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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 12/02/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 62
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 57 celebrada el jueves 12 de febrero de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas:
- De las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orgánica). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 5-1, de 11 de abril de 2008.
(Número de expediente
125/000005.)... (Página 6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del
terrorismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 134-1, de 21 de noviembre de 2008. (Número de expediente 122/000113.)... (Página 14)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso al proceso de paz en Oriente Medio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 62, de 5 de septiembre de 2008. (Número de expediente 162/000176.)...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación de los departamentos ministeriales con responsabilidades ante situaciones de emergencias, así como la revisión del Plan de vialidad invernal de la red de carreteras
del Estado y el Plan de emergencias del aeropuerto de Barajas (Madrid). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 139, de 2 de febrero de 2009. (Número de expediente 162/000289.)... (Página 29)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno en relación a la aplicación y cumplimiento del Protocolo de Kioto, con especial atención en lo que respecta a su cumplimiento en la Comunidad Foral de Navarra.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 139, de 2 de febrero de 2009. (Número de expediente 173/000044.)... (Página 34)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de transporte de mercancías por ferrocarril. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 139, de 2 de febrero de 2009. (Número de expediente 173/000045.)...
(Página 39)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
139, de 2 de febrero de 2009. (Número de expediente 173/000046.)... (Página 44)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la habilitación y normalización de la emisión de TV3 en la Comunitat Valenciana y la reciprocidad de Canal 9 en Cataluña. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 139, de 2 de febrero de 2009. (Número de expediente 173/000047.)... (Página 49)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.)... (Página 54)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 54)
Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 54)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 55)
Propuestas de creación de subcomisiones:
- Propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo de creación de una subcomisión para el pacto de Estado en la sanidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 100, de 7 de noviembre de 2008. (Número de expediente 158/000019.)...
(Página 55)
- Propuesta de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte de creación de una subcomisión sobre el deporte profesional en España.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 119, de 5 de diciembre de 2008. (Número de
expediente 158/000022.)... (Página 56)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas...
(Página 6)
De las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orgánica)... (Página 6)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley los señores Bernal Bernal, Allué Sus y Tomás Navarro, en nombre de las Cortes de Aragón.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y González Serna, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 14)
De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del
terrorismo... (Página 14)
Defienden conjuntamente la toma en consideración de la proposición de ley los señores Buen Lacambra, del Grupo Parlamentario Socialista; Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Díez González y el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposiciones no de ley... (Página 23)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso al proceso de paz en Oriente Medio... (Página 23)
Defiende la proposición no de ley la señora Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jorquera Caselas y Salvador Armendáriz, del Grupo
Parlamentario Mixto y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación de los departamentos ministeriales con responsabilidades ante situaciones de emergencias, así como la revisión del Plan de vialidad invernal de la Red de Carreteras
del Estado y el Plan de emergencias del aeropuerto de Barajas (Madrid)... (Página 29)
Defiende la proposición no de ley el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Bar Cendón, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Beloki Guerra,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Ayala Sánchez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 34)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno en relación a la aplicación y cumplimiento del Protocolo de Kioto, con especial atención en lo que respecta a su cumplimiento en la Comunidad Foral de Navarra...
(Página 34)
Defiende la moción la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias
i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Fernández Aguerri, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-gència i Unió), sobre la política de transporte de mercancías por ferrocarril... (Página 39)
En defensa de la moción interviene el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Pezzi Cereto, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas y Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia... (Página 44)
Defiende la moción el señor Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Barrachina Ros.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la habilitación y normalización de la emisión de TV3 en la Comunitat Valenciana y la reciprocidad de Canal 9 en Cataluña...
En defensa de la moción interviene el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Bono Ara, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene los señores Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Ridao i Martín.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.)... (Página 54)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se rechaza por diez votos a favor, 293 en
contra y 14 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 54)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos Socialista, Popular en el Congreso, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de
octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, se aprueba por 318 votos a favor.
Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 54)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso al proceso de paz en Oriente Medio, en los términos de la enmienda presentada por los grupos Socialista, Convergència i Unió, Vasco y Mixto, se
aprueba por 311 votos a favor y siete abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación de los departamentos ministeriales con responsabilidades ante situaciones de emergencias, así
como la revisión del Plan de vialidad invernal de la Red de Carreteras del Estado y el Plan de emergencias del aeropuerto de Barajas (Madrid), se aprueba por 317 votos a favor y uno en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 55)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno en relación con la aplicación y cumplimiento del Protocolo de Kioto, con especial atención en lo que respecta a su cumplimiento en la
Comunidad Foral de Navarra, se rechaza por 16 votos a favor, 293 en contra y nueve abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre política de transporte de mercancías por ferrocarril, según el texto de la enmienda conjunta del grupo proponente y Socialista, se aprueba por 317
votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos de la
autoenmienda del grupo proponente y la incorporación de la enmienda de Coalición Canaria, se rechaza por 138 votos a favor, 158 en contra y 22 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre habilitación y normalización de la emisión de TV3 en la Comunitat Valenciana y la reciprocidad de Canal 9 en
Cataluña, en los términos de la enmienda de sustitución del grupo proponente y del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 183 votos a favor y 134 en contra.
Propuestas de creación de subcomisiones.... (Página 55)
Propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo de creación de una subcomisión para el Pacto de Estado en la sanidad... (Página 55)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo, de creación de una subcomisión para el pacto de Estado en la Sanidad, se aprueba por 308 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.
Propuesta de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte de creación de una subcomisión sobre el deporte profesional en España...
(Página 56)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, de creación de una subcomisión sobre el deporte profesional en España, se aprueba por 309 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de pasar al examen del punto IV del orden del día, quiero informar a SS.SS. de que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, el desarrollo del mismo se hará tal y como lo tienen SS.SS. repartido. Si en el entorno de las 14:30 no se
hubiese examinado en su totalidad, no continuaría por la tarde el Pleno, sino que las resultas irían al Pleno de la próxima semana, previsiblemente el miércoles. También les anuncio que las previsiones que hace esta Presidencia es que en la próxima
semana no tendremos sesión plenaria el jueves. Por tanto, se celebrarían el martes y el miércoles. Para su buen gobierno y sus previsiones de viaje o de agenda, sepan SS.SS. que en el entorno de las dos y media se levantará la sesión.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000005.)
El señor PRESIDENTE: Con este anuncio pasamos a examinar el IV punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. De las Cortes de Aragón para modificar la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con carácter de orgánica.
Por las Cortes de Aragón está presente la delegación correspondiente y para su defensa van a usar la palabra los tres comisionados. En primer lugar, tiene la palabra don Jesús Bernal Bernal, a quien doy la bienvenida junto a sus compañeros
de misión.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Bernal Bernal): Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que tengo el honor de defender en representación de las Cortes de Aragón, que fue cursada a iniciativa de Chunta Aragonesista, comenzó su tramitación parlamentaria hace casi un lustro, en abril de 2004, y a
pesar de ello sigue manteniendo su vigencia hoy. Fue presentada y aprobada con anterioridad a la aprobación de la Ley Orgánica 16/2007, de Desarrollo Rural, ley orgánica que introdujo en la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una
disposición adicional quinta que abre la posibilidad de que dos o más municipios limítrofes pertenecientes a una misma comunidad autónoma que no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de policía local se
asocien para cumplir con las funciones asignadas a dichas policías. Pues bien, señorías, a pesar de esa modificación, la proposición de ley que hoy presentamos sigue manteniendo su virtualidad intacta, porque el problema que señala esa nueva
disposición quinta de la ley orgánica, la falta de recursos, sigue intacto y no queda resuelto en el caso de Aragón y creemos que tampoco en el de otras zonas del Estado.
¿Por qué digo esto? Porque el minifundismo municipal, la baja densidad de población de Aragón sigue haciendo inviable disponer de policías locales incluso con la introducción de esta disposición. Dicho de otro modo, señorías, si un pequeño
y pobre municipio se asocia con otro u otros pequeños y pobres municipios, en lugar de uno tenemos dos, tres, cuatro o más municipios pequeños y sin recursos que siguen sin poder prestar los servicios de Policía local ni cumplir con las funciones
propias de dichas policías. Para luchar contra los problemas derivados de ese minifundismo municipal y de esa baja densidad de población, haciendo uso de las potestades de nuestro Estatuto de Autonomía y de la Ley de Bases de Régimen Local, en
Aragón se impulsó una organización territorial singular y con características propias, las comarcas, como entidades locales supramunicipales que pueden dar una solución al problema. Lo que proponemos es la modificación del título V de la Ley
orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que afecta a cuatro artículos: 51, 52, 53 y 54, que contemplan únicamente la existencia de cuerpos de Policía local dependientes de los municipios pero no de las comarcas o de otras entidades
locales supramunicipales instituidas por las comunidades autónomas que puedan participar también, como prevé la ley, en el mantenimiento de la seguridad pública en sus respectivos ámbitos territoriales.
Señorías, al problema tradicional se suma la política que se está llevando a cabo al respecto en los últimos años, que señala como un problema acuciante cada vez mayor el de la seguridad en el ámbito rural. La seguridad en el ámbito rural
había estado tradicionalmente bajo la competencia de la Guardia Civil y en los últimos años hemos asistido -por razones que no vienen ahora al caso- al cierre progresivo de cuarteles de la Guardia Civil, lo cual hace que en amplísimas zonas de
Aragón y en otras zonas del Estado la inseguridad sea preocupante. Hemos asistido al nacimiento de nuevas fórmulas de delincuencia en el ámbito rural poco poblado, con pocas posibilidades y ha aumentado la inseguridad y la intranquilidad. Creemos
que especialmente para esas zonas tendría sentido la modificación de ese título V, para que las comarcas u otros entes supramunicipales instituidos por las comunidades autónomas puedan crear sus propias policías, dando resolución y respuesta al
problema que en estos momentos viven en el ámbito rural.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernal.
Tiene ahora la palabra don Javier Allué Sus.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Allué Sus): Gracias, señor presidente.
Comparezco en esta Cámara junto a mis dos compañeros en representación de las Cortes de Aragón, para la defensa de la proposición de ley de modificación de la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, como ya se ha
dicho, fue aprobada en las Cortes de Aragón en 2005; han pasado cuatro años. El territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón se corresponde, como establece el artículo 2 de nuestro Estatuto de Autonomía, con el territorio histórico de Aragón, es
decir, que comprende los municipios, comarcas y provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. Como pueden comprobar, Aragón dispone de una estructura territorial y administrativa singular, propia y a esta forma de organización, a este proceso lo hemos
denominado en Aragón la comarcalización. Su origen se fundamenta
en las especiales circunstancias de la realidad territorial y social aragonesa y la dificultad que esta supone para la efectiva prestación de servicios públicos a los ciudadanos con independencia de cuál sea su lugar de residencia dentro de
la comunidad autónoma.
Efectivamente, señorías, Aragón consta de un amplio territorio en el que existe un total de 731 municipios, con una gran dispersión demográfica.
Tal circunstancia define claramente la realidad cotidiana aragonesa en nuestros pueblos y
provoca serias dificultades a la hora de llevar los servicios públicos de obligado cumplimiento por parte de las administraciones a los ciudadanos. Para hacer frente a esta situación, en Aragón hemos trabajado desde hace años en el diseño y
creación de un nuevo nivel administrativo territorial, dando la luz a las comarcas, definidas en nuestro Estatuto de Autonomía como las entidades territoriales constituidas por la agrupación de municipios limítrofes vinculados por características e
intereses comunes fundamentales para la vertebración territorial aragonesa. Tenemos treinta y dos comarcas en pleno funcionamiento, cada una de ellas con su ley de creación, organismos de gobierno, competencias y financiación. Estamos consiguiendo
una cercanía mucho mayor y una efectividad muy superior a la que podrían llevar a cabo los pequeños municipios que por su tamaño tienen imposibilitado hacer frente económica y organizativamente dicha prestación de servicios.
Pues bien, como conocen SS.SS. la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contempla la existencia de cuerpos de Policía local dependientes de los municipios, pero no de las comarcas u otras entidades que agrupen a varios
municipios. La creación y mantenimiento de cuerpos de Policía municipal es económicamente inviable para municipios de reducida dimensión, como suele caracterizar a los existentes en Aragón, pero no así la posibilidad de crear una Policía comarcal
de forma conjunta. Por ello, es necesaria la reforma de la ley en cuestión. Ya conocemos que el propio Tribunal Constitucional ha fijado claramente su criterio tomando en consideración la regulación actual. En este sentido, declara que la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado excluye la posibilidad de creación de creación de cuerpos de Policía local de carácter supramunicipal.
Esta es la situación que con esta iniciativa se quiere modificar, al objeto de establecer la cobertura legal necesaria. El concepto de supramunicipalidad ha sido ya resuelto con la Ley Orgánica de 13 de diciembre de 2007, complementaria de
la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, que incorpora una disposición adicional quinta a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que establece que, en los supuestos de dos o más municipios limítrofes pertenecientes a una
misma comunidad autónoma que no dispongan separadamente de recursos, podrán crear los cuerpos de Policía local. Como ya ha dicho el compañero Bernal, no es suficiente en Aragón con uno, dos o tres municipios, sino que es necesario y preciso que sea
por la comarca por decisión de su propio consejo comarcal.
Señorías, el concepto de supramunicipalidad está resuelto teniendo en cuenta que la Ley de bases del régimen local establece la posibilidad de crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios. Hay que tener en
cuenta el gran trabajo legislativo y ejecutivo que Aragón ha realizado en el proceso comarcalizador, como no se ha hecho en ningún otro territorio u comunidad autónoma, hasta el punto de que se le ha calificado de proceso de descentralización
política más avanzado de Europa. Si esto es así, no es descabellado sino lógico cumplir el objetivo que pretende esta proposición de ley de modificar los artículos 51 y siguientes de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que las
comarcas puedan crear cuerpos de policía propios.
Por lo tanto -concluyo ya-, esta proposición de ley busca paliar el problema que surge de la actual regulación y que impide dar solución a las carencias de seguridad ciudadana en los entornos rurales donde los municipios no pueden asumir una
carga financiera suficiente. La reforma propuesta no posee ninguna intención oscura escondida, es tan simple como lo que acabo de explicar. Por su necesidad y por coherencia, les solicito el voto favorable para la toma en consideración de esta
iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
Tiene ahora la palabra también don Carlos María Tomás Navarro.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Tomás Navarro): Gracias, señor presidente.
Señorías, desde una óptica de respeto hacia estas Cortes Generales y con la convicción de que este Parlamento va a jugar el papel que le corresponde, el objetivo de mi intervención va más allá que el de una mera defensa de la proposición de
ley de modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que nuestro Parlamento autonómico aprobó en marzo de 2005. El auténtico objetivo de esta intervención es el de preservar la competencia legislativa que como comunidad
autónoma nos corresponde y que adquiere una gran importancia por el significado político que supone plantear desde un Parlamento autonómico la modificación de una ley que regula algo tan importante como la seguridad pública. Los representantes de
los ciudadanos tenemos que ser exquisitamente honestos con nuestras responsabilidades, y una de ellas es la defensa de los intereses de la institución por la que fuimos elegidos. Aunque aparentemente la defensa de esta iniciativa pudiera parecer
inoperante y estar devaluada si tenemos en cuenta el tiempo transcurrido y cómo han evolucionado los acontecimientos desde entonces,
no por ello puedo ni voy a renunciar a defender una serie de cuestiones que sin duda son compartidas por quienes en su momento votamos a favor de este texto legislativo. Que nadie piense, por tanto, que me encuentro en una encrucijada para
cumplir con mi responsabilidad, aunque ya les anticipo que mi intervención hubiera sido muy distinta si actualmente no existiera la Ley Orgánica 16/2007, complementaria de la Ley para el Desarrollo Rural, a la que han hecho referencia los otros
portavoces, tanto Chesús Bernal como Javier Allué, y a la que me referiré más adelante por la importancia que para nosotros tiene.
Señorías, en su momento en Aragón apostamos por un modelo de desarrollo territorial, que es el de la comarcalización y creamos las comarcas, que son entidades locales con entidad jurídica propia. En virtud de ese modelo, la pregunta es si
nuestra comunidad autónoma puede replantearse su modelo de seguridad. Dicho de otra forma, ¿tanto las comarcas como otras entidades supramunicipales pueden participar y colaborar en el mantenimiento de la seguridad pública en sus respectivos
ámbitos territoriales? En caso afirmativo, eso haría necesaria una adaptación de la legislación estatutaria al modelo que planteamos que es, en definitiva, el objeto de la iniciativa que estamos defendiendo mediante un artículo único que
modificaría cuatro artículos del título V de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que tal y como está redactada impide que entidades locales constituidas a partir de la agrupación de varios municipios puedan participar en el mantenimiento de
la seguridad pública.
Señorías, han pasado cuatro años desde que en el Parlamento aragonés aprobamos esta proposición de ley que hoy defendemos y era entonces evidente que los parlamentarios aragoneses que votamos a favor de esta iniciativa legislativa teníamos
todo el interés en que se modificara la ley estatal que nos ocupa. Sin embargo, debemos tener en cuenta la evolución de los acontecimientos para comprender enseguida que la situación actual respecto a lo que planteábamos nada tiene que ver con la
de hace cuatro años. Como en nuestro Parlamento no vivimos en una burbuja al margen de la realidad la existencia de la Ley Orgánica 16/2007 complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural -a la que modestamente es posible que
algo hayamos contribuido desde Aragón con nuestra iniciativa-, que añade una disposición adicional a la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que permite la asociación voluntaria de municipios para la prestación de los servicios de Policía
local de acuerdo con los criterios de las respectivas comunidades autónomas -y esto es muy importante-, nos genera dudas razonables sobre si esta ley es suficiente para cumplir nuestro objetivo. De lo que no tengo ninguna duda es de que esta ley da
muchas más posibilidades y juego que el que existía antes de su promulgación para que hoy podamos regular en nuestros respectivos ámbitos autonómicos aquellas cuestiones relativas a la prestación de servicios por parte de la Policía local en un
ámbito supramunicipal.
Señorías, voy concluyendo. No he querido afrontar esta intervención como una intervención rutinaria. Tengo clara la tarea y la obligación de un diputado que ha querido cumplir con la función y con la misión que le fue encomendada, que es
la de intentar transmitirles lo que nuestro Parlamento aprobó en 2005 ponderando -eso sí- el alcance de las medidas que proponíamos entonces con la realidad normativa actual.
Muchas gracias y gracias por su acogida. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tomás Navarro.
Para fijar la posición de los distintos grupos sobre esta iniciativa autonómica, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria dentro del Grupo Parlamentario Mixto sobre esta iniciativa.
Permítanme, en primer lugar, saludar a los representantes de las Cortes de Aragón que han defendido esta
proposición de ley. Es la segunda vez en esta legislatura que debatimos su toma en consideración y, por lo que se ve, parece que con el mismo resultado que la anterior. Desde Aragón se defiende una posición y yo les pediría que la próxima vez -la
tercera- vinieran parlamentarios que consiguieran que sus grupos políticos en esta Cámara apoyaran esta iniciativa para que se tome en consideración.
Estamos hablando de una iniciativa de 2005. Efectivamente, hemos aprobado en esta Cámara la Ley de desarrollo sostenible del medio rural en cuya disposición adicional quinta probablemente establece una salida a la iniciativa de las Cortes
de Aragón. Pero, señorías, si la firme voluntad de esta Cámara está recogida en esa disposición adicional quinta, ¿por qué no aprovechamos la toma en consideración de esta iniciativa de las Cortes de Aragón para desarrollar la disposición adicional
quinta? Es una oportunidad que hoy se nos ofrece desde las Cortes de Aragón.
Independientemente del respeto que tenemos todos a las decisiones soberanas de las Cortes de Aragón, es una oportunidad para desarrollar la voluntad política manifestada
en la disposición adicional quinta de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural. Nuestro grupo no solo tiene la convicción de apoyar y tomar en consideración una iniciativa que sale de las Cortes de Aragón, sino que también cree que es una
oportunidad para desarrollar esta disposición adicional quinta. Estamos hablando de optimización de recursos; estamos en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, en tiempos en los que se nos pide a los partidos políticos desde el propio
Gobierno posiciones para solventar estas situaciones. ¿Y qué hay más importante que poder deducir gastos en muchos ayuntamientos que tienen enormes dificultades comarcalizando
servicios? Se pueden comarcalizar determinados servicios, pero ¿por qué estos servicios no se pueden comarcalizar?
Las Cortes de Aragón han dado un paso importante con la Ley de Comarcas.
La Ley de Comarcas ha sido un paso importantísimo. En Canarias, afortunadamente, desde hace muchos años disfrutamos de la Ley de Cabildos Insulares que,
indudablemente, tiene un parecido con la Ley de Comarcas que se plantea desde las Cortes de Aragón. Vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que es positiva y tiende a optimizar recursos; es posible utilizar esta iniciativa, con los cambios
que se quieran hacer en el debate parlamentario, como desarrollo de esa disposición adicional quinta. Saludamos nuevamente a los representantes de las Cortes de Aragón y reiteramos que vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo, también por su generosidad temporal.
Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los comisionados de las Cortes de Aragón. Ya se ha dicho que la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de 1986, prevé la posibilidad de que los municipios puedan crear cuerpos
de Policía local de conformidad con lo que a su vez prevén la Ley de Bases de Régimen Local y la legislación autonómica. Pero esta posibilidad de crear cuerpos de Policía local solo se permitía a los municipios. Esa era la normativa vigente hasta
que en 2007, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 16/2007, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, por la que se adicionó una nueva disposición, en este caso una adicional quinta, a la Ley Orgánica 2/1986, se
abrió la posibilidad de que los cuerpos de Policía local de distintos municipios pudieran llegar a acuerdos de colaboración entre sí para la prestación de los servicios propios de esta policía. A partir de 2007 se permitió que, cuando dos o más
municipios limítrofes no tuvieran suficientes recursos propios para prestar los servicios que la ley prevé para los cuerpos de Policía local, podrían asociarse para la prestación de estos servicios, previo informe favorable del Ministerio del
Interior y, en su caso, de la comunidad autónoma. Dicho esto, con esta reforma no se permitió de forma expresa la creación de cuerpos de Policía supramunicipal, sino la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo o colaboración para la prestación
de estos servicios entre dos o más cuerpos de Policía local dependientes, a su vez, de dos o más municipios, pero no -insisto- la creación de un nuevo cuerpo de Policía local. Esta es la situación actual hasta el debate del día de hoy.
La proposición de ley de las Cortes de Aragón que se somete hoy a consideración de la Cámara tiene su origen, como se ha dicho, en una proposición de ley del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, con la que Esquerra mantiene unas
relaciones fraternales desde hace mucho tiempo y data de 21 de abril de 2004, es decir, anterior a la reforma de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A pesar de ello, sigue siendo oportuna esta iniciativa en tanto
que el objetivo de la proposición de ley es la reforma del título V de la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, relativo a las policías locales, para permitir la creación de cuerpos de Policía local a las entidades
supramunicipales como pueden ser las comarcas o las entidades supramunicipales integradas por municipios de reducida dimensión. Hasta la fecha, como es sabido, ha habido distintas comunidades autónomas que han intentado la creación de cuerpos de
Policía supramunicipal y han topado todas ellas con el Tribunal Constitucional que ha declarado de forma reiterada la inconstitucionalidad de las normativas autonómicas para la creación de dichos cuerpos supramunicipales. Ejemplo de ello es la Ley
de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid o incluso la Pey del Parlamento gallego de 23 de marzo de 1992, de coordinación de policías locales, declarada también inconstitucional en 1993, precisamente por ser contraria a la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que prohíbe taxativamente la actuación de la Policía local fuera de su término municipal. Para salvar este escollo de la doctrina del Tribunal Constitucional es necesario operar de forma expresa una
reforma en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del año 1986. Hasta ahora el Gobierno del Estado ha impugnado todo intento de las comunidades autónomas de crear policías supramunicipales, quizás por el temor -yo creo que infundado- a
que se convierta en una forma encubierta o subrepticia de crear policías autonómicas allí donde hoy no existen.
La idea de la supramunicipalidad, señorías, remite, en nuestra opinión, a valores constitucionales como la solidaridad y la igualdad y es una alternativa válida en los casos en que un solo municipio no pueda afrontar el servicio de Policía
local. Ello sucede básicamente en medios rurales, en medios como los que existen, como se explicaba antes, en la Comunidad de Aragón, donde hay núcleos de población diseminados y además con un número muy reducido de habitantes. Huelga decir que
estos municipios también tienen problemas de seguridad y no disponen de medios para garantizarla. Antiguamente esta función la asumía la Guardia Civil pero actualmente no hay cuerpos de policía que la asuman. Por tanto, no es de extrañar -y con
esto acabo, señor presidente, señorías- que esta proposición de ley sea oportuna, una proposición a la que nuestro grupo -y hablo en nombre de Esquerra Republicana e Izquierda Unida- va a dar su apoyo, y coherentemente además, porque en su día
Izquierda Unida particularmente
ya apoyó esta iniciativa en las Cortes de Aragón, cosa que, evidentemente, va a volver a hacer hoy en este Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar cordialmente a los señores Bernal, Allué y Tomás, y no consideren este saludo y esta cordialidad una coartada para justificar nuestra posición en esta toma en consideración que se nos invoca, que va a ser la
de abstención.
La proposición que ustedes presentan -con toda la legitimidad que conlleva una proposición aprobada por las Cortes de Aragón- ha adquirido, en nuestra opinión, una cierta extemporaneidad de carácter sobrevenido.
Nosotros entendemos que se
cohonesta mal con las previsiones del artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón que prevé, entre otras cosas, la creación de una policía autonómica de carácter integral con competencias similares a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra y que
atribuye al Gobierno de Aragón, además, las funciones de coordinación no solo de esa policía sino también de las policías dependientes de los municipios, de las corporaciones locales. Se cohonesta también con dificultades con la ley invocada por
los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, y con la disposición adicional quinta que prevé la facultad para crear institutos policiales de estas características si bien limitando sus
contenidos. Y se cohonesta ya manifiestamente mal -y perdónenme la dureza de la expresión- con lo previsto en la Ley 2/1986, relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la siguiente razón. En esta ley se atribuye la posibilidad
de crear policías municipales o fuerzas policiales a los municipios, pero policías municipales o cuerpos policiales cuyas competencias y actividades están circunscritas a la ejecución de las ordenanzas de los bandos municipales y de otras
disposiciones de carácter municipal, lo que es la función propia de las policías locales. En cambio, tengo la impresión sincera de que ustedes sobredimensionan el ámbito competencial de estas policías supramunicipales que no solo legitimarían a las
instituciones comarcales para su creación, in extenso, en el ámbito del Estado español, lo podrían hacer las mancomunidades, lo podrían hacer corporaciones supramunicipales; en el caso de Euskadi lo podrían hacer las cuadrillas y en el caso de
Canarias lo podrían hacer los cabildos. Así, se podría dar la circunstancia, hipotética pero no imposible, de que existieran nada menos que 700 cuerpos municipales -me he molestado en contar el número de instituciones supramunicipales existentes en
el Estado español-, lo cual no parece una forma racional de ordenar la manera de enfrentarse a la problemática de la seguridad ciudadana. Pero es que ustedes, las Cortes de Aragón, a la hora de atribuir competencias, no se limitan a la ejecución de
las ordenanzas, bandos y otras disposiciones municipales; atribuyen competencias en materia de seguridad ciudadana para estos cuerpos policiales creados por órganos supramunicipales, competencias de seguridad ciudadana que llevan incardinadas en su
propia esencia competencias de Policía judicial o relativas al ejercicio de las funciones propias de la Policía judicial.
Me llama poderosamente la atención que el único artículo, el único precepto de esta proposición que nos presentan establezca también a estas policías la posibilidad de ejercer funciones de escolta o de protección de los cargos políticos de
las corporaciones municipales, competencia que podrían ejercer incluso fuera del ámbito territorial de Aragón. Es la única excepción que establece un criterio de supraterritorialidad en Aragón al ejercicio de competencias. Desde esa perspectiva, y
en tanto en cuanto estamos hablando -a pesar de la invocación que ustedes hacen al carácter local de estas policías- de unas competencias que atribuyen a las policías la naturaleza de policías integrales, y ante la eventualidad de que se puedan
multiplicar policías de esta naturaleza hasta los 700 cuerpos municipales que les he comentado con funciones de protección de cargos públicos, de Policía judicial y de seguridad ciudadana, ampliando, extendiendo notablemente la legitimación
funcional que se atribuye por la legislación a las policías locales, que son las de ejecución de las ordenanzas, bandos y otras disposiciones municipales, no nos parece un buen criterio -y se lo decimos con respeto, pero también con énfasis, con
rotundidad- la posibilidad de generalización de cuerpos policiales de estas características -que podrían llegar a ser 700-, sobre todo cuando en este momento la coordinación entre las policías de ámbito estatal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, y las policías autonómicas existentes con leyes de policía propias, en Cataluña y en el caso del País Vasco, no deja de adolecer de profundas dificultades en materia de armonización y coordinación. Imagínense ustedes hipotéticamente lo
que ocurriría con la existencia de 700 cuerpos de seguridad que ejercieran competencias de esta naturaleza. Se lo digo con todo el respeto. Además, estamos contradiciendo -y con esto acabo, señor presidente- una tradición secular de mi grupo, que
es admitir la toma en consideración de cualquier iniciativa que dimane de una institución autonómica diferente a esta. Sin embargo, la abstención tampoco es decir no. La abstención, aunque parezca tautológica la expresión, es abstenerse,
sencillamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Olabarría.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Cámara y transmitir desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió un saludo muy cordial a los dignísimos representantes de las Cortes de Aragón, señores Bernal, Allué y Tomás, que nos
traen hoy a debate una proposición de ley aprobada por las Cortes de Aragón en el ya políticamente muy lejano año 2004, si no me equivoco, con cuyo contenido coincidimos, pero que a nuestro juicio -y lo digo ya sin más ambages- ha sido ya resuelta
no solo por la legislación de esta Cámara, de fecha posterior, sino también, a nuestro entender, por lo dispuesto en el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón. Estoy segura de que ustedes lo saben, pero quiero manifestarle que para Convergència i
Unió la tónica, la costumbre que marca nuestra actuación parlamentaria no es solo atender las peticiones que vienen de los parlamentos autonómicos, faltaría más, sino, en la medida de lo posible, votar afirmativamente y apoyar su toma en
consideración, lo cual -como tampoco se les oculta- ocurre en esta Cámara en escasísimas ocasiones. Con esta predisposición es con la que hemos examinado la iniciativa que hoy nos traen a debate.
Vaya por delante que desde nuestra formación política hemos compartido la necesidad de resolver la problemática a la que se alude en la exposición de motivos de esta proposición de ley. La Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado contemplaba únicamente la existencia de cuerpos de Policía local dependientes de los municipios, pero no de las comarcas ni de otras entidades que agruparan a varios municipios, lo cual perjudicaba gravemente -también en Cataluña- a los
municipios pequeños para los que prestar el servicio público de seguridad resultaba prácticamente imposible por la carencia de medios materiales, técnicos, humanos, de gestión y especialmente también económicos. Dar una respuesta a esta situación
es lo que entendemos que se demanda en la iniciativa aprobada por las Cortes de Aragón y que nos traen ustedes hoy aquí.
