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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 227, de 08/03/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 227
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 215
celebrada el martes, 8 de marzo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la convención sobre derechos humanos de las personas con discapacidad (Orgánica). 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie B, número 301-1, de 18 de febrero de 2011. (Número de expediente 122/000272.) ... (Página 5)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar, a través del Observatorio universitario de becas, ayudas al estudio y rendimiento académico, las reformas necesarias para mejorar la movilidad nacional de los estudiantes
universitarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 526, de 18 de febrero de 2011. (Número de expediente 162/000784.) ... (Página 9)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas de apoyo a las entidades locales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 516, de 4 de febrero de 2011. (Número de expediente 162/000770.) ...
(Página 14)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la modificación de la financiación local. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 453, de 5 de octubre de 2010. (Número de
expediente 162/000724.) ...
(Página 14)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas a adoptar para el cumplimiento de la Ley 29/2005, de publicidad y comunicación institucional, por parte del Ministerio de Defensa, en su política de publicidad y
comunicación. (Número de expediente 173/000195.) ... (Página 21)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar para combatir la masiva destrucción de tejido productivo que afecta especialmente a pymes y autónomos. (Número de expediente 173/000196.) ...
Declaración institucional ... (Página 30)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 30)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 31)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 31)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor presidente informa a la Cámara de que el Parlamento de Navarra ha tomado el acuerdo de comunicar a la Mesa del Congreso que no ha designado a ningún parlamentario para la defensa de la proposición de ley de modificación del artículo
50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, habiendo, por tanto, decaído.
El señor presidente solicita la aprobación de la Cámara para la inclusión en la sesión del próximo jueves del dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado, aprobado en la mañana de hoy, lo que se aprueba por asentimiento.
Finalmente el señor presidente pronuncia unas palabras en recuerdo de don Eduardo Dato, asesinado hace hoy noventa años, que representó el regeneracionismo conservador de principios del siglo XX.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la convención sobre derechos humanos de las personas con discapacidad (Orgánica) ... (Página
5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martín Peré, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página 9)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar, a través del Observatorio universitario de becas, ayudas al estudio y rendimiento académico, las reformas necesarias para mejorar la movilidad nacional de los estudiantes
universitarios ... (Página 9)
En defensa de la proposición no de ley interviene la señora Palma Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) y don Adolfo Luis González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Palma Muñoz.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas de apoyo a las entidades locales ... (Página 14)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la modificación de la financiación local ...
(Página 14)
Defienden conjuntamente las proposiciones no de ley los señores Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas intervienen los señores Moreno Bonilla y Llamazares Trigo.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 21)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas a adoptar para el cumplimiento de la Ley 29/2005, de publicidad y comunicación institucional, por parte del Ministerio de Defensa, en su política de publicidad y
comunicación ... (Página 21)
Defiende la moción el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y
Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Beloki Guerra y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora secretaria (Villalobos Talero) da lectura a un documento, lectura solicitada por el señor Xuclà i Costa.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Xuclà i Costa.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar para combatir la masiva destrucción de tejido productivo que afecta especialmente a pymes y autónomos ... (Página 26)
Defiende la moción la señora Báñez García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Declaración institucional ... (Página 30)
La señora secretaria (Villalobos Talero) da lectura a una declaración institucional, con la firma de todos los portavoces, de apoyo a la candidatura a la Dirección General de la FAO de don Miguel Ángel Moratinos.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 30)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la convención sobre derechos humanos de las
personas con discapacidad (Orgánica), se aprueba por 329 votos a favor.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 31)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar, a través del Observatorio universitario de becas, ayudas al estudio y rendimiento académico, las reformas
necesarias para mejorar la movilidad nacional de los estudiantes universitarios, se aprueba por 186 votos a favor y 143 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas de apoyo a las entidades locales, se rechaza por 143 votos a favor, 175 en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la modificación de la financiación local, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 20 votos a favor, 162 en contra y 146 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 31)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas a adoptar para el cumplimiento de la Ley 29/2005, de publicidad y comunicación institucional, por parte del Ministerio de Defensa, en su
política de publicidad y comunicación, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 329 votos a favor.
Sometidos a votación separada los puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para combatir la masiva destrucción de tejido productivo que afecta especialmente a pymes y
autónomos, todos ellos son rechazados.
Se suspende la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión con un asunto previo, del que informo a sus señorías. El Parlamento de Navarra ha tomado el acuerdo de comunicar a la Mesa del Congreso que no ha designado a ningún parlamentario foral para la defensa
de la proposición de ley que teníamos incluida en nuestro orden del día. En tal caso, y por este singular motivo, debemos entender que ha decaído la propuesta, para cuya defensa nadie ha sido designado. ¿De acuerdo? (Asentimiento.) Queda decaída.
En segundo lugar, si ningún grupo parlamentario se opone, ¿aprueba el Pleno que se incluya en la sesión del jueves el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado que ha sido aprobado esta mañana? (Asentimiento.) Se incluye, por tanto,
ese dictamen para su examen y votación.
Antes de iniciar la tarea parlamentaria propiamente dicha, quería destacar a sus señorías que hoy, exactamente dentro de cuatro horas, se cumplirán noventa años del asesinato del que fue presidente del Congreso de los Diputados en tres
legislaturas y presidente del Consejo de Ministros, don Eduardo Dato. Como saben, fue ametrallado en la plaza de la Independencia, en la Puerta de Alcalá, desde una motocicleta. Don Eduardo Dato fue autor de la primera normativa sobre descanso
dominical, sobre accidentes laborales y sobre el trabajo de mujeres y niños. Era un hombre conservador y bajo su Gobierno se creó el Instituto Nacional de Previsión y el Ministerio de Trabajo. Quiere la Presidencia que estas breves palabras queden
como recuerdo de la figura histórica de un hombre dedicado al Parlamento y a la acción política y que representó el regeneracionismo conservador de principios del siglo XX. Muchas gracias por su atención a esta mención de don Eduardo Dato.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA SU ADAPTACIÓN A LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ORGÁNICA). (Número de expediente
122/000272.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la convención sobre derechos humanos de las personas con discapacidad.
Para su toma en consideración y defensa tiene la palabra don Pablo Martín.
El señor MARTÍN PERÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de iniciar mi intervención, quisiera dar la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad que se encuentran ahora mismo presentes en tribuna y a quienes,
por supuesto, agradezco su presencia aquí con nosotros.
Debatimos una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista encaminada a la modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado. Señorías, permítanme que, antes de iniciar el debate o la explicación propiamente de cuáles
son las modificaciones que mi grupo propone de este texto normativo, haga una breve referencia a otras normas conexas que están estrechamente vinculadas con el debate que hoy nos ocupa. Así pues, el artículo 125 de nuestra Constitución establece
que los ciudadanos podrán participar de manera directa en la Administración de Justicia por medio de la figura de la institución del jurado, una figura que, por cierto, debo recordar que ha estado presente en nuestra Administración de Justicia,
sobre todo en aquellos periodos democráticos constitucionales, no así tanto en aquellos en los que la ciudadanía no podía gozar de derechos y libertades. Ese artículo 125, además, debe relacionarse con el artículo 23, también de nuestra Carta
Magna, que establece la posibilidad de que los ciudadanos participen de los asuntos públicos del Estado. A su vez, la exposición de motivos de la norma que estamos debatiendo modificar establece que el derecho de formar parte o de ser miembro de un
tribunal del jurado se incardina dentro de la esfera de los derechos y deberes. Efectivamente, cualquier ciudadano está capacitado para formar parte del mismo, y es un derecho que le otorga nuestra normativa vigente al efecto, pero al mismo tiempo
también constituye un deber. Finalmente, en lo que respecta a este recordatorio normativo que estoy haciendo -y ese es el motivo principal de la modificación que hoy nos aborda- el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad establece que los Estados miembros de Naciones Unidas debemos disponer de los medios legales económicos necesarios para que los ciudadanos con discapacidades puedan desarrollar sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con
el resto de la ciudadanía, en este caso en el ámbito de la Administración de Justicia. En ese sentido, no deja de resultar paradójico que, precisamente, una institución como el tribunal del jurado, que de algún modo es la representación democrática
de la ciudadanía ante la Administración de Justicia, por un texto legal actual quizá excesivamente ambiguo se pueda permitir el lujo de discriminar ni más ni menos que a un porcentaje cercano al 9 por ciento de nuestra población. Esto es algo que
en una democracia no entra dentro del terreno ni de lo admisible ni de lo tolerable. En efecto, la actual redacción que hoy en día figura en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado es excesivamente ambigua y puede permitir que se produzcan algunas
discriminaciones que -como decía hace escasos momentos- no podemos tolerar.
Es cierto que en España en los últimos años hemos avanzado enormemente en lo que respecta a la normativa en materia de supresión de barreras arquitectónicas. Probablemente en el debate de hoy no se trata tanto de una supresión de barreras
arquitectónicas como de una supresión de barreras psicológicas, fundamentalmente las nuestras. Todos sabemos que la principal dificultad a la que se pueden enfrentar aquellas personas que tienen una discapacidad en nuestra sociedad no es a esa
misma discapacidad, sino a la actitud que podemos mostrar quienes no las tenemos. Entiendo que la propuesta que hoy formulamos -y ahora sí entro propiamente en la modificación normativa que propone mi grupo- puede superar esa ambigüedad.
Efectivamente, la propuesta que establece el artículo 8.5 de nuestra proposición de ley ya no habla de personas con discapacidad, sino que habla de aquellas personas que tengan discapacidad. Esta disposición 8.5 que proponemos a su vez debe
relacionarse con la modificación del artículo 20 del mismo texto legal, el cual establece que se dispondrá de un formulario y que aquellas personas que presenten una discapacidad rellenarán e indicarán al magistrado que presida el tribunal cuáles
son las dificultades que podría entrañar para el ejercicio de su derecho y de su obligación ante la composición del tribunal del jurado y que, en consecuencia, pueden también proponer y concretar los medios para superar esas dificultades.
En consecuencia, señorías, entiendo que avanzamos un paso más en el reconocimiento efectivo como miembros de pleno derecho de nuestra sociedad de aquellas personas que padecen una discapacidad -por cierto, que es el término apropiado para
referirnos a ellas- y que al mismo tiempo avanzamos en el desarrollo de nuestra sociedad, también bajo el prisma del civismo y la solidaridad. Como habrán podido comprobar, no supone una modificación grande en términos legales, pero sí supone una
gran modificación en materia de derechos civiles.
Yo quiero agradecer al resto de formaciones políticas del Congreso de los Diputados el apoyo que prestarán a esta toma en consideración de esta proposición de ley y quiero invitarles a todos ustedes a una reflexión sobre la materia que hemos
debatido. Hay un escritor ruso, que ustedes seguro conocerán, que es santo de mi devoción, Fiodor Dostoievski, quien tras haber pasado una etapa confinado en Siberia llegó a la conclusión de que el grado de civilización de una sociedad puede
medirse en función del tratamiento que otorga a sus presos. Yo quería solicitarles que hagamos una trasposición de esa reflexión y que en algunas ocasiones también el grado de civismo, el grado de avance y de desarrollo de una civilización
democrática puede medirse en función de cómo tratamos a aquellos ciudadanos o a aquellas personas que puedan poseer una discapacidad.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín.
Para fijar posición, en primer lugar, tiene la palabra don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervendré brevemente desde el escaño para fijar posición en nombre de Coalición Canaria en relación con esta iniciativa legislativa que nos presenta el Grupo Socialista. Coalición Canaria va a apoyar esta toma en consideración,
sobre todo, porque se trata de avanzar en los derechos de los discapacitados. Asimismo, quiero saludar también la presencia de los colectivos que hoy se encuentran en esta Cámara.
Sin embargo, tenemos que ser realistas y realmente creemos que el marco legislativo actual, la propia interpretación que hacemos desde Coalición Canaria del artículo 8 de la ley orgánica en su apartado número 5, de impedimento físico,
psíquico o sensorial, entiendo que está referido exclusivamente al hecho de ser jurado, pero no al hecho de poder ser jurado el tener cualquier tipo de discapacidad. Es un problema más, como decía el propio proponente, de barreras arquitectónicas
que de imposibilidad de ser jurado o, por el contrario, no estaríamos en aplicación de la propia Convención de Naciones Unidas en relación con los derechos de los discapacitados. En todo caso, por una cosa o por la otra, o porque no se esté
aplicando de manera correcta, nosotros entendemos que siempre es bueno reflexionar y avanzar en una sociedad más moderna y más igualitaria, en el sentido de poder profundizar en esa reflexión. La trayectoria que lleva esta proposición de ley en
Comisión y en el propio Pleno nos permitirá avanzar en esos derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Intervengo también para anunciar el apoyo a esta iniciativa legislativa que tiene el origen en muchos debates naturalmente, pero tiene un origen cercano que quiero reivindicar de 29 de enero de 2009, cuando se aprobó en la Comisión
correspondiente una iniciativa de Unión Progreso y Democracia que instaba al Gobierno a hacer exactamente lo que esta iniciativa persigue. Por tanto, no podemos estar más de acuerdo.
Quiero recordar exactamente que en esa iniciativa, que se aprobó por unanimidad -porque es cierto que esta diputada la presentó, pero que obtuvo la unanimidad de la Comisión con una enmienda transaccional que sin duda ninguna mejoró el
texto-, se le pedía al Gobierno que incluyera, entre las materias a tratar en los trabajos previos que se están llevando a cabo para la adaptación de nuestra legislación a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad, la revisión de la Ley Orgánica 5/1995, que es lo que aquí se persigue.
También se le pedía al Gobierno que regulara los apoyos materiales y humanos necesarios para permitir a las personas con discapacidad llamadas a ser jurado el desempeño de esa función con normalidad y en condiciones de igualdad. Esto fue en
enero del año 2009; han transcurrido dos años, y ha tenido que ser no una iniciativa del Gobierno, tal y como estaba mandatado por esa proposición no de ley que les acabo de leer aprobada por unanimidad, sino el Grupo Socialista, dos años más
tarde, el que trate de arreglar la ausencia normativa del Gobierno en esta materia.
Bienvenido sea, en todo caso. Lamento que hayan transcurrido dos años y que el Gobierno haya incumplido este mandato, pero, como digo, bienvenido sea el debate,
bienvenida sea la iniciativa, que merecerá nuestro apoyo, pero no debo dejar de insistir en que hemos perdido dos años preciosísimos debido a la escasa agilidad del Gobierno de la nación.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para anunciar que vamos a votar favorablemente, como no podía ser de otra manera, esta iniciativa del Grupo Socialista. Debo decir que no coincido con todos los argumentos utilizados por la diputada Díez. Los
antecedentes de la práctica de los grupos parlamentarios, aun cuando no digo que no sea cierto lo que ha dicho, en relación con todo lo que afecta a las políticas relacionadas con los derechos de las personas discapacitadas siempre han buscado y
encontrado fórmulas de trabajo unitario en este Parlamento; al menos hablo por mi experiencia. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Es cierto que a veces la velocidad con que se implementan las voluntades políticas no es la óptima; también es cierto -lo digo desde nuestra posición a veces muy dura respecto al Gobierno español- que, aunque ya existe un listado de 141
Estados que han ratificado la convención, hay sociedades incluso más avanzadas que la sociedad española que han trabajado mucho menos. De manera que, teniendo en cuenta el contexto económico, creo que no es este el ámbito en el que el Gobierno
español se merece un mayor número de palos, si se me permite la expresión popular.
Celebro además que esta propuesta sea paralela a otra que está en trámite de enmiendas y que permitirá modificar un buen número de leyes, aunque no es todo el
universo de las causas y de las variables que debieran contemplarse. Por ejemplo, hay leyes que deberían modificarse, como la Ley de Propiedad Horizontal, o todo lo que tiene que ver con las leyes relacionadas con la circulación, con la normativa
viaria, etcétera. Es decir, estamos trabajando en la modificación de un buen número de leyes para adecuar los textos legislativos a la convención, pero todavía queda mucho por hacer. Asimismo, está bien que paralelamente se encare la modificación
de la Ley Orgánica del Jurado.
El solo hecho de pasar de una redacción en la que se decía textualmente: no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado al escenario que se nos propone de modificación del apartado 5 del
artículo 8, es decir, tener capacidad suficiente para el desempeño de la función del jurado, es un cambio de escenario enorme, es un giro copernicano, por lo que entendemos que vale la pena celebrar esta propuesta del Gobierno. Es cierto que nos
gustaría saber -no sé si habrá oportunidad en esta ocasión, creo que ya no, puesto que el compañero socialista ya ha finalizado su intervención- cuáles son las razones por las que el proyecto de ley al cual me refería -el que está en tramitación
parlamentaria- no alcanza otros ámbitos tan urgentes como los que ocupa este proyecto de ley, y me refiero al proyecto de ley presentado en el mes de diciembre, que afecta a ámbitos de sanidad, justicia, empleo, etcétera, pero que, repito, deja en
el agujero negro algunos ámbitos que es tan necesario afrontar como los que se encaran en el proyecto de ley.
