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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 10, de 27/05/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2008 IX Legislatura Núm. 10
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 10 celebrada el martes 27 de mayo de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 3)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las ceremonias de acatamiento y promesa de cargos y funciones públicas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 10, de 7 de
mayo de 2008. (Número de expediente 162/000025.)... (Página 3)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera y Sra. Fernández), relativa a la revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 6, de 25 de abril de 2008. (Número de expediente
162/000014.)... (Página 8)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas destinadas a contener la crisis del sector de la construcción y su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo. (Número de expediente 173/000004.)...
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Energía. (Número de expediente 173/000005.)... (Página 21)
Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 26)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 27)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 3)
Proposiciones no de ley... (Página 3)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las ceremonias de acatamiento y promesa de cargos y funciones públicas... (Página 3)
Presenta la proposición no de ley el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Esteban Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera y Sra. Fernández), relativa a la revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede... (Página 8)
Defiende la proposición no de ley el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y Quijano González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 15)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas destinadas a contener la crisis del sector de la construcción y su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo... (Página 15)
Defiende la moción el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Macias y Arau.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre energía... (Página 21)
Defiende la moción el señor Erias Rey, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Erias Rey.
Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 26)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las ceremonias de acatamiento y promesa de cargos y funciones públicas, se rechaza por 9 votos
a favor, 309 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera y Sra. Fernández), relativa a la revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede, con la incorporación de una enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y otra del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por nueve votos a favor, 312 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 27)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas destinadas a contener la crisis del sector de la construcción y su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo, con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 182 votos a favor, 137 en contra y siete abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre energía, se rechaza por 147 votos a favor, 168 en contra y 11 abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión.
Tenemos como asunto previo el cumplimiento del artículo 20 del Reglamento, por lo que procederemos a llamar al señor diputado que ha resultado proclamado electo por la Junta Electoral Central, para que preste juramento o promesa de acatar la
Constitución. En consecuencia, y en sustitución de doña Arantxa Mendizábal Gorostiaga, pregunto a don Óscar Seco Revilla si jura o promete acatar la Constitución.
El señor SECO REVILLA: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Don Óscar Seco Revilla ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS CEREMONIAS DE ACATAMIENTO Y PROMESA DE CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000025.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el punto I del orden del día, consistente en la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las ceremonias de acatamiento y promesa de cargos y funciones públicas. Para su defensa tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, con voluntad pero con sano escepticismo voy a defender una nueva iniciativa en esta Cámara a favor de la aconfesionalidad del Estado.
Comienzo con la ficción -ficción que a veces devela mejor que otra cosa la realidad- y terminaré
con el espejismo que la oculta. Ficción: Capítulo IX, donde se cuenta lo que en él se verá. Guió don Quijote y, habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio
no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo: Con la iglesia hemos dado, Sancho. Ya lo veo -respondió Sancho-; y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura.
Señorías, mi grupo parlamentario quiere trasladar a esta Cámara una iniciativa modesta pero, como muchos gestos, poderosa. Proponemos al Gobierno, al Gobierno de un Estado democrático y aconfesional, que se cumpla la Constitución en la toma
de posesión de sus miembros, que se realice, en definitiva, sin la presencia de símbolos religiosos. No pretendemos prohibir, no queremos que se imponga ni tampoco impedir.
Queremos un protocolo aconfesional en la toma de posesión de los miembros
del Gobierno, que no se den paradojas como la modernidad de un gobierno y el anacronismo de imponer los símbolos religiosos a las promesas de los miembros del Gobierno. Dice nuestra Constitución que ninguna confesión tendrá carácter estatal y nadie
podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Señorías, en primer lugar, la situación actual es un incumplimiento flagrante de estos criterios constitucionales. Se acepta por inercia o por voluntad el sometimiento del
Gobierno no solamente a la Constitución, como es obligado, sino también a la Iglesia católica. En segundo lugar, la pregunta sobre si se jura o promete la Constitución es contradictoria con el artículo 16.2 de la Constitución en torno a la libertad
religiosa. Y asimismo la vinculación entre Monarquía e Iglesia católica es claramente preconstitucional, porque ya no hay un rey por la gracia de Dios. Nuestra Monarquía es constitucional y parlamentaria. Según el artículo 1 de nuestra
Constitución, la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Asimismo, en nuestra iniciativa proponemos un protocolo o estatuto de aconfesionalidad y laicidad en los actos y ceremonias institucionales. Aquí
viene, en este sentido, el mantenimiento de la religión institucionalizada en el ejército, en los comités de ética de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid -más allá incluso del propio concordato-, en AENA recientemente o en los
funerales de Estado.
Señorías, el Gobierno y la izquierda parlamentaria hemos hecho avanzar el pluralismo moral a lo largo de la última legislatura frente a las resistencias que pretendían el monopolio de la moral para la Iglesia católica. Sin embargo, no hemos
avanzado un ápice en la separación entre Iglesia y Estado. La presión de la jerarquía eclesiástica en los púlpitos, en las emisoras y en la calle ha sido, en este sentido, muy eficaz. Se mantiene inalterado el entramado o aparato legal
institucional pseudoconfesional que conforman los acuerdos de 1979, herencia de los acuerdos de 1953 y de los pactos de 1976, desarrollados después por la Ley de Libertad Religiosa en 1980. El Gobierno ha anunciado la presentación de una nueva ley
de libertad religiosa y de creencias. Sin embargo, también en esta materia el infierno está empedrado de buenas intenciones, porque con buenas intenciones se ha mantenido la religión en las escuelas y, a cambio, se ha introducido la educación para
la ciudadanía, monopolio de la moral y pluralismo moral que son como el agua y el aceite, incompatibles. Porque con buenas intenciones se ha mantenido y mejorado la situación de financiación de privilegio de la Iglesia católica a través de la
declaración de la renta, incumpliendo el compromiso de financiación de la ley de 1980. Porque con buenas intenciones también se han mantenido la letra y el espíritu del concordato con intercambios de cartas entre el Gobierno y el Vaticano para la
financiación y con el nombramiento de embajadores -no se sabe muy bien si nuncios de Su Santidad o agentes dobles- que en estos momentos existen entre el Gobierno español y el Vaticano.
Señorías, termino. Hoy se trata de un gesto civil, de un gesto mínimo. Si ni siquiera somos capaces de que el protocolo institucional sea un protocolo civil acorde con un Estado aconfesional, difícilmente vamos a ser capaces de hacer una
ley de libertad religiosa y libertad de creencias. Empecé con la ficción y termino con el espejismo. La ficción en muchos casos devela la realidad; el espejismo la degrada y la oculta.
El espejismo es un gobierno sin ataduras, sin dependencia de
las minorías. El espejismo es un gobierno sin oposición frente al Gobierno.
El espejismo puede ser un gobierno sin pulso.
Gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco entiende que esta polémica acerca de los actos de toma de posesión y de juramento va mucho más allá de la discusión sobre crucifijos sí o crucifijos no en esos actos. Lo que tendríamos que preguntarnos todos es qué aporta
jurídicamente, y también en otro
ámbito, este tipo de ceremonias a la vida pública en el contexto social y político español. Desde luego, ese juramento no crea unas obligaciones extra para aquel que lo ha tomado, sino que todo el mundo está sujeto por mandato
constitucional a la ley, y sea esto previa o no previa ceremonia de toma de posesión. No hay un plus de sujeción. Lo que vale es el Boletín Oficial que señala que tal persona ocupa determinado cargo. Eso lo dice muy claramente el Tribunal
Constitucional. A estos efectos, la sentencia 119/1990 creo que es esclarecedora. Dice que la obligación de prestar juramento o promesa de acatar la Constitución no crea el deber de sujeción a esta, que resulta ya de lo que dispone su artículo
9.1, y aunque pueda entenderse que lo refuerza creando un vínculo suplementario de índole religiosa o moral, esta vinculación, más fuerte en el fuero interno, no tiene como tal trascendencia jurídica ni es, en consecuencia, la finalidad perseguida
por la norma legal o reglamentaria que la impone.
Su eventual incumplimiento no priva de la condición que se haya adquirido. Es, por lo tanto, en sí un acto vacío.
¿Qué sentido tiene ante la opinión pública hoy en día la promesa o el juramento del cargo? Antiguamente podía tenerlo, pero hoy en día, desde luego, cuando hay un escándalo de corrupción, de quiebra precisamente de ese juramento o de esa
promesa, nadie le reprocha ni en el ámbito político ni en los medios de comunicación incumplir el juramento a esa persona. Se le reprocha infringir la ley, pero no incumplir su juramento o promesa. Quizás en este tema en el ámbito anglosajón -y en
concreto en el americano- queden todavía ciertas reminiscencias. Recordamos el caso Clinton, en el que en sus últimos tiempos de mandato se le reprochaba haber mentido públicamente haciendo unas manifestaciones en las que ponía su honor sobre ello.
Lo dice el Tribunal Constitucional (Rumores.) -con ele, señor Madina, con ele- cuando dice que el requisito del juramento o promesa es una supervivencia de otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que era inherente el empleo de
ritos o fórmulas verbales ritualizadas como fuentes de creación de deberes jurídicos y de compromisos sobrenaturales. Supervivencia de otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos: lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia del
año 1990. Hoy en día, ¿en qué queda esta promesa? Es la foto de La Zarzuela de los ministros jurando. Se podría entender que el presidente del Gobierno, por dar un poco de pompa y ceremonia, hiciera una ceremonia de toma de posesión, en todo caso
no reglada, no fijada por un real decreto; pero desde luego si a esta foto de La Zarzuela en los medios de comunicación -vacía de contenido- le añadimos el boato en algunos casos y el bombo y platillo de las ceremonias repetición de toma de
posesión de todos y cada uno de los ministros en los ministerios -algunas con desfile militar incluido-, deberíamos concluir que a veces estamos en estos asuntos más ante unos actos dignos de Salsa Rosa que de un acto jurídico en sí que produzca
efectos. A esto se puede añadir que se produce malestar en algunos sectores, en unos por la presencia del crucifijo y en otros quizá por la propia presencia del texto constitucional. Se plantea también en la propuesta de Izquierda Unida si un
ministro que fuera musulmán podría reclamar la presencia del Corán.
Pues también, ¿por qué no? Pero lo cierto es que se produce un cierto malestar. Por lo tanto, lo lógico sería eliminar, por anacrónicas, repetitivas y faltas de sustancia, este
tipo de ceremonias que no suponen ningún plus jurídico. Desde luego, no se recoge en el texto constitucional la necesidad de su existencia. Por lo tanto, son supervivencias de otros momentos que perfectamente son suprimibles, y deseablemente
suprimibles, si es que producen algún tipo de malestar y de fricción.
Por extensión -voy concluyendo, señor presidente-, entendemos que no solo es esto aplicable a los cargos políticos, sino también a los funcionarios de carrera. Para nosotros la letra c) del artículo 62 de la Ley 7/2007, del Estatuto básico
del funcionario público, no aporta absolutamente nada, porque no es esa letra c), del acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, la que le otorga precisamente esa condición
de funcionario, y además simplemente por ser funcionario no hace falta que se produzca este acatamiento, sino que están sujetos, por mandato constitucional, todos sus actos al ordenamiento jurídico y a la Constitución. En fin, por anacrónicos, por
superfluos y por polémicos, creemos que estos actos de jura y promesa en la toma de posesión de cargos deberían ser suprimidos del ordenamiento jurídico, y en ese sentido va nuestra propuesta en la enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Para fijar posición de los grupos, por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. En primer lugar deseo felicitar al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds por presentar esta iniciativa. Es evidente que existe una coincidencia de fondo entre esta
proposición no de ley y la que pasaremos a discutir a continuación, y por ese motivo voy a reservar muchos de los argumentos para el debate de la próxima proposición no de ley presentada por el BNG.
Solo quiero manifestar que consideramos que la
separación real, efectiva entre Iglesia y Estado, la defensa del carácter laico del Estado, entendiendo por tal un Estado aconfesional y neutro en materia de creencias, es una de las grandes asignaturas pendientes que todavía tiene la democracia
española. Existe una confusión sistemática en los protocolos que rigen las ceremonias públicas entre el plano civil y el plano religioso que pensamos que es algo anacrónico e incongruente con un Estado laico
como en el que realmente estamos, y por tanto consideramos esta proposición no de ley totalmente pertinente. Por eso manifiesto el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, hoy plantea usted un asunto interesante para analizar y discutir que seguramente no se va a resolver a través de la votación de una proposición no de ley, pero que trae a debate la profundización de la condición de España
como Estado aconfesional y también el respeto a la laicidad en las funciones y en las posiciones de los poderes públicos. Es bueno recordar una vez más, como se produjo en el último debate de la anterior legislatura en la Comisión Constitucional,
que el Estado y las administraciones públicas deben tener una actitud de respeto a la laicidad del Estado, pero el mandato constitucional no invita -y tampoco creemos que sería oportuno- a que las administraciones públicas y el Estado, más allá de
la laicidad, practiquen el laicismo entendido como una actitud activa, incluso beligerante, para que la religión desaparezca de la esfera pública.
Señor Llamazares, usted plantea un debate interesante, pero lo hace a partir de un real decreto, el Real-Decreto 707/1979, de 5 de abril, que para nada entra en la presencia de símbolos religiosos en los actos de jura o promesa de
acatamiento de un cargo público. El Real Decreto del año 1979 es muy sencillo, muy simple y no hace ninguna referencia a la simbología religiosa. En todo caso -ustedes mismos hacen referencia a ello en la exposición de motivos- que se mantenga el
crucifijo es fruto de los usos y costumbres y del protocolo de la Casa Real, y, según ustedes citan, un portavoz oficial del Palacio de la Zarzuela considera que jurar por Dios requiere la presencia de sus símbolos, con lo cual entramos en otra
esfera de discusión bastante interesante: si aquellas personas que son creyentes pueden expresar públicamente a través del juramento sus convicciones o si tiene que desaparecer o tenemos que entrar en una fórmula de poner y quitar esta simbología
en función de si la persona es creyente o no lo es.