No obstante, y a pesar de que el señor Bernal ha manifestado claramente que mantiene su vigencia hoy, consideramos que, como ha dicho el señor Tomás, reflejando quizás una cierta discrepancia entre los proponentes de la iniciativa, que la
legislación que se ha producido en la Cámara desde que la iniciativa se aprobó en las Cortes de Aragón ha dado ya cumplida respuesta a la problemática que en la misma se plantea, y por tanto creemos, en líneas generales, que la petición ha devenido
obsoleta. Se ha mencionado ya reiteradamente, pero desde que las Cortes de Aragón aprobaron esta iniciativa, aquí se ha aprobado en una ley orgánica complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural añadir una disposición
adicional nueva a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la que precisamente -como aquí ya se ha dicho- se preveía la autorización para que municipios limítrofes pertenecientes a una misma comunidad autónoma que no
dispusieran separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de policía pudieran asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a la misma, contando siempre con la autorización del Ministerio del Interior o de la
comunidad autónoma, con arreglo a lo que se dispusiera en su estatuto de autonomía. Con ello gran parte de la problemática quedó resuelta, aunque ciertamente el cuerpo de la iniciativa, cuya toma en consideración pretenden ustedes, propone la
regulación de la coordinación o colaboración entre policías. Entendemos que aquí entra en juego la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que se aprobó a finales de la pasada legislatura. En dicho estatuto -se ha mencionado también aquí por
el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-, concretamente en el artículo 76, se regulan las competencias con respecto a la Policía autonómica, y además de contemplar la posibilidad de crear una policía autonómica, se dice en el
apartado 3 de dicho artículo que corresponde a la comunidad autónoma la coordinación de la actuación de las policías locales aragonesas. Entendemos por tanto que lo que se solicita en la proposición de ley que ustedes nos traen hoy a debate está
resuelto por ley estatal posterior y, en todo caso, las disposiciones del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón facultan a la comunidad autónoma a legislar sobre la materia. Por todo ello, y a pesar de la predisposición de mi grupo parlamentario a
acoger favorablemente las iniciativas de parlamentos autonómicos, tal como les he manifestado al inicio de mi intervención, precisamente por ser nosotros una fuerza política nacionalista que tiene como uno de sus principios el del despliegue del
autogobierno, entendiendo como entendemos que el Estatuto de Aragón facilita y faculta a legislar lo que aquí se demanda, no vamos a poder apoyarles en su solicitud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a los representantes de las Cortes de Aragón, que hoy nos traen una iniciativa legislativa sin duda importante porque afecta al modelo
policial español y, sin duda, esa es una cuestión que tiene una enorme relevancia.
Por sintetizar cuál es la posición del Grupo Parlamentario Popular en torno a esta iniciativa, les digo que nosotros compartimos plenamente el diagnóstico del problema que nos plantean, pero discrepamos claramente
también de la solución que ofrecen a ese problema. Para nosotros esta iniciativa tiene dos causas fundamentales: la primera, el deterioro de la seguridad ciudadana que se está produciendo de manera expresa en el ámbito rural y, la segunda,
un déficit de presencia de la Guardia Civil, que sin duda es general en toda España, pero que se siente de manera muy particular en Aragón.
Todo el mundo sabe, quizás con la única excepción del ministro del Interior, el señor Rubalcaba, que la criminalidad está aumentando en nuestro país. Todos somos conscientes también de que este aumento de la inseguridad es especialmente
intenso en el ámbito rural. Desde que gobierna el señor Zapatero, el incremento de la delincuencia, del número de delitos conocidos en el ámbito de la Guardia Civil es del 22 por ciento. Hemos pasado de 286.000 delitos conocidos por la Guardia
Civil en el año 2004 a nada menos que 350.000 delitos conocidos por la Guardia Civil en el año 2008. Y además he de decirles que Aragón es la comunidad autónoma en la que más está creciendo la inseguridad en el ámbito rural.
El incremento en el
último año -en el año 2008- del número de delitos conocidos por la Guardia Civil ha sido de un 25 por ciento. Es la comunidad en la que más está creciendo la inseguridad de toda España en el ámbito de la Guardia Civil. Las infracciones penales, es
decir, los delitos más faltas, han crecido en el año 2008 en Aragón en un 16 por ciento. Por tanto, es verdad que tienen un problema, yo diría que tenemos un problema todos los españoles, pero que particularmente tienen un problema en Aragón.
Compartimos también la segunda razón que ustedes traen esta mañana a esta Cámara para justificar su iniciativa. Hay un claro déficit de presencia de la Guardia Civil en toda España y de manera específica en su comunidad autónoma, y no solo
por el goteo de cierre de cuarteles que se sigue produciendo, sino porque hoy en Aragón hay un déficit de más de 500 guardias civiles respecto a las plantillas teóricas que tiene la Dirección General de la Guardia Civil y la Policía para su
comunidad autónoma. De los 3.400 guardias civiles que figuran en la plantilla teórica, únicamente hay en estos momentos 2.850 guardias civiles destinados. Eso supone un 16 por ciento de déficit respecto a la plantilla total, que nuevamente -y no
es casual- es de los déficits más importantes que se producen en el conjunto de la nación. Por tanto, les digo que no solo coincidimos en su diagnóstico sino que coincidimos también en su preocupación, que es nuestra preocupación, que es la
seguridad de los españoles y de los aragoneses. Sin embargo discrepamos en la solución que ustedes aportan aquí esta mañana, desde el máximo respeto a la opción de la comarcalización sobre la que mi grupo no tiene nada que objetar. Discrepamos,
primero, por lo que han discrepado prácticamente todos los grupos que se han manifestado esta mañana, porque en gran parte es un problema resuelto, así lo entiende mi grupo. Pero discrepamos también por una razón política, si me permiten, más
profunda, porque nosotros entendemos que ante el deterioro de la seguridad ciudadana que se está produciendo y ante el déficit de efectivos, que es real, lo que no podemos es transferir esa responsabilidad a unos municipios que bastante tienen en
estos momentos con seguir aportando a los ciudadanos los servicios que aportan con unas necesidades económicas cada vez más apremiantes. No somos partidarios de transferir del Ministerio del Interior a los ayuntamientos el problema de la seguridad
ciudadana ni en Aragón ni en nuestro país.
Termino ya, señor presidente, con una última reflexión que no va dirigida a ustedes sino que va dirigida en este caso al Grupo Socialista. Yo sé que es pedirles mucho, pero en este tema yo les pediría un poquito de seriedad. Ustedes nos
tienen muy acostumbrados a votar una cosa en un sitio y a votar otra cosa en otro. Ustedes nos tienen muy acostumbrados a que el Grupo Socialista en las Cortes de Aragón vote a favor de esta iniciativa, y hoy previsiblemente ustedes vayan a votar
en contra. Yo les reconozco que incluso tienen ustedes la rentabilidad para hacer de esa incoherencia virtud e incluso les reconozco que electoralmente puede hasta funcionar. Pero también les digo que cuando lo que está en juego es nuestro modelo
policial, cuando está en juego la seguridad de los españoles, creo que el tema merece un poquito más de seriedad y tengo la confianza de que esta mañana la aportarán aquí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Carlos González Serna.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
En primer lugar, quiero trasladar el saludo cordial y afectuoso y la bienvenida del Grupo Parlamentario Socialista a los representantes de las Cortes de Aragón presentes hoy aquí, a los señores Bernal, Tomás y Allué, que han intervenido
exponiendo y defendiendo la iniciativa cuya gestación comenzó en aquel Parlamento en el ya distante noviembre de 2004. También con carácter previo quiero anunciarles, señorías, señores diputados de las Cortes de Aragón, que el Grupo Parlamentario
Socialista no va a votar a favor del contenido de su propuesta. Pero permítanme, señorías, que en primer lugar establezca cuáles son los parámetros jurídicos y políticos en los que este grupo enmarca la cuestión. El primero de ellos es el vigente
artículo 51 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el cual, como ya se ha dicho, únicamente se permite la creación de cuerpos de Policía local en el ámbito estrictamente municipal y, sobre la base de este artículo, es única y
exclusivamente el ámbito municipal el que tiene la capacidad jurídica para crear cuerpos de Policía local propios. El segundo elemento es la legítima pretensión de cambio de las Cortes de Aragón que, como se ha dicho, proponen llevar a cabo la
modificación parcial
de los artículos 51, 52, 53 y 54 de la vigente Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la finalidad de reconocer legalmente la posibilidad de crear cuerpos de Policía local dependientes de la comarca o de otros ámbitos
supramunicipales. Y el tercer elemento es la realidad, es el hecho causante que motiva la pretensión política sobre la que estamos debatiendo en este momento: el intento del legislador aragonés de favorecer la posibilidad de que los municipios de
reducida dimensión, los municipios que no disponen de recursos económicos suficientes para contar con cuerpos de Policía local propios, puedan cooperar y conformar conjuntamente cuerpos de Policía local supramunicipales; un planteamiento este que,
coincidimos, encuentra su justificación política en la singularidad de la estructura municipal de Aragón, donde, como se ha insinuado, el 84 por ciento de los 731 municipios tienen una población de derecho inferior a los mil habitantes.
Dicho lo cual, señorías, me gustaría fundamentar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en torno a dos elementos muy concretos. El primer elemento se refiere a las características específicas de nuestro modelo policial, un modelo
policial que conlleva una estructura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se integra, como sus señorías conocen bien, por las fuerzas y cuerpos dependientes del Gobierno de la nación, por las fuerzas dependientes de las comunidades
autónomas y por los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales; un modelo policial, señorías, que es eficaz, que da respuesta a las necesidades de seguridad de los ciudadanos y que sirve para favorecer la normal convivencia de los
ciudadanos; un modelo policial al que su evidente complejidad no le resta eficacia en la tarea de mantenimiento de la seguridad ciudadana, merced a la profesionalidad de los hombres y mujeres que prestan sus servicios en los distintos cuerpos y
merced también a los importantes mecanismos de coordinación, y un modelo policial, señorías, que a juicio de este grupo parlamentario no conviene alterar introduciendo un nuevo cuerpo policial, las policías comarcales, que aumentaría la complejidad
y que nos haría correr el riesgo innecesario de resentir la coordinación, auténtica piedra angular de nuestro sistema público de seguridad.
El segundo elemento al que quería referirme, en el que fundamentamos nuestra posición, tiene que ver con el fondo mismo de la cuestión, con el problema que se intenta resolver con esta iniciativa de las Cortes de Aragón. Tiene que ver con
el hecho innegable de que la realidad demográfica y la estructura municipal de Aragón, a la que antes me refería, requiere de respuestas concretas que permitan que los municipios que carecen de capacidad económica para hacer frente a los costes
derivados del mantenimiento de la Policía municipal puedan asociarse y puedan garantizar así a su población la prestación del servicio de Policía local, circunstancia esta que, a nuestro modo de ver, y como ya se ha planteado por parte de otros
grupos, ya está en este momento contemplada y regulada en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 16/2007, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Esta ley fue aprobada por las Cortes Generales hace poco
más de un año y dispone de un único artículo, cuyo objeto es modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, sobre todo, abrir la puerta para posibilitar la colaboración, la cooperación de los municipios en la prestación de los
servicios de Policía local. Una ley, por tanto, que detecta el problema que tienen los pequeños municipios que carecen de medios suficientes para la prestación del servicio y les permite, les da paso, les da pie a poder asociarse, a alcanzar
acuerdos de colaboración y prestar juntos ese servicio a los ciudadanos, dando así respuesta a la problemática de la inseguridad en el medio rural a la que se ha hecho referencia por parte de los representantes de las Cortes de Aragón y que también
es un problema que preocupa a los miembros de este grupo parlamentario.
Por tanto, señorías, señores diputados de las Cortes de Aragón, respetamos profundamente su planteamiento de fondo, compartimos la necesidad que late detrás de su iniciativa pero entendemos, como han entendido otros grupos, que en el momento
actual los municipios de Aragón que no pueden costearse su propio cuerpo de Policía local disponen del marco jurídico apropiado que les permite asociarse, que les permite colaborar y que les permite, por tanto, prestar los servicios de Policía local
en esos ámbitos municipales.
Para finalizar quiero hacer una reflexión a propósito de algunas afirmaciones realizadas por el portavoz del Grupo Popular en torno a la criminalidad en España y en Aragón. Quiero volver a decirle al señor Cosidó -como ya le he dicho en
alguna ocasión en otros ámbitos- que en los últimos cinco años la criminalidad desciende con intensidad en España; que las más altas tasas de delitos y faltas en este país se conocieron precisamente con los gobiernos del Partido Popular; que las
más altas tasas de criminalidad también en Aragón se conocieron cuando era ministro del Interior el señor Rajoy, y que la reducción de plantillas en el conjunto del país, la reducción del cuerpo de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía
en España, y también y en mayor medida en Aragón, se dio precisamente en el año 2002, cuando era ministro del Interior el señor Rajoy. En los últimos cinco años el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está
dando un giro importante a la seguridad. Hemos pasado de una política...
El señor PRESIDENTE: Señor González, debe ir acabando.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Sí, señor presidente, voy acabando.
Hemos pasado de una política de seguridad, la del Partido Popular, que consistía en reducir agentes, que consistía en reducir las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en reducir los recursos
económicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Señorías, hemos pasado de una política que también en Aragón consistía...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe ir acabando.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Consistía en adelgazar el aparato de seguridad del Estado a una política de seguridad basada en más agentes (Rumores.), basada en más recursos y que da como resultado, señorías, más seguridad en España y también más
seguridad en Aragón.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO. (Número de expediente 122/000113.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con
las víctimas del terrorismo. Para la defensa de la misma tiene en primer lugar la palabra, y por el Grupo Socialista, don Miguel Ángel Buen.
El señor BUEN LACAMBRA: Señor presidente, señorías, hoy subo a esta tribuna para pedirles en nombre del Grupo Socialista, en nombre de miles y miles de ciudadanos vascos y españoles y sobre todo en nombre de las víctimas del terrorismo, su
apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.) El terrorismo, señorías, ha sido y es el
mayor enemigo de nuestra democracia y de nuestras libertades, es la peor lacra que le ha tocado vivir a nuestra sociedad. Más de mil españoles han sido asesinados, muchos más heridos y son incontables los que han visto su vida afectada por la
acción criminal de los terroristas. En pleno siglo XXI, señorías, la seguridad y la libertad de muchos de nuestros conciudadanos continúa amenazada por la utilización del terrorismo como medio para alcanzar fines políticos, como dicen los
terroristas. Yo más bien diría para la extorsión a miles y miles de ciudadanos y a cientos de representantes públicos. La lucha contra el terrorismo requiere no solo la condena política y ética de toda la sociedad, sino además que los poderes
públicos no permitan que quienes apoyan, jalean, amparan o justifican a los terroristas puedan hacer receptores a estos asesinos de honores ni homenajes por parte de ninguna entidad pública ni privada. Una sociedad que vive amparada por el Estado
de derecho necesita que sus representantes políticos realicen gestos y lleven a cabo actuaciones que eviten que el terrorismo tenga algún tipo de reconocimiento y mucho menos enaltecimiento, porque los terroristas no creen en la convivencia, no
respetan la libertad y no respetan tampoco el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida.
Señorías, actualmente hay calles y plazas en nuestro país que aún llevan el nombre de miembros de ETA, sobre todo en diferentes municipios vascos.
Desde esta perspectiva creemos que, para que a las víctimas del terrorismo esta situación no
les sea ya insoportable, hay que hacer desaparecer esos símbolos, ya que de alguna manera les recuerda y perpetúa en su mente y en su corazón la agresión terrorista que han sufrido en primera persona ellos o sus familiares más cercanos. Señorías,
todos los ciudadanos de bien debemos a las víctimas respeto, verdad, consideración y justicia. Por eso, en un Estado de derecho sus representantes y la sociedad civil en su conjunto han de dar respuesta de manera permanente a su dolor, al suyo y al
de sus familiares, y para ello debemos arbitrar fórmulas que eviten que se vuelvan a producir actos de homenaje o reconocimiento a los terroristas y que además los poderes públicos lleven a cabo las actuaciones necesarias para eliminar de nuestras
calles y plazas todos aquellos elementos que suponen el homenaje a los terroristas, a los criminales, y que significan, desde la perspectiva de las víctimas, una afrenta permanente, como decía con anterioridad. (La señora vicepresidenta, Cunillera
i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Señorías, prácticamente todos los grupos de esta Cámara suscriben esta proposición de ley y, por eso, tengo la seguridad de que la toma en consideración de la misma está asegurada. No obstante, permítanme que me dirija nuevamente a todos
los grupos y especialmente a quienes no suscribieron inicialmente la proposición. Es cierto que en el Parlamento vasco se aprobó la Ley de protección de las víctimas del terrorismo, y en uno de sus artículos se dice que los poderes públicos
adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y sus familiares, y en particular para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole, y en su
caso investigarán aquellos que puedan ser constitutivos de infracción
penal, quedando abierta la posibilidad del ejercicio de la acción popular por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la defensa de este derecho. En dicha ley se recoge taxativamente la eliminación o la prohibición de
actos de homenaje; no obstante, no será malo que hoy tomemos en consideración esta propuesta de modificación de nuestra ley para que podamos complementar ésta y también la ley vasca, porque en ninguna de ellas se habla de lo que ha sucedido con
anterioridad, y de hecho, señorías, tenemos resoluciones judiciales que han -vamos a decir- exculpado a responsables políticos públicos por no retirar símbolos que homenajean a los terroristas. A mí no me cabe la menor duda de que todos nosotros
abominamos de la acción de los terroristas y sus atrocidades, por eso hoy sería bueno que todos apoyásemos la toma en consideración de esta iniciativa; creo que sería muy útil además y el mejor homenaje a las víctimas del terrorismo, de todos los
terrorismos, señorías. En el trámite de enmiendas cada uno podremos dar nuestra opinión al respecto en el sentido de presentar enmiendas. Por ejemplo, nosotros ya anunciamos que pretendemos presentar algunas enmiendas que recogerán que esto va
dirigido contra todos los terroristas y contra todos los terrorismos, no solamente contra el terrorismo de ETA, aunque este sea el que más apoyo social, por desgracia, sigue teniendo todavía en nuestro país y el que suele ser más susceptible de
homenajes.
Para ir concluyendo me permitirán que les lea una carta de una víctima del terrorismo que se hacía pública esta misma semana en un medio de comunicación. Decía así: Un año. El 7 de marzo está a punto de cumplirse un año del asesinato de
Isaías Carrasco, mi padre. Es solo ahora cuando empezamos a asimilar todo el horror de lo ocurrido, es ahora cuando somos conscientes de que la pérdida de un padre es un vacío que nunca puede asimilarse y que nunca vamos a aceptar -ninguno de mis
hermanos, Hadei, Ainara, ni mi madre-, porque su asesinato no solo arrancó a mi familia un pedazo de corazón, nosotros, desde ese terrible 7 de marzo, sabemos lo que es sentir el dolor perpetuo. Hubo un tiempo en que ETA creyó que con la muerte y
la desaparición de hombres valientes como Isaías morían sus ideas, morían también sus anhelos, pero hoy ETA sabe que si mata, por supuesto atemoriza, pero las ideas, las convicciones y la esperanza permanecen en las calles de Euskadi y en las calles
de España. Es cierto que con cada atentado los terroristas asestan un golpe cruel contra una familia que marca sus vidas para siempre y del que difícilmente podrán recuperarse algún día, pero con cada atentado ETA también lanza al aire largos
brazos que nos unen, formando con todas las víctimas una sola y única familia. Hubo un tiempo en que los familiares de las víctimas fueron los únicos que con su rebeldía silenciosa y firme se mostraron capaces de levantar el estandarte que ha
servido durante años para denunciar una y otra vez a los asesinos de ETA, porque hubo un tiempo en que mientras el terror de las pistolas y las bombas imponía como nunca su lengua de fuego y muerte hubo voces valientes, las de los familiares de las
víctimas del terrorismo, que maldijeron el silencio y los ecos de la complicidad de una sociedad que prefería mirar a otro lado o que justificaba la violencia con aquella terrible frase: Algo habrá hecho. Yo soy optimista, creo que el terrorismo
puede ser vencido. El 7 de marzo asesinaron a mi padre, destrozaron la vida de mi familia y la mía, pero no dañaron mis convicciones y, por lo tanto, hoy estoy aún más convencida de que la victoria de los demócratas es posible. Ese día, antes de
lo que creemos, en Euskadi el dolor del otro se sentirá como dolor propio y la puerta de la unión de todos los vascos ahuyentará el helado respiro de la muerte. Ese día ETA estará acabada y a partir de ese día el futuro dependerá solamente de
nosotros.
Señorías, esta carta escrita por una persona muy joven que ha tenido la desgracia de sufrir el zarpazo criminal de ETA en lo más cercano a su ser, que de golpe y porrazo el 7 de marzo del año pasado creció no sé si en veinte, en treinta o en
cincuenta años lo que era su mentalidad juvenil, casi infantil, es un buen aldabonazo para todos nosotros para que efectivamente aprobemos este acto de toma en consideración de esta proposición de ley hoy en este Congreso de los Diputados, lanzando
de esa manera un nuevo mensaje a todos los terroristas y de manera muy especial a los terroristas de ETA, que prácticamente acaban de volver a atentar en Madrid esta misma semana, para que sepan que todos los representantes públicos del arco
parlamentario en el Congreso de los Diputados estamos contra ellos, estamos a favor de las víctimas y de que no vuelva a haber ningún resquicio por donde se puedan colar ni una vez más dichos terroristas.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Buen.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Alfonso Alonso.
El señor ALONSO ARANEGUI: Señora presidenta, señoras y señores diputados, quiero, en primer lugar, saludar a los representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que nos acompañan hoy desde la tribuna. Está también -y creo que es
muy significativo de lo que vamos a debatir hoy aquí- la hija del comandante Jesús Velasco, que era jefe de Miñones y fue asesinado por ETA. Su asesino fue homenajeado y nombrado hijo predilecto por el Ayuntamiento de Hernani en 1982. La familia
tuvo que esperar veinte años desde el asesinato de su padre -y él sigue siendo hijo predilecto- a tener un reconocimiento y a que le fuera puesta una placa y dedicada una calle en su ciudad natal, en Vitoria. Eso da cuenta de cómo se han llevado
las cosas en nuestro país y de lo que ha ocurrido en España.
Señorías, esta noche comienza la campaña electoral en el País Vasco, una campaña que como siempre, por
desgracia, se va a celebrar en condiciones impropias de una nación democrática en la que debe imperar el Estado de derecho, una nación que considera como sus fundamentos la defensa de la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad y el
pluralismo político. Porque en esta campaña, señorías, cargos públicos y militantes de los partidos no nacionalistas, como en todas las campañas que se celebran en el País Vasco, tendrán que trasladar sus mensajes y competir frente a sus
adversarios en situación de libertad vigilada, protegidos por cientos de escoltas, amenazados por el fanatismo terrorista. Esta es una realidad que no puede ser contemplada como si fuera un endemismo de aquella comunidad o una lamentable desgracia.
Es una situación que no se puede soslayar que, por tanto, debe ser denunciada y combatida y que ha de convocarnos a todos a renovar nuestro compromiso con la democracia y con la causa de la libertad.
Por eso, señorías, es especialmente oportuno que esta Cámara inicie el periodo de sesiones con la toma en consideración de esta proposición de ley y que lo haga en un día como hoy, de tanta significación para el País Vasco y para España.
Hoy tenemos la oportunidad y la responsabilidad de trasladar al conjunto de la sociedad española un mensaje de unidad en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de las libertades. Esta es una proposición que ha merecido un consenso amplio
entre los grupos parlamentarios, consenso que esta mañana yo espero que derive en unanimidad -así debería ser- para decirles a los terroristas, a sus cómplices y a quienes les apoyan que su violencia jamás obtendrá ningún rédito político, que no
tienen sitio en las calles del País Vasco o de Navarra y que nuestra determinación en la aplicación de la ley para la derrota definitiva del terrorismo es más fuerte que nunca. Hoy tenemos la oportunidad de trasladar un mensaje de esperanza a la
sociedad vasca, la misma esperanza que mueve a tantos vascos a arriesgar su vida por la paz, la convivencia y la libertad.
En la última campaña electoral que se celebró en nuestro país, ETA asesinó en Mondragón al ex concejal socialista Isaías Carrasco, en mayo asesinó al guardia civil Juan Manuel Piñuel, en septiembre al brigada Luis Conde de la Cruz, en
diciembre asesinó en Hernani al empresario Ignacio Uría, esta misma semana ha colocado una coche bomba en Madrid. Yo quiero que hoy rindamos un homenaje a las víctimas del terrorismo y que hagamos nuestro su lema de: Memoria, dignidad y justicia.
Se trata fundamentalmente de eso, las víctimas son el referente moral de la democracia española, las víctimas siempre tienen razón, las asociaciones de víctimas llevan trabajando años por abrir espacios de libertad en el País Vasco. En muchas
ocasiones son su firmeza y su tenacidad las que sustituyen una labor que corresponde al Estado de derecho y a la acción diligente del Gobierno. Quiero referirme de forma especial al trabajo que desarrolla la Asociación Dignidad y Justicia, porque
no solo denunciaron la ignominia que supone la presencia de placas y monolitos en homenaje a los asesinos de ETA, sino que acudieron a la justicia para hacer valer su derecho al honor y para defender la dignidad de todos. Cuando se les cerró la vía
penal, acudieron a la vía contenciosa en busca de esa misma justicia y lo hicieron en el lugar que debería haber ocupado desde el principio el Gobierno. Se encontraron con la resistencia de alcaldes de partidos democráticos renuentes a extirpar la
indignidad de sus calles.
Fueron la alternativa a la desidia, a la cobardía y al cálculo político.
Recientemente han conseguido que se retire la placa del etarra Argala que da nombre a una plaza en Arrigorriaga, municipio gobernado por el Partido
Nacionalista Vasco. Tienen abiertos procedimientos judiciales con idéntico propósito respecto de catorce municipios en el País Vasco y Navarra. Insisto, son la alternativa a la desidia y a la cobardía de los responsables políticos. Aquí ha habido
mucha omisión por parte de quienes debieron actuar, no solo la omisión de los alcaldes, que no es constitutiva de delito, según ha establecido la Audiencia Nacional, pero que sí es merecedora de reproche ético, sino también la omisión la que
permitió que más de cuarenta municipios estén hoy gobernados por Acción Nacionalista Vasca, que es ETA, que está ilegalizada por formar parte de ETA y que trabaja por imponer el totalitarismo y el terror en el País Vasco y en Navarra. Es la misma
omisión que ha impedido que se actúe para corregir esta anomalía democrática y que se inicie ya el procedimiento para la disolución de los ayuntamientos que están gobernados por ANV.
Señorías, nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la unidad de los partidos políticos democráticos es una condición indispensable en el camino de la derrota del terrorismo y trabajamos por preservar y favorecer la unidad.
Hemos apoyado y apoyaremos al Gobierno en todas las actuaciones que adopte contra la banda criminal ETA y para ensanchar los espacios de la libertad en el País Vasco y en Navarra.
Señorías, desde el Partido Popular entendemos que en esta
legislatura se ha producido una rectificación de la política del Gobierno en materia antiterrorista y creemos además que los tiempos del diálogo y la negociación con los pistoleros han quedado atrás. Esperamos que esa rectificación sea cada día más
profunda, y es verdad que en esa dirección caminan las últimas actuaciones que se han promovido y que van a impedir por primera vez en nuestra historia democrática que ETA siente a sus representantes en los escaños del Parlamento vasco, pero hace
falta más.
Queremos terminar con la indignidad de que el terrorismo ocupe el espacio público y sea enaltecido en las calles y en las plazas de nuestros municipios, pero mantener al mismo tiempo en docenas de localidades alcaldes de ETA que manejan
millones de euros no solo es contradictorio con el objetivo que perseguimos hoy, es una nueva falta grave de omisión, porque esos alcaldes y corporaciones al servicio del totalitarismo ocupan no solamente el espacio público sino las mismas
instituciones democráticas, que son utilizadas para destruir la libertad. Por eso, no más omisiones ni más desidias ni
más tolerancia con el terror. Volvemos a pedir con ocasión de este debate que se inicien de inmediato los procedimientos previstos en el artículo 61 de la Ley de bases del régimen local para la disolución de los ayuntamientos gobernados por
ETA, porque para eso, entre otras cosas, se modificó la ley, y porque esa es la actuación que dará credibilidad a que esta nueva modificación legal que hoy tomamos en consideración no va a quedar en papel mojado, sino que incorporando un mandato a
los poderes públicos será seguida de una actuación contundente para que nunca más, en ningún lugar de España, se pueda rendir homenaje al terror ni se puedan levantar monolitos para humillar a las víctimas. Nosotros, señora presidenta, seguimos
pensando en la eficacia del artículo 61 de la Ley de bases. En cambio, el Grupo Parlamentario Socialista argumentó que para conseguirlo eran necesarias otras modificaciones legales. Lo cierto es que desde que realizaron esta afirmación no hemos
conocido ninguna propuesta por su parte. Coincidirán conmigo en que resulta tanto o más perentorio quitar un alcalde liberticida que eliminar una placa de la vía pública, que no es congruente quitar las placas de las calles y dar al mismo tiempo
millones de euros para que los gestionen los acólitos de ETA. Por eso les pedimos que termine el tiempo de la omisión. Aprovechen el trámite legislativo que abrimos hoy para incorporar los cambios legales que sean precisos para el desalojo de
Acción Nacionalista Vasca.
Pero no dejemos pasar más tiempo. Demasiado tiempo se perdió en los últimos años. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, háganlo ahora, porque si no lo hacen será difícil que alguien crea que sus argumentos eran
cosa distinta que una excusa para no actuar. Señorías, esta modificación legislativa supone acabar con la indignidad y la ignominia que representan muchas calles y plazas del País Vasco dedicadas a la memoria de etarras que han cometido numerosos
asesinatos en nuestro país.
Estas placas no solo ensalzan asesinos, sino que además imponen una ley del silencio en aquellos pueblos que las acogen; el silencio ante la barbarie, ante el terror, ante la violencia, ante la intolerancia, ante la
injusticia y ante el totalitarismo que practica ETA. ¿Se imaginan que alguien pueda acudir a una concentración en contra de ETA en una plaza denominada Argala o de los Gudaris? Estas placas son como estigmas sangrantes que padece la sociedad vasca
como consecuencia del chantaje y del miedo que practica ETA para amordazarla. Ojalá que poco a poco se vaya recuperando la normalidad en la convivencia de una sociedad plural como es la del País Vasco, cada vez menos dispuesta a callar ante los
asesinatos de ETA. Ojalá se dé un paso más para recuperar no solo la dignidad sino también la libertad para denunciar, repudiar y condenar la violencia etarra.
