Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 243, de 10/05/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 243
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 231
celebrada el martes, 10 de mayo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora permanente de la tributación de los trabajadores autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por los rendimientos de las actividades económicas.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 295-1, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 122/000266.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de regulación del recurso previo de inconstitucionalidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 110-1, de 30 de mayo de 2008. (Número de expediente 122/000092.) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar los estudios y previsiones que permitan el establecimiento de un sistema de alerta de tsunamis en España 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
552, de 1 de abril de 2011. (Número de expediente 162/000823.) ... (Página 17)
Página
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se reprueba al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 563, de 29 de
abril de 2011. (Número de expediente 162/000853.) ... (Página 22)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para solucionar los problemas derivados de la situación de la financiación y de las prestaciones de la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 173/000211.) ... (Página 28)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la efectiva disposición del fondo de competitividad y demás recursos correspondientes al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, en el caso de Cataluña.
(Número de expediente 173/000212.) ...
(Página 33)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para garantizar el efectivo control de las cuentas públicas sin perjudicar la financiación de los servicios públicos esenciales. (Número de
expediente 173/000213.) ... (Página 39)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 43)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora permanente de la tributación de los trabajadores autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por los rendimientos de las actividades económicas ...
Defiende la toma en consideración el señor Tomé Muguruza, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de regulación del recurso previo de inconstitucionalidad ... (Página 10)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley, la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); García-Tizón López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 17)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar los estudios y previsiones que permitan el establecimiento de un sistema de alerta de tsunamis en España ... (Página 17)
Defiende la proposición no de ley el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada y en interviene el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Macias i
Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Segura Clavell.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se reprueba al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública ... (Página 22)
Defiende la proposición no de ley el señor Moreno Bonilla, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 28)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para solucionar los problemas derivados de la situación de la financiación y de las prestaciones de la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia ... (Página 28)
Defiende la moción el señor Agirretxea Urresti, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Agirretxea Urresti.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), relativa a la efectiva disposición del fondo de competitividad y demás recursos correspondientes al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, en el caso de Cataluña ...
(Página 33)
Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Ridao i Martín y las señoras Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Colldeforns i Sol, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Báñez García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para garantizar el efectivo control de las cuentas públicas sin perjudicar la financiación de los servicios públicos esenciales ...
Defiende la moción la señora Báñez García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora permanente de la tributación de los trabajadores autónomos en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas por los rendimientos de las actividades económicas, se rechaza por 153 votos a favor, 178 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de regulación del recurso previo de inconstitucionalidad, se rechaza por 147 votos a favor y 191 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar los estudios y previsiones que permitan el establecimiento de un sistema de alerta de tsunamis en España, se aprueba
por 339 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se reprueba al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, se rechaza por 145 votos
a favor, 170 en contra y 23 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para solucionar los problemas derivados de la situación de la financiación y de las prestaciones de la Ley de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se aprueba por 337 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la efectiva disposición del fondo de competitividad y demás recursos correspondientes al nuevo modelo de financiación de las comunidades
autónomas, en el caso de Cataluña, se rechaza por 161 votos a favor, 168 en contra y diez abstenciones.
Sometidos a votación separada los cuatro puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para garantizar el efectivo control de las cuentas públicas sin perjudicar la
financiación de los servicios públicos esenciales, se rechazan los puntos 1, 3 y 4 y se aprueba el punto 2.
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Antes de pasar a examinar el orden del día debemos proceder al acto de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. En sustitución del diputado don Santiago Cervera Soto pregunto a doña María Sagrario Guinduláin Guerendiáin si jura
o promete acatar la Constitución.
La señora GUINDULÁIN GUERENDIÁIN: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos.)
Ha adquirido su señoría la condición de diputada. Le felicito y le deseo éxitos en la Cámara. Bienvenida.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MEJORA PERMANENTE DE LA TRIBUTACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS POR LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
(Número de expediente 122/000266.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la mejora permanente de la tributación de los trabajadores autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por los rendimientos de las
actividades económicas. Don Baudilio Tomé tiene la palabra.
Si hacen caso a las indicaciones de la Presidencia, podríamos suspender la sesión de esta tarde en torno a las veinte y treinta horas.
Muchas gracias.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señor presidente, señorías.
Me corresponde presentar hoy a la Cámara la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado relativa a la mejora permanente de la tributación de los trabajadores autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Como conocen sus señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha venido presentando a lo largo de toda la legislatura iniciativas destinadas a mejorar la situación de las pequeñas empresas y los autónomos. Para afrontar una crisis de la
magnitud de la que estamos viviendo, las pequeñas empresas y los autónomos necesitan un nuevo marco fiscal, financiero y regulatorio. Para ayudarles a afrontar la crisis y también pensando en las estrategias de salida es imprescindible una reforma
estructural en profundidad, que facilite la vida a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos. Nuestra sociedad y también nuestras instituciones y nuestra legislación tienen que reconocer el valor de los emprendedores, de aquellos que
tienen nuevas iniciativas y están dispuestos a arriesgar y comprometer sus esfuerzos, su patrimonio, su trabajo y sus ilusiones para llevarlas a cabo. En este sentido, hemos reclamado reiteradamente fórmulas de financiación eficaces para que vuelva
el crédito a las pequeñas empresas y a los autónomos o para que pymes y autónomos no estén obligados a ingresar al Estado el IVA que no han podido cobrar de sus clientes o puedan compensar sus deudas tributarias con las cantidades que les deben las
administraciones públicas que incumplen la Ley de Morosidad.
La Cámara ha aprobado distintas iniciativas sin que el Gobierno del Partido Socialista haya hecho nada al respecto. El abono del IVA con el criterio de caja en vez del del devengo sigue sin ponerse en marcha, a pesar de la Directiva
comunitaria de julio de 2010 y de que hayamos aprobado distintas iniciativas parlamentarias en este sentido. Habrá oportunidad de volver sobre este tema ya que a propuesta del Grupo Popular se ha tomado en consideración una proposición de ley sobre
este particular. También hemos presentado iniciativas para ajustar la tributación por módulos de los trabajadores autónomos a la caída real de la actividad o para ampliar el concepto de empresas de reducida dimensión en el impuesto sobre sociedades
o permitir que los autónomos puedan opcionalmente tributar a través de este régimen. El Gobierno ha ajustado un 5 por ciento a la tributación por módulos cuando la actividad se ha reducido en una relación muy superior, y sigue sin acometer una
revisión decidida del sistema de módulos en función de los rendimientos reales declarados en el régimen de estimación directa o en el régimen de estimación objetiva, el IRPF, que refleje adecuadamente el contexto de la crisis.
Señorías, la proposición de ley que hoy traemos a consideración de la Cámara modifica la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer con carácter permanente, indefinido, una reducción del 20
por ciento del rendimiento neto positivo declarado en el impuesto sobre la renta por los contribuyentes autónomos que ejerzan actividades económicas. Esta reducción se aplicará cuando el importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de
actividades sea inferior a 5 millones de euros. En el mismo sentido, hemos presentado una proposición de ley para modificar la disposición adicional decimosegunda del texto refundido del impuesto sobre sociedades y hacer indefinido, permanente, el
tipo del 20 por ciento aplicable a los beneficios de las pymes que facturan menos de 5 millones de euros. Hay que tener presente que tanto la disposición adicional vigésimo séptima del impuesto sobre la renta como la decimosegunda del impuesto
sobre sociedades fueron introducidas por la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 2010 con un alcance
temporal limitado. Se estableció entonces un auténtico régimen fiscal transitorio aplicable a los ejercicios 2009, 2010 y 2011 a las pymes y a los autónomos con menos de 25 empleados que cumplan diversos requisitos de permanencia o creación
de empleo. Estas normas se han demostrado claramente ineficaces, ya que al hacer temporales los incentivos fiscales y establecer una diversidad amplia de requisitos de discutible eficacia no generan la confianza necesaria. El pasado mes de
diciembre, cuando el Gobierno amplió en el Real Decreto-ley 13/2010 a 300.000 euros, la base imponible que se puede beneficiar del tipo del 20 por ciento, se perdió una nueva oportunidad de eliminar las limitaciones de una normativa que no está
funcionando. Estas disposiciones ineficientes son una muestra de cómo se está abordando por parte del Gobierno socialista la salida de la crisis. Se trata de parches temporales que no generan confianza. ¿O es que creen, creían incluso en
diciembre de 2010, cuando se modificó este régimen por el Real Decreto-ley 13, que la crisis se va a terminar en 2011? ¿Se creen ustedes que pasado 2011 las empresas de reducida dimensión, las pymes y los autónomos, no van a necesitar medidas de
apoyo? Lo cierto es que la crisis va para largo. Las políticas socialistas han fracasado, como lo acaban de recordar ayer la OCDE o hace unos días el Fondo Monetario Internacional al recortar las previsiones de la economía española, o como nos lo
recuerda ese diferencial de deuda española que vuelve a crecer en estos días y más que duplica la existente hace un año, cuando el Gobierno se cayó del guindo y tuvo que reconocer la realidad de la crisis. Las pymes y los autónomos representan más
del 95 por ciento de las empresas españolas y han sido la principal fuente de creación de empleo en España. Son también las que hoy están sufriendo con mayor virulencia los efectos de la crisis económica en la que nos encontramos inmersos.
En lo que va de legislatura hasta el pasado mes de abril se han dado de baja más de 300.000 autónomos en la Seguridad Social, 309.803 para ser exactos, según las cifras oficiales. Desde el comienzo de la legislatura más de 170.000 empresas
se han dado de baja en la Seguridad Social, en su mayoría pequeñas y medianas empresas. Se unen unas y otros a los 5 millones de parados que nos acaba de certificar la encuesta de población activa. Por estos motivos es imprescindible que la
política económica no se olvide de estas empresas y les posibilite su expansión y su mantenimiento a lo largo del tiempo, como fuente de riqueza y de empleo y como un elemento fundamental en el crecimiento y desarrollo de nuestro país. El apoyo con
medidas fiscales selectivas a la mejora de la competitividad de las empresas es una de las medidas más eficaces y de impacto más inmediato para incentivar y estimular la creación de empleo y la inversión, especialmente entre las pymes y los
autónomos, pero tiene que ser lógicamente a través de un marco estable y coherente en el tiempo que dé seguridad y confianza.
Según el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial y publicado recientemente, la tercera principal traba a la creación de empresas en nuestro país se encuentra en el ámbito tributario. Existen 92 economías, 92 jurisdicciones
fiscales, en las que pagar impuestos es menos costoso en términos de trámites, tiempo y dinero que en España.
Tomando como ejemplo a uno de nuestros principales socios comunitarios, mientras que un empresario en España, para cumplir sus
obligaciones fiscales -incluyendo IVA, impuestos sobre el transporte, los seguros, el medio ambiente, los hidrocarburos, sociedades o Seguridad Social- dedica de media 298 horas y el 62 por ciento de su beneficio, ese mismo empresario en el Reino
Unido solo debería dedicar, según este informe, 105 horas -mucho menos de la mitad- y el 35 por ciento de su beneficio.
Estas medidas de apoyo fiscal a las empresas funcionan. En España, en las legislaturas de Gobierno del Partido Popular, se introdujeron importantes incentivos fiscales para determinadas actividades e inversiones. Se aplicó un tipo reducido
para las pequeñas y medianas empresas junto con otras medidas de apoyo a las pymes y a los autónomos, y todas estas medidas, dentro de un marco de política fiscal, financiera y presupuestaria coherente, dieron frutos en forma de crecimiento,
convergencia con los países más desarrollados de la Unión Europea -más de 8 puntos- y creación de más de cinco millones de empleos. Por eso hoy, para favorecer el surgimiento de nuevas vocaciones e iniciativas empresariales, la creación de empresas
y la consolidación y el crecimiento de las existentes hacen falta reformas, un nuevo marco que va más allá, sin embargo, de las posibles medidas fiscales. Por eso el Partido Popular promueve una nueva legislación para los emprendedores, una nueva
ley integral para los emprendedores -como anunció recientemente nuestro presidente, Mariano Rajoy-, que traeremos pronto a la Cámara con medidas fiscales, financieras, laborales y administrativas que favorezcan la creación de nuevas empresas y su
crecimiento, también su internacionalización. Estas medidas constituirán un auténtico marco de apoyo a los emprendedores, a las pymes y a los autónomos. Entonces pediremos su apoyo a la Cámara, como hoy lo hacemos para esta proposición de ley, que
tiene por objeto reducir con carácter estructural y permanente la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los trabajadores y de los empresarios autónomos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tomé.
Para fijar posición tiene la palabra la señora Fernández Davila en primer lugar.
Habrán observado sus señorías que se ha producido un error en el marcador de tiempos y el señor Tomé se ha beneficiado de ese error -lo anuncio para cuando pueda ocurrir lo contrario, que a veces sucede con estos ingenios electrónicos-, del
que su señoría no tiene
culpa alguna. (El señor Montoro Romero pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Montoro, sí.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular nos propone, como ha hecho varias veces a lo largo de la legislatura, la reforma del impuesto de sociedades, tal y como menciona en la exposición de motivos, aunque no así esta reforma del IRPF para los autónomos, que es
análoga a la ya conocida propuesta del Partido Popular de reforma de dicho impuesto. En dicha exposición de motivos el Grupo Popular parece que nos quiere trasladar la imagen de que los problemas de la economía derivan de una supuesta alta presión
fiscal y en concreto de un supuesto alto impuesto de sociedades, que -recordemos- está en torno a la media europea, incluso por debajo si tenemos en cuenta el tipo efectivo real. Muchas veces se ha hablado del milagro irlandés, del cual se afirmaba
que la baja imposición en el impuesto de sociedades era una de las principales causas de su éxito económico. Pues bien, esta crisis ha puesto de manifiesto las grandes carencias estructurales y la inviabilidad de modelos de crecimiento como el
irlandés basado, entre otros elementos, en el fomento de la inversión extranjera mediante una escasísima presión fiscal o también el islandés basado en la especulación financiera. Cabe recordar que la Ley 35/2006 modificó parcialmente la Ley del
Impuesto sobre Sociedades y contempló precisamente la reducción en 5 puntos del tipo de gravamen general del tipo para pymes. El tipo general se redujo desde el 35 por ciento de forma gradual en dos años y de esta forma quedó fijado en un 30 por
ciento desde el año 2008. Para las pequeñas y medianas empresas dicha reducción de 5 puntos se produjo en un solo ejercicio, quedando en un 25 por ciento para la base imponible de 120.202 euros. No se puede, señorías, compatibilizar los objetivos
de reducción de déficit, deuda, el mantenimiento del gasto social y, al mismo tiempo, proponer rebajas en todos los tributos.
En relación con la propuesta que nos hace el Grupo Popular nosotros podríamos valorar necesario extender uno o dos años más la reducción que se recoge en la legislación actual, puesto que el periodo transitorio trataba de cubrir los años de
crisis, y está claro que en el mejor de los casos los años 2012 y 2013 serán de leve recuperación económica. También podríamos valorar la necesidad de actualizar el requisito de mantenimiento o creación de empleo que se antoja difícil de cumplir
tal como está actualmente, puesto que se toma como referencia la plantilla media del año 2008 y se pide el requisito de mantener esa plantilla. Con la intensa destrucción de empleo que viene padeciendo el Estado español desde ese año es previsible
que sea una baja proporción de autónomos los que puedan acceder a este beneficio fiscal, puesto que aun creando empleo en la actualidad es muy difícil que se mantenga el nivel del año 2008.
Por eso entendemos que sería positivo valorar que se
actualizara teniendo como referencia el año 2010. Como digo, en relación con la propuesta concreta que hoy nos hace el Grupo Popular, seguimos defendiendo que no se pueden compatibilizar los objetivos de reducción de déficit, deuda y el
mantenimiento del gasto social y al mismo tiempo proponer rebajas como las que hoy estamos tratando. Cabe recordar que esta iniciativa del Grupo Popular se suma a otras propuestas reiteradas por esa formación política y que siempre inciden en la
misma dirección, rebajas en la práctica totalidad del sistema impositivo que, de aplicarse, supondría un sistema tributario más injusto y menos equitativo, que además tendría un fuerte impacto en la cohesión social al tener que enfrentarse las arcas
públicas a una recaudación ostensiblemente menor. Además, en el Estado español las rentas de capital están gravadas a un tipo mucho menor que las rentas del trabajo. Este sí es un problema, señorías, que debería abordarse. Un trabajador que
perciba un salario de 60.000 euros se enfrenta a un tipo marginal de un 43 por ciento, mientras que una pyme o un autónomo con grandes beneficios cotizaría al 20 sus primeros 300.000 euros y a un 25 por ciento los siguientes. Por eso, señorías, y
aun teniendo en cuenta esos dos aspectos que nosotros consideraríamos positivo valorar su actualización, no nos parece oportuna la propuesta que hoy nos presenta el Grupo Popular y por esa razón vamos a votar negativamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Doña Nuria Buenaventura tiene la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Popular nos presenta una proposición de ley relativa a la mejora permanente de la tributación de los trabajadores autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que, a nuestro entender, la podríamos llamar
proposición de ley relativa a las rebajas permanentes de los impuestos que nos propone el Partido Popular. Con esta moción nos vuelve a presentar, igual que en las últimas semanas, su política de recortes fiscales como única fórmula mágica para
salir de la crisis. Nosotros, y confiamos que el resto de la Cámara, volveremos a decirles que no; que no queremos rebajas fiscales por muchos motivos; pero el principal es que con sus planes hundirán aun más la economía española y generarán aún
más desempleo. Se ha demostrado, no solo en España sino en otros países, que las recetas neoliberales, además de ser injustas, son profundamente ineficaces para luchar contra el desempleo y contra la crisis. Al contrario, la fomentan. Pero el
Partido Popular quiere seguir ahondando en propuestas de dogma neoliberal que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría. Nuestro problema no es el exceso de fiscalidad. La fiscalidad es parte de la solución, sobre todo, si hacemos que sea
más justa, solidaria y útil, que sirva para cambiar comportamientos y potenciar otros y que contribuya a cambiar el modelo productivo español anclado en el pasado. En España la presión fiscal sigue
siendo la más baja de la OCDE, con un 33,1 por ciento sobre el PIB, muy lejos de los países en los que deberíamos fijarnos como referencia de economías sólidas. En la proposición de ley que hoy nos presentan la comparan con la fiscalidad
del Reino Unido. Si lo cogemos como ejemplo respecto a las cuestiones de la fiscalidad, señores del PP, ¿por qué no presentan una proposición de ley para pedir que el tramo más alto del IRPF tribute al 50 por ciento? Tendríamos muchos más recursos
para evitar recortes y mejorar el modelo productivo, cosa que también beneficiaría a las pymes y a los autónomos. Siguiendo con su ejemplo, con el Reino Unido, ¿por qué no imponemos una tasa a las actividades bancarias para que contribuyan un
poquito a la salida de la crisis que han creado? Pero es que, además, ustedes cocinan las cifras de manera en que siempre les dan la razón. ¿Quieren más comparaciones con el Reino Unido? Datos oficiales también de la OCDE: El tanto por ciento de
impuestos a las empresas sobre el total del PIB en España es del 2 por ciento; en el Reino Unido, casi el 3 por ciento. Si dejamos el Reino Unido y su propuesta en concreto de reducir un 20 por ciento del rendimiento neto positivo declarado en el
IRPF por los autónomos y las pymes, en los planes del Gobierno en materia económica -ya saben ustedes que no estamos de acuerdo y no nos gustan-, al menos les exigían a las empresas que mantuvieran el empleo para tener incentivos fiscales. Ustedes,
ni esto.
Barra libre. Y mucho me temo que su medida no va a contribuir a dinamizar la economía pero sí a engrosar los beneficios de determinadas empresas.
Como venimos diciendo en todos los plenos en los que siempre nos traen su propuesta sobre
pymes y autónomos sobre rebajas fiscales, si las empresas no tuvieran también otros problemas lo entenderíamos, pero hay muchos otros temas que deberíamos tratar para activar a la economía española.
Para nosotros la fiscalidad tiene que ser una
herramienta más al servicio del cambio de modelo productivo. Por desgracia para ustedes solo es una herramienta más para la ganancia de unos pocos, por tanto, votaremos en contra de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Por el Grupo Vasco PNV don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU UARIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, una nueva iniciativa del Grupo Popular, para reducir la tributación por IRPF de aquellos autónomos cuya cifra de negocios sea inferior a 5 millones de euros, se propone reducir en un 20 por ciento el
rendimiento neto declarado. Como corresponde a todas aquellas iniciativas de carácter tributario en las que las diputaciones forales de los territorios históricos son las competentes, en virtud del Concierto Económico del País Vaso o del Convenio
de Navarra, el Grupo Vasco se va a abstener a la hora de votar esta iniciativa. No obstante, quisiera simplemente realizar una reflexión al respecto. Nadie duda de la importancia de las pymes y autónomos a la hora de generar actividad económica y
empleo y, por tanto, apoyar a unos y a otros es una necesidad además de una responsabilidad de los gobiernos.
Sin embargo, si me permiten, tengo serias dudas de que la medida que se propone sea la más idónea. El problema que tienen hoy las pymes y
los autónomos no es un problema de tipos impositivos, sino de rendimientos y de beneficios. Si los beneficios son nulos, que el tipo impositivo sea mayor o menor es absolutamente irrelevante. Además si nos atenemos a los rendimientos medios
declarados en el IRPF para trabajadores por cuenta ajena y pensionistas, por un lado, y empresarios y autónomos, por otro, según datos de 2008 que hemos podido leer hoy en la prensa, estos últimos, es decir, los empresarios y autónomos, declararon
un 40 por ciento menos de ingresos que los trabajadores por cuenta ajena. Si las rentas derivadas son tan bajas la reducción de tipos en el IRPF no opera, no se aplica o es prácticamente irrelevante. Antes de plantear unas medidas como estas
habría que analizar el impacto real que una reducción del tipo de IRPF tiene en estos colectivos, y también el impacto que una medida de estas características puede tener en la propia actividad económica. Dada la naturaleza de la iniciativa,
nuestro grupo se va a abstener en la votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que plantea un cambio sustancial en la tributación de los
trabajadores autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por los rendimientos de las actividades económicas. Es una cuestión que nuestro grupo parlamentario ha venido planteando en diferentes ocasiones en esta Cámara y en la
Comisión de Economía, a fin y efecto de equilibrar y modular que la tributación de los trabajadores autónomos, que pueden tributar por módulos o pueden tributar a través del IRPF, pueda ser equiparable a lo que tributan aquellas pequeñas y medianas
empresas que probablemente son sucesoras de trabajadores autónomos y que ahora están tributando a través de una sociedad anónima o de una sociedad limitada. Sus señorías saben perfectamente que nuestro grupo parlamentario junto con otros grupos
hemos modulado un impuesto sobre beneficios para pequeñas y medianas empresas diferente del impuesto de beneficios de las grandes sociedades con una diferencia de 5 puntos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
También
es una realidad que en algunos países miembros de la Unión Europea para intentar crecer, desde un punto de vista de la economía productiva y para plantear un tipo de impuesto competitivo sobre el impuesto de sociedades, para que al mismo
tiempo se pueda generar empleo, se ha planteado la posibilidad de rebajar el impuesto sobre sociedades. Lamentablemente no se ha producido en España la posibilidad de plantear un tipo más competitivo sobre el impuesto sobre sociedades, porque hay
quien dice que si se rebaja el impuesto sobre sociedades probablemente tengas menos recaudación. Esto no es cierto. Se ha demostrado que en muchas ocasiones un impuesto demasiado alto, que no es competitivo, lo que hace es reducir la recaudación y
sumergir la economía. Todos aquellos aspectos como esta iniciativa que pretenden plantear una fiscalidad más competitiva para las pequeñas y medianas empresas y para los trabajadores autónomos, es razonable tomarla en consideración. Siempre lo
hemos mantenido con iniciativas similares que han planteado los diferentes grupos parlamentarios en esta Cámara. Podríamos no estar de acuerdo con la supresión de algunas transitoriedades de las medidas que plantea el Partido Popular. Esto lo
veríamos si consiguiéramos aprobarla y tramitarla en la Comisión de Economía pero, globalmente, estamos de acuerdo con el fondo de esta medida. Hemos presentamos iniciativas que van en la misma dirección y somos de los que hemos venido reiterando a
lo largo de esta legislatura que hay que buscar la complicidad de todos los agentes económicos y sociales, y buscar también la complicidad del Gobierno para plantear un tipo competitivo para todas aquellas pequeñas y medianas empresas, para todos
aquellos autónomos que tengan una facturación mínima. Nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones también un tipo del impuesto sobre beneficios para las microempresas del 15 por ciento y globalmente entendemos que esta propuesta de
Convergència i Unió podría ser compatible con algunas de las que plantea el Grupo Parlamentario Popular en esta iniciativa. Por todas estas consideraciones nuestro grupo parlamentario, siguiendo con la norma de que vamos siempre en la misma
dirección en la toma de consideración de iniciativas que van hacia la defensa, la orientación y la potenciación de la economía productiva, va a votar favorablemente esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mas i Estela.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.