Ustedes también plantean en la exposición de motivos si un ministro musulmán tendría derecho a jurar sobre el Corán o no. He hecho una breve investigación antropológica, cultural y religiosa, para constatar que los ministros en países
islámicos, y en los países islámicos más moderados, juran -existe en el islám el concepto de jurar- sobre el Corán. Me parece un debate interesante. Si algún día en el Consejo de Ministros hay un ministro musulmán, ¿los poderes públicos debemos
apartar de la esfera pública el derecho a expresar públicamente estas convicciones religiosas o no? Creo que plantea un debate interesante, que el Real Decreto del año 1979 no entra para nada en el asunto que usted plantea y que entramos en un
debate que se ha producido en el ámbito europeo -incluso hay alguna sentencia del Tribunal Europeo- sobre el derecho al proselitismo. El Estado griego tiene prohibido en Grecia hacer cualquier tipo de proselitismo que no sea a favor de la religión
ortodoxa. Desde el punto de vista de los derechos individuales, creo que podrá coincidir conmigo en que esto es contrario a los derechos fundamentales y al derecho de que cada uno exprese su falta de convicciones religiosas o sus convicciones
religiosas. Por tanto, tenemos otro debate que es el de si se pueden exteriorizar estas creencias o no, si se tienen que recluir en la esfera privada o no. Esta mañana leía en la prensa unas declaraciones del diputado Álvaro Cuesta, que decía:
Los socialistas somos partidarios de no obligar a creer a nadie ni de que nadie tenga que dejar de creer. Pues bien, creo que esta es la actitud apropiada, la actitud laica, no la actitud laicista; esta no es la actitud de hacer desaparecer la
expresión o declaración de las convicciones religiosas por parte de las personas que las tienen.
Termino, señor presidente. Vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. Nos parece oportuno el debate que ha suscitado, pero no es una cuestión de real decreto sino de protocolo de la Casa Real, y nos parecería bien que un
ministro pidiera que se quitara el crucifijo en el momento de su toma de posesión; nos parecería bien que un ministro pidiera el crucifijo y nos parecería bien que algún día un ministro musulmán pidiera también poder exteriorizar sus convicciones
religiosas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Me pregunto, señor presidente, qué podrán pensar millones de españoles al conocer los temas de debate centrales de esta sesión en el tramo inicial de la legislatura. Ante los grandes y serios problemas y
desafíos del país de diversa índole, ¿son estas las prioridades de nuestra agenda política, o son la avanzadilla para reabrir en esta legislatura -y no me parece que bajo el signo de la concordia- la cuestión religiosa en nuestra sociedad? Mi
grupo, desde luego, no pretende rehuir ningún debate, faltaría más, y este lo abordamos con sosiego y sentido de la responsabilidad histórica.
Mi grupo va a votar en contra de la iniciativa y quiere expresar también que está en contra de la extravagante enmienda del Partido Nacionalista Vasco que pretende que España sea una anomalía ante los países democráticos. Por cierto, ¿van a
suprimir ustedes la solemne
ceremonia de toma de posesión del lehendakari ante el árbol de Gernika? Va a votar mi grupo en contra porque el Real Decreto de 5 de abril de 1979 nos parece impecable y, a nuestro juicio, no necesita modificación alguna, como nos parece
impecable también el protocolo de las ceremonias de promesa o juramento tal y como se ha venido observando hasta ahora. Es un protocolo que nace inmediatamente después de la Constitución y que responde cabalmente al espíritu de nuestro fecundo
pacto constitucional.
Ha sido observado con la presencia de los símbolos del crucifijo y la Biblia por todos los presidentes del Gobierno de esta etapa democrática: Suárez, Calvo-Sotelo, Felipe González -cuatro veces, por cierto-, Aznar y
Rodríguez Zapatero, presidentes del Gobierno de ideologías y creencias distintas. Todos ellos lo han observado y asumido con normalidad, con naturalidad, con sabiduría y conciencia histórica -que quiero reconocer aquí públicamente-, conscientes de
lo que significan la cruz y la Biblia en la civilización a la que pertenecemos y, asimismo, porque ese protocolo -si no, no lo habrían hecho, estoy seguro de ello- es plenamente congruente con la consideración y el tratamiento del hecho religioso
que se plasma en nuestra Constitución y que concordamos todos los españoles.
Conciencia histórica sí, porque España no es un ente abstracto y artificial ni viene de la nada; es una realidad histórica fraguada en el seno de una civilización con determinantes raíces judeocristianas. Nada menos que doce Estados
europeos, y quizás alguno más, tienen la cruz en sus banderas o escudos oficiales, y todos ellos son Estados democráticos, no confesionales, algunos con siglos ininterrumpidos de democracia. El referente del modelo de separación Iglesia-Estado es,
como sabemos, Estados Unidos, que hizo de la libertad religiosa la razón de ser constitutiva de su nueva democracia, y la laicidad de su Estado no le ha llevado a romper una tradición histórica y cultural, la de jurar o prometer ante unos símbolos
religiosos que responden a las creencias mayoritarias de la sociedad, convirtiéndola así en una tradición democrática. Una nación madura, señorías, es aquella que asume su historia y la incorpora a sus tradiciones democráticas.
Hay una afirmación inquietante en la exposición de motivos de la iniciativa que debatimos. Cuando dice que aún quedan cruces en los colegios desvela que lo que en realidad se pretende es la expulsión de los signos religiosos de nuestro
espacio público. Pretender borrar esa presencia no solo significa excluir a los signos religiosos que profesan la gran mayoría de los españoles, sino al hecho religioso mismo de la vida pública, y ello supondría aceptar una incorrecta concepción de
la laicidad del Estado y de la consideración del hecho religioso de nuestra Constitución, puesto que al afirmar que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de los españoles, la Constitución está reflejando una valoración
positiva del hecho religioso como digno de protección, sin perjuicio de la profesión o no de creencias religiosas por cada cual en función del ejercicio de su libertad religiosa. La laicidad o aconfesionalidad del Estado no solo no constituye una
fuente de restricción del ejercicio de la libertad religiosa, sino que es justamente exigencia, condición y garantía de esa libertad.
Voy terminando, señor presidente. Benedetto Croce, gran pensador y defensor de la libertad, y agnóstico por cierto, refiriéndose a los europeos dijo aquellas famosas palabras: Non posiamo non dirchi cristiano, no podemos dejar de llamarnos
cristianos, sean cuales sean nuestras creencias personales, y quiero expresar aquí mi máximo respeto y el de mi grupo por todas ellas. Era un modo de reconocer el peso de la cultura de raíz cristiana en la conformación de la realidad histórica de
nuestro continente, es decir, en lo que somos y no podemos dejar de ser.
No caigamos en lo que Finkielkraut con acierto ha llamado: La insolencia de los vivos, uno de los males de nuestro tiempo.
En fin, señorías, libertad religiosa sí, en plenitud y en todas sus dimensiones; laicidad del Estado sí, en los términos de la Constitución; continuidad de la realidad histórica de España asumida por nuestra democracia sí, y sobre todo,
concordia en el espíritu del pacto constitucional que hemos de seguir haciendo vivo entre todos.
Muchas gracias señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nasarre.
Para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señorías, señor presidente, mi argumentación va a ser bastante distinta de la anterior, pero el Grupo Parlamentario Socialista no ve la necesidad de modificar el protocolo del Estado en materia de aconfesionalidad.
Primero, porque el real decreto que se pretende cambiar es un texto exquisitamente aconfesional, señorías; incluye por primera vez la fórmula de la promesa en la toma de posesión del cargo frente al juramento, y además en su confección no hay
ninguna señal, ningún símbolo religioso aparece en ese decreto; yo le garantizo al señor Llamazares que si así fuera mi grupo votaría sí, pero es que no la hay, no hay la más mínima expresión de confesionalidad en ese decreto.
En segundo lugar,
vamos a votar que no también porque no sabemos en qué dirección quieren hacer ustedes los cambios. De la exposición de motivos cabe deducir que lo que ustedes pretenden es una norma que prohibiera a la Casa Real la colocación de un crucifijo en la
mesa sobre la que los ministros juran o prometen su cargo. Le voy a decir nuestra opinión, señor Llamazares. En la toma de posesión de los ministros el crucifijo está de más, pero no haremos una ley para prohibirlo. Esta es la esencia de nuestra
posición. Debo decirle que no somos partidarios de normas prohibitivas en esta materia. Ya hay demasiados signos confesionales en la política, que es verdad que existen también en las
instituciones y en las costumbres de nuestro país, pero la pregunta que tendríamos que hacernos es cómo y cuándo normalizamos la aconfesionalidad al conjunto de las prácticas legales, institucionales y sociales de nuestro país.
En mi opinión, señor Llamazares, hay que avanzar acentuando los esfuerzos en la aconfesionalidad del Estado, pero hay que hacerlo sin producir tensiones o rupturas innecesarias. Dicho de otra manera, no hacen falta leyes prohibicionistas,
sino prácticas aconfesionales naturales y progresivas. Por ejemplo, ¿debe imponerse una norma legal o protocolaria, si usted quiere, para que las exequias fúnebres de las víctimas del terrorismo o la de ex presidentes del Gobierno, como las
recientes del ex presidente Calvo-Sotelo, tengan que ser exequias laicas y que no puedan ser funerales de Estado? ¿Hay que decirlo en una ley? Señorías, nosotros creemos que la laicidad avanza al ritmo que establece la convicción colectiva y,
sobre todo, con la tolerancia que caracteriza precisamente a la laicidad. Les hablo desde la reivindicación de la laicidad, un movimiento que ha producido grandes conquistas de la humanidad, desde la proclamación de los derechos del hombre a la
libertad de cultos, por ejemplo; la que nos trajo el matrimonio civil y, por supuesto, el divorcio; la que nacionalizó la universidad; la que trajo la escuela pública; la que secularizó los cementerios, y la que suprimió la censura eclesiástica.
La laicidad sí, pero la laicidad, señorías, no niega el hecho religioso, lo respeta. Ahora, eso sí, exige igualdad ante la ley, que nadie pueda ser discriminado por motivos religiosos, que ninguna confesión goce de trato de favor en sus relaciones
con el poder y que el poder político sea, por tanto, absolutamente aconfesional. Esa es la laicidad que reivindicamos.
Señorías, España es como es. Ustedes compartirán conmigo que nadie puede cambiar por una ley el Corpus Christi que acaban de celebrar en Toledo, por ejemplo, ni la Semana Santa ni, desde luego, las celebraciones del 15 de agosto en media
España. Sin embargo, señor Llamazares, compartirá usted conmigo que curiosamente en estos últimos treinta años los crucifijos, por ejemplo, han desaparecido de muchísimas aulas de las escuelas públicas, de muchísimos juzgados de los tribunales.
¿Ha hecho falta una ley para prohibirlos? No. Ha sido una conquista de la laicidad, una conquista de la aconfesionalidad que ha sido impregnada en la cultura cívica del país. Y, sobre todo, recuerde conmigo, ¿cómo toman posesión los altos cargos
en nuestro país? Ante la Constitución y con un micrófono delante, punto. Nada más. Es así como se celebran las tomas de posesión hoy en día y, sobre todo, reivindico el ejercicio de la laicidad que estas Cortes hacen, que han establecido y
establecen con notable autoridad el imperio de su soberanía, definiendo la ética pública en todo caso y en todo lugar.
Termino, señorías. Les hablo en nombre de un grupo que ha librado, permítanme el adjetivo, gloriosas batallas por la laicidad en los últimos años. Porque es este grupo, como usted ha dicho bien, con su apoyo el que ha establecido una nueva
regulación del divorcio o del matrimonio entre homosexuales o con la asignatura de religión en los centros públicos, o con la enseñanza de la educación para la ciudadanía o con la investigación biogenética. Es el PSOE el que ha reivindicado la
ética constitucional frente a una determinada visión religiosa de estos temas.
Sí hemos respetado la ética cristiana que han expuesto los obispos, pero hemos dicho alto y claro que en esas materias la única voz, la única legitimidad la tiene el
pueblo, la tienen las Cortes, las que determinan las leyes y la ética pública aplicable. Esa es la laicidad que reivindico en nombre de mi grupo, y esa es la aconfesionalidad que seguiremos practicando con todos ustedes, porque este es el camino,
señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Las votaciones las efectuaremos al final de la sesión.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA Y SEÑORA FERNÁNDEZ), RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE. (Número de expediente 162/000014.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la revisión de los acuerdos del Estado con la Santa Sede. Para la defensa de la proposición, tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero pedirles disculpas y comprensión por anticipado, porque el tiempo que tenemos en Galicia estos días, más propio del otoño o del invierno, ha hecho mella en mí. Aun así, creo que seré capaz de defender con
toda dignidad esta proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego. Como comenté antes, en la definición de nuestra posición respecto a la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, entendemos que hacer efectiva la laicidad del
Estado, es decir, su carácter aconfesional y neutral en materia de creencias, sigue siendo una asignatura pendiente en la democracia española, asignatura pendiente que, desde nuestro punto de vista, es necesario abordar sin demora, máxime tras una
legislatura como la pasada, marcada por la intromisión sistemática de la jerarquía de la Iglesia católica en el debate político, y por su tentativa de imponer su sistema de creencias al conjunto de la sociedad.
Señorías, pasados treinta años desde la promulgación de la Constitución, ¿es lógico que sigan inalterados unos acuerdos cuya génesis es anterior a la misma? ¿Es lógico que sigan inalterados en sus aspectos esenciales acuerdos como los que
aseguran la financiación pública de la
Iglesia que en su propia redacción figuraban como provisionales? ¿Es lógico que, fruto de esta situación, treinta años después exista un marco de cooperación singular que rige las relaciones del Estado con la Iglesia católica,
cualitativamente distinto al de las otras confesiones, siendo vinculante para el Estado y con el blindaje que da ser un tratado internacional? Señorías, hablo en esta tribuna en mi condición de representante del BNG, una fuerza que profesa un
profundo respeto a todas las creencias y confesiones religiosas y, entre ellas, como es lógico, a la católica, a la que pertenecen muchos de nuestros votantes y militantes.
Es precisamente ese profundo respeto el que nos lleva a presentar esta proposición no de ley, para asegurar la clara separación entre el ámbito público y privado al que pertenecen las creencias individuales y, con ello, asegurar la
neutralidad del Estado. No es lógico en un Estado democrático y aconfesional que la Iglesia católica siga gozando de privilegios y ámbitos de decisión autónomos que escapan al control del Estado, incluso cuando tienen encomendadas tareas enmarcadas
en los servicios públicos, como es el caso de la educación religiosa. A juicio del BNG, en el sistema educativo público se debe educar a los alumnos en el conocimiento de las distintas convicciones y creencias con criterios de tolerancia,
objetividad y neutralidad. Sin embargo, la enseñanza confesional, es decir, la enseñanza entendida como adoctrinamiento, cuya finalidad es inculcar un determinado sistema de convicciones y creencias en el alumno, no debe estar incluida en la oferta
obligatoria de la enseñanza pública, debiendo impartirse fuera de los centros docentes o, en su caso, fuera de las horas lectivas. Lo que no nos parece de recibo además es la situación actual, donde quien controla esa enseñanza y a sus profesores
no es el Estado, sino la Iglesia, pero es el Estado quien asume plenamente su coste económico y se hace responsable del nombramiento y cese de los docentes; eso sí, siempre a propuesta de la Iglesia y sobre la base de las motivaciones de ésta, lo
cual da lugar a todo tipo de arbitrariedades y a la conculcación sistemática de derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.
