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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 28, de 23/09/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2008 IX Legislatura Núm. 28
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 25 celebrada el martes 23 de septiembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Declaración institucional... (Página 4)
Modificación del orden del día... (Página 4)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para establecer circunscripciones electorales de ámbito autonómico en las elecciones
al Parlamento Europeo. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 25-1, de 11 de abril de 2008.
(Número de expediente 122/000007.) .... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actividad económica, el crecimiento y la creación de empleo, mejorando la fiscalidad de las sociedades y, en especial, de las pequeñas y medianas empresas. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 54-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000031.) ....
(Página 12)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 35/2006, a los efectos de otorgar estabilidad a los incentivos fiscales a las actividades de I+D+i y para evitar su supresión en el año 2012. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 64, de 15 de septiembre de 2008. (Número de expediente 162/000192.) .... (Página 19)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación de requisitos contenidos en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 43, de 30 de junio de 2008. (Número de expediente 162/000134.) .... (Página 23)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política presupuestaria del Gobierno y su proyección en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. (Número de expediente 173/000022.) ....
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 31)
Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 32)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 32)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Declaración institucional... (Página 4)
Por el señor presidente de la Cámara se procede a dar lectura de una declaración institucional expresando la unidad firme y solemne del Congreso de los Diputados contra el terrorismo.
Modificación del orden del día... (Página 4)
La Presidencia propone a la Cámara la modificación del orden del día, a propuesta unánime de la Junta de Portavoces, en el sentido de debatir el punto 29 del orden del día después del punto 27, correspondientes ambos a las interpelaciones
urgentes, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley... (Página 4)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para establecer circunscripciones electorales de ámbito autonómico en las elecciones al
Parlamento Europeo... (Página 4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martí, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Vera Pró, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actividad económica, el crecimiento y la creación de empleo, mejorando la fiscalidad de las sociedades y, en especial, de las pequeñas y medianas empresas...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de Ley... (Página 19)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 35/2006, a los efectos de otorgar estabilidad a los incentivos fiscales a las actividades de I+D+i y para evitar su supresión en el año 2012...
Defiende la proposición no de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y
López Villena, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación de requisitos contenidos en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas...
(Página
23)
Defiende la proposición no de ley el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Monserrat Monserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 27)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política presupuestaria del Gobierno y su proyección en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009... (Página 27)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Aparicio Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 31)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para establecer
circunscripciones electorales de ámbito autonómico en las elecciones al Parlamento Europeo, se rechaza por 23 votos a favor, 308 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa al impulso de la actividad económica, el crecimiento y la creación de empleo, mejorando la fiscalidad de las sociedades y, en especial, de las pequeñas y medianas empresas, se rechaza por 155 votos a favor, 170 en contra y
siete abstenciones.
Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 32)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 35/2006, a los efectos de otorgar estabilidad a los incentivos fiscales a las
actividades de I+D+i y para evitar su supresión en el año 2012, se aprueba por 331 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación de requisitos contenidos en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la
mención relativa al sexo de las personas, se aprueba por 327 votos a favor y uno en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 32)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política presupuestaria del Gobierno y su proyección en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, con la
incorporación de las enmiendas de Coalición Canaria y de la señora Díez González, se rechaza por 147 votos a favor, 165 en contra y 19 abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión, que vamos a comenzar con una declaración institucional del Congreso de los Diputados. El pasado fin de semana, la banda terrorista ETA ha vuelto a atentar en Vitoria, Ondarroa y Santoña.
En esta última ciudad ETA ha asesinado a un honrado suboficial del Ejército de Tierra, el brigada don Luis Conde de la Cruz. El Congreso de los Diputados de España, de forma unánime, traslada su afecto y su pesar a la familia de don Luis Conde,
especialmente a su viuda, doña Lourdes Rodao y a su hijo Iván, perteneciente, como su padre, a las Fuerzas Armadas; a todos ellos nuestro sincero pésame. La Cámara se solidariza con las Fuerzas Armadas, con los policías vascos heridos y con todas
las personas que ahora o en el pasado han sufrido más de cerca la sinrazón terrorista. El Congreso de los Diputados expresa de forma firme y solemne su unidad contra el terrorismo. Esta Cámara pondrá todo su empeño para derrotar y acabar con ETA.
A los terroristas sólo les queda el sometimiento a la ley, la acción de la policía y la cárcel.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, las votaciones esta tarde no serán realizadas previsiblemente antes de las diecinueve cincuenta horas.
Como asunto previo, les propongo una modificación del orden del día, a propuesta unánime de la Junta de Portavoces. Consiste en debatir el punto 29, que es la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
después del debate del punto 27, relativo a la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Jorquera. ¿Acepta el Pleno esta modificación del orden del día? (Asentimiento.) Se acepta y así se hará.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA ESTABLECER CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES DE ÁMBITO AUTONÓMICO EN LAS ELECCIONES
AL PARLAMENTO EUROPEO. (Número de expediente 122/000007.)
El señor PRESIDENTE: Examen del orden del día. Punto I: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, para establecer circunscripciones electorales de ámbito autonómico en las elecciones al Parlamento Europeo. Para la defensa de esta proposición de ley tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para exponer y defender la toma en consideración de una proposición de ley para la modificación de la Ley Electoral, en lo referente a la determinación de
las circunscripciones en las elecciones a celebrar al Parlamento Europeo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Como muy bien saben SS.SS., el Título VI de la Ley Electoral es el referido a las disposiciones para la celebración
de elecciones al Parlamento Europeo. Este es un sistema similar al de otros procesos electorales, si bien cabe destacar una nota específica, que es la determinación de una circunscripción electoral única para la elección del conjunto de los
diputados. Es innecesario recordar a SS.SS.
que, de acuerdo con la Constitución, España es un Estado compuesto. El próximo mes de diciembre vamos a celebrar treinta años de la opción de la constitución de España como un Estado compuesto con el
desarrollo del Estado de las autonomías, con entidades políticas con poder político a la par del poder del Estado. Pues bien, esta circunscripción electoral única ignora la realidad del Estado de las autonomías y el objeto de esta proposición de
ley es la adecuación del marco legal electoral a la realidad del Estado de las autonomías.
La propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) viene avalada también por los trabajos realizados por parte del Consejo de la Unión Europea, partidarios de recomendar al conjunto de los Estados miembros circunscripciones
electorales subestatales para aproximar el elegido al elector y el elector al elegido. Sus señorías saben perfectamente que desde el año 1998 las instituciones europeas, especialmente el Consejo de la Unión Europea, están trabajando con los Estados
para intentar elaborar un procedimiento electoral de elección del Parlamento Europeo con muchos puntos en común entre los distintos Estados miembros. Pues bien, una de las propuestas, no del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, no de
una opción que siempre ha defendido el Estado de las autonomías, sino la opción del propio Consejo de la Unión Europea es la de la aproximación del ciudadano al elegido y del elegido al ciudadano a través del desarrollo del principio de
subsidiariedad también en la dimensión del derecho al sufragio. Por eso, presentamos esta proposición de ley, en primer lugar, para atender a la naturaleza de la estructura constitucional del Estado. Y fieles a la propia estructura del Estado de
las autonomías esta proposición de ley propone lo mismo que se contempla en el artículo 2 de la Constitución Española. Este artículo reconoce y protege el derecho de acceso a la autonomía sin obligar a que todos los metros cuadrados del Estado
español, excepto Ceuta y Melilla, estén encuadrados en estos momentos en comunidades autónomas. Pues bien, la propuesta de mi grupo parlamentario también es la de que aquellas comunidades autónomas que lo deseen puedan plantear constituirse como
circunscripciones electorales de ámbito autonómico en las elecciones europeas. En la propuesta de redactado del artículo 215 de esta proposición de ley se contempla el reparto de escaños entre las circunscripciones autonómicas y las eventuales
partes del territorio del Estado que no se acogieran a la circunscripción autonómica. También en esta propuesta -que es una propuesta completa- se contempla el régimen de las juntas electorales provinciales que regirían en aquellas partes del
territorio que se acogieran a las circunscripciones electorales autonómicas, así como el sistema de recursos para la actualización del sistema electoral con vistas al Parlamento Europeo.
Señorías, creemos que la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió es una propuesta cargada de sentido común, una propuesta cargada de la mejor tradición de desarrollo del Estado de las autonomías, pero también es una
propuesta coherente con los sistemas electorales de Estados de nuestro entorno político, cultural y más cercano dentro de la Unión Europea. Quiero traer a colación porque me parece absolutamente oportuno y recordar que son varios los países de la
Europa de los Veintisiete que tienen circunscripciones electorales subestatales para cumplir el mandato del Consejo de la Unión Europea de la aproximación de los ciudadanos a los elegidos y también para modular y acomodar el sistema electoral a la
realidad institucional y territorial de estos Estados. Les quiero recordar, por ejemplo, que la República de Irlanda se estructura a través de cuatro circunscripciones electorales subestatales; que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte se constituye a través de doce circunscripciones electorales subestatales; que el Reino de Bélgica se constituye a través de tres circunscripciones electorales subestatales y que la República de Italia también -Estado levemente con deriva
federal reciente- se constituye con un sistema, concretamente, de cinco circunscripciones electorales subestatales. Pero creo que un ejemplo elocuente es el de la República de Francia; República con vocación unitaria y que en las elecciones
europeas elige sus eurodiputados a través de ocho circunscripciones electorales. Es por esto, señorías, que planteamos la adecuación del sistema electoral a la realidad del Estado de las autonomías. Nos parece que este es el momento de mayor
oportunidad política. Como muy bien saben SS.SS., el próximo 7 de junio se van a celebrar elecciones al Parlamento Europeo. Llevamos treinta años de democracia, veintiún años desde la celebración de las primeras elecciones al Parlamento Europeo
-en el año 1987- y el próximo año se cumplirán veintidós años de elecciones europeas sin acomodar el sistema electoral a la realidad del Estado autonómico. Creemos que este es el momento de afrontar esta reforma electoral porque se celebran, como
bien saben SS.SS., elecciones cada cinco años y no podemos esperar que el Estado compuesto español a los treinta y cinco años de su nacimiento, en las siguientes elecciones dentro no de un año sino de seis años, aún tenga una circunscripción
electoral única.
Como muy bien saben SS.SS., las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios se presentan al inicio de la legislatura. Justo el primero o el segundo día después de que se abriera el Registro del Congreso de los Diputados de esta
legislatura, el grupo parlamentario presentó un paquete de proposiciones de ley entre las cuales estaba esta, referida a la modificación del sistema electoral. Desde aquel día del mes de abril en el que se registró esta proposición de ley hasta el
día de hoy, se ha producido un hecho relevante en el debate de la reforma electoral en este Congreso de los Diputados, la creación de una subcomisión de estudio de reformas electorales que seguramente propondremos los distintos grupos políticos con
carácter urgente y con un trabajo que empezará a desarrollarse en breve, seguramente la próxima semana o en las próximas semanas. Quiero recordar que esta iniciativa fue presentada antes de la creación de esta subcomisión. Desde el punto de vista
del Grupo Parlamentario Catalán, es conveniente que esta
modificación se tramite antes de la celebración de las elecciones europeas del próximo mes de junio. Quiero recordar a aquellos grupos que eventualmente repliquen a la propuesta del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que este tema
se puede discutir y ventilar en el seno de la subcomisión, que precisamente esta subcomisión se ha creado recordando que algunos temas se tratarán como pieza separada y con carácter de urgencia para intentar afrontarlos antes de las siguientes citas
electorales. Quiero recordar que son distintos los grupos políticos que desean, por ejemplo, que el voto del censo de residentes ausentes, el voto CERA, se afronte con carácter de urgencia y como pieza separada del resto de la eventual reforma
electoral. Pues bien, esta propuesta de distintos grupos parlamentarios, esta propuesta unitaria del conjunto del Parlamento de Galicia a través de una proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia recientemente, antes del
verano, con el mismo carácter de urgencia, nos hace pensar que también es posible tramitar una modificación de la Ley Electoral para adecuar el sistema electoral a la realidad del Estado de las autonomías. Simplemente quiero expresar que de la
misma forma que para otros grupos es prioritaria la modificación del voto CERA, para el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió también es prioritario algo que dicta la arquitectura institucional del Estado español y el desarrollo del Estado de
las autonomías, que es la elección de los eurodiputados a través de circunscripciones autonómicas, con derecho de acceso voluntario a la circunscripción autonómica y con el convencimiento de que esta sería una mejor forma de representación de los
intereses del conjunto del Estado español en el Parlamento Europeo.
Quiero recordarles que hoy simplemente discutimos una toma en consideración y que generalmente hay una actitud de predisposición de los distintos grupos parlamentarios a votar favorablemente las tomas en consideración, sabiendo que durante
la tramitación de la misma se pueden introducir modificaciones siempre con el criterio de máximo consenso que preside las eventuales modificaciones del régimen electoral. Yo pido el voto favorable de los distintos grupos parlamentarios para lo que
hoy discutimos, que es simplemente una toma en consideración, para una toma en consideración que seguramente en el futuro podría ser muy apropiada para poder incorporar, a través del inicio de la tramitación parlamentaria, otras modificaciones
legislativas en el orden del sistema electoral con un carácter de cierta prioridad, de cierta urgencia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.
Para ello, intervendrán en primer lugar los portavoces del Grupo Mixto, que van a compartir su tiempo. Tiene la palabra el Señor Jorquera por cinco minutos.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero expresar mi felicitación al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió por presentar esta proposición de ley y anticipar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego, no solo porque nuestra fuerza
política tiene disposición siempre, a no ser que incurra en clara contradicción con nuestros planteamientos políticos, a aceptar la toma en consideración de todas las proposiciones de ley para después procurar mejorarlas en su tramitación
parlamentaria, sino también en este caso porque tenemos una extraordinaria coincidencia de fondo con la misma. Como ya ha explicado el señor Xuclà, existe una situación total y absolutamente incongruente en el Estado español al establecerse de
forma imperativa que en las elecciones europeas el territorio español es circunscripción electoral única. Es una situación desde nuestro punto de vista incongruente, en primer lugar, porque las propias recomendaciones del Consejo de la Unión
Europea apuntan a la necesidad de constituir circunscripciones electorales que contribuyan a favorecer la cercanía entre los electores y los elegidos, adaptándolas a las características propias de cada Estado. En segundo lugar, porque como muy bien
ha reseñado el portavoz de Convergència i Unió, hay cinco Estados de la Unión Europea que tienen circunscripciones subestatales, entre ellos prácticamente todos los Estados por su dimensión territorial y por su dimensión poblacional similares al
Estado español, como son los casos de Italia, Reino Unido, Francia, la única excepción sería Alemania. Es ilustrativo el caso de Francia, un Estado que se caracteriza por su jacobinismo, por su concepción centralista del modelo de organización
territorial y que en cambio apuesta por un modelo de distintas circunscripciones electorales en las elecciones europeas. En cambio, señorías, en el Estado español, que es un Estado plurinacional, un Estado en el que conviven distintos pueblos cada
uno con su propia identidad lingüística y cultural, un Estado, si prefieren, que huya de estas categorías ideológicas y que hable exclusivamente en términos jurídico-políticos, un Estado compuesto, donde la potestad legislativa está repartida entre
las Cortes Generales y los parlamentos subestatales, un Estado, en definitiva, autonómico que presume de ser uno de los Estados más descentralizados de Europa, en un Estado de estas características, se apuesta por la circunscripción electoral única.
Piensen ustedes, señorías, que en las instituciones europeas se discuten muchos asuntos que afectan a ámbitos competenciales propios de las comunidades autónomas. Esta es una razón más, por tanto, para aproximar el modelo de representación a la
realidad autonómica. Piensen ustedes, señorías, que en virtud de esa realidad plural que identifica al Estado español, el mapa político español se caracteriza por el importante peso relativo, por la importante influencia de fuerzas de carácter
territorial, de fuerzas nacionalistas. Solo se puede entender esta realidad de una circunscripción electoral única desde el intento de negar esa pluralidad y su reflejo en el mapa político, desde el intento de dificultar la participación en el
Parlamento Europeo de las fuerzas políticas nacionalistas. Estas son las razones que nos llevan a considerar total y absolutamente pertinente esta proposición de ley y a manifestar nuestro apoyo.
Antes de terminar, quisiera comentar algunas cuestiones de método. Es cierto, como apuntó el señor Xuclà,
que se acaba de constituir en el seno de la Comisión Constitucional una subcomisión encargada del estudio de las reformas electorales. Pero desde nuestro punto de vista, los trabajos de esta subcomisión no pueden sustituir otras iniciativas
parlamentarias legítimas, como las iniciativas de reforma legislativa que tienen los grupos a través de la presentación de proposiciones de ley. Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, el hecho de que se discutan en esa comisión de
una manera demorada reformas de más largo alcance, reformas más profundas de la Ley Electoral, no puede ser el pretexto para que por eso no se aborden reformas urgentes, reformas desde nuestro punto de vista perentorias. Una es, desde luego, la
homologación del procedimiento de voto de los residentes ausentes a los residentes en el interior, urgencia justificada porque en el próximo año estamos llamados a nuevas elecciones, a nuevas elecciones también en Galicia, donde este problema tiene
un impacto singular. Pero una reforma también urgente, desde nuestro punto de vista, es acomodar el mecanismo de representación en el Parlamento Europeo a la realidad territorial del Estado español, y en el próximo año también los ciudadanos del
Estado español estamos convocados a unas elecciones europeas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Tiene la palabra la señora Oramas, también por cinco minutos.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
El objeto de la proposición que se presenta a toma en consideración es una vieja reivindicación de las nacionalidades en general, tener representación propia en el Parlamento Europeo, y que Coalición Canaria, como formación nacionalista, ha
llevado como propuesta en sus programas electorales. Coinciden dos circunstancias para apoyar la iniciativa: por un lado, la propia estructura territorial del Estado, que se articula en entidades dotadas de autonomía política, las comunidades
autónomas, que van a desarrollar y ejecutar muchas de las decisiones tomadas en la Unión Europea; mientras que, por otro lado, nos encontramos con que Canarias es un territorio especial, como región ultraperiférica, en la Unión Europea.
Por tanto,
en pura lógica, Coalición Canaria va a apoyar esta iniciativa y la hacemos nuestra, porque si hay un territorio con especificidades en la Unión Europea, ese es Canarias. Las singulares características geográficas y sociales de Canarias han
justificado históricamente la adopción de medidas especiales para impulsar el crecimiento del Archipiélago en el contexto estatal, configurándose un régimen singular de Canarias reconocido por la Constitución española de 1978 y el Estatuto de
Autonomía de Canarias de 1982, que garantizan la continuidad de las medidas que desde el siglo XV han tenido vigencia en el territorio canario. Sin embargo, la adhesión de España a la Comunidad Europea obligó a reflexionar sobre el modo en que
debía integrarse Canarias en el proyecto comunitario. Así, entre las posibles alternativas planteadas, se optó primeramente por un régimen de integración parcial, que suponía la no aplicación de la política aduanera, la política comercial común y
las políticas agrícolas y pesqueras en el Archipiélago; solución que se plasmaría en el artículo 25 del Acta de Adhesión del Reino de España y la República de Portugal de 1986.
La definición de este primer modelo singular de integración de Canarias en el proyecto comunitario resultó inapropiada para el futuro del Archipiélago, pues pocos años después se constató que perjudicaba seriamente los intereses canarios.