¡Sensacional! ¡Fantástico! Señorías, ¿vieron ustedes el orden del día del Pleno de esta semana? ¿Qué es lo que nos propone el Grupo Popular? Punto 1, proposición de ley sobre rebajas fiscales para autónomos y pymes; punto 7, moción para
garantizar el control de las cuentas públicas y la estabilidad parlamentaria; punto 32, interpelación al Gobierno sobre cómo piensa paliar el déficit de la inversión. ¡Santo Dios! Milagros a Fátima o a Lourdes. (Rumores.-Risas.) ¿Podrían explicar
cómo lo harían? Bajar los impuestos, equilibrar el presupuesto y aumentar la inversión. ¿De verdad? ¿Qué ministro de Hacienda se atreve con este programa. En el actual contexto, ¿cómo lo explicarían a Europa? (Rumores.) Seriedad, señoras y
señores diputados proponentes; un poco de seriedad. No está el horno para bollos, y en esta semana el horno saben ustedes, señorías, que está caliente. Estamos en la primera línea de batalla del combate financiero por las cuentas públicas que
libran los países del euro.
Ayuden a defenderla, no minen desde dentro nuestras posiciones; no las posiciones del Gobierno, las posiciones del país.
El Grupo Parlamentario Socialista va a rechazar esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que pretende establecer una rebaja del 20 por ciento del rendimiento neto positivo declarado por los contribuyentes en el
IRPF que ejerzan actividades económicas cuya cifra de negocio sea inferior a 5 millones de euros. El Grupo Parlamentario Popular pretende convertir en permanente y sin contrapartida una medida fiscal existente en la actualidad para los ejercicios
2009, 2010 y 2011, que tiene como finalidad favorecer la preservación y creación de empleo en empresas de reducido tamaño, pymes y autónomos. ¿Por qué creemos que no es conveniente esta pretensión? No es el momento de más rebajas fiscales. En los
últimos tiempos, al compás del desarrollo de la situación económica, se establecieron rebajas en el impuesto sobre sociedades para incentivos de empleo, como se acaba de apuntar, ciertamente; también se retocaron al alza el IVA y la imposición
sobre los rendimientos del capital, pero no se puede hablar de ingresos sin dejar de hablar de los gastos y del equilibrio. Otros portavoces en esta tribuna de otros grupos parlamentarios han incidido en esta cuestión: hay que asegurar el gasto,
ciertos gastos (enseñanza, sanidad, seguridad, inversión). No puede haber una continua rebaja de la consideración de los ingresos. Segundo, la mejora de las perspectivas de la actividad de las empresas de pequeño tamaño no viene de la fiscalidad.
Ustedes, señores del Grupo Popular, en la parte expositiva de su pretensión dicen: Bajamos en el 96 los impuestos y aumentó el número de empresas pequeñas en tres veces. Supongo que son conscientes de que puede que en una parte sí, pero en gran
parte no aumentaron las empresas por las rebajas fiscales; aumentó el número de empresas por la mejora de la economía que hubo aquellos años, derivada entre otras cosas de la burbuja inmobiliaria -después hablaremos del tema-. La mejora de las
perspectivas de las actividades de las empresas no viene por reducir continuamente los costes, ya sean salariales o indirectos comunitarios; los impuestos no son más que esto, costes indirectos comunitarios. Aunque es cierta la importancia que
tienen las empresas de menor tamaño
en el volumen de la ocupación que generan, hay que colocar en su lugar el papel de tracción que tienen para el conjunto de la economía más allá de consideraciones electoralistas, que me parece que es de lo que estamos hablando. Hay que
diferenciar este tipo de empresas, que vienen determinadas por su tamaño, por su actividad en el tejido económico, por el sector o subsector de actividad en que están. Hay múltiples ejemplos.
Podríamos hablar de la construcción y podríamos sacar
en esta tribuna el inefable caso del paraguayo que popularizó hace un tiempo un conocido periodista, o podríamos hablar de las pequeñas y medianas empresas de promoción inmobiliaria. Ustedes saben -lo vimos todos con nuestros ojos- que hubo muchas
empresas de ese tamaño que se abrieron y luego se cerraron al compás de cómo funcionó la actividad inmobiliaria. Podríamos hablar de empresas en la distribución y en los servicios. Los economistas empiezan incluso a hablar del cuaternario como
sector de servicios, aunque creo que sería más adecuado hablar de la espuma de la economía en épocas de bonanza que después se reduce. Por tanto, señoras y señores diputados, la dinámica económica conllevará muchos cambios, altas y bajas que no
dependen de la fiscalidad. Cuarto, hay que asegurar la equidad fiscal entre todos los contribuyentes. Alguien que me ha precedido en esta tribuna ha hablado del tema. No puede extenderse una sensación de injusticia, de trato desigual. ¿Quién va
a contribuir al final? Si hay rebajas para uno atendiendo a la situación económica habrá que hacer rebajas para todos, y entonces ¿dónde quedará la sostenibilidad del sistema? Claro, para algunas opciones y propuestas políticas -la derecha- esto
es precisamente lo que se pretende: menos ingresos de los que pueden y menos gastos para los que los necesitan; que cada cual se espabile.
Esta es su propuesta, señores del PP. Por último, seguramente cuando se estabilice la situación, con
nuevas perspectivas será preciso revisar las consideraciones fiscales sobre unas bases que habrán cambiado, pero esto, señoras y señores diputados, para más adelante.
Gracias, señora presidenta. Gracias por su atención, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Mas.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE REGULACIÓN DEL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD. (Número de expediente 122/000092.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de regulación del recurso previo de inconstitucionalidad.
Para su defensa
tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, traigo a debate la toma en consideración de una proposición de ley orgánica de regulación del recurso previo de inconstitucionalidad que fue registrada por Unión, Progreso y Democracia el 30 de mayo del año 2008. A diferencia de
lo que ocurre con algunas iniciativas, que desde el momento en que se registran hasta que se produce la circunstancia en que pueden ser debatidas en el Pleno pierden actualidad, esta es una iniciativa que no la ha perdido, así como tampoco la
necesidad de ser debatida e implementada; justamente todo lo contrario. Acontecimientos que han venido produciéndose durante estos tres años -de los que hablaré a continuación- hacen siquiera más necesaria y más urgente la recuperación de este
instrumento, el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía. Es un instrumento a mi juicio imprescindible para recuperar el espíritu constitucional en tanto no cambiemos la propia Constitución, en tanto no se modifique la
Constitución en aquellos artículos que han permitido que por la vía de aprobación de estatutos de autonomía se reforme la Constitución por la puerta de atrás.
Creo que cuando -lo explicaré ahora- se anuló este recurso de inconstitucionalidad de la Ley de 1979 el legislador no pensó en lo que se podía producir, y eso le llevó a tomar esta decisión. Lo que ha ocurrido a partir de ese momento y
sobre todo en los últimos años -en la legislatura pasada y también en esta, con las sentencias del Tribunal Constitucional en relación con estatutos de autonomía- hace que sea más necesario si cabe realizar una reflexión sobre la idoneidad y la
bondad de recuperar este instrumento. Es verdad que este instrumento no está en la Constitución, pero estuvo en la primera ley que regulaba las competencias del Tribunal Constitucional, en la ley de 1979, que fue presentada por UCD. En el espíritu
de esa proposición de ley no estaba exactamente el recurso previo de inconstitucionalidad, como algunos de los aquí presentes recordarán. UCD planteaba no un recurso sino un informe previo para el caso de los estatutos de autonomía al estilo de los
informes para los convenios internacionales. Era un informe que para ser solicitado requería de la mayoría; lo podía plantear o bien el Gobierno o bien la mayoría de las Cámaras pero, en todo caso, era un informe. Fue el Grupo Socialista en el
debate previo el que convenció a UCD de la idoneidad de establecer un recurso de inconstitucionalidad, con las características del que se plasmó en aquella ley, no solo para los estatutos de autonomía sino también para las leyes orgánicas. Este
recurso previo se veía entonces muy necesario para los estatutos de autonomía porque los legisladores estaban hablando -en los debates de la ley se ve con claridad- de los estatutos del artículo 151, aquellos que se someten a referéndum. Por ello,
se planteaba la necesidad de que antes de que se sometieran a referéndum hubiera un informe sobre su inconstitucionalidad. Como digo, fue el Grupo Socialista quien convenció y acordó con UCD esta reforma y así salió la ley de 1979, incorporando el
recurso previo de inconstitucionalidad para las dos cuestiones, para los estatutos y
para las leyes orgánicas. ¿Qué es lo que ocurrió? Varias
cosas. Ocurrió que entre 1982 y 1985, gobernando el Partido Socialista Obrero Español, la oposición, entonces del Partido Popular -como ahora-, utilizó ese recurso previo de inconstitucionalidad no contra los estatutos de autonomía -apelar
antes de que hubiera recurso contra los estatutos de autonomía- sino contra las leyes orgánicas. De hecho, un 25 por ciento de las leyes orgánicas entre 1982 y 1985 fueron recurridas por esta vía del recurso previo de inconstitucionalidad. Fue
entonces cuando el Grupo Socialista descubrió que aquello a lo que había apelado, que las minorías tuvieran la posibilidad de presentar recursos previos, se había vuelto en su contra. Para que no se pudiera seguir utilizando en contra de quien
estaba gobernando trajo una reforma en la Ley 4/1984 para suprimir ese recurso de inconstitucionalidad para evitar que las minorías pudieran seguir utilizándolo contra la mayoría gobernante. Se produjo una paradoja que tiene su interés y que si se
vuelve a producir en este momento esta diputada tendrá la satisfacción de ver cómo sale adelante esta iniciativa y es tomada en consideración y empezamos a discutirla.
Ocurrió que el Grupo Popular votó en contra de que se suprimiera el recurso
previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía y también votaron en contra el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió, apelando -está en el 'Diario de Sesiones', tiene mucho interés- a la necesidad que tiene la minoría de
poder plantear un recurso de estas características y que no quedara solo en el recurso de la mayoría, Gobierno o Cámaras (Congreso y Senado). Los tres grupos, Grupo Popular, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco votaron en contra de
esta reforma que promovió el Grupo Socialista. Los estatutos de autonomía estaban ya todos hechos, los del artículo 151 y todos los demás; todos estaban aprobados en 1984. En la cabeza de ningún legislador ni de los grupos parlamentarios cabía la
posibilidad siquiera de que se reformara el modelo territorial del Estado, de que se hicieran profundas reformas sobre los estatutos de autonomía sin consenso de Estado, que era cómo se habían venido haciendo hasta ese momento. El legislador no
pensó que fuéramos a entrar en unas reformas de calado, que a mi juicio son reformas de la Constitución por la puerta de atrás con la letra de Estatuto de Autonomía pero con el alma de Constitución; no pensó que eso se iba a producir, en la medida
en que además nunca se había utilizado el recurso previo para los estatutos y sí para las leyes orgánicas. No se estableció, no se mantuvo esto que permítanme que denomine cautela. No se mantuvo la cautela y se suprimió de la ley. Por lo que
hemos visto del comportamiento y de las consecuencias del comportamiento que han tenido fundamentalmente las grandes formaciones políticas, por lo que ha sido la ruptura en la legislatura pasada de los pactos sobre el modelo territorial del Estado,
es necesario que recuperemos este recurso, no solo para recuperar el espíritu de la Constitución, que ya sería suficiente, sino para forzar pactos de Estado. Si los partidos políticos han demostrado no tener sentido de Estado a la hora de modificar
el modelo territorial del Estado sin consenso entre las dos grandes formaciones políticas, la Cámara tiene que hacer lo posible para que, a través de las leyes, se prevengan tales desvaríos y tales desvíos constitucionales, a mi juicio. Es muy
necesario e incluso diría que urgente; lo es desde los puntos de vista que les acabo de plantear y lo es también haciendo una apelación que supera la propia Constitución española. Un juez norteamericano -por cierto, citado en la sentencia por uno
de los votos particulares respecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña-, Evans Hughes, refiriéndose al Tribunal Supremo norteamericano, decía que vivimos bajo una constitución y la constitución es lo que los jueces deciden o dicen que es. En el
caso de España, y tal y como se han se producido los acontecimientos, la Constitución es lo que dice la mayoría que es. Eso no es bueno para la Constitución; no es bueno para el orden constitucional, no es bueno para el Estado y no es bueno para
mantener los grandes pactos de Estado que un Estado democrático y moderno tiene que mantener, salvaguardando cualquier otra consideración y por encima de cualquier ideología. La Constitución no puede ser lo que la mayoría dice en cada momento que
es. No estoy pensando en la última sentencia del Tribunal Constitucional, señorías; estoy pensando en general y en todas las sentencias.
Les decía al principio que se trata de introducir este instrumento, que es preventivo -la prevención es lo mejor en todos los aspectos de la vida; se suele citar aquí respecto de la política sanitaria que la política preventiva sanitaria no
es solamente lo más barato sino lo más eficaz y lo más activo desde todo punto de vista, lo más sano-, que obligue a los partidos políticos a formular pactos de Estado para cambiar la propia estructura del Estado y que prevenga los desvaríos que se
han producido, evitándose muchos de los desmanes -entiéndanme, en términos políticos- que se han venido produciendo en los últimos tiempos. Es cierto que la ley por la que se regula el Tribunal Constitucional merecería otros retoques. Esto no es
más que una iniciativa que abre la puerta. Yo creo que es la propia Constitución la que merecería un retoque para evitar que el Tribunal Constitucional esté formado por magistrados que llegan ahí por cooptación; es lo de menos. Por cooptación
están completamente de acuerdo los unos y los otros; unas veces tienen mayoría unos y otras veces otros. Con eso es con lo que hay que terminar, no para que tengan mayoría otros, sino para que ningún partido político tenga mayoría dentro del
Tribunal Constitucional. Eso llevaría a la reforma de la ley, quizá a la reforma de la Constitución -hay juristas que podrían debatir esta cuestión-, pero mientras no lleguemos a eso hay que introducir este instrumento de carácter preventivo. Como
dicen los juristas, el derecho es un instrumento para resolver lo más pacíficamente posible los conflictos que se producen en la sociedad. La lógica del sistema jurídico se ve influenciada necesariamente por la forma en la que históricamente se
mantienen esos conflictos.
Como decía, creo que los hechos han demostrado que cuando no hay consenso entre todas las fuerzas políticas o entre todas las comunidades autónomas es muy probable que se cuestione la constitucionalidad de los proyectos de estatuto. En el
primer caso podríamos hablar del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero no únicamente, porque quien recurrió aquel luego puso lo mismo en otros estatutos que promovieron otras comunidades autónomas.
Lo mismo ocurre con los recursos sobre el agua y
las dos últimas sentencias que se han producido respecto de los Estatutos de Castilla y León y de Extremadura. Por ello es lógico, como les decía al principio, que deba recuperarse este instrumento. El Tribunal Constitucional ha declarado
inconstitucional muchos y esenciales preceptos de los nuevos estatutos, de estos llamados de segunda generación, no tan solo el Estatuto de Cataluña sino lo que tiene que ver con las aguas, como les decía hace un momento.
Si este recurso hubiera estado vigente se hubiera podido prevenir y no tener que soportar consecuencias como algunas de las que les voy a señalar. Se hubiera buscado un consenso de todas las fuerzas políticas para evitar su interposición;
así se protege a las minorías -vuelvo al recuerdo del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió votando en contra de la supresión- en un tema tan esencial frente a la fuerza de la mayoría. Por ello debe atribuirse la legitimación para
interponerlo, como señalamos en nuestra propuesta, a las mismas partes que se establece en el recurso de inconstitucionalidad ordinario. Si hubiera estado vigente el Tribunal Constitucional no se hubiera visto sometido a las brutales presiones que
le han deslegitimado -es negativo para todos- para tener que decidir sobre una norma que ya estaba siendo aplicada. No se hubiera planteado una lucha de legitimidades entre el Tribunal Constitucional y el pueblo soberano que aprueba, desde la
soberanía que tiene para ello, el estatuto en referéndum, sin perjuicio de que naturalmente el Constitucional tiene el derecho -por tanto la obligación si alguien interpone el recurso- de pronunciarse después, ya que este referéndum no se hubiera
celebrado hasta después de que el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado. Naturalmente habría que poner unos plazos para que no tardara cuatro años en pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad, pero eso forma parte de lo que
habría que establecer dentro de la norma. De hecho, como les decía antes, cuando se propuso la primera redacción se pensó básicamente para los estatutos del 151, entre otras cosas porque eran los que se aprobaban por referéndum.
Por otra parte, si
hubiera estado en vigor se hubiera garantizado mejor la seguridad jurídica. Señorías, hay muchas leyes aprobadas -aquí se ha visto y discutido en más de una ocasión con la redacción original del Estatuto de Cataluña- que ahora son
inconstitucionales pero que exigen una complicada derogación o interpretación. Lo mismo ha ocurrido con los nuevos estatutos de autonomía en relación con las aguas, como les comentaba antes. También por razones de eficiencia hubiera sido muy bueno
que hubiera estado en vigor, porque se han modificado las estructuras de las administraciones de las cuencas hidrográficas que ahora tienen que volver a cambiarse. Se modificaron de acuerdo con los estatutos y ahora, como el Tribunal Constitucional
ha modificado aspectos sustanciales, han de volver a cambiarse. Por tanto también es un problema de eficacia, de eficiencia y de seguridad jurídica, por no comentar las que se han hecho en Cataluña con algunas de las instituciones que se han creado
a la luz de su Estatuto de Autonomía antes de que el Constitucional se pronunciara y que ahora no reúnen las garantías constitucionales precisas.
En consecuencia, la recuperación de este recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... tal como la planteamos es un instrumento preventivo que servirá para mejorar la democracia en España, para garantizar también el derecho de las minorías y para recuperar el espíritu constitucional.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Para fijar la posición del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, recordará la señora Díez que ya tuvimos oportunidad de debatir esta misma cuestión hace poco menos de un año, concretamente el 11 de mayo de 2010, a instancias del Grupo Popular que presentó una proposición de ley análoga a la que
hoy estamos discutiendo. Decíamos entonces -vale también para hoy- que vista la más que breve y azarosa existencia de este recurso previo de inconstitucionalidad basta reproducir ahora y aquí los mismos argumentos que en 1985 -ya ha llovido un
poco- llevaron al legislador, a esta misma Cámara, a suprimir el ahora ya extinto artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al propio Tribunal Constitucional -no se olvide- a verificar aquella iniciativa y la plena
constitucionalidad de la misma; una opción legislativa que el Tribunal Constitucional dijo que era perfectamente legítima y respetable. Huelga decir por lo demás que hay otros argumentos sobrevenidos después de aquella reforma legal. Por ejemplo,
este debate -lo dije entonces, lo digo ahora- rebrota curiosamente en un contexto en el que ha habido varios pronunciamientos del alto tribunal que han sido puestos en tela de juicio. En aquel entonces discutíamos esta misma iniciativa un poco a
rebufo de la esperada sentencia, la 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional
sobre el Estatut de Catalunya. En aquel contexto algunos
grupos políticos, evidentemente los que se distinguieron como más hostiles al Estatut, por ejemplo el Grupo Popular que en este caso tenía un delirante expediente de servicios en contra del mismo, tenía un interés curioso y paradójico de
intentar redimirse y expiar buena parte de sus pecados diciendo o pretextando que si hubiera habido un recurso previo de inconstitucionalidad posiblemente no hubiéramos llegado a tal desaguisado.
Señora Díez, el recurso previo, ese recurso preventivo e indiciario que usted ha defendido desde esta tribuna, constituye ante todo una auténtica quiebra del modelo constitucional de control sucesivo de las normas con rango de ley y además
constituiría en nuestra opinión una indeseable, por poco conveniente, injerencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo, además de introducir un elemento muy poco razonable de judicialización de la vida política, porque el Tribunal
Constitucional creo que se extralimitaría en su función propiamente jurisdiccional; es además un control ex post, posterior a la actuación, en este caso de las Cortes. Se convertiría simplemente en una tercera Cámara legislativa con un derecho a
veto sobre la autoridad legislativa del Parlamento, lo cual ciertamente existe en otros sistemas, por ejemplo en alguno presidencial, pero no va aparejado a la lógica de un sistema parlamentario como el nuestro. Además sería mucho más que un
legislador negativo; sería un legislador preventivo -como usted ha defendido- que iría indicando la traza, el íter, el camino a seguir por el legislador, por las leyes, destruyendo lógicamente la presunción de legalidad del propio Parlamento,
además so pretexto de que se podría dañar la seguridad jurídica con inconstitucionalidades sobrevenidas. Es decir un argumento que usted hoy más o menos ha reiterado desde esta tribuna y con el que lógicamente no puedo estar más en desacuerdo.
En último término y no por ello menos importante, señorías, señora Díez, hay razones de orden no estrictamente jurídico-constitucional, es decir razones, si ustedes prefieren, de oportunidad política. El recuerdo, el solo recuerdo de la
utilización espuria, incluso diría que malintencionada que algún grupo político hizo precisamente de este tipo de recurso cuando estaba en vigor, con una deliberada voluntad de obstruir la actividad del legislador y del gobierno entonces, por
ejemplo en relación con la Ley Orgánica de Educación o con la Ley Orgánica de Libertad Sindical o con la reforma del Código Penal con motivo de la despenalización del aborto; este solo recuerdo echa para atrás cualquier intento de volver hacia este
recurso. Es decir lo único que hace en definitiva es desaconsejar abiertamente la reintroducción de este recurso previo.
En todo caso y como usted misma reconocía, señora Díez, si se quiere reintroducir este recurso, aunque no se compadece para nada con nuestro sistema constitucional, habría que proceder a modificar el título IX de la Constitución, el artículo
161, y prever lo que usted misma decía que se prevé en el supuesto de los tratados internacionales del artículo 95, pero no intentándolo como hoy o como en su día lo hizo el Grupo Popular, por la puerta de atrás, lo que no está previsto -insisto- ni
encaja en nuestro ordenamiento jurídico. Es por todo ello que nuestro grupo parlamentario va a votar en contar de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
De las palabras de la señora Díez se deduciría que a Convergència i Unió y al Partido Nacionalista nos quiere hacer un favor con su iniciativa, pero resulta que lo que nos está presentando aquí no tiene nada que ver con lo que se discutió en
aquel momento. Usted excluye directamente las leyes orgánicas de la posibilidad de recurso y lo reserva todo a los estatutos de autonomía, y precisamente la única posibilidad que les daba a los parlamentos autonómicos era con respecto a las leyes y
no sobre los estatutos de autonomía.
En cualquier caso, leyendo su propuesta, de la exposición de motivos se deducen dos argumentos a favor de la misma. El primero dice lo siguiente: que este recurso previo ayudaría a evitar las presiones que se ejercen sobre el Tribunal
Constitucional al tener que juzgar y valorar la adecuación de un estatuto de autonomía ya en vigor. ¿Cómo puede deducir que las presiones van a ser menores? ¿Es que las presiones al Tribunal Constitucional antes de la resolución de un fallo o de
que una normativa haya sido pasada por las Cortes van a ser menores? ¿Por qué razón? ¿Por qué va a minorar esto las presiones sobre el Tribunal Constitucional? Desde luego, usted no lo explica. Y la segunda razón es -usted afirma y yo estoy de
acuerdo- que el recurso previo de inconstitucionalidad se desechó por unos efectos distorsionadores en la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, con consecuencias inesperadas y metaconstitucionales en la última
fase del procedimiento de formación de la ley. Y añade: pero este efecto distorsionador lo solucionamos en nuestra propuesta porque las leyes orgánicas no están dentro del recurso previo de inconstitucionalidad previsto en la presente proposición.
