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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 96, de 08/07/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 96
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 91 (Sesión extraordinaria) celebrada el miércoles 8 de julio de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria:
- Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el límite de gasto
no financiero del Estado para 2010.
(Número de expediente 430/000002.) ... (Página 3)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (BOE núm. 155, de 27 de junio de 2009) (corrección de error en BOE núm. 157, de 30 de junio de
2009). (Número de expediente 130/000018.) ... (Página 10)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 27-1, de 5 de junio de 2009. (Número de expediente 121/000027.) ... (Página
24)
Rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.) ... (Página 38)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 39)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 39)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página 3)
Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el límite de gasto no
financiero del Estado para 2010 ... (Página 3)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández
Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 10)
Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito ...
(Página 10)
La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez) expone las razones que han impulsado al Gobierno a presentar para su convalidación el real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 24)
Proyecto de Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española .... (Página 24)
Presenta el proyecto de ley la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz), en nombre del Gobierno.
En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas intervienen el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Jorquera Caselas y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto, y los señores Canet i
Coma
y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Villar García-Moreno, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López Águeda, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.) ... (Página 38)
Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija
el límite de gasto no financiero del Estado para 2010, se aprueba por 170 votos a favor, 150 en contra y 15 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 39)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, se aprueba por 313 votos a favor y 23 en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 24 votos a favor, 311 en contra y una abstención.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 39)
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, se rechazan por 13 votos a favor, 173 en contra y 150 abstenciones.
Se levanta la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
RECHAZO DEL SENADO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SE FIJA EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO
DEL ESTADO PARA 2010. (Número de expediente 430/000002.)
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
En primer lugar, vamos a examinar el debate relativo al rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria. En turno de fijación de posiciones y por el Grupo Mixto tiene la palabra en primer lugar doña Uxue Barkos. (Rumores.)
¡Silencio, por favor!
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Intervengo de manera muy breve, y lo haré desde el escaño, para fijar la posición de Nafarroa Bai ante el objetivo de estabilidad presupuestaria que nos vuelve a presentar hoy el Gobierno; posición, la de Nafarroa Bai, que en nada ha
cambiado, como tampoco la propuesta hecha desde el Ejecutivo ni las circunstancias que le acompañan en torno a la mayoría parlamentaria; misma precariedad -lo señalábamos en el debate que se producía hace pocas semanas- parlamentaria que
previsiblemente hoy, además de en la escenificación sea todavía menor en el apoyo al objetivo.
Por tanto, queremos anunciar, como ya hicimos en la pasada votación, la abstención de Nafarroa Bai ante el objetivo que nos presenta el Gobierno, en el que sigue sin aclarar cuáles serán -y esta es nuestra gran duda a lo largo de estas
semanas- los posicionamientos, las herramientas y, en definitiva, las mayorías políticas y parlamentarias que utilizará el Ejecutivo para corregir lo que en las previsiones hacen claro más que necesario algunas variables como los ingresos. Es
evidente que a lo largo de la sesión de hoy veremos diferentes juegos de mayorías a la hora de establecer la aprobación de otras herramientas económicas fundamentales.
En ese estricto sentido del posicionamiento político, esperaremos a conocer con
mayor detenimiento no solo el dibujo de los presupuestos para 2010, sino, insisto, cuál es el posicionamiento del Gobierno a la hora de corregir a lo largo del próximo año algunas variables como, la que sin duda será variable, la del ingreso.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Seré breve y por eso hablo desde el escaño, dado que el debate sobre el objetivo del límite de gasto ya se sustanció en el último Pleno y no hay datos nuevos que justifiquen un cambio de posición por parte del Bloque Nacionalista Galego.
Consideramos que en un contexto de crisis son necesarias políticas expansivas en el gasto que operen en la economía real para reactivarla. Por ese motivo no podemos compartir una reducción del 4,5 por ciento respecto a la estimación de gasto para
el presente año, ni los estrechos márgenes de déficit impuestos a las administraciones autonómicas y a las administraciones locales. Además, desde nuestro punto de vista, es posible un mayor esfuerzo inversor en políticas sociales y en economía
productiva, sin necesidad de incrementar las previsiones de déficit del Estado central. Por eso proponemos una reforma fiscal que distribuya el esfuerzo fiscal de una manera más justa y permita captar más recursos, y por eso también defendemos una
mayor austeridad del Estado en aquellos aspectos que no comprometen las políticas públicas, como es ajustar su estructura y dimensión al reparto competencial existente.
Por los motivos antes expuestos y porque no queremos cerrar las puertas al diálogo sobre las políticas presupuestarias para el próximo ejercicio, mantenemos nuestra postura de abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, cuando discutíamos esto en el Congreso, en su primera discusión, le decíamos que no hay peor barco que el que no tiene rumbo. Se lo decíamos porque este ha sido un Gobierno que ha presumido de hacer reducciones
fiscales, que llegan a los 30.000 millones de euros, en un contexto en el que necesitan margen de maniobra. Hoy se lo volvemos a decir. Ustedes hoy nos someten a votación un escenario, un techo de gasto de 183.000 millones de euros. Alguien
pensará que es mucho, pero la realidad es que es menos que en el año anterior, que en el año 2009, que en el presente año. La pregunta es si se considera razonable que un gobierno que se reclama progresista tenga un menor margen de maniobra para el
año 2010, cuando tenemos que salir de la crisis, que para el presente año. Nosotros entendemos que no, que no, que este Gobierno tendría que haber ampliado ese margen de maniobra, garantizar políticas sociales, definir políticas para el cambio de
modelo, políticas neokeynesianas, políticas anticíclicas, que nos permitiesen salir del bache, y hacerlo precisamente a partir de la preeminencia también del gasto público. Eso es lo que no encontramos en la propuesta cuando se discutió, y
continuamos sin encontrarlo. A su vez, se lo dijimos en el primer debate en este Cámara; lo que esperamos precisamente es que ustedes muevan ficha. Finalmente, decidimos abstenernos, no porque nos gustase ese escenario de gasto -no nos gusta
nada-, sino porque precisamente entendíamos que ustedes necesitaban un mensaje: que si quieren pueden, que si quieren pueden hacer políticas de izquierdas; no sólo reclamarse como Gobierno progresista y hacer unas políticas fiscales impropias de
un gobierno progresista y más propias de un gobierno de la derecha. Que si quieren pueden, que existe una mayoría alternativa precisamente al ir tirando, a continuar con la política del tran-tran, que no es la política que necesitamos.
Sé que esto hoy les parece innecesario, entre otras cosas porque sabemos que su socio de hoy, no en esto sino en los siguientes temas que se van a tratar, no es nuestro grupo parlamentario ni el Grupo Mixto ni Convergència i Unió; su
principal socio de hoy es -sí- el Partido Popular, que es con quien va a sacar la ley y el real decreto-ley que se van a discutir en el día de hoy; pero algún día tendrán que decidir. Por supuesto, en este escenario de techo de gasto, le
trasladamos que tomamos nota de cómo van las cosas, de con quién discuten el FROB, de con quién sacan la política en Televisión Española, de cómo deciden y qué deciden en torno a la prospectiva energética y cómo un Gobierno antinuclear es el que
decide que las centrales nucleares superen la vida de los cuarenta años; son gestos de alto valor simbólico y, diría más, de fuerte contenido político. Lo que vamos a hacer es mantener el voto, tal y como votamos, Iniciativa per Catalunya Verds e
Izquierda Unida, en la discusión que tuvo lugar en su día.
Acabo, señor presidente. Quiero decirle, señora ministra, que las cifras no le van a salir y que los números no van a cuadrar si continúan con la misma política fiscal; se lo digo desde el rigor. Ustedes plantean un escenario de déficit
que se va a situar en el 10 por ciento. No somos de los que creemos que, en un contexto como el actual, uno no tenga que recurrir al déficit, pero sí entendemos precisamente que, en un escenario como este y en el que se tienen que hacer más
políticas, lo que se necesita es reorientar la política fiscal. No para que las rentas medias, los trabajadores o los autónomos paguen más impuestos -claro que no-, pero sí para que las rentas altas, aquellos que se han lucrado más, paguen más.
Decía Joan Majó, en un artículo reciente, que es insólito cómo cuando se habla del cambio de modelo y de la economía especulativa, no hay nadie que plantee que lo que no es razonable es que en la economía especulativa las rentas de capital tributen
al 18 por ciento, mientras que las rentas de trabajo y el impuesto sobre sociedades tributan por mucho más. Se lo digo
porque si quieren llenar de un mínimo contenido su discurso sobre el cambio de modelo y quieren concretar hacia qué cambio de modelo vamos, sería hora de que tomasen nota e hiciesen lo que hacen los gobiernos de progreso: reformas fiscales,
con más ingresos, y más ingresos que provengan de las rentas más altas -de quién más se ha enriquecido-, para hacer las políticas sociales que se necesitan, y en su techo de gasto esto no viene hoy.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
También por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, estamos instalados donde estábamos hace quince días. De hecho, no hemos superado la desconfianza que ya en su día generó su Gobierno ante los primeros síntomas de crisis, abonándose a políticas de cheque que malbarataron el
superávit. De hecho, todo ello ha llevado a unas deficientes medidas anticrisis, echas a retazos -por cierto, le recuerdo que Pimec sigue denunciando que el dinero del crédito no llega a las pequeñas y medianas empresas- y además con escaso
liderazgo. Le recuerdo que el Gobierno todavía no ha sido capaz de liderar aquello necesario para que la mesa del diálogo social avance. El tiempo apremia y además apremia porque hay algo que sí compete mucho a Catalunya, compete mucho al Gobierno
catalán, compete mucho a Esquerra Republicana y les debería competer también a ustedes porque se la juegan, porque creo que están jugando a la ruleta rusa; me refiero a la financiación autonómica, y todo ello tiene mucho que ver con lo que hoy
debatimos aquí.
De hecho, ustedes, como si se tratara de un mantra, van repitiendo una y otra vez que el día 15 todo se resolverá. Este optimismo antropológico del presidente al final acaba contaminando a todos SS.SS., al menos a los del Partido
Socialista, incluso a los miembros del Partido Socialista de Cataluña, que viven en una verdadera esquizofrenia. Francamente, deberían preocuparse por la salud, incluso la mental, de los compañeros socialistas catalanes. (Rumores.) Sabían que
habíamos manifestado que existía la posibilidad de generar más recursos adicionales si ustedes pasaban del 5,7 al 6,7, lo cual -repito- permitía al menos unos 10.000 millones, lo que hubiera sido beneficioso para poder alcanzar esta fórmula mágica
que les hiciera cumplir con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. No hace falta recordarles que cuando finalmente tuvimos la balanza fiscal quedó reflejado que aquello que los republicanos llamamos el expolio fiscal, al menos también es aceptado
por ustedes aun cuando hablan de desequilibrios entre Cataluña y el Estado español. Pues ustedes se resisten a aprobar, a superar este techo de gasto.
Por cierto, reconozco la gran capacidad de los socialistas para escudriñar en las debilidades del nacionalismo catalán. Reconozco que son unos verdaderos magos a la hora de hacer posible que incluso el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el mismo día que el señor Mas reclamaba 5.000 millones para sabotear al Gobierno de Cataluña, porque es de izquierdas y catalanista, el señor Sánchez i Llibre, desde esa tribuna, con su abstención, les permitió salir airosos
de esta propuesta. Reconozco que se les nota que hace trescientos años que tienen Estado. Se nota que ustedes tienen Estado y saben ejercer el poder del Estado frente a los representantes políticos de las naciones sin Estado, que vamos, como se
dice en catalán, con un zapato y una alpargata ante ustedes. (Rumores.) Tienen el poder y saben utilizarlo. Es así. La historia es la historia. Aun así, ustedes juegan con fuego. En primer lugar, no es la primera vez que les decimos que no hay
nada más desleal que no ser leal con el primer Gobierno catalanista y de izquierdas que hay en Catalunya desde que se recuperaron las libertades. Ustedes son poco leales con ello, porque nos lo están poniendo muy difícil. Es más, nos lo ponen tan
difícil que uno incluso empieza a sospechar que lo que quieren es volver a la dialéctica del posfranquismo. ¿Sabe cuál es la dialéctica del posfranquismo? El partido español de turno con el nacionalismo conservador catalán y el nacionalismo vasco.
Así se ha conformado el posfranquismo durante los últimos treinta años en el Estado español. Y esto tiene mucho que ver con lo que hoy aquí se aprueba. Pero como este debate es la antesala del debate presupuestario, están encontrando un cierto
gusto a jugar a la ruleta rusa política. En este Parlamento existe una geometría variable muy aguda y creo que hacen un mal servicio a la causa, que al menos desde el año 2004 creíamos que era una causa bastante compartida entre ustedes y la
izquierda catalana.
(Rumores.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, intervendré de forma breve y desde el escaño.
Señora vicepresidenta, vuelve del Senado al Congreso el acuerdo sobre el límite de gasto no financiero del Estado para el próximo ejercicio, así como las sendas de déficit público para el conjunto de las instituciones públicas para los
próximos tres años. Vuelve porque ha sido rechazado en la Cámara alta. Son cosas de mayorías parlamentarias y ustedes, señores del Gobierno socialista, no han conseguido en el Senado la mayoría suficiente, lo que pone en evidencia tanto su
precariedad política como el escaso apoyo y credibilidad que suscita el límite del gasto que el Gobierno nos ha presentado. Además, conviene recordar que al modificar las leyes de estabilidad se modificó el requisito que existía anteriormente
anteriormente de que el límite de gasto no financiero fuera aprobado en las dos cámaras para poder continuar con el proceso de elaboración presupuestaria. De no haberse cambiado este precepto, hoy nos encontraríamos con que el Gobierno
estaría incapacitado para iniciar la elaboración del proceso de presupuestos para el próximo ejercicio.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, quienes están más cerca del orador le incomodan de manera extraordinaria.
Puede seguir, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Este hecho no se debería pasar por alto y les debería hacer reflexionar sobre la aprobación de las cuentas públicas con geometría variable y escasos apoyos. En todo caso, nuestro grupo parlamentario, como bien saben SS.SS., se posicionó en
contra del acuerdo en el debate y posterior votación que se celebraron en esta Cámara hace tan solo dos semanas, y como ni las condiciones económicas ni las circunstancias políticas han variado, nuestro grupo parlamentario se mantiene en su posición
contraria a la aprobación de dicho acuerdo. Voy a evitar que SS.SS. tengan que escuchar de nuevo los argumentos que utilicé en el pasado debate y remito al 'Diario de Sesiones' a quien tenga algún interés en este sentido. Así pues, ahorrando
tiempo, que no es poco en estos momentos, me reitero en la posición del Grupo Vasco, que no es otra que la del rechazo a este acuerdo o la de apoyar el rechazo del Senado, según se instrumente en la votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, antes de fijar la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió me gustaría hacer una serie de consideraciones al diputado don Joan
Tardà, de Esquerra Republicana de Catalunya, respecto a alguna de las afirmaciones que ha hecho en su intervención. En primer lugar, agradecería al señor Tardà seriedad, coherencia, rigurosidad y respeto al Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió. Repito: rigor, seriedad, coherencia y respeto. Por favor, pido también al señor Tardà y a los señores miembros del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, grupo al que Convergència i Unió respeta profundamente, ¡que sean
más respetuosos con Convergència i Unió! Por favor, se lo pido desde la tribuna: ¡Sea más respetuoso con Convergència i Unió! Déjenos de mirarnos al retrovisor continuamente. ¡Déjennos en paz! No nos den lecciones de nacionalismo catalán. Por
favor, señor Tardà, se lo pido expresamente: ¡Déjenos en paz! Y, por favor, cuando suba a la tribuna -anteriormente ya le he manifestado mi respeto hacia su grupo parlamentario y hacia su persona-, léase, por favor los papeles. Léase, por favor,
los papeles de economía, y, por favor, le pido otra vez muchísimo rigor. Y déjenos en paz, sinceramente. No nos den lecciones de nacionalismo catalán continuamente. No se las aceptamos ya, señor Tardà.
Ocúpense de sus temas, de sus
planteamientos y dejen a Convergència i Unió en paz, y si no lo quieren hacer hagan en Catalunya lo que dicen aquí y, por favor, mañana dimitan del tripartito de Catalunya. Abandonen sus cargos, abandonen sus consellerías, abandonen sus direcciones
generales y pasen a la oposición con Convergència i Unió, pero no nos den lecciones de patriotismo y de nacionalismo, que nos se las permitimos.
A partir de aquí, dicho esto con el máximo respeto para nuestros compañeros de Esquerra Republicana de Catalunya (Rumores.), paso a fijar la posición de Convergència i Unió respecto al techo de gasto, que todas SS.SS. saben perfectamente
que va a coincidir con la posición que mantuvo nuestro grupo parlamentario cuando se debatió este real decreto hace aproximadamente quince días. No vamos a poder apoyar este techo de gasto que hoy nos viene del Senado por las mismas consideraciones
que planteamos en las pasadas fechas. En primer lugar, ya saben -usted lo sabe perfectamente, señora vicepresidenta segunda y ministra de Economía- que somos altamente críticos con el planteamiento, con los aspectos económicos que presentan en esta
Cámara respecto al techo de gasto. Lo consideramos poco creíble porque no se presentan propuestas para poder reactivar la economía y para salvar esta situación, y porque también tenemos una experiencia muy negativa hasta la fecha en la que se ha
demostrado que lamentablemente en esta Cámara han existido muchos debates y muy poco rigor en los resultados de los mismos. También denunciamos en su momento la pasividad del Gobierno y la falta de reacción ante la evolución negativa de la economía
española, que ha dado como resultado unos índices de paro realmente preocupantes. Asimismo, denunciamos en su momento la tozudez del Gobierno a lo largo de estos últimos quince meses, en el sentido de no reconocer que estábamos ante una situación
económica crítica, así como de no tener la agilidad suficiente para presentar una alternativa económica al respecto.
Señora vicepresidenta, ante esta propuesta de techo de gasto que nos han presentado no sabemos cómo van a cuadrar los números finalmente. Tampoco sabemos si para cuadrar estas cifras van a plantear un incremento de los impuestos en España,
y esta es una cuestión que nos ha preocupado muchísimo a raíz de los últimos acontecimientos que se han producido en esta Cámara en un intento, afortunadamente abortado por las razones que sean -ustedes saben perfectamente que hubo una
especie de prepacto entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds-, de plantear en el próximo periodo de sesiones y en los próximos Presupuestos
Generales del Estado un incremento de impuestos, tanto directos como indirectos. Señora vicepresidenta, a partir de esta primera consideración que encontramos relevante -ya se lo dijimos en el anterior debate y se lo volvemos a repetir en este-, en
Convergència i Unió vamos a estar radicalmente en contra de cualquier incremento de impuestos, tanto directos como indirectos, que vayan en la dirección -como hace aproximadamente quince días parecía una posibilidad que, repito, fue abortada- de
gravar las rentas salariales medias y bajas de todas las familias españolas. No vamos a estar de acuerdo con un incremento de impuestos a la economía productiva y al tejido productivo español y, por tanto, no vamos a apoyar un incremento de
impuestos indiscriminado en la política fiscal que el Gobierno pudiera implementar en los próximos meses.
En Convergència i Unió estamos convencidos de que es posible cuadrar este techo de gasto que nos ha planteado el Gobierno en estos momentos, si fuéramos capaces de presentar ante esta Cámara un proyecto o un plan estratégico de legislatura,
a partir de ahora y hasta los próximos dos o tres años, en el cual se pudieran plantear toda una serie de cuestiones económicas y sociales orientadas básicamente a afrontar la caída de la actividad y la destrucción de empleo. Medidas que plantearan
asimismo la posibilidad de elevar la eficiencia en la Administración pública; de hacer una política energética a medio y largo plazo, ya que desgraciadamente hemos visto a raíz de los últimos acontecimientos que esto tampoco deja de ser una utopía
que no vamos a poder implementar a lo largo de esta legislatura; de profundizar en el diálogo social para reformar el mercado de trabajo y, si esto no fuera posible, que cupiera la posibilidad de que el Gobierno diera un golpe encima de la mesa y
presentara en esta Cámara una reforma del mercado laboral que encontrase en esta Cámara los apoyos suficientes para poderla desarrollar. En este caso, le anticipo, señora vicepresidenta, que en ningún momento entendemos que para plantear esta
reforma del mercado de trabajo fuera necesario abordar la rebaja de los despidos. Este no es el tema fundamental, señora vicepresidenta; hay otros aspectos que nos preocupan muchísimo más que el despido, como podría ser la flexibilidad en los
negocios colectivos para las pequeñas y medianas empresas; la posibilidad de premiar a todas aquellas empresas que están manteniendo empleo y de que se les diera un regalo y una bonificación importante en las cuotas de la Seguridad Social, o por
qué no plantear también la posibilidad de dar entrada a las empresas de recolocación privadas que, juntamente con las ofertas públicas de empleo, pudieran agilizar la recolocación de los jóvenes, que son las grandes víctimas de esta crisis
económica, o conseguir que las personas mayores de 50 años puedan recolocarse inmediatamente. Hay una serie de planteamientos que desde Convergència i Unió -usted lo sabe perfectamente, señora vicepresidenta- hemos venido poniendo encima de la mesa
infructuosamente a lo largo de estos últimos quince meses. No se nos ha escuchado y pensamos que valdría la pena que ustedes hicieran un ejercicio de conciencia para poder adoptar en un futuro medidas objetivas que vayan justamente en la dirección
contraria de las que están planteando ahora mismo. Ustedes se están preocupando muchísimo -y estamos de acuerdo- por que la gente que tiene la desgracia de ir al paro tenga los recursos suficientes para poder subsistir, pero pienso que lo más
importante no solamente es eso, sino medidas que vayan en la dirección de la generación de empleo, de posibilitar que las empresas, los emprendedores puedan llevar a cabo inversiones productivas que generen empleo y a la vez logren que esta gente
que va al paro día tras día pueda ir del paro a la economía productiva. En esta tesis estamos y por este motivo no vamos a poder dar un voto favorable al techo de gasto que se nos presenta en estos momentos para su convalidación o para darle luz
verde desde un punto de vista político y legislativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para fijar posición don Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, abordamos hoy otra fase del debate presupuestario. No es un trámite más. Estamos atendiendo a la devolución que ha hecho el Senado de España de la propuesta de
la primera piedra de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, por tanto es un momento importante del debate político y parlamentario en nuestro país. Lo abordamos además con nuevos datos. He escuchado esta tarde que para algunos
grupos no existen nuevos datos. Sí hay nuevos datos, señorías, sí hay un dato especialmente relevante para el Grupo Parlamentario Popular, para este portavoz y para todos los españoles. En España en el mes de mayo hay 4.380.000 parados, 160.000
parados más que en el mes de abril, señora vicepresidenta segunda del Gobierno. En España no hay 4 millones de parados, hay 4.400.000 parados en el mes de mayo según la Oficina Estadística de la Unión Europea, según Eurostat, es decir según el
Instituto Nacional de Estadística. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Esa es la realidad a la que tienen que responder una política económica y el presupuesto del Estado, atendiendo a cuál es la causa, cuál es el
origen real de nuestra crisis económica.