Repito, nuestro grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero felicitar al grupo proponente por una pertinente iniciativa parlamentaria. Yo pertenezco a la Comisión de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad y, desde
esta perspectiva, no puedo más que apoyar con entusiasmo lo que se propone. Señora presidenta, hay problemas que han sido planteados por el proponente y por algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Seguramente esta
proposición de ley tiene un contenido de derecho positivo o de derecho normativo muy concreto, limitado, pero simbólicamente es importante. La posibilidad de acceder al tribunal del jurado, de participar activamente en la Administración de
Justicia, prevista en el artículo 125 de la Constitución y en la Ley del Jurado, de 22 de mayo de 1995, tenía un elemento de interpretación complejo, de hermenéutica, que era la redacción del artículo 8.5, que obstaculizaba el acceso al tribunal del
jurado de las personas que poseyeran impedimento físico, psíquico o sensorial. La laxitud de este precepto ha provocado siempre dudas sobre la posibilidad de acceso al tribunal del jurado y, por lo tanto, a la participación activa en la
Administración de Justicia de las personas afectas por discapacidades de distinta naturaleza.
Yo he querido entender -y así lo deduzco de la intervención del portavoz del Grupo Socialista- que esta es una proposición de ley proactiva a la intervención y a la participación en el tribunal del jurado, en la Administración de Justicia en
definitiva, de las personas afectas por discapacidad desde las pocas perspectivas que constitucionalmente los ciudadanos pueden participar activamente en la Administración de Justicia. ¿Por qué? Primero, porque, sin perjuicio de la legitimidad
para participar en un jurado, lo que se establece es que, mediante la cumplimentación del formulario que el magistrado presidente del jurado participa a los que han de constituir un jurado, se indique por parte de las personas afectas por
discapacidad no solo que están afectas por discapacidad, sino que esa discapacidad en concreto no es impediente para participar en las actividades del jurado y, si lo fuera, existen mecanismos remotrices de estos impedimentos que hacen referencia a
infraestructuras -si la discapacidad afecta a la movilidad de las personas- o de otra naturaleza si hace referencia a otros tipos de discapacidad, luego es proactiva a la participación de las personas afectas por discapacidad en la institución del
jurado. Desde esa perspectiva nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que se atribuya a las administraciones autonómicas que tienen competencias en materia de medios materiales para remover estos problemas que dificultan la
participación de personas con discapacidad o con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales en la institución del jurado, y es un paso más para conseguir la igualdad de derechos entre las personas afectas por cualquier tipo de discapacidad y las
personas no afectas por ningún tipo de discapacidad.
Por la experiencia que tengo en el ámbito de la justicia, señora presidenta -y usted conoce además que es desde sus interioridades-, le puedo decir que dentro de las capacidades atinentes a la configuración de un jurado no hay ninguna
diferencia entre una persona no afecta
por ningún tipo de discapacidad y la mayoría de las personas afectas por algún tipo de discapacidad. Desde esa perspectiva, esta laxitud en la determinación de la legitimación para integrar un jurado prevista en el artículo 8.5 de la Ley de
1995, reguladora del jurado, era manifiestamente discriminatoria, y nuestra obligación como legisladores es remover todas las discriminaciones que afecten a las personas con discapacidad y, siendo limitada en su contenido esta proposición de ley,
simbólicamente es relevante. Por esta razón, y porque nuestra obligación es posibilitar que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos y libertades que las personas que no poseen ningún tipo de limitación de esta naturaleza, vamos a
apoyar, incluso con entusiasmo -en lo que a mí concierne, señora presidenta, en mi condición de miembro de la Comisión de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas para la igualdad de derechos de las personas con discapacidad-, esta
proposición de ley tan pertinente presentada y tan bien defendida por el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, participar en la institución del jurado es un derecho, un derecho de las personas, un derecho que está regulado expresamente en el artículo 125 de la Constitución, cuando establece que los ciudadanos podrán ejercer la acción
popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado. Pues bien, ese derecho a participar en la institución del jurado lo tienen todas las personas y eso engloba evidentemente a las personas que padecen algún
tipo de discapacidad; son titulares también de ese derecho. La actual redacción de la ley orgánica que regula el tribunal del jurado, en su artículo 8 apartado 5, puede llevar a alejar una institución de participación democrática en la justicia
como es el jurado de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, porque su redacción, tal y como está en estos momentos como requisito para ser jurado, establece no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la
función de jurado.
Esa redacción debe modificarse. Por tanto, felicidades, señor Martín, por tener hoy la iniciativa de traer al Pleno de la Cámara esta necesaria modificación de la ley orgánica que regula el tribunal del jurado. Es necesario acometer esta
modificación, dejar sentado, como así lo va a hacer si prospera -espero que tenga finalmente la unanimidad de todos- la proposición de ley que hoy debatimos, el hecho de que va a ser un requisito tener capacidad suficiente para el desempeño de la
función del jurado. Esa capacidad suficiente para el desempeño de la función del jurado la tienen las personas y, por tanto, si una persona tiene una discapacidad que de alguna manera puede afectar a lo que son los impedimentos físicos, psíquicos o
sensoriales, que pueda comunicarlo al presidente del tribunal, a efectos de que la Administración facilite los medios materiales e instrumentales para su plena participación y el pleno ejercicio de ese derecho ciudadano que tienen como todas los
demás personas.
Estamos ante una propuesta que compartimos, que va en la línea de lo que nos pide la propia Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y en la de la institución del jurado, como institución abierta a la
ciudadanía en la participación de la misma en la Administración de Justicia. Esa institución del jurado, prevista en la Constitución y abierta a la ciudadanía, no puede tener una regulación discriminatoria con esas personas que padecen algún tipo
de discapacidad.
Por tanto, bienvenida sea esta proposición de ley y nos sumamos a la misma con un voto entusiasta y favorable a un sí a su toma en consideración. Hay una previsión incluso que debe atenderse, evidentemente, las administraciones
públicas competentes en materia de justicia; cada vez son más las que tienen las competencias de administración de la Administración de Justicia, ellas van a tener que buscar los medios materiales para facilitar ese ejercicio. También, una vez
más, como legisladores estatales que somos, esta modificación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, como ocurrió ya cuando en el año 1995 se aprobó la ley original, va a comportar una revisión de lo que la Lofca prevé en cuanto a los sistemas
de lealtad institucional cuando estas Cortes Generales modifican leyes de ámbito estatal cuya ejecución repercute después en medios materiales y medios presupuestarios de las comunidades autónomas. Aquí también deberemos, durante su tramitación
parlamentaria, realizar esa previsión que la propia Lofca nos guía para que no sufra esa lealtad institucional y que las administraciones competentes, en este caso las comunidades autónomas que tengan asumidas esas competencias, puedan realmente
tener los medios necesarios para cumplir con esta justa ley cuya tramitación vamos a iniciar hoy.
Espero que sea una tramitación ágil, que cuanto antes tengamos en esta legislatura, aprobada por unanimidad, esta nueva reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, cargada de sentido común, cargada de responsabilidad y cargada de la
mirada atenta de evitar discriminaciones a quienes menos discriminaciones merecen, que son las personas que padecen algún tipo de discapacidad. A ellas también quiero dedicar este discurso de hoy buscando esa unanimidad de la Cámara en un tema
puntual -se decía antes por parte del señor Olabarría-, puntual, sí, pero cargado de sentido positivo hacia una situación que debemos superar con la reforma legal que hoy se propone.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, el 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad y de sus familias. Dicha convención fue ratificada por España el 3 de diciembre de
2007 y tanto la convención como el protocolo, que también fue ratificado por España, a partir del año 2008 forman parte y se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, siendo ya de obligado cumplimiento. No se trata de nuevos derechos para las
personas con discapacidad, simplemente se trata de los mismos derechos humanos que para todo el mundo, solo que en esta ocasión la convención es un instrumento para conseguir que esos derechos puedan hacerse accesibles, puedan ser practicados,
tengan derecho a ellos, puedan alcanzarlos todas las personas con discapacidad. Esto nos obliga a identificar una serie de incompatibilidades que nuestras leyes todavía tenían para conseguir ese disfrute de los derechos.
La proposición de ley orgánica que presenta el Grupo Socialista y que hoy debatimos es una de las modificaciones legislativas entre las muchas que debemos llevar a cabo. Concretamente se trata del apartado 5 del artículo 8 de la Ley 5/1995,
del Tribunal del Jurado. Ya anuncio ahora que nuestro grupo político, nuestro grupo parlamentario, va a votar a favor de la modificación de dicha ley orgánica. Era una de las que había que modificar, porque, tal y como está planteado en su
redacción, establecía que era un requisito para poder participar en el jurado no estar impedido física, psíquica o sensorialmente, para el desempeño de la función.
Nosotros estamos de acuerdo en que hay que cambiar ese apartado 5 del artículo 8 de
la ley, en el sentido de que hay que tener capacidad suficiente para ejercer el desempeño del jurado. Al tiempo hay otro asunto en el que queremos hacer hincapié porque nos parece muy importante y es que en la disposición adicional única que se
propone se diga que sean las administraciones públicas las que provean de los medios necesarios en los tribunales de Justicia para que las personas con discapacidad puedan ejercer ese derecho a formar parte de los tribunales de Justicia. Además de
un compromiso de la convención de que había que modificar esta y otras muchas leyes, se cuenta con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, también de una iniciativa que recoge la petición del Comité español de representantes
de personas con discapacidad.
El Partido Popular, tanto en su época de gobierno como en la oposición, ha dado claras muestras de legislar en favor de este sector y ha colaborado en la legislación para combatir la discriminación; creo que la apuesta por la igualdad de
oportunidades y por la accesibilidad universal del Partido Popular ha quedado clara y evidente en muchas ocasiones. Quiero recordar una proposición de ley que nuestro grupo presentó en diciembre de 2008, siendo consecuente también con el dictamen
de la Convención de Naciones Unidas y su protocolo, en la que entrábamos a modificar una serie de leyes que eran imprescindibles para poder hacer accesible esos derechos a las personas con discapacidad. No hay que olvidar asimismo que esta
proposición de ley lleva más de dos años detenida porque ha habido una solicitud constante de ampliación del plazo de enmiendas, situación que nosotros lamentamos porque nos parece que tan importante como es la de hoy son el resto de las leyes que
hay que modificar. Espero una disposición favorable, porque la proposición de ley fue tomada en consideración -quiero recordar- por unanimidad de los miembros de la Cámara y por lo tanto hay vocación de llevarla adelante.
Sus señorías verán que cualquier iniciativa que vaya a favor de las personas con discapacidad, que trate de mejorar sus condiciones de vida y sobre todo su acceso a esos derechos, siempre estará apoyada por el Partido Popular,
independientemente del origen ideológico que tenga.
Siempre vamos a jugar a favor de apostar por esa mejoría, por esa inclusión social de las personas con discapacidad y esperamos que haya esa buena disposición en otro tipo de iniciativas
parlamentarias, como esta proposición de ley a la que he aludido y que fue presentada por nuestro grupo parlamentario hace dos años. Espero que, cuando se presente en la Cámara para su debate junto con -me imagino- el anteproyecto que el Gobierno
ha presentado, se busque un punto de acuerdo y se vote a favor, porque forma parte, como digo, del entramado jurídico que hay que modificar. Además, ha sido una propuesta que hemos recogido del sector de la discapacidad, nos hemos hecho eco de él,
y creemos que es necesario llevarlo adelante; después de dos años es momento ya, cuanto antes, de hacerlo así, de que se mejoren esas condiciones de vida y que se consiga esa inclusión social de las personas con discapacidad que yo creo que todos
los grupos políticos pretendemos pero que hay que tratar de realizar con este tipo de acuerdos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Vañó.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A IMPULSAR, A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE BECAS, AYUDAS AL ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO, LAS REFORMAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS. (Número de expediente 162/000784.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista relativa a impulsar, a través del Observatorio universitario de becas,
ayudas al estudio y rendimiento
académico, las reformas necesarias para mejorar la movilidad nacional de los estudiantes universitarios.
Para defender la proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Palma Muñoz.
La señora PALMA MUÑOZ: Gracias, presidenta.
Señorías, presentamos hoy aquí una iniciativa que tiene un objetivo muy claro, muy concreto y muy coherente, con las prioridades del Gobierno en materia de política educativa, que es dar preferencia, incluso en tiempos de crisis y de
ajustes, a la política de becas. Como saben sus señorías, recientemente se ha puesto en marcha el Observatorio universitario de becas, ayudas al estudio y rendimiento académico, un observatorio que cumple con un mandato legal pero también con una
reclamación insistente por parte de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Es también una de las medidas contempladas en el Plan de acción 2010-2011 del Ministerio de Educación. Este órgano de asesoramiento, y confiamos mucho en la tarea que
pueda realizar, permitirá sobre todo mejorar la eficacia del proceso en la toma de decisiones de las universidades, las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, en materia de becas y ayudas.
¿Por qué instamos al Gobierno a que, a través de este observatorio, promueva una evaluación precisamente del tema de la movilidad universitaria entre los centros universitarios españoles? Hemos elegido este tema básicamente por dos razones.
La primera, por el valor y la importancia de la movilidad en la educación universitaria. ¿Quién no piensa en el programa Erasmus cuando hablamos de movilidad y en su contribución, después de más de veinticinco años de estar en vigor, a la
construcción de una Europa más cohesionada? ¿Quién no piensa que la movilidad es sinónimo de intercambio de conocimiento, de conocimiento de otras culturas, de otras lenguas, patrimonios, paisajes y formas de enseñar, y es en el fondo comprensión,
empatía y crecimiento personal, no solo para los estudiantes, sino también para los centros educativos?
En segundo lugar, hemos presentado esta iniciativa para mejorar los instrumentos que ya tenemos para fomentar la movilidad universitaria. La movilidad de estudiantes entre universidades españolas se apoya en dos programas que han venido
funcionando muy bien desde hace años. El primero es un sistema de intercambio entre centros universitarios que permite que las universidades todos los años realicen una oferta y otorguen unas plazas para que aquellos estudiantes que quieran
realizar algún periodo de su formación fuera de su lugar habitual de residencia y de estudio puedan hacerlo, con la facilidad de que el reconocimiento de los créditos cursados en su expediente académico es automático e inmediato. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) El segundo es el programa Séneca, que es un programa de becas del Ministerio de Educación que facilita las ayudas económicas necesarias para cubrir los gastos de desplazamiento y estancia durante el periodo de
estudios en otra universidad que no es la propia. Los recursos destinados a este programa se han ido incrementando progresivamente en los últimos años hasta duplicarse. Solo unos datos: en 2003 fueron algo más de 4,5 millones de euros los que se
destinaron a becas Séneca y en 2009-2010 se han alcanzado los 10 millones de euros. A su vez, en el número de beneficiarios hemos pasado de 1.933 becarios activos en 2003 a más de 3.500 becarios en los últimos cursos. No está nada mal para tan
noble objetivo.
En las universidades se están produciendo, como hemos debatido aquí más de una vez, grandes transformaciones, sobre todo con la implantación de los nuevos grados y másteres en el marco del desarrollo del espacio europeo de Educación
Superior. En estos momentos tenemos mucha más oferta de títulos, más especializada y más diversificada. Es lógico, pues, que cada día más estudiantes encuentren aquello que necesitan para su formación fuera de su lugar habitual de residencia y de
estudio. Además, el Ministerio de Educación ha impulsado, en el marco de la estrategia Universidad 2015, una revisión, una renovación y a su vez un reforzamiento, del sistema de becas y ayudas, introduciendo mejoras en la movilidad nacional e
internacional. Así, aspectos hasta ahora poco atendidos, como el de los alojamientos universitarios -tema fundamental el de la residencia para la movilidad-, forman parte ya de proyectos presentes y futuros. Es el caso del campus de excelencia
internacional; la convocatoria 2010 incorporó ya una línea de ayudas a las universidades para que promovieran programas de creación y rehabilitación de alojamientos universitarios. Señorías, es incuestionable y deseable que los universitarios
tengan y ejerzan más movilidad, pero también es absolutamente indispensable que puedan hacerlo en mejores condiciones, para conseguir más calidad y diversidad en las enseñanzas recibidas.
Sabemos que cualquier iniciativa vinculada al tema de las
becas y ayudas suscita afortunadamente una cantidad importante de propuestas, matices, debates, incluso controversia, puesto que la temática que nos ocupa es amplia e importante.
En relación con las enmiendas que han sido presentadas a esta proposición no de ley, quiero decirles que reflejan que hay matices de todo tipo: compatibilidades, lenguas, aspectos competenciales, evaluación y seguimiento. Sin menospreciar
ninguna de estas aportaciones, les pedimos, señorías, desde el Grupo Socialista un esfuerzo para acotar el tema al objeto de la proposición no de ley y hemos trabajado con los grupos, a partir de sus enmiendas, para lograr un texto transaccional que
goce del mayor apoyo posible, como hemos hecho en la práctica totalidad de ocasiones en las que hemos debatido temas relacionados con las becas.
