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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 218, de 25/01/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 218
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 206 (Sesión extraordinaria)
celebrada el martes, 25 de enero de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de las leyes de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 261-1,
de 11 de junio de 2010. (Número de expediente 122/000236.) ... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para mejorar la eficacia del régimen de incompatibilidades de los diputados y senadores y otros cargos de órganos públicos (Orgánica). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 130-1, de 14 de noviembre de 2008. (Número de expediente 122/000109.) ... (Página 12)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un plan de acción para la ejecución de la estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 146, de 13 de
febrero de 2009. (Número de expediente 162/000319.) ... (Página 21)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de la normativa de los derechos y deberes de los alumnos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 493, de 17 de diciembre de 2010.
(Número de expediente
162/000746.) ... (Página 26)
Informes de comisiones no permanentes:
- Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 507, de 13 de enero de 2011.
(Número de expediente 153/000001.) ... (Página 31)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 46)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 46)
Informes de comisiones no permanentes. (Votación.) ... (Página 47)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 4)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de las leyes de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas ... (Página 4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para mejorar la eficacia del régimen de incompatibilidades de los diputados y senadores y otros cargos de órganos públicos (Orgánica) ...
Defiende la toma en consideración el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 21)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un plan de acción para la ejecución de la estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad ... (Página 21)
Defiende la proposición no de ley la señora Medina Teva, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Medina Teva.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de la normativa de los derechos y deberes de los alumnos ... (Página 26)
Defiende la proposición no de ley el señor Gómez Trinidad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Luena López, del Grupo Parlamentario
Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Gómez Trinidad.
Informes de comisiones no permanentes ... (Página 31)
Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ... (Página 31)
El señor Morano Masa, como presidente de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, presenta a la Cámara el informe elaborado por la citada Comisión.
En defensa de los votos particulares presentados intervienen las señoras Barkos Berruezo, Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso y Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora Sáenz de Santamaría Antón pide la palabra al amparo del artículo 72.1 del Reglamento. En el mismo sentido interviene el señor Ridao i Martín.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 46)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de las leyes de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas
públicas, se rechaza por 150 votos a favor, 195 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para mejorar la eficacia del régimen de incompatibilidades de los diputados
y senadores y otros cargos de órganos públicos (Orgánica), se rechaza por 17 votos a favor, 328 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 46)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un plan de acción para la ejecución de la estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad,
se aprueba por 345 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de la normativa de los derechos y deberes de los alumnos, se rechaza por 151 votos a favor y 195 en contra.
Informes de comisiones no permanentes. (Votación.) ... (Página 47)
Se someten a votación los votos particulares al informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, así como el texto del informe.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LAS LEYES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. (Número de expediente 122/000236.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión del Pleno en sesión extraordinaria.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la modificación de las leyes de estabilidad presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra don Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente, señorías, damos comienzo a este Pleno con una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, relativa a dotar a España de unas nuevas leyes de estabilidad presupuestaria. Es la constancia del fracaso
de la legislación actual la que nos lleva a proponer a todos los grupos parlamentarios esta iniciativa que devolvería el crédito a España, impulsaría la recuperación económica de nuestro país y, sobre todo, vendría a aportar nuevos empleos, nuevas
oportunidades, por tanto, de que ese crecimiento económico tan deseado por los españoles se convirtiera cuanto antes en empleo.
La estabilidad presupuestaria es la primera de las reformas estructurales que necesita nuestro país. Sin el equilibrio de las cuentas públicas nada es fiable, nada es seguro; no podemos garantizar las prestaciones sociales de España; no
podemos garantizar la financiación correcta de los grandes servicios públicos de nuestro país: la educación, la sanidad, la protección social. Sin esa estabilidad presupuestaria, sin el equilibrio presupuestario, señorías, no podemos ganar la
confianza dentro y fuera de nuestro país para que se recuperen los flujos del crédito internacional y nuestras empresas y entidades financieras puedan acudir a los mercados mayoristas para llegar a ellos y tomar los recursos que necesita España en
términos de reposición de nuestros niveles de crédito y así poder financiar la recuperación económica, el crecimiento y el empleo.
Estamos planteando una iniciativa que es el pilar, la base sobre la que asentar las siguientes reformas estructurales en España. No tiene sentido dar prioridad a la reforma de las pensiones cuando esas pensiones se ven inseguras o
amenazadas por el desequilibrio presupuestario del Estado en su conjunto. No tiene sentido hablar como si fuera un paliativo definitivo de reforma laboral cuando realmente la reforma laboral que necesita nuestro país son nuevas condiciones,
modernizar nuestras relaciones laborales, pero para que haya empleo, y para que haya ese empleo tiene que haber una financiación adecuada, suficiente de calidad y de precio. No tiene sentido, señorías, anteponer otras reformas -otras reformas que
encontramos todo el día en el debate social y en el debate público- si no garantizamos la estabilidad de las cuentas públicas, el saneamiento y el equilibrio de las cuentas del Estado.
En ese terreno, precisamente como garantes de esa estabilidad presupuestaria, no les oculto que el Grupo Parlamentario Popular se encuentra muy cómodo porque, no en vano, fuimos el Gobierno que trajo a España el primero de esos equilibrios
presupuestarios, el primer equilibrio presupuestario que consiguió la Hacienda pública española después de décadas -y casi siglos, señorías-, saliendo de una penuria histórica. Fuimos los primeros que trajimos unas leyes de estabilidad
presupuestaria -también conocidas como leyes del déficit cero-, que hoy la mayoría de los españoles, de los agentes económicos y también de quienes nos analizan desde los organismos internacionales echan en falta, señorías. Posteriormente, las
leyes de estabilidad presupuestaria modificadas en la primera legislatura del Gobierno socialista -por razón de lo que llamaron entonces necesidad de adecuar la estabilidad presupuestaria al ciclo económico y por razón de una pretendida
justificación de mayor inversión pública- nos han llevado a la mayor crisis fiscal del Estado o, si quieren todavía más directa y coloquialmente, a la auténtica ruina del Estado que está viviendo España en estos momentos. Existe realmente una
situación calamitosa de nuestras finanzas públicas en términos de desequilibrio presupuestario en todos los ámbitos, en todos los grados de la Administración pública y también lleva a la Seguridad Social a una situación ya muy cercana a perder el
superávit que aparecía como garante mismo de las pensiones públicas.
Señorías, es la carencia de esa ley como principio de comportamiento; es decir, que no tengamos un ahormamiento normativo en nuestro país puede justificar el ciclo económico, cuando realmente estamos viviendo ya en
un déficit público que tiene un carácter estructural, es decir no cíclico, tan grave como el que estamos atravesando. Con ese déficit público en la mano nuestro país tiene un lastre que no le deja crecer, que no le deja financiar a quienes
nos tienen que sacar de esta crisis: a los empresarios, a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, y tampoco hay suficiente financiación para que las familias españolas también puedan acometer sus propios proyectos, como el primero, que es
financiar el acceso a la vivienda. Por tanto, cumplir, volver cuanto antes a esa senda de equilibrio presupuesto, prohibir por ley el déficit público, esa sana norma del buen gobierno, de la transparencia de un Gobierno que no traslada a las
generaciones futuras las consecuencias de su decisión de Gobierno, debería ser una premisa, una condición ya aprendida en esta Cámara, donde se conformaron esas mayorías para transformar, para transmutar las leyes de estabilidad presupuestaria y
para dar pretexto a que hoy el Gobierno socialista no es que sea prisionero de sus propias leyes, es que está incumpliendo las leyes de estabilidad presupuestaria al no haber propuesto a estas alturas del año 2011 a esta Cámara, al Congreso de los
Diputados, el plan de saneamiento de la Hacienda pública al que le obligan las leyes de estabilidad presupuestaria actualmente vigentes.
Este es el motivo: poner orden en las finanzas públicas, promover una reforma estructural de la economía española que nos devuelva el crédito en forma de confianza, y este es también el motivo del liderazgo del Grupo Parlamentario Popular,
porque, señorías, somos el grupo político, el partido político -y, si quieren, las personas- que tenemos credibilidad por haberlo hecho en el pasado, y no tienen ninguna credibilidad quienes desde esta Cámara, empezando por su Gobierno, nos han
llevado a esta situación tan crítica, tan deteriorada, tan desequilibrada de las finanzas públicas como la que estamos sufriendo en nuestro país.
En definitiva, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular consiste, como les decía, en dos premisas, en dos condiciones: exigir por ley el equilibrio de las finanzas públicas, es decir, que si un gobernante desea gastar más de lo que
tiene en términos de recaudación de los impuestos vigentes tiene que subir esos impuestos y, por tanto, también tiene que asumir las consecuencias políticas de la subida de esos impuestos y no recurrir todavía, tan procelosamente como se ha hecho, a
ese déficit y a esa deuda pública. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Tenemos que acabar con el espectáculo de esta legislatura, señorías, porque desde esta misma tribuna, ocupada por sus máximos dirigentes
políticos -en este caso, por el propio presidente del Gobierno-, se ha llevado adelante anuncio tras anuncio una política de gasto y de incremento de la deuda pública largamente aplaudida por algunas de sus señorías que nos ha llevado a esta
situación, a este debilitamiento de España, a convertir a España no solo en el líder del paro, de la destrucción de empleo por falta de crecimiento económico, por falta de confianza -la mayor de Europa-, sino que también nos ha llevado a que España
sea un problema para el euro, para el club de la estabilidad presupuestaria, que es otra de las grandes razones para que establezcamos por ley ese límite, ese equilibrio presupuestario.
La propuesta del Grupo Parlamentario Popular también tiene otro eje, otra premisa, que es establecer techos de gasto y techos de endeudamiento para el conjunto de las administraciones públicas, de manera que la forma de presupuestar el gasto
del Estado que introdujo la Ley de 2001 también establezca límites de techo de gasto para el conjunto de nuestras comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales, además de pretender y de promover una mayor transparencia en todo el sector
público estatal. Señorías, lo que estamos trayendo es, como les decía, la base, el pilar de las reformas estructurales de nuestro país. Deberíamos hacerlo cuanto antes. Si en esta Cámara se aprobara una legislación como la que estamos
proponiendo, no nos cabe ninguna duda -y estoy seguro de que a la gran mayoría de ustedes tampoco les cabe, con independencia de la posición política que adopten en la tarde de hoy- de que recuperaríamos el crédito, la credibilidad y la confianza a
raudales en nuestro país. Por eso, traemos esta iniciativa y damos comienzo, en este sentido acelerado, al nuevo curso parlamentario con una propuesta de reforma que demuestra, en primer lugar, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular está
proponiendo reformas continuamente. Y ustedes ahora subirán y valorarán esa reforma, están en su derecho; pero no están en su derecho de negar que estamos proponiendo reformas. (Rumores.) Les voy a solicitar un mínimo de coherencia. No cuesta
tanto ser valorativos y coherentes en esta vida, y no digo en esta Cámara. No se puede negar que esas iniciativas están ahí. Se podrá valorar en términos positivos o negativos, pero esas iniciativas están ahí, y también de acuerdo con nuestro
juicio y nuestro criterio son las que necesita nuestro país.
En segundo lugar, el valor político de la propuesta es que en unos momentos de extremada dificultad para España, en unos momentos en que el Gobierno socialista busca al Partido Popular en tantos ámbitos -lo busca para la reforma de las
pensiones, lo busca para la reforma de la energía en el pacto de la energía, lo busca para las nuevas reformas de las cajas de ahorro, en definitiva, para nuevas normas bancarias, para tantas cosas-, le damos esta tarde una oportunidad para que
muestren la voluntad política de llegar a acuerdos. (Aplausos.) Lo que traemos es una propuesta de ley. Si la Cámara le da el sí masivo a esta ley, sería una inyección muy grande de confianza y de credibilidad para todo nuestro país y también para
la imagen de España fuera de nuestras fronteras.
También sería una imagen de voluntad de llegar a acuerdos políticos, empezando por la base de esas reformas, que es por lo que queremos hacer un discurso constructivo y positivo en este comienzo del
período de sesiones.
Espero de su cordura y de su declarada intención política de llegar a acuerdos que tengan a bien considerar la importancia que representa lo que tratamos de acometer desde esta Cámara en términos políticos.
Señorías, se trata de recuperar
la confianza; se trata de recuperar el crédito y la financiación de nuestra economía; se trata de recuperar, cuanto antes, el crecimiento creador de empleo; se trata de no recurrir a estas alocadas subidas de impuestos como pretendida fórmula de
reducción del déficit público, sino de presupuestar con seriedad techos de gasto que hagan innecesarias esas supuestas reformas tributarias que no son sino un mecanismo para gravar más aún a un contribuyente que no puede soportar más impuestos, si
no es a cambio de más extensión de la crisis económica. Señorías, insisto en la idea central de lo que significa nuestra iniciativa. Buscamos el acuerdo y el consenso desde propuestas concretas para nuestro país. En definitiva, si esta propuesta
es aceptada por los grupos políticos, estaremos dando un paso muy positivo para resolver los grandes problemas de la economía de los españoles y dar solución, cuanto antes, a la crisis, a la más larga crisis económica de nuestra historia.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Montoro.
Ningún grupo parlamentario ha manifestado su decisión de utilizar el turno en contra. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, escuchando la intervención del señor Montoro sobre su reflexión preliminar y sobre su propuesta, he de decir que no puedo por menos que estar a favor de su propuesta de modificar las principales leyes que regulan el control de la
estabilidad presupuestaria. Es un objetivo razonable, un objetivo siempre oportuno, y lo es particularmente en un momento de crisis económica como la que sufre nuestro país. Pero también he de decirle, señor Montoro, que escuchándole, si hiciera
yo abstracción de quién era el que estaba hablando, podríamos llegar a la conclusión de que el grupo parlamentario al que su señoría representa en esta intervención no tiene responsabilidades políticas en ninguna administración pública del Estado
español. En ninguna parte de España tiene responsabilidad y, por tanto, nada tiene que decir ni que hacer en ningún sitio. Son la oposición en todas partes, representa una minucia desde el punto de vista de la representación política, y les
gustaría tomar decisiones de estas características. Llevar a cabo muchas de las decisiones que ha mencionado requiere de leyes nacionales, otras muchas, como sabe, no requiere de leyes nacionales; se trata de gestionar los recursos públicos y de
hacer el control de otra manera.
Dicho eso, bienvenido sea lo que está bien. Estos cambios que ustedes proponen hoy, que son ni más ni menos que modificar la mayoría de los artículos que están en vigor en este momento en las dos leyes fundamentales, son propuestas
razonables que contarán, por tanto, con nuestro apoyo. Es importante además, por si acaso alguien plantea la cuestión -usted mismo la ha planteado de una manera tangencial-, tener en cuenta que el criterio de estabilidad más estricto -el más
estricto de los criterios de estabilidad- no impide que una administración incurra en déficit, sino que pone los medios para que el desequilibrio se corrija antes y se desincentive que este aumente. Aquí siempre hay una pulsión con los que dicen
que el equilibrio presupuestario va a evitar que invirtamos en aquello que tenemos que invertir. No. El equilibrio presupuestario y estas tareas de estabilidad en modo alguno impiden que se inviertan los recursos en aquello en lo que es preciso.
Haré alguna reflexión sobre cuestiones que, de ser admitida a trámite esta proposición, a mi grupo y a mí misma nos gustaría plantear como modificaciones y sobre cuestiones que me parece importante destacar porque tienen nuestro acuerdo. Me
parece importante que se deje meridianamente claro en el artículo 7.2 que le corresponde al Gobierno de la nación velar por el cumplimiento del objetivo del déficit en el conjunto del Estado, lo cual a mi juicio es importante. El Grupo Socialista
ha negado en muchas ocasiones, a interpelaciones de esta parlamentaria, que eso fuera posible. La vicepresidenta segunda y el vicepresidente tercero me han llegado a decir que no había posibilidades.
Hoy la vicepresidenta lo explica por toda
España. Por tanto, me parece importante que quede reflejado en este artículo 7.2. Se introduce un nuevo apartado que me parece de interés destacar, el 8.2.bis, en el cual el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fija por el Gobierno
central incluirá para todas las administraciones públicas no solo el objetivo de estabilidad, sino el techo de gasto y de deuda. Esta es otra de las cuestiones que el Gobierno de la nación ha negado por activa y por pasiva que se pudiera hacer,
pero no solo el Gobierno de la nación, porque he presentado en nombre de Unión Progreso y Democracia dos iniciativas en este sentido que han contado con el más sonoro aplauso y voto en contra tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista. Si
han reflexionado y han aprendido, a mí me parece bien.
También me parece interesante destacar la disposición transitoria cuarta, e incluso la quinta, en la que se proponen medidas para racionalizar el gasto público, en especial ahí donde haya ineficiencias o duplicidades, que es algo positivo,
pero miren por dónde -es lo que tienen la hemeroteca y el 'Diario de Sesiones'- quiero recordarles que ustedes, los proponentes, naturalmente acompañados por el Grupo Socialista, se opusieron a una iniciativa exactamente en los mismos términos que
tuve el honor de presentar y defender en esta tribuna. En definitiva, y con matices -insisto, si el trámite saliera adelante y tuviéramos la oportunidad de presentar enmiendas, serían introducidas por Unión Progreso y Democracia-, me parece, como
resumen de todo lo
dicho y una vez analizado el texto, que me gustan el espíritu y la letra de la propuesta. Por tanto, van a contar con nuestro apoyo, aunque el músico y el letrista hace cuatro días renegara de esta música y de esta letra.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señores del Grupo Popular, el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, y lo vamos a hacer por varias razones. En primer lugar, y como ya expusimos en muchos debates
sobre la situación económica en esta Cámara, no compartimos su obsesión por la estabilidad presupuestaria. A este respecto me gustaría hacer algunas precisiones. Somos plenamente conscientes de la necesidad de asegurar la sostenibilidad de las
finanzas públicas en el largo plazo. Por tanto, somos partidarios de introducir criterios de austeridad en el gasto público, siempre y cuando no comprometan la inversión productiva y el gasto social. Pero, en un escenario de contracción de la
inversión privada y de atonía del consumo, consideramos que es contraproducente para favorecer la recuperación optar por una reducción drástica de la inversión pública. Por ese motivo, y a diferencia de los dogmas económicos imperantes,
consideramos que el ritmo de reducción del déficit debe acomodarse a las necesidades de la economía para que una reducción drástica de la inversión pública no se convierta en un obstáculo, como ya lo está siendo objetivamente, para favorecer la
recuperación.
En segundo lugar, no vamos a votar a favor de su proposición de ley porque nos parece inadmisible que se intente aprovechar la crisis para desarmar las políticas públicas y transferir a manos privadas el patrimonio de todos. La crisis -es
necesario recordarlo- tuvo su origen en el sector privado, no en el elevado gasto público. El déficit público no ha sido la causa de la crisis económica, ha sido consecuencia de la misma. En buena medida ese déficit se generó por la movilización
de ingentes cantidades de recursos públicos para combatir una crisis generada en el sector privado. Aún hoy, señorías, el principal problema de la economía española no deriva de una elevada deuda pública, que sigue siendo inferior a la media
europea, sino del elevado endeudamiento privado. ¿Y ustedes qué proponen? Basta con ver la disposición transitoria quinta de su proposición de ley. La gestión privada de los servicios públicos y la privatización de las empresas públicas; en
definitiva, la desamortización del escaso patrimonio público, del escaso patrimonio de todos que aún se conserva para entregárselo a los grandes grupos económicos. Pero, sobre todo, señorías, votaremos en contra porque su proposición rezuma una
obsesión por tutelar e invadir competencias de las comunidades autónomas, a las que ahora su presidente honorario y su Tea Party mediático -también hay que decirlo- nos presentan como la madre de todos los males, ese mismo Estado autonómico que
hasta ayer mismo presentaban como el más descentralizado del mundo, como un ejemplo para toda la humanidad.
Permítanme, señorías, que en este sentido recuerde algunos datos. Las comunidades autónomas gestionan el 36 por ciento del gasto público,
pero tan solo son responsables del 16 por ciento del déficit. Esto es así pese a que el 80 por ciento de ese gasto lo absorben servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales, donde las posibilidades de
introducir recortes en el gasto son muy limitadas si no contribuimos a precarizar servicios básicos para el conjunto de la población.
Señorías, no intenten engañarnos, el problema no es que las comunidades despilfarren, el problema no es que el Estado autonómico no sea viable, el problema es mucho más sencillo. La crisis está siendo aprovechada para concentrar aún más la
riqueza, para concentrar aún más el poder económico y un poder económico concentrado necesita también de mayor concentración del poder político. En otras palabras, la oligarquía española necesita un poder político centralizado para favorecer el
desarrollo de su modelo de acumulación. Ese es el problema de fondo y eso es lo que explica la arremetida al Estado autonómico.
Por las razones que acabo de expresar el Bloque Nacionalista Galego votará radicalmente en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo comparte con el Grupo Parlamentario Popular la necesidad de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero creo que, aparte de compartir la necesidad de cambiar la ley, no hay ninguna coincidencia más con la
propuesta que hace el Grupo Popular.
Nosotros tenemos registrada una proposición de ley desde el principio de la legislatura, que se basa en la necesidad de modificar la Ley 15/2006, General de Estabilidad Presupuestaria, porque la consideramos insuficiente por establecer unos
límites de déficit que consideramos insuficientes, especialmente en periodos de recesión y crisis, como en la actualidad. También creemos que la ley actual es sesgada porque no permite el déficit a los entes locales, que solo perciben la
participación municipal en los tributos del Estado. En nuestra proposición de ley proponemos una reforma de la
Ley 15/2006 encaminada por una parte a establecer límites máximos superiores a los actuales y acotados en función de la coyuntura económica y por otro lado con el objetivo de universalizar para todas las administraciones públicas, incluidas
las entidades locales, la posibilidad de aprobar presupuestos con déficit en periodos de crecimiento por debajo de la tasa de variación anual. Con la proposición que hace el Grupo Popular estamos a nuestro entender ante de una propuesta neoliberal.
Nuestra posición en relación con esta propuesta también será ideológica, ya que consideramos que el Estado debe tener recursos y capacidad suficiente para liderar las reformas que la economía necesita y garantizar el bienestar del conjunto de la
ciudadanía.
Ustedes consideran que el Estado molesta e inician esta cruzada antidéficit motivados por el dogmatismo ideológico como si fuera el único problema de la economía española. Quieren hacer desaparecer en la medida de lo posible los
estabilizadores automáticos y obviar cualquier excepcionalidad, como lo es una recesión económica, que permita y justifique el déficit. Si cuando España crecía, en lugar de generar tanto superávit siguiendo sus doctrinas liberales, se hubiera sido
un poco más keynesiano, un poco más socialdemócrata, si hubiera habido más preocupación en hacer las inversiones necesarias para el cambio de modelo productivo, quizás ahora no estaríamos en la dramática situación de desempleo y recorte de derechos.
Su cruzada no acaba con querer terminar con el Estado, no es tan solo contra el déficit. Su líder espiritual, don José María Aznar, la semana pasada señalaba otra presa sobre la que ahora también ustedes se lanzan: las comunidades
autónomas. Las comunidades autónomas les molestan en un doble sentido, primero porque ustedes no creen en la España plural, ni consideran que exista más nación que la española, y con la modificación que pretenden con esta propuesta de ley, en el
artículo séptimo, desaparece cualquier informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas y le dan toda la autoridad al Gobierno de la nación. Fíjense, utilizan la expresión Gobierno de la nación y no Consejo de
Ministros, porque ustedes entienden que la única nación es España, con lo cual nosotros estamos evidentemente en desacuerdo. Esa es su idea, que el Gobierno pueda cerrar el grifo de las comunidades autónomas y que decida que en los tiempos de
crisis, en los tiempos difíciles, es cuando más inversión pública se requiere. Nosotros en cambio consideramos que debe haber un espacio real de toma de decisiones a nivel fiscal y financiero donde estén representadas las autonomías. Quizá no nos
guste cómo funciona actualmente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero mucho peor sería un gobierno central actuando de espaldas a las comunidades en materia de estabilidad presupuestaria.
Las comunidades autónomas les molestan en un segundo aspecto, porque sus competencias son marcadamente sociales -educación, sanidad, políticas de bienestar-. Ustedes dicen ¿para qué engordar el déficit por cosas tan insignificantes como la
sanidad universal o la educación pública cuando podríamos expandir las mutuas y las escuelas privadas? ¿Por qué destinar recursos al bienestar social cuando se puede ocupar de ello la caridad? También cargan contra las entidades locales, contra
los ayuntamientos, incluso sabiendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por favor.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Voy terminando, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Es que no tiene tiempo.
La señora BUENAVENTURA PUIG:. incluso sabiendo que se encuentran en una situación financiera de ahogo.
Quiero acabar reiterando que el debate de hoy es un debate ideológico.
Ustedes quieren que sea también identitario, pero es un debate entre los que quieren menos Estado y los que queremos más bienestar. Por todo ello vamos a votar en
contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Buenaventura.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estos días rebrota el espíritu de la Loapa, una ofensiva armonizadora y antiautonómica recorre como un fantasma los pasillos de esta Cámara. Se trata de una auténtica espiral casi fóbica que señala a las comunidades autónomas como
auténticas responsables de la crisis, como las culpables casi de todos los males que estamos padeciendo, y en el interior de este auténtico torbellino y de este círculo vicioso evidentemente está el Partido Popular, que hoy mismo insiste con su
obsesión por la estabilidad presupuestaria, por esa cruzada, por esa batalla sin cuartel contra el déficit, pero también está la derecha más rocosa dentro del propio Partido Popular, del señor Aznar. Ya se sabe que tiene sus manías particulares,
como corresponde por cierto a alguien que no es que estuviera en desacuerdo con el título VIII de la Constitución, es que en su día estaba en contra de la propia Constitución.
Quiero abrir un poco más el foco, quiero abrir el zum porque al mismo tiempo también está la izquierda y está el Gobierno socialista, que más allá de sus habituales tensiones entre jacobinos y federales, estas últimas semanas ciertamente ha
utilizado a las comunidades autónomas para calmar a los mercados. En boca del presidente del Gobierno están afirmaciones muy preocupantes
con las que para evitar la intervención de España por parte de la Unión Europea se ha llegado a amenazar con intervenir a las comunidades autónomas e incluso con no autorizar su propio endeudamiento convirtiéndolas en un auténtico chivo
expiatorio de la crisis, presentándolas casi como el auténtico culpable del actual déficit público. Por tanto quiero decir también que menudo camino sinuoso el que ha recorrido el Partido Socialista estos últimos años desde Santillana del Mar hasta
el Santiago y cierra España de la armonización y de la unidad de mercado.
