido, especialmente en relación al
proceso europeo de debate sobre su aplicación. Se votará el texto de la transaccional presentada, si ningún grupo se opone a su tramitación. (Pausa.) Votamos, entonces, el texto de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 330.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda aprobada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A PONER EN MARCHA EL GOBIERNO PARA PALIAR EL ALARMANTE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS QUE SUFRE NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 173/000216.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que va a poner en marcha el Gobierno para paliar el alarmante déficit de inversión en infraestructuras que sufre nuestro país. Se
vota la moción en los propios términos en que ha sido presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 145; en contra, 164; abstenciones, 22.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda rechazada.
Muchas gracias, señorías, por su colaboración en el desarrollo del acto.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.