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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 127, de 26/11/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 127
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 119
celebrada el jueves, 26 de noviembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación.)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la lucha contra el cambio climático y el papel de España en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas en Copenhague.
(Número de expediente 173/000104.) ... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el hundimiento del sector agrario español. (Número de expediente 173/000105.) ... (Página 8)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores Diputados. (Número de registro 90788.) ... (Página 14)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 31-1, de 1 de julio de
2009. (Número de expediente 121/000032.) ...
(Página 14)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 41-1, de 2 de octubre de 2009. (Corrección de error en BOCG, serie A-41-2, de 5 de
octubre de 2009.) (Número de expediente 121/000041.) ... (Página 24)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 41)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación.) ...
(Página 42)
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 42)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 44)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación.) ...
(Página 4)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la lucha contra el cambio climático y el papel de España en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas en Copenhague ...
(Página 4)
Defiende la moción el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Moraleda Quílez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Herrera Torres.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el hundimiento del sector agrario español ... (Página 8)
Defiende la moción el señor Llorens Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Arias Cañete pide la palabra al amparo del artículo 71 del Reglamento.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Llorens Torres.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 14)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página 14)
La Presidencia pregunta si algún diputado desea intervenir en este punto y al no solicitar ninguno la palabra pasa directamente a votación.
Enmiendas del Senado ... (Página 14)
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ... (Página 14)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Seco
Revilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves).
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 24)
Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ... (Página 24)
Defiende el proyecto de ley la señora ministra de Igualdad (Aído Almagro).
En turno de defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen el señor Salvador Armendáriz, las señoras Díez González, Barkos Berruezo y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; Tarruella Tomàs y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) y Alonso Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 41)
Sometida a votación la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la lucha contra el cambio
climático y el papel de España en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas en Copenhague, se aprueba por 345 votos a favor y uno en contra.
Sometidos a votación separada cada uno de los 9 puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el hundimiento del sector agrario español, se aprueban los
puntos 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9 y se rechazan los puntos 4 y 5.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación.) ...
(Página 42)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados, se aprueba por 338 votos a favor y ocho abstenciones.
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 42)
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Votación de conjunto ... (Página 44)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 180 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 44)
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, se rechazan por 162 votos a favor, 183 en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la advertencia reglamentaria de que en el supuesto de que la Cámara acepte incorporar alguna enmienda en el proyecto de ley orgánica que modifica la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, tendrá
la consideración, por tanto, de precepto orgánico que habrá que votar de conjunto, y esa votación anuncio reglamentariamente que no será antes de las doce horas del día de hoy.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PAPEL DE ESPAÑA EN LA CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE NACIONES UNIDAS EN COPENHAGUE.
(Número de expediente 173/000104.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el examen del orden del día en primer lugar con la continuación del punto III: Mociones consecuencia de interpelación urgente: moción del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, sobre la lucha contra el cambio climático y el papel de España en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas en Copenhague. Para la defensa de la moción tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.
El objetivo de esta moción era traer a esta Cámara el debate sobre el reto del cambio climático; un reto, y no lo digo con grandilocuencia, que es seguramente el principal reto de la humanidad a día de hoy y un reto que se plantea a escala
global en un debate planetario con una apelación al individuo, al compromiso personal, pero que lamentablemente no tiene una traslación, si ustedes quieren, política. Creo sinceramente que este reto, en España y en el conjunto del planeta, no lo
podremos afrontar mientras los ciudadanos y ciudadanas no castiguen a los gobiernos que no cumplen en la lucha contra el cambio climático, mientras los debates sobre esta materia pasen desapercibidos, mientras continuemos desligando, desasociando la
política, de la lucha contra el cambio climático. A partir de esta reflexión nuestro grupo quiso que ante las puertas de Copenhague esta Cámara se pronunciara, que esta Cámara diera un mandato al Gobierno sobre cuál era la hoja de ruta que tenía
que llevar a la cumbre de Copenhague.
Nuestro interés y nuestra intención es que hubiera en esta cumbre un liderazgo por parte del Gobierno -algo que echamos en falta sin ir más lejos en la cumbre de Barcelona-, un liderazgo europeo ante un mundo bipolar, el mundo de Estados
Unidos y de China, que parece decir: déme usted más tiempo, cuando el tiempo se ha acabado, cuando ya no hay más tiempo que perder. Entendíamos y entendemos que ante este escenario este Congreso le tenía que decir al Gobierno que queríamos un
acuerdo vinculante, también jurídicamente vinculante, que no teníamos que tirar la toalla, que necesitábamos de un compromiso, un compromiso de financiación a nivel global pero también por parte de la Unión Europea; que requeríamos que ese acuerdo
vinculante supusiera las responsabilidades comunes pero diferenciadas en los países; que tuviera además forma legal y una arquitectura determinada que imposibilitara reabrir ese acuerdo a posteriori; que el acuerdo tuviera elementos esenciales de
contenido y por supuesto que todo ello se diera en un marco de transición justa para la gente trabajadora. Este era nuestro objetivo y todo esto acompañado por supuesto de un fondo para bosques y también de ese compromiso de reducción unilateral de
emisiones por parte de la Unión Europea, porque entendíamos y entendemos que esa es la mejor estrategia para forzar a Estados Unidos y a China, con un plan de eficiencia energética de la Unión Europea vinculante y con un
informe del Gobierno que hablara de las consecuencias económicas, sociales, ambientales, sanitarias por tanto, del cambio climático en España, en una región altamente vulnerable y también con muchas potencialidades y con muchos retos para
asumir.
¿Qué nos dejamos en la moción? Pues nos dejamos los compromisos concretos.
Ustedes saben que otros países están asumiendo compromisos, Dinamarca sin ir más lejos, de reducción de emisiones, y es verdad, no hablamos ni de la revisión del
PEIT ni de la revisión del Plan del Carbón ni de la necesidad de reducir las emisiones en diferentes sectores porque sabíamos que a este Gobierno, si alguna cosa le falta, es el compromiso concreto en esa lucha efectiva contra el cambio climático.
No nos lo dejamos por omisión y el señor Moraleda lo sabe. Nos lo dejamos con un objetivo: llegar a un acuerdo. Sabe usted que precisamente el redactado que hicimos era un redactado para llegar al acuerdo.
Finalmente tengo que decir que agradezco todas las enmiendas que se han presentado, las de los diferentes grupos. Algunas de ellas no podrán ser asumidas precisamente por el objetivo de que esta Cámara apruebe un mandato para Copenhague.
Agradezco por tanto algunas de las enmiendas y en particular las que ha planteado Convergència i Unió y así se lo quiero trasladar también al señor Campuzano. Hemos acordado un texto, un texto que no va tan lejos como el momento requiere, pero que
lo que hace es mandatar al Gobierno para que vaya con una hoja de ruta que diga que el acuerdo tiene que ser vinculante en Copenhague, que ese sea el mandato por parte del Gobierno y que ese sea el papel por parte de la Unión Europea; que haya
responsabilidades diferenciadas por países; que además, si hay acuerdo, su desarrollo a posteriori solo pueda servir para que sea jurídicamente vinculante, para que se impulse precisamente un grado de ambición global, pero con objetivos de
reducción de emisiones en los países industrializados; que esta adaptación al cambio climático también se tenga en consideración en ese papel y en ese convenio marco; que se lidere un acuerdo con una evaluación de la eficiencia de las medidas de
reducción de emisiones; que la estrategia europea de ahorro y eficiencia sea vinculante, elemento fundamental donde nos consta que ha habido algunas resistencias; que se lidere obviamente esa transición económica justa para todas y para todos y
que además haya un apoyo financiero, adicional, en torno a los 100.000 millones de euros -nosotros planteábamos 110.000-, está bien, y a pesar de ello no hemos conseguido ese compromiso concreto de la Unión Europea, pero, obviamente, ese acuerdo y
ese apoyo financiero solo será posible si se cumple con las recomendaciones, sin ir más lejos, del Parlamento Europeo. Lo más importante, que además haya esa financiación inmediata de los países vulnerables. No hemos podido descartar los
sumideros, la estrategia de Lulucf, aquello que no nos gusta nada ni a nosotros ni a muchas organizaciones ambientales, pues consideramos que es una trampa.
Conocemos el papel de Rusia y lo que supondría quitar un elemento como este.
Por último, hay algo que también es muy relevante. Hemos conseguido un acuerdo que diga al Gobierno que en seis meses tiene que hacer un informe sobre esas consecuencias económicas, sociales, ambientales, sanitarias, sobre lo que supone y
lo que representa el cambio climático para España, un informe Stern, si ustedes me permiten, pero con objetivos y consecuencias sobre España. Nosotros vamos a seguir atentamente la evolución de ese informe, porque es el que tiene que conseguir que
en España haya un debate maduro, que signifique en definitiva que en España se asuman las consecuencias de la lucha contra el cambio climático, sí, con esa dimensión humana y sabiendo lo que nos jugamos económicamente, socialmente y ambientalmente,
ya que estamos hablando precisamente de que el espacio físico donde se realizan todas las relaciones humanas continúe existiendo o deje de existir, con consecuencias en todas las dimensiones de la vida.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, debe acabar.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, presidente.
Por eso entiendo que el acuerdo es positivo. Deberíamos haber ido más lejos, pero es un paso adelante para que el Gobierno tenga esa hoja de ruta en Copenhague.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Para la defensa de las enmiendas a esta moción por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Gracias, señor Herrera.
Creo que la Cámara debe saludar su iniciativa, tanto la interpelación de la semana pasada como la moción de esta mañana, porque sería bastante inaudito -intuyo que incluso excepcional en el marco europeo- que el Pleno del Congreso de los
Diputados, sobre quizá la reunión internacional más importante del año 2009, con consecuencias definitivas en los próximos años, no tuviera la oportunidad de mantener un debate monográfico sobre el cambio climático, sobre la cumbre de Copenhague y
específicamente incluso un pronunciamiento que poco o mucho orientara la posición del Gobierno tanto en el seno de la Unión Europea como en la propia reunión de Copenhague. Por tanto, bienvenida esta moción y ojalá seamos capaces hoy de alcanzar un
acuerdo de mínimos que todos los grupos, desde nuestras legítimas perspectivas, podamos compartir.
Querría expresar -y ahí mantendría un matiz con respecto a la afirmación del señor Herrera- que precisamente quien está liderando, con todos los límites que
se quiera, la lucha global contra el cambio climático es la Unión Europea.
Quiero también destacar y felicitar la actitud de la Presidencia sueca durante su semestre, que ha jugado fuerte para alcanzar en Copenhague un acuerdo vinculante,
un acuerdo jurídico por parte de todos los gobiernos implicados en ese proceso. La propia Unión Europea, con cifras del año 2007, habría reducido sus emisiones un 9 por ciento y ha afirmado que si el resto del mundo asume mayores compromisos, está
dispuesta a producir una reducción del 30 por ciento de sus emisiones. Por lo tanto, hay un compromiso europeo fuerte. Esta misma semana en el Parlamento Europeo el ministro de Medio Ambiente sueco afirmaba que Europa continúa apostando por que en
Copenhague se alcance un acuerdo amplio, ambicioso y jurídicamente vinculante. La Unión Europea no se está conformando con que en Copenhague se alcance tan solo un acuerdo político de reducción de emisiones. Así pues, se trata de una defensa sin
complejos de la posición europea en un proceso, sin lugar a dudas, complejo y difícil.
Al mismo tiempo, somos conscientes de que el reto del cambio climático es global y que sin la implicación de China y Estados Unidos ese reto no va a ser posible alcanzarlo, más razón para que ese liderazgo europeo arrastre a China y a
Estados Unidos. Hace unos días nos levantábamos muy preocupados por las decisiones anunciadas en la reunión de los países asiáticos con Estados Unidos, en esa voluntad de no alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante en Copenhague, pero hoy
también debemos valorar positivamente el anuncio de que el presidente Obama va a trasladarse a Copenhague y que quizá lentamente Estados Unidos está en la senda de asumir también sus compromisos contra el cambio climático. Hoy en este Parlamento,
como europeos, no vamos a poder renunciar a la necesidad de que en Copenhague se alcancen acuerdos fuertes, vinculantes y que vayan más allá de esos acuerdos políticos, valorando, eso sí, esa decisión del presidente Obama como positiva.
Hay que remarcar también dos ideas que están presentes en el debate. En clave europea, la lucha contra el cambio climático es también una estrategia para la recuperación económica y para la creación de empleo.
Esta misma semana la Comisión
Europea sacaba su nuevo informe sobre las perspectivas de empleo en la Unión, y situándolo en la justa realidad, insistía en que van a existir oportunidades de nuevos negocios, de nuevos puestos de trabajo, en relación con esa lucha del cambio
climático. Vamos a ver en las próximas semanas si el Gobierno es capaz de concretar esa afirmación en ese proyecto de ley de economía sostenible. En todo caso, asumamos ante nuestras opiniones públicas que esa movilización de la comunidad global,
en el caso de Europa, está vinculada a la recuperación económica.
Señorías, en Copenhague también vamos a asumir nuestra responsabilidad en relación con quienes -según dicen todos los informes- van a ser las principales víctimas del cambio climático, que son los países pobres. En este sentido, Europa debe
hacer compatibles sus compromisos en la ayuda oficial al desarrollo con sus compromisos en la transición, mitigación y adaptación de los países pobres en el cambio climático. Son dos agendas que van absolutamente unidas: el alcance de los
objetivos de desarrollo del Milenio y el alcance de los objetivos de la adaptación de los países pobres al cambio climático. Espero que la moción que vamos a votar refuerce el compromiso español en el marco de Copenhague sobre esas cuestiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Fernando Moraleda.
El señor MORALEDA QUÍLEZ: Señor presidente, señorías, la moción que ha presentado el señor Herrera ha tenido el elemento no poco importante de la oportunidad para que este Parlamento, para que esta Cámara se pueda manifestar en un evento
muy relevante, como es la cumbre de Copenhague.
Ese sentido de oportunidad ha hecho que el Grupo Socialista elabore una enmienda amplia al texto del señor Herrera con el objeto de conseguir un consenso, consenso necesario para hacer más fuerte al
Gobierno, por tanto para que el Gobierno sea más eficaz. El consenso solo es eficaz cuando de manera objetiva pretende ayudar a una de las partes involucradas en la negociación.
Respecto al cambio climático, desde 1994 la comunidad científica internacional viene diciendo que es un hecho incontrovertible, pero políticamente no ha sido esta la evolución. Veámoslo en perspectiva. Hace menos de un año el negacionismo
tenía fuertes aliados, políticos y económicos, dentro y fuera de las fronteras españolas. Estados Unidos en la era Bush seguía sin ratificar el Protocolo de Kioto, por tanto, el primer país en emisiones per cápita del mundo no tenía ningún
compromiso ni político ni jurídico con el cumplimiento de reducción de emisiones y además -y esto es muy importante- la crisis financiera internacional servía de excusa a los conservadores nacionales e internacionales para establecer una dificultad
de gasto público a la hora de acometer políticas en relación con la mitigación y adaptación de este fenómeno.
La realidad en España -busquemos también los antecedentes- no se puede calificar como falta de liderazgo. El presidente del Gobierno estableció como prioridad en la legislatura la lucha contra los efectos del cambio climático, se creó una
comisión delegada con más de nueve ministros solo y específicamente para coordinar las actuaciones del Gobierno español. En el Parlamento, la Comisión mixta se ha reunido durante 26 sesiones y es una de las comisiones con mayor actividad.
Creo que está desenfocado el análisis de falta de liderazgo de la Unión Europea, lo creo firmemente, porque
es muy visible el compromiso europeo acompañado del compromiso español. No hay ningún entorno geográfico en el mundo que se haya comprometido con un nivel de reducción de emisiones, con un nivel de eficiencia energética y con un nivel de
incorporación de renovables al mix energético como lo ha hecho la Unión Europea, y España no ha estado lejos de ese compromiso, ni a nivel internacional ni a nivel nacional. El presidente del Gobierno ha dedicado una aportación del presupuesto
público -en una situación complicada- de 3 millones de euros a los 8 que ya incorpora a la Organización Mundial de la Salud para combatir los efectos sanitarios del cambio climático. Naciones Unidas ha propuesto que se dedique el 0,7 del PIB,
porcentaje igual a toda la ayuda a la cooperación en compromiso político, en introducir tecnologías e investigación para luchar contra el cambio climático.
Según la Comisión Europea cumpliremos Kioto, así lo ha dicho el comisario Stavros Dimas recientemente en un informe. Nuestra intensidad energética ha disminuido durante cuatro años consecutivos y esta es una medida estructural. Somos más
eficaces, somos más autónomos también con la incorporación de renovables a nuestro mix energético, hechos que confrontan con declaraciones retóricas o ausencia de propuestas: voluntad política frente a voluntarismo, liderazgo frente a inmovilismo.
Estos son los hechos y la actitud de consenso es la que nos ha llevado al acuerdo, desde la discrepancia sobre las estrategias, pero tratando de conseguir en común que el Gobierno haga realidad en la cumbre de Copenhague lo que ha hecho realidad en
su política interior, y es que consigamos un compromiso internacional en la reducción de emisiones, porque con todos será posible; sin la participación de todos será simplemente un discurso retórico.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moraleda.
Para fijar la posición, en primer lugar y por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente y desde el escaño si me lo permite, solo para mostrar nuestro apoyo a la enmienda transaccional y también a la original que había presentado el señor Herrera, pero siempre está bien que se llegue a acuerdos y los
de esta índole creo que son más necesarios que nunca.
Mi grupo en su momento, después del debate sobre el estado de la Nación, también presentó una propuesta de resolución que aunque fuera muy breve, exigía mucho. El apoyo unánime que recibió creo que es suficiente aval y garantía para
demostrar que, por lo menos de palabra, todos buscamos lo mismo. Después en estas cuestiones no sé si los hechos lo demuestran, porque el camino se hace andando. Por tanto, sirva esto no solo de acicate -porque los acicates son ya algo
excesivamente suave-. Creo que es una obligación que el Gobierno del Estado español cumpla con lo pedido y se muestre tajante y duro, no solo en la negociación sino en cuanto a mantener la posición que los grupos aquí representados hemos mostrado.
Solamente quiero añadir que mi grupo apoyará esta resolución, como no podría ser de otra manera. Intentaremos que la cumbre de Copenhague se convierta verdaderamente en un órgano resolutivo en más de una cuestión y no sea solamente un sitio
donde se junte la gente, muestre opiniones y se vuelva a casa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Igualmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ya se ha dicho, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha traído in extremis, a diez días de la cumbre de Copenhague, una moción sobre la cumbre climática que yo
calificaría de testimonial y voluntarista, pero es una moción que vamos a analizar.
Efectivamente, es oportuno que hablemos aquí de la cumbre climática que se va a iniciar dentro de pocos días, pero las noticias que ya tenemos de la misma nos indican que Estados Unidos sigue teniendo la postura que ha tenido siempre. Decía
el señor Moraleda que el presidente Bush no había querido firmar. Totalmente de acuerdo, ni el presidente Clinton cuando el vicepresidente era el señor Al Gore ni el presidente Bush ni tampoco parece que el presidente Obama esté ahora en
disposición de firmar nada.
Luego la postura de Estados Unidos parece que sigue siendo la misma.
En algunos de los puntos de la moción -que no puedo analizar con detenimiento porque son trece- el señor Herrera nos propone que el Gobierno asuma una posición de liderazgo en el proceso negociador para impulsar una serie de acuerdos. Pero
los que nos propone el señor Herrera, señorías, son acuerdos que ya han sido adoptados en el pasado Consejo Europeo de 29 y 30 de octubre; es decir, ya se ha acordado lo que el señor Herrera nos pide que acordemos. Señor Herrera, estos acuerdos
que se han adoptado en el Consejo Europeo y los acuerdos que se tratarán en la cumbre de Copenhague no los puede liderar España porque quien habla es la Unión Europea. La Unión Europea es la que efectivamente lidera el proceso de la cumbre
climática de Copenhague.
Por otro lado, señor Herrera, ¿cómo cree que el Gobierno puede impulsar acuerdos que ya han sido acordados? También me pregunto, señorías, cómo va a liderar España objetivos de reducción de emisiones si
somos el país de la Unión Europea que más nos alejamos del cumplimiento de los objetivos de Kioto. ¿Cómo vamos a liderar objetivos de reducción de emisiones después de la reciente apuesta del Gobierno por las centrales térmicas de carbón?
¿Cómo vamos a hablar de la importancia del ahorro y la eficiencia energética si España se sitúa en la cola de los países ricos en medidas de ahorro de energía según un informe de la Agencia Internacional de la Energía? Creo que pocos méritos
podemos aportar para liderar nada; lo que sí podemos es sumar nuestros esfuerzos a los de la Unión Europea, que es quien está liderando realmente el proceso.
En segundo lugar, señorías, en algunos de los puntos de la moción -los puntos 7, 8 y 10- el señor Herrera muestra su disconformidad con lo acordado en el reciente Consejo Europeo. Recordemos que el Consejo Europeo aceptó la estimación de la
Comisión Europea de que son necesarios 100.000 millones de euros anuales a partir de 2012 y hasta 2020 para financiar la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo. Donde el Consejo Europeo dice 100.000 millones, la moción dice
110.000 millones; donde el Consejo Europeo indica que la Unión Europea podría aportar entre 2.000 y 15.000 millones anuales, el señor Herrera dice 30.000 millones anuales. Me pregunto: ¿Y por qué 30.000 más, por qué no 50.000, señor Herrera? Se
ha acordado, son cifras que se han acordado, y usted sabe que precisamente han sido el foco de discusión y lo que más ha costado acordar.
Por otro lado, ¿cree usted que tiene sentido su petición de que la Unión Europea se comprometa de forma unilateral a reducir sus emisiones un 30 por ciento en el año 2020, en lugar del 20 por ciento acordado, aunque no se consiga en la
cumbre climática un acuerdo vinculante de todos los Estados? Por lo visto, señoría, no contempla usted el peligro de la deslocalización industrial que podría producirse. Recuerden ustedes que las limitaciones que la nueva Directiva del comercio de
emisiones impone a la industria no pueden implicar la pérdida de competitividad de la industria europea, con el consiguiente riesgo de deslocalización y pérdida de empleo, y ello se vería acrecentado con esta propuesta que ha hecho el señor Herrera
de pasar, del 20 por ciento de reducción, al 30 por ciento de manera unilateral. Estoy segura de que el señor Herrera sabe que, si no se adopta un acuerdo global, este esfuerzo superior que usted pide a la Unión Europea repercutiría en el fondo en
un incremento de las emisiones a nivel global, porque las industrias que tuvieran trabas en la Unión Europea no tendrían ningún inconveniente en trasladarse a Marruecos o a otros países en los que no hay trabas y, por consiguiente, las emisiones
globales aumentarían.
Termino ya, señorías, hablando de la propuesta de que no se contabilicen los sumideros como medida de reducción de emisiones. No estamos de acuerdo en absoluto, creemos que deben contabilizarse y, con estos informes abstractos que piden, no
sabemos si a nivel mundial, a nivel europeo, o a nivel español, qué debe hacer el Gobierno. Como prueba de mala voluntad, pensábamos pedir votación separada de alguno de los puntos, para que al menos todos los grupos políticos tuviéramos algunos
puntos en común. Ahora ha manifestado que hay un texto acordado con el Grupo Socialista, que es un acuerdo de mínimos; lo estudiaremos y tomaremos nuestra decisión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
Señor Herrera, la enmienda transaccional que han mencionado no ha llegado a la Presidencia.
El señor HERRERA TORRES: No, es que la enmienda pactada es la enmienda que en su día pactamos con el Grupo Socialista, es la enmienda que han incorporado con acuerdo de ambos grupos. Por tanto, aceptamos también la del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿En los términos en que se ha publicado?
El señor HERRERA TORRES: En los términos en que se ha producido, ya que la hemos pactado con carácter previo.
El señor PRESIDENTE: Bien. En esos términos, señora De Lara; no hay una enmienda nueva, sino la incorporación del texto de la enmienda socialista.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR EL HUNDIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000105.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al estudio de la moción del Grupo Popular, relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el hundimiento del sector agrario español.