Ya está muy claro también, señorías, que el origen es el endeudamiento externo que tiene acumulado nuestro
país, endeudamiento externo respecto al cual este Gobierno, el Gobierno socialista está cambiando el déficit exterior de España por el déficit público, por el déficit del Estado, gastando lo que no tiene en forma de ingresos ordinarios, lo
que no tiene en forma de impuestos. Así, deuda sobre deuda, con su presupuesto, a lo que vamos es hacia los 5 millones de parados. Cuando celebrábamos este mismo debate hace un año, en España había 1.200.000 parados menos. Alguien tendrá una
responsabilidad política por ello, señorías, y la tiene el Gobierno socialista, la tiene el Grupo Socialista que sostiene a este Gobierno y la tienen los grupos de esta Cámara que apoyen o faciliten unos presupuestos del Estado que nos llevan
inexorablemente a los 5 millones de parados. Esa es la responsabilidad de todos los que nos sentamos en estos escaños en esta Cámara cuando nuestro país está viviendo la peor recesión económica de nuestra historia. Eso es lo que nos acaba de
confirmar el Fondo Monetario Internacional en el día de hoy. La recesión este año estará en el 4 por ciento y el año que viene, si no cambiamos de política económica, estaremos prácticamente en una nueva recesión del uno por ciento, recesión sobre
recesión. Eso nos lleva a estas vertiginosas cifras de paro y todo ello con un gobierno empeñado no ya en traernos un techo de gasto, en incumplir sistemáticamente los techos de gasto que nos ha traído a esta Cámara, incumpliendo la Ley de
Estabilidad Presupuestaria en actos claramente ilegales, en actos manifiestamente ilegales como fue aprobar un presupuesto del Estado para el año 2009 que era un fraude manifiesto a la sociedad española y un fraude legal en definitiva, llevando
adelante la aprobación de una ley de imposible cumplimiento y, en definitiva, abocando a España a la recesión económica más destructora de empleo de nuestra historia.
Pero no es solo eso, señorías. El techo de gasto que nos propone el Gobierno no tiene un ápice de austeridad. Aumenta el gasto público sobre el techo de gasto anterior nada menos que un 15,5 por ciento, y es gracias a la desviación de
cerca de un 30 por ciento en más gasto para este año para lo que S.S. nos trae a esta Cámara un presupuesto supuestamente austero. Vamos a hacer un presupuesto para nuestro país donde prácticamente la tercera parte de los gastos públicos se cubren
con déficit público: fantástico, señoría, ha batido usted todos los récords, todos los récords de la incompetencia como ministra de Hacienda de España. Se le van a caer los cuadros del ministerio a S.S. encima, simbólicamente. (Rumores.) Usted
ha roto no ya la ortodoxia, ha roto cualquier criterio de austeridad, de estabilidad presupuestaria, haciendo imposible que nuestro país vuelva al equilibrio, en definitiva al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es el que
establece que España estaría en el año 2012 en el 3 por ciento del producto interior bruto. ¿Cómo? ¿Como le ha dicho el informe de uno de los grandes bancos españoles, bajando 5 puntos porcentuales el gasto sobre el producto interior bruto, o
subiendo la presión fiscal en 7, 8 ó 9 puntos porcentuales del PIB? Señoría, nos está usted llevando a un auténtico agujero negro. Ese agujero negro se los va a llevar a ustedes del Gobierno, pero se los va a llevar sobre la auténtica ruina del
país.
Desde el Grupo Popular le queremos decir que ciertamente nos lo están poniendo difícil. Ya nos lo pusieron difícil en el año 1995, ya nos lo puso difícil el señor Solbes en el año 1996 con la tasa de paro del 23 por ciento y el déficit
público del 7 por ciento. Pero hubo otro Gobierno, los gobiernos del Partido Popular, que encauzaron la recuperación y el crecimiento económico de España (Rumores.), que equilibraron las cuentas del país, que estabilizaron los precios de nuestra
economía, que permitieron ingresar a España en el euro y así internacionalizarse y que, en definitiva, favorecieron el crecimiento económico creador de empleo más importante que ha vivido nuestra historia, ese crecimiento económico que ustedes
recibieron como herencia y que ustedes han despilfarrado como están haciendo con el gasto público, como están haciendo con el dinero de todos los españoles.
Hay otra política y se la está mostrando Alemania. Alemania acaba de aprobar una reforma constitucional, un país federal, señorías, que aprueba la anulación de los déficits y del incremento de deuda pública para todos los Estados de ese
país federal. Lo ha hecho Alemania en el rango constitucional, lo ha hecho Alemania dando un ejemplo a la Unión Europea, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sobre cómo se corrige y se lucha contra una crisis económica. Pero aquí no; aquí
tenemos socialismo, socialismo del bueno, socialismo del progre, socialismo del que nos conduce a la ruina económica de España, socialismo en definitiva con el que, señorías, esta crisis los va a remover de sus asientos, no les quepa ninguna duda.
Señor Chaves, ya ha dejado usted Andalucía como un erial. Ahí lo ha dejado otra vez. (Protestas.)
Señorías, está cada vez más claro. Los socialistas en España son igual al paro y hay otra política posible, que es la política del empleo, es la política de las oportunidades, es la política que hace a los países libres y prósperos. Esa es
la política que realmente sería capaz de reconducirnos y de sacarnos de esta crisis. Se lo decía antes. Nos lo pusieron difícil en 1996 y ahora nos lo están poniendo todavía peor, pero no se preocupen, hay una alternativa de Gobierno en España y
hay una alternativa de política económica para esta crisis. Ustedes no quieren proteger a los españoles. Ustedes lo que quieren es saquearlos, que no es lo mismo. (Rumores.-La señora Monteserín Rodríguez: Eso, Bárcenas.) Los españoles lo que
quieren es prosperidad y libertad y no limosnas que el Gobierno les da con el dinero de los españoles. La España del Partido Popular, señorías -porque hay una España del Partido Popular- (Aplausos.-Protestas.), es la España de la prosperidad, de la
libertad y de la igualdad, mientras que la España del Partido Socialista es la España de la pobreza, de la servidumbre y de las desigualdades. Se lo dije el otro día
y se lo repito -y con esto acabo, señora presidenta-, con este ataque de progresitis nos están llevando ustedes a la ruina. Llevamos cinco años de una política de voy y vengo, de ahora sí pero mejor no, de un poquito de esto pero mejor un
tazón, y, en economía, más y mejor, y así nos vamos a meter en los 5 millones de parados y subiendo, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Montoro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: La verdad es que estamos viviendo una recesión aguda y generalizada que de alguna manera se manifiesta en la caída libre de los indicadores de la economía mundial. Como consecuencia de ese fenómeno hemos visto
como a lo largo de los últimos meses los gobiernos han tomado un conjunto de iniciativas para hacer frente a eso que Paul Volcker llama una gran recesión. Los gobiernos han desplegado un arsenal diverso y sofisticado de medidas de política
económica, muchas de las cuales las hemos ido viendo aquí, las de naturaleza fiscal, no las de naturaleza monetaria, sí las financieras, sí las que tratan de sostener la arquitectura bancaria de diversos países y en este caso lo vamos a ver del caso
español. La verdad es que el despliegue ha sido de una fuerza abrumadora, con un propósito fundamental, que es el de levantar múltiples políticas anticrisis, conscientes de que si no dieran todavía el resultado apetecido, volverían a incidir en esa
dirección.
Hace quince días hicimos una intervención que quisimos que fuera analítica para mi grupo y para la Cámara, en el sentido de ir analizando las distintas opciones de política económica y las consecuencias que para los ciudadanos se derivan de
las mismas. Por tanto, no voy a repetir la intervención -no me gusta repetir las intervenciones-, voy a tratar de manejarme rápidamente de otra manera, pero sí voy a hacer una defensa de las políticas contracíclicas de naturaleza presupuestaria.
Me hubiera gustado disponer de más tiempo. Hubiera podido matizar, hacer un buen uso del matiz de la intervención del señor Sánchez i Llibre, que me ha parecido una intervención interesante y que plantea una serie de cuestiones de política
económica que de alguna manera considero relevantes, pero, insisto, no tengo mucho tiempo.
En principio, como opciones de política presupuestaria se plantean tres.
La primera es la que trata de reducir la carga fiscal reduciendo los impuestos y las cotizaciones, reduciendo los impuestos de las personas y las cotizaciones de las
empresas. Esta es una opción muy querida por los conservadores, aunque desde luego en modo alguno y en ningún sitio se ha podido ver la repercusión económica de la misma, porque es dudoso que estimulando el consumo se fomente la recuperación, sobre
todo cuando las familias y las empresas están altamente endeudadas. Esto nos lleva a un debate que no deja de ser interesante. El fanatismo de algunos líderes políticos ha llevado a defender las rebajas fiscales en momentos de recesión porque
entienden que el exceso de gasto público lo único que trae es déficit público, y la pregunta que uno se hace es, vamos a ver, si el exceso de gasto público trae déficit público, ¿qué pasa cuando uno reduce los impuestos? No trae déficit público y
si no trae déficit público es porque reduce el gasto público. Y aquí nos encontramos con un hecho curioso y es que la derecha en el mundo y en España cacarea la bondad de la reducción de los impuestos, pero es muda a la hora de decir qué va a hacer
con los gastos, y la verdad es que nosotros estamos viviendo uno de los múltiples silencios de la derecha española, silencio clamoroso que ha convertido en un arcano absolutamente espléndido su política presupuestaria. Hoy es el secreto mejor
guardado de la política económica y es un misterio oculto, profundo y difícil de escrutar.
Nosotros no estamos, claro está, por ese tipo de políticas. Nosotros queremos hacer una política que tenga en juego el manejo de los estabilizadores, y la semana pasada aprobamos un decreto-ley -lo aprobamos en contra de la derecha- que
trataba de dar protección a los desempleados. También hemos tomado medidas discrecionales en materia de política fiscal para estimular la inversión local y la actuación del Estado.
Hay una tercera opción que nos parece conveniente y es la que mezcla los aspectos que actúan por el lado de los ingresos y por el de los gastos.
La señora Salgado dijo, y dijo bien, que nosotros en el próximo ejercicio apoyaremos la
inversión productiva a través de un gasto en infraestructuras; que para nosotros el gasto social no es una variable, no, es una opción política, es un dato del problema (Aplausos.), y que nosotros estamos dispuestos a hacer una política en favor
del gasto social porque creemos que en esta parte del mundo se necesita un armisticio entre el mercado, la regulación y el pacto social; que queremos hacer una política de austeridad y que estamos dispuestos a analizar la eficacia de la política
tributaria que hemos venido aplicando evaluando sus consecuencias y analizando el abanico de posibilidades. Esa es nuestra opción y de eso nos hubiera gustado debatir hoy.
Tengo que decir que no ha sido para mí una sorpresa, pero la intervención del señor Montoro no ha contribuido al esplendor intelectual de este debate. (Aplausos.) Ha vuelto a esconder sus prioridades y sus preferencias y ha vuelto a sacar a
relucir sus pesadillas y creo honestamente que hubiera sido mejor que hubiera hecho un planteamiento que se ajustara a la realidad económica que hoy vive el mundo y que tuviera en cuenta que se han producido cambios graves que de alguna manera
afectan al funcionamiento de la economía, pero tengo que decir honestamente que ninguno de esos cambios se incorporan. Las visiones que nos dan los conservadores de la economía, de la sociedad, de la ciencia o de las
relaciones personales son visiones profundamente negativas, en modo alguno profundamente positivas. Creo que lo que verbalizan en la mayoría de las ocasiones es un conjunto de tópicos que hace tiempo que dejaron de funcionar y en los que
muy poquita gente cree. Sin anticipar nada, ninguna cosa, creo honestamente que las rebajas fiscales en los países desarrollados en este momento están demodé. Habrá que pensar cómo equilibramos los presupuestos, pero por el camino que Reagan y
Thatcher emprendieron hace veinte años hoy no hay recorrido. Creo que lo que ha ocurrido con el Partido Popular es que han ido a un anticuario y que en ese anticuario han comprado un conjunto variopinto de ensalmos y algunas supersticiones. Y con
ese conjunto de ensalmos y con algunas supersticiones quieren salir de la crisis. No, sinceramente, eso es ropa vieja. El mundo ha experimentado un cambio cualitativo, del cual saldremos con lentitud y con dificultad. Nosotros creemos que tenemos
condiciones para poder superarlo y si esta Cámara en circunstancias normales fue capaz de esforzarse en encontrar vehículos de entendimiento, yo me atrevería a decir que deberíamos hacer algo más que un módico esfuerzo para continuar por esa senda.
El país lo necesita, la sociedad lo desea y nosotros estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo. Hoy lo que aprobamos es la altura del edificio, simplemente, la altura del edificio.
En octubre discutiremos cómo se distribuyen las estancias. Mi grupo
-reitero hoy lo que dije hace quince días- ha dado muestras evidentes de su capacidad de entendimiento. En esta ocasión también lo hará.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández Marugán.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
(Número de expediente 130/000018.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes, en concreto, convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Para presentar el real decreto en nombre del Gobierno tiene la palabra la vicepresidenta segunda del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Tengo el honor de comparecer ante el Pleno de esta Cámara para presentar en el debate para su convalidación el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades
de crédito. A comienzos de la crisis financiera internacional, las entidades españolas mostraban una sólida posición y una prácticamente nula exposición a los activos denominados tóxicos. A medida que la crisis se prolongaba, el sistema financiero
español comenzó a sufrir sus consecuencias, fundamentalmente el drástico endurecimiento del acceso a la financiación y a la liquidez. Esta situación ha sido sin duda uno de los factores explicativos de la profundidad de la recesión en la actividad
real, acentuada por el agravamiento de la crisis en octubre de 2008. En ese momento el Gobierno adoptó ya una serie de medidas excepcionales en el marco de la respuesta coordinada de la Unión Europea.
Así, se aumentó el importe máximo garantizado
por los fondos de garantía de depósitos; se creó el Fondo de adquisición de activos financieros y se aprobó un programa de avales con el fin de facilitar el acceso a la financiación de las entidades de crédito y contener así los costes de
agravamiento de la crisis.
Casi dos años después del inicio de la crisis financiera internacional, se puede decir que la capacidad de resistencia del sector bancario español ha sido notable, en particular en relación con la de los países de nuestro entorno. Las
entidades más determinantes del sistema han demostrado que mantienen una sólida posición que les permite seguir afrontando la crisis sin necesidad de apoyo público, y a pesar de que el resto de entidades mantienen ahora una sólida posición, podría
haber algunas con problemas importantes en los próximos meses. Esto es debido, entre otras causas, a la persistencia de los problemas de liquidez y financiación, al deterioro relativo de sus activos y al aumento de la morosidad. En circunstancias
normales los fondos de garantía de depósitos de las entidades financieras junto al Banco de España disponen de suficientes herramientas para hacer frente a crisis individuales. Ahora bien, aunque individualmente por su tamaño las entidades que
pueden presentar problema no tienen un carácter sistémico, la consideración conjunta de todas ellas sí puede generar un potencial riesgo de esta naturaleza y ello justifica por tanto tener previstos instrumentos adicionales a los ya existentes y la
posibilidad de utilizar recursos públicos.
Renunciar a la ordenación pública del proceso podría entrañar un quebranto difícil de asumir por el sector a través de los fondos de garantía de depósitos en entidades de crédito, a pesar de ser estos los mejor dotados de toda la Unión
Europea. Una resolución desordenada podría producir efectos contagio entre entidades, pérdida de confianza generalizada y una restricción adicional del crédito y ello terminaría afectando al conjunto del sistema financiero y a su capacidad de
cumplir con sus funciones. Por eso el Gobierno ha considerado necesario
diseñar una estrategia que favorezca la solución de los potenciales problemas mediante una reestructuración ordenada del sistema bancario español. El objetivo es mantener la confianza en el sistema financiero nacional e incrementar su
fortaleza y su solvencia. Las entidades que subsistan serán así más sólidas y más eficientes. En muchos casos este proceso exigirá la adecuación de la capacidad instalada y de la estructura de costes de las entidades, adaptándose a una demanda de
servicios financieros y en particular de créditos más moderada que la actual. Por ello se incluye también el apoyo a procesos de integración entre entidades que sin encontrarse en una situación de debilidad pretendan asegurarse su viabilidad futura
a través de una integración, mejorando así su eficiencia en el medio plazo.
El real decreto-ley establece las medidas para llevar a cabo la estrategia de reestructuración bancaria mediante un proceso predeterminado que se dirige a incrementar la fortaleza y solvencia del sistema bancario español; un proceso que,
quiero recordar, sigue los pasos que aprobaron SS.SS. en una moción presentada en este Congreso y que recibió el más amplio consenso. En este proceso se plantean tres niveles o fases, la primera de las cuales sería la búsqueda de una solución
privada por parte de la propia entidad que le reporte un reforzamiento de su solvencia.
Este proceso no está regulado en el presente real decreto-ley.
La segunda fase supone la existencia de debilidades en la situación económica o financiera de una entidad que puedan poner en peligro su viabilidad y que determinan la conveniencia de acometer un proceso de reestructuración, y ello justifica
la actuación de los fondos de garantía de depósitos existentes. Es por tanto una solución igualmente privada pero ordenada y reglada. En este caso, a iniciativa de la entidad o a requerimiento del Banco de España, se deberá presentar en el plazo
de un mes un plan de viabilidad para superar su situación, plan que tendrá que ser aprobado por el Banco de España, que podrá sugerir modificaciones que deberán ser aceptadas. Contemplará tres posibles actuaciones: reforzar el patrimonio y la
solvencia de la entidad, su fusión o absorción o el traspaso total o parcial del negocio o unidades del mismo. El plan presentado por la entidad podrá ser apoyado por el Fondo de garantía de depósitos correspondiente mediante las medidas
preventivas y de saneamiento que considere adecuadas. La entidad deberá así fusionarse con otra o traspasar parte de su negocio con el objetivo de restablecer su viabilidad. En esta fase se contempla la posibilidad de que el Fondo de
reestructuración ordenada bancaria que se crea en este real decreto-ley pueda otorgar financiación en condiciones de mercado a los fondos de garantía de depósitos para que estos puedan acometer sus funciones de apoyo financiero. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Como último recurso y cuando ninguna de las anteriores opciones fuera viable, cuando persistiera además la situación de debilidad y se produjeran una serie de supuestos descritos en la norma, se iniciaría una tercera fase, comenzando la
intervención con la utilización del Fondo de reestructuración. Los supuestos que recoge la norma serían que la entidad no presentara el plan de viabilidad o que no fuera capaz de cumplirlo; que el plan presentado no fuera viable a juicio del Banco
de España, o que los fondos de garantía de depósitos no participaran en el proceso. En estos casos la intervención establecida en el real decreto-ley estaría en línea con las previstas por la Ley de disciplina e intervención de las entidades de
crédito. Se produciría así la sustitución de los administradores de la entidad y se constituiría en administrador el propio Fondo de reestructuración ordenada bancaria. Este fondo elaboraría un informe de situación y sometería a la probación del
Banco de España un plan de reestructuración, plan que se orientaría a fusionar la entidad o a traspasar total o parcialmente el negocio mediante la cesión global o parcial de activos y pasivos a través de procedimientos que aseguren la competencia.
Con ello, además de restablecer la solvencia de la entidad, se asegura una reformulación del negocio que lo hará viable a largo plazo. El plan de reestructuración podrá contemplar medidas de apoyo financiero como la concesión de garantías, los
préstamos en condiciones favorables o financiaciones subordinadas. Cuando el Fondo de reestructuración adquiera cuotas participativas en una caja de ahorros gozará de un derecho excepcional de representación en su asamblea general. El fondo
conservará ese derecho mientras mantenga la titularidad de los citados valores y este derecho no será transmisible a posteriores compradores de los mismos.
Señorías, un contexto como el actual, caracterizado por la dificultad de obtener recursos propios en los mercados mayoristas, puede obstaculizar la racionalización de la estructura productiva bancaria, condicionando así la posibilidad de
incrementar la fortaleza y la solvencia del sistema en su conjunto. Por eso, el real decreto-ley también prevé que el Fondo de reestructuración pueda adoptar medidas transitorias de apoyo a la capitalización de entidades que, si bien no presenten
dificultades graves, decidan acometer procesos de integración para mejorar su eficiencia a medio plazo. En este caso, las entidades deberán elaborar un plan de integración que deberá ser aprobado por el Banco de España. Se prevé que el fondo pueda
adquirir participaciones preferentes convertibles en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones al capital social emitidas con carácter excepcional por las entidades de crédito inmersas en este proceso de integración. Estas emisiones
excepcionales deberán llevarse a efecto en condiciones que contemplen el plazo y el riesgo de la operación, y deben siempre suponer un incentivo a la ejecución y al cumplimiento del plan de integración. En cualquier caso, deben considerarse los
principios que se establezcan al respecto por la Comisión Europea. Además, los emisores tendrán que comprometerse a recomprar estos títulos tan pronto como puedan en los términos comprometidos en el propio plan de integración, y transcurridos cinco
años desde el desembolso, prorrogables por dos más, sin que las participaciones
preferentes hayan sido recompradas por la entidad, el fondo podrá solicitar su conversión en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones sociales del emisor. Cada tres meses, las entidades remitirán al Banco de España un informe
sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de integración aprobado. El Banco de España podrá requerir la adopción de las acciones necesarias para asegurar que ese plan de integración se lleva efectivamente a término.
Ahora bien, si como consecuencia de la evolución económico-financiera de la entidad resultante del proceso o por el desenvolvimiento de las condiciones de los mercados se advirtiera que el plan de integración no va a llevarse a cabo, la entidad
resultante del proceso fallido de integración entraría en la fase tres de la reestructuración ordenada bancaria a cargo del fondo.
Señorías, para realizar las actividades que les he venido describiendo el Fondo de reestructuración tendrá una dotación inicial de 9.000 millones de euros, con una financiación mixta público-privada. Se dotará con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado con 6.750 millones de euros, utilizando para ello parte del crédito destinado para el Fondo para la adquisición de activos financieros. De este modo no será precisa la emisión de deuda pública adicional a la inicialmente
prevista.
En su vertiente privada, el fondo se dotará por las aportaciones de los fondos de garantía de depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito por un total de 2.250 millones de euros, y adicionalmente el
Fondo de reestructuración ordenada bancaria podrá captar financiación ajena a través de los mecanismos habituales de los mercados de crédito y de valores, operaciones que contarán con el aval del Estado comprendiéndose dichas garantías dentro del
límite establecido en los Presupuestos Generales del Estado. Con el fin de asegurar una gestión prudente del fondo, se limita en el decreto-ley el volumen de endeudamiento que pueda asumir. Este será el triple de la dotación con que cuente en cada
momento, si bien dicho límite podrá sobrepasarse con autorización y, posteriormente al 1 de enero de 2010, hasta un máximo equivalente a diez veces su dotación. Con esa misma finalidad y para garantizar una adecuada liquidez del patrimonio no
comprometido, este se invertirá en deuda pública o en activos similares con condiciones de bajo riesgo y elevada liquidez.
