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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 108, de 29/09/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 108
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 100 celebrada el martes 29 de septiembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día... (Página 5)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre el procedimiento a seguir en las autorizaciones previas a la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera
del territorio nacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 193-1, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 410/000009.) ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión de la limitación a los complementos autonómicos de las pensiones no contributivas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 42-1, de 11 de abril de 2008.
(Número de expediente 122/000024.) ... (Página 13)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el pleno derecho de las comunidades autónomas a complementar las pensiones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 104-1,
de 16 de mayo de 2008. (Número de expediente 122/000053.) ... (Página 13)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adaptación de la Denominación de Origen Rioja al actual marco legal comunitario. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 244, de 31 de julio de 2009.
(Número de expediente
162/000462.) ... (Página 21)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la asistencia sanitaria universal y gratuita de todos los españoles. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 221, de 15 de junio de 2009. (Número de expediente
162/000450.) ... (Página 24)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre reconocimiento de la asistencia sanitaria de los españoles y de los extranjeros residentes.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 33, de 13 de junio de 2008. (Número de expediente 162/000097.) ... (Página 24)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre la posición del Gobierno respecto a las modificaciones necesarias en la Zona Especial Canaria para su contribución al desarrollo económico mediante la captación de inversión directa
extranjera. (Número de expediente 173/000092.) ... (Página 29)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer las reformas que piensa poner en marcha el área económica del Gobierno para impulsar la competitividad de la economía española, en concreto, en el sector del automóvil.
(Número de expediente 173/000093.) ... (Página 33)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.) ... (Página 38)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 38)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 38)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 39)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente pregunta a la Cámara si otorga su conformidad para debatir en primer lugar la interpelación que figura en el orden del día con el número 28 y posteriormente la que figura con el número 27, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Dipu-tados, sobre el procedimiento a seguir en las autorizaciones previas a la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera
del territorio nacional ... (Página 5)
En defensa de la toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados interviene la señora Rodríguez-Salmones Cabeza.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 13)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), de supresión de la limitación a los complementos autonómicos de las pensiones no contributivas ... (Página 13)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el pleno derecho de las comunidades autónomas a complementar las pensiones ... (Página 13)
Defienden conjuntamente la toma en consideración de las proposiciones de ley reseñadas los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora
López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 21)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adaptación de la Denominación de Origen Rioja al actual marco legal comunitario ...
(Página 21)
Defiende la proposición no de ley el señor Luena López, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Bravo Ibáñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Luena López.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la asistencia sanitaria universal y gratuita de todos los españoles ... (Página 24)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre reconocimiento de la asistencia sanitaria de los españoles y de los extranjeros residentes ... (Página 24)
Defienden conjuntamente las proposiciones no de ley los señores Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 29)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre la posición del Gobierno respecto a las modificaciones necesarias en la Zona Especial Canaria para su contribución al desarrollo económico mediante la captación de inversión directa
extranjera ... (Página 29)
Defiende la moción la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Domínguez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer las reformas que piensa poner en marcha el área económica del Gobierno para impulsar la competitividad de la economía española, en concreto, en el sector del automóvil ...
(Página 33)
Defiende la moción el señor Moreno Bustos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Canet i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Salvador Armendáriz y la señora
Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Moreno Bustos.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.) ... (Página 38)
Sometida a votación la toma en consideración del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre el procedimiento a seguir en las autorizaciones previas a la
participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, se aprueba por 324 votos a favor y tres en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 38)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión de la limitación a los complementos autonómicos de las pensiones no contributivas, se rechaza por 25
votos a favor, 303 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el pleno derecho de las comunidades autónomas a complementar las
pensiones, se rechaza por 24 votos a favor y 305 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 38)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adaptación de la Denominación de Origen Rioja al actual marco legal comunitario, se aprueba por 170 votos a favor, 19 en contra y 139
abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la asistencia sanitaria universal y gratuita de todos los españolas y del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre reconocimiento de la asistencia sanitaria de los españoles y de los extranjeros residentes, se aprueba por 328 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 39)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre la posición del Gobierno respecto a las modificaciones necesarias en la Zona Especial Canaria para su contribución al desarrollo
económico mediante la captación de inversión directa extranjera, se aprueba por 328 votos a favor.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer las reformas que piensa poner en marcha el área económica del Gobierno para impulsar la competitividad de la economía española, en concreto en
el sector del automóvil, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 156 votos a favor, 170 en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Pregunto a SS.SS. si otorgan su conformidad para una pequeña alteración en el orden del día que la Junta de Portavoces ha acordado presentar a la Presidencia y que consiste en que la interpelación que figura en el puesto número 27 se
examine en el número 28 y la 28 en el 27. Se encuentran de acuerdo el Gobierno y los diputados interpelantes. ¿Otorgan su conformidad? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación que acabo de darles cuenta.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS AUTORIZACIONES PREVIAS A LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN MISIONES FUERA DEL
TERRITORIO NACIONAL. (Número de expediente 410/000009.)
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Popular, para reformar el Reglamento del Congreso sobre el
procedimiento a seguir en las autorizaciones previas a la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional. Para la defensa de la toma en consideración tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: En primer lugar, voy a exponer de la manera más simple posible cuál es el objetivo de esta propuesta que traemos, que no es otro que profundizar y desarrollar el mandato que tiene este Parlamento, por
los artículos 4, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de autorizar con carácter previo las misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior.
Las leyes normalmente tienen un desarrollo reglamentario, que en este caso no han tenido, pero si incumben al Parlamento tienen además un desarrollo del trámite parlamentario, debiendo en este caso estar previsto en el Reglamento del
Congreso. Por tanto, al no tener un desarrollo reglamentario ni tampoco un desarrollo del trámite parlamentario, nos encontramos con un vacío que estamos supliendo -y creo que estamos todos de acuerdo- de manera bastante insuficiente. Creo que en
esta materia es muy importante el acuerdo, el máximo acuerdo que podamos encontrar. Esta es nuestra voluntad. Entendemos que esta es una buena iniciativa que puede favorecer en su debate, en sus enmiendas, que todos lleguemos a un acuerdo sin el
cual todo esto no tendría sentido. Estamos funcionando así hasta ahora y no queremos hacer otra cosa más que profundizar en el debate, pero es un hecho que la Ley de la Defensa otorga, impone, a este Parlamento una responsabilidad excepcional,
realmente excepcional y que, por tanto, debemos arbitrar un procedimiento excepcional.
Desde esta tribuna todos hemos dicho más de una vez -también en Comisión- que estamos tomando responsabilidades altísimas, como es mandar a nuestros efectivos, a las Fuerzas Armadas, a lugares de máximo riesgo, a misiones y a cometidos de
máximo riesgo, y lo estamos haciendo, ellos cumpliendo estrictamente con su deber y nosotros quizá no cumpliendo tan bien con el nuestro porque tenemos lagunas reglamentarias que deberíamos rellenar.
Antes de pasar a exponer las razones del contenido de esta propuesta, quiero aprovechar para agradecer a los responsables militares la disponibilidad que siempre han tenido con nosotros, con todos los portavoces parlamentarios y con el
Parlamento en su conjunto. Pero en el Parlamento, cuando la obligación es parlamentaria, no vale solo con decir: me tiene usted a su disposición. Ni en este caso ni en ninguno.
Hay que arbitrar procedimientos. Hemos tenido a los responsables
militares a nuestra disposición; hemos tenido reuniones con ellos, y quiero hacer una especial mención al teniente general Navas, comandante del mando de operaciones, con quien posiblemente tendremos otra reunión de modo inmediato, pero lo que
queremos es que estén aquí, en esta sede de la soberanía. Aquí es donde hay que explicar, porque es esta Cámara la que va a tener que tomar la decisión. Hasta ahora, naturalmente, hemos tenido discrepancias, pero no han surgido problemas de fondo.
Lo que sí ha surgido permanentemente en nuestros debates es la constatación de las carencias. Hemos tomado decisiones, señorías, en el último minuto, cuando a lo mejor las decisiones políticas estaban tomadas incluso un mes antes, o cuando ya
nuestras tropas estaban embarcando. Las hemos tomado con debates, y no podemos decir que la ministra no haya venido, claro que ha venido abundantemente, pero hemos tenido intervenciones de 10 ó 15 minutos cada uno -hemos estado muy agradecidos
cuando se nos han dado 15 minutos-, con lo cual las preguntas que hemos podido plantear han sido muy escasas. No se ha acompañado nunca documentación; se nos dice que está en Google, y es verdad en Internet se encuentra todo, aunque esto no es
tampoco lo que un trámite parlamentario requiere, y como máximo, como decía el otro día el señor Llamazares, tenemos cuatro folios. En una Comisión que dura tres horas, con unas intervenciones por nuestra parte de 15 minutos, sin documentación y
sin acceso a ningún tipo de asesoramiento
técnico, no debemos seguir tomando decisiones.
Les voy a hablar de carencias. Por ejemplo, en este momento crítico, absolutamente crítico en Afganistán, hemos tenido un mínimo de información; puedo hablar de 45 minutos en total sobre la cumbre y la nueva estrategia en Estrasburgo-Kehl;
hemos tenido 5 minutos de información sobre la situación de Pakistán; hemos tenido 5 minutos de información sobre el informe MacCristal o el nuevo mando americano, con la trascendencia que ello tiene; hemos tenido información cero sobre las
relaciones con nuestros socios. Esto es así y en este trámite que tenemos tampoco parece que pueda ser de otra manera. En el ámbito operativo, naturalmente, queremos poner por delante nuestra prudencia, la necesidad de reservas, la necesidad en su
caso de urgencias, faltaría más, pero por ejemplo ahora que empezamos el debate parlamentario sí nos convendría tener acceso a saber si los UAV son imprescindibles en esta misión y si, por tanto, deberíamos apoyar presupuestariamente mayor dotación,
o si con los RG-31 que tantos problemas han tenido podríamos haber propuesto soluciones alternativas parciales o momentáneas. Hemos hablado una y otra vez de los caveats, y sencillamente habría que escuchar a nuestros expertos. Creo que hubo un
buen ejemplo de ello cuando empujamos -no digo que conseguimos porque lo hizo el Gobierno, pero creo que la insistencia parlamentaria fue importante- para levantar el número de los 3.000 efectivos. No estamos en mucho más, pero los responsables
militares nos pedían por favor que quitáramos ese corsé, para menos o para más, porque ese corsé les dificultaba las cosas. Por tanto, nosotros sí podemos hacer una verdadera aportación, un apoyo a nuestras fuerzas, naturalmente dentro de la
confianza. El otro día decía el señor Beloki -y además era verdad- que estaba por darles un cheque en blanco. Nuestra confianza en los mandos es prácticamente total, pero entonces no hagamos aquí una cuestión de trámite, hagamos nuestro trabajo
como ellos hacen el suyo, con cumplimiento de su deber.
Señorías, creo que todos lo hemos hablado y que estamos todos de acuerdo en que se necesita plantear cuál es el trámite. Esta es la propuesta nuestra que, en síntesis, sería: El Gobierno envía un informe documentado, solvente -ahí ponemos
los mínimos requisitos- al presidente de la Cámara quien, a su vez -todo esto es modificable, naturalmente-, lo remite a la Comisión de Defensa, donde una subcomisión formada por los portavoces estudiamos, informamos, recabamos información, tenemos
acceso a los expertos, pienso que no solo del Ministerio de Defensa sino también de Asuntos Exteriores, y podemos elevar propuestas para que sea finalmente esta Cámara -la envergadura de esta cuestión haría deseable siempre que fuera en Pleno, pero
esta no es una cuestión solo de Pleno o Comisión sino de profundizar en el debate- la que lo apruebe.
El ejemplo que voy a poner es demasiado burdo pero, señorías, si tuviéramos que aprobar aquí la seguridad de los trenes del AVE, de sus túneles, o las condiciones de los quirófanos, sería impensable que lo hiciéramos sin tener acceso a los
ingenieros, a los cirujanos o, en su caso, a los médicos. Hasta ahora estamos tomando unas decisiones sin la solvencia que requiere nuestro conocimiento y nuestra documentación.
El trámite que proponemos es correcto. Hemos estudiado los modelos comparados de los servicios de la Cámara. También este tipo de trámite daría cauce a la propuesta de Convergència i Unión de crear una subcomisión de estudio. A partir de
que esto se tomara en consideración, la llamada a los comparecientes constituiría ya esa subcomisión de estudio. Y sin duda, señorías, con este trámite, si lo tomamos en consideración, podríamos llegar a un acuerdo en muy breve tiempo y enriquecer
un debate, porque los más de 3.000 soldados que hoy están en el exterior merecen -si fueran 300 ó 30 también- que tomemos estas decisiones con conocimiento de causa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, intervengo para establecer mi posición favorable a admitir a trámite esta reforma del Reglamento que nos plantea la portavoz del Partido Popular, pero también quiero hacer algunas consideraciones sobre el fondo y no sobre la
oportunidad.
Empezaré por decir que me parece oportuno que hablemos de esta cuestión, porque todos los grupos parlamentarios, todos los portavoces en la Comisión de Defensa, hace ya tiempo que habíamos consensuado la necesidad de hacer una modificación
del Reglamento en este sentido. Lo pensábamos hacer, como la señora parlamentaria sabe, por la vía de reunir a las dos Comisiones, tanto a la de Reglamento como a la propia Comisión de Defensa. Por tanto, hay un consenso, hay un máximo común
denominador en la Cámara sobre la necesidad de modificar este capítulo sexto de autorización de operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, porque la situación ha evolucionado mucho y se han producido situaciones extraordinarias. Nosotros
mismos hemos aprendido de la aplicación de la ley en vigor y de la situación actual. Entre nosotros hay un enorme consenso sobre la necesidad de abordar esta cuestión. Al traer usted aquí esta iniciativa nos permite hacerlo por otra vía distinta a
la que habíamos acordado, aunque usted, cómo no, está en su derecho, y además, como he dicho al principio, nos da la oportunidad de entrar rápidamente en el fondo.
Sobre lo que aquí aparece escrito, que es lo que usted ha dicho y algunas otras cosas más, tendría matizaciones diversas que hacer. Por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con los porcentajes no las entiendo así,
pero no me parece el momento de entrar en cada uno de los puntos porque no es este el trámite, pero puesto que usted ha insistido en algunas consideraciones, sí quiero dar mi punto de vista sobre esas cuestiones.
Yo creo que la Cámara, en la instancia que sea, en el Pleno, en la Comisión o en la subcomisión, donde determinemos, donde alcancemos el máximo consenso, porque eso es lo más importante, tiene que tener conocimiento de aquellos informes de
los expertos, o sea de la cúpula militar, que llevan al Gobierno a hacernos propuestas, pero yo, particularmente, no quiero ver a los militares. No quiero que esté en el Reglamento, a ver si me entiende. Si quiero verlos, ya sé que puedo, y si
pido verlos, sé que voy a poder, porque el Gobierno lo va a facilitar, pero lo que yo quiero es acceso al documento técnico -vamos a decir así- que permite al Gobierno pedir a la Cámara autorización para mandar fuerzas. Que el Reglamento establezca
que tengo que ver a los militares, no; desde luego, mi papel no es ese, pero si la Cámara establece que eso es así, formaré parte de ese acuerdo, por entrar en un detalle que usted ha planteado con bastante énfasis y varias veces. Yo no quiero
confundir el papel, y a mí eso me parece una confusión. Hubiera estado muy bien -ojalá alcancemos un consenso; yo lo defenderé- que cuando el Gobierno, el día pasado, llevó a la Comisión de Defensa la solicitud de autorización para ampliar nuestro
contingente en Afganistán, además de explicarnos cuáles son los criterios de la cúpula militar para ampliar la misión, nos hubiera remitido, con las cautelas que se establecieran, que hay que establecerlas -por lo menos esta es mi posición-, el
informe de la cúpula militar por el que se solicita eso, las características, y que hubiera habido un debate más extenso. Ya estableceremos cómo. Por eso creo que es oportuna y por eso va a tener mi apoyo esta iniciativa, pero que quede claro que
tenemos que debatir sobre cómo hacerlo -usted solicitaba más- y no dar por sentado -por lo menos yo no quiero hacerlo- determinadas verdades absolutas.
Usted planteaba que necesitábamos más debate antes de decidir políticamente enviar nuevas misiones o reforzar las misiones existentes y yo comparto esa opinión, como creo que todos. Por lo menos en el debate que yo he vivido en mi poca
experiencia parlamentaria en la Comisión de Defensa había un enorme consenso en ese sentido, pero creo que debemos hacerlo mejor, que hemos de homologarnos también en eso a países de nuestro entorno, que lo hacen, porque también han aprendido de su
propia experiencia, de otra manera. Hay que hacerlo no solo para que nosotros conozcamos mejor, sino para que haya un discurso de pedagogía democrática al conjunto de la ciudadanía, para que podamos hacer partícipes a los ciudadanos de ese debate,
que es un debate de interés nacional. Dicho esto, no me parece que hayamos sido frívolos. Sé que usted no lo ha dicho, pero lo quiero decir. Lo hemos despachado en poco tiempo, sí, en muy poco tiempo, pero si yo creyera que lo que hicimos el otro
día era una frivolidad, hubiera votado en contra. Si sentimos respeto por lo que hacemos, tenemos que lanzar el mensaje a los ciudadanos de que sentimos respeto. Lo queremos hacer mejor, claro, pero si realmente aquello fue una chapuza, tal y como
se puede desprender de sus intervenciones, si yo creyera eso, hubiera votado en contra, pero como no lo creo, y pienso que usted tampoco lo cree, por si acaso ha quedado en el aire, creo que hemos de mejorar, pero desde nuestra responsabilidad, la
que hemos asumido y la que queremos asumir más en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
También por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, a la hora de fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego me gustaría hacer dos consideraciones previas. En primer lugar, manifestar nuestra sorpresa porque el grupo proponente de esta proposición de reforma no se ha
caracterizado precisamente mientras fue fuerza de Gobierno en el Estado por someter a la decisión de la Cámara la participación de las tropas españolas en misiones en el exterior, por tomar estas decisiones fomentando la máxima participación y la
máxima información. Por no caracterizarse, no se caracterizó siquiera por el respeto a la legalidad internacional. Y la segunda consideración es que el BNG siempre ha sido partidario de que la reforma de algo tan sensible como es el Reglamento de
la Cámara, se acometa con el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas que componen este Congreso de los Diputados. Dicho esto, el BNG entiende que el consenso nunca puede ser una coartada para el inmovilismo.
Se manifestó la voluntad por parte de una mayoría de los grupos de pautar un mecanismo que estableciese un procedimiento claro a la hora de utilizar de manera previa la participación de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior, y ha
sido en parte la actitud del Partido Socialista la que ha impedido que esto pueda ser ya resuelto. En segundo lugar, el BNG considera que la actuación del Partido Popular cuando ostentó el Gobierno no es por sí misma razón suficiente para
desestimar la toma en consideración de esta proposición.
A nadie se le escapa que esta proposición de reforma es presentada cuando está en debate la situación en Afganistán, la pertinencia o no de que las tropas españolas sigan allí, la pertinencia o no de incrementar el contingente de tropas
españolas. El BNG considera que la situación en Afganistán es lo suficientemente grave y ha sufrido un cambio lo suficientemente significativo para que la autorización de esta misión, el análisis de la estrategia que se está concertando en el marco
de la OTAN, la aprobación o no del incremento de un contingente de tropas o incluso la reconsideración -tal como propone el BNG- de la propia presencia española en
Afganistán, sea objeto de un debate en esta Cámara. Por eso también hemos apoyado en la Junta de Portavoces que comparezca la ministra para debatir esta cuestión en el Pleno de la Cámara.
Yo les invito, señorías, a que reflexionen sobre si es lógico que en un momento en el que la situación de Afganistán, la presencia de tropas extranjeras en ese país, las estrategias que se están siguiendo, está siendo sometida a debate en la
mayoría de los Estados de la Unión Europea e incluso está suscitando un debate importante en Estados Unidos, no se sustancie en un debate en el Pleno de la Cámara. ¿Es lógico que estas decisiones se tomen en una Comisión de Defensa, donde no tienen
oportunidad de participar y de expresar su posición en forma de voto todas las fuerzas políticas presentes en esta Cámara y además con una información previa que creemos muy deficiente -nosotros en eso estamos de acuerdo-, como la que han dispuesto
los distintos grupos parlamentarios?
Estas son las razones que nos llevan a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Diferimos de algunos de los contenidos concretos de la misma, pero en cualquier caso este Pleno se va a pronunciar sobre su
admisión a trámite o no; y si se admite a trámite, tendremos oportunidad en el trámite parlamentario de corregir aquellos aspectos de los que discrepemos. Por tanto, anuncio el voto favorable del BNG a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario tiene en esta materia el corazón partido. Porque si bien estamos de acuerdo en establecer un procedimiento para la autorización del envío de tropas, cuestión que llevamos debatiendo ya desde la
aprobación de la Ley de Defensa Nacional, sin embargo -y lo argumentará mi compañero de grupo parlamentario- no estamos tan de acuerdo en que el procedimiento más adecuado sea la reforma del Reglamento. Lo hemos dicho en muchas ocasiones en la
Comisión de Defensa.
En esta materia había otros procedimientos. Había el procedimiento de la reforma del Reglamento, pero también un acuerdo entre las fuerzas parlamentarias que motivara una resolución del presidente del Congreso.