¿Y qué ocurre, con los estatutos de autonomía no se da ese efecto distorsionador? ¿Es que los estatutos de autonomía no son leyes orgánicas? Desde luego, usted marca unos puntos como fundamentación de su propuesta que luego no explica en absoluto,
al contrario, servirían para desechar y para rechazar su propuesta. Pero hay muchas más razones para decir que no a esta propuesta, y son las que marca la mayoría de la doctrina jurídica. Se lo han dicho ya, y yo se lo repito: el control previo
supone una excepción respecto al principio general recogido en la Constitución, que es el control a posteriori de la constitucionalidad de las leyes.
Además, si se hubiera querido fijar un control previo en
la Constitución, se hubiera señalado así por parte de los constituyentes; ya se hizo en el caso de los tratados internacionales. En el caso del artículo 161.1.d) no aparece y, además, dice que 'el Tribunal Constitucional podrá conocer de
las demás materias que le atribuyan la Constitución y las leyes'. El caso de los estatutos de autonomía y leyes orgánicas ya está mencionado en un punto anterior del mismo artículo, por lo tanto, este punto d) se referirá a otras materias, pero no
el caso de los estatutos de autonomía, que no están contemplados para ser sometidos a un recurso previo de inconstitucionalidad. Es más, el desarrollo que hizo en su momento la ley es lo que era realmente extralimitador de lo que fijaba la
Constitución.
Hay un problema en los plazos que ustedes no arreglan con esa pretendida suspensión que quiere hacer después de que pase la iniciativa del estatuto de autonomía por las Cortes Generales antes de que sea sancionada por el rey. Dicen:
quedará en suspenso ese plazo de quince días. ¿Por qué? La Constitución lo dice absolutamente claro: quince días después de que sea aprobado por las Cortes. Si lo dice así, de esa manera tan taxativa, ¿cómo puede usted después, a través de una
modificación de una ley, del mecanismo de resolución que tiene que utilizar el Tribunal Constitucional, modificarlo? ¿No estará haciendo usted eso de lo que acusa a algunos estatutos de autonomía, reinventando la Constitución? Desde luego, otorgar
a esas doce personas la posibilidad de poner su voluntad por encima de las de todo un pueblo -sobre todo en los estatutos de autonomía, que necesitan referéndum para entrar en vigor- no es algo con lo que esté de acuerdo mi grupo. Esa voluntad no
puede estar por encima de todo un pueblo y de unas Cámaras que han refrendado esos estatutos y que lo han hecho sobre la base de unas discusiones mantenidas por representantes de esa comunidad autónoma y de las Cortes Generales.
Le voy a decir algo que ya le dije cuando se discutió la propuesta del Grupo Popular. La Constitución es un texto genérico en muchos de sus artículos y más en el ámbito de las autonomías y de las competencias autonómicas, y por algo se
acuñó el concepto por parte del Tribunal Constitucional del bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad lo constituyen el texto de la Constitución y los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía pueden interpretar,
pueden dar un sentido a esas normas vagas, no a las que estén claras y perfectamente fijadas, a normas genéricas por parte de la Constitución.
Es todo ello, ese bloque de constitucionalidad, Constitución más estatutos, lo que tendrá que utilizarse
como parámetro para medir las otras leyes, pero no pretenda usted fijar un límite anterior a los estatutos de autonomía, porque el parámetro es el bloque de constitucionalidad. Le voy a decir más. La injerencia que supone este tipo de control en
el procedimiento legislativo, añadiéndose de facto un trámite a los exigidos por la Constitución, es inconsecuente con el papel que el Tribunal Constitucional está llamado a desarrollar en el texto constitucional, pero es inconsecuente también con
el concepto mismo de ley y de elaboración de las leyes. El recurso previo de inconstitucional aumentaría la politización del Tribunal Constitucional, porque en este caso, todavía de manera más evidente de lo que es ahora en muchos casos, actuaría
como auténtico cuasilegislador, interviniendo, ahora sí, directamente en el iter de la producción normativa. Eso excede el ámbito jurisdiccional en el que debe situarse la actuación del tribunal. Por cierto, también hay que recordar que la
existencia de un recurso previo no puede zanjar, no puede eliminar la posibilidad de que exista un nuevo recurso después en vía ordinaria, porque ese lo plantea ya el artículo 161 de la Constitución y, por tanto, nos podríamos encontrar que un mismo
texto es pasado por el tamiz del Tribunal Constitucional no una sino dos veces, con lo cual tampoco nos ayuda a solucionar esos problemas de constitucional de los que usted hablaba. Además, hay que destacar que es más que posible, viendo la
práctica de los últimos años, que ese recurso sea utilizado con fines obstruccionistas, con fines filibusteristas, que además está en manos de los dos grandes partidos, y de nadie más. Los grandes partidos de la Cámara, sobre todo alguno, ya ha
dado muestras de utilizar los recursos al Tribunal Constitucional de manera sistemática, haya o no indicios de inconstitucionalidad y, además, con ejemplos que podrían ser curiosos en el caso de un recurso previo de inconstitucionalidad, porque
artículos idénticos en estatutos de autonomía diferentes -léase el catalán y el andaluz- en un caso han sido recurridos y en otros no. ¿Nos podríamos encontrar con un recurso previo en un caso sí y en el otro no? Perfectamente.
Quisiera finalizar, señora presidenta, con una reflexión de una persona de larga trayectoria en el mundo universitario del derecho constitucional, letrado del Tribunal Constitucional y premio Francisco Tomás y Valiente, el señor Gómez
Montoro, que dice lo siguiente: Frente al perjuicio que supone que una ley inconstitucional produzca unos efectos tal vez irreparables, hay que señalar que también supone un grave perjuicio la paralización de un proyecto de ley que goza del
respaldo del Parlamento, perjuicio que además viene agravado por el largo plazo en que tales recursos vienen siendo resueltos por el Tribunal Constitucional. En caso de tener que aplicar una presunción, pensamos que resulta preferible hacerlo en
favor de la constitucionalidad de las leyes y no en pro de su inconstitucionalidad. Y yo añado: Y más aún en textos que son refrendados por el pueblo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora Díez, como punto de encuentro para la discusión de este asunto mal empezamos si usted sostiene y afirma que las reformas de los estatutos de autonomía que se han producido en la anterior y en esta legislatura constituyen una
reforma de la Constitución por la puerta de atrás. La Constitución es una realidad dinámica, y creo que es muy pertinente remitirnos a la sentencia 76/1983 del Tribunal Constitucional, conocida como la sentencia de la Loapa, donde el propio
Tribunal Constitucional recuerda que la distinción entre el poder constituyente y los poderes constituidos no opera tan solo en el momento de establecerse la Constitución. Una aprobación de un estatuto de autonomía tiene elementos de poder
constituyente por parte de las Cortes Generales, y esta característica se debe tomar en consideración a la hora de plantear el control de constitucionalidad. Termino la cita de esta parte de una importante sentencia de la Loapa, que sin duda marcó
la arquitectura del modelo autonómico a los inicios de los años ochenta. Usted nos habla de una reforma de la Constitución por la puerta de atrás. El Tribunal Constitucional en sus primeros pasos nos recuerda que la distinción entre poder
constituyente y poder constituido no se establece solo en el momento de la aprobación de la Constitución, sino que, como muy bien apuntaba don Aitor Esteban, no solo nos tenemos que referir a la Constitución, sino al bloque de constitucionalidad, y
en esta dinámica de mutación y actualización de la Constitución sin duda que los estatutos de autonomía tienen un papel altamente relevante.
En la discusión sobre el recurso previo de constitucionalidad o inconstitucionalidad -de esto tendremos que discutir- podría decir aquella máxima que dice que hablar de este recurso una vez al año no hace daño. Lo digo porque hoy es 10 de
mayo del año 2011 y el día 11 de mayo del año 2010 el Grupo Popular planteó exactamente el mismo objeto de debate y la Cámara en esta legislatura ya se pronunció en contra del recurso previo de constitucionalidad o el control previo de
constitucionalidad, con lo cual es evidente que voy a reproducir algunos de los argumentos formulados hace un año.
Creo que no se puede establecer en las leyes una previsión de inconstitucionalidad de los trabajos de las Cámaras. Creo que en ningún momento, ni en la doctrina ni en nuestro marco legislativo, se contempla el Tribunal Constitucional como
un legislador positivo, sino como un legislador negativo, y sin duda el texto de esta proposición de ley, que contempla la participación de la actividad como legislador del Tribunal Constitucional en la culminación de los trabajos de las dos
Cámaras, convertiría al Tribunal Constitucional en legislador positivo. La propuesta de hace un año del Grupo Popular hablaba de un límite temporal de treinta días, que ustedes saben que nunca se ha cumplido en la práctica. Además, en el capítulo
de consideraciones previas, en la propuesta de la señora Díez hay errores técnicos, como, por ejemplo, la invocación al artículo 91 de la Constitución española, que simplemente hace referencia a la promulgación de las leyes por parte del rey. No
debemos convertir -y en esto reitero argumentos formulados por otros portavoces- el Tribunal Constitucional en una tercera cámara legislativa.
No debemos contemplar un sistema en el cual el Tribunal Constitucional entre a conocer el fondo de un
asunto en el tránsito de un texto legal desde las Cortes Generales al Boletín Oficial del Estado. Además, la diputada propone un control previo y un control posterior de constitucionalidad, y habría sido oportuno que la señora Díez nos hubiera
argumentado desde esta tribuna por qué es necesario un control previo y un control posterior si usted plantea ya un control previo de constitucionalidad.
Creo que es oportuno evocar en este debate las opiniones doctrinales autorizadas de personas como el que fue presidente del Tribunal Constitucional, Cruz Villalón, absolutamente contrario al recurso previo, o de un catedrático de derecho
constitucional que fue alto cargo de los gobiernos del Partido Popular, y concretamente director de la Escuela de Administración Pública, el catedrático Álvarez Conde, que también tiene distintos artículos académicos escritos en contra del recurso
previo de constitucionalidad. Pero en lo referente a los estatutos de la vía del artículo 151, aquellos que serán refrendados por parte del pueblo, dos ponentes de la Constitución, como Miquel Roca y como fue Jordi Solé Tura, se han manifestado
clara y solemnemente en contra de cualquier tipo de control de constitucionalidad de los textos que han tenido este plus de legitimidad con el referéndum y con el voto favorable por parte de los ciudadanos de una comunidad o de un territorio.
Es cierto que hace un año, cuando planteaba el Grupo Popular este asunto por primera vez en treinta y un años de vida democrática, se sometía a control de constitucionalidad un texto refrendado por el pueblo. Ahora han sido algunos otros,
entre otros el Estatuto de Autonomía de Andalucía, los que también han sido conocidos. Pero quiero destacar la singularidad de un estatuto, que no es solamente una ley orgánica, sino que es una ley paccionada. En la hipótesis de que la propuesta
de reforma del estatuto fuera iniciada por el Congreso y el Senado y, posteriormente, pactada y paccionada por el parlamento en la comunidad autónoma, en esta hipótesis, que es una hipótesis constitucional cierta, siempre la última palabra la
tendría el pueblo a través del referéndum.
Señora Díez, no quite al pueblo aquello que el mismo sistema constitucional da al pueblo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, nuevamente viene a la Cámara el debate sobre el recurso previo de inconstitucionalidad, y ciertamente hace casi un año que ya tuvimos ocasión de discutir este tema. La proposición
de ley que hoy se nos presenta es prácticamente idéntica a la que presentó en
su día el Grupo Popular. Hay pequeñas diferencias relativas a una modificación del artículo 2 para dar entrada a este nuevo recurso, una denominación del título sexto, alguna previsión respecto de los estatutos que debían ser sometidos a
referéndum, pero -vuelvo a decir- es una proposición de ley prácticamente idéntica a la que en su momento se debatió en esta Cámara y que fue presentada por el Grupo Popular. No voy a insistir en los mismos argumentos que en aquella ocasión
manifesté en esta misma tribuna. También es claro que nuestro grupo va a votar favorablemente la proposición de ley presentada por la señora Díez. ¿Ha cambiado algo? Sí, efectivamente, algo ha cambiado desde aquella fecha.
Tenemos la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña y todos hemos visto también lo que sucedió a partir de aquella sentencia y, sobre todo, las manifestaciones que se hicieron respecto de la misma. Esto nos da pie para pensar que, si hubiese
habido un instrumento como el que hoy nos propone la señora Díez y en su momento propuso el Grupo Popular, posiblemente las cosas hubieran sido distintas.
Pero mucho me temo, señoría Díez, que en esta ocasión el único apoyo que usted va a obtener
es el de este grupo parlamentario, pero no nos importa en absoluto, nosotros seguiremos con nuestra propuesta de sacar adelante el recurso previo de inconstitucionalidad porque creemos que es bueno para nuestro sistema jurídico. Otros grupos -ya lo
han dicho- entienden que esta figura jurídica no cabe en nuestra Constitución.
En la pasada discusión sobre este tema se nos dijo que este instrumento planteaba dos grandes cuestiones: La primera de ellas era que se cambiaban las reglas de juego en el curso del partido, que no era el modelo constitucional, y, en
segundo lugar, que no encajaba en el artículo 161.1.d) de nuestro texto constitucional. En el primer caso se nos decía que ese recurso previo de inconstitucionalidad no era posible porque nuestro modelo constitucional era el del control a
posteriori sobre leyes sancionadas, promulgadas, aprobadas y que, en definitiva, nuestra Constitución no permitía ese control a priori de constitucionalidad. En segundo lugar, también se nos decía, especialmente por el Grupo Socialista -hay que ver
cómo cambiaron las cosas desde los tiempos de la Constitución y desde los primeros momentos a un momento posterior- que el artículo 161.1.d) del texto supremo era un sistema de atribución material de competencias y que, por tanto, no era posible, si
se atendía al texto literal del precepto, que hubiese una posibilidad de recurso previo de inconstitucionalidad, toda vez que lo que había era una atribución ya en los distintos apartados anteriores y no era posible ese control a priori. Pues bien,
señorías, esto no es exactamente así. Es cierto que como norma general nuestro sistema de revisión o de control de constitucional es el sistema a posteriori, y ahí está el primer apartado de ellos, pero también es cierto que el sistema de alegación
de atribuciones que se contiene en el párrafo d) no es un sistema de atribución material, es un sistema de atribución procesal. Así es como resulta del texto porque, si se compara con lo que sucede con los recursos de amparo, por ejemplo, se da uno
perfectamente cuenta de que no solamente el Tribunal Constitucional examina las garantías de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, también los otros tribunales. Lo que sí tiene el Tribunal Constitucional es la exclusividad de la
competencia de conocer de los procedimientos de ajuste de los distintos actos y normativas a la Constitución. Por tanto, cabe perfectamente -tan perfectamente cabe que estuvo vigente durante una serie de años y no se suscitó su
inconstitucionalidad- el recurso previo de inconstitucionalidad.
Y citas por citas, señoras y señores diputados, independientemente del valor que puedan tener citas de prestigiosos juristas o constitucionalistas, también creo que hay una figura, una institución en nuestro derecho y en nuestro sistema
jurídico, que es el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, en un informe emitido en el año 2006, a petición del Gobierno -por cierto, no se sabe muy bien para qué se solicitó este informe, habida cuenta de que con el dictamen emitido no se ha
llegado a ningún sitio-, nos decía que ese control, a posteriori, tal vez no resulte el más adecuado para fuentes normativas que, como los estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental
para librarlos de la sospecha de inconstitucionalidad, y a fortiori de la acusación explícita de incurrir en ella podría considerarse la conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad. Señoras y señores diputados, yo le
tengo un enorme respeto al Consejo de Estado. Sinceramente, no creo que el Consejo de Estado emita un dictamen proponiendo la reintroducción de una figura que resulte inconstitucional y, sinceramente, creo que el Consejo de Estado distingue
perfectamente entre lo que son sistemas de atribución competencial por la materia y sistemas de atribución procesal.
Por tanto, no es descabellado, es más, yo creo que es conveniente, reintroducir esta figura.
Muchas gracias señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García-Tizón.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Aranda Álvarez.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Díez, el Grupo Socialista siempre ha tenido muchas reservas y se ha manifestado en contra del recurso previo de inconstitucionalidad.
Entendemos que este es un recurso, dentro de nuestra justicia constitucional, que casa mal, que se
ajusta mal al modelo de control de constitucionalidad que establece la Constitución española y que puede producir, si se aprobase la incorporación nuevamente, graves problemas en la relación de poderes del Estado. Y paso a argumentar por qué es
así.
Señorías, como todos ustedes saben, la justicia constitucional es el resultado lógico de la consideración de la Constitución como norma jurídica superior del ordenamiento. Si la Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento,
debemos establecer un mecanismo para asegurarnos de que ninguna norma inferior a la Constitución es contraria a ella. Todos ustedes saben que esto es una cuestión de lógica, es una cuestión de coherencia y de mantenimiento de la unidad del sistema
constitucional. Para ello, el constituyente se decantó -aquí se ha dicho ya- por un modelo de justicia constitucional concentrado para las normas con rango y fuerza de ley, un modelo de justicia concentrado que actúa a posteriori, un modelo de
justicia constitucional sucesiva a la actuación del Poder Legislativo. Por eso, señor García-Tizón, el artículo 161.1.a) de la Constitución dice que el recurso de inconstitucionalidad se interpone contra leyes y disposiciones normativas con fuerza
de ley. Sin embargo, señorías, con el recurso previo de inconstitucionalidad no existe ninguna disposición normativa con fuerza de ley. Estamos en la fase legislativa, en la fase política de la producción de las leyes, en el ámbito parlamentario.
Por eso creemos que la incorporación de este recurso sería pernicioso para la relación de poderes. Señorías, en un Estado que se sustenta en el principio de separación de poderes, es bueno no confundir entre función legislativa y función
jurisdiccional. Cuando actúa el legislador, se está en la aplicación política de la Constitución. Por tanto, introducir la interpretación jurisdiccional del Tribunal Constitucional en ese momento es generar una confusión de poderes y enviar a la
ciudadanía, que es mucho peor, el mensaje de que política y justicia constitucional es lo mismo. Y no es lo mismo. Seguro que alguno de ustedes -aquí ya se ha dicho- me pueden decir que esto ya sucede, puesto que existe el denominado recurso
previo del artículo 95 para los tratados internacionales. Después diré alguna cosa más sobre esta cuestión. En este momento, mencionaré solo dos cosas. Primero, el denominado recurso previo no es un recurso de la naturaleza de la que estamos
hablando y, segundo, fíjense que el artículo 95 está en el Título III de las Cortes Generales, no está en el Título IX del Tribunal Constitucional.
Señorías, con las instituciones del Estado se requiere, en primer lugar, que se definan claramente sus competencias y, una vez que se ha producido la definición de sus competencias, que seamos respetuosos con el ejercicio de las funciones
que se derivan de ella. El Partido Socialista entiende que en este momento hace falta respeto a las instituciones para que no se produzcan confusiones. Y para que se respeten las instituciones es por lo que el constituyente estableció un sistema
de justicia constitucional concentrado que se da a posteriori de la acción legislativa. Como decía, la acción legislativa es el momento de la política y la acción jurisdiccional es el momento de la justicia, y es bueno que no se produzca en el
mismo momento. Cuando se introduce el recurso previo, lo que se hace es introducir la justicia constitucional en el momento en el que se está produciendo la interpretación política de la Constitución. Y eso no es bueno.
Otro argumento es el siguiente. Resulta curioso que siempre que se habla de recurso previo de inconstitucionalidad se hace asociado a los estatutos de autonomía. Parece que aquellos que lo propugnan no confían en el legislador. Tengo que
decirles lo siguiente. Los estatutos de autonomía son leyes orgánicas; son leyes orgánicas especiales, sí, pero son leyes parlamentarias: son leyes fruto del soberano, que es el pueblo español, y necesitan aprobarse en esta Cámara. Por tanto, lo
que debemos hacer es esperar a que el soberano, el pueblo español, se pronuncie respecto de estas normas.
Decía también antes que suele afirmarse que los tratados internacionales son un ejemplo de recurso previo de inconstitucionalidad, y yo decía que el artículo 95 no está introduciendo un recurso previo de inconstitucionalidad, al contrario,
el artículo 95 de la Constitución lo que hace es establecer un procedimiento para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, no mediante una sentencia de nulidad, sino mediante una declaración sobre la conformidad del tratado internacional.
¿Por
qué? Porque los tratados internacionales son normas paccionadas entre dos o más sujetos soberanos: el Estado español y otro Estado con el que se suscribe el tratado. Por tanto, no es lo mismo.
Para terminar, solo me quedaría hacer una pequeña reflexión que va dirigida a la señora Díez y al Partido Popular. Si apoyan la incorporación del recurso previo de inconstitucionalidad, la pregunta sería: ¿piensan entonces que los
estatutos de autonomía son un pacto entre el Estado y la comunidad autónoma correspondiente donde se expresan voluntades soberanas? El Grupo Socialista no, y como no creemos esto, pensamos que introducir el recurso previo de inconstitucionalidad
produciría...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Aranda, por favor.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: ... justamente lo contrario de lo que pretenden.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Aranda.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y PREVISIONES QUE PERMITAN EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ALERTA DE TSUNAMIS EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000823.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposi
ciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar los estudios y previsiones que permitan el establecimiento de un sistema de alerta de tsunamis en España. Para defender la
proposición no de ley en nombre de su grupo, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, planteamos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que la Administración General del Estado, en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales que puedan verse afectadas, realice los estudios y
previsiones que permitan disponer en el plazo más breve posible de un sistema de alerta de tsunamis, pudiendo establecer para ello lo acuerdos que resulten necesarios con otros países de nuestro entorno geográfico.
Fundamentos de la razón por la cual proponemos esta iniciativa y esta propuesta de resolución. En primer lugar, como saben sus señorías, aunque la peligrosidad de tsunamis en nuestro país -quiero recordarles que es un país ribereño, no es
Luxemburgo, es un país ribereño con dos archipiélagos, con un cruce de tráfico intensísimo en el Estrecho, con dos ciudades autónomas en el norte de África- es estadísticamente inferior que en otras zonas del mundo, sí que es razonablemente posible
que puedan ocurrir en algún momento fenómenos de este tipo, habida cuenta de las características sismotectónicas y geográficas del área en la que se encuentra tanto la España peninsular como la insular mediterránea y atlántica. En segundo lugar,
los estudios realizados hasta ahora ponen de manifiesto que especialmente en el océano Atlántico y al oeste del estrecho de Gibraltar la actividad de la falla Azores-Gibraltar produce sismos submarinos que por sus magnitudes y mecanismos son
susceptibles de causar maremotos destructores que afecten a las zonas españolas; además, los datos históricos revelan que en esa zona se han generado maremotos que han afectado con más o menos intensidad al territorio de costa de esa península que
llamamos España junto con los archipiélagos y ciudades autónomas. De estos acontecimientos, el más tristemente célebre fue el que causó el terremoto de Lisboa en el año 1755, que asoló las costas de Cádiz y Huelva, pero más acá en el tiempo tampoco
podemos olvidar que las costas mediterráneas no están exentas de peligro. Fundamentalmente se ha probado con ocasión de los terremotos que ocurrieron en el norte de Argelia en el mes de mayo de un año muy reciente, 2003, que derivaron en un tsunami
que tuvo repercusión en importantes zonas del Mediterráneo occidental, llegando a producir daños en las costas de las Islas Baleares -año 2003- y en una serie de puertos deportivos que sufrieron esa agresión marina.
El tema ha sido objeto, sin duda alguna -y no lo ignoramos-, de debate en Comisión a lo largo de las dos últimas legislaturas en este Congreso de los Diputados y en el Senado, pero nosotros hacemos este planteamiento desde la óptica de la
protección civil. ¿Por qué? Sabemos -y lo saben sus señorías- que en España existe un grupo más o menos disperso o mejor o peor conectado, un grupo nacional de estudio de tsunamis, que viene realizando estudios acerca de la viabilidad de la
creación de un sistema de alerta temprana. Precisamente se empezaron a poner en marcha en el año 2003, cuando ocurrió ese terremoto en Argelia que repercutió, como he dicho, en el archipiélago balear.