Señorías, muchas veces se ha invocado desde esta misma tribuna que el Estado debe garantizar la igualdad entre todos los españoles y muchas veces se ha confundido la igualdad con el uniformismo, apelando a la igualdad como pretexto para
intentar limitar la capacidad de las comunidades autónomas para diseñar políticas propias en el ejercicio de sus competencias. A quienes tanto invocan el principio de igualdad, yo les pregunto: ¿Son conciliables estos acuerdos con el principio
general de sometimiento de todos los ciudadanos y poderes a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico? ¿Es conciliable con el principio de la igualdad que la Iglesia se financie con fondos públicos? ¿Es igualdad que los contribuyentes
que decidan marcar la casilla en el IRPF destinada a la Iglesia católica, detraigan cantidades del fondo común de manera que a efectos prácticos realizan un menor esfuerzo fiscal para costear los servicios de todos? Señorías, en un interesante
trabajo titulado, Los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, el profesor Dionisio Llamazares Fernández afirmaba en relación con estos acuerdos estas citas que les voy a leer textualmente: No es fácil entender el sentido de su inserción en
un sistema democrático y laico cuando dan pie a que se utilicen para legitimar zonas de impunidad penal o a la financiación de sujetos, actividades y fines religiosos, como si de funcionarios públicos se tratara, o dan pie a maniatar a los poderes
públicos, Legislativo, Judicial o Ejecutivo, obligando a este a aparecer como agresor, por cuenta de la Iglesia y por motivos religiosos, de derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuando de derechos fundamentales se trata, el Estado no puede
hipotecar o condicionar su libertad para cumplir su obligación de respeto, defensa y promoción de ellos mediante ningún tipo de acuerdos. En temas de derechos fundamentales, el Estado debe escuchar a los grupos y, si se trata de libertad de
conciencia, también a las iglesias, pero una cosa es consultar y pedirles su parecer y otra muy distinta es convertirlas a efectos prácticos en colegisladoras.
Señorías, les recomiendo a todos ustedes que lean este trabajo, pues es un trabajo denso, riguroso y muy interesante, y se lo recomiendo en particular a los diputados del partido del Gobierno. Deduzco de las palabras que dijo el señor
Jáuregui en su réplica a la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, que entonces apoyará la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, ya que lo único que pretende es perfilar bien el carácter laico del Estado, estableciendo
una separación rigurosa entre el ámbito público y el ámbito religioso. En cualquier caso, si ustedes desean leer este trabajo, señorías, pueden descargarlo en la página web del Partido Socialista, Secretaría de Política Municipal y Libertades
Públicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Se han presentado diversas enmiendas. Por imperativo del Reglamento, quedan defendidas las procedentes del Grupo Mixto, señora Díez, y para defender la presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, deseo manifestar que vamos a votar favorablemente, como no podía ser de otra manera, esta proposición no de ley que presenta el Bloque Nacionalista Galego, pues compartimos la necesidad de acabar con los privilegios de la
Iglesia católica en el siglo XXI. De lo que aquí hablamos es de privilegios consolidados a partir de la complicidad activa de la Iglesia católica en contra de la legalidad republicana, en contra de la Cons
titución republicana, blindados en el año 1953 y petrificados en el periodo constituyente 1976-1979. Nuestra sociedad hoy día ha cambiado radicalmente respecto al año 1979. Es una sociedad muy plural, se ha avanzado mucho en cuanto a los
valores laicos y laicistas, y les recuerdo que cuando ustedes gobernaban en la década de los ochenta y no se atrevieron a cubrir el déficit que se arrastraba desde la transición, al señor Guerra y al señor don Felipe González les llamaban los
descamisados, y casi, casi se atrevieron con todo. Intentaron poner y pusieron en solfa al ejército, un ejército todavía fascista, pero con la Iglesia no se atrevieron; con la Iglesia se les bajaron los humos, y hoy los obispos se les han subido a
las barbas, a pesar de que en esta pasada legislatura recibieron del Gobierno mucho más dinero que en otras legislaturas. La verdad sea dicha, aquí ustedes, nosotros, todos, la sociedad está perdiendo el tren de la historia, está perdiendo el tren
de la modernidad. No tiene ninguna excusa que hoy día ustedes se resistan a revisar los acuerdos con la Santa Sede; no tiene ningún sentido que no se atrevan a ello. De hecho, nosotros hemos presentado una enmienda que pretende ayudarles. Les
decimos: si ustedes como Poder Ejecutivo no se atreven a ello, pedimos a través de una enmienda que sea la Cámara la que cree una comisión -así lo permite el artículo 53 del Reglamento- para que elabore el libro blanco. Es decir, abrir el
Parlamento español a la sociedad a fin y efecto de que se elabore un libro blanco con el que después el Ejecutivo a manera de hoja de ruta pueda llevar a cabo el tránsito hacia la modernidad.
Señorías, la hoy vicepresidenta del Gobierno cuando no se sentaba tanto con los cardenales -en esta legislatura hemos visto a la vicepresidenta sentarse con los cardenales; tanta púrpura en un lado como en el otro-, cuando estaba en la
oposición, en el año 2002, presentó una enmienda a una iniciativa parlamentaria de Joan Puigcercós, que entonces estaba en la montaña -estaba en el Grupo Mixto-, que Joan Puigcercós aceptó inmediatamente. Esta enmienda decía lo siguiente -fíjense,
lo decía la vicepresidenta en el año 2002-: Garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones, centros educativos y servicios públicos del Estado, evitando la promoción por cualquier medio de creencias o actividades religiosas y asegurando
en todos los centros educativos, incluidos los concertados, la libertad ideológica y de conciencia. Dos: Revisar en el marco de la presente legislatura -estaba ella en la oposición y gobernaba la derecha- los acuerdos suscritos por el Estado con
las diferentes confesiones para eliminar cualquier disposición que en su aplicación o interpretación pueda resultar contraria a los preceptos constitucionales.
Tres: Proponer las modificaciones legales oportunas para suprimir en el ordenamiento
jurídico todo tipo de discriminación o privilegio por motivos religiosos o confesionales. Bien, esta era la voluntad expresada por la vicepresidenta del Gobierno en el año 2002. Ahora ustedes están en el Gobierno, ya es su segunda legislatura -por
suerte están ustedes y no el Partido Popular-, y lo que les pedimos es que al menos no pongan puertas al campo si es que ustedes como Ejecutivo no se atreven. Porque, fíjense, el argumento de Felipe González y de Alfonso Guerra en los años 1983,
1984 y 1985 era: No podemos hacerlo porque enfrentaríamos a la ciudadanía. Esto lo decían en la década de los ochenta del siglo pasado, y ahora el señor Jáuregui ha dicho lo mismo. La verdad es que parece como si el reloj se les hubiera parado.
Ustedes también han sido víctimas de la COPE. ¿Se acuerdan de la Radio de las mil colinas de Ruanda? Pues, señorías, el de la COPE más o menos es el mismo discurso. Ustedes también han sido víctimas -los catalanes también-, y ustedes lo saben
porque han ido atizando el odio año tras año con el beneplácito de los obispos. Pues bien, como les decía, si ustedes no se atreven...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Acabo enseguida, señor presidente.
Decía que si ustedes no se atreven, al menos dejen que el Parlamento trabaje. Permitan con su voto que se apruebe la creación de una subcomisión, que el Parlamento español se abra a la sociedad. Vamos a recoger toda la información, todas
las sugerencias, incluso los conflictos que se dan en el seno de la sociedad española, y luego el Parlamento que libre al Poder Ejecutivo los resultados de esta Comisión para que ustedes, con el amparo de todo el Parlamento, puedan, de una vez por
todas -repito-, coger el tren de la historia y coger el tren de la modernidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Para la fijación de posición, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
La entrada en el juego político en innumerables ocasiones durante los últimos años por parte de la jerarquía eclesiástica, no ha contribuido a abordar este asunto de los acuerdos con la Iglesia con la suficiente serenidad, al menos esta es
la visión que tenemos en nuestro grupo. Las manifestaciones exageradas, los extremismos, la utilización de la fe para inmiscuirse en el juego político, es evidente que han existido, y en ese sentido la jerarquía eclesiástica no se puede decir que
haya actuado con una total lealtad y dentro del papel que le corresponde dentro de la sociedad en el Estado. Desde luego, nosotros también podríamos tener muchas razones para reaccionar virulentamente en contra de la jerarquía eclesiástica, incluso
proponer modificaciones radicales de rompimiento directo, por ejemplo, de los acuerdos. Recor
demos que en estos últimos años ha habido manifestaciones públicas, más de una, por parte de la Conferencia Episcopal, en las que se tachaba como ideología no aceptable y no compatible con un sentido católico de la vida el nacionalismo, y
más en concreto el nacionalismo vasco. Por tanto, a nosotros no nos faltarían razones en ese sentido, pero no nos confundamos, no vaya a ser que con el ruido -estas cosas requieren suficiente serenidad y, desde luego, sosiego a la hora de
enfrentarlas- ayudemos precisamente a ese sector antidemocrático de la Iglesia, porque evidentemente también hay otros sectores. El mismo día y en el mismo periódico, en concreto en El País, del lunes 26 de mayo, encontramos: El ala dura de la
Conferencia Episcopal impone intransigencia frente al Gobierno. No hay libertad religiosa. Se quiere declarar la muerte de Dios; y también encontramos en otro titular que un obispo como Uriarte recalca que la misión de la Iglesia es conciliadora.
Cuando hagamos estas cosas, hagámoslas de manera que propagandísticamente tampoco vayamos a ayudar a la parte más intransigente de la Iglesia. No se puede decir que en estos últimos años no se hayan dado algunos pasos en la adecuación de
las relaciones Iglesia-Estado. Se han dado pasos en el ámbito económico. Antes había que alcanzar una cifra mínima pactada con el Estado, y hoy día, en esta campaña de renta, las aportaciones voluntarias de aquellos ciudadanos que así lo
consideren conformarán la parte económica que vaya a ir a las arcas de la Iglesia española, pero no más, no una cifra suplementaria. Ha sido un paso.
Ha habido pasos que también se han discutido. Se hablaba en la proposición de sacar la asignatura de religión de la escuela. Ese debate ha existido y se ha dado en el Parlamento con motivo de la discusión de la Ley Orgánica de Educación.
Al final ha habido una mayoría parlamentaria a la que le ha parecido conveniente la presencia de la asignatura de manera voluntaria en el ámbito educativo. Y faltan otros, evidentemente. Fuimos nosotros también quienes denunciamos el tratamiento
de algunos profesores de religión por parte de la jerarquía católica. Se intentó subsanar en la LOE; creemos que existe un instrumento importante en la disposición adicional -si no me equivoco- tercera de la LOE, pero es verdad que sigue habiendo
un problema desde el momento en que la jerarquía católica quiere reinterpretar unilateralmente la legislación. En cualquier caso, la posición de nuestro grupo es que este asunto debemos abordarlo, primero, con serenidad y, si ha llegado ya el
momento, que quizás haya llegado ya el momento, no con unas modificaciones puntuales sino con una visión genérica. En ese sentido, el Gobierno ha anunciado la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y sería bueno conocer la opinión
del Gobierno exactamente en este punto y cuáles son los parámetros que se van a presentar en el Parlamento y, a partir de ahí, abrir una discusión amplia en el seno parlamentario. Nosotros no negamos que incluso podría ser posible una fórmula, como
la que se apuntaba por parte de Esquerra, de creación de una comisión, pero en la que se debatan estos asuntos con serenidad, sin demagogia y, sobre todo, no dando argumentos por las formas en las que se solicitan a veces este tipo de cuestiones
-esta vuelta a la discusión de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, del concordato- a los sectores más inmovilistas de la Iglesia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, con esta segunda iniciativa retomamos buena parte del debate que hemos tenido en la primera proposición no de ley de esta tarde sobre Estado aconfesional, laicidad y laicismo; Estado laico y laicismo.
Podemos afrontar esta
iniciativa del Grupo Mixto a partir de dos planos de debate notablemente distintos. Un plano de debate y de discusión a la luz de lo que podemos leer cada día en algunos medios de comunicación sobre sectores concretos de la jerarquía eclesiástica,
de la reflexión que ha planteado el señor Jorquera -y que me parece pertinente- sobre la propia función de la Iglesia y de la Iglesia católica en la sociedad, sobre una determinada presencia de la Iglesia y de la Iglesia católica en el debate
político concreto, sobre los posicionamientos de algunos sectores sobre el nacionalismo democrático, sobre la actitud de una cadena de radio determinada y sobre un radiofonista que se acerca a telepredicador frente al nacionalismo democrático.
Podríamos hablar de todo esto, pero creo que en el espíritu y en la letra de la proposición no de ley del Grupo Mixto no estamos para la coyuntura, no estamos para el comentario de periódicos, sino que estamos para lo que usted plantea, señor
Jorquera, con mucha más profundidad. Usted plantea un debate muy relevante, pero es un debate sobre el cual ya hemos fijado posición en la anterior intervención. Este es un Estado aconfesional. Este es un Estado en el cual los poderes públicos
deben tener -y creo que tienen- una actitud de respeto hacia una posición laica, pero este es un Estado en el cual no hay mandato constitucional ni posición de los poderes públicos a favor de una actitud laicista.
Hacía referencia a cómo terminamos la anterior legislatura. Terminamos la anterior legislatura con un debate en la Comisión Constitucional con comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno para hablar de las relaciones Estado-Iglesia.
Fue un debate interesante y un debate en el cual hubo una novedad, que dos diputados de la anterior legislatura, que también lo son en esta legislatura, el diputado señor Tardà y el diputado señor Herrera, manifestaron que ellos no eran partidarios
de un Estado laico, sino que eran partidarios de un Estado laicista, con una actitud activa a favor del laicismo. Esta tarde el
diputado señor Tardà se ha reiterado en su posición, hablando de la importancia de fomentar los valores laicistas. Pues bien, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es la del respeto al marco constitucional:
Estado aconfesional, respeto a la laicidad y repudio, evidentemente, de una actitud activa y proactiva de los poderes públicos para reducir el derecho individual de las personas a expresar -quien lo considere oportuno y de forma pública también- sus
creencias de carácter religioso. Si me permite, señor Jorquera, digo esto llevando el debate al extremo; no es como usted lo ha planteado, pero llevando el debate a los valores laicistas. ¿Deben desaparecer las religiones en la sociedad? Creo
que la respuesta es que no. Esto solo es posible en una novela de Ismail Kadaré en la Albania más recóndita de hace unos cuantos decenios. ¿Existe el hecho religioso? Sí. ¿Se debe respetar el hecho religioso? Consideramos que sí. ¿Debe haber
mecanismos de coordinación para que este hecho religioso también se respete en desarrollo de algunos servicios sociales, como puede ser la educación? ¿Debe existir la libertad de elección en materia de educación? Sí. ¿Cuando hablamos de escuela
concertada hablamos de escuela privada? No, hablamos de una escuela que se ha concertado con el sistema público y que forma parte del sistema público de educación, evidentemente sujetándose a las normas de un Estado aconfesional, pero también de un
Estado que reconoce el derecho a la libertad de educación.
