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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 224, de 22/02/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 224
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 212
celebrada el martes, 22 de febrero de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
- Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), hecho en Bonn el 26 de enero de 2009. (Número de expediente 110/000231.) ... (Página 5)
Exclusión del orden del día.
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre la situación generada por los importantes recortes de las cuotas pesqueras acordadas en la Unión Europea que afectan negativamente a la flota de arrastre de Galicia, entre
otras. (Número de expediente 172/000236.) ...
(Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley.
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el derecho a la vivienda.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 152-1, de 13 de febrero de 2009. (Número de expediente
122/000131.) ... (Página 6)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, sobre racionalización del régimen de las diputaciones provinciales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 230-1, de 5
de marzo de 2010. (Número de expediente 122/000206.) ... (Página 12)
Proposiciones no de ley.
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la sustracción de niños a sus madres biológicas para ser entregados en adopción. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
521, de 11 de febrero de 2011. (Número de expediente 162/000778.) ... (Página 20)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el dominio 'IC' de Internet para Canarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 521, de 11 de febrero de 2011. (Número de expediente 162/000779.) ... (Página
25)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre las actuaciones del Gobierno de España con motivo de la celebración de los centenarios de la batalla de las Navas de Tolosa (1212) y la conquista de Navarra por parte de la Corona de
Castilla (1512). (Número de expediente 173/000191.) ...
(Página 29)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas para evitar los perjuicios económicos que deriven del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y su impacto en el territorio histórico de Álava.
(Número de expediente
173/000192.) ... (Página 34)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en Oriente Medio. (Número de expediente 173/000193.) ...
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el impacto económico, social y competencial del proceso de reestructuración del sistema financiero.
(Número de expediente 173/000194.)
... (Página 44)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 50)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 51)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Inclusión en el orden del día ... (Página 5)
El señor presidente solicita el acuerdo de la Cámara para la inclusión de un nuevo punto del orden del día correspondiente a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el estatuto de la Agencia Internacional de Energías
Renovables (Irena), hecho en Bonn el 26 de enero de 2009, lo que se aprueba por asentimiento.
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente informa del acuerdo de la Junta de Portavoces mediante el cual se solicita la exclusión del orden del día del punto número 29 del Pleno, correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Fernández
Davila, sobre la situación generada por los importantes recortes de las cuotas pesqueras acordadas en la Unión Europea que afectan negativamente a la flota de arrastre de Galicia, entre otras, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 6)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el derecho a la vivienda ... (Página 6)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas y señor Perestelo) de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, sobre racionalización del régimen de las diputaciones provinciales ...
(Página
12)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Román Guerrero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 20)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la sustracción de niños a sus madres biológicas para ser entregados en adopción ... (Página 20)
Defiende la proposición no de ley el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Tardà i Coma.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas y Sr. Perestelo), sobre el dominio 'IC' de Internet para Canarias ... (Página 25)
Defiende la proposición no de ley la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Oramas González-Moro.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 29)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre las actuaciones del Gobierno de España con motivo de la celebración de los centenarios de la batalla de las Navas de Tolosa (1212) y la conquista de Navarra por parte de la Corona de
Castilla (1512) ... (Página 29)
Defiende la moción la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Fernández Aguerri, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Barkos Berruezo.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas para evitar los perjuicios económicos que deriven del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y su impacto en el territorio histórico de Álava ...
Defiende la moción el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Olabarría Muñoz.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en Oriente Medio ... (Página 38)
Defiende la moción el señor Fernández Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto; Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Fernández Díaz.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el impacto económico, social y competencial del proceso de reestructuración del sistema financiero ... (Página
44)
Defiende la moción el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Ridao i Martín.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el derecho a la vivienda, se rechaza por ocho votos a favor, 320 en
contra y nueve abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas y Sr. Perestelo), de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local,
sobre racionalización del régimen de las diputaciones provinciales, se rechaza por 25 votos a favor y 311 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la sustracción de niños a sus madres biológicas para ser entregados en adopción, con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Socialista y del grupo proponente, se aprueba por 336 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el dominio 'IC' de Internet para Canarias, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 187 votos a favor, 149 en
contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 50)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre las actuaciones del Gobierno de España con motivo de la celebración de los centenarios de la batalla de las Navas de Tolosa (1212)
y la conquista de Navarra por parte de la Corona de Castilla (1512), se aprueba por 333 votos a favor y tres en contra.
Sometidos a votación separada los cuatro puntos de la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas para evitar los perjuicios económicos que deriven del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y su impacto en
el territorio histórico de Álava, se rechazan los puntos 1, 2 y 4 y se aprueba el punto 3.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en Oriente Medio, con la
incorporación de la enmienda conjunta, se aprueba por 332 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el impacto económico, social y competencial del proceso de reestructuración del sistema financiero, en los
términos de la enmienda conjunta del grupo proponente y grupos Socialista y Vasco, se aprueba por 182 votos a favor, tres en contra y 151 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 51)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), hecho en Bonn el 26 de enero de 2009, se aprueba por asentimiento.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA), HECHO EN BONN EL 26 DE ENERO DE 2009. (Número de expediente 110/000231.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Antes de iniciar el examen de los puntos del orden del día aprobados, solicito de la Cámara su acuerdo para algunas alteraciones. La primera consiste en incluir como un punto más del orden del día de hoy el dictamen del Estatuto de la
Agencia Internacional de Energías Renovables, hecho en Bonn el 26 de enero de 2009, que se pasaría a votación sin debate. ¿De acuerdo? (Asentimiento.) Queda aceptada.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LA SITUACIÓN GENERADA POR LOS IMPORTANTES RECORTES DE LAS CUOTAS PESQUERAS ACORDADAS EN LA UNIÓN EUROPEA QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE A LA FLOTA DE ARRASTRE DE GALICIA, ENTRE
OTRAS. (Número de expediente 172/000236.)
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, la Junta de Portavoces ha acordado la supresión y, por tanto, la exclusión del orden del día del punto número 29, correspondiente a una interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora
Fernández Davila, con acuerdo también del Gobierno y de su propio grupo. ¿La Cámara da su conformidad? (Asentimiento.) Queda aceptada. Y por último se ha solicitado también la alteración en el orden de examen de las dos interpelaciones que
quedarían pendientes. ¿Muestran su conformidad? (Asentimiento.) Así lo acuerda la Cámara.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA.
(Número de expediente 122/000131.)
El señor PRESIDENTE: Estudiamos, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el derecho a la vivienda. Para la defensa de su proposición tiene
la palabra doña Nuria Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señorías, la presente iniciativa parte de la constatación de que la vivienda es un derecho que debe protegerse, más aún en el contexto de crisis que vivimos, y como tal debería ser de prioridad máxima para cualquier gobierno de izquierdas.
Nosotros entendemos que esta proposición de ley pretende que la vivienda pase del terreno de los principios rectores de política social y económica al campo de los derechos ciudadanos. Uno de los elementos claves que permitieron la creación de la
burbuja inmobiliaria fue la concesión de hipotecas en condiciones de alto riesgo, otorgando préstamos superiores al importe de la vivienda a familias que destinaban más del 50 por ciento de sus ingresos para pagarlos y por unos plazos cada vez más
largos, llegando hasta los cuarenta o cincuenta años. Esta práctica ha contribuido a generar uno de los sobreendeudamientos privados más altos del mundo, y lo peor es que se trata de una práctica fomentada por las instituciones financieras ante la
pasividad tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía y Hacienda. La miopía política de algunos nos llevó al inicio de la crisis, justo en el año 2007, a la aprobación por parte de esta Cámara de una ley de reforma del mercado
hipotecario que permite el absurdo de que las daciones en pago para satisfacer la deuda hipotecaria de los compradores puedan dar como resultado que estos se queden sin piso y además manteniendo una deuda con los bancos. Esto, impensable en otros
marcos legislativos como, por ejemplo, el francés y recientemente también en Reino Unido, no solo genera indefensión en quienes la crisis ha golpeado dejándoles sin empleo y sin vivienda, sino que parece un aliciente para que cuando vuelva a
funcionar el hoy languidecido mercado inmobiliario se vuelva a tasar y a prestar con una alegría que ya vemos a dónde nos ha llevado.
Hasta el día de hoy en nuestro país la provisión de vivienda ha sido una cuestión puramente de mercado. La orientación de las políticas públicas de vivienda se ha centrado en la creación de más PIB y empleo y de manera muy subsidiaria a
favorecer el acceso a una vivienda digna a precios razonables y con especial preferencia a las capas sociales más desfavorecidas. El Gobierno se ha permitido durante años la lógica, a nuestro entender caciquil, del pelotazo, tan común en nuestro
país, además de ser de autismo hipotecario y de abandono del resto de los campos de la acción urbana, como la rehabilitación, la regeneración urbana, la vivienda vacía y una práctica desconexión de las políticas del territorio y medio ambiente. ¿Y
en qué se ha traducido esta fiesta del boom del ladrillo? En paro, el más alto de la Unión Europea; en recesión y crisis económica, la más cruda y la más larga de la Unión Europea; en sobreendeudamiento familiar y, por tanto, en ejecuciones
hipotecarias; en riesgo financiero económico por la morosidad de cajas y bancos, y en un stock de vivienda usada vacía y otro de nueva sin vender. En resumen: privatización de los beneficios en la etapa del boom del ladrillo y socialización de
las pérdidas cuando estalla la burbuja inmobiliaria.
Señorías, los gobiernos recientes han jugado con la vivienda como si fuera un caramelo fiscal y no como un derecho ciudadano; los últimos ejemplos, primero con la subida del IVA en julio y a
finales del año anunciando a bombo y platillo el fin de las deducciones. Con la finalidad de que este fenómeno no vuelva a repetirse y que la vivienda sea considerada, como decía anteriormente, como un derecho subjetivo, presentamos esta
iniciativa, que es muy extensa y respecto a la cual haré especial hincapié en aquellos aspectos que limitan el sobreendeudamiento y protegen a las familias.
Como decía anteriormente, nuestra propuesta parte del derecho subjetivo a la vivienda y como tal de un servicio público de vivienda con vocación de cobertura universal. El primer bloque de la proposición de ley se centra en los límites en
la concesión de hipotecas y en la protección de los ciudadanos ante la crisis económica. Entre otros aspectos destacan que el pago mensual del conjunto de intereses y amortización de capital no supere el 35 por ciento de los ingresos de la persona
o familia; que el periodo de amortización no sea superior a veinticinco años; que el importe de la hipoteca no supere el 80 por ciento del valor de la vivienda hipotecada, con excepción en el caso de las viviendas de protección oficial, que
podrían llegar al cien por cien; la introducción de un plazo de reflexión de quince días a contar desde la firma de la compra-venta en los que el comprador podrá desistir del contrato y tendrá pleno derecho al reintegro de la
totalidad de pagos efectuados; también la eliminación de las cláusulas abusivas en concepto de intereses, fianzas, avales y gastos por el estudio o concesión de la hipoteca. Pero limitar los criterios de concesión de futuras hipotecas no
es suficiente porque en la actualidad hay muchas personas, muchas familias que a raíz de la crisis no pueden pagar los créditos hipotecarios y que son víctimas del estímulo al sobreendeudamiento de los años de burbuja inmobiliaria. Por ello, esta
proposición de ley también quiere proteger a estas personas en situación de vulnerabilidad incrementando los márgenes de ingresos inembargables, y también se contempla la posibilidad de ofrecer propuestas alternativas para la resolución del impago
debidamente justificadas y razonadas, como podrían ser permanecer en la vivienda pero con un contrato de alquiler o en usufructo a favor de la entidad creditora, o bien la renegociación de la deuda de forma ordenada, progresiva y realista, ajustada
a la realidad económica de la persona hipotecada y de los familiares que convivan. Esta propuesta también impide que las viviendas de protección oficial puedan ser subastadas por encima de su precio legal y obliga a que las adjudiquen a una persona
física necesitada de vivienda y a que se cumplan los requisitos legales. Otro de los ejes de la proposición se centra en el tratamiento fiscal de la vivienda. Entendemos que algunas de las cuestiones que se plantean han quedado obsoletas, como la
petición de eliminar las deducciones por compra, pero nuestro grupo plantea ir más allá fomentando el alquiler, impulsando la vivienda de protección oficial y primando la vivienda ocupada frente a la desocupada. Por último, como tercer eje de
actuación se hace referencia al servicio público de vivienda como garante del derecho ciudadano a una vivienda digna y a un precio razonable. Para ello se prevé en esta proposición de ley que se puedan ofrecer bienes y servicios públicos de
vivienda a un precio inferior al del mercado, una nueva calificación indefinida de la vivienda protegida y la elaboración de planes municipales de vivienda y las obligaciones de producción de parque de alquiler.
Señorías, para acabar quería hacer referencia a una propuesta que esta iniciativa no contempla pero que en caso de tramitarse estaríamos encantados de poder incluir. Se trata de la modificación de la legislación de enjuiciamiento civil para
hacer posible la dación en pago del piso hipotecado si se acredita que es la residencia habitual, liberando por tanto a las personas y familias de la totalidad de la deuda. Esta propuesta, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y
formulada por el Observatorio de derechos económicos, sociales y culturales, ha sido debatida en este Congreso en distintas comisiones dos veces y desgraciadamente bloqueada por el partido del Gobierno, argumentando que ocasionaría pérdidas a las
entidades financieras, ya cuestionadas por los mercados. Es injusto que una empresa pueda declararse en quiebra -por ejemplo una inmobiliaria que ha hecho de la compra-venta de viviendas un negocio extremadamente lucrativo- y al declararse en
quiebra pueda canjear su deuda por activos, extinguiendo así sus obligaciones, mientras que una familia que accede a una hipoteca para cubrir una necesidad básica sea desahuciada y arrastre una deuda de por vida. Ustedes se comprometieron a evaluar
el impacto económico de la medida, pero no hace falta esperar mucho, es fácil hacer cálculos. Si se aprobara la dación en pago, bancos y cajas perderían 15.000 millones de euros, cifra que es un 25 por ciento inferior a sus beneficios del año 2009
y que es muy inferior a los 100.000 millones de euros del FROB e insignificante si la comparamos con las ayudas que han recibido en concepto de avales, compra de activos e inyecciones de liquidez. ¿Dónde está, pues, el problema? Está claro, el
problema no es lo que pierden sino lo que dejan de ganar, y lo peor, que las entidades financieras continúan haciendo negocio con los embargos, cifrados este año en más de 300.000. Por ello, señorías, insistimos, ¿por qué no aprueban la dación en
pago? Lo que el año pasado era un grito en el desierto hoy es un clamor popular. Ya nadie pone en duda la injusticia del ordenamiento jurídico que sobreprotege los intereses de los poderosos y desprotege a los más vulnerables. Piensen en el coste
económico y social de los desahuciados, además de la condena de por vida que representa la deuda para estas familias, y en que ustedes están hipotecando los recursos públicos y las políticas sociales del futuro.
Termino con el deseo de que el Gobierno rectifique y acceda a dar este paso, a tramitar esta ley en el Congreso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Ningún grupo ha solicitado utilizar el turno en contra de la toma en consideración, por lo que pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente desde el escaño para, en primer lugar, manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición de ley. Coincidimos plenamente con el grupo proponente en que el derecho a la vivienda se tiene que
configurar como un auténtico derecho subjetivo, no como un simple principio rector de las políticas económico-sociales, y por lo tanto coincidimos con los tres ejes que vertebran esta proposición de ley, como es, en primer lugar, establecer límites
temporales y cuantitativos a los créditos hipotecarios concedidos por las entidades, tanto para limitar el sobreendeudamiento hipotecario como por la influencia que estas medidas tendrían en el precio de la vivienda libre y para conseguir una mejor
protección de consumidores y usuarios. Se trata, en definitiva, de acabar con las situaciones de auténtica desprotección, de auténtica vulnerabilidad social a las que se ha llegado con el
modelo que acaba de comentar con gran brillantez la diputada Nuria Buenaventura. Coincidimos plenamente con lo que ha manifestado respecto a la dación en pago; de hecho, el Bloque Nacionalista Galego ha registrado también iniciativas
similares. En segundo lugar, coincidimos con el otro eje de esta proposición de ley, la necesidad de impulsar una fiscalidad que prime la vivienda protegida y el alquiler. El tercer eje se refiere a impulsar un auténtico servicio público de
vivienda desde el respeto escrupuloso a las competencias autonómicas, dado que están en gran medida transferidas.
Por tanto, ratifico el apoyo del Bloque Nacionalista Galego y doy la enhorabuena al grupo proponente por suscitar un tema que está provocando una situación de extrema gravedad a muchas familias y a muchos trabajadores.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, expondré la posición de mi grupo de forma breve respecto a esta proposición de ley diciendo que si estuviéramos en la votación final de un dictamen que dijera lo que dice esta proposición de ley, la que ahora se nos somete a
consideración, el voto de mi grupo sería negativo, votaríamos que no. Digo más, si hubiera sido el Gobierno el que nos hubiera presentado este texto que hoy se somete a nuestra consideración y votación, el voto de mi grupo, incluso tratándose de
una simple toma en consideración, sería que no. Básicamente por dos razones. Una, que mi grupo no comparte en este tema -como no ha compartido, por cierto, en otros temas y en otros momentos- esta vocación política a una lectura expansiva, si no
simplemente omnicomprensiva, de los títulos competenciales de la Administración General del Estado, basándose, por ejemplo, en el artículo 149 de la Constitución, que se aplica hoy a la vivienda -ayer a otra cosa, mañana no sabemos a qué- en áreas
en las que las competencias de las comunidades autónomas son exclusivas. Esa no es, a nuestro juicio, la mejor forma de entrar a interpretar políticamente y a legislar, en su caso, los llamados bloques de constitucionalidad.
La lectura siquiera superficial del texto dispositivo que hace mi grupo del articulado de esta proposición de ley no coincide en absoluto con la valoración que la propia proposición de ley hace en su exposición de motivos, donde dice que a
todos estos fines se consagra esta ley, respetando, dice, el bloque de constitucionalidad, según ha sido interpretado en esta materia por la doctrina del Tribunal Constitucional y respetando también las competencias de las comunidades autónomas en
materia urbanística. Sigue diciendo que en todo caso esta ley está presidida por la voluntad de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de intervención mínima imprescindible para la garantía del derecho a la vivienda de toda la
ciudadanía española, con independencia de su comunidad autónoma de residencia. No lo interpretamos nosotros en estos términos, no hacemos esta valoración de lo que después dice la parte dispositiva. Esto se dice, pero, a nuestro juicio, el texto
no responde a lo que se recoge en esta parte preliminar. A la hora de valorar la toma en consideración de este proyecto no vemos tampoco ninguna razón política que la justifique. Puestos a optar, nos parece incluso que se trata de una proposición
de ley que puede calificarse como de poco oportuna políticamente hablando, aunque también somos conscientes de que criterios políticos de oportunidad se argumentan los que se quiere, por quien quiere y en el momento en que se quiere. Pero a
nosotros no nos parece oportuna. Sinceramente, a mi grupo le parece que siendo así que todavía en fechas recientes existía el Ministerio de Vivienda, por cuya desaparición hemos luchado notablemente durante toda esta legislatura con un éxito
político relativo, el que ahora de alguna forma se sustituya dicho ministerio por una ley de vivienda no nos parece lo que podemos entender como oportuno políticamente. Esto de que a falta de ministerio, hagamos una ley, sinceramente no nos parece.
Es al menos algo que como criterio de oportunidad política mi grupo no comparte. No comparte por supuesto que alguien pueda echar en falta el ministerio, pero es una valoración de cada cual; y no comparte tampoco que la legislación que ahora mismo
se requiere y hasta donde se requiere sobre el tema de la vivienda deba ser hecha primordialmente y de entrada desde las Cortes Generales. No estamos en contra de que haya leyes de vivienda.
De hecho, en el ámbito autonómico de Euskadi ahora mismo
este debate de una ley de la vivienda está sobre la palestra pública y al que también nosotros, desde el Grupo Nacionalista Vasco, le tenemos ganas. A nuestro juicio, si en algún sitio y de entrada hay que hacer una ley de la vivienda hay que
hacerlo en los ámbitos autonómicos donde están las competencias exclusivas. ¿Significa eso que nada hay que regular en relación con los temas de la vivienda en el Congreso, en las Cortes Generales? No, evidentemente. Hay no solo un ámbito
competencial con aplicación también en el ámbito de la vivienda que puede requerir, y hasta requiere, una regulación de ámbito estatal, pero ello no necesariamente debe conllevar, a nuestro juicio, que todos los aspectos relacionados con la vivienda
deban ser recogidos en una misma y única ley. Pueden ser abordados en distintas ocasiones y tratándose de muy distintas leyes.
En todo caso, mi grupo, más allá de no compartir ni determinados contenidos del proyecto de ley ni la técnica legislativa que se propone y su oportunidad, tampoco va a cerrarse a que si el resto de los grupos lo desean debatamos en relación
con la vivienda y sobre los distintos aspectos de la proposición de ley, que necesita, por cierto, un cierto remozado en determinados artículos, pero si hace falta y el resto de los grupos
estiman que este es un debate al que le tienen ganas, mi grupo no se negará. De ahí que la votación de mi grupo será de abstención.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el derecho a una vivienda que recoge el artículo 47 de la Constitución es un derecho social no subjetivo, es decir, que no confiere a sus titulares una acción ejercitable en el orden a la obtención directa de una
vivienda digna y adecuada. El derecho a una vivienda como mandato a los poderes públicos a que definan y ejecuten las políticas necesarias es el sentido que debe dársele, configurando un principio rector para las distintas administraciones que
deben regular la vivienda no ya como objeto de propiedad privada, sino para ser considerado un bien básico que debe ser tratado desde la Función pública.
Como consecuencia de lo anterior, las diferentes administraciones públicas han regulado en el
ámbito de sus competencias múltiples aspectos de la vivienda, como el propio inmueble, pero también otros elementos que conjuntamente deben permitir hacer efectiva la consideración de vivienda digna y adecuada: urbanización, servicios, seguridad,
condiciones higiénicas, etcétera. Las diversas sentencias del Tribunal Constitucional han confeccionado el marco competencial existente con una competencia exclusiva por parte de las comunidades autónomas en materia de urbanismo y vivienda,
mientras que el Estado ejerce las competencias de legislación básica en la regulación de los arrendamientos urbanos, el suelo, la confección de un régimen de vivienda que permita el acceso a la vivienda de los sectores con escaso poder adquisitivo
-lo que llamamos el Plan estatal de vivienda- o condiciones técnicas de edificaciones, entre otras cuestiones.
Debemos preguntarnos a la vista de esta proposición si es que el grupo que la propone cree que la actual regulación en materia de vivienda es suficientemente buena y garantiza suficientemente este derecho de los ciudadanos. La respuesta es
obviamente que no, especialmente porque ahora detectamos con toda su crudeza unos problemas derivados de la burbuja inmobiliaria que no se habían producido en crisis anteriores con estas magnitudes: sobreendeudamiento de las familias, que junto al
creciente desempleo está provocando un número cada vez mayor de desahucios de viviendas y unas consecuencias sociales cada vez más graves derivadas de los aspectos anteriores. Con el debate de esta proposición de ley cabe preguntarse si van a
permitir las medidas contenidas en esta iniciativa mejorar el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos. Bueno, quien hace esta proposición de ley propone tres tipos de medidas. En primer lugar, regula los créditos hipotecarios a través de
medidas como la prohibición a las entidades financieras de concesión de hipotecas cuando la cuota a pagar supera el 35 por ciento; establece un plazo máximo de amortización determinado; modifica las actuales cuantías inembargables y establece una
propuesta para el mantenimiento de la vivienda en caso de ejecución hipotecaria. Todo lo cual es a nuestro juicio tema de debate, como lo fue ya a través de una proposición no de ley de Convergència i Unió. En segundo lugar, la proposición de ley
habla de la introducción de modificaciones fiscales, algunas de las cuales están sobrepasadas por la propia realidad. De hecho, los dos años de existencia de esta proposición de ley no pasan en vano, la señora diputada no era aún diputada en
aquellos momentos, y por tanto el tiempo pasa. Finalmente hay un tercer apartado sobre la consideración de la vivienda como servicio público. Y es este apartado, señora diputada, el que nos hace tomar la decisión de no dar apoyo a esta proposición
de ley. ¿Por qué? Pues porque no es competencia del Estado. Concretamente, el título IV hace referencia al servicio público de vivienda como un instrumento al servicio del derecho del ciudadano a la vivienda digna, y nosotros consideramos que
esta materia es competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya, en su caso de las comunidades autónomas. Además, varios aspectos que aquí se regulan se han recogido ya. El grupo de la señora diputada lo llevó al Parlament de Catalunya y se
aprobó, por cierto en algunos casos con el voto en contra de Convergència i Unió porque no compartimos su modelo intervencionista. Por tanto, están ustedes invadiendo competencias y además están intentando colarnos un modelo intervencionista que
nosotros no compartimos. Algo parecido pasa con el título V, sobre el derecho ciudadano a la vivienda. Esta es otra competencia exclusiva, señora diputada, de las comunidades autónomas, y además los aspectos que aquí se regulan prácticamente se
han recogido, en muchos casos, aquí sí, con acuerdo de nuestros diputados en el Parlament de Catalunya, en la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda. Por cierto, en Andalucía hay también una ley similar y en otras comunidades autónomas también
existe una regulación parecida. Por tanto, desde este punto de vista, a nosotros nos parece que una ley con cinco títulos de los cuales dos constituyen un ejemplo clarísimo de invasión competencial no puede contar con el apoyo de Convergència i
Unió ni siquiera para iniciar su tramitación. Desde esta tribuna, su grupo y el mío hemos compartido en muchas ocasiones la crítica a invasiones competenciales. Los argumentos con usted y con su antecesor han sido muchas veces coincidentes, y por
eso nos sorprende extraordinariamente la presentación por parte de un grupo formado básicamente con la complicidad del federal señor Llamazares y por diputados nacionalistas de una proposición de ley tan claramente invasora de las competencias
autonómicas.
Por tanto, señoras y señores diputados, sintiéndolo mucho, porque vemos en el fondo de esta proposición propuestas razonables, algunas de las cuales discutiríamos y creo que incluso llegaríamos a consensuar, no creemos que debamos invadir
más competencias autonómicas motu proprio.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta proposición de ley presentada por Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
sobre el derecho a la vivienda. El texto que se nos presenta se articula sobre la base de tres ejes vertebradores o palancas, como los llaman en la exposición de motivos, el eje hipotecario, el eje fiscal y el eje de servicio público, que agrupa
los títulos IV y V, y en el que se recoge el derecho ciudadano a la vivienda.
Quiero adelantar que a mi grupo parlamentario le parece muy conveniente traer al debate en las Cortes Generales muchos de los aspectos de la proposición de ley que se plantean en torno al eje hipotecario: la cuantía de los préstamos
respecto al valor de la garantía, la calificación como cláusulas abusivas de algunas de las condiciones que hoy se imponen en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, o los procedimientos de ejecución hipotecaria hoy vigentes, que
consideramos desproporcionados y tremendamente injustos. Por eso aprobamos en la Comisión de Vivienda una proposición no de ley en la cual se instaba al Gobierno a analizar, en función del impacto que dicha medida podría suponer en el conjunto del
sistema financiero español, la posibilidad de establecer como regla general que la obligación garantizada se hiciera efectiva solamente sobre los bienes hipotecados. Y por eso hemos presentado también diversas iniciativas en torno a lo que
consideramos cláusulas abusivas. Pero a esa petición al Gobierno de la Comisión de Vivienda el Gobierno no le ha hecho ni caso, y es que el Gobierno hoy en día no está para estos menesteres. Ni está ni se le espera. Pero a este eje hipotecario me
referiré más tarde, pues es en los otros ejes, el de servicio público y en el fiscal, en los que recorremos caminos contrarios.