Nosotros sabemos que en España, dependiendo de muy distintos organismos -y lo saben sus señorías- hay un total de 54 estaciones de estudio y de detección, de las cuales 37 dependen del ente Puertos del Estado, 12 del Instituto Nacional de
Oceanografía, cinco del Instituto Geográfico Nacional y así sucesivamente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La universidad de Cantabria, universidades en distintos puntos del litoral mediterráneo y atlántico español tienen equipos de
trabajo dedicados a la detección de este fenómeno. Si a esa actividad de estudios relativamente dispersa se le suma el hecho de que el Estado español participa en proyectos de investigación internacionales, que España participa por su situación
geográfica en la implementación del sistema de alerta de tsunamis para el Atlántico noroeste y para el Mediterráneo Neamtws, que tiene la obligación de alertar e incluso evacuar a la población en nuestra costa, que es ámbito competencial exclusivo
del Estado español, a pesar de esos tratados internacionales que recogen claramente la alerta temprana, que en España es responsabilidad del Ministerio del Interior en el nivel máximo -a través de la Dirección General de Protección Civil-, pero que
compete también a responsabilidades de las comunidades autónomas litorales como Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Islas Balares, País Vasco, Cantabria, no podemos dar la espalda a una realidad. La realidad es que se hacen estudios, se
trabaja académicamente y se investiga, pero seamos conscientes -por eso esta iniciativa-, falta coordinación gubernamental a pesar de esos convenios internacionales a los que he hecho referencia. Y esa coordinación, ¿con qué finalidad, con qué
objetivo, con qué proyecto social se hace? El proyecto social evidente de producir, en función de datos que se reciban, la alerta inmediata para salvar vidas.
Señorías ese proyecto internacional Neamtws es un sistema de alerta que se pretende instalar en los próximos años para el Atlántico noroeste y Mediterráneo, incluida España. Es Francia la que coordina el proceso y se incluyen Portugal,
Italia o Grecia, que proponen convertirse en centros regionales. Nosotros planteamos que en España se cree ese centro coordinado por el ministerio con la máxima responsabilidad de salvamento de vidas, que viene dada en la Ley de Protección Civil.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, debe acabar.
El señor SEGURA CLAVELL: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte de Unión, Progreso y Democracia, del Grupo Mixto, que no podemos aceptar ya que elimina, curiosamente, las comunidades
autónomas y las entidades locales en el ejercicio de la responsabilidad que la Ley de Protección Civil les proporciona.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo, tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo, en primer lugar, para dar por defendida la enmienda de la señora Díez a la iniciativa presentada por el señor Segura en nombre del Grupo Socialista, y en segundo lugar, para fijar la posición de Coalición Canaria en
relación con esta iniciativa. Vaya por delante, señor Segura, que va a contar con el apoyo, como no puede ser de otra manera, de Coalición Canaria, pero de verdad, señor Segura, no creemos que vaya más allá de una declaración de intenciones, no
creemos que vaya más allá de un acuerdo importante de esta Cámara, porque, de verdad, tenemos muchísimas razones para pensar que esta iniciativa loable no va a ser posible. Tenemos por lo menos quince razones. El planteamiento que hace es, sin
duda, de buenas intenciones, vinculándolo -y usted sabe por qué- al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Fomento, a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. La detección de los fenómenos volcanológicos afectará a la
aparición de tsunamis, sin embargo, usted lo ha planteado en su intervención desde la óptica del Ministerio del Interior y sabemos por qué, por esas quince razones que nos hacen dudar de la viabilidad de la iniciativa que usted propone. El Real
Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Fomento, establece esas competencias a dicho ministerio.
Señor Segura, a pesar de las decisiones unánimes del Senado en 2005, del Parlamento de Canarias en 2006 y del Congreso de los Diputados en 2009 sobre la necesidad de crear de forma urgente e inaplazable el instituto vulcanológico de
Canarias, la Dirección general del IGN ha expresado con posterioridad a estas decisiones que la creación formal y material del instituto vulcanológico de Canarias es innecesaria, a pesar de los acuerdos unánimes de esta Cámara, del Senado y del
Parlamento de Canarias. También sabe usted que a raíz de la crisis sismovolcánica de Tenerife en el año 2004, la Delegación del Gobierno en Canarias, el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular de Tenerife impulsaron un plan de actuación
coordinada de protección civil ante la posible erupción de la isla de Tenerife, como no podía ser de otra manera, y la Dirección general del Instituto Geográfico Nacional se negó a que su máximo representante en Canarias asistiera oficialmente a la
reunión convocada el 14 de junio de 2004 por la dirección del plan con la finalidad de constituir el comité científico-técnico del plan de actuación coordinada y formar parte oficial del mismo. En plena crisis sismovolcánica de 2004 la Dirección
general del IGN, Instituto Geográfico Nacional, dilató durante cinco meses la autorización oficial para que su máximo representante en Canarias formara parte oficial del comité científico-técnico del plan de actuación coordinada de protección civil
ante una posible erupción en la isla de Tenerife establecido por las tres administraciones.
Podía darle más argumentos que van en la línea de la poca implicación que ha habido del Instituto Geográfico Nacional en relación con estas iniciativas, que son fundamentales -y usted lo compartirá con nosotros- a la hora de establecer
cualquier evaluación de riesgos que permita, como usted plantea, esa coordinación entre administraciones a la hora de buscar la protección de los ciudadanos a través del Ministerio del Interior con protección civil. Además, en estos siete años, el
presupuesto del Instituto Geográfico Nacional para la investigación vulcanológica ha decrecido, mientras que ha aumentado el de radioastronomía. Por ejemplo, en los presupuestos de 2004-2010 no se superan los 2,5 millones en investigación
vulcanológica y en 2010 se destinan 9,7 millones de euros a radioastronomía. También en estos últimos años -usted, señor Segura, lo sabe perfectamente ya que está preocupado por estos temas- no se han incrementado los sistemas de vigilancia
volcánica en las islas de La Palma, Hierro y Lanzarote, y usted sabe, como nosotros, que es fundamental que se siga trabajando. Por eso digo que es una buena iniciativa. Estoy seguro, porque le conozco, que tiene usted deseos de que esto sea una
realidad, pero indudablemente no contar ni en el preámbulo de la iniciativa ni en las consideraciones que se plantean como petitum de la iniciativa al Instituto Geográfico Nacional me hace pensar que probablemente se quede en un acto importante, en
una manifiesta voluntad de lograr un objetivo que no se va a conseguir porque no hay voluntad de hacerla ejecutiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Don Joan Ridao tiene la palabra.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, pudiera parecer a simple vista ante esta proposición no de ley que se pide algo desproporcionado, incluso que está hecha al calor de algún acontecimiento lejano pero difícilmente reproducible aquí. Pero, como decía el señor
Segura, existen datos históricos, alguna secuencia estadística histórica no tan remota que demuestra que en el Estado español, -como él mismo decía, un Estado ribereño- ha habido episodios de esta naturaleza. Precisamente, el catálogo de maremotos
que presenta el instituto geográfico revela a día de hoy hasta un total de veinticuatro maremotos en las costas desde el año 218 antes de Cristo, siendo, por cierto, el último al que aludía el señor Segura, en Argelia, el 21 de mayo de 2003, de una
magnitud de 6,8 en la escala de Richter, lo cual no es poco. Ese maremoto alcanzó las Islas Baleares 46 minutos después de aquel percance, cau
sando daños materiales cuantiosos y también en zonas portuarias. Entre todos los maremotos -o tsunamis en japonés- que están catalogados destaca el que también ha sido aludido antes por algún otro portavoz; concretamente, el que tuvo lugar
el día de Todos los Santos de 1755, en Lisboa, y al que se refiere concretamente el preámbulo de la proposición no de ley del Grupo Socialista, que provocó en la ciudad de Lisboa más de 10.000 víctimas mortales, con olas gigantescas que asolaron las
costas de Huelva y de Cádiz. Por tanto, la posibilidad de maremotos en nuestro entorno no es algo remoto, sino que pudiera darse, aunque pueda provocar alguna hilaridad entre la concurrencia y entre sus señorías, en cualquier momento. A pesar de
todo ello, en el Estado español no existen medidas, no se está preparado para afrontar este tipo de amenazas. Si hoy sucediera un maremoto de las características del que se ha visto recientemente en Japón, la presión urbanística, pero también el
crecimiento demográfico exponencial que ha experimentado el litoral de todo el Estado en los últimos años, elevaría el riesgo a unas circunstancias desconocidas. Por tanto, hay que estar preparado.
La proposición no de ley revela algo que pocos sabíamos, y es que no hay un centro de detección de tsunamis ni tampoco existe un protocolo de emergencia para olas gigantes; solo existen algunas estaciones llamadas mareográficas en el
litoral que miden los movimientos del agua, pero cerca de la costa. En Europa tampoco hay ningún centro de detección temprana como el que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, concretamente en las islas de Hawai, que protege a todo el ámbito de
las costas del Pacífico en Norteamérica, más allá de, como se ha dicho antes, algunos estudios de alcance académico por parte de investigadores de la Universidad de Cantabria, de Barcelona, de Puertos del Estado y del propio instituto geográfico.
Es evidente que las circunstancias que hemos vivido y conocido aconsejan y recomiendan tener en cuenta el impacto que ello podría tener y además que existan protocolos y coordinación en materia de protección civil y de emergencias. Por todo
ello vamos a dar apoyo a esta proposición no de ley para que, insisto, se adopten los sistemas de alarma y de protección civil, pero sobre todo para poder hacer frente a este tipo de eventualidades con todas las herramientas necesarias en la mano.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Don José Ramón Beloki tiene la palabra.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, he podido conversar con alguna tranquilidad con el proponente, el diputado Segura, de la proposición no de ley que en nombre de su grupo parlamentario somete hoy a nuestra consideración y debate. He podido leer también con
atención la exposición de motivos que soporta esta proposición no de ley y no sé si decirle que me ha convencido. No sé si exactamente la palabra es convencido, pero no me duelen prendas reconocer que me ha puesto sobre la pista informativa de un
tema que desconocía prácticamente en su totalidad. Es un tema del que tenía poca conciencia -iba a decir que menos conocimiento-, de si efectivamente estábamos en la península ante el peligro de tsunamis o no. Solo por puro agradecimiento de
haberme puesto en la pista de este tema, usted se ha hecho acreedor de mi voto. Pero hay más razones para apoyarle en la proposición no de ley que hoy somete a nuestra consideración. Después de las conversaciones y de las lecturas que usted me ha
proporcionado y de las que me ha dado la propia exposición de motivos me han quedado algunas ideas claras que usted mi dirá si son acertadas o no. Una, que independientemente de la inconsciencia con la que seguramente algunos hemos vivido en este
tema, una visión más atenta de determinados hechos ocurridos en el pasado -el terremoto de Lisboa de 1755 o el ocurrido en Argelia en 2003-, así como la observación de determinadas fallas que existen o el análisis de la sismicidad en el Estado
aconsejan que se preste más atención de la que este diputado estaba prestando a este tema. Es decir, existe un cierto riesgo de tsunamis en determinadas partes del Estado en proporciones distintas, evidentemente, en unos u otros lares; al parecer
en las tierras canarias, de donde procede el diputado señor Segura, existe mayor riesgo.
Segunda constatación que nos ha parecido poder deducir de todo lo que hemos hablado es que el interés y la preocupación por los tsunamis y el intentar estar prevenidos ante ellos va ganando terreno un poco por todas partes en estos días a
nivel mundial, muy especialmente en determinadas áreas por motivos obvios. Está habiendo iniciativas mundiales, como la de la Unesco en áreas diversas, y en concreto una que nos es próxima, que es el Mediterráneo. Esta preocupación incluso va
derivando en un progresivo establecimiento de una red mundial de alerta de tsunamis que, de acuerdo con los diseños con los que se opera ahora mismo, requiere que existan sistemas nacionales de alerta de tsunamis, que es lo que usted nos propone en
la proposición no de ley. Es una doble lógica; tenemos riesgo, pero es que además estamos en un entorno progresivamente consciente de que el riesgo alcanza a áreas más amplias y tenemos que entrar en una red de riesgos, o dicho con más precisión,
en una red mundial de prevención de riesgos.
Tercera conclusión que me ha parecido también que quedaba clara de nuestras conversaciones. Si bien llega hoy al Congreso esta iniciativa en los términos en los que lo hace, la misma recoge actuaciones que se han venido desarrollando en
distintas instancias administrativas -en Puertos del Estado, en el Ministerio de Fomento- de forma parcial, más o menos conexa unas con otras y viene también al hilo de propuestas más o menos formales que están siendo formuladas recientemente por
personas y grupos que vienen interesados y
preocupados por este tema desde tiempo atrás, como por
ejemplo, la propuesta que ha formulado el Grupo Nacional de Tsunamis.
Si ya el simple hecho de ponernos en la pista de esta temática, en los términos en que lo ha hecho el diputado Segura, constituía razón suficiente para este diputado y para mi grupo para apoyarle en lo que desea instar al Gobierno, estas
tres conclusiones extraídas avalan todavía más la razonabilidad y sentido de la propuesta. Si además tiene uno en cuenta que el diputado Segura cuenta en este tema con el OK del Gobierno, que entendemos que también ve esta necesidad, pues a más,
más.
Si además uno contempla que se formula en términos tan razonables como los que figuran en la proposición no de ley, tiene usted todas las razones para recabar nuestro voto y nosotros tenemos todas las seguridades posibles para que nuestro voto
sea afirmativo.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor Segura, nuestro grupo va a votar también afirmativamente esta proposición no de ley puesto que nos parece de interés tratar esta cuestión.
Todos hemos tenido que estudiar algo de maremotos y de tsunamis estos días y yo quisiera aportar asimismo una reflexión, que es la siguiente. Los maremotos o tsunamis son unas oscilaciones que se producen y se transmiten a una gran
velocidad, como ha dicho usted de 700 a 1.000 kilómetros por hora, por tanto, es de un gran riesgo, con una extraordinaria energía acumulada que cuando topa con algún obstáculo -la línea costera- que frena la transmisión de energía, provoca daños
muy sustanciosos. Sin embargo, la característica que hace a los maremotos especialmente peligrosos para la población es que su transmisión, debido a su gran longitud de onda, que es del orden de 100 kilómetros, conlleva que sea muchas veces una
sucesión -aunque dicho de manera imprecisa- de olas, la primera de las cuales no suele ser nunca la mayor, la más alta ni la que tiene más energía. Lo que sucede es que después de la primera ola hay lo que en catalán llamamos una minva, es decir,
una bajada del nivel, y muchas veces los ciudadanos, cuando ven que ha pasado una ola y se retrasa, aquellos que no conocen el fenómeno o no están informados acuden a verlo, y diez o quince minutos después puede llegar la segunda ola, que ya tiene
mucha más energía acumulada y es cuando normalmente se produce un gran número de daños.
¿Por qué relato yo este efecto? No por ninguna vocación de hablar aquí de física, señor Segura, señoras y señores diputados, sino porque todo esto tiene que ver con algo muy importante, que es la protección civil. Es decir, aquí hay dos
elementos. Uno es la detección y por tanto la transmisión de la información, y esto tiene que hacerse absolutamente a nivel internacional como los sistemas que hay ya en el Pacífico o en el Índico, pero una vez que se tiene la detección, alguna
autoridad debe ser capaz de mantener en alerta y evacuar tan rápido como sea posible -a lo mejor tenemos ese cuarto de hora o a veces más- a la población y que como mínimo no se produzcan daños personales. Desde este punto de razonamiento, aquí
tenemos muchos niveles para ser eficaces a la hora de evitar los daños, al menos los personales, repito, provocados por un tsunami o maremoto, y algunos de estos serán de alcance internacional -usted habla de ello- pero otros lo serán de las
autoridades de protección civil, que son comunidades autónomas o ayuntamientos, que son los que deben tener los protocolos, los planes de emergencia necesarios para que en su momento todos los ciudadanos sean informados y tomen la decisión correcta,
que es subirse a la altura más cercana posible y no ir a curiosear por qué se produce una minva. Me parece bien que su proposición no de ley hable de la Administración General del Estado, pero también que hable de la coordinación con las
comunidades autónomas, y en este sentido nosotros vamos a votar favorablemente porque creemos que así hay que hacerlo.
España tiene el litoral atlántico y el litoral mediterráneo. En el Mediterráneo ha habido fenómenos importantes a lo largo de la historia, como el de Santorini, en el año 1650 antes de Jesucristo, gran ejemplo de destrucción de una
auténtica civilización y de una de las grandes ciudades de la antigüedad. Creo que vale la pena estar precavido. Los japoneses lo llaman tsunami, que viene de tsu, que es un puerto natural -nosotros diríamos una bahía-, y de nami, que es una ola
-nosotros lo llamamos maremoto-, pero tanto si lo llamamos tsunami como maremoto, nuestra obligación es proteger, prevenir y -a ser posible- si se diera el desgraciado caso de un maremoto o un tsunami, que la población estuviera protegida al máximo
nivel por el conjunto de las administraciones. Como usted pretende este objetivo en su proposición no de ley, va a contar con el voto favorable decidido por parte de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Doña María Teresa de Lara tiene la palabra.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la iniciativa del Grupo Socialista que hoy debatimos y lo hará fundamentalmente porque coincide con las propuestas que desde hace seis
años venimos presentando: cuatro proposiciones no de ley en esta Cámara, la última en mayo de 2008, y un seguimiento puntual y exhaustivo a través de múltiples preguntas escritas de los posibles avances que deberían producirse en el área. Cierto
es que un fenómeno natural como este es difícil de detectar, pero evidentemente resulta imposible hacerlo si no se dispone de los elementos técnicos adecuados
para ello. Cierto es también que el nivel de riesgo sobre nuestro territorio peninsular no es altamente significativo, pero nuestra fachada atlántica y mediterránea y nuestros territorios insulares no están en absoluto excluidos del mismo,
y la historia así lo ha acreditado.
Nos parece bien por tanto que el Grupo Socialista someta hoy a la consideración de la Cámara instar al Gobierno a realizar los estudios y previsiones que permitan disponer en el plazo más breve posible de un sistema de alerta de tsunamis,
pudiendo establecer para ello los acuerdos que resulten necesarios con otros países de nuestro entorno geográfico.
El problema es, señor Segura, que esta iniciativa es una prueba que acredita que nada se ha hecho hasta la fecha, a pesar de que esta
es una cuestión que España debería tener resuelta desde el año 2006 según el compromiso contraído por el Gobierno con esta Cámara o, en todo caso, desde el año 2008 según el compromiso contraído por el Gobierno con la Unión Europea.
No existen estudios ni previsiones que permitan disponer de un sistema de alerta de tsunamis a día de hoy, por más que el señor Segura se haya esforzado por traernos a esta Cámara estudios de alguna entidad y de insignes catedráticos que se
han dedicado a ello. Pero, como verán ustedes, señorías, en las respuestas que hemos recibido a algunas de las preguntas hechas por el Grupo Parlamentario Popular, se acredita que el Gobierno en este aspecto no ha hecho nada de nada. Veamos
algunos ejemplos. Respuesta del 27 de enero de 2006 a una pregunta sobre las actuaciones en este campo. El Ministerio del Interior contesta: El Gobierno creó en el primer semestre de 2005 la red de alerta de riesgos naturales y en este marco se
constituyen diversos grupos de trabajo en función de riesgos identificados, entre los cuales está el grupo de tsunamis. Posteriormente, en junio de 2006, en respuesta a otra pregunta, el Ministerio del Interior contesta: El Gobierno creó en el
primer semestre de 2005 la red de alerta de riesgos naturales, etcétera. Está copiada de la respuesta a la pregunta de seis meses antes, pero añade un punto y dice: A lo largo del año 2006 se llevarán a cabo todos los trabajos previstos con el
objetivo de que nuestro país cuente con una red de alerta de tsunamis. Octubre del año 2006, respuesta a otra pregunta del Grupo Popular. Dice: La Dirección General de Protección Civil y Emergencias tiene planificado entre sus inversiones
incorporar en el año 2007 en los Presupuestos Generales del Estado una partida para el estudio y análisis de la peligrosidad de los tsunamis en las costas españolas. Es decir, nada. Última pregunta que traigo a esta Cámara para no cansar a sus
señorías -es de junio de 2009-. La respuesta del Ministerio del Interior dice: En cuanto al riesgo de tsunamis, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha considerado en su conjunto entre sus prioridades para esta legislatura la
elaboración de mapas de riesgos, entre los que se consideran los relativos a los tsunamis. Es decir, señorías, esta proposición no de ley es un reconocimiento de los incumplimientos flagrantes del Gobierno con esta Cámara.
El segundo punto de la iniciativa nos solicita que para disponer de un sistema de alerta de tsunamis se puedan establecer los acuerdos que resulten necesarios con otros países de nuestro entorno geográfico.
También aquí se pone en evidencia
al Gobierno, porque, como el señor Segura ha citado, el día 23 de noviembre de 2007 delegados de la Unión Europea y los países del sur del Mediterráneo aprobaron en Lisboa la creación de una red de alerta de tsunamis para el área mediterránea, que
contaría con dos centros en esta zona y otro en el Atlántico, y el acuerdo estipulaba que en el año 2008 entrarían en funcionamiento las bases de la futura red de alerta de tsunamis.
Señorías, señor Segura, el Grupo Popular votará favorablemente la iniciativa, pero que quede constancia en esta Cámara de que esta iniciativa deja al descubierto los incumplimientos del Gobierno. Nosotros creemos que todo lo que sea
prevenir es bueno y en ese sentido el objetivo de la iniciativa que el señor Segura nos trae a esta Cámara de prevenir un posible riesgo de tsunami creemos que es bueno para España, es bueno para Europa y es bueno para el mundo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
Señor Segura, como sabe, ha sido presentada una enmienda. Su señoría debe pronunciarse acerca de si la acepta o prefiere la votación en sus propios términos.
El señor SEGURA CLAVELL: Votación en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE REPRUEBA AL VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 162/000853.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, proposición no de ley del Grupo Popular por la que se reprueba al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública.
Para defender la
iniciativa en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Moreno Bonilla.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se ve obligado a presentar una proposición no de ley por la que propone la reprobación del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Adminis
tración Pública. Es una reprobación que está motivada principalmente por dos razones: la primera, por su incapacidad para gestionar las labores que tiene encomendadas por el Gobierno, y la segunda, por su negativa a dar explicaciones sobre
los escándalos que rodean su gestión política.
Señorías, se acaban de cumplir dos años desde que el señor Rodríguez Zapatero creó la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, una vicepresidencia cuya única y exclusiva finalidad, a la luz de los acontecimientos, fue dar al señor Chaves una
salida honrosa en su huida de Andalucía. Hace dos años, cuando se creó esta vicepresidencia, había en nuestro país 3,5 millones de parados, y ya desde el Grupo Parlamentario Popular avisamos que era un gasto absolutamente innecesario. Era una
vicepresidencia que no tenía competencias, que no tenía presupuesto, que no tenía contenido y, como ha quedado demostrado, con un vicepresidente que no tenía la suficiente capacidad e ilusión. Hoy tenemos 5 millones de parados, el señor Chaves
sigue en la vicepresidencia y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón.
La gestión del señor Chaves no pasará a la historia por su brillantez y eficacia, sino por sus incumplimientos, por su insumisión ante las leyes, por sus falsedades e irregularidades y por la ausencia completa de trabajo. Como es bien
sabido, la política territorial de este Gobierno es absolutamente inexistente debido a unos niveles de inactividad que sonrojarían a cualquier responsable público. Respecto a la tarea normativa de la vicepresidencia del señor Chaves, tras dos años,
no ha sido capaz de elaborar ni un solo proyecto de ley. Tan solo ha propuesto y aprobado el Real Decreto-ley del segundo Fondo local, que no era otra cosa que la continuación del aprobado anteriormente por la ministra Salgado, un PlanE que ha
sido, simple y llanamente, un fracaso, como prueban los 5 millones de parados y que los ayuntamientos están hoy peor que hace dos años.
A esto hay que añadir la escasa capacidad política y peso específico que ha demostrado el departamento de Política Territorial en el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Especialmente significativa es la ausencia del vicepresidente ante
el incumplimiento flagrante por parte del Gobierno de los compromisos adquiridos en el nuevo modelo de financiación autonómica.
El Gobierno se niega a liquidar el nuevo Fondo de competitividad en Cataluña, en Madrid y en otras comunidades
autónomas, poniendo en peligro la financiación de sus servicios públicos más esenciales, y todo eso a pesar de que hace tan solo unas semanas fue aprobado en el Senado.
Mientras ocurre esto, ¿dónde está el señor Chaves? ¿Dónde está el
vicepresidente territorial de España?
Tampoco ha hecho nada en materia local, la gran cuestión pendiente de este Gobierno, llevando a los más de ocho mil municipios a una situación absolutamente límite. No ha resuelto la reforma de la financiación local, no ha avanzado nada en
la reforma del régimen local y ha incumplido sistemáticamente todos los mandatos del Congreso en esta materia.
