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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 73, de 31/03/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 73
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 68 celebrada el martes 31 de marzo de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día:
- Proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número
20-1, de 30 de enero de 2009. (Número de expediente 121/000020.) ... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 103-1, de 5 de mayo de 2008. (Número de
expediente 122/000087.) ... (Página 4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la
Seguridad Social por nacimiento o adopción. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 133-1, de 21 de noviembre de 2008. (Número de expediente 122/000112.) ... (Página 4)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a las cooperativas agrarias de España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 142, de 6 de febrero de 2009. (Número de expediente 162/000311.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 160, de 6 de marzo de 2009. (Número de expediente 162/000344.)
... (Página 15)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para ayudar a las administraciones públicas a reducir los problemas de morosidad. (Número de expediente 173/000059.) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 23)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 24)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.) ... (Página 24)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 4)
La Presidencia informa a la Cámara de la solicitud de aplazamiento, con el acuerdo favorable de la Junta de Portavoces, del punto del orden del día relativo al proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito
agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, lo que se aprueba por asentimiento.
Igualmente la Presidencia informa que el Grupo Parlamentario Mixto ha retirado la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Régimen Electoral General, por lo que decae el punto señalado.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 4)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la
Seguridad Social por nacimiento o adopción ...
(Página 4)
Defiende la proposición de ley la señora Méndez Monasterio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)y la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 11)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a las cooperativas agrarias de España ... (Página 11)
En defensa de la proposición no de ley interviene el señor Alonso Núñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Chacón Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; la señora Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Alonso Núñez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica ... (Página 15)
Defiende la proposición no de ley la señora Nadal i Aymerich, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Nadal i Aymerich.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 19)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para ayudar a las administraciones públicas a reducir los problemas de morosidad ... (Página 19)
Defiende la moción el señor Merino López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 23)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción, se aprueba por 332 votos a favor.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 24)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a las cooperativas agrarias de España, se aprueba por 326 votos a favor y seis abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica, se aprueba por 330 votos a favor y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 24)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para ayudar a las administraciones públicas a reducir los problemas de morosidad,
se aprueba por 331 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL ESTADO EN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO Y DE DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. (Número de expediente 121/000020.)
El señor PRESIDENTE: Deseo informar a SS.SS. que se ha solicitado el aplazamiento, con el acuerdo favorable de la Junta de Portavoces, del punto del orden del día relativo al proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en
el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias. Pregunto al Pleno: ¿Aceptan SS.SS. la exclusión del orden del día por aplazamiento solicitado por la Junta de Portavoces?
(Asentimiento.) Queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, REGULADORA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000087.)
El señor PRESIDENTE: Informo a SS.SS. que ha decaído por retirada del Grupo Mixto la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Régimen Electoral General.
Se encuentra en las tribunas de la Cámara un grupo de señoras y señores diputados de Perú, con la señora vicepresidenta del Parlamento peruano, a los que damos la bienvenida y el saludo más cordial. (Aplausos.) Muchas gracias por su
presencia y bienvenidos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY POR LA QUE SE ESTABLECE LA DEDUCCIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN. (Número de expediente 122/000112.)
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.
Para la defensa de la proposición de ley tiene la palabra doña Lourdes Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero saludar a la vicepresidenta y a los diputados del Parlamento peruano, y también a los representantes de la Asociación de familias discriminadas por el cheque bebé que nos acompañan en la tarde de hoy, sobre
todo porque es un tema por el que llevan luchando y preocupándose durante mucho tiempo.
En el mes de julio de 2007, el presidente del Gobierno anunció de manera sorpresiva la puesta en marcha de una prestación de 2.500 euros para cada familia con residencia legal en España por cada nuevo hijo que nazca en nuestro país -así lo
dijo-. Posteriormente, el ministro Caldera trajo a la Cámara este proyecto de ley, detallando la universalidad de la prestación. Dijo textualmente: Una medida de carácter universal para todos los niños y niñas que nazcan en España o para aquellos
niños y niñas que puedan ser adoptados por familias españolas. El 15 de noviembre de 2007 se publicó la ley en la que se adoptaba esta medida, cuyo artículo 2.1 disponía lo siguiente: Serán personas beneficiarias de lo dispuesto en la presente
ley, en caso de nacimiento, la madre, siempre que el nacimiento se haya producido en territorio español, y en los supuestos de fallecimiento de la madre sin haber solicitado la prestación o la percepción anticipada de la deducción, será beneficiario
el otro progenitor. En los casos de adopción por personas de distinto sexo, la mujer, siempre que la adopción se haya constituido o reconocido por autoridad española competente -establece la norma-, y en los supuestos de fallecimiento de la misma
sin haber solicitado la prestación o la percepción anticipada de la deducción, será beneficiario el otro adoptante. Si las personas adoptantes fuesen personas del mismo sexo, aquella que ambas determinen de común acuerdo, siempre que la adopción se
haya constituido o reconocido por autoridad española competente. Si la adopción se produce por una sola persona, esta, siempre que se haya constituido o reconocido por autoridad española competente. Este artículo, en su punto 2, establece que en
cualquiera de los supuestos indicados en el apartado anterior será requisito necesario que la persona beneficiaria hubiera residido de forma legal, efectiva y continuada en territorio español durante al menos los dos años inmediatamente anteriores
al hecho del nacimiento o la adopción.
Pues bien, la precipitación, la improvisación, la falta de una política coherente de apoyo a la familia, dieron como consecuencia la publicación de una norma de apoyo a la maternidad -bienvenida pero aislada- que produce desigualdad y
discriminación, según los casos que detallamos a continuación. Primero, cuando la pareja está compuesta por padre español y madre extranjera que
no cumpla dos años de residencia legal en España no puede cobrar la ayuda.
Cuando la madre es española y el padre es extranjero sí aunque él no resida legalmente. En el caso de una pareja homosexual mixta, es decir, compuesta por un
español y un extranjero, se puede elegir a quien mejor cumpla los requisitos para cobrar la prestación, en discriminación de las parejas heterosexuales, que no pueden elegir a quien mejor convenga. Por último, en el caso de las familias extranjeras
que tengan un bebé en España con residencia legal, cuando la mujer cumpla con los dos años de residencia legal sí puede cobrar la ayuda sin importar la situación del padre, mientras que cuando el padre es español no puede cobrarla. Pero es que
incluso puede darse el caso de que la mujer extranjera casada con un español muera y el viudo pueda cobrar esa prestación que viviendo su mujer no podía cobrar.
Como consecuencia de esta discriminación que la norma produce, y teniendo como objetivo el restablecimiento del derecho de igualdad reconocido en nuestra Constitución, se han presentado una serie de iniciativas en muy poco tiempo con
resultados muy diversos, aunque siempre con la resistencia del Grupo Parlamentario Socialista a reconocer esta situación de desigualdad. Se han presentado en el Congreso de los Diputados tres proposiciones de ley de modificación de la Ley 35/2007,
de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.
Ninguna de las dos
presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el 18 de julio y el 31 de octubre de 2008 fue admitida a trámite por el Gobierno. Esta del Grupo Parlamentario Popular, presentada el 21
de noviembre de 2008, no fue admitida a trámite inicialmente por el veto del Gobierno, con el argumento de que ampliar los beneficiarios de las normas supondría un aumento de los créditos necesarios para el abono de la prestación económica así como
que las deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas conllevaría la disminución de ingresos de las cuentas públicas. Señorías, nos preocupan los vetos que de manera reiterada se están produciendo en relación con múltiples
iniciativas, sobre todo de nuestro grupo, hurtándole a la Cámara importantes debates.
Ante este escrito, el Grupo Parlamentario Popular formalizó un recurso de amparo al presidente del Congreso alegando que la modificación legislativa propuesta no afectaba a ninguna cifra de ingresos ni gastos públicos de los Presupuestos
Generales del Estado de 2009, ya que en la disposición final de la propia iniciativa se pedía que fuera de aplicación para los presupuestos del próximo año. Entretanto, el 15 de octubre de 2008 se celebró un debate en el Senado como consecuencia de
la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el mismo sentido que las anteriores, perdiendo la votación entonces nuestro grupo por tan solo quince votos. Es significativo que el Grupo Socialista votó en contra. En aquel debate, el
Grupo Socialista afirmó falsamente que no existía ninguna discriminación y que nuestra pretensión era mera demagogia. Esperemos que en la tarde de hoy puedan cambiar de opinión y votar a favor de nuestra propuesta.
El pasado 17 de febrero se aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, defendida por Joan Herrera en la Comisión de Economía y Hacienda, que decía lo
siguiente: A la vista de la posible discriminación injustificada en las familias en las que la madre no lleve dos años residiendo en nuestro país, el Congreso de los Diputados mandata al Gobierno a estudiar, evaluar y en su caso modificar, mediante
la realización de un informe en el plazo de tres meses, el artículo 2.1 de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación
económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción. En este último debate ya el Grupo Socialista iba cambiando. No afirmaba tan rotundamente que no existiera discriminación, sino que podía ser o podía no ser. Vamos
avanzando.
A la vista de los múltiples antecedentes, solicitamos en la tarde de hoy de todos los grupos de la Cámara que apoyen la tramitación de esta proposición de ley, cuya toma en consideración hoy debatimos, para acabar de una vez por todas con la
discriminación que esta normativa provoca.
Pienso que no se entendería que no se apoyara nuestro texto en el que proponemos que se modifique el apartado 1 del artículo 2 de la ley y que diga, en cuanto a quién es el beneficiario, lo siguiente: En
caso de nacimiento, cualquiera de los dos progenitores, siempre que el nacimiento se haya producido en territorio español; en el supuesto de fallecimiento de alguno de los dos miembros de la pareja será beneficiario el otro progenitor. Con la
modificación que se propone se eliminarían las desigualdades que se originan en la práctica en la aplicación de la normativa. No es de recibo que se puedan beneficiar de esta prestación las madres casadas con extranjeros que no lleven más de dos
años en España y no puedan hacerlo los padres españoles casados con extranjeras que no lleven dos años en España. No tendría ningún sentido. ¿Cómo es posible que se origine esta desigualdad y que el partido en el Gobierno no quiera reconocerlo y
no dé respuesta a una reivindicación que, por ser de justicia, debe subsanarse? Sabemos que es reticente pero tenemos la esperanza de que en la tarde de hoy acabe votando favorablemente, aunque sea falto de convicción pero que llegue a hacerlo,
porque esta discriminación la viven en torno a 30.000 familias. Este es un hecho que vulnera el artículo 14 de la Constitución, que establece la igualdad de todos los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social ni tampoco cumple el compromiso del presidente del Gobierno de que esta ayuda fuese para todo tipo de familias. También tenemos que denunciar
que si bien esta es una ayuda a la familia de manera aislada, ha provocado que en los Presupuestos Generales del Estado para este año desaparezcan casi la totalidad de las partidas destinadas específicamente a familia.
Eso es lo que ha
provocado la prestación económica de los 2.500 euros, con la que nosotros no estamos de acuerdo, como tampoco estamos de acuerdo con la política de familia que sigue el Gobierno de la nación.
Por otro lado, no hay igualdad de trato entre una pareja heterosexual y una homosexual; la ley establece que si las personas adoptantes son del mismo sexo será beneficiaria aquella que ambas determinen de común acuerdo. Se da la
posibilidad de elegir, siendo beneficiario el que acredite la residencia legal de dos años. El Partido Popular considera que cualquiera de los dos cónyuges debe tener derecho a recibir la citada prestación, siempre que lleve residiendo en España al
menos dos años, y que no sea un derecho exclusivo de la madre. El objetivo de esta proposición de ley es acabar con una discriminación y, por ser de justicia, solicitamos a SS.SS. que la apoyen. Agradecemos a los grupos que vayan a apoyar esta
iniciativa, pero sobre todo se lo agradecerán las más de 30.000 familias que se encuentran en esta situación. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez.
Para fijar la posición del Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra doña Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Popular nos propone hoy la reforma de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, y coincidimos plenamente, en primer lugar, en la argumentación utilizada para la reforma de cualquier ley, y en este caso, a pesar de que el
tracto de vida del texto es breve, lo cierto es que en su corta vida esta ley ha demostrado -si se me permite la expresión- que en lo relativo a las parejas heterosexuales no es tanto el cheque bebé como el cheque a una madre, y efectivamente así
queda consolidado, creando serias discriminaciones en muchos casos. Por tanto, daremos nuestro voto afirmativo a la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular. Entendemos que hay que solventar algunos de los casos en que se discrimina,
y además de manera clara, a la vista de la experiencia que nos deja esta corta, en su aplicación, norma.
