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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 230, de 15/03/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 230
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 218
celebrada el martes, 15 de marzo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página 5)
Exclusión en el orden del día ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con objeto de regular el teletrabajo. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 285-1, de 19 de noviembre de 2010. (Número de expediente 122/000257.) ...
(Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 288-1, de
17 de diciembre de 2010. (Número de expediente 122/000260.) ... (Página 12)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la modernización de regadíos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 526, de 18 de febrero de 2011. (Número de expediente 162/000783.) ... (Página 17)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aprobación de un plan integral del turismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 512, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 162/000768.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas estrategias a favor del ahorro y
la eficiencia y las energías renovables. (Número de expediente 173/000197.) ... (Página 26)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre la situación generada por los importantes recortes de las cuotas pesqueras acordadas en la Unión Europea que afectan negativamente a la flota de arrastre de Galicia, entre
otras. (Número de expediente 173/000198.) ...
(Página 30)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la actual orientación de la política de fomento del transporte público. (Número de expediente 173/000199.) ... (Página 34)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas necesarias para paliar la grave crisis que atraviesa el sector ganadero español. (Número de expediente 173/000200.) ... (Página 38)
Declaración institucional ... (Página 41)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación.) ... (Página 41)
Proposiciones no de ley (Votación.) ... (Página 42)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.) ... (Página 43)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente propone a la Cámara, de acuerdo con el Reglamento y el acuerdo de los grupos parlamentarios, que los asuntos que figuran en el orden del día en los puntos 32 a 37, que iban a ser examinados el jueves día 17, pasen a
examinarse mañana miércoles, lo que se aprueba por asentimiento.
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente propone igualmente la exclusión de los puntos 9, 10 y 11, correspondientes a preguntas, así como la interpelación que figura en el punto 30, del Grupo Parlamentario Mixto, referida al desarrollo del sistema aeroportuario,
que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con objeto de regular el teletrabajo ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Villalobos Talero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría
Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar ... (Página 12)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Ferrando Sendra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 17)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la modernización de regadíos ... (Página 17)
Defiende la proposición no de ley el señor Alonso Núñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Iglesias Fontal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; el señor Canet i Coma y la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Alonso Núñez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aprobación de un plan integral de turismo ... (Página 26)
Defiende la proposición no de ley la señora Salom Coll, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); don Miguel González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Oramas González-Moro, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Salom Coll.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 26)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas estrategias a favor del ahorro y la
eficiencia y las energías renovables ... (Página 26)
Defiende la moción la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); y los señores Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre la situación generada por los importantes recortes de las cuotas pesqueras acordadas en la Unión Europea que afectan negativamente a la flota de arrastre de Galicia, entre otras
... (Página 30)
Defiende la moción la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario
Socialista y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Davila.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la actual orientación de la política de fomento del transporte público ... (Página 34)
Defiende la moción el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Durán Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Macias i Arau.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas necesarias para paliar la grave crisis que atraviesa el sector ganadero español ... (Página 38)
Defiende la moción el señor Llorens Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ferre Fons, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora
Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Llorens Torres.
Declaración institucional ... (Página 41)
El señor presidente, al saludar al señor embajador de Japón en España, presente en la tribuna de honor, expresa el sentimiento de los diputados y de todos los españoles al manifestar las condolencias del Congreso de los Diputados por las
dramáticas consecuencias del terremoto y posterior tsunami que ha golpeado Japón y que ha acabado con la vida de miles de personas.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 41)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, de modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con objeto de regular el teletrabajo, se rechaza por 157 votos a favor, 177 en
contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de las minas antipersonal y armas de efecto
similar, se aprueba por 335 votos a favor y una abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 42)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la modernización de regadíos, se aprueba por 190 votos a favor y 146 abstenciones.
Sometidos a votación separada los puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aprobación de un plan integral de turismo, se aprueban los puntos 5, 6, 7, 8 y 12 y se rechazan los puntos 1, 2, 3, 4,
9 10 y 11.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas
estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables, se rechaza por nueve votos a favor y 327 en contra.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Fernández Davila, sobre la situación generada por los importantes recortes de las cuotas pesqueras acordadas en la Unión Europea que afectan
negativamente a la flota de arrastre de Galicia, entre otras, se aprueba por 333 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la actual orientación de la política de fomento del transporte público, se aprueba por 186 votos a favor, tres en contra y
147 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas necesarias para paliar la grave crisis que atraviesa el sector ganadero español, con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se rechaza por 155 votos a favor, 166 en contra y 15 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar y de acuerdo con el Reglamento de la Cámara y con el acuerdo de los grupos parlamentarios, propongo a sus señorías que los asuntos que figuraban en los puntos 32 a 37 del orden del día y que iban a ser examinados el jueves
pasen a examinarse en el día de mañana, por lo que no tendremos sesión plenaria el próximo jueves. ¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.)
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
El señor PRESIDENTE: Señorías, les propongo la exclusión de los puntos 9, 10 y 11 correspondientes a preguntas formuladas por los señores diputados doña Rosa Díez, doña Soraya Sáenz de Santamaría y don Ignacio Gil Lázaro, y del punto 30,
correspondiente a la interpelación del señor Perestelo sobre el desarrollo del sistema aeroportuario. Así me lo han propuesto los portavoces y el Gobierno. ¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, CON OBJETO DE REGULAR EL TELETRABAJO. (Número
de expediente 122/000257.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular de modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con objeto de regular el teletrabajo.
Para su defensa tiene la palabra doña Celia Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la proposición de ley que nos ocupa, que se refiere a una cuestión que desde mi punto de vista tiene una enorme actualidad. En un país con cerca de 5 millones de parados y con un índice de paro en
los jóvenes por encima del 47 por ciento, cualquier fórmula que pueda colaborar y contribuir a una mayor creación de empleo y a empleos estables debe ser aprovechada y usada. La obligación de esta casa, del Congreso de los Diputados, de la casa
donde se elaboran las leyes es adecuar la normativa vigente a las nuevas realidades a las que nos enfrentamos. Qué duda cabe que el teletrabajo es una realidad cambiante, que se ha producido de una forma importante.
Estamos hablando del artículo
13 del Estatuto de los Trabajadores, cuya reforma propongo, que fue redactado en los años ochenta. Aunque el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido miles de reformas desde su aprobación en los años ochenta, el artículo 13 jamás ha sufrido ningún
tipo de modificación a lo largo de esta historia. En este momento el artículo 13 está absolutamente obsoleto, no se corresponde con las nuevas realidades del mundo de la economía. A estas alturas no hace falta hablar de los beneficios del
teletrabajo porque creo que son bastante bien conocidos por todos: nuevas oportunidades de desarrollo para las zonas geográficas aisladas y deprimidas; ahorro energético -cosa que ahora nos preocupa tanto-; menor contaminación al reducirse los
desplazamientos; una mejor respuesta de la empresa a los rápidos cambios del escenario postindustrial; una reducción de costes fijos y un incremento de la productividad, pero sobre todo desde el punto de vista del trabajador esta nueva forma de
organización multiplica la posibilidad de acceso al trabajo, fortalece la empleabilidad de algunos colectivos con especiales dificultades de inserción, elimina la carga al desplazarse al centro de trabajo, posibilita una mayor autonomía en la
gestión de su tiempo de trabajo, y en consecuencia permite optimizar la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo, lo que convierte al teletrabajo en una herramienta de conciliación de la vida laboral, personal y familiar de
primer orden, ya sea la conciliación del hombre o la conciliación de la mujer. A mí me molestaría profundamente que entendiéramos el teletrabajo solo y exclusivamente como una nueva fórmula de trabajo femenino. Yo creo que es una nueva fórmula de
trabajo, sea femenino, sea masculino.
También tiene algunos aspectos el teletrabajo que no son positivos para el trabajador, si en su implementación y extensión no se adaptan las garantías oportunas: el retorno a fórmulas de trabajo en negro o precario, que se consideran ya
desaparecidas; la deslocalización del trabajador puede producir un deterioro de las condiciones laborales: trabajo mal pagado, jornadas interminables, puesta a disposición del empresario cuasi permanentemente, todo ello a resultas de la falta de
separación entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. El teletrabajo puede propiciar además la explotación de aquellas minorías menos favorecidas, la rebaja de los niveles de protección y las dificultades para la representación de los
trabajadores, o la vigilancia por la autoridad laboral, como consecuencia del aislamiento de estos trabajadores o de su invisibilidad. Por todo ello desde mi punto de vista es necesario que tengamos que legislar de nuevo este artículo 13.
En este momento en nuestro país solamente el 4,9 por ciento de los trabajadores utilizan esta fórmula frente a la media del 13 por ciento en la Unión Europea. En los Estados Unidos el 25 por ciento de los trabajadores lo hacen a distancia;
en Holanda el 26; en Finlandia el 22; en Alemania el 17. Sin embargo en las últimas encuestas del CIS el 57 por ciento de los trabajadores estarían dispuestos a aceptar un trabajo a distancia, si se lo ofrecieran en buenas condiciones. Nosotros
entendemos que esta cuestión efectivamente se ha planteado. Algunos de ustedes podrá decirme que hay que mantenerlo en la negociación colectiva. Yo he hablado con las centrales sindicales, porque esta propuesta que planteamos recoge las enmiendas
que ya hicimos para la reforma laboral. Lo que significa el texto en sí mismo para las centrales sindicales es aceptable, pero algunos plantean la necesidad de que esto se quede en el ámbito de la negociación colectiva. A mí me parece que tenemos
que conjugar las dos cosas porque nuestra obligación como diputados es legislar, y no podemos renunciar a la obligación que tenemos de legislar.
El acuerdo marco de teletrabajo del año 2002 en la Unión Europea, firmado por los sindicatos y por la patronal, dice que se traspondrá de forma autónoma, de conformidad con los procedimientos y prácticas específicas de la gestión de cada
Estado miembro. Es decir, dependiendo de cómo se legislan las relaciones laborales, cada país lo podrá asimilar de acuerdo con sus necesidades. De hecho Portugal reformó la Ley del Trabajo, también lo han hecho Italia y Bélgica, para adaptar la
legislación positiva laboral a esta nueva realidad y a este acuerdo interconfederal.
En España los acuerdos interconfederales de 2003 y de 2005 recogen este acuerdo sobre el teletrabajo del año 2002. El acuerdo del año 2005 dice que sea solo y
exclusivamente la negociación colectiva la que traslade las condiciones del teletrabajo, en todo lo que significa de protección del trabajador, de derechos individuales del trabajador, y de protección social y laboral de este trabajador, así como de
las obligaciones del propio trabajador. La verdad es que si esto hubiera sido cierto, si esta hubiera sido la realidad en este país, les puedo garantizar que no hubiera traído aquí esta iniciativa. Lo que ocurre es que a día de hoy, después de más
de diez años de haberse aprobado el acuerdo marco de teletrabajo, en el año 2002, en
España solamente hay un número de convenios de empresas como Repsol o IBM que contienen una relación exhaustiva de los derechos y obligaciones del teletrabajo, pero en el resto de los convenios del sector, de convenios nacionales o
provinciales, de convenios de empresas de otra naturaleza no hay una exhaustiva relación de lo que significa el teletrabajo. El acuerdo interconfederal del año 2005 dice algo así como que es una de las formas más innovadoras que permiten ejercer
una actividad laboral, y además dice el acuerdo interconfederal de 2005: establecer algunos criterios que pueden ser utilizados por las empresas, por los trabajadores y por sus representantes para combinar la flexibilidad y la seguridad que nos
preocupa a todos: el carácter voluntario y reversible del teletrabajo -estamos de acuerdo-; la igualdad de derechos legales y convencionales de los teletrabajadores respecto a los trabajadores en el centro de trabajo; la conveniencia de que se
regulen aspectos como la privacidad, la confidencialidad, la prevención de riesgos, las instalaciones, la formación, etcétera. Lo que ocurre es que esto, que es una declaración de buenas intenciones por parte de las centrales sindicales y de la
patronal, en el acuerdo, en el AINC del año 2005, no se ha transformado en una realidad en los convenios colectivos; no ha habido una trasposición real a la negociación colectiva en cada uno de sus ámbitos que contemple y fortalezca la negociación
y el teletrabajo.
Por tanto, no es cierto que tenga que quedar solo en el ámbito de la negociación colectiva; a mí me habría gustado, lo que ocurre es que esto no se ha producido. Los sindicatos y la patronal no han ejercido el derecho -casi
diría la obligación- que tenían.
Si analizamos los acuerdos AINC desde el año 2000 hasta el día de hoy -o desde el año 1980, que con la UGT y el Gobierno de la UCD lleva al Estatuto de los Trabajadores- los incumplimientos serían bastante importantes. Las recomendaciones
que contiene el acuerdo interconfederal de salarios no se han trasladado, señor Membrado. A mí me habría encantado que hubiera sido así, me habría encantado analizar la negociación colectiva de los últimos cinco años, y tener que decirle a la
portavoz de mi grupo: vamos a retirar esto porque realmente está contenido. No es cierto, y el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores está ahí, y es legal, y es de aplicación allí donde no haya un convenio colectivo que explicite claramente
y de manera exhaustiva cuáles son las condiciones de esos trabajadores. Por eso solo hay un 4,5 de trabajadores que utilizan esta fórmula, y pertenecen a tres grandes empresas españolas que sí tienen un número importante de trabajadores realizando
este esfuerzo. A mí que no se me diga que esto tiene que quedar en el ámbito de la negociación colectiva, porque entonces nosotros ¿para qué estamos aquí? Si lo dejamos todo en el ámbito de la negociación colectiva, jamás podremos legislar. A mí
me encantaría -es la propuesta que hago- que para poder seguir adelante y poder reformar el artículo 13, que afecta a todos los trabajadores y a todos los empresarios, no a los que afecta un convenio colectivo de empresas, insisto, que son cinco los
convenios colectivos de empresa los que tienen legislado, adecuada y exhaustivamente, los derechos y obligaciones, para que esto afecte a cualquiera tiene que estar recogido en el Estatuto de los Trabajadores.
En este sentido lo que propongo es que
aprobemos esta proposición de ley para que se pueda debatir en el ámbito de la Comisión de Trabajo, y que pidamos la comparecencia de los agentes sociales. Me preguntaba un sindicalista si había hablado con la CEOE; pero yo no tengo nada que
hablar con la CEOE sobre esto; yo aquí estoy defendiendo derechos generales de los trabajadores y dándole oportunidades a muchos que hoy no las tienen, y que se tienen que acoger a este artículo. En la comparecencia y debate con los agentes
sociales podríamos enriquecer, con la ayuda de todo el mundo, una proposición de ley que se puede convertir en la proposición de ley de todos, dado que también hay sentencias de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dicen
claramente que constituye una relación laboral que mejora la calidad de vida en nuestra sociedad, y que deben ser regulada legalmente y amparada por la legislación. Le he traído una sentencia, pero le puedo traer unas cuantas más. Tenemos la
obligación de legislar. ¿Que legislamos en los mismos términos de esas pocas empresas donde existe ya? ¡Estupendo! Esto es lo que yo propongo, y ustedes pueden añadir lo que quieran.
Además debo recordarle que en la Función pública sí está regulado, por el ministerio de don Jordi Sevilla. El ministro Sevilla, responsable de la Función pública, sí puede acordar que en la Función pública haya una nueva formulación del
teletrabajo, y aquí no lo podemos hacer en el Estatuto de los Trabajadores para los trabajadores por cuenta ajena porque la negociación la quieren ustedes en el ámbito de los trabajadores y los empresarios. Sinceramente -y así se lo he transmitido
a los sindicatos- mi opinión es que se apruebe la proposición de ley, que todos ustedes aporten todo lo necesario para que sea un proyecto de todos, que invitemos a los sindicatos y a la patronal para que también participen, y que de una vez en este
país regulemos algo que está sin regular desde 1980. Sé que ustedes le dan mucho valor al diálogo social; yo más, y espero que el diálogo social acabe en condiciones, y que el diálogo social por ejemplo sobre la negociación colectiva llegue a buen
término.
Por lo pronto ya están pidiendo más tiempo, como en los partidos que se juegan mal, porque para el día 19 -fecha en que acaba el plazo y que quiero recordarle que está a la vuelta de la esquina- tendría que haber presentado un acuerdo al
ministro de Trabajo para que lo trajese aquí como proyecto de ley. Por lo tanto, señores del resto de los grupos, señor Membrado, no me diga usted que esto hay que dejarlo en la negociación colectiva porque lo que estamos haciendo es algo mucho más
peligroso que todo eso. Aparte de ponerse todos ustedes de canto, estamos faltando al principio fundamental que nos trae aquí, legislar para el conjunto de los españoles, en este caso legislar para todos los ciudadanos españoles que
necesitan un puesto de trabajo, y a los que esta fórmula les puede proporcionar el sueldo y esa posibilidad de trabajo que ustedes -siento decirles- les están negando. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Villalobos.
Para fijar posición en primer lugar tiene la palabra don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Intervendré brevemente para fijar desde el Grupo Mixto la posición de Coalición Canaria, una posición favorable a la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria. Creíamos que se iba a aceptar por unanimidad pero, después de
escuchar la intervención de la señora Villalobos, da la impresión de que haya tenido un debate previo con el Grupo Socialista y parece que no van a apoyar la iniciativa, porque discrepan al llevar el planteamiento a la negociación colectiva en vez
de a la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
El teletrabajo es una actividad económica importante, y por tanto regularlo nos parece interesante y razonable. Creemos que es una oportunidad, tiempo habrá en el debate de la proposición de ley, sobre todo en el plazo de enmiendas, de
debatir sobre aspectos que tal vez no están incorporados al texto que hoy plantea el Grupo Popular, pero que como decía antes nos parece muy interesante, nos parece importante, y creemos que es bueno que se regule por ley algo que existe en la vida
diaria. Muchas veces nos quejamos de que no traemos al Parlamento lo que piensa la sociedad; algo que está en la sociedad es bueno que se regule en esta Cámara, en el Parlamento, y por eso aplaudimos una iniciativa que hoy plantea el Grupo
Popular, y vamos a apoyar su toma en consideración.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds para fijar posición en torno a esta iniciativa legislativa del Grupo Popular con respecto al teletrabajo. En primer lugar,
reconozco la buena voluntad del Grupo Parlamentario Popular, que no solamente se le supone, sino que en este caso la tiene en relación con la regulación del teletrabajo. Lo que pasa es que en política no solamente es muy importante estar de acuerdo
con el contenido de una iniciativa -en relación con esta iniciativa es verdad que nosotros no estamos de acuerdo, pero podríamos modificarla en el trámite parlamentario-, sino que existe otro principio, que es el de oportunidad, es decir, si esta es
una iniciativa que en estos momentos sea una respuesta a los grandes problemas de empleo que tiene nuestro país y a las necesidades de nuevas posibilidades para los desempleados, para los trabajadores y trabajadoras.
Pues bien, señorías, nosotros consideramos que esta iniciativa en las actuales condiciones de crisis económica es ambivalente, como lo ha sido el trabajo a domicilio y como lo es el teletrabajo. No es solamente un trabajo no presencial que
utiliza las tecnologías de la información, y que además supone que determinados colectivos tengan mayor empleabilidad, sino que tiene evidentes riesgos. Tanto el trabajo a domicilio como el teletrabajo han supuesto sobreexplotación de los
trabajadores en muchos casos, y en otros casos también han supuesto desigualdad de esos trabajadores con respecto a los trabajadores dentro de las propias empresas. En definitiva no ha sido una materia que haya gozado de excesivo prestigio en
nuestro país. Se ha dicho por parte de la proponente que en nuestro país apenas puede considerarse que un 5 por ciento de los trabajadores ejerce teletrabajo, mientras la media europea es mucho más alta, y si nos vamos a otros países seguramente
mucho más.
Por ello quisiera manifestar que no solamente estamos ante una iniciativa que tiene aspectos positivos, sino que tiene aspectos también de riesgo con respecto a los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, ahora en el sector de la
comunicación se está utilizando el teletrabajo para deteriorar las condiciones laborales, para deslaboralizar a los periodistas, a los trabajadores de los medios de comunicación, y por otra parte, para deteriorar sus condiciones de vida y laborales;
para que luego se diga que pueden compatibilizar mejor la vida familiar y laboral, o se digan otras cosas como que puede haber una mayor empleabilidad de determinados colectivos que hoy tienen más dificultades de empleo.
Nosotros creemos que esta
es una materia delicada, y por tanto no se trata únicamente de una razón de oportunidad, sino también de una razón de contenidos.
En todo caso quiero transmitirle al grupo proponente que si desde el punto de vista fáctico sí hay una utilización ambivalente de esta fórmula, lo que no hay en estos momentos desde el punto de vista legal, y de acuerdo con el artículo 13
del Estatuto de los Trabajadores, es desprotección de los trabajadores, ni de los trabajadores desde el punto de vista legal en condiciones normales ni de los trabajadores sujetos al teletrabajo. Por tanto no estamos ante la desprotección, si no
hay ley, y la protección, si al final el Grupo Parlamentario Popular consigue sacar adelante su iniciativa. No es así. Sencillamente hay un marco europeo que regula esta materia y que ha sido incorporado por parte de nuestro Estado, que regula el
teletrabajo, y también el teletrabajo se ha incorporado, como ha dicho la propia proponente, a las negociaciones colectivas de los años 2003 y 2005, con lo cual, señorías, no hay desprotección, hay un marco legal, y en estos momentos la propuesta
del Grupo Parlamentario Popular
abunda con respecto al marco legal, pero en nuestra opinión algunos planteamientos que hace que tendríamos que modificar en el trámite de ponencia nos parecen arriesgados.
Yo había buscado dos aspectos puntuales. Suprimen, con respecto al texto inicial del marco europeo, sin vigilancia del empresario. No sé si considerar que es una casualidad, pero en todo caso esa supresión me parece arriesgada; y también
plantean una supresión del término salario como mínimo igual al del trabajador por cuenta ajena. En nuestra opinión esos dos olvidos también nos hacen, en estos momentos que estamos muy sensibles, desconfiar. Pero sobre todo decía que es una razón
de oportunidad, señoría, por dos criterios. En primer lugar, por el criterio de la concertación. En nuestra opinión esta es una materia de negociación colectiva por sí misma, y porque ha sido regulada en diversos acuerdos de negociación colectiva,
y cuando no corren buenos tiempos para la negociación, cuando hay dificultades con relación a la concertación social -y en estos momentos, usted misma lo ha reconocido, hay dificultades para el acuerdo entre patronal y sindicatos-, que entremos
nosotros a plantear una materia desde el punto de vista legal corre el riesgo de entrar como elefante en cacharrería, y afectar a una cuestión muy delicada que en estos momentos está encima de la mesa, como es la negociación colectiva, que bastante
riesgo tiene ya por parte del Gobierno, que ha amenazado con seguir el criterio recientemente acordado en el marco europeo de indiciar no con el IPC, sino con la productividad, los salarios de los trabajadores. Es decir, si el Gobierno puede entrar
como elefante en cacharrería mucho nos tememos también que a veces la oposición pueda cometer los mismos errores. En este caso preferimos evitar, por razones de oportunidad, esta cuestión.
