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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 142, de 23/02/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 142
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 133
celebrada el martes, 23 de febrero de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día:
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y las
posibilidades de mejorar su aplicación, especialmente en lo que atañe a su potencial de creación de empleo.
(Número de expediente 172/000150.) ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera y Sra. Fernández), sobre reforma del régimen fiscal de las comunidades de montes vecinales en mano común, y por la que se modifican el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y la Ley
37/1992, de 28 de diciembre. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 209-1, de 27 de noviembre de 2009. (Número de expediente 122/000188.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para mejorar la tributación del sector agrario y ganadero español. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie B, número 205-1, de 30 de octubre de 2009. (Número de expediente 122/000184.) ... (Página 12)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la mejora de la transparencia en las actividades de la comisión interministerial encargada de estudiar la ubicación del ATC y
paralización de sus conclusiones hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 333, de 9 de febrero de 2010.
(Número de expediente 162/000578.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), de reforma de la Ley Electoral. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 333, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 162/000563.) ... (Página
24)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para reducir el desempleo juvenil. (Número de expediente 173/000117.) ... (Página 30)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ubicación del almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad.
(Número de expediente 173/000118.)
... (Página 34)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador), sobre las debilidades del modelo educativo español, su análisis y la reforma para su mejora.
(Número de expediente 173/000119.) ... (Página 38)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 100696.) ... (Página 43)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación.) ...
(Página 45)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente somete a la consideración de la Cámara la exclusión del punto 29 del orden del día, correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y las posibilidades de mejorar su aplicación, especialmente en lo que atañe a su potencial de creación de empleo, lo que se
aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera y Sra. Fernández), sobre reforma del régimen fiscal de las comunidades de montes vecinales en mano común, y por la que se modifican el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y la Ley
37/1992, de 28 de diciembre ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Estrada Ibars, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para mejorar la tributación del sector agrario y ganadero español ... (Página
12)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Llorens Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Agirretxea
Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Llorens Torres pide la palabra, que no le es concedida.
Proposiciones no de ley ... (Página 19)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la mejora de la transparencia en las actividades de la comisión interministerial encargada de estudiar la ubicación del ATC y paralización
de sus conclusiones hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales ... (Página 19)
En defensa de la proposición no de ley interviene el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Lanzuela Marina, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso y la señora Fernández Aguerri, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), de reforma de la Ley Electoral ... (Página 24)
En defensa de la proposición no de ley interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i
Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vera Pró, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 30)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para reducir el desempleo juvenil ... (Página 30)
En defensa de la moción interviene el señor Uriarte Ayala, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Luena López, del Grupo Parlamentario Socialista y Olabarría Muñoz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Uriarte Ayala.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ubicación del almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad ... (Página
34)
En defensa de la moción interviene el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso y Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Sal-vador), sobre las debilidades del modelo educativo español, su análisis y la reforma para su mejora ...
(Página 38)
En defensa de la moción interviene el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Gómez Trinidad, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Martínez López, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Salvador Armendáriz.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 43)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados ... (Página 43)
El señor presidente pregunta si algún diputado desea hacer uso de la palabra en este punto. Al no ser así se da por examinado y se pasará a votación.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera y Sra. Fernández), sobre reforma del régimen fiscal de las comunidades de montes vecinales en mano común, y por la que se
modifican el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, se aprueba por 343 votos a favor.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para mejorar la tributación del
sector agrario y ganadero español, se rechaza por 169 votos a favor, 172 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la mejora de la transparencia en las actividades de la comisión
interministerial encargada de estudiar la ubicación del ATC y paralización de sus conclusiones hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales, se aprueba por 339 votos a favor y tres abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), de reforma de la Ley Electoral, se rechaza por cuatro votos a favor, 335 en contra y cuatro abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para reducir el desempleo juvenil, se rechaza por 151 votos a favor, 181 en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ubicación del almacén temporal centralizado de residuos radiactivos
de alta actividad, se aprueba por 341 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Salvador), sobre las debilidades del modelo educativo español, su análisis y la reforma para su mejora, con la incorporación de las enmiendas de los grupos Catalán
(Convergència i Unió) y Socialista, se aprueba por 180 votos a favor, 16 en contra y 147 abstenciones.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación.) ...
(Página 45)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, se aprueba por 308 votos a favor, seis en contra y 20 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y LAS
POSIBILIDADES DE MEJORAR SU APLICACIÓN, ESPECIALMENTE EN LO QUE ATAÑE A SU POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO.
(Número de expediente 172/000150.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión.
Como asunto previo deseo plantearles si se acepta la exclusión de un punto del orden del día. De acuerdo con la Junta de Portavoces, someto a la Cámara la exclusión del punto 29, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y las posibilidades de mejorar su aplicación,
especialmente en lo que atañe a su potencial de creación de empleo. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda acordado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA Y SEÑORA FERNÁNDEZ), SOBRE REFORMA DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS COMUNIDADES DE MONTES VECINALES EN MANO COMÚN, Y POR LA QUE SE MODIFICAN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2004, DE 5 DE MARZO, Y LA LEY
37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE. (Número de expediente 122/000188.)
El señor PRESIDENTE: Punto I: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reforma del régimen fiscal de las comunidades de montes vecinales en mano común, y
por la que se modifican el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, traemos hoy en forma de proposición de ley un tema que no es la primera vez que tratamos en esta Cámara, y lo hacemos porque no solo es una cuestión que preocupe al Bloque Nacionalista Galego sino también a un colectivo de vecinas
y vecinos de diferentes pueblos de Galicia que son los comuneros de este tipo de montes que acabamos de comentar.
Los montes vecinales en mano común son montes de carácter privado, de naturaleza especial conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 43/2003, de Montes, de 21 de noviembre, que pertenecen a los vecinos de las parroquias, pueblos o
núcleos de población que tradicionalmente los vienen disfrutando y en los que destaca su
importante función social. Son por tanto un tipo de propiedad colectiva singular con caracteres distintivos que los diferencia tanto de los montes públicos comunales pertenecientes a los ayuntamientos y otras entidades locales menores como
de otros montes de titularidad privada. En la actualidad tienen una enorme importancia social y territorial en Galicia, donde ocupan una extensión aproximada de 675.000 hectáreas, es decir el 22 por ciento de la superficie total de Galicia. En
atención a estos datos podemos afirmar que se trata de una figura peculiar de la realidad sociológica de Galicia y del genuino derecho gallego, como se ha certificado desde la originaria jurisprudencia de la extinta Audiencia Territorial de A Coruña
avalada por el Tribunal Supremo y que llegó a plasmarse en el artículo 4.3 de la Ley de Montes del 8 de junio de 1957.
La subsistencia de los montes vecinales en mano común obedece a la personalidad colectiva del pueblo gallego, que conservó las
formas de aprovechamiento comunitario en la mayoría de sus montes a favor de las comunidades que los detentaban consuetudinariamente por su importancia en mantener una gestión compartida de los recursos agrícolas del territorio, creando un
determinado aprovechamiento comunitario de la propiedad.
Además, el pueblo gallego era consciente de que con ello mantendría intacta una parte importante de su identidad. Conforman estos montes, señorías, una propiedad de carácter germánico con
ausencia de cuotas y por tanto con características de indivisibilidad e inembargabilidad.
Sería necesario tener en cuenta que estos montes vecinales están declarados por la ley de interés general y de utilidad pública. También sería necesario
tener en cuenta que los ingresos de estas comunidades redundan en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, es decir, de los comuneros y comuneras, de forma colectiva y a través de las denominadas externalidades, o sea de la función social y
ecológica que cumplen. En definitiva, es beneficiaria de sus recursos la sociedad en su conjunto. La realidad es que estos montes vecinales son, por así decirlo, una propiedad privada colectiva, que se atribuye siempre a los vecinos y vecinas,
entendiendo estos no como entes administrativos sino como grupos sociales. La vecindad es el único requisito exigido por la ley para gozar de los derechos del monte vecinal y esos derechos no pueden ser transmitidos individualmente.
En Galicia, señorías, contamos con una legislación específica en la que se regula esta propiedad colectiva peculiar. La Ley de montes en mancomún de Galicia, actualmente vigente, define como aprovechamientos directos de los vecinos y
vecinas comuneros la leña, los esquilmes y el pastoreo, aprovechamientos que son gratuitos. Al mismo tiempo, es norma habitual de las comunidades de montes que cedan gratuitamente determinados aprovechamientos a terceros, tales como el pastoreo, la
caza, etcétera.
La actual regulación contenida en el apartado j), del punto 1 del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en el capítulo XVI del título VII de la misma norma ha resuelto de manera deficiente el problema de la
tributación de las comunidades de montes vecinales en mano común. Por esa razón, señorías, traemos esta proposición de ley a esta Cámara. La normativa a la que acabamos de hacer alusión no pondera las peculiaridades de los montes vecinales en mano
común, la realidad social de las comunidades que ostentan su titularidad, y tampoco se ha partido de un análisis profundo y certero de la procedencia de las rentas y aprovechamientos de esas comunidades; al contrario, se fundamentó en criterios de
control tributario para realizar una normativa que desconoce principios constitucionales como la capacidad económica, el principio de proporcionalidad o el principio de justicia tributaria. Por ejemplo, señorías, el impuesto sobre sociedades
determina que cesiones gratuitas como las que hemos comentado anteriormente se presuman retributivas por el valor del mercado, es decir, que las comunidades de montes en mano común tendrán que tributar el 25 por ciento de un ingreso teórico, porque,
como acabamos de exponer, estas serían cesiones gratuitas.
El vigente tratamiento fiscal de los aprovechamientos es completamente ajeno al régimen jurídico que se contempla en la legislación sectorial específica sobre las comunidades vecinales en mano común. La presente proposición de ley parte,
precisamente, de la naturaleza y forma de los aprovechamientos en los montes vecinales en mano común para que soporten una tributación ajustada a su realidad productiva, por lo que se regula un régimen alternativo basado en acoger a las comunidades
de montes vecinales en mano común al régimen de las entidades parcialmente exentas.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) De ese modo, señorías, la comunidad titular del monte vecinal solo vería gravadas las rentas
no generadas en la actividad o actividades principales del monte, que estarían exentas, mientras que las rentas atípicas sí estarían sometidas a gravamen efectivo. El acogimiento a un régimen análogo a determinadas entidades de carácter social o
corporativo se realiza por razones de equidad y justicia fiscal, ya que los montes vecinales en mano común cumplen, además de su vertiente productiva y económica, una función social y ambiental en sus comunidades y contribuyen decisivamente a la
fijación de la población en el ámbito rural. Por otra parte, sin extendernos demasiado, la legislación específica de montes vecinales en mano común recoge restricciones importantes preservándolos al tráfico jurídico ordinario, en lógica respuesta
al perfil que se nos ha transmitido desde tiempo inmemorial, y además impone la dedicación de una parte importante de sus aprovechamientos a fines sociales de interés general y a la mejora y conservación del propio monte, lo que, entre otros
elementos, justifica plantear, señorías, una fiscalidad adaptada a sus peculiaridades. Por tanto, el objetivo de esta iniciativa es dotar de un régimen tributario específico, justo y simplificado a las comunidades de montes vecinales en mano común,
teniendo en cuenta su singularidad y basándose en un análisis detenido de la realidad en que se asienta y que,
sin duda, redundará en beneficio de la ordenación fiscal de las comunidades de monte.
Señorías, nuestra propuesta trata de modificar el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Dicha modificación supondría la adición de una nueva letra g) al apartado 3 del artículo 9, con el siguiente contenido: Las comunidades
titulares de montes vecinales en mano común. Esto significa que estas comunidades, igual que otras entidades singulares, estarían exentas de este tributo. Al mismo tiempo, también planteamos la modificación del artículo 124, punto Uno, de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, al que daríamos una nueva redacción en la medida en que incorporaríamos a las comunidades vecinales también en relación con el IVA, para que estuvieran igualmente acogidas al mismo régimen especial de la agricultura, la
ganadería y la pesca. Por tanto, incorporaríamos aquí: ...forestales, ganaderas, pesqueras en quienes concurran los requisitos señalados en este capítulo y a las comunidades titulares de montes vecinales en mano común. Se derogaría asimismo, de
acuerdo con la propuesta que presentamos, el capítulo XVI del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
Hacemos referencia a
la derogación de este capítulo XVI del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 porque es justamente cuando se les reconoce por primera vez a las comunidades de montes la obligación de asumir la fiscalidad de sociedades anónimas. De hecho, la
primera iniciativa que presenta nuestro grupo, y concretamente esta misma diputada, ya fue planteada en el mismo año 2004 a través de una interpelación que después hizo posible que se aprobara una moción, tras llegar entre los diferentes grupos
parlamentarios a un acuerdo, en la que instábamos al Gobierno a buscar soluciones a este problema.
Evidentemente, aunque el Gobierno hizo alguna modificación en la Ley del IRPF, no era precisamente lo que nosotros planteábamos en la moción
aprobada, ni siquiera en la moción consensuada, y muchísimo menos lo que las comunidades de montes en mano común están reclamando. De ahí que en su momento ya dijimos que esto no era ninguna solución al problema que planteábamos en aquel entonces,
y por eso en otras ocasiones también hemos planteado este tema en forma de iniciativas diferentes a la que hoy defendemos, pero hoy defendemos esta entendiendo que es la forma que evitaría que se mantuviera la injusticia social que representa la
fiscalidad que tienen los montes en mano común tal como se recoge en la actualidad.
Desde el Grupo Nacionalista Galego esperamos el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios para la consideración a trámite de la proposición que hoy defendemos, a fin de que en el trámite subsiguiente seamos capaces de dar respuesta a
esta demanda, pues, señorías -los que son diputadas y diputados gallegos lo tienen que saber perfectamente, y seguramente por las distintas ocasiones en que hemos defendido este tema en esta Cámara el resto de diputadas y diputados también tienen
conocimiento de la cuestión-, este es un problema que afecta a muchísimas y muchísimos vecinos de Galicia y que además es una figura, el monte en mano común, como hemos dicho en nuestra exposición, que tiene una importancia tremenda en Galicia en el
objetivo de fijar población en las zonas rurales, que desgraciadamente en estos momentos están viéndose excesivamente despobladas. De ahí, señorías, que volvamos a recabar el apoyo de todos los grupos y de antemano -no sé por qué pensamos que
podemos tener el apoyo de todos ustedes- les damos las gracias en nombre también de todo los comuneros y comuneras de los montes vecinales en mano común.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Ningún grupo ha expresado su intención de utilizar el turno en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, abordamos un tema que no es nuevo en esta Cámara. Precisamente, el Bloque Nacionalista Galego nos ha presentado en más de una ocasión una iniciativa como la que hoy tenemos que valorar y que tiene por objeto la fiscalidad de los
montes vecinales. No es extraño, como decía, que esta iniciativa tenga la paternidad del Bloque Nacionalista Galego, pues estas comunidades de montes vecinales tienen una importante presencia en Galicia, pero también en otras comunidades:
Asturias, Castilla y León e incluso, aunque en menor medida, en Cataluña. En la actualidad existen aproximadamente 2.800 montes vecinales en mano común que ocupan más de 700 hectáreas que pueden servir de revulsivo para las políticas de desarrollo
rural. La vecindad es el único requisito exigido por la ley para gozar de los derechos del monte vecinal y ese derecho no puede ser transmitido individualmente. Los montes en mano común conforman, como ha dicho la portavoz del Bloque Nacionalista
Galego, una propiedad de carácter germánico con ausencia de cuotas. Los montes vecinales en mano común están además declarados por ley de interés general y de utilidad pública. Cuestión largamente debatida a lo largo de los años es la forma en que
deben tributar esos ingresos, y no es un tema menor. La iniciativa que debatimos esta tarde supone un peldaño más. Se pide que los montes vecinales queden parcialmente exentos del impuesto sobre sociedades. Esta proposición deriva, a nuestro
entender, de una moción -y se ha comentado antes- aprobada y presentada también por el Bloque Nacionalista Galego la pasada legislatura en la que entre otras cosas se acordaba instar al Gobierno al diálogo con las organizaciones de
montes en mano común de Galicia para buscar una solución a la demanda planteada por las mismas respecto al impuesto sobre sociedades al que están sujetas estas comunidades, dado que desde el punto de vista de los comuneros, y teniendo en
cuenta la función social que cumplen estas organizaciones comunales de montes, deberían estar exentas de ese tributo. Si aceptamos este punto de partida no podemos obviar que, como toda actividad económica, debe estar sujeta a tributación, y es
evidente que nos encontramos con dos posibles impuestos: el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades. Nuestro grupo alberga dudas de si en caso de aplicar una exención de la actividad de los montes vecinales en mano común del
impuesto sobre sociedades estaríamos dando una solución más beneficiosa en la tributación de estos montes, pues deberían tributar por el impuesto sobre la renta. Quizá si aplicamos el impuesto sobre la renta colocaríamos en una posición más
desfavorable a los vecinos. En este sentido, puede ser más complejo el impuestos sobre sociedades, pero a nuestro criterio permite una deducción de gastos que, sin duda alguna, debe redundar en beneficio de los vecinos. Por tanto, ahí vemos el
problema. Si aceptamos que deben estar sujetos a tributación, deberemos discutir si es mejor un sistema u otro.
No obstante las dudas que acabo de expresar, nuestro grupo cede ante la demanda que, de forma reiterada y prolongada en el tiempo, vienen realizando las asociaciones de montes vecinales, que son las principales afectadas por el actual
sistema de tributación. Por ello, señorías, daremos nuestro voto afirmativo a la toma en consideración de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño para ser muy breve. Consideramos que, tal y como lo ha expresado la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, los montes vecinales son algo muy propio de Galicia, que se da en esa comunidad y que consideramos parte
de su patrimonio, y la gestión de la misma y la forma de llevarlo a cabo también lo son. Por lo tanto, no nos vamos a extender en nuestra posición. Vamos a apoyar la propuesta, entre otras cosas porque, como decía mi compañero Francesc Canet
también, la demanda de esta cuestión ha sido larga, proviene también de una moción y creemos que es importante que si lo piden los propios será de interés. Al fin y al cabo lo que se pide es, tal y como se dice en la toma en consideración, que se
añada un punto g) al apartado 3 del artículo 9 del real decreto legislativo, que al fin y al cabo decía en el punto 3 del artículo 9 que estarán parcialmente exentos del impuesto en los términos previstos en el capítulo XV del título VII de esta
ley, y hace una relación de quiénes quedarán exentos. Y ellos dicen: incluyamos un nuevo apartado g) en el que queden exentos los montes vecinales de Galicia, las comunidades titulares de montes vecinales en mano común, como se dice claramente.
Las características propias que engarzan al fin y al cabo la fiscalidad propia engarzan -como digo- con la idiosincrasia de cada territorio y yo creo que son parte de la raíz social de este tipo de entidades la fiscalidad, la parte cultural,
la forma de llevarla a cabo, la forma de entender y de administrar los bienes comunes -aunque en este caso sean diferentes- privados que se juntan para tener un bien común y que son parte no solamente de una cultura sino también de una forma de
entender.
Podemos tener ciertas dudas sobre si verdaderamente el concepto de esa exención respondería de una manera positiva o de la mejor manera a lo que ellos demandan, o si quizás otro tipo de fiscalidad podría ser más propia. Pero reitero, los
propios usuarios, los propietarios son demandantes de esta cuestión desde hace mucho tiempo y creemos que es una razón de peso, sobre todo para aquellos que disfrutan y trabajan en esos montes comunales, tengan rentabilidad o no la tengan. Nosotros
tenemos montes vecinales que no son de propiedad privada sino que son de entidades públicas, de diferentes ayuntamientos, consorcios, etcétera, y este caso tan concreto de Galicia requiere una atención especial. Por lo tanto, respondiendo a la
demanda no solamente del Bloque Nacionalista Galego sino también de los propietarios y usuarios, mi grupo apoyará esta toma en consideración de proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiero empezar diciendo que vamos a dar apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley sobre la reforma del régimen fiscal de las comunidades de montes vecinales en
mano común y en la que se modifica el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.
Estos montes de propiedad privada en común y proindiviso tienen grandes problemas de adaptación a la situación legal y
sociopolítica actual, pero al mismo tiempo constituyen un activo interesante para las áreas rurales en proceso de desarrollo por tratarse de estructuras de concentración territorial, asociacionismo y participación social idóneas para la puesta en
valor de los terrenos en el marco de las estrategias de desarrollo sostenible. En cualquier caso, las figuras de propiedad societaria añaden a la problemática general de los espacios
forestales la necesidad acuciante de regularización y adaptación al sistema jurídico vigente. Estos montes de socios, los montes de mano común, afrontan también la necesidad de definir estos modelos de gestión forestal sostenible en el
contexto de la reforma de la política forestal, nacional y autonómica, con mayores problemas y dificultades que otros regímenes de titularidad, ya que deben sanear el estado legal de la sociedad y de su patrimonio de forma previa a la puesta en
valor de estos recursos.
En Convergència i Unió estamos de acuerdo con la modificación del régimen fiscal que se propone desde el Grupo Mixto, pero adelanto ya que presentaremos algunas enmiendas al articulado porque creemos que también deben entrar en esta
excepción los bosques de propiedad privada colectiva, que también existen en otras zonas el territorio español y en unas zonas concretas del Pirineo catalán. El objetivo, pues, de esta iniciativa, que es dotar de este régimen tributario específico,
justo y simplificado a las comunidades de montes vecinales en mano común, teniendo en cuenta -como se ha dicho muy bien y se explica en su exposición de motivos- su singularidad, basándose en un análisis detenido de la realidad en que se asientan,
sin duda ha de redundar en beneficio de la ordenación fiscal de todas estas comunidades de montes. Por tanto, pueden contar desde ahora con nuestro voto positivo a esta toma en consideración.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señora presidenta, como se ha dicho aquí, el objetivo que persigue esta proposición no es nuevo, lo hemos debatido en diversas ocasiones, no solamente en esta sino también en pasadas legislaturas. ¿Qué pretende la
proposición? Lo ha explicado la portavoz del grupo proponente y me va permitir que yo haga otro resumen para que quede claro. Tiene por objeto modificar el régimen fiscal de las comunidades de montes vecinales en mano común -en adelante los
denominaré montes vecinales para no consumir mucho tiempo-, y lo hace respecto al impuesto sobre sociedades, al impuesto sobre el valor añadido y al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Así, en el artículo primero de la proposición se
pretende excluir de la tributación en el impuesto sobre sociedades las rentas de las comunidades de montes vecinales generadas en la actividad o actividades que cumplan con su objeto social o finalidad especificada, introduciendo este tipo de
comunidades entre aquellas sociedades exentas parcialmente del impuesto.
El artículo segundo pretende introducir las comunidades de montes vecinales en el régimen especial del IVA para la ganadería, agricultura y pesca, eximiendo así de la
exigencia de esta liquidación, repercusión o pago de este impuesto en los términos que establece la Ley 37/1992. Por último, la disposición derogatoria única pretende, como dice su título, derogar íntegramente el régimen fiscal actual de las
comunidades de monte vecinales regulado en el impuesto sobre sociedades, por lo tanto, que afecta a tres aspectos: al sometimiento de las mismas a la tributación por el impuesto sobre sociedades de un 25 por ciento; al sometimiento de las mismas
al régimen general del IVA y a la obligación a los comuneros o partícipes de tributar en el IRPF por los ingresos que estos generen. En definitiva, la iniciativa pretende eximir de tributación tanto los beneficios de estas sociedades, impuesto de
sociedades, como la venta de sus productos a través del IVA o como los rendimientos que a sus miembros les genere a través del IRPF.
Señorías, siendo un objetivo compartido, he escuchado hasta ahora la opinión de todos los portavoces de los grupos de esta Cámara, mejorar la legislación de los montes vecinales y sobre todo su fiscalidad. La propuesta a debatir pensamos
que no aborda los principales problemas que soporta la gestión y la fiscalidad de los montes. Me explicaré: nuestro grupo piensa que los problemas que soportan en estos momentos las comunidades de montes vecinales, dentro del impuesto de
sociedades especialmente, son entre otros, la falta de un plan sectorial de contabilidad -hay que recordar que se rigen por el Plan General de Contabilidad-, falta de un plan sectorial de contabilidad que acabe con una tributación por cantidades
superiores al resultado realmente obtenible. También la imposibilidad de deducir un porcentaje en concepto de gastos de difícil justificación, en la práctica imposible en esta contabilidad.
Finalmente, problemas derivados de la reinversión que se produce muchas veces con motivo de los a veces grandes ingresos que se producen por ventas de productos, etcétera. Otros portavoces que han intervenido antes que el que les habla, han
manifestado algunas dudas sobre la redacción o la finalidad de este proyecto de ley. Nosotros también. Así, en el artículo primero de la proposición de ley se pide la introducción de este tipo de comunidades entre aquellas sociedades exentas
parcialmente del impuesto. Si bien es cierto que, pese a haber resultado favorable hasta hoy, la regulación de este tipo de sociedades es muy susceptible de mejora. La inclusión de estas comunidades entre aquellas parcialmente exentas del
impuesto, que son en su mayoría entidades o instituciones sin ánimo de lucro, cuando menos nos genera serias dudas; dudas sobre la conveniencia de eximir de tributación rentas efectivamente generadas y dudas técnicas sobre el efecto que esta
modificación tendría si, como se propone, se combina con la eliminación del régimen fiscal en vigor. La redacción actual de esta proposición de ley también nos plantea serias dudas sobre el efecto final de la fiscalidad de las rentas por aquellas
actividades que no cumplan con su objetivo social o con la finalidad específica del monte, ya que derogado el régimen actual no podrían
beneficiarse de la posibilidad de deducir los gastos para fines sociales que actualmente sí se contemplan.