Para la defensa de la moción tiene la palabra don José Ignacio Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el sábado cientos de miles de agricultores y ganaderos se manifestaron aquí, en Madrid, en lo que ha sido la mayor protesta agraria de toda la democracia; el día antes habían parado en toda España. Estaban
todas las organizaciones profesionales agrarias, estaban todos los agricultores y ganaderos de todos los rincones de España, estaban las cooperativas, estaban las comunidades de regantes, estaban todos aquellos que tienen algo que ver con el sector
agrario.
Venían a pedir ayudas a un Gobierno que hasta ahora les ha dado la espalda, venían a pedir que se cumplieran los acuerdos del Parlamento.
Yo, que estaba allí, vi una
pancarta que decía: Que se cumplan los acuerdos del Parlamento. Entre ellos, una moción que fue aprobada el día 19 de mayo de este año con el acuerdo de todos los grupos políticos, menos el del PSOE, que votó en contra. Venían a pedir
eso, pedían que se aplicara el IVA reducido a las tarifas de riego, del 16 al 7 por ciento, que el Gobierno ya ha dicho, desoyendo al Parlamento, que no lo iba a cumplir. Bastaba con aplicar el artículo 102 de la directiva comunitaria, que permite
aplicar los IVA reducidos a las tarifas eléctricas para los regadíos en los casos en que los países, como Italia, lo hayan solicitado.
Esta manifestación, esta protesta, que no tiene parangón ni en España ni en ningún otro país de la Unión Europea, era algo que se veía venir y que se podía haber evitado. Porque se han juntado dos crisis, la que venimos arrastrando desde
hace cinco años, del sector agrario, y la que les ha costado tanto reconocer, la crisis general que se ha descubierto desde hace un año. No vamos a reiterar una vez más todos los indicadores que de forma incesante hemos venido denunciando aquí en
todas nuestras intervenciones. Son irrefutables, porque son, en definitiva, cifras que publican todos los organismos oficiales. Son suficientemente conocidos, sobre todo por los agricultores y los ganaderos que lo están sufriendo y son los peores
de la historia. Ningún otro sector de la economía productiva ha perdido, en cinco años, una cuarta parte de su renta. En ningún otro sector la deuda es superior a la renta que genera, y por primera vez el paro agrario, con un 22,6 por ciento,
supera al paro general. Si nos hubieran hecho caso a todas las propuestas que desde el Grupo Parlamentario Popular, respaldados por todos los grupos parlamentarios, hemos venido aquí proponiendo, arrimando el hombro, como se nos pide -lo que no
sirve para nada, como se ha visto-, esa manifestación, esa crisis, no hubiera llegado a esta angustiosa situación.
Y las preguntas clave son: ¿se puede o no se puede hacer nada? ¿Es que estamos ante lo inevitable? ¿Es que todo depende de Bruselas? Pues miren, en Bruselas, este Gobierno no ha defendido al sector agrario. La negociación del chequeo
médico de la PAC ha sido pésima, y no lo dice solo el Grupo Parlamentario Popular, lo dicen todas las organizaciones profesionales agrarias. Pero es que además, ante la crítica situación del sector, España es uno de los siete países que no está
dispuesto a aprovechar la reciente autorización de Bruselas para que aumenten las ayudas, con cargo a los presupuestos nacionales, hasta 15.000 euros por explotación -digo hasta- y hasta el año 2010. Tienen carácter temporal y, por lo tanto, no
suponen ninguna renacionalización. Además hay algo que también se puede hacer y que este Gobierno no hace: vigilar el cumplimiento de los acuerdos preferenciales de la Unión Europea con terceros países. Aquí no se cumplen los precios de entrada,
aquí no se cumplen los contingentes, aquí no se cumplen las condiciones fitosanitarias, aquí no se cumple nada.
¿Se puede hacer algo en la política nacional? Ya sabemos que desde Bruselas llega el 33 por ciento de las rentas que perciben nuestros productores, pero el otro porcentaje llegará de algún otro lado, y habrá unos presupuestos. Pues bien,
este no era el momento más oportuno para recortar la aportación del Estado al sector agrario en más de 600 millones de euros. Repito, en más de 600 millones de euros. Y esto vale menos que todas las propuestas de ayuda que nosotros proponemos en
esta moción. Lo digo porque ya me imagino cuál va a ser la respuesta del portavoz socialista, diciendo que no hay dinero y que parece mentira que el Grupo Parlamentario Popular en esta crisis plantee estas ayudas. No hay dinero para el sector
agrario, para otras cosas sobra: para desmontar farolas, plazas y jardines, y para ayudas a otros sectores a los que el Gobierno demuestra mayor sensibilidad.
El sector agrario está arruinado. Nosotros pedimos que se cree una línea de créditos especial que llegue a los titulares de las explotaciones agrarias avaladas por el Instituto de Saeca, porque no está llegando al campo. Este no era el
momento para aumentar los impuestos, como aumentan el IVA general en los Presupuestos Generales del Estado, del 16 al 18, y el IVA reducido, del 7 al 8. Este era un momento para todo lo contrario.
Por tanto, nosotros proponemos la equiparación del
IVA de compensación del sector ganadero al sector agrícola y una reducción de la fiscalidad en los coeficientes de la estimación objetiva singular y en los gastos de difícil justificación en la estimación directa. También pedimos un aplazamiento de
las cuotas de la Seguridad Social. Pedimos todo tipo de ayudas para un sector que está absolutamente en crisis, porque lo que no es sostenible es detraer las rentas del sector productor para el desarrollo rural sostenible, ya que al final no
quedarán agentes para hacer esa política. Lo que no es sostenible es que, al día siguiente de la mayor manifestación en la historia de la democracia del sector agrario, el Partido Socialista se vaya de fiesta y la ministra no tenga tiempo, el
tiempo que le sobró el domingo para celebrar ese evento, el sábado para reunir a los agricultores que querían exponerle sus planteamientos y sus quejas. (Aplausos.) Eso es lo que no es sostenible.
Y, para terminar, no es sostenible una política en la que el Gobierno no cumple los acuerdos que decida este Parlamento. Si esta moción prospera, como yo espero, estoy esperanzado, lo cual demuestra quizás una gran dosis de ingenuidad, en
que se cumpla la moción que se aprobó en mayo, que se cumpla la propuesta de la Comisión para los 200 millones de ayudas al sector ganadero, de la que no hemos vuelto a saber nada, y que se cumpla lo que hoy se apruebe aquí.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.
Para la defensa de las enmiendas voy a producir una pequeña alteración, si no le importa a la señora Tarruella. Señora Tarruella, tiene la palabra para defender las de su grupo parlamentario.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño mismo. En nombre de nuestro grupo parlamentario nosotros queremos agradecer al señor Llorens la presentación de esta moción, porque, después de la masiva manifestación que se celebró aquí en Madrid hace
escasamente unos días, todo el mundo conoce cómo está todo el sector agrario y el panorama no precisamente optimista que tiene todo el sector agrícola y ganadero.
Nosotros habíamos presentado unas enmiendas que iban dirigidas principalmente a dos puntos, pero, una vez que hemos escuchado y analizado el resto de los puntos, el punto 4 de la moción, donde el señor Llorens pide que haya una amortización
de todo lo que es la Seguridad Social agraria de dos años en el pago de todas las cuotas de la Seguridad Social, después de analizar y cuantificar todo lo que podría suponer para la entrada en las arcas del Estado la falta de estos ingresos, desde
nuestro grupo parlamentario anunciamos ya ahora la retirada de nuestras enmiendas, para que, si es posible, se pudiera votar esta moción por puntos, porque este punto número 4 ahora nos preocupa, vuelvo a repetir, una vez cuantificado.
Dicho esto, el resto de la moción nos parece oportuna, nos parece necesaria y además vuelve a insistir en alguno de los aspectos que aquí ya hemos votado, tanto en Comisión como en el mismo Pleno, otras veces.
Lo importante -y creo que
tenemos que volver a insistir en ello-, señorías, no es que volvamos a votar una y otra vez beneficios o ayudas para el sector agrícola, que los necesita y mucho; aquí lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir los acuerdos de una vez por todas.
No hay que insistir, repito, lo que hace falta es más cumplimiento por parte del Gobierno.
Señor presidente, en este momento retiramos las enmiendas que habíamos presentado, aunque pediríamos votación separada del punto 4, puesto que estamos totalmente de acuerdo con lo que se manifiesta en el resto de los puntos de la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella, por facilitar la alteración en el orden del debate.
Tiene ahora la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias por su comprensión, señor presidente.
Señorías, la moción que ha presentado el Partido Popular, con la que está cayendo y en el contexto en el que nos encontramos, evidentemente es oportuna; seguramente desde el Gobierno la moción se encontrará oportunista. En cualquier caso,
hemos de opinar sobre lo que se pide en la moción y básicamente estamos de acuerdo. El campo atraviesa una crisis enorme, no es una crisis para subsectores determinados del campo, sino que es una crisis global; sobresaltan a los productores los
precios y los costes; no solamente afecta a explotaciones algunas quizás anticuadas y obsoletas, pero la gran mayoría no, son explotaciones perfectamente viables pero engullidas por la crisis. La primera mirada desde hace tiempo se está dirigiendo
al sector de la distribución, que, por cierto, se presenta integrada frente a unos productores más dispersos y, por tanto, en posición mucho más débil. Seguramente no esta la única razón, el proceso liberalizador y desregulador de mercados agrarios
impulsado por la Unión Europea tiene también sus razones, ya que debilita a los productores; creemos que la Administración no defiende eficazmente la fluidez de los mercados agrarios para evitar esos abusos de posición dominante. En definitiva,
esa crisis, aunque por diferentes razones, tiene unos perjudicados muy claros.
Pensamos que en muchos aspectos la moción del Grupo Popular podía haber ido más lejos, pero en general la apoyamos. Somos conscientes, como ha comentado antes la portavoz de Convergència i Unió, de que hay un punto en el que esa suavidad de
la moción sufre una elevación extraordinaria, con afectaciones importantes para la recaudación del Estado, cosa que puede sorprender teniendo en cuenta la vocación del Partido Popular de gobernar. En cualquier caso, lo entendemos como un episodio
de la discusión con el partido actualmente en el Gobierno. Creemos que hay otras medidas aprovechando el marco europeo, como, por ejemplo, aumentar las ayudas de mínimis, que se podían haber puesto en marcha, como en Alemania, que han sido ya de
100 millones de euros; se podía pedir la promoción de productos agrarios -por eso se presentó una enmienda en este sentido-; se podía también mejorar la representatividad en el diálogo social para algunas organizaciones que, con la reciente ley
aprobada, habían quedado excluidas, pese a tener una representatividad importante en sus sectores. En cualquier caso, y para facilitar una votación lo más unánime posible de los diferentes puntos de esta moción, vamos a retirar nuestras enmiendas,
aunque insisto en que nos parece fundamental la promoción de los productos y la mejora en la representación en los órganos que tienen que tomar decisiones en el necesario diálogo social agrario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar mi intervención expresando en nombre del Grupo Socialista nuestra solidaridad con todo el sector agrario, fundamentalmente con los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, que efectivamente, como se ha dicho aquí,
en este momento
pasan por una situación de gran dificultad. También quisiera dejar constancia de que el Grupo Socialista hasta el último momento, hasta ayer por la tarde, ha realizado un esfuerzo de negociación con el grupo proponente, con el Partido
Popular. Tengo que decir, lamentándolo, señor Llorens, que solo por la intransigencia del Grupo Popular y por la búsqueda de un voto desfavorable, en este caso en contra de las posiciones del Gobierno y del Partido Socialista, no ha sido posible
llegar a un acuerdo, a un acuerdo unánime, como hubieran preferido las organizaciones profesionales agrarias. Pero, vuelvo a repetir, la intransigencia del Partido Popular, una vez más, lo ha impedido.
El sector agrario convocó una manifestación importante el pasado sábado, una manifestación que fue convocada por Asaja, UPA, COAG, las cooperativas y los representantes de los regantes. Fue una manifestación numerosa, exitosa, pero sería
muy bueno que el Partido Popular no tratara de apuntarse el éxito de otros; fue una manifestación con una plataforma reivindicativa, que, lógicamente, ellos plantearan y entiendo que ellos buscan más el consenso que el enfrentamiento que ustedes
proponen con sus intervenciones.
Se ha dicho por parte de todos los portavoces que el sector agrario tiene dificultades, y yo lo corroboro. Ha habido una pérdida de renta, una pérdida de activos, pero hay que hacer un análisis un poco más riguroso que el que ha hecho el
Partido Popular. El Partido Popular siempre ha hecho un análisis catastrofista, de acoso y derribo, análisis tipo Alakrana, tipo duro, cuanto más duro, mejor; pero este es un tema bastante serio, señores del Partido Popular. Esta situación de
pérdida de activos y de renta del sector agrario se está produciendo en todo nuestro entorno, en todo el entorno agrario. La pérdida de renta en la Unión Europea en este momento, en este último año, ha sido superior a la que se ha producido en
España. La pérdida de activos también ha sido superior en la Unión Europea a Quince que en España; en Europa ha sido del 10,3 y en España del 7,5. Además, es un tema que viene de lejos, señor Llorens.
Pregúntele a su compañero, que está en el
banco de atrás. Durante la etapa de gobierno del Partido Popular, España perdió el 11,9 por ciento de los activos agrarios. Entonces España batió el récord de toda la Unión Europea de pérdida de activos. Eso se produjo cuando ustedes gobernaban.
Por tanto, estamos en un proceso que tiene que tener un análisis un poco más serio, más riguroso, porque estamos en una situación complicada.
Señor Llorens, señor Cañete, aquí hay un problema de cambio de modelo agrario en la Unión Europea, un cambio de política agraria europea, que está en el fondo de esta situación de crisis, con una política agraria europea que se aprobó en el
año 2003. Por cierto, ¿quién la votó, quién voto aquella reforma, señor Cañete? Usted y el señor Aznar. (Aplausos.) Ustedes son los que aprobaron la política agraria que hizo desaparecer todos los instrumentos de mercado. Ustedes aprobaron
aquellas premisas de esa política agraria que ya aceptaba, y está escrito, que se iba a producir una rebaja de precio. Entiendo que no pensaban ustedes que iban a bajar tanto, pero ustedes eliminaron los precios de garantía, los precios de
intervención, los precios indicativos; las garantías de renta a los agricultores las eliminó la Unión Europea con el voto favorable del Partido Popular. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Hay que buscar soluciones, hay que buscarlas, pero
creo que España ganará más si está unida en defensa de una política agraria fuerte en la Unión Europea que si busca el enfrentamiento entre los dos grandes partidos de la oposición. Creo que hay que hacer cosas, pero con unión, con consenso, iremos
mucho más lejos.
Ustedes han presentado aquí una moción para que nosotros votemos en contra. Presentan cuatro cosas razonables y algunas cosas absolutamente impresentables, que no creo que nadie con responsabilidad en el Partido Popular, si lo hubiera
estudiado, pueda defenderlo. Voy a decirles una, porque no tengo tiempo, señor presidente. Ustedes proponen que se apruebe una moratoria de las cuotas de la Seguridad Social de dos años para todo el sector agrario; para las empresas grandes, para
las pequeñas, para los autónomos, para los trabajadores por cuenta propia y para los trabajadores por cuenta ajena. ¿Han evaluado ustedes cuánto vale eso? (El señor Llorens Torres pronuncia palabras que no se perciben.) Eso vale 3.600 millones de
euros, que ustedes pretenden meterle de pufo a la Seguridad Social mediante esta moción, que creen que van a votar todos los grupos. (Aplausos.) Ustedes, que piden racionalidad en el gasto público, pretenden con su moción cargarse todo el superávit
que pueda tener la Seguridad Social este año a cambio de ganar una votación al Partido Socialista. En el caso del IVA, ustedes proponen rebajar el IVA que pagan por los insumos agrícolas y ganaderos y rebajar el IVA de compensación. Eso no lo
hubiera firmado nadie que tenga la más mínima responsabilidad.
Señores del Partido Popular, en su moción hay cosas razonables que nosotros hubiéramos podido votar y cosas absolutamente innegociables.
Hemos tratado de acercarnos a su posición, su intransigencia lo ha impedido y, por tanto, tendremos que
votar en contra de su moción, dejando claro que los agricultores tendrán todo el apoyo de este grupo parlamentario y todas las medidas eficaces que el sector requiere por parte del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Arias Cañete pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Señor Arias Cañete, ¿qué desea?
El señor ARIAS CAÑETE: Pido la palabra, señor presidente, basándome en el artículo 71 del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Dígame exactamente cuál es la mención que cree ser alusión.
El señor ARIAS CAÑETE: El artículo 71 habla de cuando un diputado hiciera, a juicio de la Presidencia, alusiones inexactas referidas a la conducta de un diputado. A mí me han mencionado personalmente.
El señor PRESIDENTE: No, señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Ha dicho que yo en el año 2003 negocié un sistema que conducía a la reducción de precios de los agricultores. Textualmente ha dicho eso, más o menos. Y lo ha dicho indicando mi nombre.
El señor PRESIDENTE: Bien. Se trata de una mención. Han mencionado a su señoría, pero no aludido.
El señor ARIAS CAÑETE: Con conducta incluida, presidente.
El señor PRESIDENTE: Su señoría quiere dejar constancia de que no está de acuerdo con lo dicho por el diputado. ¿No es así?
El señor ARIAS CAÑETE: Con una pequeña precisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es esa pequeña precisión?
El señor ARIAS CAÑETE: Pues la pequeña precisión es que, en el año 2003 y en el año 2002, lo que se garantizó fue el presupuesto agrario hasta 2013, que ha permitido que la agricultura en España reciba todos los años más de 6.000 millones
de euros en agricultura. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Arias Cañete, sabe S.S. que ha habido más condescendencia en la Presidencia que aplicación vigorosa y reglamentaria, pero, como en cierta ocasión le mencioné por su nombre en el Pleno, hoy he querido compensarle generosamente y darle
lo que el Reglamento no le concedía. Tenga la bondad de sentarse y nada más. (Aplausos.-Risas.)
Ahora, para fijar la posición por el Grupo Mixto tiene en primer lugar la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que salude a la senadora Hernández, que se encuentra hoy compartiendo con nosotros esta sala del Congreso.
En primer lugar debo manifestar una posición de Coalición Canaria favorable a la iniciativa. Nos parece que es una buena iniciativa. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Nos parece que es un resumen de una
serie de medidas que ya ha aprobado esta Cámara, pero que no se han puesto en marcha en estos últimos años, lo que ha conducido a una situación de preocupación en el sector agrario.
Señorías, creo que me han escuchado alguna vez decir que cuando
los sectores económicos estornudan, al sector agrario le entra la pulmonía.
Es indudable que esta es la situación real del sector en estos momentos y que, por tanto, es necesario aplicar medidas como las contempladas en la iniciativa. También nos
permite hacer una reflexión, algo que ya dijimos sobre la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, que es que el establecimiento de ese pilar de desarrollo en los municipios, en las zonas rurales, no iba a favorecer una política de defensa del
sector primario, de defensa, en definitiva, de las economías de los agricultores. Sin embargo, en la iniciativa, que es completa, se plantean algunas cosas que algunos portavoces ya han afirmado que parecen de casi imposible cumplimiento. Podría
llegar a ser considerada, señor Llorens, como poco demagógica, sobre todo en el punto 4, en lo que se refiere a una iniciativa que es de difícil contexto, dentro del marco presupuestario en el que en este momento nos movemos en la Administración
General del Estado.
A nosotros nos parece, como digo, que son medidas necesarias; incluso, en el punto 4, en lo que se refiere a las cuotas de la Seguridad Social, se podrían establecer fórmulas que permitan, si no en el cien por cien de las cuotas, una
moratoria en su pago, un crédito que permita el pago de esas cuotas, o una rebaja incluso en las cuotas que se establecen, que incluso en los presupuestos generales de este año se incrementan en los autónomos. Por eso digo que sería conveniente, en
aras de lo que ha planteado el portavoz del Grupo Socialista, el señor Alonso, si de verdad existe un consenso en esta Cámara de apoyo al sector primario, que busquemos una redacción mejor, que favorezca al sector agrario en ese punto 4 de la
iniciativa.
Espero, señor Llorens, que podamos votar la iniciativa por puntos, tal como le han pedido otros portavoces y cuente con el apoyo de Coalición Canaria en casi todos los aspectos de la iniciativa. Me gustaría que pudiéramos profundizar entre
todos en buscar una redacción por la que se pueda hacer cumplir del punto 4 de la parte dispositiva de la iniciativa.
En todo caso es una buena iniciativa, porque responde a las necesidades de un sector que precisa de medidas de Estado en una
situación difícil.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Quiero posicionar a nuestro grupo sobre esta moción que acaba de defender el señor Llorens, y que aborda un
tema que para el Bloque Nacionalista Galego siempre fue de gran preocupación. La demostración de lo que estoy diciendo es que en diferentes ocasiones hemos presentado iniciativas; algunas de ellas aprobadas en ciertos casos con el consenso
de todos los grupos, a través de la negociación que consideramos oportuno llevar a cabo para lograrlo.
En ese sentido va la proposición no de ley aprobada en febrero de 2009 en la Comisión de Agricultura, así como la moción aprobada en Pleno en el
mes de mayo, aunque en este caso se circunscribía a los precios del sector de producción láctea. Si bien es cierto que se tomaron algunas de esas medidas en serio por parte del Gobierno, concretamente en los presupuestos del año 2010 se contemplan,
en relación con la proposición no de ley de febrero de 2009, modificaciones en el IVA de compensación, y también en la reducción de los costes de cotización por contingencia, sobre todo del seguro de accidentes del sector, en este caso como acuerdo
del Grupo Socialista, el Bloque Nacionalista Galego y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y se incorpora también en los presupuestos del año 2010 la cuestión que acabo de comentar.
También es necesario decirle al Gobierno que la mayoría de las cuestiones aprobadas tanto en la proposición no de ley como en la moción aún no han sido llevadas a cabo, y por tanto hoy tenemos que decir que compartimos la mayoría de las
propuestas que presenta la moción del Grupo Popular.
Asimismo queremos indicar que solicitaremos votación separada por puntos, concretamente de los puntos 4 y 5. El punto 5 corresponde a esa reducción de equiparar el IVA de compensación por las
razones que he citado anteriormente, y el punto 4 que se refiere a la moratoria de dos años en el pago de todas las cuotas a la Seguridad Social porque al Bloque Nacionalista Galego le preocupa toda la política de reducción de pagos a la Seguridad
Social. Entendemos que habrá explotaciones que efectivamente estén en situación de pérdida, y por tanto en situación de dificultades económicas, pero hay otras explotaciones que no están en esa situación, por lo que no podemos aprobar algo que
generalice una cuestión que sería beneficiosa para todos, independientemente de que estuvieran en situación de pérdidas o de ganancia. Si el Grupo Popular acepta la votación por puntos, votaríamos favorablemente los otros puntos que no he
mencionado explícitamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré muy breve. Únicamente quiero manifestar nuestro apoyo a la moción presentada por el Grupo Popular, entre otras cuestiones porque consideramos que es una pena que tengamos que volver a traer a la Cámara cuestiones que ya han sido
tratadas, aprobadas, y que tantas veces hemos discutido aquí. Será que el Gobierno no cumple lo que se dice y lo que se pide. Comprendo que pueda ser una situación muy incómoda para el Gobierno tener al sector en la calle con semejante
manifestación de diferentes sectores, dentro del mundo del sector primario, y que el Grupo Socialista tenga problemas, pero más grave me parece no solo no hacer caso a lo que piden en la calle, sino a lo que se pide en esta Cámara más de una vez.
Por tanto, nuestro grupo apoya la moción porque pensamos que son puntos necesarios, entre otras cuestiones porque más de una vez hemos tratado y hemos traído lo mismo, y parece que la sensibilidad no solo de palabra, sino de hechos no se muestra
claramente muy a favor del sector primario.
Nos parece muy interesante el punto del IVA, por ejemplo la equiparación del IVA de compensación de los ganaderos al IVA que perciben los agricultores, en el tipo aplicable a su facturación, del 10 por ciento.