Por ello, dicho régimen sería objeto de modificación mediante la aprobación de la decisión 91/34 CEE, por la que se establece el Poseican, y el Reglamento europeo de 1991, de 26 de junio, relativo a la aplicación de las disposiciones del derecho
comunitario en las islas Canarias. El citado reglamento destacaba que el óptimo desarrollo de Canarias no se lograría mediante la exclusión de Canarias del ámbito de aplicación de determinadas políticas comunitarias, sino que, por el contrario,
sería preciso llevar a cabo la plena integración del Archipiélago en el proyecto comunitario, adaptando el derecho a sus características particulares, lo que ha permitido establecer un estatus especial de Canarias en la Unión Europea, ratificado por
los tratados constitutivos, primeramente en Maastricht y definitivamente en el propio texto de Amsterdam, que se ha ido consolidando en Niza y Lisboa, siendo Canarias la única comunidad autónoma expresamente mencionada en los tratados constitutivos
de la Unión Europea. Todo ello ha conformado un auténtico régimen específico de Canarias como región ultraperiférica en la Unión Europea, que obliga a las instituciones europeas a modular sus políticas y sus decisiones normativas con respecto a
Canarias, lo que justifica plenamente que Canarias tenga representación propia en la Unión Europea, en este caso en el Parlamento. Por ello, Canarias, per se, debería constituirse en circunscripción para las elecciones europeas, con independencia
del número de habitantes, pues nuestras especificidades se justifican por la lejanía e insularidad y por su carácter ultraperiférico, tal como recogen los tratados de la Unión Europea. En definitiva, apoyaremos la iniciativa y si, como esperamos,
prospera, presentaremos una enmienda para que la propia ley determine que Canarias sea una circunscripción a las elecciones europeas debido a sus especificidades derivadas de sus hechos diferenciales, lejanía e insularidad, que la configuran como
una región ultraperiférica reconocida en los tratados constitutivos de la Unión Europea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, de entrada quisiera complementar algunas de las intervenciones de otros portavoces que no puedo más que suscribir, subrayando que estamos ante una cuestión doméstica, es decir, en ningún caso existe una legislación
electoral de ámbito europeo. La misma doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras la sentencia 28/1991, de 14 de febrero, reserva esta materia al Estado y por tanto no existe, insisto, una regulación europea por la
que los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión elijan separadamente a sus representantes en el Parlamento Europeo. Consiguientemente y en ausencia de esa regulación europea, cada uno de los Estados adopta su sistema electoral atendiendo a
criterios políticos y administrativos diversos. En ese contexto y después de la entrada de España en la Unión Europea se optó por una reforma puntual de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que contemplaba un sistema sustancialmente
similar al de las elecciones legislativas pero con dos variaciones: una circunscripción única, no de base provincial, y ninguna barrera legal, es decir, no el 3 por ciento. Huelga decir que esta opción no tuvo en cuenta, en nuestra opinión para
nada, la realidad de un Estado compuesto, complejo o como ustedes prefieran llamarlo e incluso dejó de lado las recomendaciones del propio Consejo o lo dispuesto por el Tratado de Ámsterdam en su artículo 190.4, donde contempla la posibilidad de que
haya circunscripciones plurales en aquellos Estados de más de 20 millones de habitantes. Desde luego el Estado autonómico no ha dejado ninguna huella en el sistema electoral europeo. El sistema electoral para las elecciones europeas da la espalda
-repito- a una realidad histórica, política, social y económica muy diversa.
Se puede estar más o menos de acuerdo, pero lo que es evidente es que la opción por una circunscripción estatal no es la única opción constitucionalmente posible. La misma sentencia del Tribunal Constitucional a la que he aludido con
anterioridad dice de forma expresa que el legislador estatal, en uso de su libertad de apreciación, puede disponer en el futuro la organización territorial del cuerpo electoral en los comicios europeos atendiendo al diseño autonómico. Lo paradójico
es que en el seno de la Unión Europea -como se ha explicado también previamente- existen otros Estados, incluso algunos de tradición jacobina secular como el caso de Francia, que han trasladado a su sistema electoral europeo su estructura
territorial más o menos descentralizada.
La representatividad de las regiones, de los entes subestatales -dicho sea en términos europeos-, se da en términos bien conocidos, como en Bélgica, que es un caso de auténtica ingeniería federal; en
Alemania, un Estado también federal donde los partidos pueden presentar lista de ámbito estatal y en los Länder, pero también en otros Estados regionales como Finlandia, Irlanda, Italia, el Reino Unido e incluso Francia. O sea, estamos ante Estados
federales, regionales e incluso centralistas que han adoptado un sistema electoral con varias circunscripciones electorales que en unos casos da respuesta a una realidad territorial heterogénea, compleja, pero que en todos los casos favorece una
mayor proximidad entre el elector y el elegido, con lo que desde una lógica democrática mejora la representatividad del cuerpo electoral, refleja mejor las necesidades locales y territoriales, y optimiza la proporcionalidad población-territorio,
situando en pie de igualdad a los partidos de ámbito estatal con aquellos partidos que concurren exclusivamente en un ámbito subestatal. Evidentemente, todo ello revierte en estos casos en una mayor participación electoral, disminuye también la
desafección e incluso aumenta la apreciación o la sensación de utilidad del voto, como viene demostrando la literatura al respecto.
La negativa que tradicionalmente vienen aludiendo y sosteniendo el Partido Popular y el PSOE para oponerse a esta modificación del estado de cosas no tiene que ver con la gobernabilidad o con la estabilidad de la Unión Europea, puesto que no
corresponde en ningún caso al Parlamento Europeo la tarea de elegir directamente al Ejecutivo. Lo que sucede es que estamos simplemente ante un cálculo político y partidista de los dos principales partidos de ámbito estatal porque el actual sistema
favorece una mayor representatividad de estas formaciones políticas y consiguientemente penaliza al resto. He aquí el núcleo gordiano de la cuestión que estamos discutiendo. Por lo pronto, además de que ello me parece dudoso desde el punto de
vista democrático, porque los eurodiputados no dejan de ser meros portavoces de la ciudadanía ante la Unión Europea -y qué mejor, pues, que favorecer su inmediación y su proximidad-, me parece también dudoso porque esa posición se aleja incluso de
las recomendaciones de la propia Unión Europea. El mismo Consejo ha señalado la conveniencia de constituir distintas circunscripciones en el seno de los Estados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a dar apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta, de nuevo por sus admoniciones en relación con la austeridad en el uso de la palabra.
Mi grupo parlamentario va a votar de forma favorable a la proposición presentada por el Grupo Catalán, aunque sea por coherencia política, porque nosotros hemos presentado varias proposiciones, en número de seis exactamente, de signo
similar, y porque además tenemos razón los que preconizamos este sistema de subdivisión de circunscripciones electorales en un Estado pretendidamente compuesto. Digo pretendidamente compuesto porque a veces a alguno no le dejan de asaltar ciertas
dudas y reservas mentales sobre la bondad y la exactitud en los requerimientos de la Constitución con relación a la configuración del Estado español no como un Estado unitario y centralista, sino como un Estado compuesto, en el caso del Estado
español autonómico.
Como bien diría el señor Ridao y parafraseando a Lucrecio, en materia electoral nada está escrito en la naturaleza de las cosas, siempre que no se alteren dos principios: en primer lugar, el principio democrático y, en segundo lugar, la
representatividad. Evidentemente ni el principio democrático ni la real representatividad se pueden dar en un sistema que está acogido por Estados compuestos de la Unión Europea, todos los compuestos sin ninguna excepción -usted lo cita en la
exposición de motivos con
brillantez y el señor Jorquera también: Alemania, Bélgica, Irlanda, Italia y Reino Unido-, compuestos con distintas configuraciones, con mayor o menor intensidad en su carácter compuesto. Nos encontramos con Estados federales en unos
casos, en otros casos con Estados regionales, pero también Estados jacobinos y unitarios, como el Estado francés, tienen subdivisiones electorales diferentes a la estatal. Lo del Estado español es una rara avis con relación a la circunscripción
electoral estatal y única para las elecciones al Parlamento Europeo, con la cual no se podrá convivir mucho tiempo. Yo le aseguro que antes o después, aunque sea a través de la insistencia y de la perseverancia en la presentación de iniciativas de
esta naturaleza, terminaremos ganando esta batalla, porque nos asisten la justicia y la razón, parafraseando también el lema del territorio al que represento, el territorio alavés. Además, un Estado compuesto conecta mejor y es más congruente con
una estructura de circunscripciones de elecciones al Parlamento Europeo diferentes a la estatal.
Por otra parte, también nos encontramos con que esta es la posición del Consejo de la Unión Europea. Usted ha citado algunas resoluciones, algunas propuestas de modificación de acto, algunas decisiones, y le podría citar yo algunas más.
Nos encontramos con la resolución de fecha 15 de junio de 1998, sobre la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral fundado en principios comunes para la elección de los diputados al Parlamento Europeo, todo ello acogido bajo la
legitimidad que otorga la versión consolidada del Tratado de Roma conferida por el Tratado de Ámsterdam en su precepto 190, nada menos que una convalidación legitimada por la versión consolidada actual del Tratado de Roma, el tratado fundacional, lo
que puede parecerse a una norma constitucional europea, en donde se indica que en aquellos Estados de más de 20 millones de habitantes -y ha sido citado por algún portavoz de los que me han precedido en el uso de la palabra- resulta pertinente,
atendiendo a los requerimientos de la representatividad, de la proximidad entre electores y elegidos y a los requerimientos del principio democrático, atender a circunstancias como las geográficas, las regionales o la estructura constitucional del
Estado. Negar esto sería tanto como negar que la estructura constitucional del Estado español no es la de un Estado compuesto, la de un Estado autonómico, sino que sería como admitir que es una estructura de un Estado unitario y, por lo tanto, que
resultaría en cierta manera un fraude constitucional, lo que estaríamos integrando en el título VI de la Loreg, el relativo a las elecciones al Parlamento Europeo. Hay más principios en donde se ha posicionado el Consejo: las decisiones del
Consejo de la Unión de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002, por la que se modifica el acto relativo a la elección de diputados al Parlamento Europeo, también consignando la pertinencia de atender a las estructuras constitucionales,
elementos regionales significativos o relevantes y elementos geográficos que justifican y legitiman la existencia de circunscripciones diferentes a la estatal o la subdivisión de la circunscripción electoral en otras, atendiendo a estos requisitos o
requerimientos de naturaleza regional o geográfica.
Desde esta perspectiva, el propio Consejo de la Unión Europea, que es un elemento de autoridad que debería ser objeto de la debida consideración en esta Cámara, nos aconseja la integración, la configuración en el título VI de la Loreg de un
sistema basado en circunscripciones autonómicas exactamente igual al que ustedes preconizan, siempre que se concurran los dos requisitos que ustedes establecen en el contenido material de la proposición de ley: que lo aprueben las asambleas
parlamentarias de las comunidades autónomas y que se cumplan los requerimientos del número de diputados previsto en el artículo 215 de la Loreg, con una matización o inquietud que yo le voy a manifestar expresamente y que es propia de mi grupo
parlamentario. La referencia al número de diputados, a la tabulación de número mínimo de diputados previsto en el artículo 215 de la Loreg podría ser complementada perfectamente con la atribución de legitimidad erga omnes para todas las comunidades
autónomas históricas, o bien las plebiscitadas en la II República o bien la comunidad autónoma del Estatuto de Autonomía de Gernika, entre otras cosas por razones demográficas que pueden hacer que este número mínimo de diputados pueda ser
repercutido negativamente o de forma dificultosa para algunas comunidades autónomas por el descenso demográfico y por la previsible reducción del número de europarlamentarios que al Estado español en el futuro le pueda corresponder, pero es una
previsión obiter dicta que yo le hago para su consideración porque el contenido material de su proposición de ley nos parece perfectamente correcto. Estamos de acuerdo en el sistema de aplicación de las cuotas; la cuota de reparto, en primer
lugar, que prevé en el artículo 2 de la misma, resultante de la división entre las personas con derecho a voto del Estado español y el número de eurodiputados, de parlamentarios europeos que corresponden al Estado español, y es aplicable a las
circunscripciones electorales que, en su caso, eventualmente se puedan crear mediante la aplicación de la división entre los electores, las personas con derecho a voto, de estas circunscripciones electorales y la cuota de reparto obtenida por el
procedimiento anteriormente indicado. Nos parece perfectamente representativo este sistema y también nos parece adecuado el sistema relativo a la administración electoral que ustedes preconizan aquí.
Evidentemente, tendríamos que transformar las
juntas electorales regionales en juntas electorales centrales a los efectos de las elecciones solo al Parlamento Europeo y en materia de propuesta de candidatos electos y de todas las competencias relativas a la administración electoral:
proclamación de candidatos, presentación de candidatos, nombramiento de representantes y nombramiento de administradores electorales. También nos parece pertinente, como no podía ser de otra manera, la atribución a la Sala de lo
Contencioso-administrativo de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas de los contenciosos electorales dimanantes de los conflictos que puedan resultar de estas elecciones. Esto es perfectamente correcto, esto es lo que se
corresponde con el derecho comparado de los países que se corresponden con lo que denominamos en sede parlamentaria habitualmente, y en sede académica también, nuestro contexto sociocultural o sociopolítico. Esto
es lo que se corresponde mejor con los requerimientos de la proximidad entre electores y elegidos y, por lo tanto, entre los requerimientos del contenido esencial del principio democrático. Y, señor Xuclà, esto es lo que antes o después
vamos a terminar consiguiendo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado señor Vera.
El señor VERA PRÓ: Señora presidenta, señorías, ¿qué sentido tiene que estemos hablando en el día de hoy de una proposición de ley que se refiere a una reforma puntual de la Ley Electoral? Ya sé que otros no opinan así, pero para el Grupo
Parlamentario Popular no tiene el menor sentido que en estos momentos se produzca un debate en el Pleno de esta Cámara sobre una cuestión que afecta a la Ley Electoral. No tiene el menor sentido, ni nos parece oportuno, ni nos parece congruente
porque no hace ni siquiera quince días que en esta Cámara aprobamos una subcomisión para abordar en ella las reformas de nuestra Ley Electoral que consideremos necesarias. Como tuve la oportunidad de manifestar en los recientes debates que se han
producido en la Comisión Constitucional, una de las intenciones de mi grupo para crear esa subcomisión ha sido evitar que cada semana tengamos que estudiar reformas que algunos consideren que hay que abordar de nuestra Ley Electoral. No nos parece
razonable que vayamos parcheando la Ley Electoral cada vez que un grupo tiene una ocurrencia. Nos parecía y nos parece bastante más razonable que entre todos identifiquemos, evaluemos y acordemos cuáles son las posibles reformas que consideremos
necesarias y, una vez hecho eso, abordemos aquellas sobre las cuales exista un muy amplio consenso.
Entiendo, señor Xuclà, que ustedes tuvieran registrada esta iniciativa desde el mes de abril y que le ha llegado el turno de su tramitación parlamentaria en el día de hoy. Sin embargo, nos parecería mucho más razonable que hubieran optado
por su retirada. ¿Qué sentido tiene que todos los grupos parlamentarios hayamos llegado a un acuerdo para solicitar a este Pleno la creación de la subcomisión, y justamente ahora, cuando se van a abordar y vamos a comenzar a trabajar, resulta que
damos entrada a diferentes iniciativas puntuales que los grupos podamos tener planteadas? Además, señor Xuclà, sabe usted perfectamente que lo que están planteando ni siquiera es un asunto sobre el que exista el más mínimo consenso. Antes al
contrario, este ha sido y es un tema controvertido que no es la primera vez que se plantea, que se ha debatido en diferentes legislaturas y que las posiciones que mantenemos unos y otros grupos parlamentarios son, al menos, distantes. Por tanto,
olvida usted, señor Xuclà, que uno de los requisitos que siempre hemos manejado en la Comisión Constitucional y en este mismo Pleno, cuando hablamos de reformar nuestra Ley Electoral, es que gocen de un muy amplio consenso y no solo que algunos,
como ustedes en este caso, lo consideren urgente. El principal motivo para reformar la Ley Electoral es que goce de un amplio consenso.
Señora presidenta, no quiero entrar en profundidad en el asunto que plantea esta proposición de ley porque insisto en que no tiene sentido que examinemos en este Pleno ninguna modificación que afecte a la Ley Electoral, una vez creada la
subcomisión encargada de abordar estos temas. Mi grupo entiende, como ya ha dicho en alguna ocasión, que cuando se constituye una subcomisión con un objetivo muy concreto, como es estudiar las posibles reformas de nuestra Ley Electoral, se deben
residenciar en su seno, por lo menos inicialmente, todas cuantas iniciativas se propongan sobre esta materia. Solo hay una excepción a lo que acabo de decir, aquella que se refiere a la reforma obligada por el Estatuto de la ciudadanía, que hemos
aprobado en la pasada legislatura en este Pleno. Respondemos así al mandato de un precepto legal, el apartado 5 del artículo 4º del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que fue aprobado por unanimidad de esta Cámara. Por cierto, ya
anuncio que mi grupo va a presentar la correspondiente iniciativa sobre la base del texto aprobado y del consenso alcanzado en el Parlamento de Galicia.
Dicho esto, quiero señalar que el asunto que plantea la proposición, que se refiere a sustituir la circunscripción única en las elecciones al Parlamento Europeo por circunscripciones electorales de ámbito autonómico, era uno de los asuntos
que el Grupo Parlamentario Popular preveía que iba a entrar en subcomisión. Por tanto, era un asunto sobre el que estábamos dispuestos a debatir, si bien es verdad que no nos parece que a priori coincidamos en su planteamiento, en primer lugar
porque todavía hoy no hay un procedimiento uniforme establecido por las instituciones europeas que contemple la obligatoriedad de constituir circunscripciones en ningún país, aunque este tenga más de 20 millones de habitantes, ni tampoco se ha
determinado en ningún sitio que las circunscripciones deban responder a un determinado ámbito. La resolución del año 1998, del Parlamento Europeo, que se menciona en la exposición de motivos de esta iniciativa y a la que algunos de los portavoces
han hecho referencia, se refiere a la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral fundado en principios comunes para la elección de diputados al Parlamento Europeo que todavía no se ha concretado y han transcurrido diez años desde
entonces. Y por otra parte, aunque nosotros estamos abiertos al proceso dinámico que se pueda producir en Europa, por el momento seguimos pensando que la circunscripción electoral única es la más adecuada; es la más adecuada, entre otras cosas,
porque es el Estado español, es la nación española en su conjunto quien está representada en el Parlamento Europeo, es la más adecuada porque sigue siendo el sistema aplicado en la gran mayoría de países de la Unión Europea y es la más adecuada
porque su legitimidad está avalada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 28/1991, de 14 de febrero. Por estos motivos, señora presidenta, mi grupo parlamentario va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Vera.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, se preguntaba el señor Vera
en su intervención qué sentido tenía la iniciativa que en estos momentos estamos discutiendo. Yo también me hago esa pregunta y además me atrevería a intentar responder al señor Vera sobre la pretensión de esta iniciativa. Sucede en la
vida parlamentaria que de cuando en cuando, cual Guadiana, aparecen iniciativas en esta Cámara cada cierto tiempo. Son iniciativas, señorías, que solo se entienden si se tienen en cuenta situaciones políticas concretas, que en muchos casos no
tienen que ver con la preocupación inmediata y directa de los ciudadanos, sino que tienen que ver mucho más con los intereses políticos de los partidos que proponen esas iniciativas. Son iniciativas que en muchos casos sirven como percha electoral
y que por tanto aparecen cada cierto tiempo. Da la casualidad de que en este momento, señor Vera, estamos hablando de una iniciativa que aparece después de cinco años. Cinco años atrás se presentó una iniciativa de la misma naturaleza y pueden
ustedes imaginar por qué se presenta esa iniciativa. Como les decía, este tipo de iniciativas no responden a los requerimientos inmediatos y a las preocupaciones de los ciudadanos. Estoy seguro, señoras y señores diputados, de que ni en las
Ramblas ni en la Plaza de Cataluña ni en Martorell ni en Cadaqués ni en muchos otros sitios de Cataluña y del resto del Estado se reúnen los ciudadanos a discutir sobre el tema de la circunscripción uninominal o plurinominal para las elecciones
europeas.