Asimismo, en la parte expositiva de esta proposición se dice que el objeto de esta iniciativa es dotar de un régimen tributario específico, justo y simplificado a las comunidades de montes vecinales, pues por lo dicho hace un momento, sobre
todo, porque tienen que seguir regulándose con arreglo al Plan General de Contabilidad vigente, no existe esta simplificación. Respecto a la propuesta recogida en el artículo segundo de la proposición de introducir a las comunidades vecinales
dentro del régimen especial agrario, ganadero y pesquero del IVA, entendemos que no sería necesario citarlas dentro de las beneficiarias de este régimen, ya que lo están por el hecho de desarrollar una actividad forestal y no sería necesario ampliar
este tratamiento a cualquier otra actividad diferente a las del objeto o finalidad del monte.
¿Qué argumentos avalan la actual normativa, la que pretendemos cambiar? Ahora sí voy a leer textualmente lo siguiente, y luego les diré por qué: El tratamiento fiscal que en este momento se aplica y que entra en vigor en el año 1999, se
hace de acuerdo entre los responsables del ministerio de Hacienda, de la Xunta de Galicia, del ministerio de Medio Ambiente, del Instituto de Conservación de la Naturaleza, de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España y de las
asociaciones de montes vecinales de Galicia. Las justificaciones -sigo leyendo textualmente- que hacen razonable el sistema actual serían las siguientes: la sujeción al impuesto de sociedades no es un inconveniente, sino que es, desde nuestro
punto de vista, una ventaja. Por otra parte, si bien las rentas de las comunidades titulares de montes vecinales están sujetas a tributación en el impuesto sobre sociedades, es verdad que en la práctica al permitirse reducir la renta gravable del
importe de los beneficios que se apliquen a la conservación, mejora, protección, acceso y servicios destinados al uso social al que muchas veces el monte está destinado, así como a las inversiones en obras de infraestructura y servicios públicos de
interés social, el resultado final es muy ventajoso para los comuneros. Termino el texto que leo textualmente: El régimen fiscal actualmente aplicable es más ventajoso que el establecido para otros sujetos, como las fundaciones o las cooperativas.
En cuanto al fondo, el problema es muy simple, hay un punto de partida, y este es: deben estar sujetos a tributación estos rendimientos, ¿sí o no? No lo he dicho yo, lo ha dicho otra persona que ahora les diré. En nuestra opinión, sí,
porque no hay ninguna razón por la cual un bien que tenga rendimiento en este país no deba estar sujeto a una cierta tributación. Tenemos dos impuestos, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades. Si aplicamos el impuesto sobre la
renta creemos que es peor para los vecinos. Estas palabras fueron pronunciadas desde esta misma tribuna no por el portavoz que les habla, no por el portavoz de mi grupo parlamentario, sino por una voz autorizada y competente -entiendo-, porque era
en su momento el ministro de Economía del Gobierno, y las pronunció desde esta tribuna en diciembre de 2004, cuando era interpelado por el grupo proponente de esta proposición. El grupo parlamentario al que me honro representar en este momento
también tuvo oportunidad de expresar su opinión en aquel debate y en otros posteriores, y lo hizo -cito también textualmente a mi compañero, el señor Oreiro, que en aquel momento era diputado por la provincia de A Coruña y que hacía la defensa de la
moción consecuencia de la interpelación- con las siguientes palabras: Evidentemente, no todas las comunidades de montes reparten beneficios o reparten sus ingresos, y estando de acuerdo nuestro grupo con la finalidad de mejorar la calidad de vida
de los vecinos y de fijar la población rural, no podemos coincidir con el modelo -se refería al modelo planteado en la moción-.
Hay comunidades de montes en las que su aplicación fundamental de los ingresos es la reinversión en el propio monte,
consiguiendo con esto que mejoren las infraestructuras del monte; mejoran la calidad de vida, evidentemente, y producen una rentabilidad. Todas las inversiones realizadas en el monte son deducidas de la base imponible por la tributación de las
comunidades de montes y, por lo tanto, en la práctica quedan exentos de la tributación.
Señorías, hoy no deberíamos volver a tratar aquí este tema. Lo digo porque en aquella ocasión se aprobó, como se ha recordado aquí, una moción consecuencia de una interpelación que fue a su vez pactada entre los grandes grupos, fue
consensuada y fue aprobada, y aquella moción decía textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar en el año 2005 las peculiaridades de los montes vecinales en mano común a efectos de determinar el régimen fiscal que les sea
de aplicación. A estos efectos, el Gobierno articulará un proceso de diálogo con las organizaciones representativas de las comunidades vecinales en mano común, y analizará específicamente tanto el tributo al que deben estar sujetos estos
aprovechamientos como las posibilidades que existen. No sigo leyendo por falta de tiempo, pero terminaba claramente: Procurará que se aplique en los montes vecinales en mano común el régimen que resulte más equitativo. Hemos perdido cinco años,
porque si este mandato de esta Cámara hubiera sido tenido en cuenta por el Gobierno y este hubiera hecho sus deberes, probablemente a estas alturas no tendríamos que estar aquí debatiendo o tomando en consideración una proposición de ley sobre este
tiempo.
Voy terminando, señora presidenta. La aparición de nuevos conceptos sobre el papel de los bosques hace que toda esta figura deba ser considerada de forma específica y que tengamos que abrir una reflexión profunda.
Pensamos que la forma de
resolver los problemas derivados de la doble imposición a la que se ha hecho aquí referencia requiere de planteamientos más acordes con la necesidad de hacer atractiva la vida en el medio rural, y eso pasa por dejar de fomentar el reparto de
beneficios mediante la supresión del impuesto sobre la renta de los
comuneros y, en su lugar, implantar -es una propuesta nuestra- desgravaciones a estos en forma de prestaciones sociales, becas o ayudas exentas de cualquier gravamen para de este modo conseguir fijar población no rural.
Y termino, señora presidenta. En definitiva, señorías, pensamos que hay que abordar en profundidad este asunto; que con medidas como las que hoy nos trae el grupo proponente no podemos pretender pasar de dobles imposiciones a cero; no
podemos pretender eximir sin más justificación; es necesario una reflexión a fondo sobre nuestro marco legislativo y, de manera muy especial, sobre la Ley de Montes y sobre el Real Decreto-ley 4/2004, por el que se regula el régimen de las
comunidades de montes vecinales en mano común. Señorías, no duden de que si esta iniciativa finalmente es tomada en consideración mi grupo parlamentario presentará importantes propuestas, enmiendas sensibles al proyecto que hoy nos presentan, pero
eso será en otro momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor García Díez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Estrada.
La señora ESTRADA IBARS: Gracias, presidenta.
Hoy debatimos sobre la reforma del régimen fiscal de las comunidades de montes vecinales en mano común, tema que ha sido objeto de varios debates anteriores en esta Cámara, lo cual demuestra la importancia que suscita, importancia que radica
en el hecho de que estas comunidades resultan esenciales para la conservación de los montes, con todo lo que esto implica económica, social y ecológicamente. A lo largo de la historia estas comunidades se han visto sometidas a distintos procesos,
como son la desposesión legal desde comienzos del siglo xix y el intervencionismo administrativo en los siglos xix y xx. En 1957, con objeto de hacer participar a los vecinos en la repoblación forestal es cuando por ley se reconoce la existencia de
montes vecinales. En esta Ley de Montes es donde se define a las comunidades vecinales en mano común como bienes indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables, derivado del derecho germánico, definición que se mantiene en leyes
posteriores.
En 1968 comienza un proceso de devolución y se promulga la primera ley reguladora de los mismos. En 1980 se aprueba la Ley 55/1980, que deja claro el carácter privado de estas comunidades, quedando sin definir cuál es su personalidad
jurídica. En 1989, en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, una vez transferidas las competencias en la materia se aprueba una nueva ley, la cual altera alguno de los contenidos de la primera en cuanto a la gestión, sin afectar en esencia a
la consideración jurídica. En 1995 se aprueba la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, donde se las reconoce como sujetos pasivos de este impuesto, solventando de este modo los problemas ocasionados a efectos tributarios por carecer de
personalidad jurídica. En el año 2000 la Dirección General de Tributos dictó una resolución que aclaró cuál debía ser la aplicación del IVA en la tributación de estas comunidades. Vemos pues, señorías, que a medida que van transcurriendo los años
se trabaja para conseguir mejorar la situación de las mismas. Como todos sabemos, todo es susceptible de seguir mejorando, y es por ello que aunando esfuerzos procuramos realizar los pasos oportunos que conlleven una mejora en la realidad de estas
comunidades, pues ninguno de los que estamos aquí presentes podemos poner en duda la gran labor que hacen en beneficio del medio rural y en la lucha contra el cambio climático.
Se plantea por parte del BNG que se introduzca una modificación legislativa, de tal manera que estas comunidades estuvieran parcialmente exentas del pago del impuesto sobre sociedades y que el IVA que les fuera aplicado fuese al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca.
Señorías, tal y como está contemplado en el Real Decreto 4/2004, la tributación de estas comunidades les confiere una serie de peculiaridades, que hace que el resultado final sea muy ventajoso, pues se
evita la integración de las rentas de la comunidad en el IRPF como rendimientos de actividades económicas, lo cual implica una tributación menor de los miembros de la comunidad, y a su vez facilita la gestión tributaria de estas entidades. Se puede
reducir la renta gravable en el importe de los beneficios que se apliquen a distintos aspectos destinados a una mejora de las condiciones y servicios del monte, e incluso el derivado de subvenciones o expropiaciones en el importe que se dediquen a
tales inversiones, pudiendo de este modo quedar exentas de tributación, como ocurre en la mayoría de los casos.
Por otra parte, se les aplica un tipo de gravamen reducido del 25 por ciento y no deben declarar en el caso en que no obtengan beneficios ni realicen inversiones o gastos por aplicación de los mismos. En el caso de reparto de beneficios
entre los miembros de la comunidad, la renta percibida está exenta del IRPF cuando el importe es menor de 1.500 euros anuales. Por otro lado, poseen un régimen fiscal más favorable que las fundaciones y cooperativas, pues aunque estas están
sometidas a un gravamen más reducido, no pueden disminuir la renta gravable del mismo modo que estas entidades. Es pues evidente que estas comunidades se ven favorecidas por el régimen actual de tributación y, teniendo en cuenta los puntos
señalados anteriormente, podemos decir que la modificación que plantea el BNG en relación al impuesto sobre sociedades tendría consecuencias positivas cuando los beneficios obtenidos son producto de la realización de actividades propias del monte
vecinal, y negativas cuando son otras las que se realizan, que no son pocas, como pueden ser: alquiler de superficies por antenas y torres de eólicos o rendimientos por canteras. Señorías, consideramos oportuno buscar alguna fórmula que gratifique
el trabajo que realizan en el monte los
miembros de la comunidad, sin olvidar la esencia de la existencia de la misma: el mantenimiento y mejora del monte vecinal, por lo cual es necesario que parte de los beneficios se reinviertan en el monte, que es como se procede actualmente
debido a que la base gravable se puede reducir en la cantidad invertida, por lo que no creemos oportuno una exención parcial del impuesto de sociedades sin establecer alguna restricción en el reparto del cien por cien de los beneficios. Con
relación al impuesto del IVA, estas comunidades pueden aplicar el régimen especial que se solicita, puesto que constituye doctrina de la Dirección General de Tributos. Sin embargo, estudiar otras posibilidades siempre resulta conveniente, en el
caso en que repercuta beneficiosamente en las mismas.
Señorías, como dije, estamos en la labor de mejorar todo lo referente a las comunidades de montes vecinales en mano común. Toda iniciativa en este sentido es bienvenida. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Estrada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA MEJORAR LA TRIBUTACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y GANADERO ESPAÑOL.
(Número de expediente
122/000184.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, a continuación, a la proposición de ley del Grupo Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para mejorar la
tributación del sector agrario y ganadero español. Para defender esa toma en consideración tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley que hoy tengo el honor de presentar a esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Popular debería haber sido innecesaria. Primero, porque la reducción del IVA de las tarifas de riego y el
aumento del IVA de compensación del sector ganadero, objeto de la presente ley, ya fueron aprobados en mayo en esta Cámara en una moción propuesta por mi grupo que prosperó gracias al apoyo del resto de grupos políticos, a pesar del voto en contra
del Grupo Socialista, y un gobierno con un mínimo de talante democrático tenía que haber cumplido ya los acuerdos de esta Cámara. También debiera ser innecesaria porque un gobierno con un mínimo de sensibilidad social, de la que tanto alardea, no
debería continuar dándole la espalda a la gravedad de un sector al que la crisis le ha llegado mucho antes que la crisis que tanto le ha costado reconocer a este Gobierno.
Señorías, lo hemos venido repitiendo hasta la saciedad. Todos los índices de la actividad oficiales son mucho peores todavía que los índices económicos de la actividad general -el PIB, la deuda agraria, la renta-.
Estamos en el límite de
la subsistencia de las explotaciones agrarias y nos estamos jugando el futuro de nuestra seguridad agroalimentaria. A los agricultores les exigimos que protejan el medio natural, que equilibren el medio territorial, pero son ante todo productores
de alimentos y, por tanto, están sometidos a una serie de costes laborales, sociales, sanitarios, medioambientales que tenemos que reconocer y proteger.
Señorías, los agricultores y ganaderos están desanimados y desesperados.
El sábado salieron en
Cataluña, como salieron aquí en Madrid en el mes de noviembre, por eso el presidente del Gobierno no tuvo más remedio que recibir a sus representantes en diciembre y comprometerse a una serie de ayudas, que son precisamente las que fueron aprobadas
en las mociones que se aprobaron en esta Cámara y presentadas, como he dicho antes, por el Grupo Parlamentario Popular y que todavía no se han cumplido. Pero, al cabo de dos meses, ese famoso plan de choque del señor Zapatero ha chocado con la
realidad: los agricultores siguen sin tener acceso a los préstamos; se han eliminado las deducciones fiscales en los gastos del gasoil y de los fertilizantes; solo se han rebajado los coeficientes de los módulos de la uva de mesa y de las plantas
ornamentales, pero ninguno más; y han vuelto a subir en enero, unos días después de que el señor Zapatero se comprometiera ante las organizaciones profesionales agrarias a pedirle al brillante impulsor del Plan Bombilla un tratamiento favorable
para las tarifas eléctricas. Resulta que en enero han vuelto a subir, y han subido aquellas que dependen de la regulación del Gobierno, las tarifas de acceso que sirven para financiar los costes de la distribución y del transporte de la energía
eléctrica.
Señorías, esta es la tercera subida en un año del coste de la energía eléctrica, la tercera: una en enero de 2010, otra en julio de 2009 y otra en enero de 2009. Desde que el secretario de Estado se comprometiera, en junio de 2008, después
de que se suprimiera el carácter especial de las tarifas eléctricas de regadío ante el Congreso Internacional del Riego en Zaragoza -estoy hablando del señor Puxeu-, a que no subirían por encima del IPC, resulta que han subido de un mínimo del 70
por ciento al 150 por ciento según los casos. No es ninguna novedad, señorías. Aquí cuando el Gobierno anuncia algo, lo que ocurre es siempre lo contrario. A estas alturas ya sabemos lo que valen las palabras del presidente del Gobierno, que se
las lleva el viento. No podemos dejar de señalar que una semana antes de la evaluación prevista del plan de choque del señor Zapatero, las medidas comprometidas van todas en dirección contraria a las antes anunciadas. No sería justo dejar de
señalar aquí los desvelos del secretario de Estado del ministerio que, eso sí, ha
comprometido un plan de formación a las organizaciones profesionales agrarias y a las comunidades de regantes para que entiendan las nuevas facturas, porque no hay quien entienda ni las facturas ni los contratos.
Lo único que entienden los
regantes es que desde que el señor Puxeu se comprometió a que las tarifas no subirían por encima del IPC tienen que pagar un 150 por ciento más por ellas. Ese es el resultado. Con este incremento de las tarifas eléctricas vamos también en
dirección contraria a ese Plan de la economía sostenible, porque, señoras y señores diputados, no se puede sostener que precisamente aquellos riegos localizados, aquellos riegos que consumen menos agua, aquellos regadíos que permiten una mayor
eficiencia en el uso de un recurso escaso, estén penalizados porque son los que consumen más energía; no se puede entender ni se puede sostener que se ponga en peligro la viabilidad económica de las explotaciones agrarias y la productividad
económica de las explotaciones del campo; no se puede sostener que se castigue al Plan de modernización de los regadíos, que son aquellos que consumen menos agua y tienen mayor demanda energética; es decir, desde el punto de vista de la economía
sostenible también vamos en dirección contraria.
Por eso, señoras y señores diputados, este grupo parlamentario anuncia aquí que va a presentar una nueva iniciativa, en forma de toma en consideración de esta proposición de ley, para que el Gobierno se sienta obligado a cumplir lo que
acuerde esta Cámara. Planteamos dos cuestiones muy sencillas, muy sencillas si se tiene voluntad política de solucionar los problemas. Planteamos una modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para
solicitar, por un lado, el incremento del porcentaje de compensación del IVA aplicable al sector agrario del 8,5 actual al 10 por ciento, igual que el que dispone el sector agrícola. Quiero señalar aquí que, si bien en nuestra propuesta pedimos que
se aumente hasta el 9 por ciento, esta propuesta se había presentado en octubre. Desde entonces el Gobierno parece que sigue el camino indicado por este grupo pero se queda como siempre a mitad de camino, porque no hay ninguna razón para que el
sector ganadero se quede al 9 por ciento cuando el sector agrícola está ya al 10 por ciento de IVA de compensación.
La segunda propuesta también es muy sencilla. Ante el brutal incremento de las tarifas energéticas de regadío, y dada la lentitud y la complejidad de estas mesas de financiación con las organizaciones profesionales agrarias establecidas por
el presidente del Gobierno -que según mis noticias ya no se van a evaluar la semana que viene, ya que hay un retraso porque las cosillas parece que no van muy bien, aunque de momento sí tenemos el Plan de Formación en marcha para ver si los
agricultores y regantes entienden las nuevas facturas-, nosotros creemos que la única manera inmediata de trasladar un mensaje de esperanza a nuestros regantes, que lo piden desde todas las organizaciones profesionales agrarias, desde todas las
comunidades de regantes y desde todos los puntos de España, es que se aplique el IVA del tipo reducido del 7 por ciento a los suministros de gas natural y electricidad para el sector agrario.
Se lo voy a poner muy fácil, señor portavoz, para que no se pierda ni nos haga perder el tiempo en esos laberintos con los que acostumbra a responder a las propuestas de la oposición. Basta con aplicar el artículo 98 de la Directiva
Comunitaria 2006/112/CE del Consejo Europeo, de 28 de noviembre, que prevé tipos reducidos del IVA para supuestos tasados, y que adicionalmente establece en su artículo 102 que los Estados miembros, los Estados miembros tendrán competencia para
aplicar un tipo impositivo reducido a los suministros de gas natural y electricidad, siempre que no se ponga en riesgo alguno ni se distorsione la competencia. En este caso no hay distorsión alguna, simplemente hay que aplicar lo que se aplicó a
Italia, que desde el 30 de abril de 2007 aplica un IVA reducido a las tarifas de suministro de riego de gas natural y las tarifas eléctricas.
Señorías, esperamos el apoyo a esta iniciativa de todos los grupos políticos de esta Cámara. Al menos de los mismos que por dos veces, una en mayo y otra en noviembre del pasado año, dieron soporte mayoritario a las mociones en las que se
contenía las ayudas objeto de la presente ley.
También tenemos mayores esperanzas. Tenemos la esperanza de que a esta mayoría se incorpore el Grupo Socialista. Tienen ustedes, señor Alonso, una magnífica oportunidad para dejar que arrimemos el
hombro, como lo estamos haciendo en el Grupo Parlamentario Popular y en el resto de grupos políticos que apoyen esta medida. Lo que no sabemos ni acabamos de entender todavía, es que cuando nos piden que arrimemos el hombro no sabemos si nos piden
que arrimemos el hombro a favor de los agricultores, a favor de los sectores en crisis, a favor de la gente que lo necesita, o en contra de ellos y a favor de ustedes. En eso no nos van a encontrar porque si no hay gobierno, oposición no va a
faltar para denunciar todo lo que haga falta denunciar y para proponer soluciones como las que hoy presentamos desde el Grupo Parlamentario Popular a esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llorens.
Ningún grupo ha manifestado su decisión de utilizar el turno en contra en esta toma en consideración. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora
Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra en nombre de mi grupo, el Bloque Nacionalista Galego, para explicar nuestra posición en relación con la proposición de ley que acaba de defender el señor Llorens en nombre del Grupo Popular.
En primer lugar, señorías, quisiera recordar que el Bloque Nacionalista Galego es un grupo político que está preocupado por la grave situación que atraviesa el sector agrario, entre otras razones porque es un sector de una importancia vital
en la economía de Galicia no solamente en lo relativo a la cuestión económica sino también a la cuestión de fijación de empleo y de hábitat en nuestro medio rural. Por eso nuestro grupo parlamentario ha presentado en distintas ocasiones iniciativas
dirigidas a que el Gobierno asuma políticas destinadas a mejorar las condiciones del sector agrario, de manera particular y concreta aquellas relacionadas con los gastos de producción, cuestión respecto a la cual en distintas ocasiones las
diferentes organizaciones de productores no solamente se han dirigido a los grupos parlamentarios sino también al Gobierno para reclamarles soluciones.
En este sentido, el señor Llorens hacía referencia a algunas proposiciones no de ley aprobadas en Comisión, algunas de las cuales eran del Bloque Nacionalista Galego, orientadas justamente a rebajas fiscales que aminoraran los gastos de
producción del sector agrario, pero también en el Pleno y como consecuencia de mociones del Bloque Nacionalista Galego se aprobaron diferentes puntos destinados a que el Gobierno actúe en la dirección de minorar la situación de crisis que atraviesa
el sector con medidas que van incluso más allá de cuestiones meramente fiscales.
Partiendo de las cuestiones fiscales que fueron aprobadas en Comisión en nuestra proposición no de ley, junto por supuesto con la del Grupo Popular, ustedes, el Grupo Popular, nos presentan hoy esta proposición de ley que, entre otras
medidas, insta a reducir la tributación en el IVA de los suministros de gas y electricidad del sector agrario e incrementar el porcentaje de compensación en el IVA aplicable a las explotaciones ganaderas del 7,5 al 9 por ciento. A pesar de que las
citadas medidas son las dos anunciadas en la exposición de motivos, el articulado no se corresponde exactamente a lo expuesto en la mencionada exposición de motivos, puesto que la reducción en el gas y en la electricidad solo se contempla para la
explotación de instalaciones de regadío. Respecto a las entregas de productos naturales obtenidos en las explotaciones ganaderas o pesqueras y en los servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones, actualmente se aplica una compensación
del 7 por ciento que esta proposición plantea incrementar hasta el 9 por ciento en el caso de las ganaderas y hasta el 7,5 por ciento en el de las pesqueras. En este sentido, cabe recordar que en los Presupuestos Generales del Estado 2010 este
porcentaje se incrementó en un punto. Esta modificación, incluida en los presupuestos para el año 2010, fue fruto, señorías, de un acuerdo del Grupo Socialista con, entre otros, el Bloque Nacionalista Galego. Así, a partir de julio de 2010 la
compensación pasa del actual 7 por ciento al 8,5 por ciento. La aprobación del los Presupuestos Generales del Estado de 2010 deja, desde nuestro punto de vista, parcialmente obsoleto el contenido de la proposición no de ley que hoy defiende el
señor Llorens, quizás porque está registrada con fecha 19 de octubre. La proposición de ley que presenta el Grupo Popular significaría, sobre esta modificación, incrementar medio punto la compensación en las explotaciones ganaderas, pero incurre en
la paradoja de que se disminuiría la compensación en un punto para las explotaciones pesqueras. Por lo tanto es necesario que nuestro grupo tenga en cuenta estas cuestiones a la hora de tener una posición en relación con la proposición no de ley
que debatimos.
El sector agrario, señorías, se encuentra sumido en una fuerte crisis a la que el Bloque Nacionalista Galego es especialmente sensible -lo dijimos al principio de nuestra intervención-, lo que ha propiciado, como ya hemos comentado, que
hayamos presentado numerosas iniciativas con medidas de ayudas al sector. Actualmente tenemos también presentada una proposición no de ley orientada a aplicar el IVA reducido a los productos pesqueros y cárnicos y, desde nuestro punto de vista, a
pesar de que no creemos que la solución a la actual crisis económica ni del sector agrario ni de ningún otro pase por rebajas generalizadas de los impuestos, el hecho de que propongamos una reducción del IVA -como acabamos de comentar que hacemos en
la propuesta de ley que tenemos presentada para productos cárnicos y pesqueros- así como el hecho de que participáramos en el acuerdo en relación con los Presupuestos Generales del Estado para 2010, que permitirán incrementar los porcentajes de
compensación, significa que entendemos la gravedad y especificidad de la crisis en el sector agrario y que por lo tanto, de manera excepcional, se pueden considerar reducciones fiscales para el sector.