El punto tres de la proposición no de ley que propone extender las relaciones de cooperación con otras religiones, afortunadamente es un punto que ya se ha consumado desde hace muchos años. El Estado español tiene convenios firmados con
otras confesiones religiosas. Y respecto al punto dos, que pide que se revisen los convenios para que por fin la Iglesia católica se someta a la ley y a los reglamentos vigentes, deberíamos decir que durante los últimos treinta años,
afortunadamente y de forma razonable, ha habido un sometimiento de las iglesias a la Constitución y a las distintas leyes. Por todo esto votaremos en contra de la literalidad del petitum de esta proposición no de ley, pareciéndonos oportuno el
debate que se ha suscitado esta tarde y coincidiendo en que últimamente determinados sectores de la Iglesia católica han tomado posiciones más propias de la acción política que de la acción religiosa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En las últimas legislaturas hemos tenido ocasión de debatir extensamente iniciativas similares. Presentadas por unos grupos o por otros, lo que pretenden en síntesis es, desde nuestro punto de vista, una mutación constitucional y convertir
el modelo de aconfesionalidad cooperativa definida en nuestra Constitución por un Estado laico en la acepción laicista. Para ello se parte de unas premisas a mi juicio erróneas, equivocadas. Por ejemplo, en el petitum de esta proposición no de ley
se afirma que los acuerdos deben subordinarse a los principios constitucionales, que es tanto como decir que no respetan los principios constitucionales; que deben adecuarse a la aconfesionalidad del Estado establecida en el artículo 16.3; que se
reformen los convenios administrativos firmados por el Gobierno y la Iglesia católica para que se adecuen a las leyes y reglamentos, es decir, para que se sometan al ordenamiento jurídico, y, por último, que bajo el principio de no discriminación e
igualdad de trato se extiendan esos acuerdos o marcos de cooperación establecidos con la Iglesia católica a otras confesiones o creencias religiosas en la medida en que estén presentes en el Estado español. Cualquiera que leyera este petitum,
diría: ¿En qué Estado de derecho vivimos? Si tenemos unos acuerdos con rango de tratado internacional, ratificados por esta Cámara, que tienen casi treinta años de vigencia y atentan contra los principios constitucionales, alguien diría: ¿Qué han
hecho los gobiernos y los poderes públicos durante esos treinta años para permitir semejante disparate? Si además resulta que esos acuerdos con la Iglesia católica no respetan la aconfesionalidad del Estado, es decir, el modelo de relaciones entre
la Iglesia y el Estado, se preguntarían: ¿Pero qué tipo de acuerdos son esos? ¿Y llevan ustedes así treinta años? Pero la perplejidad sigue cuando se dice: Reformen los convenios administrativos que en desarrollo de esos acuerdos han firmado
ustedes -entiendo que se estarán refiriendo, por ejemplo, a los relativos a los profesores de religión- para adecuarlos al ordenamiento jurídico, que llevan ya bastantes años de vigencia. Y uno diría: ¿El Gobierno ha firmado unos convenios
administrativos que son ilegales y que tienen más de diez años de vigencia? ¿Pero qué Estado democrático es este? Y, para acabar, dicen: Por cierto, no siga usted manteniendo esa desigualdad de trato y esa discriminación hacia las demás
confesiones y creencias religiosas y, por tanto, establezca usted unos marcos de cooperación con las demás que garanticen que no hay esa desigualdad de trato, que no hay esa discriminación. Por tanto, si de verdad la premisa de la que se parte para
llegar a esa conclusión fuera cierta, insisto, todos los que estamos aquí y todos los que nos han precedido aquí a lo largo de nueve legislaturas deberían hacer una seria reflexión. Este Estado debería reflexionar sobre si efectivamente este es un
Estado democrático, social y de derecho o es una broma. Evidentemente, no es una broma, lo que pasa es que las premisas de las que se parte son absolutamente falsas, son apriorísticas, son prejuicios ideológicos que, insisto, pretenden llegar a una
mutación constitucional desde unas premisas falsas. Sobre todo, quiero destacar esa apreciación en cuanto que no respeta los acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado, como ya se ha señalado reiteradamente, que entraron en vigor el 3 de
enero de 1979, con el preacuerdo de julio de 1976; no respeta la aconfesionalidad del Estado.
No da tiempo, evidentemente, ni es este el ámbito para teorizar acerca del concepto de aconfesionalidad, pero sí quiero decir que para mí el concepto de aconfesionalidad es sinónimo del concepto de laicidad -que no de laicismo, obviamente- y
que el Estado aconfesional definido en nuestra Constitución está tan alejado del Estado confesional como del Estado laico; pero hay que hacer una clara afirmación: y es que tanto el Estado aconfesional, como el Estado laico, como el Estado
confesional están en Europa y todos ellos son democráticos, por tanto, no hay incompatibilidad en ninguno de esos tres modelos con ser democrático. Lo que define a un Estado como democrático desde el punto de vista de las relaciones con las
iglesias, confesiones o creencias religiosas es que respete o no respete y garantice o no garantice la libertad religiosa. Y en Europa tenemos esos modelos. Estado confesional: Grecia, donde la Iglesia ortodoxa es la Iglesia oficial. Y fíjese
usted en el Reino Unido, donde la Reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana, por no hablar de las monarquías nórdicas, luteranas o calvinistas, que son monarquías parlamentarias democráticas y que son Estados confesionales. Estado
aconfesional: el Estado español. Estado laico, república laica por excelencia, el paradigma: Francia. Los tres son democráticos. Fuera de Europa tenemos estados que son laicos y no son democráticos porque no respetan la libertad religiosa, y el
ejemplo más emblemático es Turquía, que saben ustedes que su problema fundamental en orden a su incorporación a la Unión Europea viene precisamente por aquí, porque no respetan la libertad religiosa, porque es un Estado laico laicista que a
diferencia del francés, que es democrático, que respeta la libertad religiosa, este no la respeta. Y más allá tenemos otros ejemplos, como las monarquías o repúblicas islámicas, que son evidentemente laicistas y que no son democráticas porque no
respetan la libertad religiosa. Por tanto, tenemos todo tipo de modelos, pero en Europa lo sustantivo es que siempre, siempre se respeta la libertad religiosa.
Termino, señor presidente. Quiero decir que, además de esa aconfesionalidad a la que me he referido anteriormente como definidora de nuestro modelo de relaciones y de definición de nuestro Estado en orden al hecho religioso, la
aconfesionalidad implica neutralidad, que no indiferencia, del Estado ante el hecho religioso; neutralidad como garantía previa para el ejercicio de la libertad religiosa por parte de los ciudadanos. Por tanto, con tal actitud positiva y de
respeto hacia la libertad religiosa, puesto que se obliga desde la Constitución a cooperar con las iglesias, en particular con la católica y con las demás en la medida en que estén implantadas en el Estado español, nuestro modelo de relación es el
de la aconfesionalidad cooperativa, insisto, tan alejado del Estado laicista al que pretenden llevarnos como, desde otra perspectiva, del Estado confesional.
Por último, en cuanto a la desigualdad de trato y discriminación en relación con otras confesiones o creencias religiosas, como antes decía el señor Jaúregui, España es como es y es lo que es, y España no es el Tíbet; seguramente en el
Tíbet la Iglesia católica tiene una importancia descriptible, tanta como aquí puede tener esa confesión, por lo demás absolutamente respetable, faltaría más. Pero lo cierto es que los españoles son lo que son y el conjunto de confesiones religiosas
no católicas las comparten, según las encuestas del CIS mes a mes, no más del 1,5 por ciento de los ciudadanos españoles mayores de 18 años, mientras que cerca del 80 por ciento se definen mes tras mes como católicos. Por tanto, no podemos tratar
igualmente hechos tan determinantemente desiguales. ¿Se imagina, señor Llamazares, lo que sería...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz, tiene que terminar.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: ... que se tratara desde el Gobierno de manera igual a un partido que representara al 80 por ciento de los españoles que a los demás partidos que todos juntos representaran al 1,5 por ciento? ¿Eso sería
democrático? ¿Eso sería atender al principio democrático? Eso debe hacerse compatible con el respeto a las minorías, faltaría más, pero eso no es desigualdad de trato sino tratar de manera desigual lo que es desigual y tratar de manera igual lo
que es igual.
Termino, señor presidente, ahora sí. En este debate conviene alejarse de la tentación del fundamentalismo, también de la del fundamentalismo laicista, señor Tardà, que pretende imponernos su verdad a costa de la libertad. En el otro
extremo, los relativistas nos pretenden imponer su libertad a costa de la verdad; ustedes, la verdad, su verdad, a costa de nuestra libertad, y eso no es bueno para nadie, ni para ustedes, ni para nosotros, ni para la convivencia.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
A esta proposición no de ley que estamos examinando se ha presentado una enmienda de Esquerra Republicana respecto a la cual el señor proponente, el señor Jorquera, ha manifestado su aceptación a la Presidencia y se han presentado dos
enmiendas por parte de la señora Díez, a la primera de las cuales ha manifestado el señor Jorquera su aceptación y respecto a la segunda ha presentado una enmienda transaccional a la que daremos lectura una vez que fije su posición el Grupo
Socialista. Tiene la palabra el señor Quijano.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos aquí ante una iniciativa que no es nueva en su contenido. La cuestión que plantea, la revi
sión de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, ha sido objeto de frecuente debate en esta Cámara y, por supuesto, fuera de esta Cámara también desde hace tiempo y quizá especialmente en la pasada legislatura.
La posición del
Grupo Parlamentario Socialista que yo expreso en este momento es también la misma que hemos venido manteniendo a lo largo de la legislatura anterior. Se la indico de antemano. No somos partidarios de abordar el tema de la revisión de esos acuerdos
de esta forma y en este momento. Por tanto, no vamos a apoyar la iniciativa, sin perjuicio de las precisiones que haré a continuación.
Como ustedes saben, porque el tema fue objeto de especial polémica al final de la pasada legislatura, tal compromiso -el de la revisión de estos acuerdos- no está ni en el programa electoral con el que el Partido Socialista Obrero Español
ganó las elecciones ni en las prioridades del Gobierno establecidas en el debate de investidura, lo que no quiere decir -también quiero afirmarlo- que estemos cerrados al asunto, como luego manifestaré.
Déjeme que le diga también algo sobre el propio contenido de la iniciativa, de la proposición no de ley que estamos discutiendo, manejando datos estrictamente jurídicos porque yo creo que el texto tiene algunas apreciaciones que, cuando
menos, son matizables. Por una parte, tanto la exposición de motivos como el cuerpo de la proposición no de ley parecen partir de la premisa de la inconstitucionalidad de los acuerdos en cuestión o, al menos, de una sospecha fundada de dudosa
constitucionalidad. Como cualquier conocedor de la realidad jurídica española sé que ese asunto es opinable y que hay tesis fundadas en ambos sentidos. También sé, no obstante, que el Tribunal Constitucional -sin duda con matices- ha estimado la
constitucionalidad hasta el momento a partir del artículo 16 de la propia Constitución, especialmente en su párrafo tercero que, como saben, sentada la neutralidad aconfesional del Estado, establece también la obligación -por cierto, en términos
jurídicamente imperativos- de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica -la cita textualmente, como saben- y las demás confesiones. Algunas
sentencias del Tribunal Constitucional han sido bastante claras al respecto. Le recuerdo, por ejemplo, la sentencia 46/2001 y más recientemente -sentencia que me parece discutible, también se lo digo- la de 15 de febrero de 2007 precisamente en
materia de acuerdos sobre enseñanza. Por otra parte, la proposición no de ley propone fijar un nuevo marco de cooperación basado en la subordinación del mismo a los principios y derechos constitucionales o sujetar la actuación de la Iglesia -leo
textualmente- a las leyes y reglamentos vigentes. Lo cierto es que esos principios -la libertad religiosa y de culto, la no confesionalidad o neutralidad de los poderes públicos, el deber de cooperación, el sometimiento al ordenamiento jurídico y
el control jurisdiccional o impugnabilidad de determinadas decisiones eclesiásticas que causan efectos en la esfera civil- están vigentes en la Constitución y en las leyes de desarrollo; formalmente están vigentes.
Otra cosa distinta -y no
debiéramos confundirlo- es que determinadas decisiones, posiciones o declaraciones de algunas jerarquías de la Iglesia católica no nos parezcan razonables ni a usted ni a mí. Pero debemos distinguir los principios de ciertos comportamientos y
tratar cada cosa en sus justos términos y, si llega el caso, con la contundencia necesaria, por supuesto lejos de la beligerancia agresiva que no añadiría más razón a la que yo creo que ya tenemos en este asunto cuando avanzamos hacia espacios
mayores de laicidad tolerante. Eso incluso fortalece nuestra posición.
Finalmente, como se ha dicho hace un momento, piden también extender las relaciones de cooperación a las demás confesiones religiosas con presencia en el Estado español sobre la base de la igualdad de trato y no discriminación. Lo cierto es
que, como se ha dicho, desde el año 1992 se han celebrado acuerdos de este tipo al menos con las religiones islámica, judía y evangélica, como pudieran celebrarse otros.
Por tanto, la proposición no de ley es mejorable y esa es también una razón para no apoyarla en los términos en que está planteada la cuestión.
Sin embargo, le añado que las razones principales de nuestra posición tienen también que ver con
la oportunidad y con la lógica política. Por eso quiero reiterar que en absoluto estamos cerrados en la cuestión de la revisión de los acuerdos pero creemos también que al respecto debe tenerse en cuenta la dimensión exacta del tema. ¿Cuál es la
dimensión exacta? Pues, señorías, que estamos ante unos acuerdos que participan de la naturaleza de los tratados internacionales entre Estados a los que la Constitución, como se sabe, da un tratamiento especial en los artículos 93 a 96, derivando
de ahí también algunas especialidades en cuanto a su aplicación y en cuanto a su revisión. Por tanto, no es solo una cuestión de acuerdos en materias específicas -enseñanza, materias económicas o jurídicas- como los que ya existen y en los que, por
cierto, ya se han ido produciendo actualizaciones como las que tuvieron lugar en la pasada legislatura en materia económica o de enseñanza. No; es más, en esos acuerdos -o concordato, como tradicionalmente se le denominaba- hay esta otra
dimensión...
