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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 75, de 02/04/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 75
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 70 celebrada el jueves 2 de abril de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial:
- Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2005. (Número
de expediente 245/000001.) ...
(Página 3)
- Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2006. (Número
de expediente 245/000002.) ...
(Página 3)
- Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2007. (Número
de expediente 245/000003.) ...
(Página 3)
Declaración sobre la Cuenta General del Estado:
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2006, así como la resolución adoptada por dicha comisión.
(Número de expediente
250/000003.) ... (Página 9)
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial. (Votación.) ... (Página 12)
Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación.) ... (Página 14)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial ... (Página 3)
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2005 ...
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2006 ...
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2007 ...
Intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Hermosín Bono, del Grupo Parlamentario Socialista; los señores Ridao i
Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Declaración sobre la Cuenta General del Estado ... (Página 9)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2006, así como la resolución adoptada por dicha Comisión ...
Intervienen la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En cuestión de orden intervienen los señores Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista y Ayllón Manso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial. (Votación.) ... (Página 12)
Se someten a votación las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia,
correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.
Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación.) ... (Página 14)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2006, así como la resolución aprobada por dicha Comisión, se
aprueba por 321 votos a favor y una abstención.
Se levanta la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005. (Número
de expediente 245/000001.)
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006. (Número
de expediente 245/000002.)
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007. (Número
de expediente 245/000003.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. VII punto del orden del día: Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los
juzgados y tribunales de Justicia correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. Vamos a tramitar las propuestas y sus enmiendas de modo conjunto, por haberlo decidido así de modo unánime la Junta de Portavoces. Cada interviniente tendrá cinco
minutos para la defensa de sus posiciones y conjuntamente podrá hacer la defensa de sus enmiendas en el tiempo antedicho. Han presentado resoluciones los grupos Catalán (Convergència i Unió), Popular y Socialista. En primer lugar, para la defensa
de sus propuestas, y eventualmente de sus enmiendas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) don Jordi Jané.
Mientras ocupa la tribuna el señor Jané les pediría a los grupos, si tienen la bondad, que nos hicieran llegar el listado de votaciones desagregadas o separadas que solicitaran tanto para este punto como eventualmente para el siguiente, si
son tan amables. Muchas gracias.
Señor Jané, cuando quiera.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, llegan hoy al Pleno de la Cámara, quizá con cierto retraso, las resoluciones consecuencia de unos informes del Consejo General del Poder Judicial, el más antiguo de los cuales es del año
2005. Hoy traemos las resoluciones sobre las memorias de 2005, de 2006 y de 2007. Esperemos que esta dilación en el tiempo no vuelva a producirse, que podamos debatir cada año con prontitud la memoria del Consejo y las resoluciones que los grupos,
tras presentación de la misma por su presidente, tengan a bien presentar ante el Pleno de la Cámara.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado cuatro propuestas. Señor presidente, señorías, la primera de las propuestas entendemos que tiene un especial valor; tiene y tendrá un especial valor si consigue la unanimidad de esta Cámara. Hay
un diagnóstico común: no estamos satisfechos de cómo funciona la Administración de Justicia. Hay una insatisfacción política en esta Cámara y, lo que es más importante, hay una insatisfacción social en la calle, los ciudadanos no están satisfechos
con el funcionamiento de la Administración de Justicia y debemos actuar. Debemos actuar a través -decimos nosotros- de un pacto de Estado, pero podemos entender que quizá por los fracasos que ha venido teniendo esa nomenclatura sería más acorde,
como algún grupo nos enmienda, sustituir pacto de Estado por lo que sería un amplio acuerdo social en materia de justicia, pero debemos realizar ese acuerdo. Bueno sería que hoy acordáramos aquí por unanimidad que queremos ponernos de acuerdo en
materia de justicia, y para hacerlo hay buenas intenciones, seguro que sí. El nuevo ministro así lo expuso en la Comisión de Justicia, un plan con buenas intenciones; el propio presidente Dívar expuso las memorias y mostró la voluntad de llegar a
amplios acuerdos.
Pues bien, que se materialice a través de un calendario, a través de un programa de actuaciones y a través de unos presupuestos con más medios para la justicia, más medios personales, materiales y mejor utilización de los medios
existentes. Creemos, señor
presidente, que casos como el caso Mari Luz ha demostrado también una descoordinación, por ejemplo, en el ámbito informático; se han gastado recursos pero, a veces, se han gastado mal. Por tanto, debemos realizar ese planteamiento, ese
gran acuerdo social en materia de justicia.
Entendemos que no sobra nadie en ese acuerdo y por eso nuestro grupo parlamentario, de manera clara y explícita, llama a todos, a los operadores jurídicos, a las asociaciones de magistrados, al Consejo
General del Poder Judicial, claro que sí, porque es el órgano de gobierno de los jueces y debe implicarse también en ese amplio acuerdo social en materia de justicia. Esta propuesta es muy importante.
Como lo es también nuestra propuesta número 2. Hemos aprobado nuevos estatutos de autonomía -este año 2009 alguno de ellos, por ejemplo el catalán, va a cumplir ya tres años- y bueno sería que estas Cortes Generales que los aprobaron, y
después se refrendaron por la propia ciudadanía en referéndum, mandataran al Consejo también, porque debe realizar los informes y los estudios precisos, para que aquello que es el Poder Judicial, por ejemplo, en Cataluña o en Andalucía, pueda tener
la necesaria plasmación que esos estatutos prevén, porque si no estaríamos diciendo a la ciudadanía que aquello que se aprobó no ha tenido ningún resultado práctico, y esto tampoco sería bueno para la labor que realizan estas Cortes Generales. Por
tanto, como forman parte del bloque de constitucionalidad, nuestro grupo pide que se cumpla.
Como pedimos también que se cumpla en la tercera resolución todo lo relativo a la utilización de las lenguas que tienen también el carácter de oficial en determinadas comunidades autónomas y un grave déficit en el ámbito de la Administración
de Justicia. Hay unos textos normativos aprobados, hay también unas resoluciones previas de esta Cámara en informes, por ejemplo, el que se debatió en los años 2004 y 2005, que mandatan también al Consejo a realizar una labor para esa normalización
lingüística.
