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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 41, de 29/10/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2008 IX Legislatura Núm. 41
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 38 celebrada el miércoles 29 de octubre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas .... (Página 4)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las previsiones del Gobierno en relación con las instalaciones militares en Galicia, concretamente lo relativo a la base militar 'General Morillo'.
(Número de expediente
172/000040.) .... (Página 21)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa articular el Gobierno para movilizar el actual stock de viviendas en beneficio de una política de vivienda para jóvenes y familias. (Número de expediente
172/000042.)... (Página 27)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre propósitos de política general que tiene el Gobierno para desbloquear la situación de la Administración de Justicia. (Número de expediente 172/000043.)...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas... (Página 4)
De la diputada doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: ¿Considera que las
actuaciones del Gobierno están teniendo el necesario respaldo social? (Número de expediente 180/000252.)... (Página 4)
Del diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo cree que va a afectar a la economía española el
enorme incremento del paro? (Número de expediente 180/000253.)... (Página 5)
Del diputado don Fernando López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda: ¿Comparte el apoyo de la ministra de Vivienda a la
propuesta de ampliación de los plazos de vencimiento de las cuentas de ahorro-vivienda? (Número de expediente 180/000254.)... (Página 5)
Del diputado don Juli Fernández i Iruela, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda: ¿Nos puede explicar el Ministerio la mejora que supondrá para la
liquidez de las empresas la generalización del sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido? (Número de expediente 180/000262.)... (Página 6)
Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cree el Gobierno que su política de expulsión de inmigrantes es eficaz? (Número de expediente
180/000259.)... (Página 7)
Del diputado don Arturo García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿A qué se debe el profundo descontento que vive el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil con su
ministerio? (Número de expediente 180/000260.)... (Página 8)
De la diputada doña María Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Considera compatible con el'Código del Buen Gobierno' del Ejecutivo permitir que el ex director general de
Policía y Guardia Civil siga viviendo en un pabellón de la Dirección General del Instituto Armado? (Número de expediente 180/000261.)... (Página 10)
Del diputado don Santiago Lanzuela Marina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento sobre el pago de las expropiaciones y daños derivados de
la construcción de la autovía A-23 (Autovía Mudéjar) en la comarca del Jiloca? (Número de expediente 180/000256.)... (Página 11)
De la diputada doña Ana María Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Por qué el Gobierno margina la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Ourense y Vigo? (Número
de expediente 180/000257.)... (Página 12)
Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte: ¿Qué opinión le merece a la señora ministra el mérito y esfuerzo de superación de
los atletas paralímpicos? (Número de expediente 180/000250.)... (Página 13)
Del diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte: ¿Cómo valora la ministra las afirmaciones del presidente Montilla
acusando al Gobierno de falta de lealtad con la Ley de Dependencia? (Número de expediente 180/000251.)...
(Página 14)
De la diputada doña María José Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte: ¿Podría explicar el Gobierno cuáles son las principales líneas de actuación que
pretende llevar a cabo en materia de empleo y discapacidad? (Número de expediente 180/000263.)... (Página 15)
Del diputado don Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas tiene previsto tomar el
Gobierno para afrontar la crisis del sector de la automoción en general y, en particular, en el caso de Nissan en Cataluña? (Número de expediente 180/000249.)... (Página 16)
Del diputado don Javier Jorge Guerra Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la evolución del sector del automóvil en
España? (Número de expediente 180/000255.)...
(Página 17)
De la diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Mantiene la autoridad portuaria de Vigo el proyecto de depositar 150.000 toneladas
de lodos procedentes del dragado de las dársenas de este puerto frente al Parque Nacional de Illas Atlánticas? (Número de expediente 180/000248.)... (Página 18)
De la diputada doña Carmen Hermosín Bono, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Igualdad: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la celebración del 25º Aniversario del Instituto de la Mujer? (Número de
expediente 180/000264.)... (Página 19)
Del diputado don Pablo Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Vivienda: ¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre los resultados económicos y de gestión de la Sociedad Pública de
Alquiler (SPA)? (Número de expediente 180/000258.)... (Página 20)
Interpelaciones urgentes.... (Página 21)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las previsiones del Gobierno en relación con las instalaciones militares en Galicia, concretamente lo relativo a la base militar 'General Morillo'....
Formula la interpelación urgente la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
Contesta la señora ministra de Defensa (Chacón Piqueras), en nombre del Gobierno.
Replica la señora Fernández Davila y duplica la señora ministra de Defensa.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa articular el Gobierno para movilizar el actual stock de viviendas en beneficio de una política de vivienda para jóvenes y familias...
Formula la interpelación urgente el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Contesta la señora ministra de Vivienda (Corredor Sierra), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Macias i Arau y duplica la señora ministra de Vivienda.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre propósitos de política general que tiene el Gobierno para desbloquear la situación de la Administración de Justicia... (Página 32)
Formula la interpelación urgente el señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Contesta el señor ministro de Justicia (Fernández Bermejo), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde y duplica el señor ministro de Justicia.
Se levanta la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SÁEZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA QUE LAS
ACTUACIONES DEL GOBIERNO ESTÁN TENIENDO EL NECESARIO RESPALDO SOCIAL? (Número de expediente 180/000252.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Pregunta para la señora vicepresidenta primera del Gobierno. (Rumores.) Por favor, guarden silencio. Para formularla tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, presidente.
Señorías, ¿cuántos parados más tiene que haber en España para que el Gobierno haga algo? Hace quince días en esta misma Cámara le dije que habían pasado ustedes de prometer el pleno empleo a tener 500.000 parados más. Su respuesta fue que
el balance era razonable. Hoy son ya 300.000 parados más y no parece que ustedes hayan cambiado de actitud. El viernes cuando los españoles conocimos el dato de la EPA, ustedes estaban reunidos en Consejo de Ministros discutiendo de todo menos del
paro, a no ser que me diga usted que los test que periódicamente la ministra de Fomento les lleva sean una política activa de empleo. Señoría, le voy a preguntar lo siguiente y quiero que me lo diga con muchísima claridad.
¿Le parece razonable que
en España cada día 2.000 parados se vayan a las listas del INEM? ¿Le parece razonable que cada día 435 trabajadores autónomos se den de baja? ¿Le parece razonable que cada día 23 empresas vayan a la suspensión de pagos? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Mire, señoría, ¿le parece razonable que hayamos pasado de ser el milagro español a que los españoles vivan de milagro? El problema es que, cuando se hace políticas de despacho que cuestan dos millones
de euros, desde coches que se tunean con 10.000 euros o cuando se hace política paseándose por jardines zen, los 800.000 parados suenan muy lejos y a ustedes esto les parece razonable. ¿Le parece que con esa actitud van a mantener el respaldo
social? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Sí, señor presidente, gracias.
Mire, defendemos los intereses de España y los ciudadanos lo saben y por eso nos apoyan. Trabajamos para reactivar la economía, para frenar la pérdida de empleo y ayudar a las empresas, a los trabajadores y a los ciudadanos, y ustedes erre
que erre. Los ciudadanos ya saben que ustedes no están para ayudar, sino para poner palitos en la rueda, porque piensan que cuanto peor le vaya al Gobierno mejor les va a ir a ustedes; pero se
equivocan. Mire, se equivocan porque efectivamente vivimos situaciones de dificultad y todos desde su responsabilidad están dispuestos a echar una mano; todos excepto ustedes, que prefieren seguir dando manotazos contra el Gobierno aunque
sea al aire. Señoría, dejen de mirar con ojos de topo; miren más lejos y más alto y verán como en todo el mundo todas las fuerzas políticas y los ciudadanos arropan a sus gobiernos y defienden sus países. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señoría, defíname qué entiende usted por ese respaldo social. En siete meses en España se han manifestado o se han puesto en huelga los funcionarios de Justicia, los secretarios judiciales, los jueces y
magistrados, los transportistas... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN:... los taxistas, los pescadores, los estudiantes, sus padres y muchos españoles que se han quedado en paro por los expedientes de regulación de empleo de sus empresas. Señora vicepresidenta, 583 huelgas
en siete meses. ¿Eso es lo que usted llama paz social? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Mire, señoría, ¿quién queda por manifestarse en España? Muy pocos. El problema es que a la vista de su actividad legislativa y de Gobierno muchos españoles empiezan a pensar que los que de verdad están
en huelga son ustedes. (Rumores.) Tiene usted hoy una oportunidad; contestarme o volver como siempre a mirar hacia atrás, pero eso nos dará la razón. Ustedes tienen ya más pasado que futuro. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): No, hacia atrás no; yo miro hacia delante. Me gustaría que me dijera cuando habla de respaldo social si se está
refiriendo al respaldo que tienen sus gobiernos, por ejemplo en Valencia, donde su consejero traduce su nombre al inglés para justificar el disparate que han montado con la educación para la ciudadanía. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Mire, se empieza traduciendo del español al inglés y no se sabe dónde se termina, pero mientras eso ocurre los
ciudadanos sufren las consecuencias, los alumnos, los padres y los profesores. ¿O se refiere usted al respaldo social de sus gobiernos en Madrid que gestionan tan bien que se les ha acabado el dinero para recoger las basuras? (Rumores.) Mire,
señoría, conocemos a sus ideólogos, que ya por negarnos nos niegan hasta el cambio climático.
Pues claro que tenemos el apoyo social; tenemos el apoyo de los ciudadanos. Los ciudadanos confían en nosotros. Confían en nosotros porque saben que no
tenemos otro interés que mejorar su bienestar y defender los intereses de España, porque saben que de verdad hacemos bandera de país frente a sus falsos patriotismos y a sus falsos profetas.
Señorías, se lo digo una vez más. Serénense (Rumores.),
porque si no se serenan no van a aportar absolutamente nada a la situación de dificultad, a cuya solución están contribuyendo todos los españoles, todos los ciudadanos menos ustedes. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO CREE QUE VA A AFECTAR A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EL
ENORME INCREMENTO DEL PARO? (Número de expediente 180/000253.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas ahora para el señor vicepresidente segundo del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Ramón Aguirre. (Pausa.) ¿Don Ramón Aguirre, por favor? (Pausa.) Se da por retirada la pregunta.
(Rumores.)
- DEL DIPUTADO DON FERNANDO LÓPEZ-AMOR GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿COMPARTE EL APOYO DE LA MINISTRA DE VIVIENDA A LA
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE VENCIMIENTO DE LAS CUENTAS DE AHORRO-VIVIENDA? (Número de expediente 180/000254.)
El señor PRESIDENTE: Segunda pregunta para el señor vicepresidente segundo del Gobierno. Para formularla
tiene la palabra don Fernando López-Amor. (Rumores.) Silencio, por favor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Con la venia, presidente.
Señor vicepresidente segundo, quería reproducir el literal exacto de la pregunta formulada, pero tengo en cuenta que nos hemos enterado por la prensa de que ha habido un cambio de criterio por parte de su ministerio.
Si usted nos lo
confirma y nos lo ratifica, en primer lugar sea bienvenido y en segundo lugar yo creo que aceptar las enmiendas que presenta el Grupo Popular y que van en apoyo de todos los ciudadanos y de la reactivación de la economía son buenas noticias, así
como que podamos trabajar conjuntamente. Alguien dijo en su día que ustedes aciertan en su Gobierno cuando rectifican. La historia de su Gobierno en la legislatura anterior y en esta está plagada de ejemplos -no quiero citarle más que algunos-:
proceso de paz, Estatuto de Autonomía de Cataluña, etcétera.
Aquí también han rectificado y han entendido que en un periodo bajista del precio de la vivienda, y sobre todo en un momento donde hay una crisis financiera de liquidez y donde los bancos
no afrontan con la alegría con la que nos tenían acostumbrados la financiación de vivienda para el consumidor final, la deducción fiscal de las cuentas de ahorro-vivienda debe poder materializarse al menos durante un periodo de seis años, periodo
estimado en que podemos salir de la actual crisis financiera. Señor vicepresidente segundo, le pediría... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Le pediría que me dijera si las declaraciones efectuadas ayer por el secretario de Estado de Hacienda y por usted mismo son ciertas o no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
Las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda y las mías siempre son ciertas, por tanto nada que objetar ni que comentar sobre ese punto.
El debate que hemos tenido es sobre si es conveniente o no ampliar los plazos de vencimiento
de las cuentas de ahorro-vivienda. Nuestra posición tradicional ha sido muy clara; tradicional y yo diría que reiterada, porque el 27 de marzo todavía se aprobaba un reglamento de impuesto diciendo que una política de este tipo planteaba algunas
dificultades, porque iba en contra de las tesis de la OCDE de limitar los incentivos fiscales a la adquisición de vivienda, no era coherente con la reforma del impuesto, planteaba problemas de gestión, también podía tener un efecto de anuncio
negativo, y es verdad, y usted estará de acuerdo conmigo, que posiblemente en este momento lo que más se necesita es vender viviendas; por tanto, el retraso de la cuenta ahorro-vivienda en cierta medida supone una contradicción. Al final hay que
elegir entre dos opciones. Estoy de acuerdo en un punto, y es que hay una restricción crediticia que hace que mucha gente que es titular de una cuenta ahorro-vivienda en contra de su voluntad pueda no ejercer la posibilidad que tiene de comprar la
vivienda. Esa es la razón por la que estamos estudiando la posibilidad, que nos parece razonable, de que manteniendo la cuenta vivienda tal como está en términos de aportación, sin embargo, se alargue dos años más la posibilidad de disposición de
la cuenta, sin que evidentemente eso suponga sufrir ninguna obligación con Hacienda por incumplimiento del periodo de cuatro años, y pasa de cuatro a seis años.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Con la venia, señor presidente.
Entiendo que la enmienda presentada por el Grupo Popular en el proyecto de ley de supresión del impuesto sobre el patrimonio en este sentido será estudiada y atendida, porque yo creo que es lo inteligente -con todo cariño- por parte del
vicepresidente segundo y ministro de Hacienda. Esto afecta a muchos ciudadanos españoles. De entrada, el Ministerio de Hacienda ya ha estimado que hay del orden de 240.000 cuentas de ahorro-vivienda en nuestro país y todas estas personas van a
recibir hoy una gran noticia, pero sobre todo generará expectativas en personas que pueden invertir en cuentas de ahorro-vivienda, dada la situación actual de la crisis financiera y sobre todo... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor López-Amor. Acabó su tiempo. Muchas gracias.
DEL DIPUTADO DON JULI FERNÁNDEZ I IRUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿NOS PUEDE EXPLICAR EL MINISTERIO LA MEJORA QUE SUPONDRÁ PARA LA LIQUIDEZ DE
LAS EMPRESAS LA GENERALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DEVOLUCIÓN MENSUAL EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO? (Número de expediente 180/000262.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor vicepresidente segundo del Gobierno, para formularla tiene la palabra el señor Fernández i Iruela.
El señor FERNÁNDEZ I IRUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, desde el inicio de la presente legislatura el Gobierno ha tenido como una de sus prioridades actuar y hacer propuestas para mejorar las condiciones económicas de las empresas y
las familias; una situación económica que tiene sus orígenes en una crisis financiera internacional, tensiones de precios motivadas por el incremento en el precio del petróleo y en algunos alimentos básicos y, en nuestro caso, hay que sumar un
ajuste en el sector inmobiliario; unas medidas destinadas a paliar las consecuencias del nuevo ciclo económico de menos crecimiento y las consecuencias que la actual situación económica comporta para empresas y familias. Desde el principio, señor
ministro, el Gobierno ha tenido muy claro que todas las medidas que tenía que tomar debían de tener dos objetivos: ayudar a las familias y apoyar a las empresas. En esta línea han sido numerosas las medidas desde el inicio de la legislatura,
siempre a partir del diálogo social, que han perseguido dos grandes líneas de ejecución: apostar por un cambio de modelo productivo y reforzar las prestaciones sociales y el Estado del bienestar. De todas formas, a pesar de las diversas medidas
adoptadas, en la actualidad gran parte del sector empresarial tiene un grave problema de liquidez para hacer frente a la continuidad de esos proyectos empresariales. La semana pasada asistimos desde esta Cámara a la convalidación de dos decretos
leyes que tienen como objetivo dotar de más liquidez al sistema financiero para que resulten beneficiados particulares y empresas; dos iniciativas tomadas de forma conjunta y coordinada, como respuesta al plan global de la zona euro, que buscan
aportar liquidez al sistema financiero y dar seguridad y confianza al sistema. Pero hay otras medidas que ayudan a mejorar la liquidez de las empresas a partir del año 2009, como es la generalización del sistema de devolución mensual del IVA, y en
este sentido es en el que le formulo la siguiente pregunta: ¿Nos puede explicar su ministerio la mejora que supondrá para las empresas la generalización del sistema de devolución mensual del IVA a partir del año 2009?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Señor Fernández i Iruela, es bien conocida la preocupación que todos tenemos en el momento actual por la evolución de la liquidez en España y en Europa. También es conocido que la liquidez de nuestro país está en manos del Banco Central
Europeo, y es verdad que él ha venido adoptando una serie de medidas que en algún sentido han sido criticadas por la opinión pública por insuficientes, hasta la reciente medida de aceptar subastas sin límite al 3,5 por periodos relativamente más
largos. Al mismo tiempo y como consecuencia de las decisiones que se producen en París, en la última reunión del Eurogrupo, y en Bruselas por parte del Banco Central Europeo se acepta algo más, y es que en las operaciones superiores a un año se
podría actuar por los países para conseguir mayor liquidez en el sistema. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar con los decretos leyes y en cierta medida van a complementar todas las actuaciones a favor de la liquidez que habíamos venido
planteando ya a lo largo del año. Sin embargo, S.S. propone una más, además de las que ya hemos puesto en marcha este año con los 400 euros, con las devoluciones aceleradas a las sociedades y con todas las actuaciones del Instituto de Crédito
Oficial, que es la puesta en marcha de la devolución del IVA a partir del próximo año. Está previsto que sea a partir del próximo año, hasta ahora la devolución mensual del IVA se aplicaba en el caso de la exportación o a tipo inducido, que daba
lugar a cuotas soportadas normalmente superiores a las repercutidas. Pensamos que, sin embargo, no debe limitarse solo a estas empresas, sino que debe aceptarse para cualquier tipo de empresas. Por tanto, todas aquellas que opten por la
declaración mensual tendrán derecho a la devolución mensual del IVA. Es difícil saber a qué número de empresas nos estamos refiriendo, pero lo que sí podemos saber es que pueden encontrarse alrededor del millón de empresas y puede afectar a un
total de unos 6.000 millones de euros de devoluciones del año 2009, que sin ninguna duda daría aun mayor liquidez a nuestro sistema... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. Acabó su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CREE EL GOBIERNO QUE SU POLÍTICA DE EXPULSIÓN DE INMIGRANTES ES EFICAZ? (Número de expediente
180/000259.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro del Interior. Para formular su pregunta, tiene la palabra don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Señor Rubalcaba, ya sé que ustedes tienen el vicio de utilizar el tiempo de la sesión de control al Gobierno para hablar de lo que sucedía hace cinco años o, sencillamente, para atacar a la oposición. Le pediría que, haciendo una excepción
a su vicio habitual en este turno, nos hablara sobre su política, sobre lo que está sucediendo actualmente y nos explicara cómo valora la eficacia de su actual política de expulsiones de inmigrantes ilegales a los que se ha incoado expediente por
infracciones graves o muy graves contra la Ley de la Extranjería.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Veo que a usted le encanta la política preventiva. Me ha dicho: No me diga usted lo que yo hice para justificar lo que usted está haciendo. ¿Cómo no se lo voy a decir si la ley es la
misma? Ustedes y nosotros aplicamos las mismas leyes, de lo que se trata es de ver quién es más eficaz. Por tanto, a su pregunta le respondo: Sí, estamos razonablemente satisfechos.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Rubalcaba, la diferencia entre usted y yo es que usted es ministro y yo no lo he sido nunca. Espero algún día sustituirle. (Risas.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: Lamento mucho que usted me diga que su política de expulsión es razonablemente eficaz. Usted ha batido los récords de todos los ministros. Ha hecho buenos a todos, ha hecho bueno hasta a Alonso. Tiene usted aquí
los gráficos de las expulsiones reales de inmigrantes ilegales y su evolución. Con el señor Alonso se llegó a expulsar el primer año el 26,5 por ciento de todos los inmigrantes ilegales a los que se les había hecho el trámite de expulsión, el
segundo el 23,3 por ciento, con usted el 20,8 y en el último año los primeros datos que ustedes nos han dado están alrededor del 12 por ciento. Esa es su política eficaz, señor Rubalcaba. Su política solo es eficaz para las mafias que trafican con
persona y para los inmigrantes ilegales, que saben que su Gobierno o los regulariza (Rumores.) o, como mucho, les detiene sabiendo que un 95 por ciento de los casos al final se quedará aquí. En 2007 expulsaron a 10.000 personas y regularizaron a un
millón.