En nuestra opinión hay otro factor, y quería terminar con él. Hay una máxima que dice: en condiciones de crisis económica, no hacer mudanza, sobre todo si la mudanza se da en condiciones no de crisis, sino de inseguridad. En estos
momentos mi grupo parlamentario no tiene garantías de que lo que entra en este Parlamento por la puerta no salga por la ventana, es decir, no tiene garantías de que una iniciativa parlamentaria que pretende dar más garantías a los trabajadores no
acabe dándoles menos garantías, viendo los vientos que corren de carácter conservador a nivel de la Unión Europea y en nuestro propio país. Podrán decir que somos desconfiados, pero en todo caso tenemos derecho a ello, y por razones de contenido y
de oportunidad preferimos que esta iniciativa se trate primero en la concertación social, se incorpore a la negociación colectiva, y si acaso, después de tratarse en la concertación social, se traslade a las leyes en esta Cámara, pero con el aval de
sindicatos y trabajadores. No queremos caer en el mismo error de la reforma laboral, que en nuestra opinión es un fracaso precisamente porque no deviene de un acuerdo entre sindicatos, trabajadores y Administración, sino de una imposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señora Villalobos, recurriendo de nuevo a la tesis ignaciana del señor Llamazares que dice: en tiempo de crisis, no hacer mudanza, hay que afirmar siempre que, como buena parte del acervo cultural de San Ignacio de Loyola, no hacer mudanza
es una expresión polisémica cuando menos. A veces conviene hacer mudanza y a veces no, depende, como bien decía el propio San Ignacio de Loyola. En este caso, por qué no, cuando estamos hablando de una realidad que se está consolidando
fácticamente. Señora Villalobos, me ha sorprendido -usted y yo nos conocemos hace muchos años- el tono defensivo de su intervención, como si presumiera -quiero pensar que es una presunción iuris tantum- que su propuesta va a tener refutaciones o
votos negativos.
Por otra parte, usted es una buena conocedora del derecho del trabajo, y yo puedo decirle dos cosas. La exposición de motivos está muy bien redactada. El teletrabajo provoca los efectos beneficiosos para el mercado laboral que usted
preconiza aquí: menos desplazamientos, mejor conciliación de la vida laboral y familiar, aumento de la productividad, si está bien configurado, pero tengo dudas respecto a la parte dispositiva de su proposición, y usted me va a comprender
perfectamente porque es una experta en la materia. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) El derecho de trabajo es muy complejo, hay pocas personas que lo conozcan bien, que conozcan bien sus fundamentos ontológicos,
el derecho positivo laboral o su contenido material, y usted sabe que con la reforma de dos preceptos, que son los que usted pretende reformar en esta proposición de ley -el artículo 13 y el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores-, es muy
difícil conseguir la incorporación a la normativa laboral nada menos que de un contrato laboral nuevo, el que usted denomina contrato de trabajo a distancia. En materia de contratos, en el derecho de trabajo, usted sabe que estamos hablando de
orden público laboral, y orden público laboral no es un concepto metajurídico, sino diseñado por prolija jurisprudencia constitucional. El orden público laboral lo constituyen aquellas instituciones troncales y básicas que configuran el
ordenamiento jurídico y las defensoras de su estabilidad. Esto es un contrato, e incorporar un contrato nuevo a la normativa laboral requiere atender a la interacción de lo que usted propone, que afecta a leyes tan importantes como la Ley Orgánica
de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores, que es el único que usted pretende parcialmente, muy parcialmente, reformar, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; en definitiva, a las numerosas normas que configuran un derecho de
accesión constituido por numerosas leyes, por numerosos convenios colectivos que complementan normativamente, dado su
efecto erga omnes, estas leyes y que está desafortunadamente en trance de desaparición porque las ínfulas neoliberales que impregnan la política económica de todos los gobiernos hacen que sus fundamentos o principios ontológicos
fundamentales, la tuición de los trabajadores, la naturaleza del contrato basado en la ajenidad, basado en la dependencia, etcétera, se considere algo perturbador para ese atrabiliario concepto llamado competitividad que nadie sabe muy bien qué es,
pero sobre el cual todo el mundo pontifica, como si esto fuera un estorbo. Le voy a decir cuál es la posición de mi grupo; la posición de mi grupo consiste en aceptar el argumentario de la exposición de motivos, pero considerar manifiestamente
insuficiente el contenido normativo. A esto in extenso tendríamos que incorporar preceptos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, preceptos del Estatuto de los Trabajadores -del Real Decreto Legislativo 1/1995-, preceptos de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, preceptos de numerosas leyes. Esto es manifiestamente insuficiente.
Pero, ¿qué valor o qué activo prevemos o vemos en esta iniciativa parlamentaria de su grupo? El activo de suscitar un debate parlamentario que es imprescindible porque la naturaleza de las cosas -parafraseando a Lucrecio- está imponiendo
fórmulas de trabajo de esta naturaleza y antes o después las tendremos que positivizar. Y como hay que positivizarlas -perdón por el trabalenguas, que no seré seguramente capaz, señora presidenta, de volver a repetir-, esta es una buena
oportunidad, y otras que se presenten posteriormente serán también buenas oportunidades. Antes o después tendremos que afrontar esta cuestión, pero no relativizar el derecho del trabajo, desregular, buscar posiciones que en este momento carecen de
consistencia normativa suficiente, y seguramente usted estará de acuerdo conmigo en lo que le estoy diciendo; es una crítica a su proposición. El afrontar nada menos que la creación de un nuevo contrato que consiste en trabajar fuera del lugar de
trabajo requiere una proposición, una iniciativa parlamentaria mucho más compleja, mucho más completa y mucho más depurada que esta. En todo caso, como lo que usted pretende, si he entendido bien su argumentación, es suscitar el debate y suscitar
el debate porque entiende que ha fracasado en este ámbito la negociación colectiva, le vamos a dar un sí cautelar a esta iniciativa.
Desde esa perspectiva, esa va a ser la posición de nuestro grupo parlamentario.
Señora presidenta, muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señora Villalobos, he de empezar diciendo que debemos felicitarla porque el debate sobre la regulación en España del teletrabajo se ha abierto y será fruto de su iniciativa parlamentaria. Pero Convergència i Unió no va a apoyar la toma en
consideración de su proposición. Quizá si estuviésemos en el inicio de legislatura o a media legislatura y tuviésemos un plazo razonablemente suficiente para profundizar en un proceso legislativo hoy seríamos favorables a la toma en consideración
de esta iniciativa, pero situados en el mes de marzo, con una agenda en el marco de la Comisión de Trabajo altamente cargada -reforma de pensiones, reforma de la negociación colectiva y constitución del fondo de capitalización de la indemnización
por desempleo- me parece, siendo realistas, que aunque hoy tomásemos en consideración esta iniciativa, en la práctica difícilmente acabaría en el Boletín Oficial del Estado. Al mismo tiempo, estamos claramente convencidos, no tanto de que sea la
negociación colectiva la que deba desarrollar el teletrabajo, sino de que debe ser en el marco del diálogo social donde se debe resolver la cuestión del teletrabajo. Esta no es una cuestión, en el fondo de la materia, ni mucho menos fácil de
resolver, ni seguramente vinculada estrictamente a la regulación configurada en el Estatuto de los Trabajadores. Usted en su propuesta, por ejemplo, reformula de alguna manera el artículo 13 del estatuto. Otros opinadores defenderían que, quizá,
debería configurarse una relación laboral de carácter especial. Y en el fondo, la discusión a resolver que, insisto, difícilmente la vamos a resolver esta tarde, es ese equilibrio entre la flexibilidad que exige el teletrabajo para el propio
trabajador y para la propia empresa, y también las seguridades que para la propia empresa y para el propio trabajador se deben tener. Lo que es cierto es que hasta ahora la configuración legal y la cultura empresarial y de trabajadores no han
permitido ese desarrollo. Pero quizá precisamente es en el marco del diálogo social donde el Gobierno tiene la obligación de situar esta cuestión con el suficiente nivel de relevancia que pueda permitir que se genere una propuesta, ya sea de
modificación del Estatuto de los Trabajadores, ya sea de modificación de alguna otra regulación del ámbito laboral, ya sea en la regulación de una relación laboral específica, que permita ese impulso. Es más -y ustedes han sido protagonistas de
ello-, saben desde la reforma laboral de 1997 que las mejores políticas en el ámbito del empleo y las mejores políticas que afecten al Estatuto de los Trabajadores, a los derechos y deberes de trabajadores y empresarios, si nacen desde el acuerdo de
empresarios y sindicatos tienen mucho más éxito. Ustedes mismos se han mostrado críticos en la reforma laboral que aprobamos este pasado mes de septiembre, y esa reforma llegaba sin ese acuerdo entre los agentes sociales. Y todos advertíamos al
Gobierno de que esa ausencia de acuerdo en el diálogo social debilitaba la eficacia de esta reforma. Pues en materia de teletrabajo, por las mismas razones, si queremos de verdad que el teletrabajo en España se extienda, se acerque a las cuotas del
resto de nuestros socios de la Unión Europea, sería razonable también estimular el
diálogo social, que el diálogo social situase en el núcleo de su agenda esta cuestión.
En este sentido, esta tarde vamos a ofrecer a los grupos parlamentarios la firma de una proposición no de ley, que también trasladaríamos al Grupo Popular para que pueda, si lo considera conveniente, incorporarse a la misma, que inste a dos
cuestiones. En primer lugar, a tener una buena foto de esa realidad. Las cifras de las que hablaba la señora Villalobos eran cifras aproximadas, pero no tenemos hoy una fotografía oficial de la realidad del teletrabajo en España. Estamos
trabajando de manera intuitiva, sobre la base de algunas informaciones o de algún papel que desde alguna universidad se ha hecho, pero no tenemos una buena foto del teletrabajo en España. La existencia de una buena foto es imprescindible y, al
mismo tiempo, que en función de esa fotografía de la realidad del teletrabajo el Gobierno impulse en el marco del diálogo social una agenda de trabajo que nos permita evaluar aquellas medidas imprescindibles para poder efectivamente desarrollar esa
política. Y, como le decía al principio de mi intervención, le tengo que decir que, situados en el mes de marzo, no sé si vamos a ser capaces de conseguir que en lo que resta de esta legislatura nuestra iniciativa provoque el efecto que estamos
buscando. Insisto, reforma de la negociación colectiva, reforma de pensiones, regulación del fondo de capitalización por el desempleo, reforma de las políticas activas; una agenda sustancial, pero estoy seguro de que el debate que se suscita esta
tarde con su proposición de ley y el debate que vamos a suscitar con nuestra proposición no de ley deben ayudarnos a que en los próximos tiempos, igual que en el resto de Europa, el teletrabajo tenga un impulso.
Convergència i Unió no votará a favor de la toma en consideración de su iniciativa, pero de nuevo la felicitamos y esperamos que se pueda incorporar al texto que esta tarde vamos a hacer público.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, mi grupo ha estudiado esta proposición de ley. Es un tema interesante sobre el que habrá que trabajar porque es cierto que en un mundo tan cambiante, donde las tecnologías transforman
absolutamente todo, el teletrabajo es una opción que cada vez se da más en los centros de trabajo. Es verdad que donde se da más el teletrabajo hoy es, como bien decía la portavoz del Partido Popular, en las grandes empresas, pero también es verdad
que se da en aquellas grandes empresas con trabajadores muy cualificados que pueden desarrollar su trabajo desde su casa. Al final, el teletrabajo será una opción de futuro sobre la que tendremos que legislar, pero he de decir varias cosas.
Primero, que tal como está ahora redactado el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores realmente está sirviendo como referencia. Este artículo no es del estatuto inicial de 1980, sino de 1995, cuando se modifica. Y sirve para aquellos
trabajadores, como decía antes, con una cualificación, como pueden ser los de Repsol, Telefónica, etcétera, que pueden hacer su trabajo en casa y cumplir con su proyecto. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa cómo se desarrollará el teletrabajo en el
futuro y cómo se pueda utilizar en todas y cada una de las empresas. Porque lo que tenemos que hacer es abrir esa puerta, pero abrirla dando garantías a los trabajadores de que van a trabajar en condiciones, de que va a ser voluntario, según
quieran o no el teletrabajo, y de que van a poder volver a su puesto de trabajo cuando así lo quieran; es decir, dando toda una serie de garantías porque, repito, el teletrabajo no es lo mismo para un sector que para otro.
Pero en estos momentos los agentes sociales están inmersos en la reforma de la negociación colectiva. No tendría sentido que nosotros nos pusiéramos hoy a legislar sobre un tema que ellos tienen que desarrollar primero en la negociación
colectiva. Usted mismo decía que en 2002 a nivel europeo se desarrolla un acuerdo con los agentes sociales, pero los mismos agentes sociales a nivel europeo en 2002 renuncian a pedir que ese acuerdo se desarrolle a través de una directiva de
obligado cumplimiento para los países miembros. Cuando los agentes sociales aquí, en nuestro país, lo llevan a la negociación colectiva en 2003 y en 2005, empiezan a abrir la puerta para esa negociación posterior. Pero es verdad, como decía el
señor Campuzano, que desconocemos cuál es la foto, a qué sectores afecta, a qué personal afecta, a cuántos trabajadores afecta.
Por eso, entendemos que la vía ofrecida por el señor Campuzano es buena por dos motivos. Uno, porque nos hará un
diseño, un diagnóstico de cuál es en nuestro país, cómo está desarrollado, qué empresas son las que lo están utilizando, cuántos trabajadores hay a los que afecta el teletrabajo y en qué condiciones y posteriormente mandatamos al Gobierno para que,
obligadamente, lo lleve a la concertación social para que los agentes sociales lo desarrollen. Además, sabe que eso es lo que realmente los agentes sociales están planteando en estos momentos. Estoy con usted en que esto es el Parlamento y aquí se
legisla, pero precisamente por eso nosotros hemos de respetar aquello que legislamos y desde la Constitución a cualquier otra ley que ha salido de este Parlamento se reconoce el derecho a la negociación colectiva como una negociación de dos partes.
Por eso nosotros queremos que sean esas dos partes, que van a ser las que lo van a tener que desarrollar, los que primero digan en qué condiciones y cómo quieren que se desarrolle el teletrabajo. Usted decía que a nivel de la Administración pública
ya funcionaba. No; a nivel de la Administración pública el Ministerio de Administraciones Públicas hizo un programa piloto y el 7 de mayo de 2007 firmó con las organizaciones sindicales un posible acuerdo que luego quería convertir en real decreto
-incluso llegó a haber informe del Consejo Económico y Social- pero no se llegó a aprobar porque en la Comisión de subsecretarios no lo creyeron oportuno. En estos momentos lo que están haciendo las administraciones públicas es negociar con
los sindicatos el desarrollo, cómo poner en marcha el teletrabajo en la Administración pública y en qué condiciones.
Había una discrepancia fundamental porque el ministerio quería regular que hubiera obligatoriamente un porcentaje de presencial en
el puesto de trabajo y otro que se pudiera hacer en casa. Por lo tanto, nosotros, el Grupo Socialista, estamos de acuerdo con la propuesta del señor Campuzano. Vamos a votar que no a la proposición de ley pero vamos a aprobar y a firmar con el
señor Campuzano la proposición no de ley, y desde luego estaríamos encantados, tanto el señor Campuzano como nosotros, de que ustedes se sumaran e hiciéramos ese debate. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 33/1998, DE 5 DE OCTUBRE, DE PROHIBICIÓN TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAL Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR. (Número de expediente 122/000260.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de
minas antipersonal y armas de efecto similar.
Para defender la proposición en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, paso a defender esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán y me gustaría empezar con la exposición de motivos de esta proposición de ley, pero también con lo que quiere ser la exposición de motivos de la proposición de
modificación de la Ley 33/1998, porque creo que estas pocas líneas definen muy bien el espíritu y el ánimo de nuestra iniciativa. Cito: Atendiendo al principio general de la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades y
al principio de derecho internacional según el cual el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado, la comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas, ha dado pasos
importantes para conseguir la distensión internacional, la terminación de la carrera de armamentos, la instauración de la confianza entre los Estados, así como para lograr progresos en el desarme general.
Señorías, he querido empezar con esta cita porque es la que nos anima, no a la modificación estrictamente, sino a la actualización de una ley, la Ley 33/1998, que fue un proyecto de ley, pero un proyecto de ley tributario de un impulso muy
decidido por parte del Grupo Parlamentario Catalán y singularmente -quiero recordarlo esta tarde- por parte de mi compañero de escaño y amigo el diputado don Carles Campuzano. Señorías, en aquel momento estábamos hablando básicamente de minas
antipersonas, y la Ley 33/1998 fue una ley redactada, pensada y articulada en muchos de sus extremos, también en la definición -en el artículo 1- de los conceptos básicos, de las definiciones básicas de minas antipersonas y en el cuadro de
sanciones, solo para las minas antipersonas. Afortunadamente y a la luz del Convenio de Dublín, a todo el aparato legal referido a la actitud de España, a la posición de España respecto a las minas antipersonas, se le suma también la decisión, la
opción apoyada por este Congreso de los Diputados de que España también rechace la fabricación, almacenamiento, exportación y evidentemente utilización de municiones de racimo. Pero para esto debemos adaptar aquella ley del año 1998 a la nueva
realidad y al nuevo cuadro tributario del Convenio de Dublín.
Me gustaría hacer una breve reseña histórica de los avances que nos han llevado hoy aquí a plantear esta modificación legislativa. Esta limitación en las partes del uso de armamento arranca con unos primeros pasos y distintas conferencias
internacionales en el año 1980, pero sobre todo a partir del año 1996 con la gran conferencia que da paso al Convenio de Ottawa firmado en el año 1997, ratificado y que entra en vigor en el año 1999, que prohíbe y obliga a las partes firmantes a la
destrucción de todo el armamento referido a las minas antipersonas, al almacenamiento y también a las zonas minadas que puede haber en algunas partes del mundo dentro de la jurisdicción de los Estados. Estoy pensando, señorías, sin duda en tantos
Estados africanos que han vivido y sufrido guerras cruentas con minas antipersonas y también con municiones de racimo, pero estoy pensando también en algo que a ustedes seguro que les viene a la memoria, en la Camboya de los años setenta, de Pol Pot
también, con una guerra sin límites en la utilización del armamento y que acabó con tantas vidas y dejó tantos cuerpos amputados.
Este tipo de armamento, las minas antipersonas y las municiones de racimo, se han venido a definir de una forma muy gráfica, de una forma muy elocuente, como las armas que siguen matando, como aquel armamento que después de la finalización
de la contienda, del conflicto, siguen matando durante años, durante decenios, porque es muy difícil muchas veces identificar claramente las zonas minadas, identificar claramente los procesos de desminado que impulsa Naciones Unidas. Por eso, en la
legislatura 1996-2000 el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió trabajó intensamente en la Comisión de Defensa para la aprobación de una ley, la Ley 33/1998, que básicamente daba satisfacción a
aquello recogido y a aquello contemplado en la Convención de Ottawa respecto a las minas antipersonas. Pocos años después, en el año 2003, empieza el segundo gran proceso de definición de la limitación de las armas que siguen matando, que
Noruega impulsa. Noruega es el primer país que impulsa un protocolo para la eliminación de las municiones de racimo, de forma muy acelerada, porque, señorías, Noruega empieza con la idea, con el objetivo de firmar una convención para la prohibición
de las municiones de racimo en el año 2007 y en el año 2010 ya entró en vigor la Convención de Dublín.
Me gustaría también citar lo que suponen las bombas de racimo, que son el objeto de la reforma legislativa de esta proposición de ley. Las bombas de racimo, señorías, empezaron a usarse en el decenio de 1940 y por ellas las personas civiles
han pagado un alto precio por la índole no fiable e imprecisa de estas armas que, lanzadas en ingentes cantidades sobre extensas zonas, han causado la muerte y han herido a decenas de miles de civiles en países asolados por la guerra, principalmente
en Asia, Europa y Oriente Medio. En el año 2007, Noruega empieza con lo que se conoce como el proceso de Oslo, que tiene como objetivo la firma de un nuevo tratado internacional para la prohibición de las municiones de racimo.
Afortunadamente,
aquel proceso inicial del año 2007 tiene su traslación en la celebración de la Conferencia de Dublín, el 30 de mayo del año 2008, en la cual participan exactamente cien Estados y que contempla la entrada en vigor del instrumento legal a partir de la
firma de treinta Estados miembros. Esta entrada en vigor se produce el día 1 de agosto del año 2010 por haberse producido las firmas de los treinta Estados miembros y quiero recordar que España ratificó la Convención de Dublín de prohibición de las
municiones de racimo el 8 de junio del año 2009.
Señorías, ¿por qué esta larga explicación? Les quería explicar todo esto para decirles que algo ha fallado cuando estamos en el mes de marzo del año 2011 y el Gobierno aún no ha adoptado las medidas necesarias para actualizar la Ley del año
1998, para que todo aquello que está escrito, pensado y definido simplemente para las minas antipersona también se acomode, se adapte y se actualice para las municiones de racimo. Este es el objetivo de esta modificación de la Ley del año 1998,
incorporar en su redactado el compromiso firme del Estado español en la prohibición de la fabricación, de la exportación y evidentemente del uso de las municiones de racimo. En este momento, según me ha apuntado el diputado Herick Campos, parece
ser que en España no hay ninguna fábrica que se dedique a la fabricación de municiones de racimo. Hace muy pocos años sí que existía. En todo caso, no nos podemos mover en la coyuntura sino en el blindaje legal del compromiso de estas Cortes
Generales de dar un marco de prohibición y con los instrumentos de sanción necesarios...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: ...para hacer posible -termino ahora mismo, señora presidenta- este avance en la lucha contra estas armas tan crueles, las armas que siguen matando.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente en nombre de Coalición Canaria para fijar posición en este caso del Grupo Mixto, que no puede ser otra que votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa que ha defendido de manera brillante el diputado
señor Xuclà. Ciento diez millones de minas distribuidas en 64 países, 26.000 personas que mueren o que sufren heridas por las minas, la duración de cincuenta años de vida que puede tener una mina antipersona nos ponen en evidencia que, a pesar de
las iniciativas parlamentarias que se han planteado -una iniciativa del año 1997 tomada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en esta Cámara; la propia ley, cuya modificación se plantea en esta iniciativa legislativa; incluso los acuerdos
de Otawa o el acuerdo de 2004 de Nairobi de un mundo libre de minas- no han tenido los efectos que se perseguían. Por tanto, este sigue siendo un problema de primer nivel y es necesario que este Parlamento pueda legislar para poner nuestro grano de
arena en erradicar algo tan peligroso, tan determinante y sobre todo algo que el mundo civilizado no debe permitir que se siga planteando en estos momentos en el mundo. En consecuencia, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta
proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, fijo posición en relación con la iniciativa de Convergència i Unió de reforma de la Ley de prohibición total de las minas antipersonal y armas de efecto similar en nombre de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra
Republicana.