Además, resulta que este tipo de iniciativas se presentan en un contexto político como en el que estamos moviéndonos en este momento, en el que -aquí se ha dicho y yo lo tengo que recordar nuevamente- hay voluntad por parte del Gobierno,
expresado en el debate sobre el estado de la Nación por el presidente del Gobierno y expresada también por la Vicepresidencia en la Comisión Constitucional, y hay acuerdo de todos los grupos parlamentarios, de crear una subcomisión para hablar sobre
las cuestiones electorales. Como todos ustedes saben, ya se ha constituido esa subcomisión y uno de los acuerdos, entre otros, que hemos establecido es que pongamos a funcionar esa subcomisión, que vertamos todas nuestras inquietudes, todas
nuestras preocupaciones sobre los temas electorales y, a partir de ahí, que empecemos a trabajar y a reflexionar sobre los contenidos, sobre las cuestiones que nos plantean. Por tanto, señorías, tengo que decir -como diría un insigne líder de mi
partido político- sin acritud que esta iniciativa peca de cierto oportunismo o, por lo menos, tiene la pretensión de ser una bandera electoral. Desde luego, yo no voy a poner en duda la legitimidad para traer esta iniciativa o cualquier otra, por
supuesto que no. Ahora bien, es bueno que digamos las cosas como son y las cosas son precisamente así, y en este sentido quiero traerlo aquí.
Concluyo, aunque voy a referirme a alguna cuestión más, diciendo que el Grupo Socialista, como pueden imaginarse, va a votar en contra de la toma en consideración. Basta con estas cuestiones de falta de oportunidad temporal para fundamentar
la votación. Pero, como aquí se han traído cuestiones de fondo para fundamentar la iniciativa, no querría dejar pasar la oportunidad para referirme a algunas cuestiones, sin entrar en un detalle exhaustivo, que seguro tendremos oportunidad de
debatir en la subcomisión.
Todos ustedes saben que el régimen electoral del Parlamento Europeo está regulado en el Acta del Parlamento Europeo de 1976 y en una decisión de 2002. En esas normas se establece que hay una delegación a la legislación de los Estados para
que establezcan las cuestiones más particulares sobre la base de los principios establecidos en estas normas. Ahí se dice precisamente -y tengo interés en que lo conozcan algunos grupos- que no se debe desvirtuar la proporcionalidad del sistema.
En la subcomisión vamos a hablar del régimen electoral precisamente porque se dice que nuestro sistema electoral al Congreso de los Diputados no es lo suficientemente proporcional. Nuestro sistema electoral es un sistema proporcional cien por cien,
es cien por cien proporcional el sistema electoral del Parlamento Europeo. Y, paradojas de la vida, se nos trae aquí una iniciativa para que cambiemos un sistema que es cien por cien proporcional. Por tanto, es una curiosidad.
Segunda cuestión. En la legislación de la Unión Europea se establece que se ha de regular un procedimiento electoral común uniforme. Todos los que conocemos el Parlamento Europeo y la legislación europea orgánica de funcionamiento sabemos
que desde 1976 hasta aquí ha habido suficiente tiempo para que se hubiera establecido este procedimiento común uniforme.
No se ha establecido, pero en cualquier caso habría que esperar también a que el Parlamento Europeo determine si ese
procedimiento común uniforme trata esta cuestión o no.
Tercera cuestión importante, porque aquí se ha mencionado casi por todos los portavoces que han intervenido. Se dice: Hay muchos Estados de la Unión Europea que tienen una pluralidad de circunscripciones. Miren ustedes, de los veintisiete
Estados diecinueve son plurinominales y ocho son de procedimiento plural, de circunscripciones plurales. Pero, frente a lo que se ha dicho aquí, el criterio no está determinado por cuestiones de organización territorial. Austria es un Estado
federal y tiene un sistema uninominal. Alemania es un Estado federal y tiene un sistema en parte plurinominal y en parte uninominal. Italia tiene cinco circunscripciones y no lo hace de acuerdo al criterio regional sino con criterios de
organización electoral. Francia, como efectivamente se ha dicho, es un Estado centralista y tiene un régimen plurinominal. El Reino Unido, también. ¿Por qué? Porque tiene un sistema mayoritario. Es decir, es un criterio de acuerdo con el
procedimiento electoral de cada uno de esos países. Por tanto, señorías, no traigamos aquí el argumento de que la organización territorial tiene que determinar eso, no sucede así en los Estados europeos. Y, desde luego, este sistema está
perfectamente reconocido y legitimado por la legislación europea y por la jurisprudencia constitucional. Se ha dicho: sentencia 28/1991. Además de esto, señorías, sin querer entrar en la iniciativa, les tengo que decir que la proposición de ley
tiene problemas de constitucionalidad. El señor Olabarría ha dado aquí unos argumentos acerca de que las comunidades autónomas, los parlamentos de las comunidades autónomas, tienen que definir la estructura del sistema electoral. Yo le tengo que
decir que no deben olvidar que el régimen electoral está en la Constitución española, artículo 81, reservado a ley orgánica; y que el artículo 149.1.1 de la Constitución española dice que las cuestiones reservadas a ley orgánica son competencia
exclusiva del Estado y, por tanto, no
pueden ser competencia de las comunidades autónomas. Esas entre otras cuestiones que se plantean. Por tanto, señorías, señor Xuclà, con el permiso de la Presidencia, para concluir le diría...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Permiso breve, señor Aranda, porque está acabando su tiempo.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Concluyo. Como diría uno de los suyos, avui no toca, señor Xuclà. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Aranda.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO, MEJORANDO LA FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES Y, EN ESPECIAL, DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. (Número
de expediente 122/000031.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos ahora al debate de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al impulso de la actividad económica, el crecimiento y la creación de empleo, mejorando la fiscalidad
de las sociedades y, en especial, de las pequeñas y medianas empresas. Para defender la proposición en nombre de su grupo tiene la palabra por quince minutos el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular propone a la Cámara esta tarde una proposición de ley relativa a la bajada del impuesto sobre sociedades para las empresas, con especial énfasis en la
pequeña y mediana empresa. Lo hace convencido de que la crisis económica está ahí, la crisis económica avanza y lo peor de la crisis económica está todavía por llegar. Lo peor es el paro; lo peor es el desempleo; lo peor es la frustración de las
capas sociales más jóvenes; lo peor es realmente que en el término de un año o año y medio la cota de paro pueda llegar a situarse en niveles que parecían sencillamente impensables en nuestro país hace muy poco tiempo. Los expertos nos advierten
de que en el año 2010 la tasa de paro puede estar en el 16 por ciento; señorías, 16 por ciento. En menos de tres ejercicios la tasa de paro puede haberse duplicado en relación a lo que fue el comienzo de esta legislatura. Estamos en la peor
crisis que hemos conocido todos los presentes. Eso lo acaba de afirmar el vicepresidente económico también. Es la peor crisis que ha conocido el vicepresidente económico del Gobierno socialista. Estamos, en definitiva, ante una situación de
gravedad, que requiere tomar medidas, tomar iniciativas parlamentarias, y ese es el sentido de la propuesta que hoy trae el Grupo Parlamentario Popular a la Cámara.
El Gobierno está siendo incapaz de afrontar esta situación. Lo decía esta mañana también el propio vicepresidente en una entrevista en televisión.
Él ha afirmado: Tengo a mi gente trabajando para ver qué somos capaces de inventar de aquí
a final de mes. Pues no hay que inventar tanto, señorías, no hay que inventar tanto, señor vicepresidente, lo que hay que hacer es tratar de aprender de la propia experiencia, identificar dónde están las claves del problema que tenemos delante y
apoyar a quienes se merecen la confianza, el estímulo y la iniciativa de esta Cámara, como son los emprendedores en España. Son ellos los que están sosteniendo el empleo, son ellos los responsables de la creación de empleo en España y es con ellos
con los que tenemos que estar en un momento de dificultad tan grave, tan seria como la que están padeciendo. En ese ánimo de estar con los emprendedores, que es igual a estar con los trabajadores, a sostener el empleo, la medida que traemos es
precisamente reducir la fiscalidad para todas las empresas, pero especialmente para la pequeña y mediana empresa. Porque lo que estamos viviendo, señorías, es una crisis de financiación, una crisis de liquidez; en definitiva, una crisis de
confianza. Cuando vivimos una crisis de financiación, cuando faltan los recursos financieros y no llegan a los emprendedores es porque sencillamente está fallando la confianza. Y siendo verdad que estamos ante una crisis financiera mundial, no lo
es menos que España es muy sensible, muy vulnerable a las condiciones de esa crisis financiera mundial y a la subida de los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos, por razón de nuestro déficit exterior, que es como decir
por razón de nuestro déficit de competitividad. Las empresas españolas necesitan avanzar en su competitividad y por ello tenemos que tomar medidas que afiancen su capacidad de estar cómodas en el mercado interior español y en los mercados
internacionales; en los mercados más cercanos, como es el europeo.
Señorías, estamos ante una crisis de confianza, de financiación, de inversión y de competitividad. Por ello estamos proponiendo a la Cámara que la reacción política sea la de reducir los impuestos a quienes tienen hoy la responsabilidad de
mantener esos empleos y la llave de la puerta para abrir los empleos del día de mañana: las empresas y, especialmente, las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Tenemos que aprovechar la experiencia que ya tenemos. España es un país que
ha experimentado recientemente el significado, el valor, la importancia de reducir la fiscalidad para todos los contribuyentes, para los trabajadores que pagan el impuesto sobre la renta de las personas físicas, para las empresas, para las pequeñas
y medianas empresas. Bajar los impuestos ha sido una política de éxito en nuestro país siempre que se ha traducido en que gracias a esa bajada de impuestos incrementamos el número de trabajadores, el número de ahorradores y el número de
emprendedores en España. Esa ha sido la experiencia, señorías. Desde 1996 los gobiernos del Partido Popular apostaron por bajar los impuestos para los contribuyentes que ya están pagando esos tributos y el resultado ha sido un formidable aumento
de las bases imponibles a través de la creación de empresas, a través del aumento del empleo, a través del ahorro, a través de la inversión y a través de la internacionalización. El resultado ha sido también formidable para la financiación del
Estado en nuestro país.
El Estado nunca había recaudado más que cuando se han bajado los impuestos en España, señorías.
Claro que para hacer eso posible, real, lo que había que hacer a su vez era contener el crecimiento del gasto público, ser austeros en el aumento del gasto público. El gasto público debe crecer en nuestro país, pero debe hacerlo por debajo
del crecimiento de la actividad económica en general y especialmente de la actividad económica que definimos en términos nominales. Es fundamental mantener esa regla en nuestro país y es la regla que está anunciado el Gobierno actual que va a
subvertir otra vez anunciándonos un incremento de gasto por encima de la propia previsión de crecimiento de la economía en términos reales para el próximo ejercicio. Así, señorías, lo que tenemos delante es una pérdida de confianza, es el
retraimiento de la financiación internacional hacia España y es, en resumen, la pérdida de inversión, la pérdida de empleo, que está siendo muy grave y que está llegando a todos los sectores económicos, está en el sector de la construcción, está en
el sector inmobiliario dentro de la construcción, está en la industria que está en recesión, está en el sector de los servicios, está en el sector turismo que ha tenido un verano negativo, malo según la evolución de la entrada de visitantes a España
y, en definitiva, está afectando a toda la actividad de la economía española ante la incapacidad del Gobierno para reaccionar en una situación tan negativa como la que tenemos delante.
Señorías, la experiencia de bajar los impuestos conteniendo el gasto público ha sido enormemente positiva en nuestro país. Lo ha sido en todas las categorías de impuestos: en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ha
crecido cuando hemos hecho reformas a la baja de ese tributo; lo ha sido en el impuesto sobre el valor añadido, aun no haciendo reformas esenciales, siendo un impuesto definido por la normativa europea en nuestro país, pero había más consumo, había
más confianza y ha aumentado espectacularmente su recaudación. Pero el impuesto cuya capacidad recaudatoria más ha aumentado en España desde el año 1996 hasta prácticamente el año pasado ha sido precisamente el impuesto sobre sociedades, mostrando
que cuando un país se pone a emprender, cuando los españoles llevamos adelante esa iniciativa, la capacidad de pagar tributos aumenta espectacularmente hasta el punto de que el impuesto sobre sociedades, de acuerdo con la liquidación que nos ofrece
la Agencia Tributaria de España, se ha acercado hasta niveles próximos, en términos recaudatorios, a los del propio IVA. Eso es así porque las empresas han tenido beneficios, pero es así porque se han fundado cientos de miles de pequeñas y medianas
empresas que son las artífices de la creación de empleo en nuestro país y para las que estamos reclamando precisamente iniciativas, apoyos, ayudas directas, especialmente la rebaja del impuesto sobre sociedades, en la confianza, en la convicción de
que esa rebaja de impuestos, como les decía, señorías, devuelve a los ciudadanos y al Estado español mucho más de aquello a lo que ese Estado está renunciando en términos de pérdida de recaudación en el plazo inmediato. Es el momento, señorías,
señora presidenta, de lanzar mensajes de confianza, mensajes de iniciativa política desde esta Cámara. Es el momento de decir a los agentes económicos que en esta Cámara hay acuerdos, hay consensos suficientes para impulsar la actividad económica
de forma realista, y no es realista pedir incrementos de liquidez porque no está en nuestra mano facilitarlos, facilitar financiación. Sí está en nuestra mano la creación de esos climas de confianza, sí están en nuestra mano los instrumentos de
política económica que, bien utilizados y bien instrumentados, generan esa confianza y son capaces de devolvernos el dinamismo que lamentablemente hemos perdido con tanta rapidez.
Señorías, bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas es un elemento esencial, es oportuno hacerlo en este momento; es oportuno hacerlo como lo hizo un Gobierno del Partido Popular a finales del año 1996, en la Ley de
acompañamiento de los presupuestos del año 1997; es necesario hacerlo precisamente para impulsar el protagonismo de la pequeña y mediana empresa, para mejorar su situación financiera y para estimular la creación y el mantenimiento del empleo. Por
descontado, bajar los impuestos a las pymes no es una varita mágica y no lo pretendemos así. La crisis no va a desaparecer en un instante, como un hecho formidable. La crisis está ahí y es de envergadura, tiene mucha entidad, pero la propuesta que
traemos esta tarde a la Cámara es un paso seguro en la buena dirección, es un apoyo financiero a los emprendedores y es una contribución positiva a la elevación de la confianza y, en definitiva, la más eficaz protección de los puestos de trabajo que
actualmente podemos facilitar. La vanguardia de la economía, señorías, son las pequeñas empresas. Ellas son las que nos van a sacar de la crisis si cuentan realmente con el apoyo de la sociedad. Señorías, hay que bajar los impuestos para
recuperar la confianza y el Gobierno tiene la obligación de dar ese primer paso. Lo está haciendo en un sentido equivocado, como lo ha hecho con la reducción de los 400 euros en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hay que bajar los
impuestos precisamente a aquellos agentes económicos que más están perdiendo en esta situación; hay que bajar los impuestos con seguridad, con fiabilidad y con credibilidad, al tiempo que hay que exigir al Gobierno que sea austero en el manejo de
los recursos que proceden de esos impuestos, que sea austero en el gasto público. Bajar los impuestos a las pymes, señorías, es dejar más dinero en las manos de aquellos que son los protagonistas de nuestro nivel de vida, de nuestro nivel de
desarrollo; de aquellos que son los protagonistas del presente del empleo y sobre todo son y deben ser los protagonistas de su creación futura. Por eso traemos esta proposición de ley a la Cámara, advirtiendo a los grupos parlamentarios que,
además de solicitar su apoyo en la situación crítica que estamos viviendo, lo hacemos con una voluntad abierta a recibir en su tramitación como proyecto de ley las enmiendas oportunas para graduarlo y, en definitiva, para que la intención última que
se sustenta en el mismo, que es reducir la fiscalidad empresarial, se plasme de forma que quede como un elemento de fiabilidad, para que nunca abra un paréntesis sobre la naturaleza y la entidad de los ingresos del Estado en el momento presente.
Con esa voluntad de concitar consensos en la Cámara, con esa voluntad abierta a las modificaciones que los grupos parlamentarios propongan en su tramitación como proyecto de ley, el Grupo Popular acaba insistiendo en la importancia de enviar
mensajes muy claros, muy nítidos a la sociedad
y, en definitiva, en la importancia de recabar apoyos. Creo que todos los grupos políticos coincidimos en que hace falta mucha confianza para superar la crisis económica que estamos viviendo, y esa confianza tiene que nacer de acuerdos
parlamentarios importantes como los que podemos alcanzar esta tarde en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Montoro.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para posicionar a nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con la proposición de ley que nos presenta el Grupo Popular y que acaba de defender el señor Montoro. Una proposición no de ley en la
que se propone una reducción de cinco puntos en los tipos de gravamen del impuesto sobre sociedades. De esta manera, el tipo general pasaría del 30 al 25 por ciento y el tipo impositivo para las pymes del 25 al 20 por ciento. Nuestra valoración de
la propuesta que nos hace el Grupo Popular es, coherentemente con la postura que mantenemos en relación con la cuestión fiscal y con la valoración y análisis que hacemos de la crisis en el BNG, que desde nuestro punto de vista los problemas de la
economía española tienen su raíz en la gran dependencia del mercado inmobiliario que ha tenido en los últimos años el modelo de crecimiento, en un modelo de baja productividad y de bajo valor añadido, en la falta de compromisos del sector financiero
con los proyectos de inversión ligados a la economía productiva y en un mercado laboral precarizado, por citar los trazos más gruesos de lo que realmente es el grueso -valga la redundancia- de la crisis que de manera desmenuzada nos acaba de
presentar el señor Montoro. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es falsa la fotografía que aquí se pretende fijando las responsabilidades de nuestra economía en un supuesto alto impuesto de sociedades, que, recordemos, está en torno a la
media europea. Además, la Ley 35/2006 -es decir, una ley muy reciente-, que modificó parcialmente la Ley del Impuesto sobre Sociedades, contempló precisamente la reducción en cinco puntos del tipo general de gravamen -el 35 por ciento- de forma
gradual en dos años. De forma que a partir del año 2007 quedó fijado en un 32,5 por ciento y en un 30 por ciento en el año en curso -año 2008- y que para las pequeñas y medianas empresas dicha reducción de cinco puntos se ha producido en un solo
ejercicio, quedando en un 25 por ciento para aquella base comprendida entre cero euros y 120.202,41 euros y en un 30 por ciento sobre el exceso. Por otra parte, señorías, en el Estado español las rentas del capital están gravadas a un tipo mucho
menor que las rentas del trabajo y este sí es, desde el punto de vista del BNG, un problema que se debería abordar inmediatamente. También debemos reflexionar sobre la competencia fiscal que a nivel europeo se viene produciendo con este impuesto y
que todos los países están rebajando el tipo de gravamen. Creemos que la actuación más aconsejable sería instar la armonización de este impuesto de manera que cese la competencia fiscal que se está produciendo entre los Estados miembros de la Unión
Europea. Una competencia fiscal que, si continúa, también será una competencia desleal o al menos podemos entender que puede cumplir el papel de competencia desleal. Por lo tanto, por las razones que acabamos de esgrimir, señorías, señor Montoro,
no vamos a aprobar la propuesta que presenta el Grupo Popular y votaremos en contra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y también como componente de Grupo Parlamentario con Esquerra Republicana de Cataluña, para posicionarme en relación a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular que pretende de nuevo, y antes de que sea efectiva la rebaja de nuestro impuesto de sociedades, una nueva rebaja de este impuesto en España como solución ante la crisis. Yo quiero dar la bienvenida a una primera medida por parte del Partido
Popular frente a la crisis económica. Nos parece bien a nuestro grupo parlamentario que el debate aterrice en las propuestas y no tanto en las descalificaciones a priori. Ahora bien, tengo que decir que nosotros -y esa es la posición que va a
mantener mi grupo parlamentario- no estamos de acuerdo en que una medida para superar la crisis económica que vive nuestro país, prácticamente la recesión económica en la que estamos entrando, sea una nueva rebaja del impuesto sobre sociedades,
fundamentalmente porque nos da la impresión de que el Partido Popular tampoco tiene un buen diagnóstico de la crisis económica. Si es verdad que el Gobierno interpreta la crisis económica únicamente como un efecto de la crisis económica
internacional, de la crisis financiera, no es menos cierto que el Partido Popular intenta encapsular la crisis únicamente como crisis española y, señorías, ni una cosa ni la otra. Ni esta crisis es solamente una crisis derivada de la crisis
financiera internacional, ni tampoco esta crisis es solamente una crisis española, una crisis propia sin ninguna conexión con la crisis internacional. En nuestra opinión, ambas crisis tienen más conexiones que las de causa y consecuencia, aunque
podríamos decir que la crisis internacional es desencadenante y la crisis propia es en buena parte consecuencia. Pero además existen relaciones entre ambas. Estamos, señorías -y de esto tampoco se quiere dar cuenta el Partido Popular-, ante una
crisis del sistema financiero internacional, ante una crisis del neoliberalismo, ante una crisis del modelo que ha protagonizado los años ochenta, los años noventa y el comienzo del siglo XXI; una crisis, como diría el señor Bush, sistémica, del
sistema capitalista neoliberal. Y da la impresión de que el Partido Popular frente a una crisis del conjunto del sistema, frente a una lisis, podríamos decir, del sistema financiero plantea las mismas recetas que
propone ante la crisis económica de ciclo o ante el crecimiento económico, porque no le hemos oído otra cosa al Partido Popular que utilizar el dogma neoliberal, tanto para el crecimiento como para la crisis, o como para la crisis
financiera, que es un terremoto de carácter internacional.