Por lo que se refiere al gobierno del fondo, se confía a una comisión rectora compuesta por ocho miembros: cinco a propuesta del Banco de España -uno de ellos es el subgobernador, que la preside- y los tres restantes de cada uno de los
fondos de garantía de depósitos, y todos con un mandato de cuatro años renovable. Adicionalmente, asistirá a las sesiones de la comisión rectora un representante de la Intervención General de la Administración del Estado con voz pero sin voto. A
fin de asegurar un uso adecuado de los recursos públicos, el Fondo de reestructuración elevará una memoria económica en la que se detallará el impacto financiero bien del plan de reestructuración o bien de la eventual adquisición de títulos en un
proceso de integración. Asimismo, la comisión rectora elevará un informe cuatrimestral sobre la gestión del fondo. Para reforzar el control parlamentario, el secretario de Estado de Economía comparecerá con periodicidad trimestral ante la Comisión
de Economía y Hacienda para informar sobre la evolución agregada del crédito, la situación del sector bancario y la evolución de las actividades del fondo. Por último, el presidente de la comisión rectora comparecerá en las condiciones que
determine la Comisión de Economía y Hacienda y en el plazo de treinta días desde que se realice cada operación para informar sobre la misma.
Señorías, la adopción de las medidas descritas deriva de la necesidad de encarar a la mayor prontitud el proceso de reestructuración ordenada del sector bancario en España. Por ello, el vehículo normativo del real decreto-ley es
especialmente adecuado en este supuesto y queda satisfecho el presupuesto constitucional habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Por eso, señorías, confío en que se mantenga hoy ese espíritu de consenso que se plasmó en la aprobación
prácticamente unánime y por el Pleno de esta Cámara el pasado 17 de marzo de la moción relativa al sistema financiero. La presente estrategia, como ya les he indicado, se adapta plenamente a los principios aprobados entonces: agotar las soluciones
privadas, minimizar el coste para el contribuyente, favorecer la asunción de responsabilidad por parte de los accionistas y gestores, garantizar la transparencia del proceso y la protección de los depositantes. Quisiera asimismo, si me lo permiten,
hacer una mención especial de agradecimiento por las aportaciones recibidas desde distintos grupos políticos.
El real decreto-ley es coherente con los principios comunes adoptados en el ámbito europeo y cumple con la comunicación de la Comisión Europea de 5 de diciembre de 2008. Asimismo, como no podía ser de otra manera, respeta lo establecido en
el bloque de constitucionalidad y, en particular, la distribución competencial entre Estado y comunidades autónomas. El diseño es plenamente respetuoso, por tanto, con las competencias de las administraciones públicas y garantiza también una
intervención ágil y eficaz del Banco de España cuando sea necesario, evitando que pueda resultar afectada la viabilidad de las entidades y, por tanto, la estabilidad de nuestro sistema financiero. Señorías, el real decreto-ley aborda una cuestión
de singular trascendencia en un momento como el actual. Por eso espero contar con la colaboración y responsabilidad que SS.SS. han demostrado siempre en esta materia.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.
Se ha solicitado el turno en contra por varios grupos parlamentarios, pero reglamentariamente corresponde ejercerlo al que resulta numéricamente mayoritario de entre los solicitantes y, por ello, para el turno en contra
tiene la palabra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, señoras y señores diputados, la posición del Grupo de Convergència i Unió con respecto a la convalidación de este real decreto denominado FROB -por eso hemos pedido el turno
en contra- va a ser votar negativamente su tramitación. Aunque, señora vicepresidenta, mi grupo parlamentario -usted lo sabe perfectamente- comparte plenamente el objetivo perseguido por este real decreto, discrepa totalmente de la metodología
aplicada. En primer lugar, decimos que compartimos el objetivo que presenta el Gobierno en el Congreso de los Diputados porque entendemos -así lo ha venido manteniendo Convergència i Unió durante los últimos quince meses- de máxima utilidad
plantear mecanismos que vayan en la dirección de reforzar la solvencia del sistema financiero español, de aquellas instituciones financieras que lo requieran, para poder incentivar en todas aquellas entidades que lo consideren oportuno posibilidades
de fusión, de escisión; en definitiva, para que pueda darse una reestructuración efectiva del sistema financiero español a través de una serie de mecanismos que vienen perfectamente definidos en este real decreto, empezando por las entidades
financieras que privadamente deseen participar en una operación de reestructuración, pasando, lógicamente, a través de mecanismos como el Fondo de garantía de depósitos o el FROB, para poder plantear la inyección de recursos financieros y poder
abordar esta reestructuración. En definitiva, siempre hemos planteado que sin una solvencia efectiva del sistema financiero español difícilmente se podrá implementar una política activa y solvente para impulsar la economía productiva.
En segundo lugar, creemos sinceramente que este tendría que ser un instrumento básico para que la liquidez llegue a las familias y a las empresas, cuestión esta en relación con la cual, desgraciadamente, no estamos en esta situación. Se han
planteado diferentes mecanismos de ayuda al sistema financiero español, pero la triste realidad, señora vicepresidenta, es que hoy básicamente la liquidez no llega a las pequeñas y medianas empresas, no llega a los empresarios autónomos, no llega a
los emprendedores y no llega a las microempresas. Sinceramente, pensamos que este no es un instrumento al servicio de los banqueros, sino un instrumento que ha de posibilitar que la financiación y la liquidez lleguen a las familias y a las
empresas.
No deja de ser otra realidad que en España hay cajas, bancos y cooperativas de crédito; sin embargo, viendo este real decreto uno puede llegar a la conclusión de que solamente se habla de cajas de ahorros y muy poco de entidades financieras
y de cooperativas de crédito y básicamente, cuando se habla de cajas de ahorros, ustedes lo plantean -después me voy a referir profundamente a esta cuestión y este va a ser el motivo fundamental de nuestro voto negativo- para modificar a través de
este real decreto el marco normativo sobre temas financieros que tienen hoy en competencia exclusiva o compartida las comunidades autónomas.
Finalmente, hay un cuarto objetivo que es interesante resaltar.
Convergència i Unió nunca ha estado en contra de posibles fusiones interterritoriales de diferentes comunidades autónomas a través de distintas entidades crediticias, de cajas
de ahorros, pero siempre, lógicamente, que lo puedan decidir las autoridades competentes, como en este caso las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en legislación sobre cajas.
Aquí ya vamos a entrar a plantear cuál es la posición de Convergència i Unió, de este voto negativo, porque discrepamos totalmente de la metodología planteada por ustedes para que el FROB sea un instrumento útil para la reestructuración del
sistema financiero español. Señora vicepresidenta, al Gobierno le ha faltado una vez más la sensibilidad y el respeto a las comunidades autónomas, cuyas competencias sobre disciplina y legislación financiera en materia de cajas de ahorros son
exclusivas o compartidas en algunos casos. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que a través del FROB se atribuyen unas competencias al Banco de España que consideramos totalmente inadmisibles desde todos los puntos de
vista. Voy a referirme a por qué las consideramos inadmisibles. En primer lugar, señora vicepresidenta, porque este mecanismo que ustedes han implementado en este real decreto reduce, se apodera, quita y hurta competencias que son propiedad de las
comunidades autónomas. Este es un tema muy importante y relevante para nosotros; reduce, se apodera, quita y hurta competencias que son propiedad de las comunidades autónomas. En segundo lugar, señora vicepresidenta, porque el FROB es un
mecanismo antiestatutario, ya que es totalmente contrario al Estatuto de Autonomía de Cataluña, básicamente en los artículos 111 y 120, sobre cajas de ahorros, en las cuales tenemos competencias totalmente compartidas o exclusivas. En tercer lugar,
porque este real decreto también es inconstitucional, ya que no respeta la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la sentencia 235/1999, que va en dirección contraria, en la de salvar la doble autorización por parte de las comunidades
autónomas, en el sentido de que han de tener la última palabra en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las intervenciones por parte del Banco de España y también la última palabra en las decisiones de fusiones sobre diferentes entidades
crediticias, en este caso cajas de ahorros, que sean de diferentes comunidades. Por tanto, repito, se apoderan, hurtan, reducen competencias que son propiedad de las comunidades autónomas. En segundo lugar, es un real decreto totalmente
antiestatutario. Y finalmente, también es un real decreto que, a nuestro entender, es plenamente inconstitucional.
Me gustaría hacer unas reflexiones sobre el Banco de España, a raíz de algunas manifestaciones ostentosas que día tras día de forma mediática vemos a través de su gobernador. No estamos aquí para criticar al Banco de España, sino todo lo
contrario. Convergéncia i Unió está de acuerdo en que el Banco de España sea un organismo totalmente independiente -faltaría más; hay muchísimas manifestaciones nuestras que van en esta dirección-, pero estamos totalmente en desacuerdo, señora
vicepresidenta, con que el Banco de España sea un organismo independiente de la ley. Eso, señora vicepresidenta, no lo vamos a tolerar; el Banco de España es un organismo independiente pero, desde nuestro punto de vista, lo que no es el Banco de
España es un organismo totalmente independiente de la ley.
Por aquí, señora vicepresidenta, Convergéncia i Unió no va a pasar. Nos parece bien, señora vicepresidenta, que el Banco de España tenga todos aquellos mecanismos a su alcance para poder
afrontar una reestructuración del sistema financiero; ahora bien, y debemos decirlo a continuación, lo que no vamos a admitir o a permitir, siempre dentro de nuestras posibilidades, es que todo aquello que afecte a las legislaciones sobre cajas de
ahorro sea un cortijo particular del Banco de España, que es lo que parece que es el FROB que hoy estamos debatiendo. No vamos a permitir que a través de esta legislación -que hoy probablemente se va a aprobar con el soporte importante para poder
sacarlo adelante del Partido Popular- el Gobierno se pase todas las legislaciones de los diferentes estatutos de autonomía por el forro, que son leyes orgánicas que se han aprobado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esto, dentro
de nuestras posibilidades, no lo vamos a permitir y al menos esto sí lo queremos denunciar en este turno de intervención de nuestro grupo parlamentario.
El Banco de España, señora vicepresidenta, no se puede considerar una zona exenta de aplicación de la ley y, por tanto, de todas aquellas leyes que distribuyen las competencias del Estado y de las comunidades autónomas.
Sinceramente
pensamos, señora vicepresidenta, que por encima de la ley no hay absolutamente nadie y desgraciadamente este no es el caso del real decreto-ley que estamos debatiendo, ya que lamentablemente está por encima de la ley, por encima de las diferentes
leyes orgánicas que corresponden a los diferentes estatutos de autonomía aprobados por mayoría absoluta en este Congreso de los Diputados, porque hoy realmente ustedes se lo pasan por el forro y le dan al Banco de España unas posibilidades y unas
atribuciones que no se corresponden con la legislación vigente, por lo que, como ya le hemos dicho anteriormente, por este motivo lo consideramos antiestatutario, inconstitucional y unos cuantos términos más que me voy a ahorrar.
Señora vicepresidenta, desde Convergència i Unió le preguntaríamos: ¿para qué existen las leyes?, ¿qué credibilidad tiene un Gobierno que incumple las propias leyes de las que se ha dotado? Señora vicepresidenta, ya ha ocurrido con la
financiación autonómica incorporada en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde el Gobierno ha incumplido reiteradamente la ley, y ahora vuelve a ocurrir con este real decreto que nos traen a esta Cámara. ¿Por qué razón el Gobierno, en este
caso, regula mal una iniciativa, en la que estamos plenamente de acuerdo con los adjetivos y que es oportuna, cuando podría regularla perfectamente bien? No entendemos realmente este comportamiento legislativo que siempre va en la dirección de
invadir competencias autonómicas. Pensamos que el Banco de España es una institución fundamental en la regulación y vigilancia del sistema financiero español, como también lo es, señora vicepresidenta, el Banco Central Europeo en el contexto de la
Unión Europea y en el ámbito de la política monetaria, pero cada uno realiza sus funciones. A nadie se le ocurre, señora vicepresidenta, que el Banco Central Europeo pueda decidir qué cajas deban fusionarse o, más concretamente, que el Banco
Central Europeo pueda decidir la fusión de una caja andaluza con una caja alemana; a lo mejor esta decisión podría tener su lógica, no lo sé, pero las competencias del Banco Central Europeo no son para estos menesteres y además, en el Gobierno,
nadie admitiría que fuese el Banco Central Europeo el que adoptase una decisión como esta. ¿Por qué, en cambio, en España el Gobierno juega a ser frívolo y se salta las competencias que tienen en sus estatutos las comunidades autónomas respecto a
las cajas de ahorros? ¿Tan difícil es, señora vicepresidenta, que el Banco de España ejerza sus responsabilidades y que las comunidades autónomas ejerzan las suyas? ¿Tan difícil es de plantear una solución y una ley que hoy podría gozar
seguramente del consenso de todas las formaciones políticas y que, sin embargo, tengamos que estar planteando desde Convergència i Unió un voto en contra ante esta iniciativa, porque -repito- compartiendo el fondo de la misma y compartiendo los
objetivos, no estamos de acuerdo con la metodología?
Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta, el Gobierno ha planteado una propuesta de regulación del FROB con un objetivo que compartimos pero que sigue vulnerando la mayoría de nuestras propias leyes orgánicas. Esta Cámara, el
Legislativo, no puede refrendar la propuesta del Gobierno sin modificarla con el fin de que sea compatible con la participación del Banco de España en la gestión del FROB, dentro del ejercicio de las propias competencias que tienen las comunidades
autónomas en materia financiera y de cajas de ahorros. Esta es la política más transparente que podría plantearse. Si a pesar de estas consideraciones, de estas manifestaciones y de esta posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el
Grupo Parlamentario Socialista que da soporte al Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular acuerdan otorgarse un mutuo apoyo en esta iniciativa, interpretaremos que se pretende actuar con escasa transparencia y sin respeto a la normativa vigente en
una parte importantísima, señora vicepresidenta, del sector financiero español, donde se encuentra buena parte de los depósitos de todos los ciudadanos
y empresas. Para nosotros garantizar la solvencia de los depósitos y de las entidades financieras es un objetivo que defiende el Banco Central Europeo, que defiende el Banco de España y también las comunidades autónomas. Por tanto,
hagámoslo bien, mantengamos el objetivo, pero modifiquemos la redacción del real decreto-ley.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Mixto han pedido la palabra la señora Díez y el señor Jorquera. En primer lugar, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, señora vicepresidenta, antes de entrar en el análisis del real decreto quiero insistir en algo que ya he manifestado en reiteradas ocasiones desde esta tribuna en esta Cámara. Las cajas de ahorros evidentemente necesitan reformas
importantes en su regulación que limiten la politización que han sufrido, que es una parte no menor del problema, en sus consejos de administración, que impide, de hecho, su recapitalización de forma similar a otras entidades de crédito. Primera
cuestión. De modo que, antes o a la vez de plantearnos la refinanciación de las cajas, debiéramos plantearnos una seria reforma de la Lorca y no iniciativas como esta que hoy ustedes nos someten a consideración, que son meros parches que siguen
dejando intacto el fondo del problema: politización, imposibilidad de acudir al mercado para recapitalizarse e interferencias de las comunidades autónomas y de las administraciones públicas en general. No he tenido la oportunidad de aportar nada
al real decreto y parece que no voy a tener la oportunidad tampoco de que la señora vicepresidenta tome nota de las cosas que le estoy diciendo. En todo caso, voy a seguir explicando cuál es mi posición, la posición de Unión Progreso y Democracia.
Entro ya en el contenido del real decreto. Este persigue, en teoría, evitar un descalabro y reestructurar de forma ordenada -dice- el actual panorama bancario. No podemos sino compartir la finalidad teórica, pero el problema está, como
siempre, en la letra pequeña; como se suele decir, el diablo está en los detalles. Me explico. El decreto viene a ser una especie de barra libre para entidades solventes, insolventes, bien gestionadas o mal gestionadas, lo que perjudica
seriamente a las entidades que han sabido hacer bien su trabajo y que ahora ven cómo sus competidoras reciben una ayuda no de mercado, que rompe las reglas, por tanto, la ayuda, e impide la sana norma del mercado de beneficiar a los mejores
gestores, a los mejores gestionados y perjudicar a los mal gestionados. Al mismo tiempo, esto provoca una cierta impunidad en dichos malos gestores y un -podríamos llamarle- riesgo moral que refuerza la idea de que cuando las cosas van mal ya nos
ayudarán. Hay que decir de una vez por todas que no pasa nada por que una entidad crediticia, banco o caja, quiebre. Efectivamente, hay que garantizar el dinero de los impositores, de los ahorradores -eso es lo que hay que hacer-, pero la regla
del mercado debe de funcionar salvo que exista un verdadero riesgo del sistema, del que usted, señora vicepresidenta, ha hablado. Quienes en las épocas buenas ganaron en exceso y cometieron errores evidentes tienen responsabilidad. La ley del
mercado debe de imponerse. La crisis financiera y económica tiene responsables, tanto por acción como por omisión, tema que recordamos, desgraciadamente, muy pocas veces. Se dejó crecer la burbuja financiera especulativa negando la misma, y esto
es responsabilidad por omisión del Gobierno y del Banco de España. Ustedes no fueron capaces, por omisión o por los motivos que sea, de aplicar medidas correctoras, y ahora estamos pagando las consecuencias. Por eso, la ley del mercado debe
imponerse y castigar con la quiebra a sus autores, salvo, como digo, en casos extremos y para garantizar los depósitos y los ahorros. No podemos usar el dinero de los contribuyentes para ocultar malas gestiones o intereses ocultos. No hay ninguna
razón para salir en auxilio de entidades insolventes. Aquellas entidades que se vean con problemas deben acudir, como las demás en otros sectores, a las soluciones que existen: ser absorbidas, compradas, etcétera, buscar nueva financiación en el
mercado o, simplemente, señora vicepresidenta, bajar la persiana y liquidar.
Por otra parte, el hecho de que se haya admitido el veto autonómico a fusiones entre entidades de distintas comunidades autónomas, de que se vaya a regar con dinero de todos fusiones o creaciones de campeones financieros autonómicos, unido
al debate sobre financiación o a textos estatutarios pendientes de sentencia constitucional, no augura nada nuevo en el horizonte. Si permitimos que propuestas como la del presidente Montilla o las de otros varones autonómicos salgan adelante,
estaremos poniendo las bases para que se consolide el débil sistema que tenemos. No se trata de acabar con la función social de las cajas, no me quieran interpretar mal, ni de castigar porque sí a los bancos, se trata precisamente de todo lo
contrario, de tener un panorama de entidades que puedan responder mejor a las necesidades del mercado y del que no seamos rehenes, como ahora, una y otra vez. La culpa de la crisis no está -como ha dicho esta mañana el gobernador del Banco de
España- en la codicia de las empresas y de las familias -cierro comillas-. Claro que ha habido codicia, pero no de las empresas, sino de algunos empresarios en el sector financiero, inmobiliario o constructor. Poner a las familias en ese mismo
nivel me parece, señorías, señora vicepresidenta, sencillamente inmoral. Además, el gobernador del Banco de España se ha olvidado de los responsables por omisión, entre los que se encuentran el Gobierno y su propia institución. Miren -y con esto
termino-, un antiguo gobernador de la Reserva Federal decía siempre que la
misión de todo banco central es llevarse las bebidas cuando la juerga está en pleno apogeo. Aquí no se hizo y por eso estamos así. Y son responsables principales por acción los gestores de las entidades financieras que ahora presentan
problemas no solo de liquidez, sino de solvencia y de supervivencia.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, debe ir acabando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Son responsables -termino, señor presidente- por omisión, por no actuar en tiempo y forma, el Gobierno de la nación y también el Banco de España. En resumen, estamos a favor de reestructurar el panorama crediticio,
pero no a favor de ayudar indiscriminadamente, contra la regla del mercado, premiando a los malos gestores y dando más poder a quienes desde las comunidades autónomas tienen responsabilidad directa en el deterioro del sistema.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego comparte el diagnóstico de que la actual crisis financiera no es una crisis bancaria más que requiera el rescate de determinadas entidades o la intervención parcial y puntual desde el ámbito público,
como ha venido sucediendo cíclicamente. Estamos ante una crisis nueva, que pone de manifiesto las debilidades del sistema en su conjunto, y por ello compartimos la necesidad de una ordenación pública del sector financiero en vez de una sucesión de
medidas puntuales e inconexas. Sin embargo, tenemos profundas discrepancias sobre los contenidos concretos del decreto que se somete a convalidación, en primer lugar, porque deja la puerta abierta a una concentración excesiva en el sector de las
cajas de ahorro y a la deslocalización de los centros de decisión de las mismas. Las cajas son entidades financieras especiales, dada su naturaleza fundacional, el destino de sus beneficios a obra social y su deber de contribuir al desarrollo
socioeconómico de los territorios en los que están radicadas; de ahí su importancia para el desarrollo de una comunidad. Sin embargo, el decreto abre la posibilidad a una reordenación centralizada del mapa de cajas, vaciando de hecho el contenido
de las competencias autonómicas, al no ser necesaria la autorización con carácter vinculante de las mismas para aprobar cualquier operación que afecte al futuro de las cajas de ahorro domiciliadas en esa comunidad autónoma. En segundo lugar, el
decreto deja la puerta abierta a una pérdida de peso de las cajas en el conjunto del sector financiero, al hacer posible, con la intermediación del FROB, su absorción parcial por la banca comercial.
Además, señorías, y ya sin circunscribirnos a las cajas de ahorro, tenemos otros motivos de discrepancia. El BNG no está a favor de políticas de intervención que se traduzcan en una socialización de las pérdidas originadas por el sector
privado, y mucho nos tememos que los contenidos concretos de este decreto conduzcan precisamente a eso. Para evitarlo, desde nuestro punto de vista, se deben ampliar y mejorar las garantías de que las entidades de crédito tengan que reintegrar, a
medida que vayan obteniendo beneficio, el dinero público invertido en su capitalización con los intereses consiguientes, incluso con preferencia sobre el reparto de dividendos o bonos a accionistas o a administradores. Si se apela al interés
general para movilizar miles de millones de euros de todos los contribuyentes, es imprescindible que la ordenación de la banca vaya acompañada de mecanismos que aseguren que los recursos públicos movilizados se traduzcan realmente en mayores
facilidades de acceso al crédito por parte de las pymes, autónomos y particulares, y -si me permiten el paréntesis, señorías- creo que en un contexto como este cada vez se nota más la ausencia de una auténtica banca pública.
Señorías, para conseguir estos objetivos a los que me he referido, la responsabilidad y tutela de este proceso debe recaer en los poderes ejecutivos, en el Gobierno central y, en el caso de las cajas, en los gobiernos autonómicos, siempre
sometidos a un estricto control parlamentario. No entendemos ni compartimos el papel preponderante que se le da en todo este proceso al Banco de España, que va mucho más allá de las funciones meramente operativas y ejecutivas. Desde nuestro punto
de vista, señorías, esto es tanto como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Conocida es la propensión de su gobernador a intentar imponer sus recetas ultraliberales en toda la política económica. Quizá conviene recordar que una de las causas
de la actual crisis radica precisamente en la excesiva independencia de los bancos centrales, independencia -conviene recordarlo- con respecto a los poderes democráticos, pero no se puede decir lo mismo con respecto a los grandes poderes
financieros.