Es una cuestión que nos parece
muy interesante, y creo que el sector está pidiendo medidas urgentes; medidas que considero que todos los que estamos en esta Cámara compartimos, porque la situación en la que se encuentra el sector requiere de medidas urgentes, ya, necesarias. La
crisis es general, pero la crisis del sector primario es verdaderamente acuciante porque es algo que fundamentalmente necesitamos para nuestra economía, pero ya dije una vez que como en los números globales, en el PIB es un número muy pequeñito,
parece que algunos le dan muy poca importancia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Señor Llorens, es ahora su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas que se han presentado a la moción del Grupo Parlamentario Popular.
El señor LLORENS TORRES: Vamos a ver, señora presidenta, he visto que algunos grupos han retirado sus enmiendas...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llorens, usted...
El señor LLORENS TORRES: ¿Me deja hablar? (Rumores.-Risas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): ¡La palabra la doy yo, señor Llorens!
El señor LLORENS TORRES: Démela. (Rumores.-Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): La palabra la doy yo y le quiero aclarar justamente una cosa. Señor Llorens, le quería aclarar precisamente que usted se tiene que pronunciar sobre las enmiendas que queden vivas, que es lo
que facilitaría su rechazo, es decir la posibilidad que algunos grupos han pedido de votar por separado, y que se imposibilitaría en el caso de que usted aceptara alguna enmienda. Le hago esta aclaración para el buen orden de la sala. Dígame
ahora, por favor, cuáles acepta y cuáles no.
El señor LLORENS TORRES: Yo pensaba que en un Parlamento se venía a hablar... (Protestas.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llorens, dígame qué pretende. (Rumores.)
El señor LLORENS TORRES: Vamos a ver si soy capaz de poder manifestar...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llorens, por favor.
El señor LLORENS TORRES: No podemos, desde mi grupo, aceptar las enmiendas que han planteado otros grupos y que estábamos dispuestos a aceptar, como las de Esquerra Republicana y las de Convergència, porque las han retirado y han pedido una
votación por separado, ¿comprende? Y no me importa nada quedarnos solo con el punto 4...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): ¡Señor Llorens, tráteme con el mismo respeto con que yo le trato a usted! (Rumores.)
El señor LLORENS TORRES:... porque nos quedamos con los agricultores...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias; entiendo que usted no acepta las enmiendas.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 90788.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al siguiente punto del orden del día, el VIII: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. ¿Algún grupo quiere intervenir en este punto? (Pausa.) Como ningún grupo hace
uso de la palabra en este punto, se votará en sus términos.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000032.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IX del orden del día: Enmiendas del Senado correspondientes al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social.
En primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, comenzando por la señora Oramas, que tiene la palabra.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hoy se aprueba definitivamente la nueva Ley de Extranjería, después de un largo debate y después de varios años, y es especial para Coalición Canaria ya que fuimos los primeros en traer aquí determinados
aspectos, dado que vivimos en nuestra tierra el drama de los inmigrantes como afectados por un tema de derechos humanos, no la inmigración que viene reglada, no la inmigración que viene por aeropuertos y puertos, sino la que viene en pateras o en
cayucos o esa inmigración que nunca llega, la de tantos miles de chicos jóvenes, los hombres más fuertes, los más inteligentes de una familia, de una aldea de África que se quedaron también en el mar. Y hoy también quiero hacer llegar un recuerdo
para esos miles de personas, de seres humanos que se quedaron en el mar que separa Canarias de África.
Cuando en agosto del año 2006 teníamos 8.000 personas en centros de retención en Canarias, en aquella avalancha inmensa, cuando se estaban haciendo repatriaciones, traslados sin tener en cuenta los derechos, dijimos que había que ampliar el
plazo de retención no como un elemento para cortar derechos de las personas, sino para poder tener las garantías de que se tramitaban los aspectos y derechos jurídicos de las personas, se nos trató de xenófobos, de intolerantes, incluso por el
Partido Socialista que después ha liderado la ampliación del plazo de retención.
Coalición Canaria siempre vio la ampliación del plazo de retención como un tema de garantías de las personas que llegan, sobre todo en determinados momentos, que es
muchísima gente, más que como un recorte de derechos.
El gran asunto que hemos defendido durante estos años es el de los menores inmigrantes. Si el drama de la inmigración clandestina es fuerte y duro, el de los niños que se meten en una patera o en un cayuco es terrible. En Canarias, en
Tenerife tenemos más de sesenta niños menores de 12 años, niños de 8, de 9, de 10 años que
vinieron solos a un proyecto de vida que al final tampoco se ha hecho realidad, niños que tendrían que estar con sus padres, con su familia.
Mientras en el mundo desarrollado no tengamos unas políticas adecuadas de desarrollo con África eso
va a seguir existiendo. Podrán ser seis meses menos, seis meses más, podrán salir por Marruecos, por Mauritania, podrán venir de Senegal o de Mali, pero mientras exista ese desfase entre el primer y el segundo mundo va a suceder. La primera lucha
de Coalición Canaria es para que el tema de los menores inmigrantes no sea un problema de la comunidad canaria y de la comunidad andaluza, como se planteó en determinados momentos, al ser un tema transferido. No, con esta ley hemos conseguido,
incluso en su preámbulo, que el tema de los menores inmigrantes sea un tema de Estado. Además el ministro sabe que si España está planteando en la Comunidad Europea que sea un tema europeo, no podemos decir en España que es un tema de la comunidad
canaria, de la comunidad andaluza o de las ciudades de Ceuta y Melilla. Eso es un avance. Y el segundo avance es una reivindicación que se hacía en la gestión de los menores inmigrantes. En comunidades autónomas solidarias con Canarias y con
Andalucía la ley permitía el traslado de los chicos con la guardia y custodia, pero no la tutela. Cuando tienes a unos chicos que están a 3.000 kilómetros y de pronto te encuentras con que, en relación con una operación, una fuga o un ingreso, para
determinadas decisiones no tienes la tutela, las comunidades decían: estoy dispuesta a acoger, pero necesito también la responsabilidad de tutela. Eso queda resuelto en la ley.
Otro tema importante, que tiene que ver con el planteamiento que ha hecho don Emilio Olabarría y que Coalición Canaria siempre defendió, es la distribución de cupos entre todas las comunidades no como un efecto de solidaridad, sino como un
mandato legal, que se pueda obligar a comunidades que no son solidarias a acoger niños. Aquí hay dos temas.
Uno, el del concierto del Estado -esto se lo quiero agradecer al señor Caldera- con una comunidad, donde hay centros como Cruz Roja o
Cáritas, centros serios, controlados y con responsabilidad del Estado; el centro tenía 150 plazas, lo ofrecía, y la comunidad -no quiero dar nombres- decía que no. Hay determinados casos con el control y la tutela del Estado en que se puede dar la
tutela y la guardia y custodia a los menores. Nosotros estamos satisfechos y esperamos, don Emilio y doña Esperanza, que en cuanto al tema que plantea el PNV, que es importantísimo, contra esas comunidades no solidarias, haya aquí una iniciativa
política y legislativa, si hoy no se puede resolver, en el próximo mes, que obligue políticamente a esas comunidades.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, intervengo desde el escaño para pronunciarme sobre las enmiendas que vienen del Senado. Vamos a votar favorablemente la mayoría de las mismas ya que algunas cuestiones son modificaciones que
mejoran técnicamente el texto, y otras son cuestiones que mejoran desde el punto de vista político la ley, aquellas que definen mejor las competencias de las comunidades autónomas en cuestiones como las que acaba de comentar la señora Oramas:
distribución del cupo de los menores, y aquellas que se refieren al permiso de trabajo.
Dicho esto, quiero manifestar de nuevo que lamentamos que en el Senado no se haya podido resolver un tema que quedó pendiente en el Congreso, lo cual significa que sigue quedando pendiente en esta ley, que es la reducción de los días de
internamiento. La ley contempla sesenta y nosotros creemos que no deberían exceder de cuarenta. Lamentamos no haber podido llegar a acuerdos entre los grupos, teniendo en cuenta que éramos muchos los que solicitábamos esta modificación, y seguimos
considerando que esta ampliación de días es discriminatoria con aquellas personas que no tendrían que estar tanto tiempo cuando tienen resueltos sus problemas administrativos. Se debió buscar algún arreglo en aquellos casos en los que la
tramitación administrativa del país de origen de los emigrantes requiriera un mayor internamiento. Se podrían haber buscado otras fórmulas más democráticas, menos discriminatorias, y desde luego mucho más en consonancia con los derechos humanos que
lo que se recoge en la ley que hoy definitivamente va a quedar aprobada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en este debate lo que ha acabado primando es la lógica de la Europa fortaleza por delante de la lógica de los convenios internacionales. Al principio de la legislatura, en la Comisión de Trabajo se mandató al
Gobierno para que se ratificase el convenio de Naciones Unidas sobre trabajadores inmigrantes. Pues bien, a estas alturas no se ha ratificado, pero sí, ya tenemos esta ley, una ley que tuvo una enmienda a la totalidad -como ustedes saben-, una ley
de la que nuestro grupo discutió algunos aspectos, y una ley que nos dijeron que mejoraría. Sí es cierto que ha mejorado en algunos aspectos, y tengo que felicitar a aquellos que han contribuido -también nosotros- a que la ley mejorase, pero en
algunos aspectos esas líneas rojas de dureza que parece que preocupaban a algunos no se han movido. Hoy se mantiene esa limitación a la reagrupación familiar para ascendientes, sabiendo que se trataba de centenares
de personas en los últimos años. Pero era importante el discurso de dureza sobre que los ascendientes no podrán reagruparse, contraviniendo lo reconocido por la Convención Internacional de la OIT o por la Constitución. Se amplía de dos a
cinco años para la reagrupación. Hay un incremento de cuarenta a sesenta días en los CIES por el hecho de tener una falta administrativa, con el argumento de que así se podrá repatriar, se podrá expulsar, cuando ustedes saben mejor que nadie que
hoy las autoridades policiales, los sindicatos de policía dicen que el problema está en los recursos y no en ampliar a sesenta días. Ahí está la eficacia. Pero lo importante por supuesto era el icono de la dureza, el relato duro. Se mantiene la
no admisión a trámite que incorporó el Partido Popular en la Ley de Extranjería, en la disposición adicional cuarta, que no permite que un ciudadano extranjero pueda interponer un recurso ante la Administración, y esta le tenga que decir sí o no,
como a cualquier otro ciudadano, con una pérdida clara de derechos. Esto se mantiene y es así, y eso lo que significa en definitiva es que estamos ante elementos claramente negativos que vinieron de la mano del PP y que se han mantenido de la mano
del actual Gobierno.
La redacción sobre el acceso gratuito a la justicia es más que discutible, incluso algunos dirían que es discutible desde el punto de vista constitucional. Pero incluso en la redacción que se traslada al Senado podemos llegar a perder los
pequeños avances que se habían podido producir. Se sanciona la solidaridad de las personas en el empadronamiento, en la solidaridad de las entidades; se sanciona, por primera vez. Es así, y quien no lo quiera reconocer es que quiere vivir en sus
propias mentiras, pero lo cierto es que lamentablemente se sanciona por primera vez. No se consigue avanzar en garantizar que la reagrupación de los nacionalizados sea equiparable a los ciudadanos extranjeros, y me parece increíble que el Gobierno
no haya atendido a esta demanda. Incluso se abre la puerta a la privatización en la tutela del menor, algo que a nuestro grupo le preocupa y a muchas comunidades también.
Al final esas mejoras parciales no han supuesto que los iconos de la dureza, las líneas rojas que el Gobierno ha marcado se hayan movido.
Desde el primer día, cuando presentamos la enmienda a la totalidad, nos dijeron: haremos gestos para
que la ley mejore, limitaremos los sesenta días, avanzaremos en la reagrupación familiar. Pero los gestos no llegaron después de la enmienda a la totalidad en el trámite en el Congreso, y tampoco han llegado lamentablemente después de la enmienda
del Senado.
Tengo que decir que la tramitación ha tenido una historia bonita, preciosa: el duende de la hospitalidad, ese duende que se coló en el Congreso y que permitió que en el trámite del Congreso, no sé si por un error, saltase del texto la
sanción a la solidaridad; lo más bonito que ha pasado en el trámite. Pero lamentablemente el duende de la hospitalidad no pudo con la voluntad de la Cámara, y finalmente la sanción a la hospitalidad se mantuvo. Qué pena; qué tristeza. En
cualquier caso nosotros no vamos a cejar, vamos a continuar trabajando y vamos a intentar en definitiva que esta ley mejore, porque yo creo que es mala, señor ministro, sinceramente, y lo digo porque creo que hay que tener una política realista en
materia de inmigración, no papeles para todos, no, pero tampoco ese discurso de la dureza que se aleja tanto de la realidad, sino una política que lo que haga sea regular precisamente los flujos con sentido común, en un contexto de crisis donde
existe tensión, y donde tenemos que dar obligaciones, pero también derechos.
Creo que esta ley precisamente da pasos atrás, y sobre todo en algunos casos deja que la mala ley que venía del Partido Popular se mantenga, y que en materia de derechos
no solo no hayamos avanzado lo suficiente, sino que incluso hayamos retrocedido.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo hemos intentado; hemos intentado hacerles ver el error en el que estaban; hemos intentado hasta el último momento que comprendieran el alcance de la oportunidad perdida, y hacerles ver la importancia de modificar en el Senado
la ley para superar unos déficits que nos parecen incomprensibles, pero ustedes no han atendido a razones, a ninguna de las razones troncales de nuestra negación a legitimar esta ley, y es incomprensible.
Ustedes saben que en el ecuador de la legislatura, máxime en el contexto en el que vivimos, y sobre todo en una ley de este tipo, lo que fije la ley blinda el objetivo máximo que ustedes tienen previsto alcanzar hasta el año 2012, y nadie
puede saber cuál será la correlación de fuerzas en la próxima legislatura, nadie puede afirmarlo; nadie puede asegurar que no gobierne la derecha, que vuelva la derecha, y como nadie puede asegurar que esto no ocurra -y ojalá que no ocurra-
(Rumores.), es evidente que ustedes cometen ahora un error, un incomprensible error, un irresponsable error, porque solamente les pedíamos que no se negaran a modificar el Código Civil con el fin de rebajar hasta los cinco años los requerimientos
para alcanzar la nacionalidad española. ¿Cómo puede ser que un catalán nacido en Senegal, en el Rif o en Pakistán tenga que esperar hasta 14, 15 o a veces hasta 18 años para tener la nacionalidad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede entenderse esto?
Pero, ¿cómo puede entenderse que no figure en la ley ningún compromiso para avanzar de una forma clara, categórica hacia el reconocimiento del sufragio de estas personas, que no serán ciudadanas hasta que no lo tengan reconocido?
Miren, hay democracias en las que cuando aquí se mataba por ser demócrata, allí se asumían cotas muy altas de solidaridad; hay democracias en las que cuando
aquí los trabajadores se veían condenados a emigrar, allí los sindicatos, la clase obrera trabajaba para que los recién llegados tuvieran todos los derechos sociales y de ciudadanía. Luego hay democracias, como la democracia española, que
están obligadas a más. Cuando en Europa hay democracias que dan muestras de fatiga en la lucha por los derechos democráticos, hay democracias recién llegadas, como la democracia española, que están obligadas a más, con lo cual todavía se entiende
menos que ustedes legitimen alargar el internamiento de estas personas en los centros hasta sesenta días; es una vergüenza; no han cometido más allá de una falta administrativa, ningún hecho delincuencial. ¿Cómo puede ser que la izquierda
española legitime -repito, legitime- alargar hasta sesenta días el internamiento en un centro para personas extranjeras? Esto es inaceptable. ¿Quién les obliga a ello? Nadie. La directiva europea no les obliga a esto; son ustedes los que han
decidido hacerlo.
¿Dónde está, pues, el compromiso para la gente -muchos de sus militantes también- que a pie de calle está trabajando a favor de la integración y a favor de los derechos? ¿Qué mensaje les envían ustedes? ¡Qué manera de
reconfortar y de animar a aquellas personas que están comprometidas en la transformación social si un Gobierno de izquierdas comete este gravísimo error! ¿Dónde está la responsabilidad de la pedagogía? No aparece por ninguna parte.
Nosotros hemos hecho un ejercicio de realismo. Les pedíamos por favor que aceptasen dos disposiciones adicionales, solo dos. Una que remitiera al compromiso para hacer posible un avance en el sufragio, y otra no ya para reconocer los cinco
años que pedíamos nosotros, sino al menos para rebajar, y por supuesto dejarlo en cuarenta días, y ya aceptábamos discutir y acotar la excepcionalidad de veinte días más. Un ejercicio de realismo que ha encontrado la cerrazón del Partido Socialista
Obrero Español. Incomprensible; es incomprensible.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro.
Señor Tardà, descuide, estas leyes se aprueban precisamente para que no gobierne la derecha. ¿Por qué? Porque son leyes de derechas o tienen pinta de ser de derechas,
por utilizar una expresión un tanto simplista dentro de la doctrina política. Son leyes que pretenden tranquilizar determinadas conciencias que consideran el fenómeno de la extranjería un problema, y no un valor o un activo que conviene ordenar
jurídicamente de forma democrática, y con principios ontológicos progresistas. Me da mucha pena que el Partido Socialista Obrero Español haya abdicado de estas posiciones.
Señora Esteve, usted conocerá perfectamente un conocido ensayo de Ortega, Mirabeau o el político, donde ponderaba el cinismo político de Mirabeau precisamente. Mirabeau preconizaba lo siguiente: las leyes pueden ser buenas, las leyes
pueden ser malas, pero lo que tienen que ser siempre son insuficientes. ¿Por qué tienen que ser siempre insuficientes? La reflexión de Mirabeau era que tienen que ser siempre insuficientes porque esto mantiene viva la reivindicación y consolida la
absoluta imprescindibilidad de los políticos a la hora de solucionar esas reivindicaciones que permanente y conscientemente se dejan siempre pendientes. Y esta ley adolece de este problema: es una ley insuficiente.
Todas las leyes que regulan el fenómeno de la extranjería son insuficientes o malas. La del año 2000 aprobada por el Partido Popular era manifiestamente mala; incluso inconstitucional, como luego se pudo acreditar por la sentencia 236/2007
del Tribunal Constitucional. Ustedes hicieron correcciones mediante un procedimiento curvilíneo, rayando los límites de lo que tolera el ordenamiento jurídico, cual es el consistente en aprobar reglamentos contra ley, reformas legislativas
manifiestamente insuficientes y parciales, y ahora nos traen una ley que también peca de manifiesta insuficiencia. Yo lo siento mucho. Ustedes siempre invocan su genotipo fe: son progresista. Aquí es difícil apreciarlo, aunque uno analice la ley
con profundidad e incluso con microscopio, con un característico valor de antropólogo.
Nosotros nos desvinculamos de todo tipo de paternidad sobre esta ley.
Abdicamos incluso de nuestras aportaciones, bueno no abdicamos de nuestras aportaciones, porque algunas la han mejorado y no vamos a renunciar a mejoras que dimanan de
enmiendas aceptadas a nuestro grupo parlamentario sobre cuestiones que no son irrelevantes: cuestiones relativas a la aceptación o a la posibilidad de suspender el internamiento mediante la invocación del hábeas corpus o el asilo; la actuación de
la instrucción sumarial a través de dos jueces de instrucción, de los que el segundo ejerce prácticamente funciones de juez de garantías; la reagrupación, suprimiendo en este ámbito las trabas al empleo durante el primer año para las personas
reagrupadas; y mejoras importantes en relación con las mujeres víctimas de delitos violentos o de violencia de género. Son enmiendas de nuestro grupo las que han mejorado el texto, pero no lo suficiente como para que nuestro voto pueda ser
positivo. Se han salvaguardado también competencias que eran invadidas por el proyecto de ley en relación con distintas materias: integración social de los inmigrantes; igualdad efectiva entre hombres y mujeres; adopción internacional; hijos
reagrupables, en materia de reagrupamiento, pero, al final, nos encontramos también con la insuficiencia, con la falta de coraje o de valor político como para dar el paso definitivo, y usted lo sabe. En derechos y deberes, son todos los derechos y
deberes que pretendidamente acogen los requerimientos de la sentencia del Tribunal Constitucional, la número 236/2007, antes invocada, pero no tienen el
coraje político, el valor político de acoger los requerimientos de esta sentencia en sus propios términos. Hay limitaciones en todos los ámbitos del catálogo de derechos y deberes que con relación a los extranjeros prevé esta ley: en
derecho a la educación, al trabajo y a la Seguridad Social, sindicación y huelga, asistencia sanitaria y vivienda en distintas materias. En asistencia jurídica gratuita se sigue exigiendo lo que se denomina doble postulación cuando se litiga en el
ámbito contencioso-administrativo; siguen existiendo procedimientos preferentes sumarios para la expulsión; se obliga a los extranjeros a litigar en el ámbito consular o diplomático. No se avanza suficientemente, no es una ley progresista; es
una ley de derechas, señora Esteve y señor Seco.
Nosotros no vamos a focalizar nuestra atención en la enmienda 220 aprobada por el Senado, que es la que ha provocado -ustedes lo saben- nuestra desafección absoluta a este todavía proyecto de ley. La inexistencia de cupos mediante criterios
objetivos de determinación o de contingentes de menores extranjeros no acompañados es una incuria que nos impide en este momento convalidar aspectos parciales y generales de cualquier tipo de este proyecto de ley. El mantenimiento de la existencia
de cupos o de menores no acompañados en los sistemas asistenciales de las comunidades autónomas tan disfuncionales como los que le voy a glosar a continuación: más de 700 en Euskadi; menos de 120 en la Comunidad Autónoma de Madrid; menos de 100
en la Comunidad Autónoma de Valencia; cero en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que incluso ha renunciado a las subvenciones del Fondo de Integración previsto por la legislación a cambio de no tener ningún menor no acompañado, es una disfunción
que provoca una desafección absoluta de nuestro grupo parlamentario.
Señora presidenta, siento mucho lo que estoy diciendo. Hemos mantenido aquí una posición curvilínea con esta ley. Iniciamos su debate o el iter legislativo de la misma presentando una enmienda de totalidad, porque nuestros principios o los
fundamentos ontológicos de lo que aquí presentó el Gobierno eran manifiestamente contradictorios con nuestra posición ideológica en relación con el fenómeno de la extranjería y de la inmigración. Después, la aceptación de enmiendas que mejoraban
las aristas más antidemocráticas de la ley modificó nuestra posición, y llegamos a votar sí al dictamen que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Se mejoró algo en el Senado, pero no se mejoró aquello sobre lo que estamos focalizando de forma
específica nuestra posición política en este momento. Nuestra desafección de la ley dimana de la imposibilidad de corregir algo que es tan fácil como mantener y no levantar esa enmienda, que es lo que ustedes van a hacer, porque han pedido ya la
votación separada de la enmienda 212, con una intención dolosa que a uno le cabe intuir cuál es, que es su levantamiento, su desaparición del texto de proyecto. Esto va a provocar que no solo mantengamos una posición crítica con esta ley, sino que
nos desvinculemos de cualquier tipo de paternidad, incluso con las mejoras producidas. Además -se lo voy a decir sin ninguna crispación, con un lenguaje pausado, no lo tomen como una amenaza-, la vamos a combatir. Vamos a combatir esta ley,
evidentemente en términos jurídicos, que es la forma democrática de combatir un proyecto de ley cuando es manifiestamente mejorable, manifiestamente insuficiente y puede contradecir el contenido esencial de determinados derechos que constituyen el
bloque de derechos y libertades de la Constitución española, desglosados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, en particular, por la sentencia que hemos indicado, la número 236/2007.
