Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 240, de 03/05/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 240
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 228
celebrada el martes, 3 de mayo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día ... (Página 4)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- De la Asamblea de Extremadura, de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de forma que se reconozca al autor el derecho de explotación de su obra bajo las denominadas licencias libres.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 10-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 125/000010.) ... (Página 4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la compensación de deudas tributarias reconocidas por la Administración General del Estado con pymes y los autónomos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 299-1, de
4 de febrero de 2011. (Número de expediente 122/000270.) ... (Página 5)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el vehículo eléctrico. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 552, de 1 de abril de 2011.
(Número de expediente 162/000821.) ... (Página 10)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre regulación del matrimonio forzado como delito específico en el Código Penal y adopción de medidas relacionadas con dicha práctica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
558, de 18 de abril de 2011. (Número de expediente 162/000832.) ... (Página 14)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el 80 aniversario de la proclamación de la II República Española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 563, de 29 de
abril de 2011. (Número de expediente 173/000208.) ... (Página 19)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre los planes del Ministerio de Fomento en lo que respecta a los servicios e infraestructuras ferroviarias en Galicia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 563, de 29 de
abril de 2011. (Número de expediente 173/000209.) ... (Página 24)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para estimular el consumo interno e impulsar las ventas del comercio minorista. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 563, de 29
de abril de 2011. (Número de expediente 173/000210.) ... (Página 29)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación.) ... (Página 33)
Proposiciones no de ley (Votación.) ... (Página 34)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.) ... (Página 34)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página 4)
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento, el señor presidente solicita a la Cámara la exclusión del punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Extremadura, de modificación
del texto refundido por la Ley de Propiedad Intelectual, de forma que se reconozca al autor el derecho de explotación de su obra bajo las denominadas licencias libres, exclusión solicitada por la Asamblea de Extremadura, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la compensación de deudas tributarias reconocidas por la Administración General del Estado con pymes y los autónomos ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Madrazo Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Mármol Peñalver, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 10)
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el vehículo eléctrico ... (Página 10)
Defiende la proposición no de ley el señor Moraleda Quílez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Erias Rey, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Moraleda Quílez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre regulación del matrimonio forzado como delito específico en el Código Penal y adopción de medidas relacionadas con dicha práctica ... (Página 14)
Defiende la proposición no de ley la señora Camarero Benítez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) y Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 19)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el 80 aniversario de la proclamación de la II República española ... (Página 19)
Defiende la moción el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Llamazares Trigo.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre los planes del Ministerio de Fomento en lo que respecta a los servicios e infraestructuras ferroviarias en Galicia.... (Página 24)
Defiende la moción el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jorquera Caselas.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para estimular el consumo interno e impulsar las ventas del comercio minorista ... (Página 29)
Defiende la moción el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y
la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Delgado Arce.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 33)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la compensación de deudas tributarias reconocidas por la Administración General del Estado con pymes y los
autónomos, se rechaza por 148 votos a favor, 169 en contra y siete abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 34)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el vehículo eléctrico, se aprueba por 323 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre regulación del matrimonio forzado como delito específico en el Código Penal y adopción de medidas relacionadas con
dicha práctica, se aprueba por 324 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 34)
Sometidos a votación separada los distintos puntos de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el 80 aniversario de la proclamación de la II República española, se
aprueban los puntos 8, 9 y 15 y se rechaza el resto.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Jorquera, sobre los planes del Ministerio de Fomento en lo que respecta a los servicios de infraestructuras ferroviarias en Galicia, se aprueba por
323 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para estimular el consumo interno e impulsar las ventas del comercio minorista, se
rechaza por 146 votos a favor, 176 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y veinticinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DE FORMA QUE SE RECONOZCA AL AUTOR EL DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE SU OBRA BAJO LAS DENOMINADAS LICENCIAS LIBRES.
(Número de expediente
125/000010.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con lo que dispone el Reglamento solicito al Pleno que acepte la exclusión de un punto del orden del día, concretamente la iniciativa correspondiente a la proposición de ley de la Asamblea de Extremadura, ya que la misma ha
comunicado al Parlamento español que desea que se retire del orden del día. ¿Así se acuerda? (Asentimiento.) Queda por tanto excluida del orden del día.
La previsión que les hago de finalización de la sesión de esta tarde es en torno a las 19,30 horas si sus señorías se ajustan a las indicaciones de la Presidencia, que serán laxas, como siempre.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA COMPENSACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS RECONOCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO CON PYMES Y LOS AUTÓNOMOS. (Número de expediente 122/000270.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la compensación de deudas tributarias reconocidas por la Administración General del Estado con pequeñas y medianas empresas y los autónomos. La señora
Madrazo tiene la palabra para la defensa de la misma.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 7 de septiembre defendí en esta misma tribuna una proposición no de ley presentada por mi grupo en la que solicitábamos el apoyo de esta Cámara para que los pequeños empresarios y los autónomos pudiesen compensar sus
deudas tributarias con créditos reconocidos por las distintas administraciones públicas. Esta iniciativa logró el apoyo unánime de esta Cámara, incluido el Grupo Socialista, mediante la aprobación de una enmienda transaccional que instaba al
Gobierno a establecer un procedimiento de compensación para deudas y créditos procedentes de la Administración General del Estado. También aprobamos en aquella enmienda transaccional la necesidad de instrumentar, en el plazo de un mes, la línea de
crédito ICO para que las entidades locales pudieran hacer frente al pago de sus deudas con proveedores, así como permitir a los empresarios el pago del IVA en el momento del cobro de la factura, como tantas y tantas veces hemos propuesto desde el
Grupo Parlamentario Popular. Pues bien, tenemos que lamentar que el Gobierno haya hecho caso omiso una vez más de un mandato de esta Cámara y tenemos que denunciar que el Gobierno socialista no cumple con los ciudadanos, no cumple con los pequeños
empresarios y los autónomos y no cumple con los mandatos de esta Cámara.
Señorías, desde entonces la situación ha empeorado. La última encuesta de población activa relativa al primer trimestre de 2011, que conocimos el pasado viernes, es realmente dramática y refleja claramente el fracaso de un Gobierno agotado
y sin ideas. Seguimos registrando máximos históricos en número de parados, caída de la ocupación, tasa de paro y familias con todos sus miembros en paro, situándonos al borde nada más y nada menos que de los 5 millones de parados al haber aumentado
en más de 213.000 personas en este primer trimestre.
En el Partido Popular, señorías, no nos resignamos a que esta situación continúe igual. Es necesario un cambio radical de nuestra política económica y por eso les pido que escuchen con un espíritu abierto, constructivo y positivo esta
proposición de ley que presenta mi grupo para que traslademos hoy un mensaje de confianza y esperanza en el futuro a esos pequeños empresarios que se dejan la piel día a día para mantener sus puestos de trabajo. ¿Qué planteamos desde el Partido
Popular con esta proposición de ley? Una modificación de la Ley General Tributaria para que las empresas de reducida dimensión y los autónomos puedan acogerse -si lo desean, claro está- a un sistema automático de compensación de sus deudas
tributarias con los créditos reconocidos a su favor por acto administrativo por cualquier Administración pública, central, autonómica o local.
Señorías, desde aquel 7 de septiembre la situación de asfixia financiera que padecen estas empresas, que las lleva en muchos casos a su cierre, no ha mejorado, sino todo lo contrario. Las empresas no venden, el consumo no se reanima, siguen
padeciendo un grave problema de morosidad en el cobro de sus facturas, pero lo más grave es que los mayores incumplidores y peores pagadores son las propias administraciones públicas que, según diversos estudios, tienen una deuda pendiente de pago
con estos pequeños empresarios que supera ya los 34.000 millones de euros.
Señores del Gobierno socialista, les tengo que recordar que el pasado 7 de julio entró en vigor la Ley de lucha contra la morosidad, que no se está cumpliendo. Pero lo más sorprendente es que los primeros que la incumplen sean las propias
administraciones públicas. El informe realizado por la Federación nacional de asociaciones de trabajadores autónomos a los 120 días de la entrada en vigor de esta ley reflejaba unos resultados realmente descorazonadores. Según este informe, España
se sitúa a la cabeza de Europa en el tiempo medio de pago de sus facturas, pero si nos centramos en el sector público los plazos medios de pago a empresas y autónomos se sitúan en una media de 158 días, duplicando la media europea. ¿De qué sirve
entonces, señorías, que aprobemos una ley que están incumpliendo más del 90 por ciento de las propias administraciones públicas? Los plazos de pago prácticamente triplican los que se establecen en la ley y, mientras tanto, más de 300.000 autónomos
se han dado de baja desde que comenzó esta crisis y más de 170.000 empresas han cerrado sus puertas, llevándonos a esta espiral de destrucción de empleo en la que nos han metido las fracasadas políticas socialistas.
Señorías, si queremos que esta situación cambie radicalmente, tenemos que ser capaces de aportar soluciones imaginativas y valientes, como la que hoy propone el Grupo Popular para poder desatascar todo ese gran volumen de deuda que han
generado las propias administraciones públicas y que están generando graves problemas de liquidez a nuestros pequeños empresarios. El último informe de recaudación de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2009 -aún no disponemos del
correspondiente a 2010- ponía de manifiesto que el volumen de deudas tributarias pendientes de cobro se
ha más que duplicado en los últimos cuatro años. Los empresarios sencillamente quieren pagar sus impuestos y quieren cumplir sus obligaciones fiscales, pero no pueden, no tienen liquidez para poder hacerlo.
Estos problemas se ven agudizados por la sequía crediticia de nuestros mercados financieros. Cada día que leemos la sección de economía en los periódicos se nos cae el alma a los pies. La semana pasada los medios de comunicación se hacían
eco de la última encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo. Una vez más, España está a la cabeza en la restricción del crédito a las pequeñas empresas, ya que además la mitad de ellas no logra financiación, y las que la logran es
a un precio demasiado alto. Esta es la economía real, la economía que genera puestos de trabajo; más del 80 por ciento del empleo en España lo crean estas pequeñas empresas, y el Gobierno socialista sigue sin adoptar medidas para ayudarlas.
La portavoz socialista habló de una propuesta inviable cuando presentamos nuestra proposición de ley, y yo les invitaría a rescatar el concepto de la política como el arte de hacer posible lo imposible. La portavoz socialista dijo que esta
compensación que propone el Partido Popular es imposible en nuestro ordenamiento jurídico, y yo les quiero invitar hoy a que lo hagamos posible, porque para eso estamos aquí, para legislar y que podamos cambiar las leyes y los reglamentos que sean
necesarios. Quiero que me entiendan bien. No estamos proponiendo que el Estado central cargue a sus espaldas con esas deudas impagadas por el resto de administraciones, porque en caso de no hacerse efectivas esas deudas existen mecanismos para
poder compensarlas, detrayéndolas de las transferencias que el Estado central tenga que realizar a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Desde el Partido Popular siempre hemos creído que nuestras pymes y nuestros autónomos padecen un alto grado de burocracia administrativa.
Por ello impulsamos cuando gobernábamos la puesta en marcha, en el año 1999, de la cuenta corriente
tributaria, pero hoy queremos ir más allá, queremos seguir avanzando, queremos simplificar y facilitar a nuestros empresarios el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Con esta iniciativa queremos proponer una cuenta corriente que vaya más allá
de la compensación de devoluciones tributarias, permitiendo compensar también los créditos reconocidos por acto administrativo a su favor. Somos conscientes de las dificultades y de la complejidad de implantar este procedimiento, pero creemos que
es posible y tenemos que hacerlo posible.
Estamos defendiendo la toma en consideración de nuestra proposición de ley. Por ello pido a todos los grupos parlamentarios un voto positivo que permita que en su tramitación posterior podamos pensar entre todos la mejor manera de solventar
este grave problema de morosidad de nuestras administraciones públicas con las aportaciones que nos hagan todos los grupos políticos. No les cerremos la puerta a nuestras pymes y a nuestros autónomos con actitudes dogmáticas que les hagan perder su
confianza en el futuro. Ante la negativa del Gobierno a poner en marcha la línea de crédito ICO para los ayuntamientos, ante la negativa del Gobierno a poner en marcha el pago del IVA en el momento del cobro de las facturas -también defendido por
el Grupo Popular en diversas ocasiones y aprobado en esta Cámara-, les pedimos hoy una actitud distinta en la toma en consideración de esta proposición de ley, una actitud cercana a los problemas reales de nuestra economía, siendo muy conscientes de
que, si no tomamos medidas efectivas para fomentar la creación de nuevas empresas y la viabilidad de las que ya existen, será imposible la recuperación de nuestra economía y la creación de empleo.
Señorías, sorprende que sean las administraciones públicas las principales responsables de que la morosidad se haya convertido en un auténtico cáncer que amenaza la subsistencia de nuestras pequeñas empresas.
Permitan hoy, con la toma en
consideración de esta iniciativa, que podamos estar a la altura y demos un paso de gigante hacia la solución de sus problemas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Tiene la palabra doña Nuria Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señor presidente.
Señorías, les avanzo que nuestro grupo parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, va a votar en contra de la admisión a trámite de esta iniciativa. Nosotros consideramos que la situación actual ha evidenciado la necesidad de
una reforma fiscal progresiva, justa, solidaria y ambiental para que paguen los que más tienen y los que más contaminan, para situarnos como mínimo en la media europea de inversión pública, y hasta el momento todas las propuestas fiscales del
Partido Popular y del Partido Socialista no responden a ningún plan, más allá de bajar impuestos por bajar, sea por populismo o por convencimiento, de rebaja en rebaja, hasta que han conseguido ser el país de la Unión Europea con menor presión
fiscal. Nosotros creemos que debe haber una reforma fiscal valiente que acepte que hay un problema de baja fiscalidad y demasiado fraude, que algunos pagan mucho y otros, los que más tienen, prácticamente nada. Todos los demás planteamientos que
han ido presentándose en esta Cámara, a nuestro entender, son parches que pueden ir mejor o peor, pero que no resuelven lo fundamental.
Entrando en el contenido de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es un parche. Creemos que es compartido por todos los grupos de esta Cámara que la morosidad pública y privada es uno de los
problemas de la economía española que impide en parte su recuperación económica. Pero que se flexibilice el requisito del sistema de compensación como propone esta proposición supone que las empresas con contratos públicos, que también
hay muchas pymes y autónomos que los tienen, dejen de pagar los impuestos mientras tengan estos contratos. ¿Se tiene que reducir la morosidad de la Administración pública? Por supuesto que sí. ¿Dejar sin ingresos a las Administraciones
públicas es una vía para conseguirlo? Nosotros entendemos que no. Al contrario, si se hace la compensación, la Administración debería regularizar los ingresos con deuda y eso impediría que las administraciones puedan planificar y conocer
detalladamente su tesorería, generando un grado importante de desconcierto. Si se compensa cualquier tributo con cualquier pago sería profundamente injusto para las administraciones que hacen más esfuerzo en reducir su morosidad. ¿Qué incentivo
tendrían si las empresas pudieran compensar unilateralmente incluso deudas tributarias con otras administraciones diferentes? ¿Y si no se pudiera compensar cualquier tributo con cualquier deuda? Si solo se pudieran compensar las facturas impagadas
de cada Administración a cada empresa supondría una ventaja a los proveedores locales respecto a los foráneos, ya que tendrían impuestos locales a compensar. En cualquier caso, como les decía, supondría un desajuste importante para las distintas
administraciones. Además de todo ello, recordemos, las administraciones ya pueden pactar con las empresas reducir a dimensión, compensar las deudas tributarias. No convirtamos un problema de morosidad en un problema fiscal porque no lo es. Si
queremos empezar el camino de la lucha contra la morosidad, recuperemos el consenso en esta materia. Me referiré más adelante, en la intervención respecto a la moción presentada también por el Grupo Popular, a que una de las políticas que tenían
que ser fundamentales para la lucha contra la morosidad pública era la creación de la línea ICO para financiar deudas de los ayuntamientos con las pymes y los autónomos. Pedimos al Grupo Socialista, que lleva incumpliendo la ley más de medio año,
que sería bueno que pusiera en marcha este compromiso al que se llegó en esta Cámara. Por tanto, como decía al comienzo de mi intervención, nuestro grupo no tomará en consideración esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, por enésima vez trae el Grupo Popular a esta Cámara una iniciativa que pretende facilitar la financiación a pymes y autónomos permitiendo que compensen sus
obligaciones tributarias con los compromisos de pago que las administraciones tienen con ellos y que aún no se han materializado.
Ahora lo hace a través de una proposición de ley y esta misma tarde por enésima más una vez lo hará a través de una
moción, aunque creo que no es exactamente lo mismo. No es, por tanto, por falta de insistencia. Se ve además que estamos cerca de las elecciones autonómicas y locales y que las pymes y autónomos, muchos en número y con un problema real y muy grave
de necesidad de financiación, son muy sensibles a esta cuestión.
Nosotros, el Grupo Vasco, también lo somos y creemos que es preciso buscar fórmulas efectivas que faciliten la financiación a pymes y autónomos; ello es posible y viable si la
compensación se realiza dentro de una misma Administración. De hecho, la proposición no de ley aprobada por el Congreso a propuesta precisamente del Grupo Popular en el boletín de 14 de septiembre del año 2010, a que se refiere la justificación de
la actual propuesta, se limitaba a deudas con la Administración General del Estado. El sistema de compensación de deudas y su variante, la cuenta corriente tributaria, exige que se produzca una identidad entre los sujetos deudor y acreedor y que se
encuentren recíprocamente en ambas situaciones, lo que habilita para compensar las deudas recíprocas en cantidades concurrentes. Extender este sistema a cualesquiera créditos que los autónomos tengan con cualquier Administración pública, aparte de
situarse al margen de cualquier sistema de inscripción de obligaciones -y en este sentido hay que referirse a los artículos 1.195 y siguientes del Código Civil- puede provocar un caos de liquidaciones muy complicado de gestionar. Piensen, por
ejemplo, que si el Ayuntamiento de Murcia debe una factura a una empresa y esta pretende compensarlo con el IVA o las retenciones de los trabajadores que debe pagar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, esto complica evidentemente la
situación.
Además, se puede utilizar, desde el punto de vista político, como un arma arrojadiza. Así, una comunidad autónoma o un ayuntamiento de un determinado color político puede no pagar a una PYME o a un autónomo para que se compense a la
hora de ingresar el IRPF a la Agencia Tributaria del Estado y así sea la Administración central la que soporte el impago, en definitiva, las ineficiencias y los malos funcionamientos de determinadas comunidades autónomas o ayuntamientos o,
viceversa, que sea la Administración central la que deje de pagar para que las pymes y autónomos se compensen a la hora de pagar los tributos locales, licencias municipales, etcétera. Trasladaríamos la financiación de las pymes o del autónomo, de
la Administración que tiene la deuda contraída a la que no la tiene, de la ineficiente a la eficiente, de la del PP a la del PSOE o de la del PSOE al PP. Saben ustedes, señores del Partido Popular, que ello no es posible. ¿Por qué no lo plantean
en el marco de la misma Administración? Si así lo hicieran, nuestro grupo podría votar favorablemente su iniciativa y paliar, en parte, los problemas de liquidez a los que están sometidos las pymes y los autónomos. Saben que la compensación entre
el conjunto de las administraciones es inviable técnica y políticamente y que plantearlo de esta forma impide avanzar en una solución más parcial, pero sí posible. Seamos realistas y posibilistas y no pensemos tanto en los réditos electorales de la
propuesta como en avanzar en la solución de la financiación de las pymes y de los autónomos.