Voy terminando, señora presidenta. Hoy, en el arranque de la campaña electoral, la posición de consenso de esta Cámara en contra de ETA y a favor de la dignidad de nuestra democracia es un motivo para la esperanza. La misma esperanza que
nos alienta el hecho de que por primera vez el Parlamento vasco que saldrá de las urnas será un Parlamento plenamente democrático. Dará sentido al sacrificio diario de miles de concejales, cargos públicos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, periodistas, jueces y todos aquellos que defienden los valores que establece la Constitución. Reconocerá la razón de las víctimas del terrorismo. A partir de esta toma en consideración trabajaremos con diligencia para que esta ley no
solo sea completada y aprobada en el menor plazo posible, sino que sea aplicada cuanto antes para que cada vez haya menos omisiones en la defensa de la libertad y para que un día podamos decir que supimos derrotar al terror y erradicarlo
definitivamente de nuestras vidas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a veces la justicia de una iniciativa termina siendo cuestionada por quien hace de ella únicamente una baza política; es decir, el oportunismo político degrada la justicia de una iniciativa. Esta iniciativa de los grupos
parlamentarios es una iniciativa justa, porque justa es la aplicación de la ley y justa es la aplicación de la ley en materia antiterrorista. Estamos ante una iniciativa que pretende la aplicación de la ley frente a los homenajes a los terroristas
y frente a la exaltación del terrorismo. En ese sentido, no solamente es una iniciativa justa sino que es una iniciativa ampliamente compartida, compartida por los grupos de esta Cámara, compartida también en iniciativas legales del Estado y
compartida en iniciativas legales del propio Parlamento vasco. Creo que deberíamos hacer hincapié en esa acción unitaria de las fuerzas políticas democráticas frente al terrorismo y no únicamente en lo que nos divide, sobre todo, en una campaña
electoral en ciernes -lo que es aún peor- de la cual esta iniciativa no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna conexión. Esta iniciativa es muy anterior a la campaña electoral y utilizarla como un ariete en campaña electoral para dividir a las
fuerzas democráticas entre aquellos que son firmes frente al terrorismo y quienes no lo son tanto es un grave error que degrada la razón y la justicia de esta iniciativa. Además, hoy se ha destilado aquí algo que yo no puedo aceptar. Yo no puedo
aceptar la crítica a los gobiernos democráticos de este país, de uno y otro color, que han tomado iniciativas legales, políticas, policiales para acabar con el terrorismo; unas de ellas en unas condiciones, en condiciones de los tiempos del plomo,
otras en otras condiciones; todas ellas legítimas, democráticas y morales, todas ellas, señorías, y todas ellas respetuosas con el dolor de las víctimas, todas ellas con la voluntad de que no hubiera nuevas víctimas, de que no se humillase a las
víctimas
actuales, de que se reconociese la memoria, la dignidad y la justicia a las víctimas del terrorismo. Quiero resaltar esos aspectos para resaltar lo que nos une y no lo que nos separa.
Oponer política y víctimas es una grave equivocación. Si la política no tiene en cuenta a las víctimas, se equivoca; si las víctimas no reconocen el ámbito de la política, también se equivocan. Y no deberíamos equivocarnos ni unos ni
otros. Señorías, esta iniciativa es justa, a pesar de que a veces los que la defendemos no seamos tan justos, es una iniciativa para que no se realicen homenajes ni exaltación a los violentos ni a los terroristas y, por tanto, merece el voto de la
Cámara.
Lo mereció en la Cámara vasca y lo merece también en la Cámara española, porque lo que estamos reconociendo en buena parte es que la aplicación de las leyes que existen en el Estado y que existen en el País Vasco tiene defectos, tiene
problemas y no solamente problemas para garantizar las garantías democráticas, sino problemas más allá de la ejecución material de esas leyes. Por tanto, me parece una iniciativa adecuada.
Quiero resaltar, por último, que es, como otras, una iniciativa de resistencia frente al terrorismo; una iniciativa de reacción frente al terrorismo. En ese sentido, yo y mi grupo echamos de menos iniciativas más proactivas frente al
terrorismo. En los últimos tiempos la condena ha sido unitaria, ha habido una posición unitaria de las fuerzas políticas democráticas de la Cámara ante cada atentado, ante cada acción de la organización terrorista ETA, pero todavía no hemos dado un
paso más, en nuestra opinión necesario, que es compartir no solamente el dolor, no solamente la solidaridad, no solamente el respaldo a las fuerzas de seguridad, a la justicia y a la ley, sino compartir también la estrategia antiterrorista. Tenemos
diferentes estrategias frente al terrorismo, todas ellas legítimas, no menoscaban ni desde el punto de vista de la moralidad, ni desde el punto de vista de la ética, ni desde el punto de vista de la política a ninguna de las fuerzas políticas
democráticas, nos enriquecen a todos, pero, en mi opinión, deberíamos hacer un esfuerzo para no ser únicamente reactivos al terrorismo, sino para ser proactivos, para compartir no solamente rechazos, para compartir no solamente apoyos, sino para
compartir estrategias. Hoy, la estrategia en materia de política antiterrorista legítimamente es del Gobierno, pero debíamos aspirar a que las estrategias fueran compartidas por todas las fuerzas democráticas. Ni que decir tiene que mi fuerza
política mantiene su política en materia antiterrorista. Esta iniciativa no obstaculiza esa política, sino que es coherente con la misma, pero de igual manera que otros grupos políticos han reclamado en esta sesión la justeza para su política, yo
reclamo también la justeza para la política de los gobiernos democráticos frente al terrorismo. No pido perdón ni por la política ni por la justicia ni tampoco por la condena al terrorismo, y defiendo también la política de mi formación política,
la política de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya frente al terrorismo, en la condena del terrorismo y en la búsqueda de la paz. Espero, señorías, que esta iniciativa sirva para mejorar la unidad y la estrategia común frente al
terrorismo y no sea solamente la antesala en el Parlamento español del conflicto y de la confrontación política legítima en el País Vasco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
El Grupo Parlamentario Mixto va a compartir el turno entre dos de sus representantes. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Nos encontramos ante una proposición de ley que viene a saldar una asignatura pendiente. Naturalmente, en estos años se han muchas cosas a favor de las víctimas del terrorismo, a favor de la justicia y la dignidad, pero también tenemos
muchos aspectos por cubrir y muchas necesidades que abordar. El título de la proposición de ley así lo dice, se trata de enmendar la Ley 32/1999 y lo que vamos a hacer hoy -espero que con el amplísimo consenso, ojalá que con la unanimidad de toda
la Cámara- es iniciar un trámite para mejorar estos aspectos que, repito, están pendientes. Hay un trámite de enmienda, como han puesto de manifiesto todos los grupos políticos que me han precedido en el uso de la palabra, y en ese trámite de
enmienda, que empezará a partir del momento en que se apruebe la toma en consideración de esta iniciativa, tenemos que ser capaces de buscar eso que reclamaba el portavoz de Izquierda Unida, el máximo consenso. Esto significa que a veces uno tiene
que dejar algunos aspectos de la posición partidaria para encontrar aspectos consensuados y mejorar lo que, en el diagnóstico de todos, es una necesidad de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo.
Sin entrar en más disquisiciones, anuncio que en este trámite que se inicia en este momento mi formación política, Unión Progreso y Democracia, tiene la intención de aprovechar la modificación de la ley para plantear algunas ampliaciones
que, a nuestro juicio, son necesarias y que van más allá del callejero terrorista. Por ejemplo, debemos aprovechar el trámite para la ampliación del concepto de víctima, de manera que obtuvieran un reconocimiento oficial los familiares directos de
víctimas que lo soliciten, los amenazados para los que exista constancia documental o los obligados a llevar escolta, los secuestrados con ocasión de ejecución de atentados y, eventualmente, otros casos. En mi opinión, todos los que deseen recibir
el reconocimiento -esto es una novedad- deberían solicitarlo al Ministerio del Interior aportando la documentación que consideren oportuna. La manera de expresar el reconocimiento podría ser la inclusión de las personas reconocidas en la orden de
víctimas del terrorismo y, también en mi opinión, salvo en casos excepcionales, es decir, salvo que se acredite la existencia de daños o perjuicios materiales
a la condición de víctima -es un concepto extendido-, no deben arbitrarse ayudas económicas u otras formas de indemnización. Estamos hablando de un reconocimiento, de una ampliación del concepto de víctima del terrorismo que no tiene por
qué ir ligado a un reconocimiento económico, sino que es un reconocimiento mucho más amplio, expreso y político.
La nueva Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo debería establecer un cuadro indemnizatorio por responsabilidad civil, adaptado a la práctica de los tribunales. Así se evitarían algunas indemnizaciones de carácter político que
han levantado un cierto escándalo en los últimos tiempos. En este tema de la responsabilidad civil, debería regularse la creación en el Ministerio del Interior o en la fiscalía de una oficina dedicada al seguimiento de los terroristas encarcelados
para hacer efectiva la exigencia del pago a estos últimos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este es uno de los escándalos con los que todos convivimos. Hay cantidad de terroristas que han salido de la cárcel, que están trabajando, que
tienen ingresos y que no indemnizan a sus víctimas.
Yo creo que esto es insoportable en términos democráticos. Y como es insoportable en términos democráticos -y todos lo sabemos- creo que es el momento de que pongamos en marcha una oficina, que
nosotros propondremos que sea dentro de Ministerio del Interior o de la fiscalía, dedicada al seguimiento de estos terroristas y a que estos terroristas cumplan con las sentencias judiciales.
Por último, creo que es necesaria la reforma del Código Penal, en su artículo 578, para solucionar el problema de las querellas archivadas contra los alcaldes que han conservado los nombres de etarras en lugares públicos, a pesar de haberles
avisado de que lo retiraran. No se trata solamente de decir que de ahora en adelante nunca más, sino que aquel que no ha cumplido la ley y que sigue honrando a terroristas, tenga que pagar por ello; que no haya impunidad ni legal ni política de
ningún tipo.
Señorías, esto es memoria, dignidad y justicia. Esto es reconocimiento político. Esto es lo que tenemos que hacer no solamente para honrar la memoria de las víctimas, que es un objetivo en el que todos nos ponemos absolutamente de
acuerdo; esto es lo que nos toca hacer, además de para honrar la memoria de las víctimas, para que los terroristas pierdan la esperanza. Y para que pierdan la esperanza, el Estado de derecho debe trabajar unido en todos los frentes sin ningún tipo
de resquicio, precisamente para eso, para que pierdan la esperanza, aplicando la ley con rigor, con justicia, con rapidez y con eficacia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra don Carlos Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna en nombre de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, para fijar la postura sobre la proposición de ley que modifica la Ley de solidaridad con las víctimas del
terrorismo. Adelanto que mi voto será favorable a su toma en consideración. Quiero agradecer a todos los grupos que han firmado esta propuesta, que Unión del Pueblo Navarro también hace suya.
Soy de los que cree firmemente que la unidad en la
lucha contra el terrorismo es un requisito sine qua non para poder enfrentarse con éxito a este fenómeno. También creo que el reconocimiento social de las víctimas del terrorismo, y toda la ayuda y apoyo que desde los poderes públicos podamos
establecer para defenderlas, debe estar excluido del debate partidista.
La exposición de motivos de la proposición es muy acertada cuando dice: la violencia ejercida por los terroristas requiere la condena política y ética de toda la sociedad y en ningún caso sus autores pueden ser ensalzados como héroes ni sus
acciones terroristas pueden hacerles receptores de homenajes, de honores, por parte de entidad pública alguna.
Para llegar a este objetivo es por lo que se pretende la modificación del artículo 1 de la Ley de solidaridad con las víctimas del
terrorismo, recogiendo la prohibición de que en lugares públicos existan monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetivos o menciones conmemorativas de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas.
Pero el texto, señorías, es insuficiente. Existen una serie de actos de homenaje a terroristas que quedan fuera de la prohibición creada, como así lo han puesto de manifiesto otros oradores antes que yo. Voy a poner dos ejemplos. Primero, don
Jesús Ulayar Liciaga fue asesinado en presencia de su hijo Salvador, de 13 años, hoy presidente de la AVT de Navarra, el 27 de enero de 1979 por el miembro de ETA Vicente Nazábal; los dos vecinos de la localidad navarra de Etxarri-Aranatz. En el
año 1996 el Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz, cuando salió el asesino de la cárcel, lo nombró hijo predilecto de la villa -al asesino, no al asesinado-, acuerdo que sigue vigente en la actualidad, a pesar de que me consta que la alcaldesa no se ha
negado a dejar sin efecto político o a revocar tal nombramiento. Ese acuerdo y la actitud de la alcaldesa y de su grupo suponen una ofensa a la dignidad de los habitantes de su pueblo, a la dignidad que se le supone a su formación política y una
ofensa a la memoria de quien fuera una gran persona y un insulto constante también a sus familiares. Este hecho, si no se modifica el tipo que hoy recoge esta propuesta, quedaría sin resolver y por ello, obviamente, la actitud quedaría sin sanción.
Segundo caso, en la plaza de los Fueros de Alsasua, que es la plaza mayor, se exhibe una pintada con un anagrama de ETA de enormes proporciones -en la fachada de un domicilio particular-, que nadie ha borrado ni se atreve a borrar desde hace muchos
años. ¿Quién debe responsabilizarse de que se borre esta publicidad gratuita de la banda terrorista? ¿Cómo podemos evitar que en el futuro estas situaciones
se perpetúen sin solución? Por último, tenemos la obligación de dignificar la memoria de las víctimas. Para ello debemos aprobar medidas con el mayor consenso posible, combatiendo los actos de enaltecimiento de los terroristas en la forma
que se produzcan, sea esta poniendo un nombre suyo a una calle o declarándolos hijos predilectos de sus municipios o, sencillamente, limpiando nuestras calles de esas pintadas y haciendo que quien tenga la responsabilidad lo haga.
La respuesta, señorías, contenida y heroica de las víctimas de ETA en estos cuarenta últimos años es el mayor patrimonio moral que puede ofrecer al mundo nuestro país. Lo fácil para ellas o para cualquiera de nosotros que hubiera sufrido la
violencia en su piel hubiera sido responder con el ojo por ojo, solicitar venganza o aceptar cualquier solución legal o ilegal para terminar con este fenómeno. En cambio, en todo este tiempo nos han enseñado que aun en la rabia y en el dolor han
confiado en el Estado de derecho, en nosotros, los que nos dedicamos a la política, en lo mejor de nuestras ideas y de nuestras iniciativas. Ahora no podemos defraudar esa confianza, una confianza forjada en los valores más trascendentes del ser
humano: la superación del odio, la reconciliación y el perdón. Espero que entre todos, señorías, podamos concretar un texto que realmente elimine todos los posibles actos de homenaje que se producen y que el Gobierno tome buena nota de los que
desde esta tribuna ahora ponemos en su conocimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Alonso, la verdad es que me ha llamado mucho la atención su intervención. Primero le voy a aclarar una circunstancia a la que usted se ha referido y que le inquietaba. Vamos a
conseguir la unanimidad, el tablero va a estar íntegramente en verde en cuanto a la toma en consideración de esta proposición, pero honestamente le digo -y ahí sí que me ha decepcionado su intervención, o no, porque nos conocemos desde hace mucho-
que usted ha realizado anticipadamente, unas horas antes del inicio de la campaña electoral, el primer mitin electoral de su partido. Esto me entristece, me entristece fundamentalmente porque han recurrido de nuevo a un mensaje que no es
infrecuente por parte de ustedes o de algunos de sus portavoces, que es intentar patrimonializar el dolor de las víctimas como elemento troncal de su discurso político, insinuando que otros partidos políticos carecemos de esa sensibilidad. Usted
sabe que no es cierto. Ese intento de patrimonialización devalúa el consenso; consenso que usted sabe que es imprescindible para afrontar la problemática de las víctimas.
Mire hasta qué punto es cierto lo que le digo, es decir, que ustedes no
tienen legitimidad para patrimonializar esta causa ni para invocar que son sus iniciativas las que están mejorando la atención a las víctimas, su reconocimiento simbólico, la reparación de sus necesidades, que esta iniciativa que hoy debatimos no
tiene nada que ver con lo que usted ha comentado, que no sé a qué viene. Es una introducción colateral absolutamente incongruente invocar nada menos que la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, que no forma parte del contenido
material de lo que se preconiza, del pedimento de esta proposición. De nuevo utilizan ustedes la circunstancia de que el Pisuerga pasa por Valladolid para incorporar otros elementos que forman parte de su imaginario, de su doctrina política
largamente reconocida, contradiciendo además los requerimientos de la ley en el caso de esta segunda parte del pedimento, la disolución de los ayuntamientos de ANV. Hasta qué punto esta iniciativa no es novedosa y hasta qué punto nadie puede
patrimonializar desde una perspectiva institucional ni desde una perspectiva partidista una iniciativa como la que hoy estamos debatiendo, que, como usted sabe perfectamente, el Parlamento vasco, en abril de 2008, aprobó una proposición de ley
clónica de esta. Se podría decir que esta es una copia exacta de la aprobada por el Parlamento vasco e impulsada por el Gobierno tripartido. En la exposición de motivos de la proposición de ley 4/2008 del Parlamento vasco se afirmaba, entre otras
cosas, que se pretende garantizar que las víctimas sean tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y derechos. Esta es la primera mención de la exposición de motivos, que por cierto votaron ustedes junto con nosotros y otros grupos; solo un
grupo parlamentario -usted sabe cuál es- se abstuvo de participar en el debate, ni siquiera estuvo presente. Y continúa diciendo: recogiendo una serie de medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la
intimidad de las víctimas y de sus familiares. El respeto a la dignidad de las víctimas -continúa diciendo o afirmando la exposición de motivos- implica un tratamiento adecuado de la información, la protección de la intimidad y de la imagen, así
como la garantía de que las víctimas no sean objeto de vejaciones, agresiones u otros tratos despectivos humillantes o degradantes ni de patrimonialización por ninguna organización política de su dolor -y enfatizo esta expresión-. El artículo 4 de
esta misma proposición de ley afirmaba: Se adoptarán por parte de los poderes públicos las medidas apropiadas para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o
de su familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas y actuarán de manera especial contra las pintadas, efigies, monumentos, carteles, nombres de calle, etcétera. Es el artículo 4 de esta
proposición de ley. Esta ley fue impulsada por el Gobierno tripartito de Euskadi en este momento y fue votada por todos los grupos parlamentarios presentes en aquel momento en la Cámara. Por tanto, estas invocaciones a
la patrimonialización de esta causa devalúan los consensos que son absolutamente imprescindibles para afrontar el problema de la victimología y las necesidades de las víctimas. Yo les pido que no vuelvan a recurrir a esto, que no vuelvan a
recurrir a pedir en cualquier iniciativa parlamentaría -algún día lo harán en el trámite de la Ley de Aguas, o de la Ley de Costas, o en cualquier ley de esta naturaleza- la disolución de los ayuntamientos de ANV porque usted sabe que eso
jurídicamente no es posible. Yo le considero un conocedor de la Ley de Partidos Políticos y de la jurisprudencia constitucional, que la ha reinterpretado, y de la jurisprudencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que la ha reinterpretado a su
vez también. Sabe que cuando se disuelve una organización política que concurrió legalmente a las elecciones, los cargos políticos de la misma solo pierden la posibilidad de pertenecer a dicha organización política que por el hecho de la
ilegalización queda disuelta, pero no pierden ningún derecho ciudadano más, ninguna de las libertades públicas que le reconoce la Constitución, ni siquiera -parafraseando la expresión del Tribunal Constitucional- el derecho de representación o
participación en los asuntos públicos. Por tanto, no son ya ayuntamientos de ANV ni son alcaldes de Acción Nacionalista Vasca, son alcaldes con nombres y apellidos que se representan en virtud de una organización declarada ex post ilegal. Son
ayuntamientos que legítimamente pueden ser gobernados por estas personas en virtud no de lo que nosotros deseamos o decimos sino de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, lo que ha dicho la Sala del 61 del Tribunal Supremo y lo que establece
expresamente al artículo 9 y siguientes de la Ley de Partidos Políticos.
Dicho esto, nosotros estamos de acuerdo con esta proposición. Nos felicitamos del consenso que vamos a conseguir, porque el consenso es el valor paradigmático. Yo más que con su discurso me quedo con la carta emotiva que nos ha leído el
señor Buen, que yo comparto en sus propios términos. Es una carta de una persona joven pero que acredita una gran madurez a la hora de exponer su dolor, en primer lugar, y los principios de atención a las víctimas, en segundo lugar. Ese es el
discurso que nosotros preferimos y que nos parece adecuado. El discurso de la patrimonialización del dolor, el adelantarse varias horas al inicio de la campaña electoral para realizar el primer mitin en esta Cámara nos parece perverso, señor
Alonso, y se lo digo con la honestidad y cordialidad que existe en nuestra relación.
En cuanto al contenido de la proposición de ley, señor presidente, nosotros vamos a votarlo favorablemente, tal como he dicho, por coherencia con lo aprobado en el Parlamento vasco, impulsado entre otros por nuestro grupo parlamentario, y
porque creemos en lo que se dice.
Evidentemente creemos que a las víctimas se les debe liberar del oprobio de tener que observar en las calles de su municipio efigies y nombres de las calles que identifiquen a los victimarios. Lo que pasa es que
hay dos problemas técnico-jurídicos que tendremos que resolver en debates posteriores. En primer lugar, una cierta superposición de normas a la Ley 4/2008 del Parlamento vasco, a la que se va a superponer cuando se apruebe esta. Pero es que además
estamos ante una figura delictiva, ante un tipo penal, señor Alonso, que usted conoce perfectamente. Ya esta figura, este tipo, esta actitud, es un injusto penal previsto en el artículo 578 del Código Penal. Por tanto, hay tres normas que se
superponen para resolver el mismo problema. Habrá que establecer o articular los elementos o los puntos de conexión para ver cómo ser articulan, cómo se incardinan entre sí estas normas, con excepción de lo prevista en el Código Penal. Cuando se
considere que estamos ante un tipo delictivo, la prevalencia del Código Penal es clara, pero en cuanto a las demás normas que se superponen para resolver una misma cuestión habrá que articular puntos de conexión que eviten problemas de inseguridad
jurídica. Luego hay otro problema que a usted no se le escapa, y es el umbral difuso que hay muchas veces entre víctimas y victimarios, y usted sabe perfectamente - el señor Buen, también- a qué me estoy refiriendo.
En ese umbral jurídico entre
víctimas y victimarios, a veces hay victimarios que han sido víctimas -todos podemos estar pensando en el imaginario colectivo de Euskadi, es algo perfectamente metabolizado a qué me estoy refiriendo-, es un problema vidrioso pero que tendremos que
resolver. Manifiesto también mi esperanza de que este espíritu de consenso continúe en el debate de esta proposición de ley que se va a aprobar hoy, señor presidente -por lo menos en lo atinente a mi grupo parlamentario yo le adelanto nuestra
posición- por unanimidad. Dicho lo cual esperemos que esta unanimidad también posibilite unificar los consensos en materia de víctimas y evitar la tentación a la patrimonialización del dolor, porque esto es lo que va a crear disfuncionalidades en
lo que las víctimas merecen, que es una atención unánime y consensuada por parte de los partidos políticos democráticos.
En materia de atención y de sensibilidad con las víctimas -y ya termino, señor presidente-, le voy a recordar lo que nos comentó en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco el abogado de una asociación de víctimas, la AVT, poco
sospechosa de connivencia con los partidos nacionalistas. Cuando ustedes gobernaban en el Estado español, el abogado de la AVT me comentó que tenían interpuestos en materia de reivindicación o de reclamación jurisdiccional en el ámbito
contencioso-administrativo con el Gobierno del señor Aznar, con el Gobierno del Partido Popular, nada menos que 2.700 recursos contencioso-administrativos. Mucha invocación y mucha sensibilidad con las víctimas pero la traducción material de esto
son 2.700 contencioso-administrativos de los letrados de la AVT con el Gobierno del Partido Popular. Vamos a evitar estas disfunciones, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Convergència i Unió va a sumar su voz y su voto, como no podía ser de otra manera, para apoyar la iniciativa que ahora estamos viendo y que tiene como objetivo dar un paso más en la asunción por parte del Estado de la defensa de la dignidad
de las víctimas del terrorismo, subsanando -aunque sea de nuevo parcialmente- algunas deficiencias técnicas de las que adolece la actual normativa, tal y como reiteradamente han puesto de relieve las asociaciones de víctimas del terrorismo y
singularmente, por lo que a este grupo parlamentario respecta, la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes. En efecto, aunque la Ley de 1999 de solidaridad con las víctimas del terrorismo supuso un paso fundamental para el
reconocimiento y la armonización de las disposiciones legales que afectaban a las víctimas del terrorismo, tanto las deficiencias técnicas de la misma que las distintas realidades y resoluciones judiciales han ido evidenciando, como las nuevas
formas y actuaciones de terrorismo que han ido desgraciadamente apareciendo, han propiciado la necesidad de reiteradas, aunque parciales -insisto- reformas de la ley. A nuestro juicio, creemos que lo que pretende la proposición de ley cuya toma en
consideración estamos viendo es de nuevo subsanar una laguna en la defensa de la dignidad de las víctimas, como es intentar acabar con los resquicios legales que aun permiten que los terroristas puedan ser receptores de honores y homenajes por
entidades públicas. Podría pensarse que la modificación del Código Penal que se hizo en diciembre del año 2000, que tipificaba el delito de enaltecimiento del terrorismo, sería ya un suficiente reproche como para evitar que determinados
consistorios organizasen o tolerasen en sus calles referencias que atentan a la dignidad y al honor de las víctimas del terrorismo que, como el mismo Código Penal expresa, suponen humillación para las víctimas y que, en todo caso, como reza la
exposición de motivos de la iniciativa que estamos viendo, son actuaciones y situaciones que generan mayor sufrimiento a las víctimas al ver que los asesinos son ensalzados y homenajeados precisamente por los crímenes cometidos. Pero ello no ha
sido así; en la práctica, la interpretación jurisprudencial ha seguido mostrando grandes dificultades para delimitar la aplicación del tipo penal de enaltecimiento del terrorismo. Sin ir más lejos, recientemente la Audiencia Nacional consideró que
dicho delito no se podía cometer por omisión, es decir, diferenciaba, de un lado, el comportamiento activo que supone poner nombre de terroristas a las calles, plazas o parques y, de otro, la pasividad en la que incurre quien decide mantenerlas. Lo
primero, según esta decisión reciente de la Audiencia Nacional, sería un delito después de la entrada en vigor de la modificación del Código Penal que, como he dicho, se hizo en diciembre del año 2000. En cambio respecto a lo segundo, mantener por
omisión el nombre, se dice en la resolución de la audiencia que es en todo caso reprochable pero no es delito. A la luz de lo anterior, la única vía que quedaba para solicitar que se quitara el nombre ya puesto es la vía contencioso-administrativa.
Poco a poco es evidente que se ha ido cerrando el tratamiento jurídico a esta situación, primero, delimitando mejor los contornos del delito de enaltecimiento, luego considerándose delito poner el nombre de un terrorista a una calle, y después, por
la vía contencioso-administrativa, lograr que se retiren las placas y se cambien los nombres existentes.
La iniciativa que estamos viendo en este contexto supone un necesario paso más para tratar de evitar que en todos y cada uno de los casos se tenga que acudir a la vía judicial. Hasta ahora, como es evidente y normal en un Estado de derecho,
todo va ligado a una reacción ex post. Es evidente que tras las resoluciones judiciales se abre una clara puerta a la desaparición de referencias a los terroristas en la vía pública, pero es evidente también que ello conlleva costes, tiempo y la
necesidad de ir caso por caso. Con la modificación que se propone en la iniciativa que estamos debatiendo vamos a tratar que la actuación sea ex ante, es decir, que no tenga que ser el juez quien venga a obligar a un determinado ayuntamiento a
retirar una placa o a cambiar el nombre de una calle sino que sea la misma Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo la que contenga la obligación de hacerlo. Desde un punto de vista de técnica jurídica me pregunto si no sería necesario
reflejarlo también, por ejemplo, en la Ley reguladora de las bases de régimen local, aunque realmente creo que es necesario perfilar el contorno de la amplia mención que en la iniciativa se hace como simplemente terrorista y no como condenado por
terrorismo. En cualquier caso, siendo estos temas técnicos, tiempo habrá de verlo a lo largo del trámite parlamentario.
Sumarnos a dar un paso más en defensa y protección de las víctimas del terrorismo es el motivo fundamental que nos mueve a apoyar la presente iniciativa, pero se ha hablado también aquí de la necesaria unidad en la lucha contra el
terrorismo, una unidad, a juicio de este grupo parlamentario, absolutamente imprescindible, porque precisamente ETA y los otros movimientos terroristas -pero especialmente ETA- lo que desean es la desunión de los demócratas. Por tanto, a nuestro
juicio, la mejor respuesta es la unión entre todos frente a esta lacra social, lo cual, sumado a la magnífica actuación que están teniendo nuestros Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es la respuesta que debemos a las víctimas del terrorismo,
cuya impecable actuación es y ha sido vital para la consolidación de nuestro Estado de derecho en el que ellos confían.
Tenía previsto decir que me alegraba de que esta iniciativa fuera un ejemplo de que la unidad entre PP y PSOE, que se perdió en la pasada legislatura, se había recuperado, lo cual celebraríamos. Por ello, no podemos
aprobar -y así lo quiero decir- alguna intervención que aquí se ha realizado, en la que, aprovechando esta iniciativa, que se trata en todo caso de algo que debemos a las víctimas pero una modificación técnica, sea utilizada como un arma
partidista de confrontación política dentro de una precampaña, casi campaña electoral. Por tanto, no nos podemos sumar a estas palabras. Los auténticos actores de esta iniciativa -por eso nos alegrábamos- eran el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo Parlamentario Socialista, y precisamente como ellos eran los autores materiales nos pasaron un texto para que lo firmáramos, pero era un texto cerrado e inamovible. Otros grupos lo han firmado y, por supuesto, merecen todo nuestro respeto.
Nuestro grupo, Convergència i Unió, ha preferido respetar la autoría por lo que también tiene de valor de consenso y naturalmente pronunciarse favorablemente en esta toma en consideración, esperando -y así lo manifiesto- que en futuras iniciativas
se pueda ser más inclusivo y podamos participar en la autoría también los otros grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO AL PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO. (Número de expediente 162/000176.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre impulso al proceso de paz en Oriente Medio. Para su defensa tiene la palabra doña Elena Valenciano.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista registró esta proposición no de ley sobre un impulso al proceso de paz en Oriente Medio en un momento muy distinto al actual, en el que algunos elementos invitaban a abrigar esperanzas de un avance sustancial en
la resolución del conflicto. Los acontecimientos ocurridos en la franja de Gaza desde el pasado 27 de diciembre, cuyas dramáticas consecuencias perduran y han de perdurar durante largo tiempo en la región, hacían obviamente necesaria una
actualización de esta iniciativa. Así, tras haberse abordado esta misma cuestión en la reciente comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quiero agradecer el esfuerzo conjunto de los
grupos parlamentarios Catalán (CiU), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto (Coalición Canaria y UPN) para articular una iniciativa común y presentar una enmienda de sustitución que aspira a contar también con el apoyo del resto de los grupos de esta Cámara.
