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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 113, de 15/10/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 113
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 105
celebrada el jueves, 15 de octubre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 13-1, de 19 de diciembre de 2008. (Número de expediente 121/000013.)... (Página
4)
- Proyecto de ley por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 15-1, de 19 de diciembre de 2008. (Número de expediente 121/000015.)...
(Página 10)
- Proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 17-1, de 19 de diciembre de 2008. (Número de expediente 121/000017.)...
- Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie A, número 28-1, de 24 de junio de 2009. (Número de expediente 121/000028.)... (Página 15)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 24-1, de 17 de abril de 2009.
(Número de expediente 121/000024.)... (Página 23)
- Proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 34-1, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 121/000034.)...
Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 194-1, de 2 de octubre de 2009. (Número de
expediente 410/000010.)... (Página 41)
Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 42)
Votación de conjunto... (Página 43)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 43)
Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.)... (Página 43)
Votación de conjunto... (Página 43)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado... (Página 4)
Proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria... (Página 4)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario... (Página 10)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y las señoras Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial... (Página 15)
Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial...
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez).
Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 23)
Proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general... (Página 23)
El señor ministro de Fomento (Blanco López), presenta a la Cámara el proyecto de ley.
En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Simancas
Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista... (Página 33)
El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón) presenta a la Cámara el proyecto de ley.
En defensa de la enmienda a la totalidad presentada interviene el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados... (Página 41)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1... (Página 41)
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso las da por defendidas.
Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 42)
Se procede a la votación en bloque de las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección, que se aprueban por 327 votos a favor y una abstención.
Se someten a votación separadamente las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, se aprueban por 328 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda al artículo 1 del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, se aprueba por 317 votos a favor y 11 en contra.
Sometidas a votación el resto de las enmiendas al citado proyecto de ley, se aprueban por 324 votos a favor y cuatro abstenciones.
Votación de conjunto... (Página 43)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 319 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 43)
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, se rechazan por 23 votos a favor y 305 en contra.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, se rechaza por 143 votos a favor, 184 en contra y una abstención.
Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.)... (Página 43)
Sometidas a votación las enmiendas a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1, se rechazan por 143 votos a favor, 179 en contra y seis abstenciones.
Votación de conjunto... (Página 43)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 184 votos a favor, uno en contra y 142 abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. (Número de expediente 121/000013.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Enmiendas del Senado. Para la fijación de posición, por el Grupo Mixto... ¿No hay ningún miembro del Grupo Parlamentario Mixto? Por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías, hoy culmina el trámite, puesto que ya vamos a debatir y vamos a rechazar o a aprobar las enmiendas que nos llegan del Senado, de un proyecto de ley que, desgraciadamente, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no va a votar favorablemente. No votó, ya en el Congreso, su aprobación y hemos visto cómo nuestras veintiocho enmiendas eran rechazadas, excepto un par de ellas
que introducen elementos de carácter técnico de interés pero que no afectan a nuestra crítica troncal al mismo proyecto de ley, hoy convertida en ley. El primer día dijimos que para nosotros existía un hilo que unía, que hilvanaba la Ley de Asilo y
la Ley de Extranjería.
Entendíamos entonces que una sociedad democrática madura que quiere pasar cuentas con su pasado -y el caso español es paradigmático porque sufrimos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, decenios de dictadura feroz y
sanguinaria-, una sociedad democrática madura como la nuestra debería ser ejemplar en aquellos proyectos de ley que tienden a regular, a legislar derechos para con nosotros mismos, los ciudadanos del Estado español, y para con el conjunto de la
humanidad. Esto es preocupante.
Tenemos el ejemplo muy claro, cuando en Suecia o en Francia se acogía a los soldados desertores de Vietnam o cuando Francia acogía a los refugiados antifascistas del Estado español, aquí el actual jefe del Estado
celebraba sentencias de muerte en el balcón del Palacio de Oriente. Fíjense ustedes las anomalías de la historia: En Francia se acogía a los ciudadanos españoles que huían de la dictadura y, aquí, el actual jefe del Estado, al lado del dictador,
celebraba -repito- penas de muerte, año 1975. Es decir, no hablemos de anomalías de la historia porque creo que, incluso, a alguien de esta Cámara no le va salir a cuenta; por ejemplo, al Partido Popular. De manera que seamos sinceros.
Esta era
una buena oportunidad para pasar cuentas con la historia, ser agradecidos con la historia y justos para con las víctimas de las dictaduras de los regímenes de carácter dictatorial que hay en el mundo.
Ya dijimos en su momento que podríamos presumir
poco, incluso hacíamos referencia a la Italia de Berlusconi. Decíamos: ¿Cómo puede ser que la Italia, quizás prefascista, de Berlusconi -permítanme la expresión, y dicho con toda la precaución; si no vigilamos vamos a ver lo que vamos a ver
dentro de pocos años en esta Europa- sea mucho más solidaria que la España democrática comandada por un partido socialdemócrata? Esto no deja de ser una anomalía que se plantea. A los datos me remito. Si comparamos los datos de los refugiados que
la democracia española asumió el pasado año son distintos, en cuanto a su número, a otras democracias
europeas. No hablemos ya del número de peticiones. Aquellas personas que aspiran a refugio y al asilo en Europa ya saben que el Estado español no es un buen puerto, lo cual es -repito- preocupante. Nosotros entendíamos que era un mal
augurio que esta ley fuera aprobada en esos términos atendiendo a lo que estamos ahora debatiendo, que es la Ley de Extranjería. Por eso, aprovecho esta oportunidad para decirle al Grupo Socialista que reflexionen un tanto y que espero que, al
menos, sean capaces de modificar su orientación actual en el trámite de la Ley de Extranjería que estamos debatiendo, a fin y efecto de que aquello que no han sido capaces de entender en la Ley de Asilo sean capaces de orientarlo en la Ley de
Extranjería. Ustedes saben, por ejemplo, que el tratamiento que dan a los centros de internamiento de extranjeros, intentando de forma vergonzosa ampliar el plazo de cuarenta a sesenta días, es el fiel reflejo de su concepción restrictiva, de una
cierta relativización de los derechos de las personas, que tiene su precedente en esta Ley de Asilo.
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha planteado un buen conjunto de enmiendas. Por cierto, nos aprobaron diez en Comisión, y como quiera que el Grupo Socialista se dio cuenta de que en Comisión se nos habían
aprobado diez, luego en el Pleno cambiaron y, al final, solo fueron tres enmiendas de carácter técnico; de manera que no tenemos ninguna razón para cambiar de opinión en esta decisión ya tomada aquí de rechazo a esta ley y revalidada por los
compañeros y senadores Joan Josep Nuet, de Izquierda Unida, y Miquel Bofill, de Esquerra Republicana de Catalunya. Esta es la situación. Entendemos que sigue sin resolverse la cuestión relacionada con la exclusión de los ciudadanos europeos
comunitarios del derecho a solicitar asilo y la imposibilidad de pedir asilo en las embajadas. Es cierto que se ha aprobado una enmienda que mejora algo técnicamente, porque ya no solamente dependerá del embajador, se dice que habrá un reglamento
que de alguna manera acotará. Lógico, porque solo faltaría que la libertad de una persona y el ansia de asilo dependiera -y repito, sin ningún complejo- de la ideología del embajador. Por cierto, como ustedes saben, no es de extracción normalmente
popular ni de la clase obrera; todos, más o menos, sabemos cuál es el pensamiento ideológico de los diplomáticos, por lo que nadie se lleve a engaño. Podríamos poner algunos ejemplos, si tuviéramos tiempo, de comentarios, matices y actuaciones de
algunos diplomáticos del Estado español que, francamente, dejan mucho que desear.
Estaba relacionando todos aquellos ámbitos en los que mantenemos nuestras diferencias. No entendemos el concepto de tercer país seguro como causa de inadmisión. Se amplían algunos plazos de detención en frontera, incluso hay un cierto
incremento de las causas de exclusión. Por ejemplo, hay razones de carácter sanitario que, a nuestro entender, se quedan muy cortas, porque es evidente que no solamente hablamos de desequilibrios de carácter político o geopolítico sino también, muy
relacionados hoy día, de carácter económico. No sé si tenemos que tener poca o mala conciencia, pero es evidente que formamos parte del núcleo duro del mundo rico expoliador del mundo empobrecido y esto hay que asumirlo para lo bueno y para lo
malo. Señores, no vale solamente cobrar, también hay que pagar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Pediría a los grupos parlamentarios que, ante la complejidad de las enmiendas introducidas por el Senado que estamos examinando, tuviesen la bondad de hacer llegar a la Mesa las enmiendas que desean que se voten separadamente, porque en el
supuesto de que no nos lo solicitaran, las votaríamos en su conjunto, de modo que si algún grupo desea votaciones separadas sobre los distintos proyectos de ley, que haga el favor de hacérnoslo llegar.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, para fijar la posición, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, en relación con esta ley y el trámite que estamos dilucidando en este momento, tengo que decir que ha pasado por el Senado sin que se hayan producido graves quebrantos -cosa que a veces
sucede- ni tampoco mejoras espectaculares. Por tanto, vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado, con algunas indicaciones de naturaleza general en relación con una ley que afecta al núcleo esencial del sistema de libertades públicas y
derechos fundamentales, una de esas leyes de nervio que quizás deberían tener más relevancia mediática y seguramente despertar más interés político en los debates en esta Cámara, pero bueno, las circunstancias y la coyuntura tienen sus
requerimientos y las cosas son como son; forma parte de la natura rerum.
Señor presidente, en esta ley hay una primera dislocación, que ya denunciamos en su debate en el Congreso de los Diputados, y es que realiza un escorzo jurídico de estos complejos de hacer, es decir, intentar integrar directivas comunitarias
de los años 1983, 1985 y 1986 con derechos fundamentales que ya forman parte del derecho comunitario, en concreto los previstos por el Tratado de Roma, que es el primer tratado comunitario que establece un listado de derechos fundamentales de los
ciudadanos europeos por la circunstancia de pertenecer a la Unión Europea y no pertenecer a ninguno de los Estados que la componen. Desde nuestra perspectiva, la contradicción entre algunas de estas directivas y el contenido esencial del derecho
fundamental que se consigna en relación con el derecho de asilo en el Tratado de Amsterdam y la versión consolidada de este derecho fundamental que acomete esta operación jurídica tan peculiar del Tratado de Amsterdam, que consiste en ser el primer
tratado comunitario que establece un catálogo de derechos fundamentales, provoca ciertas dislocaciones y ciertas contradicciones en el contenido material
de la ley que solo se pueden salvar por la naturaleza de las directivas que son objeto de trasposición; tienen naturaleza de normas mínimas y, por tanto, son susceptibles de ser mejoradas por la legislación de los Estados, a pesar de que
mediante esa dialéctica de la norma mínima, de la norma más favorable siempre resulta difícil mensurar si la legislación de los Estados es mejor que aquella a la que proveen las directivas.
Tras estas digresiones, señor presidente, he de decir que la ley es razonable y además, modestamente, ha sido mejorada por enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, de lo cual nos jactamos. Hay una en primer lugar, que es la
relativa a la persecución por razones de género por congruencia con la legislación española, en concreto, con la Ley 3/2007, de Igualdad, donde la persecución por razones de género constituye uno de los elementos que legitiman para la obtención de
la condición de asilada, normalmente la persecución por razones de género afecta a las mujeres en su generalidad. El Consejo de Europa advierte de algo que es relevante también tomar en consideración, que es la imposibilidad de que un ciudadano
comunitario de la Unión Europea, ahora de Veintisiete y dentro de poco de Treinta y dos, pueda acogerse por entrar en contradicción con los paradigmas del acervo comunitario, del acquis communautaire. Eso es algo que a nosotros nos suscita dudas y
reservas mentales severas. Todos los países de la Unión Europea, de Veintisiete Estados y dentro de poco Treinta y dos, no tienen los sistemas de libertades públicas y derechos fundamentales que poseen los países más avanzados democráticamente.
Esa invocación o esa imposibilidad de que un ciudadano de la Unión Europea puede solicitar la condición de asilado o de perseguido políticamente no puede convertirse en un paradigma de la Unión Europea o del acervo comunitario, señor presidente, en
virtud de las características de los ordenamientos jurídicos y de los regimenes políticos que gobiernan alguno de los países que ahora forman parte de la Unión Europea y sobre todo de alguno de los países que la van a formar en un futuro próximo.
Es una de las reservas que ni se corrigió en el Senado ni ha sido objeto de mención y sobre la cual nosotros mantenemos severas reservas.
Hay otros problemas todavía, como es la interacción de esta ley con la Ley de Extranjería. El señor Tardà tenía mucha razón cuando esta interacción todavía no es correcta, y lo decimos quienes conocemos la Ley de Extranjería, porque la
invocación de ser perseguido políticamente, y por tanto estar legitimado para obtener la condición de asilado, no impide la expulsión de un extranjero, o no lo impide salvo que se acepten algunas enmiendas que algunos grupos hemos presentado. Hay
otra enmienda que hemos presentado que se refiere a la legitimación para obtener la condición de asilado cuando la persecución no es por razones de género sino que es por razones de orientación sexual. Nosotros nos jactamos de haberla presentado,
yo creo que es loable la actitud de todos los grupos, pero particularmente habría que mencionar específicamente la del grupo que presentó esta enmienda, que es el que humildemente represento en esta tribuna. La persecución por razones de
orientación sexual es uno de los elementos que debe justificar, y no está previsto en la Convención de Ginebra del año 1951, la obtención de refugio y de la consideración de asilado, perseguido políticamente, y el acceso al derecho de asilo.
Por último, señor presidente, quiero indicar algo que tampoco hemos logrado corregir en el seno del proyecto de ley, la correcta definición del concepto de apátrida, definido en la Convención aprobada en Nueva York en el año 1958. Su
indefinición, el carácter deletéreo con que se utiliza ese concepto en este proyecto de ley, va a provocar problemas de seguridad jurídica, de interpretación incluso en el ámbito jurisdiccional; problemas de aplicación, en definitiva, de una ley
que, sin embargo, es importante, complementa nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades públicas que se consagran. Nos parece, señor presidente, sin perjuicio de las objeciones mencionadas, que no son
tampoco de escasa entidad pero no son de tanta entidad como para provocar un voto negativo de nuestro grupo parlamentario, favorecen nuestra adhesión al proyecto y nuestro voto positivo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Para la fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Mercè Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra en nombre de Convergència i Unió para anunciar sin mayor preámbulo que desde mi grupo parlamentario vamos a apoyar la totalidad de las enmiendas que se han introducido en el Senado. Vamos a hacerlo porque, a nuestro juicio,
al igual que pasa en el trámite del Congreso, la ley ha mejorado en aquel trámite. Dijimos ya en su momento y desde esta misma tribuna que la ley que salía del Congreso nos parecía mejor que la redacción inicial del proyecto que envió el Gobierno y
decimos ahora también que la ley que nos llega del Senado nos parece mejor que la que salió del Congreso. Convergència i Unió se ve reconocida también en el texto del Senado. Presentamos doce enmiendas, dos de las cuales fueron posteriormente
retiradas, y las otras diez vemos con satisfacción que han sido introducidas casi todas en su redacción literal. Quiero señalar a este respecto, como no podía ser menos, el buen trabajo realizado por mi compañero de formación política, el senador
Josep Maldonado, y ponderar también el buen entendimiento entre los grupos del Senado y la buena disposición tanto del Gobierno como de la portavoz del Grupo Socialista a lo largo de toda la negociación.
El tiempo de que dispongo para esta intervención no me va a permitir realizar un análisis pormenorizado de los cambios introducidos, pero sí voy a referirme a algunos de ellos, especialmente a los introducidos fruto de las enmiendas de mi
grupo parlamentario, así como a las de otros grupos que Convergència i Unió ha apoyado en el Senado y que también va a apoyar en este trámite parlamentario. Así, se añade el término orientación sexual entre los motivos de persecución que en el
artículo 3 del proyecto justifican la protección a través del asilo. Se ha referido a ello ampliamente el señor Olabarría y me remito a lo que él ha explicado. Se mejora el estándar de protección al sustituir la palabra mujeres por la de personas
cuando en el artículo 7 se habla de la protección frente a la persecución por motivos de género. Al tratar de las causas de exclusión, en el artículo 8, párrafo 2 d), y en el 1 b) del artículo 11, se remite a la redacción literal de la directiva
que estamos trasponiendo, así como -lo cual también nos parece una mejora- se acota la lista de delitos que siendo considerados graves a la luz de lo dispuesto en el Código Penal español puedan ser motivo de exclusión del asilo o de la protección
subsidiaria. Se mejoran los derechos de los solicitantes de protección internacional porque ahora se extiende el derecho a asistencia gratuita desde el inicio, desde la formalización de la solicitud y durante toda la duración del procedimiento,
significándose además que la asistencia jurídica será preceptiva en los procedimientos en frontera. También se prevé la necesidad de que la aprobación o denegación de segundas entrevistas deba ser motivada y que la redacción del artículo 18 se
refiera no únicamente a las obligaciones de los solicitantes sino también de los derechos. Estas serían otras de las mejoras que, a nuestro juicio, se han introducido en el Senado.
Por lo que se refiere a la no admisión de solicitudes presentadas en territorio, queremos señalar que el texto se remite ahora específica y literalmente a la directiva europea y que, además, por lo que se refiere a la procedencia de un
tercer país seguro -cuestión en la que ciertamente había habido alguna polémica-, se añaden dos requisitos fruto de una enmienda de Convergència i Unió. Primero, que el solicitante sea readmitido en ese país y, segundo, que existan vínculos por los
cuales sería razonable que el solicitante fuera a ese país. En las solicitudes presentadas en puestos fronterizos valoramos positivamente que sea obligatorio ampliar el exiguo plazo de cuatro días a diez cuando el Acnur así lo solicite. Asimismo,
nos merece una valoración positiva que se suprima que se pueda tramitar la petición por el procedimiento de urgencia cuando se presente teniendo incoado un expediente de expulsión.
También nos merece un juicio positivo que se haya ampliado de
quince a treinta días el plazo para que opere una presunción de desistimiento. En el tema tan cuestionado de las embajadas, y también fruto de una enmienda de mi grupo parlamentario, se prevé que el reglamento, que, recordemos, deberá hacerse en el
plazo de seis meses, habrá de determinar expresamente las condiciones de acceso a las embajadas y consulados, así como el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a España de los peticionarios, lo cual da mayores garantías para que
este procedimiento pueda hacerse realmente efectivo. Por último, me gustaría señalar que se prima el principio de unidad familiar, el derecho a vivir con tus familiares, frente a la denegación genérica por estar ya estos familiares protegidos en
otros países, y esto se hace tanto cuando se habla de la extensión familiar como cuando se hace con respecto a la reagrupación familiar. Ciertamente -se ha señalado hoy aquí por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- no
podemos hablar de cambios radicales, lo cual por otra parte sería extraño después del extenso trabajo que se hizo en esta Cámara, pero sí podemos considerar que el texto se ha perfeccionado y, sobre todo, que se ha redondeado en aquellos aspectos
que quedaban apuntados pero que quizás adolecían de una cierta inconcreción.
Quiero finalizar esta intervención agradeciendo de nuevo las aportaciones que las entidades vinculadas a esta materia, como Acnur, Acsar, Cear o Amnistía, han hecho nuevamente en el Senado, así como reiterar nuestro apoyo al texto que nos
llega de la otra Cámara, esperando que esta nueva redacción del asilo, acorde con las directivas comunitarias, pueda ser un buen instrumento para la explicitación y para la concreción del compromiso constitucional de nuestro Estado con la defensa de
los derechos humanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Gonzalo Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor presidente.
Estamos en el trámite final de la Ley de Asilo y quiero empezar diciendo que tengo la impresión de que las Cámaras han hecho su trabajo, tengo la impresión de que hemos cumplido adecuadamente y quizá es de esas veces, no sé si muchas o
pocas, en las que uno tiene la impresión de que la labor parlamentaria ha tenido su fruto. Ha habido realmente un proceso de trabajo intenso, de diálogo entre los grupos, de espíritu de mejora, de diálogo con la sociedad y sinceramente creo que la
ley que hoy aprobaremos aquí es distinta y bastante mejor que la ley que entró como proyecto del Gobierno. Por lo tanto, no sé si por unas razones o por las otras -ya lo dijimos en los anteriores debates- lo cierto es que las circunstancias han
permitido y han hecho favorable que haya un fructífero debate entre los grupos, con un espíritu sincero de no perder el objetivo de esta ley, que es la protección de las personas más necesitadas, la lucha contra las injusticias y situaciones
extremas en muchos países, y hemos tenido también un diálogo intenso con organismos especializados de Naciones Unidas, con
organismos de la sociedad civil. No quisiera olvidarme de ninguno de ellos, pero ha habido una lista importante de entidades que han pasado por el Congreso y que han comparecido. En definitiva, insisto, creo que hemos traído al final una
ley mejor. Ahora nos toca apoyar lo que vuelve del Senado, donde también se ha producido un debate importante y un consenso. Ha habido una serie de transaccionales que han apoyado la inmensa mayoría de los grupos y, por tanto, de antemano ya digo
que este grupo va a apoyar, como es natural, las enmiendas que han sido transaccionadas en el Senado.
La diputada doña Mercedes Pigem, que me ha precedido en el uso de la palabra y que además ha hecho un excelente trabajo aquí en el Congreso, ha explicado detenidamente las enmiendas del Senado y, por tanto, me evita tener que volver a
hacerlo, que creo que mejoran y ponen un ajuste fino a algunas cuestiones que habían quedado pendientes, como por ejemplo el tema que ha citado el portavoz de Esquerra Republicana. No se trata de desconfiar de los diplomáticos españoles; muy al
contrario, yo creo que los diplomáticos españoles tienen una altísima profesionalidad, una alta sensibilidad, son conscientes de su trabajo y desde luego no actúan con esa discrecionalidad. Lo que pasa es que está muy bien que la ley prevea que
haya un reglamento que desarrolle, como es natural, y dé garantías jurídicas a lo que hemos establecido, que ha sido la posibilidad de la petición de asilo en embajadas, que se introdujo precisamente en una enmienda en esta Cámara de la que nos
sentimos satisfechos algunos grupos parlamentarios. Pero quede claro que no se trata de una desconfianza sino de una seguridad jurídica para las personas que lo puedan hacer.
Esta ley no ha perdido el norte de la protección de las personas indefensas. Quiero citar algunas cuestiones que me parece que son mejores ahora de lo que lo fueron antes: el carácter de norma mínima ha quedado reforzado en el proyecto de
ley; es evidente que es un proyecto mucho más garantista; se ha mejorado de una forma notable el procedimiento; hay una mayor participación de entidades como la Acnur y las diferentes ONG; se ha introducido el concepto de asilo en embajadas; se
ha definido y se ha acotado el concepto de delito grave; el concepto de tercer país seguro; el principio de no devolución; se introdujo de nuevo el carácter del reexamen en el expediente; se ha extendido la protección jurídica gratuita, y se ha
hecho una mejor protección en materia de menores y en materia de género. Por lo tanto, creo que todas esas cuestiones han mejorado sustancialmente la ley y que hoy nos podemos sentir, como digo, razonablemente satisfechos de que la ley responde,
primero, a una adaptación de la normativa comunitaria y, segundo, a las necesidades de un país moderno que quiere y que cree en la necesidad de potenciar el asilo, y lo hacemos con garantías y sin perder el norte del objetivo de esta ley. Es una
ley fruto del debate, fruto de diálogo, fruto de la voluntad de servir a las personas más necesitadas e injustamente tratadas y, por lo tanto, cerramos este debate agradeciendo su trabajo a los grupos parlamentarios en el Congreso, a nuestros
compañeros en el Senado que han mejorado los trámites, a la sociedad civil, a la Acnur y a cuantas personas nos han ayudado a entender cada uno de los procesos.
Sinceramente creo que todos y cada uno de los que hemos trabajado, así como el conjunto
de la Cámara, podemos sentir que con esta ley somos útiles a la lucha contra las injusticias, a la protección de las personas y, en definitiva, a la labor que se esperaba de nosotros. Por lo tanto, señor presidente, nosotros vamos a votar, como es
natural, las enmiendas transaccionadas en el Senado por los grupos políticos y estamos razonablemente satisfechos con la ley que hoy aprobamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Antonio Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, todas las leyes tienen su diálogo parlamentario y su diálogo social, y también su intrahistoria. En esta, el diálogo parlamentario creo que ha sido fructífero, y tengo que agradecer el trabajo que
han hecho todos los diputados, todos los portavoces de todos los grupos, incluso de los que no van a apoyar esta ley. No me queda más remedio que nombrar a doña Mercè Pigem, a don Gonzalo Robles, a don Emilio Olabarría, a doña Rosa Díez, que
también participó muy activamente en el trabajo de la ponencia; también a Joan Tardà, a pesar de que no vaya a apoyar la ley; a mis compañeros Juan Moscoso y Juan Luis Rascón y, por supuesto, el impagable trabajo de doña Rosa Ripollés que, como
siempre, nos asistió de forma fundamental. En el diálogo social ha sido importante el trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia como Amnistía Internacional, Accem o Cear.