La última de ellas -y con esto termino, señor presidente- es la que se refiere al tema de las retribuciones. Tenemos aún determinadas capitales de provincia con un nivel retributivo de sus jueces que no es acorde con la evolución de la
población que han tenido. Yo ponía en la resolución el caso de Tarragona porque es muy ilustrativo de esas discriminaciones. La ciudad de Tarragona, que tiene 137.000 habitantes, está en el grupo cuatro de retribución, y otras ciudades como
Pontevedra, que no llega a los 100.000, tiene más de 80.000, está en el grupo tres. Hay una discriminación. Y eso, ¿qué provoca? Provoca también un mal funcionamiento de la justicia porque en esos supuestos los jueces llegan a ese destino con una
gran carga de trabajo, porque hay población, porque hay puertos de interés que provocan tráfico mercantil, muchos procesos judiciales, poca retribución y quieren marcharse cuanto antes. No se consolida la necesidad de que ese juez se quede allí.
Es necesaria esa rectificación de las retribuciones que puede hacerse por real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, porque esa adecuación de los anexos está prevista en la ley. Por tanto, pedimos que se realice y pedimos
al Consejo General del Poder Judicial que nos ayude con sus informes a realizar y detectar esas disfunciones retributivas que todavía existen.
Esperemos que de este debate surjan elementos de consenso para la Administración de Justicia. Creemos que este es el mejor que podríamos dar en este momento desde el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Vicente Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: Señor presidente, señorías, glosar diecisiete propuestas de acuerdo y dos docenas de enmiendas en cinco escasos minutos constituye un esfuerzo de síntesis para el que no me sonroja declararme absolutamente incapaz.
Aprovecharé el tiempo para darles una de las claves de nuestra posición y propuestas.
Señorías, desde mi grupo no creemos que se esté abordando correctamente el problema. Son muchas las dificultades materiales que distorsionan el normal funcionamiento de la justicia; muchas. Pero esa no es la cuestión de fondo. La
cuestión a la que esta Cámara ha de responder con claridad es si el sistema de división de poderes continúa siendo la piedra angular de la organización política de nuestra sociedad o, si como se anunció desde la bancada socialista, la división de
poderes ha muerto y al señor Montesquieu podemos darlo por enterrado. Esta es, sin lugar a dudas, la primera incógnita que la Cámara debe despejar, porque la cuestión cambia radicalmente según demos una u otra respuesta. Si SS. SS. están
convencidos, tal y como se apunta desde las filas socialistas, de que la justicia es un servicio público del nivel de la sanidad o la educación, tan solo algunos peldaños por encima del servicio postal, la crisis de la justicia es tan solo un
problema de dinero y, si mucho me apuran, de competencia, de eficacia. El problema es en tal caso grave pero no complejo, señorías, y en las soluciones podemos coincidir prácticamente todos. Hacen falta más jueces, fiscales, secretarios y
funcionarios. De lo único que parecemos andar sobrados, como siempre, es de abogados. Es un sencillo problema de personal, luego un problema de dinero. Andamos escasos de juzgados, mejores ordenadores, programas informáticos capaces de
interconectarse, un problema de infraestructuras y de material, nada que no podamos resolver, señorías, con dinero. Finalmente, todos esos recursos humanos y materiales deberían ser gestionados con un mínimo razonable de competencia y eficacia. Si
llegamos a la conclusión de que el Gobierno y el Consejo General son incapaces y SS.SS. creen, como nuestros colegas socialistas, que la justicia es un servicio público
más, quién sabe, tal vez el Gobierno del señor Zapatero nos proponga, antes o después, privatizarla. Pero si SS.SS. creen en la plena vigencia del sistema de división de poderes, si SS.SS. creen, en definitiva, como creemos en el Partido
Popular, que la justicia no es un servicio público sino un poder del Estado que sirve a los ciudadanos de este país, entonces, señorías, no nos enfrentamos solo a un problema de falta de medios sino a algo mucho más profundo, nos enfrentamos a una
cuestión de confianza en la justicia o, más bien, de desconfianza. Una situación que mina la propia credibilidad del sistema y en la que la falta de medios y de eficacia en la gestión es solo una parte del problema.
Señorías, el funcionamiento de la justicia es básicamente una cuestión de confianza. La justicia es el garante de nuestras libertades y derechos, es el garante de que nadie está por encima del imperio de la ley y de que todos estamos
sometidos a las mismas reglas del juego. Es el árbitro, y todo el mundo tiene que poder fiarse del árbitro. Al final, señorías, la confianza es una cuestión de prestigio. Coincidimos todos en que la ineficacia merma el prestigio. Por tanto, es
cierto que la acuciante falta de medios materiales y humanos que padece está socavando de manera irreparable su credibilidad. ¡Qué nos van a contar! Esto nos ha llevado a contemplar atónitos esa explosión de frustración profesional sin precedentes
que ha supuesto el encadenamiento de una huelga de funcionarios a una de secretarios y ésta a la de jueces y magistrados, fruto, a mi juicio, de la torpe política del Gobierno. Del horizonte próximo prefiero no hablarles. Tenemos una reedición de
la de jueces, casi podríamos descontar otra de policías. Se les ha puesto en huelga, señorías, todo el mundo, excepto los detenidos. (El señor vicepresidente, Fernández Díaz, ocupa la Presidencia.)
Con todo y con eso, esta, señorías, es, tal y como les decía, una cuestión básicamente de presupuestos. Pero si SS.SS. piensan que la justicia es un poder del Estado, no es el menor de los problemas el que supone la idea, cada vez más
extendida, de que la justicia está profundamente penetrada por la política, no es independiente y, por tanto, no cabe confiar en la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. Hoy son muchos los ciudadanos de este país que piensan que la
justicia ya no es ciega, que hace trampas, que se levanta la venda para ver con quién se la está jugando en cada ocasión. De este estado de cosas son tan responsables algunas reformas legislativas impulsadas por gobiernos socialistas como la
actitud de algunos jueces que han visto en el ejercicio de su potestad jurisdiccional una vía hacia la notoriedad y la prosperidad, cuando no un camino para dar rienda suelta a sus demonios particulares. El árbitro no puede convertirse nunca en el
protagonista del partido. Si es así, es que lo está haciendo rematadamente mal, es que algo huele a podrido en Dinamarca. Así pues, señorías, va a resultar muy difícil atajar los males, abordar soluciones para una crisis de la justicia que ya no
admite esperas si no definimos al mismo tiempo cuál es el modelo de justicia que queremos y qué papel deseamos que juegue dentro del sistema. No solucionaremos el problema si no somos capaces de identificar su origen y dimensión, no les quepa de
todo ello, señorías, duda alguna.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Ferrer.