He de decir que no va a ser ese el único objeto de las enmiendas que al respecto presentaremos algún grupo. Ese será el caso de Nafarroa Bai, porque estamos absolutamente de acuerdo en que el sujeto de derecho de la ayuda debe ser
identificado exclusivamente con el recién nacido y así seremos capaces, seguramente, de solventar no solo la casuística que nos propone el Grupo Parlamentario Popular, sino otras que pudieran derivarse de no hacer del recién nacido el objeto claro
de la ayuda. Además -y esta es ya la posición de la coalición que represento, con la que creo que estarán de acuerdo otros grupos de la Cámara-, propondremos que se establezca una regulación en la que se tenga en cuenta el nivel de renta de la
unidad familiar a la hora de conceder la ayuda, pero no de una manera estricta ni exclusiva. Estamos de acuerdo en que las familias numerosas tienen condiciones más que suficientes para ver regulada de manera especial ese nivel de renta a la hora
de establecer la ayuda, pero no estamos de acuerdo con la ayuda lineal, tal y como se establecía en el texto de 2007. Por tanto, sí a la reforma de la norma, que contará, en el sentido que ya he anunciado, con los posicionamientos de Nafarroa Bai.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervengo muy brevemente desde el escaño para anunciar mi voto favorable a la tramitación de esta proposición de ley de modificación de la ley por la que se establece la deducción de nacimiento o adopción en el
impuesto sobre la renta. Creo que la corta vida de esta ley ha demostrado que necesita que le demos un repaso. Aunque la misma tuviera un objetivo igualitario, progresivo y progresista, lo cierto es, desde mi punto de vista, que desde su inicio se
demostró que eso no iba a ser así. Avalaremos su toma en consideración para que en el trámite de enmiendas puedan ser introducidas algunas de las que se han anunciado, de las que forman parte del texto de la propia proposición de ley, y otras que
tienen que ver con lo que, a nuestro juicio, es un vicio de origen que no podía más que dar objeto a una discriminación. Es verdad que esto en sí mismo no constituye el derecho de familia ni la ayuda a las familias; es una ayuda puntual y por una
sola vez, pero a mí me parece que esta deducción de 2.500 euros de forma lineal a todas las familias -a todas las madres en este caso- al margen de su renta es una discriminación organizada por ley. No puede ser que el consejero delegado de una
empresa tenga una deducción de 2.500 euros cuando tiene un hijo y la asistenta que trabaja en su casa o la última becaria tenga la misma.
Esa será nuestra propuesta y ese será nuestro trabajo para que, cuando salga de aquí esta reforma, sea una
reforma justa, que ayude a quien lo precise en función de su necesidad y no una ayuda lineal que contribuye no solo a generar sino a establecer por ley la injusticia y la discriminación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Hay veces que uno sube a esta tribuna para hablar de las iniciativas de otros, pero tengo que confesarles que hoy lo hago en parte para hablar de una iniciativa, si
ustedes me lo permiten, mía. Digo esto porque, en el mes de julio del año 2008, un modesto diputado de un modesto grupo parlamentario presentaba una proposición de ley para modificar una ley que no había funcionado, la 35/2007. Y este
modesto diputado se encontró con que, después de vacaciones, un Gobierno -el del actual presidente- vetaba nuestra proposición de ley. Los argumentos eran que económicamente no se sustentaba. Y lo que hicimos es el ejercicio, el 31 de octubre de
2008, de volver a presentar una proposición de ley, argumentando que los recursos para hacer que la normativa no fuese discriminatoria saliesen de una política tan poco progresista como el cheque de los 400 euros, y así se garantizase que las
personas que no habían recibido ese dinero lo recibiesen. La sorpresa fue que el Gobierno volvió a vetar la proposición de ley de este modesto diputado y de este modesto grupo parlamentario.
Por esta razón, al cabo de unas semanas, este diputado
presentó una proposición no de ley en la Comisión de Economía instando al Gobierno a algo tan insólito como que una pareja mixta, cuyo padre es español y cuya madre es extranjera, pudiesen recibir esa prestación de acuerdo con lo que se había
planteado en el debate en esta Cámara. Al final, aprobamos en la Comisión, porque era seguramente lo único que se podía aprobar, que se evaluase si había esa posible -yo creo que cierta- discriminación y que se presentase un informe en tres meses y
esperábamos nosotros que se modificase ese artículo 2.1.
Ahora estamos discutiendo aquí una proposición de ley, la del Grupo Parlamentario Popular, presentada el 21 de noviembre de 2008, con posterioridad a los dos vetos de la proposición de ley de este grupo parlamentario y de este diputado,
después de haber recibido también otros vetos previamente, todo hay que decirlo, y lo cierto es que esta es una petición que viene de lejos y viene de esta Asociación de familias mixtas discriminadas, que plantean que se acabe con algo insólito que
no funciona y que no tiene sentido alguno.
Releyendo los debates que se produjeron cuando se estaba tramitando no esta prestación sino el cheque bebé, recuerdo que el presidente del Gobierno anunció de forma sorpresiva esta medida como si fuese una medida para apoyar a la familia y
la cohesión social. No hablaba de una prestación o cheque a la mujer sino de una aportación que se daba a la familia y para la cohesión social. El entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, decía que esta era una prestación universal por la que
todas las familias recibirían esta ayuda, y así lo dijo en la presentación de esa medida. Esto es lo que se decía cuando se presentaba una medida controvertida que no era la que nuestro grupo hubiese llevado adelante.
Nosotros entendíamos y entendemos que la mejor política hacia las familias es aquella que amplía el Estado de bienestar y amplía derechos; aquella que, por ejemplo, va por la vía de la educación de 0 a 3 años garantizando la gratuidad.
Pero el Gobierno entendió entonces que se tenía que dar prioridad a esa política de cheques y nosotros dijimos que, no siendo nuestra opción, se tendría que hacer bien, de forma equitativa y de forma justa. Por eso llegamos a presentar tales
iniciativas, y lo cierto es que hoy, con el texto aprobado de forma muy reciente en el año 2007, se producen discriminaciones que no tienen razón de ser. El artículo 2 dice bien claro que, en el caso de parejas mixtas, se reconocerá esa asignación
en función de si la madre es nacional o lleva residiendo más de dos años, y en el caso de parejas homosexuales, cualquiera de los dos componentes podrá elegir quién recibe esa prestación, elemento que nos parece muy bien que sea así. Pero es
evidente que eso lleva a una discriminación real y efectiva en aquellas parejas que no pueden recibir prestaciones. La situación provoca un claro caso de discriminación en esas familias mixtas y concretamente en las parejas en las que la madre es
extranjera y no lleva dos años residiendo en nuestro país, pues aunque el padre sea español no tiene derecho a cobrar ayuda; esa circunstancia hace que ante la ley los padres estén claramente en desventaja, y eso no es razonable.
Hemos escuchado diferentes argumentos para justificar tal medida, y tengo que reconocer que ni un solo me ha convencido. Hemos llegado incluso a oír hablar del efecto llamada. ¿Pero alguien puede pensar que un hombre reconocerá a un hijo
por los 2.500 euros? Creo que es hora de poner orden en una mala ley, una ley que no fue compartida por la izquierda y una ley en la que tenemos que introducir correcciones, no solo esta, como Uxue Barkos mencionaba hace un momento, que permitan
introducir elementos de progresividad.
Se trata, en definitiva, de compensar los gastos que ocasiona la nueva persona. Pues muy bien, si se trata de compensar los gastos que ocasiona la nueva persona, hagámoslo a la unidad familiar, hagámoslo en función de las rentas y hagámoslo
sin discriminación alguna. Se trata de que el cheque no sea exclusivo de la madre sino de esa unidad familiar y asociado al recién nacido, y acabemos de una vez por todas con los elementos discriminatorios, que son los que se han citado hoy, pero
que son muchos más. Les pondré algunos ejemplos más. Por ejemplo, mujeres españolas que por motivos laborales, personales o de ocio dan a luz fuera de España -se ha dado el caso-. ¿Esa persona que por motivos laborales, de ocio o circunstanciales
da a luz fuera de España no tiene que recibir esa ayuda, si finalmente se recibe? Segundo ejemplo. El Gobierno debería modificar la legislación para que casos como el que les voy a describir y que ha sucedido no pasen más. Es el caso de las
comunitarias a las que la Administración tributaria exige el NIE como fecha de legalización. Ese NIE, el documento de identificación, no se les exige por ningún otro motivo porque hasta abril de 2007 no se exigía ningún tipo de documentación
española a extranjeros comunitarios. Pues bien, hoy hay ciudadanas comunitarias que llevan años y años residiendo en España que no han recibido la prestación porque no han podido acreditar el NIE. ¿Es eso razonable? ¿Pasaría eso apelación alguna
ante la Comisión Europea? Nosotros estamos seguros de que no, de que la Unión Europea diría: La ley que han
hecho ustedes es discriminatoria y lo es en este caso con los ciudadanos comunitarios. Está claro pues que debemos modificar también el artículo 2.1 para el caso que nos ocupa, pero también para este otro. En el caso de la familia
reagrupada, cuyos dos integrantes son extranjeros, en la que el padre lleva años residiendo en España y la mujer acaba de llegar o ha llegado hace un tiempo determinado, ¿no debe recibir la ayuda esa unidad familiar pese a que el hombre está
tributando desde hace un montón de años en España? Nosotros creemos que sí. Y, el caso más evidente: ¿debe recibir la ayuda de la misma manera el hijo de un consejero delegado que su asistenta? La conclusión es obvia. Desde una perspectiva
progresista y de izquierdas, desde nuestra perspectiva, la conclusión es que no deben recibir lo mismo.
Todos estos elementos son los que debemos incorporar. En este caso que subo a la tribuna para defender una proposición de ley de otro grupo parlamentario cuando el nuestro, como ha explicado la portavoz del Partido Popular, ha presentado
hasta en tres ocasiones con dos vetos del Gobierno. Por todo lo anterior, lo que va a hacer nuestro grupo es dar apoyo para que se modifique el artículo 2.1, y también para que se modifique una ley reciente pero que funciona mal, que tiene que
introducir elementos de progresividad y que tiene que acabar de una vez por todas con toda la inequidad que ha traído, y la inequidad está en las parejas mixtas, pero está también en los casos que hemos relatado y en darle el mismo dinero al hijo de
una asistenta que al de un consejero delegado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Para fijar la posición del Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, intervengo muy brevemente para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la iniciativa presentada por el Grupo Popular.
Como saben SS.SS., nuestro grupo fue muy crítico en su día con el denominado cheque bebé. No veíamos entonces y tampoco creemos ahora que la medida de subvencionar con 2.500 euros el nacimiento o la adopción de un niño incremente la
natalidad. Afortunadamente, la importantísima decisión de tener o no un hijo o de adoptarlo está al margen de estos incentivos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Criticamos en su día la medida por electoralista. El señor Zapatero dio el cheque para asegurarse un puñado de votos. Una medida que además restaba de manera significativa el margen de maniobra de un gobierno necesitado de recursos para
afrontar la crisis económica. Evidentemente, esta no es la mejor manera de gastar los ya escasos recursos públicos. Además, esta medida, como ya se ha comentado esta tarde aquí, es regresiva y que, como en el caso de los famosos 400 euros, se
cobra al margen del nivel de renta de los que tienen que adoptar un hijo o una hija. Como en el caso de los 400 euros en su día, afecta de igual manera, como señalábamos ya en nuestro grupo parlamentario, tanto a Botín como a su jardinero. Era y
es, por lo tanto, imposible interpretar la medida al margen de la contienda electoral en la que surgió. Tampoco creemos que una medida como esta deba prorrogarse en el tiempo, ha de tener una duración temporal definida. Al Grupo Vasco le gustaría
saber las intenciones del Gobierno en este sentido.
A pesar de lo antedicho, nuestro grupo cree que la proposición de ley presentada por el Grupo Popular para modificar la ley que establece la deducción por nacimiento o adopción en el IRPF y la prestación económica de pago único de la
Seguridad Social por nacimiento o adopción es una proposición que pretende corregir, a nuestro juicio, una cuestión fundamental: no es comprensible que la legislación actual sea claramente discriminatoria en contra de las parejas heterosexuales.