¿Cuáles son las recetas del Partido Popular? Hoy nos ha presentado una de ellas, pero son muy conocidas ya y podemos ver sus efectos incluso en condiciones de crecimiento. Las recetas
son: rebaja de impuestos, recorte del gasto público -algo ha dicho también hoy el señor Montoro al respecto-, y algo que no presentan públicamente y que es la contención salarial. Estos son los principales objetivos del Partido Popular y la receta
neoliberal tanto en periodo de crecimiento como en periodo de crisis.
Señorías, ¿cuáles han sido sus consecuencias? Pues sus consecuencias en nuestro país no han sido precisamente el círculo virtuoso del que ha hablado el señor Montoro: beneficios, inversión y empleo. No, señorías.
Beneficios, sí;
beneficios del 30 por ciento acumulativo anual, beneficios exponenciales, podemos decir; beneficios empresariales muy importantes. Pero, ¿cómo se ha traducido en inversión y empleo? En nuestra opinión, muy escasamente. Por una parte, nuestro
modelo económico ha seguido siendo un modelo desequilibrado, en exceso especulativo y muy poco productivo, y por otra parte, con relación al empleo, ha creado un empleo precario; hemos creado varios millones de empleos a lo largo de los últimos
años, pero de empleos precarios, y los salarios apenas han crecido a lo largo de toda esta década de crecimiento económico. Por tanto, podemos decir que ya conocemos los efectos de esa política económica en el ámbito de nuestro Estado, en España.
Los efectos de la política económica en España son: una economía especulativa muy poco productiva, un empleo precario y, por otra parte, déficits muy importantes desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista social y ambiental.
Señorías, esas son las consecuencias del modelo, pero nos quedaríamos cortos si analizásemos únicamente este modelo como una crisis de coyuntura. Señorías, señor Montoro, ya nadie dice que esto sea una crisis de coyuntura. Ya todo el mundo
reconoce que estamos no ante una crisis sino ante un terremoto financiero, que es la verdadera naturaleza de la economía de hoy en día, la economía financiera. Pues bien, si el terremoto afecta a la economía financiera y esta es la economía de hoy,
señorías, tenemos un gravísimo problema o tienen sobre todo un gravísimo problema aquellos que han apostado por la economía financiera únicamente como representante del conjunto de la economía. Hemos de tomar medidas para recuperar la regulación
pública, para recuperar el papel del Estado en la economía, hemos de tomar medidas para recuperar la iniciativa pública en la economía. De eso algo nos ha dicho el señor Bush recientemente. Yo esperaba que el Partido Popular hubiera tomado buena
nota y nos propusiese hoy aquí una agencia pública, por ejemplo; nos propusiese el incremento del déficit para abordar retos financieros y económicos en nuestro país; nos propusiese también algunas medidas desde la CNMV para evitar inversiones
peligrosas a corto plazo. Esperaba esas medidas por parte del Grupo Parlamentario Popular. Creo que el Grupo Popular hasta ahora va notando la crisis española, pero todavía es incapaz de ver el terremoto internacional porque piensa que la crisis
española le afecta únicamente al Gobierno, y el terremoto internacional afecta al modelo económico neoliberal, del cual forma parte y al cual apoya el Partido Popular. Espero que en poco tiempo también ustedes, señores del Partido Popular y por
supuesto el Gobierno, se den cuenta de la gravedad de la crisis económica internacional y empiecen a cambiar dogmas y paradigmas para abordar una mayor transparencia, desde el punto de vista de los flujos financieros, para abordar regulaciones
públicas en el ámbito internacional, tasas sobre especulación financiera, etcétera, como hoy están planteando en el debate público no solamente los partidos en la campaña electoral norteamericana sino también buena parte de las formaciones políticas
y además de las organizaciones y sectores profesionales en relación con una crisis que no es de coyuntura sino que es estructural.
Nosotros esperamos ver futuros debates, pero esperamos ver seguramente debates sobre la flexibilización del déficit. Estamos seguros de que lo vamos a ver no solamente en Estados Unidos sino también en la Unión Europea. Esperamos ver
debates no sobre rebajas de impuestos sobre sociedades, sino sobre recuperación de la progresividad fiscal, sobre la lucha contra el fraude y sobre los impuestos sobre beneficios extraordinarios. Estamos convencidos de que no solamente lo veremos
en el ámbito del Partido Demócrata norteamericano. Estamos también expectantes sobre debates en Europa y en nuestro país sobre regulación y transparencia del sistema financiero en la CNMV, en el Banco de España, también en el Banco Europeo.
Estamos convencidos de que eso va a ser así.
Estamos también expectantes por que se abran debates como niveles obligatorios de inversión por parte de las empresas para evitar estas tendencias y tentaciones especulativas. Estamos también
expectantes sobre la responsabilidad de los accionistas, debate que en nuestra opinión hoy se abre también después de la catástrofe financiera. Y estamos también convencidos de que en el futuro tendrá que hablar el Gobierno español ante las
instancias europeas sobre un presupuesto europeo digno de tal nombre y sobre un Banco Europeo con control público, que no solamente atienda a la estabilidad de precios sino también a otros objetivos como son la salud económica, el medio ambiente o
también la armonización fiscal.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llamazares, por favor.
El señor LLAMAZARES TRIGO: A nosotros nos parecen muy importantes esos factores. Saludamos que el Partido Popular ponga encima de la mesa propuestas, pero creemos que esta propuesta no solamente es anacrónica sino también contraproducente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición de mi grupo parlamentario en relación con la proposición de ley planteada por el Grupo Popular con la intención de rebajar la fiscalidad fundamentalmente a las pymes. Este no es un tema
nuevo, es bastante recurrente y yo diría que incluso socorrido. Cuando se habla de crisis y cuando se atisba la crisis hay muchos que propugnan inmediatamente la reducción de la fiscalidad. Desde nuestro grupo creemos que no se puede plantear una
reforma tras otra, y hace poco que se planteó una reforma que todavía no está cuantificada ni suficientemente evaluada en relación con las sociedades y fundamentalmente con las pymes. A juicio de nuestro grupo, sería más sensato analizar y evaluar
cuáles hayan podido ser los impactos de la reforma que todavía se está llevando a cabo antes de proponer nuevas rebajas impositivas en este sentido. Además, el momento económico en que estamos, en el que se está produciendo una caída brutal en la
recaudación del impuesto sobre sociedades, no parece que sea el más oportuno para ir por este camino.
En la exposición de motivos de esta proposición de ley se justifica la rebaja impositiva como una de las medidas que van a permitir un aumento de la competitividad. Hemos de huir de la competitividad basada exclusivamente en el precio. La
rebaja fiscal puede permitir que las pymes estén más desahogadas -y esto es positivo-, pero estarían más desahogadas desde el punto de vista del precio. Creemos que la competitividad de las empresas también debe ir encaminada por el tema de la
calidad, la innovación, etcétera, para lo cual haría falta, en todo caso, invertir más en I+D y en formación, antes que reducir drásticamente los tipos impositivos. No estamos en contra de que se tomen medidas a favor de las pymes si son
incentivadoras, pero creemos que antes de tomar estas medidas hay que hacer un poco más de reflexión y evaluación. En el momento en que nos encontramos puede ser conveniente hacer otro tipo de propuestas para salir de la crisis, no solo rebajas
impositivas que por sí solas no son eficaces. Además, nuestro grupo, cuando se trata de cuestiones de fiscalidad, habitualmente se ha venido absteniendo dado que, como saben SS.SS., tenemos un sistema peculiar de concierto económico y no
quisiéramos tratar de alterar la fiscalidad en Euskadi a través de defender aquí propuestas que en este momento no vemos claras, no porque entendamos, insisto, que no sean posibles, sino porque creemos que requieren una reflexión y un análisis más
sosegados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sí va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se insta al Gobierno a tomar en
consideración una iniciativa parlamentaria para rebajar el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué vamos a apoyar esta iniciativa parlamentaria? En primer lugar, señorías, por coherencia.
Nuestro grupo parlamentario ha defendido reiteradamente, en el
debate de investidura del presidente del Gobierno y en los dos debates de política económica que se han suscitado en el Parlamento con la comparecencia del presidente del Gobierno, y en reiteradas ocasiones a instancias también de nuestro portavoz
Duran i Lleida, que nuestro grupo, entre otras medidas, consideraba pertinente y necesaria la posibilidad de rebajar el impuesto sobre sociedades. Nosotros, incluso, íbamos un poco más lejos de lo que ha planteado el Partido Popular, pues no
solamente pensamos que es necesario rebajar el tipo medio para todas las compañías españolas, pasándolo del 30 al 25 por ciento y del 25 al 20 por ciento para las pymes, sino que sometíamos a consideración de esta Cámara, en aquella ocasión y a
través de diferentes iniciativas parlamentarias y seguramente lo vamos a poder debatir en la Comisión de Economía y Hacienda, la posibilidad de plantear para las micro empresas, es decir, para todas aquellas empresas de facturación muy reducida o
que tengan como máximo uno o cero empleados, básicamente los autónomos, respecto a los beneficios empresariales, un tipo impositivo del 15 por ciento.Por lo tanto, a nosotros nos gustaría -este es un planteamiento que ya les avanzo ante esta
Cámara-, en caso de que esta iniciativa prosperara y se tomara en consideración, plantear en el trámite parlamentario la posibilidad de incorporar un tipo reducido del 15 por ciento.
También nos interesaría que el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno tomara en consideración esta iniciativa parlamentaria, entre otras cosas porque la semana pasada, a iniciativa de nuestro grupo parlamentario, aprobamos por
unanimidad todas las fuerzas políticas que componen esta Cámara, a excepción de dos abstenciones, la posibilidad de mandatar al Gobierno para que antes de que se presentaran los Presupuestos Generales del Estado presentara un paquete de veinte
medidas que nosotros calificamos como anticrisis y que finalmente quedaron en medidas para paliar la crisis, muy bien defendidas por cierto por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista don Manuel Mas, en el sentido de que el Gobierno tomara en
consideración la posibilidad de implementar medidas fiscales que fueran en la dirección de rebajar los costes de producción de nuestro tejido productivo. Y cuando se plantean mecanismos para rebajar los costes de producción se ha de hacer desde la
óptica fiscal, incrementar las deducciones del impuesto sobre sociedades o rebajar el tipo actual del impuesto sobre sociedades. Es cierto -en este caso el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) colaboró activamente con el Gobierno
socialista en la anterior legislatura para que se rebajara el tipo del 35 al 30 y del 30 al 25 para las pequeñas y medianas empresas- que el Gobierno no tiene todavía todos los datos en su poder para poder tomar la decisión de volver a implementar
una reducción del impuesto sobre sociedades. Pensamos sinceramente que si no lo hace rápidamente se equivoca, y se equivoca porque nuestro tejido empresarial, nuestra economía productiva -nuestro tejido básicamente está implementado en España a
base de pequeñas y medianas empresas- tiene una gran dificultad de liquidez porque su financiación depende en un 90 ó 95
por ciento de las relaciones que pueda tener con la banca. En estos momentos a nadie se le escapa que la banca tiene grandes dificultades para renovar las inversiones que han posibilitado que nuestro tejido productivo haya podido endeudarse
en los últimos años en unos porcentajes que eran quizás un poco elevados pero óptimos para la economía española.
Como decía, en estos momentos nadie tiene dudas de que compañías de diferentes sectores empresariales que no podemos calificar en
crisis, como por ejemplo el sector inmobiliario o sectores complementarios al inmobiliario, tienen grandes dificultades para renovar sus créditos actuales y para abordar inversiones importantes que en definitiva generarían confianza, inversión y
darían lugar a la creación de puestos de trabajo.
Quizás una de las grandes oportunidades que tiene en estos momentos el Gobierno español desde la perspectiva de la política fiscal es cambiar el sistema de autofinanciación o de financiación externa del que hasta ahora ha gozado nuestro
tejido productivo a través de las relaciones con la banca privada, para poner en funcionamiento otra serie de medidas o mecanismos que vayan en la dirección de generar liquidez mediante un mejor tratamiento de los beneficios empresariales en cuanto
a la posibilidad de rebajar el tipo, o quizá también haya otras opciones, como podría ser implementar la libertad de amortización o de mejorar la fiscalidad de los beneficios no distribuidos. Si analizamos algunas medidas importantes que han
adoptado otros miembros de la Unión Europea respecto al tratamiento de los beneficios empresariales, veremos que en estos momentos estamos muy desfasados respecto a ellos. Por ejemplo, el Gobierno de la República Federal de Alemania hace
aproximadamente un año tomó decisiones importantes para rebajar el impuesto sobre el beneficio de las sociedades alemanas, tributación que ha pasado de un 25 ó un 28 por ciento al 15 por ciento. Por tanto, países de nuestro entorno, para que su
tejido productivo sea más competitivo, para que se pueda generar más confianza y más liquidez, han tomado esta decisión arriesgada, al contrario quizá de lo que pueda pensar en este momento el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno español,
es decir, que una rebaja del impuesto de sociedades provocaría, por una situación de vasos comunicantes, una menor recaudación. Probablemente, señorías, ustedes se van a sorprender. Si no toman hoy en consideración esta iniciativa de rebajar el
impuesto sobre sociedades, van a observar, desgraciadamente -y ojalá me equivoque en estas afirmaciones-, que en los próximos meses va a haber una caída más espectacular del impuesto sobre sociedades porque las empresas en estos momentos tienen
grandes dificultades de financiación, de liquidez y de competitividad, y vamos a ver -desgraciadamente, repito, y ojalá me equivoque- que muchas compañías que hasta ahora eran muy competitivas se van a ver abocadas a regulaciones de empleo, a un
cierto desfallecimiento en las inversiones, y tal vez, como consecuencia de estas dos afirmaciones que acabo de hacer, la base imponible a la que se va a ver sujeto el impuesto sobre beneficios en los próximos años se va a ver disminuida. Las cosas
son como son y es mucho mejor aplicar una rebaja del impuesto sobre sociedades, un pastel de la base imponible un poco más reducido, pero garantizar que vamos a tener una recaudación del impuesto sobre sociedades aceptable, que mantener unos
porcentajes que hoy no son competitivos y que van a perjudicar nuestra economía productiva.
En caso de que hoy no se tome en consideración esta iniciativa, o la moción incorporada la semana anterior, defendida por nuestro grupo y aprobada por todos los grupos que componen esta Cámara, excepto dos abstenciones, vamos a tener
oportunidades en el debate de presupuestos y en sucesivos debates económicos para estudiar esta medida, con lo que, repito, haríamos un gran favor a la economía productiva española y seguramente también lograríamos que se instaurara en nuestra
economía la confianza suficiente para generar todas aquellas inversiones que comportarían la creación de puestos de trabajo. Porque lo más importante no es tomar medidas en función de los señores que van a ir al paro -aquí están equivocados,
señorías, o están equivocados los grupos que piensen que esto es una gran oportunidad- sino que lo importante es evitar que la gente pase de la ocupación al paro y tomar después medidas en la dirección de incrementar los recursos para que los fondos
del desempleo sean mucho más importantes que hasta la fecha, evitar que el tejido productivo deje de ser competitivo y se genere desconfianza. Al contrario, hay que generar confianza para que se realicen inversiones, lo que repercutirá
favorablemente en la creación de puestos de trabajo. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por coherencia y porque creemos sinceramente que sería muy beneficioso para la economía
española.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el tema es tan interesante que me gustaría tener tiempo suficiente para debatir las cosas que aquí se han dicho, y sobre todo para rebatir lo que aquí ha dicho el señor Montoro y mucho de lo que ha dicho el señor Sánchez i Llibre.
El momento que estamos atravesando indica que todos debiéramos aportar ideas para salir cuanto antes de esta situación, pero ideas que sean meditadas, inteligentes y sobre todo acordes con el momento que estamos viviendo. Es el momento de mostrar
que a todos nos interesa salir de esta situación, independientemente de los intereses partidarios.
Dice usted, señor Montoro, que lo peor está por llegar. Eso no es en España solamente, ¿verdad? Estamos en una situación en la que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y nos dice el señor Sánchez i Llibre, por ejemplo, que estamos algo
así como desfasados en los impuestos respecto a Europa. Pero estamos ahora en el entorno de los países más desarrollados de la OCDE y de la Unión Europea de los Quince. Estamos, por ejemplo, por encima de la media de la Unión Europea de los
Quince. Por encima de la media están Suecia, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, España, Italia, que está en el treinta y uno y pico
por ciento; Francia, en el treinta y tres y pico; Bélgica tiene el 34 por ciento. Esa media la bajan Irlanda, que tiene un 12,5 por ciento, y luego ya Chipre y Bulgaria, pero estamos en el entorno de los países más desarrollados. Además,
prácticamente ninguno de esos países aplica tipos reducidos para las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el peso que tienen las pequeñas y medianas empresas en nuestra economía, en el promedio estamos muy bien situados.