Tiene la palabra a continuación la señora Hermosín por el Grupo Socialista.
La señora HERMOSÍN BONO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hoy tenemos un debate como consecuencia de la comparecencia en la Comisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial que nos hace retornar por fin a la normalidad democrática en cuanto a las
relaciones del Poder Judicial con este Parlamento. Saben muy bien -o al menos se lo recuerdo- que el último debate sobre una memoria del Consejo que se produjo en este Congreso de los Diputados fue en diciembre de 2005, es decir, que hace más de
tres años que nadie del Consejo pisaba esta casa. Por eso nosotros saludamos con gran esperanza la comparecencia del presidente en la Comisión dando cuenta de las memorias de los años 2005, 2006 y 2007. Evidentemente, no estamos ya en eso sino en
otra cosa y mirando al futuro. Por lo tanto, creo que hay que pasar página de una etapa del Consejo que ha estado caracterizada por una pésima actitud de su presidente y de la mayoría conservadora, que decidieron no cumplir con las obligaciones
legales del Consejo ante esta Cámara.
No puedo estar de acuerdo con el contenido digamos que filosófico del discurso sobre el concepto de Poder Judicial que ha expresado el portavoz del Partido Popular. Doy por sentada -y no voy a entrar en ese discurso- la independencia y la
objetividad del Poder Judicial y de los jueces individualmente. La prueba de ello es que, a pesar de las dilaciones, del retraso, de las dificultades -que las hay y son muchas y variadas-, los ciudadanos confían en nuestra justicia. La prueba es
que cada vez hay más litigio, de ahí una de las causas de por qué hay tantos problemas en la justicia, porque el acceso a la justicia y la demanda de la tutela efectiva son mucho más rápidos que los medios que pueden ponerse a disposición para
afrontarlo de manera adecuada.
Voy a defender muy brevemente doce propuestas de resolución que ha presentado mi grupo y que no van al gran discurso sino a las competencias concretas y concisas que tiene que desarrollar el Consejo. Proponemos cosas muy concretas pero que
creo que son muy importantes, no porque sean cuestiones competencia exclusiva del Consejo y no del ministerio ni de otros órganos. Por eso hemos propuesto doce resoluciones que tienden, por una parte, a mejorar y a hacer más transparente la materia
de nombramientos, de tal manera que no solo obedezcan, por supuesto, a los principios del mérito y la capacidad
sino que sean motivados. Y, por otra, que se tenga en cuenta el derecho del acceso de las mujeres que hoy son ya mayoría en la carrera judicial y que están infrarrepresentadas en los cargos discrecionales de libre designación por el
Consejo. Proponemos también mejorar y hacer más transparente todo lo que tiene que ver con servicios de inspección, conocimiento de los datos sobre las causas, sobre sus retrasos, sobre la antigüedad, tratando de esa manera de evitar dilaciones
excesivas que son las que están también en la base de que algunos juzgados funcionen de manera anormal. Proponemos la reducción del elevado número de vacantes estructurales, así como dimensionar con mayor racionalidad la justicia interina.
Igualmente creemos que hay que mejorar la transparencia en el conocimiento, como decía antes, de la estadística judicial. Queremos que se siga prestando una atención preferente a los juzgados de Violencia de Género e intensificar la formación
individualizada y especializada de quienes sirven en estos juzgados. Por último, pero también muy importante desde mi punto de vista, creo que estamos en el buen camino de conseguir crear entre todos -Consejo General del Poder Judicial, ministerio
y comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia-, con la aquiescencia y los presupuestos de cada cual, una plataforma, una red que nos permita tener un verdadero sistema informático integral que haga posible que un juez
de Sevilla pueda conocer cómo está un asunto en el que algo tiene que ver, pero que en ese momento está en La Coruña, por ejemplo. Eso es absolutamente necesario, nos va a ayudar a mejorar y hacer más transparentes y mucho más eficaces las
resoluciones judiciales, y creo que es un momento importante para que se pueda llegar a acuerdos entre todas las administraciones que tienen competencia en esta materia y crear, como digo, esta red integral para todo el sistema judicial. Igualmente
es muy importante diseñar un nuevo mapa de planta y demarcación más acorde y realista con el crecimiento de nuestras ciudades, de nuestros municipios, y que atienda las demandas que tenemos planteadas y la realidad actual.
Voy a dedicar dos palabras a las enmiendas que han presentado los grupos a estas propuestas para decir que vamos a apoyar algunas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds porque creo que
completan y mejoran algunos de los puntos que nosotros planteamos. El Partido Popular ha presentado varias enmiendas. Me acaba de decir el portavoz que apoyaría nuestra propuesta para que las mujeres puedan acceder en condiciones de igualdad a los
cargos de libre designación, y le doy la bienvenida a esta posición, me alegro mucho. No vamos a apoyar el resto de las enmiendas del Partido Popular porque, aunque son similares a algunas de nuestras propuestas, creo que no añaden nada y las
nuestras son mejores. En el fondo creo que todos estamos persiguiendo lo mismo, que el sistema judicial en nuestro país afronte los retos de su modernización con el apoyo de todos y sirva cada vez mejor a la garantía y tutela de los derechos de las
ciudadanas y los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señora Hermosín.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, lo único que comparto con el portavoz del Partido Popular que me ha precedido en el uso de la palabra es que no hay materialmente tiempo para pronunciarse con relación a decenas de enmiendas y resoluciones a esta memoria del
Consejo General del Poder Judicial. Por ello nuestro grupo se va a limitar a trasladar a la Cámara un mensaje que subyace en el conjunto de las propuestas de resolución que hoy presentan los distintos grupos, y es que la insólita huelga de una
parte de la judicatura ha hecho temblar como nunca los cimientos del sistema judicial. Pero, por importante que sea, no deja de ser la punta del iceberg de un malestar profundo y duradero ante una Administración de Justicia lenta, inoperante y
agotada, que está en este momento exigiendo a gritos un cambio de aires. En eso tienen mucho que ver los sucesivos gobiernos de cualquier signo o color político, con ello no hago excepciones entre el PSOE y el Partido Popular.