Con respecto a los porcentajes de compensación, aparte de existir una contradicción derivada de que la proposición del Grupo Parlamentario Popular se presentó con anterioridad a la aprobación de los presupuestos generales, desde nuestro
punto de vista aceptar nuevos porcentajes significaría invalidar un acuerdo en el que el Bloque Nacionalista Galego ha participado, es decir aquel al que hemos llegado en los Presupuestos Generales del Estado. Por estas cuestiones que acabamos de
comentar, nuestro grupo parlamentario, manifestando no solamente nuestra preocupación por la situación de crisis del sector agrario sino también nuestro compromiso y voluntad de seguir haciendo políticas dirigidas a que el Gobierno tome medidas
orientadas a reducir los gastos que en este momento tiene el sector agrario, sobre todo aquellos que están suponiendo importantes incrementos en los gastos de producción, no va a votar favorablemente la proposición de ley que hoy defiende el Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Quiero decirle al señor Llorens que nos manifestamos desde la tribuna en el sentido que hemos estado hablando y por tanto votaremos, pese a algunas reticencias que ahora comentaré, a favor de su propuesta. Y partimos de una obviedad, el
sector agrario español es un sector estratégico para asegurar a los consumidores un suministro de alimentos a precios razonables. El encarecimiento de los costes de producción en general, y en particular el de los carburantes y combustibles en los
últimos años, ha puesto en una situación límite a las pequeñas y medianas empresas de producción agrícolas, ganaderas y forestales, base de la producción española. La aplicación por tanto de un IVA reducido, prevista en el anexo h) de la directiva
europea sobre dicho impuesto, contribuiría a un tratamiento fiscal más acorde con los objetivos a alcanzar en este sector.
Como he dicho, votaremos favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley pues es coincidente con las posturas que nuestro grupo parlamentario ha venido defendiendo en estos últimos años, más recientemente en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010, pero, a pesar de ello, no podemos estar del todo de acuerdo con la iniciativa. Precisamente por la transacción de algunas de las enmiendas presentadas por nuestro grupo a los Presupuestos Generales del Estado,
hoy la proposición de ley, como se ha comentado, en lo que se refiere a la compensación del IVA genera disfunciones que pueden repercutir desfavorablemente en los ingresos del Estado. Esta cuestión temporal, que en cierta forma es comprensible ya
que la iniciativa -y también se ha dicho- es anterior a la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año, no debe ser, a nuestro juicio, un impedimento a la hora de tomar en consideración la proposición de ley,
porque estamos convencidos de que estas disfunciones pueden ser corregidas durante el trámite parlamentario mediante la incorporación de enmiendas de carácter eminentemente técnico; en el caso, evidentemente, de que sea tomada en consideración. Es
más, esa toma en consideración de la proposición de ley -hipotética- permitiría a este grupo parlamentario incidir en otro aspecto de la fiscalidad en lo que se refiere al tipo reducido del IVA, que se omite en esta iniciativa, el del gasóleo, por
ejemplo. Votaremos, pues, esta iniciativa absolutamente convencidos, porque conviene recordar que la reducción del IVA se aplica a los costes de producción y, por tanto, se compensan con el IVA soportado. Por ello, esa reducción del IVA no debería
tener ningún tipo de efecto en una mayor o menor recaudación de ingresos estatales de los productos agrícolas o ganaderos, puesto que es el consumidor final quien acaba pagando el IVA que ingresa el Estado.
No es la primera vez que discutimos sobre la grave crisis que padece el sector agrícola y ganadero del Estado español, de hecho el sector agrario tampoco escapa de la actual situación de crisis que afecta a todos los sectores, pero es verdad
que nos encontramos en una coyuntura especialmente pésima en cuanto a precios en algunos de estos sectores: disminución de la demanda y dificultades de acceso al crédito por parte de las empresas agrarias. Seguramente en este diagnóstico
coincidimos todos los grupos presentes en esta Cámara y es necesario que entre todos tomemos medidas. La escalada brutal de precios que se produce en la cadena alimentaria perjudica de forma muy notoria al productor y ha provocado que este fin de
semana por última vez -lamentablemente la última hasta ahora- los agricultores hayan salido a las calles. Debemos facilitar el crédito, promover el consumo de nuestros productos y facilitar al máximo su acceso a los mercados y a la exportación.
Como hemos dicho ya casi todos los grupos o todos, hay mucho trabajo por hacer y campo por recorrer, por ejemplo, promoviendo la innovación también en el sector agrario. Ello nos incumbe a todos, incluido evidentemente el propio sector.
Señorías, a veces uno tiene la impresión de que, cuando ofrecemos medidas para paliar la crisis del sector agrario, siempre utilizamos los mismos medios: las rebajas de tipo, las subvenciones, etcétera. Evidentemente es una vía, pero por
sí sola poco va a contribuir a que el sector se recupere de la grave crisis que padece desde hace varios años, crisis agravada, si cabe, por el actual contexto económico. Por ello, votaremos favorablemente la toma en consideración de esta
proposición de ley y esperamos mejorarla en el trámite parlamentario, si finalmente es tomada en consideración. También queremos dejar constancia de que esta medida debe acompañarse de muchas otras para poder hacer del sector agrario un sector
competitivo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora presidenta, señorías, el Grupo Popular trae hoy a la Cámara una proposición de ley, para su toma en consideración, con el objetivo de modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el
valor añadido, el IVA. Evidentemente, y como ha expresado el portavoz proponente, el señor Llorens, el objetivo final no es cambiar por cambiar la ley, el loable objetivo de esta proposición es mejorar las condiciones tributarias del sector agrario
y ganadero. Ese es el objetivo final y, como no podía ser de otra manera, mi grupo apoyará todo lo que sea mejorar, ayudar, proteger, facilitar, etcétera a este sector, tan necesitado y tan en crisis, como hemos citado más de una vez.
Dicho esto, ¿esta es una proposición con unas medidas que verdaderamente contribuyen a ese objetivo? Creemos que sí, pero no exactamente tal y como aparecen en la redacción, y algo de esto ha reconocido el propio autor también en su
intervención: debido a la demora, la hemos
presentado en octubre, etcétera. Por tanto, nos vamos a centrar más en las palabras del señor Llorens que en lo que aparece exactamente en el texto.
Por lo tanto, mi partido se va -perdóneme la expresión- a fiar de lo que dice el señor
Llorens como objetivo más que de lo que aparece en el texto.
Mi grupo considera que la toma en consideración de esta proposición de ley puede ser beneficiosa porque en su posterior tramitación se pueden introducir mejoras que contribuyan a que estas medidas que se proponen sean verdaderamente reales y
contribuyan a los objetivos establecidos, porque al fin y al cabo el objetivo es ese. Aquí estamos hablando todos los grupos y no dudo de que al final, cuando acabemos de intervenir todos, concluiremos que todos queremos mejorar la situación del
sector agrario y ganadero, qué duda cabe. Quizás las fórmulas que se plantean puedan ser diferentes, algunos consideran que la parte tributaria no debe incluirse, otros consideran que esto es lo más importante, etcétera, pero todos coincidimos en
el objetivo final. Mi grupo considera que, aunque no se esté totalmente de acuerdo con la literalidad de algunas de las medidas que aquí se plantean -no con el fondo sino con la literalidad-, algunos elementos centrales de esta proposición son
fundamentales, como por ejemplo la equiparación del IVA de compensación de agricultores y ganaderos, tal y como ha dicho el señor Llorens; vuelvo a reiterar, no como aparece en el texto sino como ha dicho él. Tal es así, que esta cuestión en su
literalidad mi grupo la lleva mañana a la Comisión de Agricultura; una cuestión que estaba registrada y que mañana se va a tratar en la Comisión de Agricultura y Pesca. ¿Y qué pedimos? Exactamente lo que se ha dicho. Es una cuestión que se
aprobó en el Parlamento vasco hace dos semanas con el voto a favor del Partido Nacionalista Vasco -que era el proponente-, del Partido Socialista de Euskadi, del Partido Popular y de Eusko Alkartasuna. ¿Qué dice? El Parlamento vasco insta al
Departamento de Medio Ambiente a que solicite al Gobierno central que equipare el IVA compensatorio de los sectores agrarios y ganaderos en el 10 por ciento y evitar así diferencias en función de la crisis del sector primario de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en este caso la comunidad autónoma. Pero hay un segundo punto también que aprobaron todos esos grupos en el Parlamento vasco, en el que se insta al Gobierno a que modifique la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto
sobre el valor añadido, con el fin de aplicar el tipo reducido del 7 por ciento a los suministros de gas natural y electricidad de acuerdo con la habilitación que contiene la Sexta Directiva y supeditando su aplicación a la conformidad de la
Comisión Europea y a que se estudien modificaciones de otros inputs del sector agroganadero; es decir, lo que se planteaba en la proposición. No me adelantaré a lo que diré mañana en la Comisión porque es una cuestión que vendrá mañana, pero
parece que tenemos una semana bastante agraria, una cuestión que hemos tenido hace escasamente quince minutos en cuanto a los montes de Galicia, ahora tenemos esto y mañana tendremos la Comisión.
No he hecho más que leer lo que se aprobó en el Parlamento vasco, no estoy inventándome nada. Sabemos que este es un sector que venía ya con una crisis inmensa y que le ha pillado la gran crisis. Es como si a alguien, recién sacada la
cabeza debajo de la ola, vuelve otra ola gigante y le pilla. Por lo tanto, creo que es momento de unificar criterios y de plantear cuestiones que verdaderamente beneficien a este sector. Sabemos que no solo estas medidas van a ayudar, pero yo creo
que estas medidas también van a ayudar, porque la crisis del sector es suficientemente importante como para que se puedan plantear cuestiones que verdaderamente vayan en su beneficio. Vuelvo a reiterar que hay que mejorar la propuesta y por eso
vamos a apoyar su tramitación como proyecto de ley, para que después en esa tramitación, en su fase reglamentaria, podamos contribuir con enmiendas a que este texto salga reforzado y mejorado. Vuelvo a decir que me quedo con las palabras del señor
Llorens, con las que creo que coincidimos bastante en lo que se planteaba.
El tema energético creo que es importante y me voy a remitir a lo que decía antes, más o menos lo que se aprobó en el Parlamento vasco; nosotros, por coherencia, mostramos apoyo a lo que su propio grupo aprobó en el Parlamento vasco. Me
gustaría que otros también hicieran lo mismo, espero que hagan lo mismo, si no tendrán que justificar por qué allí sí y aquí no, o si aquellos fallaron, o estos aciertan, o todo lo contrario.
Ustedes verán.
De todas maneras, si se toma en consideración esta proposición de ley esperamos que no duerma el sueño de los justos en su fase de tramitación, esperando que alguien la rescate de algún cajón para ser tramitada. Para ello, apelo a la
responsabilidad del partido mayoritario y del principal partido de la oposición para que los agricultores no tengan que seguir esperando y esperando a Godot.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán subo a la tribuna para posicionarme con respecto a esta proposición de ley del Grupo Popular sobre la modificación del impuesto sobre el valor añadido en la tributación del sector agrario y ganadero
español. Señor Llorens, he escuchado muy atentamente todas sus explicaciones y quiero empezar diciéndole que nosotros compartimos muy profundamente con usted la base, las explicaciones y todo lo que ha dicho respecto a este sector agrícola y
ganadero.
Nuestro grupo parlamentario Convergència i Unió está muy preocupado por esta grave crisis que, en general, están sufriendo España y el resto del mundo, pero de una manera especial este sector agrícola y ganadero que estos últimos días hemos
visto salir a la calle. Este fin de semana pasado han salido miles de agricultores en Cataluña que se preguntaban -y aquí tengo los editoriales de algunos periódicos- qué profesional, qué grupo podría seguir trabajando si su nivel adquisitivo
hubiera descendido un 43 por ciento en nueve años. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Eso es lo que nos dice este grupo y, por lo tanto, todas las medidas que sirvan para contribuir, para ayudar, para hacer un poquito menos gravosa esta
crisis nosotros las apoyaremos. Hemos presentado ya otras veces proposiciones no de ley en este sentido, hemos presentado enmiendas a algunas de las mociones que se han debatido aquí y en Comisión en este mismo sentido y, por lo tanto, vamos a
seguir en nuestra línea y vamos a apoyar esto. Parece que el redactado de esta proposición de ley, tal y como está escrito, esta ya desfasado. Después de todo el proceso de la Ley General de Presupuestos, con las modificaciones, las enmiendas que
se introdujeron -usted lo ha explicado muy bien-, esta redacción ya queda un poco desfasada; por lo tanto, vamos a apoyar esta toma en consideración -y nos gustaría que prosperara- y después, con las enmiendas pertinentes, espero que entre todos
podamos ayudar por lo menos mínimamente a este sector que tantas ayudas necesita, vamos a ayudarlos al menos en esta parte.
Usted sabe también que nuestro grupo parlamentario había pedido reiteradamente este tipo reducido en el gas y la electricidad, habíamos negociado una enmienda con usted y con su propio grupo, que había prosperado en Comisión y que era
originariamente nuestra. Por lo tanto, continuamos manteniéndonos en esta misma posición y vamos a apoyar esta toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Socialista saludo a los representantes de sindicatos agrarios mayoritarios que nos acompañan en este debate y les doy la bienvenida al Congreso de los Diputados.
Voy a explicar nuestra posición y nuestro voto negativo a la proposición de ley que ha presentado el Grupo Popular, que pretende introducir algunas modificaciones en la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido. No entraré a
contestar al tono mitinero del señor Llorens, simplemente le diré que, si usted mismo presenta una proposición de ley que dice que no se corresponde con lo que quiere decir... Hombre, señor Llorens, en hacer una proposición de ley se tarda diez
minutos, media hora, y desde octubre, que la presentó, hasta hoy ha tenido usted cinco meses para actualizar su proposición de ley. No venga aquí a decir que está desactualizada, que eso cuesta muy poco trabajo (Aplausos.) y demuestra el poco
interés de su grupo parlamentario en solucionar estos asuntos.
Pero vamos al fondo del asunto. La iniciativa del Partido Popular pretende dos cosas muy claras: por una parte, aplicar un IVA reducido del 7 por ciento a las tarifas eléctricas y, por otra parte y en la misma norma -y esto es lo
paradójico; si hay alguien del Partido Popular que entiende algo de política fiscal, me interesaría que escuchara-, incrementar el IVA de compensación que los agricultores y ganaderos ponen en sus facturas por la venta de sus productos, pero lo
hace de forma absolutamente impresentable. Su proposición pretende poner el IVA de compensación de los ganaderos en el 9 por ciento -está fijado en la Ley de Presupuestos en el 8,5- y bajar el IVA de compensación del sector pesquero al 7,5, porque
la Ley de Presupuestos ya lo fija en el 9, y si leemos la exposición de motivos dicen que hay que equiparar el agrícola y el ganadero, lo que quiere decir que está usted proponiendo bajar el IVA de compensación de la agricultura del 10 que está
fijado en la ley al 9 por ciento. Por tanto, señor Llorens, señores del Partido Popular, su iniciativa simple y llanamente es un disparate jurídico, contiene asuntos que ya están superados por la legislación, por la Ley de Presupuestos
recientemente aprobada, y en otros casos -y ahora me referiré a ello- propone introducir modificaciones que son incompatibles con el ordenamiento jurídico actual. El Partido Popular, intentando hacer un gesto -que yo comprendo y disculpo- a los
sindicatos agrarios, a los agricultores y ganaderos, preocupados en este momento por su situación, pretende introducir por esta vía una subvención encubierta al sector, sabiendo -y, si no lo sabe usted, ahí hay compañeros de su grupo que sí lo
saben- que esa es una actitud irresponsable y absolutamente ilegal, incompatible con el derecho comunitario. Es evidente que en una norma no se puede proponer rebajar el IVA que soportan las explotaciones agrícolas y ganaderas, en este caso de las
tarifas eléctricas, y en la misma norma decir que quiere usted subir el IVA de compensación. Señor Montoro, ¿usted se habría atrevido a proponer eso en la Unión Europea e ir allí con ese papel que ha hecho el señor Llorens, o no se sabe quién?
¿Usted habría ido a proponer eso a la Unión Europea? (Aplausos.) Me gustaría que el señor presidente le diera la palabra para explicar si usted se atrevería a hacer eso.
En segundo lugar, señores del Partido Popular, ustedes están proponiendo una rebaja muy importante, de once puntos nada más y nada menos, en el IVA soportado por las tarifas eléctricas. Está claro que esto supone una merma de recaudación,
una importante rebaja de la recaudación, un importante daño para la Hacienda pública, y yo les digo: si ustedes fueran serios, aquí
habrían propuesto cómo van a compensar esa pérdida de recaudación de la Hacienda del Estado, porque son once puntos nada menos lo que proponen rebajar. Ustedes han utilizado algunas veces el argumento de que rebajando impuestos se
incrementa la actividad. Yo le pregunto: ¿usted se atreve aquí a proponer que rebajando impuestos de las tarifas eléctricas de regadío se va a duplicar la superficie de riego en España o se van a duplicar las horas que riegan los agricultores? Lo
que están proponiendo ustedes simple y llanamente es meter un torpedo a la recaudación, y por tanto sería una rebaja que iría directamente a déficit. (El señor Llorens Torres: No se entera.) Además les pregunto: ¿ustedes han consultado con las
comunidades autónomas si están de acuerdo con esta medida? Porque ustedes deberían saber que el 50 por ciento de todo el IVA que se recaude va a la comunidad autónoma, forma parte del modelo de financiación. Si ustedes le hacen un recorte de once
puntos nada más y nada menos, lo menos que podrían haber hecho era haber preguntado si las comunidades autónomas están de acuerdo en renunciar a este ingreso que ya tienen consolidado en la nueva Ley de Financiación o cómo van ustedes a compensarles
esta rebaja de ingresos.
La propuesta que hacen para el sector pesquero simple y llanamente produce sonrojo. Hemos situado en la Ley de Presupuestos de este año el IVA de los productos pesqueros, el IVA de compensación en el 9 por ciento, y vienen los señores del
Grupo Popular y pretenden bajarlo al 7,5 por ciento. ¿Qué les han hecho a ustedes los pescadores para proponer una medida tan perjudicial para un sector que, como el agrícola y el ganadero, lo está pasando mal? Es una iniciativa que no tiene por
dónde cogerse; desconozco quién es el autor, pero si la analiza cualquier responsable político de su partido que haya tenido responsabilidad en la Hacienda pública coincidirá conmigo en que la misma sería, de aprobarse, objeto inmediato de apertura
de expediente de infracción por las autoridades de la Comisión Europea. Si el instructor del expediente leyera la intervención del señor Llorens justificando estas medidas de modificación del IVA al alza y a la baja, solo la lectura del expediente
justificaría la imposición de la infracción correspondiente. (El señor Llorens Torres: No has entendido nada.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señor Llorens, por favor.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Es una proposición de ley absolutamente incomprensible en un partido que tiene aspiraciones de gobierno y que ha tenido responsabilidades en esta materia; un partido que cuando gobernó subió el IVA de compensación
para el sector agrícola y ganadero, y ahí está el responsable. Es verdad que quien lo tuvo que justificar posteriormente -y costó trabajo, señor Montoro- fue el Gobierno socialista. Posteriormente a esa subida ha habido dos subidas adicionales
hechas por el Gobierno socialista. El IVA de compensación ha pasado del 5 por ciento en que estaba en el año 2005 al 8,5 y al 10 por ciento, que es la situación en la que ha quedado después de la aprobación de la Ley de Presupuestos.
Es una iniciativa absolutamente inoportuna porque ustedes saben, y los responsables de los sindicatos agrarios también, que en este momento está reuniéndose la mesa de fiscalidad. Es verdad -lo saben ellos y lo saben ustedes- que hay un
estrecho margen para trabajar en fiscalidad en el sector agrario, porque la fiscalidad es efectivamente bastante baja; hay poco margen, pero la mesa está trabajando, se ha reunido el pasado día 10. Por tanto el Grupo Socialista confía y desea un
acuerdo en la mesa de fiscalidad y que sea a partir de ahí cuando vengan proposiciones de modificación de la legislación correspondiente con seriedad, con justificación, y no con la irresponsabilidad con la que ha venido la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular. La petición -y con esto termino- es absolutamente extemporánea. Ustedes no solo no han sido capaces de leerse la Ley de Presupuestos, sino que, desde mi punto de vista, en un gesto -y perdone la palabra- de vaguería -y si lo
toman a mal lo retiro-, no han sido capaces ni siquiera de actualizar la proposición de ley que hicieron en octubre. Una vez conocida la Ley de Presupuestos al menos deberían haberla adaptado a la situación actual, y la situación actual es que el
Gobierno socialista ha tomado decisiones recientemente: hemos aprobado la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, son 13 pesetas por litro menos lo que van a pagar los agricultores en el gasóleo de forma permanente; hemos subido un
punto el IVA de compensación para el sector agrícola, para el ganadero y para el pesquero, y se han tomado algunas decisiones por el ministerio de Economía en el último mes de modificación de los índices de rendimiento neto. Lógicamente este es un
camino en el que están trabajando el ministerio y la comisión, por lo que espero resultados positivos.
En consecuencia, señores del PP, deberían retirar la iniciativa. Si no lo hacen lógicamente vamos a votar en contra, pero también quiero que SS.SS.
sepan que el Grupo Parlamentario Socialista no se cierra a hablar de estos temas que tienen
que ver con la fiscalidad del sector agrario. El Grupo Mixto, a través de su portavoz, ha hablado de presentar en esta Cámara una proposición de ley que hable de temas de fiscalidad. Confiamos en que la misma tenga una base, una seriedad que la
del Grupo Parlamentario Popular no tiene. En ese sentido ya anunciamos a la portavoz del Grupo Mixto que el Grupo Socialista está en la mejor disposición para estudiar esa iniciativa, una vez que esté presentada, y por tanto darle la tramitación
que a la misma le corresponda en este Congreso de los Diputados. Pero la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, vuelvo a repetir, es una iniciativa irresponsable, inoportuna y no hay por dónde cogerla. Por tanto votaremos en contra, aun
cuando no le guste al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Llorens Torres pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Qué desea, señor Llorens? Dígame en calidad de qué desea hacer uso de la palabra.
El señor LLORENS TORRES: He sido repetidamente insultado por el portavoz, y simplemente quería decirle que votar una cosa en el País Vasco y otra aquí...
El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, no tiene la palabra; no me obligue a llamarle al orden; siéntese, señor Llorens, no tiene la palabra.
El señor LLORENS TORRES: ¡No tiene ni idea!
El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra, señor Llorens.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LA UBICACIÓN DEL ATC Y
PARALIZACIÓN DE SUS CONCLUSIONES HASTA EL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES. (Número de expediente 162/000578.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la mejora de la transparencia en las actividades de la comisión interministerial encargada de
estudiar la ubicación del ATC y paralización de sus conclusiones hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales. Para su defensa tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, los residuos nucleares constituyen uno de los problemas más graves que tiene la energía nuclear, si ustedes quieren juntamente con su coste, con la seguridad, con la proliferación militar, y a fuer de ser sinceros esta es una
cuestión que hoy por hoy no tiene ninguna solución, y lo reconocía el otro día el propio ministro Sebastián. Por tanto los almacenes temporales, como el que se pretende construir, no son la solución definitiva porque los residuos continúan
emitiendo radiactividad durante decenas de miles de años, sino también son la constatación, la evidencia más palmaria de que no se vislumbra ni siquiera a largo plazo una alternativa técnica viable. Lo único que hoy por hoy puede hacerse es
envolver los residuos radiactivos en hormigón y en acero y esperar a ver si dentro de cincuenta o cien años hay alguna solución definitiva. Ahí es donde radica precisamente la cuestión que hoy queremos exponer, en el hecho de que el Gobierno quiere
empezar la casa por el tejado, es decir, en el hecho de que, con el concurso de distintos ayuntamientos para buscar un emplazamiento idóneo para ese almacén temporal de residuos radiactivos, el Gobierno está trasladando de una u otra forma a las
generaciones futuras las consecuencias de nuestros consumos pasados, presentes y futuros, y más si los continuamos generando sin tener claro un horizonte o un calendario razonable de vida útil de las centrales nucleares que existen hoy en día. Para
nosotros eso constituye una auténtica irresponsabilidad, pero también un acto de injusticia intergeneracional.
Con todo, los residuos evidentemente, señorías, deben almacenarse -eso no lo negamos-, y debe hacerse además de la forma más segura posible. Cada país y cada territorio debe ser responsable de lo que genera, una vez se sepa cuál es el
volumen de los residuos a almacenar, algo que ciertamente va unido a ese calendario de vida útil, a ese horizonte de vida útil de las centrales nucleares. Para que así sea es necesario que haya un proceso transparente, participativo y justo, no esa
especie de concurso a lo: Bienvenido, mister Marshall, que nos ha montado el Ministerio de Industria en el que un solo ayuntamiento, deslumbrado quizá por el brillo de algunas compensaciones económicas que habrá que ver y se deberán concretar,
pueda hipotecar todo un territorio y a varias generaciones desde el punto de vista social, económico, medioambiental y de la salud pública. Este por tanto no es un proceso fácil ni rápido. Hoy mismo en un medio de comunicación se da cuenta de cómo
en Estados Unidos, después de quince años de estudios y pruebas distintas, han acabado desechando la construcción de un almacén temporal nuclear, en este caso geológico, en el desierto de Nevada, en Yucca Mountain, precisamente por la oposición
decidida, por el rechazo tanto del gobernador de las instituciones de aquel territorio como de las instituciones políticas más representativas.