Señorías, hay que ser serios y aun admitiendo, por cierto, con los datos que hoy mismo hacía públicos la ministra Salgado, que el año pasado el Gobierno español ha hecho un especial esfuerzo de contención del gasto hasta reducir los números
rojos de 2010 al 5,1 por ciento para el conjunto del sector público del Estado, por cada desastre financiero que el Estado pueda exhibir de las comunidades autónomas, las comunidades autónomas pueden exhibir hasta cinco. Dicho de otra forma, la
proporción es cinco a uno a favor de las comunidades autónomas. Solo con los datos cerrados a 2009 en cuanto a déficit y a deuda pública, el déficit público se elevó para el Estado el 9,5 por ciento, solo el 2 por ciento para las comunidades
autónomas y el 0,5 por ciento para los ayuntamientos. En términos de deuda, el saldo todavía es más favorable a las comunidades autónomas: el Estado debía 541.000 millones de euros y las comunidades autónomas 105.000 millones. A estas alturas
nadie se acuerda de aquel derroche populista de los cheques, de las devoluciones fiscales más que dudosas, de los ministerios que concurren con las competencias autonómicas, de la creación de canonjías como la Vicepresidencia Tercera del Gobierno,
de inversiones faraónicas e ineficientes en la alta velocidad, y por tanto se está culpabilizando del excesivo gasto a las comunidades autónomas, por cierto unas comunidades autónomas que como se ha dicho repetidamente solo acumulan el 36 por ciento
del total del gasto no financiero del Estado y que además tienen que absorber competencias para prestar servicios públicos esenciales como la sanidad, como la educación o los servicios sociales, y con una estructura del gasto mucho más rígida,
porque hasta el 70 por ciento de este gasto corresponde al capítulo 1, al personal, por tanto por dónde empezamos a recortar.
Desde una óptica catalana quiero decir también que nos sabe particularmente mal que el Gobierno español, el secretario de Estado de Hacienda, la haya tomado particularmente con Cataluña y la haya convertido en la auténtica cabeza de turco.
El secretario de Estado llegó a amenazar con un plan de reequilibrio, cuando todo el mundo sabe que Cataluña tiene 10.000 millones de déficit fiscal cada año, con una deuda histórica en la sanidad pública que arrastra cada año 1.000 millones euros
de déficit estructural, y a estas alturas, señorías, y conociendo todo esto tomar la senda de la armonización y apretar una vez más las tuercas a las comunidades autónomas para conferir al Estado el papel y la función de árbitro es sembrar la
discordia. Si se quiere debatir, hagámoslo seriamente con los datos en la mano. No se puede demostrar fácilmente que el Estado es más eficiente que las comunidades autónomas, que el ahorro autonómico es mucho mejor que el ahorro del Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta.
Por lo pronto, el Partido Popular que se aplique el cuento, que lo haga en Madrid, que lo haga en la Comunidad Valenciana, que lo haga en Murcia, que está casi intervenida, y que deje en paz al resto de administraciones, porque para aplicar
esas reglas de buen gobierno que invocaba el señor Montoro está entre otras cosas el propio Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, no voy a repetir los argumentos que ya han defendido los que me han precedido en el uso de la palabra, salvo evidentemente la señora Díez, puesto que coincido con la mayoría de ellos. De nuevo el Grupo
Popular nos trae a esta Cámara una iniciativa para modificar las leyes de estabilidad presupuestaria con el fin, tal y como señalan en el título del proyecto, de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Nos proponen -simplificando-
volver a la Ley Montoro, a las leyes de estabilidad que se aprobaron cuando el PP gobernaba pero con la oposición frontal del resto de los grupos de la Cámara, que luego llegamos a un acuerdo precisamente para modificar las leyes en el sentido
correcto, en el sentido adecuado, y no utilizando simplemente el palo y el tentetieso.
Señor Montoro, hoy ustedes siguen, erre que erre, otra vez con la cuestión, amparándose en el peligroso discurso ideológico, que nuestro grupo no comparte en absoluto, de que las autonomías son despilfarradoras e ineficientes y a las que hay
que someter desde la Administración del Estado. Señores del Partido Popular, somos ya todos mayores y sabemos lo que hacemos, también lo saben los responsables de las comunidades autónomas. Existe ya un marco de actuación claro en el que han de
desenvolverse el Gobierno del Estado y los de las comunidades autónomas para cumplir con los compromisos establecidos en materia de déficit y endeudamiento públicos, y existen unos mecanismos de sanción y corrección en el caso de que se produzcan
desviaciones. No obstante, como ha señalado el señor
Ridao, si ustedes creen que el equilibrio y el superávit de las cuentas públicas se ha de producir en todo caso, sea cual se la coyuntura económica, díganselo, propónganselo a los responsables de las comunidades autónomas en las que ustedes
mandan. Díganselo al señor Camps en Valencia, al presidente de Murcia o a Esperanza Aguirre. Se puede hacer, la ley actual no impide que ustedes adopten estas decisiones, y si ustedes nos dan ejemplo, a lo mejor nos convencen de la tarea y en un
futuro les podemos hacer más caso. Lo demás es demagogia e intoxicación, y lo que es más peligroso, involución autonómica y vuelta de tuerca a un centralismo de carácter ideológico y no basado en ningún criterio de eficiencia ni racionalidad
económica. Señores del Partido Popular, no es el procedimiento, no es el momento y es profundamente rechazable desde la vertiente política y económica. Votaremos pues en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la posición política del Grupo de Convergència i Unió respecto a esta iniciativa que ha presentado el Grupo Popular sobre la modificación de las leyes de estabilidad presupuestaria para garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas es, tal como hemos manifestado en anteriores ocasiones que dicho grupo ha tenido la oportunidad de presentar una iniciativa de este calibre, la de estar radicalmente en contra. Estamos radicalmente en contra
de esta iniciativa, señoras y señores diputados, porque la consideramos en estos momentos una iniciativa con una carga importante de electoralismo y de demagogia, con un único objetivo yo diría muy definitivo, que es el de intentar plantear y dar a
conocer a la opinión pública española que todo lo que está pasando en la economía española, que todos los males de la economía española son única y exclusivamente culpa de las comunidades autónomas. Han de saber, señor Montoro, señores del Grupo
Popular -lo saben perfectamente-, que nosotros no vamos a estar en esta línea.
Entendemos que esta es una iniciativa política que única y exclusivamente va en la dirección de dinamitar, de criminalizar y de demonizar a las comunidades autónomas y nosotros no estamos en esta posición, señor Montoro. Ustedes han de
saber que lo más grave es que posiblemente a través de estas posiciones yo diría extremistas, con las cuales uno puede llegar a creer que lo que están haciendo ustedes es intentar volver a la España centralista, a la España unitaria y a la España
jacobina del siglo pasado, probablemente también por cuestiones electorales y demagógicas pueden llegar a contaminar y conseguir algunas complicidades con algunos miembros del Grupo Parlamentario Socialista e incluso me atrevería a decir que en
algunas circunstancias pueden también conseguir la complicidad del Gobierno socialista. Convergència i Unió, como ya anticipamos en innumerables ocasiones, no va a estar en esta posición, va a estar radicalmente en contra, por un motivo básico y
fundamental -no quisiera entrar ahora en temas de fondo sobre los que podríamos debatir durante horas-, porque, señores del Grupo Popular y también del Grupo Socialista, nosotros entendemos que las comunidades autónomas son Estado y han de tener los
mismos privilegios, beneficios y obligaciones que la Administración General del Estado.
Ustedes han de saber de antemano que las comunidades autónomas prestan servicios tan importantes como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que no podemos dejar en medio de la carretera, planteando de entrada y diciendo
públicamente que los grandes culpables y coautores de la desastrosa situación económica por la que estamos atravesando son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por estos motivos fundamentales y relevantes que expone nuestro grupo
parlamentario sepan que nunca nos van a encontrar en esta posición. Esperamos sinceramente que en un futuro inmediato, cuando se produzcan las próximas elecciones generales, no tengan la potestad o la capacidad política para volver a ejercer
políticas que cuando las ejercieron en los años 2001 y 2002 ya vieron cuáles fueron los resultados económicos posteriores, ya que tampoco han de perder de vista que algunos aspectos negativos que está padeciendo la economía española tienen su origen
en la época en que ustedes gobernaban con mayoría absoluta. Por tanto, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular y también del Grupo Parlamentario Socialista, no quieran despejar sus responsabilidades y plantear soluciones de
futuro pensando que la gran solución es única y exclusivamente la de limitar la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas. Como saben perfectamente, las comunidades autónomas pasan por una situación delicada -como la están pasando las
diferentes administraciones del Estado- a causa de algunos aspectos relevantes de la economía española. No hay ingresos ya que estamos en un momento de crisis económica muy profunda y al no haber actividades económicas, no hay ingresos fiscales que
puedan equilibrar las diferentes cuentas presupuestarias.
Entendemos que este no es el camino. Intentar traspasar toda la culpabilidad a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales es un mal ejemplo y un mal camino. Estamos centrifugando todas las responsabilidades de la
Administración General del Estado a las comunidades autónomas y estamos haciendo un mal planteamiento democrático que la sociedad española no se merece. Al buscar responsabilidades o plantear mecanismos para salir de esta situación de crisis
económica hemos coincidido plenamente con ustedes en algunos aspectos, pero estamos total y radicalmente en contra de
criminalizar y demonizar a las comunidades autónomas. Este no es el camino políticamente adecuado para resolver esta situación.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nosotros vamos a votar que no. Vamos a votar que no por varias razones. Señor Montoro, usted continúa sin entender una palabra de estabilidad presupuestaria.
(Risas.-Una señora diputada: ¡Ah!) Hoy ha hecho aquí una interpretación y una presentación torpe que en definitiva lo que nos propone es que nos separemos de la Unión Europea y de la filosofía que ha venido siguiendo la Comisión en esta área
política a la hora de aplicar los mecanismos de corrección de los déficits excesivos.
Cuando oigo a la derecha nacional pretender aislar a los españoles de la Unión y cuando le oigo a usted tratar de desenterrar una norma tan equivocada como la que
lleva el nombre de Ley Montoro, viene a mi memoria aquel lamento de Melibea que decía ¡qué pequeña es mi libertad! Pero no estoy en contra de su proposición única y exclusivamente por motivos de estabilidad, sino por motivos de equilibrio y de
austeridad. Ustedes estuvieron fuera o, mejor dicho, estuvieron en contra del debate de la austeridad cuando se celebró en esta Cámara y decidieron irresponsablemente votar en contra. Lo hicieron porque en aquel momento querían crear una crisis
política y consideraban que de alguna manera esa era la vía más rápida para acceder al poder. Creo que ahí estaban y ahí están. Por lo tanto, lo primero que decidieron fue retirar el hombro y escurrir el bulto e inmediatamente después abrir un
debate, del cual hoy tenemos un ejemplo, sobre el modo de organizar el Estado en España. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señores del Partido Popular, son ustedes la única organización política que está representada en esta Cámara que necesita ventilar todavía este tipo de planteamientos. Son la única organización política donde necesitan polemizar entre los
nostálgicos de la España centralista, de la España del antiguo régimen, los poderes que se han ido creando en el seno del Estado de las autonomías y aquellos otros que de alguna manera se muestran partidarios del Tea Party. Ese es un hecho que de
alguna manera lleva a plantear en esta Cámara un conjunto de problemas ajenos a la mayor parte de los problemas y de las soluciones a las cuestiones por parte de los ciudadanos españoles, pero que están todavía en la urdimbre de un partido político
donde los rescoldos autoritarios tienen un poder muy importante. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre algunas cuestiones. Desde luego mi partido ha de decir que siempre ha contribuido a mejorar el
funcionamiento de las administraciones públicas españolas, a buscar soluciones y a corregir sus disfunciones, pero en modo alguno nosotros vamos a reabrir la esencia del sistema.
Hoy los españoles están preocupados, y es verdad, porque hay duplicaciones, deficiencias regulatorias y exceso de burocracia entre las diferentes administraciones públicas. Hoy estos españoles también creen que es necesario reducir las
cargas administrativas, mejorar la coordinación y profundizar en la austeridad. A nosotros nos parece que un modelo tan avanzado como el español debe ser capaz de gestionar adecuada y económicamente aquellas cosas que ningún gobierno puede hacer
solo, pero hay algunas cosas en las cuales podríamos avanzar. No hace mucho tiempo hemos presentado por primera vez las cuentas de las administraciones públicas autonómicas. A nosotros nos pareció muy positivo, pero, seamos sinceros, podíamos
haberlo hecho antes, y tengo que indicar que es poco lo que le he oído decir a usted sobre esa cuestión, porque usted y yo, que ya somos viejos en esta Cámara, sabemos que usted tiene alguna refracción histórica a la transparencia. Por lo tanto hay
que trabajar y mejorar el funcionamiento del Estado autonómico, hay que poner en marcha políticas de austeridad compartida. Hoy hay un buen dato que no quisiera que pasara desapercibido y es que se conocen los datos del año 2010 y la Administración
del Estado ha reducido en 8 décimas el volumen, la cuantía del déficit público, cosa que pone de relieve que el rigor fiscal lo aplica él y que de alguna manera él entiende que se tiene que aplicar a los demás. No es el momento de la barra libre,
señor Montoro, por muy cercana que esté la sede de algún ayuntamiento hacia el cual ustedes han querido retratar algunos de sus problemas en esta proposición de ley. Tampoco podemos ignorar que en un Estado como el nuestro, donde el mayor peso del
gasto público está descentralizado, los procesos de ajuste tienen que ver también con esta situación.
Vivimos en un Estado complejo, en un Estado compuesto, estable y sólidamente constituido y debemos ser capaces de encontrar los mecanismos a través de los cuales se articula la política económica. El Gobierno de España tiene en eso la mayor
responsabilidad, tiene contraídos compromisos con la Unión Europea y desde luego tiene legitimidad para tratar de evitar que alguien se salga de esos compromisos. Coincido con los portavoces anteriores a mi intervención en que hay normas
suficientes y bien definidas para dotar a los poderes centrales y territoriales de los instrumentos adecuados para cubrir necesidades y para establecer prioridades. Por lo tanto no vamos a auspiciar este tipo de iniciativas.
Me gustaría hacer una última reflexión sobre quién controla a quién. Hay cuestiones que se deciden a nivel de Hacienda de las comunidades autónomas, y es ahí donde se pueden y deben fijar los compromisos cuantitativos a los que han hecho
referencia algunos de los
portavoces que han hablado antes que yo. Es en ese tipo de normas aprobadas a nivel de comunidad autónoma donde se pueden establecer los objetivos de transparencia, de eficacia y de responsabilidad de los partícipes, porque tendría que
recordarles -como lo ha hecho algún otro interviniente- que ustedes tienen la responsabilidad política en la comunidad autónoma española más endeudada y en el ayuntamiento español más endeudado. Por lo tanto deberían mejorar la calidad de las
finanzas públicas en la una y en el otro, y deberían evitar traer aquí debates sobre cuestiones que reiteradamente incumplen allí donde gobiernan. No estaremos nosotros detrás de este tipo de planteamientos. Creemos sinceramente que las Cortes
cumplen su función y el Consejo de Política Fiscal y Financiera la suya, y entre las prioridades no está la de volver a darle la espalda al ciclo. La estabilidad cero -como hoy se ha definido aquí- es profundamente costosa en términos de bienestar.
Yo me pregunto -como lo han hecho otros-, cuando impugnan el gasto público autonómico, ¿qué están impugnando, el gasto de bienestar? Seamos sinceros, entre el 75 y el 80 por ciento del gasto público de las comunidades autónomas se dedica a las
políticas de sanidad, de educación y de servicios sociales.
Esto lo tienen que aclarar, aunque solo sea para que dejemos de pensar que en el aquelarre de este fin de semana lo único que hay es un proyecto para tener menos educación, menos sanidad y
menos servicios sociales.
(Aplausos.)
Termino mi intervención, señor presidente, diciendo que ustedes han hecho a las comunidades autónomas portadoras genéricas de las políticas de despilfarro. Ya lo hicieron con las políticas del Gobierno de la nación.
En uno y otro caso han
vuelto a actuar con deslealtad. Yo me pregunto, ¿es que al otro lado de la deuda tan solo hay despilfarro o hay activos? Señor presidente, tenemos un sistema político reglado, estable, transparente, donde la corrección de las disfunciones que han
venido detectándose no se resuelve dando entrada ni a gritones ni a bocones.
Creo que este país necesita una solución más integral, más sólida y desde luego más atrevida que la que torpemente ha vuelto a presentar una vez más esta tarde aquí don
Cristóbal Montoro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES Y OTROS CARGOS DE ÓRGANOS PÚBLICOS (ORGÁNICA). (Número
de expediente 122/000109.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para mejorar la eficacia del régimen de incompatibilidades de los diputados y senadores y otros cargos de
órganos públicos. Esta proposición de ley tiene carácter orgánico. Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario no tenía la intención de hacer coincidir su iniciativa sobre la mejora de la Ley de incompatibilidades de los cargos públicos con lo que ha ocurrido a lo largo de este fin de semana, con el pimpampum contra
el Congreso de los Diputados y contra los diputados y senadores de las Cortes Generales. Por ello quiero hacer una primera manifestación antes de presentar el argumentario de esta modificación de la Ley de Incompatibilidades y de la Ley Electoral,
que no pretende otra cosa que mejorar la aplicación de las mismas. En primer lugar, mi grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya -y estoy convencido de que también Esquerra Republicana de Catalunya-, consideramos la política como una
actividad noble, digna y austera, y a la inmensa mayoría de los políticos como nobles, dignos y austeros en el ejercicio de sus funciones. La política no es un privilegio, no somos unos privilegiados; somos vocacionales y estamos comprometidos con
la actividad pública. (Aplausos.) Quería hacer esa manifestación para que fuera del común de la Cámara.
Señorías, dentro de este ataque a lo público que está teniendo lugar al calor de la crisis económica, en los últimos meses hemos visto el ataque a la Función pública, el ataque también a las comunidades autónomas como forma de atacar y
cuestionar el estado del bienestar, y a lo largo de los últimos días estamos presenciando un ataque, en mi opinión desmedido, a los cargos públicos, a los políticos. Este ataque no viene solo de fuera sino también de dentro, y hemos de reconocerlo
de manera autocrítica. El ataque que viene desde fuera es de aquellos interesados en cambiar el punto de atención, en distraer la atención de una crisis de mercado, de una crisis especulativa, a una crisis política con responsabilidades públicas.
Pero además, como decía antes, también hay interesados en este ataque a lo público, a la democracia y a la política desde dentro; son sin lugar a dudas los corruptos, la minoría, también una excrecencia de la propia crisis financiera, de la propia
crisis especulativa en el seno de la democracia y en el seno de la política. Frente a ello, en mi opinión, debemos ser capaces de regenerar la vida política, de defender la actividad pública y de defender también la intervención pública en la
economía y en el conjunto de la sociedad. Si los ciudadanos no perciben que somos capaces de incidir en su futuro y solamente en su futuro influyen los mercados, seguramente estaremos labrando una minusvaloración, cuando no un desprecio de la
política.
Señorías, también para evitar la quinta columna, para evitar la corrupción política es necesario adoptar medidas. La antesala de la corrupción política es, en nuestra opinión,
la confusión y la colusión entre lo público y lo privado. Ese es el sentido de esta iniciativa, avanzar en la transparencia, en la claridad en relación con los cargos públicos y avanzar también en la delimitación de lo público frente a lo
privado. Esa es la posición de mi grupo parlamentario porque está convencido, por otra parte, de que verdaderamente existen distintos modelos del ejercicio de la política, distintos modelos de cargo público. Nosotros hoy aquí no estamos
defendiendo un modelo de cargo público carencial; no defendemos el modelo de cargo público que solamente puede ejercer el rentista o el funcionario, sino un modelo de cargo público digno, con capacidad de intervención en la vida política y con
recursos suficientes. Ese es el modelo de cargo público que nosotros defendemos en la proposición en el día de hoy. Por ello, en nuestra propuesta, frente al modelo que decía antes, que puede caracterizarse como se quiera pero que es un modelo
carencial muy influido por los lobbies de presión y muy poco influido democráticamente por los ciudadanos que lo eligen, nosotros defendemos este modelo de cargo público de calidad, digno y con suficientes recursos, y por ello en esta proposición de
ley proponemos cuatro medidas que nos parecen imprescindibles.
En primer lugar, que cada cargo público tenga un sueldo digno, lo que en nuestra opinión significa la dedicación exclusiva del cargo público a sus funciones, y en ese sentido no compartimos la dedicación publico-privada.
En nuestra opinión,
es una minoría de los cargos públicos tanto del Congreso como del Senado y de los cargos públicos de las altas instancias del Estado la que puede compatibilizar esta actividad pública con la actividad privada, pero no nos parece que se pueda
defender la actividad pública, la autonomía y la independencia de la actividad política compatibilizando el cargo público con una actividad privada, y hay cuestiones sensibles en comisiones concretas que, en nuestra opinión, son especialmente
negativas para ese tipo de compatibilidad. Está en la ley, en la ley está claro, en nuestra opinión, que la dedicación es una dedicación plena, pero da la impresión de que si no decimos exclusiva no será exclusiva. Por lo tanto, pretendemos
legislar para que sea en la práctica exclusiva, aunque es verdad que hoy la compatibilidad es una minoría, pero una minoría que en nuestra opinión introduce confusión, introduce colusión y, por tanto, favorece las dudas en relación con la limpieza
del sistema político.
En segundo lugar, proponemos para un cargo un solo salario, es decir, la incompatibilidad de asignaciones públicas o público-privadas, y señorías, hay que reconocer que hoy de manera minoritaria existe compatibilidad de distintos salarios
públicos, públicos o parapúblicos, porque quien recibe un salario como portavoz del Congreso de los Diputados no puede recibir otro como presidente o secretario de su partido. Eso es compatibilizar salarios públicos que, a nuestro juicio, va más
allá de la ley, va más allá de una interpretación flexible de las incompatibilidades; y mucho menos compatibilizar salarios públicos y privados, lo he dicho antes, aquí no solamente hay un problema ético sino que hay un problema político de fondo.
¿Qué autonomía vamos a defender si dependemos no solamente del salario público sino también de una entidad privada? ¿Qué autonomía y qué independencia de la actividad política, qué prevalencia del interés general sobre el interés particular?
En tercer lugar, proponemos la limitación en relación con las indemnizaciones. Proponemos una limitación sobre las indemnizaciones y estamos dispuestos a discutir con los grupos de la Cámara cuál es esa limitación. Las indemnizaciones en
estos momentos en España son las más austeras de Europa, lo sabemos, y solamente existe una indemnización indefinida en el caso de los expresidentes del Gobierno, también lo sabemos, y estamos dispuestos a discutir con los grupos de la Cámara si
esta indemnización es temporal o no, si es para toda la vida o es únicamente temporal, pero lo que no creemos que sea discutible es que esta indemnización sea compatible con la participación en el sector privado. Precisamente el concepto de
indemnización a los expresidentes del Gobierno es para mantener la dignidad del cargo y la autonomía frente a las presiones externas. No se puede compatibilizar, en mi opinión, esta indemnización con esa presencia en empresas privadas que, en
definitiva, pretenden del presidente del Gobierno un privilegio por el conocimiento y las redes que tiene ese presidente del Gobierno, es decir, pretenden convertir las relaciones del presidente del Gobierno en un fondo de mercado, y eso, en nuestra
opinión, es censurable. Y por parte de las empresas tampoco podemos permitir que éstas tengan tan poco compromiso social de la empresa que pretendan utilizar a un presidente del Gobierno para lograr un mayor fondo de mercado. Esa es la razón para
que estemos dispuestos a discutir el tiempo de la indemnización, pero no estemos dispuestos a discutir en este caso que esa indemnización pública, que es para mantener la dignidad del cargo y para que el presidente del Gobierno no se vea obligado a
introducirse en el sector privado, sirva como base precisamente para lo contrario, para compatibilizar lo público y lo privado, para dejar el interés general a favor del interés particular.
Esa es la razón por la que nosotros presentamos esta
iniciativa y no por ningún puritanismo ni en relación con la indemnización de los expresidentes del Gobierno ni tampoco en relación con la actividad privada. Nos parece mucho peor que estas actividades privadas se realicen en empresas Estado, por
ejemplo el caso de Schroeder en una empresa Estado de un país extranjero, y nos parece muy criticable que esta compatibilidad se realice en empresas antes públicas y privatizadas por parte de decisiones del propio poder público. Creemos que eso no
tiene ninguna justificación y por eso planteamos esta limitación de la indemnización o, mejor dicho, esta incompatibilidad de la indemnización pública con la actividad privada en el caso de los expresidentes del Gobierno.
Proponemos, asimismo, que algo que no ha funcionado modifique su funcionamiento. Señorías, desde el caso Taguas, en todos los casos que hemos tenido, que son evidentes vulneraciones de la Ley de Incompatibilidades y de la Ley del Régimen
Electoral General, la Oficina de Conflictos de Intereses ha sido una oficina de gobierno y no una oficina para hacer cumplir la ley. En nuestra opinión, por tanto, esa Oficina de Conflictos de Intereses tiene que cambiar de naturaleza y, por otra
parte, tiene que hacer cumplir la Ley de Incompatibilidades, porque la ley que no se hace cumplir es una ley que se burla y unos principios que quedan menoscabados. Por lo tanto, señorías, lo que proponemos es una Oficina de Conflictos de Intereses
dependiente del Congreso de los Diputados que realmente sirva para la vigilancia de esos conflictos de intereses que, vuelvo a repetir, son la minoría, pero que de alguna manera empañan y afectan a la mayoría de los cargos públicos y de los
diputados que, vuelvo a repetir, ejercen su cargo público con honestidad, con dignidad y con compromiso.
Señorías, termino. En nuestra proposición de ley proponemos la regulación de los lobbies de presión. Podrían decir ustedes que esta regulación no es necesaria, que hay un libro verde en el marco de la Unión Europea sobre transparencia que
mediante códigos y estándares éticos es perfectamente útil para el conjunto de las administraciones y de los cargos públicos de las sociedades de la Unión Europea. Nosotros creemos que no es así; creemos que los lobbies de presión, como las brujas
o los brujos, existir existen al final y, por tanto, es necesario reconocerlos en las propias leyes y avanzar en esta materia, en el reconocimiento de la existencia de los lobbies y de su relación con los cargos públicos y las instituciones, en la
transparencia también mediante el registro de los mismos en estas instituciones, en el control y los estándares éticos de los cargos públicos y de los interlocutores públicos con los lobbies de presión y también en la lucha contra cualquier tipo de
fraude, como existe en el marco, como he dicho antes, de la Unión Europea o de otros países democráticos. Esas son las propuestas que les hacemos para profundizar en la Ley de Incompatibilidades, para poner barreras al descrédito que se utiliza
voluntariamente por parte de los enemigos de la democracia y también por parte de nuestros propios enemigos, que son la minoría corrupta en el espacio público. Para poner esas barreras les proponemos iniciar el debate de la profundización en la Ley
de Incompatibilidades. No nos importaría que ese debate se produjera en cualquier otro ámbito, pero creemos que esta iniciativa puede ser uno adecuado. Los grupos parlamentarios que están en esta Cámara han dicho por activa y por pasiva que están
de acuerdo con iniciativas como la mejora, por ejemplo, de la transparencia y la publicidad en relación con los cargos públicos; han dicho que están de acuerdo también con la profundización en materia de incompatibilidades; han dicho también que
están de acuerdo en clarificar y en luchar contra cualquier tipo de privilegio o de discriminación. Pues bien, nosotros, que creemos, como dije antes, que los cargos públicos en general en este país son vocacionales y comprometidos, nos merecemos
también que no solamente lo seamos sino además que lo parezcamos, y creemos en estos momentos que cualquier iniciativa que nos permita además de serlo parecerlo es positiva para los cargos públicos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para fijar posición, en primer lugar, tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Intervengo para mostrar mi apoyo a la iniciativa presentada por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre esta proposición de ley que pretende, como muy bien ha explicado el portavoz de Izquierda Unida,
devolver la dignidad y la transparencia también a la acción política precisamente a través de un control que nosotros mismos hagamos de nosotros. El señor Llamazares dividía la propuesta que hacía en cuatro puntos. Aviso que estoy de acuerdo en
los cuatro puntos, es decir, en lo propositivo. En relación con la reflexión de carácter general, me parece que es importante destacar -y yo lo quiero hacer- que esta iniciativa que hoy se somete a consideración tiene que ver, desde mi punto de
vista, con la necesaria regeneración democrática en la que la vida pública, los diputados, los parlamentarios, los responsables públicos tenemos mucho que hacer para devolver la confianza a los ciudadanos sobre la política y las instituciones
políticas y democráticas. Porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas descansa en un principio fundamental, el principio de transparencia en la gestión de los fondos públicos, de forma que sea posible conocer, controlar
y evitar, en su caso, la percepción simultánea de retribuciones públicas o privadas o la utilización inapropiada de los fondos públicos. La transparencia nos ayuda a todos. Evita que lo que de manera fraudulenta, equívoca e inadecuada pueda hacer
una minoría, salpique a la inmensa mayoría. Pero por eso la transparencia hay que aplicarla, desde mi punto de vista, en todas las cuestiones que tienen que ver con la acción política y con la acción de los políticos. Unión Progreso y Democracia
registró hace un mes una iniciativa más concreta referida específicamente a la regulación de las pensiones vitalicias de los expresidentes y al establecimiento de incompatibilidades. El señor Llamazares ha planteado las dos cuestiones, tanto la
cuestión de la incompatibilidad como algo, a mi juicio, también innegociable, algo que tenemos que acometer de manera urgente; así como la necesidad de que revisemos la situación de pensiones vitalicias que, como aquí se ha dicho, solo afecta a los
expresidentes.