El señor PRESIDENTE: Señor Quijano, tiene que ir acabando.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Voy terminando.
Existe la dimensión de las relaciones internacionales o entre Estados, donde parece evidente que el Gobierno debe disponer de un margen legítimo de valoración de la oportunidad y de la correspondiente iniciativa para convenir o revisar,
siempre conectada al interés nacional. Por tanto, creo que debemos respetar ese margen flexible para que el Gobierno lo utilice con la prudencia conve
niente, con la determinación necesaria y en el momento oportuno, sin perjuicio obviamente de las competencias de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quijano.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Más aún -y termino definitivamente-, recientemente y en sede parlamentaria el Gobierno ha formulado su intención de proceder a una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Este seguramente deberá ser el
contexto en el que el asunto se pueda plantear de manera correcta. No adelantemos pues acontecimientos y respetemos ese margen en sus debidos términos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La proposición que acabamos de examinar, les decía, ha recibido una enmienda por parte del Grupo de Esquerra Republicana que el proponente ha comunicado a la Mesa su decisión de aceptar en sus propios términos y dos enmiendas de la señora
Díez, del Grupo Mixto, la primera de las cuales también se acepta por el diputado proponente y respecto de la segunda propone una enmienda transaccional, breve, que ruego al señor secretario que tenga la bondad de leer antes de preguntar a la Cámara
si acepta su tramitación.
El señor SECRETARIO (Beloki Guerra): Propuesta de transacción. Extender las relaciones de cooperación por parte del Estado a las demás confesiones religiosas con presencia en el Estado español en base a los principios de igualdad de trato
y no discriminación, estableciendo marcos de cooperación basados en el respeto a los principios y derechos constitucionales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Esta es la transacción presentada. Pregunto si hay algún grupo, señor diputado o señora diputada que se opongan a su tramitación. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.)
Señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, es para manifestar que nosotros, a la transacción, en los términos que se han leído, nos oponemos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
En esas condiciones, señor Jorquera, no puede aceptarse la enmienda transaccional, que exige la unanimidad de la Cámara. Por tanto, se votarán las enmiendas que estén vivas y las que ha aceptado S.S. en el texto que usted mismo había
propuesto.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DESTINADAS A CONTENER LA CRISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000004.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas destinadas a contener la crisis del sector de la construcción y su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo.
Para defender la moción tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la semana pasada se sustanció una interpelación de nuestro grupo basada en nuestra preocupación sobre la crisis del sector de la construcción y, sobre todo, su impacto en el crecimiento económico, la creación de
empleo y, añado, el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. Y es que la actual situación de crisis en el sector de la vivienda, y no voy a relatarla, a nosotros nos despierta preocupación por su efecto sobre dos colectivos. En primer
lugar, sobre los ciudadanos que buscan vivienda y que no están en situación de acceder a la misma en las condiciones de dignidad que nuestra Constitución les garantiza. Por desgracia, distintos factores se han sumado en estos momentos para que cada
día sea más difícil este acceso. Este es el primer colectivo y creo que toda la Cámara comparte esta preocupación. En segundo lugar, es evidente que los efectos de esta crisis se van a disparar también y van a hacer mella en los trabajadores del
sector.
Conocen ustedes perfectamente la importancia del sector de la construcción en nuestra economía y de modo muy especial en el empleo. Desde el año 2000 hasta ahora, el sector de la construcción ha creado más de un millón de puestos de
trabajo, de hecho ha aportado el 26 por ciento de los nuevos puestos de trabajo creados. En estos momentos, desgraciadamente, se están perdiendo; en el primer trimestre de 2008 se han perdido ya 44.400 puestos de trabajo. Por tanto, estos dos
colectivos, los ciudadanos que buscan vivienda y no la encuentran y los trabajadores del sector en riesgo de perder su puesto de trabajo, son a los que nos parece que nos debemos y para los que queremos encontrar algún tipo de medidas para hacer
frente a esta crisis económica.
Oímos con atención al ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno cuando hablaba de que era necesario un ajuste de precios y por consiguiente un ajuste del mercado y del sector. Estamos
absolutamente de acuerdo con esta apreciación del ministro. Sin embargo no creo que podamos confiar a ciegas en los mecanismos de mercado para lograr este ajuste sin más; hacer esto sería tanto como abandonar a estos dos colectivos, a los
ciudadanos que buscan vivienda y a los trabajadores del sector. Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una moción en la que figuran una serie de medidas de las cuales me gustaría mencionar algunas a sus
señorías.
En primer lugar, unas medidas de alcance inmediato, una serie de estímulos cuyos objetivos serían la defensa de los puestos de trabajo y favorecer el acceso a la vivienda. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues, por ejemplo, movilizando todos
aquellos stocks susceptibles de adecuarse a viviendas protegidas, es decir, consiguiendo que algunas de las viviendas libres -cuantas más, mejor- bajen de precio y puedan ser comercializadas como viviendas protegidas. Y que haya financiación
suficiente para ello. Una de las medidas más importantes que nosotros demandamos es que haya medidas complementarias relativas a la financiación de vivienda protegida, especialmente, tal como el señor Sánchez i Llibre dijo la semana pasada, con
relación a la ampliación de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial para la titularización de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda protegida en cualquiera de sus modalidades. La actitud abierta del
vicepresidente nos ha llevado a defender en nuestra moción un apartado en este sentido.
Lógicamente, nuestras medidas van también en otras líneas; por ejemplo, en el fomento de todas aquellas medidas que permitan que el subsector de la
rehabilitación alcance niveles mucho más elevados que los actuales.
Por decirlo de otra manera, que alcance estándares europeos, creando por consiguiente mucha más ocupación y evitando en la medida de lo posible el aumento del paro. Y para ser
capaces de construir aquellas viviendas protegidas que hacen falta, vamos a tener que coadyuvar también, con una serie de medidas, a que se movilice el suelo necesario.
Ahora, nuestra preocupación no es solo coyuntural sino estructural y creo que en estos momentos podemos compartir muy ampliamente, yo diría que con todos los sectores de la Cámara, que estamos ante una ocasión de oro para hacer posible estas
medidas de carácter estructural. ¿Por qué? Porque vamos a tener que definir un nuevo plan estatal de vivienda 2009-2012 y por tanto hay que dedicar todos los esfuerzos a hacer un buen plan, un muy buen plan, a concertar con las comunidades
autónomas y con la Administración local un muy buen plan. Y estamos a tiempo para ello.
Simplemente, un recordatorio: un buen plan de vivienda es aquel que necesita y que puede movilizar más recursos y esta puede ser una buena ocasión para pactar
este plan entre todas las administraciones.
El contenido de nuestra moción inicial era este; fue corregido por una enmienda de nuestro grupo y se presentaron también dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular. Quiero decirles que nuestro grupo ha llegado a un
acuerdo con el Grupo Socialista para transaccionar un texto que nos parece que recoge los puntos más sustanciales de nuestra enmienda y que, a la vez, va en línea con esta doble preocupación: medidas inmediatas y medidas de alcance estructural.
Por tanto, desde esta tribuna pido a todos los grupos que se sumen a esta enmienda, que de entrada faciliten su aceptación para poder ser votada, porque estoy seguro de que ello permitiría un buen trabajo que respondería a las necesidades de estos
colectivos.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Han presentado enmiendas los grupos Popular y Socialista. Para la defensa de la enmienda por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna a defender la enmienda de sustitución que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado a la moción consecuencia de la interpelación de Convergència i Unió destinada a contener la crisis en el sector de
la construcción y su impacto en el crecimiento y en la creación de empleo.
Señor Macias, he seguido con atención su intervención de hoy, el texto de su moción, igual que seguí el debate del miércoles pasado entre su compañero, el señor Sánchez i Llibre, y el ministro Solbes. Quiero decirle que desde el Grupo
Parlamentario Popular compartimos completamente su preocupación por el impacto sobre el crecimiento y el empleo de la crisis del sector de la construcción. Cómo no lo vamos a compartir si la semana pasada también debatimos una moción del Grupo
Parlamentario Popular, defendida por mi compañero Cristóbal Montoro, en la que proponíamos una serie de medidas para paliar y superar la actual crisis económica en materia de construcción y vivienda, pero también en materia del marco institucional,
de la estabilidad presupuestaria, del marco de financiación autonómico y local, de reformas en los ámbitos fiscal y laboral, del mercado de los servicios, de los precios, de las pymes -de las pequeñas y medianas empresas; por cierto, hay 400.000
pequeñas y medianas empresas que pertenecen al sector de la construcción-, de las infraestructuras, etcétera. Por cierto, señor Macias, ustedes no la apoyaron.
Quiero decirles también que nos preocupan tanto o más que la crisis en el sector de la construcción -tanto o más, digo- las dificultades por las que están pasando muchas familias españolas para pagar sus hipotecas, para llegar a final de mes
o para acceder a una vivienda. Y lo que sinceramente no nos dejó preocupados sino completamente asustados fue la posición del Gobierno. El Gobierno, el señor ministro Solbes, nos ha dejado en su intervención tres perlitas sobre las que creo que es
nece
sario reflexionar. La primera de ellas -y leo textualmente- es cuando dijo el ministro Solbes: Yo no soy partidario de impedir de forma artificial el ajuste que es imprescindible en la construcción. Voy a citar la segunda; dijo: no
olvidemos que ya disponemos de un esquema de protección social muy desarrollado a través del seguro y del subsidio de desempleo.
Y, refiriéndose a los parados, dijo: porque tendrán una compensación económica que permitirá seguir manteniendo un
razonable y digno nivel de vida. Y la tercera; en el Foro de la Nueva Economía dijo: la deducción de 400 euros agota el margen de maniobra del Gobierno para tomar medidas discrecionales. No es que creamos que el ministro Solbes se haya vuelto un
liberal ortodoxo de repente, sino simplemente que no puede, no sabe o no quiere hacer absolutamente nada para paliar los efectos de la peor crisis económica de los últimos quince años. Para el ministro -y ya lo he dejado claro- los 400 euros son
suficientes para superar la situación económica que estamos viviendo. El ministro Solbes quiere aplicar la misma receta socialista que ya aplicó en 1993: si hay crisis, que la gente se vaya al paro y cobre el subsidio de desempleo, que para eso
está. Es decir, ante la mayor crisis económica de los últimos quince años, el Gobierno ni está ni se le espera. Yo sé que el euribor no lo fija el Gobierno y también sé que tampoco fija el precio del barril de petróleo, pero para eso precisamente
es para lo que están los gobiernos de la nación, para adoptar medidas diferentes en situaciones diferentes.
Sin duda, la pasividad o la incapacidad del Gobierno son indignantes.
Señor Macias, compartimos su preocupación pero diferimos en su diagnóstico y en su tratamiento, y por eso hemos presentado la enmienda de sustitución que ahora defendemos. En primer lugar, la crisis por la que atraviesa el sector no está
motivada por la ausencia de demanda; hay muchos ciudadanos que desean y necesitan acceder a una vivienda, por lo tanto, hay una fuerte demanda y hay también oferta. Lo que ocurre es que la financiación para acceder a las viviendas, los préstamos
hipotecarios, es escasa, muy cara y con una altísima incertidumbre sobre su evolución.
Por eso nuestras propuestas persiguen revitalizar el mercado hipotecario, proteger a la familia frente a los tipos de interés y adoptar medidas para que las
familias más necesitadas, en situación de desempleo o de incapacidad laboral, no pierdan las viviendas que habitan y que constituyen su hogar familiar. Y volvemos a pedir hoy también, por enésima vez, el incremento de la deducción por adquisición
de vivienda habitual y que el pago de la hipoteca se tenga en cuenta a la hora de calcular las retenciones sobre las rentas del trabajo.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, tiene que ir acabando.
El señor MATOS MASCAREÑO: Voy terminando, señor presidente.
En segundo lugar, en España hay suelo calificado para vivienda protegida suficiente para su desarrollo. Lo que ocurre es que no se desarrolla y, cuando lo hacen, se incorpora al mercado a precios inasequibles. Por eso proponemos reformar
la financiación local y dotar a los ayuntamientos de capacidad financiera suficiente para impulsar su desarrollo, pues ello permitiría establecer unos objetivos mucho más ambiciosos para la construcción de vivienda protegida. En tercer lugar,
proponemos la rebaja de todos los impuestos que gravan la vivienda si queremos bajar su precio, y también medidas anticíclicas, como son una aceleración en el inicio y en la ejecución de los proyectos de inversión previstos por todas las
administraciones públicas, para compensar la pérdida de peso del sector de la construcción residencial.
Por parte de Convergència i Unió se nos ha pasado una propuesta que, según ha dicho don Pere Macias, recoge los puntos fundamentales de su enmienda.
Señor Macias, no vamos a aceptar que se debata o que se tramite esta transaccional. Y le
vamos a hacer un favor a usted, porque esta no es su moción, esta es exclusivamente la moción del Partido Socialista, en la que usted -no sé por qué- ha renunciado a todos sus planteamientos, a todas sus iniciativas, que por lo menos decían algo.
Esta es una moción que no hace sino difundir, prever, analizar y evaluar; con eso no se resuelve el sector de la construcción ni el acceso a una vivienda que necesitan los ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Fuentes.
La señora FUENTES PACHECO: Gracias, señor presidente.
Señor Matos, me gustaría haber visto esta tarde en la Cámara que, cuando el resto de los grupos políticos llegamos a un acuerdo, cuando estamos hablando con otros grupos políticos y estamos fundamentalmente preocupados por tres cosas: por
los ciudadanos, por los trabajadores y principalmente por que haya una política de vivienda, una política de vivienda que englobe todas y cada una de las actuaciones que se están llevando a cabo, usted, no solamente no vota a favor de ella, sino que
impide que se tramite. Por supuesto, ya lo demostró el señor Solbes en la interpelación que hacía CiU. Nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando en este país, pero sobre todo estamos preocupados por los ciudadanos. Ustedes,
fundamentalmente, están preocupados por los empresarios, porque sigan ganando dinero de forma masiva, pero no porque los trabajadores lo hagan en mejores condiciones ni porque los ciudadanos tengan garantizado el derecho a la vivienda. En esta
actitud, en la actitud de poner en marcha los estabilizadores automáticos de la economía es en la que está
el Partido Socialista y es la que CiU demostraba esta tarde, cuando habíamos llegado a una negociación en la que aceptaban la enmienda del Grupo Socialista. Por muchos motivos. El primero es que estamos dispuestos a hablar y a ver cómo
podemos solucionar entre todos la situación existente, pero, por supuesto, reconociendo lo que el Gobierno socialista, y a diferencia de lo que hizo el Gobierno del Partido Popular, ha hecho en la última legislatura. Y es que el Plan de Vivienda
2005-2008 hizo que se gastasen 1.300 millones de euros. Además, este Gobierno está trabajando con todos los sectores -empresarios, sindicatos, ayuntamientos, comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias-, para hacer un
plan que solvente la situación, el plan 2009-2012. Frente a eso, hemos visto cómo usted en esta Cámara no aportaba nada, solamente una crítica.