Las propuestas de resolución a la memoria del Consejo General del Poder Judicial presentan algunas soluciones que no dejan de ser complejas para asumir el reto pendiente de la modernización de la Administración de Justicia, que es y debe ser
una auténtica prioridad, sobre todo para dotarla de los medios materiales y personales necesarios. Ya se sabe que la justicia en términos electorales no es rentable y quizá por ello en los presupuestos del Estado no deja de ser una auténtica
cenicienta, un elemento más que marginal. Su peso específico relativo en el conjunto del presupuesto del Estado en los últimos años no ha pasado del 0,9 por ciento en 2007, del 1,02 en 2008 ó del 1,11 en 2009 (1.700 millones de euros; si esta iba
a ser la legislatura de la justicia, que Dios nos coja confesados), frente al 3 ó el 4 por ciento del presupuesto que se destina en nuestro entorno y frente al 2 por ciento al que se comprometió el PSOE en su programa electoral. Y tan urgente como
estos medios y los presupuestos necesarios es, como también se ha dicho, dimensionar adecuadamente la planta judicial en función de criterios puramente objetivos, en función de la acumulación de tareas, de la carga real de trabajo, y aparentemente,
señorías, eso no es tan difícil. Se sabe cuáles son los módulos de entrada en cada órgano judicial, lo cual nos indica cuál es el número de jueces necesarios para asumir eficazmente el trabajo, mientras que en el actual y desquiciado sistema, como
ustedes saben, los jueces acaban asumiendo un volumen de trabajo excesivo a
costa de voluntarismo. Señorías, no por sabida deja de ser inquietante la ratio de juez por habitante. El Estado español ocupa el lugar número 36 entre 42 Estados europeos, según la Comisión Europea. Tenemos aproximadamente diez jueces
por cada 100.000 habitantes. Tenemos por delante solo a Armenia, Azerbaiján y Turquía; estamos peor que Moldavia e incluso peor que Ucrania. Podría decirse metafóricamente que se obliga a los jueces a circular a 180 kilómetros por hora por una
autovía en la que solo se permite circular a 80 kilómetros por hora, con el consiguiente riesgo de accidentes. Ustedes ya me entienden, es como si a un cirujano se le obligara a intervenir cada mañana doce veces.
Conste que estamos hablando no solo de la problemática que aqueja a la administración de la Administración de Justicia, como dijo el tribunal en aquella célebre locución, sino que estamos hablando de un auténtico poder del Estado, el tercer
poder del Estado que tiene encomendada la tutela y la garantía de los derechos de los ciudadanos y que, a pesar de ello, se halla en una situación de inferioridad en cuanto al resto de poderes.
Sería impensable que el Gobierno funcionara con
secretarios de Estado sustitutos o que, por ejemplo, esta Cámara no dispusiera de un sistema informático eficaz pero, claro está, la Administración de Justicia ha sido la gran olvidada de la democracia. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI
persistan los problemas de interconexión informática; que los jueces y los juzgados estén prácticamente incomunicados; que llevemos esa dilación a la hora de poner en marcha una auténtica oficina judicial que corresponda al siglo XXI; que exista
un porcentaje elevadísimo de jueces sustitutos y unas normas procesales decimonónicas? Podrá objetarse que estamos en un momento de crisis y que no está el horno para bollos, pero precisamente la crisis requiere esa intervención, un esfuerzo que
somos conscientes de que no puede realizarse de la noche a la mañana pero, señorías, que la justicia funcione eficazmente va a reducir la morosidad, va a agilizar el tráfico comercial y mercantil, va a asegurar el orden público, va a pacificar los
conflictos en el orden social, va a controlar eficazmente el principio de legalidad en materia urbanística, va a atajar y poner coto a algunos episodios de corrupción.
Para finalizar, señorías, que el deterioro de la justicia como servicio público sea una evidencia palmaria y que la falta de soluciones por parte del actual Gobierno -que, por cierto, ya lleva seis años de ejecutoria en este campo- sea
evidente no quiere decir que vayamos a compartir las posiciones corporativas, esa auténtica fronda corporativista que hemos visto en los últimos tiempos en una parte de la judicatura. Claro está que no se ha hecho nada o muy poco para reformar el
sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han sido PP y PSOE los que han bloqueado esa renovación, pero los jueces deben responder ante los ciudadanos antes que ante sus propias asociaciones, y tenemos muy claro que
los siete años de Gobierno ultraconservador de los jueces no ha servido precisamente para renovarlo y que han forjado un tipo de juez para el que en ocasiones la consideración de poder se ha superpuesto a la consideración de servicio público, y
evidentemente nuestro grupo no puede compartir eso en ningún caso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Ridao.
El Grupo Parlamentario Mixto no interviene en el debate. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría tiene la palabra. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, mi grupo no ha presentado ninguna propuesta de resolución por considerar el trámite un tanto extemporáneo. Estamos hablando de las memorias del Consejo de los años 2005, 2006 y 2007.
Por cierto, un consejo de infausta memoria, señor presidente. En relación con él cabe decir que la comparecencia del señor Dívar -nuevo presidente- permite avizorar esperanzas, en esa luenga y plena pletórica exposición, que más parecía una clase
de filosofía del derecho y de la historia de las ideas, a la que asistimos con santa resignación todos los comisionados de la Comisión de Justicia, de que las cosas pueden ir cambiando, afortunadamente.
Se han hecho aquí invocaciones por parte de distintos grupos parlamentarios que compartimos, aunque por diferentes fundamentos o razones. El Partido Popular ha enfatizado mucho los problemas relativos a la politización de la justicia.
Compartimos la conclusión aunque no la fundamentación que han utilizado. El señor Dívar dijo en su comparecencia en la Comisión de Justicia que el corolario negativo de la independencia judicial es la responsabilidad. No, señor presidente, el
corolario negativo de la administración y de la independencia judicial no es solo la responsabilidad, sino la neutralidad política, tal y como está configurada la Administración de Justicia por el título VI de la Constitución. No observamos que
exista una Administración de Justicia neutral cuando se acometen operaciones como que desde el Tribunal Supremo y su Sala 61 se puede llegar a prefigurar la composición de una institución parlamentaria como el Parlamento vasco. Esto nos parece una
atrofia democrática, se lo dijimos al presidente del Consejo General del Poder Judicial y seguimos manteniendo esta opinión. Nos parece una aberración, posibilitada por una ley como la de partidos políticos, que permite arbitrismos judiciales de
esta naturaleza. Tampoco nos parece que se esté garantizando la neutralidad que impone la Constitución a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones cuando se posibilita, en la política de nombramientos, la designación en las salas de
lo Civil y lo Penal de algunos tribunales superiores de justicia -solo de algunos- de alguna comunidad autónoma una composición de la sala que, en contra de los criterios
del ministerio fiscal, posibilita el procesamiento, nada menos, que del lehendakari de determinada comunidad autónoma, del que, previsiblemente, puede ser el futuro lehendakari, el señor López. No son esos los criterios que deben inspirar
la actuación de los jueces o los tribunales.