Hace un año exactamente aprobamos en esta Cámara una moción, que me atrevería a calificar de muy buena,
a propuesta de Convergència i Unió; algunos de sus puntos ya se han cumplido y en otros lo que aquí aprobamos rige como una buena parte de la hoja de ruta del Gobierno en materia de becas. Hoy les pedimos el apoyo a esta iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista para seguir trabajando en esta dirección: mejorar el apoyo a los estudiantes universitarios y mejorar la calidad de la formación superior, como elemento fundamental de progreso y cohesión social, ampliando
el debate con la transacción que les hemos propuesto a otros elementos fundamentales y que están ya muy maduros, más allá del programa que ponemos hoy a debate, como es el caso de cumplir con los traspasos de becas en el caso de la comunidades
autónomas que así lo han pedido.
El señor PRESIDENTE: Señora Palma, debe acabar.
La señora PALMA MUÑOZ: Termino, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy amable. Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas en primer lugar tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
La diputada socialista pide una y otra vez -de hecho ya hace meses, años que lo pide- confianza, apoyo a la buena voluntad del Gobierno, porque esta vez sí que va de veras, es decir, que en esta ocasión sí que culminarán el traspaso de las
becas. Una y otra vez, a propuesta de Convergència i Unió, a propuesta de Esquerra Republicana, a propuesta de Izquierda Unida, de otros grupos parlamentarios, se ha debatido sobre lo estúpido y la sinrazón que nos lleva a tener que reconocer que
un hijo de un trabajador del metal en Madrid, en Cataluña, o en otros territorios del Estado español -yo puedo hablar con criterio de los trabajadores del metal de Cataluña-, tiene menos oportunidades para acceder a una beca que el hijo de un
trabajador de otra comunidad autónoma en la que, por ejemplo, el índice de los precios al consumo, el coste de la vida, sea distinto. Y esto no tiene razón de ser. Siempre hemos encarado este debate desde la izquierda, diciendo que, por muchos
recursos que se dediquen a socializar la educación y posibilitar que las clases populares accedan a la universidad, siempre nos quedaremos cortos. Y no vean en mis palabras ningún tipo de desviacionismo respecto a conflictos territoriales ni que
quieran sembrar el agravio. Estamos reclamando derechos, equidad, para con todos los trabajadores. Y este sistema no funciona.
No tiene sentido que un trabajador o una familia de tres miembros en Cataluña para acceder a una beca tenga que estar 22 puntos por debajo, respecto a la capacidad de consumo, que otra de Extremadura. No tiene ningún sentido, lo cual -queda
dicho- no tiene nada que ver con ningún tipo de voluntad contraria a las necesidades de los trabajadores y sus hijos en Extremadura para acceder a la universidad. Una vez y otra se nos dice que ahora sí, pues no sé si ahora sí, porque, tal como
andan las cosas, no sé si lo van a hacer. Por eso nosotros entendíamos que, aun cuando no quisieran aceptar nuestra enmienda, la transaccional que pactasen con Convergència i Unió al menos incluyera un calendario. Y me puedo remitir a los
compromisos no cumplidos para cargarme de desconfianza. Yo les pido que, aun cuando rechacen nuestras enmiendas, al menos hagan un esfuerzo y lo incorporen en la transaccional que pretenden que todos votemos; luego dirán: por favor, no la vetéis,
que esta vez sí que va en serio. Pues bien, hagan ustedes un esfuerzo y pongan que antes de finalizar esta legislatura, porque, tal como andan ustedes, la verdad es que uno tiene que tener algún tipo de póliza de garantía.
Así pues, atendiendo a nuestras reclamaciones, que son reclamaciones justas, que además son transversales, como se dice ahora, respecto a distintos territorios del Estado español, que responden a realidades del índice de los precios, del
coste de la vida, en distintos territorios y a favor de la equidad, creo que ustedes deberían hacer un esfuerzo para llegar a una transaccional en la que todos nos sintiéramos cómodos y no pudiéramos decir a la cara los unos y los otros que, después
de años de reclamarlo, ahora resulta que lo van a pactar solo con Convergència i Unió. Me parece incluso un tanto desafortunado. Es un proyecto de todos y en ese sentido creo que deberíamos hacer un esfuerzo, lo hace Convergència i Unió, lo hace
el Partido Popular, que al parecer también se va a sumar a la transaccional. No nos obliguen a vetarla, por favor, hagan un esfuerzo, e incorporen un compromiso en el calendario, porque si no lo que haremos será lo que se decía de Santo Tomás.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Doña Inmaculada Riera tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, la proposición no de ley presentada en el Pleno por el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a plantear el tema de becas y ayudas al estudio en el sistema universitario, aunque desde nuestro
punto de vista de una forma muy limitada. Muy limitada porque únicamente pretende instar al Gobierno a que, a través del recientemente creado Observatorio universitario de becas, se evalúe el sistema de intercambio entre centros universitarios
españoles y el rendimiento de las becas Séneca para proponer las reformas necesarias que mejoren la movilidad nacional de los estudiantes universitarios. Efectivamente, la movilidad tiene una gran importancia y ha de ser un objetivo prioritario,
pero entendemos que hoy es un marco para ir más allá y para debatir un sistema de becas más amplio.
Referirnos al observatorio, al mismo sistema de intercambio entre centros aniversarios y al programa Séneca, es referirnos al sistema de becas y es
subrayar la importancia que ha de tener un sistema sólido, eficaz y amplio.
Desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió creemos que el tema de las becas en el ámbito de la enseñanza posobligatoria es muy relevante y merece un
enfoque más global, por lo que entendemos que debe aprovecharse este debate que se está produciendo hoy. Por ello hemos presentado a la proposición no de ley del Partido Socialista una enmienda que se propone añadir tres nuevos puntos a la
problemática en materia de becas. Nuestra enmienda va en la triple dirección en la que nuestro grupo continúa trabajando, insistiendo y reclamando: la dirección de los recursos, la dirección de establecer nuevos criterios de asignación y la
dirección competencial, es decir, la de las transferencias. Un sistema de becas sólido es un instrumento clave en la formación, en el progreso y en el cambio del tan necesario modelo productivo que nuestro país y nuestra sociedad necesita alcanzar,
y responde también a unas competencias transferidas en la materia y que deben ser asumidas y respetadas. En concreto, en nuestra enmienda de adición y en relación con los recursos, entendemos, en primer lugar, que debe hacerse referencia a la
todavía insuficiente dotación económica sobre la política de becas y ayudas al estudio. Al hablar de los recursos no puedo negar el esfuerzo que se ha realizado en los últimos años. En ello hemos insistido y también insistimos hace escasamente un
año, en el momento del debate de la interpelación y moción presentada por nuestro grupo parlamentario. Pero es insuficiente y, por tanto, en la enmienda que presentamos queremos insistir en una mejor dotación presupuestaria y más recursos al
sistema de becas. Cada día que pasa sin solucionarse la insuficiente dotación de las becas es un día más que nos alejamos de ser más competitivos en la educación superior de nuestros jóvenes.
El segundo aspecto que queremos introducir, a través de la enmienda que hemos presentado, tiene que ver con el marco en el que se otorgan los recursos, aspecto en el que también incidimos en nuestra interpelación y en la consiguiente moción.
La actual insuficiencia de recursos se ve a menudo acrecentada por la inexistencia de criterios de corrección interterritoriales, destinados a evitar situaciones que entendemos discriminatorias como la que se da respecto a Cataluña, donde el
porcentaje de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas al estudio respecto a la población estudiantil es muy inferior al de la mayoría de las comunidades autónomas y al de la media estatal, circunstancia que implica la falta de equidad del
sistema. De esta manera, teniendo Cataluña, por ejemplo, más del 15 por ciento del total de la población universitaria del Estado, recibe menos del 10 por ciento de los recursos destinados a becas, con lo que la media de estudiantes que reciben
alguna beca en Cataluña es un 50 por ciento inferior a la media del conjunto del Estado. Este es un problema que debe solucionarse a través de cambios en las bases de las convocatorias, que establecen los criterios bajo los que hay que otorgar las
becas, que hoy dependen única y exclusivamente del ministerio; entre estas bases hay que contemplar criterios correctores en función del coste de la vida.
Por último, también creemos indispensable hoy, en este marco, volver a plantear el tema del traspaso del pleno ejercicio de las competencias en materia de ordenación y gestión de becas, ya no solo porque su demora vulnera lo establecido por
la sentencia del Tribunal Constitucional, sino porque dicha descentralización en el ejercicio de las competencias supone la forma más adecuada para mejorar la gestión del sistema de becas, permitiendo que cada comunidad autónoma pueda ajustar los
criterios para la concesión de las becas.
Señorías, dado que tanto la salida de la crisis como la transformación de nuestra estructura de crecimiento y aumento de nuestra competitividad pasan por una apuesta clara y decidida por el conocimiento, por la formación y por la excelencia,
el Pleno del Congreso no puede ni debe limitarse a aprobar una proposición limitada a la movilidad de los estudiantes, sino a afrontar de manera plena la problemática del sistema de becas desde la raíz, instando al Gobierno a adoptar medidas en
aquellos aspectos que realmente harán de nuestro sistema de becas un sistema más competitivo en la esfera internacional, más equitativo en el ámbito interno, una gestión más eficaz y en el pleno y más absoluto respeto de las competencias asumidas.
Nuestro grupo -termino, señor presidente- va a aceptar la transacción propuesta por el Partido Socialista que, aun no incorporando dos de los tres aspectos propuestos por nuestro grupo parlamentario, sí se remite al punto tercero de la moción que
fue aprobada en la interpelación a la que he hecho referencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señor presidente.
Insistimos en dar cumplimiento a los estatutos de autonomía, al Estatut d'Autonomía de Catalunya, a las competencias en esta materia, algo que para nosotros y para el grupo que represento es del todo irrenunciable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular don Adolfo González Rodríguez tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Gracias señor presidente.
Señor Tardà, está usted mal informado, el Grupo Popular se va a abstener en esta proposición no de ley. Las becas Séneca, señoría, fueron creadas por el Gobierno del Partido Popular en el curso académico 2000-2001, siendo ministro de
Educación el señor don Mariano Rajoy Brey. La creación se debió al deseo expreso de llevar a cabo la movilidad nacional de los estudiantes españoles entre las distintas universidades del país. Pues bien, este sistema de ayuda a la movilidad
estudiantil en todo el territorio del Estado no funciona, señora Palma, tan bien como usted acaba de decir en esta tribuna, y una prueba de ello es precisamente la presentación por el
Grupo Socialista de la presente proposición no de ley, que sin duda el Grupo Popular le agradece.
Sin entrar en un debate, como ha dicho también la señora Palma, sobre todo lo referente a las becas en este país, quiero puntualizar alguna cosa que se dice y se dice pero que no responde con exactitud a cómo es en la realidad. En España el
PIB para las becas significa el 0,08 por ciento.
El señor secretario general en una comparecencia en Comisión me aseguró que era el 1 por ciento. Después de varios meses, sigo sin saber si efectivamente este dato es cierto. Pero lo que está claro
es que en España es el 0,08 por ciento; en la OCDE, el 0,25; en el Reino Unido, el 0,22, y en Alemania, el 0,31. En cuanto a las becas Séneca, de las que hoy nos compete hablar, según el informe de la Conferencia de Rectores para el año 2010, en
el curso 2001-2002 los becarios fueron exactamente 1.379; en el curso 2009-2010, siguiendo la misma fuente, han sido 2.212 becarios. Esto no lo veo un buen resultado. Ni siquiera se ha duplicado en diez años, luego algo pasa. En otro orden de
cosas, un 60,5 por ciento son mujeres y un 39,5 por ciento son hombres, dato interesante en el día que hoy estamos celebrando. Otro dato de cierta peculiaridad es que las comunidades autónomas que reciben más alumnos de los que salen son Andalucía,
Cataluña y Madrid. En definitiva, el 7 por ciento de los estudiantes universitarios españoles cambian de distrito, a una enorme distancia de Estados Unidos, donde se habla del 68 por ciento, y de Gran Bretaña, que significa el 52 por ciento. Si en
la estrategia 2015 del Gobierno se dice que se deben introducir mejoras tanto en la movilidad nacional como internacional, esta proposición no de ley es un instrumento importante en relación con estas becas Séneca, que evidentemente -reitero- no
funcionan bien, y menos si se comparan con las becas dadas para la movilidad internacional, más conocidas como becas Erasmus. Las Erasmus, siguiendo con la misma fuente, la Conferencia de Rectores, para el curso 2009-2010 han sido exactamente para
29.719 universitarios. Las Séneca, 2.212, como acabo de decir. Sin duda, y salvando las distancias, las Séneca parece que tienen poco recorrido todavía, es más, para la convocatoria 2010-2011 el Ministerio de Educación y Deporte ha convocado 2.170
becas, que es un número inferior al del curso anterior. Esto ha hecho reflexionar al Grupo Popular desde el inicio de esta legislatura y en la anterior también. ¿Cómo? Denunciando la situación de las becas Séneca en comparecencias de autoridades
ministeriales y también en la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación, donde se llevó a cabo una enmienda transaccional -repito- aprobada por todos los grupos, dada la sensibilidad respecto a estas becas. Era una
enmienda transaccional que no tenía el punto cuarto de la actual enmienda que nos propone hoy el Grupo Socialista, transaccionado, como se ha dicho anteriormente, con Convergència i Unió, de ahí que nosotros tengamos que aceptar esta proposición no
de ley como una medida más, pero no podemos apoyarla y de ahí nuestra abstención.
Nosotros nos hemos preocupado -como he dicho antes- de estas becas Séneca desde un principio y hasta prácticamente el final. En lo que se refiere a lo que aquí se ha dicho y se ha solicitado por CiU y Esquerra Republicana, en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 nosotros solicitamos que las becas Séneca no solamente no se congelaran sino que no disminuyeran, como ha ocurrido en esta ocasión. Nosotros nos creemos la movilidad nacional e internacional, y nos
la creemos para el sistema universitario español, para el sistema universitario europeo y, sobre todo, nos la creemos para los estudiantes -que es de lo que hoy toca hablar-, para el profesorado y para el personal de administración y servicio. La
proposición no de ley propone que sea el recién creado Observatorio universitario de becas, ayudas al estudio y rendimiento académico el que se encargue de elaborar informes en un futuro. Tengo que reconocer y agradecer -voy terminando, señor
presidente- que la enmienda transaccional -que, aunque parezca contradictorio y paradójico, no lo es- que se presenta a debate en esta Cámara es una enmienda que tiene cuatro puntos, de los cuales dos de ellos son propuestos por el Grupo Popular,
por lo que doy las gracias, pero también tengo que reconocer que el punto cuarto mantiene una temática competencial desde las comunidades autónomas que el Grupo Popular, siendo coherente -como no puede ser de otra forma- con su programa electoral,
hoy por hoy no puede admitir. De ahí que aunque efectivamente la enmienda transaccional tiene algunos aspectos positivos que el Grupo Popular acepta, hay otros aspectos que, dado el ideario y el compromiso electoral del Grupo Popular en el año
2008, es imposible aceptar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González, ha terminado su tiempo.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Termino, señor presidente.
Agradecemos esta proposición no de ley, pero lo que sí tengo que decir es que creemos que este último punto cuarto corresponde más decirlo al Observatorio de becas
que a esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Para fijar la posición don José Luis Perestelo tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias presidente.
Señorías, brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Señorías, la adaptación en este curso 2010-2011 de todos los títulos oficiales del Estado
español al espacio europeo de Educación
Superior significa un cambio sustancial en cuanto al modelo universitario, no solo en la elección de universidad sino también en cuanto a los posibles cambios que se puedan producir durante el periodo de formación de un alumno en las
diferentes universidades, ya sean del Estado como del espacio europeo. Por eso, señorías, se hace necesario un replanteamiento de la política de becas. Es buena la reflexión que plantea hoy el Grupo Socialista en el marco del Observatorio
universitario de becas, ayudas al estudio y rendimiento académico. Por eso, señorías, valoramos de manera positiva la iniciativa del grupo en el sentido de adaptar las becas Séneca para favorecer el sistema de intercambio de centros universitarios
en España. También veríamos positivo -y no entendemos por qué no entra en esta iniciativa- que entraran las becas Erasmus en lo que significa la movilidad internacional.