Pero la ley también tiene su intrahistoria, que es la de las personas que trabajaron antes y después de que la ley viniese a esta Cámara y luego fuese al Senado, y trabajaron muy activamente, fundamentalmente con el Grupo Parlamentario Socialista,
pero también con el resto de los grupos. Como aquí están dos de esas personas, quiero hacer especial mención de ellas, de doña María Ángeles González y de don Adolfo Hernández, la secretaria general técnica del Ministerio del Interior y el director
general de Política Interior que, a las ordenes de don Justo Zambrana, nos han ayudado de forma inestimable para que la ley sea hoy realidad.
Señorías, muchas veces utilizamos el apelativo histórico cuando nos referimos a leyes que se aprueban los jueves en esta Cámara. No sé si hoy estaremos o no haciendo historia, lo que sí sé es que damos un paso más en la consolidación,
mejora y ampliación de una institución reconocida en el artículo 13 de la Constitución. El
asilo, tal y como hoy lo conocemos en España, proviene de la Ley 5/1984, una ley hecha seis años después de que nos adhiriésemos a la Convención de Ginebra y también seis años después de la Constitución. Es una legislación muy estable.
Desde el año 1984 se ha cambiado una vez en profundidad, en el año 1994, y se cambió a raíz de Maastricht, en el año 1992, en donde se establece la base jurídica para que haya una política de asilo común. Los que no están de acuerdo con una
política de asilo común nunca van a estar de acuerdo ni con esta legislación ni con la legislación que venga en el futuro y convendría que asumiesen que esto no tiene freno ni marcha atrás en ningún caso. Después de veinticinco años de vigencia, me
parece razonable, era absolutamente necesario -porque había perdido eficacia- que hiciéramos esta modificación. Además, había que adaptarla a las directivas que no son de 1983, 1984 y 1985. Son la 83, 85 y 86 pero de los años 2004, 2005 y 2003.
Ha sido un lapsus del señor Olabarría.
Con esta ley seguimos avanzando en el espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad, y sobre todo consolidamos el sistema europeo común de asilo. Teníamos un reto -lo ha mencionado alguno de mis antecesores en el uso de la palabra-, y
es que como se trata de normas mínimas no podíamos rebajar los estándares de protección, y yo creo que lo hemos conseguido; no hemos rebajado los estándares de protección. Nuestro objetivo era garantizar un alto nivel de protección internacional a
las personas en situación de vulnerabilidad. Teníamos la limitación, el corsé, la línea roja de que no podíamos transgredir lo que se había establecido por parte de la Unión Europea a través de esas directivas.
Hoy vamos a dar un mensaje desde
estas Cortes la inmensa mayoría de los grupos, y es que ofrecemos y damos protección a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Esta ley ha sido fruto del consenso. De las 375 enmiendas, 220 se han recogido de alguna manera en la ley, tanto en el
Congreso como en el Senado. Nuestro grupo también votará a favor de todas las que vienen del Senado. Es una ley que nos tiene que satisfacer a todos. La comparación con la Italia de Berlusconi en materia de derechos, señor Tardà, es una
aberración, y usted lo sabe. Cualquier parecido entre la España de Berlusconi y la España del siglo XXI, la España de hoy, es como comparar un huevo con una castaña, señor Tardà.
Hay cosas en las que ustedes se pasan, y lo sabe.
Hay novedades muy interesantes en esta ley. Que la protección internacional no solo se refiera al derecho de asilo, sino también a la protección subsidiaria por primera vez en el ordenamiento jurídico es muy importante, y todos los que
hemos estado luchando durante muchos años para que ese famoso 17.2 se reconociese sabemos las dificultades que ello tenía. Se reconoce la protección subsidiaria no como un estatuto rebajado, sino como un estatuto con rango jurídico propio. El
hecho de que el género, la orientación y el interés sexual sean motivos de reconocimiento de la condición de refugiado es importante. El hecho de que en el artículo 18 -lo ha introducido el Senado y me parece muy interesante- se reconozcan, además
de las obligaciones, los derechos de los solicitantes de asilo y de los refugiados también es importante. Es extraordinariamente importante que se hayan establecido plazos para la inadmisión a trámite en el territorio. Eso obliga a la
Administración a responder en el plazo de un mes, pero sobre todo beneficia al solicitante, que no tiene que estar esperando a que le inadmitan a trámite la solicitud en esa especie de limbo, y sobre todo de ansiedad, que causan estas situaciones.
La sustitución del procedimiento abreviado, que tenía muchas aristas, que era muy complicado y que habíamos visto que además se prestaba a interpretaciones diversas, por un procedimiento de urgencia también nos parece importante. La urgencia, la
prontitud, es importante para aquel al que le van a conceder y admitir a trámite y también para aquel al que no se lo van a conceder, porque para éste lo mejor es que se lo digan cuanto antes.
Me parece que algunos grupos han hecho del tema de la petición de asilo en frontera un símbolo, pero es un símbolo falso, porque resulta que al final lo que vamos a conseguir es algo mucho más importante que lo que existe actualmente.
Actualmente, en el artículo 4.4 de la ley se hace una mención de tres líneas a la posibilidad de pedir asilo en embajada y consulado, y ahora le dedicamos un capítulo y un apartado propio que se ha mejorado en el Senado, y además decimos que
reglamentariamente se va a desarrollar. Por tanto, yo no entiendo que este sea el motivo por el que se vaya a rechazar esta ley. Incluso, señor Tardà, le digo la verdad: creo que le faltan motivos para rechazar esta ley. Uno es responsable de
sus acciones, pero también de sus omisiones, y usted sabe que hay motivos suficientes para que ustedes apoyen esta ley, y no lo van a hacer por otras razones que no sé cuáles son, pero no porque la ley no recoja la inmensa mayoría de las propuestas
fundamentales que ustedes han hecho.
Me parece importante el papel del Acnur, recogido en esta ley. Seguramente en ninguna otra legislación de países de la Unión Europea se da al Acnur el estatuto que tiene aquí, no solo como organización y agencia de Naciones Unidas
especializada en la materia, sino fundamentalmente como fiscalizador, como vigilante de los procedimientos de asilo. También es muy importante el tema del reasentamiento. Durante muchos años hemos estado luchando desde el campo del asilo para que
existiese la figura del reasentamiento, para que las personas que están en terceros países pudiesen venir aquí con el estatuto de refugiados y finalmente se estableciesen en este país. A mí me parece un avance importante, y hay que reconocer estos
que han sido avances importantes.
Señorías, casi para finalizar, estamos ante una muy buena ley, y lo estamos por la sencilla razón de que esta ley, la ley del año 2009, a diferencia de la de 1994 y de la de 1984, la hacemos con mucha más experiencia, con mucho más
conocimiento. En el año 1984 no había ni un doctorado, ni un doctorando ni una universidad que trabajasen en estos temas. Hoy en todas las universidades,
en todas las cátedras, se trabaja el tema del derecho de asilo. Hay expertos por doquier a los que se ha consultado y con los que se trabaja desde la administración. Tenemos mucha más experiencia de la que teníamos. Si a España no llegan
tantos refugiados como llegan a otros países y se reconocen menos estatutos, es porque no llegan aquí. Miren de dónde vienen y se darán cuenta de que los países de los que vienen esas personas tienen muchos problema, pero entre esos problemas,
afortunadamente para ellos, no está el de la persecución a las personas por su ideología o la violación de sus derechos político o de sus derechos humanos. Tienen motivos para salir de esos países, pero no por estas razones. Si en otros países hay
muchos más solicitantes de asilo y muchos más refugiados es porque hay otros países, como es el caso de Alemania, en los que la única forma de procesamiento de los flujos migratorios es a través del asilo. Eso ustedes lo saben. Finalmente,
señorías, creo que con esta ley contribuimos a defender y proteger a los que son perseguidos, a los que ven vulnerados sus derechos humanos o tienen temor a ser víctimas de una violación de esos que, para nosotros, son sus derechos fundamentales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Anuncio a la Cámara que en el orden del día se encuentra incluido el examen de la reforma de la legislación procesal en relación con la nueva oficina judicial. Por modificar ley orgánica exige votación de conjunto.
De acuerdo con el
Reglamento, anuncio que la misma no tendrá lugar antes de la trece horas de esta mañana.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO. (Número de expediente 121/000015.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos el examen de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar tiene la palabra don Joan Herrera.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, en primer lugar quiero hacer una crítica a la técnica legislativa, para después entrar en materia. Critico la técnica legislativa porque ustedes saben que hoy precisamente estamos hablando de la
regulación sobre las sociedad anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario y lo sustancial que viene sobre esta ley no es sobre el mercado inmobiliario, es sobre modificaciones en el tratamiento de residuos nucleares de Enresa o sobre
cambios sustanciales en las energías renovables. La pregunta es: ¿en qué se ha convertido esta ley? ¿En qué se ha convertido el Senado? Está claro en lo que se ha convertido esta ley, en una ley de acompañamiento; una ley de acompañamiento al
uso, pero sin decir que es una ley de acompañamiento.
Un humilde diputado se pregunta: entonces, ¿para qué acabamos suprimiendo la ley de acompañamiento? Como mínimo, tenía los instrumentos y las garantías para poder discutir todo lo que teníamos
que discutir. La segunda pregunta es: ¿en qué se ha convertido el Senado? La respuesta es sencilla: el Senado aparece de forma frecuente como aquella institución que, casi de tapadillo y en el último minuto, sirve a algunos para colocar
enmiendas que no tienen nada que ver con la ley que se está discutiendo. Por tanto, esta es la primera crítica, la crítica al método; creo que no nos merecemos como legisladores, ni por supuesto la ciudadanía tampoco se lo merece, técnicas
legislativas como las que hoy estamos sometiendo a debate. Vamos a hablar de la Ley reguladora de las sociedades anónimas cotizadas en el mercado de inversión inmobiliaria y ya les digo que mis críticas no van a ir sobre ese aspecto, sino sobre lo
que ahora voy a relatar. Primera crítica, en esta ley vienen enmiendas que modifican, de forma sustancial, en su disposición adicional novena, la Ley sobre Energía Nuclear y la Ley del Sector Eléctrico. Sobre el residuo nuclear, no voy a entrar en
materia. El problema es la cuestión.
¿Por qué nos traen hoy aquí, precisamente en la Ley de Socimi, esas modificaciones que quería impulsar Enresa? ¿No hubiese sido razonable que eso se discutiese en la Ley de Energía Nuclear o en la Ley del
Sector Eléctrico? Pues bien, nos encontramos con modificaciones, que podemos discutir en diferentes términos, que afectan a la gestión de residuos nucleares. La pregunta -y les confieso, la sospecha- es que ustedes hoy lo traen aquí por la
sencilla razón de que a Enresa le han cogido las prisas. Porque Enresa entiende que tiene que hacer una gestión de los residuos nucleares porque quizá se tenga que acelerar algún tratamiento sobre dichos residuos y por ello quiere tener un marco
normativo claro.
Por eso lo traen en la Ley de Socimi, porque si no, no es ni razonable ni asumible que se haya hecho lo que se ha hecho; no es ni razonable, ni asumible, ni comprensible y por eso nosotros lo hemos criticado.
La segunda crítica, y aquí sí que nos vamos a poner más duros, es una modificación que vino de una enmienda de Convergència i Unió en torno a un cambio muy sustancial respecto al régimen por el que se tiene que regir la energía termosolar.
Las críticas nos han llovido de todos lados, del vicepresidente Chaves, de comunidades autónomas de todo color, de sectores empresariales más que notables, y la pregunta es: ¿Por qué se introdujo esta enmienda? Yo sé y entiendo una explicación.
Aquí hubo quien aprobó un real decreto en materia eléctrica que lo que hacía era invadir competencias, desde nuestro punto
de vista de forma clara, y hubo quien quiso arreglarlo. El problema está en que, después de meter la pata, al sacarla se la acabó rompiendo. Este fue Convergència i Unió, porque introdujo una enmienda que solventaba muy parcialmente
algunos aspectos competenciales, pero que ponía en pie de guerra a todo el sector. Esta es la película. La pregunta es: ¿La paternidad de la enmienda es totalmente de Convergència i Unió? Aquí es donde a algunos nos surgen serias dudas. Creemos
que no. Creemos que se tenía que solventar el elemento competencial, asignatura que continúa pendiente, pero que quizá aquellos que no habían hecho los deberes o aquellos que tenían opiniones contradictorias sobre cuál debía ser el régimen de
retribución de la energía, y concretamente de la termosolar, lo que hicieron es cambiar el sistema de primas de un plumazo, en el último minuto y en ese trámite del Senado. Aquí es donde viene el problema gordo de lo que hoy estamos discutiendo.
Podría leer múltiples declaraciones, desde la de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, hasta la de Andalucía, opiniones que vienen desde Cataluña y de todos los rincones de España, y hay quien lo explica de forma muy
gráfica. Cada planta tiene una inversión media de 300 millones de euros. Hoy existen proyectadas inversiones en 35 centrales solares termoeléctricas; en la fabricación de los componentes y en la construcción se emplea un equivalente de 10.000
empleos por año.
Eso es lo que nos jugamos. Después podremos hablar de si la reducción es superior o inferior, pero lo podríamos discutir en otro marco, no de tapadillo en el Senado. Eso es lo que nos jugamos. Esta gente estaba operando con unas
reglas. Sí, las del Real Decreto 661/2007. Eso es lo que había. Y a los operadores les tienes que dar seguridad jurídica y perspectiva económica. El problema de fondo es que la modificación de la ley que se pretende aprobar suponía que solo 500
megavatios podrán recibir la prima vigente actualmente. ¿Y qué pasa con los mil restantes? Ellos verán. Eso es lo que nos plantea la propuesta que hoy se discute. Y eso es lo que hace que nuestro grupo parlamentario diga que esto no se puede
hacer así, que no se pueden dejar colgados de la brocha a miles de empleos y a miles de inversores, y que es una irresponsabilidad que cuando se está predicando que España puede liderar en energías renovables, hagamos, de tapadillo y en el Senado,
un cambio sustancial como el que se ha hecho. Yo sé que esto se va a levantar, que finalmente no lo vamos a hacer y es positivo que sea así. Pero creo que hoy deberíamos hacer todos una reflexión, que sé que también la va a hacer el Grupo
Parlamentario Socialista y que espero que la haga el Gobierno, sobre todo un ministerio y un ministro, y es que en estos temas así no se puede funcionar ni se puede continuar. Esta es una reflexión que debemos hacer de forma compartida, serena y
tranquila. Debemos solventar los temas competenciales porque hubo una invasión competencial. Todas las comunidades autónomas se están quejando del tema y además han interpuesto recursos, como digo, de todos los colores. Seguramente opinan lo
mismo miembros del Partido Popular, miembros del Partido Socialista y miembros de Iniciativa, y de Convergència i Unió seguramente también. Solventemos el tema competencial y levantemos esta enmienda que viene del Senado para no ir por esos
derroteros.
Para acabar, señora presidenta, nos gustaría que de este trámite parlamentario sacásemos alguna lección. La lección es -y vuelvo al principio- que se tiene que acabar con esta forma de legislar. Soy de la opinión de que es bueno que no
haya ley de acompañamiento, pero si quieren hacerla, vuelvan a lo que había. En cualquier caso, no nos sometan a estos procedimientos en los que, en torno a las sociedades cotizadas del mercado inmobiliario, tengamos que terminar hablando de
residuos nucleares y del régimen de retribución a la energía termosolar.
No son formas y espero que cosas como las que han pasado, no vuelvan a pasar en el trámite del Senado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respeto a la Ley de las Socimi se va a basar en la disposición final décima, que es la que hace referencia a una serie de aspectos y
modificaciones que se han producido en el Senado respecto a las energías renovables. Y aunque aparezca una contradicción, Convergència i Unió va a votar en contra de la disposición final décima y, al mismo tiempo, va a pedir al resto de los grupos
parlamentarios, especialmente al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, que vaya en la misma dirección, que podamos votar todos negativamente una enmienda que curiosamente fue aprobada con nuestro voto favorable, con el del Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado y también con el voto favorable de los representantes del señor Herrera, el Partido Comunista, y los ecosocialistas, porque, a pesar de la crítica que ha hecho en sus manifestaciones en esta Cámara, en el Senado
también la votaron favorablemente. Por tanto, que cada palo aguante su vela. Está muy bien dar lecciones de alta política, pero después, en la práctica, resulta que su partido forma parte del tripartito del Gobierno de Cataluña, Iniciativa per
Catalunya-Izquierda Unida, Esquerra Republicana y el Partido Socialista, única comunidad autónoma que está paralizando las instalaciones de energías renovables. O sea, señor Herrera, predique con la palabra. Usted aquí dice una cosa y allí
paraliza los proyectos empresariales de energías renovables. A la vista están las estadísticas de lo que se está realizando en Cataluña.
Vamos directamente a la enmienda en cuestión. Digo contradicción porque esta disposición corresponde a una enmienda que presentó Convergència i Unió en el Senado y que inicialmente perseguía única y exclusivamente, señorías, que las
comunidades autónomas recuperaran las competencias. Iba dirigida justamente a la eliminación del prerregistro de las energías renovables, ya que a juicio de Convergència i Unió es a las comunidades autónomas a las que corresponden las
autorizaciones para emprender los proyectos empresariales. Pero también es cierto, señorías, que esta enmienda de Convergència i Unió fue transaccionada con una enmienda del Partido Socialista. El resultado final de esta transacción ha sido letal
para las energías renovables por la maldad, diría yo, de esta enmienda transaccionada y contaminada con la enmienda socialista. La verdad es que nosotros tardamos veinticuatro horas en descubrir que el objetivo que se perseguía desde Convergència i
Unió no era el que finalmente resultaba ser. Por lo tanto, repito, era una enmienda producto de esta transacción del Partido Socialista con la de Convergència i Unió que resultaba ser letal para las energías renovables.
También era una realidad que la adenda socialista, la enmienda socialista, eliminaba de facto la financiación de los parques eólicos y termosolares hasta que se decidieran las nuevas primas, creando en el sector incertidumbre e inseguridad
jurídica. Al mismo tiempo, también se incorporaba la duda o la incertidumbre de que tampoco se podía saber a ciencia cierta si había posibilidad de poderlos conectar con la red.
Esto, señorías, no lo podemos consentir desde Convergència i Unió, no
lo podemos tolerar y por este motivo les vamos a pedir que voten en contra esta enmienda cuyo origen era de Convergència i Unió y que después fue enmendada y transaccionada con otra enmienda del Partido Socialista que ha resultado ser letal. Si con
la aprobación de esta enmienda hemos lesionado, perjudicado o creado ansiedad e incertidumbre en el sector de las renovables, pedimos disculpas públicamente porque tampoco nos da miedo pedir disculpas. Nos hemos equivocado aceptando esta enmienda
del Partido Socialista en el Senado, pero a continuación hay que decir también que aquí no hay perdedores ni ganadores. Ayer escuché estupefacto unas declaraciones del vicepresidente tercero del Gobierno diciendo desde Andalucía: ¡Vamos a votar en
contra de la enmienda de Convergència i Unió!, como si ellos no tuvieran culpa en esta transacción. Aquí no hay perdedores ni ganadores. Y hay que decir a continuación que las negociaciones llevadas durante todos estos días con el Gobierno
Socialista, con el Grupo Parlamentario Socialista, con el ministro de Industria, con el secretario de Estado de Energía, han ido en la misma dirección: consensuar este voto negativo y arreglar de cara al futuro todos aquellos aspectos que puedan
tener incidencia en el tema de las energías renovables. Por lo tanto, al final decisión consensuada ya que como con esta enmienda, que iba con una intención clara y concisa de eliminar o de devolver a las comunidades autónomas las competencias
sobre energías renovables, el resultado no era el que nosotros perseguíamos y perjudicaba notablemente a dicho sector, hemos consensuado votar en contra. Y aquí no ha pasado nada. Desde esta perspectiva, hay que tomar ejemplo para que de cara al
futuro todas aquellas cuestiones que afectan al sector de las renovables y al sector eléctrico se hagan de otra manera, a fin y efecto de evitar incertidumbres. Desde Convergència i Unió planteamos y creemos que es totalmente necesario incrementar
el diálogo con todos los sectores reguladores, del sector eléctrico en general y de las renovables, básicamente con el objetivo de intentar conseguir o asegurar un proceso inversor constante que, por descontado, permita a nuestro país satisfacer,
por un lado, las obligaciones contraídas en materia de emisiones en el ámbito de generación renovable y, por otro, acometer todos aquellos ahorros económicos y mejoras tecnológicas de las energías renovables en un marco regulador estable y
predecible. De esta forma, señorías, se generará un nivel de inversión suficiente y constante y la industria renovable española se podrá desarrollar sin sobresaltos en el mercado de origen. Por tanto, sirva esta lección para que, en el futuro, en
todas aquellas legislaciones que hagan referencia al sector eléctrico, al sector de las renovables, se pueda plantear, incrementando al máximo el diálogo entre los sectores reguladores, los sectores afectados, a fin y efecto de poder consensuar una
serie de medias que vayan justamente en beneficio de lo que persigue no solo el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sino seguro que también todos los grupos parlamentarios.
Era importante e interesante remarcar, recalcar cuál era el sentido de esta enmienda transaccionada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la adenda que ha planteado después el Partido Socialista. Era importante
aclararlo públicamente, decir públicamente que en el Senado quizás no hubiéramos tenido que votar esta enmienda transaccionada, sino que se hubiera tenido que votar única y exclusivamente la enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), a fin y efecto de no plantear ansiedad, incertidumbre en el sector de las energías renovables. Esto no fue así, pero para esto está el Senado. El Senado a veces está para modificar, cumplimentar y profundizar legislaciones
que se han hecho en esta Cámara, pero no ha sido la primera vez que en el Senado se ha perjudicado una enmienda o una legislación que venía del Congreso, y para esto está otra vez la vuelta al Congreso, para enmendar lo mal que se ha hecho en el
Senado, nada más. Y aquí tampoco procede, pues, que venga el señor Herrera y nos dé estas lecciones de alta política, de alta legislación, cuando justamente su partido, Esquerra Republicana, y el Partido Socialista están entorpeciendo cada día, a
lo largo de esta legislatura, todas aquellas instalaciones de energías renovables que podrían estar en marcha y funcionando. La Consejería de Medio Ambiente, a cuyo cargo está una persona del partido que representa aquí el señor Herrera, está
entorpeciendo,
torpedeando, dinamitando muchos proyectos empresariales que hoy estarían a la luz pública y que por la gestión de estos señores y del tripartito es imposible. Por tanto, señor Herrera, lecciones de alta política aquí no sino allí, en el
terreno, en el territorio, que es donde ustedes han demostrado que lo que usted predica aquí es justamente lo contrario de lo que ustedes hacen allí.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sometemos hoy a consideración las enmiendas del proyecto de ley que viene del Senado por la que se regulan las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Este proyecto de ley debía tener por objetivo establecer
el marco jurídico necesario para introducir en el sistema fiscal español un régimen similar a los REIT existentes en otros países de nuestro entorno destinados a aquellas sociedades cuya principal actividad es la inversión directa o indirecta en
activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler. El Grupo Parlamentario Popular consideró entonces y sigue considerando hoy que este régimen especial es un buen camino para contribuir a normalizar la situación del mercado inmobiliario
español y, por eso, contribuyó en su día con sus enmiendas en el Congreso y en el Senado a mejorar dicho proyecto de ley. Tras su paso por la otra Cámara, recibimos un proyecto de ley con modificaciones sustanciales, que en vez de suponer una
mejora para la norma y contribuir a intensificar los efectos positivos que pudiera tener en el mercado inmobiliario español, suponen una perversión de los motivos para los que fue propuesta y una modificación sustancial de la regulación de
determinados sectores, de forma especial el energético, para lo cual en modo alguno se redactó ese proyecto de ley.