Su política es temeraria, porque en época de crisis económica mantienen el ritmo de regularización masiva, millón y medio en el último año y medio con papeles para todos, creando graves problemas a los que llegan, dificultando la vida de
los que están y originando conflictos que cada día irán desgraciadamente a más. Además es mentirosa, porque alardean de expulsar al 90 por ciento de los inmigrantes y solo lo hacen con el 12 por ciento. Y, por último, es irresponsable porque
imposibilita la integración de los que están y trasladan al bolsillo de los ciudadanos, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos las políticas sociales ante semejantes avalanchas. Nos han convertido en el país...(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Hernando, acabó su tiempo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Mire que iba usted bien, hasta que dijo eso de que en el año 2007 hemos expulsado 10.000 y regularizado un millón. Pero ¿sabe usted de lo que está hablando? ¡Un millón! En política, como
en todo, la exageración a uno le lleva a la ruina, por eso ya le auguro que usted jamás va a ser ministro.
(Risas.-Aplausos.)
Seré muy breve, porque me he quedado sin tiempo. Usted sabe perfectamente que desde que se incoa un expediente de expulsión hasta que se ejecuta la expulsión pasan distintas cosas. El expediente, por ejemplo, se puede sobreseer por una
razón muy evidente: porque el ciudadano ilegal que no quiere ser expulsado no tiene los papeles. Se puede incoar el expediente, dictar la expulsión y a partir de ahí puede haber una paralización judicial porque se tramite un asilo; puede ser
sencillamente que no se encuentre al ilegal, porque los ilegales se esconden; pueden pasar muchas cosas. Cuando le decía que estábamos razonablemente satisfechos y usted se curaba en salud era porque efectivamente sus datos, los de sus años, son
mucho peores que los nuestros; por tanto somos más eficaces. En todo caso le diré dos cosas que vamos a hacer. Primero, queremos aumentar el periodo de internamiento en los CIE: pasar de cuarenta días para tener más tiempo para poder comunicar
las expulsiones a los ciudadanos antes de que se vayan y se pierdan, hablando en plata. Y, segundo, hemos creado una brigada específica para expulsar delincuentes -esos sí que deben ser expulsados inmediatamente- por una razón muy sencilla: porque
ahora tenemos policías. Ustedes eso no lo pudieron hacer, porque en lugar de dotar a la policía de plantillas quitaron policías de las comisarías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
DEL DIPUTADO DON ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿A QUÉ SE DEBE EL PROFUNDO
DESCONTENTO QUE VIVE EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL CON SU MINISTERIO? (Número de expediente 180/000260.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor ministro del Interior.
Para formularla tiene la palabra don Arturo García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Muchas gracias presidente.
Señor ministro del Interior, hay que ver la que tiene usted liada con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Los sindicatos y asociaciones de estos colectivos le llaman de todo menos bonito. Permítanme que les mencione algunas cosas
de lo que dicen; son palabras textuales de sus comunicados. Dicen que usted miente; que el Gobierno desprecia, utiliza y no apoya a las fuerzas de seguridad; que están cansadas -y esto es fuerte- de que se utilice su trabajo y hasta sus
funerales; le piden respeto a lo que son y a lo que representan, a su función; y que dejen de utilizar su nombre políticamente, acabando con la hipocresía de alabarles en público para conseguir réditos por el amplio respaldo social que tiene su
labor y su trabajo. Yo creo que lo anterior parece suficiente para que le preguntemos a qué se debe el profundo descontento que existe entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Ayer estuve dos horas en esta Cámara explicándolo. Seguramente usted pudo tener noticias a través de su portavoz que debe estar por ahí sentado; dos horas explicando este asunto. Ayer dijo un portavoz en la Comisión -y es verdad- que hace
seis meses, cuando me renombraron ministro, los sindicatos dijeron: qué alegría que vamos a seguir con el señor Rubalcaba que es tan bueno. Seis meses después dicen eso, y las razones son bastante evidentes. Debe ser usted el único español que no
lo sabe: quieren ganar más. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias señor presidente.
Señor ministro, el sábado 18 de octubre hubo una manifestación que es única, al menos porque es la primera vez en treinta años que todos los sindicatos policiales proceden a convocar esa manifestación; la primera vez en treinta años y de
forma unánime, señor ministro. Usted les reprocha algo; efectivamente, que quieren ganar más. Dicen que quieren una equiparación salarial con las policías autonómicas y la Policía local, algo que ustedes prometieron y que una vez más no han
cumplido. Es más, se ha duplicado la diferencia en su periodo de mandato del Gobierno; entre el periodo 2004-2008 se ha duplicado la diferencia. Le dicen también que usted está provocando una regresión en los derechos sindicales; que cuando
protestan usted prohíbe sus asambleas, sus actos, incluso llega a expedientes disciplinarios que han ocasionado una denuncia del director adjunto. La circular del director general de la Guardia Civil se ha interpretado como una auténtica
provocación y una auténtica intimidación, recordando el cumplimiento de la ley. Señor ministro, usted creo que no va a pasar como un buen ministro del Interior. Yo lo que le ruego es que rectifique y a ver si no deja una desmotivación...
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor García-Tizón, acabó el tiempo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias.
No puedo reproducir en dos minutos el debate de ayer que fue extenso, pero con mucho gusto le enviaré el 'Diario de Sesiones'. Le diré dos cosas simplemente. Sobre los derechos sindicales no, no, eso no lo admito; pero si un policía corta
una carretera nacional durante 20 minutos evidentemente hay que abrir un expediente. Espero que usted en eso me apoye, y eso no es recortar ningún derecho sindical. No creo que le asusten ni le sorprendan las manifestaciones porque ustedes
tuvieron unas cuantas, ayer se las recordamos largo y tendido. Es verdad que hemos hecho un esfuerzo importante. Fíjese, ha sido el periodo de la historia de España en el que más ha subido la masa salarial liquidada, es decir lo que el Estado se
gasta en sueldos de policías y guardias civiles, en la historia de nuestra democracia. Nos gastamos 3.000 millones de euros en el año 2003, nos vamos a gastar 4.500 millones este año. Eso ha sido porque hemos incrementado las plantillas
extraordinariamente, 20.000 policías y guardias civiles más, y porque hemos subido los sueldos de los policías y de los guardias civiles 10,52 puntos por encima de la subida del resto de los funcionarios; es decir, un abogado del Estado como usted
ha subido equis y un policía o un guardia civil ha subido equis más 10,52 por ciento, un esfuerzo importante. Es cierto que subimos nosotros e inmediatamente se producen reivindicaciones en otros ámbitos y suben los otros. Esto es lo de Aquiles y
la tortuga, ya sabe usted. Por eso es mejor hablar de salarios en el ámbito del Estado que hacer comparaciones que al final uno no puede controlar, porque -repito- suben los policías, se ponen en huelga los mossos, suben los mossos y etcétera.
Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, ustedes lo saben y los sindicatos también. Espero retomar el diálogo, que nos podamos sentar y
resolver esto como lo hemos resuelto durante cuatro años: pactando.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SALOM COLL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA COMPATIBLE CON EL 'CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO' DEL EJECUTIVO PERMITIR QUE EL EX DIRECTOR GENERAL DE
POLICÍA Y GUARDIA CIVIL SIGA VIVIENDO EN UN PABELLÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO ARMADO? (Número de expediente 180/000261.)
El señor PRESIDENTE: Última pregunta para el señor ministro del Interior.
Para formularla tiene la palabra doña María Salom.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, no es la primera vez que altos cargos del Gobierno socialista hacen un uso impropio y en ocasiones delictivo de los bienes de la Guardia Civil o se quedan con los ahorros de los huérfanos.
(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora SALOM COLL: Hoy tenemos que hablar aquí de un alto cargo del Gobierno del señor Zapatero que ha confundido lo público con lo privado.
Señor ministro, ¿considera compatible con la decencia y con el código de buen gobierno
socialista que el actual secretario de Estado de Turismo esté viviendo en un pabellón de la Guardia Civil? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Veo que no sigue usted los consejos de su portavoz, y no es que pase usted a la historia, es que recurre a la prehistoria. (Risas.) Calma, no se excite. La respuesta es sí. El señor
Mesquida vive temporalmente en el pabellón de la Guardia Civil, que no es otra cosa que el cuartel de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno por dos razones que se entienden perfectamente: porque es más seguro para él y porque es más barato para el
Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Salom.
La señora SALOM COLL: Mire, sus excusas sobre los motivos de seguridad me parecen patéticas, patéticas. (Rumores.) Que se lo pregunten al señor Alcaraz. Usted ha cambiado una orden interna para que un antiguo alto cargo suyo pueda
disfrutar de una vivienda gratis en Madrid. Esa es la verdad. La única cuestión de seguridad es que con toda certeza al señor Mesquida la vivienda le sale gratis en Madrid y con toda certeza una familia de la Guardia Civil no puede vivir en ese
pabellón porque lo está utilizando el actual secretario de Estado de Turismo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Se ha cambiado una orden para hacer un traje a medida con la intención de hacer esta situación permanente, para que con la crisis de las
hipotecas el señor Mesquida disfrute hoy de un gratis total.
(Rumores.) Mal garantizarán ustedes la seguridad si la única forma que tienen de hacerlo con los ex altos cargos es que tengan que vivir en un pabellón de la Guardia Civil. Eso no había
pasado jamás en la historia.
Ningún ex alto director de la Guardia Civil ha tenido que utilizar esos pabellones una vez que ha dejado el cargo. Los guardias civiles también se vieron privados durante tiempo de poder utilizar una piscina porque la
mujer del presidente del Gobierno quería aprender a bucear. Ustedes incumplen reiteradamente el código de buen gobierno: con el piso del señor Bermejo, con la residencia del señor Zapatero. ¿Y qué me dicen ahora en Baleares? (Rumores.) El
presidente del Gobierno, el señor Antich, y el diputado treinta, el que da la mayoría absoluta, al que el fiscal ha dado órdenes de que metan en la cárcel. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio por favor.
La señora SALOM COLL: Al final, su código de buen gobierno es papel mojado. Todos los guardias civiles y sus familias tienen derecho a ser quienes disfruten de estos pabellones, porque ellos son los que cada día dan la cara por todos
nosotros. Estas viviendas no están para que un alto cargo socialista viva por la jeta a costa de todos los españoles.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
Señora Salom, ha hecho usted una intervención patética. (Rumores.-El señor Villarrubia Mediavilla: Lamentable.) Es la primera vez que discutimos este tipo de cosas aquí. Estamos hablando de la seguridad, sí, de seguridad. A usted no le
preocupará, a mí sí. Ustedes lo saben perfectamente, porque muchas de SS.SS. tienen escoltas y otros las quieren y no las pueden tener, porque no hay escoltas para todo el mundo.
(Rumores.) Sí, sí. Si el señor Mesquida viviera en una casa
distinta, tendríamos que tener lo que se llama una escolta estática, que son muchos policías vigilando su casa, porque estará usted de acuerdo conmigo en que quien ha sido director general de la Policía y de la Guardia Civil tiene derecho
a tener escolta al menos un tiempo después. (Rumores.) Sí, la tienen. Hay señorías que son ex ministros y que la tienen todavía, y hace cuatro años que salieron. Seguridad. Es más barato, créame; mucho más barato. Calcule usted. Nos
ahorramos al menos cinco o seis policías con esta solución transitoria. Por tanto, es seguro y barato. La verdad, señorías, es que no entendía bien el sentido de esta pregunta porque estas cuestiones sobre seguridad, ustedes y nosotros, las
arreglamos habitualmente hablando entre nosotros. Lo hemos hecho y lo hacemos, casi todas las semanas discutimos de estas cosas. No entendía por qué me preguntaba esto si saben perfectamente la respuesta. Al final a usted se le ha escapado.
El
problema es que el señor Mesquida es de Baleares, y usted también.
(Rumores.) Ese es el problema. ¿Sabe qué le digo? Que mal van en Baleares, y aquí.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON SANTIAGO LANZUELA MARINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE FOMENTO SOBRE EL PAGO DE LAS EXPROPIACIONES Y DAÑOS DERIVADOS
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA A-23 (AUTOVÍA MUDÉJAR) EN LA COMARCA DEL JILOCA? (Número de expediente 180/000256.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Fomento. Para formular la por él presentada, tiene la palabra don Santiago Lanzuela.
El señor LANZUELA MARINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, hace algunos años acudí como miembro del modesto Gobierno de mi comunidad a usted, en su primer puesto político -lo recuerdo bien, creo que era su primer puesto político-, para que me ayudase, no a mí sino a mi provincia,
nada menos que a instalar la más importante inversión privada que ha habido en los últimos treinta años en aquel lugar. Recuerdo muy bien que además de atenderme me ayudó, aunque no estaba en su mano la decisión, pero fue uno de los factores clave
para que aquello resultara bien. Con aquel recuerdo vengo hoy a pedirle una cosa más sencilla -y hoy sí tiene usted en ese importante puesto la capacidad de decisión-, que se resuelva de una vez por todas los impagos que hay de esa magnífica
autovía A-23, apodada Autovía Mudéjar, y que los propietarios de las fincas, afectados ya hace años por esta autovía, cobren definitivamente. Usted sabe muy bien, señora ministra, que hay un retraso grande y está en su mano hacerlo. Como sé que en
alguna ocasión -y soy testigo de ello- usted nos ha ayudado, hoy reitero la petición de ayuda. Le pido no solo una previsión de los pagos sino que se haga rápidamente, que estoy seguro que hoy, que usted tiene capacidad de decisión, puede hacerlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lanzuela.
Señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Lanzuela, lo recuerdo perfectamente. Era directora general de Incentivos Económicos Regionales cuando tuvimos nuestro primer encuentro de trabajo, por tanto, le agradezco esa referencia. Le informo que ya se ha abonado el 89 por
ciento de las expropiaciones. Esperamos que en menos de un año hayamos satisfecho el resto de todos los pagos referentes a las expropiaciones. Creo que solamente quedan pendientes aquellos que han tenido alguna dificultad, y estamos trabajando
para acelerarlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Lanzuela.
El señor LANZUELA MARINA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, se pone usted un plazo de un año. Creo que debería abreviarlo, y como sé que puede hacerlo, se lo pido en nombre de muchos propietarios. Según mis informaciones, el porcentaje de pagos no es el que usted me acaba de decir.
Le agradecería que me mandara por escrito, si lo considera a bien, el número real de los afectados y el compromiso suyo de que en poco tiempo, no en un año, sean pagados, y también que sean arreglados los desperfectos que se hicieron en caminos,
fincas y sistemas de... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Lanzuela, acabó su tiempo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, tiene mi compromiso de que pagaremos lo antes posible. Le puedo decir que ya hemos abonado casi 9 millones de euros, que efectivamente la construcción se inició en 1996 y que por tanto hay propietarios que están pendientes desde
hace bastante tiempo. Los expedientes pendientes corresponden en su mayoría a aquellos en los que ha tenido que intervenir el jurado provincial de expropiación, que ya ha resuelto 601. Ahora mismo esos 601, después de ser resueltos por el jurado,
están en tramitación administrativa. El jurado provincial
tiene pendientes 47 más que seguirán el mismo cauce que los anteriores, y hay 198 expedientes restantes de pequeña cuantía que también vamos a tratar de agilizar. La cuantía concreta es de 0,39 millones de euros, es decir, que nos estamos
refiriendo a menos del 4 por ciento del total.
Después hay una serie de daños, algunos producidos como consecuencia de las obras de la autovía y otros, como usted bien sabe, como consecuencia de otros tráficos o de otras obras. En todos los casos
se refieren a daños que se han producido en el tramo Calamocha-Romanos que pusimos en servicio en febrero de 2008, y estamos trabajando en la reparación de estos daños, en los que sean nuestros, exclusivamente nosotros, y en los que dependan, por
ejemplo, del Ayuntamiento de Calamocha intentaremos llegar a un acuerdo para hacerlo conjuntamente. De todas maneras la información que no le pueda dar oralmente y sí por escrito estamos dispuestos a mandársela, y a ello me comprometo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA PASTOR JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO MARGINA LA CONEXIÓN FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE OURENSE Y VIGO?
(Número de expediente 180/000257.)
El señor PRESIDENTE: Última pregunta para la señora ministra de Fomento.
Para formularla tiene la palabra doña Ana Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿por qué el Gobierno margina la conexión por AVE entre Ourense y Vigo? ¿Cómo es posible que el Pleno del Congreso el 22 de junio de 2004 aprobara por unanimidad -con su voto, por cierto- la puesta en servicio de este tramo,
que hayan pasado más de cuatro años y que aún esté sin licitar la obra? ¿Me puede explicar, señora ministra, por qué está pasando esto? ¿Le pasa a usted algo con Vigo o con Pontevedra? Me levanto por la mañana y leo el BOE pidiendo un milagro, y
el milagro es que aparezca la licitación del AVE por Cerdedo. Díganos, señora ministra -y comprométase aquí-, lo que va a hacer con esta infraestructura que es vital para Vigo y para toda su comarca.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pastor.
Señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señora Pastor, el Gobierno ni ha marginado ni margina a Vigo o a Ourense.
No los ha marginado ni los margina, y le voy a dar solo un dato. En la conexión entre Ourense y Vigo hemos invertido 1.256 millones de euros.
Dos conexiones,
señoría. Estamos trabajando en dos conexiones entre Ourense y Vigo, una por Santiago y otra por la variante de Cerdedo. Hemos invertido -le insisto- 1.256 millones de euros, frente a los 56 que invirtieron ustedes, y la variante por Cerdedo la
hemos aprobado nosotros, la hemos decidido nosotros y la estamos trabajando nosotros. Y cuando estén todos los estudios y todo el trámite administrativo terminados se procederá a la iniciación de las obras, obras que mientras tanto estamos haciendo
en el resto del trayecto, porque no podría existir un AVE que conectara solamente Cerdedo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Muchas gracias.
Señora ministra, no me ha defraudado. Me dice que están trabajando. Pues vaya modo de trabajar si llevan casi cinco años para tener todavía el proyecto en fase de declaración de impacto ambiental. Me dice usted que ha invertido dinero en
la provincia. Señora ministra, dese un paseo por Pontevedra. Yo, que vivo en Pontevedra, para llegar a Madrid en tren ¿sabe cuántas horas tardo? Tardo, señora ministra, diez horas, diez horas de reloj, porque salgo a las diez de la noche y llego
a Madrid a las ocho de la mañana. Señoría, Vigo es el motor de Galicia y Vigo necesita venir a Madrid por AVE sin tener que ir a coger el AVE a Santiago, y eso, señora ministra, lo entienden todos los pontevedreses, lo entienden los sindicatos -que
se lo han reclamado- lo entienden los empresarios, lo entienden las asociaciones vecinales, lo entienden todos los que formamos parte de esa provincia y vivimos en ella. No me diga usted que ha invertido, porque las grandes infraestructuras están
como estaban hace cinco años. No me diga usted que ha invertido allí, cuando en esta obra usted ha dedicado en cinco años menos dinero que el que ha destinado la Xunta de Galicia a pagar coches oficiales y el despacho del señor presidente de la
Xunta.
Señora ministra yo le pido hoy que se comprometa aquí, le pido por favor que se comprometa cuando menos con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular de 20 millones de euros para esta infraestructura, y que saque de una
vez por todas... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Pastor.
Señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, bienvenida a la defensa del AVE. Una pregunta: ¿cuánto tardaba usted desde su casa de Pontevedra hasta aquí cuando era usted ministra? ¿Se ha enterado usted de lo que tardan los gallegos en llegar a Madrid después de 8 años de
Gobierno, o se ha querido enterar solamente cuando gobernamos los socialistas? La gran diferencia es que ahora tarda usted al menos dos horas menos de lo que tardaba cuando usted era ministra y el Gobierno era del Partido Popular.
(Rumores.-Aplausos.) Sí, señorías, sí, por mucho que les duela.
Hemos multiplicado por 20 -no es que hayamos hecho menos inversiones que ustedes, hemos multiplicado por 20- la inversión ejecutada en el AVE Ourense-Vigo por Santiago de Compostela. Señoría a fecha de hoy todo el trazado está en obra o en
servicio. En servicio 27 kilómetros, puestos por nosotros, porque ustedes cero patatero; en obras hemos puesto 147 kilómetros, repito, 147 kilómetros, que es el 81 por ciento del trazado.
Y, lo que es más importante, solamente estamos en proyecto
en el Ourense-Vigo por Santiago trabajando en 7 kilómetros frente a los 154 kilómetros que ustedes tenían sin proyecto, sin estudio informativo, sin saber ni siquiera lo que iban a hacer con la conexión. Y en la conexión directa Ourense-Vigo, que
tiene ... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra, se acabó su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE A LA SEÑORA MINISTRA EL MÉRITO Y ESFUERZO DE SUPERACIÓN DE
LOS ATLETAS PARALÍMPICOS? (Número de expediente 180/000250.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas ahora para la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte.
Para formular la por él presentada, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora ministra, ¿qué valoración hace del esfuerzo de superación y éxitos deportivos de los atletas paralímpicos en las últimas olimpiadas?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Como tuve ocasión de expresar a los propios deportistas paralímpicos y he repetido también en esta Cámara, me he sumado a la felicitación a los deportistas por las 58 medallas, por continuar entre los diez primeros países en el medallero de
las paralímpicas y por ser además el segundo país en Europa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora ministra.
La verdad es que su respuesta es una auténtica invocación a la épica, pero de facto es pura retórica hueca, y voy a explicar por qué. Le voy a exponer el cuadro comparativo de subvenciones y premios en relación con la obtención de medallas
de los deportistas paralímpicos y de los deportistas olímpicos.
Sabe la señora ministra cómo un deportista olímpico por obtener una medalla de oro es premiado, subvencionado, becado con 94.000 euros, 94.000, insisto. Un deportista paralímpico, 9.000 euros. (La señora vicepresidenta, Cunillera i
Mestres, ocupa la Presidencia.) Por una medalla de plata un deportista olímpico obtiene 48.000 euros, un deportista paralímpico, 5.000 euros. Por una medalla de bronce un deportista olímpico obtiene 30.000 euros, un deportista paralímpico, 3.000
euros. Podríamos continuar pero ya ofende a la inteligencia y es difícil hacer una reflexión desapasionada sobre esta cuestión, señora ministra. Incluso en las pruebas por equipos, cada uno de los componentes de cada equipo, si se trata de
deportistas olímpicos, obtiene mayores subvenciones -50.000 euros- que los deportistas paralímpicos que individualmente obtienen medallas. ¿Quién ha decidido este criterio, discriminatorio en nuestra opinión, en relación a las subvenciones o
premios por la obtención de medallas? El Comité Paralímpico Español, del que forman parte, como presidenta, la infanta Elena; el señor Lissavetzky; la señora Valcárcel, secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad; el señor
Fonseca, director general de Deportes. En definitiva, un órgano de naturaleza pública.
Señora ministra, me gustaría conocer si usted considera que los resultados de los deportistas paralímpicos, pero sobre todo la labor promocional concretada en estas subvenciones, en estas becas o en estos premios, se corresponde con el
requerimiento del artículo 49 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a amparar de forma especial -esta es la locución constitucional
que utiliza el artículo 49- el disfrute de todos los derechos del texto constitucional...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Olabarría, ha acabado su tiempo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, le puedo prometer que el trabajo de este ministerio en la anterior legislatura y en esta ha ido encaminado a cumplir con esa obligación que marca la Constitución, y precisamente por eso -lamento que usted no lo haya recordado- en el
año 2005 se aprobó por primera vez un plan de ayuda al deporte objetivo paralímpico. Plan que supone una estrategia de apoyo a este deporte, que no existía con anterioridad y que lamento mucho que no haya tenido usted el detalle de citar en su
intervención. Ese plan ADOP, que ha permitido que el deporte paralímpico sea en España ahora mismo lo que es, nació con un presupuesto que pasó de 7,3 millones a 17 millones de euros.
Señorías, es cierto que las medallas y los premios por medallas son importantes, y también es cierto que tenemos que mejorar su cuantía, pero lamento que en su intervención no haya hecho alusión a lo que el despliegue del plan ADOP ha
supuesto para el deporte paralímpico en ayudas de todos los estilos, especialmente aquellas que son importantes para los deportistas paralímpicos, como la creación de un servicio médico especializado, la posibilidad de que los deportistas
paralímpicos entrenen en los centros de alto rendimiento y tecnificación deportiva, las ayudas especiales en los meses finales o ayudas económicas suplementarias para poder acudir a los juegos. Señoría, yo entiendo que tenemos que hacer mucho más
por los deportistas paralímpicos, pero lo que no puedo comprender es que no sea usted capaz de reconocer lo que se ha hecho en los últimos años.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE: ¿CÓMO VALORA LA MINISTRA LAS AFIRMACIONES DEL PRESIDENTE
MONTILLA ACUSANDO AL GOBIERNO DE FALTA DE LEALTAD CON LA LEY DE DEPENDENCIA? (Número de expediente180/000251.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): La siguiente pregunta es la que formula el diputado don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el presidente Montilla ha acusado al Gobierno de no estar a la altura en la Ley de Dependencia y también le ha acusado de ineptitud, en declaraciones a los medios de comunicación a mediados de este mes de octubre. Nos
gustaría conocer cuál es su opinión en relación con estas declaraciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Campuzano, me alegro de que haya rectificado usted el texto de su pregunta, que hablaba de una acusación del presidente Montilla de falta de lealtad al presidente Zapatero. Efectivamente, no fue falta de lealtad; sí habló de no estar
a la altura de las circunstancias. El propio presidente del Gobierno contestó, yo misma he contestado y le puedo asegurar, como muy bien sabe usted puesto que hemos hablado de este tema muchas veces, que el Gobierno está cumpliendo con sus
compromisos financieros en relación con la Ley de Dependencia y, más allá de eso, está poniendo en marcha todos los mecanismos necesarios para evaluar cuál está siendo el despliegue de la ley en los veinte meses que lleva en vigor.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora ministra, no vamos a discutir en esta Cámara sobre las responsabilidades del señor Montilla en relación a la Ley de Dependencia, ni de su etapa como ministro, ni de su etapa como diputado en esta Cámara,
ni por lo que hace referencia hoy a su condición de president de la Generalitat -eso en todo caso va a ser en el Parlament de Cataluyna-, pero sí, señora ministra, debemos preguntarle a usted si cree que con los presupuestos que han presentado a
esta Cámara, los derechos que se reconocen en la Ley de Dependencia van a poder ser ejercidos por los ciudadanos. Usted sabe que no, hoy eso no está pasando.
Hay ciudadanos que están reclamando en los tribunales que se cumplan esos derechos, hay
personas que han visto reconocido su derecho a recibir una prestación
y no la reciben, hay personas que continúan recibiendo las mismas prestaciones, los mismos servicios que tenían antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, y usted sabe que durante el próximo año, que se van a incorporar más
personas al sistema, la situación previsiblemente va a empeorar. Usted seguramente me va a decir que en el proyecto de ley que estamos tramitando en estos momentos en la Cámara hay un aumento sustancial de las partidas de atención a la dependencia,
cerca de un 33 por ciento, pero sabe que ese aumento del presupuesto que se contempla no corresponde a los costes reales de las plazas de los servicios de atención a la dependencia. Hoy usted sabe que las comunidades autónomas están cargando con
cerca del 70 por ciento del gasto real de esos servicios y de esas prestaciones. Lo están denunciando gobiernos de todos los colores, del Partido Popular y del Partido Socialista. Ayer mismo leía unas declaraciones de la responsable de bienestar
social de la Junta de Andalucía. El presupuesto que usted plantea a esta Cámara, con la lógica actual de la Ley de la Dependencia, no va a permitir mejorar esa situación.
Señora ministra, mi grupo le solicita que la enmienda que Convergència i Unió ha planteado para estos presupuestos, con la creación de un fondo de 1.000 millones de euros para compensar los esfuerzos hechos en esta materia, sea aceptada por
su grupo. Ahí está la respuesta para 2009 en materia de atención a la dependencia. Le ruego que la tengan en consideración.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Campuzano, usted me pregunta y dice lo que yo debo contestar y efectivamente le voy a contestar lo que usted espera que le conteste, no en relación con el president Montilla, que será objeto -me imagino-, en todo caso, de debate en el
Parlament de Catalunya, sino en relación con las responsabilidades del Gobierno y de este ministerio en el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Señoría, sabe usted, porque hemos hablado y discutido de esto tanto en la Comisión como en el Pleno últimamente, con motivo de una interpelación y de una moción consecuencia de ella, que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos
marcados en la Ley de Dependencia, pero no solamente yendo más allá de lo que la memoria económica dice, y de ahí ese aumento del 33 por ciento, sino poniendo en marcha, como he dicho antes, los mecanismos necesarios para tener un conocimiento
sólido de cuáles son los problemas que pueda estar planteando el despliegue de esta ley que, como usted sabe muy bien -y lo hemos discutido, insisto-, es compleja, que necesita además de la colaboración, de la coordinación y del comportamiento leal
de las distintas administraciones implicadas en su despliegue. En el momento en que tengamos los datos y confirmen efectivamente que el esfuerzo de las comunidades autónomas y del Gobierno está siendo el que es, tendremos que sentarnos a ver si
este esfuerzo de financiación es suficiente o no, pero mientras los datos sean simplemente los que unos nos decimos a los otros no tenemos fundamento para fijar exactamente cuáles son las necesidades de financiación y cuál debe ser el modelo. No
solamente estamos cumpliendo, por lo tanto, con el compromiso de financiación sino con el compromiso de evaluar cuál debe ser el comportamiento de todas las administraciones públicas en relación con una ley que efectivamente ha creado grandes
expectativas entre los ciudadanos, y desde luego el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para cumplir con ellas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE: ¿PODRÍA EXPLICAR EL GOBIERNO CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE
PRETENDE LLEVAR A CABO EN MATERIA DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD? (Número de expediente 180/000263.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada doña María José Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, desde el Grupo Socialista somos conscientes de las dificultades que en materia de empleo tenemos en estos momentos de crisis económica en nuestro país, y siendo así para todos los trabajadores y trabajadoras lo es
particularmente para las personas con discapacidad y especialmente las mujeres, que tienen mayor dificultad para el acceso al empleo.
El empleo para las personas con discapacidad es un derecho, una necesidad social y un instrumento necesario para su integración social. Durante la pasada legislatura se aprobaron normas de gran calado que perseguían la mejora de las
condiciones de vida y la integración sociolaboral efectiva de las personas con discapacidad en España, siendo uno de los ejes fundamentales de dichas
normas el relativo al empleo. Entre estas medidas, cabe destacar la Ley 43/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo. La aplicación de estas medidas ha supuesto, en la evolución reciente en cifras, un gran incremento en la
contratación de las personas con discapacidad, que se incrementaron un 39,34 por ciento desde 2003. No obstante, temas como la baja tasa de actividad de las personas con discapacidad, la insuficiente creación de empleo y las deficiencias en el
cumplimiento de la cuota de reserva preocupan y ocupan al Gobierno y al Grupo Socialista. Por eso, señora ministra, querríamos que nos explicara cuáles son las primeras líneas de actuación que pretende llevar a cabo el Gobierno en materia de empleo
y discapacidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Sánchez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, efectivamente el Gobierno viene estableciendo una serie de iniciativas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, una de las cuestiones que nos ocupa y que nos preocupa. En mi comparecencia
de inicio de la legislatura, en la Comisión de Discapacidad, ya desgrané algunas de estas iniciativas, y entre ellas la que hoy es objeto de su pregunta. Estamos hablando, señoría, de una necesidad de primer orden, porque una sociedad inclusiva,
que es la sociedad que queremos, exige que se pongan todos los medios necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral en las mismas condiciones que el resto de las personas. Por eso este ministerio, junto con el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, presentó el 26 de septiembre al Consejo de Ministros una estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad, una estrategia que tiene como marco temporal de actuación hasta el año 2012 y
contiene un calendario de iniciativas y de medidas normativas, programáticas y presupuestarias dirigidas a promover la empleabilidad de las personas con discapacidad y su integración laboral. Esta estrategia ha sido consensuada con los agentes
sociales, con el Cermi y con las comunidades autónomas y, por tanto, constituye una plataforma excelente para aunar todos los esfuerzos que hay que aunar con el objetivo que perseguimos.
Son dos objetivos generales: por un lado, aumentar las tasas
de actividad y de ocupación, así como la inserción laboral de las personas con discapacidad, y, por otro lado, mejorar la calidad del empleo y combatir la discriminación que todavía persiste hacia estas personas. Dos objetivos operativos que se
desarrollan en 93 líneas concretas de actuación en relación con empleo, educación y formación, aspecto muy importante en esta cuestión, y mejora de las condiciones laborales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Esta estrategia va a destinar
3.700 millones en los próximos cinco años. De los 740 millones anuales, aproximadamente 400 corresponden a bonificaciones de la Seguridad Social para empresas que contraten a estos trabajadores y 300 se destinarán a fomentar el empleo protegido.
En definitiva, creo que con el diseño de esta estrategia estamos aunando todos los esfuerzos, introduciendo coherencia en las actuaciones, con el objetivo fundamental de que la incorporación al empleo y al mercado laboral de las personas con
discapacidad no sufra ningún tipo de discriminación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOAN TARDÀ I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO TOMAR EL
GOBIERNO PARA AFRONTAR LA CRISIS DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN GENERAL Y, EN PARTICULAR, EN EL CASO DE NISSAN EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/000249.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas ahora para el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. Para formular la por él presentada, tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted sabe que los republicanos hemos dado apoyo al Gobierno para inyectar dinero y confianza al sistema financiero. Ahora de lo que se trata es de actuar sobre el sistema productivo, porque la crisis no tienen que pagarla
los de siempre, los trabajadores. Creo que hay que hacer una declaración pública categórica de no aceptar expedientes de regulación de empleo que tengan como causa y objetivo la acumulación desaforada de beneficios. Aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid, se hace un expediente de regulación. El caso Nissan en Cataluña es un caso paradigmático. Nissan nunca ha tenido pérdidas.
Incluso en el año 2008, cuando cayeron las ventas, Nissan alcanzó beneficios por valor de 56 millones
de euros, de manera que no puede permitirse que ahora pretendan despedir a 1.680 trabajadores en Cataluña.
Hay que exigir responsabilidad social a las empresas, máxime cuando estas empresas reciben ayudas públicas. Nissan en los últimos años ha
recibido
cerca de 43 millones de euros en ayudas públicas, de manera que creo que hay que actuar de forma categórica y rotunda.
Por esto le preguntamos, y esperamos tener una respuesta satisfactoria, si tiene ya prevista, si ha concertado la reunión con el grupo Nissan, con Nissan a nivel global, a fin y efecto de que sientan en el cogote la presión del Estado
español, del Gobierno, de su Gobierno. Hay que aprovechar toda la capacidad logística de su Gobierno. En segundo lugar, ¿tiene prevista la creación de un fondo de inversión para empresas estratégicas a la manera de Sarkozy? Sarkozy, una persona
que ha exaltado las bondades del mercado, lo hace, mueve pieza. ¿Qué no debería hacer, creo yo, un Gobierno socialdemócrata que sí cree en la intervención?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, la crisis financiera internacional está afectando a todos los sectores, y muy especialmente al sector del automóvil. Obviamente se trata de una crisis coyuntural que pasará.
Nuestra estrategia, por tanto, es que
una crisis coyuntural no tenga efectos estructurales sobre el sector del automóvil. Es en lo que estamos centrados.
En este sentido, hemos creado una mesa de diálogo dentro del diálogo social, una mesa industrial, que se va a reunir el próximo lunes 3 de noviembre. En el caso concreto de Nissan estamos manteniendo múltiples contactos tanto con la
Generalitat, que como S.S. sabe es la que tiene la competencia para oponerse al ERE anunciado por la empresa, como con la propia dirección de Nissan para buscar una solución ante el anuncio de un posible ERE que afecte de forma definitiva a 1.680
trabajadores. El día 14 de octubre convoqué al presidente de Nissan España en el ministerio y el día 17 mantuve una videoconferencia con los principales responsables de Nissan en Europa. En ambos casos les he manifestado -aunque no esté en mi
competencia- la oposición de mi ministerio a este expediente anunciado, porque no creemos que se deban tomar medidas de carácter definitivo como consecuencia de una situación coyuntural. Fruto de estas conversaciones les puedo anunciar a SS.SS.
que hemos acordado entre Nissan y el Ministerio del Industria la creación de un grupo de trabajo para la posible implantación del coche eléctrico en España, un vehículo eléctrico que sería fabricado en Cataluña. También le anuncio que tengo la
intención de reunirme en la primera quincena de noviembre con el máximo responsable de Nissan en Europa para buscar una salida a esta situación creada.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor ministro.
De verdad celebro que ya exista fecha para la reunión. Entiendo que urge puesto que en la calle ya están los trabajadores en defensa de su lugar de trabajo. Máxime cuando ustedes saben perfectamente que de cada puesto de trabajo en el
mundo de la automoción dependen cuatro en la industria auxiliar. Esto significa que estamos ante un posible escenario de cul de sac. Celebro, pues, su compromiso.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Tardà, pasó el tiempo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): España es la cuarta productora del mundo de automóviles. Nuestro objetivo es que, al margen de esta crisis que sabemos que es coyuntural, lo siga siendo cuando termine
la crisis. Por eso tenemos que apostar por una estrategia de futuro, y créame que el futuro del sector del automóvil es un futuro brillante en España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER JORGE GUERRA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN
ESPAÑA? (Número de expediente 180/000255.)
El señor PRESIDENTE: Última pregunta para el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. Para formularla tiene la palabra don Javier Guerra.
El señor GUERRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, para entender la economía de España hay que entender la industria del automóvil. Como usted bien sabe, esta industria aporta dos millones de puestos de trabajo, el 10 por ciento de la población activa.
En este momento todas
las empresas que participan en este sector están extremadamente preocupadas por la inactividad del Gobierno ante una situación de caída de demanda que puede afectar al empleo. Por eso le pregunto
qué valoración hace el Gobierno de la evolución del sector del automóvil en España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Como he tenido ya ocasión de responder, el sector del automóvil en toda Europa y también en Estados Unidos está fuertemente golpeado por la crisis financiera por un
doble motivo. Primero, porque las economías crecen menos, las familias tienen menos renta y, lógicamente, a lo primero que renuncian es al cambio de vehículo. Y en segundo lugar, porque, como S.S. sabe, un 80 por ciento de los casos de compra de
vehículo se realizan a crédito y ahora hay un problema de restricción crediticia. En esta situación lo importante es tener una visión sobre el futuro de la industria cuando termine la crisis y es en lo que está apostando este Gobierno. No podemos
controlar la demanda, porque el 80 por ciento de la demanda de los vehículos que se fabrican en España depende de fuera. Tenemos que apostar por el futuro del sector en nuestro país.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Guerra.
El señor GUERRA FERNÁNDEZ: Señor ministro, cuando preparaba la pregunta esperaba que usted me diera una respuesta un poco más creativa; no sé, ofrecer unos tapacubos del Gobierno de España con los coches. O si no pensaba que me iba a
decir que era culpa de los americanos, pero allí en Detroit dicen que a los que nadan se les ven las vergüenzas cuando baja la marea. Lo que está pasando precisamente es eso, que está bajando la marea y que a ustedes se les ve la vergüenza. La
realidad es que la demanda de automóviles en España ha caído un 27 por ciento, mientras que en la Unión Europea ha sido de un 5 por ciento; la producción ha caído un 6 por ciento, mientras que en Europa un 4 por ciento y hay 5.000 trabajadores que
ya sufren un ERE en este momento y la patronal de concesionarios habla de 15.000 más.