En el caso de estas parejas heterosexuales es la madre la que debe cumplir los requisitos de residencia y nacionalidad conforme a la legalidad vigente para que la subvención le sea de aplicación. Por el contrario, en las parejas homosexuales el
requisito es exigible al miembro de la pareja que ellos mismos decidan libremente. Así, en el caso de que la madre no cumpla los requisitos pero sí lo haga el padre, no reciben ayuda, por lo que las parejas heterosexuales están discriminadas en
relación a las homosexuales en las que tan solo un miembro cumpla los requisitos. Esta lógica demanda una corrección. También hay que decir que esta demanda nos ha sido transmitida insistentemente a las diputadas y diputados de esta Cámara, es
hora de hacerse eco de esta petición y terminar con esta discriminación. Así pues, mientras esta medida esté en vigor, a juicio del Grupo Vasco se debe corregir en el sentido propuesto para evitar la indeseable discriminación que se produce
actualmente. Votaremos, pues, a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
La señora Méndez hoy reabre el debate sobre una ley que discutimos la pasada legislatura con mucha intensidad, en el que Convergència i Unió se posicionó a favor del fondo de la cuestión, sobre la necesidad de construir una política global
de atención a la familia que incluyese ayudas directas como las que contemplaba esa ley y además con carácter universal. Hoy en Europa tanto gobiernos de izquierdas como de derechas, gobiernos de progreso en definitiva, apuestan por que las
políticas de apoyo a la familia tengan carácter universal. Fuimos críticos en la forma en que el Gobierno articuló esa
medida con un claro tono electoral, y recuerdo el debate sobre la entrada en vigor de esa misma normativa. Quizá entonces a todos se nos pasó por alto la discriminación que oportunamente el Grupo Popular con esta iniciativa ha puesto encima
de la mesa, que el señor Herrera también en su iniciativa ante la Comisión de Economía manifestó y que de una manera un poco extraña el grupo de la mayoría y el Gobierno han intentado que se tramitase al inicio de esta legislatura. Mi grupo
reconoce el error que constituye la ley en ese punto en concreto y le parece que efectivamente existe una situación de discriminación objetiva en aquellos supuestos de parejas compuestas por un hombre con nacionalidad española y una mujer con
nacionalidad extranjera. No es de recibo que en esos supuestos por el solo hecho de que esa ciudadana extranjera lleve menos de dos años en España no se puedan beneficiar de esa ayuda. Por tanto, sin ningún tipo de complejo, vamos a votar a favor
de la toma en consideración de esta iniciativa.
Además, si uno ha podido detenerse en leer las argumentaciones que tanto en el Senado como en la Comisión de Economía esgrimieron a raíz de las diversas iniciativas planteadas, se confirma en la necesidad de proceder a ese cambio
legislativo, porque los argumentos de fondo expresados por los portavoces del Grupo Socialista para posicionarse en contra de las iniciativas no están fundamentados. Lo recordaba el señor Herrera.
Difícilmente uno puede entender que garantizar en
los supuestos de parejas mixtas que aquello que determine el acceso a esta ayuda sea la nacionalidad del ciudadano español constituya ningún tipo de efecto llamada. Es más, cuando los diferentes portavoces hemos tenido ocasión de discutir con la
asociación que ha promovido esta iniciativa -a los que debemos agradecer su tenacidad y su esfuerzo para convencernos a todos de avanzar en esta línea-, costaba mucho encontrar argumentos que explicasen por qué demonios esta ley había hecho ese
planteamiento. Por tanto es una cuestión de fondo que hay que resolver.
Hemos escuchado atentamente intervenciones de otros portavoces que han anunciado su voluntad de reabrir no solo esta cuestión concreta sino el conjunto de esta normativa. Vamos a estudiar con mucha calma los debates que se susciten, pero
aquello que es fundamental y que debería formar parte de un consenso de toda la Cámara es precisamente que las políticas de apoyo a la familia, orientadas a facilitar y hacer posible que las familias tengan más hijos, deben ser compartidas por todos
en el tiempo, porque precisamente países con modelos de Estado del bienestar distintos y con aproximaciones en las políticas de apoyo distintas, Suecia y Francia, han demostrado que gobernando unos u otros, si son capaces de mantener esas políticas
durante el tiempo, eso tiene efectos positivos en las tasas de fecundidad de esas sociedades. Hoy la construcción de una política social de progreso también pasa precisamente por reforzar esas capacidades de las familias de tener hijos, y eso exige
ayudas directas, servicios, mayor conciliación de la vida familiar y laboral -con licencias parentales seguramente más generosas que las que tenemos- y responsabilidad social de las empresas, pero también exige ayudas directas a aquellas familias
con independencia de sus ingresos. Esa es la posición de fondo de Convergència i Unió, la que mantuvimos en los debates a finales de la pasada legislatura y la que vamos a mantener en esta. En todo caso, hoy vamos a votar favorablemente la
iniciativa de la señora Méndez.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Yo también quiero saludar a las asociaciones que hoy nos acompañan y que saben del compromiso manifestado por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Partido Socialista para solventar esta situación que nos han planteado en reiteradas
ocasiones. Es necesario empezar señalando que la pasada legislatura fue la legislatura de los derechos sociales, de los derechos de ciudadanía, y es necesario recordarlo hoy, entre otras cosas, porque si estamos debatiendo sobre un aspecto concreto
de la aplicación de una ley que ha supuesto una importante ayuda directa para las familias españolas es porque el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero creó esta prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción que, para los casos
de familias numerosas monoparentales o madres con discapacidad, asciende a 3.500 euros. En la etapa de Gobierno del Partido Popular, señora Méndez, la prosperidad se acumulaba, se concentraba y no se distribuía. La política social no fue el eje
central; fue en ese periodo cuando dejamos de converger con la Unión Europea y el gasto social perdió dos puntos entre 1996 y 2003, y en eso llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se pusieron en marcha políticas de ciudadanía, de
izquierda, señor Campuzano -políticas sociales, políticas para las familias, políticas de igualdad, de distribución de la renta-, que se convirtieron en el eje central del Gobierno de España. (Rumores.) Llegaron leyes como la conocida Ley de
Dependencia, que reconoce un nuevo derecho de ciudadanía que beneficia hoy a más de millón y medio de ciudadanos y sus familias, como la Ley de Igualdad, que crea y aumenta los permisos por maternidad y crea por primera vez el permiso por
paternidad, que nadie se había atrevido a poner en marcha, y eso es ayuda a las familias; se aumentaron considerablemente las pensiones más bajas, y lo seguimos haciendo, también el salario mínimo; hemos puesto en marcha por fin las escuelas de 0
a 3 años en este país. Ustedes se comprometieron a hacerlo de 3 a 6 años y no lo hicieron, lo tuvimos que hacer nosotros. (Aplausos.) Entre otras medidas, señorías, se aprobó esta ley.
En la votación de conjunto -se lo voy a recordar, señora Méndez- del proyecto de esta ley el Grupo Popular se abstuvo, como siempre; es decir, no dio su
apoyo a una medida de ayuda directa e inmediata a las familias, y esto lo saben los ciudadanos y las asociaciones que hoy nos acompañan. Hoy, con un absoluto cinismo, desfachatez y mucha caradura (Protestas.), se autoproclaman defensores de
la aplicación de una ley que en su momento no apoyaron (Aplausos.). Esto es lo que hace continuamente el Partido Popular. Quiero recordarles que en la tramitación parlamentaria el Grupo Popular presentó una enmienda de totalidad con texto
alternativo que en su artículo 2.º, que es al que nos referimos hoy, personas beneficiarias, no se diferenciaba absolutamente nada de la redacción dada por el Gobierno, que fue la que salió aprobada de esta Cámara. Por lo que se refiere a las
enmiendas al articulado, que presentaron unas cuantas, ni una sola de ellas pretendía modificar este artículo, pensando -yo creo- que, si se suprimieran los dos años de permanencia legal de la madre en España, se propiciaría que mujeres provenientes
de otros países, especialmente de aquellos que atraviesan por situaciones económicas de mayor dificultad, vinieran a dar a luz a su hijo a España para cobrar la prestación por el simple hecho de empadronarse con una pareja española -no es necesario
estar casados-, dándose casos en los que el único fin fuera el cobro de la misma. Podríamos estar entonces, como ha dicho el señor Herrera, ante un efecto llamada que distorsionaría la finalidad de la norma y se convertiría en un auténtico
coladero. No en vano así lo entendieron todos los grupos parlamentarios, también el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que han subido a esta tribuna ya -todos los grupos parlamentarios, menos
el Grupo Popular-, cuando se rechazó en el Senado hace unos meses la iniciativa del Grupo Popular.
Por eso el Grupo Parlamentario Socialista, en el ejercicio de una responsabilidad de la que son conscientes todos los grupos, presentará enmiendas, como han dicho los demás, para dar satisfacción a las legítimas reivindicaciones de aquellos
padres españoles cuya pareja extranjera no reúna el requisito de llevar dos años residiendo en nuestro país, con el fin de que puedan recibir la prestación, eso sí, al tiempo que evitamos el fraude de ley. Parece claro, como ha dicho aquí el resto
de los grupos, puesto que no se presentaron enmiendas en este sentido, que en la voluntad del legislador no estaba que se pudiera llegar situaciones como las que nos han trasladado estas asociaciones y estas organizaciones, cuyas madres no cumplen
el requisito de llevar dos años en nuestro país cumpliéndolo el padre. Por eso estamos a tiempo de solucionarlo y además estamos dispuestos a ello, cumpliendo el compromiso y la voluntad manifiesta del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido
Socialista con las organizaciones de afectados por corregir esta disfunción. Por ello recientemente hemos aprobado en la Comisión de Economía, como aquí se ha dicho, la realización de un informe que en estos momentos se encuentra en fase de
elaboración. Me gustaría saber a qué juega el Partido Popular incumpliendo, entre otras, los acuerdos de esta Cámara y a quién pretende dar lecciones. Primero por respeto a quienes están trabajando en la elaboración de ese informe, pero sobre todo
por respeto a esta Cámara, el Grupo Popular no debería haber traído hoy esta iniciativa y debería haber esperado a que se hiciera la corrección que estaba pactada entre todos los grupos. Por eso, en cuanto a la oportunidad de la iniciativa, es
necesario destacar, primero, la incongruencia del grupo proponente, que no vota esta ley y que después la defiende, su oportunismo, su desfachatez y el filibusterismo parlamentario. (Protestas.) Por desgracia esta incoherencia es a la que nos
tienen ustedes acostumbrados. Ayer, sin ir más lejos, pudimos ver al señor Rajoy defendiendo la bajada de impuestos, defendiendo los menores ingresos, y después se presentan ustedes con iniciativas que ¿me dicen ustedes cómo las vamos a pagar y con
qué y a quién le van a quitar el dinero en este país, a qué políticas: a las obras públicas, a las inversiones...? (Aplausos.) Señorías del Partido Popular, salen aquí a defender a las familias españolas cuando todos hemos podido oír y leer que no
se podían subir las pensiones a los pensionistas de mínimas porque, según su secretaria general, la señora Cospedal, en momentos de crisis no estábamos para derroches. (Un señor diputado: ¡Anda ya!) Sí, señor. O que no podemos aumentar el volumen
de las prestaciones para el desempleo en una situación como en la que nos encontramos en este país.
Allí donde gobiernan teniendo plena competencia sobre la política social recortan estas prestaciones, como lo han hecho en la Comunidad de Madrid,
donde esa rácana prestación de 100 euros que daba doña Esperanza Aguirre ha sido anulada de los presupuestos en los momentos más difíciles para las familias españolas. (Aplausos.)
El Partido Socialista va a trabajar, porque es lo que viene haciendo continuamente, por poner fin a estas situaciones y a las disfunciones, como han dicho algunos grupos, que se están produciendo en el desarrollo de esta ley, precisamente
por eso, porque es nuestra ley, nuestra política de familia, esa que ustedes rechazaron. Si algo tienen claro el Grupo y el Gobierno socialistas es que en momentos de dificultad, aún más, las redes de protección tienen que ser más fuertes. Lo digo
con orgullo, señorías, en tiempos de crisis, no solo no se ha recortado ni un solo derecho social, sino que seguimos ampliándolos. No en vano este Gobierno es responsable de que en el año 2008 se beneficiaran de esta medida 493.949 familias y de
que este año 2009 vayan a hacerlo probablemente más de 500.000 familias. Este Gobierno es responsable de que, por primera vez en la historia de este país, estemos en condiciones de ratificar la Carta Social Europea revisada, por encontrarnos ya por
primera vez, con un Gobierno socialista, por encima de la media europea en prestaciones a la familia y a los ciudadanos. No se engañen, ni engañen a los ciudadanos. Esta situación se arreglará y lo haremos quienes trajimos a esta Cámara este
proyecto de ley y quienes hemos hecho posible que, en solo dos años, un millón de familias se vaya a beneficiar de la misma, protegidos por una ley socialista del Gobierno Zapatero. Las familias y los
colectivos que han reivindicado esta medida lo saben. Así nos comprometimos con ello, así nos comprometimos a solucionarlo. Bienvenidos señores del PP, bienvenidos los que tenían dudas sobre la defensa de esta ley. Hoy, con el debate de
esta iniciativa, vienen a reconocer el éxito de la misma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pérez Domínguez.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL APOYO A LAS COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000311.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate de las proposiciones no de ley y lo vamos a iniciar con la del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a las cooperativas agrarias de España. Para defender esta
proposición en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista ha presentado esta proposición no de ley que pretende que el Pleno del Congreso de los Diputados se posicione clara y nítidamente a favor de un sector importantísimo de empresas como son las cooperativas agrarias de
nuestro país.
