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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 111, de 13/10/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 111
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 103 celebrada el martes 13 de octubre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas:
- Del Parlamento Vasco, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 11-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 125/000011.)...
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 194-1, de 2 de octubre de 2009. (Número de
expediente 410/000010.) ... (Página 19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para apoyar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo en la planta de OPEL en Figueruelas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 260, de 25 de
septiembre de 2009. (Número de expediente 162/000489.) ... (Página 23)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un calendario de ejecución y finalización de obra pública de transportes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 264, de 2 de octubre de 2009.
(Número de expediente 162/000496.) ... (Página 27)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la intervención militar española en Afganistán. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 269, de 9 de octubre de 2009.
(Número de expediente 173/000094.)... (Página 31)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de control de la seguridad de los pasajeros en los aeropuertos del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 269, de 9 de octubre de 2009. (Número
de expediente 173/000095.) ... (Página 36)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el aumento de la delincuencia en los años 2008 y 2009. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 269, de 9 de octubre de 2009. (Número de expediente 173/000096.) ...
Declaración institucional:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 46)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.)... (Página 47)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 47)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 47)
Tramitación directa y en lectura única:
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 194-1, de 2 de octubre de 2009. (Número de
expediente 410/000010.) ... (Página 49)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente solicita el aplazamiento hasta una nueva sesión de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a fin de conocer el balance que hace el Gobierno de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como
'Ley de Memoria Histórica', así como las intenciones que tiene respecto a su desarrollo futuro, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ...
(Página 5)
Del Parlamento Vasco, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial ... (Página 5)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley, el señor Gatzagaetxebarría Bastida, la señora Gallastegui Oyarzabal y el señor Damborenea Basterrechea, en representación del Parlamento Vasco.
Interviene el señor García-Tizón López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el representante del Parlamento Vasco, señor Gatzagaetxebarría Bastida.
Duplica el señor García-Tizón López.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Benegas Haddad, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página 19)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1 ... (Página 19)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página 23)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para apoyar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo en la planta de OPEL en Figueruelas ... (Página 23)
En defensa de la proposición no de ley interviene el señor Membrado Giner, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Rudi Úbeda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Membrado Giner.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un calendario de ejecución y finalización de obra pública de transportes ... (Página 27)
Defiende la proposición no de ley la señora De Santa Ana Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Guillén Izquierdo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Macias i
Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora De Santa Ana Fernández.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 31)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la intervención militar española en Afganistán ... (Página 31)
Defiende la moción el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de control de la seguridad de los pasajeros en los aeropuertos del Estado ... (Página 36)
Defiende la moción la señora Pigem i Palmés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Puig Gasol, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría
Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el aumento de la delincuencia en los años 2008 y 2009 ... (Página 41)
Defiende la moción el señor Cosidó Gutiérrez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Cosidó Gutiérrez pide la palabra al amparo del artículo 71.3, que le es concedida.
Declaración institucional ... (Página 46)
El señor presidente da lectura a una declaración institucional con motivo de que el próximo 27 de marzo se cumplen 50 años de la muerte de don Gregorio Marañón y Posadillo.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 46)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, se aprueba por 187 votos a favor, 134 en contra y una
abstención.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.) ... (Página 47)
Sometida a votación la toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1, se aprueba por 188 votos a favor, tres en contra y 133 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 47)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para apoyar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo en la planta de OPEL, en Figueruelas, con la incorporación de
la enmienda de Izquierda Unida, se aprueba por 323 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un calendario de ejecución y finalización de obra pública de transportes, se aprueba por 324 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 47)
Sometidos a votación separadamente los puntos de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la intervención militar española en Afganistán, se rechazan los puntos 1, 2, 3,
4 y 7 y se aprueban los números 5 y 6.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de control de la seguridad de los pasajeros en los aeropuertos del Estado, se aprueba por 322 votos a favor y
uno en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el aumento de la delincuencia en los años 2008 y 2009, se rechaza por 136 votos a favor, 175 en contra y 10 abstenciones.
Tramitación directa y en lectura única ... (Página 48)
El señor presidente somete a la Cámara la aprobación de la tramitación de proposición de reforma del Reglamento de modo directo y en lectura única, al haber sido aceptada su toma en consideración, lo que se aprueba por asentimiento.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), A FIN DE CONOCER EL BALANCE QUE HACE EL GOBIERNO DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, CONOCIDA COMO 'LEY DE MEMORIA HISTÓRICA', ASÍ COMO LAS INTENCIONES QUE TIENE RESPECTO A SU DESARROLLO FUTURO.
(Número de expediente 172/000121.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Antes de pasar al examen del orden del día, solicito el criterio de SS.SS.
acerca de una modificación del orden del día que he propuesto en la Junta de Portavoces consistente en el aplazamiento hasta una nueva sesión de la interpelación del
Grupo Parlamentario Vasco que figura en el orden del día con el punto número 27. Hay conformidad por parte del grupo interpelante y ha sido solicitada por el Gobierno. ¿Se acepta por aquiescencia de la Cámara? (Asentimiento.) Así queda modificado
el orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO VASCO, DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 125/000011.)
El señor PRESIDENTE: Examinamos, en primer lugar, la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas, en este caso del Parlamento vasco, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder
Judicial. Como saben, el procedimiento establecido consiste en la defensa de la iniciativa por parte de una delegación del Parlamento vasco. El orden de intervención que propone el propio Parlamento se acomoda al que reglamentariamente procede
según nuestra Cámara. En consecuencia y en primer lugar, por el Grupo del PNV en el Parlamento vasco tiene la palabra don Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Gatzagaetxebarria Bastida): Gracias, señor presidente.
Señorías, viene una delegación del Parlamento vasco integrada por tres parlamentarios, el que hace uso de la palabra en representación del Partido Nacionalista Vasco y mis dos compañeros parlamentarios que me sucederán en el uso de la misma,
que son doña Miren Gallastegui, del Partido Socialista, y don Antonioamborenea, del Partido Popular. Mi comparecencia hoy en esta tribuna me evoca tiempos pasados en los que tuve oportunidad de ser miembro de esta Cámara, de este Congreso de los
Diputados, en la IV y V legislaturas. Veo que todavía hay veteranos compañeros de debates parlamentarios, tanto socialistas, populares,como de Convergència i Unió, que siguen en esta Cámara.
Señor presidente, con su venia, y entrando en el fondo del asunto, el poder y las facultades tributarias y financieras de que dispone la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en concreto, las Juntas Generales y diputaciones forales tienen su
soporte en la disposición adicional primera de la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Gernika aprobado en el año 1979 por esta Cámara y en la Ley de Concierto Económico. Pues bien, sobre la base de estas disposiciones legales que conforman
un bloque de la constitucionalidad, la potestad tributaria
para normar o regular los tributos en el caso del País Vasco está residenciada en órganos forales de los territorios históricos, y principalmente la potestad tributaria primordial en las Juntas Generales desarrollada luego también por las
diputaciones. Por lo tanto, son estos órganos forales de los territorios históricos, las Juntas Generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, los que tienen la potestad sobre la base de las normas anteriormente explicitadas para poder establecer,
regular u ordenar la materia tributaria en el caso del País Vasco. Cuando esa potestad es ejercida por las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, se viene entendiendo por parte de numerosísima jurisprudencia del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional que la regulación que realizan las Juntas Generales de los tres territorios históricos es respetuosa con el principio de reserva de ley de los artículos 31 y 101 de la Constitución, de manera que nadie ha puesto en tela de
juicio el que la regulación de las relaciones entre los ciudadanos y las haciendas forales vascas, cuando disciplinan la relación tributaria entre el ciudadano y el poder público, se realice mediante normas forales, puesto que están cumplimentando
el principio de reserva de ley. Es decir, no se desarrolla o no se complementa lo que dice una ley autonómica o estatal, sino que se sustituye lo que establece en el ámbito estatal o autonómico con carácter general una ley de un parlamento
autonómico o una ley de Cortes Generales. Viene entendiéndose, por tanto, por esta jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo que el principio de reserva de ley queda garantizado y que, por consiguiente, estas normas, con todas las
garantías, ordenan y disciplinan las relaciones de los ciudadanos con el poder tributario correspondiente en este caso a los territorios históricos del País Vasco a través de las relaciones tributarias que puedan tener como contribuyentes con cada
una de las haciendas de las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
El objeto de esta iniciativa se enmarca en una modificación de las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fruto de un consenso político unánime alcanzado en el Parlamento Vasco el 29 de junio de
2007. El objeto de la iniciativa es sencillo, señorías. Se pretende que las normas forales tributarias aprobadas por las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa reciban a efectos de su control judicial el tratamiento de ser enjuiciadas por
el Tribunal Constitucional, lo mismo que son enjuiciadas por este alto tribunal las normas tributarias aprobadas por cualquier comunidad autónoma del Estado o incluso las normas tributarias aprobadas por ley de Cortes en el procedimiento de doble
lectura, Congreso de los Diputados y Senado. Ese es el objeto de la iniciativa parlamentaria presentada por unanimidad por el Parlamento Vasco.
La iniciativa consta de dos artículos. El artículo 1º modifica puntualmente algunos apartados de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en lo relativo a la tramitación de los recursos de inconstitucionalidad, la tramitación de las
cuestiones de inconstitucionalidad y las cuestiones relativas a los conflictos de competencia en el ámbito foral. El artículo 2º, más corto, hace referencia a una modificación muy de detalle del artículo 9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se trata, por tanto, señorías, de una iniciativa muy trabajada, consensuada, con un camino laborioso pero de trabajo serio, riguroso y honesto, realizado en el Parlamento vsco, con un consenso unánime que alcanzamos en junio de 2007, y también
dotada de calidad técnico-jurídica, puesto que hemos dispuesto de la colaboración y la asistencia técnica en todos nuestros trabajos parlamentarios de los servicios jurídicos del Parlamento vasco a la hora de articular esta iniciativa y presentarla
a SS.SS. el día de hoy. Por ello, señor presidente -voy concluyendo-, esta iniciativa pretende dar encaje en el sistema institucional del Estado y en especial en el bloque de la constitucionalidad al hecho de que las normas forales tributarias
aprobadas por las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa sean enjuiciadas por el Tribunal Constitucional, de la misma manera que son enjuiciadas por dicho tribunal las leyes tributarias de cualquier comunidad autónoma o del Estado. Cuando
ellas regulan el tipo en el impuesto de transmisiones patrimoniales o la deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o las tarifas en el impuesto de sucesiones, se realiza por legislación de las comunidades autónomas. En el caso
del País Vasco -reitero, señor presidente, con su venia- se efectúa a través de normas forales tributarias que cumplen y respetan según la jurisprudencia el principio de reserva de ley. Ese es el objetivo y el alcance de esta iniciativa. Por
tanto, solicito la toma en consideración y el voto favorable de todas SS.SS.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Ricardo.
Tiene ahora la palabra doña Miren Gallastegui Oyarzabal, por el Grupo del Partido Socialista de Euskadi.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Gallastegui Oyarzabal): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores parlamentarios, intervengo en representación del Parlamento vasco y en nombre del Grupo Parlamentario de los Socialistas Vascos. Antes de entrar en el fondo de la cuestión permítanme recordarles dos cosas: una, que la
iniciativa que traemos para su consideración fue aprobada en la Cámara vasca el pasado 12 de junio, y segunda, que lo fue por todos los parlamentarios presentes. Estos dos datos, tanto la fecha del acuerdo como el apoyo recibido, son de especial
relevancia para despejar cualquier duda acerca de apreciaciones de uso partidista respecto de la cuestión que se debate. El pasado 12 de junio nadie estaba planteando aún la negociación presupuestaria y tampoco el día 29 de junio del año 2007,
cuando el Parlamento que represento aprobó exactamente la misma iniciativa legislativa
que decayó, como ustedes bien saben, porque antes de poder darle trámite se disolvieron las Cortes para celebrar elecciones generales. Lo que hacemos ahora no es más que recuperar aquella iniciativa con los mismos criterios y el mismo
objetivo: dotar de seguridad jurídica, equiparar el grado de protección y el régimen procesal de impugnación de nuestras normas fiscales y tributarias, cuya regulación según la Constitución española corresponde a los territorios históricos que
conforman la comunidad autónoma vasca, con el resto de las leyes emanadas de las comunidades autónomas y residenciar por tanto su revisión ante el Tribunal Constitucional. Así pues, las fechas nos indican que esta cuestión, que este debate nada
tiene que ver con las necesidades de pactos ni negociaciones partidarias. A esta consideración se añade la otra que apuntaba al principio: el amplio consenso, unánime, que avala esta iniciativa legislativa. Que un asunto que afecta a la esencia
del entramado constitucional alcance este tipo de respaldo en Euskadi, como ustedes bien conocen, señorías, no se puede despachar como una cuestión menor. Muestra de que lo que hablamos es una apuesta institucional es la presencia en los palcos de
este Congreso de los miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces de nuestro Parlamento, los representantes de la inmensa mayoría de los vascos. Añadiremos un ejemplo más sobre lo que el asunto a debate supone de explicación institucional.
En enero del año 2000, les recuerdo, se firmó en Vitoria la denominada paz fiscal. Era un acuerdo entre las administraciones vasca y central para evitar la judicialización de las normas fiscales de las instituciones forales. Fue un acuerdo
político de intenciones y lo firmaron dos gobiernos: el de España y el de Euskadi, presididos por don José María Aznar y don Juan José Ibarretxe, respectivamente. Vemos que gobiernos dirigidos por partidos distintos y en épocas totalmente
diferentes han tenido que abordar la cuestión de fondo: la de la seguridad jurídica y el encaje y protección constitucional de nuestras normas forales. Sabemos también que esa paz fiscal, con ser un acuerdo político de buenas intenciones sin apoyo
en modificaciones normativas, se rompe precisamente cuando los intereses partidistas, territoriales o coyunturales, interfieren en la interpretación de estos mismos acuerdos. Por eso, señorías, venimos aquí hoy, acudimos a pedir que tomen en
consideración esta iniciativa que permite alejar de circunstancias de oportunidad una cuestión que está en la misma raíz del acuerdo constitucional y expresamente recogido en nuestra Carga Magna. Es ese texto, que ordena el funcionamiento
democrático de España y que garantiza nuestras libertades, el que en su disposición adicional primera señala que se amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales. Es desde la Constitución de donde deviene directamente el
marco jurídico-político del Concierto Económico y es el Estatuto de Gernika, que deriva de la Constitución, el que establece que las relaciones tributarias entre el País Vasco y el conjunto de España se regirán por este. Completando todo este
entramado, esta misma Cámara donde ahora nos presentamos es la que ha aprobado, mediante ley, este régimen fiscal que permite que Euskadi tenga capacidad normativa plena sobre los tributos directos y capacidad recaudatoria sobre los indirectos.
Todo ello también bajo un principio que queremos poner en valor: el de la presión fiscal global equivalente.
Es decir, como ustedes bien saben, en Euskadi no podemos acordar bajo ningún concepto un sistema fiscal que visto de forma global pueda
ser significativamente beneficioso para los ciudadanos allí empadronados con respecto al resto de los españoles acogidos al régimen común.
Ciertamente, algunas iniciativas fiscales se han percibido como un agravio, sobre todo por parte de
comunidades vecinas, pero ese principio de presión global equivalente no se ha roto porque, de ser así, habrían sido las propias instituciones comunes las que habrían puesto coto a un régimen de desigualdad entre los españoles. Por eso, en este
acto de defensa de iniciativa legislativa quiero hacer un reconocimiento público de los errores que hayamos podido cometer a la hora de explicar lo que solicitamos. Nada más lejos de un privilegio. Es un sistema plenamente constitucional que haya
una exigencia añadida para las haciendas forales en cuanto a eficacia y lucha contra el fraude en el proceso recaudatorio.
También he de recordarles, abundando en la legitimidad del actual concierto, que esa fundamentación foral, estatutaria y
constitucional ha sido la propia Unión Europea además, a través del Tribunal de Luxemburgo, quien la ha avalado. Ha sido la Unión Europea la que ha avalado que Euskadi, a través de sus diputaciones, pueda en el contexto europeo dictar normas
fiscales diferenciadas, como las que existen en otras regiones de la Unión. Hoy no traemos otra iniciativa más que la de solicitar la equiparación de nuestras normas forales con el resto de las leyes autonómicas. No traemos iniciativas que marcan
líneas divisorias entre los vascos ni que nos enfrentan con el resto de los españoles.
Defendemos un acuerdo entre los vascos y el consenso con ustedes, que son los representantes del resto de todos los españoles; ni más ni menos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gallastegui.
Por último, tiene la palabra don Antonio Damborenea Basterrechea, por el Grupo Popular del Parlamento vasco.
El señor DAMBORENEA BASTERRECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que empezar diciendo que es para mí un honor venir, en representación de mis compañeros del Partido Popular del País Vasco y de todo el Parlamento vasco, a defender esta proposición de ley. Es una proposición de ley en la que no se
piden más competencias, ni menos, que teóricamente tendría que ser una cuestión técnica -entre unos y otros se ha mareado bastante-, que es
anterior al acuerdo del Parlamento vasco del año 2007, que proviene de otros acuerdos anteriores de Juntas de Vizcaya y de Juntas de Álava de 2005 -y desde aquí quiero saludar a Ramón Rabanera, nuestro diputado general en aquella época que
evidentemente también apoyaba esta normativa-, y quiero empezar aclarando algunas cosas.
Aquí no venimos a hablar de blindaje ni de Concierto Económico, o no deberíamos, entre otras cosas porque Concierto Económico es la norma más blindada de toda Europa, como ya han señalado mis anteriores compañeros, no solo porque esté en la
disposición adicional de la Constitución, en el Estatuto de Gernika, en una ley aprobada por estas Cortes con un trámite especial, sino porque incluso hay una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que reconoce las capacidades del Concierto Económico
dentro de la Unión Europea. Ahora bien, nosotros tenemos un pequeño problema. El problema que nosotros venimos a plantear a este Congreso de los Diputados es que nosotros consideramos que los vascos deben de tener la misma igualdad a efectos de
seguridad jurídica fiscal que el resto de los españoles, porque por nuestro sistema tradicional foral son las Juntas Generales las que tienen la capacidad de aprobar los impuestos; y es evidente que como no son parlamentos autonómicos no son leyes
o no tienen rango de ley, pero también es evidente, como dice nuestra Constitución, que la materia fiscal tiene reserva de ley, por tanto sí se está regulando materia legal. También parece lógico que los ciudadanos vascos, los empresarios vascos
puedan y deban tener la misma seguridad jurídica que el resto de los españoles no solo en el impuesto sobre sociedades, sino en el IRPF o en el impuesto sobre patrimonio.
La solución que se trae aquí no es plantear que las normas forales fiscales tengan rango de ley, no hace falta. La Constitución española en su artículo 161.1 lo permite, así que ni siquiera vamos a solicitar que sean consideradas normativas
con fuerza de ley. Dicho artículo permite que cualquier materia que le atribuya la Constitución o una ley orgánica al Tribunal Constitucional puede y debe ser materia exclusiva del Tribunal Constitucional. Eso es lo que hemos traído a esta Cámara,
ni más ni menos: la equiparación de las normas fiscales vascas con las normas fiscales de cualquier comunidad autónoma de España; que tengan el mismo tratamiento y los mismos recursos frente a unas como frente a otras. Pero me van a permitir que
no me vaya de esta tribuna -visto que me he encontrado con un busto de Cánovas del Castillo a la entrada- sin recordar en esta Cámara que el Concierto Económico es anterior a todos los partidos que se sientan en estos escaños, anterior incluso al
Partido Nacionalista Vasco, que presume de más de cien años; que es un tema en el que el señor Cánovas del Castillo tuvo mucho que ver; que los vascos siempre lo hemos defendido y que los vascos lo vamos a seguir defendiendo. Ante algunas
críticas de privilegio que se han oído estos días, por desconocimiento o por mala fe de algunos, habría que explicar y recordar en esta Cámara que los vascos, por decisión de los vascos, pagamos el IRPF más alto de España, dos puntos más que en el
resto de España; que Guipuzcoa es hoy el único territorio donde existe el impuesto de patrimonio porque las Juntas de Guipuzcoa así lo han decidido.
Evidentemente, yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos materias, pero estoy de acuerdo,
como siempre hemos estado de acuerdo todos los vascos del Partido Popular, en defender que sean las Juntas Generales de nuestros territorios históricos las que sigan ejerciendo esa competencia.
Sin más, reitero que vengo aquí a solicitar el voto afirmativo de todos los parlamentarios de esta Cámara y, si se consigue el trámite, espero el voto afirmativo para el debate final de este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Damborenea. En el turno que ahora señala el Reglamento tiene la palabra don Arturo García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señor presidente, señorías, permítanme ante todo saludar a la delegación del Parlamento vasco encabezada por su presidenta que hoy nos acompaña y, al mismo tiempo, felicitar por la brillantez con que los tres
representantes (del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista y del Partido Popular de Euskadi) han hecho una defensa tan encendida y tan bien expuesta de esta proposición de ley que viene del Parlamento vasco. Dicho lo anterior, señorías,
no cabe la menor duda de que esta proposición de ley que hoy se nos somete a toma en consideración -es verdad que viene a esta Cámara con la unanimidad de todas las fuerzas políticas vascas que lo han apoyado- no deja de ser una ley orgánica del
Estado dos, y una ley del Estado a las que va a afectar.
En ese sentido, la posición de nuestro grupo es difícil, y se lo digo a las claras; es difícil porque nos encontramos con un debate antiguo, que ya ha venido discutiéndose y en el cual ha
habido distintas posiciones.
Se trata de determinar y saber si las normas que se aprueban en las distintas Juntas Generales, las normas tributarias que rigen en el País Vasco pueden ser o no objeto de recurso de inconstitucionalidad. Esa es una
visión que hace falta verla desde el ámbito de la Constitución, del propio Estatuto de Autonomía o de las leyes que han emanado dentro del Parlamento vasco. Había distintas formas de hacerlas, como cuestión de forma o bien buscar una línea
alternativa que no fuese la modificación del Estatuto Vasco, que podía ser la que en este caso ha elegido el Parlamento vasco de instar una proposición de ley de modificación de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de tal forma que pueda ser el Tribunal Constitucional el que examine la legalidad, constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales normas y que no sean los tribunales de justicia ordinarios por la vía del recurso
contencioso administrativo como actualmente está sucediendo. Es indudable que desde el punto de vista constitucional y desde la
disposición adicional segunda no es fácil determinar cuál deba ser, o si estas normas tienen o no esa naturaleza de ley. Aquí se nos decía anteriormente que era difícil afirmarlo, dada la naturaleza de norma con rango legal de ley formal
que tienen estas normas, pero también si atendemos a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional existe la dificultad de que puedan examinar el recurso de inconstitucionalidad de aquellas otras normas que no tienen el rango de ley formal, máxime
cuando la propia Ley de Territorios Históricos del País Vasco solamente atribuyó al Parlamento vasco la capacidad para dictar normas con verdadera naturaleza o con forma de ley. En estas circunstancias, realmente la situación era compleja, es
complicada; ya ha venido en otras ocasiones a esta Cámara y de hecho ha sido discutida.
Si SS.SS. recuerdan -yo no estaba en aquella legislatura, pero muchas de SS.SS. sí- cuando se discutió la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -la célebre enmienda de la ley Casas- que planteó el Partido Nacionalista
Vasco, principalmente se inició un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, aquel deseo o primer apoyo inicial que iba a tener se rompió después, no se llevó a cabo y quedó exclusivamente el Partido
Socialista para defender los términos exactos, las enmiendas que afectaban a aquella norma y se dejó para un ulterior momento en que pudiera discutirse. Nuestro grupo parlamentario también estaba en esta línea porque, señorías, comprendemos que lo
que hoy viene aquí -yo creo que también se ha dicho o se ha insinuado por los anteriores intervinientes- afecta a la troncalidad del sistema foral vasco. Nuestro grupo, el Partido Popular siempre se ha distinguido por defender hasta la saciedad el
régimen foral para el País Vasco. Ha sido nuestro signo de identidad, si se quiere. En algunas posiciones como las que mantuvo el Partido Nacionalista Vasco, en las que se hacía desaparecer la foralidad, con el propio Plan Ibarretxe, en el que era
un estado asociado distinto, difícilmente tenía encaje esa situación. Sin embargo, en el caso del Partido Popular la defensa de la foralidad se hizo para nosotros un sello y un signo de distinción, porque lo defendíamos frente a todo lo que pudiera
suponer un ataque a esta situación. Como hoy se decía también aquí, en esta línea, nuestro partido lo defendió y en el Gobierno del Partido Popular se hicieron los máximos esfuerzos por adoptar y acentuar este instante de foralidad y con el
Concierto Económico vasco. Sin embargo, señorías, también tengo que decirlo con la misma claridad y sinceridad, por la situación en la que viene esta proposición de ley, por afectar a la propia estructura de la comunidad autónoma, a la propia
estructura de la foralidad, a la esencia de nuestro estado autonómico, entiendo que debió venir en el ámbito nacional con un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
Este ha sido el deseo por el que siempre nos hemos movido, sin
embargo ha habido un factor, que distorsiona completamente esta situación y esta visión, que impide a nuestro grupo votar afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley, y es ni más ni menos que esta proposición de ley, que este
blindaje -como se denomina en los medios de comunicación- se ha asociado a la aprobación de los Presupuestos del Estado. En esas condiciones, señoría, que esto sea un toma y daca, que sea una carta de intercambio para la aprobación de unos
presupuestos, hace que a nuestro grupo le sea absolutamente imposible dar su apoyo a esta proposición de ley que ya les digo que entendemos que afecta a la troncalidad de nuestro sistema foral. Creo que aquí el Partido Socialista -que tenía una
posición determinada con el anterior viceportavoz, señor Jáuregui, que hizo referencia a esta situación- en estos momentos ha cedido a posiciones ajenas y al margen de lo que son propiamente dichas las condiciones de esta proposición de ley. De
alguna manera se viene a condicionar algo que es ajeno a lo que deberíamos estar discutiendo esta tarde y sobre lo que deberíamos haber venido con una posición de conjunto, única, respecto a una proposición de esta naturaleza.
En definitiva, señorías, reprocho al Partido Socialista que haya sido débil a la hora de plantear una toma de posición en un tema de tanta importancia como es la foralidad y que por tener, o creer tener, el apoyo de un grupo legítimo en
estas Cortes Generales, sin embargo, haya hecho imposible el acuerdo con el Partido Popular, que no puede apoyar una toma en consideración en esas circunstancias. Seguramente vamos a tener ocasión de retomar este tema en el futuro. Seguramente
tendremos ocasión de perfilar las condiciones, quizás, en el trámite de enmiendas si esta proposición de ley se toma en consideración. Seguramente entre todos vamos a encontrar fórmulas que nos acerquen, porque no tiene ningún sentido que esta
norma, que, como digo, en el País Vasco goza de la más completa unanimidad, no tenga la posibilidad de salir adelante con la voluntad de todos. Pero, señorías, unir Presupuestos Generales del Estado a un tema de tanta trascendencia a nuestro grupo
no le parece serio; unir el tronco de la foralidad, de la esencia de la autonomía del País Vasco, a tener en el momento actual una determinada votación o unos determinados votos en relación con los presupuestos no nos parece la mejor forma para
sacar adelante una ley de esta trascendencia. Sintiéndolo mucho, de verdad, y a pesar de la defensa tan encomiable que han hecho los parlamentarios que han venido a defender la proposición de ley, nuestro grupo no está en estos momentos en
condiciones de dar su voto afirmativo a la toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.