Señor Seco, señora Esteve, señora Rudi -que nos honra con su compañía-, ya les comentamos las dificultades de la operación jurídica que intentaban acometer cuando presentaron este proyecto. Intentar compatibilizar los requerimientos de las
directivas que se trasponen -de los años 2003, 2006, todas las que se trasponen- con los requerimientos del Plan de integración e inmigración aprobado por la Unión Europea en el año 2004, y a su vez integrar estos dos posicionamientos normativos o
jurídico-políticos con los requerimientos de la sentencia 236/2007 era un escorzo político metafísicamente imposible de acometer. Obviamente no esta Carnelutti en la Cámara, y ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad jurídica para
realizar un escorzo de una dimensión tan forzada, de una dificultad tan notable, y han aflorado fisuras que hacen que en este momento no podamos convalidar este proyecto ley. Nos distanciamos y nos desapegamos de él, y queremos que se conozca que
no asumimos ningún tipo de compromiso, de responsabilidad ni de paternidad, no le voy a decir con relación a las mejoras que dimanan de las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario -constituiría una manifestación de incoherencia
política digna de mejor causa-, pero sí del contenido final del producto aquí elaborado. Están haciendo -no está el señor Tardà- lo que el señor Tardà de otra forma ha enunciado. Ustedes tienen miedo a la población -es una opinión fácilmente
acreditable en el ámbito implantado en la sociedad pública-, que ya considera la extranjería un problema, incluso me atrevería a decir un fenómeno de política criminal exclusivamente. Están tan preocupados con ese estado de opinión que se han
desvinculado de las legítimas reivindicaciones aportadas por las organizaciones que trabajan en el mundo de la extranjería, que son las democráticas, las correctas, las equilibradas, y las que se ajustan a los requerimientos constitucionales. Eso
es abdicación. La no aprobación de un sistema equilibrado y razonable de distribución de los menores extranjeros no acompañados -con los que tenemos una deuda, porque han venido para buscar un mundo mejor, para crear expectativas de vida razonable,
y por eso están aquí- mediante procedimientos abusivos y desequilibrados; esa posición y esa falta de coraje político para resolver ese problema ha causado una desafección que va a provocar que adoptemos en este momento una actitud combativa contra
la ley que vamos a aprobar,
entre la incuria que constituye el levantamiento de la enmienda 220.
Muchas gracias, señora presidenta. (La señora Esteve Ortega: A los menores los tratáis como mercancías.-El señor Olabarría Muñoz: Yo no. ¿No será al revés?)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, finalizamos el trámite de reforma de la Ley 4/2000 con las enmiendas que el Senado nos ha remitido. Creemos que el Senado ha introducido aportaciones importantes y significativas. Mi grupo quiere destacar el trabajo de nuestra
colega, la senadora Monserrat Candini, especialmente en algunas mejoras introducidas en la trata de personas y en las garantías que con la nueva ley el Parlamento va a tener a partir de su entrada en vigor: una mayor información sobre los flujos
migratorios, especialmente los de carácter laboral, que pueden permitir un mayor debate en los próximos tiempos sobre la política migratoria. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Convergència i Unió está convencida de que el trámite
parlamentario ha mejorado sustancialmente el proyecto de ley y de que esta nueva ley va a ser mejor que la actualmente vigente.
A los grupos que van a oponerse a este proyecto de ley, tanto por la derecha como por la izquierda, así como a algún grupo nacionalista con el que compartimos muchísimas sensibilidades, insisto, en quienes hoy se van a oponer a esta ley no
hemos encontrado ni visto una alternativa global a la actual política de inmigración. Existen discrepancias puntuales a las que no niego su valor: duración del internamiento, regulación de la reagrupación familiar, existencia o no del contrato de
integración, prohibición por ley de las regularizaciones masivas. Pero eso no son las cuestiones fundamentales que constituyen una política de inmigración.
Legítimamente, en su posición de oposición, mantienen esa crítica, pero quienes hoy votan
en contra de esta ley no han planteado una alternativa global a la actual política de inmigración. Ojalá hubiese alternativa global por la izquierda y por la derecha porque estaríamos discutiendo cuestiones importantes. Simplemente realizan
críticas puntuales a algunos aspectos emblemáticos de esta ley, pero no hay alternativa a la actual política de inmigración. Por tanto, su retórica no se ha acompañado de una propuesta alternativa y lo lamento porque intuyo que en las cuestiones de
fondo todos estaríamos mucho más de acuerdo que esa expresión retórica que han tenido sus intervenciones hasta ahora.
Para Convergència i Unió, por otro lado, esta ley incorpora aspectos sustanciales importantes y muy remarcables. Hemos garantizado el pleno respeto al Estatuto de Autonomía de Cataluña que por primera vez introduce competencias para la
Generalitat en materia migratoria. Hemos ampliado la capacidad de intervención de los gobiernos autonómicos en relación con los flujos migratorios, muy singularmente hemos reforzado las capacidades de Cataluña, de Andalucía y del País Vasco en esta
materia y por primera vez se singularizan en relación con estas tres comunidades autónomas mayores capacidades de intervención. Hemos incorporado por primera vez en la legislación española la idea de esfuerzo, de integración de la inmigración que
responde a alguna de las corrientes de fondo que en el conjunto de países europeos con gobiernos de centro izquierda y con gobiernos de centro derecha se están impulsando que enfatizan la idea de que la integración exige reconocimiento de derechos,
pero también compartir valores básicos y conocimiento de las lenguas que se hablan en nuestra sociedad.
Hemos reforzado la capacidad, la movilidad laboral especialmente de investigadores en el desarrollo de la denominada tarjeta azul de la Unión Europea. Hemos mejorado sustancialmente las garantías en los centros de internamiento para
extranjeros y la atribución a un juez de Instrucción del partido judicial donde esté ubicado ese centro de internamiento de funciones específicas de control del mismo, en términos de las garantías reales de las personas que van a ser retenidas,
supone una variación sustancial sobre la práctica que hoy existe en esta materia. Vamos a facilitar la incorporación al mercado de trabajo a las personas reagrupadas, con la especial trascendencia que eso tiene en relación con los hijos de familias
inmigrantes. Introducimos dos mandatos al Gobierno de una especial importancia desde nuestro punto de vista. En primer lugar, para facilitar la convalidación y homologación de títulos educativos de ciudadanos extranjeros convencidos de que el
reconocimiento de las cualificaciones de los jóvenes extranjeros es garantía de progreso y de prosperidad y forma parte esencial de una política de integración.
En segundo lugar, hemos mandatado al Gobierno a incorporar en los convenios de
readmisión una cláusula de derechos humanos que refuerza también esa perspectiva. Esas son las enmiendas de Convergència i Unió a esta ley que nos permiten afirmar que la ley es mejor.
Sabemos que la ley en sí misma no va a ser garantía de una mejor política y ahí existe una enorme responsabilidad del conjunto de las administraciones públicas, pero muy singularmente del Gobierno del Estado, para que esos objetivos de la
ley sean posibles en materia de integración. Y mi grupo lamenta que en el trámite presupuestario no se haya podido resolver el recorte sustancial del Fondo para la integración y la acogida de los inmigrantes. Hay algunas cuestiones importantes
como la diferente manera en que las subdelegaciones del Gobierno están aplicando la normativa de extranjería con pronunciamientos distintos y contradictorios entre unas subdelegaciones u otras o las políticas concretas que se desarrollan en unos
consulados o en otros. Muchas
veces, señorías, los problemas de aplicación de la normativa de extranjería no sitúan tanto el marco legal que tenemos sino esas contradicciones en la aplicación de la ley por parte de las subdelegaciones del Gobierno y de los consulados.
En materia de mercado de trabajo tenemos un 28 por ciento de desempleo entre personas de origen extranjero y existen cuestiones vinculadas al abandono prematuro de las escuelas de los hijos de progenitores extranjeros. En ese conjunto de cuestiones
el Gobierno y la sociedad en los próximos tiempos nos jugamos ser capaces de convertir en un éxito el fenómeno migratorio en España.
Es evidente que en un proceso parlamentario como el que hemos tenido uno siempre puede tener la sensación respecto a sus pretensiones de que se podría haber avanzado más. Señorías, esta ley no agota las ambiciones de Convergència i Unió en
materia migratoria; no las agota en términos de las capacidades de Cataluña de construir su propia política nacional de inmigración; no las agota en términos de construir una gestión de los flujos migratorios que forme parte de manera coherente de
la transformación de nuestro modelo económico. Sabemos que el modelo de flujo migratorio de estos diez últimos años no va a ser el modelo de gestión migratoria de los próximos años, basado en la idea de muchos trabajadores dispuestos a trabajar por
sueldos bajos en sectores de poco valor añadido, que ha sido el modelo existente desde 1999 prácticamente hasta la fecha. Habrá que continuar avanzando en nuevas modificaciones.
Necesitamos reforzar una doctrina compartida en materia de acogida e
integración que se aleje del falso multiculturalismo que tan solo encierra a las personas en sus comunidades de origen. Estamos convencidos -no sé si en esta legislatura- de que en próximas legislaturas vamos a continuar reformando nuestro marco
legal en materia de inmigración, impulsados por el proceso europeo, especialmente por lo que implica el Tratado de Lisboa y por la necesidad de que cada vez más esta sea una política europea en materia de gestión de flujos, de políticas de acogida,
por la necesidad de construir una agencia europea de las migraciones; nuestra normativa deberá adaptarse a eso.
Mi grupo se encuentra más que razonablemente satisfecho del trabajo que hemos hecho con el Grupo Socialista, singularmente con el Gobierno. Hoy nos acompaña en la sesión el señor Corbacho y quiero decir que Convergència i Unió ha compartido
buena parte del enfoque que el ministerio y usted mismo estaban dando en esta reforma. Asumimos algunos riesgos políticos acompañándoles hoy en esta votación, quizás con menos votos de los que a nosotros nos hubiese gustado, pero estamos
convencidos de que estamos haciendo lo adecuado; estamos intentando construir una mejor legislación en materia de extranjería, de inmigración que consiga que todos -también quienes están gobernando en otros territorios del Estado- podamos compartir
una misma aproximación que nos permita gestionar con éxito el reto de la inmigración. Ojalá la retórica crítica con esta ley no impida que las políticas que se deban desarrollar en los próximos años gocen del consenso necesario para que esto sea un
éxito.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, señorías, llegan hoy las treinta y ocho enmiendas presentadas y aprobadas en el Senado a la Ley de Extranjería que salió de esta Cámara, treinta de las cuales han sido sencillamente reformas
técnicas y ortográficas, lo cual demuestra que el trámite de urgencia elegido por el ministro en esta ley constituyó una forma apresurada y una auténtica chapuza. Y lo hace, además, viniendo a esta Cámara y contando con menos apoyo del que tenía
cuando salió. Esas son las consecuencias de intentar hacer una ley sea como sea, de pasar un trámite sea como sea y de llegar a acuerdos minimalistas en vez de buscar un pacto de Estado, como se había producido con la ley en anteriores ocasiones en
esta Cámara.
Nuestro grupo presentó setenta y tres enmiendas en el Senado, de las cuales ni una sola fue aprobada. Volvemos a las épocas del sectarismo, del rodillo anti PP, al cordón sanitario que en esta ocasión ha sido formado por la mayoría y
Convergència i Unió. Señor Campuzano, estas setenta y tres enmiendas constituían una alternativa real para cambiar las cosas, para que usted no tuviera que subir a esta tribuna y decirnos que esta reforma se va a tener que reformar en el futuro.
Eso es lo que queríamos evitar: hacer lo que vamos a tener que hacer pronto. Si hasta la propia senadora portavoz socialista reconocía que esta reforma era incompleta.
Señorías, ¿esta reforma va a servir de verdad para resolver los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes que residen en nuestro país de forma legal o aquellos que están de forma ilegal? ¿Va a servir para resolver los problemas que
se le han planteado a la sociedad española y a las instituciones públicas tras la llegada masiva de ciudadanos extranjeros que han llegado a España en este tiempo o que pretenden hacerlo en el futuro? ¿Ha existido por parte del Gobierno un
diagnóstico real y cabal de las causas que han convertido a la inmigración en el tercer problema para los ciudadanos españoles? ¿Va a solucionar esta reforma esos problemas o al menos va a cambiar las reglas que permitan que la inmigración sea en
el futuro un proceso sometido a los principios de respeto a la ley, el orden, las necesidades de nuestra sociedad o nuestra capacidad de acogida e integración? ¿Va a frenar la inmigración clandestina o, al menos, disuadir a aquellos que hacen de
ese tráfico repugnante de personas un negocio equiparable al tráfico de armas o de drogas? ¿Mejora los mecanismos legales y procesales para expulsar a los que vienen a España no a trabajar o a buscar una oportunidad
entre nosotros, sino a delinquir, tras cumplir sus penas aquí o en las prisiones de sus países de origen? Evidentemente, no.
El Gobierno, o al menos una parte del mismo, ha seguido y sigue en su empeño de no reconocer error alguno. Por ello, ha despreciado de forma sectaria las enmiendas de mi grupo y así es difícil cambiar de verdad las cosas, hacer las reformas
que precisa el país y resolver los problemas de los ciudadanos. Se institucionaliza en esta reforma el actual sistema de entrada a España, un sistema que hace más fácil venir a nuestro país y permanecer de forma ilegal que hacerlo de forma ordenada
y legal. España va a seguir siendo el coladero de la Unión Europea y el lugar en el que las mafias tienen mayor facilidad para realizar sus operaciones de tráfico de personas. Es más, la falta de limitación y regulación de la regularización
automática por arraigo constituye un estímulo para la llegada y permanencia ilegal, así como para la actividad de los traficantes y de aquellos desalmados que desean explotar a personas sometidas a situaciones de clandestinidad, intolerables en un
país como el nuestro. Es el papeles para todos los que resistan. Lo que sea y como sea, mientras el Gobierno, que presume de social, mira para otro lado.
Hoy el Gobierno al no querer cambiar esto a sabiendas, se convierte, por tanto, en cómplice
de unas situaciones en las que la explotación y la vulneración de derechos de personas irregulares que están en nuestro país son una afrenta para la sensibilidad de cualquiera. En segundo lugar, se incumple el Pacto europeo de inmigración, ya que
no solo no se prevé la regularización caso a caso, sino que, además, no se impide que en el futuro el Gobierno vuelva a plantearse un nuevo proceso de regularizaciones masivas. Por otra parte, la manera en la que el Gobierno regula el sistema de
equilibrio entre derechos y deberes tampoco es la más afortunada.
Después de deslegitimar histéricamente el sistema francés y alemán, el contrato de integración propuesto por nuestro grupo, el Gobierno ha optado por el llamado informe de esfuerzo de integración; un informe que tendrán que elaborar las
comunidades autónomas en cualquier momento del proceso en que cualquier extranjero quiera renovar un papel para determinar si esa persona que pretende renovar su documentación es buen o mal castellano, andaluz, catalán o gallego. Es un dislate en
el que la propia indefinición del concepto del esfuerzo y sus características abre vías de inseguridad jurídico-formal que no tiene precedente en nuestro país. Esta y otras obligaciones y facultades transferidas a las comunidades autónomas, en
algunos casos a algunas solas, no tiene soporte constitucional y van a complicar la vida de todos, implican mayores costes, van en contra del sentido común y van a añadir mayor confusión al caos interno del Gobierno en la gestión de la inmigración.
Por otra parte, la posibilidad de la celebración de acuerdos internacionales con terceros países transferida a las comunidades autónomas o que estas cedan la tutela de los menores no acompañados a ONG son en último caso un auténtico disparate. En
este sentido, los propios directores generales de Infancia del conjunto de las comunidades autónomas, excepto Canarias, manifestaron su postura en contra en la Comisión interautonómica. La imprecisión de la reforma va a incrementar la inseguridad
jurídica, la litigiosidad y el colapso que ya padecen nuestros tribunales, especialmente de lo Contencioso-administrativo. La continua remisión de la ley al reglamento en materias que inciden en derechos fundamentales implica conferir al Gobierno
una capacidad arbitraria que puede ocasionar problemas en su futura aplicación. El hecho de que la estancia ilegal del extranjero en España vaya a ser ahora sancionada de forma preferente con una multa, cuyo importe se incrementa notablemente, en
vez de con la expulsión, debido al fracaso del señor Rubalcaba en materia de expulsiones, no solo demuestra el ánimo mercantilista y recaudador del Gobierno en esta materia y supone un error con el que pretender corregir otro, sino que demuestra la
superchería de la vicepresidente cuando sostenía solemnemente aquello de que los ilegales serán expulsados. Por otra parte, señorías, el aumento del plazo del internamiento en los CIE de forma general a sesenta días es otro disparate que se podía
haber arreglado en el Senado si no se hubiera obligado a Convergència i Unió a retirar las enmiendas que coincidían con las de mi grupo. Además, la falta de concreción de la proporcionalidad y del sistema preferente de las expulsiones o la no
consideración de la reincidencia como elemento agravante, instituyen una nueva situación jurídica: el limbo de la alegalidad.
Los problemas de los inmigrantes no mejoran con esta ley, al revés. En algunos casos, como en el de la posibilidad de encontrar un empleo, se empeoran, no solo por la política económica general del Gobierno, sino porque dificulta su
movilidad profesional y geográfica. Tampoco los derechos de los inmigrantes legales residentes en nuestro país mejoran.
En algunos casos, incluso se recortan los previstos en la Ley de 2000 y 2003, esa ley elaborada por un Gobierno del PP que es
la auténtica constitución de los derechos de los extranjeros en España, no la que ustedes han hecho. Eso sí, de los extranjeros legales, que residen legalmente. Ustedes, señorías, nos han excluido. Han preferido un mal acuerdo a un gran pacto.
Su mezquindad les acabará pasando factura. Como decía al principio, sus propios portavoces y algunos diputados que han subido a la tribuna ya han dicho que es necesario reformar la reforma, aunque hoy ustedes vayan a contar con sus votos. Por
tanto, es una oportunidad perdida; una reforma parcial, chapucera, arbitraria y excluyente, acompañada de un presupuesto mezquino que va a incidir en la falta de integración de las personas inmigrantes que residen legalmente en nuestro país.
Me van a permitir, para terminar, una última reflexión, esta con nombre y apellidos. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un continuo deterioro del principio de legalidad por parte del Gobierno. Las leyes vigentes
están para cumplirse y aplicarse, nos guste o no, sea oportuno o no lo sea. Eso tiene que ver con la Ley de Extranjería vigente y la que va a entrar en vigor. No voy a hablar del Tribunal Constitucional ni de las redadas indiscriminadas ni
de los piratas somalíes, voy a hablar en esta tribuna hoy de Aminetu Haidar, ciudadana saharaui de nacionalidad marroquí defensora de los derechos humanos, que ha sido traída a nuestro país por el Gobierno de forma ilegal y en contra de su voluntad.
Sé que esto puede producir risa a algunos, pero es un claro ejemplo de cómo el Gobierno aplica las leyes o cómo las incumple de forma deliberada. Un gobierno es amigo de otro cuando le ayuda a no cometer errores y a respetar la legalidad
internacional y los derechos humanos y no cuando se pliega como un felpudo ante sus despropósitos. Esto es lo que ha hecho el Gobierno y el señor Moratinos; han permitido la entrada ilegal de una persona a la que las autoridades marroquíes habían
incautado su pasaporte. Ha obligado a incumplir la Ley de Extranjería a propios y a extraños, a policías de frontera, a pilotos de aeronaves, a compañías aéreas que están sancionados en el artículo 56 de esta ley. Ha mentido sobre la documentación
que el artículo 25 considera necesaria para entrar en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, debe acabar.
El señor HERNANDO FRAILE: Acabo. Por último, y al haber sido pillado en falta, ha asegurado que la señora Haidar está aquí por razones humanitarias. Será, señoría, por el humanitarismo socialista, porque está señora está aquí contra su
voluntad, separada de sus hijos, de su familia y de su tierra, y resulta mezquino hablar en esos términos de esta persona. Por tanto, señores del Gobierno, cumplan con su obligación, cumplan las leyes -incluso las que aprueban ustedes- y promuevan
que esta persona vuelva a su país, con los suyos, y acaben con una situación infame y vergonzosa para España y los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Óscar Seco.
El señor SECO REVILLA: Señor presidente, comparezco ante SS.SS. en nombre de mi grupo, el Grupo Socialista, para expresar el apoyo global al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros y su integración social. El apoyo global no va a incluir cinco enmiendas; cuatro de ellas son meramente técnicas y la quinta, introducida en el Senado por el PNV, es aquella que tiene por objeto repartir proporcionalmente a los menores
extranjeros no acompañados en función de la población de cada comunidad autónoma. Esta enmienda, señorías, es aberrante. Contiene gravísimos obstáculos jurídicos, carece por completo de principios y tiene serias complicaciones prácticas. Voy a
empezar por estas últimas. En Euskadi hay tres diputaciones forales con competencias en materia de menores. Anoche hice el reparto proporcional de los 660 menores que ayer tenía la Comunidad Autónoma del País Vasco. A Vizcaya debían llegar 20 de
Álava y 17 de Guipúzcoa. Entre diputaciones hermanas tenían que haberse puesto de acuerdo mucho antes de plantear la enmienda para hacer ese reparto. Pero el problema no está ahí, no está en el reparto, está en que se pongan de acuerdo en qué 37
menores van a ir a Vizcaya. Es un acuerdo que estoy seguro no van a poder conseguir. Me causa mucha extrañeza la posición de su grupo, señor Olabarría, que además ha defendido con bastante vehemencia. Ya le he dicho que entre diputaciones
hermanas nunca han cumplido este criterio, pero es que además le planteo otros.
¿Por qué es más justo el reparto entre población o en proporción a la población?, ¿por qué no es más justo en proporción al PIB?, ¿por qué no es más justo inversamente proporcional al número de inmigrantes que hay en cada comunidad
autónoma?, ¿por qué no es más justo que el reparto se haga en el marco europeo y no solo estatal? Su propuesta tiene notables carencias, sobre todo jurídicas. Lo que en realidad está pidiendo es que el Estado fije cupos. ¿Lo he entendido bien?
Está pidiendo que el Estado fije cupos y que haga el papel de distribuir menores extranjeros entre comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado con su enmienda a la totalidad en la que decía que la Ley de Extranjería invadía competencias de la Comunidad
Autónoma vasca cuando es usted el que está planteando ahora mismo el cese, la deconstrucción del sistema de las autonomías?, ¿qué ha pasado? Asumiendo estas posturas centralistas no respetan ustedes el marco competencial autonómico, y ya le
anuncio que el Partido Socialista de Euskadi no va a cejar en el empeño de defender el régimen foral y el marco autonómico de la Comunidad Autónoma vasca. (Aplausos.) Señor Olabarría, al diferenciar la protección de menores extranjeros y menores
autóctonos ponen en cuestión el principio básico de no discriminación por razón de origen, consolidado ya en el Tratado de Lisboa y en toda la normativa europea, que además es derecho interno. Por último, no se dan cuenta de que los MENA no son
mercancía averiada que se puede meter en un camión y trasladar a territorios deficitarios.
¿Cuándo se darán cuenta de que estamos hablando de niños? La semana pasada celebramos el XX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño; en su recuerdo les insto a que rechacen esta enmienda. Están anteponiendo el
interés superior de la institución al interés superior del menor y eso, aparte de los reproches éticos que pueda merecer, es inconstitucional. En la tramitación de esta ley ha sido capaz de hacer un escorzo -como dice usted- que deja pequeño a
Carne-lutti. Lea sus intervenciones en la Comisión y en el Pleno y lea sus intervenciones ahora. Fíjense en sus posiciones
de entonces y fíjense en su posición de ahora. ¿Cuál ha sido la distancia?, ¿dónde está la diferencia? Si quiere, hagamos un camino juntos, la reflexión de por qué hay comunidades autónomas que son hostiles a los menores extranjeros no
acompañados. Hagamos esa reflexión; yo le invito a hacerla. La señora Oramas no se atrevía a decir los nombres; yo voy a decir algunos: Madrid, Valencia y La Rioja. ¿Por qué no les documentan?, ¿por qué adoptan prácticas disuasorias para que
se marchen?
Otro punto que quería mencionar es el del esfuerzo que hemos pretendido hacer por el consenso. El Tribunal Constitucional ha manifestado que las leyes orgánicas son expresión de una democracia de consenso y quiero decir que el Partido
Socialista ha puesto todo de su mano para conseguirlo: ha puesto a Esperança Esteve. Es justo reconocer su esfuerzo y sus cualidades, este es mi reconocimiento expreso a ella. (Aplausos.)
