Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 5, de 29/04/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2008 IX Legislatura Núm. 5
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 5
celebrada el martes, 29 de abril de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 4)
Toma en consideración de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-INV), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 100-1, de 25 de abril de 2008. (Número de expediente 410/000006.)... (Página 5)
Elección de los Diputados a los que se refiere el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:
- Elección de los Diputados a los que se refiere el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004... (Página 10)
Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 100-1, de 25 de abril de 2008. (Número de expediente 410/000006.)... (Página 10)
Propuestas de creación de Comisiones:
- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una Comisión Permanente para las políticas integrales de la discapacidad.
(Número de expediente
155/000003.)... (Página 11)
- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas. (Número de
expediente 155/000004.)... (Página 11)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica ('BOE' núm. 97, de 22 de abril de 2008.) (Número de expediente 130/000001.)... (Página 11)
- Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona. ('BOE' núm. 97, de 22 de abril de 2008.) (Número de
expediente 130/000002.)... (Página 24)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 4)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados... (Página 5)
De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1...
Intervienen los señores Muñoz González, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Merino Delgado, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; la señora Surroca i Comas, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Sometida a votación la toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, se aprueba por 301 votos a favor y nueve abstenciones.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de tramitación directa y en lectura única, se aprueba por 324 votos a favor.
Elección de los diputados a los que se refiere el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004... (Página 10)
Sometida a votación la elección de los diputados, resultan elegidos con 323 votos cada uno el señor Alonso Suárez, la señora Sáenz de Santamaría Antón
y el señor Duran i Lleida; con 318 votos el señor Erkoreka Gervasio; con 317 votos el señor Jorquera Caselas y con 312 el señor Llamazares Trigo.
Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados... (Página 10)
De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1...
Sometida a votación la única enmienda presentada por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se rechaza por 10 votos a favor, 301 en contra y 11 abstenciones.
Sometido a votación el conjunto del texto de la proposición de reforma del Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, se aprueba por 322 votos a favor y una abstención.
Propuesta de creación de comisiones... (Página 11)
Solicitud de los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una comisión permanente para las políticas integrales de la discapacidad...
Sometida a votación la solicitud de creación de una comisión permanente para las políticas integrales de discapacidad, se aprueba por asentimiento.
Solicitud de los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas...
Sometida a votación la solicitud de creación de una comisión mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas, se aprueba por asentimiento.
Se suspende la sesión a las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página 11)
Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica... (Página 11)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) expone ante la Cámara las razones que han impulsado al Gobierno a la adopción del Real Decreto-ley 2/2008, que constituyen un apoyo importante para
contribuir al impulso económico y mejorar la eficiencia de la economía en su conjunto.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo, Díez González, Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montero Romero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y la señora Rodríguez-Piñero Fernández.
Real Decreto-ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona... (Página 24)
La señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana) expone las razones que han llevado al Gobierno a adoptar medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de agua a poblaciones afectadas por la
sequía en la provincia de Barcelona.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Perestelo Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín y Herrera Torres del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias
i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Al amparo del artículo 73 del Reglamento intervienen los señores Floriano Corrales y Macias i Arau.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, se aprueba por 170 votos a favor, tres en contra y 161 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 145 votos a favor, 167 en contra y 22 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona, se aprueba por 318
votos a favor, uno en contra y 176 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 139 votos a favor, 169 en contra y 21 abstenciones.
Se levanta la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
Con carácter previo, y conforme a lo que establece el Reglamento en su artículo 20, vamos a proceder al llamamiento de los señores diputados y señoras diputadas que han resultado proclamados electos por la Junta Electoral Central, a fin de
que puedan prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.
Señorías, les ruego que tengan la bondad de guardar silencio.
En sustitución de doña María Luisa Carcedo Roces, pregunto a don Hugo Alfonso Morán Fernández si jura o promete acatar la Constitución.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de don Diego López Garrido, pregunto a don Elviro Aranda Álvarez si jura o promete acatar la Constitución.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Víctor Morlán Gracia, pregunto a doña María Teresa Villagrasa Pérez si jura o promete acatar la Constitución.
La señora VILLAGRASA PÉREZ: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de doña Trinidad Jiménez García-Herrera, pregunto a don Daniel Méndez Guillén si jura o promete acatar la Constitución.
El señor MÉNDEZ GUILLÉN: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de don Jaime Lissavetzky Díez, pregunto a don Juan Antonio Barrio de Penagos si jura o promete acatar la Constitución.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de doña Leire Pajín Iraola, pregunto a don José Guillermo Bernabeu Pastor si jura o promete acatar la Constitución.
El señor BERNABEU PASTOR: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de doña María Consuelo Rumí Ibáñez, pregunto a doña Ana Cano Díaz si jura o promete acatar la Constitución.
La señora CANO DÍAZ: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de doña María Amparo Valcarce García, pregunto a doña Elena Castellano Ramón si jura o promete acatar la Constitución.
La señora CASTELLANO RAMÓN: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de don David Vegara i Figueras, pregunto a don Román Ruiz Llamas si jura o promete acatar la Constitución.
El señor RUIZ LLAMAS: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Y en sustitución de don Octavio Granado Martínez, pregunto a don Luis Tudanca Fernández si jura o promete acatar la Constitución.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por consiguiente, don Hugo Alfonso Morán Fernández, don Elviro Aranda Álvarez, doña María Teresa Villagrasa Pérez, don Daniel Méndez Guillén, don Juan Antonio Barrio de Penagos, don José Guillermo Bernabeu Pastor, doña Ana Cano Díaz, doña
Helena Castellano Ramón, don Román Ruiz Llamas y don Luis Tudanca Fernández han adquirido la condición plena de diputados.
Bienvenidos y muchas gracias. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1 (Número de expediente
410/000006.).
El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Se trata de una iniciativa propuesta por el Grupo Socialista, el Grupo Popular,
el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Vasco(EAJ-PNV). Ha llegado a la Mesa una modificación en la que se manifiesta estar de acuerdo todos los grupos parlamentarios en el sentido de que la Comisión propuesta con el nombre de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente pase a llamarse de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Con esta modificación, asumida por todos los grupos, pasaríamos a abordar dicha iniciativa para cuya tramitación se ha solicitado el procedimiento de
lectura única.
Para su presentación tendrán la palabra, primero, los grupos proponentes y, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para la presentación de la proposición de reforma del Reglamento de la Cámara en relación con el artículo 46.1 que es aquel que regula la creación y composición
de las comisiones permanentes legislativas de la Cámara. Al objeto de dar cumplimiento al mandato recibido de esta Cámara y tras el otorgamiento de la investidura al presidente del Gobierno, se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto
432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuraban los departamentos ministeriales. Por tanto, la modificación que hoy sometemos los grupos proponentes de esta iniciativa a la Cámara es la adecuación de las comisiones permanentes legislativas
a la estructura de la que se ha dotado el Gobierno.
Brevemente destacaré algunas de las que para nosotros son las principales novedades. En primer término, la separación de la Comisión de Fomento y Vivienda, que pasaría a convertirse en dos comisiones por un principio general de que cada
departamento ministerial tenga una comisión permanente legislativa y, además, para remarcar desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista la importancia de las políticas de vivienda y mucho más después de haberse asentado con la
creación del Ministerio de Vivienda en la VIII Legislatura. En segundo término, la creación de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, localizando en ella las políticas que tienen que ver con las materias educativas de formación
profesional y de deporte así como las políticas de cohesión e inclusión social de familia, menores y atención a las personas dependientes. La creación, en relación con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, de una Comisión, a
la que ha hecho referencia el señor presidente en relación con su denominación, que a nosotros, como Grupo Parlamentario Socialista, nos produce especial satisfacción puesto que supone una visión global que nuestro grupo juzga, como digo, muy
positiva en relación con el conjunto de las políticas que operan sobre el territorio. Luego me referiré a la creación también de una Comisión Mixta no permanente sobre Cambio Climático. La creación de la Comisión de Ciencia e Innovación para
atender a las políticas universitarias, de investigación científica, de desarrollo tecnológico e innovación. También la creación, que es una apuesta especialmente importante, así referenciada en todas y cada una de las ocasiones por el presidente
del Gobierno, del Ministerio de Igualdad, y por tanto también su correlato de una Comisión de Igualdad, para hacer referencia así a las políticas tendentes a la igualdad real y especialmente a la lucha contra la discriminación y muy especialmente a
la
lucha contra la violencia de género. La creación con el rango de comisión legislativa y permanente, puesto que actualmente, en virtud del artículo 50.2, tenía carácter simplemente de comisión permanente pero no legislativa, de la Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta era una comisión que tenía un mandato legal a través de la Ley 23/98, pero actualmente, al darle ese carácter legislativo, se ha querido especificar y mandar la señal clarísima de la apuesta del
Gobierno por la cooperación al desarrollo.
Señorías, estamos ante una adaptación coherente entre la estructura del Gobierno y las comisiones permanentes legislativas, y esta es la práctica habitual que se ha venido manteniendo cada vez que se ha puesto en funcionamiento una nueva
legislatura. Si se aprueba esta propuesta que efectuamos los grupos parlamentarios firmantes de esta iniciativa, creemos que habrá dos cuestiones a destacar: en primer término, las comisiones permanentes legislativas pasarían de dieciséis a
diecinueve, y eso supone tres comisiones legislativas permanentes más, lo que para los señores y señoras diputados significa un mejor control de la acción del Gobierno y una mejora del trabajo legislativo.
Para no intervenir en los siguientes puntos en relación con este tema, muy brevemente me referiré a otra cuestión que tiene importancia. Se ha solicitado, también al amparo del artículo 50 del Reglamento, la creación de la Comisión
permanente para políticas integrales de discapacidad, que nosotros creemos que es una apuesta decidida, mucho más después de la VIII Legislatura, que fue la legislatura que mayor impulso y mayor implementación tuvo en relación con las políticas de
discapacidad, y también la Comisión Mixta para el estudio de la problemática de la droga, aunque no será el Pleno, puesto que está referenciado en el artículo 53 que la competencia de proponer es de los grupos pero la de resolver la creación de las
comisiones no permanentes le corresponde a la Mesa de la Cámara. He de decir también que los grupos autores de esta iniciativa hemos planteado la creación de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, de la Comisión no permanente sobre
seguridad en el tráfico, seguridad vial y accidentes de tráfico, la Comisión no permanente mixta de control parlamentario de la Corporación de Radio Televisión Española y la Comisión no permanente mixta para el estudio del cambio climático.
Vuelvo
por lo tanto a referirme a la importancia que tienen este tipo de materias: pensiones, seguridad vial, cambio climático, actuaciones a las que el Parlamento debe dedicar en esta IX Legislatura especial atención, y así responderemos también a las
demandas que nos exigen los ciudadanos cuando nos han otorgado su confianza como representantes de la soberanía del pueblo español.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Señor presidente, señorías, buenos días.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en la toma en consideración de la proposición de ley de reforma parcial del Reglamento de la Cámara y más concretamente de su artículo 46.1, que regula las comisiones
permanentes legislativas.
En primer lugar, debo manifestar en nombre de mi grupo que nos parece adecuada la adaptación de las comisiones permanentes legislativas del Congreso a la estructura del Gobierno, en todo caso es la práctica parlamentaria habitual. Digo que
nos parece adecuado por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque mejorará sin duda el control del Ejecutivo por la Cámara y, en segundo lugar, porque así se facilita la propia tarea legislativa.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso, si bien debemos hacer algunas consideraciones. En primer lugar, debemos afirmar que han tardado
cuatro años en darse cuenta en el grupo mayoritario de que los ministerios de Fomento y Vivienda eran dos ministerios. Ahora, a la vista del éxito de este último en la pasada legislatura, han reconocido lo que les veníamos diciendo y sobre todo lo
que propusimos mediante una enmienda en este mismo debate hace cuatro años y que han aceptado: la creación de una comisión específica para el fomento y otra para la vivienda; es sin duda más coherente y va a facilitar el control de la oposición al
Gobierno en ambas materias.
La nueva Comisión de Educación, Política Social y Deporte tiene, en nuestra opinión, una enorme incoherencia de contenido. No tiene precedentes en España en los últimos treinta años que la educación vaya unida a las políticas sociales, a
las políticas de tercera edad, a la dependencia, etcétera. Seguramente la razón hay que buscarla en las escasísimas competencias que el Gobierno de la nación mantiene en esas materias, sobre todo si, como ha ocurrido ahora, se traslada también todo
lo relativo a ciencia y universidades a otro ministerio diferente.
Por otro lado, la hoy vicepresidenta primera de la Cámara, señora Cunillera, decía el 28 de abril del año 2004, al defender la supresión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que era una desaparición lógica que ninguno de nosotros íbamos a
echar de menos. Pues bien, como en otras tantas ocasiones, también en esto el Gobierno ha echado de menos el ministerio que nosotros creamos en el año 2000 y reconoce, sin decirlo, que se equivocó, volviendo a crear un Ministerio de Ciencia e
Innovación separado de la Educación y cambiándole el nombre parcialmente. Teníamos razón también en esto, como también la tenemos al afirmar que cometen un grave error al suprimir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, creando otro
que, en principio, contará, como hemos visto, con muchos medios: medio ambiente, medio rural y medio marino. Digo que es un error, error que dentro de esos ministerios empiezan a reconocer en voz alta, aunque ustedes tarden mucho en
reconocerlo, como les ha ocurrido en economía, en agua y en tantas otras cosas. Vuelven a la idea anacrónica en estos tiempos, propia de los años ochenta, según la cual la agricultura y el medio ambiente deben estar unidos. Para hacer un
guiño a su falsa modernidad se olvidan de los intereses de los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores.
Estos colectivos, tan necesarios para la economía española, estaban mucho mejor protegidos en un ministerio específico, porque los
asuntos medioambientales, los asuntos de abastecimiento y depuración de las aguas, etcétera, poco o nada tienen que ver con ellos. Antiguamente se decía que los agricultores y ganaderos eran los mejores ecologistas. Hoy los ecologistas y
medioambientalistas de salón menosprecian a los agricultores y a los ganaderos, pero ustedes ponen a todos juntos y revueltos en el mismo ministerio. Se equivocan, ya lo verán, las opas ya se lo están diciendo, y tendrán que rectificarlo. El Grupo
Popular se felicita de que al menos hayamos conseguido que en el Parlamento sigamos teniendo una Comisión de Agricultura y Pesca, específicamente denominadas, aunque se haya incorporado la materia medioambiental, si bien con sus propios portavoces
diferenciados. La señora Espinosa cuando entre en esta casa seguirá siendo también ministra de Agricultura y Pesca, además de Medio Ambiente.
Nos parece acertado en otro orden de cosas, y en consecuencia ha habido acuerdo de nuestro grupo sobre la creación de una Comisión permanente legislativa de cooperación internacional para el desarrollo que en la anterior legislatura era no
legislativa. De esta forma la Cámara conocerá y controlará mejor la acción exterior del Gobierno en esta materia y podrá adoptar las iniciativas legislativas oportunas que mejoren esa cooperación internacional. El acuerdo de los grupos más
importantes de la Cámara ha hecho posible también que las políticas integrales de la discapacidad puedan verse en una nueva comisión permanente aunque no sea legislativa. Y en este punto debo hacer un reconocimiento a mi compañero de grupo
Francisco Vañó que tanto ha luchado para que esto fuera posible en la anterior legislatura. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Asimismo, que una materia tan importante para todos como el cambio climático pueda estudiarse en una comisión mixta
no permanente es para nosotros positivo. Sin embargo, creemos que debería haber sido una comisión permanente la que estudiase y aprobase propuestas concretas porque el cambio climático es también permanente, pero en todo caso nos parece positivo.
Acabo, señor presidente. Celebro que en esta ocasión el acuerdo de casi todos los grupos haya hecho posible la creación de nuevas comisiones que no existían en la anterior legislatura, sobre todo comisiones que no responden únicamente a la
adaptación a la nueva y muy costosa estructura del Gobierno, sino también, y sobre todo, a necesidades y problemas de la sociedad a los que esta Cámara debe ser sensible y dar respuestas adecuadas. Nuestro grupo, en consecuencia, votará a favor de
esta reforma del Reglamento que proponemos en el día de hoy.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Montserrat Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en esta mi primera intervención parlamentaria me congratulo de ser la portavoz de mi grupo, Convergència i Unió, en una proposición de reforma del Reglamento del Congreso que aparentemente se podría considerar banal o superflua,
pero que tiene por finalidad facilitar el trabajo parlamentario adecuando las comisiones existentes a la nueva estructura ministerial y así cumplir más eficazmente las funciones de control del Gobierno y legislativas de esta Cámara. Por lo tanto,
esta modificación puntual del Reglamento tiene más trascendencia de la que inicialmente podría parecer.
Convergència i Unió se posiciona favorablemente a esta reforma del Reglamento; vamos a votar a favor, y lo hacemos no solo porque nuestro grupo ha sido uno de los firmantes del texto de la propuesta de reforma, sino también porque creemos
que es necesario adaptar las comisiones al nuevo organigrama ministerial, aprobado mediante el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, para facilitar así un trabajo más eficaz de esta Cámara, tal y como anteriormente he manifestado. En primer lugar,
valoramos muy positivamente que mediante esta sesión plenaria reaparezca la Comisión permanente legislativa de Ciencia e Innovación, porque desde Convergència i Unió hemos venido defendiendo su necesidad desde anteriores legislaturas. Así, en la
sesión de 11 de mayo de 2000 hicimos una amplia referencia a su composición y contenido, aunque en aquel momento se creó bajo la denominación de Comisión de Ciencia y Tecnología, porque también comprendía competencias sobre innovación tecnológica y
telecomunicaciones. Ya en aquel momento nuestro grupo defendió que aquella Comisión tratara la política universitaria, porque entendíamos que iba estrechamente relacionada con la formación científica, pero por aquel entonces nuestra petición no fue
atendida. Además también propusimos e incluimos en nuestro programa electoral que se situara toda la política de I+D+i en un ministerio. Ahora, el devenir del tiempo nos ha dado la razón y, finalmente, la nueva Comisión de Ciencia e Innovación,
aparte de incluir entre sus competencias la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, va a incluir también la política universitaria, como no podía ser de otra manera.
Por otra parte, en relación con la nueva Comisión permanente de Igualdad, es evidente que es necesaria su creación por cuanto obedece a la aparición del Ministerio de Igualdad y, en consecuencia, también la valoramos positivamente. Ya
adelantamos que desde esta Comisión nuestro grupo controlará especialmente que se respeten las competencias de las comunidades autónomas y que el Gobierno dote de recursos suficientes las medidas que
se acuerden o adopten, porque en este ámbito no es suficiente que se dicten leyes, es necesario también que las leyes o medidas vayan acompañadas de recursos materiales para así ejecutarlas convenientemente.
También quiero mencionar la modificación de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ahora, mediante esta sesión plenaria, pasará también a denominarse de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, porque, como todos ustedes ya
sabrán, el anterior Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asumido también las competencias de Medio Ambiente, más las de protección en el mar, que antes eran desarrolladas por el Ministerio de Fomento. Convergència i Unió no comparte
esta modificación porque cree que la unificación de las políticas agrarias y medioambientales no es adecuada. Entendemos que estas materias tienen sustantividad propia y suficiente complejidad como para mantenerlas separadas. Fijémonos, por
ejemplo, en la especial dificultad del problema del agua. Esta es una cuestión que precisa gran atención y pensamos que la reestructuración efectuada en los ministerios no es la más adecuada para este tema, entre otros muchos. A pesar de lo dicho,
y teniendo en cuenta que mediante el Real Decreto del pasado 12 de abril se han reformado los departamentos ministeriales en aquel sentido, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la reforma de esta Comisión para reflejar así la nueva fusión
ministerial en este ámbito.
En la pasada legislatura, nuestro grupo propuso e impulsó la creación de la Comisión sobre Seguridad Vial. Por eso también celebramos que se haya creado en esta legislatura, aunque nos hubiera gustado más que fuera una Comisión permanente y
que también se denominara de movilidad. En el mismo sentido que expusimos en la anterior legislatura, consideramos que la preocupante situación de la seguridad vial en nuestro país, así como las cuestiones referentes a la movilidad, requieren la
existencia de una Comisión que trate esos asuntos y por eso nos congratulamos de la creación de esta nueva Comisión en la presente legislatura.
Por último, quiero hacer mención a la necesidad de desencallar la reforma global del Reglamento del Congreso. Esta cuestión ha sido defendida por mi grupo parlamentario, que la ha reivindicado largamente. Así lo hizo, por ejemplo, en la
sesión plenaria de 11 de mayo de 2000. La propuesta que hoy estamos debatiendo es una reforma mínima, puntual; en cambio, por todos nosotros es sabido que el Reglamento del Congreso precisa de una reforma global y profunda que permita su
adaptación a los nuevos tiempos.
Nos consta que en anteriores legislaturas se ha avanzado considerablemente en el proceso para proceder a dicha reforma. En Convergència i Unió trabajaremos y nos esforzaremos aún más si cabe para conseguir este
objetivo absolutamente necesario, que precisa de la colaboración y del consenso de los demás grupos. Finalmente, votaremos a favor de la reforma que hoy se está tramitando en esta sesión plenaria.
Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra su portavoz, el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que ya está dicho absolutamente todo, incluso los grupos parlamentarios han fijado los matices que les han llevado a firmar esta opción. Por nuestra parte, simplemente quiero señalar que es evidente que hay muchos ministerios con
contenido muy diverso, por lo que podría haberse utilizado el criterio de dividir el control de la gestión de esos ministerios en varias comisiones, aunque esto podría haber complicado la labor de control y haber perjudicado desde una visión de
conjunto a los ministerios. En este sentido, nuestra posición es que prácticamente en su totalidad cada ministro o ministra pueda comparecer únicamente en una Comisión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Para fijación de posición tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
En nombre del nuevo Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds fijo posición respecto a la propuesta de modificación del Reglamento del Congreso, en concreto el artículo 46.1, relativo a las
comisiones permanentes legislativas. Este es un debate que ya tuvimos, desde nuestra inexperiencia, en el año 2004 y, de hecho, compartimos la idea de que es necesario adecuar el funcionamiento parlamentario a la estructura ministerial. En su
momento ya nos pronunciamos -ya sé que el debate de hoy no alcanza la estructura de que se ha dotado este nuevo Gobierno presidido por el presidente Rodríguez Zapatero- sobre algunas cuestiones que a nuestro entender están fuera de lugar. En el año
2004 se propuso la creación del Ministerio de Cultura. Ustedes ya conocen cuál es nuestra posición respecto a este ministerio. De hecho, antes se mencionaban las palabras de la diputada catalana Teresa Cunillera, que dijo en el año 2004 desde esta
tribuna que este Ministerio de Cultura se iba a crear justamente para hacer predicamento de la pluralidad de las culturas y lenguas del Estado español; esta fue una de las justificaciones. Sepan que hoy día todavía la página web del ministerio no
está normalizada en las lenguas catalana, gallega y vasca. Cierto es que se nos propone también la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de Igualdad. Siempre hemos dicho que las políticas de igualdad tienen que hacerse desde la absoluta
transversalidad y buscando la igualdad de oportunidades. No sería conveniente caer
solamente en aquello que debe hacerse como consecuencia de dos grandes leyes que tuvimos el honor de aprobar en la pasada legislatura; me refiero a la Ley Contra la Violencia de Género y a la Ley de Igualdad.