En otro orden de cosas, tenemos que decir que además hemos pasado de que los fondos ICO tengan 2.000 millones de euros a alcanzar un total de 5.000 millones de euros. Por supuesto que estamos preocupados por la economía, pero
fundamentalmente por la economía de los ciudadanos. No se pueden construir 800.000 viviendas cada año, viviendas que luego no se puedan vender. El Gobierno socialista ha demostrado que desde el día 18 de abril está tomando medidas económicas,
medidas para apoyar la rehabilitación de la vivienda, para modificar incluso -ampliándolo al máximo- el concepto de rehabilitación de viviendas y permitir que sea el 7 por ciento de IVA el que se aplique, medidas para apoyar fundamentalmente que el
sector inmobiliario construya viviendas protegidas y que beneficie a todos los ciudadanos, sobre todo a aquellos que tienen menores recursos. Se están tomando medidas para que el stock de vivienda existente actualmente salga al mercado y que se
solvente este grave problema.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda con este triple objetivo: favorecer a los trabajadores, a los ciudadanos y, cómo no, a los empresarios, por las redes que estos llevan. Proponíamos lo siguiente: fomentar la difusión de todas
las medidas aprobadas relacionadas con el sector de la vivienda, en especial de las recientemente adoptadas, con objeto de permitir su máximo aprovechamiento por parte de los promotores y, cómo no, de los beneficiarios de las mismas; analizar las
medidas para favorecer la recolocación de trabajadores del sector de la construcción así como las acciones de inserción laboral y formación profesional; y estudiar medidas complementarias dirigidas a promocionar la rehabilitación de viviendas.
Ante la próxima Conferencia Sectorial de Vivienda y la futura elaboración del plan de vivienda, considerando las posibilidades presupuestarias y el necesario juego del propio mercado, deberían analizarse todas aquellas iniciativas que faciliten el
ajuste entre la oferta y la demanda. Para ello, es necesario la puesta a disposición del suelo público disponible para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección; la vivienda protegida y su sistema de financiación, que
contemple la coyuntura actual; la rehabilitación y, en particular, el impulso del Plan Renove de vivienda para favorecer la calidad de las viviendas, la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios. Por último, el mercado de vivienda
en alquiler, favoreciendo el acceso de los jóvenes a la vivienda y la figura del alquiler en opción de compra; estudiar la posibilidad de adoptar medidas complementarias relativas a la financiación de vivienda protegida, en particular, la
ampliación de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, para la utilización de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda protegida en cualquiera de sus modalidades.
En suma, señor Macias, estábamos de acuerdo en cuáles eran los objetivos y habíamos llegado a un acuerdo sobre las medidas a poner en marcha para solucionar un problema que nos preocupa a todos. La actitud del Grupo Popular demuestra que
están en esta Cámara exclusivamente para hacer oposición al Gobierno y no para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fuentes.
Para fijar posición, Grupo Parlamentario Mixto. ¿Van a dividir el tiempo? (Asentimiento.) Pues por la mitad del tiempo, dos minutos y medio, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para posicionarnos en una moción que nos parece interesante, en tanto que trata el tema de la construcción y el del sector inmobiliario, que nosotros entendemos que son dos problemas diferentes, aunque parezcan el mismo. El
problema inmobiliario se debe a que hay una oferta en el mercado a la que la demanda no puede acceder. En esto discrepamos con lo que acaba de comentar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sobre que no puede acceder por difíciles
condiciones hipotecarias. Nosotros creemos que la dificultad para acceder a la oferta del mercado inmobiliario radica en que los precios de esta oferta no están sustentados en el valor real de la vivienda, sino en el valor especulativo. De ahí que
nos parezca bien que en la próxima Conferencia Sectorial de la Vivienda se trabaje y se llegue a acuerdos en la elaboración del nuevo plan, que permitan resolver o por lo menos afrontar el problema de la vivienda, incluso pudiendo llegar a que
viviendas de iniciativa privada que ya existen puedan acogerse a la consideración de vivienda protegida, es decir, con precio tasado, y que las personas puedan acceder a ellas, evidentemente, con las ayudas que después tendría la demanda.
Nos parecen también positivas las propuestas que se hacen por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las que acaba de defender el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la reco
locación de los trabajadores del sector de la construcción, porque resolver el problema inmobiliario significará en lo inmediato que se seguirá construyendo con la misma voracidad con que se estaba haciendo hasta ahora y por tanto nos parece
que va a ser necesaria esa recolocación. Otra cuestión que nos resulta interesante de la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es que en toda la moción es palpable, está clarísimo, que las competencias en materia de
vivienda son de las comunidades autónomas y que por lo tanto los acuerdos tendrán que hacerse en la conferencia sectorial, porque si no es imposible que las competencias en esta materia sean respetadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de nuestro grupo, que es de apoyo a la iniciativa planteada por Convergència i Unió, tanto en la fórmula de la moción inicialmente propuesta como en la fórmula transaccional, que al
parecer no se podrá votar. Tenemos que apoyar las iniciativas que se presentan, puesto que se trata de poner en marcha las políticas ya aprobadas y la revisión de los acuerdos en función de las circunstancias actuales en el marco de la negociación
de las comunidades autónomas. Lo hacemos desde la responsabilidad y también desde la valentía de representar en esta Cámara a un grupo, Coalición Canaria, que en su política de vivienda en Canarias ha impulsado de una manera notable el acceso a la
vivienda de los más desfavorecidos y sobre todo ha impulsado políticas novedosas y valientes en el tema de la vivienda.
Desde la perspectiva de un grupo que, como digo, ha hecho sus deberes en la Comunidad Autónoma de Canarias, vamos a apoyar esta moción. No solo por el planteamiento que se hace sobre reubicación y formación de los trabajadores, sino también
por un tema importante: sin suelo no hay vivienda. En Canarias estamos en estos momentos con una Ley de Medidas Urgentes que va a posibilitar que se ponga a disposición suelo, para que se puedan construir las viviendas necesarias para afrontar el
déficit existente. Como bien decía el portavoz del Grupo Popular, no es un problema exclusivamente de que falte demanda; al contrario, existen familias que quieren acceder a esas viviendas, pero quizás en este momento no lo pueden hacer por la no
disponibilidad de suelo útil para poder ejecutarlas. Por tanto, Coalición Canaria, como es lógico, va a apoyar esta moción, tanto el texto original como, si fuera posible -¡ojalá lo fuera!, en aras del consenso, la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Para fijar posición por parte del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario tiene una discrepancia de fondo con respecto a la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Parece que no hemos entendido la naturaleza de la crisis que vive nuestra economía y que
vive el sector de la construcción, porque da la impresión de que para algunos grupos parlamentarios, en este caso para el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, se trata únicamente de pasar una crisis cíclica a través del apoyo y del fomento
por parte del sector público, para volver de nuevo a la actividad perdida del sector de la construcción, recuperando con ello también el índice de crecimiento del conjunto de nuestra economía.
Nosotros creemos que la cuestión no es esa. Creemos que, además de una crisis provocada por la situación internacional, tenemos una crisis propia, una crisis de nuestro modelo económico y una crisis también de nuestro modelo de
construcción, de un modelo de construcción especulador, que no es viable con la construcción de 900.000 viviendas anuales. Eso ha sido, pero no será y en todo caso no debe ser. Debemos tomar las medidas para evitar, para paliar los defectos de la
crisis en la construcción, pero también para cambiar el modelo de desarrollo, porque si no volveremos a un modelo especulador que devora territorio, a un modelo injusto, con empleos precarios y con alta accidentabilidad laboral, y a un modelo
insostenible. Y nosotros no queremos eso ni para la construcción, ni para los trabajadores de la construcción, ni para nuestro país. Por lo tanto, discrepamos de las propuestas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que de forma muy
resumida nos propone prácticamente las medidas del actual Plan de Vivienda, pero más fuertes; dos huevos duros más. Por un lado nos propone las medidas del decreto Solbes, que en algunos casos nosotros hemos considerado insuficientes y en otros,
erróneas, y, por otro, nos propone iniciativas que hemos rechazado, por ejemplo en la Ley de Hipotecas. Nosotros no consideramos que en estos momentos lo que digan y quieran los promotores o lo que diga y quiera la banca sea la solución al
problema. Quienes han obtenido los mayores beneficios durante el periodo de crecimiento no pueden pasar ahora la pelota al sector público, no puede ser ahora el sector público el hospital de las empresas que han crecido y han obtenido importantes
beneficios a lo largo de todo este periodo. Por otra parte, tampoco estamos de acuerdo con la desfiscalización que se propone en las iniciativas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pues no sabemos muy bien cómo soluciona la
contradicción de reducir la presión fiscal y los ingresos fiscales con pretender al mismo tiempo que el sector público ejerza un efecto anticíclico en este
periodo de crisis del sector de la construcción y de nuestra economía en general.
Nuestras propuestas son muy diferentes y por eso no vamos a respaldar esta iniciativa. Nosotros creemos que hay que proteger y reorientar el empleo y para ello hemos propuesto una cantidad muy superior a la del Gobierno.
En nuestra opinión
hay que invertir fundamentalmente en vivienda pública, pero sobre todo hay que elaborar un plan de choque en materia de rehabilitación de viviendas y hay que cambiar el modelo por un modelo de desarrollo sostenible. Para ello hay que tener medios y
capacidad pública; a través de regalos y de cheques regalos como los 400 euros, no es posible tener medios ni intervención pública ante la crisis. Por esas razones no vamos a respaldar la iniciativa de Convergència i Unió.
Siguiendo con el clima
de las iniciativas anteriores sobre la jerarquía eclesiástica, tampoco vamos a apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que, en términos castizos, es agua bendita.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para fijar su posición por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna a fijar la posición de mi grupo, el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, si bien no sé exactamente sobre qué (Risas.), si sobre la moción original presentada por Convergència i Unió con dieciséis puntos o
sobre la enmienda transaccional que se nos ha presentado como aquella que al parecer iba a ser votada. Este es el momento en el que al menos este representante del Grupo Vasco no sabe qué es lo que finalmente va a ser votado. En todo caso, quiero
aclarar que mi grupo iba a votar que sí a la moción original de Convergència i Unió; que mi grupo iba a votar que sí a la enmienda transaccional, y que iba a añadir que iba a votar que sí a ambos a pesar de que las dos mociones son notablemente
distintas. En los minutos que restan intentaré explicar por qué sí a ambas mociones y también intentaré explicar la diferencia.
Una auténtica política de vivienda con más fondos, acompañada de políticas activas de empleo dirigidas específicamente a los afectados por la crisis del sector y medidas orientadas a que la crisis del sector no pase, en la medida de lo
posible, a afectar a otros sectores. Esos -nos dijo el señor Sánchez i Llibre con motivo de la interpelación urgente- eran los objetivos de su grupo, los que se había fijado a la hora de presentar la interpelación urgente la semana pasada, esos
iban a ser también los principios que iban a orientar la moción que iba a presentar ésta, y así ha sido. Es imposible no estar de acuerdo con esos objetivos y con esas intenciones.
De la lectura detallada de cada uno de los dieciséis puntos de la moción podría decir -mi grupo diría- que más matices cabe añadir al contenido preciso de cada una de las medidas que se proponía, a pesar de que globalmente, como he dicho, mi
grupo iba a votar favorablemente. Como posición general de mi grupo respecto a estas medidas diré que no tenemos inconveniente en que el Gobierno central a través del Ministerio de Vivienda, una vez que ha decidido volver a crear este ministerio
-tema que sí nos parece más objetable o discutible- después de los cuatro primeros años de vida democrática del mismo, en una segunda legislatura dedique a los temas de vivienda una cantidad notablemente superior a la que venía dedicando. No
tenemos inconveniente en que establezca determinados criterios básicos en los que invertir estos dineros. Tampoco tenemos mayor inconveniente en que establezca determinados aspectos fiscales en este caso teniendo en cuenta que hay dos fiscalidades
que se separan de la fiscalidad general, que son la de Navarra y la de la Comunidad Autónoma del País Vasco -no figuraban explícitamente como excepciones en la moción de CiU, pero las damos por sobreentendidas-. No teníamos objeción a que la
Administración central en el ámbito de sus competencias estableciera determinadas políticas para la recolocación o -como se quiera decir- reconversión de los trabajadores de la construcción, teniendo en cuenta que también aquí hay situaciones
distintas respecto a ámbitos competenciales que en unos casos han sido ya transferidos y en otros, no. En lo que no teníamos ningún inconveniente era en el punto 12, donde se decía que el patrimonio del Estado se debía comprometer de verdad y en
serio, que había que poner a disposición de políticas de vivienda, especialmente para la vivienda de protección especial, bienes adscritos a los ministerios de Defensa e Interior. En todo esto no teníamos mayor inconveniente porque la moción tenía
dos puntos primeros que para nosotros eran esenciales y es que existe una lógica competencial que a la hora de definir las políticas y de implementarlas debe ser tenida en cuenta en todo momento. Esa es la lógica competencial que recogían de alguna
forma los puntos 1 y 2 de la moción de Convergència i Unió. Lo digo sinceramente. Si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos redactado esos dos puntos, el cedazo habría sido notablemente más estrecho, más riguroso, para que el ámbito
competencial sea respetado con mayor rigor. Las fórmulas que había propuesto Convergència i Unió nos parecían aceptables. Por estos motivos íbamos a votar que sí a la moción de Convergència i Unió y, si es la que se va a votar, votaremos a favor.