Antes de desarrollar el contenido, me van a permitir que dedique un sentido recuerdo al anterior presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas, don José Joaquín Pérez de Obanos, que tristemente falleció en el accidente aéreo de
Barajas el pasado año. Le traigo al recuerdo porque se trata de una de las personas que más ha luchado por el fortalecimiento de la organización cooperativa en España, y porque precisamente unos días antes de morir fue cuando estuvimos trabajando
en la preparación de esta iniciativa. Me consta que mantuvo contactos similares con portavoces de otros grupos parlamentarios.
Las cooperativas agroalimentarias españolas tienen una organización que las representa, la Confederación Nacional de Cooperativas. Algunos de sus dirigentes nos acompañan hoy en la tribuna, a los que saludo y, además, les animo a seguir
planteando iniciativas que favorezcan el desarrollo agrario, el desarrollo rural de nuestro país que pasará, con toda seguridad, por el fortalecimiento de las empresas cooperativas y de sus organizaciones. La Confederación Nacional de Cooperativas
realizó el pasado año un plan estratégico del cooperativismo agroalimentario español y uno de sus ejes fundamentales es el redimensionamiento de las cooperativas. Actualmente las cooperativas de España tienen una facturación media que supera
escasamente los cuatro millones de euros por cooperativa y esta es una cifra muy inferior a la media de nuestros colegas europeos.
Cuando hablamos de cooperativas agrarias estamos refiriéndonos a un tejido empresarial muy extenso, formado por más de 4.000 empresas que, en definitiva, representan una parte muy importante de la economía de nuestro país. Las cifras son
muy evidentes. Más de un millón de socios pertenecen a las cooperativas, están representando a prácticamente todos los sectores agroalimentarios y facturan más de 18.000 millones de euros en este momento. Desde el punto de vista social, las
cooperativas proporcionan trabajo a más de 80.000 trabajadores fijos, la mayor parte en el medio rural. Conviene recordar que estas empresas son el motor económico principal de la economía en la mayoría de los pueblos rurales de nuestro país. En
muchos municipios de España las cooperativas son la única y principal empresa de la localidad que da trabajo, empleo y actividad al resto de los sectores. Las cooperativas agrarias en España gestionan más del 80 por ciento de la producción de uva
de mosto; más del 70 por ciento de la producción de aceite; el cien por cien de la producción de tabaco; el 45 por ciento de los cítricos y más del 30 por ciento en sectores tan importantes como la leche, los cereales, el ovino y caprino, las
oleaginosas y el algodón. En definitiva, tienen activos muy importantes para sentirse orgullosos de lo que representan en este momento las cooperativas. En este momento el cooperativismo agrario español tiene que responder, como el resto de la
actividad económica española, a los nuevos retos, a una sociedad que cambia a ritmo vertiginoso. Es conocido que la distribución alimentaria europea está concentrada en muy pocas empresas. La misma situación se da, una concentración de poder
impresionante, en las empresas que venden a las cooperativas de la agricultura española, los input agrarios. Las cooperativas tienen que hacer también un esfuerzo de potenciación para poder negociar en condiciones competitivas la compra de sus
medios de producción o la venta de sus producciones. Las cooperativas están en este camino. Hay muchas cosas que están haciendo ellas por sí mismas, pero creemos que en este momento es necesaria una acción positiva del Gobierno para facilita con
cambios legislativos este redimensionamiento, esta actualización empresarial de la organización cooperativa en España. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley, porque las cooperativas necesitan mejorar la capacidad de desarrollo
empresarial para situarlas en ratios similares a las cooperativas de la Unión Europea. Ojalá que consigamos en pocos años asimilarnos en ratios a las cooperativas, por ejemplo, del norte de Europa. Así hemos propuesto una modificación de la actual
Ley de cooperativas, para introducir elementos de promoción que favorezcan la integración cooperativa, la fusión de cooperativas que les permita adquirir dimensión. Es preciso adaptar el régimen jurídico financiero de las cooperativas, eliminando
algunas cautelas de la actual legislación que impide crecer en este momento a nuestras cooperativas.
Pretendemos que aquí, en el Congreso de los Diputados, se vuelva a ratificar el reconocimiento del régimen fiscal propio de las cooperativas,
reiterando que es un sistema protegido y
amparado por la Constitución española en su artículo 129.2. Queremos, por último, que el Gobierno actualice, de acuerdo con la normativa europea, la Ley 20/1990, sobre fiscalidad de las cooperativas para facilitar la financiación y la
actividad empresarial de este amplísimo colectivo de empresas. La proposición no de ley ha recibido varias enmiendas, todas ellas de adición. Entiendo que no hay motivo de fondo por parte de ninguno de los grupos políticos que han presentado
enmiendas. Vamos a hacer un esfuerzo de transacción con las propuestas que han presentado los distintos grupos y esperamos que esta iniciativa a favor de las cooperativas agrarias de España pueda tener en su aprobación la unanimidad de todos los
grupos presentes en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.
A esta proposición no de ley han presentado enmiendas cuatro grupos parlamentarios. Para defender, en primer lugar, las del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para posicionar al Grupo Parlamentario Popular en la iniciativa que nos trae hoy el Grupo Socialista, de la mano del señor Alonso, sobre apoyo a cooperativas agrarias en España y también para defender las
enmiendas que mi grupo ha presentado. Para que el sector agrario en general y las cooperativas en particular puedan resistir al momento de crisis actual y sobrevivir a los nuevos tiempos es urgente una política de hechos y medidas efectivas por
parte del Gobierno y de las distintas administraciones, pero además es necesario -dicho por las propias cooperativas- un replanteamiento del modelo de negocio de muchas empresas y de las estructuras, tanto productivas como empresariales. Les urge
definir el modelo o modelos de empresas que quieren potenciar en nuestro país, tanto a nivel de producción como de transformación y también de comercialización. Las cooperativas no pueden optar por un crecimiento en detrimento de los más
vulnerables y desprotegidos como son los productores. Dentro del debate presupuestario de la Unión Europea, el panorama es bastante complejo, lleno de incertidumbre y donde todo parece apuntar a un escenario en los próximos años en el que las
fuerzas del mercado seguirán actuando de manera agresiva, amenazando la viabilidad de la industria -también de las cooperativas- y por tanto, y lo más importante, de los agricultores y ganaderos. La concentración de la demanda y el protagonismo de
la gran distribución hace que los precios se configuren en el último eslabón de la cadena, y de ahí vayan trasladándose hacia atrás hasta llegar al productor, a unos niveles que en muchos casos no les permite la viabilidad, y la capacidad de aguante
del sector es cada vez más limitada. En definitiva, el sector de cooperativas nos traslada que deben asumir distintos compromisos para adaptarse a las nuevas necesidades de mercado. Deben dar más y mejores servicios a los socios, buscando siempre
la mayor rentabilidad y el abaratamiento de los costes; acabar con los personalismos, que por sus intereses particulares les impiden dar pasos adelante; erradicar los absurdos localismos; apostar por ser empresas con el suficiente tamaño y
volumen para ser capaces de operar con más oportunidades en el escenario actual; ahondar en su profesionalización; liderar aquellos mercados en los que las cooperativas son las protagonistas, como es el caso de la hortofruticultura, del aceite o
de algunos sectores más; acabar también con la atomización empresarial en el sector de las cooperativas agrarias. En definitiva, se debe trabajar para garantizar el desarrollo de una agricultura competitiva, porque desgraciadamente en este momento
los agricultores españoles tienen la sensación de que pertenecer a una cooperativa no les está proporcionando ninguna ventaja.
Señorías, el sector lo tiene claro, pero también reivindica sus necesidades a las distintas administraciones. Son muchas las veces que los agricultores han salido a la calle para pedir lo que les corresponde.
Hoy mismo en mi comunidad
autónoma, Andalucía, hay una manifestación de agricultores y ganaderos en Sevilla convocada por Asaja pidiendo a la Administración que haga sus deberes y pague las ayudas pendientes. El sector es tajante y claro en sus peticiones: necesitan más
inversiones e infraestructuras destinadas a solventar cuestiones tan vitales como el problema del agua; la defensa de las producciones españolas y europeas frente a las importaciones de terceros países; que se cumplan de forma efectiva los
acuerdos con esos países y que no se den más concesiones; simplificación también en los trámites burocráticos y administrativos a la hora de gestionar el pago de las ayudas para contribuir a una mayor agilidad administrativa; que los agricultores
españoles puedan disponer y usar las tecnologías más avanzadas, de forma que puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de los productores del mundo; un plan de formación adecuado que permita la potenciación de los trabajadores del
sector; modernizar la Ley de Cooperativas; una fiscalidad adecuada al sector primario; que el Gobierno actúe como intermediario con las entidades financieras para que apuesten por el sector agrario para que colaboren con la financiación de
aquellas actividades encaminadas a su reestructuración y mejora. Los socios de las cooperativas necesitan tener dinero inmediato, liquidez circulante, y con la extrema crisis que vivimos las entidades financieras no les están dando créditos, por lo
que la situación se hace insostenible. Piden ayudas para la comercialización. En definitiva, exigen más liquidez...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Chacón, tiene que terminar, por favor.
La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Acabo en breve, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): En breve no, señora Chacón. Ha pasado su tiempo, tiene que acabar, por favor.
La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Acabo en un segundo, señora presidenta.
Permítame que simplemente termine diciendo que nos parece interesante la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Socialista, pero que a la vez se queda demasiado cortita. Merece la pena que se aprueben esas enmiendas que mi grupo ha
presentado, porque si algo es interesante es trabajar de forma conjunta, y estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo con esa transaccional para mejorar la situación de las cooperativas del sector agrario.
Muchas gracias por su benevolencia, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo no tanto para defender las enmiendas que hemos presentado como para manifestar que estamos de acuerdo con los planteamientos de fondo de la proposición no de ley del Grupo Socialista por varias razones que
voy a exponer brevemente y también para justificar la enmienda de tipo técnico que hemos presentado. Es evidente que el cooperativismo agrario en España es de larga tradición, en Cataluña en particular, así como en otras zonas del territorio del
Estado, con un pasado muy brillante en el siglo XX, años veinte y treinta, y también en el actual. La importancia que tiene hoy no solamente es cuantitativa, como ha puesto muy bien de relieve el portavoz socialista, sino también cualitativa. Es
evidente que el cooperativismo es un factor fundamental de vertebración territorial, es importantísimo para incidir en un mercado global como el actual y también -nos olvidamos a veces- en el proceso de formación del sector, porque los servicios que
están prestando en este campo muchas veces se hacen sin demasiada colaboración de las administraciones. También es cierto -como se ha apuntado- que en un mundo global en el que el darwinismo social y económico impera y en el que solo los más
activos y los más fuertes sobreviven la modernización es imprescindible, por ello creemos que esta proposición no de ley impulsando una nueva ley de cooperativas puede ser muy positiva.
Jurídicamente han de existir los cambios; aquí se ha hablado
de redimensionar, y estamos de acuerdo. Es evidente que hay que aunar esfuerzos, buscar sinergias desde el proceso productivo hasta, como decía, la formación. Las cooperativas también necesitan capitalizarse; por tanto, aunque toquemos de pasada
la necesidad de cambiar, de variar el régimen fiscal, se necesitan incentivos para esta capitalización.
Dicho todo esto, ya suponíamos que las aportaciones acabarían dejando un texto que, tal como ha apuntado el portavoz socialista, esperamos que acabe siendo transaccionado, con respeto competencial -esperemos que así sea-, y también veríamos
muy bien que se incorporase en alguna parte del articulado o en la exposición de motivos la referencia que ha hecho el Grupo Vasco al respeto a los principios internacionales del cooperativismo. Nuestra enmienda proponía que se aceptase la
ampliación del consejo rector, aunque no de manera ilimitada, pero como tenemos en ciernes la discusión -esperemos que aprobación- de una ley de representatividad agraria, posiblemente este problema pueda resolverse en ese texto y no en el actual.
En cualquier caso, nos parece oportuna la proposición no de ley para elaborar una nueva ley para un mundo y que en definitiva es fundamental para el sector agroalimentario, que necesita modernizarse y al que hemos de dotar legislativamente de esos
mecanismos.
Esperando que se incorporen estas aportaciones que los grupos hemos ido haciendo al texto original del Grupo Socialista, manifestamos nuestra intención de votar favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Gracias, señora presidenta.
Esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista tiene por finalidad instar al impulso y la mejora de las cooperativas agroalimentarias y pide la reforma de esta Ley de Cooperativas. Al principio de mi intervención quiero
sumarme al recuerdo que ha hecho el diputado socialista al añorado don José Joaquín Pérez de Obanos. Yo llevaba escasamente unas semanas de diputada en esta casa cuando él vino a defender el impulso a las cooperativas y a proponernos una reforma en
el sentido de lo que hoy estamos discutiendo. Quiero recordarle, pues, en nombre de nuestro Grupo de Convergència i Unió.