En todo caso,
nos viene una iniciativa de estas características y tenemos que fijar posición sobre ella.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votará favorablemente el contenido, es decir, un procedimiento reglado de autorización de tropas en el extranjero por parte del Congreso de los Diputados, pero desde luego con un desacuerdo de fondo
en la forma. La forma no nos parece que sea una iniciativa unilateral de reforma del Reglamento cuando está pendiente la reforma global del mismo y cuando otros tienen tantas dificultades para modificar aspectos del Reglamento de la Cámara. En
todo caso, quisiera hacer algunas precisiones que considero imprescindibles para matizar este punto de vista.
Dicen que la fe mueve montañas. Esta iniciativa demuestra que la fe mueve montañas, sobre todo la fe de un converso. La fe de un converso puede hacer que no sea necesario ningún tipo de reunión parlamentaria para enviar tropas a Irak, pero
al mismo tiempo que sea necesario un procedimiento proceloso -podemos decir- para enviar tropas a Afganistán.
Esa es, digamos, la fe del converso: nada en Irak, todo en Afganistán. En definitiva, es una iniciativa parlamentaria que demuestra que
el Partido Popular en la oposición se ha convertido al parlamentarismo. Bienvenido sea, aunque también intente ocultar aquello de amagar y no dar, que es: como en general en los envíos de tropa coincido con el Gobierno, por lo menos distáncienme
en los procedimientos. Es decir, coincido en la fe, discrepo en los ritos. Está bien si bien acaba.
En relación con el grupo parlamentario mayoritario del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista, hay que decirle que los unos por los otros la casa sin barrer. Esta iniciativa no debió llegar nunca al Congreso de los
Diputados, no debió llegar nunca al Pleno de la Cámara y, si ha llegado al Pleno de la Cámara, ha sido como consecuencia de la falta de voluntad del partido mayoritario para que hubiera un acuerdo en torno al procedimiento a seguir. No ha habido
voluntad, de hecho, llegamos a hablar en la Junta de Portavoces de una reunión de la Mesa de Reglamento y de la Mesa de Defensa, de la que nunca más se supo, continuamente había declaraciones de la ministra de Defensa y del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista favorables a un procedimiento reglado, pero nunca fue posible el acuerdo sobre un procedimiento reglado. Yo tengo la responsabilidad que me toca como grupo minoritario, pero en esta Cámara hay grupos mayoritarios que
comprenderán, y compartirán conmigo, que tienen más responsabilidad que los grupos minoritarios. En todo caso, esa es la cuestión.
El procedimiento seguido para el envío de tropas se está convirtiendo en manos del Gobierno y del Partido Socialista -y tengo que decirlo con dolor, porque nosotros acordamos este procedimiento- en un mero rito. Si en el caso del Grupo
Parlamentario Popular es la fe del converso, en el caso del Grupo Parlamentario Socialista es tan solo la forma, el rito; el rito de la reunión de la Comisión de Defensa para autorizar el envío de tropas. En nuestra opinión, ni una cosa ni la
otra, falta heterodoxia en esta iglesia. Falta heterodoxia con relación al envío de tropas al extranjero, faltan diferencias, falta información, falta debate en relación con esta materia para que no haya tanta fe del converso ni tanto rito, como
hemos visto en los últimos tiempos.
Por esa razón nosotros, con el corazón partido, votaremos favorablemente la toma en consideración, aunque tenemos evidentes diferencias con el procedimiento, con el procedimiento reglamentario y también con la medida que propone el Partido
Popular de que sea necesaria una mayoría de dos tercios para aprobar el informe. A mí me parece que, si no está en la Constitución ni está en la Ley de Defensa Nacional, nadie puede establecer un límite como ese, de mayoría cualificada, para
elaborar un informe sobre el envío de tropas. No tiene ningún sentido y en esta materia no estaríamos de acuerdo.
Señorías, esa es la posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y dejo la palabra a mi compañero de Esquerra Republicana que argumentará, sobre todo, sobre la forma de reforma del Reglamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
No sé si podemos calificar la situación de esperpéntica, pero desde Esquerra Republicana de Catalunya lamentamos profundamente lo acaecido hoy aquí con esta iniciativa, no tanto que la traiga a colación el Partido Popular, que está
absolutamente legitimado, sino la posición del Partido Socialista Obrero Español, del Grupo Socialista, en tanto en cuanto consideramos que es pagar con moneda falsa el buen trabajo que se hizo desde el año 2004 intentando modificar el Reglamento
del Congreso de los Diputados, a fin y efecto de que este Congreso adquiriera la categoría de Parlamento funcional, moderno, a la altura de los tiempos, y dejara algunos funcionamientos no digo decimonónicos, pero casi. Hace tiempo todos
coincidíamos en que este Parlamento necesitaba un cambio profundo en su funcionamiento. Para ello, en la pasada legislatura tuvimos que realizar muchos trabajos. Se realizaron todos creo que de una forma brillante, con aportación de todos los
grupos parlamentarios, que trabajamos de forma perseverante durante largos meses. Ciertamente, en este proceso de modernización también se planteó un aspecto, a nuestro entender -por cierto, cuando digo a nuestro entender digo al entender de todos
los grupos parlamentarios, excepto el Grupo Popular y el Grupo Socialista-, y es que también debía introducir los derechos lingüísticos de los diputados y de las diputadas. Todos los trabajos hechos durantes meses y meses fracasaron, no llegaron a
buen puerto, porque no fue posible que el Partido Popular y el Partido Socialista dieran el plácet a una reforma que -repito- daba al Parlamento una capacidad operativa extraordinaria en términos relativos si lo comparamos con el actual Reglamento
del Congreso. Ahora -no es la primera vez- se nos cuela de rondón otra reforma reglamentaria que permite ir tirando, si me permiten la expresión. Lo que lamentamos es que además ustedes hagan seguidismo del Partido Popular sin atender aquello que
es estructural, es decir, la reforma del Reglamento. Recuerden que estuvimos a un cuarto de hora de dar el plácet en Sigüenza, y apelo a los compañeros diputados y diputadas que estaban en aquella reunión en la pasada legislatura. Todo quedó en
una vía muerta y hoy nos encontramos con un decalaje entre lo que nos exige el funcionamiento trepidante de nuestra sociedad, que tiene o debería tener su plasmación en el Reglamento del Congreso de los Diputados, y la estructura, el corsé de este
Reglamento. Nosotros esperábamos que ustedes dijeran que no y no entendemos a qué viene, aun cuando pudiéramos valorar positivamente alguno de los contenidos de la iniciativa del Grupo Popular.
Creo que ustedes han hecho un flaco favor en ese sentido, pero ya les digo desde la tribuna, y además aparece hoy en los medios de comunicación -básicamente en los catalanes-, que nosotros hemos puesto como una de las condiciones para poder
aprobar los presupuestos que ustedes firmen conjuntamente con Esquerra Republicana y con todos los grupos parlamentarios lo que en Sitges acordamos, que la modernización también significa reconocer los derechos lingüísticos de los diputados y las
diputadas, es decir, una iniciativa parlamentaria de este tipo, una reforma del Reglamento a fin y efecto de que se pudieran introducir estos derechos lingüísticos. Ustedes dirán que hace falta una reforma global.
¿Cómo que una reforma global? ¿Y
lo que plantea el Grupo Popular y que ustedes secundan, qué es? ¿Es una reforma global? Lo que no vale es intentar quedar bien con todo el mundo y hacer trampas con unos y con otros. Esperábamos que ustedes no hicieran este seguidismo
reconociendo que puede haber cuestiones que se planteen porque sean necesarias; estas y otras muchas. Hemos aceptado que haya algunas modificaciones, por ejemplo, hacer encajar el organigrama gubernamental con el Reglamento, con el funcionamiento
de las comisiones. Entendemos que son razonables cuestiones estrictamente instrumentales, pero cuestiones tan profundas como esta no deberían tener cabida a no ser que fuera una reforma global del Reglamento. Por lo tanto, nosotros ya anunciamos
que no vamos a apoyar esta iniciativa y que se van a encontrar ustedes con el marrón -permítanme la expresión popular- que ya les he anunciado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición que hoy nos presenta el Grupo Popular para su debate y votación.
Empecemos por subrayar lo que nos parece indiscutible. Lo indiscutible es, en efecto, que la Ley Orgánica
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece en sus artículos 4.2, 17 y 18 que encomienda al Congreso de los Diputados la autorización para la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional.
Estamos, pues, ante una obligación legal de autorizar o no autorizar en cada caso el envío de tropas fuera del territorio nacional. Esta obligación legal no necesariamente tendría que traducirse en un cambio reglamentario, o no lo sé. A este
respecto mi grupo no tiene el corazón partío, tiene más bien un corazón acomodaticio, lo que haga falta para mejorar las cosas, simplemente; un corazón flexible, en definitiva, porque nosotros sí creemos también que algo hay que hacer. En primer
lugar, hay que hacerlo porque la ley dice lo que dice y, en segundo lugar, y hemos insistido en ello repetidas veces, porque creemos que estamos en una especie de obligación política frente a la toma de decisiones de tal calado, de tal importancia y
de tanta complicación presente y futura, que hay que establecer una sistemática, una metodología, un procedimiento que, siendo aceptados por todos, sea también un procedimiento que pueda llegar a la opinión pública para que los debates sean reales.
Esto nos parece indiscutible, hay una obligación legal y a nosotros nos parece que también existe una cierta obligación política de mejorar esto que, en efecto, tiene el riesgo de convertirse en una especie de rito. Hay que ir más allá del rito y
eso se puede hacer evidentemente a través de un cambio reglamentario o se podía haber hecho también a través de otros procedimientos.
Esto es indiscutible. Al parecer, está también básicamente indiscutido que algo nuevo hay que hacer. Son numerosísimas las ocasiones en que nosotros mismos en nombre de nuestro grupo, pero también del resto de los grupos, nos hemos
expresado en este sentido. Bien sea con ocasión de las autorizaciones o en otros debates, todos hemos dicho de una u otra forma que era necesario establecer un procedimiento más cabal, más correspondiente a lo que la Ley orgánica 5/2005 dice, de
forma que en adelante estuviéramos tranquilos al menos respecto al procedimiento.
Porque la intranquilidad de lo que resolvemos en cada caso hay que resolverla en cada caso y de la forma en que se pueda. Pero, al menos, que no echemos las culpas
de esto al procedimiento, que nadie se escude detrás de un procedimiento que estimamos que no es adecuado. Está bien que se aclare, está bien que se establezca un procedimiento y eso tiene que ser a través de un cambio reglamentario. Con el
corazón acomodaticio del que hablaba, mi grupo no tiene objeciones.
Hemos sido concediendo autorizaciones y en cada autorización argumentábamos que quizá este procedimiento no era el debido y reclamábamos, de forma que creíamos que había una especie de descompensación entre la gravedad de lo que estábamos
decidiendo y la levedad de los procedimientos con los que estábamos decidiendo. Se tienen que ajustar. Esta no es solo la casa de las leyes y de las decisiones, también es la casa de los procedimientos y tiene que haber una acomodación, una cierta
homogenización entre leyes y procedimientos.
Hasta ahí indiscutidamente todos estamos a favor de ello, también mi grupo, y creemos que hay que entrar a resolverlo. Pero aquí acaban los indiscutibles y las cosas indiscutidas. Ya empieza a ser
altamente discutible, y debe ser discutido, el procedimiento en concreto. Porque un cambio reglamentario no es baladí y aquí ya se han hecho alusiones a momentos en los que también se ha intentado cambiar el Reglamento y ha encallado donde ha
encallado. Quizá ahora no tiene que encallar, no encallará por mi grupo, pero un cambio reglamentario no es baladí y abre la puerta a debates, a complicaciones y enredos de los que estamos viendo prueba hoy mismo.
En todo caso, más allá de la importancia de un cambio reglamentario, también hay que decir que los términos en los que el Grupo Popular propone que se cambie el Reglamento son términos discutibles, a nuestro juicio, altamente discutibles y
que nosotros vamos a discutir. Nosotros no estamos de acuerdo, en efecto, en los términos en los que el Grupo Popular pretende regular o establecer este cambio reglamentario.
Nos da una cierta impresión de que estaríamos, de hacer caso al Grupo Popular en los términos en que propone, intentando escribir derecho con líneas torcidas y hay que enderezar las líneas. Hay que establecer el procedimiento que, insisto,
debe ser el idóneo, adecuado a las necesidades, adecuado a la ley, adecuado a las circunstancias políticas de las decisiones que tomamos y también -elemento absolutamente sustancial- tiene que ser un procedimiento convenido, si es posible, por
todos. Ahí va a estar mi grupo para discutir esta proposición, cuando se debatan los contenidos, y se mostrará favorable a que entremos ya en los contenidos, porque llevamos demasiado tiempo hablando y escudándonos detrás de un mal procedimiento o
un procedimiento insuficiente y, al mismo tiempo, vamos tomando las decisiones como si el procedimiento fuera idóneo, y esto pasa factura antes o después. De forma que, cuanto antes resolvamos, mejor; cuanto antes resolvamos entre todos, mejor que
mejor.
Ahí estará el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para anunciar el voto afirmativo a la toma en consideración -estamos ante un debate de toma en consideración- de esta proposición, que es una medida clara
de impulso para superar esa parálisis en la Comisión de Defensa y, especialmente, en la reunión de Mesa y portavoces de la Comisión de Defensa, en la que todos, pero unos más que otros, no
habíamos conseguido desarrollar un acertado mandato, una acertada decisión de los artículos 17 y 18 de la Ley de Defensa aprobada al final de la anterior legislatura. Es una ley que, entre otras medidas, abre las puertas, como es propio de
una cultura parlamentaria ya madura, a la parlamentarización de la política de defensa, en una legislatura en la que también se produjo una notable parlamentarización de la política de asuntos exteriores. En aquel momento votamos a favor,
participamos del consenso respecto a la ley y aplaudimos la iniciativa de parlamentarizar la política de defensa, pero recientemente, sin ir más lejos en el debate del miércoles pasado en la Comisión de Defensa sobre la autorización de una
ampliación del contingente de la misión española en Afganistán, se constató que un determinado método de intervención parlamentaria en esta toma de decisiones era y es un método agotado simplemente por insuficiente. La forma, el camino, el iter
parlamentario es condición previa para definir el fondo de la cuestión, y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que puede plantear algunas objeciones a la sustancia y a los elementos concretos que nos propone el Grupo Popular,
claramente parte de lo que no debe ser la autorización parlamentaria en sede parlamentaria. Lo que no debe ser es la indefinición que hemos vivido durante este último año y medio: autorizaciones en Pleno; autorización en Comisión de Defensa;
autorización, en un caso, en Comisión conjunta de Defensa y de Exteriores. Lo que no se puede es asumir una gran responsabilidad, la de dar una participación en un impulso inicial de carácter gubernamental, con un nivel de conocimiento trasladado
por el Gobierno, minutos antes del debate entre los portavoces y de la formulación de la votación y de la propuesta concreta de cada grupo. Lo que debería ser será objeto de discusión durante la tramitación de esta iniciativa. Lo que cuenta en un
parlamento es el 'Diario de Sesiones', el Boletín Oficial de las Cortes Generales y la proposición de ley planteada. Modestamente les quiero anunciar que en el último número de la revista de las Cortes Generales hemos hecho y escrito algo que
también puede ser una propuesta para el debate, y perdonen esta autorreferencia. Sin prejuzgar la solución final, consideramos que la autorización parlamentaria en misiones en el exterior es un asunto lo suficientemente importante como para ser
discutido en Pleno de forma habitual, estudiando el cómo de las ampliaciones de los contingentes. En segundo lugar, este debate, que es un debate importante que se está produciendo en toda Europa, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en
Suecia, en Pleno, requiere de una información previa, como apuntaba el señor Llamazares la semana pasada poniendo el ejemplo, sin ir más lejos, de Canadá; una información previa cuya documentación quizás podría ser examinada en la propia Comisión
de Defensa. Y, en tercer lugar, un procedimiento en el cual el Parlamento debe conocer de prórrogas, de retiradas -tan importante como la autorización es la retirada de Kosovo, que no se debe anunciar a los medios de comunicación sino a la sede
parlamentaria que ha autorizado la misión- y los incidentes que se puedan producir durante esta misión.
Se trata de que el Parlamento ejerza -y esta es una buena iniciativa para impulsar una mayor parlamentarización de esta política- una función de autorización y de control; no de codecisión. La defensa es una competencia del Ejecutivo. De
lo que se trata es de parlamentarizar la valoración de la oportunidad política de la misión a través de la votación final y del debate previo y también de parlamentarizar el control; un control sin muchos prejuicios. No les quiero aburrir -y
tampoco tenemos mucho tiempo- hablando de modelos comparados, pero ustedes saben perfectamente que en Estados Unidos se controlan también en sede parlamentaria los presupuestos de las misiones. Buen referente democrático. Y ustedes saben
perfectamente que en Suecia se controlan también los gastos presupuestarios de las misiones en el exterior. Desde ese marco general evidentemente habrá cuestiones que deberemos discutir a partir de esta proposición de ley de modificación del
Reglamento que nos plantea el Grupo Popular.
Les voy a anunciar solo dos cuestiones que al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos suscitan algunos interrogantes, pero ya las discutiremos en su momento. Primer punto: la autorización por dos tercios de la Cámara. Entre
otras cosas, señora Rodríguez-Salmones, creo que cuando uno está en la oposición debe tomar decisiones y hacer propuestas pensando que volverá al Gobierno. Quizá la propuesta de los dos tercios no es una buena idea en este sentido. Tampoco la
posibilidad de que el Parlamento enmiende la propuesta del Gobierno. Se trata de que el Parlamento controle, no de que el Parlamento reformule algo que es competencia exclusiva del Ejecutivo.
Señor presidente, señorías, voy terminando con una reflexión que se ha suscitado esta tarde sobre la culminación del necesario impulso en la parlamentarización y el control de las misiones en el extranjero.
Formalmente se plantea una
reforma del Reglamento. La reforma del Reglamento en esta casa es algo, cuando menos, difícil. Les apunto también que para Convergència i Unió abrir la reforma del Reglamento supone poner encima de la mesa también el uso habitual de otras lenguas
distintas del castellano, y en este sentido comparto el planteamiento del abordaje global y necesario para la modernización del debate parlamentario. Pero también apunto que una buena fórmula de consenso, si hay diálogo entre los grupos
-evidentemente sometido al buen criterio de la Presidencia y, si es el caso, de la Mesa-, es la posibilidad de que una resolución de la Presidencia o un acuerdo de la Mesa le dé forma final. Se me podrá interpelar diciendo que esta no es la fórmula
oportuna. Quiero recordar que la tramitación de la reforma de estatutos de autonomía, materia notablemente importante, se hace a partir de una resolución de la Presidencia, creo, a falta de consenso sobre la reforma del Reglamento. Urge dar forma
negro sobre blanco al desarrollo de los artículos 17 y 18 de la Ley de Defensa, urge
hacerlo con el máximo consenso posible, y este debería ser un proceso sencillo.
No quiero terminar mi intervención sin dejar constancia en el querido 'Diario de Sesiones' de que hace unas cuantas reuniones de Mesa y Portavoces pedí formalmente una reunión de los portavoces de Defensa con el presidente de esta Cámara
para intentar dar salida a través de una resolución a lo que hoy discutimos aquí. De esta forma, la señora Rodríguez-Salmones, que antes de verano nos trasladó de manera informal esta iniciativa para compartirla, al final ha decidido introducirla
en el orden del día y nosotros la vamos a votar favorablemente como medida de impulso definitivo, un año y medio después del inicio de la legislatura, para el control parlamentario en el ámbito de la defensa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente no se entendería este debate, ni siquiera esta propuesta, si no se partiera de una idea que ha estado presente en todas las intervenciones, y es que todos los grupos en la Comisión de Defensa estamos de acuerdo en
establecer una regulación de la aplicación de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional en lo que a la autorización del Parlamento se refiere. Mi grupo no va a poner impedimentos a que esta propuesta sea tomada en consideración, pero también tengo que
decir que si hay consenso, el consenso no se refería exactamente a que hubiera que modificar el Reglamento -y tengo mis dudas, las mismas que tenía expresadas el señor Beloki sobre esta cuestión, pero, doctores tiene la Iglesia-, no había consenso
por que fuera exactamente mediante este procedimiento; puede ser mediante otro procedimiento sin necesidad de recurrir a esta modificación del Reglamento. Es verdad que la precipitación con la que ha actuado el Partido Popular en este tema y la
actuación al margen del consenso de los propios grupos nos obliga a estar hoy aquí debatiendo este asunto. En cualquier caso, existe un consenso, y esto es lo importante, un consenso, señor Tardà, que afecta también a su grupo parlamentario. Su
grupo parlamentario, que está representado en la Comisión de Defensa por el señor Llamazares, ha participado de ese consenso en relación con este tema; no con otras cuestiones que lógicamente tienen que ver con aspectos diferentes del Reglamento.
Por tanto, es muy difícil hacer un seguimiento de un consenso concreto entre todos los grupos si uno no sabe lo que piensa realmente un grupo, y posiblemente haya que modificar esa cuestión. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.)