Tengo que confesar mi decepción por la falta de acuerdo con Esquerra Republicana-Izquierda Unida. Personalmente pienso que hemos estado cerca, muy cerca. Les ha dado vértigo aproximarse a un partido de gobierno. En expresión de Weber, su
responsabilidad ha sido desbordada por su convicción. Han desatendido principalmente la mira a la ecuación necesaria de medios y fines que incumbe a la política. También quiero expresar que una de las cuestiones de fondo que nos han diferenciado
ha sido la ampliación del plazo máximo de internamiento a sesenta días. Se configura ésta como una ampliación de la potestad del Estado para asegurar el éxito de la repatriación, pero por otro lado hay que considerar que esta ley, la nueva ley, va
a restringir su uso doblemente: por aplicación del principio de proporcionalidad y al quedar excluido el procedimiento ordinario -que ahora pasa a ser el principal- del ámbito del internamiento. Y además con su ayuda vamos a posibilitar el acceso
de las ONG a los centros de internamiento, se va a ordenar el régimen de los CIE, se va a reconocer el derecho a la asistencia social y sanitaria, y se van a fijar condiciones de control judicial efectivo por los jueces de instrucción. Son avances
muy valiosos que en parte también les debemos a ustedes.
En lo que concierne al Grupo Parlamentario Popular, tengo que lamentar su distancia en todo el proceso legislativo. No han aportado nada al proyecto y se han movido exclusivamente por cuatro complejos que igual son cinco. Uno, el complejo
provocado por las ocho sentencias del Constitucional de noviembre de 2007 que no les dan la razón y que anula una parte significativa de la 8/2000, la que ustedes hicieron con mayoría absoluta. El segundo complejo es el proceso de normalización que
en el año 2005 llevó el Gobierno de Zapatero; se han hartado de proponer enmiendas para prohibir las regularizaciones masivas, que son tres: son las tres que ustedes hicieron en el año 2000 y en el año 2001. La normalización que el Gobierno hizo
en el año 2005 no es una regularización masiva, es una regularización caso a caso, con contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social. Les diré que el Gobierno heredó en el año 2004 la mayor cantidad de personas en situación irregular que nunca
había conocido España y el mayor índice de economía sumergida, y la normalización lo reparó como ha recordado recientemente el informe sobre Desarrollo Humano del año 2009. -Después de cinco años de aquel proceso ya va siendo hora de que cicatricen
sus heridas-. El tercer complejo al que me quiero referir es el contrato de integración. Para el Grupo Socialista el instrumento fundamental de equilibrio de derechos y deberes no es ningún contrato; el instrumento fundamental del equilibrio es
la ley, y sus mecanismos son el Fondo de Integración y el Plan de Integración, que también vienen en la ley. Está claro que para el Grupo Popular la diversidad no es un derecho como dice la declaración de la Unesco. Para el Grupo Popular la
diversidad es algo a sofocar o a tolerar mientras los extraños adquieren las costumbres españolas. (Aplausos.)
Con todo, la gran brecha no está ahí entre ustedes y nosotros; como diría, Benedetti, una grieta que diariamente se ahonda. A lo largo de los trabajos de elaboración de la ley, los socialistas nos hemos propuesto que uno de los objetivos
fundamentales sea favorecer la integración. Por el contrario, al Partido Popular no le ha faltado ocasión para la retórica xenófoba. (Rumores.) Sí, xenófoba. Cuando su portavoz en el Senado equipara la emigración irregular con la delincuencia,
lean las actas, y subraya que no lo hace a título particular, sino recogiendo doctrina del Partido Popular, demuestra que ustedes, señorías del PP, han apostado por la fractura social y contra la convivencia y, lo que es peor, siguen generando
estereotipos de criminalización que son deplorables. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, el señor Gonzálvez, denostaba esta ley porque, según su criterio, decía que era una ley muy socialista, muy de Zapatero. Quiero acabar subrayando la
satisfacción que me produce apoyar a un gobierno y pertenecer a un grupo que han sido capaces de construir un nuevo modelo de gestión de la diversidad, de convivencia y de cohesión social y de aprobar la Ley de Extranjería más garantista de toda la
democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seco.
Señor ministro de Trabajo, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el trabajo de SS.SS. tanto en el trámite parlamentario en el Congreso como en el Senado, que ha permitido ir incorporando diferentes enmiendas que han ido mejorando la ley que hoy vuelve para su refrendo
final. Quiero agradecérselo a aquellos que lo han hecho posible y se han implicado más, con un espíritu constructivo y positivo, para mejorar el proyecto de ley que el Gobierno presentó a las Cortes,
como Convergència i Unió y de una manera especial a don Carles Campuzano con su trabajo, Coalición Canaria y a doña Ana Oramas, que lo ha impregnado con sus enmiendas y sus propuestas de realismo desde el conocimiento de lo que es la
realidad de la inmigración, no desde la teoría; y con un objetivo que se ha puesto hoy de manifiesto en esta tribuna, que no es otro que mejorar los procesos para conseguir el objetivo de hacer que la inmigración sea legal y ordenada y, sobre todo,
potenciar los elementos de la integración. Sea mi agradecimiento de una manera muy especial, a doña Esperança Esteve, de la misma manera que la secretaria de Estado, doña Consuelo Rumí, porque me consta el empeño que han puesto en ello para buscar
un consenso lo más amplio posible. Los consensos pueden ser deseados por quien promueve una ley, pero la política determina en cada momento la posición que cada uno adopta no en función de la ley, sino del uso que quiere hacer en ese momento de la
política en beneficio del corto plazo. Esas voluntades son difíciles de convencer, pero el tiempo es el que determina si aquello que se ha corregido, si aquella ley que se ha aprobado fue una buena corrección y una buena ley. El tiempo determinará
que esta ha sido una buena corrección y que esta es una buena ley, y es una buena corrección porque corrige elementos que discriminaban y que gracias a la corrección dejan de discriminar. ¿Hay algo más discriminante que tener la potestad de
reagrupar al cónyuge, reagrupar a los hijos y negarle el permiso para trabajar?, ¿cómo una ley que era de apariencia garantista negaba el derecho básico, el derecho fundamental, por el cual tenía sentido la reagrupación, que era reagrupar,
consolidar la familia y poder trabajar? Esta ley lo corrige, esta ley amplía muchos de sus derechos como consecuencia también de las trasposiciones que hace. Señorías, lamento que algún grupo, entre el tiempo de recorrido que hay, relativamente
corto en distancia y tiempo, del Senado al Congreso, sin haber cambiado, cambie de opinión. Me hubiera gustado que hubiesen mantenido la misma opinión, pero en todo caso cada uno hace expresión de la libertad de su opinión en cada momento como
estima conveniente y oportuno.
Señorías, finalmente -y concluyo-, España tiene dos retos: el primero es apostar por una inmigración regular y legal dentro del contexto de una participación activa en la política europea de desarrollo de inmigración; y el segundo es
apostar decididamente por un proyecto de integración.
Tenemos que construir una sociedad diversa, plural pero rica, porque de la diversidad y de la pluralidad nace la riqueza. Esta ley da y amplia competencias allí donde se debe hacer la
integración, que es en la proximidad, en la escuela, en la escalera, en el barrio, en la ciudad.
Esta ley amplía y reconoce a las autoridades que deben hacerlo posible. Y esta ley, además, hace un reconocimiento y un agradecimiento. El
agradecimiento lo hace el ministro; el reconocimiento lo hace la ley en cuanto a la gran labor que tiene y debe continuar teniendo todo el movimiento asociativo en su sentido amplio, porque ellos son los que también están contribuyendo de una
manera decidida a tejer esa red que permite la cohesión y la integración.
Señorías, estoy convencido de que con el paso del tiempo los que han votado a favor de esta ley tendrán el orgullo de saber que han contribuido con su voto a mejorar y a hacer una buena ley y, aquellos que han votado en contra, con el paso
del tiempo, estoy convencido de que serán defensores de la misma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 121/000041.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el punto décimo, debates de totalidad de iniciativas legislativas: proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
En primer lugar, tiene la palabra la señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Gracias, señor presidente.
Señorías, con la mayor de las convicciones defenderé un proyecto largamente reflexionado y deliberado por el conjunto del Gobierno. Un proyecto que tiene como objetivo poner fin a una situación de desorden y de injusticia, así como aportar
una solución equilibrada y humana a uno de los problemas más difíciles de nuestro tiempo. ¿Por qué seguir cerrando los ojos cuando la situación actual es mala? Señorías, con estas palabras hace exactamente hoy treinta y cinco años, el 26 de
noviembre de 1974, la entonces ministra de Sanidad francesa de un gobierno conservador, Simone Veil, se dirigía a la Asamblea Nacional de Francia para presentar el proyecto de despenalización del aborto en aquel país.
Han transcurrido más de tres
décadas, sin embargo las palabras de Veil cobran plena vigencia ante el debate que abrimos hoy en esta Cámara.
(Aplausos.) Esto nos demuestra que otras sociedades europeas con gobiernos de distinto signo, conservadores y progresistas, han hecho
frente con valentía y por cuestión de principios a la misma situación que hoy abordamos en nuestro país. Suecia lo hizo al igual que Francia en 1974, Italia aprobó su regulación en 1978, Holanda en 1984, Bélgica en 1990, Alemania en 1992 y
Dinamarca en 1995, por citar solo algunos ejemplos, y todo ello bajo un denominador común: el del rigor, la responsabilidad y el coraje para asumir la realidad, para contemplarla tal como es, sin filtros ni maquillajes, para visibilizar y afrontar
los problemas.
Soy sabedora, señorías, de la profunda implicación moral que para una parte de la ciudadanía entraña este debate; para otros es simplemente incómodo, porque les obliga a pronunciarse ante una realidad que han eludido durante años; pero no
es menos cierto, señorías, que asumir la realidad constituye la primera obligación de todo gobierno responsable.
España ya acometió una primera despenalización parcial del aborto hace un cuarto de siglo y quiero expresar mi reconocimiento a aquel
Gobierno, también del Partido Socialista, porque sin duda llevó a cabo la mejor regulación posible en el contexto político y social de aquel momento.
(Aplausos.) Desde entonces no ha habido prácticamente legislatura donde no se haya abordado la
conveniencia de modificar la regulación vigente y siempre en la misma dirección: ofrecer mayor seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios que las atienden y garantizar la equidad en el acceso a esta prestación sanitaria.
En concreto, se han registrado y debatido más de veinte iniciativas desde 1995 de distintos grupos parlamentarios para acometer una nueva regulación sobre la interrupción del embarazo, como digo, en esta dirección. Y ya en esta legislatura
hemos profundizado en el necesario debate social y político sobre esta cuestión. En septiembre de 2008 se constituyó una subcomisión parlamentaria que realizó un estudio y elaboró unas conclusiones sobre la aplicación de la legislación vigente en
materia de interrupción voluntaria del embarazo. La Comisión de Igualdad aprobó, en febrero de 2009, dichas conclusiones e instó al Gobierno a reformar la actual legislación bajo unas consideraciones que SS.SS.
conocen. Paralelamente el Gobierno
constituyó un grupo de personas expertas que estuvo trabajando durante seis meses en el estudio de nuestra actual legislación, en las recomendaciones de los distintos organismos internacionales, así como en el estudio de otros modelos de regulación
en el derecho comparado. Ambos informes coinciden en señalar la necesidad de abordar no solo la interrupción voluntaria del embarazo, sino también la salud sexual y reproductiva con el objetivo, entre otros, de prevenir embarazos no deseados. A
partir de estos antecedentes, a partir de estos trabajos, señorías, lo que ha hecho el Gobierno es elaborar un proyecto de ley que recoge las recomendaciones contenidas en ambos informes; lo hemos hecho de manera coordinada los Ministerios de
Igualdad, de Sanidad y Política Social, de Justicia y de la Presidencia.
Todos los departamentos hemos trabajado conjuntamente en un proceso de intenso debate y de diálogo plural con la sociedad civil, hemos escuchado la opinión de todas las
organizaciones sociales implicadas y hemos estudiado todas las propuestas recibidas. Pocas leyes han contado con un proceso de elaboración tan profundamente democrático y transparente como este y todavía queda lo más importante: el debate y la
aprobación de las Cortes Generales.
Hoy comienza la discusión parlamentaria de este proyecto de ley, un proceso que estoy segura transcurrirá por los cauces del rigor, la responsabilidad y el ánimo constructivo. Señorías, asumir la realidad social y resolver los problemas de
la gente debe constituir la prioridad de cualquier gobernante democrático y responsable. Y eso es precisamente lo que ha hecho este Gobierno ante una situación que coincidimos en calificar de insatisfactoria; una situación caracterizada por el
incremento de embarazos no deseados en nuestro país y el creciente número de abortos a lo largo de los últimos años; una realidad preocupante, puesto que deja al descubierto un marco jurídico que ha quedado obsoleto al no dar respuesta a la
realidad de la sociedad española. Basta recordar como ejemplo que el 97 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país son realizadas bajo el supuesto de salud psíquica de las mujeres, que no tiene limitación temporal en
la regulación vigente. La vulneración de los derechos a la intimidad y a la dignidad de muchas mujeres y la incertidumbre de numerosas jóvenes ante embarazos prematuros y no deseados forman parte aún del día a día de este país, forman parte aún de
la vida de miles de mujeres. Reconozcamos, pues, señorías, que resulta inexplicable el hecho de no acometer una reforma en profundidad de la actual legislación; inexplicable para una sociedad avanzada como la nuestra y para las más de 100.000
mujeres en particular que interrumpieron su embarazo en España durante el pasado año. Lo que proponemos es reformar una legislación cuyas carencias obligan a las mujeres a la humillación de alegar problemas psíquicos para interrumpir su embarazo,
las somete a una inseguridad vejatoria y al temor permanente de que su historial clínico termine en un juzgado.
(Aplausos.)
Por esa razón, señorías, es hora de decidir; decidir si enfrentamos el problema o continuamos mirando hacia otro lado; decidir si regulamos esta absurda e injusta situación o conservamos un limbo jurídico cargado de hipocresía e
incertidumbre; decidir también si hemos de juzgar y condenar a las mujeres que, enfrentadas a una de las decisiones más difíciles de su vida, no han seguido adelante con un embarazo. El Gobierno lo tiene claro. No podemos seguir mirando hacia
otro lado; hay que asumir la responsabilidad. (Aplausos.) Las leyes deben responder a las necesidades reales de la ciudadanía, que es la que nos ha elegido mediante sus votos para que demos respuestas a los pequeños y a los grandes problemas que
le afligen. El Consejo de Estado ya se encarga de recordarnos en su informe que conviene reformar la regulación a fin de ajustarla a la realidad, porque nada es más contrario a un Estado de derecho que el divorcio radical entre las normas y su
aplicación.
Señorías, ni el Gobierno de 1983 ni el de hoy inventaron el aborto. Es más, no conozco a nadie que considere que abortar sea una realización personal o un bien deseable. Este Gobierno, como aquel otro, solo pretende que las mujeres que
tengan que afrontar una decisión de tal calibre lo hagan con la máxima seguridad sanitaria y que no puedan ir a la cárcel por tomar esta decisión. (Aplausos.) Por eso, proponemos una ley más equilibrada que solvente los problemas de la legislación
vigente, que sea equiparable a la de los países de nuestro entorno y que ponga límites y garantías donde hoy no los hay. Esta ley es mucho más que una ley de aborto. Es una ley que garantiza los derechos fundamentales en el ámbito de la
salud sexual y reproductiva; una ley que además regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
Este Gobierno ha elaborado una ley cargada de razones y de propuestas contrastadas. De hecho, ni su letra ni su música suenan de una forma distinta a como suenan otras leyes europeas en esta materia. Esta norma recoge, asimismo, las
conclusiones de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, que instan a los gobiernos a establecer políticas que faciliten la anticoncepción efectiva y proporcionen servicios accesibles y de calidad. Este, señorías, es el aspecto más
importante y más innovador de la propuesta que traemos: el amplio contenido de medidas en el ámbito social, sanitario y educativo para garantizar la salud sexual y reproductiva y para prevenir embarazos no deseados. Porque, aunque apenas se ha
hablado de ello en estos últimos meses, uno de los objetivos prioritarios de esta ley es frenar ese incremento progresivo de embarazos no deseados que terminan cada año en abortos en nuestro país. (Aplausos.)
Por eso pretendemos impulsar políticas públicas en el ámbito sanitario y educativo, mediante acciones informativas de sensibilización, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de formación de profesionales de la salud, de
garantía de calidad y accesibilidad a los servicios de salud y planificación familiar, todo ello enmarcado en una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva que el Gobierno tendrá que elaborar cada cinco años junto con las comunidades
autónomas y con la colaboración de las sociedades científicas y organizaciones sociales.
El título II del proyecto regula los requisitos y las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo. Proponemos una regulación más segura que la vigente, más equilibrada, que garantizando la autonomía y la libertad de las mujeres
no descuida la protección de la vida prenatal; una regulación que respeta los espacios de autonomía y libertad que nuestro Tribunal Constitucional nos ha marcado. La ley establece así un sistema de plazos, combinado con unas indicaciones. Con
esta propuesta las mujeres pueden decidir la interrupción dentro de las primeras catorce semanas de gestación, una vez que hayan recibido información previa sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, derechos,
prestaciones y ayudas que, por cierto, señorías, en los últimos cinco años se han visto incrementados como nunca en nuestra historia.
(Aplausos.) El proyecto de ley complementa este sistema de plazos con la posibilidad de interrumpir el embarazo
por razones médicas en supuestos claramente definidos. Además establece una serie de garantías en el acceso a la prestación. La ley incluye la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, como
garantía de la gratuidad de la prestación y del deber de la red sanitaria pública de asegurar en todo caso su realización. Asimismo, se refuerzan la protección de la intimidad de las mujeres y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos.
Señorías, ya es hora de romper una lanza a favor de la responsabilidad de las mujeres ante la maternidad. El Consejo de Estado decía en su informe, que arroja muchas luces sobre la conveniencia de esta reforma, que no resulta lógico suponer
a la mujer gestante una voluntad malévola y ni siquiera arbitraria a la hora de decidir sobre la continuación de su embarazo. Las mujeres, ustedes lo saben bien, no se quedan intencionadamente embarazadas para luego abortar. Siempre hay una causa
mayor que determina una decisión de esta naturaleza y quienes la toman, señorías, no merecen ser criminalizadas, juzgadas, ni condenadas.
(Aplausos.) Por eso, con esta propuesta eliminamos del Código Penal la pena privativa de libertad, eliminamos
la amenaza del castigo de cárcel para las mujeres.
Por último, quiero referirme a la capacidad de decisión de las jóvenes.
Como saben, hemos incluido la eliminación de la excepción establecida en la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, de manera que la interrupción voluntaria del
embarazo se equipare al resto de prestaciones sanitarias, para las que la mayoría de edad para consentir está establecida en 16 años. Esta fue una de las conclusiones aprobadas en el Parlamento, que el Gobierno asumió porque queremos proteger la
salud de las jóvenes y evitar a toda costa la clandestinidad e inseguridad que pueda ponerlas en riesgo. No obstante, conscientes del intenso debate generado en torno a esta cuestión concreta, trataremos de encontrar un punto de equilibrio entre
las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios en aras del mayor consenso posible.
Señorías, el Gobierno presenta un proyecto de ley demandado en su origen, meditado en su elaboración y equilibrado en sus términos, alejado de dogmatismos y de imposiciones morales. La maternidad, señorías, debe ser fruto de una decisión
personal, nunca de imposiciones ajenas. Tampoco pretendemos a estas alturas reproducir debates ampliamente superados por la ciudadanía española, sino contar con una ley que responda a nuestro tiempo y a las demandas de la sociedad actual, una ley
de prevención e información, una ley de protección y garantías, una ley reflexionada y equilibrada. Y nos gustaría aprobarla con el mayor consenso posible, dialogando y equilibrando posiciones, porque partimos de un punto común: la regulación
actual no convence a nadie y, por tanto, es necesario cambiarla. Como estoy convencida de que nadie tiene toda la razón durante todo el tiempo, confiemos todos en ser lo suficientemente humildes para que en el transcurso del presente debate este
Parlamento sea lo mejor que puede ser, un lugar donde el verbo convencer sea más utilizado que el verbo vencer y donde la política no solo sea retórica, sino
diálogo constructivo. (Aplausos.) En este sentido, quiero hacer un especial llamamiento al principal partido de la oposición. Señorías, les invitamos a que compartan con el Gobierno el ejercicio de responsabilidad que supone afrontar un
problema social de este calado. Les invitamos a que lo hagan ahora ya que no fueron capaces de hacerse cargo de este reto durante los ocho años que gobernaron, cuando se practicaron en España 500.000 abortos. No cometan el mismo error que hace
veintiséis años, quedando al margen de una realidad social que con el tiempo acabarán asumiendo, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones. (Aplausos.)
Concluyo, señorías, agradeciendo en primer lugar al movimiento de mujeres, representado hoy en las tribunas, su trabajo constante para que estemos hoy aquí debatiendo este proyecto. También quiero expresar mi agradecimiento a las distintas
entidades, a los profesionales sanitarios y a los especialistas que han acompañado los trabajos y consultas realizadas con motivo de este proyecto de ley. Asimismo quiero agradecer el trabajo que los grupos parlamentarios han realizado y realizarán
durante el debate del proyecto que hoy presentamos, un debate que, insisto, espero que sea riguroso, responsable, constructivo y que pueda enriquecer el contenido del proyecto. Sin duda el conjunto de la sociedad española nos agradecerá que hayamos
estado a la altura que exigen los tiempos y la complejidad del problema que abordamos.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Quizás las personas que nos acompañan en la tribuna ignoran que no se pueden hacer manifestaciones. Les invitamos muy gustosamente a que nos acompañen, pero nuestro Reglamento impide manifestaciones desde la tribuna. Se lo recuerdo y les
agradezco que guarden el comportamiento reglamentario debido.
Para la defensa de las enmiendas a la totalidad, en primer lugar, tiene la palabra don Carlos Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, señora ministra de Igualdad, por obvias razones de tiempo no voy a reproducir en su integridad los motivos por los que presentamos la enmienda a la totalidad, que también han
justificado las más de cien iniciativas parlamentarias que hemos registrado en esta Cámara sobre esta misma cuestión. Sí les diré que con todas ellas hemos querido dejar constancia de la firme oposición de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, a
esta reforma legal que seguimos considerando ilegítima, incongruente, injusta, inconstitucional, incompleta, inútil e inoportuna. El Gobierno, señora ministra, pretende confundir cuando argumenta que el objetivo principal de la reforma -el
principal, lo dijo aquí el señor presidente- es que las mujeres que decidan abortar no vayan a la cárcel. ¿Ha ido alguna mujer a prisión en el último cuarto de siglo, señora ministra? Ninguna. Y se equivoca cuando defiende que nuestro
ordenamiento ampara el derecho a eliminar una vida humana, aunque esta sea muy pequeñita. Señorías, estamos seguros de que esa no fue la voluntad de los constituyentes cuando fijaron en los artículos 10 y 15 de la Constitución los valores y
principios que son el fundamento del orden político y de la paz social en España.
Y pretenden engañar, señora ministra, esta vez de forma grave y dolosa, cuando para justificar la necesidad de esta ley utilizan argumentos como el que le escuchamos a usted cuando dijo que un feto de 13 semanas era un ser vivo, pero no
podía considerarse un ser humano. ¿Qué somos entonces todos nosotros cuando pasamos por esa etapa, señora ministra? Ayer mismo, fíjese, el portavoz de su propio grupo dijo en esta misma tribuna que la vida de los seres humanos es el valor supremo.
¿En qué quedamos, señora ministra? No pueden ustedes aprobar una declaración institucional en el último Consejo de Ministros con motivo del Día Universal del Niño, en la que hablan del derecho a una vida digna de los niños y las niñas, y seis días
después prestar su apoyo a esta reforma en la que, por unos meses, a esos niños y niñas, que no serán, se les priva totalmente del derecho a la vida. ¿Qué lógica aplican ustedes con esta reforma, señora ministra?
Y se equivocan, señorías, cuando pretenden que una reforma tan importante pase desapercibida. ¿Fue casual que este proyecto lo aprobaran en el mismo Consejo de Ministros, el mismo día, en que aprobaron la ley de presupuestos? ¿Es casual
que el conocimiento mediático del resultado de esta votación coincida con la puesta de largo del proyecto de ley de economía sostenible, con toda la trompetería mediática con la que se anuncia? ¿Dónde figura, señora ministra, este derecho a abortar
en el Plan de Derechos Humanos que aprobaron en el Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2008? No lo busque porque no figura, como no figuraba siquiera en su programa electoral. ¿Y saben por qué -me temo- pretenden que la reforma pase
inadvertida? Porque no están ustedes convencidos de lo que van a hacer ni en el fondo están muy orgullosos de lo que quieren aprobar. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Ayer mismo la vicepresidenta, en esta misma tribuna, decía que situaciones complejas exigen respuestas complejas.