Desde nuestro grupo hemos presentado unas enmiendas ya que, si bien compartimos el espíritu de la iniciativa y podría suscribir en muchísimos puntos el discurso que ha hecho don Alejandro Alonso, para nosotros es muy importante el compromiso
de salvaguardar las plenas competencias que las comunidades autónomas tienen en sus estatutos en materia de cooperativas. Por eso nuestra primera enmienda insta a contar con ellas y a tener en consideración estos estatutos de autonomía. La segunda
enmienda pide al Gobierno que impulse políticas de apoyo financiero para garantizar la liquidez de estas cooperativas. Señorías, si en estos momentos de crisis económicas todas las empresas tienen dificultades y desde los gobiernos hay que
ayudarlas, para muchos pueblos -como han dicho los compañeros que han intervenido antes que yo desde esta tribuna- es de vital
importancia la supervivencia y la garantía de trabajo de estas cooperativas agroalimentarias. Son necesarias estas políticas de apoyo.
También demandamos en nuestras enmiendas políticas de fomento el redimensionamiento de estas empresas
cooperativas para asegurar su viabilidad. Desde Convergència i Unió consideramos que es importante que se fomente la integración de las cooperativas a fin de que alcancen una dimensión que les permita hacer frente a un mercado cada día más
concentrado, más abierto, más competitivo y sobre todo con miras a la adaptación a las condiciones de suministro que requiere el mercado globalizado en el que estamos. Desde la Confederación de cooperativas -quiero saludar desde aquí a sus
dirigentes, que nos acompañan, a su presidente y a su director general- ya lo estaban pidiendo y así consta también en su Plan estratégico del cooperativismo que nos presentaron.
Uno de los ejes fundamentales de ese plan era precisamente el
redimensionamiento de estas cooperativas, ya que en la actualidad, y a pesar de que siguen incrementando año tras año su volumen de facturación, la dimensión media de las cooperativas integradas en esa confederación sigue estando apenas en 4,4
millones de euros, una cantidad muy inferior, como se ha dicho también anteriormente, a la media comunitaria. Por eso nuestra segunda enmienda, de adición, como ha dicho el señor Alonso, va en este sentido y pide textualmente impulsar junto con las
comunidades autónomas políticas de apoyo financiero para garantizar la liquidez de las cooperativas, así como políticas de fomento al redimensionamiento de estas empresas cooperativas.
Espero que en la enmienda transaccional que nos ha ofrecido el señor Alonso estén recogidas nuestras dos enmiendas. Si es así ya anuncio nuestro voto afirmativo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista ha presentado a la Cámara una proposición no de ley para su debate en la que se insta al Gobierno a reformar la actual Ley de Cooperativas, con el objetivo -se dice- de mejorar el actual régimen
jurídico-financiero. En un principio, mi grupo está de acuerdo con los grandes objetivos marcados en esta proposición no de ley, pero tenemos cierto temor o duda razonable de que en el fondo puedan coexistir ciertos objetivos que poco o nada tienen
que ver con los principios fundacionales que son el armazón del movimiento cooperativo. Créanme, señorías, en Euskadi de cooperativas y de principios fundacionales de las mismas sabemos bastante. Por ello, hemos introducido una enmienda que es una
especie de salvaguarda de estos principios, en la que se insta a que en la reforma de la actual Ley de Cooperativas se tenga en cuenta la declaración de la Alianza Cooperativa Internacional realizada en su congreso centenario de Manchester en 1995.
Dicha declaración incluye una definición de cooperativa, una lista de los valores clave del movimiento y un conjunto revisado de principios que pretende guiar a las organizaciones cooperativas a comienzos del siglo XXI. Parece retórica y anacronía
pero consideramos que es fundamental que aparezca esto en la parte dispositiva para no desvirtuar lo que debe ser el movimiento cooperativo. Desde su creación en 1985, la Alianza Cooperativa Internacional ha sido la autoridad definitiva en la
definición de cooperativas y en la elaboración de los principios sobre los que se deberían basar las cooperativas. Las revisiones periódicas de los principios cooperativos son una fuente de fuerza para el movimiento cooperativo. Demuestran cómo el
pensamiento cooperativo puede ser aplicado en un mundo cambiante, sugieren cómo las cooperativas pueden organizarse para enfrentarse con los nuevos retos, implican a cooperativistas de todo el mundo en un nuevo examen de los propósitos básicos de
este movimiento. Cualquier reforma de la Ley de Cooperativas debe prestar especial atención al cumplimiento de los principios cooperativos, ya que todos están unidos sutilmente y cuando se pasa por alto uno de ellos se resienten todos los demás.
¿Cuáles son estos principios? El principio de la adhesión voluntaria y abierta; el principio de gestión democrática por parte de los socios, es decir el conocido como una persona un voto; el principio de participación económica de los socios; el
principio de autonomía e independencia; el principio de educación, formación e información; el principio de cooperación entre cooperativas y, en séptimo lugar, el principio de interés de la comunidad. Con ello mi grupo quiere remarcar la
especificidad de las cooperativas y por qué tienen un tratamiento diferente respecto a otras empresas del sector. Las cooperativas agrarias tienen una discriminación positiva en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto de actividades
económicas, en actos jurídicos documentados, en la concesión de subvenciones, etcétera, pero no por ser agrarias, sino por ser cooperativas. Desgraciadamente, mi grupo cree que poco a poco algunas cooperativas se están distanciando de los
principios y valores de la Alianza Cooperativa Internacional, del cooperativismo europeo, en fin.
Es precisamente en Europa -quitando Italia, Grecia, Portugal y España- donde el sector agrario, a nivel de concentración de la oferta, transformador y
comercializador, está prácticamente monopolizado por cooperativas y donde se mantienen estos principios, como una persona un voto y repartición de los fondos de reserva. Como paradigma y ejemplo del movimiento cooperativo y también como excelencia
empresarial es el caso del grupo Mondragón Corporación Cooperativa, que desde su inicio hasta su macroexpansión actual ha sabido mantener la especificidad cooperativa y su alineación con la ACI, a pesar de la dimensión de sus empresas, la
globalización y el agravante de que sus socios son trabajadores, etcétera. La línea marcada por don José María
Arizmendiarrieta ha seguido su curso en consonancia con estos principios.
Como he citado -ya voy a terminar-, aun estando de acuerdo con los grandes objetivos marcados vemos el riesgo de que con la modificación de esta ley se pueda tender a incrementar el voto plural, a que la repartición de los fondos de reserva
obligatorios pueda cambiar, a minusvalorar la dotación al Fondo de educación y promoción cooperativa, a que las operaciones con los no socios no sean como deben ser y marquen los principios cooperativos. En definitiva, creemos que hay que estar
vigilantes para que la democracia cooperativa, la no repartición de los fondos obligatorios o su mala utilización puedan ser desvirtuados con esta modificación legal. Nos hubiera gustado votar a favor de esta proposición porque, como decía, estamos
a favor de los principios generales que rigen, pero creemos que es fundamental incorporar en la parte dispositiva esta cuña, esta salvaguarda que indica la necesidad de mantener los principios fundacionales del cooperativismo para que no sean
desvirtuados. Por lo tanto, mi grupo se abstendrá, a no ser que a última hora se presente una transacción en la que la parte proponente acepte la propuesta que hace el Grupo Vasco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Finalmente, en el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de nuestro grupo con la que en este caso coinciden todos diputados y diputadas del Grupo Mixto. Si utilizo la tribuna es exclusivamente para, en nombre de los diputados del Grupo Mixto,
saludar a la Confederación Nacional de Cooperativas, presentes en este salón de Pleno. Para un diputado que vive en un lugar donde el sector primario constituye el vagón más importante de la economía de ese territorio, donde el cooperativismo por
tanto tiene sus fundamentos más vinculados a lo que son las iniciativas de los propios agricultores y ganaderos en ese territorio, es indudable que tendremos que apoyar esta iniciativa parlamentaria. Podríamos tener una queja a la iniciativa que
plantea el diputado señor Alonso, y es que, siendo iniciativa del grupo que da soporte al Gobierno, parece que hay fórmulas mucho más rápidas y efectivas para traer ese proyecto de ley ya modificado y debatirlo en esta Cámara. En este caso, el
parlamentarismo es así y por tanto vamos a apoyar instar al Gobierno para que elabore esa modificación de la ley que permita incorporar los objetivos que marcaba el proponente. Espero, porque conozco del talante de don Alejandro Alonso, que se
acepten las enmiendas presentadas por los grupos, de manera que se pueda transaccionar una serie de propuestas que permita marcar al Gobierno los límites que este Parlamento, esta Cámara, desean en esta modificación de la Ley de Cooperativas.
Había una puntualización que creo que he visto en la enmienda presentada por Esquerra Republicana en torno a eliminar la limitación de los consejos rectores de las cooperativas. Está claro que no pueden ser eliminados porque si el consejo
rector se convierte en una asamblea probablemente tendría dificultades a la hora de establecer criterios objetivos de eficacia y eficiencia, que es lo que se le pide a un consejo rector para defender los intereses de los cooperativistas. En
definitiva, como bien dice la parte proponente, estamos hablando del desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución, por tanto vamos a apoyar la iniciativa. Conociendo el talante del señor Alonso, estoy seguro de que en el tiempo que nos queda
hasta el momento de la votación va a ser capaz de unir todas las propuestas y todos los planteamientos que hacen los diferentes grupos, porque al final todos los grupos persiguen el mismo objetivo, que es marcar al Gobierno en lo que debe ser la
modificación de la Ley de Cooperativas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
Señor Alonso, su turno para aceptar o rechazar enmiendas, o comunicar el estado de su transaccional.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Vamos a hacer llegar a la Mesa una enmienda transaccional firmada por los grupos que han presentado enmiendas. Por tanto, esperemos que se pueda votar con ese texto si nadie se opone.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA FACTURACIÓN DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (Número de expediente 162/000344.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica. Para defender esa proposición en nombre de su grupo
tiene la palabra la señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero dar esta tarde la bienvenida a las asociaciones de consumidores que han querido acompañarnos en este debate y aprovechar también para hacer un reconocimiento desde esta tribuna al trabajo
que están realizando en un año, este primer año de legislatura, que es especialmente negro para los derechos de los consumidores.
Entro ya, señoras y señores diputados, en la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular; una proposición no de ley que se puede resumir de forma muy fácil: terminar con el escándalo mayúsculo que es el tarifazo, un
escándalo que el Gobierno socialista
insiste en mantener. Quiero recordar que en el pasado Pleno tuve ocasión de debatir con el ministro de Industria, señor Sebastián, sobre este mismo tema, y el ministro decía -abro comillas-: El sistema de facturación mensual es bueno para
los consumidores y malo para las compañías eléctricas. Y remataba, he de decir, no sin una cierta afectación, pidiendo al Partido Popular, que se ponga de lado de los consumidores y no del lado de las compañías eléctricas -cierro comillas-.
Es lo
que decía el ministro. Puesto que esta tarde no tienen la bondad de acompañarnos ni el ministro de Consumo ni el ministro de Industria -deben pensar que este no es un tema importante a pesar de que afecta a más de 25 millones de familias españolas-
agradeceré al Grupo Parlamentario Socialista que tenga la bondad de trasladarles lo siguiente, tanto al ministro de Consumo como al ministro de Industria. El tarifazo no solo es que no guste a los usuarios, es que el 91 por ciento están en contra,
nueve de cada diez están en contra; no es que no guste a las asociaciones de consumidores, es que después de la comparecencia del ministro en esta Cámara, inmediatamente hicieron un comunicado diciendo que el ministro estaba solo en la defensa del
tarifazo. Fíjense, por no gustar no gusta ni al ministro de Consumo, quien dijo en el Senado que el Gobierno estudiaría volver al sistema anterior de tarificación por las quejas de los consumidores.
Respecto al lado en que se sitúa cada uno, dos cosas. Con los gobiernos del Partido Socialista la luz ha subido un 20 por ciento, señorías; con los gobiernos del Partido Popular la luz bajó un 30 por ciento. Esto demuestra claramente
quién está del lado de quién. (Aplausos.) Segunda cuestión, estamos aplicando un sistema de tarificación que no ha sido autorizado por el Partido Popular; ha sido autorizado por el Gobierno socialista. ¿Qué resultado ha producido? Que 80
millones de euros han pasado del bolsillo de los consumidores al de las eléctricas. ¿Gracias a quién? Gracias a un ministro que dice ponerse del lado de los consumidores. Tengan también la bondad de transmitir algo al ministro -y permítanme una
expresión castiza- que sigue raca-raca diciendo que el Partido Popular está en contra de la facturación mensual. Oiga, nosotros no estamos en contra de la facturación mensual. Estamos en contra de que se engañe a los consumidores con disimulos y
con chapuzas como el tarifazo; estamos en contra de ese oportuno y buscado caos en que el ministro Sebastián nos tiene enredados a todos los consumidores; estamos a favor de que se facture mensualmente siempre que se facture correctamente y de
forma clara de manera que podamos saber exactamente lo que sube la luz.