Por últimos, señorías, echamos en falta en la letra de este decreto una reglamentación que establezca que en todas aquellas entidades que reciban ayudas públicas, aun en los casos en los que no se produzca intervención, se debe producir el
cese de los antiguos equipos directivos, una depuración estricta de las responsabilidades en las que hayan incurrido y una reglamentación que establezca que los directivos de todas las entidades que reciban ayudas públicas deben someterse a un
régimen claro de retribuciones, evitando excesos remunerativos, para que no se produzcan los escándalos que se han producido en otros Estados. Señorías, por las razones expuestas, el Bloque Nacionalista Galego votará en contra de la convalidación
de este decreto y solicita su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero decir de entrada que Esquerra no va a dar apoyo a la convalidación de este decreto ley y va a solicitar la tramitación como proyecto de ley de este decreto ley de creación del FROB, del Fondo de reestructuración ordenada
bancaria que, señora vicepresidenta, si el nombre de la cosa es fea, más feos todavía son los motivos que impulsan su creación. Por otra parte, quiero hacerle una consideración, y es que no deja de sorprender la creación de un fondo público de
capital que puede oscilar entre los 9.000 y los 90.000 millones de euros, lo que demuestra que el Gobierno no hace mucho no decía toda la verdad sobre la fortaleza de nuestro sistema financiero. Cuando nosotros, desde esta misma tribuna, exigíamos
medidas más enérgicas, como las de otros países, que no excluían la recapitalización de entidades y la creación de bancos malos para liquidar activos tóxicos -por cierto, el Banco de España alertaba de posibles riesgos en algunas entidades de
crédito-, el presidente del Gobierno -lo digo para que quede claro y para que conste- exhibía entonces un triunfalismo sin fundamento. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia.)
En realidad, ¿qué es lo que nos trae hoy aquí el Gobierno, aprovechando que el Pisuerga pasa por la calle Alcalá, donde tiene la vicepresidenta su despacho? La culminación de un objetivo largamente deseado en relación con las cajas de
ahorros -que además, por cierto, comparte con el Partido Popular-, que es el de centralizar, en primer lugar, las cajas con el pretexto de la unidad de mercado y, en segundo lugar, de privatizarlas también con el pretexto de que hay que
despolitizarlas y reducir su número. Por tanto, ustedes vienen hoy aquí y matan dos pájaros de un tiro. Cosas veredes, don Sancho: Gobierno y Partido Popular con las cosas de comer no juegan. Se han escudado hábilmente en la crisis financiera y
en la situación de riesgo y de solvencia de algunas entidades de crédito, no para dar la mano a las cajas sino para meter mano en las cajas, y, en ese asalto al poder, ustedes han tenido la complicidad, desde el Gobierno, del Partido Popular y
evidentemente de un sector importante, como es el sector financiero privado, que hoy por cierto se frota las manos. Y digo privatización porque -ver para creer, señora vicepresidenta-, con tiempo y una caña, ustedes han acabado aplicando la
doctrina Aznar, que decía: Hay que privatizar las cajas. Pues bien, ustedes lo han hecho, y por cierto, como si los peores desplomes financieros del mundo no hubieran ocurrido en entidades privadísimas como los bancos, no las cajas; como si
algunos bancos que pasan por ser los buenos de la película no tuvieran los mismos problemas en estos momentos, eso sí, con algo más de prepotencia y sin la obra social de unas cajas que, por cierto, si fueran tan ineficientes en su conjunto no
serían el 50 por ciento del mercado financiero. Tiempo al tiempo. Ya tendremos tiempo de hablar de algunos bancos; cuando baje la marea de la crisis ya veremos quién va sin bañador y quién no, pero por lo pronto no se olvide de que las cajas por
definición no pueden tener propietarios en el sentido capitalista del término. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Fueron fundadas, como es sabido, básicamente para combatir la usura, sin afán de lucro. La
pregunta es, señora vicepresidenta, a dónde van a ir a parar las cuotas participativas con derechos políticos en el futuro.
Repito, nadie habla en este momento de los bancos. Las cajas están en boca de todos. En Cataluña hay diez cajas muy sólidas, por cierto, que merecen todo el respeto, que ven cómo a diario desde las más altas instancias se especula, se
rumorea sobre posibles fusiones, sobre reestructuraciones, como aquel que habla de los fichajes de Florentino y del Real Madrid.
Créame que las decisiones sobre las cajas de ahorro las deben tomar sus órganos rectores y sus asambleas. Se dice,
sobre todo desde las filas del Partido Popular: vamos a despolitizar las cajas. Ni que sea por la puerta de atrás. Pues muy bien, perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Vamos a empezar por aquellas entidades donde más rechina la politización,
por ejemplo por Caja Madrid. Aplíquese aquello que dijo el presidente de la CECA, señor Quintás, recientemente: que el mejor modelo es el modelo de cajas catalán, un modelo de arraigo, de éxito, que ha combinado la función social con el equilibrio
territorial. Eso quiere decir que quizá alguien debería tomar nota de que lo que hay que hacer es poner menos políticos en los consejos, menos obediencia ciega a sus mandantes, menos peleas entre facciones rivales para colocar amiguetes en los
órganos rectores. Quizá así conseguiríamos que no pagaran justos por pecadores.
En segundo lugar, señora ministra, centralización. El Gobierno acaba de perpetrar un decreto-ley que no respeta las competencias autonómicas. No se trata solo del celo, además justificado, de las comunidades autónomas a la hora de defender
su capacidad de veto ante posibles fusiones en el supuesto de intervención del Banco de España, no. Además puede ser que en el caso catalán no se dé el supuesto de hecho.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor, tiene que ir concluyendo.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora vicepresidenta.
Estamos ante el eterno debate entre el fuero y el huevo, y nosotros defendemos el fuero, que son nuestras competencias sobre organización y sobre la actividad financiera, porque usted dirá lo que quiera, señora Salgado, pero la realidad es
que la calificación final sobre la salud financiera de las entidades se tomará aquí
en Madrid. El FROB da todo el poder a su ministerio y al Banco de España.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias a usted, señor Ridao.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
En nombre de mi grupo parlamentario, de la componente de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tampoco vamos a respaldar este decreto de reestructuración bancaria. Es la segunda vez que le hacemos una transfusión al sistema
bancario español, que teóricamente, según el presidente del Gobierno, no estaba enfermo. Para no estar enfermo, dos transfusiones de esta cantidad multimillonaria son bastante significativas. Tenemos un problema, aunque no tengamos el problema de
otros sistemas bancarios. Creemos que las transfusiones a un paciente cuando no se conoce la enfermedad de fondo y cuando no se trata la enfermedad de fondo pueden convertirse en una iniciativa no solamente inútil, sino contraproducente. Inútil la
primera iniciativa, la denominada limpieza de activos por parte del Gobierno, al menos inútil porque no conocemos en estos momentos más que la cantidad destinada, pero no conocemos los resultados de esa iniciativa en materia de activos. Sin
embargo, sí sabemos que nuestro sistema bancario sigue teniendo hacia la pequeña y mediana empresa, hacia los autónomos y hacia los ciudadanos créditos inexplicables por su carestía, tres veces como norma el crédito preferencial. Incomprensible el
dinero destinado a la banca para tan magros resultados.
Ahora se nos propone, señorías, un nuevo fondo, en este caso un fondo de estabilización bancaria, la cuestión es que nosotros creemos que no soluciona los problemas de fondo y plantea nuevas incógnitas sobre el futuro bancario en nuestro
país. Problemas de fondo, señorías, nuestro problema de fondo no es el problema de la banca norteamericana, no es el problema de sistema financiero norteamericano, no son las hipotecas subprime; nuestro problema de fondo es nuestro modelo
inmobiliario y su repercusión en el modelo económico y en el modelo financiero. ¿Qué ha hecho el Gobierno en esa materia? Es decir, ¿qué medidas nos propone el Gobierno en cuanto al modelo productivo? Nosotros no vemos ninguna.
Señora
vicepresidenta, medidas que aborden el problema de fondo que provoca esta hemorragia no hay, se las espera para un tiempo, pero no hay en estos momentos. ¿Qué capacidad tiene el sector público de remontar la situación mediante el presupuesto? Pues
tampoco el Gobierno ha despejado la necesaria reflexión en torno a la fiscalidad, es decir, no tenemos una reflexión sobre nuestro modelo redistributivo, y sin modelo de producción y sin modelo redistributivo estas medidas son medidas parciales de
efectos desconocidos. Pero entrando ya en la propia medida, señora vicepresidenta, es, en primer lugar, un fondo público, pero un fondo público que pretende ser gobernado por la institución de regulación bancaria, y el Banco de España no es una
institución reconversora, es una institución de regulación, es una institución teóricamente alejada de la política, y nada más político que la reordenación del sistema bancario.
Por tanto, se nos propone por parte del Gobierno eludir su
responsabilidad en cuanto a la reestructuración bancaria. Y la pregunta es: ¿la reestructuración gobernada por el Banco de España va a ser una reestructuración técnica? No, señorías, el Vaticano y la Curia del Vaticano neoliberal de este país va
a hacer una reestructuración bancaria neoliberal, va a concentrar nuestro sistema de cajas de ahorros, va a ignorar el carácter autonómico de ese sistema, y va a ignorar asimismo sus peculiaridades en relación a la banca privada, es decir, va a
reconvertir el sistema de cajas al servicio de la banca privada de este país. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo y con esa gestión.
Señorías, termino, ustedes no se plantean el problema fundamental, que es el Instituto de Crédito Oficial y cómo llega el dinero público a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. No basta con el ICO, no basta
con las sociedades de garantía recíproca, es necesaria un banca pública en este país y eso sí solucionaría el problema de las hemorragias...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares, por favor.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Y solucionaría también la insuficiencia; únicamente, de vez en cuando, una transfusión. Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, prácticamente dos años después del inicio de la crisis financiera y casi un año más tarde de la bancarrota de Lehman Brothers, llega a esta Cámara
el real decreto ley, el noveno de este año y de la legislatura, cuya finalidad pretende ser la creación y la puesta en marcha de un fondo de reestructuración de entidades financieras que haga frente a las debilidades que existen ya o a las que
puedan existir en el futuro en bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, es decir, a los problemas de solvencia y viabilidad futura de las entidades financieras. Todos somos conscientes de que la crisis financiera en primera instancia y la
crisis económica global posteriormente desatada requieren que se adopten decisiones de política económica también en el ámbito financiero, con el fin de garantizar que el sistema financiero readaptado
y reajustado cumpla su función básica, cual es la de engrasar el funcionamiento de los mercados y de la economía. Otra cuestión diferente es si las medidas y el procedimiento planteados para tal fin en este real decreto-ley que hoy trae el
Gobierno a convalidar cumplen adecuadamente con lo que dicen pretender. No son las únicas medidas adoptadas en el ámbito financiero en su sentido más amplio; ahí están los reales decretos convalidados en esta misma Cámara. Además, hasta ahora,
nuestro grupo parlamentario ha venido apoyando las medidas propuestas para facilitar que las entidades financieras concedieran la necesaria financiación a los agentes económicos, con especial atención a las pymes y a las familias, por ser estos
colectivos los más afectados por la crisis económica y por las restricciones de liquidez derivadas de la misma. Ahí están, entre otros, el Fondo de adquisición de activos, la concesión de avales a entidades financieras, las dotaciones
extraordinarias del Instituto de Crédito Oficial, etcétera; medidas que unas han funcionado bien, otras no tanto, incluso algunas han fracasado, pero que era preciso adoptar con cierta urgencia para tratar de paliar algunas de las consecuencias más
directas de la crisis. Además, en aquellos reales decretos-leyes era voluntad del Gobierno la búsqueda de consensos amplios en relación con las medidas, interpretando acertadamente -a mi juicio- que el consenso era tan importante, políticamente
hablando, como las propias medidas. En este sentido, el propio gobernador del Banco de España, el 31 de marzo, señalaba que el éxito de la reestructuración del sistema financiero que se avecina, decía literalmente, dependerá del grado de consenso
que alcancen los agentes económicos y las fuerzas políticas. Sin embargo, las propuestas que contempla este real decreto no han sido objeto de debate previo ni de negociación con el Grupo Vasco o con el Partido Nacionalista Vasco. Sí es cierto que
se nos ha pasado algún papel, pero ya estaba cocinado. No ha habido, a mi entender, señora vicepresidenta, una voluntad manifiesta del Gobierno de intentar llegar a un acuerdo, en contra de lo que proponía el gobernador y la propia lógica. Por la
prensa nos hemos enterado de que el Gobierno estaba negociando con el Partido Popular, incluso hemos visto una foto del señor Montoro con el responsable económico del PSOE, Octavio Granado -y nos parece bien-, pero, insisto, no con el Grupo Vasco.
Me imagino que el Gobierno pensaba que intentarlo podía suponerle algún coste y algún problema adicional.
Así, este real decreto ha sido elaborado técnicamente por el Banco de España y gestionado políticamente por el Gobierno. No sé si es la mejor
solución técnica posible para garantizar que el sistema financiero sea solvente y funcione adecuadamente en el futuro. Es posible que sea una solución razonablemente aceptable. Lo que sí sé -y es lo que me preocupa sobremanera- es que la gestión
política, señora vicepresidenta, ha sido nefasta. Además, en aras a la supuesta eficacia, eficiencia y racionalidad económica, el real decreto, es decir, el Gobierno socialista, se salta las reglas de juego, el marco legal, el bloque de
constitucionalidad y los Estatutos de Autonomía. Esto, a pesar de lo que usted ha dicho, señora vicepresidenta, para nuestro grupo es inadmisible.
Por eso mi grupo había solicitado un turno en contra de este real decreto, que no ha podido ser.
Por lo tanto, le adelanto ya que vamos a votar en contra de la convalidación de este real decreto-ley.
Quizás pensando que el Grupo Vasco iba a plantear esta cuestión, el Gobierno socialista nos ha ignorado en el proceso, pero la realidad es la que es. Esta vez es en nombre de la eficacia y la eficiencia económica, otras en nombre de la
unidad de mercado y otras con otras justificaciones, pero se saltan la legalidad, se entrometen en las competencias de las comunidades autónomas, desactivándolas y vaciándolas de contenido. Esto es, insisto, lo que nuestro grupo parlamentario
quiere denunciar. Eficacia, eficiencia y racionalidad sí, pero compatibles con el respeto al marco competencial. La eficacia económica tiene que conseguirse con respeto a los Estatutos de Autonomía. No todo vale para desnaturalizar las
competencias recogidas en los estatutos. Me preocupa cuando leo y oigo que el PP y el PSOE coinciden en recortar el poder de las autonomías en las cajas de ahorros. Sé que este es el modo de entender el Estado autonómico que tienen el Partido
Popular y el Partido Socialista, pero precisamente por ello es por lo que me preocupa. El portavoz del Grupo Popular, señor Montoro, señalaba ayer que hay autonomías que quieren sistemas bancarios regionales financiados con dinero público. Esto no
es posible, decía. Podemos estar de acuerdo. Si se hace, decía él, costará más tiempo salir de la crisis. Señora vicepresidenta, lo que el señor Montoro no quiere, al igual que otros muchos en el Partido Popular y también en el Partido
Socialista, es que haya autonomías, pero sí las hay, afortunadamente (Rumores.). Señores del PSOE, señores del Partido Popular, las cajas están gobernadas por profesionales con mayor o menor vinculación política -la política en este sentido no debe
ser ningún baldón, señor Montoro- y se deben a las instituciones públicas autonómicas, a sus impositores y a sus empleados, y no a los accionistas ni a los fondos de inversión americanos. Por lo tanto, un respeto a las reglas de juego. Esta
preocupación además no es solo del Grupo Vasco, afortunadamente hemos podido oír a la Generalitat, al Gobierno extremeño, al andaluz y a otros tantos argumentar en esta dirección, y nos satisface oírlo aunque nos sorprenda que estos posicionamientos
a favor de la defensa de las competencias autonómicas provengan de gobiernos socialistas. Al Gobierno que nada hemos oído decir al respecto -y ello también nos preocupa enormemente- es al Gobierno vasco. Espero que el cambio de todo lo que está
propugnando y vendiendo el Partido Socialista de Euskadi con el lehendakari Patxi López a la cabeza no alcance a la defensa del Estatuto de Autonomía de Euskadi.
Espero que el cambio del Gobierno vasco no consista en dejar al pairo, dejar
abandonados los principios del Estatuto de Gernika y permitir que
desde el Gobierno socialista de Madrid se vulneren, con el apoyo del Partido Popular, las competencias autonómicas de Euskadi. Nos sorprende porque este no es el estilo ni la forma de proceder de los gobiernos anteriores en los que el
lehendakari era nacionalista, pero nuestro grupo -no tengan ninguna duda-, nuestro partido, el Partido Nacionalista Vasco, seguirá denunciando y rechazando toda intromisión competencial para que se respete el ya deteriorado marco legal que
representa el Estatuto de Gernika. Señora vicepresidenta, el Gobierno socialista también lo tenía que haber respetado. El respeto competencial será la guía de nuestro grupo parlamentario a la hora de enjuiciar y posicionarnos no solo frente a este
real decreto sino también frente al resto de las iniciativas que se debatan en el Congreso de los Diputados. No es casual que siendo la de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito una competencia propia de las comunidades autónomas apenas se
cite a estas en el real decreto-ley.
Así, en el artículo 8 apartado 2 se dice tímidamente que el Banco de España, como condición previa a aprobar el plan correspondiente, solicitará informe a la ministra de Economía y Hacienda o a los órganos
competentes de las comunidades autónomas en que tengan su domicilio las cajas de ahorros y, en su caso, las cooperativas de crédito involucradas.
Pero así como en el artículo 7.2 se dice claramente que la ministra puede oponerse al plan en un plazo
de diez días, nada se dice al respecto de las comunidades autónomas. Por lo tanto no sabemos si la posición de las comunidades autónomas va a ser vinculante o no; tampoco sabemos qué participación van a tener las comunidades autónomas en el
proceso cuando esté en juego la reestructuración y ajuste de las cajas de ahorros en su ámbito de competencia. Parece que, a tenor del real decreto-ley, ninguna, y cuando no se explicitan estas cuestiones es porque no se quieren explicitar. Lo que
está claro es que el artículo 10.26 del Estatuto de Gernika señala que la comunidad autónoma tiene competencia, como usted bien sabe, en las instituciones de crédito cooperativo, público, territorial y cajas de ahorros.
No quisiera concluir sin referirme también rápidamente a otros aspectos del real decreto-ley que me parecen relevantes. Es destacable en primer lugar el papel excesivamente preponderante del Banco de España; se convierte en juez y parte,
puede iniciar cualquier proceso de restructuración y es quien da la conformidad a la viabilidad de los planes de restructuración presentados y quien asume el control y gestión de las entidades a través del fondo. Parte también de la premisa de que
el tamaño es la causa de los problemas, y de ahí que toda solución pase por aumentar el tamaño de las entidades, cuando en realidad pueden existir entidades financieras con dimensión más reducida que sean también competitivas. Por otra parte hay
razones por las que una entidad debe iniciar un proceso obligado de restructuración que puede acabar en el fondo: cuando existan debilidades en la situación económico financiera, en función de la marcha de las condiciones de los mercados que puedan
poner en peligro su viabilidad y determinar la conveniencia. Es decir, en este sentido hay elementos más o menos objetivables, como es la situación económica, hay otros claramente subjetivos, como son la viabilidad y la conveniencia, y otros no
conocidos, como son las condiciones de futuro.
De igual manera nos surgen algunas dudas sobre las ayudas del fondo a entidades que, sin encontrarse en dificultades, pretendan asegurarse su futuro.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Azpiazu, tiene que ir acabando, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Acabo, señora vicepresidenta.
No están claras muchas condiciones en este sentido: si las cantidades que reciban estas entidades que no tienen problemas van a conocerse públicamente, si van a tener algún control político, etcétera. También parece excesivo si se compara
el volumen del fondo, que puede alcanzar los 99.000 millones de euros, con los datos que el propio Banco de España ofreció en relación con el volumen de las entidades financieras. El patrimonio neto de todas las entidades financieras es de 180.000
millones; que el volumen de este fondo sea el 50 por ciento del volumen total de los fondos propios de las entidades financieras parece un poco excesivo. En este sentido, los recursos, que van a ser el 50 por ciento, nos parecen demasiados, salvo
que existan realmente problemas de enjundia que nosotros desconocemos. Por tanto, nuestro grupo, para corregir todas estas cuestiones y alguna más que no me ha dado tiempo explicar, va a solicitar que este decreto se tramite como proyecto de ley y
ahí, señora vicepresidenta, usted va a tener una oportunidad: puede votar favorablemente la tramitación como proyecto de ley y pactar con nuestro grupo parlamentario y con el resto de grupos de la Cámara las enmiendas necesarias para que no haya
ninguna sombra de duda sobre el respeto al tema competencial.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Azpiazu, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Termino ya, señora presidenta.
Si así lo hace, si pactamos las enmiendas, nuestro grupo votaría favorablemente; si así lo hace, manifestaría su voluntad inequívoca de pacto y respeto al marco competencial, pero me temo que, aunque quisiera, no se lo van a permitir. Las
fuerzas de la recentralización competencial son tremendamente fuertes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.
La posición de mi grupo va a ser de apoyo al decreto-ley que aprueba la creación del Fondo de reestructuración ordenada bancaria. En primer lugar, por responsabilidad, porque es una medida necesaria dadas las circunstancias en las que ahora
está nuestra economía y nuestro sistema financiero. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Pero también va a ser un apoyo crítico y escéptico; crítico porque hay elementos de este decreto-ley respecto a los cuales el Gobierno sabe
perfectamente que el Partido Popular tenía una posición bien diferente y escéptico porque todavía están por ver los efectos del mismo en función de cómo asuman esta responsabilidad tanto el Banco de España como especialmente el Gobierno, que es
quien tiene que respaldar políticamente sus actuaciones.
A lo largo de este debate hemos estado escuchando continuamente hablar sobre el Estado de las autonomías o sobre competencias, que creo que no es el tema del debate que estamos teniendo aquí. Podemos poner el ejemplo de dos países que han
tenido una crisis bancaria sustancial, como son Alemania y Estados Unidos, dos países federales con pleno respeto a las competencias de sus Estados federados y, sin embargo, el proceso de reestructuración en ambos países se ha llevado claramente por
parte de las autoridades federales, que son las que tienen la capacidad de hacerlo y lo que, en cierta manera, nosotros siempre hemos propugnado para este problema en nuestro país.
Era necesario dar este paso porque estamos en un puro y duro proceso de rescate de nuestro sector financiero, que esta acometiendo con un año de retraso los problemas de solvencia que ya se veían venir. En España, no es que tuviésemos el
sector financiero más saneado del mundo, lo que teníamos era un colchón, esencialmente basado en las provisiones cíclicas o estadísticas aprobadas en el año 1997 y que se han agotado. Y, en lugar de haber acometido este proceso hace un año -como le
veníamos diciendo al Gobierno desde hace tiempo-, se acomete ahora y probablemente nos encontremos con una situación más deteriorada de la que podíamos haber tenido. En todo caso, es un proceso de enorme dimensión que puede afectar, por lo menos en
lo que se prevé en este momento, al menos a una treintena de entidades, lo cual no es poco. Es necesario acometer la reforma del sistema financiero y su reestructuración ya que si no será imposible, si tenemos problemas de solvencia y de
capitalización de nuestras entidades, que el crédito vuelva a fluir hacia la economía española, hacia las familias y las empresas, como realmente todos deseamos.