Las enmiendas que tienen mayor entidad y que hoy se someten a consideración del Congreso poco tienen que ver con las Socimi. Afectan en exclusiva y en su mayoría y de forma muy importante al sistema, al sector energético nacional. El
Gobierno ya está utilizando la tramitación de este proyecto de ley para dar un vuelco a la regulación del sector energético y, además, lo hace de tapadillo. Lo hace al eliminar el registro creado en abril de preasignación de retribución para
determinadas instalaciones de régimen especial; lo hace para crear una nueva tasa sobre el tratamiento de residuos de la energía nuclear; y lo hace también al modificar la Ley del sector eléctrico. ¿A qué responde esto, señorías? A que estamos
como siempre, con un Gobierno sin criterio, sin iniciativa, que no inspira confianza para sacar a España de la crisis. Sí, señorías, ya sabíamos que no tenían política económica; o lo que es peor, su política económica es la del paro, la del
déficit, la de la subida de impuestos y, también, la que pone en riesgo -como dicen hoy la Comisión Europea y el señor Almunia- la sanidad y las pensiones de los españoles de hoy y de mañana. Hoy también sabemos que no tienen una política
energética creíble, que lo que dijeron hace cinco meses se lo cargan en cinco minutos con tal de sacar adelante los presupuestos, condenando a todo un sector al caos y la confusión, y poniendo en riesgo más de 10.000 millones de euros de inversión
empresarial y más de trescientos mil empleos en un sector estratégico y clave de la economía española.
Señorías, la aprobación de estas enmiendas suponen un cambio regulatorio más -el tercero en un año-, cuando los continuos cambios regulatorios en el sector de las energías renovables afectan de forma grave a la seguridad jurídica con la que
tienen que contar proyectos de inversiones que se hacen a largo plazo y que cuentan con importantes inversiones empresariales. El frenesí regulatorio retrae a los inversores y dificulta la financiación de dichas operaciones. Quizá, señores del
Gobierno, quizá, señores del Grupo Socialista, desde el Ministerio de Economía y desde el Ministerio del Industria se deberían plantear alguna dimisión por esta enmienda, que nace transaccionada a la de CiU y que pone en riesgo y en caos a todo el
sector energético.
Señorías, en un país en crisis el sector energético debe ser uno de los pilares de la recuperación y de la competitividad. Sus empresas deben ser uno de los motores especiales y principales del crecimiento que tiren de la economía y
reactiven la inversión y el empleo. Para ello, solo necesitamos una cosa, reglas claras, seguridad jurídica e impulso decidido a la innovación y a la inversión empresarial. Señorías, seguridad jurídica es confianza. Las chapuzas normativas y los
cambios de criterio que ustedes hacen solo traen ruina económica, más paro, menos inversión y un descrédito internacional de incalculables proporciones.
Sí, señorías, habíamos conseguido dar confianza a la inversión extranjera en España con mucho
esfuerzo y con mucho trabajo, y ustedes lo dilapidan a la primera de cambio. Además, estos cambios normativos vuelven a castigar a los más débiles, a los de siempre. Me estoy refiriendo a los territorios de España que más necesitan el impulso del
Gobierno; aquellos que necesitan que superen esta crisis. Señorías, me estoy refiriendo a Andalucía, a Castilla-La Mancha, a Extremadura, que son hoy líderes en energías renovables, que cuentan con muchos proyectos de inversión, y ustedes están
poniendo en peligro esa inversión y ese empleo en esas comunidades autónomas.
Señores del Gobierno, señores del Partido Socialista, sean serios, la modificación de las reglas de juego introducidas de rondón en el Senado sin el acuerdo con el principal partido de la oposición, sin consultar al sector energético,
resulta escandaloso, sobre todo, si lo que se pretende -como dice el presidente- es lograr un pacto con el principal partido de la oposición. Sí, señorías, ustedes nos piden, por un lado, un pacto, y después
toman dos decisiones muy graves: la primera el cierre de Garoña y la segunda un cambio normativo sin precedentes que condena a las renovables al caos y a la confusión jurídica. Señores socialistas, el Grupo Parlamentario Popular no va a
ser cómplice de esa tropelía jurídica. Si quieren un pacto de Estado voten hoy no a esta enmienda del Senado, que no es más que inseguridad jurídica, ruina económica y más paro para nuestro país. Sí, señorías, expliquen desde esta tribuna si
quieren un pacto con el Partido Popular, expliquen desde esta tribuna que van a votar no a esa enmienda que ha sido propuesta por el propio Ministerio de Industria y expliquen que van a rectificar su política energética para hacer seguro el sistema
energético, con reglas claras y con mucha mayor seguridad jurídica en el presente y en el futuro. Si no, no pidan pactos con el Partido Popular que no pueden cumplir.
Señores del Gobierno, señores socialistas, estas modificaciones normativas resultan además llamativas cuando están todo el día anunciando una nueva ley de economía sostenible, en la que el apoyo a las energías renovables parecía ser el
principal pilar de la ley. A ustedes, señorías, se les llena la boca de hablar de energías renovables, incluso el señor Zapatero, en su conversación con el señor Obama, ha pretendido hablar de las energías renovables, pero luego la realidad les
traiciona, porque cuando llegan al BOE, cuando llegan a la normativa del día a día, lo que hacen es condenar a un sector a la incertidumbre y al desastre económico.
Señorías, las renovables exigen consenso y creación de un marco regulatorio claro y
estable en el medio y en el largo plazo, pero con el Partido Socialista y con este Gobierno siempre tenemos lo mismo: más improvisación, más engaño -prometen lo que no pueden cumplir y luego abandonan a su suerte a los inversores y a las empresas-
y más incoherencia -ponen en marcha la nueva ley de desarrollo sostenible, dicen que apuestan por la I+D+i y a la vez asestan un golpe mortal a las empresas españolas punteras en el sector- y además las consecuencias siempre, siempre las pagan los
demás. Las pagan, por un lado, las empresas, que han iniciado proyectos comprometiendo su dinero; por otro lado, los bancos que financian esos proyectos de inversión y, lo más importante, las pagan los ciudadanos que tienen hoy un empleo y que
pensaban encontrarlo mañana. Por último, falso diálogo. No se puede pedir un pacto al Partido Popular para seguir tomando decisiones de forma unilateral. Señorías, esto es lo de siempre, el socialismo en estado puro: mando yo y que todos los
demás paguen las consecuencias, aunque eso signifique más paro, más crisis, menos inversión y, sobre todo, un futuro más incierto y más desconfianza hoy y mañana.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Mariscal Anaya: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Bañez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señora presidenta.
No quisiera perder de vista cuál es el objetivo de la ley que hoy vamos a aprobar definitivamente y cuál va a ser la nueva realidad que va a existir a partir de su aprobación definitiva. Esta ley, señorías, crea un nuevo tipo de sociedad
económica y empresarial, que empezó hace mucho tiempo en Estados Unidos, que en Europa se extendió hasta el año 2007 y al que ahora se suma España. ¿Qué son las Socimi? Son dos cosas a la vez, son, por un lado, empresas cuya finalidad es poner en
el mercado inmuebles urbanos de alquiler dedicados a la vivienda o a otras actividades y, por otro, son instrumentos de inversión que pretenden canalizar recursos financieros, tanto de pequeños como de medianos o grandes ahorradores. El resultado
es un instrumento nuevo que fomenta el mercado de alquiler, y esto se logra con un régimen fiscal favorable y, simultáneamente, con la exigencia de transparencia y reparto anual de beneficios. El resultado es algo que este país necesita, que los
socialistas propusimos en nuestro programa electoral y que ahora cumplimos. Anoten, señorías, otro cumplimiento del Partido Socialista.
Quiero poner énfasis en cuatro aspectos concretos de esta ley que van dirigidos en particular al mercado de viviendas de alquiler, cuatro medidas concretas. La primera es porque las Socimi van a poner el énfasis también en la rehabilitación
de edificios. La segunda es porque esta rehabilitación soportará un IVA reducido en lugar del normal y estas dos cosas pueden ser fuente de empleo. Escuchen señorías del Partido Popular: empleo y rebaja selectiva de impuestos. Además esta ley
aplicará una reducción del IVA al alquiler con opción de compra y también lleva incorporada en sí misma un estímulo para que las Socimi se dediquen, sobre todo, a viviendas y alquiler. Señorías, esta es una ley que en el primer trámite en el
Congreso encontró apoyos en casi todos los grupos, introdujeron mejoras fiscales no solo en las Socimi sino de amplio espectro y todos los grupos parecían contentos y satisfechos.
En el Senado mi grupo presentó dos enmiendas sustanciales que quisiera defender. La primera, de la que no se ha hablado, supone un refuerzo a la internacionalización de la economía española. Señorías, escúchenme bien.
Después de Alemania,
España ha sido el país de la Unión Europea que menos cuota de mercado internacional ha perdido. Es lógico, justo y necesario que cuanto antes sigamos ayudando a nuestras empresas en sus exportaciones y esto es lo que hacemos con una de las
enmiendas que se presentó a esta ley. La segunda tiene que ver no con la creación de una nueva tasa, sean precisos, sino simplemente con el aspecto jurídico de la tasa de Enresa que permite internalizar el cien por cien del coste del tratamiento de
los residuos radioactivos. Se trata de aplicar el principio de quien contamina, paga.
Se han transaccionado también enmiendas con otros grupos que suponen mejoras, por ejemplo en el tratamiento del IVA, para aquellas empresas o autónomos que aún no lo han cobrado y pueden posponer su pago. Es una mejora que había sido
solicitada por todos los grupos e incluso mejoramos el tratamiento del IVA en el mercado de los derechos de emisión, evitando una fuente de picaresca y fraude fiscal.
Voy a entrar en el tema que parece que le preocupa al Partido Popular. Con relación a la modificación que se introduce en la disposición final décima de esta ley que modifica el real decreto-ley de energías renovables, mi grupo comparte
solamente una parte de lo que ha dicho el señor Sánchez i Llibre. Debo recordar, para informar a las señorías que me están escuchando, que esta enmienda la firmaron todos los grupos, excepto el Grupo Popular, luego lo comentaré. Quiero plantear el
problema que tenemos en este momento. Hay que conjugar tres objetivos importantes.
El primero es que la crisis ha creado un descenso en el consumo de energía y ha generado mucha incertidumbre también en los mercados de crédito y tenemos que hacer
que esta crisis no ponga en peligro nuestro avance en eficiencia energética y energías renovables. El segundo reto que tenemos es que continuemos siendo líderes en las tecnologías renovables y en todo lo relacionado con la lucha contra el cambio
climático. Y el tercer reto es que todo esto debamos hacerlo dentro del marco competencial y, sobre todo, evitando una burbuja financiera o unos beneficios excesivos que podrían redundar en un aumento de tarifa que ninguno de nosotros quisiera.
Todo ello exige pensarlo un poco más y por ello debemos de oponernos a la aprobación de esta enmienda porque lo que queremos no es que no cambien las cosas; queremos que cambien a mejor.
Señorías, este reto lo tenemos no por improvisación sino por
éxito porque esta es una de nuestras fortalezas y la queremos mantener. No sé si son conscientes de que por primera vez en la historia de las revoluciones tecnológicas mundiales, España tiene la oportunidad de estar en el grupo de avanzadilla de
esta revolución tecnológica y el Grupo Socialista va a hacer todo lo posible para mantenernos en ella. Quiero señalar además que todos los grupos firmaron esta enmienda. El Grupo Popular no la firmó. ¿Y por qué no la firmó? No porque le preocupe
que España sea pionera en energías renovables; no porque le preocupe que nuestras empresas sean competitivas, sino porque simplemente le preocupa volver a criticar al Gobierno de España.
Señorías, dije en Comisión que la aprobación de esta ley supone un avance en los instrumentos de inversión y reactivación económica; supone -y esto es importante y querido para el Grupo Socialista- una mejora en el mercado de las viviendas
de alquiler y supone en definitiva un paso más en la construcción y fortalecimiento de las bases económicas e institucionales de nuestra recuperación económica. Espero que en ello todos los grupos nos puedan apoyar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL. (Número de expediente 121/000017.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de
expediente 121/000028.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a los puntos 32 y 33 del orden del día que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se van a debatir conjuntamente: Proyecto de ley de reforma de la legislación procesal
para la implantación de la nueva oficina judicial y proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial. ¿Va a intervenir alguien en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds? (Pausa.) Pasamos entonces al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el
señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, la verdad es que no resulta fácil afrontar el debate de una ley de estas características fundamentalmente por una razón, y es que su rótulo, su título en absoluto se
compadece con su contenido. No tiene nada que ver una ley que debería regular la estructura, la organización administrativa, la configuración de la oficina judicial, con lo que se regula en esta ley. Esto nos rememora una conocida novela del
escritor catalán Eduardo Mendoza que se titula -la habrá leído usted seguramente- El laberinto de las aceitunas, título que en absoluto tiene que ver con el contenido, lo cual lleva a la confusión al lector, lo mismo que nos ocurre o puede ocurrir a
los juristas que hayan de aplicar o interpretar el contenido de esta ley, puesto que el título de la ley en absoluto se compadece con lo que la ley regula. La ley regula una especie de zoco, de miscelánea de asuntos ajenos a la oficina judicial;
se regulan colateralmente de forma muy superficial -no sé si correcta o incorrecta- las pocas afecciones a la estructura de la oficina judicial. En concreto, la referencia al artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya está siendo objeto
de contestación aquí, hay una concentración aquí de personal al servicio de la justicia que solicita nada menos que no se reforme el artículo 521 de la Ley de oficina judicial, y menos mal que es casi lo único que se regula en materia
de estructura de la oficina judicial, porque quizás nos encontraríamos en este momento con movilizaciones de mayor entidad.
Señorías, cuando pasa una ley por el Senado pueden ocurrir dos cosas, que se produzca un quebranto de los contenidos de la ley -cosa que no es inusual- o que no pase nada. Aquí por lo menos no ha pasado nada grave; mejor dicho, sí ha
pasado una cosa relativa a una de las cuestiones que se regulan en esta ley, que es la regulación de la jurisdicción universal, porque, señor ministro, hay que tener valor para regular la jurisdicción universal en una ley que pretendidamente regula
la oficina judicial. Aquí algunos diputados que tenemos algunos trienios no estamos acostumbrados, incluso realizamos cursos con la ingenuidad propia de la juventud; don Álvaro Cuesta compartió uno conmigo sobre los principios atinentes a la
técnica legislativa y a la probidad del procedimiento administrativo o regulador, procedimiento legislativo. Esto nada tiene que ver con lo que nos enseñaron aquellos próceres, aquellos catedráticos que eran expertos externos en cómo articular o
configurar desde una forma proba y adecuada el iter legislativo en la aprobación de esas leyes.
Nos encontramos con una ley confusa, miscelánea para la que le propondría incluso un cambio de denominación. ¿Por qué no le llamamos, señor ministro, en vez de ley de reforma o reguladora de la oficina judicial, la ley de los intereses
difusos, por usar una expresión jurídicamente relevante? Ley de intereses difusos en tanto en cuanto se sabe que los intereses difusos ya permiten instar o iniciar juicios declarativos en el ámbito de la jurisdicción civil y la actuación de la
jurisdicción contencioso- administrativa; difusos porque es difuso todo lo que se regula aquí y también lo que ha sido objeto de reducción por el Senado, que nos va a obligar a pedir la votación separada del artículo 23 en relación con el contenido
del la jurisdicción universal porque también, no sé por qué razón, por qué arcanos -parafraseando la incorrecta utilización de la locución por el presidente del Gobierno el otro día- se ha reducido el ámbito de actuación de la jurisdicción
universal, excluyendo de su contenido los crímenes cometidos en tiempo de guerra. Si algún paradigma de jurisdicción o de crímenes o delitos de lesa humanidad debería considerar cualquier legislador sería ante este tipo de delitos, pero aquí, como
menos oficina judicial se regula de todo, nos encontramos con peculiares regulaciones, con peculiares penetraciones en diecisiete leyes o normas de naturaleza procesal. Ya puestos a reformar, vamos a reformar muchas, no vamos a andar con
pequeñeces, señor ministro, diecisiete, de forma sistemática, inconexa y desordenada, pero diecisiete leyes que son objeto de reforma parcial, en donde se regulan cuestiones tan variopintas y diversas como la capacidad para interponer o firmar un
recurso de suplicación a los graduados sociales, que es una cuestión polémica y que ha provocado confrontaciones y enfrentamientos con los colegios de abogados, a su vez reivindicaciones legítimas por parte de los colegios de graduados sociales, y
respecto de la cual se ha llegado a una confusa y, desde una perspectiva hermenéutica, difícil capacidad interpretativa en el Senado sobre la posibilidad de que los graduados sociales puedan firmar el denominado recurso de suplicación, que es el
recurso de apelación en otros órdenes de la jurisdicción.
Ha provocado problemas con la procura y con los procuradores mediante una difusa distinción entre las competencias de los procuradores, que plantearon ellos legítimamente, pero también en esta ley que no está para todo -esta sí que es la ley
ómnibus de verdad, señor ministro-; plantearon en esta ley una actitud defensiva contra la Directiva de servicios que ya está en trámite en esta Cámara, como usted sabe, y donde la figura de la procura queda un tanto difuminada y sobre todo esa
doble condición de los procuradores que, por una parte, tienen clientes privados pero, por otra, son personas que colaboran con la Administración de Justicia de forma institucionalizada.
Asimismo ha causado problemas o cuestiones atinentes a la jurisdicción universal. Como ya le he dicho vemos esto con prevención, porque ya que se regula la materia, que se regule bien, sobre todo ahora que en la Asamblea de las Naciones
Unidas se va a volver a reconfigurar el estatuto de la Corte Penal Internacional, que es donde deberíamos ubicar estos delitos de lesa humanidad y contra los cuales cualquier país puede entender. Mi opinión es reticente a convertir a la Audiencia
Nacional del Estado español en una especie de gendarme del mundo de todos los crímenes cometidos por regímenes dictatoriales, entre otras cosas porque ya me bastaría a mí con que la Audiencia Nacional con regularidad y con corrección realice las
funciones que en este momento tiene asignadas, que no son pocas ni de escasa entidad, como para atribuirle la capacidad de procesar por ejemplo al régimen birmano, por poner un ejemplo de las cuestiones que estamos observando. Desde esa
perspectiva, ya que lo regulamos, no lo regulemos limitativamente y explíqueme y también a la Cámara o que lo explique el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por qué se excluyen los crímenes cometidos en tiempos de guerra si es que se opta
por la regulación de la jurisdicción universal.
Los jueces de adscripción territorial, una figura nueva que ha provocado también severas reticencias en el seno de la carrera judicial. Comprendo que hay que fortalecer una planta que es manifiestamente insuficiente. No podemos convivir,
señor ministro -se lo he dicho más de una vez amistosamente y se lo repito otra vez igual de amistosamente-, con un país con 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es 28,9 jueces por cada 100.000 habitantes. Desde esa
perspectiva cualquier refuerzo de la planta judicial es bueno, pero este no me parece particularmente correcto.
Modifica elementos que configuran la carrera de los jueces y magistrados, nada menos. Ya que también
vamos a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, no sé por qué no hemos aprovechado para reformar la Constitución también en esta ley, era una ley idónea. Ya puestos en un planteamiento reformista de esta magnitud en un proceso cuasi
codificador, que es la pretensión de su precedesor -yo no le atribuyo a usted ninguna responsabilidad ni culposa ni dolosa en la confección de una ley de estas características-, que intentó alguna especie de extraño proceso de codificación,
reformando diecisiete leyes procesales y materias de otra naturaleza, por qué no vamos a reformar incluso la Constitución. Como decía, la Ley Orgánica del Poder Judicial también.
En cuanto a las funciones del personal al servicio de la Justicia, no se consigue lo que una ley de estas características debería haber logrado.
Esta es una de las deficiencias que nos gustaría glosar y con esto voy acabando mis palabras,
señora presidenta. Tenemos una oficina judicial, señor ministro -y usted conoce su configuración perfectamente-, dimanante del orden revolucionario francés, en el que un juez, en el ejercicio de sus funciones, absorbía en su totalidad el poder del
Estado que configura el Poder Judicial y de la cual pendía de forma jerárquica, vertical -mediante un sistema de dependencia jerárquica-, todo el personal al servicio de la oficina judicial: el secretario, los agentes, los oficiales, los auxiliares
y el resto del personal al servicio de la justicia. Esa estructura verticalizada es manifiestamente disfuncional, y hay que buscar elementos de transversalidad en las demarcaciones judiciales donde se implementen de forma adecuada no solo esas
estructuras de naturaleza informática sino incluso el compartimiento de servicios que se pueden prestar en régimen de servicio común. Este es el gran fallo. Si lo vamos a hacer algún día, creo más -honestamente se lo digo- en su plan de
modernización que presentó el otro día que en el contenido o las virtualidades reformadoras de esta ley, que son nulas.
Desde esa perspectiva, vamos a buscar o a configurar una oficina judicial de naturaleza transversal mediante el fortalecimiento
de los servicios comunes, porque esto es lo que mejoraría la prestación del servicio público de la justicia y lo que mejor garantizaría el derecho a la tutela judicial efectiva, a la que tienen derecho todos los ciudadanos en virtud de la previsión
del contenido esencial del artículo 24 de la Constitución. Un acto fallido, señor ministro, pero que no va a merecer nuestro voto negativo. Algunas cosas son curiosas, otras son extravagantes y otras son razonablemente buenas. Desde esa
perspectiva vamos a votar que sí, salvo al artículo 23, del que ya anuncio, señora presidenta, que efectivamente vamos a pedir votación separada, por entender que la reducción del ámbito subjetivo de actuación de los jueces españoles en relación con
los delitos de lesa humanidad, la jurisdicción universal, que se ha producido en el Senado no tiene sentido.
Señor ministro, gracias por su presencia. No le atribuimos ninguna responsabilidad en la redacción de un proyecto de ley que, más que de oficina judicial, debería calificarse como de intereses difusos o deletéreos, llámelos como quiera, y
vamos a ver si con su plan de modernización podemos configurar una oficina judicial, puesto que aquí...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... nada sobre esa materia se regula.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted.
Señorías, al señor Ridao se le había pasado su turno, pero supongo que todos los portavoces están de acuerdo en que le dé la palabra en este momento. (Asentimiento.) Señor Ridao, cuando quiera.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para expresar nuestro apoyo global a los dos proyectos de ley de modificación de legislación procesal para
la implantación de la nueva oficina judicial, así como al conjunto de enmiendas que fueron introducidas en el trámite del Senado, a excepción de la enmienda que se contrae al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referente, como ustedes
habrán podido advertir, a la jurisdicción universal, a la que, por cierto, ya nos opusimos en esta Cámara Baja. Grosso modo, nuestro grupo comparte no solo la filosofía sino también el contenido genérico de la reforma que se nos planteaba, con un
objetivo central, como era el de dotar a la oficina judicial de una mayor calidad en su servicio. Creemos además que constituye un primer paso, si se quiere modesto, para una mejora sustancial en el funcionamiento de la Administración de Justicia y
sobre todo para acabar con unas estructuras decimonónicas, aunque sea empezando por una cuestión como son las atribuciones y responsabilidades del personal jurisdiccional y no jurisdiccional, además de implementar medios materiales y técnicos para
la modernización del servicio. Así pues, estamos satisfechos de la inclusión en esta ley orgánica, en primer lugar, de aspectos como la regulación de los señalamientos, que fue una cuestión polémica y que en su día supuso diferencias de criterio
importantes entre jueces y secretarios; en segundo lugar, la creación de los jueces de adscripción territorial; en tercer lugar, algunas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar del personal laboral, así como de jueces y magistrados,
y también la equiparación de las vacaciones de los mismos al conjunto de la Función pública; y en último término la agilización de algunos trámites y procedimientos.
Debo decir, sin embargo, que nuestra satisfacción no es completa, puesto que nuestro grupo, tanto en el Congreso
de los Diputados como en el Senado a través de los senadores de L'Entesa, ya defendió sin éxito una serie de enmiendas que perseguían no solo el adecuado respeto y presencia de las lenguas oficiales distintas del castellano en la
Administración de Justicia, sino también, entre otras cosas, el respeto al otorgamiento de la casación civil a los tribunales superiores de justicia autonómicos y la creación eventualmente de los cuerpos autonómicos de secretarios. Nuestro grupo es
consciente de que el Gobierno se halla en este momento literalmente atenazado, pendiente de la resolución de unos recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, pendientes de un Tribunal Constitucional que en su día deberá o no dar
contenido y habilitación plena a lo que prevé el Estatuto de Cataluña, y esperamos que en su día la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una vez que la sentencia haya visto la luz, cumplimente y dé contenido a lo que en su día el Estatuto
preveía, no solo para el caso de Cataluña sino para el conjunto de la Administración de Justicia en el Estado.