Señorías, es impensable tener una universidad al lado de cada estudiante, pero sí es necesario que los poderes públicos garanticen que un estudiante, tenga el lugar de residencia que tenga, pueda acceder a la universidad, y que no sea por
cuestiones económicas por lo que no pueda acceder a ella. Los que vivimos en territorios archipielágicos alejados sabemos lo que es esto. Muchas veces es imposible para un alumno, si no existe una política de becas suficiente, poder ir a la
universidad. Como digo, no se puede pretender llevar la universidad a todos los lugares, pero los poderes públicos sí pueden garantizar una política de becas activa que posibilite que estos alumnos puedan tener acceso a esa universidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
El Grupo Vasco se entiende que desiste de su intervención.
Señora Palma, ¿la enmienda transaccional anunciada se hará llegar a la Presidencia? (Asentimiento.) Muchas gracias.
¿Alguna oposición a su tramitación? (Denegaciones.) Se tramitará en los términos de la transaccional presentada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 162/000770.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN LOCAL. (Número de expediente 162/000724.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la adopción de medidas de apoyo a las entidades locales, que se examina conjuntamente con la no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la modificación de la financiación local.
En primer lugar tiene la palabra el señor Moreno Bonilla para defenderla.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae a la Cámara esta proposición no de ley por dos razones fundamentales: una, la delicada situación que está viviendo el conjunto de los ayuntamientos españoles y, dos, la inacción e incapacidad
permanente del Gobierno sobre esta materia.
Respecto a la situación de los ayuntamientos quiero recordar a la Cámara que siguen con los ingresos absolutamente hundidos, que siguen sin actividad económica en sus ciudades y con más gasto social a causa de la grave crisis social y
económica que tenemos en nuestro país. A ello hay que añadir la incapacidad del Gobierno para solventar este problema. El señor Rodríguez Zapatero jamás ha tenido un proyecto para el conjunto de los gobiernos locales. El señor Rodríguez Zapatero
ha faltado permanentemente a la verdad y está incumpliendo todos sus compromisos y los mandatos de esta Cámara. El señor Rodríguez Zapatero y su Gobierno no han cumplido su promesa de impulsar un nuevo modelo de financiación local vinculado y
simultáneo a la financiación autonómica. Hasta en cinco ocasiones se ha acordado que el Gobierno apruebe urgentemente un nuevo modelo de financiación y la ley básica del Gobierno y la Administración local. Y ha sido aprobado por la mayoría de esta
Cámara, incluso por el grupo que sostiene al Gobierno, el Grupo Socialista. A pesar de todo ello, el señor Rodríguez Zapatero y su Gobierno han aplazado definitivamente la financiación local y la ley básica del Gobierno y la Administración local.
Además, este Gobierno incumple las leyes, como la ley de morosidad y la línea ICO, que fue aplaudida por los ayuntamientos y que fue incumplida y rechazada por el propio Gobierno. Asimismo criminaliza a los ayuntamientos, convirtiéndolos
precisamente en los paganos de los derroches del Gobierno socialista. Ha prohibido endeudarse a los ayuntamientos sin negociar absolutamente con nadie, ni con el principal partido de la oposición, ni con la Federación Española de Municipios y
Provincias, ni tan siquiera con sus propios alcaldes, y eso que los ayuntamientos solo suponen el 6 por ciento de la deuda total del conjunto de las administraciones públicas.
Estas actuaciones injustas del Gobierno están llevando al colapso financiero al conjunto de las entidades locales y, por tanto, poniendo en grave riesgo la prestación de servicios básicos para millones de ciudadanos españoles. Por todo
ello, el Grupo Parlamentario Popular está obligado a presentar una proposición no de ley que supone un programa completo de reforma del régimen de las
administraciones locales. Se trata de veinticinco medidas a corto, a medio y a largo plazo que permiten la sostenibilidad del conjunto de los gobiernos locales. La iniciativa combina austeridad, eficiencia y algo que es clave en estos
momentos y que nos demanda el conjunto de los ciudadanos, que es evitar duplicidades. Se trata, señorías, de una reforma que tenía que haber hecho el propio Gobierno a iniciativa propia.
Sin embargo, el señor Chaves como vicepresidente de Política
Territorial no ha impulsado ni una sola medida -está absolutamente inédito- que ayude a superar la difícil situación por la que están atravesando el conjunto de los ayuntamientos españoles.
La propuesta del Partido Popular está dividida en tres partes. En la primera parte se insta al Gobierno a que apruebe en el plazo máximo de un mes un total de siete medidas transitorias, a fin de paliar las graves dificultades económicas
que atraviesan los ayuntamientos y evitar que dejen de prestar esos servicios básicos que prestan a millones de ciudadanos. Entre ellas quiero destacar: instrumentalizar de forma real y efectiva una línea de crédito ICO a favor de las
corporaciones locales para que hagan frente precisamente a los proveedores, que están asfixiados, que están despidiendo a sus trabajadores porque los ayuntamientos no les pueden pagar; aplazar las devoluciones al Estado hasta la entrada en vigor de
un nuevo modelo de financiación local; flexibilizar la capacidad del propio endeudamiento; poder refinanciar los vencimientos de deuda del ejercicio sin aumentar el stock de deuda. Desde el Partido Popular no pedimos que se permita que aumente la
deuda de los ayuntamientos, pero sí que puedan renovar esa deuda que están pagando de manera puntual. También solicitamos incrementar del 95 al 98 por ciento el porcentaje de las entregas a cuenta, en línea con lo que tienen previsto para las
comunidades autónomas. ¿Por qué las comunidades autónomas sí y los ayuntamientos no? Así como un incremento en los planes de cooperación de las diputaciones para que mantenga su capacidad inversora, básica y necesaria para los pequeños municipios
en el conjunto de nuestro país.
Estas siete medidas transitorias se complementan con otras nueve propuestas estructurales orientadas a la mejora del sistema de financiación municipal, entre las que voy a destacar: revisar de forma integral el sistema tributario municipal;
hacer de la austeridad el criterio prioritario de toda la Administración pública, incluida lógicamente la local; introducir mecanismos de transparencia en la gestión y mejorar el control de legalidad, y garantizar la participación en los tributos
de las comunidades autónomas.
Aparte de las medidas transitorias y estructurales que comprende la iniciativa, el tercer punto de la proposición no de ley reclama la aprobación de un proyecto de ley básico del Gobierno y la Administración local; un proyecto que se
tramite y apruebe conjuntamente con el nuevo modelo de financiación local, que establezca un sistema competencial claro y preciso para el conjunto de las administraciones, que garantice un nuevo modelo de régimen local básico, común y homogéneo para
el conjunto de los ciudadanos españoles, y que pueda solucionar el grave problema de los servicios impropios. Con las veinticinco medidas contenidas en esta proposición no de ley damos respuesta a las demandas del conjunto del municipalismo
español, y también -hay que decirlo- a las demandas del conjunto de la Federación Española de Municipios y Provincias que los alcaldes de todos los grupos políticos representados en esta Cámara han apoyado.
Se han presentado enmiendas por parte de Coalición Canaria y CiU a esta iniciativa. Permítanme unos segundos para decir, respecto de la de Coalición Canaria, que nos parece insuficiente e incompleta y muy en línea con la posición que
mantiene actualmente el Gobierno de la nación.
La enmienda de CiU, estando de acuerdo en el contenido de la misma, nos parece asimismo insuficiente puesto que supone cambiar una propuesta de veinticinco puntos que da soluciones inmediatas a los
municipios por cinco puntos que en su mayoría han sido aprobados en esta Cámara y, por cierto, no han sido cumplidos por el Gobierno. Por este motivo no podemos aceptar estas enmiendas.
Respecto a la proposición no de ley de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, estando de acuerdo con la filosofía de la misma pero teniendo en cuenta el actual contexto de grave crisis económica, no nos parece
acertado concretar cifras económicas que a día de hoy sabemos que no va a poder cumplir el Gobierno de la nación.
Señorías, por todo ello, esta Cámara está en la obligación de buscar una salida al más que posible colapso financiero de los más de 8.000 municipios españoles, lo que supondría la pérdida de servicios básicos y, por tanto, la pérdida de
calidad de vida para millones de ciudadanos españoles. Por ello, espero y deseo del resto de grupos políticos la sensibilidad y valentía suficientes para apoyar una iniciativa absolutamente necesaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
Señor Llamazares, también como autor de la iniciativa que se tramita de modo conjunto, tiene la palabra para defenderla.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta también una iniciativa que pretende superar en la medida de lo posible y de forma urgente la situación actual de colapso en que se encuentra una parte de
los municipios. El cálculo de la Federación Española de Municipios y Provincias es que podemos estar en torno a unos 2.000 municipios en quiebra, con lo que eso significa desde el punto de vista
laboral, social e institucional. Esa es la razón para que nosotros traigamos aquí esta iniciativa.
Señorías, precisamente la cuestión relativa a los municipios españoles no es una cuestión únicamente vinculada a la crisis; yo niego que la situación de los municipios sea explicable solamente por la crisis económica, aunque en estos
momentos se agrava como consecuencia de la misma. Nuestros municipios son parte de la realidad económica del país y, como parte de la realidad económica del país, sufren y están aquejados de dos graves enfermedades. En primer lugar, de una
enfermedad financiera, la enfermedad financiera que significa poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, que los municipios dependan prácticamente de la inversión urbanística para su financiación. Cuando esta inversión aumenta, como lo ha
hecho en los últimos años, aumentan los ingresos; cuando entra en crisis el sistema de explotación y especulación urbanística, entran en crisis nuestros municipios y su financiación. Pero hay un segundo elemento del que el Partido Popular no
parece querer hablar, que tiene mucho que ver con la situación económica de nuestros municipios, y son las insuficiencias sociales de nuestro país. Es eso lo que explica también el mantenimiento de los gastos en un 30 por ciento por encima de los
gastos que significan la ejecución de las competencias de los municipios, de tal manera que los municipios, en esas competencias denominadas impropias, lo que hacen es proveer a los ciudadanos de determinadas medidas de carácter social, que no les
corresponden, que corresponderían a otras administraciones y que demuestran en definitiva que tenemos un Estado social débil. Por tanto, en primer lugar, mala situación financiera dependiente de un urbanismo especulativo y, en segundo lugar,
déficit social que obliga a los municipios a gastar en competencias en las que no deberían gastar y en consecuencia a una situación económica y financiera límite.
El Gobierno adoptó varias iniciativas que, en nuestra opinión, han sido únicamente pan para hoy y hambre para mañana, casi todas ellas han tenido que ver con inversión, inversión durante dos años mediante el PlanE, que ha permitido mantener
la iniciativa en materia inversora por parte de los municipios pero que no ha solucionado ninguno de los dos problemas anteriores, ni el problema de la insuficiente financiación derivada de la crisis urbanística ni el problema de los déficit
sociales derivados de las demandas de los ciudadanos. Y en esto, señorías, llegó la crisis y el Gobierno ha optado por el ajuste, un tercer elemento que dificulta aún más la situación de los municipios. Además de estas dos medidas anteriores, el
Gobierno ha decidido recortar los gastos y por tanto reducir en un 17 o 20 por ciento los ingresos municipales. El conjunto de esas medidas sitúa a los municipios ante una quiebra municipal y también ante la incapacidad de solucionar lo que es más
grave, el problema de tener cuatro millones y medio de desempleados y el problema social de buena parte de los ciudadanos.
Por otra parte, los municipios se encuentran también ante la descalificación, la demagogia y el populismo, que atribuyen en estos momentos a todas las administraciones públicas la causa de la crisis. ¿No estaba claro que la causa de la
crisis era la especulación financiera del sector privado? Pues no, parece que ahora todo el mundo, como en un coro, dice que la causa de la crisis es la Administración autonómica, los funcionarios, los servicios públicos y la Administración local.
Ya está bien de tomar el pelo a los ciudadanos, digámosles las cosas claras, digámosles que no queremos meternos con los causantes de la crisis, que no nos atrevemos a poner en vereda al sector financiero y que únicamente hacemos populismo y
degradamos la imagen pública de la política, de los municipios y de las comunidades autónomas. Señorías, por tanto, atrapados entre el ajuste y la demagogia, con esta iniciativa nosotros queremos solucionar problemas, no los problemas de los
mercados sino los problemas de la gente, y en ese sentido proponemos -a medio plazo lo propone también el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- que se ponga en marcha la modificación de la Ley del Gobierno -como está comprometido e
incumplido- y que se ponga en marcha la nueva ley de haciendas locales -comprometido e incumplido por el Gobierno socialista y por el Gobierno del Partido Popular-, y por otra parte que se tomen medidas urgentes, que en nuestra opinión tienen que
ver con la situación actual de liquidez y con la situación actual de gasto corriente -dramática- de los municipios españoles: condonación de la devolución de 2008-2009, retorno del IVA, autorización de endeudamiento para superar la situación de
colapso actual, crédito del ICO para la morosidad, un fondo corriente -ponemos 3.500 millones de euros- que permita superar esta situación a los municipios y financiación de los municipios menores de 20.000 habitantes. Esas son nuestras propuestas,
sabemos por la posición de los grupos parlamentarios que no van a salir adelante, pero en todo caso no nos resistimos a proponerlas hoy en esta Cámara, atrapados, como siempre, entre el ajuste y la demagogia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de sus enmiendas tiene en primer lugar la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Hace diecisiete años, siendo viceconsejera de Administración Pública del Gobierno de Canarias, tuve la oportunidad de liderar el proceso de transferencias a los cabildos canarios y las delegaciones a los
ayuntamientos, y crear un fondo de cooperación municipal, importantísimo en Canarias, que permitió cambiar totalmente la financiación de los ayuntamientos, entre otras cosas porque se dejaba un fondo libre para aquellos que estaban saneados y se
obligaba a sanear con ese fondo a los que no estaban
saneados. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Hoy, el Partido Popular trae, a dos meses de las elecciones, una proposición no de ley para que en un mes el Gobierno haga y cumpla el programa electoral del Partido Popular. Así de claro. Eso no es serio.
Este proceso de reajuste de
competencias y financiero se tiene que hacer con una negociación y, teniendo las elecciones el 22 de mayo, lo lógico es que la negociación se haga después de ese proceso electoral. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de financiación se
tendrá que resolver después de resolver el tema competencial; por un lado, qué competencias propias tienen que tener los ayuntamientos de este país los próximos veinte años; por otro lado, cuáles son susceptibles de transferencia o delegación por
las comunidades autónomas o los cabildos, y después de eso, después de definir ese tema competencial, tendremos que decidir cómo se financia: una parte por transferencia de las propias comunidades, otra por financiación nacional.
Con mucha humildad, yo he presentado una enmienda que no creo que sea el discurso del Gobierno, señor diputado. Lo que estoy planteando es un tema real, no demagógico, no de campaña electoral cara a unas elecciones que son dentro de dos
meses, y sobre todo no se debe ejecutar un cambio sustancial en el modelo competencial de este país, en la financiación local, cuando no se tiene interlocutor en la mitad de las comunidades autónomas, que están en proceso electoral -entre otras
cosas, ustedes saldrán y entrarán en algunas- y donde además los propios interlocutores de la FEMP están en capilla. Seamos serios. Lo que creo es que la enmienda que ha presentado Coalición Canaria es absolutamente realista y no tiene nada que
ver con la postura del Gobierno ni con su postura electoral. Es la que es posible.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, procurando resumir al máximo, dado lo constreñido del tiempo, quiero manifestar que el BNG coincide con la necesidad imperiosa de abordar la reforma de la financiación local y mientras tanto arbitrar medidas urgentes que
contribuyan a paliar la situación de asfixia financiera que padecen la mayoría de los ayuntamientos.
La crisis económica está originando una fuerte reducción de ingresos por parte de las administraciones públicas y esto afecta de manera particularmente grave a los ayuntamientos, que soportan la prestación de servicios sociales básicos, cuya
demanda es mayor debido a los efectos de la propia crisis y a los cambios demográficos que se han registrado en los últimos años. En este sentido, las medidas planteadas por la proposición no de ley de Izquierda Unida nos parecen acertadas. Tienen
la vocación de evitar la inminente asfixia financiera y deberían ser abordadas desde nuestro punto de vista de manera inmediata, como también creemos que hay que abordar el problema de fondo, la necesidad de reformar el sistema de financiación
local, que se demostró total y absolutamente insuficiente para que los ayuntamientos tuviesen recursos suficientes para atender las competencias que tenían asumidas de hecho incluso en tiempos de bonanza económica. Además, ese sistema de
financiación local en el caso de Galicia es injusto y discriminatorio.
Los ayuntamientos gallegos representan aproximadamente el 6 por ciento de la población total del Estado español y apenas reciben el 5,27 por ciento de la participación en los
ingresos del Estado. Y esto es así porque hay factores en los que el BNG siempre ha insistido, como la dispersión geográfica, el envejecimiento demográfico, que tienen un extraordinario impacto en el coste de los servicios locales y no están bien
ponderados.