Bien, ha sido este el criterio
del Gobierno y nosotros, evidentemente, lo respetamos. Tampoco entendemos demasiado bien por qué ha caído el Ministerio de Medio Ambiente. Desde esta tribuna en más de una ocasión hemos felicitado a la ministra Narbona, con la cual tuvimos gran
sintonía y se hizo un buen trabajo en la pasada legislatura. Ciertamente también lamentamos que no esté el ministro Caldera. Repito que fueron los dos ministros que se entendieron mejor con Esquerra Republicana. Hoy no está el ministro Caldera,
con el cual hicimos -creo- un buen trabajo y aportamos todo lo que pudimos en la línea de nuestras coincidencias, ni tampoco está la ministra Narbona. Lo más preocupante no es ciertamente que no estén; lo preocupante es que estos ministerios se
hayan confundido en una estructura de carácter superior.
Vayamos al tema de las comisiones. Es cierto y compartimos que cuantas más comisiones existan, mejor funcionalidad y mejor capacidad de control por parte de esta Cámara. Nosotros nos apuntamos a esta tesis: cuantas más comisiones, mejor,
en la medida que esta Cámara está muy bien dotada en cuanto al número de diputados y diputadas, por no hablar de las inteligencias. De manera que no tendría que haber ningún reparo a crear el máximo número de comisiones. En este sentido hemos
presentado tres enmiendas porque, aun cuando pasamos de dieciséis a diecinueve, a nuestro entender -por esto hemos enmendado esta proposición de ley- no tiene ningún sentido que no exista una comisión dedicada exclusivamente a los temas relativos a
la inmigración. Ligar inmigración y trabajo es emitir un mensaje no demasiado progresista. Ustedes saben que en la pasada legislatura hubo un trabajo muy intenso por parte de una subcomisión dedicada precisamente al estudio del fenómeno de la
inmigración y las conclusiones fueron extensas y muy, muy ricas. Y aun cuando las conclusiones no fueron aprobadas, ya en su momento se dijo que habría la necesidad de crear una comisión específica. Entiendo que relacionar inmigración y trabajo no
es -repito- demasiado interesante desde el punto de vista de los mensajes que emitimos. Respecto a la inmigración, se puede abordar en otros ámbitos: el ámbito de la cultura, el ámbito de la sociolingüística, el ámbito económico, el ámbito
demográfico. Como mínimo, ya que existe un solo ministerio, debería existir una comisión específica de inmigración. Por eso nosotros solicitamos que se cree esta nueva Comisión, dedicada -repito- exclusivamente a los temas relativos a la
inmigración.
De igual manera no entendemos que no exista una comisión específica de Medio Ambiente. Puedo dar fe, porque en la pasada legislatura estuvo presidida la Comisión por Joan Puigcercós y por Rosa Bonàs, que los trabajos fueron muy pero que muy
intensos y sería interesante que todo lo relativo a Medio Ambiente estuviera concretado en una comisión específica. Tampoco entendemos demasiado bien cómo no es posible crear una comisión de asuntos sociales separada de educación y deporte. Creo
que los ámbitos, los objetos y los sujetos de la discusión y de los debates son distintos, abordan temas diferentes y sería interesante ir hacia una cierta especialización de los debates. Así pues, enmendamos esta proposición de ley incrementando
en tres el número de comisiones.
Por la experiencia de estos cuatro últimos años sabemos que ha habido en algunos casos colapsos. Cito, por ejemplo, la Comisión Constitucional, en la que por los trabajos de las reformas de los Estatutos de Autonomía algunas iniciativas o
proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios tuvieron dificultad para ser tramitadas, por no hablar de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Fíjense las leyes que se aprobaron. Estuvimos durante cuatro años al borde del colapso,
absolutamente estresados. Les recuerdo que la última ley, una ley tan importante como la que tiene que regular las empresas de inserción social, la aprobamos pocas horas antes de que terminara la legislatura.
Puedo dar fe de ello, y también puede
dar fe del buen trabajo que se hizo la presidenta, doña Carmen Marón, que fue una Comisión que no tuvo en ningún momento descanso. Razones de más para que acepten la enmienda de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds de
separar el ámbito de la educación y el deporte del ámbito de los asuntos sociales.
Nuestra propuesta tiene razones lógicas y esperamos que sean receptivos a lo que nosotros proponemos. Respecto a la creación de otras comisiones ya mencionadas de carácter mixto o de carácter no permanente, nosotros compartimos el criterio
de la mayoría.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
¿El Grupo Parlamentario Mixto desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Muchas gracias.
En ese caso, acabado el debate, vamos a pasar a la votación de la toma en consideración o no de esta propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 301; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento.
A continuación vamos a someter a votación la tramitación de esta iniciativa por el procedimiento de tramitación directa y en lectura única, solicitada a la Mesa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En consecuencia se tramitará por el procedimiento de tramitación directa y en lectura única. A partir de este momento se abre, de acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces, un plazo de una hora para que puedan presentarse en el Registro
de la Cámara las enmiendas que los grupos consideren oportunas en relación con esta proposición de reforma del Reglamento. La presentación de estas enmiendas y su tramitación tendrán lugar en el debate del punto III del orden del día.
ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS A LOS QUE SE REFIERE EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004:
- ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS A LOS QUE SE REFIERE EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004.
El señor PRESIDENTE: El punto II del orden del día es la elección de diputados a que se refiere el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. La elección
se hará por el sistema establecido en el artículo 205 en relación con el 204 del Reglamento. Resultarán elegidos aquellos seis candidatos que más votos obtengan, siempre que pertenezcan a grupos parlamentarios distintos y obtengan cada uno de ellos
al menos 210 votos. Los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios son los siguientes: don José Antonio Alonso Suárez, doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, don Josep Antoni Duran i Lleida, don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, don
Gaspar Llamazares Trigo y don Francisco Xesús Jorquera Caselas.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra para la presentación de su candidato? (Pausa.) Entiendo que renuncian a ello.
Vamos a proceder a la votación por el sistema de papeletas. Cada señor diputado o diputada escribirá en la papeleta hasta un máximo de seis nombres de los candidatos que han sido leídos. Ruego traigan la urna y que un señor secretario
proceda a leer los nombres de las señoras y señores diputados llamados a votación.
(Por los secretarios de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna.)
Terminada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor diputado o señora diputada presente no ha sido llamado a votación? (Pausa.)
Vamos a proceder al escrutinio. (Pausa.)
Terminado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 326; votos a favor de don José Antonio Alonso Suárez, 323; a favor de doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, 323; a favor de don
Josep Antoni Duran i Lleida, 323; a favor de don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, 318; a favor de don Francisco Xesús Jorquera Caselas, 317; a favor de don Gaspar Llamazares Trigo, 312; en blanco, tres. Por tanto, al haber obtenido más de los tres
quintos de los votos de los miembros de la Cámara, han resultado elegidos a los efectos de la resolución de la Presidencia de 11 de mayo del año 2004.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LO QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1.
(Número de expediente
410/000006.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día, advirtiendo a SS. SS que se ha presentado en el registro de la Cámara una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, cuyo contenido ha sido repartido a los grupos parlamentarios. Pregunto a la Cámara si hay alguna señora o señor diputado o algún grupo parlamentario que deseando presentar enmienda a la proposición para la reforma del Reglamento no
lo hubiese hecho. (Pausa.)
En consecuencia, solamente tenemos la enmienda antedicha, presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. ¿Desea el grupo proponente defender su enmienda? (Pausa.) Ya que renuncia al derecho
a defender la enmienda, no habrá, por tanto, turno en contra.
¿Algún grupo parlamentario desea fijar posición antes de la votación, a la que espero que se esté llamando? (Pausa.)
Ningún grupo desea fijar posición respecto a la enmienda presentada. En consecuencia, vamos a pasar a la votación de la enmienda a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso del citado grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 10; en contra, 301; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación sometemos a votación el conjunto del texto de la proposición de reforma del Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del mismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de reforma del Reglamento, de conformidad con los dispuesto en el artículo 150 y disposición final segunda del mismo.
PROPUESTA DE CREACIÓN DE COMISIONES:
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD.
(Número de expediente
155/000003.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Solicitud de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (PNV) de creación de una Comisión permanente para las políticas integrales de la
discapacidad.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra en defensa de la propuesta? (Pausa.)
En consecuencia, procede pasar a la votación, que haremos, si les parece, por asentimiento de la Cámara. ¿Se aprueba la creación de la Comisión permanente para las políticas integrales de la discapacidad? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGENCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA CONGRESO-SENADO PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS. (Número de
expediente 155/000004.)
El señor PRESIDENTE: La segunda propuesta es también de creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas, a solicitud de los grupos Socialista, Popular, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco
(EAJ-PNV).
¿Algún señor diputado desea hacer uso de la palabra en defensa de la propuesta? (Pausa.) ¿Se puede someter a votación por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) ¿Aprueba el Congreso de los Diputados la propuesta antedicha por asentimiento?
(Pausa.)
Queda aprobada.
Resta el punto V del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. La Junta de Portavoces ha propuesto a la Presidencia que se suspendiese la sesión en este punto y se reanudara esta tarde a las 16:00 horas. Si no
existe objeción que se manifieste, las votaciones para la convalidación o derogación de los dos reales decretos se harán al final del debate de los mismos y el cálculo que hacemos es que no será antes de las seis de la tarde.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 2/2008, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. (Número de expediente 130/000001.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda para exponer las razones que han obligado a la promulgación del Real
Decreto-ley 2/2008, de medidas de impulso a la actividad económica.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer en esta sesión del Pleno del Congreso para presentar el Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, por el que se aprueba un conjunto de medidas fiscales que les detallaré a continuación y que constituyen
un apoyo importante para contribuir al impulso económico y mejorar la eficiencia de la economía en su conjunto.
Como saben, la situación actual está marcada por las turbulencias financieras internacionales, que han mermado notablemente la liquidez
de los mercados y han reducido las perspectivas de crecimiento en todo el mundo desarrollado. Se trata de una coyuntura complicada, de duración incierta y de efectos difíciles de estimar. En España este escenario se conjuga con una desaceleración
de carácter cíclico que afecta fundamentalmente al sector de la construcción,
un sector que ha tenido unos años de actividad superior a la normal y que está experimentando un ajuste hacia niveles de actividad más moderados y sostenibles. En estas condiciones hay que destacar que todas las previsiones, incluyendo las
más pesimistas, continúan situando el crecimiento en nuestro país por encima de los países de nuestro entorno.
Esto se debe a que en la actualidad la economía española goza de unos sólidos fundamentos gracias al elevado dinamismo de los últimos
años y a la orientación de la política económica y presupuestaria. En este sentido, quiero destacar tres aspectos. En primer lugar, el aumento del stock de capital, al que ha contribuido notablemente la elevada inversión impulsada desde el
Gobierno en capital físico tecnológico y humano. En segundo lugar, los superávits y la reducción de deuda pública de los últimos años, y finalmente, la intensa creación de empleo. Estos elementos posicionan nuestra economía en una situación
favorable para hacer frente a una coyuntura adversa.
Señorías, para hacer frente al nuevo contexto económico el Gobierno ha adoptado, la misma semana de su constitución, unas medidas de estímulo económico. Este conjunto de medidas contempla una rebaja de impuestos con la que el Estado
pretende devolver a la sociedad parte de los recursos que ha venido acumulando en el periodo de crecimiento elevado. La decidida apuesta por el rigor presupuestario durante la pasada legislatura permitió no solo la consecución de superávit, sino
también una sustancial reducción de la ratio deuda-PIB. Esto nos permite ahora reinyectar recursos en la economía para revitalizarla y aliviar algunos de los problemas que la desaceleración puede crear en empresas y familias. También se pretende
incidir sobre el sector de la construcción facilitando la financiación de la construcción de vivienda protegida en esta fase en la que la vivienda libre está mostrando menor dinamismo y reforzando otros segmentos como la rehabilitación de vivienda o
la obra civil. Por último, se prestará una especial atención a los trabajadores afectados por la menor actividad en construcción residencial, reforzando las facilidades para su recolocación. En definitiva, una política que se orienta alrededor de
dos ejes: uno social, de protección de trabajadores, empresas y familias ante el nuevo escenario económico, y otro económico consistente en impulsar la economía desde el presupuesto en esta fase de menor crecimiento, pero siempre en el marco de la
estabilidad presupuestaria.
Señorías, este real decreto-ley forma parte de ese plan y tiene por objeto la introducción de diversas medidas fiscales en la normativa de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no
residentes, y en el ámbito de la imposición indirecta, en la regulación del impuesto sobre el valor añadido, del impuesto general indirecto canario y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el impuesto
sobre la renta de las personas físicas se introduce una deducción de hasta 400 euros en la cuota aplicable a los perceptores de rendimiento de trabajo o de actividades económicas y la nueva dirección se practicará respecto de la cuota líquida total
del impuesto, por lo que no afecta a la financiación de las comunidades autónomas ni de las entidades locales.
Una característica esencial de la nueva deducción es la posibilidad de que sus beneficiarios puedan anticipar los resultados de su
aplicación mediante una minoración de los pagos a cuenta del impuesto. De esta forma no será necesario esperar a la presentación de la declaración para que la deducción despliegue sus efectos. Esta característica es especialmente relevante en el
caso de los contribuyentes no obligados a declarar, puesto que si no se tomara en consideración la nueva deducción en la determinación de las retenciones a cuenta del impuesto que se les practiquen, deberían forzosamente presentar declaración por el
impuesto parar poder beneficiarse de la misma. Por otra parte, en el contexto económico actual la anticipación del impacto de esta medida por la vía del aumento inmediato de la renta disponible de sus beneficiarios, conllevará asimismo efectos
beneficiosos como medida impulsora de la demanda interna.
En el impuesto sobre la renta de no residentes se amplía el ámbito de las exenciones en relación con la deuda pública y otros activos para todos los no residentes, independientemente de su lugar de residencia, con objeto de aumentar su
atractivo internacional y favorecer la cobertura de financiación exterior de la economía española. En el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, se modifica el concepto de rehabilitación para propiciar un mejor tratamiento de ciertas obras en
la imposición indirecta. A tal fin se excluye el suelo del valor de los edificios para computar si una obra supera o no el 25 por ciento de su valor, a la vez que se determinan con mayor precisión los valores con los que hay que realizar la
comparación de las obras. Este tratamiento genera una mayor neutralidad en la tributación de estas operaciones y contribuirá a favorecer la renovación del parque de viviendas, en particular en el centro urbano de las ciudades. Las modificaciones
que se introducen en el impuesto general indirecto canario tienen por objeto acompasar su normativa a los cambios antedichos que se incorporan en el impuesto sobre el valor añadido.
Respecto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se establece la no sujeción de las escrituras públicas que contengan la ampliación del plazo de los préstamos con garantía hipotecaria concedidos para la
adquisición, construcción y rehabilitación de la vivienda habitual que se realicen en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta norma. Por otra parte, con este real decreto-ley se trata de dar un mayor impulso al programa de apoyo a la
financiación de las pequeñas y medianas empresas. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan desde el año 2000 avales que permiten a las entidades de crédito crear los fondos de titulación de activos, denominados FT-pyme. Con este
instrumento el Estado apoya las
operaciones avalando una parte de los bonos de mayor calidad crediticia emitidos por el fondo y, a cambio, las entidades de crédito cedentes se comprometen a reinvertir la liquidez obtenida en la financiación de pequeñas y medianas empresas.
Aunque no es un instrumento directo para las pequeñas y medianas empresas, las mismas se benefician ya que otorga liquidez a las entidades de crédito para poder seguir concediendo créditos a estas empresas sin desequilibrar sus balanzas. El
funcionamiento de la iniciativa desde su creación ha sido muy satisfactorio, contribuyendo a sacar al mercado de capitales financiación a pequeñas empresas por más de 35.000 millones de euros, un elevado porcentaje de los cuales se ha vuelto a
reinvertir en la economía real.
En la actual coyuntura de los mercados financieros internacionales, marcada por una restricción muy intensa en las condiciones de financiación a las entidades de crédito, el aumento de la dotación para la iniciativa
FT-pyme facilitará la adaptación del sistema bancario español al nuevo entorno a través de la diversificación de las carteras crediticias. Esta medida supone también un apoyo a la titulización de activos que, a pesar de los problemas que ha sufrido
como consecuencia de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, se ha desarrollado en España en condiciones de transparencia y gestión de riesgo muy rigurosas, generando ganancias de eficiencia considerable.
Otro de los objetivos de este real decreto-ley es la introducción de diversas medidas tributarias que afectan a los pagos fraccionados que se realicen a cuenta de la liquidación correspondiente a los periodos impositivos que se inicien
durante el año 2008 por los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, también a los pagos fraccionados de los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes con establecimientos permanentes en territorio español y del impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
Tales medidas traen causa de la reforma mercantil aprobada en la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable, para su armonización internacional, con base en la normativa de la Unión
Europea. La aplicación de dicha reforma ha supuesto la realización de ajustes contables con efectos a partir del 1º de enero del año 2008, que tienen repercusiones fiscales y que se manifiestan en primer término en los pagos a cuenta que han de
realizar las empresas. La aclaración de algunas dudas interpretativas en el ámbito fiscal, como consecuencia de la primera aplicación del nuevo Plan general de contabilidad, hace aconsejable posponer los efectos fiscales derivados de la aplicación
de la reforma contable, de manera que no tengan trascendencia en la determinación de los pagos fraccionados. Esta medida no supone una alteración de los sistemas de fijación de las bases imponibles ni de las cuotas, sino que afecta exclusivamente
al sistema de cálculo de los pagos a cuenta. Por último, el presente real decreto-ley contiene una habilitación al Gobierno para la aprobación de un plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral, que
tendrá como ejes centrales la orientación profesional y el reforzamiento de la capacidad de actuación de los servicios públicos de empleo.
Señorías, se trata de un conjunto de medidas concretas para ayudar a resolver los temas que en nuestra opinión son prioritarios en este momento, y que servirán para consolidar las bases para que en el futuro la economía crezca con
actividades de mayor valor añadido. Son medidas importantes, aunque no son las únicas, se verán comprometidas con otras a lo largo de la legislatura, de acuerdo con la evolución de la situación económica. Por todo ello, señorías, confío en que,
con su voto, manifiesten el apoyo a las iniciativas que se recogen en este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
Los grupos parlamentarios pueden fijar su posición respecto del real decreto-ley que está siendo sometido a debate. Por el Grupo Mixto tiene, en primer lugar, la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente, que un paquete de medidas en este ámbito era urgente es algo que nadie discute en esta Cámara y, de hecho, ese es el objeto de la primera sesión efectiva de esta legislatura. El Real Decreto-ley de medidas de
impulso a la actividad económica parte, en opinión de Nafarroa Bai, de una exposición de motivos, en definitiva, de un dibujo de la situación que a nuestro entender se aleja, si no de la realidad, sí de voces que apuntan de manera discordante con el
escenario de trabajo que nos propone el Gobierno. Ayer mismo diversas voces, autoridades europeas también, apuntaban a una rebaja importante de las previsiones del crecimiento económico, algunas incluso por debajo del 2 por ciento en la perspectiva
del crecimiento económico para España. A ello hay que añadir -nos parece fundamental destacarlo en un debate de estas características- el que el crecimiento del empleo en estos pasados cuatro años se ha forjado de tal manera que queda en desventaja
respecto a otros países en la misma situación en la medida en que hemos perdido puntos, cuatro en concreto, en la precariedad del empleo en el conjunto del Estado. Por tanto, empleo de peor calidad, de mala calidad, muy relacionado con la
construcción y que en esta situación va a dejar en precario a muchas capas de la sociedad. Nos parecía fundamental, junto a las medidas de activación de la situación económica, aunar algunas de carácter social profundo.
Las medidas que nos están proponiendo, señor Solbes, son básicamente de estimulación del consumo. Pues bien, ayer mismo el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, indicaba que en estos momentos la inflación es el problema más
importante y dejaba datos
encima de la mesa. Bruselas prevé que el nivel de precios subirá un 3,2 por ciento en 2008 y un 2,2 por ciento en 2009. Nos dirá ahora que efectivamente esa inflación, ese nivel de crecimiento de los precios, va en descenso en las
previsiones que se hacen y que el tiempo juega a favor, pero lo cierto es que ustedes nos proponen una estimulación del consumo justo en el periodo en el que se produce un mayor crecimiento de la inflación.
Si vamos a un análisis detallado de las medidas que nos propone -quizá me lo pueda aclarar-, nos da la sensación de que se mezclan churras con merinas. Lo ha apuntado usted ahora mismo en tribuna. El impuesto sobre sociedades afecta solo
al sistema de cálculo de los pagos fraccionados y no a las bases imponibles de los impuestos afectados. La pregunta es: ¿Debe ser entonces materia de un decreto sobre medidas de impulso la actividad económica? Esta es la pregunta.