Respecto a las enmiendas que hoy sometemos a la consideración de la Cámara, quisiéramos insistir, como ya hicimos en su día ante el acuerdo del Gobierno, del Grupo Socialista y del Partido Popular, con el concurso de otros grupos, que no el
nuestro, relativo a la limitación de la justicia universal, en nuestros argumentos en contra de aquel acuerdo. Es sabido que hasta hoy mismo la Ley Orgánica del Poder Judicial en este punto había sido una conquista irrenunciable, una conquista
propia, entendemos, de una sociedad democrática avanzada, que constituía, en nuestra opinión, un avance decisivo en la defensa de los derechos humanos de nuestra sociedad global, algo que además está implícito en un moderno sistema de justicia
internacional que defiende no solo intereses particulares privativos o de los Estados, sino también valores que son propios de toda la sociedad y de toda la comunidad internacional, más allá de los intereses, repito, particulares, porque
desgraciadamente en nuestro mundo actual subsisten todavía crímenes de especial gravedad, crímenes odiosos que permanecen totalmente impunes y que ofenden a toda la humanidad y cuestionan los derechos humanos más fundamentales. Por tanto, si hasta
ahora la ley orgánica había permitido depurar y exigir ante una jurisdicción como la española responsabilidades penales a los autores de estos crímenes atroces, eso debería haber continuado exactamente igual. Se ha hecho además, en nuestra opinión,
créanme, un uso totalmente proporcionado de lo que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. No solo eso, sino que yo creo que incluso ha engrandecido de forma importante la calidad democrática de nuestra justicia y la altura moral en el compromiso
colectivo en la defensa de los derechos humanos.
Valga el ejemplo de casos como el de Gaza, Guantánamo, el genocidio de Guatemala e incluso el caso de José Couso. Por tanto, hoy, señorías, vamos a consumar, lamentablemente, un paso atrás y un
grave error que nuestro grupo hubiera querido evitar.
Por todo ello, evidentemente, vamos a votar globalmente a favor de sendos proyectos de ley, pero vamos a votar en contra de la enmienda que se contrae al artículo 23 y desearíamos, señora presidenta, que pudiera votarse por separado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de justicia, señoras y señores diputados, hoy llega a la Cámara la fase final de una importante reforma legislativa, una reforma procesal y también de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sean estas mis primeras palabras en un
15 de octubre, ligándolo también con el tema judicial, para recordar que hoy se cumple el aniversario de la muerte por fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys, un fusilamiento que vino después de un proceso penal -hoy hablamos
de procesos, de juicios y de oficina judicial-, de un proceso penal que debe anularse, señor ministro. Por tanto, hoy, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va a pedir la anulación del juicio contra el president Companys. Yo le pido a
usted, señor ministro de Justicia, que el Gobierno apoye la anulación del proceso de Lluís Companys porque es el mejor tributo que podemos dedicarle hoy aquí, día 15 de octubre, día del aniversario de su fusilamiento, y que asuma ese compromiso,
como hará hoy el Govern de la Generalitat de Catalunya.
Señora presidenta, decía que hoy termina esa fase de la reforma procesal, una reforma que se originó en la pasada legislatura y que finalmente no llegó a buen puerto, una reforma por la que han pasado ya diversos titulares en el ministerio
de Justicia y nadie antes había logrado que el acuerdo y el consenso fueran posibles para aprobar una reforma de esta magnitud. Quiero enfatizar que no sería positivo que se aprobara una reforma como la que hoy vamos a aprobar sin que el principal
partido de la oposición también se sumara a la misma, porque son reformas de los procesos, de la oficina judicial, de los señalamientos, que tienen en sí la necesidad de un gran acuerdo en esta Cámara. Por tanto, hoy llega ese gran acuerdo, debemos
felicitarnos por ello y debemos felicitar al ministro de Justicia porque ha sido capaz de aunar esfuerzos y llegar finalmente al consenso que hoy tenemos en esta Cámara. Por tanto, creo que este es un dato político que no podemos obviar. Segundo
dato: hay novedades en las leyes que hoy vamos a aprobar. Nosotros tenemos un punto de discrepancia en algo que creemos que puede llegar a ser inconstitucional, lo relativo a los depósitos para recurrir. Hay dos aspectos en los depósitos para
recurrir, el aspecto de fondo y el aspecto de forma. Con independencia del fondo, en
cuanto a la forma, quién recibe ese depósito y cómo se administran esos fondos, entendemos que ataca directamente a las competencias de aquellas comunidades autónomas que tienen atribuida la Administración de Justicia y que tienen, en el
caso de Cataluña en el título tercero del Estatut, del Poder Judicial en Cataluña, atribuciones propias que hacen que esta nueva reforma de la ley orgánica vulnere directamente las competencias de la Generalitat en ese aspecto. Con eso no podemos
estar de acuerdo y por eso quería ponerlo encima de la mesa.
También quería poner encima de la mesa hoy asignaturas pendientes, señor ministro, que nos quedan; asignaturas pendientes en lo que debe ser el impulso decidido del Gobierno en los proyectos de ley de desarrollo estatutario en materia de
Poder Judicial. Este es un compromiso que Convergència i Unió ha adoptado con el ministro Caamaño y con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Villarrubia; el compromiso es que tendremos los proyectos de ley presentados en este
periodo de sesiones. Por tanto, que se presentarán. Yo le pido, señor ministro, que no esperemos la sentencia del Tribunal Constitucional, que llegará o no, porque esto es independiente. Aquellos que hemos aprobado el Estatut creemos en su
constitucionalidad y le vamos a dar el desarrollo en este caso en el ámbito del Poder Judicial en Cataluña o del Poder Judicial en Andalucía, porque el planteamiento es idéntico. Por tanto, le pido, señor ministro, lealtad; no hace falta esperar
ninguna sentencia. ¿Que se da y es coetánea? Ya veremos cómo encaja la reforma que el Gobierno proyecte, pero no podemos dejar de presentar un proyecto porque alguien ha recurrido un estatuto de autonomía, ya que sería tanto como dar la razón a
los recurrentes, y creo que ni usted ni yo estamos dispuestos a darles la razón porque creemos que es una norma constitucional y, por tanto, tenemos la obligación de desarrollarla cuando llevamos más de tres años desde su aprobación. Por tanto, es
una asignatura pendiente que queremos enfatizar porque, igual que le felicitaba, señor ministro, por el consenso obtenido y nos sumamos a él, es bueno y pertinente tener hoy en cuenta que es una asignatura pendiente que debemos desarrollar.
Ha habido aspectos de amplio consenso en este proyecto de ley que han obtenido incluso la unanimidad. Uno de ellos es la intervención de los graduados sociales en el recurso de suplicación, que viene reconocida por unanimidad tanto del
Congreso como del Senado; en el Senado se han hecho unas precisiones técnicas que vienen no a introducir confusión, como decía el señor Olabarría, sino que refuerzan que únicamente en ese ámbito de la jurisdicción laboral quienes ya han llevado ese
proceso puedan después también intervenir plenamente en el recurso de suplicación. Por tanto, ha quedado clarificado desde el consenso al que se había llegado desde el Partido Socialista y desde el Partido Popular. En consecuencia, creo que es
bueno también poner en valor ese amplio consenso conseguido.
En el ámbito de la jurisdicción universal, señor ministro, estamos con el acuerdo global. Entendemos que si existe un acuerdo global en la Cámara es necesario que este acuerdo se
materialice en un texto, con cuantos más votos mejor porque es un tema delicado. A nosotros quizá nos hubiera gustado un planteamiento distinto, pero no teníamos más margen, y por tanto le vamos a avalar su posición como Gobierno. Pero también
queremos no dejar de ser abanderados en ningún momento de la defensa de los derechos humanos y de la jurisdicción universal. Se ha acotado, es cierto, pero no vayamos tampoco a trasladar a la opinión pública que damos pasos atrás, porque creo que
no es la voluntad compartida de hacerlo. Por tanto, entendemos el valor de ese acuerdo, podría haber sido distinta la redacción, nosotros hemos preferido sumarnos a ese consenso, pero, repito, no demos la imagen ante el conjunto de los Estados de
que damos pasos atrás en ser abanderados de una jurisdicción universal que creo que es absolutamente positiva y que debemos seguir llevando a cabo.
Termino, señora presidenta, señorías. Son muchas las reformas parciales que hoy se han llevado a cabo. Va a ser difícil la implementación práctica de este proyecto de ley. Pero entendemos que si esta es la legislatura de la justicia, como
se ha dicho tantas veces, si queremos que realmente lo sea, debemos aunar consensos desde el inicio; estamos casi en el año y medio de legislatura, y por tanto debemos ponernos las pilas en las reformas que hay que acometer. Hay un plan de
modernización y lo vamos a debatir en esta Cámara. Nosotros, como Convergència i Unió, queremos dar apoyo al Gobierno en ese cambio de la justicia. Queremos que el Gobierno sepa que en ese gran acuerdo de la justicia quiere estar Convergència i
Unió porque es necesario, porque preocupa a la ciudadanía, porque en un momento además de incertidumbre económica es necesario que la respuesta de los poderes públicos en el ámbito del Poder Judicial sea más eficaz, más directa y más próxima. Por
tanto, le damos ese balón de oxígeno, pero también le pedimos la máxima lealtad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Montserrat.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, hoy tenemos la fortuna de aprobar definitivamente la Ley de la Oficina Judicial y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que nos viene remitida desde el Senado. Fue en el año 2000, al concluir la primera legislatura del
Gobierno del Partido Popular, cuando se dio el primer gran impulso a la modernización de la justicia con la elaboración de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. En la siguiente legislatura del Gobierno popular se aprobó la reforma de la ley
orgánica,
reforma que creaba la oficina judicial. Dejen que remarque que aquella ley se aprobó gracias al Pacto de Estado por la justicia que firmó el Gobierno del Partido Popular con el principal partido de la oposición, el Partido Socialista.
Posteriormente, avatares electorales llevaron a los señores del Grupo Parlamentario Socialista a romper de forma unilateral aquel pacto so pretexto de que no se dotaba a la justicia de medios económicos suficientes, aunque luego hemos comprobado que
era, efectivamente, un pretexto, porque estoy convencida de que el señor Villarrubia en su intervención nos hablará del magnífico presupuesto para el año 2010, pero lo cierto es que este presupuesto no llega al compromiso del propio ministro y a la
orden de la Cámara de destinar 200 millones de euros a la modernización de la justicia. Es más, la promesa, que era clara por parte del Grupo Socialista, de destinar como mínimo un 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado tampoco se ha
cumplido. Y, señor Villarrubia, no sume lo que invierten las comunidades autónomas porque la promesa era clara: un 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado.
Continúo con la cronología. Después de romper el Pacto de Estado por la justicia en la pasada legislatura, el Gobierno socialista remitió un paquete de leyes modernizadoras a las Cortes Generales. Aquellas leyes tuvieron hasta 71 plazos de
ampliación de enmiendas, un escándalo, con el simple objetivo de dejar transcurrir la legislatura y que con la disolución de las cámaras los proyectos de ley decayeran, lo que efectivamente sucedió. El Gobierno socialista dejó en blanco la justicia
durante una legislatura entera, siendo absolutamente incapaz de poner en marcha la oficina judicial por el dogmatismo del su primer ministro de Justicia y por la incapacidad política completa del segundo ministro de Justicia. Hoy, en octubre de
2009, seis años más tarde, estamos solo en disposición de iniciar la implantación de la oficina judicial. Y, remarco, es solo el inicio de la implantación de la oficina judicial lo que hoy estamos aprobando. Transcurrida la primera legislatura de
la era Zapatero, durante la cual no se hizo nada en justicia, como acabo de demostrar, estuvo buscando el Grupo Socialista en todas las bancadas menos en la del Partido Popular, porque nosotros éramos malos, malísimos, los más malos de toda la
película, y ahora han vuelto ustedes a pedir el apoyo al Partido Popular para sacar adelante estas leyes. Y nosotros, entonces en el Gobierno y también ahora en la oposición, por un sentido de responsabilidad y de servicio de Estado, estamos donde
siempre estuvimos, dispuestos a sacar adelante la justicia de nuestro país. Por ello, el 28 de julio del año 2008, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, alcanzó de nuevo el acuerdo con el presidente del Gobierno para reeditar el Pacto
de Estado por la justicia. Y miren ustedes qué casualidad, que no ha pasado ni un año y ya tenemos la ley hecha y hoy la aprobamos. Sí, solo un año. Lo cual, para empezar, debería llevarles a ustedes a una determinada reflexión política: ¿quién
está siempre al servicio del Estado y al servicio de los grandes intereses en España? El Partido Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Me van a permitir ahorrar cualquier consideración pormenorizada sobre el contenido de las dos leyes. Todos los grupos políticos compartimos el objetivo de tener una justicia moderna y eficaz. Todos compartimos el objetivo de que los jueces
se dediquen a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado. Todos compartimos que debemos aprovechar un cuerpo de excelentes profesionales como son los secretarios judiciales y, por tanto, les tenemos que dar más competencias en el proceso. Hemos tenido
que reformar dieciséis leyes procesales, se ha realizado un trabajo muy intenso de todos los grupos, de los letrados de las dos Cámaras, de todos los técnicos del ministerio y de todos los asesores parlamentarios de todos los grupos de la Cámara, y
hemos sido capaces de hacer en un tiempo récord lo que deberíamos haber hecho hace seis años, y por tanto llevamos este retraso en la justicia.
Antes de finalizar, permítanme que haga un par de menciones que también han sido objeto de análisis en esta tribuna y quizá son los temas más conflictivos que se han discutido en el Senado. La primera de ellas se refiere a los graduados
sociales. Desde la tribuna me gustaría saludar cariñosamente al presidente del Consejo General de los Graduados Sociales y los miembros de la junta que hoy nos acompañan. Lo primero de todo, los graduados sociales son profesionales altamente
cualificados. Resultaba un sinsentido que los graduados pudieran representar técnicamente a sus clientes en la primera instancia y que, en cambio, no pudieran formular el recurso de suplicación en segunda instancia. El texto que nos llega del
Senado lleva una enmienda transaccionada y aprobada por todos los grupos que modifica el artículo 21 de la Ley Procesal Laboral y aporta una mejora técnica, quedando definitivamente clara la voluntad del legislador, tanto en el Senado como en esta
Cámara, de que en la segunda instancia social los litigantes podrán estar defendidos por abogado o representados técnicamente por un graduado social en el recurso de suplicación. Quiero dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de que ello
significa que definitivamente los graduados sociales podrán interponer, representar técnicamente y firmar el recurso de suplicación sin más autorización que la de su propio cliente. Con esta enmienda aprobada unánimemente en el Senado y aprobada
unánimemente en su día en la Comisión de Justicia y hoy en la Cámara, se cierra un conflicto abierto desde hace demasiados años.
La segunda mención es la justicia universal. El debate en relación con este asunto no es quién está a favor o quién está en contra de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad o del genocidio, porque sinceramente creo que
nadie en esta Cámara, ni tan siquiera en el Senado, puede reprochar a ningún otro político semejante aberración.
Ninguno defendemos los derechos humanos con más intensidad que los otros.
Creo que todos defendemos con la misma intensidad semejantes valores. No es de eso de lo que estábamos hablando, sino de la justicia universal, de cuál es el ámbito de actuación de los tribunales españoles y de la eficacia que ha de
dárseles en la labor de persecución de estos delitos.
La justicia española debe ser efectiva y no una mera declaración. ¿De qué nos sirve iniciar un procedimiento penal contra un genocida si no tenemos al responsable en nuestro territorio ni la
posibilidad de hacerle comparecer ante los tribunales, de castigarle metiéndole en la cárcel, ni incluso de hacer una investigación adecuada porque el delito no ha sido cometido en nuestro territorio? Al Estado español no le sirve de nada.
Probablemente a algún juez que se dedique a estas cosas le va a servir para cobrar cientos de miles de euros haciendo cursillos en alguna universidad americana. (Aplausos.) Pero lo que pretendió el Partido Popular con la justicia universal es que
cuando los responsables de tales delitos se encuentren en España, o cuando las víctimas sean de nacionalidad española, o cuando exista un vínculo relevante con España entonces podremos juzgarlo. No se está pretendiendo escamotear la justicia ni
crear espacios de impunidad para nadie. Se está pretendiendo que la justicia española se ocupe de lo que se tiene que ocupar. La justicia no es una declaración de principios ni una declaración institucional. La justicia es mucho más que eso,
porque lo que se dice se tiene que poder cumplir; de lo contrario, lo que estaríamos haciendo en algún caso sería dar un espectáculo bastante bochornoso y en otros crear muchas falsas expectativas ante víctimas de atrocidades que piensan que porque
se ha puesto en marcha la maquinaria de la justicia van a poder obtener justicia, cuando eso resulta al final rotundamente falso.
Mencionados estos dos puntos que han sido los más controvertidos en el Senado, el Partido Popular apoyará todas las enmiendas que vienen del Senado. Para terminar, quiero decirle al señor ministro y a toda la Cámara que estas dos leyes que
hoy se van a aprobar son solo el inicio de la modernización de la justicia. No pensemos que por la aprobación de estas dos leyes la justicia está solucionada en nuestro país. Es solo el inicio, y por tanto el Partido Popular siempre estará a favor
de conseguir que la justicia de este país no sea la gran olvidada, como lo ha sido hasta ahora.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montserrat.
Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra don Manuel de la Rocha. (Pausa.) No. Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, aprobamos hoy el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial complementaria de la misma. Quiero que mis primeras palabras sean de
agradecimiento al trabajo de todos los ponentes del Senado que han mejorado la tramitación del proyecto inicialmente aprobado y también a los del Congreso. Permítanme una mención especial a los compañeros de mi grupo don Juan Luis Rascón y don
Manuel de la Rocha, que han trabajado intensamente. No se equivocaba el señor presidente, porque don Manuel de la Rocha iba a haber llevado uno de los dos temas que se han acumulado en la tramitación de hoy, y quiero agradecérselo públicamente.
También quiero agradecer el trabajo realizado por el presidente de la Comisión, don Álvaro Cuesta.
De entrada quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor del conjunto de las enmiendas del Senado. Señorías, iniciamos con estas reformas procesales que pondrán en marcha la nueva oficina judicial la auténtica
modernización del servicio público de la justicia en España. Estas reformas suponen ya la puesta en escena del Plan de modernización de la justicia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 18 de septiembre. El objetivo es alcanzar un
sistema de justicia profesional, ágil, clara, accesible para el ciudadano y prestada en tiempo razonable. Este plan de modernización supone un conjunto de reformas normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas que se desarrollarán
durante los próximos tres años. Elemento esencial del plan es el intento de consenso y el acuerdo social del Gobierno con los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas, con la Fiscalía General del Estado y con el conjunto de los
colectivos vinculados con la Administración de Justicia. Por fin, se sientan las bases de la justicia del siglo xxi y, tras el importante esfuerzo de los últimos cinco años, donde se crearon, por ejemplo, más del doble de plazas de jueces y
fiscales que en el mismo periodo anterior, se compromete la creación de 750 jueces, 450 fiscales y 800 secretarios judiciales en tres años, junto con una financiación de 600 millones de euros adicionales en los próximos tres años, a razón de 200
millones cada año. El presupuesto de 2010, doña Dolors, recoge un incremento de 218,5 millones de euros, que suponen un aumento del 13,77 por ciento en términos homogéneos respecto a 2009 y que significa el mayor aumento en la historia de la
democracia. No conviene olvidar de dónde partimos: de 2004, 1.060 millones de euros, frente a 2010, 1.804,8. Los 218,5 millones superan los ideales 1.500 millones de euros que para ocho años recogía el ya extinto o extinguido Pacto para la
reforma de la justicia. El objetivo de llegar al 2 por ciento del PIB se va acercando paulatinamente a la realidad; no en vano en 2008 superamos la inversión en justicia en más de 4.000 millones de euros, lógicamente entre las comunidades
autónomas y el Gobierno de España, lo que supone ya alrededor del 1,5 por ciento del PIB. Por tanto, existe un plan y un presupuesto para llevarlo a cabo, existe una apuesta por el servicio público de la justicia, pese al momento de dificultad
económica del país.
Señorías, la reforma parte de la premisa de una nueva distribución de funciones y cargas de trabajo en una moderna oficina judicial que implica el reconocimiento de la figura del secretario judicial y la potenciación de sus competencias. Se
hace posible que el juez se concentre en la función constitucional que tiene, que no es otra que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De las enmiendas del Senado, hay una, interesante, a la que se ha hecho mención, importante, que hace referencia a
la posibilidad de la firma del recurso de suplicación por parte del colectivo de graduados sociales. Así, la enmienda al artículo 21.3 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que, en el recurso de suplicación, los litigantes habrán de estar
defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación será preceptiva la defensa de abogado. La solución alcanzada satisface la vieja reivindicación del cualificado cuerpo de graduados
sociales para poder firmar el recurso de suplicación, sin menoscabo del derecho de defensa, que corresponde constitucionalmente a los abogados. También se han aprobado enmiendas en el Senado al artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con
objeto de que, para dictar autos en los asuntos del Tribunal Supremo, sean suficientes tres magistrados -agilización- y para dictar sentencias, siete. Otra enmienda de cierto interés es la que fija en el término de dos días la antelación con la que
las partes tienen que solicitar la presencia en la vista, si así lo estimaran, del secretario judicial.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señorías, recoge un porcentaje elevado de las legítimas reivindicaciones de los jueces y magistrados y han sido mejoradas en el trámite del Senado a través de las enmiendas oportunas. Así,
se establecen medidas para la agilización de la justicia, se simplifica el sistema de recursos, se modifica la apelación en el juicio verbal, se crea la importantísima figura del juez de adscripción territorial para profesionalizar el ejercicio de
la función jurisdiccional y acabar con las interinidades en la medida de lo posible, se reforma el sistema de provisión de plazas en las audiencias provinciales, se aprueban medidas de mejora de la conciliación de la vida personal y familiar, se
mejora el sistema de concursos y la regulación del ascenso forzoso, se reforma y mejora su propio sistema de vacaciones.
Lógicamente, señorías, no se han podido atender las peticiones de incrementos salariales importantes que pretendían algunos
jueces en un momento de dificultad económica por el que pasa todo el país. En cuanto a las referencias sobre la modificación de la jurisdicción universal, ha habido un amplio debate en el Congreso y en el Senado. Simplemente quiero reiterar que la
reforma obedece a un mandato del Congreso de fecha 19 de mayo de 2009, con 339 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Por lo tanto, la reforma es fruto del consenso con todo lo que ello conlleva; a veces, también algunas cesiones parciales
de lo que uno preferiría para lograr el conjunto del objetivo común y completo más beneficioso para los ciudadanos.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no ha cambiado su forma de pensar ni su sensibilidad con respecto a la jurisdicción universal y a la defensa de los derechos humanos, aseveración que confirman los hechos y la historia. La
enmienda del Senado al artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la competencia de la jurisdicción española para conocer de una serie de delitos especialmente graves, establece en su apartado h): cualquiera otro que, según los
tratados internacionales y convenios, en particular los convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España. No admite mucha duda. En definitiva, señorías, más allá del debate
teórico, a veces acalorado, porque se trata de materia sensible, nuestra regulación de la jurisdicción universal sigue permitiendo que estos delitos graves no queden impunes y puedan ser perseguidos y juzgados.
Quiero concluir, señorías, felicitando al Gobierno, señor ministro, por apostar de verdad y de una vez por todas por la modernización y la mejora del servicio público de la justicia, y al conjunto de los grupos parlamentarios por su
colaboración para sacar adelante este importante paquete legislativo, que supone un punto de partida, sin marcha atrás, hacia la justicia del siglo XXI que demandan y se merecen, sin duda alguna, los ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro de Justicia, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señor presidente, señorías, tan solo unas palabras para subrayar, como miembro del Gobierno, el compromiso de estas Cortes Generales con la justicia, con una justicia moderna y
tecnológicamente avanzada; una justicia más ágil y más clara; y, sobre todo, una justicia que se preste en plazos razonables. Es este un objetivo largamente demandado por los ciudadanos y que requería una reforma legal profunda y meditada, una
reforma que reasignase funciones entre los diversos actores que intervienen en los procedimientos judiciales para ganar en especialización y en eficacia, que acortase plazos y simplificase trámites con el fin de ahorrar tiempo a los ciudadanos, que
suprimiese recursos superfluos que alargan innecesariamente los litigios en perjuicio de quien ya ha obtenido una resolución judicial. Y más importante que todo ello, señorías, una reforma que abordase todas estas cuestiones sin merma alguna del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución española. La tarea, sin duda, no era fácil. Pero, hoy, con las leyes que ahora se someten a su definitiva aprobación, podemos decir que se ha
conseguido y que España ya cuenta con el marco legal necesario para hacer real una administración
de justicia homologable en su vertiente de servicio público esencial a otros servicios públicos avanzados.
Justo es reconocer que detrás de estas leyes está el trabajo de muchos y la voluntad de acuerdo, que ha priorizado el interés general de los españoles sobre las legítimas posiciones de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara y en
el Senado. Se han plasmado en las normas las mejores soluciones para potenciar la modernización de la Administración de Justicia, pero, además, esas soluciones son, en esencia, soluciones compartidas. Hemos coincidido en el diagnóstico, hemos
debatido y también hemos consensuado. En la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados no solo han estado presentes los representantes de los ciudadanos y de las diversas fuerzas políticas de esta Cámara, sino que también, por primera vez
en la historia de la democracia española, han comparecido y manifestado su posición asociaciones de jueces, de secretarios judiciales, de fiscales, de representantes de la abogacía y la procura y especialistas de la universidad. Todos ellos han
sido oídos, todas las propuestas han sido valoradas y, como no puede ser de otro modo en democracia, el Parlamento decide.