Por tanto, reiteramos nuestro apoyo a la proposición de Izquierda Unida y no podemos hacer lo propio con la proposición del Grupo Popular porque, aunque coincidimos con algunas de sus propuestas concretas, diferimos profundamente de la
filosofía política que la informa. En primer lugar, discrepamos de la concepción de la llamada segunda descentralización como un intento de contrarrestar la descentralización autonómica. Para nosotros las comunidades autónomas y las entidades
locales no son homologables: las entidades locales tienen autonomía administrativa pero no tienen potestad legislativa. Nosotros somos partidarios de que las comunidades autónomas asuman plenamente las competencias en materia de régimen local a
fin de adecuar las entidades locales a las características singulares de cada territorio, en cambio ustedes proponen todo lo contrario: garantizar un modelo de régimen local común y homogéneo en todo el territorio español, y en ese contexto
proponen algo tan caduco, tan propio del modelo de Estado preautonómico, tan irracional si lo que queremos es racionalizar las administraciones públicas como fortalecer las diputaciones. Por tanto, discrepamos con la filosofía que informa la
proposición del Grupo Popular y votaremos en contra de la misma, y manifestamos nuestro acuerdo y apoyo a la proposición de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Para defender las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy no deberíamos estar debatiendo en el Pleno del Congreso estas dos proposiciones no de ley porque hoy el Gobierno debería estar cumpliendo con las mociones y proposiciones no de ley aprobadas de
forma reiterada por este Pleno durante la legislatura; mociones y proposiciones no de ley que instaban al Gobierno a presentar, no ahora, a un mes de las elecciones locales, sino a presentar con tiempo, desde el consenso y desde la
negociación, una reforma de los gobiernos locales y una reforma de la financiación local. Este era el compromiso, este era el calendario que se ha incumplido y hoy estamos donde estamos, debatiendo una vez más proposiciones no de ley. Por tanto,
es un debate a destiempo porque hoy lo que tocaba era, en todo caso, estar en plena negociación del proyecto de ley prometido, prometido y aprobado en esta Cámara, incluso aprobado con los votos del Grupo Socialista, que para no quedarse solo en una
votación llegó a sumarse al clamor de todos los grupos que pedíamos ese proyecto de ley de financiación local junto con la nueva regulación de los gobiernos locales. Este era el contexto, en ese contexto deberíamos estar pero ese contexto se ha
visto superado y hoy el Grupo Popular nos trae una proposición no de ley con la que ya adelanto que en muchos aspectos relativos a la financiación local podríamos coincidir, pero, señor Moreno, no es realista hoy pedir que con un mes se presente el
proyecto de ley porque dentro de un mes estaremos en plena precampaña electoral. Como decía la señora Oramas, va a haber unas elecciones locales, va a haber unos nuevos interlocutores locales, ustedes van a ser interlocutores locales en muchos e
importantes ayuntamientos, y esos interlocutores locales van a tener que negociar con el Gobierno cuál es el nuevo régimen competencial de los ayuntamientos y cuál es la nueva financiación. Hacerlo ahora, con esta circunstancia a un mes, suena como
si dijeran: tenemos veinticinco medidas que solucionan el tema. Desgraciadamente, señor Moreno, no lo vamos a solucionar con las veinticinco medidas porque la solución venía con el texto legislativo que el Gobierno ha incumplido de manera
reiterada. En ese contexto nosotros hemos presentado una enmienda que nos parece mucho más realista, que quiere atender las necesidades de financiación local pero en el contexto de negociación de esta legislatura, y evidentemente se va a producir
justo después de tener las nuevas corporaciones locales constituidas.
No quiero terminar esta intervención sin referirme a profundas discrepancias con el texto que nos presenta el Partido Popular en cuanto al modelo competencial local. Lo decía de manera magnífica el señor Jorquera. Nosotros entendemos que
las corporaciones locales forman parte también del ámbito institucional de una comunidad autónoma, y en tanto que forman parte de él garantizan la plena autonomía local, que no es lo mismo que la autonomía política de las comunidades autónomas. Esa
autonomía local debe tener su financiación porque están en la UCI, pero no debe estar tutelada desde una legislación no básica, y a ustedes incluso básica les parece poco porque refuerzan las diputaciones con su texto y refuerzan todo aquello que
podría ser un modelo único y uniforme de corporaciones locales y de dependencia del régimen local de lo que sería la Administración General del Estado o del Gobierno central. Por tanto, no compartimos el modelo. Es un modelo del cual estamos
distantes.
Por último, agradezco al señor Llamazares la propuesta que realiza.
Coincidimos también en el propósito global de la misma, aunque tampoco podemos coincidir -por eso también la hemos enmendado- en las medidas concretas de condonación cuando
todos estamos hablando de aplazamiento.
Tendrían seguramente un impacto poco realista en el contexto actual aunque entendemos que las necesidades de financiación de las corporaciones locales son urgentes, están en la UCI y entre todos deberemos
recomponer el consenso necesario, y sobre todo el Gobierno deberá cumplir con la palabra dada y con lo que en esta Cámara se vota.
Señora presidenta, señorías, muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Para fijar la posición del Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, no es casual que a dos meses y medio de las elecciones autonómicas y locales el grupo del Partido Popular presente una iniciativa cargada de populismo y tintes
electoralistas con una elevada dosis de demagogia proponiendo, ni más ni menos, que se aclare el marco competencial y se resuelva la financiación de las corporaciones locales, diputaciones provinciales, ayuntamientos, cabildos, etcétera. Así pues,
el carácter electoralista de la iniciativa salta a la vista. El Partido Popular y su grupo parlamentario saben que ello no es posible, que dicha tarea requiere de bastante tiempo, reflexión y consenso y a estas alturas de la legislatura, cuando
apenas quedan en términos deportivos los minutos de la calderilla, adentrarse en este tipo de cuestiones no es posible. No quiero con ello decir ni que el tema sea irrelevante ni que haya que dejarlo sine die. La revisión del marco competencial de
las políticas de gasto y la adecuada financiación de los distintos niveles de gobierno debe formar parte nuclear de la reforma del gasto público que nuestro grupo viene planteando desde hace muchos años. Pero ahora no es el momento, sobre todo no
se dan las condiciones. Dentro de un año, con un nuevo gobierno y con una legislatura por delante, habrá que abordar esta importante cuestión.
Señores del PP, si pretenden gobernar el año que viene -y ello parece que es posible- les recomendaría que fueran trabajando en el tema y que nos presenten un proyecto de estas características a comienzos de la próxima legislatura; un
proyecto en el que habrán de depurar muchas de las cuestiones a las que se refieren en la proposición no de ley. Vaya por delante que estoy de acuerdo con ustedes en que este Gobierno no ha cumplido con la promesa de aprobar la ley de régimen local
y la financiación municipal; ello forma parte de su
debe ahora que, como digo, ya no hay tiempo para hacerlo. Les decía que ustedes pueden depurar y clarificar los conceptos. No es posible hablar de que todas las ciudades han de disfrutar de los mismos servicios públicos y a la vez que los
ayuntamientos han de tener capacidad para fijar su propia fiscalidad, pero a la vez que una ley de estabilidad presupuestaria debe limitar el déficit y por lo tanto el gasto público.
Todo esto no es posible a la vez, hay que buscar coherencia no
solo matemática sino incluso literaria. ¿Qué significa disfrutar de los mismos servicios públicos? En mi opinión, a partir de los servicios públicos de base y comunes a todos los ayuntamientos unos pueden dedicar más recursos a saneamiento y otros
a parques públicos, con lo que posiblemente unos ciudadanos podrán disfrutar más del agua barata y otros de los paseos por los parques. Las prioridades y las actuaciones en la política local también dependen de la situación de cada uno y del sello
político e ideológico que se le quiera dar a la política municipal. Además, hemos de ser conscientes de que una mayor financiación local, ceteris paribus, significa una menor financiación del Estado, que por cierto es la que más déficit público
acumula. Ello obligará a repensar las competencias y financiación de la Administración Central del Estado, lo cual me parece a todas luces procedente y necesario. Pensemos en vivienda, industria, cultura, agricultura y tantas otras áreas que hemos
comentado a lo largo de los últimos tiempos.
Me parece un poco salido de tono que en el preámbulo de la proposición no de ley se diga que el PP defiende una España de las autonomías en la que el reparto de competencias no dependa de las decisiones oportunistas, sino que garantice la
eficiencia o eficacia. En lo que a la eficacia respecta, estamos de acuerdo. Ahora, el reparto de competencias está recogido en los estatutos de autonomía, fruto de pactos, consensos y acuerdos, y no de decisiones oportunistas, salvo que entiendan
por oportunismo los incumplimientos reiterados de los estatutos de autonomía.
Sin meterme más en detalle, en la literalidad de múltiples medidas que propone, tanto de carácter extraordinario como estructurales, como la aprobación de la ley básica de Gobierno y la Administración local, a mi grupo parlamentario le
preocupan sobremanera tres temas. Primero, la insistencia en la aprobación de una ley de estabilidad que maniata y limita la capacidad de actuación de los poderes locales. El esfuerzo en la contención necesaria del gasto se puede realizar también
en el marco de la cooperación y coordinación. Segundo, no sabemos qué significa garantizar un modelo de régimen local básico, común y homogéneo en todo el territorio para que todos los ciudadanos gocen de los mismos servicios, independientemente de
su lugar de residencia. Podemos entenderlo como principio general, pero no como una condición sine qua non del modelo, máxime cuando se refiere a la ley de régimen local como ley básica, con lo que eso significa de repliegue competencial. Y en
tercer lugar, en ningún momento la proposición no de ley contempla la situación diferencial del Estatuto de Gernika, del concierto económico vasco y del convenio navarro, que son los que en la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral de
Navarra establecen el marco y la regulación de la financiación local. No debería hacer falta, pero seguiré repitiendo siempre que sea necesario que hay cinco haciendas en el Estado: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa y territorio común, les guste
o no les guste, lo expliciten o no en sus iniciativas.
En resumen, la reforma del gasto público es imprescindible, con lo que ello lleva de revisión de las política públicas en aras a la búsqueda de la necesaria eficiencia y eficacia, por supuesto en el marco y con absoluto respeto al reparto
competencial. En este contexto se ha de abordar la reforma de la Ley de Régimen Local y su financiación, pero se ha de hacer con el máximo consenso tras el necesario debate. Ello requiere de tiempo y sosiego político, condiciones que no existen al
final de esta legislatura. Como les decía, pueden madurar las ideas y traernos si gobiernan un proyecto de ley para que lo discutamos y aprobemos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Azpiazu, debe terminar.
El señor AZPIAZU URIARTE: Ahora, como saben, no es posible. Plantearlo es solo hacer electoralismo, y es por lo que nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, reducir el déficit público constituye el principal objetivo en este momento de la política económica. A ese objetivo han de dedicar su atención todas las
administraciones públicas, y dentro de ellas muchas de sus políticas. A esa situación se llega a poco que uno se dedique a analizar el momento económico. Una parte significativa de los ingresos que financiaron la etapa de expansión no volverán a
los presupuestos y, por tanto, carece de sentido que pretendamos financiar el gasto público ignorando esta realidad.
Además, no parece razonable pensar -y algunos portavoces así lo han dicho- que sea posible financiar permanentemente el gasto corriente con endeudamiento a largo plazo. Creo que hay que hacer una evaluación de las circunstancias en las que
vivimos y tener en cuenta que en este momento vivimos en unos condicionamientos duros de la política en el sector público y quizá no sea este el momento de aplicar determinado tipo de reformas. Nosotros valoramos las políticas que se han venido
haciendo a lo largo de los últimos años. Ha sido
una solución compleja a una ecuación compleja que ha ayudado a salir en alguna medida de la crisis.
Se ha dicho un tanto despectivamente que el esfuerzo hecho desde la Administración Central del Estado se había orientado fundamentalmente hacia la inversión. Es posible que así sea, pero son 13.000 millones de euros. En el presupuesto que
está en este momento en vigor la austeridad se aplicó a los ministerios que perdieron disponibilidades en más del 15 por ciento y las corporaciones locales la ganaron en más del 9 por ciento. Por tanto, merece la pena que tengamos en cuenta el
esfuerzo que hemos hecho a lo largo de los últimos años, porque lo hemos hecho reduciendo la magnitud del déficit público. No se trata de hablar de esto, ya hablaremos a lo largo de las próximas semanas, pero es verdad que si hubiéramos seguido la
orientación, por ejemplo, del Grupo Popular, el déficit público no se habría reducido como se ha reducido a lo largo del último ejercicio, 1,9 puntos de PIB, sino que habría aumentado 3,5 puntos del PIB. Por tanto, este es un sendero en el cual hay
que perseverar y así lo venimos diciendo.
Lo dijimos durante el debate del presupuesto del año 2011, y nos hemos encontrado con un hecho que no deja de tener significación política. A los veinticinco días de entrar en vigor los presupuestos, el Partido Popular abre de nuevo la
discusión sobre el grado de cumplimiento que deben seguir las entidades locales en materia de estabilidad presupuestaria. ¿Qué pretende el Grupo Parlamentario Popular? Pues pretende privarle al presupuesto de continuidad y de consistencia y quiere
reconsiderar una serie amplia de aspectos de una de las políticas más significativas del presupuesto. Una actitud de esta naturaleza lo que evidencia claramente es que ustedes lo que tienen es un sentido retórico de la disciplina fiscal y no
contribuyen en modo alguno a generar confianza económica. Me parece que esta actitud la acompañan siempre con grandes manifestaciones a bombo y platillo de que hay que reducir el déficit público, pero luego, cuando tienen que concretarlo, lo que
hacen es expandir el gasto público. Y yo en ese sentido tengo que decir que hacen realidad aquello de la tentación del alacrán, que tan conocida es en el seno de la sociedad española. Les falta realismo, viven en una euforia verbenera donde no
asumen grandes responsabilidades a la hora de salir de la crisis, y creen que la política presupuestaria se construye con un tejer y destejer del manto de Penélope. No es así, señoras y señores diputados, y mi grupo no va a apoyar este tipo de
iniciativa.
La PNL que de alguna manera traen a colación en la tarde de hoy es un repertorio de cuestiones intensamente articuladas que no tienen desperdicio, y algunos de mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra lo han puesto de
relieve: Las entregas a cuenta, cuando se incrementan, aumentan el gasto del Estado; cuando se demoran, reducen los ingresos, y ambos movimientos dan origen a la expansión del déficit público. En cuanto a la proclamación de la no responsabilidad,
estoy totalmente de acuerdo, pero si les parece poco con la exigencia de que en un mes se aprueben por el Gobierno medidas extraordinarios en favor de ayuntamientos y diputaciones, esto también aumenta el déficit público y, me van a permitir, tiene
un tufo electoralista que echa para atrás.
Hay una cuestión que siempre está en sus textos, pero nunca en sus palabras, y es la del control de los municipios de gran población. Ha habido municipios que vivieron un buen momento económico, y si vivieron un buen momento económico lo
normal es que tuvieran superávit y cuando tienen un mal momento económico lo normal es que tengan déficit. Ha habido ayuntamientos cumplidores y otros que no lo son tanto, y ha habido quien persiguió el superávit y hay quien en este momento no
quiere planes de reequilibrio y desde luego no quiere contribuir a ellos. Y apoyar a estos últimos es escasamente conveniente porque significa apoyar los modos de gestión escasamente estrictos y eximir de cualquier tipo de responsabilidad a los
malos gestores. Se lo voy a decir claramente: Es la tercera vez que ustedes traen aquí una iniciativa parlamentaria para ayudar al ayuntamiento de al lado, al de aquí, al de al lado, el que está aquí en la Cibeles. Y uno se pregunta: ¿Pero tan
mal está ese ayuntamiento que necesita de alguna manera que le ayuden?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino, señora presidenta.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular lo ha dicho claramente, lo que traen aquí es el programa electoral del Partido Popular y quieren un voto favorable a esa iniciativa por parte del Congreso de los Diputados. Este no es el
lugar para exhibir el programa electoral del Partido Popular, y desde luego no pretenderá que los grupos parlamentarios de esta Cámara se lo votemos favorablemente. Con nuestro voto, desde luego, esta iniciativa del Partido Popular no irá adelante.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Marugán.
Señor Moreno, su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Rechazo las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria y CiU.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moreno.
Señor Llamazares, igualmente su turno de rechazo o aceptación de la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, aquejado por la situación de minoría, acepto la enmienda del Grupo Catalán. (Risas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muy bien, muchas gracias.