Mucho tiempo después del último disparo en un conflicto las minas antipersonas, las municiones de racimo y los restos explosivos de la guerra siguen matando y mutilando a personas civiles. Las minas antipersonas no hacen distinción entre
soldado y persona civil, matan o mutilan a un niño que juega al fútbol con la misma facilidad
que a un soldado que patrulla. Por ello parece razonable unificar el tratamiento legal recibido por ambos tipos de armas, similares en sus consecuencias, mediante la reforma y adecuación de la Ley de 1998 de prohibición total de las minas
antipersonal y armas de efecto similar.
Tras varias décadas de fracaso, el pasado año fue aprobada en el marco de la Convención de Ottawa y de Oslo la nueva Convención contra las municiones de racimo, que entró en vigor el 1 de agosto. En
síntesis, la convención obliga a los Estados firmantes a destruir sus reservas en el plazo de cuatro años, a retirar los restos de las mismas y a asistir a las víctimas y a sus familias, que seguramente será lo más complicado. La finalidad es poner
definitivamente fin al sufrimiento y a las muertes causadas por las municiones en racimo y prestar asistencia a cada una de las víctimas y a sus comunidades. En España en su momento adoptamos la decisión de la moratoria y, también en su momento,
incorporamos el acuerdo y por tanto prohibimos las armas de racimo. En aplicación de la convención ahora debemos adoptar diversas medidas. Ante todo se requiere la reforma de la legislación nacional para garantizar la penalización y el castigo de
todos los actos prohibidos por la convención, si bien esta convención, al ser firmada por un número suficiente de países, es ya obligatoria. Serán necesarias también medidas administrativas para registrar y presentar los informes requeridos por la
convención respecto a los que antes han recurrido a las municiones en racimo, deberán revisarse la doctrina militar y las reglas de enfrentamiento y deberá modificarse la formación militar.
Señorías, hubiéramos preferido que el Gobierno hubiera adoptado esta iniciativa con anterioridad, trasponiendo la convención al derecho interno. En todo caso, nuestro grupo es favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley
y aportaremos a la misma nuestras propuestas en su trámite. Efectivamente, estas minas y municiones continúan causando un ingente número de muertos y heridos, arruinando vidas y privando de tierras para la agricultura y obstaculizando, en
consecuencia, el desarrollo en países africanos, del sudeste asiático y otros lugares del mundo. Todavía hoy se identifican al menos 84 países, ocho áreas contaminadas con minas terrestres y municiones sin estallar y se estima que actualmente hay
entre 300.000 y 400.000 personas supervivientes de estallidos de minas en el mundo, en su mayoría mutilados y discapacitados de distinto grado. Mientras que es casi imposible obtener una cifra definitiva de víctimas anuales de minas terrestres, el
monitor de minas terrestres estima, sin embargo, entre 15.000 y 20.000 personas al año víctimas de estas minas terrestres todavía restantes. Para las personas y las comunidades afectadas por estas terribles armas la nueva convención representa un
mensaje de que la comunidad internacional se ha hecho eco de su sufrimiento y se compromete finalmente a ponerle término. El mensaje de esta convención es que el mundo no hace oídos sordos al sufrimiento innecesario que provocan las armas de
guerra. Sin embargo, no dejamos de ver cierta hipocresía ya que en los últimos días también hemos visto cómo se mantiene el comercio de armas, aunque es claramente mucho más transparente que antes, con países en conflicto y, por tanto, donde hay
todavía mucho que hacer tanto en las armas clásicas como en armas cortas.
Señorías, aunque ha llegado con retraso, la Convención sobre municiones en racimo representa una gran victoria en materia de prevención. Las municiones en racimo, que fueron empleadas por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, han
quedado estigmatizadas como inaceptables en la actualidad en virtud de la mencionada convención. La Convención sobre municiones en racimo, al igual que la Convención sobre prohibición de minas antipersonas, no constituye únicamente un conjunto de
prohibiciones sino, lo que es más importante, también una promesa a las comunidades afectadas, a las víctimas y a los supervivientes de que sus vidas van a mejorar gracias, en primer lugar, a la reducción de riesgos; en segundo lugar, a la limpieza
de tierras contaminadas; en tercer lugar, a la atención médica, la rehabilitación y el apoyo psicosocial, y por otra parte, a nuevas oportunidades económicas. De todo eso somos responsables.
Para que la convención y las leyes nacionales sean
plenamente eficaces importa conseguir la movilización de los recursos en los países afectados y el apoyo a estos esfuerzos por todos los Estados firmantes; es decir, no termina nuestra responsabilidad. Como dijo la presidenta del Comité
Internacional de la Cruz Roja, ahora disponemos de las herramientas en el marco de esta convención para poner fin a décadas de sufrimiento civil.
Si lo logramos, esta puede ser la década en que se ponga fin de una vez por todas al flagelo de las
municiones de racimo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo, como no podía ser de otra forma, se va a sumar también al apoyo de la toma en consideración de la proposición de ley que hoy somete Convergència i Unió a nuestra consideración. Podría decirse en algún sentido que se
trata de dar el último paso legal, por lo que se refiere a la convención que se trata de incorporar a la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar, pero solo en cierto caso. Es un paso que
por lo demás es de una pura formalidad legal, no sé si es estrictamente necesaria, no tanto para que entre en pleno vigor, en cualquier caso. En efecto, ratificada, como ya se ha dicho, por un número suficiente de Estados y habiendo entrado en
vigor, la convención obliga ya de por sí a los Estados que la ratifiquen a
adoptar todas las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole que sean adecuadas para aplicar la convención. Sin embargo, en buena lógica, tal y como entiende el Grupo de Convergència i Unió, qué más razonable y adecuado que entre
las medidas a adoptar se adopte -valga la redundancia- de entrada, como quien dice, esta que hoy se nos propone: modificar la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición de minas antipersonal y armas de efecto similar e incorporar a la misma los
contenidos de la convención que se ratificó. Yo diría que aunque no sea estrictamente necesario desde un punto de vista puramente formal, tiene una lógica aplastante. A mi juicio, tiene dos tipos de lógica: una lógica jurídica -si se me permite
la expresión- y tiene también una lógica política, y trato de explicarme. Como todos sabemos, la aprobación y entrada en vigor con la ratificación de esa cincuentena de países a los que he hecho alusión anteriormente constituye un indiscutible
avance humanitario y político en un tema en el que por lo demás es evidente, sigue siendo evidente, que no es fácil avanzar. Si bien puede situarse el arranque de lo que se denomina la codificación de las cuestiones de la guerra a mediados del
siglo XIX con la Declaración de San Petersburgo de 1868, para empezar a hablar con alguna propiedad del llamado derecho internacional comunitario es necesario remitirse a mediados del pasado siglo XX, a los convenios de Ginebra de 1949, y para
acercarse con más precisión al tema que nos ocupa hay que remitirse a los protocolos adicionales de dichos convenios de 1977 y a la Convención sobre ciertas armas convencionales o convención sobre armas inhumanas, como también se la conoce.
Todo ello ha significado una larga historia, pero no estamos al final de esa historia. Es cierto que en el marco de la convención que entró en vigor el pasado agosto, y a la que España se sumó en su día, las obligaciones para los firmantes
están ya especificadas en dicha convención.
Pero creo que es necesario recordar esta historia pasada para seguir insistiendo, aunque esa difícil y complicada historia que ha llegado hasta hoy sigue siendo una historia difícil y complicada en este mundo todavía, y no porque las
legislaciones no estén más o menos adecuadas en determinados ámbitos sino porque todos sabemos que todavía hay países que no se han sumado a esto -entre los que no se han sumado hay países importantes- y en cualquier caso incluso entre los que nos
hemos sumado queda mucho trabajo por hacer. Por tanto, nunca estará de más que volvamos a insistir en que este es un tema que está vivo; hoy lo actualizamos en una ley pero es un tema del que no podemos perder conciencia. A veces da la impresión
de que refiriéndonos a acuerdos internacionales estamos hablando de acuerdos que se tienen que desarrollar por ahí fuera, como si solo de vez en cuando tuvieran que ver con nosotros, y este tema es de los que cada cual tiene que incorporar en el
ámbito interno y desde esa perspectiva creemos oportuno que se incorpore a la legislación estatal. También hay que decir con claridad que hecha esta modificación legal los temas no van a estar resueltos, sino que serán necesarios más esfuerzos,
serán necesarios más compromisos de muy distinto signo; la convención internacional ratificada que ahora intentamos traducir a la legislación interna nos obliga a ello. No estamos al final del camino, este es un paso más en una concienciación que
tiene que extenderse y en la que hay que profundizar; las dos cosas.
Tiene que extenderse a otros muchos países a los que no se ha extendido, pero también tiene que interiorizarse y profundizar en ello en aquellos países que han firmado un
convenio internacional pero que tienen que caminar en la aplicación estricta del mismo; y yo diría que no solo en la aplicación estricta sino en una cierta aplicación generosa del mismo.
Estas son las razones por las que nosotros entendemos que esta iniciativa de Convergència i Unió es oportuna y como tal la apoyamos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Gracias, señora presidenta.
La toma en consideración de esta proposición de ley viene a añadir el término de municiones de racimo así como a considerar una serie de sanciones por incumplimiento de la Ley 33/1998, de prohibición total de minas antipersonal y armas de
efecto similar; por cierto, una ley derivada de un proyecto de ley de 1997 que presentó el Gobierno del Partido Popular. Desde mi grupo consideramos oportuna esta proposición de ley porque nos sirve para recordar a todas aquellas personas que de
forma directa o indirecta han estado en contacto con este tipo de armas, perdiendo en muchas de esas ocasiones la vida, es decir, a todos aquellos que desactivan minas en países donde todavía las hay y a todos aquellos que se adiestran y se forman
en la desactivación de este tipo de armas.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Son armas, por otro lado, mortíferas, crueles e inhumanas en concordancia con el más elemental derecho humanitario. Señorías, se calcula que hay más de 110
millones de minas repartidas en más de 64 países, más de 80 países que han firmado el Tratado contra las bombas de racimo y casi 40 países que no han ratificado el Tratado contra las minas antipersonas. Pero todos aquellos que sí lo hemos hecho
tenemos la obligación legal y moral de cumplirlo impidiendo la fabricación, el almacenamiento y la utilización de este tipo de arma.
Voy a hacer una serie de consideraciones a la proposición de ley que presente al Grupo de Convergència i Unió. En primer lugar, nos parece interesante la plasmación legislativa que se hace de la Convención sobre municiones de racimo, hecha
en Dublín en mayo de 1988, que además cumple con un mandato de una proposición no de ley debatida en la Comisión de Defensa de esta
Cámara en marzo de 2009. Esta proposición hacía referencia a una ágil aplicación en España de la convención y a una intensa acción internacional para lograr la vinculación al acuerdo de todos aquellos países que no se hubieran adherido
previamente. En segundo lugar, esta proposición de ley es susceptible, a nuestro entender, de ser pulida y simplificada teniendo en cuenta el artículo 96 de la Constitución española. El artículo 96 habla de los tratados internacionales, y los
tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, por lo que quizá sería innecesario añadir toda la explicación tipológica del artículo 1. En tercer lugar, nos parece
cuando menos curioso el establecimiento de sanciones en el artículo 7 nuevo como una medida preventiva y punitiva, porque considerar las acciones y actividades prohibidas por esta ley como una infracción administrativa que pueda acarrear una multa
económica de entre 5.000 y 6.000 euros es rebajar sustancialmente lo que dispone el Código Penal en su capítulo V, dedicado a este tema, en concreto el artículo 566, que establece penas de entre cinco y diez años para los que fabriquen,
comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados por las leyes, citándose además las minas antipersonas o municiones de racimo desde la última reforma del Código Penal. En cuarto lugar, señorías, y en cuanto a la
aplicación de la Convención de Dublín, posiblemente esta proposición de ley llega algo tarde. La convención fue asumida por España, comenzando su desmantelamiento en diciembre de 2008, un día antes del Tratado de Oslo, cuando la ministra hizo las
oportunas declaraciones y su correspondiente sesión de fotos, y finalizando con el anuncio por parte de la ministra de la total erradicación del arsenal español en marzo de 2009, coincidiendo esta vez con la aprobación en esta Cámara del texto de la
convención, lo que también supuso otra sesión fotográfica de la ministra. Por ello, las disposiciones de esta ley relativas a la destrucción del arsenal posiblemente estén algo desfasadas. En quinto lugar, estamos absolutamente de acuerdo con el
fondo y con la forma del Tratado de Oslo, si bien es cierto que existen problemas presupuestarios porque según las cifras oficiales el proceso iba a suponer más de 5 millones de euros y en el año 2009 únicamente había 2 millones de euros.
En otro orden de cosas, señorías, mi grupo quiere dejar constancia de nuestro compromiso internacional en este tema. Queremos reconocer el papel que desempeña la conciencia pública en el fomento de los principios humanitarios respecto a la
prohibición de esta clase de armas, y desde luego reconocer los esfuerzos que realizan las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones humanitarias denunciando en todo el mundo y en reiteradas ocasiones la muerte de
personas por accidentes en periodos de paz. Hay diversas investigaciones -algunas plasmadas en informes como el del Centro de Investigaciones para la Paz de Madrid- que ponen de manifiesto las nefastas consecuencias que conlleva el uso de estas
armas, porque sus efectos no se restringen únicamente al tiempo de guerra sino que pueden durar más de cincuenta años y evidentemente son una continua amenaza para la población civil, que ve afectada su vida muchos años después. Por eso, señorías,
hoy los países tenemos que mejorar nuestros esfuerzos para contribuir de una manera eficiente y coordinada a enfrentarnos al desafío de la remoción de minas antipersonas y bombas de racimo y por supuesto a garantizar y a procurar su destrucción.
Acabo, señor presidente, señalando, como no podía ser de otra forma, la aprobación, el apoyo y el compromiso del Grupo Parlamentario Popular con el fondo de la iniciativa, sin perjuicio de que en el momento oportuno podamos presentar las
enmiendas que consideremos y que creo que en cualquier caso lo que harían sería enriquecer el texto de la proposición de ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ferrando.
Tiene la palabra don Herick Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidente.
Quisiera que las palabras de mi grupo en primer lugar fueran dirigidas a Japón, a todos sus ciudadanos y a todas las personas que allí residen y a mostrar la solidaridad de nuestro grupo y creo que de toda la Cámara.
Creo que en este
sentido va a haber una resolución institucional, pero dado que es la primera intervención quisiéramos mostrar desde el primer término este apoyo a Japón y, como digo, a sus ciudadanos y a las personas que allí residen.
Para entrar en el debate de esta proposición de ley quisiéramos decir desde el principio que votaremos a favor de la toma en consideración. Lo haremos fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, porque compartimos la voluntad
expresada de Convergència i Unió de ampliar la ley actual -una ley de 1998, una ley en vigor- con los términos de los acuerdos ya firmados y ratificados por esta Cámara. Hay que recordar que el Gobierno de España participó plenamente en la
Convención de Dublín y que no fue solamente un mero firmante de este acuerdo, sino que participó activamente en la redacción del mismo y en que se pudiera sumar el máximo número posible de países. Queríamos un acuerdo útil y por eso es por lo que
trabajamos. Antes de este acuerdo ya el Partido Socialista establecía en su programa electoral que se debía trabajar en esa línea. Dos meses después del acuerdo de Dublín -solamente dos meses después- compareció la ministra en Comisión para
explicar todos los trabajos que ya se estaban haciendo para cumplir ese acuerdo. En este sentido está el segundo motivo por el que vamos a votar a favor de la toma en consideración, como es que el Gobierno ya está cumpliendo todo lo que ahora se
propone en esta proposición de ley, y además cuenta con normativas y
reglamentos que nos obligan a todos los españoles, incluidas las Fuerzas Armadas -incluso a la industria de defensa-, a cumplir los acuerdos, a cumplir los artículos que en este momento propone la proposición de ley.
Y como he afirmado, el
Gobierno español tomó en 2008 la decisión política de adelantarse incluso a la entrada en vigor de este acuerdo internacional y puso en marcha una moratoria unilateral sobre el empleo, el desarrollo, la producción, la adquisición y el comercio
exterior de las municiones de racimo. Fue acordado el 11 de julio de 2008. España ratificó, como ha dicho usted, la convención el 17 de junio de 2009. Ya entonces se habían destruido 4.724 municiones contenidas en 233.261 submuniciones el 18 de
marzo de 2009. Por tanto, pese al importante coste económico y comercial para nuestra industria y un coste operativo para nuestras Fuerzas Armadas, el Gobierno antepuso la consideración humanitaria y actuó y cumplió este compromiso. En tercer
lugar, votamos a favor de la toma en consideración porque el Grupo Socialista comparte que lo que se hace para los ciudadanos es mejor reflejarlo en las leyes. ¿Por qué? Porque eso da la garantía al ciudadano de que puede reclamar jurídicamente un
derecho, y en este caso las Fuerzas Armadas incluso les garantiza en qué marco desarrollan su trabajo. Lo hemos hecho en otros ámbitos. Lo hemos hecho con la Ley integral contra la violencia de género, con la Ley de Autonomía Personal, con la Ley
de Igualdad, con el Estatuto del trabajador autónomo; lo hemos hecho también en materia de defensa y hacia las Fuerzas Armadas; lo hemos hecho con la Ley de Defensa Nacional; lo hemos hecho con la reforma de las Reales Ordenanzas; lo hemos hecho
con la Ley de Carrera Militar; lo hemos hecho con la toma en consideración o debate en esta Cámara de la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, e incluso en el ámbito concreto que hoy tratamos hay que recordar que el
Gobierno de España puso en marcha una legislación pionera, como fue la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Por tanto, no solamente hay que tomar medidas, prometerlas, sino
que además si se hacen en ley es mejor porque garantiza un derecho, aparte de que el Gobierno ya cumplía sus planes.
Quisiera destacar dos cosas. España es un referente internacional por el trabajo de sus Fuerzas Armadas también en esta materia. El Ministerio de Defensa ha cumplido, como decíamos, los acuerdos internacionales, pero además ha puesto en
marcha o ha reforzado instalaciones como las de Hoyo de Manzanares, que nos convierten en un referente formativo en esta materia. Evidentemente, hay que recordar el esfuerzo que hacen los profesionales, que en algunos casos les cuesta la vida, como
ocurrió en esta base, donde resultaron muertos y heridos miembros de las Fuerzas Armadas que quisiera recordar hoy aquí. Por tanto, España hoy es un país sin minas antipersonas, España hoy es un país sin armamento de racimo, se ha eliminado, ni se
produce ni se exporta este armamento. Otra cosa que quería destacar antes de acabar es que el Gobierno cree firmemente en el papel constitucional que se otorga a las Fuerzas Armadas en materia de defensa y de seguridad tanto a nivel nacional como
internacional, dotándolas de estrategias, de marco normativo, de medidas, pero también -y quiero recordarlo hoy aquí- de presupuesto. Hoy las Fuerzas Armadas trabajan en todo el mundo con medios para defenderse de este armamento y para actuar
contra él y eliminarlo. Por tanto, con mucha humildad, yo creo que no se hacen las cosas mal sino que se han hecho bien y que el Gobierno es coherente por cumplir con sus principios y con los compromisos internacionales. Creo que es una buena foto
que España cumpla antes de lo establecido, lo firmado y lo aprobado por esta Cámara los acuerdos internacionales en un tema tan importante como este.
He hablado con el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a que hay que retocar algunas cosas en el trámite parlamentario. Votaremos a favor de la toma en consideración porque lo consideramos oportuno, porque
ya se está haciendo y porque es un ejemplo para dar derechos a los ciudadanos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. (Número de expediente 162/000783.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la modernización de los regadíos. Don Alejandro Alonso tiene la palabra para defenderla.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista trae al Pleno del Congreso el tema de la política de regadíos porque hay políticas -y esta es una de ellas- que no pierden vigencia con el paso de los tiempos. La búsqueda de una mejor utilización del agua y el
desarrollo de los regadíos es una actividad que ha sido prioritaria, y lo sigue siendo, en las grandes civilizaciones del Mediterráneo y en los grandes países que tienen en la agricultura un sector estratégico, como es el nuestro. En España fue con
los regeneracionistas de finales del siglo XIX cuando el Estado asumió como tarea prioritaria la transformación de los regadíos en regadíos de los grandes secanos españoles, y es a partir de ese momento cuando las políticas hidráulicas forman parte
de las políticas de Estado.
Precisamente estos días se ha rendido justo homenaje a Joaquín Costa, que falleció hace cien años y que fue, junto con Gasset y
Lorenzo Pardo, uno de los ideólogos y redactores de los primeros planes de obras hidráulicas de nuestro país. Cuando preparaba esta intervención y he leído alguna intervención de estos personajes me ha sorprendido -y lo traigo al recuerdo
de ustedes- la gran tenacidad de Costa para defender que fuera el Estado en aquel momento el que asumiera el coste de las obras hidráulicas. Peleaba entonces Costa con los ultraliberales del momento, que defendían el uso simplemente de la
iniciativa privada para el desarrollo de los grandes planes de regadío.
Traemos el tema de los regadíos al Pleno del Congreso porque creemos que es un tema clave para la economía española. En este momento, en España, el regadío, con solo el 13 por ciento de la superficie agrícola dedicada a regadíos, produce
más del 50 por ciento de la producción agrícola española, y es precisamente con base en el regadío donde se asientan las producciones y los cultivos más dinámicos, más exportadores, los que más contribuyen a la balanza comercial positiva de nuestra
agricultura. Pero no son solo los sectores tradicionales, las frutas y las hortalizas, sino que en este momento hay otros cultivos, como la viña, el olivar o los frutos de cáscara, que también demandan una acción prioritaria en materia de regadíos
para garantizar la competitividad de sus explotaciones. En este momento los ingenieros que se dedican a investigar en el tema del agua ya no buscan exclusivamente encontrar nuevas zonas de regadío, buscan también hacer una política sostenible en
materia de regadíos, buscan -buscamos- el uso más eficiente del agua en los regadíos existentes. Se han hecho muchas cosas en estos últimos años por todos los gobiernos. Se ha desarrollado últimamente aquel Plan nacional de regadíos, el último
plan de choque aprobado por este Gobierno, en definitiva, muchas cosas que han hecho del regadío -como digo- una realidad positiva en nuestro país, pero quedan muchísimas cosas por hacer y de ahí la presentación de esta iniciativa, de esta
proposición no de ley. Quedan muchas cosas que hacer, entre otras finalizar algunas de las actuaciones programadas y planificadas, que por problemas presupuestarios o por problemas de índole medioambiental o de otro tipo no han podido ser
terminadas. Quedan cosas por hacer para mejorar la eficiencia en el uso del agua; para asegurar la mejor coordinación en la utilización de las redes; para evitar las pérdidas en las canalizaciones existentes; para introducir nuevas tecnologías
en la gestión del riego; para ahorrar agua; para automatizar los sistemas de regadío; para apoyar la investigación dirigida fundamentalmente al ahorro del agua; para evitar la contaminación difusa por el uso de plaguicidas o fertilizantes; para
buscar la mejor utilización por el regadío de las energías renovables; para mejorar la formación de los regantes y para propiciar la incorporación de jóvenes y de la mujer a estas técnicas de regadío; para propiciar una mejor integración del
sector primario con el sector industrial y en definitiva para incorporar nuevos recursos para poner a disposición de los regadíos nuevas técnicas, no solo con las aguas superficiales y con las subterráneas, sino regenerando aguas, reutilizando
aguas, utilizando la desalación para unos regadíos sostenibles y más eficientes en este momento.