Señorías, hoy se aprueba una reforma que afecta a un total de 16 leyes ordinarias y 4 leyes orgánicas, entre ellas la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Como todos ustedes bien saben, y aquí se recordó, el germen de una parte de esta
reforma se encuentra en efecto en la Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estableció los fundamentos de lo que entonces denominó la nueva oficina judicial. Quedaba, sin embargo, señorías, mucho por hacer. Era
necesario adoptar la legislación procesal, perfilando tareas y procedimientos hasta alcanzar un diseño completo de un nuevo modelo de organización de nuestros juzgados y tribunales que comportase una auténtica transformación funcional, pensada para
optimizar el rendimiento de la Administración de Justicia, con la plena incorporación de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. Esto es precisamente lo que se va a conseguir con la reforma que hoy culmina.
En efecto, este proceso comenzó con un proyecto de ley centrado fundamentalmente en la modificación de nuestra legislación procesal, pero a lo largo de toda su tramitación parlamentaria se ha visto notablemente enriquecido, tanto en el
Congreso de los Diputados como en el Senado. No solo se consensuaron fórmulas para temas tan debatidos y tan discutidos como el del señalamiento, sino que, además, se han introducido mejoras en el Estatuto de los jueces y magistrados y se ha creado
la figura del juez de adscripción territorial, ya mencionada con anterioridad por los portavoces, que constituye una clara apuesta por una justicia titular y de calidad en nuestro país. Promover una justicia de calidad, señorías, es también
establecer un depósito previo para recurrir, que desincentive a aquellos que, abusando de su derecho, prolongan injustificadamente los procesos judiciales, en detrimento del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes intervinientes en
el proceso; un depósito cuyo rendimiento será directamente destinado a la modernización de la justicia y a robustecer nuestro sistema de asistencia jurídica gratuita.
Todo esto forma parte de la reforma, una reforma que persigue en definitiva dotar de unidad, de racionalidad y de simplicidad a nuestro sistema de justicia, para conseguir con ello que el Poder Judicial, además de llevar a cabo su cometido
de juzgar y ejecutar lo juzgado, cumpla con absoluta independencia e imparcialidad su tarea como administración y, por tanto, como un servicio público esencial, del que dependen ni más ni menos que las garantías de nuestros derechos y de nuestras
libertades.
Concluyo reiterando mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por el trabajo bien hecho. Señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 121/000024.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el punto VIII: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios en los puertos
de interés general.
Para la defensa del proyecto, ¿desea hacer uso de la palabra el Gobierno? (Pausa.) Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor presidente, señorías, como saben todos ustedes, el sistema portuario es un instrumento determinante en la economía de España. Y en ese marco son necesarias reformas estructurales que
impulsen la competitividad de la economía española, fortaleciendo el crecimiento a largo plazo; que mejoren el funcionamiento de determinados sectores estratégicos de nuestra economía, y que, por supuesto, reduzcan las cargas administrativas.
Porque, para alcanzar la recuperación, señorías, hay que dar un impulso adicional, a juicio del Gobierno, a las reformas estructurales, para conseguir que esta sea más rápida y a su vez sea más duradera, especialmente en términos de empleo. En este
sentido, los puertos tienen una enorme importancia, una importancia central, como proveedor de infraestructuras y servicios para el transporte, para la logística de mercancías y también para el desplazamiento de viajeros. Para
hacernos una idea de la posición que ocupan, basta con señalar que el 85 por ciento de las importaciones y más del 50 por ciento de las exportaciones de nuestro país se mueven a través de nuestros puertos. La economía de España, pues,
depende en gran medida de los puertos. Eso es lo que hace que se consideren infraestructuras básicas de interés general. Por tanto, requieren de una visión de Estado, con el fin de velar por el equilibro entre los intereses de los diferentes
sectores implicados en su actividad.
Los puertos son un nodo de concentración de actividad industrial y económica, ligados íntimamente al funcionamiento de los mercados de su área de influencia, pero también ligados a la economía nacional. Hasta tal punto es así, que la
evolución de los tráficos en los puertos es un claro indicador de la marcha de la economía en su conjunto. Su recuperación será precursora de la recuperación de la economía nacional junto a la del resto de los países de nuestro entorno con los que,
a través de los puertos, tenemos relaciones comerciales. Además, la península Ibérica es periférica con relación al resto de Europa y está situada muy próxima a las grandes rutas interoceánicas. Estos factores debemos entenderlos como una
oportunidad para seguir potenciando nuestro transporte marítimo, para competir en este mercado y convertirnos en pieza clave de la red de transporte marítimo a escala internacional.
Con este marco de referencia, el sistema portuario de titularidad estatal ha venido realizando un gran esfuerzo inversor en los últimos tiempos, un esfuerzo inversor amplio y sostenido, para ir adaptando las instalaciones portuarias a la
evolución previsible del tráfico portuario y para potenciar la posición de los puertos españoles como nodos logísticos estratégicos del transporte, fomentando la intermodalidad con otro modo de transporte y mejorando la accesibilidad terrestre de
los puertos; para impulsar el transporte marítimo de corta distancia, con los beneficios medioambientales derivados de ello, contribuyendo a la movilidad sostenible reduciendo de manera significativa las emisiones de CO2; también para promover el
desarrollo de nuevas tecnologías, situando a nuestro país en la vanguardia de la infraestructura portuaria en el tratamiento de todos los elementos que afectan al mar y para fomentar actuaciones tendentes a la integración puerto-ciudad, convirtiendo
a los puertos en la tarjeta de presentación de muchas de nuestras ciudades y proporcionando lugares de convivencia para los ciudadanos. Pero precisamente este esfuerzo inversor realizado hasta la fecha con el objetivo de generar nuevas
infraestructuras portuarias debe dar un paso más, debe dar otro paso: el objetivo de la eficiencia y el objetivo de la competitividad, del máximo aprovechamiento posible de las infraestructuras ya existentes y de las que se vayan poniendo en
servicio en los próximos años.
En esta coyuntura única y con este objetivo tan ambicioso adquiere su verdadera medida el proyecto de ley que se trae hoy a esta Cámara.
Señorías, es el momento de dar el paso definitivo hacia el modelo de futuro del sector portuario, que
nos ayude a preparar el camino para la salida de la crisis fulminando el esfuerzo inversor; que contribuya al cambio de modelo productivo fomentando el transporte marítimo y también ferroviario a él vinculado con sistemas sostenibles y compatibles
con un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente; que fortalezca la cohesión territorial mediante la articulación eficiente y competitiva de todo el sistema portuario. Un modelo de futuro en el que las inversiones estén acompañadas de
un régimen económico y de prestación de servicios que permita corregir disfunciones que aún existen en el sistema portuario. Es, por ello, esencial mejorar aquellos aspectos que, garantizando a cada puerto la autosuficiencia económica, permitan una
gestión más eficaz y una reducción de los costes portuarios. Sin embargo, la consecución de estos objetivos y la apuesta decidida por el modelo de futuro de nuestros puertos necesita de una vez por todas de un marco estable y de un marco
consensuado.
Efectivamente, el sistema portuario español ha estado sometido en las sucesivas leyes que lo han ido regulando a los vaivenes provocados por la ausencia de un amplio consenso sobre su contenido. Así sucedió en la ley del año 1992, así
sucedió en su modificación en el año 1997 y en la actual Ley 48/2003, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Debemos ahora superar estos antecedentes y proporcionar al sistema portuario español el
modelo estable y definitivo que se merece. Este consenso debe poner las bases para afrontar el futuro con plenas garantías, resolviendo de manera satisfactoria las cuestiones que puedan hacer nuestros puertos cada vez más competitivos. Primero,
establecer un régimen económico común pero flexible, que permita a los puertos actuar de manera competitiva en el mercado teniendo en cuenta sus propias singularidades. Segundo, garantizar una prestación adecuada de los servicios portuarios con un
sistema que incentive la competencia y que evite situaciones de posición dominantes. Tercero, articular mecanismos de mayor coordinación, eficacia e intervención del sistema portuario, para abordar con garantías las disfunciones que se produzcan en
el mismo. Cuarto, proporcionar un modelo único de estiba que evite distorsiones en su funcionamiento, un modelo que apueste también de manera decidida por la sostenibilidad ambiental; que fomente la intermodalidad con mejores accesos ferroviarios,
como catalizadores de la proyección económica de cada puerto en su entorno y de la eficiencia medioambiental en el transporte; que dote definitivamente al sistema de un reglamento de explotación y policía que proporcione un marco común de
funcionamiento de los puertos, y, por último, algo que nos parece también relativamente importante, muy importante, que reconozca la situación ultraperiférica de Canarias y la situación especial de Baleares, Ceuta y Melilla.
Este es el reto del sistema portuario del interés general: culminar el esfuerzo realizado hasta el presente construyendo las bases de futuro. La oportunidad la tenemos
aquí y ahora, una ocasión para el debate, pero también una oportunidad para el acuerdo, para un acuerdo con el que aprobar este proyecto de ley con el mayor consenso posible en esta Cámara. Siendo así, y el Gobierno va a hacer todos los
esfuerzos para que sea así, todos seremos partícipes del modelo portuario del futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En el debate de totalidad corresponde ahora el turno en defensa de las enmiendas. ¿Por el Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa.) Intervendrá solamente el señor Canet. Muy bien. Pues él tiene la palabra.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Señor ministro, señorías, coincidimos con el señor ministro en la importancia de las decisiones estratégicas y económicas que se puedan tomar en relación con los puertos, pero en realidad también hemos de hacer constar -y por eso presentamos
la enmienda de totalidad- nuestra decepción por el resultado que hemos visto plasmado en el proyecto de ley que hemos de discutir y debatir. Para nuestro grupo parlamentario -hablo también en nombre de Joan Herrera, que no ha podido estar presente
hoy y, por tanto, no hemos podido compartir el tiempo, pero sí compartimos las reflexiones que voy a hacer-, el proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos
de interés general no resuelve de manera efectiva un factor que valoramos como imprescindible, la consolidación de un modelo portuario descentralizado, dinámico y consensuado con los agentes sociales y económicos implicados, que haga posible
impulsar un sector productivo de primer orden, que a su vez afecta de manera muy significativa -como ha explicado muy bien el ministro- a las economías de sus territorios.
En nuestras objeciones, hablemos en primer lugar de competencias. Los puertos de interés general son de competencia exclusiva estatal, de acuerdo con el artículo 149.1.20.ª de la Constitución española. No obstante, mediante la Ley 62/1997,
de modificación de la Ley 27/1992, de puertos del Estado y de la marina mercante, el legislador estatal permitió que los presidentes de cada una de las autoridades portuarias y prácticamente la mayoría de los miembros de su consejo de administración
fueran designados por los órganos competentes de las comunidades autónomas. En este sentido se esperaba que determinados puertos, no solo el de Barcelona, pudieran ser objeto de un marco normativo específico y por consiguiente diferenciado al de la
red de puertos del Estado.
Queremos recordar que el Estatuto de Autonomía original del Parlament de Catalunya atribuía un régimen especial de funcionamiento al puerto de Barcelona y al puerto de Tarragona, a acordar entre la Generalitat y el
Estado, y concretaba que una ley del Parlament de Catalunya tendría que definir su organización y su régimen jurídico, aunque respetando, lógicamente, los principios básicos de la legislación del Estado en materia de puertos de interés general. De
hecho, estaba previsto el traspaso a la Generalitat de la competencia de ejecutar la política portuaria estatal -insisto, ejecutar- y de dirigir, coordinar, explotar, conservar y administrar los puertos de interés general en Cataluña y de los
servicios que allí se prestan.
En la negociación y recorte posterior del Estatuto se descartaron traspasos de competencias en materia portuaria y aeroportuaria, aduciendo -y consta en las actas correspondientes- que estas nuevas atribuciones serían concretadas mediante
leyes complementarias. Es más, en el Estatuto aprobado ya por el Congreso y, en referéndum, por el pueblo de Cataluña se dice, en su artículo 140.2 -y cito literalmente-, que la Generalitat participa en los organismos de ámbito superautonómico que
ejercen funciones sobre las infraestructuras de transporte situadas en Cataluña que son de titularidad estatal. Pero no nos consta que este precepto modifique la composición de Puertos del Estado y, por lo tanto, la Generalitat no formará parte del
organismo que toma las últimas decisiones en el ámbito portuario. Es evidente que la modificación de la Ley de Puertos es -ahora diríamos ya que era, visto el texto y aunque no hemos debatido todavía el contenido-, era, por tanto, una oportunidad
por excelencia para hacer efectivos estos compromisos. Voy a recordar que concretamente quien entonces era ministro y ahora es presidente de la Generalitat, don José Montilla, dijo textualmente: Es voluntad del Gobierno aprobar en poco tiempo dos
leyes que permitirán el traspaso de la gestión de los puertos y de los aeropuertos. Sin embargo, este proyecto de ley no hace mención alguna a esta posibilidad como tampoco a que las comunidades autónomas puedan establecer las condiciones
económicas y normativas vinculadas con los servicios portuarios.
En definitiva, desde nuestro grupo parlamentario no ponemos en cuestión que haya de existir un fondo de compensación interportuario ni que unos principios básicos que atiendan al interés general rijan el conjunto de la gestión portuaria,
pero una ley plagada de citas tipo: previo informe de Puertos del Estado, Puertos del Estado decidirá, oídas las autoridades portuarias, o la aprobación corresponderá a Puertos del Estado, una ley así, señorías, no parece que sea aceptable en un
contexto de debate sobre la necesaria mejora del autogobierno.
Hablemos también de decisiones de estrategia y laborales. Desde un punto de vista estratégico, justo al contrario de lo que desde algunos sectores se esperaba, el proyecto de ley que nos ocupa contempla diversas modificaciones que
consolidan todavía más el papel fiscalizador del Estado en la política portuaria y en las regulaciones económicas, y a nuestro juicio puede constituir un lastre en el desarrollo del área de influencia de puertos como el de Barcelona pero también de
muchos más. La
ley mantiene que Puertos del Estado apruebe definitivamente las decisiones estratégicas de cada puerto y su política económica, redacte los pliegos de regulación de los servicios, fiscalice la política de fijación de tarifas y
bonificaciones, establezca los niveles de calidad; en otras palabras, las autoridades portuarias siguen sin tener la autonomía necesaria para poder llevar a cabo una política y una gestión propias que atiendan a un mercado competitivo. A nuestro
grupo parlamentario le resulta igualmente inaceptable que estas pretensiones fiscalizadoras del Estado supongan un lastre para el desarrollo económico y social. Visto que en materia de infraestructuras ferroviarias la prioridad temporal es
completar el eje que transcurre entre la frontera francesa, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Córdoba y Algeciras, solamente falta que la política portuaria sea rígida, centralista y excesivamente fiscalizada para tener un escenario de desarrollo
portuario y por tanto económico a nuestro juicio nada alentador. No nos olvidamos, todo lo contrario, de poner en relieve -como haremos en la tramitación, si es el caso- los déficits de negociación de la gestión portuaria entre el Estado y los
sindicatos mayoritarios, que hablan de bastantes incumplimientos hasta el momento.
En definitiva, la ausencia de previsión de un régimen especial reglamentado por las comunidades autónomas, la falta de consenso social y la excesiva fiscalización de
Puertos del Estado en diferentes materias de gestión portuaria nos obliga a presentar esta enmienda a la totalidad del proyecto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.
Para defender la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, nuestro grupo ha presentado un enmienda a la totalidad a una ley sobre la que hemos intentado dialogar con el propio ministerio, tanto con el anterior equipo -con el que tuvimos varios encuentros-
como con el nuevo, con el que, a pesar de algún intercambio de opiniones, no hemos acertado en encontrar el marco para poder dialogar. Es evidente que ante esta falta de diálogo sobre una ley que a nuestro entender -coincidimos en este sentido con
las palabras del señor ministro- es muy importante, y además habiendo recibido por parte del portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Fomento algunas informaciones acerca de un pacto entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular que va en el
sentido contrario a las posiciones que defiende Convergència i Unió, hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Es evidente que mi intervención va a intentar justificar los motivos, pero también lo es -quiero decirlo antes que nada- que en este
tema, y siguiendo una larga tradición de nuestro grupo político, más allá de la suerte que pueda tener esta enmienda a la totalidad, nuestro grupo sigue ofreciendo la posibilidad de entablar conversaciones y llegar a acuerdos parlamentarios, y
lógicamente nosotros vamos a plantear cómo vemos esta problemática. Por tanto, es una enmienda a la totalidad que en estos momentos tenemos que hacer por cuanto hay unos temas que nos preocupan, pero es una enmienda a la totalidad que abrirá el
paso, como siempre hace Convergència i Unió, a la voluntad de acuerdo en un tema tan importante.
Compartimos, señor ministro, la necesidad de un amplio acuerdo en este asunto. No sé si compartimos lo que usted entiende por un amplio acuerdo.
Si es un amplio acuerdo aritmético es evidente que tengo que darle a usted la razón, porque
sumando 169 y 153 es un amplísimo acuerdo. Pero yo creo que usted es consciente, como lo son los diputados del Grupo Socialista y del Grupo Popular, de que un amplio acuerdo que deje fuera de esa posibilidad a Convergència i Unió y a otras
formaciones políticas no es un amplio acuerdo en el sentido de recoger todas las sensibilidades. Las sensibilidades que nosotros recogemos, por ejemplo en el ámbito que yo represento, que es Cataluña, son muy compartidas incluso por personas
adscritas a su propio grupo parlamentario aquí. ¿De qué se trata la cuestión? Se ha hecho referencia anteriormente. La ley viene a reformar leyes anteriores, la última ley, la 48/2003, pero también la Ley 62/1997, en la que nosotros participamos
decisivamente y gracias a la cual en los órganos rectores de las autoridades portuarias hay una amplia presencia de representantes sindicales, empresariales, de ayuntamientos y de comunidades autónomas, al lado de representantes del Ministerio de
Fomento. Es una ley que abrió amplias posibilidades, que yo creo que a lo largo de los doce años que lleva de vigencia, más o menos modificada por la de 2003, ha tenido aspectos muy positivos y ha permitido que la mayoría de puertos españoles, a
pesar de todas las combinaciones políticas, se hayan gestionado con notable eficacia y éxito. Vaya por delante, por ejemplo, que el conjunto de puertos mediterráneos, desde Algeciras hasta Valencia, Barcelona, Tarragona y Cartagena -también, señor
Ayala-, han superado ampliamente en crecimiento a los puertos franceses con los que competimos. Por tanto el modelo no debía ser, a nuestro entender, tan malo.
Partimos de la defensa, que comprenderán SS.SS., de un modelo que me parece que es básicamente acertado. ¿Qué ha pasado? Que este modelo en cierta medida fue ya pervertido por la ley de 2003, que pretende modificar en parte este proyecto
de ley, introduciendo ya algunas restricciones a la autonomía de las autoridades portuarias, no de las comunidades autónomas, con distintos instrumentos. Esta ley tampoco resolvió otro asunto que en estos momentos se debe acometer, que es el de la
regulación de la estiba. Al lado de estos dos aspectos hay otro elemento importante, como son las sentencias con relación a las tarifas portuarias, que obligan con urgencia
-y nosotros somos conscientes de ello- a establecer un nuevo marco jurídico para dar más seguridad a todo ese tema. Por tanto, debo entender -porque además así está estructurada la ley y así está escrito en su preámbulo- que la ley tiene
tres objetivos: corregir por decirlo de alguna manera el desaguisado de las tasas, formular una nueva regulación del sector de la estiba y aprovechar para introducir todo un rosario de medidas que se nos antojan -se lo digo muy sinceramente, señor
ministro- intervencionistas y antiautonómicas. Le voy a poner algunos ejemplos para que tengamos todos los elementos propios para el debate de hoy y, si hoy no triunfan las enmiendas a la totalidad, para el debate de las enmiendas al articulado.
¿Cuál es el primer tema? Con relación a las tasas compartimos algunos de los elementos que están escritos en el texto, por ejemplo, cuando dice textualmente: Cada Autoridad Portuaria podrá proponer sus propias cuantías de tasas adaptadas a
su realidad específica, aunque con una estructura común. Esto parece que da un grado de autonomía y que a la vez permite que los puertos dispongan de elementos de racionalidad. Leo una frase textual. En este sentido, dice la ley, por ejemplo:
Las amortizaciones derivadas de inversiones de la Autoridad Portuaria deberán ser internalizadas en las tasas de dicha Autoridad Portuaria y no se internalizarán, como hasta ahora, en todo el sistema. Esta es una medida que tiene un gran sentido
desde el punto de vista de poder actuar y gestionar con racionalidad, de poder favorecer la competitividad.
Precisamente, este es uno de los temas que a nosotros nos gustaban y que, repito, según informaciones del propio portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, en los acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular va a desaparecer. Vamos a volver a un totum revolutum donde si alguien hace una sobreinversión, como por desgracia está sucediendo, tienen que pagar justos
por pecadores, y lógicamente la competitividad de quien hace grandes esfuerzos para ser competitivo se verá condenada al fracaso. Este es un elemento que nos preocupa intensamente; nos preocupa no tanto por el texto inicial de la ley como por las
noticias que nos han llegado de este acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
Otros elementos que nos preocupan, como he dicho, el tercer punto y todas las medidas finales de ley, suponen un intervencionismo importante. Por
ejemplo, que se suprima la capacidad de las autoridades portuarias para participar en sociedades, un tipo de sociedades especialmente necesarias -ha sido aprobado por el Senado y por esta Cámara en forma de PNL o de mociones, para ver qué se puede
hacer-, las sociedades conjuntas, mixtas público-privadas, para favorecer los accesos ferroviarios, y la ley acaba prohibiéndolas, cosa absolutamente incomprensible porque el señor ministro hablaba de que hay que favorecer el acceso en ferrocarril.
Estamos prohibiéndolo en un afán de intervencionismo que uno no entiende.
Otro ejemplo, si me permiten, es la utilización de un instrumento, el Plan de utilización de espacios portuarios, que cada texto legal va haciéndololo más intervencionista. Como este Plan de utilización debe ser aprobado a la postre por
Puertos del Estado significa que la ya limitada autonomía de las autoridades portuarias cada vez se ve más restringida.
Este es un elemento altamente preocupante. También se introduce una nueva disposición adicional vigésimo séptima; cada una de
estas disposiciones acaban siendo invasiones competenciales que introducen una nueva posibilidad de recursos de Puertos del Estado contra los acuerdos de las autoridades portuarias, es decir más tutela, más vigilancia, menos capacidad de autonomía.
El pobre presidente de la Autoridad Portuaria al final se siente absolutamente prisionero de Puertos del Estado en todas sus decisiones. Este es un retroceso que nos preocupa mucho. Finalmente, en otra de las disposiciones, la disposición final
primera, habla también de nuevas competencias de Puertos del Estado, como autorizar la participación de la Autoridad Portuaria en sociedades, adquisición de acciones, y además introduce unos quórums. Señor ministro, lo que le está pidiendo el señor
Ridao para aeropuertos usted ya lo hace aquí, pero al revés; un quórum especial, el acuerdo del consejo de administración deberá contar con el voto favorable de la mayoría de los representantes de la Administración General del Estado presentes. Es
decir, para ciertas medidas la mayoría no sirve, simplemente con que los cuatro representantes del Estado estén de acuerdo podemos darle la vuelta. Todo esto es un rosario de cosas, colocadas con una gran fineza, sin que se note el cuidado; un
rasgo que creo que tiene el redactado de la ley que a nosotros nos hace temer que este instrumento legal signifique un retroceso importante en la autonomía. Repito, no estamos hablando de autonomía de las comunidades autónomas, sino de la autonomía
de las autoridades portuarias, que puede sufrir un nuevo y grave retroceso. Nos hace temer también, señor ministro, porque cuando el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo no suele ser para dar pasos adelante en ningún tipo de
autonomía -ustedes lo saben perfectamente-, sino para recuperar competencias para el Estado. Esto el Partido Popular lo reconoce sin ambages, y es uno de sus signos de identidad, pero el Partido Socialista o al menos algunos de sus diputados creo
que tienen una percepción distinta, por lo que esta ley se puede ver lesionada.