En cualquier caso, dado que la modificación que se propone de la Ley General Tributaria no es de aplicación en los territorios forales, nuestro grupo se va a abstener, tal y como es habitual en este tipo de iniciativas. Pero adelanto que me
gustaría que el Grupo Popular, al debatir la moción, me dijera expresamente si en uno de los puntos que plantea la compensación de las deudas entre administraciones se refiere a la misma Administración. En el caso de que sea así, dentro de la misma
Administración, nuestro grupo podría votarlo favorablemente; en el caso de que no fuera así, no lo podría hacer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, debatimos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, relativa a la compensación de deudas tributarias reconocidas por la Administración General del Estado con pymes y
autónomos.
Señorías, en un momento como el actual, marcado aún por la crisis económica, es completamente necesario continuar estableciendo mecanismos para que las empresas puedan obtener liquidez. Desde Convergència i Unió continuamos insistiendo en
ello. Actualmente, el conjunto del tejido productivo, especialmente los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, continúan siendo los que más están sufriendo los problemas de liquidez, principalmente por el aumento de la morosidad y la
dificultad del acceso a la financiación externa. El sector privado continúa sufriendo las políticas restrictivas de crédito y la falta de mecanismos más eficaces que permitan contribuir a facilitar el crédito al tejido productivo y la liquidez. Y,
señorías, el acceso al crédito y la liquidez, reiteramos y repetimos e insistiremos en ello, continúan siendo factores determinantes no solo en el crecimiento de nuestra economía, sino en la viabilidad de gran parte de nuestro tejido productivo.
Les daré algunos datos con respecto a esta situación. Solo algo más del 50 por ciento de las pymes consiguió en el segundo semestre de 2010 financiación de entidades financieras. En el resto de Europa la media se sitúa en el 66 por ciento;
por ejemplo, en Alemania se sitúa en el 79 por ciento, en Francia en el 74 por ciento y en Italia en el 64 por ciento, según datos del Banco Central Europeo. Se habla de una evolución dispar entre los países cuyas empresas están sufriendo más y
aquellos cuyas pymes muestran claros signos de mejora. Paralelamente, el informe de las cámaras de comercio pone de manifiesto que las empresas cada vez piden menos financiación, y las que lo intentan cada vez tienen más problemas para conseguirlo.
Por ello, en este contexto, la compensación de deudas tributarias es uno de los mecanismos al alcance de la Administración General del Estado, que permite y ha de permitir que las empresas obtengan liquidez. Con la compensación de deudas
tributarias se permite una mayor flexibilidad para el empresario, el cual podrá en parte paliar los efectos adversos de la actual crisis económica.
Hechas estas consideraciones más generales, déjenme, señorías, hacer otras más específicas con respecto a la proposición de ley. Si bien su toma en consideración tendrá nuestro apoyo, debemos manifestar que de la lectura de la misma se
desprende un aspecto con el que no podemos estar de acuerdo. Si bien la rúbrica de la proposición de ley hace referencia a la compensación de deudas tributarias reconocidas por la Administración General del Estado con pymes y autónomos, el párrafo
quinto de la exposición de motivos se refiere a todos los créditos reconocidos por acto administrativo y las deudas tributarias contraídas por las pymes y los autónomos con el Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. Del mismo modo,
la referencia a la proposición no de ley aprobada por el Pleno el 7 de septiembre de 2010 no es correcta, ya que literalmente esta preveía establecer un procedimiento que permita la compensación de deudas tributarias pendientes de pago por pymes y
autónomos con deudas reconocidas y pendientes de cobro por cualquier concepto procedente de la Administración General del Estado. O como más adelante tendremos ocasión de debatir, la moción formulada por el mismo grupo parlamentario incluye la
compensación de deudas de comunidades autónomas y corporaciones locales con sus impuestos correspondientes.
Señorías, desde nuestra perspectiva, la proposición de ley omite en la exposición de motivos que solo deben ser compensables las deudas tributarias procedentes de la Administración General del Estado. Por tanto, consideramos que es muy
importante expresar claramente que la compensación de las deudas tributarias ha de ejecutarse con respecto a aquellas deudas tributarias procedentes de la Administración General del Estado que afecten a tributos estatales. Esta es nuestra posición,
por lo que votaremos favorablemente la toma en consideración y dejaremos para el debate estas consideraciones a las que he hecho referencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Don Javier Mármol tiene la palabra.
El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señor presidente.
Hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Popular, una vez más relativa a la compensación de deudas tributarias reconocidas por la Administración General del Estado con pymes y autónomos. Una toma en
consideración que no podemos hacer otra cosa que rechazar, que votar negativamente, porque nos plantea un tema que ya fue ampliamente debatido en esta Cámara el 15 de junio y el 7 de septiembre del pasado año. La portavoz del Grupo Popular hacía
referencia al acuerdo que se adoptó ese 7 de septiembre, y yo quiero
leérselo textualmente para que tengamos claro qué fue lo que se aprobó en aquel momento y qué es lo que estamos debatiendo hoy. Lo que aprobamos fue establecer un procedimiento que permita la compensación de deudas tributarias pendientes de
pago de pymes y autónomos con deudas reconocidas pendientes de cobro por cualquier concepto procedente de la Administración General del Estado, que, en tanto en cuanto no se establezca el procedimiento de compensación mencionado en el apartado
anterior, el contribuyente podrá compensar automáticamente su saldo deudor y acreedor con la Administración General del Estado. Ustedes se empeñan en el mismo sentido de la propuesta del día 15 de junio y del día 7 de septiembre. En el Grupo
Parlamentario Socialista seguimos pensando que la compensación en nuestro ordenamiento jurídico solo puede contemplarse cuando coincide la posición acreedora y deudora. Por tanto, ni es jurídicamente posible hacerlo -como han dicho otros
portavoces-, ni a nuestro juicio parece muy lógico.
Una vez más traen a esta Cámara una propuesta que vulnera el principio de autonomía financiera reconocido en nuestra Constitución tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos. Podría ocurrir, de aprobarse esta proposición de
ley, que se estimulara el método por el cual alguna administración en concreto pudiera, legítimamente, amparándose en este mecanismo, dejar de pagar a pymes y autónomos, destinando así los recursos a otros temas y trasladando la carga a otra
administración. Esto es lo que ustedes piden en definitiva en esta propuesta, con la cual no estamos de acuerdo.
Parece deducirse, cuando hablan en su proposición de ley de todos los créditos reconocidos, que la propuesta sería incorporar créditos de los que el sujeto pasivo sea acreedor con las administraciones públicas, aunque dichos créditos no sean
de naturaleza tributaria. Este planteamiento convertiría a la Agencia Tributaria en acreedor del resto de organismos de las administraciones públicas, incluidas autonómicas y locales, con una merma considerable de los ingresos y generando un
déficit de caja imposible de sostener. Entendemos, pues, que la posibilidad de compensar créditos no tributarios a favor de las empresas con deudas tributarias va más allá del concepto de cuenta tributaria.
Una vez más estamos ante una incoherencia del Partido Popular, cuando trae una proposición de ley como esta y, a la vez, pide que se fije el techo de gasto para todas las administraciones. Creemos sinceramente que su proposición de ley
constituye una mera expresión de su deseo en esta materia, que seguramente, de estar ustedes en el Gobierno, no llevarían a cabo. Lo único que vemos en esta propuesta es su efecto propagandístico por la cercanía de las elecciones municipales. Voy
terminando, no sin antes decirles que no podemos negar el problema que ustedes plantean; pero, señorías del Grupo Popular, creemos firmemente que no podemos arreglarlo con propuestas inviables y -como he dicho anteriormente- puramente fruto de la
propaganda electoral, a la que ustedes nos tienen acostumbrados con propuestas como esta.
Termino, señorías, planteándome una duda personal, que seguramente no voy a resolver, porque para ustedes todo vale con tal de llegar al Gobierno.
¿Por qué digo esto? Porque cada vez que los escucho en esta tribuna -yo que soy un diputado
novato- parece que ustedes tienen el bálsamo de Fierabrás contra todos los males de este país, incluidos los temas económicos. Son capaces de pedir una cosa aquí y hacer y pedir la contraria en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde
gobiernen.
Es cierto lo que dicen en la exposición de motivos de esta proposición de ley, que uno de los principales problemas de nuestras pymes y autónomos es el incremento de la morosidad de las administraciones públicas, unas en mayor medida y
otras en menor medida. Le voy a leer los titulares de prensa de estos últimos días en algunas de las comunidades autónomas, donde se refleja muy bien la herencia del modelo de crecimiento basado en la Ley del Suelo que ustedes aprobaron: La deuda
vencida del Ayuntamiento de Madrid con proveedores es de 800 millones de euros y el periodo medio de pago ocho meses. Comunidad Autónoma de Valencia: Los proveedores sanitarios exigen al Consell el pago de las deudas o amenazan con cortar el
suministro. Son 1.300 millones de euros de deuda a proveedores en Valencia. (Aplausos.) La Región de Murcia: El transporte escolar amenaza con huelga después de ocho meses sin cobrar, desde el inicio del curso escolar. Son 8 millones de euros en
la Región de Murcia. Las farmacias amenazan con el cierre en la Región de Murcia porque no se les paga.
Tienen que ir como el cobrador del frac detrás de la consejera para ver si pueden cobrar. La Región de Murcia: 1.500 millones de euros de
deuda con proveedores; 500 de la Administración y 1.000 con el Servicio Murciano de Salud. Según la Federación española de tecnología sanitaria, el periodo medio de pago a los proveedores sanitarios es de 594 días en Castilla y León, 550 en
Valencia y 652 en la Región de Murcia, casi dos años para cobrar las facturas. ¿Saben ustedes quién gobierna en estas comunidades autónomas? El Partido Popular. Ustedes son los principales morosos de pymes y de autónomos. ¿No será que ustedes
quieren trasladar a otras administraciones su falta de competencia y su incapacidad? (Aplausos.)
Si es verdad, señora Madrazo, que ustedes tienen ese bálsamo de Fierabrás que he comentado antes, si es verdad que, como usted dice, tienen esas soluciones imaginativas y valientes, ¿por qué no las aplican en Madrid, en Murcia y en Valencia?
Sencillamente -y voy terminando, señor presidente- porque lo único que tienen es demagogia y propuestas propagandísticas. Ya se lo he dicho en alguna ocasión, pero se lo voy a repetir hoy: cuando les importen más los españoles que llegar a La
Moncloa, seguramente nos irá mejor a todos los españoles en general, pero a los valencianos y madrileños en particular también nos irá mejor.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mármol.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO. (Número de expediente 162/000821.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el vehículo eléctrico. Para su defensa tiene la palabra don Fernando Moraleda.
El señor MORALEDA QUÍLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae al Pleno de la Cámara una proposición no de ley probablemente sobre uno de los aspectos que determinará la vida cotidiana en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Digo en la vida
cotidiana porque en ella estará sin duda la automoción, como lo está ahora, y esperemos -y así lo desea el Grupo Parlamentario Socialista- que esté la automoción eficiente y protectora del medio ambiente.
En los últimos años el sector de la automoción en todo el mundo se ha visto envuelto en profundos cambios, cambios debidos a la crisis económica internacional -es verdad-, pero también a la irrupción de protagonistas nuevos, de países
emergentes, y de nuevos avances tecnológicos. Dentro de estos últimos cambios ha tenido una especial relevancia la introducción del vehículo eléctrico, si bien este existe desde los primeros osla automoción, aunque nunca como hasta ahora había
supuesto una apuesta tan clara por parte tanto del sector privado como de las instituciones públicas. El vehículo eléctrico en España supone múltiples ventajas. Quisiera destacar las cinco más importantes. En primer lugar, es una apuesta por una
mejor y mayor integración de las energías renovables, tanto en el mix energético como en el sistema eléctrico. Tengan en cuenta que los sistemas de carga se pueden realizar en horario nocturno y, con ello, consecuentemente, achatar la curva de
demanda, permitiendo una mayor eficiencia en la red eléctrica española.
En segundo lugar, es una apuesta por la reducción de nuestra dependencia energética del petróleo y, por lo tanto, de nuestra balanza comercial.
Esta es la más conocida, pero si conseguimos este tipo de automoción, con un porcentaje muy
relevante tanto en consumo de carburantes importados como de emisiones de CO2, estaremos probablemente en un vector de cambio muy significativo en la apuesta por la reducción de nuestra dependencia energética.
En tercer lugar, es una apuesta decidida por el medio ambiente en tanto en cuanto en zonas urbanas y periurbanas, que son las zonas de acción del vehículo eléctrico puro o híbrido enchufable, no solamente provocará una disminución de
emisiones de CO2 -factor determinante en el cambio climático-, sino que también eliminará partículas como por ejemplo los derivados de óxido nitroso y partículas contaminantes que tanta importancia tienen en la calidad del aire de las grandes
ciudades españolas.
En cuarto lugar, es una apuesta por las nuevas tecnologías, las redes y los medidores inteligentes. El futuro coche eléctrico -el año que viene veremos los primeros prototipos significativos comercializados por las grandes empresas- también
pondrá en valor como efecto secundario las nuevas tecnologías de la informática, el nuevo sistema de redes y por tanto una medición inteligente para poder establecer una tarifa adecuada a los consumidores finales.
Por último, el sector de la automoción tiene un peso fundamental en España; actualmente genera 300.000 empleos, que pueden verse modificados en términos de estabilidad laboral y también en términos de cualificación profesional si
conseguimos la introducción del coche eléctrico en nuestra flota de automoción. Por ello se elaboró un memorándum, en el que participaron el conjunto de empresas y agentes que tienen una relación directa con el futuro del sector, para que
concluyera en la estrategia de apoyo al vehículo eléctrico, que se deriva a su vez en dos planes de acción sucesivos: el Plan de acción de 2010 a 2012, en el que nos encontramos en curso, y el Plan de acción de 2012 a 2014.
Renault empezará a producir en Valladolid este año un modelo eléctrico con una previsión de 20.000 unidades anuales y una inversión de 80 millones de euros. Por su parte, Ford ha anunciado la producción en Valencia del Ford Focus C-Max
híbrido e híbrido enchufable, con una inversión asociada de cerca de 30 millones de euros. Otros fabricantes como SEAT, Daimler y el Grupo PSA también han anunciado futuras inversiones.
Por ello el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a desarrollar la estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España a través del Plan de acción vigente con medidas concretas. En primer lugar, la puesta en
marcha para gestionar las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos tanto particulares como por empresas, actualmente en borrador. En segundo lugar, poner en marcha los desarrollos normativos para la definición de la nueva legislación en lo
que se refiere a la recarga energética. En tercer lugar, apoyar las actuaciones de los fabricantes de automóviles y componentes de automoción; en cuarto lugar, el establecimiento de líneas que refuercen la I+D+i asociadas al vehículo eléctrico y,
en último lugar, continuar trabajando para atraer nuevas inversiones relacionadas con el vehículo eléctrico e impulsar y fomentar los acuerdos internacionales.
Quiero acabar diciéndoles que es voluntad del Grupo Parlamentario Socialista llegar a un acuerdo unánime en esta proposición no de ley. Por tanto, trataremos de buscar un acuerdo de transacción con los grupos enmendantes, en particular con
el Grupo de Convergència i Unió y con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y espero que la enmienda a la totalidad en términos
reales del Grupo Popular se acerque al pragmatismo y podamos tener un acuerdo unánime en el Congreso que dé confianza a nuestra industria y refuerce la de los consumidores españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moraleda.
Doña Inmaculada Riera tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, debatimos la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista relativa al vehículo eléctrico y permítanme que haga unas consideraciones previas más generales en torno a la
industria. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
En primer lugar, es importante subrayar que el grupo parlamentario que represento cree firmemente en la industria y en las capacidades y potencial de nuestro tejido industrial. La crisis ha evidenciado que los países que primero han salido
de la misma han sido los más industriales, como por ejemplo Alemania. En segundo lugar, creemos que el peso de la industria en nuestro crecimiento y en nuestra estructura económica ha de ser mucho más significativo de lo que es actualmente. Hemos
de recuperar industria a través de nuevas políticas industriales que incorporen más innovación y más internacionalización como valores diferenciales y como instrumentos básicos de competitividad. Señorías, únicamente seremos capaces de frenar la
destrucción de tejido industrial y de la ocupación consecuente con la que nos estamos enfrentando a través de más inversión en innovación, a través de más inversión en formación y a través de más financiación y recursos. Son las únicas recetas para
tener una industria competitiva.
En relación con el sector del vehículo, que es el que nos ocupa, déjenme hacer también unas consideraciones específicas. En el marco de nuestra economía y en particular de la economía catalana, la importancia y el papel de la industria es
innegable, como lo es en el contexto industrial el sector de la automoción y el sector del vehículo en su sentido más amplio, incorporando el conjunto de vehículos -automóviles, motocicletas, ciclomotores- y los diferentes actores de la cadena,
desde los fabricantes hasta los concesionarios, pasando por la industria de los componentes y los talleres. En este contexto, la necesaria recuperación del tejido industrial y en concreto del sector que nos ocupa pasa por la innovación, por la
sostenibilidad, por la eficiencia, por la capacidad de adaptarnos a nuevos retos y a nuevas demandas, y una parte de este presente y una gran parte del futuro del sector pasa de manera clara por una apuesta decidida y firme y al mismo tiempo
realista por el vehículo eléctrico.
El vehículo eléctrico forma parte del tejido industrial y es parte también del futuro del sector energético. En este sentido, Cataluña está impulsando diversos proyectos. En concreto, se están realizando una serie de proyectos relacionados
con el vehículo eléctrico que cuentan con la participación de un elevado número de empresas del sector. Cataluña, señorías, cuenta con una realidad de movilidad eléctrica mucho más extensa que la circunscrita en las multinacionales del sector de la
automoción, que por ellas mismas ya están impulsando proyectos muy importantes en colaboración con otras empresas y centros tecnológicos y que tienen un efecto tractor innegable. Pero la realidad va más allá y es importante subrayarlo.