Señorías, entre diciembre y enero de este año la franja de Gaza ha sufrido veintidós días de cruenta ofensiva militar, cuyos resultados son conocidos: casi 1.400 palestinos muertos, entre los cuales hay un número insoportable de mujeres y
niños, y el agravamiento de una situación humanitaria ya de por sí deteriorada de antemano. Este enésimo episodio de violencia y los enormes daños que ha causado difícilmente nos aproximarán a la paz, y sus consecuencias pueden seguir
desestabilizando la región durante muchísimo tiempo. Las poblaciones civiles de ambos lados se ven de nuevo arrastradas al enfrentamiento: la palestina sumida en la miseria, el rencor y la desesperanza; la israelí en un ambiente de permanente
inseguridad, de militarismo desbocado y que gira, como se ha visto, inquietantemente hacia posturas más extremistas. Hamas ha provocado y alentado con sus ataques hacia poblaciones israelíes esta dramática situación, demostrando una gran
irresponsabilidad y un desprecio absoluto a la seguridad de su pueblo; sin embargo, el legítimo derecho de Israel a defenderse no puede suponer en absoluto una carta blanca para infligir un castigo colectivo a la población civil palestina.
Israel
ha rebasado muchas líneas rojas durante los veintidós días de ofensiva, y por ello desde mi grupo creemos necesario ofrecer un firme apoyo a la iniciativa del secretario general de Naciones Unidas para esclarecer y deslindar toda responsabilidad de
cualquier posible violación del derecho humanitario internacional que haya podido cometerse las pasadas semanas.
A día de hoy, señorías, la situación de alto el fuego declarada el pasado día 18 es extremadamente frágil, como acostumbra a serlo en la región, siendo siempre producto de declaraciones unilaterales y temporales. El principal objetivo de la
comunidad internacional tiene que ser afianzar y apuntalar esa exigua paz para conseguir un alto el fuego permanente y poder afrontar a continuación todo lo demás, que será mucho, largo y difícil. España es un país tradicionalmente comprometido con
la paz entre Israel y Palestina y por eso está llamado a jugar un papel de relevancia como facilitador del diálogo y creo justo reconocer aquí la labor que el Gobierno y también la diplomacia española han llevado a cabo para tratar de poner fin a
este último episodio de violencia en Gaza.
Esta proposición no de ley y la enmienda que la actualiza apela precisamente a redoblar todos los esfuerzos diplomáticos tanto a nivel bilateral como multilateral en virtud de esta reconocida capacidad de España para establecer vías de
diálogo con todos los actores de la región. Ese es nuestro principal activo para tratar de ayudar en este conflicto, un activo que debemos cuidar si queremos continuar siendo útiles en la construcción del objetivo que estoy segura todos compartimos
en esta Cámara y que no es ni más ni menos que una paz global justa y duradera en la región. España ha jugado también un papel muy importante y necesario en el socorro de la población civil palestina, víctima común de la violencia de todas partes,
que sobrevive en una situación humanitaria
de máxima emergencia. Baste señalar que más de 900.000 personas en la franja dependen diariamente de la ayuda de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. El Gobierno español ha realizado un esfuerzo por medio de
constantes envíos de material humanitario. La gravedad de la situación va a exigir que este esfuerzo se mantenga e incluso se incremente y estamos seguros, esperamos, que el Gobierno de España lo contemple.
Señorías, la reconstrucción de la franja de Gaza es un paso esencial para la paz en la región, como también lo es la reconciliación interpalestina, y en ambas cuestiones la comunidad internacional y en especial la Unión Europea deberán jugar
un papel clave. También será muy importante el proceso de unidad que pueda abrirse, con muchas dificultades desde luego, en la política israelí. Por un lado, es necesario que Israel ponga inmediatamente fin al bloqueo que inflige sobre la franja
para poder ofrecer una mínima esperanza de vida digna a su población. Por otro lado, también es necesario resguardar la seguridad de Israel y evitar el rearme de Hamas que nos pueda volver a conducir a una espiral de violencia sin fin. Una vez
consolidado el alto el fuego y previamente al restablecimiento del proceso de paz, va a ser condición indispensable la reconciliación efectiva del pueblo palestino; sin ese paso inicial no tendremos cimientos sobre los que construir nada en el
medio y largo plazo. Son los propios palestinos quienes deben comprometerse a avanzar de forma conjunta en favor de la paz de su pueblo y erradicar los elementos terroristas que tanto los perjudica, pero es necesario desde la comunidad
internacional ofrecer todos los pasos que puedan darse en esa dirección, como es el proceso abierto en El Cairo, contando además con todos los actores árabes de la región.
El pueblo israelí acaba de elegir un nuevo parlamento del que habrá de salir el nuevo Gobierno. La celebración de las elecciones y la campaña electoral influyeron sin duda ninguna en el desencadenamiento de la ofensiva militar, y el
resultado de esta posible formación de Gobierno va a influir también en la forma en que pueda resolverse la situación. Lo ajustado del resultado y el ascenso de las posturas más extremistas no son precisamente signos esperanzadores, pero
esperaremos con respeto a la formación del Gobierno democrático del Estado de Israel. Toda esta complicación, todas estas divisiones que es necesario superar van a requerir de la comunidad internacional una mayor implicación y decisión para hacer
ver a todas las partes que no existe una solución militar al conflicto, que hay que hacer sacrificios en favor de sus pueblos, porque es precisamente la paz, concretada en la resolución de Naciones Unidas, la única opción de futuro factible para
todos.
Señorías, concluyo. Mi grupo es consciente de que existen diversas sensibilidades en relación con la cuestión que trata esta proposición no de ley y apela directamente a la generosidad de todos, porque sabemos que son muchos más los puntos
en los que coincidimos que aquellos en los que discrepamos. Estoy segura de que todos compartimos la importancia y el valor que tiene que esta Cámara envíe un mensaje claro y unánime en una cuestión trascendente, en una de las tareas posiblemente
más complejas, difíciles e importantes que tiene la comunidad internacional ante sí, la comunidad internacional y nuestro país.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Valenciano.
Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, a mi grupo parlamentario también le hubiera gustado coincidir en esta iniciativa. Lo hacemos en alguno de sus puntos, pero globalmente nos parece una iniciativa insatisfactoria. ¿Por qué? Porque creemos que esta iniciativa es
una iniciativa equidistante entre los unos y los otros, entre las víctimas y los que han hecho de la guerra su estrategia, y en nuestra opinión no hay mayor injusticia que tratar por igual a quienes son diferentes, en este caso a las víctimas y a
los que han utilizado la guerra como estrategia. En segundo lugar, porque en nuestra opinión esta es una iniciativa anacrónica. La iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista e incluso esta iniciativa pactada se sitúan antes, aunque no lo
quieran, del resultado de esta guerra -por llamarla de alguna manera-, de esta matanza del Gobierno y del Estado de Israel en Gaza. Se sitúan antes porque como consecuencia de esta matanza han ocurrido muchas cosas, la más reciente la victoria de
la derecha extrema en Israel, que es quien ha ganado en realidad, y también el reforzamiento de la posición de Hamas dentro de Gaza. Esa ha sido la consecuencia de la estrategia militar de Israel. Pero hay una consecuencia más grave todavía para
mi grupo parlamentario, que es el alejamiento de las perspectivas de paz y el alejamiento, parece que prácticamente indefinido, de la convivencia de dos Estados en Oriente Próximo, el Estado de Israel y el Estado palestino.
En ese sentido, las propuestas que hoy se nos presentan son equidistantes -lo he dicho antes-, bienintencionadas, pero difícilmente van a influir sobre los acontecimientos, porque, señorías, con relación al primer punto de la iniciativa, no
estamos ante un ejercicio por parte del Estado de Israel desproporcionado de la legítima defensa, sino ante la programación de una estrategia militar como estrategia política, que se realiza antes de unas elecciones, en el periodo de toma de
posesión del nuevo presidente norteamericano y con un evidente objetivo político que hemos visto reflejado en el resultado electoral de las elecciones israelíes.
Por tanto, situarse ahí, en la desproporción de unos y en la condena de otros, en
nuestra opinión, es situarse en la equidistancia, pero no en la realidad de Oriente Próximo.
Con relación también a la parte de las propuestas, en nuestra opinión, volver a reiterar iniciativas bienintencionadas significa apostar claramente por que se eternice la estrategia de la guerra y sea imposible la estrategia diplomática.
Nosotros coincidimos con Ilan Pappé y con otros muchos palestinos e israelíes que piensan que la Unión Europea no puede continuar con el seguidismo con que ha hecho política hasta ahora.
No puede seguir con el aislamiento de Gaza, no puede seguir
contribuyendo al no reconocimiento de las autoridades palestinas y, en ese sentido, tiene que rectificar su política, y en esta iniciativa no se rectifica la política ni por parte de la Unión Europea ni por parte de los organismos internacionales.
Alguien hablaba con relación a esta matanza que se ha producido en Gaza del ojo por ojo y el diente por diente bíblico, pero hay otros muchos más justos que hablan de los dos ojos de Gaza a cambio del diente israelí. Yo creo que eso es así:
los dos ojos de Gaza a cambio del diente israelí.
Nosotros, después de esa desproporción, de esa injusticia, de esa matanza, no podemos responder como los monos de Gibraltar, tapándonos los ojos, la boca y los oídos. Creemos que hay que adoptar
otro tipo de iniciativas. Nosotros así lo presentamos en nuestras enmiendas: suspensión del acuerdo preferente en el marco de la Unión Europea, suspensión del comercio de armas, apoyo a la jurisdicción universal para que no haya impunidad,
etcétera. Ninguna de estas iniciativas ha sido acogida por parte de los grupos parlamentarios proponentes y nosotros mantenemos nuestro desacuerdo, en particular con el punto 1 y el punto 5, que nos sitúan, como he dicho antes, en la equidistancia,
pero, lo que es peor, en la impotencia con relación al futuro de Oriente Próximo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Mixto han pedido la división de tiempos para defender una enmienda de la señora Díez. En cualquier caso, si desean hacer uso de la palabra, pueden hacerlo. En primer lugar, el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Por respeto a mi compañera de grupo, pido que se dé por defendida su enmienda, aunque, como es evidente, discrepo de ella, y voy a intervenir para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, un momento, por favor. No tiene que defenderla porque parece que ha anunciado el deseo de retirarla.
El señor JORQUERA CASELAS: Perfecto.
El señor PRESIDENTE: Puede decir lo que le parezca a S.S. y con mucho gusto le escuchamos.
El señor JORQUERA CASELAS: Voy a procurar a ser muy breve, simplemente para fijar nuestra posición con respecto a esta proposición no de ley.
Por supuesto al BNG le gustaría que hubiese un acuerdo y un pronunciamiento unánime de la Cámara,
pero en los términos en los que está redactada la proposición no de ley no podemos darle apoyo si no hay una rectificación. Creemos que el texto se queda muy corto, está instalado en una posición, como muy bien ha dicho el portavoz que me ha
precedido, de equidistancia y entendemos que en este conflicto no se puede juzgar igual a víctimas y verdugos y, por lo tanto, no caben equidistancias. Nosotros no somos partidarios de que se apliquen dos varas de medir distintas a la hora de
exigir el cumplimiento de la legalidad internacional. Esto nos parece impúdico. Por supuesto consideramos irresponsable la actuación de Hamas rompiendo unilateralmente la tregua y atacando con cohetes el territorio de Israel, pero hay que enmarcar
esta actuación, aunque la condenamos expresamente, en un incumplimiento sistemático por parte del Estado de Israel de las resoluciones de la ONU en una política de mantener la ocupación de los territorios con nuevos asentamientos de población
colona, en un bloqueo sobre el territorio de Gaza desde hace un año que ya había provocado una crisis humanitaria antes de que se desatase el conflicto, y quizá conviene recordar que más de 3.000 palestinos, antes de que se desatase el último
conflicto, han muerto en los distintos ataques del Estado de Israel desde el año 2000. Creemos que la actuación del Estado de Israel en este conflicto no puede ser calificada de otra manera que de crimen contra la humanidad. Nosotros consideramos,
y así entendemos que se debía expresar, que cualquier solución al conflicto tiene que partir del reconocimiento expreso del derecho del pueblo palestino a la libre autodeterminación y, por lo tanto, a constituir un estado propio.
Reclamamos una
actitud diplomática más dura, más exigente y, en consecuencia, una presión efectiva de la comunidad internacional para que Israel respete la legalidad internacional, y simplemente, señorías, quiero hacer una reflexión. La división existente en el
pueblo palestino y las formas de violencia que existen practicadas por algunas organizaciones palestinas no son la causa del conflicto, son consecuencia del conflicto, son consecuencia de la situación de hostigamiento permanente a la que está
sometido el pueblo palestino.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Tiene la palabra también por el mismo grupo parlamentario el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
La ordenación de los debates no nos permite hablar a todos los partidos políticos del Grupo Mixto y la señora Díez me ha cedido la palabra, aunque me pide que diga
que sus enmiendas se han quedado sin efecto porque estaban presentadas a un texto que ha sido enmendado en su totalidad por el Grupo Socialista y que hemos apoyado algunos grupos. En todo caso, uno de los grupos que lo ha apoyado es el
nuestro y con ello adelanto que mi voto será favorable.
Es verdad que leyendo con atención e intención el nuevo texto sigue sin ser el que nosotros hubiésemos deseado aprobar en su integridad, pero también es verdad que el mismo traslada su intención de llegar al consenso y ser lo más
omnicomprensivo y equilibrado posible, huyendo de algunas declaraciones parciales y evitando aprovechar el conflicto para abrir interesados debates maniqueos en clave estrictamente partidista. En todo caso, nuestras primeras palabras en este
debate, como siempre deben ser, son para unirnos al dolor y mostrar nuestra solidaridad con los familiares y los amigos de todas las víctimas inocentes de este conflicto.
En mi intervención en la pasada Comisión de Exteriores del día 29 insistí en algunos de los puntos que recoge fielmente el texto que se somete a votación: el papel de interlocutor que no debe perder el Gobierno español, el apoyo a los
esfuerzos del cuerpo diplomático español con el ministro a la cabeza, la admonición que haga la comunidad internacional para que se tome conciencia de todos los aspectos que se deben analizar a la hora de acometer una solución al problema:
investigación de las responsabilidades por violaciones de derechos humanos, el seguimiento y denuncia de los incumplimientos de los acuerdos de alto el fuego, la garantía de ayuda humanitaria, la prevención del tráfico ilícito de armas, el impulso
de una política preventiva, los esfuerzos a favor de la reconciliación palestina y la búsqueda de una solución estable, justa y duradera basada en los principios de aceptación mutua y cooperación en la diversidad, en la que se respete el derecho de
Israel a vivir en paz y el del pueblo palestino a tener un estado propio con fronteras seguras internacionalmente reconocidas.
Echo en falta tres referencias que podrían completar el texto, en primer lugar una que recoja una denuncia de la actitud de todos aquellos, sean o no partícipes directos del conflicto, que precisamente lo utilizan para aprovecharse de él,
bien sea obteniendo réditos políticos, legitimidad mediática, apoyos sociales, beneficios económicos o victorias electorales, en definitiva, que se añada un punto en el que se condene a quienes utilizan el odio y la guerra para hacer irrealizable el
objetivo hoy inalcanzable de una paz duradera y estable en la zona. En segundo lugar, Israel no solo tiene derecho a la existencia pacífica como recoge el texto de la moción; tiene derecho, reconocido por el Consejo de Seguridad en la última
Resolución, la 1860, a la legítima defensa frente a los ataques del exterior. Pero si esa manifestación del texto quiere decir lo segundo, nos parece bien. En tercer lugar, sin perjuicio de las posiciones de unos y de otros, incluso de las
nuestras propias, el conflicto se alimenta y retroalimenta básicamente de odio. Tal vez esta es una de las cuestiones que debería ser incluida. Hubiera sido bueno y conveniente recoger de alguna manera la denuncia y el compromiso del Gobierno
español y de la comunidad internacional -de todos- para ayudar a que las partes y allí donde anida el odio renuncien a él como la munición necesaria que perpetúa esta guerra hoy por hoy sin solución. En todo caso, votaremos a favor y apoyaremos
aquellas iniciativas que ayuden a conseguirlo, como esperamos que pueda servir esta proposición no de ley que ahora se somete a votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante una situación concreta en este larguísimo conflicto arabo-israelí que representa la falla entre dos mundos; una falla que ha
ido creciendo poco a poco desde la creación del Estado de Israel el 14 de mayo del año 1948. Ya que en estos últimos tiempos se ha hablado tanto de la acumulación de errores, también debemos recordar que en aquel momento fundacional, cuando era
posible, tampoco los Estados árabes tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo para la creación de un estado palestino. Como sea, ese ha sido un error que ha tenido consecuencias que han ido creciendo con el paso de los tiempos y que traen causa
de la proposición no de ley, transaccional y consensuada con distintos grupos políticos y hay que decir que con el pronunciamiento político de este Congreso de los Diputados, que se podría remitir perfectamente a la Resolución de Naciones Unidas
1860, de 9 de enero de 2009, que creo que la inmensa mayoría de las diputadas, diputados y grupos podemos compartir, pero que también quiere expresar un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión y sobre la valoración de los ataques a Gaza de
finales del año 2008 y principios del año 2009.
Discrepo con los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y que han calificado este texto transaccional que lleva la firma de Convergència i Unió como un ejercicio de equidistancia. En el conflicto arabo-israelí no se trata
de practicar la equidistancia. Se trata de llegar hasta el fondo del análisis en toda su complejidad de cada una de las partes, pero también se trata de no practicar el maniqueísmo que se ha practicado de forma notable durante los últimos tiempos.
Concretamente, valorando los ataques de estas últimas semanas, creo que en nombre de la democracia y del deseo de la construcción de un estado palestino, una vez más debemos diferenciar y decir alto y claro que una cosa es Hamas y otra el pueblo
palestino; que se puede respetar y desear -como deseamos y respetamos- la construcción
de un estado palestino, pero criticamos que Hamas, que es una organización terrorista según la Unión Europea -y España es miembro de la Unión Europea- y Estados Unidos, desencadenó el último conflicto con el deseo de no prorrogar el alto el
fuego que tenía pactado con Israel; conflicto que en este texto transaccional y en aras del consenso hemos calificado como una conducta irresponsable. Pero esta es una conducta irresponsable que se produce después de 8.000 misiles lanzados desde
Gaza, después de un golpe interno de Hamas en junio del año 2007 para el control de Gaza y que debilitó definitivamente la institucionalidad nacida de las elecciones del 25 de enero del año 2006.
También tenemos en esta proposición no de ley la declaración de unos propósitos de fondo a largo plazo; unos propósitos que se pueden resumir en el deseo de la coexistencia de unos estados soberanos, con fronteras seguras y viables desde el
punto de vista de la continuidad territorial.
Aportaciones modestas que se pueden hacer para que esto sea posible: primero, la necesidad de trabajar para la reconciliación interpalestina.
Esta reconciliación interpalestina básicamente debe
descansar sobre la buena aportación que hizo en su momento la Liga Árabe a través de los acuerdos de la Meca aprobados el 8 de febrero del año 2007.
En segundo lugar, debemos estar muy atentos a la formación del nuevo Gobierno de Israel, trasladando por las vías diplomáticas el deseo y la apuesta por la creación de los dos Estados, sabiendo que en el programa político de Hamas está la
destrucción del Estado de Israel, pero sabiendo también que en el programa político de algunos partidos israelíes está la negación de la creación del Estado de Palestina.
Finalmente, señor presidente, creo que es relevante recordar la necesidad de un protagonismo creciente de la Unión Europea como actor relevante en el proceso de pacificación del conflicto arabo-israelí. Recientemente, el Parlamento Europeo
ha tomado iniciativas relevantes en ese sentido y ahora es el momento de que los ejecutivos de la Unión Europea y esta en su conjunto también tomen iniciativas para reconocer errores del pasado, como seguramente fue impulsar en aquel momento las
elecciones de enero de 2006, y para hacer aportaciones relevantes de futuro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Tiene ahora la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario ha suscrito esta enmienda conjunta, compartida por varios grupos de la Cámara, el Socialista, el Catalán de Convergència i Unió, el que yo represento en este momento aquí en la tribuna y algunas formaciones de las que
integran el Grupo Mixto, porque recoge con bastante fidelidad -más allá de algunos aspectos concretos de su específica formulación, que denotan claramente el origen del documento que trae causa de una reflexión elaborada en el seno del Grupo
Socialista- las posiciones que los portavoces de los grupos parlamentarios que estampamos nuestra firma al pie de la misma expresamos en la Comisión de Asuntos Exteriores en la sesión que celebró el 29 de enero pasado con ocasión de la comparecencia
del señor ministro.
Muy sintéticamente estas posiciones que en la enmienda están recogidas en siete puntos pueden resumirse en dos apuestas: una apuesta por la exclusión radical de la violencia en la resolución del conflicto arabe-israelí y una exclusión de la
violencia, además, en todas sus manifestaciones, en todas sus dimensiones y de ambos lados, de uno y otro lado. Esta apuesta se refleja en varios puntos de la enmienda, singularmente en el primero, que deplora expresamente tanto el lanzamiento de
cohetes por parte de Hamas como la respuesta israelí totalmente desproporcionada. Esta apuesta se recoge también en el punto tercero, que reafirma la importancia de conseguir y afianzar el alto el fuego en este momento y adoptar las medidas
diplomáticas que sean necesarias para asegurar que esta situación sea definitivamente irreversible, y también en el punto quinto, donde se hace una declaración enfática en su primera proclamación, afirmándose que no existe una solución militar al
conflicto. Pero, junto a esta apuesta por la no violencia en la resolución de este conflicto, existe una segunda que aparece recogida en la enmienda y que constituye el segundo pilar sobre el que esta se sustenta, y es la apuesta por la
multilateralidad y la comunidad internacional como marcos imprescindibles para hallar una solución a este ya endiablado e históricamente dilatado conflicto.
Esta apuesta aparece recogida en varios puntos de la enmienda. Está expresada claramente en el punto segundo, donde se cita la autoridad del secretario general de las Naciones Unidas en las actuaciones que ha llevado a cabo, y en las que
piensa emprender en el futuro próximo. Está también recogida en el punto tercero, que invoca el amparo de la Resolución 1860 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y está también incluida en el punto sexto, donde se recaba la necesidad de
propiciar y hacer efectiva la reconciliación intrapalestina. Por supuesto el punto séptimo es también expresión de esta apuesta, cuando se reitera el apoyo a una solución global, justa y duradera, basada en las resoluciones de Naciones Unidas que
hace ya mucho tiempo que hacen votos a favor de una fórmula final en la que dos Estados independientes puedan coexistir en la región, con fronteras definitivas y mutuamente reconocidas.
La enmienda está formulada desde la humildad. No hay en ella un atisbo de presunción, de prepotencia o de autoestima más allá de la que cabe defender y sostener en este momento. Está formulada desde la convicción de que no somos en
absoluto un actor decisivo y determinante en la resolución de este conflicto. Está redactada desde la asunción de que existen factores que nos trascienden,
y que van a tener una capacidad más decisiva para influir en la resolución del conflicto que la influencia que nosotros podamos ejercer a través de esta resolución. Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han citado los
resultados de las elecciones israelíes, pero habría que añadir los conflictos internos entre los palestinos, que están muy lejos de poder ser abordados de modo eficaz por parte de esta Cámara, y habría que citar obviamente las consecuencias que
resultarán de las recientemente celebradas elecciones americanas. Pero, aun estando formulada desde la humildad, también lo está desde la buena voluntad y desde la persuasión absoluta de que nada es posible al margen de los presupuestos sobre los
que descansa la enmienda, que son, insisto, dos: la solución única solo podrá venir a través de mecanismos pacíficos, nunca por la vía militar y, dos, nunca podrá alcanzarse la solución al margen del marco diseñado por las Naciones Unidas y por las
resoluciones de su Consejo de Seguridad, que apuestan por una coexistencia pacífica de dos Estados en la región, el palestino y el israelí, con fronteras mutuamente reconocidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don Francesc Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, han pasado casi sesenta y un años desde la creación del Estado de Israel y casi sesenta y un años de un conflicto que sigue sin encontrar una solución definitiva. Desde el Plan de partición de Naciones Unidas en 1948 hasta la
reunión previa de la cumbre de la Unión para el Mediterráneo el verano pasado en París se han ido evidenciando serios fracasos de la diplomacia internacional, que ha presenciado, impotente a veces, e incompetente en otras, cómo se desvanecían
grandes oportunidades de poner fin a lo que sin duda es hoy uno de los puntos más calientes de conflictividad internacional.
El texto original de la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista es un ejemplo de esta historia de fracasos.
Fechada la iniciativa en julio de 2008, nos habla en su exposición de motivos de poder estar cerca
de la ansiada paz, basándose en los acontecimientos que ciertamente se produjeron: tregua aceptada por las dos partes, conversaciones indirectas entre sirios e israelíes, intercambio de prisioneros, etcétera. Lamentablemente, cinco meses después
todo volvía a quedar en agua de borrajas con el anuncio de la ruptura, unilateralmente, de la tregua por parte de Hamas, el continuo envío de cohetes hacia el sur de Israel, y la conocida respuesta del ejército israelí. A partir de ahí poca lógica
tenía la iniciativa presentada, y por tanto sí la tiene el hecho de que el grupo proponente se haya autoenmendado de totalidad y ahora estemos discutiendo otra cosa.
Un texto en el que seguramente podríamos encontrar matices y diferencias.
Pero,
tal y como dijimos en la comparecencia del ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores la semana pasada, ante estas cuestiones de gran sensibilidad y de repercusión para la seguridad mundial no debemos cerrar nuestra amplitud de miras. Todo lo
contrario, debemos construir consensos parlamentarios, y con ellos tener más fortaleza para aportar como país mayor contribución a la solución del problema. Mucho más teniendo en cuenta que España asumió ya gran protagonismo en el pasado con la
Conferencia de Paz de Madrid, en 1991, o con el llamado proceso de Barcelona del año 1995.
Qué duda cabe que lo primero que se tiene necesidad de transmitir tras una intervención militar es el dolor, el sentimiento, el pesar y la solidaridad con todos los afectados por el drama que va asociado a una guerra. Han sido más de 1.400
las víctimas; un porcentaje importante de ellas civiles, que no merecían en ningún caso pagar el más alto precio, la muerte, por las consecuencias de un eterno desencuentro, los efectos de una potente maquinaria bélica, y la irresponsabilidad de
quien en su irracional lógica terrorista avala la utilización de inocentes como escudos humanos. Señorías, la guerra de Gaza no ha sido un conflicto entre israelíes y palestinos. Lo ha sido ciertamente entre el Estado de Israel y un grupo
terrorista, reconocido como tal por la Unión Europea y por los Estados Unidos, Hamas, que controla la franja de Gaza tras un golpe de estado que, según el propio Abu Masen, ha sido la espoleta que ha encendido el conflicto; conflicto que además ha
aprovechado para ajustar cuentas entre conciudadanos suyos, y que además en los últimos días estamos viendo cómo se toma la libertad de incautar y de administrar a su libre albedrío la ayuda humanitaria. A ellos les corresponde también la
responsabilidad de dar pasos para construir cimientos sobre los que poder levantar acuerdos sólidos, en base a la lógica y el sentido común que entiende casi todo el mundo menos ellos, centrado en la gastada pero necesaria expresión de la
coexistencia de dos Estados con fronteras seguras y reconocidos internacionalmente.
Señorías, ambas sociedades deben poder vivir en paz y con garantías de futuro. Tienen derecho a realizarse como pueblo, sin injerencias externas ni internas. Tienen que poder acceder a los servicios elementales.
Tienen, en definitiva, que
poder desarrollar su cotidianidad con toda normalidad. Israel debe poder vivir sin la psicosis de las sirenas, y los palestinos deben afrontar su desarrollo sin limitaciones ni temor a la maquinaria de guerra israelí. De no ser así, los únicos
beneficiarios van a seguir siendo los que se nutren de la violencia, los terroristas. Vimos el renacer de Hamas en Líbano en el verano de 2006, y hemos visto ahora cómo Hamas también ganaba influencia en el mundo islámico, complicando mucho las
cosas a países que deben ejercer también un papel de moderación, como Jordania, Egipto o Turquía. Creemos que es importante que salga un pronunciamiento
lo más unánime posible. Y debe serlo, primero, en relación a lo más urgente en estos momentos: la reconstrucción y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y la consecución de una tregua permanente. Y en segundo lugar, de apoyo a las
resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a las últimas iniciativas de paz, como la de Sharm el-Sheij -a la que ya nos hemos referido- entre los dos pueblos, y también la de La Meca en el ámbito interno palestino. Entendemos que
este es el espíritu de la iniciativa y de la autoenmienda propuesta, circunstancia que para nosotros es prioritaria. Por ello, matices al margen, que los hay, adjetivos o preposiciones en el texto, que sobran o faltan, que también los hay, y de
algunos gestos poco equilibrados, que desgraciadamente hemos visto en el transcurso de la crisis, vamos a darle nuestro voto favorable.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ricomá.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES CON RESPONSABILIDADES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN DEL PLAN DE VIALIDAD INVERNAL DE LA RED DE CARRETERAS
DEL ESTADO Y EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID). (NÚMERO DE EXPEDIENTE 162/000289.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no del ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la coordinación de los departamentos ministeriales con responsabilidades ante las situaciones de emergencias, así como la revisión del Plan de Vialidad
Invernal de la Red de carreteras del Estado y el Plan de Emergencias del aeropuerto de Madrid-Barajas. Para su defensa tiene la palabra don Andrés Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias.
El Partido Popular ya anunció el día 10 de enero de este año la presentación de la PNL que debatimos. Lo anunció exactamente al día siguiente a que se produjeran tanto los colapsos en las carreteras de Madrid como el cierre del aeropuerto
de Barajas. Posteriormente se han producido otros dos incidentes con colapsos en las carreteras españolas, y por tanto entendemos, señorías, que esta PNL tiene más justificación y más entidad para ser debatida en este Pleno, y para ser aprobada
-evidentemente, es el deseo de este grupo parlamentario- a ser posible por todos los grupos.
Es cierto que el Partido Popular hizo el anuncio el mismo día 10, al día siguiente, y que posteriormente el Consejo de Ministros, en su sesión del día 16, adoptó algunas de las medidas que están contenidas en esta proposición no de ley.
También hay que decir, porque es así, que en ese acuerdo del Consejo de Ministros se estaba desautorizando expresamente la política del Ministerio de Fomento y de alguno que otro. En cierta forma el Consejo de Ministros reaccionó ante la ausencia
de la ministra de Fomento -o quizás precisamente por su ausencia- con una serie de medidas, que en cualquier caso deberían haber sido adoptadas antes por el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento, dicho sea con todo cariño, tiene la
facilidad de presumir sobre el papel, porque poco antes de esos colapsos conocimos la propaganda sobre el aumento de las inversiones en el Plan de Vialidad Invernal, nada más y nada menos que 56 millones de euros, y por supuesto siempre comparando
no con la legislatura pasada, que también fue del Gobierno socialista, sino con la anterior, para llegar siempre al Partido Popular. La verdad es que nos tenemos que preguntar para qué presumen de invertir 56,2 millones de euros en el Plan de
Vialidad Invernal, si luego fallan como una escopeta de feria. Lo de la escopeta parece que en estos momentos es una cita casi obligada. Probablemente permita a la ministra de Fomento el mismo trabajo que a un ministro de Justicia que puede
dedicarle todo un fin de semana a hacer doblete con la escopeta, con dos monterías en el fin de semana.