Ustedes, señorías, ante esta cuestión, que a nadie se le escapa que es extremadamente compleja,
han elegido la solución más sencilla y por eso la más equivocada. Es verdad que es necesaria una reforma porque 115.000 abortos al año lo exigen, pero no es esta reforma que se va a limitar a legalizar un gran fracaso social colectivo, sin ningún
ánimo reeducador, sin consenso, sin ambición, sin vida.
Quisiera, en todo caso, agradecer su trabajo a quienes se han opuesto a esta reforma, a quienes hoy votarán a favor de las enmiendas y a quienes desde el compromiso personal público, individual o colectivo, han contribuido a desenmascarar
esta reforma tan regresiva y han aportado desde múltiples plataformas cívicas alternativas mucho más imaginativas con el difícil conflicto de intereses que plantean los embarazos no deseados. Les animo desde aquí a que sigan trabajando en esa misma
dirección.
Más allá de las votaciones y normas, señorías, que puedan ver la luz en esta legislatura tan compleja, a todos nos juzgará la historia por el paso que se pretende dar ahora al modificar de manera tan radical los fundamentos éticos y morales
de la protección de la vida en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello creemos que las convicciones que cada uno de nosotros tenemos sobre esta materia no deberían ser objeto de transacción en el mercado político ni deberían estar sometidas a la
habitual disciplina de partido. Yo solicito una vez más libertad de conciencia, libertad para que cada diputado pueda votar lo que su conciencia le dictamine, para que cada voto responda, no al interés coyuntural del momento, no a presiones de unos
y otros, sino a las convicciones y principios morales que en esta materia, señor presidente, tan nuclear cada uno de nosotros decidimos mantener y defender públicamente.
Señorías, como sociedad hemos avanzado mucho en la protección de la naturaleza, en la protección y respeto del medio ambiente. Legalmente también, gracias a este Gobierno -por qué no decirlo-, hemos progresado con leyes que defienden a los
niños, que defienden a los menores, que defienden a las mujeres y que defienden a los mayores. En esta Cámara vieron la luz leyes que impedirán en el futuro los malos tratos, la trata de seres humanos, la tortura; pedimos entre todos la abolición
de la pena de muerte; combatimos la violencia llamada de género; hemos participado como país en multitud de foros internacionales, colaborando en la construcción de una conciencia social universal que aboga por la solidaridad, por la generosidad,
por la lucha por los más desfavorecidos, los más pobres, los más indefensos, los que no tienen voz en el mundo. En España en los últimos treinta años hemos trabajado por alcanzar entre todos muchos sueños, sueños que con esfuerzo, imaginación y
generosidad hemos conseguido; pero, sinceramente, señorías, no creemos que legalizar un fracaso colectivo, que es lo único que me temo que va a hacer esta ley, sea ningún sueño que nosotros queramos compartir.
En nombre de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, y en el de muchos, muchos españoles preocupados por la deshumanización que fundamenta esta reforma, les animo a votar a favor de la enmienda a la totalidad como paso previo para repensar una
solución de la que podamos sentirnos todos verdaderamente orgullosos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Si hay alguien que crea que abortar no es un problema moral, se equivoca; es un problema moral, lo que no tiene por qué ser es un problema penal o legal, y creo que legalmente debe existir la posibilidad de un
acuerdo. Yo podría decir dónde sitúo los valores, pero usted podría decirme que conoce a otra persona que los sitúa en otro sitio, y tendría razón. El problema es que tenemos que situar los valores, para que sean colectivamente aceptables, en un
punto que decidamos y luego, moralmente, cada persona tendrá que enfrentarse con el dilema. Yo creo que es muestra de salud moral el que una persona dude antes de abortar, aunque el feto tenga solamente una semana. Son palabras de Fernando
Savater, palabras que orientan la filosofía que sustenta esta enmienda, justo lo contrario del espíritu de banalización del aborto que inspira al Grupo Socialista y al Gobierno y que ha motivado la enmienda a la totalidad que en este momento voy a
defender. (Rumores.)
El proyecto de ley no mejora la legislación vigente sobre el aborto voluntario; por las características sectarias de algunos de sus principios tampoco ayuda a establecer el consenso necesario sobre una cuestión que, debido a sus profundas
implicaciones éticas, divide profundamente a la sociedad española. Si el proyecto propusiera un plazo para abortar sin limitaciones fundado en el consenso médico y científico sobre el momento a partir del cual el feto es viable fuera de la madre,
se trataría de una ley de plazos, proporcionaría una mayor seguridad jurídica y sería más respetuosa con la autonomía de la mujer adulta enfrentada al dilema de interrumpir o no su embarazo por motivos íntimos.
Ahora bien, el proyecto mezcla
finalmente plazos y supuestos en un híbrido de escasa solidez jurídica. Además, da a las menores a partir de 16 años el derecho a decidir la interrupción de su embarazo sin necesidad de recabar el consentimiento de sus padres o tutores y sin
siquiera informarles. Permitir el aborto, señorías, desde los 16 años, señora ministra, es una incongruencia con el resto de la legislación. No encontramos justificación alguna para esta excepción que de ningún modo puede considerarse irrelevante,
banal o trivial. Si la menor quisiera seguir adelante con su embarazo, en contra de la opinión de su representante legal o viceversa, se produciría un conflicto jurídico a resolver judicialmente atendiendo al interés de la menor y respetando, en
todo caso, su voluntad si se considerara que tiene suficiente juicio.
Debería bastar con la intervención judicial, como se hace ya en otros temas vía artículo 58 del Código Civil. Por tanto, encontramos demagógica e incoherente una excepción como
la que se pretende instaurar. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Finalmente, convertir la despenalización de la interrupción del embarazo en ciertos supuestos en una ley reguladora del derecho al aborto, aunque fuera como -comillas- derecho subjetivo a abortar, implicaría, a nuestro juicio, una regresión
de las libertades públicas. No corresponde al Gobierno ni al Parlamento dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos. Instituir de algún modo el derecho al aborto, en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o
plazos, otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos básicos, y por tanto de quitarlos, completamente impropia de una democracia. Lo progresista es atenerse al principio de que todo lo que la ley no prohíbe expresamente se atiene a
derecho. Si la interrupción libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo, es la libre decisión de una mujer libre. En cambio, regular como un derecho positivo la interrupción del
embarazo en plazos y supuestos conlleva una concepción que no compartimos de ninguna manera, la concepción de que son el Gobierno y el Parlamento quienes dan y quitan libertades, regulando cómo y cuándo ejercer derechos como el que para usted es el
de abortar; una concepción intervencionista y en el fondo autoritaria que, obviamente, no podemos compartir. (Rumores.)
Hay mucho ruido, presidenta, lo siento.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento. Tiene razón la señora Díez. Para atender al debate que se está celebrando lo mejor sería hacerlo con el respeto que merece el orador que esté en la tribuna. Les ruego un
poco más de silencio. Muchas gracias.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
La despenalización del aborto debería abordarse como una cuestión estrechamente vinculada a la educación y formación en todos los ámbitos.
Hay razones para sostener que en este aspecto hemos retrocedido en lugar de progresar y que la
juventud actual soporta serias deficiencias educativas en materia sexual y reproductiva, manifestadas en el incremento de los embarazos no deseados y de los consiguientes abortos.
Cabe preguntarse si el modo adecuado de combatir este fracaso es
banalizar aún más la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como propone este proyecto de ley, al rebajar a los 16 años el aborto voluntario sin conocimiento paterno. Creemos que, por el contrario, esta medida solo sancionará como algo natural
e inevitable la ignorancia y la irresponsabilidad en las relaciones sexuales, promoviendo el recurso al aborto como un sistema anticonceptivo habitual entre las adolescentes.
Aunque el proyecto de ley prevé en su artículo 5 incrementar las medidas
educativas en materia de salud sexual y reproductiva, es un hecho insoslayable, señorías, señora ministra, y más tras el precedente de la caótica introducción de la educación para la ciudadanía, que cada comunidad autónoma -tengan en cuenta esto,
señorías- regulará la educación sexual de forma distinta, en función de los decretos de enseñanza que establecen sus respectivos currículos. En consecuencia, las mujeres que decidan abortar y estén en edad escolar se encontrarán con un apoyo
educativo distinto en función de la comunidad autónoma en la que residan.
Pero donde peor es la calidad jurídica del proyecto de ley es en su carácter de híbrido, al que me refería antes. Junto al sistema de plazo, el artículo 15 del proyecto permite el aborto voluntario excepcionalmente y por causas médicas
cuando concurran algunas circunstancias como, por ejemplo, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida.
Es curioso. Desde el punto de vista jurídico, este supuesto de graves anomalías o incluso de enfermedades extremadamente
graves e incurables podría contravenir -piénsenlo- lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España el 21 de mayo de 2008, que establece -comillas- el derecho inherente a la
vida de todos los seres humanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Consideramos pues que, lejos de favorecer y reforzar los derechos de las mujeres por todo lo dicho y la igualdad entre sexos, esta legislación que nos proponen consigue el efecto contrario: considerar y tratar a las mujeres como menores de
edad a perpetuidad, con menor responsabilidad sobre sus actos y menor autonomía ética, merecedoras, por tanto, de una tutela especial...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, debe ir acabando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Acabo, presidente.
Decía que esta legislación considera a las mujeres merecedoras de una tutela especial, la del Estado en lugar de la de sus padres durante la minoría de edad y después, la de las leyes penales. Algo completamente contrario a la verdadera
igualdad.
En definitiva, el proyecto de ley remitido por el Gobierno no resulta más seguro jurídicamente para las mujeres que decidan someterse a una intervención ni para los profesionales de la sanidad, ni aumenta las libertades públicas y privadas,
pese a la retórica de nuevos derechos en que llega envuelta. Por el contrario, el proyecto de ley introduce más confusión y erosiona gravemente algunos conceptos jurídicos. Por eso, pedimos su devolución. (Aplausos del señor Albendea
Pabón.-Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Uxue Barkos.
(Continúan los rumores.)
Silencio, por favor. Les ruego tengan la bondad de prestar atención a la señora diputada que está en el uso de la palabra. Adelante, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Empezaré, lógicamente, por aclarar que, dada la especificidad del Grupo Mixto, la posición de Nafarroa Bai no es para la defensa de una enmienda de totalidad, sino, bien al contrario, para anunciar nuestro voto en contra, como también
ocurrirá posteriormente con el Bloque Nacionalista Galego. (Aplausos.-Rumores y protestas.) La verdad es que el de hoy no es debate indiferente...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Protestas.)
La señora BARKOS BERRUEZO: Es decisión del presidente que yo intervenga ahora. (Rumores.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Barkos.
Debo interpretar que las protestas son debidas a que la señora Barkos interviene en el turno de defensa de enmiendas de totalidad cuando en realidad no es el turno que ella va a utilizar. Sin embargo, recuerdo a SS.SS. que tenemos un
acuerdo de la Junta de Portavoces para que el Grupo Mixto intervenga, dividiendo los tiempos y sin sobrepasar el conjunto del mismo, en el único bloque que podría hacerlo. Por esa razón, intervienen todos juntos, cada uno diciendo lo que cree
oportuno. Les rogaría que tuviesen la bondad, primero de respetar los propios actos. En segundo lugar, es accesorio el lugar en el que la señora Barkos se manifieste (Protestas.) pero haciéndolo aquí lo está haciendo de acuerdo con las normas que
nos hemos dado. Les ruego que si han de cambiarlas porque lo desean, ya saben cómo se cambian las normas.
Siga en el uso de la palabra porque tiene derecho a ello, señora Barkos.
(Aplausos.)
La señora BARKOS BERRUEZO: Le ruego al presidente, si es tan amable, la recuperación del tiempo porque ciertamente tres minutos -repito, expresando la posición contraria a las enmiendas de totalidad presentadas- son un tiempo escaso.
En cualquier caso, señalaba al inicio de la defensa de mi posición que este no es, evidentemente, un debate indiferente. No lo es en esta Cámara y lo es mucho menos todavía en el seno de la sociedad. Por lo tanto, me gustaría aportar tres
reflexiones muy básicas en nombre de Nafarroa Bai.
La primera de ellas es la necesidad de centrar el debate. Hoy, señorías, no hablamos de despenalización del aborto, hoy debemos -o debiéramos- estar hablando de la regulación en plazos de aquellos
casos que hoy ya están despenalizados, y lo están desde hace veinticinco años. En segundo lugar, me gustaría apelar a la recuperación para este debate de dos bases fundamentales como son la serenidad y el respeto argumental, así como la laicidad
-que no la falta de ética o no la amoralidad- en la acción política. (Aplausos.). Fundamental, nos parece absolutamente fundamental.
En tercer lugar, porque el tiempo es escaso, señorías, el último punto -dado el debate con el que hoy nos
encontramos- es el de analizar con rigor las enmiendas a la totalidad que se presentan hoy. A nuestro entender y de manera muy básica, no es otra cosa -permítaseme la generalización respecto a la presentación de las enmiendas, señora Díez y quienes
vayan a presentarlas en los siguientes minutos- que negar la posibilidad de dotar de una mayor garantía a una ley de plazos que se puedan procurar a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, porque se trata de regular con mayores garantías
la reforma de una ley vigente desde hace veinticinco años, es por lo que no comprendemos, al menos, la coherencia de dos de las enmiendas presentadas hoy, una se nos ha presentado ya, la de UPN, la siguiente se presentará dentro de unos minutos, la
del Partido Popular. Repito, no entendemos en coherencia por qué no se aprovecharon aquellos años de mayoría absoluta parlamentaria para la reforma de la Ley del Aborto, para su reforma real, y no esperar a una regulación sobre la que no sé a qué
consensos se refieren algunos de los portavoces con respecto a este tema, pero entendemos desde Nafarroa Bai cuando menos que la mayoría parlamentaria es un consenso más que legal, éticamente, razonabilísimo. Y la mayoría parlamentaria se da en
este caso -más allá de la necesidad de mirar algunos puntos- con todos los números necesarios. En concreto, aquello que se presenta hoy -y no como reforma de ley, cuando se tuvo, insisto, la oportunidad que da la mayoría absoluta en esta Cámara-
son consideraciones -en el caso de Nafarroa Bai, vuelvo a repetir la coherencia respecto a las necesidades- de una mayor garantía sobre la aplicación de una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo y, sobre todo, la necesidad de
legislar desde la ética y desde la moralidad, pero para toda la sociedad.
Son motivos, razones...
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, debe acabar.
La señora BARKOS BERRUEZO: Termino, presidente.
Decía que estas tres reflexiones son el motivo por el que Nafarroa Bai votará en contra de las enmiendas a la totalidad que se presentan al proyecto de ley.
Gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante un proyecto de ley que llega a esta Cámara después de mucho debate social y de importantes
aportaciones de profesionales. Quiero aprovechar para agradecérselo a todos ellos, sobre todo a aquellos que participaron en la subcomisión de este Congreso. En definitiva, fue un debate en el que existieron muchas controversias; incluso
nuestro grupo político, el Bloque Nacionalista Galego, presentó propuestas de modificación en las dos legislaturas anteriores que aunque fueron rechazadas, sin duda han servido para profundizar en el debate. Por lo tanto, en el día de hoy no solo
vamos a votar en contra de estas enmiendas de devolución, sino que nos congratulamos de que por fin llegue a esta Cámara un proyecto de ley que nos permita alcanzar los acuerdos necesarios que posibiliten la aprobación de una adecuada ley de salud
sexual y reproductiva.
En los acuerdos adoptados en el encuentro de mujeres de Beijing en 1995, se recoge que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir, libre y responsablemente, sobre las cuestiones relativas a su
sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva. El Consejo de Europa aprobó en abril de 2008 la resolución 1607 sobre el acceso a un aborto sin riesgo y legal. No tenemos tiempo de mencionar, señorías, los muchos acuerdos a los que se ha
llegado en los últimos años en diferentes áreas del continente en relación con este asunto. No es casualidad, señorías, que sea así. Los datos son alarmantes: más de 70.000 mujeres muertas al año en el mundo por prácticas abortivas. Es necesario
reconocer como un gran logro la despenalización del aborto en tres supuestos aprobada en las Cortes Generales del año 1985, porque, señorías, acabar con el aborto clandestino en el Estado español significó acabar con la mortalidad que del mismo se
derivaba. Es necesario que recordemos que se estima en 300 las mujeres que morían anualmente por prácticas inadecuadas en la interrupción del embarazo. Damos estos datos, señorías, porque al BNG no solo le preocupa sino que defiende la vida, la
vida de las mujeres que, por razones que no vamos a juzgar, tienen necesariamente que recurrir a la interrupción de un embarazo. Señorías, no hay duda de que la ley que despenaliza el aborto en estos tres supuestos es insuficiente. No garantiza el
derecho de las mujeres a decidir, ocasiona inseguridad jurídica, no garantiza la atención sanitaria y además ampara una situación hipócrita que permite una interpretación extensiva de la ley en algunos de los supuestos. Incluso ha permitido la
vulneración grave de historias clínicas de las mujeres.
Vamos a votar en contra de estas enmiendas de devolución porque el proyecto de ley que tenemos en nuestras manos está orientado a cumplir objetivos que para nosotros son fundamentales: garantizar la seguridad jurídica y sanitaria y reducir
el número de abortos. Sí, señorías, podemos entender que este proyecto está orientado a reducir el número de abortos en la medida que incorpora actuaciones en la dirección de la prevención y de la educación sexual, que van destinadas a reducir el
número de embarazos no deseados y por tanto a reducir abortos. No podemos entender que aquellos que defienden que no se modifique la Ley de 1985 no puedan aprobar este proyecto de ley en la medida que recoge estas cuestiones. Este proyecto de ley,
señorías, no olvidemos que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado y también es necesario decir que con el informe favorable -voy finalizando, señor presidente- del Consejo General del Poder Judicial, aunque este no fuera aprobado
porque su presidente, consideramos, estuvo más motivado por cuestiones ideológicas que por el rigor político.
Señor presidente, no quiero decir más en relación con este asunto.
El señor PRESIDENTE: Ni puede tampoco, señora Fernández Davila, porque ya se le ha pasado su tiempo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo definitivamente, señor presidente, felicitando a todos aquellos que nos aportaron sus sugerencias. No dejamos de felicitar a la ministra, porque también ha trabajado en esta dirección y hoy nos permite
poder estar tramitando la primera parte de esta ley que no es menos necesaria que esperada.
Muchas gracias, señor presidente, y vuelvo a manifestar nuestro voto en contra de estas enmiendas de devolución.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Popular y en defensa de su enmienda a la totalidad tiene la palabra doña Sandra Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna siendo consciente de la enorme responsabilidad que asumo al defender la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este proyecto de ley; una enmienda de devolución a un proyecto
que bajo el disfraz de la llamada ley de salud sexual y reproductiva, pretende imponer a la sociedad española un sistema de aborto libre. Sí, señorías, imponerlo, en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad española, en contra de los
dictámenes de diferentes órganos consultivos, entre ellos el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, que han sido incapaces de avalar la constitucionalidad de esta ley (Rumores.-Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) o lo
han hecho con múltiples objeciones, como el Consejo de Estado, por cierto no siempre tenidas en cuenta por este Gobierno; en contra de un importante número de expertos, científicos, médicos, juristas, académicos, que a lo largo de los últimos meses
han venido manifestando enormes discrepancias con este proyecto de ley; en contra de la sociedad civil, señorías (Varios diputados: ¡No, no!), aquella cuyas opiniones ustedes pretendieron amordazar dando carpetazo a una
subcomisión creada en esta Cámara tan pronto como empezó a resultar incómoda para los planes y los objetivos del Gobierno. (Aplausos.) Sí señorías, su intento de acallar y manipular este debate fue tal que una gran parte de la sociedad
española tuvo que salir a la calle a decirles alto y claro que están en contra de este proyecto; a decirles que no podemos soportar el incremento incesante del número de abortos, más de 115.000 el pasado año; a defender algo que en esta Cámara
hemos oído no una sino cientos de veces y es que ninguna mujer quiere verse abocada al aborto; a pedirles que en vez de trazar el camino de miles de mujeres hacia el terrible drama que supone el aborto, les ofrezcan una alternativa o el apoyo
necesario para no tener que hacerlo; a que apuesten en definitiva por la vida y por la maternidad, precisamente todo lo contrario de lo que hace su proyecto de ley. (Aplausos.)
Desgraciadamente, señorías, nada de esto han tenido ustedes en cuenta a pesar de la incomodidad, señora ministra, que ha generado su debate, un debate que quizás en principio preveían como un paseo militar. (Rumores.) De ahí sus idas y
venidas, su miedo a llevarlo en el programa electoral, su silencio más absoluto en el debate de investidura, la trampa de incluirlo por la puerta de atrás en la resolución de uno de sus congresos y ahora el intento de envolverlo en una supuesta ley
de salud sexual y reproductiva, una ley de acompañamiento que esconde la reforma más radical en materia de aborto, palabra por cierto que no se atreven a pronunciar con el fin de esconder sus verdaderas intenciones (Rumores.), convertir en un
derecho, en un principio general lo que siempre debe ser una excepcionalidad. (Aplausos.)
Ahora bien, déjenme decirles que su estrategia les ha salido mal. La existencia en el debate de hoy de cinco enmiendas a la totalidad es un claro ejemplo de que su llamado consenso y las supuestas bondades de su nueva ley no gozan del apoyo
parlamentario que una ley de estas características exigiría, porque el debate que hoy afrontamos, señorías, plantea una de las cuestiones más importantes que cabe defender en un parlamento. Estamos hablando de la vida, del derecho de todo ser
humano a vivir, a nacer, a crecer y a desarrollarse como persona, un debate que supera y que va más allá de creencias religiosas o de posiciones ideológicas. Estamos ante un debate de principios, de valores. Así lo han entendido las sucesivas
declaraciones y tratados internacionales suscritos por nuestro país, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y la Declaración de los Derechos del Niño, de la que acabamos de
celebrar su 50º aniversario, señorías, que establece con rotunda claridad la protección legal del niño tanto antes como después del nacimiento e incluso la atención prenatal y posnatal. Así lo ha defendido desde su aprobación la Constitución
española de 1978 en su artículo 15, perfectamente blindado por la sentencia que el Tribunal Constitucional pronunció en abril de 1985 precisamente para aclarar aquellos aspectos de dudosa constitucionalidad que recogía la actual regulación del
aborto. La sentencia es muy clara, señorías, estableciendo que el no nacido es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15 de nuestra Carta Magna, una protección que por tratarse de una vida humana distinta de la vida de la
madre, merece protección desde el primer momento, hasta el punto de que dicha protección puede incluir también como última garantía las normas penales. Señorías, lo que viene a decir el más Alto Tribunal es que no es admisible un sistema que
desconozca en absoluto la vida del no nacido. De ahí la defensa de un equilibrio entre los derechos de la madre y del no nacido y la excepcionalidad de que unos puedan prevalecer sobre los otros.
La pregunta entonces es muy clara: ¿dónde encajan los objetivos del Gobierno con este proyecto de ley? ¿Dónde encuadramos el llamado derecho a decidir, el llamado derecho al aborto y los plazos a que pretende someterles este Gobierno?