Es importante subrayar, en primer lugar, los proyectos en el sector de las dos ruedas, que adquieren especial relevancia para un sector, el de la motocicleta y ciclomotores, muy afectado por la crisis y por la salida del mercado de parte de
las empresas fabricantes, con el consiguiente impacto no solo en términos de pérdida de ocupación, sino sobre la industria de componentes que depende de ella. Otros proyectos en el sector del vehículo industrial, dentro de los componentes para
vehículos eléctricos o en vehículos de limpieza de gran tonelaje se están ya realizando. Todos ellos, señorías, permiten aprovechar sinergias entre empresas de sectores diversos, poner en colaboración empresas fabricantes con empresas de
componentes o empresas de sectores distintos, como TIC o del sector electrónico. Son proyectos que permiten poner en valor el papel de los centros tecnológicos como impulsores de la innovación industrial y, en definitiva, son proyectos que sobre
todo permiten mirar al futuro a través de la innovación y ofrecer expectativas de crecimiento en valor a sectores más afectados no solo por la crisis, sino por la misma globalización y por los cambios producidos en los factores de atracción y
competitividad, que son sectores, por tanto, que requieren de reconversión, como es el electrónico.
Señorías, valoramos favorablemente la proposición no de ley y a la misma hemos presentado una enmienda al considerar que faltan dos elementos a nuestro entender fundamentales si perseguimos abordar la problemática del vehículo eléctrico de
forma global y dotar a los proyectos industriales de instrumentos de avance y de financiación. Nuestra enmienda pretende incorporar a la estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico, que se desarrollará a través del plan de acción, a
los fabricantes no solo de automóviles y componentes sino también de motocicletas y ciclomotores...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera, por favor.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.
.instando así a que el sector de las motocicletas y ciclomotores, profundamente, repito, afectado por la crisis, pero con un gran potencial de recuperación, forme también parte determinante de las políticas de apoyo al vehículo eléctrico.
En segundo lugar, queremos insistir a través de nuestra enmienda en la necesidad de financiación, si realmente perseguimos el éxito y la competitividad
de los proyectos y queremos que el vehículo eléctrico sea una realidad para nuestra economía, para nuestra industria y para nuestra competitividad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
Para defender las enmiendas del Grupo Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, entendemos y compartimos en gran parte la apuesta y el impulso que el Gobierno pretende dar al vehículo eléctrico. La reducción de emisiones, la
sostenibilidad del sistema energético y la reducción de la dependencia energética merecen una apuesta firme. Pero al margen de la proposición no de ley -a la que tenemos algunos reparos y por eso hemos presentado nuestra enmienda-, tenemos que ser
conscientes de los retos y del alcance del coche eléctrico. Probablemente, el proyecto de coche eléctrico no irá tan rápido como quisiéramos, pero tenemos un punto fuerte y es al que deberíamos agarrarnos. Me estoy refiriendo a las baterías, un
elemento clave y en el que tenemos mucho que decir.
El vehículo eléctrico lo es, funciona con un motor eléctrico, que funciona con electricidad. ¿De dónde viene esa electricidad? De la batería que lleva en su interior. Esto que parece una perogrullada no es más que la expresión de un
mensaje estratégico como es el de que una de las principales ventajas competitivas que en gran medida va a hacer que un país pueda traccionar la industria del vehículo eléctrico es disponer de tecnología y de capacidad para fabricar baterías
adecuadas para que se puedan construir vehículos eléctricos. En Asia y en Estados Unidos lo han visto claramente. Por poner un ejemplo, el Gobierno americano financia cada dólar de inversión en una nueva instalación de producción de baterías con
otro dólar. En Europa no se están dando estos pasos por razones de tipo histórico, entre otras, y de actitud ante la innovación, porque no abunda la tecnología de baterías, salvo marcadas excepciones.
Se habla en la proposición no de ley de atraer inversiones extranjeras con tecnología externa y también de control del mercado exterior. ¿No sería más inteligente tratar de disponer de tecnología propia y de fábricas para la producción de
baterías nacionales que actuaran como verdaderos motores de tracción para todo un sector? Creemos que la respuesta es que sí, creemos que el Gobierno así lo entiende y que también lo entiende el grupo parlamentario. Y si la pregunta es si
disponemos de tecnología propia, la respuesta es también que sí. En Euskadi hay una empresa como es Cegasa y un centro tecnológico como es Fidetec, que llevan trabajando más de diez años en este ámbito y que ya disponen de tecnología propia
necesaria para su implantación a nivel de producción. De ahí nuestra enmienda por la que planteamos, en primer lugar, que se suprima el final del apartado 2, donde se dice que se impulsarán las inversiones exteriores destacando especialmente de
baterías. Creo que puede ser una mala interpretación porque acabo de hablar con el portavoz y parece que no quiere decir que se plantee la importación básicamente de baterías, sino que se entiende que las baterías son un elemento clave del vehículo
eléctrico. Pedimos que se añada un punto 4 específico, en el que se plantee impulsar el desarrollo de tecnología propia y la fabricación de baterías, elemento central en el desarrollo del vehículo eléctrico, como oportunidad estratégica de
posicionamiento en el sector. Esto es con el fin de aprovechar en primer lugar la experiencia, los conocimientos, las sinergias y sobre todo a aquellas empresas que son una referencia europea -si no mundial- en el ámbito de las baterías tal y como
he señalado. Por tanto, nuestra voluntad es la de llegar a acuerdos con esta proposición no de ley. Si el Grupo Parlamentario Socialista acepta nuestras enmiendas, como parece que así va a ser, la votaremos a favor y desde luego impulsaremos todas
las iniciativas que en torno a esta proposición no de ley sirvan para impulsar el coche eléctrico.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy en día la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos son ejes fundamentales en las políticas de desarrollo sostenible, dentro de las cuales las
actividades ligadas al transporte figuran como un elemento básico. Por ese motivo esperábamos mucho más de la propuesta presentada hoy por el Grupo Socialista, sobre todo si nos retrotraemos a marzo de 2010, cuando en otra PNL, también del Grupo
Parlamentario Socialista sobre este mismo asunto, ya se proponían prácticamente las mismas generalidades.
La ruta hacia lo que se ha definido como electrificación de la demanda de combustibles de automoción es ya un camino sin retorno. Así lo explicitan las diferentes iniciativas legislativas de corte europeo, fundamentalmente la Directiva
2009/28 CEE, sobre fomento del uso de las energías procedentes de fuentes renovables, y el reglamento 443/2009, relativo al estándar de emisiones para nuevos vehículos de pasajeros. Los resultados cosechados hasta el momento por el llamado Plan
Movele, tan mediáticamente anunciado por el Gobierno, un programa que quería fomentar la movilidad eléctrica mediante la comercialización de 2.000 vehículos de este tipo en los años 2009 y 2010, no ha alcanzado los objetivos: de estos 2.000
únicamente ha conseguido poner 870 vehículos en circulación.
El Gobierno sigue empecinado en transmitir un optimismo injustificado cuyo reflejo más palmario lo constituye el objetivo que recoge la estrategia de impulso al vehículo eléctrico
2010-2014 y
su Plan de acción 2010-2012: 70.000 vehículos eléctricos enchufables para 2012 y 250.000 para 2014, unos objetivos, a mi juicio, inalcanzables.
Nuestro aserto tiene su base sobre todo en esta PNL que hoy se discute y que es a mi juicio insustancial y carente de todo valor práctico -por eso la hemos enmendado- y, por otro lado, en la oportunidad que el Gobierno vuelve a dejar pasar
al tratar el vehículo eléctrico de una forma simbólica en lo que conocemos del anteproyecto de ley de ahorro y eficiencia energética y energías renovables. Un aspecto clave para tener éxito en el despliegue del vehículo eléctrico radicaría a
nuestro juicio en la disponibilidad de un sistema de generación distribuida consolidada.
Desde esta perspectiva resulta imprescindible a corto plazo que se introduzcan mecanismos de gestión activa de la demanda individual del vehículo eléctrico; a
medio plazo, asegurar la participación unidireccional del vehículo eléctrico en los mercados de operación a través del llamado agregador, y a largo plazo garantizar la participación bidireccional del vehículo eléctrico en los mercados de operación a
través del llamado agregador.
El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en los beneficios que ofrece en términos de eficiencia energética el vehículo eléctrico -prácticamente el doble frente al vehículo con motor de combustión interna tradicional- y de su menor
intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero por kilómetro, lo cual justifica sobradamente un posicionamiento a favor de la promoción del vehículo eléctrico como una prioridad de la política energética y de la política de I+D en España.
Sin embargo, habida cuenta del resultado, que solo puede calificarse a mi juicio de fracaso, de las iniciativas del Gobierno, para nuestro grupo todavía existen demasiadas cuestiones en el aire como para apoyar a ciegas una electrificación del
transporte tal y como ustedes proponen. No obstante, siendo conscientes de que la apuesta por el vehículo eléctrico es necesaria para contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales, así como para incentivar la dinamización del sector
del automóvil, damos la bienvenida a esta oportunidad de que hoy lo podamos debatir. En este sentido, hemos presentado una enmienda que no es a la totalidad, sino que trata de completar la generalidad que ustedes siguen reiterando a la hora de
instar al Gobierno a que haga algo que viene diciendo que hace desde hace tiempo. Nosotros queremos concreción y por ese motivo proponíamos tres tipos de acciones. En primer lugar, el desarrollo de un plan estratégico nacional 2012-2020 que, bajo
la filosofía de la acción estratégica -es decir, una filosofía del consenso, de tener en cuenta a todos los agentes-, se promueva la estabilidad financiera, los planes de acción, que se refuerce la confianza y sobre todo que se haga posible que la
generación distribuida tenga viabilidad para el proyecto del coche eléctrico. Por eso, nosotros, que estamos de acuerdo con que el sector de la automoción es un sector estratégico y el desarrollo del vehículo eléctrico es una acción básica para el
futuro de la economía española...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señoría, por favor.
El señor ERIAS REY: ...creemos que es momento de que todas las cuestiones que nosotros hemos enumerado en esa enmienda sean tenidas en cuenta para mejorar y hacer plausible la realidad del coche eléctrico.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Erias.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición no de ley porque entendemos que es coherente con los planteamientos de nuestro grupo en distintas ocasiones en el Pleno de esta Cámara, porque es una propuesta que
incentiva e impulsa el vehículo eléctrico y que es buena, primero, por una cuestión medioambiental y, segundo, por una cuestión económica. Cada subida de 10 euros en el precio del barril tiene un coste para España de 6.000 millones de euros
anuales, con lo cual, apostar por un vehículo eléctrico y no depender tanto del petróleo beneficia a la economía de nuestro país. También, como decía antes, es bueno desde el punto de vista medioambiental, por las emisiones de CO2 o la
contaminación atmosférica. La eficiencia energética para nosotros es fundamental y, por ello, apoyamos esta proposición no de ley.
Pero también queremos decir que solo con unas medidas de este tipo no es suficiente para poder asumir el reto que
tenemos por delante, fundamentalmente en lo que al cambio climático se refiere. Cada día que pasa es una oportunidad perdida y, sin ir más lejos, la Ley de Economía Sostenible que había de ser la panacea, la solución de todas las soluciones en
materia de ahorro y eficiencia, en fiscalidad verde, en movilidad, etcétera, no lo ha sido. Por lo tanto, hoy queremos aprovechar para recordar que llevamos años proponiendo iniciativas para racionalizar el consumo de la energía, por ejemplo, las
leyes de lucha contra el cambio climático que en esta Cámara no han sido aceptadas y se han votado en contra por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios, y que en algunos casos ni siquiera nos dieron la oportunidad de debatirlas. ¿Qué
proponíamos en estas leyes, que son tres fundamentalmente? En primer lugar, la ley de movilidad sostenible, que permitía impulsar y planificar la movilidad sostenible en las áreas metropolitanas municipales, así como en el ámbito de las empresas y
polígonos industriales y grandes centros de actividad, fijando medidas más adecuadas para fomentar el transporte público y colectivo y los medios de transporte de bajo impacto como los vehículos eléctricos. Una segunda ley que habíamos propuesto
era la ley de ahorro y uso eficiente
de la energía, que incluía un conjunto de medidas de gestión de la demanda, la eliminación de las tecnologías obsoletas, auditorías energéticas, criterios de eficiencia energética en la planificación territorial y en la construcción, así
como que los precios y las tarifas eléctricas internalizaran los costes sociales y ambientales, y también se proponía que las administraciones públicas cuenten con un plan de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones. Y, por
último, planteamos la ley sobre fiscalidad ambiental, que sentaba las bases para estimular un cambio de modelo productivo donde no cupiera el uso despilfarrador de recursos y energía introduciendo nuevos impuestos o la modificación de algunos ya
existentes referidos a materias energéticas, como la energía nuclear y la incineración de residuos o también de hidrocarburos, matriculación, impuestos de sociedades, IRPF e IVA, así como con respecto a los tipos del IBI, el impuesto de circulación
o el de construcciones, instalaciones y obras. Algunas de estas modificaciones afectaban también al transporte, la edificación y el urbanismo y su finalidad era el ahorro de energía. Para nosotros lo importante es que se genere un plan ambicioso
de ahorro y eficiencia, tal como ustedes también habían prometido, con una ley transversal que cubra como un manto todas las políticas del Gobierno. No obstante, este caso es un tema puntual, pero es un avance y nosotros votaremos a favor, aunque,
como decimos, no es suficiente con estos temas puntuales sino que se necesita una gran estrategia global de lucha contra el cambio climático y, por tanto, apostar por otro tipo de energías y de economía productiva. No obstante, como he dicho
anteriormente, votaremos a favor.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Señor Moraleda, su turno para aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley.
El señor MORALEDA QUÍLEZ: Gracias, señora presidenta.
Tengo que anunciarle que el Grupo Parlamentario Socialista incorporará la enmienda del Partido Nacionalista Vasco en una enmienda transaccional conjunta. Espero que a lo largo de los próximos minutos podamos darle noticias -que todavía no
tengo- sobre la incorporación en una enmienda transaccional única de las observaciones de los otros dos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moraleda. Espero que en esta legislatura nos llegue la transaccional a la Mesa. (Risas.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REGULACIÓN DEL MATRIMONIO FORZADO COMO DELITO ESPECÍFICO EN EL CÓDIGO PENAL Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON DICHA PRÁCTICA. (Número de expediente 162/000832.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Popular, sobre regulación del matrimonio forzado como delito específico en el Código Penal y adopción de medidas relacionadas con dicha práctica.
Para defender la proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae esta tarde una iniciativa que pretende poner solución a una violación de los derechos humanos que va en contra de la igualdad y la dignidad de la mujer. Se trata de dar un tratamiento legal en
el Código Penal a los matrimonios forzados en España. Los matrimonios forzados, los que obligan a las mujeres a casarse por la fuerza con hombres que no conocen, es una costumbre milenaria que persiste en países como Pakistán, India o Marruecos,
países con un claro déficit de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la realidad nos muestra que ni son cosas del pasado ni ocurre solo en tierras exóticas.
Con la llegada de la inmigración, algunas prácticas agresivas impuestas por sus
religiones y que ya se consideraban desterradas en España vuelven a estar de actualidad.
Desde el Grupo Popular consideramos importante plantar cara a esta realidad que viven muchas mujeres en nuestro país: matrimonios a la fuerza con menores, sin consentimiento de la víctima, que esconden tras el velo de anacrónicas
tradiciones evidentes malos tratos. Se trata de un atentado contra la libertad que tiene la mujer para elegir y decidir sobre su propia vida, si quiere o no comprometerse con otra persona.
Estas niñas, obligadas por sus familiares a contraer
matrimonio, sufren coacciones, amenazas, privaciones de libertad, detenciones ilegales y un largo etcétera de conductas ilícitas.
Hace pocas fechas conocíamos en los medios la amarga experiencia de una joven pakistaní residente en Cataluña que encierra un amor inexistente, una boda indeseada, palizas, privaciones de libertad, amenazas de muerte; un rosario de
agresiones que dibujan un complejo caso de violencia de género. Por desgracia, señorías, no se trata de un episodio aislado, de una práctica marginal. Hoy solo conocemos los datos de Cataluña, única comunidad que tiene un protocolo de actuación,
donde en los últimos años los datos nos dicen que han podido darse hasta trescientos casos. Pero los expertos nos alertan de que esto es solo la punta del iceberg, apenas un 5 por ciento de la dimensión real del problema. Los Mossos d'Esquadra
liberaron durante el año 2010 a quince niñas de entre 10 y 21 años, la mitad de ellas menores de edad, de bodas que no deseaban,
jóvenes nacidas en España en la mayoría de los casos, escolarizadas entre nosotros, que han crecido y han sido educadas de acuerdo con nuestros valores y nuestras libertades, que están integradas en nuestro sistema, pero que tienen la
desgracia de nacer en familias que no asumen ni respetan las leyes y los derechos del país que las ha acogido. Sin duda hablamos de un tema delicado, donde la convivencia entre culturas distintas en un mismo territorio produce fricciones que es
conveniente salvar a través de la educación y la prevención, algo que consideramos completamente compatible con actuar sin vacilaciones en el terreno legislativo.
Si analizamos la legislación comparada, vemos cómo en países de nuestro entorno ya están tipificados como delitos -en países como Noruega, Bélgica, Reino Unido y más recientemente Alemania- y se castigan con penas de hasta entre dos y cinco
años de cárcel. En abril de 2009, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió la elaboración de un convenio para combatir la violencia contra las mujeres donde se incluyen los matrimonios forzados. Sin embargo, hoy estos comportamientos
no están tipificados como delitos en nuestro Código Penal y solo pueden castigarse si se demuestran coacciones o amenazas. Por eso, y dado que es necesario corregir las deficiencias detectadas en la reciente reforma del Código Penal, que ya
tildamos de insuficiente en su momento, consideramos necesario reformar la norma para establecer estas uniones de niñas menores.
Desde el Grupo Popular consideramos que es un tema que hay que tomarse en serio, porque muchas mujeres en nuestro país hoy necesitan ayuda, información, confianza y no sentirse aisladas; necesitan saber que las leyes están de su lado y que
castigan a sus verdugos. Creemos que para luchar contra esta práctica es importante llegar a tiempo. Hay que poner los mecanismos legales y sociales necesarios para que el fenómeno no se extienda, sacarlo a la luz, visibilizarlo, informar a las
mujeres de sus derechos y mejorar las leyes que las amparan, porque España, que sin duda es un país de acogida, debe servir también de ejemplo de sociedad democrática donde se respeten y se hagan respetar los derechos fundamentales de las mujeres, y
la libertad es, sin duda, el primero de todos ellos. Desde el Grupo Popular consideramos necesario adecuar la legislación a la realidad de cada momento. Señorías, la inmigración nos ha traído muchas cosas positivas, pero también nos ha obligado en
los últimos años a legislar sobre temas como la mutilación genital femenina o el uso del burka, y ha llegado el momento de plantar cara a una práctica que choca frontalmente con una sociedad democrática, libre e igualitaria como la nuestra.
El objetivo de esta iniciativa es mejorar los derechos, la libertad y la igualdad de todas las mujeres y las niñas, vengan de donde vengan y tengan la cultura que tengan. Por eso se ha presentado esta iniciativa y solicitamos del resto de
los grupos parlamentarios el apoyo a la misma.