Señorías, hasta cinco veces ha ignorado los acuerdos de la Cámara que proponían la aprobación urgente de un nuevo modelo de financiación
y una nueva ley de bases. El señor Chaves ha llegado a tal punto que incluso incumple las leyes: ha incumplido la Ley de Morosidad, que hubiera posibilitado la línea de crédito ICO para que los ayuntamientos hubiesen pagado sus facturas y por
tanto hubiera aliviado a pymes y autónomos. En cuanto a la Función pública, el señor Chaves se ha limitado a aplicar el primer recorte salarial de la historia democrática de nuestro país.
Además ha descuidado de manera claramente alarmante las
normales relaciones institucionales con las demás administraciones territoriales.
Sirva como ejemplo lo que se vio recientemente en los actos conmemorativos del Día de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde al parecer su ocupada agenda le impidió
asistir.
Ante este balance nos preguntamos ¿a qué se ha dedicado el señor Chaves durante estos dos años de Gobierno? Pues a todo menos a atender las tareas y responsabilidades derivadas de su posición institucional. Frente a su inactividad
legislativa, falta de iniciativa política y desprecio a las administraciones públicas, solamente ha trascendido su implicación directa e indirecta en múltiples escándalos referidos a su gestión al frente de la Junta de Andalucía. El señor Chaves,
además de los escándalos vinculados a su familia, donde aparecen comisiones, contratados, subvenciones y un largo etcétera, es responsable, por acción o por omisión, de uno de los casos de corrupción que más alarma y conmoción social ha generado en
las últimas décadas en nuestro país.
Siendo presidente de la Junta de Andalucía permitió que se gestionaran al margen de la legalidad 700 millones de euros, 700 millones de euros que estaban dedicados a pensionistas y parados. Estos escándalos
alcanzan una gravedad absolutamente intolerable. Hoy mismo hemos conocido la dimisión de la directora de Empleo de la Junta de Andalucía y todo hace pensar que ha dado ese paso por las presiones internas en torno a los ERE y el avance de las
investigaciones judiciales. A todas estas sombras añadimos que el vicepresidente tercero se niega, miércoles tras miércoles, a dar explicaciones en esta Cámara. Incluso ha llegado a faltar a la verdad en sede parlamentaria.
La nula actividad presente del señor Chaves y las irregularidades vinculadas a él en su actividad pasada ponen de manifiesto que no es la persona idónea para desempeñar un cargo de la relevancia de ser vicepresidente del Gobierno de España.
En estos momentos de grave crisis económica y social, se espera de un vicepresidente algo más, se espera de un vicepresidente iniciativa, responsabilidad, transparencia, actitudes que generen confianza en el conjunto de la sociedad. A la vista de
todo lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que el señor Chaves a lo único que contribuye es al deterioro de la confianza en el Gobierno y al deterioro de la confianza en la clase política en general. Un Gobierno pierde la dignidad cuando
mantiene a un
miembro que no es digno para representar a todos los españoles.
Señorías, ante la falta de asunción de responsabilidades del señor Chaves y ante la inacción, el silencio y la complicidad del Gobierno, al principal grupo de la oposición solo le queda una alternativa, que es solicitar la reprobación del
vicepresidente tercero. Por ello espero y confío en que el resto de grupos parlamentarios apoyen esta iniciativa obligando al Gobierno a tomarse en serio la política territorial y la transparencia de los miembros del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Moreno, por favor.
El señor MORENO BONILLA: Voy terminando, señora presidenta.
Señorías, no sé si la Cámara reprobará al señor Chaves. (Rumores.) Lo que sí se es que la calle ya ha reprobado al señor Chaves.
(Rumores.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Concluyo ya, señora presidenta.
Señorías, el señor Chaves no aprueba en el balance de gestión, no aprueba en transparencia y no lo aprueban los ciudadanos, como demuestran reiteradamente todas las encuestas del CIS.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Moreno, por favor, no me obligue a volver a repetirlo.
El señor MORENO BONILLA: Concluyo ahora mismo.
Por tanto, no tiene ningún sentido que sus señorías hoy aquí le den un aprobado al señor Chaves.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moreno.
A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Por tanto, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra la señora Díez. (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Una señora diputada: ¡Patán!-Pausa.)
Estamos esperando a la señora Díez para que intervenga. (El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben.)
¿Perdón?
El señor MATARÍ SÁEZ: ¿Ha escuchado lo que ha dicho?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A usted sí le he escuchado. (El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben.) Muy bien, muchas gracias, señor Matarí, por sus consejos.
Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: El diputado que ha hablado en nombre del Grupo Popular nos ha dicho que no aprobemos la gestión del señor Chaves en esta sesión plenaria. Aquí no estamos, por lo menos yo no, para aprobar la gestión del señor
Chaves, sino para pronunciarnos sobre una proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, en el modelo parlamentario que existe en nuestro país, el Parlamento elige al presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno elige a sus ministros. Sabido es que yo tuve una posición contraria a la decisión del presidente
del Gobierno de crear una vicepresidencia tercera, que tiene las competencias de una secretaría de Estado, aunque el presupuesto orgánico de una vicepresidencia tercera. Sabido es, porque lo he dicho en alguna otra ocasión, que en un país con más
cuajo y con más tradición, una persona sometida a la crítica a la que está sometido el vicepresidente tercero del Gobierno hubiera dimitido, aunque no fuera más que para poderse defender de la crítica política, que es de la única que estamos
hablando. En otros países de nuestro entorno, por cuestiones mucho menores los ministros dimiten -por ejemplo, el último que yo recuerdo es el ministro alemán de Defensa porque fue acusado de copiar una tesis-. Por tanto, a mí me parece que es
propio en el debate político parlamentario pedir la dimisión de un ministro, pero nosotros, señorías, no nombramos, el Parlamento no nombra a los ministros. El presidente del Gobierno nombra a los ministros y la revocación se hace en este
Parlamento -a mi juicio con todo respeto a la figura parlamentaria que existe- al presidente del Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de que el señor Chaves y el resto de los ministros sigan en el Gobierno.
A los ministros se les pide
que dimitan y al presidente del Gobierno se le revoca la confianza y, señorías, la revocación es la moción de censura. Si quieren ustedes revocar a quien tiene la responsabilidad de que en el Gobierno haya alguien que a ustedes les parece
políticamente criticable -a mí también, por cierto-, a quien tienen que atreverse a presentar la moción de censura es al presidente del Gobierno; por eso, no contarán con el apoyo de esta diputada.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego se suma a la reprobación.
Reprobamos en primer lugar la doble moral del grupo proponente: la misma formación política que
presenta al señor Camps como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana (Aplausos.); la misma formación política que se vale, para impedir que pueda presentarse como candidato un alcalde del BNG, de una ley presuntamente
pensada para cerrar el paso a Batasuna, un alcalde del BNG cuyo delito fue no poder ejecutar a tiempo una sentencia que ordenaba la reparación de una ilegalidad urbanística cometida por un Gobierno del Partido Popular (Aplausos.), la misma formación
política defiende ahora la reprobación del señor Chaves.
Señorías, reprobamos que se emponzoñe la política como estrategia electoral. Reprobamos que se reduzca al Congreso de los Diputados a una caja de resonancia de las campañas que unos diseñan. Reprobamos que se hagan juicios paralelos por
hechos que están siendo investigados por la justicia. Es a la justicia a la que le corresponde esclarecer si las acusaciones son fundadas y, si fuese así, sería entonces el momento de exigir responsabilidades políticas. Porque el Bloque
Nacionalista Galego reprueba esta forma de proceder, porque no tenemos vocación de ser monaguillo de sus estrategias, el BNG no votará a favor de esta proposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, decía Romanones que si no existieran hijos, yernos y cuñados, los gobernantes se ahorrarían algunos disgustos. Decía también Plutarco en sus célebres Vidas paralelas que la mujer del César debe ser no solo honesta, sino además
parecerlo. Pero nosotros no somos ingenuos, señorías, y es evidente que lo que aquí estamos discutiendo no es un presunto caso de nepotismo, no es un caso de querencia de algunos retoños por dedicarse a hacer de asesores -por cierto, de una forma
mucho más sutil que teniendo un despacho en la delegación de un gobierno-, no estamos discutiendo aquí la mala gestión con prejubilaciones de lujo, dudosas, con unos ERE sospechosos, sino que lo que estamos discutiendo aquí es un antagonismo
profundo, un empate infinito entre PP y PSOE, que quizá lo mejor sería que hubieran discutido ustedes en el Parlamento andaluz, pero no en esta Cámara.
Nuestra función aquí no es ni la de hacer de analista político, ni la de hacer de juez, ni vamos a injerir en la vida interna de ninguna otra organización política, porque cada uno ya sabe lo suyo y cada uno tiene su trabajo. Será por tanto
la justicia la que resuelva en su día si el vicepresidente tercero tiene o no alguna responsabilidad, si ha favorecido o no a alguno de sus familiares, si ha habido o no enriquecimiento ilícito a costa del apellido paterno. Además, no vamos a hacer
el juego al Partido Popular del Gürtel, del Bigotes, del señor Camps, ni a la derecha mediática, que ha plantado un auténtico nido de ametralladoras para disparar contra un miembro del Gobierno. Esa no es nuestra función, sobre todo por una cosa
muy fundamental -se ha dicho ya-, que es que no vamos a contribuir desde esta Cámara a la degradación de la vida pública, de la política, de las instituciones, porque, señorías -y va tanto por el Partido Popular como para todos los partidos
presentes en esta Cámara-, con la corrupción no funciona esa aritmética tan simple y tan implacable de que la basura ajena disminuye la basura propia. Eso no va así. La corrupción nunca resta, sino que siempre suma, y eso es lo que daña el crédito
y la imagen de las instituciones y de la política. Señores del Partido Popular, ya se sabe que donde no hay harina, todo es mohína, y por tanto nuestro grupo se va a abstener.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
El Partido Popular nos trae a esta Cámara un tratado de patología política, tratado de patología política que nosotros no podemos respaldar y en ese sentido no va a contar con nuestro voto. En primer lugar, rechazamos el deterioro del
Parlamento, convertido en un campo de guerra, en un campo batalla, de ruido y de furia. Señores del Partido Popular, probablemente ustedes entiendan; los ciudadanos no nos van a entender, no nos entienden con este tipo de prácticas. En segundo
lugar, no la vamos a respaldar porque el Partido Popular propone una iniciativa llena de hipocresía política -otra patología política que tiene este país-, que no adopta ninguna medida efectiva contra la corrupción y sin embargo ve el vicio en los
demás y la virtud en lo propio. En tercer lugar, no respaldaremos esta iniciativa porque pretende la judicialización de nuestra vida política, pero nuestra vida política no puede judicializarse sin desproteger a aquellos a quienes se juzga, o,
mejor dicho, sin condenar previamente a aquellos a quienes se juzga sin garantías judiciales.
Por otra parte, esta iniciativa pretende tener que ver con la gestión del propio Gobierno y ustedes saben, se ha dicho aquí, que la responsabilidad del Gobierno es colectiva; por tanto, si quieren exigir responsabilidad al Gobierno, tienen
un mecanismo en sus manos: la moción de censura presentada por el presidente de su partido. Si no, todo será falso. Sus señorías también saben que quien exige la responsabilidad política, en el caso de que esta exista, es el Parlamento andaluz y
que aquí no vale utilizar al Parlamento español como parapeto. El Parlamento andaluz es el que crea la comisión de investigación. Mi grupo parlamentario ha propuesto dicha comisión de investigación en el Parlamento andaluz, en donde hay que hay
plantearla y donde hay que plantear
las responsabilidades políticas. Por tanto, señorías del Grupo Popular, yo les recomiendo, frente a este tratado de patología política, que se lo hagan mirar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, le agradezco la prosopopeya que ha utilizado para defender su proposición no de ley, que en absoluto se corresponde con su dignidad, decoro ni solemnidad. Señora presidenta, nosotros no estamos en las elecciones andaluzas. Le
voy a decir honestamente que bastante tenemos con las nuestras. Esto es un acto de campaña y se incardina ahí -hay que ser bastante ingenuo para no atribuirle esta condición-, un acto de campaña además en la sede donde reside la soberanía popular,
lo cual nos parece que supone simultáneamente una degradación de la identidad institucional de esta Cámara, y por tanto nosotros no vamos a apoyar su iniciativa parlamentaria.
Si podemos hablar de estos temas, lo vamos a hacer desde una perspectiva: nos vamos a abstener, no vamos a votar a favor de la iniciativa, pero tampoco vamos a hacerlo -no me interprete mal, señor Moreno- por empatía o por reciprocidad con
el Partido Socialista. Le voy a decir una cosa y también a todos los miembros del Grupo Socialista aquí representados. Si una proposición de estas características se hubiese presentado en el Parlamento vasco contra cargos electos del grupo
parlamentario o de mi partido, ustedes la hubieran votado con entusiasmo, y a los hechos me remito. Ha habido casos, y los diputados vascos aquí presentes saben a cuáles me estoy refiriendo, en donde ha habido regodeo, filtraciones del sumario y
manifestaciones políticas con relación a imputados sin ningún tipo de responsabilidad política que pertenecen a mi partido político, que han sido utilizados desde una perspectiva tan bastarda como la hecha por el Partido Popular con relación a esta
proposición. En ese sentido, nosotros tendríamos que hacer una invocación a la responsabilidad colectiva, señora presidenta. Esta Cámara no está para atender a ese tipo de iniciativas parlamentarias. Esta Cámara está para reprobar políticamente a
aquellos que incurran en responsabilidades políticas. Por cierto, responsabilidad política, concepto metajurídico donde los haya: no está definido por el ordenamiento jurídico, no tiene perfiles conceptuales consensuados entre los grupos
parlamentarios, no provee ningún tipo de consecuencia reglada o reglamentada más que aquellas dimanantes de las decisiones personales que adopten legítimamente aquellos que son reclamados por haber incurrido en algún tipo de responsabilidad
política. Otra cosa es la reprobación, que es lo que ustedes presentan, que requiere fundamentación y requiere votos suficientes.
Lo que ustedes están pidiendo en este momento tiene un doble contenido. En primer lugar, acusan a señor Chaves -por decirlo de una forma resumida y sucinta- de no haber hecho nada hasta este momento. Algunas de las imputaciones que le
hacen pueden ser razonables, otras, no; la relativa al Real Decreto-ley de reducción de las retribuciones de los funcionarios no es una responsabilidad de esa vicepresidencia sino de otra. En relación con el retraso en el calendario legislativo,
podríamos estar de acuerdo en algunas de sus reflexiones, señor Moreno, pero si por retraso en el calendario legislativo hubiese que reprobar a vicepresidentes o ministros serían pocos los que pudieran mantener la totalidad de su mandato desde el
inicio de la transición democrática española. Y por otro lado, se ha realizado una traslación, que ya ha sido glosada por los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, de responsabilidades políticas o de gestión en el ámbito de un
parlamento autonómico que se quiere trasladar para recabar responsabilidades políticas o una reprobación de naturaleza política a una Cámara diferente al Parlamento autonómico, en este caso al Parlamento andaluz. Esta operación no está prevista en
nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro ordenamiento constitucional.
En todo caso, todo lo que se le atribuye en este ámbito al señor Chaves está judicializado, son hechos constitutivos de delitos, de presuntos delitos. La única resolución en este momento que conocemos ha sido una resolución absolutoria;
mejor, más que absolutoria: un archivo de una de las reclamaciones que ustedes recurrentemente le hacen todos los miércoles en la sesión de control al señor Chaves, que es el archivo de la causa en relación con determinadas prebendas obtenidas por
la hija del señor Chaves. Hasta ahora no conocemos ninguna diligencia, ninguna providencia, ningún auto, ninguna resolución judicial, que plantee responsabilidades de naturaleza -y ya con esto acabo, señora presidenta- jurídico-penales que, en todo
caso, tendrá que realizar la Administración de Justicia.
En este Congreso de los Diputados, en esta Cámara, señora presidenta, no hemos sabido encontrar todavía la forma de cohonestar la actuación de los tribunales con la reclamación de responsabilidades políticas y con el funcionamiento de las
comisiones de investigación. En todo caso, como le he dicho al principio de mi intervención, nosotros no estamos en la campaña electoral andaluza (Rumores.), no tenemos ninguna pretensión de estarlo, y pretensiones o iniciativas de esta naturaleza
van a merecer la abstención de mi grupo por decoro parlamentario. Nosotros somos muy tributarios de una institución que merece ser respetada en su contenido material, en relación con el contenido de las iniciativas que en ella se presenten, y desde
esa perspectiva nunca podríamos dar pábulo a una iniciativa de estas características.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, se ha dicho ya por parte de otros portavoces, y desde Convergència i Unió celebramos que finalmente se imponga lo que hemos venido defendiendo en todas las legislaturas, también cuando desde el Partido Socialista se pedían
reprobaciones a ministros del Partido Popular. Convergència i Unió siempre ha defendido que la responsabilidad individual de un ministro se exige a través de la moción de censura al presidente que lo ha nombrado. Este es nuestro sistema
constitucional, estas son las reglas que tenemos establecidas. Por tanto, atendiendo a estas reglas establecidas, nosotros no somos partidarios de votar reprobaciones en esta Cámara. No lo hemos sido nunca y hoy tampoco va a ser la excepción. Sin
entrar en el fondo del debate, anuncio que en la votación para pedir la reprobación concreta de un miembro del Gobierno, al igual que en otras ocasiones y en todas las legislaturas, nuestro grupo en esta ocasión se va a abstener.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hernando Vera.
El señor HERNANDO VERA: Señorías, ¿saben lo que hay que tener para interponer una moción de censura? Coraje, determinación y programa, y el Partido Popular carece de las tres cosas y el señor Rajoy también.
(Varios señores diputados:
¡Muy bien!-Aplausos.) Por eso no interponen una moción de censura y por eso, señorías, efectivamente este es un acto de campaña. Este es el argumentario de hoy del Partido Popular (Muestra un documento.), argumentario de campaña en el que
efectivamente se habla de este tema. Hoy ha habido mítines y también está esta actuación. ¿Y saben por qué se van a quedar hoy solos, señorías? Porque no todos los partidos son iguales ni todos utilizan los mismos métodos (Una señora diputada
pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas.), ni todos están dispuestos a pasar por encima de la dignidad de las personas ni de la familia ni de los hijos de las personas. Este es un acto de campaña electoral, y ustedes en campaña electoral
suelen tirar de dos cosas: del terrorismo y del barro, y hoy lo que han traído es barro. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué cara!-Varios señores diputados: ¡Ahí, ahí!) Y no es la primera vez y desgraciadamente no va a ser la última vez que lo
hagan.
Lo hicieron en la campaña de las elecciones europeas emprendiendo una campaña absolutamente de persecución y calumnia contra el vicepresidente y su hija. Cometieron un error que ahora no quieren repetir y es interponer una querella, y esa
querella, como ha dicho el señor Olabarría, fue archivada por el Tribunal Supremo. Los del Tribunal Supremo sí les gustan, ¿no? Pues aquí tienen el auto de archivo. (Muestra un documento.) ¿O es que a ustedes les gustan los autos dependiendo de
si les dan o no les dan la razón? (Aplausos.)
Ahora vienen otras elecciones y viene un nuevo ataque contra otro miembro de la familia del señor Chaves, pero el guion es el mismo, la munición del mismo calibre y de la misma naturaleza: infundios, elucubraciones, sucesión de hipótesis y
encadenamiento de presunciones. Para hacer daño les basta con la patada con la portada y la verdad les importa un bledo.
A los ataques personales y familiares contra el vicepresidente Chaves han añadido la acusación de haber gestionado un ERE
falso y de estar en la cúspide de la trama delictiva. Saben que están mintiendo, que es un insulto contra la inteligencia, que fue una reunión en representación de los secretarios generales de los sindicatos, pero eso les da igual. Pero háganse
una pregunta en privado, simplemente. Han hablado de la incapacidad del vicepresidente Chaves. Oigan, si es alguien que ha ganado durante veinte años elecciones, seis consecutivas y tres por mayoría absoluta, ¿qué opinión tienen de sí mismos y del
señor Arenas si de quien les ha batido hasta la saciedad dicen que es un incapaz? (Aplausos.) ¡No sean tan duros con el señor Arenas, hombre!
La clave de esta proposición no de ley y de que se celebre doce días antes de unas elecciones está en que no podían ir con una estrategia defensiva a estas elecciones porque tenían el Gürtel encima, y entonces decidieron que la mejor defensa
era el ataque y cuanto más alta estuviese la persona a la que iban a atacar, mejor. Y todo valía en este safari de destrucción del adversario para tapar la montaña de corrupción que se extiende por Valencia, Madrid y Castilla y León, y que ha
tenido su terminal central en el despacho del tesorero de la red, en la calle Génova. (Aplausos.) Quizá lo más indignante de esta estrategia es, como se ha dicho, la doble moral y la hipocresía. Para el rival político, con simples conjeturas
infundadas y suposiciones desmentidas, piden la dimisión, la destitución fulminante o la reprobación, como hoy. Y cuando se trata de políticos del Partido Popular procesados, imputados, implicados en sumarios con personas que están encarceladas,
oiga, aplausos en las convenciones, vuelta al ruedo y a presentarlos a las elecciones de doce en doce sin despeinarse. Algún día tendrán que explicar a los ciudadanos qué regla de tres utilizan, qué entienden por equidad, qué les permite presentar
a las elecciones al presidente Camps, imputado y procesado, y al mismo tiempo pedir la dimisión del vicepresidente sin que exista ni una acusación formal. (Aplausos.) Porque ese día, a lo mejor, logran tener algo de credibilidad.
Termino ya. Miren, en política la crítica es legítima; es obligatoria y consustancial a la política, pero esa crítica no puede estar divorciada total y absolutamente de la ética. La crítica no puede basarse en el hostigamiento a una
familia, en la descalificación del rival político o en la infamia permanente y reiterada, que es lo que han
hecho a lo largo de todos estos meses. Por cierto, hoy venían a producir un tsunami, se han dado cuenta de que se quedaban solos y se han avergonzado tanto que han producido solamente unas olas superficiales.
(Rumores.) Sí, señorías, la
vergüenza hoy les ha podido un poco. (La señora Chacón Gutiérrez: Vergüenza tú.)
Señorías, ni con toneladas de lodo y mentiras van a lograr que los andaluces olviden lo que significa Manuel Chaves para esa comunidad (La señora Chacón Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben.), no van a poder manchar su nombre ni
su dignidad ni su honor; ni mucho menos van a eclipsar veinte años de modernización y progreso de Andalucía.
(Rumores.-Prolongados aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Hernando.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN Y DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000211.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que
piensa adoptar el Gobierno para solucionar los problemas derivados de la situación de la financiación y de las prestaciones de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para defender la
moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, vengo en nombre del Grupo Vasco a presentar la moción consecuencia de interpelación urgente en torno a los problemas de financiación... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdón, no va por usted, señor Agirretxea, es simplemente para que se le pueda escuchar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Decía que vengo en nombre del Grupo Vasco a presentar la moción consecuencia de interpelación urgente en torno a los problemas financiación que padece la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la
famosa Ley de Dependencia.
Dichos problemas son de diversa índole que, tal y como citábamos al interpelar a la ministra, surgen... (Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Agirretxea.
Señorías, por favor, si van a salir del hemiciclo háganlo rápidamente y en silencio para que el orador pueda hacer uso de su turno. Muchas gracias, señor Aguirre, por su ayuda.
Continúe, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, por segunda vez.