Porque claro está, en el caso al que quiero referirme en esta proposición no de ley no puede ser que,
por ejemplo, siete personas de un municipio, en este caso de Ascó, puedan decidir esto, además siete personas que tienen todas ellas un interés directo, legítimo también en la causa porque trabajan en una central nuclear. Insisto, no puede ser que
siete personas puedan decidir lo que puede afectar a todo un territorio como su comarca, como las tierras del Ebro e incluso a todo un territorio como el de Cataluña.
Por tanto, queremos un proceso transparente y equitativo, pero no como lo entiende el ministro Sebastián, que desde nuestro punto de vista entiende el procedimiento transparente y equitativo por el hecho de que se publica en el Boletín
Oficial del Estado. ¡Solo faltaría! Cuando hablamos de transparencia y de participación queremos decir, por ejemplo, que las comunidades autónomas
tengan una posición auténticamente determinante, no que sean objeto de una mera consulta institucional, de una llamada de teléfono o de un escrito de alegaciones puramente burocrático para cubrir el expediente, sino que las comunidades
autónomas deben tener una posición determinante, y por tanto su criterio debe ser definitivo.
La resolución de 23 de diciembre pasado, por la que se convoca a los ayuntamientos a presentar su candidatura para albergar este almacén, no cumple con este requisito fundamental. Lo que estaba en el origen de este proceso, que ciertamente
fue una resolución aprobada en el Congreso de los Diputados en la que se garantizaba ese proceso participativo y con una intervención decisiva de las comunidades autónoma, se ha modificado de forma sobrevenida porque, insisto, esa resolución no dice
nada. Ahora el Gobierno se saca de la manga un proceso que no tiene nada que ver ni con lo que ha mandado esta Cámara, ni con lo que en su día dijo el informe de Enresa, ni con lo que dice el VI Plan de Residuos Radiactivos, ni con una resolución
aprobada también en el Congreso en 2006, ni con lo que dicen algunos instrumentos o tratados a nivel internacional suscritos por el Estado español, como el Convenio de Aarhus, relativo a la información y a la participación ciudadana en ese tipo de
procesos, y que como ustedes saben perfectamente ya forma parte del acervo jurídico y del ordenamiento jurídico interno del Estado español. Pero sobre todo incumple de forma clara y flagrante la letra 3.D del Real Decreto 776/2006, que es el que
alumbró en origen este proceso.
Por lo pronto en Cataluña hay un problema, insisto, y es que hay un municipio como Ascó que ha presentado su candidatura y lo ha hecho sin que en Cataluña exista consenso territorial, institucional ni social alguno. Me remito a lo que dijo
en su día el Parlamento de Cataluña, a lo que viene diciendo el Gobierno de la Generalitat, a lo que dicen 70 municipios de la zona de Ascó -que corresponden al 70 por ciento de la población de las comarcas de Tarragona-, y a lo que ha dicho también
el Consejo Comarcal de la Ribera del Ebro, de la comarca del municipio de Ascó. Ese rechazo social e institucional me atrevo a decir claramente que es unánime, y desde ese punto de vista hay en Cataluña una voluntad de no ubicar ese almacén
nuclear. Y este no es un no por un no, no es un intento, señorías, de eludir ningún tipo de responsabilidad, no es un efecto nimby cualquiera, sino que la planificación franquista situó en Cataluña hasta tres centrales nucleares; hoy en Cataluña
se produce el 40 por ciento del total de la actividad nuclear del Estado; Cataluña es uno de los países más nuclearizados del mundo, después de Francia y Lituania, y por tanto aquellas tierras no quieren y no pueden convertirse en un simple
monocultivo nuclear. Además de que Ascó no es la ubicación más idónea, porque está en una zona inundable y está cerca de un complejo químico.
Por ello -y con esto acabo, señorías- que cada palo aguante su vela.
Nosotros vamos a apostar por una gestión individualizada de los residuos y vamos a apostar también por que otros territorios que reciben eventualmente los beneficios de
una parte...
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: ... de la generación nuclear también se corresponsabilicen recibiendo algunos perjuicios o inconvenientes, como por ejemplo la gestión de los residuos.
Señorías, señor presidente, esta proposición no de ley pide que se deje sin efecto aquella resolución de 23 de diciembre, por la que se convocaba públicamente a los municipios para presentar candidaturas para ser elegidos como ubicación de
ese almacén temporal, e iniciar un nuevo procedimiento para localizar un adecuado emplazamiento, pero eso sí, con el debido consenso social, institucional y territorial.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta hoy en esta Cámara dos iniciativas, una proposición no de ley y una moción consecuencia de interpelación
urgente, con idéntico objetivo: la paralización y revisión del proceso ya en marcha, con el fin de adoptar la decisión para ubicar el almacén temporal centralizado de residuos de alta radiactividad, de residuos generados por las centrales
nucleares. Se propone así anular la resolución de 23 de diciembre de la Secretaría de Estado para la Energía, por la que se efectúa la convocatoria pública para seleccionar los municipios candidatos a albergar el emplazamiento de la ATC de
combustible nuclear gastado, y su centro tecnológico asociado.
La proposición no de ley ha sido planteada por Esquerra Republicana de Cataluña -el señor Ridao la ha defendido hace un momento- y la moción va a ser presentada con posterioridad por el
diputado Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya Verds. Los argumentos empleados en ambas iniciativas son también similares, por lo que nuestro grupo parlamentario intervendrá solo una vez fijando nuestra posición para ambas iniciativas.
A nadie se le escapa que el tema que nos ocupa, el de la construcción de una ATC, es un asunto delicado, nada fácil y de alta sensibilidad social y política. Hay que abordarlo con la seriedad y la serenidad suficientes como para no hacer de
este tema un arma política arrojadiza. La realidad es la que es y no la podemos cambiar: los residuos nucleares existen; el tema de la radiactividad no está resuelto, pero de la misma forma entendemos que la ATC puede ser una solución bastante
razonable.
Así lo decidió esta Cámara el año 2004 por unanimidad, y lo volvió a plantear el año 2006, a través de una proposición no de ley, con el fin de impulsar y acelerar el proceso de adjudicación y construcción de dicha planta. No estamos por
tanto debatiendo sobre nucleares sí, nucleares no, energía nuclear sí o energía nuclear no. Estamos debatiendo sobre si la solución que la ATC da a los residuos nucleares es o no aceptable, es o no la mejor de las soluciones conocidas.
Los grupos parlamentarios y los expertos entendimos y entendemos que es la mejor solución factible, que en otros países existe y que funciona bien.
El problema surge ahora cuando diferentes municipios han presentado sus candidaturas para
albergar dicha instalación. Todos queremos darle una solución al tema de los residuos radiactivos, pero reaccionamos cuando se plantea que un centro de estas características se instale en nuestro entorno. En este punto tan solo cabe señalar que la
decisión la deben adoptar los que son competentes en la materia al efecto, el Gobierno central y los municipios afectados, cumpliendo los requisitos técnicos con el máximo respeto a las cuestiones medioambientales, y buscando el máximo consenso
político con las comunidades autónomas afectadas.
Transparencia y consenso político y social son las claves de un proceso difícil si se desea evitar conflictos innecesarios. Al Gobierno habrá que exigirle respeto escrupuloso en estas cuestiones y
habrá que pedirle información detallada sobre los pasos que esté dando en cada momento, pero no podemos paralizar la iniciativa ya en marcha del Gobierno, a la que ya se ha sumado un número importante de municipios, que tienen sus propios
compromisos y expectativas. No podemos dejar que los residuos se encuentren desprotegidos en piscinas sin darles una solución, amén de los residuos que han de volver de Francia y para los que se requiere una instalación idónea.
El almacén temporal centralizado de residuos radiactivos es una necesidad imperiosa, y su construcción es por tanto urgente. Paralizar el proceso puede suponer retrasar sine díe una obra que todos entendemos que es imprescindible. Así lo
ha venido defendiendo y así lo va a defender nuestro grupo parlamentario. Ya en el año 2006 apelamos, junto al resto de los grupos, a la urgencia y a la necesidad de construir el ATC.
Exigimos por el contrario al Gobierno socialista transparencia
y el máximo consenso posible, garantías técnicas, respaldo medioambiental, pero no frenemos una decisión que es inevitable, necesaria, urgente, una vez puesta en marcha.
Por lo argumentado, siendo conscientes de la preocupación política y social que ha generado -tal y como lo ha planteado también el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra- la construcción del ATC en algunas comunidades
autónomas, e instando al Gobierno a que evite conflictos innecesarios, nuestro grupo parlamentario, en coherencia con lo defendido hasta el momento en esta Cámara, va a votar en contra de estas iniciativas planteadas por el grupo de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds plantean hoy ante el Pleno de la Cámara dos iniciativas que tienden a mandatar al Gobierno, en una línea coincidente en ambos casos, para que suspenda el proceso iniciado para
la ubicación del almacén temporal centralizado de residuos nucleares. Este es el objetivo: que el proceso iniciado se suspenda. El proceso se inició, y su inicio tiene incluso una causa parlamentaria. Se inició porque así se lo pidió al Gobierno
este Congreso de los Diputados, aprobando con una amplísima mayoría, el 27 de abril del año 2006, que se buscara la manera de construir un almacén temporal centralizado de residuos nucleares, pero que se hiciera a partir de un proceso que permitiera
la mejor ubicación del mismo. Se daban también unos criterios, y ese mandato está vigente. El Gobierno está obligado a cumplir ese mandato parlamentario.
El señor Ridao se manifestaba a favor de una gestión individual de los residuos. Es una opción, una opción que nos lleva a los ATI, pero hay otra opción, que es la gestión a través de los ATC, a través de emplazamientos centralizados de
residuos. Son dos opciones distintas. Ya les adelanto que Convergència i Unió rechaza que exista un almacén individual de residuos en cada una de nuestras centrales nucleares.
Podría ser; es una opción a la que llegaríamos precisamente si se
suspendiera el proceso ya iniciado, porque vendría a demorarse la futura instalación de un ATC, porque volveríamos a empezar, y los residuos se irían acumulando. Nuestro grupo no quiere en ningún caso tantos almacenes como centrales nucleares.
Esta opción, que alguien podría defender, no es defendida por Convergència i Unió. Si bien defendemos la opción de los almacenes centralizados, hay que estudiar muy bien cómo se ubica ese almacén, la forma. En este caso debemos criticar la forma
en que el Gobierno está llevando el proceso de convocatoria. A Convergència i Unió no le gusta la forma en que se han llevado las cosas. No nos agrada en absoluto la forma en que, a través de esa resolución que se publicó en el BOE a finales de
año, se ha abierto una convocatoria a la que ya se han presentado algunos ayuntamientos -por tanto, ya tenemos candidatos-, pero se ha hecho de espaldas al territorio, de espaldas a las comunidades autónomas implicadas. Esto conculca directamente
la propia resolución que aprobó este Congreso de los Diputados el 27 de abril de 2006, cuando se decía con claridad que el Gobierno tomaría una decisión sobre el emplazamiento, a la vista de la propuesta formulada y en adecuada concertación
con las comunidades autónomas y municipios candidatos. ¿Dónde están las comunidades autónomas? ¿Dónde está esa concertación? No la vemos bien reflejada en el proceso iniciado por el Gobierno.
Nosotros no le pedimos al Gobierno que paralice el proceso, pero sí le vamos a exigir al Gobierno que cuando deba decidir ese emplazamiento tenga en cuenta que si la voluntad de esa comunidad autónoma es contraria a ese emplazamiento, busque
un ayuntamiento candidato donde su comunidad autónoma pueda dar acogida a esa propuesta. No podemos tomar una decisión de esta naturaleza de espaldas a las comunidades autónomas. Por tanto, entendemos que ese mandato sigue vigente y lo vamos a
exigir en el devenir del proceso de convocatoria ya iniciado. Es necesario no ir a un proceso de diversos almacenes, de tantos almacenes como centrales nucleares. Este proceso no sería del agrado de Convergència i Unió y tampoco sería del agrado
de esta Cámara, porque no lo hemos votamos ni lo hemos acordado así de forma ampliamente mayoritaria en el seno de la Comisión de Industria. Por tanto, le pedimos al Gobierno que haga bien sus deberes, que no tome decisiones de espaldas al
territorio, que genere el consenso territorial necesario, y evidentemente cuente con la comunidad autónoma a la hora de tomar una decisión. Por tanto no estamos de acuerdo en paralizar el proceso, pero sí le exigimos al Gobierno que cumpla las
resoluciones ya aprobadas ampliamente por esta Cámara y busque esa necesaria concertación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Santiago Lanzuela.
El señor LANZUELA MARINA: Señor presidente, señorías, en abril de 2009, como es conocido, a propuesta del Grupo Popular y del Grupo de Convergència i Unió, se constituyó en esta Cámara una subcomisión a fin de que estableciera al cabo de
unos meses unas conclusiones, tratando de que fueran consensuadas, en relación con la política energética española para los veinticinco próximos años, e intentar llegar a raíz de estas conclusiones finalmente a un gran pacto de Estado en la materia.
Hoy estamos en un debate parcial, un debate de una cuestión concreta del mundo energético. No es este el gran debate que debe producirse en esta Cámara, y yo creo que, pasados unos meses, cuanto antes mejor.
No obstante, la semana pasada tuvimos noticias importantes en el Parlamento español y también fuera de nuestras fronteras. En primer lugar, el responsable del Ministerio de Industria, señor Sebastián, dijo cosas importantes en el Senado y
en esta Cámara. Dijo -y leo textualmente-: tenerle miedo a la energía nuclear está más cercano a la irracionalidad, no sé de qué siglo, que al estado del conocimiento que tenemos en el siglo xxi. Y añadió: con los sistemas de seguridad y control
actualmente existentes temer este tipo de energía es como tener miedo a los eclipses de sol. Lo recordaba el otro día en el debate con el presidente del Gobierno el presidente de mi grupo parlamentario.
También se tomó una decisión a la que haré más tarde referencia justo en esas horas, lejos de aquí, en Estados Unidos por parte del presidente Obama, que citaré después. Y aquí, en el debate con el señor Herrera, compañero de grupo del
señor Ridao, después de exponer las razones que hoy nos han vuelto a reiterar, el ministro contestaba algo con lo que estoy de acuerdo en el fondo. Para que no haya ninguna duda hago lectura.
Decía: Señorías, todos somos conscientes de que debido
a los diez reactores nucleares con los que ha contado la industria nuclear española tenemos el problema de los residuos, porque aunque se desmantelaran todas las centrales nucleares, como parece ser que quiere S.S. -refiriéndose al señor Herrera-,
seguiríamos teniendo los residuos. ¿No es cierto? En la posición más antinuclear posible, que es el cierre inmediato y desmantelamiento de todas las centrales nucleares de España, tendríamos el problema de los residuos. En cualquier otro caso
vamos a tener 6.700 toneladas de combustible gastado. Por tanto, se trata de una decisión coherente con un problema que tenemos que resolver en cualquier posición, pronuclear o antinuclear. El ATC es una decisión responsable, como se ha dicho aquí
esta misma tarde. Como acaba de manifestar quien me ha precedido en el uso de la palabra, ¿cuál es la alternativa? Le decía, señor Herrera, que usted sube a esta tribuna y no dice cuál es la alternativa al ATC. ¿La alternativa son los almacenes
temporales individuales? Acaba de señalar el señor Ridao que sí, pero todo el mundo sabe que es una alternativa más cara y más insegura. ¿Por qué vamos a optar por una alternativa más cara y más insegura teniendo otra? ¿Cuánto más cuesta la
opción ATI, es decir, el almacén temporal individualizado, frente a la opción almacén temporal centralizado? Entre 1.300 y 2.400 millones de euros, en función de si contabilizamos o no los residuos que ya tenemos en Francia, los de Vandellòs, y por
los que Francia nos va a empezar a cobrar 60.000 al día en el caso de que no nos los traigamos.
Esto era lo que decía el señor ministro y en el fondo estoy de acuerdo.
Pero, ¿dice lo mismo el señor ministro aquí que en otros sitios, dice aquí el
señor ministro de Industria lo mismo que otros compañeros de Gobierno y que el presidente del Gobierno? Esta es una cuestión importante, porque oímos cosas absolutamente diversas.
Señorías, justo después de constituirse la subcomisión, en la que particularmente tengo confiadas esperanzas -quienes están actuando lo están haciendo con gran voluntad-, hubo un ofrecimiento aquí del presidente del Gobierno al principal
partido de la oposición consistente en dos pactos. Un día hablaba de cuatro y otro de tres. El día en el que hablaba de cuatro ya se había olvidado de uno de los dos que ofreció hace unos meses, uno era de educación y el otro de energía. El de
energía, una vez escuchado por mi partido, parecía más un pactito que un pacto y además solo entre dos grupos, cuando en esta Cámara, aunque estos sean los dos más importantes, hay otros. Días después se toma la decisión de cerrar Garoña,
cuando se estaba hablando muy en serio de alargar la vida de las centrales empezando por la de Garoña. Por tanto, ¿a qué estamos jugando en este momento? Como digo, en unas cuestiones estoy completamente de acuerdo con la contestación del ministro
de Industria, pero en otras nos dejan ustedes un poco desconcertados.
Se ha dicho que se publicó en el BOE la cuestión concreta...
El señor PRESIDENTE: Señor Lanzuela, debe acabar.
El señor LANZUELA MARINA: Termino en seguida, pero creo que es una cuestión muy importante.
Con las declaraciones del señor Barreda, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha se ha producido -y lo mismo ha ocurrido con contradeclaraciones del ministro Sebastián- un desconcierto entre los ciudadanos, y aquí lo que sucede es
que no hay una coherencia dentro del Partido Socialista. Yo no sé si tiene razón el señor Sebastián o el señor Barreda. En el fondo sé quién la tiene, si es que el ministro Sebastián habla como habló el otro día aquí, pero el Partido Socialista no
es capaz de unificar los criterios y tampoco lo está haciendo el ministro.
La otra noticia es que, justo cuando ustedes discutían aquí, el presidente Obama anunciaba, después de treinta años de cerrojazo de inversiones en Estados Unidos, una nueva inversión y decía: Dejémonos de debates rancios, y anunciaba nada
menos que poner 8.000 millones de dólares en garantía de préstamos.
El señor PRESIDENTE: Señor Lanzuela, debe acabar.
El señor LANZUELA MARINA: Termino.
Señorías, el Partido Popular -quienes están llevando estos temas lo saben bien- está abierto y está convencido de que es necesario un gran pacto.
Esta es una cuestión parcial que no ha sido bien llevada en las formas, lo han dicho otros
compañeros diputados. No obstante...
El señor PRESIDENTE: Señor Lanzuela, ahora sí debe acabar.
Muchas gracias. (El señor Lanzuela Marina pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña María José Fernández Aguerri.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Lanzuela, menudo papelón le ha tocado a usted representar esta tarde, y luego me explicaré. Este tema, tan debatido en estos últimos días, tiene un largo recorrido que creo que es importante recordar. Desde 2004 se está
trabajando en él. La Comisión de Industria, Comercio y Turismo aprobó el 14 de diciembre de 2004 y con el voto unánime de todos los grupos una resolución que instaba al Gobierno a desarrollar, con la colaboración de Enresa, los criterios para
construir un ATC. En abril de 2006 la Comisión aprueba una proposición no de ley por la que se crea una comisión interministerial cuyo cometido es establecer los criterios que debe cumplir el futuro ATC. Desde los años 2003 a 2009 se aprobaron
propuestas consensuadas en las que se instaba al Gobierno a la instalación del ATC. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, el pasado día 18 desde esta misma tribuna fue muy claro y no dejó ninguna duda al respecto. Dijo que el ATC se va a
hacer, y el Grupo Parlamentario Socialista tiene sobradas razones para apoyar esta decisión, porque es una decisión responsable y resuelve un problema actual, un problema que ya existe. España apostó en el pasado por que la energía nuclear formara
parte del mix energético y esta energía conlleva la generación de residuos. El ATC no crea ningún problema sino que resuelve el problema de saturación de las piscinas de combustible gastado, el problema de almacenamiento de residuos que generan las
centrales nucleares en funcionamiento; es una solución barata y mucho más segura que los ATI y resuelve asimismo la recepción que hemos de hacer el próximo año de los residuos que tenemos en Francia y Gran Bretaña, además de ofrecer importantes
ventajas desde los puntos de vista estratégico, económico, técnico y de seguridad. El ATC que se pretende construir responde a un concepto que está ampliamente probado en numerosos países de nuestro entorno como Estados Unidos, Holanda, Hungría,
Francia, Reino Unido. La mesa de diálogo sobre la evolución de la energía nuclear que se celebró entre noviembre de 2005 y mayo de 2006 concluyó que, con independencia de cuál sea el futuro de la energía nuclear en España, es imprescindible contar
con las capacidades necesarias para gestionar el combustible gastado y los residuos radiactivos procedentes del parque nuclear español, siendo la opción de un ATC la considerada mayoritariamente más adecuada.
Señorías, los residuos generados desde la implantación de las centrales nucleares en los años sesenta hasta que finalice la vida útil de la última de ellas se han de gestionar de la mejor manera posible y el ATC es, a juicio de esta Cámara,
la mejor de las soluciones posibles. En el procedimiento seguido se han primado tres principios, transparencia, equidad y voluntariedad, así como la participación pública. De esta manera se oirá a todos los agentes interesados: la FEMP,
comunidades autónomas y todas las organizaciones que guarden relación directa con el objeto de este procedimiento. Con la decisión de la creación del ATC el Gobierno cumple con el mandato de esta Cámara y con los compromisos que se ha marcado
asimismo en materia energética. A lo largo de este proceso hemos visto cómo unos grupos -Izquierda Unida, Esquerra, Iniciativa- han votado tanto a favor como en contra y otros, como el Partido Popular, utilizan la demagogia y acaban cayendo
en la contradicción. Señor Ridao, ni usted ni yo creemos en los milagros. No tenemos ninguna varita mágica que haga desaparecer los residuos ya existentes y los que se siguen generando, y retrasar o eliminar el establecimiento del ATC es aumentar
el problema que ya tenemos.
En octubre de 2009 el señor Rajoy defendía, a las puertas de la central nuclear de Garoña, este tipo de energía y se comprometió a no cerrarla si llegara a ganar las elecciones. Señores del Partido Popular, ¿no es incoherente instar al
Gobierno desde 2004 a la instalación del ATC y no mojarse en esta votación? Aclárense. Hoy mismo esperanza Aguirre ha dicho que es partidaria de las centrales nucleares y de los ATC; más que un partido político que aspira a gobernar parecen
ustedes una jaula de grillos.
¿Existe mayor contradicción que manifestarse a favor de la energía nuclear y no querer acometer la solución a los residuos que esta genera? ¿Es esta la forma en que manifiestan su sentido de Estado? Señorías, saquen este tema de su agenda
electoral y afróntenlo con la valentía y responsabilidad con la que lo hace el Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Aguerri.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ GONZÁLEZ), DE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL. (Número de expediente 162/000563.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a examinar a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez, de reforma de la Ley Electoral. Tiene la palabra doña Rosa Díez para defender su propuesta.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, traigo a debate esta proposición no de ley a la vista de que una iniciativa legislativa similar, con rango de proposición de ley, registrada por esta diputada el 25 de abril del 2008,
duerme el sueño de los justos en la subcomisión que se creó en el seno de la Comisión Constitucional.
Para contextualizar la iniciativa que someto a su consideración he de empezar por recordar a SS.SS. que la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen General Electoral, vino a consolidar un sistema electoral cuyos parámetros principales se fijaron en
la todavía franquista Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de 1977, desarrollados posteriormente por el Real Decreto-Ley 20/1977. No cabe duda de que el sistema electoral español, diseñado en plena transición política, cumplió con las
necesidades del momento: promover el bipartidismo fuerte y evitar la excesiva atomización de fuerzas políticas en el Parlamento para facilitar así los acuerdos y construir la democracia. Señorías, ya han pasado treinta años y lo que tuvo un cierto
sentido en su momento no puede consolidarse en el tiempo, puesto que es un sistema injusto y contrario a los derechos de todos los ciudadanos. El argumento principal que me mueve a presentar ante ustedes esta proposición no de ley es la defensa de
la igualdad consagrada y conectada en distintos artículos de nuestra Constitución: el 1.1, igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico; el 9.2, participación de los ciudadanos en la vida política; el 23.2, acceso a los cargos
públicos, y el 68.1, voto igual.
El sistema actual -lo saben SS.SS.- conculca dos derechos fundamentales: el derecho pasivo de todas las formaciones políticas a ser elegidas en igualdad de condiciones y el derecho activo de cada uno de los ciudadanos de elegir en igualdad
de condiciones. A mi juicio, lo más intolerable en términos democráticos -si me permiten la expresión- no es que unos partidos políticos tengan ventaja sobre otros, sino que el voto de cada ciudadano tenga un valor diferente en función de la parte
de España en la que viva o de la opción política que elija. Dicho de otra manera, y a modo de ejemplo, creo que lo más grave y lo que urge corregir es el hecho de que el voto de mi vecino, que vota a PNV, valga seis veces más que mi propio voto,
como sería igual de impresentable si la cosa fuera en sentido contrario. Que la ley electoral actual es fuente y origen de desigualdades es algo conocido y aceptado por el propio Gobierno de la nación. Es por eso que el Gobierno de la nación
solicitó un informe al Consejo de Estado en el que, textualmente, el Gobierno afirmaba ser plenamente consciente de que el régimen electoral es una pieza clave del Estado constitucional, puesto que habilita la participación política de los
ciudadanos, transforma sus votos en escaños y, en definitiva, hace operativo el principio democrático de las instituciones del Estado.