Sea por lo que sea, se votará en los términos de la enmienda.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 29/2005, DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA, EN SU POLÍTICA DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN. (Número de expediente 173/000195.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Catalán de Convergència i Unió, sobre las medidas a
adoptar para el cumplimiento de la Ley 29/2005, de publicidad y comunicación institucional por parte del Ministerio de Defensa en su política de publicidad y comunicación. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor
Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en el último Pleno de hace quince días el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió formuló una interpelación a la ministra de Defensa a la luz de la Ley de Publicidad Institucional, Ley 29/2005, impulsada y aprobada por el
Gobierno del presidente Zapatero. En aquella interpelación poníamos de manifiesto la discrepancia en la aplicación práctica de esta ley y de las políticas de publicidad y comunicación del ministerio de Defensa, entre una ley que en sus artículos 3
y 4 prohíbe que el Gobierno haga publicidad de sus logros de gestión o los objetivos alcanzados por parte del Gobierno y las campañas de publicidad que reiteradamente ha realizado el Ministerio de Defensa y que por más eficacia en la argumentación
de nuestra interpelación, incluso esta publicación del propio Ministerio de Defensa (Muestra un documento.) avala estas campañas que se alejan estrictamente del objetivo de campañas de comunicación como pueden ser las campañas de reclutamiento.
Pensábamos y pensamos que el Ministerio de Defensa tiene que tener un mensaje de este Parlamento, de este Congreso de los Diputados, para atenerse a la ley, para cumplir la ley, para que el conjunto del Gobierno vele por que el Ministerio de Defensa
cumpla la Ley de Publicidad Institucional en su conjunto y muy especialmente, insisto, los artículos 3 y 4. Ante esta interpelación no encontramos argumentos por parte de la ministra para contraargumentar nuestra posición; encontramos una
respuesta con clave seguramente que se alejaba del objeto estricto de la interpelación. Lo que no podíamos aceptar, señorías, es que se nos dijera que nuestros datos, que nuestra argumentación no se basaba en datos del Gobierno. Por esto, señora
presidenta, le pido, invocando el artículo 72.2 del Reglamento del Congreso, que al finalizar el turno de portavoces se pueda dar lectura a la comparación interanual del presupuesto del Estado en el concepto 22602 entre el año 2009 y el año 2010,
precisamente el documento oficial de los Presupuestos Generales del Estado del año pasado que dan luz y cobertura a la manifestación de una gran cantidad de dinero, concretamente el año 2009, 17 millones de euros, y el año 2010, 15,5 millones de
euros, dedicados ¿a qué? A publicidad, a propaganda, a incumplir lo que decía la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el mes de octubre del año 2005, cuando defendía la Ley de Publicidad Institucional. Decía
la vicepresidenta del Gobierno, y así consta en el 'Diario de Sesiones': 'Con esta ley se han terminado las campañas de autobombo, se han terminado las campañas de propaganda'. Pues bien, señorías, nosotros proponemos en esta moción (por cierto,
hemos podido alcanzar un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista) que este Parlamento envíe un mensaje claro al Gobierno para continuar la reducción de los gastos destinados a publicidad y propaganda por parte del Ministerio de Defensa; dar
un cumplimiento efectivo a dicha ley, y a velar por el conjunto del Gobierno para que el Ministerio de Defensa cumpla esta ley, un punto -el tercero- que para nosotros es muy importante. En el plan anual de publicidad y comunicación institucional
del Gobierno muchos ministerios tienen distintas campañas en las cuales se diferencia el objeto de cada una de ellas. De forma reiterada desde la aprobación de la Ley de Publicidad Institucional, el Ministerio de Defensa nos traslada en el plan
anual una sola campaña de reclutamiento y apoyo a las Fuerzas Armadas. A través de este punto número 3 pedimos que en los futuros planes se traslade claramente a este Parlamento una diferenciación entre las campañas de reclutamiento, evaluando la
eficacia de estas campañas de reclutamiento de tropa y marinería, y otras campañas que eventualmente se debieran realizar y que están en la zona gris, en la zona de discusión y son objeto de la interpelación. También queremos, y así lo hemos
acordado, que se publique anualmente en el contexto del informe anual de publicidad y comunicación la liquidación de la partida 22602, dedicada a publicidad y propaganda de los distintos ministerios.
Finalmente, creo que esta es una apuesta a favor
del reforzamiento del parlamentarismo también en el marco de la presentación anual de los Presupuestos Generales del Estado ante la Comisión de Defensa. A través de un informe elevado por el Ministerio de Defensa podremos discutir las campañas de
publicidad y propaganda
que tiene previsto el Gobierno para el siguiente ejercicio presupuestario.
Señorías, considerábamos y consideramos, y por eso hemos presentado esta moción consecuencia de interpelación, que la acción del Ministerio de Defensa y de la ministra Chacón está dirigida no solo por la política de comunicación, de acuerdo
con la Ley 29/2005, sino también por un afán notable de publicidad y de promoción, porque quizá los pies estén en el Ministerio de Defensa pero las intenciones y la cabeza están en otra parte. Sin ir más lejos, señorías, mañana hay un acto
institucional de conmemoración de los diez años de la supresión del servicio militar obligatorio, un acto de propaganda. Señorías, quiero recordarles que hace diez años, cuando Convergència i Unió planteó al Partido Popular en el debate de
investidura del año 1996 la supresión del servicio militar, y a los hechos me remito, el presidente del Gobierno en funciones, Felipe González, mostraba su oposición a la supresión del servicio militar obligatorio. Señorías, lo que hace unos años
era la doctrina del Partido Socialista, mañana servirá para continuar con esta campaña llamada de comunicación y que tiene mucho de publicidad del Ministerio de Defensa y quizás de publificación de algunas otras extensiones de la titular de dicho
ministerio.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclá. Le ruego nos haga llegar al documento que ha pedido que se lea y que se hará al finalizar el debate del punto.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte de varios grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
He escuchado con interés y atención la intervención del señor Xuclà y, más allá de lo que aparece en el texto de su moción, de lo que fue el debate de la interpelación de la pasada semana y de las consideraciones de carácter personal que en
esta moción hoy ha reiterado -sobre las que naturalmente no tengo ninguna intención de entrar-, sobre la cuestión que se plantea -la necesidad de introducir rigor, de no malgastar los recursos públicos en propaganda innecesaria, de que los gastos en
publicidad sean inversiones y por tanto respondan la interés general-, esta diputada, como no podía ser de otra manera, comparte toda esa reflexión, que es -insisto- la general, la no particular y ni mucho menos la personalizada. Precisamente
porque compartimos la reflexión de carácter general, la de que haya una mayor disciplina y un mayor rigor a la hora de destinar los recursos públicos, hemos presentado una enmienda, a la que el señor Xuclà no ha hecho referencia, supongo que porque
como ha anunciado que tiene un texto pactado con el grupo mayoritario, no ha lugar a la introducción de esta enmienda. Es una enmienda bien sencilla que me hubiera gustado ver reflejada en esa transaccional a la que han llegado ambos grupos al
menos, según la cual todo esto que se dice para el Ministerio de Defensa -digo para el ministerio, no para las personas que están al frente del mismo- ha de aplicarse también al conjunto no solo del Gobierno de la nación sino al conjunto de las
administraciones públicas. Estos criterios de rigor, de filosofía de gasto en defensa del interés general, de evitar propagandas personales o particulares ajenas al ejercicio de la Función pública habría que aplicarlos al conjunto de las
instituciones, de las administraciones públicas, también de la Generalitat de Catalunya, al resto de instituciones. Me gustaría mucho que el proponente aceptara una enmienda que no tiene otro objeto que decir sí a todo esto que él ha dicho, pero
también para el resto de administraciones públicas, sin citar a ninguna. Creo que entonces tomaríamos hoy una posición no dirigida contra nadie sino a favor de todos.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Mi Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha presentado una serie de enmiendas a esta moción subsiguiente a la interpelación con relación a las campañas de publicidad, que tienen que ver
sobre todo con el contenido de esas campañas, no tanto con el volumen de las mismas, que ha sido la materia de debate entre Convergència i Unió y el Gobierno, con el contenido y en algunos casos con el contenido ético de las mismas, con la
utilización en ellas de la figura de los niños y sobre todo con unas campañas de publicidad que van orientadas al reclutamiento militar. En ese sentido, hemos presentado algunas enmiendas que esperamos que también sean consideradas en el texto
final. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
De todas maneras, quisiera hacer algunas precisiones, en primer lugar respecto al acuerdo que ha tenido lugar. Tengo esa sensación que tenían aquellos que hablaban de que en horas veinticuatro hemos pasado de las musas al teatro. En apenas
seis días, hemos pasado de la guerra nuclear a un acuerdo entre Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista.
Lo saludo y saludo que ese acuerdo supere las viejas rencillas del debate, que fue un debate duro en esta Cámara, de los más
duros que he oído y leído en los últimos tiempos. En todo caso, espero que ese espíritu pacífico sea el que tengamos también en la acción exterior de nuestras Fuerzas Armadas, que no nos dejemos llevar por el ardor guerrero y que en estos momentos,
en los que hay una situación compleja a nivel internacional, apostemos
claramente por el derecho internacional y no por ninguna intervención extemporánea.
En tercer lugar, señorías, saludamos los contenidos de la propuesta y también aquellos acordados entre los dos grupos parlamentarios en el sentido de continuar con la aplicación de una ley. Estamos muy contentos de que ahora haya tantos
conversos a esa ley, porque hay que decir que fue promovida por quien fue promovida en esta Cámara, y muchos diputados consideraron que era una ley que iba a amenazar los gastos de publicidad y de propaganda de comunidades autónomas y municipios
porque significaba un mal ejemplo. Yo creo que es un buen ejemplo, un ejemplo de transparencia, de austeridad y de limitación al autobombo, y saludo que también eso se incorpore en el caso del Ministerio de Defensa y que además se exija por parte
de Convergència i Unió.
Tengo que plantear algún problema semántico con la iniciativa parlamentaria cuando dice al inicio de la propuesta 'incrementar la reducción de los gastos'. Desde luego, sería reducir el incremento de los gastos, pero incrementar la
reducción de los gastos es para dar una alegría a alguien: yo voy a incrementarle a usted la reducción del salario. Eso es para dar una alegría a alguien que interprete la contradicción, pero la contradicción restrictiva, que es lo que se propone
en los términos de la iniciativa, y no es una traducción del catalán; es una mala redacción de la iniciativa parlamentaria.
En relación con el último punto de la iniciativa, quiero recordarle al señor Xuclà -y no me resisto, porque todavía me queda memoria de ese debate- que en esta Cámara hay grupos parlamentarios que consideran que no debe haber información
específica sobre las bases militares de utilización conjunta desde las que se realizan ataques a otros países, y resulta que ahora sí quieren que haya un debate específico sobre la publicidad y el gasto de publicidad del Ministerio de Defensa. A mí
me parece una manga ancha de cuidado, nada más que una manga ancha, solamente eso. Quiero resaltarlo porque esto lo discutimos hace tres o cuatro semanas. Ustedes se opusieron a que hubiera una información detallada sobre cómo se utilizan las
bases de utilización conjunta con los Estados Unidos en nuestro país -bases de utilización conjunta desde las cuales han salido aviones para acciones de guerra u otras acciones menos confesables en derecho internacional- y sin embargo es tan
importante para ustedes la cuestión de la publicidad que quieren hacer de ello una cuestión concreta a debatir en la Comisión de Defensa. En esto me parece que hay que mantener también la proporcionalidad y la lógica, señorías, y en ese sentido
esta iniciativa no es ni proporcional ni lógica. A pesar de ello, respaldaremos los aspectos que significan el cumplimiento de la Ley de publicidad, de austeridad y transparencia en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Socialista don Jesús Cuadrado tiene la palabra.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a empezar por lo que creo que es la conclusión más importante en esta moción y es que hay un texto consensuado. Ese texto consensuado por el proponente -el Grupo de Convergència i Unió, el señor Xuclà- y por el Grupo
Socialista es un punto de encuentro. Quiero explicitar desde el principio qué recoge ese punto de encuentro, ese consenso. El texto que hemos acordado dice claramente, en primer lugar, que el Gobierno está aplicando desde el año 2004, con datos
bastante fáciles de reflejar, un criterio de austeridad en materia de gasto de publicidad bastante considerable. Por lo tanto, el texto del acuerdo que hoy proponemos recoge ese hecho. En segundo lugar, recoge también la voluntad que compartimos
el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y el Grupo Socialista de seguir ese camino, es decir, que se continúe una política de ahorro y de austeridad en el gasto público allí donde sea posible ahorrar cada euro y, además, que el Parlamento vele
por el cumplimiento de esa política de ahorro, de esa política de austeridad.
Esto como primera cuestión.
En un debate de austeridad frente a despilfarro o despilfarro frente a austeridad, no tengo más remedio que recordar la realidad y la realidad es que es verdad lo que dijo en su día la vicepresidenta del Gobierno: se acabó el autobombo. Y
se acabó en los datos, en el gasto del Gobierno -por cierto, en publicidad que incluye campañas institucionales como la de evitar los accidentes de tráfico, o la de sensibilizar sobre una posición dura frente a la violencia de género, etcétera-,
pero en los gastos de publicidad que usted ha explicitado, en el año 2008 se gastaba todo el Gobierno 134 millones de euros y en el año 2011, 108 millones. En esos tres años ha habido un descenso en esa partida que usted hoy trae aquí de un 40 por
ciento -un 40 por ciento menos de gasto en 2011 que en 2008-. Por tanto, en un debate despilfarro-austeridad, creo que está claro cuál es la política del Gobierno.
En el Ministerio de Defensa desde 1998 a 2003 -voy a hablar del señor Trillo, que era el ministro de Defensa- subieron los gastos de esta partida exactamente de 10 a 19 millones en 2003: la aumentó en un 90 por ciento. En el ministerio del
señor Trillo, los gastos de publicidad aumentaron un 90 por ciento, de 10 a 19 millones. En el Ministerio de Defensa desde 2003 a 2010 han descendido de 19 a 9 millones: han descendido en un 52 por ciento. Señorías, voy a introducir un elemento
de efectividad. Las campañas que llamamos de publicidad pueden ser efectivas o un desastre. La campaña en la que se gasta más dinero el Ministerio de Defensa es la de reclutamiento. Las campañas del señor Trillo, que aumentó un 90 por ciento los
gastos, dieron como resultado un descenso en la tropa y la marinería de 1.500 efectivos cada año, llegando a 68.000, cuando el horizonte que le marcaba el Estado Mayor de la Defensa eran 110.000 como mínimo: un desastre de campaña y además
carísima: un auténtico despilfarro. A eso le llamo
yo despilfarro. Hoy tenemos 85.000, con mucho menos gasto de lo que gastaba el señor Trillo. Por cierto, es el resultado, señor Xuclà, como usted sabe, de la Ley de Tropa y Marinería, y cuando digo esto no me desmentirá el señor Bono, que
está por encima de mí, aquí mismo, y que puso en marcha dicha Ley de Tropa y Marinería siendo ministro de Defensa.
Por tanto, eficiencia con menos gasto; más eficiencia en los gobiernos del señor Zapatero. Con más dinero, 90 por ciento, menos
eficiencia con el ministro Trillo, por personalizarlo en quien era ministro.
¿Qué es lo que conseguimos, señor Xuclà, con este buen consenso que hemos acordado? Creo que dos cosas fundamentales, y termino señor presidente.
La primera es que ponemos de relieve, sobre todo en una etapa de crisis económica, lo
importante que es no gastar ni un euro de más; que el Gobierno y los ministerios, en esta materia y en otras, no gasten ni un euro más de lo necesario. Por eso, la prueba para usted y para mí del éxito que se pueda obtener de una moción como esta
se encuentra en que en el año 2011 se gaste en esto -también en el Ministerio de Defensa- menos que en 2010, al igual que en 2010 se ha gastado menos que en 2009, exactamente hubo un descenso del 52 por ciento. Se gastaban 19 millones de euros con
el señor Trillo, año 2003; se gastan 9 millones de euros con la señora Chacón, año 2010; y se gastará menos dinero -yo espero que así sea y esa es la intención de su moción- en el año 2011. Por tanto, señorías, bienvenida sea la moción,
bienvenido sea el consenso, pero en materia de austeridad, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero va a ser muy difícil, señor Xuclà, que alguien le pueda dar alguna lección.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Para fijar la posición del Grupo Vasco tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, pareciera que en el frontispicio de un debate sobre comunicación y publicidad entre Gobierno y oposición, sea cual sea el área del Gobierno, bien sea Defensa, Industria o cualquier otra, nos encontráramos con aquello que dice Dante
que está escrito a las puertas del infierno: Perded toda esperanza -en este caso perded toda esperanza de que pueda haber un acuerdo, pareciera, tratándose de estos temas y tratándose de un Gobierno y de una oposición-.