Señoras y señores diputados, pedimos el voto de la Cámara, insisto, para una cosa muy clarita: poner fin al escándalo de enormes proporciones de ese tarifazo. Lo dije el otro día, lo repito: es que estamos ante zapaterismo en estado puro.
Fíjense, tienen una ocurrencia, improvisan la medida, normalmente se equivocan, luego no saben cómo tapar la equivocación -me referiré luego a ello-, los ministros se contradicen, se desautorizan entre sí y finalmente nadie resuelve el problema,
nadie aporta soluciones y, eso sí, los consumidores salimos a pesadilla por ocurrencia. Fíjense, el tarifazo se pone en marcha sin que nadie lo pida.
Es que nadie lo pidió. Se pone en marcha con una ambigüedad calculada, con una sola frase, se
pasa de tapadillo en un real decreto-ley que nada tiene que ver, se pone en una disposición adicional de un decreto-ley que trata de energía solar, con una frase que permite a las distribuidoras leer bimestralmente y facturar mensualmente. Claro, a
partir de ahí no nos puede extrañar que las empresas hayan hecho lo que han querido, y si han hecho lo que han querido es porque lo ha querido el ministro Sebastián. ¿Qué es lo que ha pasado, señorías? Lo que ha pasado es exactamente esto: mes de
diciembre, 73 euros de factura, mes de enero, 326 euros de factura. Eso es lo que ha pasado, señorías, un escándalo mayúsculo. Y ante la indignación lógica de los consumidores y de las asociaciones que les representan, ¿qué ha hecho el Gobierno?,
¿ha modificado el decreto?, ¿ha atendido a las quejas de los consumidores? No, señorías, ha intentado tapar el error y la incompetencia de este Gobierno. Ha intentado dar esquinazo a los consumidores creando una oficina de defensa de los
consumidores de productos energéticos, pero ¡oh sorpresa, estupefacción!, ¿la ha creado en Consumo? No, la ha creado en un organismo dependiente orgánicamente del ministro Sebastián, con lo cual se cierra el círculo. El ministro Sebastián es juez
y parte. Por cierto -y no es cuestión menor-, esto se introduce también de tapadillo en un real decreto-ley que nada tiene que ver con esto tampoco.
Imagínense ustedes, se introduce en un real decreto-ley de telecomunicaciones. Porque lo cierto
es que el verdadero origen está en lo que todo el mundo sabe y que el Gobierno quiere ocultar. Por eso, sube la luz en la misma proporción que sube la oscuridad en el recibo, donde ha habido tres subidas en un año. Por este motivo, señoras y
señores diputados, independientemente de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía, de los expedientes informativos, de esas reuniones de las que presume el ministro -sólo faltaría que no se hubiera reunido alguna vez con las
asociaciones de consumidores-, independientemente de las sanciones que correspondan, el Gobierno debe resolver la situación creada. Por ello, nuestra proposición no de ley insta al Gobierno no a desarrollar, señores socialistas, a modificar de
forma inmediata el sistema de tarificación, el sistema de lectura...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Nadal, por favor.
La señora NADAL I AYMERICH: Termino inmediatamente.
Insta a modificar el sistema de lectura y facturación con el objetivo de terminar con los abusos a los consumidores. Termino, señora presidenta, agradeciendo las enmiendas presentadas tanto por Esquerra Republicana de Catalunya como por
Iniciativa per Catalunya Verds. Creo que no solo complementan, sino que realmente dan un mayor grosor a esa defensa de los derechos de los
consumidores que es el motivo, como digo, de la proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Nadal, por favor.
La señora NADAL I AYMERICH: Creemos que no es posible llegar a una transacción con la enmienda...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Nadal, tiene usted un turno para aceptar o rechazar enmiendas y ha sobrepasado con creces el que tiene en este momento.
La señora NADAL I AYMERICH: Agradezco su benevolencia y termino en medio segundo, me comprometo a ello, señora presidenta.
Nuestro objetivo, decía, es terminar con el tarifazo. Nuestro objetivo es que los ciudadanos dejen de pagar de su bolsillo las ocurrencias del Gobierno, que los ciudadanos dejen de pagar de su bolsillo el pago de suculentos dividendos, el
pago de suculentas plusvalías a los amigos del poder con los tejemanejes que se han traído en el sector eléctrico.
Muchas gracias, señora presidenta, por su benevolencia. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios.
En primer lugar, para defender las de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Quisiera decir que tanto Iniciativa e Izquierda Unida como Esquerra hemos presentado sendas enmiendas y, por mi adscripción política, se pueden imaginar que voy a defender las que le tocan a Iniciativa y a Izquierda Unida.
En primer lugar, existe una premisa que explica y habla mucho del sobrecoste, del sobrecoste para las eléctricas y del cambio en el sistema. Puedo coincidir con que el real decreto se debería haber tramitado de forma distinta, pero también
tengo que decir que nosotros creemos que el sobrecoste tampoco se produce, que no existe, que en otros países ya se produce de esta manera. Es más, nosotros entendemos que el hecho de que se aproximen a un pago mensual, la facturación mensual, es
una buena medida para el ahorro y para los intereses de los usuarios. Al haber más proximidad entre el consumo y el pago, se permite corregir precisamente comportamientos inadecuados, como el abuso del aire acondicionado, el abuso de la calefacción
eléctrica, el abuso de un equipo deficiente que funciona mal o que despilfarra energía. Por tanto, entendemos que la facturación mensual es una medida apropiada y adecuada.
Segundo elemento. Los cambios en la tarificación y en el recibo deberían producirse con mayor profundidad. Ese es un debate que nuestro grupo plantea de lejos, ya que entiende que la tarifa de último recurso se ha aplicado de forma muy
restrictiva y muy limitada, que deberíamos haber ido más allá y que uno de los problemas que tiene nuestro modelo eléctrico es el conocido como el déficit tarifario, aquello que hace que tengamos un mercado liberalizado excepto en un factor, el de
los precios, no permitiendo precisamente que el precio real que cuesta la generación de electricidad se pague en el recibo de la luz y a la vez no habiendo asumido la necesidad de tramificar tarifas y de garantizar que aquellos consumos suntuarios
paguen mucho más y a la vez que los consumos más elementales paguen por el precio razonable, por un precio además que determinados sectores sociales puedan pagar. Eso es lo que ha guiado nuestra enmienda, instando precisamente a modificar el
sistema de tarificación autorizado por el ministro en el Real Decreto 1578/2008, sabiendo que hay un elemento que se incorpora tal como nosotros decimos, pero entendiendo precisamente que debería implementarse garantizando esa modificación y que
nuestra voluntad, en cualquier caso, es que se tiene que preservar precisamente esta tarifa y este recibo para que se garantice que sea mensual, porque entendemos que el pago mensual permitiría que los consumos fuesen más razonables y que el
consumidor se adecue precisamente a esa realidad. Otra cosa sería si tuviéramos que solicitar la obligación de que la lectura fuera bimensual o que incluso fuera mensual; a nuestro grupo no le dolerían prendas si planteásemos a las eléctricas que
fuese mensual, pero entiendo que eso sería abrir otro frente de complicada gestión.
Por último, he de decir que el problema tal como lo vemos es que hay algunas compañías en algunas zonas -no todas las compañías ni en todas las zonas- que han hecho facturaciones muy inadecuadas y hay que decir que eso es responsabilidad de
esas compañías, para situar las cosas como son, y otras digamos que han facturado bien y en cambio no han creado problemas. Una vez establecida esta responsabilidad de las compañías está claro que hay un resquicio que la ley permitía y que se
debería corregir.
En ese sentido va nuestra enmienda.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Paras defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Unzalu.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, señora presidenta.
Después de escuchar a la portavoz del Grupo Popular me gustaría introducir en el debate dos cosas: una, sosiego y, la segunda, rigor; rigor. Si analizamos qué es lo que ha ocurrido, vemos que es un problema en la factura de la luz en los
meses de diciembre y enero, eso es una realidad, efectivamente. Las organizaciones de consumidores nos comentan, tanto al ministerio como a los distintos grupos, que han facturado el mes de diciembre según un consumo estimado más bajo de lo normal
y que han cargado en el mes de enero esa diferencia
de facturación. Esto ha supuesto un sobrecoste y un sobreprecio para los consumidores, esa es la realidad. No hablamos en estos momentos, señora Nadal, de otras cosas, hablamos de solucionar un problema puntual que tiene la ciudadanía en
este momento, no estamos hablando de tarifazo, estamos hablando de solucionar problemas concretos. ¿Qué hace el Gobierno para solucionar este problema? Quiero destacar -desde el Grupo Socialista lo reconocemos- que el Gobierno ha actuado con
rapidez y contundencia. Lo primero que ha hecho es establecer un diálogo con las asociaciones de consumidores aquí hoy presentes en dos direcciones: una, para recoger sus reclamaciones y para valorar las consecuencias de los cambios en el recibo
de la luz, pero ha habido más. Se ha acordado con las asociaciones la tramitación de una norma que regule de forma clara y uniforme el sistema de estimación cuando no se realicen las medidas físicas de los contadores. Esta norma ha sido ya enviada
a consulta pública de los agentes implicados: consumidores, administraciones autonómicas y empresas. El Gobierno ha hecho más, porque no intenta esconderse de nada.
Lo ha puesto en conocimiento de la Comisión Nacional de la Energía, que está
analizando la existencia de posibles irregularidades, de las que dará traslado, si son ciertas, a las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes para establecer sanciones, para que procedan a la devolución de aquellos excesos
cobrados indebidamente. Eso es lo que hace el Gobierno. (Aplausos.)
También quiero analizar otra cosa comparativamente. Usted nos plantea un panorama oscuro y negro y yo lo comparo con lo que se está haciendo en Europa, en donde el sistema que tienen de tarificación y de lectura de contadores se hace por
regla general una vez al año. Por ejemplo, Austria lo hace cada tres años; Francia, dos veces al año; Irlanda, cuatro veces al año. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que se pretende es buscar un equilibrio entre respaldar la facturación con
medidas reales y los costes que puede suponer la facturación con lecturas reales. En otras palabras y para que se entienda, si procedemos a una lectura mensual de contadores, el coste estimado estriba entre 30 y 50 millones de euros. ¿Quién cree
usted que los va a pagar? Como siempre, los consumidores, y desde luego el Gobierno socialista no está dispuesto a dar luz verde a este tipo de decisiones y de medidas. Quiero insistir en la importancia de la facturación mensual. Es una medida
beneficiosa para la gestión de la renta familiar. Algunas personas, supongo que será por el sueldo que tienen, no le dan mucha importancia, pero cuando los sueldos están ajustados conviene tener una gestión adecuada de la renta familiar; segundo,
la percepción del coste de la electricidad es importante; y, tercero, la gestión del consumo. Con la proposición no de ley que hoy vamos a aprobar potenciamos el derecho a la información de los consumidores domésticos de energía eléctrica y, a su
vez, propiciamos medidas de ahorro de consumo.
Termino diciéndole, señora Nadal, que ayer a las nueve de la noche llegamos a un acuerdo en el que le ofrecíamos mejorar su propuesta. Se la vuelvo a hacer in voce. Le vuelvo a ofrecer que, en el plazo de un mes, se establezca por parte
del ministerio una normativa que regule lo ya acordado por las asociaciones de consumidores, las comunidades autónomas y el ministerio, lo que seguramente redundará en beneficio de todos los consumidores.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Unzalu.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con esta proposición. Nuestro grupo va a votar favorablemente la proposición planteada por el Grupo Popular porque el cambio de sistema de tarificación ha generado
evidentemente un desconcierto y una incertidumbre bastante notables. Por lo tanto, sería razonable o bien volver a la situación anterior o, tal y como propone Iniciativa per Catalunya en su enmienda transaccional, que exista una facturación mensual
pero sin que esto tenga un coste adicional para el ciudadano. No obstante, a pesar de lo que al final vaya a ocurrir aquí, creo que lo que hay que hacer es corregir esta situación que a mucha gente le ha generado una gran incertidumbre.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Azpiazu.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la iniciativa parlamentaria presentada por el Grupo Parlamentario Popular que hace referencia a la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica.