Lo que nos plantea la presente proposición de ley es ni más ni menos lo siguiente. Uno, los ciudadanos tienen derecho a exigir a las administraciones públicas -comunidad autónoma y ayuntamiento- la satisfacción de su derecho a acceder a una
vivienda digna y para ello se inscribirán en un registro demandante de vivienda protegida. Dos, las administraciones públicas -las comunidades autónomas y los ayuntamientos- deberán satisfacer su derecho a través de los siguientes mecanismos: el
acceso a un alojamiento dotacional en alquiler, el acceso a una vivienda protegida en alquiler, el acceso a un programa público de movilización de vivienda vacía o a la subvención del alquiler de una vivienda libre. Y tres, si las administraciones
públicas no lo hacen en unos plazos determinados los ciudadanos pueden exigirlo judicialmente. Esto, señorías, no hay Estado ni comunidad autónoma ni ayuntamiento que lo aguante y menos en los tiempos que corren. No me puedo ni imaginar si en
breve plazo los maltrechos ayuntamientos españoles comienzan a ser demandados judicialmente y condenados a entregar de inmediato una vivienda o a pagar un alquiler. Además, este eje de servicio público impone a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos, como se ha dicho aquí, unas obligaciones que invaden la competencia autonómica y la competencia municipal. En definitiva, señorías, más gasto, más déficit, más intervencionismo y más invasión de competencias que nuestra Constitución
reserva a las autonomías y a los municipios. Lo que se plantea es exportar a toda España las políticas llevadas a cabo por el tripartito catalán, con los resultados que de todos son conocidos.
En relación con el eje fiscal, la proposición de ley recoge un farragoso tratamiento de la vivienda en alquiler, tanto libre como protegida, pero sobre todo propone la práctica erradicación de la deducción por adquisición de vivienda
habitual que ya ha llevado a cabo el Gobierno, en el caso de vivienda libre, en el impuesto de la renta de las personas físicas, y con este punto estamos totalmente en contra. Señorías, una deducción por adquisición de vivienda se convierte en un
instrumento de política económica solo en el momento en el que se establece si se quiere incentivar la compra de vivienda o en el momento en que se suprime, cuando se quiere desincentivarla o castigarla, pero en medio, a lo largo de toda la vigencia
de esta deducción, no produce ningún cambio en el mercado, se convierte solo en una medida de política social. Lo que hace es conceder un tratamiento diferenciado a las familias que están realizando un esfuerzo económico en la adquisición o en el
alquiler de una vivienda que constituye su hogar familiar, diferenciándolas de aquellas familias que ya han terminado de pagarla o incluso que la hayan heredado. Se trata de facilitar un poco más las cosas a aquellos que están pagando por su
vivienda en compra o en alquiler, lo mismo que se hace un tratamiento diferenciado con aquellos ciudadanos que tienen cargas familiares, padres o hijos que convivan con ellos. Pero, como digo, la deducción por adquisición de vivienda sí se
convierte en un instrumento de política económica cuando se suprime, pues influye directamente en el mercado, y eso es lo que ha hecho de forma brutal el Gobierno y lo que propone hoy Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, desincentivar la compra de vivienda justo cuando ese mercado está completamente paralizado, todo lo contrario a lo que se debe hacer. El Grupo Parlamentario Popular no solo ha estado en contra de la supresión de
la deducción por adquisición de vivienda, sino que hemos propuesto incrementarla para facilitar las cosas a la familia y drenar el enorme stock de viviendas sin vender.
Por último, señorías, quiero referirme al eje que la proposición de ley denomina eje hipotecario y que se refiere al vigente procedimiento de ejecuciones hipotecarias y a determinadas condiciones habituales de los préstamos con garantía
hipotecaria, sobre todo el de la compra de la vivienda habitual. Señorías, consideramos que la crisis financiera global ha puesto en evidencia un sistema hipotecario enormemente desproporcionado e injusto, y el debate para su modificación hay que
traerlo a las Cortes Generales. Sabemos que tendrá impacto en nuestro sistema financiero y que debemos conocer el alcance de dicho impacto antes de acometer cualquier modificación. Por eso hemos pedido al Gobierno un informe, un análisis. El
Gobierno no quiere saber nada, pero eso no nos debe hacer girar la mirada hacia otro lado. Sabemos que el constante incremento de los plazos de devolución de los préstamos hipotecarios ha tenido consecuencias indeseables en el precio de la
vivienda. Sabemos que son abusivas las denominadas cláusulas suelo, que han impedido a muchas familias beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés. Entendemos también abusivas las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado del
préstamo en cuanto se incumple con los primeros pagos y también el establecimiento de intereses de demora, que en algunos casos alcanzan el 29 por ciento. Y consideramos completamente desproporcionado que un banco se pueda quedar, en ausencia de
otro comprador en la subasta, con la vivienda hipotecada por el 50 por ciento de su valor de tasación y el deudor, la familia, continúen debiendo el resto del préstamo por el resto de su vida, incluso aunque el banco años después venda la vivienda
con la que se ha quedado en garantía. Para todo ello el Grupo Parlamentario Popular, ese que, según los socialistas, no tiene alternativa, ha presentado diversas iniciativas y aprobado con otros grupos otras de ellas aquí, en las Cortes Generales.
Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y ahora solo falta que el Gobierno haga el suyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Matos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Fuentes Pacheco.
La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta tarde el Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida trae una toma en consideración que el Grupo Socialista tiene que votar en contra. Y tiene que votarla en contra porque aunque coincidimos plenamente, como hemos coincidido
en otras muchas ocasiones, tanto en los objetivos como en los deseos, entendemos que esta proposición de ley no solamente no cumpliría con los objetivos que nos hemos marcado y que ustedes demuestran marcarse en esta iniciativa, sino que además iría
en contra de los mismos. En primer lugar, porque a una situación coyuntural y excepcional como la que estamos viviendo, el Gobierno ha dado respuestas, las ha estado dando desde el comienzo de la crisis, de forma ágil y rápida. Una medida, entre
otras muchas, ha sido la puesta en marcha en un tiempo récord de un real decreto que permite agilizar y tomar medidas consecuentes con la situación que estamos viviendo. En concreto, estamos hablando del Plan Estatal de Vivienda, un plan que estará
vigente hasta 2012 y que intenta solucionar de forma rápida y veloz una situación que en muchos Estados se ha dado de manera parecida y que España se agrava con la crisis inmobiliaria, de tal modo que el Estado ha puesto en marcha medidas
específicas, medidas sociales para aquellas personas que se han visto afectadas por esta crisis económica, social y, cómo no decirlo, inmobiliaria, porque tiene un origen inmobiliario. Además, por primera vez un plan nacional de vivienda está
hablando de alquiler, de rehabilitación y lo hace recogiendo supuestos específicos, como usted bien sabe. De hecho, son más amplias las referencias que hace el propio Plan Estatal de Vivienda que las que usted presentaba hoy en esta Cámara. Desde
luego, el Gobierno está luchando -lleva haciéndolo muchos años- contra la burbuja inmobiliaria, que ya hemos analizado tanto en Comisión como en Pleno y que tiene orígenes clarísimos. El primero es que hubo un acceso al crédito desmedido, por lo
que se han puesto en marcha medidas -ahora las veremos- para acabar con dicho crédito, que además el propio mercado está regulando. Estamos viendo cómo cada vez se conceden menos créditos. Hemos visto cómo se revalorizaba el precio de la vivienda
y lo hacía a niveles velocísimos.
Esto hizo que muchas personas considerasen que la única forma de vivir en nuestro país era adquiriendo una vivienda, que en muchos casos la entendían no ya como el lugar donde vivir, sino como una inversión
rentable de futuro, lo que ha llevado a que nos encontremos con un país muy endeudado cuando se estaba creciendo como hasta ahora no se había crecido en este país.
Tenemos perfectamente analizado cómo la crisis en España pasa de ser una crisis económica y financiera a ser una crisis social, con una característica que nos diferencia del resto de los países y es que tiene un marcado valor inmobiliario.
Desde que empieza a diagnosticarse la crisis el Gobierno empieza a tomar medidas para acabar con esta burbuja inmobiliaria que muchos coincidimos en que su origen está en la Ley del Suelo, en la situación que se vivía en España a finales de los años
noventa, y en una apuesta firme y sólida por la vivienda en propiedad y no por la vivienda en alquiler. De ahí que en 2007 se ponga en marcha la renta básica de emancipación y el Gobierno tome medidas muy activas para hacer que en este país podamos
hablar, cuando lo hacemos del derecho a la vivienda que reconoce el artículo 149, de vivienda en régimen de alquiler y no
solamente de vivienda en régimen de propiedad. Por tanto, no solamente tenemos que cambiar una estructura y un modelo de mercado inmobiliario, sino también una estructura y un modelo mental, ya que hemos primado el derecho a la propiedad
frente al derecho a una hipoteca. Estamos hablando de cómo hemos sobrehipotecado a los ciudadanos en el día a día, que es una situación que tardaremos en remediar. Pero el Gobierno sí ha hecho sus deberes, los ha hecho, los está haciendo y los va
a seguir haciendo con el nuevo proyecto para modificar la Ley Hipotecaria. Se puso en marcha la aprobación de la moratoria, es decir, se puso en marcha una medida excepcional y con carácter urgente para las personas que estaban en desempleo,
especialmente para aquellos que eran autónomos; se amplió la inembargabilidad del sueldo y se intentó acomodar a la realidad salarial y laboral que vive actualmente nuestro país. Al mismo tiempo se han puesto en marcha medidas para que cada vez
exista más conexión entre la tasación que se hace de la vivienda y el precio posterior de la misma.
Por lo tanto, se están tomando medidas para garantizar que cuando una persona haga una inversión, como en muchos casos se está sobreendeudando, que
ese sobreendeudamiento no sea mayor que el tiempo que vaya a poder disfrutarla. Asimismo, se han robustecido los derechos de los ciudadanos cuando están en un proceso de acreedores y por último se han establecido medidas -que además se han aprobado
en la Comisión de Vivienda- para que exista una mayor información por parte de la persona que va a contraer una hipoteca. Por lo tanto, las medidas están en marcha; desde luego tendremos que seguir aplicando medidas, pero estas tienen que ser
puntuales, tienen que ser coyunturales y además tienen que ser efectivas y de acuerdo con la normativa vigente. Por supuesto entendemos en el Grupo Socialista que no podemos hacerlo invadiendo competencias de las comunidades autónomas porque además
ellas están hablando del derecho a la vivienda, se está aprobando, como estamos viendo en muchas comunidades, por ejemplo en la mía, en Andalucía. Tampoco podemos cargar de obligaciones a los ayuntamientos si no los dotamos de una nueva forma de
financiación, que es lo que haríamos si no resolvemos su situación económica antes de dotarlos de mayores competencias.
Finalizo diciendo que sí estamos, señor Matos, que miles de ciudadanos nos han votado y nos esperan, y que además para miles de ciudadanos, los que tienen más necesidades, seguimos trabajando y seguimos haciendo política de vivienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fuentes.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS Y SEÑOR PERESTELO), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL, SOBRE RACIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.
(Número de expediente
122/000206.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, sobre racionalización del régimen de las diputaciones
provinciales. Para defender la toma en consideración de esta proposición de ley, tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la presente proposición pretende modificar la Ley de Bases de Régimen Local de manera que sean las comunidades autónomas las que articulen las entidades provinciales en su estructura institucional, posibilitando
con ello mayores niveles de eficacia en la acción administrativa y una utilización más racional de los recursos públicos. Señorías, la actual situación de crisis económica ha suscitado un debate sobre la necesidad de racionalizar las distintas
estructuras administrativas para corregir desequilibrios, evitar duplicidades y dotarlas de mayor eficacia. Un debate que el BNG está dispuesto a dar con claridad, combatiendo prejuicios y aportando propuestas concretas como las contenidas en esta
proposición de ley. Es evidente, si hacemos alusión a este debate, que desde algunos ámbitos se pretende aprovechar la crisis económica para iniciar una ofensiva recentralizadora, presentando a las comunidades autónomas como las culpables de todos
los males. La crisis está intentando ser aprovechada para lograr una mayor concentración de la riqueza y del poder económico, y esta mayor concentración del poder económico necesita una mayor concentración del poder político que la haga viable;
esto es lo que explica la ofensiva contra las comunidades autónomas. No es raro que esta ofensiva, señorías, coincida con el intento de desamortizar nuestras cajas de ahorro. Se intenta presentar a las comunidades autónomas como despilfarradoras,
ignorando que de la deuda pública del conjunto de las administraciones, la Administración central representa el 44,1 por ciento del PIB, la deuda de las comunidades autónomas el 9,9 y el 3,4 la de los ayuntamientos. El déficit público de las
comunidades autónomas apenas representa el 16 por ciento del total, pese a que son responsables de gestionar el 36 por ciento del gasto. Además del gasto que gestionan las comunidades autonomías, casi un 70 por ciento lo absorben servicios públicos
básicos, como la educación, la sanidad y los servicios sociales; áreas donde no es fácil reducir el gasto sin debilitar servicios y prestaciones esenciales para el bienestar de los ciudadanos. Los que presumían hasta hace poco de que el Estado
español es el Estado más descentralizado del mundo, los que afirmaban que las comunidades autónomas han contribuido de manera decisiva a asegurar la cohesión territorial, nos dicen
ahora que el Estado de las autonomías necesita una poda, y algunos incluso afirman que el Estado de las autonomías no es viable. Dicen, quienes afirman esto, que es ridículo que existan diecisiete defensores del pueblo, como si no hubiesen
sido ellos los impulsores del café para todos, sin duda, para diluir en ese totum revolutum la identidad nacional vasca, gallega y catalana.
Señorías, nosotros no tenemos ningún inconveniente en revisar el café para todos, pero si queremos racionalizar estructuras administrativas, evitar duplicidades, dotarlas de mayor eficacia, antes habría que abordar otras cuestiones. Tras
más de treinta años de democracia el número de ministerios sigue siendo prácticamente el mismo, pese a que muchas de las competencias se han transferido a las comunidades autónomas. Señorías, ¿es esto lógico, pero, sobre todo, es lógico que en
estos treinta años se haya desarrollado un nuevo modelo de organización política y territorial del Estado sin cuestionar el modelo provincial preexistente?
La vigente organización territorial e institucional de los entes locales es fruto de un proceso histórico iniciado y desarrollado fundamentalmente a lo largo del siglo XIX. Un modelo diseñado a imagen y semejanza del modelo centralista
francés. Un modelo obsesionado por la uniformidad, por el propósito de asegurar una acción política homogénea en el conjunto del Estado aplicando las directrices del poder central. Un diseño que se correspondía, por tanto, con una visión del
ejercicio del poder que hoy en día está total y absolutamente desfasada, y es incompatible con un sistema institucional basado en la descentralización. Un diseño que históricamente ha servido en muchos territorios para alimentar y reproducir el
clientelismo político, en definitiva, para convertir en norma la discrecionalidad y el favoritismo a la hora de repartir los recursos públicos
Señorías, aún hoy en día en Galicia tenemos sobrados ejemplos. Aún hoy en Galicia hay presidentes de diputación que dedican buena parte de su tiempo a captar tránsfugas para promover mociones de censura en los ayuntamientos de la provincia
que no son de su color político. Aún hoy en día hay diputaciones, como la de Ourense, que es la segunda empresa empleadora de la provincia; la primera el pasado año, con 542 contrataciones. Reconocerán, señorías, que no está nada mal en el tiempo
de crisis que estamos viviendo. Eso sí, casi todas las personas contratadas están vinculadas directamente o por relaciones de parentesco con el partido que la gobierna. La mitad de los empleados de esta institución están vinculados al Partido
Popular. De los 485 concejales del Partido Popular en la provincia, 400 trabajan en la diputación de forma directa, o lo hacen familiares directos. Y mientras esto ocurre, señorías, el 86,5 por ciento del presupuesto de esa diputación lo absorben
los gastos de funcionamiento de la propia institución; tan solo un 13,5 por ciento se destina a inversiones o a prestar servicios a los ayuntamientos. Un presupuesto que, además, depende en un 97 por ciento de ingresos procedentes del Estado o de
la comunidad autónoma. Recursos que, si se destinasen directamente a los ayuntamientos de la provincia, permitirían que la mayoría de ellos duplicasen su presupuesto.
Señorías, es lógico que las diputaciones actúen en ámbitos donde las competencias están residenciadas en las comunidades autónomas o en otros donde las competencias las pueden asumir directamente los ayuntamientos.
La diputación de Ourense
es tan solo un ejemplo. Las diputaciones de régimen común gestionan casi 6.700 millones de euros al año, el 8,3 por ciento del gasto del conjunto de las administraciones locales en el Estado español, pero de dicho gasto la mayor parte, más de un 60
por ciento, se destina a gasto corriente y casi un 10 por ciento a amortizaciones y pago de intereses de deuda. El peso en el presupuesto del gasto corriente y del gasto financiero es superior al de la mayoría de los ayuntamientos, pero además
apenas 1 de cada 5 euros de su presupuesto procede de ingresos propios, frente al 46,3 por ciento de los ayuntamientos. En suma, el régimen de estas diputaciones es manifiestamente ineficiente y una parte muy importante de su gasto, procedente en
su mayoría -lo recuerdo- de transferencias estatales y autonómicas, tan solo contribuye a mantener la estructura burocrática sin que tenga traducción en inversiones y en servicios a los ayuntamientos.
Señorías, es que además en España existen 8.112
municipios y existe un amplio consenso político sobre la necesidad de superar la atomización municipal, de reforzar la cooperación entre municipios, de avanzar en una gestión mancomunada de los servicios. Se trata con ello de reducir costes y
beneficiarse de las economías de escala para prestar un servicio más eficaz a los vecinos. ¿Pero es lógico que se creen mancomunidades comarcales o que se creen áreas metropolitanas sin revisar antes ninguna de las estructuras preexistentes? El
BNG es claramente partidario de dotar de personalidad política a las comarcas gallegas, pero por muy necesarios que sean estos nuevos entes territoriales, crearlos sin al mismo tiempo reformar los ya existentes tendría un efecto perverso: crear más
burocracia, más marasmo administrativo.
Señorías, el BNG es también partidario de plantearse como horizonte la desaparición de las diputaciones, haciendo salvedad del hecho foral e insular, realidades singulares que requieren un reconocimiento específico. Es más, desde el propio
Gobierno central se han alzado voces haciendo suyas también estas reflexiones. El propio vicepresidente tercero la semana pasada en el Senado se manifestó dispuesto a abrir este debate. Pero, señorías, esta proposición de ley no va tan lejos.
Somos conscientes de que la supresión de las diputaciones es una cuestión compleja, por cuanto exige una reforma de la Constitución, pero por lo menos debe tenerse la valentía política de abordar la reforma de estas instituciones. En esta
proposición defendemos que se modifiquen las bases en materia de régimen local, de manera que sean las comunidades autónomas quienes articulen las entidades provinciales en su estructura institucional,
al objeto de adecuar los niveles administrativos locales a cada realidad territorial. Se trata, en definitiva, de que el régimen común de las provincias, hoy mayoritario, pueda ser adaptado por cada comunidad autónoma a sus peculiaridades.
La Constitución de 1978 contiene referencias a la autonomía provincial y a las propias diputaciones como entidades locales que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. Sin embargo, el texto constitucional no precisa cuáles son esos
intereses ni tampoco las competencias que el legislador debe atribuir a la provincia para atenderlos. Fue a través de la normativa básica en materia de régimen local como se concretó la organización de estas entidades provinciales y el elenco de
competencias asignado para la gestión de sus intereses locales. Esa normativa básica, en vez de constreñirse a un marco general indispensable para satisfacer el mandato constitucional, supuso una regulación agotadora, que de facto impidió la
configuración de opciones diversas por parte de las comunidades autónomas, salvo las especialidades ya contenidas en la propia Ley de Bases del Régimen Local relativas a las comunidades autónomas uniprovinciales, las forales y las realidades
insulares. En consecuencia, es necesario corregir esto. En esta proposición defendemos que las diputaciones mantengan como núcleo indispensable de la gestión de los intereses locales la asistencia técnica a los municipios y la participación en los
instrumentos de planificación cuando fuese de estricto interés provincial. El resto de competencias serán las que determinen los poderes legislativos de las comunidades autónomas de acuerdo con su legislación en materia de régimen local.
Señorías, se trata, por tanto, de adecuar las instituciones provinciales a la realidad territorial del Estado español, que es diversa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es total y absolutamente distinto, señorías, la forma de
asentamiento de la población en el territorio en Galicia que en nuestra comunidad vecina, Castilla y León, por poner un ejemplo; y no tiene el mismo arraigo la realidad provincial. Pero se trata también, señorías, de introducir racionalidad en la
estructura administrativa y austeridad en el gasto público al posibilitar el traslado de algunas de las funciones de las diputaciones y también de algunos de sus servicios a otras administraciones con un coste menor para los administrados. Se trata
también con ello de dotar de más recursos económicos a los municipios, instituciones más próximas a los ciudadanos y auténticos entes representativos del interés local. Estas son las razones que fundamentan esta proposición de ley; creemos que es
una propuesta enormemente sensata y por esa razón, señorías, el BNG solicita a los grupos de la Cámara el apoyo a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Para fijar posición tiene la palabra don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, es evidente que uno de los grandes temas pendientes del Estado español es la Administración local, su organización y sobre todo su financiación. La iniciativa que nos trae hoy el Bloque Nacionalista Galego incide en algunos de los
aspectos de la organización y competencias de las diputaciones provinciales, en las que se otorga -o pide que se otorgue- un papel a las comunidades autónomas para decidir cuáles son las atribuciones de las diputaciones; todo ello sin poner en
cuestión ni las provincias ni la figura de las diputaciones provinciales.
Avanzamos ya nuestro voto afirmativo a la toma en consideración. La apelación a la racionalidad en la estructuración de la Administración pública en beneficio de los entes
locales por su cercanía, por su proximidad a los ciudadanos nos parece una apuesta muy acertada. Estamos convencidos de que conviene una reforma a fondo del entramado a veces confuso en el que se acaban ubicando las diputaciones.
En Cataluña, por ejemplo, si bien siguen vigentes las instituciones provinciales, se han puesto las bases para una mayor racionalización de la Administración local con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y la reciente
Ley de Veguerías. En definitiva, se trata de cumplir con los principios de la Ley de Bases de Régimen Local, de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa de los ciudadanos, como ha repetido en varias ocasiones el
portavoz del BNG.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña dispone que la organización territorial básica del país se estructura en municipios y veguerías. La restauración de esta figura tiene por objeto sustituir a las diputaciones provinciales; por
tanto, nuestra intención sería ir más allá de lo que ha planteado el Bloque Nacionalista Galego.
Haciendo un poco de historia, con la estructuración fijada por el Estatuto de Autonomía y con una denominación que entronca con las instituciones históricas de Cataluña, se reanuda la división política y administrativa vigente en Cataluña
hasta los decretos de nueva planta, posteriores a la guerra de sucesión a principios del siglo XVIII. En aquellos momentos, con una amplia autonomía política, la división interior de Cataluña se articulaba en veguerías. El Gobierno de la
Generalitat recuperó esta organización territorial mediante decreto de 27 de agosto de 1936, que estructuraba el territorio en treinta y ocho comarcas agrupadas en nueve veguerías o regiones, de modo que la veguería se configuraba como una división
más apta que la comarca para las necesidades del Gobierno y la Administración de la Generalitat en el territorio.
La veguería, pues, se define como el ámbito territorial específico para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local, investida de la condición de Gobierno local con autonomía para la gestión de sus intereses. A la vez, la
veguería también se configura como la división para la organización territorial de los servicios de la Generalitat, que debe adaptar sus órganos
territoriales a la nueva división de veguería. El Estatut y la Ley de Veguerías respetan el marco constitucional, pues simplemente se produce una sustitución de su órgano de gobierno, la diputación provincial, por el consell de veguerías, y
no afecta, por tanto, las otras naturalezas que la propia Constitución atribuye a la provincia: circunscripción electoral para las elecciones generales y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. No obstante, más
allá de la Ley de Veguerías y del propio Estatuto de Cataluña, para hacer efectiva la nueva división administrativa en Cataluña se precisa la reforma de las leyes estatales.
Por tanto, y resumiendo, si bien estamos por la superación y la supresión de las provincias, la iniciativa del Bloque va en la línea de que sean las comunidades autónomas las que den contenido a las diputaciones provinciales, lo que a
nuestro parecer es positivo. Y también juzgamos positivo el mandato al Gobierno, comprendido en la disposición adicional segunda, sobre la necesidad de afrontar una reforma del régimen de financiación local, pues uno de los principales problemas
del mundo local es la situación financiera, en especial la de los pequeños municipios con poca capacidad de generar recursos propios y obligados a depender caritativamente de los fondos supramunicipales. En definitiva, pues, daremos nuestro apoyo
al texto propuesto por el BNG, pese a considerar que se queda desde nuestro punto de vista corto y que se podría incluso ir mucho más allá en la racionalidad de la estructura de las administraciones públicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Don Emilio Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Vamos a votar de forma favorable, positiva, esta proposición de ley porque nos ha parecido lúcida la reflexión del señor Jorquera y compartimos todo su argumentario en un doble sentido. Primero, por el activo, por la parte positiva de su
argumentación. Evidentemente las organizaciones provinciales carecen de identidad institucional, tanto en el texto constitucional como en los textos de desarrollo de la Constitución. Y nos parece razonable también el argumento troncal de su
proposición de ley, que sea la legislación autonómica la que provea de competencias allá donde deban mantenerse, allá donde tengan sentido institucional, allá donde provean de eficiencia a la estructura organizativa de la Administración del Estado.
Además, nos parece también muy positiva la proposición de ley presentada por el BNG por lo que excluye: excluye a los cabildos insulares, excluye a las diputaciones forales vascas, incluida la navarra, y excluye a aquellas instituciones
provinciales cuyo tronco o instrumento de legitimación se basa en primer lugar en la actualización de los derechos históricos a los que provee la disposición adicional primera de la Constitución, en el régimen foral histórico y tradicional con el
que se enraízan las diputaciones forales vascas previstas en las leyes forales abolidas y luego recuperadas por la disposición derogatoria segunda de la Constitución del año 1839 y por la Constitución de 1878 en relación con el concierto económico y
por las previsiones del propio Estatuto de Autonomía de Gernika en relación con las diputaciones vascas consignadas por dos preceptos fundamentales, que son el 37 y el 25, que establecen la singularidad institucional de las diputaciones forales
vascas. Nosotros, como partido y grupo parlamentario, nos felicitamos de la dimensión institucional que tienen nuestras diputaciones forales. Seguramente los representantes del Grupo canario también lo harán de los cabildos insulares, que son
entidades provinciales, de estructura provincial o de territorio histórico, que constituyen categorías jurídicas absolutamente dispares y diversas, incluso contradictorias, de las demás, que no están ni bien definidas constitucionalmente, ni bien
definidas estatutariamente, ni bien definidas en la Ley de Bases del Régimen Local que, por cierto, identifica de forma muy precisa las competencias de los municipios y deja en una especie de limbo jurídico, en una especie de elemento del etéreo, de
tercera dimensión, las competencias de estas diputaciones forales.
Como el señor Jorquera ha comentado, nosotros estimamos que cada comunidad autónoma tendrá que tomar determinaciones tan relevantes como las siguientes: si son pertinentes o no son
pertinentes, es decir, si deben continuar existiendo o no, y cuáles son sus competencias. Él ha citado dos, una pragmática y desde un presupuesto intelectual basado en la consideración de que no son pertinentes realmente, que no deben continuar
existiendo. Pero hay elementos de asistencia y de cooperación con los municipios, de planificación del territorio de carácter no municipal y algunos otros. Estas reflexiones se hacen siempre con el brazo intelectualmente encogido, con poca
convicción respecto a la pertinencia de su existencia y, en definitiva, si tienen que continuar subsistiendo las de régimen común, solo las de régimen común, que lo hagan en virtud de las determinaciones del derecho autonómico en materia de
instituciones de autogobierno y en materia de competencias asignadas a instituciones de esta naturaleza.