¿Qué ha hecho el Gobierno hasta ahora? Desde el punto de vista industrial, absolutamente nada. Pero, desde el punto de vista de la motivación de la demanda, ha puesto en práctica un plan, el Plan Vive, que los concesionarios llaman con
bastante sorna plan muere, porque los datos son clarísimos. El Plan Prever en el año 1994 generó 26.000 operaciones en los dos primeros meses. Su plan, el Plan Vive, ha generado 50 mal contadas desde su inicio. Por eso en el sector se preguntan:
señor ministro, ¿qué está esperando usted para darse cuenta de que esa iniciativa no ha tenido ningún sentido?
Señor ministro, yo le hablo doblemente preocupado, porque lo hago desde una zona de España que probablemente usted no conozca, pero que es el mayor polo de la automoción de España. En Vigo decimos que, cuando Citroën estornuda, los gallegos
tenemos una pulmonía. Le traigo un mensaje en nombre de mis ciudadanos: haga usted algo, no diga que esto es pasajero, no espere a que esta tormenta pase a ser una tempestad. Ya que hablamos de coches, por favor, dígale a su amigo el señor
Touriño que en este momento, con la que cae, comprar unos Audi de 450.000 euros es simplemente obsceno.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerra.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Ya que le preocupa los vehículos de los altos cargos, pregúntele al señor Gallardón cuánto se ha gastado en el que se ha comprado. (Un señor diputado: Mucho menos.)
Señoría, nuestra apuesta por el automóvil es una apuesta estratégica.
Hemos apostado por el coche eléctrico, del que ustedes han hecho burla, cuando el propio Obama, candidato a presidente de Estados Unidos, va a apoyar el coche eléctrico y
en ustedes ha provocado risitas y burlitas.
La apuesta por el coche eléctrico es la apuesta por el futuro del sector del automóvil en nuestro país, y ustedes han hecho burla de eso. Es cierto que el Plan Vive no está funcionando como deseábamos.
Nos hemos dado cien días para reformarlo, todavía no han pasado los cien días de rigor, lo reformaremos, estamos con el sector para hacer un plan del automóvil basado en logística, absentismo laboral, formación e innovación.
Por último le diré que los centros de decisión del automóvil no están en España, porque son coches fabricados en España pero sus centros de decisión son internacionales y esto es complicado. Aquí les quiero recordar la famosa frase de:
antes alemana que catalana, para que vean que lo importante es que los centros de decisión estén en España.
Gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿MANTIENE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO EL PROYECTO DE DEPOSITAR 150.000 TONELADAS DE LODOS PROCEDENTES DEL DRAGADO DE LAS DÁRSENAS DE ESTE PUERTO FRENTE AL PARQUE NACIONAL DE ILLAS ATLÁNTICAS? (Número de
expediente 180/000248.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta que figura en el orden del día para la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se aplazará a la próxima sesión de control a solicitud expresa del Gobierno, con la aceptación de la
diputada preguntante.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN HERMOSÍN BONO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE IGUALDAD: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE LA MUJER? (Número de
expediente 180/000264.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Igualdad. Para formularla tiene la palabra doña Carmen Hermosín.
La señora HERMOSÍN BONO: Gracias, señor presidente.
En octubre de 1983, hace ahora 25 años, en esta Cámara -yo misma, casualmente, era diputada también por Sevilla en aquel escaso 6 por ciento de diputadas que estábamos en las Cortes- se aprobó la ley que creaba el Instituto de la Mujer. Un
año antes, como todo el mundo sabe, el Partido Socialista había ganado las elecciones generales con una abrumadora mayoría de los votos de la ciudadanía. La creación del Instituto de la Mujer supuso un gran triunfo para todas las españolas, fue
tributario del movimiento feminista que se había desarrollado en España en los años de la transición desde 1975 y casualmente en ese año se celebró por primera vez el Año Internacional de la Mujer. Desde el principio el Instituto de la Mujer tuvo
no solamente el vigor legal que le otorgaba una ley aprobada en el Parlamento, sino también gozó de una fuerte legitimidad entre las mujeres al conseguir que la lucha por la igualdad frente a las discriminaciones y sus estrategias para hacerla más
efectiva tuviese un lugar preferente en la agenda política y se convirtiera sobre todo en una cuestión de Estado. Muchas mujeres trabajaron muy duro en aquellos años; Carlota Bustelo, la primera directora del instituto, quizá sea quien mejor puede
simbolizar el esfuerzo, la confianza, la convicción y la justeza de la lucha por la igualdad con todas sus consecuencias. También todas las directoras posteriores, Martínez Ten, Pura Gutiérrez, Marina Subirats, Concha Dancausa, Pilar Dávila, Carmen
de Miguel, Míriam Tey, hasta llegar hoy a Rosa María Peris. Por cierto que el Partido Popular, aunque muy alejado de todas estas reivindicaciones, cuando llegó al Gobierno en el año 1996 continuó con la consolidación del instituto, porque siempre
ocurre igual, la izquierda abre caminos que la derecha luego no puede ya abandonar. Me gustaría recordar a muchísimas mujeres en este momento, pero quiero recordar a Carmen Olmedo, la primera directora del Instituto Andaluz de la Mujer, una mujer
también tenaz y que dirigió durante diez años uno de los primeros institutos autonómicos.
Querida ministra, le diré... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento mucho, señora Hermosín, pero ya no le puede decir nada. Muchas gracias.
Señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aido Almagro): Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, el 25.º aniversario del Instituto de la Mujer es todo un acontecimiento y para mí es un privilegio poderlo compartir, porque lo que estamos celebrando es mucho más que la creación de un organismo, lo que estamos
celebrando son veinticinco años de conquista por la igualdad, a la vez que seguimos reivindicando y seguimos peleando por todo aquello que nos queda por conseguir, que todavía es mucho.
Celebramos un hito en el desarrollo de los derechos
constitucionales de las mujeres como parte del desarrollo político de un país. Hemos avanzado mucho en este cuarto de siglo y, efectivamente, en este avance ha tenido un papel muy relevante el Instituto de la Mujer y las personas comprometidas que
han trabajado en él. Por eso hemos querido realizar un reconocimiento a todas sus directoras, empezando por la primera, a la que usted ha hecho especial mención, Carlota Bustelo, hasta llegar a la última. También han jugado sin duda un papel muy
importante las asociaciones de mujeres y el impulso permanente que han dado a todo lo relacionado con la igualdad. Obviamente no fue fácil, entonces era mucho menos fácil, los comienzos nunca son fáciles, pero la constancia hizo que la necesidad de
conseguir una sociedad más igualitaria hoy sea un sentimiento y hoy sea una cuestión compartida por millones de personas.
La creación del Instituto de la Mujer fue un paso fundamental de avance, porque además nos permitió vertebrar las políticas de igualdad y porque tuvo un efecto multiplicador sobre la Administración autonómica y sobre la Administración local.
Además las políticas de igualdad llegaron para quedarse en la esfera del Gobierno. Una prueba contundente y clara de que aquella apuesta iba en serio es la creación en esta legislatura del Ministerio de Igualdad. Estamos hablando de que en la
pasada legislatura, en estos últimos cuatro años, se han aprobado leyes tan importantes como la Ley integral contra la
violencia de género o la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Ahora tenemos ese reto por delante de desarrollar ese ambicioso programa legislativo, porque, señorías, veinticinco años después sigue siendo necesario trabajar por
la igualdad para que un día no tengamos que vivir con esa triste realidad de la violencia machista, para acabar con la discriminación laboral, para acabar con la brecha salarial, para que tengamos las mismas posibilidades de acceso a los puestos de
responsabilidad, para que lo que realmente se prime sea la capacidad...
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, lo siento.
- DEL DIPUTADO DON PABLO MATOS MASCAREÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿QUÉ VALORACIÓN REALIZA EL GOBIERNO SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA
DE ALQUILER (SPA)? (Número de expediente 180/000258.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta ahora para la señora ministra de Vivienda.
Para formularla tiene la palabra don Pablo Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted sabe que la Sociedad Pública de Alquiler ha logrado suscribir en los tres años que lleva funcionando 8.410 contratos de arrendamiento, lo que significa algo más de cuatro contratos por provincia al mes. Este número de
contratos, ridículo, lo han alcanzado con unos gastos de personal de 2,5 millones de euros al año y cientos de agentes colaboradores. La Sociedad Pública de Alquiler se creó con un capital social de 20 millones de euros y acabará el presente
ejercicio con unas pérdidas acumuladas de 14,7 millones y en el ejercicio 2009 acabará con 21,3 millones de euros. Es decir, en cuatro años se habrán comido todo el capital social y hoy ya se encuentra en quiebra técnica y, como consecuencia, en
causa de disolución. Considero estos resultados escandalosos y la nueva presidenta de la Sociedad Pública de Alquiler los califica como buenos en la última Comisión de Vivienda, y además me ha pedido que reconsidere mi opinión. Señora ministra,
¿me podría decir cómo valora usted los resultados de la Sociedad Pública de Alquiler?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, presidente.
Señor Matos, como usted sabe muy bien, la Sociedad Pública de Alquiler se creó hace ahora tres años con el objetivo de dinamizar el mercado del alquiler y de profesionalizar sus servicios ofreciendo una gestión integral de los arrendamientos
y seguros a los propietarios para que sepan que se les va a devolver su renta y la vivienda en el estado en que se encuentran. Por tanto, podemos decir que ha cumplido su principal objetivo. A la vista está que el ejemplo ha cundido, porque muchas
administraciones locales o autonómicas lo han seguido y también en el sector privado ofrecen seguros que están inspirados en los productos de la SPA. Eso no quiere decir que no quede camino por recorrer. En cualquier caso, en el Gobierno debemos
estar satisfechos de los resultados, no solo por el cambio de modelo sino porque son muy equiparables a los de otras agencias municipales y autonómicas que usted conoce bien y que tienen resultados semejantes. Nuestra intención no es competir, sino
sumar esfuerzos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señora ministra, usted sabe que no se ha dinamizado el mercado de alquiler porque la ratio de vivienda en alquiler con respecto al total del parque de vivienda en España ha descendido en los últimos años. Usted
sabe, porque es jurista, que el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que incurren en causa de disolución las sociedades que por consecuencia de las pérdidas dejen reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad de
su capital social. Usted sabe que en 2009 se habrán comido todo el capital social de la sociedad, los veinte millones, y que a día de hoy la sociedad está en quiebra técnica. Hasta ahora usted no ha sido responsable de ese fracaso de la SPA, pero
a partir de ahora, si la mantiene y no la disuelve, usted será igual de responsable que las dos ministras anteriores. El Senado ya aprobó una moción instando la disolución de la SPA con motivo de sus ridículos resultados. Yo hoy se lo vuelvo a
pedir pero en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.
Señora ministra, España está sufriendo una de las crisis peores de su historia. En esta situación, seguir tirando el dinero como ustedes lo están haciendo constituye un insulto del que
usted, si no pone remedio, es también responsable. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señor presidente.
Señoría, aunque es cierto que la SPA en sus primeros tres años de ejercicio ha incurrido en pérdidas, así estaba previsto en su plan negocio, como sabe muy bien, y así ocurre en todas las empresas públicas y privadas cuando inician su
actividad, sobre todo cuando ofrecen seguros que abren el mercado, como es el caso. No consigo saber muy bien cuál es la razón de su fijación por esta empresa, porque -le pongo un ejemplo que usted conoce bien- la agencia canaria, la bolsa de
alquiler, en sus tres primeros años de ejercicio alquiló 468 viviendas y en los tres primeros años la SPA ha alquilado más de 8.500, lo cual son datos equiparables por el tiempo que lleva actuando. Sin embargo soy muy partidaria de la crítica
constructiva, siempre que sea coherente, con usted mismo o por lo menos con su grupo. Tengo aquí la enmienda 1213 de los Presupuestos Generales del Estado, presentada por su grupo, en la que pide que se inviertan diez millones de euros en seguros
de afianzamiento por impago de renta y daños en vivienda en alquiler del presupuesto de vivienda.
Dice la justificación de su enmienda que se considera conveniente impulsar los seguros que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda
causar el inquilino con el fin de extender a todas las viviendas este tipo de ventajas. Por tanto, señoría, usted me está pidiendo que cree la Sociedad Pública de Alquiler y que le meta diez millones de euros más. Pues mire, no los voy a meter en
los presupuestos del Ministerio de Vivienda porque la Sociedad Pública de Alquiler es una sociedad anónima y, por tanto, tiene la intención de ser autosuficiente desde el punto de vista financiero y no cargar más los presupuestos del Estado. La
política de alquiler se va a seguir llevando a través del Ministerio de Vivienda, pero no con diez millones de euros más sino a través del presupuesto propio de la SPA. Simplemente le digo que se decida: o tenemos que universalizar el modelo, como
usted propone en la enmienda de su grupo, o no. En cualquier caso, le pediría que fuera más constructivo a partir de ahora.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES MILITARES EN GALICIA, CONCRETAMENTE LO RELATIVO A LA BASE MILITAR 'GENERAL MORILLO'.
(Número de expediente
172/000040.)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila), sobre las previsiones del Gobierno en relación con las instalaciones militares en Galicia,
concretamente lo relativo a la base militar General Morillo. Para formular su interpelación tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, el Ministerio de Defensa mantiene en territorio gallego una serie de instalaciones militares y bienes inmuebles que requieren, por parte del Bloque Nacionalista Galego, información sobre sus perspectivas de futuro
y la planificación del ministerio al respecto.
En unos casos hay que referirse a instalaciones ya en desuso y en absoluto estado de abandono, y en otros casos hablamos de la infrautilización de esos terrenos o de propiedades desafectadas o en
proceso de desafectación o, en último caso, de bases militares que amplían su perímetro de seguridad con las consiguientes afectaciones a propiedades y particulares. De ahí la necesidad de esta interpelación, señora ministra. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Entrando en lo concreto, comenzaré mi exposición por una primera referencia al estado en el que se encuentra el observatorio de Monte Ventoso y la batería de Prioriño en Ferrol. Se trata de baterías erigidas durante la dictadura de Primo de
Rivera entre los años 1928 y 1936. En Prioriño se mantienen los emplazamientos de los cañones, los de las armas antiaéreas, los búnkeres de observación, la estación meteorológica de Monte Ventoso y las instalaciones militares. A pesar de que todo
este patrimonio arquitectónico militar debería ser objeto de protección por parte de la Administración responsable, se encuentra en estado ruinoso y de abandono. No deja de llamar la atención que el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y
el Ayuntamiento de Ferrol el 18 de septiembre de 2007 no contemplase la cesión de estas propiedades. Por eso, preguntamos a la ministra sobre su disposición a transferir al Ayuntamiento de Ferrol el observatorio de Monte Ventoso y la batería de
Prioriño, bienes ya desafectados militarmente y una demanda social y política de largo recorrido.
En segundo lugar, otra de las instalaciones que es objeto de interés de nuestra formación política son los terrenos del aeródromo de Rozas en Castro de Rei, en Lugo, propiedad del ministerio desde los años cincuenta. Según la información
proporcionada por el propio Ministerio de Defensa, este inmueble se halla en proceso de depuración física y jurídica para proceder posteriormente a su desafectación. En este trasfondo encontramos una antigua reivindicación social y política para
que estas propiedades, una vez desafectadas, reviertan en el Ayuntamiento de Castro de Rei para dedicarlas a otros proyectos en beneficio de la ciudadanía. Y de nuevo cuestionamos a la ministra sobre la disposición de su
departamento a transferir dichos terrenos al ayuntamiento.
De igual modo, se desconoce el futuro de la batería militar de Cabo Silleiro en Baiona, Pontevedra, propiedades estas que eran baterías militares en la guerra civil, pero que desde finales de los años ochenta cayeron en desuso. Actualmente
no tienen ninguna función. Según el ministerio, el Ayuntamiento de Baiona había mostrado interés en dichas propiedades, aunque también los legítimos propietarios reclamaban la devolución de estos terrenos. Las informaciones de su departamento,
señora ministra, indican que también se halla en proceso de depuración.
¿Cuál va a ser su futuro? ¿Se van a transferir al ayuntamiento o se van a ofrecer al Ministerio de Medio Ambiente tal y como apuntaba su departamento en una respuesta
parlamentaria? ¿Podrían devolverse a sus legítimos propietarios?
Paso ahora, señora ministra, a referirme a la illa de Tambo y a parte de los terrenos infrautilizados por la Escuela Naval de Marín. Se constituyó en el año 1943 en los terrenos de las antiguas instalaciones del polígono de tiro Naval Janer
y sobre los terrenos usurpados al ayuntamiento. De modo paralelo se anexionó la illa de Tambo. El interior acapara las instalaciones de formación y ejercicio de aspirantes, que también se extendió a una zona más residencial con hotel propio,
viviendas y chalets destinados a los mandos militares. ¿Sabe, señora ministra, que las instalaciones de la Escuela Naval de Marín permanecen igual desde hace 65 años, con el acceso al mar limitado para la población de Marín por pertenecer a
Defensa? Por eso lo idóneo sería que la isla de Tambo fuese restituida al uso civil para su inclusión en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, con la correspondiente transferencia a la Xunta de Galicia. Asimismo deberían recuperarse para el
uso civil los terrenos actualmente infrautilizados por la Escuela Naval de Marín.
Por último, y no por ello menos importante, tenemos que referirnos a una problemática distinta a la que ahora acabamos de comentar, la engendrada con motivo de la Orden de 8 de octubre de 2008, del Ministerio de Defensa, por la que se
establece la zona de seguridad de la instalación militar de la base General Morillo en Figueirido, Pontevedra, en los términos municipales de Pontevedra, Vilaboa y Marín. Esta decisión ha provocado la preocupación de los ayuntamientos y los
ciudadanos afectados por la ampliación del perímetro de seguridad en 300 metros. En la orden ministerial aludida, el ministerio dispone la clasificación de la instalación militar, el establecimiento de la zona de seguridad y, en un tercer punto,
procede a la determinación de la zona de seguridad próxima que sería un perímetro definido por una relación de vértices a 300 metros del perímetro de la propiedad. Precisamente es en este punto donde residen los problemas que han motivado la
inquietud de las poblaciones próximas a estas instalaciones militares. Según la nueva medida, se establece una zona de seguridad próxima de 300 metros contados a partir del perímetro exterior de las propiedades particulares. Una decisión que
afecta a tres de las parroquias del Ayuntamiento de Vilaboa -Figueirido, Bértola y Vilaboa- y además repercute de manera importante en núcleos de población de este ayuntamiento como es el caso de Postemirón, Croas y Sabaxáns, así como en la
parroquia de Salcedo, en el Ayuntamiento de Pontevedra, en este caso la más perjudicada por esta cuestión. La medida implica importantes obstáculos, ya que impedirá la realización de obras y actividades y la ubicación de instalaciones sin el
permiso y la inspección previa del Ministerio de Defensa. Hay que señalar que la decisión de Defensa afectará a 100 viviendas aproximadamente, 35 de ellas en Vilaboa y 68 en el Ayuntamiento de Pontevedra. Señora ministra, debe tenerse presente que
el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley de 1975, por la que se establecen las zonas de seguridad, indica en uno de sus artículos que cuando las instalaciones estén ubicadas en el interior de poblaciones o en zonas
urbanizadas, el límite de la zona de seguridad podrá reducirse hasta el mínimo indispensable, según se convenga en cada caso. Como seguramente sabrá, la reacción de los ayuntamientos afectados por esta orden no se ha hecho esperar. El propio
alcalde de Pontevedra se ha dirigido a usted para expresarle su malestar por la falta de comunicación previa a los ayuntamientos afectados y para solicitarle que se minimice la aplicación de dicha orden. Se subraya que la zona de seguridad de 300
metros puede limitar los derechos de las propiedades colindantes en lo referente a aspectos relacionados con la construcción o la conservación de bienes inmuebles, sin olvidar que esta decisión multiplicará las gestiones que los particulares tienen
que hacer respecto a sus propiedades. De igual modo, tampoco se ha hecho esperar la reacción en el Ayuntamiento de Vilaboa, donde se han promovido mociones que solicitan también una rectificación de la orden ministerial en lo relativo a las
coordenadas, incluso se pide al ayuntamiento la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante dicha orden. Asimismo, la comunidad de Montes de Salcedo se pronunció al respecto, ya que la decisión de Defensa afecta a la parte alta de
Salcedo unas 80 hectáreas. Estas corporaciones municipales demandan que el ministerio reconsidere la decisión adoptada, limitando la amplitud de la afectación lo máximo posible. Por eso, señor ministra, preguntamos: ¿Cuál es la disposición a
reconsiderar los términos de esta orden ministerial, dadas la relevancia y la preocupación que ha suscitado en las zonas limítrofes donde está ubicada?