Hay otros elementos que nosotros vamos a tratar en las enmiendas particulares, porque nos preocupan también. Señor ministro, creo que usted debería hablar con el señor presidente, que es también ministro de Deportes, porque la actual
redacción de la ley supone, a mi entender y sobre todo al de los expertos, una grave amenaza sobre los clubes náuticos. Usted sabe que la náutica deportiva española es la que más medallas olímpicas ha dado a lo largo de la historia de España. La
redacción actual de la ley supone a medio plazo, como está sucediendo ya -si no, vayan ustedes al puerto de Mahón a saber qué ha pasado-, la práctica desaparición de estos clubes y su sustitución por simples negocios de sociedades anónimas
marinas. Creo que este es un tema preocupante. En cualquier caso, espero que el propio señor ministro sea consciente de ello, si no vamos a intentar remediar esta cuestión. Nos parece también de una notable gravedad la ligereza con que se
trata a estos elementos que nosotros creemos que son muy relevantes en la trayectoria deportiva de un sector tan importante como es el deporte náutico.
Finalmente el tema ambiental. La ley castiga a los puertos que en estos momentos están haciendo bien los deberes en lo que hace referencia a la recogida de los residuos, tema fundamental en el que algunas autoridades portuarias han avanzado
mucho y otras no lo han hecho de manera suficiente, y ahora la ley parece que ampara a aquellos que de alguna manera no cumplen con las normativas, que por cierto son de alcance europeo. Por todo ello, Convergència i Unió presenta esta enmienda a
la totalidad con el objetivo básico de alertar sobre todos estos aspectos y con una voluntad clara y meridiana -en el caso de que estas enmiendas no fueran aprobadas- de que pudiéramos tener un diálogo amplio en el sentido convergente de la palabra;
dialogo en el que vamos a participar, como sabe también el señor ministro y los grupos políticos, con una máxima voluntad de acuerdo, porque creemos que esta es una ley que debería salir de esta Cámara con el concurso prácticamente de todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.
Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el Bloque Nacionalista Galego está a favor del mantenimiento de un modelo portuario caracterizado por su dirección y su intervención pública, con el fin de defender los intereses generales, y por una planificación
ordenada de las infraestructuras portuarias y de los servicios prestados a las mismas, donde la colaboración con la iniciativa privada se subordine a esos intereses generales. Pensamos también que se debe avanzar en la definición de un modelo de
gestión portuario descentralizado, que incorpore a las comunidades autónomas a las decisiones sobre la definición del desarrollo estratégico del sistema portuario, pues existen competencias autonómicas concurrentes relativas a la ordenación del
territorio o infraestructuras. Este modelo de gestión descentralizado permitirá que las obligaciones del servicio público puedan equilibrarse con las necesidades propias de cada puerto, que pueden ser diferentes. El objetivo que se debe perseguir
es asegurar en cada puerto las condiciones de seguridad, eficiencia, calidad, regularidad, continuidad y no discriminación en el funcionamiento de los servicios; pero sobre todo este modelo de gestión descentralizado debe permitir que las
comunidades autónomas asuman competencias reales en la planificación de unas infraestructuras que son básicas para el desarrollo de sus sociedades y de sus economías. Por lo tanto, si bien resulta lógico mejorar la coordinación de las autoridades
portuarias, esta no puede realizarse en detrimento de la adaptación de las mismas a su realidad y a su ámbito territorial, lo que debe conllevar dotar a las comunidades autónomas de competencias efectivas en la gestión de los puertos de interés
general. El proyecto de ley que hoy se somete a consideración, a nuestro juicio, tiene elementos positivos en la medida en que refuerza la planificación ordenada de los servicios prestados en los puertos de interés general en beneficio del interés
público, pero discrepamos de su excesivo reglamentarismo que puede dejar un escaso margen de maniobra a las administraciones autonómicas a la hora de asumir competencias en materia de gestión portuaria. En conclusión, compartimos el objetivo del
proyecto de ley de introducir mejoras en la coordinación de la prestación de los servicios públicos, lo que en teoría debería redundar en una mayor protección del interés público, pero discutimos y discrepamos de su escasa, cuando no nula, apuesta
por la descentralización.
Les informo, señorías, que el Bloque Nacionalista Galego, como es obvio, no había presentado enmienda de devolución, no había presentado enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. No lo habíamos hecho porque considerábamos que había
elementos positivos en el proyecto de ley, y que los elementos que nos merecen una opinión crítica podían ser subsanables en el trámite parlamentario mediante la presentación de enmiendas parciales. Así lo haremos si se rechazan las enmiendas a la
totalidad, y manifestamos por tanto la misma disposición al acuerdo que han expresado otros portavoces. Estamos conformes con el contenido básico de las enmiendas a la totalidad presentadas tanto por Convergència i Unió como por Esquerra
Republicana de Catalunya en lo que afecta al modelo de gestión, a la necesidad de una mayor apuesta por la descentralización y el respeto a las competencias autonómicas, pero discrepamos del método seguido. El Bloque Nacionalista Galego no está de
acuerdo con que un proyecto de ley esté en stand by y no se desbloquee hasta que se llegue a un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que fija el límite y el alcance de la reformas que puede tener este proyecto de ley en su trámite
parlamentario; discrepamos profundamente del método. Esta es la razón por la cual el BNG, pese a no haber presentado enmienda a la totalidad, anuncia su posición favorable a las enmiendas y, por lo tanto, les dará su voto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, quizá sea útil para situar el debate en su generalidad, en todo caso es útil para fijar la posición de mi grupo, o así lo entiendo yo, frente a las dos enmiendas a la totalidad que hoy se debaten, colocar este
proyecto de ley en sus coordenadas -iba a decir- temporales o histórico-políticas. Se trata de un proyecto de ley que, como saben todas SS.SS., fue aprobado por el Consejo de Ministros allá por el 27 de marzo de este año; un Consejo de Ministros
en el que no se sentaba el señor Blanco. Se sentaba una ministra de amplio recuerdo en esta Cámara como Magdalena Álvarez. Pero este es solo el antecedente inmediato de este proyecto de ley, como también saben todas SS.SS., y seguramente no es el
más significativo. El proyecto de ley dispone de otro antecedente más lejano en el tiempo, pero más significativo -yo diría que definitorio de lo que es este proyecto-, que es el hecho de que ya en la legislatura anterior, en la VIII, este proyecto
no sé si decir que sesteó por la Cámara o si se extravió por algún registro. Lo cierto es que llegó un día, algo así como el 28 de febrero del año 2006, y tras más de 64 ampliaciones para las enmiendas acabó el 13 de febrero de 2008, algo así como
dos años más tarde, en ese lugar en que no se sabe dónde acaban los proyectos de ley al cabo de una legislatura, si en ninguna parte o en un sitio que nadie sabe muy bien dónde. Esto es lo que ocurrió con este proyecto de ley. Llegada esta nueva
legislatura, la IX, la ministra lo sacó de ese lugar ignoto en el que acaban los proyectos de ley que no se cursan en la legislatura y, seguramente con la buena intención de que fuera aprobado, lo volvió a traer en la fecha señalada a este Congreso.
Lo primero que hay que decir es que este es un proyecto de ley sin padre ni madre claros. Ha andado huérfano, como callejeando por este Congreso sin que se supiera muy bien quién lo defendía, si el Gobierno o la oposición; y anduvo 64
ampliaciones, que no es cualquier cosa. En todo caso es evidente: en esta legislatura tiene un padre y una madre adoptivos. El padre es el Grupo Socialista y la madre es el señor Ayala.
(Risas.) Han concluido un acuerdo, han firmado no sé qué y
lo han adoptado, y ya tenemos un proyecto de ley que tiene padre y madre adoptivos. Hoy me atrevería a decir que, además de debatir las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Esquerra Republicana y por Convergència i Unió, celebramos esto:
que tenemos un proyecto de ley con padre y madre. Ya no anda huérfano, no anda perdido, no callejea, ya está aquí. Uno no termina de entender muy bien por qué ha callejeado sin padre ni madre tanto tiempo este proyecto de ley. No se sabe cuáles
son las reglas por las que adoptan o dejan de adoptar ambos grupos, pero viendo -hasta donde sabemos- lo que recoge ese papel que dicen que tienen firmado los dos grupos mayoritarios, no terminamos de entender por qué han tardado tanto en adoptarlo
en los términos en que ahora lo hacen. Yo, de verdad, y este grupo no lo entendemos. Porque si se trataba de regular algunas cosas, que estábamos todos obligados a regular, porque el Tribunal Constitucional había dicho lo que había dicho, podíamos
haberle hecho algo así sin ninguna ampliación, y no después de 64, que se caiga el proyecto, se devuelva y al final lleguen a un acuerdo los dos grupos mayoritarios. En todo caso, lo que es evidente -y esta es una conclusión que mi grupo tiene
clara- es que este recorrido histórico-político de la ley dice que algo raro pasa aquí. Esto es algo que no es habitual, que no es normal y que es la razón de ser, a mi juicio, de los dos enmiendas a la totalidad que presentan Esquerra Republicana
y Convergència i Unió y que nosotros -adelanto- vamos a apoyar. En cualquier caso ustedes saben también que mi grupo no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, de forma que la frustración de expectativas, que de alguna forma es lo que
reflejan las dos enmiendas a la totalidad, mi grupo la comparte. Cabe preguntar: Si usted la comparte, ¿por qué no ha presentado una enmienda a la totalidad? ¿No hubiera sido lógico que también la hubiéramos presentado? Sí y no o no y sí, lo que
ustedes quieran. En cualquier caso, si nosotros no hemos presentado una enmienda a la totalidad y vamos a apoyar las dos enmiendas a la totalidad se debe a un razón que, insisto, es discutible políticamente hablando pero que es la que nos ha
inclinado la balanza en la dirección de lo que hemos hecho. Por un lado hemos comprobado que desconocemos cuál es el margen de maniobra, que está fijado en los términos de la adopción de la ley por los dos grupos mayoritarios; nos han dicho que
hasta aquí va a llegar y nosotros desconocemos hasta dónde va a llegar, pero sabemos seguro tras el acuerdo que de ahí no va a pasar, y no estamos para actitudes excesivamente melancólicas de creer que se pueden hacer cosas cuando los dos grupos
mayoritarios han cerrado las puertas; las puertas están cerradas, esa es la verdad. Pero cerradas las puertas en todo caso mi grupo quiere decir que no está de acuerdo en que las hayan cerrado en los términos en que lo han hecho, porque nos parece
que están limitando excesivamente las cosas.
Es la última idea que quisiera desarrollar, porque sigue pendiente una regulación más cabal del tema portuario, desde nuestra concepción, de lo que debe ser o sería conveniente que fuera un sistema
portuario español.
Pero me atrevo a decir que sigue pendiente también desde los propios principios que se argumentan como base y objetivo de las modificaciones normativas que se recogen en este proyecto de ley. Lo dice muy bien la enmienda a la
totalidad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Esta ley sigue impidiendo y, tras el acuerdo de los dos grupos mayoritarios, va a seguir impidiendo, no va a permitir el pleno desarrollo de una infraestructura tan fundamental como
son los puertos para el desarrollo de territorios que pretenden desarrollar una actividad económica y un tejido social y empresarial competitivos, a la altura de los desafíos, oportunidades y riesgos de un mundo como el actual. Y lo sigue haciendo,
sigue no permitiendo por mucho
principio excelso que se enuncie en su exposición de motivos o lo diga el ministro hoy en esta tribuna.
Este proyecto de ley, salvo que por la vía de las enmiendas parciales se introduzcan cambios notablemente superiores que los que nosotros prevemos tras el acuerdo entre los dos grupos, no va a permitir que tengamos un sistema portuario
realmente eficaz y eficiente, a la altura de los tiempos y, desde luego, no va a hacer esa profunda transformación, de la que hablaba el señor ministro -en eso coincido con él-, que es necesaria en el sistema portuario español. Todos compartimos
estos propósitos, esta filosofía y, si quieren, hasta esta retórica. Todos estamos de acuerdo en que es mucho y muy profundo lo que hay que hacer. Como en todas las leyes de puertos que he conocido, las declaraciones de intenciones, preámbulos,
resultan ser ampliamente aceptadas, pero los problemas surgen en el desarrollo del articulado. Esta es una frase textual que decía a mi grupo alguien que ha estado muchos años al frente de un puerto y que conoce perfectamente el percal de la teoría
y el percal de la práctica y de cómo una y otra o uno y otro no coinciden. Esto lo recoge perfectamente la posición de mi grupo. No presentamos una enmienda a la totalidad, porque los límites están donde están, pero apoyamos con claridad la idea
de que debiéramos haber ido todos más lejos en este tema.
Queremos mostrar, a la vez, un profundo escepticismo y rechazo por lo que se pretende configurar en este proyecto de ley y no por los elementos que se configuran sino por los elementos cuya configuración se cierra y que todos lamentaremos
porque, al final, tendremos un sistema portuario no suficientemente eficaz, no suficientemente a la altura de las necesidades, y tendremos que volver nuevamente, antes o después, a eso que no debiéramos volver, a introducir una vez más otro proyecto
de ley, a hacer otro cambio y seguir en lo que, coincido con el ministro, no se debió hacer ni en el pasado, cambio tras cambio tras cambio, regulación tras regulación, que lo único que traen es inestabilidad e ineficiencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Se abre el turno del Grupo Parlamentario Popular y, en su nombre, tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, el Partido Popular está dispuesto a alcanzar una ley de puertos consensuada con todos para un sector claramente afectado por la crisis como se está manifestando. Para el Partido Popular también
los puertos son una cuestión de Estado, y en eso coincidimos con lo que ha dicho el ministro en su exposición. Estos momentos de reducción y pérdida de tráficos en los puertos españoles hacen que no solo las autoridades portuarias sino todos los
afectados por la actividad portuaria estén expectantes ante cuál va a ser su futuro.
Por lo tanto, yo creo que hoy en el Congreso tenemos una obligación mayor. Tenemos el compromiso de transmitir un mensaje de tranquilidad; el mensaje de que
existe voluntad de alcanzar una ley con vocación de permanencia para un sector fundamental en la economía productiva española. Eso es obligación de todos los grupos, y mi grupo es consciente de eso y va a participar en ese deseo, y no le basta con
el acuerdo alcanzado hasta este momento. Repito, insisto, en el Partido Popular estamos dispuestos en todo momento a aportar sensatez, conocimientos e interés por el futuro de España. Esta es una nueva manifestación de la voluntad del Partido
Popular. En lo que el Gobierno quiera, nosotros ofrecemos consenso. Otra cosa es que al Gobierno no siempre le interese.
Esta vez parece que sí; y esta vez aquí está el Partido Popular.
El Gobierno trajo un proyecto que no nos gustaba; era claramente mejorable; era del anterior equipo y, aun así, también tratamos de alcanzar un acuerdo. No fue posible. Ahora sí ha sido más fácil alcanzar un acuerdo que respeta los
posicionamientos de ambas partes y profundiza en las cuestiones consideradas básicas para el sistema portuario. No sé quién es el padre o la madre, señor Beloki, solo me voy a agarrar al aforismo latino: Mater semper certa est, pater quem nuptiae
demostrant.
Lo único que podemos hacer es invitarlo a apadrinar el niño en el momento en el que haya que bautizarlo. (Risas.-Aplausos.) Como digo, ha sido más fácil alcanzar este acuerdo. Así abordamos la modificación de la Ley de Puertos, con el
objetivo de potenciar la competitividad de los puertos españoles en un escenario -y se ha repetido aquí- de fuerte competencia internacional y de recesión económica. Debemos dar relevancia a los objetivos -sí conseguibles- de eficiencia, reducción
de costes portuarios, con políticas de desarrollo sostenible, integración de los puertos en las cadenas de distribución y en los sistemas de un transporte intermodal con la importancia de los ferrocarriles, por supuesto, y en el desarrollo del modo
logístico.
A pesar de lo que aquí se ha dicho por los anteriores intervinientes, estamos todos de acuerdo en el principio de la autosuficiencia. Estamos todos de acuerdo en que ese criterio nos debe llevar a acomodar el régimen financiero a lo que ha
señalado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, hay que tener en cuenta que debemos establecer un modelo tarifario de estructura única común armonizada para todo el sistema pero que garantice el funcionamiento del conjunto. Y no es ni
estático ni inamovible. Es una estructura financiera con bonificaciones regladas y de aplicación potestativa por cada autoridad portuaria, con coeficientes correctores también potestativos pero que estén basados en indicadores financieros asociados
a la eficiencia de gestión, rentabilidad de cada puerto, con el objeto de que quede garantizado -como ya he dicho antes- el principio de autosuficiencia, la leal competencia entre puertos -que nadie habla de ello- y el menor coste para el usuario,
del cual tampoco se hace mención; y todo ello respetando la libertad de las autoridades portuarias para
aplicar sus tasas. Esto no tiene nada que ver con soportar el capricho de inversiones de otros puertos que se tengan que soportar por el sistema.
No es verdad que eso sea así y no es verdad que ese sea el motivo de las enmiendas de
totalidad. Las enmiendas de totalidad no hablan de mayor autonomía de la Autoridad Portuaria, aunque aquí se haya dicho esta mañana, sino del deseo de mayores competencias para las comunidades autónomas. Me parece oportuno referir una cita en este
momento. Alguien, que luego citaré, ha dicho: En una red interdependiente no hay centro. No es nadie dudoso. Lo ha dicho esta mañana, en los desayunos de Nueva Economía, don Salvador Alemany, presidente del Círculo de Economía de Cataluña. Por
tanto, tengamos claro que el sistema portuario y el aeroportuario, por cierto, responden a unos criterios de autosuficiencia y de eficiencia competitiva para los que no vale el argumento permanente de la competencia territorial y el ahogo de las
comunidades autónomas.
También nos parece importante destacar en este momento que la intermodalidad y la situación periférica de Canarias, la situación especial de Baleares, Ceuta y Melilla, tienen que tener una especial sensibilidad a la hora de
fijar sus ofertas en cuanto a las tasas tarifarias, también los puertos sometidos a la competencia extracomunitaria y particularmente para las mercancías en tránsito. Esto nos parece imprescindible. Por tanto, señorías, estamos hablando de reducir
costes, de aumentar la competitividad de la economía española en esta coyuntura en la que todos estamos de acuerdo. Haré una última referencia a la estiba, en la que también hemos alcanzado un acuerdo -por cierto, sí consensuada con los sindicatos
mayoritarios- para que la gestión se realice a través de sociedades mercantiles privadas, pero acentuando la capacidad de supervisión de las autoridades portuarias para evitar distorsiones en el funcionamiento que puedan afectar a la leal
competencia entre los prestadores de servicio.
Me ha parecido oportuno, señorías, establecer las pinceladas del acuerdo con el que hoy abordamos la tramitación de la Ley de Puertos, que además hacemos extensiva, como también ha hecho el ministro, a todos los grupos de la Cámara. Por el
contrario, las dos enmiendas a la totalidad que se han presentado y la que in voce ha presentado el señor Beloki -en algunos momentos todavía más contundente que las que estamos señalando- paran siempre en la frustración que puede haber supuesto en
algún caso la redacción final del estatuto de autonomía de una comunidad autónoma -teniendo en cuenta que estamos hablando de la visión conjunta y coordinada del sistema portuario español y que afecta a 49 autoridades portuarias en diecisiete
comunidades autónomas y en dos ciudades autónomas- y en la decepción de no haber visto aquí reflejadas promesas que en absoluto se corresponden con los objetivos de la ley, como modificar el título I, el título II y algunos artículos y disposiciones
adicionales de la Ley 48/2003. Por tanto, este proyecto de ley tiene un objetivo distinto al que aquí se ha pretendido. Evidentemente, no podemos volver al argumento permanente de que parece que se resta algo a las comunidades autónomas, como si
los puertos no hubieran sido siempre competencia estatal exclusiva. Por tanto, no se restan competencias a nadie ni se priva a nadie de su capacidad de desarrollo futuro. Desde luego, hay cuestiones que nos gustaría mejorar, pero también estamos
obligados por una legislación europea y unos dictámenes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Señorías, creemos -con esto termino- que el acuerdo alcanzado, al que invitamos a todos los grupos de la Cámara, nos puede proporcionar un
texto final que satisfaga todos los intereses en presencia, aborde con eficacia la situación de dificultad actual, permita vislumbrar una ley con vocación de permanencia y dé a España un modelo portuario competitivo y eficiente. Por eso,
evidentemente, no podemos ni debemos apoyar las enmiendas a la totalidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ayala.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el impulso que hoy damos a esta Ley de Puertos a juicio del Grupo Socialista constituye una buena noticia, sin lugar a dudas; una buena noticia para los veintiocho puertos del Estado porque estamos en condiciones,
por fin, de hacer de esta ley un marco jurídico estable y útil para enfrentar con garantías tanto los problemas del presente como los desafíos del futuro; una buena noticia para las empresas españolas porque con esta ley vamos a mejorar y a
modernizar el canal a través del cual -lo ha dicho el ministro- se realizan más del 80 por ciento de nuestras importaciones y más del 50 por ciento de nuestras exportaciones. Vamos a mejorar y a modernizar una herramienta crucial para ganar
productividad, para ganar competividad, en un contexto económico internacional muy difícil. Constituye una buena noticia para el conjunto de la economía del país, porque existe una relación directamente proporcional entre el funcionamiento
eficiente de los puertos del Estado y la optimización de nuestras posibilidades de reactivación económica, de generación de empleos y de superación de la crisis. De hecho, esta ley abre la puerta precisamente a una de esas reformas estructurales
pendientes que contribuirán al cambio de modelo productivo, al desarrollo firme y equilibrado de la economía española. Y el Grupo Socialista quiere compartir esta buena noticia con todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Manifestamos, en
consecuencia, la mejor disposición, una disposición abierta y flexible para el diálogo y el acuerdo en la tramitación de esta ley con todos los grupos parlamentarios. Insisto, las puertas están abiertas, señor Beloki. El acuerdo que buscamos es un
acuerdo incluyente y no excluyente. Queremos que esta sea la Ley de Puertos definitiva, basada en un consenso amplio en lo político y en lo social para que nadie se vea impelido a intentar modificar la ley si alguna vez cambian las mayorías
en esta Cámara. Queremos una Ley de Puertos que ofrezca al sector la estabilidad y la seguridad que necesita y que está reclamando. En otras palabras, el orgulloso padre de la criatura renuncia ponerle apellido al niño. No queremos que sea la Ley
de Puertos socialista; queremos que sea la Ley de Puertos del consenso y del interés general. Por eso, nos han sorprendido estas enmiendas a la totalidad y aún más algunos de los argumentos con que se defienden.
El Gobierno -lo ha explicado el ministro- y el Grupo Socialista no pretenden abrir nuevos frentes de conflicto en torno a la gestión de los puertos; antes al contrario, queremos cerrar esos conflictos. No pretendemos cambiar el modelo
vigente de gestión portuaria basada en la autonomía funcional y en la autofinanciación de las autoridades portuarias. Es más, queremos consolidar este modelo asegurando su viabilidad y su eficacia. ¿Qué pretendemos pues? Cumplir dos objetivos,
precisamente los objetivos que reclama el sector con insistencia. En primer lugar, pretendemos lograr un sistema tarifario definitivo que permita a la vez un grado de coherencia y de armonización razonable a través de una estructura tarifaria
común, una referencia común a la que puedan atenerse las veintiocho autoridades portuarias y simultáneamente un grado también razonable de competencia real entre puertos, mediante el uso potestativo de una panoplia amplia de coeficientes correctores
de bonificaciones, que se aplicarán desde luego en función de la capacidad de generar recursos y de atraer tráficos por parte de cada Autoridad Portuaria. Coherencia y competencia real entre puertos. Segundo objetivo, un régimen de prestación de
servicios que aúne respeto a la competencia con la garantía reglada de que los servicios se prestan, de que se prestan bien, conforme a criterios de seguridad y de calidad, lo que llamamos libre acceso reglado. ¿Qué queremos en definitiva con esta
ley? Queremos adaptar la estructura, el funcionamiento, el sistema tarifario de los puertos del Estado a las necesidades y demandas de nuestra economía. Queremos disponer los puertos del Estado para los retos del presente, la intermodalidad, la
interconectividad, la conexión con el ferrocarril, la integración de los puertos en las ciudades, la generalización del uso de las nuevas tecnologías; no podemos perder el tren del presente. Queremos también preparar los puertos del Estado ante
los desafíos del futuro, los desafíos que importan; que importan más que los debates del pasado, que si centro, que si periferia; que importan más que los demonios de toda la vida. Los demonios no son Madrid; los demonios no están en la
Autoridad Portuaria del Estado; los demonios son la falta de competitividad; los demonios son la crisis; los demonios están en el paro. Queremos preparar los puertos ante los desafíos del futuro. Desafío es la crisis económica internacional y
la disminución de los flujos de tránsito marítimo. Un desafío es la competencia creciente de los puertos de los países limítrofes al nuestro: Tánger, Oporto, Italia, Francia. Un desafío es el traslado de la actividad productiva al sudeste
asiático y el consiguiente aumento del tráfico marítimo en el Mediterráneo; es un desafío y es una oportunidad para nuestros puertos en el litoral. Un desafío es el incremento en solo cuatro años de la actividad del Canal de Panamá y el
subsiguiente incremento del tráfico marítimo en toda la fachada atlántica; más oportunidades para nuestros puertos en este ámbito. Un desafío es aprovechar la posición geográfica privilegiada de España para convertir nuestros puertos en el
principal centro de distribución de mercancías del sur de la Unión Europea, atenuando la hegemonía de los grandes puertos del norte europeo. Un desafío es la lucha concertada contra el cambio climático a escala internacional, lo que llevará
inexorablemente a impulsar el modo de transporte marítimo, porque tiene más capacidad, porque tiene menor coste y porque es ecológicamente más sostenible. Estos son los desafíos que importan; los que nos importan a todos; los desafíos que importa
ganar; los desafíos que atiende el texto que hoy les presentamos.