El Partido Popular ha querido hacer una descubierta -lo digo en términos militares- con este tema, pero lo cierto es que conviene recordar que lo que hace el Grupo Parlamentario Popular es unirse a un consenso en el que estábamos todos,
menos el Partido Popular. Quiero recordar a SS.SS., especialmente al señor Xuclà, que ha hecho referencia a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que se aprobó en 2005, al principio de la legislatura anterior, cuál es la historia de un hecho
histórico tan importante como que a partir de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional sea el Congreso de los Diputados el que autoriza las misiones militares de nuestro país en el exterior. Porque, señora Rodríguez-Salmones, incluso está ya recogido
en la literatura sobre el tema, el Grupo Parlamentario Popular es el único grupo que no se sumó a una propuesta de consenso de todos los grupos del Grupo Parlamentario Socialista, como se cita en este trabajo del profesor Calafell Ferrá, el único
grupo que no se sumó con relación a este tema en concreto. Es más, se lo he dicho alguna vez y conviene que la Cámara tenga constancia de este hecho, el Grupo Popular en 2005 presentó enmiendas contra la posibilidad legal de que fuera el Parlamento
el que autorizara las misiones; enmiendas concretas, con número incluido, por ejemplo, la 211. Donde todos los grupos acordamos que fuera el Parlamento el que autorizara las misiones militares en el exterior, el Grupo Popular -erre que erre-
presentó una enmienda en la que decía que se eliminara ese apartado del control parlamentario y que se informara simplemente al Parlamento y no que fuera el Parlamento el que autorizara. Por lo tanto, bienvenidos al consenso, pero me da la
impresión de que lo hacen con demasiado ruido, porque una reforma del Reglamento es un hecho que requiere reposo en la propia decisión.
Les voy a decir cuál es la posición del Grupo Socialista. El Grupo Socialista no va a impedir o a intentar con su voto que no sea posible el hecho de que se tome en consideración esa modificación del Reglamento, pero también dice que si es
posible -señor Beloki, recojo el guante que ha lanzado- hacerlo con un acuerdo que no necesite la reforma del Reglamento -y por dar satisfacción igualmente al señor Llamazares, que ha formado parte de la misma falta o exceso de diligencia, o como se
quiera llamar, que todos los demás, que encargamos, como usted sabe, señor Llamazares, un informe al letrado de la Comisión de Defensa, que estamos esperando y que por lo tanto forma parte de nuestro consenso-, si es posible hacerlo de otra forma,
creo que sería bueno que lo intentáramos, señor Beloki, porque sería más rápido y formalmente mucho más claro -yo también tengo mis dudas- y, por tanto, sería lo razonable.
Señorías, muy brevemente, no puedo dejar de hacer referencia a que una cosa es la toma en consideración y otra el relato de despropósitos que acompañan a esta solicitud de toma en consideración que hace el Grupo Parlamentario Popular.
Algunas se han dicho y conviene ponerlas de manifiesto para que, por lo menos, nadie nos confunda, señora Díez. El hecho de que tengamos una votación concreta en la dirección de no impedir que se pueda hacer una determinada tramitación no significa
que acordemos con el Grupo Popular cosas como las que usted ha indicado y algunas que yo voy a indicar. Por ejemplo, señora Rodríguez-Salmones, que se diga que el Parlamento debata y pueda proponer distintas alternativas a una propuesta de
una misión militar en el exterior entraría en el libro de los Guinness, parlamentarios por lo menos, si existe. No es que no haya ningún país que haga una cosa como esta. Ustedes no solo dicen que se puedan presentar enmiendas y propuestas
alternativas, dicen más. Por ejemplo precisan cómo podrían ser las distintas alternativas de una misión militar en el exterior de la Fuerzas Armadas españolas, señorías, sobre una competencia exclusiva, por razones jurídicas y puramente operativas,
del Gobierno. Es más, el Grupo Popular propone que esas enmiendas puedan versar sobre el número de militares. ¿Se imaginan, señorías, un Parlamento en el que se discuta: no, no, que no vayan 220, mejor que vayan 225; no, mejor 300? Y lo
votamos. Eso es lo que proponen ustedes, un partido de gobierno. ¿Qué les pasa a ustedes con los temas de política militar? No lo puedo entender.
Proponen que el material que lleve esa misión sea objeto de posibles enmiendas, es decir, ¿vamos a discutir qué tipo de calzado llevan los militares? ¿Vamos a discutir qué tipo de blindados? ¿Vamos a discutir qué tipo de armamento? Dice
usted que respeta a los militares. Hable con los militares, con el general Navas -al que usted ha citado-. Hemos estado, por invitación de la ministra de Defensa, en el Estado Mayor de la Defensa con este tema los portavoces que quisimos ir -y
usted estaba y yo también-, no solamente con él sino con el actual responsable del mando de operaciones, el general Domínguez Buj. En este momento estarán pensando si alguien ha perdido el juicio en esta materia concreta. ¿Me están diciendo que
discutamos en el Parlamento aspectos concretos con propuestas alternativas sobre estas materias? Porque eso es lo que dice su propuesta. Dice mucho más, no solamente el tema de los dos tercios, que resulta realmente inconcebible. Es que quieren
ustedes convertir al Parlamento en un estado mayor de la defensa con propuestas concretas sobre el seguimiento. Por lo tanto, el contenido es un despropósito absoluto.
En este sentido, señor Llamazares, yo invito a que el consenso que habíamos adquirido todos los portavoces en la Comisión de Defensa se mantenga y seamos todos más diligentes. Creo que para las cuestiones concretas, señor Tardà, el que se
propone no es un cambio profundo, se lo aseguro. Lo que realmente se propone es que se defina cuándo una misión militar se discute en Pleno y cuándo en Comisión. Por cierto, y termino señora presidenta, he releído las intervenciones de la última
Comisión de Defensa donde hemos autorizado una misión militar. He releído todas nuestras intervenciones -que está bien hacerlo incluso poco después de que se produzcan- y, señora Rodríguez-Salmones, la información que ha proporcionado el Ministerio
de Defensa y nuestro mando de operaciones para quienes tenemos que decidir si mandamos a nuestros militares al exterior o no, que somos nosotros los parlamentarios, era muy completa.
Era tan completa y debía ser tan perfecta en su formulación que
usted, señora Rodríguez-Salmones, no se refirió ni a un solo aspecto operativo de esa misión. No se puede hacer un debate, señor Llamazares, sobre cómo hay que hacer el debate cuando estamos autorizando la misión. ¿Cómo no se puede decir nada en
esa misión sobre la reordenación de la seguridad en la provincia de Herat y de Badghis, que era la propuesta más importante que presentaba el Gobierno para su aprobación? ¿Cómo no se puede decir nada sobre la reorganización del PRT, que era lo que
se proponía y ni siquiera, señora Rodríguez-Salmones, lo citaron? Debía estar tan bien hecha la formulación de la información que no se refirió usted, no en quince minutos sino en casi una hora, a un solo aspecto operativo. Por tanto, señorías del
Grupo Popular dejen de hacer descubiertas como estas, dejen de hacer el tenor, como en este caso, para una cuestión que no va a ningún sitio y tómense más en serio la política militar española. No sé si están ustedes afectados porque a su líder,
como es conocido y notorio, le aburren los temas militares, pero conviene tomárselos en serio.
(Rumores.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cuadrado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE SUPRESIÓN DE LA LIMITACIÓN A LOS COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. (Número de expediente 122/000024.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PLENO DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A COMPLEMENTAR LAS PENSIONES. (Número de expediente 122/000053.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, de supresión de la limitación a los complementos autonómicos de las pensiones no contributivas. A esta
proposición de ley se le añadió otra del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el pleno derecho de las comunidades autónomas a complementar las pensiones. Para defender la primera de las
proposiciones tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna en nombre de Convergència i Unió para defender esta proposición de ley de supresión de la limitación a los complementos autonómicos de las pensiones no contributivas presentada por Convergència i Unió y también en relación
con una iniciativa de características muy similares que ha presentado Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que creo que va a defender el señor Tardà con argumentos absolutamente coincidentes con los que paso a
defender en nombre de Convergència i Unió.
Es bueno recordar que esta iniciativa nuestra enlaza con aquella presentada en el año 2005, con la que pretendíamos corregir aquel atropello que el Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular produjo en esta Cámara, aprobando una
legislación que impedía a todas las comunidades autónomas complementar las pensiones no contributivas y las de carácter contributivo. Nos pareció que aquello debía ser corregido.
Asumimos un compromiso en la campaña electoral. Propiciamos una
modificación legislativa en aquella legislatura. Alcanzamos un amplio acuerdo con todos los grupos, significativamente con el Grupo Socialista, y eso ha permitido que durante este periodo de cuatro años el conjunto de las comunidades autónomas que
así lo hayan querido hayan podido complementar las pensiones más bajas del sistema, que son las pensiones no contributivas. Nos sentimos satisfechos de aquella iniciativa y de su resultado. Somos conscientes de que aquello permitió a los grupos,
al conjunto de la sociedad y a los propios gobiernos remarcar la idea de que las pensiones más bajas de nuestro sistema, que son las no contributivas, tienen unas cuantías aún hoy absolutamente insuficientes para garantizar la vida digna de sus
perceptores. Al mismo tiempo, coincidiendo con sentencias del Tribunal Constitucional, en concreto una sentencia relacionada con una iniciativa que en su momento tuvo la Junta de Andalucía, con esa ley reforzábamos la capacidad de intervención
desde la asistencia social a las comunidades autónomas en materia de pensiones y reforzábamos también una idea que en nuestra visión del modelo de sociedad y del modelo de Estado nos parece fundamental. Esa idea que confunde igualdad con
uniformidad no garantiza la plena igualdad de los ciudadanos, no garantiza que con la misma pensión una persona que vive en una ciudad, en un territorio con un nivel de vida más elevado, con costes superiores de los servicios, con una evolución de
los precios al consumo más importante, pueda acceder a la misma calidad de vida que otro ciudadano que vive en otro territorio con situaciones económicas distintas. Al mismo tiempo, nos parecía que con aquello reforzábamos la libertad de las
comunidades autónomas de ejercer al máximo sus competencias y de marcar sus prioridades en el campo de la política social.
Decía que el balance es bueno y que si uno hoy observa el conjunto de comunidades autónomas, verá que en algunas de ellas se han podido hacer, al amparo de esta norma y en todo caso con interpretaciones muy ambiciosas de la misma, políticas
muy potentes en este campo. Seguramente la comunidad autónoma más envidiable en este terreno es la Comunidad Autónoma del País Vasco. En estos momentos desconozco la situación jurídica, si el Gobierno del Estado ha planteado un recurso ante el
Tribunal Constitucional en relación con esa norma, pero el Parlamento vasco ha aprobado un complemento muy ambicioso en la Ley de complemento de pensiones no solo para las pensiones no contributivas sino para el conjunto del sistema. Comunidades
autónomas de todos los colores políticos han optado precisamente por ejercer esas competencias en el ámbito que esa modificación que introdujimos en 2005 les ha permitido, pero sabemos que eso, esas mejoras introducidas, en la medida que la propia
norma que pactamos en 2005 establece un límite sobre los máximos a los que pueden llegar esas pensiones no contributivas, son insuficientes.
Lo son lógicamente y para quien les habla desde esta tribuna, para un diputado de un grupo catalanista,
desde el punto de vista del principio: si esta materia es una materia vinculada a la asistencia social, como el Tribunal Constitucional ha afirmado, no puede existir límite en la legislación estatal en el ejercicio de esa competencia, porque no
estábamos legislando en materia de Seguridad Social, sino que estábamos permitiendo la articulación de las políticas de asistencia social en relación con las políticas de Seguridad Social. No podía existir límite.
Además, señorías -y ahí está la
cuestión de fondo y relevante-, hoy el objetivo de estos complementos autonómicos, que era garantizar un mínimo nivel de dignidad a esos pensionistas que cobran las pensiones más bajas, a menudo y como fruto de esa limitación no se puede garantizar.
El límite de ese 25 por ciento puede impedir, impide de hecho que muchas comunidades autónomas puedan garantizar un nivel acorde con una vida digna a esos pensionistas no contributivos. Hay razones, por tanto, conceptuales, de modelo de sociedad,
de modelo de Estado, de defensa de las competencias en materia de asistencia social, pero también de convicción de que es necesario que las comunidades autónomas tengan los instrumentos suficientes que les permitan ejercer efectivamente esa
competencia.
Señorías, afirmado desde la tribuna por un diputado de Cataluña, esta es una demanda que la sociedad civil articulada que trabaja en el ámbito de la pobreza y de la exclusión social ha planteado a todos los diputados elegidos por Cataluña.
Hemos tenido ocasión de compartir con representantes del Grupo Socialista, con representantes del Grupo Popular, con representantes de Esquerra Republicana y con representantes de Iniciativa per Catalunya esas demandas lideradas por Cáritas de
Barcelona, por la Fundación Arrels, lideradas por esos sectores más activos de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra la pobreza, que reclaman que seamos capaces de suprimir esos límites que se establecieron en 2000-2005. En este
sentido, y estoy seguro de que el señor Tardà va
a coincidir conmigo, damos respuesta a esa petición que nos formula la sociedad civil catalana.
Señorías, mi grupo no ve razones ni argumentos -lógicamente, vamos a escuchar al conjunto de portavoces- que puedan llevar hoy al rechazo de la toma en consideración de esta iniciativa. No los vemos desde el punto de vista competencial; no
nos parece que nuestra iniciativa plantee ningún tipo de problema respecto a los títulos competenciales que tiene atribuidos el Estado. Dudo mucho que cuatro años ya de vigencia de la normativa hoy existente permitan a nadie mantener la idea de que
la efectiva igualdad de los ciudadanos se garantiza a través de la uniformidad jacobina, porque en estos cuatro años lo que hemos hecho ha sido mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y avanzar en esa efectiva igualdad. Lo contrario sería
estar instalados en un concepto quizá más propio de otras épocas, pero muy poco vinculado a la dinámica de la sociedad.
Tampoco entenderíamos de ninguna de las maneras que se utilizase el argumento de que la situación económica de crisis, de dificultades financieras del conjunto de las comunidades autónomas no aconsejan tomar esa medida, porque eso tan solo
se podría afirmar desde una concepción paternalista de aquello que pueden o deben hacer las comunidades autónomas. Si esta proposición de ley se convirtiese en ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, desde su libertad y en el ejercicio de
sus competencias en materia de asistencia social, las comunidades autónomas tomarían o no la decisión de superar esos límites, pero a nuestro entender, señorías, no pueden ser ni la opinión de los grupos parlamentarios ni un texto legal los que
limiten esa capacidad de autogobierno. Si en el contexto de crisis y de dificultades financieras las comunidades autónomas no están en condiciones de ejercer esa posibilidad, así lo harán, pero también, señorías, si hay comunidades autónomas que en
el ejercicio de esas competencias y de su autogobierno entienden que ahora toca priorizar los colectivos con mayores necesidades, lo van a poder hacer, porque precisamente eso es el autogobierno, la capacidad de decidir con aquellos recursos que los
parlamentos autonómicos administran y marcar las prioridades.
Señorías, la cuestión de fondo de la que estamos hablando tiene que ver básicamente con la realidad de la configuración jurídica de la pensión no contributiva. Seguramente a nadie hace siete, ocho o nueve años se le hubiese ocurrido
complementar las pensiones no contributivas si la realidad de nuestro sistema de protección social hubiese garantizado, también en el tramo no contributivo, unos ingresos suficientes y dignos.
Si eso hubiera sido así, ese debate no se habría
abierto, pero precisamente la insuficiencia de las pensiones no contributivas llevó en su día a las comunidades autónomas con competencias en asistencia social a iniciar esa política de complementos. Tal vez, señorías, lo que empieza a tocar ya
-quizá en el marco del Pacto de Toledo o al hilo de la toma en consideración de esta proposición de ley- es una revisión a fondo de las pensiones no contributivas: en sus cuantías, en la consideración o no de un derecho individual o de un derecho
que responde a una unidad familiar; en el caso de las pensiones no contributivas de los menores de 65 años, avanzar en una mayor complementación con actividades remuneradas por parte de las personas que las reciben. El debate de fondo es sobre la
configuración de la pensión no contributiva, que lógicamente no podemos alejar de la propia configuración del sistema contributivo: las diferencias en cuantías que necesariamente deben existir entre quienes han hecho un esfuerzo contributivo a lo
largo de su vida laboral y quienes, por las razones que sean, no lo han podido hacer o lo han hecho de manera insuficiente, pero hay que abrir esa discusión sobre la pensión no contributiva.
Señorías, lo hemos repetido muchas veces desde la tribuna todos y cada uno de nosotros abordando diversas cuestiones, pero cuando dibujamos esa realidad de la pobreza, de la existencia de cientos de miles de personas pobres, de lo que
terminamos discutiendo es del conjunto de nuestro sistema de protección social, y la configuración actual de la pensión no contributiva no nos permite garantizar el avance en una efectiva reducción de la pobreza en España, especialmente en mujeres
que quizá podrían hoy recibir pensiones no contributivas con una configuración legal. Igualmente, pensionistas que han tenido vidas laborales irregulares, con periodos largos de no cotización, quizá con una configuración legal de la pensión no
contributiva podrían acceder a ese régimen. Esa es la cuestión de fondo que existe y el Estado no lo tiene bien resuelto. Las comunidades autónomas han pretendido complementarlo a través de su política de asistencia social. Dotemos de una
legislación a esas comunidades autónomas mientras el Estado no ejerza plenamente sus responsabilidades para poder destinar prioritariamente sus recursos en esta materia.
Espero, señorías, que hoy todos los grupos aceptemos la toma en consideración de esta proposición de ley, que iniciemos un proceso legislativo pausado y tranquilo que nos permita resolver esa cuestión y abrir ese debate. Esa es la intención
con la que Convergència i Unió eleva hoy esta iniciativa a la toma en consideración de la Cámara y esperamos, señorías, contar con el apoyo de todos ustedes. Nos parece que hoy las personas pobres de España nos lo agradecerían.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.
Para defender la segunda proposición de ley, la de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desearíamos que las palabras finales del compañero diputado de Convergència i Unió Carles Campuzano se hicieran realidad. Las compartimos. De
hecho, aspiramos a que el resto de grupos parlamentarios voten favorablemente la toma en consideración de una proposición de ley que alcanza un ámbito muy recurrente, que ha sido motivo de múltiples iniciativas por parte de distintos grupos
parlamentarios a lo largo de estos últimos años. La verdad sea dicha, la coherencia de mi grupo parlamentario se basa en un hecho fundamental y es que ya lo veníamos diciendo, ya intentábamos presionar, llegar a acuerdos con el Grupo Socialista en
épocas económicamente mejores que esta, con lo cual no nos sacamos ninguna carta trampa de la manga ni de la chistera, puesto que ya decíamos que en épocas de bonanza económica o en coyunturas más favorables que la actual era el momento de
plantearse cuál era el nivel de compromiso en cuanto a la necesidad de converger respecto a gasto social con otras democracias europeas. Por eso creo que tiene sentido y además merece el máximo respeto nuestra iniciativa, puesto que -repito- es una
iniciativa que se ha mantenido en cuanto a su reivindicación a lo largo del tiempo y anunciábamos -de hecho constatábamos todos los grupos parlamentarios- que había un incremento de la pobreza espeluznante y que incluso había nuevos modelos de
pobreza en nuestra sociedad, algunos de ellos durante mucho tiempo invisibles, casi clandestinizados pero que al final han acabado saliendo a la superficie, y hoy son un síntoma de esta sociedad que tiende cada vez más a vivir con ritmos distintos
condenando a una parte de la ciudadanía a la exclusión social.
Digo esto porque en la pasada legislatura -de hecho ahora volvemos a la carga con esta proposición de ley- fueron múltiples las iniciativas que en ese sentido planteamos; planteamos la necesidad incluso de crear fondos, fondos
extraordinarios a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado a fin y efecto de dotar a las comunidades autónomas de recursos suficientes, puesto que estábamos inmersos en el debate de cuál era el modelo de financiación de las comunidades
autónomas y todos aceptábamos que estaban mal financiadas. Como decía, proponíamos la creación de fondos extraordinarios para dotar a las comunidades autónomas de aquellos aportes económicos complementarios para que pudieran llevar a cabo acciones
de complementariedad de las pensiones no contributivas.
También planteábamos otras cuestiones. Llegamos a debatir por ejemplo igualar, incrementar hasta su equiparación las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional o en su defecto al Iprem. Este fue un debate que se hizo y
además lo planteamos de forma repetida, incluyendo distintas enmiendas a distintos proyectos de ley que se tramitaron, sabiendo que la cuestión era difícil, pero que teníamos la obligación de suscitar el debate y, si se me permite la expresión,
abrir el melón, porque es evidente que el universo de aquellos ciudadanos y ciudadanas que reciben una pensión no contributiva constituye el eslabón más frágil de la cadena.