Nuestra iniciativa va dirigida a combatir el problema desde tres perspectivas: una reforma del Código Penal para incluirlo como delito; la protección a las víctimas, necesaria para evitar que sean
objeto de otros delitos como agresiones o detenciones ilegales, el alejamiento, el refuerzo de la cooperación y animar a que la Unión Europea convierta esta lucha en una acción prioritaria en el marco de sus relaciones con terceros países mediante
la cláusula de derechos humanos.
Quiero anunciar, señora presidenta, que estamos intentando llegar a un acuerdo a través de la presentación de una enmienda transaccional, puesto que hemos recibido diferentes enmiendas de los grupos parlamentarios, y durante el tiempo que
queda de Pleno vamos a seguir trabajando. Vamos a intentar mantener la necesidad de realizar la modificación del Código Penal incluyendo algunas enmiendas positivas de otros grupos parlamentarios, como la de CiU, que pide una orden de protección
específica o el desarrollo de programas de divulgación e información, o las enmiendas de Esquerra Republicana para la creación de lugares de alojamiento o un fondo de ayudas a las asociaciones y entidades en defensa de los derechos de la mujer.
Sin embargo, creemos que no podemos dilatar sine die el problema, un problema de máxima gravedad, y que durante los próximos meses es necesario hacer esta reforma legislativa, porque mientras perdemos el tiempo determinando si procede o no
dar un tratamiento legal al problema, ¿cuántas mujeres o niñas pueden estar hoy siendo obligadas a casarse por la fuerza? Por eso, en aras del consenso, quiero agradecer a los grupos su voluntad y sus enmiendas y animarles a llegar con el Grupo
Popular al mejor de los consensos, a aprobar esta iniciativa que pretende luchar contra la violencia y mejorar la libertad, la igualdad y la dignidad de las niñas y las mujeres en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Camarero.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señorías, vamos a discutir la proposición no de ley de matrimonios forzados presentada por el Grupo Popular. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado algunas enmiendas y
entendemos que algunas de ellas van a poder ser recogidas por el grupo proponente. Vamos a ver si entre todos los grupos parlamentarios somos capaces de llegar a un consenso.
Entendemos que es un tema que nos debe ocupar y nos debe preocupar
porque los matrimonios forzados son una práctica que continúa vigente en los países y comunidades de origen de algunas personas inmigradas que desarrollan su proyecto de vida en España, y aunque se suele vincular a
determinados colectivos, la lacra de los matrimonios forzados es muy trasversal. Encontramos casos en colectivos musulmanes, católicos e hindúes, pero también hay casos entre españoles, principalmente de alguna etnia determinada. En
concreto -ya se ha dicho antes-, 300 mujeres que viven en Cataluña fueron sometidas a matrimonios forzados en el año 2010.
Los expertos señalan que los casos conocidos solo representan el 5 por ciento de la dimensión real del fenómeno. El
desconocimiento del derecho que tienen a denunciar su situación y sobre todo la exclusión que sufren después en su entorno familiar y comunitario disuade a muchas mujeres de denunciar. Enfrentarse y evitar un matrimonio forzado organizado por los
padres y muchas veces por la familia extensa tiene un coste importante en el ámbito relacional familiar. El contexto familiar puede reaccionar muy negativamente contra lo que considera un comportamiento occidentalizado de la menor o mujer que
cuestiona el código de las costumbres tradicionales de la cultura de origen y puede considerarse que el honor familiar queda profundamente dañado y, por tanto, el prestigio de una familia. Aunque son pocos los casos que se han abordado a resultas
de denuncias interpuestas por las mismas víctimas o por personas de su entorno, la vulneración tan grave de un derecho fundamental y sus consecuencias obligan a promover un trabajo de sensibilización y formación a las comunidades afectadas y de
investigación de estrategias que posibiliten detectar casos de riesgo y abordarlos. Para nuestro grupo, el objetivo de actuación en materia de prevención y atención de los matrimonios forzados debe centrarse en la protección y evitación de los
mismos, en visibilizar y hacer aflorar una práctica que hasta ahora ha sido difícil de detectar y que puede tener incidencia entre determinadas comunidades que llevan a cabo su proyecto de vida en España.
Desde Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, mientras tuvimos el honor de dirigir el departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y conscientes de la dificultad de la denuncia y la necesidad de centrarnos en indicadores de riesgo, pusimos en
marcha un protocolo de prevención y actuación en casos de indicio de matrimonio forzado de manera que la fiscalía pudiera solicitar medidas cautelares al juez si lo estimaba conveniente. Cabe destacar que es la primera vez que un cuerpo de
seguridad del Estado elabora un procedimiento específico de estas características.
Con respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, y aunque compartimos las propuestas: tipificación en el Código Penal, órdenes de protección para las víctimas, impulso a nivel europeo y apoyo a las redes sociales,
hemos presentado -como he dicho anteriormente- unas enmiendas que esperamos puedan ser recogidas pues nos gustaría que el acento no se ponga tanto en la tipificación del delito y se centre más en el establecimiento de políticas públicas específicas
y dotadas económicamente. Apoyamos la tipificación del matrimonio forzado como delito en el Código Penal. En la actualidad está tipificada la detención ilegal y las lesiones y violencia doméstica, pero no son delitos por sí solos. Nuestra primera
enmienda pretende añadir el carácter extraterritorial, es decir, que pueda perseguirse fuera de nuestras fronteras, como ya ocurre con la ablación. Pensamos que es importante, pues la mayoría de estos matrimonios se producen en el extranjero.
También consideramos oportuno reflexionar sobre los plazos de prescripción, de puesta en marcha de acciones civiles y penales. Nuestra segunda enmienda se dirige precisamente a reflexionar si es necesaria su ampliación.
Por lo que hace referencia a nuestra tercera enmienda, la de las políticas públicas, entendemos que es necesario que el Gobierno se dote de una estrategia específica para abordar de manera integral el fenómeno, y nos referimos principalmente
a diseñar un plan de actuación que incluya acciones para las fases de prevención, atención, protección, recuperación y restitución para todas las mujeres, mayores y menores de edad, que sufran este tipo de violencia machista y que incluye, entre
otras medidas, acciones dirigidas a la detección precoz, la protección de víctimas, la prevención del fenómeno, la formación, la capacitación de profesionales, agentes diplomáticos consulares y a profesionales de la justicia.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por favor.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Voy terminando, señora presidenta.
En la cuarta enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Es que no tiene tiempo, señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: En la cuarta enmienda proponemos una red de recursos de alojamientos de urgencia o residenciales de larga estancia que favorezca la autonomía. Por último, proponemos un fondo de ayudas financieras para
actuaciones de ayuda a las asociaciones y entidades de defensa de los derechos de las mujeres. Esperemos poder llegar a acuerdos. No obstante, estamos de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el Partido Popular. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Buenaventura.
Para defender las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència y Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Convergència i Unió nos acercamos a este debate desde dos premisas previas: La primera es la seguridad en la coincidencia de todo el arco parlamentario en el rechazo a los matrimonios forzosos, una práctica que no está
anclada en preceptos religiosos sino en anacrónicas tradiciones en función de las cuales niñas y jóvenes, en su mayoría menores de edad, son entregadas
a un matrimonio en el que la facultad de elección y decisión no la tienen los contrayentes o alguno de ellos sino terceras personas, normalmente de su círculo familiar, que han concertado este matrimonio muchas veces ya en el momento del
nacimiento. Una práctica, como se ha señalado aquí, que supone una grave vulneración de los derechos humanos, tal como se recoge en múltiples textos internacionales sucritos por España que imponen, además, a los Estados que los suscriben la
obligación de articular medidas e incluso legislación para hacer frente a los mismos.
Una segunda premisa sería la constatación de la existencia de matrimonios forzosos en Cataluña. Efectivamente, estas prácticas, habituales en zonas de Asia, África y Oriente Medio, tienen hoy reflejo en España en algunos colectivos de
inmigrantes que creen posible hacer compatibles tradiciones lesivas para la libertad y para la igualdad entre hombres y mujeres con su acomodo y residencia en este país. En Cataluña el departamento de Interior aprobó en junio de 2009 un protocolo
de prevención y atención policial de los casos de matrimonios forzosos, en cuya aplicación se han detectado un número nada despreciable de estos casos. ¿Por qué se realiza este protocolo en Cataluña? Se realiza en cumplimiento de la Ley catalana
contra la violencia machista. Esta ley catalana, a diferencia de la estatal que únicamente trata de la violencia de género en la relación de pareja, extiende a cuatro ámbitos la violencia de género. Uno de ellos es el ámbito sociocomunitario, en
función del cual se prevé la detección y abordaje de los matrimonios forzosos como la violencia de género que son.
En aplicación de este protocolo, solo en el año 2010 quince niñas y jóvenes entre 10 y 21 años han sido liberadas por los mossos de
una de estas bodas.
A partir de estas premisas, entendemos que el núcleo de lo que hoy estamos debatiendo es, en definitiva, si contamos en nuestro ordenamiento jurídico con los instrumentos adecuados para abordar los problemas que se dan en la práctica en la
erradicación de estos matrimonios forzosos o no contamos con ellos. Desde Convergència i Unió nos acercamos a la respuesta de este planteamiento sin apriorismos. No queremos buscar las soluciones aparentemente más duras, sino las más eficaces;
las que den respuesta en la medida adecuada. Por ello, hemos traducido a enmiendas las prioridades que se nos han planteado desde el propio departamento de Interior de Cataluña, que es desde donde se está aplicando el único protocolo que hay hoy en
el Estado y que serían, por orden de importancia, las siguientes prioridades. En primer lugar, poner el acento en el ámbito preventivo, que es lo único que puede evitar que el mal se produzca. Cuando actúa el Código Penal, desgraciadamente, el mal
ya se ha producido. Por ello, planteamos la necesidad de una orden de protección para que, tal como se ha hecho en el Reino Unido, cuando se tiene noticia de que se va a producir un viaje en donde se va a celebrar un matrimonio forzado, se pueda,
por ejemplo, solicitar la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país u otras medidas como el alejamiento, etcétera, que puedan servir para evitar el viaje. Piénsese que la policía nos dice que como las chicas que han nacido aquí no
quieren contraer estos matrimonios, para evitar su oposición cuando estas tienen ya 17 o 18 años, los mismos se celebran cada vez a edades más tempranas, incluso -como he señalado antes- a los 10 años.
En segundo lugar, entendemos que combatir el matrimonio forzado no puede ni debe hacerse únicamente desde un ámbito punitivo, sino desde otras actuaciones que promuevan cambios educativos, sociales y culturales. Esta es una problemática
compleja y, por lo tanto, debe abordarse desde una estrategia integral que recoja actuaciones multidisciplinarias de los profesionales que puedan intervenir intentando evitar, al mismo tiempo, una victimización secundaria de las afectadas.
Por último, y frente a la necesidad de introducir un delito específico para ello -tal y como se reclama por el grupo proponente, por algunas asociaciones de mujeres y tal y como se ha hecho de manera ciertamente diversa en algunos países de
nuestro entorno-, estamos convencidos de que están suficientemente tipificadas las amenazas, las coacciones y otras conductas para forzar el matrimonio cuando hay oposición. No estamos tan seguros -parece que otros grupos y el Gobierno sí- de si el
Código Penal vigente da cobertura cuando sin ninguna oposición, amenaza o coacción -que no hace falta porque son unas niñas- se entrega en matrimonio a unas niñas de 10 o 13 años, matrimonio que sería inválido en nuestro país pero no en su tradición
o en sus países de origen donde se celebra. Desde Convergència i Unió consideramos que hay que adecuar la legislación a la realidad social de cada momento y que quizá la existencia de un delito específico facilitaría la adopción de medidas
cautelares al respecto.
Pero consideramos más prudente que sea el Consejo de Estado quien se pronuncie antes de aprobar o rechazar la propuesta de tipificación directa que hoy se nos hace. Por eso, hemos presentado una enmienda -se han presentado
otras por parte de otros grupos parlamentarios- intentando llegar a una solución de síntesis que pueda dar respuesta a estas situaciones, pero reservamos el posicionamiento de nuestro voto hasta saber cuál va a ser finalmente el texto que vamos a
votar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hay un concepto muy importante en la filosofía oriental que se refiere a hacer no haciendo. Traduciéndolo de manera muy sencilla sería no forzar o no obstruir lo que es; y lo que es es que el matrimonio forzado tiene una adecuada
respuesta penal a través de
los tipos delictivos previstos en el código: un código que ha entrado en vigor -se lo recuerdo a su señoría- el 23 de diciembre de 2010, hace apenas cinco meses, y que fue aprobado por esta Cámara por una amplia mayoría. A lo largo de esta
tramitación parlamentaria ninguna fuerza política, incluido el Partido Popular, registró propuestas para tipificar el matrimonio forzado como delito específico, ni siquiera como tipo agravado del delito de coacciones. Si me lo permite, esta es una
iniciativa oportunista. Señores del PP, la satisfacción que depara el oportunismo suele ser inconsistente y muy fugaz. De ninguna forma puede afirmarse -como ha hecho su señoría- que exista una laguna de impunidad.
Que las conductas que
configuran el matrimonio forzado no tengan un nomen iuris propio no significa que no sean subsumibles en otro tipo de delitos, como el delito agravado de estafa, 248 y siguientes, o el delito de coacciones, 172 del Código Penal. Por lo tanto, las
conductas consistentes en obligar a alguien a contraer matrimonio contra su voluntad, ya sea con violencia o con intimidación, ya están castigadas a través de la figura del delito de coacciones con penas de hasta tres años de prisión. Además,
cuando el hecho se comete por motivos referentes a la ideología, a la religión, a las creencias de la víctima, la etnia, la raza o la nación a la que pertenezcan, su sexo u orientación o identidad sexual, el Código Penal prevé la concurrencia de una
circunstancia agravante, 224 del Código Penal. A mayor abundamiento, este tipo de conductas se producen habitualmente en concurso con otras figuras delictivas, como el delito de trata de seres humanos, castigado con penas de hasta diez años de
prisión, 177 bis del Código Penal; el delito contra la libertad sexual, 178 y siguientes del Código Penal, o el delito contra la integridad moral. En esta Cámara hay juristas de reconocido prestigio que coincidirán en que, primero, cualquier
reforma procesal tiene que estar suficientemente justificada. En España no es criminológicamente relevante el número de matrimonios forzados. Es más, las memorias de la Fiscalía General del Estado, que son un instrumento de gran valor a estos
efectos y que suelen contener propuestas de regulación normativa, no contienen advertencia alguna a este respecto. Segundo, y también coincidirán conmigo, no podemos redactar códigos penales y leyes procesales a la carta. Una correcta técnica
jurídico-penal ha de evitar convertir los códigos penales en exhaustivos catálogos de conductas que acaben convirtiéndolos en instrumentos inmanejables, con una rigidez que a la postre genera inseguridad jurídica. Tercero, y seguro que también
coincidirán, el Código Penal no debe utilizarse como un instrumento de sensibilización social, y mucho menos como altavoz de visiones demagógicas de algunas políticas como la migratoria. No obstante, y una vez dicho esto, el Grupo Socialista, como
es muy sensible a la gravedad de estas prácticas y como el PSOE no suele mirar de lado, nosotros no miramos de lado, preferimos mirar hacia delante, y en sintonía con los pasos dados por el Gobierno, estamos intentando llegar a un acuerdo, siempre
que la intolerancia de algún grupo político no lo impida, pese a no compartir alguno de los criterios contenidos en esta PNL. Agradezco el esfuerzo de los grupos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Juanes.
Para fijar la posición del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Camarero, quiero comentarle que me han parecido pertinentes sus reflexiones en relación con esta patología social que forma parte de ciertas metaculturas, de ciertas orientaciones, de algunas etnias o de personas o colectivos que
practican determinados pronunciamientos invocados o legitimados por su religión. En todo caso, se han dicho muchas cosas, señora presidenta, y parece que estamos todos expectantes ante el aparente fumus de un cónclave -parece estar realizándose- de
donde puede aflorar una propuesta de consenso o no. No sé si sería pertinente colocar a todos los diputados, que están en este momento transando o intentando transar, en una situación de ayuno y abstinencia para que sean más diligentes en sus
actuaciones.
Al margen de esta cuestión, señora presidenta, nos gusta la propuesta que ha presentado el Grupo Popular, nos gusta porque aquí hay varios delitos invocados. En primer lugar, ha habido una reflexión -con todos los respetos, señora Juanes,
se lo digo- de carácter tautológico. En la memoria de la fiscalía no puede estar una figura que no está tipificada como delito, porque por definición en la memoria de la fiscalía solo figuran los tipos delictivos previstos en el Código Penal, luego
este no es un argumento que sirva para fundamentar sus también lúcidas reflexiones, permítame que se lo diga. En segundo lugar, este es un delito que tiene unas características muy especiales, es un injusto penal muy específico, que ha provocado
que países nada sospechosos de no poseer una doctrina criminológica muy relevante, Alemania por ejemplo, hayan procedido a tipificar específicamente como tipo penal cualificado esta conducta: el matrimonio forzado. Francia lo va a hacer. En el
Reino Unido, la señora Pigem ha comentado que hay medidas cautelares, que es lo que le preocupa a la señora Pigem y a mí también, que deben estar entroncadas con el tipo delictivo que provoca o que justifica la adopción de medidas cautelares de esta
naturaleza. Desde esa perspectiva no se puede relativizar la argumentación del Grupo Popular, pero lo que no se debe relativizar sobre todo es la gravedad de esta conducta que empieza a tener una dimensión creciente en el Estado español: 300 casos
se comenta en Cataluña, parece ser que pueden ser más, pueden ser menos. Los protocolos parece que no han depurado suficientemente el dato cuantitativo estadístico, pero ha habido casos en Ciudad Real, ha habido casos
en Sevilla, ha habido casos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ha habido casos. Hay que identificar la dimensión cuantitativa porque nos provee de la dimensión cualitativa de un fenómeno de política criminal que debe ser atendido
específicamente. ¿Y hasta qué punto debe ser defendido desde una perspectiva de tipificación cualificada o específica? Desde la perspectiva de que las actuaciones de la Administración de Justicia son peligrosamente heterogéneas, rayan en el
principio de inseguridad jurídica y vulneran el principio de legalidad. En unos casos se imputa por coacciones, en otros casos se imputa por violencia de género, en otros casos se imputa por delitos contra la libertad, en otros casos se imputa por
delitos contra los derechos de la familia. Si la Administración de Justicia o los órganos judiciales no son capaces de buscar un elemento idéntico de tipificación o de imputación quiere decir que el ordenamiento jurídico penal español no es
suficientemente seguro y no obedece a los requerimientos del principio de legalidad. Lege escrita et lege stricta. Desde esa perspectiva, nos parece muy pertinente que se acometa una tipificación cualificada de una figura o de una patología social
-se puede utilizar la expresión que se quiera- que vulnera, entre otras cosas, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos porque vulnera la libertad de las mujeres y, en su caso, de los hombres cuando se produce en este sentido, y
el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Niño cuando afecta a menores de edad y que merece la consideración de patología meritoria que debe corresponderse con un tipo cualificado en un Código Penal como el español que dicen que es del año
1995. Señora presidenta, ya no es del año 1995, ya no se sabe ni de cuándo es. Ocho reformas ha sufrido el Código Penal del año 1995. Si no son ocho son nueve. Ya el Código Penal del año 1995 no es reconocible como aquel del que tuve el honor de
ser portavoz y ponente. Ya es la colección Aranzadi en su totalidad, incluso con delitos como los de tráfico que han provocado como único efecto positivo el incremento de la población penitenciaria española en 700 personas, que están cumpliendo
penas de cárcel por un delito que vulnera flagrantemente el principio de mínima intervención que ha sido invocado para manifestar las reservas sobre la tipificación jurídica de esta figura. Con estas reflexiones, señora presidenta, acabo
manifestando nuestra adhesión, en principio, a la proposición original, y si es objeto de algún tipo de acuerdo o consenso en forma de enmienda pues la analizaremos. Nos gustaría que esta fuera una materia, como todas las jurídico-penales,
consensuada.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Señora Camarero, entiendo entonces que estamos pendientes de la posible transaccional que pasarán a la mesa. (Asentimiento.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL 80 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000208.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a las mociones consecuencia de interpelaciones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el 80º
aniversario de la proclamación de la II República española. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco ante ustedes en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para presentar la moción subsiguiente a la interpelación sobre el 80º aniversario de la II República. ¡Salud y república, señorías!