Termino con una simple reflexión, que es la medida central, la medida estrella. Lo viene siendo en precampaña, en campaña, en poscampaña, hasta que hemos llegado a este Pleno: la de los 400 euros. Sinceramente, una rebaja por igual para
todas las rentas nos hace ser enormemente críticos respecto al carácter progresista de esta medida, pero sobre todo es una propuesta que no llega a todos los ciudadanos. He de decir que no, por ejemplo, a los ciudadanos de Navarra. Me dirá el
ministro Solbes -y me lo dirá con razón- que esto es competencia de quien recauda. No me haga recordar de quién es competencia o responsabilidad en estos momentos en el caso de Navarra, pues no entraremos hoy en esta cuestión. Lo cierto es que
debieran haberlo consensuado para no prometer lo que no era posible.
Finalizo ya, señor presidente. Es este cúmulo de cuestiones, unido a que algunas de las medidas aquí expuestas esta mañana y contenidas en el real decreto nos parecen positivas, dada la incoherencia de algunas propuestas no para todos los
ciudadanos y en algunos casos no comprensibles desde el ámbito de la redacción y de la exposición de este real decreto-ley, lo que le va a llevar a Nafarroa Bai a la abstención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Tiene ahora la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor vicepresidente, señorías, el contenido de este real decreto viene a demostrar, a nuestro juicio, que el Gobierno sigue empecinado en gobernar contra la realidad. No solo es que le cambie el nombre a las cosas
para no dar malas noticias ni molestar a los socios -por eso, a la crisis se le llama desaceleración y al trasvase conducción de agua-, lo más importante y preocupante para mí es que, mientras el presidente del Gobierno, por ejemplo, dé muestras de
autocomplacencia con afirmaciones como la de que la peor previsión de paro siempre será mejor que la mejor que tuvo el PP, o mientras tilde de antipatriotas a quienes no compartimos su visión optimista -la del presidente y la del conjunto del
Gobierno-, no se tomarán las medidas estructurales que nuestra economía necesita para afrontar lo que es una crisis internacional en toda regla.
La crisis se intensifica a su alrededor y ustedes, señores del Gobierno, siguen encelados, como en una imagen goyesca, a garrotazos con quienes consideran sus adversarios solamente porque no compartimos su optimismo, lo que demuestra
-permítame que se lo diga- muy poca ambición de país.
Todos los indicadores económicos experimentan una fuerte desaceleración y confirman la situación de crisis: empeora el déficit exterior, crece nuestro diferencial de inflación con la zona euro,
se reduce severamente la recaudación fiscal, se corrige permanentemente a la baja nuestra estimación de crecimiento a nivel nacional y por parte de las autoridades europeas, crece el desempleo, se raciona el crédito bancario, se elevan los tipos de
interés... Ante esta situación el Gobierno debiera haber presentado, a nuestro juicio, un plan económico de verdad, un plan económico con dos objetivos básicos: estabilizar la demanda y mejorar la competitividad para corregir el déficit exterior y
el diferencial de inflación... (Rumores.) Oigo mal, presidente. No solo no ha sido así, sino que su propuesta estrella, de la que ya se ha hablado aquí, los famosos 400 euros, es una medida regresiva: 1.736.000 contribuyentes no se verán
afectados por ella, no se les va a aplicar porque carecen de cuota. Los más necesitados de ayuda, los ciudadanos que más la necesitan, se quedarán fuera total o parcialmente. Regresiva, por tanto. E inflacionista, porque su carácter transitorio
producirá una elevación de precios como consecuencia del ajuste entre una oferta real estable y una demanda nominal creciente.
Unión Progreso y Democracia no apoyará un programa que no se enfrenta a los problemas reales de nuestra economía, un programa desenfocado con respecto a la naturaleza de la crisis internacional en la que España participa. No nos sumaremos
con nuestro voto a la ceremonia de la confusión ni les ayudaremos a que sigan ustedes gobernando contra la evidencia. Se atribuye a Keynes una frase que otros muchos se atribuyen, aquello de que nada hay más práctico que una buena teoría. Pues yo
le diría, señor vicepresidente, señores del Gobierno, señorías, que no hay nada más inútil y menos patriótico, por cierto, que permitir que la ideología, la propaganda o las dos cosas juntas se impongan sobre la teoría y la realidad. Por eso
nuestro voto será en contra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Es el turno de la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, en primer lugar queríamos manifestar desde Coalición Canaria el hecho de que, estando recogida en el decreto la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, lo que activa
la disposición adicional tercera de la Constitución y el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, que exigen el previo informe preceptivo del Parlamento de Canarias, tras la lectura del decreto esta portavoz alertó al ministerio para pedir el
informe preceptivo del Parlamento de Canarias. Eso ha hecho que un Parlamento como el de Canarias haya tenido que reunir a la ponencia el fin de semana y convocar un pleno extraordinario en el día de hoy para tener ese informe preceptivo en el
ámbito de la colaboración institucional fundamental para Coalición Canaria y el Gobierno. Le rogaría que su ministerio, sus funcionarios y ese Gobierno tengan en cuenta al fuero canario para próximos informes preceptivos que se tendrán que cumplir.
Con respecto al fondo del asunto, Coalición Canaria cree que el nuevo concepto de rehabilitación hace que esta tributación sea más neutral y beneficiosa, ya que los sujetos pasivos pueden deducir el IGIC soportado, va a fomentar la actividad
en el sector de la construcción y a mejorar muchos edificios de los centros turísticos y de los cascos históricos de nuestras ciudades. Ello tiene una trascendencia indudable para todos los proyectos de rehabilitación de la planta hotelera de
aquellas zonas turísticas degradadas, fundamentalmente en Canarias, ya que permitirá acogerse a los beneficios fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias a un mayor número de obras de rehabilitación turística.
Valoramos también muy positivamente las subvenciones para facilitar la movilidad geográfica. Y lo valoramos porque, como usted sabrá, el Gobierno de Canarias se adelantó en la anterior legislatura y aprobó unas medidas sobre la posibilidad
de subvenciones de movilidad dentro del archipiélago canario para permitir el traslado a las zonas generadoras de empleo de las zonas de paro. En este momento en que Canarias tiene una de las tasas de paro más altas de España y muchísimos
trabajadores desplazados de la Península, fundamentalmente andaluces y gallegos, en la actual situación de perspectiva económica de la construcción en Canarias y del sector turístico esta medida va a facilitar el retorno en muchos casos a sus
propias comunidades de origen en condiciones en que el empleo fuera favorable para ese posible retorno.
Como le dijimos durante la campaña electoral al Partido Socialista, la devolución de 400 euros nos parece una medida improvisada. Creemos que en una situación económica como la actual, si se quería fomentar el consumo, las medidas tenían
que dirigirse a núcleos de población que tienen pensiones no contributivas de 320 euros al mes, que es el 20 por ciento de todas las pensiones de Canarias y el 5 por ciento de las de este país, núcleos de población a los que no hay que incentivar
para que consuman sino que tienen que llegar a mediados de mes. En ese sentido, nos hubiera parecido mucho más responsable la incentivación de la capacidad de consumo a aquellos sectores de población más afectados por la crisis. En cualquier caso,
nos parece que en general las medidas son positivas y le anuncio el apoyo de Coalición Canaria a este decreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Tiene ahora la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente, subimos a esta tribuna para posicionar a nuestro grupo político, el BNG, en relación con este real decreto, que ya decimos desde el inicio que no vamos a votar favorablemente. Porque si bien hay una serie de
medidas que podemos compartir y con las que podemos estar de acuerdo, no es así en aquellas que recogen los artículos 1 y 4 y de manera fundamental el artículo 1. Esta medida, que corresponde a la devolución de 400 euros, desde nuestro punto de
vista, o desde cualquier punto de vista, no responde a un debate serio y riguroso sobre la fiscalidad y es fruto de un reclamo electoral de una campaña que en nuestra opinión no dio una imagen adecuada en relación con la cuestión tributaria. Parece
que se quería dar la idea de que en el Estado español hay una excesiva fiscalidad, cuando no es así ya que estamos entre los Estados de la Unión Europea que tienen menor carga fiscal. Además, desde la valoración que hacemos la medida propuesta no
tiene en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes ni sus circunstancias personales y familiares, suponiendo en la práctica una transferencia desigual en la cuantía de los contribuyentes. Señor Solbes, resulta que el Gobierno va a devolver
400 euros lo mismo a aquellas personas que tengan un sueldo de mil euros que a los que tengan un millón de euros al mes. Es una desigualdad que no podemos compartir. La igualdad matemática, señor vicepresidente, no es la igualdad distributiva. Ya
se lo expusimos cuando presentamos nuestras enmiendas al proyecto de reforma de la Ley del IRPF.
Entendemos que la fiscalidad debe tener un criterio progresivo -de ahí que presentáramos esas enmiendas con ese criterio-, y lo que ustedes nos
proponen en el día de hoy es todo lo contrario y de un carácter regresivo y de desigualdad que incide en algo que ya hicieron ustedes en otro momento como fue el famoso cheque bebé. Son medidas de un gobierno que se dice de izquierdas, de un
gobierno que se dice socialista, pero el sentido de la equidad no es el que está imprimiendo a propuestas como las que nos están haciendo en el día de hoy.
Por otro lado, señor vicepresidente, usted, no solo en la intervención en la tarde de hoy, sino en otras ocasiones, ha dicho que no nos preocupemos que esto está a cargo del superávit actual, y nos habla de una crisis que va a afectar en los
próximos dos años. Nos preguntamos qué va a pasar cuando estemos en ese momento de la crisis y haya que afrontar aquellas necesidades sociales que se aprobaron en la anterior legislatura como las grandes novedades y derechos sociales de la
ciudadanía
del Estado español. Nos preguntamos eso, señor vicepresidente. Por tanto, no podemos votar a favor de este real decreto, con independencia, como le hemos dicho anteriormente, de que haya otras medidas en otros artículos que pudiéramos
compartir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente del Gobierno, antes de nada quisiera decir que este plan de medidas de estímulo económico responde a una filosofía general, a una forma de entender la política económica con la que Esquerra se puede sentir
perfectamente cómoda. Es una política que podríamos denominar contracíclica, según la cual los poderes públicos, las administraciones deben invertir especialmente en los periodos de cierta desaceleración económica, de recesión económica. Por
cierto, esta fue la misma política contracíclica que permitió en la pasada legislatura que aprobásemos conjuntamente Esquerra Republicana y el PSOE las sucesivas reformas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en primer lugar, para compeler a las
administraciones públicas a mantener ciertos superávits en periodos como el que hemos vivido hasta hace poco de comportamiento expansivo de la economía y, a su vez, permitir, como en el momento presente, cierto margen de endeudamiento en los
periodos recesivos. Por tanto, fue una medida que rompió la ortodoxia incomprensible de la Ley de Déficit Cero que en su día instauró el Partido Popular. Por tanto, si hoy el Gobierno puede plantearse un plan como el que estamos debatiendo es
precisamente por la aplicación de esta ley que Esquerra en su momento impulsó y a la que dio apoyo, y por tanto por los mayores superávits que han registrado las distintas administraciones públicas, no solo el Estado, en estos últimos años,
concretamente en el último ejercicio, y es perfectamente sabido que en 2007 se superaron los 23.000 millones de euros de superávit, lo que representó nada más y nada menos que el 2,3 por ciento del PIB estatal.
Por lo anteriormente expuesto, de entrada no se entendería que Esquerra mostrase su desacuerdo o una negativa rotunda a este plan. Sin embargo, estamos valorando un plan en su conjunto y, por tanto, en un plan de esta naturaleza es tan
importante el qué como el cómo. No creo que nadie de esta Cámara vaya a discutir durante este debate la oportunidad o la necesidad de adoptar un plan de carácter urgente como el actual, pero ello no es óbice y no supone ningún obstáculo para
discrepar de algunos aspectos de su contenido concreto. ¿Por qué? Porque en nuestra opinión la inversión de fondos públicos debe utilizarse para perseguir tres objetivos fundamentales. El primero es poner las bases para la reactivación económica
y/o amortiguar un posible proceso recesivo. En segundo término, para aligerar las principales cargas del alto nivel de endeudamiento que sufren las familias. Y en tercer lugar, para estimular la inversión pública y privada. En ese sentido,
podemos reconocer que el plan que ha presentado hoy el vicepresidente y que incorpora este real decreto- ley sirve para aligerar la carga hipotecaria de las familias y para facilitar el acceso a la vivienda protegida y sirve también para ampliar el
crédito a las pymes, en un escenario en el que lo peor que podía suceder sería que la crisis hipotecaria repercutiese de forma negativa en la disponibilidad de crédito o en la financiación empresarial. Pero también debo decir que no creemos,
sinceramente, que con este decreto-ley se vayan a conseguir plenamente los tres objetivos que acabo de citar. En primer lugar, porque se aplican medidas simplemente correctoras, cuando la tendencia a la desaceleración hace prácticamente un año que
era más que evidente. Creo, señor vicepresidente, que ha habido un cierto pecado de imprevisión. Vamos, por tanto, con retraso. No pongo en ningún caso en duda su capacitación, pero no deja de ser como mínimo sorprendente que el Fondo Monetario
Internacional ya hace tiempo que viene afirmando que la ralentización económica en España será más profunda debido a los efectos de la crisis financiera originada en Estados Unidos, y usted, de forma persistente, ha venido negando la mayor. Por
tanto, que el ministro del ramo haya venido manteniendo hasta hace poco que la economía española no notaría estos efectos no deja de ser -repito- como mínimo, sorprendente.
En segundo lugar, no sabemos bien si estamos ante un plan de reactivación económica o ante un plan para dar cumplimiento a algunas de sus promesas electorales; promesas que en nuestra opinión son, como mínimo, también discutibles. Lo digo
porque el 60 por ciento de los recursos de este plan -de los casi 10.000 millones de euros a él destinados- corresponde a la financiación de la nueva deducción de 400 euros del IRPF. Dije durante el debate de investidura -lo recordará el presidente
del Gobierno- y vuelvo a repetir que Esquerra siempre ha mantenido una posición más bien crítica frente a esta deducción porque consideramos que es una medida que surge, por decirlo así, de una cierta frivolidad electoralista cercana a un modelo
asistencialista, de repartidora universal, que nada tiene que ver con la cultura del esfuerzo, que es la que debería primar en todo caso.
Nos parece una medida regresiva, poco progresiva y, por tanto, antiprogresista. Consideramos que el sistema
tributario en los países serios y normales debiera servir como instrumento de política socioeconómica que favorezca en todo caso la redistribución de recursos o el fomento de la economía productiva. Por tanto, no debería estar en ningún caso sujeto
ni cautivo de la coyuntura electoral.
En tercer lugar, nos parece que hay una excesiva focalización en el incremento de la liquidez. Las principales
medidas que incorpora el decreto-ley -no únicamente la deducción de 400 euros a la que me acabo de referir- se centran básicamente en el aumento de liquidez de la economía, ya sea de las personas físicas o de las empresas a través bien de la
posibilidad de pedir mensualmente la devolución del IVA o bien de la mano de la supresión del impuesto sobre patrimonio, lo cual nos parece útil para mantener a corto plazo los niveles de consumo interno de demanda pero no garantizan el
mantenimiento de los niveles de inversión y, por lo tanto, las bases del crecimiento futuro.
Finalmente, echamos en falta dos cosas, señor vicepresidente, señorías, que son las que determinan en última instancia nuestra abstención en la votación para la convalidación de este decreto-ley. En primer lugar, echamos en falta algunas
medidas de refuerzo a la ocupabilidad y no tanto a la ocupación. Es decir, nos parece bien, aunque insuficiente, la contratación de 1.500 orientadores para los parados e incluso la ayuda extraordinaria de 350 euros mensuales durante tres meses para
determinados parados o desempleados, pero son medidas que no son coherentes con una auténtica política de ocupabilidad, que es la que defiende Esquerra. Porque nosotros preferimos subvencionar no tanto a los ocupados o desocupados como directamente
la formación y los distintos servicios de ocupación. En segundo lugar, echamos en falta algunas rebajas para estimular la reinversión empresarial. Lo dije durante el debate de investidura y lo reitero hoy: los pasados superávits deberían permitir
algún incentivo fiscal más agresivo que incentive a las empresas a mantener un nivel óptimo de reinversión. Entendemos que esto se puede hacer con la reintroducción de la deducción por reinversión de beneficios por un coste no superior a 3.000
millones de euros o un tipo más reducido de las pymes en el impuesto de sociedades, por cierto, una medida que entendemos que va a tener un coste aproximado de 5.000 millones de euros, que podía haber sido afrontado con garantías desde el Gobierno
en la actual coyuntura. Por todos estos motivos, señorías, señor presidente, señor vicepresidente económico del Gobierno, nuestro partido va a abstenerse en la convalidación de este decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a oponerse a estas medidas, en primer lugar porque reconocer la realidad es una premisa imprescindible para cambiarla, y el Gobierno no reconoce todavía la gravedad de la crisis: sigue
discutiendo en materia económica si son galgos o son podencos, si finalmente estamos ante una desaceleración o ante un cambio de ciclo. Tampoco compartimos la valoración del Gobierno sobre la fortaleza de nuestra economía. Creemos que es una
economía frágil, con un empleo precario. En ese sentido, y en consecuencia, las medidas no componen, en nuestra opinión, un plan anticrisis, sino que son un conjunto de promesas electorales y de medidas parciales, contradictorias, en unos casos
contraproducentes y en otros muchos casos no consensuadas.
Las medidas de rebajas y regalos fiscales, que continúan rebajas anteriores, se argumentan ahora como estímulos al consumo. Sin embargo, estas medidas son, en nuestra opinión, regresivas, son injustas en su reparto -no recibe más quien
menos tiene-, no contribuyen a una reorientación del consumo, y lo más importante es que detraen más de 8.000 millones de euros de gasto público en un momento como el actual en que el Estado debiera ejercer un papel anticíclico; es decir, debilitan
al Estado cuando son más necesarios el Estado y la política pública.
Política pública para compensar el debilitamiento de la construcción, para proteger a los ciudadanos desempleados, para promover el cambio en el modelo de desarrollo. Nuestra
oposición también es radical en el alargamiento de los plazos de las hipotecas, porque lejos de aliviar la carga de los ciudadanos la aplaza y la hace prácticamente insalvable, a favor fundamentalmente de las entidades bancarias. Han sido estas
hipotecas de por vida, que incorporan en algunos casos créditos personales, las que han provocado en la construcción la inflación de precios y el endeudamiento de las familias hasta límites insostenibles.
A estas medidas básicas, fruto del programa electoral, se les suman otras que aunque algunas vayan en sentido acertado, sin embargo, por su escaso volumen y amplitud tienen un efecto menor, un efecto muy pequeño sobre la crisis. En ese
sentido, nos parece correcto el apoyo a la rehabilitación, el adelanto de proyectos de infraestructuras o las medidas para la recuperación del empleo por los efectos de la crisis. Sin embargo, señorías, señor ministro, falta un plan importante
frente a la crisis económica, porque de eso estamos hablando. Con lo que el Gobierno va a dejar de ingresar con motivo de la rebaja fiscal, con la flexibilización de los criterios de estabilidad y con un acuerdo social se podría poner en marcha, en
nuestra opinión, un verdadero plan anticíclico frente a la crisis que está o viene. En primer lugar, protegiendo y reorientando a los desempleados, con 1.000 millones de euros que favorezcan al mismo tiempo la integración social. En segundo lugar,
compensando y rectificando la política de vivienda e infraestructuras en favor de la rehabilitación o de la vivienda pública, mediante unos 3.000 millones de euros. En tercer lugar, favoreciendo el cambio en el modelo de desarrollo, en la
formación, en la investigación y desarrollo o en la política industrial, también por 3.000 millones de euros, equivalentes a los que dejará de ingresar el Gobierno con motivo de sus regalos fiscales. Por último, avanzando en las políticas de
bienestar como nichos de empleo, en atención a la dependencia o en otras materias a las que podríamos
dedicar los últimos 1.000 millones de euros, hasta completar los que el Gobierno destina a este plan anticrisis. Con todo ello, y termino, se reconocería la crisis y la fragilidad de nuestra economía y se pondrían los medios para superarla
a corto y a medio plazo, no con recetas ultramontanas sino con recetas socialdemócratas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor presidente del Gobierno, señor vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, iniciamos un nuevo curso, una nueva legislatura, y en materia económica
lo hacemos debatiendo un real decreto-ley de medidas de impulso a la actividad económica de manera similar a como lo hicimos con el Gobierno del PP en el año 2000. Da la sensación de que el Gobierno quiere transmitirnos la idea de la urgencia y de
la necesidad de actuar en el ámbito económico. No será, desde luego, el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, el que niegue dicha necesidad.
Tal y como planteó nuestra portavoz en el debate de investidura, la ralentización económica y sus implicaciones negativas en el mercado de trabajo -246.000 parados más en el primer trimestre del año-; el elevado nivel de inflación -a pesar
de la noticia positiva de hoy en la mañana-; el déficit exterior; la baja productividad del sistema económico; la crisis del sector de la vivienda; la subida del euribor; las continuas revisiones a la baja del escenario macroeconómico de la
economía española constituyen elementos definitorios de una situación económica no alarmante pero sí preocupante. Una realidad económica que requiere una profunda reflexión, debate y consenso para implementar con la máxima eficacia una política
económica que nos permita superar la fase económica en que nos encontramos. Tenemos una oportunidad, y yo diría que la obligación, de hacerlo a lo largo de los próximos meses en el proceso de elaboración presupuestaria. Nuestro grupo parlamentario
está dispuesto a participar y a trabajar intensamente en este sentido. Si es posible lo vamos a hacer. Sin embargo, creemos que las medidas más o menos improvisadas incluidas en el real decreto-ley responden a criterios alejados de la eficiencia y
eficacia económicas. La medida estelar, la de deducir 400 euros anuales de la cuota líquida del IRPF, deriva de un compromiso electoral del presidente Rodríguez Zapatero, uno más de esos compromisos que adoptó el presidente con el fin de ganar
votos -recuerden los 210 euros para la ayuda al alquiler de la vivienda o los 2.500 euros por nacimiento-, sin reparar en el impacto económico o en el coste de las medidas, o al menos sin reparar de forma suficiente.