(Aplausos.) Por tanto, la ministra de Fomento se dedica a presumir en el papel, pero los fines de semana debe estar haciendo otra cosa, porque
desde luego no se dedica a evitar los colapsos de las carreteras españolas.
Señores diputados, es obvio que no solo es necesario aprobar esta PNL, sino ponerla en práctica, porque han fallado los protocolos del Plan de Vialidad Invernal, han fallado los planes de emergencia de los aeropuertos, y evidentemente hace
falta, en el campo de las competencias del Estado, tener una dirección única que coordine y simplifique -fundamentalmente que simplifique- todo lo relativo a la vigilancia y funcionamiento de las infraestructuras y de los medios de transporte en lo
relativo a los ministerios de Fomento, Defensa, Medio Ambiente e Interior.
A esta PNL se han presentado dos grupos de enmiendas. Las primeras, suscritas por el Grupo de Convergència i Unió, van en la misma línea que la proposición del Grupo Parlamentario Popular. Adelanto ya, señor presidente, cuál va a ser la
postura de nuestro grupo en cuanto al tratamiento de esas enmiendas. La primera, que se refiere al punto número 1, tenemos dudas en admitirla, porque entendemos que lo que faltan de verdad son los protocolos eficaces precisamente en el Plan de
Vialidad Invernal y no en otra cuestión. No es que queramos hacer referencia a los hechos del 9 de enero, que hoy ya han sido superados por colapsos posteriores, sino en general al funcionamiento en momentos de emergencia.
Por tanto, creemos que
es más adecuado el texto del párrafo que sostiene la proposición no de ley. En cuanto a la enmienda de sustitución del punto número 2, queremos ofrecerle al Grupo de Convergència
i Unió una transaccional en el sentido de que, si bien admitimos su enmienda porque la voluntad evidentemente es que las situaciones estén previstas en todos los aeropuertos, sería conveniente añadir, después de AENA y posteriormente a los
principales aeropuertos de la red, que se revise el resto de aeropuertos, porque parece oportuno que todos ellos sean revisados. Esa es la transaccional que ofrecemos. En cuanto a la enmienda de adición al punto número 3, evidentemente creemos que
está en el espíritu de nuestra proposición no de ley que se refiera a la dirección única en los departamentos de la Administración General del Estado, y por lo tanto no tenemos ningún inconveniente, antes al contrario, en admitirlo.
La otra enmienda que se ha presentado, que es de sustitución, es del Grupo Parlamentario Socialista. La hemos leído con sumo detenimiento, con suma atención, y tenemos que decir, también con todo cariño, que cuando el Partido Socialista ve
inevitable la posible pérdida de una votación, se pone al frente de la manifestación y trata de ir todavía mucho más allá.
Pero además de reconocer la ineficacia del propio ministerio y de la necesidad de adoptar medidas -como ya hizo el Consejo de
Ministros después que se lo dijera el Partido Popular- vemos que se trata de mezclar en una cortina de humo algunas cuestiones. Señores del Partido Socialista, no se trata de que estuviéramos ante una situación de causas meteorológicas extremas.
No, estábamos ante causas meteorológicas normales y previsibles. Por tanto, su apartado 1 no podemos admitirlo, porque estamos hablando de lo que debe ser normal, ante causas normales y no extremas, como le he dicho.
En cuanto al aumento de los medios técnicos, es decir, el mayor gasto en medios técnicos, es una pura contradicción con lo que ustedes están diciendo. Si han multiplicado tantos medios materiales e incluso humanos, lo que queremos es que
funcionen bien, lo que pretendemos es que se empleen y se coordinen de una manera adecuada. Por lo tanto, entendemos que es un canto al sol y creemos que quieren justificar a lo mejor alguna compra o algún gasto superfluo más, con el que desde
luego no estamos de acuerdo.
En cuanto a que se presente un nuevo proyecto de ley de protección civil, no tenemos ningún inconveniente en que se presente.
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, debe acabar.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Estoy terminando, señor presidente. Estoy posicionándome ya con respecto a las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero el reloj está posicionado también y debe acabar, señor Ayala. (Risas.)
El señor AYALA SÁNCHEZ: Acabo, señor presidente.
No tendríamos inconveniente en añadir ese punto a nuestra proposición no de ley en una transaccional, si así lo desean.
Por último -y con esto sí que termino, señor presidente-, que ustedes hagan referencia expresa al aumento de las inspecciones de la Agencia de Seguridad Estatal no deja de ser un sarcasmo, cuando precisamente el 6 de febrero se ha aprobado
el reglamento de seguridad aérea, y, ¡oh, curiosidad!, después de que el Partido Popular lleva cuatro años insistiéndole en que las inspecciones no se están atendiendo y que no hay cuerpos de inspectores, precisamente el 6 de febrero se señala que
necesitan inspectores.
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, ya está posicionado y le ruego que acabe.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Una frase, señor presidente.
Aplíquense el cuento y, en lugar de presentar aquí una enmienda, hagan sus deberes convocando los cuerpos de inspectores de seguridad aérea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Pere Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
La opinión de Convergència i Unió en relación con este tema, como en relación con todas las situaciones de emergencia, ha sido reiteradamente expresada, lo fue en la anterior legislatura por parte de mi compañero Jordi Jané, y lo ha sido
también con ocasión de algunas de estas situaciones de emergencia por mi propia persona. Esta opinión se basa en que todas estas situaciones no pueden convertirse en una especie -ya que hablamos de escopetas- de disparadero. El Gobierno tiene que
gobernar, tiene que prever las cosas, tiene que intentar hacerlo con el máximo de eficacia, pero los grupos que en un momento determinado estamos en la oposición no podemos utilizar estas situaciones para acusar al Gobierno de que lo hace todo mal,
ni para dar aquella sensación -que para mi es tan perversa- de que todo se puede prever, todo se puede resolver al momento, y de que nuestra sociedad es capaz de vencerlo todo. Esto es imposible, y por tanto a nosotros nos gusta relatar los hechos
de esta manera. Es cierto que este relato que intentamos hacer en Comisión y que funcionó el día que vino la señora presidenta de AENA, cuando uno se topa con el ímpetu de la señora ministra de Fomento es difícil de relatar porque al final te acaba
disparando. No sé si la señora ministra de Fomento también va de cacería o no, pero en cualquier caso si ella va, nosotros no pensamos ir el mismo día, no vaya a ser que haya algún accidente.
A nosotros lo que nos parece es que esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular es positiva, pero debemos ser capaces -si me permite el señor Ayala- de limpiarla de todos estos aspectos excesivamente condenatorios, y a
nosotros nos parece que lo que debemos decir es: la situación se ha producido, vayamos a aprender. En este caso no podemos acusar de que no haya unos protocolos -incluso fueron revisados dos meses antes-, también es evidente que estos protocolos
no funcionaron bien, y por tanto lo que hay que hacer es revisarlos, modificarlos y lograr que en las próximas ocasiones sean más eficaces.
Pero también hemos de mandar un mensaje a los ciudadanos de que, a pesar de que tengamos los mejores
protocolos del mundo y se apliquen lo más perfectamente posible, seguramente nos pasará lo que pasa en muchas de esas situaciones, que hay molestias, que hay interrupción de los servicios, etcétera. En este sentido hemos presentado las enmiendas,
todas ellas con este carácter positivo que queremos dar a nuestra participación en esta materia, y yo pediría que fueran admitidas las tres. De hecho, en la segunda se me ha ofrecido una transacción, y me parece que se puede transaccionar, no tanto
en el sentido estricto que proponía el señor Ayala como que a nosotros nos gustaría que más o menos se dijera que, con carácter inmediato se revisen los planes de emergencia del aeropuerto de Barajas y de los demás aeropuertos, para asegurar al
máximo su funcionamiento y minimizar los efectos de inclemencias meteorológicas, porque lo que pretenden y deben pretender estos planes es justamente esto, asegurar al máximo -es imposible que engañe a los ciudadanos diciendo que es al cien por
cien-, insisto, asegurar al máximo y minimizar los efectos, aunque algunos efectos lógicamente tendrán. Este es el espíritu, señor Ayala, de nuestras enmiendas.
Quiero terminar suplicando a todos los grupos que dejen las escopetas un rato -lo que da de sí una cacería-, insisto, dejen las escopetas un rato, y por favor dedíquense a consensuar, porque este es un tema importante en el cual se juegan el
prestigio la clase política y las instituciones, y nuestro partido, que ha estado en muchos Gobiernos, ha estado en la oposición y tiene voluntad de Gobierno, está muy interesado en que no erosionemos el buen funcionamiento de las administraciones y
la percepción que de ellas tienen los ciudadanos. Para eso ejemplos como estos son muy positivos, y sería muy bueno que hoy pudiéramos lograr un acuerdo entre todos los grupos, intento en el cual vamos a trabajar hasta el último momento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don José Manuel Bar Cendón
El señor BAR CENDÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ayala, disculpe que no haya podido escucharle en directo por venir precisamente de una emergencia.
Para fijar la posición del Grupo Socialista me gustaría comenzar mi intervención, ya que estamos hablando de emergencias, con un sentido homenaje a todas aquellas personas que han elegido como misión la de ayudar, la de socorrer a la
población para preservar su integridad, sus vidas o su libertad en casos de riesgo o emergencia, homenaje a quienes lo han hecho con todo sacrificio y eficacia en aquellos días de enero, pero sobre todo quisiera recordar a dos personas que perdieron
así su vida en fechas recientes. Ellos son el sargento de la Guardia Civil de Tráfico, en Galicia, Lorenzo Martín, y el conductor de una quitanieves en Asturias, Pedro Luis Fernández, fallecidos ambos en actos de servicio a la ciudadanía. A ellos
nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo, no solo en nombre de nuestro grupo, sino que creo que en nombre -y si me lo permite el presidente- de toda la Cámara. (Aplausos.)
Señorías, lo que motiva la proposición no de ley del Grupo Popular no son aquellos días de finales de enero y febrero en los que, conforme a los planes de contingencias invernales ahora existentes, una vez más se volcaron ingentes recursos
humanos y materiales para preservar la viabilidad de nuestras carreteras, y la operatividad de nuestras infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) El Grupo Popular presenta
su proposición no de ley el día 12 de enero, al calor de los problemas surgidos tres días antes en la Red de carreteras de Madrid y en el aeropuerto de Barajas, y que ocasionaron un gran trastorno a miles de ciudadanos. No parece que tuvieran mucho
tiempo para meditarla, analizar los hecho, leer los informes de los organismos oficiales o atender a las explicaciones de los responsables, porque dichas explicaciones rigurosas se les dieron, y abundantemente, en los días posteriores. Tal vez por
eso nuestro relato de hechos difiera tanto de lo que nos presenta el Grupo Popular en la exposición de motivos.
Es cierto que el día 9 miles de ciudadanos se vieron inmersos en un caos circulatorio en las carreteras de acceso a Madrid. Por cierto, las de competencia estatal y también la autonómicas y locales, que tardaron más en normalizarse. Es
cierto que por razones de seguridad hubo que cerrar unas horas -menos de cuatro- el aeropuerto de Barajas, al igual que en esos días los de Londres, París, Milán o Düsseldorf, ciudades mucho más habituadas a la nieve que nosotros, y esto también
afectó a miles de ciudadanos. Lo ha reconocido públicamente el Gobierno y también se disculpó por ello. Nadie intentó minimizarlo, como se hacía en otros tiempos, pero si analizamos objetivamente los hechos, sus causas y su desarrollo, también
veremos que las circunstancias meteorológicas fueron realmente extremas, que modificaron su intensidad brusca e imprevisiblemente en la peor media hora posible para un viernes en Madrid, y que si hubo una demora en la vuelta a la normalidad esta se
produjo a pesar de las medidas que efectivamente se
pusieron en marcha con antelación y durante todo el proceso, así como a pesar de que se dio cumplimiento a todos los protocolos establecidos.
También es cierto, en el caso de Barajas, que su cierre se produce tras una acertada decisión
técnica por razones de estricta seguridad, y dado que la visibilidad hacía incompatible la maniobrabilidad de aeronaves y de quitanieves.
Curiosamente hay algo en lo que no parece que estemos en desacuerdo, y es en la suficiencia o insuficiencia de los medios. No aparece en la proposición no de ley y ello se debe, señorías, a que los medios crecieron en la pasada legislatura
hasta más del doble de lo que había en el año 2004. De 594 se pasó a 1.068 quitanieves; de 57.000 a 180.000 las toneladas de fundentes; de 0 a 8 las áreas de estacionamiento de vehículos pesados, y se prevén ya 25 más. Tampoco el fallo es
atribuible a la falta de protocolos y planes de prevención, porque los hay donde antes no los había, como el Plan de Vialidad Invernal que se estableció en 2005 y se activa cada año, o el plan de invierno de los aeropuertos, también en marcha desde
finales de 2004. Son planes vivos, que se revisan periódicamente y que por supuesto el Gobierno está dispuesto a revisar cada vez que haga falta a la luz de la experiencia. Así pues, señorías, no ha habido falta de diligencia ni de esfuerzo; no
ha habido falta de medios ni de protocolos planificados, pero tampoco ha habido autocomplacencia. El Gobierno ha dado la cara y ha pedido reiteradamente disculpas a los ciudadanos, ha analizado y evaluado autocríticamente lo que pasó y ha puesto...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Bar, tiene que ir acabado, por favor.
El señor BAR CENDÓN: Sí, señora presidenta.
Y ha puesto en marcha las medidas de mejora necesarias para prevenir lo máximo posible situaciones parecidas. Tal vez no estemos completamente de acuerdo con todo ello, pero como mi grupo siempre ha entendido que las emergencias, como todo
lo que afecta a la seguridad ciudadana, debería ser materia de consenso, queremos trabajar en sintonía con su grupo y con el resto de los grupos, con las administraciones que ustedes gobiernan y con las que gobernamos nosotros.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por favor, señor Bar, se lo pido, tiene que ir acabando.
El señor BAR CENDÓN: Acabo ya, señora presidenta.
Nuestra enmienda va mucho más allá de la que presenta el Grupo Popular, desde la modificación de los protocolos de actuación y el incremento de recursos técnicos y materiales hasta las reformas infraestructurales y desde el refuerzo de los
derechos de los usuarios del transporte aéreo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por favor, señor Bar, se ha acabado su tiempo.
El señor BAR CENDÓN: Señorías, ustedes han leído nuestra enmienda y esperamos que la acepten -nos parece bien la de Convergència i Unió- y que hagamos algo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Bar, se ha acabado su tiempo.
El señor BAR CENDÓN: Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición de Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto, en relación con la iniciativa planteada. La semana pasada comparecía la ministra de Fomento en la Comisión y le decíamos
que en su primera intervención se había limitado a relatar los hechos, pero que no había hecho autocrítica. Añadíamos que pedir disculpas no es autocrítica, sino que es algo indudable en función del mal funcionamiento de los servicios y que lo
mínimo que se podía hacer era pedir disculpas a los ciudadanos. Autocrítica es reflexionar sobre los errores que se han cometido y sobre todo propósito de enmienda, cambiar los protocolos, la batería de actuaciones y modificar la activación de esos
protocolos, que puede ser fundamental en un momento de crisis.
Hoy el Grupo Popular presenta una serie de iniciativas, una batería de propuestas tras oír el planteamiento que la ministra hacía en la Comisión sobre la necesidad de aportar estrategias a ese nuevo plan para hacerlo más eficaz en
situaciones de emergencia. Creo que es una buena aportación, aunque, indudablemente, se puede mejorar. Hay enmiendas de Convergència i Unió que introducen algunas mejoras en el documento, como reconocía el proponente, y hay otras enmiendas que se
limitan, como casi siempre, a valorar o ensalzar la labor del Gobierno, continuando lo que está haciendo. En todo caso, vamos a apoyar esta iniciativa porque nos parece necesaria y coincide con lo que la ministra manifestó en su comparecencia en la
Comisión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
Siguiendo con el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana - Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular propone a esta Cámara una serie de iniciativas para mejorar los planes invernales, los protocolos frente a las emergencias. Pensamos que en esta materia lo que abunda no daña y que es una iniciativa que, ya
sea con el acuerdo de otros grupos parlamentarios o a iniciativa únicamente del Grupo Parlamentario Popular, merece la pena ser respaldada. Ahora bien, quizá el problema no esté ahí.
El otro día en la comparecencia de la ministra de Fomento hice
una reflexión que voy a repetir en este caso. Da la impresión de que ante determinadas materias, desorden social y también en este caso en lo relativo a las emergencias, la solución es la legislación placebo, una legislación y unos protocolos que
no sabemos si alteran o mejoran la respuesta del Estado ante las nevadas, los incendios u otros problemas, pero en todo caso tranquilizan mucho, hasta la próxima nevada o el próximo incendio. En nuestra opinión, deberíamos huir de la legislación
placebo en esta materia al igual que deberíamos huir de la legislación placebo en materia penal, que hace lo mismo: tranquiliza mucho, pero no mejora la acción del Estado en lo que se refiere a los problemas que se producen de manera periódica.
Lo que se ha demostrado en esta legislatura, sobre todo en los meses invernales, pero también durante la pasada legislatura, en casos de emergencia invernal así como de emergencias de otro tipo, es que las emergencias en nuestro país
terminan en colapso o en caos. Es matemático: emergencia igual a caos y a colapso, y eso demuestra que el Estado, las distintas administraciones, funcionan como un colador ante estas situaciones de emergencia, demuestra la impotencia del Estado.
Es aquello de: yo no he venido a luchar contra los elementos. Pues prácticamente es lo mismo en la acción reiterada del Estado frente a los elementos.
En los últimos tiempos hemos tenido varias nevadas que han afectado en algunos casos a la Comunidad de Madrid pero en otros casos a otras zonas del Estado, y esas nevadas matemáticamente de nuevo se han transformado en colapso circulatorio y
caos. Con estas medidas que se nos proponen esperamos que se aborden algunas insuficiencias, ahora bien, somos escépticos respecto a que esas medidas de por sí vayan a mejorar la reacción del Estado y de las distintas administraciones ante las
emergencias. Quiero recordarles, señorías, que la gran solución a las emergencias de la legislatura pasada fue la Unidad Militar de Emergencias; fue tan emergente dicha Unidad Militar de Emergencias que hoy no tenemos cobertura legal para la
misma, porque se ha modificado de forma muy importante el decreto que la creó. Deberíamos huir como de la peste de tomar el mismo tipo de iniciativas en este caso. Ante una situación en que se sobrepasa la acción del Estado, el Estado reacciona
diciendo: vamos a hacer una nueva legislación, vamos a un nuevo protocolo, vamos a los protocolos invernales o vamos a incrementar los recursos frente a las emergencias. Probablemente no se trata de un tema de legislación ni de recursos y se huye
conscientemente, en nuestra opinión, de la gestión. Nosotros creemos que es un problema fundamentalmente de mala gestión o de gestión insuficiente ante situaciones de emergencia, alertas y de coordinación entre los ministerios de la Administración
Central del Estado y entre ésta y otras administraciones. Ahí reside en nuestra opinión el problema, eso es lo que deberíamos mejorar. Probablemente nos sintamos más tranquilos con una nueva legislación o con más recursos, pero ante una nueva
situación de emergencia la solución no estará a las puertas, sino que nos encontraremos con el colapso.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi intervención podría ser breve para decir que estoy prácticamente en su totalidad de acuerdo con quien me ha precedido en el uso de la palabra, el señor Llamazares; el suyo es también básicamente nuestro diagnóstico.
El pasado 27 de enero tuvimos ya ocasión en la Comisión de Fomento de repasar con detalle lo ocurrido por lo que a las responsabilidades del Gobierno central, en concreto al Ministerio de Fomento se refiere, los hechos acontecidos
principalmente en Madrid, de forma muy especial en el aeropuerto de Barajas con ocasión del temporal de nieve habido el pasado 9 de enero. En esa ocasión expusieron todos los grupos parlamentarios, y nosotros también, la visión y el análisis que
tenía cada cual de lo acontecido. Nuestro punto de vista era y es el siguiente. Que los hechos ocurridos ese día eran graves, afectaron a más de 45.000 personas y les afectaron gravemente; que solo parcialmente, en el mejor de los casos, podían
ser calificados de hechos extraordinarios o que al menos este grupo tenía serias dudas de si la responsabilidad de lo ocurrido podía atribuirse exclusivamente a la excepcionalidad de lo acontecido ese día.
Es cierto -dijimos entonces y repito
ahora- que el agua se ha desparramado de la forma abrupta en que lo ha hecho y no es menos cierto que ello ha dado lugar a hechos y circunstancias graves como los vividos esos días en el aeropuerto de Barajas. Nuestra duda es hasta qué punto el
vaso estaba ya lleno de antemano, de forma que la tormenta de nieve fue la última gota -importante, pero la última- que hizo que el agua se derramara de la forma en que se derramó. Añadí: Entiendo que en el fondo, con reconocimiento expreso o no,
esta misma es la interpretación que ha debido hacer la vicepresidenta del Gobierno al presentar un informe de lo acontecido y anunciar una amplísima -por cierto, con la misma urgencia o quizá mayor con la que el Grupo Parlamentario
Popular presentaba su proposición no de ley- gama de medidas que el Gobierno, como decía el señor Llamazares, va a aplicar, en el vamos a hacer cosas en el futuro para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en el presente.
Recuerdo todo esto para situar en el contexto adecuado y preciso el posicionamiento de mi grupo en relación con la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular nos ha presentado hoy para su debate y votación. Mi grupo va a
votarla afirmativamente por dos razones que se complementan entre ellas. Por un lado, porque en el marco del análisis que acabo de resumir, lo primero, lo más urgente y también lo más importante que hay que hacer es tomar medidas -lo segundo es
discutir qué medidas- y que sean prácticas, como en su día propuso la vicepresidenta del Gobierno y como hoy nos propone el Grupo Parlamentario Popular. En segundo lugar, porque, matiz arriba matiz abajo, las medidas que hoy propone el Grupo
Parlamentario Popular forman parte de ese paquete amplio de medidas que propuso también la vicepresidenta del Gobierno. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No se me escapa que coincidir en las medidas no conlleva necesariamente coincidir en
el diagnóstico, no al menos en todos sus detalle, y mucho menos coincidir en la valoración política que cada cual puede hacer de lo ocurrido ese día. En la sesión de la Comisión de Fomento ya manifesté con claridad que esa coincidencia perfecta no
existía entre los diversos grupos políticos y, por supuesto, votar en la misma línea no significa tampoco coincidir ni en la parte de la exposición de motivos de la misma ni en las explicaciones que desde esta tribuna se dan como justificación de la
parte dispositiva de la proposición no de ley.
Nosotros estamos de acuerdo en la parte dispositiva de la proposición no de ley y pediríamos a todo el mundo que no hilara muy fino, entre otras cosas, porque si la legislación placebo sirve para poco, una proposición no de ley placebo sirve
para lo que todos sabemos que sirve. De forma que pediríamos a los grupos que no se pusieran a hilar tan fino, porque desde el punto de vista práctico no hay razón de hilar así y, desde el punto de vista político, tampoco es de gran utilidad
hacerlo, pero ahí ya las valoraciones de cada grupo pueden ser las que son. A la parte dispositiva vamos a votar que sí en sus propios términos, si se mantiene; si se aceptan las enmiendas que cualquiera de los grupos han presentado, igualmente
votaremos que sí.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Ramón Beloki.
Le pregunto a don Andrés Ayala si el posicionamiento acerca de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha sido bien interpretado por la Presidencia.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, hay tres enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Hemos dicho que ofrecíamos una transacción a la segunda, que parece que aceptan, y que admitíamos íntegramente la adición a
la tercera. Respecto a la primera, los grupos estamos intentando, incluso también con parte de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, llegar a un texto que ofreceríamos a la Presidencia en su momento.
El señor PRESIDENTE: Ya sabe, señor Ayala, que media hora antes de la votación debe estar perfectamente determinado el contenido que aceptan S.S. y su grupo para proceder a las votaciones.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Sí, señor presidente.
Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO, CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LO QUE RESPECTA A SU CUMPLIMIENTO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
(Número de expediente 173/000044.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, sobre la posición del Gobierno en relación con la aplicación y cumplimiento del Protocolo de Kioto, con especial atención en lo que respecta a su cumplimiento
en la Comunidad Foral de Navarra. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Son tan pocas las ocasiones que un portavoz del Grupo Mixto se encuentra con siete minutos, que no estoy dispuesta a perder ni un segundo.
Debatimos esta mañana una moción consecuencia de interpelación urgente que presentaba Nafarroa Bai el pasado mes de diciembre, una moción que insta al Gobierno a paralizar respectivamente la concesión de derecho de emisiones de CO2, y a la
correspondiente declaración de impacto ambiental, por otra parte, a dos centrales térmicas de ciclo combinado en la localidad navarra de Castejón -son las dos de cuatro y estaríamos doblando, por lo tanto, la producción- en tanto no se resuelva el
trámite judicial en curso.
Quede claro que lo que proponemos esta mañana no es un debate sobre las centrales térmicas de ciclo combinado, sino una aplicación de sentido común sobre un caso local y de otros argumentos también, los medioambientales. Cuatro térmicas -en
este caso estamos hablando de doblar la producción-, una de ellas ya en
funcionamiento, de esas dos últimas, a menos de 500 metros sobre un núcleo urbano. Para centrar algunas de estas cuestiones recojo del 'Diario de Sesiones' de esta Cámara la siguiente cita: 'Las economías que van a ser ganadoras en el
medio plazo son aquellas que se alejan del carbono'. Son palabras de José Luis Rodríguez Zapatero el 10 de febrero de 2009 de antesdeayer; repito, son palabras del presidente del Gobierno de antesdeayer.
Yo no sé si afirmaciones como esta, si la coherencia en las posiciones, en los planteamientos a largo plazo, obligan a todos, pero coincidimos con el terreno de juego en el que se mueve en estos momentos el Partido Socialista, e incluso
iríamos más allá: apuesta por las renovables también como motor de la economía. Con los compromisos de Kioto encima de la mesa, apuestas no solo exclusivas sino excesivas, como esta que nos ocupa, por las centrales térmicas no solo no abogan por
una economía con resultados en las renovables, sino que además nos cuestan dinero. Según el último informe de Comisiones Obreras, junto con la edición española de World Watch, en torno a la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero
1990-2007 -y traigo también la cita exacta-: Si se cumplen las previsiones del Gobierno en el plan de asignaciones 2008-2012, se hará difícil cumplir el Protocolo de Kioto y además obligará a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2 o su
equivalente al año. El coste de esta situación en el mejor de los casos, siempre que se apliquen sobre los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, sería de 700 millones de euros al año. En 2008-2012 ese aumento de emisiones previstas ya por
el Gobierno nos va a costar 3.500 millones de euros en el mejor de los casos. Hay más, hay dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la primera de ellas con fecha 4 de diciembre de 2007 y la segunda, de 12 de junio 2008, que
declaran nulos de pleno derecho los procedimientos de ambas térmicas. Esta es la apelación al sentido común que hacía yo esta mañana.
Vuelvo a recordar que estas dos centrales se suman a dos ya en funcionamiento que se encuentran instaladas a menos de 500 metros de la localidad a la que nos referimos, una de ellas a menos de 65 metros del casco urbano. Pues bien, a pesar
de todo esto, sigue estando pendiente en el Supremo con dos sentencias en contra y se admite la entrada de una de estas centrales en el plan de asignaciones 2008-2012. Supongo que la argumentación que escucharemos esta mañana será que el que a la
tercera de estas centrales -una de las que hoy queremos someter a votación- le correspondan o se le asignen derechos de emisión está ya en el paquete de primeros entrantes en el plan de asignaciones 2008-2012. En este punto quiero reseñar que entre
los requisitos para ser aceptada su condición de entrante se exige incluir una declaración jurada de que en el momento de solicitar la asignación la instalación cuenta con todos los permisos y licencias administrativas exigidas por la normativa
aplicable estatal, autonómica y local, adjuntando copia compulsada de los correspondientes permisos y licencias. Entiendo que entre la documentación aportada -ni lo dudo- no se incluyó ninguna de las sentencias a las que estoy refiriéndome. El
Parlamento, esta Cámara, estaría más que en disposición de recordar al Gobierno que en su trámite final para efectuar las asignaciones solicitadas por la empresa cabe de nuevo aplicar el sentido común en este caso y esperar a que el Tribunal Supremo
resuelva. Es la petición que les hago. Señorías, habida cuenta de que falta el trámite final de aceptación, solicitaríamos el apoyo de todos los grupos de la Cámara para votar a favor del primero de los puntos de la moción. Utilizo el mismo
argumento de sentido común y también en nuestro caso -y no dudo que en el de otros muchos- la convicción en Kioto, pero sobre todo la prudencia ante la falta de pronunciamiento del Tribunal Supremo, para pedir su voto al segundo punto de la moción.
No se me puede decir que el procedimiento lleva unos pasos en curso que no pueden ser atendidos de manera razonable por parte del Gobierno, en este caso del Ministerio de Medio Ambiente.
Termino, señorías. Vuelvo a decir que no estamos ante un debate sobre las térmicas de ciclo combinado. Lo que les propongo es que pongamos sentido común en lo que a esta Cámara le compete en un caso de concentración inaudita: cuatro
centrales de ciclo combinado a menos de 500 metros del casco urbano de una población. No me resisto a utilizar un último argumento -en un intento convencido, aunque no sé si con muchas posibilidades- del caso que estamos tratando esta mañana en la
Cámara.