Por la modalidad del debate que reglamentariamente se ha elegido, a los señores miembros y a la señora integrante de la delegación del Parlamento Vasco nuestro Reglamento les concede el derecho de poder intervenir durante cinco minutos.
¿Desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Tiene la palabra don Ricardo Gatzagaetxebarria.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Gatzagaetxebarria Bastida): Gracias, señor presidente.
Quería hacer una serie de consideraciones respecto a la exposición que ha realizado el señor García-Tizón en nombre del Partido Popular y manifestar nuestra discrepancia. Ha argumentado usted en un buen tono, pero, con todos los respetos a
un parlamentario veterano como usted, el discurso que ha realizado en esta Cámara incurre en contradicciones posicionando al Partido Popular, puesto que no hay mejor síntoma y signo de defensa de esa foralidad, con la que tradicionalmente -usted lo
ha dicho- ha entroncado el Partido Popular, que defender la tramitación de la modificación de dos leyes procesales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para dar a esas normas forales tributarias, que
nacen, dimanan y surgen en el ejercicio de esa actualización tradicional de los derechos históricos de la disposición adicional primera de la Constitución, del Estatuto y de la Ley del Concierto Económico, que apoyar el objetivo y la iniciativa que
se plantean por parte del Parlamento vasco. Y no puede decir S.S. que no hay un acuerdo, puesto que hay un acuerdo unánime en el Parlamento vasco.
Es más, el Partido Popular ha sido, a través de su portavoz el señor Damborenea, miembro en esta
Cámara, uno de los grandes valedores de esta iniciativa y ha trabajado concienzudamente en ponencia parlamentaria, planteando propuestas alternativas y textos que, con la ayuda de los servicios jurídicos del Parlamento vasco, mejoraron y aportaron
intelectualmente un contenido adecuado al sistema institucional del Estado. Por lo tanto, le tengo que decir con toda cortesía que discrepamos en que no exista un acuerdo. El acuerdo existe, y ese acuerdo entronca con lo que usted decía que
parecía que no entroncaba, con la foralidad y con la tradición de las normas forales de las juntas generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que cuando regulan una materia relativa a un tributo están amparadas por esa actualización de derechos
históricos y por ese principio de reserva de ley que ha sido reconocido por parte del Tribunal Supremo y por parte del Tribunal Constitucional.
Otra cuestión, señor García-Tizón. Esto no tiene nada que ver con un debate -como usted ha hecho referencia- de los Presupuestos Generales del Estado. El Parlamento vasco no plantea ni ha promovido este debate en este día, sino que los
tiempos para la tramitación de una iniciativa de esta envergadura corresponden a las Cortes, en concreto a la Mesa de la Cámara y a la Presidencia que en este momento modera y dirige el debate.
Este es el trámite que se ha seguido, y por lo tanto
no vincule una cosa con la otra. Lo que deberíamos hacer todos los grupos que por unanimidad lo hemos aprobado en el Parlamento vasco es poner en valor este consenso alcanzado y defenderlo debidamente. Porque eso mismo, señor García-Tizón,
entroncaría con la coherencia tradicional de su propio partido, que dice defender la foralidad. Pero la foralidad se defiende con hechos, no solo con palabras, y los hechos son que esta iniciativa parte de un consenso unánime en el Parlamento vasco
y que ustedes forman parte de este consenso logrado en el Parlamento vasco.
Finalmente, señor García-Tizón, quiero decirle que deja usted una puerta abierta al futuro. Pero el futuro comienza hoy, y era muy importante que el Partido Popular fijara su posición favorable a esta iniciativa. Usted o su grupo
parlamentario podrán tener sus reservas, pero esas reservas -como usted bien conoce- son susceptibles de ser debatidas, planteadas y sostenidas a lo largo de la tramitación parlamentaria. Por lo tanto, hubiera sido mejor votar favorablemente aun
teniendo algunas reservas mentales -porque, efectivamente, puede ocurrir que haya ámbitos del Partido Popular en que se piense de otra manera- y luego plasmarlas a lo largo de la tramitación parlamentaria, y no haber hecho el planteamiento que usted
ha hecho de que no viene con el acuerdo que usted entiende que no existe y que yo le he acreditado que existe puesto que existe unanimidad en el Parlamento vasco. Hubiera entroncado mejor con la historia y con la trayectoria que el Partido Popular
ha tenido en el País Vasco defendiendo la foralidad y el carácter y alcance de las normas forales de los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Tizón, tiene también derecho y la palabra.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, presidente.
Muy brevemente. En el Partido Popular entendemos la autonomía del País Vasco, la autonomía de Euskadi, como el conjunto de tres territorios históricos que hoy forman una unidad política, pero que también pudieron formar unidades políticas
distintas. De hecho, en la Constitución existen reservas o preceptos que dejan abierta la puerta para que esa unidad política que llamamos hoy Euskadi, que llamamos hoy el País Vasco, pueda tener unas conformaciones distintas. Eso quedó en la
Constitución; son tres territorios. Lo que sí es verdad también es que las normas jurídico-forales, las normas forales que se dan en estos territorios son unas normas que quedaron en el limbo jurídico porque quedaron como actos administrativos
precisamente porque por la Ley de Territorios Históricos solamente se le atribuyó al Parlamento vasco la facultad de dictar leyes con carácter formal. Por tanto, eso nos plantea un defecto en cuanto al artículo 161 de la Constitución. Y respecto a
lo que nos manifestaba sobre el acuerdo, yo no he referido el acuerdo al País Vasco, pues soy consciente, lo sé y lo ratifico que ha habido un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y hay unanimidad. El acuerdo al cual me refería que no se había
producido era aquí en esta Cámara con el Partido Socialista, que cuando se han llevado estos temas era necesario, conveniente y beneficioso que se hubiese producido este acuerdo, y que no
se haya supeditado y sometido a este tema que tiene una transcendencia y reconozco y he dicho que viene de antes -hablamos de por lo menos diez años o más- cuando se había planteado la situación de cuál era la naturaleza jurídica que
debíamos reconocer a las normas jurídicas que emanaban de las juntas generales, especialmente en materia fiscal o de tributos concertados. Esto sí que existía de allí y reconozco el tiempo que ha sido. Pero aquí ha venido -o se ha provocado, como
ustedes prefieran- en un momento de especial delicadeza, como es la aprobación de unos presupuestos generales.
Permítanme que les diga una cosa y se la voy a decir a los diputados del Partido Nacionalista Vasco. Entiendo que es legítimo, desde mi punto de vista no le puedo poner un pero en cuanto a legitimidad, pero no se puede hacer de la
aprobación de esta ley el punto de conexión con los presupuestos generales en un momento de tanta dificultad como el que estamos viviendo en España, unos presupuestos que todos nosotros, desde las bancadas del Grupo Popular, hemos dicho que son
absolutamente impresentables y que no sirven para el momento económico que vivimos. Por tanto, hacer coincidir con los presupuestos algo que viene de hace años y que es verdad que tiene una trascendencia técnico-jurídica que nos desborda en el
momento actual o condicionar una cosa a la otra no nos parece ni serio ni ético ni creemos que debamos admitirlo. De ahí nuestra reserva, de ahí que no podamos votar la toma en consideración de este proyecto. Podremos encontrarnos en el futuro,
seguro que nos vamos a encontrar -ustedes se han encontrado en el País Vasco, ¿cómo no nos vamos a encontrar también en el ámbito nacional?-, pero en el momento actual, con unos presupuestos que son absolutamente imposibles para el momento en el
que vivimos, sinceramente, nuestro grupo no puede votar a favor de esta toma en consideración. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.
Para fijar la posición de los distintos grupos, en primer lugar y por el Grupo Parlamentario Mixto han pedido la palabra la señora Barkos, la señora Díez y el señor Jorquera. ¿Es así? (Pausa.) Pues tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero saludar a la delegación del Parlamento vasco que ha venido hoy a esta Cámara y, por supuesto, a los tres representantes de la Cámara de la Comunidad Autónoma vasca que han defendido la propuesta que hoy nos traen, con
especial brillantez y, si me lo permiten, seguramente con especial pasión la del señor Gatzagaetxebarria, que hablaba de unas ciertas reservas mentales en algunos lugares de esta Cámara. Yo hablaría más bien de reservas viscerales al hilo de lo que
nos deja dicho aquí el señor Gatzagaetxebarria, no en boca del portavoz del Grupo Parlamentario Popular ni mucho menos, ni en el fondo ni en la forma, pero sí en todas aquellas voces que se alzan cada vez que un asunto como este, sea el del convenio
o sea el de las normas forales, salta a la arena pública de la política española para ser respondido con argumentos absolutamente viscerales, no diré yo que sea así pero alguno apunta, cuando se habla de su mayor o menor oportunidad en un momento
prepresupuestario como este. Lo cierto es que argumentos y expresiones absolutamente negativas, como aquellas de los privilegios y antiguallas, en nada ayudan a debates como este que tenemos hoy. De aquellos polvos vienen estos lodos, y hoy nos
encontramos con que algunas de SS.SS. van a contradecir la petición que desde esta tribuna han hecho sus compañeros de partido. Creo que este es un motivo más que para la reflexión.
En segundo lugar, quiero recordar que este no es un debate fiscal.
Seguramente voy a discrepar ahora de mi siguiente compañera en esta tribuna, pero no es un debate fiscal, es un debate jurídico. No estamos abriendo un debate sobre nuestra
estructura fiscal, sino sobre la garantía jurídica y la posibilidad de rango legislativo para las normas fiscales forales. Y en tercer lugar, y con esto termino, probablemente el problema jurídico no debiera existir en tanto en cuanto existe un
precedente, como es -y no podía ser de otra manera viniendo de esta portavoz- el navarro. En definitiva, no existiendo hoy sino un compromiso muy especial para aquellos que están gobernando o cogobernando de alguna manera la Comunidad Autónoma
vasca -compromiso que obliga estrictamente a quienes en su día se opusieron-, no siendo esto sino un debate de garantía jurídica y existiendo, como digo, de alguna manera precedente, entendemos que el voto hoy, en puridad política, en términos
estrictamente serenos, solo puede ser afirmativo. Por cierto, señor García-Tizón, en el Grupo Mixto nos hemos quedado con la duda de saber si van a votar en contra o no, algo que no ha dicho en ningún momento y de manera deliberada a lo largo de
todo el debate. Me dice que no, y no sé si es no o es abstención. Lo digo porque entiendo que el señor García-Tizón, señor presidente, hoy ha utilizado el turno en contra. Por tanto, si hablamos de argucias en términos parlamentarios a lo mejor
asistimos hoy a que quien las ha cometido ha sido otro de los diputados.
En cualquier caso, lo veremos al final de la jornada y en el turno de votación.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Con independencia del contenido de su discurso, en el que no entro, el señor García-Tizón ha utilizado el turno que reglamentariamente le correspondía y ha sido contestado como reglamentariamente también era procedente.
Tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Yo saludo también a mis compañeros parlamentarios del País Vasco, a la Mesa del Parlamento vasco que nos acompaña. Lo hago antes de hacer una intervención que es complicada, naturalmente, es conflictiva. Es conflictivo para una vasca, como
es mi caso, aunque hable como diputada nacional, entrar en el tratamiento de los derechos históricos y la singularidad vasca privilegiada. Pero no me voy a poner de perfil en este debate. No me voy a poner de perfil, como no se puso de perfil el
diputado de UPyD Gorka Maneiro en el debate que se produjo en junio en el Parlamento vasco, porque hubo una amplísima mayoría en el debate de junio pero no hubo unanimidad. Hubo una amplísima mayoría, 74 a uno, pero no hubo unanimidad. Lo digo
para que quede claro que ni él ni yo nos ponemos de perfil y venimos aquí a plantear con argumentos, con serenidad también, señora Barkos, con argumentos políticos nuestra posición; una posición en la que voy a intentar argumentar, como les decía,
el rechazo a una iniciativa que es política. Decía la señora Barkos que no era un debate sobre política fiscal, que era un debate jurídico, tal y como lo ha planteado el señor García-Tizón. Estamos en un debate político que tiene rasgos jurídicos,
como no puede ser de otra manera, hablamos de fiscalidad, como no puede ser de otra manera, pero aquí estamos en un debate político de importancia. A mí me parece, señorías, con todo respeto, que estamos ante una iniciativa extravagante, que tiene
su origen ciertamente en el año 2007, pero que viene ahora al Parlamento español porque es ahora cuando el Partido Nacionalista Vasco lo ha puesto como condición para apoyar los presupuestos, y es ahora cuando el Partido Socialista ha dicho que está
dispuesto a canjear la modificación de su posición histórica por seis votos. Decía que es una iniciativa extravagante porque, como todos ustedes deben de saber, las normas forales que se quieren blindar no son leyes; son normas forales que tienen
otro rango y que por cierto tienen competencias fiscales sobre cuestiones sobre las que no tiene competencia ninguna otra comunidad autónoma. Por eso tienen un tratamiento jurídico también diferente, porque tratar con igualdad lo que es desigual es
una injusticia, que es lo que hoy se pretende: blindar estas normas como se blinda la bilateralidad entre Cataluña y España, de la misma manera, para que quede claro; blindar y abrir el camino, por cierto, para que luego desde Cataluña digan que
como ya se ha blindado eso, detrás de esto algo tendremos, digo los partidos nacionalistas y no señalo a nadie.
Seamos claros, si quieren ustedes que las normas forales tengan rango de ley, renuncien a la capacidad fiscal de las diputaciones forales y que esa competencia pase a ser competencia del Gobierno vasco, sometida al Parlamento vasco, porque
ya es un anacronismo que en un territorio tan pequeño como el País Vasco haya tres haciendas forales sin control del Parlamento vasco. Si quieren que sean leyes, pues que sean y que estén sometidas al control del Parlamento vasco. Señorías, lo que
hay que blindar, lo que está en riesgo, es la igualdad de todos los españoles. Lo que está en riesgo es la cohesión, lo que está en riesgo es la unidad de mercado, lo que está en riesgo es la competitividad de todos los españoles; no están en
riesgo las normas forales. Se ha dicho aquí -por parte incluso de quienes las han defendido- que están superblindadas. Por cierto, el representante del Partido Popular, citando a Cánovas del Castillo, ha venido a decir algo que han dicho en la
prensa, que el concierto es muy español. Hombre, la Inquisición y la expulsión de los judíos, también, pero eran muy injustas. (Varios señores diputados: ¡Hala!) Por tanto, es una norma injusta. Lo digo con todo el respeto a quien piense lo
contrario, con absoluto respeto a quien piense lo contrario. Establece un privilegio y una desigualdad que hoy se pretende blindar. Es una norma foralista, el planteamiento que se trae es foralista, nacionalista. No me extraña y me parece normal
que los nacionalistas la defiendan, pero no creía que fuera a ver nunca al Partido Socialista, que ha hecho bandera de la justicia y de la igualdad históricamente, refrendar aquí y tratar de blindar una desigualdad entre españoles; todos iguales
ante la ley, todos iguales en derecho. Lo que se pretende -nadie lo ha dicho- es que las comunidades autónomas, los sindicatos...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.
Lo que se pretende es que las comunidades autónomas, los sindicatos y las asociaciones empresariales, que suelen ser recurrentes muy comunes -ustedes lo saben- no puedan recurrir. Eso es lo que se pretende, que deleguen en su capacidad de
recurrir y defender intereses generales ante los tribunales. Por eso les digo, señores diputados, que deben tener ustedes claro cuál es el sentido de mi voto: precisamente en defensa de los principios de la justicia y de la igualdad, en defensa
del Estado democrático de todos los españoles -y miro particularmente a los bancos de la izquierda-, nuestro voto, mi voto, será contrario a esa proposición, insisto, en defensa del Estado democrático de todos los españoles, de la justicia y de la
igualdad de todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señora presidenta del Parlamento vasco y miembros de la Mesa de esta Cámara, señorías, el Bloque Nacionalista Galego no comparte las críticas de quienes acusan a la Comunidad Autónoma de Euskadi y a las diputaciones forales de practicar la
competencia desleal en materia fiscal. Por un lado, se ha respetado escrupulosamente el principio de presión fiscal equivalente, como
ya han manifestado los representantes del Parlamento vasco, pero además, desde nuestro punto de vista, la autonomía en materia fiscal tiene que conllevar, para ser real, la posibilidad de tomar decisiones propias en esta materia. Por tanto,
la plena armonización en materia fiscal no es compatible con el pleno ejercicio de la autonomía política y fiscal por la que aboga el BNG.
Al margen de estas consideraciones, y centrándonos ya en la cuestión que nos ocupa, compartimos las razones políticas y jurídicas que fundamentan esta proposición de ley, y valoramos especialmente el hecho de que la misma esté apoyada por la
práctica totalidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco. Los derechos históricos de los territorios forales están reconocidos por la Constitución en su disposición adicional primera, y los mecanismos de defensa de los
mismos deben ser congruentes con este reconocimiento, subsanando por tanto los déficits que hay en cuanto a su protección. Coincidimos, por tanto, en que se debe modificar el régimen procesal de los recursos contra las normas forales de carácter
tributario, de forma que concierna al Tribunal Constitucional su conocimiento, y en consecuencia compartimos la necesidad de que las instituciones forales estén legitimadas para acudir al Tribunal Constitucional. Anuncio, por tanto, el voto
favorable del Bloque Nacionalista Galego no solo a la toma en consideración de esta proposición de ley sino también a todos los contenidos de la misma en su tramitación parlamentaria. El Bloque Nacionalista Galego mantiene esta posición al margen
de las consideraciones que nos merezca el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno acaba de presentar en esta Cámara. Nosotros, como fuerza política, procuramos no confundir el tocino con la velocidad, y ahora esta
Cámara está fijando posición respecto a la toma en consideración de esta proposición de ley, y desde luego respetamos muy mucho las estrategias negociadoras que en materia de presupuestos o en cualquier otra cuestión mantenga el Partido Nacionalista
Vasco o cualquier otra fuerza política de la Cámara.
Reitero, por tanto, nuestro apoyo.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
También para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quisiera comenzar por el capítulo protocolario, no por ello menos sincero, saludando a los comisionados
parlamentarios designados por el Parlamento vasco.
No es la primera vez que se trae a debate a esta Cámara, incluso que este humilde diputado tiene la oportunidad de intervenir, a raíz de la llamada problemática del encaje jurisdiccional del Concierto Económico vasco. La última
concretamente fue el pasado 20 de mayo de 2008, cierto es que en un contexto muy distinto, menos propicio, pendientes como estábamos de la espada de Damocles del Tribunal de Luxemburgo ante el riesgo diría que casi inminente de una desnaturalización
del concierto que tuvo acongojadas a las instituciones vascas durante largo tiempo. Pero ya se sabe -y dijo Lord Byron- que la adversidad es el camino de la verdad, y por tanto al final la Justicia europea dio la razón, como no podía ser de otra
forma, al Gobierno y al pueblo vasco. Quiero recordar que en la anterior legislatura esta fue una cuestión que también fue debatida -por cierto, sin éxito- con motivo de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la tan traída y
tan llevada enmienda número 19 del Grupo Vasco, PNV, que nunca llegó a buen puerto y que, como ustedes recordarán, también naufragó. Sea como fuere, hoy 13 de octubre de 2009 llega una proposición de ley del Parlamento vasco que fue aprobada el 12
de junio pasado pero con idéntico contenido a otra que fue aprobada, por cierto, en junio de 2007, y por lo pronto nótese que esta iniciativa llega con un extraordinario retraso, con una demora y con una lentitud casi exasperantes. En segundo lugar
-ya se ha dicho antes y quiero repetirlo- no puede hablarse ya durante este trámite ni de oportunismo ni de un intento por parte de un grupo de esta Cámara de patrimonializar políticamente esta cuestión -este fue un argumento recurrente que salió a
colación repetidamente para echar atrás algunas iniciativas precedentes-, porque ahora lo que hay es -como recordaba hasta hace pocos minutos la señora Díez- una iniciativa casi unánime del Parlamento vasco. En tercer lugar, solo el azar y los
hados benéficos o maléficos -depende de cómo se mire- han querido que esta cuestión pueda mediatizar el debate presupuestario y que, legítimamente, un grupo en esta Cámara haya jugado esta carta, pero eso no es imputable a nadie. No me corresponde
a mí ni a mi grupo, señor García-Tizón, hurgar en las diferencias que hayan podido surgir en el interior del Partido Popular, ni tan siquiera en la brecha abierta en el Gobierno vasco. Ni creo que fuera oportuno que yo apelara aquí a la coherencia
constitucional ni foral de su grupo ni voy a pedirles a ustedes, señores del Partido Popular, que atiendan ese órdago del señor Basagoiti, a la sazón líder del Partido Popular en el País Vasco, que se ha desgañitado -por lo que he visto estos
últimos días- pidiendo un gesto de coherencia a su partido. Pero, si me lo permiten, modestamente sí quiero decir -aprovechando que el Pisuerga pasa por la Carrera de San Jerónimo- que creo que siempre es bueno decir lo mismo en todas partes, por
tanto es bueno decir lo mismo en Gasteiz que aquí en esta Cámara en Madrid, máxime cuando esta es una iniciativa que responde a un acuerdo casi unánime del Parlamento vasco. Además
creo que el tacticismo está aquí absolutamente fuera de lugar. Si están ustedes convencidos de la bondad de esta iniciativa, evidentemente voten a favor, pero no digan que esto es un trágala del PNV con motivo del debate presupuestario y
sobre todo no echen la culpa de sus propias debilidades al resto.
Decía antes que el azar ha traído hoy esta cuestión a debate en plena negociación presupuestaria, y quiero insistir en que no nos parece de recibo que ustedes puedan acusar de ventajismo o de un cierto oportunismo el hecho de plantear esta
cuestión, porque es verdad -como ustedes han dicho estos días- que el espaldarazo dado por el Tribunal de Luxemburgo en 2008 al Concierto Económico vasco ratificó la potestad de la Hacienda vasca de fijar una tributación diferenciada, pero no es
cierto -como ustedes han venido insistiendo hoy también- que se haya reducido esta urgencia del blindaje o que pueda procurarse a través de fórmulas mucho más sencillas, es decir, a través de las leyes aprobadas en el Parlamento vasco. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Esa es, por cierto, la propuesta que he leído y que he escuchado también a los socialistas vascos en más de una ocasión, es decir, inclinarse por resolver este asunto en el ámbito de la
comunidad autónoma, pero es sabido que las normas forales están sometidas a la aprobación y a la ratificación del Parlamento vasco para otorgarles así el rango de ley formal, aunque estimamos que esta solución es contraria y de hecho colisiona
frontalmente con el Estatuto de Gernika. El Parlamento vasco no tiene en ningún caso habilitación estatutaria para dictar normas de carácter tributario y el sometimiento de las normas forales a la Cámara de Vitoria podría constituir, en nuestra
opinión, una invasión material clarísima en las competencias de las instituciones de los territorios históricos. Sustantivamente, el problema es de sobra conocido y no voy a insistir en ello, pero sí remarcar que el Estatuto de Gernika contiene un
núcleo competencial reservado exclusivamente a las diputaciones forales, en el que ni tan siquiera puede penetrar o incidir el Parlamento vasco. En este acervo competencial se incluye de forma muy concreta el sistema tributario que se rige por el
sistema de concierto económico, de ahí que la potestad normativa de las instituciones forales recae sobre las Juntas Generales, que pueden adoptar normas de rango reglamentario pero no normas con rango de ley, a diferencia, por cierto, del sistema
de convenio navarro, lo que las hace -por eso estamos hoy aquí- especialmente vulnerables ante la justicia ordinaria, ante el contencioso administrativo.
Visto desde fuera -y no quiero hacer una fácil logomaquia-, la cosa podría provocar un cierto desconcierto. En Euskadi, por lo que sabemos, es conocida la posición histórica -no sé si hoy enmendada- del PSOE y también del Partido Popular.
Allí, ambos grupos lo vindican, aunque sea con la boca pequeña, y bastantes veces aquí en Madrid lo rechazan también con la boca pequeña, máxime cuando ante los recursos interpuestos por otras comunidades autónomas vecinas o limítrofes hay que mirar
en ocasiones hacia otro lado; pero créanme que esa es una forma muy dudosa de hacer política, algo así como tener el Estatuto de Gernika como rehén e irlo soltando poco a poco según sus conveniencias. Nuestro grupo está convencido de que esta es
una iniciativa no solo legítima y ajustada a derecho, sino que es una iniciativa totalmente oportuna, por tanto, el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida no solo va a dar apoyo a esta toma en consideración, sino que, si me permiten, deseamos
que todos los grupos hagan exactamente lo mismo.
Gracias, señor presidente, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: (Comienza su intervención en euskera.) Señoras y señores diputados, con la presente es la cuarta vez, que yo recuerde, en cinco años que debatimos este asunto en el Congreso de los Diputados, y lo que debatimos es
fundamentalmente si es normal, si tiene lógica jurídica, que una normativa fiscal erga omnes como el IRPF, el impuesto de sociedades o el impuesto de sucesiones, quede al albur de que cualquier ciudadano, sindicato o asociación empresarial lo
recurra. No tengo ninguna duda de que si lo que estuviera bajo el escrutinio fuera la legislación del Estado o la de una comunidad autónoma la respuesta de cualquier jurista sería que eso no es normal. Alguien podría insinuar que esa precariedad,
esa facilidad de que sean recurridas sería una característica de lo foral, pero nada más lejos de la realidad. Basta observar que en el caso de la normativa fiscal navarra los recursos, como en el resto de las leyes, se realizan ante la
jurisdicción constitucional y son únicamente iniciados por los sujetos legitimados para hacerlo así con cualquier ley.
El Partido Nacionalista Vasco ha tenido que soportar durante estas últimas semanas muchos comentarios maliciosos de grupos políticos necesitados de tapar sus vergüenzas. Parece ser que la culpa de que no se haya asegurado la estabilidad del
concierto económico ante los tribunales es del PNV. El PNV utiliza la excusa del concierto como instrumento de agresión a otras comunidades; el PNV nunca elige el momento oportuno para presentar la cuestión, o bien el PNV quiere todo el
protagonismo en la defensa del concierto económico. Hace falta una buena dosis de cinismo para hacer tales observaciones. Lo hemos explicado más de una y dos veces, hasta tres, ante esta Cámara. Nunca nadie desde los partidos de obediencia
estatal nos ha apoyado, ni el PSOE ni el PP. Si tan defensores del concierto económico son, ¿por qué no han presentado nunca ni PP ni PSOE ninguna iniciativa al respecto? ¿Por qué con su magnífico verbo no han hecho pedagogía y han explicado de
primera mano lo de acuerdo que están con
nosotros a pesar de lo mal que nos explicamos? ¿Por qué no han presentado nunca ninguna iniciativa en defensa del concierto? ¿O es que no ha habido ocasiones en los últimos seis años para hacerlo? Por favor, sean protagonistas y lideren
su defensa.