Hace cuatro años, señor presidente, su primera decisión fue la de retirar las tropas de Irak. Esta legislatura se inicia con temas económicos que para nuestro grupo son tan interesantes o más. Y se inicia con la medida de devolver 400
euros a los trabajadores y a los pensionistas, al menos a algunos de ellos y desgraciadamente no a todos. El objetivo teórico de dicha medida es compensar a las rentas del trabajo por la pérdida de capacidad adquisitiva derivada del aumento de la
inflación e impulsar de alguna manera el consumo privado. No votaremos en contra de la aplicación de esta medida por respeto a las personas que se han hecho a la idea de cobrar estos 400 euros. Sin embargo, permítame, señor vicepresidente, que le
traslade la opinión de mi grupo parlamentario en relación con la misma, con el fin de corregirla en la medida de lo posible. Esta deducción lineal de 400 euros, amén de electoralista e improvisada, decidida al margen incluso de la revisión del
cuadro macroeconómico, supone un elevado coste para las arcas públicas. El propio Gobierno lo estima en la memoria económica que se adjunta al real decreto en 5.698 millones de euros, y, por contra, el impacto en las familias va a ser mínimo.
También, según la memoria económica, se estima que el importe de la subvención ascenderá a 348 euros/año/persona trabajadora o pensionista, menos de un euro al día, señor vicepresidente, es decir, ni para una barra de pan, al menos al precio que el
pan tiene en Bilbao.
¿Esto arregla algo de verdad? ¿Qué piensa usted, señor vicepresidente? Además, los 400 euros los van a deducir -como ya se ha dicho en otras ocasiones- tanto el señor Botín como su jardinero. ¿Es esto justo, es razonable?
Espero, sinceramente, que al señor Botín no le moleste la comparación porque lo hago sin ninguna intención peyorativa, tan solo como un ejemplo ilustrativo. Quizá a los perceptores de rentas bajas les alivie algo, pero a los de rentas altas
sinceramente no. A lo mejor adquieren un innecesario palo de golf. Hubiera sido, y es aún, deseable incorporar progresividad en la medida -y yo le invito a ello, señor vicepresidente- tanto por justicia social como para favorecer la actividad
económica. Además -y esto es lo que realmente nos parece más preocupante-, los más afectados por la inflación y la situación económica -es decir, aquellos cuyos salarios son tan bajos o sus pensiones tan bajas que no están sujetos a retención- no
podrán beneficiarse de la medida. Esto es preocupante. ¿Cómo les va a explicar, señor Solbes, a los seiscientoseuristas o setecientoseuristas o a las viudas con pensiones inferiores a 500 euros que esta medida de los 400 euros no les va a afectar
y en cambio sí, insisto, al señor Botín? Lo tiene muy difícil, señor vicepresidente. Ha de corregir necesariamente está anómala situación. En definitiva, es esta una medida que apenas alcanza para comprar una barra de pan al día, que afecta de
igual manera al señor Botín y a su jardinero, que no le va a servir a mí tía Isabel, que cobra una pensión por debajo de 500 euros al mes, y cuyo coste global es equivalente al de la T-4, es decir, un billón de las desaparecidas
pesetas. Al menos reconózcame, señor vicepresidente, que esta medida es cuestionada y cuestionable.
El resto de las medidas fiscales, como la modificación del concepto de rehabilitación para aplicar un IVA inferior a ciertas obras, favorecer el cambio de hipoteca sin coste alguno, impulsar el apoyo a las pymes mediante avales del Estado
que les facilite la financiación, etcétera, no sé si son tan urgentes como para tramitarlas a través de un real decreto, pero las consideramos acertadas y oportunas. En el capítulo II de este real decreto, el relativo al Plan estratégico de medidas
de orientación, formación profesional e inserción laboral, se habilita al Gobierno para la elaboración de dicho plan. A nuestro juicio, lo más prudente es esperar a conocerlo en detalle antes de pronunciarnos al respecto.
Me va a permitir, señor vicepresidente, que antes de concluir mi intervención me refiera a una cuestión que para nuestro grupo parlamentario y para el Partido Nacionalista Vasco es de gran importancia política. Usted sabe perfectamente -y
nuestro grupo parlamentario lo ha denunciado en más de una ocasión en esta misma Cámara- que cuando su Gobierno adopta medidas en el campo fiscal y tributario, como es el caso de este real decreto que hoy debatimos, está obligado a informar de ello
a la Comisión de evaluación normativa creada por ley al efecto. Desde su posición puede pensar: ¿por qué he de informar al Gobierno vasco de lo que quiero hacer en temas tributarios si son de mi competencia? Simplemente le digo, señor
vicepresidente, porque así lo exige la ley, y las leyes hay que cumplirlas. La Ley del Concierto Económico, en sus artículos 63 y 64, así lo establece claramente. Nos preocupa especialmente este incumplimiento no tanto en este real decreto que
ahora estamos debatiendo como en la ya anunciada y aprobada en Consejo de Ministros supresión del impuesto sobre patrimonio. Ustedes deciden unilateralmente, sin consultar ni comunicar al órgano bilateral competente. En el Estado español hay cinco
haciendas -usted bien lo sabe, señor vicepresidente-, pero a veces me da la sensación de que el Gobierno en este tema se hace el remolón. Como ya le he dicho anteriormente, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, no va a votar en contra dadas
las expectativas que las medidas han generado en muchos ciudadanos.
Tampoco podemos hacerlo a favor después de lo que nuestro grupo parlamentario ha planteado en el debate. Sin embargo, reitero, señor vicepresidente, nuestra voluntad de sincera
colaboración en el debate económico y en las medidas de política económica que se habrán de adoptar a lo largo de los próximos meses y a lo largo de la legislatura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente del Gobierno, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, señoras y señores diputados, la posición de nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, va a plasmarse a través de una
intervención que va a intentar ser positiva y realista ya que es lo que entendemos que necesita nuestra economía. Nuestra economía necesita poco ruido y medidas efectivas, solventes y potentes que generen confianza a los agentes económicos. Pero
me gustaría, de entrada, hacerle una serie de consideraciones al vicepresidente económico del Gobierno y ministro de Economía.
En primer lugar, desde Convergència i Unió, señor ministro, entendemos que la actual situación económica española necesita ser explicada con la máxima transparencia y decir las cosas por su nombre. En segundo lugar, creemos sinceramente
que, sin entrar en catastrofismos, hay que decir sin miedo que estamos en una situación de crisis, que es lo que entiende la gente, y es lo mismo que decir que estamos en una situación brusca de desaceleración económica, que esto no lo entiende
prácticamente nadie.
Por lo tanto, no nos dé miedo explicar la realidad con la máxima transparencia y decir sin miedo que estamos en una situación de crisis y que hay propuestas importantes para poder resolverla satisfactoriamente.
En tercer
lugar, también entiende nuestro grupo parlamentario, señor Solbes, que hay que hacer un diagnóstico claro, preciso y realista de nuestra situación económica, cosa que hasta la fecha han sido incapaces de plantear con seriedad y con realismo. En
cuarto lugar, señor vicepresidente y ministro de Economía, nosotros entendemos desde Convergència i Unió que hay ser valientes, y lo repito, hay que ser valientes para aplicar medidas efectivas para poder salir de la crisis y, al mismo tiempo, que
con esta valentía y con estas medidas que podamos proponer, también podamos dar seguridad a los agentes económicos y sociales. Finalmente, como última consideración, también pensamos desde Convergència i Unió, señor ministro, que es muy importante,
muy importante, despejar todas las incertidumbres económicas, todas las incógnitas económicas que planean sobre nuestra economía y para ello, desde nuestro punto de vista, hay que plantear medidas precisas, solventes, serias y realistas, que no sean
improvisadas, como algunas de las que han planteado en este real decreto.
La verdad, señor vicepresidente, es que ustedes con este real decreto, a nuestro modesto entender, no han sido realistas, no han sido claros, no han hecho un diagnóstico claro de nuestra economía y, también desde nuestra perspectiva, no han
sido valientes para aplicar medidas con profundidad, no han despejado el clima de incertidumbre que planea sobre nuestra economía. Por ello, nosotros estimamos que estas medidas son cortas, son insuficientes y, como decía nuestro portavoz, el señor
Duran i Lleida, en su intervención a raíz de su aprobación en el Consejo de Ministros, son solamente un aperitivo de lo que necesita la economía española. De todas
formas, señor ministro, no se preocupe. Nosotros, desde Convergència i Unió, le vamos a dar nuestra confianza en este momento en la aprobación de este real decreto. No vamos a votar en contra, repito, le vamos a dar nuestra confianza y nos
vamos a abstener por las consideraciones que vamos a hacer a continuación. Por decirlo de alguna manera, Convergència i Unió le va a dar crédito político para que a lo largo de esta legislatura, a lo largo de este periodo de sesiones podamos
cumplimentar y complementar medidas efectivas para poder salir de la crisis. Y aquí haría una pequeña precisión, este crédito político se lo vamos a dar también sin intereses. También nos atreveríamos a darle un consejo, señor vicepresidente y
ministro de economía. Dada la situación actual de la economía española sería importante que su Gobierno, y usted personalmente, tuvieran la sensibilidad de hacer caso a las diferentes propuestas que les pueda hacer Convergència i Unió, pero también
otros grupos políticos de esta Cámara, para intentar conseguir el máximo consenso político en materia económica. Como dice el refrán, el horno no está para bollos, hay muchas familias que sufren ya las consecuencias de esta crisis, hay muchas
familias a las que les cuesta muchísimo llegar a fin de mes, hay muchas familias y personas que van a pasar de una situación de ocupación a una de paro, y usted tiene la responsabilidad de plantear dicho consenso respecto de todas las propuestas que
puedan venir a esta Cámara para poder salir airosos de esta crisis en la que está inmersa la economía española; crisis, repito, que no nos ha de dar miedo nombrarla con toda la claridad del mundo porque al mismo tiempo tenemos propuestas para poder
resolverla. Por tanto reclamamos agilidad, claridad, efectividad, valentía y transparencia, pero sobre todo, señor ministro, señor vicepresidente del Gobierno, reclamamos consenso. Usted conoce perfectamente las recetas para salir de la crisis:
hay que ayudar al consumo; hay que fomentar la inversión y el ahorro; hay que implementar medidas fiscales, financieras y crediticias para dar más competitividad a nuestra economía; hay que implementar medidas orientadas a la
internacionalización; hay que implementar medidas importantes y eficientes para que se pueda recolocar a todas las personas que pasen de una situación de ocupación a una de desempleo; hay que tener mucha sensibilidad -y voy a repetirlo-, hay que
tener mucha sensibilidad, señor ministro, con los sectores industriales tradicionales españoles: el sector textil, el sector farmacéutico, el sector de la automoción y el sector agroalimentario; no hay que olvidar a los sectores industriales
tradicionales de la economía española y al mismo tiempo, lógicamente, no podemos perder de vista a los sectores de las nuevas tecnologías.
¿Qué es lo que hemos echado en falta desde Convergència i Unió en este real decreto, que nos hubiera gustado muchísimo poder votar favorablemente si se hubieran incorporado estas medidas, aunque no perdemos la esperanza de que a lo largo de
esta legislatura, a lo largo de este periodo de sesiones, podamos llegar a acuerdos importantes con ustedes? En primer lugar hemos echado en falta una cuestión que es la anulación o la desaparición del impuesto sobre el patrimonio. Ya sé que van a
plantear un proyecto de ley en este periodo de sesiones para su desaparición. Usted sabe perfectamente que Convergència i Unió ha sido la única formación política que a lo largo de los últimos ocho años ha pedido la desaparición del impuesto sobre
el patrimonio porque, a nuestro entender, es confiscatorio, con la aportación por parte del Estado a las comunidades autónomas de las cantidades que en estos momentos éstas están recaudando por el principio de lealtad institucional. No obstante,
quisiéramos saber si ustedes efectivamente van a traer en breve a la Cámara la eliminación del impuesto sobre el patrimonio para que desaparezca a efectos fiscales durante el año 2008.
En cuanto a la universalización o a la prestación de 400 euros para todos los trabajadores afectos a retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hemos constatado una vez más que el Partido Socialista no tiene alma
social. Con esta medida ustedes han demostrado que no tienen alma social porque dejan fuera del ámbito de estas aportaciones o devoluciones de 400 euros a alrededor de cuatro millones de personas: 1,7 millones de viudas que cobran menos de 600
euros y 2,5 millones de jubilados que cobran menos de 600 euros y que no van a percibir este regalo de los 400 euros. Por ello, señor vicepresidente, hemos presentado una proposición de ley para que se pueda subsanar este defecto y todas aquellas
personas que cobran menos de 12.000 euros puedan recuperar una parte importante de esta cantidad. Creemos que cuando planteemos esta toma en consideración el Gobierno y el Partido Socialista darán su voto positivo.
También desde el ámbito fiscal echamos en falta medidas importantes orientadas a la reducción del impuesto sobre sociedades. El señor Solbes sabe perfectamente que en la pasada legislatura nosotros llegamos a la conclusión de que en la
próxima legislatura nuestra economía, nuestro tejido industrial y productivo, probablemente necesitaría esta rebaja del impuesto sobre sociedades. Lógicamente, nosotros vamos a seguir planteando las posiciones de Convergència i Unió para que a lo
largo de esta legislatura sea posible rebajar el impuesto sobre sociedades y crear un impuesto sobre sociedades del 15 por ciento para todas las microempresas. Hemos echado en falta también incentivos fiscales a la inversión y a la formación bruta
de capital fijo y también hemos echado de menos todas aquellas medidas que habíamos acordado con usted en la pasada legislatura respecto a la posibilidad de rebaja del IVA reducido para todas las familias en sus facturas de gas y electricidad, tal
como ocurre en muchos países de la Unión Europea. Así todas las familias españolas se ahorrarían un 9 por ciento del total de la factura del gas y de la electricidad. Finalmente, señor ministro, hemos echado en falta medidas orientadas al sector
inmobiliario, pero no desde la perspectiva de beneficiar a los
promotores y constructores sino medidas que traten de dar confianza a todos los futuros compradores potenciales que existen en España. En Convergència i Unió estamos convencidos de ello y lo vamos a presentar la próxima semana. Si el
Gobierno fuera capaz de dar confianza y garantías fiscales y financieras a los futuros compradores que puedan tener en su mente la posibilidad de comprar un edificio, se podrían reducir los stocks de viviendas acabadas y no vendidas y así dar un
aire o un respiro a este sector, que le hace muchísima falta.
Señor vicepresidente del Gobierno, señoras y señores diputados, por estas consideraciones y por estos motivos mi grupo no va a poder apoyar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley y nos vamos a abstener.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente del Congreso, señor presidente del Gobierno, señor vicepresidente, señoras y señores ministros, señorías, parece que fue ayer el comienzo de la V Legislatura, la última legislatura del presidente
González. Entonces el señor Solbes, flamante ministro de Economía y Hacienda, traía a esta Cámara una iniciativa que consistía en la subida de los impuestos especiales sobre el consumo. Yo subí a esta tribuna, entonces como portavoz económico del
Grupo Parlamentario Popular hace quince años, para rechazar esa proposición, esa propuesta de medidas económicas. En aquel tiempo estábamos en una crisis económica, una crisis que costó un millón de puestos de trabajo, señor Solbes. La tasa de
paro al final de esa legislatura se elevó al 23 por ciento -un 23 por ciento de tasa de paro-, el déficit público acabó esa legislatura en el 7 por ciento, la inflación en el 5 por ciento y las hipotecas estaban al 11 por ciento. Esa fue la última
legislatura y la situación que dejó el señor Solbes al final de esa V Legislatura, cuando nos traía a esta Cámara subida de impuestos para combatir una crisis económica. ¿Lo reconoció el Gobierno socialista de entonces? No. Nos dijo: No hay
crisis económica. Un millón de españoles perdieron su puesto de trabajo, señorías. ¿Qué está pasando ahora? ¿Hay crisis económica o hay desaceleración? En el primer trimestre de este año 75.000 ciudadanos han perdido su puesto de trabajo, más
35.000 el último trimestre del año 2007.
Señor ministro de Trabajo, aparte de saludar su presencia en esta Cámara y felicitarle por su cargo, quiero decirle que toma usted las riendas de una actividad del Gobierno donde ahora le toca contar y explicar a la sociedad española en qué
consiste el paro y cómo se incrementa después de haber vivido años de crecimiento económico creador de empleo como nunca antes los habíamos tenido en nuestra historia. Eso es la crisis económica; la crisis económica es el final del crecimiento
económico creador de empleo. Eso es lo que está cambiando en España, señorías, y si no hay crisis económica para esas 250.000 personas que se han ido al paro durante los primeros meses de este año mientras estábamos preparando unas elecciones
generales en nuestro país, si no hay crisis económica, me gustaría preguntarles directamente a ellos qué entienden realmente por crisis económica. Quizás no; quizás técnicamente podamos hablar con toda tranquilidad a esta gente de desaceleración
económica.
Señor vicepresidente, hay crisis económica en España cuando se ha entrado en una destrucción de empleo. Esto se lo tendría que explicar al presidente del Gobierno, que en economía no es lo mismo subir que bajar; bueno, ni en economía ni en
la vida es lo mismo subir que bajar.
(Rumores.) No es lo mismo que el paro baje o que el paro suba; no es lo mismo, y nosotros, el Gobierno del Partido Popular, dejamos un país con un crecimiento económico creador de empleo y ahora estamos
viviendo un crecimiento económico que destruye empleo. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que están viendo los españoles. Señorías, están viendo pérdida de poder adquisitivo, están viendo cómo sus hipotecas, el endeudamiento que han tomado
para adquirir su vivienda, están subiendo de una manera incesante y peligrosa. Asimismo la pequeña y mediana empresa, que es la que mueve el país y crea empleo, está viviendo una situación económica extremadamente difícil, señor Solbes, porque no
hay crédito para ellos; no llega el crédito a los pequeños comerciantes de nuestro país; no llega el crédito a los pequeños fabricantes de nuestro país ni a los pequeños empresarios del turismo, y el que les llega les llega claramente encarecido.
Usted, como miembro del Gobierno, dice: Hay una crisis financiera mundial. Claro que hay una crisis financiera mundial, pero, ¿cuál es el país del mundo desarrollado más vulnerable a una crisis financiera mundial? Señor Solbes, es aquel país que
tiene mayor déficit exterior por cuenta corriente. Señoría, si para producir cien necesitamos que el resto del mundo nos dé diez y en el resto del mundo hay una crisis de retraimiento de la liquidez, entonces evidentemente España está severamente
perjudicada. España es el país más vulnerable. Hay otros países también, eso es cierto, pero España es especialmente vulnerable porque ante la pasividad del Gobierno socialista el déficit exterior, que no lo vemos en nuestra casa, no lo vemos en
nuestras empresas, no lo vemos en el día a día, pero es importantísimo como país, como nación, porque en definitiva es el que expresa nuestras relaciones económicas con el resto del mundo, ese déficit exterior, señor Solbes, lo han incrementado en
una sola legislatura cuatro veces en relación con el que heredaron de los gobiernos del Partido Popular; cuatro veces, hasta el 10 por ciento del producto interior bruto en España. Y claro, llega la crisis financiera y nos sorprende a todos, pero
no todos estamos en la misma posición para hacer frente a esa posición financiera. Señor presidente del Gobierno, aparte de
agradecer también su presencia, quiero decirle que cuando usted afirma que España es el país que mejor puede afrontar esa crisis está obviando la importancia de tener un déficit exterior por cuenta corriente, y eso no es decirle la verdad a
los españoles. Hay que hablarles con claridad, con rotundidad, hay que decirles las cosas como son; eso es hacer política de realismo y de credibilidad. (Aplausos.)
Señorías, como les decía, una crisis es en definitiva una crisis de poder adquisitivo, una crisis de financiación de nuestro tejido productivo, y lo más terrible de todo es que mientras nosotros estábamos compitiendo en unas elecciones 850
ciudadanos se estaban yendo cada día al paro; se estaban destruyendo 850 empleos, porque estamos ante una destrucción de empleo, como reza en la encuesta de población activa.
Señorías, ante esta situación el Gobierno nos trae una iniciativa política, un real decreto-ley, unas medidas de contenido fiscal cuya medida estrella es la de los 400 euros, un compromiso electoral. El señor presidente del Gobierno fue a
las elecciones generales afirmando taxativamente: Vamos a devolver a todos los contribuyentes 400 euros.
Pues no es a todos los contribuyentes, señor presidente del Gobierno. Ya he visto que antes lo estaba comentando con el señor vicepresidente,
que le estaba informando que no es para todos los contribuyentes, señor presidente. Como reza, como afirma rotundamente el decreto-ley, es una deducción de hasta 400 euros y por tanto hay que tener capacidad para realizar esa deducción. Eso es así
de sencillo. Les voy a poner un ejemplo para que veamos cómo el Gobierno está tomando una medida tributaria -ya se lo han comentado algunos de los portavoces que han intervenido- injusta. Una mujer soltera, sin familiares a cargo, que tiene
rendimientos del trabajo de 14.000 euros brutos anuales, recibe efectivamente 400 euros de deducción. Una mujer con un hijo -con un hijo, señor vicepresidente-, que tiene el mismo rendimiento, las mismas rentas cada año, 14.000 euros, recibe 89
euros de deducción. Una mujer con un hijo menor de tres años -y por tanto receptora de esa medida que fue la ayuda a las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años que creamos desde el Gobierno del Partido Popular-, recibe cero euros de
deducción.
Se han olvidado de las cargas familiares, se han olvidado de que realmente estemos ante una tributación equitativa, y a esto se añade -no lo voy a reiterar, pero me ha gustado escuchar la expresión de algún grupo de la izquierda que
coincide con el Gobierno socialista en medidas que fomentan el uso de los paraísos fiscales- el uso de los paraísos fiscales. En fin, esto es la izquierda española (Aplausos.) que nos trae un uso legítimo, eso sí, para atraer inversión a España.
El señor Azpiazu se ha referido a ello, a cuando desde el Gobierno del Partido Popular trajimos un decreto-ley a comienzos del año 2000 -por cierto, la economía estaba creciendo al 7 por ciento y trajimos un decreto-ley-. Entonces lo que hicimos,
señor vicepresidente, fue tramitarlo como proyecto de ley para facilitar la aportación de los diferentes grupos a esta medida.