En la pasada legislatura propusimos lo mismo que hoy, es decir, romper el tope del 25 por ciento, que es aquel porcentaje sobre el que en su momento fuimos capaces de legislar para que las comunidades autónomas pudieran complementar las
pensiones no contributivas. Ciertamente podríamos hacer historia. A nosotros cómo nos van a doler prendas en reconocer que fue el Partido Socialista precisamente quien en la década de los ochenta hizo el gran avance social de universalizar los
subsidios, las prestaciones y la incorporación mediante la modificación de la Ley General de la Seguridad Social de las pensiones no contributivas. Luego está la acción que llevó a cabo la Junta de Andalucía, que después fue recurrrida al Tribunal
Constitucional, la subsiguiente sentencia de este, después la prohibición por parte del Partido Popular y, ya en 2005, la ley para fijar la complementariedad con el tope del 25 por ciento. Así pues, sabemos y compartimos que la socialdemocracia ha
ido avanzando, y en este caso el partido mayoritario de la izquierda española, el Partido Socialista Obrero Español, en este proceso hacia la construcción de un estado social y de bienestar más consolidado. Pero esto no quita que las cosas sean las
que son y hoy día existan miles y miles de personas -podríamos hablar de un 20 por ciento de la ciudadanía- que están por debajo del umbral de la pobreza. Hablamos de uno de cada cinco ciudadanos, casi la mitad de la población pobre española recibe
prestaciones públicas por debajo de este umbral llamado de la pobreza. El Estado -o el desarrollo del Estado- condena en estos momentos a esas personas a vivir con prestaciones no contributivas absolutamente deficientes o deficitarias, de manera
que las cosas son como son: con 330 euros es evidente que una persona no puede vivir, está condenada a la exclusión social. Fíjense, hablo con conocimiento de causa: en Cataluña complementamos con 100 euros más. Pero fíjense qué triste es -hay
que reconocerlo- que sociedades tan avanzadas como la sociedad española en su conjunto hoy día necesiten que organizaciones no gubernamentales como Cáritas se tengan que comprometer a dedicar una buena parte de sus recursos a complementar las
pensiones no contributivas del Estado, una vez complementadas por la comunidad autónoma, es decir, que tengan que llegar los católicos de pro -que todavía quedan-, organizados en Cáritas, para acabar complementando las pensiones no contributivas.
Yo no creo que este sea un modelo de sociedad avanzada. Que Cáritas tenga que llegar donde no llega el Gobierno central, donde no llegan las comunidades autónomas, francamente, dice mucho en favor de Cáritas y dice poco en favor del Estado en su
conjunto, al menos del Estado entendido como ente social al que todos aspiramos y hemos contribuido a consolidar.
Las cosas están como están. Esperamos que el Gobierno en estos Presupuestos Generales del Estado acabe anunciando disposiciones ad hoc que sean susceptibles de mejora. Vamos a ver cómo se van a tramitar los Presupuestos Generales del
Estado. Como decía Carles Campuzano, sería un buen síntoma de predisposición el que hoy ustedes, el Grupo Socialista, se avinieran a dar
luz verde a esta iniciativa parlamentaria. Además, me consta que el ministro Corbacho es sensible a esta situación y ha recibido a distintos colectivos de personas afectadas, a organizaciones no gubernamentales, que le han planteado que
algo hay que hacer. Hay que comprometerse con algún plan global, plurianual, estructural, para encarar el tema de esta pobreza estructural, que creo que nos avergüenza. Yo recuerdo algunos discursos de nuestro grupo parlamentario, coincidentes con
los del Partido Socialista y, sobre todo, de Convergència i Unió, que los titulábamos El hachazo a la pobreza y planteábamos que había que ir a una reforma estructural. Es más, incluso en la pasada legislatura nos atrevimos, junto con Izquierda
Unida, precisamente porque estábamos en una época en que era posible porque la coyuntura económica así lo permitía, a ser un poco arriesgados en los debates y planteamos la necesidad de crear una subcomisión para que se analizara la posibilidad de
incardinar el debate de la renta básica universal con el debate de todos los subsidios, básicamente los subsidios y las prestaciones no contributivas. Saben que en la pasada legislatura no conseguimos que, finalmente, la subcomisión empezara a
trabajar. En esta nueva legislatura hemos conseguido algo que no conseguimos en la pasada, que es que la subcomisión se creara, aunque todavía no ha empezado a trabajar, puesto que el Grupo Socialista debe considerar que no ha llegado todavía el
momento. Uno tiene la impresión de que está en un camarote donde aparecen múltiples vías de agua y andamos todos, básicamente los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno, pero también los demás, porque todos nos vemos obligados a ello,
intentando tapar con pocas manos todas y cada una de las vías de agua, y esta es una vía de agua importante.
Podemos incluso buscar brazos y manos ortopédicos y buscar tantas manos como agujeros se vayan haciendo en las paredes maestras del Estado
del bienestar, pero creo que esta no es la solución. Quizás lo que conviene es plantearse, de una vez por todas, un gran debate sobre las pensiones no contributivas. Digo las pensiones no contributivas puesto que es el objeto de este debate, pero
ustedes saben que hay también otros debates colaterales como, por ejemplo, las pensiones mínimas contributivas. En Cataluña se hacen aportes, se hacen esfuerzos, como creo que se hacen en la mayoría de las comunidades autónomas, se hacen esfuerzos
extraordinarios para poder alcanzar aquellos mínimos que marca el umbral de la pobreza. Ciertamente tenemos un problema de financiación, pero hay también una relación de carácter nacional, como indicaba mi compañero Carles Campuzano. No tiene
ningún sentido que hoy por hoy mantengamos este tope del 25 por ciento, máxime si el Gobierno no está dispuesto a presentar las modificaciones legislativas oportunas que permitan superar las incompatibilidades, de tal forma que una persona que
recibe una pensión no contributiva pueda recibir también otro tipo de prestaciones estatales. O una cosa o la otra: o bien el Estado garantiza unas pensiones no contributivas dignas, o bien se permite a las comunidades autónomas que puedan superar
el 25 por ciento, además de dotar a esas mismas comunidades autónomas con los suficientes recursos para poder hacerlo.
Creo que el tema es complejo, es un universo muy amplio donde hay muchas variables, y por ello solamente pedíamos que dieran luz verde a poder establecer un debate prolijo sobre qué hacer, máxime cuando todos hemos recibido múltiples
demandas -Carles Campuzano lo recordaba- por parte de los colectivos más afectados. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Todo ello atendiendo -ustedes lo saben- a que el modelo de persona que recibe una prestación no contributiva por vejez
es una persona que ha trabajado toda la vida. Hay que combatir el prejuicio de que la persona que recibe una pensión no contributiva no ha trabajado. Esa persona ha trabajado; ustedes saben cuáles eran las paredes maestras de las relaciones
laborales en la década de los sesenta y setenta del siglo pasado; cómo luego estas personas, que fueron muchas veces engañadas por los patrones, cayeron en el paro estructural de la década de los ochenta y de los noventa. Lo que no puede hacer un
Estado democrático y avanzado es condenar a estas personas a la exclusión social y a la miseria. El Grupo Parlamentario Socialista debería votar favorablemente esta proposición de ley para abrir el debate y buscar fórmulas correctas para poder
avanzar en nombre de los excluidos, por cierto, posiblemente votantes de la izquierda, hombres y mujeres de izquierdas que han trabajado toda la vida para estar donde estamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomamos la palabra para posicionarnos favorablemente ante esta proposición de ley presentada tanto por Convergència i Unió como por Esquerra Republicana, que aunque no son iguales en cuanto al artículo que proponen sí son
semejantes en cuanto al objetivo que plantean. Entendemos que en caso de ser aprobada su toma en consideración el trámite parlamentario permitiría resolver problemas que para nosotros, como en el caso de Galicia, son serios y graves. Es verdad que
con la Ley 4/2005, de 22 de abril, se trató de resolver el problema fundamental que provocaba la Ley 52/2003 en relación con que las comunidades autónomas puedan actuar en la consideración de las pensiones no contributivas, pero también es verdad
que estamos ante un problema de imposibilidad de que las comunidades autónomas puedan actuar en las pensiones contributivas cuando estas sean pensiones pequeñas, pensiones bajas. Digo esto porque seguramente el problema existe en todo el territorio
del Estado en la medida en que efectivamente
hay pensiones más bajas y pensiones más altas, pero es que en el caso de Galicia, lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones porque es una realidad constatable, la pensión mínima está muy por debajo de la pensión mínima media del Estado.
Esto, como muchas veces se ha explicado, es debido a que la Seguridad Social cuando regula las pensiones lo hace con las bases de cotización. Por tanto, no decimos nada en relación con el hecho de que la Seguridad Social lo regule de esa manera
porque las pensiones contributivas están condicionadas por las bases de cotización que se tengan. Pero eso no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta situaciones concretas y particulares que causan lo que ocurre en Galicia, que es que esa
pensión mínima esté muy por debajo de la media de la pensión mínima del Estado, lo que es nada más y nada menos que la consecuencia de unas bases de cotización bajas, debido a situaciones laborales precarias, sobre todo en el sector agrario o en el
sector del mar, y a que también durante muchos años -ahora continúa, pero no en la misma medida- los salarios en Galicia han sido más bajos que en la mayoría de los otros territorios del Estado. Fundamentalmente -y esto está estudiado- lo que hace
posible que esa pensión mínima en Galicia sea inferior a la media del Estado es consecuencia, como dije antes, de esa precariedad en la cotización del sector agrario y del sector pesquero, lo que hace que tengamos esas diferencias.
Por supuesto que para que la proposición de ley que se hace hoy aquí tenga efecto no solo es necesario que se apruebe en las Cortes Generales, sino que después haya la suficiente voluntad en los gobiernos autónomos para llevar a cabo
políticas de complementarización de estas pensiones, y tenemos ejemplos de que eso existe. En el caso concreto de Galicia, que es la situación que más conozco, el anterior Gobierno intentó resolver este problema que hace que las pensiones mínimas
en Galicia sean tan bajas, complementando pensiones o prestaciones desde el Gobierno gallego, cuestión que no fue posible de acuerdo con la Ley 52/2003 y en cambio sí fue posible en relación con las pensiones no contributivas de acuerdo a lo que,
como decíamos antes, se recoge en la Ley 4/2005.
Se pudieron resolver de alguna manera los problemas graves de bajos ingresos de personas, sobre todo mayores, que viven con dificultades económicas serias, pero, señorías, no dejamos de reconocer que probablemente este arreglo que se hizo en
relación con las pensiones no contributivas, que son mínimas, como ya todos sabemos, pueda generar agravio comparativo, en el caso concreto de Galicia, con pensiones contributivas que no sean muy superiores o que sean prácticamente igual a la no
contributiva, que es sobre la que se actúa. Por tanto, nosotros defendemos esta propuesta del señor Campuzano y del señor Tardà -cada uno tiene la suya, pero con el mismo objetivo- porque entendemos que si llegamos a aprobar la propuesta que hoy
nos presentan evidentemente se resolverían problemas en muchas comunidades, en este caso Galicia.
En cuanto al argumento de que si las comunidades autónomas pudieran legislar o actuar en la complementación de las pensiones podría generar desigualdad o inequidad en el territorio del Estado, nosotros no lo valoramos así. Lo digo porque
puede ser un argumento en contra de la propuesta que estamos hoy debatiendo. Y digo que no lo podemos entender así porque la desigualdad y la inequidad se están dando en estos momentos en la medida en que las pensiones no son iguales porque existen
esas situaciones de precariedad que he comentado. Por tanto, señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar las propuestas que nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, porque sería muy positivo y, sobre todo, porque lo que hoy estamos debatiendo es la toma en consideración que permitiría cualquier modificación que mejorara el texto actual, pero en la
orientación y con el objetivo de lo que se plantea en las proposiciones de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para afirmar nuestra adhesión a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de
contenido sustancialmente similar. Creemos que las comunidades autónomas pueden complementar las pensiones no contributivas sin límite alguno, así lo preconiza el Estatuto de Autonomía recientemente reformado de Cataluña y, utilizando un argumento
que me imagino que no va a resultar preocupante para los grupos mayoritarios en esta Cámara, la jurisprudencia constitucional. Hay una sentencia que ha sido glosada por mi parte en numerosas ocasiones en esta Cámara, que es la 134/1977, que
establece que el acantonamiento de los recursos financieros en la Administración Central del Estado o en la Seguridad Social pretende evitar quebrantos financieros en la estructura presupuestaria de este sistema. Desde luego estos quebrantos no se
van a producir si el incremento de las pensiones no contributivas sin el límite del 25 por ciento se utiliza con recursos propios de la comunidad autónoma. Es un problema de prioridades políticas, un problema de sensibilidad social, un problema de
solidaridad. Hay comunidades autónomas que tienen recursos presupuestarios pero que tienen también una impronta de solidaridad, de inquietud social, de atender a las necesidades de los más débiles de verdad, desde una perspectiva de incremento
de las pensiones no contributivas. El límite normativo impuesto por la legislación estatal es manifiestamente injusto, pero además es inconstitucional. Por esta razón y con entusiasmo aprobamos la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y también la propuesta de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor presidente, este es el modo en que se debe configurar nuestro sistema de pensiones. Todos somos
copartícipes de un problema y todos somos copartícipes de su solución: la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas. Quizás entre todos podamos resolver esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Tomás Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señorías, sobre la cuestión que hoy debatimos se plantean básicamente dos posiciones coherentes a lo largo del tiempo, antagónicas entre sí pero coherentes. Una, la de los grupos proponentes y,
otra, la del Grupo Popular, y luego hay una tercera, la del Grupo Socialista, que ya veremos cómo se desarrolla hoy.
Los grupos proponentes sostienen de nuevo que las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias, pueden establecer los
complementos de pensiones no contributivas que consideren oportunos, con una versión dura, la proposición de Esquerra Republicana, haciendo el total compatible con todas las rentas o ingresos de que disponga cada beneficiario, incluyendo dichos
complementos, y con una versión blanda, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), compatibilizando ingresos hasta un 25 por ciento a mayores de la pensión no contributiva, pero excluyendo de esa limitación a los complementos citados.
En la versión dura ya ni siquiera importa que el ciudadano tenga otros ingresos; se otorga el complemento y ya está. Esto, sin duda, es una lógica progresista; claro. En la versión blanda se es más escrupuloso respecto a los ingresos, pero la
compatibilidad entre la pensión no contributiva y los complementos de las comunidades autónomas también es total.
En debates pasados ya advertimos que facultar a las comunidades autónomas para ofrecer complementos dispares a las pensiones no contributivas era un camino que, más bien temprano que tarde, nos llevaría a una pretensión hoy confirmada de
disgregación y de diferenciación autonómica total del sistema de pensiones no contributivas. El Gobierno popular aprobó la Ley 52/2003 precisamente para garantizar la universalidad, la unidad, la solidaridad y la igualdad del sistema de Seguridad
Social, reafirmando así la ley aprobada por un Gobierno socialista que las consideró parte integrante del sistema de Seguridad Social y, por ello, competencia del Estado. Se delimitó entonces el ámbito de la Seguridad Social, tal y como pedía el
Tribunal Constitucional en su tan citada como interesadamente interpretada sentencia 239/2002. El Gobierno de Zapatero, señorías, quebró esa consideración con otra ley, la Ley 4/2005, y permitió esos complementos con una limitación que, como hoy se
demuestra, no solo no zanjó el debate sino que animó a sus impulsores, como han reconocido, a nuevos pasos. Por eso estamos de nuevo aquí. Un Gobierno socialista legisló entonces contra la igualdad, contra la equidad y contra la universalidad del
sistema de prestaciones de la Seguridad Social.
Nosotros fuimos coherentes entonces oponiéndonos a aquella ley y advirtiendo de sus efectos futuros, como lo vamos a ser hoy. Y conviene recordar que fue el Partido Socialista quien abrió en su día
esta dinámica con una lógica cuestionable y cuestionada hoy una vez más. ¿No podíamos prohibir complementos pero podíamos limitar su cuantía económica?
Señorías, pensiones contributivas y no contributivas son por igual Seguridad Social precisamente por decisión en su día de esta Cámara. Si el criterio es la cuantía escasa o la suficiencia en una situación de necesidad, ¿puede entonces
complementarse cualquier pensión? ¿De cualquier manera? ¿Puede justificarse la insuficiencia de una pensión no contributiva para otorgar un complemento y no hacer este mismo análisis con una pensión estrictamente contributiva? ¿A qué conduce todo
esto en un sistema de Seguridad Social como el que define nuestro ordenamiento? ¿Un concepto de otras épocas, señor Campuzano? Nosotros pensamos que ese concepto está plenamente vigente. Si considerásemos hoy estas proposiciones estaríamos dando
una vuelta de tuerca más al debilitamiento de los principios del sistema español de Seguridad Social; un sistema de reparto, un sistema esencialmente redistribuidor. Los ciudadanos que más tienen, que más aportan, que más ganan contribuyen
solidariamente a ayudar a los que menos tienen o los que más necesitados resultan; los ciudadanos entre sí, en el seno de una sociedad cohesionada. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles como sociedad y máxime en momentos de crisis, pero hay
que hacerlo bien. La crisis no puede llevarnos a violentar el sistema hasta hacerlo irreconocible.
El Partido Popular no comparte sustituir esa solidaridad entre ciudadanos por una contribución diferenciada, una pseudosolidaridad troceada territorialmente, una ciudadanía desigual basada en el territorio; aportación poco original a estas
alturas pero muy perturbadora por la que dos personas de igual renta y circunstancias personales, ante una misma situación de necesidad objetiva y evaluable, no tienen los mismos derechos ni perciben las mismas prestaciones. Y ello por el hecho
aleatorio de vivir en comunidades distintas; puede que separadas por tan solo centenares de metros. Alguien podría preguntarse ¿es que las comunidades autónomas no tienen ya mecanismos para atender situaciones de necesidad bien definidas en su
propio sistema de asistencia social? Por supuesto que los tienen, señorías, y deben ejercerlos y pueden actuar en ellas conforme a sus
propios objetivos y prioridades sin deslizar esas competencias hacia el ámbito de la Seguridad Social, sin invadirlo y mucho menos sin deslegitimarlo.
La existencia de recursos económicos en las comunidades autónomas -parece que la Generalitat de Cataluña dispone de ellos, por lo que se ve- debe moverlas a actuar, pero para ello no hace falta invadir o solapar competencias del Estado, y
menos aún que ello pueda lesionar el marco regulador de nuestra Seguridad Social. Señorías, el sistema así planteado no disminuye las diferencias entre ciudadanos, las agranda. Colocar las diferencias entre comunidades autónomas por encima de la
equidad, por encima de la solidaridad entre los españoles puede ser cualquier cosa pero desde luego no es un planteamiento progresista. Y estamos de acuerdo con el texto de Esquerra Republicana que dice que el Gobierno debería procurar el aumento
de estas pensiones en su ámbito competencial, así las comunidades autónomas no tendrían que cubrir la insuficiencia estatal.
Ese es el camino, señorías, mejorar la calidad de la cobertura universal de nuestro sistema de Seguridad Social, en el
ámbito contributivo y en el no contributivo, pero para todos los españoles. Que en lugar de una utilización indebida de los fondos de las Seguridad Social, por el que se suben las pensiones mínimas por el mero antojo del Gobierno, pudiéramos hacer
solidaridad real con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mejorando las pensiones mínimas con aportes solidarios de la imposición general o mejorando las pensiones no contributivas sufragadas con impuestos.
Está aumentando la pobreza en España -claro que está aumentando- por las malas políticas realizadas. ¿Hay acaso un plan nacional de compromiso en la lucha contra la pobreza en estos Presupuestos Generales del Estado que conocemos hoy?
¿Dónde hay nuevos recursos del Estado para atender estas situaciones? ¿Dónde hay nuevas previsiones en esta materia? Eso es lo que pide la sociedad civil catalana, y la sociedad civil española, por cierto. El Gobierno saca músculo electoral con
el dinero de la caja única de los pensionistas utilizando a su capricho estos recursos porque resulta sencillo y no tiene coste, pero cuando se trata de hacer un esfuerzo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el ámbito de las
pensiones no contributivas, estas se mantienen congeladas y suben para el año 2010 el uno por ciento, lo que obliga la ley, ni una décima de euro más; ni siquiera para comprar chuches, señorías. Aquí ya no hay alardes ni hay verbenas a lo
Rodiezmo, se sube lo que obliga la ley; no hay más solidaridad, no hay más apuesta del Gobierno.
Señorías, somos conscientes de la demagogia fácil a que se prestan estos debates; un buen fin justifica cualquier medio. Quién no subiría las pensiones a quien lo pueda necesitar de la forma que sea; argumento infalible para justificar
objetivos de otra naturaleza bien distinta.
Hacerlo basándose en que las comunidades autónomas tienen niveles de vida distintos podría llevarnos al absurdo de promover pensiones distintas en municipios distintos, ¿o es que no hay diferencias de
renta también entre los municipios? En todo caso, el PP ni comparte ni compartirá esta visión, porque la pluralidad, señorías, se desvirtúa cuando se envuelve en ropajes de insolidaridad, y para nosotros la España plural es aquella en la que se
respeta a los demás culturalmente, pero solidarios económicamente e iguales socialmente. Es una cuestión de principios la que nos separa y la que nos va a llevar a no tomar en consideración estas iniciativas. Sabemos lo que votamos; votamos lo
que creemos. Los ciudadanos pueden estar seguros de que no transigimos en aspectos esenciales ni nos acomodamos a coyunturas cuando se trata de defender un sistema público único de pensiones, solvente, solidario, equitativo y justo.