No voy a reiterar lo que he dicho. Decía que problemas derivados de la financiación y de diversa índole que, tal y como citábamos al interpelar a la ministra Leire Pajín, surgen de un incumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos
adquiridos con las comunidades autónomas y en el caso vasco con las diputaciones forales. Algunos de los grupos que no aprobamos en su día la ley, que no aceptamos la ley en sus términos, allá donde gobernamos cumplimos no solo escrupulosamente lo
que la ley dispone, sino que además ponemos la parte que los que sí la aprobaron no ponen. Por tanto, dicho esto, presentamos esta moción consecuencia de una interpelación en la que, en resumen, pedimos a la ministra que nos explicara cuál era su
intención, qué es lo que pretendía hacer para que estos problemas no surgieran otra vez. La ministra no respondió a nuestro requerimiento, trató de explicar la ley, cosa que ya conocíamos y no necesitábamos que nos explicara otra vez. En
consecuencia, planteamos problemas de tres tipos básicamente: problemas de financiación, problemas derivados de las prestaciones contempladas en los capítulos 18 y 19 y la ausencia de un informe de evaluación, que con cuatro años y medio que lleva
la ley en marcha debería de estar ya presentado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Dicho esto y realizado el panorama global, la moción que presentamos y que tienen ustedes a mano pide que la financiación por parte de la Administración del Estado sea del 50 por ciento del gasto real realizado y acreditado por las
comunidades autónomas y territorios forales en la atención a la dependencia. Como decíamos, no solo no se está cumpliendo con el 50 por ciento correspondiente al Gobierno creo que en casi todas las comunidades autónomas, sino que además las
comunidades autónomas -yo dije cuando hice la interpelación que tenía los datos de las diputaciones forales- están poniendo la parte que el Gobierno no pone porque el ciudadano donde reclama es en la ventanilla de quien le da el servicio o
prestación. Por tanto, estamos en cuotas del 80-85 por ciento de cobertura que están dando las diputaciones forales de Álava o Vizcaya, por ejemplo. Con un 15 por ciento que aporta el Gobierno poco se
podrá hacer. Yo le decía a la ministra: Señora ministra, solucione este tema porque nos va a generar cada vez más problemas. Por tanto, pongamos ya negro sobre blanco que el Gobierno cumpla con el 50 por ciento que dice la ley y que las
comunidades autónomas también cumplan con su 50 por ciento correspondiente, y todos en paz.
Por otra parte, la financiación de la atención a la dependencia se debería de articular mediante los correspondientes convenios o, en caso de los territorios forales, con el cupo a aportar por el Estado, que es como se hace actualmente.
También decíamos que en el plazo de dos meses el Gobierno presente... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Agirretxea.
Algunas de sus señorías no conocen bien el timbre de voz que usan e incomodan de manera extraordinaria al orador.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchísimas gracias, señor presidente.
Decíamos que también instábamos al Gobierno del Estado a que en el plazo de dos meses presente un informe específico que analice la aplicación, sobre todo, de los artículos 18 y 19, que son los que están generando una situación extrañísima,
porque estos artículos contemplan que excepcionalmente se pueda dar una oferta en prestaciones económicas cuando excepcionalmente los ciudadanos así lo requieran. Es tan excepcional que está suponiendo el 70 por ciento de las peticiones,
convirtiendo la Ley de Dependencia en una renta más para muchas familias.
Y esa no es la razón de ser. Comprendemos y entendemos que muchos ciudadanos prefieran estar en su casa atendidos por su familia, cómo no, pero lo que ha de hacerse es que
de alguna manera se garantice que esa prestación esté destinada a eso.
Por último, quiero decir que todavía falta la evaluación global, la que después de cuatro años y medio nos diga si esta ley está cumpliendo sus objetivos, si está funcionando como debe ser, si está bien financiada o no. Es decir, la
actuación global de la ley verdaderamente todavía no la tenemos. Por tanto, pedíamos esas tres cosas. Ante ello, algunos grupos nos han presentado varias enmiendas. Señora Díez, que suprimamos lo que pedimos no es una mejora técnica nunca; eso
será que no está de acuerdo y que quiere que la quitemos. Como usted comprenderá perfectamente, no lo voy a aceptar. Es una pena que el Partido Socialista no haya querido hincar el diente al problema porque nosotros decíamos exactamente que la
financiación por parte de la Administración del Estado era el 50 por ciento del gasto real realizado y acreditado por las comunidades autónomas, es decir, instábamos al Gobierno a que cumpla esa financiación, y el vericueto este de asegurar que la
financiación del sistema sea la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes... Señores del Partido Socialista, hay que hincarle el diente y comprometerse: ¿50 por ciento? 50 por ciento, como debe de ser.
Hubiera sido mucho más oportuno y más valiente por su parte si se hubieran comprometido a apoyar lo que decíamos clara y directamente sin necesidad de todos estos circunloquios, porque creo que es ir en contra no solo de la letra sino también del
espíritu de la ley. No sé si es porque es un tema al que tienen miedo o porque no pueden garantizar que el Gobierno sea capaz de cumplirlo, pero el asunto es que en esta situación ustedes nos han presentado una enmienda que no se corresponde con lo
que nosotros pedíamos.
Por último, hay aspectos interesantes en las enmiendas del Partido Popular. Quizá podrían haber estado en otra proposición porque aquí pedíamos lo que pedíamos. Agradecemos el compromiso que ustedes han mostrado, pero, en un principio, mi
grupo mantiene el texto que ha presentado y no va a aceptar las enmiendas formuladas porque consideramos que no son necesarias. El texto de la moción del Partido Nacionalista Vasco dice que lo que dice y creo que el que está a favor de que se
cumpla lo que se dice debería de votar a favor de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Intervengo muy brevemente para contestar a la iniciativa del señor Agirretxea. Realmente creo que entre el negro y el blanco hay matices y me parece una iniciativa interesante, positiva y a discutir, pero sobre la que tengo algunas
discrepancias y por eso he presentado unas enmiendas. Me parece muy bien que el Grupo Nacionalista Vasco plantee aquí un debate sobre la financiación de una ley que tiene serias dificultades -lo sabemos bien-, pero más allá de entrar en el debate
de cómo se debieran de financiar aquellos derechos fundamentales y hasta qué medida quien proclama los derechos tendría que tener la capacidad para hacerlos efectivos en el conjunto de España y para todos los ciudadanos lo cierto es que hay
dificultades y que con las últimas iniciativas del Gobierno de la nación se han rebajado también los recursos para el cumplimiento de este derecho reconocido. Dicho esto, nosotros tenemos una posición contraria al punto primero y por eso hemos
pedido su supresión, porque nos parece que distorsiona el propio sistema de financiación que se debatió mucho antes de aprobarse esta ley. Yo no estaba en aquel momento pero he podido seguir cómo fue el debate. Reclamamos, por tanto, que haya una
financiación suficiente -en eso coincidimos con ustedes- sobre la base de los servicios y prestaciones reconocidos en el plan individual de atención a los beneficiarios de cada comunidad autónoma y no sobre la base de la negociación de convenios
bilaterales. Por este motivo planteamos la necesidad de que haya una financiación suficiente, pero no de la manera en que lo plantea el Grupo Nacionalista Vasco.
Con respecto al tercer punto de su proposición, estamos de acuerdo con el espíritu que ahí se plantea.
De hecho, si se vota por puntos, este punto también será apoyado por esta diputada, aunque nos parece que la enmienda que hemos presentado concreta más algo que usted ha dicho aquí en la tribuna, y es que tiene que haber una evaluación.
Nosotros lo que decimos es que el Consejo territorial del sistema para la autonomía y la atención de la dependencia sea quien haga esa evaluación de los resultados de la implantación del sistema, porque creemos que ha de evaluarse y porque, a la
vista de la evaluación, hay que hablar de si el sistema requiere una revisión del sistema de financiación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo a favor de la moción que presenta el Grupo Nacionalista Vasco porque, señorías, después de cuatro años de la entrada en vigor de la ley el problema de la financiación se agrava y, como se
recoge en el informe del Observatorio estatal para la dependencia, el modelo de paridad financiera se ha roto.
En el año 2010, según señala el informe, la aportación del Gobierno ha sido del 32 por ciento frente al 54 por ciento de las
administraciones autonómicas y el 14 por ciento restante correspondiente al copago de los usuarios. Señorías, a la vista de los Presupuestos Generales del Estado para este año 2011 y dada la reducción practicada en la partida correspondiente -un
5,2 por ciento-, todo indica que lejos de corregirse dicho desequilibrio va a agrandarse. Con el incumplimiento del Gobierno, por lo tanto, está en peligro la sostenibilidad del modelo. Señorías, desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia
la financiación ha sido siempre el punto más problemático. Nosotros diríamos que ha sido el problema principal para impulsar las prestaciones que se contemplan en la ley. El compromiso de las administraciones autonómicas ha sido desigual en todos
los aspectos, incluido el económico. Bien es cierto que esa desigualdad ya existía con anterioridad a la promulgación de la ley, pero en todo caso la ley no ha sido capaz de garantizar la igualdad en las prestaciones a las situaciones de
dependencia en todo el territorio del Estado. Desde nuestro punto de vista, y al margen de las competencias y de las responsabilidades que corresponden a las comunidades autónomas, el sistema de financiación que se establece en el artículo 32.3 y
que fija que la aportación de la comunidad autónoma será para cada año al menos igual a la de la Administración General del Estado va a ser inviable. Por eso, señorías, aunque podríamos considerar oportuno llegar a un acuerdo con las diferentes
enmiendas presentadas a esta moción, no nos parece desacertado el 50 por ciento que se plantea en la misma y por eso, ante la falta de acuerdo, vamos a votarla favorablemente. Desde nuestro grupo hemos defendido siempre que el compromiso de la
Administración General del Estado en la financiación de la Ley de Dependencia debería ser el necesario para garantizar su total desarrollo y equilibrio en la prestación de los servicios más adecuados para cada persona. Por eso no es desacertado
considerar que le corresponde el 50 por ciento del coste o del gasto real.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Tiene la palabra doña Lourdes Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, han sido ya muchos los debates que se han producido en esta Cámara en relación con la vulgarmente denominada Ley de Dependencia. Han pasado más de cuatro años desde su aprobación y debiera haberse realizado ya la evaluación del
sistema de la dependencia que la propia ley exigía.
Los resultados de esta evaluación nos permitirían concluir lo que ya sabemos todos, que se están beneficiando actualmente 735.652 personas, parte de las cuales son trasladadas o traspasadas del
sistema de servicios sociales anterior; que están valoradas y pendientes de prestación más de 300.000 personas; que no se han visto cumplidas las expectativas ni en aumento de servicios ni en generación de puestos de trabajo; que existen muchos
incumplimientos por parte del Gobierno de Zapatero; que no existe financiación suficiente y es a costa del déficit de las comunidades autónomas y los ayuntamientos como se llega a los buenos resultados actuales; que la regulación de las
condiciones básicas de promoción de la autonomía personal no se han considerado; que se está vaciando el sistema de servicios sociales a cuenta de la dependencia; que las políticas de prevención se han desatendido y que se han generado muchas
frustraciones, entre ellas la desatención de personas dependientes durante seis largos meses producida por los recortes de este Gobierno.
Quizá por todo esto no fuera ahora el momento propicio para que el Gobierno socialista trasladara, antes de
unas elecciones, el resultado de una evaluación donde no iban a salir muy bien parados. Qué duda cabe que ya son cuatro ministros los que han pasado en cuatro años para defender la aplicación de la Ley de Dependencia.
La moción plantea por enésima vez que la Administración General del Estado aporte el 50 por ciento de todos los costes que genera el sistema, cuando en la actualidad está aportando tan solo el 30 por ciento. Nuestro grupo apoya esta
pretensión porque es lo que exige la ley. Debería aportarse en el nivel mínimo el 50 por ciento en virtud del servicio que se presta y en cuanto al nivel acordado se deberían tener en cuenta todos los gastos que se producen en las comunidades
autónomas como son los gastos de gestión, los gastos de información, los gastos de prevención. Por otro lado, esa información tendría que haberse apoyado en aquella que ya se tenía en el sistema de servicios sociales, sin embargo, es una
información que se está duplicando y por tanto
se está produciendo además un problema de financiación. Esta falta de financiación es la que está derivando en que el 60 por ciento e incluso el 70 por ciento de las prestaciones sean para cuidados en el entorno familiar cuando la propia
ley exigía que esto se hiciera de manera excepcional. La exposición de motivos establece que la financiación de la ley será estable, será suficiente, será sostenida en el tiempo y garantizada mediante la corresponsabilidad de las administraciones
públicas. Esto determina que si el Gobierno quiere servicios, deberá pagar esos servicios. El dinero que va a las comunidades autónomas en virtud de los servicios que prestan son 283 millones de euros por el nivel acordado. Ese dinero significa
que son 30 euros mensuales por dependiente. Pues bien, para este año nuevamente la misma cantidad y sin embargo son 300.000 personas más que atender. Sin embargo siguen criticando a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la Comunidad Autónoma de
Valencia. Les voy a poner un caso que sucede en Madrid: José, de 34 años, con una lesión medular como consecuencia de un accidente de moto, está valorado como gran dependiente y la Comunidad de Madrid destina a la atención de José 3.600 euros al
mes y el Estado 266 euros.
Hemos oído por el Partido Socialista y por la propia ministra que se han aportado más de 5.000 millones de euros, pero esto es tan solo el 30 por ciento de la aportación que precisa la dependencia. Si el Gobierno quiere presumir de atención
a la Ley de Dependencia debe financiar esta ley.
Pero tan importante como la financiación, porque no lo es todo, es también la gestión. Porque en época de crisis es muy importante hacer una buena gestión y este Gobierno no hace ni una cosa ni la
otra. Por eso nuestras enmiendas añaden además la puesta en marcha de una red sociosanitaria que ahorraría costes, haría más eficientes los recursos y sobre todo estarían mejor atendidas las personas que precisan estos cuidados. Cuatro años es
tiempo suficiente para haber hecho lo que la ley mandataba que se hiciera en seis meses, que consiste en promover las modificaciones legislativas que procedan para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia, y el tratamiento
fiscal de los instrumentos privados de la cobertura de la dependencia con el fin de facilitar la cofinanciación por los beneficiarios de los servicios.
Después de cuatro años también se debería haber puesto en marcha el Plan de cero a tres años, ya
que es muy importante para estos niños recibir una atención temprana y rehabilitar sus capacidades. Por eso hemos añadido estos extremos en nuestra enmienda.
Termino casi como empecé. Si este Gobierno quiere servicios debe pagarlos, y si este Gobierno quiere presumir de la Ley de Dependencia que la gestione y que la financie. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez.
Tiene la palabra doña María Soledad Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo para fijar posición respecto a la moción que nos presenta hoy el Grupo EAJ-PNV relativa a la financiación de la dependencia. Señor Agirretxea, como no podía ser de otra manera, lo primero que debemos hacer todos en esta
Cámara, para ser justos con lo que aquí ha sucedido, es reconocer que si hoy estamos hablando de esta ley y de su desarrollo es porque el Gobierno del Partido Socialista trajo aquí esta ley y porque un acuerdo de los grupos progresistas de esta
Cámara hizo posible que se aprobara. (Aplausos.) Si algo hay que decir para empezar a hablar de esta ley es que gracias a ella, cuatro años después -tan solo cuatro años en construir un sistema que un día será tan potente como nuestro sistema
sanitario- hay más de 700.000 personas dependientes y sus familias recibiendo ya servicios y prestaciones, y no una prestación sino una media de 1,5 prestaciones por cada uno de ellos. Si algo hay que decir es que el Gobierno de España -al que aquí
se ha acusado repetidamente de falta de compromiso y financiación con esta ley- ha invertido hasta 2010 -porque este año todavía no se ha ejecutado- más de 5.390 millones de euros. Señorías, el doble de lo que recogía la memoria económica, que
estaba situado en 2.800 millones para todos estos años. Sin olvidar, señorías -porque debemos recordar lo que todos aprobamos en esta Cámara- que el nuevo sistema de financiación autonómica que hemos aprobado aquí recoge por primera vez como
financiación ordinaria de las comunidades autónomas también la financiación de los servicios sociales y de la atención a la dependencia. El despliegue de la ley está previsto, es también calendario en la propia ley, y finaliza en 2016. Por tanto
-lo he dicho bastantes veces- dejemos que se desarrolle, apoyemos su desarrollo.
Cierto, señor Agirretxea, de verdad que comparto su preocupación, con correcciones y con mejoras también, pero consigamos finalmente una buena aplicación.
Como usted bien conoce, señor Agirretxea, la financiación del sistema recogida en la ley -no la que les gustaría a algunos grupos de la Cámara y que yo estaría dispuesta a discutir- viene determinada en los artículos y es la que hay que
cumplir. Además estamos empeñados en hacerlo. Uno, el nivel básico, artículo 9, financiación íntegra de la Administración General del Estado y crédito ampliable, que lo recoge su moción. Si es así, si ya se hacen ampliaciones de créditos, porque
es un derecho, no es beneficencia ni si tengo dinero lo pago, y como tal si no se llega con lo presupuestado aquí en los Presupuestos Generales del Estado se hace en ampliación de créditos anualmente. Dos, señor Agirretxea, artículo 10, nivel
conveniado con las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Como bien decía la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, doña Olaia, lo que recoge es que las comunidades autónomas en ningún caso podrán poner menos de lo que pone
la Administración General del Estado; eso es lo que dice: Nunca menos de lo que pone la Administración General del Estado en el convenio. Esto, completado con el ar
tículo 32 que recoge, junto a los anteriores, la participación de los usuarios en el sistema, mandata a las distintas administraciones públicas a recoger en sus respectivos presupuestos las dotaciones de financiación suficientes. Señor
Agirretxea, todos los que conocemos esta ley sabemos que la única financiación que se conoce, tanto lo presupuestado como la dotación final como lo gastado, es la que realiza la Administración central y no la de las comunidades autónomas. Nuestra
propuesta, señor Agirretxea, en la enmienda que le presentábamos era que tanto los mandatos de esta Cámara derivados de distintas iniciativas aprobadas a otros grupos como el mandato de la propia ley nos aporten la evaluación y las propuestas. No
nos negamos al debate, no nos negamos a mejorarla, probablemente esto tendrá que traer una modificación, pero necesitamos los datos encima de la mesa. La preocupación por el número excesivo de prestaciones la compartimos con usted, porque además es
bueno que no suceda así; que suceda como recoge la ley de manera absolutamente excepcional, porque esto también servirá para generar puestos de trabajo.
Solo le recuerdo una cosa, que el consejo consultivo, el consejo interterritorial y todos los
consejos han establecido un plazo para la evaluación de la misma que se producirá en los próximos meses. Espero que podamos acercar posiciones una vez que estén finalizadas esta evaluación y estas propuestas. En cualquier caso, si hubiera que
modificar la ley estaríamos dispuestos a modificarla con todos ustedes, siempre que sea para beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas y para que todas las administraciones públicas, todas, cumplan con sus obligaciones, que el Gobierno de
España ya lo hace.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Domínguez.
Tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Una vez escuchadas las palabras de la diputada socialista debo decir que buena parte de lo dicho por ella es compartido por nosotros. Nosotros nunca vamos a renegar de lo que significó la Ley de Autonomía Personal.
Siempre nos hemos
sentido orgullosos de haber contribuido a poner las bases del cuarto pilar del Estado del bienestar, y por ello nos duele tanto que el compromiso del Gobierno, a medida que fue transcurriendo el tiempo, se fue desinflando. Es más, pocas veces oí al
expresidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, persona muy sensata, perder los estribos; solo en una ocasión, cuando criticó al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, por lo que significaba el ahogo económico, en este caso del
Gobierno de Catalunya, en el desarrollo, en el despliegue de la Ley de la Dependencia, precisamente porque había un compromiso de establecer un antes y un después de un Gobierno progresista, el de ustedes. Los datos de Catalunya son terribles, pero
se pueden extrapolar.
Es cierto que no todas las comunidades autónomas han tenido el mismo compromiso respecto a la ley, es evidente y nunca lo hemos negado, es más, los valencianos lo han padecido. Sé perfectamente de qué estamos hablando. Entre
los años 2007, 2008, 2009 y 2010 la Generalitat de Catalunya -por cierto, estamos muy orgullos de que hoy por hoy haya 155.000 ciudadanos catalanes que son beneficiarios de la ley- invirtió 1.408 millones, y el Estado 821. Es más, la Generalitat de
Cataluña tuvo que hacerse cargo de aquella parte que habíamos diseñado cuando hacíamos la ley que correspondía a los usuarios, que como otras previsiones saltó por los aires. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Y la Generalitat de Catalunya, repito, ha asumido el 55 por ciento de la inversión frente al 32 por ciento por parte del Estado. Es más, en el año 2009, de cada 4 euros, 3 eran invertidos por parte de la Generalitat catalana. Nos duele lo
que nos duele profundamente -entiendo que a otros gobiernos autonómicos, al menos aquellos que se implicaron desde el primer día en todo aquello que representa para el bienestar de la ciudadanía la Ley de la Dependencia- e incluso empezamos a hablar
de una cierta oportunidad perdida atendiendo a la nueva coyuntura económica, que significa al menos poner en jaque algunos de los logros conseguidos.
El debate de hoy es muy recurrente. Ya hemos discutido muchas veces sobre la deriva, a nuestro entender equivocada, que había conllevado una cierta política -creo- de dejación por parte del Gobierno español. Ustedes a medida que avanzaba
esta legislatura han ido perdiendo la ilusión. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Sí. Yo sé que la ilusión es un término muy abstracto, pero llámele voluntad política. (Un señor diputado pronuncia palabras que no ser
perciben.) Sí. Usted sabe perfectamente que cuando estuvimos discutiendo horas y horas el artículo 32 y hablábamos de un conjunto de parámetros, de ítems, como variables para calcular los convenios, siempre habíamos dicho que el coste de la vida
-los precios- era distinto en función de cada comunidad autónoma.
Por eso al menos pactamos que también se tendrían en cuenta otros factores. Llevamos años reclamando, incluso desde la colaboración, desde la actitud constructiva...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardá, por favor.
El señor TARDÁ I COMA: Le decía que llevamos años reclamando, incluso desde la colaboración, desde la actitud constructiva que se valorara también, repito, el diferencial del coste de la vida en las distintas comunidades autónomas a la hora
de establecer los convenios, y hemos estado durante tiempo y tiempo picando en hierro frío. En estos momentos usted entenderá que estemos muy alarmados. Por esto, dicho sin ninguna acritud y comprendiendo que tenemos que entendernos
necesariamente, hoy por hoy estamos en un escenario de
dar apoyo a la iniciativa parlamentaria que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que ha planteado el señor Agirretxea y el debate que ha suscitado vienen a darnos la razón en dos afirmaciones que Convergència i Unió viene rezando desde los debates en esta Cámara con relación a la Ley de la
Dependencia. Dijimos desde la tribuna hace ya unos cuantos años que el sistema de financiación que configuraba esa ley iba a ahogar la capacidad financiera de las comunidades autónomas. Tiene razón la señora Pérez, el problema no es de
incumplimiento de la ley, sino que la propia configuración de la ley no garantiza una financiación al 50 por ciento de los costes reales de los servicios de atención a la dependencia. El sistema legal que configura la ley obliga a que por desgracia
suceda aquello que el señor Tardá acaba de denunciar desde la tribuna, que de cada 4 euros que se gastan en Cataluña en dependencia 3 corresponden a la Generalitat. El origen del mal está en la propia ley.
Aquellos que acompañaron al Grupo
Socialista en esa tramitación, que no fuimos ni Nafarroa Bai ni el Grupo Parlamentario Vasco ni Convergència i Unió, hoy nos podemos sentir críticos. En el propio origen de la Ley de la Dependencia está la insuficiencia que hoy todas sus señorías
han denunciado.
Añadamos a eso que esa ley se discutió y aprobó en la fase alcista del ciclo económico, sin contemplar, a diferencia de otros Estados europeos, ningún mecanismo de financiación adicional a esa política. Países más ricos que España, por
ejemplo Francia, cuando deciden implementar su política de atención a la dependencia introducen la contribución social generalizada como un recargo en el impuesto de la renta de las personas.
Países como Alemania la financian vía cotizaciones
sociales. En España se decide construir el cuarto pilar del Estado de bienestar en la fase alcista del ciclo económico sin contemplar ningún mecanismo de financiación específico. Consecuencia, en la fase de caída libre del ciclo económico, de
reducción de los ingresos, no tan solo del Estado sino también de las comunidades autónomas, esta ley se convierte en una carga insoportable para las comunidades autónomas. Además, en el propio desarrollo de la ley, a pesar de lo que la misma
contempla, en la práctica esta política se ha convertido en una política de transferencia de rentas. Un 70 por ciento de las prestaciones que articula la ley es a través de cuidadores informales, familiares, que en tiempos de crisis ayuda a las
familias porque transfiere rentas, pero no resuelve la cuestión de fondo, la calidad de vida de las personas dependientes y la calidad de vida de sus familiares. Estamos obligados a repensar la ley, estamos obligados a reformular la ley
necesariamente si queremos que esta sea una política eficaz en términos de calidad de vida de las personas, útil en términos de creación de empleo y sostenible en términos de las capacidades de los gobiernos autonómicos para contemplar su
financiación.