Podríamos seguir, pero le voy a decir cuál es nuestra conclusión respecto de esas medidas, aparte de que ampliar los
plazos de las escrituras -según se contiene aquí- representa un ahorro de euro y medio con la supresión del papel timbrado. Esto es importante, lo del euro y medio es realmente un detalle (Aplausos.), un detalle que nos va a ayudar a cerrar un
círculo como el que están sufriendo estas personas. Lo peor es que usted hace un enfoque, señor vicepresidente del Gobierno, que nos trae bajadas de impuestos sin ahorrar en el gasto público, y eso ahonda en la crisis, en la crisis del déficit
exterior, en la crisis de la desconfianza, en la crisis, en definitiva, de la falta de credibilidad de un Gobierno cuando estamos afrontando una situación económica tan especial y tan difícil como la que estamos planteando. Esta es, en definitiva,
la situación.
Nosotros, el Partido Popular -lo dijo el presidente del partido muy claramente en el debate de investidura- venimos a esta Cámara con el mandato que hemos recibido no solo de nuestros electores sino de los que esperan que hagamos oposición,
del conjunto de la sociedad española, a resolver la crisis; a eso venimos, a resolver esa crisis. Por eso nosotros tenemos medidas, hemos presentado iniciativas en esta Cámara como ampliar la deducción por la adquisición de vivienda en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas y bajar las retenciones mensuales a esas personas para compensarlas de la subida de las hipotecas. Tratamos de ir a esa gente, que es la que más está sufriendo en este momento las circunstancias adversas de la
subida de hipotecas. Medidas, señor vicepresidente económico, como bajar el impuesto de sociedades, especialmente a la pequeña y mediana empresa, para reactivar la economía y fortalecer el crecimiento económico creador de empleo.Ya lo he dicho, se
está destruyendo empleo porque la pequeña y mediana empresa está gripando sus motores de evolución de crecimiento y tenemos que auxiliarla con medidas, con iniciativas políticas claramente dirigidas a ellas. Por eso, insistiendo en nuestra voluntad
de ayudar a resolver la crisis -ese es el mandato de 10.200.000 electores que han apostado por nuestro programa; en definitiva, las medidas que he relatado son las de nuestro programa electoral-, lo que estamos ofreciendo al Gobierno es que este
decreto-ley lo tramite como proyecto de ley para que podamos dialogar, podamos llegar a acuerdos, podamos decir a los españoles que en esta Cámara hay suficiente coincidencia para evitar y para resolver esta crisis económica. En definitiva,
esperamos de este Gobierno una actitud positiva.
Acabo, señor presidente. He comenzado diciendo que parece que fue ayer y efectivamente parece que fue ayer. Al final de la V Legislatura, el señor vicepresidente del Gobierno, entonces ministro de Economía y Hacienda, trajo a esta Cámara
un proyecto de presupuestos que no fue aprobado, una mayoría de esta Cámara rechazó ese proyecto de presupuestos. Acabó la legislatura, se celebraron elecciones generales y ganó el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez-Piñero.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, permítanme comenzar anunciándoles que el grupo parlamentario al que represento va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. (Rumores.-Aplausos.) Nosotros estamos de acuerdo con el
contenido y valoramos muy positivamente el rigor y la inmediatez con que se ha elaborado, cumpliendo así, una vez más, con nuestro compromiso electoral y con nuestro objetivo de atender de manera inmediata las prioridades de nuestro país. Por eso
la conveniencia de su tramitación como un real decreto-ley. Pero para valorar la idoneidad de las medidas es preciso tener un acertado diagnóstico de la realidad, de la situación actual de la economía española y de sus perspectivas a corto y medio
plazo. Nosotros compartimos el análisis que ha efectuado el señor vicepresidente económico del Gobierno.
Como SS.SS. saben, la economía española no es inmune a los cambios en el contexto internacional. Este contexto se caracteriza por una progresiva desaceleración de la economía norteamericana, por una evolución alcista de los precios del
petróleo y de algunas materias primas, y por la inestabilidad de los mercados financieros internacionales ante una gran falta de confianza y sobre todo ante algo absolutamente inusual, que es la dificultad para valorar el riesgo crediticio. Ello
está provocando una restricción del crédito y un encarecimiento de los tipos de interés, y ya está empezando a afectar a la economía real de los países de nuestro entorno y, por tanto, también al nuestro.
En la economía española -es verdad- ha resultado especialmente inoportuna la concurrencia de esta coyuntura internacional con el ajuste en el sector de la construcción residencial. El ajuste será ahora más breve, pero también más intenso.
A pesar de ello, existe coincidencia en señalar que las fortalezas de nuestra economía permitirán que siga creciendo por encima de los países de nuestro entorno y que la desaceleración tenga un carácter transitorio. El Gobierno coincide con la
mayor parte de las estimaciones de los organismos internacionales, que coinciden en señalar que en la segunda mitad de 2009 podrá normalizarse la situación y que en 2010 alcanzaremos tasas de crecimiento en torno al 3 por ciento.
Señorías, considero que es fundamental tener un adecuado diagnóstico del análisis temporal de la situación actual, porque es primordial para valorar en su justo término el paquete de medidas que se incorporan en este real decreto. Coincido
con ustedes en que la economía española necesita medidas de impacto inmediato que minimicen el alcance de la desaceleración, al tiempo que no comprometan la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Otras medidas de carácter fiscal, como las
que propone el Partido Popular -permítanme que se lo diga-, no creo que sean eficaces; no sirven, señor Montoro, para compensar las restricciones crediticias, comprometen la estabilidad presupuestaria y además su impacto es dilatado en el tiempo.
Señorías, nosotros confiamos en el potencial de crecimiento de la economía española, tenemos fortalezas y resortes suficientes que nos hacen estar en mejores condiciones que los países de nuestro entorno. Francamente, no es serio ni responsable que
cuando el Partido Popular está en la oposición siempre vea crisis. Ustedes llevan vaticinando una crisis económica desde el minuto uno de la anterior legislatura y se han instalado cómodamente en el pesimismo y en la exageración, aunque dada la
situación que vive el Partido Popular no me extraña que solo vean crisis. (Aplausos.) No confiaron en la gestión económica del Gobierno socialista, pero la realidad les ha desbordado. Alcanzamos tasas de crecimiento superiores al 4 por ciento y
ustedes seguían apelando a la inercia. La realidad es que cuando ustedes dejaron el Ejecutivo, señor Montoro, la economía crecía al 2,8 por ciento, tan solo cinco décimas por encima de la estimación actual; y la realidad es que el contexto
económico es muy diferente, comenzando con que el precio del petróleo rondaba entonces los 30 dólares el barril y ahora supera los 110 dólares -ustedes deberían saber que es el responsable de una gran parte del déficit exterior de nuestra economía
(Aplausos.)- y siguiendo con que entonces había un exceso de liquidez que provocaba que los tipos de interés estuvieran en situaciones anormalmente bajas. Ahora, como saben, vivimos una restricción severa en la liquidez y los tipos de interés están
al alza.
Por otro lado, permítanme que me detenga un momento, porque en nombre de mi grupo quiero valorar el compromiso por la transparencia de este Gobierno que, en todo momento, les ha tenido informados de la situación económica y de las
modificaciones en las previsiones de crecimiento, según el calendario establecido, como hacen todos los organismos internacionales. No hemos negado la mayor, como se nos acusa desde alguna bancada. Las previsiones se han realizado cuando toca: en
junio, cuando se elabora el cuadro macroeconómico de los presupuestos, y el contexto internacional era uno; en diciembre, cuando se aprueba la actualización del plan de estabilidad, y el escenario era otro; y ahora en abril, para que la fijación
de los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas se adecuen al nuevo escenario. Haber esperado a la revisión del mes de junio hubiera sido un perjuicio para las comunidades autónomas, que este Gobierno no iba a consentir
ni ha consentido.
Señorías, la economía española necesita reorientar su modelo de crecimiento hacia uno más productivo y competitivo, menos dependiente del ladrillo, que fomente la competencia de nuestros mercados y asegure un crecimiento sostenible sin
comprometer la necesaria estabilidad presupuestaria. Esta es una pieza fundamental para asegurar nuestro desarrollo y generar confianza. Este sigue siendo nuestro objetivo, lo era en 2004 y lo
sigue siendo en la actual legislatura, tal y como recoge nuestro programa electoral y como destacó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Para lograrlo se necesita tiempo y una acción enérgica y persistente centrada en la
inversión en infraestructuras, en investigación, en innovación, en la modernización tecnológica y en la formación. Esta seguirá siendo la orientación y el rumbo de la política económica del Gobierno socialista, pero también somos conscientes del
nuevo escenario y somos sensibles al efecto que produce en las familias, en los trabajadores y en las empresas.
El superávit acumulado en la legislatura, fruto de nuestra concepción de la política económica y sin duda alguna de una magnífica gestión de las cuentas públicas, es lo que nos permite utilizarlo ante situaciones de menor dinamismo económico
para estimular la economía y para asegurar la protección social. Para eso lo generamos. Hemos ahorrado porque somos responsables y somos previsores. Nada que ver con la política del déficit cero que ustedes defendían y, por cierto, nunca
consiguieron.
(Aplausos.-Un señor diputado: Ahí, ahí.)
Señoras y señores diputados, hecho el diagnóstico es el momento de valorar las medidas. Como muy bien ha expuesto el señor vicepresidente económico, las medidas se dirigen a paliar los principales problemas detectados: la detracción del
consumo de los hogares, la falta de liquidez de las empresas, el aumento del desempleo y la desaceleración de la construcción residencial. En el Grupo Parlamentario Socialista aplaudimos la medida de la deducción en la cuota de los 400 euros, que
tendrá un efecto inmediato en las nóminas a partir de junio para más de 16 millones de contribuyentes. Su progresividad queda de manifiesto en el hecho de que los contribuyentes con menores rentas dejarán de pagar este impuesto.
Señorías, casi
1.800.000 trabajadores autónomos y pensionistas van a dejar de pagar el impuesto sobre la renta. Y ustedes desde el Partido Popular hablan de una progresividad. Pues déjenme decirles, poniéndoles también un ejemplo, que con la reforma fiscal que
ustedes proponen las rentas más altas, que son las que de verdad les preocupan, se ahorrarían 25.000 euros. Esa es la progresividad que ustedes proponen. (Aplausos.) Y dicen que lo que hay que hacer es reducir el gasto público. Aún estamos
esperando que digan dónde, porque en el debate de televisión entre el señor Solbes y el señor Pizarro quedó de manifiesto que no lo sabían o no se atrevían a decirlo, que no sé qué es peor. (Aplausos.)
Consideramos también muy positiva la medida temporal de poder alargar el plazo de las hipotecas a coste cero, porque va a permitir a las familias adaptar el pago mensual de la hipoteca a su nueva situación. Estas dos medidas mejorarán la
renta familiar disponible y estimularán el consumo.
Por cierto, quiero aprovechar para decirle al señor Sánchez i Llibre que en este real decreto no se incorpora la supresión del impuesto sobre el patrimonio porque lo haremos como toca,
tramitaremos la ley tal y como ha dicho el Gobierno y como anunció el vicepresidente económico, lo abordaremos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es una decisión del Gobierno que no va a afectar a la recaudación de las
comunidades autónomas, porque este Gobierno sí es leal con el resto de las administraciones de nuestro Estado.
En cuanto a las medidas del empleo, consideramos que son doblemente acertadas: en primer lugar, porque ayudarán especialmente a los que se encuentran con más dificultades, y en segundo porque inciden directamente en adecuar mejor la oferta
a la demanda de trabajo y fomentan la movilidad laboral, que desde luego es una de las asignaturas pendientes de nuestra economía. Respecto al tratamiento fiscal de la rehabilitación, consideramos que es una medida necesaria para incentivar esta
actividad y para racionalizar la oferta de las viviendas. La rehabilitación es una actividad muy intensiva en mano de obra, que genera efectos inducidos en el resto de los sectores, que contribuye a hacer más sostenibles nuestros edificios y que
mejora el entorno de nuestras ciudades. Mi grupo está plenamente de acuerdo con esto. Como saben SS.SS., las infraestructuras son determinantes para mejorar la productividad y la competitividad de nuestra economía. Por ello nos parece una
acertada decisión acelerar la inversión en obra pública, como también lo es la decisión de dotar de mayor liquidez a las pequeñas y medianas empresas para que puedan llevar a cabo sus proyectos de inversión y contribuyan a un desarrollo más
diversificado de nuestra economía.
Señorías, por todo lo expuesto, por la idoneidad de las medidas para impulsar la economía, manteniendo la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, y por su carácter social de protección a trabajadores, a familias y a empresas, es por
lo que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Piñero.
- REAL DECRETO-LEY 3/2008, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS EXCEPCIONALES Y URGENTES PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES AFECTADAS POR LA SEQUÍA EN LA PROVINCIA DE BARCELONA. (Número de expediente 130/000002.)
El señor PRESIDENTE: Las votaciones del Real Decreto-ley sobre medidas de impulso a la actividad económica quedarán, como hemos anunciado esta mañana, para hacerlas conjuntamente con el examen del siguiente punto: Real Decreto-ley 3/2008
de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para exponer las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, hoy, en el primer pleno del Congreso de los Diputados en esta legislatura, quisiera exponerle las razones que han llevado al Gobierno a adoptar medidas excepcionales y urgentes para
garantizar el abastecimiento de agua a poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona.
Como ustedes bien conocen, señorías, las cuencas internas de Cataluña padecen una grave sequía. Hoy la reserva hidráulica en ellas está al 23 por ciento de su capacidad, después de un ligero incremento en las últimas dos semanas. Pero este
nivel de reserva de agua no es suficiente, como tampoco lo era el disponible hace once días y, en consecuencia, la provincia de Barcelona y su área metropolitana podrían sufrir restricciones de agua para uso doméstico a corto plazo. Señorías, el
agua para consumo humano es un bien de primera necesidad. Asegurar su disponibilidad en cantidad y calidad suficientes es una obligación de los poderes públicos hacia la ciudadanía, sea cual sea el territorio en el que habite. Con esta premisa, y
ante la situación de escasez hídrica que atraviesa Cataluña, el Gobierno considera necesario poner en marcha determinadas medidas coyunturales. Son medidas similares a las establecidas en años precedentes que garantizaron el suministro de agua
potable en aquellas regiones más afectadas por la sequía, evitando las restricciones de su consumo. Hay que recordar que la práctica totalidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, junto con determinadas zonas de Andalucía, fueron los territorios
del Estado donde las precipitaciones fueron menores en comparación a sus niveles medios, y en la comunidad catalana esta tendencia pluviométrica se está manteniendo durante el presente año. Como consecuencia de todo ello, el volumen embalsado en
las cuencas internas de Cataluña en el presente año hidrológico está experimentando un acusado descenso. A fecha 18 de abril la situación de los embalses de las cuencas internas de Cataluña era la siguiente: 149 hectómetros cúbicos de agua
embalsada, es decir, un 20,1 por ciento de su capacidad total cuando a nivel nacional las reservas superaban el 50 por ciento. Este porcentaje está próximo al nivel de emergencia. Cabría recordar que la Generalitat catalana, Administración
hidráulica competente y sus cuencas internas, define en su normativa que el nivel de emergencia se activa si el agua embalsada desciende por abajo del umbral del 20 por ciento. Por ello, todas las fuerzas políticas de esta comunidad autónoma han
manifestado la necesidad de establecer medidas para afrontar, a corto plazo, una eventual restricción en el uso de agua potable si las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables.
Y aunque los embalses, como ya les he señalado, están
incrementando ligeramente sus reservas (voy a insistir: un 20,1 por ciento, hace dos semanas; 21,2 por ciento, la pasada semana y, hoy, el 23 por ciento), ambos gobiernos coincidimos en que estas ligeras variaciones no son suficientes para
afrontar las necesidades a corto plazo. Sin la adopción de medidas adicionales, la evolución de las reservas en los próximos meses llevaría al sistema Ter-Llobregat a situaciones de emergencia que serían bastante dificultosas, situándonos en el mes
de octubre, momento en el que hoy podríamos afirmar que las demandas para abastecimiento de uso de boca a la población no podrían ser satisfechas. El área metropolitana de Barcelona precisa un caudal de 19,44 hectómetros cúbicos al mes para
satisfacer sus demandas actuales, cifra, por otra parte, que ha sido notablemente reducida en los últimos años, debido al alto grado de responsabilidad que ha demostrado la ciudadanía de Barcelona, afrontando la sequía mediante la racionalización y
el ahorro de agua.
Pero si la ausencia de precipitaciones persiste y contando con las reservas actuales, así como las nuevas aportaciones que a partir de mayo pretende incorporar la Generalitat de Cataluña mediante diversas actuaciones
complementarias, se dispondría de un caudal mensual de solo 15,55 hectómetros cúbicos, por lo que se produciría un déficit mensual de 3,9 hectómetros a partir del próximo mes de octubre. Este déficit será cubierto totalmente en el momento que entre
en funcionamiento la desalinizadora de El Prat, prevista para junio de 2009, y que aportará 5 hectómetros cúbicos al mes. Por tanto, señorías, el real decreto-ley que hoy presento en nombre del Gobierno ante este Pleno para su convalidación,
pretende evitar cualquier restricción en la disponibilidad de agua de consumo humano para los más de cinco millones de ciudadanos que se abastecen del sistema Ter-Llobregat, situación que podría producirse durante el periodo de nueve meses
comprendido entre octubre de 2008 y junio de 2009.
Señorías, en el contexto que les he descrito, los gobiernos de España y la Generalitat de Cataluña hemos analizado distintas alternativas, considerando la más idónea y ajustada a la situación actual, con total garantía y sin impacto
ambiental, la incluida en el real decreto-ley.
Esta consiste en la optimización de los caudales regulados mediante la Ley 18/1981 sobre actuaciones en materia de aguas de Tarragona. El caudal necesario que se ha estudiado en el caso de la
hipótesis más desfavorable, coincide con el margen no aprovechado del volumen de agua que se destina al ámbito territorial de Tarragona, de acuerdo con lo aprobado en la citada Ley de 1981, por lo que su reasignación coyuntural se plantea a través
de dos posibles medidas. En primer lugar, mediante una ampliación del ámbito territorial de la Ley 18/1981, al sistema de abastecimiento Ter-Llobregat y, en segundo lugar, estableciendo que las infraestructuras de conducción que en este mismo real
decreto-ley se prevén, así como las instalaciones de captación establecidas en la Ley que ya he citado 18/1981, podrán ser
utilizadas en el caso de cesiones temporales en aplicación del texto refundido de la Ley de Aguas. Considero importante remarcar a SS.SS. que se trata de reasignación temporal de caudales, con un volumen de caudal perfectamente delimitado
y para un ámbito geográfico determinado.
Reasignación, porque el Real Decreto-ley 3/2008, que hoy les presento, no permite sacar agua adicional del río Ebro; son los caudales los que se redistribuyen. Temporal, porque estas dos vías de aportación
de agua al sistema Ter-Llobregat estarán vigentes mientras dure la situación excepcional de sequía o hasta la puesta en marcha de la desalinizadora de El Prat, tal y como recoge la disposición final tercera. Limitado en volumen, ya que la suma de
los volúmenes que podrán derivarse en virtud de las dos medidas anteriormente expuestas, no superará en ningún caso el límite de 4 metros cúbicos por segundo de caudal máximo, umbral fijado por la Ley 18/1981, así como, por otra parte, tampoco se
superará el límite total de 50 hectómetros cúbicos anuales.
Finalmente, la reasignación temporal de caudales se realiza para un ámbito geográfico determinado, tal y como recoge el artículo 1. Los caudales autorizados basándose en este real decreto-ley solo podrán ser utilizados en los municipios de
la provincia de Barcelona afectados por la sequía, no pudiéndose utilizar para fines o ámbitos territoriales distintos.
Además, como contempla el artículo 3, se está trabajando para que durante el periodo de utilización las comunidades de usuarios
reduzcan sus consumos para que el río Ebro no vea mermado su caudal. Estas cesiones serán no onerosas. No obstante, señorías, esta solución exige realizar una infraestructura de conexión entre el sistema del Consorcio de Aguas de Tarragona y el
sistema de abastecimiento del Ter-Llobregat de unos 62 kilómetros de longitud, infraestructura que se declara de interés general por el artículo 6 del real decreto-ley, a la vez que las obras necesarias para su realización tendrán la consideración
de obras de emergencia. Se agilizarán todos los trámites necesarios para llevar a cabo las obras de conducción, a fin de que estén finalizadas en los plazos previstos para evitar una situación de desabastecimiento. Y con el propósito de aunar
esfuerzos y recursos en ese reducido horizonte temporal, las obras que se declaran de interés general del Estado se realizarán en el marco de cooperación que fije el convenio que al efecto se suscriba entre la Administración General del Estado y la
Generalitat de Cataluña. Es importante subrayar que esta nueva infraestructura no supone la creación de conexión intercuenca alguna. Es decir, no se está creando una conexión del Ebro hacia cuencas internas de Cataluña, pues la actual conexión que
conduce el agua a Tarragona ya lo es, la conexión intercuenca preexiste y se viene utilizando desde 1981. En consecuencia, señorías, la nueva conducción de agua entre Tarragona y Olèrdola discurrirá exclusivamente por cuencas internas de Cataluña.
No se plantea, por tanto, ninguna conexión intercuenca nueva. Les reitero esto.
Por último, quisiera exponer a SS.SS. que el real decreto-ley también incluye una rebaja de las tasas portuarias a los barcos que transporten agua para el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona afectada por la sequía. Se
aplicará un descuento del 80 por ciento a la tasa para mercancía que corresponde a la carga y descarga de agua a granel, una bonificación del 50 por ciento sobre la tasa del buque y la exención total del pago por señalización marítima.
Señoras y señores diputados, quisiera señalar por encima de todo la prioritaria necesidad de garantizar el abastecimiento de agua a los más de cinco millones de habitantes potencialmente afectados. Asimismo, la urgencia de la medida se
justifica en la necesidad de adaptar sin demora las decisiones que permitan cubrir el déficit hídrico que pudiera producirse a partir del mes de octubre de persistir la actual situación de sequía. En definitiva, con este real decreto-ley se
pretende afrontar una situación de emergencia, adoptando para ello, y con la antelación suficiente, las medidas excepcionales, temporales y urgentes que sean necesarias para evitar restricciones de abastecimiento de agua para uso de boca de la
población de la provincia de Barcelona, especialmente de su área metropolitana. Quiero volver a reiterarles que es una medida que ya se ha adoptado anteriormente para atender esta misma finalidad, en otras cuencas de la vertiente mediterránea, y en
caso de que concurran circunstancias parecidas a las que hoy nos encontramos, agua para uso de boca, también se hará en el futuro, tanto en esas mismas cuencas como en cualquier otra del territorio español. Es un compromiso y una obligación del
Gobierno de España; obligación que queda explicitada claramente en la disposición adicional cuarta del real decreto-ley.