La propuesta que hoy presentamos pretende dar solución a una asignatura pendiente y verán ustedes que la propuesta que hacemos tiene quince puntos, por tanto es una asignatura con un temario bastante pendiente también. Esta asignatura
pendiente es el reconocimiento, la reivindicación de la II República española frente al silencio y frente al prejuicio. También queremos aprovechar esta iniciativa para plantear una iniciativa de justicia para las víctimas del franquismo. En estos
días hemos oído al expresidente del Gobierno, señor Aznar, decir que nos estamos dedicando a remover los huesos. No sé cómo calificaríamos esto si se dijese de las víctimas del terrorismo, me imagino que lo llevaríamos a los tribunales de justicia,
pero parece ser que ha pasado el tiempo y que se puede hacer con las víctimas del franquismo. No removemos huesos, señorías, intentamos dar nombre a la ignominia, dar nombre a la desaparición de centenares de miles de españoles después de la guerra
civil por un único delito, que fue mantenerse fieles a la II República española, a la legalidad republicana.
Señorías, en este 80º aniversario de la proclamación de la II República es necesario, en nuestra opinión, rememorarla, recordarla y reivindicarla de forma positiva. Existe la tentación muchas veces de reaccionar a este 80º aniversario con
el silencio o con la tergiversación y a veces con el cinismo. Con el silencio, señorías, porque no tiene mucho sentido lo que nos dijo el otro día el ministro acerca de que ochenta es lo mismo que setenta y seis o que setenta y ocho. Ochenta es la
esperanza de vida de un español. Diciendo lo mismo con respecto al 23-F, treinta es lo mismo que cuando se cumplieron veinticinco años de esa fecha, o también lo podríamos aplicar a los doscientos años con respecto a
las Cortes de Cádiz. En nuestra opinión, ochenta años es una cifra que merece la pena recordar, es una cifra redonda y en ese sentido planteamos al Gobierno una serie de iniciativas en relación con la memoria de la II República española,
una memoria positiva que en algunos casos se intenta confundir con la guerra civil española, es decir, se intenta asimilar la memoria democrática a la memoria de quienes intentaron acabar -y finalmente acabaron- con la democracia mediante la
violencia. Señorías, nosotros queremos recuperar lo que significó la II República española. En materia de derechos ciudadanos dejamos de ser súbditos para comenzar a ser ciudadanos; en relación con la instauración del voto femenino, por primera
vez todos los ciudadanos y ciudadanas pudieron votar en unas elecciones; también hubo avances en el reconocimiento de las ocho horas de trabajo y los jurados mixtos; se reconocieron derechos laborales de la mayor importancia; se realizaron
avances en materia educativa, sanitaria y en servicios públicos; en definitiva, hubo un cambio fundamental de la vida pública española pasando de una situación de no libertades a una situación democrática.
Nos gustaría que las iniciativas que presentamos se aceptaran. Estas tienen que ver con la instauración de un Día de la Memoria, el 14 de abril; un día reivindicativo y lúdico al mismo tiempo; con los actos de conmemoración culturales e
institucionales del 80º aniversario de la proclamación de la II República; con la publicación de ejemplares conjuntos de la Constitución de Cádiz, de la Constitución republicana y de la Constitución democrática de 1978. También proponemos el
refuerzo en los planes de estudio de una visión equilibrada sobre la república, porque utilizando el título de una conocida novela, es verdad que ya no estamos en tiempos de silencio, pero con respecto a la II República española a veces nos da la
impresión de que estamos en un tiempo entre el silencio, la tergiversación de entonces o el cinismo más claro. Y eso, en nuestra opinión, evidencia que no todos nos reconciliamos en la transición democrática; que una parte fundamental de los
españoles se reconciliaron, lo cual dio lugar a las libertades democráticas, pero que algunos consideraron que esa reconciliación era solo una transacción y que tenía como obligación el olvido. Nosotros creemos que es una reconciliación y que
permite la memoria.
Asimismo, proponemos medidas en relación con la justicia con los republicanos y con las víctimas del franquismo. He hablado antes de las víctimas del terrorismo; en victimología, sea la víctima que sea, existe el derecho a la verdad, el
derecho a la justicia y el derecho a la reparación, y en nuestro país todavía tenemos esas asignaturas pendientes con las víctimas del franquismo. La muestra más evidente es que el juez que se ha atrevido a investigar esta materia está actualmente
inhabilitado, el juez Garzón. La muestra más evidente es que los niños robados del franquismo siguen y nos persiguen en la actualidad. Hasta los años noventa se ha continuado con ese latrocinio de niños realmente impresentable que se aprendió en
la época franquista. Por otra parte, hemos visto en una sentencia reciente sobre Miguel Hernández cómo, además de la sentencia que en su momento le condenó injustamente, de nuevo se le ha vuelto a condenar injustamente no reconociendo la nulidad de
pleno derecho de esa sentencia.
Señorías, proponemos el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica en todos los aspectos que están pendientes -mapa de fosas, retirada de símbolos, Valle de los Caídos-, pero no nos quedamos ahí. Queremos también cerrar heridas como un
tiempo de reparación, pasando del tiempo del cinismo al tiempo de la memoria, de la justicia y de la reparación, de tal manera que el Ministerio de Sanidad investigue los niños que han desaparecido de instituciones que tenían concierto con el
Ministerio de Sanidad a lo largo de los años, que se anulen los juicios franquistas, en nuestra opinión la mejor fórmula toda vez que no hay demasiado interés por parte de la fiscalía en promover esta nulidad, y, por otra parte, que se acabe con la
ignominia del Valle de los Caídos. Esperamos que haya una propuesta por parte del Gobierno que solucione esa cuestión, pero deberíamos convertirlo en un memorial, aunque fuera el memorial de la infamia, porque por el camino que vamos o termina
siendo un memorial o únicamente, como el ángel de Walter Benjamin, termina siendo un conjunto de escombros en nuestra memoria y en nuestra historia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. Para defender, en primer lugar, las del Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hemos presentado una enmienda de modificación que pretende sustituir el texto de la moción presentada y ahora defendida por el grupo parlamentario al que pertenece el señor Llamazares. Si me permiten, y habiendo escuchado con
atención al señor Llamazares, quisiera hacer una consideración previa. No es conveniente en la vida en general ni en la vida política en particular confundir los deseos con la realidad.
Comprendo perfectamente, y es legítimo, faltaría más, que él
tenga la visión idílica que tiene de la II República, pero otra cosa es que nos obligue al conjunto de los españoles a compartir sus deseos. Creo que decir que el antecedente de la Constitución de 1978 es la Constitución de la II República, salvo
que nos estemos refiriendo meramente a aspectos cronológicos, que no creo que sea el caso, es un insulto triple, al rigor y la verdad histórica, a la inteligencia y a los constituyentes de 1978.
Los constituyentes de 1978, como muy bien sabe el
señor Llamazares, entre otras cosas, tuvieron tan presente la experiencia de la II República y a lo que llevó la II República que pretendieron evitar que se volvieran a dar
las causas que llevaron a ese trágico desenlace, nada menos que de una guerra civil. Por eso, frente a lo que fue el contenido material de la Constitución de la II República y el procedimiento de su elaboración y partiendo de la base de que
por supuesto tenía cosas buenas -claro que sí, es que es imposible, aunque lo pretendas, hacerlo todo bien o todo mal, evidentemente las obras humanas son manifiestamente perfectibles y claro que había cosas buenas en la Constitución de la II
República-, el balance fue desolador. Fue una Constitución sectaria que se hizo sin consenso y para una parte de la sociedad española. Tan es así que poco después de su aprobación ya una serie de ciudadanos españoles tuvieron que exiliarse porque
la Constitución les obligaba a ello, por motivos religiosos en aquel caso. Después, en la vida corta de la Constitución de la II República tuvimos hasta un golpe de Estado en el año 1934 y hasta el asesinato del jefe de la oposición, no por un
grupo terrorista sino por la policía de la república, yendo a buscarle a su casa y asesinándole por el camino. Por tanto, dejemos las cosas, que a estas alturas de la vida, señor Llamazares, afortunadamente sobre la guerra civil existe numerosísima
bibliografía. Se ha escrito y se seguirá escribiendo muchísimo y la sociedad española, que es plural ideológicamente, tiene opiniones diversas, pero no nos pretenda usted imponer la suya al conjunto de la Cámara a estas alturas de la vida. Por eso
decía que es un insulto a la inteligencia y al rigor y a la verdad histórica, por supuesto. Todo lo contrario de lo que fue el contenido material, porque la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria, que no creo que se parezca mucho a
una república, ni siquiera a una república coronada, que no es el caso.
En cuanto al procedimiento de elaboración, como digo, la Constitución de 1978 fue la Constitución del consenso, la Constitución de la reconciliación, la Constitución de la concordia, nada que ver con lo que fue la Constitución de la II
República, así de claro. Por tanto, está claro lo que nosotros opinamos, y creo que eso es lo que opina una inmensa mayoría de españoles que en estos momentos no cuestionan para nada la monarquía parlamentaria y la Constitución de 1978. En general
está bastante extendido un juicio crítico histórico sobre lo que fue la II República como una gran ocasión perdida, no como algo que haya que conmemorar y algo de lo que nos tengamos que enorgullecer, por supuesto, no solo por culpa de unos,
seguramente por culpa de todos, pero el resultado fue el que fue. Hay pueblos a los que les encanta conmemorar derrotas y guerras civiles. No creo que sea el caso del nuestro. De cualquier modo nuestro grupo considera que no es eso lo que nos
conviene.
En relación con la referencia que ha hecho al Valle de los Caídos, solo quiero recordarle apelando a su sentido democrático, que esta Cámara debatió y votó la Ley de la Memoria Histórica y debatió y votó el artículo 16. Y, salvo ustedes, lo
votó prácticamente el resto de la Cámara. Usted tiene derecho a tener la opinión que tiene en particular sobre el Valle de los Caídos, pero no hable en nombre del pueblo español, porque el 95 por ciento del pueblo español se manifestó en esta
Cámara votando en los términos que establece el artículo 16 de la Ley de la Memoria Histórica, que no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho aquí. Nosotros queremos ir hacia adelante. En ese sentido va nuestra enmienda. Le queremos
recordar, nosotros que no votamos el artículo 20 de la Ley de la Memoria Histórica que crea el Centro Documental de la Memoria Histórica, que si se pretende profundizar en la investigación de la guerra civil, de la transición, del exilio y del
franquismo, esos son objetivos concretos y específicos que el artículo 20.2. c) de la Ley de la Memoria Histórica, que crea el Centro Documental de la Memoria Histórica, establece como propios. Y la disposición adicional sexta, que nosotros no
votamos porque nos parece que es una contradicción in terminis con el artículo 16, y por eso hubo que añadir esa cláusula de estilo al final -no un sin perjuicio, sino con plena sujeción a lo establecido en el artículo 16- de que el pacto que
hicimos en la pasada legislatura, del que usted no participó porque se autoexcluyó, indicaba que era un centro de culto, cementerio público, y que la política quedaba extramuros del Valle de los Caídos. Ahí hay base si hay buena voluntad para
avanzar en la reconciliación, pero con actitudes y con iniciativas como la de usted, señor Llamazares, lo siento, a nosotros no nos va a tener a su lado, nos va a tener, pacífica y democráticamente, enfrente.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Gómez Darmendrail: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández González.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Si el señor Fernández Díaz quería demostrarnos fehacientemente que no se siente heredero de la tradición republicana, he de reconocer que lo ha conseguido plenamente. Sin duda tampoco hacía falta que le pusiera tanta pasión, pues todos
éramos conscientes de que no se encuentra en esa tradición.
Señorías, el triunfo en las grandes ciudades españolas de las candidaturas republicanas socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, desembocó dos días más tarde, el 14 de abril, en la proclamación de la república, en
medio de una gran fiesta popular. Fue, en palabras de Fernando Fernán Gómez, la más alegre mañana de abril. Los socialistas fuimos protagonistas en el nacimiento de la república, en su sostenimiento y en su defensa frente a la agresión fascista.
Estuvimos al lado de la república en la prisión y en el exilio. Precisamente en ese interminable exilio murieron los dos presidentes de Gobierno que el Partido Socialista Obrero Español
dio a la república, Francisco Largo Caballero, en 1946, en París, tras sobrevivir cinco años en un campo de concentración nazi, y Juan Negrín, también en París, diez años después.
La república, sus anhelos y esperanzas, sus logros y decepciones, sus aciertos y también sus errores, forman parte de nuestra historia.
Conocerla con sentido crítico, y eso implica no caer en demonizaciones pero tampoco en visiones
idealizadas, es un objetivo que va más allá de un aniversario concreto. En ese sentido, la incorporación del estudio de la II República y de sus reformas al currículo de enseñanzas mínimas de la ESO, aprobado por este Gobierno en el año 2006, es un
paso relevante en la buena dirección.
Hace cinco años celebramos el 75º aniversario de la proclamación de la II República. Lo hicimos en esta Cámara -quiero recordarlo, en esta Cámara- aprobando una ley por la que se declaró el año 2006 como Año de la Memoria Histórica y con
diversas iniciativas, de entre las cuales no me equivoco si subrayo como más relevante la magnífica exposición itinerante sobre las Misiones Pedagógicas. Hoy, a juicio de mi grupo, más que solemnizar un nuevo aniversario, nuestro esfuerzo debe ir
orientado a dar continuidad y profundizar en las múltiples actividades e iniciativas que tienen como eje vertebrador el conocimiento y puesta en valor de esta etapa relevante de nuestra historia. Además, señorías, lo podemos y debemos seguir
haciendo desde la fortaleza que nos otorgan los treinta y tres años de vigencia de la Constitución de 1978, desde el éxito que ha supuesto nuestra actual experiencia de monarquía parlamentaria. Y es que la etapa más positiva y fructífera de nuestra
historia ha hecho realidad buena parte de los anhelos de progreso económico, social y cultural que estuvieron en los fundamentos de la experiencia republicana.
Evidentemente nos queda mucho camino por recorrer y tenemos ante nosotros nuevos retos y
problemas que la sociedad española que protagonizó la república no podía ni sospechar ni imaginar.
La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista va precisamente en esta dirección. En primer lugar pone en valor la actual etapa constitucional en la que monárquicos y republicanos, izquierdas y derechas, nos hemos reconocido
todos como demócratas, propone iniciativas conmemorativas del 80º aniversario de la II República razonables y factibles y finalmente subraya nuestro compromiso con el desarrollo íntegro y pleno de la conocida como Ley de la Memoria Histórica,
desarrollo, por cierto, sobre el que el vicepresidente primero del Gobierno informará extensamente mañana en la Comisión Constitucional.
Señorías, conmemorar la II República no puede limitarse a recordar un día o a destacar una fecha en el calendario. Celebrar la II República ochenta años después de su nacimiento significa seguir haciendo realidad cada día los ideales que la
misma propugnaba y que hace ochenta años no supimos, no pudimos o no nos dejaron alcanzar. Hoy, conmemorar la II República significa salir de la dura crisis económica que estamos atravesando evitando la exclusión social de aquellos compatriotas que
lo están pasando peor. Hoy, conmemorar la II República significa hacer todo lo que esté en nuestras manos para acabar definitivamente y cuanto antes con el vestigio más peligroso del franquismo que queda en nuestro país, que no es otro que el
terrorismo de ETA. Hoy, conmemorar la II República significa en definitiva comprometerse con el futuro de nuestro país con la misma pasión, con la misma ilusión y con el mismo coraje con el que hace ochenta años miles y miles de españoles ocuparon
plazas y calles en aquella alegre mañana de abril de 1931.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández González.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Llamazares, nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, va a votar favorablemente esta moción así como, entendemos, alguna transacción que se pueda alcanzar o si no la fórmula en que finalmente se vote la misma. Sin
embargo, queremos manifestar nuestra posición favorable, independientemente de que esta sea una moción de quince puntos, porque nos parece razonable en la medida en que está hecha por quien cree en todas aquellas cuestiones que en la misma se
plantean.
Señor Fernández Díaz, déjeme decirle que la defensa idílica que hizo el señor Llamazares de la moción tiene su justificación, y lo digo y hago referencia aunque fuera su intervención, en la medida en que la diputada que les habla también
tuvo su idea idílica de la república por razones obvias. Es decir, yo me crié en unos tiempos donde faltaba todo aquello que aquella juventud republicana pudo tener en aquellos pocos años. Yo me crié por tanto con una idea idílica de la república,
en la que existían unos derechos de los ciudadanos que yo hasta muy tarde no tuve. Una idea idílica de la república que, como decía el señor Llamazares, otorgó entre otras cosas el derecho al voto femenino así como los derechos de las mujeres y
todos unos avances sociales que hicieron posible que pudiéramos recuperar después de esa longa noite de pedra que decía nuestro poeta galego Celso Emilio Ferreiro. Y lo recuperamos muchos y muchas ciudadanas precisamente porque crecimos al lado de
aquellas ideas que nos fueron transmitidas por nuestros mayores y, en mi caso, hablando del tema de la república nunca olvidaré a aquellas personas que me inculcaron estas ideas y que tenían que ver con aquel proceso idílico, que diría usted.