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra en nombre del Gobierno la ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, señora presidenta.
Señora Fernández Davila, muchas gracias. La dificultad que tiene usted para aunar en los escasos doce minutos de una interpelación un tema tan amplio como este voy a tenerla yo probablemente también. Aun así voy a intentar darle
información de cada una de las cuestiones que me ha solicitado y de otras de carácter general que forman parte del inicio de su interpelación, pero quedo a su disposición para en cualquier momento poderle aclarar e informarle sobre cualquier otra
duda que tenga. Le agradezco de nuevo su interpelación y voy a empezar por exponer una visión general de la importante relación que tiene Galicia con el mundo de la defensa. Por ello, nuestra larga y fecunda tradición histórica y sus dificultades
y las mías para meterlo todo en doce minutos, que son básicamente de los que disponemos.
Galicia es una de las comunidades autónomas con mayores vínculos con el Ministerio de Defensa, en particular, por el número de puestos de trabajo militares. Son prácticamente 7.000 los militares allí destinados, a los que hay que añadir
personal funcionario y laboral del ministerio, más de 1.500 personas, que hay que sumar a las 7.000 anteriores. Son cifras de trabajadores comparables, por ejemplo, con la factoría Citroen, de Vigo, y superiores a las de la mayoría de empresas de
Galicia. En segundo lugar, las instalaciones de unidades militares radicadas en su suelo; por citar únicamente las grandes unidades, voy a enumerar la propia base General Morillo, a la que hace referencia en particular su interpelación, sede de la
Brilat, o la Escuela Naval de Marín, el arsenal y base naval de Ferrol, el Tercio Norte de Infantería de Marina, el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa en La Coruña, el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Noya, todas ellas instalaciones de
gran importancia tanto para las poblaciones en las que se asientan como para la propia estructura del Ministerio de Defensa. En materia industrial también la presencia es muy importante. Las más representativas serían empresas tan relacionadas con
la defensa como Navantia, vital para la comarca de Ferrolterra y para nuestra Armada, Santa Bárbara, Urovesa y otras más pequeñas, pero también importantes, y que se desenvuelven en nichos tecnológicos avanzados, como son Electrosoni o Rodman
Polyships, ambas con importantes cargas de trabajo para el sector de la defensa.
Como imaginará, esta relevante presencia de la defensa en territorio gallego aporta consecuencias positivas para la sociedad gallega. Quisiera darle algún ejemplo, la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas en la campaña de prevención y
lucha contra los incendios, que he querido poner de ejemplo más de una y dos veces, de colaboración entre el Gobierno central y el autonómico; la participación de buques de la Armada en labores de apoyo a la flota pesquera nacional, la mayor parte
de la cual es gallega; la presencia de grandes empresas relacionadas con la defensa, que permite la existencia y el desarrollo de un tejido industrial de pequeñas y medianas empresas, con un número significativo de puestos de trabajo cualificados.
Se preguntará usted por qué le traigo todo esto aquí. Se lo traigo para darle el reverso de la moneda. Esta importante presencia de instalaciones comporta también una serie de necesidades especialmente ligadas a las condiciones de seguridad,
lógicas y necesarias para la defensa en Galicia.
Nos interpela sobre las previsiones del Gobierno en relación con las instalaciones militares en Galicia. Nosotros deseamos mantener aquellas instalaciones que sean necesarias para la defensa y la seguridad de nuestro país. Y las que no son
necesarias entran en un proceso de desafectación, que ustedes conocen bien porque una y otra vez he tenido ocasión de repetirlo en esta Cámara y lo han hecho también ministros de Defensa anteriores. Por lo tanto, solo le diré que este proceso
permite revertir a la sociedad terrenos y edificios cuando ya estos no son de interés para la defensa, con el objetivo que tiene también el Gobierno central de facilitar políticas de vivienda y una dotación de equipamientos sociales, culturales,
realizados también en Galicia durante tiempo a través de acuerdos y convenios con la Xunta. De manera también concisa le voy a relatar algunas de esas desafectaciones o cesiones más recientes. La ETEA en Vigo; la Escuela de Transmisiones y
Electrónica de la Armada; el acuartelamiento de La Grela en La Coruña -80.000 metros cuadrados-; diversas baterías de costa, el Hospital Naval de Ferrol, una concesión demanial al servicio gallego de salud; el polvorín de Gándaras de Piñeiro, en
Lugo -1,6 millones de metros cuadrados-; el cuartel de San Fernando, también en Lugo; la Comandancia Naval de Villagarcía de Arosa; la isla de Tambo, que podrá ser incluida en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas; y otras instalaciones y
espacios que se han ido cediendo o que están en trámites de depuración y enajenación -sobre algunos de ellos me ha preguntado usted y también le concretaré al respecto-, sin olvidar los cientos de viviendas propiedad del Invifas que han ido pasando
a manos privadas en estos últimos años. El objetivo es mantener aquello que sigue siendo necesario y de interés para la defensa y lo que no ponerlo a disposición de la ciudadanía, a través de convenios con la Xunta, para hacer más vivienda de
protección pública o equipamientos sociales y culturales. Ese es y sigue siendo nuestro objetivo.
Me pregunta usted en particular sobre la base General Morillo. La situación es la siguiente, y si usted quiere que se lo amplíe no solo lo haré en la réplica sino que también, insisto, quedo a su disposición para hacerlo. Es la sede
principal de la Brigada Ligera Aerotransportable,
la Brilat, como la conocemos todos, Galicia VII, una unidad muy significada tanto en el plano nacional como en el internacional, conocida por su participación en diversas operaciones de paz. Recordarán de hecho que es la unidad de la que
eran doce de los diecisiete fallecidos en el trágico accidente del helicóptero Cougar, y de allí también era la soldado Idoia Rodríguez, fallecida cuando conducía una ambulancia que fue atacada con una mina cerca de Herat. Los hombres y las mujeres
de la Brilat, señorías, necesitan contar con dependencias diversas, aulas, alojamientos, campos de adiestramiento, oficinas, almacenes, comunicaciones, vehículos, armas; es decir, con todos los medios que permiten mantener su alto grado de
capacitación y su alto grado de disponibilidad. Eso es lo que demanda la sociedad y también en repetidas ocasiones ha avalado este Parlamento. Todas estas instalaciones, material y personas deben tener lógicamente cubiertas todas y cada una de sus
necesidades de seguridad. Son las que corresponden a una gran instalación militar y de ahí la reciente promulgación de su zona de seguridad próxima, establecida a una distancia de 300 metros desde el perímetro de la propiedad. La zona lejana ya
era bien conocida por haber sido publicada en 1982.
La nueva zona de seguridad afecta efectivamente a los municipios de Pontevedra, Vilaboa y Marín. La propuesta de crearla fue promovida por las autoridades del Ejército de Tierra en razón de estas necesidades en marzo del año 2007, y se
hizo, por supuesto, de conformidad con la normativa legal vigente, que no le traslado porque seguro que la conoce.
Así, y como dice la ley, el propósito de esta zona de seguridad próxima es el de garantizar en todas las direcciones el aislamiento
necesario y la defensa inmediata de las instalaciones así como asegurar el empleo eficaz de los medios que tienen a su alcance. En cuanto a su anchura es la que figura como norma general en la citada normativa en el caso de una base o de un
acuartelamiento de la magnitud del que nos ocupa.
Para completar los expedientes de creación de esta zona se solicitaron informes urbanísticos a los tres municipios citados y, de acuerdo con los mismos, se determinó que la zona de seguridad no implica ningún perjuicio sobre posibles
expectativas de desarrollos urbanísticos que pudieran verse frustrados. Eso significa que la zona de seguridad no implica en absoluto -como se ha dicho o como he leído en algún lugar y por tanto que usted y yo podemos aclarar a partir de ahora- la
demolición de viviendas que pudieran quedar incluidas y tampoco impide hacer obras de conservación. Únicamente se deberá recabar autorización del Ministerio de Defensa en el caso de que se pretendiera hacer obras de ampliación, sobre todo aquellas
que, básicamente por sus características, pudieran afectar a la seguridad o al aislamiento de la base, que es el objeto de esa zona de seguridad, ampliación de alturas, colocación de antenas de comunicaciones, etcétera. Le diré también que por
supuesto el Ministerio de Defensa mantiene la mejor disposición -me lo ha preguntado usted- a dialogar. Creo que lo ha hecho siempre y, si no, le aseguro que conmigo al frente de este ministerio habrá la mejor disposición para dialogar con los
vecinos, para tratar de paliar aquellos inconvenientes que pudieran causarse, derivados de la promulgación de esta nueva zona de seguridad, y también para seguir hablando con los alcaldes, si así procede. Y no solo eso, las manos tendidas también
hacia ustedes, el Bloque Nacionalista Galego, en esta Cámara, en todo aquello que necesitaran saber.
Voy a aprovechar estos últimos tres minutos -después ampliaré la información- para, en particular, contestarle a cuestiones que me ha vuelto a preguntar hoy, que no esperaba pero para las que tengo la respuesta, que en alguna ocasión usted
ha recibido en esta Cámara y que le traigo, si cabe, actualizada. Me pregunta por el Observatorio de Monte Ventoso y la batería de Prioriño, en Ferrol. Como sabe usted, la propiedad militar conocida como Observatorio de Monte Ventoso se encuentra
desafectada y puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, para los fines que le he comentado y que le son propios. Actualmente se está finalizando la depuración de la propiedad, tras lo cual, como hacemos
habitualmente en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, se ofrecerá a las diferentes administraciones que pudieran estar interesadas en su adquisición con los objetos que también le he comentado: vivienda pública,
equipamientos sociales, equipamientos culturales. En cuanto a las baterías situadas en el cabo Prioriño, están afectadas por el uso público y existe interés por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en su adquisición, con
objeto de preservar el dominio público marítimo- terrestre, incorporándolas al mismo.
En segundo lugar, me ha preguntado usted por el uso de la batería militar instalada en cabo Silleiro, en el Ayuntamiento de Baiona, Pontevedra. En la actualidad esta propiedad se encuentra en proceso de depuración, cuestión que también
usted ha comentado. Finalizado este proceso, se va a ofrecer al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Subdirección General de Costas, que ha manifestado interés en ella, con el objeto de preservar el dominio público
marítimo-terrestre. En caso de que no se transmitiera finalmente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se procederá de nuevo, como es habitual hacer, a ofrecer este inmueble a otras administraciones del Estado, tanto autonómicas
como locales.
Me preguntaba usted sobre la posibilidad de transferir al Ayuntamiento de Castro de Rey los terrenos del aeródromo de Rozas una vez desafectados por Defensa. Dicha propiedad carece efectivamente de interés militar,
por lo cual entra en el proceso que le he comentado tras la desafectación.
Actualmente, la propiedad se encuentra en trámite de depuración físico-jurídica y en proceso de estudio futuro para el destino de la misma. No obstante, quiero
trasladarle que hemos hecho constar que la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lugo, con fecha de 21 de julio del año 2007, solicitó terrenos del aeródromo para desarrollar un proyecto que han denominado Taller de empleo, recuperando con
ello, en beneficio público, parte del patrimonio del aeródromo. Y asimismo, a petición de esta Cámara y a efectos de concluir dicho taller, se solicitó la prórroga del mismo, que se ha concedido hasta el 30 de junio de 2009, en un escrito que ha
dirigido el director General de Infraestructuras al presidente de dicha Cámara.
Finalmente, me preguntaba por la necesidad -termino aquí, presidenta- de desafectar de su uso militar la isla de Tambo, en Pontevedra, y parte de los terrenos infrautilizados por la Escuela Naval de Marín. Dicha isla será afectada al
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre, según la orden del Ministerio de Hacienda de marzo de 2004, que dispuso su mutación demanial. Actualmente este expediente está
paralizado hasta que lleguemos a resolver una reclamación previa a la vía judicial que ha interpuesto un particular contra dicha orden ministerial. En relación con las instalaciones de la Escuela Naval Militar de Marín, como imaginará, siguen
siendo más que de interés para la defensa y le aseguro que no están infrautilizadas; se emplean tanto para el desarrollo de las funciones que le son propias como centro docente militar de formación -le recuerdo que además ahora Marín entra dentro
de los centros universitarios que por primera vez va a tener el Ministerio de Defensa en relación con los Acuerdos de Bolonia- como para atender a las unidades de la fuerza que lo requiera.
Espero haber sido capaz de, en estos doce minutos, dar respuesta a las cuestiones que usted me ha comentado. Si no, lo intentaré en la réplica y, si no, señora Fernández Davila, me tiene usted a su disposición para estas y otras
informaciones referidas a Galicia, que entiendo que a veces los trámites rígidos del Parlamento no permiten, pero, con seguridad, ahí está mi obligada relación con usted, no solo como ministra sino como parlamentaria, para darle toda esa
información. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.
Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora ministra, no solamente por la información que nos acaba de aportar, sino también por su disposición en todo momento al diálogo; sabemos que es completamente sincera y que podemos contar con su persona para poder resolver
asuntos como los que acabamos de plantear.
Cuando presentamos esta interpelación, lo hicimos fundamentalmente por la última cuestión que tratamos, que es lo de la base militar de Figueirido, dado que es el asunto más reciente por la decisión ministerial; pero también nos pareció
oportuno hacer un repaso de la situación de todas esas instalaciones que yo comentaba, porque son instalaciones en desuso, desafectadas en algunos casos, en trámite de desafectación en otros, pero que es necesario resolver como se resolvieron los
casos que usted misma comentó. Asimismo, es verdad que las resoluciones que se han hecho ya lo fueron después de mucho tiempo de tratarlas en debates, etcétera, pero se avanzó en esa dirección y entendemos que en aquellos casos concretos que hemos
mencionado es necesario hacerlo en el futuro.
Señora ministra, en la primera parte de su intervención me pareció que decía que el tema de Tambo estaba resuelto, pero finalmente usted aclaró cómo estaba la situación en la medida en que el expediente estaba paralizado. Desde el año 2004,
entendemos que es necesario avanzar para que el expediente pueda continuar la tramitación correspondiente y que esa isla -o esa illa, para los gallegos y gallegas- pueda estar definitivamente incorporada al Parque Natural de las Islas Atlánticas.
En relación con el asunto que más nos preocupaba de nuestra interpelación, nosotros sabemos que existe desde hace muchísimo tiempo esa zona de seguridad lejana, que ya no solamente estaba asumida por las autoridades municipales sino también por los
vecinos colindantes a la base militar de Figueirido -o del General Morillo, como se denomina oficialmente-, pero ahora estamos hablando de una zona próxima con la que el Ministerio de Defensa todo el mundo entiende que de alguna manera amplía esa
zona de seguridad. Usted dice que eso no implica a los vecinos en relación con sus viviendas, porque no van a ser demolidas, pero ya le decía yo en la interpelación que, para cualquier tipo de actuación en sus propiedades, ellos tienen que hacerlo
siempre con la autorización del Ministerio de Defensa, lo cual no es precisamente lo que los vecinos quieren; por otro lado, si quieren hacer una nueva construcción o una mejora de sus viviendas, no va a ser posible.
Usted dice -ya lo dijo también en Pontevedra, hace un par de días, el secretario de Estado de Defensa- que en el ministerio, para tomar la decisión que se recoge en esta orden ministerial del día 8, contaron con los informes correspondientes
de los ayuntamientos limítrofes en relación con los proyectos urbanísticos que pudiera haber y que ustedes elaboraron la orden ministerial basándose en esos informes. Alguien aquí no está diciendo la
verdad, porque me puse en contacto, en el día de ayer, con los responsables municipales de estos ayuntamientos limítrofes y mi información es que el Ministerio de Defensa no se dirigió a estos ayuntamientos para pedir esos informes y que,
incluso en el momento en que yo hablaba con ellos, no entienden la información del secretario de Estado de Defensa. Además, no es casualidad que sea el propio alcalde de Pontevedra el que se dirija a usted precisamente, manifestándole una serie de
cuestiones relacionadas con la orden ministerial, no solo en lo relativo a la afectación a los vecinos, sino también respecto a la falta de diálogo que hubo con las autoridades municipales. Podríamos decir lo mismo del Ayuntamiento de Vilaboa, en
tanto que el propio ayuntamiento, después de que la corporación municipal trate unas mociones, también considera necesario actuar en la misma dirección que apuntaba el responsable municipal de Pontevedra.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández, por favor, tiene que ir acabando.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.
No sabemos si el informe parte del Ayuntamiento de Marín, porque evidentemente este ayuntamiento no tiene viviendas afectadas, solo tiene una parte importante de monte comunal, que no deja de ser importante, pero efectivamente, desde el
punto de vista social, no tiene en absoluto la importancia que tienen los problemas que yo comentaba de las parroquias de Vilaboa o de Salcedo, en el Ayuntamiento de Pontevedra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández.
Señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, presidenta.
Señoría, como le decía, dado que hemos seguido todos los procesos legales necesarios, se los voy a relatar para que vea usted los trámites que hemos hecho; así le iré contestando a cada una de las cuestiones que han surgido.
Mantener una zona de seguridad próxima a la base es para Defensa una necesidad objetiva. La evolución de los usos y de las instalaciones que albergaban los terrenos del antiguo campamento de Figueirido hasta convertirlo en la sede principal
de la Brilat ha aconsejado esta iniciativa que complementa la zona de seguridad lejana que existía ya desde 1982. Permítame también que le señale que los tres municipios, Pontevedra, Vilaboa y Marín, como le dije, fueron consultados en el
expediente tramitado y en él constan los tres informes urbanísticos. Como el papel tiene la ventaja de que consta por escrito, le voy a relatar literalmente lo que dice cada uno de ellos.
En el caso de Pontevedra, indicaron que los suelos afectados de zona se califican en parte como no urbanizable común y otros como no urbanizable de protección forestal. El Ayuntamiento de Marín informó que sus terrenos tienen una
calificación de suelo rústico de protección forestal y, por último, el de Vilaboa informó que el suelo está calificado como suelo no urbanizable normal. De estas calificaciones urbanísticas se deduce que el señalamiento de la zona de seguridad no
perjudica ninguna expectativa; es más, lo más curioso de todo este caso es que las restricciones que impone la inclusión de una determinada parcela dentro de una zona de seguridad militar próxima, que alcanzaría, frente a la de 1982, un espacio
reducido, son menores que las que impone la zona de protección forestal, figura que, como le he comentado, está presente en buena parte de este mismo perímetro de 300 metros. Ciertamente, estos últimos días a Defensa, a través de los medios de
comunicación, le han llegado quejas, particularmente en la parroquia de Salcedo, municipio de Pontevedra, y una carta dirigida a mí misma. De lo expuesto anteriormente, que es el trámite que nosotros hemos realizado, lo que se presume es que las
edificaciones se encuentran fuera de ordenación. Es decir que en este caso no se van a impedir las obras de conservación, ni mucho menos, como le decía anteriormente, se van a tener que demoler las viviendas. Me gustaría así tranquilizar a su
grupo y también a quienes nos estén escuchando o mañana nos puedan leer. Además, teniendo en cuenta los usos de la zona, se podrán autorizar aprovechamientos agrícolas y forestales, construcción de cercas, casetas o barracones temporales, y otras
instalaciones que inequívocamente no obstaculicen las finalidades de la zona de seguridad.