Indigna ver cómo determinados líderes políticos utilizan el concierto económico para sacar réditos electorales arremetiendo contra él. El presidente de La Rioja se queja y recurre contra el concierto económico vasco. Sin embargo, no dice
nunca nada del convenio de Navarra, comunidad que también hace frontera con la suya. El presidente de Castilla y León dice que es una vergüenza, si se aprueba esta proposición de ley que debatimos, que no puedan seguir recurriendo en contra de la
fiscalidad vasca, pero se calla algo importante, oculta que las instituciones vascas no pueden recurrir la legislación fiscal de Castilla y León porque las comunidades autónomas no están legitimadas para recurrir ante el Tribunal Constitucional las
leyes de las comunidades vecinas. Mientras tanto, el lehendakari calla. No está ni siquiera hoy aquí; ni está ni se le espera.
Ya no valen excusas. Esta cuestión se debate hoy, señor García-Tizón, no porque el PNV la vuelva a suscitar en busca de protagonismo, sino porque el calendario legislativo ha querido que sea en vísperas presupuestarias cuando se trate esta
cuestión. No vale lo que dijo la señora Cospedal en su momento y lo que hoy ha repetido usted en la Cámara, que votarán en contra porque no están dispuestos a consentir que se produzca una manipulación del concierto que interese exclusivamente para
que el PNV pueda o no apoyar los presupuestos. Hay que recordar que la proposición del Parlamento vasco no se planteó para que el PNV pueda o no apoyar los presupuestos; se formuló porque los miembros de la Cámara de Vitoria, incluidos los del
propio Partido Popular, pensaron que se trataba de una medida objetivamente positiva para la pervivencia del régimen concertado.
¿A ustedes en qué les afecta que el Grupo Vasco condicione el comienzo de unas negociaciones sobre el presupuesto, no
el voto siquiera, a que esta iniciativa llegue a buen puerto; no solo que sea hoy la toma en consideración, sino que llegue a buen puerto? ¿En qué les afecta a ustedes? En nada. ¿A que si condicionáramos nuestro voto y nuestra postura ante el
presupuesto a que se reforzaran las competencias del Estado ustedes votarían a favor? Entonces no habría chantaje de ningún tipo ni sería imposible votar a favor de esa iniciativa. La postura del Partido Popular suena a excusa huera una vez más.
Recuerdo que el señor Astarloa, en la última intervención desde esta tribuna, dijo: El momento de votar a favor será cuando llegue la iniciativa del Parlamento vasco.
No ha sido así.
Otra cuestión importante. Quienes dicen -miembros del Partido Popular y muy fácilmente del PSOE, incluso la señora Gallastegui, que antes ha intervenido- que el PNV quiere traer esta polémica a Madrid cuando podría arreglarse con una simple
modificación legislativa en Vitoria faltan gravemente a la verdad o no saben de lo que hablan. Supongamos que modificamos la LTH para dar rango de ley a las normas forales. ¿Creen ustedes que insignes juristas, incluidos los de su propio partido,
se quedarían tan frescos aceptando que el sistema de fuentes pueda ser modificado por una norma que no sea ni la Constitución ni un Estatuto de Autonomía, o en definitiva una norma que no forme parte del bloque de constitucionalidad? ¿De qué guindo
quieren que nos caigamos? El recurso estaría a la vuelta de la esquina, con el añadido de un argumento más, acrecentando así la inseguridad jurídica del concierto. Lo mismo se puede decir de la otra alternativa que el señor Pastor, portavoz del
PSE, difunde por los medios de comunicación: Que el Parlamento Vasco ratifique las normas forales de las Juntas Generales. Cualquier político vasco debería saber que la competencia de normar en materia tributaria forma parte del núcleo intangible
de la foralidad, protegido por la jurisprudencia constitucional. Por tanto, eso, aparte de ningunear a las instituciones forales, sería querer pasar por encima de lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Gernika. Lo que se aprobarían serían
leyes nulas de pleno derecho, o sea, señoras y señores del Partido Socialista de Euskadi, otro motivo para que las normas fiscales sean incluso más recurribles.
El foro que tiene que afrontar esta reforma legislativa son las Cortes Generales, y lo pueden hacer, ellas sí, sin incurrir en ningún tipo de inconstitucionalidad, haciendo una interpretación conjunta del artículo 133 y de la disposición
adicional primera. Eso ofrece una sólida base para que las normas forales reciban un tratamiento equiparable a las leyes si se expresa de esa manera en las leyes orgánicas de desarrollo, que es lo que se pide.
Hoy el Partido Socialista quizá vote favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley, no porque les haga mucha gracia, sino porque la necesidad obliga. Pero se nos escapa que una toma en consideración no significa nada;
hoy, el momento puede exigir un sí, y mañana ya veremos. Ya sabemos lo que ocurrió durante la tramitación de la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El señor Jáuregui se comprometió públicamente, en ponencia, a que las
enmiendas nacionalistas saldrían adelante; llegó la discusión en Comisión y donde dije digo, digo Diego. La propia vicepresidenta Salgado ha señalado que en ningún caso iban a llegar a este debate con un texto cerrado sobre cómo resultaría la
reforma, y a tenor del único borrador que nos ha presentado hasta hoy, no nos extraña. Hoy por hoy no hemos podido cerrar un texto que nos asegure que el fin perseguido por el Parlamento vasco se vaya a llevar a efecto. La propuesta que nos ha
llegado del Gobierno, en singular, puesto que solo ha sido una, nos hace temer incluso lo contrario. No lo olviden, todos los diputados y senadores vascos, también los del Partido Socialista de Euskadi y los del Partido Popular, tienen la
obligación moral de que la voluntad del Parlamento vasco sea respetada durante toda la tramitación y de que lo que resulte aprobado, en su caso, en las Cortes Generales, sea estrictamente esa voluntad. El Partido Nacionalista
Vasco, por su parte, no aceptará de ningún modo que si esta proposición de ley se toma en consideración haya retrasos en su tramitación o se desvirtúe su contenido de manera que incluso pueda llegar a empeorar la situación en que se
encuentra el concierto. ¡Menudo papelón, señora Gallastegui, señor Damborenea! Hemos pasado unas semanitas con dimes y diretes sobre qué iban a hacer el PSOE y el PP. En el caso socialista, ya dejó claro el señor Alonso, portavoz de su grupo, en
rueda de prensa, que le importaba una higa lo que dijeran el Gobierno socialista vasco o sus colegas en la Cámara de Vitoria. En el caso del PP, si no apoyan la proposición de ley, el señor Basagoiti debería dejar de representar a su partido, si es
fiel a sus palabras en alusión a los dirigentes de Génova: que se presenten ellos en Euskadi. No es ya solamente que el Partido Socialista no tenga una idea de qué quiere hacer con España más allá de la uniformidad autonómica, es que ustedes,
teóricos defensores de las esencias forales, tampoco la tienen.
¿Se tomará en consideración finalmente la iniciativa que debatimos hoy? Si es así, será un gran ejemplo de lo importante que en ocasiones puede llegar a ser un puñado de votos, seis, para ser más exactos. Desde aquí solo puedo asegurar una
cosa; hoy y en el futuro, siempre, esos seis votos estarán comprometidos con la voluntad del Parlamento y los ciudadanos vascos, por encima de cualquier otra que les quiera ser impuesta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta; señoras y señores diputados; señora vicepresidenta Salgado, responsable de temas económicos en el Gobierno; sean mis primeras palabras de saludo a la amplia representación del Parlamento vasco
que hoy nos acompaña en el Congreso de los Diputados y de enhorabuena a los tres representantes del Parlamento vasco que han intervenido para defender lo que en ningún caso es un debate técnico.
Puede que la plasmación final de la proposición de ley pueda parecer absolutamente técnica y jurídica, pero no lo es; estamos ante un debate político. El señor García-Tizón manifestaba que debían ir de la mano con el PSOE en estos temas en
el Congreso de los Diputados, y se quejaba como si les hubieran dejado solos. Quiero recordar que en tres ocasiones han ido de la mano; en tres ocasiones en las que me ha tocado intervenir en esta Cámara sobre el mismo tema iban juntos el PSOE y
el PP. Iban juntos cuando votamos una propuesta de resolución en la pasada legislatura; iban juntos cuando votamos una proposición no de ley en este mismo Pleno en la pasada legislatura e iban juntos cuando tanto en la Comisión como en el Pleno,
cuando se debatió la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, había una enmienda que pretendía lo mismo y que finalmente no obtuvo ni los votos a favor del PSOE ni los votos a favor del PP. Nosotros, desde Convergència i Unió, siempre hemos votado
a favor de esta iniciativa que, repito, es política porque tiene mucho que ver con lo que es el País Vasco y con lo que es el Estado compuesto que nos hemos dado.
En el País Vasco las normas tributarias no las aprueba el Parlamento vasco. En Cataluña las normas tributarias, el margen que nos da el Estatuto, las aprueba el Parlamento de Cataluña. En el País Vasco ese producto normativo tiene un
autor, que son las Juntas Generales. En Cataluña tiene un autor, que es el Parlamento de Cataluña y se aprueban como ley. En el País Vasco, al aprobarlas las Juntas Generales, esas normas finales que salen están más desprotegidas y, por tanto,
señora Díez, antes que se hablaba de la igualdad, esas normas están sujetas a una desigualdad, porque son las normas tributarias que rigen en el País Vasco y, sin embargo, no tienen la misma protección jurisdiccional que tiene una norma tributaria
emanada del Parlamento de Cataluña o del parlamento de cualquier otro territorio.
Estamos hablando de un tema que entronca con lo que es el País Vasco, con unos derechos históricos reconocidos en su Estatuto, amparados a través de la propia disposición adicional primera de la Constitución, por tanto, tienen un encaje
constitucional y lo permite la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional si la redactamos de manera distinta. Porque la Constitución, de manera clara en su artículo 161, permite que el Tribunal Constitucional conozca de cualquier otra norma. Por
tanto, lo que estamos haciendo es aplicar la Constitución a un supuesto específico, en este caso, el supuesto que el propio Parlamento vasco, por una amplísima mayoría, es cierto que no por unanimidad, solo con un voto en contra, aprobó.
¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Deberíamos legitimar aquello que el Parlamento vasco hoy nos trae, porque ellos han conseguido ese amplio consenso, incluyendo el Partido Socialista y el Partido Popular, y es una contradicción que ese
consenso hoy no se repita aquí. Nosotros vamos a hacer caso al diputado del Partido Popular del País Vasco, que nos pide a todos que votemos a favor. Nosotros le haremos caso. Su grupo parlamentario en este Congreso de los Diputados, no.
Nosotros entendemos que es una iniciativa importante.
Me quiero referir a dos cuestiones más. Se critica que esto coincida con el debate de presupuestos, y es injusto que se haga, porque nadie podía prever, cuando el Parlamento vasco remitió esta iniciativa a estas Cortes Generales, que iba a
coincidir el calendario. Si alguna otra comunidad autónoma no hubiese retirado propuestas anteriores, hoy no estaríamos debatiendo esta proposición de ley. Por tanto, nadie puede ser tan calculador para decir que esto hoy forma parte estricta del
calendario presupuestario. Lo ha querido la casualidad en el tiempo, porque las proposiciones de ley se debaten los primeros plenos de cada mes, que exista esta coincidencia,
pero no fue querida por sus autores, que es el Parlamento vasco. Quiero defender esta congruencia de la propuesta. La propuesta, señor García-Tizón, es buena o mala, pero no según el momento en que se debate, no según el contexto. La
aprobamos o no dependiendo de su contenido, pero no del momento, porque, si no, sí que entraríamos en grave contradicción política. Yo pido que todos voten a favor de esta proposición de ley.
Segunda cuestión formal. En esta Cámara, señorías, nos hemos acostumbrado a construir una nevera, si me lo permiten, un congelador. En esta Cámara no se ve -parece que esté oculto- pero hay ese congelador o esa nevera.
Esa nevera o
congelador donde van aquellas proposiciones de ley que, para salir al paso un martes de una votación comprometida, se votan a favor por parte del grupo mayoritario, pero después se decide depositarlas en ese congelador, en esa nevera, para que no
estorben más. Hemos pasado el día de la votación y después nos olvidamos de ello, y martes a martes, a partir de las propuestas que los propios grupos mayoritarios realizan, se va prorrogando su plazo de enmiendas, y llega a finalizar la
legislatura sin que se hayan llegado a tramitar proposiciones de ley que llevan meses y meses, incluso años tomadas en consideración.
¿Qué pedimos? Pedimos que, por una vez, esta proposición de ley, que es importante, que es política, que afecta a un territorio como el País Vasco, que viene con ese amplio consenso político en el País Vasco, con solo un voto en contra del
partido de la señora Díez, se tramite y que no se burle su texto durante su tramitación. Lo decía el señor Esteban y con el señor Esteban hemos coincidido ya varias veces en este debate. Y hoy que parece ser, y nos alegramos de ello, que se va a
tomar en consideración esta proposición de ley, pedimos seriedad en su tramitación posterior, compromiso político de quienes votamos a favor de que la vamos a traer hasta el BOE, con un calendario acordado y con unas enmiendas que en ningún caso
desvirtúen lo que esta proposición de ley pretende. Lo que vamos a conseguir con ello, al final, es evitar que siga manteniéndose ese trato discriminatorio hacia unas normas que fijan un marco tributario específico en el País Vasco y que después no
tienen la protección jurisdiccional que deberían tener.
Termino, señora presidenta, señorías, con una reflexión. Que nadie se crea esto del blindaje. No porque vaya a conocer el Tribunal Constitucional está algo blindado. Se lo digo por experiencia porque en Cataluña tenemos ante el Tribunal
Constitucional el Estatuto que se aprobó por mayoría en estas Cortes Generales, se votó en referéndum, y no porque esté en el Tribunal Constitucional, el órgano que debe enjuiciar, supone un blindaje, pero sí supone una especial consideración de la
norma que se quiere recurrir. Solo por ese hecho de la especial consideración, deberíamos apoyar hoy esta propuesta que nos trae el Parlamento vasco y que Convergència i Unió va a apoyar una vez más. Va a ser la cuarta vez que en dos legislaturas
votemos a favor de esta iniciativa, sea en forma de enmienda, sea en forma de resolución o de proposición no de ley, pero esperemos que esta vez sea un debate útil y que, finalmente, dé sus resultados.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Benegas.
El señor BENEGAS HADDAD: Gracias, señora presidenta.
Señorías, miembros de la representación del Parlamento vasco, permítanme hacer una referencia histórica. Entiendo que en todos los temas referidos al concierto hay que explicar el porqué de los sentimientos que se producen en el País Vasco,
y de esos sentimientos derivan unas posiciones de defensa de su esencia.
El 23 de junio de 1937, Francisco Franco suprimió, mediante decreto-ley, el régimen de concierto económico para las provincias de Guipuzcoa y Vizcaya porque -cito textualmente- se alzaron en armas contra el movimiento nacional iniciado el 17
de julio, correspondiendo así con la traición. El concierto se mantuvo vigente en Álava porque -cito también textualmente- ella no participó en acto alguno de rebeldía y realizó, por el contrario, aportaciones valiosas a la causa nacional que no
pueden ni deben ser olvidados en estos momentos. Lo mismo sucedió con la lealísima Navarra por el fervor de su adhesión al común destino de la patria. Así, señorías, durante más de 40 años, las provincias traidoras fueron privadas del sistema de
concierto, y durante este largo tiempo arraigó profundamente en la población el sentimiento de que algo legal y propio había sido arrebatado por la fuerza e impuesto autoritariamente por haber defendido la libertad y la democracia frente a una
insurrección militar.
Hago este preludio porque quiero transmitir a la Cámara la idea de que el sistema de conciertos es fruto de nuestra historia, de la historia de España, y no tiene por qué constituir un privilegio si las cosas se hacen bien. Es fruto no solo
de la historia del País Vasco sino de la historia de España. Restaurada la democracia, la Constitución Española, en su disposición adicional primera, estableció que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios
forales, añadiendo que la actualización general se haría de acuerdo con la Constitución en el Estatuto de Autonomía. Es decir, se constitucionalizaron derechos forales, derechos históricos. El concierto, al ser suprimido por la fuerza, se
convirtió en un derecho histórico. Repárese, porque tiene importancia, en que son derechos de los territorios forales, es decir, en este caso de las provincias; no son derechos de la comunidad autónoma, y eso tiene su importancia a la hora de
debatir sobre el fondo de la cuestión.
A pesar de este reconocimiento constitucional, a diferencia de lo que ocurrió en España, los vascos nos dividimos
en la votación sobre la Constitución. Solamente los partidos de ámbito estatal votamos a favor de la Constitución de 1978, con la excepción de Alianza Popular, que se abstuvo. Esta desafortunadísima división en torno a lo que es el centro
y el núcleo de los derechos y libertades que gozamos hoy, como es la Constitución de 1978, la superamos haciendo un gran pacto autonómico del cual nació el Estatuto de Gernika, que precisamente este mes cumple 30 años de vigencia, no sin haber
sufrido avatares como el viaje a Lizarra o aventuras soberanistas, pero el 25 de octubre se cumplirán 30 años de la aprobación del Estatuto de Gernika.
La proposición de ley es del Parlamento vasco -me parece importante reiterar que no estamos discutiendo una propuesta del Partido Nacionalista Vasco, sino del Parlamento vasco-, votada también por el Partido Socialista de Euskadi y por el
Partido Popular. El señor Esteban ha dicho que nunca hemos apoyado este tipo de iniciativas. Las hemos apoyado dos veces en el Parlamento vasco y ahora va a ser la tercera, porque vamos a votar a favor de la toma en consideración. Lo que ocurrió
fue que en la Ley de Reforma del Tribunal Constitucional se mezclaron temas que nos impidieron el voto a favor. Pero, en todo caso, estamos discutiendo -y hay que dejarlo claro también- la proposición unánime, diría yo, porque se votó y llegó a
esta Cámara en 2008 del Parlamento vasco, no de un partido político. Es una proposición que además se fundamenta en la Constitución y en el Estatuto de Gernika, que con ello recupera la consideración que se merece y que tuvo cuando se aprobó en
esta Cámara, que fue calificado por casi todos los portavoces en la misma de gran logro histórico para el pueblo vasco. Así lo describió, por ejemplo, Xavier Arzallus cuando aprobamos el Estatuto de Gernika.
Como se ha dicho, el Estatuto de Gernika, en su artículo tercero, reconoce a cada uno de los territorios históricos que integran el País Vasco la facultad de conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización y sus
instituciones privativas de autogobierno. Esto se concreta en el artículo 37, haciendo una reserva expresa a los órganos forales de un núcleo competencial exclusivo en el que ni siquiera el Parlamento vasco puede entrar.
La cuestión que pretende resolver la proposición de ley de la Cámara vasca constituye un problema real, es un problema jurídico pero con una trascendencia política grande. ¿En qué consiste el problema? Se ha explicado aquí muy bien por los
representantes del Parlamento vasco.
Consiste en que en los impuestos que son concertados -no en todo el sistema tributario, solo en los impuestos que son concertados-, las normas forales no desarrollan ni complementan las leyes del Estado, sino
que las suplen. Y si están supliendo a una ley deberían tener el mismo régimen procesal de defensa y de impugnación que ellas. Las normas forales no tienen rango de ley porque el Estatuto de Gernika confiere la capacidad legislativa al Parlamento
vasco en exclusiva, pero es lógico que la norma que suple a una ley tenga un tratamiento similar al que tienen estas. Es decir, se trata de tener un tratamiento idéntico al que tienen Cantabria, La Rioja, Castilla y León y el resto de las
comunidades autónomas del régimen común cuando ejercitan sus competencias en el ámbito tributario. Lo hacen por ley, como Navarra, por ejemplo, en virtud del sistema de convenio por el que se rigen, o como Canarias, en virtud del sistema especial
del que disfruta, lo cual conduce a una situación en la que las normas tributarias de las comunidades autónomas de régimen común, más Navarra y Canarias, solo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional, y las normas forales, que suplen a
la ley del Estado, pueden ser recurridas por la vía contencioso-administrativa por personas jurídicas y por personas físicas. Cuando se practica un abuso de este recurso, como ha ocurrido, surge el problema político de cómo defender la autonomía
foral y garantizar la seguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas vascas. Este es el problema que tenemos que resolver -y es razonable que se discuta aquí- y si fuera con el acuerdo de todos sería mejor. De vez en cuando conviene ser
autocríticos y yo quiero serlo en estos momentos. Hemos cometido un error muy serio los políticos vascos -no todos- y los profesionales de la información -no todos- al utilizar la expresión blindaje del concierto económico. El error es grave,
cuando menos por dos motivos. Primero, porque no es verdad que estemos ante un blindaje de nada. Las normas forales, según el espíritu y la letra de la proposición de ley que debatimos, podrán ser recurridas e impugnadas ante el Tribunal
Constitucional y, como sucede ahora, pueden ser denunciadas ante la Unión Europea si hubiere motivos para ello. Por tanto, lo que estamos reclamando es que tengan la defensa y las características de impugnación que tienen el resto de las leyes
tributarias que formulan las comunidades autónomas. Por tanto, no hay blindaje de ningún tipo y pido a los representantes políticos -en la medida en que pueda pedirlo- que dejemos de hablar de blindaje del concierto al hablar de esta proposición de
ley del Parlamento vasco.
Segundo -segundo motivo por el que el error que se comete es grave- porque la expresión o el término 'blindaje' ha creado recelo, ha desatado sentimientos de agravio comparativo en las comunidades vecinas y en otros
sectores de la población española y hemos abandonado la pedagogía del convencimiento y la explicación de lo que hay de razonable en la propuesta. Por ello, quiero transmitir desde esta tribuna a los señores presidentes, a los dignos presidentes de
Cantabria, La Rioja, Castilla y León y cualquier otra comunidad que tenga temores ante esta iniciativa que el uso del derecho debe ser leal. Existe una nueva situación en el País Vasco, hay un nuevo Gobierno vasco que quiere tener unas relaciones
de entendimiento. (Algunos señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Sí lo hay, sí lo hay, hay un nuevo Gobierno que quiere tener unas relaciones de entendimiento institucional con el Gobierno del Estado y resolver los problemas
mediante el diálogo. Y yo quiero pedir a estos
presidentes que tengan fe y calma en lo que debe ser una relación leal en una doble dirección. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Se trata de buscar una fórmula que permita un ejercicio solidario de la autonomía foral por la que ni
unos puedan abusar de esta perjudicando a terceros, ni otros puedan desencadenar un despliegue masivo de recursos contencioso-administrativos contra la autonomía foral reconocida en nuestra Constitución. Por tanto, busquemos un punto de equilibrio
que cumpla con estos dos principios.
Lamento profundamente la posición que ha adoptado el Partido Popular. Les diré más: me preocupan, me desasosiegan los argumentos que se utilizan.
Señor García-Tizón, usted no ha entrado en el problema que nos afecta. Su grupo ha
aplaudido a los representantes del Parlamento vasco y a usted, en un ejercicio político que no sé cómo calificar. (Risas.) Usted no ha entrado en el problema, a ustedes lo único que les preocupa son los presupuestos del Estado. Ya han dicho que no
quieren votar esto -que viene desde el año 2008- porque no quieren que este Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, tenga unos presupuestos aprobados en España, y no quieren que podamos hablar y discutir con el Partido Nacionalista Vasco de lo
que queramos nosotros y de lo que quieran ellos.
El señor PRESIDENTE: Señor, Benegas, tiene que ir acabando.
El señor BENEGAS HADDAD: Voy terminando, señor presidente. (El señor Grau Reinés: Abreviando.) Abrevio, sí.
El señor PRESIDENTE: Señor Grau, y usted no debe hablar. (Risas.)
El señor BENEGAS HADDAD: Le diré, señor Tizón, que el momento procesal para votar en contra de los presupuestos no es este. El momento procesal para votar en contra de los presupuestos si están ustedes en desacuerdo será el de la discusión
de los votos particulares. Reclama usted que no se ha producido aquí un acuerdo con el PSOE. Mejor sería que primero hicieran ustedes un acuerdo dentro de su propio partido; que se pongan de acuerdo para poder discutir luego con los demás. Les
daré un ejemplo de cuál es en el fondo su equivocación, porque la historia hay que recordarla de vez en cuando. Nosotros no hemos tenido nunca el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en una investidura, nunca. El señor Aznar lo tuvo; el Partido
Nacionalista Vasco votó a favor de su investidura y, por ejemplo, Javier Arzalluz dijo que en catorce días había conseguido más que en catorce años de Gobierno Socialista. ¿Qué deberían haber cedido ustedes para que Aznar tuviese ese reconocimiento
histórico por parte del señor Arzalluz? Pues les diré algunas cosas, por ejemplo, la Ley de Concierto Económico, que tenía caducidad, vigencia de veinte años, la renegociaron y la convirtieron en una ley de vigencia indefinida, y trasfirieron los
fondos de formación profesional continua.
El señor PRESIDENTE: Señor Benegas, debe acabar.
El señor BENEGAS HADDAD: Termino ya, señor presidente.
El Grupo Socialista va a votar a favor de la toma en consideración de la propuesta del Parlamento vasco no por necesidad, señor Esteban, sino por coherencia y por convencimiento, porque nos parece razonable. Y no olvide, señor Esteban, que
si esta proposición se aprueba será por los 169 votos del Grupo Socialista, no por los 6 del PNV, y vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión.
Muchas gracias, señor presidente y perdone que me haya excedido.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benegas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1.
(Número de expediente 410/000010.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el II punto del orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. La tramitación especial que se ha autorizado para esta iniciativa me
lleva a anunciarles que SS.SS. intervendrán en régimen de fijación de posición. En primer lugar, don Pedro Muñoz, por el Grupo Socialista, tiene la palabra, por igual tiempo que los demás portavoces, cinco minutos.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, me atendré al tiempo al que usted se ha referido.
Señorías, traemos hoy a la consideración de la Cámara la toma en consideración de una proposición de reforma del Reglamento de la misma, concretamente de reforma del artículo 46.1 del Reglamento del Congreso, que es aquel que establece la
fijación de las comisiones legislativas permanentes. Los grupos que han suscrito esta iniciativa -al menos el grupo que represento, el Grupo Socialista- han intentado buscar el consenso en la formulación de la misma; el Grupo Socialista lo ha
buscado, no en vano el Reglamento de la Cámara es el instrumento a través del cual se vehicula, se establece el derecho de participación política de los representantes de los ciudadanos, que no otra cosa somos los parlamentarios que aquí
representamos a la soberanía nacional. Por tanto,
es importante tener ese dato encima de la mesa y recordar que es, ha sido siempre y será la intención del Grupo Parlamentario Socialista buscar la unanimidad en relación con este tipo de iniciativas. Es verdad que recientemente hemos visto,
hemos asistido a debates de toma en consideración de reformas del Reglamento que no han tenido esa consideración. Por ejemplo, recientemente, en relación con el Grupo Parlamentario Popular, se ha presentado una iniciativa única de ese grupo
respecto a la reforma del tratamiento y la adecuación en el Reglamento del Congreso de las misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el extranjero. Curiosamente, cuando se constituyó esta legislatura hubo también una lógica reforma del artículo 46.1
del Reglamento que no contó con la unanimidad de todos los grupos. Estos son precedentes que están aquí y que justifican en cierto modo que hoy hayamos tenido que recurrir a esta vía de modificación del Reglamento sin haber conseguido esa
unanimidad, unanimidad que no ha sido posible no por falta de empeño del Grupo Socialista en que la hubiera, sino, especialmente, porque el Grupo Parlamentario Popular no ha querido buscarla en la reforma. En definitiva, con esta reforma de la
adecuación de aquello que se estableció en la última composición del actual Gobierno no estamos sino trasponiendo, por decirlo así, la estructura del Gobierno que quedó fijada en el Real Decreto 542/2009, de 7 abril. Recuerdo aquí que la creación,
modificación y supresión de los ministerios es una iniciativa que corresponde de forma libre, como establece el título IV de nuestra Constitución, y especialmente una ley aprobada por el Partido Popular, la Ley 50/1997, que en su artículo 2.2,
apartado j), establece que entre las funciones de la regulación especial y como competencia indelegable del presidente del Gobierno está esa facultad de creación, modificación y supresión de departamentos ministeriales. Por tanto, nos encontramos
ante lo que en tiempos, cuando el Partido Popular gobernaba, se llamaba una práctica habitual; así la denominó en su momento el que fue representante del Partido Popular en esta tribuna, don Manuel Núñez. Pero de esta forma hemos querido además
atender a iniciativas de otros grupos, concretamente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en esta Cámara. Cuando se constituyó esta legislatura, su entonces portavoz en esta materia, el señor Esteban, dijo: En este sentido, nuestra posición es
que prácticamente en su totalidad cada ministro o ministra pueda comparecer únicamente en una Comisión. También, el entonces representante del Grupo Parlamentario Popular en esta tribuna, el diputado señor Merino, insistía en esos mismos argumentos
cuando decía: Debo manifestar en nombre de mi grupo que nos parece adecuada la adaptación de las comisiones permanentes legislativas del Congreso a la estructura del Gobierno; en todo caso, es la práctica parlamentaria habitual. Digo nos parece
adecuado por dos razones fundamentales, en primer lugar, porque mejora sin duda el control del Ejecutivo por la Cámara y, en segundo lugar, porque así se facilita la labor legislativa.