Estamos asistiendo a una aberrante politización y esperemos que el señor Dívar y el nuevo Consejo General del Poder Judicial puedan contribuir a acabar con estas arbitrariedades judiciales, no carentes
de influencias políticas que a nadie se le escapan.
En segundo lugar, el señor Dívar también nos sorprendió con una reflexión, que aquí ha sido reproducida por varios portavoces, relativa a la existencia de un pretendido pacto de Estado para la reforma de la justicia. Nosotros no conocemos
la existencia de ningún pacto de Estado; conocimos que el Partido Popular signó un pacto de Estado con el Partido Socialista que el mismo Partido Popular refutó. Se recurrió, parafraseando la terminología del Código Civil, a la desestabilización
de la base del negocio en ese pacto de Estado para dos, y el propio nuevo ministro de Justicia, el señor Caamaño, realizó una invocación a la pertinencia de articular un nuevo pacto de Estado entre todos los grupos parlamentarios con presencia en
esta Cámara para acometer los profundos problemas de la Administración de Justicia que han sido glosados aquí por otros portavoces.
En materia de politización también hay que acabar con otra perversión -y voy terminando ya, señor presidente, aunque cinco minutos tampoco es un tiempo particularmente desmesurado y, en nuestra opinión, tampoco se cohonesta con la dignidad
del trámite que estamos acometiendo, a pesar de la generosidad que usted ha tenido por circunstancias de naturaleza personal de darme más tiempo- relativa a que no se está tampoco garantizando la neutralidad del funcionamiento de nuestros jueces y
tribunales cuando -y yo he sido vocal del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años- he asistido sistemáticamente, en el ámbito de la política de nombramientos, al intercambio de presidencias de audiencias entre la llamada cuota
progresista y la llamada cuota conservadora de los vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial. Yo te doy la presidencia de la Audiencia de Guadalajara y tú me concedes la presidencia de la Audiencia de Palencia; el mecanismo ha
sido siempre así y me temo que sigue siendo así, señor presidente. Este sistema de cuotas y de jueces que se corresponden con las sensibilidades de los grupos parlamentarios mayoritarios en esta Cámara constituye una aberración que está
contribuyendo -lo mismo ocurre con todas las vacantes del Tribunal Supremo que hay que nombrar- a una politización que es difícil evitar y que se extiende al ejercicio de la facultad disciplinaria, en tanto en cuanto la facultad disciplinaria se
aplica con un verdadero maniqueísmo, digno de mejor causa. Yo he visto también, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, cómo se ha sancionado y se ha suspendido en la carrera judicial al juez Moreiras por unas inocuas declaraciones al
diario ABC, cuando otros jueces que ocupan las primeras planas de los periódicos todos los días no han sido siquiera objeto de diligencias informativas. Es decir, ese maniqueísmo y esa actuación para presionar a los jueces mediante un ejercicio
bastardo de la potestad disciplinaria del Consejo es otra aberración, es otra atrofia democrática y es otra disfunción que hay que remover.
Por último, me voy a referir a la reivindicación de los jueces que ha provocado una huelga, no siendo titulares del derecho de huelga los jueces y magistrados, porque así lo preconiza el artículo 28.2 de la Constitución que es el que
establece el ejercicio del derecho de huelga y quiénes están legitimados para ejercer ese derecho, y lo establece así también la jurisprudencia constitucional. La huelga está regulada -y con esto acabo, señor presidente, de verdad- por una norma
preconstitucional, por el Real Decreto-ley de 4 de marzo de 1977, pero constitucionalizada ex post por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, que establece que los detentadores subjetivos del ejercicio de este derecho son los
trabajadores dependientes, no los jueces. Dicho esto, el Consejo General del Poder Judicial intentó imponer este criterio a los jueces y no logró -con la pérdida de auctoritas que ello conlleva- paralizar una huelga de jueces, la que se realizó en
su día y la que se va a realizar si sus legítimas reivindicaciones no son objeto de atención. Muchos son los problemas de la justicia que se sintetizan -y con esto ya acabo, no sé si es la tercera vez que le he prometido que acabo, señor
presidente- en un dato muy concreto: en este momento hay 9.300.000 pleitos dilucidándose en la Administración de Justicia. La planta judicial del Estado español no puede atender a esta desmesura de litigiosidad. Existen 2.933 ejecutorias
pendientes, es decir, sentencias dictadas no ejecutadas. Luego pasa lo que pasa, y no necesito decir qué es lo que pasa, señor presidente, porque todo el mundo ha entendido lo que ocurre con las ejecutorias cuando no son objeto de ejecución rápida
y diligente.
Esto dimana de un sistema de módulos en donde por dictar una sentencia se atribuye a un juez cinco puntos y por una ejecutoria de cualquier orden de la jurisdicción solo un punto, y entonces puede pasar lo que pasa.
Luego muchos son
los problemas.
Hago una invocación -y esta es la última reflexión que voy a utilizar, señor presidente- a un pacto de Estado, pero de verdad, no esos sucedáneos de pacto de Estado que han aparecido y desaparecido como el Guadiana entre el Partido Popular y
el Partido Socialista; un pacto de Estado de verdad, en donde sean consensuados los problemas de la justicia y diagnosticados certeramente por todos los grupos parlamentarios -señor presidente, sé que estoy abusando de su generosidad-, es lo que
necesita nuestra Administración de Justicia.
Muchas gracias, señor presidente por su amabilidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría, muy amable.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2006, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN.
(Número de expediente
250/000003.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día. Declaración sobre la cuenta general del Estado. ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto desea hacer uso de la palabra algún miembro del grupo? (Pausa.) No desean hacer uso de la palabra. Por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Herrera tiene la palabra. (Pausa.) No está el señor Herrera, ¿algún miembro del grupo desea sustituirle? ¿Señor Llamazares?