Señorías, en coherencia con ese postulado, el Gobierno debiera haber iniciado ya una reforma del sistema
electoral para que esté garantizada una mayor proporcionalidad y el respeto a los principios de igualdad y justicia en la representación política. El Gobierno, en ese escrito al Consejo de Estado, consideró adecuado y conveniente el examen y la
valoración de propuestas de reforma que, siendo compatibles con la Constitución, contribuyeran a incrementar la calidad democrática -lo dice el propio Gobierno- del sistema político y a facilitar el ejercicio del derecho al sufragio de los
ciudadanos. De eso se trata, señorías, de facilitar el derecho al sufragio de los ciudadanos; de eso es de lo que discutimos en esta proposición no de ley.
Cabe que se me diga -probablemente lo dirán ustedes como ya hizo el presidente del Gobierno en respuesta a mi pregunta en septiembre de 2009 sobre esta misma cuestión- que ya está creada una subcomisión para analizar todas estas cuestiones,
pero el Consejo de
Estado ha remitido su informe el 24 de febrero de 2009. Justo mañana se cumple un año sin que el Gobierno haya tomado iniciativa alguna y la subcomisión haya hecho otra cosa que prorrogar los plazos para emitir un informe. Ya saben lo que
dice el dicho: Crea una Comisión y échate a dormir. Yo creo que no hay disculpa alguna para no enfrentarnos urgentemente a esta reforma necesaria de una ley fundamental. Si el Gobierno quería ganar tiempo esperando la respuesta del Consejo de
Estado, ahí la tiene desde hace un año, y resulta bien interesante analizarla en sus justos términos. Lo primero que quiero destacar es que el supremo órgano consultivo del Gobierno es el Consejo de Estado según reza el artículo 107 de la
Constitución, y ese órgano ha propuesto las siguientes recomendaciones: aumentar el número de diputados de 350 a 400, rebajar la representación mínima inicial de dos a un diputado y buscar una fórmula electoral más proporcional que la Ley D'Hondt.
Es decir, sigue apostando por un sistema proporcional, un sistema más justo y un sistema, por tanto, más representativo.
Es importante que nos fijemos también en los argumentos del Consejo de Estado. De entrada, el informe describe un primer problema indiscutible: las desigualdades en la distribución y atribución de escaños que, por cierto, ataca
directamente el principio constitucional de igualdad de votos o sufragio. Por eso, plantea la reducción del mínimo por circunscripción. El informe afirma también en la página 149 y siguientes que el sistema actual propone primas que obtienen los
partidos más votados y penalizaciones que sufren los menos votados, especialmente cuando se trata de partidos de ámbito nacional. Yo creo que más claro no se puede decir, pero otra vez les daré un ejemplo. Prima en las dos grandes formaciones
políticas de ámbito nacional este sistema y castiga al resto de partidos nacionales. Vean, si no, los números de las últimas elecciones generales: el Partido Socialista necesitó 66.801 votos para conseguir un escaño, el Partido Popular necesitó
66.740 votos, Izquierda Unida necesitó 484.973 votos y Unión, Progreso y Democracia, 306.079. Más claro, agua.
Me interesa incidir en las reflexiones del Consejo de Estado en relación con la igualdad de voto que aparece a partir de la página 162. Dice así: En principio, la igualdad de sufragio se contempló en los textos constitucionales para
significar que cada elector tiene un solo voto. No obstante, la jurisprudencia alemana ha superado esta interpretación clásica de la igualdad de voto, afirmando que este principio impone tanto el igual valor numérico como el igual valor de
resultado del sufragio.
Igual valor numérico significa que el número y la fuerza del voto de cada elector deben de ser los mismos. Igual valor de resultado supone que todos los votos deben contribuir de manera semejante a la obtención de
representación. Cierro comillas. No son palabras mías, son palabras del Consejo de Estado. Es claro el ejemplo. Sirve el ejemplo que les di antes: mi vecino solo vota una vez, pero su voto vale seis veces más que el mío. Luego, el principio de
igualdad está claramente pervertido.
Señorías, es indiscutible que el resultado práctico de la aplicación de la Loreg está produciendo claros ejemplos de desigualdades e injusticias en el valor del voto atribuido a cada ciudadano en función de la circunscripción electoral en la
que ejerza su derecho y de la opción política que elija. Si nuestra Constitución proclama en su artículo 1.2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado, el sistema electoral ha de ser
respetuoso con ese principio esencial de la democracia y no puede distorsionar la libre voluntad manifestada por los ciudadanos en las urnas. La regeneración democrática exige, por tanto, una modificación...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, debe acabar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino. Exige una modificación y mejora democrática de nuestra Ley Electoral que se hace prioritaria e improrrogable.
Señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, que fundamentalmente son los más beneficiados y los que tienen en esto un pacto férreo, les propongo que rompan ese pacto contra la igualdad y la justicia. Les propongo a ustedes y
también al resto de los grupos que mandatemos al Gobierno para que atienda el informe del Consejo de Estado, y sin mayor dilación presente una iniciativa legislativa para que en las próximas elecciones podamos elegir garantizando estos principios
constitucionales de igualdad y de justicia.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a respaldar esta iniciativa del Grupo Mixto, de Unión Progreso y Democracia, por razón de principios; por razón de principios debería bastar. (El señor vicepresidente, Fernández Díaz, ocupa la
Presidencia.) Es verdad que al mismo tiempo que esta iniciativa, hay un proceso de reforma del sistema electoral en el marco de la Comisión Constitucional del Congreso. Pero también es verdad que ese proceso es lento, con escasas posibilidades de
éxito. Si bien hay razones de principio, yendo al pragmatismo, las dos fuerzas políticas mayoritarias que se benefician de los escaños arrebatados a las fuerzas políticas minoritarias no están dispuestas a que impere el principio de representación
sobre la razón, en este caso pragmática, o la razón de la gobernanza, que de muchas maneras se puede llamar. Por eso, vamos a votar favorablemente esta iniciativa, al igual que seguiremos en el
marco de la Comisión Constitucional impulsando la reforma del sistema electoral.
Señorías, nuestra Constitución contempla un sistema electoral proporcional y también consagra el principio de igualdad. Pues bien, en la práctica el actual sistema electoral, heredero del posfranquismo -hay que decirlo claramente- y con
clara voluntad de continuidad, vulnera y pervierte esos principios constitucionales, a tal punto que se puede considerar la actual aplicación de la Ley Electoral como un fraude de Constitución, porque ya no hay un sistema proporcional, es en la
mayor parte de las circunscripciones un sistema mayoritario y, por otra parte, significa una estafa ciudadana. Los ciudadanos que votan a las fuerzas políticas minoritarias ven que es necesario multiplicar por diez el número de votos de las fuerzas
políticas mayoritarias para tener un número equivalente de escaños. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta casi medio millón de votos cada uno de nuestros escaños, cuando al Grupo Socialista o al Grupo Popular esos mismos escaños les cuestan unos
sesenta mil votos. En definitiva, en estos momentos es un escándalo democrático la aplicación -como he dicho antes- de la Ley Electoral. Otra cosa es que no se escandalicen aquellos que resultan beneficiados del escándalo; otra cosa es también
que ese escándalo democrático en una democracia de baja calidad no signifique un escándalo ciudadano. Eso es así y hay que reconocerlo.
Mi Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa va a votar favorablemente esta propuesta porque considera que es una propuesta que se corresponde con el espíritu constitucional, con la necesidad de una representación adecuada del voto y
con el principio de igualdad. Por esas razones vamos a votarla favorablemente. Aunque sabemos que esta iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar, eso no nos lleva a abjurar de nuestros principios. Mantenemos los principios y buscaremos,
si es posible, si no es hoy, otra mejor oportunidad. Quizá sea cuando ocurra lo que puede ocurrir con nuestro sistema electoral, que una fuerza política pierda por votos y gobierne por escaños. Ese sería el absurdo del actual sistema electoral,
porque ese sistema electoral, cosa que se oculta, muy bien calculado por quienes lo elaboraron en las postrimerías del franquismo, atribuye 12 escaños de partida a las fuerzas políticas de la derecha con relación a las fuerzas políticas de la
izquierda. Por eso la derecha, que solamente ha ganado una vez en unas elecciones -1979- en nuestro sistema electoral, ha gobernado, sin embargo, más veces en nuestro país. Tendremos que esperar a que ese escándalo democrático se convierta en un
escándalo ciudadano.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Habiendo una subcomisión para el estudio de la Loreg, que entre otras cosas tiene que finalizar sus trabajos en abril, antes incluso de cuando está proponiendo la señora Díez que presente el Gobierno en su caso un proyecto de reforma de la
Loreg, es injusto decir que la discusión duerme el sueño de los justos, sobre todo porque hemos estado discutiendo mucho, hemos tenido comparecencias importantes, hemos clarificado y avanzado en algunas cosas interesantes, y ahora viene el momento
de ir centrando las decisiones finales. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Sinceramente nos parece otra iniciativa populista más, dando a entender que el sistema no es democrático, que está completamente viciado, que todo es un desastre. No es extraño esto en las iniciativas de UPyD, pero lo que hace el Consejo de
Estado no es una propuesta cerrada. Lo que hace el Consejo de Estado, en un informe interesante desde el punto de vista jurídico, es, si se pretende determinadas opciones, analizar diferentes alternativas. Lo que dice muy claramente es que las
desviaciones que pueda haber de la proporcionalidad del sistema electoral del Congreso tienen su causa principal en las previsiones constitucionales, no en la Loreg. No se confunda. Entiendo que no tiene usted especial cariño al PNV. Nos ha
sacado a colación en su discurso, pero S.S. sabe perfectamente que, si vamos a una proporcionalidad absolutamente pura de una única circunscripción en el Estado, quienes pierden escaños no son los grupos nacionalistas, sino los dos grandes partidos
políticos del Estado. Por tanto, si quiere poner ejemplos o apuntar, señale a otra parte, pero señale correctamente.
¿Qué es lo que propone? Básicamente tres cosas. La primera de ellas es la mejor, la reina de las contradicciones. Propone elevar de 350 a 400 el número de diputados. Usted, que es la adalid de la defensa del ciudadano ante estos
diputados que tienen el hemiciclo vacío, que no trabajan, que tienen unas supuestas pensiones millonarias y que son un escándalo, ante un hemiciclo vacío y ante un Pleno que no trabaja, lo quiere elevar de 350 a 400. O sea, más gasto para el erario
público. Con los tiempos que corren y usted quiere elevar de 350 diputados a 400, después de decir lo que dice. La verdad es que es incomprensible e inaceptable.
No a la provincia. Es curioso. Yo creía que en su opinión y en su discurso la Constitución era perfecta y el constitucionalismo su guía, y resulta que ahora la Constitución es imperfecta porque da una estructura de comunidades autónomas y
sin embargo electoralmente pone a la provincia como ejemplo. Ataca usted a la circunscripción de la provincia. En cambio, en Cataluña, uno entra en la página web de UPD y resulta que la defiende, porque las veguerías desprenden un aire viciado y
desagradable.
¿En qué quedamos? ¿La provincia, sí o no? A provincias que casi no están representadas y que están olvidadas incluso en la política estatal, como, por ejemplo, la provincia de Soria, de dos escaños -ya había perdido uno para estas
elecciones-, la quiere usted dejar en uno. Los territorios también tienen
que estar representados. ¿Las provincias y sus intereses por qué no tienen que estar representados? Después, usted habla de fórmulas electorales más proporcionales. Todo es perfectible, evidentemente, pero ¿es que no es democrático Reino
Unido con un sistema mayoritario a una vuelta? ¿Podemos decir que no es democrático Estados Unidos con sus sistemas de varias vueltas y de delegados por Estado? Quisiera recordarles algo y es la República de Weimar, que parece que a ustedes no se
les pasa por la imaginación. Parece que ustedes quieren eso, la absoluta proporcionalidad, y la absoluta proporcionalidad lo que supone es que haya partidos que aparezcan en la Cámara con uno o dos escaños. Lo que se produce con eso, como demostró
la República de Weimar, es una inestabilidad del Gobierno, porque se crean mayorías negativas en contra del Gobierno, pero no es posible crear mayorías positivas. Quizás es esto lo que le gustaría.
Voy acabando, señora presidenta. Quizás esto es lo que le gustaría, pero desde luego no es bueno para un sistema democrático, como demuestra el derecho comparado. El sistema actual da una cierta estabilidad y una capacidad de
representatividad relativamente razonable, y hasta ahora ha funcionado bastante bien. Concentre su voto, concéntrelo, quizás en otras elecciones le vaya mejor. Izquierda Unida, en 1996, con este mismo sistema tuvo 21 escaños. Usted puede alcanzar
también perfectamente ese número de escaños; trabaje en unas próximas elecciones, pero no haga populismo con temas electorales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán ante esta iniciativa del Grupo Mixto y de la diputada Rosa Díez. Quiero empezar pidiendo respeto a la Cámara, a los trabajos de la Cámara y al trabajo de la subcomisión de
reforma de la Ley Electoral, que termina su mandato el próximo día 2 de abril. Empezar y arrancar con un tono populista, diciendo que esta Comisión duerme el sueño de los justos, es, para empezar, una falta de respeto a uno mismo como miembro de
este Congreso de los Diputados. Existe, evidentemente, una diputada representante del Grupo Mixto en esta subcomisión de reforma de la Ley Electoral, la diputada Ana Oramas, y estoy convencido de que ella traslada a la diputada proponente de esta
proposición no de ley las deliberaciones y la maduración de algunos puntos de consenso, que van a concluir en breve; como se apuntaba, más en breve de lo que supondría la presentación de un proyecto de ley por parte del Gobierno.
Me podría quedar en este punto, señorías, en una defensa del respeto institucional, en una argumentación de carácter formal y procedimental sobre aquello que ya está funcionando en este Congreso de los Diputados, pero voy a entrar a tratar
algunos aspectos de fondo. En primer lugar, sobre el apoyo de la argumentación de esta proposición no de ley, el informe del Consejo de Estado. Los miembros de la subcomisión de reforma de la Ley Electoral nos hemos leído el informe del Consejo de
Estado completo, y ese informe, que es un buen informe, que ayuda a deliberar a quien tiene la capacidad y la competencia para tomar decisiones, que no son otras que las Cortes Generales, aporta muchos datos y la diputada proponente solo ha
utilizado aquellas partes del informe del Consejo de Estado que le pueden ser más útiles para su argumentación. Existen otros informes, como el informe de la Junta Electoral Central o el informe parcial de la oficina del censo. Pero todos ellos
son informes, e insisto en que la decisión corresponde al Parlamento.
Corresponde al Parlamento afrontar una eventual reforma de la Ley Electoral, ley que, sin duda, forma parte del bloque de constitucionalidad y de los ejes básicos de lo que supone el pacto de convivencia democrática, del que nos dotamos hace
treinta y un años y medio. La Constitución mandata en dos sentidos al Parlamento a la hora de elaborar la Ley Electoral. En primer lugar, mandata en el sentido de que la Ley Electoral debe ser proporcional; elección, por tanto, proporcional, por
circunscripciones. Hay algunos países que tienen una circunscripción única, y esto da una gran inestabilidad -el diputado don Aitor Esteban hacía referencia a la experiencia histórica de la República de Weimar-; también ahora Israel tiene
circunscripción única, y ustedes conocen perfectamente la estabilidad de sus gobiernos. Pero más allá de los casos prácticos, la Constitución da dos mandatos. Uno, sistema electoral proporcional, y dos, y muy relevante, sistema electoral
encuadrado en circunscripciones electorales inferiores al Estado, concretamente en circunscripciones provinciales. Este es el doble mandato y modificarlo no supone presentar una proposición no de ley, sino que supone presentar una reforma de la
Constitución para cancelar algunos de estos dos mandatos.
Un estudio dirigido por el profesor Bosch, de la Universidad de Barcelona, demuestra cómo el sistema electoral español es un sistema altamente proporcional, con un 98 por ciento de proporcionalidad; precisamente Cataluña no tiene
circunscripciones pequeñas -después de Andalucía es la segunda con más habitantes, 7 millones y medio de habitantes-, pero para respetar la proporcionalidad nosotros no podemos estar de acuerdo con planteamientos como los de pasar de dos a un
diputado en algunas circunscripciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: Termino ahora mismo, señora presidenta.
Precisamente esto, pasar de dos a un diputado, supondría reducir la proporcionalidad. Y dos mensajes telegráficos, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Telegráficos, señor Xuclà, porque no tiene tiempo.
El señor XUCLÀ I COSTA: Con el mismo sistema electoral algún grupo parlamentario que hoy quiere reformar la Ley Electoral consiguió no solo 21, sino 23 diputados, y el Grupo Parlamentario Catalán considera que 350 diputados son
absolutamente suficientes para ejercer las funciones constitucionales otorgadas por la Constitución.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora Díez, yo creo que ni siquiera usted considera oportuna la presentación de esta proposición no de ley; tampoco el señor Llamazares.
Para el Grupo Popular no solo es inoportuna, sino que es un auténtico despropósito. Y
coincido con el señor Xuclà cuando dice que es una falta de respeto hacia esta Cámara. Lo digo porque, como usted misma ha recordado, hay una subcomisión creada en el seno de la Comisión Constitucional que se constituyó por mandato unánime de esta
Cámara, a instancias, por cierto, de todos los grupos, incluyendo el Grupo Mixto, para trabajar sobre las posibles reformas de nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que además se creó para tratar estas propuestas de reforma de manera
conjunta y no de manera aislada cada vez que uno tiene una ocurrencia. Por ello ¿qué sentido tiene que estemos examinando en el día de hoy una proposición no de ley que pretende una reforma puntual que está siendo examinada y valorada en esa
subcomisión? Desde luego, para el Grupo Popular no tiene el menor sentido; nos parece, como ya he dicho, una absoluta falta de respeto.
Quiero recordarle, señora Díez, que usted estuvo presente en esta Cámara cuando se tomó aquella decisión y, por tanto, fue conforme con el procedimiento elegido por el conjunto de esta Cámara. ¿Por qué entonces se contradice usted ahora?
¿Cuál es el motivo de esta contradicción? ¿Quizá para distinguirse de los demás? ¿Quizá por su afán de protagonismo o quizá por buscar un titular? (La señora Díez González hace gestos negativos.) Pues bien, le tengo que decir, aunque usted ya lo
sabe, que algunos compañeros suyos de todos los grupos parlamentarios estamos trabajando, llevamos mucho tiempo haciéndolo, prácticamente desde que se inició esta legislatura, en todas las posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General. Lo estamos haciendo con sosiego, porque cualquier reforma de nuestra Ley Electoral debe hacerse con vocación de permanencia y estabilidad y alcanzar con ello un gran consenso. Entre otras cosas, hemos reflexionado y lo estamos haciendo
sobre esta posible reforma del sistema electoral, que es lo que usted ha propuesto hoy.
Voy a hacer lo contrario de lo que ha hecho el señor Xuclà, no voy a entrar en el día de hoy sobre esta cuestión, porque lógicamente se tiene que producir necesariamente en el seno de la subcomisión. Además, voy a procurar hacer abstracción
de algunas de las cosas que he escuchado a quienes me han precedido en el uso de la palabra, porque tiempo habrá para hablar de ello, pero sí quiero anticipar que para mi grupo parlamentario nuestro sistema electoral no es, como se ha dicho, un
sistema injusto, ni mucho menos antidemocrático. Por el contrario, nos sigue pareciendo aceptable un sistema que para su entrada en vigor, hace ahora veinticinco años, gozó del apoyo unánime de esta Cámara y que, además, como se ha dicho, nos ha
dado estabilidad política. Tampoco me parece acertado decir -aunque ya sé que el papel lo aguanta todo-, y usted lo ha dicho hoy en esta tribuna, que la Ley Electoral tiene reminiscencias franquistas. Si tenemos en cuenta que fue una ley aprobada
de forma unánime en el año 1985 y que quien la presentó en esta Cámara fue don Alfonso Guerra, vicepresidente entonces del Gobierno y hoy presidente de la Comisión Constitucional, no creo que nadie pueda decir en serio, ni siquiera pensarlo, que es
una ley que tiene tintes franquistas.
Señora presidenta, señorías, la subcomisión está trabajando como debe hacerse y como hay que hacerlo cuando hablamos de las reglas del juego democrático, poniendo las propuestas encima de la mesa, estudiándolas, debatiéndolas e intentando
llegar al máximo consenso entre todos los grupos parlamentarios. Tenemos un índice importante y completo de asuntos. Hemos celebrado diferentes comparecencias, hemos solicitado informes a la Junta Electoral Central, al Consejo de Estado, los hemos
estudiado y valorado y estamos llegando a conclusiones y alcanzando algunos acuerdos. Tenemos hasta el mes de abril para concluir los trabajos de la subcomisión. Estamos trabajando duramente en ella todos los grupos, incluyendo su grupo, el Grupo
Mixto, con la señora Oramas y otras veces con el señor Jorquera, y no estamos durmiendo el sueño de los justos. Su iniciativa, señora Díez, figura entre las propuestas de reforma que hay en la subcomisión y en términos similares, por no decir
iguales, está siendo defendida por el señor Llamazares, como hemos visto esta tarde.
En definitiva, entendemos que la subcomisión es el único cauce adecuado para abordar esta iniciativa. Por todo ello, y en resumen, porque nos parece inoportuna, porque se pretende hacer a espaldas de la subcomisión, que tiene el mandato
unánime de esta Cámara para hacerlo, y porque con ello se pretende impedir el consenso que, cercano a la unanimidad, requiere toda
reforma de la Ley Electoral, nuestro grupo va a votar que no a esta proposición no de ley. Por cierto, señora Díez, coincido con el señor Esteban en decirle que piense usted si con la que está cayendo en España, con más de 4 millones de
parados, podemos aumentar a 400 el número de diputados de esta Cámara. Nosotros pensamos que no podemos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Vera.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, debatimos, como todos ustedes conocen, una proposición no de ley de la señora Díez, del Grupo Mixto, que dice lo siguiente: Que el Gobierno remita a esta Cámara en el plazo máximo de tres meses un proyecto de
ley para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral en los términos establecidos por el informe del Consejo de Estado. Señorías, el Grupo Socialista se tiene que sumar, como lo ha hecho la mayor parte de los grupos que han intervenido antes que
yo, a las consideraciones que se le han hecho a la proponente en cuanto a esta iniciativa. Primero, es una iniciativa claramente extemporánea. Segundo, es una iniciativa inoportuna, incluso yo diría que peca de oportunismo político. Como todos
ustedes saben, en esta Cámara se están discutiendo en el ámbito de una subcomisión de la Comisión Constitucional las posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Por tanto, hay que respetar a la Cámara, hay que respetar los
procedimientos parlamentarios y hay que establecer las propuestas políticas o de reformas de acuerdo con las propuestas que salgan de esa subcomisión. A todos aquellos que estamos en la subcomisión, que estamos trabajando en la subcomisión desde
hace más de un año, nos gustaría poder haber tenido con algunos de los intervinientes, y con la señora Díez, por supuesto, este debate en ese ámbito sobre las cuestiones fundamentales.
Le tengo que decir en nombre del Grupo Socialista lo siguiente: primero, que la iniciativa, el impulso para constituir la subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es una propuesta del Gobierno de
Zapatero. Segunda cuestión, que el Grupo Socialista ha impulsado desde el primer momento esa reforma y lo ha hecho sin ninguna línea roja. Se ha dicho desde el primer momento que todos los grupos vayan a la subcomisión y presenten sus propuestas.
Señora Díez, el Gobierno fue quien pidió el informe al Consejo de Estado y el Gobierno ha sido quien lo ha remitido a esta Cámara, así como la subcomisión reclamó el informe a la junta electoral y a otros organismos. Nos hemos reunido al menos diez
o doce veces, ha habido reuniones informales, ha habido comparecencia de organismos, ha habido informes. Se está trabajando y cuando haya un informe definitivo del trabajo de la subcomisión verán ustedes cómo se ha avanzado notablemente en las
posibilidades de la reforma electoral. Usted nos está diciendo que sea el Gobierno el que presente un proyecto de ley. Señora Díez, eso, simple y llanamente, se contradice con el funcionamiento normal de la Cámara y las relaciones entre el
Gobierno y el Parlamento. Si esta Cámara está trabajando, si esta Cámara en breve tiempo va a terminar y va a emitir un informe ¿qué sentido tiene que el Gobierno presente un proyecto de ley ahora? Ninguno, y además es contradictorio. Yo sé que
en la vida política hay muchas personas que se contradicen, que dicen blanco y negro al mismo tiempo, pero sería conveniente que no hiciésemos contradecirse a las instituciones y esperar a que sea el organismo correspondiente, el Parlamento, el que
elabore esa propuesta. ¿Por qué los socialistas queremos que la reforma electoral se haga en el Parlamento? No es porque nosotros queramos hacer una dejación de nuestras ideas. Tenemos criterio sobre el régimen electoral, lo tenemos, lo estamos
planteando en la subcomisión y estamos defendiendo nuestras posturas. Como aquí se ha dicho, la Ley Electoral es una norma del bloque de la constitucionalidad.