Entiendo que los grupos parlamentarios a cuyos portavoces me he referido actuarán, con la coherencia de la responsabilidad, de acuerdo con lo que sus portavoces dijeron en esta tribuna y votarán a favor de esta iniciativa, que -como digo- es
coherente con lo que manifestaron en su momento y con lo que han manifestado todos los grupos. Y especialmente hay un argumento fundamental que tiene que ver con el Gobierno, que está en esta Cámara para ser controlado y para explicar su acción y
no tiene ningún sentido ni ninguna lógica que sea el partido mayoritario de la oposición el que no quiera ejercer la labor que le han encomendado los ciudadanos, que es controlar la acción del Gobierno. Por tanto, es necesario que se produzca esta
reforma en los términos en los que la hemos sometido a la consideración de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera que recordaran que hace tan solo unos días, concretamente el 29 de septiembre, se reflejó en el marcador de las votaciones, a raíz de la proposición que planteó el Grupo Popular a fin y efecto de modificar el mismo
Reglamento para fijar nuevas normas, para fijar cómo y de qué manera se tenía que autorizar de forma previa la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio del Estado, que todos los grupos parlamentarios optaron por votar
favorablemente excepto los tres votos de Esquerra Republicana de Catalunya. Entonces ya explicamos desde esta misma tribuna de una forma clara, rotunda, categórica, las razones que nos llevaban a ello, aun cuando pareciera un poco estrafalario que
hubiera tres votos disonantes.
Nosotros ya denunciábamos entonces que no tiene ningún sentido ir hacia una modificación o hacia pequeñas modificaciones repetidas del Reglamento sin optar por una modificación global, integral. Las razones quedaron
expuestas, constan en el 'Diario de Sesiones' y no hace falta repetirlas, al menos de una forma pormenorizada. Ciertamente esto entra en contradicción con el hecho de que seamos firmantes de esta iniciativa que hoy llega a la Cámara. Entendemos -y
ya lo dijimos entonces- que la reforma es de carácter instrumental. No tendría ningún sentido que las Comisiones no se adecuaran al organigrama que en su momento el presidente del Gobierno publicitó y con el que viene trabajando ya el Gobierno. Es
cierto que ya en su momento dijimos que no entendíamos las razones por las cuales se adjuntaba al Ministerio de Trabajo todo aquello relativo a la inmigración. También es cierto que hay alguna cuestión que no acabamos de entender; que la Función
pública se vehicule a través de la Comisión Constitucional creemos que es un error.
Quizás la Comisión Constitucional sea la Comisión que tiene mayor enjundia en este Parlamento, tiene que encarar temas tan importantes como las reformas de los Estatutos o el mismo debate sobre la Ley Electoral y entendemos que no hace
ningún favor a la Comisión Constitucional que todo aquello relativo a la Función pública acabe convergiendo en esta Comisión, que debería ser muy diligente en los trabajos porque son trabajos muy complejos. Ya insto al presidente de la Comisión, al
señor Guerra, a que -si se me permite la expresión- se ponga las pilas porque a mi entender no puede ser que una Comisión como la Constitucional tenga un ritmo de trabajo susceptible de mayores velocidades. En todo caso, esto forma parte del
criterio del Gobierno. El Gobierno estableció unos criterios de funcionamiento y el Parlamento debe adecuarse, por razones de funcionalidad, por razones de pragmatismo, por razones evidentes, a esta estructura del Gobierno.
Aun así, nosotros somos firmantes y vamos a votar afirmativamente, como no puede ser de otra manera por el hecho de ser firmantes. No ponemos palos en las ruedas de lo que se peticiona, pero volvemos a repetir lo mismo: no cuenten con
nosotros para ninguna reforma del Reglamento que vaya más allá de este procedimiento de carácter instrumental. Nosotros seguimos reivindicando la necesidad de un reglamento moderno, funcional, que convierta a esta Cámara que tiene un quehacer, una
función y unos parámetros un tanto anticuados, en una mucho más moderna que responda a las necesidades de la sociedad. Evidentemente, como saben, tenemos un contencioso. En esta Cámara todavía se prohíbe -repito, se prohíbe- el uso de las lenguas
catalana, gallega y euskera, y entendemos que el Reglamento debe encarar de una vez por todas esta demanda. Por otro lado, repito, como firmantes de esta proposición de ley, vamos a votarla favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en régimen de sustitución de un compañero para comentar que plantear la reforma del Reglamento constituye una verdadera quimera, como usted sabe mejor que nadie; incluso en su discurso de toma de posesión ni siquiera lo citó,
reflexión inteligente donde las haya y por la cual le felicito. Desde esa perspectiva, y en relación con lo que nos atañe aquí, que está circunscrito a cuestiones muy específicas respecto a la reforma del Reglamento, me gustaría comentar que lo que
nos preocupa, lo que de alguna forma a mi grupo le provoca cierta desafección en relación con esta propuesta que, sin embargo, vamos a votar favorablemente, es el no control en la Comisión de Administraciones Públicas con la periodicidad, la
sistemática, la metodología que las cuestiones atinentes a este problema requerían y la ubicación en una vicepresidencia, con los problemas que el control de una vicepresidencia conlleva necesariamente con relación a la disponibilidad de tiempo del
vicepresidente o vicepresidenta encargada, de cuestiones en las que se ha producido una participación salomónica incluso de las funciones atinentes a la Función pública, que dificultan u obstaculizan notablemente los mecanismos de control. Desde
esa perspectiva, esta es la única objeción. A la espera de una reforma de Reglamento que los que estamos aquí presentes sabemos que no vamos a ver, y probablemente tampoco nuestros nietos -si es que en algún momento fueran diputados-, nos parece
pertinente lo enunciado por el portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Montserrat Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para decir que mi grupo parlamentario con esta iniciativa conjunta pretende que se impulse el ajuste de las comisiones legislativas permanentes existentes en estos momentos a los cambios sufridos en la organización
ministerial el pasado mes de mayo.
Ciertamente han transcurrido varios meses -de hecho podemos decir que incluso demasiados- durante los cuales los trabajos de esta Cámara han sufrido algunas disfunciones porque la nomenclatura y distribución de
competencias de las comisiones no se ha correspondido con la actual estructura del Ejecutivo, y aunque ello no haya obstaculizado los quehaceres de las comisiones, ha producido disfunciones de organización, como antes he dicho, y también
incertidumbres. Así, por ejemplo, están en funcionamiento subcomisiones que hasta este momento no han sabido exactamente de qué Comisión dependerían. En este sentido podría citar la Subcomisión para el estudio de la situación del deporte
profesional en España. Por tanto, y aunque sea tarde, es acertado que finalmente se tome en consideración esta reforma que ahora debatimos por cuanto adecuaremos las comisiones a la actual estructura ministerial.
En este momento no haré mayor hincapié en el nuevo organigrama porque, dado el tiempo transcurrido desde que se llevó a cabo, mi grupo parlamentario ya ha realizado las oportunas valoraciones. Pero sí voy a incidir en una cuestión
relacionada con esta materia y que mi compañero Joan Tardà ha mencionado. Concretamente quiero y debo aprovechar este debate para reclamar una vez más la pendiente reforma global y en profundidad del Reglamento del Congreso. Este es un deber que
aún tenemos pendiente, que arrastramos desde hace tiempo y que urge desencallar cuanto antes. Es inadmisible que
nos encontremos en esta situación y que no se aborde la reforma precisamente por el desencuentro entre distintos grupos con relación al uso del catalán, gallego y euskera en la Cámara, cuestión por otra parte fundamental para mi grupo
parlamentario. Por tanto, reclamo nuevamente en nombre de Convergència i Unió que se retome cuanto antes esta reforma legislativa, imprescindible para que las funciones que la Constitución atribuye a esta Cámara se desarrollen en el mejor marco
legal posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ignacio Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, aparentemente estamos debatiendo una cuestión sencilla, pacífica, porque hacer una reforma del Reglamento para adecuar la distribución de comisiones a la estructura del Gobierno
es una cosa habitual y razonable, que efectivamente se suele hacer por consenso. Pero desgraciadamente no es el caso de esta reforma, que ni es sencilla ni es pacífica ni es intrascendente ni viene acordada, como se ha dicho y como era habitual.
El artículo 46, único que se reforma, hace dos cosas que en principio todo el mundo puede asumir: en primer lugar, es asumible que la Comisión de Política Social pase a Sanidad y Consumo como consecuencia del nuevo orden ministerial, y en segundo
lugar no hay inconveniente en que la Comisión de Administraciones Públicas pase a ser Comisión de Política Territorial en su nueva denominación, correspondiendo a la estructura ministerial. Pero en esta proposición de ley, al tiempo que se reforma
el artículo 46 se incluye -no de manera inocente, sino que se ha considerado necesario- una cosa inhabitual, una exposición de motivos; una exposición de motivos -permítanme que lo diga- pintoresca, que dice dos cosas. Media exposición de motivos
va a llevar al Boletín Oficial del Estado a un ilustre ex parlamentario de esta Cámara, don Manuel Núñez Pérez. Esa media exposición de motivos cita a don Manuel -tengo que decir que por una vez alabo el gusto del Grupo Parlamentario Socialista,
han acudido a la buena doctrina- y le cita para decir algo para lo que no era necesario citar a nadie, que es obvio, y es que a la estructura ministerial debe corresponder una estructura de comisiones. Alguien debería avisar a don Manuel de que va
a pasar a la historia en el Boletín Oficial del Estado en esta exposición de motivos. Y la segunda parte, ahora que algunos discuten el carácter normativo de los preámbulos, es que esos mismos que dicen que establecer por ejemplo que Cataluña es
una nación en el preámbulo del Estatut no tiene problemas porque un preámbulo no tiene fuerza normativa, esos mismos nos traen una inusual exposición de motivos para el artículo 46, para establecer una norma fuera del articulado, que dice que las
cuestiones de Función pública no se van a debatir en su Comisión natural -Administraciones Públicas, ahora Política Territorial- sino en la Comisión Constitucional. Quiero detenerme también en lo que no dice la exposición de motivos; la exposición
de motivos no dice por ejemplo si va a comparecer el presidente del Gobierno -con este mismo criterio- como responsable del deporte en la nueva Comisión de Educación y Deporte, y la exposición de motivos no dice tampoco si la reforma de los
estatutos de autonomía que hoy está depositada en la Comisión Constitucional va a pasar a ser tramitada en, lo que sería natural, la nueva Comisión de Política Territorial. Aquí hay un dilema que alguien tendrá que aclarar. O los estatutos de
autonomía van a ser ahora tramitados por la Comisión de Política Territorial y no por la Comisión Constitucional, y en consecuencia ustedes están derogando la Resolución de la Presidencia de 16 de marzo de 1993, que dice que se tiene que hacer en la
Comisión Constitucional -opción A- o los diputados de la Comisión de Política Territorial -hoy Administraciones Públicas- ya se pueden ir de vacaciones, porque si de todo esto resulta que hay un vicepresidente del Gobierno, el señor Chaves, que no
se va a ocupar de estas cosas porque la que se va a ocupar es la vicepresidenta primera, pero tampoco se va a ocupar de las que hipotéticamente tendría que ocuparse, como es la política territorial, y menos aún en el momento más importante de esta
Cámara, que es la reforma de los estatutos de autonomía, ya me dirán ustedes para qué y cuándo se va a reunir la Comisión antes de Administraciones Públicas y ahora de Política Territorial. Y lo peor de todo esto, esto de que la Función pública,
como decía el señor Tardà, no tiene ninguna lógica que pase a una Comisión que ahora ya es elefantiásica, como es la Comisión Constitucional, al tiempo que la Comisión de Política Territorial antes Administraciones Públicas queda raquítica, lo peor
de todo esto -como decía- es que alguien debería explicar por qué es necesario organizar este lío. La única razón aparente es que o el vicepresidente tercero tiene este deseo, lo cual le dejaría en muy mal lugar porque sería la demostración más
palpable de que no tiene absolutamente nada que hacer en este Gobierno más que estar de oyente, o el deseo es de la señora vicepresidenta primera. Tengo que decir con toda claridad que, como esto no es razonable, al deseo irrazonable de la
vicepresidenta primera debería corresponder una respuesta razonable de esta Cámara. Es decir, no veo ninguna necesidad de que por un puro capricho se desprecie la organización sensata de esta Cámara.
Termino. Este es un desprecio tonto, gratuito, pero es un desprecio más -y esto es probablemente lo más significativo- en una larga lista de desprecios a esta Cámara. Dijo en la prehistoria el señor Rodríguez Zapatero que el Parlamento iba
a ser el centro del debate político, lo que no dijo es que eso para el señor Rodríguez Zapatero significa, primero, que las leyes las aprueba el Gobierno, porque llevamos veintiún decretos-leyes por quince leyes en esta legislatura; segundo, que el
gasto público no lo aprueba el Parlamento como se
hacía desde la Edad Media, sino que se aprueba por decreto-ley por el Gobierno después de aprobar unos presupuestos surrealistas; y, tercero, que para venir a los actos de control que comentaba el señor Muñoz, hay que traerlos con cuerda, y
además ellos no quieren más que elegir las comisiones a las que quieren venir. Pues ya no nos faltaba nada más que el que esta Cámara acepte que los caprichos de los miembros del Gobierno acaben determinando lo que tiene que ser la organización y
el funcionamiento de nuestros trabajos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Astarloa.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA APOYAR LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN LA PLANTA DE OPEL EN FIGUERUELAS. (Número de expediente 162/000489.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para apoyar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo en la planta Opel en Figueruelas. Para la defensa de la
proposición tiene la palabra don Jesús Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, pocas veces un previsible acuerdo de esta Cámara ha sido tan oportuno. Debatimos una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y avalada por las organizaciones sindicales
más representativas para apoyar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo en la planta de Opel en Figueruelas el mismo día en que se ha estado negociando su futuro por parte de representantes de Magna, los gobiernos
español y aragonés y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y todo indica a estas horas que esta negociación no es ni está siendo nada fácil; es más, me atrevería a decir que a estas horas la reunión es complicada y muy difícil.
Señorías, el Gobierno de España ha desplegado un enorme esfuerzo para reactivar el sector de la automoción: el Plan VIVE, el Plan 2000E, el Plan de competitividad del sector de automoción, el Plan MotoE. Son acciones para el impulso de
vehículos híbridos y eléctricos también porque se considera que es un sector muy complicado, muy dependiente de la demanda, y en un tiempo como este, de gran retroceso de la misma, les afecta de forma inmediata. En lo que se refiere a la planta de
Opel, en Figueruelas, se han realizado y se seguirán realizando todo tipo de apuestas y de gestiones con General Motors en Estados Unidos y en Europa, con los gobiernos alemán y ruso, en la Comisión Europea y con los grupos empresariales implicados.
Son reuniones no para pedir favores sino para pedir justicia. El objetivo es que la planta española sea tratada de manera igual que las demás y que en la toma de decisiones se utilicen criterios industriales de eficacia productiva y no políticos.
Sin duda, el Gobierno de España, conjuntamente con el de Aragón y las centrales sindicales, está haciendo todo lo que está en su mano para buscar una solución y para evitar la pérdida de puestos de trabajo, sin sobreactuaciones como las que algunos
países han hecho o como algún grupo político aquí y en Aragón está haciendo, sabiendo que el mejor activo es la calidad de la planta y el compromiso de las instituciones, de los sindicatos y de los trabajadores, y el peor activo es la demagogia y la
instrumentalización política. Las excelencias de la planta, los intereses que hay en juego, la responsabilidad de los sindicatos y los esfuerzos desplegados por el Gobierno central y el autonómico son razones de peso para que todos hagamos causa
común a favor del empleo y de la continuidad de la actividad industrial, así como para considerar que el problema no es solo de una comunidad autónoma, como en este caso la aragonesa, sino que va mucho más allá. Debemos seguir haciendo valer la
elevada competitividad de la planta de Opel como un argumento fundamental, la más productiva del grupo, y condicionar las posibles actuaciones y ayudas de la Administración al mantenimiento de la carga de trabajo y consecuentemente del empleo. Esta
es una planta importante, competitiva, que tiene 7.400 trabajadores y que aporta en estos momentos empleo a más de 20.000 trabajadores en industrias auxiliares.
El Grupo Socialista expone en esta iniciativa su preocupación por el futuro de la planta de Opel en Figueruelas e insta al Gobierno a continuar trabajando en defensa de sus intereses, consolidando una estrategia conjunta con el Gobierno de
Aragón y los sindicatos y apoyando las negociaciones de las organizaciones sindicales con la empresa para elaborar un plan de viabilidad basado en criterios meramente industriales, económicos y sociales. Además, queremos que el Congreso traslade la
proposición no de ley al conjunto del Parlamento Europeo.
¿Para qué? Para transmitir la firme intención de defender la viabilidad de la planta de Figueruelas. Por eso, nos parece oportuna la enmienda número 5 de Esquerra Republicana de
Catalunya-Izquierda Unida, que refuerza la necesidad de coordinar con los países afectados estrategias en este sentido, así como la mejora de redacción de la enmienda número 3 de este mismo grupo. Consideramos que las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular están reflejadas en la proposición no de ley que hemos traído y, en ese sentido, tienen elementos de complementariedad que no hace ninguna falta que sean recogidos íntegramente. Las decisiones en torno a la nueva Opel deben
configurarse dentro del máximo respeto a las reglas del mercado, al marco legal sobre ayudas de la Unión Europea y al principio de unidad de mercado. Pedimos que la Unión Europea vigile que se cumplan estas normas, porque en
caso contrario estaríamos introduciendo elementos de injusticia muy peligrosos en el funcionamiento de los próximos años.
Esta proposición no de ley mantiene que la reestructuración de Opel se debe hacer con criterios económicos y de competitividad, evitando presiones políticas motivadas exclusivamente por ayudas de los gobiernos.
Asimismo, está en contra de
que los planes industriales favorezcan al empleo de los centros menos productivos en perjuicio de otros más productivos. No obstante, somos conscientes del peso que tiene Alemania en esta operación, con más del 50 por ciento de los trabajadores
afectados. El pasado lunes, Magna anunció que rebajaba la cifra de despidos en 350 puestos de trabajo. A pesar de que esta nueva propuesta supone un paso adelante, dado que el fabricante ha reconsiderado sus decisiones respecto al futuro de la
planta, sigue siendo claramente insuficiente para asegurar la viabilidad del plan industrial de Opel. La reducción de capacidad que propone es totalmente injustificable desde un punto de vista económico y sitúa a la planta por debajo de su nivel de
eficiencia. Por eso, una vez más, queremos transmitir al conjunto de la Cámara que necesitamos una estrategia común, mayor grado de colaboración, aunar los esfuerzos y trabajar todos en la misma línea. Esta proposición no de ley se ha presentado
con vocación de conseguir los mayores apoyos y también como aval al trabajo que desde diferentes ángulos institucionales y sindicales se viene haciendo. De ser así, de tener un apoyo amplio o mayoritario, seguro que los trabajadores y sus familias
lo agradecerán.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Luisa Fernanda Rudi.
La señora RUDI ÚBEDA: Señor presidente, señorías. En primer lugar, antes de entrar en el fondo del asunto, permítanme que haga una precisión técnica, y es que la enmienda que presenta mi grupo, y de la que en este momento asumo su defensa,
es una enmienda de adición y no una enmienda de modificación, como ponía en el enunciado.
Hoy, como recordaba quien me ha antecedido en el uso de la palabra, hay malas noticias para la planta de Opel en Figueruelas. Según está trascendiendo a los medios de comunicación aragoneses, tras una larga reunión y de acuerdo con las
declaraciones del presidente del comité de empresa, no hay acuerdo con Magna y la empresa casi segura compradora de una participación importante de Opel en Europa mantiene su plan de retirar de la planta de Figueruelas parte de la producción del
Opel Corsa de tres puertas y también de la del cinco puertas para llevárselos a las plantas de Alemania. La enmienda que presenta mi grupo que, como digo, planteamos que sea de adición, aunque ya he creído deducir de las palabras del diputado que
ha defendido la proposición no de ley, señor Membrado, que no va a ser aceptada, lo que pretende es complementar algunos de los aspectos que no están contemplados en el texto inicial de la proposición no de ley. En primer lugar, creemos que es
preciso dar la batalla en la Comisión Europea; pensamos que la única posibilidad que nos va a quedar es que sea la Comisión Europea la que impida que haya subvenciones unidas al mantenimiento del empleo y, por ello, el texto de la proposición no de
ley mejoraría sustancialmente si se incorpora este punto. Con respecto al punto segundo, y también coincide con lo expresado en una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya, queremos instar al Gobierno de España a que se plantee una estrategia
común de los países que están siendo afectados de manera más negativa por el proyecto de Magna, básicamente Reino Unido y Bélgica. Señor Membrado, creo que ese aspecto no estaba contemplado inicialmente en el texto de su proposición no de ley. Por
último, en el tercer punto, que tampoco aparece contemplado en el texto original del Grupo Parlamentario Socialista, pedimos al Gobierno que cuando se haya cerrado esta operación comparezca ante esta Cámara, en el órgano que considere más adecuado,
y que nos explique a los representantes de los ciudadanos aragoneses y españoles cuál ha sido este procedimiento, qué compromisos ha adquirido el Gobierno y cuáles van a ser los compromisos que la empresa adjudicataria va a asumir. Señores
socialistas, coincido con ustedes, efectivamente hay una gran preocupación no solamente del Grupo Parlamentario Socialista, señor Membrado, lo sabe bien, la preocupación es de todo Aragón y seguramente de gran parte de España, donde están las
industrias auxiliares. Pero tengo la sensación, señor Membrado, de que usted entiende el consenso como adhesión y la crítica como demagogia, y creo que son cosas que es preciso diferenciar y que son planos distintos: una cosa es llegar a acuerdos
acercando posiciones y otra cosa es pretender que desde el Grupo Parlamentario Popular nos adhiramos a sus propuestas sin modificar ni un punto ni una coma. Insisto, señor Membrado, mi enmienda es de adición, no es de sustitución y, por supuesto,
si usted quiere que lleguemos a un texto común, por mi parte y por parte del grupo al que represento no va a haber ningún problema.
Con respecto al deslizamiento del término demagogia, señor Membrado, estaría encantadísima de que en este momento del encuentro que ha habido en el Ministerio de Industria hubiera salido un acuerdo por el cual se dijera que la planta de
Figueruelas se queda con sus 7.000 trabajadores y con las líneas de producción que tiene en este momento, pero, por desgracia, no parece que vaya a ser así, y si lo fuera, me alegaría infinitamente. Lo que ocurre, señor Membrado, es que nosotros
desde hace cinco meses venimos avisando al Gobierno de España de que esto se podía producir. Nosotros hemos estado diciendo que no había estrategia del Gobierno de España,
y el Gobierno de España se ha limitado a decir que, como la planta era competitiva, no hacía falta hacer ningún tipo de presión. Señor Membrado, en este momento estoy encantada de ver al señor Sebastián, al ministro de Industria peleándose
en Berlín, pero me hubiera gustado verlo hace cuatro meses y, a lo mejor, no lo sé, no estaríamos en la situación que estamos hoy en este momento. Por tanto, señor Membrado, preocupación del Grupo Socialista, preocupación del Grupo Popular, no digo
más, pero la misma que tienen ustedes. Consenso, el que quieran, pactando el texto de la enmienda y, sobre todo, señor Membrado, dígale a su Gobierno que si hubiera empezado a hacer lo que está haciendo ahora hace cinco meses, a lo mejor, en estos
momentos los trabajadores de Opel y sus familias estaban mucho más tranquilos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rudi.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en un Pleno anterior desaprovechamos todos la oportunidad de tener una posición consensuada en relación con el futuro de Figueruelas, que también, en nuestra opinión, es el futuro de Almussafes, es el futuro de las empresas
automovilísticas en Cataluña y es el futuro de las empresas de automóvil en un marco de crisis y de reestructuración. Esto debería llevar a una posición común, conjunta, no solamente en el ámbito de las comunidades autónomas afectadas, sino también
en el ámbito del Estado y, si fuera posible, del Parlamento Europeo. Por tanto, el ánimo de mi grupo parlamentario es el de llegar a un acuerdo, de tener un consenso parlamentario lo más mayoritario posible, para respaldar a los sindicatos y, sobre
todo, el futuro, la viabilidad y el empleo en estas empresas y factorías que tanto afectan a territorios como el de Aragón.
Señorías, nosotros, con respecto a la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista, planteamos enmiendas de modificación o de adición. No alteramos de manera sustancial la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, pero sí
añadimos a la misma aspectos consensuados en el Parlamento aragonés, lo mismo que hicimos en la propuesta del Grupo Parlamentario Popular; propuestas que están en el Parlamento aragonés, que son objeto de consenso y que forman parte de nuestras
enmiendas en el nuevo punto numero 5, 6 y 7. En el número 5 pretendemos defender ante la Unión Europea la necesidad de coordinar esfuerzos en los países afectados, tratando de evitar preponderancia en cualquiera de ellos a la hora de negociar
aspectos que afectan al empleo.
También proponemos defender ante la Unión Europea un plan a medio plazo sostenible del sector del automóvil con la participación de los países donde este sector es predominante y, al mismo tiempo, un plan especial de
choque para nuestro país y, en concreto, para la planta de Figueruelas en Aragón que garantice las líneas actuales de actividad y el empleo. Esas serían las enmiendas de adición a las que habría que añadir una más, que tiene mucho que ver con la
reunión del día de hoy, y es que este Parlamento exprese -no sé como decirlo- su rechazo, su desacuerdo con respecto al plan de Magna. Tenemos que decirlo, tenemos que decir que ese plan no nos vale. Este Parlamento tiene que decirlo hoy que,
además, se produce una reunión donde los sindicatos van a rechazar también ese plan de la empresa Magna, que obedece más a criterios oportunistas o territoriales que a criterios objetivos y sociales. Por tanto, ese aspecto nos parece necesario.