No estoy planteando en absoluto ninguna cuestión vindicativa, aunque entendemos que hay cuestiones que se proponen en la moción que es necesario hacer. Lo hemos manifestado también en otras ocasiones como en nuestra reivindicación de la
revisión del juicio de
Alexandre Bóveda, injustamente asesinado. Nosotros lo que pedimos es la rehabilitación del nombre de Alexandre Bóveda y no el castigo de aquellos que lo asesinaron cuando decidieron su condena a muerte. Por lo tanto señorías nosotros vamos
a apoyar esta moción, entendiendo que es una reivindicación de aquellos ideales que, si bien en su momento rompían absolutamente con unos tiempos de profunda represión, después fueron también aquellos que hicieron posible que recuperáramos la idea
de democracia y libertad que otros fuimos capaces de trabajar hasta el día de hoy. Por eso nos parece oportuna la moción presentada por Izquierda Unida y defendida por el señor Llamazares y la vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
La verdad es que el señor Fernández ha introducido un cuasi debate ideológico sobre esta cuestión de una celebración, en un momento en que se están produciendo -como el proponente decía- muchas celebraciones, y hablaba de esa visión idílica
de la república. No lo niego, algunos la tienen como otros la tienen de la Constitución de 1812, una constitución esclavista, en la que desde luego la votación no era en absoluto democrática sino en estratos y con una triple votación para acceder a
la representación popular. Sin embargo aquí parece que fuera la constitución más moderna, actualizada e incluso contemporánea y se está celebrando con bastante pompa y ceremonia por esta Cámara también. Decía el señor Fernández que hay pueblos a
los que les encanta conmemorar guerras civiles y derrotas, y decía que España no era de esos. Me da que la pedrada la quería lanzar hacia Barcelona -eso de las conmemoraciones de derrotas-, pero yo tengo que refrescarle un poquito la memoria. Le
diría que España y esta Cámara están conmemorando con gran entusiasmo guerras civiles y derrotas, porque ¿qué son si no los bicecentenarios de la independencia de las repúblicas hispanoamericanas a las que también esta Cámara ha dado su apoyo?
Guerras civiles y derrotas españolas, a favor de las independencias republicanas. Por lo tanto todas esas andanadas ideológicas que ha lanzado la verdad es que tienen muy poco peso si las comparamos con lo que luego ha ido aprobando esta Cámara.
Tengo que confesar que nosotros no habríamos redactado esta moción exactamente en los términos que aparece. Quizás habríamos dado más énfasis en algunos puntos y quitado otros. Nos parece más oportuno que haya una moción en este sentido y
que haya una llamada de atención al Gobierno porque una y otra vez, también con diferentes debates que se han producido en esta Cámara iniciados por diferentes grupos, hemos señalado la decepción que ha habido después de la aprobación en 2007 de la
denominada Ley de la Memoria Histórica, porque ha habido una falta de impulso político por parte del Gobierno para llevarla a los términos que habían sido consensuados por los grupos que le dimos apoyo.
Sé que hay algunas cosas que se apuntan en la moción de Izquierda Unida que se van a hacer, y además probablemente esta semana el Gobierno nos vaya a presentar el mapa integrado o al menos parcial de las fosas de la guerra civil y los
trabajos que se han hecho en torno a ello. Sé que probablemente, por parte del ministro de Presidencia, se nos anuncie una reforma de lo que podría ser un nuevo proyecto del Valle de los Caídos.
Creo que estas cosas hay que señalarlas y que esta
Cámara debe subrayar que sigue faltando un protocolo de exhumaciones cuando lo pide la ley, que efectivamente falta impulso político para retirar placas conmemorativas que exaltan a los sublevados, que -no aparece en esta moción, pero lo quiero
señalar también- mediante una orden se ponen dificultades para el acceso a los archivos a la hora de las investigaciones históricas cuando la ley precisamente fue modificada para que supusiera todo lo contrario; y desde luego respecto al Valle de
los Caídos también habrá que hacer algo porque -en eso estoy de acuerdo con el señor Fernández- la política debe quedar extramuros, pero hoy por hoy el Valle de los Caídos es pura política y de un solo lado.
Tampoco creo que sea necesaria una reforma de la Ley 52/2007 para animar a los jueces y fiscales a que impulsen la localización, exhumación e identificación de las víctimas, pero un toque de atención por parte de esta Cámara hacia ese
colectivo diciendo que esto es lo que quiere la representación popular -que ustedes impulsen, que ustedes no se inhiban, que ustedes no miren a otra parte y que ustedes no busquen excusas en la ley para no impulsar todo este tipo de procesos- no
viene nada mal. Creo que también introduce elementos nuevos que, sinceramente, a la hora del debate de la Ley de la Memoria Histórica, a ningún grupo se nos ocurrió, porque no conocíamos ni el hecho, ni la magnitud, ni la fuerza con las que ha
aparecido. Me estoy refiriendo al caso de los niños robados por el franquismo no solo en los años iniciales sino hasta las últimas décadas de esa época. Por lo tanto, creo que es bueno que también se introduzca un mandato por parte de esta Cámara.
En definitiva, nosotros vamos a votar a favor y espero que, si no se hace en su totalidad sino por puntos, al menos algunos de ellos puedan ser aprobados. Insisto, quizás la redacción no sea exactamente la que nosotros pondríamos, pero
creemos que por el toque de atención al Gobierno y por el espíritu global de la moción merece la pena que sea aprobada.
Muchas gracias, señor presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para fijar criterio en esta iniciativa planteada por el señor Llamazares en nombre de Izquierda Unida-Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya Verds.
Este es un tema, señor Llamazares, que ha sido objeto de discusión reiteradamente en esta legislatura y en la anterior. Nosotros pensábamos que con la Ley de la Memoria Histórica íbamos a afrontar el conjunto de los asuntos planteados parcialmente
en esta moción; no fue así. La Ley de la Memoria Histórica de la anterior legislatura fue una ley que afrontó básicamente los temas referidos a las fosas, a los símbolos franquistas y al debate aún no concluido desde un punto de vista político,
que sí jurídico, sobre la nulidad de las sentencias de los tribunales políticos durante el franquismo.
Esta es una moción de acompañamiento y de impulso a algunas de las medidas que Convergència i Unió votó favorablemente en la Ley de la Memoria Histórica, pero también es una moción que en algunos aspectos nos invita a la abstención.Por
encima de todo, señorías, nos invita a remitirnos al debate que mañana se va a producir en la Comisión Constitucional como consecuencia de la comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno para dar cuenta precisamente de la aplicación de la
Ley de la Memoria Histórica. El diputado y el grupo proponente son muy conscientes. Al conjunto de la Cámara y a la opinión pública que están siguiendo este debate quiero remitirme para que sigan el debate de mañana y las novedades que podamos
discutir en la Comisión Constitucional, pues estoy convencido de que serán cuestiones de calado.
El señor Llamazares ha hecho una referencia y una valoración del conjunto de la II República, de objetivos positivos, como el voto femenino o las ocho horas de trabajo. Sin duda nosotros estamos a favor de los avances que se produjeron en
la II República, pero hoy aquí se tienen que votar estos quince puntos que nos plantea el grupo proponente sobre distintos aspectos, algunos de los cuales votaremos favorablemente y en otros nos vamos a abstener. El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), formado por dos partidos, Unió Democràtica -partido nacido durante la república, leal precisamente a ella y con mártires por defenderla- y Convergència Democràtica -partido nacido en la lucha antifranquista y contra la
dictadura-, tiene que decir que no podemos aceptar que el día 14 de abril sea el día de la memoria histórica. El 14 de abril es el día de la república. Como se ha podido escuchar en la intervención de algunos portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, el 14 de abril no parece que sea el día del reencuentro de las dos Españas, que para algunos fueron las tres Españas por la violencia, la persecución y la represión que se vivió en la retaguardia de la Guerra Civil.
Nosotros votaremos favorablemente algunos aspectos referidos, por ejemplo, al homenaje a los republicanos que combatieron contra el nazismo y a los que sufrieron el confinamiento en campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial en
defensa de una Europa democrática. Estamos a favor del homenaje a los personajes institucionales que se reconocen y se referencian en el punto 6, pero el presidente de la Generalitat de Catalunya y el presidente del Gobierno vasco no se tienen que
homenajear desde las instituciones del Estado, porque desde nuestras instituciones de autogobierno, desde el Gobierno vasco y desde la Generalitat de Catalunya, en su momento, desde sus marcos institucionales, ya se ha producido este homenaje.
Sobre los niños desaparecidos, aspecto referido a los puntos 11, 12 y 13 de la moción, quiero recordar que, fruto de la iniciativa de distintos grupos, se están produciendo comparecencias en este momento en Comisión y estoy convencido de que
de ella van a salir propuestas de consenso. Creo que tenemos que esperar a que vean la luz las conclusiones de estas comparecencias. Finalmente, señor Llamazares, sobre la nulidad de las sentencias, la resolución de la Sala de Fiscales del
Tribunal Supremo y el decreto del fiscal general del Estado declarando que la ilegitimidad de las sentencias...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: Termino, señora presidenta.
...supone la nulidad de pleno derecho de las sentencias para nosotros es un punto fuerte de la ley y supone la existencia ya de sentencias nulas de tribunales políticos durante el franquismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Señor Llamazares, ¿va a aceptar su señoría alguna de las enmiendas presentadas?
El señor LLAMAZARES TRIGO: No, señora presidenta. Voy a solicitar votar por separado algunos puntos para coincidir con unos grupos parlamentarios, pero en el resto de los casos se mantienen las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Le ruego que haga llegar la separación de los puntos, por favor.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), SOBRE LOS PLANES DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN LO QUE RESPECTA A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN GALICIA. (Número de expediente 173/000209.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Mixto,
del señor Jorquera, sobre los planes del Ministerio de Fomento en lo que respecta a los servicios de infraestructuras ferroviarias en Galicia.
Tiene la palabra para defender la moción el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, para el Bloque Nacionalista Galego la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible exige nuevas políticas de movilidad que potencien el uso del transporte público. Dentro de esas políticas existe un amplio consenso, del que
nosotros participamos, en que el transporte por ferrocarril debe ocupar un lugar preferente. Además, la apuesta por el ferrocarril debe ser también un factor de cohesión social y territorial.
Para ello, en el caso de Galicia es imprescindible
corregir nuestros déficits de partida en esta materia, pues, como expusimos en el debate de la interpelación, Galicia no solo carece de alta velocidad; carece también de servicios de cercanías, de unos servicios regionales modernos y competitivos y
tiene evidentes carencias en lo que respecta al transporte de mercancías por ferrocarril.
Para que el ferrocarril sea un factor de cohesión territorial la alta velocidad debe llegar también a Galicia. No sería de recibo que las infraestructuras para servicios de pasajeros de larga distancia dibujen un modelo de dos velocidades,
en el que muchos territorios gozan de servicios e infraestructuras del siglo XXI mientras otros siguen padeciendo una realidad más propia de la primera mitad del siglo XX. Por eso en nuestra moción proponemos que se asegure el cumplimiento del
calendario que establece que la línea de alta velocidad entre Olmedo y Ourense esté concluida no más tarde de finales de 2015; un calendario que ya es el resultado de reiterados incumplimientos y retrasos; un calendario que establece que este eje
troncal se concluya nada más y nada menos que veintitrés años después de la apertura de la primera línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Proponemos además que se impulsen las actuaciones necesarias para asegurar la integración de las
restantes ciudades gallegas en la red de alta velocidad, algo también necesario para asegurar la modernización de nuestras comunicaciones interiores.
Para que el ferrocarril sea un factor no solo de cohesión territorial sino también de cohesión
social, la política ferroviaria no se puede agotar en la alta velocidad; una alta velocidad que tan solo atiende, dado su diseño básicamente radial, a las necesidades de movilidad entre la periferia y la capital del Estado; una alta velocidad
orientada a satisfacer las necesidades de movilidad de un sector minoritario de la población, básicamente los usuarios habituales del avión. Para el impulso de la economía gallega es igualmente importante el desarrollo del transporte ferroviario de
mercancías, asegurando la conexión de nuestros puertos, nodos logísticos y principales áreas industriales y su entronque con las redes principales. Para resolver los problemas de movilidad de nuestras áreas urbanas y mejorar nuestra vertebración
interna son necesarias infraestructuras que nos permitan disponer de servicios de proximidad y de unos buenos servicios regionales.
Señorías, en el debate de la interpelación que dio lugar a esta moción el ministro de Fomento manifestó su disposición a transferir a la Xunta de Galicia la gestión de todos los servicios ferroviarios interiores, es decir con inicio y fin en
Galicia, en las mismas condiciones que se ha hecho con otras comunidades. Es una disposición que saludamos, pero que exige, para que se materialice, en primer lugar, por parte de la Xunta de Galicia voluntad real de asumir la competencia, de
corresponsabilizarse.
Para ello nosotros consideramos que es necesario superar actitudes más propias de tertulianos o de comentaristas políticos que de gobernantes; actitudes consistentes en poner deberes al Gobierno central, en criticar lo que
este hace o deja de hacer, mientras en cambio no se ejercen las competencias atribuidas o no se demandan cuando estas no están transferidas. Nosotros creemos en la autorresponsabilización, creemos que Galicia debe disponer de los instrumentos que
permitan que los gallegos nos responsabilicemos de la solución de nuestros problemas. Por eso trabajaremos para que esta transferencia sea una realidad. Exige también por parte del Gobierno central algo más que manifestar disposición y voluntad de
diálogo, exige que el traspaso de la competencia vaya acompañado de los medios y recursos que permitan su asunción efectiva y exige que el Gobierno central haga sus deberes a la hora de completar las actuaciones en materia de infraestructuras que
faciliten la modernización de nuestros servicios ferroviarios interiores.
Señorías, como apunté ya en el debate de la interpelación, el que les habla nació en Ferrol y reside en A Coruña, dos ciudades distantes por mar apenas 10 kilómetros, dos ciudades distantes media hora por autopista, pues el viaje en tren
entre estas dos ciudades dura, en la mayoría de los servicios, hora y media; tiene la misma duración que el viaje en AVE entre Madrid y Valencia, dos ciudades distantes 400 kilómetros. Señorías, el viaje en tren entre Lugo y Ourense dura una hora
y cincuenta minutos, veinte minutos más que el viaje en AVE entre Madrid y Valencia, dos ciudades distantes 400 kilómetros. Esta es la realidad del ferrocarril en nuestra tierra, una realidad que es imprescindible modificar, y para ello solicitamos
el apoyo de todos ustedes a esta moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte del Grupo Popular y del Grupo Socialista. En primer lugar, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ayala.
Quiero recordar a los grupos que tenían iniciativas que ya hemos debatido que tienen pendiente entregar a la Mesa las transaccionales para que podamos proceder al reparto entre todos los grupos. Les urjo a que las hagan llegar, por favor.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, esta moción que debatimos hoy no es baladí; tiene su enjundia, su importancia y trascendencia para la Comunidad Autónoma de Galicia. Dicho sea con todos los respetos, cuenta por un lado con el voluntarismo, que
no otra cosa, del BNG y por otro lado, también sea dicho con todos los respetos, con la huída hacia adelante del Partido Socialista. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular la debemos analizar con suma profundidad, porque hay una cuestión
fundamental, que ni el PSOE ni el BNG gobiernan en Galicia. En Galicia gobierna el Partido Popular y es el Gobierno de la comunidad autónoma del Partido Popular el que está tratando de que por parte del ministerio se cumplan todas las promesas -no
solo por el señor Blanco sino también anteriormente- que se habían ido asumiendo, en concreto las que se habían asumido en el conocido Pacto del Obradoiro, firmado el 21 de julio de 2009, en el que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia
arranca al ministro Blanco, gallego de pro, compromisos que no se habían querido asumir pero que volvían a compromisos ya garantizados previamente por el Partido Popular. Lo que es más grave aún es que, utilizando las propias palabras del señor
Blanco, él lo único que va a hacer es dejar las licitaciones preparadas para que otro las adjudique; es decir, que hay en principio unas notas y un tufillo en las declaraciones del señor Blanco acerca de su imposibilidad de llevar a cabo los
compromisos de este pacto.
Evidentemente el Grupo Parlamentario Popular esta radicalmente en contra de esto, porque los bandazos, los cambios de criterio, la sustitución de unas licitaciones y de un tipo de financiación por otro, tal y como hemos
visto que últimamente se ha producido, no pueden dejar tranquilo al Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, estamos, en el mejor de los casos y con gran voluntad por nuestra parte, con la buena intención pero claramente sin la capacidad para que el
Partido Socialista pueda llevar a cabo la serie de compromisos que fin de semana tras fin de semana el señor Blanco trata de vender en Galicia.
Los diputados gallegos del Grupo Parlamentario Popular, al margen. de su generosidad para que escenifiquemos que sea el portavoz de Fomento el que defienda esta iniciativa, y yo quiero públicamente señalarlo, están instando permanentemente
al Gobierno con iniciativas acerca de las necesidades de cuidar, mantener y conseguir los servicios ferroviarios para una comunidad autónoma que concretamente, de las que tienen litoral, es la única que no dispone de cercanías. También hemos
querido escenificar con la defensa de esta moción que el Grupo Parlamentario Popular apoya todas y cada una de las necesidades que tiene ferroviariamente la Comunidad Autónoma de Galicia. En esa buena voluntad y en esa predisposición hemos
alcanzado una transaccional, tanto con el grupo proponente BNG como con el Partido Socialista que había presentado una enmienda conjunta, en la que el Grupo Parlamentario Popular trata de mantener las cuestiones básicas, que son imprescindibles,
para que los servicios ferroviarios gallegos puedan tener un horizonte de estabilidad y que se tenga la certeza de unos mínimos calendarios de cumplimiento.
Por tanto, la admisión de la última parte del punto 1, con los compromisos en relación con
la línea de alta velocidad Orense-Vigo por Cerdedo y Orense-Lugo, parece fundamental y determinante.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ayala, por favor.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino, señora presidenta, me quedan dos comentarios muy breves.
De la misma manera, nos parece importantísimo que se patentice el verdadero eje atlántico de alta velocidad desde Ferrol hasta la frontera con Portugal. No quiero volver al pasado, pero si nos fijáramos en los planes del año 2004 y en los
actuales veríamos la escasísima diferencia en la actuación de los gobiernos del Partido Socialista.
Por último, una cuestión que creo fundamental destacar. Galicia necesita que sean dos los accesos y salidas de las mercancías. Por lo tanto mantener el punto 7 de la transaccional -a través de Orense-Zamora y de Monforte-Ponferrada, como
las dos salidas necesarias e imprescindibles para el tráfico de mercancías con la Comunidad Autónoma de Galicia y su conexión con el resto de la Península- nos parece básico y definitivo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ayala, por favor.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Apoyaremos esta transaccional en el planteamiento y con la voluntad que acabo de expresar.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ayala.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero empezar poniendo de relieve tres certezas que el propio ministro de Fomento dejó claras en su intervención en esta Cámara el pasado 13 de abril. Nunca se había invertido tanto, casi 4.000 millones de euros, en la
modernización y conservación de la red ferroviaria de Galicia. Nunca antes se había avanzado tanto en el desarrollo de la red de alta velocidad y nunca se habían mejorado tanto los servicios de la línea convencional como se hace ahora. Estas
certezas que no admiten discusión son la base para construir el presente y el futuro de los servicios y las infraestructuras ferroviarias en nuestra comunidad, que es lo que reza en la moción que nos presenta el BNG. Saben sus señorías
que ha sido un largo y difícil camino no exento de obstáculos y de trabas y que no ha sido fácil, pero una inversión de 5.379,56 millones de euros, si sumamos la vía presupuestaria más la de la colaboración público-privada en un momento
difícil y de duro ajuste económico como el que vivimos, garantiza la llegada del AVE a Galicia, y además que lo haga en los plazos marcados, en el entorno de finales del año 2015, un objetivo que el ministro José Blanco ha definido como inamovible.