Por todo ello, solicito a los distintos grupos parlamentarios el apoyo a la convalidación de este real decreto-ley, pues considero que existe amplia coincidencia en que estamos hablando de una necesidad prioritaria: el abastecimiento de
agua a muchos ciudadanos de la provincia de Barcelona.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Los grupos parlamentarios pueden fijar su posición respecto del real decreto-ley que está siendo sometido a debate. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, señora ministra, si estuviéramos discutiendo solamente del enunciado del real decreto, medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la
sequía en la provincia de Barcelona, apenas tendríamos nada que decir, al menos yo. Pero estamos nuevamente ante un debate sofista, tramposo, que nos impide entrar en el fondo del problema; un debate que se nos plantea de una
manera -si me lo permite, señora ministra- acomplejada. No se trata, aquí y ahora, de discutir si hay que llevar agua a Barcelona, yo no lo haré, pues es evidente que los ciudadanos necesitan urgentemente agua y que llevarla desde Tarragona
es una solución factible a corto plazo. Los ciudadanos no se merecen sufrir la angustia de la falta de agua por la negligencia de sus gobernantes. Votaré a favor de la convalidación de este real decreto-ley, que regula un trasvase y no una
reasignación temporal de agua, pero no renunciaré a denunciar una política oportunista, improvisada y frívola de una clase política, la que gobierna aquí y la que gobierna allá, más ocupada en hacer propaganda que en buscar soluciones estructurales.
Señorías, no se trata de decir sí o no a los trasvases, se trata de defender una política hidráulica que tenga en cuenta que el agua es un recurso básico de todos los españoles y que su gestión corresponde de forma exclusiva al Estado. A
tal fin, les anuncio que Unión Progreso y Democracia presentará en los próximos días una proposición no de ley relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos, para que hablemos del fondo de
la cuestión y no nos movamos en coartadas.
En la política del agua los intereses generales del Estado están muy debilitados y no los siente el alma española con la emoción y la intensidad que es necesaria para construir el país. He observado que todos tiramos hacia nuestra región,
hacia nuestra comarca, hacia nuestro pueblo, hacia intereses más o menos locales, y con frecuencia, en el afán desmesurado que ponemos por servirlos, comprometemos y lesionamos más altos intereses, como son los de la nación española. ¿No estarían
ustedes, señora ministra, señor presidente, señores del Gobierno, señores socialistas, de acuerdo conmigo en esta afirmación? Espero que sí, que estén de acuerdo conmigo. Son palabras pronunciadas por Indalecio Prieto aquí, en esta Cámara, el 30
de noviembre de 1932 defendiendo su plan general de obras hidráulicas. Hoy, tres cuartos de siglo más tarde, este discurso sigue teniendo actualidad y los objetivos que Prieto perseguía siguen necesitando de alguien que los defienda. Es hora de
abandonar el localismo para centrarse en la nación; para centrarse en la nación.
Espero que pronto nos podamos poner de acuerdo en la necesidad de un pacto de Estado que se proponga reforzar los intereses comunes para garantizar la cohesión, para
profundizar en la igualdad, para asegurar el desarrollo sostenible y para estimular el progreso. Para todo eso cuenten conmigo, señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme trasladarles un saludo en esta primera intervención como diputado en esta legislatura. Permítanme también mostrar mi agradecimiento a todos los ciudadanos que con su voto quisieron que tanto Ana María Oramas como yo
mismo podamos representarles en esta Cámara; por supuesto, el compromiso es para trabajar no solo por los que depositaron la confianza sino también por todos los ciudadanos de Canarias y de todo el Estado.
Señora ministra, hoy nos trae usted aquí para la convalidación de un real decreto, y mis primeras palabras tienen que ser, como ya le manifestó el señor Hernández Gómez, consejero del Gobierno de Canarias, de apoyo a esta decisión que tomó
su ministro, que tomó el Gobierno; apoyo como consecuencia de entender desde Canarias la solidaridad con las necesidades en estos momentos. Permítame también, señora ministra, que en nombre de los canarios en general y en particular de los
ciudadanos de La Gomera le agradezca a su ministerio, y a usted como ministra, la diligencia y la rapidez en enviar medios aéreos, medios materiales y humanos a Canarias con motivo del incendio que todavía hoy vive esta isla. Convendrá conmigo,
señora ministra, en que quizá no es suficiente llegar rápido, como ha ocurrido, sino que en Canarias también será necesario activar medios específicos durante todo el año. En la legislatura anterior se creó en Canarias una brigada de intervención
inmediata en incendios forestales. Tiene su base en la isla de La Palma y nosotros le planteamos hoy en este debate la necesidad de adelantar su puesta en funcionamiento en este ejercicio debido a las circunstancias meteorológicas de forma que
pueda estar activa en caso de situaciones como la que se produjo este fin de semana en la isla de La Gomera.
Canarias -y se lo dijo el consejero- tiene una disponibilidad de recursos hídricos naturales en torno a los 690 metros cúbicos por persona
y año, muy por debajo de la media en la península, de unos 3.000 metros cúbicos.
Por eso, nos ha extrañado que en el preámbulo del decreto se plantee la situación de sequía de la península y no se haga referencia al resto del Estado. Porque eso
nos permitiría plantearle hoy, señora ministra, la necesidad de activar algo que está pendiente con Canarias. Está pendiente con Canarias, y no es su responsabilidad, la firma de un convenio de obras de infraestructura hidráulica que permitirán dar
solución, dar respuesta a esas demandas. Por citarle dos ejemplos, en estos momentos en la isla de La Palma -probablemente la de más agua en Canarias- se necesita activar las obras hidráulicas que permitan aprovechar las aguas que cada año
discurren por el barranco de Las Angustias para el embalse de Vicario a través del incremento de los tomaderos de ese barranco de Las Angustias. Pero otra isla, Fuerteventura, tiene en estos momentos una media de 165.000 personas que necesitan
agua. Una desaladora que todavía está pendiente de ejecución -que va en ese convenio de Canarias con el Estado- en Puerto del Rosario permitiría, con una inversión de 13 millones de euros, tener por lo menos
una producción de 15.000 metros cúbicos de agua diaria, lo que posibilitaría resolver la necesidad de agua que se plantea en Fuerteventura, la isla que más crece en población respecto a la media europea y que tiene 1,3 millones de turistas
cada año que también demandan agua.
Por tanto, lo que le pedimos hoy -igual que los representantes de Coalición Canaria vamos a apoyar su decreto- es que usted active -conocemos a su secretario de Estado y conocemos de su eficiencia- todos los mecanismos por parte de su
Gobierno y de su departamento -estoy seguro de que se van a activar- para que de inmediato podamos firmar este convenio Canarias-Estado que, como le decía, posibilite poner en marcha esta serie de obras de infraestructura hidráulica que nos eviten
en un futuro cercano tener que recurrir a un decreto-ley extraordinario, de urgencia, para resolver problemas de necesidad de agua en el territorio archipielágico de Canarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señora ministra de Medio Ambiente, señorías, quizá huelga decir que si hemos llegado hasta aquí es porque en Cataluña asistimos a un periodo de persistente sequía -aquello que se decía en pleno franquismo de
pertinaz sequía-. Una sequía que dura más de tres años, la más grave desde que se tienen registros fiables, con los embalses, como recordaba la ministra, justo por encima del 20 por ciento de su capacidad, con graves problemas de abastecimiento de
agua no solo a Barcelona sino también a su área metropolitana, lo que afecta a más de cinco millones de personas. De ahí que, de entrada, nos parece indiscutible que concurre en este caso el supuesto habilitado constitucionalmente para los
decretos-leyes; se da clarísimamente una necesidad urgente, extraordinaria. Por tanto, aprovecho el inicio de esta intervención para anunciar que Esquerra se va a oponer a que se tramite posteriormente como proyecto de ley, si es que algún grupo
así lo solicita.
En segundo lugar, deseo dejar constancia de que esta situación de extraordinaria necesidad y urgencia que acabo de describir es una situación que ha estallado después de unos años en los que el actual Gobierno de la Generalitat de Catalunya
ha comenzado a implementar un cambio de modelo de gestión del agua acorde con lo que se ha venido a denominar la nueva cultura del agua. Después, por cierto, de algunos años de olvido, de postergación, de indolencia por parte de algunos gobiernos
anteriores al Gobierno de izquierdas y catalanista en Catalunya. Por cierto, los mismos que ahora mojan pan ante esta crisis con un muy poco disimulado afán electoralista. Por tanto, repito, esta crisis ha sobrevenido a medio camino de una
planificación a largo plazo; una planificación que tiene en cuenta medidas como el ahorro y la concienciación ciudadana, medidas como la reutilización del agua depurada, la recuperación de acuíferos, la construcción de infraestructuras de
desalación -hasta tres plantas, con capacidad para producir 200 millones de litros al año de agua-. Medidas que, todas ellas, hubieran permitido que en la primavera del año 2009 Catalunya hubiera podido afrontar las consecuencias de una crisis como
la actual con las debidas garantías y que a más largo plazo -a diez o quince años vista- hubieran permitido poner en servicio casi 300 hectómetros cúbicos de agua al año. Así pues, quiero decir que el actual Gobierno catalán no ha incurrido en
negligencia en ninguna de sus obligaciones, en ninguno de sus compromisos en la medida en que ha desarrollado una planificación de corte antitrasvasista. Pero una cosa es la planificación de cara al futuro a largo plazo, de carácter estructural, y
otra cosa es la gestión de la actual sequía, que es una gestión puntual, una gestión de emergencia.
Y en tercer lugar, y por coherencia con todo lo dicho, no deseamos ni vamos a entrar en esta intervención en el juego de discutir sobre este modelo, cuya bondad ya he defendido ampliamente. Eso quiere decir que no quisiéramos entrar en este
debate ni resucitar un Plan Hidrológico Nacional felizmente sepultado por insostenible y por aberrante. No tiene nada que ver lo que estamos hoy discutiendo con aquellos 1.050 hectómetros cúbicos que proponía el Partido Popular, ni deseamos tampoco
contaminar este debate con supuestas medidas estructurales -muy discutibles por cierto, pero no tengo tiempo-, como el trasvase del Ródano. La demagogia que han empleado algunos grupos como el Partido Popular o la misma Convergència i Unió solo
sirve para desenfocar el debate del agua en Cataluña.
Por tanto, lo que nos trae hoy aquí es una medida excepcional, que también debo decir que no nos acaba de gustar, pero que aceptamos como mal menor y que, por cierto, tiene precedentes en otras cuencas mediterráneas. Una medida, repito, de
carácter excepcional ante una eventualidad como es la de que se mantengan los actuales niveles de precipitación. No me duelen prendas y, por tanto, no tengo ningún empacho, señorías, a la hora de reconocer que no se trata de una simple
interconexión de redes e incluso que pueda hablarse abiertamente de que se trata de una extensión del actual trasvase del Ebro a Tarragona, pero también quiero decir que con la misma honestidad habrá que reconocer, y además lo puedo afirmar, que no
se va a extraer ni una sola gota más del río Ebro y, por tanto, que no se efectúa ningún trasvase adicional de la cuenca del Ebro a las cuencas internas de Cataluña, porque lo que se va a hacer con esta medida es optimizar el cauce actualmente
existente por concesión desde 1989; por tanto, sin superar el actual tope de la concesión que son 4 metros cúbicos por segundo.
Finalmente diré que, sin embargo, vamos a abstenernos en la votación, y lo vamos a hacer por distintas razones que no tengo tiempo de explicar, pero hay dos fundamentarles que sí voy a razonar seguidamente. La primera es que aunque se trate
de una obra de interés general y, por tanto, de titularidad estatal, que es lo que da título en este caso al Gobierno español para entrar en esta cuestión, el decreto-ley se cuida mucho de decir que se trata de una inversión estatal a los efectos de
la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña; es decir, en términos económicos el decreto-ley prescinde del carácter de emergencia de esta sequía, aunque, como reza el mismo preámbulo del decreto-ley, se trata de una situación de
adversidad meteorológica. Quiero decir que no se va a tratar igual esta sequía que otros casos, como los incendios que en su día asolaron Guadalajara o Canarias, en que fue el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria el que se hizo cargo
de los efectos económicos de aquella crisis. De otro lado, no se puede desconocer, señorías, que esta famosa disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña no es solo un parámetro objetivo que fija o que marca cuál es la inversión pública
del Estado a destinar en Cataluña, sino que es un instrumento que sirve básicamente para corregir el déficit histórico en materia de inversiones públicas del Estado en Cataluña.
Salvando las distancias, y con el debido respeto, es como si en este
caso se exigiera a Andalucía que con cargo a su deuda histórica afrontara una situación de emergencia o una crisis como la que en este momento está pasando Cataluña. En segundo lugar y finalmente nos vamos a abstener por el contenido literal de la
disposición adicional cuarta de este decreto-ley que, aunque es de dudoso contenido normativo -más bien parece una simple declaración de principios, incluso yo diría que una concesión política al Partido Popular-, es una disposición que abre la
puerta a aplicar políticas trasvasistas con carácter general. Nosotros entendemos que una cuestión es una emergencia puntual, que requiere una atención puntual y excepcional, como la de Cataluña, y otra cosa es tirar por la ventana todo un trabajo
y que en el futuro se pueda modificar o variar una cuestión tan fundamental como es un modelo de gestión del agua acorde con la nueva cultura del agua. Por todos estos motivos, Esquerra Republicana se va a abstener en la votación de la
convalidación del decreto-ley que hoy se trae a esta Cámara.
Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy volvemos a hablar de agua y lo hacemos en el contexto de la peor sequía vivida en Cataluña desde que hay registros, desde hace más de 70 años. Y hablamos de agua y yo les hablo de agua desde el convencimiento de que la mejor
política en materia de agua es una política basada en el ahorro, en la gestión de la demanda, que garantice el suministro pero que entienda que el modelo de crecimiento se debe adaptar a un bien escaso porque en España, en Cataluña, en la cuenca
mediterránea el agua es un bien escaso. Hay quien entiende que a las políticas de agua hay que responder con agua, sin más, para así poder dar rienda suelta a un modelo de crecimiento ilimitado. Es cuestión de opciones.
Hablamos también de agua a sabiendas de que, hoy, el área metropolitana de Barcelona es el área metropolitana de España y quizá de Europa donde menos agua se consume por habitante y día. Hablamos de agua a sabiendas de que en Cataluña
existe compromiso ciudadano y políticas que han hecho posible esa realidad. A sabiendas de que la Generalitat ha invertido más de 253 millones de euros, que se han invertido en renovación de cañerías, en recuperación de pozos, en acuíferos, en
traer agua en buques cisterna y que pese a todas esas medidas no es suficiente. Hoy, sin las medidas adoptadas y la nueva cultura del agua que se está aplicando en Barcelona habría restricciones en el área de Barcelona, y pese a todo ello las
medidas no son suficientes para llegar a mayo de 2009, cuando se ponga en marcha la desaladora de El Prat del Llobregat. Por eso necesitamos una aportación extra, puntual, temporal y excepcional, y yo creo que es un trasvase, señorías, no hay que
hablar con eufemismos, pero lo que hay que hacer es ponerle condiciones para que sea temporal, excepcional, momentáneo, para que no se vuelva a utilizar, para que solo sirva para lo que sirve: para un momento extraordinario sin que se tenga que
volver a utilizar.
Creo que podremos coincidir todos en que no podemos desabastecer a más de cinco millones de personas. Pero yo añado otro argumento, un argumento político: no podemos permitir que haya cortes porque si hay cortes en la zona de España donde
se está haciendo la mejor política de agua, la que favorece el ahorro, la que favorece otra gestión, donde se consume menos agua -¡donde se consume menos agua!-, lo que haremos es dar rienda suelta a la lógica del trasvase ilimitado, permanente y
para siempre, y nosotros decimos claramente que no a esa lógica del trasvase ilimitado, para siempre y permanente. Por eso necesitamos una aportación extra. En Cataluña -no lo digo yo, lo dice Pedro Arrojo- se está haciendo una política de
planificación que es impecable -lo dice Pedro Arrojo-, basada en el ahorro de fugas, la regeneración, la reutilización, la desalación.
Y el trasvase no queremos que juegue papel alguno. Para que no juegue papel alguno necesitamos de esa aportación
extra y lo que está claro es que si tuviésemos cortes durante seis meses acabaríamos con la ejemplaridad de la que habla, sin ir más lejos, la gente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
En una situación de emergencia como la que vivimos hay quien actúa alineándose con lobbies de presión a favor de obras faraónicas, entendiendo que es quizá la última oportunidad para hacer las obras innecesarias que algunos lobbies
poderosísimos predican. Nosotros creemos que esa no es la opción. Nosotros creemos que la opción es precisamente lo que estamos haciendo, y lo que necesitamos es esa solución coyuntural.
Nosotros preferimos propuestas y soluciones puntuales,
excepcionales y que realmente sean reversibles. Por eso, desde Iniciativa Verds, desde el mismo Govern de la Generalitat, se han puesto condiciones y una de ellas era que esa temporalidad y excepcionalidad estuviesen en el real decreto-ley,
entendiendo que cuando llueva o cuando se ponga la desaladora en marcha no será necesaria la infraestructura; es más, que si lloviese mucho en el mes de mayo no fuese necesaria la infraestructura.
Ese elemento está en el real decreto. Además
pedíamos que se implementase la discontinuidad, la reversibilidad también de la obra. Este elemento va a estar en el convenio que firmarán en los próximos días el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado. La discontinuidad y la
reversibilidad de la obra son una buena noticia para que también la solidaridad vaya hacia las Terres de l'Ebre si es necesario desde las comarcas de Barcelona. La tercera condición era que la titularidad fuese pública y de la Generalitat, elemento
fundamental. Ese elemento también va a estar en el convenio. Por eso nosotros entendemos que se establecen las condiciones de excepcionalidad y temporalidad, de reversibilidad y discontinuidad y de titularidad pública de la Generalitat para que
podamos votar favorablemente. A esas condiciones se añade otra que para nosotros también es fundamental: que la aportación hídrica no detraiga agua del río, del Ebro. Eso se puede hacer de múltiples maneras, con derechos de agua, con ahorro
cuencas arriba, pero no en los sistemas deltaicos porque si no estaríamos abriendo paso a la salinización de los deltas. Eso también se va a concretar en el convenio, que se va a materializar asegurando -acabo ya- que la obra se pueda realizar con
todas las garantías para aquellos que creemos en la nueva cultura del agua y que la solución precisamente no es una política de trasvases.
Acabo diciendo que lo que estamos hoy discutiendo nos brindan una oportunidad y un deber, que es hacer los deberes desde el Gobierno y desde el Congreso. Hoy los deberes se traducen en una Ley de Aguas. No se puede hablar constantemente de
la necesidad de los bancos públicos de agua sin haber cumplido con un deber de la pasada de legislatura: la Ley de Aguas. Una Ley de Aguas que favorezca precisamente la compra de derechos y esos bancos públicos de aguas. Por tanto, una de las
conclusiones que deberíamos sacar del debate de hoy es que no podemos continuar con un debate sobre la nueva cultura del agua sin afrontar la necesidad de esos nuevos instrumentos. Por eso, nosotros vamos a pedir en los próximos días de forma
insistente y persistente una Ley de Aguas que de una vez por todas dé un marco legal a la nueva cultura del agua y dote de un instrumento jurídico a esos bancos públicos de agua, que son necesarios en un país que tiene un bien escaso. El bien
escaso es el agua y ante ese bien escaso lo que hay que hacer es reutilizar y ahorrar con la política de la desalación y, por supuesto, también los bancos públicos de agua, pero no solo en el discurso sino con marco legal para hacerlos realidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor presidente, señorías, señora ministra, quisiera creer que el asunto que hoy nos compete debatir, el real decreto-ley que el Gobierno trae a la Cámara, es precisamente el que se circunscribe al título del
mismo, es decir, Real Decreto-ley de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona. Quizá por obvio es a su vez necesario explicar que como representante de mi
grupo hoy voy a hablar de esto y solamente de esto, haciendo todo lo posible para huir de la tentación de la deriva en aspectos que por muy importantes que sean no responden a la cuestión que hoy nos incumbe. Seguramente será óptimo e incluso
imprescindible abordar debates que sirvan para criticar, mejorar, cuestionar e incluso cambiar, si fuera necesario, la política hidrológica y medioambiental que el Gobierno ha llevado a cabo en la última legislatura. No será mi grupo el que se
niegue a ello. Es más, estaremos muy atentos a las iniciativas y planes que no solo en el área hidrológica, sino en todo el ámbito, que en el nuevo ministerio engloba el área del sector primario con el medioambiental, se propongan en esta Cámara y
ante aquellas que no propongan y debieran proponer, pero no hoy.
Digo esto porque para nosotros hay cuestiones que son de sentido común y en consecuencia de responsabilidad política. La respuesta que demos a este decreto responde a estos dos
criterios: sentido común y responsabilidad política.
Mi grupo es consciente de que este tema es demasiado sensible como para perdernos en frivolidades y disputas que poco tienen que ver con la causa que hoy nos ocupa. La realidad es que la situación provocada por la escasez de agua en
Cataluña en general y en la conurbación barcelonesa en particular es crítica, y lo que no se hizo o lo que se debería haber hecho en su día no solucionará el problema que padecen cinco millones de personas, por lo que no cabe otro remedio que mirar
el problema de frente, estudiar las diferentes opciones de actuación y actuar. Cuanto antes mejor, ya que, como queda reflejado en el decreto, estamos hablando de una situación de emergencia. Asimismo, el Gobierno nos presenta en el decreto un
plan de actuación en el que se nos subraya la temporalidad del mismo. Es decir, la función de esta
obra hidráulica tiene caducidad con fecha en el calendario. Funcionaría de octubre de 2008 a junio de 2009. Nueve meses, hasta que la planta desalinizadora del Prat pudiera empezar a producir agua potable, siempre y cuando los plazos
previstos por el Gobierno fueran reales y realizados con la previsión adecuada. Esperemos que así sea. Aun así, nos parece que no es el caso o el momento para librar batallas bizantinas. Todos tienen -tenemos- derecho al agua, y siempre, ya que
aunque suene a obviedad, tal y como se dice en la primera línea de la exposición de motivos del real decreto, el agua para consumo humano es un bien de primera necesidad. No creo que nadie en su sano juicio discuta este principio, lo que ocurre es
que la política de la gestión del agua, un bien desgraciadamente cada día más restringido y que no permite derroches ni ligerezas, permite sacar a relucir otra serie de disputas, a veces con razón y otras veces sin ella.