Tengo a su disposición, tal como le decía antes, los informes de dichos ayuntamientos. La disposición de este ministerio es dialogar y redialogar con todos ellos, si es necesario. Lo que también le digo con la misma franqueza con que le he
trasladado el resto de cuestiones es que para el Ministerio de Defensa es innegable la existencia y la necesidad objetiva de mantener esta zona de seguridad y de todas formas reitero de nuevo mi posición anterior y la de que pretendo trabajar en el
futuro, cosa que usted también me ha solicitado y que va a ser así. Estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a dialogar y estamos abiertos a tratar de solventar perjuicios puntuales, si los hubiere, que pudieran haberse ocasionado a algunos
vecinos.
Le doy las gracias por esta interpelación y de nuevo, señora Fernández Davila, quedo a su disposición, si usted me necesitara, para ampliarla.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra de Defensa.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ARTICULAR EL GOBIERNO PARA MOVILIZAR EL ACTUAL STOCK DE VIVIENDAS EN BENEFICIO DE UNA POLÍTICA DE VIVIENDA PARA JÓVENES Y FAMILIAS. (Número de expediente
172/000042.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la siguiente interpelación urgente, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa articular el Gobierno para movilizar el actual stock de
viviendas en beneficio de una política de vivienda para jóvenes y familias.
Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el diputado don Pere Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo formula una interpelación sobre las medidas que piensa articular el Gobierno para movilizar el actual stock de viviendas en beneficio de una política de vivienda para jóvenes y familias. Me van a
permitir, sin embargo, señora ministra, señoras y señores diputados, que empiece por contarles una fábula oriental, la fábula de los tres consejeros áulicos del rey. Dícese que había un rey que tenía tres consejeros, uno prudente, otro pragmático y
un tercero, audaz. En ocasión de una gran hambruna que afectó a aquel país, el rey mandó llamar a los tres consejeros. El consejero prudente quedó atónito ante la gravedad de la situación y no pudo ayudar, no era un hombre que en aquellos momentos
tuviera capacidad de reacción ante la gravedad de la hambruna. Vino luego el consejero pragmático y le dio algunos consejos al rey: Majestad, podemos hacer algo; en lugar de dar el pan que os sobra a ti y a tu corte a los campesinos desde la
torre, que todos se pelean, vamos a hacer sopa con este pan y con otros elementos y como mínimo vamos a alimentarles. El rey quedó satisfecho, lo hizo y algo mejoró la situación de la hambruna. Finalmente, llamó al consejero audaz, que le dijo:
Pasan hambre, entre otras cosas, porque tenemos buena parte de nuestras fincas sin utilizar, solo vamos a cazar una vez al año y les impedimos darles una utilidad. ¿Por qué no vendes parte de tus fincas y les das de comer? El consejero fue tan
audaz que el rey se enfadó con él y mandó decapitarle. Había sido tan temerario como audaz.
Vamos a dejar esta fábula oriental y vamos a volver a nuestro mercado de viviendas, sector que en estos momentos se caracteriza por la existencia de un stock de viviendas sin vender, que se evalúa desde 200.000 a un millón; ayer mismo, el
secretario de Estado de Economía hablaba de 400.000, alguna fuente fiable deberá tener, pero lo cierto es que hay un stock importante de viviendas sin vender. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de los demandantes, un número elevado tiene una
gran dificultad para obtener créditos. Incluso personas beneficiarias de viviendas de protección oficial no pueden acceder a las mismas, porque la banca les deniega los créditos hipotecarios, por falta de garantías. Otro elemento de nuestro
mercado -la señora ministra lo conoce perfectamente- es el bajo porcentaje de viviendas en régimen de alquiler, que hace -una noticia de hoy mismo- que, a pesar de cómo está el sector, sigan incrementándose, al menos en Cataluña, en un 5,3 por
ciento los precios del alquiler, es decir, por encima del coste de la vida. Por tanto, cada día es más difícil incluso acceder a una vivienda en régimen de alquiler.
Por otra parte, hay un bajo ritmo de producción de la vivienda de protección
oficial -podríamos hablar de ello en otra ocasión, pero es una constatación-, y todo esto conlleva una creciente demanda insatisfecha o inatendida, un número importante de demandantes de vivienda. La profesora de la Universidad de Barcelona Anna
Cabré lo ha diagnosticado con precisión.
Por otro lado, el hecho de la crisis en el sector está provocando un paro desbocado en el sector de la construcción, y no solamente en ese sector, sino en toda la industria auxiliar y en los servicios. Este no es un problema para su
ministerio, sino para el conjunto del Gobierno, para el conjunto del país. Ante esto, nos encontramos en la situación de que los agentes públicos, que son quienes pueden participar en la promoción de vivienda protegida, están descapitalizados. No
voy a hablar yo de la crisis de las finanzas locales o de la crisis de las finanzas de las administraciones de las comunidades autónomas. También sabe perfectamente la señora ministra que los agentes privados están en graves dificultades.
Ya sabe
que hay aquella teoría de decir: Bueno, pues que el mercado lo regule. Lo está regulando. Solo en Cataluña cada semana hay de diez a doce empresas vinculadas a la construcción que presentan concurso. Desde este punto de vista, a nosotros que nos
parece que hay que efectuar un ajuste, no nos parece que las administraciones puedan decir continuamente que se vayan ajustando y que nos quedemos prácticamente sin empresas. Por otra parte, señora ministra, estamos en un momento en el que hay
nuevos requerimientos en la vivienda. La aplicación del código técnico. Se ha tomado la decisión hace pocos días -una decisión pragmática- de prorrogar seis meses la entrada en vigencia del código acústico, la parte del código que hace referencia
a la protección acústica. En cualquier caso, esto entrará en funcionamiento y todo ello hace que estemos demandando nuevos requerimientos a la vivienda. Este es un proceso que no se puede parar ni se va a parar.
Señora ministra, nos encontramos en un marco en el cual el Estado español dedica pocos recursos a la vivienda. Según unos datos públicos, en España se dedican desde las administraciones públicas 160 euros
por habitante, mientras que una cifra razonable en muchos países europeos es de 330 euros por habitante y año. Este es un diagnóstico del sector.
Al lado de estas circunstancias -sabe la señora ministra que nosotros siempre somos terriblemente positivos y propositivos-, creemos que hay también unas oportunidades que hay que saber aprovechar. En primer lugar, existe un plan de
vivienda que usted está presentando y parece ser que se va a aprobar en las próximas semanas. Nosotros habíamos reclamado que se acelerara su formulación y vemos con satisfacción que esto se ha producido. Por tanto, tenemos un instrumento donde
encajar las medidas y este es un elemento de oportunidad que no hay que desaprovechar en ningún caso. Otro elemento que me parece positivo es el convencimiento de la necesidad de actuar, de hacer políticas de vivienda, que me consta que tiene su
ministerio y que me consta que tiene también -palabras de ayer del señor Vegara- quien debe financiar que es el Ministerio de Economía y Hacienda. Vemos también otro elemento positivo que son las recientes medidas de creación de este Fondo para la
adquisición de activos financieros con el cual se da solidez y garantía a nuestro sistema financiero para que también tengamos un sector financiero que esté en una situación sólida. Por otra parte, se está produciendo -y yo creo que es también un
factor positivo- un ajuste de precios, al menos por lo que hace referencia a la adquisición de viviendas, no tanto al mercado del alquiler.
Además, se está produciendo -lo que también es positivo- una moderación en el Euribor que también se va a trasladar -esperemos- a las familias. Ante todo este escenario, ¿qué es lo que le demandamos hoy, señor ministra? Le demandamos
conocer cuáles son sus estrategias en este momento; un momento clave, un momento en el cual la situación es grave, en el cual hay elementos para actuar y en el cual nos gustaría conocer con precisión qué piensa hacer el Gobierno en algunos
sentidos. Señora ministra, ¿el plan de vivienda que está usted negociando en estos momentos con las comunidades autónomas y que se va a aprobar -todo parece indicar- en las próximas semanas va a ser un plan, si me permite usted, para ir tirando?
¿Para hacer sopas de pan para que al menos alguien coma, pero que no resuelve el fondo del problema? ¿Se va a quedar usted escuchando los consejos del consejero pragmático o hay aún una cierta capacidad de escuchar y de atender al consejero
temerario o audaz? ¿Qué piensa hacer para movilizar los stocks existentes de vivienda? ¿Conoce cuántos son? Repito, ayer el señor Vegara, que debe ser formal, hablaba de 400.000, pero se ha hablado también de 800.000, de 250.000 o de un millón,
todas estas cifras han aparecido estos días en diferentes voces autorizadas. Me gustaría conocer lo que conoce la señora ministra, y nos gustaría que se conociera de verdad el valor real de estos stocks. Lo que nos preocupa más, y espero que
compartamos esta preocupación, es cómo se piensa atender la demanda, la creciente demanda insatisfecha, cómo se piensa atender a estos miles de ciudadanos, de familias en distintas situaciones; los que se quieren emancipar, pero también las
familias formadas, las familias maduras, las familias mayores, las personas que viven solas, las personas que cambian su situación a mitad de su ciclo vital por divorcio o por lo que sea. ¿Cómo se piensa atender a toda esta ingente demanda
insatisfecha? ¿Cómo piensa, señora ministra, que puede financiarse esta demanda insatisfecha para que pueda atender a su deseo de acceder a una vivienda digna? Todo esto es lo que le formulamos como interpelación.
La señora ministra conoce perfectamente que nuestro grupo ha presentado ya una proposición no de ley con algunas medidas concretas. Es evidente que, tanto en la réplica como en los instrumentos que nos ofrece la dinámica parlamentaria,
vamos a ofrecer medidas con la voluntad de ser un consejero -si usted me permite- a medio camino entre el pragmatismo y la audacia, puesto que en estos momentos el pragmatismo solo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Macias, por favor.
El señor MACIAS I ARAU: Voy acabando, señora presidenta. Permítame acabar.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Yo le permito acabar, pero el tiempo lo fijan los portavoces.
El señor MACIAS I ARAU: Permítame acabar diciéndole a la señora ministra y a la señora presidenta que algunos nos sentimos bien en este medio camino entre el pragmatismo y la audacia, entre otras consideraciones porque los ciudadanos nos
demandan audacia y nos exigen pragmatismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Macias, por la interpelación, porque así todo lo que yo diga a partir de ahora y en los doce minutos que la señora presidenta me otorga -los portavoces de los grupos me otorgan- seguramente muchas más personas, muchos más
ciudadanos van a poder conocer cuáles son las medidas. Le agradezco, además, el apoyo que ha prestado a las medidas que está tomando el Gobierno para afrontar la actual coyuntura. Los datos del sector inmobiliario nos están trasladando la imagen
de un mercado con un profundo ajuste, con descensos acusados en el número de transacciones inmobiliarias, ventas e hipotecas. El último dato publicado de agosto señala un descenso de otro 37 por ciento y este es un descenso por séptimo mes
consecutivo. Nos encontramos, por tanto, ante un brusco frenazo y, en consecuencia, con un proceso de cambio del modelo productivo o bien, desde una perspectiva histórica, podríamos decir con la normalización del sector.
Efectivamente, en la última década el mercado inmobiliario se ha visto atrapado en una dinámica, a mi juicio, de crecimiento insostenible, sometido a tensiones especulativas irracionales y que ha consumido ingentes cantidades de recursos
naturales que son insustituibles para el conjunto de la economía. Para comprender bien el origen de este stock de vivienda no vendida al que ahora nos estamos refiriendo, deberíamos recordar la desaforada tasa de iniciación de viviendas libres en
nuestro país en los últimos diez años, que es de casi medio millón de viviendas por año, cuando en los años noventa se iniciaban tres veces menos. En los últimos años se han edificado más de 600.000 viviendas cada año, muy por encima del ritmo de
creación de nuevos hogares en España, cifrado en unos 400.000. Para que todos nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, voy a poner solo dos ejemplos. Alemania es un país con 82 millones de habitantes que construye al año
unas 200.000 viviendas.
Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, construye al año un millón y medio de viviendas. Nuestro país con 45 millones de habitantes ha construido el año pasado 750.000. Este desajuste entre la oferta y la
demanda no se ha corregido y por eso nos encontramos en la situación actual.
Por otro lado, es cierto que la situación económica global se ha cebado de forma muy especial en el sector de la construcción residencial. Si bien en este contexto el sistema económico y financiero español cuenta con unas bases muy firmes
en las que apoyarse, como son la solidez y la solvencia en nuestro sistema bancario, apenas expuesto a la crisis de las hipotecas subprime, unas cuentas públicas saneadas -no está mal recordar que nuestra deuda pública para 2008 no llega al 37 por
ciento, mientras que la media de la zona euro supera el 66 por ciento- y un decidido apoyo a la financiación de la política de vivienda por parte del Gobierno, como se refleja en nuestro proyecto de presupuestos para 2009 con un crecimiento superior
al 16 por ciento. Por tanto, para superar esta situación el Gobierno aboga por afrontar los problemas económicos con responsabilidad y con plena confianza en las posibilidades de la economía española, y para esta tarea esperamos contar con el apoyo
de todos los grupos representados en esta Cámara y específicamente con el suyo.
No sé si es adecuado hablar de una fábula oriental o de un cuento chino en este contexto, pero por lo que a mí respecta prefiero mantener mi cabeza intacta sobre mis hombros y mantener la debida prudencia. En este sentido, comparto con
usted la preocupación por el volumen alcanzado por el stock de viviendas sin vender, que se ha ido incrementado cuando se terminan las obras en curso. La existencia de este excedente paraliza nuevos proyectos por parte de los promotores con la
consiguiente pérdida de la actividad económica y, sobre todo, de empleo, que es lo que en última instancia nos preocupa más a todos. Este progresivo deterioro de la situación hace que absorber el exceso de viviendas sin vender se convierta en una
importante preocupación para el Gobierno. Podría decir que nos encontramos ante un reto y, al mismo tiempo, ante una oportunidad única para absorber este stock transformándolo en vivienda protegida, es decir, reconduciendo el exceso de oferta a un
fin social para ayudar a acceder a ellas a quienes el mercado libre había expulsado por lo inasequible de sus precios. Las medidas que se han adoptado hasta ahora van en esta dirección y, en el escenario que manejamos, este stock para ser absorbido
necesitará entre un año y medio y dos años. En todo caso, durante este periodo la aplicación intensiva y exigente del vigente Plan de Vivienda, coordinado con otras medidas impulsadas desde el Gobierno, va a intentar reducir el impacto de este
ajuste invirtiendo casi la totalidad del presupuesto del Ministerio de Vivienda, el 97 por ciento, más de 1.500 millones de euros, en políticas activas de vivienda, singularmente en la promoción de vivienda protegida, rehabilitación y renovación
urbana, que como SS.SS. saben es una actividad muy intensiva en el uso de materiales de construcción y de mano de obra, puesto que moviliza una importante cantidad de trabajadores por cada actuación.
Su señoría me pregunta por las medidas que piensa impulsar el Gobierno y a continuación le voy a responder en profundidad, no sin antes hacer una obvia puntualización que no me resulta por ello menos pertinente. Quiero recordar que una de
las medidas de lógica económica más racionales y eficientes para reducir el stock de viviendas que están sin vender, ya finalizadas o a punto de finalizarse, no corresponde adoptarla al Gobierno, sino a los propios promotores inmobiliarios que deben
ajustar sus márgenes de beneficio, reduciéndolos en la medida necesaria para que las familias las puedan comprar, y tenemos muchos promotores que así lo han entendido y así lo demuestran las estadísticas de vivienda, que demuestran una caída en la
evolución de su precio. Pero en nuestro sistema de libre mercado esto debe autorregularse, ahora bien con un matiz muy importante, con el menor coste social posible, especialmente en materia de empleo.
El Gobierno está impulsando medidas que alivien las dificultades de los ciudadanos y agentes económicos y empresariales implicados en el sector inmobiliario. En primer lugar -y como sabe-, estamos preparando, en estrecha colaboración con
las comunidades autónomas
y ayuntamientos, el nuevo plan de vivienda para recuperar la confianza de los agentes y colectivos sociales implicados en el ámbito de la vivienda y conseguir la reactivación del sector. Invitamos a Convergència i Unió y al resto de grupos
de esta Cámara a apuntarse al consenso en torno a este plan, que efectivamente está muy avanzado, que esperamos aprobar con las comunidades autónomas la próxima semana en Barcelona, y que tendré el honor de explicar, en la Comisión de Vivienda de
esta Cámara, a petición propia, el próximo jueves.
El Gobierno, en previsión de una posible evolución de la economía global y de sus repercusiones en el sector de la construcción, ya se anticipó a esta situación en enero de 2008 cuando se reformó el Plan de Vivienda vigente y, como
recordarán SS.SS., en dicha reforma se introdujeron, entre otras, unas cuantas medidas que siguen en vigor. Así las viviendas en construcción o que lleven menos de un año terminadas sin haberse vendido pueden calificarse como protegidas, siempre
que reúnan las características que el plan estatal exige en cuanto a superficie, precios por metro cuadrado útil, ingresos de los adquirentes y plazos mínimos de calificación. Las que llevan más de un año terminadas sin haberse vendido pueden
venderse como usadas, con los precios máximos establecidos en el plan, sin esperar a los dos años, que era el plazo previsto inicialmente por el propio plan, y los compradores pueden acogerse a las ventajas establecidas en dicho plan. Además, en
los ámbitos territoriales de precio máximo superior se actualizaron los precios máximos de las viviendas usadas y de las de precio concertado, para facilitar al promotor la conversión de las viviendas libres no vendidas a la categoría de viviendas
protegidas, bien usadas o bien concertadas. Por tanto, desde hace más de diez meses están ya en vigor medidas destinadas a favorecer la reducción del stock de viviendas sin vender, que no van a desaparecer cuando acabe la vigencia del actual plan,
sino que se van a prorrogar durante un periodo transitorio debido a las especiales necesidades del sector, y además van a ser ampliadas. Hasta el 31 de diciembre de 2009, que será un periodo prorrogable por el Consejo de Ministros, podrán ser
calificadas como viviendas protegidas de precio concertado, si cumplen las características del plan en cuanto a los máximos que antes he citado, aquellas viviendas libres que dispusieran de licencia de obras emitida no más tarde del 1 de septiembre
de 2008. También, hasta el 31 de diciembre de 2009, podrán adquirir viviendas protegidas calificadas como de precio concertado aquellos adquirentes con ingresos familiares que no excedan siete veces el Iprem. Con esta medida y excepcionalmente
habrá más familias de rentas medias, con ingresos de hasta 50.656 euros al año, que podrán acceder a la compra de una vivienda protegida concertada, facilitando así la liberación del stock. Además, durante 2009, las viviendas libres que reúnan las
características exigidas por el Plan Estatal de Vivienda en cuanto a superficie, metros cuadrados útiles y niveles de ingresos de adquirente y cuya licencia de primera ocupación, certificado de final de obras o cédula de habitabilidad se hayan
emitido antes de que entre en vigor el nuevo plan estatal, podrán ser vendidas como viviendas usadas, acogidas a efectos de las ayudas a adquirentes a la categoría de actuación protegida por el plan estatal, sin que sea necesario que transcurra un
año desde la expedición de los documentos citados. Además, como S.S. sabe, el Gobierno ha aprobado recientemente una línea de préstamos a través del ICO por un importe inicial de 3.000 millones de euros, para facilitar la refinanciación de sus
préstamos a los promotores que conviertan su excedente de viviendas sin vender en viviendas para alquilar, con lo cual queremos ganar en competitividad en los precios y en calidad en cuanto a la oferta de viviendas en alquiler.