No me voy a detener en destacar aquellas cosas en las que ya he manifestado que estoy de acuerdo. Es una pena
que por cuestiones, con todo respeto y desde mi punto de vista, exógenas seguramente a los deseos de todos los aquí presentes, este debate se inicie en un momento en el que, al menos a través de los medios de comunicación, los dos grupos
mayoritarios de la Cámara ya han anunciado que van a estar en contra de apoyar la tramitación de esta iniciativa.
Porque lo que se plantea hoy es algo que vamos a tener que hacer. Lo vamos a hacer más bien pronto que tarde. A lo mejor hoy votan
en contra y un fin de semana de estos en un mitin ustedes y ustedes nos anuncian que lo van a cambiar. Pero esto lo vamos a tener que hacer más bien pronto que tarde o por convicción o por necesidad. O porque llegan encuestas o por Demoscopia o
por criterios políticos. O porque lo dice la Demoscopia o porque lo dice la convicción o porque se ha madurado el criterio o, sencillamente, insisto, porque el fin de semana da para mucho y hay que rellenarlo de alguna manera. O sea, que estamos
ante un tema que se podría titular: hoy no se fía, mañana sí. Hoy votarán ustedes que no, pero dentro de nada, un par de telediarios, un par de encuestas, un par de setentas por ciento a favor de esta iniciativa, y quienes hoy rechazan la misma,
pasado mañana se pelearán porque la prensa concertada les dé los titulares de primera, pareciendo que la idea fue suya. En todo caso, es una iniciativa que merece la pena ser apoyada y que esta parlamentaria va a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
El señor Jorquera tiene la palabra.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en las últimas semanas nos desayunamos con varias noticias que motivaron que el Bloque Nacionalista Galego registrara con urgencia una proposición de ley en esta Cámara. Estas noticias daban cuenta de que el expresidente del
Gobierno, don Felipe González, era contratado como consejero independiente de Gas Natural, por lo que cobrará, según estas noticias, unas retribuciones de 126.000 euros al año. Daban cuenta también de que Endesa contrataba como asesor externo a don
José María Aznar que cobrará unas retribuciones de 200.000 euros al año, un señor que, además, según distintas noticias de prensa, es consejero de News Corporation, por lo que declaró ingresos de 171.000 euros en el último ejercicio, y asesor de
Doheny Global, un grupo norteamericano con intereses en el sector energético e inmobiliario, por lo que cobra también jugosos emolumentos.
Señorías, no vamos a juzgar por parte del Bloque Nacionalista Galego en estos momentos si es ético que Endesa fuese privatizada cuando don José María Aznar fue presidente del Gobierno y ahora sea contratado por esta empresa. No vamos a
juzgar si es ético que personas que apelan a la necesidad de asumir grandes sacrificios en tiempos de crisis acepten ahora estos emolumentos. No vamos a juzgar si es ético que, después de que fuese aprobada una fuerte subida de las tarifas
eléctricas demandada por las compañías para corregir el supuesto déficit tarifario, las compañías paguen ahora a consejeros y asesores estas retribuciones. Ni siquiera vamos a juzgar si es ético que expresidentes pongan su agenda de contactos y sus
influencias adquiridas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas al servicio de intereses privados. Simplemente juzgamos que es intolerable que se compatibilice el cobro de estas retribuciones con el disfrute de algunas de las prerrogativas
de las que gozan los expresidentes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, los casos a los que he aludido son solo un ejemplo para ilustrar por qué es pertinente la toma en consideración de esta proposición de ley, porque se trata de eso, de tomarla en consideración. Puede haber aspectos en el texto de
la misma que sean discutibles y otros que sean perfeccionables, pero es evidente que es necesaria una regulación más estricta de los conflictos de intereses y, en consecuencia, se debe mejorar el actual régimen de incompatibilidades. El Bloque
Nacionalista Galego no discute que los expresidentes merezcan un trato y unas prerrogativas acordes con las altas responsabilidades que ostentaron. El Bloque Nacionalista Galego no se apunta a la moda de desprestigio de la política, entre otras
cosas porque sabemos perfectamente a lo que conduce el desprestigio de la política: conduce a favorecer soluciones populistas e involucionistas, conduce a favorecer soluciones autoritarias, conduce a que empiece a verse como normal que decisiones
fundamentales para el futuro de los ciudadanos no se tomen en instancias emanadas directamente de su voluntad democrática o sometidas a control político, sino que se tomen en otras instancias. Por tanto, no estamos a favor del desprestigio de la
política. Al contrario, estamos a favor de su dignificación, pero la dignificación de la política exige una separación mucho más estricta del ámbito público y privado; la dignificación de la política exige preservar la misma, para asegurar que
responda al servicio del interés general, de la influencia de los grandes grupos económicos de presión. En definitiva, preservar su independencia. Por las razones expuestas, el Bloque Nacionalista Galego va a votar, sin ningún género de dudas, a
favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Entramos en este debate en un momento en que desde algunos grupos políticos se están mezclando churras con merinas y asuntos de incompatibilidades, pensiones y
sueldos que muy poco tienen que ver y que responden a muy diferentes situaciones. Hay gente a la que no le importa difundir una mala imagen de lo público si pueden lograr así réditos electorales. Se difunden un par de titulares contra,
entre comillas, los privilegios de la clase política, aderezado con mucha sal gorda y anunciando no sé qué iniciativas y listo, que estamos en periodo electoral. Y se difunden en ocasiones estos titulares cuando quien lo hace se ha protegido los
riñones habiendo generado con anterioridad generosos derechos de pensión en otras instituciones o gozando de dobles y triples fuentes de percepción. Hay una cierta hipocresía en todo este debate.
Mi grupo siempre defenderá la política y hará de la defensa de lo público un estandarte. Hay muchas esferas de poder económico y social en este país que son absolutamente opacas comparadas con las instituciones políticas y que influyen
-vaya si influyen- en la toma de decisiones del país. Los políticos serán uno de los colectivos más escudriñados e investigados en este país. Pero nuestro grupo no se opone en absoluto a que se pueda discutir en un clima sereno, sin
manipulaciones, sin usos espurios electoralistas todo lo relativo al régimen económico de incompatibilidades de los cargos públicos. De hecho, ya sugerimos, con discreción pero con insistencia, en la Comisión del Estatuto del Diputado que
deberíamos revisar el régimen de incompatibilidades porque, por ejemplo, no tiene ningún sentido que haya una incompatibilidad de un alcalde por presidir una empresa municipal y, sin embargo, en determinados trabajos de despacho pasa más
desapercibido o no se encuentra dentro de los límites de la normativa electoral o más bien yo diría de la práctica de la Cámara. Por eso, votaremos a favor de esta toma en consideración, porque aporta una base para la discusión. No compartimos
afirmaciones como que solo el 12 por ciento de los miembros del Congreso no desempeña actividad privada. Esto no es así, porque se considera también actividad privada la participación en tertulias, en debates, en radio, etcétera, y hasta el mismo
presentante seguro que ha tenido que ir en multitud de ocasiones a hacer estas actividades y sin cobrar un euro. Las estadísticas salen como salen, pero verdaderamente yo creo que somos una gran mayoría los diputados que nos dedicamos full time al
trabajo parlamentario en esta Cámara.
Creemos que las incompatibilidades del Gobierno deben ser mejor definidas.
Por ejemplo, hoy no es posible, porque la ley no lo permite, que esta Cámara y sus diputados puedan recabar datos para comprobar la compatibilidad de los ministros.
Es imposible acceder al registro de intereses. Esto lo hemos comprobado porque mi grupo lo ha intentado y ha sido imposible. Hay una laguna legal que, si queremos ejercer nuestra labor de control y si queremos que la ley se cumplimente, hay que
subsanar de alguna manera. Que los expresidentes tengan un estatus digno es algo lógico y algo que mi grupo defenderá siempre. Incluso puede ser poco el estatus económico que se les tiene asignado en estos momentos, porque es difícil el encaje
profesional, porque, a pesar de que la primera ley que modificamos en la legislatura anterior fue la del Consejo de Estado dando cabida a los expresidentes, no a todo el mundo le tiene por qué apetecer tras dejar la Moncloa ir al Consejo de Estado,
y porque además pueden aportar su experiencia en el mundo de lo público. Lo que es inaceptable, desde el punto de vista de mi grupo, es que si se integran en la actividad privada con un mayor salario sigan percibiendo esos emolumentos del erario
público; o se ejerce de expresidente o se ejerce de lobbista, pero no se puede ejercer de las dos cosas a la vez.
Las percepciones públicas, indemnizaciones tras el cese de un cargo deben tener un objetivo, o contribuir a desarrollar una función pública o ayudar a una transición para la reincorporación al mercado laboral, y todo esto quizás necesita de
una redefinición. Por eso, creemos que sería interesante tomar en consideración la propuesta que hace Izquierda Unida, insisto, aceptando valorar medidas interesantes como la regulación de los lobbies -que existen, vaya si existen, están ahí-, fue
en sistemas presidencialistas donde primero se regularon y se lo tomaron como un asunto natural, pero ya es hora de que desde los sistemas parlamentarios se haga al menos una reflexión. Aceptando todo eso, votaremos a favor.
Por tanto, estudiemos
la situación. Cuidado, no nos dejemos llevar por el electoralismo y la última encuesta, sepamos decir no a determinados titulares y opiniones generadas por intereses que muchas veces se desconocen cuáles son. Digámoslo explicando claramente las
razones.
Tomemos decisiones y medidas, no vaya a ser que entre tanto recorte económico e incompatibilidad exhaustiva nos encontremos al final con una Cámara de funcionarios, cosa que tampoco sería bueno para la política.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, usted ha centrado la presentación de esta iniciativa a partir de cuatro ejes o cuatro propuestas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán voy fijar
la posición sobre sus cuatro propuestas, pero recordando también a la Cámara y al conjunto de la opinión pública que hoy someteremos a consideración y a votación una proposición de ley orgánica que básicamente hace referencia al régimen de
incompatibilidades. El grueso del texto articulado hace referencia al régimen de incompatibilidades, y usted, en su discurso de acompañamiento político, ha hecho referencia a algunos asuntos candentes, de actualidad, sobre los cuales vamos a fijar
también posición, pero evidentemente
al final nuestro voto será consecuente con aquello que se somete a votación.
Nosotros compartimos con usted la necesidad de revisar la compatibilidad de los sueldos de los expresidentes con sueldos que los mismos puedan percibir o perciban en estos momentos, dos de ellos del sector privado.
Consideramos que el
sueldo de expresidente se establece precisamente para que los expresidentes ejerzan una digna función institucional en su condición de expresidentes y para blindarlos de las tentaciones de incorporación al sector privado. Si se produce la legítima
incorporación al sector privado, se tiene que revisar el sentido del sueldo para los expresidentes. Usted lo ha planteado en su discurso, pero esto no está en la proposición de ley que votaremos esta tarde. Nosotros estamos abiertos y nos parece
bien esta línea de reflexión. En segundo lugar, usted ha planteado la conveniencia de que no haya compatibilización de dos salarios públicos, y nosotros estamos también de acuerdo con este planteamiento. Creemos que la inmensa mayoría de cargos
públicos perciben un solo salario público -usted ha hecho referencia a ello y creo que debemos ser especialmente pedagógicos y precisos en este asunto- y quizá puede haber y hay un salario público y dietas de remuneración para un segundo cargo
público. También estamos abiertos a considerar esta línea de reflexión, pero esta línea tampoco forma parte de la proposición de ley que hoy se nos somete a consideración sino del acompañamiento del discurso político. En tercer lugar, usted
plantea -y esto sí que está en la proposición de ley, concretamente en la disposición adicional única- la regulación de los lobbies. Los lobbies existen en cualquier sociedad democrática, la defensa de intereses que han sido mejor desarrollados en
culturas como la anglosajona, bien sea en sistemas presidenciales, como el americano, o en sistemas parlamentarios, como el británico. Es bueno que afloren estos intereses, es bueno que haya registro de lobbies y es bueno que haya transparencia
-esto sí que está en la proposición de ley, pero es la disposición adicional única-, incluso dos asociaciones de lobistas o paralobistas que hay en España también piden una regulación.
Pero, señor Llamazares, señorías, el grueso de esta proposición de ley viene referido a imponer, a fijar un régimen de incompatibilidades absolutas. Concretamente, se propone modificar el artículo 157.1 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General para que se vea, para que entre en vigor un texto que diría: El mandato de los diputados y senadores se ejercerá en régimen de dedicación exclusiva en los términos previstos en la Constitución y en la presente ley, etcétera. Por
tanto, señorías, lo que vamos a votar hoy, esta tarde, es si los parlamentarios, diputados y diputadas, senadores y senadoras, tienen que tener un régimen de incompatibilidad absoluta. Y esto creo que es una reflexión en profundidad sobre si la
política es una profesión o es una actividad transitoria en la vida que sin duda se debe ejercer con la máxima profesionalidad posible, pero que los parlamentarios y los políticos, si todo va bien en un régimen democrático maduro, deben venir de una
experiencia profesional previa y deben ir a una experiencia profesional posterior a la de la actividad parlamentaria. Es por esto por lo que en la relación entre parlamentarios y actividad privada es posible siempre que se mejoren, y se mejoren
mucho, los mecanismos de transparencia, de control y de dar cuenta de aquello que declaran los parlamentarios. Por ejemplo, esta legislatura, señorías, a iniciativa del presidente del Congreso y de la Mesa, en la página web del Congreso de los
Diputados está la declaración de intereses y de actividades de los parlamentarios, y esta es una muy buena medida. Es una mala medida que aún no tengamos mecanismos para asegurarnos de que aquello que se declara es realmente aquello que se ejerce.
Con lo cual, nuestra palabra eje en este discurso no es la de la incompatibilidad sino que es la del control y la de la transparencia. Nos parece que los políticos no somos islas en medio del mar, que somos personas con bagaje profesional previo y
posterior y que algunas personas si quieren ejercer también esta actividad durante el ejercicio de su actividad parlamentaria deben dar cuenta de esta actividad y deben poder ser controlados.
Por tanto, señorías, señora presidenta -voy terminando-, ateniéndonos estrictamente a lo que se plantea en la proposición de ley, nosotros vamos a votar que no a la incompatibilidad absoluta de la actividad parlamentaria con cualquier otra
actividad, vamos a expresar nuestra posición favorable a un mayor control y a una mayor transparencia y vamos a expresar también nuestra posición favorable a algunas cuestiones de extrema actualidad que han acompañado al discurso del señor
Llamazares, pero que no forman parte del objeto de la votación de esta tarde.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ferrer Roselló.
El señor FERRER ROSELLÓ: Señora presidenta, señorías, la proposición de ley que se debate tiene como objeto, según su propia exposición de motivos, sendas modificaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y de la Ley 5/2006,
de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de las instituciones del Estado, más concretamente la modificación de los artículos 157 y 159 de aquella ley orgánica y los artículos 6, 10,
15 y 21 de la Ley 5/1985. Nuestro grupo parlamentario, sin dejar de reconocer el interés que siempre suscitan las medidas tendentes a mejorar la eficacia del régimen de incompatibilidades de los representantes públicos, no cree necesarias en el
momento actual las modificaciones planteadas en esta proposición de ley y en consecuencia no dará su apoyo a su admisión a trámite.
En términos generales, entendemos que para la adopción de estas modificaciones no basta invocar una supuesta mejora de la eficacia del marco jurídico vigente basada en la simple extensión de su marco jurídico, o cuestionar sin mayor
argumentación la insuficiencia de la actual legislación en materia de incompatibilidades, menos aún cuestionar de modo generalizado el actual estado de afectación al interés general y la res publica, como textualmente señala esta exposición de
motivos, para seguidamente afirmar que es necesario acometer reformas legales para una mejor delimitación entre intereses públicos y privados.
A nadie se le oculta que esta iniciativa legislativa surge en atención a un determinado estado de opinión que manifiesta su descontento con determinadas cuestiones de la denominada clase política, y en ese sentido de pretender conectar
política y sociedad podría pensarse que la modificación que hoy se trae a la consideración de la Cámara es oportuna y merecedora por tanto de su toma en consideración. Sin embargo, las cuestiones por las que los ciudadanos manifiestan ese malestar
con los políticos no son ni provienen del régimen de incompatibilidades de los diputados y senadores ni de los altos cargos de la Administración pública, sino de la crisis económica que padece la sociedad española y la falta de soluciones al
respecto. Es por ello por lo que las modificaciones propuestas, además de no ser necesarias en el momento actual de nuestro desarrollo del modelo de representación política, no pueden calificarse de oportunas al no representar la respuesta a una
demanda social realmente querida por los ciudadanos ni necesitada por nuestro sistema constitucional. El régimen de incompatibilidades de diputados y senadores contenido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General fue fruto de un consenso
parlamentario unánime, ponderado y suficiente para el desarrollo independiente de la labor parlamentaria y plenamente respetuoso con el interés general, delimitando en sus justos términos el interés público exigible a los representantes de la
soberanía nacional y a los intereses privados que deben ceder ante aquel. Pese a lo que se afirma de contrario en esta iniciativa legislativa, nuestro actual modelo representativo ha respondido con creces a las expectativas depositadas en su día en
él por el legislador y se ha mostrado suficientemente garante de la adecuada separación entre lo público y lo privado, sin que existan precedentes de falta de ética en las tareas legislativas o de control al Gobierno llevadas a cabo en estos años
susceptibles de ser calificados de inaceptable sumisión del interés público a los intereses privados. El Parlamento es una emanación de la sociedad y lógicamente recoge el sentir de la misma dando respuesta a sus necesidades y demandas a través de
su labor legislativa y su actividad de control al Gobierno. Para ello, los miembros del Parlamento requieren ciertamente de independencia y ausencia de total sumisión a cualquier interés privado, lo que determina un estricto régimen de
incompatibilidades. Nuestro modelo constitucional responde a tal exigencia y fue plenamente consensuado en la actual Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por lo que parece razonable exigir el mismo grado de consenso y de general aceptación
por la debida ponderación de los intereses en juego que implique una eventual reforma de este régimen de incompatibilidades.
Además de todo lo anterior, la iniciativa de que se trata puede trasladar a la opinión pública, de forma absolutamente equivocada, un juicio erróneo sobre la labor desempeñada por los diputados y los senadores de las Cortes Generales por no
responder en su trabajo al más escrupuloso respeto al interés público y estar mediatizados por oscuros intereses privados que contaminan su condición de representantes de la soberanía nacional, y eso no es cierto en modo alguno. El actual sistema
de incompatibilidades de diputados y senadores responde bien a nuestro modelo constitucional y garantiza la independencia de criterio y el legítimo ejercicio de la labor parlamentaria. Así resulta de los actuales artículos 157 y 159 de la vigente
Ley Electoral, que contemplan un régimen de dedicación absoluta y un sistema de incompatibilidades que garantizan la independencia de los parlamentarios, ya sea por su condición de funcionarios públicos o por su condición de trabajadores por cuenta
ajena, al tiempo que protegen el interés público haciendo incompatible la función con la realización de conductas en el ámbito empresarial afectadas por el interés público. Este régimen, sin duda, es perfectible y nuestro grupo no se cierra a una
eventual modificación del mismo, pero tal mejora y modificación no lo serán nunca legislando de forma improvisada y populista al socaire de un estado de opinión pública de cierto cansancio hacia la clase política motivado por razones totalmente
ajenas al modelo normativo de las incompatibilidades de los miembros de las Cortes Generales. Ha de prohibirse lo que requiera el interés público pero no más; prohibir lo innecesario solo constriñe la libertad sin recibir fruto alguno a cambio.
En el momento actual de la cuestión no se ve, o al menos este grupo parlamentario no ve, la razón ni la perfección del sistema por cambiar un régimen de dedicación absoluta por un régimen de dedicación como el propuesto y de introducir una nueva
disposición, artículo 159.2.g), sobre la incompatibilidad de actividades de dirección, representación, asesoría o de prestación de servicios que entran en colisión con las funciones parlamentarias, que es redundante del principio general de
incompatibilidad contenido en la ley y, por tanto, totalmente innecesario. Lo mismo sucede con la siguiente modificación que propone en cuanto a la administración del patrimonio personal o familiar.
El otro grupo de medidas que propone esta iniciativa legislativa afecta a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de instituciones del Estado, proponiendo
modificaciones en las limitaciones patrimoniales en participaciones societarias y limitaciones a las asignaciones indemnizatorias con posterioridad al cese en el órgano de gestión del régimen de incompatibilidades
y los órganos competentes del procedimiento sancionador. Una primera objeción que cabe hacer a esta proposición es la confusión entre funciones administrativas y funciones representativas, lo que conduce a legislar de forma improcedente por
vía ordinaria lo que es materia de ley orgánica. Así, nuestro grupo no comparte que sea la Ley 5/2006 la que determine un régimen de incompatibilidad de retribuciones de determinados diputados y senadores de las Cortes Generales, lo que se produce
con la modificación propuesta en el nuevo artículo 10 bis; o que en la misma se regule el órgano de gestión del régimen de incompatibilidades para esos mismos diputados y senadores, como se hace en la nueva redacción del artículo 15; o,
finalmente, se regulen aspectos esenciales del procedimiento sancionador a estos diputados y senadores, como se hace en la modificación propuesta para el artículo 21. Al margen del juicio que proceda sobre el fondo de las modificaciones planteadas,
no parece conforme con una adecuada técnica legislativa ni con el sistema constitucional de jerarquía normativa de disposiciones con rango de ley introducir por vía de ley ordinaria -como es la Ley 5/2006- disposiciones que afectan al régimen de
incompatibilidades de diputados y senadores de Cortes Generales. Tales modificaciones requieren de la ley orgánica y no cabe su regulación en una ley ordinaria sobre la base de su conexión con una determinada situación administrativa. Para llevar
a cabo la modificación pretendida, esta iniciativa habría de residenciarse en todo caso en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Pero entrando en el fondo de la nueva regulación que se pretende, no le parece a nuestro grupo necesaria en
absoluto. De una parte, la limitación patrimonial en participaciones societarias que se contempla no tiene un antecedente justificado, ya que no se ve el peligro que pueda correr el interés público en este periodo temporal de diez años que exige
para ser titular de participaciones directas o indirectas. De otra, las limitaciones a las asignaciones indemnizatorias a los altos cargos del Estado, si bien se presentan formalmente como unas limitaciones a su percepción, en el fondo la
modificación propuesta se dirige a su supresión, y ello es así porque los distintos supuestos que prevé son en la práctica de imposible o muy difícil realización.
Finalmente -voy acabando-, incompatibilizar este estatus con determinadas situaciones que contempla la norma, como es el caso de desempeño de cargos directivos o de gestión en empresas privatizadas, no tiene justificación legal o política
alguna. Si a ello, señorías, unimos las anteriores consideraciones en orden a la falta de respeto de la iniciativa del principio de jerarquía en las disposiciones con rango de ley, la falta del consenso necesario para abordar las reformas que se
proponen y la inexistencia de una justificación clara para modificar el marco normativo vigente, la conclusión para el Grupo Parlamentario Popular no puede ser otra que la de su falta de apoyo a la proposición de ley que hoy se trae a debate.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández González.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
En contadas ocasiones se produce una contradicción radical entre la preocupación o el sentido último que tiene una determinada iniciativa legislativa y el texto en que se plasma. Pues bien, la proposición de ley que hoy nos ocupa es, a
juicio de este diputado que les habla, una de estas ocasiones. Dicho en otras palabras, el voto contrario, que ya les anuncio, del Grupo Parlamentario Socialista a la toma en consideración de esta proposición de ley para mejorar la eficacia del
régimen de incompatibilidades de los diputados y senadores y otros cargos de órganos públicos se fundamenta en la convicción de que su texto, simple y llanamente, no mejora dicha eficacia. La propia exposición de motivos nos da una pista al aceptar
textualmente que nuestra actual legislación en materia de incompatibilidades debería haber bastado para garantizar una adecuada separación entre lo público y lo privado. Pues bien, mi grupo sostiene que, sin descartar innovaciones que estamos
dispuestos a impulsar, aplicar con rigor y determinación la legislación existente es imprescindible para asegurar una nítida separación entre el interés general y el interés particular en el desempeño de las responsabilidades públicas.
Empecemos por las incompatibilidades parlamentarias. La proposición no de ley pretende sustituir la dedicación absoluta por la dedicación exclusiva que la ley establece, eso sí, respecto a los miembros del Gobierno y altos cargos de la
Administración General del Estado. Lo hace refiriéndose a un informe de la Comisión del Estatuto del Diputado según el cual solo el 12 por ciento de los miembros de esta Cámara no desempeña ningún tipo de actividad privada. Quiero detenerme en
este dato ya que difícilmente, señorías, podemos exigir precisión y veracidad a aquellos que nos enjuician si nosotros mismos utilizamos datos que provocan equívocos o falsas imágenes. Lo ha afirmado antes el señor Esteban: un diputado o diputada
que declare la posibilidad de participar en una tertulia en un medio de comunicación privado, que prevé impartir una conferencia o participar en una mesa redonda en una universidad o que tenga previsto escribir un libro, publicarlo y hasta vender
algún ejemplar ya no forma parte de ese 12 por ciento que no desempeña ningún tipo de actividad privada. ¿Y no son estas tareas en muchos casos inherentes y complementarias a la condición de diputado? Lo plantearé con otra pregunta: ¿es
equiparable declarar que se forma parte del patronato de una fundación y contribuir a su sustento con el legítimo desarrollo de una responsabilidad empresarial que no tiene ninguna relación con el sector público? Nosotros creemos que no, pero
estamos dispuestos a discutirlo a fondo, con serenidad y sin ningún tipo de prejuicios. Lo cierto es que las modificaciones que pretende
introducir esta iniciativa en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General van en la dirección que mi grupo considera errónea y perjudicial para la buena salud del Parlamento, ya que, señorías, formalizarían la profesionalización de quienes
hemos sido elegidos para realizar el mandato representativo. Cuando cualquier actividad, oficio o profesión es incompatible con la condición de diputado o senador se está propiciando convertir dicha condición precisamente en eso, en una actividad,
en una profesión o en un oficio. Este no es el camino para separar lo público de lo privado, en todo caso es el camino para separar la política de la ciudadanía, a nuestro juicio. Y si nos parece un error pretender avanzar en la profesionalización
de la función parlamentaria, no lo es menos la opción de mezclar y confundir la regulación de las incompatibilidades de los miembros del Poder Ejecutivo, altos cargos y miembros del Gobierno, con las correspondientes a los miembros del Poder
Legislativo, diputados y senadores. La división de poderes no es un muelle que se pueda estirar o encoger según intereses o circunstancias. Hacerlo además para que un órgano de la Administración General del Estado, como es la Oficina de Conflictos
de Intereses, pueda llegar a administrar temporalmente el patrimonio de un parlamentario nos parece francamente fuera de lugar, pero la división de poderes también funciona en el sentido contrario.