Vamos a votar también a favor de la que se ha presentado como transaccional porque sustancialmente los objetivos de ambas mociones son los mismos. Respecto a las medidas que se proponen en este caso son más genéricas, es más difícil estar
contra ellas. La mayor objeción reside en que ha desaparecido la explicitación competencial. Nos fiamos de Convergència i Unió en
que, habiendo llegado al pacto que ha alcanzado con el Grupo Socialista, a la hora de la implementación estará atento, como lo estará mi grupo, para que el ámbito competencial sea respetado estrictamente. Si finalmente se vota esta segunda
moción transaccional la votaremos a favor, a pesar de que -insistimos- es mucho más genérica, tiene menos medidas precisas y, sobre todo, ni siquiera alude al título competencial. Basados en la confianza en el grupo que ha pactado con el Grupo
Socialista, si finalmente se vota esta enmienda transaccional, también la votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
A los efectos de ordenar la votación le pregunto, señor Macias, si acepta alguna de las enmiendas que son susceptibles de ser aceptadas. La transaccional no puede ser objeto de tramitación por haberse opuesto el Grupo Popular. En
consecuencia, le pregunto si acepta la propia autoenmienda del Grupo de Convergència i Unió, la enmienda del Grupo Socialista y la del Grupo Popular. Debe pronunciarse sobre si acepta alguna o todas esas enmiendas.
El señor MACIAS I ARAU: Como parece que no hay reconsideración, nuestro grupo no va a aceptar la enmienda del Grupo Popular y, en cambio, va a aceptar la de sustitución del Grupo Socialista, toda vez que ha habido un avance importante en
las conversaciones y nos parece que, más allá del texto concreto que se vaya o no a aprobar, hay una voluntad que apreciamos.
El señor PRESIDENTE: ¿Y su propia autoenmienda?
El señor MACIAS I ARAU: La nuestra decae.
El señor PRESIDENTE: Es decir, no acepta su propia autoenmienda, pero sí la del Grupo Socialista. En esos términos se votará en su momento.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ENERGÍA. (Número de expediente 173/000005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre energía.
Para su defensa tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, consciente de la enorme importancia que tiene la energía y su regulación tanto en la vida diaria de los españoles como en su economía y en la competitividad del
conjunto del país, presenta esta moción consecuencia de la interpelación urgente llevada a cabo sobre la energía la semana pasada. Conocido es de SS.SS. que próximamente el Gobierno tendrá que decidir sobre las tarifas eléctricas según lo
propuesto hace pocas fechas por la Comisión Nacional de la Energía y que se van a alcanzar niveles de subida que van desde el 20, al 11,3 ó al 7 por ciento, según diferentes escenarios y precios que, en las simulaciones llevadas a cabo por el órgano
regulador, le ha ofrecido al Ejecutivo. No perdamos de vista que a comienzos de este año los precios energéticos subieron ya un 3,3 por ciento y que a finales de este mismo año tendrán que hacerlo de nuevo en base a la actualización del resto de
las tarifas y de los costes que la misma contempla. No nos olvidemos tampoco de que, mientras con el Partido Popular los precios de la electricidad bajaban entre 1996 y 2004 o se mantenían por debajo de la inflación, con el PSOE los precios suben
y, además -lo que a nuestro juicio es mucho más grave-, se vulneran derechos adquiridos. Estamos hablando de la supresión de la tarifa nocturna, la 2.0, o de la G4 para grandes consumidores. Por todo ello, nos oponemos a estas subidas
especialmente en estos momentos de crisis, una crisis de empleo, una crisis que se materializa también en una pérdida de poder adquisitivo de los salarios por la elevada inflación, el 4,2 en tasa interanual, o los elevados tipos de interés y por
suponer un engaño a la vista de lo que manifestaron los distintos responsables del Ministerio de Industria en la legislatura pasada y el propio presidente del Gobierno justo antes de las elecciones. Cuando el ministro, señor Clos, propone una
subida del 10 por ciento, Presidencia del Gobierno dice que cualquier elevación por encima del nivel de precios no es posible porque, en aquellos momentos y según Presidencia del Gobierno, se alentaba mayor inflación y, al mismo tiempo, no era
razonable. Lo que no era razonable hace dos trimestres se ha convertido en razonable para el actual ministro de Industria, la propuesta del 11,3 por ciento no le causa dificultad alguna y el propio presidente añade que lo que hay que hacer
únicamente es razonar esta subida.
La subida que el Gobierno proponga va a generar unos problemas enormes tanto para los consumidores, para los más de 20 millones de consumidores, como para las empresas. El Gobierno tiene que ser sensible a cómo la subida de la energía va a
dificultar de manera notable, si no promueve deslocalizaciones, la competitividad en nuestras empresas. Están muy bien las declaraciones del señor Solbes cuando anuncia que la tarifa tiene que reflejar los precios y los costes de producción de la
energía. Ese es un buen principio, pero como este Gobierno no ha llevado a cabo ninguna política que sirva para anticiparse a los problemas que ya se venían anunciando en la economía española a lo largo de la última legislatura, vamos a ocasionar
importantes y graves problemas para todos. Solicitamos al Gobierno que no apruebe las peticiones y las propuestas que la CNE formuló y que remita a la propia CNE un plan con su política energética en donde se establezcan cuáles van a ser las
necesidades reales de la economía española y con el que las empresas puedan conocer a medio y a largo plazo cómo van a tener que estructurar sus procesos produc
tivos. Reclamamos que no se genere más incertidumbre, que no se mantengan las contradicciones y que se mantenga la tarifa nocturna para los 1,1 millones de usuarios, actuando del mismo modo en el que acaba de hacerlo el Ejecutivo, que ha
pasado bastante desapercibido hasta para los afectados. El día 18 de marzo de 2008 el Gobierno incorpora una disposición adicional al Real Decreto 871/2007, de las tarifas horarias, que viene a decir que no se le cobrarán a los usuarios las nuevas
tarifas de conexión. Pedimos que se actúe en el mismo sentido, que la normativa existente se perfeccione no penalizando a los que habían contratado la tarifa nocturna porque, por término medio, habían invertido 3.500 euros.
Más de un millón de
usuarios tienen unos derechos que se están vulnerando, se han perdido las inversiones realizadas y, lo que es más grave, las modificaciones propuestas no tendrán los resultados que anticipaban el otro día el ministro y el propio presidente del
Gobierno.
Se le obliga al usuario de la nueva tarifa horaria a contratar la potencia más elevada y, al mismo tiempo, se penaliza el consumo en hora punta, que antes era solo de un 3 por ciento y que ahora alcanzará hasta el 35 por ciento. Por este
motivo pedimos, en primer lugar, que se mantenga -repito- este tipo de tarifa. En segundo lugar, que se dé un plazo más elevado a las empresas que utilizan de manera intensiva la energía eléctrica en la factura G4. ¿Para qué? Para que no tengan
que deslocalizarse fruto de esta elevación tan notable de los costes energéticos. Por último, pedimos la elaboración de un plan a medio plazo que recoja todas y cada una de las singularidades que en materia energética reclama la economía española.
El Gobierno tiene que rectificar y tiene que asumir que las directivas europeas no pueden ser la excusa de que los consumidores por una parte y las empresas por otra tengan que soportar en estos momentos de crisis económica, de empleo, esta
elevación tan espectacular de las tarifas eléctricas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Quisiera empezar explicando algunas verdades como puños. Hoy el problema que tenemos en el modelo eléctrico se debe al contexto que marcó la Ley del Sector Eléctrico, también conocida como Ley Piqué, una ley pensada en un escenario de
precio de los carburantes a la baja; una ley pensada para dar un instrumento, el déficit tarifario, que primaba el consumo y beneficiaba claramente a las empresas de generación eléctrica; una ley que, si ustedes me lo permiten, tenía todo lo
perverso de la protección con el déficit tarifario y en cambio no permitía que el mercado operase en un sector como el eléctrico. Eso supuso, como ustedes saben, que durante años el precio de la electricidad bajase, y eso supone que hoy en España
esa Ley del Sector Eléctrico, la Ley Piqué, continúe vigente, habiéndose renovado en la última legislatura, teniendo seguramente el mercado más desregulado de toda Europa pero con los máximos beneficios para las eléctricas, con esa herramienta que
es el déficit tarifario que no permite instrumentos mínimos de planificación. La paradoja está en que, como ustedes saben, en el último ejercicio, después de las energías renovables, la producción eléctrica que más ha subido es la electricidad
producida por carbón de importación; absolutamente sorprendente este dato ya que supone que España es más ineficiente ambientalmente, que emite más emisiones de gases de efecto invernadero, pero, eso sí, que las eléctricas salen muy beneficiadas
porque no existe instrumento de planificación alguno.
En este contexto nos llega la moción del Partido Popular; una moción a la que hemos presentado enmiendas, porque entendemos que lo fácil ahora es apuntarse a que no se pueden subir los precios de forma indiscriminada, cosa con la que
nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo, pero lo que hay que hacer es elaborar un diagnóstico mínimamente riguroso. Y ante esta propuesta del Partido Popular, que no nos gusta porque la encontramos excesivamente fácil incluso con
algo de populista, tampoco nos vale con el ir tirando que nos plantea el Gobierno, con el ir haciendo que nos dice el Gobierno, con una Ley del Sector Eléctrico pensada en el año 1997 que tiene un marco absolutamente desregulado, que no permite
instrumentos de planificación y que lleva a disparates como el que pasó en el último ejercicio en el sector eléctrico. Por eso hemos presentado esta enmienda de sustitución. Es una enmienda en la que decimos, en primer lugar, que en seis meses el
Gobierno tiene que presentar una ley de ahorro y eficiencia; una ley que haga que uno de los países más ineficientes de toda Europa en materia energética tenga simple y llanamente una estrategia de ahorro y eficiencia, que parte del precio de la
luz se destine a esa estrategia y que en el mercado compitan no solo generadores de electricidad y distribuidores sino empresas que ofrezcan servicios de ahorro, como existen en Estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Se trata, por tanto, de
hacer una política moderna, entendiendo que la electricidad es un bien escaso, que tiene que haber una planificación mínima, puesto que ese ultraliberalismo que propugnó el Partido Popular intervenido con el déficit tarifario hoy no es lo que
necesitamos con un bien escaso, que es el energético, y un bien con impacto ambiental.
Segundo elemento. Decimos que en seis meses se realicen los trámites necesarios para tramificar precios de electricidad, porque lo que necesitamos hoy es que se primen los consumos básicos, que se beneficien, que
no resulte más oneroso el precio de la luz para aquellos consumos elementales, pero que se castiguen, que se penalicen los consumos suntuarios para introducir estrategias de ahorro y eficiencia en los hábitos domésticos así como en los
industriales, aunque seguramente ya se hace. Eso es posible hacerlo en poco tiempo.
En tercer lugar, que se supriman los incentivos en las tarifas de transmisión y distribución que aumenten innecesariamente el volumen de energía distribuida o transmitida, cosa que es absolutamente razonable y que se está haciendo en la
mayoría de los países de la Unión Europea; que se implanten el 1 de enero de 2010 los contadores que permitan esa tramificación de la electricidad y de sus precios, cosa que es factible y posible si hay voluntad política. Por último, que con el
Real Decreto número 871, de 29 de junio de 2007 se adopten medidas para que el usuario no asuma todos los costes de la desaparición de la tarifa nocturna. Lo que está claro es que el presidente del Gobierno se comprometió en un discurso genérico,
pero esa realidad no se traslada a esas inversiones que hicieron aquellos que hoy son consumidores de esa tarifa. Pensamos que el diagnóstico tiene que ser global.
Acabo ya, señor presidente, diciendo que este es el sentido no solo de nuestra enmienda sino también de nuestro discurso. Ustedes desaprovecharon una oportunidad en la legislatura anterior. Pactaron con PP y con Convergència i Unió la Ley
del Sector Eléctrico. Desaprovecharon esa oportunidad porque se continuaron situando en un marco que a mí me parece bastante tramposo: mercado liberalizado y, a la vez, intervenido con el déficit tarifario. Pues bien, en esta legislatura tienen
una oportunidad, que es cambiar de marco, y el marco tiene que ser con instrumentos de planificación, con estrategias de ahorro, con una proposición de ley que hemos presentado en el Congreso trabajada con Greenpeace, Ecologistas en Acción,
Comisiones Obreras, Adena; en definitiva, con una estrategia que cambie la política en materia energética. Creemos que eso es lo que hay que hacer, dar una respuesta inmediata al problema de aquellos que tienen esta tarifa nocturna y que
invirtieron bastantes miles de euros en los últimos años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Para la defensa de su enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de sustitución a la moción del Grupo Parlamentario Popular basándose en dos consideraciones importantes. En primer lugar, porque es inadmisible que el Gobierno,
el ministro de Industria, haya hablado en distintos medios de comunicación de un incremento de los precios de la luz, tanto doméstica como industrial, en unos porcentajes que hemos considerado -y nos hemos manifestado en esta dirección-
impresentables, sin haber tenido la sensibilidad de presentar los citados incrementos de la tarifa de la luz en una comparecencia urgente en la Comisión de Industria para que todos los grupos parlamentarios pudiéramos apreciar sus manifestaciones y,
al mismo tiempo, posicionarnos al respecto. Hemos presentado esta enmienda porque consideramos una frivolidad del Grupo Parlamentario Popular expresar a través de una moción su oposición a la subida de las tarifas de la luz sin analizar con
profundidad y transparencia cuál es la situación global del sector energético español hoy.
Nuestro grupo ha presentado esta enmienda que insta al Gobierno a que pueda definir con la máxima urgencia una estrategia global de política energética a largo plazo como cuestión previa a la adopción de cualquier medida coyuntural en este
ámbito, incluida el incremento o la modificación de las tarifas. Consideramos que el Gobierno socialista está en condiciones de presentar inmediatamente esta estrategia global a la Comisión de Industria, ya que en la anterior legislatura
Convergència i Unió presentó una iniciativa que fue consensuada y aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que instaba al Gobierno socialista a que presentara a lo largo del año 2007 una estrategia global en política energética, en
el marco de los estudios de la perspectiva energética, con el horizonte del año 2030. Sabemos que el Gobierno tiene guardado este estudio en algún cajón del ministerio. Entenderíamos que sería el momento oportuno de poder hacer esta comparecencia,
ya que en este estudio hay una serie de cuestiones que consideramos vitales para poder tener una noción de cuál tendría que ser la estrategia global para que el Gobierno socialista adoptase medidas en política energética, con el consenso de todas
las formaciones parlamentarias. En ese estudio está perfectamente evaluada la demanda energética futura que permita garantizar nuestro modelo de crecimiento, incorporando todas aquellas hipótesis de efecto de ahorro y de uso eficiente. Sabemos que
en ese estudio también está determinado el reparto de fuentes de energía primaria con el que se pretende cubrir esta demanda a medio y largo plazo, sin excluir a priori ninguna tecnología disponible y, al mismo tiempo, está plasmada en ese estudio
una propuesta estable para potenciar con especial intensidad las energías renovables, tanto su obtención como sus utilidades. También hay una definición de propuestas específicas y estables sobre la energía nuclear en el marco de las propuestas
planteadas por la Unión Europea.