Señorías, la desigualdad en aras de la suficiencia económica es un dilema falso y doloroso. La necesidad cuando se produce puede y deber ser atendida y corregida, pero el dolor por la desigualdad de trato entre españoles es algo que
acompañará a un ciudadano y estará presente en él cada momento del día; es el dolor lacerante y el dolor incomprensible que nosotros no debemos tolerar en esta Cámara de que en lo básico no tratemos a cada ciudadano igual que a otros, siendo como
es y debe ser igual que otros.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, señorías, vamos nuevamente a abrir el debate sobre las pensiones no contributivas, un debate un poco tótum revolútum que hemos hecho hoy aquí. Oyendo al señor Burgos, creo que nos hemos cambiado
los papeles, porque solo le ha faltado bajar de la tribuna diciendo justicia y libertad, que no hubiera quedado nada mal tampoco, por decirlo de alguna manera. Lo primero que tenemos que ser -además de decirlo todas las veces- es realmente
coherentes con aquello que estamos diciendo todos los días y con las políticas que desarrollamos continuamente. Primera cuestión, el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista va a ser totalmente coherente en la votación de estas dos
proposiciones con el discurso que siempre ha hecho con respecto a las pensiones no contributivas. En su día, apoyamos la ley para permitir que las comunidades autónomas pudieran establecer un complemento de hasta el 25 por ciento para las pensiones
no contributivas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que sabíamos que no podíamos subir todas las pensiones en aquellos niveles que nos hubiera gustado y, además, que estábamos afrontando el problema de las no contributivas entre las dos
estructuras del territorio, como son la comunidad autónoma y el Estado.
¿Y pusimos un límite? Sí. Tras escuchar al señor Campuzano me asaltan las siguientes preguntas. Señor Campuzano, usted ha dicho: un diputado catalanista lo ve insuficiente.
Mire, una diputada
socialista lo ve mucho más que insuficiente, pero no ve insuficiente lo de las no contributivas, ve insuficientes las pensiones mínimas, ve insuficiente el SOVI, ve insuficiente la pensión mínima de viudedad y ve insuficientes todas aquellas
pensiones que estén por debajo de los 800 ó 900 euros. Ahora bien, para mí -y también para usted- es muy fácil decir: esto, y quedarnos tan anchos. Pues no es verdad, porque acto seguido tenemos que decir de dónde y cómo sacamos para establecer
estas pensiones con estas cuantías. Le voy a poner un ejemplo, ayer cogí un taxi por la noche y me vine aquí al despacho. Me dijo el taxista: ¿Es usted diputada? Sí. Y me dice: Pues que sepa que le voy a hacer una protesta. Digo: ¿Cuál?
Dice: Mire, me parece muy mal que yo tenga que cotizar 35 años, como ha cotizado mi padre, para cobrar 700 euros y que gente que no cotiza nada cobra casi igual. Es una reflexión. No se puede vivir con 420 euros, no se puede vivir con 500 ni se
puede vivir con 600, pero tenemos que tener unos objetivos claros de cómo hacemos para mantener nuestro sistema, porque cómo vamos a decirle a Cataluña, por ejemplo, a todos los payeses, a toda la gente del campo que ha cotizado 35 años y que cobra
524 euros, que ahora decimos aquí que los no contributivos van a ganar bastante más. Esa es una reflexión. ¿A nosotros nos preocupa eso? Sí.
¿Estamos dispuestos a hablar de esto? Sí. ¿A buscar soluciones? Sí, pero coherencia total, porque
todo el arco parlamentario acaba de criticar los Presupuestos Generales del Estado porque, por un lado, subimos impuestos y, por otro lado, porque tiene mucho gasto. No lo entiendo. Vienen aquí y dicen: no se pueden subir impuestos, pero luego
piden más gasto.
Explíquenmelo, porque para mí el Estado es como mi casa, si entra puedo gastar y si no entra no puedo gastar. Si tengo unos ingresos para cada mes y eso disminuye, una de dos, o dejo de comer o no voy al cine o dejo de pagar algo.
Pues el Estado es igual, si no hay ingreso no pago.
Señorías, seamos un poco más consecuentes cuando traemos estas propuestas aquí y digamos cómo vamos a pagarlo y cómo no generamos la gran injusticia de que ahora subamos las pensiones mínimas y dejemos el SOVI.
Durante años, en el SOVI ha
cotizado gente que ya lo había hecho antes del año 1965 y a la que exigimos más de cinco años de cotización para darles 330 euros. Ese es el problema. Estamos hablando, señorías, de un problema que no se puede coger por encima, sino que hay que
afrontarlo y ver cómo lo podemos solucionar sin generar más problemas y más desigualdades y sin tirar al suelo el sistema de protección que tenemos.
Por tanto, ¿estamos dispuestos a hacer un debate en ese sentido? Sin ningún problema; ¿a hablar
de cómo podemos afrontarlo? Sin ningún problema, pero teniendo siempre unos parámetros clarísimos. Es decir, no puede ser lo mismo una pensión no contributiva que una contributiva, porque si no nos cargamos el sistema. A partir de ahí, podemos
hablar.
Mire, las comunidades autónomas -y la suya y mía, señor Campuzano, es una de las que hacen un esfuerzo importante- puede que no puedan dar un complemento de pensiones superior al 25 por ciento, pero pueden dar una ayuda para pagar la
vivienda, para el comedor o para lo que sea, porque está dentro de los servicios sociales y no necesita ninguna ley; lo único que necesitan es dinero. Porque a las comunidades autónomas podemos darles todas las competencias, mandarles todos los
temas, pero luego también hay que decirles cómo han de pagar sus facturas porque si no, es imposible. Por tanto, si quieren, hagamos esta reflexión, pero hagámosla también dentro del debate de Presupuestos Generales del Estado y admitan que si
queremos mantener la protección social, habrá que subir impuestos y admitan que los presupuestos que se presentan a esta Cámara son los únicos presupuestos viables en un momento como este, que además no desatienden a nadie ni dejan tirado a nadie.
Señorías, hay una cosa clara, acabamos de aprobar un real decreto para dar una ayuda de 420 euros a los desempleados que han terminado el desempleo contributivo, lo mismo que están cobrando en Cataluña las pensiones no contributivas. Pero,
es más, un señor que cobra una pensión no contributiva que es una miseria, cuando va a la farmacia no paga ni un céntimo; un desempleado que cobra 420 euros por una ayuda que se ha establecido -a partir de enero lo aprobaremos en la Cámara-, paga
el 40 por ciento de los medicamentos. Por lo tanto, ¡ojo!, que hay que hacer compatibles las situaciones con que llegue a todo el mundo, no vaya a ser que queriendo corregir una injusticia vayamos a hacer otra. Cuando hablamos de impuestos, cuando
nos critican tanto por las políticas que hacemos, asuman una cosa: que hay dos formas de hacer política y la única herramienta que un Gobierno tiene para hacer distribución e igualar a la población en protección es la política fiscal, no hay otra.
Bajar impuestos y dar más protección es inviable. Por tanto, lo único que está haciendo este Gobierno y por lo que ha apostado es por que vamos a salir de la crisis, vamos a salir todos juntos y no vamos a dejar a nadie atrás. Y eso, señorías, es
lo que realmente van a suponer estos presupuestos y va a suponer nuestra votación a la hora de aprobarlos.
Estamos dispuestos a hablar. Vamos a mejorar las prestaciones, pero no vamos a generar más problemas ni más desigualdades.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA ADAPTACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIOJA AL ACTUAL MARCO COMUNITARIO. (Número de expediente 162/000462.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la adaptación de la denominación
de origen Rioja al actual marco legal comunitario. Tiene la palabra para defenderla don César Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, era 1925 cuando se creó la primera denominación de origen de España, Rioja. Un año después, su consejo regulador aprobaba el primer reglamento. Habían pasado más de dos décadas desde el desastre de la filoxera cuando La Rioja
tenía más viñas que hoy. Los riojanos habían repuesto sus viñas en los años veinte y en cuanto vieron las posibilidades de exportar comenzaron de nuevo su aventura en el mercado europeo. Por eso, todos a una, su principal objetivo era reforzar la
marca colectiva que amparaba su consejo regulador. Desde entonces, el consejo regulador, un monumento histórico vivo, sigue marcando las líneas directrices del mundo del Rioja. Se ha adaptado a todos los momentos históricos: a la Ley democrática
del vino de la República, a la monopolización por el sindicato vertical durante el franquismo, a la Ley del vino de 1970 y también a la democratización durante la transición. Y ha llegado hasta hoy tras sucesivas remodelaciones, en las que siempre
ha sido fundamental el entendimiento entre las tres comunidades históricas que conforman la denominación: la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de La Rioja. Y el entendimiento viene de algo fundamental
en el mundo del Rioja y es que todos han de luchar por la calidad, viticultores y bodegueros; entre ellos hay un pacto histórico. Con estas condiciones, la calidad ante todo, Rioja consiguió ser la única denominación calificada en 1991, por cierto
con Gobierno socialista en España y en La Rioja. Buena ocasión hoy para recordar el trabajo de aquellos gobiernos por cumplir los criterios que imponía la calificada. Con la calificada, Rioja llegó a su mayoría de edad. Cada viña tiene un carné
de identidad y cada bodega declara y somete a control toda su producción, un sistema que aúna calidad y seguridad.
Señorías, el Grupo Socialista trae hoy a esta Cámara una iniciativa para asegurar, para impulsar la evolución y la correcta regulación de una de las denominaciones más emblemáticas en nuestro país. Los socialistas queremos acelerar la
adaptación de la denominación de origen Rioja al actual marco legal comunitario porque el Rioja no solo es una agrupación de intereses económicos sino que su identidad específica hace necesaria una regulación particular. Y lo vamos a hacer
superando errores y actitudes del pasado, señores del PP, lo vamos a hacer de verdad. Cuando tuvieron responsabilidades desplegaron mucho fuego de artificio, habitual en ustedes; mucho hablan, poco hicieron. De momento, quienes traemos aquí una
iniciativa clara y contundente, quienes tenemos un plan para el Rioja, para beneficio del Rioja no propio, y quienes tenemos soluciones y tomaremos decisiones somos los socialistas. Soluciones que pasan por el diálogo y por el debate entre todos
los actores: el sector, cuya posición unánime conocemos, las comunidades por las que se extiende la denominación, el Gobierno de España y los grupos políticos de esta Cámara como vamos a hacer hoy. Debate y diálogo que permita adaptar el
funcionamiento de la denominación y que siga respondiendo a prácticas de reconocido prestigio en los mercados internacionales del vino. Un debate y un diálogo que permita ordenar y converger las posiciones reglamentarias jurídicas e institucionales
existentes para alcanzar ese pacto que defina el carácter de los órganos del sector, que aborde el reglamento, las estructuras de certificación y también la propia naturaleza jurídica del consejo regulador. Así, las tres comunidades siempre han
llegado a acuerdos y hoy es necesario seguir trazando acuerdos. El sector del vino español y en particular el Rioja, necesita reforzar sus mimbres legales y, por eso, es necesario reforzar el pacto histórico que encarna el consejo regulador. Si
las tres comunidades se entienden, y se han entendido desde hace más de ochenta años en el consejo regulador, es necesario que nos digan sus gobiernos, que tanta experiencia acumulada tienen, qué es lo que quieren, que el Gobierno de España conozca
y reciba sus argumentos y sus propuestas, que continúe ese entendimiento histórico y que dé como fruto la mejor solución de consenso, y si esta ha de ser el reconocimiento del consejo regulador como una corporación de derecho público con una ley que
recoja ese estatus, que apruebe el nuevo reglamento y las nuevas estructuras y competencias, que lo sea; lo será. Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista es un impulso inicial en esta Cámara, pero es un compromiso definitivo con el
sector del Rioja que no tiene marcha atrás.
Es el principio de un proceso que con toda seguridad mejorará el modelo social, económico y regulatorio del Rioja, beneficiando a la mayoría y consolidándolo como un ejemplo colectivo de éxito.
Señorías, una y otra orilla del Ebro, riojanos, vascos de la Rioja alavesa y navarros se necesitan, nos necesitamos; lo impone la geografía, la tierra, la tradición, la cultura del Rioja. Por eso, desde el espíritu de la calificada, que ha
dado veinte años de progreso y estabilidad al Rioja, pido el apoyo a todos los grupos para esta proposición, para continuar estimulando lo que hasta ahora ha funcionado. Si las tres comunidades autónomas han demostrado su capacidad para desde el
consejo regulador hacer del Rioja una cultura, un emblema y un medio de vida, dejemos que las comunidades digan al Gobierno qué quieren que sea en el futuro lo que tanto han cuidado y defendido en su tierra, para su beneficio y para el de todos los
españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luena.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista respecto a la denominación de origen calificada Rioja se basa aparentemente en la necesidad de una adaptación de la normativa al nuevo marco reglamentario de la denominación
de origen Rioja, dependiente actualmente del Gobierno del Estado, situación que es idéntica a otras denominaciones de origen que deben adaptarse al nuevo marco normativo.
Sin embargo, los problemas de la denominación de origen calificada a nivel
reglamentario vienen de la situación en la que se encuentra su reglamento, que incorporó las disposiciones establecidas en la Ley 24/2003, de la viña y del vino, que fue aprobado por su órganos de decisión en diciembre de 2004 y que después de cinco
años no ha podido ponerse en marcha, debido a la falta de aprobación por parte del Ministerio de Agricultura, hoy en día de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Esta situación supone que la denominación de origen Rioja se rija por la Ley
25/1970, una ley preconstitucional, que está caduca en su contenido y en la realidad actual, o sea, una ley que tiene 39 años. Pero es que la ley 24/2003, a la que hacíamos referencia, tampoco resuelve los problemas que actualmente el desarrollo de
este producto necesita, y está creando una inseguridad jurídica permanente en las decisiones de la denominación de origen calificada. Es necesario, por tanto, la elaboración de una normativa que además de recoger los cambios producidos tras la
aprobación de la OCM, de la organización común del mercado del vino, permita resolver los problemas que actualmente ha generado la norma de 2003, entre los que se encuentra la incorporación de la exclusividad del uso de marcas por las empresas en
cada denominación, con el fin de protegerlas en cada caso de fraudes de uso y conseguir las mayores garantías para el consumidor; que se amplíe la protección al uso de nombres de región, comarca, localidad o lugar determinado que formen las
respectivas zonas de producción, elaboración, envejecimiento y embotellado, al igual que ocurre en las normativas comunitarias y autonómicas; que permita la elección por los miembros de la denominación de su naturaleza jurídica, sea pública o
privada, y transfiera la competencia a las comunidades autónomas correspondientes, al igual que se aplica en el caso de los parques naturales o nacionales. Este último aspecto del tema del traspaso de competencias ha sido en los últimos años
bastante tratado con los miembros del actual equipo ministerial, y para mi grupo sería importante en cuanto que nos obligaría a realizar un acuerdo a tres -Rioja, Navarra, Euskadi- respecto a la gestión de la denominación de origen calificada.
De todas formas, en nuestra opinión, con esta proposición no de ley el Grupo Socialista quizá quiere disimular su posición después de pasar los últimos años ejerciendo una política no precisamente favorable a los intereses de la denominación
de origen de La Rioja. Por eso, mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución que se basa en cinco puntos fundamentales, en el sentido de pedir al Gobierno que envíe en el plazo máximo de seis meses un proyecto de ley de ordenación
vitivinícola que reúna como elementos básicos los siguientes requisitos: En primer lugar, que incorpore las nuevas normativas comunitarias desarrolladas tras la aprobación de la organización común de mercado del vino. En segundo lugar, que
establezca la exclusividad de las marcas, nombres comerciales o cualesquiera otros signos que sirvan como distintivo principal en el etiquetado de los vinos protegidos. En tercer lugar, que incorpore que la protección otorgada a los vinos de
calidad con denominación se extienda al uso de los nombres de región, comarca, localidad o lugar determinado que formen las respectivas zonas de producción, elaboración, envejecimiento y embotellado, como he comentado anteriormente. En cuarto
lugar, que posibilite que los órganos de gestión de las denominaciones tengan naturaleza jurídica pública o privada, pero propia. Y por último, que se desarrollen los mecanismos para que las denominaciones de origen supraterritoriales, vínicas o no
vínicas, dependientes actualmente del Gobierno central, se transfieran a las comunidades autónomas que abarquen su ámbito geográfico. Con estos cambios no solo la denominación de origen Rioja, sino el sector del vino podrán conseguir la seguridad
jurídica de la que actualmente carecen. Acabo ya. El Grupo Nacionalista Vasco presenta esta enmienda porque entiende que la propuesta incorpora propuestas ya desarrolladas y de obligado cumplimiento por las denominaciones con la normativa en
vigor, que no resuelve los problemas que están afectando a la denominación de origen ni de otras denominaciones y evita dar solución a los actuales problemas generados por la Ley 24/2003, de la viña y el vino y la anteriormente citada,
preconstitucional, 25/1970. Nosotros hemos presentado esta enmienda, por tanto no votaremos a favor de la propuesta inicial del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra por el Grupo Popular doña Concepción Bravo.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Señor presidente, señorías, esta iniciativa nos parece oportuna, necesaria y adecuada a las necesidades de un sector tan importante para nosotros como es el mundo de nuestro vino, el mundo del Rioja. Esta
iniciativa, por cierto, ya se ha debatido en el Parlamento de La Rioja. Nos parece oportuna porque la reciente OCM del vino deja muy abierto el tema sancionador en el caso español. La OCM del vino tiene un concepto más liberalizador de las
funciones de control de lo que nosotros planteamos en la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley. Creemos que esta iniciativa es necesaria porque esta denominación calificada de origen Rioja abarca, como ya se ha dicho aquí, tres
regiones autónomas, lo que hace
imprescindible y urgente una coordinación eficaz entre todos los agentes del sector. Señorías, a lo largo de estos años hemos visto casos lamentables que dejaban al descubierto una serie de necesidades, especialmente en las áreas de
control, inspección y sanción entre otras.
Es imprescindible regular el sector del vino de la denominación calificada de origen Rioja de una forma homogénea, eliminando incertidumbres e inseguridades jurídicas.
Leído el texto de la proposición no de ley, les reitero de nuevo la oportunidad de la iniciativa, pero el Grupo Popular les plantea una modificación puntual de los artículos 3 y 4 aceptando nuestra enmienda.
Se lo planteo como riojana y
como diputada nacional. ¿Y por qué les propongo esta enmienda? Sencillamente: porque pensamos que mejora la calidad del texto en el sentido de dar más claridad y más rotundidad a la proposición no de ley. Desde el Grupo Popular creemos que se
necesita una regulación jurídica con rango de ley que dé amparo al Consejo regulador de la denominación calificada de origen Rioja. Se lo demando porque llevamos cuatro años esperando que desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino salga adelante un reglamento que cubra las necesidades de lo que hoy es un órgano desconcentrado de la Administración como es nuestra denominación de origen calificada Rioja, como es su órgano de gobierno, que es el Consejo regulador de la
denominación calificada de origen Rioja. Y se lo demando sobre todo porque esto es lo que han acordado tanto el consejo regulador como la interprofesional del vino, interprofesional que, como sabe usted, está compuesta por todos y cada uno de los
actores económicos de todos y cada uno de los sectores de producción, transformación y comercialización del sector del vino, de ese sector tan importante y tan definitivo para todos nosotros, para todos los riojanos, también para los navarros y para
los alaveses que viven y trabajan a nuestro lado en el sector vitivinícola.
Esta es una reclamación que plantea el pleno del consejo regulador de forma unánime. Nuestra enmienda al final no es más que una transferencia casi literal de lo que ese sector en pleno ha solicitado por todos los medios posibles. Como ya
le he mencionado, esta denominación tiene problemas a la hora de aplicar estas cuestiones, cuestiones muy importantes como son la potestad sancionadora, la inspección y el control, con la interpretación que de esta cuestión han venido haciendo hasta
este momento los tribunales. Les animo a que tengan en cuenta el ejemplo del consejo regulador, el plenario de la interprofesional del vino de Rioja, que ha acordado por unanimidad solicitar que el Consejo regulador de la denominación calificada de
origen Rioja sea una corporación de derecho público. El ejemplo de los miembros del consejo regulador es el mejor y es un ejemplo a seguir. Les invito a que nos aprueben esta enmienda y se sumen a solucionar esta necesidad que tiene nuestra
denominación y nuestro consejo. Si no aprueban esta enmienda recaerá sobre ustedes el grave perjuicio que se está ocasionando a nuestro consejo regulador; grave perjuicio por la inseguridad jurídica, porque se está creando un clima de que aquí
vale todo, se está poniendo en peligro la calidad de nuestra denominación de origen, su prestigio labrado durante años.
Con su permiso, presidente, termino en este mismo momento. ¡Ojalá!, como bien ha señalado el diputado riojano, se tomen estas decisiones, que no se demoren ni un momento más y que no se haga esperar de nuevo cuatro años al sector. No veo
yo demasiado diálogo -aunque nos lo ha anunciado en esta Cámara- si no nos admite esta enmienda, una enmienda que, como he mencionado, no es del Grupo Popular, sino una enmienda que reclama todo el sector del vino de la denominación calificada de
origen Rioja.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bravo.
Señor Luena, ¿acepta S.S. alguna de las enmiendas presentadas para la ulterior votación?
El señor LUENA LÓPEZ: Señor presidente, no aceptamos ninguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ASISTENCIA SANITARIA UNIVERSAL Y GRATUITA DE TODOS LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 162/000450.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LOS ESPAÑOLES Y DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES.
(Número de expediente 162/000097.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la asistencia sanitaria universal y gratuita de todos los españoles, que se tramita conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre reconocimiento de la asistencia sanitaria de los españoles y de los extranjeros residentes.
Para la defensa de la primera de las mencionadas proposiciones
no de ley tiene la palabra don José Eugenio Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hay un número indeterminado de españoles, pero unos cientos de miles según parece, muchos de ellos cotizan sus impuestos, tributan, pero no tienen acceso al sistema público de sanidad, a
la asistencia sanitaria de la que gozamos los demás. No tienen al menos el acceso a la asistencia sanitaria gratuita y, si acceden a la misma, tienen que verse ante la obligación del reembolso del costo por el pago del servicio médico
prestado.