Como decía el que fuera
secretario general de la ONU, Kofi Annan, en su discurso del Día Internacional del Agua del año 2006: Tenemos que mostrar que no es necesario que los recursos hídricos sean fuente de conflicto, más bien deberían ser catalizadores de cooperación.
Quizá la solución adoptada por el Gobierno para esta situación no es la ideal ni la perfecta, o a lo mejor es fruto de cierta improvisación como respuesta a una demanda urgente y no prevista, pero lo que en estos momentos urge es buscar una solución
rápida a un problema que por mucho que nos empeñemos no tiene vuelta atrás.
Ante esta tesitura nuestro grupo, el Grupo Vasco, y el partido al que represento, el Partido Nacionalista Vasco, apoyará la puesta en marcha de las medidas que el Gobierno presenta ante la Cámara, vuelvo a reiterar, por sentido común y
responsabilidad política. ¿Es esto un cheque en blanco a la acción del Gobierno en materia hidrológica? No. A quien queremos apoyar es a los ciudadanos y ciudadanas que van a necesitar agua a partir de octubre. No nos confundamos. No vamos a
entrar en disquisiciones de si este plan de medidas excepcionales para surtir de agua a la provincia de Barcelona parte de un trasvase, un minitrasvase, una transferencia, una conexión de redes, una interconexión de cuencas o una aportación puntual
de agua, todos ellos términos que hemos escuchado en boca de representantes políticos e institucionales en los últimos días. La semántica da para mucho y, como dice una ancestral sentencia vasca, todo lo que tiene nombre existe. En consecuencia,
todas ellas pueden ser términos que corresponden a la realidad, según con qué premisas se mire o qué intencionalidad se quiera dar a tales afirmaciones.
Así y todo, no por ello quiero minimizar, ni mucho menos frivolizar, las diferentes sensibilidades que el tema del agua -o, sensu stricto, la falta de agua- genera en muchas comunidades. No se trata de eso, estamos hablando de dar una
respuesta concreta a un problema concreto. Y vuelvo a reiterar que no será el PNV el que se oponga a cualquier debate, revisión o replanteamiento de la política hidrológica necesaria, pero ello no es contradictorio con que demos una respuesta
puntual a una necesidad apremiante. Surgirán muchas interrogantes -han surgido ya-, todas ellas razonadas en torno a esta medida. Es más, las personas, colectivos e instituciones afectadas tendrán todo el derecho del mundo a plantearlas.
La
primera y la más importante: ¿Garantizará esta medida el abastecimiento necesario de agua a la provincia de Barcelona sin tener que aplicar métodos restrictivos? Otras podrán ser: ¿Finalizarán las obras a realizar para la fecha dispuesta en el
real decreto? ¿Tendrá un valor de medida coyuntural, tal y como se refleja en tal decreto? ¿Nos garantiza el Gobierno que con esta medida no volvemos a un nuevo mercado del agua, a lo cual nos oponemos desde un principio?
A nosotros tampoco nos gusta la disposición adicional cuarta y estaremos muy vigilantes de cuál es el objetivo a partir de ahora de esa disposición adicional cuarta. Estas y otras muchas cuestiones han surgido y surgirán hoy en esta Cámara
y posteriormente en la opinión pública, y el Gobierno tendrá la responsabilidad de cumplir lo comprometido, en las condiciones y términos establecidos, y nosotros la de vigilar que así sea. Así y todo, el Grupo Vasco votará a favor de esta medida
porque es consciente de que la gravedad de la situación requiere una respuesta rápida y de que toda demora puede ser irreversible. Pero también por solidaridad, porque, aunque pertenezca a un país, Euskadi, con unos recursos hídricos suficientes
-por ahora- y bien gestionados, no nos son ajenos ni lejanos los problemas que la escasez de agua genera en otros territorios; por ejemplo, en Cataluña. No nos son ajenos porque nuestros ríos también aportan sus aguas a la cuenca del Ebro y la
gestión de estos recursos y la política que se lleve a cabo aguas abajo -nunca mejor utilizado el término- afecta directamente a la capacidad de embalsamiento y consumo de nuestro territorio y no siempre como a nosotros nos gustaría. Por lo tanto,
sentido común, responsabilidad política y solidaridad. Estos son los tres motivos fundamentales por los que consideramos oportuno apoyar este decreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor president. (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Aigo vos demanem, aigo i vos senyor mos dau vent i mos girau ses espatlles i fais
com qui no mos sent. Señores diputados, señoras diputadas, con esta estrofa en catalán de la mallorquina María del Mar Bonet no solo pretendo iniciar mis tareas parlamentarias en la tribuna de oradores de esta Cámara en mi lengua materna sino, a
partir de la fecunda cantautora, poner de relieve
un hecho habitual, natural, social en la cuenca mediterránea: las sequías.
El clima mediterráneo se caracteriza por su más que irregular régimen de pluviometría: largos periodos sin precipitación, frecuentes episodios de lluvias torrenciales, chubascos concentrados en la franja litoral y una extrema dificultad de
prever la temporalidad de las precipitaciones. El propio Mediterráneo ha dado nombre a un clima caracterizado por esta irregularidad de las lluvias y los mediterráneos, desde siempre, hemos afrontado esta característica, además de con las líricas
aportaciones propias de un ámbito humano tan creativo, con todo tipo de artificios para recoger, acarrear, conservar y distribuir esa lluvia tan ocasional.
Canalizaciones, presas y acueductos, desde la época romana, salpican la geografía en una y
otra orilla del Mediterráneo. Hablar de sequía no es, por tanto, nada nuevo en ese contexto. Pretender presentar la actual escasez de recursos para abastecer el área metropolitana de Barcelona como un episodio excepcional, como algo nunca visto,
es una temeridad que no soporta siquiera el veredicto de las hemerotecas.
Hay escasez de agua porque en el último año hidráulico no ha llovido lo suficiente en las llamadas cuencas internas de Cataluña, pero hace pocas semanas el río Ebro experimentaba una gran crecida y hoy los embalses de Flix y de Ribarroja
están repletos de agua. Algo más al norte, el Ródano evacua al mar más de 2.000 metros cúbicos de agua por segundo, y así lo va a hacer durante toda la primavera. Hay escasez de agua, señoras diputadas, señores diputados, porque alguien no ha
hecho los deberes o incluso podríamos decir que porque alguien ha deshecho los deberes. Los señores diputados saben perfectamente a lo que me refiero. La previsión de la conexión de las redes del CAT, es decir, la red que distribuye el agua del
Ebro, y de ATLL, Ter-Llobregat, que el Gobierno nos demanda ratificar, es prácticamente la misma que la que fue impulsada en su día, en un no tan lejano año 2002, por Convergència i Unió desde el Govern de la Generalitat. Es la misma que fue
rechazada por socialistas, republicanos e Iniciativa. Es la misma que fue objeto de una intensa e impía campaña política por parte de estos partidos, con el resultado del famoso compromiso por el Ebro, en el cual se juramentaban a pedir -leo
textualmente- la retirada del proyecto de conexión de las redes, porque representa el inicio del trasvase del Ebro y porque Cataluña no precisa de más agua. Esta conexión es la misma que contaba con financiación de fondos europeos, en el máximo
porcentaje previsto, y que ahora, tres años después de derogada, se va a construir con financiación del Estado, o sea, de todos. Costaba 120 millones de euros, de los cuales solo el 30 por ciento a cargo de nuestros presupuestos generales; ahora,
nos va a costar a todos 180 millones de euros. Se hará sin tramitación ambiental, señorías, sin diálogo y con menos acuerdo con el territorio y con los regantes, sin garantías de reversibilidad, con la misma capacidad. ¿Qué hemos ganado? Nada de
nada. ¿Qué hemos perdido? Mucho, quizás, lo más importante, la credibilidad de quienes se pronunciaron contra un proyecto que ahora defienden con tanto entusiasmo.
Convergència i Unió no puede pronunciarse en contra de un proyecto que en su día elaboró y proyectó, pero tampoco lo puede hacer a favor de la convalidación de este real decreto, ni por las formas ni por la literalidad del texto legal. En
relación con las formas, hay episodios gloriosos a los que no voy a referirme: engaños, mentiras, mentiras parlamentarias, iniciativas ambientalmente escandalosas, cambios de opinión cotidianos, gobiernos donde cada consejero tiene una opinión,
etcétera. No queremos avalar una financiación negativa para Cataluña, puesto que la prevista en el decreto supone sacrificar alguna de las inversiones previstas en aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut, y menos aún teniendo en
cuenta que se va a utilizar una infraestructura sufragada gracias al esfuerzo de los municipios, que, por cierto, siguen pagando los créditos cada mes. ¿No hubiera sido lógico, señores diputados, establecer en el decreto una compensación a los
propietarios, a los municipios de la red, para que como mínimo pudieran ver disminuida su carga financiera? Tampoco queremos avalar la disposición adicional cuarta, que se antoja como una puerta abierta de difícil comprensión para los habitantes de
las Terres de l'Ebre. Cuando habla de situaciones análogas en otros ámbitos territoriales, ¿a qué y a dónde se refiere? ¿Cuál es la finalidad última de esta disposición? ¿Hace falta realmente esta disposición para que el Gobierno adopte en su
caso y en su día medidas excepcionales? Esta cuestión, señorías, incide muy negativamente en la percepción social, como asimismo lo hace la ocultación de la palabra trasvase.
Señorías, el presente real decreto constituye una solución de emergencia ante una situación de emergencia, pero que es también una emergencia recurrente. ¿No se les ocurre creer que ante esto sería más justo, más progresista, más
democráticamente impecable, abandonar la política del apaño, de la chapuza y abanderar las soluciones definitivas? No solo es este diputado ni su grupo, Convergència i Unió, quien lo sostiene.
Contamos con sólidos aliados para nuestra línea
argumental. Hace pocos días el ex presidente Felipe González lo escribía con precisión: Lo que el Gobierno hace estos días lo hemos hecho varias veces -decía Felipe González- todos los gobiernos de la democracia. Incidía después en una cuestión
fundamental, acabar con la política basada en la demonización de los conceptos. Releo a Felipe González: Si algún trasvase fuera necesario, mejor que otras medidas, en términos económicos, medioambientales y sociales, ¿por qué excluirlo, señorías?
Aboga Felipe González por acabar con los tabúes, por evitar el engaño a los ciudadanos, por no demonizar conceptos. No está solo Felipe González.
También el prestigioso filósofo catalán, Josep Ramoneda, se refería a ello, hablando de la política
del tabú: Se ha acudido a los más ridículos eufemismos para evitar que se dijera que se trasvasaría agua del Ebro a
Barcelona. Sigue Ramoneda: Y es que, en un mundo interconectado como este en el que vivimos, ¿a alguien le puede sorprender que los problemas del agua se puedan resolver por mecanismos de interconexión? Pues bien, Ramoneda dice: Lo más
probable es que en el futuro haya trasvases. ¿Qué se habrá ganado convirtiendo esta palabra en un absurdo tabú?
Conocen perfectamente SS.SS. que Convergència i Unió está por las soluciones estructurales, que denuncia hoy y va a seguir denunciando que las medidas para solucionar una emergencia son solo eso, medidas puntuales que deben adoptarse para
solucionar esa emergencia, ni más ni menos, y que más allá de dicha situación tenemos la grave responsabilidad política de resolver el problema del abastecimiento de agua. Saben también SS.SS. el convencimiento de mi grupo en relación con la
bondad del trasvase del Ródano. Aplaudimos el compromiso del presidente del Gobierno en el debate de investidura: estudiar, evaluar y someter a debate público dicho trasvase. En eso estamos, señora ministra. Les anuncio que, para efectivizar
este compromiso del presidente, Convergència i Unió ha presentado una proposición no de ley que prevé la inmediata creación de una comisión técnica capaz de acometer las tareas de estudio y de debate del trasvase del Ródano. Mientras tanto,
permítanme recordarles algunos elementos que a nuestro juicio son relevantes en relación con dicho proyecto. En primer lugar, su carácter sostenible. Una aportación de 15 metros cúbicos por segundo no representa afección ambiental alguna a la
cuenca cedente. Se han sostenido por parte de algunos grupos para desacreditar el trasvase -hoy, incluso- algunos argumentos. El primero, se habla de que es un proyecto faraónico, con quince años de plazo de ejecución; el segundo, se pone en tela
de juicio la calidad de las aguas; y el tercero, acaso el más ridículo, el de la presunta dependencia ante un país extranjero. Hoy por hoy, nadie sensato puede calificar como faraónico un proyecto cuyo coste puede oscilar alrededor de unos
centenares de miles de euros, simplemente porque nuestros profesionales, nuestras empresas, nuestra economía, saben perfectamente cómo construirlo.
Para quienes ponen en duda la calidad de las aguas del Ródano hay informes científicos que avalan sus parámetros, pero hay una obviedad, y también se ha dicho hoy, esta agua va a ser transportada en barcos. Si transportada en barcos es
potable, ¿transportada en tuberías, no? Hay proyectos, por ejemplo uno que prevé incluso transportarla por una tubería por el litoral y que se puede construir en solo dos años. El argumento más risible, sin embargo, es el de la dependencia
exterior que supondría este trasvase. Tiene agallas el argumento. ¿Es que alguien aún hoy ignora que vivimos en la Unión Europea, en un mercado común que permite flujos de todo tipo, energéticos, alimentarios, de productos manufacturados? Resulta
que ahora a alguien le espanta esta dependencia y al mismo tiempo parece muy satisfecho con la gravísima dependencia energética del país con países algo menos socios de España.
Voy acabando. Señorías, señora ministra, esperamos con impaciencia este debate sobre el Ródano, por lo que puede aportar de solución al déficit hídrico de Cataluña y de las cuencas mediterráneas. Y es que a nosotros, a Convergència i Unió,
nos importa este octubre, claro que nos importa, y el octubre que viene, y el de aquí a diez años, y el de aquí a cincuenta años. Nos importa el futuro. En este sentido no puedo resistirme a acabar mi intervención con un relato breve del buen
amigo Vicenç Villatoro.
Explica que el rey de un país lejano hizo llamar a un rabino para comunicarle que le condenaba a muerte y que sería decapitado al día siguiente. El rabino regresa a su casa y le cuenta a su mujer que la entrevista con el
rey ha ido bien: he conseguido que el rey me perdone la vida si en un año enseño a hablar a su caballo. ¿Cómo? ¿Esta es la buena noticia -le dice su esposa-? El rey va a acabar matándote. Pero el rabino dice: en un año puede ser que muera el
rey, puede ser que muera el caballo o que muera yo, o incluso que el caballo aprenda a hablar. Este relato, señorías, define demasiado bien la actuación de algunas fuerzas políticas en esta enésima crisis hídrica. Parece que finalmente a algunos
solo les queda confiar en que la Moreneta haga llover.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, señoras y señores diputados, señora ministra, tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto a la convalidación del Real Decreto-ley de medidas excepcionales y
urgentes para el abastecimiento de agua a la provincia de Barcelona.
Nuestro grupo parlamentario es partidario de resolver el problema de abastecimiento de agua que sufren Barcelona y su área metropolitana. Más de 5 millones de personas pueden tener problemas de restricciones en unos meses y ante eso nuestro
grupo parlamentario no va a permanecer impasible. Sin embargo, en este trámite y con este debate creo que debemos formularnos algunas preguntas. Señores del Gobierno, señora ministra, ¿qué tiene que pasar para que decidan resolver el problema de
agua en Aragón? ¿Van a acometer las obras del Pacto del Agua en Aragón para que los aragoneses puedan obtener el rendimiento de un recurso, obras a las que ustedes se comprometieron? Señora ministra, ¿qué tiene que pasar para que decidan acometer
el problema de agua que existe en Valencia? ¿Qué tiene que pasar para que decidan acometer el problema del agua que existe en Murcia o que existe en Almería? Ustedes pueden entrar en un debate de graduar la gravedad, de establecer niveles de
gravedad de los problemas hídricos en nuestro país, pero al final la cuestión es que millones de españoles tienen un problema, que para ellos es el más grave,
y el Gobierno no puede seguir poniendo un parche aquí y un parche allí, no sabemos dónde. Hoy un real decreto que dice una cosa y mañana otro real decreto que dice la contraria. Hoy un real decreto para una comunidad autónoma y mañana otro
para la comunidad autónoma que toque. Pero este, señorías y señores de la izquierda, no es un problema solo de gestión o de despilfarro de recursos medioambientales o económicos; este es sobre todo un problema de igualdad; este es un problema de
solidaridad interterritorial, que exige las obras del Pacto del Agua en Aragón, que ustedes han incumplido reiteradamente, y resolver definitivamente el problema del agua en Cataluña, en Valencia, en Murcia y en Almería. Una sola pregunta, señora
ministra: ¿Por qué para unos sí y para otros no?
Escuchaba en el discurso de investidura al señor presidente del Gobierno.
¿La España decente del señor Zapatero es la que pone en cuestión el principio de igualdad entre los españoles? ¿La España decente del señor Zapatero es la que pone
en cuestión la solidaridad interterritorial? ¿La España decente del señor Zapatero es aquella que no atiende a todas las comunidades autónomas por igual? ¿La España decente del señor Zapatero es aquella que le permite asegurar en plena campaña
electoral que no habría trasvase del Ebro, mientras el Gobierno y usted estaban negociando el trasvase que hoy autoriza con este real decreto? (Aplausos.) ¿Esta es la forma de entender la verdad, su verdad? ¿Este es el sentido de la decencia del
Gobierno? Señorías, señora ministra, señores del Gobierno, en esta materia, en materia del agua, la verdad y la decencia están reñidas con su acción política, porque han faltado a la verdad en campaña electoral y han faltado a la verdad en este
Parlamento en pleno discurso de investidura. (Aplausos.)
El señor Zapatero prometió más agua, más barata y en menos tiempo. Hoy, de 22 desaladoras prometidas, solo hay una y la ampliación de otra. La desaladora de Barcelona fue declarada de extraordinaria y urgente necesidad. Puede comprobarse
cómo el anuncio de licitación prevé un plazo de ejecución de 53 meses: cinco para la redacción del proyecto, 24 para la construcción y 24 para pruebas de operación. Más de cuatro años para algo urgente y de extraordinaria necesidad. Con el 80 por
ciento del voto del Consejo del Agua se aprobó el Plan Hidrológico Nacional. Ustedes derogaron la parte sustancial del mismo, la izquierda derogó la parte sustancial del mismo. Cuatro años después no se ha solucionado nada. Y ahora dictan un
decreto para hacer un trasvase que previamente habían derogado. Utilizando exactamente los argumentos contrarios, se ha escuchado ya esta tarde, en esta tribuna, defender un decreto para derogarlo y, con las mismas razones, defender un decreto para
apoyarlo con su voto a favor.
Nosotros estamos a favor del trasvase, estamos a favor del trasvase que ustedes nos proponen. Estamos a favor, pero también de todos los que hagan posible que España sea un país de ciudadanos con los mismos derechos. Si se hubiera hecho lo
que nosotros dijimos, hoy no estaríamos hablando de este tema, hoy no habría un problema de restricciones de agua en Cataluña, aun con la sequía, porque hoy el problema estaría sencillamente resuelto. Incompetencia, ineficacia y engaños a los
españoles es el mejor resumen de su actuación en los últimos cuatro años.
Hace cuatro años la legislatura comenzaba con un decreto para evitar el trasvase del Ebro y a pocos meses, en el 2005, con una enmienda que presentaba el portavoz de la izquierda, precisamente no se permitía hacer el mismo trasvase que hoy
van a apoyar ustedes y también el propio proponente que, con una enmienda, derogó este trasvase. Y hoy comienza la legislatura exactamente como la anterior, con otro, pero para hacer justo lo contrario, para poner en marcha un trasvase al que se
negaron.
Posiblemente, este también sea otro ejemplo de la España del señor Rodríguez Zapatero, hacer una cosa y la contraria en menos de tres años y diez meses. Y digo trasvase del Ebro, como lo llama, por cierto, el consejero del ramo de la
Generalitat. Digo trasvase, como dijo el señor Montilla en el compromiso del Ebro que él firmó: trasvase. Digo trasvase como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua: trasvasar, transportar líquido de un recipiente a otro. Digo
trasvase como dicen la mayoría de los españoles cuando ven lo que ustedes se proponen hacer. Y digo trasvase, señorías, también, como dice el régimen jurídico de aguas en nuestro Estado de derecho. Porque ha utilizado usted aquí, señora ministra,
resignación de caudales sin sacar ni una gota de agua. Y los portavoces de la izquierda dicen: lo apoyamos si no sacan ustedes más agua.
Señora ministra, creo que usted sabe que estaba faltando a la verdad cuando estaba diciendo eso aquí. Creo que usted lo sabe. Porque usted sabe que una cosa son los derechos transferidos de los que hay excedentes y, por tanto, el agua
sigue corriendo, señoría, porque hay excedente. El agua sigue corriendo por el río y va al delta. Y ahora, con esta canalización, lo que se hace es sacar ese agua que se iba al delta para utilizarla y eliminar los excedentes. Por eso, señoría,
esto es un trasvase, y usted es consciente de que aquí ha faltado a la verdad, señora ministra, y le ruego que lo reconozca cuando salga a esta tribuna.
(Aplausos.) A las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esto, señoría, es un trasvase. Y
debería estar hecho, debería estar hecho ya, si no hubiera sido porque ustedes lo eliminaron de la noche a la mañana.