El señor LLAMAZARES TRIGO: No, señor presidente, no intervendremos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), ¿señor Olabarría? ¿No desea intervenir el grupo? (La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben.) Es en otro punto,
señora Villalobos. ¿El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decir que desde nuestro grupo parlamentario valoramos positivamente la labor que realiza el Tribunal de Cuentas. Nuestras propuestas de resolución han ido dirigidas a corregir aquellas imprecisiones o
irregularidades contables que el informe del tribunal respecto de la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio de 2006 pone de relieve. En este sentido deben entenderse nuestras propuestas, que han perseguido, por una parte, que los
entes obligados legalmente a rendir sus cuentas al tribunal lo hagan en tiempo, en forma y en estricto cumplimiento de la ley y, por otra, conseguir una mayor homogeneidad en los estados contables en aquellos sectores públicos en que así lo requiere
el tribunal para poder desempeñar correcta y diligentemente su función. En esta línea han ido nuestras propuestas que versan sobre la Seguridad Social y sus entes asociados.
Haré a continuación referencia a una cuestión en la que nuestro grupo parlamentario ha hecho especial hincapié en sus propuestas de resolución y que hace referencia al sector público administrativo fundacional y empresarial. En relación al
sector público fundacional, nuestro interés se ha centrado en lograr clarificar el papel que desempeñan algunos de sus integrantes al resultar cada vez más habitual que intervengan en el tráfico comercial y entren en competencia con actores
privados, lo que obliga a conocer muy bien cómo desempeñan su actividad comercial, garantizando así los derechos de los ciudadanos. Desde nuestro grupo parlamentario sentimos una vez más tener que lamentar la falta de claridad y transparencia en la
forma en que la Administración General del Estado, el sector público administrativo fundacional y muy especialmente el empresarial, rinden sus cuentas. Este último se caracteriza año tras año por no aportar la información requerida por parte del
tribunal en relación con la planificación de su actividad económico-financiera, con la ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades que la integran, así como, y muy importante para nuestro grupo parlamentario, con la
territorialización de las inversiones. Ello es especialmente evidente respecto a ADIF y AENA, dos grandes empresas del Estado, con un peso específico muy relevante y que, sin embargo, escapan a la fiscalización de los informes del Tribunal de
Cuentas, el cual se tiene que limitar a los datos más generales sin poder investigar cómo, dónde y de qué forma se invierte el dinero. La opacidad con la que actúa el sector público empresarial no es lamentablemente ninguna novedad, y continuamos
observando cómo estas empresas siguen ignorando las propuestas de resolución que se presentan en esta Cámara.
De esta lectura se desprende una serie de consecuencias que entendemos negativas. Por una parte, el incumplimiento por parte de la Administración General del Estado de la Ley General Presupuestaria; por otra, cómo el incumplimiento de la
Ley General Presupuestaria hace imposible cuantificar cuál es en realidad la cantidad de recursos realmente liquidados y ejecutados por parte de las distintas empresas públicas, como son, por ejemplo, ADIF o AENA. En este sentido no puedo dejar de
evidenciar cómo se hace difícil que la ciudadanía perciba la credibilidad del gobierno cuando hablamos de respeto y estricta aplicación del Estatuto catalán, que prevé una determinada cantidad de inversión, si luego no se pueden verificar por falta
de información los recursos realmente invertidos y liquidados en Cataluña.
Como decía al principio de mi intervención, considero que la tarea de control y seguimiento que realiza el Tribunal de Cuentas es fundamental para la gestión y las cuentas de las administraciones públicas y que éstas lleguen de manera
creíble, transparente, completa y de forma periódica a la ciudadanía y ello repercuta en una mejora de la gestión de los recursos de los ciudadanos y estos lo perciban así. Desde nuestro grupo parlamentario apostamos por la credibilidad de las
cuentas públicas, por la transparencia en su gestión e información, por un acercamiento del ciudadano a la gestión de sus recursos, por una clara recuperación de la credibilidad política de las administraciones públicas y, por ello, este grupo
parlamentario pide a la Administración General del Estado que cumpla
la ley y publique de forma inmediata y periódica toda la información relativa a la planificación de la actividad financiera así como la referente a la ejecución y liquidación de los presupuestos de las empresas que integran el sector público
empresarial. Desde nuestro grupo parlamentario votaremos favorablemente el informe del tribunal del año 2006, que recoge las propuestas de resolución presentadas por nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ramón Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como reza en el orden del día, vamos a examinar hoy la cuenta general del ejercicio 2006. Tendría que pedirles que hicieran un ejercicio de voluntad para retrotraer nuestra cabeza y pensar cuál era la situación económica de aquel
ejercicio, donde el presupuesto estaba rodeado de un clima de bonanza económica, de un clima de crecimiento económico vigoroso y de un clima de creación de empleo intenso. Ese era el entorno de aquel presupuesto del año 2006. Por el contrario,
hoy, precisamente hoy, subimos a esta tribuna vigilando, examinando y tomando nota de la evolución de la destrucción de empleo en España en el año 2009, y concretamente en el mes de marzo, que recordarán SS.SS que fue el mes en el que el presidente
del Gobierno anticipo, predijo, confirmó, subrayó y se comprometió a que el paro en España no iba a seguir siendo un problema, porque se iba a aminorar la destrucción de empleo, porque se iba a controlar la descontrolada destrucción de empleo. Hoy
hemos podido saber que España ya se sitúa en 3.605.000 parados y que en este mes de marzo, que era el mes de la bonanza para el empleo, se han vuelto a destruir 223.543 empleos. Por lo tanto, este horizonte en el que estamos debatiendo el examen de
la cuenta del año 2006 no es precisamente idéntico al entorno en el que se dio a conocer esta cuenta.
Me gustaría empezar mi intervención agradeciendo el trabajo del Tribunal de Cuentas, como ha hecho también el portavoz de Convergència i Unió, fundamentalmente porque está haciendo un esfuerzo importante para poder acortar los plazos que
existen entre el examen en el Tribunal de Cuentas y el control parlamentario que se lleva a cabo en esta Cámara, tanto en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas como en este Pleno. Por lo tanto, quiero felicitar al Tribunal de
Cuentas, pero también quiero animarle a que siga incorporando, cuanto más mejor, todas las posibilidades tecnológicas para avanzar en la mejora del estrechamiento de los plazos y que no nos tengamos que ver en el año 2009 estudiando la cuenta del
año 2006.