Por otro lado, y buscando también el consenso, intentamos matizar algunas expresiones del Gobierno: continuar trabajando por intensificar al máximo nivel, o seguir consolidando por reforzar. No establecemos ningún tipo de juicio crítico en
estas enmiendas con respecto al Gobierno, pero tampoco ninguna loa a la acción del Gobierno, sino que pretendemos situarnos en clave de presente y de futuro diciendo: tiene usted que continuar trabajando al máximo nivel y tiene usted que reforzar
también este tipo de iniciativas. Por ultimo, señorías, nosotros planteamos incluir no solamente el empleo directo, sino el empleo de las empresas auxiliares, porque da la impresión de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que se han
caído las empresas auxiliares, y no solamente estamos hablando de tejido económico directo sino también de tejido económico indirecto, en este caso las empresas auxiliares y de su impacto territorial. Por tanto, defensa del sector del automóvil,
defensa de Figueruelas, defensa en estos momentos de crisis de una reorientación sostenible del sector del automóvil que es ineludible y que cuanto antes lo hagamos mejor para Figueruelas y mejor para el conjunto del Estado, y defensa también de los
sindicatos y de la gestión que hoy realizan para mantener las líneas de actividad, para mantener el empleo directo y también el empleo de las empresas auxiliares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la fijación de posición, tiene la palabra don José Ramón Beloki, por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo apoyó en un Pleno anterior una proposición de ley que recuerdo decía que era con objeto de conocer las reformas que piensa poner en marcha el área económica del Gobierno para impulsar la competitividad de la economía española, en
concreto en el sector del automóvil. Era una proposición de ley planteada por el Grupo Popular. Como puede deducirse del simple enunciado que acabo de recoger y como se deducía con claridad de los términos precisos de dicha proposición de ley,
aquella
se refería, si bien en un contexto más amplio, a la problemática del automóvil, y todavía más en concreto a lo que hoy mismo ocurre en la planta Opel de Figueruelas. Quien puede más, puede lo menos o, aplicado al caso, quien apoyó lo más,
apoya lo menos, que es el caso del Partido Nacionalista Vasco. La proposición no de ley que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista tiene cuatro puntos y puedo recordar lo que dije en la intervención en relación con la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Pleno al que he hecho alusión. Dije entonces: ¿Quién puede oponerse a que se trabaje sobre los cuatro pilares sobre los que estaba construida aquella proposición de ley? Este mismo enunciado vale también para
el caso de hoy, que también tiene cuatro puntos contra los que es prácticamente imposible estar en contra. Recuerdo que de lo que habla es de continuar trabajando en defensa de los intereses de la planta de Opel, seguir consolidando una estrategia
conjunta de sindicatos, Gobierno de Aragón y Gobierno de España, apoyar con todos los medios disponibles las negociaciones que las organizaciones sindicales estén llevando a cabo y trasladar el contenido de esta proposición no de ley al Parlamento
Europeo. ¿Cómo es posible oponerse a esto? Evidentemente, imposible; de forma que hoy también votaremos favorablemente. Hace un par de semanas, con ocasión de la proposición de ley, aquella no salió adelante; hoy, saldrá, incluso al parecer con
el añadido de algunas enmiendas de algún otro grupo. Quisiera hacer una última reflexión por parte de mi grupo. Si hoy sale y aquel día no salió, a pesar de que hoy salga, el tema no va a estar resuelto. Los cuatro puntos, los seis o los que
finalmente tenga la proposición no de ley, está muy bien, pero van a exigir mayores y diría que también mejores esfuerzos por parte de todo el mundo, de gobiernos y organizaciones sindicales para que esto salga. Y digo más, además de todos los
esfuerzos, va a hacer falta un poco de suerte; y a ello también apelamos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, a nuestro grupo parlamentaria le continúa ocupando y preocupando la crisis y nos continúan ocupando y preocupando mucho las políticas que se estén activando para superarla, porque es una
crisis profunda que ha afectado y afecta a sectores determinantes en nuestra actividad industrial, entre ellos el de la automoción, un sector duramente afectado de manera profunda y directa por una crisis real y productiva y también por una crisis
de confianza; sector afectado tanto en términos de producción y empleo cuando es un sector clave en nuestro tejido productivo. La reactivación económica, la salida de la crisis y la transformación de nuestro tejido productivo requiere de
actuaciones decisivas en el corto y en el largo plazo. Esta es la excepcionalidad a la que nos obliga la crisis, y esto vale para el conjunto de la industria y, en concreto, para el sector de automoción. En este contexto, desde nuestro grupo
parlamentario en los últimos meses hemos venido reclamando, y en su caso apoyando, tanto medidas de corto plazo orientadas a la reactivación, actuando tanto desde la parte de la oferta como desde la demanda, como otras medidas de medio y largo plazo
de cara no solo a la viabilidad del sector sino a su competitividad y productividad. Nuestro tejido económico en este sector es amplio. A partir de los fabricantes llegamos a todo el conjunto del auxiliar del sector, en el sentido más amplio del
término: empresas, proveedores de componentes, operadores logísticos y gestoras de infraestructuras, así como la industria de dos ruedas cuya viabilidad -la viabilidad del auxiliar de la automoción- depende en gran parte de la actividad de los
fabricantes; fabricantes generadores de un importante empleo tanto directo como indirecto, y fabricantes a los que y para los que se han activado apoyos económicos y ayudas financieras muy significativas de cara a garantizar la viabilidad y
competitividad del sector, de cara a garantizar la producción y el mantenimiento del empleo.
Es por ello, y en este contexto, que nuestro grupo parlamentario apoya la proposición no de ley presentada hoy por el Grupo Socialista, tal y como apoyamos
en su momento la presentada por el Grupo Popular, sobre la que presentamos también una enmienda de adicción a fin de proponer la reedición de un plan de competitividad del sector en el año 2010, incrementando los recursos económicos asignados e
incorporando al conjunto del tejido auxiliar.
Hoy, en referencia específica a la situación que nos ocupa de la planta de Opel en Figueruelas, apoyamos la proposición no de ley presentada. ¿Por qué la apoyamos? Porque, en primer lugar, entendemos que la situación actual a raíz de la
compra de Opel por parte de Magna es crítica e incierta y condiciona el futuro de la planta. La apoyamos porque creemos en la competitividad del sector tanto en nuestra economía como en el papel en el marco de la actividad industrial, hoy y de cara
al futuro. La apoyamos porque apoyamos el sector en su conjunto y las medidas que activen su reactivación y permitan su transformación. La apoyamos porque en concreto la planta de Opel en España es competitiva y productiva y porque, por encima de
todo, emplea a un gran número de trabajadores que son los que en su conjunto -los directos y los indirectos- han hecho de la planta de Opel una planta productiva y competitiva, la más competitiva; y este es hoy su gran valor. El mantenimiento del
empleo hoy en Opel Zaragoza nos ocupa de manera prioritaria. Hoy conocemos que la Unión Europea estará vigilante ante la situación generada en las plantas afectadas por la operación de compra de Opel por parte de Magna. Hoy está prevista también
la reunión entre Gobierno y accionistas de Magna. Ante ello, manifestamos
que los criterios económicos, de competitividad y de productividad han de ser los que primen las decisiones. La Unión Europea ha de tener un papel y una voz, pero hoy el papel del Gobierno, el Gobierno de Aragón y sindicatos ha de ser
determinante a fin de neutralizar los riesgos que hoy afectan a la planta de Opel.
Nosotros, señorías, apoyaremos la proposición no de ley a fin de que el Gobierno continúe trabajando de manera decisiva en la defensa de los intereses de la planta de Opel en colaboración con el Gobierno de Aragón y las organizaciones
sindicales, a fin de que primen estos criterios industriales sobre los políticos, a que se siga consolidando una estrategia conjunta que garantice la viabilidad de la planta, viabilidad sobre la que deberemos encontrar el apoyo de los nuevos
accionistas que elaboren un plan basado en criterios económicos, sociales e industriales.
Nosotros, señorías, apostamos por el sector y hoy apostamos, cómo no, por Opel. Ahora hemos de conseguir que los nuevos accionistas apuesten por la
competitividad y la productividad y hoy más que nunca en el marco de la crisis actual han de ser los criterios determinantes también para la viabilidad y competitividad de la planta en Zaragoza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Señor Membrado, ¿acepta S.S. alguna enmienda de las defendidas para poderlas incorporar a la votación?
El señor MEMBRADO GINER: Sí, acepto de Izquierda Unida la tres y la cinco.
El señor PRESIDENTE: Perdón. De Izquierda Unida, ¿los puntos tres y cinco?
El señor MEMBRADO GINER: Tres y cinco, sí.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Llamazares no se opone a que sean aceptadas de modo parcial? (Asentimiento.) Muchas gracias. Así se votará.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE TRANSPORTES. (Número de expediente 162/000496.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la elaboración de un calendario de ejecución y financiación de obra pública de transportes. Para su defensa tiene la palabra la señora Santa Ana.
La señora DE SANTA ANA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el motivo de esta proposición no de ley no es otro que exigir al Gobierno de España la presentación de un calendario para la ejecución y puesta en servicio de obra pública con cargo al Ministerio de Fomento. Es de todos conocido
que en el año 2005 el Gobierno socialista aprobó un plan estratégico de infraestructuras de transporte donde se definían de modo genérico las directrices básicas en política de infraestructuras, con un horizonte temporal que alcanzaba hasta el año
2020. Es un documento genérico y lleno de ambigüedades, señorías. En primer lugar, condenaba a este país a diez años, como mínimo, de retrasos, al prolongar por ese periodo de tiempo el horizonte temporal del Plan de Infraestructuras y
Transportes, PEIT, 2000-2007, de los gobiernos del Partido Popular. No solo contaba y no cuenta con fechas concretas de actuación, además discriminaba y discrimina a distintos territorios con ese invento de las altas prestaciones, de modo que unos
ciudadanos se beneficiarían y se beneficiarán de la alta velocidad y otros tendrían que compartir los corredores con las mercancías, desde luego a menor velocidad, amén de no contar con un potente marco financiero ni con un programa de actuaciones a
desarrollar para los distintos modos de transporte que le otorgase cierta credibilidad.
Señorías, los datos son demoledores: fuertes caídas en la licitación de obra pública, unido a un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 que, en su sección 17, disminuye la previsión de crecimiento y las inversiones
reales respecto del año anterior en más de 6 puntos porcentuales, situando la variación de inversión frente a 2009 en el menos 1,44 por ciento. ¿Estamos en condiciones, señorías, ante el tremendo desempleo que están padeciendo los ciudadanos, ante
la nefasta gestión económica del Gobierno socialista, de limitar las inversiones del Ministerio de Fomento? Son unas inversiones que, como grupo Fomento, es decir, Estado junto a sociedades estatales y entes públicos empresariales, no salen mejor
paradas, ya que continúan teniendo una variación negativa de inversión respecto a 2009 del 0,98 por ciento, decayendo la inversión, nada más y nada menos, que casi 8 puntos porcentuales en valor absoluto. Señorías, son datos muy preocupantes de la
situación económica que padecemos, ya que estamos hablando de uno de los principales departamentos inversores con los que cuenta el Gobierno, su principal herramienta para generar empleo, y nos encontramos con que su principal política se rige por
el desarrollo del PEIT, documento hoy en cuestión y que, desde luego, necesita de un esfuerzo inversor muy superior al que se propone en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2010.
Desde que llegó el Partido Socialista al Gobierno sus presupuestos en materia de infraestructuras no han llegado nunca al nivel de inversión que se alcanzó en la última legislatura del Partido Popular, casi un 2 por ciento del PIB. Ahora
bien, lo que no era de esperar, señorías, es que por primera vez en más de una década la inversión del Ministerio de Fomento sea negativa. ¿Cómo va a
cumplir el señor Blanco tantos compromisos que está adquiriendo en las distintas comunidades autónomas con estos presupuestos? ¿Cómo va a cumplir esos compromisos con un PEIT que se encuentra en sus inicios en cuanto a su desarrollo? ¿Cómo
va a cumplir el señor Blanco sus compromisos con una caída en la licitación de obra pública del 53 por ciento en lo que va de año? ¿Qué ha ocurrido con los planes sectoriales que debía desarrollar el PEIT y que alcanzan a los distintos modos de
transporte? Dichos planes sectoriales debían constituir una potente fuente de generación de empleo, aún más, si cabe, con los tiempos que corren. Pues bien, hasta la fecha no hay constatación de los mismos ni en esta casa ni ante la sociedad. Más
de lo mismo, señorías. El documento en vigor se indexa en la filosofía cortoplacista de este Gobierno de no planificar más allá del momento presente, apoyándose en la inercia del PIB 2000-2007 de los gobiernos del Partido Popular, eso sí, ahora con
un horizonte mucho más lejano. Los retrasos de los distintos proyectos de infraestructuras y su puesta en servicio desvelan la realidad de este Gobierno al frente del Ministerio de Fomento, que en ningún caso concuerda con la ejecución
presupuestaria de la que tanto hacen gala.
Señorías, quiero recordar el ofrecimiento del Partido Popular al señor Blanco en su primera comparecencia como ministro ante esta Cámara. Un ofrecimiento para sacar adelante un plan extraordinario de infraestructuras con una inversión de 15
millones de euros, que quiero recordar que el ministro Blanco hizo suyo haciendo mención expresa ante la sociedad de abordarlo. La realidad es que no ha sido capaz de aportarlo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Por ello,
desde mi grupo parlamentario consideramos necesario ahora más que nunca para generar dinamismo económico, para apostar por una inversión productiva real y, en definitiva, para hacer frente a esa lacra social que es el desempleo, que el Ejecutivo
elabore un documento con dos premisas muy claras: en primer lugar, un balance del estado en que se encuentran todas y cada una de las obras previstas en el PEIT; y, en segundo lugar, un calendario de ejecución con fecha de puesta en servicio.
Señorías, nos lo están reclamando los ciudadanos. En una situación como la actual, con una profunda crisis económica, es necesario que las inversiones de fomento dinamicen la economía española y generen empleo. Hoy tenemos esa oportunidad, por lo
que desde mi grupo parlamentario les pido a todos los grupos que tienen representación en esta Cámara su apoyo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Santa Ana.
Para la defensa de las enmiendas que se han presentado tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Socialista, el señor Guillén.
El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención agradeciendo a la diputada, señora Santa Ana, que no haya sacado el manual de crítica que utilizó el Partido Popular en el año 2005 para desprestigiar políticamente el Plan estratégico de
infraestructuras y transporte que el Gobierno del Partido Socialista aprobó en esa fecha. Se lo agradezco sinceramente, porque yo creí que usted hoy iba a repetir aquellos dos argumentos tan manidos, el del revisionismo del Gobierno de Zapatero que
quería cargarse todas las obras que el Partido Popular había empezado, o bien, como dice literalmente el texto de la proposición no de ley que presenta el Partido Popular, que lo único que ha hecho este Gobierno ha sido puro continuismo de las obras
que ya empezó en su día el Partido Popular. En todo caso, usted ha fijado su intervención más en la falta de inversiones y en la evolución del gasto durante estos años, pero si alguien ha pensado que la matemática es una ciencia cierta, hoy se dará
cuenta de que es totalmente lo contrario, porque los números que ha dado la señora diputada no coinciden en absoluto con los que yo les voy a dar.
Si algo podemos destacar del cumplimiento del PEIT desde el año 2004 hasta el verano de 2009 es, en primer lugar, que nos ha permitido actuar sobre más de 8.400 kilómetros de nuevas autovías y autopistas; en segundo lugar, que nos ha
permitido actuar sobre más de 8.700 kilómetros de alta velocidad; en tercer lugar, que nos ha permitido actuar en casi 52.000 metros de líneas de atraque en puertos de interés general y en 2.700.000 metros cuadrados de terminales aeroportuarias.
Las inversiones que el Gobierno de la nación ha hecho como media en la anterior legislatura han sido de 14.000 millones de euros, superando en más del 30 por ciento el nivel medio de inversión de los años 2000-2003, como les puede mostrar este
gráfico que enseño a sus señorías. (El señor Guillén Izquierdo muestra un gráfico a la Cámara.) En cualquier caso, no nos conformamos con ese nivel de inversión. En el año 2008, la inversión que ha hecho el Ministerio de Fomento en
infraestructuras viarias, en infraestructuras ferroviarias y en puertos y aeropuertos llega a los 18.000 millones de euros y en el año 2009 sobrepasaremos esa cifra. Como SS.SS. saben, la previsión de inversión anual que había en el PEIT rondaba
los 15.000 millones de euros, con lo cual se demuestra que estamos cumpliendo a la perfección todo lo que decía aquel documento que el Gobierno aprobó en el año 2005.
Señorías, en el año 2009 lo que toca es revisar el PEIT, y lo queremos hacer contando con el Grupo Popular, lo queremos hacer contando con todos los grupos de la Cámara, lo queremos hacer contando con el consenso de las comunidades
autónomas, como aprobamos el documento inicial. Ahí es donde ustedes podrán participar, ahí es donde ustedes podrán exponer sus ideas, ahí es donde ustedes y los presidentes de las comunidades autónomas que ustedes gobiernan podrán priorizar las
infraestructuras que se tendrán que desarrollar en nuestro país desde el año 2009 hasta el año 2020. Por eso hemos
presentado una enmienda de sustitución que, en el primer punto, dice que el Gobierno se comprometa a la actualización de ese Plan estratégico de infraestructuras y transportes en el año 2005, adecuando su contenido a las actuales condiciones
del entorno socioeconómico, un entorno socioeconómico en estos momentos difícil, y que además pueda coadyuvar a la mejora de la sostenibilidad del transporte y pueda contribuir al necesario cambio de modelo económico y productivo e impulse al mismo
tiempo la recuperación económica y el mantenimiento del empleo, tan importante para nuestro país. En el segundo punto, que además tiene alguna coincidencia con una de las partes del texto que presenta la proposición no de ley del Partido Popular,
dice: Elaborar en el contexto de la actualización de ese Plan Estratégico de Infraestructuras un balance de las actuaciones previstas en él, como elemento que nos permita la evaluación del grado de avance y el cumplimiento de los objetivos
previstos en el mismo. Señoría, no hay ningún inconveniente para que podamos elaborar ese documento. Parece que lo más importante para el Partido Popular es elaborar un documento en el que se diga cuándo empiezan y cuándo acaban las obras. Para
nosotros lo más importante, porque eso se hace año a año en los presupuestos, es revisar el PEIT, hacerlo con diálogo y con acuerdo. En eso esperamos a las comunidades autónomas. Desde luego el Gobierno y el partido que lo sustenta están en
disposición de dialogar y de pactar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillén.
Para fijar posición, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente. Intervendré brevemente.
Hemos intentado presentar una enmienda, pero hemos llegado un minuto tarde y no se ha admitido a trámite. Es lo normal, no niego que tenga que ser así. En cualquier caso, con esta enmienda pretendíamos trasladar una reflexión que, por otro
lado, sé que el Grupo Popular no iba a aceptar.
La reflexión es la siguiente. Nos parece bien lo que plantea el Grupo Popular en su proposición no de ley, digamos que a grosso modo se puede aceptar, pero creo que lo que deberíamos hacer entre
todos es una reflexión a fondo sobre el PEIT y una revisión a fondo del mismo. Lo digo porque el PEIT, que fue aprobado en un contexto económico radicalmente diferente al actual, en una lógica en la que se reproducían desde nuestro punto de vista
de forma excesiva muchas de las infraestructuras planteadas por el Gobierno del Partido Popular, hoy lo primero que necesita es una revisión a fondo. La portavoz del Grupo Popular hablaba de las líneas de alta velocidad. Sin embargo, en un
contexto de crisis y de falta de recursos, en un momento en el que necesitamos apostar por la infraestructura que genera fuerte ocupación y que transforma el territorio, deberíamos hacer una reflexión, y a fondo, sobre el tipo de infraestructuras a
implementar. En el PEIT, como ustedes bien saben, hay una gran apuesta por el tren de alta velocidad y también por la infraestructura viaria de alta capacidad. Como ustedes saben también, hoy existe una crisis económica, estamos a las puertas de
un escenario de crisis energética, el PIB del petróleo llegará y no sé cómo lo resolveremos con este tipo de infraestructuras tan dependientes en materia energética y desde nuestro modesto punto de vista tendríamos que hacer una revisión a fondo del
PEIT.
En paralelo a esto nosotros entendemos -también lo digo como reflexión de cara a los presupuestos- que debería hacerse un mayor hincapié en la necesaria gestión de la movilidad, en la mejor financiación del transporte público y en el mejor
aprovechamiento de las infraestructuras existentes. Eso es lo que a nosotros nos gustaría que este Congreso mandatase al Gobierno. ¿Con qué nos encontramos? Con un grupo en la oposición, el Partido Popular, que plantea un documento que contenga
la situación actual de obra pública prevista en el PEIT. Nos parece bien que se contenga, está bien que sea así. Sin embargo, el problema principal, lo que deberíamos mandatar al Gobierno, es la revisión del PEIT en estos términos. No puede ser
que en el año 2010 en una España en crisis, siendo quienes padecemos más la crisis, continuemos optando por la infraestructuras de la alta velocidad cuando quizás económicamente sería más razonable hacer trenes de 200 kilómetros de hora, que cuestan
un tercio de lo que cuesta el AVE, que es lo que está haciendo Alemania, y no continuar presumiendo de ser el primer país en kilómetros de AVE. No sé si tiene sentido que grandes corredores tengamos estas vías de alta velocidad y trenes que van a
300 por hora. Quizás sí, pero está claro que no en todos los casos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Se lo he escuchado a otro portavoz y me gustaría -sin citarle siquiera, para no ponerle en un aprieto- hacer
suya una máxima: Algo pasará cuando somos el primer país en kilómetros de AVE.
Quizás no sea lo más razonable económica ni socialmente, ni en materia de infraestructuras. Es más, cuando somos un país que padece como padece la crisis, quizás lo
razonable sea invertir en otro tipo de infraestructuras. Pues bien, eso es lo que a nosotros nos gustaría escuchar de esta Cámara y es lo que hoy lamentablemente no vamos a escuchar.
Avanzo ya nuestro sentido del voto. Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la proposición no de ley del Grupo Popular, es de sentido común lo que plantea, pero también desde la diferencia que los portavoces del Grupo Popular
conocen de nuestro planteamiento con el suyo que casi, casi, es la misma diferencia que en materia de infraestructuras de forma frecuente tiene nuestro grupo parlamentario con el Gobierno. Tengo que reconocer que con mayores diferencias antes que
en la actualidad; con doña Magdalena Álvarez casi
todos nos entendíamos un poquito peor. Pues bien, desde esta premisa vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley, pero sin dejar de hacer la reflexión que nuestro grupo les quería trasladar.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Herrera.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo va a apoyar la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, relativa a la elaboración de un calendario de ejecución y finalización de obra pública de transportes. Lo va a apoyar porque, dicho resumidamente,
resultaría difícil de explicar el no apoyarlo, si al menos nos atenemos a lo que textualmente dice la proposición no de ley, que dice lo siguiente: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que elabore, a la mayor brevedad posible, un
documento que contengan la situación de obra pública prevista en el PEIT, así como de un calendario de ejecución y puesta en servicio'. ¿Es que alguien se imagina un gobierno que diseñe e implemente su obra pública sin un conocimiento preciso, y
sin voluntad al mismo tiempo de explicitarlo en el Congreso, de la situación de la obra pública que va desarrollando de acuerdo con un plan estratégico, con un documento que ha elaborado? ¿Alguien se imagina que alguien esté trabajando en política
o en una administración sin calendario de ejecución y puesta en servicio? A nuestro juicio, son obviedades. Dicho en términos genéricos, a nosotros al menos nos resulta inimaginable, de forma que no tenemos ningún problema en apoyarlo, pero
tampoco nos llamamos ni a engaño ni a confusión, y deseo precisar esta cuestión.
Supongo al mismo tiempo que tampoco a nadie resulta imaginable a estas alturas -quiero creer que a quien menos al Grupo Popular- que cualquier gobierno siga empeñándose en una planificación precisa, detallada, al estilo de esas
planificaciones que se soñaron y se intentaron llevar a cabo allá por los comienzos del siglo XX. Supongo que ese tampoco es un objetivo del Grupo Popular, y mi grupo nunca entendió así el PEIT, ningún PEIT de ningún gobierno. La planificación
estratégica cuya necesidad y utilidad comparte mi Gobierno responde, a juicio de este grupo, a otras características, a otros rasgos y a otras funcionalidades, también a la hora de su definición y, por supuesto, de la ejecución e implementación.
Ya
con ocasión de la presentación del PEIT original tuvimos ocasión de aludir a esta concepción que tiene mi grupo de lo que es y deja de ser una planificación estratégica, y llamamos la atención sobre lo que ya entonces nos pareció por parte del
Gobierno una supuesta excesiva utilidad que quería atribuirse a un documento como el PEIT. Nosotros creemos que un documento, documento es, y creemos que una planificación estratégica no es un documento; queremos que sea un mecanismo real de
planificación indicativo, que es distinto. Ahora, cuando el PP pide otro documento nos parece en algún sentido que puede estar reincidiendo en el mismo error que entonces denunciamos al grupo de Gobierno. Un documento, documento es. A juicio
nuestro, un plan estratégico no es un documento, y voy a poner un ejemplo para que se vea con claridad. Quien leyera el primer PEIT no observaría alusión alguna en aquel documento a la Y vasca, y mucho menos a la forma en que se iba a ejecutar la Y
vasca, porque hubo un acuerdo presupuestario de mi grupo con el Grupo Socialista, y lo que no contemplaba el PEIT entró en la planificación, y a nosotros nos parece que las cosas tienen que ser así.