Por lo tanto, vamos a votar que sí desde el respeto que los argumentos y el contenido material de la proposición de ley presentada nos merecen y particularmente, señor presidente, desde la consideración de las exclusiones. Las exclusiones
son muy relevantes. Las diputaciones forales vascas son mucho más que diputaciones, son cogobierno autonómico, son administración tributaria, son régimen foral con competencias equiparables prácticamente a las previstas en el Estatuto de Autonomía
de Gernika para el Gobierno vasco, y los cabildos insulares son algo parecido a esto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Don Jordi Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, son más de treinta y dos los años de vigencia de la actual Constitución y en desarrollo de la misma se ha configurado un Estado autonómico con diecisiete comunidades autónomas que, como bien recuerda el
propio presidente de la Cámara, no era un modelo ni un mapa prefigurado en el momento de aprobarse la Constitución y que incluso ha llevado a territorios a ser comunidades autónomas cuando ni tan siquiera había una voluntad real de autogobierno para
esos territorios. Ha sido un modelo que se ha ido configurando y al final tenemos ese mapa con diecisiete comunidades autónomas, con diecisiete estructuras administrativas autonómicas con sus respectivos consejos de gobierno y también con sus
parlamentos propios, cuando el modelo inicial no contemplaba necesariamente que todas las comunidades autónomas tuviesen que tener su parlamento. Había unas, las que se constituían al hilo de la vía rápida y que inicialmente eran las tres
históricas -Euskadi, Cataluña y Galicia- pero después se extendió, y Andalucía también se adhirió por referéndum, pero es que todas las comunidades autónomas han fotocopiado un cliché de estructura de autogobierno que está ya consolidada en el
actual mapa autonómico.
Pues bien, llevamos treinta y dos años con ese modelo, un modelo que evidentemente ha generado nuevas burocracias y, en cambio, no hemos reducido la estructura provincial previa a ese modelo. Seguimos teniendo una estructura de división por
provincias que la Constitución concibe como aquella división territorial para que el Estado pueda seguir prestando sus servicios. Pero la provincia es algo más, es también una realidad supramunicipal con un órgano de gobierno: la diputación. A la
vez, algunas comunidades autónomas que tenían una realidad nacional previa y un sistema de estructura territorial previo también, desarrollando esa estructura territorial han producido un solapamiento con esa realidad supramunicipal que es la
provincia y su órgano de gobierno, la diputación. Por este motivo, en buena lógica, el artículo 91.3 del nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya del año 2006 ya prevé que los consejos de veguería, estructurando en el ámbito supramunicipal a la
veguería, que agrupa a varias comarcas y muchísimos municipios, sustituyan a la diputación. Esto está en el articulado del propio estatuto, artículo 91.3. Es cierto que si desarrollamos unas estructuras debemos replegar otras. Por tanto, en buena
lógica Convergència i Unió va a votar que sí a la propuesta que hoy nos plantea el señor Jorquera en nombre del Bloque Nacionalista Galego. ¿Por qué votaremos que sí? Porque va en la lógica de reforzar las estructuras propias de cada uno de los
territorios y, de alguna manera, superar estructuras que en ocasiones son artificiales. No digo que lo sean en todas partes, yo hablo del caso de Cataluña, donde lo son: la estructura de división provincial. Incluso el propio estatuto en la
disposición adicional sexta ya dice que la Administración ordinaria debe ser la Generalitat. Ahora que estamos en tiempos de austeridad, ¿de qué forma podríamos ahorrar gasto público y hacer decrecer el déficit? Pues si algunos servicios que
presta la Administración General del Estado en el territorio -porque es competente el Estado- los pudiera prestar a través de la estructura autonómica allí existente, se evitarían duplicidades, produciendo un modelo de mayor simplicidad y
proximidad, porque las comunidades autónomas también son Estado, refuerza la realidad estatal el hecho de considerar también a las comunidades autónomas como Estado. Por tanto, evitemos duplicidades, ahondemos en la línea de la simplicidad y
reforcemos aquellas estructuras propias de las comunidades autónomas que tienen esa voluntad de construirlas, ejecutarlas y desarrollarlas, pero teniendo en cuenta el necesario repliegue que deben tener estas estructuras más artificiales como las
provincias y las diputaciones.
Por tanto, apelo a esa lealtad institucional. En el Estatuto de Autonomía de Catalunya aprobado por estas Cortes Generales en 2006, en el artículo 5, hablamos de derechos históricos de Catalunya como fundamento de nuestro autogobierno y
entre ellos se otorga una posición singular a la Generalitat en su sistema institucional propio, un sistema donde existen comarcas y veguerías pero no la realidad de las diputaciones. Por tanto, vamos en la línea correcta. Señor Jorquera, el único
aspecto que tenemos de debate, que planea sobre el mismo es el hecho de que el propio Gobierno ya ha anunciado -lo viene anunciando desde hace más de cuatro años, desde la pasada legislatura- un nuevo proyecto de ley de gobierno local. Quizás sea
ese el momento oportuno, pero no nos engañemos, señor Jorquera, su grupo y el mío saben perfectamente que ese nuevo proyecto de ley va a seguir consolidando las competencias de las diputaciones, cuando la ciudadanía nos pide que sepamos mover ficha
y saber mover ficha quiere decir aligerar y sacar grasa de donde se pueda sacar. En las diputaciones en este momento hay mucha grasa que sobra, por lo que podríamos acotar mucho más sus competencias y sus funcionalidades y, en el caso de Catalunya,
sustituirlas con una nueva realidad, que serían los consejos de veguería.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Janè.
Tiene la palabra don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señoría, evidentemente el punto en que nos encontramos hoy, este frente común que los grupos nacionalistas que han hecho contra las diputaciones provinciales, tiene un origen, y ese origen es evidentemente el fracaso absoluto del Gobierno
del Partido Socialista que, como
bien ha dicho algún portavoz, lleva cuatro años -y más de cuatro años- hablando de una nueva ley de gobierno local y de nueva financiación local pero que en esta legislatura no ha sido capaz de presentar ni un solo proyecto de ley referido
al ámbito de Administración local, tanto ayuntamientos como diputaciones.
Quiero decirle al portavoz del Bloque Nacionalista Galego que está muy bien que hable de la diputación de Orense, pero poco le he escuchado a usted de la diputación de Lugo. Le voy a dar un dato, así como una referencia, para que sepa cómo
actúan unos y otros, señor portavoz del BNG. Ha habido hace poco unas elecciones en Galicia, a ustedes les han puesto en la oposición y a nosotros con mayoría absoluta en el Gobierno de la comunidad. Ustedes, en la diputación de Lugo, donde
colaboran con el Partido Socialista, tienen tres diputados provinciales; de esos tres diputados provinciales, uno es vicepresidente primero y otro vicepresidente tercero de la diputación. Eso es lo que tiene que explicar en esta Cámara antes de
intentar dar ejemplo al Partido Popular.
Entrando en la proposición de ley que presenta el Bloque Nacionalista Galego, las modificaciones, y en algunos casos derogaciones, de artículos de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local y también de artículos de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, de Régimen Electoral General, afectan básicamente a las provincias y a los órganos de gobierno de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, y están orientadas a que sean las legislaciones de las diferentes comunidades autónomas
las que establezcan sus competencias, financiación y las normas de organización y funcionamiento. Era lógico y previsible que todas las fuerzas nacionalistas apoyaran esta proposición de ley, pero evidentemente el Grupo Parlamentario Popular va a
votar en contra de la misma, porque lo que se pretende es trasladar lo que es una estructura básica del Estado a las comunidades autónomas para que de ellas dependan las diputaciones y, como algún grupo ha planteado, desaparezcan las propias
diputaciones. De manera resumida, los objetivos que plantea esta proposición de ley son: limitar la autonomía en los términos que establezca la legislación autonómica; establecer las competencias de las diputaciones en los términos que establezca
la legislación autonómica; restringir su capacidad organizativa; suprimir la cautela que establece la Ley de Bases de Régimen Local para que las normas de desarrollo no puedan limitar su ámbito de aplicación; controlar la función de asistencia y
cooperación que la Ley de Bases atribuye a las diputaciones y establecer los recursos destinados a esta. Asimismo, pretende fijar los fines y objetivos, así como establecer el procedimiento para la designación de sus miembros y órganos en las
distintas representaciones, así como suprimir las competencias que establece la Ley de Bases de Régimen Local y la capacidad del Estado para fijarlas y, por tanto, el carácter básico que debe tener la Ley de Bases de Régimen Local, atribuyéndoselo
exclusivamente a las comunidades autónomas. Se pretende coartar la libertad de colaboración con los municipios para el impulso y utilización de las tecnologías de la información para supeditarlo a lo que establezca la legislación autonómica;
suprimir todos los aspectos relativos a la organización institucional de la provincia y los órganos de gobierno y sus funciones, y otorgar a las comunidades autónomas la capacidad para realizar su diseño institucional y organizativo. Finalmente,
eliminar todo el título V de la Ley Orgánica 1/1985, de Régimen Electoral General, en el que se establecen las incompatibilidades y el procedimiento electoral para la elección de diputados provinciales, y atribuir a cada comunidad autónoma toda la
capacidad normativa para el procedimiento electoral.
Por si esta invasión en las competencias y organización de las diputaciones y la autonomía de las mismas fuera poco, también pretenden que las comunidades autónomas controlen los recursos económicos procedentes del Estado, en este caso, de
todas las entidades locales, así como las funciones de gestión, control y fiscalización de las mismas. Por último, y no menos importante, pretende facultar a las comunidades autónomas para la distribución competencial y configuración de las
entidades locales de sus territorios y el traspaso de las competencias de las diputaciones provinciales y entidades dependientes de estas. Es decir, con todas estas modificaciones pretenden eliminar la autonomía de las diputaciones provinciales, de
sus instituciones, de sus órganos, consagradas en nuestra Constitución en un plano de igualdad con las comunidades autónomas, para convertirlas en unas instituciones menores tuteladas, organizadas y dirigidas por las comunidades autónomas. Se
alteran los artículo 137 y 141 de la Constitución española. Además en este caso también, a través de esta proposición de ley, se ataca directamente al artículo 142 de la Constitución española en lo referido a que las haciendas locales deberán
disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.
En definitiva, ¿qué afronta esta proposición de ley? Yo no voy a negarles que abre un debate que todos hemos pedido -y que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular han pedido reiteradamente en esta Cámara tanto en Pleno como en
Comisión-, que es hablar de la reorganización de las administraciones públicas, lo que pasa es que los grupos nacionalistas siempre quieren desinflar todo el Estado, desinflar toda la estructura del Estado para potenciar a las comunidades autónomas.
Nosotros entendemos que evidentemente hay otros sistemas para llevar mejor a efecto una racionalización de todas las administraciones públicas y favorecer el que sea gestionado mejor ese dinero de los ciudadanos que, con el esfuerzo de cada uno de
ellos a través de sus impuestos, se viene aportando a las administraciones públicas.
Pero señorías, nosotros, el Partido Popular, hemos planteado, planteamos y plantearemos una serie de reivindicaciones
y exigencias al Gobierno de la nación. Ya hemos planteado en esta Cámara en esta legislatura y vamos a seguir planteando que es necesario fortalecer y modernizar el papel de las diputaciones provinciales, que es necesario aclarar las
competencias. Hemos dicho por activa y por pasiva en esta Cámara que necesitamos aclarar las competencias. Se ha hablado aquí de duplicidades y nosotros estamos de acuerdo y lo hemos denunciado mucho, pero es que el Gobierno se niega -y se ha
negado durante toda esta legislatura- a hablar de esta cuestión, y los que son miembros de la Comisión de Política Territorial lo saben perfectamente. La pregunta es por qué el Gobierno no quiere hablar, por qué el Gobierno no quiere actuar, por
qué el Gobierno está permitiendo el déficit que están teniendo las administraciones públicas y que ha llevado a nuestro país a la situación económica que tenemos y a los 4.700.000 parados. Esa es la respuesta que tendrían que dar el Gobierno y el
Grupo Parlamentario Socialista porque ese es el origen de esta proposición de ley y es el origen del problema. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, se lo hemos dicho al vicepresidente tercero: estamos dispuestos a hablar y a negociar.
Pero hay una negativa constante de este Gobierno tanto a hablar de las competencias de las distintas administraciones como a afrontar un tema tan delicado y tan urgente, porque están desapareciendo muchas pymes y autónomos por culpa del impago de
las administraciones públicas.
Ustedes saben que aquí hemos votado todos en contra del Gobierno y en contra del Grupo Parlamentario Socialista, y hemos ganado votaciones, para que se hable de financiación local y de competencias, no nos han hecho
caso a ninguno y ahí siguen agravándose la crisis y la situación.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Nosotros entendemos que las diputaciones deben jugar un papel importante, sobre todo de apoyo a los pequeños ayuntamientos. Saben ustedes que hay 8.112 ayuntamientos, que hay ayuntamientos de cien y de doscientos habitantes que no tienen
capacidad administrativa y ahí son muy necesarias las diputaciones. No se puede decir aquí que desde el ámbito de la comunidad autónoma se va a cubrir y se va a apoyar a esos ayuntamientos tan pequeños porque es absolutamente imposible. Ustedes
saben que las comunidades autónomas no están, entre otras cosas, para hacer esa labor. Esa es una labor que tienen que hacer las diputaciones provinciales y también en lo referido a las competencias que tienen en carreteras y muchos otros ámbitos
de actuación dentro de cada provincia.
Los grupos nacionalistas pretenden que todo sea acaparado por las comunidades autónomas. Nosotros, evidentemente, estamos en absoluto desacuerdo. Creemos que las diputaciones, que tienen una gran
trascendencia histórica, que han aportado mucho al conjunto de España, deben seguir haciéndolo. Estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario hablar de competencias y definir por fin quién tiene que llevar a cabo cada competencia, porque eso
va a ahorrar mucho dinero al conjunto de todos los ciudadanos. Y necesitamos hablar de la nueva financiación local, esa de la que se opone el Gobierno a hablar, pues cuando hay bonanza económica no quiere tratarla pero cuando hay crisis dice que
hay que hablarlo en la época de bonanza económica. Por tanto, vamos a votar en contra de esta proposición de ley y confiamos, deseamos, nos gustaría que antes de acabar esta legislatura el Gobierno tuviera por lo menos la valentía de abrir este
debate de competencias y de financiación de las administraciones públicas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Merino.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Román Guerrero.
El señor ROMÁN GUERRERO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, no voy a hablar de Lugo ni de Orense, de la deuda pública ni de la privada. El portavoz del Partido Popular insiste en que la deuda que tiene España es la pública y
todo el mundo medianamente enterado sabe que el problema principal que tenemos es la deuda privada, no la pública.
Pero vamos a lo que vamos. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la propuesta del Grupo Mixto por el fondo y por la forma, dicho sea con el mayor respeto a la propuesta. Como no comparto el vicio clerical que decía
Weber de querer tener siempre razón, en este caso vamos a llevarles la contraria porque no la tienen, la tenemos nosotros.
Este es un tema en el que todos los partidos políticos tienen opiniones diferentes en su interior, pero además también hay
posiciones, las decisiones que toman los partidos políticos. Nuestro grupo también es consciente de que las diputaciones son instituciones históricas pero, por cierto, no son las únicas ni las más importantes que hay en nuestro ordenamiento que
tienen ese carácter de históricas, como todo el mundo sabe. Y no me hagan que les diga cuál es la institución histórica más importante de España. Las diputaciones, además de ser históricas, son instituciones que tienen arraigo ciudadano y
presencia sobre el terreno.
Y las democracias necesitan instituciones que tengan precisamente este arraigo. Lo dice Popper: La democracia necesita instituciones que estén atemperadas por las tradiciones. Y aquí tenemos un ejemplo evidente.
Voy a defender lo que piensa mi grupo. Empecemos por la forma. No es el momento y se dan tres circunstancias. La primera, que están muy próximas las elecciones municipales, de las que emana precisamente la composición de las diputaciones
y no parece muy conveniente cambiar, en plena vorágine electoral, las reglas del juego. La segunda, que el Gobierno va a traer a este Parlamento una ley nueva de gobierno y Administración local, en la que ya se está haciendo un trabajo profundo de
consenso con la Federación Española de Municipios y Provincias y se pretende hacer también con el conjunto
de los grupos de este Parlamento, para que salga con el mayor apoyo posible. Si esta proposición que hoy se nos presenta sale adelante, naturalmente cualquier consenso futuro está ya lastrado de antemano. Y la tercera es que los nuevos
estatutos de autonomía, los llamados de segunda generación, han realizado cambios muy profundos sobre esta materia -ya alguna intervención ha habido sobre el particular- y ya muchos parlamentos autonómicos han legislado sobre las diputaciones.
Se han dado también razones de carácter histórico y económico que nosotros no compartimos en absoluto. Empiezo por las económicas. La crisis no puede ser un atajo ni una coartada absolutamente para todo, para cualquier debate, para
cualquier tema. En ese caso que se plantee lo que se ha hecho en Grecia, la supresión de miles de ayuntamientos. Que conste que nosotros nos opondríamos radicalmente, pero si es por la crisis que se saque la consecuencia adecuada. En España hay
más de 4.000 municipios con menos de 1.000 habitantes; más del 50 por ciento de los municipios españoles cuentan con una población menor de 2.000 habitantes y el 85 por ciento de los municipios españoles tiene menos de 5.000 habitantes. Por tanto,
figúrense si hay donde afrontar la cuestión. Pero, señora presidenta, el señor proponente, que conoce las cifras de Galicia mejor que yo, no se atrevería a plantear la supresión ni de una sola parroquia de su Galicia natal. Justamente esos
municipios pequeños son los que atienden las diputaciones, porque esos pequeños municipios disponen de estructura de gobierno, tienen alcalde y celebran plenos, pero carecen de una Administración municipal adecuada que pueda prestar los servicios
públicos de forma eficiente, y eso es lo que hacen justamente en suplencia las diputaciones con estos ayuntamientos. Y esa experiencia la tenemos absolutamente todos los que estamos aquí, todo el que la quiera tener. ¿Qué hacemos con las
mancomunidades? ¿Qué hacemos con los entes comarcales? ¿Es que no generan gasto público? ¿Es que la pervivencia de todas las instituciones democráticas de España va a depender de que pasen adecuadamente por el tamiz del gasto público? ¿Cuáles?
¿Todas? ¿Algunas? Usted dirá. Así pues, el argumento de la crisis no es un argumento convincente. ¿Por qué sospechosamente solo las diputaciones provinciales? Es un argumento que se utiliza recurrentemente porque está de moda.
El segundo grupo de razones son de carácter histórico. Como gaditano debo puntualizar algunas cosas. Jaume Vicens Vives dice expresamente en Industrials i polítics que en Cataluña, como consecuencia de la división provincial acordada por
las Cortes de Cádiz, comienza a utilizarse la palabra provincialismo para defender lo particular frente a la uniformidad central. Y, no nos engañemos, la unificación que suponían las nuevas provincias y diputaciones era para combatir en España los
señoríos y en América los virreinatos, por parte de los que los defendían, que eran los diputados de esos territorios y no, por ejemplo, Argüelles y el conde de Toreno, que eran liberales centralistas. Este debate se produjo en las Cortes de Cádiz
y se crearon las diputaciones y las provincias, y el que lo dude, que vaya al casco viejo de San Juan de Puerto Rico, donde está el edificio de la diputación provincial todavía, y se pueden hasta emocionar. Enric Sebastiá dice exactamente que la
praxis de la Constitución de 1812 resultó federal, aunque la Constitución no lo era.
Entremos ahora en el fondo. Seamos sinceros. Se propone, señora presidenta, una solución en la que no se cree. En lo que se cree es en la supresión de las diputaciones, y se ha manifestado aquí públicamente, pero como están en la
Constitución no se puede afrontar. Entonces, se propone un vaciamiento claro, neto, sin más. Yendo a historias previas, que aquí muchos han ido, ¿hasta dónde se llega en las historias previas de un territorio como el español? ¿A la Bética? ¿A la
Lusitania? ¿A la Tarraconense? En algún momento tendremos que ponerle racionalidad a los discursos. La proposición de ley, entre otras cosas, corta de un tajo con la legislación actual; modifica todos los artículos vigentes de la Ley de Régimen
Local relativa a las provincias; atribuye a las comunidades autónomas en exclusiva las competencias que pueden tener las diputaciones; deroga todo el articulado sobre elección de diputados y sobre la legislación estatal sobre las diputaciones; y
hay un acto, que califico de fariseo, manteniendo esas estructuras en los territorios forales y en las islas, sin ninguna otra explicación. Por tanto, llaman la atención los dos debates que hemos tenido aquí, el anterior de la vivienda y el actual
de las provincias, y el uso alternativo del derecho, por decirlo fino, que utilizan algunos, o la reversibilidad en los argumentos que aquí se tiene. En el tema de la vivienda, me escandalizo o me rompo la camisa por la inversión competencial, y en
el tema de las provincias, queremos disponer de las competencias que son propias del Estado según la Constitución y que están reservadas al Estado y se dice que el Estado se retire. Esta tarde se ha producido en una hora todo este debate. Nosotros
estamos convencidos de que el Estado de las autonomías es la seña de identidad de la Constitución de 1978 y de que el Estado de las autonomías es sin duda nuestro modelo, desde todos los puntos de vista, económico, funcional, de cohesión
territorial, etcétera. Es el modelo de presente y de futuro que nosotros defendemos y que seguiremos defendiendo para España, y de ahí, naturalmente, no nos vamos a mover.
Mientras tanto, de acuerdo con la legislación estatal y autonómica, ha
habido propuestas muy bonitas en algunas diputaciones. Por ejemplo, en la Diputación de Barcelona cuando sacó el lema de Xarxa de Municipis, que en realidad es la red de municipios, la agrupación de municipios que dice la Constitución, o el
ayuntamiento de ayuntamientos que se dice en otro sitio.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Román, por favor.
El señor ROMÁN GUERRERO: Una última reflexión. El poder es bueno que esté repartido. Lo dicen todos los grandes juristas que pusieron en marcha la democracia americana. La autoridad cuando está muy concentrada -estamos viendo muchos
ejemplos- se vuelve arrolladora y peligrosa, dice Tocqueville en su Democracia en América, y les recomiendo que lean a Jefferson, al que admiro profundamente, que dice: hay varios niveles. Si en Estados Unidos no se hubieran creado Estados, yo los
crearía, pero los Estados tienen condados y los condados tienen municipios y yo creo que eso está ya inventado. Es bueno que el poder esté distribuido.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Román.
El señor ROMÁN GUERRERO: Este es un buen argumento, continuando con que la provincia sigue siendo unidad de cuenta en los presupuestos, unidad de cuenta para la elección del Senado, del Congreso...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Román, por favor.
El señor ROMÁN GUERRERO: Termino, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, es que no tiene tiempo.
El señor ROMÁN GUERRERO: Por todos estos motivos vamos a votar en contra.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchísimas gracias, señor Román.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA SUSTRACCIÓN DE NIÑOS A SUS MADRES BIOLÓGICAS PARA SER ENTREGADOS EN ADOPCIÓN. (Número de expediente 162/000778.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto II del orden del día, proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la
sustracción de niños a sus madres biológicas para ser entregados en adopción. Para defender la proposición en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los republicanos traemos a debate una iniciativa que, no me cabe ninguna duda, contará con el apoyo de todos ustedes. Se trata de un acto de solidaridad y de aprobación de medidas que permitan reparar, si ello es humanamente
posible, el dolor de tantas mujeres a las que se les sustrajo de forma forzada sus hijos biológicos para destinarlos a otras familias mediante la suplantación de su identidad y constando como propios, así como el de aquellas personas que están en
situación de adopción irregular como consecuencia de tales actos. Pero, en primer lugar, permítanme que salude a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan, miembros de distintas entidades que agrupan a personas afectadas. Sin su trabajo y su
organización, hoy posiblemente no estaríamos debatiendo este tema con tanta solemnidad. Desearía felicitar también a la televisión pública catalana por la producción de Els nens robats del franquisme. Torneu-me el fill!, por su excelente trabajo,
que ha contribuido a sensibilizar a la sociedad ante tales horrores y ha supuesto la socialización de los sufrimientos padecidos por miles y miles de personas. Gracias a los periodistas Montserrat Armengou y Ricard Belis conocimos la existencia de
una red organizada de adopciones ilegales que actuó entre las décadas de los años cuarenta y noventa del siglo pasado bajo el amparo de instituciones públicas o regidas por la Iglesia católica, que pudo beneficiar tanto a personas intermediarias
como a personal médico, funcionarios del Registro Civil, eclesiásticos y miembros de órdenes religiosas.
Señorías, les instamos a dejar pronunciado de manera rotunda y explícita la solidaridad de esta Cámara. A diferencia de los años de la inmediata posguerra, en los que, merced a los estudios de los historiadores Ricard Vinyes y Fernando
Hernández, entre otros, conocimos que miles de niños fueron separados de sus madres -rojas- por razones político-ideológicas, influenciadas por el discurso étnico nacionalsocialista, en el caso que nos ocupa, ciertamente, la actuación venía
soportada por otro discurso basado en razones morales y económicas, pero no nos engañemos, sin duda acorde con el menosprecio a la dignidad de las personas propio de los regímenes dictatoriales, en los que los derechos humanos no gozan de carta de
naturaleza jurídico-política. Señorías, la solidaridad exige actuación en pro de la reparación de las víctimas y, por eso, entendemos que el Estado debe actuar y, en primer lugar, debería actuar la Fiscalía general. Pues bien, hoy por hoy, tras
una primera denuncia por el robo de 261 bebés, esta institución ha entendido que, aún admitiendo la verosimilitud de los hechos, no ha lugar su intervención a manera de abrir una causa general, al negar que haya existido concierto previo de los
autores y remite la posibilidad del delito a la investigación por parte de las fiscalías provinciales. Entendemos que es un error, creo que existen precedentes para creer en ello atendiendo a todo lo sucedido con la causa promovida por el juez
Garzón y los vacíos de la Ley de la Memoria Histórica. Les recuerdo, señorías, que el Estado español ratificó el pasado día 24 de
septiembre la Convención internacional de la ONU para la protección de las desapariciones forzosas, luego el Gobierno español está obligado a conceder auxilio judicial a los afectados por estos delitos. De igual manera, solicitamos la
creación de una oficina pública que ofrezca cuanta ayuda sea requerida. Se trata de asesorar, de facilitar los procesos de búsqueda, de creación de un banco de ADN, etcétera. Señorías, todas las sociedades que tuvieron la desgracia de padecer
regímenes totalitarios, tarde o temprano han tenido que metabolizar su pasado, pero ello solo es posible si se alcanza la verdad, conocer la verdad es la condición necesaria para poder hacer justicia y reparar a las víctimas, en este caso mujeres,
uno de los eslabones más frágiles de entre las víctimas de la dictadura, que han visto transcurrir sus vidas con un enorme dolor interiorizado y todavía no saldado de desconocer el paradero de sus hijos, hoy día hombres y mujeres de mediana edad,
mujeres que dieron a luz en un hospital, que no tuvieron conocimiento del tratamiento médico administrado, que no tuvieron conocimiento real del fallecimiento, que ni tan solo pudieron enterrar a sus hijos.
Hemos pactado con los compañeros socialistas nosotros los republicanos un texto del cual nos sentimos muy orgullosos y felicito al compañero Villarrubia, ¿por qué? Porque entendemos que aun cuando no responde a la intensidad de nuestras
demandas, es un gran paso hacia delante, un pacto que supone, primero, comprometernos a hacer efectiva la comparecencia inmediata de los afectados ante la Comisión de Justicia de este Parlamento y de nuevo antes de finalizar la presente legislatura
para garantizar el cumplimiento de lo acordado hoy y, en segundo lugar, instar al Gobierno a colaborar con la fiscalía, con los órganos judiciales y con las instituciones competentes para la investigación de los robos de niños denunciados y por
supuesto colaborar con los ciudadanos afectados. Todo ello se concreta en la creación de la oficina o servicio dependiente del Ministerio de Justicia, fundamental para la realización de pruebas de ADN, el desarrollo de fórmulas que faciliten el
acceso a los registros civiles, etcétera.