Las técnicas electorales son muchas, son diversas, y probablemente la mejor, la que se
ajusta más no es la que más consenso suscita y, sin embargo, que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en la norma electoral es muy importante, porque es fundamental que todas las fuerzas políticas se sientan a gusto con los resultados
salientes de las elecciones. Por tanto, eso se debe hacer en el ámbito parlamentario.
Finalmente, en cuanto al fondo del asunto, los socialistas creemos que el régimen electoral español ha funcionado notablemente bien durante todos estos años, notablemente bien. Hay mucha leyenda urbana sobre algunas cuestiones de las que se
han planteado aquí esta tarde y en otros momentos. Lo que hay que hacer es discutirlas allí donde corresponde, que es en la subcomisión. En ese momento haremos las propuestas oportunas.
Como les decía, el informe del Consejo de Estado propone
muchas más cosas. Muchas de ellas se han debatido ya en la subcomisión, muchas de ellas incluso han sido asumidas por la subcomisión y se van a recoger con mucha seguridad en el informe.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Aranda, por favor.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Termino, señora presidenta.
Señora Díez, invertir el funcionamiento de las instituciones cuando el Parlamento ya está funcionando para solucionar este asunto, para hacer una propuesta de reforma electoral, es simple y llanamente falsear y equivocar a los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Aranda.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL DESEMPLEO JUVENIL. (Número de expediente 173/000117.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Popular, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para reducir el
desempleo juvenil. Para la defensa de esta moción tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Uriarte.
El señor URIARTE AYALA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, la moción que hoy les traigo a esta Cámara es normativamente consecuencia de la interpelación que le hice al ministro Corbacho la semana pasada, pero es, responsablemente, la respuesta que tenemos que dar los diputados que nos
encontramos en esta Cámara a los jóvenes españoles que están pasando por el momento más dramático de sus vidas.
No voy a explicarles de nuevo, señorías, la situación que viven millones de jóvenes en nuestro país. La conocen bien. Como dije el jueves pasado, es el momento del compromiso con los más jóvenes, es el momento de buscar soluciones para la
juventud, y no seré yo quien se estanque en el análisis de los culpables de esta situación, en vez de avanzar en la búsqueda de soluciones. A este respecto, permítanme únicamente, señorías, que tenga la osadía de corregir al presidente del Gobierno
y al ministro Corbacho después de su intervención de la semana pasada. No lo hago con más ánimo que intentar hacer entender la situación real que están viviendo millones de jóvenes en nuestro país a los que toman las decisiones reales, porque jamás
podrán ser efectivas sin un análisis real de la situación. El presidente del Gobierno, los que le siguen jerárquicamente en el Gobierno y algunos de ustedes, señorías del Partido Socialista, aseguran que los jóvenes en paro lo son porque
abandonaron los estudios deslumbrados por las posibilidades de la construcción y las nóminas que este sector les ofrecía, consecuencia esta de los datos de desempleo joven en nuestro país. Yo dije en esta Cámara que el presidente del Gobierno
mentía y que tenía que pedir disculpas al colectivo joven español. Mentía o no conoce la realidad de los jóvenes en España, y no estoy seguro, señorías, de saber qué es peor, si lo uno o lo otro. El ministro insistía el jueves pasado en la misma
idea y yo les pido a ustedes que no sigan empecinándose.
Les voy a dar los datos de desempleo, según la EPA, de nuestro país, por sectores de actividad, los datos totales del 44,5 por ciento de parados que hay en nuestro país: un 48,5, señores socialistas, son los jóvenes que buscan su primer
empleo; un 3,9 los que provienen de la agricultura, un 6,3 de la industria, un 32,7 del sector servicios y -he aquí la contradicción del presidente del Gobierno y la mentira en la que incurrió la semana pasada- tan solo un 8,26 por ciento de la
juventud española proviene del sector de la construcción. Les pido, señorías socialistas, que expliquen al señor Zapatero qué es lo que está pasando en el país que gobierna, que seguro que en tres tardes, como ha hecho con otros ámbitos de la vida
política, será capaz de entenderlo. Nuestra moción de hoy resume el Plan de Empleo Joven que ofrece el Partido Popular a los jóvenes españoles. Esta moción que les proponemos hoy, entre otras cosas, habla de la adecuación de los servicios públicos
para ayudar a la juventud a buscar trabajo, de distintas ventajas a la contratación en el marco de un primer contrato joven, ayudas a la movilidad, hasta ocho medidas que ayuden a los emprendedores y distintas propuestas para la formación
profesional. Señorías, los jóvenes, como bien saben ustedes, aunque no lo reflejen luego en su trabajo cotidiano, quieren trabajar y podemos ayudar a que lo consigan, solo hace falta voluntad política.
Llevamos meses escuchando la necesidad de que
las fuerzas políticas pacten distintas medidas económicas para ayudar a nuestro país, que hablen, que negocien y que acuerden medidas que beneficien a nuestra sociedad. Hoy aquí tenemos la primera oportunidad de hacerlo, con el problema además que
más agobia a nuestra sociedad y a la juventud española.
Señores del Partido Socialista, después de la enmienda que han presentado hoy, queda claro que ustedes no saben y no quieren gobernar este país. No es lógico y no cabe en la cabeza de nadie que, con un 44,5 por ciento de paro entre los
jóvenes españoles, su enmienda esté llena de infinitivos, de grandes pretensiones y de bondadosos sentimientos: mejorar, impulsar, potenciar, apoyar, desarrollar. No hay en ninguna de las dos páginas que ocupa su enmienda ni una sola propuesta
concretada en cifras, intervalos temporales, porcentajes, cantidades de ayuda o subvención; absolutamente nada, señores socialistas. Ustedes se quejan de que el Partido Popular no lanza propuestas. Les doy a ustedes un documento para apoyar el
empleo de los jóvenes con más de dieciocho medidas concretas y ustedes me hacen llegar a mí un texto alternativo vacío de contenidos y de ideas para la juventud, que además se aprobó en esta Cámara hace ya dos meses. Ustedes infravaloran a la
juventud, señores socialistas, a la oposición de este país o a la Cámara, que representa a la sociedad española, a cualquiera de las tres, o a las tres a la vez. Pero hoy aquí, ante una oferta real de pacto para poder avanzar en el empleo de los
jóvenes españoles, ustedes han vuelto a rechazar la alternativa, como vienen haciendo sistemáticamente. Como he dicho, señores socialistas, ustedes no saben y
no quieren gobernar. Ustedes dicen en su enmienda: fomentar la emprendeduría juvenil, y nosotros en ese aspecto les damos hasta ocho propuestas concretas para poder hacerlo. Ustedes dicen en su enmienda: impulsar la contratación
indefinida de los jóvenes, y nosotros en nuestra moción les proponemos un contrato, primer empleo para los jóvenes, con franjas concretas en todos los sectores para poder hacerlo. Ustedes dicen en su enmienda: queremos fomentar la formación
profesional, y nosotros en nuestra moción ya les proponemos tres medidas concretas que lo pueden conseguir. Señores socialistas, España no avanzará con buenas intenciones, necesita medidas valientes, de gobiernos valientes, y ustedes han demostrado
que no tienen la categoría para gobernar este país.
Señores socialistas, hoy el Partido Popular les ha presentado públicamente en esta Cámara un compromiso con los jóvenes, un compromiso con esa generación de la que hablábamos la semana pasada, esa generación sí-sí que quiere apostar por su
futuro y que necesita un gobierno de verdad para poder hacerlo. Levanten ya, señores socialistas, el freno que han puesto al futuro de los jóvenes y sean lo suficientemente valientes para aprobar algo en esta Cámara. Hoy, la gente de la calle no
cree en ninguno de los que estamos aquí; hoy, la gente de la calle muestra su desapego por la política y por los parlamentarios españoles. Podemos volver a hacer historia en esta Cámara, podemos volver a hacer que la juventud se sienta orgullosa
de los representantes de su sociedad. Puede ser, si somos capaces de hacerlo, que la gente joven, como nos pasó a muchos hace ya unos años, sueñe con sentarse un día en esta Cámara. Para poder hacerlo, hace falta que se puedan sentir orgullosos de
los hombres y mujeres que la componemos y hoy les pido que demos un paso en ese sentido, que trabajemos por ellos, por su empleo y por su futuro. Desde luego, mi partido seguirá en ese empeño hasta que por lo menos, si no son ustedes, nosotros
consigamos hacerlo realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Uriarte.
A esta moción se han presentado enmiendas por varios grupos. En primer lugar, las que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra en nombre de su grupo el
señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Doy por defendidas las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el nuevo modelo de crecimiento sostenible lo construirán -lo construiremos- sobre todo los jóvenes españoles, porque hay un empeño por adelantar el futuro, hay interés, hay entusiasmo y hay mucha fuerza para hacer las cosas de otra
manera. Por eso los socialistas, el Grupo Socialista, confiamos en los jóvenes, confiamos en su esfuerzo individual, en su compromiso colectivo y en sus posibilidades y trabajamos para que tengan cada día más oportunidades. La actual crisis en el
empleo y la destrucción de puestos de trabajo, que tiene su origen en la crisis económica internacional y financiera y que se vive en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, tiene un efecto especialmente grave en el empleo de los
jóvenes, como ha sucedido siempre a lo largo de todas las crisis económicas. Conviene recordar que es una mezcla de factores educativo-formativos y económicos la que ha generado la realidad actual, realidad que el Gobierno y los socialistas estamos
combatiendo desde el primer momento impulsando acuerdos y reformas para adelantar la recuperación económica y la creación de empleo.
Señores del PP, tal como la han presentado, no podemos apoyar su moción.
En lo formal, porque estamos en medio de un proceso de pactos -el económico, el educativo- y de diálogo social, además de porque esta Cámara -lo ha recordado el señor
Uriarte- apoyó por 338 votos hace dos meses una iniciativa del Grupo Catalán pactada con el Grupo Socialista.
Es decir, estamos ante una iniciativa del Grupo Popular que se presenta para la galería, para cubrir expediente. Y tampoco la podemos
apoyar por sus contenidos, porque son o repetitivos o poco ambiciosos o directamente reducen derechos para los jóvenes españoles. Les pondré solo dos ejemplos. Piden bonificaciones de 1.200 euros y ahora hay bonificaciones de 1.500 euros, y piden
la conversión de los contratos bonificados en indefinidos, cuando es una reforma que se hizo en la anterior legislatura y a la que se opusieron.
Señorías, nuestra política se basa en los acuerdos en el marco del diálogo social y con las comunidades autónomas, y es en ese espacio y en los contenidos que centran ese debate donde todos debemos hacer un esfuerzo en pactar decisiones y
medidas concretas como las que hoy podemos reafirmar en esta Cámara, y por eso hemos presentado una enmienda junto con el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el Grupo Vasco y el Bloque Nacionalista Galego.
Nosotros creemos que debemos avanzar en ese camino, en el de mejorar y revisar los contratos para la formación y en prácticas; en adecuar el uso del contrato a tiempo parcial como mecanismo para combinar empleo y formación; en impulsar la
utilización de la contratación indefinida para el colectivo de trabajadores jóvenes; en controlar la contratación temporal y justificada; en luchar contra todo riesgo de exclusión social y en desplegar políticas activas de empleo basadas en
formación y que incluyan un programa extraordinario de empleo para jóvenes concertado con las comunidades
autónomas, como el que ya se está discutiendo en el seno del diálogo social. Señorías, señores del PP, además de alcanzar acuerdos e instar al Gobierno a que lidere iniciativas, debemos esforzarnos en crear un mensaje social y político de
apoyo y de confianza en los jóvenes españoles para que den lo mejor de sí mismos, como ha sido siempre. Esa es la actitud y la voluntad que debemos mostrar, confianza y apoyo, porque el resto -como he dicho- lo pondrán los jóvenes españoles con su
esfuerzo individual y compromiso colectivo. Señores del PP, me gustaría que se preocupasen en su grupo de los jóvenes de verdad y que dejen de proferir acusaciones o de exigir perdones. Mire usted atrás y verá la política antisocial de su partido
contra los jóvenes, la que creó y alimentó el monstruo de la especulación y del pelotazo (El señor González Muñoz pronuncia palabras que no se perciben.), o miren ustedes en las comunidades donde gobiernan, que impiden los pactos y los acuerdos en
beneficio de los jóvenes, como hicieron en la última Conferencia de Presidentes por órdenes del señor Rajoy (Aplausos.), y que son los territorios donde más ha subido el paro entre los jóvenes -en Madrid y en la Comunidad Valenciana, 50 puntos por
encima de la media nacional- (El señor González Muñoz pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Trujillo Garzón: ¡Claro que sí!), y es donde menos gasto hay en políticas activas de empleo, 4 por ciento menos de gasto en políticas activas de
empleo en la Comunidad Valenciana y en Madrid. (El señor González Muñoz pronuncia palabras que no se perciben.) O bien miren ustedes algunas de sus propias propuestas, como la creación de nuevos contratos que no vamos a aceptar porque no vamos a
abrir en ningún momento la puerta para recortar derechos y garantías laborales sino al contrario, abriremos la puerta a reformas y a acuerdos para fortalecer derechos y oportunidades para todos los trabajadores jóvenes, y nunca para reducirlos;
nunca.
(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Por tanto, y voy terminando, exíjanse a ustedes mismos de vez en cuando y abandonen la política de la medallita fácil y del trámite, del puro trámite; súmense a una política
de diálogo y de acuerdos; hablen bien alguna vez de los jóvenes -no los utilicen-; no hagan de una situación de crisis y dificultad una palanca de electoralismo facilón. Combatamos entre todos esta crisis y abandonen ese autismo político que les
produce su ansiedad electoral, porque por ese camino, señores del PP, los jóvenes sí que les van a decir ni-ni, ni con Aznar, ni con Rajoy.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Luena, tiene que acabar.
El señor LUENA LÓPEZ: Termino, señora presidenta.
Señorías, es importante, muy importante que a los hechos les sigan también los gestos. Ya sabemos qué gesto les dedica el presidente de honor de su partido a los jóvenes. Por nuestra parte les ofrecemos otro gesto bien diferente (El señor
González Muñoz pronuncia palabras que no se perciben.), un gesto y unas políticas de optimismo, de compromiso y de confianza para que los jóvenes lideren los cambios que necesita el país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Luena.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Uriarte, por su intervención. Tengo que refutar alguna de sus manifestaciones. La primera es una de carácter preambular.
Usted ha hecho referencia a que en este momento los ciudadanos no creen en los políticos que
les representan y le otorga a la aceptación de esta moción que usted presenta un valor cuasi taumatúrgico. Parece que de la aceptación de su moción recuperaríamos instantáneamente esa credibilidad pretendidamente perdida, que tampoco es cierta en
términos estadísticos.
En los estudios de mercadotecnia que hemos podido conocer hay una diputada que sí parece que aceptan o es reconocida por los ciudadanos, que es doña Rosa Díez. Pero vamos a dejarnos de cuestiones preambulares o
protocolarias. No comparto esas opiniones que usted mantiene ni el valor taumatúrgico que proporciona a esta moción, no creo que se centre en la aceptación del contenido de la misma la recuperación de una pretendida credibilidad perdida lo que
usted propone, sino ciertas incongruencias que usted nos debería explicar. Usted ha refutado con virulencia la enmienda que hemos suscrito varios grupos parlamentarios, y esa enmienda la votaron ustedes en forma de proposición no de ley, en forma
de iniciativa parlamentaria. (Rumores.) Usted además ha utilizado un argumento de naturaleza gramatical, el abuso del tiempo verbal infinitivo; no he conocido mayores refutaciones de contenido material en relación con la misma. No sé si usted es
tan escrupuloso con la gramática como para que el uso abundante de los infinitivos pueda servir para la refutación, pero le voy a decir algo que le va a complacer. Con la exposición de motivos que ustedes han redactado yo puedo estar de acuerdo y
sobre todo con el drama del desempleo juvenil. Sabe que usted y yo compartimos una profunda sensibilidad con este drama que acompaña a nuestra sociedad. Es inaceptable convivir con porcentajes de desempleo juvenil del 44,5, si consideramos jóvenes
a los que llegan hasta 29 años, y es inaceptable, es un drama social que hay que remover, convivir con porcentajes del 48,5 de desempleo juvenil si consideramos jóvenes a los que llegan hasta 25 años. Lo que pasa es que sus recetas tienen tres
características que a nosotros nos resultan particularmente inconvenientes: son centralizadoras; son jacobinas en su concepción filosófica ontológica; son poco innovadoras, no se diferencian en un ápice, en un milímetro de lo que ya
está aprobado por el Gobierno del Estado, por los gobiernos autonómicos o por consensos articulados en esta Cámara, y por último son ineficientes.
Me hubiera gustado que hubiese estado esta mañana en la Comisión de Trabajo, donde han comparecido el profesor Toharia y otros miembros de la academia, que nos han explicado desde una perspectiva científica o académica qué hacer con el
desempleo juvenil. Para afrontar de verdad el desempleo juvenil hay que hacer muchas cosas: hay que configurar políticas activas adecuadas, subvenciones directas, bonificaciones de cuotas, formación profesional, etcétera. Usted apenas se refiere
o solo de forma muy colateral y periférica a esta cuestión. Pero sobre todo, en relación con las bonificaciones de cuotas, el profesor Toharia nos ha manifestado que no tienen que ser universales -como están previstas en el ordenamiento jurídico
español, del que le presumo conocedor, presunción iuris tantum, por cierto-, sino que las bonificaciones de cuotas, como mecanismos de creación de empleo, tienen que afectar a colectivos particularmente vulnerables, uno de ellos el de los jóvenes, y
el profesor Toharia, usted y todos los que estamos en esta Cámara podríamos compartir esta opinión. En cuanto a la universalidad de las bonificaciones de cuotas, que por cierto es el problema que está impidiendo la transferencia de esta competencia
a la Comunidad Autónoma vasca, compartiendo este dudoso honor con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es importante sectorializarla y no universalizarla. El sistema actual de bonificaciones de cuotas está caduco. Lo que nos ha dicho el
profesor Toharia -y aquí usted, ustedes y todos los demás deberíamos trabajar- es que hay que dar una adecuada formación profesional que contribuya a fortalecer el capital humano, los inputs de conocimiento que los jóvenes pueden aportar al mercado
de trabajo, porque, si no, los jóvenes van a continuar siendo, en momentos de restricción de plantillas o de restricción de la actividad económica, la carne de cañón. Los empresarios no se van a desprender de los trabajadores mayores protegidos por
sindicatos vicarios de condicionamientos que usted y todos los que estamos aquí conocemos perfectamente. Se van a desprender de los jóvenes, tengan el conocimiento que tengan. Por tanto, en el conocimiento, la formación y los inputs que ellos
pueden aportar a la empresa, basados en una formación adecuada, es donde hay que mejorar, en palabras del profesor Toharia, y algunos elementos se consignan en la alternativa, en la enmienda consensuada y que ustedes votaron. Explíqueme la
incongruencia, por qué le parece tan malo lo que el grupo parlamentario votó. Eso es lo que podemos hacer en pro del empleo juvenil. Vamos a recuperar la credibilidad de los ciudadanos mediante la articulación de una moción adecuada de estas
características. Usted dice que no, y yo creo que nos podemos aproximar a la recuperación de los ciudadanos siempre que busquemos alternativas de consenso y no alternativas de rentabilidad política, en el sentido más bastardo de la expresión.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
El señor Uriarte nos plantea una moción coincidente en el fondo de su preocupación con la moción y la interpelación que el Pleno debatió en el mes de diciembre del año pasado. Creo que todos los grupos ya manifestamos en ese debate nuestra
radical preocupación en relación con el desempleo juvenil, la principal sangría de nuestro mercado de trabajo.
Creo que todos fuimos críticos con la política del Gobierno en esta materia, con su inactividad, con el tiempo perdido durante cerca de
estos dos años, con la poca habilidad en el impulso al proceso de diálogo social, con la necesidad de adecuar las políticas activas a ese escenario de crisis, y también criticamos el poco desarrollo del Estatuto del trabajo autónomo por lo que hace
referencia al espíritu emprendedor.
Insisto en que fuimos críticos y coincidíamos en el apunte sobre el problema. Convergència i Unió y el Grupo Socialista fuimos capaces de pactar una moción, que apoyaron diversos grupos -creo recordar que
también su grupo-, que marcaba una cierta hoja de ruta en esta materia.
De esa moción, mi grupo le dio un especial valor a la apelación a un amplio acuerdo entre el Gobierno central, los agentes sociales y las comunidades autónomas en materia de
empleo juvenil. Lamentablemente, en la Conferencia de los presidentes autonómicos convocada a tal efecto, ya sea por el Gobierno, ya sea por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, lo que es cierto es que no se alcanzó un
acuerdo en materia de empleo juvenil, lo que mi grupo lamenta ya que ese mandato del Gobierno pretendía precisamente comprometer al conjunto de la sociedad en esta materia. Porque las políticas de empleo no solo dependen de lo que se hace desde el
Gobierno del Estado, sino también de lo que se hace desde los gobiernos autonómicos, en la medida en que buena parte de los recursos, de las políticas y de los servicios vinculados a lo que comúnmente denominamos políticas activas está en manos de
las comunidades autónomas. Ese acuerdo no fue posible y mi grupo lo lamenta. He de decirle que esa moción, que insisto fue aprobada en el mes de diciembre, marca un camino que recorrer en las próximas semanas y en los próximos meses para que
seamos capaces de hacer frente al problema del empleo juvenil.
Mi grupo, por coherencia con lo que se votó en diciembre a propuesta nuestra, debe esperar a que esa moción tenga su propio recorrido y a que el proceso de diálogo social, que aborda algunas de estas cuestiones tratadas tanto en su moción
como en la que aprobamos en diciembre, termine finalmente, muy significativamente la adecuación de los contratos de formación, de los contratos en prácticas; muy significativamente, como
apuntaba mi colega el señor Olabarría, la revisión de la política de bonificaciones; muy significativamente, la reforma de los servicios públicos de empleo y la colaboración del sector privado. Ahí hay un espacio suficiente para dar margen
a fin de que el diálogo social, el Gobierno y las comunidades autónomas puedan avanzar, y por tanto, señoría, no vamos a poder votar hoy su moción. Vamos a abstenernos desde una posición prudente. Hay contenidos de su texto que mi grupo puede
compartir, otros no. No vemos claro la necesidad de un nuevo contrato específico para la gente joven. Nos parece que en el contrato de formación y en el contrato en prácticas hay que intentar mejorar su atractivo para las empresas. Eso sí,
esperemos que ese proceso de diálogo social en marcha sitúe la prioridad en el empleo de las personas jóvenes, porque hoy España es líder en el conjunto de la Unión Europea en materia de desempleo juvenil, con enormes consecuencias en el medio plazo
para toda una generación, especialmente para aquella generación de jóvenes que hoy ni se están formando en el sistema educativo formal ni están participando de programas de formación ocupacional, de formación o de otro tipo, ni están trabajando.
Existe el riesgo de una brecha social enorme con esa generación. En este sentido, mi grupo y creo que todos los grupos compartimos esa preocupación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.
Señor Uriarte, su turno para aceptar o no aceptar alguna de las enmiendas presentadas.
El señor URIARTE AYALA: Por responsabilidad, presidenta, no aceptamos ninguna de las enmiendas presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Uriarte.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PROCESO DE UBICACIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD.
(Número de expediente 173/000118.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la moción del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ubicación del almacén temporal centralizado de residuos
radiactivos de alta actividad, y para su defensa tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace quince días nuestro grupo presentaba una interpelación que finalmente se substanció la semana pasada en la que preguntábamos al Gobierno cómo estaba haciendo las cosas y si debía o no cambiar. Creo que fruto de esa interpelación, en la
que se dio información y se explicaron muchas cosas a medias, hoy la conclusión es evidente: el proceso se debería paralizar y se debería hacer contando con el consenso social, político y territorial, contando con los ayuntamientos y también con
las comunidades autónomas. En el debate sobre el estado de la Nación el presidente del Gobierno me respondía que el tema de los residuos exigía un amplio consenso social, político y territorial con las organizaciones del medio ambiente, llegaba
incluso a decir, y que era así como se tenían que hacer las cosas. De hecho, en la proposición no de ley de 2006, con nuestro voto en contra y con la abstención de Esquerra Republicana, se aprobaba un mandato contando con la participación de las
comunidades autónomas, hecho que llevaba a que el decreto de 2006 hablase de la participación de las comunidades autónomas. Pero ustedes saben que algo cambió el 23 de diciembre de 2009, cuando el ministro de Industria en su orden, en la que abre
el proceso, hace desaparecer de un plumazo el papel de las comunidades autónomas. En un Estado compuesto en el que las comunidades autónomas tienen mucho que decir en este proceso para decidir dónde van los residuos radiactivos de alta actividad,
las comunidades no tenían nada que pintar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por eso presentamos la moción, entendiendo que el debate se debía y se debe hacer con rigor.
Nosotros hemos sido los únicos que hemos planteado que no se puede decidir qué hacer con los residuos si antes no se sabe hasta cuándo se generan.