En definitiva, señoras y señores diputados, hemos presentado esta proposición no de ley que pretende que el Gobierno elabore una estrategia nacional de regadíos con un horizonte hasta el año 2015, que planifique y coordine todos los
esfuerzos nacionales en esta materia, que coordine su actuación con las comunidades autónomas y que comprometa un esfuerzo inversor del Estado como ha realizado en estos últimos años. Espero que esta proposición no de ley, con las enmiendas que
vamos a poder incorporar, pueda ser aprobada por la unanimidad o por la mayoría de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Para la defensa de enmiendas por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Iglesias Fontal.
La señora IGLESIAS FONTAL: Muchas gracias, señor presidente.
Paso a defender la enmienda presentada a esta proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Popular. Tal y como se reconoce en la exposición de motivos, estamos de acuerdo en la importancia decisiva del regadío para el sector agrario
español. Nada menos que el 15 por ciento de la superficie agraria útil genera el 65 por ciento de la producción final agrícola, quedando el resto para la producción de secano. La productividad media de una hectárea de regadío es 5,5 veces superior
a la productividad media de la hectárea de secano, y no solo eso, sino que además ocupa siete veces más mano de obra. Además, se estima que un hectómetro cúbico de agua soporta veinte empleos y tiene una repercusión social decisiva en la fijación
de la población en el medio rural, toda vez que las producciones del regadío sirven de base para el fomento de la ganadería y para el desarrollo y fijación de la industria agroalimentaria en el medio rural. El regadío es además vital como refugio
contra las sequías que periódicamente tienen lugar, sirve de regulador de las producciones al no depender de la pluviometría y por ello su papel estabilizador es innegable.
Lo primero que llama la atención de esta proposición no de ley del Grupo Socialista es la oportunidad, a lo mejor deberíamos decir el oportunismo de presentarla, precisamente en un momento en el que el Gobierno está ralentizando, por no
aportar los recursos presupuestarios suficientes, la ejecución de los proyectos de modernización de regadíos ya aprobados.
Paso a detallar en qué me baso para realizar esta afirmación. En el año 2010 el presupuesto para regadíos descendió un 31,3
por ciento y para el año 2011, año en el que se presenta esta proposición no de ley,...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora diputada.
He llamado la atención varias veces a sus señorías porque el Reglamento prohíbe realizar fotografías en la Cámara, excepto por las personas que están autorizadas. No es que tenga el asunto gran trascendencia, pero como la vicepresidenta ha
avisado varias veces y no se le ha hecho caso, debo decir que a los diputados que usan por primera vez la tribuna ya doy yo orden al fotógrafo de la casa de que les haga una fotografía, que luego les regalamos, de modo que pueden estar en ese
aspecto fotográfico tranquilos. Perdone, señora Iglesias, la interrupción. Adelante.
La señora IGLESIAS FONTAL: Ante este drástico recorte del presupuesto, no es fácil entender que, con todas las necesidades que hay para el regadío en España, se recorte este presupuesto.
Le digo ahora al grupo proponente que el Grupo Popular quiere apoyar esta proposición no de ley, pero quiere hacerlo con vocación de mejorarla sustancialmente, y digo sustancialmente porque queremos aportarle sustancia al texto o, lo que es
lo mismo, aportarle medidas concretas de apoyo para ir más allá de lo que es una mera declaración de intenciones.
El punto primero de nuestra enmienda es ya una vieja reivindicación del Grupo Popular. Solicitamos la rebaja del tipo de IVA de las
tarifas eléctricas que actualmente soportan las comunidades de regantes, con el objeto de paliar las continuas subidas de los costes energéticos. Les recuerdo que esta medida ya fue aprobada en el Pleno de esta Cámara el día 19 de mayo de 2009,
como consecuencia del debate de una moción del Grupo Popular. También debo de recordarles que dicha moción fue aprobada aun con los votos en contra del Grupo Socialista. Por eso es ahora el momento de preguntarle al Grupo Socialista si en
cumplimiento de lo aprobado por el Poder Legislativo que emana de esta Cámara hace casi dos años, el Gobierno de España ha cursado ya esta petición a la Comisión Europea, tal y como es preceptivo. Sería muy grave que por negligencia del Gobierno de
Rodríguez Zapatero se estuviese privando a los regantes españoles de una reducción importante del IVA aplicado a los suministros eléctricos; reducción que ya consiguió el Gobierno de Italia en abril del año 2007 y que permite a los regantes
italianos pagar el IVA de las tarifas eléctricas al 4 por ciento.
El punto segundo de nuestra enmienda surge como consecuencia del devaneo continuo en materia de energía al que nos tiene sometido el Gobierno socialista. La desaparición de la tarifa especial para regadíos ha multiplicado exponencialmente
los costes energéticos para los agricultores regantes, llegando incluso a amenazar la viabilidad económica de la primera fase de modernización. En los últimos años los costes energéticos se han incrementado en un 455 por ciento en lo que se refiere
a la potencia contratada y en un 70 por ciento de media en lo que se refiere a la energía consumida media. Si no era suficiente con este incremento de los costes energéticos, van las confederaciones hidrográficas, ávidas en la captación de fondos,
y les suben las tarifas que anualmente pagan los regantes en concepto de canon, de uso y amortización de los canales de riego. Con estos números hay que decirles a nuestros gobernantes que se puede poner en grave peligro la viabilidad económica de
las más de 800.000 hectáreas que fueron modernizadas en el primer horizonte del Plan nacional de regadíos y, por supuesto, que se puede paralizar la segunda fase de este plan. La modernización de los regadíos ha supuesto la sustitución de los
antiguos sistemas de riego por gravedad, con consumo energético mínimo, por los nuevos sistemas de riego por presión. En el punto tercero de nuestra enmienda no queremos olvidarnos de lo importante que es la formación para todos los sectores,
incluyendo también a los regantes, y no solo eso, sino que se trata de incentivar el uso de todas aquellas medidas I+D+i que pueden ayudar a mejorar la eficiencia no solo de riego sino también del consumo energético.
Por último, quiero decir al grupo proponente que no dejen que su iniciativa sea un mero canto al sol, añádanle ustedes sustancia, acepten nuestras propuestas y, por favor, no caigan en el discurso gratuito sobre la falta de propuestas del
Partido Popular, porque creo que ese discurso les ha quedado obsoleto y además ya nadie los cree.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.
¿Desea hacer uso de la palabra don Francesc Canet? (Asentimiento.) Adelante.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Voy a compartir el tiempo con Nuria Buenaventura. Naturalmente estamos de acuerdo con la concepción de la PNL que nos ha expuesto el portavoz socialista. No se puede estar en contra de una nueva gestión del agua y tampoco de la necesidad
de apostar por la agricultura como sector estratégico. Estamos de acuerdo, como se ha apuntado en la exposición de motivos, en que la Ley de desarrollo sostenible del medio rural ha sido positiva. ¿Quién puede discutir que los recursos hídricos
son limitados y por tanto que la eficiencia en la gestión ha de ser indiscutible? De todas formas, quería alertar que no se puede aplicar a rajatabla el principio de la máxima rentabilidad, porque podríamos perjudicar a la agricultura por la
posible transferencia del agua a usos no agrícolas, con el consiguiente riesgo de desequilibrio en el territorio.
A la hora de preguntarnos qué es lo que ha de poner cada uno, evidentemente el agricultor también ha de poner de su parte -ha de buscar la opción de riego más sostenible-, pero la Administración, como se apunta, ha de hacer los deberes con
mayor profundidad: infraestructuras,
recursos económicos, tecnológicos, en definitiva, un plan de largo alcance y también, por qué no decirlo, decisiones en materia de política de precios. En cualquier caso, estamos de acuerdo con la proposición no de ley del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Nosotros también estamos de acuerdo con la proposición no de ley del Grupo Socialista. Hemos presentado una pequeña enmienda que creemos que dicho grupo va a aceptar, en la que proponemos aprovechar la modernización del regadío en España
para mejorar el estado de las aguas. Así lo recoge la Directiva europea 2000/60, de la Comunidad Europea. Además, entendemos que el plan de choque que se realizó en estos últimos años de modernización de regadíos, que conllevaba una importante
inversión pública, no ha servido del todo para mejorar la situación de los ríos, los acuíferos y sus ecosistemas asociados. Lo que pedimos es que ahora sí sirva para ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Tiene la palabra doña Concepción Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista tal y como viene redactada parecería que corresponde a una nueva estrategia de modernización de regadíos que se formula por primera vez, si no fuera porque dice que
corresponde a un proceso ya iniciado. De hecho, desde la finalización del Plan nacional de regadíos en 2008, esta estrategia ha quedado condicionada durante los años 2009 y 2010 y las actuaciones de la Administración General del Estado en materia
de modernización de regadíos han descendido bastante. La coordinación de los esfuerzos entre administraciones públicas que se pide en esta proposición no de ley, a nuestro entender, se lograría mejor con el estricto respeto a las competencias
plenas de las comunidades autónomas, como tiene Cataluña en materia de regadíos, asignando directamente las comunidades autónomas los fondos presupuestarios que resultan de la distribución con criterios objetivos de las dotaciones a dedicar en esta
estrategia planteada. No voy a darles datos. Tengo aquí unos cuadros que, si les interesan a sus señorías, los pueden ver, los cuales demuestran como las inversiones en estos dos últimos años han descendido bastante. Me he centrado en la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Durante estos dos años, por lo que se refiere a las inversiones, la Generalitat lo ha vivido como una especie de discriminación por la baja ayuda que ha proporcionado este plan. Pero vayamos a la parte positiva.
Vamos a hablar de esta nueva estrategia de modernización.
Podemos suscribir desde nuestro grupo la mayoría de los argumentos que ha expuesto en su intervención don Alejandro Alonso cuando defiende la modernización de los regadíos y lo que comporta este plan. Es necesario fomentar el ahorro de agua
-algo importante en este plan de regadíos-. El agua se usa, se aprovecha, se devuelve, no se gasta como dicen algunos por ahí, sino que se utiliza. Además es importante todo lo que pueda contribuir a ahorrar un poco más de esta agua. Estamos de
acuerdo con la presentación que ha hecho el señor Alonso de esta iniciativa del Grupo Socialista, pero creemos que los planteamientos, tal como han sido presentados, son tan generales que las actuaciones que se quieren dinamizar se limitan a un tipo
de estrategia virtual sin resultados significativos en cuanto al logro de los objetivos en que se quiere fundamentar esta estrategia. Por eso nosotros presentamos dos enmiendas de adición, una para establecer un calendario para aquellas obras que
serán incluidas en la estrategia, concretando la planificación de las actuaciones de cada una de ellas; la otra pretende incrementar el esfuerzo inversor en aquellos proyectos de regadío cuya tramitación se encuentra ya más avanzada para poder
recuperar en los próximos años los niveles de inversión en regadíos que se hicieron durante el periodo 2006-2008.
Espero que nuestras enmiendas sean aceptadas. Creo que en este aspecto mejoran y complementan la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Además, nos gustaría que el resto de los grupos parlamentarios pudiera dar soporte a las mismas y
fueran aprobadas por todos ellos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas Gracias, señora Tarruella.
Tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, paso a fijar la posición de Coalición Canaria en relación con la iniciativa planteada por el Grupo Socialista. En primer lugar, quiero manifestar que compartimos al cien por cien -yo creo que lo comparte toda la Cámara- tanto la
exposición de motivos como la parte dispositiva que plantea el señor Alonso como portavoz del Grupo Socialista. Quisiera también ser muy cuidadoso y respetuoso a la hora de valorar el trabajo del diputado. Le conozco, sé como trabaja y la
sensibilidad que tiene con el sector agrario en todas sus iniciativas y en las que plantean otros grupos, pero cuando uno lee esta iniciativa y piensa que quien la propone pertenece al grupo que apoya al Gobierno, ve que se queda un poquito corta,
porque no se habla de compromisos, no se habla de ficha financiera, no se habla de fijar un
calendario para esas inversiones que se hacen necesarias para cumplir el contenido de la parte expositiva de la iniciativa.
Señorías, alguna de las obras incluidas en ese Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, no se han ejecutado. No solo son problemas presupuestarios, como usted planteaba en su intervención, sino que también hay problemas medioambientales, de
autorizaciones o de informes de impacto, que deslizan la inversión durante muchos años, y esas obras, tanto en su vertiente de inversión directa por el ministerio o a través de Seiasa o de la empresa pública Tragsa, están condicionadas, como usted
sabe, a una aportación de los agricultores en la participación de las mismas del 50 por ciento, generando un sistema de inversión muy positivo porque favorece no solo optimizar los recursos hidráulicos, sino también la inversión en los territorios
vinculados sobre todo al mundo rural, al desarrollo agrario. No solo están esas obras; hay otras que se han ido incorporando cada año en leyes de presupuestos, en la declaración de interés general del Estado, sobre todo con el compromiso de
ejecución de las mismas. Sin embargo, como digo, muchas no se han ejecutado, otras están preparadas para poderse ejecutar y la inversión, por falta de recursos unas veces y otras por esos problemas medioambientales, no se realiza.
Así pues, la iniciativa se puede quedar un poco corta si no tenemos esa ficha financiera y si no tenemos esos compromisos. Por eso valoramos también la enmienda defendida por el Grupo Popular. Creemos que es una aportación positiva, sobre
todo porque permite en un momento tan complicado como el actual favorecer todo el desarrollo de las comunidades de riego. Las comunidades de riego están teniendo en estos momentos enormes problemas por los incrementos de las tarifas eléctricas, por
la imposibilidad muchas veces de elevaciones de agua en pozos en territorios que necesitan una inversión importante en energía eléctrica, y ese incremento y la aplicación de nuevas normativas que impiden esos descuentos o esas bonificaciones a las
tarifas agrarias indudablemente es una carga que tiene que soportar en estos momentos el sector agrario.
Creo que es positivo y en esa medida le instamos a que pueda recoger la parte de esas enmiendas del Grupo Popular en que plantea dar un poquito más de contenido al objetivo que pretende la proposición no de ley.
También, por supuesto, las
enmiendas que presenta Convergència i Unió y el resto de enmiendas que presentan los grupos favorecen, concretan, centran bastante el debate y pueden ser positivas para conseguir los objetivos que estoy seguro persigue el proponente, a quien
indudablemente su posición como diputado del grupo que da soporte al Gobierno le impide ser más amplio y más explícito, sobre todo por los condicionantes presupuestarios o por las propias políticas del ministerio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Don Joseba Agirretxea tiene la palabra.
Con el fin de que podamos cumplir con el horario previsto y poder suspender la sesión en torno a las veintiuna horas, les ruego que hagan caso a las indicaciones de la Presidencia y que los tiempos los calculemos para el proponente en cinco
minutos y para enmendantes y fijación de posición en torno a tres. Es algo que les rogaría porque, si no, vamos a acabar excesivamente tarde. Hoy tenemos cuatro mociones, lo cual es bastante inusual.
Adelante, señor Agirretxea, y disculpe.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Cada vez que llega a esta Cámara un tema relacionado con la agricultura, tenemos el riesgo de, a, decir obviedades o, b, pedir y reclamar por doquier. En ambos casos la demagogia y a veces incluso la hipocresía suelen imponerse en esta
tribuna. ¿Por qué? Pues desgraciadamente porque digamos lo que digamos relacionado con el sector agrario, los temas agrarios normalmente mueven muy pocas conciencias, no generan ninguna inquietud en el Gobierno y no plantean problemas que generen
tensión en los grandes sectores económicos. Esta es la realidad desgraciadamente en el sector agrario. Cuando se trata de otros temas entonces sí que se tambalean y se mueven y hay muchos cambios; en el caso agrario pocas veces. Hoy vamos a
tener dos ejemplos de ello, de estos dos modelos de propuesta posibles: el primero es este, el de las obviedades -el de las grandes pretensiones vendrá luego en otra moción de otro grupo-. Igual de baladí es tener iniciativas inocuas, es decir
aquellas que no hacen ningún daño, que traer iniciativas sin sentido, es decir insustanciales -perdónenme la expresión, que no quiero ofender-. Pregunto: ¿hay alguna novedad, algún aspecto novedoso en la propuesta loa al Gobierno que presenta el
Partido Socialista Obrero Español? ¿Le pide al Gobierno el Partido Socialista que haga algo que no esté ya comprometido por ley, como por presupuesto? ¿Genera alguna situación comprometida al Gobierno que le pueda poner nervioso con lo de: hoy
tenemos una proposición no de ley que cómo la voy a cumplir yo? La respuesta a las tres, señor Alonso, es no. Esto es como recetar agua, y digamos que el símil del agua en este caso viene al pelo, y nunca mejor dicho hablando de regadíos.
Centrándonos en la parte dispositiva y con una redacción que ni Quevedo en sus mejores tiempos, lo digo por lo conceptualista, plantea seis cuestiones todas ellas aceptadas y de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, a saber. Primero
dice: continuar impulsando el proceso de modernización de regadíos. ¿Acaso ha habido algún atisbo de hacer lo contrario? Segundo: dentro de la estrategia nacional de modernización de regadíos. Yo creo que evidentemente se pretende que haya una
estrategia y es la que debe de conducir en este
caso el tema de los regadíos. Tercero: en el menor plazo de tiempo posible. ¿Y cuánto es el menor plazo de tiempo posible? ¿Podría usted delimitarlo? ¿Podemos decir al Gobierno: seis meses, un año, tres años, dos, lo que sea?
Continúa: coordinando esfuerzos entre administraciones públicas implicadas en su financiación. Mejor cooperando que coordinando, ¿no?, porque coordinar siempre implica que alguien está por arriba coordinando: cooperando, porque si son las que
pagan, entre otras cosas, deben de estar al mismo nivel. Por último dice: para mejorar e impulsar el sector agroalimentario. El corolario es magnífico, señor Alonso. ¿Se imagina un texto que dijera lo contrario: para perjudicar el sector
agroalimentario? Una vez más, el Partido Socialista, el Gobierno, nos trae iniciativas de este calado, que por supuesto apoyamos, porque no hay ningún motivo para no hacerlo, pero el sector -acabo- tiene verdaderos problemas que el PSOE no plantea
en esta Cámara y que han de ser resueltos con más urgencia. No podemos perder tiempo con obviedades, señor Alonso. Sabe que le tengo estima, pero no podemos perder el tiempo con este tipo de obviedades traídas a esta Cámara. Creo que la
ciudadanía espera algo más de la clase política y, como he dicho, como el caso agrario normalmente mueve pocas conciencias, parece que todo es posible.
Las cosas fáciles se traen en el sector agrario; las complicadas se llevan en otro tema. Mi
grupo apoyará esta proposición no de ley, como le he dicho antes, pero consideramos que hay que trabajar más en cuestiones un poco más serias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Señor Alonso, ¿acepta alguna enmienda para su tramitación?
El señor ALONSO NÚÑEZ: Vamos a aceptar la enmienda de Esquerra Republicana-Izquierda Unida y la presentada por el Grupo de Convergència i Unió y no vamos a aceptar la enmienda que plantea el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE APROBACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DEL TURISMO. (Número de expediente 162/000768.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular sobre aprobación de un plan integral de turismo. Para la defensa de la proposición tiene la palabra la señora Salom. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.)
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el turismo es la segunda industria en nuestro país, pero resulta que el producto interior bruto turístico cada vez representa menos dentro del conjunto de la economía española, cada vez tiene menos peso dentro
del conjunto de la economía. Además, el peso político del turismo se ha visto rebajado a lo largo de esta legislatura.
El turismo está perdiendo competitividad a raudales en los últimos años.
En la crisis actual hay desánimo, desconfianza en el
sistema y más de 4,5 millones de parados. En este contexto, desde el Grupo Popular consideramos que de todo el conjunto de la economía española, el sector que está mejor posicionado para intentar remontar esa crisis es el turismo. Por eso
consideramos que es importante darle un impulso decidido y valiente al sector turístico para que sea capaz de tirar de la economía y volver a generar puestos de trabajo.
La próxima temporada turística probablemente sea buena, pero ¿será buena porque en España las cosas se hacen bien? La respuesta es no, porque cada día estamos perdiendo competitividad. La temporada turística probablemente sea buena por las
políticas económicas acertadas en los principales mercados emisores de turistas. Ahí se han mejorado las economías familiares y por eso probablemente la temporada turística próxima sea buena. También será buena debido a los problemas en el norte
de África. Los competidores del arco mediterráneo tienen problemas y eso hará que la temporada del próximo verano sea buena, con lo cual las perspectivas son positivas, pero por factores externos a la economía española. Lo que decimos nosotros es
aprovechemos la oportunidad de una buena temporada para hacer los deberes que tenemos que hacer en España para mejorar la competitividad de nuestro sector turístico. En este sentido planteamos la proposición no de ley del Pleno de hoy.
Pedimos que el turismo sea considerado un sector estratégico de primera magnitud en nuestro país. Eso significa que tiene que haber una transversalidad total en todos los ministerios, que desde todos los ministerios se piense y se trabaje
sobre qué se puede hacer desde cada uno de ellos para ayudar y colaborar con el sector turístico junto con las comunidades autónomas. Pedimos que se cree un plan integral del turismo en coordinación con las comunidades autónomas para conseguir un
objetivo, que es mejorar nuestra competitividad. El plan tiene una serie de puntos. Uno de ellos es crear una comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos que se reúna cada trimestre para hablar de turismo, para ver qué se puede hacer
desde cada ministerio para ayudar al sector servicios en nuestro país. Apostamos por un IVA superreducido del 4 por ciento. Es fundamental para el turismo reducir el IVA. El Grupo Popular apuesta por un IVA superreducido del 4 por ciento, esto
mejorará la competitividad del turismo de nuestro país. Francia y Alemania han reducido el IVA que afecta al
sector turístico en los últimos años. Aquí en España se ha hecho justo lo contrario, se ha incrementado el IVA que afecta al sector servicios.
