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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 161, de 09/03/2009
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de marzo de 2009
Núm. 161
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
158/000019 Solicitud de creación de una Subcomisión para el Pacto de Estado en la Sanidad, en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo.
Aprobación por el Pleno de la Cámara (Corrección de error) ... (Página 9)
158/000022 Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, de una Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España. Aprobación por el Pleno de la Cámara (Corrección de error) ...
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa UPS. Retirada ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que reanude con el Gobierno británico, tan pronto como sea posible, las negociaciones sobre las cuestiones de soberanía de
Gibraltar, y siga impulsando el proceso de cooperación en beneficio de las poblaciones locales ... (Página 10)
Comisión de Interior
161/000836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la construcción de la comisaría de Policía de Jerez de la Frontera (Cádiz) ... (Página 11)
161/000838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Catálogo de puestos de trabajos en las comisarías de Policía de la provincia de Cádiz ... (Página 12)
161/000841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil en Olvera (Cádiz) ... (Página 12)
Comisión de Economía y Hacienda
161/000822 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de creación de un coeficiente de crédito para la banca y entidades financieras asimilables ...
161/000823 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de medidas urgentes de estímulo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ...
161/000824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la articulación de un sistema de créditos fiscales reintegrables ...
161/000825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reforma del fondo de adquisición de activos financieros y la implantación de otras
medidas para dotar de liquidez a empresas y particulares ... (Página 15)
161/000843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo
especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación ... (Página 16)
Comisión de Fomento
161/000810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas de las obras del AVE en la salida norte de Barcelona ... (Página 17)
161/000811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la frecuencia del tren hacia el aeropuerto del aeropuerto Barcelona-El Prat.... (Página 18)
161/000812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con el estudio por parte de RENFE de la nueva situación de los servicios Madrid-Segovia-Valladolid ... (Página
18)
161/000814 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la construcción de la autovía A-48 entre Vejer-Algeciras, en el tramo Vejer- La Janda ... (Página 19)
161/000815 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las obras de la travesía de la antigua N-IV a su paso por Jerez de la Frontera ... (Página 19)
161/000816 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con diversas mejoras en la estación del AVE Lleida-Pirineos ... (Página 20)
161/000826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio de trenes semidirectos entre Barcelona y Puigcerdà, con parada en Ripoll y Vic ...
(Página 20)
161/000835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los socavones del AVE ... (Página 21)
161/000839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los accesos del aeropuerto Barcelona-El Prat ... (Página 22)
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
161/000807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las ayudas para fines de interés social derivadas de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) ... (Página 22)
161/000818 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección del patrimonio educativo ... (Página 23)
161/000821 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la convocatoria de ayudas sociales del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF)... (Página 24)
161/000827 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de la Ciudad de las Federaciones ... (Página 25)
161/000828 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo al deportista profesional y de alta competición ... (Página 25)
161/000829 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Conferencia Sectorial del Deporte ... (Página 27)
161/000832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las asignaciones a entidades sociales producto del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) para fines sociales ... (Página 27)
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/000850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que, en el seno del diálogo social, realice un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los nuevos mecanismos de control de la
incapacidad temporal, a fin de avanzar en su perfeccionamiento y en la mejora de la cooperación y coordinación de todas las partes implicadas en el mismo ... (Página 28)
161/000851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para seguir impulsando una política pública de inmigración en cooperación con Comunidades, ayuntamientos y organizaciones sociales para promover el sentido de
pertenencia al entorno en que se vive y asegure la integración de todos en un marco de convivencia y respeto a las reglas y valores del estado de derecho ... (Página 29)
161/000852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para seguir impulsando la celebración de acuerdos en el marco del diálogo social acerca de medidas para reactivar la economía, generar confianza y superar la
actual situación económica ... (Página 29)
161/000853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que, en el seno de diálogo social, realice un análisis de los efectos producidos por las reformas introducidas a través de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, en el ámbito de la protección por viudedad, con objeto de contar con pautas adecuadas a tener en cuenta para el futuro estudio de la reforma integral de dicha protección ...
(Página 30)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la tarifa G4 ... (Página 30)
161/000803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reducción de emisiones en gasolineras ... (Página 31)
161/000808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la transcripción de la Directiva 2007/23/CE relativa a la puesta en el mercado de los artículos de pirotecnia ... (Página 32)
161/000840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la incorporación del cargadero de mineral 'El Alquife' de Almería al catálogo de bienes industriales incluidos en el Plan de Patrimonio
Industrial ... (Página 33)
161/000842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación del Plan de Desarrollo de Zonas de Interés Turístico, Medioambiental y Cultural ... (Página 34)
161/000844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica... (Página 35)
161/000845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña ...
(Página
36)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el paseo marítimo de la playa Larga de Tarragona ... (Página 36)
161/000834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la planificación forestal y la ordenación de los montes ... (Página 37)
161/000837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre derogación del artículo 48-3 del Real Decreto 1612/2008 sobre producciones mínimas de algodón ... (Página 38)
Comisión de Administraciones Públicas
161/000805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para reinvertir en la mejora de la financiación de los municipios el IVA generado mediante el Fondo Estatal de Inversión
Local y los remanentes sobrantes después de las licitaciones ... (Página 38)
161/000806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para la racionalización de los carteles anunciadores de las obras realizadas con cargo al Fondo de Inversión Local ...
161/000809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los derechos sociales de los funcionarios públicos ...