Entrando en materia, señor presidente, me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre el examen de la cuenta general. La cuenta general ha cumplido el objetivo de estabilidad, y mi grupo lo quiere reconocer, pero al mismo tiempo ha
incumplido varios elementos esenciales de la elaboración de dicha cuenta. Son muchos los centros que mandan sus cuentas individuales con salvedades, lo que deriva en una gran falta de representatividad de la cuenta; son muchos los centros que no
mandan las cuentas al Tribunal de Cuentas, lo cual deriva en una imposible representatividad de esta cuenta general, y es demasiado reiterativo que año tras año, y van seis años, este incumplimiento haga que la falta de representatividad de la
cuenta sea uno de los principales defectos que presenta la cuenta general. Por lo tanto, aquí tenemos uno de los primeros objetivos a solucionar: que la representatividad de la cuenta sea la que tiene que ser y que no se repitan estos
incumplimientos por los centros, que además siempre son los mismos. Otro de los elementos que deberíamos abordar es que seguimos sin resolver el problema de que la cuenta general sea una mera agregación de cuentas; no se cumple el criterio de
consolidación
En cuanto a la ejecución del presupuesto, creemos que nuevamente las ampliaciones de crédito y las modificaciones de crédito están inadecuadamente cuantificadas y que esa inadecuada cuantificación representa en sí misma el origen de que no
se cumpla adecuadamente el límite del gasto aprobado por esta Cámara. Si las modificaciones de crédito se hubieran contabilizado de forma ortodoxa, estaríamos ante un grave incumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto del año 2006.
Con respecto a la liquidación del presupuesto, el comportamiento de las entidades del sector empresarial y del sector fundacional es, a mi juicio, intolerable. No mandan información -y siguen sin mandarla- desde hace seis ejercicios
continuados. El sector empresarial y el sector fundacional no cumplen con las obligaciones que emanan de este Parlamento y de las mociones del Tribunal de Cuentas. No creo que pueda ser más claro en este gran tirón de orejas a las fundaciones y al
sector empresarial de la Administración pública para que de una vez por todas dejen de incumplir reiteradamente, como llevan haciéndolo los últimos seis años, sus obligaciones de rendir cuentas. No es de recibo que en el año 2009 estos centros de
gastos no rindan cuentas al Tribunal de Cuentas.
En relación -con ello termino- con el examen del balance de situación, tengo que decir dos cosas muy importantes. Seguimos sin abordar con rigor y con ortodoxia la necesidad que tiene el Estado de tener los inventarios, sobre todo los
inventarios del inmovilizado material, en perfecto estado de revista. No es así. Nuevamente, año tras año, España no conoce cuáles son los inventarios del sector inmovilizado material y no creo que tampoco sea de recibo que esta situación se
mantenga in aeternum.
Hay una cuestión muy importante -con ello finalizo- que se une a las críticas que viene haciendo el Tribunal de Cuentas con respecto al Ministerio de Trabajo, sobre todo en el área de la Administración de la Seguridad Social. La Seguridad
Social debería ser especialmente cautelosa con
el cumplimiento de las normas por aquello de las políticas de las que trata, que son las políticas de la ayuda a los discapacitados, las políticas de mayor carácter social. No creo que sea de recibo que sigamos sin poder cuadrar los saldos
deudores y acreedores de la Seguridad Social, que sigamos sin poder conciliar las operaciones de la Seguridad Social con la Administración del Estado y que el registro contable de la Tesorería de la Seguridad Social siga en estado permanente de no
reconocer los derechos pendientes de cobro. Es una inadecuada forma de trabajar en la Seguridad Social.
Señor presidente, el repaso de las deficiencias pone de manifiesto un retraso en las mejoras deseadas por ser reiterados los incumplimientos y la ausencia de la aplicación de acciones correctoras. Si esto es en un periodo de bonanza, qué
será cuando, como en el ejercicio presente, tengamos tensiones derivadas de las prestaciones de cobertura del paro, cuando tengamos tensiones por las medidas que se están aprobando para abordar la crisis actual o cuando tengamos tensiones para poner
en pie las operaciones de rescate de sectores estratégicos. Me parece que el año 2009 apunta a que la institución presupuestaria va a sentirse claramente lesionada y bastante desequilibrada.
Muchas gracias, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
Tiene la palabra por el Grupo Socialista don Manuel Mas.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, una primera consideración de orden formal.
Justo a los seis meses de haber analizado la cuenta general del Estado del año 2005 viene a esta Cámara la correspondiente al año 2006, lo que quiere decir que se ha
avanzado medio año en el plazo de la tramitación definitiva de las cuentas del Estado. Esta cuenta entró en el registro de la Cámara a finales del año pasado y posiblemente todavía podamos en próximas cuentas continuar acortando algo el plazo de su
tramitación definitiva. Supongo que a todos los miembros de esta Cámara nos gustaría que las cuentas de 2007 pudieran sustanciarse definitivamente dentro de este año. Ver las cuentas del complejo entramado que representa la Administración del
Estado en menos de dos años me parece que sería un plazo de tiempo muy adecuado. Debemos por ello felicitar al Tribunal de Cuentas por su trabajo y marcarnos nosotros mismos cumplir con el objetivo pretendido de acometer en el plazo menor posible
la consideración de la cuenta general correspondiente.
Hay una serie de preguntas que se plantean SS.SS. cada año ante la presentación de la cuenta general del Estado. ¿Corrobora la cuenta general fiscalizada las informaciones que se tenían hasta el presente sobre el resultado del ejercicio
considerado, en este caso 2006? Sin duda alguna, señoras y señores diputados; el superávit alcanzado, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la reducción del endeudamiento, etcétera. Siendo cierta esta confirmación, no es
menos importante que la fiscalización de las cuentas públicas debe mostrarnos el grado de cumplimiento en términos de exactitud, transparencia y adecuación normativa de las mismas. La confirmación de sus resultados debe ser independiente del signo
de los mismos, como habrá ocasión de ver en ejercicios venideros. No hay, no tiene que haber correlación entre el deterioro de los resultados futuros por efecto de la evolución de la coyuntura económica con retrocesos en el nivel de fiabilidad y
ajuste normativo de las cuentas que los van a contener. Segunda pregunta que se hacen las señoras y señores diputados. ¿En la cuenta general que estamos considerando, que viene fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las cuentas son mejores o
peores, con más o menos reparos que las anteriores? La respuesta, señoras y señores diputados, es que vamos avanzando en algunas de las consideraciones habituales que se hacen; son internamente consistentes en lo referente al sector público
administrativo, mejora la responsabilidad del sector público empresarial en la consolidación de los grupos empresariales y hay coincidencia en las cuentas presentadas por el sector público fundacional. Tercera pregunta. ¿Los reparos que se hacen
por parte del Tribunal de Cuentas son sustanciales respecto al conjunto de su contenido? Es evidente que en esta cuestión puede haber valoraciones, como se ha visto en la intervención anterior en esta tribuna. Nosotros creemos que, atendiendo a la
complejidad que representa el sector público en todas sus vertientes y aceptando que todavía hay deficiencias por subsanar, se ha avanzado hacia un alto grado de corrección en la representatividad de las mismas.