En relación con las enmiendas a la totalidad presentadas, extraería tres grandes argumentos coincidentes que voy a intentar rebatir con todo respeto y con brevedad. Se dice que el proyecto de ley niega margen a las autoridades portuarias
para la saludable competencia entre unos puertos y otros. Dos cosas. Primera, varias sentencias del Tribunal Constitucional establecen que la estructura tarifaria ha de regularse con rango de ley estatal. Segunda, precisamente este proyecto de
ley constituye un avance histórico al habilitar a las autoridades portuarias para aplicar potestativamente bonificaciones y coeficientes correctores que hagan realidad la competencia entre los puertos; eso sí, dentro de un orden razonable. Es
precisamente este proyecto de ley el que abre esa oportunidad histórica. Como segundo argumento se dice que no hay autonomía. Señorías, si no hay infraestructura de transporte con una gestión más descentralizada y con mayor grado de autonomía que
las autoridades portuarias. ¿Quién nombra a los presidentes de las autoridades portuarias? Las comunidades autónomas. ¿Quién dispone de la mayoría en los consejos de administración de las autoridades portuarias? Las autonomías. ¿Quién elabora
los planes de empresa en las autoridades portuarias? Las propias autoridades portuarias. ¿Quién aprueba sus presupuestos? ¿Quién contrata los servicios o el personal? ¿Quién liquida, recauda y gestiona sus tasas y tarifas? Son las propias
autoridades portuarias. Si la Autoridad Portuaria del Estado prácticamente se limita a pagar las facturas que otros generan. ¿Qué más autonomía cabe? ¿Supervisión cero? ¿Intervención cero? ¿Coordinación cero? ¿Y qué hacemos cuándo se cae el
muelle sur de Barcelona y las autoridades portuarias llaman a Madrid a pedir ayuda? ¿Y qué hacemos cuando una sentencia adversa sobre el cobro de tarifas coloca en situación de riesgo de quiebra al
puerto de Tarragona y llaman a Madrid? ¿Qué hacemos? ¿Descolgamos el teléfono? ¿Lo desviamos hacia la Generalitat? ¿No es más razonable que una Autoridad Portuaria del Estado vele solidariamente por el interés general atendiendo hoy a
las necesidades del puerto de Barcelona, mañana al de Gijón, pasado al de Algeciras, y así razonablemente en todos los casos? Y el argumento definitivo, no se quiere un sistema estatal de puertos. La Constitución dice otra cosa en su artículo
149.1.20.ª y tenemos que atenernos a ello.
En conclusión, esta Ley de Puertos es una buena noticia para los puertos, para los usuarios de los puertos y para sus empresas. Esta es una ley que aportará estabilidad y eficiencia a este sector estratégico de nuestra economía. Es una ley
que coadyuvará al cambio de modelo productivo, que hará más fuerte, más equilibrada y más competitiva nuestra economía. Esta Ley de Puertos, insisto señorías, es una buena oportunidad para superar debates que se van a quedar viejos rápidamente y
para afrontar juntos -insisto una vez más en esta oferta-, desde el diálogo y el acuerdo sincero, los desafíos que nos reserva el futuro. A ello les invito desde el Grupo Socialista en la tramitación de este proyecto de ley.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Simancas.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA. (Número de expediente 121/000034.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de totalidad del proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Para la presentación de la ley, en nombre
del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta. Antes de nada me gustaría agradecer la presencia en esta Cámara, en la tribuna, de la Confederación Española de Comercio.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para presentar el proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 10 de julio. Una modificación normativa tan
imperativa como oportuna, que encuentra su justificación, por una parte, en la necesidad de profundizar en el proceso de transformación de nuestra economía hacia un modelo productivo más libre, más competitivo y más sostenible y, por otra parte, en
la obligación de trasponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva de Servicios antes del 28 de diciembre de este año 2009. Una directiva, la Directiva de Servicios, cuya obligatoria trasposición ofrece a nuestra economía una oportunidad única
para realizar una reforma regulatoria en profundidad también en el ámbito del comercio interior, reforma regulatoria que, por otra parte y con carácter general, según los estudios realizados entre otros por el Banco de España, va a contribuir en
nuestro país a un aumento del PIB del 1,2 por ciento, a la creación de más de 200.000 empleos y a considerables mejoras de la productividad, del consumo y de la inversión. Una reforma que, en definitiva y en el caso del comercio interior, se va a
traducir en más de 4.000 millones de euros de inversión inducida a favor de un sector que en España emplea a más de 3 millones de trabajadores. Un sector que por su importancia, cualitativa y cuantitativa, requiere de una trasposición segregada de
la que se va a realizar para el conjunto del sector servicios a través del proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y esta segregación la hacemos por varias razones. En primer lugar y desde un punto de
vista procedimental, para dar respuesta urgente no solamente a la trasposición de la Directiva de Servicios, sino también a los procedimientos que frente a España tiene abiertos la Comisión Europea por incumplimiento del artículo 43 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea. Y en segundo lugar y desde un punto de vista competencial, para posibilitar que las comunidades autónomas, que son los órganos competentes en materia de comercio interior, adecuen cuanto antes su propia
normativa a los requerimientos establecidos en esta reforma. Estas razones justifican sin lugar a dudas un procedimiento de modificación normativa segregado y específico para el sector del comercio interior, un procedimiento caracterizado por una
absoluta transparencia, por el diálogo con todos y por el respeto al reparto competencial que dimana de nuestro ordenamiento jurídico. Una norma que ha sido sometida a un riguroso trámite de audiencia e información pública, fruto del cual se han
recibido 41 alegaciones procedentes de asociaciones empresariales, de las propias comunidades autónomas y de diversos organismos y entidades públicos y privados. Alegaciones que, por otra parte, han sido tenidas en cuenta y que han contribuido a
enriquecer un texto que, además de estar consensuado con todas las comunidades autónomas, ha merecido el respaldo del más alto órgano consultivo, el Consejo de Estado. A este respecto quiero destacar en esta Cámara la valoración positiva que, en su
informe del 25 de junio de 2009, el Consejo de Estado realiza de este proyecto de ley, y lo hace tanto desde la perspectiva de su adecuación a la Directiva de Servicios como desde el punto de vista de su encaje en el marco general de distribución de
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. En concreto, y por lo que se refiere a este último aspecto, es importante señalar que los preceptos de este proyecto de ley que no constituyan norma básica estatal solo serán aplicables en
defecto de una legislación autonómica específica. Con ello se cierra un marco jurídico referencial específico para el sector del comercio minorista que
se inspira en el principio de la libertad de empresa y que se materializa en una importante reforma estructural que, en primer lugar, contribuye a simplificar todos los procedimientos de autorizaciones para la apertura de un establecimiento
o el ejercicio de la actividad comercial. En segundo lugar, tiene muy en cuenta la estrecha relación entre la actividad comercial y la planificación urbanística, la conservación del patrimonio histórico o las políticas de mejora medioambiental. En
tercer y último lugar, respeta plenamente el marco competencial que en materia de comercio interior nuestro ordenamiento atribuye a las comunidades autónomas. Para todo ello, este proyecto de ley que hoy defiendo ante SS.SS. supone una auténtica
innovación normativa que va más allá de lo que establece la propia Directiva de Servicios.
En este sentido, el texto que someto a su consideración propone un conjunto de modificaciones legales que a mi juicio van a contribuir a hacer de nuestro sector de la distribución comercial un sector más competitivo y más sostenible. De
entre ellas me gustaría destacar las siguientes: en primer lugar, se elimina con carácter general la segunda licencia, también conocida como la licencia comercial. De esta forma, la instalación de establecimientos comerciales no estará sujeta a
autorización. Solamente se podrá someter a autorización cuando se supere el triple test establecido en la propia Directiva de Servicios, a saber, no discriminación, proporcionalidad y amparo en una razón imperiosa de interés general. De esta
forma, se elimina la posibilidad de utilizar criterios económicos, como se podía hacer hasta ahora, para justificar la necesidad de una licencia comercial. A esto se añade la eliminación de la posibilidad de que en el proceso de autorización
participen los competidores a través de las comisiones territoriales de equipamientos comerciales. Por otro lado, se impide a las comunidades autónomas establecer autorizaciones por razones de formato comercial. Además, se distingue entre
establecimientos comerciales individuales y colectivos para que los establecimientos ubicados en centros comerciales no puedan ser objeto nuevamente de licencia. En segundo lugar, además de la eliminación con carácter general de la segunda
licencia, se establece un procedimiento integrado que aglutine todos los trámites administrativos necesarios para la implantación de un establecimiento comercial. Esto, unido a la implantación del silencio administrativo positivo en ausencia de
resolución expresa, va a acortar sustancialmente los plazos de apertura a establecimientos comerciales. En tercer lugar, este proyecto de ley simplifica la regulación de los registros de venta a distancia y de franquiciadores, se suprime el
registro especial de entidades y centrales de distribución de productos alimenticios perecederos, se elimina la autorización previa para el ejercicio de la venta automática y se modifica la venta ambulante. En cuarto y último lugar, se actualiza la
regulación contenida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, en materia de infracciones y sanciones.
Señorías, señora presidenta, estas son las novedades más importantes que presenta este proyecto de ley de modificación de la normativa que regula el comercio minorista, novedades que sin lugar a dudas contribuyen al objeto de su tramitación,
que no es otro que establecer las disposiciones generales necesarias para, por una parte, facilitar la libertad de establecimiento y la simplificación de los procedimientos para el libre ejercicio de la actividad comercial y, por otra parte,
fomentar la calidad y evitar restricciones en el funcionamiento de los mercados que no resulten justificadas ni proporcionadas.
Nos habíamos marcado el objetivo de elaborar una ley que, respetando nuestro marco competencial, introdujese un indudable carácter liberalizador en nuestro sector comercial en línea con el espíritu de la Directiva de Servicios. Creemos que
lo hemos conseguido, y lo cree también la Comisión Europea, que nos ha transmitido su pleno respaldo a este proyecto de ley y a cómo traspone la mencionada Directiva de Servicios. Se trata del impulso normativo más trascendente para la
modernización y el futuro de nuestro sector de la distribución comercial.
Estoy convencido de que las comunidades autónomas, que son las que ostentan las competencias en materia de comercio interior, van a seguir este espíritu liberalizador.
Algunas ya presumen hoy de estar haciéndolo.
Podían haberlo hecho antes, pero ahora, a partir de hoy, tienen el respaldo de la normativa básica, lo que estoy seguro servirá de impulso.
Nosotros apostamos por ello. Súmense también SS.SS. a
quienes desde la responsabilidad y el compromiso estamos trabajando para hacer de la sostenibilidad y la competitividad la seña de identidad de todos nuestros sectores económicos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Parlamentario Popular y para defenderla tiene la palabra en nombre de su grupo el diputado señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, señor ministro de Industria, Comercio y Turismo, procedo a la defensa de nuestra enmienda a la totalidad de este proyecto de ley. El pasado día 10 de julio, el Consejo de Ministros aprobó
para su remisión a estas Cámaras el proyecto de ley de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que va a trasponer la Directiva de Servicios 2006/123 de la Unión Europea a nuestro ordenamiento en el ámbito del comercio. Este proyecto
coincide y se tramita de forma paralela con otras dos iniciativas legislativas del Gobierno que tratan de incorporar la directiva al ordenamiento jurídico vigente de nuestro Estado. Se trata del proyecto de ley sobre libre acceso a la sociedad de
servicios, conocido vulgarmente como ley paraguas, y la llamada ley ómnibus, que modifica 47 leyes, lo que hace ya desde
un primer momento que existan dudas, tanto para los sectores afectados como para muchas instituciones que lo han valorado, como la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la oportunidad y la conveniencia de regular esta materia de un modo
independiente. Al parecer, el Gobierno lo considera necesario. Así lo dice en la exposición de motivos, que persigue incrementar el valor que genera la distribución comercial mediante la liberalización de la prestación de servicios y la supresión
de cargas a las empresas. Puede, señor ministro de Comercio, que esa fuera la intención inicial de su departamento, y puede también que después no le dejaran a usted hacerlo, pero lo cierto es que, en opinión de mi grupo, con este proyecto de ley
que usted ha promovido no solo no ha conseguido estos objetivos, sino que ha puesto en serio riesgo que se logren.
Como reza el texto de nuestra enmienda a la totalidad, consideramos que el proyecto no se justifica en su propia existencia, ya que no establece ningún régimen específico de garantías de las libertades comunitarias para el comercio y sus
operadores, no supone ninguna novedad, por tanto, respecto a otros proyectos que tramita la Cámara, en especial a la referida ley paraguas, y tampoco mejora en nada la previsibilidad de las normas comerciales que en el futuro hayan de redactar y
aprobar las comunidades autónomas, al renunciar expresamente a valorar con carácter mínimo el impacto de los principios de la Directiva sobre las actividades comerciales en nuestro país. Tampoco el proyecto introduce ninguna aportación que ayude a
las distintas administraciones públicas afectadas por la trasposición a hacerlo de forma más adecuada, más allá, eso sí, de avisarles en la disposición adicional séptima de que pagarán las multas que nos imponga Bruselas cuando lo hagan mal. Pero,
con ser este de su falta de contenido, señor ministro, motivo más que suficiente, en nuestra opinión, para pedir al Gobierno que reconsidere esta iniciativa, lo más lamentable es que en este proyecto se permite que se abra en nuestro país un serio
proceso de involución de las normas comerciales que puede comprometer el futuro de este sector en los próximos años. Lo grave es que tal y como está este proyecto, señor ministro, parecen ustedes haber asumido ya que el proceso de liberalización de
la directiva será, sarcásticamente, el que permita que la regulación comercial en el futuro sea más restrictiva, más costosa, más difícil de cumplir y, por lo tanto, un lastre para nuestra competitividad, para la competitividad de un sector que,
sinceramente, no merece este trato por parte del Gobierno.
Trataré, señor ministro, de explicar, en el breve tiempo de que dispongo, las razones que llevan a nuestro grupo a sacar estas conclusiones y a pedirle que reconsidere su proyecto. Empezaré por poner un ejemplo muy esclarecedor: el primer
proyecto de ley presentado en un parlamento autonómico, una vez aprobado por su Gobierno este que hoy valoramos, es el del Gobierno de las Islas Baleares, que aprobó el pasado mes de julio.
Con independencia de la valoración técnica y política que
nos merezca este proyecto de ley, hay datos objetivos sobre el mismo que deben hacernos reflexionar. En primer lugar, que, según reconocen sus promotores, este proyecto ve a la Directiva de Servicios como una seria amenaza y que este proyecto
además desarrolla una regulación que supone un grave endurecimiento de las condiciones de instalación de los establecimientos comerciales en las islas, rebajando el límite para exigir la segunda licencia a la mitad o a un tercio en determinadas
islas. La primera en la frente, señor ministro, veremos cuándo viene la siguiente. Esto solo es un ejemplo, pero créame que es muy significativo.
A fecha de hoy, cuando quedan poco más de dos meses para que finalice el periodo de trasposición, todo parece indicar que, amparándose en este proyecto, la segunda licencia no solo no desaparecerá, como ustedes en su momento preconizaron y
usted ha dicho hoy aquí, sino que ni siquiera tendrá ese carácter excepcional al que obliga la directiva, sino que se podrá limitar aun más drásticamente la implantación de establecimientos comerciales, aprovechando la indefinición que se establece
en esta norma estatal que usted defiende. Por lo tanto, nos vamos a saltar a la torera la letra y el espíritu de la Directiva de Servicios. Es un sarcasmo, señor ministro, que este proyecto suyo esté contribuyendo decisivamente a lanzar un claro
mensaje sobre lo poco que le importa al Gobierno que este proceso salga bien. Si esto es así, ¿qué futuro le espera al sector comercial? La Comisión Nacional de la Competencia lo tiene claro, lo viene diciendo desde hace meses, las leyes
comerciales acabarán ante el Tribunal de Luxemburgo, como usted mismo reconoce en su proyecto cuando nos habla muy claramente de las multas. Esta semana hemos leído que muchos operadores tratarán de ejercer ante los tribunales los derechos que esta
ley no les reconoce adecuadamente. En resumen, nos esperan tiempos de conflictividad y, por lo tanto, tiempos de inseguridad jurídica para el comercio.
Al parecer, los principios de la directiva que el Gobierno afirma compartir en el proyecto no solo van a quedar en entredicho, sino que pueden ser gravemente vulnerados y sin más consecuencias que decidir quién va a pagar la multa, que por
supuesto la van a acabar pagando todos los ciudadanos. Esta disposición adicional que habla de que se repercutirán las sanciones que imponga Bruselas en el presupuesto de las administraciones públicas infractoras, es una burla a los ciudadanos.
¿Qué consecuencias puede tener esto? En primer lugar, que a buen seguro las empresas se estén ya cuestionando en estos momentos sus planes de inversión porque ante este clima de inseguridad que augura este proceso de trasposición, presidido por una
ley que no solo no evita el conflicto sino que lo propicia, no se van a crear las condiciones para que las empresas sigan invirtiendo. Así, un sector que aporta casi el 10 por ciento de nuestro PIB y el 14 por ciento del empleo no se podrá
desarrollar en condiciones de normalidad, justo lo contrario de lo que necesitamos en estos momentos.
Efectivamente, las empresas comerciales aportan una parte muy importante del empleo de nuestro país, se trata de empleo de sectores muy sensibles, de mujeres, de jóvenes, de personas que acceden por primera vez al mundo laboral. Son
empresas que en los últimos años, aun con serias dificultades regulatorias, han invertido, han creado mucho empleo, y han creado unas condiciones de fuerte competencia que benefician al consumidor. Lo cierto es que si la regulación no deja claras
cuáles son las reglas de juego en el comercio en los próximos años, este empleo, que hasta ahora se ha mantenido mejor que en otros sectores en esta situación de crisis, estas inversiones o este esfuerzo por competir se verán seriamente
comprometidos.
La competencia, señor ministro, es otro elemento clave que hace peligrar su reforma. Lo dice el señor Berenguer, pero basta para confirmarlo mirar los datos objetivos que aporta la CNC sobre las operaciones de concentración. En España
existe una fuerte competencia entre empresas comerciales -claro que existe-, pero ello convive también peligrosamente con situaciones de fuerte concentración local, que en algunos municipios llega al 85 por ciento y que en algunas comunidades
autónomas llega al 50 por ciento. Curiosamente, las comunidades autónomas, las regiones que más interés tienen en mantener unas normas fuertemente restrictivas son aquellas en las que la competencia es menor. Pues bien, señor ministro, si esta ley
suya no aprovecha la directiva para introducir mayor competencia en aquellos lugares, zonas, territorios que sí lo necesitan, estas situaciones se van a consolidar en el futuro, con el consiguiente perjuicio para los consumidores y para la actividad
económica en su conjunto. Otra consecuencia que va a tener para el sector la falta de compromiso de este proyecto con la trasposición de la directiva es que se va a profundizar en las diferencias normativas que están poniendo en serio riesgo de
ruptura nuestro mercado interior. Como ocurre con frecuencia últimamente, tiene que venir Bruselas para alertarnos del riesgo que supone la disparidad de regulaciones, no solo para el mercado único, sino para la competitividad del país.
Su proyecto, señor ministro, renuncia totalmente a fijar un contenido mínimo común sobre la licencia comercial que las comunidades autónomas puedan adaptar a sus territorios en el ejercicio de sus competencias. Su falta de coherencia es
total. En la exposición de motivos aluden ustedes a la autorización de establecimientos comerciales a partir de 2.500 metros cuadrados, diciendo que solo a partir de esta superficie se genera impacto territorial y ambiental, pero sorprendentemente,
y pese a que estaban en todos sus borradores previos -repito, en todos sus borradores previos- no lo trasladan al articulado. ¿Qué explicación tiene esta actitud? Pues, nosotros se lo decimos, señor Sebastian, usted ha renunciado a intentar
pactarlo con las comunidades autónomas, o no ha sabido hacerlo, pero lo cierto es que no aparece en su texto por ningún lado. En consecuencia, la actual disparidad de regulaciones sobre la implantación de las empresas comerciales no solo se
consagra, sino que previsiblemente aumentará en los próximos años. Con ello aumentará también el coste de regulación de un sector que ya soporta importantes cargas administrativas y, a mayor coste, menos competitividad.
Su proyecto no va a ayudar en nada a las empresas que operan en varias comunidades autónomas a ser más competitivas, porque se encontrarán, cada vez mas, con una disparidad de legislaciones comerciales, que les va a obligar, para cumplirlas,
a incurrir en gastos de gestión que fácilmente podrían evitarse. No les va a ayudar en nada, por tanto, esta ley a hacer frente a la crisis. Mas aún, parece que los esfuerzos que los comerciantes están haciendo hoy para luchar contra la recesión,
mejorando sus procesos, ajustando sus costes, bajando sus precios, van a quedar neutralizados. Pero, claro, un Gobierno que permite que aumenten injustificadamente sus costes energéticos, que más adelante le sube el IVA y que finalmente consagra el
caos normativo en el sector, está haciendo justamente lo contrario de lo que necesitamos en estos tiempos de crisis. No me diga, señor ministro, que esta absoluta disparidad en la regulación es inevitable debido al reparto de competencias en esta
materia y que no tiene usted margen para hacer otra cosa, porque esto es falso. Se puede usted amparar en el título competencial estatal para fijar las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, que está en el
artículo 149.1.13.ª de la Constitución española. Usted sabe que, si quiere, puede fijar, por supuesto buscando el máximo consenso con las comunidades autónomas, unos mínimos comunes que garanticen de forma efectiva el principio de unidad de
mercado, que aseguren que la directiva se cumple y que eviten en el futuro conflictividad, inseguridad y, sobre todo, incertidumbre para los operadores.
Le pongo otro ejemplo. Hace cuatro años estas mismas Cámaras aprobaron otra modificación de la Ley de Comercio, presentada por un Gobierno de su mismo partido, que contenía esos mínimos -en aquel caso estábamos hablando de horarios
comerciales-. Esa norma de mínimos no ha sido recurrida y, por tanto, ese contenido básico es pacífico. Teniendo ahora, además, la obligación de acometer esta reforma por una exigencia de la Directiva de Servicios, le pregunto: ¿Qué ha cambiado
para que no se afronte ahora ese cambio con el mismo criterio? ¿Serán los compromisos políticos de su partido? ¿Será su propia capacidad de buscar el acuerdo con las comunidades autónomas, frente al que tuvieron sus predecesores? Tampoco parece
que con las empresas comerciales haya buscado un acuerdo.
Las más importantes asociaciones le han manifestado a usted discrepancias con este proyecto. Algunas empresas, según recogía la prensa esta semana, han anunciado que van a acudir a los
tribunales para solucionar los problemas que esta ley causará, como decía al inicio de mi intervención.
Menudo ejercicio de diálogo sobre una reforma tan importante.
En cuanto al posible consenso político, señor ministro, no tengo más remedio que recordarle que la vigente Ley de Ordenación del Comercio Minorista que este proyecto viene a modificar, fue aprobada con el consenso de todos los grupos
políticos de las Cámaras. ¿Ha buscado en este momento este mismo consenso para su proyecto? ¿Está hoy en condiciones de asegurarle que esta ley va a tener el respaldo unánime o amplísimo de esta Cámara? No, creo sinceramente que no, salvo que
hagamos algo por evitarlo. El proyecto, en definitiva, no aporta nada para garantizar los derechos de las empresas comerciales. Además, contiene un severo endurecimiento del régimen sancionador en el sector que nos parece a todas luces
desproporcionado. Por todas esas razones, el Grupo Parlamentario Popular le pide la devolución de este texto. Le pedimos, señor ministro, que sea valiente, que rectifique, que no se lave las manos, que retire este proyecto y traiga cuanto antes
otro a las Cámaras que realmente trasponga adecuadamente la Directiva de Servicios y, sobre todo, que tenga un marco regulador del comercio serio y estable, que permita reducir el coste que supone para las empresas cumplir las normas y que evite el
conflicto en lugar de propiciarlo. Esta enmienda a la totalidad, señor ministro, créame, es también una invitación a la reflexión, una petición, insisto, de que sea valiente, de que afronte las reformas que el comercio necesita urgentemente y a la
vez, también, señor ministro, es un ofrecimiento de colaboración que le hace mi grupo.