(Página 40)
161/000817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Fondo de Compensación Interterritorial ... (Página 41)
161/000846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la jubilación a tiempo parcial de los empleados públicos y en especial del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud ... (Página 42)
161/000847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las mejoras en los servicios públicos de Extranjería que se prestan en las islas de Ibiza y Formentera ... (Página 43)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000820 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la reabertura de la sede del Centro Europeo del Consumidor de Barcelona ... (Página 44)
161/000830 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al incremento de recursos destinados a la lucha contra el VIH/SIDA.... (Página 45)
Comisión de Vivienda
161/000831 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para incluir a las familias numerosas en el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012.... (Página 46)
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Espacio Europeo de Educación Superior ... (Página 47)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con el establecimiento de un procedimiento simplificado de obtención de visado para representantes de fundaciones y asociaciones con
sede en países en vías de desarrollo ...
(Página 49)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
162/000340 relativa a la adecuada y amplia difusión de los contenidos y valores de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su correspondiente Protocolo Facultativo. Pasa a tramitarse ante el Pleno de la
Cámara ... (Página 49)
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
161/000849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aplicación de controles en carretera del consumo de sustancias estupefacientes por conductores de vehículos ... (Página
50)
Mociones consecuencia de interpelaciones
Urgentes
173/000051 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos ... (Página 51)
173/000052 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre la autoridad aeronáutica y las administraciones urbanísticas en
relación con los aeropuertos de interés general ... (Página 52)
173/000053 Moción consecuencia de Interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición del Gobierno ante la fuerte pérdida de puestos de trabajo, el incremento del paro y la caída de la
afiliación a la Seguridad Social ... (Página 53)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Interior
181/001334 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hernando Vera (GS), sobre contenido del protocolo de colaboración en materia de seguridad firmado con la Comunidad de Madrid ... (Página 54)
181/001335 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hernando Vera (GS), sobre contenido del convenio firmado con el Ministerio de Fomento sobre el transporte ferroviario de policías nacionales ... (Página 54)
181/001336 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hernando Vera (GS), sobre cantidad a la que asciende el presupuesto dedicado a Interior en el Fondo Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, Plan E, y cuáles son sus
principales medidas ... (Página 54)
181/001337 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hernando Vera (GS), sobre evolución en cuanto al despliegue del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) en el año 2008 y cuáles son sus principales previsiones para el 2009
... (Página 55)
181/001338 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hernando Vera (GS), sobre evolución del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados al control fronterizo y la lucha contra la inmigración ilegal en
los últimos años.... (Página 55)
181/001339 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hernando Vera (GS), sobre valoración por el Ministerio del descenso de la llegada de inmigrantes ilegales a nuestro país en el año 2008... (Página 55)
181/001340 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hernando Vera (GS), sobre valoración que hace el Ministerio sobre las primeras elecciones para constituir el Consejo de la Guardia Civil ... (Página 55)
181/001341 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hernando Vera (GS), sobre cumplimiento de los objetivos del Plan Director para la mejora de la Convivencia y la Seguridad Escolar, puesto en marcha por el Ministerio en el año 2007
... (Página 55)
181/001346 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre acuerdos que han alcanzado los Gobiernos de España y Mali para la mejora de la lucha contra la inmigración ilegal ... (Página 55)
181/001348 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Tarno Blanco (GP), sobre razón por la que el Ministerio del Interior ha ampliado los puestos de mando de libre designación en el Cuerpo Nacional de Policía ...
181/001363 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre razón por la que el Ministro del Interior ha ampliado el número de puestos de mando de libre designación en el Catálogo del Cuerpo Nacional de Policía ...
(Página 56)
Comisión de Defensa
181/001369 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (GP), sobre situación actual y previsión para el año 2009 del proceso de destrucción de las municiones de racimo ...
(Página 56)
181/001370 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (GP), sobre calendario de destrucción de las 5.589 municiones de racimo y situación actual del proceso de destrucción ... (Página
56)
Comisión de Economía y Hacienda
181/001352 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro María Nadal Belda (GP), sobre operaciones de crédito directo concedidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde el 1 de enero de 2009 ...
(Página 56)
181/001353 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro María Nadal Belda (GP), sobre política de precios que se ha seguido en las operaciones de crédito directo ... (Página 56)
181/001354 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro María Nadal Belda (GP), sobre política de garantías que se ha seguido en las operaciones de crédito directo ... (Página 57)
181/001355 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro María Nadal Belda (GP), sobre mandatos recibidos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en relación con la política de operaciones crediticias directas ...
181/001356 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro María Nadal Belda (GP), sobre conversaciones mantenidas con los miembros del Gobierno en relación con la política de créditos directos ... (Página 57)
181/001357 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro María Nadal Belda (GP), sobre participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en algún crédito sindicado en operaciones empresariales desde el día 1 de enero de 2009 ...
181/001358 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro María Nadal Belda (GP), sobre créditos sindicados en operaciones empresariales en los que actúa como líder el Instituto de Crédito Oficial (ICO), desde el día 1 de enero de 2009 ...
(Página 57)
181/001359 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro María Nadal Belda (GP), sobre opinión que merece al Gobierno: el balance, la solvencia, los recursos propios, los recursos técnicos, los recursos humanos, la morosidad y la naturaleza
jurídica a la hora de responder los nuevos productos financieros encargados por el Gobierno vinculados a la crisis económica española... (Página 57)
181/001360 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro María Nadal Belda (GP), sobre riesgo identificado en el nuevo papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de cara al próximo ejercicio económico ... (Página
58)
Comisión de Fomento
181/001362 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre previsiones para culminar en su totalidad la autovía Palencia-Cantabria ... (Página 58)
181/001368 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre previsiones del Gobierno respecto a la construcción de la estación del AVE en Granada ... (Página 58)
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
181/001349 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Antonio González Pérez (GP), sobre medidas que va adoptar el Gobierno para fomentar la participación de los patrocinadores necesarios en el Plan ADO de cara a los Juegos Olímpicos
Londres 2012 ... (Página 58)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/001333 Pregunta formulada por el Diputado don Aurelio Romero Girón (GP), sobre previsiones acerca de desacoplar totalmente las ayudas al arroz que reciben los agricultores arroceros, a partir del año 2010 ...