La forma en la que discurrió hace ya dos semanas la interpelación urgente de la que trae causa la moción que hoy debatimos y que se va a someter a votación pareció dar razón clarísima a esta categoría de que no hay posibilidad de acuerdo
cuando el debate discurre en los términos en los que lo hizo. A la exposición de determinados hechos por el diputado Xuclà en su primera intervención, la ministra interpelada le contestó en efecto con una contundencia, diría que incluso con una
acidez, de la que lo menos que cabe decir es que resultó impactante. No se trató únicamente de un cierto diálogo de sordos entre Gobierno y oposición sobre cifras -que también hubo, sigue y seguirá habiendo-; no se trató tampoco de que siendo el
tema que era, publicidad y comunicación, era casi inimaginable un acuerdo entre Gobierno y oposición. El diálogo de sordos se produjo también sobre la valoración de los datos e incluso hubo -teniendo en cuenta la fecha en que estábamos- alusión al
23-F y, sobre todo, si recuerdan, desembocó en una especie de traca final en la que la ministra se preguntó ¿por qué hace usted una interpelación sobre esto, si la razón es que en el Gobierno de España hay una catalana no nacionalista, etcétera? Es
decir, se produjo una situación evidentemente poco inclinada hacia el acuerdo. Todo esto ocurrió el 23-F, hace quince días.
Después el señor Xuclà ha presentado una moción que constituye un notable esfuerzo de alejamiento de la confrontación y de acercamiento o aproximación. Para eso no hay más que leer los cinco puntos originales de la moción defendida por el
representante de Convergència i Unió: mayor reducción de gastos dedicados a tal fin; cumplimiento de la Ley 29/2005, en referencia concreta a los artículos 3 y 4; una mayor y más detallada información sobre el tema y la propuesta de un debate
anual al respecto en la Comisión de Defensa.
Debo decir que mi grupo estaba dispuesto a apoyar la moción original del Grupo de Convergència i Unió. Podíamos tener alguna duda sobre el último de los puntos, la conveniencia o no de suscitar un debate específico en la Comisión de Defensa
sobre un tema tan particular; era dudoso, pero se podría haber probado en todo caso. Como digo, estábamos dispuestos a apoyar la moción, pero ha habido un acuerdo, algo de lo que no hay sino que felicitarse. Como todo acuerdo, cuando se parte de
posiciones tan enfrentadas y ocurre en un clima tan áspero, requiere echar bastante agua para que las cosas se calmen, y el acuerdo que en este momento se presenta bajo la enmienda del Grupo Socialista apunta en la dirección en que lo hacía ya la
moción de Convergència i Unió y lo hace con unas notables dosis de mayor generalización y, por eso mismo, de imprecisión.
Evidentemente apoyaremos este acuerdo que se ha producido entre los dos grupos y, como siempre que ocurren estas cosas, a la
hora de valorar su utilidad, nos remitiremos a lo que ocurra en el futuro. Entretanto, insisto, lo apoyamos, votamos favorablemente y aplaudimos el esfuerzo hecho por los grupos para llegar a este acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo va a votar favorablemente esta moción, cuyo objetivo fundamental es separar lo que es publicidad -por tanto, en buena ley, información útil- de propaganda, es decir, información en beneficio propio. Nos parece que
siempre es conveniente vigilar esta cuestión.
También nos parece que, como se ha dicho aquí repetidas veces, la intervención de la señora ministra en esta Cámara el miércoles 23 fue inaceptable. Además utilizó este Parlamento, esta tribuna, en
beneficio propio haciendo unas manifestaciones que no tenían sentido sobre sus posiciones políticas y, en resumen, redujo su intervención, su debate a lo de siempre: la oposición no admite que yo todo lo hago magníficamente bien. Ese, señorías, es
siempre el argumento de la señora ministra. Por lo tanto, nosotros nos congratulamos de que a esto que yo entiendo como la reprobación de una actitud, tanto en la publicidad como en la actitud de la señora ministra, se sume el Grupo Parlamentario
Socialista, y me parece muy correcto.
Señorías, el señor Xuclà ha hablado de evitar la propaganda, aquella que tiene reflejo presupuestario, y yo quiero hablar también de la que no tiene reflejo presupuestario y que en esta cartera se da con sobreabundancia, es decir, cuando una
información que debe ser para servicio público se utiliza para servicio privado, cuando se anteponen los intereses propios a los intereses de la cartera y de las responsabilidades que se tienen encomendadas. Voy a citar sencillamente dos ejemplos,
señorías. No voy a entrar en la web del ministerio con las dos mil fotos de la señora ministra y las cero ruedas de prensa. Esto no es política informativa, esto es autopropaganda. Son dos ejemplos que conocen porque han sido publicados y porque
ustedes están de acuerdo conmigo. Cuando se habla en la web del ministerio de un solo ataque a nuestras tropas en dos meses, cuando ha habido veintiuno, esto es deslealtad a los soldados y utilizar la web del ministerio como autobombo y en servicio
privado y personal. Cuando la web del ministerio, señorías, da las fotos de nuestros soldados en Afganistán repartiendo juguetes, y ese mismo día, en ese minuto, la web de la OTAN da a nuestros soldados patrullando contra la insurgencia en
situaciones muy difíciles en Afganistán, la web del ministerio está siendo utilizada no como información; está siendo utilizada con deslealtad a nuestros soldados y en beneficio propio.
Por tanto, señorías, nosotros entendemos que a esta moción le faltarían -no hemos querido enmendar, faltaría más- tres puntos: uno, los servidores públicos dedicarán las veinticuatro horas del día -cuando están en esta tribuna también- al
servicio público y no al servicio propio, por muy legítimo que sea el interés que se defienda. Dos, los servidores públicos pondrán un muro, un verdadero frontón, entre sus intereses propios, por legítimos que sean, y los intereses del servicio
público. Tercer punto que nos gustaría ver y que no lo hemos propuesto, señor Xuclà, buscando precisamente el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista: nunca un servidor público utilizará las instituciones a cuyo servicio está ni como trampolín,
ni como plataforma, ni como parapeto.
Porque la señora ministra -y no quería yo personalizar-, esta mañana en el Senado, ha echado la culpa de lo que ha pasado en Badajoz a los soldados que estaban allí, ha huido de su responsabilidad echando la
culpa solamente a los soldados que aquella noche estaban allí. Esto, señorías, es volver a huir de las propias responsabilidades, es ser desleal con los soldados y es utilizar las instituciones en beneficio propio y no en servicio público.
Señorías, nos congratulamos de que haya un voto, que nosotros vamos a entender, como no puede ser de otra manera, de reprobación de determinadas actitudes, y nos gustaría no haber tenido nunca que pronunciarnos en esta tribuna en ese sentido
con ninguno de los titulares de ninguna cartera.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señor Xuclà, me dice la vicepresidenta que había solicitado la lectura de algunos datos. ¿Es suficiente con la lectura de los ministerios y la columna de asignación presupuestaria en el ejercicio actual?
El señor XUCLÀ I COSTA: Sí.
El señor PRESIDENTE: ¿Perdón? ¿Es así como he dicho?
El señor XUCLÀ I COSTA: Sí.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señora secretaria, tenga la bondad de leerlos.
La señora SECRETARIA (Villalobos Talero): Comparación interanual presupuesto del Estado no consolidado. Concepto, subconcepto 22602, publicidad y propaganda. Secciones. Sección 03, Tribunal de Cuentas, proyecto 2010: 6.000 euros.
Tribunal Constitucional, presupuesto 2010: 1.800. Consejo de Estado, presupuesto 2010: 15.000. Consejo General del Poder Judicial, proyecto 2010: 148.500. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 610.770. Ministerio de Justicia:
92.360. Ministerio de Defensa: 15.305.380. Ministerio de Economía y Hacienda: 378.560.
Ministerio del Interior: 685.260. Ministerio de Fomento: 1.538.960.
Ministerio de Educación: 3.377.810. Ministerio de Trabajo e Inmigración: 188.440.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 333.230. Ministerio de Ciencia e Innovación: 75.310. Ministerio de Política Territorial: 8.490. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 400.000.
Ministerio de Cultura: 638.000.
Ministerio de la Presidencia: 442.990.
Ministerio de Sanidad y Política Social: 740.000. Ministerio de Vivienda: 650.000. Ministerio de Igualdad: 100.000. Total: 25.736.860.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria.
¿Es de su satisfacción la lectura efectuada? (Asentimiento.) Muchas gracias, señor Xuclà. ¿Y sobre las enmiendas, desea manifestarse?
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Me gustaría que por una cuestión de honor gramatical, pudiera constar también en el 'Diario de Sesiones' que la expresión 'incrementar la reducción de los gastos', que me ha reprochado el diputado Llamazares, es una expresión correcta en la
terminología en castellano, pero.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, no aproveche el turno para decir si acepta o no enmiendas para reabrir un debate para el que no es esta la ocasión.
El señor XUCLÀ I COSTA: No sé si ha atendido al fondo del debate, pero el señor Llamazares...
El señor PRESIDENTE: No, no, señor Xuclà, a lo que atiendo es al fondo del Reglamento. Su señoría debe solo pronunciarse sobre lo que el presidente le ha preguntado.
El señor XUCLÀ I COSTA: Respecto a lo que el presidente me ha requerido, acepto la enmienda del Grupo Socialista y no acepto la enmienda del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ni la enmienda de
UPyD.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy amable, muchas gracias, señor Xuclà.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR LA MASIVA DESTRUCCIÓN DE TEJIDO PRODUCTIVO QUE AFECTA ESPECIALMENTE A PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000196.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas que va a tomar el Gobierno para combatir la masiva destrucción de tejido productivo que afecta especialmente a pymes y autónomos. Doña Fátima Báñez tiene la palabra
para su defensa.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular quiere ser una tarde más en esta Cámara la voz de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, porque son la parte fundamental del tejido productivo de nuestro país, y les
queremos mandar un mensaje de esperanza, porque ellos, los autónomos y las pymes, están siendo los grandes perdedores de la crisis que está sufriendo nuestro país. Como saben ustedes, en lo que va de legislatura más de 300.000 autónomos se han
tenido que dar de baja en la Seguridad Social y hay más de 158.000 empresas que han tenido que cerrar. Nunca en la historia de la democracia se había destruido tanto tejido productivo y se había hecho en tan poco tiempo. Es, por tanto, prioritario
que se ponga fin a esta sangría de pérdida de empleo y de actividad y se inicien cuanto antes las bases de una recuperación sólida en la economía. Por ello lo primero que tenemos que hacer es rectificar la política económica tan equivocada que ha
llevado a cabo este Gobierno socialista, que ha condenado a una profunda crisis a las pymes y a los autónomos de este país.
La pregunta es: ¿por qué han cerrado tantos negocios en España? En primer lugar, por la dificultad que han tenido para acceder al crédito. El Gobierno ha aprobado seis decretos-leyes de reestructuración y saneamiento del sector
financiero, pero han sido incapaces de conseguir que el crédito y la liquidez fluyan al tejido productivo. No se han saneado las cuentas de las entidades financieras con seis reformas del sector financiero y hemos evitado con esas malas reformas
llevadas a cabo por el Gobierno que de una vez por todas fluya el crédito a la economía real, lo que es básico para la recuperación económica. La prueba la tenemos en los datos del Banco de España: el crédito a empresas no financieras crecía un
exiguo uno por ciento interanual el pasado mes de diciembre. Y las promesas del Gobierno, las promesas famosas de aquella foto de Zurbano de creación de una línea de crédito directo a pymes y autónomos, que iba a traer la financiación a las
pequeñas empresas de este país, tampoco ha sido un éxito del Gobierno. Solo la línea de ICO-directo a pymes y autónomos ha dado un 9 por ciento de todos los fondos que tenía disponibles. Se denegó el 95 por ciento de las solicitudes y solo se
dieron créditos por valor de 233 millones de euros, crédito y liquidez que no llegó a la economía real.
No quedan ahí los problemas que tienen las pequeñas y medidas empresas y los autónomos. Otro grave problema también es la morosidad. Conseguimos una reivindicación y un logro histórico en esta Cámara, como fue aprobar por mayoría de todos
los grupos parlamentarios una Ley de Morosidad, modelo de presente y de futuro en las relaciones comerciales en este país. Pues bien, más del 90 por ciento de las administraciones públicas incumple hoy esa ley que aprobamos en el año 2010. Eso
podría hacer que durante 2011 se perdieran 100.000 nuevos empleos entre las pymes y los autónomos. Pueden seguir perdiendo y poniéndose en riesgo muchos empleos todavía en España por culpa de la morosidad. ¿Y el Gobierno qué ha hecho? En esa ley
pedíamos una línea ICO-morosidad para que las administraciones públicas pudieran hacer frente a las facturas pendientes con esas pequeñas y medianas empresas y
con esos autónomos, pero lo que ha hecho es derogarla, derogarla de forma inminente y sin contar con el consenso de los grupos de esta Cámara y ha seguido además poniendo chinitas en el camino de las empresas. Ha hecho lo peor que se puede
hacer cuando se entra en crisis económica: subir los impuestos. Subir los impuestos directos e indirectos, lo que ha hecho que se reduzca el consumo y, por tanto, las ventas de las pymes y los autónomos españoles. Por eso estamos hoy con los
resultados que estamos.
La economía española es la única que sigue en recesión en toda la Unión Europea. Cuando la recuperación económica se está haciendo real en Europa con un nivel medio de crecimiento del 1,7 por ciento, la única economía que tuvo crecimiento
negativo en 2010 fue la nuestra con el 0,1 por ciento. Y además se siguió destruyendo empleo, se destruyeron 238.000 empleos el año pasado, y no solo se ajustó el empleo en el sector de la construcción; se sigue ajustando empleo y se sigue
destruyendo empleo en sectores tan vitales como la industria y los servicios de este país.
Es inminente, necesario y urgente poner en marcha un plan de medidas de reforma económica que cuente con incentivos para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, que son los que hoy dan empleo a más del 85 por ciento de los
empleados que hay en España; medidas que incentiven la competitividad y la actividad económica, empezando por la fiscalidad, con la bajada de verdad del 20 por ciento y de forma permanente del impuesto sobre sociedades a todas las pequeñas y
medianas empresas en ese 20 por ciento, considerando pequeñas empresas aquellas que facturen hasta 12 millones de euros.
Mi grupo pide también que se ajusten los módulos a la realidad económica.
Hoy no es lo mismo tener en un restaurante doce mesas llenas que doce vacías y por tanto hay que ajustar los módulos a la situación real que vive cada día un
autónomo, una pequeña y mediana empresa. Hay que bajar el IVA del sector turístico, un sector clave en el desarrollo y en el crecimiento de este país que lo único que ha visto es cómo se le incrementaba, en el inicio de la campaña del año pasado,
el IVA del 7 al 8 por ciento en la mayoría de sus servicios, mientras otros países de Europa como Francia o Alemania lo bajaban. Tenemos que impulsar la iniciativa empresarial permitiendo a los contribuyentes beneficiarios de una cuenta ahorro
vivienda que puedan destinar esos saldos a la creación de empresas o relanzar la actividad económica por cuenta propia. Tenemos que tomar medidas de verdad, esas que decía al principio, sobre todo para evitar la morosidad y que las pymes y los
autónomos tengan liquidez, que no tengan que pagar por el IVA de las facturas no cobradas, que se puedan compensar las deudas tributarias con la Administración o que se ponga en marcha la línea ICO. Es necesario de una vez por todas que el Gobierno
reaccione. Hemos perdido demasiados autónomos y demasiadas empresas en el camino. Señorías, de la crisis vamos a salir pero tenemos que salir de la mano de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos porque ellos son de verdad el motor
económico, el motor del crecimiento y el motor del empleo en este país. Sin ellos no saldremos nunca de la crisis.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Para presentar sus enmiendas y defenderlas tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha planteado una serie de enmiendas transaccionales a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de complementar y
mejorar algunos de los aspectos relevantes incorporados en su moción. Básicamente nosotros hemos estado siempre de acuerdo en poder plantear una cuenta corriente tributaria entre la Administración, la Hacienda pública y los contribuyentes. Si en
un momento preciso de la coyuntura económica la Hacienda pública es deudora -por razones administrativas, de liquidez o de coyuntura política- de determinadas cantidades consecuencia de impuestos devengados por los contribuyentes, que en el momento
coyuntural en el que tengan que hacer sus liquidaciones de impuestos correspondientes a la Administración central esta cuenta corriente pueda equilibrar dichos saldos. Es decir, que si en ciertos momentos, al hacer el pago, el contribuyente es
acreedor a la Hacienda pública de determinadas cantidades pueda surtir efecto esta cuenta corriente tributaria. Sin embargo, en esta enmienda que hemos presentado a la moción planteada por el Grupo Popular nosotros limitamos estas cantidades o
aspectos solamente a que sean deudas reconocidas por la Administración General del Estado por los impuestos correspondientes y cotizaciones a la Seguridad Social. Desde esta perspectiva nosotros no estaríamos de acuerdo con que esta cuenta
corriente tributaria también fuese efectiva para los ayuntamientos y para las comunidades autónomas.
Respecto al planteamiento incorporado por el Grupo Popular en el punto número 12, en el que se hace mención a cumplir con la Ley de Morosidad en relación con las operaciones comerciales, creando de forma inminente una línea ICO para
financiar las deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos, también aquí nosotros incorporamos una enmienda por la cual limitamos la creación de dicha línea a que sea efectiva y que solamente deberá liquidarse por parte de las administraciones o de
las corporaciones locales cuando se apruebe el nuevo modelo de financiación local. Repito que son dos aspectos importantes y relevantes para nuestro grupo que lógicamente esperamos puedan ser aceptados por el Grupo Parlamentario Popular.