Justifica la derogación del mismo en la necesidad -se ha escuchado esta tarde aquí y seguro que luego lo vamos a volver a
escuchar- de dar una nueva orientación a la política del agua, para basarla en la gestión de la demanda, de acuerdo con la normativa europea, en concreto la Directiva marco del Agua. Ambas cosas, señorías, son falsas. No le han dado una nueva
orientación a la política de agua, porque siguen pensando en incrementar la oferta. ¿O es que las desaladoras no se construyen para incrementar la oferta? ¿Para que se construyen las desaladoras si no es para incrementar la oferta? Luego su
política y la base de su
política se basa precisamente en seguir hablando de oferta. Además, faltan a la verdad cuando dicen que les impone la Directiva marco del Agua impedir los trasvases, porque esa directiva no les impide para nada hacer los trasvases. Y por
cada informe que ustedes presenten, nosotros podemos presentar otro y, además, el último pronunciamiento del Consejo de Regiones Europeas.
Dice la exposición de motivos del decreto objeto de este trámite que el agua para el consumo humano es un bien de primera necesidad y asegurar su disponibilidad exige a todos los poderes públicos prestar al abastecimiento una atención
prioritaria y permanente. Se ha referido a ello usted, señora ministra, y lo dice la exposición de motivos. Pero si era un bien de primera necesidad ¿por qué se eliminó la obra hace menos de tres años? ¿No estaban hace tres años obligados los
poderes públicos a prestar al abastecimiento una atención prioritaria y permanente? ¿Los informes que le ponían de manifiesto la conveniencia de eliminar la obra no habían previsto la posibilidad de escasez de agua en Barcelona y su área
metropolitana? ¡Claro que sí! Ya lo habían puesto de manifiesto. Si no, ¿por qué habían planificado construir una desaladora? Si no ¿por qué habían firmado en el mes de junio un convenio precisamente con la Generalitat para incrementar las
cantidades de agua que debían de aportarse a la conexión CAT-Abrera? Ustedes sabían que había un problema de déficit. Por tanto, esta cuestión debieron dejar ponerla en marcha.
Pero fue su política sectaria la que lo impidió. O mejor, ¿no será
este otro ejemplo de la España decente del señor Zapatero, hacer una cosa y exactamente la contraria en poco tiempo?
La ley que derogó la parte sustancial del Plan Hidrológico Nacional señalaba que el aspecto medioambiental es una de las razones que acompañan la derogación del trasvase, por la falta de estudios rigurosos que garanticen -decía- la falta de
impacto ambiental. Curiosamente, señorías, impiden una obra porque dicen que puede haber problemas medioambientales y ahora la hacen sin que haya declaración ni informe de impacto ambiental. Otro ejemplo de la España decente del señor Zapatero.
(Un señor diputado: ¡Venga, venga!)
Desde el punto de vista medioambiental, tampoco puede olvidarse la cantidad de agua que se ha dilapidado en los últimos años en la propia desembocadura del río Ebro: 36.000 hectómetros cúbicos de agua dulce han llegado al mar entre 2004 y
2007. Descontado el caudal ecológico, esto es, el caudal que permitiría la pervivencia del ecosistema del delta, quedan en torno a 19.000 hectómetros cúbicos. Más de 6.000 hectómetros cúbicos al año que se han tirado al mar.
Señora ministra, señores del Gobierno, ¿por qué en España se puede transferir electricidad? ¿Por qué en España se puede transferir gas? ¿Por qué en España se puede transferir cualquier recurso? Y, ¿por qué no se puede transferir el agua?
¿Cuál es el problema para que esto sea posible? Su rectificación tiene también consecuencias económicas. Las ponía de manifiesto el portavoz de Convergència i Unió. No puede olvidarse que había una financiación europea que cubría una parte muy
importante del presupuesto de esta obra y hoy su rectificación nos va a costar a todos los españoles 180 millones de euros, casi 25.000 millones de las antiguas pesetas. Para que ustedes -dicen- hagan un trasvase que solo funcione durante nueve
meses en el peor de los casos y que no podrá trasvasar más de 50 hectómetros cúbicos de agua. Aquí no le importa nada a la izquierda: ni el principio de recuperación de costes, ni la directiva marco de agua, ni ninguno de los falsos argumentos que
han venido utilizando a lo largo de estos años. Este es otro buen ejemplo de la España decente del señor Zapatero. Lo que le sirvió para decir que no ahora le sirve para decir que sí. Esto es una política general y no puede ser un parcheo
continuo. Hoy hay un problema que hay que resolver y que alcanza al concepto de igualdad, al concepto de solidaridad interterritorial. Por eso no solo hay que abordar el problema del agua, también hay que acometer las obras en Aragón como
condición sine qua non para dar respuesta al problema del agua en Cataluña, en Valencia, en Murcia, en Almería y en el resto de España. Debemos pensar en el conjunto. Por eso vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley con el objeto de
abordarlo con un sentido global con el que se merece una materia como esta, para de esa manera poder presentar las enmiendas que den una respuesta de conjunto al problema general de nuestro país.
Ustedes han dicho -lo ha afirmado usted, señora ministra y lo reiteró el señor presidente del Gobierno- que querían eliminar el mercado de agua que introducen en el artículo 3.1 a) del decreto. Pero eso solo puede hacerse si se tramita como
proyecto de ley. Porque si no, no habrá posibilidad de poner enmiendas para impedir el mercado de agua que ustedes mismos introducen en el decreto que hoy someten a la convalidación en este Pleno. Por tanto, vuelven a faltar a la verdad si están
diciendo que quieren impedir el mercado del agua y no admiten que se tramite como proyecto de ley porque entonces ni ustedes mismos lo podrán enmendar. Por eso, señorías, les pedimos que se tramite como proyecto de ley para que ustedes puedan
cumplir su palabra, para darles la oportunidad de que la cumplan y para que nosotros podamos recoger en nuestras enmiendas la respuesta global que merece una cuestión como esta.
Señorías, señores de la mayoría, hay motivos para que la tramitación
sea como la pedimos. En otro caso, presentaremos nuestra alternativa como proposición de ley en la que se recoja la solución global al problema del agua en nuestro país, que comience con un calendario de acciones para ejecutar las obras del Pacto
del Agua en Aragón y que termine con el reiterado incumplimiento de su Gobierno.
El señor Zapatero y el Grupo Socialista a través de sus distintos portavoces quiere iniciar esta legislatura para superar -dice- la confrontación y la crispación. Hoy tienen un buen momento para poner encima de la mesa su voluntad y no solo
en declaraciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Floriano, tiene que ir acabando.
El señor FLORIANO CORRALES: Termino ahora mismo, señor presidente.
No impongan el decretazo. Permitan que se tramite como proyecto de ley.
Nuestro compromiso es la máxima urgencia, la máxima prioridad para resolver el problema del agua en Barcelona y su área metropolitana, pero también para atender al
conjunto de España. Si en cada comunidad autónoma cada uno decide qué es lo suyo y ustedes desde el Gobierno no velan por el interés general, tenemos un problema grave, señorías. España no puede ser lo que resta, lo que queda después de que cada
comunidad autónoma haya dicho con qué se queda. Ni España puede ser el resto ni en España puede haber privilegios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna a fijar la posición en nombre del Grupo Socialista. Mi grupo apoyará con su voto afirmativo la aprobación de este decreto-ley de emergencia para dar solución a la
posible situación de desabastecimiento de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Lo hacemos con la convicción de que el Gobierno socialista, ratificando su política del agua -que no rectificando- actúa ante la crisis que se puede generar
en Barcelona y en su área metropolitana como lo ha hecho en cualquier otra ciudad de España.
Efectivamente, el agua para consumo humano es un bien de primera necesidad y asegurar su disponibilidad en calidad y cantidad es obligación del Gobierno de la nación. Sufriendo cuatro años de larga sequía, con el Gobierno socialista se han
producido situaciones de desabastecimiento para núcleos urbanos y ninguna de estas poblaciones ha sufrido cortes de abastecimiento. No los ha sufrido Murcia, no los sufrió la ciudad de Valencia, no los ha sufrido Alicante, no los ha sufrido
Albacete. Hemos actuado ante estas situaciones poniendo en marcha medidas de emergencia, con un coste superior a los 700 millones de euros, llegando a acuerdos de cesión de uso del agua para riego y lo hemos cedido para abastecimiento de boca. Lo
hemos hecho, y ustedes lo saben, con todos los municipios -76 localidades- del sistema de los canales del Taibilla, Murcia y Albacete, durante 2006-2007, 72 hectómetros transferidos. Lo hemos hecho con la ciudad de Valencia durante 2006 y 2007, a
través de la cesión de uso de derechos de riego para abastecimiento de boca de más de un millón y medio de ciudadanos valencianos, con una transferencia de uso de 60 hectómetros cúbicos. Hoy vamos a apoyar este real decreto que va a actuar de la
misma forma con ciudadanos catalanes, más de cinco millones de ciudadanos de Barcelona y de su área metropolitana (Aplausos.) Y mañana, el año que viene, cuando sea necesario, este Gobierno actuará de la misma forma en cualquier otra ciudad de
España. Derecho prioritario a agua de calidad para boca, independientemente del territorio donde se viva y de las circunstancias meteorológicas que nos afecten. (Aplausos.)
No quisiera dedicar mucho tiempo a las intervenciones de otros grupos parlamentarios, pero permítanme que diga, en relación con el portavoz del Grupo Popular, que no le acusaré de faltar a la verdad -discrepo profundamente de sus
intervenciones y de sus afirmaciones-, pero sí le acusaré de falta de respeto a los más de cinco millones de ciudadanos de Barcelona porque no les ha aludido ni una sola vez en su intervención.
(Aplausos.) No estamos hablando del Pacto del Agua en
Aragón en este real decreto de emergencia. No estamos hablando de los pactos sobre política hidráulica a los que tengamos que llegar a lo largo de esta legislatura que hoy se inicia. Desde aquí le anuncio al Grupo Popular en nombre del Grupo
Socialista la disposición de mi grupo a hablar, a dialogar, a llegar a todos los consensos necesarios que en una política prioritaria como el agua la sociedad nos reclama. Pero no es hoy el momento, en la tramitación de este real decreto de
urgencia, cuando tiene que condicionarse su aprobación o su tramitación a estos acuerdos.
Decencia, eficacia y eficiencia en las políticas. Durante el año 2003 en la provincia de Murcia y Albacete, gobernando el Partido Popular, hubo desabastecimiento de agua para uso de boca que afectó a veintitrés localidades urbanas en Murcia
y a dos en Albacete en un periodo de entre ocho y doce horas diarias, durante tres meses. Eficacia, eficiencia y decencia, cuando todavía no habíamos iniciado el peor periodo de sequía que comenzó en 2004 con el anterior Gobierno socialista.
(Aplausos.) En este contexto de sequía, como aquí se ha dicho, Cataluña padece el periodo más grave de sequía desde que se tienen registros fiables. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha actuado gestionando la sequía y ha actuado bien. Ha
puesto en marcha -no las enunciaré aquí porque se han dicho- multitud de medidas para hacer frente a la peor sequía que ha vivido la comunidad autónoma. No obstante, si sigue sin llover -porque de esto estamos hablando-, es posible que en octubre
de este año y hasta que la desaladora de El Prat se ponga en funcionamiento, los ciudadanos de Barcelona y su área metropolitana puedan llegar a abrir el grifo y que no salga agua. Es esto realmente de lo que hoy estamos hablando.
Le quisiera decir al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), utilizando su último ejemplo, que se ha olvidado de decir en toda su intervención que este déficit de 3,9 hectómetros cúbicos que puede sufrir la ciudad de
Barcelona y su área metropolitana se acabará en un plazo de nueve meses, en el momento en el que la desaladora de El Prat comience a dar cinco hectómetros cúbicos a la ciudad de Barcelona
de forma autónoma y permanente. Porque si me permite, utilizando su último ejemplo, durante los veintitrés años que ustedes gobernaron en Cataluña ni se murió el rey ni aprendió a hablar el caballo. (Aplausos.) La solución definitiva de
aportación hidráulica de forma autónoma a Barcelona y su área metropolitana va a venir precisamente con el funcionamiento efectivo de la desaladora de El Prat.
La medida que hoy queremos convalidar en este real decreto consiste en algo muy simple. Como decía en anteriores ocasiones, hemos buscado agua donde la había y la hemos llevado al uso prioritario de boca. Y aquí el Gobierno del Estado, de
acuerdo con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, ha decidido que la medida eficaz, viable y posible en el tiempo -puesto que estamos hablando de un periodo muy breve, octubre de este año- es aprovechar el caudal sobrante que no utiliza la
provincia de Tarragona recogido en una Ley de 1981, que establece un caudal de 122 hectómetros cúbicos del cual, como muy bien saben, la provincia de Barcelona utiliza el 60 por ciento, excepto durante los meses de julio y agosto, cuando utiliza
prácticamente en cien por cien de este caudal.
Pues bien, con este remanente no utilizado de este caudal, ya establecido en una Ley de 1981, podemos cubrir este déficit de 3,9 hectómetros de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Para
ello lo que estamos haciendo hoy -y lo que le pedimos a todos los grupos políticos de esta Cámara que apoyen- es la modificación de la Ley de 1981 para modificar única y exclusivamente el ámbito territorial de esta ley que afecta a la provincia de
Tarragona y que queremos ampliar a la provincia de Barcelona. No modificamos su caudal, cuyo máximo sigue siendo 122 hectómetros cúbicos establecidos en 1981 y 4 metros cúbicos/segundo, como contempla la Ley de 1981, que no se modifica. En segundo
lugar, necesitamos algún medio de conducción para llevar estos hectómetros y lo hacemos a través de la construcción de una tubería de 62 kilómetros, que declaramos en este real decreto una obra de urgencia y de interés general, que va a construir el
Gobierno del Estado y la Generalitat a través de un convenio que se firmará la próxima semana. De esto estamos hablando.
Les diré más. Me ha sorprendido que el portavoz del Grupo Popular en su intervención -no diré confusa pero que a mí me ha confundido un poco- ha comparado continuamente esta medida de emergencia -temporal en el tiempo, nueve meses- con el
derogado trasvase del Ebro y ha mostrado una gran preocupación por el ecosistema deltaico. La tiene para sacar 50 hectómetros cúbicos como máximo, pero no la tiene para sacar 1.050 hectómetros cúbicos, como recogía el derogado trasvase.
(Aplausos.) La preocupación por el ecosistema frágil del Ebro, y efectivamente por su desembocadura, sí la tiene el Gobierno de la nación y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Por eso en el artículo 3º de este decreto que hoy sometemos a
votación nos comprometemos a compensar el caudal sobrante de la Ley de 1981 que vamos a utilizar -efectivamente, lo que sobraba discurre por el río- para que siga discurriendo por el río Ebro a través de acuerdos con los regantes y usuarios de la
cuenca del Ebro para que, a través de medidas de ahorro, ahorren esos hectómetros derivándolos del uso agrario dejándolos circular por el río Ebro durante los nueve meses que dure esta medida temporal. Para que no haya ningún problema será una
cesión no onerosa tras el acuerdo que llegaremos con los regantes de la cuenca del Ebro.
No voy a entrar en un debate nominalista. Aquí han intentado por todos los medios decir que esto era un trasvase. (Varios señores diputados: ¡No! ¡No!) Lo que sí les voy a decir es lo siguiente -y muchos de los que han ocupado hoy esta
tribuna, por no decir todos, lo saben perfectamente-, con este real decreto no hay un trasvase adicional del Ebro a las cuencas internas de Cataluña. (Rumores.-Aplausos.) Les he explicado que no lo hay porque el Ebro no atiende ninguna demanda
adicional, no alteramos ninguna de las concesiones, no modificamos ningún derecho ya establecido. Por lo tanto, no se disminuye un metro cúbico el caudal del Ebro. No estamos incrementando su cesión, no estamos disminuyendo su caudal, no hay
ninguna modificación de las concesiones y, por lo tanto, no hay ningún trasvase adicional del Ebro a las cuencas internas. (Rumores.-Aplausos.) Llámenlo como quieran, pero lo cierto es que es una medida necesaria, racional, justa e igualitaria en
trato a los ciudadanos de Cataluña como a los del resto de España; coyuntural, excepcional, limitada en el tiempo, en la que optimizamos un caudal sobrante, compensándolo con el ahorro de agua para riego a través de sucesión no onerosa por parte de
los regantes de la cuenca del Ebro. Esto es lo que es y luego ustedes, como dice la canción, llámenlo como quieran (Aplausos.)
Finalmente, y sin querer entrar en un debate con el mayor grupo de la Cámara en la oposición, el Grupo Popular, les reitero en nombre del Grupo Socialista nuestra voluntad de trabajar juntos, de hablar, de dialogar y de consensuar todo lo
que podamos. Dicho esto, no es decente, no es decente... (Protestas.) intentar confundir a la ciudadanía utilizando términos de una insigne medioambientalista de su partido queriendo comparar peras con manzanas. (Rumores.-Aplausos.) Las peras son
peras, las manzanas son manzanas. El portavoz del Grupo Popular ha estado intentando comparar durante toda su intervención lo siguiente: un trasvase, que se le ha olvidado decir al señor Floriano que derogó la Comisión Europea cuando le negó
viabilidad económica, viabilidad ambiental y social... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, concluya, por favor.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Voy concluyendo, presidente. Este trasvase costaba 4.200 millones de euros frente a los 180 de la medida de emergencia que hoy traemos a su aprobación. Suponía una transferencia
de 1.050 hectómetros cúbicos frente al máximo de los 50 hectómetros cúbicos, concesión que ya está establecida por la Ley de 1981, que no tocamos ni modificamos; 914 kilómetros de tubería de 21 metros de ancho, frente a 62 kilómetros de
tubería de un metro de ancho, con carácter permanente para todos los usos, limitación en el tiempo, nueve meses y con uso para agua.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez Ramos, tiene que ir acabando.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Me parece que no es decente comparar dimensiones que no lo son. (Rumores.)
Concluyo diciendo... (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: No les ha gustado nada el discurso. Pido reflexión; si es posible, consideración para que aquellos grupos que no han manifestado su apoyo a este real decreto, lo hagan. Se trata de lo que hoy hablamos, de más
de cinco millones de habitantes de la ciudad de Barcelona, y la diferencia está en que el 1 de octubre abran el grifo y tengan agua...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar inmediatamente.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: O que el 1 de octubre abran el grifo y existan restricciones. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Floriano Corrales pide la palabra.)
¿Señor Floriano, qué desea?
El señor FLORIANO CORRALES: Hablar. Señor presidente, creo que me ha aludido nominalmente. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego que guarden silencio, escuchemos en concepto de qué artículo reglamentario o de qué condición pide la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, sin ánimo de entrar en polémica con usted. No hubiera pedido el uso de la palabra si la portavoz del Grupo Socialista no hubiera pronunciado mi nombre. (Rumores.) Lo ha hecho y creo que merece
el debate, un turno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Floriano, señoría, las alusiones -estamos al principio de la legislatura- dice el Reglamento que implican juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o conducta de un diputado. Es verdad que su nombre ha
sido mencionado. No obstante, desde mi punto de vista, la alusión en términos reglamentarios no se ha producido. Sin embargo, es verdad que la señora diputada preopinante, de manera puntual, ha contradicho sus argumentos, al igual que los del
señor Macias, y el artículo 73 me permite concederle la palabra durante un tiempo muy tasado de dos minutos, señor Floriano. Tiene la palabra. (Aplausos.)
El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señor presidente. No voy a hacer uso ni siquiera de los dos minutos que usted me concede.
Primera cuestión. Señora portavoz, si hubiera estado aquí desde el principio de mi intervención, no solamente en presencia física sino escuchándome... (Rumores.) se hubiera dado cuenta de que he aludido a los más de cinco millones de
catalanes que se van a ver beneficiados con esta medida.
Segunda cuestión que quiero aclarar. No hay financiación europea para este proyecto porque ustedes, desde el Gobierno, presentaron una petición para renunciar a la financiación... (Protestas.) porque la obra no se iba a hacer.
(Aplausos.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Como en la coherencia de la izquierda no iban a hacer la obra, renunciaron a la financiación. Ahora van a hacer la obra, pero ya no tienen dinero. Lo tenemos que poner todos los
españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Floriano.
En el mismo concepto, señor Macias. Ha sido citado de modo puntual.
(Protestas.) Yo les ruego que respeten la decisión de la Presidencia, que se basa en el artículo 73 del Reglamento, relativa a cuando se produce esa contradicción puntual
en los argumentos. Con un tiempo de otros dos minutos, le concedo la palabra, señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente. Voy a necesitar mucho menos, aunque lamento que como ahora hay más diputados y diputadas presentes algunos no habrán seguido el pequeño relato que dio pie a que doña Soraya Rodríguez me
interpelara.
Voy a acabar con una frase, señoría: Es mucho más fácil que nuestro buen rabino enseñe a hablar al caballo del rey que no que la desaladora resuelva por sí sola el déficit hídrico de Cataluña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macías.
¿Señora ministra? (Pausa.)
Habiendo acabado el debate de los dos decretos-leyes... (Rumores.) Les ruego que guarden silencio, señorías. Vamos a proceder a votar su convalidación o su derogación. En primer lugar, lo haremos respecto del Real Decreto-ley 2/2008,
referido a las medidas de impulso a la actividad económica, en el bien entendido
de que el voto sí equivale a la convalidación y el voto no, a su derogación. Vamos a proceder a la votación de convalidación o derogación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 170; en contra, tres; abstenciones, 161.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
He escuchado en la intervención del señor Montoro el deseo del Grupo Parlamentario Popular de que se tramitase este real decreto-ley como proyecto de ley por la Cámara por el procedimiento de urgencia. ¿Algún otro grupo lo solicita?
(Pausa.) En cualquier caso, es suficiente que un grupo lo solicite para que se pueda someter a votación, como haremos ahora, la tramitación o no como proyecto de ley del real decreto que acabamos de convalidar.
Señorías, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 145; en contra, 167; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. En consecuencia, no será tramitado como proyecto de ley urgente por la Cámara.
Pasamos a la votación de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2008, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona. Se entiende que el
voto afirmativo es favorable a su convalidación y el voto negativo es favorable a su derogación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 318; en contra, uno; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto-ley 3/2008, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona.
Igualmente, el Grupo Popular, a través de su portavoz, el señor Floriano, ha solicitado que se tramite por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley el anterior real decreto-ley convalidado. Vamos a proceder a la votación
correspondiente acerca de si se tramita o no como proyecto de ley urgente por la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 139; en contra, 169; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. En consecuencia, no se tramitará como proyecto de ley.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.