181/001347 Pregunta formulada por el Diputado don Gabriel Mato Adrover (GP), sobre conocimiento por el Gobierno de estar defendiendo como 'cuestión de estado' a los productores de plátanos de Canarias ...
(Página
58)
181/001367 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre previsión de plazos de ejecución de los regadíos de la zona Norte de Granada en el entorno de Baza-Huéscar ... (Página 59)
Comisión de Administraciones Públicas
181/001361 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre exigencia por el Gobierno de algún tipo de responsabilidad al Delegado del Gobierno en Castilla y León, por su continuo engaño a los palentinos en
relación con la financiación de la autovía a Cantabria ... (Página 59)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001364 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre opinión del Gobierno en relación con el incremento de la contratación de Servicios Médicos Privados en la Comunidad Autónoma de Andalucía ...
181/001365 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Mingo Zapatero (GP), sobre previsiones de plan de choque para afrontar las consecuencias que la crisis económica tendrá en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud ...
Comisión de Igualdad
181/001342 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Medina Teva (GS), sobre valoración que realiza el Gobierno del informe de UNIFEM 'El progreso de las mujeres en el mundo 2008/2009 ¿quién responde a las mujeres?' ...
181/001343 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Medina Teva (GS), sobre valoración que realiza el Gobierno del recientemente constituido foro CON - FLUENCIA con la participación de mujeres e inmigrantes ...
181/001344 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Medina Teva (GS), sobre acuerdos que se han alcanzado con las Comunidades Autónomas en la II Conferencia Sectorial de Igualdad... (Página 60)
181/001345 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Medina Teva (GS), sobre valoración que realiza el Gobierno de la constitución formal de la Mesa de Igualdad del Diálogo Social ... (Página 60)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/001324 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre organismos multilaterales a los que se ha aportado fondos en concepto a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2008 ... (Página 60)
181/001325 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre mecanismos de seguimiento establecidos para los fondos de ayuda oficial al desarrollo destinados a organismos multilaterales ...
181/001326 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre valoración de la presencia de directivos españoles en los organismos multilaterales ... (Página 60)
181/001327 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre programas y proyectos financiados en 2008 con la Ayuda Oficial al Desarrollo española destinada a organismos multilaterales ...
181/001328 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre países en los que se están desarrollando los programas y proyectos que se han financiado en 2008 con la Ayuda Oficial al Desarrollo española destinada a
organismos multilaterales ... (Página 61)
181/001329 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre aportación para seguridad alimentaria en la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, celebrada en Madrid los días 26 y 27 de
enero de 2009 ... (Página 61)
181/001330 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre gastos de organización de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, celebrada en Madrid los días 26 y 27 de enero de 2009 ...
(Página 61)
181/001331 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre países comprendidos para aportar fondos tras la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, celebrada en Madrid los días 26 y 27 de
enero de 2009 y cantidades aportadas ...
(Página 61)
181/001332 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre organismos internacionales que van a gestionar los 500 millones de euros comprometidos por España en los próximos cinco años en la Conferencia de Alto Nivel
sobre seguridad alimentaria de la FAO celebrada en Roma en junio de 2008 ... (Página 61)
Preguntas para respuesta escrita
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en la Comisión de Interior ... (Página 62)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
233/000049 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5983/2005 y acumuladas ... (Página 63)
233/000050 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 8484/2008 ... (Página 63)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000019 y 158/000022
Advertidos errores en las referencias a las publicaciones de las propuestas de creación de Subcomisiones contenidas en acuerdos del Pleno de creación de las mismas reproducidas en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 151, de
20 de febrero de 2009, se procede a su subsanación.
En el acuerdo con número de expediente 158/000019 (página 4, columna derecha), relativa a la creación de una Subcomisión para el Pacto de Estado en la Sanidad en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, donde dice: 'en los términos de
la propuesta de la citada Comisión, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 100, de 7 de noviembre de 2008', debe decir: 'en los términos de la propuesta de la citada Comisión, publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 160, de 6 de marzo de 2009'.
En el acuerdo con número de expediente 158/000022 (página 4, columna derecha), relativa a la creación de una Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España en el seno de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, donde dice:
'en los términos de la propuesta de la citada Comisión, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 119, de 5 de diciembre de 2008', debe decir: 'en los términos de la propuesta de la citada Comisión, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 141, de 5 de febrero de 2009'.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2009.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000320
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencias.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa UPS.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 146, de 13 de febrero de 2009.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentado Socialista en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a que 'el Gobierno reanude con el
Gobierno británico, tan pronto como sea posible, las negociaciones sobre las cuestiones de soberanía de Gibraltar, y siga impulsando el proceso de cooperación en beneficio de las poblaciones locales', para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
El Proceso de Bruselas tiene su antecedente en la Declaración de Lisboa, de 10 de abril de 1980, en la que los Gobiernos británico y español se propusieron iniciar negociaciones a fin de solucionar todas sus diferencias sobre Gibraltar en un
espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. La Declaración de Lisboa fue desarrollada posteriormente por la Declaración de Bruselas, de 27 de noviembre de 1984, en la que se especificó que se tratarían
las cuestiones de soberanía (del Istmo y del territorio cedido por el Tratado de Utrecht) y en la que se acordó promover, en beneficio mutuo, la cooperación en diversos campos (materia económica, cultural, turística, aérea, militar y medio
ambiental). Ambas Partes acordaron que éste sería el marco establecido entre España y el Reino Unido para abordar las cuestiones de soberanía. Con motivo de la firma de la Declaración de Córdoba, de 16 de diciembre de 2004, y en el ámbito del
nuevo clima establecido, Gibraltar acepta formalmente que las referencias a la soberanía son bilaterales al Reino Unido y España.