En esta crisis financiera internacional hemos aprendido una cosa, que el tamaño es muy importante a la hora de ver la capacidad de sobrevivir -y digo bien sobrevivir- o por lo menos capear la crisis financiera internacional. En España
tenemos un sector bancario bastante competitivo, que en un 50 por ciento está formado por cajas de ahorro. Son estas cajas las que han mantenido la competencia dentro de la banca minorista y este modelo hay que preservarlo, porque esa competencia
ha sido esencial no solo para el bienestar del consumidor y del usuario bancario, sino también para poder exportar este modelo al mundo como estamos haciendo.
La cuestión es que para que este modelo sobreviva necesitamos unas entidades de mayor
tamaño, con mayor capacidad competitiva, que sean capaces de asumir volúmenes mayores de operaciones y sobre todo que tengan diversificadas sus áreas de negocio, y esto, con el sistema actual, especialmente dentro del ámbito de cajas de ahorro, no
es posible. Es necesario tener entidades mayores y es aquí donde viene la discusión de lo que estamos viendo ahora. ¿Qué tipo de entidades de mayor tamaño queremos para nuestro país? ¿Qué queremos conseguir con un fondo de reestructuración de
estas características? Acabamos de escuchar hoy a las cinco de la tarde al presidente de la Junta de Andalucía hablar de una gran caja andaluza; es decir, hay poderes autonómicos que claramente están buscando la creación de cajas concentradas
regionalmente, con un poder monopolístico bastante importante dentro de su territorio y con un cierto grado o alto grado de intervención política. Son esos campeones autonómicos que nosotros no queremos, esa no es la solución al problema bancario
español, esa es una mala solución que solo va a costar dinero público -dinero que pone el Estado, por cierto- y que al final va a resultar en la necesidad de una segunda reestructuración porque unas entidades de esas características no van a
aguantar ni van a ser las entidades que por competencia y por calidad de sus servicios interesan al ahorrador y al usuario de banca española. Por tanto, tendríamos que ir a otro modelo: a cajas de ahorro de gran tamaño que operen en el conjunto de
la economía nacional, y a esas cajas de ahorro hay que facilitarles el terreno, hay que allanarles el camino. Ahora mismo no tenemos instrumentos suficientes para hacerlo, por eso el Partido Popular le dijo al Gobierno que había que modificar la
Ley de órganos rectores de cajas de ahorro: para evitar aquellas trabas que ahora mismo existen para crear esas entidades tan necesarias para nuestro país. Se trata de que sean entidades más competitivas, de mayor tamaño, que operen en el conjunto
de la economía nacional y que estén libres de injerencia política, empezando porque no deberían tener en sus órganos de gobierno a ningún cargo público. Evidentemente el Gobierno no quiso entrar en una modificación de estas características. El
Partido Popular considera esta modificación del ámbito financiero español una reforma estructural básica que hay que hacer en nuestro país y lo incorporamos desde este momento al catálogo de reformas estructurales que hay que hacer en España, pero
ahora entramos en la propuesta del Gobierno, que es una propuesta mucho más parcial, una propuesta que simplemente trata de aportar los fondos necesarios para estos procesos de reestructuración que en todo caso son necesarios. El Gobierno encarga
este proceso de reestructuración
prácticamente por entero al Banco de España, y por eso es necesario dotar de instrumentos -en la medida de lo posible- a ese Banco de España para que pueda hacer bien su trabajo. En primer lugar, que las operaciones se hagan a mínimo coste,
un principio básico que debe dar prioridad al uso eficiente de los recursos públicos sobre cualquier injerencia política que busque operaciones políticamente más convenientes pero económicamente sin sentido y muchísimo más caras. En segundo lugar,
estamos hablando en su mayoría de operaciones de concentración, de operaciones de fusión, y son las autoridades nacionales de Competencia las que deben velar por estos procesos de concentración y por las ayudas de Estado que conllevan, por eso es
necesaria la participación de la Comisión Nacional de Competencia, que fue otra de las aportaciones que ha hecho mi grupo al texto. Otro tema importante es que se debe exigir la responsabilidad de los gestores en todo caso, un elemento adicional
que no estaba en el caso de la intervención del Fondo de garantía de depósitos, que es uno de los sistemas a través de los cuales se puede hacer este tipo de intervenciones. Es asimismo importante saber que un proceso de reestructuración del
sistema bancario de estas características supone la asunción y la emisión de deuda pública por parte del Estado en grandes cantidades y la provisión enorme de avales. Esto evidentemente tiene incidencia presupuestaria. La vicepresidenta ha
conocido la posición de mi grupo sobre el techo de gasto y los niveles de endeudamiento, sabe que somos muy conscientes de los problemas que sobre la economía española genera un exceso de deuda pública y, por tanto, es necesario que si acometemos un
esfuerzo de estas características, la vigilancia presupuestaria esté en todo momento.
¿Qué tenemos con este real decreto-ley? Pues tenemos un instrumental para que aquellos que están encargados de hacer la reestructuración del sistema bancario español la puedan hacer. El gobernador ha dicho que tiene las manos libres y el
Gobierno piensa que lo está respaldando suficientemente bien. Nosotros pensamos que una modificación de la Lorca habría sido el instrumental adecuado para que se pudiese hacer como tenía que hacerse. El Gobierno no ha querido. El Banco de España
se siente con fuerzas suficientes. Pues la responsabilidad corresponde por tanto al Gobierno en primer lugar y al Banco de España en segundo lugar. Iremos, operación por operación -ya que se crea una comisión parlamentaria en el seno de la
Comisión de Economía y Hacienda de este Congreso de los Diputados-, viendo hasta qué punto ese sistema bancario al que debemos ir es al que estamos yendo o si estamos cediendo a las presiones políticas y creando esas concentraciones regionales poco
competitivas y probablemente con bastante poca sostenibilidad y poca solvencia. Aquí se trata, al fin y al cabo, de que el sistema financiero esté saneado como condición necesaria para que el crédito vuelva a fluir, aunque no será condición
suficiente porque, como el Gobierno bien sabe, nosotros tenemos claro que es necesario que el sistema financiero se tenga que preocupar de dar crédito y eso no lo hará si se considera que está insuficientemente capitalizado. Pero no podrá dar
crédito tampoco si el 95 por ciento del nuevo crédito que se da -como ocurre en estos momentos- lo están absorbiendo las administraciones públicas. El hecho de que tengamos una banca más saneada, más fuerte y con capacidad de asumir riesgos es una
condición inicial, pero lo que realmente servirá para que el crédito vuelva a fluir hacia la economía española y podamos moderar e invertir las malas cifras económicas que vemos día a día es la posibilidad de que esos fondos que la banca esté
dispuesta o tenga la capacidad de otorgar no los estén absorbiendo día a día las administraciones públicas, con unos niveles de déficit inasumibles e inéditos en la larga historia económica española, que ha sido una historia de grandes déficits,
pero no como los que estamos buscando ahora. Esta es la responsabilidad del Gobierno, la responsabilidad del Banco de España, que día a día tendrán que demostrar hasta qué punto son capaces de utilizar los instrumentos que existen en este
decreto-ley. Nosotros pensábamos desde el principio que se tenía que haber creado un marco más adecuado, un marco más amplio y con mayores y más altas miras, pero el Gobierno no ha querido, considera que esto es suficiente. Su responsabilidad será
demostrarlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Marta Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, tenemos un sistema financiero que ha sido capaz de afrontar razonablemente bien la primera oleada de la crisis global, eso es algo objetivo. Y esto se debe, fundamentalmente, a la práctica de un modelo de
negocio bancario tradicional, eficiente y correctamente supervisado por el Banco de España al exigir una regulación estricta y prudente. Los bancos y cajas españoles han recibido, además de las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo,
financiación a través de la compra de activos o avales para la emisión de títulos en los mercados, pero hasta la fecha no han necesitado inyección alguna de capital público para el reforzamiento de sus recursos públicos. Sin embargo, debemos
reconocer que nuestro sistema financiero no es inmune a la recesión económica; el deterioro de nuestra economía presiona sobre las cuentas de resultados de las entidades de crédito. En concreto, el menor ritmo de crecimiento del negocio bancario y
el deterioro de las ratios de morosidad están comprometiendo la viabilidad de algunas entidades. Por ello, el Gobierno presenta este real decreto para facilitar la reestructuración del sector financiero, supone una acción en función de la
necesidad, un ejercicio de responsabilidad para prevenir
cualquier escenario de dificultades y, sobre todo, para evitar un riesgo sistémico. Así, se crea el Fondo de reestructuración ordenada bancaria para favorecer los procesos de reestructuración de entidades de crédito y para contribuir a
reforzar sus recursos propios en los procesos de integración. Esta actuación se ajusta y cumple plenamente los principios acordados en los foros internacionales -el G-20 o la Comisión Europea-, principios que han sido expresamente respaldados en
esta Cámara con un amplio consenso a raíz -ya ha sido nombrado- de una transaccional fruto de una moción y que ha regido la estrategia establecida en la elaboración de este fondo. Estos principios suponen que la reestructuración debe llevarse a
cabo conservando en lo posible los mecanismos tradicionales de tratamiento de crisis, especialmente los fondos de garantía de depósitos en entidades de crédito; que debe realizarse agotando en primer lugar las soluciones privadas, y que debe
hacerse minimizando el coste para el contribuyente cuando sea necesario utilizar fondos públicos. Deben, asimismo, evitarse las recapitalizaciones generalizadas tendentes a mantener entidades no viables, debe favorecerse la asunción de
responsabilidad por parte de los accionistas y gestores, debe favorecerse la transparencia del proceso y, por último y por supuesto, debe favorecerse la protección de los depósitos.
Señorías, el sistema financiero desempeña un papel primordial en toda economía, supone el motor fundamental, y en este sentido va el objetivo de este fondo. ¿Es el objetivo ayudar a entidades privadas? No, la finalidad es que el sector
financiero -al menos el nuestro, el español- siga siendo uno de los más fuertes, de los más solventes y que inspire mayor confianza en la economía. Señorías, un buen funcionamiento del sistema financiero supone la base para la recuperación de la
economía real. La hoja de ruta de la reestructuración recogida en este real decreto-ley sigue tres fases -también se ha recordado-. Una primera fase supone una solución privada. La propia entidad de crédito en dificultades puede buscar soluciones
con otros agentes privados para reestructurar la entidad. Y en ausencia de esta primera fase, de esta primera solución, se daría paso a las otras dos: una segunda, que también supondría una solución privada, acudiendo al Fondo de garantía de
depósitos, fondo que se nutre con las aportaciones de las propias entidades financieras, y una tercera, que sí sería una solución pública, mediante la actuación del FROB, con tres modalidades posibles: apoyo financiero temporal a los fondos de
garantía de depósitos, intervención de entidades o refuerzo temporal del capital en los procesos de integración de entidades. Decimos que la puesta en marcha de este fondo minimiza el coste para los contribuyentes, y así es puesto que no supone una
aportación de capital incondicional, sino que conlleva y va a exigir una reestructuración de las instituciones que reciban estos recursos públicos. Decimos también que aporta la máxima transparencia posible, y así es. El presidente de la comisión
rectora del fondo, el subgobernador del Banco de España, comparecerá ante el Congreso en los treinta días siguientes a la realización de cada operación para informar sobre la misma. Además, el secretario de Estado de Economía comparecerá cada tres
meses para explicar la evolución de las actividades de este fondo.
En opinión del Grupo Parlamentario Socialista este real decreto no supone menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas. Las competencias de las comunidades autónomas en materia de cajas de ahorro siguen vigentes a través de la
Ley Orgánica de Cajas de Ahorro, la Lorca, y únicamente cuando hay un supuesto de intervención en una situación de excepcional gravedad se aplicará la legislación vigente, en este caso el título III, de medidas de intervención y de sustitución, de
la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, ley que marca el paso a seguir. Cada cual, cada grupo pone el acento donde prefiere, pero, a nuestro modo de ver, al modo de ver del Grupo Parlamentario
Socialista, el real decreto-ley no hace otra cosa que aplicar la normativa vigente. Y digo: a nuestro modo de ver. Lo digo porque entendemos que somos legisladores y tratamos de que se respete al cien por cien la normativa, la legislación
vigente, pero en todo caso las funciones de sentenciar ante cualquier duda de inconstitucionalidad, como aquí se ha procedido a realizar, corresponden a quien debe, no a los legisladores. En nuestra opinión, el real decreto-ley asume lo recogido en
el artículo 149.1 de la Constitución española acerca de las competencias básicas de los actos ejecutivos del Banco de España.
Asimismo, entendemos que no hay manos libres que en el ejercicio de su responsabilidad al frente de tratamientos
paliativos, ante un supuesto extremo de emergencia por riesgo de salud, opte sin más por la amputación y mucho menos que opte por esta amputación sin consultar. Hay sentencias, señorías, del Tribunal Constitucional que en el ámbito de la solvencia
y la supervisión siempre han fallado a favor de la competencia exclusiva por parte del Banco de España en estas materias. Cualquier estatuto de autonomía o cualquier ley están jerárquicamente subordinados a la Constitución y, por tanto, sometidos a
esta y a la doctrina que en su interpretación resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Por último, el Grupo Parlamentario Socialista quiere resaltar también el papel de las cajas de ahorro. Pretendemos que este debate no estigmatice dicho papel, papel con indudables virtudes. Y en cuanto a cajas de ahorro y a
reestructuración, sí me gustaría apuntarle al señor Nadal en relación con su comentario sobre concentraciones regionales que él se ha referido a la Junta de Andalucía, pero nos gustaría que recordara que hay otras comunidades autónomas, como la de
Castilla y León, presidida hasta donde sabemos por el Partido Popular, que están trabajando en ese sentido, en fusionar todas las cajas, y además lo hacen con el apoyo de la oposición.
Señorías, por la necesidad preventiva dada la situación
económica, por responder a las acciones coordinadas y acordadas en los foros internacionales y por la finalidad
de la creación de este fondo de reestructuración ordenada bancaria, para seguir teniendo un sistema financiero fuerte, solvente y que inspire confianza, el Grupo Parlamentario Socialista respalda este real decreto-ley, así como la urgencia
de la medida. Asimismo, por estos motivos, por necesidad y por responsabilidad, apelamos al apoyo del resto de los grupos en este mismo sentido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gastón.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000027.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el III punto del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Para presentar el proyecto tiene la palabra la señora
vicepresidenta primera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Comparezco ante SS.SS. para presentar el proyecto de ley de financiación de la radio y televisión pública de titularidad estatal. El debate que esta tarde tenemos aquí, en el Pleno del Congreso de los Diputados, no es un debate en el que
se vaya a producir solo un intercambio de posiciones sobre unas enmiendas a la totalidad de la Ley de financiación de la radio y televisión públicas de titularidad estatal, sino toda una filosofía del papel que debe ocupar lo público en una sociedad
moderna, avanzada y en constante evolución. Hoy en día más que nunca hablar de servicio público es hablar de financiación, porque sin financiación suficiente, adecuada y estable no es posible garantizar que las necesidades de los ciudadanos sean
debidamente satisfechas por los poderes públicos, como es su obligación y como el Gobierno está convencido que debe ser. De nada vale la formulación de grandes y atractivos modelos de servicio público si no llevan aparejados los recursos
financieros necesarios para ponerlos en práctica y desarrollarlos con garantía. Tampoco valen las soluciones financieras transitorias, quizá suficientes temporalmente, pero sin vocación de continuidad a medio e incluso a corto plazo. Tampoco vale
diferir los problemas o mantener situaciones transitorias prolongadas que no conducen a una solución de fondo. La coyuntura económica, señorías, todos reconocemos que no es buena aliada a la hora de tomar decisiones si estas se adoptan con cortedad
de miras. Ahora bien, las situaciones coyunturales desfavorables pueden y deben ser aprovechadas para, agudizando el ingenio, plantear proyectos sostenibles a largo plazo si no están cegados por la inmediatez. Puede constituir, pues, una
oportunidad para hacer de la necesidad virtud y esto es lo que ocurre con este proyecto de ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión que el Gobierno ha enviado a este Parlamento. El protocolo de Amsterdam sobre el sistema de
radiodifusión pública de los Estados miembros, anejo al Tratado de la Comisión Europea, considera que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales
de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación. Sobre esa base, en la pasada legislatura el Ejecutivo emprendió una reforma del sector público audiovisual de ámbito estatal mucho tiempo demandada y
siempre postergada legislatura tras legislatura.
La decisión firme del presidente Zapatero de acabar de raíz con la utilización política y el uso y abuso de la radio y televisión de todos por parte de los gobiernos y una situación económica
insostenible, con una deuda superior a los 7.000 millones de euros, acumulada por la decisión de financiar Radiotelevisión Española con deuda, llevó al Gobierno a definir un modelo de radiotelevisión pública con vocación de futuro y con las bases
sólidas con las que un país democráticamente avanzado debe mirar a ese futuro.
Entonces, lo importante, lo urgente era definir un modelo con vocación de permanencia, y así lo hicimos; asumir y liquidar la abultada deuda, y así lo hicimos; redimensionar el viejo ente público, y así lo hicimos con el consenso y
aprobación de los trabajadores y, finalmente, colocar el proyecto audiovisual público en el futuro, abriendo sus puertas a Internet y garantizando a la vez la transición a la tecnología digital que le permita asumir una posición clave en el panorama
audiovisual de cara a la sociedad de la información, y así lo hicimos. En esa reforma fijamos un sistema de financiación mixto, transitorio, con un compromiso decidido de reducción paulatina de la publicidad, ajustado al ritmo que la realidad del
país y la evolución económica permitiera o aconsejara, con el objetivo último de culminar a medio plazo en un sistema de financiación dotado exclusivamente con recursos públicos, como ya apuntaban la mayoría de los países europeos respecto de sus
modelos públicos con motivo, en su momento, del apagón digital. Y en esto llegó la crisis, una crisis internacional mucho más profunda de lo que nadie llegó a imaginar o prever, y la radio y televisión pública de ámbito estatal, como el resto del
sector audiovisual público y privado, como el resto de los sectores productivos, empezaron a sentir, han venido sintiendo y sienten todavía los efectos de esta crisis. La progresividad diseñada hace dos años, en un contexto económico claramente
diferente al de hoy, ya no vale, está claramente superada por las circunstancias. Esto no es una apreciación subjetiva; los números, por mucho que se retuerzan o torturen, son tozudos. Si el 50 por ciento de la financiación de la Radiotelevisión
Española depende de la publicidad y su cuota de mercado se
retrae, como está ocurriendo, en torno a un 30 ó 35 por ciento, las cuentas no cuadran. Ni la más severa política de ahorro podría ni puede impedir en estas circunstancias un desequilibrio presupuestario indeseado.
Por tanto, la fórmula válida hace tres años, con crecimientos del mercado publicitario de un 3 por ciento anual -recordemos que la corporación arrojó números positivos el primer año de su existencia, el año 2007-, hoy ya no lo es.
Recordemos igualmente que el año pasado ya tuvo pérdidas, en gran parte debidas a que ya había empezado la crisis del mercado y en menor medida a la reducción forzada de la publicidad con la puesta en funcionamiento del cumplimiento del compromiso
de reducción paulatina. Por tanto, la reducción paulatina al sistema único, la reducción progresiva de la publicidad en un contexto económico como el actual no da estabilidad ni equilibrio a la radio y a la televisión pública estatal, ni dinamiza
el sector. No permite impulsar los retos que tiene por delante ni afrontar el futuro, porque cualquier planificación se viene abajo, requiriendo en esa planificación más inyección de recursos públicos o renunciar a abordar contenidos de calidad y
de servicio público. Ni esta fórmula, ni este ritmo nos sirven ya. Por tanto, a juicio del Gobierno, sería un error persistir en ello. Podría suponer una deuda o mayor deuda para el sector público y, sin duda, no sería válida para dinamizar el
conjunto de un sector que se está viendo afectado por la crisis general económica y la crisis propia; en definitiva, más deuda para el sector público y mayor asfixia para el privado.
Esta realidad, señorías, sí puede, a medio plazo, dejar huérfanos a los ciudadanos de un servicio público esencial de radio y televisión, potente y con incidencia social. Un servicio público de calidad y mayoritario, porque después de la
crisis ya nada será como antes en ningún sector económico, y en el audiovisual tampoco, porque la realidad económica se entremezcla con la evolución tecnológica, y muy especialmente con la irrupción definitiva de la televisión digital y la
transición a la televisión digital terrestre; transición que supondrá, además de un aumento de la oferta y por tanto del gasto, una profunda segmentación, una seria atomización de las audiencias y, por tanto, una profunda dispersión y reparto de la
inversión publicitaria. A ello habría que sumar las consecuencias, no menos profundas sobre el mercado, de la generalización, afortunadamente ya imparable, del acceso a Internet como alternativa del consumo audiovisual en los hogares españoles y a
través de dispositivos móviles.
Quien, con todo el respeto, desde la estrechez de miras, quiera aferrarse a fórmulas del pasado, quien quiera enrocarse en fórmulas agotadas, lo puede hacer, pero el Gobierno no puede ni debe ni va a aceptar fórmulas superadas que pongan en
cuestión y que puedan hacer naufragar un proyecto de servicio público esencial para los ciudadanos, como es el servicio público encomendado por este Parlamento a la Corporación de Radiotelevisión Española. El modelo de radio y televisión pública
diseñado en esta Cámara, señorías, no ha cambiado. Lo que hemos hecho es acelerar un proceso ya previsto en la ley del año 2006 sobre el sistema de financiación, que precisamente refuerza ese modelo público de radio y televisión, le da solvencia y
sostenibilidad y le establece garantías de futuro.
Señorías, se ha hecho hablando con el sector, aunque los consensos no son unánimes, como algunos parecen pretender. También se ha hecho hablando con la dirección de radiotelevisión y con los sindicatos, a todos los niveles, confederal,
federal y de la Corporación de Radiotelevisión Española. Yo misma, señorías, me he reunido con ellos y tengo que decirles que ni unos ni otros me manifestaron su desacuerdo. Ahí están los comunicados inequívocos del consejo de administración y de
los sindicatos, más allá de las lógicas incertidumbres que espero se vean disipadas en la tramitación de la ley, cuyo objetivo, señorías, no es otro que establecer un sistema de recursos equilibrado que permita a los gestores de la Corporación de
Radiotelevisión Española seguir promoviendo, sin estar sujetos a las coyunturas económicas, una televisión pública de calidad, mayoritaria, sostenible, fuerte y de servicio público. Por lo demás, como Gobierno, estamos convencidos de que las
necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad y la condición de preservar el pluralismo de los medios de comunicación, expresada por el Protocolo de Ámsterdam, seguirán vigentes en el año 2025.