Así, tampoco parece aconsejable que un órgano que
se encarga de gestionar los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado y de los miembros del Gobierno sea elegido, tal y como se propone en el artículo 2 de esta proposición de ley, por el Poder Legislativo.
Por otro lado, señorías, no están los tiempos para crear un nuevo órgano colegiado compuesto por diez miembros para una oficina de conflictos de intereses que informa semestralmente al Congreso de los Diputados acerca del cumplimiento de la
normativa, todo ello evidentemente sin perjuicio de la actividad de control de los grupos parlamentarios.
El artículo 2 de la proposición de ley insta al Gobierno a modificar la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado, en particular
estableciendo limitaciones patrimoniales en participaciones societarias y regulando las asignaciones indemnizatorias posteriores al cese de estos miembros del Gobierno y altos cargos en la Administración General del Estado. Vaya por delante que
aunque resulte conveniente una ordenación armónica de los derechos de los altos cargos cuando cesan en el ejercicio de su función, tanto para acceder al derecho de indemnización como para su cuantificación, periodo de percepción y régimen de
incompatibilidades -en la actualidad, hay que reconocerlo, están dispersas estas regulaciones en diferentes leyes-, la modificación de la Ley 5/2006 no es sin duda el cauce adecuado para llevar a cabo esta indicada regulación. También en este
ámbito el texto no resulta el más idóneo para los fines que persigue. Me refiero a que en el mismo aparezca un ministerio de relaciones con las Cortes que no existe en el organigrama ministerial desde 1993, una secretaría general para
Administración pública que ha sido suprimida por una secretaría de Estado para la Función pública, o unos gobernadores y subgobernadores civiles que desaparecieron en 1997. Por la innecesaria inseguridad jurídica que genera, reviste una mayor
relevancia el hecho de que el grupo proponente se refiera indistintamente a estas asignaciones o indemnizaciones a veces con el término haber, otras como haber pasivo y otras veces como haber vitalicio, lo cual induce a confusión dado el carácter
transitorio de las mismas, cuyo periodo máximo de percepción no puede superar -como ustedes saben- las veinticuatro mensualidades.
Finalmente, la proposición de ley no es capaz de superar una contradicción que el grupo proponente viene arrastrando, como mínimo, desde un debate similar que tuvo lugar en este Pleno en septiembre de 1999, al plantear la incompatibilidad de
las asignaciones indemnizatorias por el cese en el desempeño de determinadas responsabilidades públicas en cualquier retribución pública y, en cambio, limitar esta incompatibilidad en el terreno privado a las retribuciones que pueden obtenerse por
el desempeño de cargos directivos o de gestión en empresas privatizadas. Es decir, dichas indemnizaciones son incompatibles, por ejemplo, con volver a ocupar una plaza de auxiliar administrativo en cualquier Administración pública, pero no lo son
en el caso de volver a ocupar un empleo en un despacho profesional, en una empresa no privatizada o en una multinacional; simplemente no se entiende.
Señorías, el Gobierno ha demostrado en este ámbito su compromiso con hechos y no solo con promesas, como atestiguan la Ley de regulación de los intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado así como el reglamento que la desarrolla. Avanzar hacia una democracia de más calidad, con más transparencia, en la que los intereses públicos no estén al servicio de ningún interés privado es un objetivo de país que no puede formar parte de
ninguna contienda cortoplacista. No dar apoyo a esta iniciativa no significa no reconocer su buena intención y, sobre todo, no significa que no estemos abiertos a construir nuevos consensos también en esta materia.
En ese sentido, el Grupo
Parlamentario Socialista, tal y como ya ha avanzado nuestro portavoz José Antonio Alonso, impulsará propuestas concretas que aseguren máxima transparencia y publicidad respecto a las declaraciones de bienes, ingresos, renta, patrimonio y actividades
de los parlamentarios y de todo lo que afecta a la economía de su unidad familiar. Entre el privilegio y el populismo hay un espacio más que suficiente para la decencia y el buen hacer en un ámbito que afecta directamente a la credibilidad de
nuestra democracia. Porque estamos hablando de salud democrática, estamos hablando de vigor de las instituciones, de vocación y servicio público, estamos hablando de responsabilidades, y las alternativas a estos conceptos todos sabemos los
resultados que han dado en el pasado y que, por desgracia, siguen dando en el presente. Max Weber escribió que el político tenía que tener tres cualidades: la pasión, la responsabilidad y el distanciamiento, que es una manera de hablar de
realismo, y que hay un pecado del que debemos huir todos y a toda costa: la vanidad. En aras de mejorar la transparencia, la eficacia y la pulcritud de nuestra democracia, tal vez todos debamos empezar por aplicar esta sencilla fórmula weberiana a
nuestro trabajo cotidiano. En todo caso, apliquemos las leyes vigentes hasta sus últimas consecuencias e impulsemos los cambios necesarios haciéndolo con serenidad y con rigor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández.
Señorías, en la sesión plenaria prevista para el día de hoy está incluido el debate y aprobación del dictamen relativo al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible por la que se modifican las leyes orgánicas
5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (anteriormente denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible por la que se modifican las leyes
orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), que requiere una votación final sobre el conjunto.
Dicha votación final, de
conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia.
Asimismo, en la sesión plenaria prevista para el día de hoy está incluido el debate y aprobación de las enmiendas del Senado respecto a la
proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que requiere una votación final sobre el conjunto en el caso en que el Pleno decida incorporar alguna enmienda, de conformidad
con el artículo 132.2 del Reglamento. Si cualquiera de los dos debates se hubiera producido al finalizar la sesión, anuncio que las votaciones no tendrán lugar antes de las veinte horas.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000319.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un plan de acción para la ejecución de la
estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad. Para defender la proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Medina Teva.
La señora MEDINA TEVA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, sin duda alguna el empleo es el elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas y contribuye decisivamente en la participación plena de la ciudadanía, en la vida económica, cultural y social,
así como a su desarrollo personal.
Es el instrumento que la mayoría de las personas utilizamos para obtener recursos económicos pero además tiene que ser un espacio para el desarrollo personal y la integración social.
Durante la pasada legislatura se aprobó una batería de normas de gran calado que persiguen la mejora de las condiciones de vida y la integración sociolaboral efectiva de las personas con discapacidad en España, sobre todo en relación con
tres ejes, tal y como se pone de manifiesto en la exposición de motivos de esta iniciativa. Me refiero, en primer lugar, a la atención de las personas con discapacidad en situación de dependencia, a la implantación efectiva de la accesibilidad
universal y al empleo de las personas con discapacidad. El primer eje, a través de la aprobación de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. El segundo eje, con la aprobación de
la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas; de los reales decretos de desarrollo de la Ley 51/2003,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la Liondau, y de la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones de esta última. Respecto al tercer eje, el
relativo al empleo, que precisamente es objeto de esta iniciativa, tengo que hacer referencia a la reforma laboral acometida con la Ley 43/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo, que ha supuesto el establecimiento de ayudas al empleo como
importantes bonificaciones para la contratación indefinida de las personas con discapacidad. Asimismo, cabe señalar que la Ley 8/2005 ha hecho que sea posible compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo
remunerado. Hago todo este repaso porque, como decía al principio de mi intervención, han sido muchas las normas que han salido adelante durante estos años.
No obstante, el Gobierno, consciente de las dificultades en el acceso y mantenimiento en el empleo de las personas con discapacidad y de acuerdo con los interlocutores sociales y las organizaciones representativas de las personas con
discapacidad, en septiembre de 2008 aprobó la estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad 2008-2012. Esta estrategia contiene un calendario de iniciativas y de medidas formativas
programáticas y presupuestarias dirigidas a promover la empleabilidad de las personas con discapacidad y su integración laboral; esta estrategia corresponde a una necesidad social -en una sociedad inclusiva hay que aspirar al pleno empleo
de todas las personas con discapacidad que quieran trabajar-; una estrategia consensuada y negociada con las comunidades autónomas -existe un alto grado de coincidencia en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar en estos
años-; una estrategia cuyo desarrollo cuenta con un presupuesto de 3.700 millones de euros.
En este momento de coyuntura económica desfavorable, en este momento de crisis es importante favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad, facilitar el tránsito del empleo protegido al empleo ordinario y consolidarlo dentro
de un sistema productivo capaz de integrar a todas las personas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos considerado oportuno presentar esta iniciativa precisamente en este momento, dado que nos encontramos en el ecuador de la vigencia de la
estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad, una iniciativa en la que se instaba al Gobierno a la elaboración de un plan de acción 2009-2010 que fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo del año 2009 y que prácticamente
puede considerarse cumplido en sus propios términos. De ahí, señorías, que hayamos presentado una enmienda en la que proponemos la elaboración de un nuevo plan de acción 2011-2012.
Tampoco podemos olvidar dos asuntos de actualidad referentes a este tema.
Me refiero al proyecto de ley de adaptación de la normativa española a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se encuentra
en tramitación parlamentaria en este Congreso de los Diputados y en cuya disposición final primera mandata al Gobierno sobre el cumplimiento de la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y, en segundo lugar, al desarrollo de
la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo en lo referente a la relación especial de personas con discapacidad.
Para el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso esta es sin duda una prioridad política de primer orden: la integración en el empleo de las personas con discapacidad y el fomento del empleo duradero y de calidad.
Por supuesto hay que
reiterar el firme objetivo y la apuesta del Gobierno por las políticas activas de empleo, por la corresponsabilidad y la colaboración de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, los sindicatos, el sector empresarial y las
administraciones públicas. Señorías, la intención del Gobierno en esta legislatura ha sido y sigue siendo la de seguir apostando por el empleo de las personas con discapacidad, y esta iniciativa es un buen ejemplo de ello. Se trata de presentar
este nuevo plan de acción para un nuevo impulso y ejecución de las medidas contenidas en esta estrategia. Para ello estamos trabajando, consensuando una transaccional que recoja el objetivo de esta iniciativa y que recoja también, por supuesto, las
aportaciones de los grupos que han tenido a bien presentar enmiendas a esta iniciativa. Por tanto yo confío en esa buena disposición de los diferentes grupos para llegar a acuerdos sobre este tema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Medina.
A esta iniciativa se han presentado enmiendas por parte de varios grupos.
En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en múltiples ocasiones nos hemos felicitado por el hecho de que en esta Cámara los temas a debate relacionados con la discapacidad hayan sumado voluntades. Esto no debería extrañarnos. Hablamos de un lugar donde reina el
sufrimiento humano y donde las magnitudes son extraordinarias, hablamos del 9 por ciento de los ciudadanos del Estado español que padecen algún tipo de minusvalía, personas situadas entre los 16 y los 64 años de las que tan solo un 4,1 por ciento
están empleadas.
De manera que estamos de acuerdo en términos generales con la diputada socialista aun cuando no terminamos de tenerlo claro. Creo que ustedes han mareado un poco la perdiz, puesto que esta proposición no de ley tiene ya dos años,
ustedes mismos se han autoenmendado y ahora sacan a colación la necesidad de hacer un segundo plan de actuación. Bien, es igual, dejémonos de tonterías; lo importante es que más o menos estamos de acuerdo en las políticas. Nuestro grupo
parlamentario en la pasada legislatura se implicó a fondo en la Ley de la Dependencia, en la Ley que reconocía las distintas lenguas de signos, en la Ley de Igualdad, en toda la panoplia de leyes, de la que todos estamos muy orgullosos, que hicimos
en la pasada legislatura. Pero precisamente porque siempre ha habido esta voluntad de aunar esfuerzos les pedimos que hoy también hagan un esfuerzo. Como quiera que hay dos temas fundamentales sobre los cuales el Gobierno dentro de pocas semanas
va a presentar propuestas -políticas activas de empleo y reforma de pensiones-, les pedimos que al final de la parte dispositiva, donde ustedes han terminado la redacción se sume lo siguiente -fíjense que no pedimos la luna-: priorizando la toma de
medidas efectivas e inmediatas en todo aquello que compete a la aplicación de políticas activas de empleo y el tratamiento de este colectivo por parte del sistema de Seguridad Social en la reforma inmediata del sistema de pensiones. Los centros
especiales de trabajo están ahogados. Usted sabe que dimos un gran paso hacia delante respecto a la subvención del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, pero esto termina a finales de 2011. O, por
ejemplo, todavía están congeladas las subvenciones por la creación de empleo, de puestos de trabajo en los centros especiales de trabajo, por no hablar de la ley que permitía compatibilizar la prestación con el trabajo. Esto hay que
madurarlo porque no tiene ningún sentido que personas que tienen una gran minusvalía y que cobran una prestación no puedan trabajar. Nadie va a sospechar que se están enriqueciendo, porque muchas de estas prestaciones no tienen un carácter
lucrativo sino integrador.
¿Qué les pedimos? Les pedimos que hagamos un esfuerzo de aquí a la votación. ¿Para qué? Para decirle al Gobierno que no se puede ir de rositas. Si ustedes presentan dentro de pocos días un proyecto de ley relacionado con la Seguridad
Social, con la jubilación, porque hay un envejecimiento enorme dentro del colectivo de personas que forman parte de los centros especiales de trabajo, hay que fomentar la jubilación anticipada, porque estas personas además tienen carreras muy
intermitentes por sus mismas patologías. De manera que les pedimos que hagamos un esfuerzo, a ver si nos aplicamos dentro de un rato y podemos redactar una transaccional que incluya también mandatar al Gobierno a que, ante las políticas activas de
empleo y ante la reforma de las pensiones, no se olvide, sino que priorice -y termino, señora presidenta- estos dos ámbitos. Vamos a ver si hacemos el esfuerzo. Le pedimos al resto de grupos parlamentarios que están dispuestos a firmar la
transaccional que apretemos, que atornillemos un poco al Grupo Socialista, que creo que tiene que estar por la labor, precisamente porque quieren ser fieles a tantos trabajos, tal como ha dicho la diputada socialista, que se hicieron en la pasada y
en la actual legislatura. A ver si lo intentamos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, estamos hablando una vez más de personas con discapacidad y de empleo, cauce idóneo para la integración social de este tipo de personas, y quiero recordar dos o tres datos que creo que son muy significativos.
En primer lugar, somos el penúltimo país, según un informe de la Fundación ONCE, en empleo para personas con discapacidad de los Veinticinco de la Unión Europea. La tasa de actividad en España de las personas con discapacidad es del 35 por
ciento frente al 74 por ciento del resto de la sociedad, y las tasas de empleo son del 28 por ciento en el caso de las personas con discapacidad comparadas con el empleo ordinario, que está en el 60 por ciento. Es decir, hay que hacer algo, hay que
mejorar la situación, y en ese sentido al Partido Popular nos van a encontrar. Creo que hemos dado muestras suficientes y en muchas ocasiones de la voluntad de llevar adelante cualquier tipo de avance que suponga mejorar las condiciones de vida,
que pasan necesariamente por el cauce del empleo.
Creo que nosotros hemos dejado muestras de ello cuando gobernamos porque hicimos dos planes de empleo gracias a los cuales se aumentó considerablemente. Puedo citar aquí que en el módulo de empleo
que se hizo en el año 2002 el número de personas ocupadas con discapacidad era 666.000. Acabamos de ver en el último módulo de empleo del Instituto Nacional de Estadística del año 2008 que son 244.000 -estoy hablando de cifras del Instituto
Nacional de Estadística-; por lo tanto, menos de un 50 por ciento, lo cual -insisto- requiere de estas medidas de apoyo y promoción del empleo.
Este I Plan de acción sobre la estrategia de empleo, que se puso en marcha en el Consejo de Ministros de marzo de 2009, iba de abril de 2009 a diciembre de 2012 y planteaba una revisión y unas medidas. En cuanto a la revisión, hay un
incumplimiento del Gobierno porque decía que durante el año 2010 se establecería un informe de la revisión intermedia de la estrategia para, a partir de ahí, ver qué se había hecho, qué se podía hacer y en qué se podía mejorar, y ese informe no se
ha hecho. Por otra parte, entre las muchas medidas que se planteaban en ese I Plan de acción que abarcaba los años 2009 y 2010 había un plan de inspección, un nuevo marco normativo de incentivos para el empleo, un inventario sistematizado o módulos
trimestrales de empleo, que precisamente fue una propuesta del Partido Popular para saber dónde estamos y adónde vamos a parar, sobre todo en empleo. Pretendíamos que trimestralmente hubiese un módulo específico del Instituto Nacional de
Estadística donde se hablase del empleo de las personas con discapacidad para ver cuál es su auténtica evolución.
También hemos de citar que en marzo de 2008 se aprobó en esta Cámara por unanimidad un III Plan de empleo de personas con discapacidad que luego devino en la estrategia, pero no entramos en la nomenclatura sino en la eficacia de las medidas.
He oído a mi compañera socialista hablar de una dotación presupuestaria para esta estrategia de empleo de 3.700 millones de pesetas que nosotros no hemos sabido ver por ningún lado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Nos gustaría que nos
lo explicase porque en los Presupuestos Generales del Estado no aparecen. Por todo ello y sobre todo ante ese incumplimiento de aprobar ese informe del I Plan de acción antes de empezar este II Plan de acción 2011-2012, con el que estamos de
acuerdo y vamos a votar a favor, pretendíamos que se llevase a cabo, a través de una enmienda de adición, la aprobación de unos materiales preparatorios. El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, debe confeccionar y trasladar
al conocimiento de las partes interesadas un informe amplio del balance y grado de ejecución de ese I Plan de acción 2008-2010, de la estrategia global de empleo para las personas con discapacidad.
Esa es la enmienda de adición que hemos propuesto. No obstante, y siguiendo con la costumbre que es habitual ya entre los miembros de esta Comisión, indistintamente de la ideología que representemos -la voluntad de acuerdo y de pacto muchas
veces está por encima de las ideologías-, porque somos conscientes del atraso que lleva el sector de la discapacidad y cualquier avance hay que apoyarlo, vamos a buscar ese acuerdo y ese consenso en una enmienda transaccional que nos satisfaga a
todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vañó.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha centrado su intervención en hacer un amplio repaso a la acción legislativa del Gobierno en materia de discapacidad, no tan solo en esta legislatura sino también en la pasada. Ello
es legítimo y la mayoría de los grupos han compartido esos éxitos en la medida en que hemos participado activamente en el diseño de esas propuestas, ya que algunas de las que finalmente terminaron convirtiéndose en texto normativo eran enmiendas
planteadas por los grupos parlamentarios, singularmente por Convergència i Unió.
Insisto, es legítimo ese planteamiento. Pero no puedo obviar -y el señor Tardà lo ha recordado de manera evidente- que el texto que se somete a consideración de la
Cámara es de hace dos años, de febrero de 2009, y reclama que se ponga en marcha algo que ya se ha realizado. Sería bueno, en términos de calidad del debate político en esta Cámara, que los grupos mayoritarios no utilizasen ese tipo de técnicas
porque para quienes siguen estos debates, para los sectores sociales implicados en estos debates la sensación es que nuestras discusiones a menudo poco tienen que ver con las cuestiones de fondo que nos deberían preocupar, en este caso las
cuestiones vinculadas al empleo de las personas con discapacidad. En todo caso, bienvenido el debate, señoría. Mi grupo agradece poder discutir, porque tanto el señor Vañó como el señor Tardà han puesto de manifiesto algunas cuestiones de fondo
que es bueno recordar desde la tribuna. Tanto la enmienda del señor Vañó como la de Convergència i Unió, y también parte de la enmienda del señor Tardà, ponen el acento en la transparencia y en la evaluación de las políticas públicas que hasta
ahora el Gobierno ha desarrollado en ese ámbito. Nos conviene más cultura de evaluación de políticas públicas y mayor capacidad para saber si un plan, si unas medidas han tenido impacto, han sido útiles para alcanzar esos objetivos o si debemos
corregirlas. En este sentido, nuestra enmienda reclama esa evaluación del grado de cumplimiento del plan vigente hasta la fecha, antes de entrar en la discusión del próximo plan.
Estoy convencido, además, señorías, de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar -y se ha mencionado también desde la tribuna-, la crisis también está afectando al empleo de las personas con discapacidad, singularmente al empleo
protegido, al empleo en los centros especiales.
Conseguimos en la Cámara -a través de una enmienda de los grupos parlamentarios, también de Convergència i Unió- un aumento de la subvención salarial para los trabajadores ocupados en un centro
especial de empleo, vieja reivindicación que formulamos en términos de plan de choque para salvaguardar los empleos de los centros especiales de empleo de las personas con discapacidad. Se ha agotado en 2010 para el conjunto de las personas con
discapacidad y para 2011 se mantiene para las personas con especiales dificultades, personas con discapacidad psíquica de más de un 33 por ciento y personas con discapacidad física de más de un 65 por ciento. Este año toca decidir si mantenemos ese
plan. Anuncio que la posición de Convergència i Unió es seguir esa línea de actuación para garantizar el mantenimiento de puestos de trabajo de las personas con discapacidad especialmente vulnerables.
En segundo lugar, estamos muy convencidos de que en materia de empleo de personas con discapacidad se necesitan nuevos enfoques, que el modelo diseñado en los años ochenta, fundamentado en la Lismi, necesita una revisión a fondo porque, a
pesar de que el balance de estos últimos años es positivo en el sentido de creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, el Estado español continúa siendo de los Estados de Europa con un menor nivel de personas discapacitadas no
tan solo empleadas, sino buscando empleo. No todo puede depender del esfuerzo que se haga desde el empleo protegido, sino que el reto del empleo ordinario continúa siendo fundamental. Eso nos lleva a la discusión sobre la formación de las personas
con discapacidad, la compatibilidad entre el sistema asistencial y la reincorporación al empleo, la cultura empresarial con relación a las personas con discapacidad, una agenda muy sólida que exige una política nueva, distinta, trabajada de común
acuerdo con las comunidades autónomas, con las asociaciones que representan al mundo de la discapacidad y con los agentes sociales. En esa línea está el compromiso de Convergència i Unió. Mi grupo valoraría positivamente que se pudiesen incorporar
las formulaciones que el señor Tardà efectuaba en su intervención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para fijar la posición tiene la palabra por el Grupo Mixto don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
En primer lugar, le anuncio que vamos a compartir el tiempo la señora Fernández Davila y quien les habla.
Coalición Canaria va a apoyar la iniciativa, que creemos que es buena, independientemente de que acepten o no las enmiendas que se han planteado. Pensamos que las enmiendas también son buenas, que mejoran incluso el contenido de la
proposición no de ley, pero les corresponde a ustedes como proponentes su aceptación o no. Quiero añadir algo que se ha dicho por otros grupos parlamentarios en esta Cámara, y es una pregunta sobre la necesidad de crear una comisión que pueda
establecer qué iniciativas se han tomado en esta Cámara y su estado de ejecución, si se han ejecutado o no. Usted mismo hacía referencia a numerosas iniciativas que se habían aprobado en la legislatura anterior en relación con la empleabilidad, y
sobre todo el acceso al mercado laboral, de las personas con algún tipo de discapacidad.
Hablaba usted también del plan de acción del propio Gobierno 2008-2010. Yo creo que sería conveniente evaluar el grado de cumplimiento de ese plan antes de hablar del plan 2011-2012 que usted plantea en esa enmienda.
Coalición Canaria
piensa que no solo es una responsabilidad de la Administración General del Estado, entendemos que es una responsabilidad de todas las administraciones públicas -autonómicas y locales-, en definitiva de los poderes públicos, que tendrán que velar por
el cumplimiento de la accesibilidad a los puestos de trabajo de la Función pública de las personas con algún tipo de discapacidad. En definitiva, como digo, es bueno que se reflexione en esta Cámara sobre este asunto y Coalición Canaria lo va a
apoyar, independientemente de la aceptación o no de las enmiendas.
Anuncio al señor presidente que con esta intervención cerramos el turno del Grupo Mixto porque la señora Fernández Davila no va a intervenir.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, mi grupo va a apoyar la proposición no de ley presentada en sus propios términos y todas las enmiendas que se han presentado a la misma, puesto que todas nos parecen pertinentes y además
le dan una dimensión más universal, más completa y más pertinente al debate que estamos afrontando, un debate importante y relevante, relativo al empleo de las personas afectas por cualquier tipo de discapacidad, cuya radiografía -dramática, por
cierto- ha descrito con pertinencia el señor Vañó.
Nos encontramos con que las personas discapaces en este momento tienen una empleabilidad equivalente más o menos al 50 por ciento de la población activa configurada en el segmento de las personas discapaces. Su tasa de actividad es mucho
más baja que las tasas de actividad que afectan a otros sectores de la población activa. Su tasa de empleo es mucho más baja que la de otros sectores particularmente castigados. Por poner dos ejemplos estaría el empleo del sector de los jóvenes y
el empleo cualificado de los mayores de 45 años. Desde esa perspectiva, reflexiones apologéticas -me va a permitir la portavoz del Grupo Socialista que haga esta reflexión- no resultan particularmente pertinentes. Don Daniel Fernández, compañero
de su grupo parlamentario, ha establecido tres valores que Max Weber preconizaba en relación con los políticos y un pecado que se debería evitar, que es el de la vanidad. Dentro del concepto de vanidad cabría también incorporar el concepto de
redundancia y es que estamos hablando de algo redundante, ya regulado en el año 2006 en la Ley 43/2006 y regulado posteriormente en el año 2008 en la estrategia para el empleo de 2008, donde se comprometieron 3.700 millones de euros y 93 líneas de
actuación específicas, de las cuales no tenemos todavía constancia, más que por los datos negativos y la radiografía del empleo de los discapaces que le he definido, de su virtualidad y de su eficiencia. Ya comentaba Clemenceau la poca pertinencia
de crear una comisión para estudiar cualquier materia pero en este caso sí que habría que conocer cuáles son los efectos que han producido los planes, las estrategias y la Ley 43/2006.