La primera reunión del Proceso de Bruselas se celebró en Ginebra en febrero de 1985. Las autoridades locales de Gibraltar se sumaron a ese Proceso hasta que Joe Bossano fue nombrado Ministro Principal en 1988.
Desde entonces, los
representantes de Gibraltar dejaron de participar en el mismo. En el marco del Proceso de Bruselas han llegado a celebrarse 14 Reuniones Ministeriales.
Entre julio de 2001 y julio de 2002, los Ministros Piqué y Straw hicieron grandes progresos en las negociaciones sobre Gibraltar, aunque no culminaron en un acuerdo tras el desenlace de las conversaciones hispano-británicas sobre la
cosoberanía de Gibraltar.
En otoño de 2004, el Gobierno español quiso dar un nuevo impulso a las negociaciones sobre Gibraltar creando un clima de amistad, diálogo y cooperación y anunciando, mediante comunicado conjunto con los británicos, la creación de un Foro de
Diálogo, en el que Gibraltar tendría voz propia, generador de un nuevo clima de confianza y colaboración entre las partes capaz de producir efectos beneficiosos para ambos lados de la Verja. Las modalidades del Foro serían objeto de un nuevo
acuerdo entre las partes.
En la declaración conjunta, de 27 de octubre de 2004, figuraban diversas medidas de cooperación y se expresaba que para el Gobierno español la cooperación local está en el contexto de los objetivos del Gobierno español en relación con la
soberanía de Gibraltar. Además, se anunciaba la iniciativa de constituir un Comité Conjunto Gobierno de Gibraltar-Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para impulsar la identificación de proyectos mutuamente beneficiosos en el ámbito de
cooperación local.
Para cumplir con el objetivo de impulsar la cooperación local, y tal y como estaba previsto en la declaración conjunta de 27 de octubre de 2004, el Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ministro Principal de
Gibraltar firmaron, en la villa de Los Barrios, el 18 de noviembre de 2004, el acta de constitución de la Comisión Mixta de Cooperación entre Gibraltar y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El objetivo de esta Comisión es
identificar, determinar, promover, desarrollar y ejecutar actuaciones conjuntas para el beneficio mutuo de ambas partes y sus poblaciones.
Poco después, el comunicado conjunto, de 16 de diciembre de 2004, expresaba con claridad meridiana que, sin perjuicio de sus respectivas posiciones, las Partes creaban un nuevo Foro de Diálogo sobre Gibraltar, separado del Proceso de
Bruselas.
En el comunicado se indica explícitamente que Gibraltar no es un Estado soberano independiente y, por tanto, no tiene personalidad jurídica internacional como las otras dos Partes. En el Foro de Diálogo, cada una de las Partes tiene voz
propia y separada, sin perjuicio de su respectivo estatus constitucional.
La primera reunión ministerial del Foro de Diálogo sobre Gibraltar, de 18 de septiembre de 2006, celebrada en Córdoba, cerró diferentes acuerdos que venían preparándose
preparándose a lo largo de cinco reuniones previas. En relación con dichos acuerdos es necesario destacar que, tal y como se recoge en el comunicado, la posición tradicional de España en lo que se refiere a la soberanía se mantiene
plenamente. Los acuerdos no tienen ninguna repercusión en absoluto en lo que atañe a la soberanía y la jurisdicción ni a ninguna cuestión a la que éstas afecten.
El Comunicado también hace constar expresamente que Gibraltar entiende y acepta que las referencias a la soberanía son bilaterales al Reino Unido y España.
Los acuerdos alcanzados en Córdoba se refieren al mejor uso del aeropuerto de Gibraltar, a la revalorización de las pensiones de los antiguos trabajadores españoles en Gibraltar, a la mejora de las telecomunicaciones con Gibraltar, a la
fluidez en el paso de vehículos y personas a través de la Verja, y a la apertura de una sede del Instituto Cervantes.
En la Segunda Reunión Ministerial del Foro de Diálogo sobre Gibraltar se celebró en Londres, el 2 de julio de 2008, se estableció una detallada agenda de trabajo para solucionar cuestiones que afectan a las poblaciones de ambas partes de la
Verja. En el comunicado conjunto se insiste en seguir creando una atmósfera constructiva de confianza mutua y cooperación, en beneficio y para la prosperidad de Gibraltar y la región en su conjunto. Además, se vuelve a reafirmar que cualquier
acuerdo en estos ámbitos no tendrá ninguna repercusión en absoluto en lo que atañe a la soberanía y la jurisdicción.
La agenda de trabajo establecida en Londres incluye cooperación medioambiental, comunicaciones marítimas, cooperación judicial, aduanera y policial, servicios financieros y fiscalidad, cuestiones relacionadas con visados y educación.
El Foro de Diálogo sobre Gibraltar no ha variado la posición de España en ninguno de los aspectos referidos a la soberanía de Gibraltar que corresponde tratar con el Reino Unido, bilateralmete, y que poseen un marco acordado en el Proceso de
Bruselas. Las Naciones Unidas siguen instando a los dos Estados a solucionar la cuestión de Gibraltar a la luz de las resoluciones y teniendo en cuenta los intereses y las aspiraciones de Gibraltar.