Estamos ahora mejor que antes porque el Partido Socialista, cuando llegó al Gobierno, bajó el tipo general del 35 al 30 y del 30 al 25 en las pymes, y no fueron ustedes. Usted ha dicho que bajaron el impuesto sobre sociedades, pero creo que ustedes
no lo hicieron. En los primeros meses de 2004 le preguntaban a usted -yo aquello lo recordaba- en una entrevista qué le parecía la propuesta que le hizo el Partido Socialista de bajar el impuesto sobre sociedades, y yo le voy a entrecomillar lo que
dijo: Esa propuesta me pasa por la derecha. Quizá lo recuerde. ¿Dónde le deja ahora? Yo decía que era imposible pasarle por la derecha a este señor, pero usted dijo eso. ¿Dónde le deja ahora la propuesta que trae? Además, le querría preguntar:
¿Por qué cinco puntos? ¿Por qué ustedes proponen una bajada de cinco puntos y por qué no una bajada de tres, de dos o de seis, por ejemplo? Ustedes no hacen los números. ¿Usted ha calculado, por ejemplo, lo que supondría en este momento que está
atravesando la economía mundial una bajada de cinco puntos en el impuesto sobre sociedades? ¿Usted también lo ha calculado, señor Sánchez i Llibre? ¿Ustedes han calculado lo que supondría en la recaudación del Estado esta bajada? Algo cercano a
los 10.000 millones de euros. A eso le podemos sumar la bajada en la recaudación que ustedes han comentado que está sucediendo ahora en el impuesto sobre sociedades, que no creo además, señor Sánchez i Llibre, que sea por el tipo que tenemos.
Además de bajar el impuesto sobre sociedades, ustedes, señores del Partido Popular, han traído hace bien poco aquí una propuesta para bajar también el IRPF y subir además la deducción por adquisición de vivienda, pero todavía no nos han
dicho cómo atenderemos entonces la inversión en innovación, la inversión en infraestructuras o, lo que es más, la cobertura por desempleo, las pensiones, la educación, la dependencia, que es prioritaria para nosotros. ¿O es que pensarían quitarlo
de ahí? Nos lo tienen que decir, sobretodo para que lo sepa la sociedad entera. Debemos esperar a que la bajada del impuesto sobre sociedades finalice. Las empresas van a notar ahora una bajada del impuesto sobre sociedades de 2,5 puntos porque
es el primer año que se va a aplicar el 30 por ciento.
Vamos a evaluar y a esperar por lo menos a que se acabe porque no es el momento. Ahora es el momento de apoyar al sector empresarial para que los recursos financieros lleguen a los
emprendedores, y en ello estamos trabajando. Hay que trabajar para que puedan afrontar esas dificultades de falta de liquidez, de restricción del crédito que, como sabe y se ha dicho aquí, lo ha explicado muy bien el señor Llamazares, ha provocado
esa economía que ustedes admiran tanto y que, por cierto, tiene un impuesto sobre sociedades del 40 por ciento -si es tan admirable, no será por el importe del impuesto-; esa economía que nos ha salpicado a todos y que además usted sabe cuánto les
va a costar a los ciudadanos americanos arreglar por el desaguisado que ha permitido el señor Bush. Si aquí hubiera saltado la banca, qué estaría usted diciendo. No le he oído decir, justamente para dar confianza, que tenemos un sector financiero
bueno, saneado, y que a eso ha contribuido el buen hacer del sector pero también la política de provisiones implantada por el Gobierno socialista.
Hablando del impuesto sobre sociedades, habla usted de competitividad, señor Montoro. La competitividad se consigue con muchas medidas, con medidas a corto para situaciones concretas, pero también con medidas a largo que nosotros empezamos
a poner en marcha, y ahora le contaré, desde que llegamos al Gobierno en 2004. Pero había que haberlas empezado mucho antes. Cuando la inercia de la economía mundial era tan buena teníamos que haber aprovechado para ir transformando la dependencia
del sector de la construcción. Teníamos que haber trabajado para ir hacia una economía más sostenible, sobre todo más inclusiva, que es lo que nos importa. El factor que más influye en el aumento de la competitividad de las economías es el aumento
de la productividad. Y para aumentar la productividad de un país hay que trabajar con políticas que ustedes siempre obvian en sus intervenciones. No me extenderé mucho, pero para ello hay que mejorar fundamentalmente la calidad del capital físico,
hay que mejorar las inversiones en I+D+i y sobre todo hay que mejorar la competencia de los recursos humanos. En eso estamos trabajando. La inversión en infraestructuras ha llegado ya al 30 por ciento del PIB. En solo una legislatura superamos el
número de kilómetros de alta velocidad que ustedes hicieron en dos legislaturas y con bonanza económica. Por poner un ejemplo, porque no tengo tiempo para más, casi doblamos en una legislatura los kilómetros de autovía. Si mira los Presupuestos
Generales del Estado para 2004 y para 2008 verá que la inversión en I+D+i salta de 2.900 millones de euros a más de 7.600 millones. Eso es trabajar por la competividad de la economía. Por último, la mejora de la competencia de los recursos humanos
se consigue invirtiendo mucho en educación y en formación, y usted sabe cómo han aumentado los presupuestos del Partido Socialista en educación, que fue una prioridad. Para el Partido Socialista la educación es lo primero. Todo esto nos está
preparando para caminar hacia eso que se llama flexiseguridad, algo de lo que le oído hablar a usted alguna vez; flexiseguridad en las relaciones laborales porque lo aprobó la Unión Europea. Pero ante el enfriamiento de la economía que tuvieron en
2002, ustedes optaron por la flexibilidad, por una parte de la palabra, por la flexibilidad en el despido, con el decretazo que les supuso una huelga general, la declaración de inconstitucionalidad y todo eso. Nosotros empezamos por la seguridad de
los trabajadores. Por eso invertimos más en educación, en formación profesional, en desarrollo del talento y, sobre todo, aumentamos la cobertura por desempleo en cantidad de beneficiarios y en importe de la prestación, y además con diálogo social.
Esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Para desarrollar todas estas políticas es necesaria la contribución justa de todas las partes de la sociedad, de los autónomos, de las personas. Tenemos que contribuir todos. Sin embargo,
nosotros preferimos ahora incentivar más la inversión en conocimiento a través del impuesto sobre
sociedades, las reducciones de la cuota con inversiones en bienes de equipo y en formación, en vez de disminuir el impuesto sobre sociedades, señor Sánchez i Llibre. No creemos que sea el momento.
Terminaré diciendo que tenemos que actuar todos con rigor y con seriedad, sabiendo que tendremos un presupuesto austero, pero con la seguridad de que el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad lo vamos a repartir entre todos para que no
paguen unos más que otros.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Vázquez, por favor, tiene que terminar.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino ya, señora presidenta.
Ha hablado usted de apuestas para que los emprendedores tengan confianza, pero en el tiempo que llevo no le he oído hablar aquí de la suya hacia el sector empresarial, y se lo merece de verdad. No le he oído hablar de los puntos fuertes de
la economía, y realmente me ha sorprendido mucho de quien ha sido secretario de Estado de Economía y ministro de Hacienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 35/2006, A LOS EFECTOS DE OTORGAR ESTABILIDAD A LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS ACTIVIDADES DE I+D+I Y PARA EVITAR SU SUPRESIÓN EN EL AÑO 2012. (Número de
expediente 162/000192.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 35/2006, a los efectos de otorgar
estabilidad a los incentivos fiscales a las actividades de I+D+i y para evitar su supresión en el año 2012. Para defender esa proposición en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre por un tiempo de siete minutos.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha presentado esta proposición no de ley para conseguir básicamente el objetivo fundamental de que el Gobierno mantenga los incentivos fiscales contemplados en el impuesto sobre sociedades a las
actividades de investigación, desarrollo e innovación y de esta manera evitar su supresión, prevista para el año 2012. Lo que intentamos conseguir básicamente con esta iniciativa parlamentaria es eliminar la incertidumbre que tienen los diferentes
agentes económicos, que han de tomar la decisión de proyectar nuevos productos o nuevas iniciativas empresariales y quieren saber si, desde que se tome la decisión de la investigación hasta que entre en el proceso de producción, estos elementos
económicos van a gozar de estas desgravaciones, ya que según lo previsto en la reforma del impuesto sobre sociedades que aprobamos en esta Cámara mediante un estudio se haría un análisis de la experiencia en la aplicación de estos últimos años. Por
eso pusimos el límite de tiempo hasta el año 2012, que hoy hemos constatado que crea un elemento de incertidumbre, de desconfianza, que puede motivar una falta de inversión en estos momentos difíciles para la economía. Lo que nosotros pretendemos
con esta iniciativa parlamentaria, si es aprobada, es generar confianza y posibilidades de inversión para evitar desde esta perspectiva la deslocalización de algunos centros de investigación, desarrollo e innovación muy importantes en este país, que
es básico mantenerlos desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, dada esta importancia, vital para poder incrementar todas aquellas actividades en investigación, desarrollo e innovación, es necesario que el sector privado incremente la
inversión que dirige a este tipo de actividades. En este sentido, una de las mejores opciones que tenemos para estimular la inversión en I+D+i es con estos incentivos fiscales, y al mismo tiempo aprobar esta iniciativa parlamentaria que contempla
la posibilidad en la reforma del impuesto sobre sociedades de que desaparezca a partir del año 2012. Si la ley contempla esta supresión de las deducciones en el plazo de tres años, la propia ley está desincentivando la inversión en futuros
proyectos de I+D+i por estas compañías, que han de tomar una decisión -repito- en los próximos seis o doce meses para poder implementar desarrollos tecnológicos muy interesantes para nuestra economía. Por eso, la progresiva derogación del sistema
de incentivos fiscales de las actividades en I+D+i es contraria a la posición que mantienen desde este ámbito nuestros socios europeos y la mayoría de países de la OCDE. Por ejemplo, el 70 por ciento de los países miembros de la OCDE, incluyendo
Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, dispone de incentivos fiscales a las actividades de I+D+i y al menos 15 de los 25 Estados miembros de la Unión Europea disponen de incentivos a la investigación y desarrollo privada, en concreto Austria,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Holanda, Polonia, República Checa, Portugal, Eslovenia, España y Reino Unido. Por este motivo, hoy es momento oportuno para poder aprobar esta proposición no de ley.
Es cierto que el texto que nosotros presentamos a esta Cámara la semana pasada cuando fue registrada esta iniciativa se ha visto afectado, ha habido un proceso de negociación con el Grupo Parlamentario Socialista y hemos consensuado una
enmienda transaccional. Por descontado, esta mañana también hemos hablado con los diferentes grupos parlamentarios porque era necesario que la mayoría de los grupos parlamentarios pudieran acogerse a esta enmienda transaccional, tanto los que han
presentado enmiendas como los que no lo han hecho, porque hemos dado un paso significativo, importante para la supresión de esta barrera prevista para el año 2012, para que a partir de dicho año continúen existiendo los mismos beneficios fiscales
que tenemos hasta la fecha. Desde esta perspectiva, hemos consensuado -repito- con el Grupo Parlamentario Socialista, pero lo hacemos extensivo al resto de grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, tres puntos que consideramos de gran
relevancia. En primer lugar, constatamos que el Gobierno valora la
necesidad de mantener más allá del año 2011 el sistema de incentivos fiscales de apoyo a las actividades de I+D+i y, en particular, a las deducciones por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, reguladas en el
artículo 35 del impuesto sobre sociedades.
Por tanto, hay una voluntad firme del Gobierno de mantenerlo en el futuro, y desde nuestro punto de vista esto tiene una importancia política relevante. Hay una segunda constatación, que la asume por
descontado el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, y es que, valorando positivamente todas aquellas exenciones que están previstas en el régimen de la Seguridad Social y del 50 por ciento de las patentes, también entienden que estas
medidas son importantes, pero que no debieran ser sustitutorias de los incentivos fiscales a los que se refiere el artículo 35 del impuesto sobre sociedades. Por tanto, es otra apreciación de gran valor político del grupo parlamentario que da
soporte al Gobierno y que lógicamente también suscribe el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Finalmente, instamos al Gobierno a que en el plazo de seis meses haya elaborado este estudio para que se pueda dar una continuidad a estos
incentivos fiscales más allá del año 2011, ya que el estudio reflejará una gran cantidad de inversiones de nuestro tejido productivo orientado básicamente a las inversiones que están catalogadas en el artículo 35 del impuesto sobre sociedades,
destinadas a investigación, desarrollo e innovación.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por tres grupos parlamentarios. Tendrán cinco minutos cada uno para defenderlas. En primer lugar, por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ya se ha anunciado que ha habido una transacción entre distintos grupos de esta Cámara, una transacción que nuestro grupo abona, por eso no voy a hacer tanto la defensa de las enmiendas como a razonar nuestro posicionamiento acerca
de esta proposición no de ley de Convergència i Unió. Quiero empezar diciendo que a grandes trazos nuestro grupo comparte la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió y se sitúa en línea con lo que defiende Esquerra, pues ya en su día nuestro
grupo manifestó su contrariedad con la última reforma fiscal entre otros motivos por la supresión, creemos que indiscriminada, de gran parte de las deducciones en el impuesto sobre sociedades. La referida reforma fiscal que en su día acometió el
Gobierno en la pasada legislatura nos sorprendió por el hecho de que no se sentaban, en nuestra opinión, las bases para la superación de las deficiencias más notorias de la economía productiva. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Como
constata -incluso paradójicamente- la literatura comparada de los distintos países de la OCDE, es verdad que España es uno de los países que tienen un sistema de incentivos de I+D+i más generosos pero al mismo tiempo ineficiente, y su eventual
desaparición sin alternativas claras todavía tendría consecuencias más perniciosas. Por tanto, estas deducciones fiscales son indudablemente un instrumento de política económica para incentivar ciertos comportamientos empresariales y, en el caso
que nos ocupa, para fomentar una inversión importante en investigación. Sus señorías nos habrán oído decir repetidamente -lo dijimos ya durante el debate de investidura e incluso recientemente en el debate sobre la crisis económica- que hay que
mantener más allá de 2011 uno de los esquemas más favorables a la innovación y tan necesario para fomentar un cambio en el modelo productivo y para beneficiar a los sectores que aportan valor añadido, como son las deducciones por investigación. Por
cierto, estos días que se ha hablado tanto de medidas contra la crisis nos sorprende que se haya propugnado una supresión del impuesto sobre el patrimonio y no del impuesto sobre sociedades, porque creemos que el cambio del modelo productivo de sol
y ladrillo debe venir precisamente de la mano de esa industria productiva que incorpore valor añadido.
Quiero acabar diciendo que la razón que históricamente -antes de esta crisis económica- venía invocando el Gobierno para no recuperar esas deducciones era la inequidad que causa sobre el sistema fiscal una deducción de esta naturaleza entre
grandes empresas y PYME, que tienen evidentemente por ley el mismo tipo nominal. El tipo efectivo después de descontar las deducciones es más bajo ciertamente para las grandes empresas, que tienen mucho más fácil justificar esta deducción. Pero,
¿qué es lo que sucedió? Que el Ministerio de Hacienda optó por rebajar el tipo nominal de forma indiscriminada y suprimir por tanto estas deducciones, lo cual -repito- creo que fue un error. En resumen, para no discriminar a las pequeñas y
medianas empresas en concreto se acabó renunciando a un instrumento de política económica esencial. Nosotros sostenemos, y hoy vuelvo a repetirlo, que para conseguir el segundo objetivo no hay que renunciar al primero. Por tanto, es posible
mantener estas deducciones. No basta, como también dijimos en su día, con la introducción de un incentivo mediante la bonificación de la Seguridad Social para el personal investigador, porque la naturaleza de esta deducción evidentemente es muy
distinta. Por tanto, reitero que para que el marco fiscal se convierta en un elemento decisivo para la definición de estrategias empresariales hay que crear un marco fiscal estable. En ese sentido vamos a dar apoyo, y en este caso nuestro grupo
suscribe una transacción que vuelve a proponer algo que en su día planteaba la ley, que es la necesidad de estudiar la viabilidad de estas distintas ayudas e incentivos y hacerlo cuanto antes mejor sin esperar a 2011, porque ello es lo que va a
generar confianza y estabilidad, puesto que las empresas deben concretar sus estrategias a largo plazo. Por tanto, esperemos que este informe que hoy el Congreso va a mandatar que realice el Gobierno vaya en esta dirección. Nuestro grupo suscribe
esa transacción y se felicita ante el acuerdo al que han llegado distintos grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ya manifiesta el apoyo a la propuesta que acaba de defender el señor Sánchez i Llibre y de manera especial después del acuerdo alcanzado con los distintos grupos y fundamentalmente con el Grupo Socialista. Ya decíamos, cuando
manifestamos nuestra posición en la proposición de ley anterior del Grupo Popular, que la actual crisis ya ha demostrado el agotamiento de un modelo productivo basado en el sector de la construcción y que ha puesto de relieve con mayor intensidad
que nunca la necesidad de reorientar el patrón de crecimiento hacia actividades más intensivas en conocimiento, para lo cual la apuesta por el fomento en I+D+i empresarial es fundamental. En este sentido, la política fiscal representa un
instrumento que usado eficazmente puede incentivar el impulso a la innovación empresarial. Bien es cierto que la deducción es una medida que en su implementación ha demostrado que ni todas las empresas que realizan actividades de I+D+i tienen
estructura adecuada para acogerse a este incentivo ni todas las empresas que se acogen a él realizan estrictamente actividades de I+D+i. En todo caso, se hace necesario perfeccionar este tipo de incentivos, de acuerdo con lo que acabamos de decir,
pero no suprimirlos a partir del año 2012, como en principio se recoge en la Ley 35/2006. Si desde el punto de vista tributario se potencia la I+D, las empresas españolas serán más competitivas. Eso ya se ha debatido en diferentes ocasiones. El
Estado español se encuentra casi a la cola de la Unión Europea en investigación y desarrollo, y ello influye en la decisión de las empresas de invertir en I+D+i. Si bien los incentivos fiscales -lo hemos dicho en otras ocasiones- no son la gran
solución, ayudarían a las empresas a concienciarse de la necesidad de innovar para atraer inversión de calidad y en definitiva para ganar competitividad. En cuanto a la parte de la propuesta que se refiere a la bonificación en la cotización de la
Seguridad Social correspondiente al personal investigador se debe considerar como una ayuda complementaria y nunca sustitutiva, puesto que existen muchas acciones de inversión consistentes en la adquisición de infraestructuras, material, etcétera.
Por lo que acabamos de decir y de acuerdo también con lo que dijimos al inicio de esta intervención, vamos a votar favorablemente a la enmienda transaccional que entre los grupos se acaba de acordar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Villena.
El señor LÓPEZ VILLENA: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
modificación de la Ley 35/2006, a los efectos de otorgar estabilidad a los incentivos fiscales a las actividades de I+D+i y para evitar su supresión en el año 2012.