Tal y como expresamos en la exposición de motivos -que yo creo que es muy clara- de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, desde hace ya prácticamente doce años hay separación de fuentes, de forma tal que en el año 1998
los Presupuestos Generales del Estado dotaron y establecieron definitivamente la financiación del sistema sanitario público con cargo a impuestos y no con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social, como había venido sucediendo en el pasado y,
por tanto, desgajándose de esa relación histórica en la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social otorgaba la cartilla a aquellos que estaban insertos en un régimen de la Seguridad Social y la cartilla a su vez era el elemento que suponía el
acceso a las prestaciones sanitarias en nuestro país. Como digo, a partir del año 1998, la asistencia sanitaria pasa a ser considerada una prestación de naturaleza no contributiva y universal financiada con impuestos. La Ley 16/2003, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud, establece en su artículo 3, con meridiana claridad, que son titulares de los derechos de la prestación de la salud y asistencia sanitaria todos los españoles y los extranjeros residentes de acuerdo con la ley.
El artículo 43 de la Constitución española consagra también el principio que posteriormente a nivel de ley se ha venido desarrollando, como acabo de expresar, y el artículo 14 igualmente de la Constitución española nos recuerda el principio de
igualdad por el cual no deben plantearse situaciones de discriminación entre unos ciudadanos y otros, como ocurre en el caso que nos ocupa.
He dicho al principio, y repito, que desconozco a cuántos afecta. Hace no mucho tiempo, el Gobierno a través de la web correspondiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social venía colgando el número de los ciudadanos que no tenían el
acceso a la sanidad pública gratuita y universal. Esto ha desaparecido y ha habido estimaciones varias, se ha hablado de 400.000, de 500.000 y más recientemente el propio Defensor del Pueblo nos habla de unas 200.000 personas. Sean quienes fueren,
lo cierto es que es una situación que hay que corregir. Esto sucede con determinados colectivos y el Defensor del Pueblo lo viene denunciando sistemáticamente en cada informe anual, el último el del año 2008. Hay que recordar que, si bien se ha
avanzado en la universalización y gratuidad de la asistencia sanitaria pública, lo cierto es que aún no son plenamente efectivas, dado que algunos ciudadanos todavía carecen del derecho a esta asistencia, viéndose obligados a financiar la atención
en aquellos supuestos en los que acceden a los servicios del Sistema Nacional de Salud. Aquí están todos aquellos profesionales que están colegiados obligatoriamente y mutualizados que no tenían la obligación o la posibilidad de estar dados de alta
en el régimen especial de trabajadores autónomos, están aquellas personas que por diversas razones no han accedido a una actividad profesional o laboral o está también el colectivo de aquellos que son beneficiarios de pensiones suizas y que residen
en España y no tienen el acceso a esta sanidad pública.
Es hora ya de que esta situación se resuelva. Esta Cámara ha tenido la oportunidad de conocer en la Comisión de Sanidad hace un año, el 30 de septiembre del año 2008, una iniciativa de similares características impulsada por Izquierda
Unida, como a continuación se debatirá acumulada a la nuestra, que ha formulado el diputado señor Llamazares y que él expondrá. En aquella ocasión se acordó hacer un estudio para conocer el número de posibles personas afectadas, el coste económico,
etcétera.
Esperamos que ese estudio esté en breves fechas.
Las proposiciones acumuladas que ahora estamos debatiendo aquí han sido objeto de determinadas enmiendas, muy especialmente por parte del Grupo Parlamentario Socialista. He de decir que para mí está claro y es evidente el derecho de todo
ciudadano, porque cuando se paga con impuestos no hay razón para discriminar en este caso el acceso a la sanidad pública de forma gratuita y más aún cuando algunos de estos ciudadanos se encuentran en situaciones precarias, rayanas en la pobreza,
gente que ha ejercido profesiones, pero que tiene setenta u ochenta años, y los sistemas privados de salud no les dotan de todas las soluciones a sus enfermedades o a sus problemas, de manera que esto no solo afecta aparentemente a gente con
capacidad adquisitiva, sino a todo tipo. He de decir que desde esta afirmación lo mejor es enemigo de lo bueno, pero yo me alegro del esfuerzo que hoy se ha hecho por parte del portavoz del Grupo de Izquierda Unida, coproponente con el nuestro, y
por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, así como del apoyo que se nos ha brindado desde el Grupo Parlamentario Vasco y desde Convergència i Unió a un acuerdo que a continuación leeré. Me parece que este acuerdo es un hecho
positivo, un hecho que plantea una solución, un hecho que reconoce el derecho de igualdad de nuestros conciudadanos al acceso a una prestación de un servicio tan fundamental, básico e importante como es la sanidad y que es, en conclusión, el inicio
de la definitiva solución de este tema. Me imagino que el señor presidente les hará llegar el texto de la transaccional en el momento que proceda y posteriormente mis compañeros darán lectura a la misma.
He de decir que agradezco los esfuerzos. Me hubiera gustado que hubiese sido una cuestión más rápida y contundente, pero la política es el arte de lo posible y soy perfectamente conocedor de las limitaciones y de los problemas que tenemos.
Hoy queda claro y evidente el derecho de estos ciudadanos, como también queda clara y evidente la voluntad política de la Cámara y del partido que sustenta el Gobierno de resolver esto con rapidez y con tiempo tasado, así como la voluntad de traer
en seis meses a esta Cámara un informe para valorar las medidas, el impacto y la adecuación a la realidad de
estas personas en su asunción del derecho al servicio sanitario. En definitiva, hoy se nos debe felicitar a todos nosotros por este esfuerzo de consenso que hemos hecho, y sobre todo a aquellas personas que a lo largo de más de una década
se han visto injustamente avocadas a no tener el acceso a un derecho que, en situaciones de igualdad con cualquiera de nosotros, tendrían que haber tenido. Hoy damos entre todos la solución y hoy todos nos tenemos que alegrar.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Don Gaspar Llamazares tiene la palabra para defender su propuesta.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervendré en el mismo sentido que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre su portavoz señor Azpiroz.
Ha pasado ya mucho tiempo, veintitrés años, desde que se implantó la Ley General de Sanidad, y es tiempo ya de reconocer de hecho y de derecho la universalidad de la atención sanitaria y la gratuidad de la asistencia sanitaria a todos los
españoles. Esta finalidad estaba recogida en el artículo 43 de la Constitución española, en el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, esta finalidad compartida en la letra y en el espíritu de la Constitución, y luego desarrollada en
leyes generales, como la Ley General de Sanidad o como la Ley de cohesión del sistema sanitario, ha entrado en contradicción dejando a algunos colectivos al margen de la universalidad y de la gratuidad del sistema sanitario. La pregunta es: ¿cómo
ha ocurrido? Es más fácil de considerar de lo que parece. En primer lugar, en la transición entre un sistema de Seguridad Social y un sistema de financiación universal nos hemos dejado a algunos colectivos. En segundo lugar, nos hemos dejado
también a otros colectivos en la transición entre un sistema centralizado y un sistema autonómico, en muchos casos asimétrico, de tal manera que a pesar de que algunas comunidades autónomas con capacidad legislativa en la materia han legislado para
reconocer el derecho universal y la gratuidad de la asistencia sanitaria, no todas las comunidades autónomas podían legislar porque tenían competencia de ejecución y no de legislación. Por eso, a pesar de que el Estado ha ido incorporando
determinados colectivos a la cobertura sanitaria y a la gratuidad de la sanidad, esos colectivos no han sido todos. Se han tomado mediante decreto decisiones de incorporar a colectivos sin ningún tipo de remuneración y también se ha incorporado al
colectivo inmigrante. Sin embargo, algunos colectivos han quedado al margen, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito del Estado.
De lo que se trata hoy es de estudiar el volumen de esos colectivos y su trascendencia económica. Hay diversas valoraciones. Entre 300.000 y 500.000 personas no tienen cobertura sanitaria en nuestro país y el coste puede ser en torno a 100
ó 150 millones de euros, depende de la evaluación final. Como ven, es un colectivo menor en comparación, por ejemplo, con el colectivo no cubierto por el sistema sanitario norteamericano. Es un colectivo muy minoritario, pero, en todo caso, es un
colectivo relevante que en un sistema sanitario universal no debe quedar al margen. Por tanto, esta iniciativa, en nuestra opinión, es una iniciativa oportuna que se aprobó ya hace un año en la Comisión de Sanidad por unanimidad de los grupos
parlamentarios y gracias a ella el Gobierno ha elaborado -espero que esté a punto de terminar- el estudio y la evaluación de la importancia poblacional y económica de estos colectivos sin cobertura sanitaria. Por otra parte, también espero que el
Gobierno haya detectado si es necesaria alguna reforma legal para reconocer la universalidad y para reconocer también la gratuidad.
Hay quienes opinan que el actual entramado legal es suficiente para que esa universalidad y esa gratuidad estén suficientemente reconocidas, pero hay quienes opinan que es necesaria alguna modificación, la modificación de la Ley de Seguridad
Social o la modificación del artículo 80 de la Ley General de Sanidad, que tenía también en cuenta a algunos colectivos que deberían pagar por el sistema sanitario. Por esa razón nosotros creemos que el Gobierno debe emitir también un dictamen
sobre qué leyes es necesario modificar para garantizar la gratuidad; además, no solamente de colectivos que parecen un poco lejanos y colectivos que tienen otros mecanismos para acceder a un sistema sanitario, colectivos de profesionales o los
colectivos que se han comentado hoy aquí.
Recientemente durante estas vacaciones hemos escuchado -no sin cierto temor- que algunos colectivos se sentían -y denunciaban esa situación- al margen de la cobertura sanitaria pública. Eso ocurre cada vez
que tenemos la oportunidad de discutir la reforma de la Ley de Inmigración -y así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional reconociendo el derecho a la salud-, pero hay diferencia entre los inmigrantes con residencia y aquellos que no tienen
residencia en nuestro país, que entran directamente por las urgencias del sistema sanitario.
También hemos visto cómo algunos trabajadores sin empleo y sin prestaciones por desempleo han sido rechazados por el sistema sanitario y se les ha enviado una factura de su gasto sanitario con cargo a su persona. No es bueno que estas
incertidumbres existan. Si tenemos un sistema sanitario público financiado por los impuestos, y además de carácter universal y gratuito, debe ser para todos los ciudadanos y con que haya un pequeño colectivo que se sienta al margen tiene sentido
esta iniciativa, tiene sentido el estudio de la universalización y también tiene sentido la modificación legal a que haya lugar.
Señorías, es una iniciativa conocida, aprobada por unanimidad, pero no está de más recordarla en el Pleno de la Cámara y recordar al Gobierno que tiene que cumplir esa iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para compartir la reflexión general que los proponentes de ambas iniciativas han hecho y sobre todo la necesidad de que lo revisemos, ya sea en cumplimiento de esa PNL que el señor Llamazares mencionaba, ya sea
porque tenemos la obligación de hacerlo, con el fin de que tengamos cuanto antes los datos de cuántos ciudadanos españoles están fuera del cumplimiento efectivo de la universalización, del acceso a la prestación sanitaria, su derecho a la salud.
También intervengo para plantear y defender en esta breve intervención desde el escaño una enmienda -son dos enmiendas pero son la misma-, en el caso del Grupo Popular de sustitución y en el caso de la proposición de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida de adición.
Se trata -leo directamente- de que en aplicación del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que establece que son competencias exclusivas del Estado las bases y coordinación general de la sanidad, el Ministerio de Sanidad y Consumo expida
la tarjeta sanitaria única que facilite la asistencia sanitaria a todos los españoles, cualquiera que sea el lugar donde la precisen. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Señorías, no se trata de hacer un debate.
No es mi intención y, si tengo la oportunidad, mi posición se expresará en otro momento. No es este un debate en el que pretenda suplantar competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas, ni se trata de recabar para el Estado
competencias que no le son propias, que no le son exclusivas según la propia Constitución española. Se trata de que, precisamente sobre la base de una competencia que tiene el Ministerio de Sanidad -coordinación general de la sanidad-, sea el
ministerio quien asuma la expedición de una tarjeta sanitaria única, algo que no es extraordinario y que se ha debatido muchas veces, de una u otra manera, en el seno de las formaciones políticas y también en esta Cámara, algo que es un debate en la
Unión Europea desde hace bastante tiempo, en el Parlamento Europeo, en la Comisión y en el Consejo. La necesidad de una tarjeta sanitaria única que nos identifique como ciudadanos europeos y que la misma tarjeta nos permita acceder a las
prestaciones sanitarias en cualquier lugar de Europa no es ninguna novedad sino una necesidad y un derecho de ciudadanía, que no debate sobre las competencias de los Estados ni tampoco sobre la organización interna de cada uno de los Estados, sino
que pretende garantizar el acceso y pretende evitar problemas como los que hoy existen en España. Sus señorías lo saben bien.
Hay ciudadanos que tienen dificultades porque como son las comunidades autónomas las que emiten la tarjeta sanitaria con
sus propios datos y no hay compatibilidad entre los sistemas que la emiten -permítanme la expresión, aunque es así-, cuando pasan a otra comunidad autónoma tienen dificultades para recibir la prestación en esa otra comunidad autónoma.
No tiene
sentido, a mi juicio, señorías, hablar de universalidad y hablar en términos ambiciosos desde la palabra sin resolver los problemas reales que tenemos incluso aquellos ciudadanos que tienen reconocido el derecho y que están entre los que sí están
-permítanme la expresión- universalizados. Existen ciudadanos que tienen dificultades para recibir esa prestación, que se resolverían con una compatibilidad de los sistemas -sé que es algo en lo que el Ministerio de Sanidad trabaja- y con que el
Ministerio de Sanidad emitiera una tarjeta única, que naturalmente las comunidades autónomas repartieran y controlaran. Insisto, señorías, no se trata en este caso de hacer un debate sobre la recuperación de competencias, sino de hacer un debate
pensando en cómo prestamos un mejor servicio a los ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mañana hace exactamente un año que tuvimos la oportunidad de debatir en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo exactamente el mismo texto que hoy nos presentan los grupos proponentes, en el caso del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds como proposición no de ley y en el caso del Grupo Popular como una enmienda a dicha propuesta. En aquella ocasión, tras el debate, en el que cada grupo expuso su posición, fuimos
capaces de llegar a un acuerdo en el texto, que fue votado y aprobado por la unanimidad de todos los grupos, en el que le recuerdo que pedíamos esencialmente al Gobierno que elaborara un estudio cuantificando la población sin derecho a la asistencia
sanitaria pública y su impacto económico y que, además, sobre la base de este estudio, adoptara las medidas normativas procedentes al objeto de dar garantía no solo formal sino real al acceso en términos de igualdad a la asistencia sanitaria de
nuestro sistema público de salud. En este sentido es en el que mi grupo ha presentado una enmienda, que SS.SS. ya conocen y que es muy similar al texto de la autoenmienda que el señor Llamazares ha presentado, por lo que hoy hemos podido también
llegar a un texto conjunto, de igual manera que lo hicimos aquel día, para que lo aprobemos por unanimidad.
Señor Azpiroz y demás compañeros y portavoces de los grupos, en Sanidad siempre hacemos gala de que lo importante es el bien común; lo importante es el ciudadano y una asistencia sanitaria. Una vez más debo agradecer que todo el mundo haya
sido consciente de que lo esencial es llegar a eso.
Efectivamente, nuestro cuerpo normativo reconoce el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria de todos los españoles y residentes extranjeros legales en nuestro territorio. El hecho de que esta asistencia para la
enfermedad común y accidentes no laborales siga siendo una prestación no contributiva y manteniendo vínculos con la regulación de la Seguridad Social provoca, como han dicho otros portavoces, que aún exista alguna población sin una cobertura
sanitaria pública; exactamente los colectivos que quedaron fuera de lo regulado en el Real Decreto 1088/1989, por el que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes.
Por tanto, no son muy numerosos, pero todavía existen algunos colectivos fuera de la asistencia sanitaria pública.
Esta tarde podría decir algo similar a que me alegro de que me haga usted esta pregunta. Por ejemplo, podría decir: Me alegro de que se nos brinde la oportunidad de poder hablar de este tema. Pues bien, no solo me alegro, sino que es un
honor para mí intervenir hoy en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Y lo es porque lo que en este momento debatimos es algo por lo que han luchado tantos y tantos compañeros y compañeras de mi partido -algunos de los cuales están en el
hemiciclo en este momento- y que se merecerían este privilegio. Al igual que innumerables ciudadanos y profesionales sanitarios, que han luchado también durante años por conseguir una sanidad pública, de calidad y equitativa en el acceso, como la
que hoy nos reconoce no solo la Constitución española sino la Ley General de Sanidad del año 1986; por cierto, de un ministro socialista, el ministro Ernest Lluch, asesinado por ETA, que tiene un busto -y no solamente es un busto- en este
Parlamento.
Quizá, señorías, y sobre todo por los tiempos que corren, no estaría de más que volviéramos a recordar que los socialistas tenemos una buena hoja de servicios que presentar a los españoles en cuanto a la creación, mantenimiento y mejora de
los derechos básicos de ciudadanía. Fue un Gobierno socialista el que instauró la educación, las pensiones y la sanidad públicas. Ha sido también un Gobierno socialista el que ha instaurado un nuevo derecho, el de la atención a las personas
dependientes. Exactamente el mismo Gobierno que, aunque caigan chuzos de punta con una crisis económica como pocas en la historia, no solo no ha retrocedido ni un milímetro en el gasto social, sino que no ha dudado en continuar aplicando el 52 por
ciento del gasto presupuestario en el mantenimiento de todos y cada uno de estos derechos. El mismo Gobierno que ha propuesto un nuevo modelo de financiación a las comunidades autónomas que toma como base a cada ciudadano y que garantiza la
prestación de estos derechos básicos, entre los que la asistencia sanitaria es uno de los más importantes por lo que representa en cuanto a cohesión sanitaria en nuestro país.
Es aquí donde me pregunto qué hubiera hecho algún otro partido, por ejemplo el Partido Popular, en las mismas circunstancias. Automáticamente recuerdo a los del decretazo, a los del medicamentazo, a los campeones de la privatización
sanitaria que está deteriorando un sistema nacional de salud ejemplo para otros países. Hubieran hecho lo de siempre; hacer pagar la crisis a los que no la provocaron, recortando derechos y prestaciones sociales y diciéndoles a los ciudadanos que
nos apretemos el cinturón, mientras hipócritamente algunos de ellos siguen amarrados a la correa. Por cierto, creo recordar que en alemán se dice correa. Correa igual a Gürtel; Gürtel igual a correa. ¡Qué casualidad! Son exactamente los mismos
que no han seguido el ejemplo de comunidades como Andalucía, Baleares, Cataluña, Navarra o el País Vasco, que han ampliado la cobertura sanitaria a estos colectivos.
Señor Azpiroz, tengo que decirle que ustedes gobernaron ocho años este país, los cuatro últimos con mayoría absoluta. Años de gobierno de cuya gestión económica presume el señor Montoro un día sí y otro también, aunque no sé muy bien por
qué, porque ninguno dio superávit. En aquellos ocho años, en 2.920 días con sus noches, no encontraron ni uno solo para garantizar el acceso en términos de igualdad a la asistencia sanitaria pública. No encontraron ni uno solo para traer a esta
Cámara la misma iniciativa por la que ahora le piden a este Gobierno que adopte -y, además, sin dilación- las medidas oportunas. No fueron capaces de adoptar ni una sola en los 2.920 días de su Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Grande, tiene que acabar, por favor.
La señora GRANDE PESQUERO: Termino, señora presidenta.
Señor Azpiroz, esto no es lo importante. Lo importante es que hemos conseguido un acuerdo, hemos conseguido un bien común, hemos conseguido la oportunidad de dar un paso muy importante y muy deseado en el camino de la universalización al
acceso de la asistencia sanitaria para los españoles y para los residentes en nuestro país con un texto sensato y razonable.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Grande.
En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Intervengo brevemente desde el escaño, presidenta, solo para decir que nos sumamos al consenso que se ha adquirido en esta Cámara, entre otras cosas por sentido común; nos parece que muchas veces no hacen falta
excesivos malabarismos políticos para llegar a acuerdos cuando se
plantean cosas de sentido común, como ocurre en este caso. Por tanto, nos reafirmamos en la posición que tuvimos en la Comisión de Sanidad hace exactamente un año -como ha indicado la compañera Pilar Grande-, nos congratulamos de que se
haya llegado a un acuerdo respecto a iniciativas de dos formaciones en principio tan diferentes como el Grupo Popular o Izquierda Unida, y creo que el texto alcanzado es positivo. También nosotros en un principio hemos dudado un poco al plantearse
en la iniciativa original del Grupo Popular una cuestión respecto de la que el propio ponente se ha rectificado a sí mismo. Por tanto, no nos queda más que sumarnos a la mayoría parlamentaria en este tema.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sorprende que en pleno siglo XIX, cuando todos nos llenamos la boca continuamente con la cobertura universal de la sanidad, todavía queden colectivos formados por un gran número de personas que están excluidos del mismo. Nosotros
estamos de acuerdo con el fondo y con el sentido de estas proposiciones no de ley, sobre todo una vez subsanado el punto 2 de la proposición del Grupo Popular sobre las tarjetas sanitarias y las competencias autonómicas. Por este motivo, desde
nuestro grupo, reiterando lo que ya en su día votamos en la proposición no de ley y en la Comisión de Sanidad, daremos soporte a estas proposiciones no de ley.
Gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.
Pido a los grupos proponentes de esta proposición no de ley, tanto al Grupo Popular como al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, aclaren a la Presidencia cuál es el texto que se va a
votar. Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señora presidenta, se lo hacemos llegar a continuación, pero si quiere que le haga una lectura para que conste en acta, encantado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Con que llegue a la Presidencia firmado por todos los grupos o sin ningún obstáculo, será el texto que se pasará a votación.
El señor AZPIROZ VILLAR: De acuerdo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN LA ZONA ESPECIAL CANARIA PARA SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA
EXTRANJERA. (Número de expediente 173/000092.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Mixto, señora Oramas, sobre la posición del Gobierno
respecto a las modificaciones necesarias en la Zona Especial Canaria para su contribución al desarrollo económico mediante la captación de inversión directa extranjera. Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la generación de empleo es el principal objetivo de la reforma de la Zona Especial Canaria que proponemos en esta moción aunque no figure en su enunciado. Detrás de un articulado técnico complejo anida el
propósito de desatascar las dificultades que han impedido a la ZEC convertirse en un auténtico nido de generación de empleo, de un empleo de calidad, porque solamente las actividades de alto valor añadido y más interesantes para Canarias pueden
acogerse a su régimen. Desearía que SS.SS. comprendan la aspiración profunda que nos anima, y para ello habría que recordar cómo se gestó la ZEC, cómo se le fueron limando todos aquellos aspectos que la convertían solo en una oportunidad de
negocio empresarial o financiero hasta dar con un modelo que condicionaba absolutamente sus ventajas a aquellos emprendedores dispuestos a generar al menos cinco empleos en áreas de actividad industrial y de servicio de alto valor añadido y
deficitarias en Canarias. Ese fue su propósito, pero la experiencia ha demostrado que se la limitó tanto como para dejarla convertirse en un instrumento de corto alcance, en una herramienta que no ha consumido ni una cuarta parte del coste fiscal
que iba a tener para el Estado cuando se diseñó y que, por tanto, ha estado lejos de alumbrar los miles de puestos de trabajo que pretendía.
¿Significa esto que ahora venimos aquí a reclamar un aumento de sus beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades? ¿A reclamar más costes para las arcas del Estado en estos momentos difíciles? No, no es eso lo que hacemos, pero no es
menos cierto que en la reforma de la ZEC de 2006 se incrementaron incluso los tipos impositivos sobre los vigentes, justo en el mismo momento en el que a nivel general se redujo el tipo del impuesto
sobre sociedades en 5 puntos. Tampoco es menos cierto que ahora en el recién conocido proyecto de ley Presupuestos Generales del Estado se reduce 5 puntos más el impuesto sobre sociedades a las pymes de menos de veinticinco trabajadores que
mantengan el empleo.
¿Por qué tenemos este comportamiento asimétrico precisamente con una de las herramientas de España para la captación de inversión extranjera? Quizá en la ZEC haya que realizar también una modulación semejante, porque más del 98 por ciento
de sus empresas son micropymes de menos de diez trabajadores y el resto son pymes de menos de cincuenta. Es un punto que debe invitar a la reflexión a todos, y al ministerio también. Si se reduce la fiscalidad directa de las pymes y no se hace en
igual medida en la ZEC, estaremos reduciendo su atractivo para emprendedores e inversores, estaremos caminando exactamente en dirección contraria a lo perseguido en esta iniciativa. No era el ahorro fiscal, en todo caso, una de las propuestas de la
moción, porque, además, aspiramos a una reforma de la ZEC que no precise de la autorización de la Unión Europea; argumento que a veces se utiliza para frenarla. Insistimos, no es preciso el permiso de Bruselas para mejorar los puntuales aspectos
que planteamos. Será a partir de 2012 cuando debamos renegociar de nuevo este instrumento de promoción económica y del empleo. Entonces sí podremos abordar cambios más profundos. Ahora no podemos permitirnos el lujo de perder tres o cuatro años
para eliminar los obstáculos de un régimen como la ZEC en un momento laboral tan crítico como este. Los datos son muy contundentes: más del 26 por ciento de los trabajadores canarios en el paro, más de 270.000 personas, a la cabeza del desempleo
estatal y con previsiones de crecimiento que nos acercarán o nos harán superar el 30 por ciento en los próximos meses. En esta coyuntura, renunciar a mejorar la ZEC es renunciar a crear mejores condiciones para el empleo, y la creación de empleo
constituye hoy la prioridad máxima de los hombres y mujeres más comprometidos con el futuro del país. Se activan grandes planes y medidas de gasto que en muchos casos tardarán en surtir efecto, pero entre las medidas de impulso no debemos olvidar
algunas que, sin apenas costes, pueden insuflar nuevas energías a la economía canaria, facilitando el camino a nuestros emprendedores y a la inversión exterior que quiera instalarse en Canarias.
Cuatro son los ámbitos de mejora que proponemos. En primer lugar, la experiencia nos dice que los temores a deslocalizaciones empresariales de la Península o de Europa eran absolutamente infundados; no se ha producido ni una ni media. Sin
embargo, persisten las limitaciones a que las grandes empresas del exterior puedan establecerse en Canarias por la vía de establecer topes en las bases imponibles acogidas a la ZEC. ¿Es lógico en la actual coyuntura decirle a una empresa que puede
establecerse pero con una muy limitada capacidad de crecimiento si las cosas le van bien? Sin duda, elegirá Irlanda o cualquier otro de los regímenes especiales europeos. Pretendemos acabar también con la discriminación del inversor nacional
frente al extranjero, al no tener un régimen favorable que le evite la doble imposición. Por paradójico que parezca, en la actualidad los inversores nacionales están en desventaja frente a los extranjeros. Es un error que hay que eliminar. Por
último, una de las mejores iniciativas de promoción industrial que pueden acometerse en Canarias es permitir que las sociedades ZEC de producción de bienes puedan establecerse en todo el territorio canario y no solo en las zonas acotadas para ello,
como ocurre ahora. La experiencia ha demostrado que esta limitación es del todo absurda, porque en un territorio donde, por su pequeñez, orografía y densidad demográfica, el suelo industrial es escasísimo y caro, una obligación de este tipo lo
único que ha hecho es encarecer el valor de las zonas acotadas sin que apenas se hayan establecido industrias nuevas en ellas. No proponemos nada excesivo ni desorbitado; es una propuesta pragmática y apegada a la realidad, una propuesta que
respaldan todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Canarias y que cuenta con el apoyo del propio consejo rector de la ZEC que calibra día a día los problemas y las oportunidades. Es necesario abrir nuevos caminos, pero también lo
es despejar y ensanchar los que ya teníamos abiertos hace casi diez años, con la clara idea de reducir nuestra dependencia de la construcción y el turismo, sectores que no caben ni cabrán en la ZEC, pero sí caben empresas industriales y de
servicios, que hagan a Canarias un atractivo referente en el atlántico. Es un pequeño paso de otros muchos necesarios.
No es el primero ni el último, pero sería una pena y un desperdicio no darlo.
Por último, quiero agradecer a la portavoz del Grupo Socialista, doña Gloria Rivero, y a don Manuel Domínguez, del Grupo Popular, por haber llegado a una enmienda transaccional. También agradezco el apoyo de todos los portavoces y todos los
grupos a una moción que es importante porque de forma inmediata va a permitir desbloquear la actividad de la zona ZEC y crear empleo en Canarias, que buena falta nos hace.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Popular tiene en su nombre la palabra el señor Domínguez.
El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la Real Academia de la Lengua Española define demagogia -y leo textualmente- como la práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Yo, a esta definición, añadiría: el comportamiento y la actitud, tanto
del Partido Socialista como del Gobierno y de aquellos grupos que en el día de hoy apoyan esta moción y que, al mismo tiempo, abogan por
una subida de impuestos. Me explico y, para que no haya dudas, leo la definición de Zona Especial Canaria: La Zona Especial Canaria es una zona de baja tributación, repito, de baja tributación, que se crea en el marco del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias con la finalidad de promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y diversificar su estructura productiva. Después de esta definición, queda muy claro que algunos grupos utilizan distintos lenguajes para un mismo
fin. No puede el Gobierno de la nación, con el apoyo, entre otros, de Coalición Canaria, abogar por una subida de impuestos para decir que esa es la solución a la crisis y, al mismo tiempo, para resolver el mismo problema de la crisis en Canarias,
abogue por una situación especial, por una zona de baja tributación. Me hago eco de las palabras de la señora Oramas en la pasada sesión en su interpelación a la ministra de Economía, en la que hacía referencia a que una de las fórmulas para
mejorar la situación de crisis, para diversificar la economía, para paliar las escandalosas cifras del paro, era la apuesta seria por una zona de baja tributación.
Señorías, claro que Canarias necesita mejorar su Zona Especial Canaria, de igual forma que lo necesita el resto del territorio nacional, con una política sería y sin que eso conlleve una subida de impuestos. Canarias necesita de una
atención especial y necesita que se haga realidad urgentemente el compromiso del presidente del Gobierno, quien ha dicho que celebrará una mesa especial para el análisis y la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Este, el REF, es
uno de los motivos por los que hoy presentamos enmiendas a esta moción. Consideramos que la ZEC, la Zona Especial Canaria, tiene que ser reformada en el mismo sentido que la reforma que se lleve del REF. Su señoría, en la interpelación a la señora
ministra, hacía referencia también a esta vinculación directa y decía, abro comillas: La crisis es una de las más agudas vividas en Canarias por falta de diversificación económica, y esta no se superará ni en España ni en Canarias mediante una ley,
sino mediante el conjunto de muchas piezas coherentes y, sobre todo, ejecutables. Estas declaraciones seguían en el mismo sentido que la enmienda propuesta en el día de hoy. No podemos parchear una herramienta tan importante como el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. No será posible una política efectiva dirigida a la Zona Especial de Canarias si no conocemos cuáles son las intenciones del Gobierno y cuál será su política fiscal. La Zona Especial Canaria es mejorable, claro que
sí, pero para ello el Gobierno debe fijar cuáles son sus actuaciones: que sucederá, como he dicho, con la política fiscal, con la RIC, con el AIEM y con todos y cada uno de los aspectos económicos que recoge dicho régimen económico. La señora
Oramas también hacía referencia a esta cuestión y decía: Por todo ello, interpelamos a su Gobierno para saber su opinión sobre los resultados reales de la ZEC en cuanto al logro de su finalidad; interpelamos a su Gobierno para saber su opinión
sobre las medidas previstas para mejorar la Zona Económica Canaria. Señora Oramas, no sé si usted ha sido capaz, pero yo, sinceramente, le doy mi palabra de que después de haber escuchado a la señora ministra, de haber leído, releído y vuelto a
leer sus declaraciones, no he visto en ellas ni una sola argumentación, ni una sola respuesta de lo que quiere hacer con la Zona Especial Canaria. Espero y deseo que así lo haga en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará en Canarias.
Señorías, hagamos las cosas bien, sin prisa pero sin pausa; trabajemos juntos para lograr acabar con las escandalosas cifras de paro que amenazan a Canarias y trabajemos por internacionalizar la economía, pero, señorías, trabajemos siempre
en conjunto, en coordinación con el Gobierno de Canarias, con esa Consejería de Economía que no solo está ocupada sino preocupada por motivos como los que hoy traemos a debate.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Domínguez.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rivero.
La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señora presidenta.
Quiero comenzar mi intervención poniendo de relieve -y ponga atención el portavoz del Grupo Parlamentario Popular- y sin fisuras que ha sido este Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que ha puesto de forma clara, rotunda y decidida a
Canarias en su agenda política desde el inicio de la legislatura pasada y en la actualidad; que ha sido este Gobierno quien ha fijado, establecido y desarrollado una agenda específica para Canarias como nunca y que no ha dudado en la defensa de sus
beneficios fiscales, del Régimen Económico y Fiscal diferenciado, haciéndolo valer en el ámbito europeo por razón de su insularidad y de su ultraperificidad y colaborando activamente en ese marco con el Gobierno de Canarias. Hasta tal punto ello es
así que dicho compromiso se plasmará en el plan de Zapatero para Canarias en el Consejo de Ministros del próximo día 9 de octubre, que ratifica de forma rotunda esta preocupación que tiene este Gobierno por Canarias porque, como ha dicho el ministro
de Política Territorial, don Manuel Chaves, ayer en nuestra tierra: El Gobierno de España va a seguir adelante con el plan de Canarias pase lo que pase. Y ello -y lo recalca- porque es un compromiso, pero es un compromiso fundamentalmente del
Gobierno de España con la ciudadanía canaria, con el pueblo canario, más que con el Gobierno de Canarias, en función de una situación necesaria determinada económica fruto de la crisis. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)Y es esa línea la
que recoge el contenido de nuestra enmienda y de la transaccional presentada y admitida -cosa que agradezco a la proponente-: determinar el espacio donde debe ser tratada cualquier modificación que mejore el actual Régimen Económico y Fiscal
potenciado en la Zona Especial Canaria.
En mi opinión, debemos trabajar con hechos y con ejecución de compromisos como lo viene haciendo este Gobierno, porque es este Gobierno quien defendió el Régimen Económico y Fiscal especial y la Zona Especial Canaria en particular, como
elementos que incentiven el establecimiento de empresas en las islas y que favorezcan además un crecimiento equilibrado de la economía canaria; porque es este Gobierno quien promueve la renovación del régimen de la Zona Especial Canaria teniendo en
cuenta los efectos beneficiosos que había tenido y que debía seguir proporcionando para el desarrollo y la actividad económica del archipiélago canario; porque es este Gobierno el que consigue, tras un proceso de negociación pertinente, la
autorización de la Comisión Europea de ampliar la duración desde el 31 de diciembre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2019, con la ampliación además de las inscripciones de las empresas; y porque es además este Gobierno el que, a partir de 2007,
produce una simplificación en la regulación del tipo de gravamen y que, a juzgar por los datos del propio consorcio de la ZEC y por las entidades inscritas, parece evidenciar a lo largo de la legislatura pasada, desde 2006 hasta la fecha, un
estímulo de acogimiento de este régimen, además de la ampliación temporal de las modificaciones de la flexibilización de los requisitos de empleo y porque el listado de actividades susceptibles de la Zona Especial de Canarias se ha ampliado
precisamente en clara manifestación con la actuación de este Gobierno.
Sé como canaria y como conocedora activa de estos logros a lo largo de la anterior legislatura y de esta que en este periodo de crisis económica la Zona Especial de Canarias se ha posicionado con un papel fundamental como instrumento
anticíclico, ha seguido atrayendo proyectos empresariales, no lo dudemos, se han mejorado los registros de años anteriores y ha continuado creando empleo e inversión en un momento tan delicado como el actual; no hay más que ver los propios informes
de la Zona Especial de Canarias, del consorcio. Además, este comportamiento ha mostrado como una herramienta útil la Zona Especial para una diversificación económica y, por otro lado, los propios proyectos empresariales que se presentan para la
Zona Especial y que traen además una zona de este incentivo fiscal, mayoritariamente son actividades de las que promueve el Gobierno socialista, de transporte, de reciclaje, de energías renovables, de actividades anexas al turismo y,
fundamentalmente, de tecnologías de información y comunicación. En estas condiciones consideramos oportuno para Canarias potenciar el papel de la Zona Especial Canaria, haciéndola aún más atractiva. De ahí las medidas concretas que contiene la
enmienda, en sintonía con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y la transacción admitida además por la proponente, a quien agradezco su disposición; no así al Partido Popular que, pese a que ha firmado esta enmienda, sin
embargo, no se ha enterado y sigue mezclando churras con merinas, sin entender que se trata sencillamente de la Zona Especial Canaria y que no se trata de un incentivo fiscal diferente a la imposición tributaria. Por tanto, hay que revisar la
compatibilidad entre la ZEC y la RIC, que son objetivos muy perseguidos por el régimen económico canario. De ahí que, como anunció el presidente del Gobierno en el debate del estado de la Nación y ha adelantado este verano, se nos dirá el próximo
día 9 octubre la estrategia integral para Canarias que el Gobierno quiere impulsar, como lo ha ratificado también el ministro de Política Territorial y además la ministra de Economía en su interpelación. Como dijo, en aras del principio de
colaboración, era y es importante la mejora y el desarrollo que con respecto al vigente marco normativo comunitario pueda ofrecer el actual Régimen Económico y Fiscal y, en particular, la Zona Especial Canaria, y añado yo, pero muy especialmente
porque es con este Gobierno socialista, con compromiso, con rigurosidad y responsable, y no con otro, con el que cuentan y con el que, como se demuestra día a día, puede contar la ciudadanía canaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivero.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para respaldar esta iniciativa y la transacción a la que se ha llegado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el GrupoVasco, PNV, don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Intervengo de forma muy breve. Mi grupo va a apoyar la moción consecuencia de interpelación urgente que nos presenta el Grupo Canario, para intentar introducir modificaciones que estima necesarias en la Zona Especial Canaria, en orden a la
contribución de esta zona al desarrollo económico mediante la captación de inversión directa extranjera. Quien repase el 'Diario de Sesiones' del pasado día 23 de septiembre, día en el que tuvo lugar la interpelación urgente de la que trae causa la
moción que hoy presenta el Grupo Canario, o quien lea lo que recoge el 'Diario de Sesiones' de aquella sesión concluiría -supongo- que ambas partes estaban plenamente de acuerdo en la especial gravedad de la situación económica actual en Canarias.
Concluiría también que ambas partes estiman necesario arbitrar medidas, hasta con urgencia, me atrevería a decir yo, que ambas partes también lo estimaban. Y desde luego, lo que podría concluir con toda seguridad es que ambas parte emulaban
el mayor de los intereses, la preocupación y una especie de disputa sobre quién hace más por Canarias.
De forma que, visto lo visto o leído lo leído, uno no podía sino esperar un acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Canario en orden a la moción que hoy presenta este grupo y al parecer, a través de una enmienda transaccional, eso es lo que va
a ocurrir; nos alegramos de ello. En cualquier caso, mi grupo iba a apoyar la moción presentada por el Grupo Canario porque, si algo queda claro en situaciones como la actual, de crisis, es que las medidas concretas hay que ir tomándolas en su
tiempo.
Estas medidas concretas que hoy el Grupo Canario ha traído a esta Cámara, tal como se decía en la interpelación urgente, son medidas que habían sido elevadas ya al ministerio desde el propio consorcio de la ZEC, de forma que habían tenido
que ser estudiadas, y esta es la hora de concretar y de hacer. Cuanto antes se hagan estas cosas, mejor, porque la crisis, como el cartero, no espera. De forma que mi grupo apoya plenamente esta moción y se congratula de que finalmente haya una
enmienda transaccional en la que el Gobierno y el Grupo Canario estén de acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también va a votar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a través de Coalición Canaria, de la señora Oramas, en la que finalmente se ha llegado a una transaccional con el
grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, lo que consideramos positivo desde todos los puntos de vista. En primer lugar, porque mejora el tratamiento fiscal, simplificando y actualizando los límites existentes en la aplicación del tipo
reducido en las bases obtenidas en las ZEC. También porque va a resolver la supuesta discriminación que supone la doble imposición y elimina el concepto de la zona estanca reducida para empresas de producción industrial. Igualmente, revisa la
compatibilidad entre la ZEC y el RIC y, finalmente, ha habido un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para constituir un grupo de trabajo. En base, pues, a estas consideraciones y a estos acuerdos, que pensamos son
relevantes, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Pregunto a la Cámara: ¿Hay oposición para la tramitación de la transaccional por parte de algún grupo parlamentario? (Denegaciones.) No habiendo oposición, se votará en los términos de la transacción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, AL OBJETO DE CONOCER LAS REFORMAS QUE PIENSA PONER EN MARCHA EL ÁREA ECONÓMICA DEL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, EN CONCRETO, EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL.
(Número de expediente 173/000093.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de conocer las reformas que piensa poner en marcha el área económica del Gobierno para impulsar la competitividad de la economía española, en concreto en el sector del
automóvil. Para la defensa de la misma tiene la palabra don Ramón Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Tarde, mal y chapucera. Así, en tan solo tres palabras, podríamos calificar la política que ha llevado adelante el Gobierno del señor Zapatero en el sector del automóvil en España. Tarde, porque aún está intentando enterarse de cuándo,
cómo y por dónde ha llegado esta crisis a uno de los sectores más determinantes de la economía española y, lo que es peor, en estos momentos todavía no tiene claras las soluciones que mejoren esta situación. A lo mejor se piensa que subiendo los
impuestos se consigue. Mal, porque no hay nada más que comprobar la pésima gestión y la falta de actitud decidida que ha mantenido durante estos meses el actual ministro de Industria, más preocupado por el sector eléctrico, es decir, las bombillas
y en su día Endesa, aunque ahora le ha dado por el coche eléctrico, que por solucionar los problemas diarios y reales que están padeciendo los trabajadores en las factorías automovilísticas españolas y sus empresas auxiliares. Y chapucera, porque
no hay nada más que ver las distintas ocurrencias que un día sí y otro también ha ido poniendo el Gobierno, con los resultados que no solo nosotros, sino el propio sector ha venido en calificar como preocupantes.