¿Con qué clase de arbitrariedad se puede decidir que hasta las catorce semanas el no nacido no es merecedor de protección jurídica? ¿No es un bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución española? Señorías, creo que ante tanta
inconsistencia, sobran las palabras. Ni Constitución española ni tratados internacionales ni convergencia europea; nada, absolutamente nada justifica la ley del aborto de este Gobierno. (Aplausos.) No hay ningún tratado internacional en materia
de derechos humanos ratificado por nuestro país, ninguno, que reconozca el derecho al aborto. No cumplimos ninguna obligación internacional con esta reforma, señora ministra, ni convergemos hacia un consenso internacional, que, señorías, por
cierto, no existe. Se lo ha dicho el Consejo Fiscal. Dos de cada tres países de la Unión Europea, incluso aquellos que contemplan leyes de plazo, exigen la concurrencia de causas justificadas para que una mujer pueda someterse a un aborto. (Un
señor diputado: ¡Muy bien!) El proyecto de ley que trae el Gobierno a esta Cámara no exige ninguna durante las primeras catorce semanas, ninguna. Esta ley es el más claro y vivo exponente de lo que es el aborto libre, un sistema que tan solo tiene
su reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Este (Rumores.-Aplausos.), regímenes que siempre han utilizado el aborto como un método de planificación familiar, justo lo que hay que evitar, como ha dicho la Conferencia de El
Cairo, la Conferencia de Pekín y, por supuesto, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Esta ley va más allá. No solo deja sin protección al no nacido, a un ser humano, señora ministra, pese a que usted le niegue esta condición, sino que además pretende desproteger a las menores de edad privándolas del consejo, la confianza y
el cariño de sus padres ante lo que puede ser una de las situaciones más difíciles de su vida. Su ley, señora ministra, no solo interfiere en las relaciones personales y familiares, sino que vulnera el principio de patria potestad dibujando un
modelo de sociedad donde es más importante proteger el derecho a la intimidad de los menores, el consumo de alcohol o de tabaco que someterse a un aborto.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora MONEO DÍEZ: ¿O es que no se han parado ni un solo momento a pensar que frente a la escandalosa cifra de abortos entre adolescentes, lo que ustedes hacen es ofrecerles el aborto como un método anticonceptivo más? (Protestas.)
¿Alguno de ustedes o de sus supuestos expertos -esos nombrados a dedo para que avalasen sus tesis pro abortistas- han dedicado medio minuto a reflexionar sobre el impacto físico y psicológico que la práctica del aborto puede tener en una
adolescente, más si se hace de espaldas a su familia? Me temo que no, señora ministra, dado su empeño en negar aquello que médicos, científicos y expertos ratifican continuamente, la existencia del llamado síndrome posaborto.
Señorías, señora ministra, se lo hemos dicho y se lo vamos a repetir hasta la saciedad, la ley que usted trae a esta Cámara no tiene nada que ver ni con la seguridad jurídica ni con los derechos de las mujeres. No hay mayor seguridad
jurídica que la que nace del cumplimiento de la ley, pero a ustedes esto no les preocupa. La única seguridad jurídica que ustedes buscan tras la farragosa, catequética y panfletaria exposición de motivos de esta norma -palabras del Consejo de
Estado- (Aplausos.) es la de aquellos que han hecho del drama del aborto un negocio, aquellos que tuvieron voz en esta Cámara gracias a ustedes, señores del Grupo Socialista; aquellos que necesitan de una nueva legislación para buscar la impunidad
de sus abusos. Toda la Cámara sabe que no hay ni una sola mujer en la cárcel por haberse sometido a un aborto, ¡ninguna! Son otros, señorías, los que temen seguir este camino. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Dejen de ponerse medallas también en la supuesta defensa de los derechos de las mujeres. Ustedes, que aun sabiendo que la sexualidad es cosa de dos -supongo que lo saben- (Aplausos.-Rumores.-Risas.) y que sus consecuencias también debieran
serlo, han decidido...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Continúan los rumores.) Un momento, señora Moneo.
Señorías, les ruego que piensen que estamos en la Cámara de la libertad.
La diputada se expresa libremente y SS.SS. que contradigan lo que ella está manifestando tendrán la oportunidad reglamentaria de contradecirlo, pero es correcto
escuchar a quien habla, aunque no se esté de acuerdo con lo que está diciendo.
Señora Moneo, adelante.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias señor presidente.
... y que sus consecuencias también debieran serlo, han decidido que seamos nosotras las únicas responsables y las únicas que tengamos que hacer frente a las posibles consecuencias. Con la venta de la píldora del día después, como si de un
caramelo se tratase, y con esta ley de aborto libre, ustedes han liberado al hombre de sus obligaciones más elementales de prevención y, desde luego, de asunción de responsabilidades frente a un embarazo no previsto o quizás inoportuno. Bonito
feminismo el que practica este Ministerio de Igualdad. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Además, lo han hecho sin ofrecer ni una sola alternativa ni un solo apoyo ni una sola ayuda a quien quiere seguir adelante con su embarazo. Lo
han hecho dibujando el embarazo en esta ley como un problema o una enfermedad. El embarazo no es ninguna enfermedad, señora ministra, seguro que usted tiene alguna vez ocasión de comprobarlo. Tampoco debiera ser un problema si una sociedad como la
nuestra, que aspira a convertirse en paradigma de la igualdad y de la solidaridad, no cerrase los ojos ante situaciones terribles y dramáticas, que amparadas en presiones familiares, sociales, económicas o laborales, abocan a la mujer hacia el
aborto. Si ninguna mujer quiere abortar voluntariamente, ¿por qué entonces este Gobierno pretende legitimar una ley que atenta directamente contra la dignidad de la mujer privándola de uno de los derechos más inherentes a su condición, el derecho a
ser madre? ¿Por qué esta ley no tiene ni una sola medida para dar alternativas a quien, de contar con ellas, seguiría adelante con su embarazo? Muy fácil: porque a este Gobierno esto no le interesa. (Rumores.)
Termino ya, señor presidente, señorías. A mi grupo le sobran motivos para presentar esta enmienda de devolución. Somos conscientes de la enorme responsabilidad que asumimos con la sociedad española, porque creemos firmemente que quienes
tenemos el compromiso de trabajar por y para la defensa de los derechos fundamentales que los españoles nos dimos con la aprobación de la Constitución española de 1978 no podemos dar ni un solo paso atrás en la defensa de estos derechos. Sin duda
el derecho a la vida es el más fundamental de todos ello, también lo son la libertad, esa libertad de la que deben gozar los profesionales sanitarios a la hora de ejercer la objeción de conciencia, la igualdad y también la defensa de la dignidad de
la persona. A ello el Grupo Popular dedicará el máximo esfuerzo en compañía, seguro, señorías, de millones de españoles.
Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, asistimos a un debate que tiene el vigor y la fuerza que los oradores le imprimen, es comprensible. Déjenme decir que entiendo que la mención que ha hecho la señora diputada doña Sandra Moneo a la señora
ministra en el sentido en que lo ha hecho no tiene ninguna intención ofensiva. ¿Es así? (Asentimiento por parte de la señora Moneo Díez.-Rumores.) Así lo quiero interpretar. Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Catalán tiene la palabra doña Concepción Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señor presidente, señorías, como ustedes ya conocen, nuestro grupo parlamentario en temas como el que hoy debatimos da libertad de voto a sus diputados. Por ello, al defender esta enmienda a la totalidad, lo hago
en nombre de los diputados de Unió Democràtica de Catalunya, firmantes los cuatro de esta enmienda a la totalidad.
Señorías, quiero empezar denunciando la falta de consenso político y social previo a la presentación de este proyecto de ley y también su inoportunidad. En un momento en que todos, Gobierno y grupos parlamentarios, deberíamos centrarnos en
sacar a España de la grave y singular crisis económica que padecemos, se nos remite a este Congreso un proyecto de ley que ha merecido el juicio desfavorable del Consejo Fiscal... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Un momento, señora Tarruella.
Les ruego tengan la bondad de dispensar cortésmente atención a la señora diputada.
Adelante.
La señora TARRUELLA TOMÀS:... no ha logrado pronunciamiento alguno del Consejo General del Poder Judicial y ha sido indultado por el Consejo de Estado al precio de proponer o aconsejar reformas en veintiún de sus veintitrés artículos y en
tres de sus seis disposiciones. Estas circunstancias, unidas a la de que en el programa electoral con que el Partido Socialista concurrió a las elecciones generales de 2008 no figuraba la reforma de la legislación vigente, nos lleva fundada y
razonablemente a concluir que lo que se pretende con este proyecto y consiguiente tramitación parlamentaria es también correr una cortina de humo sobre problemas que afectan en la actualidad a la sociedad española y que además, como se ha
manifestado en recientes encuestas ampliamente, es contraria a este proyecto de ley.
La inoportunidad, señorías, no se limita a lo que acabo de nombrar, sino que algunos de los diputados firmantes de esta enmienda ya habían denunciado al final de la pasada legislatura el fraude estructural y sistemático de que era y es
objeto la legislación vigente en materia del aborto. El mismo Consejo de Estado hace referencia en su dictamen a la inaplicación, cuando no la utilización fraudulenta, de gran parte de la normativa vigente. Ciertamente -señala también-, nada es
más contrario a un Estado de derecho que el divorcio radical entre las normas y su aplicación. Ahora bien, esta patología tiene dos remedios. Uno es la modificación de las normas; otro es garantizar su efectiva aplicación.
Nosotros nos
pronunciamos a favor del segundo, entre otros motivos porque en el actual proyecto de ley subsiste, ampliado, el germen del fraude denunciado por el Consejo de Estado.
Señorías, para nosotros el aborto no es un derecho. No existe el derecho a causar un mal objetivo, el de la vida del aún no nacido. Además, echamos de menos que no se intenten aportar alternativas y ayudas eficaces a la mujer que
finalmente desee continuar con su embarazo. Durante las catorce primeras semanas de gestación -de hecho, durante las veintidós- la prevalencia de la voluntad de la mujer en sus derechos aparece como absoluta frente al valor vida encarnado en el
nasciturus, en contra de los postulados constitucionales. Durante este periodo la interrupción voluntaria del embarazo viene a tratarse como una medida más de planificación de la reproducción y ello no resulta jurídicamente aceptable. ¿Dónde se
encuentra en el proyecto el objetivo de alentar en la madre la decisión libre y responsable de continuar su embarazo? ¿Dónde está la estimulación de esta decisión? ¿Dónde queda la explicación a la gestante que tiene intención de abortar de las
razones que asisten al Estado para tutelar la vida? ¿Le es indiferente que la decisión libre y responsable de la mujer sea continuar el embarazo o interrumpirlo? ¿Acaso se pretende que la única decisión realmente libre ante un embarazo no
planificado es su interrupción?
Señorías, no eran esos los criterios del Gobierno socialista de 1995 y del proyecto de ley sobre regulación de la interrupción del embarazo que remitió entonces a las Cortes y que llegó al Senado. Quiero recordar que ese proyecto a nivel de
declaración asumía como uno de sus objetivos en la introducción del denominado cuarto supuesto alentar en la madre la decisión libre y responsable de continuar el embarazo, y hasta por tres veces hacía referencia a la obligación de explicar las
razones que asisten al Estado para tutelar la vida del aún no nacido. Queda claro que este Gobierno no encuentra razón alguna para ello o no se siente en la obligación de hacerlo.
Hablemos del asesoramiento. La denominada información previa al consentimiento regulada en el artículo 17.2 y 17.3 de este proyecto y que debe entregarse en sobre cerrado no es más que un requisito formal y no llega a constituir ni siquiera
un pálido reflejo del asesoramiento del sistema alemán. El contraste con el título y el contenido de la ley alemana ya resulta esclarecedor. El título de la ley alemana es Ley para la protección de la vida prenatal gestante, para el fomento de una
sociedad favorable a los niños, para la ayuda a los conflictos del embarazo y la regulación de la interrupción del embarazo (Ley de ayuda a la embarazada y a la familia).
Es significativo, señorías, que este Gobierno haya renunciado a seguir la estela de ese otro Gobierno socialista también que presentó, como he dicho, aquel proyecto en el año 1995. En aquel proyecto de ley se regulaba esa intervención
preceptiva en unos centros de asistencia y asesoramiento, cuya comunidad de intereses con los habilitados para la práctica del aborto se evitaba. En dichos centros se decía que la mujer sería oída en entrevista y se le explicarían las razones que
asisten para tutelar la vida, sobre todo informándola de cuantas posibilidades existan para resolver su conflicto, tratando de que la decisión final, que ha de tomar la mujer, lo fuera tras la suficiente información y reflexión.
Además,
añadía que se le informaría de cuantas ayudas familiares, económicas y sociales disponibles pudieran serle de utilidad. Ciertamente, aunque insuficiente, porque la ley no establecía nuevas ayudas a las embarazadas, no tenía nada que ver con
esta de hoy, con la entrega de determinada información en sobre cerrado y por los mismos centros públicos o privados habilitados para la práctica de los abortos.
Este proyecto de ley, señorías, no contiene ninguna medida adicional de ayuda a la embarazada, salvo la de facilitar la interrupción del embarazo. Ninguna mujer es libre de decidir, si no se le facilitan alternativas. Además, este proyecto
constituye un paso más en la degradación de la patria potestad, esto es, en el deber y función que incumbe a las madres y padres de cuidar de sus hijos, velar por ellos, educarles y darles una formación integral; patria potestad que el proyecto
pretende reducir a una simple obligación de hospedaje, esto es, de alojamiento y manutención. La ausencia de los padres en relación con los menores es notoria en la regulación de medidas en el ámbito educativo, en el que no existe mención ni
respeto alguno al derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según el artículo 27.3 de la Constitución española. Desde luego, esta degradación llega a
su mayor y más dramático alcance en el aborto de las jóvenes menores de edad, en relación a que los padres queden privados hasta del consentimiento previo, negándoles la posibilidad de apoyo de los padres.
Acabo, presidente. Los diputados firmantes de esta enmienda a la totalidad no alcanzamos a comprender qué idea tiene el Gobierno, este Gobierno, de lo que es una niña, una chica o una adolescente, de lo que es una familia, de lo que son las
relaciones materno y paterno-filiales y de cuál es el objetivo al que sirve la patria potestad para excluir a los padres de una decisión de una trascendencia física, psicológica, jurídica, e incluso moral para buena parte de los ciudadanos, que
tiene el aborto para una hija. Pocas decisiones se pueden tomar a estas edades de más trascendencia y pocas donde tenga más sentido el contenido de la patria parental de cuidar y velar por los hijos y educarles. La familia no es solo una unidad de
prestación de servicios, es una unidad básica de la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella, debe acabar.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Termino ya, termino.
Además, queremos también denunciar que, en lo relativo a la formación de los profesionales de la sanidad, no se incluye referencia alguna a su derecho constitucional a la objeción de conciencia, que a título individual deben poder ejercer
todos los profesionales sanitarios, tanto en los centros públicos como privados, ante una cuestión en que no pueden desconocerse sus principios éticos y convicciones.
Por estas razones expresadas es por lo que presentamos esta enmienda a la totalidad de este proyecto de ley y su devolución al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Convergència Democràtica tiene libertad de voto en asuntos que consideramos que afectan a la conciencia de los parlamentarios. Así vamos a obrar todos y cada uno de los parlamentarios de Convergència en el debate de totalidad y en la
eventual tramitación de este proyecto de ley.
Hay parlamentarios favorables a los fundamentos del proyecto de ley y otros que nos mostramos contrarios a los caracteres generales de la ley.
Somos estos segundos los que hemos presentado esta
enmienda a la totalidad, que recoge el mínimo común denominador de nuestras posiciones individuales. La libertad de voto, el voto en conciencia, en este y en algunos otros asuntos, es un acierto que me consta que otros diputados de otros grupos
parlamentarios también desearían ejercer. Hoy mismo, el presidente del Congreso ha ejercido este derecho a la libertad de conciencia y de reflexión a través de un artículo informado por valores éticos, por referencias a una determinada moral y a
las morales del cuerpo legislativo, del cual se ha hablado muy poco esta mañana. A los firmantes de esta enmienda a la totalidad no nos gusta cómo ha planteado el Gobierno este debate. No lo ha hecho para sumar, sino para dividir, como en otros
proyectos referidos a lo que el Gobierno define como ampliación de derechos. No es claro que esta fuera una prioridad; no lo es, hasta el punto de que no forma parte del programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones y las
ganó. Temas de fondo -este lo es- planteados una vez más con tactismo.
Los cuatro firmantes de esta enmienda, Pere Macias, Jordi Jané, Inma Riera y quien les habla, compartimos el rechazo a la previsión de que las menores de edad de entre 16 y 18 años puedan abortar sin el conocimiento de los padres.
Consideramos que el proyecto debería haber contemplado la objeción de conciencia al aborto de profesionales y de centros médicos.
Los firmantes, señorías, somos conscientes de que la ley vigente, la ley de 1985, se debe revisar por la aplicación
abusiva, casi fraudulenta, de alguna de las previsiones de alguno de sus supuestos. También consideramos que el aborto debería estar fuera de la regulación del Código Penal. Una aplicación más exacta de la legislación vigente y, en su caso, una
nueva ley de supuestos se plantean como una alternativa a la ley de plazos. Esta es precisamente la alternativa que nosotros defendemos.
Señorías, señor presidente, en virtud de esta libertad de voto que ejercemos los diputados de Convergència Democrática, hay otros motivos que de forma individual tenemos cada uno de los parlamentarios para fundamentar nuestra posición en
este debate de totalidad y en la eventual tramitación de este proyecto de ley. Será en su momento, en la tramitación final de la ley, cuando podremos expresar eventualmente nuestra posición, pero hoy, en nombre de los diputados firmantes de esta
enmienda a la totalidad, les he querido expresar nuestro mínimo común denominador.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Para fijar posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, es verdad aquello de que veinte años no son nada. Hace treinta años discutíamos esto mismo y hoy estamos prácticamente igual, al menos en las posiciones políticas. Mi grupo parlamentario va a rechazar las enmiendas de totalidad.
Va a apoyar el texto porque creemos que reconoce nuevos derechos, el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a decidir por parte de la mujer. ¿Y qué mejor que esta Cámara para decidir sobre derechos? Yo, que reconozco a los católicos
su moral -y además me parece importante- y les reconozco también la dirección de su moral por parte de la Conferencia Episcopal, les pido, les ruego que reconozcan la legitimidad de esta Cámara para legislar en estas materias.
(Aplausos.)
Hemos tenido experiencias por las cuales la moral de parte se ha intentado convertir en moral nacional, y experiencias no muy lejanas. Esa moral nubla los sentidos, señoría, porque lo que es moral para una parte de la sociedad española no
lo es para todos; lo que es moral, no es científico; lo que es moral no es necesariamente filosófico. Ustedes confunden potencia y acto, que no lo confunde nadie de primero de filosofía; confunden vida biológica y vida humana, que no lo confunde
ningún científico; pero no confundan algo muy importante, la moral, la moral católica les obliga a ustedes, a nosotros nos obliga la moral civil, que es la moralidad de las leyes y de la Constitución. (Aplausos.)
Señorías, hemos vivido durante estos treinta años al calor de una legislación. Ya no era la legislación autoritaria dictatorial, era la legislación que podemos denominar de la transición y de la tolerancia. Si la legislación autoritaria lo
único que provocó fue imponer la moral y con ello la clandestinidad de la interrupción voluntaria del embarazo, no reduciendo el número de abortos -100.000 en 1976, en torno a 100.000 en nuestra época, señorías, no seamos hipócritas-, la legislación
de la tolerancia, la que hemos vivido en los últimos años, tiene insuficiencias y carencias importantes. Como la tolerancia es aquella que se da de manera generosa y que se quita cuando se considera, ha creado inseguridad jurídica y también ha
considerado a la mujer menor de edad. (Aplausos.) Es decir, no ha respetado la igualdad. Ahora tenemos la oportunidad de dar un paso hacia delante y en nuestra opinión con este proyecto lo damos. Es un proyecto que, en primer lugar, reconoce el
derecho a decidir por parte del único sujeto que existe en el proceso de embarazo. La mujer es el único sujeto objeto de derechos, el resto es objeto de protección por parte de nuestra Constitución y me refiero al nasciturus.
En segundo lugar, establecemos también el derecho a la salud sexual y reproductiva en nuestro país, un derecho que no existía en la legislación anterior, porque lo que hizo la legislación anterior fue una forma de hipocresía. Despenalizó
parcialmente el aborto, miró para otro lado y dejó la interrupción del embarazo como una cuestión privada de las mujeres. Es una cuestión pública, una responsabilidad pública y, por tanto, derecho de la mujer y también obligación del Estado y del
poder público a prestar este tipo de atención de salud sexual y reproductiva a las mujeres. Pero, señorías, quedan cosas por solucionar. Nosotros somos más ambiciosos. Queremos que la ley regule de forma más abierta el plazo, queremos también que
la ley obligue en mayor medida a los poderes públicos y que se responsabilice a los poderes públicos de la política de salud sexual y reproductiva y de la planificación familiar. Queremos todo esto y queremos también que se acote la objeción. Hoy
ya hay objeción. No debe haber objeción que niegue el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. (Aplausos.)
Termino, señorías. Me ha sonado lo del aborto libre al amor libre, la verdad. He visto resonancias históricas en relación con el aborto libre, al amor libre y a las relaciones sexuales entre dos. Yo creo que eso se ha abierto mucho
gracias a la sociedad española y deberían ponerse al mismo paso.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Tardà.
(Rumores.) Silencio, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando nuestro grupo parlamentario pactó con el Partido Socialista los contenidos mínimos que debía contemplar el proyecto de ley, éramos conscientes de la beligerancia a la que deberíamos enfrentarnos por parte del Partido Popular
y por parte de la jerarquía eclesiástica. De ahí nuestro permanente llamamiento a ustedes, diputados y diputadas socialistas, a no dudar, a no titubear, a no dejarse acomplejar por las reacciones, por la reacción del Partido Popular y por la
jerarquía
eclesiástica, los mismos que se opusieron al divorcio, condenaron la homosexualidad, censuraron el preservativo, amenazan a mi madre con la excomulgación (Risas.) y, en definitiva, no asumen el desarrollo del pensamiento social. Patético,
patético, ciertamente, como corresponde al patetismo de los ciudadanos Rouco y Camino. (Risas.) Por eso nosotros no vamos a perder el tiempo respondiendo al Partido Popular; pertenece a ustedes, es su responsabilidad parar los pies a la derecha.
Ustedes son parte del problema, porque ustedes muchas veces han hecho dejación de sus responsabilidades, ustedes no se atreven a poner a la Iglesia católica en el lugar que le pertenece en un Estado del siglo XXI democrático y moderno. Ustedes
incluso anuncian reformas legislativas respecto a la libertad religiosa y ustedes son un tanto indolentes. Es decir, parte de lo que tenemos es culpa también de su dejación.
Vayamos a lo que importa hoy. Debo reconocer que hasta hoy ustedes han cumplido con el pacto de mínimos que hicimos, han cumplido y lo celebramos, por eso nosotros rechazamos la enmienda a la totalidad. Pero vamos a poner el reloj a cero,
ahora empieza la segunda fase de la negociación, porque nosotros aspiramos a mejorar la ley, a subir el listón respecto a la prevención, respecto a las garantías, respecto a las obligaciones desde el ámbito educativo y de formación de los
profesionales y, por supuesto, respecto a los mismos requisitos que permitirán interrumpir voluntariamente el embarazo a las mujeres. Ahora estamos en el momento cero, cero punto uno pero cero, en el sentido de que vamos a ver si están dispuestos a
mejorar la ley. Por eso nosotros ya les decimos lo siguiente: hay siete ámbitos que hay que mejorar, que hay que mover si quieren el voto afirmativo republicano, si lo quieren.
Primero, hay que debatir ampliar el plazo fijado de 14 semanas como
concreción temporal máxima del derecho a la libre decisión de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo. Segundo, nos parece que hay que suprimir en el artículo 15 el tope de 22 semanas cuando está en riesgo la vida de la mujer. Tercero,
hay que regular la objeción de conciencia -regula el individuo, el individuo que interviene directamente en la intervención farmacéutica o quirúrgica- y, por supuesto, la objeción no puede ir en detrimento de los derechos de la mujer. Cuarto,
anticonceptivos; hay que socializarlos, gratuidad de los anticonceptivos, al menos para los jóvenes y para los sectores sociales más desfavorecidos cultural, social y económicamente. Quinto, formación; hay que introducir en todos los currículos,
en todos los niveles educativos, la educación obligatoria, atención, obligatoria -y hay que oponerse a ellos-, respecto a educación sexual, reproductiva y, atención, afectiva; sean más modernos, y afectiva. Sexto, por supuesto hay que derogar los
dos artículos del Código Penal, el 417 bis y el 145. Séptimo, preeminencia de lo público y, cuando lo público no alcance, lo privado concertado y, por supuesto, nunca, nunca, en detrimento del servicio que debe recibir la mujer.