La virtualidad y el gran valor de la proposición no de ley que usted presenta es que tiene consistencia sistemática. Hasta este momento se ha afrontado el problema del empleo de las personas afectas por cualquier grado de discapacidad
mediante normas inconexas entre sí, muchas veces por normas o leyes de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, otras veces por las llamadas leyes fiscales, económicas o del orden social, que fue la denominación que se consignó para
las leyes de acompañamiento. Por fin nos encontramos con una norma que regula de forma coherente y sistemática la problemática específica de las personas con discapacidad y establece medidas de promoción del empleo de estas personas particularmente
castigadas por la lacra del desempleo. Desde esa perspectiva falta la evaluación y algo tan simple como lo que usted solicita en la parte dispositiva de su proposición no de ley, que es la determinación de los sujetos responsables. Es redundante
en cierta manera porque estamos hablando de lo mismo por tercera vez en esta Cámara, y no es redundante porque a estas alturas de la historia, desde el año 2006 -y ahí tenemos que entonar una autocrítica todos los grupos parlamentarios y
particularmente el Gobierno del Estado español- no se han determinado quiénes son estos sujetos responsables, que son un instrumento fundamental para mejorar los efectos positivos de una ley que apoyamos en su día porque era la primera ley que de
forma coherente y sistemática afrontaba la problemática del empleo de las personas discapaces. También es nuestra prioridad el empleo de las personas discapaces. Además, me honro de ser el único diputado en esta Cámara que pertenece al Comité de
seguimiento de la
aplicación de la Convención universal de los derechos de las personas discapaces aprobada por Naciones Unidas. Desde esa perspectiva, yo consideraría que tengo un cierto compromiso cualificado en este ámbito, pero es un compromiso de la
colectividad que aquí esta representada, de todos los diputados, es un compromiso de la sociedad en su conjunto y es un elemental requerimiento de justicia social. Por tanto, vamos a aprobar su proposición no de ley y todas las enmiendas
presentadas, que universalizan la perspectiva analítica con que debemos afrontar un problema tan oneroso y tan delicado como el que estamos debatiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Señora Medina, ¿puede decir a la Presidencia qué enmiendas acepta o, por el contrario, la transaccional se ha hecho finalmente?
La señora MEDINA TEVA: La estamos haciendo.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguna oposición al trámite de la transaccional? (Denegaciones.) Se votará, por tanto, esta proposición no de ley en los términos de la transaccional que se presente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. (Número de expediente 162/000746.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la revisión de la normativa de los derechos y deberes de los alumnos. Don Juan Antonio Gómez Trinidad tiene la palabra para su defensa.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, presidente.
En el ámbito educativo español hay algunas cosas positivas. Positivo es que hayamos alcanzado la plena escolarización, el derecho y el deber de escolarizar a todos los jóvenes hasta los 16 años. Sin embargo, dicho esto, que es positivo,
también hay cosas pendientes como es alcanzar el derecho a una educación de calidad. Y aquí, señorías, sí que nos queda mucho camino por recorrer. Me atrevería a decir más, sin calidad no hay educación, de la misma forma que sin educación
podríamos decir que no hay personas de calidad. Existiendo ese derecho de todos nuestros jóvenes a la educación, no todos nuestros jóvenes -para ser exacto, un tercio de nuestros jóvenes- tienen una educación de calidad. Me atrevería, por ello, a
decir que no se está garantizando a un 30 por ciento de nuestros jóvenes el derecho que tienen a una educación de calidad. Salen del sistema educativo sin ni siquiera un título. Hay plena escolarización, sí, pero no plena educación de calidad.
Por lo tanto, tenemos, más allá del diagnóstico, que tomar algunas medidas, animar a que el ministerio, que es el órgano competente, las adopte.
De los factores que influyen para mejorar la educación, uno de ellos es, sin duda alguna, el clima escolar. La situación es especialmente grave en nuestros centros y muy particularmente en los institutos, donde el desorden, la indisciplina,
la insuficiente autoridad, redundan en clases poco eficaces, profesores desmotivados e incluso algunos con temor. La relación entre clima escolar y éxito escolar no es algo que sea una seña de identidad o una propuesta del ponente de esta tarde,
sino que nos lo dice así el estudio internacional PISA. El clima disciplinar es una de las variables que más se relacionan con la calidad educativa de un centro escolar, la creación de un adecuado clima escolar es una de las prioridades de la
dirección del centro, del profesorado y de las familias. Existe una estrecha relación entre menor disciplina, mejor ambiente y mayor disciplina. Para que se hagan una idea, señorías, si dentro de este clima distinguimos cuatro niveles, hay desde
465 puntos que se obtienen en el nivel de menor disciplina a 494 en el caso de España. Y, naturalmente, en la OCDD hay una correlación exactamente igual, lo único es que la puntación, como es bien sabido de todos, es mucho más alta. Urge, por lo
tanto, clarificar las normas de juego, la situación de los derechos y deberes de nuestros escolares. El derecho a una educación de calidad se corresponde con el deber de aprovechar las condiciones que se ofrecen a todos los estudiantes y de
respetar sobre todo el derecho que tienen sus compañeros a que puedan aprender, a que puedan desarrollarse.
¿Qué es lo que tenemos frente a todo esto? Por un lado, una de las señas de identidad de nuestro sistema educativo, un buenismo, ignorar que existen transgresores, y cuando existe alguno, el procedimiento es jugar a mayores; se ha
judicializado tanto el proceso sancionador que es un auténtico calvario, especialmente para los profesores, que tienen que hacer de instructores. O un cierto utopismo, que también está instalado.
Como ustedes saben, y como ejemplo de este
utopismo, se considera dentro de la LOE el derecho a la huelga de los alumnos mayores de 15 años. Una auténtica barbaridad. Bien es verdad que no aparece con estas palabras, pero dice que, en el uso de su derecho de reunión, si deciden
mayoritariamente que no tienen que asistir a una clase, entonces no serán objeto de sanción. Estupendo. A esto se le llama sentido común, a esto se le llama sentar las bases para una educación de calidad.
¿Por qué es necesario un nuevo real decreto? Lo diré rápidamente. En primer lugar, por la obsolescencia del actual, es un decreto que proviene del año 1995, han pasado ya bastantes años, casi dieciséis, y ha habido un desarrollo
legislativo, entre otras cosas, de una nueva Ley Orgánica de Educación. Han sido las comunidades autónomas las que se han adelantado. En segundo lugar, hay que hacer un nuevo real decreto porque así nos lo
está pidiendo el Consejo Escolar del Estado. No es una propuesta exclusivamente política del Partido Popular, es del Consejo Escolar de Estado, donde, por cierto, están presentes los miembros del ministerio asegurando realmente que va a
haber una mayoría cualificada. Y la recomendación de este Consejo Escolar del Estado es que se apruebe una normativa específica y básica que garantice que todos los centros escolares cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para
poner en práctica su proyecto educativo. Se propone la revisión de las normativas sobre convivencia y el impacto de las buenas prácticas; por eso incita a que se promulgue un real decreto que actualice el de 1995 sobre derechos y deberes de los
alumnos. Es un compromiso del ministerio en el fracasado pacto. La propuesta número 138 decía: Nos comprometemos a revisar las normativas reguladoras de los derechos y deberes de los estudiantes. Los informes nacionales e internacionales así nos
lo están diciendo: el informe McKinsey, el informe Talis, donde se pone de manifiesto que muchos, prácticamente todos los profesores, pierden diez minutos cada día en cada clase para implantar un poco de orden que permita enseñar con calidad;
informes nacionales, como el del Instituto de Estudios del Capital Social, que nos dice que el concepto de clima escolar adverso para el rendimiento escolar puede concretarse en el tiempo real de docencia. Pues bien, cerca del 25 por ciento del
tiempo de una clase lo pierden los profesores intentando poner orden, y esta es la media.
Hay nuevos factores externos, como es el caso de la inmigración. Hemos pasado de 107.000 alumnos extranjeros a casi 800.000 en el curso actual.
Tenemos nuevos valores, nueva sensibilidad; por ejemplo, la igualdad entre sexos y el respeto
al medio ambiente. Tenemos las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relación y también nuevas formas de acoso y violencia. Y tenemos el traspaso de competencias. Bien, este traspaso de competencias no puede excluir la responsabilidad que
tiene el ministerio para desarrollar su real decreto. ¿Por qué? Sencillamente, porque los derechos y los deberes son algo esencial de los alumnos y por lo tanto no es ni algo accidental ni algo que pueda dejarse de la mano y que el ministerio no
regule. Es más, el propio ministerio no ha derogado el real decreto del año 1995.
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez Trinidad, debe acabar.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Termino. Por eso, instamos al Gobierno a que elabore un nuevo real decreto. Agradecemos las enmiendas que nos ha presentado Esquerra Republicana, creemos que sus adiciones no vienen al caso, pero agradecemos el
esfuerzo, y lo mismo con respecto a UPyD, cuya aportación nos parece también elogiosa, pero que, al referirse a los profesores, creemos que es un ámbito que necesita de otro espacio y de otro real decreto.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Trinidad.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Tardà tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor diputado del Partido Popular, ya le anunciamos que votaremos en contra de su primer punto, entre otras cosas porque hay cuatro artículos de la Ley de Educación de Cataluña, el 21, el 22, el 23 y el 24, que regulan
perfectamente todo lo que usted intenta que se regule desde la Administración General del Estado. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Y, en segundo lugar, porque además venimos a este debate un tanto indignados, y
no pienso cortarme ni un pelo. Ustedes no están autorizados para nada para hablar de responsabilidad, de coherencia y de derechos y deberes de la juventud, de los escolares, porque ustedes están saboteando algo que es sagrado, al menos para los
catalanes, que es la cohesión social. El señor Arenas el otro día incluso vehiculó mensajes etnicistas, porque decir que los nietos de los andaluces que han nacido y que viven en Cataluña son andaluces me parece una posición etnicista, lo cual es
vergonzoso. Que yo sepa, en Andalucía no se estudia en catalán, ni en gallego, ni en euskara; luego yo creo que el señor Arenas se refería a los estudiantes andaluces. Pues bien, sepa usted que los hijos y los nietos de los andaluces aman mucho,
mucho, la tierra de sus padres y de sus abuelos, pero son catalanes.
Ustedes no se van a salir con la suya. Aun cuando sé que están dispuestos a todo, nos tendrán enfrente. Y no se ría, porque ustedes están llamando al enfrentamiento civil y no tienen perdón. (Rumores.) Es más, lo pagarán muy caro. Ya lo
dijo el señor Aznar hace unos años; dijo que los estudiantes catalanes tendrían que ir a Albacete a estudiar castellano.
Mentira, vergüenza, demagogia; impresentable el señor Aznar. El señor Blecua, el director de la Real Academia de la Lengua
Española, ha declarado hace poquísimos días lo siguiente: No se trata de vivir, sino de sobrevivir, y la inmersión lingüística es una de las pocas cosas que les permite hacerlo. Eso lo dijo el señor Blecua, director de la Real Academia de la
Lengua Española. Los informes del Gobierno, el informe PISA, la mayoría de dobladores, las personas que profesionalmente doblan las películas inglesas o francesas, son ciudadanos catalanes bilingües, dicen que los estudiantes catalanes, al final de
la escolarización, son competentes en las dos lenguas. De manera que lo que ustedes están haciendo no tiene perdón, porque van directos a intentar romper la unidad del pueblo de Cataluña. Esto, repito, no tiene perdón y lo van a pagar caro.
Repito que nos tendrán enfrente y que ustedes están sembrando una discordia que, por desgracia, provocará un enfrentamiento. Ustedes lo han querido. Nosotros no vamos a rendirnos después de treinta años. Si la inmersión
ligüística ha sido un éxito en Cataluña ha sido precisamente porque la inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes nacidos, por ejemplo, en Andalucía lo quisieron y lucharon por ello, porque sabían que era la manera de formar una unidad
civil de todo el pueblo de Cataluña. Parece mentira que ustedes, después de treinta años, todavía estén empeñados en algo tan peligroso, tan lamentable y tan denigrante.
Pedimos al Congreso de los Diputados que, igual que hizo el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, reconozca el gran valor de la educación, de los sistemas educativos, que han implementado la lengua catalana, la lengua gallega, la lengua
euskara como lenguas vehiculares o utilizando la inmersión lingüística. Además, pedimos que se dé apoyo al ministro Gabilondo, porque él ha hecho un acto de honestidad y de dignidad, ya que salió al cabo de pocos días diciendo que la inmersión
lingüística era algo que no se podía tocar. Nuestra enmienda lo que pretende es que en este Congreso de los Diputados se reconozca la inmersión lingüística, dar apoyo al ministro Gabilondo para que en su retaguardia no haya saboteadores -que
también puede haberlos- y denigrar de una vez por todas la posición etnicista del señor Arenas y del Partido Popular, no de todos, pero sí de un buen número de diputados del Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Yo quisiera volver al asunto que nos ocupa en la proposición no de ley que ha defendido el Grupo Parlamentario Popular, porque me toca defender una enmienda sobre esa proposición no de ley y porque he llegado a perderme en la apasionada
defensa que ha hecho el señor Tardà en su intervención.
Debe ser que yo no me he leído la PNL y que me toca intervenir en un asunto que no he visto antes, porque a mí me ha parecido, con todo el respeto, que aquí estábamos apelando a los
sentimientos de cada cual y enfrentando sentimientos contra sentimientos, y yo soy de esa vieja cultura de los que creen que la política no está para proteger los sentimientos, sino para defender los derechos, los derechos de los ciudadanos, en este
caso derechos de alumnos, derechos de profesores, dentro de un marco, que es el que nos ocupa -y estoy segura de que la inmensa mayoría de la Cámara estamos de acuerdo-, de garantizar un mejor sistema educativo para todos los ciudadanos, al margen
de la parte de España en la que vivan y por encima de cualquier otra coyuntura, de quién tiene la competencia efectiva en un momento o en otro momento.
La proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Popular plantea derechos y deberes de los alumnos, pero es verdad -yo así la he interpretado- que es una proposición que se enmarca dentro de un debate, un debate clásico, como no
puede ser de otra manera, en esta Cámara y en la sociedad española en su conjunto, que tiene que ver con la calidad del sistema educativo; de eso es de lo que estamos hablando. Y nosotros hemos presentado una enmienda añadiendo al texto únicamente
la palabra profesores porque entendemos que la calidad del sistema educativo depende también y de una manera fundamental de la calidad de sus profesores, ya que la calidad de la enseñanza y la ausencia de disciplina son incompatibles y por tanto se
ven directamente afectados. Además, entendemos que no se puede hablar de educación obligatoria cuando no es obligatorio respetar a los compañeros, ni a los profesores, ni estudiar en condiciones. Por tanto, aunque el título de la PNL habla de los
derechos de los alumnos, hemos querido añadir esta palabra porque incorpora el fondo de la cuestión. La calidad del sistema educativo -insisto- tiene que ver con el respeto al profesorado, con la calidad de los profesores, con los derechos y los
deberes de ambos, profesores y alumnos, que no son contrapuestos, sino realmente complementarios. Y esta calidad del sistema educativo tiene poco que ver -desde mi punto de vista, insisto, y con todo el respeto- con apelaciones a sentimientos
encontrados, porque no estamos aquí, o por lo menos yo no lo estoy, para defender los sentimientos de nadie, cosa que respeto porque son cuestiones de carácter particular, sino para defender derechos de todos, en este caso el derecho a una educación
de calidad para todos los españoles, sean catalanes, sean vascos, sean gallegos, sean madrileños o sean andaluces.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Sinceramente, yo me he quedado perplejo al leer la propuesta que nos hace el Grupo Popular, porque de su encabezamiento o de su denominación, relativo a la revisión de la normativa de los derechos y deberes de los alumnos, uno, en principio,
no podía esperar que en lo que de nuevo se centrara toda la exposición de motivos fuera en un debate que ya tuvimos en el año 2008 sobre la autoridad del profesor ante una serie de problemas de disciplina, un aumento de amenazas y acoso por parte de
padres de alumnos a profesores o la dificultad de crear un clima que asegure a cada escolar su derecho. Sinceramente, no creo que una modificación de la normativa reguladora de los derechos y deberes de los estudiantes sea la mejor manera para
afrontar un problema, un problema real que existe -y tampoco generalicemos- en algunas aulas del país. Lo preocupante es que en muchas ocasiones lo que hacen los alumnos en clase es la reproducción
del comportamiento que esos muchachos han visto, han vivido y practican en sus hogares. El problema muchas veces trasciende a lo educativo y a la escuela.
¿Que hay que prestigiar a los profesores? Evidentemente. ¿Que hay que mejorar el trato, su consideración, su respeto? Evidentemente. ¿Se va a conseguir con una modificación de la normativa reguladora de derechos y deberes de los
estudiantes? Sinceramente, creemos que no. Usted también ha dicho antes: mayor disciplina, mayor ambiente. No nos ha dicho qué tipo de ambiente ni qué tipo de disciplina. Todo depende, en todo hay que buscar una serie de equilibrios. Por
cierto, le recuerdo que en las calificaciones que obtienen los alumnos en estos momentos ya se evalúa el comportamiento. Este es uno de los factores que se toma en cuenta a la hora de calificar a los alumnos. Yo entendería medidas como intentar
disminuir el número de alumnos, la ratio de alumnos con necesidad de apoyo, un aumento de la dotación para planes de convivencia, más equipos de orientación y atención temprana a los centros educativos o crear más perfiles de educadores sociales.
Eso lo entendería, pero no la medida que ustedes proponen. Por otra parte, nos encontramos con un asunto también importante a nuestro modo de ver como es el asunto competencial. Si a alguien compete desarrollar esa normativa -que, por cierto, ha
sido establecida creo que en la mayoría de las comunidades autónomas- es, precisamente, a las comunidades autónomas, a los gobiernos y parlamentos autónomos respectivos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Lo que no se puede es argumentar y
sacar aquí un real decreto del año 1995, cuando la educación no estaba extendida a la mayoría de las comunidades autónomas. Ahora, Ceuta y Melilla sigue siendo territorio MEC, pero entonces todavía había más territorio MEC. Por lo tanto, ahora
tendría menos razón que nunca un real decreto que tampoco es básico. Entendemos que la competencia es de las comunidades autónomas en todo caso, si es que hubiera que modificar los derechos y deberes de los estudiantes.
Pero, insisto, tampoco le
vemos una conexión efectiva para atajar el problema, que se apunta, no en el nombre de la proposición, sino en la exposición de motivos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra doña Mercè Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Gómez Trinidad, desde la consideración y el afecto personal que sabe que le tengo, voy a pasar sin mayor preámbulo a decirle claramente que Convergència i Unió no va a dar su apoyo a esta iniciativa que estamos viendo, una iniciativa
que quizá debe enmarcarse en este discurso general que escuchamos últimamente por parte del Partido Popular de minimización del Estado de las autonomías y de recuperación de competencias por parte del Estado central. Una vez más -lo vimos
recientemente en una propuesta sobre evaluación-, el Grupo Popular pretende asociar la necesidad de recuperación de competencias por parte de la Administración del Estado con la mejora de nuestro sistema educativo; hoy, en este caso, con la mejora
del clima escolar. Se lo hemos manifestado ya con anterioridad, pero no nos importa reiterarlo, Convergència i Unió va a votar siempre negativamente a todo lo que sea volver a un Estado aún más centralista, a un Estado que desconfía de la actuación
de las comunidades autónomas. En consecuencia, votaremos negativamente, en primer lugar, por una razón política, competencial, que es que Cataluña tiene vocación de autogobierno. Quizá sea preciso recordar -lo ha hecho también el portavoz del
Grupo Vasco, el señor Esteban- que Cataluña, junto con el País Vasco, asumimos las competencias en educación en el año 1980. Llevamos treinta y un años gestionando la educación; Andalucía y Galicia, dos años más tarde, y así se fueron añadiendo
otras comunidades, pero el grueso de las transferencias lo realizó el Partido Popular en su época de Gobierno a todas las comunidades autónomas, junto con sanidad, quisieran o no quisieran esta competencia.
Vamos a votar también negativamente por una razón de fondo, que es que el progreso en esta y en tantas otras materias pasa justamente por lo contrario; pasa, especialmente en educación, por potenciar la descentralización. Así nos lo pone
de relieve año tras año el informe PISA -que usted conoce perfectamente-, en donde los países que alcanzan los mejores resultados -Finlandia, por ejemplo- deben la homogeneidad de los resultados, no única pero si principalmente, a la
descentralización de los centros, de cada uno de los centros. Y si esto es predicable de todas las variables que inciden en los resultados del sistema educativo, especialmente ha de decirse del clima escolar, que forzosamente adquiere perfiles
singulares que se adentran en la sociología, en la composición sociológica de cada centro concreto. Lo que refleja PISA es que los IES, las escuelas, han de ser autónomos, han de poder tener una cultura propia en la que se impliquen docentes,
familias y alumnos. Es cierto que debe y puede haber una normativa básica, y la hay; la normativa básica de derechos y deberes de los alumnos viene recogida en la disposición final primera, punto 3, de la LOE, una normativa que recoge y compila,
poniéndola al día, toda la anterior.
Podemos estar en desacuerdo con el contenido de alguno de los preceptos, es decir, podemos estar de acuerdo con lo que usted ha expuesto respecto a alguno de los preceptos, tal y como ya expusimos durante la tramitación de la LOE, pero esta
es la normativa básica que hay hoy y, de modificarse, sería esta la que se tendría que modificar. Porque usted, señor Gómez Trinidad, sabe perfectamente que el Real Decreto 732/1995 no es normativa básica, que se dicta en un momento en que el
Estado tiene todavía territorio propio que gestionar, cosa
que hoy no ocurre, con excepción de Ceuta, Melilla y el exterior, aunque ya entonces empieza a generalizarse la asunción de competencias en materia educativa por las comunidades autónomas. Y este decreto ha ido teniendo aplicación en las
mismas hasta que estas han regulado de forma propia los derechos, deberes, las normas de convivencia y el régimen disciplinario, y ya se ha hecho en todas las comunidades autónomas.
Quiero recordar aquí, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma de
Madrid, gobernada por el Partido Popular, ha regulado que todos los profesores sean autoridad pública -lo cual ha tenido una gran difusión en los medios de comunicación-, mientras que en otras comunidades autónomas se ha legislado de diferente
manera, respetando todas ellas la normativa básica. Cada una de ellas ha regulado lo que ha creído más conveniente para mejorar el clima escolar. Y singularmente, y en lo que a Cataluña se refiere, la Ley de Educación de Cataluña, de 10 de julio
de 2009, pactada entre el Gobierno y la oposición, regula claramente tanto los derechos y deberes de los alumnos como lo referido a la convivencia que asegure el clima adecuado para garantizar el derecho al estudio que tienen los alumnos.
No vamos, por tanto, a apoyar una iniciativa que, de prosperar, supondría una clara invasión de las competencias autonómicas así como un retroceso en la óptica de máxima descentralización que debe tenerse en cuenta para precisamente mejorar
el clima escolar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don César Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Gómez Trinidad, le diría, como dice el refrán, que para ese viaje no es menester alforjas. Se lo digo porque nos trae hoy al Pleno de la Cámara una iniciativa que en el Grupo Socialista entendemos que no procede; no procede
políticamente para la mayoría de la Cámara, pero tampoco procede en el ámbito competencial, algo a lo que ya se han referido anteriores oradores. Le decía que no es menester alforjas para este viaje porque en realidad usted quería hoy hacer aquí un
juicio a la educación española -bastante negro, como siempre- y un revival de una iniciativa sobre disciplina que ya se produjo aquí hace poco más de un año y que, como hoy, la mayoría de la Cámara rechazó. Además, he descubierto en su intervención
que también pretende recortar derechos de los estudiantes. El caso es que cuando toca hacer el viaje de verdad, y toca hacerlo juntos, ustedes ni siquiera se sacan el billete.
Señorías, la LOE recoge un marco positivo para favorecer la convivencia, la responsabilidad y el respeto, la motivación y el esfuerzo, porque la LOE apuntala las normas de convivencia en todas las dimensiones del sistema educativo: en los
centros, en el respeto al profesorado, en la resolución pacífica de los conflictos y también por cierto en lo relativo a los derechos y deberes de los alumnos; pero ustedes no apoyaron la LOE, como tampoco han facilitado el pacto educativo. Han de
saber que, a pesar de su inmovilismo calculador y oportunista, la agenda reformista del Gobierno no se va a parar. Por eso, el Plan de acción 2010-2011 va a impulsar entre la comunidad educativa las medidas que favorecen la convivencia escolar y la
educación en valores democráticos y participativos y, en especial, la implicación de las familias y los medios de comunicación en el apoyo al trabajo del profesorado y a su formación inicial y continua.
Me voy a permitir recordar a la Cámara algunas medidas concretas de este plan, como son: potenciar la elaboración en todos los centros educativos de planes de convivencia que tengan en cuenta la diversidad cultural e ideológica, la igualdad
entre hombres y mujeres, la mediación y la resolución pacífica de conflictos; favorecer entre la comunidad educativa la formación en el ámbito de la resolución de conflictos, gestión de discrepancias y asunción y valoración de las diferencias;
promover la creación de escuelas de padres y madres, colaborando con asociaciones para impulsar la elaboración de protocolos de actuación en distintos problemas y tipologías de conflictos, y reforzar la autoridad social, académica y profesional del
profesorado y de los equipos directivos de los centros. Así, señorías del Partido Popular, se adoptan políticas reales de apoyo al sistema educativo, a los centros, a los alumnos y al profesorado, como hace el Gobierno, y así se refuerza la
convivencia en nuestras aulas. Como no se hace es bajando los presupuestos educativos, como hacen ustedes en las comunidades autónomas donde gobiernan (El señor Campos Arteseros: ¡Muy bien!-Aplausos.), porque al final el trabajo serio y riguroso
acaba dando sus frutos y, si es cierto que hay casos de falta de respeto y de violencia en las aulas, no es menos cierto que estos casos están disminuyendo. El informe 2010 del Observatorio de la convivencia así lo refleja, porque un 72 por ciento
del profesorado muestra una percepción positiva de la convivencia en su centro educativo, y esa cifra llega hasta el 79 por ciento entre los alumnos. Asimismo considera buena o muy buena la convivencia en el centro más de un 83 por ciento de los
encuestados, y un 78 por ciento cuando hablamos de la convivencia con los estudiantes.
Señorías del Partido Popular, la sociedad española es muy sensible con todo lo relativo a la educación, que en parte se debe a los mecanismos articulados de participación de la sociedad en la escuela y también del control democrático de las
instituciones educativas. También indica que los españoles confían en la educación y están muy vigilantes con todo lo que ocurre en el proceso educativo, por esa misma razón los ciudadanos saben -como saben ustedes también- que el problema de la
reacción violenta o irrespetuosa de un alumno contra sus
compañeros, contra su profesor o contra su centro no se arregla aumentando el número de normas ni la amplitud de los reglamentos, se arregla, como le decía, apoyando al profesorado en su autoridad moral, dignidad profesional y reconocimiento
social, se arregla reforzando las normas de convivencia y confiando en los alumnos, en los estudiantes, los cuales, por cierto, demuestran día a día capacidad de superación y de esfuerzo, cada generación con respecto a la anterior.
Voy a terminar animándoles a ustedes, señorías del Partido Popular, a que pongan al menos la mitad de entusiasmo que ponen para oscurecer el sistema educativo -y hoy a sus estudiantes- en intentar apoyar y pactar decisiones útiles al interés
general educativo.
El señor PRESIDENTE: Señor Luena, tiene que ir acabando.
El señor LUENA LÓPEZ: Termino, señor presidente.
Intentan ser consecuentes con sus ideas, pero sus ideas hoy no son consecuentes con la realidad; así es difícil avanzar. Busquen ser consecuentes con la realidad y así serán más útiles a la educación y a la sociedad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luena.
Señor Gómez Trinidad, ¿acepta su señoría alguna enmienda para su incorporación?