Desde la creación del Foro de Diálogo se han llevado a cabo numerosas rondas de conversaciones sobre cooperación. España está procediendo a crear una sólida base de cooperación y confianza mutua entre los tres participantes. Sin embargo,
no es posible dejar de lado el tratamiento de las cuestiones de soberanía. Por todo ello, aparece hoy como tarea necesaria la reanudación de las negociaciones sobre soberanía con el Reino Unido.
En cualquier caso, conviene subrayar que la actuación del Gobierno español sobre Gibraltar continuará guiándose por la buena voluntad y la buena fe, persiguiendo con firmeza los siguientes objetivos:
La recuperación por parte de España de la soberanía y la jurisdicción sobre el peñón y la jurisdicción sobre el istmo.
Que continúe desarrollándose la cooperación con el Gobierno de Gibraltar, en beneficio de las poblaciones de la región en su conjunto.
Que se consoliden los mecanismos existentes de diálogo y negociación como vías útiles y eficientes para resolver los temas que se planteen por los participantes.
Que continúen las relaciones entre España y el Reino Unido.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. El Gobierno español reanude con el Gobierno británico, tan pronto como sea posible, las negociaciones sobre las cuestiones de soberanía de Gibraltar en el marco acordado del Proceso de Bruselas.
2. El Gobierno español siga impulsando el proceso de cooperación en beneficio de las poblaciones locales consolidando los mecanismos de diálogo y negociación del Foro de Diálogo sobre Gibraltar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2009.-Rafael Román Guerrero, Diputado. Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/000836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la construcción de la
Comisaría de Policía de Jerez de la Frontera para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Comisaría de Policía de Jerez se encuentra ubicada en un antiguo palacio, que no reúne las condiciones mínimas necesarias para prestar un servicio de calidad.
Desde hace años se viene prometiendo la construcción de una nueva Comisaría en los terrenos que ocupaba la antigua prisión.
Como excusa para no iniciar las obras, se viene manifestando que se está negociando un convenio con el Ayuntamiento de Jerez para construir una Comisaría conjunta para Policía Nacional y Policía Local.
Pero pasa el tiempo, y no aparecen cantidades consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para esta Comisaría, y las obras no se inician, a pesar de las promesas realizadas y de la urgente necesidad de que se construya para prestar
un buen servicio y que los profesionales puedan trabajar dignamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir la Comisaría de Policía de Jerez de la Frontera, suscribiendo, en su caso, el convenio con el Ayuntamiento de Jerez para que dicha instalación acoja, en las condiciones que se
determinen, a la Policía Nacional y la Policía Local.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Aurelio Romero Girón, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre Catálogo de puestos de
trabajo en las Comisarías de Policía de la Provincia de Cádiz para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En diciembre del año 2007 se aprobó el Catálogo de puestos de trabajo para las Comisarías de Policía de Cádiz, Jerez, Algeciras, La Línea, San Fernando, El Puerto de Santa María, Rota y Sanlúcar de Barrameda, todos en la provincia de Cádiz.
Desde entonces, nunca se ha llegado a completar el catálogo en ninguna de las Comisarías citadas; antes al contrario, falta personal en todas y cada una de ellas, superando en algunos casos el 20%.
Una de las consecuencias de esta falta de personal, es el incremento de los índices de delincuencia en la provincia, pues aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vienen prestando un excelente trabajo, no dan abasto, trabajan al
límite de sus posibilidades y no siempre con los medios y recursos materiales suficientes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a completar el Catálogo de puestos de trabajo de las Comisarías de Policías de la provincia de Cádiz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Aurelio Romero Girón, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la construcción Casa
Cuartel de la Guardia Civil en Olvera (Cádiz), en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Casa Cuartel de la Guardia Civil en Olvera (Cádiz), se encuentra en estado lamentable.
Los pabellones de viviendas se encuentran en ruina y han tenido que ser desalojados.
En las oficinas se han llevado a cabo pequeñas reparaciones, pero que no son en absoluto suficientes para prestar los servicios con un mínimo de seguridad.
En reciente visita del Ministro del Interior a la provincia ha anunciado nuevas inversiones en distintas Comisarías y Cuarteles de la Guardia Civil, sin que entre estas inversiones se encuentre la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Olvera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir una Casa Cuartel de la Guardia Civil en Olvera (Cádiz).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Aurelio Romero Girón, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Hacienda
161/000822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley de creación de un coeficiente de crédito para la banca y entidades financieras asimilables, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
La actual situación económica ha motivado una parálisis progresiva en el nivel de actividad como consecuencia de la falta de liquidez. Empresas y familias requieren de 'capital circulante' para afrontar las necesidades ineludibles, a riesgo
de entrar en situación concursal o en trámite de embargo. Facilitar, por tanto, la opción al crédito es un requisito tan necesario como indispensable.
No hay dudas sobre la competencia del Banco Europeo en la política monetaria. No obstante, en sentido estricto, una cosa es la política monetaria y, otra cosa, la política crediticia. Esta apreciación es importante, porque abre una grieta
que permite la actuación, en plenitud competencial y operativa, del Banco de España. Efectivamente, el Banco de España no puede hacer política monetaria, pero sí puede instrumentar la ordenación del crédito. A la vista de la falta de liquidez de
los actores económicos, sería útil y procedente pues instaurar un coeficiente de crédito.
Las entidades de crédito, conforme al ordenamiento jurídico vigente, están sujetas a dos coeficientes: el coeficiente de reservas (relación entre depósito y efectivo) y el coeficiente de solvencia (relación entre riesgo y recursos propios).
Se trata pues de añadir un nuevo coeficiente.