Señorías, durante la pasada legislatura el presidente del Gobierno y el Gobierno socialista fijaron como eje estratégico económico para un cambio de modelo y una modernización de nuestra economía la apuesta por el I+D+i. Esta apuesta se ha
concretado en un incremento constante en los fondos destinados a estas inversiones. El prepuesto destinado por el Gobierno en 2003 a la I+D+i, el último año de Gobierno del Partido Popular, ascendió a 1.987 millones de euros, mientras que el
presupuesto destinado en el año en curso asciende a 9.339 millones de euros, un 470 por ciento más, es decir el Ejecutivo socialista ha quintuplicado prácticamente las inversiones en esta materia. Señorías, lo que la experiencia y los expertos
destacan es que los incentivos y desgravaciones fiscales en I+D+i se convierten en un proceso dificultoso para las pequeñas y medianas empresas, que en España constituyen el 90 por ciento del tejido empresarial. Lo que las pymes necesitan es
financiación y ayuda. El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDTI, lidera la implementación de las ayudas y la emisión de los informes motivados, que han pasado a ser vinculantes. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, IDAE, se ha sumado a esta iniciativa. En esta línea, también cabe destacar las actuaciones contenidas en el programa Ingenio 2010, las derivadas de las políticas de apoyo a las actividades de I+D+i recogidas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y las dotaciones adicionales con cargo a los fondos Feder, acordadas para España en el Consejo Europeo, de 19 de diciembre de 2005, en I+D+i. La experiencia demuestra que las pymes no acceden a las desgravaciones fiscales por
I+D+i debido a la consideración por estas de que la desgravación fiscal por la inversión en I+D+i no va con ellas, ya que compiten con grandes proyectos bien financiados de grandes corporaciones. Las pymes, con su capacidad limitada de inversión y
asesoramiento fiscal, han estado en clara desventaja para poder acceder a las deducciones fiscales, ya que el núcleo de su problema es la falta de financiación y ayuda. Los expertos destacan también dos circunstancias importantes: la mayor
efectividad de las ayudas y la financiación directa a los proyectos de inversión en I+D+i, consistente en subvenciones, bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social del personal investigador -como las contempladas en la Ley 35/2006, con
una bonificación del 40 por ciento de las cotizaciones-, préstamos blandos, préstamos participativos, etcétera; no obstante, los incentivos y las desgravaciones fiscales son otro instrumento de aplicación de estas ayudas. Es una modalidad de ayuda
indirecta sobre cuya efectividad para las pymes se tiene ciertas dudas, tal como se han venido contemplando hasta ahora, por los motivos anteriormente expresados, por lo que la enmienda transaccionada recoge su estudio y reevaluación, adelantándolo
al año 2009, cuando la ley lo preveía para el año 2011, y así poder adoptar medidas adaptativas y propiciar inversiones en I+D+i a largo plazo. Asimismo, el Gobierno instrumentó un nuevo incentivo fiscal al I+D+i en la Ley 16/2007, de 4 de julio,
de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización
internacional, estableciendo una exención parcial del 50 por ciento de los ingresos derivados de la cesión de patentes y otros activos intangibles creados en el marco de una actividad innovadora y con carácter eminentemente tecnológico,
medida que la enmienda transaccional también alarga más allá del año 2011. Por todo ello, daremos nuestro apoyo a esta enmienda transaccionada con nuestro grupo y acordada con el grupo proponente.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Villena.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, deseo comenzar mi intervención mostrando el apoyo explícito y claro de mi grupo a la proposición no de ley que nos trajo a debate el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y que ha derivado luego en esta enmienda firmada por
todos los grupos. Deseo comenzar mostrando el apoyo y felicitándole por haberlo hecho y diría que por agitar las aguas en la buena dirección, que es lo que muchas veces hay que hacer en la política. No es fácil de entender, al menos para este
portavoz, la razón de ser de que una ley, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el
patrimonio, hiciera de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 35 -redactados por el artículo 1 de la Ley 23/2005, de 18 de noviembre-, apartados con fecha de caducidad, como si de un proyecto legislativo yogur se tratara, repito, con fecha fija de
caducidad. A mi juicio no es fácil de entender el porqué y no lo es por las razones que en su exposición de motivos argumenta el propio grupo proponente, Convergència i Unió, y que nosotros compartimos. Parece evidente que sigue siendo necesario
no bajar la guardia en ningún apartado sobre el esfuerzo -hoy todavía insuficiente- que se está realizando a favor de la investigación, del desarrollo y de la innovación; parece evidente que sigue habiendo un déficit claro en el esfuerzo que las
empresas realizan en esta dirección, y es necesario que dichas empresas lo incrementen. Es uno de los déficits específicos más claros y más citados. Está también meridianamente claro, al menos para nosotros, que sigue siendo necesaria una política
industrial encauzada muy especialmente en esta dirección. La política industrial de los Estados y de las comunidades autónomas tiene unos campos progresivamente limitados, básicamente en el marco europeo, pero si algún campo queda para ser
trabajado es justamente el de la fiscalidad. Nosotros seguimos convencidos, como lo está la propia Comisión, de que los incentivos fiscales -y cito textualmente- son un instrumento político potencialmente importante que los Estados miembros pueden
usar para estimular más investigación e innovación empresarial y privada. Seguimos convencidos, como lo está la propia Comisión, de que, sobre la base de estudios de evaluación proporcionados por los Estados miembros, los esquemas de ayuda fiscal a
la I+D+i tienen un efecto incentivador de mayores gastos en I+D+i. Convencidos de eso estamos, por lo mismo creemos que se debe seguir en la dirección en la que se ha venido trabajando hasta ahora. Al menos para nosotros, por otra parte, es
evidente que la situación de la investigación, desarrollo e innovación en España, y en concreto la participación empresarial en todo ello, no habrá mejorado tanto para el año 2012 como para que haya una ley ya establecida que haga desaparecer dichos
incentivos. La verdad es que, como decíamos antes, el hecho de que una ley establezca una fecha de caducidad con años de antelación en este tema constituye una paradoja digna de subrayarse y difícil de entender. Todavía hace pocos días el
comisario europeo Joaquín Almunia subrayaba sobre la economía española en su conjunto que su gran problema es el de su competividad y productividad. Pues bien, resulta ser que la ley que regula el artículo 35 -que la disposición derogatoria tercera
de la Ley 35/2006 deroga preventivamente- se presentó como una ley para el impulso de la productividad, justamente la asignatura que sigue pendiente de ser aprobada después de tres años de aquella ley y que seguro que seguirá necesitada de ser
aprobada en el año 2012. ¿Qué sentido tiene después de todo esto que subsista un esquema que como mínimo introduce zozobra, desconfianza y falta de perspectiva en las empresas a la hora de invertir en investigación, desarrollo e innovación cuando
hace falta lo contrario? Ninguno a nuestro juicio. Escuchando a la propia ministra el día de su comparecencia, el 16 de junio, parecía que lo tenía claro, cuando proponía un servicio gratuito de emisión de informes motivados para la desgravación
fiscal de actividades de I+D para las empresas. Pues bien, si vamos a tener un servicio gratuito, no es que vayamos a tenerlo hasta el año 2012, sino en una perspectiva temporalmente más larga. Todas ellas son razones sobradas para que de entrada
apoyemos la proposición no de ley originariamente presentada por el Grupo de Convergència i Unió, para que nos sumemos a la enmienda de sustitución que entre todos hemos firmado y para que felicitemos a quienes han tenido la habilidad y han sabido
ser oportunos en agitar las aguas en la buena dirección.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tomé.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señor presidente, señorías, me corresponde fijar la posición del Grupo Popular sobre la iniciativa de Convergència i Unió que solicita que la Cámara se pronuncie sobre el mantenimiento de los incentivos fiscales a la
I+D+i. Esta es una iniciativa que coincide con otras que ha ido presentando nuestro grupo en esta Cámara, que podrán ser discutidas en el futuro, y con nuestra posición a lo largo de esta legislatura, cuando hemos tomado posiciones políticas, o a lo
largo de la legislatura anterior. Nos parece que esta es una iniciativa muy pertinente cuando nuestra economía está sumida en una grave crisis económica y se enfrenta a la necesidad de aumentar la productividad, favorecer la inversión y la asunción
del riesgo y enfrentar el déficit exterior y la pérdida de empleo. Hoy mismo, a lo largo de esta tarde, en el anterior debate, hemos visto dos concepciones de lo que debe ser el papel de la fiscalidad en los momentos de crisis. Por una parte están
quienes ven en los impuestos, en el impuesto sobre sociedades, un instrumento meramente recaudatorio, sin ser sensibles a la influencia que sobre las decisiones de inversión de las empresas tienen el marco regulatorio y la necesidad de
contar con un sistema de incentivos que favorezca la innovación y el incremento de la productividad. Por otro lado estamos quienes creemos y hemos demostrado que un sistema fiscal puede ser una herramienta que, sin distorsionar las
decisiones de las empresas ni la libre competencia, contribuya al crecimiento económico y al empleo, disminuya la carga tributaria, sin merma de la recaudación fiscal o la financiación de las políticas sociales.
Vamos a apoyar también la enmienda de consenso que se ha presentado a iniciativa del Grupo Socialista. Lo hacemos, sobre todo, por el cambio de posición que supone en el mismo. Cuando hace un par de años se aprobaba en esta Cámara la Ley
35/2006, de reforma del IRPF, entre los muchos defectos que contenía esa ley en lo que se refiere al tratamiento a la familia -el aumento de los tipos mínimos de gravamen para las rentas más bajas, la doble imposición que introducía-, se eliminaron
deducciones tan importantes como la que favorecía el I+D, la inversión en nuevas tecnologías o la formación de trabajadores por parte de las empresas.
Hoy, en la medida en que la iniciativa que vamos a tomar suponga un paso para revertir este
error, bienvenida sea, pero lo cierto es, señorías, que no hay que esperar a ningún informe por parte del Gobierno; la iniciativa, si hay consenso, la deberíamos tomar ya. No es que no hagan falta informes, es que ahí están los informes de la OCDE
que ponen de manifiesto que son cada vez más los países -ahora mismo veinte de los treinta países de la OCDE- que hacen uso de los incentivos fiscales al I+D -once países entre los miembros de la Unión Europea a Quince-, asimismo hay países como el
Reino Unido han introducido importantes reformas y así lo han hecho también la República Checa, Polonia, Portugal. Se trata de mejoras de los incentivos al I+D en la fiscalidad que son compatibles con rebajas de tipos en el propio impuesto sobre
sociedades. Países como Austria, Italia, México, los Países Bajos o Corea han abordado reformas del tipo del impuesto sobre sociedades sin merma de los incentivos fiscales o aumentándolos, como en el caso de Austria.
Países de baja imposición como
Irlanda mantienen un potente sistema de incentivos fiscales. Otro informe que se podría traer a colación -no solamente o además de los informes de la OCDE- es el propio Plan nacional de I+D+i 2008-2011 ahora mismo vigente, aprobado por el Gobierno
y que dice expresamente que los incentivos fiscales al I+D+i se revelan como un instrumento extraordinariamente eficaz para el impulso de las actividades de I+D+i y así lo han reconocido los diferentes observatorios industriales constituidos. Lo
pone de manifiesto también el último informe de la Fundación Cotec, que reclama un régimen estable que dé un marco cierto a la inversión empresarial que evite la actual inseguridad jurídica y es una exigencia de la propia situación presupuestaria
que vamos a enfrentar en el próximo año. Por eso nuestro grupo se suma al consenso de la Cámara, pero insiste en que debemos actuar ya.
Instrumentos los hay. No hacen falta informes. Hace falta acción. Estamos a tiempo. Estamos tramitando
importantes proyectos de ley, como el de eliminación del impuesto sobre el patrimonio que afecta al IVA y a otros tributos, que podría ser un instrumento posible, eficaz y rápido para eliminar ya esta incertidumbre y materializar inmediatamente,
como dice la enmienda, el consenso que la Cámara va a alcanzar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tomé.
Entiendo, señor Sánchez i Llibre, que se acepta la enmienda transaccional para pasarla a votación en vez de la propuesta inicial. (Asentimiento.) Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MODIFICACIÓN DE REQUISITOS CONTENIDOS EN LA LEY 3/2007, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL SEXO DE LAS PERSONAS.
(Número de expediente
162/000134.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la modificación de requisitos contenidos en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de
las personas. Para su exposición inicial tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, le mueve a mi grupo la inequívoca intención de reformar y mejorar el ordenamiento jurídico, y en concreto esta ley, la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas, en tanto en cuanto se produce en el artículo 4 en concreto de la ley, aprobada en la legislatura pasada con amplio consenso con el sector, una especie de contradicción un tanto dislocadora de los propios fundamentos
axiológicos de la ley que aprobamos, como digo, con amplio consenso. El requisito de la cirugía de genitales para acceder a la rectificación registral fue un avance sobre la regulación anterior -se consigna la Ley 3/2007, de 15 de marzo- porque se
consideró que lo primordial era el sexo psicosocial -no el género morfológico o el sexo morfológico sino el sexo psicosocial- al que cree pertenecer y desea pertenecer el transexual o la transexual y no los aspectos físicos o genéticos. Sin
embargo, la contradicción que observamos es que en el artículo 4.2.b) en concreto se establece que entre los requisitos para acordar la rectificación registral la persona que pretenda esta rectificación registral, que tiene connotaciones en su
nombre en los documentos públicos que dimanan de los asientos del Registro Civil, la persona optante, haya sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado.
Estamos hablando de un tratamiento hormonal, de un tratamiento endocrino hormonal -por usar la expresión médica técnicamente correcta- que contradice las esencias, la axiología, del proyecto de ley que se asentaba en los deseos de la persona basados
en el componente psicosocial de su género, de su sexo, y no en los componentes físicos, morfológicos -no en su sexo-, en definitiva, basados en la genitalidad.
Desde esa perspectiva, acometemos una corrección que impide esta contradicción en los propios términos, in terminis, dentro de la propia ley, y tengo que hacer una mención y una invocación, señor presidente, a las bondades del consenso.
Todos los grupos parlamentarios hemos podido consensuar una enmienda cuyo tenor literal es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar un estudio en el plazo de un año con la consulta de expertos y colectivos interesados
sobre la necesidad de mantener el
requisito establecido en el artículo 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, de someterse a un tratamiento médico previo de al menos dos años para acomodar
las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Esta locución, acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, era una expresión absolutamente contradictoria con los fundamentos axiológicos de la
ley aprobada, vinculados con los deseos, con la legítima voluntad de la persona a la hora de rectificar el sexo en virtud de aspectos psicosociales y no de aspectos orgánicos, no de aspectos médicos. Al final se decidió mediante una transacción
pactada entre todos los grupos parlamentarios que el elemento de tratamiento médico tendría que tener un componente omnicomprensivo, incluyendo el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento endocrino, el tratamiento quirúrgico, tratamiento este que ya
se excluye como excepción. Cualquier persona que se someta a una operación de cambio de sexo queda automáticamente legitimada para la rectificación registral que se invoca y, sin embargo, este requerimiento adicional del tratamiento hormonal
durante dos años para acceder a la rectificación en el Registro Civil de su sexo, de su género, era una exigencia, un requerimiento absolutamente contradictorio con los fundamentos filosóficos de la ley que entre todos los grupos parlamentarios aquí
presentes, menos uno, consensuamos.
Señor presidente, desde esta perspectiva, nos place esta invocación al consenso, nos parece que es un buen acuerdo, nos parece que esta es una materia registral. En el ámbito registral hay que ser sumamente prudentes con la apariencia, con
el fumus, con los requerimientos en definitiva que los aspectos registrales exigen en el ordenamiento jurídico como fundamento de los efectos dimanantes de los asientos y de las correcciones o modificaciones de los asientos en el Registro Civil.
Desde esa perspectiva nosotros manifestamos nuestra satisfacción por este acuerdo, por un consenso tan amplio adquirido en esta Cámara respecto a una cuestión sobre la cual en el Estado español estamos incipientemente empezando a trabajar de forma
proactiva a los derechos de los transexuales, colectivo secularmente preterido, secularmente marginado, secularmente castigado por nuestro ordenamiento jurídico. Por fin estamos en condiciones de afirmar que hemos cerrado sin contradicciones en sus
propios términos una buena ley para que en el ámbito registral estas personas posean la indemnidad de los derechos que la propia Constitución española les reconoce.
Gracias a todos los grupos por la flexibilidad intelectual demostrada. Nos manifestamos sumamente satisfechos de que por fin un elemento tan conectado con los derechos fundamentales de la persona como la posibilidad de que conste en el
Registro Civil el sexo que sienten, el género que sienten, que no necesariamente tiene que ser el sexo o género morfológico, y que paralelamente la rectificación o corrección de los nombres vaya aparejada a esta corrección registral, figure como un
avance en el ámbito de los derechos humanos de los cuales este Estado, en este momento nuestro ordenamiento jurídico carecía. Esta es una proposición muy importante, que no afecta numéricamente a muchas personas pero que cualitativamente profundiza
en nuestro sistema de libertades públicas y derechos humanos, y nuestro grupo parlamentario siempre estará comprometido con esta lucha. Gracias a todos los grupos parlamentarios por la comprensión manifestada en relación con la iniciativa
presentada por nuestro grupo parlamentario, que es una proposición que por cierto no es obra de nuestro propio grupo parlamentario sino que es un requerimiento del sector. Por eso también hacemos una doble operación democráticamente pulcra. Es
atender a los requerimientos de los afectados por una normativa que era incorrecta, que era inexacta e incongruente en sus propios términos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Mucha gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Aun cuando somos firmantes de la transaccional, es evidente que en la medida en que esta ha sido la opinión general de los grupos parlamentarios, debo decirles que nosotros habíamos presentado dos enmiendas porque Esquerra considera que no
es necesario que una persona deba hormonarse para adecuar su nombre a su propia identidad. Ya lo defendimos en la proposición de ley, de la mal llamada Ley de Identidad de Género. De ahí que hayamos presentado dos enmiendas a la proposición no de
ley del Grupo Vasco. En la primera se reclama eliminar el requisito establecido en la ley de Registro Civil de que el nombre de la persona no induzca a error en cuanto a género de la misma. Esta exigencia, plenamente de acuerdo a nuestro criterio
con el nacionalcatolicismo, no tiene sentido en el régimen de libertades en que vivimos. ¿Por qué razón una persona no puede llamarse como le plazca? ¿Y por qué no va a poder hacerlo con un nombre con el que se identifica, al margen de si este se
asocia o no a su género? Cuando se inscribe una persona en el Registro Civil con un nombre de origen chino, ¿su nombre acaso induce a error en cuanto a género? ¿El funcionario de turno procede a ejecutar alguna comprobación? Al margen del género,
las personas en su vida cotidiana pueden asumir y desarrollar roles distintos a los que culturalmente se espera y se asignan con tal motivo. Aunque la legislación lo niegue, o se niegue a reconocerlo, cada vez es mayor el número de personas que
desarrollan y rompen los esquemas tradicionales hasta el punto que dejan de ser mujeres y hombres como Dios manda, tal como les gusta decir a los reaccionarios. Cada vez es mayor el número de personas que desarrollan roles parcial o totalmente
diferentes a los asignados en plena libertad y en virtud de esta libertad deben tener derecho a elegir para sí el nombre con que se identifiquen, sea físicamente un hombre y quiera llamarse María Teresa, o sea físicamente una mujer y quiera llamarse
José Luis.
Sin embargo, para proteger el desarrollo de la libre personalidad en una sociedad que identifica los nombres con una determinada identidad, la propia enmienda pretende mantener la limitación de género en la asignación de nombre a los
recién nacidos, razón por la cual pretendemos que la capacidad de decisión se establezca solo para los mayores de 14 años, que es la edad legal mínima para contraer matrimonio por propia voluntad y con autorización a los mayores de 16 años sin dicha
autorización, y para proteger el desarrollo
de la libre personalidad nos cubrimos con esta referencia clara a los menores. No obstante, también debo decirles que, previendo que esta primera enmienda nuestra no sería aceptada y antes de conocer el destino de la proposición no de ley
del Grupo Vasco a manera de transaccional, habíamos redactado una segunda enmienda en la que planteamos la supresión del requisito del diagnóstico de la llamada disforia de género en la Ley reguladora de la rectificación registral en la mención
relativa al sexo de las personas. No existe hoy día un diagnóstico de disforia de género, sino que la disforia es el síntoma de un trastorno.