Sin embargo, el señor Ayala ha vuelto a la paradoja, al sí pero no a que nos tiene acostumbrados habitualmente, y lo manifiesta bien. Ha venido a decir que la Xunta pone la alarma, la duda y el ruido, y el ministerio el rigor, la planificación y
los recursos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señor Ayala, contrariamente a lo que usted nos manifiesta, no necesitamos su presencia para garantizar que cualquier diputado gallego que hubiese intervenido en esta tribuna nos merece la misma credibilidad por lo menos, si no más, que la de
su señoría, con todos mis respetos. Se ha trabajado con dedicación y con previsión, de tal manera que está definida la integración del AVE en las ciudades y se va por delante de las previsiones para la puesta en marcha en servicio de
Orense-Santiago-Coruña para este año 2011. Lo cierto es que se avanza en el desarrollo del eje troncal, el prioritario, pero también en otras líneas del AVE gallego, tal y como se demandaba en su intervención. En el caso de la conexión Orense-Vigo
por Cerdedo se ha completado la declaración de impacto ambiental y se ha adjudicado la redacción de proyectos, y se prevé poder licitarlos el año que viene.
Compartimos la importancia y la urgencia de la conexión de los puertos y la potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril aprovechando la red convencional y las conexiones existentes con la meseta; coincide con lo establecido en
el Plan estratégico para el impulso del transporte de mercancías por ferrocarril. Debemos incidir en la voluntad de diálogo con la Xunta de Galicia para un posible traspaso de competencias, que quedó claro y diáfano en la intervención del ministro
el pasado día 13 para los tramos que queden fuera de servicio como consecuencia de la construcción de la red de alta velocidad, así como la posible transferencia de los servicios regionales de viajeros que se desarrollen íntegramente dentro de
Galicia. Señorías, hay una cercanía evidente entre lo que se demanda en la moción y el esfuerzo y la planificación que el Ministerio de Fomento está poniendo en marcha para conseguir lo que tanto ustedes como nosotros queremos, que no es otra cosa
más que dotar a Galicia de las mejores comunicaciones ferroviarias, fomentando la intermodalidad para lograr que el ferrocarril sea el factor de cambio en el modelo de transporte público y el motor de dinamización y de impulso de la realidad
socioeconómica de Galicia. Por ello, hemos sido capaces de concertar y de presentar conjuntamente esta enmienda que permite poner en conjunto lo que compartimos, que es mucho, y aportar nuevas redacciones en algunos puntos que, sin modificar lo
sustancial y lo importante, clarifican algunos apartados y disposiciones. Asimismo, hemos incorporado alguna aportación del Partido Popular con una clara voluntad de sacar adelante con una mayoría amplia, con una gran mayoría, lo que importa y es
beneficioso para Galicia y para los gallegos. Es una apuesta sin parangón, tanto en recursos como en voluntad y en compromiso político, y se han producido cambios, se han generado transformaciones, han sucedido muchas cosas en estas legislaturas,
pero lo que no ha cambiado ha sido el compromiso del ministro José Blanco y del Gobierno con Galicia, a pesar de la situación económica, a pesar de que algunos piden que se renuncie a este proyecto y a pesar del escepticismo y del alarmismo de
algunos otros empeñados más en vigilar actuaciones que en comprometerse con ellas, poniendo deberes pero sin implicarse. Mientras tanto, el ministerio trabaja en hacer competitivo el ferrocarril y en lo que conlleva la llegada de la alta velocidad.
Podemos decir que el ministerio está haciendo realidad el compromiso adquirido con Galicia y es justo decir que se han dado pasos de gigante, se han acortado plazos y se ha trabajado duro. Señorías, por fin, estamos cerca, muy cerca.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tabuyo.
Para fijar posición, don José Ramón Beloki tiene la palabra.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, de entrada quiero manifestar el apoyo de mi grupo a la moción que ha presentado el BNG, moción derivada de la interpelación urgente que tuvo lugar el pasado día 13 de abril. Quiero manifestarle nuestro apoyo en los siete puntos
originales y le adelanto que apoyaremos también cualquier acuerdo que haga con el resto de los grupos parlamentarios para que pueda finalmente resultar una moción aprobada incluso por unanimidad; nosotros nos sumaremos. Y quiero mostrarle este
apoyo básicamente por una razón, porque de verdad resulta mucho más difícil explicar por qué se tiene que oponer uno a los siete puntos originales que ustedes han presentado, que por qué los tiene que apoyar, por la sensatez de esos puntos, por el
realismo de los mismos. Ese es al menos nuestro convencimiento, de forma que no hacen falta razones muy complicadas, a nuestro juicio, para apoyar esta moción.
Dicho esto, quisiera también aprovechar la ocasión para decir que tampoco a mi grupo le duelen prendas, y hacerlo abiertamente, a la hora de subrayar que en el tema de las infraestructuras, las gallegas y el resto de las infraestructuras del
Estado atraviesan momentos de turbulencias, de dificultades y de grandes incertidumbres y que, consecuentemente, este apartado, tan importante por otra parte para el desarrollo económico y social, bien
sea de Galicia como de cualquier otra parte y del conjunto del Estado, está lleno de incógnitas que debiéramos todos reconocer, cuanto antes mejor, porque seguir manteniendo de forma inconsciente o en una especie de duermevela lo que ha sido
hasta ahora la historia, no nos lleva a ningún sitio digno de mejor final, a nuestro juicio. Alguien puede pensar que estas turbulencias se deben a la crisis económica actual que nos ha llegado y nos ha llegado en los términos en los que no ha
llegado. Ahora bien, sinceramente, mi grupo piensa que no era necesaria la crisis económica actual para darse cuenta de algunas verdades elementales como, por ejemplo, que no era posible tener unos sistemas de transporte basados hasta donde lo
estaban en una energía que era barata y que, al parecer, iba a seguir siendo barata. Ya se veía antes de que llegara la crisis que esa no iba a ser la realidad en el siglo XXI. Segunda constatación, tampoco hacía falta la crisis para tomar
conciencia de que en el siglo XXI las pautas de consumo energético que hemos mantenido en el pasado simplemente van a ser insostenibles, que no es posible estar en un consumo energético tan brutalmente grande. Sobraban razones también para que
sacáramos las cuentas a tiempo, antes de la crisis económica, de que esta dedicación de recursos económicos y financieros públicos que hemos tenido hacia el capítulo de las infraestructuras simplemente no iba a ser sostenible. Si alguien no era
consciente de eso antes de la crisis, ahora todos no tenemos otra alternativa que la de ser plenamente conscientes, porque la crisis ha llegado y ha llegado para quedarse. Esta es una consideración que, a nuestro juicio, no deberíamos olvidar nunca
a la hora de buscar una salida, porque de este tipo de consideraciones se deriva también que las supuestas planificaciones de infraestructuras que hemos hecho, simplemente, por decirlo de forma muy suave, no valen.
Alguien puede pretender que se
siga con aquellas planificaciones en los términos en que se ha venido funcionando y, simplemente, no va a ser posible. De todas formas, Galicia tiene razón al reclamar en el siglo XXI lo que no ha tenido en el siglo XX y en los siglos anteriores,
para que no se le deje ahí, en el extremo oeste de la Península en una especie de Finisterre de la Península y de Europa para ver qué pasa con ella y allá se las entienda. Tiene razón y como tiene razón para reclamar eso en el siglo XXI, en una
nueva planificación que habrá que hacer sobre unas bases distintas de todo el sistema del transporte, mi grupo apoya estos puntos sabiendo que, a pesar del apoyo y de que cada uno de los puntos tengan razón en sí mismos, no va a venir la solución
porque no se van a desarrollar tal cual, porque la crisis es más seria, las bases con las que veníamos operando no valen y va a ver que edificar nuevas bases. Ahí, reclamar una presencia digna, nosotros apoyamos al BNG, y esa es la razón por la que
vamos a respaldar la moción que hoy nos presenta y que, al parecer, va a ser consensuada con otros grupos políticos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Don Pere Macias tiene la palabra.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo de Convergència i Unió, como no podía ser de otra manera, va a dar apoyo a esta moción en la formulación inicial o en el pacto al que llegue el grupo proponente con los otros grupos que han presentado
enmiendas. Todas las señoras y señores diputados conocen perfectamente la preocupación y los trabajos que desde hace ya mucho tiempo el Grupo de Convergència i Unió ha desarrollado en pro de la defensa del sistema ferroviario como una de las piezas
clave para lograr el desarrollo económico y social de un territorio. La moción inicial presenta siete puntos, de los que seis o cinco -depende de cómo consideremos el segundo-, si cambiásemos Xunta de Galicia por Generalitat de Catalunya o la
referencia de Lugo por Lleida, servirían absolutamente: traspaso de regionales, utilización de líneas abandonadas para el transporte de mercancías, aprovechamiento de las redes existentes, un plan para que las estaciones no queden en desuso...
Todo esto, amigo Jorquera, también lo hemos demandado en reiteradas ocasiones, de hecho con poco éxito, porque aunque nos lo han aprobado, después no han cumplido. Por tanto, por un motivo de coherencia con la propia posición en relación con la
política ferroviaria que Convergència i Unió ha planteado, lo tenemos que aprobar. Sepa usted que va a contar con nuestro voto. Pero además hay un motivo que justifica nuestro voto positivo a esta moción. Como todo el mundo sabe, su grupo, el
Bloque Nacionalista Galego y Convergència i Unió llevamos ya unos cuantos años en una plataforma común, Galeusca, que tienen como objetivos apoyarse mutuamente en aquellos temas que son de interés para los respectivos territorios. Lo que el Bloque
Nacionalista Galego defiende para Galicia nos parece bien, no somos quienes para opinar en relación con lo que más conviene a Galicia, nadie mejor que el propio Bloque Nacionalista Galego. Esta es una cuestión de base que, como usted sabe, y como
ha sido manifestado con gran satisfacción por parte del Bloque y también por parte del Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió siempre ha realizado y también piensa realizar en esta ocasión. Alguien puede decir: pero usted está pasando de
puntillas sobre el tema que el señor ministro le achacó sobre determinadas opiniones de la línea de alta velocidad. No paso de puntillas, señoras y señores diputados. Nuestro grupo mantiene una posición coherente en relación con la política
general del Estado, no en relación con Galicia, sino en relación con la política general de priorización de infraestructuras. Hemos reiterado nuestros criterios que van en la línea de maximizar aquello que nosotros llamamos la contribución a la
productividad y a la eficiencia, y lógicamente todo aquello que contribuye al desarrollo del territorio contribuye también a estos términos. Por lo
tanto, no le vean más contradicciones que las que el travieso ministro de Fomento a veces quiere hacernos aparecer. En cualquier caso, la posición de Convergència i Unió, repito, en relación con las prioridades de inversión del Estado en
ningún caso queremos que sean interpretadas como ninguna posición de Convergència i Unió en relación con las prioridades que el Bloque considere para Galicia. Si además usted consigue esta tarde un apoyo del Partido Socialista, hoy gobernante, y
del Partido Popular, presunto gobernante de aquí a un año, me parece que poco menos que felicitarle a usted podemos hacer y sobre todo desear algo muy importante que creo que es en lo que todos tenemos que trabajar, que en los grandes temas, por
ejemplo en el traspaso de los servicios de regionales, de potenciación de mercancías y de cercanías, haya un auténtico acuerdo de Estado. Convergència i Unió lo va a seguir predicando, como también va a seguir predicando que haya una racionalidad
máxima en el uso de los recursos, que son, por desgracia, tan escasos. En cualquier caso, voto convencido y voto también en el marco de este acuerdo entre el Bloque Nacionalista Galego y Convergència i Unió.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Señor Jorquera, ¿acepta su señoría alguna de las enmiendas presentadas o confiamos en la transaccional?
El señor JORQUERA CASELAS: Vamos a hacer llegar en breve una transacción a la Mesa de la Cámara.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ESTIMULAR EL CONSUMO INTERNO E IMPULSAR LAS VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA. (Número de expediente 173/000210.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para estimular el consumo interno e impulsar las ventas del comercio minorista.
Don Celso Delgado tiene la palabra para su defensa.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías.
El pasado 13 de abril interpelaba a la señora vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda sobre las medidas que iban a adoptarse para estimular el consumo interno e impulsar las ventas del comercio minorista. Le exponía
entonces unos datos muy graves que hoy, veinte días después, tengo que actualizar. Llevamos veintisiete meses de caídas ininterrumpidas de las ventas del comercio minorista en esta legislatura.
Esto no tiene precedente en ninguna otra crisis que
haya vivido nuestro país. Acabamos de conocer el índice general de ventas del comercio minorista a precios constantes, que registró una variación interanual del menos 7,9 por ciento en marzo, más de tres puntos por debajo de la registrada en
febrero; una enorme caída. Y la tasa media de las ventas del sector minorista se situó en el menos 5,8 por ciento de ventas en el primer trimestre de este año respecto del mismo periodo de 2010. Además, esta caída ha afectado a todos los modos de
distribución: hipermercados, cadenas, tiendas minoristas. La ocupación, algo tan importante en el sector comercial, ha descendido en tasa interanual en un 0,5 por ciento y se está en una permanente destrucción de empleo desde agosto de 2008. No
es una situación la nuestra similar a la del resto de los países de la Unión Europea; es aquí donde más cae la actividad del comercio minorista, según el último dato conocido de febrero de 2011. Hoy mismo hemos conocido el dato de uno de los
sectores minoristas también de ventas, la venta de coches en España, el último dato de marzo de 2011, un descenso del 48 por ciento en la venta de vehículos a particulares sobre los mismos días del mes de marzo, y tampoco en Europa pasa lo mismo:
en el mismo mes en Francia, por ejemplo, cayó tan solo un 11,2 por ciento.
Señorías, vivimos una aguda crisis de ventas del comercio minorista, que tiene mucho que ver con la terrible situación económica que vive nuestro país en relación con el desempleo. Son millones de ciudadanos los que han visto disminuidas
sus rentas, su capacidad de compra y, en muchos casos, están dependiendo hoy de un subsidio, que además es temporal. Señorías, el último dato de la encuesta de población activa es descorazonador: en España hay 4.910.000 desempleados, una tasa del
21,9 por ciento y nada más y nada menos que 1.286.000 hogares tienen a todos sus activos en el desempleo. Esta misma encuesta de población activa nos habla de que se redujo la ocupación en el sector servicios en 74.600 personas en tan solo un
trimestre, sector en el que está encuadrado el comercio minorista. La falta de confianza de los consumidores es la clave de esta baja capacidad de compra, un miedo al futuro, una componente psicológica que está basada en hechos reales, pero también
en la enorme desconfianza que tienen en un Gobierno socialista que tantas veces en esta legislatura les ha engañado sobre la importancia y la presencia de la misma. Es momento también para recordar el alza de los precios, derivada fundamentalmente
de la subida de los precios de los carburantes, pero también de la decisión política de subir el impuesto sobre el valor añadido. El último dato conocido del IPC adelantado del mes de abril de una subida del 3,8 por ciento en tasa interanual, que
es una tasa muy importante, superior en un punto a la tasa de la Unión Europea, evidencia hasta qué punto se le están creando dificultades a las economías familiares tan maltrechas para poder consumir, para poder afrontar el día a día. Las subidas
de impuestos del Gobierno socialista han provocado la subida de la inflación hasta el 3,8 y la caída del consumo en un 8 por ciento.
Pues bien, le decíamos el otro día a la señora vicepresidenta que plantearíamos una iniciativa constructiva, con un modelo económico diferente al modelo económico socialista, que pasa por introducir incentivos fiscales a la actividad
empresarial para mejorar la competitividad. Nosotros proponemos un plan de modernización del comercio, pero que contemple, entre otras medidas, la ampliación del concepto de innovación a efectos fiscales. Como decía hace pocos días la mayor
organización de autónomos de este país, un plan de choque que evite la destrucción de comercios y un plan de empleo en un sector que constituye un importante elemento de cohesión social en España. Pedimos para las empresas de reducida dimensión,
cuya cifra de negocio sea inferior a 5 millones de euros, que se reduzca de forma permanente y sin condiciones el tipo del impuesto sobre sociedades del 25 al 20 por ciento para la totalidad de la base imponible. Pedimos que se eleve hasta 12
millones de euros la cifra de negocios para que una empresa pueda ser considerada pymes a efectos fiscales y ampliar el primer tramo de la base imponible que tributa al 25 por ciento hasta 500.000 euros. Pedimos que se ajuste la tributación por
módulos a la caída real de la actividad. Hoy se está tributando por módulos cuando una situación económica es muy diferente a la que dio lugar el establecimiento de esos módulos. También presentamos un paquete de medidas para facilitar la
financiación y atenuar el impacto y los efectos de la morosidad, permitiendo, por ejemplo, que las pymes y los autónomos no tributen por el IVA de las facturas no cobradas, o permitiendo que las pymes y los autónomos puedan compensar las deudas
reconocidas por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales con sus impuestos correspondientes, o que se cumpla, por ejemplo, la Ley de Morosidad en las operaciones comerciales creando de forma
inminente una línea ICO para financiar deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos.
Pedimos y planteamos medidas para mantener el empleo y el fomento de la contratación. Es imprescindible terminar y completar una reforma de la negociación
colectiva que permita a las empresas, especialmente a las pymes, el descuelgue de los convenios colectivos. También creemos imprescindible establecer bonificaciones para las cuotas de la Seguridad Social para jóvenes y mujeres y para los mayores de
45 años durante el primer año. Tiene que haber incentivos claros en las cotizaciones a la Seguridad Social para la contratación si queremos que las personas vuelvan a entrar en el mercado de trabajo, para que los comerciantes, los empresarios, los
autónomos contraten. Finalmente, planteamos medidas para fomentar la libre competencia y la unidad de mercado.
Hemos leído con interés la enmienda que nos plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que nos propone algunas adiciones a nuestra moción. Estamos en condiciones de manifestar que tenemos la mejor disposición de incorporar
tres de las cuatro que se plantean para hacer nuestra moción mucho más potente. Señorías, les pido a todos que voten afirmativamente esta moción y, votándola, que apoyen así al sector del comercio minorista tan importante en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.