Así pues, el coeficiente de crédito se definiría como una relación (con porcentaje pendiente de acuerdo) entre depósitos y créditos. La banca y el resto de entidades financieras asimilables deberían satisfacer este coeficiente, sometido a
un seguimiento periódico.
El cumplimento correspondiente comportaría que la banca y las entidades financieras otorgasen preceptivamente crédito en función de los depósitos disponibles.
No obstante, si se diera el caso de que las solicitudes no presentasen garantías suficientes no se podría obligar a la banca y entidades a conceder crédito a riesgo razonable de incumplimiento (justamente para no auspiciar una generación
española de suprimes). Por tanto, podría ocurrir que la cantidad preceptiva a otorgar no pudiera satisfacerse plenamente por este motivo. En este caso, con la diferencia resultante, la banca y las entidades deberían suscribir, también
preceptivamente, deuda pública emitida al efecto.
Esta deuda pública, de vencimiento a medio plazo y con retribución equivalente a la que fija el Banco Central Europeo, serviría para alimentar un fondo específico que el Tesoro prestaría al Instituto de Crédito Oficial (ICO), para que este
organismo pudiera satisfacer las peticiones de crédito de empresas y familias con requerimientos de garantía más flexibles.
Para esta operativa es necesario hacer algunos retoques en el funcionamiento del ICO, pero que en ningún caso deben suponer un incremento en los gastos de asociados a una mejor organización. Los retoques deberían centrarse principalmente en
la estandarización de las peticiones, agilización temporal de los trámites y ampliación de las líneas subrogadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a realizar de forma inmediata, las modificaciones normativas necesarias para dotar a las empresas y familias de mayor liquidez.
1. Estableciendo un coeficiente de crédito (calculado en función entre depósitos y créditos concedidos) al que deban someterse preceptivamente la banca y entidades asimiladas, y que les obligue a conceder crédito a familias y empresas
cuando tengan determinados depósitos disponibles.
2. Emitiendo deuda pública, con vencimiento a medio plazo y retribución equivalente a la fijada por el Banco Central Europeo, que preceptivamente deberán adquirir las entidades de crédito, cuando la cuantía resultante de la aplicación del
coeficiente de crédito, no se destine totalmente a la concesión de créditos, por no presentar los destinatarios (familias y empresas) garantías razonables de devolución.
3. Dotando de un fondo específico que el Tesoro debería ceder al Instituto de Crédito Oficial (ICO), para que éste pudiera atender las peticiones de crédito de familias y empresas, con requisitos de garantía más flexibles.
4. Modificando el funcionamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a efectos de estandarizar las peticiones de crédito, agilizar temporalmente los trámites para el otorgamiento de crédito así como para ampliar las líneas subrogadas.
5. Se habilitarán los instrumentos necesarios para que los importes asignados en las subastas periódicas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) a cada entidad financiera no superen el volumen de créditos
créditos concedidos por cada una de ellas en cumplimiento del coeficiente antes mencionado en el periodo immediatamente anterior a la celebración de la subasta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley de medidas urgentes de estímulo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas (PIMES), para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
La falta de liquidez del conjunto del sistema económico español ha sido identificada como una de las principales restricciones para la correcta implementación de medidas públicas que permitan, a corto plazo, generar la necesaria reactivación
de la economía.
En este sentido, el gobierno del Estado -dentro de una estrategia común de los principales países desarrollados y específicamente de los miembros de la UE-habilitó los correspondientes programas y créditos para aumentar la liquidez del
sistema financiero en el convencimiento de que era éste el principal actor en el proceso de suministrar liquidez al conjunto de la economía.
Complementariamente, el Gobierno implementó diversos instrumentos de créditos oficial, algunos nuevos y otros modificando los existentes, destinados directamente a las empresas. Así mismo, ha acompañado este paquete de medidas de otras
encaminadas a aumentar la solvencia y la liquidez de las familias, especialmente de aquéllas en dificultades coyunturales derivadas de situaciones de desempleo.
A finales de enero de 2009, cuando ya se habían inyectado miles de millones de euros de liquidez a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, se tenía ya la suficiente evidencia de que el objetivo último de las medidas hasta
ahora adoptadas en relación al sistema financiero, es decir, suministrar liquidez a las empresas no financieras, no se estaba alcanzando con el ritmo ni la intensidad necesarias.
En particular, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) continúan sometidas a importantes restricciones de liquidez a corto plazo, derivadas tanto de las limitaciones que imponen las entidades financieras privadas a la oferta de productos
financieros de tesorería, incluidos los instrumentos de crédito oficial, como de la falta de efectividad de las medidas contenidas en la Ley 32/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Es necesario, pues, habilitar medidas desde el ámbito público que permitan mejorar las condiciones de liquidez directa de las empresas, sin perjuicio de que, paralelamente, se habiliten otras para tratar de activar efectivamente los
operadores del sistema financiero.
Por estas razones
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a adoptar las siguientes medidas:
1. Introducir las modificaciones normativas necesarias para autorizar a las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con las definiciones comunitarias, el aplazamiento de las cotizaciones empresariales del régimen general de la Seguridad
Social correspondientes a un período de hasta seis meses de acuerdo con los siguientes criterios:
a) El aplazamiento del abono de las cotizaciones en la Tesorería de la Seguridad Social se producirá a petición de la empresa y no se le exigirá la presentación de ningún tipo de aval o garantía financiera.
b) El abono de las cotizaciones aplazadas podrá diferirse un máximo de veinticuatro meses y no generará, durante este periodo, penalización o recargo alguno.
c) El tipo de interés aplicable a los importes aplazados no será superior al establecido oficialmente por el Banco Central Europeo.