El Gobierno no ha querido esperar a que la situación económica desemboque en una nueva crisis financiera para radiotelevisión. No vamos a contemplar impasibles cómo se agrava hasta que pudieran incluso plantearse escenarios como la deuda
que en su día se produjo de miles de millones de euros, ni plantearse un nuevo redimensionamiento a la baja del servicio público de la radio y de la televisión. El escenario económico no tiene vuelta atrás, esperar no conduce a nada salvo a
posteriores correcciones por no haber reaccionado antes, a nuestro juicio, si seguimos con esa paulatina y comprometida supresión de la publicidad, en lugar de abordar ya el tema de un sistema de financiación con perspectivas de futuro. Cada mes
que pasa, fruto de la crisis publicitaria, la corporación ha visto reducidas sus expectativas de ingresos por debajo de las previsiones presupuestarias. Por tanto, sí hay urgencias. Las hay, señorías. Hay urgencias porque la alternativa no es ni
puede ser volver a la deuda. Y deuda sería, porque serio, señorías, es el escenario. La alternativa es apostar por una solución valiente, por una solución eficaz. Y, señorías, al presidente del Gobierno y a este Gobierno nos encontrarán siempre
del lado de las soluciones eficaces, eficientes y valientes. Estabilidad ya, sí; equilibrio ya, sí; y también mesura, señorías, a la hora de evaluar el coste del servicio público de la radio y la televisión de titularidad estatal. La corporación
va a seguir siendo, como no puede ser de otra manera y así lo establece la ley, independiente y autónoma. Así lo quiso el Gobierno, que impulsó su reforma, y así lo ha acordado esta Cámara. Pero también es
imprescindible fijar unos criterios razonables en su gasto, porque hablamos de un organismo público.
Una vez aceptada la cuestión de la procedencia de definir un modelo de financiación estable, sostenible, independiente y no sujeto a los vaivenes de la coyuntura económica, señorías, es necesario, a continuación, plantearse la segunda
cuestión de cómo allegar los recursos necesarios para compensar la renuncia total e inmediata a la publicidad de la corporación. Tras haber estudiado el tema en profundidad y haber trabajado para cerrar el círculo, no cuadrarlo, sin milagros pero
con coherencia, la ley que presentamos hoy aquí establece un modelo equilibrado de financiación de la radiotelevisión de titularidad estatal con recursos públicos, fundamentalmente, y también con recursos provenientes de los sectores que más se van
a beneficiar del nuevo modelo. No parece ni parecería razonable que en estos tiempos se cargase sobre las espaldas del Estado todo el coste derivado del nuevo modelo de financiación. Tampoco es razonable ni asumible que sean los ciudadanos quienes
soporten ese gasto a través de un canon lineal, como en gran parte están haciendo los países europeos. En cambio, estamos convencidos, y parece bastante lógico, que además de la aportación del Estado sean aquellos que se verán beneficiados por esta
y por otras medidas que está poniendo en marcha el Gobierno en el conjunto del ámbito audiovisual quienes contribuyan de alguna manera al esfuerzo de financiar el servicio público de radiotelevisión y los servicios interactivos de titularidad
estatal. Parece razonable que quienes se benefician o se van a beneficiar de las acciones en el ámbito audiovisual, desde la utilización y la gestión de lo que se considera un servicio de interés general, aporten y contribuyan a la financiación del
servicio público de alguna manera. Y digo bien, señorías; que contribuyan de alguna manera, porque solo va a ser una parte la que permita allegar recursos públicos de los operadores privados, porque el resto va a ser aportado a través de los
Presupuestos Generales del Estado y de la aplicación de la utilización del espacio radioeléctrico. Si la corporación, señorías, renuncia a la publicidad, por la que obtiene o por la que ha venido obteniendo en tiempos en donde la publicidad no
había empezado a caer un presupuesto de 500 millones de euros anuales, si la corporación renuncia a ofrecer contenidos de pago, los beneficiados en sus cuentas es evidente que serán los operadores, no en esas cuantías pero sí en las cuantías que en
estos momentos están en el mercado de la publicidad. Serán operadores, serán concesionarios, serán prestadores que faciliten, directamente o a través de ofertas dúo, triple o cuádruple play, servicios audiovisuales.
Señorías, si quien presta comunicación audiovisual, que es un servicio de interés general, se beneficia, es justo que participe en la financiación del servicio público y que lo haga por medio de aportaciones que contribuyan a su
financiación. ¿Hay algo más profundamente constitucional que la corresponsabilidad con el servicio público? El Gobierno está convencido de que no, y así ha venido a reconocerlo también el Consejo de Estado.
La ley que presentamos es además una ley compatible con el Tratado de la Unión Europea y con toda la normativa comunitaria que lo desarrolla, tal y como ha establecido de nuevo el consejo. Como saben, señorías, España no es el único país en
aplicar este sistema de financiación del servicio público de la radio y de la televisión. Si hay algo que ha presidido la redacción y elaboración de esta ley es la coherencia con un proyecto de reforma audiovisual global y la coherencia con los
principios constitucionales y con el Tratado de la Unión. Esta ley se ha elaborado al mismo tiempo que la Ley General Audiovisual, con los mismos criterios, con las mismas prioridades, con los mismos principios inspiradores y con los mismos
objetivos finales, pero la Ley General Audiovisual es una ley marco aplicable en todo y para todo el territorio nacional, aplicable en todo y para todo al sector público y privado, y la ley que hoy discutimos es única y exclusivamente para la
Corporación de Radiotelevisión Española, para la financiación de Radiotelevisión Española y para la financiación del servicio público, universal y gratuito a los ciudadanos.
Son dos leyes alineadas en su filosofía, pero distintas en sus
destinatarios. Una y otra ley, la general audiovisual y la de financiación, se han redactado, señorías, teniendo en cuenta y muy presentes los principios competenciales que inspiran nuestra Constitución. Por eso en esta ley de financiación de la
corporación solo regulamos e imponemos obligaciones a la radio y la televisión del Estado y a los operadores de televisión y de telecomunicaciones de ámbito estatal o que actúen más allá del ámbito de una comunidad autónoma, pero diría más, esta ley
y la Ley General Audiovisual se han redactado teniendo en cuenta y muy presentes los principios y decisiones emanados de las instituciones europeas sobre financiación de los servicios públicos de radio y televisión y su compatibilidad con los
tratados de la Unión. En esta ley, señorías, solo encontrarán coherencia con Europa; con la Constitución española; con la España de las autonomías y con un proyecto de reforma de lo audiovisual que busca la convivencia entre un sector público
fuerte, capaz de prestar con garantías un servicio público de calidad, plural, independiente, universal y de acceso gratuito; y con un sector privado, con el que tiene que convivir, que también crezca, genere riqueza y desarrolle nuevas
posibilidades de negocio y de empleo.
En palabras de la propia Comisión Europea, en la última comunicación que acaba de efectuar sobre la aplicación de las normas en materia de ayuda estatal a los servicios públicos de radiodifusión, es
imprescindible hacer posible que los medios de comunicación de servicio público respondan plena y eficazmente a los retos de la sociedad de la información, respetando la estructura dual público-privada del paisaje electrónico de los medios de
comunicación y prestando atención a los aspectos relacionados con el mercado y con la competencia. Ese es el marco de comunicación que acaba de publicar la última comunicación
europea. Sí, señorías, garantías también de sostenibilidad, de respeto al mercado y de sostenibilidad en el empleo.
Es posible, seguro diría yo, que la entrada en vigor de esta ley obligue a todos los sectores implicados a la revisión de sus estrategias comerciales, pero estamos en una economía de mercado y ante una situación nueva en el ámbito de lo
audiovisual, por la transición que se está produciendo desde un punto de vista tecnológico y por la situación económica de los distintos factores que confluyen en un modelo audiovisual que ya nunca será igual.
Señorías, causa cuando menos preocupación y de alguna manera sonrojo leer algunas cosas que se han dicho en algunas enmiendas. A modo de ejemplo, se dice que la ley puede incidir negativamente sobre la libertad de expresión de las cadenas
privadas de radio y de televisión.
Afortunadamente para todos, señorías, vivimos en un Estado de derecho en el que ningún Gobierno pretende ni quiere comprar voluntades, ni los medios de comunicación están dispuestos a ponerlos en venta. Por lo
demás, y en lo que a la calidad se refiere, estamos dispuestos a que en el desarrollo de la ley se pueda introducir un sistema de valoración específica de la programación desarrollada para evaluar la calidad. Por cierto, la mayoría de las
encuestas, señorías, dicen que los ciudadanos prefieren una televisión pública sin publicidad, y no al revés, como algunas de SS.SS. pretenden. Además, tengo que decirles que esta ley en nada ataca la autonomía de Radiotelevisión Española, su
consejo y su dirección, como reza también en alguna de las enmiendas que se han presentado. Eso no es lo que ha dicho la corporación, y esos órganos a los que se refieren, así como la competencia para fijar la financiación y obligaciones de
servicio público, corresponden exclusivamente al Estado y no a la corporación, entre otras cosas porque no lo permitiría el marco de la Unión Europea. Por otra parte, las obligaciones adicionales contenidas en esta ley son una garantía para los
ciudadanos; garantía de acceso a personas con discapacidad, de protección a la infancia; garantía de que todos los españoles van a poder ver en abierto un número significativo de acontecimientos deportivos y de cine de gran valor, porque el Estado
considera que son contenidos de servicio público.
En definitiva, señorías, creo que esta es una buena ley, y estoy tan convencida que creo que el futuro nos dará la razón, así como también los que ahora se oponen a su puesta en marcha. Por eso, señorías, les pido que apoyen este proyecto
de ley, esta ley que hoy presentamos, y que entre todos mejoremos lo que haya que mejorar en la misma. Trabajemos en positivo; ganaremos tiempo y seguro que con él también ganaremos el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Se han presentado diversas enmiendas de totalidad con la intención de devolución. En primer lugar, para la defensa de la presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, empecemos por el comienzo, y mi comienzo es saludar a los miembros de empresas y asociaciones de empresas del ámbito de la telecomunicación que hoy están aquí. Están aquí porque están interesados, están aquí
porque están preocupados y están aquí -que es lo peor- porque están desatendidos por el Gobierno. Quiero también saludar a los representantes de empresas de publicidad, que también hoy están aquí porque también ellos están interesados, también
están preocupados y también están desatendidos. En tercer lugar, quiero saludar a los trabajadores de Radiotelevisión Española, que están aquí por los tres mismos e idénticos motivos: interesados, preocupados y desatendidos. Y también me gustaría
poder saludar hoy a los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, que creo que no están aquí, aunque a mi juicio deberían estar porque tienen motivos para estar interesados, tienen razones para estar preocupados, y usted y
yo sabemos que también están desatendidos.
Tras esta introducción, deseo iniciar mi intervención recordando una sesión parlamentaria próxima, la que tuvo lugar el pasado 19 de mayo, día en el que votábamos las resoluciones parlamentarias derivadas del debate de política general. En
el 'Diario de Sesiones' de ese día se lee lo siguiente. El señor presidente -hoy también aquí- llama a la votación, entre otras, de la propuesta número 48. Comienza la votación. Efectuada la votación dio el resultado siguiente: votos emitidos,
348; a favor, 174; en contra, 174. El señor presidente -producido el empate-, dijo: Vamos a proceder a una segunda votación sobre la misma propuesta número 48. Comienza la votación. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 348; a favor, 174; en contra, 174. El señor presidente, en ese momento, dice que al final de este grupo de votaciones procederemos, según ordena el Reglamento, a la tercera votación sobre la misma propuesta, que es la 48. Al final, el
señor presidente llama a la votación nuevamente de la propuesta 48. Efectuada la votación, dio el resultado siguiente: votos emitidos, 348; a favor, 174; en contra, 174.
¿Qué decía la propuesta 48? En su punto cuarto -les ahorro a ustedes la lectura del resto- decía que, en coherencia con los puntos anteriores, el Gobierno debía presentar al Congreso una nueva ley general audiovisual que respete la
estrategia y principios indicados, absteniéndose por consiguiente de adoptar medidas aisladas e individualizadas que no solo impiden conocer su efecto sobre el conjunto del sector, sino que en ocasiones corren el riesgo de penalizar a los servicios
y plataformas tecnológicas
más innovadoras y promotoras de la competencia. La eventual implantación de la TDT de pago o de nuevas tasas audiovisuales son ejemplos recientes de este tipo de iniciativas aisladas. Esto decía la resolución número 48, que se votó por
tres veces y tres veces conoció un empate a 174 votos.
¿Qué ha hecho el Gobierno tras esta votación triple en los términos que acabo de relatar? Actuar -permítanme la expresión un poco dura-con nocturnidad y alevosía, y en el plazo de diez días presentar aquí el proyecto de ley que ahora
debatimos, desatendiendo al menos al 50 por ciento del Parlamento, a los 174 votos que se expresaron por tres veces en esa dirección; la nocturnidad que representa que el Gobierno no atienda a este mensaje que como mínimo es un mensaje político
claro del 50 por ciento de la Cámara, y con la alevosía que representa que incluso lo haga con urgencia, porque diez días después de aquella votación el Gobierno presenta el proyecto de ley que hoy debatimos. Esto ya es sin más un motivo suficiente
para la enmienda a la totalidad. Pero hay más motivos.
Segundo motivo. El Gobierno, además, es reincidente en este tema. Llevamos dos legislaturas en las que el Gobierno, haciendo caso omiso a requerimientos del Congreso, y me atrevería a decir que a promesas formales del propio Gobierno,
sigue actuando con la misma nocturnidad y la misma alevosía; la nocturnidad de quien se niega a aclarar el escenario audiovisual que el Gobierno prevé y quiere que exista para que sepamos situar las distintas piezas dentro de ese escenario
audiovisual; y la alevosía de quien, cuando no es por real decreto, como en ocasiones anteriores, lo hace a través de un proyecto de ley que quiere que se tramite con urgencia, como es el caso. Ustedes se acordarán del Real Decreto-ley 10/2005, de
14 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, y ustedes recordarán, porque todavía es reciente, la ley que acaba de aprobarse de la
radio y la televisión de titularidad estatal. Segundo capítulo de motivos, porque el Gobierno en esto está siendo reincidente.
Tercer motivo. El Gobierno, además, al actuar de esta forma, está haciendo saltar por los aires principios, mecanismos y consensos logrados no sin dificultad en esta Cámara, que parecían llamados a durar muchos más años que los que, al
parecer, van a durar ahora; principios, mecanismos y consensos de los que el Gobierno y sus portavoces se mostraron absolutamente orgullosos en su momento. Nos referimos, claro, a la Ley 17/2006, de 5 de julio, de la Radio y Televisión de
Titularidad Estatal.
En esa ley se configuró, entre otras cosas, -leo la exposición de motivos-, un mecanismo de financiación estable y sostenido para adecuarse a los principios comunitarios de proporcionalidad y transparencia en la gestión del
servicio público de radio y televisión, evitando un proceso de financiación de déficits corrientes mediante el recurso al endeudamiento. Esto se dijo cuando debatimos con la amplitud con la que se debatió, y ustedes recordarán que en esta ley sí
hubo incluso un comité de sabios que se puso en marcha, un informe que se elaboró, un proyecto de ley que vino aquí y que se debatió ampliamente. Pues bien, lo único que se hizo con una cierta pausa y con un cierto reposo parlamentario es lo que
ahora, a través de este proyecto de ley, el Gobierno quiere hacer saltar por los aires. Son tres, como mínimo, los rejones que el Gobierno le pone a dicha ley con este proyecto de ley; al sistema de financiación, que acabo de mencionar, con qué
intenciones vino y cómo al cabo de tres años escasos salta por los aires; a los mecanismos básicos que en esa ley se establecieron para ir diseñando el futuro económico entre ellos, pero no solo el futuro económico, que era básicamente el
contrato-programa y el mandato marco. Esa ley se dotó de mecanismos para ir avanzando, para ir configurando incluso la financiación en términos distintos a los que en ese momento se configuraron y se dotó de mecanismos, entre otras cosas dando una
importancia grande al Parlamento para que se diseñara el futuro. Todos sabemos, señora vicepresidenta, y en eso tiene usted razón, que los tiempos son enormemente difíciles en todos los ámbitos, y por supuesto en el ámbito audiovisual, pero para
eso se perfiló el mandato marco, para eso se perfiló el contrato-programa; el contrato-programa no se ha puesto en marcha ni una sola vez. Este es el segundo rejón. El tercero es a la supuesta autonomía de la corporación.
Usted ha dicho aquí que, al parecer, los miembros del consejo de administración habrían sido consultados y no sé cuántas cosas. Yo solo sé lo que dijo el presidente del Consejo de Administración en una sesión parlamentaria cuando se le
preguntó si había sido consultado y respondió textualmente: consultado, no; informado, sí, horas antes. Fui informado horas antes y en una conversación telefónica con la vicepresidenta del Gobierno acerca del anuncio que el presidente iba a
realizar; no he mantenido ningún encuentro acerca de este asunto ni tengo más información. Esta es la realidad. Este es el tercer rejón, y no el menor, que esta ley supone para el consejo de administración, que al parecer era el órgano
independiente y autónomo que todos queríamos y que iba a llevar, al margen de las presiones políticas, Radiotelevisión Española, porque ni se le consulta, ni se le pregunta cuál es su escenario de actuación. Este es el tercer capítulo por el que
creo que es necesario que este proyecto de ley sea devuelto al Gobierno.
Cuarto motivo. No voy a extenderme porque el tiempo va transcurriendo y lo he dicho ya. El proyecto de ley de Radiotelevisión Española tenía mecanismos para ir ajustándonos incluso a estos tiempos difíciles, los tenía y los tiene; no era
necesario en absoluto este real decreto porque rompe innecesariamente estos mecanismos y los rompe arbitrariamente. No es extraño. No es posible hacer una incursión tan precipitada y tan en tromba sin pecar de arbitrariedad. A este respecto no me
voy a extender en los informes elaborados por la CMT y por el Consejo de Estado, que dan muestras amplias de qué
forma tan arbitraria el Gobierno ha diseñado este proyecto de ley. Y cuando se actúa arbitrariamente la injusticia suele andar cerca. Llevado de un propósito y de un empeño tan precipitado, el Gobierno ha sembrado de injusticias el camino,
a mi juicio, de forma especial en el ámbito de las empresas de la telecomunicación. ¿Hace falta que insista en los argumentos que han hecho públicos las empresas y asociaciones sobre cómo se está sometiendo la actividad de los operadores de
telecomunicación a una imposición ajena, independientemente de si prestan o no servicios audiovisuales? Qué incoherente es pretender desactivar la inversión en España de accionistas extranjeros cuando, de pronto, se actúa precipitadamente y de esta
forma en un ámbito tan sensible. Hay que recordar que la mayoría de las empresas de telecomunicación están en pérdidas, esa es la realidad. Sin embargo, ahora se les carga con una parte de Radiotelevisión Española, de la falta de transparencia,
etcétera. Una enorme contradicción entre los discursos del Gobierno y esta actuación.
Encima, señora vicepresidenta, esto es un salto al vacío, y usted lo sabe, o cuando menos debería saberlo, porque el ejemplo al que se ha aludido es el ejemplo francés, no otro. Le voy a leer del penúltimo número de Le Nouvel Observateur,
que dice que los dirigentes de TC 1, la primera televisión francesa, achacan la desorganización creada sobre el mercado por el fin de la publicidad sobre el servicio público. Lo dicen ellos, lo dicen las empresas privadas de televisión, que con el
fin de la publicidad, se ha creado sobre el servicio público una auténtica desorganización. Un analista, Laurent Habib, presidente de la agencia Euro, estima que esta supresión ha hecho que las cosas se desorganicen de una forma incontrolada. Esto
es lo que le vienen diciendo los anunciantes -que, por cierto, están aquí-, que va a ocurrir eso, pero algunos le dicen que no va a ocurrir en el futuro, que sobre el futuro las previsiones pueden ser distintas; es lo que le dicen que está
ocurriendo en Francia. El ejemplo que hemos aplicado o queremos aplicar es un mal ejemplo. De forma que -y con esto termino, señor presidente- no hay razón para tanto destrozo. No terminamos de encontrar una sola razón de peso de interés general
para esta actuación del Gobierno en los términos en los que se nos plantea. Como he venido exponiendo, sobran razones para las enmiendas a la totalidad. Que cada cual fije su posición en los términos que le parezca. Mi grupo lo tiene claro. Este
proyecto de ley no debería haber venido a esta Cámara pero, una vez que ha venido, sería deseable que volviera al Gobierno, con el fin de abordar una temática seria, preocupante, compleja y a la que todos deberíamos mirar de frente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado diversas enmiendas. Para defenderlas tiene la palabra, en primer lugar, el señor Jorquera. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora vicepresidenta, el BNG ha presentado una enmienda a la totalidad que solicita la devolución de este proyecto de ley por los motivos que intentaré exponer lo más brevemente posible, entre otras cosas para tranquilidad de
algún compañero de escaño que me ha pedido que no consumiese excesivo tiempo.
En primer lugar, este proyecto de ley ha sido concebido sin el consenso previo necesario que requiere un proyecto de esta trascendencia. Una ausencia de consenso que, desde nuestro punto de vista, no afecta solo a los grupos de esta Cámara,
sino también a los distintos agentes implicados, como muchas de las razones suscitadas ponen en evidencia.
En segundo lugar, no entendemos por ello las urgencias del Gobierno para acometer esta reforma, pues no responde a una demanda social ni a razones de interés general que justifiquen la celeridad con la que se pretende actuar. Una reforma de
esta importancia debería ser el resultado de un diálogo y una reflexión serena, inscrita en el marco general de definición del modelo audiovisual que se pretende, como es el debate en torno a la futura Ley General Audiovisual. En cambio, el
Gobierno parece optar por reformas parciales y puntuales como las contenidas en este proyecto de ley y en la recientemente tramitada Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, que van prefigurando ese modelo antes de que se produzca
el debate global al respecto.
Pero no son solo, señorías, razones técnicas las que nos llevan a solicitar su devolución, ni razones técnicas ni razones de forma como las que he expuesto, también hay otras razones. El cambio de modelo que se propone nos ofrece dudas a la
hora de asegurar la sostenibilidad financiera de la radiotelevisión pública estatal, máxime si tenemos en cuenta los precedentes sobre todo en lo que afecta a los centros territoriales, que han visto seriamente recortada la producción propia y las
horas de emisión en desconexión. En este sentido nos parecen excesivas las limitaciones al crecimiento del gasto de la corporación, tampoco entendemos los límites que se establecen para poder acceder a determinados paquetes televisivos y dudamos de
la supuesta bondad del modelo que se preconiza, es decir, evitar la dependencia de la publicidad, pues desde nuestro punto de vista no es así, dado que el canon que tienen que satisfacer los operadores privados va a depender también en gran medida
de la evolución del mercado publicitario. Además, establecido el cambio de modelo en la radiotelevisión pública estatal, será inevitable la presión para que las televisiones públicas autonómicas se adapten al mismo y por lo tanto también lo
adopten. De hecho ya se han alzado voces en este sentido sin esperar siquiera a que este proyecto de ley sea debatido en la Cámara y creemos, señorías, que
las televisiones públicas autonómicas no serían viables si se prescindiese de su participación en la tarta publicitaria.