Sí, la energía nuclear es profundamente inmadura porque genera residuos radiactivos por miles
de años, y nosotros entendemos que cuando se sepa qué hacer con los residuos se podrá afrontar ese debate, pero mientras eso no sea así lo que deberíamos hacer es acordar hasta cuándo los generamos para después decidir qué hacemos y cómo los
gestionamos. Esa era la postura de Iniciativa y de Izquierda Unida. No era una postura mayoritaria en la Cámara. Por eso planteamos esta interpelación con moción subsiguiente en los términos en que la Cámara había mandatado al Gobierno,
recordando que las comunidades tenían que decidir y entendiendo que el proceso se estaba haciendo francamente mal. Después, el Gobierno habló de transparencia, de equidad, de voluntariedad, de participación.
Pero, claro, la transparencia ha
brillado por su ausencia. ¿Tiene sentido que hoy hablemos de transparencia y no seamos capaces de hacer público el contrato entre Areva y Enresa -nosotros lo hemos solicitado-, con esos 60.000 euros de los que hablan que costarán los residuos
radiactivos gestionados por Francia a partir de 2011? La realidad es que la mayoría son en régimen de depósito. Y este diputado que les habla no ha podido acceder a ese contrato desde el año 2006. Transparencia no ha existido.
Se ha hablado
de voluntariedad, pero saben ustedes que la voluntariedad la han decidido ayuntamientos pequeños. Los catorce ayuntamientos que se presentaron representan a 5.000 habitantes, sin contar con consejos comarcales, con la realidad del
territorio ni con la opinión de las comunidades autónomas y además poniendo dinero por medio.Ustedes saben que en las actas de AMAC ha aparecido el acuerdo entre el ministerio y AMAC para que estos incrementasen las partidas, los recursos de AMAC,
para que finalmente presentase candidaturas. Se ha hablado de equidad y de participación, pero ustedes saben que el Convenio de Aarhus, a diferencia de lo que dijo el ministro en la interpelación, expone claramente en su articulado que el proceso
de participación se tiene que hacer con carácter previo. Y el Convenio de Aarhus sobre participación e información ambiental, que hace referencia precisamente a instalaciones como las de un almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de
alta actividad, es clarísimo al respecto. El procedimiento está contraviniendo lo que esta Cámara aprobó en el Convenio de Aarhus y lo que mandata el marco normativo vigente hoy en España. Por lo tanto, los argumentos sobran. Los argumentos los
tenemos. Es más, los argumentos se reiteran porque hoy, lamentablemente, nos encontramos con una lógica de prebendas en la que se ha intentado que haya candidatos, marginando e incluso ignorando y menospreciando la opinión de las comunidades, que
en muchos casos son del mismo color político que el Gobierno, y con un estilo que no es propio de ningún gobierno que se precie de tener un talante mínimamente democrático. Sé que tiene que ver con el Ministerio de Industria, pero sé que afecta al
partido que da apoyo al Gobierno y al conjunto del Gobierno. Por eso pedíamos algo sencillo. No íbamos a lo nuestro. No pedíamos un calendario de cierre a ver hasta cuándo se generan los residuos para decidir dónde albergar el almacén temporal
centralizado de residuos radiactivos de alta actividad, sin eufemismos, porque lo del ATC sí que es un eufemismo. Por eso hemos planteado paralizar el proceso abierto por la orden de 23 de diciembre para iniciar de nuevo un proceso con consenso
político, social, ambiental y territorial en el ámbito municipal y más allá de lo municipal.
¿Qué esperamos? Que los diputados y las diputadas de comunidades que han dicho que no a cómo está haciendo el Gobierno las cosas, diputadas y diputados de Valencia, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Cataluña, de
todos los colores y de todos los partidos, apoyen lo que está exigiendo cada uno de los parlamentos autonómicos que también ellos representan. Pero no, parece que no va a ser así. Pues bien, aún se lo vamos a poner más fácil. Hemos hecho una
autoenmienda in voce que va a decir que se albergue el emplazamiento del almacén temporal centralizado que asegure la consecución del consenso social, territorial e institucional necesario, especialmente con la Administración autonómica y local
afectada. Espero que nos digan que sí y que nadie ose vetar esta propuesta o que incluso llegue a votarla en contra, y que nadie se abstenga, porque si niegan que esto tenga que hacerse con el acuerdo y con el consenso con las administraciones
autonómicas y locales afectadas, están negando lo que ustedes votaron en la proposición no de ley en 2006.
Y espero que digan que sí, porque si no demostrarán que lo que hay encima de la mesa es un trágala, y en una democracia los trágalas no son
nada aconsejables.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, como sobre el fondo de la cuestión de este tema ya hemos hablado en un punto anterior, entendemos que el punto de vista y la opinión de nuestro grupo parlamentario ya han sido emitidos.
El señor PRESIDENTE: Muy amable, señor Esteban, muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy tenemos un debate recurrente, porque lo que plantea el señor Herrera es idéntico a lo planteado en el ámbito de las proposiciones no de ley por el señor Ridao. Por tanto, la intervención de los portavoces podría ser la misma,
pero no lo es porque algo ha cambiado desde la proposición no de ley inicial a la moción que ahora estamos tramitando.
Lo que ha cambiado ha sido que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha
realizado un cambio en su propia autoenmienda. Ahora se nos plantea, para que quede claro lo que someten a votación, que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a albergar el emplazamiento del almacén temporal centralizado que asegure la
consecución del consenso social, territorial e institucional necesario, especialmente con las administraciones autonómicas y locales afectadas. Con ese texto, señor Herrera, estamos plenamente de acuerdo. Estamos de acuerdo en que debe hacerse ese
almacén central, lo que pone: pedimos al Gobierno que albergue el emplazamiento del almacén. Por tanto, vamos a hacer ese almacén, que es lo que hemos venido votando en esta Cámara reiteradamente desde la pasada legislatura, pero lo vamos a hacer
-y esto es muy importante- asegurando consenso social, consenso territorial -no podemos adoptar esta decisión dando la espalda a un territorio; esto es importante- y consenso institucional. El consenso institucional implica no tener en cuenta
únicamente la voluntad expresada por uno, dos o cuatro municipios candidatos, sino también la concertación de la Administración autonómica correspondiente. Por tanto, si esto es lo que finalmente se somete a votación,
votaremos que sí. Si finalmente se sometiera a votación, yo pediría al Grupo Socialista que aceptara la tramitación de esta última autoenmienda, porque creo que ganamos todos, esto no divide a nadie. Pedir a esta Cámara que en la decisión
del futuro emplazamiento se abogue por el consenso -claro que sí- y por la concertación con las comunidades autónomas -lo votamos ya en el año 2006, es reiterar algo que ya se ha votado también por parte del PSOE en el año 2006- sería un mínimo
común denominador que todos podríamos aceptar. Si no se acepta finalmente esta autoenmienda y nuestro grupo tiene que votar que se suspenda el proceso y que se inicie uno de nuevo, en esos términos me expresaría igual que lo he hecho antes con la
intervención del Grupo de Esquerra Republicana y la defensa que ha hecho de la proposición no de ley el señor Ridao. En esos términos está el debate.
Reitero una vez más que Convergència i Unió no desea que cada central nuclear tenga su propio almacén individualizado. Entendemos que eso sería una mala solución. En Cataluña, donde hay tres centrales nucleares tendríamos tres almacenes,
tres ATI individualizados. Esta no sería nuestra posición porque entendemos que hay que ir hacia ese modelo de almacenes centralizados con una ubicación concertada con las comunidades autónomas y con los municipios afectados y con consenso
territorial y social. No es fácil conseguir todo ello, pero los gobiernos están también para generar consensos, para abrir procesos de manera adecuada y para dar una solución a algo que es urgente: el destino de nuestros residuos nucleares. Más
allá del debate, nucleares sí nucleares no, lo cierto es que tenemos unas centrales nucleares que generan unos residuos y debemos responsablemente buscar una ubicación para los mismos. Por tanto, en uso de esa atribución debe buscarse ese
emplazamiento. Repito, que se busque desde el consenso y desde la aquiescencia de la comunidad autónoma afectada. Sin eso, seguro que el proceso no llegaría a buen término.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Javier Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el enredo nuclear en el Gobierno socialista es de tal calibre que solo es comparable al de la realidad nacional. Fruto de ese enredo es que hoy estamos analizando una proposición no de ley y una moción con los mismos objetivos y
presentadas por dos grupos diferentes que, a la vez, se enmiendan, se autoenmiendan, y uno ya no sabe de qué está hablando aquí. Por eso, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a intentar esclarecer un asunto que debería estar
resuelto a partir del 30 de octubre de 1996. ¿Por qué esta fecha, señorías? Me van a permitir un pequeño paréntesis porque algunos de ustedes no lo habrán vivido, pero es la fecha de la constitución en el Senado de la ponencia para el estudio de
la problemática generada por los residuos radiactivos, que finalizó consensuando por unanimidad una serie de conclusiones que aún siguen siendo válidas hoy día. Por lo tanto, este asunto estaría resuelto si el Grupo Parlamentario Socialista no se
hubiera retirado en el Pleno en aquella votación sobre el tema con un comportamiento que no quiero calificar aquí. Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular, aun habiendo podido sacar adelante aquella resolución con apoyos minoritarios
pero suficientes, consideró, como aconseja el sentido común, que el consenso mayoritario es imprescindible para temas estructurales, tanto por su trascendencia social y económica como por su larga vida, como es el caso particular de los residuos
radiactivos. Por ello, señorías, si vuelvo la vista atrás no es para reprochar, que desde luego se lo merecen SS.SS. de la mayoría, sino para constatar que ustedes son los responsables del retraso de la construcción del ATC, de las penalizaciones
que deberemos pagar a partir de 2011 y de los problemas subsiguientes.
Antes de entrar en el fondo de la moción, señorías, quiero manifestarle al grupo proponente que esta es la enésima vez que tratamos este asunto en esta Cámara. Su berrinche con la energía nuclear, señorías, ya va siendo tan pesado y
duradero como la vida media de los residuos de alta actividad porque todos, desde cualquier posición, ya sea pronuclear o antinuclear, somos conscientes de que hay que resolver el problema de los residuos. Por eso quiero resaltar aquí la resolución
número 9 de la Comisión de Industria, de 14 de diciembre de 2004, que fue votada por unanimidad y que, casualmente, el grupo proponente olvida citar en el preámbulo de esta moción. Señorías, el Grupo Popular votó esta resolución porque estamos de
acuerdo con la necesidad de construir un ATC, estamos de acuerdo en que hay que dar una solución a los residuos nucleares, pero en lo que ya no estamos tan de acuerdo es en la forma en la que está actuando el Gobierno.
Señorías, no me quiero alejar del centro de este debate que gira, por enésima vez, en torno a la transparencia, a la falta de información y al consenso político. En cuanto al consenso político, algunos de esta Cámara ya sabemos que para
Izquierda Unida significa que lo hay, y está bien si están ellos; y no lo hay, y está mal cuando no están. En relación con la transparencia, debo decir que me sorprende que el grupo proponente siga echando mano del conocido Convenio Aarhus, cuando
fue traspasado a nuestro marco legislativo en la Ley 27/2006, de 18 de julio. Respecto a la información, señorías, desde la aprobación por unanimidad en 2004 de la resolución 9 antes mencionada, y puesto que el PSOE entiende los pactos como una
trágala, porque no ha respetado el Pacto de la energía y ha obviado la subcomisión, el Grupo Parlamentario Popular ha tenido que estar muy atento a las conclusiones de la mesa de diálogo sobre la energía
nuclear en España; ha estado muy atento a la apertura del periodo de información de las corporaciones locales y a la convocatoria pública; ha estado muy atento al desarrollo del programa Cowan en España; ha estado muy atento a la creación
de la comisión nacional y ha estado muy atento a todo el proceso hasta el cierre de plazo de presentación de las candidaturas. Por tanto, señorías, hemos ejercido una labor de control seria, rigurosa y duradera, que nos ha llevado tiempo, esfuerzo
y mucho trabajo, y posiblemente sea la razón por la que las cosas no se han hecho todavía peor.
Señorías -y con esto concluyo-, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con la necesidad de construir un ATC con urgencia porque, entre otras cosas, llevamos pagados a Francia casi 100.000 millones de las antiguas pesetas. El Grupo
Popular sigue manteniendo con lealtad, no como hicieron otros en el pasado, el consenso al respecto como demostramos apoyando la resolución que instaba al Gobierno a construir un ATC. Pero, señorías, eso no es dar un cheque en blanco y queremos
manifestar con toda rotundidad que estando de acuerdo en el fondo, estamos en absoluto desacuerdo con las formas de este Gobierno que son manifiestamente mejorables.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Darmendrail.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Francesc Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, cuando hace ahora casi cuarenta y cinco años se decidió construir la primera central nuclear en España se dejó una cuestión pendiente de resolver, se olvidaron de tomar una decisión muy importante, quedó pendiente decidir cuál
debía ser la solución al almacenamiento de los residuos nucleares; en definitiva, qué hacer con las 3.500 toneladas de residuos que España tiene en la actualidad. No parece, señorías, ni coherente ni responsable almacenarlos, como hasta ahora, en
el exterior de cada una de las centrales nucleares. Eso es antieconómico, se diversifican los costes y se resiente la seguridad. Tampoco parece razonable ni responsable enviarlos a Francia, al país vecino, como hicimos con los residuos de
Vandellós II. Por eso creo, señorías, que en este asunto el Gobierno ha actuado con valentía y con responsabilidad, ha hecho lo que debía y lo ha hecho en un tema tan sensible como este. La construcción de un almacén temporal centralizado es la
respuesta definitiva a nuestros propios residuos nucleares.
Un ATC es la respuesta responsable de un gobierno a nuestros propios residuos; una respuesta que solucionará de una vez por todas el problema de los residuos en nuestro país, y una decisión responsable que el Partido Popular no supo tomar
durante los ocho años que estuvo gobernando. Esta es la mejor de las soluciones posibles, sin duda, porque ofrece la máxima seguridad, tanto física como tecnológica, y eso tiene que ser objeto de reconocimiento. El ATC es la solución porque
garantiza la seguridad y minimiza el riesgo, por eso es necesario y urgente su construcción. Pero fíjense ustedes con la paradoja que nos encontramos hoy aquí: precisamente en el mismo momento en que el Gobierno decide iniciar los trámites para
encontrar un emplazamiento para los residuos nucleares en nuestro país, ustedes, diputados del grupo proponente, piden la paralización del mismo; instan al Gobierno a paralizar un procedimiento en marcha que el Congreso lleva cuatro años pidiendo
que se lleve a cabo. Menuda paradoja y menuda perplejidad, si me lo permiten, porque acabamos de saber que ustedes hoy aquí, desde la defensa de la proposición no de ley hace apenas una hora hasta esta moción, se acaban de autoenmendar por segunda
vez sobre la misma cuestión. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Al final, digo perplejidad porque nos quieren hacer votar aquello que este Parlamento ya votó allá por el año 2006. Ahí sí estamos de acuerdo, en
la necesidad de un consenso territorial y social, pero el hecho es que este Parlamento ya se ha pronunciado sobre esta cuestión. Fíjense ustedes la vuelta que acaban de dar y van a hacer votar a este Parlamento sobre un tema que ya votamos en el
año 2006.
En cualquier caso, la duda que se me presenta es saber qué es lo que pretenden exactamente, qué es lo que quieren. ¿Con la enmienda que nos acaban de anunciar nos están diciendo que renuncian a pedir la suspensión de este proceso? ¿Están
renunciando a pedir la suspensión del proceso, señor Herrera? Le digo que ojalá no tuviéramos residuos nucleares en nuestro país. Se lo digo sinceramente, señor Herrera, ojalá no los tuviéramos, pero dado que los tenemos debemos disponer de un ATC
cuanto antes. Si me permite decírselo, señor Herrera, el riesgo actual es precisamente no tenerlo. Este proceso se está llevando a cabo con la máxima transparencia, es un proceso público, abierto, transparente y participativo, donde las
comunidades autónomas van a intervenir, claro que van a intervenir, y lo van a hacer en el trámite de alegaciones, como todo el mundo sabe, en sus justos términos -cada cosa en cada momento- y respetando los plazos que están establecidos en el
procedimiento. Además se va a hacer con consenso, con consenso territorial y social, porque el consenso político mayoritariamente ya existe y ha sido reiterado en esta Cámara en multitud de ocasiones, con sus votos y con los del Partido Popular, y
evidentemente con el resto de partidos. Se lo dijo ya el presidente del Gobierno, se lo ha dicho el ministro de Industria, está recogido en las bases de la convocatoria del ATC y yo se lo repito hoy aquí: no va a haber ninguna decisión sobre el
emplazamiento del ATC sin consenso territorial ni consenso social. Esté tranquilo, señor Herrera.
Ahora, si me permiten decirlo, lo más sorprendente de esta tarde ha sido la posición mantenida por el principal partido de la oposición. El PP nos ha vuelto a
demostrar que es incapaz de pronunciarse sobre un tema de esta trascendencia. Ustedes, señores del Partido Popular, han sido incapaces ni tan siquiera de ser coherentes con aquello que llevan reclamando e impulsando desde hace más de seis
años; ni coherentes ni consecuentes.
¿Por qué un partido tan nuclearizado como el Partido Popular es incapaz de decirnos hoy aquí cuál es su posición sobre este tema? ¿Qué es lo que piensa realmente su partido, señor Gómez Darmendrail? ¿Por qué
hoy aquí no nos lo ha dicho? ¿Piensa lo mismo el señor Rajoy que la señora Cospedal o que la señora Aguirre, que hoy mismo acaba de afirmar de nuevo que es profundamente nuclear y que está a favor de la construcción de un ATC? ¿Quién manda en su
partido, señor Gómez Darmendrail? ¿Quién manda en el Partido Popular? Van a demostrar hoy una vez más que son incapaces de tomar una decisión. Señorías, con esto termino. Un partido que es incapaz de pronunciarse con claridad y firmeza sobre una
cuestión de Estado como esta, un partido que es incapaz de defender la necesidad de construir un almacén temporal de residuos nucleares no puede gobernar España, señorías, no pueden gobernar España, señores del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Vallès.
Señor Herrera, a efectos de la votación posterior, ¿qué es exactamente lo que vamos a votar?
El señor HERRERA TORRES: A efectos de la votación posterior, exactamente lo que vamos a votar es lo que he expresado en la tribuna, que es lo siguiente: albergar el emplazamiento del almacén temporal...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Hagamos una cosa, señor Herrera. Para que todo el mundo pueda saber lo que vamos a votar, como es una enmienda sobre su autoenmienda debería pasarla por escrito para que desde la Mesa se
pueda pasar a todos los portavoces y que todos los grupos están informados del texto exacto que vamos a votar.
El señor HERRERA TORRES: Así lo haré, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SALVADOR), SOBRE LAS DEBILIDADES DEL MODELO EDUCATIVO ESPAÑOL, SU ANÁLISIS Y LA REFORMA PARA SU MEJORA.
(Número de expediente 173/000119.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador, sobre las debilidades del modelo educativo español, su análisis y la reforma para su mejora.
Tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la semana pasada debatimos con el ministro sobre el estado de la educación en España y sobre el futuro del sistema educativo. También hablamos y coincidimos -en eso coincidimos todos- en la necesidad, al menos la conveniencia, de
llegar a un gran acuerdo en esta materia.
También analizamos y coincidimos en la urgencia de llevar a cabo toda una serie de reformas en el sistema que garanticen una mayor equidad y una mayor calidad. Somos muy conscientes de la importancia de la
cuestión porque, como decíamos en nuestra exposición de motivos, la valía de un país depende decisivamente de la formación de sus ciudadanos. Lo cierto es que las cifras de fracaso escolar y de abandono hoy en España no son nada presentables y que
debemos buscar fórmulas para mejorarlas. Más de un 30 por ciento de alumnos no consigue el certificado ESO en España, lo cual supone, si me lo permiten, un auténtico escándalo y constituye, más aún, un drama colectivo de primera magnitud al privar
a una importante masa de jóvenes españoles de unos conocimientos que, en otro caso, podrían abrirles unas puertas profesionales que de este modo se les cierran irremediablemente. Por eso hemos presentado una moción que responde a los tres objetivos
que planteábamos en la interpelación.
Primero, defender la conveniencia de un pacto. Segundo, aportar una serie de reformas que, con o sin pacto, consideramos indeclinables y urgentes.
Y, tercero, dejar constancia de la necesidad de garantizar la
libertad de enseñanza y la conveniencia de estudiar y conocer propuestas educativas alternativas al modelo español pero conocidas y experimentadas con éxito fuera de España. Para cumplir este último objetivo incluimos dos últimos puntos en la
moción, en los que pedimos al Gobierno que desarrolle acciones y medidas que garanticen, de forma real y efectiva, el ejercicio del derecho de los padres a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos, y que posibilite experiencias
educativas innovadoras a través de las que se puedan poner en valor otras formas de organización, metodologías docentes, las cuales, tras su posterior evaluación permitan avanzar al sistema educativo español hasta colocarlo entre los de mayor nivel
del mundo.
No hemos querido plantear una moción omnicomprensiva y hemos rehuido expresamente en la formulación del texto final de aquellos debates que todavía están sin resolver, y que generan una polémica dentro y fuera de esta Cámara que no nos
pareció oportuno reproducir en este debate. Tiempo habrá para discutir sobre ellos. En todo caso, no queríamos ser nosotros, ni mi grupo ni mi partido ni yo mismo, quienes anticiparan o adelantaran acontecimientos, posturas o fricciones futuras si
las hubiera entre unos y otros. No es nuestro cometido.
Al concretar las medidas en la moción que, a nuestro juicio, pueden mejorar el sistema educativo, hemos pedido, eso sí, máxima ambición en aquellos puntos que no generen problemas y acometer con independencia el gran acuerdo, como dijimos en
la interpelación, que no es una meta sino un camino. Quizá el pacto sea el mejor camino, aunque obviamente no es el único.
En nuestra moción hablamos, como anunciamos, de competencias comunes, hablamos de atención a la diversidad, hablamos de bilingüismo necesario y hablamos de formación profesional. Créanme si les digo que no son cuestiones menores y que
detrás de estas propuestas hay una experiencia contrastada a lo largo del tiempo con unos determinados resultados. Si en el resto de España la tasa de abandono escolar asciende a más del 30 por ciento, esa tasa se reduce ostensiblemente en Navarra
hasta el 14 por ciento. Quiero que retengan bien el dato, porque si proponemos medidas concretas en estos cuatro campos lo hacemos porque la aplicación de estas medidas o de estos modelos, llámenlos como quieran, son, entre otras cosas, las causas
eficientes de los buenos resultados de la educación en Navarra. Por eso incluimos medidas para garantizar que todos los alumnos logren las competencias básicas europeas que les permitan adquirir capacidades para ejercer la ciudadanía activa y
democrática, al mismo tiempo que les permita una adecuada inserción laboral y social. También pedimos que se potencie una escuela inclusiva que garantice una intervención educativa temprana y eficaz desde el inicio de la escolarización de los
niños, y que responda a las necesidades específicas de cada alumno como vía fundamental para evitar el fracaso escolar y la exclusión social. Por eso pedimos también una apuesta firme por la internacionalización del sistema educativo de nuestro
país, a través de una educación bilingüe que permita la plena participación de nuestros jóvenes en un mundo globalizado, y no tendremos ni tenemos inconveniente en matizar que lo sea plurilingüe allí donde exista más de una lengua propia.
Por último, también ofrecemos medidas concretas para dignificar la formación profesional, potenciando la excelencia de la formación tecnológica, garantizando el nivel de flexibilidad necesario para responder a las necesidades de nuestro
entorno social y productivo, y manteniendo las condiciones de acceso actuales a los ciclos formativos de formación profesional para evitar que dichos estudios puedan convertirse en una segunda vía de menor calidad dentro del sistema educativo
español.
No quisiera terminar este debate sin expresar mi opinión ante una afirmación que realizó el ministro de Educación al considerar en su réplica, cuando discutimos en la interpelación, que la educación se trataba de un derecho público. Si
fuera así, la pregunta, señorías, es lógica: ¿Quién es la persona, quién ostenta la titularidad del derecho a la educación? No compartimos esta visión, que responde, a nuestro juicio, a un patrón antiguo del concepto de derecho a la educación.
Los titulares del derecho son los padres, por eso la Constitución garantiza su libertad para educar a sus hijos donde y como crean oportuno dentro de la ley. Los hijos son la máxima responsabilidad de los padres, en ningún caso son del Estado. Los
hijos nunca son hijos del Estado. Otra cosa es que el Estado asuma la obligación de garantizar que en España se eduque a todo el mundo, que está bien y es un bien, pero eso no debe significar en modo alguno que garantizar que todo el mundo tenga
una educación básica obligatoria y gratuita coarte el respeto al derecho a elegir la educación que cada padre quiere para sus hijos.
Señorías, se han presentado varias enmiendas por parte de tres grupos de la Cámara. Hemos llegado a un acuerdo con dos de ellos y hemos analizado cada una de ellas sobre las siguientes premisas: la primera, que las enmiendas no generaran
otros debates aun pudiendo compartirlas ideológicamente y, la segunda, que no llegara un punto en que las propuestas recogidas en las enmiendas desnaturalizaran las propuestas concretas que consideramos idóneas para mejorar la calidad. Por eso,
señora presidenta, hemos hecho llegar a la Cámara el texto de una enmienda transaccional al que hemos llegado con los grupos Socialista y Convergència i Unió. Finalmente, queremos agradecer los esfuerzos de todos los grupos, que consideramos
constructivos, pero en caso de que la enmienda sea vetada no tenemos inconveniente en volver a defender las posturas tal y como lo hemos hecho al inicio de esta intervención.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.