Apostamos por un plan de conectividad aérea, tanto nacional como internacional. Hay que
garantizar las comunicaciones entre los países emisores de turistas y los distintos destinos dentro de nuestro país. El Grupo Popular apuesta también por reducir las tasas aéreas en un 50 por ciento. Las tasas que pagan nuestros turistas y que
pagamos nosotros también son de las más elevadas de Europa, por eso apostamos por reducirlas a la mitad, porque consideramos que de esta manera los precios de los billetes se van a abaratar y harán que nuestro producto, el producto turístico
español, sea más barato y más competitivo frente a la competencia. También apostamos por nuevos productos, por la recalificación integral de determinadas zonas maduras, como Canarias, Málaga y, especialmente, la playa de Palma. Queremos ya la
reconversión integral de la playa de Palma; es urgente en la isla de Mallorca que se aborde de una manera decidida y valiente la reconversión integral de la playa de Palma, eso lo necesita Mallorca en estos momentos. También apostamos por la
desestacionalización. España es básicamente turismo de sol y playa y las temporadas son muy cortas, cuatro meses. Para que haya un empleo mucho más estable y para que la economía sea mucho más constante es preciso trabajar en temporadas de ocho o
nueve meses. Por eso apostamos por un turismo cultural, idiomático, gastronómico, rural y religioso. También apostamos por unos incentivos para las empresas de temporada que abran durante todo el año.
Además de estas medidas, hay otras que no voy a enumerar pero que doy por defendidas, y la idea del Grupo Popular es trabajar con una serie de medidas en positivo para mejorar el sector turístico en España. España es turismo y, defendiendo
el turismo, defendemos que se puedan crear en nuestro país miles y miles de puestos de trabajo, que hoy son una necesidad.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Salom.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de varios grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, volvemos a debatir una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en relación con el sector turístico, que, como sus señorías conocen bien, es para nuestro grupo un sector
estratégico, de máxima importancia en términos de crecimiento y de competitividad y clave en nuestra recuperación. Los datos avalan estas consideraciones. Hace pocas semanas, en otro debate sobre el sector, ya manifestamos lo que representaba el
sector para nuestra economía y para la ocupación y cuáles eran, a nuestro entender, las problemáticas más relevantes que afectaban al sector y que debían ser atendidas y resueltas para establecer unas bases más sólidas para que el sector pueda
competir más y mejor, especialmente en un contexto global que, si bien presenta oportunidades, le obliga a hacer frente a nuevos retos y nuevos competidores.
Compartimos el espíritu y los objetivos de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Coincidimos en que el plan integral del turismo que se insta al Gobierno a presentar debe tener un objetivo prioritario, que es mejorar la
posición competitiva del sector turístico español frente a nuevos mercados y destinos emergentes, a los que hacía antes referencia, pero al mismo tiempo debe permitir avanzar en la dirección de la internacionalización de las empresas, de la
diversificación de los mercados y productos y avanzar hacia una mayor profesionalización, contribuyendo a la generación de empleo más especializado. Con estas coincidencias -y compartiendo también los objetivos que presenta la proposición no de
ley- hemos presentado una enmienda que aporta una serie de cambios y también propuestas adicionales a las que incorpora la proposición no de ley; y ello en cada uno de los tres grupos de propuestas.
En concreto y con relación a las orientadas a mejorar la competitividad del sector, tal como hemos manifestado en otras ocasiones, señorías y señores del Grupo Popular, entendemos que no es el momento ahora de volver a insistir en la
reducción del IVA, pero sí proponemos estudiar la aplicación de una fiscalidad más favorable a la prestación de servicios del sector turístico y de la restauración. Este punto es para nosotros importante y en otras ocasiones hemos tenido
oportunidad de debatir sobre ello y manifestar nuestra posición.
También nos ocupa y nos preocupa la financiación del sector. En este sentido, hemos introducido un apartado que incide en la necesidad de estimular la modernización del sector mediante nuevos incentivos temporales a la reinversión, el
incremento de las ayudas financieras dirigidas a estimular y a potenciar la modernización y el incremento de la calidad y la apuesta por la diversificación.
Con relación al segundo grupo de enmiendas hemos presentado también otro aspecto adicional orientado a establecer medidas de apoyo a la desestacionalización de la actividad turística, eje para nosotros también muy importante.
Finalmente, hay una última aportación a la proposición no de ley porque consideramos importante la implicación de las comunidades autónomas en la política del sector turístico. Es imprescindible añadir el papel relevante que tienen en la
definición de las políticas y de las medidas orientadas a reforzar el sector turístico y no solo por los aspectos competenciales que deben ser respetados, sino por la misma diversidad que representa nuestro territorio.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera, por favor.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.
Desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado estos cambios a través de una enmienda a la proposición no de ley, incidiendo sobre todo en el aspecto de la fiscalidad en cuanto que entendemos que sí debe ser estudiado, pero no es el
momento de volver a apostar por una reducción al 4 por ciento. Esperamos que esta enmienda pueda ser aceptada por el grupo proponente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor González Rodríguez.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Miguel): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el sector turístico español ya dispone de un plan estratégico, el Plan horizonte 2020, que fue consensuado en su momento con las administraciones públicas y con el propio sector turístico, y cuyas líneas de actuación son sometidas
continuamente a las debidas actualizaciones en función de la coyuntura, pero cuya orientación estratégica no ha sido ni debe ser cuestionada por hechos circunstanciales. Por este motivo mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, entiende que
desde el Gobierno se han sentado las bases ya desde hace mucho tiempo para garantizar el futuro del sector turístico en España.
Los últimos acontecimientos que se han producido en varios países del norte de África y la consecuente desestabilización de sus sectores productivos, entre ellos el turístico, ha provocado un aumento sustancial en la llegada de turistas a
nuestro país, así como la mejora generalizada en las economías de países europeos generadores de flujos turísticos a España, como son Alemania o Gran Bretaña. Así se ha podido constatar la pasada semana en la Feria Internacional del Turismo que se
celebró en Berlín.
Hay algunos datos que conviene destacar. España recibió en enero de 2011 un total de 2,66 millones de turistas internacionales, lo que ha supuesto comenzar el año con un crecimiento de un 4,7 por ciento sobre el año anterior. En este
sentido, Canarias ha sido la comunidad autónoma que más ha aportado al crecimiento general del mes, ya que ha registrado 70.000 turistas internacionales más que en enero del año 2010. Para un país como el nuestro, cuya economía depende en un alto
porcentaje del componente turístico, estas son buenas noticias, muy buenas noticias. La buena marcha del sector turístico implica dinamización económica, creación de riqueza y, sobre todo, empleo, mucho empleo, y esto debería congratularnos a
todos.
Señorías, la iniciativa parlamentaria que hoy nos trae el Grupo Popular llega tarde. No aceptan enmiendas de otros grupos y, además, varios aspectos que se contemplan en su proposición no de ley ya han sido debatidos en otras muchas
ocasiones en esta Cámara. Una vez más inciden en una cuestión que está superada desde hace mucho tiempo, competir sobre la base de los precios, sin entender que esa batalla está absolutamente perdida. Únicamente con el valor añadido de nuestro
sector turístico será posible la competencia con otros destinos cuyos precios son mucho más bajos que los nuestros. Solo con calidad, con la potenciación de nuestras fortalezas turísticas y con una conservación exquisita del medio ambiente, con una
política turística de carácter sostenible seremos capaces de superar a nuestros competidores.
Precisamente la línea que ha marcado en política turística el Gobierno de España en los últimos años sigue este camino: la creación del Consejo Español de Turismo, el Plan de objetivos de Turespaña, los fondos para la modernización de
infraestructuras turísticas, el Plan estratégico 2020, el Plan Renove Turismo y el FuturE o el Plan estratégico cultural y el de turismo gastronómico. Los socialistas proponemos continuar mejorando la competitividad del sector turístico español
desde la premisa de seguir impulsando un transporte aéreo fiable, sostenible y de calidad, adaptándolo a las nuevas realidades de un mercado cada vez más globalizado y con medidas estratégicas coordinadas con las instituciones europeas y con las
organizaciones internacionales de aviación civil. En este sentido, en nuestra propuesta ocupa un lugar muy destacado la recualificación integral de los destinos turísticos ya maduros, como efectivamente se está produciendo ya en la playa de Palma
de Mallorca, en la Costa del Sol, en el Puerto de la Cruz en la isla de Tenerife y en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en la isla de Gran Canaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor González, tiene que acabar.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Miguel): Precisamente el ministro de Industria, Turismo y Comercio visitó el pasado fin de semana Canarias y firmó con el Gobierno de Canarias un convenio de más de 42 millones de euros a invertir durante el
año 2011.
Termino, señora presidenta. El camino diseñado por el Gobierno en política turística, como decía antes, debe pasar irremediablemente por un nuevo modelo para los destinos turísticos maduros, la promoción de experiencias innovadoras en el
sector, el impulso a una cultura del detalle y atención al cliente y la asunción de fuertes compromisos de sostenibilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor González, por favor.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Miguel): Termino, presidenta.
Este es el camino a seguir, este es el camino que ha seguido el Gobierno hasta el momento y este es el camino que vamos a seguir andando los socialistas para conseguir
colocar el turismo español en un lugar de privilegio en el mundo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor González.
Para defender las enmiendas del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, en términos generales la iniciativa de que el Gobierno de España elabore un plan estratégico para la mejora de la competitividad del turismo español nos merece una valoración positiva, pero se deben tener en cuenta las
especiales circunstancias que diferencian la actividad turística en Canarias respecto al resto de los territorios y que, pese a las ventajas naturales que tenemos para el desarrollo de esta importante actividad económica, existen factores que
influyen negativamente en su posición competitiva: la lejanía respecto a los mercados emisores, que provoca un mayor coste del producto vacacional; la insularidad de su territorio, que impide el aprovechamiento de una masa crítica importante de
turistas y que obliga a mantener infraestructuras aeroportuarias dispersas, y la alta dependencia del turismo de nuestra economía, que nos hace vulnerables respecto a cualquier cambio en el panorama mundial.
Por ello, las enmiendas presentadas por Coalición Canaria pretenden singularizar a Canarias en algunas de las medidas propuestas en la proposición no de ley, en particular en las que inciden en el transporte aéreo, en las tasas aéreas, en la
cualificación de los destinos maduros y en el diseño de las campañas turísticas en el exterior. Planteamos una enmienda respecto a la propuesta de rebaja de tasas aéreas, portuarias y aeroportuarias para que se mantenga el diferencial con el resto
del Estado y se equipare a todos los aeropuertos canarios. En la enmienda número 3, sobre los programas de recualificación de los destinos maduros y de fomento en la renovación de los establecimientos turísticos, planteamos una reserva de
financiación específica para Canarias por ser un factor decisivo en la mejora de la competitividad de destinos, tal y como se establece además en la disposición del Régimen Económico y Fiscal. Con respeto a la enmienda número 4, sobre las campañas
de promoción turística, consideramos que también han de adaptarse a lo contenido en el artículo 19.3 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Nos gustaría que el Grupo Popular aprobara las enmiendas que planteamos.
Pretenden mejorar esa propuesta que nos parece interesante, pero que en muchos de los asuntos no encaja dentro de las necesidades de Canarias de estar en ese plan
estratégico para la mejora de la competitividad.
Creemos que con esto sí se complementaría y quedarían perfectamente encajadas las condiciones de Canarias en ese plan de competitividad. Por eso solicitamos a la portavoz que tenga en cuenta estas
enmiendas y las acepte.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
Para fijar la posición del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, presidenta.
Vamos a iniciar la exposición hablando de una cierta coincidencia con el diagnóstico que se ha expuesto del sector turístico como sector estratégico, seguramente iniciando una salida de la crisis. Se han planteado temas ya debatidos y
podemos coincidir en algunas de las medidas propuestas, pero tenemos nuestras dudas respecto al tipo de IVA que se propone. Estamos más de acuerdo con las tasas, para los que somos diputados por circunscripciones como Girona, con aeropuertos que
dependen mucho de la actividad de una compañía determinada, las tasas evidentemente son un elemento fundamental junto con las posibles ayudas públicas. De todas formas, cuando el Grupo Popular plantea el plan integral nos suscita ciertas dudas
porque ya sabemos por otros argumentos cómo entiende el Partido Popular la atención especial a la marca España.
Desde Esquerra Republicana hablaríamos más de traspasos a las comunidades autónomas de parte de los recursos y del presupuesto de
Turespaña, hablaríamos y propondríamos transferencias del fondo del Plan Avanza a los gobiernos territoriales para implementar o mejorar soluciones TIC al sector -contratación, gestión, etcétera- o, por ejemplo, potenciar las inversiones en destinos
turísticos maduros, ampliando el Fomit, por cierto, creado a propuesta de Esquerra Republicana en los presupuestos para 2006.
Decía que, cuando se habla de marca España, desde Cataluña a la fuerza deben surgir reticencias, y seguramente también desde otros ámbitos territoriales del Estado. Encontramos un posible conflicto de intereses porque en Cataluña se trabaja
actualmente en dos direcciones: una, en convertir en recurso turístico elementos significativos del patrimonio histórico y artístico de Cataluña y, dos, en impulsar trabajos de la agencia de turismo de Cataluña en la promoción directa en los
mercados emisores de los aspectos que identifiquen e individualicen la marca turística Cataluña, precisamente. Queremos que se sepa que se viene a Cataluña, un país con identidad nacional propia y con un patrimonio artístico y cultural propio y
diferenciado, y queremos que cuando el turista se marche no tenga que llevarse forzosamente suvenires que en nada se corresponden con lo que es y representa Cataluña.
En cualquier caso, esperaremos al resultado de las posibles transacciones, la aceptación o no de enmiendas para fijar el sentido definitivo de nuestro voto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, de nuevo debatimos una iniciativa del Grupo Popular, una proposición no de ley con el fin de impulsar y apoyar al sector turístico. En el Grupo Vasco creemos que
este sector es muy importante en general y especialmente crítico y determinante de la actividad económica en algunos territorios específicos del Estado español como Canarias, Baleares, Levante, etcétera, y como tal ha de ser tenido en cuenta. Sin
embargo, consideramos que la iniciativa está completamente desenfocada, y lo está por un ánimo -no sé si consciente o inconsciente del Grupo Popular- de ignorar quiénes deben actuar principalmente en el sector turístico.
En el preámbulo se habla de plan integral de turismo, de la importancia de que el sector turístico perciba del Gobierno -como dicen de la nación- que es considerado un sector estratégico. Además, señalan que es importante que se fomente la
marca España. Ahí está el desenfoque, señores del Grupo Popular. La realidad competencial recogida en los estatutos de autonomía contempla el turismo como competencia autonómica, pero ustedes ignoran la realidad, ni siquiera la consideran.
Queremos saber, en este sentido, las medidas que el sector turístico está adoptando en aquellas comunidades autónomas en las que gobiernan o las iniciativas de impulso o las demandas de coordinación con el Estado que están proponiendo con el fin de
reactivar el sector turístico. Si ustedes plantearan una iniciativa respetuosa con el marco competencial, en la que las comunidades autónomas fueran las que instaran de alguna forma al Gobierno central a colaborar en un plan de actuación turística,
podríamos considerarla e incluso aprobarla, pero su modelo de turismo y de Estado es el contrario y por ello instan al Gobierno a que elabore un plan integral en colaboración con las comunidades autónomas -al menos en este punto sí hacen referencia
a ellas-. Por eso, nos va a ser difícil votar a favor de esta proposición. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Además, siguiendo la tendencia, plantean un popurrí de medidas diversas y heterogéneas que lo que hacen, más que facilitar el
acuerdo, es dispersarlo y hacerlo más difícil, desde estudios y planes hasta rebajas impositivas, pasando por planes de formación, campañas publicitarias e incluso medidas de ahorro energético. Probablemente, todas y cada una de ellas estén
orientadas a ayudar al sector y puedan ser beneficiosas al respecto; pero, insisto, la falta de enfoque del problema obviando el marco competencial existente es lo que nos va a llevar a votar en contra de esta iniciativa, salvo que se llegue a un
acuerdo con alguna transacción que nos parezca razonable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señora Salom, ¿acepta su señoría alguna enmienda?
La señora SALOM COLL: Señor presidente, no acepto ninguna de las enmiendas que se han planteado y pediré votación separada de todos y cada uno de los puntos de nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Salom.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MODIFICACIONES LEGALES OPORTUNAS PARA UN NUEVO CÁLCULO DEL DÉFICIT TARIFARIO Y EL IMPULSO DE NUEVAS ESTRATEGIAS A FAVOR DEL AHORRO Y
LA EFICIENCIA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES. (Número de expediente 173/000197.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas
estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables.
Para su defensa tiene la palabra doña Nuria Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señorías, la moción que en estos momentos voy a presentar y vamos a votar en esta sesión plenaria surge de una interpelación realizada la semana pasada al ministro de Industria, fruto justamente de unas medidas tomadas por el Gobierno para
el ahorro y la eficiencia energética; medidas que, como ya dijimos en la interpelación de la semana pasada, nos parecían bien, pero que considerábamos insuficientes, improvisadas y, a nuestro entender, tardías. Nosotros planteábamos, y planteamos
en esta moción, que para conseguir este ahorro energético es necesaria una estrategia mucho más ambiciosa que contemple el ahorro y la eficiencia energética, que contemple la movilidad sostenible, que contemple también las energías renovables y
también algunas medidas de fiscalidad.
Y si la semana pasada lo argumentábamos por temas económicos, ambientales, esta semana, señorías, lo planteamos fundamentalmente por un tema de responsabilidad moral. Como decía anteriormente, es un tema económico, tema medioambiental, pero
también tema de responsabilidad y de seguridad.
Si realmente queremos un futuro seguro, hemos de apostar decididamente
por estas políticas de ahorro y eficiencia energética que nos permitirán prescindir de la energía nuclear, energía que, como podemos comprobar y nosotros lo hemos dicho anteriormente en muchísimas ocasiones, no es una energía económica, no
es una energía sostenible y, como podemos ver, no es una energía segura.
Hemos de apostar por un uso eficiente y de ahorro de la energía, pero en estos momentos hemos de apostar también, e instar al Gobierno, por un compromiso claro de cierre de las nucleares, apostar por una transición en unos años que nos
permita prescindir de la energía nuclear; y le pedimos al Gobierno que aprenda, esta vez sí, de la señora Merkel. La señora Merkel, después de la desgracia ocurrida el viernes pasado en Japón, ha decidido una moratoria de tres meses para no
prorrogar la vida de las nucleares. Esto es lo que le pedimos al señor Rodríguez Zapatero, que haga exactamente lo mismo aquí en nuestro país, en España, y que además paralice cualquier prórroga que esté en trámite en estos momentos, como, por
ejemplo, Cofrentes la semana que viene. Pedimos, por responsabilidad, que se paralicen todos los trámites que en estos momentos se estén realizando en temas nucleares. Creo que ya es evidente, no solo para los entendidos, sino para la mayoría de
la sociedad, que la energía nuclear es una energía peligrosa, de la que no podemos prescindir de hoy para mañana, pero hemos de poner las bases para que no exista en el futuro.
Por eso instamos al Gobierno en esta moción a que se apruebe en el plazo máximo de cuatro meses una ley de ahorro y eficiencia energética que contemple instrumentos de planificación e instrumentos de gestión de la demanda, que todas las
normas de eficiencia energética sean vinculantes para las administraciones públicas y las empresas, el cumplimiento de la trasposición de la directiva de eficiencia energética de edificios, en definitiva, la ley tan pedida de ahorro y eficiencia
energética que el señor ministro, en comparecencia en la Comisión, se comprometió a que estaría redactada a finales de marzo.
Por otra parte, pedimos aprobar una ley de apuesta decidida por las energías renovables antes de finalizar el año 2011, así como una ley de movilidad sostenible que fije las medidas más adecuadas para fomentar el transporte público y
colectivo y los medios de transporte de bajo impacto y, por último, aprobar medidas de fiscalidad ambiental bajo el principio de que el que contamina paga, haciendo visibles a los consumidores los costes reales del CO2 y la mayor competitividad de
las renovables frente a los combustibles fósiles y la energía nuclear. En definitiva, lo que hoy proponemos que se apruebe en el Congreso es poner las bases para que España pueda ser limpiada de una energía sucia, como es la energía nuclear.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria y decirle, señora Buenaventura, que la primera parte de su intervención me hizo releer la moción, porque no concordaba con lo que teníamos previsto en relación con la
iniciativa planteada. Nosotros compartimos casi todos los criterios que se plantean en la iniciativa y, como digo, no tienen nada que ver con esa primera parte de su intervención. Usted se ha centrado al final en la parte dispositiva, y el
planteamiento que hace en relación con la insuficiencia de las medidas del Gobierno, el planteamiento de que son coyunturales y la necesidad de unas medidas estructurales, como se plantea, previo el estudio que usted demanda en la iniciativa, nos
parece razonable. En principio, damos nuestro apoyo a la iniciativa, salvo que no compartimos parte de su intervención porque pensamos que no se ajusta a la moción, e incluso la releímos mientras usted intervenía. En todo caso, estamos de acuerdo
con ese planteamiento que hace y con los acuerdos que plantea en la parte dispositiva de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, si me permiten -y se lo digo con el máximo respeto-, la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds es, a mi entender, un tanto
demagógica y poco coherente. La Ley 2/2011, de Economía Sostenible, recientemente aprobada y publicada, ya establece que se remita en el plazo de tres meses a las Cortes Generales un proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables.
Ustedes en la moción piden que se presente antes de cuatro meses. Creo que ese tema está ya contemplado en la legislación referida. En la disposición final vigésimo primera de energías renovables dice: El Gobierno, en el plazo de tres meses desde
la entrada en vigor de esta ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables que adopte las medidas necesarias para avanzar en el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley. Por tanto, en
este sentido la propuesta de Iniciativa per Catalunya parece redundante. En segundo lugar, recientemente el Congreso ha aprobado, después de más de sesenta comparecencias y más de un año de trabajo, un documento de planificación energética que
contiene propuestas, recomendaciones y conclusiones al respecto, por lo que no tiene sentido ahora de repente, sin un debate sereno, cambiar lo que allí se acordó. En tercer lugar, la moción solicita también que se cumpla con el 30-30-30 y no con
el 20-20-20 como se aprobó en la citada subcomisión, es decir, que el año 2020 se
tenga el 30 por ciento de la energía final proveniente de energías renovables, se reduzcan el 30 por ciento las emisiones de CO2 respecto a lo emitido el año 1990 y se consiga un ahorro y eficiencia energética del 30 por ciento.