Señorías, si el Grupo Parlamentario Popular aceptara nuestra enmienda de sustitución sería posible consensuar con todas las formaciones políticas que este estudio sea presentado por el ministro de Industria -que todavía no
ha comparecido, lo va a hacer la semana próxima- en la Comisión de Industria para que todos los grupos pudiéramos analizar profundamente y con el máximo conocimiento todas estas cuestiones que, lógicamente, nos van a servir para poder
posicionarnos y poder establecer unos precios tarifados con todas estas consecuencias que llevan implícitas, a fin y efecto de poder reducir el déficit tarifario que todos los medios de comunicación y las fuentes ministeriales cifran alrededor de
los 15.000 millones de euros. Por este motivo vamos a pedir que sea aceptada esta enmienda y así, si este es el procedimiento que va a seguir el Grupo Parlamentario Popular, sea consensuada y aceptada por el resto de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para fijar su posición como grupos parlamentarios, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente y desde el escaño, puntualizando que lo hago para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego. El Grupo Parlamentario Mixto es un grupo que tiene una conformación plural y, por tanto, si hago esta precisión es
porque no se tienen por qué sentir vinculados todos mis compañeros del grupo a la valoración que en nombre del Bloque Nacionalista Galego hago.
Dicho esto, la moción consecuencia de interpelación que se somete a debate coincide en muchos aspectos con una proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego para su debate en Comisión y coincide también con las
preocupaciones que manifesté en calidad de portavoz del BNG al presidente del Gobierno en la última sesión de control.
Coincidimos con las propuestas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular en esta moción y, en particular, con dos aspectos
que coinciden plenamente con nuestra sensibilidad política. Entendemos que en un contexto de crisis económica no se debe aprobar una subida de las tarifas eléctricas abusiva, que tenga un impacto negativo en la economía de los trabajadores y en la
propia evolución de la inflación. Entendemos que esta variable económica y esta variable social tienen que ser consideradas. Coincidimos con la propuesta 1.c) del Grupo Parlamentario Popular, que aboga por mantener en vigor las tarifas eléctricas
nocturnas, reclamando a la Unión Europea un periodo transitorio de adaptación de las tarifas a lo indicado en las directivas europeas, buscando minimizar el impacto en los consumidores. A este respecto quiero decir que estudios hechos por
organizaciones de consumidores evalúan el impacto que tendrá abandonar la tarifa nocturna y abonarse a la nueva tarifa de discriminación horaria en una horquilla de incremento del coste del 22 al 80 por ciento en función de la potencia contratada.
Esto, aparte de tener impacto en el conjunto del Estado español -estamos hablando de más de un millón de consumidores acogidos a esta tarifa, tarifa que fue promovida por los poderes públicos-, tiene un impacto importante en Galicia, donde hay más
de 120.000 hogares gallegos acogidos a esta tarifa, entre otras cosas por sus condiciones ahorrativas y por las particulares características del clima de nuestro país. Por tanto, entendemos necesaria esta moratoria y la suscribimos plenamente.
Coincido con diferentes valoraciones hechas por algún portavoz que me precedió respecto de las responsabilidades del Partido Popular durante su periodo de Gobierno en una política tarifaria de la que es heredera el actual Partido Socialista,
pero creemos que esto no incapacita al principal grupo de la oposición para, en su labor de impulso a la acción del Gobierno, proponer medidas positivas. Coincidimos básicamente en las propuestas enunciadas y defendidas por mi compañero de
circunscripción, Antonio Erias. Dicho esto, me gustaría que el Partido Popular hiciese un esfuerzo de negociación, de transacción, para conseguir un apoyo mayoritario de la Cámara pero, por congruencia con posiciones que el propio BNG ha expresado
en la pasada sesión de control al Gobierno y los contenidos de nuestra proposición no de ley para debate en Comisión, anuncio nuestro voto favorable a esta moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para fijar su posición, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados.
(Pronuncia palabras en euskera.)
El Grupo Parlamentario Popular nos ofrece, a través de esta moción sobre energía, la posibilidad de fijar nuestra posición, aunque sea de forma sucinta, sobre un tema de máxima actualidad e interés público. En apenas dos meses la subida del
precio de la electricidad va a afectar al bolsillo del conjunto de los ciudadanos y de manera especial al de aquellos consumidores que vienen disfrutando de las ventajas de la tarifa nocturna y al de aquellas empresas intensivas en consumo
energético, en las que la factura eléctrica supone una parte sustancial del coste de producción. Además de al bolsillo, va a afectar también al aumento de la inflación y a la competitividad de muchas empresas e industrias por el efecto derivado que
puede tener sobre el crecimiento económico y el empleo, es decir, un problema de envergadura, de grandísimo calado.
A las puertas del 1 de julio de 2008, fecha clave, no tenemos una idea clara de lo que el Gobierno piensa hacer al respecto, más allá del discurso teórico que defendió en la interpelación la pasada semana el señor ministro de Industria. Nos
señaló, y podemos estar en
parte de acuerdo, que un precio de la electricidad inferior al coste marginal de la producción del último kilovatio genera exceso de consumo, despilfarro, ineficiencia, etcétera. Sin embargo, el Gobierno no es ajeno a esta cuestión, a esta
situación, ni al nivel de déficit tarifario alcanzado. Se podían y debían haber adoptado medidas a lo largo de las pasadas legislaturas, pero no se ha hecho. Además, los argumentos de la teoría económica no sirven a los millones de consumidores
afectados porque esto, además de un problema económico, es un problema que hay que enfocar desde un punto de vista político y hay que tener en cuenta la realidad social. El Gobierno tendrá que decidir si acepta o no la propuesta inicial de subida
de precios de la electricidad planteada por la Comisión Nacional de la Energía, un 20 por ciento, a juzgar por la opinión de los técnicos para no ampliar el déficit tarifario; o el 11,3 por ciento propuesto finalmente. El Gobierno tendrá que
explicar a los consumidores de la tarifa nocturna que el aumento les supondrá, según las organizaciones de consumidores, entre un 22 y un 77 por ciento de aumento en función de la potencia instalada por el usuario. Seguramente tendrá argumentos
jurídicos porque la legislación y los decretos así lo vienen estableciendo, pero el Gobierno también tendrá que reconocer que los consumidores no han sido debida ni suficientemente informados al respecto y esa también es su responsabilidad. También
podrá argumentar que las empresas sabían lo que iba a pasar pero, por el contrario, el Gobierno no ha sido todo lo diligente que tenía que haber sido para aumentar la competencia del sector para ampliar la capacidad de las líneas que cruzan el
Pirineo, etcétera, es decir, para hacer la parte de sus deberes. En definitiva, para actuar a la par que poner sobre la mesa los planes e ideas que tiene al respecto el Gobierno con el fin de conocer sus intenciones y de que podamos debatir con
conocimiento de causa.
De manera específica quisiera trasladar la preocupación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en relación al impacto negativo que la subida excesiva de precios de la energía eléctrica puede suponer en el aparato productivo vasco. El peso
de la industria en la economía vasca es, como ustedes saben, sensiblemente superior al de la economía española: 27 de las 76 empresas del conjunto del Estado vinculadas a la tarifa THP (consumidores que consumen intensamente la energía en su
proceso productivo), están situadas en Euskadi. Son todas ellas empresas prósperas, eficientes y modernas a las que una subida desproporcionada de los precios puede situarlas al borde del cierre o de la deslocalización y nuestro grupo parlamentario
va a pelear con todas sus fuerzas para que ello no ocurra. Estoy hablando de Sidenor, ACB, Vidrala, Dow Chemical, Sarrió , Vitorio Luzuriaga, Michelin y un largo etcétera. Todas ellas de enorme importancia para el presente y el futuro de Euskadi.
El Gobierno tendrá que plantear algunas soluciones al respecto y eso es precisamente lo que reclamamos: que nos presente sus planes de futuro, que liberalice el mercado, que fomente la competencia y que pacte un camino de aproximación al
precio que haya que llegar sin más tensiones de las necesarias y sin provocar cierres y deslocalizaciones de empresas.
Creo que este es el ánimo en el que debemos encajar la moción presentada hoy por el Grupo Parlamentario Popular. El apoyo de
nuestro grupo a la misma pretende, sin estar en completo acuerdo con todo lo que plantean en la iniciativa, forzar al Gobierno a que presente sus ideas y sus planes con objeto de debatirlo y de que el impacto en los consumidores y en las empresas
sea mínimo, máxime en un momento de incertidumbre económica como en el que actualmente nos encontramos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender la posición de mi grupo en esta moción señalando, en primer lugar, que a veces parece que la reciente memoria, la historia de no hace tanto tiempo de la pasada legislatura, se nos ha olvidado. Yo lo lamento porque
el señor Erias era un diputado que estaba en la pasada legislatura y él sabe que aprobamos una ley, también con el voto de su grupo, precisamente para intentar arreglar el desaguisado que cuando ustedes gobernaban hicieron y que hoy les permite
decir aquí, creo que con un punto elevado de demagogia, que cuando gobernaba el Partido Popular no subían las tarifas -o bajaban, creo que ha dicho; no subían, bajaban en términos reales- y sin embargo con los socialistas suben. No, señorías, esa
es la principal falacia que hay que desmontar. Cuando gobernaba el Partido Popular, es cierto, congelaba las tarifas y luego negociaba con las empresas eléctricas, y creo recordar que lo primero que hicieron fue los costes de transición a la
competencia ¿Se acuerdan, señorías, de los 1,6 billones de pesetas que se les regaló a las eléctricas en compensación, decían, por las tarifas y que pagamos todos los ciudadanos? Y a continuación, como la Comisión Europea consideró ilegales esas
ayudas, se inventaron aquella historia que hoy traemos aquí, que es el déficit de tarifa, que de igual forma pagamos todos. Por tanto, no es cierto que los consumidores se hayan ahorrado nada en la tarifa. Es más, lo tendrán que seguir pagando en
el futuro.
Nosotros, con el consenso de todos los grupos y con la directiva de la Unión Europea, lo que hicimos en la ley que aprobamos en la pasada legislatura, en 2007, fue intentar poner un poco de orden en esa materia, y esa ley, que se aprobó,
como he dicho antes, con el apoyo de casi todos los grupos, incluido el Grupo Parlamentario Popular, pretendía hacerlo y daba, señor Erias, un
margen de un año en la disposición -es un tema muy complicado, porque la supuesta liberalización que ustedes hicieron en el sector eléctrico no fue tal, porque para que se liberalice el sector eléctrico habría que haber incidido sobre las
grandes infraestructuras y sobre la posibilidad de que los consumidores eligieran suministrador, cosa que no es posible aún en estos momentos-. La disposición transitoria octava que estaba en esa disposición daba un plazo de un año -ustedes la
aprobaron así- y en ese plazo que todavía no ha concluido, con el concurso de todos los agentes y también de las comunidades autónomas, el Gobierno tenía que elaborar esa transición. Estamos en ello. El ministro se lo dijo con toda claridad en la
interpelación; no hay todavía una posición definitiva, por tanto, no podemos hacer frente a los innumerables bulos que se están propiciando sobre la modificación tarifaria. Voy a referirme a uno: la desaparición de la tarifa nocturna. No, señor
Erias, no desaparece, se transforma en otro tipo de fórmula para que los consumidores puedan acceder a una energía más barata. Por tanto, nosotros, el Gobierno y el Grupo Socialista que lo apoya, lo que vamos a hacer es fomentar el traspaso a esas
tarifas de ahorro, acelerar el plan de sustitución de contadores fomentando las mejoras para gestionar bien esa demanda e incentivar la instalación de aquellos mecanismos, como interruptores o control de potencia, que sean necesarios para que el
consumidor pueda realmente saber cómo y de qué forma está gastando su energía y el diseño de una tarifa para los consumidores menos favorecidos. Por tanto, señorías, nada de nada de lo que ustedes dicen. Habrá que esperar a que estos plazos
concluyan.
Por último, en relación con el plan sobre política energética quiero decir que efectivamente el Gobierno anterior ha trabajado sobre ello. Como ustedes saben, ese plan está prácticamente terminado, el ministro anunció que lo iba a presentar
aquí el día 4, y ese plan, que tiene un retraso considerable porque debería haber estado hecho ocho años antes, seguramente dará respuesta a nuestros problemas, porque lo innegable es que un país con la potencia industrial de España no puede estar
carente de un plan que contemple sus posibilidades energéticas en el futuro y tampoco puede estar viviendo más en la demagogia y en la confusión de que todo el mundo dice aquí que hay que liberalizar el sector e introducir competencias pero, hasta
ahora, el único que se ha atrevido a hacerlo y con garantías para los consumidores va a ser este Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
Examinado el orden del día previsto para la sesión de esta tarde y habiendo procedido ya a llamar a votación, vamos a efectuar las votaciones después de una breve pausa y preguntando al señor Erias si efectivamente ratifica que no se acepta
ninguna de las enmiendas presentadas.
El señor ERIAS REY: No se acepta ninguna.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias. (Rumores en la tribuna de invitados.) Hagan el favor de abandonar la tribuna. (Pausa.)
Señorías, por favor, tomen asiento ya que vamos a iniciar las votaciones.
Silencio, por favor.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS CEREMONIAS DE ACATAMIENTO Y PROMESA DE CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000025.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre ceremonias de acatamiento y promesa de
cargos y funciones públicas. Esta proposición no de ley se vota en los propios términos en que ha sido presentada por cuanto no se ha aceptado la enmienda que a la misma se presentó.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, nueve; en contra, 309; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. JORQUERA Y SRA. FERNÁNDEZ), RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE. (Número de expediente 162/000014.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la revisión de los acuerdos del Estado con la Santa Sede. Esta proposición no de ley se vota con la incorporación de la enmienda
que ha resultado aceptada por el proponente y que formuló Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, así como por la primera enmienda presentada por la señora Díez, que ha sido aceptada, y no la tercera, que no ha sido
aceptada por el diputado proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, nueve; en contra, 312; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DESTINADAS A CONTENER LA CRISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000004.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre medidas destinadas a contener la crisis del sector de la construcción y su impacto en el crecimiento económico y la
creación de empleo. Esta moción se vota en los términos que ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), incluyendo la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 182; en contra, 137; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ENERGÍA. (Número de expediente 173/000005.)
El señor PRESIDENTE: Por último, votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre energía, en los términos en que ha sido presentada por cuanto no han sido aceptadas las dos enmiendas propuestas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 147; en contra, 168; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis horas.
Eran las siete de la tarde.