Estas son las condiciones y creo que no me he dejado ninguna -entrecomillado grueso-, porque evidentemente sabemos lo dificultoso que será todo. Repito, si quieren un voto honrado y entusiasta de los republicanos, hay que moverse. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Los derechos reproductivos, los derechos de la mujer pertenecen a la mujer y solo a la mujer, tenga 16, 30 ó 40 años.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señor presidente del Gobierno, señorías, subo a esta tribuna en nombre de mi grupo, el Grupo Vasco, con el objetivo de exponer nuestra posición en torno al proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción
voluntaria del embarazo. Asimismo -y no podemos olvidarnos de ello-, en el debate que hoy nos reúne se trata de mostrar nuestro apoyo o rechazo a las diferentes enmiendas a la totalidad que se han presentado en esta Cámara, ya que, en el caso de
que no prosperaran dichas enmiendas y no se devolviera el texto de nuevo al Gobierno, el trabajo en ponencia y el posterior debate basado en la negociación de las enmiendas irá despejando el camino, que debido a muchas interferencias, tanto
intramuros como extramuros, creo que ha distorsionado el debate.
Yo no voy a entrar a explicar el proyecto de ley, eso ya lo han hecho. El Grupo Parlamentario Vasco no apoyará las enmiendas a la totalidad. El Grupo Parlamentario Vasco tampoco apoyará el proyecto de ley en los términos en los que está
redactado actualmente. Dicho esto, intentaré explicar y aclarar nuestra posición. El PNV considera que el aborto es el resultado de un fracaso, pero el PNV defiende la necesidad de una ley, una ley que permita regular el aborto, algo que la actual
no hace, por lo que necesita una verdadera reforma reguladora que ofrezca las garantías jurídicas y sanitarias necesarias, que integre la objeción de conciencia y, sobre todo, que ataque las causas desde su origen, evitando los embarazos no
deseados.
El PNV no puede cerrar los ojos y mirar hacia otro lado, como si las cosas no ocurrieran por el hecho de desear que no ocurran o pensar que no ocurrirán porque se prohíban o porque se condenen. Ninguna de estas soluciones ha evitado que
miles de mujeres hayan optado por el dramático final del aborto. ¿O es que alguien piensa que la angustiosa situación que supone un embarazo no deseado, ni querido, ni buscado, ni compartido, se resuelve, con la frivolidad que algunos suponen,
abortando, y ya está? ¿Cree alguien que es tan fácil? Vivimos en un Estado en el que, desgraciadamente, cada año se producen cerca de 100.000 abortos. ¿Y cómo ha regulado la actual ley este elevadísimo número de interrupciones? Por medio
de un inmenso boquete en las paredes maestras de la propia ley, por el que más del 85 por ciento de las mujeres que han abortado lo hicieron alegando la causa del trastorno psicológico. La conclusión lógica es que la ley vigente no es la solución.
No ha sido capaz de reducir el número de abortos.
El Grupo Vasco quiere ponerse del lado de la mujer, a la que no quiere añadir un doble sufrimiento, un doble sufrimiento por el hecho de haber abortado, con lo que eso supone, y, además, ser penada por ello. Nuestro objetivo siempre será el
de disminuir, atenuar un mal mayor, tal y como cita el presidente de esta Cámara en un artículo publicado hoy mismo.
Muchas veces la perversión del debate que se ha generado en torno a este controvertido tema ha permitido que argumentos tan
dispersos y extremos como mezclar lo religioso con lo jurídico, o lo biológico con lo ético, o lo puramente médico con lo constitucional, lejos de acercar y aclarar posiciones, hayan confundido más aún si cabe.
No podemos imponer una legislación basada en el código moral propio cuando ese código no es compartido. La conciencia y su libertad. Por mucho que yo no pueda compartir la decisión de una mujer para que aborte, o sí, según qué caso, ni yo
ni mi grupo somos nadie para impedir que dentro de lo que marque la ley esa mujer pueda hacerlo. Y menos condenar a una mujer por ello, de la misma manera que nadie podrá imponer a una embarazada que aborte cuando ella determine que quiere seguir
su embarazo hasta el final. Por eso decimos que no defendemos una ley proabortista, es decir, aquella que incida en la necesidad de abortar. Queremos una ley que regule el aborto. No consideramos que el aborto sea un derecho, y hay que decir que
en el texto del proyecto no aparece considerado como tal, porque una cosa es que el Estado garantice el acceso a la interrupción del embarazo y otra es que eso sea un derecho.
Como decía, no apoyaremos las enmiendas a la totalidad, porque consideramos que este proyecto de ley puede ser una base que debe ser mejorada. Y prueba de ello son las enmiendas que hemos presentado.
Consideramos fundamental que esta ley
recoja la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios como un derecho al que poderse acoger con todas las garantías legales y jurídicas. De la misma manera que el sistema sanitario público, sea estatal o autonómico, ha de garantizar la
prestación del servicio médico y clínico que, dentro de lo que marca la ley, permite interrumpir el embarazo, consideramos que los médicos que no se sientan moralmente capacitados para ello puedan ejercer ese derecho.
Pero no confundamos, derecho a
la objeción de conciencia individual, no a la insumisión colectiva o institucional. Asimismo, y controversias mediáticas aparte, consideramos que a los padres o tutores legales de las jóvenes embarazadas entre 16 y 18 años que decidan interrumpir
su embarazo se les notifique o comunique dicha decisión; algo que el proyecto de ley no contempla y, por medio de una oculta o semiomitida disposición final, pretende cambiar el artículo de la Ley de Autonomía del Paciente que excluía de la edad
sanitaria el caso del aborto, rebajándolo a 16 años. Independientemente de que en el Estado español el caos legal de las mayorías de edad ha de ser algo que algún día tendremos que hincarle el diente, y mejor más pronto que tarde, consideramos que
no es de recibo que ni siquiera se informe. La patria potestad es algo que no debemos usar a nuestro libre albedrío. Además, por qué sí las de 15 y no las de 16. Creemos en la necesidad de informar exhaustiva y verazmente, tanto verbalmente como
por escrito, para que la embarazada tome la decisión basándose en su conciencia pero con toda la información y con todas las alternativas existentes. Consideramos que estas y otras enmiendas que ha presentado mi grupo son fundamentales para que, en
su caso, podamos apoyar esta ley; pero eso vendrá más tarde.
Un embarazo puede ser lo más bello del mundo y un embarazo no deseado puede ser el mayor drama para una mujer. Porque el deseo y la voluntad son condición sine qua non para ello. Queremos incidir en el inicio del proceso, en la educación
sexual y afectiva de un modo responsable y compartido. Me da la sensación de que, con ciertas medidas que se están tomando últimamente, estamos renunciando e incluso desresponsabilizando al varón de su necesaria responsabilidad en las relaciones
sexuales y afectivas. O dicho de otra manera, estamos dejando en manos solo de la mujer esa responsabilidad. ¿O es que la responsabilidad para con los métodos anticonceptivos, la prevención, la profilaxis, la precaución, el embarazo, la maternidad
o, en su defecto, el dramático final de abortar, va a recaer solo y exclusivamente en la mujer? No. No podemos proyectar la imagen de que las consecuencias de una relación sexual y afectiva irresponsable recaigan en las espaldas solo y
exclusivamente de la mujer.
Bastante tienen. Nuestra lucha por la igualdad y los logros obtenidos en ella no nos lo pueden permitir. Flaco favor haremos a las siguientes generaciones si nuestro compromiso y proyecto educacional excluye a los
varones de este cometido. En este caso me gusta repetir aquella frase del lehendakari Ibarretxe, que decía que la igualdad es cosa de hombres. Sin implicación en la lucha por la igualdad, esta nunca será una realidad.
Por eso, incidimos en la
necesidad de una educación corresponsable en esta materia, porque la responsabilidad mutua de hombre y mujer sería la mayor prevención de la mayoría de los embarazos desentendidos y desprotegidos, por lo que, en consecuencia, se evitaría una gran
cantidad de abortos.
Para finalizar y a modo de corolario, creemos que no es de esperar que una ley, por buena que sea, elimine el aborto, pero sí que reconozca derechos a las mujeres, proteja a las personas que se acojan a ella y a los profesionales que la
aplican, mejore la atención sanitaria y social, reduzca las inequidades y evite los abortos inseguros.
En definitiva, que gestione bien el problema y el fracaso de la prevención que representa un embarazo no deseado. Por otra parte, toda legislación debe respetar la pluralidad de creencias que fundamenta la existencia de Estados laicos no
confesionales, en los cuales no es posible impedir el acceso de las mujeres a la interrupción o continuación del embarazo basándose en determinadas creencias religiosas. No se trata de excluir las decisiones basadas en las creencias religiosas,
sino de evitar que las ideas de una determinada creencia o religión se impongan a aquellos que no comparten tales convicciones. La aspiración de una sociedad más justa y humana no debe conformarse en desear que no haya abortos, y menos aún sin
protección jurídica y sanitaria, no. Deseamos que no haya razones que lleven a una mujer a la dramática necesidad de interrumpir su embarazo. Ese es nuestro objetivo y lucharemos por ello.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra don José Antonio Alonso.
El señor ALONSO SUÁREZ: Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, después de unos veinticinco años de funcionamiento del actual sistema de interrupción voluntaria del embarazo, los debates que hemos tenido en esta misma
Cámara, en la subcomisión que se formó en noviembre de 2008 -por cierto, quiero reconocer y agradecer expresamente el brillante trabajo que las parlamentarias y los parlamentarios socialistas hicieron en esa subcomisión- (Aplausos.), y en la
comisión técnica que trabajó con el Gobierno al respecto, dejaron claro que con este sistema existe hoy una situación objetiva de inseguridad jurídica de las mujeres que han de interrumpir su embarazo, y de los profesionales sanitarios que las
atienden. Existe también una falta de respeto a la decisión de las mujeres y una situación de inequidad territorial en el acceso a la prestación sanitaria. Señoras y señores diputados, el Gobierno y el Partido Socialista tienen la obligación
política de acabar con esta situación, y van a hacerlo. Vamos a conseguir una ley que garantice la seguridad jurídica, los derechos de las mujeres, y que nos homologue con el resto de los países europeos que tienen el mismo sistema que vamos a
implantar en España. (Aplausos.)
Señoras y señores diputados, desde Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea no han dejado de emitirse recomendaciones a los Estados para que elaboren legislaciones seguras y con garantías
para el ejercicio del derecho y para el respeto a la dignidad de las mujeres. Partiendo de esos trabajos parlamentarios a los que me he referido, partiendo de esas recomendaciones de las instituciones internacionales, y por supuestísimo partiendo
de nuestras propias convicciones el Gobierno ha elaborado el proyecto de ley cuya totalidad debatimos, señora ministra, hoy. La posición política del Gobierno y de los socialistas no se limita a la interrupción voluntaria del embarazo; de hecho,
esta es una cuestión importantísima, pero incluida en un contexto o estrategia de salud sexual y reproductiva, y de prevención de embarazos no deseados. Con la nueva ley, señoras y señores diputados, la sociedad española se va a dotar del marco
normativo que justamente piden esas instituciones internacionales, de manera que vamos a garantizar la seguridad jurídica, la garantía del respeto a la propia ley y el ejercicio adecuado de los derechos de las mujeres, respetándolas en las
decisiones que tengan que tomar y respetando su confidencialidad y su intimidad, garantizando que el Sistema Nacional de Salud se aplica con calidad y de un modo equitativo, personal y territorialmente.
Señoras y señores diputados, junto a ello debo destacar que la ley, una vez en vigor, nos va a homologar con la práctica totalidad de los países europeos, señoras y señores del Partido Popular: Bélgica, Alemania, Francia, Dinamarca,
Luxemburgo, Italia, Portugal, Holanda, Suecia, Finlandia, etcétera. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.) Ahí, en esa corriente, desde el punto de vista de la regulación normativa, nos vamos a situar. Señoras y señores diputados, lo primero
que hay que decir de la legislación que viene, que hoy discutimos en su totalidad y que hoy empieza a caminar, es que sin duda alguna es plena y perfectamente constitucional; respeta sin duda alguna los parámetros de interpretación de la
Constitución que el propio Tribunal Constitucional exige, y lo hace exactamente igual que las leyes similares de los países a los que me he referido, y que respetan naturalmente las similares constituciones de esos países de alto nivel de vida, y
avanzados desde el punto de vista social y también legislativo y normativo.
Señor presidente, señoras y señores diputados, saben bien que el modelo que plantea la ley contiene un plazo de 14 semanas, combinado con indicaciones hasta las 22 semanas en el caso de malformación fetal o riesgo para la salud de la madre.
Conocen perfectamente bien el texto normativo del proyecto, y por tanto no voy a abundar más en el sistema que instaura. Básicamente eso es lo que contiene. Pero, señoras y señores diputados, en el fondo, ¿qué es lo que justifica esta reforma
legal? Verán, yo se lo voy a decir con toda franqueza. Hay toda una manera implícita y explícita de entender la convivencia en esta ley que proponemos. Cuando una mujer tiene que tomar la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo,
señoras y señores diputados, puede recibir dos respuestas por parte del Estado. Una de ellas le lanza el Derecho Penal. Le habla a la mujer del miedo: le habla de registros de clínicas, le habla de incautación de expedientes, le habla del asalto
a su intimidad, le habla de procesos, le habla de la amenaza de la cárcel. Se lo diré con la misma claridad a ustedes, señoras y señores del Partido Popular: esa es la respuesta de la derecha. Es su respuesta, (Prolongados aplausos.) la respuesta
de la represión penal, justamente lo que empezó
a ocurrir no hace mucho, en 2007, acuérdense, en los últimos meses de 2007: empezaron con toda una corriente sistemática de actitudes de esta naturaleza. No va a ser posible eso en cuanto esté aprobada esta ley. No va a ser posible en el
futuro. Y la otra respuesta, señoras y señores diputados, habla de algo muy distinto. Verán, señoras y señores, todos sabemos que la decisión de interrumpir el embarazo es una decisión siempre difícil, y a menudo o a veces mucho más que difícil.
La convivencia para nosotros, para los socialistas se basa en algo muy elemental: la comprensión de las personas. La comprensión de la situación en la que se hallan las personas, las mujeres en este caso. Por eso nosotros no vamos a arrojar a las
mujeres el poder penal del Estado cuando tengan que abortar. No vamos a añadir dolor a la dificultad. Vamos a hacer justo todo lo contrario, y además tenemos la razón con mayúscula.
Con todas las mayúsculas: la RAZÓN. (Aplausos.) ¿Saben por
qué? Porque, señoras y señores diputados -se ha hecho alguna alusión aquí a lo largo y ancho de estas intervenciones; en alguna de ellas particularmente-, el poder del Estado existe entre otras cosas para excluir la venganza. Para eso se crea el
Estado; y para resolver ponderadamente los conflictos. Y para eso el Estado, el poder público del Estado lo racionaliza y crea entre otras cosas un catálogo de derechos y libertades fundamentales, que efectivamente constituye la moral pública por
la que todos, todos los ciudadanos nos regimos. Y para garantizar esos derechos y libertades, esa moral pública crea entre otros instrumentos un Derecho Penal. Pero el Estado de derecho y democrático crea un Derecho Penal de mínimos, señores del
Partido Popular, porque cuando el Derecho Penal no es de mínimos, cuando no es indispensable, cuando se excede, corremos el peligro de caer en la tiranía, y de hecho caemos en la tiranía. Lo enseñaron Beccaría, Montesquieu y tantos otros, y lo
enseña sobre todo la experiencia y el más precioso destilado de la experiencia: el sentido común. Señoras del Partido Popular, señores del Partido Popular, el Derecho Penal democrático se crea para luchar contra los criminales. Las mujeres que
deciden interrumpir su embarazo ¡no son criminales! (Prolongados aplausos.) ¿Por qué quieren seguir castigándolas penalmente? ¿Por qué quieren seguir criminalizándolas? (Rumores.) Señoras y señores diputados, con nosotros eso no va a ocurrir, no
vamos a permitir su criminalización, no vamos a permitir el castigo penal. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ALONSO SUÁREZ: Y por eso vamos a hacer esta ley: para que las mujeres, fundamentalmente las mujeres de este país, estén seguras cuando hagan lo que a veces tienen que hacer, en una situación difícil, dura y compleja. Les vamos a
ayudar. No vamos a añadir dolor a sus dificultades.
(Aplausos.)
Señor presidente, quisiera decirles un par de cosas más. Aquí traemos una propuesta razonable para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Introduce una seguridad jurídica y sanitaria que no existe en estos momentos, y
homologa nuestra legislación con la legislación de la mayoría de los países europeos, ya se lo dije antes. Está bien trabajada técnicamente y es un buen proyecto. Pero, como todo en esta vida, es un proyecto mejorable y nosotros como es natural
estamos abiertos a mejorarlo. Hay varios grupos, como bien saben en la Cámara, que están de acuerdo con el nervio central, con el eje central de la ley, con el sistema de plazos e indicaciones y con la despenalización explícita en el cumplimiento
de los requisitos legales. Estando de acuerdo en lo principal, señorías, debemos llegar a un acuerdo en lo no principal, porque las mujeres de nuestro país no entenderían que no lo hiciéramos.
No lo entenderían, y yo entendería que no lo
entendieran. Con varios de estos grupos -ustedes lo saben- llegamos a acuerdos en la subcomisión parlamentaria a la que antes me refería. Respetaremos lo hecho con esos grupos, tengan la seguridad de que lo haremos, pero debemos tratar de ampliar
los apoyos a la ley. Estamos abiertos a la negociación en diferentes aspectos, siempre dentro del respeto a las líneas centrales de la ley. Por lo tanto, señor presidente, queremos acuerdos en cuestiones tales como la administración por la sanidad
pública de anticonceptivos de última generación, por una regulación sensata de la objeción de conciencia, y en un tema que desde mi punto de vista se ha desmesurado indebidamente. Me refiero a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres
de 16 y 17 años y la relación con sus padres. ¿Qué ocurre con esto? El asunto nunca fue problemático entre 1985 y 2002, hasta que Aznar lo cambió -hizo una excepción solo para el supuesto de la interrupción voluntaria del embarazo-, y quiero
plantearles la cuestión con toda franqueza, señoras y señores diputados. Esta ley no prohíbe -ni esta ni ninguna ley podría hacerlo- que las hijas hablen con los padres. Puede parecer una obviedad, pero prefiero decir esta obviedad a la vista de
la cantidad de manipulaciones que determinados actores del debate público han tratado de introducir en ese debate público, pervirtiendo el sentido común. Por consiguiente, las hijas que tengan una relación normal con los padres -y nadie duda de que
es el caso de la inmensa mayoría- seguirán teniéndola, y les contarán sus problemas o lo que sea. Lo que pasa, señorías, es que hay mujeres de 16 ó 17 años -todos lo sabemos- que no tienen esa relación normal, sino todo lo contrario, y corren el
peligro, en el caso de que tuvieran que revelar situaciones fuertemente reprimidas en su medio, de padecer presiones, persecuciones violentas, malos tratos o quizá algo peor, señoras y señores diputados. (Aplausos.) Y todos sabemos que si a esas
mujeres no les damos una salida legal, si las obligamos a contarlo, optarán por acudir a circuitos clandestinos de aborto, y en ese caso, señoras y señores diputados, nosotros mismos estaríamos frustrando la aplicación de la ley, de la misma ley que
estamos aprobando. Reflexionen,
por favor, acerca de ello y tratemos de llegar a un acuerdo también en este punto.
Voy acabando, señor presidente; tan solo unos segundos más. Señora ministra de Igualdad del Gobierno de España, cuando la escuchaba antes y oía alguna intervención posterior recordaba haber leído una cosa de Charles Taylor, que decía algo
así como que la democracia es al final de todo ponerse en el lugar del otro. Yo mismo trataba de decirlo al principio de mi intervención: es comprender al otro, comprender al prójimo, comprender el sufrimiento de los demás. Las mujeres han
sufrido mucho históricamente y usted está haciendo muchas y buenas cosas para que eso definitivamente en este país deje de ser así, muchas y buenas cosas.
(Aplausos.) A usted, señora ministra, que comprende a las mujeres y que esto lo está haciendo
por ellas -quiero decirle que está haciendo algo bueno, que está haciendo lo correcto, que está haciendo lo justo-, se le han dicho cosas tremendas. Yo he oído cosas tremendas de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, inaceptables. Hoy
mismo en esta tribuna hemos escuchado de parte del Grupo Popular algo inaceptable referido a su persona, pero quiero decirle, señora ministra, que cada vez que nuestros diputados y yo oímos una cosa inaceptable su figura se agranda, y la estima que
le tenemos se agranda exponencialmente. Quiero decírselo expresamente. (Prolongados aplausos.)
Señor presidente, señoras y señores diputados, acabo ya y lo haré sin demasiada retórica. Solo necesito los segundos necesarios para reconocer, en nombre de los socialistas, el esfuerzo de tantos años de las mujeres que han hecho posible
este momento. Muchas gracias a todas. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Suspendemos la sesión durante tres minutos para iniciar las votaciones.
(Pausa.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PAPEL DE ESPAÑA EN LA CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE NACIONES UNIDAS EN COPENHAGUE.
(Número de expediente 173/000104.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento. Vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar la votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la lucha contra el cambio climático y el papel de España en la
Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, en Copenhague. La votación se hace en los términos de la enmienda de sustitución aceptada y presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
¿Es así? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR EL HUNDIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000105.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el hundimiento del sector agrario español.
Votamos separadamente,
porque así ha sido solicitado. En primer lugar, votación del punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda aprobado.
Votación del punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos a continuación el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 156; en contra, 186; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado en consecuencia.
Votamos a continuación el punto 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 157; en contra, 173; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda rechazado.
Votamos el punto 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 346.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 346.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 342; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos por último el punto 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 331; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 90788.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados afectados, dictamen que tienen SS.SS. y que se encuentra además en la página web
del Congreso.
Comienza la votación. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Señor Martínez-Pujalte, supongo que se refiere a la votación secreta. He de decirle que hemos modificado el Reglamento a ese respecto y se puede votar con publicidad por primera vez. Pero es comprensible el error de su señoría. (Risas.)
De modo que votamos el dictamen que he anunciado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 338; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000032.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
En primer lugar, votamos las enmiendas al apartado 7 y a los siguientes apartados del artículo único: apartado 31 y apartado 67, por las que se modifica el artículo 64.6 a) de la ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; abstenciones, una.)
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las enmiendas al artículo único en los siguientes apartados: apartado 12, apartado 38, apartado 39, apartado 56 y apartado 75.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 194; en contra, 150; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas al artículo único apartado 18, que da nueva redacción al artículo 17.1.d) de la ley
orgánica, en lo relativo a la supresión de la última parte de dicha letra desde 'reglamentariamente' hasta el final.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 157; en contra, 188; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas al artículo único, apartado 18, en lo relativo al resto del artículo 17.1.d) de la ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; votos a favor, 187; votos en contra, 153; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación del resto de enmiendas al artículo único apartado 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 339; en contra, seis; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de las enmiendas al artículo único apartado 22, que modifica el artículo 22.3 de la ley orgánica, en la parte por la que se suprime el último párrafo de dicho apartado tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 160; en contra, 184; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del resto de enmiendas al artículo único apartado 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 338; en contra, seis; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de la enmienda al artículo único apartado 35, que incorpora un nuevo apartado 4 bis al artículo 35 de la ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 13; en contra, 181; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda al artículo único apartado 35, por la que se modifica el artículo 35.7 de la ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 189; en contra, 155; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las enmiendas al artículo único apartado 53.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 188; en contra, 155; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas al artículo único en el apartado 55, que modifica el artículo 55.2 de la ley orgánica, en lo relativo a la supresión de su tercer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, seis; en contra, 339; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas al artículo único apartado 55.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 189; en contra, 155; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las enmiendas al artículo único apartado 59, en la parte que modifica el apartado 6 del artículo 59 bis de la ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 17; en contra, 328; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de enmiendas al artículo único, apartado 59.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 186; en contra, 155; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas al artículo único, apartado 73 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 186; en contra, cinco; abstenciones, 155.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación del resto de las enmiendas al proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 339; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.´
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a votar la anunciada votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico y haberse introducido enmiendas del Senado. Como saben SS.SS., hacen falta 176 votos para que pueda aprobarse.
Con ese carácter de orgánico, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 180; en contra, 163; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 121/000041.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Todas las enmiendas de totalidad se votan conjuntamente por tener
la misma intención de devolución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 162; en contra, 183; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El proyecto seguirá su tramitación en la Cámara. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.