Sinceramente esto es bonito, esto podría gustarnos a todos, pero creemos que va a ser difícil llegar incluso al 20-20-20 como para plantear el 30-30-30, porque tendríamos que plantearnos quién paga el incremento de las renovables en ese 10 por
ciento adicional, si se va a pedir que se suban las tarifas reguladas entre un 15 y un 20 por ciento anualmente o no.
Es preciso recordar que existe ya un déficit tarifario de 22.000 millones de euros y que el año 2010 se cerrará con un déficit de unos 5.500 millones. Si así fuera nuestras empresas, a las que afectaría la subida de tarifas, serían desde
luego menos competitivas en el ámbito internacional, con lo que ello supondría. Si además a la industria que a partir de 2013 va a tener que comprar los derechos de emisión de CO2 mediante subastas se le incrementa un 10 por ciento el CO2 va a
tener un mayor coste nuevamente, lo que implicaría una menor competitividad.
Ningún país de la Unión Europea en la comunicación oficial de los Paner, de los planes nacionales de energías renovables, ha comunicado ir por encima del 20 por ciento.
Así, podríamos seguir analizando las iniciativas; sinceramente las iniciativas suenan bien a los oídos de los ciudadanos, pero hay que poner, a nuestro juicio, un poco los pies en el suelo y sobre todo no tirar por la borda un trabajo que se ha
desarrollado durante un año de duro esfuerzo en la subcomisión de Industria y Energía y que contempla casi todos estos aspectos. Lo que tenemos que hacer es exigir al Gobierno que cumpla las recomendaciones en él contenidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Doña Inmaculada Riera tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, respecto a esta moción la posición de nuestro grupo parlamentario es la ya manifestada en otras ocasiones, dar pleno soporte a los trabajos y a las conclusiones de la subcomisión de análisis de
la estrategia energética. En su momento, como sus señorías ya conocen, entendimos necesaria su creación para abrir un debate y llegar a unas conclusiones en torno a uno de los temas que más afectan a nuestra economía y a nuestra competitividad, y
para establecer las bases de una de las reformas estructurales más importantes que tiene pendientes nuestro sistema, la energética. Todo ello no solo en un contexto de crisis económica, que ha condicionado muchas de las decisiones no siempre
compartidas por nuestro grupo que afectaban al sector, sino ahora más necesaria aún si cabe frente a la crisis o a las crisis políticas que atraviesan algunos de los países más importantes en términos de suministro, lo que se traduce en
encarecimiento y volatilidad. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Reducir la dependencia energética; garantizar el suministro; aumentar la seguridad del sistema; mejorar la eficiencia; incrementar el ahorro
energético; diversificar nuestras fuentes apostando por un mix de generación adecuado a los objetivos 20-20-20, con un objetivo claro de sostenibilidad y competitividad; apostar por las energías renovables, por la sostenibilidad medioambiental y
añadir a ello el no menos importante déficit tarifario del sector eléctrico que hoy aún constituye el principal desequilibrio del sector y que es necesario resolver, son los objetivos más importantes que tiene el sector, la economía y nuestra
sociedad. Nuestra economía arrastra un déficit importante en materia energética que impacta en la vida de los ciudadanos y en nuestra competitividad. Y la propuesta de la creación de la subcomisión iba en la línea de avanzar en esta reforma
estructural y hacia los objetivos que antes he comentado.
Hechas estas consideraciones previas y entrando en los puntos que plantea la moción, quiero hacer referencia a dos iniciativas legislativas estrechamente relacionadas con la problemática que hoy nos ocupa en esta moción, y que dan respuesta
a gran parte de las preocupaciones que evidencia la moción. En primer lugar, repito, existen los trabajos y el informe de las conclusiones de la subcomisión que analiza la situación energética española y hace una serie de propuestas factibles y
equilibradas, que deben permitir el desarrollo eficiente de un sector energético sostenible, que persigue los objetivos que antes he mencionado. Un informe que pretende, a través de sus conclusiones, establecer unas bases de reforma que deben
contribuir no solo a un desarrollo sostenible de nuestra economía, sino a mejorar la competitividad y a aumentar la protección de los consumidores. El informe plantea en sus conclusiones que en el plazo de seis meses el Gobierno remitiría un
informe al Congreso de los Diputados que contenga, entre otros extremos, las medidas necesarias para el desarrollo y la implementación de las conclusiones. Señorías, señora Buenaventura, estamos aún en el margen de plazo para su presentación.
La segunda referencia que hemos de hacer es la referencia a la Ley de Economía Sostenible, recientemente aprobada, que recoge aspectos e incorpora propuestas relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética. Podemos coincidir, termino
señor presidente, en alguno de los puntos que plantea la iniciativa, por ejemplo, la de apostar por políticas de ahorro y eficiencia energética o por un papel más significativo de las renovables. Pero, señorías, no podemos coincidir en muchos de
los aspectos que plantea la moción, especialmente el ninguneo de las competencias que en materia ostentan las comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Riera, por favor.
La señora RIERA I REÑÉ: Y en términos de enfoque otra de las propuestas como la de medidas de fiscalidad ambiental. Es por todo ello, señorías, señora Buenaventura, que nuestro grupo no apoyará la moción que hoy presenta su grupo
parlamentario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos ante una moción consecuencia de interpelación que fue ya debatida en esta casa el 7 de septiembre del año pasado. Seguimos coincidiendo con el grupo proponente en todos aquellos lugares comunes que, independientemente de la
organización política en la que militemos, forman parte del conocimiento exigible a todo aquel que desempeña responsabilidades públicas, particularmente en materia de energía, pero en ningún caso, esta es una discrepancia importante, creemos que
demonizando tecnologías o aumentando la presencia del sector público y, mucho menos, gravando aún más la actividad económica en España, generaremos el marco adecuado para incentivar la economía y, por tanto, la creación de empleo, que es el objetivo
último que debería, a nuestro juicio, impulsar la acción política.
Señorías, es que hay que instar al Gobierno a que cumpla la ley, y anteriormente el compañero del Grupo Parlamentario Vasco ha hecho referencia acerca de la Ley de Economía Sostenible. Por tanto, antes del 6 de junio el Gobierno, si cumple
la ley, enviará a la Cámara un proyecto de ley que llevamos demandando en esta casa desde hace tres años; proyecto en el que podremos avanzar de manera efectiva en aquellos propósitos que esta iniciativa alberga. Será entonces cuando con un
diálogo, diálogo crítico, si quieren, con todas las fuerzas políticas y los representantes de los sectores más fuertemente implicados, el Congreso de los Diputados podrá dar respuesta a las inquietudes que se manifiestan en esta iniciativa y que
responden, sin duda, a una cuestión trascendental. Esta moción carecería de sentido si no nos encontráramos ante un Gobierno que no tiene agenda energética y, lo que es más aún grave, no tiene propósito político, y esto le hace estar cada día más y
más lejos de aquellos a los que representa. No tienen modelo, y eso lo hemos podido observar en el reciente Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética, un conjunto de ocurrencias que han causado problemas en nuestro sistema económico y que
esconden una concepción de la política como herramienta de ingeniería social: la modificación de los 110 kilómetros, las bombillas, y el último experimento, el Plan Renove de 240.000 neumáticos, cuando en España se cambian 18 millones al año. Los
primeros logros de esta medida ya son conocidos: paralizada la venta de neumáticos hasta que el Ejecutivo establezca los protocolos de actuación porque las ruedas no disponen de etiqueta energética hasta finales de 2012. Claro que debido a nuestra
enorme dependencia energética el principal recurso es aquello que no consumimos, el ahorro. Pero antes de distorsionar el mercado apostemos por la educación, por incentivar el ahorro más que las prohibiciones. No creemos que políticas que tratan
de controlar permanentemente la vida privada desde el poder público lleven a una sociedad más próspera, sino más bien a todo lo contrario.
Necesitamos, bien lo ha sabido recientemente en Bruselas el señor Rodríguez Zapatero, mejorar nuestra
competitividad, y en ningún caso estos vaivenes regulatorios que desincentivan la inversión y transmiten una confianza nula en nuestro país sirven de mucho. Confianza que no se obtiene subiendo la tarifa eléctrica, como anunciaba ayer el ministro
que va a subir los peajes de acceso.
Hace unas semanas, señorías, el señor Sebastián recalcó que la subida del 10 por ciento en enero de la tarifa de último recurso fue excepcional e irrepetible. Ha pasado una semana desde que el ministro anunciara solemnemente que la tarifa
eléctrica no iba a subir este año. Este engaño, uno más, solo puede ser por uno de estos dos motivos, o bien lo sabía ya el Gobierno y lo mitigó para ganar tiempo ante la presentación del Plan de eficiencia y ahorro, o bien, esto es lo más grave,
carecen del conocimiento que se exige para estas lides.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Mariscal, por favor.
El señor MARISCAL ANAYA: Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Comenzaré mi intervención, señorías, pidiendo a la señora Buenaventura que retire la moción. Si no, votaremos en contra. No es una petición caprichosa. Se trata de la lógica política y la lógica jurídica, aunque añadiría, después de su
intervención, que usted carece de argumentos.
Porque, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha hablado de la energía nuclear, desconociendo que la señora Merkel se ha situado en la posición de España. Aquí no hay ninguna central
nuclear que haya cumplido cuarenta años de funcionamiento, y sobre la única que hay el Gobierno ha decretado su cierre. Pero por hablar de eficiencia energética, le diré, en primer lugar, que el 4 de marzo se aprobó la Ley de Economía Sostenible
que trata muchos de los aspectos a los que usted se ha referido: de la planificación energética, de los planes de movilidad, de la propia ley de eficiencia energética y energías renovables que el Gobierno tiene
que presentar en tres meses, no antes de final de año, como usted propone.
En segundo lugar, ha habido unos trabajos de la subcomisión de política energética que tienen dos objetivos claros. En primer lugar, el ahorro energético, la fuente
de energía más importante del futuro es aquella que no se gasta, que se ahorra, sobre todo en un país que consume el 20 por ciento más de la media de la Unión Europea. En segundo lugar, reducir nuestra dependencia energética con más renovables y
con más ahorro. Pero, señorías, esto no es un trabajo de hoy. Ya lo viene haciendo el Gobierno desde el año 2004. En el año 1997, España tenía la misma intensidad energética que la media de la Unión Europea.
Desde el año 1997 a 2004 todos los demás países hicieron esfuerzos menos el Gobierno del Partido Popular, que no lo hizo, y redujimos nuestra intensidad energética un 10 por ciento. Fue el Gobierno socialista del año 2004, con políticas de
ahorro y de eficiencia energética, quien la ha reducido en un 14 por ciento. Pero tampoco debemos quedarnos ahí. Por eso, el Gobierno tiene como objetivo, en primer lugar, que la economía española sea un 20 por ciento más eficiente que la actual
en el año 2020, y un 35 por ciento más que la que lo fue en el año 2005. En segundo lugar, que las energías renovables pasen del 12,2 por ciento al 20,8 por ciento. En tercer lugar, que reduzcamos nuestra dependencia energética pasando de un 23
por ciento al 31,5 por ciento de abastecimiento energético. La ley de eficiencia energética y energías renovables, que antes mencionaba, va a ser el mejor instrumento para que el ahorro energético siga siendo un pilar básico de la economía
española, que, por cierto, es la única compatible con el resto de los tres pilares básicos de la política energética. Por eso, la apuesta debe ser del conjunto de la sociedad. Por eso el ahorro energético va a formar parte del acuerdo económico y
social, como está formando parte de la colaboración con las comunidades autónomas. Además, sería bueno y responsable por parte del principal partido de la oposición, el Partido Popular, que se haga cargo de estas políticas y que se sume a los
acuerdos que ha habido recientemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alique.
Como esta moción no ha tenido enmiendas se va a votar en sus propios términos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LA SITUACIÓN GENERADA POR LOS IMPORTANTES RECORTES DE LAS CUOTAS PESQUERAS ACORDADAS EN LA UNIÓN EUROPEA QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE A LA FLOTA DE ARRASTRE DE GALICIA, ENTRE
OTRAS. (Número de expediente 173/000198.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Davila, sobre la situación generada por los importantes recortes de las cuotas pesqueras acordadas en la Unión Europea
que afectan negativamente a la flota de arrastre de Galicia, entre otras.
Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
La semana pasada nuestro grupo presentaba una interpelación a la ministra de Pesca donde planteábamos la grave situación por la que está atravesando la flota arrastrera gallega. Traíamos lo que en aquel momento estaba pasando en Galicia que
era la movilización del sector, precisamente por la gravedad de la situación, y que el sector estaba comunicando no solamente a los grupos parlamentarios sino también al Gobierno que si no se resuelve el problema que tienen desgraciadamente tendrá
que ir no solamente a amarrar los barcos sino también, en muchos casos, a buscar la solución de dejar la pesca e ir al desguace. Por eso, señorías, siendo conocedores de que el problema del que hablamos abarca a una zona mucho más amplia que
Galicia, y concretamente a toda la franja Cantábrico-noroeste, lo centramos fundamentalmente en Galicia por una razón fundamental que también comentábamos en la interpelación: que de los 110 barcos afectados por la restricción de las cuotas que se
acordaron en diciembre pasado 93 son gallegos. De ahí que hiciéramos hincapié en esta cuestión. Pero eso no hace que no seamos conscientes de la situación del resto de las flotas de todo el Cantábrico-noroeste, por lo tanto, esa razón hizo que
viéramos minuciosamente las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, y que además hiciéramos un gran esfuerzo para procurar aprobar hoy una moción que recogiera toda esa realidad, y también la realidad de toda la flota del
Cantábrico-noroeste que en este momento está afectada por esos recortes de cuota.
Hay tres cuestiones fundamentales que entendemos que es necesario que aprobemos hoy aquí. Una de ellas, que llevamos mucho tiempo defendiendo -en el caso de la pesquería de NAFO y concretamente del fletán se demostró que teníamos razón-,
que cuando la Unión Europea tenga que tomar decisiones sobre los stocks, sobre todo cuando es para reducir cuotas, tengan en cuenta estudios científicos pero debidamente contrastados, debidamente comprobados no solo por aquellos que presenten
determinadas autoridades científicas sino también, como digo, contrastadas con el propio sector. Ya digo que en NAFO se demostró que teníamos razón. Además de la necesidad de estos estudios científicos para llegar a los acuerdos que sean
necesarios, nosotros consideramos que en este momento es urgente que se realicen por parte del Gobierno ante la Unión Europea, y concretamente ante la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental, las gestiones necesarias que permitan modificar
los TAC actuales de manera que se puedan
aumentar las cuotas en las zonas 8 y 9 que son aquellas que corresponden al Cantábrico-noroeste y Portugal. Cuestión, como digo, urgente y necesaria para resolver los problemas tan grandes que están ocurriendo en este momento.
No podemos olvidarnos de la situación de la caballa, agravada en este momento sobre todo por el cierre de la pesquería. Entendemos, señorías, que es necesario actuar de manera que con urgencia se verifique si efectivamente queda cuota por
pescar, y si es así que se abra de inmediato el caladero. El otro día exponíamos la gravedad del asunto y si esto no es así estamos hablando de que a mediados de mayo la flota estará amarrada. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Tampoco
olvidamos, señorías, una cuestión que nos parece importante, aunque no es la que resuelve el problema como las medidas que antes comentábamos, pero es necesario que el Gobierno ponga una línea de ayudas para paliar la situación actual. Por tanto,
entendemos que se debe poner un plan de medidas destinadas para paliar esos efectos negativos que la situación actual exige.
Señorías, desde luego, es necesario demandar de la UE, como hemos dicho, los informes necesarios, pero es fundamentalmente urgente y necesario que se tenga en cuenta que hay que modificar los stocks relativos a la bacaladilla, a la sarda o
la caballa y la merluza, teniendo en cuenta además las diferencias entre el norte y el sur, y concretamente aquella pesquería o aquellas especies que se van a pescar para consumo humano y aquellas que van a ser destinadas a harinas de pescado, o lo
que viene siendo la cuestión industrial. Nos parece importante porque creemos que existe, no es que lo creamos, es que estamos convencidos de que existen diferencias en la realidad de los stocks, en tanto que diferencias entre ese norte y ese sur
del que estamos hablando, y por tanto de que es conveniente garantizar que las pesquerías costeras, que tienen además una gran capacidad de empleo, puedan seguir faenando, puedan seguir con una actividad como es la pesca y puedan seguir manteniendo
el empleo. Y volvemos a decir algo que dijimos hace ocho días -señor presidente, finalizo-, que estamos hablando de un sector que el empleo no solamente lo crea de manera directa en el sector extractivo, sino que estamos hablando de que en las
zonas costeras se generan muchos puestos de trabajo tanto en la comercialización como en la transformación o en lo que viene a ser el sector industrial. Por tanto, estamos hablando, señorías, de muchos de puestos de trabajo que en este momento
están en peligro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Para defender las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Popular don Joaquín García Díez tiene la palabra.
El señor GARCÍA DÍEZ: Presidente, señorías, tres minutos es poco tiempo para hablar de este problema, pero siempre es oportuno, y mucho más oportuno en estos momentos en que todas sus señorías saben que la pesquería de la caballa está
paralizada, está prohibido faenar para cualquiera de las modalidades desde hace escasos días, y esta misma mañana se reunían en el ministerio representantes del sector con los representantes también responsables del ministerio para por desgracia,
según las noticias que nos están llegando, afirmar que continuará cerrada esta pesquería. ¿Por qué se ha cerrado esta pesquería?, nos preguntamos en el Grupo Parlamentario Popular. ¿Por qué el ministerio maneja cifras de que se ha llegado a cerca
del 90 por ciento de la cuota asignada a España, mientras los responsables del sector pesquero, mediante las cofradías, las organizaciones pesqueras, hablan de que estamos en torno a un 50 o un 55 por ciento? ¿Qué está fallando? ¿Cuál es la razón
para que ni el diario electrónico de abordo ni las notas de descarga ni las declaraciones de desembarque puedan llevar a estas diferencias? Alguien está mintiendo o alguien no está gestionando adecuadamente. Esta es una primera cuestión que debe
revisarse y es objeto de una de las enmiendas que hemos hecho a esta moción.
Decía la ministra, la ministra Aguilar, la pasada semana cuando se la interpelaba desde esta tribuna esto: Lo único que le pido es que al menos conceda el beneficio de la duda a este ministerio y nos deje que corroboremos todos y cada uno
de los datos que están llegando. Pero, ¿cómo se puede cerrar una pesquería sobre la base de datos todavía no contrastados en parte con esa duda que reconoce la ministra desde esta tribuna? Esto no es de recibo y, por tanto, es oportuna esta
moción.
Creemos que va a haber acuerdo y consenso entre todos los grupos con la transacción a la que hemos llegado y les voy a poner tres ejemplos brevemente que resumen la situación. Este ha sido un nuevo ejemplo de una mala planificación, de una
mala gestión. Recuerdo que se cerró y se abrió esta pesquería el año pasado hasta cuadro veces distintas. Perdón, no es que se abriera y se cerrara, es que hubo cuatro órdenes ministeriales que corregían cada una a la anterior. Se responsabilizó
de la sobrepesca y de la correspondiente sanción que la Unión Europea le ha puesto a la flota pesquera española a la propia flota, a los propios marineros, a los pescadores. Y digo yo: ¿Qué pasa que la Administración General del Estado, que es la
que controla, que es la que recibe esos datos, no es la que tiene que tomar esas medidas? ¿Qué sabe el marinero de un barco lo que han pescado el resto de sus compañeros? En consecuencia, por favor, hagamos un poco más de autocrítica desde el
Gobierno y no carguemos una vez más todos los problemas al sector pesquero, que ya está padeciendo la débil defensa que de sus intereses se hace en Europa.
Les pongo el último ejemplo. A los pocos días de cerrarse esta pesquería un reglamento comunitario permitía a un país como Noruega que durante el próximo
año coloque sin aranceles en la Unión Europea, importe a la Unión Europea, 66.333 toneladas o, para que retengan mejor esta cifra, tres veces la cuota que tiene asignada España para todo el año. Ellos sin aranceles nos la colocan en nuestro
mercado.
Termino, señor presidente, porque veo que he agotado el tiempo. Hay propuestas en nuestras enmiendas para la bacaladilla, para la caballa, para la flota en general del Cantábrico-noroeste. Agradezco que se hayan tenido en cuenta por parte
del grupo proponente de esta moción parte de las enmiendas que hemos planteado. Solo lamentamos -con ello termino- que no se haya podido aceptar que, una vez que se conozca por los estudios científicos que el stock de la bacaladilla en el sector
sur, al que se refería la señora Fernández Davila, no se encuentra sobreexplotado, España pueda instar a la Unión Europea para que ella se asigne de forma unilateral una cuota de bacaladilla suficiente para nuestra flota y al margen del resto de las
flotas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Díez.
Don Jordi Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente el texto final de transacción al que el grupo proponente, el Bloque Nacionalista Galego, ha llegado al presentar hoy esta moción.
Cierto es que el grupo
proponente centra un ámbito territorial de aplicación que mira hacia el norte, todo el Cantábrico, la zona noroeste, incluso Portugal, pero no mira hacia el sur. Nuestra enmienda pretendía también -entendemos por lógica territorial que hoy no cabe
en la aprobación final- abrir la reflexión de por qué razones se intenta imponer limitaciones en otras flotas y en otros caladeros que no siempre obedecen a una necesidad. De ahí que nosotros quisiéramos subrayar, de alguna manera el texto final
también lo incluye, lo que la proponente nos decía en su intervención, que cuando se fija un TAC responda al rendimiento máximo sostenible y que la Unión Europea lo tenga en cuenta; que cuando se intentan clausurar determinadas pesquerías se tenga
antes la certeza de que se han agotado al cien por cien las posibilidades de pesca de estas y que, evidentemente, cuando se intentan introducir limitaciones a especies como -lo dice la moción- la caballa, la merluza, -nosotros añadimos el atún rojo,
aunque no sea en esa zona-, pero se intenta introducir limitaciones, incluso ahora de manera claramente injustificada se intenta quitar un barco, una embarcación de pesca del cerco de atún rojo porque hay que limitar. ¿Sobre la base de qué
criterios hay que limitar? Esto es lo que debemos preguntarnos, porque estamos afectando a actividad pesquera en un momento de crisis y, por tanto, debemos tener cuidado con lo que se está limitando, ya que no siempre obedece a estudios
científicos, a estudios objetivos y, mientras tanto, sí hay un perjuicio directo a determinadas empresas, a determinados pescadores, a determinada actividad, lo que no nos podemos permitir en un momento de crisis. Nuestro grupo está de acuerdo con
la moción acordada, pero hay también otros puntos pendientes, como los que plantea Convergència i Unió. Estamos totalmente de acuerdo con la intervención de las comunidades autónomas ante las autoridades de la Unión Europea cuando se debaten estos
temas. Las comunidades autónomas competentes deben estar ahí.