En este sentido, quizá convenga recordar aquello que Clinton decía cuando alguien planteaba los términos económicos en política -cito textualmente-: Estúpido, esto es economía; esto no es política. Habría que decir: Esto es
planificación; esto no es política. Un Gobierno no puede estar haciendo una política cerrada sobre la base de un documento cerrado, porque no es real; porque efectivamente cada año tiene que aprobar unos presupuestos y tiene que situar el
contexto de las ideas y de los proyectos que están en un documento estratégico en el calendario ejecutivo que va aprobando. Pues bien, con estas reticencias, no tenemos nada contra que escriban documentos, solo que ya decimos de antemano que en
cuanto escriban el documento, dejará de valer.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo también va a votar a favor de esta propuesta del Grupo Popular, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, también vamos a aprovechar la oportunidad que nos da la presentación de esta
proposición para hacer algunas valoraciones. La principal, la más importante a nuestro entender, es que en materia de inversión pública nos encontramos ante el inicio de un cambio de ciclo y esto se puede ocultar, se puede aceptar, se puede -como
se hizo con la crisis- disimular, pero al final va a aparecer. El cambio de ciclo es evidente. Los presupuestos ya no consiguen seguir aumentando la cifra destinada a inversión pública, ya no se licita al ritmo de antes, ni siquiera a la mitad, y
es evidente que hay muchos síntomas, por ejemplo un síntoma realmente preocupante es que el presupuesto de AENA contiene un déficit importantísimo para 2010. Si el ritmo del déficit previsto para el ejercicio 2010 sigue dos o tres ejercicios más,
la joya de la corona se va a acabar, el modelo AENA se va a acabar, y esto demuestra que estamos ante este cambio de ciclo. Y cuando uno se encuentra ante un cambio de ciclo puede hacer dos cosas: intentar obviarlo o aceptarlo
y tomar las determinaciones más ajustadas. Decía el señor Herrera algunas cosas que yo comparto, que en tiempos de crisis hay que ser más exigente que nunca con la priorización de las inversiones. No vale hacer inversiones simplemente para
tener más kilómetros de AVE que nadie; esto es muy guay pero no es serio y menos cuando no hay recursos públicos. Hay que priorizar en función de unos parámetros políticos aceptados por todos -cuantos más mejor o al menos democráticamente, por una
mayoría- y en este sentido nosotros proponemos que se valoren las inversiones en función de su contribución al incremento de la productividad. Y voy a poner dos ejemplos para que vean que esto acoge infraestructuras muy distintas: la productividad
de un sistema urbano aumenta mucho si se dispone de un sistema de transporte público eficaz, y por tanto una inversión prioritaria en ferrocarriles sería por ejemplo en cercanías, es un corolario clarísimo; o inversión prioritaria para aquellos
corredores de transporte de mercancías por ferrocarril que ayuden a la competitividad de nuestras empresas, por ejemplo que ayuden a ser competitivas a la Opel de Zaragoza o a la Ford de Almussafes. Por tanto, nosotros creemos que en este momento
todos los planteamientos que hagamos en infraestructuras deben pasar por aceptar el cambio de ciclo, por priorizar, por dejarse de triunfalismos banales, absurdos e infantiles -como el de más kilómetros de AVE que nadie- e intentar buscar
soluciones.
Desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos, como vamos a tener menos dinero de los presupuestos para gastar y nosotros somos partidarios al máximo de teorías keynesianas -es decir, de que los presupuestos dentro de lo que
puedan contemplen la máxima inversión pública-, es lógico que, si no podemos más, podamos acometer con valentía la posibilidad de fórmulas de colaboración público-privadas, siempre atendiendo al interés público, que permitan que lo que vamos a
invertir de menos a través del presupuesto se pueda recuperar mediante estas fórmulas de inversión. Pero en cualquier caso, señorías, la prioridad y lo que a mi me gustaría es que algún día de estos, bien desde esta tribuna o desde su escaño, el
ministro de Fomento aceptara el cambio de ciclo. Desde otro de estos escaños se tardó un año en aceptar la crisis, pero la crisis llegó y nos pilló como nos pilló. Me gustaría que el nuevo ministro de Fomento, con este talante que tiene -aunque
esto del talante ya está pasado de moda- viniera y aceptara esto, que nos dijera: Señorías, estamos ante un cambio de ciclo y vamos a tomar medidas valientes, audaces y necesarias para acometerlo con eficacia. Esto es lo que Convergència i Unió le
pide y en cualquier caso nos sumamos al consenso que parece existir en torno a esta proposición.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.
Señora De Santa Ana, es su turno para decir si acepta o rechaza la enmienda que se le ha presentado.
La señora DE SANTA ANA FERNÁNDEZ: Sí, presidenta.
No aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA INTERVENCIÓN MILITAR ESPAÑOLA EN AFGANISTÁN. (Número de expediente 173/000094.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, a continuación, al punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la intervención militar española en Afganistán. Tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, antes que nada quiero dar mi condolencia a la familia de Cristo Ancor Cabello, recientemente fallecido en Afganistán, y también expresar por parte de mi grupo la mejor de las
voluntades respecto a la recuperación de los heridos en esa misma acción.
Señorías, quería hacer esta expresión inicial para que no se confunda una iniciativa legítima de un grupo parlamentario en torno al envío de tropas a Afganistán y la situación de nuestras tropas allí con ningún tipo de insolidaridad ni falta
de apoyo a nuestros militares en cada una de las presencias exteriores. Sin embargo, nosotros tenemos la impresión de que este reciente atentado contra nuestras tropas forma parte de una nueva situación en Afganistán. En Afganistán, en los últimos
tiempos se ha producido un incremento muy importante de la inseguridad y también de los efectos colaterales de las intervenciones de los militares extranjeros allí -más de mil muertes como consecuencia de esas intervenciones que la propia ministra
ha considerado errores- y una crisis política evidente, porque, por una parte, se enfrentan entre sí en una convocatoria electoral los aliados de las tropas occidentales en la zona e incluso aquellos que ayer han sido aliados hoy son beligerantes
contra las tropas occidentales, y también tenemos ejemplos muy recientes. Por tanto, hay crisis de seguridad y crisis política en Afganistán que en nuestra opinión requeriría al menos abrir una reflexión sobre la presencia de tropas extranjeras en
la zona y ante todo sobre nuestra presencia en la zona. Algo de eso se está produciendo en estos momentos tanto en la conversación entre el presidente del Gobierno y el presidente Obama en los Estados Unidos como en el marco de la OTAN. Lo que
pasa es que a nosotros nos parece que la nueva estrategia de afganización, de la que se reclama la ministra de Defensa
y de la que se reclama el señor Obama, da la impresión de parecerse mucho a la estrategia Lampedusa, en la que cambian cosas pero cambia no lo fundamental. Lo fundamental no cambia, y lo fundamental es la ocupación como solución al problema
y la guerra como método. Creemos que ahí es donde está la equivocación y lo demás son sus consecuencias.
Por eso nosotros proponemos en esta iniciativa un método diferente para tratar estas cuestiones en el seno del Congreso de los Diputados y, en primer lugar, un método diferente para el Gobierno. Es verdad que el Gobierno puede decir que la
Ley de Defensa Nacional debe ser desarrollada mediante reformas reglamentarias, como ha propuesto recientemente el Grupo Parlamentario Popular, pero ahí no se agota la posibilidad de desarrollo de la Ley de Defensa Nacional. También hay que tener
una voluntad por parte del Gobierno no solamente de cumplir el trámite sino de dar contenido al espíritu y a la letra de la Ley de Defensa Nacional.
Eso es lo que proponemos en esta iniciativa parlamentaria, que ante una situación como esta, de
incremento de la inseguridad y de cambio de la estrategia en Afganistán, por una parte, se produzca una mayor información a los grupos parlamentarios, lo que podríamos denominar una información de situación sobre lo que ocurre en Afganistán en
términos de seguridad, económicos y políticos, cosa que no tenemos -tenemos únicamente cuatro folios que nos han sido remitidos por el Gobierno para justificar el incremento de 220 militares en Afganistán, a unos sesenta militares por folio-; y,
por otra, que además de esa información de situación, que nos parece imprescindible y que tienen otros países con el mismo despliegue de tropas que nosotros en la zona, es necesario abrir un periodo de reflexión en el seno del Congreso de los
Diputados; que aparte de que haya un periodo de reflexión en el Gobierno, en el marco de los organismos internacionales, también lo haya en el Congreso de los Diputados. Para eso no es únicamente necesaria la información explícita, también es
necesaria la información de inteligencia. Hoy hay que decir que hace meses, por no decir años, que este Parlamento no recibe ninguna información de inteligencia con respecto a la situación en las zonas de conflicto, como es el caso de Afganistán.
Creemos que es imprescindible esa información de inteligencia, de inteligencia de seguridad, de inteligencia con relación a los medios que tiene nuestro ejército, de inteligencia con respecto a las situaciones económicas, políticas y de desarrollo
que condicionan nuestra presencia en esas zonas.
Hay una segunda parte de nuestra moción que seguramente suscitará distintas posiciones por parte de los grupos parlamentarios y en algunos casos una posición de rechazo, pero nos parece imprescindible en estos momentos plantearnos una
disyuntiva. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La disyuntiva es que si la estrategia de ocupación y de guerra ha fracasado, existe una estrategia alternativa basada en la soberanía y la autodeterminación de los afganos y basada también en
la reconciliación interna y el equilibrio regional. Esa es la estrategia alternativa a la de iraquización de Afganistán, y esa no es la estrategia que hoy está encima de la mesa por parte del Gobierno ni del Gobierno norteamericano. Parece que en
la lucha entre McChrystal y Biden ha ganado McChrystal, de tal manera que lo que se ha resuelto ha sido incrementar el volumen de tropas en Afganistán. Esa lógica -la huida hacia delante, la escalada militar- en nuestra opinión es equivocada.
Nosotros pensamos que hay que abrir una nueva lógica, y eso significa en lo concreto, en el Congreso de los Diputados y en España, establecer un calendario de retirada de nuestras tropas que pueda permitir soberanía, que pueda permitir
reconciliación interna y que pueda permitir también seguridad regional. Ese es el sentido de nuestra iniciativa, y esperamos de los grupos parlamentarios el apoyo a esta posición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Popular, doña Beatriz Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ha presentado unas enmiendas en las que queremos dejar muy claro que sí queremos un debate profundo que creemos que la opinión pública española nos reclama, como está pasando en todos los países que estamos luchando en esta
operación. Ahí es donde vamos a apoyar, señor Llamazares. En los demás términos, lo que no es solicitar este debate que nos lleve a todos, también a nuestros ciudadanos, a tenerlo muy claro, encontramos que, aunque posiblemente sea muy razonable,
su moción no es conveniente ni cabe hablar ahora de retirada. No sabemos si podemos ganar, entre otras cosas porque no sabemos en qué consiste la victoria.
Eso es lo que hay que preguntarse, cuál es el objetivo. Lo que sí sabemos es que, si nos
vamos, es peor. El cabo que murió el otro día, el cabo al que mataron -usted le ha dedicado un recuerdo y queremos de nuevo recordarle a él, a su familia, a la madre tan joven que estaba llorando a su hijo y que no podemos olvidar-, murió por la
seguridad de todos nosotros. Eso hay que repetirlo una y otra vez. Ahí no puede haber un santuario terrorista. En Pakistán está el arma nuclear y puede estar en manos de los insurgentes. Puede pasar eso, y nuestra opinión pública tiene que
saberlo y apoyar a nuestros soldados. Es nuestra obligación hacer pedagogía con ello. Nosotros entendemos que es ahí donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo para poder decirles a los ciudadanos que sí merece la pena; a pesar de estas elecciones
contaminadas, a pesar de la corrupción reinante, a pesar de las leyes que esclavizan a las mujeres, sí merece la pena estar en Afganistán porque está en juego la seguridad de todos. Creemos que la colaboración parlamentaria es indispensable, que
hay que hacer pedagogía y que los
soldados deben sentir nuestro apoyo. No creemos, en absoluto, que podamos estar hablando de retirada porque, vuelvo a decir, es dudoso qué quiere decir ganar, y de eso estamos hablando ahora mismo; lo que sí está claro es que retirarse
sería perder la seguridad de todos y, por lo tanto, la libertad, la de ellos y la nuestra.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Para la defensa de la enmienda socialista tiene la palabra don Jesús Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Quiero que mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario Socialista vayan en recuerdo y expresen la condolencia a los familiares del militar español Cristo Ancor Cabello. Efectivamente, no hay consuelo para la familia, pero en
sede parlamentaria hay que recordar el sacrificio, lógicamente dirigiéndonos a la propia familia, a sus compañeros y al conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas españolas están haciendo un enorme sacrificio, un gran trabajo, y conviene
que la sociedad española lo conozca. Nos podemos sentir orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas porque tanto en las misiones en el exterior como en España están haciendo un trabajo excelente.
Yendo directamente a la cuestión, señor Llamazares, usted dice en su moción -y lo ha dicho antes también la señora Rodríguez-Salmones- que hay que dirigirse a los ciudadanos, que esperan que expliquemos por qué se hace este tipo de
sacrificios. Lo que usted está diciendo en su propuesta es que la comunidad internacional, 42 países de la ISAF, las Naciones Unidas y las ONG se vayan de Afganistán. Usted, y desde luego reconozco su rigor y su seriedad en el tratamiento de este
tema, sabe lo que se derivaría de esa situación, sería volver al año 2001. Por lo tanto, conviene que la opinión pública sepa que si la comunidad internacional, las Fuerzas Armadas de 42 países, incluidas las Fuerzas Armadas de Suecia, se van,
volvemos a 2001, volvemos a millones de refugiados en el exterior, volvemos a los talibanes, volvemos a la realidad que conoce la opinión pública. Señoría, me preocupa mucho este argumento, creo que es muy importante porque no podemos ignorar qué
ocurriría si se cumpliera la propuesta que usted hace, como no podríamos ignorar que estuvimos sentados delante de la televisión en el año 1994 cuando durante dos meses, en Ruanda, y a machetazo limpio, se asesinó a 800.000 hutus moderados y tutsis,
y la comunidad internacional no hizo nada. Hoy sabemos, nos lo dice Naciones Unidas en sus informes, con petición de disculpas, incluido Clinton en su día, que 15.000 militares suficientemente armados, bien preparados, hubieran sido suficientes
para evitarlo. No lo podemos ignorar, señor Llamazares. Desde luego a mi grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, cuando hace propuestas de esta naturaleza, porque en ese sentido somos responsables, nos interesa saber lo que se deriva de cada
propuesta que hacemos y de cada voto en esta materia.
Señorías, la ONU no hace la guerra, esta no es una guerra como la guerra de Afganistán ni como la de Vietnam, ni como se ha llegado a decir estos días, la de Sidi Ifni. Esta no es una guerra; Naciones Unidas no hace la guerra. Es verdad
que a veces la sabiduría convencional, popular, puede identificar que una situación en la que hay tiros es una guerra, pero las Naciones Unidas con tiros, con muertos, con sacrificios humanos, con cascos azules que mueren todos los años, no hace la
guerra; y España, con sus Fuerzas Armadas en Afganistán, no hace la guerra.
En tercer lugar, señorías, voy a leer un texto en el tiempo que me queda.
Se está hablando estos días de que hay que cambiar la estrategia. ¿Qué estrategia hay que cambiar? ¿La de Rumsfeld? ¿La de Bush? ¿La de los neocons que ha
fracasado? ¿La que decía que había que armar a los señores de la guerra? Le recordaré una frase que me parece muy significativa de Ahmed Rashid, una de las personas que más sabe de esto, que dice: El verdadero peligro en Afganistán en 2001, 2002,
2004, 2005, 2006, no eran los señores de la guerra de Afganistán. Eran los señores de la guerra de Washington. Esa es la estrategia que quiere cambiar Obama. Ayúdele, señor Llamazares, desde los valores de la izquierda. Ayude a Obama a cambiar
la realidad de las misiones militares en el mundo, a la construcción de la paz. Ayúdele. Y con esta moción no le ayuda, señoría.
Esto es lo dice Naciones Unidas sobre el cambio de estrategia que propone McChrystal, que usted ha citado, en un documento del 29 de septiembre ¿Qué quiere decir la nueva estrategia que propone McChrystal, por cierto de la ISAF? Dice
exactamente: Es un nuevo enfoque en que se concede la mayor prioridad a la protección de la población afgana y se prevé una colaboración operacional más estrecha con las fuerzas de seguridad nacionales. Y se propone que esta prioridad esté por
encima de cualquier ataque a los insurgentes. Podemos discutir hasta la saciedad si pide más tropas o no, pero esto es lo que pide exactamente el nuevo cambio de estrategias.
Señorías, durante estos días se ha hablado de muchas guerras. A mí la que más me ha sorprendido es la visión que ha dado don Santiago Carrillo en un artículo, y termino señor presidente. Dice Santiago Carrillo en un artículo publicado en
un periódico de tirada nacional que en Afganistán las tropas de 42 países, incluida España, son como las tropas de Napoleón en la Guerra de la Independencia, y los talibanes como los patriotas españoles del 2 de mayo. Señorías, no podemos ir por
esa deriva. El mundo ha cambiado. No es el de la guerra fría. El mundo actual es el de la gramática del riesgo mundial. En Somalia hoy, un territorio de más de 700.000 kilómetros cuadrados, no hay Estado. De esto hablamos cuando decimos que hay
que hacer operaciones de paz, construir la paz. Y de esto están hablando, señor
Llamazares, hoy en Washington, Obama y el presidente Zapatero. De este cambio de estrategia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadrado.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Mixto pidieron la palabra la señora Díez y el señor Jorquera. Tiene, en primer lugar, la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Para fijar posición en nombre de Unión Progreso y Democracia, brevemente diré que de la moción planteada por Izquierda Unida-Esquerra Republicana de Cataluña estoy a favor de los puntos 5 y 6, por si hay oportunidad de votar por separado la
moción y, sin embargo, manifiesto mi posición contraria al resto de la moción y al espíritu, si me permite la expresión, señor Llamazares, y a lo que usted aquí ha planteado.
El primer error, a mi juicio, con todo respeto, es pretender crear una especie de falsa dicotomía entre la acción militar y la acción civil, como si desaparecida la acción militar, la acción civil fuera a tener éxito en Afganistán. Creo que
esa es una falsa dicotomía. Si no hay una presencia militar en Afganistán que garantice con su presencia la reconstrucción, que no se cometan mayores abusos y que garantice con su presencia la construcción de la democracia, aquello no tiene
solución.
Marcharse cuando hay problemas es lo más fácil, pero es lo más. (iba a decir impresentable, pero no quiero que nadie me interprete mal); lo menos apropiado, vamos a decirlo de esa manera. Decía la señora Rodríguez-Salmones que no
sabemos qué es ganar. Pero sabemos lo que es perder. Es perder que Afganistán vuelva a estar dominado por los talibanes. Eso es perder, porque los talibanes no son patriotas. Los talibanes son fanáticos, terroristas, perseguidores de los
derechos humanos de los ciudadanos. No son demócratas, demócratas equivocados, ni patriotas. También había gente que llamaba patriotas -no es el caso por supuesto- a los terroristas en el País Vasco. No, sencillamente son fanáticos y
totalitarios.Y perder es que nos vayamos de allí y dejemos Afganistán en manos del totalitarismo. Esto nos afecta directamente. No estamos en Afganistán por solidaridad con terceros. Es nuestra batalla, es la batalla de los demócratas. No es una
batalla que nos sea ajena como españoles, como demócratas y como europeos. Es nuestra batalla, batalla propia, no solo desde el punto de vista egoísta, si me permiten la expresión, porque si no les paramos allá vendrán acá y nos harán sufrir, que
sería una percepción egoísta, pero perfectamente cierta y razonable.
No. Es que nos va en ello nuestra propia historia y nuestra propia dignidad y aquello que somos. La Unión Europea no se constituyó solo para exportar economía, solo para
garantizar desarrollo económico en Europa y para todos nosotros. También se constituyó para exportar, si me permite la expresión, señor Llamazares, derechos humanos, defensa de las libertades y de la democracia en el mundo. Para eso están nuestros
soldados con los del resto del mundo en Afganistán, en una misión que se llama ISAF, sí, pero que, cada vez más, las llamadas internacionales piden que se coordine con otra misión que se llama Libertad Duradera. De la misma manera que no acepto la
dicotomía entre civiles y militares -si se van los militares, los civiles triunfan-. Como triunfaron en el pasado, se supone, o sea, todos debajo de los talibanes ¿no?
El señor PRESIDENTE: Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, termino. Los buenos son los ISAF, que para usted, tampoco, porque dice que nos tenemos marchar, y los malos son los de Libertad Duradera. Allí se libra una batalla por la democracia y lo que no podemos hacer
es perderla. Nos pueden caber muchas dudas respecto de si lo hacemos bien, medio bien o tenemos que cambiar muchas de las cosas que hacemos, pero lo que tenemos claro es que no podemos perder frente a los talibanes, al totalitarismo y a quienes
realmente son enemigos de la democracia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, como es sabido, el Bloque Nacionalista Galego es contrario a la presencia militar española en Afganistán. Por mucho que los objetivos formales de la misión de la ISAF y su fuente de legitimación no sean los mismos que los de otras
misiones existentes en la región, desde nuestro punto de vista, no se puede disociar la misión de la ISAF de la operación Libertad Duradera encabezada por los Estados Unidos, como no se puede disociar la presencia en Afganistán de la ocupación
militar de Irak. Los intereses de fondo son los mismos: intervenir en la región para preservar los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y otras potencias, aunque se invoquen otros objetivos formales. No me gustaría retrotraerme a la
historia para recordar que los propios talibanes fueron alimentados y armados por los Estados Unidos, cuando en el puzle de intereses geoestratégicos en la guerra fría interesaba que Afganistán dejase de estar bajo la influencia de la Unión
Soviética. Si nos atenemos a esos objetivos formales, no hay la menor duda de que la presencia militar no ha servido para aumentar la seguridad y avanzar en la estabilización y democratización de aquel país. Más bien al contrario y a los datos me
remito. El número de víctimas civiles no ha dejado de aumentar, más de mil entre enero y junio de este año, es decir, un 24 por ciento más que en 2008, el 31 por ciento de las mismas provocadas por operaciones militares de las tropas
internacionales o del ejército afgano. El estado de guerra civil se está extendiendo a todo el territorio. Formas de terrorismo que eran marginales encuentran en la actual situación su caldo de cultivo para expandirse.
La corrupción está totalmente institucionalizada. No hay avances significativos en materia de derechos de la mujer y acabamos de asistir a unas elecciones farsa con evidencias de fraude por doquier.
Esto es así, señorías, porque difícilmente se puede avanzar en la reconstrucción y reconciliación de un país a través de la ocupación militar extranjera. La solución no puede ser seguir alimentando una espiral perversa. Las propias fuentes
militares estadounidenses afirman que para la consecución de sus objetivos es necesario pasar de 65.000 a 400.000 efectivos, nada más y nada menos. Por eso en toda Europa se ha abierto un intenso debate sobre la presencia en Afganistán y la
estrategia a seguir, y el Estado español no puede estar al margen de este debate. Por eso compartimos la necesidad de abrir una reflexión, un debate en profundidad en el Pleno de esta Cámara; reflexión que debe ir acompañada de proveer a la misma
de una información rigurosa y sistemática sobre la evolución de la situación. Pero, sobre todo, entendemos que es fundamental debatir un calendario de presencia de las tropas españolas que contemple, antes pronto que tarde, un horizonte de retirada
y entre tanto apostar decididamente por una estrategia donde la política y la diplomacia se impongan a la lógica militar.
Por las razones expuestas, el BNG votará a favor de todos y cada uno de los puntos de esta moción consecuencia de interpelación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, para fijar la posición, tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, también deseo comenzar mi intervención expresando en nombre de mi grupo las condolencias a los familiares y a los compañeros de Cristo Ancor Cabello Santana, recientemente asesinado en Afganistán.
Numerosas han sido las ocasiones en las que este Congreso ha asistido a debates en relación con el tema que hoy nuevamente nos presenta y somete a votación el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y en
su nombre el señor Llamazares. Es el tema de Afganistán y más en concreto la razón o sin razón de la presencia en dicho país de las tropas españolas en número que, tras las sucesivas ampliaciones, ronda ya los mil. Comienzo subrayando este hecho
del debate repetido -quizá habría que decir repetido y aumentado- no con ánimo de afear la conducta del diputado y del grupo por la insistencia en el tema, sino muy por el contrario por compartir con él buena parte de los motivos por los que también
mi grupo cree recomendable y necesario que no se caiga en ningún momento en la tentación de mirar para otro lado, ni siquiera minusvalorar la complejidad y la gravedad de la situación en Afganistán y la enorme importancia y trascendencia de las
decisiones que al respecto vamos tomando en este Congreso.
Estas coincidencias podrían incluso ampliarse y precisarse en otras muchas consideraciones que hace el propio grupo. Nos referimos principalmente a algunos de los puntos que figuran en la moción que hoy presenta a debate y votación, en
concreto los puntos 5 y 6 y en algún sentido también los puntos 4 y 7. Más información, más debate, mi grupo no tiene conceptualmente hablando objeción alguna a estos extremos. Sí tenemos algunas prevenciones, por calificarlas de alguna forma,
metodológicas, me atrevería a decir; prevenciones en el sentido de que tal como todos hemos repetido hasta la saciedad, hoy es el día -lamentable, por cierto- en el que todavía no se ha articulado reglamentariamente hablando la fórmula en la que se
va o se debe producir el hecho indiscutiblemente nuclear de las relaciones Gobierno-Parlamento en decisiones como las de enviar las tropas a cualquier sitio, y en este caso a Afganistán. En fecha bien reciente -en el Pleno anterior al actual-
aceptamos una proposición de ley a propuesta del Grupo Popular para empezar a concretar este extremo.
Sin embargo, hoy es el día en que, debemos reconocerlo todos, es un tema pendiente, un tema abierto, sobre el que seguramente existen opiniones
diversas y veremos si pueden articularse en opiniones comunes y acordadas. Sin encauzar lo nuclear, que es cómo debemos articular reglamentariamente hablando la decisión de enviar o no tropas a Afganistán, nos parece que si esto que es nuclear no
está articulado debiéramos tener sumo cuidado en proponer otro tipo de debates -y cada cual puede tener una idea de cómo deben desarrollarse- que nos parece que pueden ser debates derivados una vez resuelto este tema central. En todo caso que quede
claro que mi grupo no está para mirar para otro lado.
Tampoco por lo mismo encontramos inconveniente en que podamos ser críticos con lo que está ocurriendo en Afganistán y con lo que estamos haciendo en Afganistán.
Entiendo genéricamente hablando -no quiero atribuirle a nadie en concreto el que esté haciendo particularmente mal- que efectivamente la situación en Afganistán se está complicando. Seguramente todos hemos cometido errores, o al menos
tenemos una parte de responsabilidad que debiéramos asumir todos. Sin embargo, hecho este reconocimiento, las conclusiones a las que llega mi grupo son en algún sentido contrarias a las que llega el grupo proponente, por ejemplo, respecto al punto
3. Dice: Mantener una clara diferenciación de la acción de seguridad y reconstrucción de ISAF en la operación Libertad Duradera. Pues bien, en algún sentido sería conveniente hacer lo contrario, si es que nos creemos que va a haber un nuevo
diseño, un nuevo planteamiento de las actuaciones del conjunto de los países en Afganistán. ¿Qué hacemos si la operación Libertad Duradera va por su lado y al margen de la ISAF? ¿No es más deseable que haya una nueva definición y que ambas de
alguna forma estén acordadas y estemos en un planteamiento nuevo, como es el que se está haciendo hoy
día por todas partes? En esa dirección parecen moverse las aguas y nosotros creemos que es una buena dirección. De forma que no vamos a apoyar ni el punto 1, ni el 2 ni tampoco el 3 que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, porque las discrepancias vienen de atrás. Aun compartiendo en grandes bloques el análisis que podemos plantear sobre Afganistán y el envío de las tropas, creemos que puede llegarse a
conclusiones contrarias a las que llegan los representantes de Izquierda Unida. Esta va a ser una posición que mi grupo mantendrá matizada sobre los distintos puntos que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds nos somete hoy a votación a modo de moción consecuencia de la interpelación urgente que tuvo lugar en Pleno anterior.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero que mis primeras palabras en este Pleno del Congreso esta semana sean para expresar en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) las condolencias a la familia del cabo Cristo Ancor Cabello y también al conjunto de
las Fuerzas Armadas.