El señor GÓMEZ TRINIDAD: No, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En consecuencia, la proposición no de ley se votará en los términos... (Rumores.) Silencio, por favor. Señor Campos, si puede bajar un poco el tono de voz, que aun de espaldas le identifico. Como
decía, se votará en los términos en que ha sido presentada.
INFORMES DE COMISIONES NO PERMANENTES.
- INFORME DE EVALUACIÓN Y REFORMA DEL PACTO DE TOLEDO, APROBADO POR LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 153/000001.)
El señor PRESIDENTE: Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Para la presentación del informe elaborado por la Comisión
tiene la palabra su presidente.
El señor MORANO MASA: Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha acordado elevar al Pleno el presente informe y mandatarme para
proceder a su introducción. En él se analizan los principales factores que condicionan el desarrollo futuro del sistema español de pensiones, y a la vista de esos factores se proponen las principales adaptaciones que conviene introducir en dicho
sistema para garantizar su sostenibilidad financiera.
Señorías, desde los orígenes de la civilización ha sido motivo de constante sobresalto y temor tanto para el trabajador como para las personas que de él dependen la incierta situación en que habrían de quedar cuando la adversidad o el mero
transcurso del tiempo les privase temporal o definitivamente de su fuente de ingreso. Por ese motivo, toda solidaridad mínimamente avanzada ha arbitrado con mayor o menor éxito fórmulas para la mutua protección de sus miembros ante situaciones de
necesidad. En este sentido, puede decirse que hoy día la existencia de los sistemas de pensiones se apoya en dos ideas elementales: primero, que el respeto, el cuidado y la protección de los más débiles es el mejor índice para medir la calidad
humana de una sociedad y, segundo, que es incompatible con el bien común la incertidumbre del ciudadano sobre su futuro. El origen de estas ideas, como sus señorías conocen, es muy antiguo. Ya Luis Vives, en su Tratado sobre el socorro de los
pobres, de 1525, promovió la racionalización y secularización de una asistencia social a los necesitados que hasta entonces se había basado exclusivamente en la caridad religiosa. En el siglo XIX, bajo la poderosa influencia de la filosofía del
derecho de Hegel, es cuando se comprende que la cobertura de los riesgos sociales no puede dejarse a la acción errática y desigual de la beneficencia. Sobre estas premisas filosóficas comenzaron los primeros sistemas de previsión social, destacando
a finales de 1881 el conocido mensaje imperial que Guillermo I dirige al Parlamento alemán, obra personal del canciller Bismarck, anticipando la célebre trilogía legislativa que creó sucesivamente los seguros sociales obligatorios de enfermedad, de
accidentes de trabajo y de vejez e invalidez.
En España, la comisión de reformas sociales auspició la vieja Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, la creación del Instituto Nacional de Previsión de 1908 y el seguro de retiro obrero obligatorio en 1919. Estos seguros sociales
constituyeron lo que se dio en llamar previsión social, aunque seguían conservando la naturaleza de operaciones de seguro mercantil con las especiales características que de su amplitud y obligatoriedad se derivaban. Es muy difusa la trasformación
de los mecanismos decimonónicos de seguros de previsión social en el moderno sistema público o servicio público de Seguridad Social con que hoy contamos. Dicho sistema fue definido por el gran estudioso de los temas sociales, Beveridge, como el
conjunto de medidas adoptadas por
el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de presentarse por óptima que sea la situación del conjunto de la sociedad en que vivan.
Así pues, la moderna Seguridad Social se configura ante todo como una función del Estado, y así lo proclama el artículo 9 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales: Toda persona tiene derecho a la Seguridad
Social. Por ello, la idea de que la Seguridad Social es una función del Estado reposa sobre la convicción absoluta de constituir un bien e interés público de protección, actuando en beneficio de la totalidad de los ciudadanos. Este es el sentido
que impregna el artículo 41 de nuestra Constitución cuando ordena a los poderes públicos que mantengan un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, máxime si tenemos en cuenta que la propia Constitución en su artículo 10,
apartado 2, determina que los derechos de esos mismos ciudadanos deben interpretarse, entre otros textos, de conformidad con el pacto internacional mencionado, ratificado por España el 27 de abril de 1977. Ahora bien, nuestro Tribunal
Constitucional ha reiterado en abundante jurisprudencia que, sin perjuicio de la naturaleza pública del sistema de Seguridad Social, el derecho de los ciudadanos a la misma es un derecho de estricta configuración legal que no está garantizado por un
principio de irreversibilidad social, sino que la evolución legislativa en materia de Seguridad Social dependerá de la situación económica, de las necesidades coyunturales y de las circunstancias de los distintos grupos sociales. Es decir, el
legislador dispone de libertad para modular la acción protectora del sistema atendiendo a circunstancias económicas y sociales que son determinantes para la propia viabilidad y eficacia del sistema. A este respecto conviene recordar las sentencias
del Tribunal Constitucional 171/1998 y 213/2005. La lectura de esta doctrina constitucional pone de relieve que el derecho de la Seguridad Social ha adquirido sustantividad propia como rama del derecho social debido a un intrínseco dinamismo,
agilidad que es mayor al de otras ramas del derecho, lo cual obedece a la necesidad constante de adaptar las normas de la Seguridad Social a la cambiante evolución de las magnitudes que conforman el fundamento de su aplicación.
No sobreviviría el
sistema de pensiones de la Seguridad Social si permanecieran estáticas y sin adaptación alguna sus normas sobre afiliación, cotización, gestión o acción protectora, entre otros extremos.
La razón de que exista el Pacto de Toledo reside en el hecho de que la adaptación y puesta al día del contenido propio de la Seguridad Social es una tarea incesante en esta rama del derecho, que vive pendiente de una gran diversidad de datos
que directamente le afectan, como ocurre con la evolución del número de cotizantes, el crecimiento del número de pensionistas, las mejores expectativas de vida, el incremento del IPC, los niveles de fraude o las cantidades que periódicamente se
incorporan al fondo de reserva. La Comisión que tengo el honor de presidir efectúa un permanente estudio y seguimiento de estas variables y de aquellas otras que puedan afectar al sistema público de pensiones. Por ello, la Seguridad Social y en
particular su sistema de pensiones no son inmunes a las transformaciones demográficas y económicas que sacuden a la sociedad española. En este sentido, el Pacto de Toledo nació para establecer de forma y de manera consensuada las bases y
orientaciones en las que deben apoyarse los poderes públicos al tomar sus decisiones en esta materia. Y es que pocos sectores de la población española son tan sensibles y merecen tanta atención como el sector de nuestros pensionistas, integrado en
su mayoría por personas jubiladas o viudas. Este fue el motivo por el cual, aunque quizá a veces no lo parezca, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en la conveniencia de evitar la utilización de las pensiones como arma electoral.
Esta regla no escrita constituyó el fundamento y la base sobre la que en 1995 se formuló el llamado Pacto de Toledo, en el que se concretaron quince recomendaciones que deberían orientar las futuras reformas del sistema de pensiones, con el fin de
garantizar, en primer lugar, su viabilidad y su constante mejora. El éxito del Pacto de Toledo gravita sobre el principio de consenso que ha presidido la adopción de sus recomendaciones en las sucesivas versiones de 1995, 2003 y, por supuesto, en
las veintiuna recomendaciones que culminan el informe que hoy se somete a esta Cámara.
En su primera parte o capítulo, el informe relata los datos relativos a la creación de la Comisión, su composición, las sesiones celebradas y la documentación recibida. Se han celebrado un total de cuarenta sesiones de la Comisión, durante
las cuales se han sustanciado setenta y siete comparecencias. Además, la Comisión ha contado con una cantidad ingente de información y documentación recabada por la propia Comisión o remitida por diferentes instituciones y particulares. A la vista
del sinuoso y largo camino recorrido, es de justicia mencionar en este momento, y así aparece en el informe, a todos los comparecientes y a todas las instituciones y particulares que han envidado información y documentación, para agradecerles su
desinteresada labor en orden a la culminación de las funciones encomendadas al Parlamento en materia de modernización y adaptación del sistema de pensiones. Por otro lado, quiero agradecer públicamente en nombre de la Comisión, para que así conste
en el 'Diario de Sesiones', la colaboración permanente, de un lado, del letrado de las Cortes, don Ignacio Gutiérrez Cassillas, insigne jurista y, de otro, de los altos cargos de la Administración, don Fidel Ferreras Alonso y don José Antonio Panizo
Robles, quienes nos han acompañado en muchas reuniones a puerta cerrada, aportando una considerable dosis de conocimiento y de ese pragmatismo que solo una experiencia de años al servicio de la Administración de la Seguridad Social puede acarrear.
Su desinteresada colaboración ha facilitado enormemente la confección de este informe. Valga como ejemplo de la siempre posible y deseable coordinación
entre los distintos poderes del Estado. También resulta obligada una referencia a las diputadas y diputados que integran la Mesa, a los portavoces de la Comisión y al resto de sus miembros. Voltaire decía que el secreto para aburrir reside
en contarlo todo. Así que no voy a recitar sus nombres. La Cámara sabe quiénes son. Estoy seguro de que todos ellos ven reflejadas en el texto la mayoría de sus aportaciones. Así es el Pacto de Toledo, la obra de muchas mentes que han aportado
lo mejor que tienen en un clima de absoluta cordialidad y respeto a las legítimas discrepancias.
Continuando con la estructura del informe, en su segunda parte o capítulo se expone el contenido de las principales leyes que ha desarrollado el Pacto de Toledo desde 2003, así como los datos más destacados sobre las prestaciones económicas
que al día de hoy satisface la Seguridad Social.
Conviene retener el dato de que desde 2003 hasta hoy el número de pensiones contributivas ha crecido en 760.000 nuevas pensiones, lo que supone un crecimiento del 10,09 por ciento en siete años.
La tercera parte del informe se ocupa íntegramente de las orientaciones comunitarias. Dichas orientaciones nos vinculan directamente en el recientemente bautizado como Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se ha reubicado
a duras penas lo que queda del fallido proyecto de constitución europea. Permanece vigente el título X, dedicado a la política social, artículos 151 y siguientes, de los que se desprende que, como ya venía haciendo, la Unión apoyará y completará la
acción de los Estados miembros en materia de Seguridad Social entre otras. En esta parte del informe se expone la posición de las instituciones comunitarias una vez transcurrido el plazo de diez años para ejecutar la estrategia de Lisboa y las
metas fijadas dentro del marco diseñado por la nueva estrategia europea de 2020.
Capítulo aparte ha merecido el tratamiento de la evolución demográfica prevista para España. Los dos principales datos que definen nuestro futuro demográfico son la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población. Así se
desprende de las cifras y explicaciones que ofrecen diferentes estudios, entre los que cobran protagonismo los ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística. Quizá es poco conocido el dato de que a comienzos del siglo XX la esperanza media de
vida de los españoles se situaba en torno a 35 años, circunstancia que contrasta notablemente con los datos actuales. Con carácter orientativo cabe señalar que a día de hoy la esperanza de vida, no al nacer, sino una vez cumplidos los 65 años, es
de llegar a los 84 años en el caso de los varones y a los 88 en el de las mujeres. A partir de 2048 se calcula que la esperanza de vida se incrementará, de manera que los hombres vivirán hasta los 87 años de media y las mujeres hasta los 91. De
estos datos se desprende que para 2025 la cifra actual de 8.700.000 pensiones crecerá hasta un número aproximado de 11 millones, cifra que se podría elevar hasta 17 millones de pensiones en 2050. De acuerdo con lo anterior, la Seguridad Social ha
calculado que a legislación y condiciones demográficas constantes el sistema entraría en déficit hacia 2023 y que el fondo de reserva de la Seguridad Social podría hacer frente a dicho déficit aproximadamente hasta 2029.
Todo lo anterior nos lleva, en el afán de ser breves, a la parte del informe relativa a las recomendaciones. Se trata del núcleo central del informe. Los portavoces detallarán de inmediato el contenido de cada una de ellas. Cabe destacar
que, a juicio de la Comisión, ha llegado el momento, que ya se venía anunciando desde 1995, en el que para asegurar la viabilidad financiera del sistema de pensiones se hace indispensable adoptar, entre otras, y quizá como más urgentes, las
siguientes medidas: la restricción con rigor de las jubilaciones anticipadas, la concesión inexcusable de una mayor relevancia de las carreras de cotización más largas, la introducción de esquemas de mayor permeabilidad que permitan la coexistencia
de salario y pensiones en determinadas circunstancias y la necesidad imperiosa de actualización de las pensiones de viudedad.
Voy terminando. Señorías, a pesar del serio revés económico que hemos sufrido en los últimos años, debemos tener bien presente que España no es hoy ni mucho menos un país atrasado. Muy al contrario, seguimos siendo una de las economías con
más posibilidades del mundo y nuestra Seguridad Social figura entre las mejores. Todos hemos visto ya otras crisis y aprendido que a España le cuesta mucho cambiar y que muchas veces necesita un serio acicate que lo motive a hacerlo, pero también
aprendimos que los españoles hemos demostrado que somos capaces, aun a costa de enormes sacrificios, de enfrentarnos a situaciones de terrible dificultad, superarlas y salir reforzados de ello. Me atrevo a decir sin temor a equivocarme que los
miembros de la Comisión creemos en España, confiamos en el sentido común de todos los que en este momento conformamos la clase política, confiamos también en el sistema de pensiones de nuestra Seguridad Social y creemos que los españoles igualmente
deben y pueden confiar en él.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morano.
Habiendo presentado votos particulares todos los grupos parlamentarios, considera la Presidencia que es adecuado que el turno de intervención se produzca de menor a mayor en términos numéricos. Por ello, por el Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra, en primer lugar, la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Lo haré brevemente y desde el escaño para dar por defendido el apoyo de Nafarroa Bai a los votos particulares presentados conjuntamente con Izquierda Unida-Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya Verds y
el Bloque Nacionalista Galego, ocho votos particulares y, por lo tanto, nuestra posición contraria al grueso del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo aprobado por la Comisión y presentado por su portavoz hace un momento. Esta
posición contraria -esto sí queremos expresarlo claramente para que así conste en el 'Diario de Sesiones'- es no tanto a la necesidad de sostener el actual sistema de pensiones, sino a lo que entendemos que es un intento de debilitarlo por la vía de
cuestionar su sostenibilidad. No nos valen las líneas básicas dibujadas en su día por el Gobierno y así lo expresamos ante el ministro de Trabajo en Comisión en esa búsqueda de reforma del futuro sistema de pensiones y, por lo tanto, no nos sirven
tampoco las conclusiones que, en nuestra opinión, avalan al Gobierno en su intento. Por tanto, votaremos en contra del informe y a favor de estos ocho primeros votos particulares.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Defiendo en este trámite los quince votos particulares que tienen que ver con el conjunto de la reforma del sistema de pensiones, votos sobre fuentes de financiación, fondo de reserva, regímenes especiales, periodos de cotización, mutuas,
luchas contra el fraude, contributividad, discapacidad, inmigración, mujer y protección social. Hemos planteado votos particulares sobre todas estas cuestiones porque la reforma del sistema aborda o debe abordar todas ellas, pero en razón del
tiempo atribuido me voy a centrar en la explicación un poco más detallada de la defensa de tres de ellos. Uno tiene que ver con la edad de jubilación y que, para ser exactos, les voy a leer textualmente. Es el voto particular número 18 y tiene que
ver con la recomendación número 12. Lo que se plantea es que el informe señale que la jubilación en España ha de modificar los aspectos de las jubilaciones anticipadas que resulten injustos y privilegiados, así como ha de incentivarse debidamente
el retraso voluntario de la edad de jubilación sin modificar la edad de jubilación ordinaria, que queda establecida en 65 años. Por tanto, no nos negamos a un debate sobre la ampliación de la edad de jubilación, sí nos negamos a una ampliación de
la edad jubilación obligatoria a los 67 años y planteamos el debate en este contexto que les acabo de plantear. Los otros dos votos particulares que quiero defender tienen que ver con dos disposiciones nuevas, la número 22 y la número 23. El
segundo de ellos tiene que ver con un aspecto que ya hemos debatido en la proposición de ley que ha planteado Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y que tiene que ver con las jubilaciones de los expresidentes y con las
incompatibilidades no planteadas de los expresidentes, es decir, la necesidad de regular incompatibilidad y de revisar que esas jubilaciones sean indefinidas.
Por último, quiero defender ante sus señorías un voto particular que sería una disposición nueva que dice exactamente lo que sigue: La Comisión recomienda al Gobierno -me importa que se sepa lo que dice el voto particular, más que nada para
que la Cámara interprete la realidad y no lo que cada cual quiera interpretar- que presente un proyecto de regulación de la protección social de los parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como de los parlamentarios
autonómicos para incluirlos en el régimen de Seguridad Social común a todos los ciudadanos. Esta regulación común conllevará necesariamente la derogación de las regulaciones sobre protección social de los reglamentos del Congreso, el Senado y las
asambleas autonómicas, dejando sin efecto sus convenios con la Seguridad Social y la anulación de los acuerdos de sus mesas por los que se establecen regímenes complementarios de pensiones claramente privilegiados en la medida en que es un sistema
imposible de aplicar al conjunto de los trabajadores. Señorías, un sistema de complemento de pensiones que no se puede aplicar al conjunto de los ciudadanos a los que representamos quienes legislamos, quienes estamos en esta Cámara, no es un
derecho de nadie, es un privilegio. El argumento de que no cotizamos a la Seguridad Social, no cotizamos al desempleo, es un argumento que se puede cambiar y que tiene una respuesta fácil. Hágase lo que se hizo ya en la reforma de la Ley de Bases
de Régimen Local con los concejales. Coticemos, como el resto de los españoles a los que representamos, a la Seguridad Social, también en el desempleo, y tengamos los mismos derechos y la misma aplicación que el resto de los ciudadanos.
Señorías, este es un debate que -lo quieran ustedes o no- lo abramos por convicción o porque lean las encuestas o les venga bien para el mitin de fin de semana es imparable. Esta es una reforma que se va a hacer. Se va a hacer porque
ustedes van a tomar la decisión, como ya la han tomado, de revisar esta cuestión, sin perjuicio de que unos lo anuncien de una manera y otros de otra. Es verdad que el presidente, señor Rodríguez Zapatero, me suele recordar, me suele decir: Usted,
señora Díez, solo es un diputado en esta Cámara. Es verdad, solo soy una diputada y solo 306.000 ciudadanos me han puesto aquí, en esta Cámara. Pero resulta que represento a todos los españoles y, mire por dónde, los votos de 306.000 ciudadanos
les van a hacer cambiar de opinión a ustedes, que representan a más de veintitantos millones, ustedes con ustedes (Se dirige al Grupo Socialista y al Grupo Popular.), del conjunto de los españoles. Esa es la utilidad del voto bien utilizado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra también la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señorías, la respuesta del Gobierno a la crisis se reduce fundamentalmente a recortes sociales como los anunciados en materia de pensiones; unos ajustes que tienen como principales damnificados a los sectores
sociales más desfavorecidos, mientras que los grandes beneficiarios son los poderes financieros y especulativos, verdaderos causantes de la crisis. El Bloque Nacionalista Galego no puede apoyar el documento que estamos debatiendo por su falta de
claridad y su ambigüedad en cuestiones de gran relevancia. Para el BNG, las recomendaciones del Pacto de Toledo deben pronunciarse en contra de aumentar el periodo de carencia para obtener la pensión o cobrar el cien por cien de la misma, debe
posicionarse en contra del incremento del cómputo de años para calcular la pensión y rechazar la prolongación de la edad legal de jubilación más allá de los 65 años, y no lo hace, señorías.
Son temas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa y a los
que no parece renunciar por mucho que se haya sentado en una mesa de negociación con los agentes sindicales. Les recuerdo que el presidente del Gobierno ha manifestado que se trata de reformas que se harán sí o sí.
El proceso es verdaderamente incoherente. En una situación en la que el desempleo entre los jóvenes se sitúa en un porcentaje del 40 por ciento, el Gobierno insiste en aumentar, sí o sí, la vida laboral hasta los 67 años y al mismo tiempo
es capaz de urgir a las cajas de ahorro en situaciones de fusión a que aceleren sus procesos de prejubilaciones. El BNG no puede respaldar un informe que va a dar cobertura al Gobierno con su contenido flexible y ambiguo para ejecutar las reformas
mencionadas que supondrán una reducción de un 10 por ciento de la pensión media del Estado. Debe tenerse en cuenta y muy presente que la pensión media del Estado se sitúa aproximadamente en el 70 por ciento de la pensión media de la UE a quince,
que el gasto en pensiones en proporción del PIB es de los menores de la Unión Europea y que el 77 por ciento de nuestros pensionistas no llegan a mileuristas. En un contexto así, ¿todavía se quieren precarizar más las pensiones? Diferimos también
de la recomendación que se hace en materia de previsión complementaria y consideramos que no se trata de cuestionar cómo decide cada ciudadano canalizar su ahorro, pero no estamos de acuerdo con que se incentiven fiscalmente los planes privados que
satisfacen complementos en una pensión pública.
Nos preocupa lo que subyace en el fondo de este debate sobre las pensiones. Se amedrenta a los futuros pensionistas con el objetivo de potenciar los planes de pensiones privados a los que solo pueden acceder las rentas más elevadas y encima
subvencionados con el dinero de todos los contribuyentes a través del incentivo fiscal.
Señorías, somos partidarios de afrontar reformas pero desde una orientación distinta. Creemos que debe reforzarse el sistema público de Seguridad Social y en esa dirección y partiendo de la base de que el sistema además de contributivo es
solidario, presentamos un voto particular, un voto que junto con otras cuestiones incide en la necesidad de hacer efectiva la separación de fuentes, además de considerar necesario que se adopten mecanismos correctores a través de la financiación de
los Presupuestos Generales del Estado que sirvan no solo para mejorar las pensiones contributivas de cuantía reducida, sino también para garantizar las pensiones en aquellos periodos en los que la coyuntura económica sea adversa. Se trata de
garantizar la sostenibilidad del sistema. Asimismo consideramos pertinente mejorar las bases de cotización de manera progresiva para que se alcancen las directrices de la Carta Social Europea y que el salario mínimo interprofesional se sitúe en el
60 por ciento. También queremos recordar nuestro voto particular en relación con la mejora de las pensiones de viudedad y la consideración de las políticas de Seguridad Social relacionadas con las mujeres.
Señorías, señor presidente, señor presidente del Gobierno, tenemos que decir para finalizar que no entendemos el empeño del Gobierno en esta reforma de las pensiones, algo que a todas luces y después de los debates parece innecesario, sobre
todo si se indica que estamos hablando de reformas que se aplicarán de manera progresiva y que no comenzarán a aplicarse hasta el año 2013. Señorías, en el año 2012 será cuando tengan lugar las próximas elecciones, por lo tanto ¿por qué la
urgencia, por qué el legislador de 2011 tiene que establecer la norma que se va a aplicar en 2013? Señorías, no nos caben dudas: los deberes que tiene que hacer el Gobierno para de manera aplicada cumplir con los dictados establecidos por los
poderes financieros para dar confianza a los especuladores y al tan nombrado y sacrosanto mercado; esos deberes que quiere tener hechos cuando venga la señora Merkel próximamente.
Señoras y señores diputados -finalizo, señor presidente-, el modelo neoliberal va ganando las batallas en su abierta guerra contra el Estado del bienestar y ustedes, señores del Gobierno y señores del Grupo Socialista, como ya les hemos
dicho en alguna otra ocasión, con estas medidas lo que están haciendo es firmar las capitulaciones de la derrota y nosotros creemos que no debemos derrotarlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, este es un día triste para el Congreso de los Diputados. No estamos ante las recomendaciones del Pacto de Toledo, estamos ante un diktat, el diktat de los mercados, el diktat de un sistema capitalista
no refundado sino reforzado que nos propone menos democracia y menos Estado
social. De eso se trata en el día de hoy, de doblarle el pulso al Congreso de los Diputados y también de retroceder y recortar las escasas conquistas sociales que existen en nuestro país a lo largo de décadas.
Señorías, estamos ante lo que
podríamos denominar la recuperación de lo peor del capitalismo. En primer lugar, nos ha impuesto, con la 'responsabilidad' del Gobierno, un recorte drástico del sector público, como si el sector público fuera el responsable de la crisis y no el
hospital de la crisis. En segundo lugar, nos ha impuesto una contrarreforma laboral que hace que nuestro principal problema, la precariedad, se profundice y se agrave, y hoy estamos discutiendo una propuesta implícita -no la propuesta del Pacto de
Toledo, que valoramos-, un diktat que apuesta no por la reforma sino por la ruptura del sistema de pensiones. Digámoslo sinceramente a los ciudadanos. No vamos a una reforma paramétrica. Nuestra reforma no pretende mantener el sistema de reparto.
La propuesta que hay hoy encima de la mesa, a través del retraso en la edad de jubilación, del incremento en los años de cotización o también de la cotización para la pensión completa, señorías, es una ruptura con el sistema de reparto. Es la
apuesta de la Unión Europea en su libro verde. Es la apuesta del Fondo Monetario Internacional por una ruptura con el sistema de pensiones públicas y la apuesta por la privatización de las pensiones que en estos momentos tienen los ciudadanos
españoles, denominada por parte de estas instancias sistema multipilar, que significa pilar público insuficiente, pilar privado obligatorio de cotización por parte de las clases medias y otro pilar voluntario que podemos llamar de capitalización.
Ese es el modelo que hoy está encima de la mesa, el modelo de mercado, no el modelo de los ciudadanos.
Señorías, si esta iniciativa sale adelante, el recorte de las pensiones públicas va a ser brutal en un país donde la pensión pública de más del 70 por ciento de los ciudadanos es mileurista y en un país donde la pensión pública en estos
momentos es el 70 por ciento de la pensión media de la Unión Europea; la no contributiva ni siquiera llega al 50 por ciento de la pensión media europea. En este país se propone un recorte sin precedentes. No es la poda del sistema público de
pensiones para hacerlo más fuerte, es la tala del sistema público de pensiones para favorecer la privatización multipilar -por no hablar de privatización total- del sistema público de pensiones en nuestro país. Es una tala que significa la
reducción entre el 10 y el 25 por ciento de la pensión media de los ciudadanos. Por eso, señorías, nuestro grupo parlamentario, el conjunto de Izquierda Unida, ha presentado una serie de votos particulares con otros grupos de esta Cámara, con
Esquerra Republicana, BNG y Nafarroa Bai, con medidas alternativas. Por una parte, proponemos centrarnos en los ingresos del sistema público de pensiones y no únicamente en su recorte. Creemos que existe margen de maniobra para reforzar el sistema
público de pensiones a través del empleo, de los servicios públicos y de la separación de fuentes. En segundo lugar, proponemos como medida fundamental el mantenimiento de la edad de jubilación a los 65 años -conquista histórica del movimiento
obrero-, y para acercar la edad real de jubilación a los 65 años proponemos el sistema voluntario, que ha sido más eficaz que otros sistemas en el marco de la Unión Europea y que debe seguir siendo eficaz en el futuro.
Proponemos también el
mantenimiento del IPC como criterio de revalorización de las pensiones, una revalorización que no se ha producido en este año incomprensiblemente como parte de la política de ajuste del Gobierno y del sacrificio de las pensiones del sistema público
a los intereses de los mercados. Proponemos también votos particulares que tienen que ver con el papel de los jóvenes y de las mujeres en el futuro sistema público de pensiones, papel en el que salen claramente discriminados.