A partir de las consideraciones anteriores se plantea una propuesta de resolución en forma de transacción de las propuestas presentadas por todos los grupos parlamentarios en la Comisión mixta, con amplia coincidencia en los temas más
relevantes y añadiendo otras que expresan particulares preocupaciones, como por ejemplo las que ha expresado aquí la señora Riera, que no por ello deben ser desatendidas. Se reiteran las exigencias al Gobierno expresadas en otros ejercicios y aún
no cumplidas, mientras que se recuerda la necesidad de mantener la tensión necesaria para que todos los organismos, los tres sectores públicos -administrativo, empresarial y fundacional- que componen el Estado, cumplan con la obligación que tienen
de rendir en tiempo y forma sus cuentas. Cabe hacer mención a la exigencia de ampliación del contenido de las memorias; cabe hablar de inventarios, de las carencias que tienen, como ponía de manifiesto el señor Aguirre, y de un conjunto de
aspectos que todavía presentan deficiencias. Asimismo, en la propuesta de resolución que se presenta a la Cámara se insta al Tribunal de Cuentas a mantener el seguimiento de las cuestiones pendientes de regularizar en ejercicios anteriores y se
recomienda la unificación de criterios contables en el tema de los desplazamientos temporales de gastos e ingresos.
Señorías, el conjunto de resoluciones que la Comisión propone plantean remover y superar deficiencias, profundizar aspectos que hay que desarrollar y permitir en suma que los ciudadanos y ciudadanas, directamente o a través de nosotros,
tengan el convencimiento de que la mejora en la presentación y contenido de las cuentas públicas redunda en la consecución de una sociedad más democrática.
No quiero finalizar, señor presidente, sin dejar de expresar un año más, en nombre de mi grupo parlamentario, nuestro agradecimiento a todas aquellas instituciones, comenzando por el Tribunal de Cuentas, organismos de la Administración
Pública -especialmente la Intervención General de la Administración del Estado- y a todas aquellas personas concretas que hacen posible con su trabajo que podamos disponer de este instrumento imprescindible que es una cuenta general completa y
fiable, y deseamos que este agradecimiento que creemos que es compartido por esta Cámara resulte un estímulo para que continúen perseverando en su empeño.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estela.
Señorías, comenzaremos las votaciones dentro de cinco minutos. Llame a votación, señor secretario general. Suspendemos hasta ese momento la sesión. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, querría solicitar la palabra sobre la base del artículo 71 del Reglamento, a propósito de unas manifestaciones que se produjeron ayer en el curso de una pregunta parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Sí, en los términos que previamente me ha indicado, señor Jáuregui, tiene la palabra.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, nuestro grupo considera que en el turno de intervención de la pregunta que ayer realizó el diputado Miguel Ángel Heredia, se produjeron manifestaciones ofensivas para él y para nuestro
grupo; gravemente ofensivas en nuestra opinión.
Nuestro grupo solicita que esas manifestaciones sean retiradas del acta.
Nos parece una exigencia democrática elemental. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Señorías, las palabras a las que hace referencia el señor Jáuregui a mí también me parecen ofensivas. Concretamente se retirarán del 'Diario de Sesiones' las palabras que dicen: '¡Ladrones, vosotros, en Alcaucín, en el pueblo donde
gobernabas!' 'Eres un diputado indigno'. No figurarán en el 'Diario de Sesiones'. (Aplausos.)
Señor Ayllón, tiene la palabra.
El señor AYLLÓN MANSO: Gracias, señor presidente.
Querría hacer notar que además de las palabras que acaba de citar usted a petición del secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, en ese mismo trámite, en la sesión del día de ayer, el diputado Heredia, al que se hacía
referencia, hizo también calificaciones graves contra la honorabilidad de un miembro del Partido Popular, el alcalde de Málaga, que también solicitaría que fueran retiradas del acta. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayllón.
Aun cuando la intencionalidad o el juicio que a cada uno pueda merecernos las palabras a las que se refiere S.S. pueda ser distinto, en aras de la mejor convivencia y en aras del mayor entendimiento, también ordenaré que se retiren las
palabras dichas: 'Quien tiene impunidad para robarte un solo céntimo la tiene para robarte hasta el último céntimo'. Como decía, aun cuando no me parecen del mismo tenor, también he ordenado su retirada. (Rumores.)
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (VOTACIÓN.)
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005. (Número
de expediente 245/000001.)
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006. (Número
de expediente 245/000002.)
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007. (Número
de expediente 245/000003.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienzan las votaciones.
Propuestas de resolución relativas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. A solicitud de la señora Díez se votarán separadamente las 21 propuestas. En primer lugar, propuesta
número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 142; en contra, 166; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2, que se vota en los términos de la enmienda número 15 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la propuesta número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 141; en contra, 167; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la propuesta número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 144; en contra, 166; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 145; en contra, 165; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a continuación a votar la propuesta número 6, en los términos de la enmienda número 1 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 180; en contra, 143.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 318; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos la propuesta número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la propuesta número 11, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido distribuida a los distintos grupos parlamentarios. ¿Queda claro en los términos en que se hace? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 178; en contra, 142; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la propuesta número 18, en los términos de la enmienda número 12 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; favor, 322; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 19, en los términos de la enmienda número 13 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 180; en contra, 143.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 178; en contra, 145.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN.)
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2006, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN APROBADA POR DICHA COMISIÓN.
(Número de expediente
250/000003.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar el punto VIII del orden del día, dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del
ejercicio 2006, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 321; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y treinta minutos de la mañana.