Señora Riera, doña Inmaculada, tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, debatimos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para estimular el consumo interno e impulsar las ventas del
comercio minorista. Nos preocupa y nos ocupa la situación actual que vive el comercio minorista y también la situación del consumo. Compartimos la necesidad de impulsar medidas de estímulo del consumo interno, tractor durante muchos años de
nuestro crecimiento y que hoy se encuentra muy debilitado, así como la necesidad de medidas de impulso de las ventas del comercio minorista. La falta de confianza en la recuperación, las actuales y elevadas tasas de paro, la aún deteriorada
situación económica, a pesar de algunas señales tímidas de recuperación, las continuas dificultades de acceso al crédito, de una parte, por parte de familias y particulares, y, de otra parte, de las pequeñas y medianas empresas y autónomos, son
algunos de los factores que continúan determinando la negativa evolución del consumo con el impacto directo que este tiene en términos de caídas en la actividad económica y en particular en el comercio minorista. Compartimos, señorías, la necesidad
de impulsar medidas en la dirección del crecimiento del consumo, del estímulo del consumo y de la competitividad del sector, de mejorar la accesibilidad al crédito, la necesidad de mejorar el acceso a la financiación por parte del comercio
minorista, la necesidad que tiene el sector de invertir en innovación como factor de competitividad también en esta parte tan importante de nuestro tejido productivo.
Señorías, la estabilidad y confianza económica por parte del consumo y del comercio, el crédito y la financiación, estímulos a la actividad empresarial y comercial, facilitando la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales,
contribuyendo al crecimiento de una actividad comercial, parte importantísima de nuestro crecimiento, generadora de ocupación, ejemplo de espíritu emprendedor y eje de cohesión social, todo ello a través de un marco fiscal más adecuado, a través de
un marco laboral más flexible y favorable, a través de una Administración más ágil, más facilitadora y cercana; y un marco legal estable de crecimiento para el comercio minorista, bajo los principios, desde nuestro punto de vista, de equilibrio
entre formatos y garantes de la cohesión social y del papel que tiene el comercio minorista en esta cohesión. Estos, señorías, son algunos de los requisitos que nuestro sistema, nuestra recuperación económica y nuestro crecimiento necesita y por
los que el Estado en las funciones que le tocan y las comunidades
autónomas en el desarrollo y ejercicio de sus propias competencias, por ellas deben trabajar y deben orientar sus políticas.
Valorando positivamente el espíritu que recoge la moción, sí hemos de decir que no compartimos algunos de los puntos que se presentan en la misma y, por ello, hemos presentado una enmienda. En este sentido y como primer aspecto, defendemos
las competencias de las comunidades autónomas en la materia y rechazamos cualquier referencia a la unidad de mercado, pues esta responde a un modelo político y económico que no es el nuestro.
Quisiera añadir el valor que aportan las comunidades
autónomas también en este sector, porque responden a una propia especificidad territorial y productiva. En este sentido, hemos planteado una enmienda que modifica el apartado d) de la moción, en la que proponemos eliminar la referencia explícita
que se hace a la unidad de mercado. En segundo lugar, nuestra enmienda, compartiendo la necesidad de introducir nuevos incentivos fiscales a la actividad empresarial para la mejora de la competitividad, no cree oportuno la puesta en marcha de un
nuevo plan de modernización al existir ya uno en vigor, proponiendo así su supresión. Asimismo, creemos que continúa siendo muy oportuna la creación de un régimen fiscal nuevo en el marco del impuesto sobre sociedades para microempresas con un
máximo de 5 trabajadores y 2 millones de facturación al tipo del 15 por ciento. En cuarto lugar, proponemos también una modificación en el apartado b.2) de la moción eliminando las referencias a las comunidades autónomas y corporaciones locales e
introduciendo la compensación de deuda reconocida por la Administración General del Estado con sus impuestos correspondientes y añadiendo las cotizaciones a la Seguridad Social. Por último -termino, presidente-, compartimos fomentar la libre
competencia y promover un entorno facilitador, lo que requiere de simplificación y agilidad administrativa.
Señorías, fiscalidad, agilidad administrativa, estimular la innovación, también fundamental en estas actividades y determinante de su productividad y competitividad, mejorar la financiación y remover los obstáculos de acceso al crédito, son
algunos de los ejes que recoge esta moción, que compartimos en los términos indicados y que esperamos pueda aceptar nuestra enmienda el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, y que todo ello permita un nuevo impulso al comercio minorista
y un nuevo marco de recuperación para el consumo que tanto necesitamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Muchas gracias, presidente.
Señorías, con esta moción el PP nos vuelve a presentar su política de recortes fiscales como única fórmula mágica para salir de la crisis y nosotros, y confío que el conjunto de esta Cámara, volveremos a decirles que no, que no queremos
rebajas fiscales por muchos motivos que iré detallando, pero el principal es que con sus planes hundirán aún más la economía española y generarán aún más desempleo. Se ha demostrado que las recetas neoliberales, además de ser injustas son
profundamente ineficaces para luchar contra el desempleo. Al contrario, lo fomentan. Pero el PP quiere seguir ahondando en propuestas de dogma neoliberal que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría, como demuestra esta moción.
Nuestro
problema no es el exceso de fiscalidad. La fiscalidad es parte de la solución, sobre todo si hacemos que sea más justa, solidaria y útil, que sirva para cambiar comportamientos y potenciar otros y que contribuya a cambiar el modelo productivo
español anclado en el pasado. En España la presión fiscal sigue siendo la más baja de la OCDE, con un 33,1 por ciento sobre el PIB, muy lejos de los países en los que deberíamos fijarnos como referencia de economías sólidas y solventes. Dinamarca
tiene una presión fiscal del 48,2 por ciento, Francia del 42 por ciento y Alemania del 39,3 por ciento. Tenemos aún recorrido por parte de nuestro país.
Para ustedes el cambio de modelo es una afirmación vacía, un enunciado de recurso fácil, porque cambio de modelo no es beneficiar fiscalmente de forma indiscriminada a todas las empresas ampliando el concepto de innovación, como afirman en
el apartado a) de su moción. ¿Ampliándolo cómo? ¿Consiguiendo que todo pueda pasar como inversión en I+D? Eso es renunciar a la fiscalidad como herramienta política para modernizar el modelo productivo. Para el cambio de modelo se necesitan
recursos, y dotar de los mismos privilegios fiscales a una empresa que tiene 12 millones de euros de cifra de negocio que a una tienda de barrio, como ustedes proponen en el punto a) de su moción, es un nuevo intento por su parte de avanzar hacia el
Estado raquítico que ideológicamente defienden.
Por defender su dogma están dispuestos a pagar el precio que sea, incluso seguir con un modelo productivo del siglo pasado o seguir teniendo un paro insostenible. Y sobre el IVA de las facturas
impagadas que solicitan en el punto b), a pesar de que entendemos que ello supone una losa para las empresas y una cuestión por abordar, quiero recordar que entraríamos en una dinámica peligrosa que desvirtuaría este impuesto. Hay que afinar muy
bien el mecanismo que se proponga. Le recuerdo que la aplicación de este tributo se basa en el criterio de devengo y no en el criterio de caja; el IVA se liquida cuando se hacen las facturas, no cuando se cobran o pagan. En criterio de caja -que
es el que ustedes proponen- no lo permite la actual ley ni tampoco el Plan general de contabilidad europea.
Lo hemos mencionado en distintas discusiones de diferentes mociones presentadas por su grupo.
Permítame que me detenga también en el punto c) de su moción. Este punto propone acabar con derechos laborales adquiridos, dinamitar el modelo de relaciones
laborales y la negociación colectiva, además de aprovecharse aún más de la reforma de las pensiones para rebajar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Por desgracia, mucho nos tememos que la puerta que abrió el Gobierno del
señor Zapatero va a dar paso tarde o temprano -esperamos que muy tarde- a esto que propone el Partido Popular. Cuando ustedes decidieron que teníamos que trabajar durante más años y hasta una edad mayor no era para garantizar las pensiones, sino
como mínimo en parte para poder hacer rebajas en las cotizaciones sociales. Y, cómo no, el PP recoge su guante con propuestas como la bonificación del cien por cien para todos los contratos para jóvenes, mujeres y hombres mayores de 45 años durante
el primer año. Fíjense, esto es barra libre de bonificación para casi todos los trabajadores, sea o no contrato precario, se mantenga o no el empleo en las empresas. Esa es la puerta que abrió la reforma de las pensiones y que ustedes, el Partido
Popular, materializan con esta propuesta inadmisible que puede poner en peligro millones de puestos de empleo y el futuro de nuestras pensiones.
Señorías, nuestro grupo cree que faltan muchas cosas en esta moción. Una parte de la solución para estimular el consumo interno pasa por incrementar los créditos a corto plazo, que se incremente la liquidez especialmente para las pymes, que
no haya restricciones para estas empresas de servicios financieros y también en las pólizas de crédito. El Estado debe intervenir para mejorar la liquidez a corto plazo que ayudaría a resolver muchos de los problemas de morosidad relacionados con
cuestiones de tesorería. Las entidades financieras que han recibido ayudas del sector público deben comprometerse con la solución al problema. Todo esto, que podía molestar a determinadas entidades financieras, ustedes en su moción no lo proponen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, esta iniciativa me recuerda por su contenido y formulación aquel examen en que el maestro pregunta a sus alumnos que le cuenten cosas sobre la vaca. El hábil
estudiante que nada sabe de rumiantes pero sí de dípteros, arranca su escrito diciendo que la vaca tiene rabo para espantar las moscas, y hablando de moscas estas tienen el cuerpo dividido en tres regiones, cabeza, tórax y abdomen, poseen ojos
compuestos, etcétera. Pues bien, cual hábil estudiante, el Grupo Popular presenta una moción denominada Sobre medidas para estimular el consumo interno e impulsar las ventas del comercio minorista, que solo por lo del rabo -en este caso en forma de
Plan de modernización del comercio minorista- habla de su mosca, es decir, de las semanalmente planteadas medidas para pymes y autónomos, sean del sector del comercio minorista o no, las famosas medidas de reducciones tributarias, la reducción de
sociedades del 25 al 20 por ciento, optar y reducir la tributación por módulos, equiparar el IRPF de autónomos al del impuesto sobre sociedades, etcétera, a las que en caso de votación separada nos vamos a abstener, dado que en la Comunidad Autónoma
de Euskadi y en la Comunidad Foral de Navarra, en virtud del concierto económico y del convenio respectivamente, tenemos las competencias en estas materias tributarias. Proponen en un apartado unas medidas para facilitar la financiación de pymes y
autónomos. Entre ellas se incluye que se permita a las pymes y autónomos no tributar por el IVA de las facturas no cobradas, medida que compartimos plenamente; que se puedan compensar las deudas reconocidas por las administraciones públicas -se
dice- con sus impuestos correspondientes. Aquí parece que la compensación se contempla dentro de la misma Administración, con lo que estaríamos de acuerdo. No lo estaríamos si a lo que se refieren es a la compensación entre diferentes
administraciones, tal y como se señala en la proposición de ley antes debatida. Por ello, sería bueno que el portavoz del Grupo Popular nos lo aclarara. Si nuestra interpretación es la correcta, también podríamos votar favorablemente este
epígrafe.
El punto c) plantea, amén de las bonificaciones del cien por cien en las cuotas de la Seguridad Social para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, el descuelgue de los convenios colectivos de las pymes. Creemos que en este aspecto habría
que ser más prudentes y más respetuosos esperando el acuerdo, si lo hubiere, del Gobierno con los grupos parlamentarios y agentes económicos y sociales en relación con la negociación colectiva y no adelantar medidas que pudieran condicionarlo.
Por último, el tufo a recentralización, a repliegue competencial que desprenden medidas como las que se engloban bajo el epígrafe genérico y aparentemente inocuo de unidad de mercado nos conduce a votarlo negativamente. Así, armonización de
normas nos suena en el Grupo Vasco a imposición de normas, y simplificación normativa nos suena a limitación de las comunidades autónomas en materia normativa. No nos gusta esa música, y mientras no nos lo expliquen con claridad seguiremos votando
en contra de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Doña Montserrat Colldeforns tiene la palabra.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente.
Señorías, mi grupo va a votar en contra de esta moción. Lamento que sea así. El portavoz del Partido Popular prometió en su interpelación propuestas, pero de nuevo nos hemos llevado una decepción. Consideradas en bloque, son el pack
habitual. El portavoz del PNV lo ha explicado muy bien; vistas una a una, la mayoría no merecen tan siquiera el nombre de propuesta. Hay
catorce; nueve son pura y simplemente rebajas fiscales, pero resulta que algunas de ellas están operativas, incluso de manera mucho más eficaz de como las proponen. Solo un ejemplo. Proponen ajustar la tributación por módulos de los
trabajadores autónomos, pero olvidan que la orden que determina el método de estimación objetiva -lleva cinco meses publicada en el BOE- reconoce una reducción del 5 por ciento, que se añade al 5 por ciento de 2009 y al 5 por ciento de 2010. Digo
esto porque el martes que viene vamos a ver una proposición de ley sobre este tema que les recomiendo que retiren.
Otro grupo de medidas son -lo siento, señor Delgado- un disparate fiscal, como cuando piden lo mismo que en la proposición de ley que hemos visto en el primer punto de la tarde. El señor Mármol lo ha explicado muy bien.
También quiero
comentar que la enmienda que propone Convergència i Unió remata el disparate al añadir las cotizaciones sociales a la bolsa de compensaciones, y creo que ustedes la van a aceptar. (Rumores.)
Voy a hablar del empleo. No quiero hacer ver que me olvido. Entiendo que se preocupen. Desde luego para el Grupo Socialista también es la prioridad de nuestras prioridades, y es lo que da sentido... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: No, perdone.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente, pero sé que si a alguien le interesa luego queda recogido en el 'Diario de Sesiones'.
El señor PRESIDENTE: Es muy generosa su señoría. Adelante.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Decía algo importante, y es que es la prioridad de nuestras prioridades. Son palabras de nuestro presidente. Se trata, señorías -ustedes lo saben-, de revertir la destrucción de empleo, pero también se trata
de desterrar las características de nuestro mercado de trabajo, que hace que una crisis lo destruya enseguida pero luego sea muy difícil de recuperar. Para esto, el Gobierno socialista sabe que tiene que hacer tres cosas más una: necesita
concentrarse en las reformas, acelerar la transformación de nuestro modelo productivo, preservar sobre todo nuestra cohesión social y, en cuarto lugar, aplicar medidas de austeridad y consolidación fiscal para asegurar, por ejemplo, que la
financiación de nuestra cobertura del desempleo se pueda realizar, que podamos ejecutar el plan de choque para el empleo y desarrollar las políticas activas.
¿Qué proponen ustedes para el empleo? Se lo digo claramente: dos pequeñas medidas que resulta que ya están aprobadas. La negociación colectiva, la Ley 35/2010, de septiembre del año pasado, ya reconoce la posibilidad de descuelgue. Lo
siento, señorías, pero llegan tarde y mal, y de nuevo olvidan el marco del diálogo social, tan importante para la recuperación.
No pretendemos negar la profundidad de la crisis. Nos gustaría que el Partido Popular reconociera que es una crisis
mundial. Esta mañana el secretario de Estado de Economía ha hecho lo que deben hacer todos, que es apuntar aquello de positivo que está pasando. El portavoz del Partido Popular en su interpelación afirmó que lo que falla es la confianza, que lo
fundamental es recuperarla. Entonces, ¿por qué se dedican a socavarla? ¿Por qué explican aquí y en Europa males sin cuentos, dificultades, y no valoran aquello de positivo que todas las instituciones económicas reconocen?
Por último, si piden rebajas fiscales ¿qué recortes aplicarán al gasto? ¿Aplicarán recortes a la sanidad o a la educación sin reparar en cómo o cuáles, sin un criterio claro de por qué y sin pensar en las consecuencias? Esto es lo que
hemos visto en las comunidades autónomas en las que ha ganado la derecha en las últimas elecciones autonómicas. Lo vimos en Galicia y lo estamos viendo en Cataluña. ¿Es este su programa? Deberían decirlo.
Termino, presidente. Mi grupo esperaba una moción fruto de su preocupación por el Gobierno minorista, pero se ha encontrado con propuestas obsoletas, ineficaces, inaplicables, que no sirven para generar confianza, y cuando en el mejor de
los casos vislumbran alguna medida útil resulta que el Gobierno socialista ya la ha puesto en marcha. Por eso vamos a votar en contra.
Gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Colldeforns.
Señor Delgado, si es tan amable, ¿puede decir a la Presidencia en qué términos desea que se vote la moción?
El señor DELGADO ARCE: Vamos a aceptar una parte de las iniciativas de CiU en un texto transaccionado que hemos hecho llegar ya a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Ya lo tenemos. Muchas gracias.
Votaremos dentro de dos minutos. (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA COMPENSACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS RECONOCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO CON PYMES Y LOS AUTÓNOMOS. (Número de expediente 122/000270.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento, por favor. Miren si hay algún señor diputado en la puerta. Iniciamos las votaciones. Cierren las puertas, por favor.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la compensación de deudas tributarias reconocidas por la Administración General del Estado con pymes y autónomos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 148; en contra, 169; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO. (Número de expediente 162/000821.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el vehículo eléctrico. Esta proposición se vota en los términos de una enmienda transaccional que ha llegado a la Presidencia, pero advirtiendo que
subsisten los puntos de la PNL originaria que no han sido modificados por dicha enmienda. ¿Es así, señor Moraleda? (Asentimiento.)
Comienza la votación en esos términos. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REGULACIÓN DEL MATRIMONIO FORZADO COMO DELITO ESPECÍFICO EN EL CÓDIGO PENAL Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON DICHA PRÁCTICA. (Número de expediente 162/000832.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular sobre regulación del matrimonio forzado como delito específico en el Código Penal y adopción de medidas relacionadas con dicha práctica. Se vota en los términos de una enmienda
transaccional que nadie se opone a su tramitación. ¿Es así? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL 80 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000208.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el 80 aniversario de la proclamación de la II República. No se han aceptado enmiendas y se solicita la votación separada de
diversos puntos. En primer lugar, punto 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 19; en contra, 304; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 176; en contra, 139; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 182; en contra, 140; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 176; en contra, 140; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 12; en contra, 305; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), SOBRE LOS PLANES DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN LO QUE RESPECTA A LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN GALICIA. (Número de expediente 173/000209.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto, del señor Jorquera, sobre los planes del Ministerio de Fomento en lo que respecta a los servicios e infraestructuras ferroviarias de Galicia. Se vota en los términos de una transaccional si
nadie se opone a su tramitación. (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324, a favor 323; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ESTIMULAR EL CONSUMO INTERNO E IMPULSAR LAS VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA. (Número de expediente 173/000210.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para estimular el consumo interno e impulsar las ventas del comercio minorista, en los términos de una transaccional. ¿Algún Grupo
se opone a su tramitación? (Denegación.)
En esos términos comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 146; en contra, 176, abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.