Termino, señorías. Creo que debemos sentirnos orgullosos de que en los últimos años se haya despertado un vivo interés hacia el conocimiento del pasado inmediato por parte de las generaciones educadas en democracia, en la medida en que son
la expresión de una sociedad en la que los valores democráticos han madurado y consolidado, y todo ello exige al Estado democrático la reparación de las víctimas, luego este Parlamento tiene que estar a la altura; de hecho, aprobando esta
iniciativa creo que lo estamos. De lo que se trata ahora es de que no decepcionemos a las madres a las que se les robó lo más preciado y a los hijos e hijas que siguen sufriendo las consecuencias, y por supuesto se trata de que no decepcionemos a
nuestros conciudadanos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
A esta proposición se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender la del Grupo Popular tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hablamos del robo de miles de niños en toda España, niños despojados a unas madres y vendidos a otras familias, madres que lloraron su pérdida, mujeres y hombres hoy que desconocen su origen. Así lo explican desde las asociaciones
de afectados, así lo sienten ellos y así lo sentimos todos los españoles que estamos con ellos. Por eso, quiero aprovechar su presencia hoy entre nosotros para desde el Grupo Popular mostrarles, como he hecho personalmente, nuestra solidaridad,
nuestro cariño, nuestra complicidad, todo nuestro apoyo y respaldo, y decirles que su causa es nuestra causa. Quiero felicitarle, señor Tardà, por traer este tema a debate, un tema que está teniendo una gran notoriedad en la opinión pública y
publicada, del que se vienen haciendo eco los medios de comunicación en las últimas semanas; un tema que merece ser debatido en la Cámara de la soberanía popular por la trascendencia que tiene; un tema que necesita de la sensibilidad y de la
complicidad de toda la sociedad para poder resolverlo. Sin duda, señorías, este puede convertirse en uno de los episodios más tristes de nuestra reciente historia: mafias que traficaban con niños con la finalidad de lucro económico, en la que
estarían implicados, como ha dicho el señor Tardà, desde profesionales de la medicina hasta funcionarios o intermediarios que cometieron toda una serie de delitos, tráfico de niños, falsedad en documento público, coacciones, engaños, que no pueden
quedar impunes, aunque hayan transcurrido ya algunos años. Pero, señor Tardà, debo discrepar con usted en su reduccionismo político. Señorías, a nosotros nos preocupan estos hechos. Nos preocupan estos robos que comenzaron a producirse en los
años cuarenta; y nos preocupa aún más que, como afirma Anadir, la asociación de afectados, pudieran darse hasta los años ochenta o los años noventa; y nos preocupan los niños robados en la actualidad; nos preocupa que hace pocas semanas
detuvieran en Canarias a un matrimonio por intentar comprar un niño; y nos preocupan los casos de los niños desaparecidos, cuyos procesos siguen sin esclarecerse; y nos preocupa el tráfico de mujeres, de niñas y de niños; y nos preocupa, en
definitiva, que en pleno siglo XXI, en una España que creemos democrática, avanzada y moderna, se sigan produciendo hechos de esta naturaleza. Nos preocupa que las mujeres y los niños, los más desfavorecidos, sigan siendo los más vulnerables a los
abusos. Y nos preocupa, señor Tardà, los niños que robaron a prostitutas, a jóvenes, a mujeres sin recursos, pero también aquellos niños que robaron a madres con recursos. El presidente de Anadir lo tiene claro y lo dice con toda
claridad: esta trama de niños apropiados no tiene nada que ver con el franquismo. Tenemos tantos casos en democracia como en la posguerra. No es una cosa de un régimen, sino de un negocio detestable.
Señor Tardà, creo sinceramente que ante temas como este todos debemos hacer un frente común. La sensibilidad ante las injusticias, ante el dolor de las víctimas no tiene color político. No es patrimonio ni de unos, ni de otros. Todos los
políticos y la sociedad en general debemos unir nuestras fuerzas, sensibilizarnos e implicarnos, no solo en las cuestiones como la que hoy nos trae a debate, sino también cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de abusos a menores,
cuando hablamos de menores que asesinan a otros menores, etcétera, porque estos delitos son incompatibles con una sociedad libre, justa y solidaria. Señorías, personalmente como madre, pero también como grupo parlamentario, queremos mostrar
-insisto- nuestra solidaridad con los afectados, con las madres, con los padres, con los niños apropiados y creemos que es urgente y necesaria una intervención pública. Es necesario dar todo el apoyo y servicio a los afectados, todo lo necesario
para que salga a la luz todo lo que tenga que salir, que se ayude, asesore y colabore con las víctimas con todos los instrumentos del Estado y, sobre todo, que pongamos en marcha todos los medios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir.
Queremos animar a las fiscalías provinciales a investigar todos los casos, a actuar con la máxima diligencia posible, a poner todos los recursos disponibles al alcance de las víctimas, pruebas de ADN cuando lo solicite la autoridad judicial,
facilidades en el cotejo de pruebas en los registros civiles, en el acceso a bases de datos hospitalarias, la creación de una oficina para los afectados, etcétera.
Nos parece fundamental la implicación de las distintas administraciones; por
ejemplo, comunidades autónomas como Madrid o el País Vasco ya han puesto en marcha medidas para ayudar a los afectados.
Nuestra única reserva, señorías, en el petitum de la iniciativa y, por ello, nuestra enmienda, está en la cuestión de la creación de la subcomisión, porque sinceramente creemos que una subcomisión en este momento no va a dar más luz al caso,
no va a ayudar al reencuentro entre madres e hijos, y no queremos que exista ningún resquicio, ninguna excusa para que las investigaciones se puedan dilatar en el tiempo. Por eso, consideramos que la enmienda presentada conjuntamente por el Grupo
Socialista y Esquerra Republicana de que los afectados sean escuchados en la Comisión de Justicia, sigue la misma línea que la nuestra y recoge la misma intencionalidad política. Por ello, retiramos en este momento, señora presidenta, nuestra
enmienda y apoyaremos esta enmienda transaccional en aras del consenso que hoy, más que nunca, queremos que prevalezca.
Para finalizar, quiero insistir en el apoyo y en el firme compromiso del Grupo Popular con las víctimas. Exigiremos a las instituciones que cumplan con su responsabilidad y que lleguen al fondo de la cuestión.
Evaluaremos en unos meses el
cumplimiento de los compromisos y esperamos que el acuerdo y la unanimidad a la que lleguemos hoy todos los grupos parlamentarios en la sede de la soberanía popular, suponga el impulso necesario para que la solución a este drama de tantas y tantas
familias esté lo más cerca posible.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Camarero.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista, firmada conjuntamente con el grupo proponente, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista comparte los objetivos que inspiran la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, ya que nos encontramos ante unos
hechos muy graves, hechos que se refieren a la existencia de un número importante de supuestos relativos a la sustracción de niños recién nacidos y su entrega a otras familias, previa falsificación de los documentos necesarios. Dichos casos
pudieron producirse desde los años cuarenta hasta los años ochenta.
En primer lugar, la PNL recoge que el Congreso de los Diputados manifieste su solidaridad para con todas aquellas mujeres que hubieren sido víctimas de la sustracción de sus hijos o hijas para ser entregados en adopción y sus descendientes a
los que se les negó el derecho a vivir con sus progenitores. El Grupo Parlamentario Socialista desde esta tribuna expresa ese apoyo y solidaridad incuestionable para aquellos que hayan sufrido esa privación de su familia. Igualmente, mi grupo
parlamentario comparte la gran preocupación que estos hechos generan y hace suyos los compromisos contraídos por el ministro de Justicia, en nombre del Gobierno de España, para prestar el apoyo posible a todas estas personas.
Aprovecho para dirigir
un afectuoso saludo a los representantes de los afectados que se encuentran en la tribuna. La proposición no de ley insta al Gobierno a trasladar a la Fiscalía General del Estado para que esta institución acuerde iniciar una investigación sobre los
hechos denunciados. La Fiscalía General del Estado ya se ha pronunciado sobre su actuación en el ámbito de la investigación de estos delitos, habiendo acordado que las denuncias presentadas sean remitidas a las fiscalías territoriales para su
investigación. Del mismo modo, el fiscal general del Estado ha hecho pública su intención de designar un fiscal especial que coordine todas estas investigaciones. Esto nos parece muy positivo.
Igualmente, la PNL insta al Gobierno a ofrecer a la
ciudadanía afectada apoyo y servicios para contribuir al esclarecimiento de los hechos que afectan a cada una de estas personas. En esencia, se trata de actuaciones que el Ministerio de Justicia, en el ámbito de sus competencias, se ha comprometido
a desarrollar y que concretamos en nuestra enmienda de sustitución,
que hemos negociado y presentado conjuntamente con Esquerra Republicana de Catalunya y tratado con el resto de los grupos parlamentarios.
La enmienda, además de expresar la solidaridad con los afectados, que reiteramos, establece lo siguiente: el Congreso de los Diputados facilitará el marco adecuado, en el seno de la Comisión de Justicia, para que los representantes de los
afectados sean oídos por los grupos parlamentarios, en fechas inmediatas, próximas, y de nuevo, antes de que concluya la legislatura, para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. De igual manera, se insta al Gobierno a colaborar con
el ministerio fiscal y con los órganos judiciales, así como con las demás instituciones competentes para la investigación de los supuestos de robo y adopción irregular de niños y niñas denunciadas por los afectados.
Segundo, colaborar con las
familias ofreciéndoles cuanto apoyo sea posible en el ámbito de sus competencias y, concretamente, impulsando la puesta en marcha, a través del Ministerio de Justicia, de un programa específico, de acuerdo con la legislación de protección de datos
personales, para la realización de las pruebas de ADN que se soliciten por las autoridades judiciales. Establecer una vía institucionalizada de comunicación permanente con los afectados, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los
hechos que afectan a cada una de estas personas y estudiar las fórmulas para facilitar a los familiares el acceso a la información en los registros civiles.
Señorías, el cauce adecuado para la investigación de los hechos que nos ocupan es el que garantiza nuestra propia Constitución, la actuación de los fiscales y los tribunales de Justicia con todos los medios que el Estado de derecho pone y
debe poner a su alcance. Ello sin perjuicio de arbitrar cauces de comunicación e interlocución de los representantes de los afectados con esta Cámara, como ya hemos manifestado. En definitiva, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos
mostrar nuestra sincera y total solidaridad con todos los afectados, así como nuestra disposición absoluta a que se lleven a cabo cuantas actuaciones legales sean posibles para conseguir el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las
responsabilidades a que pudiera haber lugar.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Moraleda Quílez: ¡Brillante!)
La señora VICPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Villarrubia.
Para fijar la posición del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, quiero manifestar también nuestra felicitación al señor Tardà, al Grupo de Esquerra Republicana, por la pertinencia y oportunidad en la presentación de esta iniciativa. Nosotros
estamos de acuerdo con sus argumentos; estamos de acuerdo también -puesto que ha sido transada- con los argumentos manifestados, con la brillantez que caracteriza, por el señor Villarrubia, y sobre todo estamos de acuerdo con intentar paliar de
alguna forma el dolor de las personas que han sufrido esta atrofia democrática, esta situación brutal que en otros países ha tenido una consideración de más dimensión jurídico-política y ha posibilitado la generación de causas generales, como
invocaba el señor Tardà; me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso argentino. Prácticamente, estamos hablando de un delito de lesa humanidad, de desaparición estructurada, planificada, masiva de niños que eran entregados por fuerzas golpistas a
personas vinculadas al régimen militar dimanante de un golpe de Estado.
No es muy diferente lo que empezó a ocurrir en la década de los cuarenta en el Estado español, y es quizás, con ciertas sutilezas, algo diferente a lo que acabó siendo a
finales de la década de los noventa. En cualquier caso, el injusto penal es el mismo: la expropiación, el robo de un bebé.
Hay pocos delitos más aberrantes en nuestra dogmática penal que este de entregar en adopción irregular a personas a través
de un precio, de una contraprestación de naturaleza monetaria.
Señora Camarero, me ha gustado también su intervención, aunque ha tenido quizás un lapsus -espero que no sea línguae-; un lapsus sencillamente.
Aquí tenemos que determinar también el ámbito subjetivo de responsabilidad -usted lo ha
descrito muy bien-, que es el que se corresponde con el que el señor Tardà ha manifestado en la exposición de motivos de su proposición no de ley: personas que pertenecen o están regidas por instituciones públicas o vinculadas a las instituciones
públicas... Se le ha olvidado a usted decir -quiero pensar que se le ha olvidado-: regidas en ocasiones por la Iglesia católica. (La señora Camarero Benítez pronuncia palabras que no se perciben.) No, no lo ha dicho. Y continúa la exposición de
motivos:.que pudo beneficiar tanto a personas intermediarias, como a personal médico y de enfermería de centros hospitalarios o de acogida y a funcionarios del Registro Civil.
Le quiero complementar el ámbito subjetivo de responsabilidad
pertinente a efectos de indicar cuál es la responsabilidad subjetiva que hay que dilucidar en esta materia. ¿Por qué? Porque los mecanismos de actuación están ya transados y son los que todos conocemos, mecanismos de actuación donde yo sí
considero pertinente, en contra de lo que han dicho otros, la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Justicia para indagar la dimensión del fenómeno, de la patología; no es un fenómeno, es una patología social. En segundo lugar,
mecanismos de actuación que están vinculados a la actuación de los registradores y del Registro Civil, en donde, como sabemos todos los que estamos aquí, hay un libro de inscripción de niños que no han vivido veinticuatro horas y por tanto se les
considera abortivos, y un legajo de abortos. Yo le puedo asegurar, señor Villarrubia, que en Euskadi todavía siguen existiendo esos legajos de abortos que en veinticinco años tienen que ser destruidos; existen
posibilidades de indagación sobre las responsabilidades a depurar o dilucidar a través de la comprobación de la inscripción y del legajo de abortos de niños que luego se sabe que han vivido, pero que están inscritos como abortivos en el
legajo de abortos. La puesta a disposición de las pruebas de ADN, tanto de institutos universitarios como de institutos de medicina legal, que usted ha comentado y que es pertinente utilizar, y los demás procedimientos existentes, los archivos de
las clínicas donde estas prácticas se realizaban; las de antaño no tenían ninguna predisposición a colaborar, las de hogaño sí. Se podrían utilizar estos procedimientos y yo espero que sea objeto de creación esta subcomisión porque tenemos mucho
que decir los que hemos tenido contactos con la Administración de Justicia a través de las actuaciones ya incoadas por el ministerio fiscal en el ámbito de la instrucción por algunos jueces de instrucción, que han considerado que hay un delito o un
injusto penal perseguible y que legitima para incoar diligencias de naturaleza penal.
Señor Tardà, le agradezco,...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, no tiene tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco profundamente la oportunidad y la pertinencia de esta medida presentada por usted, que seguramente -con esto acabo, señora presidenta- podrá atenuar el daño de muchas personas mayores que han sido
privadas ilegítimamente de sus hijos, pero tendremos que ser particularmente prudentes con algo que sucedió en Argentina y que deberíamos intentar evitar: el brutal impacto emocional que provoca a una persona de pequeña o de mediana edad saber que
de repente tiene dos madres: una biológica y otra ilegalmente adoptiva. En Argentina, este impacto todavía es un problema que no está resuelto desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva jurídica. Desde esta perspectiva tendremos que
ser en esta subcomisión particularmente prudentes.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió queremos, en primer lugar, mostrar nuestra total solidaridad con todos los afectados, familias, que vieron cómo sus hijos fueron robados. Es útil utilizar aquí las
palabras precisas del Código Penal. Estamos ante hechos delictivos; se han cometido delitos y esta Cámara, ante el conocimiento de la magnitud de los hechos, debe reaccionar. Por tanto, gracias, señor Tardà, por traer un instrumento, en este caso
una proposición no de ley, que nos permite hoy reaccionar desde el Congreso de los Diputados, mostrando, en primer lugar, nuestra solidaridad con las familias, con las madres, con los padres, con los propios niños, que han visto ignorados sus
propios orígenes biológicos. Por tanto, solidaridad, en primer lugar, y gratitud a la propia Asociación de afectados por adopciones irregulares, Anadir, porque han sido capaces de mover la conciencia de esta Cámara a través de su indignación;
indignación solemnizada cuando el pasado 27 de enero hacen una denuncia conjunta del robo de 261 bebés. Todos sabemos que son muchos más, pero es la constatación de que hay 261 casos que se han trasladado al fiscal general del Estado. Sabemos -hoy
lo publica algún medio de comunicación- que solo en Barcelona hay 36 casos que la Fiscalía provincial está investigando.
Por tanto, es un fenómeno que ya se verá si obedecía o no a una trama conjunta, pero lo cierto es que ha afectado a muchísimas
familias y que los tiempos de esa afectación no son muy lejanos. Para vergüenza colectiva esos tiempos no son muy lejanos. Seguían produciéndose casos en la década de los ochenta e incluso en la de los noventa. Ante esa situación la reacción debe
ser de consenso y lo será.
Convergència i Unió va a votar favorablemente el texto que finalmente se nos propone y pediría a todos los grupos de esta Cámara que el debate de hoy no quede meramente en un debate de buenas palabras, que no quede meramente en un debate en
el que mostramos indignación y solidaridad, que el debate de hoy pudiera, si es posible, realmente ser útil para el futuro en el ámbito de la indagación de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido; indagación que nos debe llevar sin que nos
tiemble el pulso a nadie hasta el final, salga lo que salga y afecte a quien afecte porque todavía hay personas que pueden contarnos lo que pasó. Quizá en un futuro sea demasiado tarde, pero hoy todavía hay personas que nos lo pueden contar y que
son responsables de lo que ocurrió. Por tanto, damos nuestro apoyo a la Fiscalía para que llegue hasta el final, para que se descubran los responsables y evidentemente que se repare a las familias y se repare el propio pasado y la conexión con su
realidad biológica que todo niño -que ya no lo es hoy sino que son personas adultas- tiene derecho a conocer y que le ha sido hurtado. Por tanto, solidaridad, pero desde Convergència i Unió pedimos a los grupos parlamentarios que no nos quedemos
ahora en un planteamiento meramente formal y de buenas palabras.
Se pide que haya una comparecencia ante la Comisión de Justicia.
Hagámosla cuanto antes, que se repita antes de finalizar la legislatura y que se repasen todos los medios -consultas
de ADN, consultas a los registros civiles...-, todo aquello que se pueda hacer, y también desde el Gobierno la creación de una oficina institucionalizada de relación con las familias para indagar los hechos que permitan llegar hasta el final en un
tema que seguro que causa indignación al conjunto de la ciudadanía y que hoy
debe lograr el amplio consenso de esta Cámara para aprobar esta oportuna proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Señor Tardà, entiendo que es obvio que vamos a pasar a votación el texto de la enmienda del Grupo Socialista junto con su grupo.
El señor TARDÀ I COMA: Sí.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL DOMINIO 'IC' DE INTERNET PARA CANARIAS. (Número de expediente 162/000779.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre el dominio 'IC' de Internet para Canarias. Para defender la proposición no de ley tiene la palabra la
señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, traemos hoy a la atención de sus señorías una aspiración de Canarias que no se puede decir que sea antigua. No puede decirse, como ocurre en otros casos, que llevemos muchos años reclamándola porque es una
necesidad que surge en los últimos tiempos como consecuencia del vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías y en concreto de Internet. La aspiración de Canarias, de sus entidades públicas y privadas, de sus ciudadanos, de tener un dominio
propio en Internet al ser un territorio con características geopolíticas especiales y tener un régimen fiscal diferenciado está basado en sólidos argumentos.
Se trata, señorías, de una iniciativa que ha nacido precisamente en la red. A través de
una página web y de un sitio en Facebook miles de ciudadanos se han movido para que las islas Canarias tengan un dominio propio; ciudadanos de diferentes ideologías, inquietudes, ocupaciones que se han manifestado de forma directa en tiempo real,
aprovechando precisamente las ventajas de las nuevas tecnologías y de este milagro que es Internet. Por tanto, el origen de esta iniciativa tiene como epicentro un interesante debate abierto en la red.
Mi fuerza política se hizo eco de esta demanda, con la que está totalmente de acuerdo por los motivos que luego expondré, y la llevó al Parlamento de Canarias. Allí, en noviembre de 2009, el pleno aprobó una proposición no de ley por la que
se instaba al Gobierno de Canarias a realizar las gestiones necesarias para la creación, gestión y control del registro del nombre de dominio propio de las islas Canarias. Esta proposición no de ley que hoy presentamos ante el Pleno del Congreso es
el paso siguiente, es la continuación de un camino que empezó a andarse hace año y medio, o no. Tal vez es mejor decir que comenzó antes, cuando a petición de la Organización Mundial de Aduanas se le asignó a Canarias por el organismo internacional
competente el código 'IC' en la modalidad de reserva excepcional. Conviene recordar antes de nada que un dominio no tiene por qué representar a un Estado. Existen alrededor de 300 dominios de primer nivel en el mundo y el número de Estados
pertenecientes a Naciones Unidas no llega a los 200. Territorios como Martinica en el Caribe o las Tuvalu en Polinesia tienen su propio dominio. Canarias, por los motivos que enseguida explicaré, reúne los requisitos exigidos a otras regiones para
contar con su propio código. Un dominio de nivel superior geográfico se identifica por códigos de dos letras que son gestionados por una organización internacional, la ISO 3166. Todos los Estados tienen un código reservado -'ES'(España),
'FR'(Francia)-, pero también lo tienen algunos territorios con circunstancias geopolíticas especiales. Canarias entra en este supuesto. Como territorio diferenciado se le ha asignado el código 'IC' de islas Canarias en la modalidad de reserva
excepcional.
Esto fue así por una petición de la Organización Mundial de Aduanas atendiendo a su régimen económico y fiscal y al hecho de que el archipiélago se encuentra fuera de la zona aduanera europea. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Por otro lado, la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números, encargada de la gestión de la asignación de nombres de dominio de primer nivel y direcciones IP, que depende del Gobierno de Estados Unidos, considera
que los códigos de reserva excepcional pueden ser usados como dominios de nivel superior.
Como ejemplo tenemos todos los territorios franceses que forman junto a Canarias el grupo de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y que disfrutan
de su dominio geográfico gracias a que tenían su código de reserva excepcional, como Canarias tiene el suyo, y porque, atención, el Estado al que pertenecen -Francia- les apoyó para que pudieran estar incluidos en la lista norteamericana. Me
refiero a los seis territorios franceses de ultramar: Guadalupe, Guayana, Reunión, Martinica, San Bartolomé y San Martín.
Señorías, como ustedes saben, existen dos tipos de dominio, los genéricos de tres letras y los territoriales de dos. Entre los primeros están los famosos '.com' y '.net', o aquellos pertenecientes a comunidades con sus peculiaridades
culturales, como el 'CAT' para toda el área geográfica de lengua catalana, o bien los dominios 'GAL' para lengua gallega, y 'EUS', de euskera, que en estos momentos está en negociaciones con el ICANN para su posible aprobación y utilización.
Nosotros también podríamos optar a un dominio 'CAN' si lográramos el reconocimiento de nuestras particularidades, ya no basadas en un idioma propio, sino en nuestra insularidad y su tricontinentalidad, pero ese dominio 'CAN' está reservado para
Canadá. El segundo tipo de
dominio es el territorial de dos letras, reservado a Estados y territorios singulares. Por los motivos que he explicado antes, nuestra única posibilidad de tener un dominio propio en Internet es entrar en el grupo de los territorios con
circunstancias geopolíticas especiales. ¿Por qué Canarias aspira a que le sea reconocido oficialmente por la organización correspondiente el dominio 'IC'? Por varias y poderosas razones. Primero, porque incrementará el uso de las nuevas
tecnologías por los ciudadanos y las entidades canarias, compensando las desventajas de nuestra insularidad y lejanía geográfica. El uso de un dominio propio sitúa a Canarias en la red global, supone una mayor internacionalización de Canarias en la
red y un gran salto en su visibilidad. Beneficiará a las empresas afincadas en las islas, las instituciones públicas canarias, la red educativa, las entidades deportivas y culturales. Además, ustedes conocen la importancia del turismo para el
archipiélago y de Canarias como marca de primer nivel internacional. Contar con un dominio propio nos facilita situar nuestra marca en el mapa digital. Por ejemplo, permite lo que ya no es el futuro sino el presente: la gestión de paquetes
vacacionales de adquisición de billetes de avión y plazas de hotel a través de Internet. Por tanto, a nivel económico pero también de difusión al exterior de nuestra actividad cultural, el salto puede ser considerable.
En definitiva, queremos y necesitamos, por nuestra situación de aislamiento geográfico, aprovechar este instrumento que nos abre al mundo, que nos hace más visibles en la red a nivel mundial y necesitamos incorporarnos al medio de
comunicación global más inmediato, democrático y extendido en el mundo, el que por primera vez llega a todos los rincones del planeta. Quiero anunciar que la enmienda presentada por el Grupo Socialista nos parece adecuada y la vamos aceptar.
Esperamos que tanto el Partido Popular, que la apoyó en Canarias, como el resto de los grupos parlamentarios apoyen esta iniciativa tan importante para Canarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Como representante del grupo enmendante tiene la palabra don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señoras y señores diputados, en esta intervención en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, este parlamentario socialista canario, que ha convivido durante muchos años con muchos compañeros en
esta Cámara, no puede dejar de expresar su sentimiento de emoción y de homenaje a un compañero que nos dejó en el día de ayer, don Carmelo Artiles Bolaños, que ha sido senador y diputado en seis legislaturas; un demócrata en Canarias, un hombre de
izquierdas, coherente, trabajador con la clase trabajadora a través de la Unión General de Trabajadores. A él consumo estos primeros minutos, elevándole mi testimonio de afecto, cariño, admiración y reconocimiento por habernos enriquecido
humanamente a lo largo de tantas sesiones parlamentarias (Aplausos.)
En el tema que nos ocupa, la interviniente, señora Oramas, ha expresado con rigor y con método una cuestión que no es menester que este parlamentario reitere. Es suficientemente conocido que la corporación de Internet para la asignación de
nombres y números a nivel mundial está clasificada en dos categorías, en dos dominios. Uno, el dominio genérico, para lo que utiliza tres o más letras, y otro para dominios territoriales, utilizando exclusivamente dos letras. Nos gustaría poner de
manifiesto que en lo que se refiere a la asignación de dominios territoriales, ICANN -con este acrónimo es conocida la corporación de Internet- tiene unos criterios aprobados mayoritariamente y publicados que posibilita que la única zona del Estado
español -señorías, acéptenme que reitere el término-, la única zona del Estado español que reúne los tres requisitos exigibles para poder demandar la introducción en ese dominio territorial al que he hecho referencia es el archipiélago canario.
¿Por qué reúne tres condiciones y cuáles son? Primero, ha de ser reconocida por organismos supraestatales como organización perteneciente a un Estado, como ente formando parte de un Estado. Y concretamente el Tratado de la Unión Europea y el
tratado de funcionamiento especifica claramente la única zona del Estado español, el archipiélago canario, como región ultraperiférica, que -ya esta Cámara en el Pleno de la semana anterior aprobó un documento muy extenso- requiere un tratamiento
especial y singular. En segundo lugar, para poder entrar en esa clasificación se exige formar parte de la lista ISO 3166. Yo me he tomado la libertad, estimados colegas, señoras y señores diputados, de traer esta lista y mostrársela. Son
doscientos y pico entes territoriales, fundamentalmente Estados, pero también zonas geográficas vinculadas a un Estado y geográficamente separadas de los entes más potentes de ese Estado. Es algo que cumple el archipiélago canario y por eso
precisamente figura el acrónimo 'IC' para el archipiélago canario a petición de la Organización mundial regulatoria de los sistemas de aduana, dadas las características económicas del archipiélago canario, que le han conducido a ser calificado como
región ultraperiférica. Luego cumple con ese requisito.