Nos preocupa que se nos haya dicho ya en diversas ocasiones en la Comisión y en el Pleno, desde la tribuna, que el nuevo sistema de financiación ya garantiza los recursos para las comunidades autónomas en este ámbito porque mucho me temo,
nos quedan unos cuantos años, que en 2015 el Gobierno central tenga la tentación de traspasar el cien por cien de la financiación a las comunidades autónomas. Mal favor haríamos a la política de atención a la dependencia si se concretase esa
política.
Por tanto, vamos a apoyar con convicción la moción que defiende el Grupo Parlamentario Vasco y vamos a insistir en la necesidad de abrir un proceso compartido en esta Cámara, muy especialmente a partir del 22 de mayo, con todos los gobiernos
autonómicos, para repensar la ley y para repensar específicamente el modelo de financiación de la dependencia que contempla esta legislación. Si no esas expectativas que se han creado se van a frustrar más de lo que para hoy están ya para muchas
familias, para muchas personas. En todo caso, Convergència i Unió va a estar en esa dirección, con la esperanza y la convicción de que estamos obligados a dar respuesta a esas necesidades.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor Agirretxea, su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Tal y como he dicho en mi intervención, no vamos a aceptar ninguna de las enmiendas y el texto queda tal y como está redactado en su origen.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA EFECTIVA DISPOSICIÓN DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y DEMÁS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EN EL CASO DE CATALUÑA.
(Número de expediente 173/000212.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió relativa a la
efectiva disposición del fondo de competitividad y demás
recursos correspondientes al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, en el caso de Cataluña.
Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado esta moción con el objetivo de conseguir que el Gobierno del Estado haga efectivo a lo largo de este ejercicio a la Generalitat de Catalunya el Fondo de
competitividad del año 2011 vía anticipo, como prevé la ley, y que asciende aproximadamente a 1.450 millones de euros, es decir, que el Gobierno del Estado pague ya lo que debe a Catalunya para que esta pueda atender a todos sus compromisos. Por
este motivo, señorías, hacemos un llamamiento desde Convergència i Unió a todas las fuerzas políticas de esta Cámara y a todos los diputados y diputadas catalanes, desde Iniciativa per Catalunya a Esquerra Republicana de Catalunya obviamente, al
Partido Popular y especialmente también a los veinticinco diputados catalanes del PSC que, como ustedes saben perfectamente están dentro del Grupo Parlamentario Socialista, para que todos los diputados votemos en la misma dirección, votemos en la
dirección de la defensa de los intereses de Catalunya. Si los veinticinco diputados del PSC votan con nosotros y con otros grupos parlamentarios saldrá la moción y Catalunya saldrá ganando. Es cierto que el PSOE ha presentado una enmienda de
sustitución a nuestra moción, que va en la dirección de aplazar el pago del Fondo de competitividad hacia el año 2013, cuando nosotros, desde Convergència i Unió reclamamos que el pago del Fondo de competitividad se haga a lo largo de este
ejercicio, por lo cual, señorías no la vamos a aceptar.
Al mismo tiempo les preguntaría a los diputados del PSC, ¿por qué cuando gobernaba en la Generalitat de Catalunya el tripartito anticipaban los fondos de competitividad durante los años 2009 y 2010, y ahora que gobierna Convergència i Unió
en la Generalitat de Catalunya lo aplazan hacia el año 2013? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es porque antes era un gobierno amigo y ahora somos un gobierno que no somos amigos, somos adversarios? Aquí dejo encima de la mesa esta gran pregunta.
También nos piden, como lo ha pedido también en este caso Esquerra Republicana de Catalunya, que se planteen los mecanismos necesarios para que se pongan en marcha las negociaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat.
Les pregunto también
a los diputados del PSC y del Grupo Parlamentario Socialista, ¿qué creen ustedes que han estado haciendo durante estos últimos meses la Generalitat y el Gobierno del Estado? ¿Que han estado haciendo en conversaciones y en reuniones el señor Mas y
la doña Elena Salgado? ¿El señor Duran y el señor Rubalcaba? ¿El señor Mas y el señor Rubalcaba? ¿El señor Duran y el señor Chaves? ¿Que creen ustedes que hemos estado haciendo hasta la fecha? Pregunten, señores diputados del PSC a los
ministros del banco azul y les explicarán que hemos estado negociando justamente, entre otras cosas, el Fondo de competitividad y el resultado ha sido nulo.
Dadas estas circunstancias, señoras y señores diputados, creo sinceramente que ha llegado el momento de la verdad. Creo que ha llegado el momento de decir (Pronuncia palabras en catalán.) Creo sinceramente que ha llegado el momento de
decir, basta. En Convergència i Unió creemos que ha llegado el momento de plantear un frente común de todos los diputados y diputadas catalanes, incluidos los del PSC, para defender conjuntamente los intereses de Catalunya. Por eso les pido otra
vez, con la máxima vehemencia, a los diputados del PSC que reflexionen y que voten con la máxima contundencia la moción que ha presentado Convergència i Unió. En el caso de que sus votos no vayan en esta dirección les haría las siguientes
consideraciones, preguntas para que me aclaren toda una serie de contradicciones que no conseguimos entender. En primer lugar, ¿por qué no votan hoy en el Congreso, señores diputados del PSC en el Congreso de los Diputados, lo mismo que votaron en
el Senado los senadores socialistas, de la Entesa cuando justamente votaron afirmativamente la misma moción que estamos debatiendo hoy en el Congreso de los Diputados? Moción, por cierto, presentada por Entesa y defendida brillantemente por el
senador de Esquerra Republicana, señor Bofill i Abelló? ¿Por qué no votan en la misma dirección? ¿Por qué en Catalunya don Joaquim Nadal dice, a lo largo de diferentes manifestaciones, que estaría siempre al lado del Gobierno de la Generalitat,
defendiéndola para que el Gobierno pueda adelantar estos fondos de competitividad y hoy ustedes, señores diputados del PSC, le dan la espalda y van a votar justamente en la dirección contraria de lo que planteaba el señor Nadal hace unas semanas?
¿Por qué ustedes, diputados del PSC, dicen en Catalunya una cosa y en Madrid justamente hacen y votan exactamente lo contrario? Son una serie de contradicciones y consideraciones que no logramos entender, y nos gustaría muchísimo que ustedes
cambiaran su posición.
Si ustedes no votan nuestra propuesta, señores diputados del PSC, probablemente la vamos a perder y les va a ser muy difícil justificar su posición en Catalunya a todos los catalanes y a todas las catalanas. Una vez más, ustedes, señores
diputados del PSC, van a hacer piña con el Partido Socialista Obrero Español al votar en contra de los intereses de Catalunya. Realmente una pena, un flaco favor el que ustedes, diputados del PSC elegidos en Catalunya, van a hacer a su país.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es la segunda vez que el Parlamento -antes el Senado, hoy el Congreso- le va a exigir al Gobierno
que pague el Fondo de competitividad a todas las comunidades autónomas y que pague también el fondo a la Generalitat de Catalunya, por tanto, que deje de cargarle el muerto a las comunidades autónomas y a Catalunya de sus problemas de
tesorería, de sus problemas con el déficit público para cuadrar su cuentas. Porque, señorías, no hay que ser un Pitágoras para ver que este medio punto del PIB que se ahorra la señora Salgado, que se ahorra el Estado escatimando lo que debe a las
comunidades autónomas, en el caso de Catalunya algo más de 1.400 millones de euros, es lo que quizá va a permitir al Estado y al Gobierno alcanzar su objetivo de estabilidad presupuestaria del 2,5 por ciento este año, pero lo que es seguro es que va
a impedir a todas las comunidades autónomas, a Catalunya también, que hagan lo propio. Señorías, señores del Gobierno, señores del PSOE, esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque eso augura, de cara al futuro, que persistan las tensiones
con la deuda en los mercados.
Quizá por todo ello, señorías, la señora Salgado ha llegado a sugerir de forma impune que la Generalitat suba impuestos, y no solo eso sino que encima recorte más, que recorte el doble el gasto social en Catalunya.
Por cierto, en Catalunya,
que es el territorio que contribuye fiscalmente más de todo el Estado, que arrastra un déficit fiscal apabullante del 10 por ciento del PIB, 20.000 millones de euros que van a Madrid y que no vuelven, se antoja como algo no solo injusto sino casi
ofensivo. Podemos estar discutiendo aquí lo que haga falta sobre la letra de la ley, sobre los vericuetos del sistema de financiación autonómico, que es un bosque tupido de normas, de artículos no aptos para inteligencias lineales. Esta es una
polémica totalmente estéril. Lo que todo el mundo ve porque es evidente es que la actitud del Gobierno puede ser discutible si es legal o no; lo que no es es leal con Catalunya, que es muy distinto. Unos años paga, otros no paga, es decir, hace
lo que le conviene en cada momento y, además, cambia las reglas del juego a medio partido. Eso no es aceptable.
Acabo, señorías. Lo que lamento hoy como representante de Esquerra Republicana es que, una vez más, el PSC y sus veinticinco diputados aquí en Madrid no defiendan los intereses de Catalunya, y no lo hagan con la misma intensidad que dicen
hacerlo en Barcelona, ni que sea apretando el botón que tienen en su escaño simplemente para neutralizar esta iniciativa electoralista de Convergencia i Unió, porque todo el mundo sabe, señorías, y el PSC también, que este problema tiene un nombre y
este nombre es el Gobierno español, el Gobierno español que continúa asfixiando a Cataluña y que sigue favoreciendo que el Gobierno catalán siga recortando y siga desmantelando los servicios esenciales del Estado del bienestar. Esa es, señorías del
PSC, su responsabilidad y también su culpa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Doña Nuria Buenaventura tiene la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario apoyará la moción presentada por Convergència i Unió. Votaremos a favor porque entendemos que es una propuesta justa y coherente con los planteamientos que hemos ido defendiendo a lo largo de la
legislatura por parte de nuestro grupo parlamentario. Recientemente hemos presentado una proposición no de ley que iba en el mismo sentido que la moción que hoy discutimos.
Planteábamos en nuestra proposición no de ley que puesto que los
Presupuestos Generales del Estado para el 2011 son los primeros que se rigen por el nuevo modelo de financiación autonómica, fruto del Acuerdo 6/2009 del Consejo de Política Fiscal y Financiera, debería ya incorporarse el pago, por tanto la
transferencia, del Fondo de competitividad. Como no se ha contemplado en los presupuestos del 2011, las comunidades autónomas han optado por diferentes vías para enfocar el conflicto, desde continuar con la negociación para pactar el anticipo
acordado hasta presentar recursos ante el Tribunal Constitucional.
El Fondo de competitividad se creó con el fin de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación entre comunidades autónomas, al mismo tiempo que se
incentiva la autonomía y la capacidad fiscal y se desincentiva la competencia fiscal a la baja. En el contexto de crisis están siendo las comunidades autónomas las que más esfuerzos presupuestarios están haciendo por la naturaleza social de sus
competencias en áreas como la educación, la sanidad y también en el ámbito social. Ese pacto lo aprobamos en julio del año 2009, pero curiosamente Convergència i Unió no lo refrendó; presentaron enmiendas, enmiendas a la totalidad, y concretamente
el señor Sánchez i Llibre expresó a los diputados del Grupo Socialista, de Esquerra Republicana y de Iniciativa que si apoyábamos con nuestro voto este sistema de financiación también íbamos a ser responsables del asesinato político del Estatuto de
Autonomía de Cataluña.
Señores de Convergència i Unió, bienvenidos a la defensa de ese sistema de financiación. Señores de Convergència i Unió, votamos a favor de esta moción pero también es bueno decirles en esta Cámara que el no traspaso de estos recursos no es
excusa para la política de recortes que están haciendo ustedes en los cien primeros días de su Gobierno. Están recortando los servicios básicos, como educación, sanidad, vivienda, acción social. Sus recortes no tienen nada que ver con el posible
incumplimiento del Gobierno central; sus recortes los plantean como opción política que con el voto de muchos gobierna...
El señor PRESIDENTE: Señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: ...para mantener o aumentar los privilegios de una minoría. Señores de Convergència i Unió, no puede ser que, mientras solicitan justamente, a nuestro entender, las transferen
cias del Estado, los impuestos de las grandes fortunas se eliminen o se reduzcan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Doña Montserrat Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente.
Señor Sánchez i Llibre, con todo el cariño, parece usted Mourinho con tantos porqués, la verdad. (Risas.) Mi grupo ha presentado una enmienda para avanzar. Estas preguntas que usted hace hágaselas al señor Duran i Lleida, porque ha dicho,
y muy claro, una cosa que quiero que tengan ustedes muy patente aquí, que el Gobierno de España no está incumpliendo ninguna ley. Quiero añadir otra cosa, que el nuevo sistema de financiación proporciona a Cataluña los mayores recursos y la mayor
autonomía que de largo ha tenido en los últimos treinta años. (Aplausos.) Por eso y para avanzar hemos presentado una enmienda con dos puntos. El primero amplia y refuerza lo que el Grupo Socialista ya votó en este Congreso el pasado 29 de marzo y
el segundo insta a convocar los mecanismos bilaterales de negociación Estado-comunidades autónomas previstos en los estatutos. Me ha parecido por lo que usted decía que no había leído la enmienda, porque usted señalaba que proponíamos aplazar.
Pues no, señoría. La enmienda dice lo que le acabo de señalar. Si de lo que se trata es de hacer frente a los problemas, déficit excesivo de algunas comunidades autónomas -de Cataluña también-, en un contexto internacional difícil, complejo y
complicado en lo político, en lo económico y en lo social, deberían reconocer que lo más efectivo no es traer aquí esta iniciativa; lo más eficaz es ejercer sus responsabilidades como Gobierno, lo que traducido significa trabajar intensamente con
el Gobierno de España con flexibilidad e inteligencia para encontrar una solución. Ustedes lo saben bien porque precisamente el consejero de Economía de la Generalitat así lo ha escrito, y sabe que todos somos corresponsables con el déficit.
Señorías, por favor, seamos serios. Si hoy estamos hablando aquí del Fondo de competitividad es precisamente gracias a la fuerza de todo el Grupo Socialista, la fuerza con la que aprobamos el estatuto, la fuerza -no lo olviden- con la que aprobamos
el sistema de financiación, por cierto con sus votos en contra -se lo han recordado-. (Aplausos.) ¿O de verdad creen que en Cataluña estaríamos mejor con el Estatuto de 1978 y el modelo de financiación de Pujol y Aznar, el modelo de 2001 que
ustedes aceptaron y que dejaba fuera para siempre a más de un millón de catalanes? Señorías, se lo pido alto y claro: no utilicen más el nombre de Cataluña en vano y empiecen a gobernar. (Aplausos.)
Quiero decirles otra cosa. En lo que va de legislatura ustedes y el Grupo Popular han defendido o votado más de ochenta veces rebajar impuestos sin que les preocupara lo más mínimo que ello pudiera significar menores ingresos para Cataluña
y -¡oh, paradoja!- menores ingresos para el Fondo de competitividad en el futuro, y hoy lo volverán a hacer. Nuestro diputado el señor Mas se lo ha explicado muy bien. Cuando desde esta tribuna se les ha pedido repetidamente que explicaran qué
gasto recortarían para compensar una menor recaudación, siempre han dado la callada por repuesta, pero ahora, señorías, tenemos la respuesta a este porqué: porque toda España sabe lo que la derecha de este país va a hacer cuando llegue al Gobierno.
(Una señora diputada: ¡Vaya!-Rumores.) No es solamente recortar sin directrices, como decimos en catalán con brocha gorda; es algo peor porque tengo la sospecha de que lo que de verdad persiguen es debilitar la sanidad pública por ejemplo. No se
ría. ¿O no recomendó su consejero de Sanidad a los dos días de ser nombrado -pueden verlo en Internet- que los ciudadanos contrataran -pagando, claro- una mutua privada; pago que además debería poder desgravarse del impuesto sobre la renta? Esto
es más que un recorte, señorías, esto es un cambio de modelo. (Aplausos.)
Señorías, el PSC y todo el Grupo Socialista les ofrecen una enmienda que sirve para solucionar problemas; una enmienda además que se basa en las relaciones bilaterales Cataluña-España. Si no la aceptan será porque su objetivo es otro:
practicar el cinismo electoral, generar espectáculo, alimentar la confrontación y la división y al final retrasar los resultados, que es lo más preocupante. Sepan, señorías, que para el diálogo, el trabajo serio, la voluntad de salir de la crisis
nos tendrán siempre a su lado. Para allanar el camino al Partido Popular nunca.
(Aplausos.) Por eso -termino, presidente, si me lo permite- con esta enmienda abrimos una puerta, ayudamos a Cataluña a dar un paso adelante.
Nadie ha dicho que sea
fácil. Lamentablemente los catalanes saben ya que no son el Gobierno de los mejores. Demuestren por lo menos que son capaces de poner los intereses de Cataluña por delante de los de su partido.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Colldeforns.
Doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, no quisiera romper el hechizo, pero aunque parezca mentira este no es un debate catalán, es un debate español; por eso salgo a la tribuna, porque tiene que ver con la soberanía, con los Presupuestos Generales del Estado y con esta
Cámara, que es donde reside la soberanía del pueblo español. Aunque parezca que es un tema de los catalanes, es un tema de los españoles. Es en esa condición de diputada nacional, aquella por la que estoy aquí, por la que les quiero hablar.
Decía la señora Colldeforns: ya sabemos lo que va a hacer la derecha cuando gane las elecciones. Yo no sé
qué va a hacer la derecha si gana las elecciones, pero me
interesa lo que tiene que ver con esta cuestión que hoy se está debatiendo aquí. Seguro que estamos todos de acuerdo -por lo menos eso es lo que yo pienso- en que en esta materia la derecha -si entendemos como tal al Partido Popular- lo que
quiere hacer es lo mismo que ustedes, ponerse de acuerdo con los nacionalistas. Por eso Convergència i Unió trae aquí una iniciativa que viene del Senado, acompañada y defendida por el Grupo Popular, en la que este apunta maneras para copiar lo que
ha sido una tradición del Grupo Socialista en esta materia y en otras en los últimos años: renegociar, hacer pactos bilaterales y acordar con los nacionalistas aun a costa de romper -como en muchas cuestiones- no solo el sistema de financiación
sino el modelo territorial del Estado.
¿Qué quieren que les diga? Me parece absolutamente coherente la posición mantenida por Convergència i Unió; es lo que le toca hacer a los nacionalistas, es absolutamente coherente aunque no diga la verdad completa. Realmente el Gobierno
de la nación no tiene la obligación de hacer un anticipo, y usted lo sabe bien, señor Sánchez i Llibre. Sabe que lo que está pidiendo es legítimo que lo pida. Realmente el Gobierno socialista les abrió la puerta en 2009 y en 2010, y una vez que
les han enseñado la puerta por qué van a aceptar ustedes que la cierren. No tienen la obligación legal de hacerlo, pero como les han abierto la puerta y les han enseñado el caramelo ahora, cuando no hay chequera ni caramelo, les dicen: como no hay
dinero y no tengo la obligación legal de hacerlo, este año no lo hago. El Partido Popular, que ha estado en contra de que se les abra la puerta y se les dé el caramelo, como está viendo que a lo mejor gana las elecciones y no tiene mayoría absoluta
y tendrá que negociar y pactar con los nacionalistas, está buscando cariño. Lo hizo en el Senado y hoy lo hace en el Congreso. La verdad es que es bastante lamentable el espectáculo general, del que se salvan los que tradicionalmente como
nacionalistas que son se comportan como tales. Lo que es preocupante es que los que no son nacionalistas -a mi izquierda y a mi derecha- se comporten como si lo fueran.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el BNG votó en su día en contra del nuevo modelo de financiación autonómica, y lo hicimos entre otras muchas razones porque la reforma aprobada atentaba desde nuestro punto de vista contra el principio de equidad. Con el sistema
anterior cada comunidad obtenía recursos en función del cálculo de sus necesidades de gasto. Con el nuevo sistema esto solo ocurre con los servicios públicos fundamentales y se introducen nuevos criterios, como la capacidad recaudatoria; un
criterio equívoco.
Si un territorio recauda más que otro es porque goza de mayor desarrollo económico, porque sus habitantes tienen mayor renta y por lo tanto tributan más. Introducir este criterio como un criterio de nivelación atenta contra la
función redistributiva del sistema impositivo y rompe, como decíamos, la pretendida equidad del sistema. Fruto de ello, en los fondos adicionales el Fondo de competitividad tiene una dotación sensiblemente superior a la del Fondo de cooperación, el
destinado expresamente a la corrección de las desigualdades territoriales.
Señorías, pese a nuestra discrepancia con el modelo y con los criterios en virtud de los cuales se establece el Fondo de competitividad, votaremos a favor de esta moción. Lo vamos a hacer por cuatro motivos: primero, porque las leyes están
para cumplirse; segundo, porque no es de recibo que se exija a las comunidades autónomas el cumplimiento estricto de unos objetivos de déficit cuando el Estado incumple con ellas los compromisos adquiridos; tercero, porque el Parlamento gallego,
con el voto favorable del BNG, también se posicionó a favor de exigir el anticipo correspondiente al Fondo de cooperación del año 2011; y, en cuarto lugar, porque hacemos nuestras las palabras pronunciadas por el señor Macias en el Pleno de la
pasada semana, cuando se debatió una moción del BNG sobre el ferrocarril en Galicia. En aquel debate, el señor Macias manifestaba la disposición de Convergència i Unió a apoyar siempre lo que el BNG considere prioritario para Galicia y recordaba el
marco de colaboración establecido entre los nacionalistas vascos, gallegos y catalanes para darnos apoyo mutuo cuando se trate de defender los intereses de nuestros respectivos territorios; marco de colaboración que además el BNG está dispuesto a
extender a otras fuerzas nacionalistas de esta Cámara.
Señores de Convergència i Unió, grupo proponente, este también es nuestro compromiso. Por las razones expuestas, el Bloque Nacionalista Galego votará a favor de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sobre la efectiva disposición de los
fondos adicionales correspondientes al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas para Cataluña.
Nuestra posición será de abstención a la hora de votar la iniciativa. Al margen de las razones jurídicas y políticas que CiU pueda
esgrimir para defender su posición, y que no cuestionamos en ningún caso, nuestra postura se debe fundamentalmente a dos motivos. En primer lugar, porque tradicionalmente nuestro grupo parlamentario se abs
tiene cuando las votaciones se refieren a temas tributarios cuya competencia reside en las diputaciones forales de los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa, o en la Comunidad Foral de Navarra en virtud del Concierto Económico
o del Convenio navarro; o de igual manera cuando se debaten y votan cuestiones relativas al modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, como es el modelo de financiación que incluye la disposición transitoria segunda a la
que se hace referencia en esta moción. En segundo lugar, porque en una iniciativa idéntica, debatida y aprobada en el Senado hace apenas dos semanas, los senadores nacionalistas vascos votaron también en el mismo sentido. Insisto, sin entrar en
los detalles de la iniciativa, que creo que no nos corresponde, por coherencia y responsabilidad con nuestras posiciones antes defendidas nos abstendremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Doña Fátima Báñez tiene la palabra.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el cumplimiento de la ley y de los acuerdos alcanzados es la mejor respuesta que desde las instituciones podemos dar a las situaciones de incertidumbre y desconfianza que hoy sufrimos y sufre la economía española. Esta tarde
debatimos una moción, la del Grupo de Convergència i Unió, que es exactamente igual a otra que se debatió el pasado 27 de abril en el Senado para instar al Gobierno a hacer efectiva en 2011 la transferencia a la Generalitat de Catalunya del anticipo
correspondiente al Fondo de competitividad que viene en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de 2009. Les anuncio ya, señorías, el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Popular. Lo vamos a hacer así por tres razones: en primer
lugar, por respeto a la ley y a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera; en segundo lugar, por preservar -es muy importante- la financiación de los servicios públicos fundamentales -estoy hablando de la sanidad, de la educación y
de los servicios sociales-; y, en tercer lugar, señorías, por coherencia con lo que nuestro grupo votó en el Senado. Eso es algo que algunos diputados catalanes y socialistas no van a poder hacer en la tarde de hoy.