Señorías, en la actualidad España es el tercer productor de vehículos de la Unión Europea, superando los 3 millones de unidades al año. Su inmensa mayoría está dedicada a la exportación y, en el conjunto de la producción europea, la
producción española representa el 16 por ciento. Por otra parte, hay que destacar la importancia que tiene la industria auxiliar, que provee de productos terminados. El sector del automóvil no se merece el olvido, el desinterés, la improvisación y
el sálvense si pueden a los que les ha sometido este Gobierno y es que este sector en España -no lo olvidemos- ahora más que nunca da empleo a más de 250.000 personas, factura por encima de los 25.000 millones de euros y vincula alrededor de 3.200
pequeñas y medianas empresas, con más de 170.000 trabajadores.
Una prueba de toda esta situación de abandono ha sido y es la crisis que en particular atraviesa la factoría Opel en la localidad de Figueruelas, en Zaragoza. Posiblemente, la actual capacidad productiva y su calidad ejemplarizante no sean
suficientes en estos momentos para salvarla de un futuro incierto, escrito en destrucción de empleo, crisis financiera y económica en un territorio como el aragonés, falto en estos momentos de otros recursos y posibilidades. Lamentablemente, y tras
las noticias que a diario se van conociendo, la solución se torna difícil debido, por una parte, a que los acuerdos entre el fabricante austríaco-canadiense Magna y General Motors están muy avanzados, por no decir prácticamente cerrados y, por otra,
a la demostrada inoperancia del Gobierno español, no habiendo estado en su momento en las negociaciones de los planes de reestructuración, haciéndolo posteriormente en un reducido segundo plano, sin adquirir compromisos de algún tipo. Porque,
señorías, ¿cómo calificarían ustedes la actitud de un presidente y de un ministro de Industria que, según reconocen ellos mismos, no se han enterado todavía de lo que pasó ni de lo que pueda suceder entre General Motors, Opel y Magna? ¿Cómo
calificarían la actitud de quienes ni se han sentado en las mesas de negociación en su momento ni han aprovechado hasta antes de ayer las oportunidades de discutir las soluciones con otros mandatarios europeos y norteamericanos? ¿Cómo calificarían
la actitud de un presidente que a día de hoy su única participación en este asunto haya sido una conversación casi de pasillo y una declaración de intenciones en una emisora de radio? ¿O de un ministro de Industria que no responde ni aparece en
ningún foro y ni siquiera se sienta en las mesas de su ministerio para ofrecer alguna solución a los sindicatos y trabajadores de la factoría aragonesa y que sus únicas intenciones las haya formulado por carta ayer mismo? O por si fuera poco, un
Gobierno que sobre este mismo asunto y en este mismo Pleno, demuestra su caos respondiendo a una pregunta el ministro de Trabajo, a una interpelación el ministro de Fomento y al paso que vamos acabará respondiendo la mismísima ministra de Igualdad.
Señorías, con la que está cayendo, esto no es serio. Y no solo lo decimos nosotros, hasta socialistas como el alcalde de Zaragoza han llegado a reconocer públicamente la dejadez y la ociosidad del presidente del Gobierno ante la situación
que se puede provocar en Opel. Señores del Gobierno, una vez más y de una vez por todas -y ojalá no sea demasiado tarde- deben tomar las riendas y actuar de forma inmediata en Figueruelas. No solo en campaña electoral, como le gusta al ministro
Sebastián, sino que deben implicarse desde el mayor nivel de representación política. Ya no es hora de deseos, de esperas, de viajes para nada o de súplicas de pasillo; es hora de comprometerse con los verdaderos sacrificados de esta historia que
no son otros que los miles de trabajadores de Opel y sus empresas auxiliares, que comprueban día a día la falta de peso institucional, político y económico que transmite el Gobierno aragonés por una parte y el español por otra. Mientras General
Motors, el presidente Obama, la canciller Merkel, Opel, Magna y otros continúan cerrando un acuerdo que deja de lado la productividad y la competitividad de una planta como la de Figueruelas, nuestros dirigentes demuestran un cortoplacismo y una
falta de estrategia para abordar un problema de futuro para Aragón y por tanto para España. Ya no valen declaraciones tan irrisorias como la de la vicepresidenta Económica que, fíjense ustedes cómo estará de informada, que recientemente llegó a
afirmar que de momento los puestos de trabajo de Opel no peligran; o del ministro Corbacho, que el otro día hablaba sin pudor de la ofensiva exterior del señor Sebastián; o la mejor, la del propio Sebastián, asegurando en este mismo hemiciclo el
pasado día 10 de junio, que el futuro de la planta de Figueruelas está plenamente garantizado.
Mientras tanto, otros sí que estamos preocupados y lo estamos demostrando ofreciendo todos los días soluciones y apoyos. Ahí están nuestras iniciativas que, como la de hoy, dejan definida nuestra posición. Ahí está también nuestro apoyo al
Gobierno de Aragón en su iniciativa de concesión de un aval de 200 millones de euros aprobado por las Cortes de Aragón y vinculado a la producción de vehículos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Ahí están también nuestras permanentes
preguntas, interpelaciones, proposiciones no de ley, en esta Cámara y en otras, encaminadas a ofrecer una salida a la crisis del sector del automóvil en España y en Aragón en particular. Aquí cada uno tiene una obligación y la sensación -o más bien
la certeza- es que quien tiene la responsabilidad no la está ejerciendo o lo está haciendo tarde. Hoy nuevamente y mediante esta moción nos proponemos entre todos, y ese es nuestro interés, ser capaces de recoger muchas de las necesidades del
sector del automóvil o al menos de marcar la salida más inmediata a sus problemas. Por eso están ahí nuestras ideas, nuestras sugerencias, nuestras iniciativas: para apoyar en general y de una forma real y posible al sector del automóvil en España
y en particular al aragonés. Medidas que a estas alturas tenían que estar ya en práctica y a las que estoy seguro nadie podrá negarse, entre las que me gustaría destacar nuestro interés por ampliar el Plan 2000E, que lamentablemente se está
quedando escaso y que debe suponer una inyección importante para este sector y para el consumidor.
El señor PRESIDENTE: Señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Acabo en treinta segundos, señor presidente.
Admitiremos las enmiendas de Convergència i Unió, BNG, Esquerra, en ese ánimo de que entre todos, como decía antes, seamos capaces de remar en la misma dirección. Y por último, señor presidente, hace unos días el presidente Zapatero
parafraseaba una famosa cita del
presidente Kennedy que hoy quiero acabar haciéndosela yo a él: No preguntes lo que la canciller Merkel puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Consideramos que la moción del Grupo Popular va en la buena dirección de apoyar uno de los sectores que más se ha resentido con la crisis. De todas formas, consideramos que la oportunidad política es bastante discutible, en un momento en
que el ministerio y las comunidades autónomas están colaborando, intentando mejorar las insuficiencias del Plan 2000E. En el caso de Cataluña, desde el mes de mayo está funcionando el AutoCat 09, colaborando con el ministerio. Por tanto, estamos
convencidos de que las medidas son positivas.
Como decía anteriormente, el tema de la oportunidad de esta moción del Grupo Popular es analizable. Por ejemplo, respecto al punto 6º de la misma, que habla de elaborar un plan de competitividad industrial que mejore las ventajas que ofrece
la economía española para evitar deslocalizaciones, ¿cómo no se puede estar de acuerdo? Pero también es cierto que, coincidiendo con el planteamiento, consideramos que más que elaborar un plan de competitividad lo que hay que hacer es ejecutar el
ya aprobado, el plan integrado de la automoción, que seguramente incluye, a nuestro juicio, los aspectos que propone la moción.
Esquerra Republicana ha presentado unas enmiendas al punto 3.º, de supresión de la bonificación temporal de la cuota íntegra del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, que parece ser que iba a ser aceptada por el Grupo
Popular, y una matización en el punto 4.º De todas formas, atendiendo a las razones de oportunidad, hemos decidido retirar las enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Señor Llamazares, por el mismo grupo parlamentario.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
En política hay momentos para los principios y también momentos para la responsabilidad. A pesar de que podamos considerar que el presidente Zapatero y el actual Gobierno es el responsable de todo lo que ocurre, incluso de la crucifixión de
Cristo, sin embargo, en estos momentos no es tanto lo que no se ha hecho o se pudo hacer, sino lo que se puede hacer en el futuro. Nosotros reconocemos que la situación es delicada en relación con el futuro de Figueruelas y que hay que mantener la
unidad política que se ha conseguido en Aragón en esta Cámara, porque en Aragón hay una resolución unánime de las Cortes Aragonesas y en esta Cámara se pretende que una parte divida a la otra parte en relación con la defensa del futuro de
Figueruelas. Yo creo que lo mejor es situarse en las propuestas que ha aprobado el Parlamento aragonés de manera unánime y, por otra parte, apoyar a las organizaciones sindicales ante un reto tan importante como el que hoy tenemos. Nos jugamos
3.000 empleos, nos jugamos un futuro muy importante de un sector industrial, nos jugamos su impacto en una comunidad autónoma. No es tiempo, como se decía antes, ni de demagogia ni tiempo únicamente de los principios, sino tiempo de
responsabilidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
El Grupo Parlamentario Mixto ha comunicado a la Presidencia que intervendrían los señores Jorquera y Salvador y la señora Díez. ¿Es así? (Pausa.) Solamente el señor Salvador. Tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño brevemente para defender las tres enmiendas que hemos presentado al texto de la moción, con las que pensamos que se mejora el contenido de cada uno de los apartados. Con la primera hemos pretendido que, en vez de
proponer un plan con unas medidas concretas, se evalúe la eficacia de las medidas que ya se han puesto en funcionamiento y en función de esa evaluación se apliquen en su caso aquellas que hayan resultado más exitosas. Con la segunda enmienda
pretendemos la supresión de un apartado que a nosotros nos genera dudas del contenido y de la extensión de la medida, puesto que hace una mención específica a una serie de comunidades, en este caso la aragonesa, en la que se priorizara.
Nosotros
pensamos que esta medida o el plan que se vaya a aprobar debe tener una extensión íntegra en todo el territorio, en cualquier comunidad autónoma. La tercera enmienda pretendía circunscribir la posible comparecencia tras las negociaciones, los
acuerdos, etcétera -en el caso de que, efectivamente, esta participación del Gobierno se haya hecho sentir y se hayan llegado a una serie de compromisos- y sea sobre esos compromisos específicos, sobre las negociaciones y sobre los acuerdos en los
que haya tenido participación el Gobierno sobre los que se venga a comparecer en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador. (El señor Salvador pide la palabra.)
Señor Salvador, dígame.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Daría por retirada la enmienda del señor Jorquera, si es posible.
El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿comunica que retira la enmienda que ha defendido?
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: No. Comunicaba la retirada de la enmienda del señor Jorquera.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias. Queda retirada.
¿Desea decir algo, señora Fernández Davila? (Pausa.) Señora Fernández Davila, adelante.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, presidente.
Creo que ha sido una confusión. Se retira la enmienda del señor Jorquera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracia. Así lo he entendido.
Por el Grupo Parlamentario Catalán y para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda de adición a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que incorpora un punto 7º que propone la reedición de un plan de competitividad del sector de la
automoción en el año 2010, incrementando todos aquellos recursos económicos asignados e incorporando a las empresas proveedoras de componentes de la industria de automoción, operadores logísticos y gestoras de infraestructuras, así como a la
industria de dos ruedas. Se trata de una enmienda generalista que no entra de lleno en el contenido o en el foco nuclear de la problemática que tiene General Motors en Aragón. Lo ideal hubiera sido -no sé si va a ser posible- llegar a un acuerdo
en una enmienda de estas características, que afecta a una gran compañía multinacional que proporciona muchísimos puestos de trabajos en la Comunidad Autónoma de Aragón, de tal forma que pudiéramos conseguir la unanimidad de todas las formaciones
políticas o de todos los grupos políticos para que todos fuéramos en una misma dirección. Lo que plantea el Grupo Parlamentario Popular, independientemente de que algunos puntos puedan quedar modificados por las enmiendas de sustitución que ha
aceptado en algunos de los planteamientos, probablemente no perjudicaría la marcha de una buena negociación para evitar que la compañía General Motors pueda plantear medidas impopulares que puedan afectar a un considerable grupo de trabajadores de
dicha factoría. Yo no sé si en lo que queda de Pleno va a ser posible llegar a una enmienda global de todos los grupos parlamentarios, pero entendemos, señor presidente, señoras y señores diputados, que dada la envergadura del problema y la gran
cantidad de trabajadores que se pueden ver inmiscuidos en una problemática tan delicada, sería interesante que todos los grupos cediéramos dentro de nuestras posibilidades para intentar llegar a un acuerdo global, de tal forma que las negociaciones
frente a esta gran multinacional por parte del Gobierno de Aragón y por parte del Gobierno del Estado pudieran tener todos los mecanismos necesarios para alcanzar un resultado positivo.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, nuevamente nos encontramos hoy con una moción del Grupo Parlamentario Popular que hace referencia a un problema en un territorio importante, y que el Grupo Popular ha convertido no en un
problema de ese territorio, sino en un problema para toda la Cámara. Un problema como es el de Opel, con una trascendencia en Figueruelas, en la provincia de Zaragoza, que afecta a 7.436 trabajadores, el Grupo Popular lo ha convertido en un
pastiche en el que, utilizando el señuelo de los trabajadores de Figueruelas, quiere colar una crítica al Gobierno y una desactivación del PlanE, del Plan Vive, del Plan de competitividad del sector de la automoción, del Plan Moto-E y de las
acciones para el impulso de vehículos hídricos y eléctricos. Es decir, el PP, con su oportunismo tradicional, no hace otra cosa que convertir aquello que es justo, como es defender los intereses de los trabajadores de la Opel, en un elemento
estrictamente partidista, en un elemento estrictamente oportunista y en un elemento estrictamente sectario.
Porque si hoy no podemos hacer una moción votada por unanimidad en esta Cámara, señorías, es porque el Partido Popular no ha querido, porque no ha aceptado la resolución del Parlamento aragonés del martes pasado votada por unanimidad como
enmienda, y porque no ha aceptado las enmiendas que hemos intentado acordar hasta cinco minutos antes de subir a esta tribuna porque para él es más importante la carnaza política que los intereses de los trabajadores aragoneses. Eso es lo más
importante para el Partido Popular y eso se ha demostrado claramente aquí esta tarde con la intervención del señor Moreno Bustos que, por cierto, sustituye a la presidenta del Partido Popular en Aragón, que hizo la interpelación el pasado día ante
el ministro de Fomento, pero que hoy no ha subido a esta tribuna.
Hay otra cuestión desde mi punto de vista, señorías. ¿Qué es lo que ocurre en Opel? Que hay un proceso de negociación, que hay una venta a Magna, que hay una
interpretación en estos momentos distinta de los intereses y que esa negociación se está haciendo entre el comité de empresa y la nueva empresa, entre la nueva empresa constituida y la representación de los trabajadores ante un plan
industrial que rechaza la sociedad aragonesa y el conjunto de la clase política aragonesa y que, por tanto, todavía no sabemos cómo va a terminar.
Es un plan con el que todos estamos en desacuerdo, pero que indudablemente no depende de la posición de un Gobierno o de otro, depende fundamentalmente de la posición de la empresa, porque ese plan tiene un objetivo fundamental, que es
recortar actuaciones en Figueruelas en función de los intereses de Eisenach. Ese es el objetivo del plan. ¿Qué plantea el comité de empresa y la sociedad aragonesa? Que se repartan las cargas del ajuste industrial en función de los criterios
industriales y no en función de los criterios estrictamente políticos. Eso es lo que está planteándose a través del plan en estos momentos. Y ante esa situación, cuando los representantes de los trabajadores necesitan el apoyo del mayor número y
del mayor conjunto de fuerzas políticas, el Partido Popular nos trae una acción estrictamente partidista. El Partido Popular nos introduce un criterio exclusivamente oportunista. ¿Eso es hacer? ¿Eso es luchar por el territorio? ¿Eso es trabajar
por los intereses de nuestra sociedad? No. Eso no es trabajar por los intereses de nuestra sociedad. Eso, en estos momentos, es desvirtuar la verdadera razón de esta moción.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me siento realmente muy triste esta tarde aquí. Me siento muy triste por que el grupo mayoritario de la oposición no haya sido capaz de hacer suya la resolución de las Cortes de Aragón para que
sea el único elemento capaz de unir al conjunto de esta Cámara para que sirva de apoyo a los que mañana van a empezar una negociación muy dura. Me siento triste y además me siento orgulloso de la posición de nuestro grupo, que ha hecho un esfuerzo
de relación con los representantes de los trabajadores, de relación con el conjunto de los grupos y de propuestas de lo más unitarias posible. Estamos seguros de que hemos hecho lo necesario para que haya una moción del conjunto de la Cámara y en
estos momentos ha sido el Partido Popular quien no está dispuesto a ello.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Si en todo momento se corre en la política y fuera de ella el riesgo de que los árboles no le dejen a uno ver el bosque, situados en una crisis económica como la actual, este riesgo es especialmente agudo, y si uno tiene encima enfrente un
bosque que es más que un bosque cuidado una selva intrincada como es la economía globalizada actual, más que más.
Quien siguió la interpelación de la que trae causa la moción que ahora debatimos verá ejemplos sobrados y verá confirmado que muchos árboles no dejan ver el bosque de la situación complicada actual. En todo caso, es necesaria una estrategia
articulada para abordar el conjunto de la crisis económica y para abordar también un campo tan importante dentro de esta crisis y dentro de la economía española como es el del sector automovilístico. No es fácil dar con una estrategia de estas. No
hay más que ver lo que está ocurriendo en este mismo momento en el conjunto de Europa, donde las estrategias de los distintos Estados no son coincidentes sino más bien contrarias entre sí. Los intereses se contraponen y se anulan unos a otros. En
todo caso, es necesario articular una estrategia propia, donde haya medidas económicas, industriales y políticas. Mi grupo va apoyar la moción básicamente porque entiende que, más allá de la letra detallada de lo que recoge la misma, sus cuatro
puntos básicos son un encuadre bueno de lo que debiera ser una estrategia de actuación. ¿Qué dice el punto 1.º? Que tenemos, nos guste o no, unas reglas de juego europeas dentro de las cuales tenemos que jugar.
El punto 2.º dice que tenemos que
jugar, a pesar de que existan estas reglas; que es necesario llevar activamente gestiones con el resto de los países para defender los intereses propios, porque todos lo están defendiendo. El punto 3.º habla de que es necesario un plan especial de
actuación, que ya se está llevando a cabo pero que debe completarse y, en su caso, alargarse. Y el punto 4.º o el cuarto pilar de este plan es que es necesario un plan de competitividad industrial que, si entendemos bien -y queremos entenderlo
bien-, es algo así como un plan de economía sostenible. ¿Quién puede oponerse a que se trabaje sobre estos cuatro pilares? Entendemos que nadie, al menos no se va a oponer mi grupo, que por lo mismo, más allá del detalle de alguno de los puntos,
va a votar favorablemente a esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Señor Moreno, le ruego tenga la bondad de decirme qué enmiendas acepta finalmente para su votación conjunta con su moción.
El señor MORENO BUSTOS: Señor presidente, admitimos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
Tomen asiento que en dos minutos iniciamos las votaciones. (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS AUTORIZACIONES PREVIAS A LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN MISIONES FUERA DEL
TERRITORIO NACIONAL. (Número de expediente 410/000009.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la toma en consideración de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de reforma del Reglamento del Congreso sobre el procedimiento a seguir en las autorizaciones previas a la participación
de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 324; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE SUPRESIÓN DE LA LIMITACIÓN A LOS COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. (Número de expediente 122/000024.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de supresión de la limitación a los complementos autonómicos de las pensiones no
contributivas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 25; en contra, 303; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PLENO DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A COMPLEMENTAR LAS PENSIONES. (Número de expediente 122/000053.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el pleno derecho de las Comunidades Autónomas
a complementar las pensiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 24; en contra, 305.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA ADAPTACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIOJA AL ACTUAL MARCO LEGAL COMUNITARIO. (Número de expediente 162/000462.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la adaptación de la Denominación de Origen Rioja al actual marco legal comunitario. Se vota sin enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 170; en contra, 19; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ASISTENCIA SANITARIA UNIVERSAL Y GRATUITA DE TODOS LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 162/000450.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LOS ESPAÑOLES Y DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES.
(Número de expediente 162/000097.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos de manera conjunta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la asistencia sanitaria universal y gratuita de todos los españoles y otra de similar contenido del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en
los términos de la transacción que ha sido presentada. ¿Algún grupo parlamentario se opone a la tramitación de la enmienda transaccional? (Pausa.) En consecuencia, votaremos en los términos de la transacción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 328.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. ORAMAS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN LA ZONA ESPECIAL CANARIA PARA SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA
EXTRANJERA. (Número de expediente 173/000092.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre la posición del Gobierno respecto a las modificaciones necesarias en la Zona Especial Canaria para su contribución al desarrollo económico mediante la
captación de inversión directa extranjera. Se vota en los términos de la transacción que ya la Cámara previamente aceptó sin ninguna oposición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 328.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, AL OBJETO DE CONOCER LAS REFORMAS QUE PIENSA PONER EN MARCHA EL ÁREA ECONÓMICA DEL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, EN CONCRETO, EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL.
(Número de expediente 173/000093.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de conocer las reformas que piensa poner en marcha el área económica del Gobierno para impulsar la competitividad de la economía española, en concreto, en el
sector del automóvil. Esta moción se vota incorporando la enmienda de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 156; en contra, 170; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho de la noche.