Nuestro grupo parlamentario ha recibido innumerables quejas respecto a la aplicación del nuevo sistema de tarifación de los consumos eléctricos hasta los 10 kilovatios de potencia contratada, con el cual se ha producido un abuso tremendo en
determinados sectores de la población que ha afectado en muchos casos a rentas muy limitadas y a pensionistas, los cuales han visto mermado su poder adquisitivo porque les han cargado un recibo de la luz con unos abusos económicos tremendos,
seguramente por error de las compañías eléctricas que han pasado los recibos al cobro. Por este motivo, en base a las reclamaciones que nos han venido de muchos ciudadanos que estaban muy preocupados por este nuevo cambio del sistema de tarifación
del cobro de los recibos eléctricos, así como también por las diferentes manifestaciones, quejas y reclamaciones que han
planteado diversas organizaciones de consumidores, entendemos que hay que plantear al Gobierno la posibilidad de volver al sistema anterior de cobro de los recibos de la luz o, si no es el sistema anterior, un nuevo sistema en el cual no se
produzcan estos abusos y este caos económico que se ha producido en la aplicación del Real Decreto 1578/2008 en el sentido de no perjudicar, repito, a las economías domésticas más débiles y, al mismo tiempo, evitar un caos en el que la mayoría de
domicilios o familias no saben exactamente qué es lo que están pagando con el cobro a través del banco de la factura de la luz. Por este motivo, vamos a votar favorablemente esta iniciativa parlamentaria presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Pregunto a la señora Nadal si acepta para su tramitación alguna de las enmiendas defendidas.
La señora NADAL I AYMERICH: Señor presidente, intentaremos a lo largo de la tarde llegar a una transacción y la haremos llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Lo que ocurre, señora Nadal, es que la tarde hoy será más corta, porque queda solo una moción. Le rogaría que, si tienen esa voluntad y esa intención, lo hagan con la mayor premura posible, porque probablemente, si no
hay dificultad, dentro de unos treinta y cinco minutos podemos estar votando.
La señora NADAL I AYMERICH: Me comprometo, señor presidente, a actuar con toda celeridad.
El señor PRESIDENTE: Muy amable, se lo agradezco. Muchas gracias, señora Nadal.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AYUDAR A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A REDUCIR LOS PROBLEMAS DE MOROSIDAD. (Número de expediente 173/000059.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para ayudar a las administraciones públicas a reducir los problemas de morosidad. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor
Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para hablar sobre la moción consecuencia de interpelación que planteamos la semana pasada al vicepresidente económico del Gobierno con un objetivo claro y
primordial, que es que las pymes y autónomos cobren las deudas que las corporaciones locales mantienen con ellas. El Partido Socialista y el Gobierno no han sido capaces de crear un nuevo marco de financiación local que permita corregir los
problemas y los desfases que tienen los ayuntamientos. Hablábamos el otro día de la situación de las competencias impropias que realizan los ayuntamientos, que son de las administraciones autonómicas pero que están realizando los ayuntamientos;
hablábamos también de la grave crisis económica y social que vive España y de que los ayuntamientos en estos momentos tienen más gasto social porque tienen que atender las necesidades de las personas. En definitiva, hablábamos de una mentira que se
produjo hace un año y dos meses aproximadamente cuando el Gobierno socialista, el candidato Rodríguez Zapatero y el candidato Solbes, en ese famoso debate, decían a los españoles y a los ayuntamientos que no había crisis. ¿Qué provocó esa
situación? Que muchos ayuntamientos hicieran sus presupuestos creyendo al entonces presidente del Gobierno y al vicepresidente económico. ¿Cuál ha sido la realidad al finalizar el año 2008? Pues que hemos asistido a un auténtico desfase
presupuestario en los ayuntamientos motivado por la caída de ingresos que se ha producido en el año 2008 en las administraciones públicas y más concretamente en el ámbito de las administraciones locales.
El Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda cifran la deuda de las corporaciones locales con las pymes y autónomos en torno a 6.000 millones de euros, justo los 6.000 millones de euros que este Gobierno se gastó en algo tan
improductivo como ha sido dar, y generalmente a los que más tienen, los famosos 400 euros, mientras aquellas clases y aquellas personas más desfavorecidas no tuvieron acceso a esos 400 euros. Si ese dinero lo hubiera dedicado el Gobierno a dárselo
a los ayuntamientos para pagar a las pymes y autónomos, habríamos inyectado liquidez a los mismos, habríamos inyectado tejido económico y habríamos inyectado la oportunidad de que las pymes y los autónomos subsistieran. ¿Cual es la situación hoy de
las pymes y de los autónomos? Deudas de los ayuntamientos, imposibilidad de acceder a los créditos, imposibilidad de que las pymes y los autónomos, que tienen facturas pendientes de pago de las corporaciones locales, puedan acudir al descuento
bancario y hacer efectiva esa deuda que tienen las corporaciones locales, y cada día que pasa se destruyen más puestos de trabajo en las pymes y desaparecen mil autónomos al día, y esos que desaparecen tan rápido, luego va a ser muy difícil
volverlos a incorporar al mercado de trabajo. Por eso, es necesario aportar y dar liquidez a las pymes y a los autónomos, porque son los que crean el 80 por ciento del empleo en nuestro país y necesitan esa liquidez, y, por eso, el Grupo
Parlamentario Popular ha planteado esta moción consecuencia de interpelación, porque queremos que, a través de línea ICO, de avales del ICO, se pueda inyectar económicamente dinero a las pymes y a los autónomos.
Yo les quiero decir algo a los miembros del Grupo Socialista, ni las pymes, ni los autónomos entenderían
lo siguiente: Con una mano el Partido Socialista lleva cinco años diciendo que iba a acabar con los especuladores del ladrillo, con aquellos que estaban haciendo negocios e hinchándose de ganar dinero con el ladrillo y mientras, con la otra
mano, el propio Partido Socialista, a través de la Caja de Castilla-La Mancha, estaba concediendo créditos a especuladores, en vez de facilitar préstamos a las pymes y a los autónomos. Esa es la realidad del Partido Socialista, estaba negándole a
las pymes y a los autónomos lo que les estaba dando a aquellos de los pelotazos urbanísticos, que son los que han llevado a la Caja de Castilla-La Mancha a la situación actual. Esta situación hay que resolverla ya porque no podemos entrar a dilatar
aún más la problemática de las pymes y de los autónomos. Desde este Congreso de los Diputados necesitamos dar soluciones y propuestas reales a los problemas de las pymes y de los autónomos en esta época de crisis económica y social. Tenemos que
hacerlo. De ahí la propuesta que ha presentado el Partido Popular y mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por el apoyo y el trabajo que están realizando para llegar a un acuerdo en esta moción.
En estos días hay una frase que se está recordando mucho que dice así: Míreme a los ojos, ¿se acuerda de mí? Me gustaría que cuando hoy acabe este Pleno todos los diputados de esta Cámara podamos decirles a las pymes y a los autónomos:
Mírennos a los ojos, ¿se acuerdan de nosotros? Somos los diputados que conseguimos resolver el problema del pago de las deudas de los ayuntamientos con las pymes y los autónomos. Por eso, tenemos que hacer el esfuerzo y por eso el Partido Popular
y el Grupo Parlamentario Popular ha presentado otra medida económica más en esta ocasión en el Congreso. Afortunadamente, hemos conseguido evitar el veto del Gobierno y de la vicepresidenta primera, porque una medida económica más vuelve a este
Congreso de los Diputado de la mano del Grupo Parlamentario Popular. Pido a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta propuesta del Partido Popular, porque no es una propuesta de brindis al sol, es una propuesta de realidad, de problema
social, de problemas económicos, de problemas de pymes y de miles de autónomos que hace unos días se tuvieron que manifestar en la puerta del Congreso y que hoy esperan una respuesta favorable de todos y cada uno de nosotros. Reitero nuestro
agradecimiento a todos los grupos parlamentarios. Y, señor presidente, en caso de que lleguemos a una transacción, se la haríamos llegar de forma inmediata.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Rafael Merino.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra don Joan Ridao por Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hace ya meses, desde que estamos inmersos en esta cruda crisis, que en esta Cámara venimos hablando recurrentemente de los problemas de liquidez que tienen familias y empresas, sobre todo aquellas pymes y autónomos que hace algunos
días se concentraron en las puertas de este Congreso de los Diputados. No en vano la liquidez se ha convertido en lo que podríamos llamar la clave de bóveda para que otras medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno surtan efectos, porque inciden,
cómo no, en el funcionamiento de la economía y, consiguientemente, también en la evolución del empleo. Hablar de liquidez es tanto como hablar de morosidad, que es la otra cara o el reverso de la moneda, porque la morosidad, en definitiva, es lo
que lleva en buena medida a que una parte importante de los agentes sociales y económicos de nuestra economía no funcionen. Pero también de morosidad de las administraciones públicas, tanto del Estado, de las comunidades autónomas, como de los
ayuntamientos, pues es la morosidad de estas administraciones un mal endémico, un mal atávico que, como es sabido, se ha querido combatir con una legislación antimorosidad y con una legislación sobre contratación del sector público reciente, entre
el año 2004 y 2007, que no se ha resuelto positivamente. Mientras fluía el crédito privado a través de bancos y cajas, se podía conllevar fácilmente este problema, porque las empresas iban a la ventanilla del banco o a la caja aportando como
garantía las facturas pendientes de cobro. Pero ahora, con el grifo del crédito cerrado prácticamente a cal y canto, la morosidad de las administraciones públicas ha agravado los problemas, en este caso de liquidez, de muchas empresas que han visto
cómo este problema se convertía en un auténtico drama. De ahí la reivindicación, la reclamación justa que plantea este sector y también esta moción.
La presente moción reproduce en parte otra del mismo grupo de hace ya algunas semanas y se centra básicamente en la morosidad de la Administración local. Huelga decir que el problema de la financiación local es un tema pendiente, cuya
solución no admite más dilaciones. Ya desde el año 1994 venimos hablando de una Administración local que debería alcanzar el 25 por ciento del total del gasto público, y en este momento no supera el 13 por ciento. Por ello, no podemos estar de
acuerdo con lo que decía el ministro de Economía al sustanciar la presente interpelación, cuando, sacándose las pulgas de encima, decía que el Estado no es responsable de los ingresos y de los pagos de las administraciones públicas. Efectivamente,
esa afirmación textual no es de recibo porque los ingresos de las administraciones públicas, concretamente de la Administración local y comunidades autónomas, dependen en gran parte del Estado, y si no que se lo pregunten a los mismos. En este
contexto, los problemas de la Hacienda local son desde siempre acuciantes, pero actualmente se ven agravados por una disminución ostensible de los ingresos públicos como consecuencia del actual momento de crisis, porque su fuente de ingreso
principal está muy vinculada al ciclo económico, concretamente a la evolución del sector inmobiliario y de la construcción. Hoy volvemos a discutir sobre morosidad de los entes locales, una cuestión -repito- recurrente, sobre la que el
Gobierno ha hecho más bien poco, por no decir nada, a pesar de que tenemos constancia de que desde hace unos meses hay un borrador que el Gobierno puso encima de la mesa para discutir con la Federación Española de Municipios y Provincias.
También recientemente el propio ministro de Economía dijo que preparaba un paquete de medidas para favorecer que el sector público se pusiera al día en sus pagos. Pero finalmente no hemos conocido el alcance concreto de estas propuestas.
Dijimos ya hace algunas semanas, cuando el Partido Popular propuso también una línea específica de crédito vinculada al ICO, que estábamos de acuerdo en términos generales, aunque preferimos que las medidas antimorosidad de los entes locales
pasen por un adelanto de su participación en los ingresos del Estado. Es por esta razón por la que, obviamente, hoy nuestro grupo también está de acuerdo cuando se vuelve a plantear esta cuestión. Otra cosa es si en esa línea van las enmiendas que
hemos presentado; que deben clarificarse algunas cuestiones como por ejemplo la característica y el requisito de estas medidas, discerniendo si el crédito es para deudas antiguas reconocidas o bien para las deudas futuras -en ambos casos creemos
que el pago debería realizarse por orden estricto de antigüedad-; que además el gasto debe ser perfectamente reconocido y liquidado; que la obra y el servicio deben haber sido perfectamente recepcionados; que el contratista y el subcontratista
hayan presentado la correspondiente factura oficial y que el crédito concertado en cinco años pueda refinanciarse en casos excepcionales de necesidad de financiación, con especial atención también -y con eso acabo- a que las deudas derivadas de las
obras financiadas por el reciente Fondo estatal de inversión local al final no generen problemas de liquidez y, por lo tanto, vinculándolas también a esta medida que hoy se nos propone. Por lo demás, evidentemente nuestro grupo está a favor.
Tenemos constancia de que en este momento se está trabajando en una eventual transacción; esperamos podernos sumar a la misma y ya anuncio nuestro voto favorable independientemente de que el grupo proponente llegue a un acuerdo o no con el grupo de
la mayoría.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego comparte la necesidad de establecer los mecanismos necesarios para que las administraciones públicas y los organismos oficiales paguen con la máxima celeridad a los proveedores y contratistas. Es
necesario dar respuesta a una situación que está ocasionando grandes perjuicios a las pymes y a los autónomos, agravando sus problemas de liquidez y tesorería en un contexto de crisis económica. Por ello, entendemos necesario aplicar medidas
coyunturales, pero consideramos que también se deben abordar reformas legislativas de carácter estructural que permitan corregir los problemas que se han apreciado en la aplicación de la normativa vigente contra la morosidad.