A esta moción se han presentado enmiendas por varios grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Tal y como he tenido ocasión de manifestar en persona a don Carlos Salvador, Convergència i Unió ha valorado positivamente tanto la interpelación que formuló la pasada semana como los términos generales en los que ha concretado la moción que
estamos debatiendo. Es cierto que quizás no se aporta algo realmente nuevo, pero a nuestro juicio ayudan a perfilar elementos que debe contener el pacto por la educación. Es una moción que en el punto primero persigue un mandato de la Cámara para
alcanzar este pacto, algo en lo que -como ya hemos tenido ocasión de manifestar con anterioridad- no solo coincidimos, sino que me voy a permitir reiterar que desde Convergència i Unió fuimos los primeros en reclamar al inicio de la pasada
legislatura, antes incluso de que comenzara la tramitación de la vigente Ley Orgánica de Educación y que además hemos sido capaces de practicar, puesto que en Cataluña, desde la oposición pero también desde la responsabilidad, hemos pactado una ley
educativa con las dos fuerzas mayoritarias del
actual Gobierno, y hemos hecho de la Ley de Educación de Cataluña una ley de país y no de un determinado gobierno o de un determinado partido.
Es una moción que en el punto segundo aborda, a nuestro juicio, alguna de las medidas importantes sobre las que debería haber acuerdo, como garantizar de manera real y efectiva el ejercicio del derecho de los padres a elegir la educación que
quieren para sus hijos, en los términos consagrados en el artículo 27 de la Constitución, algo que pasa por calcular y sufragar la cuantía del costo real del módulo, lo cual, a pesar de haberse contemplado ya en la vigente Ley de Educación y haber
sido reclamado por Convergència i Unió en muchísimas ocasiones, hoy, casi cinco años después, todavía no se ha hecho, y es evidente que sin gratuidad no puede haber libertad de elección. Algo como potenciar una escuela verdaderamente inclusiva, que
responda a las necesidades específicas de cada alumno o abordar y desarrollar un sistema integrado de formación profesional. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es una moción que aborda también posibilitar experiencias educativas
innovadoras o garantizar que los alumnos logren competencias básicas europeas para ejercer la ciudadanía activa y democrática, así como una adecuada inserción laboral y social. Convergència i Unió ha presentado, como se ha señalado ya, una enmienda
que consiste en tres partes. Una primera encaminada a concretar que las medidas que se proponen no sean una lista cerrada sino abierta, porque hay otros temas también importantes de abordar, como la formación del profesorado o la dirección de los
centros. En segundo lugar, el ámbito competencial. Proponemos que todas estas medidas deban abordarse desde el Estado con respeto a las competencias de las comunidades autónomas, puesto que Convergència i Unió no va a validar un pacto para
homogeneizar las políticas educativas o para recuperar competencias. Y en tercer lugar, proponemos que cuando el texto se refiere a la internacionalización del sistema educativo se sustituya la expresión, educación bilingüe, por plurilingüe, para
que se incluyan también las comunidades autónomas que ya son bilingües, por ejemplo, Cataluña.
Finalmente, quiero manifestar que estando de acuerdo con el texto propuesto inicialmente con estas matizaciones, y estando también de acuerdo con las enmiendas propuestas por el Grupo Socialista, que parece ser que es lo que se va a aceptar
según hemos plasmado en una enmienda transaccional, quisiera hacer, desde el respeto y el afecto que sabe el señor Gómez Trinidad que le tengo, una consideración a la enmienda presentada por el Grupo Popular. Una enmienda que, desde luego, no
hubiéramos podido apoyar la moción si se hubiera aceptado, puesto que nos parece una enmienda centralista que pretende, por un lado, la recuperación de competencias por parte del Estado e intenta, especialmente, ser un torpedo al sistema de
inmersión lingüística que se está llevando a cabo en Cataluña desde hace más de dos décadas, un sistema valorado muy positivamente desde organismos internacionales y que además aparece y desaparece del discurso del Grupo Popular en función de no
sabemos qué intereses. Sin ir más lejos, en la reciente comparecencia del ministro de Educación para hablar justamente del tema que hoy nos ocupa, se reconoció por el mismo señor Gómez Trinidad que no era la lengua el problema de la educación,
mientras que hoy parece que lo vuelve a ser. No hubiéramos podido apoyar en modo alguno, ni lo vamos a hacer, un discurso que por un pretendido rédito electoral quiere convertir en un problema político algo que, como sabe perfectamente el Grupo
Popular y el señor Gómez Trinidad, no es en modo alguno un problema real.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero en primer lugar agradecer la sensibilidad que ha mostrado el señor Salvador porque, como él mismo decía el otro día, tiene pocas oportunidades de presentar interpelaciones, y en cierto sentido es de agradecer que teniendo
pocas oportunidades elija el tema educativo. Ahora bien, tal como se ha planteado y se ha desarrollado entre tener pocas oportunidades y jugar al oportunismo, hay un riesgo en el que fácilmente se puede caer. Le tengo que decir, señor Salvador,
que coincidiendo con muchos de sus planteamientos, ha perdido en este caso una oportunidad de empujar en el buen sentido al pacto, porque el pacto no requiere en estos momentos de oportunismo; requiere de serenidad, requiere de esfuerzos y, sobre
todo, requiere de clarificación. Usted ha hablado en el primer punto de seguir apostando por alcanzar un gran acuerdo. Mi grupo está todas las semanas en el ministerio negociando, por tanto, no nos tienen que dar ni lecciones ni impulso. En todo
caso, lo que tienen que decirnos es de qué hay que pactar. Aquí es donde usted podía haber hecho una gran ayuda al pacto. Por qué y para qué es necesario este pacto. Preguntas que el ministro ha evadido y que usted conoce perfectamente y, sin
embargo, no ha querido explicitar. Hubiera hecho un gran servicio al pacto y a esta nación diciendo cuáles son los motivos profundos del pacto, porque no es la inestabilidad política, sino que es precisamente la estabilidad ideológica educativa de
veinte años lo que está erosionando el sistema educativo y a las generaciones actuales. Y ahí es donde tendríamos que habernos puesto de acuerdo.
Hagamos un pacto, sí, pero un pacto sobre medidas profundas, porque en estos momentos o reformamos el sistema educativo y hacemos enmiendas de calado o estaremos, como usted decía el otro día, haciéndonos trampas en el solitario. En segundo
lugar, si estamos hablando de un pacto de Estado -y el propio documento
ministerial reconoce que es un pacto de Estado-, hay que hablar de aquellas cuestiones de Estado que lamentablemente treinta años después de la Constitución aún no están resueltas. Usted ha puesto de manifiesto uno de los elementos clave
que no está resuelto, como es el tema del derecho a elegir la educación de los hijos, pero lamentablemente junto con esos derechos hay otros respecto a los que muchos colectivos se sienten molestos porque sencillamente no ven que puedan hacer ese
ejercicio, como es el caso de utilizar en algunos territorios el castellano en la enseñanza o como es el caso de sentirse invadido en determinados valores que tienen una dimensión personal o familiar. Estos son los temas de los que tenemos que
hablar si queremos hacer un pacto de Estado.
Por tanto, creo que estamos haciendo todos un gran esfuerzo por alcanzar un pacto y evidentemente para alcanzar ese pacto necesitamos tomarnos en serio. Lo hemos dicho desde el comienzo, queremos un pacto de Estado de verdad, no queremos
sencillamente abordar cuestiones colaterales. No nos engañemos, en estos momentos no es el pacto lo que va a hacer buenas las medidas sino las medidas las que han de hacer buenas el pacto. Usted, como alternativa -apoyado por el Grupo Socialista-,
propone y nos dice: En cualquier caso, en el pacto deben contemplarse una serie de medidas.
¿Y por qué esas y no otras? ¿Porque no podemos hablar de la figura del profesor, del modo de formar, de seleccionar, de la carrera docente del profesor?
¿Por qué no hablamos de la evaluación y de la rendición de cuentas? Señor Salvador, señora Martínez, yo creo que en estos momentos lo que necesitamos es sencillamente un pacto de verdad que nos saque de la situación insostenible en la que se
encuentra el sistema educativo.
Además de otras cosas, lo más importante es que estamos perdiendo lo mejor de nuestros jóvenes y abocándoles al paro. Pero, además, en términos económicos -no sé si hemos destacado esto suficientemente- estamos
perdiendo un punto del PIB por el gran fracaso escolar que tenemos en España. Por tanto, hagamos una revisión de qué está funcionando mal y solucionemos los temas de Estado que siguen estando pendientes. Por parte del Partido Popular esto no va a
restar ningún empeño para seguir luchando, para seguir esforzándonos por conseguir un auténtico pacto basado en medidas consistentes y en reformas de calado del sistema educativo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Trinidad.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Cándida Martínez López.
La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la propuesta del pacto social y político por la educación fue realizada por el presidente del Gobierno en esta misma Cámara. Procurar la estabilidad del sistema educativo, mejorarlo allí donde se ha detectado que tenemos problemas
y darle la fortaleza y los medios para afrontar los retos educativos que tenemos en el siglo XXI son los ejes principales que guían esta propuesta. Nuestro país, señorías, ha sido protagonista de un cambio gigantesco en materia educativa en las
últimas décadas. Se han logrado cotas de escolarización, de igualdad y de avance en la calidad que hace poco parecían inalcanzables. Gracias a ello ha aumentado el nivel cultural de la población, sus posibilidades profesionales y laborales, la
igualdad de oportunidades y la cohesión social. Se trata por tanto ahora de reconocer y consolidar lo que hemos conseguido, y además lo hemos conseguido de forma colectiva. Se ha conseguido gracias al trabajo de las comunidades autónomas, del
Gobierno de España, del profesorado, de los centros; en definitiva, de toda la sociedad española. Reconozcamos ese gran trabajo realizado, pero también y sobre todo o fundamentalmente se trata ahora de mejorar allí donde efectivamente tenemos
problemas y sobre todo de afrontar entre todos y con eficacia los retos educativos del siglo XXI. Estamos obligados a promover una nueva ambición social y educativa vinculada a la conformación de nuestra sociedad como sociedad del conocimiento.
Sabemos muy bien que el futuro de nuestro país debe inscribirse -como ya ha reiterado en esta misma tribuna el presidente del Gobierno- en un proyecto nuevo de crecimiento económico y social sostenible, donde la educación adquiere una relevancia
acorde con su papel central en las sociedades del conocimiento, y para ello, para afrontar con éxito ese gran reto, hacemos falta todos, grupos políticos, administraciones educativas y comunidad educativa. Estamos ante una oportunidad inmejorable
para acordar con responsabilidad las vías de futuro por las que queremos que transcurra la educación en nuestro país. Señorías, tenemos muchas propuestas comunes para mejorar el sistema educativo. Es el tiempo, pues, de anteponer lo que nos une en
lugar de lo que nos separa. No se trata de hacer un cambio de modelo educativo ni de abordar, al hilo del pacto, otros temas que poco tienen que ver con aquellos que sin duda necesita la educación en nuestro país, es decir promover el éxito
escolar, reducir el fracaso escolar, darle el impulso que necesita a la FP, apoyar al profesorado, reforzar la igualdad en la educación o promover la mayor excelencia para nuestras universidades. No entendería la sociedad española que al hilo de
estos temas, que son los que de verdad preocupan y que es donde necesitamos concentrar esfuerzos, los debates se deslizasen por otros derroteros que hiciesen difícil el acuerdo. Este grupo espera de verdad que esa no sea la estrategia elegida por
el Grupo Parlamentario Popular al plantear esta dificultad de acuerdo, tal como hoy señalaba su portavoz.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está trabajando por este pacto con honestidad, con responsabilidad y anteponiendo los intereses generales a los particulares, sabiendo que hemos de buscar lo que
tenemos en común, lo fundamental y dejar a un lado aquello que nos separa.
Por eso este grupo ha señalado -y lo volvemos a reiterar- que el pacto educativo debe contemplar tres grandes puntos básicos. El primero, la estabilidad a partir de
la legislación existente y asegurada con el consenso de todos los grupos. El segundo, la mejora de la calidad de todo nuestro sistema educativo, desde los rendimientos escolares hasta el impulso de la formación profesional, la carrera profesional y
el prestigio del profesorado, la modernización de nuestro sistema educativo con las TIC o el plurilingüismo o, por supuesto, la excelencia de las universidades, al menos en dos terrenos, los campos de excelencia internacional y el modelo de
financiación. Y el tercer punto básico, el tercer factor central, la equidad, la igualdad de oportunidades, porque la mejor educación debe alcanzar, debe llegar al conjunto de la población sin discriminaciones para que sea real la igualdad de
oportunidades.
El ministerio -como ya se ha puesto de relieve en las intervenciones de esta tarde- se está reuniendo con grupos políticos, con la comunidad educativa y por supuesto con las comunidades autónomas. Ahí precisamente, en el ámbito de la
conferencia sectorial, ha presentado un documento al que el conjunto de los grupos políticos estamos haciendo y hemos hecho aportaciones. Precisamente, señorías, la moción que presenta UPN va en esa dirección de buscar acuerdo y consenso. El Grupo
Socialista quiere contribuir a ello y, en consecuencia, ha presentado una enmienda con tres cuestiones concretas: la primera, que las medidas aquí propuestas se incorporen al acuerdo que en estos momentos se está llevando a cabo; la segunda,
concretar el carácter orientador de cuarto de ESO y las opciones correspondientes y, la tercera, la apuesta por el plurilingüismo, más acorde con la internacionalización de la que habla la moción. También hemos suscrito esa transaccional que espero
que sea bien vista por el resto de la Cámara. Señorías, son enmiendas presididas en todo momento por la voluntad de diálogo y, sobre todo, con la intención de buscar espacios de coincidencia para que todos los grupos de esta Cámara puedan
suscribirla y, de ese modo, demos un paso más hacia ese objetivo común reiterado por todos los grupos de esta Cámara que es lograr el pacto por la educación. Hoy se trata de dar un paso más y para eso este grupo ha presentado estas enmiendas y ha
tenido esta voluntad de acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez López.
Para fijar posición por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
El diputado navarro nos ha presentado una moción legítima, pero creo que un tanto inoportuna en tanto en cuanto ahora estamos a la espera de las respuestas que el Gobierno español debe trasladar a los distintos grupos parlamentarios que
hemos considerado que sería interesante trabajar para un marco de acuerdo, pacto de Estado de educación, a fin y efecto de avanzar en la excelencia educativa, básicamente para reducir el fracaso escolar y el abandono prematuro, dos problemas básicos
que hay que resolver de forma inmediata. De manera que estamos a la espera; ciertamente, hoy por hoy parece que el Gobierno español ha puesto mucho interés en sacar adelante el posible pacto de Estado. Nosotros nos hemos limitado a transmitir al
Gobierno cuáles son las condiciones para que podamos incorporarnos a ese pacto de Estado. Son condiciones bien conocidas por el Gobierno que van desde la absoluta escrupulosidad con las competencias en materia educativa, el respeto a las leyes
educativas -en el caso catalán, por ejemplo, a la última Ley de Educación de Cataluña-, hasta avanzar hacia modelos curriculares más abiertos; no abordar el Estatuto básico de la Función pública con la voluntad de cerrar un modelo de cuerpos
docentes que lesione aquello que ha legislado el Parlamento catalán en el caso nuestro; traspasar las becas a las comunidades autónomas; llevar a cabo aquello que aprobó el Congreso de los Diputados respecto a la neutralidad religiosa en cuanto a
la exposición de la simbología religiosa y, sobre todo, que este pacto de Estado sirva para poder blindar -para poder blindar- todos los sistemas educativos en los cuales la lengua vehicular sea una lengua distinta a la castellana, pero además
también para que en aquellas comunidades autónomas en las que la lengua propia es una lengua distinta a la castellana pero no tienen garantizada todavía su inmersión en el sistema escolar, puedan avanzar también gracias a este pacto de Estado, que
obliga a los grandes partidos españoles. Finalmente, también queremos impulsar que en aquellos territorios del actual Estado español donde la única lengua propia es la lengua española se den las condiciones necesarias para que aquellos ciudadanos
que lo quisieran pudieran adquirir a través del sistema escolar los conocimientos de otras lenguas del Estado español. Estas son a grandes trazos las condiciones que ha puesto Esquerra Republicana para poder sumarse al pacto de Estado, y ya le
repito que estamos a la espera.
Nosotros no entramos ni salimos en esta iniciativa que presenta el compañero diputado de UPN. Es más, no nos gustan las enmiendas del Partido Socialista y menos todavía la transaccional, de manera que nosotros entendemos que ahora estamos
en el tempo de la respuesta -que esperamos que sea pronta- del Gobierno a fin y efecto de descubrir si la voluntad del ministro Gabilondo es, además de sincera, políticamente rentable en tanto en cuanto ha creado las condiciones necesarias para
poder arrastrar al Partido Popular. Porque, que quede claro, nosotros nunca nos sumaríamos a un pacto de Estado que significase retroceder un centímetro ante el statu quo actual. El pacto de Estado solamente puede servir para avanzar. Si
significa retroceder, nosotros no
nos vamos a sumar y esta transaccional huele -permítanme que lo diga de esta manera- a retroceso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: El hecho de presentar una iniciativa de este tipo en el momento en que se están desarrollando una serie de conversaciones entre los diversos agentes políticos y sociales en materia de educación, desde luego no nos
parece ni adecuado ni correcto. No es oportuno, sí es oportunista. No tiene ningún sentido que en el momento en que se necesitan unas conversaciones con la debida discreción para intentar llegar a puntos en común, saquemos aquí un debate a mayor
gloria de algún diputado, porque así va a aparecer, si esto sale adelante, el señor Salvador, como un facedor de pactos, el salvador del pacto de Estado -haciendo honor a su apellido- y desde luego ya condicionándolo, porque en la transacción que se
está planteando se habla ya de que en todo caso el acuerdo contendrá, entre otras, las medidas siguientes. Nosotros no creemos que en un debate de cinco minutos por cada grupo y planteado de repente, de una semana a otra, en esta Cámara se tengan
que solucionar este tipo de asuntos que, como digo, llevan una dinámica más profunda fuera de este hemiciclo. Además, condicionando ¿qué temas? ¿Se avanza en algo? ¿Verdaderamente tiene algo de contenido lo que se plantea? Por ejemplo, claro que
estamos de acuerdo cuando se dicen cosas como impulsar junto con el resto de los grupos políticos el compromiso de desarrollar los ámbitos de actuación en el área educativa sobre los que exista un acuerdo básico. En cuanto exista un acuerdo básico
todos vamos a impulsarlo, pero para eso no hace falta una moción ni una PNL, ni siquiera un pacto de Estado. Claro que estamos de acuerdo cuando se dice: poner en marcha sistemas de evaluación que permitan la detección precoz de necesidades de
atención específica y asegurar una adecuada financiación de estas medidas. ¿Cómo? ¿De qué tipo? También habla, por ejemplo, de educación bilingüe. Lo ha dicho tres veces, aunque luego haya dicho una vez plurilingüe, porque quizás puede haber ahí
una enmienda planteada por Convergència i Unió. Bilingüe, pero no está pensando en un idioma de su propia comunidad autónoma, sino que está pensando en el inglés, entendemos. Los idiomas propios de cada comunidad autónoma quedan apartados. ¿Cómo
puede hablar de bilingüismo y de conocimiento de idiomas un partido político que hace una auténtica persecución en el ámbito educativo a la ya denominada en el siglo XII por Sancho el Sabio lingua de Navarra, el euskera, el idioma vasco? Digo
auténtica persecución, claro que sí. Y unido a esto ¿cómo pueden tener la desfachatez de presentar un punto f) que diga: Desarrollar acciones y medidas que garanticen de forma real y efectiva el ejercicio del derecho de los padres a elegir
libremente la educación que quieren para sus hijos, consagrado en el artículo 27.3 de la Constitución española? ¡Consejos vendo y para mí no tengo! Ustedes están negando en la Comunidad Autónoma de Navarra el derecho a una educación como quieren
sus padres a más de un tercio de los escolares navarros, que quieren ser educados y que quieren vivir en euskera, y a los que ustedes niegan absolutamente la financiación. Por lo tanto, un partido que adopta una y otra vez estas medidas
discriminatorias contra una lengua propia de su territorio, desde luego no es creíble para hacer este tipo de propuestas. Y sigue más la filfa: Asegurar una cualificación profesional al menos de nivel 1 para todos los que entren en el mercado
laboral. ¿Cómo? No lo sabemos. Desde luego, si se va a cualquier manual sobre educación seguro que frases y latiguillos de este tipo podemos encontrar mil. Basta ir allí, copiarlos y ¿quién va a estar en contra?
Ahora bien, el Grupo Socialista sí mete de rondón una enmienda, que puede que se admita, con lo único que le interesa cambiar de la Ley Orgánica de Educación -lo ha manifestado así en el texto que nos ha presentado y que es público del pacto
de Estado para la educación-: posibilitar opciones de carácter orientador en cuarto curso de la ESO. Es decir, ya condicionamos con el texto, tal y como se aprobara, que esto tendría que ser así, porque el pacto debería incluir también esto.
Desde luego, el que sale ganando en esta discusión es el Partido Socialista. Nosotros no estamos dispuestos a votar a favor de filfas oportunistas que no aportan nada y que no se corresponden en absoluto con la actitud del partido proponente. Por
lo tanto, nos opondremos a esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Señor Salvador, ¿tiene la bondad de informarnos de si acepta S.S. alguna enmienda para su incorporación?
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, hemos presentado una enmienda transaccional que está firmada y presentada a la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 100696.)
El señor PRESIDENTE: Con respecto al último punto, dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
sobre declaraciones de actividades, ¿algún señor diputado desea hacer uso de la palabra? (Denegación.)
Se da por examinado y se pasará a votación. Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)
Vamos a iniciar las votaciones.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. JORQUERA Y SRA. FERNÁNDEZ), SOBRE REFORMA DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS COMUNIDADES DE MONTES VECINALES EN MANO COMÚN, Y POR LA QUE SE MODIFICAN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2004, DE 5 DE MARZO, Y LA LEY
37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE. (Número de expediente 122/000188.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre la reforma del régimen fiscal de las comunidades de montes vecinales en mano común y por la que se modifican
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 343.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA MEJORAR LA TRIBUTACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y GANADERO ESPAÑOL.
(Número de expediente
122/000184.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para mejorar la tributación del
sector agrario y ganadero español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 169; en contra, 172; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LA UBICACIÓN DEL ATC Y
PARALIZACIÓN DE SUS CONCLUSIONES HASTA EL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES. (Número de expediente 162/000578.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la mejora de la transparencia en las actividades de la comisión interministerial encargada de estudiar la ubicación
del ATC y paralización de sus conclusiones hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales. Esta proposición no de ley se vota en los términos de la enmienda transaccional que ha sido presentada. Pregunto a la Cámara, ¿algún
grupo se opone a la tramitación? (El señor García-Tizón López pide la palabra.) Señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: ¿Es una enmienda transaccional que no se refiere a la enmienda transaccional que se ha presentado posteriormente a la moción?
El señor PRESIDENTE: Sí, es la misma transacción -según me ha informado el grupo parlamentario- que se ha presentado para la moción. Concretamente es la que dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a albergar el
emplazamiento del ATC, que asegure la consecución del mayor consenso social, territorial e institucional, especialmente con las comunidades autónomas y entidades locales afectadas. ¿Es así, señor Ridao? (Asentimiento.) Por tanto es la misma
enmienda transaccional para las dos iniciativas. ¿Aceptan su tramitación? (Asentimiento.)
En esos términos comienza la votación de la PNL. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 339; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en los términos dichos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. DÍEZ GONZÁLEZ), DE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL. (Número de expediente 162/000563.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Díez, de reforma de la Ley Electoral. Se vota en los términos en que ha sido presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, cuatro; en contra, 335; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL DESEMPLEO JUVENIL. (Número de expediente 173/000117.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas que va a tomar el Gobierno para reducir el desempleo juvenil. Se vota en los términos de la moción presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 151; en contra, 181; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PROCESO DE UBICACIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD.
(Número de expediente 173/000118.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el proceso de ubicación del almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad. Esta
moción tiene presentada una enmienda transaccional. ¿Acuerda la Cámara su tramitación? (Asentimiento.)
En los términos de la enmienda, que es la misma que he leído con anterioridad, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor 341; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SALVADOR), SOBRE LAS DEBILIDADES DEL MODELO EDUCATIVO ESPAÑOL, SU ANÁLISIS Y LA REFORMA PARA SU MEJORA.
(Número de expediente 173/000119.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador, sobre las debilidades del modelo educativo español, su análisis y la reforma para su mejora. Esta moción tiene presentada una enmienda transaccional. ¿Algún
grupo se opone a su tramitación? (El señor García-Tizón López pide la palabra.)
¿Sí, señor García-Tizón?
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, presidente.
Nuestro grupo se opone a la tramitación de esta enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: En tal caso, ¿me ha parecido percibir que solicitaban la votación separada de sus distintos epígrafes, señor Salvador?
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Aceptaré las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y de Convergència i Unió, para votarlo todo en una única votación.
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, por si se incurre en alguna contradicción conceptual. (Pausa.)
No siendo contradictorias las enmiendas que acepta S.S., se vota en los términos de la moción, más las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 180; en contra, 16; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 100696.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre las declaraciones de actividades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 308; en contra, seis; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.