En tercer lugar, señorías, hay un hecho muy claro. A Canarias, desde la perspectiva económica, financiera, comercial, académica, le encaja este acrónimo 'IC'. ¿Quién en el mundo entero puede pensar, en la comunidad científica vinculada a
la astrofísica, por ejemplo, que el acrónimo 'IC', que va unido a la investigación científica que se lleva a cabo en nuestros centros de investigación astrofísica de Canarias, no va a ser objeto de ese merecimiento?
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, debe ir acabando.
El señor SEGURA CLAVELL: Por ello, señorías, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda transaccional, que no les leemos porque obviamente figura en manos de todos ustedes, agradeciendo a la ponente de esta
iniciativa parlamentaria el anuncio de la aceptación de la misma, con lo que hacemos un servicio a nuestra comunidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Para fijar posición tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds les anticipo nuestro voto favorable a esta iniciativa de Coalición Canaria, por
la que se insta al Gobierno a apoyar la creación de un dominio exclusivo para Canarias en Internet.
Estamos ante una iniciativa ciudadana, internauta, surgida de las propias redes sociales y asumida por distintas instituciones de las islas Canarias, que también tiene en cuenta las características fiscales y aduaneras del archipiélago. Ya
existen numerosos ejemplos de esta tendencia en nuestro propio país; ahí están los dominios '.cat' para Cataluña, '.gal' para Galicia y '.eus' para Euskadi. El dominio catalán '.cat' ya está en funcionamiento desde hace años y los otros dos se
encuentran en negociaciones con la corporación de Internet para la asignación de nombres y números (ICANN), organismo dependiente del Gobierno de Estados Unidos encargado de la gestión de dominios de primer nivel a escala internacional.
Señorías, Canarias, como se ha dicho, ya dispone del código reservado excepcional 'IC' de islas Canarias, que le fue asignado por la Organización Mundial de Aduanas en virtud de su régimen económico y fiscal. Y la organización ICANN,
corporación para la asignación, aprobó una resolución en la que los códigos reservados pueden ser usados como dominios a nivel superior geográfico de dos letras en Internet. Es decir que a escala del derecho internacional no existe ningún obstáculo
para la asignación del dominio '.ic' que aquí se reclama. Lo habitual sería un dominio genérico de tres letras como el vigente '.cat' de las páginas en catalán o los de '.eus' y '.gal' que promueven Euskadi y Galicia. El dominio '.can' que le
interesa a Canarias ya está reservado a Canadá, por lo que se ha optado por el dominio '.ic'. Si bien es cierto que los dominios de tres letras son dominios genéricos, como puede ser el '.com', que no pueden ser registrados por una empresa, persona
o institución determinada sino en todo el área geográfica correspondiente, los dominios territoriales de dos letras como es el caso de España con '.es' hacen referencia a un país, Estado o territorio geográfico o político, son gestionados por una
entidad pública y están reservados para el uso de instituciones, empresas y ciudadanos de ese país contribuyendo de alguna manera a la fácil identificación de una web por los intenautas. Sin embargo, podemos apoyarnos en numerosos precedentes, como
es el caso de las regiones ultraperiféricas de Guadalupe y la Guayana, que ya cuentan con dominios de dos letras. En definitiva, el dominio '.ic' daría una mayor visibilidad a las islas, impulsaría las nuevas tecnologías en el archipiélago, la
promoción de su identidad social y cultural, su desarrollo empresarial, en definitiva, su desarrollo en el mundo de Internet. Por todo ello nuestro grupo apoya esta proposición no de ley y esperamos que el Gobierno inicie la promoción necesaria
para el registro de este dominio por parte de ICANN, corporación para la asignación de nombres en Internet.
Termino diciendo que mi compañera Nuria está también muy contenta con esta iniciativa porque promocionará a Iniciativa per Catalunya en el mundo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Don José Ramón Beloki tiene la palabra.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo también va a apoyar la proposición no de ley que los diputados de Coalición Canaria, Ana Oramas y José Luis Perestelo, han presentado para su debate y votación en este Congreso sobre el dominio 'IC' de Internet para
Canarias. Tal y como quedó ya explicado en el propio texto de la proposición no de ley -y ha sido explicado ya repetidas veces esta misma tarde- Canarias dispone en la lista ISO 3166-1 de un código reservado, al igual que los Estados y otros
territorios a quienes les une el hecho de contar con circunstancias político-territoriales especiales. En el caso de Canarias dispone de tal posibilidad en virtud de su régimen económico y fiscal. Disponer de tal reserva especial le da la
posibilidad, en virtud de una resolución de la corporación de Internet para la asignación de nombres y números, de que dichos códigos -en el caso de Canarias el código 'IC'- excepcionalmente reservados puedan ser usados como dominios de nivel
superior geográfico en Internet. Esto es justamente lo que la proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria viene a proponer, recogiendo por cierto la voluntad explicitada en tal sentido por distintas instituciones públicas de Canarias.
La proposición no de ley propone instar al Gobierno de España para que dé todos los pasos necesarios para que finalmente el Gobierno de Canarias pueda disponer de dicho dominio. Se dan así todas las circunstancias que mi grupo reclama para
apoyar iniciativas de este tipo. Se trata de una propuesta plenamente lógica, plenamente posibilista y recoge la voluntad de los canarios representados por sus instituciones. Hay ocasiones y hay visiones para las que el mundo digital, e Internet
como el núcleo
central de ese mundo digital, pareciera que tiene que ser abordado un tanto al margen del mundo real, como si lo digital y lo artificial tuvieran que ir de la mano. Nada más opuesto a la visión y a la concepción con la que mi grupo aborda
ese mundo. No se trata de construir otro mundo al margen del mundo real, del mundo -si quieren- hasta hoy o hasta ayer analógico, si se me permite la expresión, sino que se trata de construir el mismo mundo, el de siempre, pero dotado de mayores
potencialidades, dotado diría yo de una mayor autenticidad gracias precisamente a las nuevas tecnologías. Canarias, con código reservado o sin él, con dominio de nivel superior geográfico en Internet o sin él, es evidentemente un territorio con
circunstancias geopolíticas especiales, con su propio y diferenciado régimen económico y fiscal, con su personalidad y con su voluntad diferenciadas. Nada más lógico que Internet, para empezar, también lo reconozca, lo posibilite y lo potencie para
un mayor desarrollo económico y social de los canarios. Para todo ello se requiere que el Gobierno central, a quien se insta, dé los pasos necesarios ante los organismos correspondientes. Mi grupo no puede sino apoyar la iniciativa y felicitar
entusiastamente a sus promotores.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Catalán tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Coalición Canaria, ha presentado esta proposición no de ley sobre el dominio 'IC' de Internet para Canarias. Es una proposición con la que
estamos de acuerdo y en la que se insta al Gobierno a que inicie la promoción y apoyo a nivel internacional para la creación y control del registro del nombre de dominio 'IC' al considerarse el archipiélago canario un territorio con una propia
especificidad.
Respecto a la problemática que se nos plantea con esta proposición, déjenme, señorías, hacer unas breves consideraciones de orden general y otras relacionadas con la situación en Cataluña. Respecto a las primeras, en Internet los nombres de
dominio de primer nivel presentan una importante y principal división entre los dominios internacionales genéricos de tres letras y los dominios territoriales de dos letras, correspondientes a los territorios geográficos definidos en la norma ISO
3166-1. La norma ISO 3166 se creó con el objeto principal de tipificar de forma universal los orígenes y destinos de los medios de transporte internacionales. Básicamente, la norma consiste en una tabla que relaciona los territorios geográficos
definidos que, aunque inspirados en la división por Estados, no corresponden exactamente con la misma, y ejemplos existen varios al respecto y así los ha puesto de manifiesto la portavoz de Coalición Canaria.
Según se menciona en la página web de mantenimiento de la norma de referencia, en su día la IANA, entidad a la que ha sucedido la ICANN, escogió, para descongestionar el espacio de nombres de dominio, el código alfa-2 de la norma ISO 3166-1,
que es el utilizado para los dominios territoriales. Con esta elección se pretendía objetivar la concesión de dominios territoriales de primer nivel sin que estas entidades tuvieran que considerar factores como la soberanía o el carácter nación.
En este contexto me referiré brevemente a la situación de Cataluña. En este sentido, señorías, la consecución de un dominio territorial propio '.ct' de primer nivel ha sido desde hace muchos años una aspiración de la comunidad internauta en
Cataluña. En la medida en que Internet influye cada vez más en la actividad económica, social y cultural de todos los colectivos humanos, se hace evidente la necesidad de que una nación como Cataluña disponga de una presencia propia en la red.
Vista la poca colaboración de todos los gobiernos del Estado para incluir a Cataluña en esta lista, la comunidad internauta catalana impuso la creación de un dominio esponsorizado, el '.cat', con la ayuda de asociaciones culturales, de comunicación
y administraciones públicas, que cristalizó en la ISOC-CAT, que ustedes ya conocen. De esta forma, a través de la Fundación PuntCAT, encargada de la gestión del dominio '.cat', permite su registro a todas las organizaciones y personas que publiquen
con un mínimo de contenidos significativos en catalán.
Señorías, a pesar del dominio '.cat', Cataluña como nación no ha renunciado a estar en la lista ISO 3166-1 para tener un dominio '.ct' que pueda impulsar más el uso y la extensión de la lengua catalana y, en consecuencia, el fomento de la
diversidad cultural y lingüística como patrimonio para futuras generaciones.
Finalmente, a esta proposición no de ley se ha presentado una transacción por parte del Grupo Socialista que insta al Gobierno a apoyar la obtención de un nuevo dominio de tres o más letras que identifique las peculiaridades de las islas
Canarias, mientras que para el dominio de primer nivel no existe aún un posicionamiento oficial a expensas de los nuevos criterios de concesión de la ICANN. Con todas estas consideraciones, nuestro grupo va a votar favorablemente esta proposición
no de ley, conscientes de la importancia de tener un dominio que identifique los territorios con situaciones especiales, aunque también damos nuestro apoyo a la consecución de un dominio de primer nivel.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario en relación con la proposición no de ley que insta al Gobierno a fijar un dominio 'IC' para las islas Canarias. Quizá después de oír algunas intervenciones anteriores, la
primera precisión importante es
aclarar exactamente de qué estamos hablando y en qué condiciones se podría producir el reconocimiento de este dominio para las islas Canarias. Es cierto -se ha repetido- que a estas alturas de la historia no es preciso insistir en la
relevancia de Internet como instrumento básico para el flujo de información en un mundo globalizado. Se está convirtiendo no solo en un canal masivo de intercambio de información entre todos los ciudadanos, sino también en un vehículo comercial y
de negocio creciente y en este momento absolutamente imparable.
El mundo de Internet se organiza básicamente a través de unos dominios, de una identificación; dominios que, cuando se refieren a entidades territoriales, son dominios de dos letras. En los códigos de Internet y en el buen entendimiento de
todos los que por la red circulan, los dominios de nivel superior geográfico, los dominios de dos letras, son dominios inicialmente reservados a países y a territorios dependientes, básicamente colonias y paraísos fiscales. En este momento, en
Europa continental, al margen de las naciones-Estado, solo tienen dominios de dos letras el territorio colonial de Gibraltar y el paraíso fiscal de las islas del Canal. Es esta por tanto la norma general y es este por tanto el buen entendimiento
que cualquier usuario en cualquier punto del planeta deduce al encontrarse un indicativo de dos letras.
Es cierto -se ha reiterado- que el criterio empleado por la autoridad de asignación de nombres y números en Internet es utilizar una lista de Naciones Unidas, la ISO 3166, que se basa en una lista de naciones y territorios dependientes, pero
que incorpora también, a instancias, como recordaba el portavoz del Grupo Socialista, de la Organización Mundial de Aduanas, territorios con regímenes aduaneros especiales y esa es la razón por la que figuran en esa lista tanto las islas Canarias
como conjuntamente agregadas Ceuta y Melilla, aparte de otros muchos territorios, entre otros algunos de ultramar, de la República Francesa.
Nada tienen que ver, por tanto, estos códigos de dos letras, inicialmente reservados a países y
excepcionalmente reservados para áreas aduaneras especiales, con los de tres letras, ya atribuidos y previstos especialmente, en lo que políticamente puede tener algún debate más, para espacios lingüísticos o culturales diferenciados, que son los
que han permitido, efectivamente, crear indicativos para el área en este momento de habla en catalán y podrían eventualmente crearlos para el área de habla en vasco, en gallego o en cualquier otra lengua.
Lo cierto es que en Internet el gran movimiento de datos no se produce a través de las páginas web con indicativos nacionales o de país. El gran tráfico de Internet se produce a través de indicativos de tres letras, básicamente los 'com',
los 'org', los 'net', es decir, los destinados al tráfico general, que son los que mueven masivamente el flujo. Por eso la utilidad de contar con un indicativo de dos letras es bastante relativa.
En todo caso, un indicativo de dos letras sin duda
alguna crearía cierta confusión en la comunidad internacional sobre la realidad jurídico-política de las islas Canarias y en este sentido habría que madurar muy bien esta iniciativa. Por otro lado, se dice que el uso de indicativos de dos letras
favorece el uso de las nuevas tecnologías, cosa que desde mi punto de vista ofrece dudas. No se acaba de entender por qué la utilización de indicativos distintos de los habituales podría generar que un flujo mayor de ciudadanos haga uso de las
tecnologías. Y se dice que permitiría también una promoción económica diferenciada. Sobre este punto cabría ser extraordinariamente prudente. Hoy hemos conocido el dato de la evolución del turismo en Canarias, un dato magnífico, del que creo que
todos nos alegramos profundamente, nada más y nada menos que un incremento de 70.000 visitantes, un 8,8 por ciento de incremento en relación con enero del año anterior. Sin duda, si reflexionamos -ese es el análisis que hoy hemos visto en todos los
medios de comunicación- sobre las razones de este incremento tan constante, aparte de la mejora económica en toda Europa, lo encontramos en la situación de otros países del norte de África. Es evidente que el turismo que básicamente viene de
Europa, del Reino Unido, de los países nórdicos, etcétera, encuentra en las islas Canarias un territorio plenamente europeo, en el que disfruta de la seguridad interna, de la seguridad exterior, de la estabilidad, de un sistema sanitario, de un
sistema de protección público, de estándares absolutamente europeos y esa es probablemente su principal característica y fortaleza. Por eso creo que utilizar indicativos distintos de los propiamente nacionales y europeos que hasta ahora
caracterizan a las islas es una decisión que debería tener un debate bastante más sosegado, mucho más riguroso y una valoración mucho más exacta sobre sus efectos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.
Señora Oramas, ¿acepta su señoría la enmienda defendida para su incorporación?
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En esos términos se pasará a votación.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CENTENARIOS DE LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA (1212) Y LA CONQUISTA DE NAVARRA POR PARTE DE LA CORONA DE
CASTILLA (1512). (Número de expediente 173/000191.)
El señor PRESIDENTE: A continuación examinamos la moción del Grupo Mixto sobre las actuaciones
del Gobierno de España con motivo de la celebración de los centenarios de la batalla de las Navas de Tolosa y de la conquista de Navarra por parte de la Corona de Castilla. Para su defensa tiene la palabra doña Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, comprendo que pasar de Internet a la batalla de las Navas de Tolosa es todo un malabar por parte de esta diputada y en nombre de Nafarroa Bai, y sin embargo es cierto que ambas cuestiones y en este salto no solo en el tiempo sino
seguramente en la posición propicia es la acción de Gobierno, es obligación de esta diputada como de cualquiera de los presentes controlar en términos de acción parlamentaria. Este es el objeto de la moción que Nafarroa Bai trae a Pleno hoy como
consecuencia de la interpelación de la pasada semana en la que efectivamente interpelábamos, interrogábamos a la ministra Sinde sobre la participación del Ministerio de Cultura en la comisión que celebra exactamente eso: el VIII Centenario de la
batalla de las Navas de Tolosa y el V de la conquista de Navarra.
Francamente, he de empezar diciendo que no nos convenció en absoluto la respuesta de la señora Sinde; no cuando dijo que uno de los hitos -entiéndase entrecomillado- de la Reconquista va a servir para revisar el enfrentamiento entre
civilizaciones; sinceramente no nos parece el argumento más oportuno. No nos convenció tampoco cuando afirmó que la diferencia entre incorporación y conquista es una diferencia de matiz, yo sugeriría acudir cuando menos a un árbitro en esta
contienda dialéctica: el diccionario de la Real Academia. Claro que tampoco nos convenció cuando dijo que el debate de identidades no soluciona los problemas de la ciudadanía, yo supongo que argumentos como este se han escuchado en muchos estadios
de la defensa de los derechos civiles y sin duda la defensa de la identidad lo es, sobre todo cuando trata de imponerse. De un Ministerio de Cultura, francamente de su portavoz no se esperaban argumentos como este, pero, en cualquier caso, el
miércoles pasado terminamos por escuchar que la interpelación politizaba esta cuestión.
Por si alguien esta tarde francamente tuviera la tentación de ahondar en este argumento, yo quisiera leer el primero de los puntos de la moción que Nafarroa Bai
someterá hoy a votación de sus señorías. El primer punto que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a propiciar a través de su representante en la Comisión Organizadora 2012 y siguiendo las recomendaciones del Parlamento de Navarra
-en votación, por cierto, del pasado jueves- el encuentro entre las diversas corrientes historiográficas existentes y primar los aspectos académicos y científicos en los actos conmemorativos del V Centenario de la conquista de Navarra. He de
recordar que el proponente de estos mandatos del pasado jueves, de alguna manera y desde luego sí para esta portavoz del Parlamento de Navarra por cuanto fue votado por mayoría, no fue otro que el Partido Socialista de Navarra en la Cámara foral, y
quiero subrayar parte de ese contenido cuando dice: y primar los aspectos académicos y científicos en la acción de esta comisión. Hemos de colegir por lo tanto -y a propuesta del partido en el Gobierno de Navarra- que en la formación de los
contenidos o en la priorización de los contenidos y de la acción de esta comisión los aspectos académicos y científicos no están lo necesariamente equilibrados y por lo tanto entendemos que los subrayados propiciados o los que se han puesto en la
vanguardia de la acción de esta Comisión son bien otros.
El segundo punto de la moción que proponemos para su votación es exigir al Gobierno de Navarra el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Carta europea de las lenguas minorizadas. Extemporánea, podrá decirme alguno de los
portavoces; no, es a nuestro entender una de las pocas apuestas desde la cual el Ministerio de Cultura podría explicar su presencia en esta comisión.
Por último, realizar desde el Ministerio de Cultura un catálogo de la ruta de castillos y fortalezas destruidos en la contienda para programar su recuperación. Nos parece que esta sería una ocasión más que digna para tratar de recuperar el
patrimonio histórico, en este caso de la Navarra conquistada.
Nos propone el Grupo Socialista una enmienda de modificación. Acepta el primero de los puntos y nos propone un segundo punto, que intenta garantizar en el ámbito de sus competencias el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Carta
europea de las lenguas minoritarias, y tenemos que decir que lo aceptamos sin ningún problema. Ahora bien, nos proponen suprimir el tercero de los puntos, lo cual no comprendíamos.
Hemos hablado con el portavoz Grupo Parlamentario Socialista en
esta moción y señala que es un problema competencial, que la elaboración de los catálogos, en este caso referido a Navarra, sobre un asunto autonómico foral, es competencia, en este caso, del Gobierno foral.
Francamente quiero decir que nos
satisface sobremanera el enorme celo competencial que muestra el Grupo Parlamentario Socialista en esta moción. Seguramente tendremos ocasión de recordárselo más de una vez al Grupo Parlamentario Socialista en su conjunto a lo largo de próximos
debates. Hoy, repito, lo agradecemos. Seguramente es una redacción más ajustada la que se nos propone en una enmienda transaccional que señala que estarían dispuestos a instar al Gobierno a colaborar, según las disponibilidades presupuestarias y
de acuerdo con la normativa vigente, en la recuperación de los castillos y fortalezas destruidos en la contienda. No nos parece una mala propuesta y será sometida a consideración, si así lo desean, del resto de los grupos parlamentarios en la
Cámara. Creo que es una aportación, sin ninguna duda, a lo que ese vestigio de la historia nos dejó, y animaría al Ministerio de Cultura a que, en su presencia en estos actos conmemorativos, el primero de esos centenarios, el relativo a la batalla
de
las Navas de Tolosa, el objeto sea algo más ambicioso que el que el pasado miércoles nos relató aquí la titular del Ministerio de Cultura, la señora Sinde.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Para defender su enmienda por el Grupo Socialista tiene la palabra doña María José Fernández Aguerri.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: Gracias, señor presidente.
Me ha agradado la intervención de la señora Barkos de hoy porque el alegato que hizo el otro día no sabría cómo calificarlo.
Hablando de las batallas y de la intención de este tema, he de recordar que la historia de las naciones está llena de violencia, guerras, invasiones y enfrentamientos. La historia de España no es una excepción.
Su historia está llena de
episodios bélicos desde los albores de su historia: suevos, vándalos y alanos, cartagineses y romanos, godos y árabes, todos enfrentados por dominar un territorio; guerras de conquista, guerras internas. La batalla de las Navas de Tolosa fue un
hito importante en la historia de España que merece ser estudiada y los ochocientos años que nos separan dan la suficiente perspectiva como para podernos trasladar a los siglos XIII o XVI, en el hecho de 1512, las convicciones del XXI, o forzar los
hechos históricos, según lo que nos interese en el presente. Los hechos históricos pueden gustarnos más o menos, pero son y no podemos ni debemos esconderlos.
Sobre los sucesos de 1212 y 1512 hay numerosos tópicos creados a lo largo del pasado y del presente. Con los actos que se intentan programar se trata, en definitiva, de dar a conocer el trabajo que se realice, de poner al día las
investigaciones, actualizarlas, incorporar las nuevas tecnologías, los medios y las formas de difusión y divulgación, situar los hechos en sus contextos adecuados y en el universo mental en el que se desarrollaron. Se trata de que todo el mundo
pueda conocer mejor y que sepa más.
Plantear 1212 como una exaltación de la cruzada contra el infiel o el hecho de 1512 como un sometimiento de sus gentes, su religión o su cultura es parte precisamente de esos tópicos. Es aplicar a los siglos XIII y XVI parámetros y
percepciones propias del siglo XXI, que es justamente lo que no se debe hacer. Que 1212 es una cruzada contra el infiel, de eso no hay duda, pero hay muchas cosas más y más complejas y hay que colocarlas en su época y en su momento. Si hoy en día
la idea de cruzada contra el infiel ha desaparecido del pensamiento occidental -sería interesante saber si ha desaparecido de otros pensamientos- en el siglo XIII era de plena vigencia y conocer por qué y cómo es muy importante. En 1213 tuvo lugar
otra batalla, la batalla de Muret, en Francia, y en 1214 la de Bouvines, en la que también intervino Inglaterra, y que fueron fundamentales para la construcción del reino de Francia, así como para el imperio alemán medieval. Estos tres países están
preparando todo tipo de investigaciones, coloquios y reuniones sobre estas batallas. Repito, la historia puede gustarnos o no, pero no podemos obviarla, no sería ético.
Escuchando las argumentaciones del otro día de la señora Barkos parece como si estudiar o conmemorar estos hechos fuera un insulto, pero eso mismo se podría decir de otras conmemoraciones que se han celebrado y que sirven para investigar
mejor, conocer más, invertir más en cultura y en educación, como el descubrimiento de América, por no nombrar lo más notable. Desde este punto de vista, no se podría estudiar la ya mencionada conquista de América, ni las cruzadas de Palestina, ni
la expansión europea hacia el este de Europa, ni el imperio romano, ni un montón de hechos que, de acuerdo con nuestros criterios éticos actuales, pueden ser criticables. En cualquier caso, señora Barkos, tiene una percepción ambivalente del
concepto incorporación, ya que en el ideario de la coalición a la que representa va en sus primeras líneas programáticas la incorporación de la comunidad foral a otra comunidad autónoma y, en este caso, para usted eso es bueno y deseable.
La moción que planteó el Partido Socialista de Navarra en el Parlamento de Navarra era bien clara: instar al Gobierno de Navarra a propiciar un encuentro entre las diversas corrientes historiográficas existentes y primar los aspectos
académicos y científicos en los actos conmemorativos del V Centenario de la conquista de Navarra, así como poner a disposición del profesorado y alumnado materiales de aula que permitan a unos y a otros un mejor conocimiento de los hechos sucedidos,
junto a una interpretación lo más ajustada posible a la realidad histórica vivida. Se trata, por tanto, de una oportunidad de investigación y estudio, en el marco del sostenimiento de la memoria histórica, que no solo tiene que ver con la más
inmediata. He repasado la composición de la comisión técnico-científica para la conmemoración de los dos hechos históricos y realmente son expertos historiadores y estudiosos medievalistas reconocidos, por lo que estamos convencidos de que son
todos los que están, lo que no sabemos es si están todos los que son. Vamos a trabajar para que estos estudios se enriquezcan con las diferentes visiones de todos los historiadores que así puedan hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Aguerri.
Don Gaspar Llamazares tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario no es partidario del historicismo político, es decir, polemizar sobre hechos sucedidos hace varios siglos como si hubiesen sucedido ayer, con los valores de hoy. No somos partidarios de este tipo de
historicismo. Por tanto, no tenemos interés
en entrar el trapo de decidir si la cruzada contra el islam, concretada en la batalla de las Navas de Tolosa, fue un hito fundamental en la construcción de España o lo fue de Europa, o si la conquista de Navarra en 1512 fue una feliz noticia
para la unidad de España, como defiende una particular versión regionalista navarra, o una gran desgracia, como se proclama desde el otro lado, porque aquella conquista destruyó la independencia -entre comillas- del Reino de Navarra. Ya que está en
marcha la conmemoración de estos dos centenarios y no podemos evitarlo, preferimos que el debate que se genere se limite al ámbito puramente histórico y académico, evitando el debate político que se ha planteado y mucho más el debate partidista. En
este sentido, podemos apoyar el apartado primero de la moción de Nafarroa Bai.
Por otro lado, aunque estamos de acuerdo con el cumplimiento estricto de la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias del Consejo de Europa, no entendemos procedente que se mezcle esta cuestión con la conmemoración de las Navas de
Tolosa y la conquista de Navarra. Tampoco nos parece conveniente que el Gobierno de España tenga que exigir nada al Gobierno de Navarra. Esa carta contiene obligaciones tanto para la Administración del Estado como para la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra que cada una tendrá que cumplir dentro del ámbito de sus respectivas competencias. La vigilancia del cumplimiento no corresponde a esta Cámara; corresponde al Consejo de Europa, organismo impulsor de la misma, y, en su
caso, a los tribunales de justicia españoles en tanto en cuanto es un tratado internacional ratificado por España e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. La redacción del apartado 2 de la moción no es, pues, del todo afortunada y en nuestra
opinión resulta inoportuno mezclar churras con merinas.