Esto no es otra cosa que un Algarrobico térmico. No estamos cuestionando la existencia de los hoteles; estamos cuestionando la existencia de ese hotel. Yo pediría fundamentalmente al Grupo Parlamentario Socialista que, como en aquella
ocasión, tenga valentía y sea capaz de imponer sentido común en una cuestión que tiene de su parte cuestiones importantes como nuestro desarrollo a futuro en energías renovables.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos. Como ve aún le han sobrado trece segundos.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señora Barkos, nuestro grupo va a dar apoyo a esta moción por tres motivos. Primero, porque el discurso sobre la lucha contra el cambio climático necesita coherencia. De hecho, en esta Cámara a veces nos llenamos la boca con la necesidad
de apostar por una economía que no se base en el carbono, pero en cambio acaba pasando que en los Presupuestos Generales del Estado el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía baja sus inversiones. A partir de los compromisos con
Kioto y del incumplimiento de España de ese
protocolo, la propuesta que usted nos hace sobre lo concreto y sobre el terreno significa un avance. En segundo lugar, le vamos a dar apoyo por las sentencias y por las resoluciones. Usted lo decía bien. El caso de Castejón es el
Algarrobico térmico. Ante territorios y ciudades que padecen la multiplicación de térmicas -en este caso, por dos, como tal como usted explicaba-, lo que tiene que hacer esta Cámara es ser coherente, y más cuando hay resoluciones judiciales que lo
avalan. En tercer lugar, vamos a apoyar esta moción porque los planes que existen en materia energética tendrán que revisarse, entre otras cosas, por el contexto económico. Si usted hoy va a la página web de Red Eléctrica y mira cuál es la
evolución de los consumos, verá que en este mes de enero, pese a haber sido un mes muy frío, hay una drástica reducción de los consumos. Si tuviésemos que atender a la bajada de temperaturas, los consumos tendrían que haberse incrementado entre un
7 y un 8 por ciento, pero los consumos se han reducido en un 3 por ciento. Esto es fruto, sin lugar a dudas, no de las estrategias de ahorro y eficiencia, que ustedes saben que no se han implementado presupuestariamente, como antes se ha
acreditado, sino fruto del contexto económico. Si eso es lo que está pasando, ¿tiene sentido que la planificación energética continúe por los mismos cauces y planifiquemos la multiplicación de centrales térmicas cuando dejan de ser necesarias? La
respuesta es obvia, y es no. No tiene sentido. No tiene sentido que, en este caso, en Castejón multipliquemos por dos las centrales térmicas allí instaladas, entre otras cosas porque el contexto económico va a influir en el consumo y, por tanto,
no va a hacer necesaria la aportación, por ejemplo, de estas dos centrales térmicas.
Añado un cuarto elemento -y aquí acabo-. Nosotros creemos que tenemos que ir a un modelo de generación eléctrica más distribuido. Lo dicen los expertos, lo explica el catedrático, muy vinculado al Partido Socialista, Valeriano Ruiz, en
diferentes ensayos. Y lo que no entendemos es la concentración en determinados lugares de toda la generación de electricidad, como pasa en Navarra, en Castejón. No es razonable desde el punto de vista energético y eléctrico y, además,
significativamente no es una visión de futuro, sino de pasado. Por todos estos motivos nuestro grupo parlamentario va a apoyar a su moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño, si me lo permite. Señorías, seré breve porque, entre otras cuestiones, considero que lo básico y fundamental ya lo ha dicho la diputada proponente, mi compañera de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, y porque en la
propia moción aparece descrito sin necesidad de ambigüedades lo que se pide y lo que se pretende. Me parece que es una propuesta justa y de sentido común si verdaderamente creemos en algo más que palabras cuando nos referimos a la prevención del
cambio climático, mitigación de gases de efecto invernadero, etcétera, algo que está en boca de todos constantemente, pero después con los hechos hay que demostrarlo.
Estamos en un tiempo histórico, en el que por primera vez la humanidad va a tener que hacer frente a la irreversibilidad de ciertas alteraciones de la naturaleza provocadas por el ser humano. Aunque suene altisonante, es así. El cambio
climático es, desgraciadamente, una realidad, con mayor o menor incidencia según nuestro comportamiento en un tiempo muy corto. Nos queda poco tiempo para hacer los deberes que no hicimos en su debido tiempo. Desgraciadamente, no es algo que solo
nosotros ni solo aquí podamos solucionar ni mitigar, pero cualquier paso, por pequeño que sea, es fundamental en este ámbito. No podemos hacer como el avestruz, que lo apliquen los otros. No; hay que empezar desde lo más pequeño y en todo aquello
que nos competa.
Como ha dicho la proponente, nosotros tampoco vamos a discutir sobre la necesidad de centrales térmicas, porque consideramos que ese no es el debate ahora; no es el debate si las térmicas de ciclo combinado son necesarias, son las mejores,
son lo mejor para combatir esto, son una solución energética, son el futuro. No vamos a entrar en ello. Lo que estamos diciendo es que en estos momentos lo que se concentra en una localidad como Castejón, con dos centrales, con otra tercera que
está en una determinada situación, más una cuarta es excesivo y no me dirán que no es una especie de surrealismo energético en este caso.
La sentencia de los tribunales dan la razón a lo dicho y, aunque todos los recursos son válidos y esté recurrido, evidentemente hay que mantener las formas y esperar a lo que la sentencia diga. Mientras tanto, estamos de acuerdo con lo que
la proponente decía de que no pueden seguir contaminando, por tanto, de que no se le otorguen posibilidades de emisiones de CO2. Lo defendemos desde dos ámbitos. Por una parte, esperemos a que los jueces determinen en el futuro y, por otra parte,
por el planteamiento puramente medioambiental y de mitigación de gases de efecto invernadero como prevención del cambio climático.
Hay una cuestión que me gustaría comentar para acabar mi intervención, que es que nos extraña y nos preocupa que la ministra de Medio Ambiente, y medio Rural y Marino, respondiendo a la interpelación sobre este tema que le hizo la diputada
Uxue Barkos, ni en su intervención ni en su réplica argumentó nada relacionado con lo que se pedía; utilizó argumentos sobre el cambio climático, el CO2, lo que España está haciendo, Potsdam, todo lo que queramos, pero en torno a este tema no dijo
ni mu. Por tanto, nos preocupa bastante.
Para finalizar, compañera Barkos, nuestro grupo dará el apoyo a su propuesta porque la consideramos justa, de sentido común y necesaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Pere Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Es conocida la posición de nuestro grupo de que en nuestro país debe haber un gran debate energético para determinar el mix que nos permita afrontar los retos que tenemos, entre otros, luchar contra el cambio climático pero también dar
respuesta a uno de los problemas importantes de nuestra economía que es nuestra gravísima dependencia energética. Para nosotros este es un tema absolutamente prioritario. Ahora bien, este asunto, a nuestro entender, no se contradice en absoluto
con que todo aquello que se haga y todas aquellas decisiones que se vayan tomando se acometan con el máximo respeto a la legalidad vigente. Este es, en definitiva, el tema que propone la moción que estamos debatiendo. Nuestro grupo quiere recalcar
dos cosas: una, la necesidad de que la acometamos -se lo dijo nuestro portavoz Duran i Lleida al presidente del Gobierno en el debate-, que no nos ocultemos, que hagamos caso a su compañero el señor Felipe González o al ministro Rubalcaba, que son
dos personajes distinguidos, y que tengamos los debates que hagan falta; y, dos, que mientras tanto seamos lo más respetuosos posible con la legalidad vigente. Esto es lo que pretende la moción de la diputada Uxue Barkos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Santiago Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Gracias, señor presidente.
Señorías, probablemente todos hemos escuchado ese aserto que se aplica en numerosas ocasiones a temas medioambientales que dice: Piensa globalmente, actúa localmente. Efectivamente, parece que está bien traído a colación en el caso que nos
ocupa. Lo que no sé es si todos conocemos que esta frase fue enunciada por un francés nacido a principios del siglo pasado llamado René Jules Dubos, que trabajó en Estados Unidos desde muy joven y que se dedicó a la búsqueda de microorganismos en
los ecosistemas y que fue el que descubrió y patentó uno de los primeros antibióticos que se utilizaron con interés clínico, la gramicidina. Este francés apelaba a esta consideración de los temas medioambientales desde la escala general de lo que
ocurre en el planeta y también desde la escala concreta, local e incluso mínima, la de los microorganismos, representando esa idea de que toda acción humana, por pequeña que sea, acaba repercutiendo en los ecosistemas y en el medio ambiente.
Esto tal vez sirva como introducción para quienes hayan pensado que este asunto que se trae aquí a colación tiene que ver con algo parecido a esta apelación medioambientalista que recoge la expresión. Sin embargo, nosotros pensamos que,
todo lo contrario, nada más lejos de esta actitud el asunto que estamos considerando hoy. No entendemos que estemos considerando cuestiones referidas estrictamente al cumplimiento por parte de España del Protocolo de Kioto ni cuestiones que tienen
que ver con las actitudes medioambientales que pueden representar determinadas instalaciones de generación eléctrica, sino que lo que estamos realmente tratando es un asunto concreto sobre un procedimiento de autorización administrativa relativo a
una de estas centrales térmicas a las que hacía alusión la moción.
Es conocido -porque así también se ha dicho- que ha existido un problema, que ha sido tratado por los tribunales, relativo a la interpretación de la norma aplicable para estas instalaciones respecto a si estaban o no incursas en un vicio
procedimental que anulara la autorización que se les dio. Este es un asunto que en estos momentos es entendido por parte del Tribunal Supremo, que fue tratado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que,
efectivamente, está inserto en el motivo de esta moción. Para nosotros la historia es, por tanto, tan concreta como conocida. Es una historia que se refiere estrictamente a la casuística de un procedimiento de autorización administrativa sobre una
instalación, y que -también hay que recordarlo en este momento- ha existido un determinado movimiento social que ha intentado desacreditar precisamente su propia presencia como instalación productiva de energía.
Para nosotros esto es todo lo que se
pretende dilucidar, y no tanto dilucidar como hacer de esta Cámara un ámbito de resonancia, precisamente en un momento en el que, por una parte, es el Tribunal Supremo el que tiene que entender si es pertinente o no la autorización de la licencia
que se dio en su momento y, por otra parte, es la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la que entiende si es de aplicación una normativa propia que perfectamente ampararía en derecho la licencia que se dio y que incluso está dispuesta a
recomponer el expediente para hacer un nuevo acto de autorización.
Por tanto, nosotros creemos que lo que se nos presenta en la moción no es aceptable ni en términos políticos y yo diría que tampoco en términos de correcta praxis parlamentaria, porque en el fondo se nos está pidiendo que condicionemos o que
emitamos una opinión en esta moción sobre algo que, por una parte, va a tener que ser visto y pensado por el Tribunal Supremo y, por otra parte, está también en proceso de revisión administrativa por parte del propio Gobierno de Navarra.
Quiero finalizar, señora Barkos, diciéndole que, efectivamente, es propio que este asunto se pueda englobar en términos políticos muy generales en el Protocolo de Kioto. Pero para nosotros, como grupo parlamentario, desde luego no es un
argumento de autoridad que el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, haya aludido a lo que él llama la energía del carbono. Efectivamente, para nosotros no es un ejercicio de autoridad que diga esas cosas. No hace muchos meses hemos
visto que el debate sobre la energía nuclear -que es un debate que muchos sectores productivos, económicos, sociales, científicos y tecnológicos están demandando- el señor Rodríguez Zapatero lo despachó, en el tradicional mitin de Rodiezmo,
simplemente diciendo que no, que en España ese debate no se iba a abrir. Por tanto, nosotros, ni por actitudes y diría que tampoco por los exhaustivos conocimientos que hasta el momento ha exhibido el señor Rodriguez Zapatero en esta materia, no
podemos aceptar ese criterio. Con estas argumentaciones anunciamos e intentamos dar justificación al voto negativo que le daremos a esta moción. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.
Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra doña María José Fernández Aguerri.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos ante un tema recurrente, como consecuencia de recursos y sentencias al Tribunal Administrativo de Navarra, referido a las centrales térmicas de Hidrocantábrico, en este caso, al plan sectorial de incidencia
supramunicipal de la instalación que se puso en marcha en septiembre de 2004. Somos conscientes de la creciente preocupación y sensibilidad social que suscita todo aquello que tiene especial incidencia en la preservación del medio ambiente, el
cambio climático y la contaminación atmosférica, por lo que resulta muy fácil jugar con la demagogia y el catastrofismo y crear alarma social e inquietud en la población, dado el desconocimiento que se tiene, en general, sobre estos temas. Por
ello, es imprescindible que desde las diferentes ópticas de cada grupo político se aplique el máximo rigor, objetividad y responsabilidad en estos temas. La energía es necesaria para el desarrollo económico y desde el Gobierno se ha de coordinar la
satisfacción de la demanda energética con la preservación del medio ambiente, así como la minoración de las emisiones contaminantes a la atmósfera. En este sentido se manifestó la señora ministra de Medio Ambiente el pasado 17 de diciembre,
poniendo de relieve el interés del Gobierno en intensificar sus políticas de lucha contra el cambio climático mediante grandes prioridades estratégicas e integrando el objetivo de reducción de emisiones en los ejes fundamentales de la acción de
Gobierno. Una de las seis líneas estratégicas de la recientemente creada Comisión delegada para el cambio climático es la sostenibilidad energética, que plantea, entre otras, medidas inmediatas en los sectores con mayor potencial de reducción de
emisiones. El Partido Socialista, tanto en el Parlamento Foral de Navarra como en esta Cámara, viene defendiendo su apuesta por las energías limpias y las menos contaminantes. En esa línea, fuimos favorables a la implantación de las centrales
térmicas de ciclo combinado en Castejón por las ventajas que ofrecen respecto a las de fuel y carbón, ya que reducen notablemente las emisiones a la atmósfera de partículas de óxido de nitrógeno y de óxido de carbono, siendo prácticamente
inexistentes las de dióxido de azufre.
Por tanto, estarían entre las eólicas y fotovoltaicas y las de fuel y carbón. Asimismo, como no puede ser de otra manera, están sujetas a los principios de control público directo, de transparencia en la
información de las emisiones que producen, de previsión de medidas preventivas y de protocolos de actuación en el caso de que se produzcan situaciones anómalas, así como de medidas sancionadoras, en su caso.
La apuesta del Partido Socialista en materia medioambiental es clara y sobradamente conocida por esta Cámara. Como SS.SS. conocen, el Protocolo de Kioto fija un objetivo de reducción concreto de gases de efecto invernadero. España, junto
con la Unión Europea, han conseguido el acuerdo de protección de cambio climático que se conoce como 20-20-20, el 20 por ciento de reducción de emisiones, el 20 por ciento de energías renovables y todo ello para el año 2020.
Solicita la diputada señora Barkos en el primer punto de la moción la no autorización de derechos de emisión de CO2 a la central térmica de Hidrocantábrico de Castejón en tanto no se resuelva el recurso interpuesto por el Gobierno de Navarra
ante el Tribunal Supremo. En el promedio anual del Plan Nacional de Asignación, los derechos de emisión asignados en el periodo 2008-2012 a la citada central, con una potencia de 800 megavatios, es un 19 por ciento inferior a los asignados en el
Plan Nacional 2005-2007, cuando ésta disponía de un solo grupo de 400 megavatios, por lo que el porcentaje de reducción real a los dos grupos es de un 59,7 por ciento. Consideramos, por tanto, que hay una importantísima reducción de emisiones para
este periodo, que aumenta el objetivo fijado para el año 2020 y que demuestra que el Ministerio de Medio Ambiente va más allá de los compromisos adquiridos. Resulta curioso que una de las bases argumentales que forma parte del recurso del Tribunal
Administrativo de Navarra tiene su base jurídica en la aplicación o no en la Comunidad Foral de Navarra del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, concluyendo que sí es de aplicación y sin tener en cuenta que este
reglamento es derogado seis meses antes de la publicación de la sentencia, por lo que resuelve sin tenerlo en cuenta y dando al traste, por tanto, con una parte de su base argumental.
En el segundo punto de la moción se refiere al segundo grupo de Iberdrola, que es un procedimiento reglado y por tanto el ministerio esperará al pronunciamiento del
Tribunal Supremo. La Comunidad Foral de Navarra tiene competencias sobre vigilancia y mantenimiento de la calidad del aire y para establecer planes de actuación que persigan la no superación de los valores establecidos o su minimización, en
el caso de que se superen. Cuenta además con una red de nueve estaciones automáticas de control de la calidad del aire. Nuestro grupo parlamentario, el Partido Socialista de Navarra y no me cabe duda de que el suyo también, señora Barkos,
estaremos vigilantes de que estos valores se cumplan. Entre tanto, nuestro grupo votará en contra de esta moción.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Aguerri.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL. (Número de expediente 173/000045.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de transporte de mercancías por ferrocarril.
Para la defensa de la moción tiene la palabra don Pere Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, todos ustedes conocen perfectamente la preocupación de Convergència i Unió por el tema del transporte de mercancías por ferrocarril; lo conocen y hay constancia documental de ello desde siempre. En la última
legislatura y en el marco del Senado se creó a instancias de Convergència i Unió un grupo de trabajo que contó con la participación de destacados expertos, miembros del propio Gobierno y representantes de sectores empresariales, que acabó con unas
recomendaciones que hoy son plenamente vigentes. Esta preocupación nos llevó en el mes de diciembre a interpelar a la señora ministra de Fomento con relación al transporte de mercancías por ferrocarril. Ello debió surtir algún efecto puesto que,
pocas semanas después, el Consejo de Ministros aprobó un documento -un pequeño documento, porque se trata simplemente de siete folios y hasta el momento no hay más- llamado Programa de acción en materia de transporte de mercancías por ferrocarril.
Bienvenido sea este documento. Ustedes saben que esta preocupación de Convergència i Unió por este tema, y más en estos momentos, no es una preocupación que surge de modo aislado; es una preocupación que ya expresó en esta tribuna hace dos días en
el marco del debate económico con el presidente del Gobierno nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida. Nosotros estamos muy preocupados por la baja productividad de la economía española y lógicamente una de las líneas de salida de la crisis debe
ser el aumento de todos aquellos factores que coadyuven al aumento de esta productividad, con especial incidencia en las infraestructuras.
Señoras y señores diputados, en España, por suerte, hay unos altos niveles de inversión pública y esto es objetivamente bueno en estos momentos. Sin embargo, por desgracia, este alto nivel de inversión pública se hace sin evaluar la
productividad de esa inversión. En estos momentos -esta es la otra línea de actuación en la que va a profundizar nuestro grupo- hay que trabajar para maximizar el efecto de la inversión pública en el aumento de la productividad de nuestra economía.
El gran ejemplo, la gran prueba del nueve, de este tema es el asunto del transporte por mercancías por ferrocarril, en general, el transporte intermodal. En este sentido, hay que hablar hasta el momento de fracaso total y absoluto de la
liberalización ferroviaria en España. Según reconoce el propio ministerio a través del Observatorio del transporte de mercancías por ferrocarril, solo un 0,9 por ciento no es transportado por Renfe y, por tanto, la liberalización no ha empezado de
forma clara. Además, desde el inicio de esta liberalización en 2004 hasta 2007 -2008 va a ser, por desgracia, peor- hemos pasado de 11.927 miles de toneladas transportadas a 10.547.
Es decir, vamos para atrás, al contrario, por cierto, de casi
todos los países europeos, especialmente de aquellos que se lo han creído y han aplicado a fondo la productividad. Tenemos algunos índices realmente preocupantes. ¿Saben ustedes cuál es el promedio de horas de conducción por parte de los
maquinistas de Renfe? Es de 2,2 horas al día. ¿Saben ustedes cuál es el promedio de kilómetros recorridos al año por nuestros maquinistas? Es de 40.000 kilómetros al año, la mitad que el de las compañías habituales en Europa. Esto no es
responsabilidad de los maquinistas, es responsabilidad de quienes organizan los servicios.
¿Saben ustedes cuántos kilómetros recorren nuestras locomotoras de Renfe al año? 85.000 kilómetros. ¿Sabe usted cuál es el promedio europeo? Más de
150.000 kilómetros. En fin, podría dar muchos datos que me parece que abundarían en el reconocimiento de que esto no funciona.
Por eso nosotros presentamos una moción. Ya anuncio que esta moción ha sido superada por una enmienda transaccional, que dio lugar a una enmienda conjunta del Grupo Socialista y del Grupo de Convergència i Unió, que recoge toda una serie de
temas a nuestro entender muy importantes. Por ejemplo, el compromiso del Gobierno de crear por fin el organismo regulador en un plazo de tres meses; el compromiso del Gobierno de prever en el marco de la Ley de Puertos que las autoridades
portuarias puedan participar también en el fomento y en la construcción de infraestructuras ferroviarias, que es otra de nuestras grandes asignaturas pendientes; la liberalización de determinados servicios de nuestras terminales, algo muy
importante para aumentar su productividad; que se ultime este Plan de transporte intermodal de mercancías previsto en el PEIT; algo muy importante de lo que habrá también que hablar es la congelación de las tarifas, que no parece que se cumpla
al cien por cien pero es otro tema del que ya tendremos ocasión de hablar; y finalmente, un amplio plan de construcción de una red básica de transporte de mercancías con apartaderos, etcétera. Son temas que alargarían mi intervención y no
dispongo de tiempo para poder reproducírselo a sus señorías.
¿Qué nos hemos dejado en esta transacción? Hemos dejado algo a lo que el propio presidente del Gobierno se comprometió, que era la segregación de Renfe de mercancías. Está pendiente, ya hablaremos de ello. Otra cuestión a la cual también
les anuncio que el Grupo Parlamentario Vasco ha formulado una enmienda es el ancho de vía, al menos para hacer posible el refuerzo de los puntos terminales de Portbou y de Hondarribia. Otro elemento muy importante es el debate en relación con si es
primero el plan sectorial de ferrocarriles y el plan de carreteras o es primero el plan intermodal; es la discusión entre el huevo y la gallina o la gallina y el huevo. Hoy no hay tiempo, ya lo debatiremos.
Finalmente, creo que hay una aportación muy positiva a esta moción que es el establecimiento de un mecanismo de seguimiento, el compromiso del Gobierno de que vendrá a informarnos de cómo avanza todo esto. En definitiva, señoras y señores
diputados, nuestro grupo -si es que finalmente esta moción, como espero, es ampliamente aprobada- está satisfecho del trabajo que se ha realizado, pero está vigilante. Hay mucho por hacer, este es uno de los temas básicos para que nuestra economía
pueda salir de la crisis cuanto antes de la manera más eficaz posible. Por tanto, pediría al Grupo Parlamentario Socialista y a la ministra -supongo que alguien le hará llegar estas reflexiones- que se tome esto muy en serio. En cualquier caso,
señorías, si no lo hace el Gobierno, Convergència i Unió sí lo hará.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, no es necesario aportar nuevos datos y evidentemente es todavía menos necesario aportar nuevamente datos, ya sobradamente conocidos, sobre el transporte de mercancías por ferrocarril en el Estado español, para concluir -como en su
día hizo la ponencia que se constituye en el Senado para el estudio sobre la política de transporte de mercancías por ferrocarril- que son necesarias medidas regulatorias, medidas de gestión y medidas de mejora de las infraestructuras, si se desea
-y es de desear que se desee- que este modo de transporte ocupe en el conjunto del transporte -mercancías y viajeros- el lugar que es deseable, como digo, pero no solo que es deseable sino que además cada día con más urgencia necesitamos que ocupe,
en orden a disponer de un sistema integral de transporte eficaz, eficiente y sostenible. Se trata de un diagnóstico al que, aunque no sea sino por la situación calamitosa por la que atraviesa este modo de transporte entre nosotros, es fácil de
llegar, es hasta elemental llegar. Un diagnóstico que incluso está ampliamente alcanzado y compartido, hasta el punto de que no sabría decir quién está al margen de este diagnóstico compartido. Se trata también de un diagnóstico que no es de ayer,
que lleva ya unos cuantos años en el mercado, si me permiten la expresión. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El interpelante, el señor Macias, en nombre de Convergència i Unió, y la interpelada, la ministra de Fomento, comparten este diagnóstico como pudimos observar en el debate que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre y del que trae causa la
moción que en este momento debatimos. El diagnóstico compartido, al menos a nivel teórico, yo diría que incluso va más lejos: no se trata solo de que es necesario mejorar, de que es necesario mejorar incluso sustancialmente, cuantitativa y
cualitativamente, el tráfico de mercancías, sino que existe junto a todo ello un convencimiento, progresivamente mayor, de que a estas alturas es necesario actuar con urgencia, con decisión y fuertemente, si de verdad estamos hablando de que este
tren -este también, diría yo- no se nos escape dejándonos en la estación no se sabe por cuánto tiempo. Este es al menos el convencimiento firme de mi grupo, el Grupo Vasco.
El grupo que ha presentado la moción que ahora debatimos incluía originariamente en la misma un total de once medidas repartidas en los tres ámbitos a los que he hecho referencia anteriormente. Mi grupo iba a apoyar todas y cada una de
ellas. En líneas generales nada tenemos que objetar, forman parte por lo demás del paquete que ya recogía a modo de conclusiones el informe que elaboró en su día el Senado en la pasada legislatura y al que he hecho referencia anteriormente. Mi
grupo, sin embargo, ha presentado tres enmiendas con un doble propósito. Por un lado, el de precisar las cosas -queríamos que una de las propuestas fuera más precisa-, y por otro, el de completar con dos medidas que a nuestro juicio no solo son
complementarias de las que en su origen recogía la moción de Convergència i Unió, sino también de gran importancia respecto a los objetivos para los que el señor Macias había presentado la interpelación y ahora la moción. En el caso de la propuesta
que ya recogía la moción de acometer la prolongación de la vía de ancho europeo en el tramo Irún-Hendaya -eso decía la propuesta original- nosotros queríamos precisar diciendo: Teniendo en cuenta una doble necesidad, la de enlazar el puerto de
Pasajes con este modo de transporte en ancho UIC, así como la de conectarla con la nueva estación de tren que se está configurando en los entornos de San Sebastián-Astigarraga. Nos parecía que los términos de la moción original estaban bien pero
que era conveniente precisar.
Por otra parte, las novedades relativas a las otras dos enmiendas de mi grupo se referían por un lado al tramo Vitoria-Valladolid de alta velocidad. Como ya hicimos en anteriores ocasiones -incluso a través de una interpelación presentada
en la anterior legislatura-, proponemos que esta vía sea válida en los tramos en los que se está construyendo -insisto, entre Vitoria y Valladolid- tanto para el transporte de mercancías como para el de pasajeros, tal y como está siendo contemplado
por la Unión Europea. En esos términos se plantea el conjunto del ramal atlántico denominado eje ferroviario a gran velocidad del suroeste de Europa. Nos parece de una lógica abrumadora, pero a pesar de ser, a nuestro juicio, tan abrumadora la
lógica no conseguimos ponernos de acuerdo con el Gobierno en la anterior legislatura respecto a este tramo, cuando hablar de transportes de mercancías por ferrocarril y de ejes europeos y no resolver un problema real, que está ahí, tardar en girar
respecto a este tema nos puede llevar a que un día nos encontremos con que ya es tarde para hacerlo, y ese día se habrá roto uno de los objetivos mayores de esta moción, que es la de fomentar a fondo y con decisión el transporte de mercancías por
ferrocarril. La otra enmienda es cita textual de una que aparecía ya en el informe del Senado.
Señorías, estas eran las enmiendas que hemos presentado y que al parecer no van a entrar en el acuerdo al que han llegado Convergència i Unió y el Grupo Socialista. Una PNL da para cualquier tipo de consideración y sobre todo da para
vaguedades. A nosotros nos gustaría una mayor precisión pero no va a ser posible que entren dichas precisiones, lo cual no hace que desistamos y mucho menos que no apoyemos la enmienda conjunta de Convergència i Unió y el Grupo Socialista.
Nosotros lo apoyamos a pesar de la vaguedad de la moción original que queríamos que desapareciera y esperamos que, si no ha sido esta vez, en una próxima ocasión podamos seguir haciendo las cosas de la única forma en que se hacen, con nombres,
apellidos y medidas muy precisas, pero ya se sabe que una PNL no da para muchas alegrías.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Manuel Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que inicie esta intervención en nombre del Grupo Parlamentario Socialista reconociendo la buena disposición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, y en especial de su diputado don Pere Macias, para
llegar a un acuerdo en un tema de tanta complejidad y tan relevante para el futuro de nuestra economía como es la política de transporte de mercancías por ferrocarril en España. Partíamos sin duda de un precedente crucial, señorías, tanto en el
diagnóstico como en la propuesta, que es para mí el espléndido Plan estratégico de infraestructuras y transporte, el PEIT, aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2005 a instancias de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que tenía
como prioridad que el sistema ferroviario pasara a ser el elemento central para la articulación de los servicios intermodales de transporte tanto de viajeros como de mercancías. El PEIT subraya además el transporte de mercancías porque la situación
de partida -en eso estamos todos de acuerdo- era una oferta deteriorada en calidad y cuota de mercado, con una débil imagen social y comercial. También a otra escala y en el ámbito parlamentario un buen documento de referencia es la ponencia del
Senado sobre el transporte de mercancías por ferrocarril.
Con estos precedentes, la ministra de Fomento presentó un informe en el Consejo de Ministros el pasado 26 de diciembre sobre el plan para potenciar el transporte de mercancías por
ferrocarril y mejorar las condiciones de competencia y competitividad del sector, un informe, señorías, que se enmarca en el llamado PlanE, Plan español para el estímulo de la economía y el empleo, en el apartado de modernización de la economía,
donde se subrayan las medidas para el sector transporte, especialmente mercancías por ferrocarril, con el fin de avanzar en la gestión de tráficos ferroviarios para garantizar una mayor fiabilidad de los cargadores, una mejor gestión de las
terminales de ferrocarril y un nuevo modelo de funcionamiento del área de mercancías y logística de Renfe-Operadora. Este plan del Ministerio de Fomento quiere firmemente potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, previendo una
inversión de casi 5.000 millones de euros y contemplando actuaciones para la segregación de tráficos de mercancías de otros tráficos, el acondicionamiento para las mercancías de los corredores liberados del tráfico de pasajeros, el refuerzo de las
conexiones con los puertos de interés general del Estado y la adquisición de nuevo material móvil.
Señorías, para hacernos una idea de la magnitud de los cambios, quiero señalar el hecho de que el PEIT incluye ya la construcción de 7.000 kilómetros de alta velocidad de tráfico mixto de los 10.000 que van a constituir esta red y que las
medidas que se van a llevar a cabo en la red convencional, la conexión con los puertos y el nuevo material móvil, como decía, suman una inversión de 4.717 millones de euros. La enmienda conjunta del Grupo Socialista y de CiU recoge algunos de estos
compromisos del plan, pero también la modificación de la Ley del Sector Ferroviario, la modificación de la Ley del régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general del Estado y el impulso para ultimar el plan de
transporte intermodal de mercancías.
Señorías, se recogen propuestas como la que se hace del corredor mediterráneo, la iniciativa Ferrmed, o se recoge cómo vamos a remodelar el complejo ferroviario de Irún y de Port-Bou. Son iniciativas incluidas
en esta enmienda, que me parece muy completa.
Señorías -voy terminando-, el señor Macias recogía en su interpelación que el éxito de este Gobierno y de la propia ministra había sido la alta velocidad. Comparto la opinión de la interpelación de don Pere Macias.
Efectivamente, y
especialmente en el año 2008, se han abierto nuevas conexiones con Valladolid, Málaga y Barcelona, 11 millones de viajeros las utilizan ya. Señorías, el Grupo Socialista quiere que a partir de este momento el éxito acompañe al transporte de
mercancías por ferrocarril. Es un tema estratégico, un tema crucial para la modernización de nuestro sistema de mercancías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Pezzi, tiene que ir acabando.
El señor PEZZI CERETO: Ahí vamos a estar junto con S.S. para llevarlo adelante.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchísimas gracias a usted.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto van a compartir su tiempo el señor Jorquera y el señor Perestelo.
¿Es así? (Asentimiento.)
Señor Jorquera, por favor.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias.