2. Realizar las modificaciones normativas necesarias y los desarrollos reglamentarios pertinentes para:
a) Establecer, con carácter general, el plazo máximo de pago de las relaciones comerciales entre las empresas en treinta días naturales, computables a partir de la fecha de emisión de la factura. No obstante, en casos excepcionales y
debidamente reglamentados, dicho plazo podrá ampliarse hasta sesenta días naturales.
b) Introducir un tipo legal de interés de demora en los aplazamientos de pago, suficientemente disuasorio. La percepción de intereses de demora será un derecho irrenunciable y las cláusulas de renuncia del mismo en los contratos entre
proveedor y cliente se considerarán nulas y dichos contratos abusivos.
c) Introducir las especificaciones necesarias para extender los criterios mencionados a las relaciones comerciales de las empresas con las administraciones públicas.
d) Habilitar un período transitorio de implantación de las normas correspondientes que dé respuesta a problemáticas
problemáticas específicas pero que, en ningún caso, impida la pronta aplicación de las medidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la articulación de un sistema de créditos fiscales reintegrables para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
Dada la situación coyuntural de brusco cambio de ciclo en sectores que han sido motor de nuestra economía en los últimos años y que, por consiguiente, han contribuido de forma notoria al superávit presupuestario del periodo 2006-2007, se
propone la implementación de un sistema de 'créditos fiscales reintegrables' para la reactivación de los sectores con más impacto en el cambio de ciclo y de la economía general.
Con esta medida se pretende que, el 'socio extraordinario y obligado' al cual cada año se ha aportado una cuantía determinada (la Hacienda del Estado) financie y apueste, en los momentos de recesión económica y de rigurosa limitación al
crédito comercial, a las empresas que han pagado cada año su correspondiente Impuesto de Sociedades, contribuyendo así al sostenimiento del gasto público.
El sistema de 'créditos fiscales reintegrables' no representaría ningún coste fiscal para la Hacienda Pública y, en cambio, representaría una inyección económica en la tesorería de aquellas empresas que cumpliesen determinados requisitos
como, por ejemplo, la simple presentación de un plan de viabilidad económico-financiero, es decir, la justificación de la viabilidad futura de la empresa.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Introducir las modificaciones normativas necesarias para que, de forma extraordinaria y temporal, el Impuesto de Sociedades contemple la posibilidad de conceder a las empresas un crédito fiscal anual reintegrable con las siguientes
características:
1. El crédito fiscal tendrá un importe equivalente al resultado de aplicar el tipo del Impuesto de Sociedades sobre la BIN de cada ejercicio con el límite total de la suma de cuotas líquidas, es decir, antes de retenciones y pagos a cuenta,
de los quince años inmediatamente anteriores.
2. El crédito se deberá reintegrar en un plazo no superior a los cinco períodos impositivos siguientes al que la empresa obtenga el crédito o bien obtenga beneficios, en caso de situaciones de pérdidas, con el abono de los correspondientes
intereses.
3. El importe anual a reintegrar en su momento quedará a discreción de la empresa, con el mínimo del 20% anual del crédito fiscal concedido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma del fondo de adquisición de activos financieros y la implantación de otras medidas para dotar de liquidez a empresas y particulares, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
El fondo para la adquisición de activos financieros, con una aportación inicial de 30.000 M que puede ser ampliado hasta los 50.000 M, y que es administrado y gestionado por el Ministerio de Economía y Hacienda, fue impulsado con la
finalidad de apoyar la oferta de crédito destinado a la actividad productiva y de consumo de las empresas y las familias.
Dicho impulso, hasta la fecha del 30 de enero del presente año, ha comportado una inyección de fondos líquidos por valor de 19.341 M mediante las cuatro subastas realizadas hasta el momento.
No obstante, existe la sospecha por parte del ámbito empresarial, que estos recursos públicos no se han transferido de manera efectiva a la economía productiva. Los vencimientos de la importante deuda contraída por parte de nuestros bancos
y cajas con el sector financiero exterior, la provisión de recursos ante el crecimiento de la morosidad, e incluso, la necesidad de ofrecer
ofrecer ante la opinión pública unas cuentas de resultados y beneficios positivas, pueden haber sido el destino de buena parte de los más de 19.000 M otorgados por las arcas públicas.
Es evidente que el Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo fomentado por el Gobierno español va a conllevar, según las previsiones actuales, un incremento del déficit presupuestario en torno al 6%, y por consiguiente un aumento de la
deuda pública. Sin embargo, todo este enorme gasto del erario público, sólo tiene sentido en la medida que se vehicule a la economía productiva.
Por ello, se hace preciso aprobar nuevas medidas de transparencia y control, así como, condicionar la concesión de dichas ayudas, para garantizar que éstas lleguen de manera efectiva hacia sus destinatarios finales, las empresas no
financieras y las familias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Emprender las reformas normativas necesarias para modificar el Real Decreto-ley 6/2009, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros para garantizar una mejor transparencia y control del
destino del dinero público:
a) Considerando solamente como activos adquiribles, aquellos correspondientes a la titulación de créditos a empresas y a familias concedidos en los quince días anteriores a la celebración de cada subasta.
b) Incorporando representantes de entidades públicas en los órganos rectores y consejos de administración de las entidades financieras beneficiarias del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.
2. Avalar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), las facturas pendientes del conjunto de las Administraciones Públicas con empresas y particulares, para que éstos puedan pedir cantidades a cuenta a las entidades financieras, a
cambio de un interés (factoring).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000843
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la modificación del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se
aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modificación del Real Decreto-ley
9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, para su debate
en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
Entre las diferentes medidas comprendidas en el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, con el fin de reactivar la economía y el empleo ante la grave crisis en la que se encuentra inmersa la economía española, se establece la
constitución de un Fondo Estatal de Inversión Local. En el texto del Real Decreto-ley existen algunas cuestiones relacionadas con este Fondo que deben ser corregidas en la medida en que las Corporaciones Locales pueden verse dañadas por la forma en
la que se han instrumentado los flujos financieros por esta medida estatal.