Finalizo, señor presidente. Nos unimos al consenso, a pesar de que no reflejará el texto final la especificidad del atún rojo que queríamos defender y, por tanto, retiramos las enmiendas presentadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Tiene la palabra don Ceferino Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, años esperando cinco minutos de gloria y son tres. (Risas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: No los desperdicie, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, el consenso del Gobierno con el sector de arrastre de la zona del Cantábrico noroeste creo que quedó claro en la interpelación. El Gobierno se dirigió por carta a la Unión Europea pidiendo la división
del stock de bacaladilla zona norte y zona sur, al mismo tiempo replantear la veda del stock de merluza sur y, si era posible y los estudios científicos lo avalaban, reabrir el tema de la bacaladilla. En paralelo, el Gobierno, ante una situación de
crisis, ha creado dos grupos de trabajo, uno para establecer un plan de gestión de la flota del Cantábrico noroeste y otro para estudiar las medidas paliativas socioeconómicas para afrontar la situación actual. Respecto a la caballa, que afecta a
una flota diferente a la flota de arrastre, el Gobierno cerró la pesquería porque tenía información de que se había cubierto el cupo. Se cierra, señor García Díez, por responsabilidad, pues el exceso de capturas sobre la cuota de la campaña
anterior fue penalizado y, de haber un nuevo exceso de cuota a estimación de la Unión Europea, nos arriesgamos al cierre de la pesquería. Se dice que las estimaciones del Gobierno no son ciertas, algo que el Ejecutivo está dispuesto a contrastar,
pero también le digo, señor García Díez, que la Xunta de Galicia en su web da por superadas estas cuotas. Si al final tiene razón, el sector se reabrirá la pesquería.
Estamos de acuerdo en lo sustancial y, por ello, suscribimos esta transacción, pero quisiéramos hacer algunas precisiones que aclararán el contenido de nuestra enmienda. Es cierto que somos la novena potencia pesquera de la Unión Europea,
también que somos el primer
mercado de pesca, pero no somos el dueño de la finca, no podemos cambiar las reglas a nuestra voluntad; tampoco pudo el Partido Popular, cuando gobernó. En la Unión Europea existe un procedimiento para tomar acuerdos y para cambiar o
aprobar normas que hay que seguir y el resultado no es siempre el deseado. Somos pocos los países que tenemos intereses pesqueros y 27 los que deciden. Es algo que no podemos olvidar; tampoco podemos olvidar que los criterios de sostenibilidad
tienen cada día mayor peso y que fuera de la Unión Europea hace frío también para la pesca.
En referencia a la sarda, caballa o verdel, si queremos cambiar la norma de reparto, lo primero será cumplirla. Como infractores tenemos menos capacidad de negociación, si tenemos alguna. El Gobierno no tiene ningún interés en reducir las
capturas, muy al contrario, pero tiene por responsabilidad que garantizar el futuro para nuestros pescadores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.
Don Joseba Agirretxea tiene la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
No se preocupe, señor Díaz, que no conozco a ningún político que haya alcanzado la gloria con la caballa, con la bacaladilla y con el verdel.
(Risas.)
En la interpelación que la señora Fernández realizó a la ministra la semana pasada defendió los intereses de la flota de arrastre de Galicia y mantuvo un pulso firme y convincente con la titular de pesca del Gobierno. La moción que ha
presentado el Bloque Nacionalista Galego, la original, responde a las necesidades y problemáticas de una flota que vive una situación complicada. Pero no solo esa flota vive una situación complicada, no solo la flota de arrastre de Galicia, no solo
la flota de arrastre, no solo la de Galicia. Toda la flota del Cantábrico noroeste, sea o no de arrastre, sea o no de Galicia, vive una situación complicada con este tema de las cuotas. Esta moción planteaba una serie de puntos, con algunos de los
cuales mi grupo estaba totalmente de acuerdo, con otros era bastante crítico y con algunos incluso ha marcado claras diferencias, ha sido contrario. Porque el apoyo del sector en su globalidad genera complicaciones, usted lo sabe perfectamente.
Todos los que estamos aquí que llevamos la materia pesquera sabemos que no todos los tipos de flota son iguales, no todos los intereses de las diferentes flotas son los mismos, porque puede haber intereses económicos, puede haber intereses de otra
índole que se contradicen muchas veces, lo que beneficia a uno perjudica a otro. Por eso mismo creo que es de agradecer la versatilidad y la flexibilidad de la proponente a la hora de llegar a un acuerdo transado, que es a lo que hemos llegado,
porque diferentes iniciativas procedían de diferentes partidos. Creo que hemos llegado a un texto consensuado, un texto calmado, un texto verdaderamente necesario.
Para mi grupo era fundamental plantear que el recorte de cuotas pesqueras afecta a toda la flota del Cantábrico noroeste y que quedara reflejado eso en el texto definitivo. Porque la flota de bajura de Euskadi, por ejemplo, está seriamente
afectada por estas restricciones, también algunos arrastreros vascos, que los incluyo. Por lo tanto, era importante que esta moción reflejara la necesidad de revisar el consumo de la cuota de verdel o caballa -el scomber scombrus famoso- para toda
la flota, no solo para la de arrastre. Además de las medidas que se plantean en la moción transaccionada, mi grupo entiende que el Gobierno debería iniciar las gestiones oportunas para obtener de otros países, para campañas venideras, las cuotas de
verdel necesarias que garantizaran la viabilidad de la flota del Cantábrico noroeste y de esas pesquerías.
Para finalizar diré que es muy importante que la Unión Europea realice, tal y como se ha dicho aquí, una evaluación científica y seria sobre la situación de los stock o biomasa del verdel o caballa, como la de la bacaladilla, o perlita, o
lirio -que tiene aquí muchos nombres-, y de merluza, para en verdad definir científicamente si ha habido sobrepesca, si el stock posibilita mayores cuotas y si ha habido o no declaraciones fraudulentas de capturas descargadas. Porque, señora
Fernández, haberlas las ha habido y eso se ha dado. Por tanto, mi grupo al final apoyará el texto consensuado. Creemos que, como ha dicho el señor Díaz, tres minutos no dan para mucho y solamente quiero decir que la flota pesquera, que vive muchas
veces solo de la dependencia económica de ciertas capturas, lo está pasando muy mal y pienso que eso el Gobierno lo debe tener en cuenta a la hora de negociar, creo que con un poquito más de ímpetu, en Bruselas el reparto de cuotas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Tiene la palabra don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, es una evidencia que el sector pesquero representa uno de los sectores de actividad más importantes de la economía gallega y por ello no es de extrañar que el BNG presente esta moción, que tiene por finalidad la reclamación de una
posición de fuerza del Estado español a la hora de negociar ante la Unión Europea y sobre todo que tenga en cuenta los intereses pesqueros de Galicia. Entendemos la posición y daremos nuestro apoyo al texto transaccionado, pero, como han dicho
otros portavoces, recordamos que en otras geografías del Estado también existen problemas, si no iguales, muy parecidos.
Señorías, hace tan solo unos meses el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea fijó los topes
autorizados de captura para el presente año 2011, con el voto favorable del Estado español. Comprendemos que desde la óptica del sector pesquero de Galicia no se acabe de entender el voto favorable del Gobierno del Estado al reparto
efectuado en la última reunión del Consejo de Ministros, pues ha supuesto un duro varapalo para los intereses pesqueros gallegos y, como he dicho, de otras geografías también. Ocurre con pescados como la raya, el abadejo, la caballa y el jurel, que
experimentan caídas absolutamente fuera de lo normal. Además, entendemos los lamentos del sector pesquero gallego y de los compañeros del BNG cuando denuncian, sin que suponga desmerecer a ninguna comunidad autónoma, que sea precisamente una
comunidad sin ningún puerto ni flota pesquera la que sea la representante de las comunidades autónomas en la Unión Europea en materia de pesca. Resultaría lógico que dicha represtación la ostentase una comunidad autónoma con intereses, con puertos
y flotas pesqueras, como pueden ser Galicia o algunas otras.
Más allá de las críticas por la manera en que se ha alcanzado este acuerdo, compartimos el análisis efectuado por la representante del Bloque Nacionalista Galego de que esta reducción de capturas tendrá un efecto muy negativo sobre la flota
pesquera gallega, con pérdida de puestos de trabajo en mar y tierra. En la misma línea, compartimos la necesidad de que se adopten medidas urgentes para evitar que el sector pesquero gallego y el de otras latitudes del Estado entren en un callejón
sin salida. Por ello, como decía, daremos el voto favorable a la iniciativa que nos trae el BNG, a la espera de que sirva para mejorar las condiciones de este sector -insistimos- en Galicia y también en otras latitudes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Señora Fernández Davila, ¿acepta su señoría alguna enmienda para la tramitación?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Hay una transacción.
El señor PRESIDENTE: La transacción. Nos la hará llegar. Muchas gracias, señora Fernández Davila.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA ACTUAL ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO. (Número de expediente 173/000199.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre la actual orientación de la política de fomento del transporte público. Para su defensa tiene la palabra don Pere Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo formuló una interpelación al señor ministro con una preocupación puntual referida a una de las medidas para hacer frente al incremento de los costes de los derivados del petróleo, que consistía en
la rebaja del 5 por ciento en los billetes de cercanías. Como saben perfectamente, a raíz de la propia interpelación y de las conversaciones mantenidas por el propio ministro o por el ministerio con el Gobierno de la Generalitat y con otras
autoridades regionales, se llegó al acuerdo de subsanar esta problemática. Por tanto, un primer objetivo puntual de la interpelación quedó ya resuelto. La moción subsiguiente no contiene ya referencia a una cuestión que, por suerte, ya fue
resuelta en la primera fase de esta tramitación parlamentaria. Sin embargo, como las señoras y señores diputados recuerdan perfectamente, no solo hablamos de una cuestión puntual, limitada en el tiempo, sino que hablamos de una cuestión mucho más
relevante como es la financiación de los sistemas del transporte público.
Este es un tema en el que creo poder decir, amparado incluso por las enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios, que hay un amplio consenso en que no está resuelto, que no está resuelta la financiación de los sistemas
de transporte público colectivo, ni los transportes relativos a las grandes ciudades, a las grandes áreas metropolitanas, ni de los sistemas urbanos intermedios, las ciudades de 20.000 a 50.000 habitantes, donde la previsión de la Ley de régimen de
bases de los ayuntamientos tampoco prevé las suficientes dotaciones. Por tanto, el objetivo de nuestra moción es en primer lugar intentar dar respuesta a esta problemática y lo hacemos con un primer punto que lo que intenta es que exista este
proyecto de ley de financiación del transporte público en todo el territorio del Estado. Saben que de nuestra interpelación al ministro se habló también de una acción muy importante del Estado en relación con el transporte público, que son los
planes de cercanías. Como parece normal, el señor ministro y el diputado que les habla nos referimos a las cercanías de Barcelona; veo sin embargo que hay una propuesta de enmienda del Partido Popular que habla de todas las cercanías. Como es
lógico, nosotros estamos absolutamente abiertos a poder introducir -después diré el sentido de una enmienda conjunta que hemos presentado con otro grupo- que esto no se ciña, la resolución, solo al Plan de cercanías de Barcelona, sino que pueda
ceñirse al resto de los planes, al de Madrid, al de Asturias -creo que también existe- y al de la ciudad de Valencia. En cualquier caso, proponemos cambiar la referencia concreta a Barcelona por la referencia a los planes de cercanías vigentes.
Hay otro aspecto también, que es revisar la aportación estatal a los contratos programas de las autoridades metropolitanas. Aquí sí que nuestra propuesta inicial y la propuesta transaccionada con el Grupo Socialista ya se refieren a cualquier
contrato-programa
y me parece que este punto también puede ser asumido por una gran mayoría de diputados.
Finalmente, nos parecía que hacía falta una apelación a que las inversiones en estos momentos de ajuste tuvieran una cierta prioridad y que esta prioridad sea la de aquellas inversiones que más contribuyen al incremento de la mejora de
nuestra productividad. Y ya aclaro -porque hay una enmienda, la del señor Jorquera, que creo que tiene alguna cuestión en este sentido- que, cuando nosotros hablamos de priorizar este tipo de inversiones productivas, hay tres conceptos: primero,
mercancías; segundo, cercanías; y tercero, todas aquellas cuestiones de fomento del régimen territorial y por tanto del aumento de la capacidad competitiva de un determinado territorio. Creo que en la nueva redacción del apartado que ahora es 3
de esta enmienda conjunta formulada por el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència i Unió queda recogido este aspecto, como creo que queda también recogido el espíritu de la enmienda presentada por el Grupo Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds.
En definitiva, señoras y señores diputados, nuestro grupo -y ya me adelanto, si me lo permite el señor presidente- va a defender que pueda ser sometida a votación la enmienda transaccional presentada conjuntamente con el Grupo Socialista,
firmada por ambos grupos, con una modificación en el punto primero, que, en lugar de hablar del plan de cercanías de Barcelona, hable de los planes de cercanías vigentes, para que sea una moción absolutamente inclusiva con todos los territorios del
Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida ¿desean hacer uso de la palabra?
El señor LLAMAZARES TRIGO: No, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, ¿señora Durán? (Pausa.) Tiene la palabra. (El señor Jorquera Caselas pronuncia palabras que no se perciben.) El orden de intervención es el de presentación de enmiendas, señor Jorquera; después de la
señora Durán intervendrá su señoría.
La señora DURÁN RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que, a la hora de subir a defender las enmiendas del Partido Popular a una moción de CiU, me sorprende en primer lugar tener tan poco tiempo -intentaré hacerlo en tres minutos, señor presidente- y en segundo lugar, señor Macias,
que no hayamos conseguido llegar a un acuerdo en las enmiendas que mi grupo presenta a algo tan importante como es el transporte público. Nadie en esta Cámara va a poner en duda los beneficios del transporte en la autonomía de los ciudadanos,
descongestionar la circulación de vehículos, favorecer el cambio climático, evitar contaminación acústica y ser una gran herramienta de bienestar social. Por eso yo me congratulaba en la moción que presentaba su grupo, señor Macias, a la hora de
pedir la orientación de las políticas de fomento del transporte público. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Pero es verdad que no podemos votar a favor de su moción porque entiendo que ha quedado desvirtuada con
relación a la que en principio presentó usted. Y siento también decírselo al Partido Socialista, que tiene unos incumplimientos importantes con el transporte público, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino también en el resto de las ciudades
de España.
Voy a decir las enmiendas que el Partido Popular ha presentado en esta Cámara y cuyo apoyo va a seguir tratando de conseguir hasta el último momento Requerimos al Gobierno el compromiso de favorecer una movilidad sostenible con un proyecto
de ley de financiación estatal del transporte público de forma estable y con vocación de permanencia en el tiempo y que garantice las aportaciones económicas suficientes basadas en criterios objetivos. Solicitamos que se presente un calendario con
el compromiso de cumplimiento antes de seis meses de que haya uno de los proyectos de los diferentes planes de cercanías presentados en 2009 y que recojan tramitación y licitación de las obras previstas antes de finalizar este año 2011. Entendemos,
señores socialistas, que el Plan de cercanías en Madrid ya es un fracaso político, no solamente del señor Blanco sino también del señor Rodríguez Zapatero. Para beneficiar a los usuarios, queremos que se recupere el porcentaje sobre la base de los
viajeros transportados y no sobre un modelo basado en el número de habitantes.
Madrid aporta el 50 por ciento de estos viajeros al transporte público.
Por lo tanto, queremos que no solamente se beneficien los viajeros de cercanías, sino también el
resto de la población en nuestra ciudad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Durán, tiene que acabar.
La señora DURÁN RAMOS: Para acabar, señor presidente, queremos el ajuste y equilibrio de las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento, de tal manera que puedan acometerse las mismas en infraestructuras de transporte colectivo en
las áreas metropolitanas. Espero que en el transcurso de lo que queda de Pleno podamos llegar a un acuerdo para beneficiar el transporte público...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Durán.
La señora DURÁN RAMOS:... y que el Partido Socialista no siga siendo un obstáculo para nuestro transporte.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Durán, no tiene tiempo.
La señora DURÁN RAMOS: Termino, señora presidenta.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Durán.
Por el Grupo Mixto para defender sus enmiendas tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego pertenece a un país que carece de servicios ferroviarios de proximidad, carece de unos servicios regionales modernos y competitivos con otras formas de transporte en la mayoría de sus líneas y carece también de
servicios de alta velocidad. Aún así, el BNG tenía disposición a votar a favor de los tres primeros puntos de la moción.
Coincidimos en que la mejor política de ahorro y eficiencia energética es el fomento del transporte colectivo y del
ferrocarril en particular. Por lo tanto, es necesario hacer una apuesta por el ferrocarril de cercanías y teníamos disposición a apoyar la mejora del Plan de cercanías a Barcelona y el cumplimiento y mejora del compromiso del Estado con los
transportes en el área metropolitana de Barcelona y otras áreas metropolitanas. Pero solicitamos la supresión del punto cuarto, que defiende la reprogramación de las inversiones menos competitivas, en primer lugar por su ambigüedad, señorías. Las
infraestructuras no se pueden planificar atendiendo solo a criterios de rentabilización económica inmediata. Cumplen también una función correctora de las desigualdades de asegurar la cohesión territorial. Las infraestructuras no pueden
planificarse solamente para atender demandas preexistentes. Hay que tener en cuenta también su impacto en la dinamización económica y, por lo tanto, en la generación de demandas futuras. Si no, estaríamos alimentando un círculo vicioso que lo
único que hace es acentuar las desigualdades.
Quiero aprovechar esta intervención, señorías, para manifestar nuestra total oposición a un discurso -y no lo personalizo ni muchísimo menos en el señor Macias- que se verbaliza desde distintos ámbitos y que cuestiona la necesidad del AVE a
Galicia. Para el BNG es discutible que en su momento, señorías -y lo digo con toda claridad-, se haya apostado por el modelo AVE en vez de por la modernización de la red ferroviaria preexistente. Es más discutible aún que se haya apostado por un
modelo radial. Pero, señorías, si se apostó por este modelo, el AVE tiene que llegar también a Galicia. Si no, se acentúa aún más nuestra condición de periferia económica. No sería de recibo un mapa ferroviario de dos velocidades, donde hay
territorios que disfrutan de servicios ferroviarios propios de principios del siglo XXI mientras que Galicia en muchos aspectos tiene unos servicios ferroviarios más propios de principios del siglo XX.
Nuestro país ya sufre la anomalía de que el acceso central por AVE se va a acometer con cargo a la financiación privada, no con la seguridad que da que esté contemplada la inversión en los Presupuestos Generales del Estado en los sucesivos
ejercicios. No sería de recibo que, después de haber sido excluidos de la modernización ferroviaria en tiempos de bonanza, se utilice ahora la crisis económica como coartada para no considerar necesaria esta actuación. Me alegro muy mucho de que
el señor Macias haya aclarado en su intervención que considera que también son actuaciones que mejoran la competitividad aquellas que son importantes para el desarrollo y la productividad de los distintos territorios, espero que sea capaz de
reconocer que entre ellas está también que Galicia no quede excluida del mapa de alta velocidad. Si se aclarara este extremo, tendríamos disposición a votar favorablemente la moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fernández González.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Los tiempos de crisis son tiempos, o al menos deberían serlo, en los que todos tenemos la obligación de analizar sin prejuicios lo que hacemos, su sentido y la posibilidad de hacerlo de otra manera. El Grupo Socialista se congratula de que
el debate sobre el transporte público impulsado por don Pere Macias con su interpelación del pasado miércoles sea un debate que, con el concurso de todos, contribuya a analizar la orientación que debe tener la política del transporte público en
España en el contexto de la crisis económica que todos estamos padeciendo. No un debate, por cierto, en el que la crisis económica es utilizada como flagelo partidario, relegando el tema a una cuestión de segundo plano. Ustedes ya me entienden,
señorías.
La pregunta que estamos obligados a hacernos es: ¿en qué medida la crisis económica influye sobre nuestra política de transporte? Y la respuesta, a juicio de este diputado, no ofrece dudas, la crisis económica confirma y nos obliga a
acelerar en la medida de lo posible la apuesta por la movilidad sostenible y concretamente por el transporte público en la medida de lo posible, porque intentar obviar las limitaciones presupuestarias a las cuales nos obliga la imprescindible
consolidación fiscal sería una forma de hipocresía ciertamente grosera. La crisis económica confirma en definitiva que la apuesta por el ferrocarril, el transporte más eficiente desde el punto de vista energético, es una apuesta estratégica
acertada para un país como el nuestro. Desde 2004 se han
invertido en España 50.000 millones de euros en transporte ferroviario.
España ha apostado inteligentemente por el liderazgo en la alta velocidad ferroviaria y por las múltiples rentabilidades que este liderazgo conlleva en términos de la
mejora de la competitividad, de preservación ambiental, de calidad de vida y de reequilibrio territorial. Lo que resulta chocante es que, al hablar de la rentabilidad del AVE, a nadie se le haya ocurrido preguntar, por ejemplo, a los 17 millones de
viajeros que han visto reducir en más de un 40 por ciento el precio medio de transporte entre Barcelona, Zaragoza y Madrid. Por no hablar de las dificultades que algunos tienen para contabilizar los 141 millones de euros de ahorro energético anual
que ha supuesto esta línea de AVE. Esta apuesta por la alta velocidad está acompañada, en primer lugar, por la que se está realizando en el transporte de mercancías a través de un plan para conectar mediante este tipo de transporte nuestros puertos
y principales nudos logísticos y, en segundo lugar, por el impulso de los servicios de cercanías a través de planes específicos para las principales áreas metropolitanas de nuestro país.
Hemos hecho mucho y queda mucho por hacer y en ese sentido está orientado el contenido de la enmienda que mi grupo ha acordado con el grupo proponente. El Gobierno socialista es un gobierno firmemente comprometido con la sostenibilidad, y
especialmente con la movilidad sostenible. Sin ir más lejos, mañana mismo el ministro de Fomento presenta en Barcelona el estudio del corredor ferroviario mediterráneo. Dicho compromiso resiste sin dificultad la comparación con gobiernos
anteriores, pero no es el momento de hacer comparaciones, no es el momento de mirar hacia atrás, es el momento de mirar hacia el presente y hacia el futuro y, mirando hacia el presente y hacia el futuro, la propuesta que hoy hacemos es una apuesta
positiva, es una apuesta constructiva, es una apuesta que va en mejora del transporte público.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
El enunciado de la moción dice: sobre la actual orientación de la política de fomento del transporte público, y este enunciado es evidente que da para abrir el debate en numerosas direcciones. Eso lo pudimos comprobar por cierto que
ocurría en el curso de la interpelación celebrada hace ya una semana entre el diputado Pere Macias, interpelante, y el ministro José Blanco, interpelado, donde se habló -¡vaya usted a saber de qué no se habló!- de la estrategia española de movilidad
sostenible de 2009, de las medidas de ahorro y eficiencia energética aprobadas por el Consejo de Ministros hace dos semanas, etcétera. No voy a recordar porque se habló hasta de intercambiadores y de todo lo que vino al caso. Los términos de la
moción tal como ha sido presentada han centrado notablemente ese debate, que como mínimo hay que calificar de disperso, aunque para decirlo todo hay que subrayar también que la moción originaria presentaba unas propuestas de una notable amplitud en
diversas direcciones, porque proponía la presentación de un proyecto de ley de financiación estatal del transporte público, proponía también la reprogramación de las inversiones previstas por Fomento que sean menos competitivas, y en un término más
local o más referido a Cataluña un calendario de tramitación y ejecución del Plan de cercanías de Barcelona, etcétera.