Por último, resulta dudosa la prioridad de la recuperación de fortalezas que están destruidas -en estos momentos son escombros- desde hace quinientos años; en todo caso la decisión y las competencias al respecto corresponden principalmente
a la Comunidad Foral de Navarra y no al Ministerio de Cultura. Hemos empezado en un debate de competencias; continuamos, señorías, en un debate de competencias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Decía el otro día la ministra de Cultura en el debate de la interpelación que suscitó la señor Barkos que se asombraba mucho de que se plantearan estas cuestiones y pronunciaba literalmente la siguiente frase: Hoy aquellos hechos de hace
cinco siglos deberían ser más bien pasto de tesis doctorales y no de titulares de los periódicos. Dicho así, en abstracto, probablemente todos podríamos coincidir, pero afirmar esto así, rotundamente, significa desconocer, y mucho, la historia de
Navarra; y desconocer, y mucho, el origen de algunos de los problemas que todavía tenemos en este país después de quinientos años, aunque suene extraño y casi telúrico decirlo, pero ciertamente es así. Díganles a los escoceses que se olviden de la
batalla de Culloden, algo probablemente imposible; díganles a los québécois que retiren su lema, ese Je me souviens de que antes tenían un Quebec, y un Quebec libre, como reivindicación de que no olvidarán su origen, no olvidarán su tradición, no
olvidarán su memoria, no olvidarán su lengua. Y aunque parece que la historia y los sentimientos de Navarra son uniformes, la cruda realidad, también en el ámbito político, nos demuestra que esto no es así. Si hay que hacer un examen y unas
celebraciones conmemorativas, deben hacerse desde los puntos de vista variados que existen en la propia Comunidad Foral de Navarra.
Preguntémonos, por tanto, por qué hay aquí también una representante de Nafarroa Bai; porque en Navarra hay un importante número de ciudadanos que no comparte la visión política y, por cierto, muy historicista que ha realizado el Gobierno
navarro, porque el que acusa de historicista a quien está presentando esta moción, o a mí, que estoy hablando de estas cosas de hace quinientos años, debería darse un paseo por los discursos políticos que hay en el Parlamento navarro, no
precisamente por parte de los ciudadanos navarros que se sienten también vascos. Nafarroa Bai existe y ya es una sensibilidad.
Se decía que lo que se pretende aparentar como una unión voluntaria, en realidad no fue así. Aunque en 1512 se produce la entrada, hay sublevaciones durante bastante más de diez años, hay tres intentos de conquista, y parece además que en
1512 Navarra se incorpora -ahora entraré en lo de incorporarse- a Castilla, pero es que Navarra sigue siendo independiente. De eso parece que hacemos un borrón y no queremos saber nada, pero en lo que hoy es actual territorio del Estado francés
permanece, en la Baja Navarra, un territorio navarro independiente, con su rey propio y con su moneda propia; a pesar de que los castellanos lo ocupan en tres ocasiones, pero acaban retirándose y ahí se mantiene un gobierno. Por tanto, eso de
incorporación voluntaria, eso de que nadie defendía la independencia y de que esto era un arreglo amistoso, pues no: muchas sublevaciones y una Navarra independiente.
Cuando decía la interviniente anterior, la representante socialista, eso de incorporación, claro -permítame Uxúe que conteste porque yo también me he sentido aludido-, si es a la CAPV, no pasa nada; no, no, incorporación, incluso que la
CAPV se incorpore a Navarra o Navarra a la CAPV. Lo que quiere decir la señora Barkos o yo es que la incorporación en todo caso será democrática, en paz y sin que sea forzada, pero de lo que estamos hablando es de que en su momento a lo que se ha
forzado durante mucho tiempo a muchos navarros es
a una visión unívoca y parcial de lo que es la historia de Navarra. Por tanto, incorporación en el sentido pacífico, democrático, siempre estará bien vista. Si con incorporación lo que se quiere decir realmente es una conquista a sangre y
fuego, me temo que no. Ya el colmo de los colmos es eso del itinerario turístico de la conquista; solo falta que se haga una reproducción de las bulas papales falsificadas que utilizó Fernando el Católico para demostrar la legitimidad de la
conquista castellana.
Me sumo -voy acabando, señor presidente- a lo que decía la señora ministra el otro día y a que eso sea así, creencia de que diferentes identidades pueden convivir pacíficamente. Yo lo que le pido, lo que le pediría a la señora ministra, y
por eso voy a apoyar la moción, es que efectivamente posibilite esto, que haya diferentes identidades, diferentes formas de pensar, que puedan convivir, pero que cada una pueda ver reflejado en un análisis objetivo e independiente qué es lo que
realmente sucedió, porque el espíritu de Amaiur sigue todavía vivo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán tiene la palabra doña Montserrat Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Mixto presenta esta iniciativa de Nafarroa Bai, una moción referente a las actuaciones del Gobierno de España, con motivo de la celebración de los centenarios de la batalla de Navas de Tolosa y la conquista de Navarra por parte de
la Corona de Castilla, dos hechos históricos que suscitaron un intensísimo debate en la previa interpelación urgente que tuvo lugar la semana pasada en esta misma Cámara. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Desde
Convergència i Unió creemos que en este momento no es procedente entrar en el perfil historicista que envuelve esta propuesta.
Es evidente que los dos hechos suponen dos momentos, diríamos, significados en la historia de España, pero tampoco
podemos dejar de lado que desde el catalanismo político la celebración o conmemoración de alguno de estos momentos históricos comporta el ensalzamiento de una visión de la historia de España que dista, y mucho, de los planteamientos de nuestro grupo
parlamentario. Creemos que una cosa es conmemorar y otra hacer un análisis, un estudio riguroso, científico, desde la perspectiva histórica de esos dos momentos, digo, significativos de la historia de España.
Como muy bien ha dicho la portavoz proponente, no podemos compartir en nada gran parte de las manifestaciones de la ministra en el debate previo de la interpelación en esta Cámara la semana pasada. No podemos compartir gran parte de lo que
se dijo respecto al debate de identidades y tampoco podemos compartir muchos de los argumentos que justificaban la participación del Gobierno de España en la conmemoración de esos dos momentos históricos. Desde nuestra perspectiva es muy, muy
distinto participar en una conmemoración que fomentar ese estudio científico, como decía antes. Por ello celebramos y compartimos los tres puntos que se han incorporado en la moción: el primero, referente a propiciar el encuentro de las distintas
corrientes historiográficas, dando preponderancia a los aspectos académicos y científicos en el estudio de esos actos conmemorativos; en segundo lugar, exigir al Gobierno de Navarra el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Carta europea
de las lenguas minorizadas, evidentemente. Esto ya ni tan siquiera debería de constar en esa moción, pero lamentablemente nos encontramos en la situación que nos encontramos. Por último, también compartimos totalmente el contenido del tercer
apartado de la moción.
También queríamos aportar en este debate otra cuestión de fondo y más genérica. Por ejemplo en el listado de las efemérides en las que colabora el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales quizá sería bueno que
nos preguntáramos y analizáramos cómo podemos asegurar una mayor transparencia, cómo podemos asegurar esos criterios de razonabilidad en la participación en unos actos en detrimento de otros, porque los distintos grupos parlamentarios estamos
acostumbrados a ver que la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales por ejemplo está dando apoyo a unos actos y en cambio a otros no se los da. ¿Sobre la base de qué criterios se hace? Por tanto, creemos que sería conveniente ir un poco más
allá en el mismo camino en que se hizo con el uno por ciento cultural, en el sentido de exigir esa necesaria transparencia. Por lo demás, compartimos totalmente lo que han comentado los portavoces tanto de Nafarroa Bai como del Partido Nacionalista
Vasco en este sentido, por lo que ya anunciamos que votaremos favorablemente esta moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, creo que hay que comenzar por agradecer tanto el tono como el contenido de las intervenciones que se han producido sobre esta materia.
Quiero citar muy expresamente la de la proponente, la señora Barkos, la de la señora Fernández
del Grupo Socialista y también la del señor Llamazares. Estas intervenciones, con el tono y el contenido que han tenido, tal vez anticipan la posibilidad de que generemos un consenso con la transaccional que en estos momentos se está redactando.
Este debate no lo podemos desasistir del recuerdo de lo que fue la interpelación de la semana pasada de la
señora Barkos al Gobierno, a la ministra de Cultura. Efectivamente ese debate dio de sí para que percibiéramos dos cuestiones fundamentales, en primer lugar cómo a veces lo político se refugia en la discusión historicista. Tal vez esto no
ha sido lo que ha animado el debate esta tarde, pero es de lo que se habló hace una semana, y creo que también, como ha mostrado por ejemplo el diputado Aitor Esteban, es posible encontrar esa capacidad, diría casi ilimitada, de recrear el discurso
político sobre la base de una determinada interpretación de la historia.
En segundo lugar, tano en aquel momento como en el actual, en aquel debate y en este, pudimos ver cómo tal vez se cuestiona -así lo hacía la proponente- si cabe o no en estos
momentos celebrar lo que fueron unos acontecimientos bélicos, unas batallas, unos hechos que sucedieron y que efectivamente no parecen muy compatibles, en términos de celebración, con lo que ahora es cierto buenismo historicista también presente por
ejemplo en esa idea -¿recuerdan?- de la Alianza de Civilizaciones. En ninguna de estas actitudes nos van a encontrar. A nosotros no nos van a encontrar ni haciendo esa política escurrida de un cierto discurso historicista ni tampoco en el
maximalismo de qué es lo que cabe interpretar como celebración institucional en relación con unos hechos de la historia.
Cabe pedir al menos que la historia la escriban los historiadores y cabe pedir esto por una razón fundamental, la propia
complejidad de la historia; la complejidad que en este caso concreto señala que más allá de una batalla, más allá de un determinado momento histórico existen unas circunstancias múltiples, unas circunstancias que en aquel momento eran las de
Navarra en lo que se puede considerar y se identifica como la actual España, y de Navarra sobre sí misma, de Navarra sobre su propia situación interna a lo largo de las épocas anteriores, presentes y posteriores a estos hechos históricos que se
están recordando ahora.
También cabe pedir que no se haga una política advenediza de la historia.
Es cierto que el hecho político es una consecuencia de la historia y tenemos unas referencias claras de lo que hemos de hacer por nuestra sociedad,
teniendo presente lo que ha sido la historia de la sociedad, pero creemos que no se puede hacer una política que sea solo advenediza de la historia, que reclame solo la legitimación identitaria que algunos reclaman cuando analizan hechos como el que
estamos contemplando aquí. No lo digo, señora Barkos, por usted o por su formación política en el Parlamento de Navarra. Recuerdo cuando en el pasado debate del estado de la Comunidad en el Parlamento foral el presidente de la Comunidad Foral de
Navarra utilizó ese término de conquista para solaz precisamente de su grupo parlamentario, y tuvo incluso un conato de aplauso por parte de Nafarroa Bai. Quiero describir esta situación no en tanto en cuanto a ustedes como nacionalistas les
identifica -es lógico que así sea-, sino en tanto en cuanto está siendo utilizada ni más ni menos -yo diría que de una forma absolutamente sorpresiva e inopinada- por parte del propio partido que gobierna en estos momentos en la comunidad foral.
Por último, cabe aceptar que al recuerdo de unos determinados hechos históricos, cuando se trasladen a una celebración institucional, se le pueda denominar como se considere adecuado, sin miedos ni imposiciones. Por tanto, no estamos cuestionando
que estos hechos históricos, desde el punto de vista del recuerdo institucional, se puedan tratar de una determinada manera.
Estamos ante una actuación torpe del Gobierno de Navarra, ya que ha planteado una determinada celebración sobre estos hechos históricos en unos términos que ya están suponiendo una contestación social, intelectual y cultural en Navarra y que
no han supuesto otra cosa que reabrir una discusión política sobre la historia, actitud en la que no nos encontrarán. El Ministerio de Cultura, como hizo patente en la pasada sesión parlamentaria, en este asunto se pone de perfil; dice la ministra
que ella es, poco menos, una invitada dentro de una comisión. Por tanto, nos cabe preguntar cuál va a ser el apoyo que el Ministerio de Cultura y el Gobierno de España van a prestar a los hechos que se planteen desde el Gobierno de Navarra.
Termino, señora presidenta, diciendo que nos atendremos al rango competencial de lo que se sustancie en la propuesta transaccional que se nos presente y esperamos poder apoyar alguno de sus puntos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cervera.
Señora Barkos, su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora BARKOS BERRUEZO: Presidenta, estamos redactando -se presentará en breve- una transaccional entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): De acuerdo, muchas gracias, señora Barkos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS QUE DERIVEN DEL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA Y SU IMPACTO EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.
(Número de expediente
173/000192.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario vasco del PNV, sobre medidas para evitar los perjuicios económicos que se deriven del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y su
impacto en el territorio histórico de Álava.
Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, esta moción tiene su causa en la interpelación
defendida por mi grupo la semana pasada y tiene unas proposiciones y preposiciones muy claras, por lo que va a ser difícil que podamos aceptar ninguna enmienda que corrija o relativice su contenido material. Hace referencia al cierre de la
central nuclear de Santa María de Garoña.
Vamos a hacer reflexiones de carácter preambular que son inequívocas.
No planteamos con esta moción, señora presidenta, un debate sobre la energía nuclear ni un debate sobre la duración de las centrales nucleares ni siquiera ex post a las propuestas aprobadas en la ley de economía sostenible recientemente
debatida en esta Cámara. Sabemos que la central nuclear de Santa María de Garoña tiene una fecha de cierre preclusiva que está ya incardinada en el ordenamiento jurídico en virtud de la Orden 1785/2009, por lo tanto en abril de 2013 esta central
nuclear se tiene que cerrar. Esta es la primera cuestión. No vamos a hacer ninguna valoración sobre esta circunstancia. Esto es así, está incardinado en el ordenamiento jurídico. La propia norma de la ley de economía sostenible prevé que la
posibilidad de prorrogar el funcionamiento de centrales nucleares dimanará de lo que no esté previsto en el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, el pedimento o moción que nosotros presentamos tiene una segunda propuesta que reivindica o reclama
la creación de una comisión interinstitucional constituida por los representantes del Gobierno vasco, de la Diputación Foral de Álava y del Gobierno del Estado español. El compromiso para constituir esta comisión institucional deriva del año 2009,
señora presidenta. Si no me equivoco estamos en el año 2011 y desde 2009 estamos escuchando compromisos muy enfáticos, muy firmes, que afirman siempre y sistemáticamente lo siguiente -desde el año 2009, le estoy diciendo-: la semana que viene esta
comisión tripartita de carácter institucional para afrontar los quebrantos económicos que dimanan evidentemente del cierre de una central nuclear se constituirá. Se dice así desde el año 2009; estamos en 2011, lo cual, por razones esotéricas, que
no estoy en condiciones de interpretar en este momento, no ha impedido al consejero de Industria del Gobierno vasco afirmar su gran fe en esta comisión de naturaleza tripartita non nata todavía, comprometida desde el año 2009 y constituida por
representantes del Gobierno vasco, de la Diputación Foral de Álava y del Gobierno del Estado español. En tercer lugar, cuando se cierra una central nuclear, cuando se acomete el cese de actividad en la central nuclear, en los municipios adyacentes
se provocan quebrantos económicos en tanto en cuanto muchas de las personas que habitan en ellos trabajan en la central nuclear, se provocan bienes económicos diferidos, efectos directos e indirectos.
El quebranto económico es evidente, se puede dimensionar; hasta tal punto es así que ya está previsto en el ordenamiento jurídico cuál es el efecto o cuál es la responsabilidad que deben acometer las instituciones públicas, el Gobierno
español, cuando se cierra una central nuclear, que es cumplir con los requerimientos de un real decreto, el Real Decreto 1546/2004, que prevé una zona de afectación configurada por dos círculos o dos anillos de carácter concéntrico: un primero de
un diámetro de 10 kilómetros y un segundo de un diámetro de 30 kilómetros. En el primer círculo están ubicados los municipios con un mayor nivel de afectación o quebranto económico y en el segundo círculo otros municipios que también sufren
problemas o disfunciones económicas por la circunstancia del cierre de una central de carácter nuclear. Lo que ha hecho el Gobierno del Estado español hasta el momento en el ejercicio de sus competencias exclusivas, señora presidenta, ha sido
aprobar dos resoluciones, una en el año 2009 y otra en el año 2010, en las que estos dos círculos se convierten en dos semicírculos, de forma y manera que se articulan una serie de medidas de promoción o de reactivación económica de una serie de
municipios, todos ubicados en la provincia de Burgos -uno de los semicírculos- y no se prevé ningún tipo de actuación económica, ni un solo euro, para la reactivación económica de los trece municipios ubicados en la provincia o territorio histórico
de Álava, un municipio ubicado en el territorio de Vizcaya -el de Orduña- y algunos municipios ubicados en el territorio de La Rioja. Desde esa perspectiva, estas resoluciones son manifiestamente desequilibradas, desigualitarias y, por lo tanto,
discrecionales y arbitrarias. Esto es lo que mi grupo a través de esta moción pretender remover. Pretende incluir en los círculos de afectación una serie de medidas de reactivación económica, que son medidas ya propuestas por la Diputación Foral
alavesa, fundamentalmente del Gobierno vasco a través de su consejero de Industria, el señor Unda, y que hacen referencia a diversos mecanismos de actuación que están desglosados en el número 4 de la moción que nosotros en este momento presentamos.
Hace referencia a los municipios alaveses no afectados o no compensados por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, pero que están dentro de su círculo de afectación. Es un círculo de afectación no arbitrario, porque está
determinado por el ordenamiento jurídico como le he dicho y hace referencia a los municipios de Amurrio, Iruña de Oca, Lantarón, Ribera Alta, Valdegobia, Zambrana, Ayala, Amurrio (otra vez), Salinas de Añana, Koartango, Lantarón, Ribera Alta, Ribera
Baja, Urkabustaiz, Valdegobia... Así le podría citar hasta los trece municipios y algunos...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, muchas gracias, ha acabado su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, no, acabo ya, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, señor Olabarría, quien dice si se ha acabado o no soy yo, no usted. Ha acabado su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Solo quería decirle, a modo de despedida también, que esta manifiesta arbitrariedad acometida por las instituciones centrales del Estado debe ser objeto de remoción, y espero de la sensibilidad ...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, ¡por favor!
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... de los grupos parlamentarios y particularmente de los representantes alaveses de los grupos parlamentarios, la sensibilidad necesaria...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): ¡Señor Olabarría, por favor, no abuse! Muchas gracias.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar para defender las del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Olabarría, mi grupo pretende tener toda la sensibilidad del mundo con lo que usted propone aquí, pero sobre sensibilidad hablaremos luego. Es más pide usted una cosa que ciertamente es razonable, que se atienda en los
términos del Real Decreto 1546/2004, que usted ha glosado, y que por tanto se adopten medidas de reactivación económica en toda la zona de influencia de la central, que no es la que está siendo objeto de atención en este momento sino que es más
amplia y que incorpora municipios pertenecientes al territorio histórico de Álava, a la Comunidad Autónoma de La Rioja y del enclave vizcaíno de Orduña. Es verdad que eso es así, pero mi grupo no quiere rehuir el fondo de la cuestión porque es
evidente que si hay un perjuicio económico, si hay un quebranto y si hay una zona que está castigada es porque el Gobierno ha tomado una decisión, la de cerrar la central nuclear de Garoña, pero no ha tomado esa decisión de cualquier manera; lo ha
hecho llevado exclusivamente por un prejuicio político, una decisión de carácter personal del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es una decisión adoptada contra el criterio unánime del Consejo de Seguridad Nuclear que resultó fuertemente
desautorizado, ya que acreditó que la central nuclear reunía los requisitos para poder prorrogar su actividad al menos hasta el año 2019. Por tanto la falta de política energética del Gobierno, la acumulación de errores, los prejuicios ideológicos,
son los que han provocado esta situación. Para paliarla se ha puesto en marcha eso que se llama el Plan Garoña, que es otro cúmulo de despropósitos, primero porque prometió a los burgaleses, a los municipios afectados en Burgos, una inversión de
hasta 950 millones de euros. Miro al alcalde de Burgos y le pregunto si han empezado ya a desdoblar la N-I entre Miranda de Ebro y Burgos. Dice que no. Pregunto si están haciendo la autopista de los Dos Mares o si han puesto ya el parador
nacional de turismo que iban a instalar como compensación por el cierre de la central. Nadie debe hacerse muchas ilusiones con los compromisos y las promesas del señor Chaves.
Yo me preguntaba también por qué el Partido Nacionalista Vasco trae esta moción y hace esta interpelación en estas fechas. El Partido Nacionalista Vasco ha tenido cuatro ocasiones claras para mostrar su sensibilidad: primero cuando el
Partido Popular presentó una moción en Juntas Generales de Álava para que se atendiera a los municipios alaveses y ustedes no apoyaron la moción del Partido Popular, la rechazaron con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi. Igual moción
presentamos instando al Gobierno de la nación a que tuviera en consideración a los municipios alaveses en el Parlamento vasco, y ustedes también unieron sus votos al Partido Socialista de Euskadi para rechazarlo. Por tanto es sorprendente que usted
lo traiga aquí; seguramente es para lavar su mala conciencia.
Porque ustedes han tenido dos negociaciones presupuestarias en las que han sido una fuerza política determinante y clave en 2009 y 2010, e hicieron gala de un poder omnímodo, incluso
podían cambiar el nombre de las cosas. En el caso de Álava la propuesta era cambiarnos el nombre; ahora, todo lo demás de Álava y de los alaveses, nada de nada. Ni se acordaron, ni se fijaron, ni repararon en el perjuicio que se causaba a Álava
con el cierre de la central nuclear de Garoña. Esa es la mala conciencia, y ahora nos traen aquí esta propuesta, cuyo contenido es claramente preelectoral, para lavar su imagen, por lo que han hecho y lo que ha sido su gestión estos dos últimos
años en la defensa de los intereses de los alaveses.
En cualquier caso nuestra posición es muy clara, que se replantee la decisión de cerrar la central nuclear de Garoña, que se eviten esos perjuicios -esta es la mejor solución-. Por tanto es lo que nosotros proponemos en nuestra enmienda,
que naturalmente cuando se planteen actuaciones de reindustrialización en zonas que están afectadas por una central nuclear no se actúe de manera arbitraria, se tenga en consideración lo que marca el ordenamiento jurídico y en este caso, si eso
fuera así, se tuviera en consideración no solo a los municipios alaveses y al enclave de Orduña sino también a esos siete municipios riojanos que usted ha postergado y que también olvidaba en su propuesta.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el 2 de marzo de 2011 la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en la provincia de Burgos y a solo cuatro kilómetros de Álava, cumplirá cuarenta años de funcionamiento; cuarenta años de vida
y producción energética que finalizarán el 6 de julio de 2013, fecha en que cerrarán definitivamente sus instalaciones de producción de energía.
Ha sido una decisión de un Gobierno socialista la que ha dado satisfacción a una reivindicación
histórica y casi unánime de toda la sociedad alavesa, con la sola excepción del Partido Popular, y que ha sido refrendada en numerosas resoluciones de las Juntas Generales de Álava, su Diputación Foral, el Parlamento y el Gobierno vascos. No era
una reivindicación baladí, porque esa central desde el año 1994 tenía problemas de seguridad y medioambientales que podían afectar a la población de su entorno. Esa decisión es irrevocable y hay que decirlo una vez más de forma clara y nítida para
despejar dudas y acallar rumores: Garoña se cierra en 2013.
Quiero indicar que el discurso del diputado alavés del Partido Popular es contrario a la posición de una amplia mayoría de la sociedad alavesa y vasca, porque ahora no hablamos del cierre o no de Garoña -eso ya está decidido- sino de lo que
estamos haciendo para paliar sus consecuencias.
No estoy escuchando ninguna oposición de sus colegas de partido en la Comunidad de Castilla y León a las medidas adoptadas por el Gobierno socialista, más bien al contrario. El mismo PP que no quiere
el cierre de Garoña cerró Zorita; el mismo PP que pide al Gobierno socialista un plan de empleo por el cierre de Garoña no hizo ningún plan cuando cerró Zorita. ¿Eso es coherencia? Esa decisión de cierre es el origen del debate que nos atañe hoy
en relación con la moción presentada por el PNV en esta Cámara para que los municipios de Álava y Vizcaya, ubicados en los radios de afectación establecidos en el Real Decreto 1546/2004, de 25 de julio, sean también beneficiarios de las medidas de
reactivación económica en la zona de influencia de la central. Mi grupo, el Grupo Socialista, quiere añadir también a los siete municipios de la comunidad de La Rioja incluidos en el radio de afectación de la central. Las poblaciones de los
municipios limítrofes a la central, tanto de Burgos como de Álava, Vizcaya y La Rioja, han compartido durante cuarenta años beneficios socioeconómicos y riesgos. Es justo que en la hora de su cierre los riesgos compartidos también se vean
compensados con los beneficios compartidos; así ha de ser. Estamos hablando del compromiso del Gobierno socialista de que todos los empleos directos actuales de la central de Garoña estarán garantizados más allá del año 2013, y lo va a cumplir.
Para ello el Gobierno ha aprobado un plan de dinamización económica y de medidas para el empleo para la zona de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña. Dicho plan se diseñó inicialmente para atender solo a aquellos municipios más
afectados por el cierre de la nuclear que eran los de Burgos, donde reside el 85 por ciento de los trabajadores de la central y donde el impacto directo del cierre será mayor. En ese marco el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha sacado
dos convocatorias para actuaciones de reindustrialización en la zona de influencia de la central de Garoña que afectan solo a municipios de Burgos. La razón es fácil de entender, si se quiere entender. Los municipios de Álava, Vizcaya y La Rioja
no son elegibles por sus elevados niveles de renta y empleo dentro del mapa de ayudas regionales de España para el periodo 2007-2013 aprobado por la decisión de la Comisión Europea de 20 de diciembre de 2006. Es la aplicación del principio de
solidaridad al desarrollo regional, a la convergencia territorial en niveles de renta y de desarrollo económico y social. Creo que el resto de grupos estará de acuerdo con este principio de solidaridad. Pero ha sido y es voluntad del Gobierno dar
cobertura de las medidas de reactivación económica a todos los municipios ubicados en los radios de afectación de la central, y con ese objetivo el Gobierno amplió el plan para dinamizar esa zona a los municipios de Álava, Vizcaya y La Rioja
afectados. El plan tiene varias fases y diversas fórmulas en su articulación y desarrollo, y me remito a la explicación que dio la semana pasada el señor Chaves en la interpelación.
Mi grupo ha presentado una enmienda que va en la dirección de reforzar la presencia local en el desarrollo del plan de dinamización con la creación de una Comisión en la que participen los gobiernos de España, el Gobierno vasco y la
Diputación Foral de Álava, que sería la encargada de recibir, analizar y valorar los proyectos...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Lasarte, por favor.
El señor LASARTE IRIBARREN: Acabo ya, un momento.
Mi grupo quiere sumar, no restar. Entendemos que la suma de esfuerzos y recursos es buena para el progreso de toda esa zona, que la generación de economías de aglomeración es fuente de riqueza y empleo, y estamos trabajando para que eso sea
así.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Lasarte.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señorías, nuestro grupo votará a favor de esta moción que presenta el Partido Nacionalista Vasco, entendiendo que es necesario que las medidas que se proponen para el área de influencia socioeconómica de la central se realicen, que se
dinamicen y además que se encuentre una transición justa para los trabajadores afectados. De hecho, nosotros ya proponíamos en nuestro plan puente destinar un 15 por ciento del fondo a la dinamización social y económica de las zonas más
directamente afectadas por el futuro cierre de las centrales, con la participación
también de los ayuntamientos, entendiendo, evidentemente, que se va a cerrar Garoña, porque la semana pasada el portavoz del PNV decía que se cerraba Garoña, pero también el portavoz de Convergència i Unió decía que había posibilidades de
que no se cerrara, y son los portavoces de los dos grupos que presentaron la enmienda en la ley Sinde en el Senado.
Suponiendo que se cierre Garoña, estaremos de acuerdo con esta propuesta.
Además de los socios, Partido Nacionalista Vasco y
Convergència i Unió, está el Gobierno, y el Gobierno en 2004 y en 2008 se comprometió a la sustitución gradual de la energía nuclear por energías más limpias, más seguras y menos costosas. Este calendario de cierre de las nucleares en el último
momento en la ley Sinde ya no es así.