Pero no me olvido de que en su interpelación se refiere también a un tema que me preocupa enormemente, como es el acceso a la vivienda de los jóvenes. Son un colectivo preferente en la política de vivienda del Gobierno, como se manifiesta a
través de varias medidas dirigidas a facilitarles el acceso a la vivienda y se va a plasmar también en el nuevo plan estatal de vivienda y rehabilitación, influyendo alguna de ellas en la liberación del stock. La reducción del stock no se produce
exclusivamente a través de la compraventa, pues el alquiler es una opción perfectamente válida a través de la cual, por un lado, facilitamos a los jóvenes el acceso a la vivienda de forma más ágil y asequible y, al tiempo, contribuimos a crear un
mercado más dinámico y más seguro en el que el propietario pueda rentabilizar su vivienda vacía sin deshacerse de ella. Por ello, quiero apuntar la importancia que para miles de jóvenes están teniendo algunas de las iniciativas que están impulsadas
por el Ministerio de Vivienda, especialmente esta apuesta por el alquiler, que se traduce, como saben, en que al menos el 40 por ciento de las viviendas protegidas que se promuevan o se rehabiliten en los próximos años se destinen a alquiler, o como
la renta básica de emancipación que cobran ya 45.000 jóvenes y que será compatible a partir del nuevo plan con la ocupación de una vivienda protegida en arrendamiento. Todo ello contribuirá a dinamizar el mercado y, en consecuencia, a ir
absorbiendo el stock de vivienda hoy desaprovechado.
En todo caso, señoría -ya voy terminando-, mi deseo es que de esta situación podamos extraer las conclusiones que nos permitan de ahora en adelante hacer posible, entre todos, un mercado inmobiliario suficiente y eficiente en el que exista
una mayor coherencia que la actual entre la oferta y la demanda. A la vez, desde los poderes públicos debemos seguir garantizando y realizando el esfuerzo compartido para evitar que una situación como esta se pueda volver a producir, para lo cual
espero contar -sé que lo haré- con el apoyo de lo mejor del sector de la construcción residencial. Tenemos unos empresarios
responsables y muy competitivos que dan trabajo a miles de personas y que contribuyen a la riqueza y al crecimiento económico del país, a los que emplazo desde ahora a apostar más que nunca por la vivienda de precio asequible destinada a
aquellos que por su nivel de renta tienen más dificultades para acceder a ella.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, por descontado que le agradezco sus explicaciones y voy a tomar nota de algunas de sus declaraciones. En primer lugar, usted habla de que la Administración pública, la Administración del Estado, está en una situación de
suficiente solidez para poder tomar medidas. Pues bien, ante esta situación, mi grupo, al margen de cualquier cuento chino o de cualquier fabulación, le va a hacer tres propuestas que, lógicamente, vamos a explicitar en la moción consecuencia.
Nosotros vamos a proponer que se destine un determinado porcentaje -no inferior al 10 por ciento- del Fondo para adquisición de activos financieros para la adquisición de activos vinculados a la actividad inmobiliaria y que, a su vez, estén
condicionados a que la entidad financiera abra una línea de financiación específica destinada a otorgar nuevos créditos para actividades de construcción y rehabilitación de viviendas. Es decir, damos liquidez al sistema, y que el sistema, parte de
esta liquidez la traspase al sector inmobiliario y de la construcción.
Segundo elemento. Señora ministra, no sé si usted estaba presente cuando el diputado Tardà hablaba del señor Sarkozy. Ya me satisface que un republicano hable del señor Sarkozy. Pero nosotros vamos a copiar, de alguna manera, al señor
Sarkozy y vamos a hacer una propuesta, y es que la Administración General del Estado adopte el compromiso de adquirir 30.000 viviendas, y que a su vez las administraciones autonómicas adquieran 10.000 viviendas adicionales. Algunas, como el caso
del Gobierno de la Generalitat, ya han anunciado que adquirirían 1.500. El coste global para la Administración General del Estado -de una vivienda de precio medio de 200.000 euros- sería de 6.000 millones de euros, y 2.000 millones para
administraciones autonómicas. Además, esta adquisición debería venir condicionada a la construcción -por cada promotor- de una vivienda nueva por cada vivienda adquirida por las administraciones. Por tanto, ¿qué retornos habría para la
Administración? Usted sabe que la construcción de cada vivienda genera 2,5 empleos. La construcción de 40.000 nuevas viviendas significa 100.000 parados menos.
Teniendo en cuenta el coste medio de un parado, 9.600 euros al año más las
cotizaciones sociales, solo con esto las arcas del Estado recuperarían 1.380 millones de euros. Además, a estas cifras debe añadirse el aumento de los ingresos que recaudarían las diferentes administraciones públicas en concepto de IVA,
transmisiones, plusvalías, etcétera, que una estimación muy conservadora situaría en 1.200 millones de euros adicionales. Por tanto, en solo un año más de 2.500 millones de euros de estos 6.000 que se invertirían, ya retornarían a las arcas del
Estado. Nos parece esta una medida que, como mínimo, cabría estudiar con profundidad.
Finalmente, nosotros le proponemos otra medida para que se pueda hacer frente a las dificultades que tienen las familias para conseguir un préstamo bancario de más allá del 80 por ciento del valor de adquisición de la vivienda. Como saben,
para una adquisición de vivienda, por ejemplo, de 250.000 euros, es necesario que el cliente disponga de un 20 por ciento del precio, es decir, 50.000 euros más el 11 por ciento de los costes inherentes a la adquisición. En total 27.500 euros más.
O sea que el adquirente, suponiendo que pueda pagar la hipoteca, debe tener también 77.500 euros más. Para superar este escollo, proponemos -para el supuesto en que una entidad de crédito haya analizado una propuesta de préstamo con garantía
hipotecaria y haya aprobado la concesión del mismo por un importe de hasta el 80 por ciento del valor de la vivienda- se disponga de una línea de financiación del ICO para el restante 20 por ciento del valor de la vivienda. La referida línea de
financiación deberá tramitarse a través del banco o caja que haya aprobado la concesión del crédito, y en garantía del pago del préstamo se concederá a favor del ICO una segunda hipoteca sobre la vivienda.
Señora ministra, creemos que estas medidas -que lógicamente sin la precipitación de los cinco minutos vamos a relatar con mayor profusión de datos y de argumentación- pueden ser líneas perfectamente asumidas e incluidas en este plan que
usted está consensuando y aprobando. Sabe que nuestra audacia propositiva conlleva grandes dosis de pragmatismo.
Esperamos de usted exactamente lo mismo.
Muchas gracias, señora ministra.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.
Señora ministra de Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Macias, desde el Ministerio de Vivienda estamos siguiendo con mucho interés las medidas que desde las diferentes comunidades autónomas se están tomando para reducir el stock. Son medidas positivas, que tienen un objetivo compartido,
pero que podrían tener mucho mayor impacto si actuásemos de forma coordinada. Es cierto que no se puede conocer exactamente cuál es el número de viviendas vacías, incluso habría que tomar con cautela las estadísticas que se publican, si bien es
cierto que el Ministerio de Vivienda publicó el pasado 30 de junio una estadística que reflejaba casi un total de 503.000 viviendas de obra nueva terminadas y que no reflejaba la compraventa. En cualquier caso, es posible que estemos por
encima de las 650.000 a final de año.
Le voy a hacer una puntualización. Somos muy conscientes de que los poderes públicos tenemos que hacer un esfuerzo muy especial para absorber el exceso de oferta generado en los últimos años y facilitar el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, para incidir en la recuperación del sector, pero -insisto- el último y primordial objetivo que tenemos es este último, es decir, facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda, especialmente a los que tienen más dificultades. Siendo
este nuestro objetivo, las actuaciones dirigidas a absorber el stock de viviendas existente no deben limitarse al de obra nueva de los promotores. En este sentido, defendemos que la vivienda protegida se pueda originar tanto por nueva promoción,
como por reconversión del parque existente, y por tanto la absorción del stock puede provenir tanto de la calificación de vivienda protegida de la que está desocupada y tiene un régimen original libre, como de la rehabilitación de viviendas
existentes con la voluntad de destinarlas a vivienda protegida. En el nuevo plan estatal de vivienda, que como sabe estamos consensuando con las comunidades autónomas, las líneas principales que se están tomando en este ámbito tienen este mismo
objetivo. Hay una línea de promoción de vivienda protegida para alquiler, vivienda protegida en venta y alojamientos colectivos específicos para colectivos vulnerables, y también añadidas a inquilinos, a adquirentes de vivienda protegida y de otras
viviendas ya existentes. Además, por lo que se refiere a apoyar a las familias y a las personas que quieren acceder a la vivienda, tenemos la ayuda directa a la entrada del plan estatal, es decir, ayuda para que las personas que no tienen la
entrada puedan contar con esta ayuda del Estado, que va a subir hasta familias que tengan hasta 4,5 veces el Iprem de ingresos, que es más de lo que existía hasta ahora. Aparte, tenemos préstamos subsidiados y préstamos convenidos para ayudar a
pagar las hipotecas. Sin embargo, la oportunidad que presenta el momento actual para realizar actuaciones coyunturales y, por tanto, las facilidades que estamos dando a los promotores para reconducir su exceso de viviendas al mercado protegido, no
quieren decir que tengamos que adquirir el stock de viviendas sin vender de los promotores a precios que el mercado está demostrando actualmente que estaban sobrevalorados. Si lo que está sugiriendo es que destinemos a financiar a los promotores
los recursos que actualmente concentramos en actuaciones protegidas para ayudar a los ciudadanos que no pueden acceder a la vivienda, simplemente le tengo que decir que no puede contar con nosotros y que creo que está equivocado. No va a encontrar
en el nuevo plan estatal ninguna medida destinada a transferir los recursos que con tanto esfuerzo estamos destinando a apoyar la vivienda accesible, a los promotores que han construido inconscientemente muy por encima de las expectativas que
racionalmente cabía esperar.
Queremos apoyar al sector, pero sin por ello dejar de concentrar nuestros esfuerzos en los que más lo necesitan.
En cuanto a las personas que no encuentran crédito hipotecario en las entidades financieras por problemas de liquidez, quiero tranquilizar a todas las familias, ciudadanos y empresas, porque las medidas que se han adoptado desde el Gobierno
para facilitar la liquidez del sistema financiero, que actualmente no encuentra el mercado interbancario, como saben, va a primar los préstamos nuevos concedidos a partir del 7 de octubre. Por tanto, estamos convencidos de que son medidas que van a
reflejarse finalmente en una mayor liquidez para las familias y para las empresas y van a reactivar el sector inmobiliario. Le invito a que estudie detenidamente las medidas transitorias propuestas en el plan estatal, que espero y deseo que sea
aprobado en breve. Estas medidas son muy realistas y se van a extender hasta el 31 de diciembre de 2009. Son medidas que permitirán a los promotores responsables que asuman el sacrificio necesario en el beneficio empresarial, otorgándoles la
ventaja que tiene la vivienda protegida de tener garantizada la venta. Creo que estas medidas, con el descenso del precio de la vivienda, con el descenso del IPC y con la liquidez del sistema financiero, van a ayudar a sacar el stock de forma mucho
más eficiente que, a mi juicio, gastar los recursos públicos en comprar estas viviendas a los promotores que no supieron hacer un plan de negocio realista. En cualquier caso, estoy segura de que contaremos con su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PROPÓSITOS DE POLÍTICA GENERAL QUE TIENE EL GOBIERNO PARA DESBLOQUEAR LA SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 172/000043.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la interpelación del Grupo Popular, sobre propósitos de política general que tiene el Gobierno para desbloquear la situación de la Administración de Justicia. Para
formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro de Justicia, el pasado día 21, como sabe toda la Cámara y toda España, se paralizó la Administración de Justicia en un paro convocado parcialmente
por los secretarios y al que se sumaron en una forma especial las juntas de jueces convocadas por los jueces decanos. ¿Saben SS.SS. lo que supuso solo ese paro para la Administración de Justicia? Pues en cálculos de las propias
asociaciones convocantes se tuvieron que suspender entre 16.000 y 18.993 juicios en toda España, a lo que habría que sumar aquellas horas perdidas, aquellos trámites no realizados, aquellas diligencias no practicadas en la huelga que mantuvieron los
funcionarios entre los meses de febrero y marzo y que todos recordamos. Es la primera vez en la historia del Estado de derecho español que se produce un paro tan absoluto, tan total, tan uniforme, en menos de un año en la Administración de Justicia
y eso, señor ministro, ha supuesto por parte del Gobierno al que usted representa una reacción que entendemos absolutamente desafortunada.
Usted ha considerado que se trataba estrictamente de un movimiento corporativo, de una reacción defensiva ante determinadas responsabilidades disciplinarias por el caso Mari Luz. No fue esa la reacción del Consejo General del Poder Judicial
ni la de las asociaciones, no solo las convocantes sino las de jueces y magistrados en general. El consejo ha llega a decir -el consejo recientemente nombrado por esta Cámara y el Senado- que en todo caso en lo que han dicho no hay nada que no sea
responsable, oportuno o moderado. El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo se ha ofrecido a liderar el movimiento reivindicativo y hoy anuncian en prensa que el propio consejo pone en marcha el plan de
modernización. De las asociaciones, qué le voy a recordar. La APM, indiscutiblemente mayoritaria dentro de la magistratura, ha hablado de un malestar generalizado, de que el ministro Bermejo no puede cerrar los ojos ante esta realidad, de que la
Administración de Justicia es deficitaria y requiere una modernización y una mejora verdaderamente importantes. La Francisco de Vitoria dice: Los jueces estamos quemados por el déficit de medios materiales y personales y queremos sentirnos
arropados. Así podría seguir con la antología de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional o de los famosos 46 magistrados del Tribunal Supremo, que han considerado que la reivindicación es un dato necesariamente valorable ante la
situación real de personal, medios y cargas de trabajo de los juzgados. Por tanto, eso no se puede despachar con una vuelta al antiguo estilo, señor ministro, una vuelta a sus orígenes como ministro, a las salidas de pata de banco.
El 31 de mayo de 2001 firmaron el Partido Popular en el Gobierno y el Partido Socialista en la oposición un pacto por la justicia. Era un pacto completo que dio lugar a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se
implementó -si se me permite ese neologismo- la oficina judicial, las unidades de apoyo, los servicios comunes, se siguió con una ley de retribuciones que usted conoce y se comprometieron 250.000 millones de pesetas, a petición de la oposición
socialista, es decir 1.502 millones de euros para desarrollar en dos legislaturas la modernización de la justicia.
Ustedes rompieron desde la oposición aquel pacto, lo rompieron unilateralmente y anunciaron en su programa electoral -ya en 2004- que todo esto tenía una solución y era que se pusieran de inmediato no menos de 180 millones de euros anuales
-el señor portavoz de entonces aclaraba que eran adicionales a las partidas ordinarias- de modo sostenido para conseguir un presupuesto que suponga el 2 por ciento del total de los gastos generales del Estado. Y he aquí que en el día de la fecha -y
no digamos en el día de la fecha de la huelga- ustedes no han hecho nada, nada, propaganda, señor Fernández Bermejo, propaganda, en la que son especialistas, pero la propaganda tiene, como todas las grandes mentiras, las patitas cortas y ya no les
cree nadie, ni los secretarios, ni los funcionarios, ni los jueces, ni los magistrados, ni siquiera los magistrados del Supremo.
¿De la oficina qué ha pasado? No me vuelva a contar lo de las nueve unidades piloto porque no es verdad, no existen. ¿Dónde están los servicios comunes? Nada. Eso sí, hay juzgados que se han aunado para poner en marcha las ejecutorias.
En este momento, en el último informe del propio consejo, eran 269.405 las sentencias sin ejecutar, lo cual da una idea de que el caso ocurrido no es por casualidad; puede incluso que sea providencial -es verdad- que no ocurra todos los días.
Fíjese que tiene mucha concomitancia lo ocurrido y la modernización con la implantación de la informática en los tribunales de Justicia.
Señorías, no existe ningún sistema de implantación nacional que permita la centralización y por tanto la actualización simultánea y general de los datos; no existe y eso explica muchas cosas. Y no me vuelva a hablar de lo del Lexnet,
porque el Lexnet, primero, se puso en marcha por el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno en 2002 -luego se han encargado de inaugurarlo los sucesivos ministros varias veces-, pero desgraciadamente no es más que un sistema de comunicación de
correo, digamos seguro, y que afecta a los procuradores. Eso sí, existen distintos sistemas de gestión procesal. En el territorio ministerio -que se llama así-, más Tribunal Supremo y Audiencia Nacional existen los sistemas Libra y Minerva; en
Andalucía el Adriano, en el País Vasco el Justiziabat, en Navarra el Avantius, en Valencia el Cicerón, en Cataluña el Temis, en Canarias el Atlante, seis sistemas entre las distintas comunidades autónomas, más los dos que rigen en el territorio
ministerio, en los juzgados y tribunales y en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, es decir ocho sistemas que son, señorías, incompatibles entre sí, que tienen distinto grado de obsolescencia, en donde no hay garantía ninguna de que el
usuario lo use efectivamente porque el soporte principal sigue siendo el papel,
en donde no hay garantía de protección de datos -tanto es así que creo que nadie se escandalizará si recuerdo que recientemente la Agencia de Protección de Datos ha abierto expediente nada menos que al Consejo General del Poder Judicial por
falta de protección de datos personales- y, lo que es más grave, todos ellos sumados no permiten la actualización y así se explican casos como el ocurrido y lo que pueda ocurrir. En conclusión sobre este punto, señor ministro, en la sociedad de la
información la justicia en España vive no solo de espaldas a la información, sino que me temo que también de espaldas a la sociedad.
Si quieren, vayamos al capítulo de los jueces. Hay 4.542 jueces en toda España. Tenemos sin embargo un número bajísimo de jueces por habitante.
Estamos por debajo de la media de la Unión Europea, que es de 19,8, superada, claro está, por
Alemania e incluso por Polonia -fíjese, ¿por qué será?- y por debajo de Portugal (17,4), Bélgica (14,9), Holanda (12,7) -ustedes dirán países pequeños pero no-, de Francia (11,9) y de Italia (11). Por debajo de nosotros -es verdad- están Turquía,
Malta, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Además están desigualmente distribuidos.
Señorías, fíjense en el dato, para ir poniendo sobre la mesa de los taquígrafos las realidades con las que hemos de contar.
Solo en el Tribunal Supremo, sin contar los 571 jueces que además hay en Madrid, hay 157 jueces y magistrados, y yo sé que al señor ministro este dato le hace reflexionar y alguna cosa más. Es decir, solo en el Tribunal Supremo hay más
jueces que en Aragón, que en toda Asturias o que en todo Baleares. Solo en el Tribunal Supremo. Está bien, ¿verdad? ¿A usted le gusta? Pues dígaselo a Cantabria, a Navarra y a La Rioja, que todos ellos sumados tienen menos jueces que el Tribunal
Supremo de Justicia.
Extraordinario. Probablemente ustedes piensan que esto está en función de la población. Señor De la Rocha, ¿a lo mejor es eso? Por encima, sí. Pues no, porque resulta que por encima de la media están Asturias, con el 12,9,
Canarias -claro, para eso hubo un ministro y además me alegra mucho, son coaligados- con un 10,8, y por debajo de la media, de esa media que está a su vez por debajo de la media europea, ¿quién está? ¡Hombre!, quizá sea casualidad, la Comunidad
Valenciana, con un 8,9, y Murcia, con un 8,7. ¿Qué revela todo esto? Pues no solo que hay pocos jueces, que hay deficiencias, sino que además están mal distribuidos, y en consecuencia recurre de nuevo la memoria a la prometida y nunca traída nueva
ley de planta y demarcación que sustituya a la de 1988. No hay semana, señor ministro, créame, que no tenga que calmar las pretensiones naturales y legítimas de los diputados del grupo al que represento para crear uno o dos nuevos juzgados en su
circunscripción electoral; no hay semana que no tenga que calmarlos. Y les digo -y no me dejarán mentir-, hay que hacer un esfuerzo por dar una visión de conjunto que se adapte a la evolución demográfica de la sociedad española, a la
socioeconómica, a la criminalidad, a la litigiosidad. ¿Cuándo se va a traer una nueva ley de demarcación y planta? Porque eso es racionalidad y en suma es diálogo.