Esta notable dispersión, mucho mayor en la interpelación que en la moción, va reduciéndose progresivamente. En todo caso también mi grupo va a apoyar la moción porque entiende que debajo de esta dispersión sin embargo empieza a aflorar lo
que nosotros entendemos que es el núcleo duro, la corriente de fondo de esta moción que es también el problema de fondo del ministerio y de la política de transporte en su globalidad.
Señorías, en el fondo estamos básicamente hablando del problema
grave que se ha planteado del sistema de financiación de la política de transportes, incluidas las políticas de infraestructuras. El esquema de financiación con el que, por cierto, de una forma más bien arbitraria, si no en casos caprichosa, se ha
venido actuando ministro a ministro, o ministra a ministro, o ministro a ministra, como se quiera, ya no da más, y estamos en este momento en la necesidad de replantear un nuevo sistema de financiación que responda a algunos de los desafíos que
plantea esta moción, y a otros muchos que no plantea pero que están ahí y que deberán ser resueltos. Justamente por apuntar en la buena dirección hacia este problema de fondo es por lo que mi grupo va a prestar su apoyo a la moción, tanto en los
términos originarios como en los términos que al parecer serán finalmente los que se sometan a votación, tras el acuerdo que se ha producido, al menos entre el grupo que presenta la moción y el grupo de apoyo al Gobierno. Plantean algunos
problemas, y con esto termino, no sé si resolverán los problemas que plantean, dudo mucho que con esta proposición no de ley se resuelvan, pero en todo caso si sirven para ser cada vez más conscientes e intentar reorientar y reordenar el problema de
fondo, que es el problema de la financiación del sistema de transporte y de toda la política del ministerio de Fomento bienvenida sea la proposición no de ley. En todo caso -y con esto definitivamente termino- estamos convencidos de que todavía hay
mucho recorrido para abordar el problema en lo que es el núcleo fundamental del mismo. Eso por lo visto quedará para otra ocasión, si esa ocasión llega.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Señor Macias, entiendo que ha anunciado una transaccional a su texto.
El señor MACIAS I ARAU: Sí, señora presidenta. Efectivamente hay una transaccional que voy a hacer llegar a los servicios de la Cámara. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PALIAR LA GRAVE CRISIS QUE ATRAVIESA EL SECTOR GANADERO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000200.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Popular sobre las medidas necesarias para paliar la grave crisis que atraviesa el sector ganadero español.
Para presentar la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la semana pasada en nombre del Grupo Parlamentario Popular tuve la ocasión de presentar una interpelación para denunciar aquí, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, la grave situación por la que atraviesa
el sector agrario, y en especial el sector ganadero, como consecuencia de la subida desorbitada de los piensos que como ustedes saben, señorías, constituyen la base de la alimentación animal en nuestro país.
Los resultados, más allá de las cifras que están publicadas y que reiteramos en todas las ocasiones, a la vista están. No hay más que ver cuál es la inquietud de los ganaderos. Yo ayer tuve ocasión de hablar con ellos en Aldea del Rey y en
Calatrava, y todos tenemos la ocasión de observar las manifestaciones masivas convocadas por las organizaciones profesionales agrarias, y todos vemos el abandono de las explotaciones que se están cerrando, y el abandono del sector que puede traer
graves consecuencias no solo desde el punto de vista del suministro alimentario, en cantidad y calidad suficientes, sino desde el punto de vista medioambiental y de la vertebración territorial.
La señora ministra, antes de escuchar las mociones que le adelanté en la pasada intervención, volvió a la canción de siempre, al ritornello: el Partido Popular no presenta propuestas. Ya se las adelantábamos y hoy están aquí. Supongo que
ustedes han tenido la ocasión de estudiarlas, porque también he tenido la ocasión de reunirme con el portavoz del Grupo Socialista en este asunto, y no ha habido posibilidades de entendimiento a pesar, señoras y señores diputados, de que les
manifiesto que la voluntad de este portavoz era máxima. Porque en estos momentos la situación del sector exige y requiere medidas importantes y urgentes, ante la grave situación por la que está atravesando. El resultado ha sido una enmienda
transaccional presentada por la socioconvergencia, que es este bloque formado últimamente para parar todas las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular, y que consiste en descafeinar todas las propuestas, como ha dicho ante otra relativa al
sector agrario el portavoz de otro grupo político, y en definitiva en decir que se va a decir, en utilizar el término en infinitivo, en no decir nada. Entonces, señoras y señores diputados, nos hemos encontrado con que las medidas financieras que
el Gobierno cuantifica en 500 millones, es decir la financiación de los avales de Saeca y la prórroga de algunos préstamos que están concedidos, resulta que, según publica hoy una organización profesional agraria, se quedan en apenas 7 millones de
euros. Las rebajas fiscales que están en marcha están todas prorrogadas y sometidas a una serie de condicionantes, a que compren más del 50 por ciento de los piensos en su coste de producción, es decir, a una serie de requisitos que las convierten
en papel mojado, que es en definitiva lo que ustedes pretenden.
En cuanto a la equiparación del IVA de compensación del sector ganadero, ahora más justificada que nunca después del aumento de los costes de los piensos que no se pueden repercutir, ahí nada de nada, porque ese es el fondo de la cuestión.
Y eso se cuantifica en 200 millones de euros que prácticamente son los 200 millones de euros de una propuesta que presentó el Grupo Parlamentario Popular el año 2008, y que todavía está sin cumplir. Pero de repente, en mi ánimo conciliador por
buscar un punto de encuentro, después de los denodados esfuerzos del portavoz del Grupo Socialista, encontré una posibilidad, y era que teníamos que hacer todos los esfuerzos posibles para que el sector agrario no se convirtiera en moneda de cambio
en todos los intercambios comerciales entre la Unión Europea y los terceros países. Eso está muy bien. Pero resulta que no me resisto a leerles a ustedes una carta que le dirige el presidente de la Comisión Unión Europea-Mercosur, el señor Luis
Yáñez, al embajador de Brasil que, ante el informe de la Unión Europea que advierte de los riesgos de las excesivas concesiones que la Unión Europea está haciendo en los tratados con los países terceros a costa del sector agrario, se está poniendo
del lado de la competencia; es decir, está apuñalando al sector agrario español por la espalda, y se está poniendo del lado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Y se está poniendo del lado, como lo hicieron ayer los eurodiputados señor Gutiérrez y señora García, apoyando un acuerdo de la UE-Marruecos que hasta la propia Comisión dice que es innegociable, porque perjudica
gravísimamente a nuestro sector agrario.
Señoras y señores diputados, nosotros no queremos convertirnos en cómplices de lavarle la cara con agua sucia al sector, y en cómplices una vez más de
que ustedes le estén dando la espalda a un sector que precisa como nunca las ayudas del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llorens.
A esta moción han presentado enmiendas varios grupos. En primer lugar, para defender la de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Brevemente. Señorías, según el Eurostat la renta agraria de 2010 en el conjunto de la Unión Europea ha subido un 12 por ciento. En España también, aunque un poco menos, lo que no deja de ser aparentemente un dato positivo. Ahora bien,
esta subida viene después de un 2009 muy malo, con una caída del 11 por ciento. Si desgranamos estos datos, no hay mucho espacio para el optimismo, pues gran parte de estas subidas se explican por el encarecimiento del precio del cereal, que se
incrementó en más de un cien por cien. Este incremento del cereal ha perjudicado además de forma muy directa a la ganadería, donde las cifras no invitan precisamente al optimismo. A todo ello, para el presente 2010 le deberemos añadir el notable
encarecimiento de los carburantes y de la electricidad, un futuro nada halagüeño para el sector. Por ello vemos con buenos ojos las propuestas que nos realiza hoy el Grupo Parlamentario Popular que, en definitiva, obedecen a las demandas del
sector. También estaríamos de acuerdo -aunque entiendo que en los rifirrafes parlamentarios ello parece imposible- en que se pudiesen aceptar otras enmiendas, y con lo cual conseguir un texto que fuera un mensaje de optimismo para el sector.
Nosotros en concreto añadimos una enmienda que tiene que ver con las decisiones tomadas desde el seno de la Unión Europea y que no se están realizando en el Estado español. Ante la crisis financiera, la Comisión Europea adoptó, el 26 de
noviembre de 2008, la comunicación: Plan de recuperación de la economía europea. Después adoptó la comunicación: Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto
de crisis económica y financiera, en la cual reconocía, y cito literalmente: Las ayudas estatales no son una solución mágica para las actuales dificultades, pero bien dirigidas pueden apoyar a las empresas, contribuyendo al esfuerzo general por
desbloquear el crédito a las empresas, y ayudar a sostener la inversión a favor de un futuro bajo en carbono. Por ello proponemos esta enmienda que tiene por finalidad que el Gobierno informe ante la Unión Europea de la situación de crisis y
financiera por la que atraviesa el Estado español. Desearíamos una transacción pactada para enviar un mensaje positivo al sector, y si no una vez más habremos perdido una buena oportunidad de dar este mensaje positivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ferre.
El señor FERRE FONS: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna en respuesta a la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para remediar la grave situación
que atraviesa el sector ganadero en nuestro país, una situación que se ve agravada por la subida de costes de producción, principalmente de los piensos, y que indiscutiblemente ha desembocado en un escenario de gran preocupación y de incertidumbre
para el sector. Mi grupo parlamentario también conoce y es consciente de esta delicadísima situación que pasan nuestros ganaderos. No le quepa ninguna duda, señor Llorens. Por eso mientras ustedes se dedican a hacer ruido nosotros escuchamos. Y
mientras el Partido Popular gasta sus energías queriendo desprestigiar al Gobierno, lanzando un mensaje catastrofista, distorsionando en cada momento a su medida una situación que en sí misma ya es suficientemente grave, nosotros utilizamos la
política para plantear soluciones, discutirlas y llegar a acuerdos. Ya sabe aquel viejo refrán que dice: Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. En esto estamos desde hace tiempo, demasiado tiempo. Ustedes siguen dedicándose y
perdiendo el tiempo maldiciendo la oscuridad, y nosotros trabajamos con el objetivo de encender alguna vela que alumbre una salida a esta crisis, que es lo que esperan realmente nuestros ciudadanos. Es lo que ha hecho el Gobierno llegando a un
acuerdo con el sector y es con este mismo espíritu constructivo con el que hemos redactado conjuntamente con el Grupo de Convergència i Unió, a los que agradezco su colaboración, su empeño y su compromiso, una moción alternativa que pienso que es
mucho más completa, ambiciosa, y sobre todo ejecutable por parte del Gobierno, y que va a responder mucho más eficientemente a las demandas y preocupaciones de nuestros ganaderos. Una enmienda de modificación que incorpora el primer paquete de
medidas de apoyo económico y fiscal añadiendo -por cierto, señor Llorens, no le he escuchado proponer ninguna medida financiera- un conjunto de iniciativas para dotar al sector ganadero, este año, de un apoyo financiero extraordinario con medidas de
acceso a nuevos créditos para ganar liquidez, y que permita reestructurar la deuda de los ganaderos. En cuanto a medidas fiscales el objetivo es poner en marcha para este año también mecanismos previstos para situaciones excepcionales como las que
vive hoy el sector ganadero.
Respecto al IVA compensatorio hay que decir lo que se puede decir, señor Llorens, y otra cosa es faltar a la verdad. Por lo tanto hay que poner
en evidencia que la equiparación solo podrá efectuarse siempre y cuando cumpla con lo establecido en los artículos 297, 298 y 299 de la Directiva 2006/112.
Acabo ya, señor presidente. En definitiva, un paquete de medidas que pueden ser un revulsivo para el sector ganadero español, y una enmienda de modificación del Grupo Socialista que está convencido de que puede suponer un instrumento
eficiente a las demandas que el sector nos está reclamando. Lástima, y acabo señor Llorens, que no se ha tomado -a pesar de lo que ha dicho en la tribuna- ningún interés en llegar a acuerdos con nuestro grupo, y no es un desprecio que hace a este
grupo, sino que se lo hace usted al sector. Por lo visto continúan ustedes maldiciendo la oscuridad, haciendo ruido, y esto no ayuda para nada a nuestros ganaderos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferre.
Doña Concepcio Tarruella tiene la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a hacer una cosa que no es habitual en mí, que es caer quizá en la trampa que me ha lanzado el diputado señor Llorens. No voy a caer en su estilo, en su forma de decir las cosas, de faltar. Pero sí que quiero contestarle y
decirle que la vida parlamentaria siempre la he entendido y la entiendo como parlamentar, hablar y negociar. Quiero decir que presentó esta moción pero no he recibido ni una sola llamada, ni una comunicación de querer negociar y hablar de esta
moción. Usted solo ha salido y se ha limitado a decir que habíamos hecho unos pactos, pero nosotros vamos a mejorar, a intentar buscar lo que el sector necesita que sea posible, y que se pueda aprobar, y que vayamos ganando paso a paso y poco a
poco cosas positivas para el sector. También creemos, como ustedes, como todos, que el sector ganadero está pasando una grave crisis y que necesita ayuda, pero tenemos que ser coherentes en nuestras propuestas y hacer las que sean posibles cada
día.
Nosotros hemos presentado esta enmienda, que hemos hecho conjuntamente con el Grupo Socialista para ver cómo se podía negociar y mejorar, y le tengo que decir que estaba convencida de que usted la iba a aceptar, que el Grupo Popular se la
iba a leer, y de que en ella recogíamos mucho de sus puntos, algunos más, y además nos ceñíamos a algunos aspectos que manda la Comunidad Europea. España no le puede mandar a la Comunidad Europea, sí puede luchar por conseguir cosas, intentar
hacerlo. Creo que entre todos tenemos que hacerlo, pero no en la forma en que usted había presentado algunos puntos. Yo le agradecería que antes de la votación se volviera a leer nuestras enmiendas, y no las voy a repetir, las ha defendido muy
bien el representante del Grupo Socialista, pero yo le pediría que se las volviera a leer, porque creo que usted, que el Grupo Popular, después de los discursos, de lo que está diciendo, de la necesidad que hay de ayudar a este sector, las podría
aceptar.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño. Creemos importante justificar o explicar las razones de por qué el Bloque Nacionalista Galego se va a abstener en esta moción que presenta el Grupo Popular, y que acaba de defender el señor Llorens. Y nos parece
importante explicar las razones porque tengo que decir que cuando leímos la moción a la que estamos aludiendo lo hicimos realmente con mucho interés, en la medida en que se plantean una serie de cuestiones que desde nuestro punto de vista es
importante tratar, para poder llegar a acuerdos que efectivamente hagan que el Gobierno reconozca o destine una serie de ayudas, tanto desde el punto de vista fiscal como financiero, también desde el punto de vista de la comercialización, que
permitan superar la situación de crisis del sector ganadero, sobre todo en un momento en el que los productos básicos para la producción ganadera han aumentado en toda la Unión Europea, y en realidad en todo el planeta.
De ahí que, aunque estas
cuestiones se hayan tratado en otras ocasiones, entendamos que el momento de esta moción es oportuno, por la situación que acabo de exponer de incremento de precios de las materias primas con las que se trabaja en el sector. Pero así como vimos con
interés y teníamos además, repito, interés en apoyar esta propuesta que defiende el señor Llorens, no la podemos aprobar porque no entendemos las razones de que el señor Llorens no llegue a acuerdos con otros grupos que plantean cuestiones que
incluso mejoran la moción que inicialmente presenta.
Entendemos que el interés del señor Llorens en esta moción no es tanto conseguir que este Parlamento inste al Gobierno a llevar a cabo unas medidas positivas para el sector ganadero, sino que el
señor Llorens quiere presentar ante esta Cámara la propuesta del Partido Popular que le pedía la ministra la semana pasada. Por tanto lamentamos que hoy no se pueda llegar a un acuerdo porque creemos que el sector lo necesita, sobre todo porque
nuestro grupo en anteriores ocasiones, incluso en la Comisión de Agricultura, presentó iniciativas en una dirección semejante e hicimos posible que se llegara a acuerdos que entendemos fueron positivos para el sector, porque incluso en alguna otra
ocasión estos acuerdos de reducciones fiscales, gracias a enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, se recogieron en los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Don Joseba Agirretxea tiene la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Intervengo muy brevemente desde el escaño.
Quiero decir antes que he intervenido y he dicho que, cuando surgen temas del sector agrario, se presentan o obviedades o peticiones por doquier.
Las obviedades ya
las hemos tenido antes, ahora tenemos la sección de peticiones por doquier. La moción que ha presentado el Grupo Popular busca medidas de índole fiscal, busca medidas de comercialización, y busca medidas de productividad. En lo correspondiente a
medidas de índole fiscal hay un punto que mi grupo propuso en esta Cámara, en la Comisión de Agricultura, y salió por unanimidad, que es el correspondiente a la compensación del IVA compensatorio del sector ganadero al 10 por ciento.
Nos alegra que el señor Llorens haya traído aquí esta medida, de la misma manera que nos gustaban otra serie de cuestiones que aparecen en la enmienda que hacían Convergència i Unió y PSOE, y no han sido aceptadas.
Por tanto hubiera sido
necesario llegar a un acuerdo en el cual...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Tengan la bondad de entrar en silencio y respetar al orador.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Decía que había elementos muy importantes y muy positivos en la enmienda que hacían tanto Convergència i Unió como el Partido Socialista y que parece que no han sido aceptados. Por otra parte, es muy importante, y mi grupo así lo ha
defendido siempre, que también el sector ganadero tenga acceso a las líneas ICO en su financiación. Creemos que es una medida importante, una medida positiva, y nos hubiera gustado que se hubiera llegado a un acuerdo mucho más amplio y de más
consenso en algo que verdaderamente afecta y es necesitado por el sector ganadero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Señor Llorens, ¿acepta su señoría alguna enmienda? (Rumores.)
El señor LLORENS TORRES: Acepto...
El señor PRESIDENTE: Resulta imposible escucharle, señor Llorens, si no callan.
El señor LLORENS TORRES: Digo que acepto la enmienda presentada por Esquerra Republicana de Cataluña, como enmienda de adición, y le aclaro al portavoz del PNV...
El señor PRESIDENTE: No, señor Llorens; no está siendo escuchado y además este turno es para decir a la Presidencia si acepta alguna enmienda. Creo entender que me ha dicho que acepta la de Esquerra Republicana-Izquierda Unida. ¿Es así?
El señor LLORENS TORRES: La de adición de Esquerra Republicana-Izquierda Unida. La enmienda de transacción no porque...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.
Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 140/000038.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar las votaciones les ruego su atención. Se encuentra en la tribuna de honor el señor embajador de Japón en España. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en
pie.) Señor embajador, señorías, estoy seguro de representar el sentimiento de los españoles y de todos los diputados al manifestar las condolencias del Congreso de los Diputados por las dramáticas consecuencias del terremoto y posterior tsunami que
ha golpeado Japón y que ha acabado con la vida de miles de personas. Cuando el mundo no se ha recuperado aún de las devastadoras secuelas de otras catástrofes naturales recientes, como los terremotos de Haití y de Chile, la naturaleza vuelve a
mostrar su imagen más implacable. El Congreso de los Diputados expresa su solidaridad con el pueblo japonés y su deseo de que las operaciones de rescate y de reconstrucción permitan superar lo mejor posible este triste acontecimiento. Gracias,
señor embajador, por su presencia. Le ruego que transmita a las autoridades de Japón y a sus compatriotas los sentimientos más sinceros de condolencia y de solidaridad del pueblo español, así como nuestro ánimo y reconocimiento por la entereza y la
templanza con que el pueblo japonés y sus representantes públicos han respondido ante esta adversidad. Muchas gracias de nuevo, señor embajador. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, CON OBJETO DE REGULAR EL TELETRABAJO. (Número
de expediente 122/000257.)
El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas. Pasamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular de modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con objeto de regular el teletrabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 157; en contra, 177; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 33/1998, DE 5 DE OCTUBRE, DE PROHIBICIÓN TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAL Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR. (Número de expediente 122/000260.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto
similar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 335; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. (Número de expediente 162/000783.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la modernización de regadíos. Se vota en los términos de una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Denegaciones.) Se vota
en los términos antedichos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 190; abstenciones, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE APROBACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DEL TURISMO. (Número de expediente 162/000768.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Popular sobre aprobación de un plan integral de turismo. Se vota separadamente. En primer lugar, el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 150; en contra, 174; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 146; en contra, 176; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Puntos 3 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Puntos 5, 6, 7 y 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 313; en contra, siete; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el punto 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 150; en contra, 173; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Puntos 10 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 147; en contra, 176; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Punto 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 315; en contra, seis; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MODIFICACIONES LEGALES OPORTUNAS PARA UN NUEVO CÁLCULO DEL DÉFICIT TARIFARIO Y EL IMPULSO DE NUEVAS ESTRATEGIAS A FAVOR DEL AHORRO Y
LA EFICIENCIA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES. (Número de expediente 173/000197.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas
estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, nueve; en contra, 327.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LA SITUACIÓN GENERADA POR LOS IMPORTANTES RECORTES DE LAS CUOTAS PESQUERAS ACORDADAS EN LA UNIÓN EUROPEA QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE A LA FLOTA DE ARRASTRE DE GALICIA, ENTRE
OTRAS. (Número de expediente 173/000198.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto, de la señora Fernández Davila, sobre la situación generada por los importantes recortes de las cuotas pesqueras acordadas por la Unión Europea que afectan negativamente a la flota de arrastre de
Galicia, entre otras. Se vota en los términos de una transaccional si nadie se opone a su tramitación. ¿Alguien se opone a su tramitación? (Denegaciones.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 333; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA ACTUAL ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO. (Número de expediente 173/000199.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la actual orientación de la política de fomento del transporte público. Se ha presentado una transaccional. ¿Alguien se opone a su tramitación?
(Denegaciones.) Se vota en los términos de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 186; en contra, tres; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PALIAR LA GRAVE CRISIS QUE ATRAVIESA EL SECTOR GANADERO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000200.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas necesarias para paliar la grave crisis que atraviesa el sector ganadero español. Se vota con la enmienda de adición del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 155; en contra, 166; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.