La ley Sinde inicialmente indicaba que el Gobierno mantendría el calendario de operación de las centrales considerando el plazo de cuarenta años para el que fueron diseñadas, y ha pasado a permitir que la vida útil de las centrales se pueda
alargar indefinidamente, asumiendo que funcionarán más allá de los cuarenta años. Cuando el Gobierno decidió que cerraría Garoña en 2013, el presidente del Gobierno insistió en que las centrales deberían tener un límite de cuarenta años y que debía
establecerse por ley, y hoy tenemos todo lo contrario. Donde dije digo, digo Diego. Lo decíamos también la semana pasada al discutir la ley Sinde, la ley de economía sostenible, la ley de la vuelta a las nucleares. Esta ley ha sido una
oportunidad perdida para construir un sistema energético más equitativo y justo en el que se potencien el ahorro y la eficiencia energética, haya un fomento real de las energías renovables y en el que cada instalación internalice los costes en los
que incurre y no los acabemos pagando entre todos. Esta ley es un cheque en blanco a las nucleares, la ley de la semana pasada, seguimos con un funcionamiento distorsionado del mercado eléctrico y seguiremos arrastrando un déficit tarifario
descomunal mientras no se tengan en cuenta los costes en los que realmente incurren las nucleares y también las hidráulicas, por supuesto. ¿Y qué ha hecho Alemania? Ha hecho algo que nosotros ya propusimos hace tiempo, el plan puente -lo decía
anteriormente-, que permite tener un fondo económico suficientemente importante para impulsar las inversiones en energías renovables y en ahorro y eficiencia energética y que también les va a permitir reducir el déficit. ¿Qué resultado tenemos
nosotros aquí? No solo que se alarga la vida de las nucleares, con los problemas ambientales que esto conlleva, sino que además siguen cobrando millones de beneficios en inversiones que ya están más que amortizadas. No me quiero imaginar qué
pasará con el resto de centrales nucleares después del informe que el ahora secretario de Estado de Energía hizo en su momento pidiendo el lucro cesante de Garoña. Si pasa exactamente igual con las otras centrales nucleares, vaya coste para todos.
Esperamos que ahora no se desdigan del compromiso del cierre de Garoña, y por tanto lo que decía anteriormente: si se cierra Garoña, estupendo tener un plan.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Buenaventura.
Señor Olabarría, es su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Rechazo las dos enmiendas, indicando solo que lo que don Alfonso Alonso ha comentado sobre las mociones votadas por mi grupo en otras instituciones es manifiestamente incierto.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, sin abusar, es su turno para rechazar o aceptar enmiendas. Por tanto, votaremos en sus propios términos la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO, ESPECIALMENTE EN ORIENTE MEDIO. (Número de expediente 173/000193.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Popular, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en Oriente Medio. Para
defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, defiendo una moción que ha sido pactada con el Grupo Socialista. De manera muy particular quiero reconocer públicamente el esfuerzo realizado por su representante, el diputado Juan
Moscoso, públicamente y por el resto de grupos parlamentarios, salvo uno, que se han sumado a esta moción que trae causa de la interpelación que la semana pasada mi grupo parlamentario, y en su nombre mi colega Jorge Moragas, defendió en esta Cámara
en relación con la persecución a la que se ven sometidas minorías cristianas en Oriente Medio y en diversos países de Asia y África por una flagrante violación de un derecho fundamental humano como es el derecho a la libertad religiosa.
Quiero aclarar, señorías, en primer lugar, que no se trata, a pesar del título de la interpelación y de la moción, de un debate sobre religión ni mucho menos de un debate confesional o clerical. Es un debate sobre la protección de los
derechos humanos, sobre un derecho humano
fundamental reconocido amplísimamente en el conjunto de la legislación internacional y muy en particular por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 18, el derecho humano fundamental a la libertad religiosa.
A estos efectos, señorías, me parece oportuno recordarles también que en el año 2008, precisamente en el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas recordaba que los derechos humanos son universales,
indivisibles e interdependientes. Es especialmente interesante recordar esa solemne declaración de Naciones Unidas en el 60º aniversario de dicha declaración universal porque ayer mismo el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea, en las conclusiones que aprobaba en relación con la intolerancia, la discriminación y la violencia provocada por la religión y sus creencias, mejor dicho, contra las personas en función de sus creencias religiosas, la Unión Europea decía:
La libertad de religión está intrínsecamente vinculada a la libertad de opinión y de expresión así como a otros derechos humanos y a las libertades fundamentales que contribuyen a la construcción de sociedades plurales y democráticas. Es decir,
Naciones Unidas dice que los derechos humanos son indivisibles, universales e interdependientes. Al hilo de esta declaración de Naciones Unidas, ayer la Unión Europea dijo que, efectivamente, el derecho humano fundamental a la libertad religiosa,
que está siendo violado sistemáticamente en estos momentos en diversos lugares del mundo, no puede desligarse de principios tales como el de libertad de opinión y libertad de expresión, que junto con otros son consustanciales para que podamos hablar
en puridad de una sociedad democrática y de una sociedad plural. Este es el contexto en el que nos encontramos y sobre el que tratamos, que estamos en defensa de un derecho intrínsecamente vinculado a la construcción de auténticas sociedades
democráticas. Como les he dicho, señorías, esto no está siendo así, insisto, para nuestra desgracia, para desgracia de la humanidad, en numerosos países de Oriente Medio, de Asia y de África.
En la exposición de motivos de la moción hacíamos constar una no exhaustiva pero sí intensa cronología de acontecimientos que ponen de manifiesto y demuestran lo que estamos diciendo: la masacre de Bagdad con 58 muertos; de Alejandría el
primero de enero pasado con 21 muertos; después del registro de esta moción en Túnez ha sido degollado un salesiano de 34 años por el hecho de ser un religioso católico, lo que ha dado lugar a que la alta comisionada de la Unión Europea para
política exterior y de seguridad, Catherine Ashton, haya hecho una declaración formal y solemne manifestando su consternación y resaltando la importancia de la tolerancia religiosa para la construcción de una sociedad democrática basada en el
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; el caso de Asia Bibi, una mujer condenada a la horca por blasfema en Pakistán, donde nada más y nada menos que el gobernador del Estado de Punjab, por haberse manifestado contrario
a esa legislación, ha sido también asesinado con el apoyo de una parte importante de esa sociedad. Todo esto pone de manifiesto que no podemos continuar callados ante una situación de esas características que amenaza claramente la paz y la
convivencia en el mundo, no ya solo la democracia sino la misma paz y la seguridad en el mundo.
El Senado de España aprobó el pasado 19 de enero una moción en relación con esta cuestión con un amplísimo consenso de la Cámara. El 20 de enero, el día siguiente, el Parlamento Europeo aprobó una magnífica resolución también en relación
con esta cuestión. Es evidente que tras la conclusión de ayer del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea solo faltaba -si me permiten la expresión- por pronunciarse este Congreso de los Diputados; era inaplazable el
pronunciamiento del Congreso de los Diputados de España, legítimo y democrático representante del pueblo español, y lo digo en un 22 de febrero. Señorías, tenemos la convicción de que hoy el Congreso de los Diputados, con la previsible aprobación
por abrumadora mayoría de esta moción, se honra a sí mismo y sobre todo honra al pueblo español para que podamos contribuir de esta manera también a que ante la situación por la que están atravesando tantos países árabes en estos momentos el surgir
de esas nuevas sociedades se oriente en la dirección democrática y el derecho a la libertad religiosa sea uno de sus pilares.
Concluyo, señorías. El último punto de la moción alude a que son los Estados los que primariamente tienen el deber de garantizar el respeto a ese derecho fundamental por parte de sus conciudadanos, de sus connacionales, pero decimos
primariamente porque ahí se incluye el principio de injerencia humanitaria que legitimaría en su caso por Naciones Unidas a intervenir cuando los Estados no quisieran o no pudieran...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Fernández, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: ...respetar ese derecho fundamental. Nos ha parecido, por tanto -ya termino, señora presidenta-, que esa inclusión precisamente cierra de una manera muy homogénea una moción de estas características que, insisto,
lo que quiere es poner el acento desde el Congreso de los Diputados de España en un problema que a todos nos atañe porque donde se violan los derechos humanos se están violando derechos fundamentales de las personas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una firmada por el señor Salvador y otra firmada por varios grupos. En primer lugar, para defender la suya tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente para defender la posición de UPN ante esta moción y en todo caso permítanme que inicie mi intervención agradeciendo la interpelación de la semana pasada y la moción presentada por el Partido Popular que hoy debatimos y
luego votaremos. Creo que ambas iniciativas aciertan al poner en el foco de nuestro interés parlamentario la denuncia de unos hechos que no por conocidos, reiterados o generalizados deben ser olvidados y mucho menos menospreciados por esta Cámara.
También creo acertado, señor Fernández Díaz, el hecho de haber abierto la moción al entendimiento y comprensión de los grupos políticos para consensuar un texto que pueda fijar los términos de nuestra condena y de nuestra denuncia frente a los
ataques a estas comunidades y también de nuestro compromiso con la protección del ejercicio del derecho a la libertad religiosa en el mundo, sea cual sea la fe que profese la minoría atacada o perseguida, más allá de utilizar esta moción para
enfrentamientos, como no es el caso.
El texto pactado, en mi opinión, no ha perdido su virtualidad ni su contundencia original por el hecho de haberse pactado por un número variado de grupos parlamentarios. No es esta moción la primera iniciativa presentada en esta Cámara
sobre este asunto. Quiero recordar las dos proposiciones no de ley presentadas en la Comisión de Asuntos Exteriores, una de ellas registrada el 28 de diciembre por el Partido Popular, y otra de Unión del Pueblo Navarro, registrada el 13 de enero de
este año, ambas coincidentes en algunos puntos, como la que analizamos hoy. Es verdad que esta moción mejora el texto de la proposición no de ley del propio Partido Popular del año pasado, digamos que la complementa, pero, a nuestro juicio, aún
podría haber ido más lejos en su contenido y esa ha sido la intención que nosotros recogemos en nuestras enmiendas. Y aunque es verdad que en la formulación original la moción incorpora alguno de los postulados que incluye la proposición no de ley
que presentó Unión del Pueblo Navarro en la Comisión de Asuntos Exteriores, como son la ampliación de la denuncia a los ataques y persecución de otras minorías junto a las cristianas o la incorporación del principio de reciprocidad, o la mención a
la proscripción de la discriminación por razón de religión, desde nuestro punto de vista, sigue quedando la moción incompleta por dos razones. La primera es que junto con las denuncias y condenas frente a todo tipo de acto de intimidación,
violencia y coacción debió recogerse una referencia expresa a la solidaridad obligada con los que sufren los ataques en el texto, que precisamente es el texto de la enmienda que nosotros presentamos, en la que pedíamos la ampliación en el punto
primero de ese apoyo y solidaridad con las víctimas directas de los mismos, así como con la totalidad de la comunidad cristiana en el mundo.
La segunda razón es que sigue siendo el origen de toda esta violencia gratuita el fanatismo religioso, el
odio y la intolerancia, y nosotros considerábamos que debíamos haber recogido expresamente el compromiso de combatir las ideologías del odio a través de medidas concretas, desde una correcta pedagogía hasta reformas legislativas que penalicen los
delitos que tienen su fundamento en el fanatismo reconocido. En todo caso y en aras del consenso, que nos parece razonable, necesario y oportuno en este tema, podíamos incluso dejar vivas estas otras iniciativas para que en el futuro próximo
podamos debatirlas en la Comisión de Asuntos Exteriores.
En todo caso, señor Fernández Díaz, bienvenidos sean la iniciativa y el acuerdo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, ayer el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea reafirmó una vez más que la libertad religiosa y de culto y la lucha contra cualquier tipo de discriminación por
razones religiosas forman parte de las prioridades absolutas de acción de la Unión Europea. También condenó con contundencia los ataques terroristas, la discriminación y la intolerancia que se registran por razones religiosas en muchos países, y
destacó en particular a las minorías cristianas y también a otros grupos, como los peregrinos musulmanes. Hay que añadir también otros muchos grupos que sufren este tipo de violencia, por ejemplo los condenados por blasfemia -a los que hacía
referencia el señor Fernández- o también los ataques que sigue sufriendo la comunidad judía, víctima del antisemitismo. Estas son las conclusiones adoptadas ayer, contundentes, que cierran la interpelación del pasado miércoles con claridad y que si
no se adoptaron antes no fue debido -como quedó claro- a la actuación del Gobierno español.
Hoy, esta interpelación ha permitido alcanzar un acuerdo en mi opinión muy importante en materia de libertad religiosa y protección de minorías religiosas para ser seguido en el marco de la política exterior española y de la Unión Europea y
también en el marco multilateral. Quiero agradecer al resto de grupos firmantes de la enmienda que hemos negociado entre todos y en particular al portavoz del grupo proponente, el señor Fernández Díaz, un texto que hoy presentamos y del que quiero
destacar una serie de cuestiones. En primer lugar, en el punto 1 hay una condena clara de los brutales ataques terroristas y de la persecución religiosa sistemática que están sufriendo las comunidades cristianas en diferentes países de África y
Asia, y también las que sufren otras confesiones religiosas en diversas partes del mundo. En segundo lugar, hay que instar siempre al Gobierno a defender el derecho fundamental de la libertad de conciencia y religión, tanto en sus actuaciones
bilaterales como multilaterales, recordando que ambos derechos forman parte de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en su artículo 18, y también del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en el artículo 9. Asimismo, este texto incorpora una definición amplia y completa de lo que debe ser entendido como libertad religiosa: la libertad
fundamental de adherirse o no a una religión y también la libertad, por ejemplo, de cambiar de religión, algo perseguido en muchos países, incluso en países considerados democráticos, y también la libertad de no profesar religión alguna, sin duda
una opción elegida también casi de manera mayoritaria por muchos ciudadanos españoles y europeos, y todo ello sin sufrir ningún tipo de discriminación.
También quiero destacar otras cuestiones. En el punto 3 se apunta la necesidad de promover en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito multilateral acciones para integrar de manera efectiva a las minorías cristianas en Oriente Medio,
Asia y África, como hizo ayer el Consejo Europeo en Bruselas, así como la necesidad de utilizar instrumentos multilaterales. Asimismo, el punto 4 insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de utilizar nuestra legislación en materia de asilo para
dar un trato preferente a las personas perseguidas por razones religiosas, tal y como contempla de hecho la ley de la que fui ponente y que se aprobó hace poco en esta Cámara. De la misma manera, hay que tener en cuenta esta cuestión para
considerar acciones especiales en el marco de la cooperación al desarrollo en el marco de la nueva Ley del Fronprode.
Me parece muy importante el punto 5, que es relevante porque va a marcar la actuación de España en los próximos años. El punto 5
insta a que se promueva el pleno ejercicio de la libertad religiosa en todos los países desde las máximas garantías -repito, en todos los países desde las máximas garantías-, empezando, por supuesto, por nosotros mismos, de manera que este punto
cierra definitivamente el peligroso camino de la mal llamada reciprocidad. No creo que se pueda hablar de reciprocidad en materia de libertades fundamentales, porque los derechos fundamentales son universales. De hecho, existen países en los que
otras muchas libertades fundamentales no son respetadas, como la libertad de expresión o la igualdad entre hombres y mujeres, y no creo que nadie pueda cabalmente exigir el derecho a una reciprocidad. Quiero también recordar que en muchos de estos
países hoy se exige libertad en otros aspectos, y por ello quiero mostrar hoy desde aquí mi solidaridad y mi apoyo a todos los luchadores por la libertad religiosa y por todas las libertades en Egipto, Túnez, Bahrein, Libia, Yemen, Irán y tantos
otros países.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Moscoso, tiene que acabar.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Finalmente, el punto 6 incorpora la utilización del instrumento ya de Naciones Unidas de la Alianza de Civilizaciones como medio de lucha contra el radicalismo para aumentar el mutuo conocimiento y para
promover la convivencia pacífica entre los diferentes credos en el seno de sus sociedades.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moscoso.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán a esta iniciativa del Grupo Popular que tiene el reflejo de una enmienda de modificación firmada por distintos grupos entre los cuales está el Grupo
Parlamentario Catalán. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Quiero reiterarme en algo que se ha dicho esta tarde, y es que hoy no tenemos un debate de confesionalidad sino que hoy tenemos y afrontamos un debate sobre derechos fundamentales y sobre el respeto a los mismos. Y lo hacemos en unas
semanas, en unos meses en los cuales parece, contra lo que nadie escribió ni nadie pronosticó, que hay una demanda y una ola de libertad en muchas partes del mundo; también en algunas partes del mundo donde ese derecho a la libertad religiosa no ha
sido respetado en los últimos tiempos. Por este motivo nos parece oportuno que hoy el Congreso de los Diputados se sume a las resoluciones y a las iniciativas ya adoptadas por el Senado el día 18 de enero, por el Parlamento Europeo el día 20 de
enero por amplia mayoría, o también a la luz de las conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que conocimos ayer. Insisto, señorías, estamos hablando de libertades fundamentales, del derecho a profesar o no una
religión, del derecho a practicar el proselitismo, del derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento y a la libertad de profesar una religión, y todos estos planteamientos no violentan ni se oponen a la neutralidad del Estado en
materia de confesionalidad religiosa.
La iniciativa planteada por el Grupo Popular, y que cuenta con esta enmienda de modificación firmada también por el Grupo de Convergència i Unió, es una iniciativa muy coincidente con la proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán
el día 26 de enero de este año para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores, y que esperamos y deseamos que sea vista y votada precisamente en la próxima sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores en que se discutan proposiciones no de
ley. Señorías, no quiero reiterar argumentos ya expuestos por otros portavoces; quiero aportar tres ideas nuevas o complementarias a las ya expresadas y que coinciden con las del Grupo Parlamentario Catalán.
Creemos que en el diálogo bilateral
con terceros países por parte de la diplomacia española el respeto a la libertad religiosa, el respeto a este derecho fundamental se debe incorporar en la agenda de diálogo con aquellos
terceros países que no respetan, que reprimen este derecho fundamental.
Instamos a través de esta moción, instamos a través de esta propuesta del Grupo Catalán en la Comisión de Asuntos Exteriores a que en la política de relación con
terceros países en la diplomacia española se incorpore también el respeto a este derecho fundamental.
Señorías, esta moción incorpora un extremo muy importante. A la luz de la modificación de la Ley de Asilo que se ha tramitado durante esta legislatura, esta moción plantea la posibilidad de que quien haya sido perseguido por motivos de
libertad de conciencia y de profesar o no una religión pueda ser acogido, en virtud del derecho de asilo, dentro de las fronteras del Estado español. Señorías, este es un extremo planteado en distintos debates que por fin tiene una traslación en
esta moción y que creo que tiene una relevancia digna de significación. Finalmente, hay una referencia al punto número 5 del texto final que vamos a votar de esta enmienda de modificación. Tenemos que reconocer que el redactado inicial, planteado
por el grupo proponente y defendido por el diputado Fernández Díez, hacía referencia incluso al principio de reciprocidad en las relaciones entre Estados a la luz del respeto a los derechos fundamentales. En el esfuerzo de acuerdo hemos terminado
con un punto número 5, que también ha sido destacado por parte del diputado Moscoso del Prado. Es un punto muy importante, un punto que insta al Gobierno a proteger a las minorías religiosas y a que gocen en todos los países, en todos los países,
de las máximas garantías para la profesión y práctica de sus creencias religiosas. Pues bien, señorías, a través de este punto número 5, este Congreso de los Diputados mandata claramente al Gobierno a desplegar en su acción de política exterior y
en su diálogo con terceros países una exigencia de respeto a los derechos fundamentales y también de respeto al derecho a la libertad de profesión de una determinada creencia o de una determinada religión.
Señorías, por todo esto y en coherencia con nuestra firma a esta enmienda de modificación, vamos a votar afirmativamente una iniciativa que saludamos también de forma muy positiva.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Nos congratulamos como grupo político de la presentación de esta moción por parte del Grupo Popular y, sobre todo, de las matizaciones que después se han ido haciendo sobre la base de un acuerdo entre todos los grupos políticos, al que el
proponente también generosamente ha accedido.
Es evidente que estamos asistiendo a episodios de violencia, digamos que continuados, no en un solo país, en el área de Oriente Medio pero también en otros países, contra cristianos y contra comunidades cristianas que no son precisamente
recién llegadas a la zona, sino que forman parte de una larga tradición, en algunos casos incluso más antigua que la propia tradición musulmana en esos países; unas comunidades asentadas, enraizadas e integradas en la sociedad en general. Y desde
ese punto de vista yo creo que es bueno dar un toque de atención y elevar la voz para su defensa en nombre de la libertad religiosa en general, porque lo que entendemos que no es admisible para las minorías cristianas tampoco lo es para otras
minorías. Y yo estoy convencido, aunque parezca que los tiempos turbulentos que azotan el mundo árabe puedan producir más ataques contra las comunidades cristianas, de que la democracia, al revés, va a fortalecer la seguridad de estas comunidades.
Decía el otro día el señor Moragas en su intervención: Que se haga una defensa inteligente, eficaz y clara del valor de la libertad religiosa en el nuevo Egipto que está por forjarse. Pero precisamente en el viejo Egipto el poder -lo
sabemos perfectamente- utilizaba a la minoría copta, a la minoría cristiana copta y, sobre todo, cooptando a sus dirigentes religiosos, para servir de apoyo al régimen y de muro ante la oposición, y en muchos momentos esas minorías también han sido
manipuladas desde el poder político. Afortunadamente, lo que vimos en la plaza de Tahrir en los acontecimientos de los últimos días fue que la minoría copta también estaba allí, estaba presente y estaba en armonía con el resto de los egipcios
musulmanes que estaban en aquella plaza. Y eso yo creo que nos debe dar esperanzas sin lugar a dudas.
Decía también el señor Moragas en su intervención que, le guste o no, las ideas que han hecho Europa -le decía a la ministra-, aunque felizmente secularizadas, tienen una indudable raíz cristiana; bien cierto. Por tanto, si se transmite la
idea de que Europa tiene un problema con el cristianismo fuera de sus fronteras, se estará lanzando el mensaje de que Europa tiene un problema de raíz, y eso no, señora ministra. Creo que Europa no tiene ningún problema con el cristianismo fuera de
sus fronteras, al contrario, y se va a demostrar hoy mismo en esta Cámara. Sí es cierto que Europa tiene un problema con el cristianismo dentro de sus fronteras, o quizás la jerarquía cristiana tiene problemas dentro de esa vieja Europa. Y eso
también es un asunto que tenemos que revisar en beneficio de otros derechos y otras libertades, y lo dice alguien que se confiesa cristiano y alguien que va a apoyar esta moción sin ningún tipo de dudas. También sería bueno que, como la libertad
religiosa es garantía de paz frente a la amenaza de intolerancia, defendamos esta libertad religiosa tanto fuera de las fronteras del Estado como dentro de estas, porque en el día a día nos podemos encontramos con que hay posiciones incluso de
algunos grupos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor Esteban. Por favor, ¿tienen la bondad de guardar silencio y respeto al orador?
Adelante.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Decía que hay dificultades en las minorías religiosas asentadas entre nosotros para crear templos, para poder construir cementerios, para que maestros de esas religiones minoritarias puedan incorporarse al sistema educativo, y a veces desde
posiciones de partidos políticos. Creo que esto va en contra de esa libertad religiosa, garantía de paz frente a la amenaza de intolerancia, que vamos a defender en esta moción. Por lo tanto, esta moción es necesaria, es equilibrada porque habla
de un problema concreto que está sucediendo en estos momentos, pero habla de una libertad religiosa con respecto a todas las minorías, y es una moción que debemos intentar que se aplique a través de la presión internacional fuera de nuestras
fronteras, pero también en todos los casos en que se produce día a día dentro de nuestras fronteras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Para fijar posición tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no ha suscrito esta iniciativa transaccionada, en primer lugar, porque no hemos sido
convocados. Una iniciativa que se basa en la defensa de la libertad de creencias y en la tolerancia debe pasar necesariamente por el reconocimiento del otro y da la impresión de que nosotros no hemos sido reconocidos para esta iniciativa. No hemos
sido convocados, luego no se nos debe reprochar nada ni echar de menos en esta iniciativa. Pero luego voy a argumentar por razones de fondo, que no por razones de forma, nuestra diferencia con respecto a la transaccional.
Señorías, compartimos que la libertad religiosa, la libertad de creencias es un derecho humano fundamental y por tanto compartiríamos cualquier iniciativa que condenase los atentados que se puedan producir o se estén produciendo contra ese
derecho fundamental en el mundo, como también compartiríamos y compartimos una iniciativa que mandate al Gobierno para que defienda en el marco de la Unión Europea y en su política internacional los derechos fundamentales y el derecho a la libertad
religiosa. Pero la política no solo está hecha de principios, está hecha también de relatos, que son muy importantes, y está hecha de realidad y de responsabilidad, que también es relevante, sobre todo en la política internacional. Esta es una
iniciativa sesgada. Da la impresión de que un Estado aconfesional y una Europa laica se convierten en un Estado confesional y en una Europa cristiana que ven únicamente una parte de la realidad, porque es verdad que se han producido atentados
contra comunidades religiosas cristianas, pero también se han producido atentados, y gravísimos, contra comunidades religiosas musulmanas, por ejemplo contra la comunidad religiosa chií en Irak, y se han producido también atentados contra otras
comunidades religiosas que da la impresión de que no tienen la misma valoración por parte de esta Cámara. Si hay que condenar, hay que condenar todos los atentados, contra todas la minorías religiosas y en todo el mundo, señorías. Da la impresión
de que esta iniciativa está destinada a determinados países del mundo, países con dificultades y Estados fallidos, donde los atentados son mucho más graves. Hay que decir que en España y en Europa no hay tampoco un respeto total a la libertad
religiosa y a las minorías religiosas en particular.
Se ha producido recientemente el caso de los minaretes en Suiza y en nuestro país el rechazo a la existencia de lugares de culto y de lugares de enterramiento para determinadas minorías
religiosas. Por ello nos parece una iniciativa desequilibrada y que no se corresponde con una Europa laica.
Termino con el relato, señorías. Nos vendieron después del fin de la guerra fría que ésta era contra el yihadismo y, por extensión, contra el islam y que el gran problema en los países musulmanes era la amenaza del islam. Pues bien,
estamos viendo en estos momentos los procesos políticos que se están produciendo en los países árabes y en el norte de África, procesos de secularización y procesos democráticos muy importantes. ¿Qué relato traslada este Parlamento en estos
momentos? El relato del prejuicio sobre la situación de las comunidades cristianas en los países musulmanes e islámicos. Creemos que esto no ayuda, por eso hablaba antes de defensa inquebrantable de los principios teniendo en cuenta los relatos y
la realidad. Europa ha estado al margen, no ha tenido ningún tipo de responsabilidad en relación con el proceso que se está dando en los países árabes. Con este tipo de iniciativas no solamente estamos al margen, sino que estamos con el pie
cambiado. Seguimos en la guerra fría, en este caso contra el yihadismo y contra el islamismo. Ahí, señorías, nos equivocábamos y ahora nos equivocamos más todavía.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Fernández Díaz, ¿acepta su señoría alguna enmienda para la votación de la moción que acaba de examinarse?
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: A la vista, señoría, de que hemos pactado una enmienda conjunta casi todos los grupos parlamentarios formalmente me es muy difícil, aunque en el fondo estoy de acuerdo, apoyar las
enmiendas del grupo del señor Carlos Salvador, por razones de solidaridad con el resto de grupos.
El señor PRESIDENTE: Es decir, su señoría se remite a una enmienda que harán llegar a la Mesa de carácter transaccional.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: No, señoría. Es una enmienda de modificación que hemos suscrito, menos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, todos los grupos de la Cámara y que ha sido
registrada esta mañana a las doce menos cuarto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y COMPETENCIAL DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO.