Y si hablo de las dotaciones -voy terminando, señora presidenta-, qué decirle que no sepa probablemente también usted. De aquellos 1.502 millones de euros comprometidos, han llegado... (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras
que no se perciben.) De eso hace seis años, señoría, ahora la responsabilidad es suya y la mía exigírsela, así que no sigan divagando por ese camino.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Trillo, vaya al tema y no se me distraiga, que queda poco tiempo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Con ese disco, a otra discoteca, señor Villarrubia, no me venga con eso. (Aplausos.) Lo que sé es que ustedes, además de incorporarlo en el programa y de hacer el ridículo -usted particularmente
cuando tantas veces lo pidió y ahora no sabe qué hacer con las cifras-, solo han cubierto la tercera parte de aquella cifra, la tercera parte, y estamos por debajo en gastos judiciales -igual que con el número de jueces- de Alemania, de Inglaterra,
de Países Bajos, de Bélgica, de Italia. España está por debajo y estos son datos de la Comisión Europea. Eso sí, les dimos el apoyo el pasado 23 de julio para que elevaran los presupuestos de una vez este año, fueran a la adecuada modernización de
la justicia y emprendieran ya esa batalla, y se limitan a subir, es verdad que suben -hablaremos de eso la semana que viene- un 6 por ciento, es decir del 2 por ciento del gasto total. Estamos todavía, según sus propios números, en el 0,5 del gasto
general del Estado. Nada, nada con sifón y demagogia.
Se ha pasado S.S. -diputado por Murcia- el primer año de su mandato -que efectivamente no todo le es imputable-...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Trillo-Figueroa, ha superado con exceso su tiempo. Debería ir terminando.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Sí, señoría, termino ahora mismo.
...haciendo política de partido: que si ANV sí, que si PCTV no, que si en la campaña, y ahora se le ha acabado, señor Fernández Bermejo, me da la impresión de que usted ya lo sabe, se le ha acabado la campaña, se le ha acabado el mundo en
colores y vuelve a la dureza del mundo en blanco y negro, de las togas y de las puñetas. Señor Fernández Bermejo, póngase en la realidad, lidere ese proceso, va a tener nuestro apoyo, pero dialogue, exija dentro de su Gobierno, respete a las
asociaciones.
Tendrá para ello nuestro apoyo. Si sigue por ese otro camino, tendremos desgraciadamente que romper el pacto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Trillo-Figueroa.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señora presidenta.
No dudo, señor Trillo, que volverán a romper el pacto, tienen práctica en eso. (Aplausos.) Fueron ustedes los que rompieron el pacto, no se le olvide. En 2001, efectivamente, hicieron un pacto. Entre lo que se dijo, que fueron muchas
cosas, había que adicionar 1.500 millones de euros en diez años, a razón más o menos de 150 por año, adicionales. ¿Sabe lo que adicionaron ustedes entre 2002 y 2004? Nada, cero, absolutamente cero. Y ustedes, que eran parte de ese pacto -eche un
vistazo a esos presupuestos-, nos reprochan que no hemos adicionado. Pues verán la diferencia.
En el escenario que hemos vivido, con ustedes, en toda esa etapa, el presupuesto de Justicia creció a una media del 7,3; a partir de 2005, el presupuesto de Justicia -véalo- creció en razón de un 10,4 por ciento. Se fue aumentando hasta un
total de casi 800 millones de euros, lo que ha supuesto finalmente un 50 por ciento más de la cifra que ustedes nos dejaron en 2004, así que, por favor, señor Trillo, cuando haga examen de conciencia empiece por usted. Porque es muy bueno que lo
hagamos juntos, estoy de acuerdo en eso, debemos hacerlo juntos, pero no se me apunten a un mundo en colores ustedes que lo pusieron tan negro. (Aplausos.) Yo creo que la realidad los conduce a ustedes por otros lados, porque finalmente nadie ha
negado que tenemos severos problemas en la justicia.
¡Cómo vamos a negar eso! En definitiva, es un problema que debemos arreglar juntos, es un problema, pero de verdad no puedo compartir el análisis que me hace de lo que ha ocurrido el pasado día
21.
Debo decirle que lo que ha pasado el día 21 está obviamente en el contexto de una justicia que necesita mucho apoyo, que tiene unos tiempos de respuesta que no nos podemos permitir y que hay que mejorar. He dicho muchas veces que es injusto
generalizar, porque hay jurisdicciones como la Social donde el tiempo de respuesta es bueno y sin embargo le alcanza la crítica demoledora del no funcionamiento. No es justo. Pero es verdad que existen áreas muy necesitadas de ese apoyo que creo
que podemos darle. El análisis que debemos hacer creo que debe ser un poco más profundo. Lo que ocurrió el pasado día 21 en el contexto de una justicia donde efectivamente faltan medios está también en el contexto, que usted conoce, de lo que
ocurrió en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla con una cadena de errores que comenzó con un retraso en dictar una apelación que casi duró tres años -esto ni siquiera se ha podido sancionar disciplinariamente porque estaba prescrito- y que
continuó con más de dos años sin ejecutar una sentencia. El anterior Consejo General del Poder Judicial despachó el tema con una multa de 1.500 euros al juez responsable. Esa multa tuvo todo tipo de respuestas, pero no solo por parte del Gobierno.
Yo dije que me parecía poco; luego se me han apuntado otras cosas que no he dicho, pero esto forma parte de lo cotidiano. De lo más fuerte que se dijo lo dijo un compañero de su grupo, que nada más y nada menos dijo que era humillante. El señor
Rajoy también se apuntó y dijo que hablaría con el fiscal general del Estado. Eso se lo dijo al padre de Mari Luz, la víctima. No sé qué hubiera pasado si yo hablo con el fiscal general del Estado. ¡Qué terrible!
Hubo reacciones luego, hubo reacciones en el ámbito del consejo, para todos, porque el consejo sintió que debía salir en defensa de los jueces, y de repente se produjo un movimiento de secretarios judiciales en defensa de su compañera y
convocaron una huelga para el día 21. Yo lo puedo comprender desde el punto de vista humano y lo comprendo, pero no desde el punto de vista profesional. Aprovechando que el Pisuerga pasa por donde pasa, se dijo que el contexto de la huelga era la
falta de medios. Se dijo incluso que hacía falta poner en marcha la oficina judicial. Quienes lo decían curiosamente llevaban dos meses con el proyecto de ley que les habíamos remitido para informe -sin informar naturalmente-, pero es lo de menos.
Realmente, lo que estaba ocurriendo era un movimiento de defensa muy humano, humanamente comprensible, de un compañero o de una compañera atribuyendo no a la providencia, como usted hace -usted sabrá-, sino a la normalidad, a lo cotidiano que estas
cosas pasen. Si eso fuera así, señor Trillo, todos los días nos encontraríamos con casos como el de Mari Luz.
Afortunadamente, las cosas no son así. Ni es la providencia ni esto es cotidiano; esto es excepcional, afortunadamente excepcional, lo cual no quiere decir que esto ande bien. No se confunda, esto no anda bien, pero no hagamos de lo
excepcional la normalidad. Lo que ocurrió el otro día fue una huelga de apoyo a una compañera, humanamente comprensible, pero el pretexto no sirve, porque ni siquiera ellos se ampararon en el pretexto. Lo dijeron con claridad meridiana. Iban
contra la sanción de dos años que se le impuso por el Ministerio de Justicia, y los jueces, animados en sus juntas de jueces, decidieron contribuir -y contribuyeron- para que aquello tuviera tres horas de paro en la Administración de Justicia. No
creo que sea el mejor modo de coadyuvar a que la Administración de Justicia mejore. La pregunta es ¿y por qué ahora? Porque existió la sanción y porque los jueces se sintieron obligados a reaccionar
ad cautelam mandando un aviso al Consejo General del Poder Judicial. Me resultó especialmente decepcionante la actitud de los magistrados del Tribunal Supremo por eso mismo, porque son quienes son, y su escrito era una verdadera admonición
al Consejo General del Poder Judicial. Lea el último párrafo y verá. Creo que fue absolutamente impropio y me consta que ya hay quien está bastante arrepentido.
Tenemos un camino que andar porque tenemos un problema y cuanto antes estemos de acuerdo, mejor. El hecho de que ocurra ahora no deja de resultar sorprendente. Es verdad que tenemos que mejorar la ratio juez por 100.000 habitantes. Cuando
oigo a los alemanes decir que tienen 24 por 100.000 sonrío y les pregunto ¿qué contabilizáis ahí? ¿Se imaginan si nosotros contabilizáramos a los jueces de paz cómo variaría el casi 10,5 que tenemos? Se dispararía hacia arriba, pero no los
contabilizamos, solo contabilizamos la justicia profesional. Los alemanes no y tienen mejor ratio que nosotros, aunque no contabilicen todo. No es esa solo la cuestión.
En la situación actual, la foto fija, hay un decurso histórico en el que cuando se ha hecho el mayor esfuerzo por mejorar esa relación ha sido precisamente en los últimos cinco años y no me lo invento. Han sido 1.100 plazas de jueces y
fiscales. Somos el país número uno en crecimiento en estos años en creación de unidades judiciales. No lo digo yo. Le Monde del pasado 9 de octubre se hacía eco de ello -son datos del Consejo de Europa- y somos el país número uno en los últimos
años en creación de unidades judiciales. ¿Sabe por qué? Porque creamos casi 500 en los cuatro años de la legislatura anterior y ya hay previstas para la próxima 150 de jueces y 75 de fiscales. Además, hemos convocado 900 plazas de secretarios.
Ya han celebrado una oposición de 450 plazas, se cubrieron 370 -tendremos que hablar del sistema de selección- y están convocadas otras 450. En total, 900 plazas de secretarios, el 25 por ciento de las que hay. Hemos aumentado en 88 el número de
médicos forenses, hemos convocado por fin las oposiciones al Toxicológico con 288 nuevos técnicos y hemos añadido la friolera de 3.411 funcionarios entre 2008 y 2009 y la oferta para 2008 es de 6.113, en total 10.500 empleados públicos que van a
bajar las listas de interinidad, que nos hace mucha falta.
Es verdad, señor Trillo, yo hablo mucho de Lexnet, porque creo que es una buena herramienta de futuro, y es verdad que lo comenzaron ustedes, por qué negarlo. Lexnet tiene un problema que usted seguramente ignora y es que lo comenzaron como
un ensayo y tiene los pies de barro, tiene un suelo absolutamente de juguete que estamos teniendo que arreglar. Estamos trabajando sobre Lexnet, pero arreglando los cimientos que ustedes nos dejaron, porque se nos cae Lexnet por falta de base. No
lo olvide, señor Trillo, conviene saber lo que uno hizo para ponerlo luego en valor. Lo que nos dejaron en Lexnet le aseguro que no es el ejemplo. Pero nosotros sí estamos añadiendo cosas. Ese Minerva del que usted habla no solo está funcionando
ya en Murcia a satisfacción; está ya empezando a imponerse en Cáceres, Logroño, Ciudad Real, Burgos, Palma, Ceuta y Melilla. Todas estas son realidades, como es una realidad el avance que hemos hecho en infraestructuras. Y no seguiré yo ahondando
en la idea de lo que nos gastamos. Hemos aumentado desde que ustedes nos lo dejaron el 50 por ciento del presupuesto, de poco más de 1.000 millones a más de 1.600 millones en este momento. Yo sé que mejor sería más, pero no me diga que no es
mérito que, tal como anda el patio económico, el presupuesto de Justicia haya subido un 9,9, es decir que se haya mantenido, y que la oferta de empleo en Justicia sea la única que no se bloquea.
Creo, señor Trillo, insisto, que tenemos ese camino que andar. El conjunto de leyes procesales que vamos a traer a esta Cámara es la gran herramienta y no entraré en la discusión de por qué no se aprobó en la legislatura pasada. Yo sí viví
aquello y la falta de acuerdo. Insisto, no es momento de atribuir culpas, no caigamos en los mismos errores. Tenemos un buen camino que andar con esa ley, con el resto de modificaciones de la ley orgánica y con el paquete de medidas que sí sirven
para modernizar la justicia. En definitiva, no es un panorama de catástrofe, es el panorama de un diagnóstico del que nos debemos ocupar con el esfuerzo de ambos, que yo le pido y sé que voy a tener, y desde luego contará con la mejor voluntad del
ministerio que dirijo.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro de Justicia.
Señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, tres minicapítulos para replicarle. Empezaré por el central de su intervención, el que trata de nuevo de confundir el hecho gravísimo del paro de la justicia con el no menos grave del caso Mari Luz. Señor
Fernández Bermejo, ni aquí ni fuera de aquí encontrará en los responsables de mi grupo ni en quien le habla una imputación concreta de carácter disciplinario interno a quién pueda ser el concausa de ese terrible suceso, pero aquí sí le quiero dejar
constancia, usted es el ministro del departamento y he tenido oportunidad de decirlo recientemente en algún medio de comunicación y esperaba que usted me diera hoy ya una respuesta, de que existen en su ley orgánica artículos muy meditados y poco
aplicados como el 292 y siguientes, que hablan del error judicial y del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia -aquí hay que decir con toda solemnidad que en ese trágico
caso ha habido un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, permítame, algo más, ha habido un pésimo funcionamiento de la Administración de Justicia-, que prevén los siguientes casos típicos -léaselos, señoría, empiece por leer-.
Que la justicia no haya funcionado o que haya funcionado mal. En este caso ha funcionado mal o no ha funcionado. Eso implica una cascada de responsabilidades internas de orden disciplinario que ni a usted ni a mí ni a esta casa les corresponde
dilucidar, le corresponden al Consejo General del Poder Judicial -a usted las de los secretarios, ciertamente-. A partir de ahí, pónganse los mecanismos para que se reconozca el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Para quien necesite estudiar este tema un poco más a fondo le recomiendo que compruebe en los datos oficiales que en la estadística judicial del año 2007, de esos entre 6 y 8 millones de asuntos anuales, solamente se ha reconocido error o
anormal funcionamiento en 140, el año anterior en 115 y cuando yo me ocupaba de estas cosas en el Consejo de Estado, que por cierto dictamina siempre con carácter previo a la resolución final, estábamos en 130. No hay proporción. La providencia no
puede asistir a tanto caso de error o anormal funcionamiento que queda sin cubrir. Hay muchos más y este es uno de ellos. Y la Constitución española proclama que los jueces han de ser independientes, profesionales, sometidos únicamente a la ley y
al derecho y responsables. Por tanto, ahí nos encontraremos si lo desean; y sé que lo desea el nuevo consejo. La responsabilidad de la Administración de Justicia por error o mal funcionamiento ha de existir y no seremos nosotros quienes
entorpezcamos esa aplicación plenamente constitucional para tener una justicia plena, plenamente democrática. Segundo punto. Me confunde usted con las tasas de cobertura, con ese cuento de nunca acabar de la etapa del PP, de si nosotros más, tú
más, nosotros menos, tú menos. Mire, unidades judiciales sí tenemos más. Sí, sí, sí. En organismos judiciales estamos altos en la estadística de la Comisión Europea, no ya del Consejo de Europa sino de la Comisión Europea, pero ¿con qué
cobertura? Funcionarios sí, pero ¿con qué cobertura? ¿Con un 35 por ciento de interinidad en Cataluña? ¿Con un 25 ó 30 por ciento de interinidad en Canarias? Me habla usted de los secretarios. En 2006 se convocaron -ha dicho- 450 plazas; lo ha
dicho, sí. Aún no han tomado posesión más que 125, hoy desde 2006, con lo que el déficit además se amplia cada año y debe haber hoy unas 800 vacantes, de ahí la interinidad. La informática. Me habla usted del Lexnet y del cariño que le tiene a
Lexnet, pero hábleme de lo importante, de lo que tiene relación -eso sí- con el caso: de la capacidad de interconexión de los sistemas, de qué se está haciendo, qué se ha ideado, cómo están trabajando para que esos ocho sistemas puedan tener una
actualización general al día para todo el territorio nacional. Y finalmente, señor ministro, señorías, en el tema de las dotaciones y los colores seguro que nosotros dejamos el presupuesto en números negros. Usted lleva camino de dejarlo en
números rojos, y no en el sentido político sino contable del término. Le voy a hacer un emplazamiento para que vea cuál es nuestra disposición actual. Exigirle responsabilidad, porque el pacto no es solo firmarlo, hacerle una foto y tomarse un
cafelito. El pacto es exigir su cumplimiento, controlar su cumplimiento, dar cuenta de sus actos aquí, donde corresponde. Le voy a hacer un emplazamiento que puede usted responder la semana próxima para que los números no sean tan rojos. Le vamos
a presentar una enmienda -creo que se ha hecho ya- en la que dotamos aún más la sección del Ministerio de Justicia incluso recurriendo al viejo expediente de la sección 31, gastos en diversos ministerios.
Cierto. Acéptela. No suba el 6 por
ciento, pero el 9, que es lo que sube según los datos oficiales. Acéptela; que la acepte su grupo. Esta es nuestra manera de trabajar. Dicho y hecho: tendrá más dotación. Ahora es su turno, señor ministro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Trillo-Figueroa.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señora presidenta, señorías, no seguiremos dándole vueltas al paro del día 21 porque evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo. Creo que convendría escuchar a los que lo convocaron,
los lemas que esgrimieron y lo que han dicho. Ellos precisamente son los que han salido en defensa de su compañera; no lo digo yo. Insisto, me importa el contexto. Habla usted y le dedica un buen tiempo al mal funcionamiento de la Justicia como
si la cuestión fuera que el contexto, el sistema, no va. Mire, usted sabe, porque ha estado en el Consejo de Estado, que cuando mandamos a informe esos supuestos de responsabilidad del Estado por mal funcionamiento lo que hay detrás siempre son
errores, errores y dilaciones indebidas.
Tenemos un conjunto de causas, pero siempre excepcionales. Efectivamen-te 130, 140, 150; fíjese si serán excepcionales en ocho millones de causas al año. ¿Tiene que haber más? Ese es un tema que
dependerá de que las personas afectadas nos reclamen o no. Lo cierto es que hay las que hay, pero obedecen -insisto- a malas actuaciones de quienes encarnan la Administración de Justicia, en ocasiones muy peculiares, y no entraremos en detalle.
Hablemos del mal funcionamiento vinculado a los errores que lo producen. Más jueces, sí; mejor repartidos, también. Pero no se confunda, señor Trillo, no es un problema de reparto por comunidades autónomas. Fíjese lo que ocurrió con aquello que
dimos en llamar enmienda de comarcalización para intentar que los juzgados de violencia
contra la mujer fueran optimizados en su funcionamiento: que se aproximaron las elecciones locales y de repente lo que era un pacto dejó de serlo. Por falta de racionalidad nos quedamos sin la enmienda de comarcalización. Vamos a
intentarlo de nuevo, como vamos a intentar traer la ley de planta y demarcación, con racionalidad, pero no entre comunidades. Está bastante bien repartido -se lo aseguro-, de acuerdo con los módulos que da el consejo. No es ese el tema, son los
movimientos demográficos los que nos han estropeado la foto. Es el movimiento demográfico que lleva a unas acumulaciones enormes en determinados puntos y al abandono de otros; ese es uno de los puntos clave. Creo que tendremos tiempo de
reflexionar sobre ello. Interconexión de sistemas, sí. Empezamos en el primer trimestre -ya en enero- con la primera interconexión con ese registro central de penados y rebeldes remodelado, donde por fin desaparece el papel y donde se han incluido
además, como sabe, las medidas cautelares, las requisitorias y las sentencias no firmes; una gran herramienta interconectada. Creo que no ha caído del cielo, llevamos trabajando en ello mucho tiempo y lo verán ustedes instalado en el primer
trimestre de 2009.
Yo quiero tener su apoyo, y creo que nos entenderemos bien. Improvisar enmiendas tiene su riesgo. Yo he leído las 26 enmiendas y, desgraciadamente, no veo nada que me haga sentirme feliz, porque realmente, señor Trillo, no he encontrado
nada reflexionado para poder aprovechar; pero no le quepa duda de que las volveré a leer, no vaya a ser que no haya leído bien y me encuentre con algo que no esperaba. Las leeré con los mejores ojos; le insisto, las he visto. Acudir a esos
escorzos a que han acudido para arreglar la comparecencia de hoy no está mal, pero le aseguro que son otros los modos en que se puede afrontar el problema. Lo importante es que a todos nos acaben saliendo los números bien, no sé si los míos en rojo
y los suyos en azul -azul cielo, entiéndame- (Risas.), lo importante es que nos salgan cuadraditos, y estoy seguro de que usted y yo finalmente nos vamos a entender.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro de Justicia.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.