Dicho esto, en la medida en que la transaccional impide cualquier posibilidad de aprobación de nuestras enmiendas, nosotros celebramos que, al menos, esta transaccional ponga encima de la mesa la necesidad de hacer un estudio -queremos
entender que este estudio va a contemplar todo el universo de la casuística, que ustedes saben que parte de ella está ciertamente estigmatizada e incluso genera unos ciertos prejuicios por parte de algunas fuerzas políticas-, y sobre todo celebramos
que el diputado Olabarría haya conseguido poner fecha al estudio porque, si no, usted sabe que a veces todo acaba convirtiéndose en una manifestación de buenas voluntades. Repito, celebramos el hecho de que se pueda contemplar todo el universo de
la casuística, incluyendo aquello que nosotros proponemos hoy y que vamos a batallarlo en el futuro, y sobre todo que se hable del plazo de un año. Entendemos que esta es la gran victoria, si me permite decírselo así, que hoy hay que agradecerle al
Grupo Vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace un año aprobamos la ley que hoy se pretende modificar. Su objetivo fue contemplar el cambio registral relativo al sexo y nombre, constando como un hecho cierto el cambio ya producido de la identidad de género para así
adecuarlo al sexo que se siente y se vive mediante un procedimiento no judicial, sin la obligación de la cirugía de reasignación genital, de manera que quedaran garantizadas la seguridad jurídica y las exigencias del interés general. Recuerdo que
fue una ley muy aplaudida por las personas transexuales, a la vez que esperada, deseada y sobre todo merecida, por paliar la injusticia a la que se veían cotidianamente sometidas por no tener acorde unos documentos al sexo psicosocial que sentían
como propio.
Hace un año, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP -que, aunque pactó en el Senado, terminó votando en contra de los derechos que otorga la ley-, llegamos a un amplio consenso. Además, durante el proceso se escuchó
permanentemente a los colectivos implicados, a las organizaciones, a la Federación estatal de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Así lo hicimos desde mi grupo, como sé que también lo hizo el resto de los grupos parlamentarios. Lo cierto
es que fue una ley muy debatida, dentro y fuera de esta Cámara, en la que todos pusimos nuestro granito de arena para llegar a un consenso y a la mejor redacción posible. Señorías, debo decir que, en líneas generales, lo conseguimos y que el éxito
es de todos los que lo hicimos posible dentro del Congreso de los Diputados y también fuera, desde los colectivos.
Los requisitos que la ley recogió tan solo fueron dos: la acreditación por médico o psicólogo clínico de diagnóstico de disforia de género y que la persona fuera tratada médicamente durante dos años para acomodar sus características a las
del sexo reclamado. Ahora a instancias del Grupo Vasco nos encontramos otra vez hablando sobre los requisitos necesarios.
Atendiendo a la exposición de motivos, precisamente el ejemplo que se describe sobre adolescencia y juventud nos preocupó y
ocupó mucho en la redacción de la ley, por lo que sí que me gustaría aclarar algo respecto de la rectificación registral del sexo en menores para que nadie pudiera llamarse a equívoco. Ante una decisión vital, de tanta trascendencia sobre algo que
es irreversible, personal e intransferible, es razonable que esta decisión exija plena capacidad de obrar y esta jurídicamente, conforme a la Constitución, los españoles hemos decidido que se fije a los 18 años, edad mínima para considerarse persona
mayor. Expuesto esto, lo recogido en esta ley no significa que el adolescente en esta situación debidamente diagnosticado no pueda comenzar el tratamiento médico con supervisión y apoyo del tutor legal y esperar a su mayoría de edad para que, si
así lo desea, rectifique la mención registral de su sexo. Por otro lado, la ley observa además la posibilidad contraria de que el adolescente, para modificar su mención registral, no tenga necesidad de tratamiento porque podría acogerse, de acuerdo
al apartado 2 del artículo de requisitos, a dos razones que no lo hacen necesario, como son la salud, en caso de que por ejemplo pudiera entorpecer su desarrollo físico de crecimiento, o la edad, ya que es menor. Con ello las posibilidades
precisamente para los menores cubren un amplio espectro.
Para finalizar, señor presidente, aunque es cierto que ningún grupo parlamentario presentó enmiendas a la ley recomendando eliminar los requisitos del tratamiento médico ni tampoco ningún colectivo, asociación u organización expresó esta
necesidad, debo decir que no estamos cerrados a que se pueda estudiar la mejora o perfeccionamiento de la ley. Aunque tan solo ha pasado un año y pudiera parecer pronto para cambios legislativos, mi grupo parlamentario no es contrario al debate
pero pensamos que debemos hacerlo con la misma sintonía y el mismo espíritu con el que hicimos la ley. Por ello hemos presentado una enmienda, ahora ya transaccionada, para que se estudie si es oportuno que se abra la reforma legislativa ya que nos
parece razonable -como muy bien ha descrito el proponente de la PNL y como así lo defendimos en el pasado- que a la hora de eliminar la obligación de reasignación de la cirugía de sexo lo principal sea el sexo psicosocial y además que este estudio
se haga teniendo en cuenta y consultando a los expertos y sobre todo, insisto en ello, a los colectivos interesados. Con ello hemos intentado mantener el clima que vivimos en la redacción de la ley que, como muy bien se ha dicho, fue de un amplio
consenso.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿se desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Mixto no intervendrá.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías nuestro grupo parlamentario va a dar su apoyo a la proposición no de ley que hoy ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y lo va a hacer a partir de una enmienda que ha sido transaccionada por diversos grupos de esta
Cámara y que puede ahondar en lo que debe ser un amplio consenso en una ley que afecta al Registro Civil, la ley que abrió un derecho a todo un colectivo y que permitió esa rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Esa
ley, si debiera modificarse tras los estudios que hoy comprometemos, sería bueno que se modificara desde un impulso de consenso de esta Cámara. Por tanto, entendemos que el señor Olabarría ha conseguido, con esa anuencia en la transacción, un
resultado positivo, que es seguir en la línea del consenso.
Mi grupo quiere destacar un aspecto. Hace un año, cuando estábamos debatiendo esta ley, nuestro grupo no enmendó este aspecto que hoy el señor Olabarría nos pide que se suprima de la nueva ley. No presentamos enmienda de supresión en ese
momento. Entendíamos entonces que el hecho de exigir esos dos años de tratamiento médico era ahondar en la seguridad del cambio registral que después se producía, que era ahondar también en lo que debería ser la propia seguridad jurídica, porque
estamos hablando de la mención registral del nombre de una persona. Por tanto, nos pareció entonces a los ponentes que ese requisito de los dos años ahondaba en la necesaria seguridad jurídica, sin que intentáramos en ningún caso perjudicar al
colectivo que ha visto reconocido un derecho con la aprobación de esa ley, pero bien es cierto que, una vez aprobadas las leyes, la propia sociedad que ejerce el derecho que la ley le otorga en este caso es la más afectada a la hora de ver las
deficiencias de algún requisito de la misma. Por consiguiente, si desde la aplicación los más afectados por la misma nos piden su modificación en ese aspecto, nos parece razonable que se estudie y le demos un plazo concreto al Gobierno para
realizar el estudio. Demasiadas veces, señor presidente -y en eso queda perjudicada, y mucho, la función de impulso al Gobierno que mediante proposiciones no de ley esta Cámara tiene otorgada-, aprobamos proposiciones no de ley en las que se insta
al Gobierno a realizar una modificación pero, por el mero hecho de no tener plazo, el Gobierno después no cumple para nada las proposiciones no de ley o mociones aprobadas. Ahora se ha tasado un año, y esperemos que en el transcurso de ese año
-estamos en el primer año de esta nueva legislatura- nos dé tiempo, en el marco de esta legislatura, para, si se estimara conveniente suprimir ese requisito, se aprobara mediante un proyecto de ley o una proposición de ley conjunta de diversos
grupos parlamentarios. Por tanto, bienvenida sea hoy esta proposición no de ley que nos permite realizar ese estudio, y esperemos a conocer sus conclusiones. Nuestro grupo tampoco quiere adelantar a priori una posición sólida sobre la conveniencia
o no de suprimir ese requisito, porque entendíamos que cuando se aprobó el mismo era en el ámbito de esa necesaria seguridad jurídica que otorga al final la propia inscripción registral.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montserrat.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Desde el Grupo Popular queremos manifestar, en primer lugar, nuestro sincero respeto a los colectivos afectados y transmitirles, como ya lo hicimos en su día y como hacemos hoy desde esta tribuna, que
nuestro grupo es solidario con sus demandas, con sus anhelos y con el derecho a la rectificación registral.
Sorprendentemente, el Grupo Vasco plantea esta proposición no de ley modificando el requisito de la ley cuando escasamente ha transcurrido
un año desde la aprobación de la ley, que fue ampliamente debatida en el Congreso y en el Senado y en la que nuestro grupo hizo esfuerzos de acercamiento al resto de los grupos, siempre, eso sí, que se observaran los principios rectores de nuestro
ordenamiento jurídico.
Fueron razones técnico-jurídicas las que impidieron que nuestro grupo aprobase en esta Cámara la ley, ya que en todo momento creemos que para garantizar la máxima seguridad jurídica a los afectados y a la sociedad la vía idónea para
legalizar el cambio de sexo registral requería necesariamente de un procedimiento judicial con todas las garantías probatorias y con toda la observancia de nuestro sistema jurídico.
Asombrosamente, tan solo un año después de la aprobación de la ley
se quiere reabrir un debate que a priori nos resulta estéril. Nuestra pregunta es: ¿qué cambio urgente se ha producido en la sociedad para cambiar otra vez la ley y reabrir de nuevo el debate? La ciudadanía nos exige que el Legislativo sea serio,
que dé estabilidad a las decisiones que se votaron en este Pleno, y más aún cuando solo hace un año de la aprobación de la ley.
Por tanto, este punto del orden día lo único que hacer es frivolizar la esfera íntima de las personas afectadas. Además, esta PNL no respondía a una demanda real de los colectivos afectados a fecha de hoy. Asimismo, hemos releído los
diarios de sesiones de la tramitación de la ley y la supresión del requisito de los dos años de tratamiento hormonal no fue una demanda mayoritaria de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Cayendo en franca contradicción, ni tan solo el Grupo
Vasco abogó por dicha supresión hace escasamente un año, por lo que una propuesta tan delicada y que afecta a la esfera íntima de las personas nos parecía cuando menos un despropósito. No entendíamos que los avatares sucedidos en un año respecto de
la nueva ley justificasen en modo alguno la supresión radical de uno de sus dos únicos requisitos en el cual pivota la ley para realizar el cambio de sexo en el registro civil. Hoy, el posicionamiento de nuestro grupo es el mismo que el de hace un
año, fundamentándolo en el estricto respeto a los principios básicos que rigen en materia registral, como bien manifestó el señor Olabarría en esta Cámara el día de la aprobación de la ley, porque no hay que olvidar que estamos hablando de leyes, y
además procurando en todo momento la salvaguarda del principio constitucional de seguridad jurídica.
Recordemos que en materia registral rigen los principios de legalidad y de legitimación o eficacia probatoria, principios que han recibido amplio
sustento tanto doctrinal como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que, a nuestro modo de ver, la ley aprobada vulnera.
La ley está tratando de los cambios sobrevenidos de sexo que modifican unos efectos materiales, por lo que es imprescindible que tales pronunciamientos se vehiculen a través de resoluciones judiciales dictadas en un procedimiento con todas
las garantías en materia probatoria y sean oídas todas las partes implicadas, y no se reduzcan a un mero trámite administrativo sin garantías suficientes para los afectados. La supresión del requisito de hormonación así como las enmiendas de
adición del Grupo de Esquerra Republicana permitían una aplicación mucho más laxa de la ley, desmereciendo la protección de que deberían gozar los afectados y anudando su cumplimiento al albur del capricho de cualquiera que pretenda evitar
responsabilidades, pudiendo dar lugar a la suplantación efectiva de una persona incluso con fines fraudulentos o hasta delictivos. En nuestro grupo entendemos que un proceso tan trascendente como el cambio de sexo y de nombre en el registro no
puede obtenerse alegremente con la aportación de un mero certificado médico o psicológico. Desde nuestro grupo no podemos permitir este relativismo ético y moral respecto de las garantías que debe regir un proceso tan importante y que condiciona
sobremanera la personalidad de todo individuo, y no podemos permitir dicha laxitud normativa porque precisamente es lesiva para los propios afectados, que realmente se sienten atrapados en un cuerpo con el que no se identifican sexualmente y que son
los primeros que se someten a tratamientos o intervenciones porque constituye una necesidad imperiosa para ellos, aunque esta ley lo relegue a la categoría de antojo sujeto a mera petición administrativa.
Hoy vemos que nos dan la razón porque lo
traen ahora con prisas sin haber realizado una reflexión suficiente. No obstante, nuestro grupo no puede estar en contra de que ahora se haga esta reflexión a través de este estudio. Estamos dispuestos a que el Gobierno aborde el informe, pero,
eso sí, solicitamos que lo haga con el rigor que en su día no se hizo.
Apoyaremos la enmienda transaccional sin perjuicio de las garantías que hemos reclamado hoy y en el pasado y estaremos atentos a las conclusiones de este estudio, que no podrán
obviar un procedimiento judicial con todas las garantías.
Para terminar, esperamos que el estudio no sirva para simplificar este debate político entre liberales y progresistas sino para garantizar que nuestro Estado de derecho determine los instrumentos jurídicos necesarios para que a las personas
realmente afectadas se les dé garantías plenas y no dejar la seguridad jurídica al albur de las modas de pocos.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montserrat.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO Y SU PROYECCIÓN EN LA FUTURA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2009. (Número de expediente 173/000022.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el III punto del orden del día: Moción del Grupo Parlamentario Popular en relación con la política presupuestaria del Gobierno y su proyección en la futura ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009. Para exponer la moción tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PÉREZ: Señor presidente, señorías, en la última sesión en la que se debatió la interpelación que trae causa esta moción, la última frase con la que cerró el debate el señor Solbes fue realmente solemne, una frase de las
que podíamos llamar de lápida y cincel. Decía: Comprendo que referirse a los que menos ganan, a los pobres españoles, está muy bien, sirve incluso para ganar votos, pero no resuelve los problemas. Creo que lo que su corazón llenaba, por la boca
desborda. No es el momento de las palabras, es el momento de los hechos. Es cierto que esas frases y otras referidas a la financiación de las haciendas locales han sido traducidas recientemente a un lenguaje mucho más entendible. Un medio de
comunicación, que sé que es ampliamente seguido y supongo que querido por el Partido Socialista y por otros grupos, decía: Solbes cierra el grifo a los alcaldes.
Estamos ante una moción que persigue una mejora y una racionalización de las condiciones de financiación de las haciendas locales. Estamos ante un texto que es básicamente con el que la Federación Española de Municipios y Provincias y estoy
seguro que otras entidades similares coinciden; coinciden en que es llegado ya el momento, sobre todo ante las dificultades que puedan surgir en la economía española. Bien está compartir la austeridad, pero bien está también compartir las
expectativas de mejora que puedan generarse. No puede obviarse ni el momento económico actual ni puede obviarse que sí que se han abierto puertas de expectativas en un debate un tanto extraño y yo creo que inoportuno, por no decirlo de otra manera.
Se han abierto expectativas de mejora de las comunidades autónomas y sorprende que se diga radicalmente no a las corporaciones locales cuando quieren hacer un esfuerzo semejante. Porque en la moción que ustedes van a ver, aparte de las
consecuencias económicas que creemos que deberían estar ya reflejadas en la próxima Ley de Presupuestos, casi quiero hacer más énfasis en los aspectos de racionalidad. Nos parece que es el momento de ser tan exhaustivos como se ha querido ser en
algunos textos estatutarios de comunidades autónomas para saber cuáles son realmente nuestras responsabilidades, para saber cuáles son nuestras competencias y entrar a fondo en el debate de saber cuál es la asignación de recursos que procede
respecto a esas mismas responsabilidades. Otros hablan de competencias; yo insisto en la palabra responsabilidad. Creo, como decía, que se han creado unas expectativas razonables, y tal vez justas, de mejora de la financiación de las comunidades
autónomas, pero las corporaciones locales, y hoy les hablo también -no puedo desprenderme ni quiero de mi condición de alcalde- en nombre de esos 8.000 municipios que saben que en este momento están ejerciendo competencias que no son obligatorias,
que no son nacidas de una ley, sino de una actitud positiva de atención inmediata a los ciudadanos, que es lo que va a volver a suceder dentro de muy poco tiempo. Que no se engañe nadie porque la primera línea de atención volverán a ser los
ayuntamientos, que en la medida de sus capacidades y recursos seguirán intentando resolver problemas, nunca diré ajenos, pero sí que podrían ejercer y creo que
deberían ejercer otras administraciones. Añado también que la posición de los municipios, y en este caso también del resto de corporaciones locales -diputaciones, cabildos-, no es una actitud radical. Ya sabemos que esta situación se ha
generado a lo largo de bastantes años, por no decir de muchos años de vida democrática. Por eso todas las corporaciones están dispuestas a asumir una gradualidad razonable en la asignación y en la absorción de esas competencias impropias.
Como les decía, todas las corporaciones locales estamos dispuestas a asumir la austeridad, pero también nos gustaría saber que no se nos margina, que no se nos excluye de la oportunidad de mejorar en términos absolutos, y por supuesto de la
mejor manera, la financiación, pero sobre todo a establecer esa racionalidad. Quiero creer que el Grupo Parlamentario Socialista está en buena disposición y quiero creerlo porque no hace tanto tiempo, el 10 de junio, aseguraba -por cierto, lo tiene
en su página web, si ya no comparten esta tesis, actualicen su página web- que sí que era necesario vincular el proceso de financiación autonómica al proceso de financiación de las haciendas locales, y lo siguen teniendo. No sé si a partir de mi
intervención lo quitarán -espero que no-, porque es un principio que para mí es válido, pero creo que es necesario vincular estos procesos por lo que antes hablábamos, porque estamos ante una oportunidad única de vincular estos dos procesos no solo
en lo económico, sino también en esa reasignación de competencias.
Hemos presentado una moción que coincide sustancialmente con la que también sirvió de base de trabajo, y en ese caso de acuerdo, en el Senado -eso es obvio- y respeto la posición que todos los grupos han querido tener de colaborar o no.
Muchos lo hicieron en el Senado, otros no han querido manifestar esa actitud en esta Cámara -sus motivos tendrán-, pero estoy seguro que a nadie le puede repugnar que haya esa mejor delimitación de competencias, que haya también una participación en
lo bueno y en lo malo de los momentos económicos y que se cree o se constituya un órgano que permita una interlocución estable, seria y transparente entre la Administración General del Estado y los ayuntamientos, con la configuración más amplia que
sea posible. Hablaba de 8.000 municipios y, evidentemente, los hay muy grandes, los hay medianos y los hay pequeños. Por eso anuncio que aceptaremos algunas de las enmiendas que se han presentado, entiendo, desde la buena fe y desde el deseo de
mejorarla técnicamente.
Haciendo un poco el corolario, yo creo que lo que era vigente hace unas pocas semanas no puede dejar de serlo por el simple criterio de oportunidad o por este abrupto despertar a la situación de crisis económica que hemos vivido. Seguimos
creyendo que es necesario vincular los procesos de financiación autonómica y los de financiación local. Bien es cierto que representamos apenas el 13 por ciento del gasto público total, pero no es menos cierto que estamos en esa primera línea de
atención. Por ello, por los argumentos que he expuesto, anunciándoles que nuestra intención es acoger buena parte de las enmiendas que han sido presentadas y sabiendo que el Grupo Socialista nos ha sugerido la moción a la que he hecho mención en el
Senado, de 10 de junio, que sigue esta línea de trabajo, nos gustaría contar con su apoyo por el bien de todo el municipalismo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aparicio.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO Rodríguez: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente para defender la enmienda presentada por el Grupo de Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto, a la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Popular.