Hoy Izquierda Unida nos somete siete puntos a consideración, de los cuales mi grupo va a pedir la votación separada para poder expresar los puntos de coincidencia y los de discrepancia. A través de esta votación vamos a decir no a la
retirada y sí a los esfuerzos y a las propuestas de incremento de la parlamentarización del debate en materia de defensa. En el punto 4 de esta moción se plantea un debate general y en profundidad, y nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de
producir un debate en Pleno general y en profundidad sobre Afganistán. Estamos tan de acuerdo con este planteamiento que, a propuesta del Grupo de Convergència i Unió, a finales de este mes de octubre y acordado por la Mesa y portavoces se va a
producir un debate con la comparecencia de la ministra de Defensa.
Nos conviene un debate de conjunto para hablar sobre Afganistán. Somos favorables a la presencia en Afganistán porque el 11 de septiembre del año 2001 se produjo un ataque que
inició una nueva etapa, en la que el conjunto de la comunidad internacional, mediante la Resolución 1836 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de diciembre de 2001, activó por primera y única vez en su historia la cláusula de defensa mutua de
la Carta del Tratado del Atlántico Norte y de la misión de ISAF en Afganistán, y el Ejército español está integrado dentro de esas fuerzas para defender los valores democráticos ante un país, Afganistán, en el cual hoy aún reside un santuario
terrorista que intenta atacar las sociedades y las comunidades democráticas. Ante esto debemos tener una acción clara y contundente. El general McCrystal decía hace tres semanas en titulares en la prensa francesa -no en los sesudos informes a los
cuales hemos tenido acceso los portavoces de defensa-, que es indisociable la dimensión civil y la dimensión militar para afrontar la situación que está viviendo en estos momentos Afganistán. Por lo tanto no a la retirada. Tendremos oportunidad,
señor Llamazares, en ese debate -aprobado por todos los grupos y suscitado por Convergència i Unió- de discutir a finales de este mes o principios del próximo, como se ha hecho en tantos parlamentos de tantos Estados de la Unión Europea, sobre la
situación que se está viviendo en Afganistán. En cambio, vamos a votar favorablemente los puntos números 5 y 6 de la moción, creo que también con un amplio consenso de otros grupos parlamentarios, porque estos dos puntos suponen incrementar la
función de control por parte del Parlamento. Estamos de acuerdo con lo que usted afirma en el punto 6 cuando manifiesta -lo vamos a votar a favor esta tarde varios grupos, el grupo de la mayoría el primero- que el Congreso de los Diputados, el
Parlamento, debe ser informado y consultado en caso de aumento de tropas, lo que pasa habitualmente. Hace poco tuvimos el debate del aumento de tropas en Afganistán. Nos ha sido anunciado por la prensa -no sé si desde el canal más apropiado- un
eventual incremento de tropas en Líbano, pero también las prórrogas y -este es un punto altamente innovador- las retiradas. Con este extremo que esta tarde votaremos no nos volverán a pasar cosas como que de la retirada de Kosovo nos enteremos por
los medios de comunicación, sino que será discutida y comunicada previamente al Congreso de los Diputados y a su Comisión de Defensa. Por eso, pedimos votación separada y expresamos nuestra coincidencia con los puntos 5 y 6 -el punto 4 será este
debate general-, aunque discrepamos con los argumentos expresados hoy en el debate general y expresamos nuestra falta de acuerdo con la retirada de la misión bajo mandato de Naciones Unidas, de la OTAN en Afganistán.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
La presente moción que acaba de ser examinada se votará separadamente por solicitud de diversos grupos y aceptación expresa del grupo proponente, señor Llamazares.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA DE CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000095.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre política de control de la seguridad de los pasajeros en los aeropuertos del Estado. Tiene la palabra doña Mercè Pigem para su defensa.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió traemos hoy a debate una moción que propone una serie de medidas para que, en el ámbito de los controles que pasajeros y equipajes de mano deben pasar en los aeropuertos a tenor de la normativa vigente,
podamos avanzar en el camino de hacer compatible la seguridad con el respeto a los derechos individuales de los pasajeros librándoles en lo posible de incomodidades innecesarias. Fruto de la interpelación que realizamos el pasado 30 de septiembre
al ministro de Fomento, de los datos y las numerosas coincidencias que se pusieron de manifiesto a lo largo de la misma, cuyos argumentos evidentemente no vamos hoy a repetir, pudimos constatar -y así lo reconoció el ministro- que había muchas cosas
por mejorar en el ámbito de los controles de los aeropuertos. El desconcierto que supone para los pasajeros que las pautas de aplicación de las normas de seguridad sean unas en el viaje de ida y otras en el viaje de vuelta; las largas colas que en
ocasiones se forman ante los filtros de seguridad; el desconocimiento por los pasajeros de las vigentes medidas de seguridad obligatorias, así como la falta de unificación de criterios en la aplicación de las mismas y especialmente -repito,
especialmente- el trato y las formas con las que se imparten las instrucciones, hacen -entre otras innumerables situaciones, que como pueden comprender podría relatarles pero que les voy a ahorrar y que son motivo de numerosas quejas- que se imponga
una revisión y un mejor control del necesario equilibrio entre la seguridad por un lado y el respeto a los derechos de los pasajeros por otro. Por ello, hemos presentado la presente moción que consta de cinco puntos, a la que se han presentado
enmiendas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista. Son unas enmiendas que queremos agradecer porque están planteadas con un espíritu constructivo tratando de mejorar -como lo hacen- el texto que hemos propuesto inicialmente y que vamos a
aceptar después de una negociación con dichos grupos, quedando la moción redactada en los términos de la enmienda transaccional que presentaré a la Mesa para que sea la que se someta a la votación.
¿Qué dice la moción? Voy a referirme a las medidas propuestas que competen directamente al Gobierno y que serían las contempladas en los apartados 2, 3, 4 y 5. En primer lugar está que los pasajeros sepan a qué han de atenerse. Por ello
proponemos publicitar y divulgar de manera clara las medidas de seguridad obligatorias para los viajeros, para que se conozcan, se unifiquen criterios de aplicación y se reduzcan en la medida de lo posible las molestias a los pasajeros. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Entendemos que esta redacción -la señora Nadal ha estado de acuerdo- recoge lo propuesto en dos de las tres enmiendas presentadas por el Grupo Popular, puesto que para nosotros es evidente
-quiero manifestarlo para que conste textualmente en el 'Diario de Sesiones'- que la publicación que solicitamos deberá hacerse también en la página web de AENA. En el siguiente punto de la moción, que sería el número 3, proponemos aumentar las
unidades de escáneres y la operatividad de todos los existentes para agilizar los tiempos de espera en los filtros, para que no pase como ahora que habiendo varias filas de escáneres solamente uno o dos están operativos, haciendo que se alarguen las
colas y los tiempos de espera para pasar los filtros. Por ello proponemos también generalizar a todos los aeropuertos los aparatos de control del calzado, así como incrementar las inversiones en aparatos de control dotados de tecnologías para
evitar tener que descalzarse o despojarse de chaquetas. Solicitamos también que mientras la implementación de estos nuevos sistemas se lleva a cabo se faciliten controles manuales a solicitud razonada por los pasajeros, especialmente por las
pasajeras, como alternativa a tener que despojarse de las chaquetas. A este punto se ha presentado otra enmienda del Grupo Popular, que propone añadir una nueva medida, que sería la unificación de las normas técnicas de calibrado en los arcos
detectores, que vamos a aceptar y que ha quedado introducida en el texto transaccional.
En el punto 4 proponemos que se den las máximas facilidades para que los viajeros puedan realizar reclamaciones de manera inmediata y en el mismo filtro de control. Mención aparte por su importancia, ya que no podemos olvidar que muchas de
las quejas de los viajeros se refieren al trato que se les dispensa, es la exigencia de formación más amplia del personal de compañías de seguridad privada que presta sus servicios en los controles, así como el incremento de inspecciones para
comprobar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones. A este punto, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución que también vamos a aceptar, porque creemos que mejora el texto inicial, ya que aumenta las exigencias con respecto
a la formación del personal y también con respecto a las inspecciones.
Finalmente haré una referencia al punto 1, el cual, transcurridos siete años desde que se adoptó la normativa europea vigente, mandata impulsar ante las instituciones comunitarias el replanteamiento de algunas de las restricciones actuales,
como la de los líquidos. Hemos sabido por los medios de comunicación que el pasado día 9 la Comisión Europea anunció que iba a proponer la extensión de estas limitaciones, porque todavía no se cuenta con la tecnología necesaria para detectar
explosivos líquidos.
Naturalmente, también para nosotros la seguridad es lo primero, pero vamos a mantener este punto de la moción, porque no teniendo un plazo perentorio de cumplimiento marca, junto con los otros puntos que les he comentado
previamente, la hoja de ruta que creemos que hay que seguir en la línea tantas veces reiterada de encontrar el mejor equilibrio entre la seguridad,
como siempre en primer lugar, y el respeto por los derechos individuales de los pasajeros.
Finalizo, señorías, solicitando el apoyo de la Cámara a esta iniciativa, que tiene como objetivo -lo he dicho ya muchas veces- evitar en la medida de lo posible todas las incomodidades que podamos a nuestros conciudadanos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero agradecer en primer lugar la voluntad tanto de la señora Pigem, en nombre del grupo proponente, como de la señora Puig, en nombre del grupo de la mayoría, para llegar a una transacción sobre una cuestión importante puesto
que llega a afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos. Tanto es así que el Grupo Popular presentó ya el pasado mes de marzo a la Cámara una proposición no de ley sobre la regulación de las medidas y controles de seguridad en los
aeropuertos en la misma línea de la presentada y defendida hoy por el Grupo de Convergència i Unió. La primera respuesta a cualquier demanda sobre los derechos de los pasajeros en los aeropuertos es que si queremos más seguridad debemos aceptar el
trato al que actualmente somos sometidos en los controles de seguridad en los aeropuertos. Sin embargo, no nos veremos abocados a esa disyuntiva si se realizan las acciones que hoy reclamamos del Gobierno y que son de su responsabilidad. Los
derechos de los pasajeros pueden ser defendidos y ampliados si el Gobierno se aplica con seriedad y con responsabilidad en tres frentes, como queda recogido en la transacción a la cual hemos llegado: en primer lugar, una mayor inversión
tecnológica; en segundo lugar, una mayor claridad normativa y, en tercer lugar, una mayor profesionalización de los agentes de seguridad de los aeropuertos.
Señorías, se debe garantizar la máxima seguridad en los aeropuertos, sin duda, pero todo ciudadano debe ser considerado como tal también cuando pisa un aeropuerto sin necesidad de sentirnos indefensos, impotentes ante la arbitrariedad muchas
veces cometida por los agentes de seguridad privada que actúan en los aeropuertos y sentirnos en más de una ocasión, si me permiten la expresión, mortificados. Es cierto, lo decía la señora Pigem, que los distintos reglamentos europeos y su
aplicación en nuestro país dejaron la puerta abierta a un sinfín de arbitrariedades que sufrimos cada día miles de ciudadanos. Si bien el Reglamento 820/2008 supuso un avance en la subsanación de los errores iniciales, compartimos con el grupo
proponente la necesidad de impulsar una revisión de la regulación europea que salvaguarde los derechos de los usuarios. Se trata de que los pasajeros tengan claro qué pueden y qué no pueden llevar consigo, con el objeto de evitar la pérdida
simplemente por el tamaño del envase de productos que deberían estar permitidos o evitar retrasos a personas que por necesidad deben viajar con medicamentos. Estamos de acuerdo también con el grupo proponente en la necesidad de generalizar el uso
de escáneres en los aeropuertos españoles y también naturalmente -agradecemos que se haya recogido en la transacción- que se unifiquen las normas técnicas de los calibrados en los arcos detectores. Señorías, con la tecnología actual no parece
comprensible ni aceptable que se nos obligue a medio desnudarnos cada vez que tenemos que tomar un avión. Por último planteamos -creemos que ha quedado bien recogido y de una forma amplia en la transacción a la cual hemos llegado- que se difundan a
través de todos los medios disponibles -se refirió la señora Pigem también a las páginas web de AENA-, incluso en los propios aeropuertos, las normas de seguridad aplicables. Señorías, una normativa más clara y una mejora tecnológica serían
insuficientes sin una mayor preparación y profesionalización de los agentes de seguridad que trabajan en los aeropuertos. Lo que no puede ser, señorías, es que cada vez que continuemos amontonando nuestras pertenencias en una bandeja, cada vez que
nos descalzamos, nos quitamos el cinturón, nos quitamos la chaqueta, cada vez que se nos requisa un frasco de colonia o de cualquier otro producto, eso se convierta en un trámite arbitrario ante el cual los ciudadanos estemos indefensos. Por tanto,
señorías, vuelvo a agradecer la voluntad tanto del grupo proponente como del grupo de la mayoría de llegar a una transacción en un tema que, como digo, llega a afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Nadal.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Puig.
La señora PUIG GASOL: Gracias, presidenta.
Señorías, con relación a la interpelación urgente que Convergència i Unió hizo al Gobierno sobre la política de control de la seguridad de los pasajeros en los aeropuertos del Estado nuestro grupo parlamentario ya tenía registrada una PNL
con el mismo objetivo, que no es otro que reiterar la importancia de garantizar el equilibrio entre la máxima seguridad en los aeropuertos y el respeto de los derechos de los usuarios, considerando que los protocolos de seguridad de los aeropuertos
españoles han de establecer sistemas y mecanismos de control que, sin rebajar el objetivo de seguridad, permitan garantizar el pleno respeto a la integridad de los viajeros y viajeras, así como reducir molestias y en algunos casos humillaciones que
a veces comportan los controles arbitrarios. La diputada señora Pigem ya señaló en su intervención las incomodidades percibidas por los ciudadanos en los
citados controles. Todas estas situaciones se han traducido en numerosas quejas, la mayoría para denunciar la arbitrariedad con que actúa el personal de seguridad contratado y otras por la falta de información que el usuario recibe de los
derechos que le asisten.
Señorías, creo interpretar -así ha sido- el sentir de la Cámara y del Gobierno en este caso si digo que estamos todos de acuerdo con la necesidad de trabajar y avanzar encontrando fórmulas para mejorar la compatibilidad entre seguridad y
respeto a los derechos individuales. Por esto, el ministro de Fomento anunció un paquete de medidas con el objetivo de mejorar la seguridad aérea en su conjunto y muy especialmente para reducir las incomodidades de los pasajeros/pasajeras. Entre
ellas podemos destacar medidas para aumentar la formación del personal encargado de los controles de seguridad; medidas para implementar un nuevo modelo de servicio a la hora de contratar la seguridad privada que colabore con la Guardia Civil en
los controles; medidas para incorporar más medios materiales para hacer más ágiles los controles de seguridad y reducir los tiempos de espera; medidas para mejorar la información a los viajeros y viajeras, sobre todo en los procesos de seguridad y
sobre sus derechos.
España, señorías, como ustedes ya saben, participa de manera activa y regular en el Comité de Seguridad de Aviación Civil de la Comisión Europea, así como en diversos grupos de trabajo creados al efecto, desde donde se proponen las
iniciativas reguladoras en los distintos ámbitos de actuación. En este sentido, actualmente existen dos importantes áreas en cuanto a normativa de reglamentación en Europa que supondrán una modificación en la legislación vigente. La primera área
que se está trabajando es el desarrollo del nuevo Reglamento por el que se establecen las normas comunes para la seguridad de la aviación civil. Su objetivo es clarificar la aplicación de los reglamentos de seguridad, incluyendo disposiciones
concretas para garantizar los derechos de los pasajeros. La segunda área de trabajo es revisar las actuales restricciones de líquidos, pero teniendo siempre en cuenta que la amenaza asociada al posible uso de los líquidos de explosivos sigue
existiendo.Otro aspecto que recoge la moción es la formación del personal. La formación en materia de seguridad aeroportuaria está recogida en el programa nacional de formación, cuyo objetivo es garantizar que todo el personal haya recibido la
formación necesaria para aplicarla en los niveles de seguridad preventiva y que pueda hacer frente a situaciones en que la seguridad de la aviación civil sea amenazada. La aplicación y el cumplimiento de este programa son auditados por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, AESA, pero la formación es responsabilidad de la propia empresa, tanto la relativa a la seguridad aeroportuaria como la de carácter general. Por ese motivo, AENA ha iniciado contactos con el fin de analizar, definir e
implantar acciones encaminadas a mejorar el trato en la atención de los vigilantes a los pasajeros en los filtros de seguridad.
Como ya se ha dicho, el grupo proponente ha consensuado un texto, que se ajusta...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Puig, tiene que ir acabando, por favor.
La señora PUIG GASOL: Ahora mismo termino.
Texto que se ajusta con más precisión a la situación real y a las iniciativas emprendidas y anteriormente mencionadas. El texto transaccionado con el grupo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Puig, es que ha acabado su tiempo y el texto transaccionado ya constará a la Presidencia.
La señora PUIG GASOL: Sí, ahora termino, señora Cunillera.
Como decía, el texto transaccionado refuerza las acciones que los ministerios implicados están llevando a cabo por su cuenta. Los socialistas creemos que estas medidas sin duda compatibilizan la seguridad y los derechos individuales y
colectivos de las personas que utilizan las infraestructuras aeroportuarias...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Puig, muchas gracias. Ha acabado su tiempo.
La señora PUIG GASOL: ... y contribuyen a una mejor imagen del país en los mercados turísticos...
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al turno de fijación de posiciones en el que en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para manifestar el apoyo de nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, a esta moción de Convergència i Unió y para felicitar a la señora Pigem por una idea que todos los grupos compartimos, lo cual se ha visto en
el acuerdo al que afortunadamente se ha llegado con los dos grupos proponentes de enmiendas. Por lo tanto quiero manifestar de nuevo nuestra posición favorable a la transacción que se acaba de presentar a la Mesa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente para recordar que es cierto -ya se ha dicho en esta Cámara- que, después de los atentados del 11 de septiembre y posteriores detenciones e investigaciones, hubo un punto de inflexión en materia de
seguridad aérea al asumir que los aviones estaban en el punto de mira del terrorismo. Desde entonces los viajeros, con mayor o menor agrado, nos sometemos a una verdadera tortura para poder acceder a las zonas de embarque de los aeropuertos
por normativas diversas que afectan a líquidos, equipaje, vestimenta, etcétera. Es evidente que no podemos cuestionar las medidas de seguridad cuyo objetivo es precisamente proteger la seguridad aérea y la de los pasajeros, no obstante coincidimos
con el grupo proponente en que existen medidas paliativas que harían más soportables los controles de seguridad en los aeropuertos. En primer lugar, hay una que necesariamente debe adoptarse en el ámbito de la Unión Europea, analizar la actual
normativa sobre seguridad en los aeropuertos e intentar encontrar aspectos que puedan ser susceptibles de revisión. Por ello evidentemente, como se apunta en la moción, se debe instar a la Comisión Europea para que reformule las normas de
seguridad.
La segunda medida está íntimamente vinculada a las actuaciones concretas de seguridad realizadas en el Estado español. Partimos del principio -entendemos que generalmente asumido- de que en la aplicación de las medidas de seguridad se
debe primar el confort y el objetivo de causar las menores molestias posibles a los pasajeros. Dicho esto, es verdad -como apuntó la semana pasada la diputada Pigem cuando defendió la interpelación- que las medidas de seguridad no se aplican por
igual en todos los aeropuertos. Ello es debido en gran parte a las diferencias de criterio y de permisividad del personal de seguridad, que hace que en algunos casos los controles sean menos exhaustivos que en otros. También obedece a la diferente
dotación de medios materiales de los distintos aeropuertos; en algunos se dispone de detectores para los zapatos mientras que en otros, al no disponer de ellos, se obliga a los viajeros a descalzarse. Podríamos también hablar de la falta de arcos
de seguridad o de arcos inactivos por falta de personal, lo que obliga a los pasajeros a esperar largas colas para pasar por ellos. Esta situación deriva, en definitiva, en la existencia de aeropuertos de primera y de segunda en cuanto a seguridad
y por tanto de viajeros de primera y de segunda, que deben sufrir la falta de medios en determinados aeropuertos. Por ello, pensando en la necesidad de poner fin a esta situación, entendemos plenamente acertadas y oportunas las propuestas de la
moción de Convergència i Unió y daremos apoyo a lo que se proponía y evidentemente también a la transacción que se ha pactado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que me ha preguntado mi amiga y compañera, señora Pigem, qué me ha parecido su intervención y la he calificado de moderada, una impronta de semicatalán, pero lo que ha resultado manifiestamente incomprensible es la actitud
complaciente de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Le voy a contar una anécdota, señora presidenta, que no quiero elevar a carácter de categoría. Yo fui objeto de la requisa la semana pasada de un DVD con las películas de Bugs Bunny y
el Pato Lucas. (Risas.) Todo el mundo recordará la gran peligrosidad del pato Lucas, cualquiera que haya visto las películas de Looney Tunes en relación con esta materia. La casuística sería infinita. Las manifestaciones, las aberraciones, las
humillaciones, los manifiestos delitos penales cometidos por la seguridad privada o incluso en algunos casos por los responsables de la Guardia Civil en estos puestos son clamorosos, y esto está provocando una verdadera situación de sentimiento
difuso pero colectivo en todos los que tenemos la desgracia de tener que viajar en avión porque no tenemos acceso a través del AVE a nuestras ciudades de origen o no vivimos en Madrid de ser casi terroristas yihadistas, por la forma de tratamiento y
por el rigor manifiestamente exorbitante de los controles. ¿Todo esto por qué o en virtud de qué? Señora presidenta, me acabo de enterar de que existe un reglamento, porque lo he requerido muchas veces y el reglamento era secreto, no estaba
publicado en el boletín de las comunidades. Ahora sí está publicado por el requerimiento de una sentencia también del Tribunal de Luxemburgo, el Reglamento 820/2008, que establece en un anexo, sobre cuyo carácter coercitivo o normativo habría mucho
que discutir, cuáles son los productos prohibidos para traspasar en estos escáneres o controles de seguridad. Ahora, nada invoca o establece el reglamento en relación con la actitud y profesionalidad de las personas que deben ejercer esas
actividades. Le debo manifestar, señora presidenta -y usted seguramente viajará en AVE y no tendrá que soportar estos quebrantos y gravámenes-, que si a las características infraestructurales de la T-4 y a los retrasos congénitos de las compañías
aéreas que ahí vuelan uno tiene que soportar las humillaciones de los escáneres y de los controles de seguridad, a uno se le antoja que lo mejor es quedarse en su casa y prescindir absolutamente de recurrir al ejercicio de determinadas funciones
públicas como las que ejercemos aquí. La señora Pigem ha sido moderada. Aquí estamos ante una figura que no me atrevo a calificar porque incluso hasta los diputados, como es público y notorio, podemos incurrir en delitos de naturaleza
jurídico-penal o en injustos penales.
Pero desde luego, señora presidenta, lo que está ocurriendo es incalificable por una razón -y con esto acabo- que dimana de una pregunta que le hice al ministro del Interior consistente en algo tan sencillo
como lo siguiente: Desde la implantación de estas medidas de seguridad cuya normativa solo se conocía en forma de circulares a la Guardia Civil, ¿cuántos terroristas de cualquier género han sido detenidos? Le voy a manifestar la respuesta del
Ministerio del Interior, lacónica donde las haya: Señoría, ninguno.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría. Créame que he quedado desolada por sus tristes viajes.
Señora Pigem, entiendo que el texto que pasaremos a votación será la transaccional que obra en poder de la Presidencia en este momento.
La señora PIGEM I PALMÉS: Sí, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL AUMENTO DE LA DELINCUENCIA EN LOS AÑOS 2008 Y 2009. (Número de expediente 173/000096.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos finalmente a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el aumento de la delincuencia en los años 2008 y 2009. Para defender la moción tiene la palabra el señor
Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta mañana, señorías, hemos tenido oportunidad de conocer el último barómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y tenía dos datos curiosos: el primero es que la preocupación de los españoles sobre la seguridad ciudadana
se había incrementado en 2,5 puntos, y el segundo, que la seguridad ciudadana pasaba del séptimo lugar de las máximas preocupaciones de los españoles al quinto lugar en relación con el último trimestre. Y eso, créanme, tiene mucho mérito en un
momento en el que más del 80 por ciento de los españoles tienen como máxima preocupación el paro y la crisis económica. Tiene mérito, así que no me venga luego el portavoz socialista haciendo muchas comparaciones con el pasado porque da la
casualidad de que hoy la preocupación sobre el paro es más del doble de la que existía hace tan solo unos años. Todo el mundo sabe que la delincuencia está aumentando. Lo dice el Consejo General del Poder Judicial, lo dicen los fiscales en su
memoria, lo dicen los sindicatos policiales y, a tenor de estos datos, son conscientes de ello los españoles. Todos menos el Gobierno, todos menos el señor Rubalcaba y probablemente el portavoz del Grupo Socialista que conteste a esta moción.
Créanme que el entusiasmo con el que el Gobierno y el Grupo Socialista niegan el aumento de la delincuencia solo es comparable al entusiasmo con el que negaban la crisis económica hasta hace unos pocos meses (Protestas.), y solo es comparable la
credibilidad que tienen negando la crisis económica y negando el aumento de la inseguridad ciudadana.
Nosotros proponemos un cambio en la política de seguridad, lo que traemos aquí es una alternativa a la política de seguridad del Gobierno basada en tres ejes: la transparencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la coordinación
de las políticas de seguridad. El 28 de octubre del año 2008 la Comisión de Interior aprobó por unanimidad una proposición no de ley a propuesta de mi grupo -porque cuando se sube aquí el ministro parece que viene a informar a voluntad propia- que
pedía -y leo textualmente-: Remitir al Congreso de los Diputados un informe global y anual sobre la situación de la criminalidad en el conjunto de España.
Este informe contendrá un análisis territorial de evolución de la misma, un análisis según
la tipología de los delitos y una somera prospectiva.
De la prospectiva ni hablamos porque no existe. El análisis delictivo, en nuestra opinión, es insuficiente, pero es discutible. Pero lo que es un dato absolutamente innegable es que en los
informes remitidos por el Ministerio del Interior a esta Cámara no hay un solo dato territorial. Ni un solo diputado puede conocer cuál es la evolución de la delincuencia en su provincia, y eso, aunque ustedes se ofenden mucho y se rasgan las
vestiduras, no ha ocurrido nunca en nuestra historia democrática.
El 27 de mayo del año 2009 se aprobó otra proposición no de ley, esta vez no por unanimidad pero sí a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, y dice textualmente: Incluir en la página web del Ministerio del Interior la evolución mensual
de delitos y faltas por tipos de delitos y por provincias. Todos ustedes tienen delante una pantalla de ordenador. Yo les digo que si hay algún diputado que encuentre los datos de evolución de la delincuencia en su provincia, no del último mes
sino del último año, retiro esta moción. Yo les pediría que cumplieran lo que manda este Parlamento y diría a los otros grupos que si no nos hacemos respetar como Cámara no sé muy bien a qué nos dedicamos. Pero es que ni siquiera cumplen los
compromisos que asume el Gobierno, porque el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, dijo -y vuelvo a citar textualmente-: Traeremos a esta Cámara una estrategia nacional de seguridad para definir objetivos, señalar prioridades,
cuantificar dotaciones, asegurar colaboración y planificar los esfuerzos organizativos y presupuestarios. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Eso es exactamente lo que le está pidiendo esta moción, que el presidente del Gobierno cumpla el
compromiso que adquirió en esta misma tribuna hace año y medio en relación con la política de seguridad.