(Número de expediente 173/000194.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el impacto económico, social y competencial del proceso de reestructuración del sistema financiero. Don Joan
Ridao tiene la palabra para defenderla.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, huelga decir por obvio que nuestro sistema financiero, que no hace mucho tiempo fue presentado como el más sólido del mundo, precisa de reformas y necesita reforzarse, pero -y no es cualquier pero, señorías- que deba reforzarse
para adecuarse a los requerimientos internacionales de mayor solvencia de capitalización y favorecer también, consiguientemente, la canalización del crédito a familias y pymes con el objeto de contribuir a la reactivación económica y a dar un nuevo
impulso a nuestro modelo productivo, no quiere decir -en nuestra muy modesta opinión- que la reforma del sistema financiero deba hacerse exclusivamente acabando con todas las cajas, no solo las más sólidas sino las que no lo son tanto. Es innegable
que la principal debilidad de este tipo de entidades de crédito es su singular configuración jurídica, que dificulta, lógicamente, su capacidad de capitalizarse en el mercado privado. Pero no es de recibo que se diga en estos momentos que como las
cajas no tienen dueños, que solo tienen gestores, que casi todos son pésimos y además están politizados, no infunden ningún tipo de confianza en los inversores, por lo que, en consecuencia, hay que liquidarlas. Nos parece, señorías, que es un
silogismo totalmente perverso e injusto. Digo esto porque no es ningún secreto que hay quien ha aprovechado algún episodio de mala gestión de alguna caja para cargarle el muerto a todas las cajas de los problemas que arrastra nuestro sistema
financiero. Son problemas, por cierto, de los que algo debe saber el supervisor, el Banco de España, y a su cabeza su gobernador, a quien por cierto, los inspectores del Banco de España acaban de acusar abiertamente de pasividad en la prevención de
los excesivos riesgos inmobiliarios de muchas entidades.
También es un secreto a voces, señorías, que algún banquero ávido de hacerse con alguna caja a precio de saldo -una vez que el Estado las haya capitalizado, saneado y sacado a la venta al mejor postor-, algún banquero, repito, ha persuadido
a este Gobierno de utilizar las cajas como auténtico chivo expiatorio para enviar un renovado mensaje de sacrificio, de firmeza, ante los mercados con el propósito de recuperar la credibilidad perdida por nuestro sistema financiero. De ahí que la
enmienda conjunta que presentan Esquerra Republicana, el Grupo Socialista y el Grupo Vasco PNV, parte en primer lugar del realismo porque el modelo de cajas ya no volverá a ser nunca más el que fue. Desde hace meses, desde julio del año pasado, las
cajas pueden transformarse en bancos y pueden privatizar sus recursos. En segundo lugar, porque el Gobierno acaba de aprobar el viernes pasado un nuevo decreto-ley que aprieta algo más las tuercas, que confirma la bancarización de nuestro sistema
financiero. Pero, insisto, partiendo del realismo y admitiendo los cambios del marco legal y estos requerimientos internacionales de mayor solvencia y de capitalización de estas entidades, lo que pretende tanto la primitiva moción de nuestro grupo
como el acuerdo al que hemos llegado con otros grupos de la Cámara es dejar constancia de que no se pretende acabar en ningún caso con el modelo de cajas, un modelo de éxito, de arraigo territorial, de una importante función social y también de una
importante obra social. Por tanto, que quede claro que van a poder subsistir aquellas cajas que lo deseen si sus gestores así lo quieren para continuar cumpliendo con su función social, ya sean fundaciones, sociedades mercantiles o sociedades
anónimas. ¿Cómo? Pues, de entrada, señorías, estableciéndose idénticos requerimientos de solvencia para todos, para bancos y cajas, porque hasta hace muy poco las intenciones de este Gobierno de exigir idéntico capital a todas las entidades
hubiera abocado a todas las cajas a convertirse en bancos, sí o sí, el primer trimestre de 2012. No hay que ser precisamente un Einstein, señorías, para ver que si nuestro sistema financiero se acaba convirtiendo en un oligopolio bancario, se va a
estrangular el crédito, con los bancos sin competidores y excluyendo a los clientes más precarios y menos lucrativos. No se nos puede pedir, señorías, un acto de fe a largo plazo porque ya se sabe que a largo plazo todos calvos, como decía Keynes,
esperando que se restablezca la confianza en nuestro sistema financiero, que vaya fluyendo el interbancario y, por consiguiente, el circulante a familias y empresas. No, señorías, lo que hay que hacer es interponer ante
este sistema financiero de futuro la presencia importante, junto a los bancos, de cajas de ahorro porque son la garantía del ahorro popular y también de una importante función social.
En otro orden de cosas, la moción pretende evitar al máximo el debilitamiento de la función social de las cajas, preservar una importante función social-financiera como la que vienen realizando, una importante obra social que contribuye,
como ustedes saben, al bienestar territorial y sobre todo, como se dice en la moción, evitar el malbaratamiento de su patrimonio con procesos de enajenación de su patrimonio con valoraciones no ajustadas al mercado. Y finalmente, también se da un
mandato. Un mandato que vincula políticamente al Gobierno, el mandato de respetar las competencias autonómicas porque es evidente que esta progresiva bancarización va a suponer una recentralización del poder económico y financiero, pero las
competencias autonómicas en materia de cajas no se tocan, son competencias sobre la tutela de estas entidades subyacentes, sobre la composición de sus órganos de gobierno y sobre las fundaciones. Asimismo se pretende poner coto de alguna forma a la
auténtica obscenidad que supone el régimen de remuneración de algunas entidades, de auténticas prebendas que a veces guardan una evidente desproporción con el riesgo asumido por sus directivos, además de mejorar la transparencia en la gobernanza de
estas entidades informando a los accionistas de todas las cotizadas del régimen de retribuciones de los directivos.
No me queda más, señor presidente, si me lo permite, que agradecer la buena disposición del Grupo Parlamentario Socialista y de la diputada señora Gastón, también del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), del diputado señor Azpiazu y de todos
ustedes que me han escuchado muy atentamente por el hecho de haber alcanzado este relevante acuerdo y seguramente por el hecho de que todos ustedes votarán favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, comienzo por decir de manera muy enfática que el BNG hace suyas todas las palabras expresadas por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el debate de la interpelación de la semana pasada que ha dado lugar a esta moción
consecuencia de interpelación. Es más, el Bloque Nacionalista Galego tenía una disposición inicial totalmente favorable a votar la moción en sus términos originales. Pero no podemos votar a favor de la enmienda suscrita por tres grupos
parlamentarios porque entendemos, aunque no prejuzgamos por supuesto que esta haya sido la intención del grupo proponente, que añade confusión a un debate que lo que exige es lo contrario: claridad en la definición de las posiciones.
Desde nuestro punto de vista, si lo que se quiere es evitar un proceso de recentralización y concentración en el sector financiero a costa de acabar con su parte social y territorial, como manifestó muy bien el señor Ridao la pasada semana,
lo que hay que hacer es instar al Gobierno a modificar los contenidos del decreto de reestructuración del sector financiero aprobados por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Si no, la transacción -e insisto en que no prejuzgo en absoluto
intenciones- se puede quedar en un mero brindis al sol e incluso puede servir para lavar la cara a un decreto que objetivamente está orientado en la dirección contraria. Así, en la enmienda de sustitución se habla de respetar las competencias
autonómicas en materia de regulación de cajas de ahorro y esto formalmente, si examinamos la letra del decreto, va a ser así. Formalmente; pero apelando a la competencia del Banco de España de supervisor del sistema financiero, en la práctica se
va a dotar al mismo de plenos poderes para reestructurar el sistema financiero, vaciando de facto a través de esta vía las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Un Banco de España que, aprovecho para comentarlo, mejor
hubiese sido que como supervisor del sector financiero hubiese predicho la burbuja inmobiliaria, hubiese advertido de los problemas que eso iba a generar en el sector financiero, hubiese predicho, por tanto, ese supuesto en vez de proponer recortes
de pensiones, abaratamientos de despidos y desvalorización de los salarios de acuerdo con la subida del IPC.
Se habla en la transacción de que no existan requisitos mínimos de capital para bancos y cajas. Estamos total y absolutamente de acuerdo, y esto va a ser formalmente así en la letra del decreto. Pero al mismo tiempo el decreto establece
requisitos adicionales para aquellas entidades que dependan para su financiación en más de un 20 por ciento del mercado mayorista y -subrayo- no tengan más de un 20 por ciento de su capital en manos de terceros. Esto afecta singularmente a las
cajas de ahorros, señorías. Se habla del mantenimiento de la obra social pero nada se dice de preservar la naturaleza fundacional de las cajas de ahorro y por lo tanto de evitar su privatización y bancarización. ¿Cómo puede entenderse si no que la
solicitud de ayuda al FROB las obligue a convertirse en bancos para privatizarlos en un plazo de cinco años? Desde nuestro punto de vista, con este mecanismo el decreto abre el camino para usar los recursos públicos para hacerlas atractivas a los
inversores privados y venderlas a precios de saldo. Por las razones expuestas, por entender que de aprobarse esta enmienda de sustitución añadiría confusión a un debate que exige claridad, y pese a que estamos de acuerdo con algunos de sus puntos,
el BNG se abstendrá en la votación de esta enmienda de sustitución y anuncia ya desde esta tribuna que se opondrá a la convalidación del decreto de reestructuración del sector financiero cuando se someta a debate y votación aquí, en el Congreso de
los Diputados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Doña Marta Gastón tiene la palabra.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos llegado a un acuerdo a través de una enmienda conjunta en este debate de una moción consecuencia de interpelación. Debo recordar, señorías, que no estamos ahora mismo en el debate del real decreto-ley que se producirá el
próximo Pleno, el día 10 de marzo. Tenemos una enmienda acordada por tres grupos y hay otros que también han manifestado su adhesión. Esta aceptación de la enmienda supone un conjunto de puntos comunes de temas importantes que compartimos en este
ámbito, ámbito financiero y ámbito que abarca también el real decreto-ley recién aprobado. Señorías, entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que quienes apoyamos esta enmienda queremos aportar más confianza al conjunto de nuestro sistema
financiero que, aun mostrando fortaleza desde el inicio de la crisis económica, la evolución de la misma y la posterior crisis de deuda hace que requiera salvar cualquier duda que hubiese sobre su salud. Apoyar esta enmienda implica querer
facilitar igualmente que fluya más el crédito, de modo que favorezca la reactivación económica y así pueda sustentarse la generación de empleo. Conlleva también, por supuesto, defender la labor y el hacer de nuestras cajas de ahorro desde su
creación sin ninguna duda, y en especial su función social y su arraigo económico-territorial. Implica defender también la obra social de las cajas de ahorro y su no desaparición. Apoyar esta enmienda conlleva ser conscientes de que si no hay
beneficios en las entidades no hay obra social posible. Y si no se favorece la viabilidad de las entidades financieras, incluida la supervivencia de las cajas, mucha menor obra social sería posible.
Apoyar esta enmienda, señorías, supone apostar por la transparencia y por cuanta medida quepa para mejorarla en general, pero más en particular y en el ámbito que nos ocupa en materia de remuneraciones en entidades financieras y por supuesto
de cara a los usuarios de servicios financieros. Implica también, señorías, una no discriminación en la defensa de todas las cuestiones citadas para todas las entidades financieras y para todos los territorios. Quienes apoyamos esta enmienda
entendemos que su contenido y las defensas que he ido detallando no son el total del real decreto-ley recién aprobado, pero sí están incluidos y vienen recogidos en su contenido la motivación y los objetivos para el reforzamiento del sistema
financiero. Los puntos que recoge esta enmienda ni contradicen ni complementan el contenido del real decreto-ley; están incluidos en el real decreto-ley como el punto número 3 de la enmienda que a alguien puede haberle ofrecido dudas y que
quisiera desde esta tribuna aclarar.
Señorías, en cuanto a los niveles mínimos de exigencia sobre los activos ponderados por riesgo, tal y como marcamos en la enmienda y también marca el propio real decreto-ley, son en general del 8 por ciento y a partir de ahí -y todos
conocemos un nivel del 10 por ciento- vendrán marcados para las entidades no por su régimen jurídico sino precisamente por la estructura de su pasivo. Espero que quede aclarado ese punto. Entenderán que esta enmienda no recoge nada contradictorio
con el propio real decreto-ley.
Señorías, tenemos claro quienes apoyamos esta enmienda lo que nos une, pero lo que no tenemos claro, al menos en el Grupo Parlamentario Socialista, es si el PP quiere unirse a esta enmienda. El PP ha apoyado toda reforma que tenía que ver
con el sistema financiero, desde la hoja de ruta inicial, recuérdenlo. Todo aquello que ha tenido que ver con el sistema financiero en esta crisis ha contado con su apoyo, y así lo ha dicho siempre el Grupo Parlamentario Socialista. De hecho, y
así lo hemos reconocido, ha sido la única materia en la que ustedes, señoras y señores del PP, han apoyado en esta crisis al Gobierno. Actúan de una manera y, sin embargo, su discurso es totalmente el contrario, y a estas alturas y en este punto en
el ámbito financiero nos gustaría preguntarles, señoras y señores del PP, en qué quedamos. ¿Coinciden las defensas que recoge la enmienda con su parecer? ¿Miran ustedes también, como pretendemos hacerlo quienes apoyamos el contenido de esta
enmienda, por todas las entidades financieras y por todo el territorio? ¿Van a seguir trabajando junto al Gobierno, señoras y señores del PP, en el ámbito del sistema financiero, por su reforzamiento, su solvencia y su mejora o acaso ahora han
decidido que en esta materia tampoco van a arrimar el hombro? Esperemos, señoras y señores del PP, que nos den respuesta. Retrátense en su intervención. El Grupo Parlamentario Socialista lo único que les puede decir es que va a estar expectante
de cuanto vayan a decir y de su retrato.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.
Don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, Esquerra Republicana de Catalunya nos trae hoy para debate y votación una oportuna moción que pretende asentar y clarificar una serie de cuestiones que a
algunos les pueden parecer obvias, pero en opinión de nuestro grupo parlamentario merece la pena hacerlo, especialmente tras la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto-ley 2/2011, para el reforzamiento del sistema financiero. Por ello,
en aras de buscar un amplio acuerdo, nuestro grupo parlamentario ha firmado una enmienda transaccional junto con Esquerra Republicana y el Grupo Socialista. El Grupo Vasco quiere dejar patente que es absolutamente imprescindible el saneamiento del
sistema financiero para que el crédito a familias y empresas fluya con normalidad y contribuya a que la economía empiece a despegar. Tanto
las cajas de ahorro como los bancos han de contribuir a tal fin, ya que es el objeto principal de su actividad y negocio. Si me permiten, les diría que llegamos tarde, que la transición -de momento de 45 a 17 cajas de ahorro- se ha demorado
en exceso y que esta demora es la que también ha generado desconfianzas en los mercados, amén de los propios problemas de solvencia del sistema. El real decreto-ley citado, que vendrá a esta Cámara con el propósito de ser convalidado, pretende
instrumentar un sistema de recapitalización de las entidades financieras, de las cajas de ahorro, que les otorgue solvencia y ahuyente los fantasmas que hoy preocupan a los mercados, de forma que no tengan problemas en obtener financiación y poner
dinero a disposición de familias, empresas y pymes.
Algunos interpretan, y espero que esta interpretación no sea la correcta, que vamos a asistir a una bancarización de las cajas de ahorro y que estas, en lo que es su actividad principal y modo de
funcionar, van a desaparecer. Por ello, con esta enmienda nuestro grupo parlamentario desea reivindicar y poner en valor la esencia y naturaleza de las cajas de ahorro. La cercanía al cliente, la positiva imagen de marca, el compromiso con el
desarrollo local, la contribución a la obra social, son rasgos de las cajas de ahorro que no deben desaparecer, al menos si las entidades no lo desean. La locura de la marcha irreflexiva hacia la bancarización no conduce mas que al desapego de lo
local y social, que es fundamental si se trata en gran medida de financiar a familias, pymes y autónomos, cuya vinculación con lo próximo es más que evidente.
Reivindicamos, por tanto, la naturaleza de las cajas de ahorros y defendemos su futuro.
Además, queremos, como no puede ser de otra manera, que se respeten las competencias de las comunidades autónomas en materia de regulación de cajas de ahorros y que se haga de forma nítida. Hay ciertas declaraciones, incluso del propio Banco de
España, que muchas veces siembran dudas al respecto.
En otro orden de cosas, es importante que el Banco de España pueda controlar y limitar las remuneraciones de los altos ejecutivos no solo cuando las entidades que gestionan han recibido recursos públicos, sino también cuando sus
remuneraciones están vinculadas a operaciones de riesgo, causantes en gran medida de la crisis en la que nos encontramos inmersos. De igual manera, ahondar en la transparencia para que las sociedades cotizadas pongan a disposición de los
accionistas un informe sobre remuneraciones que sea aprobado por la junta general va en el mismo sentido de ofrecer confianza a los mercados y a los clientes.
Con el apoyo a esta moción quisiera fundamentalmente, tal y como he señalado, contribuir a la búsqueda de un consenso parlamentario lo más amplio posible en defensa de la naturaleza y el futuro de las cajas de ahorros y no prejuzga en ningún
caso la posición que mi grupo pueda mantener ante la convalidación del real decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor Sánchez i Llibre, tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, oyendo determinadas intervenciones de los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, uno podría llegar a la conclusión de que las cajas van a desaparecer inmediatamente del mapa financiero español.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Uno podría tener la sensación de que la bancarización del sistema financiero español es un hecho porque realmente las cajas ya han muerto, pero, señorías, esta no es la sensación que tiene el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
y tampoco es la gran realidad del sistema financiero español. Hay que decir con voz muy alta y muy clara que las cajas no van a desaparecer, señorías. No se preocupen, las cajas no van a desaparecer. Y también me atrevería a añadir otra
información importante y relevante: las cajas van a continuar ejerciendo un papel muy importante en el sector... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor. Resulta imposible que atienda al orador quien quiere hacerlo y aquí estamos, entre otras cosas, para escuchar a quien está en el uso de la palabra. Les ruego que tengan la bondad de guardar
silencio.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Les decía que las cajas afortunadamente no van a desaparecer, que las cajas no han muerto y que van a continuar ejerciendo un papel relevante en la economía española. Las cajas van a ser un mecanismo importante para el ahorro de los
ciudadanos, que han confiado hasta la fecha y van a confiar en estas instituciones financieras; van a jugar un papel muy importante en todos los aspectos de financiación de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos, y también
-esto hay que decirlo con voz muy alta- van a continuar ejerciendo un papel muy importante en la obra social, como han venido haciendo hasta la fecha.
¿Qué ha pasado, señorías, desde hace seis meses hasta la fecha? Que la legislación española se
ha modernizado y hoy las cajas pueden seguir ejerciendo su labor financiera en el mercado, en el sistema económico español, bien a través del sistema tradicional de cajas, bien integrándose en un SIP, un sistema institucional de protección,
manteniendo más del 50 por ciento de la ficha bancaria, bien cediendo todo su negocio financiero a un banco manteniendo su condición de caja y la obra social y la cartera
industrial permaneciendo la caja, o bien transformándose en fundación y cediendo todo su negocio como entidad de crédito a un banco en el que participe. Todas estas especificidades están perfectamente legisladas y aclaradas. Y es cierto,
señorías, que la semana pasada el Gobierno legisló un real decreto-ley en el cual unos cumplimientos y unas directivas europeas de Basilea III para el año 2013 se adelantan al año 2011 en el sistema económico español, y yo diría que quizá la
preocupación máxima de este grupo parlamentario va a ser que a partir de estos momentos nosotros no queremos sacrificar la solvencia de las entidades financieras en detrimento del crédito que ha de ir a las familias, a las pequeñas y medianas
empresas y a los empresarios autónomos, y esta va a ser, sinceramente, la gran labor y el gran objetivo de Convergència i Unió en lo que queda de legislatura: reforzar la solvencia de los sistemas financieros españoles.
También quiero decir, señorías, que no va a quedar un coeficiente de solvencia único, del 8 por ciento, para todas las entidades financieras, como perseguía Convergència i Unió en su momento, sino que valen dos criterios de solvencia, guste
o no guste a los firmantes de esta moción conjunta de Esquerra Republicana, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista; va a haber dos criterios de solvencia, esto hay que decirlo claramente, señorías: un criterio de solvencia del 8
por ciento para quienes conformen o determinen determinadas condiciones financieras y un 10 por ciento para todas aquellas entidades que no reúnan los requisitos de financiación mayorista del 20 por ciento o no tengan accionistas privados del 20 por
ciento. Por lo tanto, señorías, esta va a ser la posición de Convergència i Unió. Lógicamente no nos gustan estos discursos apocalípticos de que las cajas van a desaparecer cuando las cajas tienen garantizada su viabilidad a largo plazo
afortunadamente.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Don Ramón Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Es cierto que hace pocos días hemos podido conocer a través de los medios de comunicación que el Banco de España tenía perfectamente identificada cuál era la situación de la economía: delicada; cuál era la situación del riesgo bancario:
frágil, y cuál era la realidad de la burbuja inmobiliaria existente en bancos y cajas. Es cierto también que hace unos días hemos podido conocer, con posterioridad a la interpelación de Esquerra Republicana, la promulgación de un real decreto que
vuelve a poner en pie la reordenación del sector financiero español. Pero parece que ese real decreto toma como punto de partida una situación de apartheid financiero, algo así como que los bancos tienen la presunción de estar saneados y las cajas
tienen la presunción de estar contaminadas.
Hombre, me gustaría que por lo menos después de estos debates pudiéramos ver que tanto pasa en los bancos como ocurre en las cajas. En ese sentido el criterio de solvencia que tanto ocupa el debate
actual debería como mínimo no ser discriminatorio, como ya ha sido aquí anunciado que lo va a ser; no ser inédito, porque incluso es un criterio de solvencia que no tiene su homologación en el circuito europeo, por lo tanto es un criterio de
solvencia excesivamente imaginativo. Yo creo que la solvencia se basa en el reconocimiento de las pérdidas latentes o, por qué no decirlo, como le gusta decir al Banco de España: de los créditos potencialmente deteriorados. Yo creo que la
solvencia, si se basa en ese reconocimiento, hará posible que los inversores extranjeros, que queremos que vengan a capitalizar nuestras cajas, crean con fiabilidad cuál es la situación de nuestro sector financiero. Lo que sería un error es echar
dinero bueno sobre dinero malo; es decir, poner dinero sin que hayamos reconocido exactamente las pérdidas latentes del sector financiero.
Mi grupo ya anuncia que se va a abstener en esta votación por cuanto entendemos que hay una enmienda transaccional que no viene a complementar, ni a fortalecer, ni a variar el real decreto, que será donde realmente tengamos que hacer el
pronunciamiento. Además, creemos que esta enmienda transaccional incurre por lo menos en tres vacíos legales importantes. Hay una falta de apuesta por la seguridad jurídica importante. No vemos que en la enmienda transaccional se apueste por
evitar las discrecionalidades que el Banco de España va a tener en sus manos en la operación de las ayudas FROB, y son bastantes las discrecionalidades con las que opera el fondo FROB. Tan es así que hay algunos que sí han pedido ayudas adicionales
antes de diciembre y otros que no podrán pedirlas. Por tanto, creo que esa discrecionalidad habría que evitarla. Y hay que evitar que se puedan producir interpretaciones sobre la marcha en el real decreto, y aquí no se dice nada, que cambien las
reglas del juego en mitad de todo el proceso y el calendario de la reordenación del sistema financiero.
También decimos que esta transaccional no habla para nada del saneamiento.
Creo que sería prudentísimo reconocer, primero, cuáles son las pérdidas latentes; después, pedirle al Banco de España que haga una intensa inspección de los
riesgos, que no están determinados todavía, y después, cuando esté determinada la cifra, hacer un saneamiento con cargo a recursos propios. ¿O es que quieren ustedes socializar las pérdidas que se han producido en todo el sistema de cajas y en todo
el sistema bancario? No es bueno socializar. Que cada uno tenga que responsabilizarse de sus propias gestiones.
Hay otro aspecto que tampoco contempla esta enmienda transaccional y es que, una vez alcanzado un saneamiento por esta vía, tendremos que entrar en una operación de salvamento para aquellos que no den las ratios suficientes. Y esa inyección
de capital tiene que
estar lo suficientemente bien elaborada, tanto en su entrada como en su salida, como para que dé confianza a los recursos propios del mercado de capitales que se pretenden captar. Si no conseguimos definir con exactitud cómo entra el apoyo
de las ayudas públicas, cómo sale, cuándo sale y en qué condiciones sale, creo que no podremos dar confianza al mercado de capitales para poder captar recursos en ese sentido.
Por último, no hace ni una sola mención esta enmienda transaccional a lo que creo que es más importante y es que, si va a haber que hacer ayudas FROB, ¿cómo van a ser esas ayudas? ¿En efectivo, en deuda pública o en papeles emitidos por el
FROB? Porque tendríamos que sentar bien las bases de que esas ayudas FROB son en efectivo y no en otros documentos, lo que no sería una capitalización en su estricto sentido. ¿O es que acaso hay un reconocimiento implícito de que el Estado no va a
estar en condiciones de captar en el mercado de capitales todos los recursos privados que son necesarios?
Por todas estas razones, señorías, este grupo parlamentario va a abstenerse en la tramitación de esta enmienda transaccional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: En los términos de la enmienda de sustitución; es una enmienda conjunta de sustitución, no transaccional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Votaremos dentro de cinco minutos. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento. Vamos a iniciar las votaciones. Cierren las puertas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIONES.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA.
(Número de expediente 122/000131.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el derecho a la vivienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, ocho; en contra, 320; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS Y SEÑOR PERESTELO), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL, SOBRE RACIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.
(Número de expediente
122/000206.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, sobre racionalización del régimen de las diputaciones provinciales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 25; en contra, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIONES.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA SUSTRACCIÓN DE NIÑOS A SUS MADRES BIOLÓGICAS PARA SER ENTREGADOS EN ADOPCIÓN. (Número de expediente 162/000778.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la sustracción de niños a sus madres biológicas para ser entregados en adopción. Se vota en
los términos de las enmiendas del Grupo Socialista y del grupo proponente, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL DOMINIO 'IC' DE INTERNET PARA CANARIAS. (Número de expediente 162/000779.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el dominio 'IC' de Internet para Canarias. Se vota con la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 187; en contra, 149; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CENTENARIOS DE LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA (1212) Y LA CONQUISTA DE NAVARRA POR PARTE DE LA CORONA DE
CASTILLA (1512). (Número de expediente 173/000191.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las actuaciones del Gobierno de España con motivo de la celebración de los centenarios de la batalla de las Navas de Tolosa y de la conquista de Navarra por parte de la Corona
de Castilla. Se vota en los términos de una transaccional que ha sido presentada. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) Se vota en dichos términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 333; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS QUE DERIVEN DEL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA Y SU IMPACTO EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.
(Número de expediente
173/000192.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre las medidas para evitar los perjuicios económicos que se deriven del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y su impacto en el territorio histórico de
Álava. Se ha solicitado votación separada de sus cuatro puntos. ¿Alguna oposición por parte del grupo proponente a que se voten separadamente? (Pausa.) Votamos en primer lugar el primer punto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 27; en contra, 309; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 337; a favor, 25; en contra, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 335; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 25; en contra, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO, ESPECIALMENTE EN ORIENTE MEDIO. (Número de expediente 173/000193.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la defensa de libertad religiosa en el mundo, especialmente en Oriente Medio, en los términos de una enmienda
conjunta; todos los grupos han presentado a la Mesa una corrección de errores con carácter técnico. Se votará en esos términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 332; en contra, cuatro; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y COMPETENCIAL DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO.
(Número de expediente 173/000194.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el impacto económico, social y competencial del proceso de reestructuración del sistema financiero. Se vota
en los términos de una enmienda conjunta del propio grupo proponente, del Grupo Socialista y del Grupo Vasco, PNV.
¿Es así, señor Ridao? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 182; en contra, tres; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)
- ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA), HECHO EN BONN EL 26 DE ENERO DE 2009. (Número de expediente 110/000231.)
El señor PRESIDENTE: Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), hecho en Bonn el 26 de enero de 2009. ¿Se puede aprobar por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.