Señorías, el BNG apuesta por una televisión pública de calidad y que cumpla con su finalidad como prestadora de un servicio público, pero pensamos que este modelo es compatible con una televisión pública competitiva y con vocación de
liderazgo, no orientada a segmentos minoritarios. Una televisión pública del Estado debe reflejar también la pluralidad territorial, cultural y lingüística existente en el mismo y ello requiere una potenciación de los centros territoriales, de las
horas de emisión en desconexión y de la programación en las distintas lenguas oficiales existentes en el Estado, objetivos todos ellos ausentes en este proyecto de ley. Por las razones expuestas, señorías, mantenemos nuestra enmienda a la
totalidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señor presidente, señora vicepresidenta, señorías, la vicepresidenta del Gobierno nos ha pedido en su intervención de presentación de la ley una actitud positiva. Precisamente este espíritu positivo es el que me lleva a presentar y a
defender esta enmienda a la totalidad, el espíritu de pretender ayudar a que se haga una buena ley y a que se nos gobierne mejor. Tres argumentos avalan nuestra enmienda a la totalidad. En primer lugar, una urgencia no justificada; en segundo
lugar, un cambio de modelo de Radiotelevisión Española encubierto en un cambio de financiación, y en tercer lugar, la inseguridad jurídica y la falta de respeto a las normas democráticas de coste social y económico no cuantificado. Empiezo por lo
primero, es evidente que no hay razones conocidas que aconsejen tramitar con carácter de urgencia este proyecto de ley. Por el contrario, esta forma de tramitación impide desarrollar un debate parlamentario proporcionado a la importancia de la
cuestión que debatimos y margina, como se ha dicho, a los agentes sociales, profesionales y económicos cuyas alegaciones e ideas debieran ser tomadas en cualquier caso en cuenta. Una ley tan importante como esta no se puede tramitar, señora
vicepresidenta, a la carrera, por el trámite de urgencia, en un Pleno extraordinario del mes de julio, salvo que se quiera ocultar el debate y las consecuencias del cambio de modelo que de esta ley se derivan. ¿No sería mejor integrar la
financiación de Radiotelevisión Española en la nueva Ley Audiovisual?
De otra parte, y puesto que este proyecto de ley es una mala copia de la ley francesa -usted aducía que en nuestro entorno había leyes similares; no, solo la ley francesa-, una mala copia de la ley francesa que está recurrida ante los
tribunales franceses, ante la Comisión Europea, y, por cierto, ante el Tribunal Constitucional francés por el Partido Socialista de Francia, ¿no sería lo más oportuno, lo más prudente, lo más razonable, lo más responsable, mirar lo que está
ocurriendo en el país vecino? Todo apunta a que no estamos ante un debate de urgencia sino ante un debate con prisa. No estamos ante un debate de urgencia sino ante un debate con prisa, que no es lo mismo. Este motivo, la urgencia no justificada,
es el primer motivo que nos lleva a presentar esta enmienda a la totalidad.
El segundo argumento tiene que ver con el contenido del proyecto de ley.
Estamos ante un proyecto de ley que modifica de facto el modelo de televisión pública implantado en la Ley 17/2006. Las medidas propuestas suponen un cambio
sustancial e inmediato, no solo en la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, sino en el propio modelo de televisión pública. A nadie se le escapa que el modelo de financiación, lejos de ser una cuestión meramente técnica
-como la propia vicepresidenta nos ha dicho-, afecta directamente al modelo como servicio público con claras obligaciones constitucionales, como las relativas a ofrecer una información neutral, independiente, y solo sometida a criterios
profesionales, y especialmente cuidadosa con la pluralidad ideológica y social de nuestra sociedad. La propia exposición de motivos reconoce los importantes efectos que esta ley tendrá sobre la programación de Televisión Española. La limitación en
la concurrencia puede entrar en colisión con el carácter de servicio público si pide, por ejemplo, la emisión de importantes eventos deportivos u otros acontecimientos de interés general reservados de este modo a los operadores privados. Este
punto, señora vicepresidenta, resulta directamente contradictorio con el artículo 3.2 h) de la Ley 17/2006.
Cabe pues afirmar, sin ningún tipo de duda, que el artículo 9.1 de este proyecto de ley supone un gravamen considerable para la programación
televisiva ya que limita de forma sustancial los contenidos que la televisión pública puede emitir, impidiéndola incluso optar a los derechos de emisión. Y, finalmente, en este punto, en el punto h), se abre la puerta a las empresas -abro comillas-
con poder significativo en el mercado -cierro comillas-, lo que garantiza que un mismo operador externo podrá concurrir a la compra de derechos en exclusiva y siempre dispondrá de la plataforma pública a la que se le ha limitado sus capacidades de
actuación para que se los compre y emita. O sea, señorías, dicho de otra manera, que la ley se encarga de liquidar una televisión pública atractiva y de calidad, puesto que le priva de todas las posibilidades, no solo económicas, de competir para
poder seguir prestando un servicio público. Esta ley se carga la televisión pública, el servicio público que es la televisión pública. También merece la pena destacar que este proyecto de ley ignora completamente las recomendaciones del informe
elaborado por el llamado Comité de sabios -todos ustedes se acuerdan- en el año 2004, y lo contradice flagrantemente en los puntos relativos al sistema de financiación aconsejado en su apartados 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4. Pero
claro, el informe de los sabios tenía como objetivo y como encargo del presidente del Gobierno, entonces, construir una televisión pública de calidad, un auténtico servicio público, mientras que, como ya he dicho, este proyecto de ley tiene
como objetivo cargarse, permítanme la licencia, la televisión pública.
Varias consideraciones respecto al tercer argumento por el que sostenemos la enmienda. El proyecto de ley viola las directivas europeas. La comisaria de la Competencia, Viviane Reding, ya se ha posicionado en contra de la ley francesa, en
la que, como hemos dicho, se inspira la española y que ha sido recurrida ante los tribunales. Dato no menor, la posición de la comisaria. Las directivas europeas imponen la previa información a los afectados y un periodo de alegaciones para evitar
perjuicios. Ni se ha hecho en Francia -y por eso está recurrido- ni se ha hecho en España. Solo que allí, en Francia, como les he dicho antes, el Partido Socialista es el que ha impugnado la ley ante el Tribunal Constitucional. ¡Qué cosas!
Tampoco han sido tenidas en cuenta las graves consecuencias sociales que se derivarán de la aplicación de esta nueva normativa. Pocos programas actuales de Televisión Española podrán ser considerados -de acuerdo con esta ley- de absoluto
servicio público, según la definición. La televisión resultante tendrá un marco de contenidos muy restrictivo que disminuirá drásticamente la producción propia. Esto supondrá una mayor conflictividad laboral y despidos masivos para ajustar la
plantilla a las nuevas necesidades de televisión.
Un sector -otro apartado más- no tiene por qué sostener a otro distinto.
Las operadoras de telecomunicaciones, señora vicepresidenta, como usted sabe mejor que yo, son un sector que apenas tiene que ver con el audiovisual; solo una parte
muy pequeñita de su negocio está en el audiovisual y usted lo sabe igual o mejor que yo. Es injusto que se obligue a las operadoras a costear la mitad del presupuesto de Televisión Española cuando estas no van a obtener ingreso alguno por la
publicidad que deje de emitir televisión. El argumento de la vicepresidenta del Gobierno de que las compañías afectadas tienen unos beneficios muy importantes, de miles de millones de pesetas, refleja la arbitrariedad de la ley: se impone una tasa
de más de 500 millones de euros a un sector porque dentro de él hay compañías muy solventes; y eso, señora vicepresidenta, no es de recibo. Además se oculta una cosa que es muy importante: ¿quién va a pagar esto? Pues lo vamos a pagar los
ciudadanos, porque esas compañías lo repercutirán en nuestros recibos de telefonía y de Internet. O sea, no es gratis. El gratis total no existe. Lo pagaremos todos nosotros, quienes estamos aquí, quienes puedan seguir el debate y el conjunto de
los ciudadanos.
Por otra parte, el enorme peso fiscal que se carga sobre las operadoras es nocivo para su desarrollo, y usted lo sabe bien. El sector invertirá menos o retrasará sus inversiones. Las telecomunicaciones -¡lástima que no esté el ministro de
Industria!- son uno de los sectores con más futuro. Poner esta nueva tasa puede llevar a este sector a que no progrese al ritmo que lo hace en los países con los que España compite y hará que aumente la brecha digital. Tampoco se puede entender la
bula autonómica, es decir que las operadoras de telecomunicaciones que operan en una única comunidad autónoma estén exentas de abonar la tasa. No hay operadoras autonómicas, hay operadoras que operan solo en una comunidad autónoma, pero no tiene
ningún sentido este trato diferencial, es una violencia de Estado -si me permiten la expresión entre comillas y en minúsculas- para las operadoras que trabajan en todo el territorio nacional.
Por último, no parece este el momento político ni económico más oportuno ni podemos permitirnos que bajo pretexto de una ligera reforma económica -así denominada- el Gobierno liquide un servicio público como es la televisión pública. Es
innegable que la ley se ha elaborado con precipitación, con prisa, sin un estudio riguroso que dilucide las consecuencias que puede tener una televisión de exclusivo servicio público. No es fácil, señorías, lo sabemos; señora vicepresidenta, señor
presidente, no es fácil una televisión pública independiente, pero el camino que empezamos a recorrer en España tras el informe de los sabios y tras la Ley 17/2006 era mejor que nada, estábamos empezando a caminar.
Hemos de perfeccionar los
organismos de control para que la televisión cambie no solo las formas sino el fondo. Pero si esta ley se aprueba y se aplica -si se aplica porque no es suspendida por los tribunales- la televisión pública se convertirá en una cadena residual,
puesto que la limitación de la oferta del tipo de programas hará bajar drásticamente la audiencia, su capacidad formativa y también su influencia.
Señora vicepresidenta, señor presidente del Gobierno, no sé si acierto al diagnosticar que el objetivo del Gobierno a la hora de traer aquí esta ley, a la hora de elaborarla y a la hora de defender su tramitación por urgencia, es liquidar la
televisión pública.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Lo que sé, al margen de si es o no es el objetivo, es que este proyecto de ley liquidará la televisión pública.
Sea o no el objetivo, la consecuencia será la liquidación de ese servicio público para todos los
ciudadanos. Por eso, precisamente, por actuar positivamente como nos ha pedido la vicepresidenta, planteo esta enmienda a la totalidad y solicito la devolución del proyecto de ley al Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
El señor Salvador no está presente en la sala por lo que entiendo que con sus intervenciones ha quedado defendida su enmienda. Así lo haremos.
En el turno a favor de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene en primer lugar la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, puede resultar sorprendente que en muy poco tiempo el proyecto de ley haya conseguido levantar tanta polvareda argumental. Sorprende también el secretismo de su elaboración y la urgencia con que se ha tramitado.
Por tanto, resulta creíble la sospecha de que su inoportuna aparición -u oportuna según se mire- separada de la Ley Audiovisual se deba a intereses privados más que a un pretendido blindaje y potenciación del servicio público que, por cierto, sigue
quedando sin definición en toda la legislación audiovisual. Con este proyecto se inicia, a nuestro entender, una deriva audiovisual que va a concluir con la minoración de los activos de Radiotelevisión Española y con una pretensión oculta de
extender el mal al modelo televisivo autonómico; se liquida así cualquier horizonte de pluralidad territorial televisiva. Hace solo tres años que este Parlamento aprobó la Ley de la radio y la televisión que sustituyó a la ley que estuvo vigente
desde el año 1980, y hace menos de dos años que se aprobó el mandato marco. La reforma atrevida del modelo televisivo público fue gestada en esta Cámara tras un largo trabajo de consenso y estuvo precedido de un riguroso informe del Comité de
sabios. Su aplicación conllevó el compromiso de la televisión pública con el mercado para alejar a la televisión de lo que algunos llaman la sopa boba. Se implicó a la nueva corporación con la audiencia para expandir el servicio público entre la
ciudadanía, modernizando con nuevos criterios el discurso televisivo, hasta aquel momento bastante fosilizado por el oficialismo y la dependencia partidista. Y ahora, extrañamente, a los dos años, el mismo Gobierno impulsa esta nueva ley de la
televisión española con nocturnidad y alevosía, como se ha dicho anteriormente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Llegados a este punto, nos atrevemos a decir que el gabinete de La Moncloa se ha arrepentido del paso que dio en aquel
momento y que quiere devolver la televisión al viejo modelo anterior, con el fin de reducir el impacto renovador de una televisión pública competitiva y para la ciudadanía. También se ha apuntado que las prisas -y pongan comillas a la expresión
prisas, en plural o en singular- son una prestidigitación o, mejor dicho, una prestidigitalización para hacer desaparecer del mapa a las televisiones autonómicas, particularmente aquellas pertenecientes a comunidades históricas y con lengua propia
que nacieron antes de la ley del tercer canal, por su voluntad de afirmación cultural y nacional e implicadas en el empeño de normalización lingüística. Una ley que viene a ser la antesala de una Loapa audiovisual, de un proceso de centralización
cultural que rompería los principios de pluralidad cultural y lingüística que se consagran en el texto constitucional y que, por cierto, Radiotelevisión Española incumple a pesar del mandado de esta Cámara.
Finalmente, podemos afirmar que muchos ven en este proyecto de ley las orejas del lobby de las televisiones privadas, sus escandalosas maniobras informativas, su constante acoso y derribo del modelo público de la televisión del Estado, la
connivencia en los criterios con la vicepresidencia del Gobierno que ha acabado cediendo todo el espacio mercantil para saciar los deseos comerciales de Uteca. En este sentido, la lógica seguida por las televisiones privadas en su presión al
Gobierno es clara: si la televisión pública se excluye de la competencia con las privadas, estas podrán repartirse el mercado publicitario. Este argumento lo vemos presente en la reforma que se pretende hacer por vía -como se ha denunciado- de
excesiva urgencia. Hasta el punto que en el propio proyecto de ley se expone que con la desaparición de la publicidad en Radiotelevisión Española se favorecerá a las privadas y se las compensará del bajón publicitario de los últimos tiempos. A
este respecto, señorías, queremos hacer tres puntualizaciones: primero, nos parece falso que la disminución publicitaria haya comportado pérdidas en las cuentas de explotación, al contrario, siguen teniendo beneficios; segundo, se da una respuesta
irreversible con un cambio de modelo a una situación únicamente coyuntural de crisis y, tercero, se ha demostrado en los países del entorno donde se ha implantado este modelo que las privadas no pueden absorber buena parte de la publicidad liberada
por la televisión pública.
A nuestro juicio, los argumentos del Gobierno solo suponen una cortina de humo para ocultar la realidad. El presidente del Gobierno quiere atar corto, a nuestro juicio, la televisión pública estatal para favorecer los
intereses de su entorno. Pero el presidente Zapatero no está solo. Una vez más, como viene sucediendo últimamente, sus intereses coinciden con los del principal partido de la oposición y por las mismas razones, el reparto del espacio audiovisual
español entre sus medios afines. Esto supone una apuesta del Gobierno arriesgada y desleal. Con este proyecto de ley, que pretende la eliminación plena de la publicidad, se puede situar a Radiotelevisión Española en unos índices de audiencia
marginales que cuestionarían paradójicamente la función de servicio público encomendada y que en teoría se pretende consolidar, y además se abrirán las puertas a su desmantelamiento como organismo estatal, a su privatización bien progresivamente
bien de manera radical, como se pretende. En este caso, los beneficiarios de este plan maquiavélico no serían otros que los mismos que hoy tienen previsto beneficiarse con la presente ley. Por todo ello, hemos presentado y defendido nuestra
enmienda a la totalidad del proyecto de ley de financiación de Radiotelevisión Española.
Muchas gracias, y un saludo a los colectivos afectados por esta ley que están en la tribuna.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy no es un buen día para el Parlamento, no es un buen día para la deliberación democrática y creo que tampoco es un buen día para la izquierda. El año pasado, en el primero de mayo, un dirigente socialista me decía ante mis
quejas sobre las insuficiencias de la legislatura pasada: Tranquilo, Gaspar, no has visto nada de nuestras segundas legislaturas. Pues bien, este es el principal exponente de las segundas legislaturas. Si las primeras legislaturas se caracterizan
por un poco de ilusión y algo de cambio, las segundas legislaturas -y esta ley en concreto- son las de la renuncia y la nostalgia del pasado. ¿Por qué renuncia, señorías? Esta no es la ley de financiación de Radiotelevisión Española, es un
MacGuffin. Esta es la ley de la renuncia al liderazgo de Radiotelevisión Española en el panorama audiovisual y al mismo tiempo es la ley de la nostalgia que el Gobierno tiene de una televisión de partido. Si ya no hay televisión de partido o hay
menos televisión de partido, por lo menos hay que tener las televisiones de los amigos. Esa es la realidad de esta iniciativa parlamentaria. Porque, señorías, la vicepresidenta del Gobierno, en su intervención ante esta Cámara, ha hecho un gran
esfuerzo en pintar los tintes negros de la financiación de Radiotelevisión Española. No se ha referido en esos tintes negros a la corresponsabilidad del Gobierno en los últimos meses y tampoco se ha referido al liderazgo de Radiotelevisión Española
en el panorama audiovisual español. ¡Qué pronto pasa el Gobierno de cantar las maravillas de Radiotelevisión Española a presentarnos únicamente un panorama oscuro para justificar luego una medida drástica de supresión de la publicidad! Les decía,
señorías, que no se fijen demasiado en ese título de la ley de financiación de Televisión Española, ni siquiera aquellos que están más preocupados deberían fijarse únicamente en la supresión de la publicidad. Vuelvo a reiterar, es en términos de
Hitchcock un MacGuffin, esto es, un arma para cazar leones en Escocia. Es decir, no hay leones en Escocia, luego es una maniobra de distracción, porque el problema fundamental no es la financiación de Radiotelevisión Española y ustedes lo saben.
Podían haber negociado la disminución de la publicidad, podían haber negociado un proceso y no han querido. ¿Por qué la supresión drástica? Porque el problema no es la financiación, sino la naturaleza del ente Radiotelevisión Española. El
problema es quién lidera la televisión digital terrestre, si el sector público, y con ello Radiotelevisión Española, o el sector privado. Y rememorando El Quijote: Amigo Sancho, en este caso primero con la banca y ahora con los medios de
comunicación privados hemos topado. Hemos topado y el Gobierno ha renunciado al sector público como líder del futuro panorama audiovisual, y ha cedido ese liderazgo a la radiotelevisión privada. Señorías, esta ley es fundamentalmente una ley de
restricciones a la independencia y a la autonomía de Radiotelevisión Española, limita la autonomía de gestión.
Sí, señora vicepresidenta, porque si restringe el contenido deportivo y el contenido cinematográfico está restringiendo la autonomía de
gestión y está limitando el liderazgo de Televisión Española en el panorama audiovisual y, por si fuera poco, subordina el presupuesto de Radiotelevisión Española con la alternativa de financiación a sus competidores. ¿Dónde se ha visto que la
financiación de una televisión independiente dependa de sus competidores, señorías? Es una subordinación inaceptable. Pero es que en el momento en que se define el panorama audiovisual de futuro, la televisión digital terrestre en su proyecto de
ley restringe el crecimiento presupuestario, mejor dicho estanca el crecimiento presupuestario durante cuatro años a Radiotelevisión Española, con lo cual Radiotelevisión Española no tiene capacidad política ni presupuestaria para dirigir, para
liderar el sector audiovisual en este momento tan importante. En definitiva, corta las alas a Radiotelevisión Española, a la radiotelevisión pública, y le impide ser la líder no solamente de audiencia, sino la líder del futuro panorama audiovisual
en nuestro país.
¿Cómo lo ha hecho, señora vicepresidenta? Tengo que matizarle. Desde luego, su iniciativa no es una iniciativa deliberativa, no dice nada bueno del talante deliberativo del Gobierno, no dice nada bueno del respeto al Parlamento por parte
del Gobierno. Esta iniciativa no cuenta con el acuerdo del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, no cuenta con el acuerdo de los sindicatos representativos de los trabajadores de Radiotelevisión Española y no cuenta con el acuerdo
parlamentario que impulsó la reforma de Radiotelevisión Española. Ni siquiera cuenta con el acuerdo de la Ley 17/2006. Por tanto, señora vicepresidenta, no es un dechado de republicanismo ni de deliberación esta iniciativa. Es una iniciativa que
se corresponde más con un acuerdo de sector; es más la iniciativa de Uteca, la iniciativa Berlusconi, la iniciativa Sarkozy que la iniciativa del Parlamento español o de Radiotelevisión Española. Señora vicepresidenta, ¿cuáles son los efectos
colaterales? Pues tiene efectos colaterales muy importantes en la publicidad, el juguete y las telecomunicaciones, es decir, que no solamente renuncia al liderazgo público de la futura radiotelevisión, sino que además tiene efectos colaterales
sobre la economía y el empleo de sectores muy importantes de nuestro país.
Termino, señora vicepresidenta. Ustedes ganarán esta votación, pero no convencerán. Tantos grupos parlamentarios y tantos grupos de su izquierda contra esta iniciativa demuestran que no estamos ante una iniciativa bienintencionada o una
iniciativa ilustrada del Gobierno, que quiere una televisión sin publicidad. Vuelvo a repetirlo, esa es una excusa ilustrada. Lo que quiere el Gobierno es ceder el liderazgo de la radiotelevisión a la radiotelevisión privada, por una nostalgia
también -y
termino-, por la nostalgia de la radiotelevisión de partido; si no hay televisión de partido ustedes quieren televisión de amigo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para fijar la posición, en primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Duran i Lleida.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta, es cierto, como decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que estamos ante una temática seria y compleja. Ante ella nuestro grupo parlamentario no ha optado por la presentación de
una enmienda a la totalidad, sino que el camino que ha escogido es presentar, como sin duda han hecho también los grupos parlamentarios que presentan esa enmienda a la totalidad, enmiendas al articulado, enmiendas en las que expresamos la
discrepancia y la voluntad de mejora por parte de nuestro grupo parlamentario del contenido de esta ley. Una ley que, como se dijo antes, nos hubiera gustado que se integrase en la Ley General de Comunicación Audiovisual para tener una opinión más
global de lo que es el conjunto del sistema, pero también es cierto que en las horas presentes ya se conoce el primer anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, y ello nos da una perspectiva global de cómo el Gobierno pretende tratar todo el
sector audiovisual.
Sobre la materia -otra cosa distinta son los contenidos, con los que hemos objetado a través de nuestras enmiendas y a los que haré referencia más tarde, a lo largo de mi intervención- había que legislar por tres razones básicas. La primera
es por razones estructurales, porque había que adaptarse a la normativa europea, como consecuencia de la ausencia de un modelo audiovisual homologable con el resto de países de la Unión Europea, en lo que hace referencia a una televisión pública no
comercial, es decir, entendiendo como tal una televisión pública que no emite publicidad o que es testimonial. (Rumores.) Otra cosa distinta es el procedimiento y los plazos a seguir para llevar a cabo ese objetivo. Una segunda razón por la que, a
juicio de mi grupo parlamentario, había que legislar es por razones coyunturales. Evidentemente, como afecta a otros sectores industriales, la crisis está afectando también de manera financiera y económica a los sectores audiovisuales. Lo que
nuestro grupo parlamentario quiere remarcar es que hay que intentar -y para eso está el procedimiento legislativo que va a seguir esta ley a partir del día de hoy- que aquello que pretendemos evitar por razones coyunturales, que es la afectación de
la crisis económica y financiera al sector audiovisual, no haga que provoquemos una nueva afectación a otros sectores, a los que después haré referencia. En tercer lugar, había que legislar por razones de futuro. (Rumores.) Como ustedes saben,
señorías, la televisión analógica desaparecerá el 3 de abril de 2010; cada televisión privada pasará a gestionar cuatro señales digitales y cada televisión pública de ocho a doce señales digitales, por lo que lógicamente fragmentamos mucho más el
espacio audiovisual.
Entendemos, y así lo suscribe nuestro grupo parlamentario, que este proyecto de ley acelera el proceso de cambio estructural del sistema de financiación de Radiotelevisión Española. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Duran.