Esto es lo que
pretendemos con las enmiendas que ha presentado el BNG.
Coincidimos en que puede ser necesaria la creación de una nueva línea de crédito ICO, pero su cuantía, desde nuestro punto de vista, debe concretarse en función de las obligaciones de pago que
resulten acreditadas y cuantificadas por las entidades locales. En cualquier caso, la adopción de esta medida no debe servir de pretexto para demorar aún más en el tiempo la necesaria reforma de la financiación de las entidades locales.
Por otra parte, consideramos necesario reformar la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la Ley de Contratos del Sector Público, con los objetivos que paso a enumerar. Primero,
establecer una reducción a 30 días del plazo máximo de pago a los proveedores por parte de la Administración.
Segundo, obligar a que las administraciones públicas reconozcan la deuda adquirida por los contratistas con suministradores y
subcontratistas.
Tercero, determinar legalmente los gastos de cobro imputables a los deudores, así como su cuantía. Cuarto, regular procedimientos de reclamación simplificados en las deudas de bajo importe. Y quinto, crear un fondo especial para
el pago a los proveedores de las administraciones públicas. Finalmente, defendemos que se aborden reformas en la legislación fiscal que permitan a las pymes y a los pequeños autónomos aminorar el quebranto económico que se produce por razón de la
morosidad en los pagos. Por ello, promovemos modificar la legislación sobre el IVA para permitir que las empresas, en particular los pequeños negocios, puedan aplazar el pago del IVA hasta el cobro real de las facturas en las que se devengue el
impuesto. Proponemos también permitir la deducción dentro del mismo ejercicio en la liquidación del impuesto sobre sociedades de las facturas que los acreedores declaren como incobrables.
En definitiva, consideramos que las medidas coyunturales
propuestas en esta moción deben ir acompañadas de medidas estructurales, mediante reformas legislativas que permitan que el Estado español deje de ocupar el furgón de cola de la Unión Europea en cuanto a la morosidad y los plazos de pago tanto de
las administraciones públicas como del sector privado.
Les anticipo que el BNG considera que estas reformas de carácter más estructural, más de largo alcance, son necesarias, y que de no ser aceptadas por el grupo proponente tendrán forma de iniciativas legislativas propias a lo largo de esta
legislatura. Pero consideramos pertinente la moción que se somete a debate y por tanto declaramos nuestra disposición a apoyarla, aunque nos gustaría que en el tiempo que queda hasta culminar la sesión plenaria de hoy fuera posible llegar a una
transacción en la que participen todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda de adición a la moción planteada por el Grupo Parlamentario Popular que está orientada a facilitar el cobro por los proveedores de las
deudas que tengan pendientes con las administraciones locales. La hemos presentado con el objetivo -que creo que finalmente materializaremos- de intentar juntar todas las opciones importantes que destacaba en su moción el Grupo Parlamentario
Popular, así como también las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por demás grupos de la Cámara a fin y efecto de intentar consensuar una medida económica para paliar el problema, que está afectando a la economía productiva
española, de todos aquellos proveedores, básicamente empresarios autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas, con las que las administraciones locales han contraído deudas importantes.
Van pasando los meses y el cobro de dichas deudas
se va alargando y no se paga a 30, 60, 90 ni 120 días, sino que en algunos casos se llega a periodos escandalosos como pueden ser más de 365 días, incluso en algunos casos se llega a 600 días.
Todos estamos de acuerdo en que existe un grave problema de financiación que afecta a la liquidez de muchísimas pequeñas y medianas empresas y en que este problema de morosidad en un sector importante de la economía española está originado
por la falta de pago, por la morosidad de las administraciones locales. Por este motivo hemos presentado una enmienda, que pensamos que va a ser aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, proponente de esta iniciativa, con el propósito de que se
regule o implemente una nueva línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial básicamente destinada a facilitar el pago de las deudas que las corporaciones locales han contraído con sus proveedores, dando prioridad a aquellas deudas que
se mantengan con empresarios autónomos, con microempresas o con pequeñas y medianas empresas para las que el pago de las mismas pueda suponer el mantenimiento de la ocupación en estas compañías. También es importante otro acuerdo al que hemos
llegado con el Grupo Parlamentario Popular en el que cabe destacar la buena labor del diputado don Rafael Merino, que ha sido sensible a todas las propuestas que hemos hecho los diferentes grupos parlamentarios. Concretamente, había una propuesta
de Convergència i Unió que entendemos que es relevante y que si es votada a favor también dará un buen resultado para el segmento de pequeñas y medianas empresas que dan mucha ocupación en el territorio español. Con esta enmienda pretendemos
facilitar la negociación entre pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos con el sistema financiero para que a través de una nueva línea de avales del ICO se pueda garantizar el cobro de las deudas pendientes de las corporaciones locales e
introducir la necesaria liquidez de los proveedores de las administraciones municipales. Básicamente se trata de que en el caso de las pequeñas y medianas empresas que tengan deudas pendientes de cobro con las administraciones locales se puedan
instrumentar unos avales que se adjuntarían a las facturas de dichos proveedores para que estos, con el aval del ICO, lo puedan descontar en las instituciones financieras para así poder hacer líquidas las deudas en el momento en que se presente el
aval con la factura correspondiente.
Pensamos que hoy vamos a dar un paso importante para hacer posible que a través de los avales del ICO se implemente la liquidez para todas aquellas deudas contraídas por las diferentes corporaciones locales con
los pequeños y medianos empresarios, que no hay que olvidar que ascienden a un montante total de 30.000 millones de euros.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.
Señorías, uno de los principales problemas de la economía en estos momentos es el mantenimiento y la potenciación de nuestro tejido empresarial. Para ello el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas: la creación de liquidez mediante
líneas de préstamos del ICO en buenas condiciones, con 37.900 millones de euros disponibles para 2009; la concesión desde la Agencia Tributaria de aplazamientos de 2008 a 2009 por importe de unos 1.200 millones de euros, y en lo que va de año hemos
diferido de 2009 a 2010 otros 1.200 millones de euros; la puesta en marcha de la devolución mensual del IVA, lo que supone a estas alturas del año la devolución de 760 millones de euros que en otras circunstancias no hubiesen recibido las empresas
hasta 2010. Así, la financiación y la liquidez de las empresas y en especial de los autónomos es una preocupación clara de este Gobierno y de este grupo parlamentario.
En paralelo a este problema hay otra cuestión, que es la financiación de los entes locales. Sobre el diseño de un nuevo modelo de financiación local está habiendo una negociación intensa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la
Federación Española de Municipios y Provincias que estamos convencidos de que llegará a buen puerto. Además, el Gobierno socialista abrió en 2007 un fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, procediendo este año al adelanto de
los pagos, lo que supone una cuantía de 60 millones de euros, un 50 por ciento superior a la cuantía del año anterior; ha procedido también al adelanto de los pagos de la liquidación correspondiente a 2007 para los municipios con población inferior
a 75.000 habitantes, aportando una liquidez de 470 millones de euros, y aprobó, por cierto sin el apoyo del Grupo Popular, el Fondo estatal de inversión local de 8.000 millones de euros para la activación económica y el fomento del empleo, la mayor
inversión en las corporaciones locales que se ha hecho en treinta años de democracia. De esta manera, la suficiencia financiera de las corporaciones locales ha
sido y es una preocupación clara del Gobierno y de este grupo parlamentario y para su consecución se han tomado medidas importantes.
Pero no es este el debate que se suscita hoy aquí. De lo que estamos hablando es de cómo las corporaciones locales y las administraciones públicas en general pueden ayudar o, en todo caso, no perjudicar al tejido empresarial. La falta de
liquidez de estas administraciones públicas hace que este objetivo sea a veces difícil de cumplir. Es en esta coyuntura excepcional, de problemas sobrevenidos por la crisis, en la que el Gobierno debe responder y así lo hace, no asumiendo una deuda
que no es suya -lo que vulneraría la autonomía local y financiera reconocida en la propia Constitución-, pero sí ofreciendo fórmulas facilitadoras a administraciones públicas, a pymes y autónomos. No se trata pues de pagar la deuda, sino de
facilitar liquidez y sobre todo de que terceros de buena fe, los proveedores, no sufran la morosidad en el pago. Nuestra enmienda en este sentido muestra que a los socialistas nos preocupan y nos ocupan tanto las pymes y los autónomos como las
administraciones locales. Por eso defendemos en primer lugar el diálogo entre el Gobierno y la FEMP, como piedra angular de todas las decisiones que se deben tomar en torno a los entes locales; en segundo lugar, posibilitar un mayor endeudamiento
para que todas las administraciones públicas garanticen cumplir con sus compromisos, y en tercer lugar, establecer la posibilidad de refinanciación de la deuda de las entidades locales por un lado y por otro abrir una línea de descuento para las
empresas mediante garantía del ICO, todo ello priorizando, evidentemente, las deudas con pymes y autónomos, con el objetivo de garantizar al mismo tiempo el mantenimiento o la generación de empleo.
En definitiva, hemos hecho un esfuerzo para trabajar en la dirección de la enmienda presentada por el Grupo Socialista para llegar a una transaccional orientada al pacto y el acuerdo, pensando que con el esfuerzo de todos y la asunción de
las responsabilidades que cada Administración pública contrae en su toma de decisiones podamos avanzar juntos para superar los momentos de dificultad. Las administraciones públicas, todas, no van a ser un problema, sino que serán contribuyentes a
una solución conjunta en una situación de dificultad.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
No quería solicitar su amparo, sino simplemente someter a reflexión, seguramente compartida por los dos, que hace exactamente tres segundos se nos ha ofertado una transacción en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Uno ha hecho un modesto esfuerzo por preparar sus reflexiones en relación con la iniciativa originaria, que ha sido objeto de transacción exactamente hace tres segundos. Eso puede formar parte de los requerimientos de la geometría
variable que caracteriza la actividad política de esta Cámara en estos momentos y nosotros lo aceptamos. Vamos a votar, evidentemente, la transacción. Nos parecía razonable la posición original del Grupo Parlamentario Popular.
Evidentemente, en
una situación de crisis económica no parece aceptable desde ningún punto de vista que sea la morosidad en las administraciones públicas, incumpliendo dos leyes, la 3000/2004 y la 30/2007, la que esté provocando el cierre de numerosas pequeñas y
medianas empresas y de numerosos autónomos, 7.000 en el último trimestre en Galicia nada menos, 1.000 cada mes en el Estado español. Desde esa perspectiva nos parecía muy razonable la enmienda presentada por el señor Merino. La geometría variable
que caracteriza nuestra actuación nos lleva a este tipo de posiciones. Vamos a entrar en una dinámica parlamentaria caracterizada por una especie de exuberancia o de exotismo normativo y parlamentario que no sé cuanto tiempo va a durar, señor
presidente. En todo caso, nosotros que siempre hemos invocado el valor del consenso y de la transacción, sobre todo en momentos de crisis económica en que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos están particularmente gravados por los
azotes de la crisis, estamos dispuestos a que la transacción, aunque dimane de la necesidad hecha virtud o de virtud hecha necesidad -da igual a estas alturas-, sea la que caracterice las políticas sectoriales en esta materia. Por lo tanto, señor
presidente, creo que tenemos que votar la transacción reglamentariamente. La votaremos porque nos parece razonable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Dentro de dos minutos comenzaremos las votaciones (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY POR LA QUE SE ESTABLECE DEDUCCIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN. (Número de expediente 122/000112.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o
adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación
económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 332.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL APOYO A LAS COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000311.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a las cooperativas agrarias. Esta proposición no de ley ha recibido una enmienda transaccional. ¿Algún
grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) Pasamos en consecuencia a votar la proposición no de ley mencionada en los términos de la enmienda transaccional presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 326; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA FACTURACIÓN DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (Número de expediente 162/000344.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica. Esta proposición no de ley ha recibido una enmienda transaccional
suscrita por dos grupos parlamentarios. ¿Se opone algún grupo a su tramitación? (Pausa.) Adelante, señora Unzalu.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Sí, nos oponemos desde nuestro grupo.
Una enmienda transaccional debe incluir propuestas de la mayoría de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Se opone a la tramitación. En tal caso, pregunto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular si acepta algunas de las enmiendas que han sido presentadas al margen de la transaccional. Señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Señor presidente, en este caso preferiría que se votara el texto presentado por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Está en su derecho. Muchas gracias. En consecuencia pasamos a votar la mencionada proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en los términos de la propuesta del propio grupo.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 330; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AYUDAR A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A REDUCIR LOS PROBLEMAS DE MOROSIDAD. (Número de expediente 173/000059.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para ayudar a las administraciones públicas a reducir los problemas de morosidad.
Esta moción ha recibido una
enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) En consecuencia, se pasa a votación la moción en los términos de la enmienda transaccional presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 331; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las seis y treinta minutos de la tarde.