Quiere esta moción también -y nos parece esencial- que no convirtamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las principales víctimas de la nefasta política económica del Gobierno, porque pasamos de una oferta de empleo público
de 11.000 policías y guardias civiles en el año 2008 a una oferta de empleo público de 5.000 en el año 2009 y a una oferta de empleo público que no sabemos la que va a ser, pero que en todo caso va a ser inferior a 4.000, en el año 2010, y por
segundo año consecutivo el Ministerio del Interior va a ser el ministerio que más reduce sus inversiones. Y no me vengan con el PlanE porque, como bien se demostró
en la Comisión hace unos días, el PlanE no se está cumpliendo y el dinero que estaba previsto para el año 2009 pasará a 2010 o incluso a años sucesivos. Esta moción pretende también que se regulen las juntas locales de Seguridad, que es
otro acuerdo unánime adoptado por esta Cámara desde el año 2005 y que yo creo que va siendo hora de que se pueda cumplir.
Pide que incluyamos la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado entre las prioridades de la Presidencia española de
la Unión Europea y que potenciemos la colaboración de las policías locales con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Termino ya, señor presidente, diciendo que garantizar la seguridad es lo mínimo que nos pueden exigir unos ciudadanos a los que además este año se les van a incrementar los impuestos. Esta moción demuestra que para el Grupo Parlamentario
Popular la seguridad es una prioridad. Mi grupo la ha presentado con ánimo de consenso, proponiendo cosas que no solamente resultan razonables sino que entendemos que pueden ser asumidas por la generalidad de la Cámara. Si hay algo que los
ciudadanos nos demandan esta tarde probablemente sea que nos pongamos de acuerdo en cómo garantizamos mejor su seguridad, y yo creo que la moción que hemos presentado puede ser una buena base para entrar en esa discusión.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, la primera consideración que me viene a la cabeza a la hora de analizar esta moción del Grupo Parlamentario Popular es que este es un tema casi recurrente, por no decir obsesivo, por parte de este grupo.
Además, la mayoría de las
cuestiones que figuran en esta moción ya fueron ampliamente debatidas y, por cierto, aprobadas por unanimidad mediante una proposición no de ley que fue suscitada por el mismo grupo en Comisión, concretamente el 21 de octubre pasado, en la que se
instaba al Gobierno no solo a remitir información semestral sobre la evolución de los principales indicadores de criminalidad sino también a remitir un informe anual sobre la situación de la criminalidad en el conjunto del Estado. Estos dos
requerimientos, en nuestra modesta opinión, se están cumpliendo. Esta Cámara recibe oportuna y periódicamente la documentación y la información del Ministerio del Interior. Otra cosa es, y ahí podríamos entrar a discutir la propuesta que hoy se
nos trae a debate, si el Grupo Parlamentario Popular comparte o no la metodología y los datos que el Gobierno trae a esta Cámara y, por tanto, su fiabilidad, comparándolos con otros que le merezcan mayor crédito. Me refiero a los que fueron citados
por el diputado proponente, los que en su día dieron tanto la Fiscalía General del Estado como los distintos sindicatos policiales. Hay que tener en cuenta, y ese es el principal reproche que nuestro grupo hace a esta moción del Grupo Parlamentario
Popular, que en el informe de la Fiscalía General del Estado figuran datos que no son comparables con los de la evolución de la delincuencia, pues se están midiendo cuestiones totalmente distintas; una cosa es el número de actuaciones judiciales o
la carga que hay en los juzgados en función de las distintas actuaciones o diligencias policiales y otra cosa son, evidentemente, los datos estricta o propiamente policiales. En cuanto a los datos que maneja el Grupo Parlamentario Popular,
procedentes de los distintos sindicatos o asociaciones policiales, hay que subrayar que estos no obedecen a ninguna sistemática concreta ni son datos suficientemente fiables, por lo que no entendemos que se pueda dar mayor crédito a lo que estas
asociaciones nos dicen que a lo que en su día ofreció el Gobierno. El Grupo Parlamentario Popular plantea esta moción siguiendo básicamente el análisis de los sindicatos policiales, pero son unos datos que, insisto, no se ponen en relación con la
población, con lo en esta moción se falsean de alguna forma las conclusiones de la evolución de la criminalidad, y es por tanto este el primer motivo por el cual nuestro grupo no puede dar apoyo a esta iniciativa.
En segundo lugar, es evidente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben disponer de equipos modernos, de comisarías adaptadas, del personal necesario y pertinente, y es evidente que ello requiere oportunamente por parte del
Gobierno las inversiones necesarias, y también es evidente que en el momento actual no se pueden realizar las grandes inversiones y esfuerzos presupuestarios y gastos suplementarios que serían deseables. A pesar de ello, también quiero recordar que
en los últimos cinco años el Gobierno, aunque no sea suficiente, ha incrementado progresivamente en términos de PIB el esfuerzo del 0,49 por ciento que realizaba en 2004 al 0,63 por ciento para 2010. En tercer lugar, por lo que se refiere a la
propuesta de elaborar un plan estatal de seguridad ciudadana, debemos recordar que actualmente está en vigor la denominada segunda fase 2009-2010 del Plan estratégico conjunto de actuación para la Policía y la Guardia Civil, con lo que se puede
decir que este plan que hoy reclama el Grupo Popular no solo ya se adoptó en su día, sino que se está ejecutando. Finalmente, respecto a los apartados que hacen referencia a la colaboración con los ayuntamientos y las juntas locales de Seguridad,
es decir a la cooperación entre policías locales en la tarea de la seguridad ciudadana, no puede desconocerse que los acuerdos alcanzados por el Ministerio del Interior y por la Federación de Municipios y Provincias están en una línea muy similar a
lo que hoy plantea el Grupo Popular. Por tanto, no pudiendo desconocer que el Gobierno ya ha alcanzado un acuerdo en esta materia con el conjunto del municipalismo, nos parece totalmente sobrante este último punto que contempla la moción que hoy
nos trae el Grupo Popular. Por
tanto, nuestro grupo anticipa su voto contrario a esta moción.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
También para fijar posición, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar también nuestra oposición a la aprobación de esta moción por una razón fundamental: los datos no avalan el argumentario del portavoz del Grupo Popular, el señor Cosidó. En primer lugar, porque hay una cierta
propensión por parte del Grupo Popular de comparar datos que no son objetivamente comparables, que son los datos estadísticos que proporciona el Ministerio del Interior dos veces al año, en virtud de requerimientos que en este momento el Ministerio
del Interior cumple y que antes no se cumplían, con los datos de la memoria de la fiscalía, que refleja solo las actuaciones judiciales y las diligencias practicadas. Desde esa perspectiva, no se pueden comparar cuestiones o datos estadísticos que
son metodológicamente configurados de forma diferente. En segundo lugar, se invocan también datos de sindicatos y asociaciones de la policía. Desconocemos en relación con estos -y yo no voy a hacer una in genere descalificación de la legitimidad
de los mismos- el universo poblacional, la metodología utilizada para su confección y otros datos que nos permitirían estar más tranquilos ante la fiabilidad de estos datos en relación con una materia tan importante como los niveles de criminalidad
existentes en el Estado español. Luego, hay una razón de naturaleza ideológica o criminalística, mejor dicho -sería la expresión, señor presidente-, que es la relativa al binomio crisis económica-seguridad. Estigmatizar a las personas que padecen
problemas económicos y convertirles en presuntos delincuentes, desde una perspectiva filosófica, nos parece aberrante. Ahora bien, es obvio que el señor Cosidó tiene razón cuando afirma que el incremento de las situaciones de pobreza, de
marginalidad, afecta al incremento de determinados fenómenos delictivos, fundamentalmente aquellos atinentes a los delitos contra la propiedad. Lo cual en términos estadísticos solo ha provocado, desde 2008 a 2009, el incremento de una décima en
los índices de criminalidad, contando con el coeficiente reductor que deberíamos considerar de la tipificación de nuevos delitos que están convirtiendo nuestro Código Penal, vulnerando el principio axiológico de mínima intervención, no en el Código
Penal que aprobamos todos en el año 1995 sino en un manual de unas dimensiones parecidas a la colección Aranzadi ya, porque cualquier problema o cualquier fenómeno que provoque la más mínima alarma social automáticamente provoca la incorporación de
un injusto penal nuevo a nuestra normativa penal. Por lo tanto, señor Cosidó, me refiero a usted y en general a su grupo, porque no le identifico, no le ubico físicamente en este grupo, sintiéndolo mucho y pensando honestamente y desde la relación
de amistad que nos une que los datos no avalan su predicamento o su pedimento, me veo en la tesitura de tener que votar en contra de la moción que usted presenta con la buena intención que caracteriza todas sus intervenciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra doña Mercè Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Convergència i Unió queremos manifestar una vez más que genéricamente podemos compartir la preocupación que asiste al Grupo Parlamentario Popular sobre el tema de la seguridad ciudadana. Pero más allá de esta sintonía, como digo,
genérica, ya que preocuparnos por la seguridad de la ciudadanía significa preocuparnos por algo que afecta de manera muy directa al día a día de la vida de las personas, no alcanzamos a ver, y lo digo con el máximo respeto, consideración y estima
por el señor Cosidó, con claridad cuál es el objeto de este debate. Veamos. La moción parte de la premisa, y así se titula, de un aumento de la delincuencia en los años 2008 y 2009 para, en consecuencia, proponer una serie de medidas para
contenerla. Pues bien, he de manifestarle que desde Convergència i Unió no compartimos la apreciación que tanto en la interpelación como en la moción se hace respecto a las estadísticas de criminalidad. Las estadísticas que actualmente se hacen
desde esta legislatura han sido acordadas o por lo menos consentidas por los grupos parlamentarios en reuniones que tuvimos hace ahora más o menos un año en el Ministerio del Interior. Pero además con posterioridad a dichas reuniones el Grupo
Parlamentario Popular propuso en la Comisión de Interior una proposición no de ley relativa a los datos de criminalidad que con alguna modificación fue aprobada por unanimidad, lo ha señalado usted mismo, señor Cosidó, el 21 de octubre del año 2008
y que es por la que ahora nos regimos todos, porque mandata al Gobierno cuándo, cómo y con qué contenido debe informar a la Cámara respecto a las situaciones de criminalidad. No sé si esta es la mejor manera de hacer las estadísticas o de darlas a
conocer, pero en todo caso es la manera que hemos acordado, y no nos parece adecuado, ahora que empezamos a tener una secuencia continuada de datos que nos pueden ilustrar acerca de la evolución de la criminalidad, proceder a cambiar el sistema.
Como consecuencia precisamente y en cumplimiento de esta iniciativa de su grupo parlamentario, señor Cosidó, acabamos de recibir el informe semestral relativo a junio del año 2009. Ustedes solicitan ahora que en este informe semestral se
incluyan los datos por cada
comunidad y provincia. Pero creo recordar que si esto no se fijó ya en la PNL aludida fue porque para dar estos datos hay que contar con los respectivos balances de las comunidades autónomas, y por ello se acordó en el punto 2 de la PNL
aprobada que se remitiría un informe global anualmente sobre la situación de la criminalidad en el conjunto del Estado, ¿cuándo?, una vez se contara con los datos de las comunidades autónomas. Es verdad que no hemos recibido ese informe. Pero no
lo hemos recibido, desde nuestro punto de vista, porque no ha acabado todavía el año 2009, que sería el primer ejercicio al que afectaría lo aprobado, pero que realmente esperamos, y en la medida en la que estoy en el uso de la palabra requerimos
del Gobierno que se nos traslade dentro del plazo previsto.
Por otra parte, el contenido del informe que se nos ha enviado muestra un balance de criminalidad entre julio del año 2008 y junio del año 2009 que, si bien no se puede decir que sea bueno en la medida en que mientras haya delitos nunca lo
será, sí parece entrever que en términos generales el repunte de la tasa de criminalidad que hubo en el año 2008 se está conteniendo y además que la eficacia policial sigue mejorando. Y ya que estoy hablando de la policía -abro un paréntesis- se me
va a permitir que me refiera a la reciente visita que desde la Comisión de Interior realizamos a la sede de la Policía científica porque quiero desde mi grupo parlamentario felicitar la gran labor que allí se está haciendo, con unos profesionales
magníficamente capacitados que contribuyen decisivamente al esclarecimiento de muchos hechos delictivos. Y a la par que les felicito, reclamo también que el Gobierno siga apostando por este buen trabajo y que los Presupuestos Generales del Estado
no solo mantengan sino que, en la medida de lo posible, incrementen los recursos materiales necesarios para continuarlos. Por lo demás, la moción, que lógicamente se presenta como consecuencia de una interpelación o de una interpretación de las
estadísticas de criminalidad que, como ya le he dicho, no compartimos, contiene un catálogo a nuestro juicio excesivamente amplio, un tanto difuso, de medidas que van desde modificar el Código Penal -que no compartimos- hasta presentar la lucha
contra el crimen organizado como una de las prioridades de la Presidencia de España en la Unión Europea, que podríamos apoyar. (Rumores.) Por ello anuncio que si los puntos de la moción se votan separadamente podríamos dar nuestro apoyo únicamente
al último de ellos y si se vota conjuntamente mi grupo se va a abstener.
Muchas gracias. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Ruego a SS.SS. tenga la bondad de, por cortesía a los oradores que aún tienen que hacer uso de la palabra, disminuir sus conversaciones o reducir el volumen de las mismas.
Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra don Antonio Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.
Señor Cosidó, ¿usted cree que es oportuno, el mismo día en el que -acabo de recibir el mensaje que dice: El comité ejecutivo del Partido Popular de la Comunidad de Valencia concluye con acuerdo para cesar temporalmente a Costa mientras una
comisión investiga la financiación del Partido Popular, traer aquí esta moción? (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor HERNANDO VERA: No sé quién les hace a ustedes la estrategia, pero le voy a decir dos cosas en relación con la estrategia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, espere un momento.
Señorías, ningún diputado puede ser interrumpido más que por la Presidencia. Les ruego tengan la bondad de permitir el derecho de expresión del diputado en la tribuna. (Rumores.) Sí, señores. Es la primera regla democrática. (Continúan
los rumores.) Y el Reglamento que nos hemos dado permitirá contestar cuando proceda, pero les ruego que, por respeto a lo que representamos, dejen al diputado que se exprese con libertad.
Señor diputado, siga en el uso de la palabra.
El señor HERNANDO VERA: Gracias por su amparo, señor presidente.
En lugar de traer aquí una moción que habla sobre un supuesto incremento de la delincuencia, en el punto 10 de esta moción ustedes hablan de priorizar la lucha contra la delincuencia organizada. Déle usted la moción al presidente de su
partido y que la aplique en su propio partido porque ahí tienen un campo enorme en el que trabajar.
(Aplausos.-Protestas.) No vamos a apoyar esta moción por tres motivos: porque pretende confundir; porque se basa en argucias argumentales y, sobre
todo, porque se basa en datos falsos. Yo ya estoy un poco cansado de debatir en este Pleno si es posible o no comparar los datos de la fiscalía con los del Ministerio del Interior. Le voy a poner un ejemplo de por qué no es posible. Diligencias
previas 275/2008 del Jugado Central de Instrucción, caso Gürtel. Unas solas diligencias previas, tres procedimientos: Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Tribunal Superior de Justicia de Valencia y Tribunal Supremo. ¿Lo ve como no es
posible? Porque unas solas diligencias dan lugar a tres procedimientos.
Pero le voy a poner otro ejemplo para ver si entienden ya de una vez que no es posible comparar datos de la fiscalía y datos del Ministerio del Interior. Muchas veces se
denuncian hechos que luego no son constitutivos de delito. Por ejemplo, querella criminal por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón presentada ante el Tribunal
Supremo por el Partido Popular, archivado; denuncia por irregularidades y filtraciones presentada por el senador Luis Bárcenas, archivada; denuncia por irregularidades en la investigación sobre su persona presentada por el senador Luis
Bárcenas, archivada; ampliación de la querella criminal anterior, archivada también por el Tribunal Supremo; segunda ampliación de la querella criminal, archivada por el Tribunal Supremo. Todo esto engorda la estadística de la fiscalía, pero no
son delitos, no es criminalidad, señor Cosidó. Por tanto, no son comparables. Usted decía: Es que los datos del CIS son alarmantes. No, los que eran alarmantes eran los datos del CIS cuando un 20 por ciento de la ciudadanía pensaba que este era
uno de los principales problemas que había en España, y entonces no había crisis. Entonces sí que eran alarmantes los datos de criminalidad.
Subyace en esta moción algo muy grave desde el punto de vista de la ciudadanía, y es lo siguiente. Ustedes ligan crisis con delincuencia como si las personas, las familias y los desempleados que están sufriendo y padeciendo la crisis fuesen
personas que se tiran a la calle a delinquir.
Pero, ¿qué opinión tienen ustedes de la sociedad de este país? (Aplausos.) ¿Usted cree que es razonable ligar delincuencia con crisis? En determinado modelo de Estado, en determinado modelo de
sociedad y ante determinadas circunstancias es posible que la crisis influya en la delincuencia, pero no en este Estado, no en esta sociedad. Por eso estamos insistiendo tanto en la cohesión social, por eso estamos haciendo tanto esfuerzo, señor
Cosidó, para que, en un momento de crisis, las ayudas a los que más dificultades tienen no bajen. Pasaría lo contrario si se aplicasen las políticas que ustedes están anunciando.
Usted me ha hablado, como argumento de autoridad, de los sindicatos de policía y de los juicios que hacen los sindicatos de policía. Si lo utiliza como argumento de autoridad, utilícelo para todo. Haga también caso del Sindicato Unificado
de Policía que hace unos días pedía la dimisión del senador Luis Bárcenas, y lo decía porque queda acreditado que es un mentiroso y que se escuda en su cargo político para acusar falsamente a la policía y defenderse de los delitos que le pueden
imputar. Señor Cosidó, ¿nosotros maltratamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de lo que ustedes han dicho de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, después de que han hablado de persecución, después de que han hablado
de escuchas, después de que han insidiado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Nosotros? No.
Aplíquenselo ustedes.
La insidia nunca es más poderosa que la verdad ni más fuerte que la justicia, y la justicia y la verdad en este tema también terminarán aflorando, a pesar del burladero de la indiferencia, la insidia y la calumnia en la que ustedes están
inmersos, no solo contra nosotros sino fundamentalmente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
(Aplausos.- El señor Cuesta Martínez: ¡Muy bien!-El señor Cosidó Gutiérrez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cosidó, ¿en qué basa su pretensión para hacer uso de la palabra?
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Quiero pedir la palabra sobre la base del artículo 71.3, si no me corregirá la Presidencia, por manifestaciones que afectan al decoro y al buen nombre de mi grupo parlamentario.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Le ruego, si es tan amable, que me diga las palabras... (Rumores.) Al señor Cosidó le ruego que me diga las palabras que desea contestar y a SS.SS. que tengan respeto por la Presidencia de la Cámara y guarden el
decoro que la Cámara exige.
Señor Cosidó, tenga la bondad de decirme qué palabras desea contestar, porque las mismas a su juicio afecten al decoro y a la decencia de su grupo parlamentario, tal y como me ha manifestado.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor presidente, nos ha llamado delincuentes.
(Un señor diputado: ¡Hala!) En un debate sobre seguridad ciudadana, a raíz de un caso determinado que afecta a algún miembro del Partido Popular, ha generalizado
diciendo que el Partido Popular está contribuyendo al aumento de la inseguridad ciudadana...
El señor PRESIDENTE: Señor Cosidó, la Presidencia ha escuchado tan bien como S.S., y considero que tiene derecho durante un minuto a defender la posición en la que el señor diputado ha hecho mención generalizando, como S.S. ha creído
entender, a su grupo. Para ese minuto tiene S.S. la palabra.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Hernando, tres cosas en un minuto. Primero, entre el año 1982 y el año 1996 la delincuencia se multiplicó por tres en este país. Ustedes sí que contribuyeron decisivamente al aumento de los delitos, porque hay delitos juzgados,
probados y personas condenadas. En el caso del Partido Popular todavía ni uno. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Segundo, señor Hernando, en cuanto a la fiscalía, usted dice que puede haber un caso con tres instrucciones. Yo le digo que hay tres casos con ninguna instrucción: el CNI, el caso Mercasa y el Puerto de Gijón.
(Aplausos.) Tercero, con todo respeto, lo que no le consiento y no creo que sea bueno para la salud democrática de este país es que usted nos acuse de desacreditar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Yo no me fío... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cosidó, no está en el uso de la palabra.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar las votaciones deseo comunicarles que, por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, sería bueno que cambiásemos las emociones de la Cámara y tuvieran la bondad de escuchar una declaración
institucional del Congreso de los Diputados que ha sido aprobada por la Junta de Portavoces y que a título de proposición no de ley sui géneris trasladaríamos, si así se aprueba, al Consejo de Ministros.
El próximo día 27 de marzo se cumplen 50 años de la muerte de don Gregorio Marañón Posadillo, una de las personalidades más influyentes y prestigiosas de la generación del 14, de la llamada Edad de Plata de la cultura española. Como médico
y científico, Marañón es un hito sobresaliente en la historia de la medicina. Discípulo de Cajal y Madinaveitia, es el fundador de la endocrinología española y el primer catedrático de esta especialidad. Como historiador es considerado padre de la
psicobiografía. En sus ensayos históricos estudió los resortes que movieron el actuar de personajes como el Conde-Duque de Olivares, Tiberio, Luis Vives o Antonio Pérez. Escribió 125 libros y más de 1.800 artículos, la mayoría de los cuales eran
de investigación médica traducidos a los principales idiomas del mundo.
Marañón, desde su arraigado liberalismo ético, también desempeñó un papel muy importante en la vida pública española. Se opuso desde el principio a la dictadura de Primo de Rivera y, en 1926, tras ser destituido como director del Hospital
del Rey, fue encarcelado. A principios de 1931 firmó con Ortega y Gasset y Pérez de Ayala el manifiesto de la Agrupación al Servicio de la República, que presentaron junto con Antonio Machado.
El 14 de abril, en casa de Marañón, se produjo la
histórica entrevista entre Romanones y Alcalá Zamora que facilitó la transición pacífica de la monarquía a la república. Fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes. El 18 de julio de 1936 se encontraba en Portugal visitando a un paciente y
regresó inmediatamente a España para apoyar al gobierno de la República. Sin embargo, en la deriva revolucionaria de los meses siguientes su vida peligró, y en Navidad marchó a Francia junto con Ramón Menéndez Pidal y sus familias.
Su exilio duró hasta finales de 1942 y, reintegrado a España, se incorporó a la vida social y académica, pero se mantuvo discretamente al margen del régimen, escribiendo en 1947: Ser liberal es, primero, estar dispuesto a entenderse con el
que piensa de otro modo, y segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios.
El ilustre político republicano Fernando Varela escribió que la muerte de este insigne español había sido sentida en las tres Españas: la España oficial, la España peregrina y la España silenciosa.
Hoy, la España democrática, representada en el Congreso de los Diputados, recuerda a uno de sus grandes hombres e insta al Gobierno a llevar a cabo una amplia programación institucional con motivo de la conmemoración en el año 2010 del
cincuentenario de la muerte del gran científico y humanista don Gregorio Marañón y Posadillo.
Entre otras actividades, el Congreso propone; primero, la celebración de una exposición conmemorativa; segundo, la celebración de convenios con universidades e instituciones académicas para la difusión de su obra; tercero, la colaboración
de la red de centros del Instituto Cervantes para divulgar su legado; cuarto, la colaboración con los medios de comunicación y la red digital para dar a conocer su figura y pensamiento; y quinto, la emisión de un sello conmemorativo, como se ha
realizado con motivo de ocasiones de índole similar. Palacio del Congreso, 13 de octubre de 2009.
¿Aprueban SS.SS. la declaración institucional que acaba de ser leída en régimen de proposición no de ley? (Aplausos.)
Muchas gracias. Así queda aprobada.
Con motivo de la declaración que acabamos de aprobar, pueden comprobar que en las tribunas de público se encuentra una representación de la familia de don Gregorio Marañón, a la que el Congreso y la Presidencia saludan muy afectuosamente.
(Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.)
- DEL PARLAMENTO VASCO, DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 125/000011.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones. En primer lugar, votación para la toma en consideración de las proposiciones de ley de comunidades autónomas, en concreto del Parlamento vasco, para modificación de las leyes orgánicas del
Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 187; en contra, 134; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1.
(Número de expediente 410/000010.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por el sistema que ha sido acordado en la Junta de
Portavoces.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 188; en contra, tres; abstenciones. 133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración y se procederá de acuerdo con las normas reglamentarias y las decisiones adoptadas por la Junta de Portavoces en régimen de unanimidad.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA APOYAR LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN LA PLANTA DE OPEL EN FIGUERUELAS. (Número de expediente 162/000489.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas para apoyar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo en la planta de OPEL en
Figueruelas.
¿Alguna observación? (Pausa.) Se vota, por tanto, en los términos en que ha sido presentada. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Con la enmienda que hemos presentado nosotros, ¿no?
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, ha sido aceptada la enmienda por el grupo proponente y se ha solicitado a la Mesa, sin que en este momento sepa quién lo ha hecho, votar separadamente, lo que resultaría imposible como es bien sabido. De
modo que votamos la proposición no de ley mencionada con la enmienda de Izquierda Unida, sin posibilidad de votaciones separadas.
En esos términos, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 323; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE TRANSPORTES. (Número de expediente 162/000496.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la elaboración de un calendario de ejecución y finalización de obra pública de transportes. Esta proposición se vota sin
enmiendas en los términos que ha sido presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA INTERVENCIÓN MILITAR ESPAÑOLA EN AFGANISTÁN. (Número de expediente 173/000094.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la intervención militar española en Afganistán.
Esta moción se vota en sus propios
términos, pero de manera separada cada uno de sus siete puntos. ¿Es así, señor Llamazares?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Tengo la impresión de que sería lo que más me gustaría, pero como quiera que los grupos parlamentarios han expresado su voluntad de votar los puntos 5 y 6, votaríamos los puntos 5 y 6 en una votación, y el resto
en otra votación.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, ha habido manifestaciones diversas y esta que usted dice ha sido una de ellas. Creo que por el bien de su propuesta
sería mejor votar, aunque tardemos algo más, punto por punto. ¿Le parece así adecuado?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias por la protección del presidente de la Cámara. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
En primer lugar, votamos el punto número 1 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 10; en contra, 313; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, seis; en contra, 317; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, ocho; en contra, 314; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, ocho; en contra, 314; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos el punto número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 323; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, ocho; en contra, 314; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVÈRGENCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA DE CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000095.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre política de control de la seguridad de los pasajeros en los aeropuertos del Estado. Se vota en los términos de una enmienda
transaccional presentada. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) En consecuencia, se vota en los términos de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL AUMENTO DE LA DELINCUENCIA EN LOS AÑOS 2008 Y 2009. (Número de expediente 173/000096.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre el aumento de la delincuencia en los años 2008 y 2009 en los términos de la moción, ya que no han sido presentadas enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 136; en contra, 175; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA:
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1. (Número de expediente 410/000010.)
El señor PRESIDENTE: Por último, pregunto a SS.SS. si habiendo sido tomada en consideración la proposición de reforma del Reglamento, y para evitar una votación posterior, acuerda la Cámara por asentimiento que se tramite la reforma del
Reglamento de modo directo y en lectura única. ¿Se aprueba? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.