Desde otra perspectiva, anuncio también que, como no podía ser de otra forma, estamos de acuerdo en la
mayoría de puntos que ha planteado el Partido Popular, que -hay que decirlo a continuación- son coincidentes con muchas propuestas que ha presentado nuestro grupo parlamentario y que se han aprobado en esta Cámara mediante diferentes
interpelaciones, mociones o proposiciones no de ley y que, a pesar de estar aprobadas con el apoyo del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, lamentablemente tampoco se han puesto en práctica. Son puntos orientados a la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas, son puntos orientados a mejorar la liquidez de las pymes y de los empresarios autónomos, son puntos orientados a mejorar la fiscalidad de los pequeños y medianos empresarios y de los empresarios autónomos y también
son puntos que van en la dirección de complementar una mayor financiación y dar mayor solvencia a los recursos propios y permanentes de este tejido industrial tan importante como es el de las pequeñas y medianas empresas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para defender también sus enmiendas tiene la palabra doña Nuria Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Esta moción que nos trae el Grupo Popular, a nuestro entender, no presenta muchas novedades. Sigue dando vueltas a un conjunto de medidas absolutamente inconexas y parciales que en ningún caso configuran un plan integral, como afirma el
título del texto de la moción, y, como las medidas no son nuevas, tampoco lo serán mis argumentos.
Nosotros hemos presentado una enmienda en la que pedimos reforzar el papel del ICO como banca pública y eliminar las trabas y el exceso de garantías solicitadas a través del facilitador financiero para garantizar que se inyecta a la economía
productiva el cien por cien de los fondos de la línea ICO directo, pero a pesar de que se había previsto que esta financiación directa se elevara a unos fondos de 2.500 millones de euros, con los que se cubrirían hasta 70.000 operaciones, las cifras
demuestran durante el año pasado que el ICO prestó a través de créditos directos 233 millones, lo que supone apenas un 9 por ciento de todos los fondos disponibles, por lo que tan solo se cubrieron 5.313 operaciones, un 8 por ciento en total.
Por lo que hace referencia a las propuestas de la moción del Grupo Popular, en concreto las medidas de lucha contra la morosidad, nuestro grupo comparte que es una prioridad política luchar de forma efectiva contra la morosidad. Todos los
grupos políticos, los expertos económicos y los agentes sociales coinciden en que la elevada morosidad y la falta de crédito son dos elementos causantes de la crisis y la destrucción del empleo. Ello motivó un conjunto de medidas como el denominado
Pacto de Zurbano o la modificación de la Ley de Medidas contra la Morosidad. Por eso celebramos que se adoptaran medidas con un alto grado de consenso en esta misma Cámara. Consideramos que es bueno que exista ese consenso en las medidas para
atenuar el efecto de los impagados y no nos parece oportuno ni políticamente acertado que el Partido Popular intente enarbolar una bandera que no es suya en exclusiva, en lugar de seguir sumando con el conjunto de las fuerzas políticas como se ha
hecho hasta ahora.
Por lo que respecta al IVA de las facturas impagadas, a pesar de que entendemos que ello supone una losa para las empresas y una cuestión para abordar, queremos recordar que entraríamos en una dinámica muy peligrosa que desvirtuaría este
impuesto. Hay que afinar muy bien en el mecanismo que se proponga, y les recuerdo que la aplicación de este tributo se basa en el criterio de devengo y no en el criterio de caja. El IVA se liquida cuando se hacen las facturas, no cuando se cobran
o pagan. El criterio de caja, que es el que ustedes proponen, no lo permiten la actual ley ni el Plan General de Contabilidad Europeo. Pero además de la cuestión legal detrás hay una cuestión fiscal. Si aceptáramos el cambio estaríamos aceptando
que se cargue sobre la Agencia Tributaria española todos los impagados, cosa que generaría unas tensiones de tesorería inasumibles para las arcas del Estado.
Por lo que hace referencia a la primera parte de su moción, la que han denominado ustedes plan de fomento de la actividad económica, a nuestro entender no es ningún plan de fomento de nada. Es una propuesta, en resumen, de recorte fiscal.
Como ya saben, desde mi grupo seguimos denunciando que en España la presión fiscal continúa siendo la más baja de la OCDE, con un 33 por ciento sobre el PIB, muy lejos de los países en los que deberíamos fijarnos como referencia de economías sólidas
y solventes. Dinamarca tiene una presión fiscal del 48,2 por ciento; Francia, un 42,8 por ciento; y Alemania, un 39,3 por ciento, muy lejos de nuestra presión fiscal. Además, sería miope considerar que la fiscalidad es el principal problema de
la economía española, cuando sabemos todos que tenemos un 20 por ciento de paro, unas inversiones deficientes, una excesiva dependencia del petróleo, etcétera. Nuestro problema no es la fiscalidad. La fiscalidad es parte de la solución, sobre todo
si hacemos que sea más justa, solidaria y útil, que sirva para cambiar comportamientos, potenciar otros y contribuya a cambiar el modelo productivo español anclado en el pasado y que, por más reformas laborales injustas y antisociales que se hayan
realizado, aún tenemos más de cuatro millones y medio de parados en nuestro país.
Para ustedes el cambio de modelo es una afirmación vacía, un enunciado de recurso fácil. Porque cambio de modelo no es beneficiar indiscriminadamente el sector turístico, como piden en el punto 2 de la moción. Lo que necesitamos es
desarrollar el concepto de un turismo de calidad sostenible y que no se base en la oferta de sol y playa, ya que hemos visto que este tipo de turismo es fácilmente deslocalizable. Cambio de modelo no es
rebajar el impuesto de sociedades indiscriminadamente, como solicitan en el primer punto. Es garantizar que empresas en pérdidas, que desarrollan actividad de innovación y desarrollo, tengan la posibilidad de gozar de las mismas ventajas
que en el resto de países europeos. Cambio de modelo es preocuparse por que los grupos de investigadores privados tengan facilidades para desarrollar su actividad y que los públicos mejoren sus condiciones; pero de esto ustedes no hablan en la
moción. Como decía al principio, hemos debatido varias veces estas medidas en esta Cámara y nuestro posicionamiento general será desfavorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Para fijar posición tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente, voy a intervenir muy brevemente y por eso hago uso de la palabra desde el escaño para manifestar que estamos de acuerdo con las propuestas contenidas en el punto b) de la moción:
medidas para atenuar el impacto y los efectos de la morosidad. De hecho, coinciden con propuestas que el propio BNG has formulado en esta Cámara, pero tenemos que manifestar nuestra discrepancia con muchas de las medidas contenidas en el punto a)
de la moción. Nosotros no somos partidarios de recurrir de forma sistemática como receta mágica a las rebajas fiscales, pero consideramos que es imprescindible por parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara, más exigible aún en contextos de
crisis, tener un discurso en materia económica riguroso. En ese sentido no nos parece conciliable, como hace de forma sistemática el grupo proponente, proponer continuas medidas que conllevarían a una mayor reducción en la recaudación con otras
medidas que, en cambio, conllevarían más gasto, al mismo tiempo que hacen dogma de la necesidad del déficit cero o incluso proponen una reforma constitucional para que esto tenga reflejo en la propia Carta Magna.
Insisto, no creemos en la receta
mágica de las continuas rebajas y recortes fiscales como gran solución frente a los problemas económicos que afectan al sector, y esta es la razón fundamental de nuestra discrepancia con esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Grupo Vasco. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Muchas gracias, presidente.
Señorías, señorías del Grupo Popular, ustedes solo se acuerdan de los autónomos y de las pymes cuando están en la oposición, porque llevamos siete años aprobando todo lo que ustedes durante ocho años de gobierno rechazaron sistemáticamente:
el Estatuto del trabajo autónomo, la regulación de los trabajadores autónomos dependientes, la prestación por cese de actividad, el aumento de la capitalización por desempleo, los permisos de maternidad y de paternidad también para los trabajadores
autónomos, la devolución mensual del IVA y un largo etcétera, señorías, a favor de estos colectivos. Por cierto, señorías, que en ese largo etcétera también hay rebajas impositivas incluidas, el 20 por ciento para las pequeñas y medianas empresas
en su tipo de sociedades y el 5 por ciento por tercer año consecutivo en los módulos a los autónomos españoles. Nosotros bajamos los impuestos; lo hicimos en la primera legislatura y lo hemos vuelto a hacer en momentos de dificultad económica como
los actuales. En eso nos diferenciamos de ustedes, señorías del Grupo Popular, porque cuando gobernaron y crecía la economía ustedes lo que hicieron fue aumentar los impuestos tanto a pymes como a autónomos.
Es cierto que como les entraba
urticaria a esto de reconocer que subían los impuestos, lo calificaban como de actualizaciones, pero eran subidas de impuestos. Les voy a dar un dato: en 1996 el tipo impositivo de sociedades en España estaba tres puntos por debajo de la media de
la UE (Rumores.) y en 2004 el tipo de sociedades, cuando dejaron ustedes el Gobierno, se situó 6 puntos por encima de la media europea. Así que su legado, señorías, fue subir impuestos tanto a pymes como a autónomos.
En todo caso no me hace falta retroceder en el tiempo para ver exactamente cuál es su grado de compromiso allí donde gobiernan con los autónomos y con las pymes. Esto es muy sencillo, vamos a mirar lo que hacen ustedes en Madrid, en Murcia,
en Valencia, etecétera, para saber cuál es su grado de confianza y de compromiso con los emprendedores. En Madrid hace escasas semanas el Gobierno autonómico ha paralizado 600 ayudas a las pymes y a los autónomos por valor de 67 millones de euros;
en Murcia han recortado el 46 por ciento las ayudas a los autónomos y la Generalitat del señor Camps lleva dos años (Rumores.) sin pagar las subvenciones a las pymes y a los autónomos. (Rumores.-Aplausos.) Ese es su compromiso con los trabajadores
autónomos, señorías; nada, literatura. Quizá en eso es donde encontremos la explicación a por qué Murcia, Valencia y Galicia lideraron durante el año 2010 la caída en el número de autónomos, como así ha ocurrido y así ha quedado registrado.
Señorías, al final las pymes lo que quieren son mercados abiertos, mercados libres, bien regulados, con competencia. Eso es lo que está haciendo este Gobierno, esta liberalizando sectores donde hay una fuerte presencia de pymes y de
trabajadores autónomos, pero, ¡ojo!, estamos hablando de liberalizar, no de privatizar, como ustedes hicieron cuando gobernaron este país. Porque ustedes lo que hicieron fue confundir las políticas de emprendimiento con las políticas de
apadrinamiento, el apadrinamiento a esos compañeros de pupitre que una mano nada invisible colocó al frente de empresas privatizadas.
(Rumores.) Claro que sí, señorías, aquello no fue emprender, aquello fue prender lo que era de todos y entregárselo a unos cuantos amigos, compañeros de pupitre del Partido Popular. (Aplausos.)
La portavoz del Partido Popular ha vuelto a insistir en que este Gobierno no tiene credibilidad porque erró en el diagnóstico de la crisis. Yo digo: ¿fue certera la previsión del Fondo Monetario Internacional que dirigía el señor Rato?
(Un señor diputado: Sí.) ¿O es que ustedes tampoco se acuerdan de lo que decía por aquel entonces el ministro de Hacienda y hoy diputado del Grupo Popular cuando negaba la existencia de una burbuja inmobiliaria en nuestro país y decía que eran
especulaciones de la oposición? Nosotros alertamos siempre de la burbuja inmobiliaria y por eso modificamos cuando llegamos al Gobierno la Ley del Suelo, pero de aquellos polvos, estos lodos, porque el sobreendeudamiento privado que cierra el grifo
del crédito a familias y a empresas proviene de la burbuja inmobiliaria que ustedes inflaron y que jalearon cuando estaban gobernando. Este Gobierno lo que está haciendo es lo que le toca, hacer sus deberes, reformar el sistema financiero para que
el crédito vuelva a fluir entre empresas y familias, movilizar miles de millones de euros a favor de las pymes y de los autónomos a través del ICO. Por tanto, ninguna lección pueden dar ustedes de compromiso por parte del Gobierno y del grupo que
lo apoya a favor de las pymes y de los autónomos. Nosotros apoyamos y aprobamos medidas eficaces en la lucha contra la crisis por parte de los autónomos y de las pymes, por supuesto muchísimo más eficaces que ese canto a la demagogia que ustedes
han vuelto a presentar y que desde luego contará con el voto en contra de nuestro grupo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000037.)
El señor PRESIDENTE: Tengan la bondad de leer una declaración institucional que hoy han dirigido a la Presidencia todos los grupos parlamentarios.
La señora SECRETARIA (Villalobos Talero): Al presidente del Congreso de los Diputados, con la firma de todos los portavoces. Declaración Institucional de apoyo a la candidatura a la dirección general de la FAO de don Miguel Ángel
Moratinos.
La FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, estima que, de no intervenir la comunidad internacional, en 2015, 610 millones de personas estarán desnutridas y sufrirán hambre crónica. Esta situación no
responde a ninguna consecuencia o calamidad natural. De hecho, como figura en la resolución sobre los objetivos del Milenio de Naciones Unidas, la humanidad cuenta hoy con las condiciones técnicas para superar el problema del hambre y lo que se
requiere es mayor voluntad política y organización social. Uno de los objetivos del Milenio es reducir a la mitad en 2015 las personas que sufran hambre o desnutrición.
La crisis económica de 2007-2010 ha supuesto una doble amenaza para este objetivo del Milenio. Por un lado, los países donantes han recortado sus contribuciones a la ayuda oficial al desarrollo. Por otro, el incremento de los precios de
los alimentos, resultado de aumentos en los insumos de la producción agrícola, escasez de agua y mala climatología han hecho que la FAO haya proclamado una alarma internacional en la lucha contra el hambre. La seguridad alimentaria y la lucha
contra el hambre son elementos centrales en la estrategia internacional de la lucha contra la pobreza y la consecución de los objetivos del Milenio. España ha desplegado, desde un amplio consenso social, un importante esfuerzo para elevar la
cantidad y la calidad de la ayuda oficial al desarrollo en los últimos años.
La presentación de la candidatura de don Miguel Ángel Moratinos como director general de la FAO es una oportunidad para reiterar el compromiso institucional y social en España en la lucha contra el hambre y por los objetivos del Milenio de
Naciones Unidas. En este sentido, los distintos grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados expresan su apoyo a la candidatura de Miguel Ángel Moratinos, en el convencimiento de que sabrá recoger este
compromiso de la sociedad española y poner al servicio del mismo toda su larga experiencia diplomática. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Votaremos dentro de dos minutos. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar las votaciones. Cierren las puertas, por favor.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA SU ADAPTACIÓN A LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ORGÁNICA). (Número de expediente
122/000272.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, de la proposición de ley del Grupo Socialista de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la convención de
derechos humanos de las personas con discapacidad (Orgánica).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A IMPULSAR, A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE BECAS, AYUDAS AL ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO, LAS REFORMAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS. (Número de expediente 162/000784.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a impulsar, a través del Observatorio universitario de becas, ayudas al estudio y rendimiento académico, las reformas necesarias para mejorar la movilidad nacional de
los estudiantes universitarios. A esta proposición no de ley se ha presentado una transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Denegaciones.) Se vota en los términos de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 186; abstenciones, 143.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 162/000770.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la adopción de medidas de apoyo a las entidades locales. Se vota en los términos en que ha sido propuesta, sin enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 143; en contra, 175; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN LOCAL. (Número de expediente 162/000724.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya sobre el mismo asunto, con la enmienda de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 20; en contra, 162; abstenciones, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 29/2005, DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA, EN SU POLÍTICA DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN. (Número de expediente 173/000195.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas a adoptar para el cumplimiento de la Ley 29/2005, de publicidad y comunicación institucional, por parte del Ministerio de Defensa en su política de
publicidad y comunicación. Se vota con la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR LA MASIVA DESTRUCCIÓN DE TEJIDO PRODUCTIVO QUE AFECTA ESPECIALMENTE A PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000196.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre medidas que va a tomar el Gobierno para combatir la masiva destrucción de tejido productivo que afecta especialmente a pymes y autónomos. Se vota a petición del grupo proponente de modo
separado. En primer lugar, el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 143; en contra, 175; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 143; en contra, 171; abstenciones, 15
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 145; en contra, 171; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 140; en contra, 172; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Les recuerdo a sus señorías que mañana a las nueve horas recibimos en visita de Estado que realiza a España al señor presidente de la República de Chile. Les invito a que estén presentes en la recepción que tendrá lugar en el hemiciclo.
Se suspende la sesión hasta mañana a esa hora.
Eran las siete y diez minutos de la tarde.