Porque, en nuestra opinión, esta ley solo es necesaria si se hace bien, y puede y debe hacerse muchísimo mejor. Tengo que recordarle las palabras del presidente
del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, en esta Cámara, el 10 de septiembre, cuando decía: El Gobierno se ha comprometido a una trasposición exigente y ambiciosa de la Directiva de Servicios. Creemos, señor Sebastián, que este proyecto no es
exigente ni ambiciosa su trasposición. Le pedimos que rectifique. Creemos que están a tiempo.
Señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias a usted, señor Delgado.
Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir desde el escaño dado que mi intervención va a ser muy breve. Intervengo para anunciar el rechazo del Bloque Nacionalista Galego a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, dado que su
motivación aboga por un modelo diametralmente distinto al que defiende el BNG. A nuestro juicio, la libertad de establecimiento y prestación de servicios debe de estar sujeta a criterios de ordenación que preserven el interés general, evaluando el
impacto de la instalación de los establecimientos comerciales, y de las grandes superficies en particular, en el desarrollo ordenado y equilibrado de un territorio. Somos conscientes de que la trasposición de las directivas comunitarias impone
límites al criterio que acabo de defender. Pero la legislación estatal no debe de ir más allá de lo establecido por la directiva en este ámbito, ni la legislación estatal debe vaciar de contenido práctico a las competencias autonómicas en esta
materia. Quiero recordar que el Estatuto de Autonomía de Galicia, en su artículo 30.4, establece que la comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en materia de comercio interior. A nuestro juicio, el proyecto de ley que hoy se somete a
debate es mejorable. Por ese motivo, presentaremos enmiendas parciales durante el proceso de tramitación parlamentaria. Pero valoramos positivamente su respeto a las competencias autonómicas y, en consecuencia, y por poner un ejemplo, que se
contemple la posibilidad de que las autoridades competentes puedan establecer un régimen de autorización administrativa para la instalación de establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados. Por esa razón, reiteramos nuestro rechazo
a la enmienda a la totalidad y nuestro propósito de procurar introducir modificaciones en este texto, si es admitido a trámite en el proceso de tramitación parlamentaria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el Partido Popular en su enmienda a la totalidad aduce, entre otras razones, que el texto del proyecto de ley traspone al comercio la Directiva de Servicios pero no establece ningún régimen específico de garantías
de las libertades comunitarias para el comercio y sus operadores. También critica que no introduzca ninguna aportación en materia de ejercicio de la actividad autorizadora por las distintas administraciones públicas afectadas por la trasposición.
Desde nuestro grupo, más allá de la discusión metodológica de si debería tramitarse o no un proyecto de ley diferenciado para el comercio, queremos fijarnos más en los aspectos de fondo que incluye el proyecto de ley de reforma de la Lorcomin. Por
ello decidimos no apoyar la enmienda a la totalidad porque el texto, a nuestro juicio, permite la opción de defender un modelo comercial distinto del que plantea el Partido Popular, que intuimos centrado en la protección de los intereses de las
grandes superficies y en la desaparición de cualquier intento de regulación en la concesión de licencias, por mínimo que sea. Desde nuestro grupo analizamos el texto desde tres puntos de vista: adecuación a la Directiva de Servicios, respeto
competencial y posibilidad de defender el modelo comercial
y de país en el que creemos. En esos tres campos de análisis encontramos suficientes elementos de satisfacción para que cuente con nuestro apoyo inicial. En primer lugar, creemos que se adecua a la Directiva de Servicios al contemplar una
serie de medidas tendentes a alcanzar una serie de objetivos fundamentales en materia de comercio, entre ellos facilitar los trámites de establecimiento y la libre prestación de servicios en la Unión Europea y fomentar la calidad de los servicios.
El propio Consejo de Estado afirma que la modificación de la Ley del Comercio Minorista se ajusta a la regulación comunitaria. En segundo lugar, reconocemos que las invocaciones a las competencias exclusivas del Estado que se realizan en las
disposiciones finales de la ley respetan el marco competencial vigente. También estamos convencidos de que el texto respeta las competencias exclusivas que las comunidades autónomas, y en particular la Generalitat de Catalunya, tienen en materia de
comercio.
Para Cataluña, en virtud de lo establecido en el artículo 121 del Estatut, que incluye en estas competencias la ordenación administrativa de la actividad comercial. En tercer lugar, y fundamental para nuestro partido que asume las
responsabilidades de comercio en el Govern de la Generalitat, el proyecto de ley permite defender un determinado modelo comercial y de país.
Desde Esquerra queremos un comercio que ayude a vertebrar los barrios, los pueblos y los ejes ciudadanos, que ofrezca unos servicios modernos y de calidad. Creemos en las políticas activas dirigidas al pequeño comercio siguiendo tres
grandes líneas: la modernización del sector, la defensa ante los abusos de posición y la adaptación constante del marco normativo para garantizar la continuidad del modelo. Decimos todo esto porque el comercio catalán tiene una configuración
diferenciada del comercio español. Cataluña dispone de más establecimientos comerciales: 166 por cada 10.000 habitantes por 147 en el Estado español. Por lo tanto, más establecimientos y más pequeños. Esta diferencia es más notable en el número
de hipermercados, por ejemplo, unos 350 en el Estado español por menos de 60 en Cataluña. La densidad de este tipo de establecimientos es de 63 metros cuadrados por mil habitantes en el Estado y de 52 por mil habitantes en Cataluña. Por tanto, el
modelo catalán está basado en pequeñas empresas y en el equilibrio de formatos y territorial, modelo que desde Esquerra Republicana pensamos que debe preservarse -tal y como se esfuerza en hacer el Gobierno de Cataluña- y, por lo tanto, hacer lo
posible por minimizar el efecto perjudicial de determinadas legislaciones. Por eso a Esquerra Republicana y a nuestro grupo el texto le parece mejorable, sí, pero aceptable en sus elementos básicos. El Partido Popular, como es obvio, defiende otro
modelo social y comercial.
Por eso ha presentado la enmienda a la totalidad. Naturalmente a nosotros nos merece la opinión contraria. Desde Esquerra Republicana pensamos que el texto facilita la adaptación de la Directiva de Servicios a las
distintas leyes autonómicas, con el objetivo de fondo de defender el modelo comercial y de país que antes he descrito sucintamente y que facilita, al menos en algunas comunidades autónomas como la Generalitat, que puedan adaptar sus normativas a la
directiva europea.
Por todo ello, y en conclusión, nos opondremos a la enmienda a la totalidad, haciendo constar la absoluta voluntad de diálogo con las comunidades autónomas mostrada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es justo decirlo y así
lo hacemos constar desde esta tribuna.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, me gustaría también agradecer la presencia en este hemiciclo de los representantes de la Confederación Española de Comercio, a don Miguel Ángel Fraile, a don Pere Llorens y a otros representantes
de la organización que, aprovechando esta tramitación, quieren estar presentes en este debate tan importante para ellos y también para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular va a ser la de votarla en contra con la máxima contundencia, con la máxima intensidad, con
la máxima potencia y, si me permiten la expresión, con la máxima radicalidad, a pesar de que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no es una federación radical sino todo lo contrario. Sin embargo, ante la propuesta de esta enmienda a
la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar en contra -repito- con la máxima fuerza, la máxima potencia, la máxima contundencia, la máxima intensidad y la máxima radicalidad. Pensamos que el Partido Popular
probablemente querría aprovechar la trasposición de esta directiva comunitaria para establecer una verdadera Loapa comercial que fuera en la dirección de laminar o dinamitar las competencias exclusivas que hoy tienen en materia comercial muchísimas
comunidades autónomas. Por tanto, desde esta perspectiva y dado que uno de los objetivos fundamentales del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es mantener durante la tramitación de esta ley el respeto escrupuloso a las competencias
que ostentan las comunidades autónomas y entendiendo que este ámbito competencial se protege en este proyecto de ley que acaba de presentar el Gobierno, estimamos que es un primer motivo especial y fundamental para votar en contra de la enmienda a
la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que el respeto escrupuloso a las competencias que ostentan las comunidades autónomas está bien planteado en este
proyecto de ley. Quisiera recordar, aprovechando mi intervención, que hay una serie de comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que dispone, de acuerdo con su Estatut, de una serie de competencias exclusivas en materia de comercio que
incluye aspectos tan importantes como la ordenación administrativa en la actividad comercial, la determinación de las condiciones administrativas para ejercerla, los lugares y los establecimientos donde se lleve a cabo, la regulación administrativa
de todas las modalidades de venta y formas de prestación de actividad comercial, así como de las ventas promocionales y de la venta a pérdida, la clasificación -repito la clasificación- y la planificación territorial de los equipamientos comerciales
y la regulación de los requisitos y del régimen de instalación, ampliación y cambio de actividad de los establecimientos, así como también la adopción de medidas de policía administrativa con relación a la disciplina de mercado. Por tanto, estos
aspectos relevantes y fundamentales, salvo algunas matizaciones, están contemplados perfectamente en este proyecto de ley. Son competencias que, por otro lado, también han sido lo suficientemente amplias y han permitido, al menos en Cataluña, la
configuración de un modelo de proximidad comercial de equilibrio entre los diferentes formatos que satisface las necesidades de los consumidores y fomenta el equilibrio territorial y el desarrollo de la actividad comercial como elemento dinamizador
desde una perspectiva social, económica y territorial. Por tanto, uno de los principales objetivos de nuestro grupo parlamentario habría de ser, como no podría ser de otra forma, llevar a cabo una trasposición de la Directiva de servicios en el
ámbito del comercio que respete plenamente las competencias autonómicas que acabo de describir, que mantenga las competencias de reorganización comercial en sede autonómica y que, modificando la normativa estatal, permita a las comunidades autónomas
una trasposición de la directiva europea en su ámbito, con una especial sensibilidad a la realidad de cada una de ellas.
Por estos motivos, por la importancia del sector comercial en España y por las competencias exclusivas que tienen las diferentes comunidades autónomas en temas comerciales, consideramos que la trasposición debe realizarse de forma separada
-como estamos planteando en estos momentos-, y que el proyecto de ley debe trasponer la directiva de forma que, respetando sus competencias, permita a las comunidades autónomas reformar su normativa de acuerdo con los objetivos comunitarios y
desarrollarlo conforme a la misma y al modelo comercial propio. Estos son una serie de aspectos que están contemplados en este proyecto de ley. Cabe detallar o manifestar, al menos por parte de nuestro grupo parlamentario, la especial sensibilidad
que ha tenido el Ministerio de Industria -en este caso, el ministro de Industria- con respecto a las peticiones que desde Convergència i Unió le hemos ido transmitiendo a lo largo de estos últimos meses; la sensibilidad especial que ha tenido su
director general de Política Comercial, señor Allué, que también ha recibido las pretensiones de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; y la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista y de su portavoz, don Félix Larrosa, que
también ha sido sensible a todas aquellas propuestas que venían desde Convergència i Unió. Por lo tanto, este es un primer aspecto fundamental por el que nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, porque, en definitiva, hemos evitado que se produzca una Loapa comercial que dinamite todas aquellas competencias exclusivas de las comunidades autónomas en temas comerciales.
Desde nuestra perspectiva, hay un segundo aspecto, también relevante, como es que a lo largo de este trámite parlamentario vamos a velar para que la trasposición sea sensible a la realidad y respetuosa con la directiva comunitaria, ya que
entendemos que el proyecto de ley en diversos aspectos no contempla de forma adecuada esta especial sensibilidad a nuestra realidad, a la realidad de los distintos sectores de servicios y a las diferentes realidades plurinacionales que existen en
temas comerciales entre las comunidades autónomas. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, debería ahondarse en diversos aspectos como, por ejemplo, el de incluir la planificación urbana y rural de la protección de los consumidores y de los
destinatarios de servicios como razones imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial. Hay otros aspectos que también nos preocupan y sobre los que llegaremos a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista -tal como
hicimos constar en las enmiendas al proyecto de ley sobre el libre acceso y el ejercicio de las actividades de servicios-, como que algunos aspectos relevantes deben ceñirse estrictamente a la trasposición literal de los criterios de otorgamiento,
efectivamente prohibidos en la directiva. Consideramos, por ejemplo, que el artículo 14, apartado 5, de la Directiva de Servicios debe incorporarse al derecho interno español en sus estrictos términos y no variar este artículo tan importante en
otros términos como aparecen en este proyecto de ley. No podemos estar de acuerdo con una redacción alternativa con clara vocación de generar interpretaciones extensivas sobre los requisitos que puedan considerarse alcanzados por la prohibición que
se establece en la misma. Una redacción que convierte en meramente ejemplificativo aquello que la directiva prevé con carácter exhaustivo. Nosotros entendemos que este proyecto de ley que se está tramitando debe contemplar necesariamente que la
proporcionalidad y la necesidad de sujetar los grandes establecimientos comerciales a un régimen de autorización administrativa previa y la concurrencia de razones imperiosas de interés general que lo justifican viene predeterminado directamente por
la propia directiva, por lo que resulta innecesario e inconveniente que la legislación estatal lo prevea. Este es también uno de los aspectos relevantes de las enmiendas que ha planteado Convergència i Unió y que esperamos, lógicamente, que en el
trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno sean tan sensibles
como lo han sido a lo largo de la elaboración de este anteproyecto de ley que, repito, han supuesto muchísimos meses de trabajo y de recoger las diferentes sensibilidades de los grupos parlamentarios, entre ellos, también los de Convergència
i Unió. Por lo tanto, desde esta perspectiva cabría incorporar otro tercer objetivo, por el cual vamos a votar en contra de estas enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, como es el de poder incluir algunas
modificaciones muy puntuales en la vigente ley, como podría ser la modificación del concepto de venta a pérdida previendo nuevos supuestos; como la posibilidad de contemplar la infracción grave de oferta o realización de ventas al público con
pérdida, con excepción de los supuestos señalados en la ley; o como prever el deber jurídico de colaborar con la inspección en la investigación de las informaciones tipificadas en la Ley de Comercio Minorista.
Todos estos aspectos, señorías, son relevantes y van a motivar que nuestro grupo parlamentario rechace esta enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El temor de nuestro grupo parlamentario, la duda que teníamos
era que la trasposición de la directiva, que podría verse complementada con la tramitación de este proyecto de ley sobre el comercio interior, fuera al final una verdadera Loapa comercial que laminara y dinamitara todas las competencias exclusivas
de las comunidades autónomas. Como esta es una cuestión que, afortunadamente, no se ha producido, repito, gracias a Convergència i Unió pero también gracias a la sensibilidad del Gobierno socialista y de su grupo parlamentario, vamos a votar con la
máxima intensidad, con el máximo esfuerzo y con la máxima potencia en contra de esta enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Larrosa.
El señor LARROSA PIQUÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, como no podía ser de otra forma, también en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero dar la bienvenida a don Pere Llorens y a los miembros de la comisión ejecutiva de la Confederación Española de Comercio.
Me congratula especialmente ver en la tribuna a la presidenta de la Federación de Empresarios de Comercio de la provincia de Lleida.
Llevamos toda la mañana escuchando debates sobre la paternidad y la maternidad de iniciativas legislativas. Hoy, después de la insistencia del señor Sánchez i Llibre en si ellos deben ser el padre o la madre de la actual ley, me ha quedado
claro que a lo mejor el Gobierno es el Espíritu Santo. En cualquier caso, estamos ante un proyecto de ley que a buen seguro tendrá un gran impacto en un sector como el de la distribución comercial, un sector clave para la economía española, por su
contribución al empleo, por su contribución a la producción, porque dibuja el perfil de nuestras ciudades y además es determinante para la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Estamos ante un sector que ha experimentado cambios notables en
las últimas décadas, ampliando los servicios comerciales, mejorando la variedad y la calidad de los surtidos, facilitando la penetración de las marcas del distribuidor, la extensión de los servicios de conveniencia, el aumento de los formatos de
descuento, el desarrollo del comercio on line, la aparición de programas de fidelización y otros servicios de compra y poscompra. Es un sector que ha recibido un impulso notable por parte del Gobierno socialista, primero, con el Plan de mejora para
la calidad en el comercio y, ahora, con el Plan para la mejora de la productividad y la competitividad.
Gracias a este plan, que se desarrolla mediante la participación y la complicidad de los gobiernos autonómicos y de las administraciones
locales, este Gobierno establece como ejes estratégicos el fomento del comercio urbano, la mejora del comercio rural, el fomento de la cooperación empresarial, la calidad y seguridad de los establecimientos comerciales y el relevo generacional y la
información y la formación del sector. Es un plan que persigue la implantación de una oferta comercial equilibrada y diversificada, que responde a las necesidades de la ciudadanía y en el que los diferentes formatos comerciales pueden desarrollar
su actividad sin colisión de intereses. Sin embargo, parece ser que este no es el debate hoy. Estamos ante una enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a la ley que traspone la Directiva de Servicios en el ámbito de
la distribución comercial. De la lectura que hemos hecho de la enmienda, deducimos que se preguntan cuáles son las razones que justifican esta iniciativa y su tramitación de forma separada e independiente de otras, lo que en sí mismo ya parece
contradictorio con lo que hemos oído esta mañana en la Cámara. Se lo puedo explicar y le voy a dar unas cuantas razones: primero, porque este Gobierno se ha comprometido ante la Comisión Europea y también ante las comunidades autónomas; segundo,
porque da continuidad precisamente a la legislación comercial española; tercero, porque estamos ante un sector de una importancia socioeconómica de más de 3 millones de personas empleadas, con un impacto social, medioambiental y urbanístico, señor
Delgado, que usted conoce bien, y cuarto, porque viene a concretar el régimen general de autorizaciones.
Podría darle unas cuantas razones más. El proyecto no solo no se limita a reproducir los principios de la directiva sino que los concreta y aplica al ámbito de la distribución comercial, tal y como ha puesto de manifiesto el Consejo de
Estado en su dictamen, al que por cierto ustedes no han hecho referencia. Simplemente me limito recordarle que la norma propuesta cuenta con el
dictamen favorable del máximo órgano consultivo del Estado, que ha considerado que la trasposición realizada se ajusta a la directiva y a los mandatos europeos con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Han
preguntado por las garantías derivadas de las libertades comunitarias y se quejan de que no hay innovación legislativa.
El señor ministro ya se ha referido a ello. De entrada se establece que la regla general para la instalación de
establecimientos comerciales no estará sometida a autorización y las excepciones se ajustan a la directiva. Se incorporan criterios de simplificación administrativa, el plazo de seis meses para su resolución, el silencio positivo, se liberaliza la
prestación de los servicios de venta automática y se simplifican las condiciones de acceso para la actividad de franquicia y la venta a distancia. Se adecua al régimen de autorización la venta ambulante, los nuevos requisitos de concurrencia
competitiva, de publicidad y rotación de los prestadores para adjudicación de la licencia. Se suprime el registro de canales alternativos para elementos perecederos, etcétera. Finalmente se revisa el régimen sancionador de la ley para adaptarlo,
entre otras cosas, a la nueva cultura de autorizaciones ex post que introduce el proyecto.
Señor Delgado, me huelo que todo esto de la enmienda es solo una excusa.
En el fondo les diré lo que ustedes no se atreven a decir. Sinceramente ustedes no se acaban de creer que España hizo una apuesta por el Estado autonómico y el cuerpo
les pide marcha cada vez que aparece un proyecto legislativo porque aspiran que entre a regular con carácter básico, como ustedes dicen, lo que son competencias propias de las comunidades autónomas o de las administraciones locales. Hubiéramos
podido hablar de comercio. Hubiera sido noble reconocer que este Gobierno ha hecho más por los autónomos y por las pymes que cualquier otro Gobierno. Adicionalmente echo en falta precisamente un reconocimiento de los planes ya mencionados que ha
puesto en marcha el Gobierno de España de apoyo al comercio minorista para que determinados formatos, mediante la formación, la información, la incorporación de las nuevas tecnologías, la cooperación, puedan hacer frente a los más poderosos. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
Cordelia dijo que entre el fuerte y el débil es la ley la que libera y la libertad la que oprime. Al final creo que de eso se trata. Señor Delgado, he traído aquí un libro que le voy a regalar cuando termine la sesión titulado L'auca del
senyor Esteve, que fue escrito por Santiago Rusiñol hace más de cien años y hace precisamente referencia a algunos de los valores de las personas que trabajan en el sector de la comercio: la calma, la constancia, la seriedad, el tener vista, el
desafecto, la inconsciencia, la perseverancia, la tozudez. Hace referencia al señor Esteve y a su familia, una familia de pequeños comerciantes que siempre vivieron pensando en su establecimiento comercial, una mercería -una botiga de betes i fils
que decimos en mi tierra-, un negocio del que vivían varias generaciones. Hoy es cierto que eso es tiempo pasado, pero nos corresponde a nosotros asegurar ese futuro, un futuro que no se improvisa y se construye. (Aplausos.)
Querría recordar a SS.SS. la función básica de abastecimiento que realizan los comercios y que hace necesaria una política comercial que garantice suficientemente la atención de las primeras y cotidianas necesidades a los consumidores,
ciudadanos y ciudadanas en cualquier parte del Estado.
Para ello no es suficiente el criterio de eficiencia del mercado, que puede efectivamente favorecer al consumidor en cuanto a diferentes formatos comerciales, surtido y precio, pero que puede
no garantizar suficientemente la existencia de comercios de proximidad para los ciudadanos en las localizaciones adecuadas, apareciendo centros de ciudades vacíos de comercio o consumidores dependientes de un solo operador en otras zonas. Este
proyecto de ley, que efectivamente pretende trasponer una directiva europea, va mucho más allá aunque ustedes no lo quieran reconocer, porque potencia un modelo comercial en el que nosotros creemos; un modelo que tiene claro que es posible un
crecimiento sostenible; un modelo que conlleva la cohesión social y consolida la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Estamos, pues, defendiendo un modelo que genera vida en nuestras calles, que evita la fractura entre los barrios y promueve
la integración del comercio con otros usos. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes no explican cuál es su modelo -quizás no se atreven-; nosotros sí lo explicamos y lo defendemos, porque el modelo comercial que defendemos forma
parte también de nuestra identidad; está en nuestros pueblos, está en nuestras ciudades. Por todo ello, hoy el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la enmienda a la totalidad, convencidos de que el proceso que se abrirá a
continuación permitirá seguro puntos de encuentro con ustedes y con el resto de los grupos parlamentarios para una mejor ley.
Señor presidente, señorías, señor ministro, muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1.
(Número de expediente 410/000010.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Hay solamente enmiendas del Grupo Popular que, me trasladan, dan por
defendidas. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar la posición? En tal caso, anuncio la votación para dentro de cinco minutos.
Se suspende hasta entonces la sesión. (Pausa.)
ENMIENDAS DEL SENADO (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. (Número de expediente 121/000013.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos en primer lugar enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Se votan todas las enmiendas en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 327; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO. (Número de expediente 121/000015.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos las enmiendas al proyecto de ley por el que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Ha habido diversas solicitudes de votación separada. Por tanto
votamos en primer lugar las enmiendas a la disposición transitoria tercera, que es nueva, y a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 320; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 186; en contra, 142.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobada.
Votamos a continuación la enmienda a la disposición final novena, que es nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 177; en contra, 143; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, la enmienda a la disposición final décima nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, uno; en contra, 327.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición final decimotercera, que anteriormente en el proyecto era la undécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 179; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación el resto de enmiendas a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 328.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL. (Número de expediente 121/000017.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. A este proyecto de ley no hay solicitud de votación separada,
por tanto se votan en bloque todas las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 328.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de
expediente 121/000028.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Votamos en primer lugar la
enmienda al artículo primero, por el que se modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 317; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos el resto de enmiendas a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 324; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Por tener la iniciativa carácter de orgánico, a continuación vamos a votar el conjunto del proyecto. Como saben SS.SS., es menester obtener 176 votos para que resulte válida la votación aprobatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 319; en contra, cinco; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por haberse cumplido exactamente la prescripción constitucional.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.):
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 121/000024.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. Votamos en conjunto todas las
enmiendas presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor 23; en contra, 305.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA. (Número de expediente 121/000034.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 143; en contra, 184; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1.
(Número de expediente 410/000010.)
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a votar la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. Votamos en primer lugar las enmiendas presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 143; en contra, 179; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Por mandato del artículo 150 y la disposición final segunda del Reglamento, se exige una votación de conjunto de la modificación, que es a la que vamos a proceder a continuación, exigiéndose la mayoría absoluta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 184; en contra, uno; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.