Por favor, ¿tendrían la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones privadas y guardar la debida cortesía al orador que está en el uso de la palabra?
El señor DURAN I LLEIDA: Decía que la ley refuerza y debe reforzar, a nuestro juicio, el carácter de servicio público de Radiotelevisión Española en sus contenidos y en su cuestión. Finalmente, esta es una ley -y así lo suscribe nuestro
grupo parlamentario- que persigue la coexistencia y la convivencia entre un sector audiovisual público y el privado. Se ha dicho que esta ley puede provocar la desaparición de la televisión pública española; no estamos de acuerdo con esa
apreciación.
Todo lo contrario, me parece que, en ese sentido, va a haber consecuencias distintas de las esperadas. Me temo mucho -y ahí está el caso francés- que, por ejemplo, quienes esperen que toda la publicidad pase del sector público al
privado van a encontrarse con que ello no va a ser así. No obstante, como le decía antes, señora vicepresidenta, nuestro grupo parlamentario ha presentado veintiséis enmiendas, a través de las cuales pretende corregir aquellos puntos concretos con
los que manifiesta desacuerdo nuestra posición parlamentaria.
En primer lugar, nuestro grupo parlamentario entiende que esta es una ley que incumbe única y exclusivamente a Televisión Española, no a ningún otro tipo de televisión pública, entendiendo como tal las televisiones autonómicas, por lo que en
este sentido es respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) También es cierto, como se apuntaba desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de
Catalunya, que a nuestro juicio esta ley ignora el contenido del artículo 3, en su apartado 3, de la Constitución española, cuando habla de la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España como patrimonio cultural, que debe ser objeto
de especial respeto y protección. He aquí la causa por la que nuestro grupo parlamentario ha presentado enmiendas para incorporar la dimensión de las diversas lenguas que son oficiales en ámbitos autonómicos, de acuerdo con el mandato
constitucional, son patrimonio cultural y, especialmente, deben ser objeto de respeto y protección.
El proyecto de ley, como se ha puesto de relieve en intervenciones de otros grupos que han defendido su enmienda a la totalidad, presenta cuestiones polémicas, más allá de las que ya mencioné acerca de la definición
de servicio público. Todo el mundo sabe que este es un proyecto de ley que levanta oposición entre el sector de las telecomunicaciones o el de la publicidad; y aprovecho la ocasión para saludar a sus representantes, algunos de ellos
precisamente han sido invitados por nuestro grupo parlamentario. Habrá que aprovechar -y así lo advierte nuestro grupo parlamentario- el trámite correspondiente de este proyecto de ley, tanto en ponencia como en Comisión, para acercar posiciones.
De entrada nuestro grupo parlamentario ya ha materializado, a través de las enmiendas correspondientes, nuestro deseo de que se exceptúen de las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones aquellos que no presten servicios de televisión ni
cualquier otro servicio que incluya publicidad o incluyendo también, pensando en el sector de las telecomunicaciones y especialmente en las empresas más débiles de ese sector, el principio de proporcionalidad que permita acotar exoneraciones,
teniendo en cuenta el nivel de ingresos de los distintos operadores y sociedades, así como su capacidad financiera. Somos conscientes de que con estas enmiendas no resolvemos los planteamientos de otros sectores de telecomunicaciones y del sector
de publicidad. Esperamos que los trámites de ponencia y de Comisión permitan encontrar fórmulas que puedan generar el consenso más amplio posible, que hagan posible esa coexistencia y convivencia del sector público de televisión con el sector
privado y que, al mismo tiempo, esta ley provoque los menos daños colaterales posibles.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Duran.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Villar.
El señor VILLAR GARCÍA-MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Popular, fijar nuestra posición respecto a las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de financiación de la Corporación de la Radio y Televisión Española. Aprovecho
para dar la bienvenida a los representantes de Televisión Española y de sectores afectados que hoy nos acompañan desde la tribuna de invitados. Nos honramos con su presencia y estamos convencidos de que contribuirá a que el debate sobre la
financiación de Radiotelevisión Española esté a la altura del sentido de responsabilidad y consenso que nos demanda en este asunto la sociedad española. Permítanme que empiece mi exposición diciendo que el Gobierno y el Grupo Socialista una vez más
podían haber hecho en esta materia las cosas mucho mejor. Prometieron hace cinco años una nueva política audiovisual. Durante todo este tiempo pensamos que estaban trabajando con intensidad y dedicación en una ambiciosa reforma legislativa de todo
el sector a través de una completa ley general audiovisual. Sin embargo, nuestra sorpresa ha sido cuando el trabajo de cinco años en este campo se ha traducido en lo siguiente: primero, en una legislación del sector por fascículos; segundo, en
una legislación que además de incompleta tras cinco años de espera han decidido remitirla por la vía de urgencias; y, tercero, en una legislación que no ha contado con el necesario consenso de todos los agentes afectados. Comprenderán, señorías,
nuestra decepción después de tan larga espera porque, a pesar del ejercicio de responsabilidad con el que apoyamos la convalidación del Real Decreto-ley, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, ustedes no aceptaron la
gran mayoría de las enmiendas que les propusimos después de brindarles nuestra colaboración; decepción también porque se anunció por el Gobierno la regulación y aprobación de la TDT de pago, y a día de hoy esta Cámara sigue sin saber si se hará por
autorizaciones individualizadas, si se hará mediante real decreto o a través de la también anunciada Ley General Audiovisual; y decepción ahora porque nos traen un proyecto de ley de financiación para Radiotelevisión Española que, de nuevo,
planteado por la vía de urgencia, pretende implantar un nuevo modelo de financiación que, además de no contar con el consenso necesario, exhibe una preocupante falta de economía legislativa y de eficacia en la previsión del diseño legal que se
quiere para Radiotelevisión Española. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señorías, el sector audiovisual y las telecomunicaciones en general requieren un marco legal completo y estable. La Ley General Audiovisual anunciada por el Gobierno el pasado 26 de junio podría ser ese marco, si no se empeñaran en promover
una fragmentación normativa a la que contribuyen nuevamente con el proyecto de ley de financiación que ahora debatimos. Al paso que van la ley que nos han anunciado tan solo será general de título, y en la práctica debatiremos no una ley general
audiovisual sino una ley residual. Esto nos parece gravísimo. Después de cinco años no se puede venir al Congreso sin los deberes bien hechos. No conviertan la excusa de lo que llaman la crisis del sector audiovisual en una justificación para que
tengamos que avalar la pobre respuesta que nos ofrecen a la misma y que es consecuencia de que no han hecho nada -insisto- durante estos cinco años. Necesitamos una respuesta que atienda la urgencia del momento pero que, al mismo tiempo, diseñe un
marco de futuro estable, capaz de sacar partido a las oportunidades de crecimiento y expansión del sector de las telecomunicaciones. El Gobierno ha vuelto a demostrar que no tiene criterio, porque para determinar la financiación de Radiotelevisión
Española hay que resolver primero la cuestión de la definición -sí, señorías- del modelo de televisión pública que queremos, la determinación de un servicio público de calidad, independiente, viable, promotor de la cultura española y que satisfaga
las necesidades de todos los ciudadanos. Y me da la impresión, señoras y señores
diputados, de que el Gobierno como en tantas otras cosas no tiene las ideas claras.
El Grupo Popular se ha mostrado favorable a modificar la financiación de Radiotelevisión Española, pero no nos parece correcto el modelo del Gobierno. Por ello hemos presentado nuestra alternativa mediante un paquete de enmiendas a este
proyecto de ley. Nuestras enmiendas tratan de recoger el sentir de muchos grupos afectados directamente por el nuevo modelo de financiación de Radiotelevisión Española, compartiendo los criterios manifestados por la CMT y el Consejo de Estado -por
cierto, ambos criterios han sido ignorados por el Ejecutivo-. Nuestras enmiendas ofrecen un modelo alternativo más razonable, más adecuado y más justo porque no contradicen el derecho comunitario y porque eluden los vicios de inconstitucionalidad
que pesan sobre el proyecto. Por eso nuestras enmiendas suprimen el gravamen que el Gobierno pretende imponer a los operadores de telecomunicaciones. Primero, porque es inconstitucional al vulnerar los principios de capacidad, generalidad e
igualdad que gravitan sobre el sistema tributario; segundo, porque obstaculiza la dinamización de las telecomunicaciones, y tercero y más preocupante, porque tarde o temprano acabará repercutiendo injustamente sobre los precios que soportan los
consumidores. Parece, señorías del Grupo Socialista, que están cogiendo gusto a la práctica de los cánones. Empezaron con el digital y ahora añaden el más que discutible gravamen a los operadores de telecomunicaciones. Nuestra alternativa a tanto
canon es afectar el cien por cien de la tasa por el uso del espectro radioeléctrico en vez del 80 por ciento que prevé el proyecto de ley. También planteamos una nueva fuente de financiación, consistente en la incorporación de un porcentaje de los
derechos de propiedad intelectual recaudados por las entidades de gestión colectiva, cuyos titulares no hayan sido identificados en el plazo de cinco años. Ello contribuirá a que se puedan materializar las nuevas obligaciones adicionales de
servicio que establece el proyecto de ley, entre las que destaca la promoción de la cultura y el cine español.
Estas medidas nos permiten además reducir las aportaciones que el proyecto de ley que hoy debatimos impone a las televisiones en abierto
y de pago. (Rumores.) Por ello, en vez del 3 por ciento y del uno por ciento, proponemos reducir su aportación al 2 y al uno por ciento respectivamente. Asimismo, rechazamos el diseño previo de la financiación que hace el proyecto de ley, porque
se inspira en un planteamiento finalista, que busca pagar la factura actual que adeuda Radiotelevisión Española.
En vez de saber qué modelo de televisión pública queremos y luego cuánto nos va a costar, el proyecto de ley hace lo contrario, empieza por el final y establece los sujetos pasivos que han de sufrir sobre sus espaldas el peso de la
financiación. De ahí que nuestras enmiendas busquen una financiación suficiente para una Radiotelevisión Española comprometida con los niveles de calidad y objetividad exigibles a una televisión pública en una sociedad avanzada. La determinación
del presupuesto debe responder a criterios de eficiencia en la gestión del servicio público. Por eso proponemos que sea la CMT y no el Gobierno la que a partir del ejercicio 2011 determine anualmente el coste neto de la prestación de las
obligaciones de servicio público que se imponen a Radiotelevisión Española. Asimismo, nuestras enmiendas proponen que el Estado no pueda reservar o adjudicar a la Corporación de Radiotelevisión más que un canal múltiple para el servicio público de
televisión. Esta medida debe ser puesta en relación con el horizonte de la TDT y la dimensión que el servicio público que preste Radiotelevisión ha de tener en el ámbito digital.
Señorías, nuestra posición ha sido expuesta con suficiente claridad. No apoyaremos ninguna de las enmiendas a la totalidad que se han planteado, pero trataremos de llegar a acuerdos sobre las enmiendas que acabo de mencionarles, aunque
quiero reiterarles que hubiéramos deseado que todas estas cuestiones se hubieran incluido junto con otras dentro del marco de una auténtica ley general audiovisual. El diseño que el Gobierno nos propone es a nuestro entender equivocado, ya que no
logrará dar estabilidad al marco jurídico que demanda el sector, pero aún están a tiempo de rectificar. Háganlo asumiendo el carácter consensuado que ha de revestir esta ley. Pueden desandar la mala experiencia del proyecto de ley anterior y
sentar las bases para que podamos llegar a acuerdos en este tema y en los que se prevén en el futuro. Señorías, el empeño merece la pena.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villar.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Óscar López.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero saludar a todos los invitados que nos acompañan hoy. Anunciantes, publicistas, trabajadores de Radiotelevisión Española, representantes del sector de las telecomunicaciones, bienvenidos a este debate
transparente en el que vamos a abordar una cuestión de primera magnitud para nuestro modelo audiovisual. El Grupo Socialista entiende las enmiendas a la totalidad que hoy debatimos como una excelente oportunidad para dar argumentos a favor de una
reforma necesaria y oportuna del modelo de financiación del servicio público en nuestro país. A ello dedicaré mi tiempo, a dar argumentos para rechazar estas enmiendas de totalidad y a defender el nuevo modelo, un modelo reformista frente a la
actitud inmovilista de algunos en tiempos desde luego de cambio en el sector audiovisual. Es cierto que en la anterior legislatura abordamos una reforma profunda de la radio y la televisión públicas en nuestro país, y entonces conseguimos
básicamente tres cosas.
En primer lugar, avanzar en la definición de servicio público en la propia ley y en el mandato
marco. En segundo lugar, desgubernamentalizar Radiotelevisión Española hasta el punto de que la dirección de la corporación se hizo y se hará siempre ya en este Parlamento y con el acuerdo necesario de la oposición, y muy especialmente del
grupo mayoritario de la oposición. (Rumores.) ¿Se imaginan ustedes algo así en Telemadrid o en Canal 9? Hoy en día, no, pero les juro que es posible; por ejemplo, Canal Sur lo ha hecho, Andalucía lo ha hecho. (Rumores.) En tercer lugar, se
consiguió también acabar con la deuda de Radiotelevisión Española tras multiplicar por cinco...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.
Decía que se consiguió también acabar con la deuda de Radiotelevisión Española tras haberse multiplicado por cinco en la etapa de Gobierno del Partido Popular, hasta llegar a ser más del uno por ciento del PIB de este país. Por tanto, señor
Villar, decepción -de decepción hablaba el representante del Grupo Popular-, decepción la que tuvimos los que vimos que tras ocho años de Gobierno del Partido Popular, Televisión Española solo recibió condenas por manipulación informativa y
multiplicó su deuda por cinco; eso es decepción. (Aplausos.) Decepción es dejar todo el desarrollo de la televisión digital terrestre en manos de un solo operador que se llamaba Quiero TV y que fue a la quiebra dejando vacía la televisión digital
terrestre en este país. Y decepción es que en ocho años de Gobierno, cuatro de ellos con mayoría absoluta, el Partido Popular no fuera capaz de traer a esta Cámara una ley general audiovisual que tenía pactada con una oposición entonces
responsable, que era la del Partido Socialista. Decepción también es, por cierto, que un partido tan importante como es el principal partido de la oposición, ejerza aquí de lobby en vez de defender el interés general; eso sí que es decepción.
(Aplausos.)
Señorías, es cierto también que el Gobierno y este Parlamento habían avanzado en algo que era un compromiso electoral del Partido Socialista Obrero Español, como es la reducción paulatina de la publicidad en Televisión Española, que se venía
aplicando, primero, de doce a once minutos y, luego, de once a diez, y así paulatinamente. Sin embargo, hoy debatimos algo revolucionario y además valiente en nuestro país, y digo en nuestro país porque hay otros, como Gran Bretaña o como Francia,
que ya cuentan con televisiones públicas sin publicidad y, por cierto, qué bien les ha sentado. Por tanto, hoy estamos hablando aquí de reformas con un Gobierno que tiene un proyecto de reformas, y estamos precisamente para mover las voluntades de
los inmovilistas. Por tanto, en primer lugar, quiero defender la coherencia ideológica de quienes veníamos apostando por reducir la publicidad en Televisión Española, aquellos que desde la izquierda, señor Llamazares, hacemos algo tan raro como
defender que un servicio público tenga una financiación pública. Qué cosa más rara, señor Llamazares.
Señorías, podríamos discutir el cambio de ritmo que provoca esta ley en cumplimiento del anuncio del presidente del Gobierno de suprimir la publicidad, pero este cambio de ritmo está plenamente justificado ante el inminente encendido digital
-para no hablar de apagón- y por la coyuntura económica que afecta al sector audiovisual como a tantos otros. Señorías, vaya si afecta. En los primeros cuatro meses del año 2009 las televisiones de nuestro país han sufrido una caída del 30 por
ciento en sus ingresos, y Televisión Española, que es quien mejor se ha comportado gracias a su liderazgo de audiencia, también ha reducido sus ingresos en un 25 por ciento; algo menos que el resto sí, pero en una cuarta parte de los ingresos que
tenía previstos a pesar, como digo, de ser líder en nuestro país. Este único dato valdría para afirmar dos cosas. En primer lugar, que la principal beneficiada de este nuevo modelo es precisamente Radiotelevisión Española, que tendrá garantizada
una financiación suficiente al margen de las tensiones del mercado publicitario y, en segundo lugar, que de no provocar una reforma como ésta Radiotelevisión Española podría volver a la senda de la deuda que afortunadamente ya hemos abandonado, a
pesar de contar, como he dicho antes, con una magnífica gestión que la mantiene como líder, pero sin los resortes que tiene el consejo de administración de un operador privado.
Señorías, llegados a este punto existen dos debates. El primero de ellos es sobre la supresión o no de la publicidad en televisión, y el segundo es sobre cómo financiar ese modelo alternativo sin publicidad. En relación con la supresión
les daré hoy solo tres argumentos, no tengo tiempo para más. En primer lugar, suprimir la publicidad de Televisión Española no es más que garantizar el futuro de la corporación mediante su equilibrio presupuestario y permitiendo que Televisión
Española ejerza no solo un liderazgo en las audiencias sino también un liderazgo moral, mediante la realización de una programación de servicio público de calidad. La anterior reforma reforzó la independencia política de Televisión Española, pero
con esta reforma garantizaremos también su independencia económica. En segundo lugar, suprimir la publicidad de Televisión Española nos homologa a nuestros vecinos europeos con televisiones de referencia como Gran Bretaña o Francia, donde la
televisión pública goza de una excelente salud, y la supresión de la publicidad en la televisión pública no ha causado ningún efecto negativo sobre sus economías. Suprimir la publicidad de Televisión Española supone dotar al sector televisivo de
las mismas garantías que al resto del sector mediático de este país. ¿Se imaginan ustedes -¿verdad que no?- un sector de radio o de periódicos de titularidad estatal compitiendo con el sector privado por la publicidad? ¿Verdad que no se lo
imaginan?
Señorías, antes dije y lo reitero hoy que la principal beneficiaria de esta reforma sería Radiotelevisión Española y es verdad que noto el escepticismo en algunos de
ustedes, el mismo escepticismo que noté en esta misma tribuna cuando en este Parlamento debatimos la ampliación del número de canales de televisión y algunos de ustedes hicieron la acusación de que el Gobierno de España quería beneficiar a
dos cadenas nuevas, Cuatro y La Sexta, mediante el hundimiento de Televisión Española. Pues miren ustedes, señorías, entonces Televisión Española no era líder y hoy Televisión Española es líder después de haber abierto el pluralismo informativo de
este país. Esta es la realidad. El tiempo pone, da y quita razones.
Argumentada la posición en relación con la supresión, paso a argumentar sobre el segundo de los debates, sobre el modelo alternativo. Hoy Radiotelevisión Española cuesta 1.100 millones de euros al año. A pesar de la contundencia de la
cifra, debemos reconocer que Radiotelevisión Española es la radio y la televisión pública más barata de toda Europa en coste por habitante. De esos 1.100 millones de euros, en la actualidad la mitad provienen de ingresos publicitarios y la mitad de
los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, debatamos aquí cuál es la forma de financiar ese 50 por ciento de los actuales recursos que vienen vía publicidad. En el mundo hay básicamente dos modelos homologables, excluyendo, claro está,
modelos como el norteamericano, donde la televisión pública es verdaderamente residencial. El primer modelo es el canon o, lo que es lo mismo, un impuesto directo a todos los ciudadanos para financiar su televisión, como ocurre en el caso de la BBC
británica.
El Grupo Socialista considera que ni España ni ahora son el lugar ni el momento para establecer un nuevo impuesto a los ciudadanos para que paguen su televisión.
El segundo modelo es el que debatimos hoy aquí, que sea el propio sector audiovisual, el beneficiario -no lo olviden ustedes- de un uso de bien público como es el espectro radioeléctrico, quien colabore a financiar el servicio público de
televisión. En ese sector audiovisual, usuario del espectro radioeléctrico, están por supuesto las televisiones privadas, sí, pero también el sector de las telecomunicaciones, que reconoce la televisión -él mismo- como un negocio propio de la
actualidad pero sobre todo de futuro. Según datos de la empresa Telefónica, la pequeña pantalla es ya el principal motor de crecimiento del grupo, con 2,26 millones de clientes en todo el mundo. Señorías, en un mundo cambiante, donde la televisión
no es ya un aparato encima de la mesita del salón sino contenidos en múltiples soportes, las empresas de telecomunicaciones también son televisión, sí lo son, y por eso parece justo que contribuyan a financiar el servicio público de televisión como
el resto del sector audiovisual. Por todo ello los ciudadanos han de saber que van a seguir teniendo una televisión pública fuerte y líder, por la que no van a pagar más, pero de la que van a disfrutar sin anuncios. El sector audiovisual sabe que
va a tener un mercado más seguro en una coyuntura de incertidumbres. Y los trabajadores de Radiotelevisión Española, que están hoy aquí representados, tienen que saber que con esta reforma vamos a garantizar precisamente su estabilidad laboral,
básicamente por dos motivos: en primer lugar porque tendrán mucha más carga de trabajo en Radiotelevisión Española para producir muchas horas que hoy se emiten de publicidad, y en segundo lugar porque con esta reforma precisamente impediremos que
Televisión Española vuelva a caer en el camino del déficit y de la deuda, con lo cual podremos evitar en el futuro nuevos recortes o nuevas reestructuraciones.
Me he empeñado y me he esforzado en dar argumentos a favor de una reforma claramente necesaria y oportuna. Los grupos de esta Cámara tendrán que responder a dos cuestiones: por un lado, suprimir sí o no la publicidad y, por otro, cómo
financiar esa supresión. El Gobierno y el Grupo Socialista tienen voluntad de reforma y tienen respuesta a las dos preguntas, pero sobre todo tienen la voluntad de llegar a acuerdos para que la solución real sea de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.
Dentro de dos minutos iniciaremos las votaciones. (Pausa.)
RECHAZO DEL SENADO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN.)
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SE FIJA EL LÍMITE DE GASTO
NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2010.
(Número de expediente 430/000002.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar, acuerdo del Gobierno por el que conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2010. El voto afirmativo lo es a la aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros.
En estos términos, se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 170; en contra, 150; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia fijado el límite de gasto no financiero para el año 2010.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
(Número de expediente 130/000018.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día, convalidación del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. (El señor Ridao i Martín
pide la palabra.) Sí, señor Ridao, ¿qué desea?
El señor RIDAO I MARTÍN: No sé si este es el momento oportuno para solicitar en nombre de nuestro grupo que se vote la tramitación como proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Solamente procedería si es convalidado, pero ya sabemos su intención y por tanto, si así ocurriera, actuaremos en consecuencia. Ahora lo que votamos es la convalidación o derogación del mentado real-decreto ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor; 313; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia convalidado el real-decreto ley.
A solicitud del señor Ridao, aunque quizás algún otro grupo también lo desea, ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán? (Pausa.) ¿Grupo Mixto? (Pausa.), se pasa a votación la tramitación del real-decreto ley
convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor 24; en contra, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY DE FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000027.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas a la totalidad con contenido de devolución al proyecto de ley de financiación de la Corporación de Radiotelevisión Española. Teniendo todas las enmiendas de totalidad la misma finalidad,
se votan de modo conjunto, de manera que se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 13; en contra, 173; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas todas las enmiendas de totalidad.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.