Intervengo brevemente desde el escaño simplemente para manifestar mi alegría porque se haya llegado a un acuerdo y felicitar en particular a Convergència i Unió por haber impulsado esta iniciativa.
Entendemos que el transporte de mercancías por ferrocarril tiene una importancia estratégica, necesita un claro impulso dado que en el Estado español está claramente infrautilizado; creo que hay un consenso generalizado en concluir que es
la forma de transporte más económica y más ecológica, y además tendría unos efectos muy importantes también para evitar la saturación de la red de carreteras y la peligrosidad que conlleva el importante tráfico de mercancías que se canaliza a través
de la misma. Coincidimos en la necesidad de operativizar la red convencional, en particular aquella que quede infrautilizada por la apertura de nuevos trazados de líneas de alta velocidad, para el transporte por mercancías. Es el caso en Galicia
del eje ferroviario Coruña-Lugo-Monforte y Vigo-Ourense-Monforte para su entronque con la meseta a través de Ponferrada. Entendemos que es necesario potenciar la intermodalidad y consideramos una propuesta muy interesante que las autoridades
portuarias puedan participar en la planificación de los enlaces ferroviarios con sus puertos. Quiero recordar que en Galicia está operativo ya el puerto exterior de Ferrol, está en estado avanzado de construcción el puerto exterior de A Coruña y no
están resueltas sus conexiones ferroviarias, indispensables para rentabilizar desde el punto de vista económico y social obras tan importantes como esta.
Por lo tanto, reitero mi felicitación a Convergència i Unió por esta iniciativa y manifiesto el apoyo en nombre del Bloque Nacionalista Galego.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Brevemente quiero fijar la posición de apoyo a esta proposición no de ley presentada por Convergència i Unió. Nuestra vocación era apoyar la iniciativa en los términos expresados por el diputado Macias en su presentación, pero también sin
duda aplaudimos la capacidad de acuerdo que ha posibilitado el apoyo del grupo mayoritario de la Cámara y, por tanto, la viabilidad de los acuerdos, sobre todo en función de la disponibilidad del Gobierno para aplicar las medidas que se plantean en
esta iniciativa.
Puede parecer raro que desde la posición de Coalición Canaria se apoye una iniciativa de transporte de mercancías por ferrocarril, pero en todas las medidas que plantea la iniciativa, tanto en su moción original como en la enmienda
presentada por los dos grupos -en las medidas reguladoras, en las medidas de gestión y en las medidas de infraestructuras- se habla de transporte intermodal y de la intervención de las autoridades portuarias en los puertos de interés general,
medidas que afectan no solo al ámbito de movilidad en el entorno del puerto, sino incluso en la participación en el diseño de esas líneas en función del interés de esas mercancías que llegan por puerto y se distribuyen por ferrocarril a la
península, permitiendo además, en un momento de crisis, el no incremento de las tasas con respecto al año anterior.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quería felicitar al señor Macias por la interpelación, cuando la hizo, por la moción presentada y también por lo que se va a aprobar. Es cierto que no se va a aprobar todo lo que nosotros quisiéramos, incluso ni todo lo que
él quisiera, pero sin lugar a dudas es un paso adelante. Y lo digo porque el discurso del portavoz socialista contrasta con la realidad, la cruda realidad. La cruda realidad es que en materia de mercancías por ferrocarril vamos a la baja a
diferencia del resto de países de la Unión Europea y eso es porque no se ha hecho política en materia de transporte de mercancías por ferrocarril. Recuerdo aún el primer presupuesto que
discutíamos en el año 2004; mi grupo por aquel entonces era socio del Gobierno, daba apoyo a los presupuestos y estaba muy contento porque había incorporado partidas que permitían que hubiese separadores de 750 metros, porque había
incorporado partidas que permitían infraestructuras que posibilitaran, como pasa hoy en Suiza, que los camiones subiesen encima del ferrocarril y atravesasen toda España, porque había incorporado partidas que ponían por primera vez en muchos años la
prioridad, el acento, en el transporte de mercancías por ferrocarril. Le reconozco que cuatro años después esas partidas no se ejecutaron y que la prioridad del Ministerio de Fomento y de la ministra Magdalena Álvarez fue otra, el AVE. La única y
principal obsesión de este ministerio es el AVE, el 90 por ciento de los recursos se destinan al AVE y, por supuesto, toda la atención de la ministra hasta el momento se ha dedicado al mismo.
Esa ha sido la realidad. En la comparecencia de la
ministra de Fomento nos hablaba de que iban a invertir 5.000 millones de euros en transporte de mercancías por ferrocarril, y yo lo celebraba -como he dicho ahora-, y después repasé las comparecencias de hace cuatro años y pude ver que también lo
decía; a ver si esta vez va de verdad. Lo cierto es que en un solo año se invierte mucho más en AVE que lo que va a destinar a esto la ministra de Fomento en los próximos años. Lo cierto es que hoy tenemos un problema de competitividad en materia
de transporte de mercancías gravísimo, fruto de muchos factores. Lo cierto es que hoy estamos en el 4,3 por ciento del transporte de mercancías por ferrocarril y hace diez años estábamos en el 10 por ciento; una bajada más que notable.
Lo que nosotros decimos es que esta moción es un paso adelante, pero lo fundamental es algo que hasta el momento no ha habido: voluntad política y priorizar este transporte de mercancías. Además hay que ir más allá. En primer lugar,
transponiendo la euroviñeta, palabra vetada en esta Cámara, pero política europea que lo que significa es internalizar el coste del transporte de mercancías también cuando va por carretera. Eso tiene que ir acompañado de un plan de reconversión del
sector de transporte de mercancías por carretera, porque tampoco podemos dejar a las miles de personas que trabajan en el transporte de mercancías por carretera en la cuneta. Eso significa que aquellos que hoy están ocupados en el transporte de
mercancías por carretera, pasen a estar ocupados en el transporte de mercancías por ferrocarril, porque las cosas no pueden hacerse de forma drástica, por supuesto que no, pero hay que hacerlo. Eso además tiene que trasladarse en programas de
inversión efectivos y en aquello que ha planteado el señor Macias.
Acabo ya con esto, pero quiero decirle al señor Macias que le felicito y que deseo y espero que esta moción no tenga la misma suerte que aquellas enmiendas que nosotros incorporamos en los presupuestos generales de antaño. Lo cierto es que
hoy tenemos un problema gravísimo; lo cierto es que hoy existen organizaciones empresariales -algunos nos acompañan hoy- que ponen encima de la mesa que hay que hacer una apuesta por el ferrocarril y por el transporte de mercancías por ferrocarril.
Termino con una anécdota. La empresa de Sony en Viladecavalls viene reclamando desde hace años que aquella vía de tren que pasa por delante de su factoría tenga un ramal a la empresa que facilite la llegada de componentes provenientes del
puerto de Barcelona. Eso lo vengo yo reclamando al Ministerio de Fomento desde hace cuatro años y seguramente algún otro diputado también lo habrá hecho. La factoría de Sony en Viladecavalls no tiene ese ramal que tan sencillo es de hacer y que
cuesta una centésima parte de lo que cuesta un kilómetro de AVE.
Conclusión, espero que esto se traduzca en voluntad política.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me hubiera gustado también felicitar al señor Macias por el primer texto de su moción. Bien es verdad que, en ese intento de hacer lo posible para que el Gobierno actúe, ha tenido que hacer algunas renuncias y
en lo que confiamos es en que de verdad sirvan para algo, como ya ha expresado más de uno aquí.
El Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular siempre han estado defendiendo la necesidad de potenciar las mercancías. Se ha hecho referencia al trabajo realizado en el Senado en la pasada legislatura y aquí quiero destacar, y el
señor Macias no me dejará mentir, que tuvo una incidencia directa en los trabajos y en las conclusiones de esa Comisión un senador del Partido Popular, José Ramón Bustillo Navia-Osorio, senador por Murcia, lo que implica clarísimamente cuál es el
empeño del Grupo Parlamentario Popular en materia de mercancías. Desde luego, siempre lo hemos estado diciendo. La noticia es que en 2008 Renfe-Mercancías perdía otras 770.000 toneladas. Curiosamente se han dado muchas cifras esta mañana y yo voy
a dar otra. Desde el año 2003 hasta el año 2009 se pierde casi el 40 por ciento de las mercancías, concretamente el 38,5 por ciento. Ciertamente también venimos oyendo desde el año 2004 que la política del Partido Socialista es la potenciación del
ferrocarril, la potenciación de las mercancías. Hoy el señor Pezzi ha hecho un autobombo a una altura impresionante que no se corresponde evidentemente con la realidad, y tan es así que esta moción que vamos a apoyar hoy y que se ha pactado entre
CiU y el Partido Socialista lo que hace es, de entrada, dar por muerta una de las medidas contra la crisis que se denominaron medidas estrella por el presidente del Gobierno en julio de 2008. Es decir, que se improvisa permanentemente
ofreciendo soluciones que luego vemos que no se plasman en la acción de Gobierno. El Gobierno improvisa y falla, y hoy muere la determinación más importante de las cuatro que en materia de infraestructuras y fomento se habían anunciado por
el presidente del Gobierno el día 23 de julio.
Nos tememos mucho, señorías, que no se vaya a llevar a cabo este deseo ferviente de CiU apoyado por el Gobierno porque hasta tanto en cuanto no se separen de verdad las mercancías de los pasajeros no se aumentará el tráfico de mercancías.
Es una realidad patente que no se quiere aceptar por el ministerio. El ministerio solo ha aprobado los AVE que dejó en obras el Partido Popular y ninguno más, y los otros están haciendo las altas prestaciones que no nos llevan a ningún sitio. Por
tanto, señores del partido del Gobierno, menos autobombo y más realidad, porque el hecho de que el Grupo de Convergència i Unió haya tenido que admitir que se va a estudiar el proyecto de Ferrmed ahora, cuando llevamos tres años insistiendo en su
necesidad imperiosa y en forzar en Europa su aprobación, no es de recibo; el proyecto no es para estudiarlo, señor Pezzi, es para apoyarlo sin ningún tipo de duda. De la misma manera que no es de recibo ver cómo el Partido Nacionalista Vasco tiene
que hacer presión para que se aborde el proyecto número tres de los proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte porque no se están cumpliendo los plazos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Difícilmente podemos exigir a
Francia que cumpla sus plazos cuando nosotros no cumplimos los nuestros. Por tanto, todo eso debe traducirse de verdad en inversiones tanto para el proyecto prioritario número tres como también para la línea de Figueras-Perpiñan. El día 19 tenemos
la puesta en servicio de la concesión francesa-española y resulta que España no ha hecho los deberes. Por tanto, vamos a apoyar esta moción, pero tenemos muy poca confianza en que sirva para algo porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se
hace y, en definitiva, señor Macias, le insto a que siga trabajando igual que el Partido Popular por que las mercancías sean respetadas y este modo de transporte finalmente tenga la atención que se merece.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.
Señor Macias, le ruego tenga la bondad de anunciar a la Cámara si acepta alguna de las enmiendas y en qué términos.
El señor MACIAS I ARAU: Se acepta totalmente la enmienda de sustitución suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista y por Convergència i Unió y no se acepta la del Grupo Vasco.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias. Así se pasará a votación.
Nos quedan dos mociones para poder examinar todo el orden del día sin tener que dejar resultas para la próxima semana. Les ruego a los oradores que colaboren con la Presidencia para que realmente podamos levantar la sesión a las 14:30, lo
cual es posible si cumplen con los tiempos reglamentarios. (El señor Jáuregui Atondo: Si cumplen religiosamente.) Si cumplen, como dice don Ramón Jáuregui, religiosamente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL BALANCE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000046.)
El señor PRESIDENTE: Ahora corresponde examinar la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre el balance de la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para su
defensa tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señor presidente.
El objeto de esta moción es lograr que el Gobierno socialista cumpla con la Ley de Dependencia para que las personas mayores y con discapacidad tengan la atención prometida por el Gobierno y que esta ley, que es la ley del Gobierno
socialista que mayor frustración en su ejecución ha causado en estos cinco años, sea real. Esta moción pretende sacar del colapso al sistema de la dependencia y no pretendemos, como hacen voces autorizadas del PSOE en Extremadura o Cataluña,
proponer una moratoria o una paralización. Al contrario. Queremos que se cumpla la ley, queremos aquello que la inmensa mayoría apoya y que obtuvo el respaldo político, sindical, empresarial y social casi unánime. Hoy, dos años y dos meses
después de su aprobación, el Gobierno se ha quedado solo. Las críticas son prácticamente unánimes y los usuarios, los supuestos beneficiarios, y el propio Comité de representantes de personas con minusvalías, el Cermi, han pasado de aplaudir a
demandar judicialmente al Gobierno por el incumplimiento de la literalidad de la ley. Pretendemos, por tanto, un sistema viable, justo y eficaz, y un sistema para la dependencia viable es aquel que no se puede permitir, dos años y dos meses después
de la aprobación de la ley, una cola de 126.000 mayores y dependientes, todos ellos dependientes severos, esperando un dictamen. Una cola engordada, por cierto, por los 58.000 andaluces mayores o con discapacidad que suponen casi la mitad de esa
larga cola que está esperando un dictamen.
Por tanto, este no puede ser un modelo en el cual aparezca una ministra mes a mes anunciando cientos de miles de beneficiarios que realmente no obtienen ningún servicio ni ninguna prestación. Y aquellos
que los tienen
curiosa y llamativamente, en claro fraude de ley- eran personas que ya estaban en las residencias de ancianos, que son evaluadas y dictaminadas en la residencia y para las que el recurso final que se propone es el de la permanencia en la
misma residencia. Así se consigue aparentar que se atiende a más gente con unos recursos prácticamente similares. El número de beneficiarios nuevos de la ley, excluidos los cuidados informales que la ley pretendía como extraordinarios, es
bajísimo, es prácticamente nulo. Un sistema viable es aquel que no precariza la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Como han denunciado sindicatos y empresarios, los cuidados informales, en lugar de la excepción
contemplada en el artículo 14 de la ley, se convierten en el recurso utilizado hasta en un 46 por ciento de los casos. Pretendemos, por tanto, un sistema viable, que es aquel que no aprueba, como se ha publicado el pasado día 30 de enero, que los
dependientes severos de nivel 1 dispongan tan solo de 70 euros al mes. Setenta euros al mes, señorías del Grupo Socialista, es el 4 por ciento del coste medio de una plaza residencial, lo que supone el incumplimiento del artículo 32 de la ley, que
dice que la financiación del sistema será suficiente y que la Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado del artículo 9 donde se habla de un nivel mínimo. Pretendemos un sistema que cumpla la ley. No se puede permitir
que el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, diga aquí el pasado martes que se está generando empleo cuando sindicatos y empresarios denuncian la destrucción de empleo y el cierre de empresas dedicadas a cuestiones sociales derivado
de la precarización, de la absoluta prostitución del objetivo de la ley. Al final, se ha optado por repartir pobreza para muchos, algo más de 130.000 pequeñas ayudas para que las personas dependientes se queden en casa con cuidados informales y no
acudan a residencias de ancianos o a atención domiciliaria. Proponemos, en suma, el cumplimiento fiel de la ley y, si el cumplimiento de la ley -cosa que no se ha hecho- no funciona, finalmente, como proponía aquí Esquerra Republicana en su día,
habrá que cambiar esa norma. Además, el texto propone que eso que era el objetivo final de la ley, que haya derechos y obligaciones comunes para todos los españoles, sea real, que sea una norma, como judicialmente demanda el Cermi, y no una mera
sugerencia que convierte la ley en una nueva fuente de desigualdades. Pretendemos que el Gobierno cumpla la ley, que remita los dos informes anuales a los que tiene obligación, el de 2007 y el de 2008, que se dé transparencia. Queremos conocer los
convenios singulares que solamente se firman con comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Galicia, Cataluña o Andalucía. Queremos que se revise el cálculo económico de una memoria que no contempla las innumerables enmiendas que fueron
introducidas. Queremos que el Gobierno cumpla la ley también en su artículo 32 cuando se dice que el sistema debe tender a que la Administración General del Estado cubra el 50 por ciento del coste y no entre el 10 y el 20 por ciento, según
denuncian la unanimidad de las comunidades autónomas. Queremos que los convenios sean automáticos y no firmados en Navidades con enorme retraso. Queremos también que haya un mejor tratamiento fiscal, como la ley prevé, y además pretendemos
simplificar y agilizar el sistema. Queremos, finalmente, a través de una autoenmienda que hemos hecho porque se han sucedido dos elementos relevantes, que el reparto del dinero no sea sectario y que la distribución que se hizo las pasadas Navidades
a modo de aguinaldo navideño, que permitió que Andalucía, con el 17 por ciento de los habitantes, recibiese el 30 por ciento y Madrid, con el 13 por ciento de la población, tan solo el 5 por ciento, no vuelva a tener lugar...
El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, debe acabar.
El señor BARRACHINA ROS: Concluyo, señor presidente, diciendo que lo que pretendemos simplemente es salvar el modelo. Transparencia y no discriminación, y que exista un mínimo común porque, al final, si los derechos de mayores y personas
con discapacidad van a ser radicalmente distintos en las diecisiete comunidades autónomas y sus obligaciones, el copago, también, ¿para qué demonios hacía falta elaborar un Sistema Nacional de la Dependencia que está generando enorme frustración?
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrachina.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intentar ser lo más breve posible para manifestar el apoyo a la iniciativa y, sobre todo, para defender la enmienda que proponemos al texto que se plantea por el Grupo Parlamentario Popular. Estamos de acuerdo con el punto
1, de acuerdo con lo establecido en la ley, en aras de aportar la transparencia sobre la información relativa al sistema.
Entendemos que los datos obtenidos en cuanto a beneficiarios y grados y niveles reconocidos son la fuente más fiable para
extrapolar el coste futuro del sistema, por lo que creemos totalmente necesario una revisión periódica de los mismos. Respecto al punto 3, los criterios de reparto de financiación del nivel acordado, en la Comunidad Autónoma de Canarias estamos de
acuerdo con todos los criterios para determinar la financiación de la Administración General del Estado, excepto con el criterio de superficie. En todo caso, una vez aprobado el sistema, vamos a plantear la disconformidad entendiendo que el hecho
insular se debe establecer como un criterio más. El propio Grupo Parlamentario Popular propone una enmienda de adición, el punto 13, que complementa lo establecido, según nuestro criterio, en el punto 3.
Estamos también de acuerdo con el punto 4, sobre el plan de financiación propuesto; también con el punto 6, establecer la disponibilidad de créditos a 1 de enero, sin perjuicio de posteriores regularizaciones. Es importante recoger,
señorías, las diferencias entre cada comunidad autónoma en cuanto a la demanda potencial y los recursos existentes.
Coincidimos en que es fundamental la planificación a medio y largo plazo de los recursos con los que vaya a dotarse el sistema,
referido en el punto 6 de la parte dispositiva. Estamos de acuerdo en que la sostenibilidad del sistema recae fundamentalmente en una garantía financiera futura, como se contempla en el punto siete. Aprobamos que se haya adecuado la normativa
referente a las cuantías en las prestaciones económicas, la cual se regula desde junio de 2007, frente a la relativa al establecimiento de un precio de referencia a los servicios que determina la ley, determinación de la aportación de los
beneficiarios y de su capacidad económica, aprobada en diciembre de 2008; todo ello recogido en el punto 8 de la iniciativa planteada. El punto 9 se refiere a que la reforma del baremo debe ir encaminada a la inclusión de los actuales
beneficiarios de los servicios sociales especializados que hoy en día se encuentran excluidos del sistema, por lo que se garantizará la coordinación del Estado. En el punto 10 se comenta que se ha detectado en la práctica que el actual
procedimiento de gestión administrativa recogido en la propia normativa que desarrolla la intención de la ley ralentiza la aprobación de resolución de programas de atención individual. En cuanto al punto 11, referido a garantizar la seguridad
jurídica de dichos acuerdos en los términos que los mismos establecen, por supuesto que lo compartimos.
Coalición Canaria quería añadir un punto 12 -entiendo que sería el punto 14 de la parte dispositiva en caso de aceptarse por el grupo proponente- para proponer un acuerdo donde se establezcan los criterios, recomendaciones y condiciones
mínimas que deberían cumplir los planes de prevención de las situaciones de dependencia que elaboren las comunidades autónomas, con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores y discapacitados, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2006.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
En la última ocasión que el diputado Barrachina trajo a esta Cámara el debate sobre la Ley de Dependencia ya tuvimos la oportunidad -una vez más- de, en términos educados, recriminarle el tono, la manera y el tótum revolútum de sus
intervenciones y propuestas. Le dijimos que no era el momento de dar cabida a sus argumentos, atendiendo a dos razones. En primer lugar, estábamos todos empeñados en conseguir que el Gobierno pusiera más dinero en los Presupuestos Generales del
Estado y al final conseguimos 400 millones más. De hecho, el presidente Rodríguez Zapatero reconoció que gracias al empuje de nuestro grupo parlamentario y otros se hizo esta nueva aportación y, ciertamente, creíamos que habíamos llegado a un
cierto escenario de tranquilidad cuando todos aprobamos y alabamos la propuesta del diputado Campuzano de crear una comisión de sabios para que presentara, antes de finalizar el mes junio, una evaluación completa del despliegue y la financiación de
la Ley de Dependencia. Por cierto, quizá tendrían que ser más diligentes en los trabajos porque sabemos que la primera reunión fue a finales de enero. No vayamos ahora a retardar los procesos.
Nadie puede achacarnos que no hayamos sido comedidos, leales y que hayamos trabajado todos, conjuntamente, con el Grupo Socialista para que la mal llamada Ley de Dependencia mejorara y se desplegara con eficiencia. Pero yo desearía
aprovechar, ya que estamos en esta tribuna, para pedir al Grupo Socialista que dejen de hacer trampas con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana o, al menos, que dejen de hacer trampas con nosotros. Hace pocos meses se aprobó en esta Cámara
una moción, fruto de una interpelación que planteaba temas de despliegue de la Ley de Dependencia y del 0,7 del IRPF para fines sociales, y aquí ustedes pactaron con nosotros, después de tres días de negociaciones intensas, que se procedería a la
progresiva territorialización del 0,7 del IRPF.
Pues bien, no solamente no han cumplido sino que además la orden para 2009 es más regresiva que la de 2008. Es decir, con la orden de 2008 provocamos aquí un debate, llegamos a un acuerdo, y resulta
que no solamente no han mantenido lo de 2008 sino que, además, han dado un paso hacia atrás. Esto es indignante. Esto es desleal. Esto es merecedor de que nosotros ahora les digamos que, aunque no tengan razón, votaremos a favor del Partido
Popular, que, por cierto, no lo haremos. ¿Y saben por qué no lo haremos? Porque nosotros tenemos una concepción de los pactos muy distinta de la que tienen ustedes. Aquí se llegó a acuerdos y no han tenido la educación, parlamentariamente, de
pasarnos el texto de la orden de 2009. La hemos tenido porque un diputado socialista nos la ha pasado.
Esto es indignante y dice muy poco no solamente de los acuerdos, de los pactos, de la palabra dada, sino incluso de la manera de trabajar de
ustedes. No puede ser que ustedes exijan lealtad cuando tienen un procedimiento tan falsario. Esto no lo aceptamos. Hay que trabajar honradamente. Y ustedes no han trabajado honradamente con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de
Catalunya, que se está rompiendo la cara desde el año 2004 para que la Ley de Dependencia se despliegue de una forma equitativa, justa, funcional y moderna. Por eso les decimos que, por favor, antes del martes, en la conferencia sectorial, corrijan
la orden.
Todavía tienen tiempo de actuar con mayor honradez -repito-, con mayor honradez parlamentaria, pero honradez.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Todos somos conscientes de la aprobación por parte de la Cámara de una iniciativa impulsada por Convergència i Unió, en concreto por el señor Campuzano, a la que se ha hecho mención anteriormente, para que un grupo de expertos realice una
evaluación de lo que está sucediendo con el desarrollo de la denominada Ley de Dependencia. Nos dábamos un plazo hasta el próximo junio para tener ese informe, que esperemos que llegue a tiempo porque, ciertamente, los trabajos han comenzado un
poquito tarde.
En cualquier caso, a nosotros no nos parece que la iniciativa sea merecedora de un absoluto y directo rechazo, teniendo en cuenta que existía la decisión de impulsar esa comisión. Muchas de las cosas que se presentan son impúlsese,
hágase, pero tampoco se pone un plazo. Incluso podía quedar supeditado -podría hacerse esa interpretación- a resultas de lo que luego pudiéramos observar en ese informe. Nosotros tenemos discrepancias de matiz en algunos de los puntos, y lo voy a
señalar, pero, en general, tampoco nos parece que sea un diagnóstico desacertado de los problemas que están sucediendo en estos momentos con la Ley de Dependencia. La remisión a la Cámara de los informes anuales es algo que dice la ley, pero eso no
obsta para que tengamos ese informe en junio.
Por lo menos tendríamos los datos que constan al Gobierno en estos momentos, porque también sabemos que hay muchas comunidades autónomas que no están actuando con diligencia y no están enviando los
datos concretos de su labor. Esos informes se podrían presentar.
¿Revisar el cálculo de gastos en dependencia? Algo de esto habrá que hacer. Inmediatamente no se puede hacer, porque se necesita un examen, se necesita ver ese estudio, pero es evidente que revisar el cálculo del gasto es algo que hay que
hacer. Ahora bien, necesitaríamos más datos en este momento.
En cuanto al incremento del presupuesto, lo que dice el artículo 32.3 es claro, y es que el Gobierno central debe aportar al menos el 50 por ciento de las cantidades destinadas a dependencia. Tendríamos que ver las cifras reales de lo que
supone el gasto, pero es evidente que el Gobierno central en este momento está aportando menos de lo que debería y las comunidades autónomas están teniendo que suplementar. El presupuesto está recién aprobado, pero el presidente del Gobierno dice
una y otra vez que el gasto social no se va a retraer y que se va a lanzar adelante. Por tanto, la bancada socialista no tendría que tener mucho problema en que esto se implementara a lo largo del año.
Estamos absolutamente de acuerdo con el carácter automático de las transferencias de recursos financieros. Las administraciones públicas incluso están creando problemas a la hora del pago a proveedores. En esta crisis económica que tenemos
ahora, con el tardío pago de muchas administraciones, estamos creando problemas a muchas empresas, a muchos proveedores. Además, nos parece que si hay una cantidad especificada, esa cantidad debe estar disponible desde el 1 de enero. En ese
sentido, estamos de acuerdo. A pesar de que este asunto no afecta a la circunscripción y a la comunidad autónoma que me eligió, nos parece algo lógico para el resto de las comunidades autónomas.
En cuanto a la financiación de las infraestructuras, las comunidades autónomas tienen que dar un paso y tienen que ser ellas las que se impliquen en ello, pero tampoco vemos descabellada la creación de un fondo específico por parte del
Estado. Un plan de financiación de las prestaciones para los próximos cinco años nos parece adecuado y lógico.
Evidentemente, todo puede ser objeto de modificaciones en el medio plazo, pero tener una previsión, una guía de cómo va a ser la
financiación nos daría a todos más seguridad y más tranquilidad en cuanto al desarrollo de la ley.
Volvemos otra vez a la suficiencia financiera en el nuevo sistema de financiación autonómica. En ese sentido, expresamos nuestra solidaridad frente a lo que se pueda acordar sobre el nuevo sistema de financiación autonómica; me refiero al
nuevo sistema de régimen común.
En cuanto a que las prestaciones económicas, y es un dato cierto...
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Un momentito, señor presidente. Solo le voy a quitar quince o veinte segundos.
Es cierto que el número y la proporción de las prestaciones económicas están siendo mayores que los servicios y que esto gira el principio en el que se basaba la ley. Ahora bien, creo sinceramente que, a diferencia de lo que se hace en la
propuesta, deberíamos hacer una reflexión sobre el tema, porque quizá estas prestaciones económicas tengan que tener una mayor relevancia en la propia ley. Quizá sea una buena vía para que determinadas personas puedan permanecer en su domicilio
recibiendo los cuidados necesarios. Respecto a esta previsión que hacía la ley, quizá esta Cámara se equivocó en el diagnóstico sobre la situación social y habría que replantearlo. Por tanto, en este punto, discrepo en algo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, señor presidente.
El resto de los puntos tampoco están muy alejados del diagnóstico general de la situación. Ahora bien, en algunos de ellos discrepamos. También está ese informe para junio, y por tanto nos abstendremos en la votación de esta propuesta.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, no va a ser esta la última vez que debatamos la Ley de Dependencia en este Pleno ni tampoco ha sido la primera, y el señor Barrachina ya ha protagonizado diversas iniciativas. Es evidente que existen problemas en la aplicación de
la ley por parte de las comunidades autónomas; es evidente que hay una insuficiencia de recursos, tal y como se puso de manifiesto en los últimos debates de presupuestos, y es evidente también, señor Barrachina, que los criterios de distribución de
esos recursos por parte del Estado en el marco del consejo interterritorial podrían ser discutibles. Sin embargo, mi grupo se reafirma en la idea que hemos defendido en los últimos años, y es que los problemas actuales de la aplicación de la Ley de
Dependencia se derivan de una mala Ley de Dependencia, que ustedes votaron. Buena parte de aquellas cosas que hoy no funcionan se pueden explicar en ese texto legal. Esa es la posición de Convergència i Unió de manera muy clara. Por ejemplo, es
en esa ley donde se configura un sistema de financiación de la dependencia por parte del Estado que asfixia a las propias comunidades autónomas. Si usted se va al texto del debate de la votación final cuando llegaron las enmiendas del Senado, en
una réplica que hice desde mi escaño -precisamente cuando el presidente del Gobierno se había incorporado al Pleno-, pusimos ya de manifiesto ese riesgo que se ha convertido en realidad. A partir de ahí compartimos parte de su argumentación, pero
recordamos su responsabilidad en la aprobación de una mala ley. Esperamos -eso sí- que durante 2009 tengamos aquellas informaciones que permitan a la Cámara avanzar hacia una revisión de la ley para garantizar que ese objetivo público de impulsar
una política de atención a la dependencia, adecuada a las necesidades de hoy de las personas mayores y de las personas con discapacidad y también adecuada para las necesidades futuras de una sociedad crecientemente envejecida, pueda conseguirse.
Señorías, no puedo ahorrar el trámite de esta moción del Grupo Popular para poner de manifiesto, en la línea que el señor Tardà denunciaba hace unos instantes, que ayer el Gobierno trasladó a las organizaciones de ámbito estatal del tercer
sector el borrador de orden que va a regular las subvenciones para las actividades de interés social asignadas al IRPF. Efectivamente, el próximo martes en conferencia sectorial esa cuestión va a ser debatida por el conjunto de los gobiernos
autonómicos y el Gobierno de España. Señorías, es evidente que el borrador de orden que mi grupo conoce supone un retroceso respecto a las órdenes que hasta ahora han regulado esta materia en estos últimos años, en la medida en que las órdenes
vigentes hasta ahora permitían a las organizaciones de ámbito autonómico participar en esa convocatoria, porque en el borrador de orden que el Gobierno ha elaborado se excluye a las organizaciones de ámbito autonómico. Ese planteamiento expresa una
voluntad de la Administración General del Estado de asfixiar la capacidad de financiación de las organizaciones que no sean de ámbito estatal. Eso incumple evidentemente mandatos parlamentarios -el señor Tardà ha hecho referencia a ello-, pero
desde una perspectiva estrictamente catalana incumple también el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su articulado deja muy claro que ese tipo de subvenciones deben de ser gestionadas por las comunidades autónomas.