No he hablado sobre las recomendaciones -y termino- del Pacto de Toledo porque para el Gobierno son solamente agua bendita.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Ridao, tiene la palabra.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, señoras y señores ministros, junto al resto de la izquierda de la Cámara, Esquerra Republicana ha presentado distintos votos particulares a través de los cuales quiere expresar su rechazo a unas
recomendaciones del Pacto de Toledo que a pesar de suponer algunos avances, por ejemplo en materia de viudedad, que representan en buena parte una oportunidad histórica para sacar de la miseria a las viudas del Estado español, en cualquier caso
constituyen en otras cosas un auténtico intento de reformar a la baja nuestro sistema público de pensiones, que pretende dar un cheque en blanco a un Gobierno que el próximo viernes va a aprobar un proyecto de ley que en buena parte va a desguazar
lo que es la joya más preciada de nuestro Estado del bienestar, la principal conquista de los trabajadores y de las clases populares en los últimos años.
En realidad y por mucho que se enmascare, señorías, el propósito que orienta o que guía esta reforma no es el de reforzar y asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones, por ejemplo reforzando su recaudación, su estructura de
ingresos y haciendo que la edad real de jubilación se aproxime a la edad legal, sino básicamente el de privatizarlo aunque sea parcialmente e incluso malvenderlo. ¿Y cómo se llega a ello? Configurando un sistema que va camino de ser totalmente
injusto y excluyente, por ejemplo penalizando y dificultando el alargamiento de las expectativas o de la esperanza de vida de los trabajadores, alargando obligatoriamente la edad de jubilación a los 67 años, en lugar de hacerlo de forma voluntaria e
incentivada como en el acuerdo de 2006; en
segundo lugar, reduciendo la cuantía media de la pensión entre un 6 y un 10 por ciento, ya sea con la jubilación obligatoria a los 67 años, ya sea incrementando el periodo de cálculo o de cómputo de la pensión, o sea que con esta reforma se
están sentando las bases, señorías, para privatizar el sistema, para forzar y obligar a miles de trabajadores a complementar de forma privada su futura pensión y evidentemente sirviendo al interés del poder financiero que ya hace años que venía
reclamando y exigiendo este beneficio, un poder financiero y unos mercados ante los que el Gobierno vuelve a doblegarse, y vuelve a inmolarse ante el altar de los mercados porque para este Gobierno, sucumbiendo al dictado de los mercados y de la
Comisión Europea, lo prioritario no es la viabilidad sobre el futuro de las pensiones, sino intentar colocar en mejores condiciones la deuda soberana en el mercado. Esta no es una teoría conspirativa, señorías, porque no en vano desde hace quince
años rebrota de forma periódica y sobre todo en épocas de crisis, en periodos recesivos, ese afán privatizador de las pensiones. Primero fue el Banco Mundial, recientemente lo ha hecho ese directorio europeo que manda, la derecha europea, la señora
Merkel, que ha ido creando poco a poco un falso estado de opinión sembrando dudas, metiendo el miedo en el cuerpo a la gente, abonando tesis catastrofistas sobre la evolución de la pirámide de edad con el objetivo nada disimulado de intentar
absorber el sistema público de pensiones para hacer un suculento negocio con él.
Hay que decir ante todo que no tienen razón ni los agoreros ni los profetas del desastre que vaticinan este colapso del sistema público de pensiones, que es una historia de éxito y una historia además de futuro, con 17,5 millones de
afiliados a la Seguridad Social, con una ratio de un pensionista por cada dos y medio trabajadores en activo, con una edad real de jubilación todavía hoy a los 63 años y 10 meses, con un gasto público en pensiones a la cola de toda la eurozona, con
un superávit todavía en 2009 y en 2010, con un fondo de reserva de más de 62.000 millones de euros y con una posibilidad en el futuro de incorporar al mercado de trabajo y por tanto también a la Seguridad Social a las mujeres, a los discapacitados y
a mucha gente que todavía no está dentro del sistema, lo cual garantiza, señorías, al menos hasta 2023, la viabilidad del actual sistema. Con ello quiero decir que reforma sí, pero pensando en el largo plazo y además con el debido consenso político
y con los agentes sociales y económicos. Además, debe hacerse sin prisas, no planteando una negociación con las cartas marcadas como hace este Gobierno, que hasta hace un año venía resistiendo los embates de los mercados y de la Unión Europea, pero
que finalmente ha sucumbido a ese dictado de los mercados y ahora nos dice que, sí o sí, va a reformar este sistema de pensiones y que además lo va a hacer, tanto si nos gusta como si no, alargando la edad de jubilación de forma obligatoria a los 67
años. Somos partidarios de reformas sí pero no excluyentes, no perjudicando siempre a los más débiles, a los más desfavorecidos. Siempre llueve sobre mojado. En el Estado español el sueldo medio está en los 1.000 euros al mes. Un mileurista no
tiene capacidad práctica real de poder complementar su pensión con ese bajo poder adquisitivo. Además, no hay duda de que lo más seguro para un sistema público de pensiones es su carácter plenamente público. Solo hay que ver lo que ha pasado en
Reino Unido o en Estados Unidos, donde el hecho de haber quebrado algunos sistemas privados de pensiones ha llevado a la ruina a miles de pensionistas.
Señorías -con esto acabo, señor presidente-, existe una alternativa. Hay un tránsito reformista y gradual, pensando sobre todo en las personas y no en los mercados, con un sistema que no penalice la longevidad, que no lo haga un problema,
que diversifique también el sistema de fuentes, que garantice la revaloración automática, que aproxime gradualmente la edad de jubilación real a la legal y que luche también contra el fraude, en definitiva, un sistema público de pensiones viable, de
calidad y eficaz.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Tiene la palabra don Emilio Olabarría. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno, señor ministro de Trabajo, en relación con el Pacto de Toledo tenemos que empezar lamentando la desfiguración mediática, la desfiguración del debate
social sobre un pacto tan importante para el futuro de las pensiones o la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas. La focalización sobre la edad de jubilación es algo a lo que seguramente hemos contribuido casi todos -nosotros nos jactamos
de no haberlo hecho-, sus portavoces, señor presidente, los portavoces de otros grupos parlamentarios, los medios de comunicación; pretendidos y enigmáticos requerimientos de sabe Dios quién -los mercados, el Ecofin, el Colegio de Comisarios- y la
ubicación de esa edad legal de jubilación en 67 años es una metodología de análisis sobre la problemática del futuro de las pensiones reduccionista y aberrante. Como elemento de análisis no sirve absolutamente para nada, señor presidente.
En el ámbito de la pensión de jubilación, hablar de la edad legal de jubilación sin considerar las demás variables que configuran la protección de esta contingencia: periodo de carencia, el número de años de cotización necesaria para causar
derecho al cien por cien de la pensión de jubilación, el número de prejubilaciones existentes en cada momento -abundantísimas desafortunadamente en este momento en el Estado español-, los sistemas complementarios, la represión del fraude y otras
circunstancias que en su conjunto configuran una contingencia protegible como la jubilación, que es la más numerosa y la más protegida por el sistema en términos
cualitativos y cuantitativos pero la más compleja normativamente, es de un simplismo y de un reduccionismo que nos lleva prácticamente a un callejón sin salida. Nosotros manifestamos nuestra desmoralización por la perspectiva analítica que
estamos utilizando. El único país donde se acometió el incremento sin adoptar otras medidas complementarias o adicionales respecto a la configuración global de la contingencia hasta los 67 años fue Alemania. Esto le costó la presidencia del país
al canciller Schröder. No tome esto como una premonición -no quiero ser agorero- ni como una advertencia, pero estos no son problemas irrelevantes si se adoptan desde esta perspectiva o con este discurso tan manifiestamente reduccionista, señor
presidente.
No sé por qué ustedes hablan y se regodean e insisten recurrentemente, como si no hubiera otros problemas relativos a la sostenibilidad de un sistema de pensiones muy complejo, que tiene una normativa configurada por diversas leyes -además
leyes muy fluctuantes, que son sustituidas con cierta facilidad unas por otras-, solo sobre los 67 años en relación con la edad de jubilación. El señor Caldera ayer en el programa de televisión 24 Horas nos despejó pretendidamente esta incógnita.
Aludió a que determinados cálculos paramétricos (sic) indicaban que esta era la edad que garantizaba la sostenibilidad del sistema, sin más explicaciones. No sé a qué cálculos paramétricos se refiere y si quiere que le sea absolutamente honesto,
tampoco sabría desagregar exactamente en qué consiste el concepto de cálculos paramétricos.
Señor presidente, le voy a plantear un dilema muy sencillo y usted no me va a saber responder. ¿Qué es más justo desde una perspectiva prestacional, desde una perspectiva de la configuración del sistema normativo de pensiones? ¿El
mantenimiento de la edad de jubilación a los 65 años, exigiendo cuarenta y un años o treinta y siete de cotización, lo cual obliga a un joven trabajador a incorporarse al mercado de trabajo con 24 años y estar ininterrumpidamente cotizando hasta la
edad de jubilación, hasta los 65, cuando todos sabemos que ningún joven se incorpora hoy con 24 años al mercado de trabajo y que ningún joven además puede evitar periodos discontinuos de cotización, puesto que la fórmula normal nada menos que en un
80 por ciento consiste en la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo a través de contratos de naturaleza temporal, con lo cual las carreras de seguros de estos jóvenes y la rotación frecuente que existe -una patología del mercado de
trabajo que ni siquiera la Ley de reforma del mercado de trabajo recientemente aprobada ha podido corregir, la gran rotación de trabajadores sobre un mismo puesto de trabajo- les impiden cubrir los periodos de carencia y los periodos de cotización
para causar con 65 años el derecho a la pensión de jubilación? ¿O es alternativamente más justo incrementar el periodo de trabajo hasta los 67 años reduciendo el número de años cotizados a treinta y siete, a treinta y seis, a treinta y nueve, a
cuarenta y uno, a lo que ustedes decidan? (El señor presidente ocupa la Presidencia.) ¿Es más justa esta segunda alternativa? Depende. Quedan fuera de cualquier posibilidad de cubrir los periodos de carencia y de cotización obligatoria para
causar el derecho al cien por cien de la pensión de jubilación todos los desempleados mayores de 45 años, desempleados crónicos con dificultades de empleabilidad. No se van a cumplir ninguna de las dos, ni con lo que ustedes han anunciado ya, el
incremento del periodo de carencia de quince a veinticinco años, ni con la posibilidad, según algunas informaciones trasladadas por los medios de comunicación que se nos han dado a conocer, de que en el año 2027 se podrá jubilar una persona con 67
años pero habiendo cotizado entre treinta y siete y cuarenta y un años. Igual son injustas las dos cosas.
El problema de la jubilación, señor presidente, es que hay que tratar simultáneamente, por estar interseccionadas indisolublemente, todas las
variables que configuran la contingencia. Por eso nosotros proponemos hoy la valoración y la reforma de la contingencia en su conjunto, uno de cuyos elementos es la edad legal, pero no es el único, ni siquiera es el más relevante.
En todo caso y tras este preámbulo o esta digresión -con la que me da la impresión de que he gastado más tiempo del pertinente-, quiero indicarle que el Pacto de Toledo, de cuyos trabajos ha hecho una glosa el señor presidente de la
Comisión, ha trabajado bien, ha trabajado con honestidad y ha trabajado mucho, señor presidente. Sé que el trabajo del Pacto de Toledo ha sido objeto de descalificación por determinados medios de comunicación y determinados foros intelectuales y
que ha sido objeto de descalificación incluso la figura de algunos de sus representantes o portavoces en el mismo, curiosamente por aquellas personas a las que previamente ha habido que traducirles a un lenguaje comprensible para ellas qué
significaban las recomendaciones que estábamos articulando, pero aquí hay que decir lo que decía San Agustín, señor presidente: Si me valoro a mí mismo, no valgo nada, pero si me comparo, la cosa cambia.
Desde esta perspectiva, aquí hay una serie
de propuestas honestas, una serie de propuestas bien concebidas, bien articuladas en número de veinte que plantean cuestiones que de alguna forma desautorizan -permítanme y no se ofendan, señor Llamazares y señor Ridao- o deslegitiman esas
banalizaciones sobre algunos de los problemas que afectan al sistema y particularmente los de naturaleza demográfica.
No se puede prescindir de la demografía ni se puede prescindir tampoco de las proyecciones económicas; ahora bien, hágame proyecciones económicas -Salgado, usted es experta en esta materia- razonables, hágamelas hasta 2025 o hasta 2030,
donde podamos hablar del nivel de compromiso de producto interior bruto para el mantenimiento del nivel de protección actual o del que dimane de la ley que ustedes van a aprobar el día 28, que es sencillo, es simple: se trata de ahorrar 3,4 puntos
a través de tres mecanismos de ahorro que están previstos en sus cuadros macroeconómicos; con 3,4 puntos no se desestabiliza el equilibrio del sistema, pero es que la
demografía es particularmente relevante. El año 2060, si los demógrafos no se equivocan, va a haber un pensionista por cada persona trabajando, y un sistema de reparto no se puede mantener así. Tenemos que acometer diversas actuaciones que
hacen referencia a la política de empleabilidad, a las políticas natalistas, a las políticas de fomento de la fecundidad, a las políticas relativas al incremento de la tasa de actividad, a políticas diferentes.
Señor presidente, es una pregunta que le voy a hacer, además descarnada y honestamente, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora hay que acometer la reforma del sistema de las pensiones, en este momento, coincidiendo con una batería de reformas que
suponen verdaderos recortes de derechos o elementos de regresión de los sistemas prestacionales que estaban configurados por el ordenamiento jurídico que es objeto de reforma? ¿Por qué tenemos que hacer coincidir la reforma del sistema de pensiones
con la congelación de las pensiones en relación con la cual ya el Pacto de Toledo le reprocha que está incumpliendo los requerimientos del mismo? No solo está incumpliendo estos, está incumpliendo los requerimientos del artículo 41 de las
Constitución en su desarrollo constitucional, que configura su contenido esencial, y el artículo 50 de la Constitución para las personas de la tercera edad y la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo del año 1994. Se está
incumpliendo todo esto en el momento en que se reforma de manera restrictiva y parcialmente regresiva el mercado de trabajo. Nuestra abstención fue crítica como usted recordará perfectamente. Lo que ya sabemos en relación con la reforma del
mercado de trabajo es que ha fracasado, no ha conseguido lo que pretendía, su finalidad -las reflexiones teleológicas con relación a su pertinencia que todos hicimos-, la estabilización de los contratos. La temporalidad se mantiene en sus propios
términos, desde la vigencia primero del real decreto ley y luego de la Ley que reforma el mercado de trabajo, en un momento en que se acaba hasta con el cheque bebé, lo que ha provocado aberraciones de la magnitud de que muchas madres han
precipitado o adelantado el alumbramiento -fíjese hasta qué punto, de niveles casi sainetescos, si no fuera tan dramática la cuestión- para no perder el derecho a esta prestación. Hemos perdido la oportunidad, señor presidente -y creo que el tiempo
se me está acabando--...
El señor PRESIDENTE: Se le ha acabado.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Se me ha acabado, como suele ocurrir con cierta frecuencia, por cierto, señor presidente.
Decía que hemos perdido la oportunidad de articular un buen sistema de gestión, con lo cual ya le explico la única propuesta de resolución que hemos presentado. Se invoca en el informe que estamos debatiendo la articulación de un sistema
unitario para mejorar la gestión del sistema.
Pues un sistema unitario, señor presidente, es manifiestamente incompatible con los requerimientos del bloque de constitucionalidad. En concreto, la Comunidad Autónoma del País Vasco posee competencia
en su artículo 18.2 de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación en materia de Seguridad Social del Estado. La disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika atribuye a esta comunidad la gestión del régimen económico
de la Seguridad Social y el artículo 149.1.7 de la Constitución dice lo mismo. Gestión unitaria, no; gestión solidaria y equitativa, igualdad prestacional, sí, pero gestión unitaria desde una perspectiva de gestión, no.
Señor presidente, como sé que todas estas reflexiones que estoy haciendo -afortunadamente usted y sus compañeras y compañeros de gabinete más concernidos las están escuchando con mucha atención- van a ser tomadas a beneficio de inventario
porque ustedes van a aprobar la ley el 28 y sería muy extraño, muy sorprendente que esta ley no estuviera redactada en el momento que aprobemos estas propuestas de resolución, en todo caso no voy a realizar el esfuerzo de, primero, intentar
explicárselas de forma tan sucinta...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, además es que no tiene tiempo, debe acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: A modo de despedida, quisiera indicarle al señor presidente que el Pacto de Toledo nació para algo que nosotros hemos intentado, separar del debate partidario las pensiones, por el componente de pánico que pueden
provocar. Nosotros lo hemos hecho, esperemos que todos los demás partidos también lo hagan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán tiene la palabra don Carles Campuzano para defender su voto particular y ha presentado la subsanación de un error advertido en su voto particular inicial. ¿Hay algún problema en que se subsane en los términos que el
propio grupo dice? (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.)
¿Sí, señor Llamazares? ¿Perdón? Se trata de que el propio grupo parlamentario ha presentado un escrito diciendo que ha advertido un error en la presentación de su escrito y lo subsana. Digo que le doy la palabra para ello. ¿Hay algún
problema en que lo defienda en los términos del grupo para que se pueda tramitar en los términos que lo defienda el señor Campuzano? (Pausa.)
Adelante, señor Campuzano, así se acepta.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, intervengo para posicionarnos sobre el informe y sobre el voto particular en los términos de la corrección que hemos introducido.
Quiero empezar agradeciendo el trabajo de mis colegas, del señor letrado, del presidente de la Comisión y muy singularmente también de la portavoz del Grupo Socialista, la señora López i Chamosa. Empiezo de esta manera desde la convicción
de que una amplia mayoría de esta Cámara, una amplísima mayoría de esta Cámara, va a aprobar veintiuna recomendaciones, y eso no es menor. Si uno escuchase hoy el debate, parecería que las veintiuna recomendaciones traicionan el espíritu y la
vocación del Pacto de Toledo, y eso no es así de ninguna de las maneras. Una amplísima mayoría va a votar ese conjunto de veintiuna recomendaciones, pero existe una discrepancia en materia de edad legal de jubilaciones y sobre ella hablaremos. (La
señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.) Pero eso no es menor, porque esas veintiuna recomendaciones implican el compromiso de fondo de la mayoría de los grupos de la Cámara con el sistema público de pensiones que existe en
España y responden a las convicciones de fondo del debate del 15 de febrero de 1994, cuando en esta tribuna el señor Homs, portavoz entonces de Economía de Convergència i Unió, defendió la proposición no de ley de la que se derivó posteriormente el
Pacto de Toledo. Esa discusión de febrero de 1994 respondía a la idea de que el sistema público de pensiones para ser sostenible necesitaba consenso, necesitaba reformas y necesitaba que ese consenso fuese asumido por los partidos políticos y por
los agentes sociales. Con la aprobación hoy de esas veintiuna recomendaciones damos un paso en esa dirección. Ahora tocaría idealmente que de estas veintiuna recomendaciones, que van a ser aprobadas con esa amplísima mayoría, se derivase un
acuerdo con los agentes sociales, y de ese acuerdo con los agentes sociales el Gobierno presentase un proyecto de ley que permitiese continuar ese camino de reformas en nuestro sistema público de pensiones.
Estamos en esa lógica. Aquí nadie está
planteando desmantelar el sistema público de pensiones ni privatizarlo; es más, esa política que desde febrero de 1994 compartimos la mayoría de los grupos nos ha permitido mantener hoy un sistema público de pensiones sano, robusto y eficaz, con
sus límites, con sus dificultades, pero que garantiza sustancialmente la reducción de la pobreza entre las personas mayores. Eso es lo que estamos defendiendo hoy, y en este sentido mi grupo va a votar convencido de esas veintiuna recomendaciones y
no compartiendo esa visión catastrofista de la izquierda conservadora de la Cámara que, con esa vocación de no reformar, condena al sistema público de pensiones a no tener futuro. Uno simplemente tiene que levantar la cabeza y ver aquello que está
sucediendo en el resto de Europa con gobiernos de centroizquierda y centroderecha, gobiernos liberales, socialdemócratas, democristianos, conservadores, principales organizaciones sociales y empresariales que avanzan en esa línea de reformas.
Es evidente que en materia de edad legal la Comisión no pudo llegar a un acuerdo, y a ese respecto Convergència i Unió finalmente ha decidido plantear un voto particular. Ese voto particular en relación con esa cuestión que no resolvimos en
la Comisión, responde a una idea que expresa de manera muy clara su último párrafo, donde afirmamos que esa incentivación, ese prolongamiento de la vida activa, ese retraso en el retiro, cualquier modificación de la edad legal de jubilación deberá
ser progresiva sin que ello afecte a quienes vayan a jubilarse en el futuro inmediato, y no debería realizarse de manera homogénea y forzosa para el conjunto de las personas. Una recomendación que en este sentido mi grupo entiende que refuerza ese
objetivo de permitir que en las próximas horas, en los próximos días en esa materia se alcance un acuerdo con los agentes sociales para permitir que la reforma prosiga su camino. Por tanto, convicción en la defensa de estas veintiuna
recomendaciones, convicción en la defensa de ese voto particular, esperanza de que en las próximas horas se alcance un acuerdo social.
Las reformas en pensiones que hemos hecho desde febrero de 1994 responden a una responsabilidad con las generaciones futuras. Uno de los elementos apasionantes e interesantes del Pacto de Toledo es que sitúa el horizonte temporal de la
política pública más allá de lo inmediato, sitúa una política pública pensando en las generaciones futuras. La cuestión de fondo es si aquellos que hoy somos baby boomers, aquellos que nacimos a finales de la década de los cincuenta, durante los
años sesenta y principios de los setenta, vamos a dejar un sistema de pensiones que nuestros hijos y nuestros nietos puedan sostener. De lo que se trata es de que los baby boomers, que vamos a ser muchos, garanticemos que quienes en el futuro deban
financiar nuestras pensiones, lo puedan hacer. Las reformas que hemos hecho desde 1994 han estado orientadas en ese sentido: contener la evolución del gasto en pensiones para permitir que en el futuro el sistema sea viable, respondiendo no solo a
un criterio de solidaridad entre generaciones en la medida que quienes hoy son cotizantes financien las pensiones de quienes en su día generaron ese derecho, sino pensando más en quienes en el futuro van a financiar las pensiones de esos baby
boomers. En este sentido, cualquier consideración de carácter progresista, cualquier visión sobre el progreso social debería de apoyar necesariamente ese conjunto de reformas que hemos hecho desde 1994. Además, hoy existen profundas iniquidades en
nuestro sistema público de pensiones que exigen que esta reforma también sirva para resolver esas injusticias. Por ejemplo, las mujeres mayores que malviven solas con su pensión de viudedad. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.) Hoy nos acompaña un numeroso grupo de representantes de estos colectivos que exigen que esta reforma resuelva ese problema, que no está vinculado con los retos del futuro del sistema sino con las injusticias que hoy existen. O los
trabajadores que han sido expulsados del mercado de trabajo en los últimos años, después de largas carreras de cotización y que se ven condenados a cobrar pensiones un 30, 40 o 50 por ciento
menos que lo que les correspondería, exigen soluciones. O los trabajadores autónomos que continúan sin tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores. O el conjunto de hombres y mujeres que no ven reconocidos sus esfuerzos por
cuidar a sus hijos como garantía para el futuro del sistema de pensiones. O las personas con discapacidad que son obligadas a elegir entre una pensión o un empleo. O las personas que reciben las pensiones no contributivas y están por debajo del
umbral de la pobreza.
Las veintiuna recomendaciones, señorías, pretenden también dar respuesta a estas cuestiones. En este sentido, la reforma que plantea este Pacto de Toledo está orientada al futuro, orientada hacia la sociedad del sistema, pero
orientada también claramente a resolver algunas de las cuestiones que hoy responden a una determinada injusticia.
El informe introduce reformas paramétricas en la misma línea y en la misma lógica del Pacto de Toledo de 1995 y profundizando en ellas. Señorías, no se cuestiona la esencia de un modelo público de reparto contributivo de prestación definida
y solidario, acompañado de un sistema privado complementario de carácter voluntario. Esa esencia del sistema, las reformas paramétricas, en ningún caso lo están cuestionando. Eso sí, avanzamos en la ampliación del período de cálculo, como hicimos
en 1985, en 1997 y en el año 2006, con acuerdo político. Avanzamos en esa línea y continuamos avanzando en ese objetivo de alargamiento de la edad efectiva de retiro como medidas de ahorro ante el reto demográfico, del que el señor Olabarría se ha
expresado con mucha claridad. Eso sí, pretendemos introducir mayor transparencia en el funcionamiento del sistema, porque estamos convencidos de que ello permite al ciudadano tener más responsabilidad y tomar decisiones de ahorro en su vida
particular que le pueden garantizar unos mayores ingresos cuando se jubile. Quizás la izquierda conservadora, en una concepción extremadamente paternalista de aquello que deben hacer los ciudadanos, no apuesta para que los ciudadanos puedan saber
aquello que les permite tomar decisiones de ahorro.
Finalmente, estamos convencidos de que estas políticas, las de las reformas paramétricas, deben ser complementadas con las políticas que permitan que las familias puedan tener más hijos y que mejoren la calidad de nuestro mercado de trabajo.
La principal responsabilidad del Gobierno, señor presidente -ya que nos acompaña-, es haber situado en el centro de la tormenta económica, en el centro de la crisis, la reforma del sistema de pensiones, y que esta reforma, que debemos hacer bien,
hoy la vamos a hacer con mayores dificultades en la medida en que la opinión pública la vincula a la propia crisis. Esa es su propia responsabilidad y eso va a obligar a la Cámara a hacer de manera adecuada esa reforma, que responda al reto que hay
que afrontar; queramos o no, señorías, los mercados condicionan hoy las decisiones que se toman en España y, por tanto, hay que hacer también esa reforma, pero debemos hacerla bien por responsabilidad con las generaciones futuras.
Señorías, mi grupo va a apostar por el consenso político y social en esta sesión de hoy, por el consenso en los próximos días, por tranquilizar a los pensionistas. Esta no es una reforma que vaya a perjudicar a quien hoy es pensionista y a
quien lo sea de manera inminente en los próximos tiempos, pero eso va a exigir al Gobierno capacidad de diálogo en la Cámara en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, y capacidad de diálogo con los agentes sociales. Por
Convergència no será. Fuimos los promotores del Pacto de Toledo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
Fuimos los promotores del Pacto de Toledo en 1994, estamos convencidos de las virtudes del consenso y de las políticas reformistas y apostamos por ello de nuevo en esta legislatura, en tiempos difíciles, en tiempos complejos, pero asumiendo
nuestras propias responsabilidades.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, tras más de dos años de análisis, diálogo y profunda participación institucional y política, aprobamos hoy un nuevo documento de recomendaciones, la segunda renovación del Pacto de
Toledo. Esta sesión concluye, por tanto, un esfuerzo de responsabilidad en beneficio de nuestros pensionistas de hoy y de mañana. Conviene empezar rechazando algunos argumentos que introducen confusión en este debate. El primero, aquel que dice
que el sistema necesita una reforma ineludible. Señorías, desde 1995 la Seguridad Social española no ha dejado de cambiar. Lo olvidan quienes se empeñan en hacer proyecciones a legislación constante: si nada cambia, si no se hacen reformas... La
Seguridad Social ha estado en permanente transformación y así debe seguir. Las formulaciones proféticas nunca han acertado, pero además la ausencia de reformas es precisamente el único escenario imposible. En ningún otro ámbito hay, ha habido y
habrá más reformas que en la Seguridad Social. El segundo argumento es que la reforma puede hacerse sin atender a estas recomendaciones. No estamos en un momento que exija soluciones a la desesperada, no hay una única reforma posible ni una última
reforma antes del caos. Eso no responde a la realidad. Ni la que se anuncia va a ser la última reforma ni desde luego la mejor si se hace desde la improvisación, la imposición o la inusitada urgencia. Las reformas han sido útiles hasta ahora no
solamente por su acierto técnico, sino
porque han gozado del mayor acuerdo social y político. Y el tercer argumento es que el Gobierno sacará una reforma con o sin consenso, argumento que se define por sí mismo.