Como no puede ser de otra manera, desde Canarias asistimos a unas instituciones singulares dentro del ordenamiento constitucional. Los cabildos insulares constituyen un elemento más de gobierno en cada una de las islas. Por tanto, la
enmienda se centra fundamentalmente en la incorporación de los cabildos insulares en la parte dispositiva de la moción, una enmienda de adición dentro del punto 2, entendiendo que el resto de la moción es compartida por mi grupo político, el
sentimiento y sobre todo la necesidad de su debate y su posible aprobación en el Pleno de esta Cámara.
Señorías, después de tantos años de caminar en el marco constitucional con las corporaciones locales, con los gobiernos autónomos, con el Estado, se hace necesario un esfuerzo más y por tanto valoramos de manera importante la aparición de
este punto 2 en lo que se refiere a definir claramente el marco competencial de cada administración. Señorías, si los propios representantes institucionales de vez en cuando nos debatimos en el marco competencial del ayuntamiento, del cabildo, de
la comunidad autónoma, del Estado o de la Unión Europea, mucho más los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener siempre claro qué administración tiene que resolverles un derecho y para ello es necesario tener el marco adecuado de delimitación de
esas competencias; competencias que tienen que ir perfectamente vinculadas a la financiación de esas corporaciones. No se puede financiar una corporación si lo separamos de su marco competencial.
Por eso es importante que también se tenga en
cuenta en estos momentos en los que la financiación de las corporaciones locales pasa por momentos críticos, una medida como la que se plantea en el marco de la moción. De ahí que manifestemos conjuntamente con la enmienda nuestro posicionamiento
favorable a la moción planteada.
Si me permiten, señorías, quiero recordar una singularidad más dentro de Canarias. Aparte de los recursos habituales de participación en los tributos del Estado -tasas y otros impuestos de los ayuntamientos y corporaciones locales-, en
Canarias hay una fuente de financiación importantísima, que son los recursos derivados de la aplicación del régimen económico y fiscal de Canarias. Pues bien, como ustedes saben, cada año se elaboran los presupuestos con una previsión de ingresos
en función del devenir de años anteriores. Como entenderán, señorías, un año de situación de crisis supone que este año en Canarias también se haya planteado una disminución notable de esos recursos del REF, que ponen en peligro la salud financiera
de todas las corporaciones locales. De ahí la transcendencia especial que tiene para Canarias, donde se plantea en estos momentos una devolución de los recursos del REF por parte de ayuntamientos y cabildos, tener un nuevo marco de financiación que
permita superar ese
diferencial que se produce por la devolución de estos recursos. Luego es evidente que para Canarias tiene una connotación incluso más allá del planteamiento que se hace en la iniciativa que hoy se debate.
Queda claro el posicionamiento de Coalición Canaria, queda claro el posicionamiento de nuestro grupo político en el sentido de, por un lado, incorporar en esa comisión de estudio de marcos competenciales de cada administración a los cabildos
insulares y a los consejos insulares en el caso de Baleares. También queda claro que vamos a apoyar esta iniciativa de mayor participación en los recursos en función de esas competencias, no solo las que han ido asumiendo los ayuntamientos vía Ley
de Bases, sino también aquellas otras competencias que se han asignado a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, también a los cabildos en Canarias, vía leyes de esta Cámara, vía leyes también de las cámaras autonómicas. Por otro lado, a
nadie se le esconde que en una situación de crisis, de necesidades sociales, el ayuntamiento es la primera administración, la administración más cercana al ciudadano, a la que indudablemente llegan las primeras consecuencias de esa situación de
crisis que hay que afrontar por parte de las arcas municipales.
Hay que felicitar al Grupo Popular por la iniciativa, que debe tener el consenso de la Cámara, porque al final todas las fuerzas políticas presentes en la misma gobiernan instituciones, gobiernan corporaciones locales y estoy seguro de que
desde el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias se verá bien la aprobación de esta iniciativa que espero, como decía el señor Aparicio, cuente con el respaldo unánime de la Cámara.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Señorías, la reivindicación de la mejora en la financiación local, así como la de determinadas comunidades autónomas es histórica. La moción del Grupo Popular nos parece oportuna. Nadie puede negar ese 30 por ciento
de gasto impropio de los ayuntamientos, en especial de algunos, los que son turísticos, por ejemplo. Es difícil negar la dificultad financiera de afrontar la Ley de Dependencia. Se está condicionando la modernización de las administraciones
locales y autonómicas a su disponibilidad de recursos y se incrementan los déficit asociados a la universalización de una sanidad óptima y de calidad, por no citar el utópico cumplimiento -mejor dicho, incumplimiento- de determinadas obligaciones
constitucionales como el derecho a la vivienda o a la financiación del ciclo de educación infantil. En todos los ejemplos se pone públicamente de relieve que el Estado no aporta los recursos suficientes, aunque las administraciones que dan la cara
sean otras. Por tanto, en este contexto parece imposible posponer medidas que mejoren la financiación local y autonómica.
Desde Esquerra Republicana vemos esta doble coyuntura con preocupación.
Aun así, hay que resaltar algunos esfuerzos de algunas administraciones autonómicas, aunque no de todas, para mejorar la financiación de los gobiernos locales. El
señor Solbes afirmó durante la interpelación que las aportaciones del Estado a los municipios se incrementaron un 28 por ciento entre 2004 y 2006. Pues bien, en el mismo periodo los fondos incondicionados de la Generalitat de Catalunya a los entes
locales se incrementaron un 62 por ciento; de hecho, hay un compromiso de triplicar la asignación de 2004 durante los próximos tres años.
Desde Esquerra Republicana venimos denunciando que hay diversas políticas de Estado que tienen un impacto fulminante en la capacidad financiera de las comunidades autónomas y de los gobiernos locales. Por ejemplo, la legislación que
establece obligaciones sin la consiguiente aportación de recursos a las administraciones implicadas, o el ejemplo del fomento directo de políticas que no son de la competencia del Estado, con lo cual se engorda la Administración y, por qué no
decirlo, se engorda el gasto local y autonómico y se hace imposible afrontarlo.
El 10 de septiembre, hace muy poco, las dos entidades municipalistas más importantes de Cataluña... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Canet.
Por favor, ¿podrían rebajar el volumen de sus intervenciones privadas? Adelante, señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Decía que el 10 de septiembre las dos instituciones municipalistas más importantes de Cataluña hicieron una declaración institucional denunciando esta situación. Desde mi grupo apoyamos las medidas que estas entidades demandaron, que era la
creación de una comisión mixta de la que también formen parte los gobiernos autónomos -la Generalitat en este caso- para tratar de forma específica la financiación local, estudiar una moratoria en la aplicación de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria que permita aumentar la capacidad de endeudamiento en un número limitado de ejercicios, la creación de un fondo específico que permita devolver el IVA pagado en las inversiones realizadas por los ayuntamientos, y finalmente evitar la
congelación de las aportaciones a los ayuntamientos.
Pese a la oportunidad que antes hemos comentado de la moción del Grupo Parlamentario Popular, hay algunos aspectos que a nuestro juicio no nos permiten apoyarla y por eso nos abstendremos. Resalto simplemente tres.
Desde nuestro grupo no
creemos oportuno vincular los acuerdos relativos a la financiación autonómica con la financiación local. En segundo lugar, creemos que la delimitación de competencias ya está debidamente recogida en los estatutos de autonomía para determinadas
comunidades autónomas.
Finalmente, creemos que las fórmulas de cooperación interadministrativa deben pasar por la comunidad autónoma. Por tanto, en lugar de presentar una enmienda para ampliar la batería de soluciones que deberían -eso sí, lo
resaltamos- ser incorporadas en los presupuestos del próximo año, consideramos que el voto de nuestro grupo ha de ser el de abstención ante esta moción del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
¿El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a intervenir? (Pausa.) Renuncia a su intervención. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy ante el Pleno de la Cámara una moción oportuna. Es oportuna porque si hablamos de financiación local habrá un mínimo común denominador en esta Cámara.
Todos los grupos parlamentarios
tienen alcaldes de sus formaciones políticas y todos ellos van a coincidir en un elemento de déficit claro de financiación de nuestras corporaciones locales. Si me lo permiten, señorías, es una asignatura pendiente, y en estos momentos es una grave
asignatura pendiente. Es una grave asignatura pendiente porque precisamente las corporaciones locales han ido asumiendo más competencias. Cada vez más el ciudadano reclama a sus corporaciones locales, a sus ayuntamientos, la realización de nuevas
prestaciones y de nuevos servicios. En esta Cámara aprobamos nuevas leyes que en muchas ocasiones redundan también en una mayor necesidad de prestar servicios por parte de aquella administración más cercana, que es la Administración local. Por
tanto, cada vez más se ahonda en ese problema de la financiación local.
Quiero agradecer expresamente la presencia aquí en este debate de la ministra de Administraciones Públicas. Ella sabe bien de ese déficit en la financiación local. Lo sabe bien porque es la interlocutora de la Administración General del
Estado con las corporaciones locales y sabe perfectamente la señora ministra que ese déficit de financiación existe.
Es una asignatura pendiente y, si me lo permiten, hoy es el Grupo Popular, que está en la oposición, quien plantea ante esta Cámara
esa necesidad de abordar de manera clara, concisa y sin dilaciones la financiación local. Pero yo recuerdo que en esta misma tribuna, estando en el Gobierno el Partido Popular y como ministro de Hacienda el señor Montoro, tuvimos la ocasión de
debatir aquí un proyecto de ley de financiación local que no resolvía ni mucho menos el problema de las corporaciones locales. Mi grupo parlamentario tuvo ocasión ya entonces de plantear al Gobierno del Partido Popular, con el señor Montoro como
ministro de Hacienda, una enmienda a la totalidad de devolución de ese proyecto de ley de haciendas locales porque no resolvía el problema. Y aunque coincidimos con el diagnóstico y con la oportunidad, no podemos coincidir con el texto que se nos
somete hoy a votación. No podemos coincidir con el mismo por un planteamiento que se realiza en el sentido de vincular la financiación local con la financiación autonómica. Esto no debe vincularse en este momento. El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) entiende que es un error vincular ambos procesos, porque ambos procesos tienen dinámicas totalmente distintas, y en la propuesta del Grupo Popular y en las enmiendas que se han presentado no se resuelve ese aspecto; quiere
entrar en la vinculación, haciendo aún más amplio ese café para todos que algunos pretenden que sea la financiación autonómica y nosotros no compartimos ese planteamiento generalista de la misma. En el Senado sí que llegamos a un acuerdo hace pocos
días respecto al mismo planteamiento de la moción, pero en ese caso no se vinculó, o por lo menos esa era la lectura que se hacía desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nuestro senador Joan María Roig dejó sentado de manera muy
clara en la tribuna que eran procesos distintos. Después, tras la aprobación de esa moción, han sido diversas las interpretaciones literales de la misma, y algunas de ellas van dirigidas en la línea que hoy el señor Aparicio nos ha planteado ante
el Pleno del Congreso, es decir, ambos procesos van en paralelo, son simultáneos y están vinculados. Precisamente por esa razón, al igual que han hecho también otros grupos parlamentarios, nuestro grupo se va a abstener en la votación de esta
moción porque prefiere el texto aprobado en el Senado, no vaya a ser que hoy se apruebe este texto que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y que se pueda presuponer que el texto posterior, el que se aprobase hoy, venga a
sustituir al del Senado, en donde ambos procesos no iban vinculados. Entendemos además -con ello termino, señor presidente- que con la aprobación de nuevos estatutos de autonomía, como el de Cataluña, la financiación local tiene claramente una
entidad distinta a la financiación autonómica y un proceso distinto también la financiación para Cataluña, que el Estatuto reserva.
No mezclemos ambos procesos y demos ese impulso que las corporaciones locales necesitan para resolver su
financiación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento a la intervención del señor Aparicio.
Hemos oído en esta Cámara respecto a esta cuestión intervenciones más o menos vehementes, pero la suya
ha sido una intervención con la cual tenemos diferencias y también algunas coincidencias. No le voy a negar a ningún miembro de ninguna fuerza política de esta Cámara que el peso del gasto de las corporaciones locales en el conjunto de las
administraciones públicas es reducido. Usted ha dicho, y tiene razón -es un dato objetivo que tenemos que admitir-, que está alrededor del 13 por ciento, lo que pasa es que hay algunas cosas que tenemos que ser capaces de diferenciar.
Porque es
verdad que la media en un proceso largo está en el 13,8 por ciento, pero en el año 2001, cuando se hizo el último arreglo de financiación autonómica, era del 12,8 y en el año 2004, el último año de Gobierno del señor Aznar, era del 12,6. Por tanto,
yo no dudo de la sensibilidad del Partido Popular y admito que el alcalde de Burgos y la alcaldesa de Cádiz representan esa sensibilidad, pero tendría que admitir razonablemente que ustedes tuvieron una oportunidad política en la época de su
Gobierno y el peso del mundo local, en el conjunto de las administraciones públicas, no avanzó y nosotros hemos hecho lo contrario.
Nosotros entre el año 2006 y el año 2008 hemos pasado de un 12,6 a un 13,6. Aquí ha habido un compromiso que
nosotros queremos poner de relieve y que el ministro de Hacienda, en la interpelación de la semana pasada, pudo confirmar a lo largo de una intervención donde puso de relieve el conjunto de ingresos
que había percibido el mundo local desde el conjunto de las administraciones públicas.
Usted ha situado el debate en el ámbito de la política presupuestaria y yo me pregunto aquí en este momento cuál es el modelo de financiación local que tenemos, cuándo surge ese modelo y qué consecuencias tiene. Ese modelo de financiación
local surge de una reforma que entra en vigor en el año 2004, que es una reforma que se aprobó por esta Cámara siendo ustedes responsables del Gobierno, y allí había un modelo de participación en ingresos. El modelo de participación en ingresos es
un modelo que da seguridad, que da suficiencia, que da flexibilidad, pero tiene un problema, que deja huella en los momentos de alza del ciclo y de la recaudación y que se deja sentir en los momentos de decadencia; y en este momento es lo que
vivimos. La Administración general, cuando tiene recursos, transfiere una parte importante de esos recursos a las administraciones que están vinculadas con ella, y cuando no tiene recursos, de alguna manera las corporaciones reciben menos dinero
del Tesoro público. Esa es la lógica del sistema, esa es la seguridad jurídica que establece el sistema y eso ha sido así porque nadie ha querido establecer un principio de subordinación de la Hacienda local a la contingencia política o económica.
Por tanto, en esas circunstancias nos encontramos. No anticipo nada, pero todos lo sabemos. En este momento, la Hacienda pública española hace frente a una contingencia que implica una reducción importante de los ingresos tributarios y, como
consecuencia de esa contingencia que implica una reducción importante de los ingresos tributarios, en esta crisis nos faltarán recursos a todos, a las corporaciones locales, a las comunidades autónomas y a la Administración General del Estado. Esos
ingresos nos llevan a hacer un esfuerzo que todos tendremos que hacer por internalizar, por racionalizar, por ser más austeros, por ser, de alguna manera, más eficaces en la gestión de los recursos públicos. El presupuesto va a llegar aquí la
semana que viene y tendremos la oportunidad de discutirlo todos y cada uno de nosotros. El presupuesto trae esta partida presupuestaria y trae otro conjunto de partidas presupuestarias. El presupuesto financia un conjunto de políticas públicas,
financia muchas políticas públicas, y lo que tenemos que saber es en qué medida en ese elenco de políticas públicas establecemos un conjunto de prioridades, en qué medida las jerarquizamos, en qué medida esta Cámara, en uso de su soberanía, dice qué
cosas está dispuesta a potenciar y qué cosas no está dispuesta a potenciar. No voy a hacer ninguna revelación importante, pero seguramente existen políticas y departamentos que verán mermados sus recursos, que verán mermadas sus posibilidades y
otros verán cómo crecen menos que en años anteriores. Decir dónde está esta Cámara en cada momento y circunstancia es el momento de la verdad. No se trata de condicionar, a través de una moción de esta naturaleza, la posición del Gobierno. El
Gobierno de España, constitucionalmente, tiene la competencia de elaborar el presupuesto, y las Cortes Generales la de debatirlo, la de discutirlo y la de aprobarlo. Alguien decía no hace muchos días en esta Cámara que lo que teníamos que hacer era
un ejercicio que se parecía a alguna de las recomendaciones de Churchill en algún momento de la política británica. Nosotros tenemos que pasar de la expresión de la voluntad política a la concreción de las consignaciones presupuestarias, tenemos
que ir de las musas al teatro, y yendo de las musas al teatro tendremos que elegir algunas de las prioridades políticas que tenemos que establecer: está es importante, está es significativa, pero también hay otras políticas presupuestarias que
pueden y deber ser atendidas. La Cámara, en su momento y en sus circunstancias, cuando llegue aquí este presupuesto, se pronunciará de la manera adecuada. Por eso, nos vamos a oponer a esta moción y esperamos que en las próximas semanas podamos
discutir sobre una cuestión que es relevante para ustedes, para nosotros y para el conjunto de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Hemos acabado el examen del orden del día de esta sesión. Al inicio de la misma había anunciado la Presidencia que la votación, previsiblemente, con carácter indicativo y no preceptivo, se realizaría en torno a las diecinueve cincuenta.
Faltan unos minutos para esa hora. Si ningún grupo parlamentario se opone a la propuesta que les hago, llamaríamos a votación y comenzaríamos las votaciones a las diecinueve cuarenta y cinco. ¿Les parece adecuado? (Asentimiento.)
Muchas gracias. (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA ESTABLECER CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES DE ÁMBITO AUTONÓMICO EN LAS ELECCIONES
AL PARLAMENTO EUROPEO. (Número de expediente 122/000007.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, vamos a proceder a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, para establecer circunscripciones electorales de ámbito autonómico en las elecciones al Parlamento Europeo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 23; en contra, 308; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO, MEJORANDO LA FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES Y, EN ESPECIAL, DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. (Número de
expediente 122/000031.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso de la actividad económica, el crecimiento y la creación de empleo, mejorando la
fiscalidad de las sociedades y, en especial, de las pequeñas y medianas empresas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 155; en contra, 170; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 35/2006, A LOS EFECTOS DE OTORGAR ESTABILIDAD A LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS ACTIVIDADES DE I+D+i Y PARA EVITAR SU SUPRESIÓN EN EL AÑO 2012. (Número de
expediente 162/000192.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 35/2006, a los efectos de otorgar estabilidad a los incentivos fiscales a las
actividades de I+D+i y para evitar su supresión en el año 2012. Esta proposición no de ley ha sido objeto de una enmienda transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente, en consecuencia se pasa a votación en los términos de la enmienda
transaccional aceptada por todos los grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 331.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MODIFICACIÓN DE REQUISITOS CONTENIDOS EN LA LEY 3/2007, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL SEXO DE LAS PERSONAS.
(Número de expediente
162/000134.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación de requisitos de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la
mención relativa al sexo de las personas, y se pasa a votación en los términos de la enmienda transaccional aceptada por el grupo proponente y que incluye la firma de todos los grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 327; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO Y SU PROYECCIÓN EN LA FUTURA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2009. (Número de expediente 173/000022.)
El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la política presupuestaria del Gobierno y su proyección en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en
el sentido siguiente. Se pasa a votación el texto de la moción presentada por el Grupo Popular incorporando la enmienda de Coalición Canaria en su integridad y las enmiendas 2 y 3 de la señora Díez. En esos términos se va a producir la votación
porque han sido los que ha aceptado el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 147; en contra, 165; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve horas.
Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.