Señorías, mi grupo hoy quiere manifestar su indignación política ante este hecho y quiere reclamar al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte que corrija esa propuesta de borrador antes de la reunión del próximo martes. Nos
parece que estamos saltándonos absolutamente el marco constitucional, el marco del Estatuto de Autonomía, y lo que es más grave, algunos acuerdos que se alcanzaron en esta Cámara hace muy pocos meses. El programa de subvenciones al 0,7 para crear
ese fin de interés social con este tipo de medidas pierde legitimidad frente a la ciudadanía. Ustedes me podrán explicar por qué razón los contribuyentes de Cataluña, de Andalucía, de Extremadura, del País Vasco o de Castilla y León no van a tener
derecho a que las organizaciones exclusivamente de su ámbito territorial puedan beneficiarse de ese tipo de ayudas que responden a su propia voluntad de ayudar a ese tercer sector. Es una concepción jacobina, centralista y preconstitucional de lo
que constituye la política social de apoyo al tercer sector. Espero, señores de la mayoría socialista, que corrijan esta cuestión de aquí al martes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Esperanza Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la posición de mi grupo en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular va a ser de rechazo y en consecuencia vamos a votar en contra, pero vamos a fundamentar el porqué de nuestra decisión. Esta es una ley
de vital importancia para nuestro sistema de bienestar -creo que estamos de acuerdo-,
pero sobre todo para las personas en situación de dependencia y sus familias porque, cuanto más tiempo pasa, estamos más convencidos de que nuestra opción fue acertada, y ante los informes evaluativos de los que vamos a disponer en breve y
que determinarán los puntos fuertes y los puntos débiles del proceso, se deberán establecer todos los objetivos de mejora que sean necesarios. No les quepa la menor duda de que el Gobierno del Estado pondrá todo su empeño para convertir debilidades
en fortalezas en beneficio de todos los ciudadanos, y estoy convencida de que esta será también la actitud del resto de las administraciones competentes; así lo deseo. A día de hoy, señor Barrachina, los objetivos de desarrollo de la ley se han
cumplido y contamos con los instrumentos normativos básicos -me refiero a esto- para el buen desarrollo del sistema. Le recuerdo que durante el mes de febrero de 2008 el consejo interterritorial del sistema cerró el acuerdo con dos resoluciones
sobre la acreditación de centros y la contribución económica del beneficiario, que eran los dos aspectos que quedaban por resolver. Esto está resuelto. A pesar del momento tan difícil por el que estamos atravesando, y precisamente por ello, este
Gobierno y su presidente a la cabeza ha hecho del mantenimiento e intensificación de las políticas sociales un eje prioritario para la inclusión, para seguir avanzando en nuestro modelo de protección y sobre todo en esta ley generadora de beneficios
sociales y de ocupación. Por ello no solo hemos cumplido con la memoria sino que hemos incrementado en el presupuesto aprobado para 2009 un 34 por ciento, situándonos en 1.200 millones de euros, además del fondo adicional de 400 millones que no
requieren de cofinanciación por parte de las comunidades autónomas. El espacio de debate y de toma de decisiones corresponde al consejo interterritorial del sistema, y esto a ustedes se les olvida. Esta ley se basa en un modelo de cooperación
interinstitucional, de corresponsabilidad y de compromiso mutuo, y justamente está encontrando sus mayores dificultades allí donde ustedes gobiernan, y le pongo por ejemplo la Comunidad Valenciana, donde parece existir un auténtico obstruccionismo:
Elche, Alicante, Valencia... Los ciudadanos han tenido que constituir una plataforma en defensa de su derecho a ser atendidos.
El Sindic de Greuges ha recibido 245 quejas y el colegio de abogados ha dispuesto un turno de oficio gratuito para
atender las reclamaciones de las asociaciones de ciudadanos por la falta de respuesta de la Consejería de Bienestar Social. (Aplausos.) Y en la Comunidad de Madrid, otro tanto de lo mismo. Es que si ustedes no hacen la tarea, cómo quieren cobrar
por adelantado. Podrá gustarle más o menos nuestra política, pero esto no le da derecho a utilizar la confusión para ocultar, al fin y al cabo, sus insuficiencias.
Esta ley seguirá adelante y muy pronto vamos a disponer de los tres informes. El primero elaborado por la Comisión especial para la mejora de la calidad del sistema -todo esto se ha tenido que poner en marcha-, órgano transversal creado a
finales de julio de 2008 y que está ultimando su evaluación, que la vamos a ver aquí; el segundo, el del grupo de trabajo del consejo territorial del sistema, que ha sido constituido -los territorios, las comunidades autónomas- para analizar los
resultados de la aplicación del baremo, al cual usted también se refería; y, finalmente, una consulta externa a expertos aprobada en esta Cámara el 16 de octubre de 2008, a instancias de Convergència i Unió y a la que hacíamos referencia hace un
momento, que está trabajando y que finalizará su tarea en el mes de junio de este año. Esto es trabajar.
Mientras ustedes hacen lo que hacen, 750.000 ciudadanos de España han hecho su solicitud, los servicios técnicos han valorado 624.527 y existen ya 526.191 beneficiarios a los dos años de su aprobación, y lo haremos cada vez mejor porque el
proceso nos enseña. Tenemos, por tanto, objetivos de mejora. Allá ustedes con su conciencia; nosotros solo podemos lamentar su actuación y con la nuestra seguiremos exigiendo el cumplimiento de las leyes, acatándolas y procurando naturalmente la
mejor práctica posible. Hoy de nuevo les tendemos la mano. Trabajemos juntos porque el éxito de esta ley es un éxito de nuestra sociedad, no nuestro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
Pregunto al señor Barrachina si acepta alguna de las enmiendas que se han presentado.
El señor BARRACHINA ROS: Hay dos enmiendas, una automienda y otra de Coalición Canaria, que naturalmente aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Así se pasará a votación, señor Barrachina.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA HABILITACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE TV3 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA RECIPROCIDAD DE CANAL 9 EN CATALUÑA. (Número de
expediente 173/000047.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la habilitación y normalización de la emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana y la reciprocidad de Canal 9
en Cataluña. Para su defensa tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, deseo principiar esta intervención diciendo que estamos muy satisfechos por el acuerdo que hemos
alcanzado con el Grupo Socialista y que se traduce en una enmienda de sustitución a nuestra moción; un acuerdo que va a hacer posible en breves minutos que este Congreso de los Diputados adopte un acuerdo, sin duda histórico. Histórico
porque va más allá de los meros compromisos retóricos y verbales expresados ya en alguna otra ocasión en esta Cámara y, por cierto, luego incumplidos e incluso contradichos. Un acuerdo histórico que supone dar al Gobierno español un mandato
explícito, plasmado por tanto en el Boletín Oficial de las Cortes, y que además fija un plazo; interpone una pared antes de acabar el año 2009 para hacer efectivas desde el punto de vista técnico y legal las medidas que aseguren la reciprocidad en
las emisiones entre Televisión de Cataluña y Canal 9 del País Valencià. Se pone así negro sobre blanco lo que hasta ahora era un acuerdo político al que en su día llegaron el Gobierno catalán y el Gobierno valenciano y que hoy, al menos, ya hace
posible -como es sabido- la recepción de las emisiones de Canal 9 en Cataluña.
Señorías, no está en nuestro ánimo -al menos en este debate- hacer un catálogo de reproches, un catálogo de críticas. Quiero, por tanto, aparcar la polémica y los dimes y diretes partidistas simplemente porque creemos que es de sabios
rectificar. Es un hecho que hace muy pocas semanas en este misma Cámara asistimos a un debate con un ministro de Industria que se inhibía como si no fuera de su incumbencia e insistía en que el Gobierno ya había dispuesto lo necesario desde el
punto de vista técnico para solucionar el presente problema. En cambio hoy, de forma clara y explícita, asume a través de esta moción la responsabilidad que cabe al Gobierno del Estado para asignar las frecuencias de los canales de la TDT.
No podía ser de otra forma. Lo que no era lógico es, en pleno siglo XXI, en el contexto de la plena globalización y de la sociedad de la información, seguir poniendo cortapisas, puertas al campo de la libre comunicación y de la libre
información, y menos en territorios de una misma comunidad lingüística. Juzguen ustedes, señorías, si como mínimo no es sorprendente o paradójico que en Vinalopó, en Gandía o en Sagunt, por poner un ejemplo, se vea hoy en día Al Jazeera o la CNN y
en cambio no la vecina Televisión de Cataluña. Miren si es sorprendente y al mismo tiempo paradójico que ha tenido que ser hasta ahora la iniciativa de la sociedad civil, por ejemplo de Acció Cultural del País Valencià, la que durante dos décadas,
contra viento y marea, ha hecho posible la recepción de TV3 en el País Valenciano aprovechando los pocos resquicios del marco legal.
Esta moción incorpora finalmente un segundo punto, que quizá no suscite, a diferencia del anterior, el apoyo unánime de la Cámara. Se trata de la eventual incorporación en la futura ley audiovisual de un nuevo concepto, el concepto del
espacio de comunicación en el seno de una misma comunidad lingüística, que no vale solo para catalanes y valencianos, para valencianos y catalanes, sino también para el ámbito de Euskal Herria, para el ámbito galaico-portugués, para facilitar en el
futuro la reciprocidad de las emisiones de televisión en una misma lengua.
Quiero acabar felicitando a todos los grupos y agradeciendo la muy buena disposición especialmente de los diputados del PSC y del PSPV y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que presentó una moción similar en el Senado hace pocos
días, y sobre todo quiero reconocer el empeño del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras, y también del consejero -por qué no- Vicent Rambla, de la Comunidad Valenciana, por hacer posible el acuerdo de hoy y
sobre todo la solución de un problema que, desgraciadamente, se enquistó durante más de veinte años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Marta Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el martes en el Senado se llegó a un acuerdo sobre este mismo tema por unanimidad. Aquí se va a poner de manifiesto esta mañana, que efectivamente va a ser histórica pero mala para los valencianos, la falta de coherencia de
algunos grupos políticos, porque la enmienda que ha presentado el Grupo Popular es el mismo acuerdo que por unanimidad se aprobó hace escasamente dos días por nuestros compañeros, por nuestros mismos partidos políticos en el Senado. Hoy estamos
debatiendo aquí la necesidad de adoptar medidas y promover los acuerdos necesarios para posibilitar que en la Comunitat Valenciana, señor Ridao, Comunitat Valenciana, y en Cataluña y en sus respectivos territorios se puedan ver de manera legal las
televisiones autonómicas. Esta cuestión, señorías, compete única y exclusivamente al Gobierno central, que es quien tiene las competencias en el espectro radioeléctrico.
En octubre de 2007 el Ministerio de Industria preparó un real decreto para habilitar la reciprocidad entre las comunidades limítrofes. Este decreto garantizaba a mi comunidad, la Comunidad Valenciana, contar con un tercer múltiplex. Ha
pasado cerca de un año y medio y este decreto continúa paralizado siendo el Gobierno central el único responsable. Además, la llegada de este tercer múltiplex se hace necesaria para que la Comunidad Valenciana pueda equipararse a otras comunidades
autónomas, como es el caso de Cataluña, que cuenta con tres, a diferencia de los dos de que dispone mi comunidad, la Comunidad Valenciana. El Grupo Popular exige para la Comunidad Valenciana igualdad de condiciones que en Cataluña y por eso
reivindicamos al Gobierno central que ceda ese tercer múltiplex, porque, señorías, un gobierno que ha presumido tantas y tantas veces de Ministerio de Igualdad estaría actuando de forma discriminatoria
negando a unos ciudadanos lo que alegremente ofrece a otros y en esta ocasión solo por el hecho de vivir en un territorio diferente. Además, con la llegada de este tercer múltiplex se haría posible la reciprocidad no solamente con Cataluña
sino también con otras comunidades limítrofes.
Por tanto, estamos hablando de una excelente oportunidad para la difusión y promoción de la lengua, cultura y tradiciones valencianas en otros territorios, una oportunidad que hasta ahora el Gobierno
socialista no ha querido ver y se empeñaba en bloquear.
El Gobierno valenciano, siempre desde el respeto institucional y la legalidad, ha mantenido desde hace tiempo un proceso de negociación con Cataluña para tratar de llegar a ese acuerdo de reciprocidad. Durante este proceso -permítanme que
les diga- hemos asistido de manera sorprendente a un cambio radical en la opinión del Gobierno central. En marzo de 2008, Joan Clos garantizaba un tercer múltiplex para la Comunidad Valenciana; más tarde, el conseller catalán, el señor Tresserras,
coincide con la postura del Gobierno valenciano y señala que el acuerdo se encuentra en manos del Ministerio de Industria, que es quien debe aprobar este real decreto. Posteriormente el señor ministro de Industria Miguel Sebastián se desmarca de su
propio partido y del Gobierno. Esta actitud debe entenderse también como una falta de respeto institucional, porque mientras que el Gobierno valenciano se esfuerza por llegar a un acuerdo con el Gobierno catalán, los dirigentes del Gobierno
socialista no hacen sino cambiar su discurso, tratando de engañar a la opinión pública. ¿Por qué? ¿Qué intenciones pretende esconder el Gobierno socialista, que se empeña en poner obstáculos a la concesión del tercer múltiplex al que se
comprometió? ¿A qué está esperando el Gobierno para cumplir su compromiso? Inexplicablemente una propuesta llevada a cabo por un ministro socialista hace año y medio ha sido ignorada con una carencia total de argumentos para justificarlo.
Desde el Grupo Popular pensamos que la Comunidad Valenciana no tiene por qué resignarse, no tenemos por qué recortar nuestros derechos, queremos tener las mismas oportunidades que otras autonomías y queremos compartir información, y además
no se puede ignorar o tirar por tierra todo aquello en lo que se ha estado trabajando en los últimos meses, en el último año.
Me gustaría destacar que desde el Grupo Popular queremos instar una vez más al Gobierno para que ponga en marcha este real
decreto y recordarle a la vicepresidenta del Gobierno señora Fernández de la Vega que en la elaboración de este proyecto de ley audiovisual hay que contar con los valencianos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torrado.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Montserrat Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta misma semana mi grupo parlamentario en el Senado consiguió que se aprobara una moción referente precisamente al mismo asunto que hoy nos ocupa: las emisiones de TV3 y Canal 33 en el País Valencià. Este es un tema que
lamentablemente arrastramos desde hace años, concretamente desde otoño de 2005, a raíz de la aprobación de la Ley de impulso de la televisión digital terrestre. Así, fue a partir de ese momento cuando surgen los conflictos jurídicos en las
emisiones, como también ha mencionado antes el señor Ridao, y fue a raíz de aquella situación cuando se iniciaron distintas iniciativas tanto políticas como parlamentarias en ese sentido. Diremos que en abril de 2007 nuestro portavoz Duran i Lleida
reclamó en esta Cámara explicaciones al presidente del Gobierno sobre este tema, a lo que contestó que se solucionaría. Posteriormente, el 8 de mayo de 2007, en una comparecencia del ministro Clos, el señor Vilajoana le requirió en igual sentido y
la respuesta fue también que se solucionaría. Llegados a este punto, ya he dicho anteriormente que esta semana se aprobó una moción de Convergència i Unió en el Senado, a la que se sumaron posteriormente los demás grupos parlamentarios, que a
nuestro parecer supone un paso adelante importantísimo para que se inicie el camino para así zanjar definitivamente el problema de las emisiones de TV3 y Canal 33 en el País Valencià. Con nuestra iniciativa, que precisamente es también la recogida
en la enmienda que hemos presentado, el Estado asume, reconoce finalmente la responsabilidad en la resolución del conflicto y se ve instado a poner en breve las medidas necesarias, por lo tanto, para solucionarlo. Así esperamos que los valencianos
puedan nuevamente y lo más brevemente posible visionar TV3 y el Canal 33 sin impedimento alguno. El texto que hoy pasaremos a votar recoge precisamente el espíritu de la moción aprobada esta semana en el Senado.
Aunque hay determinados aspectos
que nosotros entendemos que también se deberían haber incluido, ya anunciamos que nuestro voto será favorable al texto que se nos va a proponer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Para defender la enmienda de sustitución suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista y el de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds tiene la palabra don Ferrán Bono.
El señor BONO ARA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, me gustaría decir, como no podía ser de otra manera, que el Grupo Socialista defiende la reciprocidad de la emisión de TV3 y Canal 9 en las comunidades valenciana y catalana. Es absurdo que hoy en día no se puedan
ver la televisiones públicas y vecinas, y todavía más si comparten un mismo sistema lingüístico, como reconoce la Academia Valenciana de
la Lengua, creada por las Cortes Valencianas. Ya hace unos años que los baleares y los catalanes pueden ver sus dos cadenas autonómicas, dando solución a esta reciprocidad. Creo que es de sentido común y así se contempla, por ejemplo, en
la Carta europea de las lenguas minoritarias o regionales, asumida por el Gobierno actual y ratificada por España en el año 2000.
Estábamos hablando de coherencia. En el año 2000, el Gobierno de España estaba presidido por el PP, al igual que la Generalitat Valenciana hoy.
Sin embargo, es la Generalitat la que ha decidido cerrar los repetidores que han permitido ver
TV3 en toda la Comunidad Valenciana poco antes de las últimas elecciones autonómicas. Me gustaría dejar bien claro que si hoy no se puede ver TV3 en diversas comarcas valencianas es porque el Gobierno del PP mandó cortar la señal analógica de la
televisión catalana, mientras mira hacia otro lado con las decenas de emisoras y cadenas alegales o ilegales que aún funcionan en su territorio.
(Aplausos.) Por el contrario, el Gobierno de España ha puesto orden en el sector y ha puesto en marcha
Plan nacional de transición a la TDT para adecuar el modelo audiovisual español al futuro digital europeo. En este contexto, el Gobierno está ultimando la ley de lo audiovisual, que vendrá a regular definitivamente este complejo mundo, respetando
las competencias asignadas a las comunidades autónomas.
Dentro de este marco normativo y competencial, el Gobierno ha planificado doce múltiplex de la televisión terrestre digital para todo el Estado, el doble de múltiplex de países como Francia o Inglaterra, como ha señalado en este mismo
Parlamento el ministro de Industria Miguel Sebastián.
Recuerdo que cada múltiplex permite la transmisión de varios canales de televisión digital de alta definición. Al mismo tiempo, el Gobierno ha asignado a las comunidades autónomas la
competencia de adjudicar un buen número de dichos canales a empresas públicas y privadas. Así lo ha hecho la Generalitat Valenciana, si bien no ha cubierto aún todos sus canales de TDT de uno de sus múltiplex. En definitiva, el Gobierno ha
favorecido la pluralidad en el panorama audiovisual español posibilitando la multiplicación de la oferta de canales y repartiendo competencias a poco más de un año del apagón analógico, una pluralidad, por cierto, que brilla por su ausencia en el
caso de la televisión valenciana. No lo digo yo, lo dice la Unión de Periodistas Valencianos. Ayer manifestó su indignación y denunció la enésima manipulación informativa de Radiotelevisión Valenciana. No sé si saben, señorías, que Televisión
Valenciana hasta ayer no había informado nada sobre el caso instruido por el juez Garzón sobre corrupción empresarial (Aplausos.) y que salpica a algunas contrataciones de la Generalitat y del PP. Sí que sabían todos ustedes, señorías, como no
puede ser de otra manera, que todos los medios, todos, se han hecho eco de un caso que ha conmovido a la opinión pública, según expresión vertida por el propio Federico Trillo ayer en la Comisión de Justicia. Pues bien, la televisión de la
Generalitat, nada; bueno sí, sacó el pasado domingo unas declaraciones descontextualizadas de un dirigente del PP hablando del PSOE. No se entendía nada. Por cierto, uno de los imputados por el juez Garzón es un empresario que controla trece
canales locales de TDT concedidos por la Generalitat.
Los socialistas y el Gobierno en cualquier caso trabajan para que los valencianos puedan ver la televisión catalana, porque hay que recordar e insistir para quien no lo sepa que los catalanes pueden ver la televisión valenciana en sus casas
desde hace meses. El trabajo hay que desarrollarlo siempre respetando las normas y las competencias entre los distintos gobiernos y sin cerrar el futuro a la introducción de mejoras y modificaciones en beneficio del ciudadano y del televidente y
qué mejor marco que el de una ley para integrar todas las cuestiones relativas al futuro de lo audiovisual español.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bono Ara.
¿Por el Grupo Mixto han solicitado hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Salvador tiene la palabra y entiendo que es la única intervención del Grupo Mixto. Muchas gracias.
Aprovecho para decirles que comenzaremos las votaciones a las 14:20 horas.
Por tanto, no vamos a interrumpir la sesión con las llamadas que ya se empezarán a hacer.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, mi intervención y la postura de Unión del Pueblo Navarro respecto a esta moción relativa a la Comunidad Valenciana y a Cataluña y a la posibilidad de que sus televisiones autonómicas
puedan emitir en el territorio respectivamente debe ser entendida con relación al caso similar que ocurre también en Navarra con las emisiones de la televisión pública vasca en la comunidad foral; digo similar porque la Comunidad Foral de Navarra
es de las pocas comunidades autónomas que no creen en la necesidad de que los gobiernos autónomos tengan que disponer de unas carísimas y costosísimas televisiones autonómicas a su servicio. Las comunidades autónomas son las responsables de
digitalizar los centros analógicos desplegados mediante convenios, que son los necesarios para obtener una cobertura digital similar a la existente en analógico, en concreto a través de sus gobiernos. En el ejercicio de esta genérica obligación de
las comunidades autónomas, se encontraría la de la firma de convenios entre las afectadas, que son los necesarios para el otorgamiento posterior por el ministerio de nuevos múltiplex como al que se refiere la moción; pero también todas las
comunidades autónomas entienden que deben regular la actividad de los medios en su comunidad. En sus regulaciones todas ellas establecen los principios a los que deben ajustarse dichas emisiones. En el caso de Navarra, por ejemplo, la Ley foral
18/2001, en su artículo 3 c), dice: El respeto a la identidad de instituciones y símbolos de la Comunidad Foral de
Navarra, presentando y representando en todo momento el territorio de la comunidad foral como realidad propia y diferenciada tanto en sus aspectos gráficos como en sus descripciones, de conformidad con el ordenamiento jurídico, es un
principio básico que debe respetar las emisiones de quien quiera emitir en Navarra. Precisamente, el respeto de estos principios, de este en concreto, es condición sine qua non para la firma de estos acuerdos entre comunidades. Esta, señorías, es
la ley.
En esta misma línea se han pronunciado también parlamentos autonómicos.
Por ejemplo, el Parlamento de Navarra aprobó el 13 de marzo de 2008 una moción por unanimidad de todos los grupos por la que se pedía que el Gobierno de Navarra
explorase efectivamente la posibilidad de llegar a convenios de colaboración con otras comunidades autónomas colindantes a fin de que los canales regionales navarros de TDT pudieran sintonizarse en estas y viceversa, y decía: Siempre que se respete
la realidad institucional de Navarra. En Navarra todos los grupos de la Cámara entendieron entonces que quien quisiera emitir en Navarra, y previo concierto con su Gobierno, debía respetar nuestra realidad institucional, es decir, respetar la ley,
es decir, hacer algo que es normal.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Salvador.
Por favor, les ruego tengan la bondad, nos quedan escasos minutos para levantar la sesión. Por respeto al orador y a la Cámara, les ruego, por favor, tengan la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones privadas.
Puede seguir, señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Por eso, nos han llamado mucho la atención las manifestaciones de un conocido político nacionalista vasco de Navarra que se ha atrevido nada menos que a llamarnos fascistas a quienes hemos pedido ese respeto institucional que pide por
unanimidad el Parlamento de Navarra y que exige la ley navarra. Es gracioso, porque quien nos llama así suscribió como parlamentario foral esa moción que pide lo mismo que nosotros pedimos, o sea que en el fondo él mismo se está llamando fascista,
cosa que yo no diré de este político, quien por cierto en los años de plomo, cuando ETA asesinaba a decenas de españoles, fuera uno de los portavoces más significados de la plataforma que utilizaba ETA para participar en política. Difícilmente un
gobierno, sea vasco o catalán, puede llegar a conveniar con otro en este asunto si la televisión a su servicio no respeta la realidad institucional del territorio en el que su televisión pretende emitir, y más aún si políticos del espectro político
de esos mismos gobiernos se dedican a insultar a quienes públicamente piden algo tan normal como que se respete su propia realidad, lo mismo que pediría el Gobierno vasco de su realidad institucional si en este caso el Gobierno de Navarra tuviera
una televisión autonómica a su servicio, cosa que no tenemos.
En relación con el segundo punto es mi deber hacer la siguiente reflexión.
Cuando se pide al Gobierno de España que concrete y refuerce su compromiso con los objetivos y principios de la Carta europea, resultaría conveniente citar la Carta
en su integridad y no de forma parcial.
Convendría no olvidar lo que dice el preámbulo y, sobre todo, convendría no olvidar lo que dice el artículo 5, que me permito leerles. Dice así: Nada -repito- nada en la presente Carta podrá ser
interpretado que implique el derecho de iniciar ninguna actividad o de acometer cualquier acción que contravenga los objetivos de la Carta de Naciones Unidas u otras obligaciones del derecho internacional -y añade- incluido el principio de la
soberanía y de la integridad territorial de los Estados.
Como ustedes pueden comprobar, la Carta no puede ser más clara. Así pues, nadie y, por tanto, ninguna televisión pública al servicio de ningún partido político, puede defender su papel como
protector y promotor de una lengua regional si en su defensa se vulnera sistemáticamente este artículo. Es más, las administraciones públicas, bien sea la central o la autonómica, deben velar por que los posibles incumplimientos de este artículo,
que es central en la Carta, no se produzcan, cosa que a mi juicio no se garantiza con la moción pactada entre el Grupo Parlamentario Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ¿desean intervenir? (Pausa.) Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente por respeto a la Cámara y por la hora. Quiero decir previamente que no pensaba que estábamos hablando aquí ni de la televisión vasca ni de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral de
Navarra, sino que estábamos hablando de la televisión de Cataluña y de la televisión valenciana. De todas formas, quiero decir que yo no soy nadie para entrar en cómo tienen que ser las relaciones entre otras comunidades. Por supuesto, aceptamos,
respetamos y apoyamos la propuesta de los compañeros de Esquerra Republicana, todo aquello que sea abrir ventanas a la cultura y a otro tipo de televisiones. Siguiendo la misma cita que ha hecho Joan Ridao de que si hoy en cualquier caserío de
Guipúzcoa se puede ver Al Jazeera, ¿cómo no se va a poder ver en Valencia la televisión de Cataluña o en Cataluña la televisión de Valencia? Hay que abrirse en esta época de globalización.
Simplemente quiero decir que nos gustaría lo mismo aquí y en todos los sitios en donde se comparte comunidad lingüística y cultural. Como vasco, alguna vez también me gustaría poder ver tranquilamente, sin ninguna traba y con toda
naturalidad, como es el deseo
expreso de muchos ciudadanos, la televisión vasca en otras comunidades con las que se comparte cultura y lengua. Apoyamos la propuesta que ha hecho Esquerra Republicana con mucho gusto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Pregunto al señor Ridao, si es tan amable, que indique qué enmiendas acepta para su votación posterior.
El señor RIDAO I MARTÍN: Ninguna, señor presidente. Vamos a someter a votación la moción en los términos de la enmienda de sustitución suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista y por nuestro grupo.El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.)
- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000005.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. Aprovecho para anunciar a SS.SS., como hice al principio de la sesión, que la semana próxima, por razón del estudio que hemos avanzado en cuanto a materia legislativa, el jueves no habrá
sesión plenaria.
Pasamos a la votación de la toma en consideración de proposiciones de ley y, en concreto, de las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 10; en contra, 293; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO. (Número de expediente 122/000113.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con
las víctimas del terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO AL PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO. (Número de expediente 162/000176.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre impulso al proceso de paz en Oriente Medio. Esta proposición no de ley se vota en los términos de la enmienda presentada por el propio Grupo Socialista, el
Grupo de Convergència i Unió, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 311; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES CON RESPONSABILIDADES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN DEL PLAN DE VIALIDAD INVERNAL DE LA RED DE CARRETERAS
DEL ESTADO Y EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID). (Número de expediente 162/000289.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la coordinación de los departamentos ministeriales con responsabilidades ante situaciones de emergencias, así como la revisión del Plan de vialidad
invernal de la Red de Carreteras del Estado y el Plan de emergencias del aeropuerto de Barajas (Madrid). Esta proposición no de ley se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional
presentada y, en consecuencia, aceptada para su tramitación por todos los grupos de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 317; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO, CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LO QUE RESPECTA A SU CUMPLIMIENTO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
(Número de expediente 173/000044.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos) sobre la posición del Gobierno en relación con la aplicación y cumplimiento del Protocolo de Kioto, con especial atención en lo que respecta a su cumplimiento en la
Comunidad Foral de Navarra. Esta moción se pasa a votación en sus términos, ya que no ha sido objeto de ninguna enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 16; en contra, 293; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL. (Número de expediente 173/000045.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la política de transporte de mercancías por ferrocarril.
Esta moción se vota según el texto de la enmienda conjunta del grupo proponente, Convergència
i Unió, y el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 317; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL BALANCE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000046.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre el balance de la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Esta moción se pasa a
votación en los términos de la autoenmienda del grupo proponente, incorporando también la enmienda de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 138; en contra, 158; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA HABILITACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE TV3 EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y LA RECIPROCIDAD DE CANAL 9 EN CATALUÑA. (Número de
expediente 173/000047.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la habilitación y normalización de la emisión de TV3 en la Comunitat Valenciana y la reciprocidad de Canal 9
en Cataluña. Esta moción se pasa a votación en los términos de la enmienda de sustitución del propio grupo proponente y del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 183; en contra, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL PACTO DE ESTADO EN LA SANIDAD. (Número de expediente 158/000019.)
El señor PRESIDENTE: Pregunto a la Cámara si acepta y aprueba la propuesta de la Comisión de Sanidad
y Consumo de crear una subcomisión para el pacto de Estado en la sanidad.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (El señor Esteban Bravo pide la palabra.)
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, nos gustaría que hubiera votación para este punto y el siguiente.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que solicita votación para las dos propuestas de creación de subcomisión. Así se hará.
Por tanto, pasamos a votación la propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo de crear una subcomisión para el pacto de Estado en la sanidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 308; en contra, uno; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN SOBRE EL DEPORTE PROFESIONAL EN ESPAÑA.
(Número de expediente 158/000022.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por último, a votación la propuesta de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, de creación de una subcomisión sobre el deporte profesional en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 309; en contra, uno; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.