No se lo ha puesto fácil el Gobierno a esta Comisión, nos ha sometido a una carrera de obstáculos con decisiones y argumentos que han traído malestar y desconfianza. La congelación de las pensiones, entre otras medidas, ha sometido los
trabajos de esta Comisión a un altísimo grado de contaminación argumental y normativa. El Gobierno ha molestado todo lo que ha podido en este proceso. Lo peor no es adoptar reformas que vengan de esos debates circulares que ustedes impulsan,
lanzar medidas sin consenso y luego amenazar con el daño que puede causar no cumplir los compromisos adquiridos; lo peor es adoptar reformas que no son tales, porque limitarse a mover las piezas sin atender a las consecuencias no es reformismo, es
imprudencia. La responsabilidad de este Gobierno es que hoy los ciudadanos tienen más desconfianza, más dudas y más incertidumbres respecto al sistema de pensiones que hace uno o dos años.
Por eso, es importante que el Gobierno atienda a estas
recomendaciones.
Es su obligación y es lo mejor para todos; no debe actuar desde la arrogancia, sino desde el compromiso. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos asumido la responsabilidad que nos correspondía, se ha redactado con nuestra leal
participación y es amplio, posible, adecuado y en muchas materias novedoso porque hemos contribuido a ello, porque creemos en las posibilidades del sistema, porque con el Partido Popular en el Gobierno y en la oposición se han hecho muchas de las
cosas más importantes realizadas en España en materia de pensiones, porque con el Partido Popular el sistema de pensiones siempre ha ido hacia arriba en todos sus indicadores y elementos. Queremos que lo siga haciendo, creemos que puede hacerlo y
queremos decirlo hoy con más fuerza, si cabe, que nunca. Hoy que el sistema lleva perdidos casi 2 millones de cotizantes ocupados desde que empezó la crisis, hoy que hemos retrocedido casi una década en afiliación al sistema, hoy que se congelan
las pensiones para ahorrar 1.300 millones mientras su incapacidad para contener los precios le cuesta a la Seguridad Social más de 2.500 millones, hoy que hemos visto cómo el superávit de la Seguridad Social se desploma un 72 por ciento en el año
2010, hoy que estamos ante un momento complicado es cuando podemos y debemos decir muy alto que creemos en las posibilidades de España, que esta situación puede y debe revertirse. El problema de hoy se llama desempleo. La mejor reforma estructural
del sistema de pensiones es la creación de empleo, es la recuperación de las cifras de crecimiento, de empleo y de cotización necesarias. La prioridad hoy en España no puede ser una reforma de pensiones improvisada y mucho menos si no constituye
por sí misma un elemento de cohesión y de confianza y sí de desafección y de confrontación social. Siendo esto así, el Pacto de Toledo incorpora un conjunto de elementos que pueden encauzar bien las reformas posibles, necesarias y seguras. Nos
hemos ocupado de que así fuese con una serie de compromisos claros, compromisos con la ejemplaridad pública, paso previo e inexcusable. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El Gobierno no puede exigir nuevos sacrificios a los ciudadanos sin dar antes claridad a la financiación, asumiendo sus obligaciones financieras con la Seguridad Social. Compromisos con la equidad, compromisos con una protección social
equiparada y equiparable en los diferentes regímenes y en las diferentes actividades, con más flexibilidad y más capacidad de elección, pero con el empleo y la capacidad productiva en el centro de nuestras preocupaciones. La cotización hoy en
España es un muy duro impuesto al trabajo que solo se justifica por una adecuada aplicación en un sistema justo y equilibrado. La modificación de los tipos de cotización salvaguardando la solvencia del sistema puede ser un recurso para el impulso
económico y el empleo. Estos principios han guiado nuestras propuestas y creemos que nuestro sistema debe evolucionar, porque en España hay personas que han cotizado veinticinco años y pueden tener acceso al 80 por ciento de su base reguladora
mientras otros, habiendo cotizado cuarenta y cinco años, solo acceden a poco más del 70 por ciento. Porque en España una mujer puede haber cotizado catorce años y trescientos sesenta y cuatro días, abandonando su trabajo para tener uno, dos o más
hijos, y el sistema no le reconoce su aportación económica y demográfica. Porque en España las pensiones son compatibles con la percepción de otras rentas si no proceden del trabajo. Un pensionista español puede cobrar legalmente un millón de
euros de alquileres de viviendas o de locales, pero no puede cobrar ni un solo euro de su salario y de su actividad. En España quieren exigir que una persona con gran discapacidad elija entre mantener una pensión o recibir un salario.
En España se
revalorizan las pensiones que se han obtenido cotizando lo mínimo pudiendo haber cotizado más, pero se procede a la congelación de las pensiones de más de un millón de viudas, que no siendo mínimas tienen sus pensiones tan cerca de las mínimas que
no pueden garantizar en modo alguno su suficiencia económica (Aplausos.)
Desde el Grupo Popular creemos que hemos hecho el trabajo que nos correspondía. El Pacto de Toledo sigue siendo útil, pero el Pacto de Toledo es de quien lo firma y, sobre todo, de quien lo cumple. Debemos aspirar a su cumplimiento sin
afanes dogmáticos, pero en la seguridad de que marca el camino acertado: reformar para mejorar y no para recortar.
No compartimos dogmas ni profecías -y menos viniendo de un Gobierno cuyas facultades de anticipación a la realidad son perfectamente
conocidas- y mucho menos medidas milagro presentadas de forma inadecuada y sin acuerdo. Hemos dicho no a una medida ineficiente e injusta que supone un recorte de derechos en torno a un 20 por ciento de la pensión futura: la subida de la edad de
jubilación a 67 años. El Gobierno tiene aval y amparo para desarrollar
todo el documento de recomendaciones, pero no lo tiene para lo que no figura en él. El notable periodista americano Mencken decía que para todo problema hay siempre una solución fácil, clara y equivocada. La solución clara, fácil y
equivocada es la que ustedes plantean en relación con esta cuestión. Señorías, aumentar la edad de jubilación de forma forzosa constituye el mayor incremento de impuestos y cotizaciones directo a los ciudadanos nunca realizado en este país. Para
nosotros esto es profundamente injusto y profundamente ineficiente. Por eso planteamos un voto particular en relación con esta cuestión. Un voto particular que es nuestro planteamiento y que surge de una evidencia: ni una sola de las medidas y
orientaciones contenidas en el informe necesitan que se modifique la edad legal para su efectiva y completa aplicación, ni una sola. Es un voto particular que responde a una convicción clara: hemos de poner en marcha todas las medidas que
contribuyan a incrementar la edad real de acceso a la jubilación de los españoles, equiparándola en lo posible a la edad legal, persiguiendo una concreta finalidad: la continuidad laboral de los españoles hasta alcanzar la edad legal de 65 años y
la prolongación voluntaria incentivada en la vida laboral más allá de esa edad. Aquel antiguo consejo de Hipócrates y Ovidio de que nada sienta mejor que lo que puede hacer daño, parece haber sido incorporado a su recetario pseudoreformista y
conviene que tengan claro que no es un principio contrastado por la experiencia, sino una formulación que ha dado lugar a las más diversas formas de curanderismo. No hagan curanderismo social y económico con el sistema de pensiones. No es una
buena idea. Sométanse al criterio general, hagan un buen diagnóstico y trabajen en equipo. Ese es el principio que debe guiar cualquier reforma en esta materia.
Señorías, mi grupo quiere agradecer a todos los portavoces, a todos los miembros que han participado en esta Comisión, singularmente a la portavoz del Grupo Socialista, la señora López i Chamosa, su entrega y su dedicación y apostar porque
sepamos extraer las conclusiones adecuadas de este debate y seamos capaces, una vez más, de impulsar un proyecto de reforma de pensiones acordado, ampliamente respaldado desde el punto de vista social y político y que responda a los verdaderos
intereses de la sociedad española. Eso es lo que queremos desde el Grupo Parlamentario Popular y convocamos también al Gobierno en esta tarea.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, señoras y señores ministros, desde el año 1919, en que se instauró en España, como saben ustedes, el retiro obrero obligatorio, aproximadamente nuestro sistema, según los estudios más serios, ha dado
cobertura a 22,5 millones de pensionistas.
Todos ellos tuvieron un disfrute medio de su pensión de aproximadamente doce años. Pues bien, señorías, en los próximos treinta y cinco años el sistema de pensiones universal español dará entrada a otros
tantos pensionistas, a 22 millones, solo que en esta ocasión su media de vida una vez alcanzada la pensión será de 24 años, el doble que los anteriores. Es decir, que aquello que nos tomó casi un siglo, llegar a 22 millones de pensionistas, solo en
treinta y cinco años lo alcanzaremos de nuevo. Señorías, hace noventa años envejecer podía representar una tragedia, un momento de máxima dificultad física y económica, un momento en que los mayores no tenían garantizados prácticamente derecho
alguno.
Hoy es un regalo de la vida, es un momento en que el saldo entre las experiencias vitales y el declive físico es completamente positivo. Un momento en que las incertidumbres han dado paso a las certezas. Por tanto, es algo que hemos
conseguido entre todos y para todos, pero si me lo permiten ustedes, cuando hace noventa años muchos de nuestros pensionistas nacieron no tenían garantizados los riesgos que hoy puede sufrir un ser humano: el riesgo a la enfermedad, el riesgo hacia
el desempleo, el riesgo de subsistencia al llegar a los 65 años y el riesgo a ser atendido en una situación de dependencia. Hoy, venturosamente, esos cuatro riesgos tienen cobertura universal y si me lo permiten, con todos mis respetos, todos ellos
llevan el sello indeleble de gobiernos progresistas, de gobiernos socialistas en España. (Aplausos.) Por tanto, este es un sistema para todos, un sistema que ha ido creciendo, ha ido ampliándose a lo largo del tiempo. Un sistema en el que
reconocimos el derecho de todos a obtener una pensión a aquellos que no lo tenían reconocido por sus esfuerzos realizados durante la guerra o durante la dictadura. Un sistema que después se extendió a quienes formalmente no habían podido
contribuir, claro, en la mayoría de la ocasiones no por culpa de ellos sino de sus empleadores, creando las pensiones no contributivas. Un sistema que extendió su cobertura a aquellos que por enfermedad, por incapacidad permanente o total, luego
completada con la dependencia, tampoco podían trabajar. Y un sistema, éste, el sistema actual, que ha tenido la visión de incorporar y de gestionar la diversidad, de incorporar a cientos de miles de inmigrantes que vinieron a nuestro país a
trabajar con nosotros en lugar de dejarles en al economía sumergida para que contribuyeran a un sistema que de ese modo hoy es mucho más fuerte.
Hay muchas evidencias empíricas sobre los problemas de la desigualdad -es más, incluso el Foro de Davos se va a ocupar de los problemas que genera el aumento de las desigualdades entre países en el mundo-, evidencias empíricas, señorías,
evidencias empíricas graves. Evidencias que demuestran que los costes de la desigualdad son enormes para las sociedades. Las sociedades que tienen mayores dosis de desigualdad tienen peores indicadores sociales, todas ellas. En ellas hay más
problemas
sociales, sus ciudadanos alcanzan menos esperanza de vida, hay más enfermedades físicas y mentales, hay menos bienestar infantil, hay más tasa de criminalidad. Les recomiendo un informe extraordinario de dos británicos, Wilkinson y Pickett,
en el que se analiza esta situación y en el que España puntúa muy alto en todas las valoraciones efectuadas. En él se pone de manifiesto con datos de diversos organismos internacionales que España es el cuarto mejor país del mundo para nacer, el
cuarto en bienestar infantil, el segundo con menor tasa de crímenes o de homicidios por cada 100.000 mil habitantes; que es el sexto país del mundo en distribución igualitaria de la renta y que es el país después de Japón donde más tiempo se vive.
A ello ha contribuido, sin ninguna duda, señorías, nuestro sistema de pensiones. Es un sistema de pensiones que tiene un rasgo esencial: es equitativo. Es decir, es un sistema de pensiones donde entre la pensión mínima y la máxima solo hay 3,5
veces de diferencia. Es un sistema, por cierto, donde lo que el pensionista recibe a la hora de jubilarse -si ha cotizado cuarenta años y ha llegado a la edad de 65 años- equivale al 95 por ciento de su último salario, uno de los más altos de
Europa. Entenderán ustedes de este modo que el riesgo de pobreza entre nuestros mayores ha disminuido de forma extraordinaria y hoy se sitúa en una tasa inferior a la media europea. Eso debería ser objeto de celebración por todos nosotros porque
es un dato que evidencia la fortaleza de un pilar del Estado de bienestar como es el sistema de pensiones público, de reparto y solidario que, como les dije, hemos construido entre todos. (Aplausos.) Sin duda, el incremento de las pensiones
mínimas, especialmente en el periodo 2004-2008, ha contribuido de forma notable a que esta equidad fuera así. Igualmente, nuestras pensiones han ido ganando poder adquisitivo. Quiero recordar cómo la reforma del año 1985 fue tildada en algunos
lugares de regresiva. Quiero recordarles que la pensión media de entonces era de 168 euros; ajustada en poder de compra sería hoy de 441 euros. Hoy nuestra pensión media es de casi 800; es decir, se ha producido una ganancia en términos reales
del 75 por ciento. Eso es muy positivo, señorías, y demuestra que las reformas a tiempo, las reformas adecuadas no solo no reducen derechos futuros sino que los consolidan, y ese es un dato que debe guiar nuestras deliberaciones actuales.
La situación actual se ve afectada fundamentalmente por tres factores que en mi opinión son positivos. El primero afecta a la mujer, a su condición social y a su realización personal, pues hoy ya no se ve limitada por los estrictos márgenes
de la maternidad, y que permite a la mujer elegir hoy la compatibilidad entre maternidad y actividad profesional, aunque eso haya llevado a una reducción -espero que transitoria- de las tasas de natalidad. El segundo es la extensión de la esperanza
de vida. Hoy quien llega a los 65 años, como decía el presidente de la Comisión, vive diecinueve más, pero dentro de cuarenta años vivirá cuatro años más -veintitrés años- y vivirá con mejor salud. Por tanto, eso podrá establecer tensiones en el
sistema que hay que resolver. Y el tercero es el incremento continuado del poder adquisitivo de las pensiones. Por tanto, no es por la crisis sino a pesar de la crisis por lo que esta reforma es necesaria. Ya lo sabíamos en 2007. Era ministro de
Trabajo y la reforma que hicimos, señorías, señor ministro de Trabajo actual, ya incorporaba la necesidad de extender la vida laboral. Ya lo sabíamos.
Sabíamos que era indispensable e incentivamos de forma voluntaria la permanencia en el empleo.
¿Qué ha ocurrido? Que solo un 3 por ciento en los dos años de aplicación de esa reforma se ha acogido a esta posibilidad; solo un 3 por ciento. No ha dado resultado, señorías. Ojalá hubiera tenido una acogida más amplia, pero no ha sido así. Es
por eso por lo que piensa mi grupo que el modo más eficaz de garantizar nuestros derechos futuros es incrementar la edad de jubilación.
Quiero también, señorías, refutar una idea extendida: la de que el aumento de la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil. No es así. Entre 1995 y 2007 se crearon 1,6 millones -el 20 por ciento- de empleos para jóvenes en España
entre 16 y 29 años. Por tanto, no es la edad de jubilación la determinante, es la tasa de crecimiento económico. En 2040 nuestros pensionistas vivirán más años y es lógico que debamos extender un poco más nuestra vida laboral. Se lo digo a mis
hijas en edad laboral: si en aquel momento vais a vivir más que nosotros, parece lógico que una parte de ese tiempo que ganáis lo aportéis trabajando y otra la aporte el sistema. Creo que tiene una razonable interpretación esto que estoy diciendo.
La alternativa a estas reformas progresivas en este momento serían reformas probablemente más abruptas y quizá más dolorosas en el futuro. No queremos que eso ocurra. Quienes hemos dedicado nuestra vida a defender los derechos de la ciudadanía y
los derechos de los trabajadores no queremos que se llegue a esa situación y por tanto queremos fortalecer y mejorar el sistema desde la equidad, desde la flexibilidad y desde la gradualidad. Hemos hecho un informe en la fundación en la que trabajo
también, Ideas, que demuestra que si no hubiera habido crisis este tiempo prácticamente no hubiera tenido impacto en las posibilidades contributivas del sistema a medio y largo plazo. De igual modo, si hacemos las reformas aquí establecidas
tendremos sin duda la posibilidad de seguir manteniendo el incremento real de las pensiones.
Señorías, quiero acabar indicando que nos sumamos a la propuesta de CiU.
Hemos tenido un gran espacio de consenso a lo largo del trabajo en la Comisión y nos parece oportuno apoyar el voto particular que proponen adicional a las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Igualmente me gustaría reconocer y agradecer el trabajo desarrollado a todos los miembros de la Comisión, a mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, a doña Isabel López i Chamosa, por la extraordinaria
tarea que han venido realizando. (Aplausos.) Tengo que finalizar diciendo que al escuchar cómo se desarrolla este debate -en algunos lugares, claro- me embarga la melancolía.
Es como si los hombres y las mujeres estuviéramos más acostumbrados a soñar que a hacer avanzar los sueños. En realidad lo que tenemos por delante, señorías, es positivo: viviremos más, mejor y seremos más sabios, tan solo tendremos que
reprogramar nuestro reloj vital. La frontera entre el trabajo y el ocio será más tenue, como también lo será el límite entre el retiro laboral y la inactividad, porque la vejez podrá ser un momento de actividad y de plena realización personal.
Dado que nos espera un futuro mejor, cito a Arthus-Bertrand, que respecto al cambio climático decía: Sabemos lo que ocurre, pero no lo creemos. Tenemos que creerlo. Es tiempo, señorías, de coraje y determinación, de no esconderse ante las
responsabilidades, de no esperar que pase la marea, de decir la verdad, de aportar alternativas, de fortalecer este sistema público y solidario con las reformas necesarias. Tenemos que creerlo y adaptarnos a ello. Yo apelo a su visión, a su
capacidad para transformar las ilusiones en realidades y para hacer avanzar la utopía hacia el lugar en el que descansan los sueños conquistados. Allí nos encontrarán a nosotros, señorías, porque ya estamos trabajando en ello.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Sáenz de Santamaría Antón pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señor presidente, pido la palabra con arreglo al artículo 72.1 del Reglamento para reclamar su observancia por cuanto lo que se nos ha trasladado como corrección de errores planteada por un grupo no se
ajusta a lo que el artículo 118.3 define como tal.
Esto no es una incorrección ni técnica ni gramatical. Entendemos que es una enmienda transaccional y no nos opondríamos a su tramitación como tal transaccional, pero por precedente no podemos
aceptar su consideración como corrección de errores.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Señora Sáenz de Santamaría, la Presidencia ha estudiado el asunto y, como habrán observado sus señorías, ha hecho una manifestación clara antes de que el señor Campuzano tomara la palabra. He dicho que se
había presentado un escrito que el Grupo Catalán denominaba asimismo como de corrección de errores. La Presidencia ha preguntado si la Cámara tendría dificultades para que se defendiera en los términos de lo que el Grupo Catalán -que no la
Presidencia- ha calificado de corrección de errores y por asentimiento de la Cámara se ha aceptado. Entiendo que su señoría invoca un elemento que es razonable, pero como ha añadido también que no tiene dificultad en su tramitación como
transaccional en el sentido -aunque no lo ha mencionado- de autoenmienda, debo entender que por uno u otro sistema, bien porque la Presidencia adoptó la decisión por asentimiento, bien porque su señoría invoca, y tiene a ello derecho, no oposición a
la transaccional de autoenmienda en los términos que su señoría decía, seguiremos votando lo que la Presidencia dijo que se votaría si se defendía en esos términos.
¿Está de acuerdo, señora Sáenz de Santamaría?
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señor presidente, cuando la Presidencia hizo observación no se había repartido por los servicios de la Cámara el texto de la corrección de errores, con lo que este grupo parlamentario no podía apreciar
en sus justos términos que fuera una corrección de errores. Por ello yo le pediría que en su caso la votación fuera por la segunda de estas opciones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Para que no haya dificultad y mantener el buen orden, señora Sáenz de Santamaría, no deseo debatir con su señoría al respecto, pero si cualquier grupo parlamentario hubiese invocado no tener conocimiento del texto,
tenga la seguridad de que la Presidencia no hubiese hecho sino ordenar que se repartiera. Agradezco su comprensión en cualquier caso. Se votará en los términos defendidos y se hará por la comprensión que su señoría tiene en la interpretación que
hace y porque la decisión de la Presidencia no consiente tratar dos veces sobre la misma cosa, el non bis in idem también puede trasladarse procesalmente a lo que se decidió. En cualquier caso agradezco su posición. (El señor Ridao i Martín pide
la palabra.)
Señor Ridao, tiene la palabra.
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, vaya por delante que nuestro grupo parlamentario acepta el criterio que usted recordaba que ya ha expresado la Cámara hace unos minutos cuando usted planteaba esta cuestión. Pero al hilo de la
intervención de la señora Sáenz de Santamaría quisiera dejar constancia, aunque sea a efectos del 'Diario de Sesiones', de que nuestro grupo parlamentario hubiera deseado que este legítimo acuerdo entre dos grupos de la Cámara, el Grupo Socialista y
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), se hubiera tramitado como lo que es realmente, como un acuerdo transaccional y no como una simple corrección de errores, entre otras cosas porque nosotros creemos -y creo que los servicios jurídicos de la
Cámara pueden corroborar este extremo- que se trata de un auténtico fraude del Reglamento en tanto que se trata de un acuerdo transaccional y no de una simple corrección de errores. Quiero dejar constancia de esta cuestión, sobre todo a efectos de
precedentes y con vistas al futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: También agradezco, señor Ridao, su aceptación en los términos que dice de transacción
respecto a una autoenmienda que hace el propio grupo, porque lo que resulta de todo punto indudable es que el escrito lo ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), titular del voto particular. Además, la Presidencia
-su señoría lo sabe- ha preguntado si se asentía a votar respecto al texto defendido por el señor Campuzano y ha habido unanimidad de la Cámara. A todos agradezco su comprensión y así se hará dentro de dos minutos. Muchas gracias. (Pausa.)
Señorías, señora Báñez, ¿están en disposición de que iniciemos las votaciones? (Asentimiento.) Vamos a iniciar las votaciones, por favor cierren las puertas.
Perdón, antes de votar quiero advertir a la Cámara que, aun cuando no está previsto en el Reglamento, he interpretado que la imposibilidad de la señora Quintanilla para acceder a su escaño me consiente poder añadir el voto que ella me haga
de manera expresa. (Rumores.) Puede hacerlo del modo que resulte habitual y el servicio de la Cámara me trasladará el voto del panel incrementado en uno en el sentido que su señoría diga. Y que se recupere pronto, señora Quintanilla. (Un señor
diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Silencio, por favor, usted de la voz no tiene que recuperarse.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LAS LEYES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. (Número de expediente 122/000236.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Popular relativa a la modificación de las leyes de estabilidad presupuestaria para garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 150; en contra, 195; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES Y OTROS CARGOS DE ÓRGANOS PÚBLICOS (ORGÁNICA). (Número
de expediente 122/000109.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para mejorar la eficacia del régimen de incompatibilidades de los diputados
y senadores y otros cargos de órganos públicos. Esta ley se presenta, como es lógico, con el carácter de orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 17; en contra, 328; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000319.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un plan de acción para la ejecución de la estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad.
Se vota en los términos de
una enmienda transaccional si ningún grupo se opone a su tramitación. ¿No se opone nadie? (Denegación.) Así se acepta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 345.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. (Número de expediente 162/000746.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la revisión de la normativa de los derechos y deberes de los alumnos. Esta proposición se vota en los términos de la misma.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 151; en contra, 195.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
INFORMES DE COMISIONES NO PERMANENTES.
- INFORME DE EVALUACIÓN Y REFORMA DEL PACTO DE TOLEDO, APROBADO POR LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 153/000001.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación los votos particulares presentados al informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. En primer lugar, votos particulares 1, 3 y 6, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 329; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Voto particular número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 329; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 159; en contra, 178; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 10; en contra, 184; abstenciones, 152.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Resto de votos particulares del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, ocho; en contra, 329; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votos del Grupo Mixto. De la señora Díez, votos números 9 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 10; en contra, 328; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Voto 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, uno; en contra, 337; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, dos; en contra, 334; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 10; en contra, 179; abstenciones, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto número 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, dos; en contra, 334; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, dos; en contra, 332; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Resto de votos de la señora diputada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, uno; en contra, 336; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Voto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Voto número 24, en los términos en que ha sido defendido por el señor Campuzano y el escrito que ya tienen sus señorías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 186; en contra, 12; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Voto del Grupo Parlamentario Popular, número 25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 159; en contra, 179; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular de los grupos Socialista, Popular, Catalán, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Mixto y Vasco, número 26.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 345.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Voto número 27, del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 26; en contra, 319; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación votamos el informe. No se ha solicitado votación separada, por tanto, se vota... (La señora Sáenz de Santamaría Antón pide la palabra.) ¿Sí, señora Sáenz de Santamaría?
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Nos han informado de que podíamos pedir votación separada de parte del informe. ¿Es posible pedir votación separada de parte del informe?
El señor PRESIDENTE: No porque lo he anunciado, pero para que se pudiera votar haría falta la unanimidad de la Cámara. En consecuencia, no es posible.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Si alguien se opone... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Según me han trasladado los servicios de la Cámara, no se ha obtenido. ¿No es así? (Pausa.) Nadie lo ha pedido y en consecuencia no se ha consultado. (Rumores.)
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Espero que no me dejarán mentir los servicios de la Cámara. El secretario general de mi grupo ha preguntado a los servicios de la Cámara si era posible solicitar la votación separada de parte del
informe.
El señor PRESIDENTE: Claro que no la dejan mentir, lo que ocurre es que el señor secretario general en funciones es el que le traslada a la Presidencia, y me acaba de decir, como es público y notorio, que no se había solicitado. En
cualquier caso, señora Sáenz de Santamaría, si lo ha solicitado, yo creo a su señoría. ¿Algún diputado o grupo parlamentario se opone a la votación separada del informe? (Pausa.) El Grupo Socialista. En consecuencia, ha de votarse en su conjunto.
(Rumores.) Silencio, por favor. Podemos hacerlo separada o conjuntamente pero de modo amable. La creemos, señora Sáenz de Santamaría. (Rumores.-Risas.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 334; en contra, 10; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. (Aplausos.)
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las nueve de la noche.