Señorías, este triste debate, que no viene nada más que a pedir el cumplimiento estricto de la ley, es una buena muestra de los errores y del fracaso de la política económica socialista; un Gobierno agotado y sin rumbo que no cumple la
palabra y, lo que es peor, no cumple las leyes que él mismo modifica; un Gobierno que no ha dejado de dar bandazos en política económica, desde negar la crisis hasta gastar y gastar llegando a despilfarrar el dinero de todos los ciudadanos; un
Gobierno que aprobó un modelo de financiación prometiendo miles de millones a las comunidades autónomas, que durante 2009 y 2010 liquidó los fondos -por un importe importante- del modelo de financiación y que ahora que tiene dificultades para
cumplir con los objetivos de estabilidad y, sobre todo, señora portavoz del PSC, que desde que no gobierna su partido en Cataluña se niega a liquidar el fondo. Señorías, como bien afirmó la presidenta de mi partido en Cataluña en el debate en el
Senado el Grupo Popular no votó este modelo de financiación, pero que no estemos de acuerdo con el modelo no significa que no cumplamos con las leyes que se aprueban en esta Cámara. En un Estado de derecho el cumplimiento de la ley es
irrenunciable, sobre todo en una situación de incertidumbre económica como la que vivimos hoy. Los anticipos a cuenta del modelo se deben cumplir porque la ley se debe cumplir en su integridad.
El Grupo Catalán de Convergència i Unió, con razón, presenta hoy esta moción, de igual manera que nosotros vamos a pedir también para el resto de las comunidades autónomas, no solo para Cataluña, el cumplimiento de todos los fondos
adicionales del modelo de financiación. Incumplir la ley no solo no servirá para cumplir los objetivos del Gobierno, porque al final las cuentas públicas consolidan y lo que se compute como déficit en un lado no se computará en el otro, sino que
además en un contexto de incertidumbre como el actual puede incluso agravar los problemas, porque la negativa del Gobierno, señorías, puede llevar a crear una crisis institucional y política, que seguramente va a llegar a los tribunales, para
solventar esta situación de incertidumbre. Estamos judicializando la política y la economía (Una señora diputada: ¿No me digas? ¿De verdad?), y eso al final lo vamos a pagar en términos mayores de desconfianza. Los mercados no están para más
desconfianza, señores socialistas y señores del Gobierno; no estamos tampoco para poner en riesgo y en duda las leyes de estabilidad y las normas presupuestarias y de financiación que nos hemos dado. Sí, señores socialistas, desconfianza;
desconfianza que, por cierto, se ha visto agravada por las acciones del Partido Socialista tanto en el Gobierno de la nación como en la Generalitat de Catalunya cuando gobernaba el Partido Socialista de Cataluña, porque los respectivos gobiernos
validaron unas cuentas públicas unos días antes de las elecciones con un déficit mucho menor que el que se encontró el Gobierno nuevo salido de las urnas después de las elecciones catalanas.
Eso es falta de transparencia y engañar a los ciudadanos.
Señores diputados del Partido Socialista y del PSC no hagan más daño a la economía nacional y a la economía catalana. (Rumores.) Sus políticas han traído más paro, más déficit, menores pensiones y ahora el riesgo de poner en marcha unos
servicios públicos en Cataluña como en el resto de España, que se merecen, en forma de políticas claras de sanidad, de educación y de servicios sociales. (Rumores.) Señores del PSC voten a favor de esta moción y de la del Grupo Popular porque
votarán sí a Cataluña y también sí a las políticas sociales del resto de España.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Señor Sánchez i Llibre, ¿acepta su señoría alguna enmienda para la votación?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, como ya he anunciado en mi intervención, no vamos a aceptar ninguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL EJECUTIVO PARA GARANTIZAR EL EFECTIVO CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS SIN PERJUDICAR LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES. (Número de
expediente 173/000213.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para garantizar el efectivo control de las cuentas públicas sin perjudicar la financiación de los servicios públicos esenciales.
Tiene la palabra doña Fátima Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, España sigue viviendo los devastadores efectos de la crisis económica y los errores de la política económica del Gobierno. La actividad económica sigue estancada. Lo certificó estos días el Banco de España con la estimación del
0,2 de crecimiento para el primer trimestre del año, lo que puede poner en riesgo alcanzar el objetivo estimado del Gobierno del 1,3 por ciento. Este estancamiento, unido a la eficacia de la reforma laboral de hace un año que puso en marcha el
Gobierno socialista, está impidiendo que la economía cree empleo. Por poner una muestra, desde que entró en vigor la reforma laboral al día de hoy, el paro ha aumentado en más de 286.000 personas y se han dado de baja en la Seguridad Social más de
311.000 personas. Además, después de seis reformas del sistema financiero, el crédito sigue sin llegar al sector productivo, y eso hace muy difícil que se inicie la recuperación. La impresión generalizada, señorías, es que el Gobierno ha tirado la
toalla y no está dispuesto a acometer nuevas reformas; ahí está por ejemplo el retraso de la reforma de la negociación colectiva. Esto aumenta nuevamente la desconfianza sobre la evolución de la economía. Además en los últimos días el
recrudecimiento de las tensiones sobre la deuda de los países periféricos ha incrementado los niveles de incertidumbre en los agentes económicos. Por tanto, en este contexto es clave que el Gobierno emita una vez más señales de confianza a los
mercados y sobre todo en lo referente a la salud de nuestras cuentas públicas. La mejor manera de transmitir confianza es cumpliendo la ley y los acuerdos con las comunidades autónomas; solo cumpliendo la ley y los acuerdos el Gobierno podrá
exigir a todas las administraciones públicas que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y solo cumpliendo con esos objetivos de estabilidad presupuestaria conseguiremos transmitir la tan necesaria confianza a los mercados. Sin
embargo, señorías, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se pusieron de manifiesto dos cosas: la primera la incapacidad del Gobierno para controlar las cuentas públicas y la segunda la inoperatividad del nuevo modelo de
financiación autonómica aprobado por el Gobierno socialista.
Señorías, la mayoría de las comunidades autónomas denunció que mientras el Ejecutivo les exige cumplir sus compromisos de estabilidad presupuestaria, el Gobierno de la nación no cumple
los suyos, por ejemplo no presenta en esta Cámara los seis planes de reequilibrio financiero a los que se debía de haber comprometido. Señorías, las obligaciones son para todas las administraciones públicas, para el Gobierno y para las comunidades
autónomas; para todas las comunidades autónomas por igual.
Por eso espero en esta tarde que no se le ocurra al Gobierno asignar niveles de déficit diferentes a las distintas comunidades autónomas, porque lo que conseguirá con eso es provocar la
mayor discriminación que pueda sufrir la historia de nuestro modelo autonómico. Señores diputados, la negativa del Gobierno a anticipar los nuevos fondos del modelo de financiación ha creado una crisis institucional que, como dije antes, puede
acabar en los tribunales. La estrategia del Gobierno ha sido desleal porque ha consistido en traspasar a otras administraciones públicas el peso del ajuste presupuestario. El Gobierno pretende -digámoslo esta tarde con claridad- centrifugar el
déficit y traspasarlo a las comunidades autónomas; comunidades autónomas que por ejemplo en 2010 aportaron un déficit del 2,8 por ciento al PIB cuando el total de las administraciones públicas en ese año fue del 9,2 por ciento, pese a que las
comunidades autónomas son casi responsables del 50 por ciento del gasto público.
Por otro lado, el compromiso del Gobierno con la transparencia en la información sobre la ejecución de las cuentas de las comunidades autónomas quedó patente al destaparse lo que decía en mi intervención anterior, que en Cataluña después de
las elecciones se vio que existía en sus cuentas, tras un gobierno socialista, un desfase de más de 3.000 millones de euros de déficit. Ese, señorías, es el compromiso de este Gobierno con la austeridad presupuestaria y con la transparencia que
exige al resto de las administraciones. Es evidente por tanto que se necesita un cambio radical en la política económica y sobre todo presupuestaria, porque necesitamos garantías, confianza y certidumbre.
Por eso presentamos esta tarde esta moción
desde el Grupo Parlamentario Popular. Lo primero que exigimos al Gobierno es que dé ejemplo y que cumpla con los compromisos de las leyes de estabilidad y presente cuanto antes los planes de reequilibrio financiero, ya que está comprometido por ley
presen
tarlos en esta Cámara. En segundo lugar, pedimos que se articulen todas las medidas necesarias para que se garantice que todas las administraciones territoriales van a cumplir sus compromisos con las leyes de austeridad presupuestaria. En
tercer lugar, pedimos que el Gobierno cumpla en su integridad el marco legal vigente del nuevo modelo de financiación que aprobó el Gobierno socialista y que respete, porque es ley, los términos del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de julio de 2009. Finalmente, solicitamos con respecto a las corporaciones locales que se ponga en marcha de una vez por todas una nueva línea ICO morosidad que permita que se paguen las facturas pendientes por las corporaciones locales
con pymes y autónomos, porque con las pymes y con los autónomos y evitando la morosidad tendremos muchas más opciones de salir de esta crisis. Por eso solo así, cumpliendo las leyes y los acuerdos que nos hemos dado, mejorando la transparencia,
atendiendo las necesidades más básicas de los ciudadanos, garantizándoles la financiación de los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y servicios sociales- y luchando contra la morosidad se contribuirá sin duda a mejorar la confianza
dentro y fuera de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Doña Nuria Buenaventura tiene la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nuestro grupo no sabemos exactamente de qué quiere hablar el Grupo Popular con esta moción. ¿Quiere hablar del déficit de la Administración General del Estado? ¿Quiere hablar del nuevo modelo de financiación autonómica y de
los mecanismos que se están incumpliendo? ¿Quiere hablar del ICO? Nosotros pediremos el voto por separado de los puntos de la moción porque, si nos atenemos a los contenidos, en realidad estamos hablando de tres propuestas que nada tienen que ver
entre sí. La primera propuesta es reducir el déficit, que es lo que se recoge en los puntos 1 y 2 de la moción, cuestión a la que, como es habitual en nuestros planteamientos, nos oponemos frontalmente. Ya lo saben, nosotros creemos que en tiempos
de crisis lo que hace falta es que la inversión pública se incremente. La historia demuestra que en tiempos de crisis reducir la inversión pública es incrementar el paro, algo que en el fondo parece no importarles mucho a ustedes, por mucho que se
llenen la boca de luchar contra el paro. Nuestro grupo, en cambio, quiere que el sector público sea la locomotora de la inversión en aquellas actividades de futuro para poder, por un lado, dinamizar la economía y crear puestos de empleo y, por otro
lado, poner las bases para una economía sólida y no un gigante con pies de barro o de tocho, como fue el modelo de crecimiento del pelotazo del Partido Popular.
En el tercer punto quieren hablar del debate alrededor del Fondo de competitividad, del que anteriormente hemos hablado en la moción de Convergència i Unió. Pero tampoco lo acaban de hacer, para poder decir en Cataluña que el Fondo de
competitividad es necesario, a pesar de que siempre que les ha sido de utilidad para sus planteamientos electorales no han dudado en afirmar, de manera falaz e irresponsable a nuestro entender, que Cataluña se lleva el dinero del resto de
comunidades. Sea como sea, les avanzo que estamos de acuerdo con el contenido de este punto, su redacción nos parece impecable, ya que remite a cumplir la ley, una ley y un modelo de financiación que nuestro grupo considera que es muy positiva, que
avanza en el sentido de la federalización del Estado, pero que tiene problemas porque el Gobierno en estos momentos, a nuestro entender, no está cumpliendo íntegramente esta ley. Consecuentemente, parece acertado solicitar que se cumpla, y por
tanto nuestro voto será favorable en este punto. Pero también hay que reconocer que ustedes no aprobaron esta iniciativa y que su propia portavoz, la señora Sáenz de Santamaría -el pasado 29 de octubre de 2009, hace poco más de un año y medio,
cuando se debatía en esta Cámara el nuevo modelo de financiación-, afirmaba que dicho modelo era un fracaso por el bajo nivel de consenso y decía también que la ley era inoportuna, que no se podía llevar a cabo en el tiempo de penuria fiscal en que
estábamos y que, desde su punto de vista, había que seguir la vieja máxima: en tiempos de tribulación, no hacer mudanzas. Concluía la portavoz del Partido Popular afirmando que lo que no puede ser y no vamos a admitir es que con la excusa de
diferencias legítimas se fomenten desigualdades injustas, por mucho que le convenga al Gobierno. Lo que no se puede hacer es presentar esta reforma injusta e insolidaria que impone por ley la desigualdad. Repito, votaremos a favor de este punto,
pero nos gustaría saber cómo se pasa de votar en contra de la ley, como hicieron ustedes en esta Cámara, a erigirse después en defensores de la misma. Puede ser que las elecciones del día 22 de mayo les hayan hecho cambiar de parecer.
Por último, acaba la moción con un tema de morosidad, que no sabemos si por contenido cuadra mucho con el resto de la moción o lo han introducido de manera aleatoria solo para que no les digan que no hablan de crisis.
Ya saben que estamos
totalmente de acuerdo con este planteamiento, con este punto. Hemos presentado recientemente también una proposición no de ley en el mismo sentido. Nos parece inexplicable que el Gobierno incumpla la ley y que pasen los meses sin que el ICO cree
esta línea de crédito para las entidades locales. Con lo cual, votaremos en contra de los dos primeros puntos y a favor de los dos últimos si hay votaciones por separado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, lo he señalado en otras ocasiones y también lo voy a hacer hoy. Señores del Grupo Popular, cuando ustedes hablan de efectivo control de las cuentas públicas, lo que me temo que quieren decir es que el
Ejecutivo de Zapatero, en este caso con el beneplácito de esta Cámara, debería aplicar la receta de palo y tentetieso o del jarabe de palo a las comunidades autónomas y corporaciones locales. En el caso de que no estuviera en lo cierto, es decir,
que sus intenciones no fueran esas, sino que ustedes creyeran que la solución debería venir por la colaboración y la cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, desde el respeto al marco competencial, podríamos hablar del tema,
pero tristemente me temo que yo no esté equivocado.
Coincidimos seguramente en la idea de fondo, cual es la de defender, preservar e impulsar los servicios públicos básicos -la sanidad, la educación, la tercera edad, etcétera-, en definitiva, en reformar el gasto público conforme al nuevo
escenario político, económico y presupuestario que se nos presenta tras la crisis económica. Nada va a ser igual después de la crisis. La eficiencia, eficacia y racionalidad, la reforma del gasto público, que nuestro grupo viene defendiendo y
planteando desde hace más de diez años en esta Cámara, son ya urgentes y una condición sine qua non para superar la crisis económica. Habrá que hablar y decidir qué políticas implementar y cuáles no, habrá que adecuar el sistema tributario a la
realidad de la crisis y a lo que se pretende hacer; es una tarea ingente la que hay que realizar, pero hay que hacerla sin pausa pero sin prisa. Las improvisaciones, los apretones electorales y las ocurrencias no son la mejor manera de hacerlo.
Nuestro grupo está dispuesto a ello porque lo consideramos estratégico. Consideramos que la reforma del gasto público es estratégica, así como las reformas de las estructuras administrativas, siempre -insisto- desde el máximo y estricto respeto al
marco competencial. No queremos que, apelando a una falsa eficiencia o eficacia, retrocedamos en el ámbito autonómico, que, como ustedes señalan, provee a los ciudadanos de servicios públicos básicos esenciales. Mientras no se asuma el proceso con
estas premisas y el objeto de la iniciativa, como la que ustedes traen hoy aquí, sea electoralista, no podrán contar con nuestro apoyo. Votaremos, pues, en contra de la moción. Si se planteara la moción por puntos, nos abstendríamos en el punto
tercero y votaríamos que no al resto de los mismos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como no podía ser de otra forma, Convergència i Unió por coherencia y por pragmatismo va a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que algunos de sus aspectos más
relevantes son prácticamente los mismos que hace pocos minutos Convergència i Unió ha defendido ante esta Cámara. Hay algunos aspectos importantes que hacen referencia a la financiación autonómica, en los que, al igual que el Grupo Popular,
pedíamos que se incorporaran todos aquellos recursos adicionales previstos en la Ley 22/2009, de Financiación Autonómica, respetando los términos del acuerdo del 15 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De la misma forma que
pedíamos que para Cataluña se pudieran aplicar todos aquellos anticipos correspondientes al Fondo de competitividad, si esto está previsto en la ley para que sea efectivo en Cataluña, también queremos que se respete la ley en todas aquellas
comunidades autónomas que tengan la posibilidad de cobrar los fondos de competitividad. No vamos a hacer lo que han hecho otros grupos parlamentarios, que una vez votan blanco y otra votan negro, en el Senado votan que sí y en el Congreso que no.
De la misma manera que vamos a votar en el Congreso lo mismo que votamos en el Senado tampoco vamos a cambiar de voto en esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Al mismo tiempo, vamos a votar favorablemente todos aquellos aspectos que hacen referencia a la apertura de una línea ICO para que las corporaciones locales puedan hacer frente a las facturas pendientes que tienen muchos ayuntamientos y que
no pueden liquidar por falta de recursos, básicamente a autónomos y pequeñas y medianas empresas, lo que estaba perfectamente reflejado en la Ley 15/2010, pero el Grupo Socialista en los presupuestos generales para el año 2011 barrió literalmente
del mapa aquella enmienda que había sido aprobada por todos los grupos de la Cámara. No estando de acuerdo con estas cuestiones, vamos a votar a favor de esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Doña Marta Gastón tiene la palabra.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, con esta moción el Partido Popular trata de pescar en río revuelto para dejar constancia, eso sí, de un hecho: su enorme incoherencia. Señoras y señores del Partido Popular, mucho reclaman y han reclamado el ajuste del déficit,
pero ustedes se contradicen continuamente, y un ejemplo palmario es el Pleno de esta semana. Con esa coherencia suya, que brilla por su ausencia, al mismo tiempo nos piden bajadas de impuestos, cuestionan la estabilidad presupuestaria, interpelan
quejándose de las reducciones en inversiones en infraestructuras y presentan esta moción, en la que piden controles para el déficit, pero al tiempo incentivan su aumento: totalmente incoherente, señorías.
Nos hablan ustedes de ajuste del déficit. Es cuanto hacemos en el marco de la Unión Europea. La pregunta es sencilla: ¿queremos estar en el club del euro? ¿Estamos de acuerdo en esto? Pues las reglas del juego están marcadas para todos
y contienen este ajuste necesario, ajuste que, como bien se ha recordado, tienen que realizar todas las administraciones públicas para reducir el déficit, no exclusivamente la Administración General del Estado. (La señora vicepresidenta, Cunillera
i Mestres, ocupa la Presidencia.) Estamos a favor de medidas que garanticen los compromisos adquiridos en este ámbito, en el ajuste del déficit. Tan de acuerdo estamos que respaldamos lo contenido a tal efecto en el Pacto por el Euro Plus
-esperemos que por una vez ustedes ya se lancen y también muestren su apoyo en este aspecto-, medidas que complementan otras ya en vigor y no apoyadas precisamente por ustedes, como las contenidas en el Real Decreto-ley de mayo de 2010 o en la Ley
de Economía Sostenible.
Quieren ajustar el déficit, pero piden de nuevo en esta moción una línea ICO para entidades locales, lo cual -se lo decimos una vez más- no hace sino aumentarlo. Lo aumenta para los ayuntamientos, puesto que incrementa su
endeudamiento, y lo aumenta también para el Estado central, ya que conocerán que requeriría avalar estos créditos por parte del Estado central. Así lo marcan los estatutos del ICO. ¿En qué quedamos, señoras y señores del Partido Popular? ¿Quieren
reducir el déficit o no?
En cuanto a la nueva ley de financiación para las comunidades autónomas, pese a mejorar los recursos que reciben las comunidades autónomas, ustedes la votaron en contra, pero en las comunidades autónomas donde está gobernando el PP la
aceptaron. Es una ley que, por estos mayores recursos, inspiraba en el señor Montoro aseveraciones sobre que generaría mayores déficits y no cesaban ustedes de criticarla. Señorías, que les quede claro, el Gobierno está cumpliendo la Ley de
Financiación Autonómica a rajatabla. Se cumple escrupulosamente porque tanto la ley como los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio de 2010 contemplan recursos adicionales cuantificados con una gradualidad en forma de
anticipos hasta este año... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, por favor. Un momento, señora Gastón. Señorías, por favor, un poco de silencio.
(Continúan los rumores.) Señorías, por favor, un poco de silencio para que acabemos el turno de la
diputada que está en el uso de la palabra.
Siga, señora Gastón, por favor.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señora presidenta.
Como decía, tanto la ley como los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2010 contemplan recursos adicionales cuantificados con una gradualidad en forma de anticipos hasta este año 2011 desde su aprobación
hasta la plena entrada en vigor de la ley, recursos adicionales que en este año se han superado en cuantía respecto a esa gradualidad. Por ello, no pueden ustedes ampararse en una ley que se cumple para pedir ahora más recursos adicionales sobre
los acordados ni mucho menos para tratar de hacer responsable al Gobierno también de los ajustes y recortes que llevan a cabo otras administraciones, de los que algunos ya están llevando a la práctica y de los que al parecer otros pretenden poner en
marcha -señorías, que a estas alturas ya nos conocemos-, porque se cumple la ley y porque cada administración tiene autonomía financiera para que sus responsables políticos prioricen como ellos prefieran (El señor presidente ocupa la Presidencia.),
también en los ajustes porque cada cual pone el acento donde quiere. Además, ¿cómo casan ustedes esta petición de mayores recursos adicionales para gasto en comunidades autónomas con su conocida cantinela de imposición de techos de gasto en estas
comunidades autónomas? Nueva contradicción. Es más, la mayor de las contradicciones es cómo casan ustedes esta petición de mayores recursos para gasto en las comunidades autónomas cuando en los últimos tiempos son ustedes los que han estado
cuestionando el estado de las autonomías, ya que, según ustedes, lo que plantea es inviabilidad financiera. Señorías, son contradicción pura.
En cuanto a la estabilidad presupuestaria, y para finalizar, señorías, cada modificación en materia de estabilidad presupuestaria ha sido refrendada en las Cortes Generales, en esta Cámara, en los Presupuestos Generales del Estado, en la
aprobación del techo de gasto, en el Plan de consolidación fiscal y en las medidas urgentes del ajuste aprobadas en mayo de 2010. Todas y cada una de ellas fueron aprobadas, pero todas y cada una de ellas aprobadas con su voto en contra, en
especial -parece que ustedes se empeñan en recordárnoslo-, las contenidas en el real decreto-ley de mayo de 2010.
El señor PRESIDENTE: Señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Acabo ya, señor presidente.
Me refería al real decreto-ley que ustedes votaron en contra, pretendiendo que nuestra economía cayera y pretendiendo una crisis política como la de Portugal. Señoras y señores del PP, sus peticiones son incoherentes y contradictorias, algo
a lo que lamentablemente ya nos tienen acostumbrados. España necesita que cambien ya de actitud porque estos son tiempos de colaboración, cooperación y responsabilidad. Y en cualquiera de los tres elementos de esta terna tanto los ciudadanos como
nosotros, señoras y señores del PP, les seguimos esperando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.
Vamos a iniciar las votaciones ya que los timbres han estado sonando desde hace siete minutos. Iniciamos las votaciones. Por favor, cierren las puertas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MEJORA PERMANENTE DE LA TRIBUTACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS POR LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
(Número de expediente 122/000266.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la mejora permanente de la tributación de los trabajadores autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por
los rendimientos de las actividades económicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 153; en contra 178; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE REGULACIÓN DEL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD. (Número de expediente 122/000092.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica de regulación del recurso previo de inconstitucionalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 147; en contra, 191.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y PREVISIONES QUE PERMITAN EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ALERTA DE TSUNAMIS EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000823.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar los estudios y previsiones que permitan el establecimiento de un sistema de alerta de tsunamis en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 339.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE REPRUEBA AL VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 162/000853.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, por la que se reprueba al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública. Sin enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 145; en contra, 170; abstenciones, 23
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN Y DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000211.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para solucionar los problemas derivados de la situación de financiación y de las prestaciones de la Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 337; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA EFECTIVA DISPOSICIÓN DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y DEMÁS RECURSOS
CORRESPONDIENTES AL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EN EL CASO DE CATALUÑA. (Número de expediente 173/000212.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), relativa a la efectiva disposición del fondo de competitividad y demás recursos correspondientes al nuevo modelo de financiación de las nuevas comunidades autónomas, en el
caso de Cataluña.
Se vota sin enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 161; en contra, 168; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL EJECUTIVO PARA GARANTIZAR EL EFECTIVO CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS SIN PERJUDICAR LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES. (Número de
expediente 173/000213.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para garantizar el efectivo control de las cuentas públicas sin perjudicar la financiación de los servicios públicos esenciales.
Votación separada, así se ha solicitado, de los cuatro puntos. Punto primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 156; en contra, 180; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto dos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 321; en contra, 13; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto tres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 161; en contra, 170; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto cuatro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 162; en contra, 175; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.