Teniendo en cuenta que muchos de los proyectos pueden tener un período de ejecución de dos o tres meses, y de la lectura combinada de los artículos 7.1 y 9.5, se deduce que en los supuestos en que la obra este finalizada
finalizada en 2009, la obligación de pago de Ayuntamientos será con cargo inicialmente a los recursos disponibles de la propia Corporación Local, toda vez que la liquidación del 30 por ciento por parte de la Administración del Estado
únicamente se practicará a partir del período de justificación habilitado en el primer trimestre de 2010. El grave estado financiero de algunos Ayuntamientos, cuyas disponibilidades monetarias están comprometidas previamente, obliga a que se adopte
alguna medida que permita anticipar la liquidación de la Administración del Estado, en aras a que, a su vez, se puedan atender las obligaciones de pago a contratistas. Por ello, se propone que la justificación de la ayuda se realice en cualquier
momento, una vez finalizada la obra, y, en todo caso, con la fecha límite establecida por la propia norma.
En la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley se regula la publicidad de las acciones financiadas. Más allá de la pertinencia y deseabilidad económica de esta medida, es improcedente considerar la obligación de publicidad como
una condición material de obligado cumplimiento, y no sólo por el coste innecesario que representa, sino porque, en sí mismo, es un gasto improductivo y, por tanto, innecesario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el artículo 7.1 de Real Decreto-ley 9/2008 para que los Ayuntamientos deban acreditar la realización de las inversiones y la finalización de las obras a partir de cualquier momento posterior al día siguiente a la recepción y
certificación final de la obra, y en todo caso antes del primer trimestre de 2010, sin perjuicio de que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, pueda otorgar una prórroga que no podrá
exceder de seis meses cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato hayan retrasado ésta. En este caso, la justificación deberá presentarse dentro del mes siguiente a la conclusión de la
citada prórroga. En el caso de incumplimiento de estos plazos se cumplirá a lo previsto en el artículo 10 del citado Real Decreto-ley.
2. Suprimir la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 9/2008 que establece unos requisitos de publicidad de las obras inaceptables en un momento de crisis económica como la actual, en el que deben imperar criterios de austeridad
en el gasto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Fátima Báñez García, Diputada. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Fomento
161/000810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las medidas de las obras del AVE en la
salida norte de Barcelona, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las obras del AVE en la salida norte de Barcelona, dirección Girona y Francia comportarán importantes alteraciones en el tránsito ferroviario de cercanías de Barcelona. Un golpe más al frágil servicio de cercanías, que vivirá de nuevo
afectaciones que disminuirán la calidad del servicio.
Las líneas más afectadas en este caso serán las que provienen de Sant Celoni-Masanet, Granollers, la línea Cl del Maresme y de nuevo la línea del aeropuerto que desaparece por integrarse a la línea C2-Norte.
Las alteraciones en las líneas y la desaparición de algunas de las conexiones directas entre estaciones han sido informadas a los usuarios con menos de diez días de antelación. A partir del próximo 31 de enero serán operativos los cambios.
La falta de información con tiempo suficiente tendrá que ser suplida necesariamente con personal de información.
Las alteraciones del servicio implicarán que algunas líneas incrementen el tiempo del viaje para hacer el mismo recorrido: así pues la línea C2 norte tardará entre cinco y trece minutos más en hacer el recorrido y la línea Cl, incrementará
el tiempo de viaje entre dos y doce minutos más.
La disminución de la calidad del servicio de cercanías tendrá que ser asumida por los usuarios sin ningún tipo de compensación. Las tarifas que pagarán los usuarios serán las mismas por un servicio que será cualitativamente inferior. Los
usuarios de estas líneas afectadas tendrían que tener descuentos en las tarifas que abonan, debido que tardarán más tiempo en desplazamientos.
Las obras que se realizan en La Sagrera y en la estación de Sant Andreu Comtal, también afectarán más de lo que inicialmente se había previsto.
Los usuarios tienen que poder recuperar el dinero pagado por el servicio en caso de que éste sea
manifiestamente deficiente como ocurrió en el servicio de cercanías entre Vilanova y Barcelona durante las obras del AVE en la entrada sur a la ciudad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al establecimiento, debido a las alteraciones de la circulación
circulación de trenes y disminución de la calidad del servicio que comportarán las obras del AVE en la salida norte de la ciudad en un período de dos años, las siguientes medidas:
1. Aplicación a partir del 31 de enero de 2009 un sistema de bonificaciones y reducciones de las tarifas que pagarán los usuarios de las líneas afectadas por las alteraciones del servicio o el incremento del tiempo de los recorridos.
2. Establecimiento desde el inicio de las afectaciones por las obras de un sistema de devolución expreso del billete pagado en aquellos trayectos que tengan un retraso superior a los quince minutos.
3. Establecimiento, de una red de informadores en todas las estaciones de la red de cercanías que orienten a los usuarios sobre los cambios producidos en líneas y conexiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2009.-Dolors Montserrat Montserrat, Diputa-da.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la frecuencia del tren hacia el
aeropuerto Barcelona-El Prat, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El transporte público que une la ciudad de Barcelona y el aeropuerto de El Prat es bastante deficiente. A falta de metro que no está previsto que llegue al aeropuerto hasta dentro de unos años, las alternativas son el autobús y el servicio
de cercanías de RENFE a través de la línea C10.
El servicio de cercanías hacia el aeropuerto ha sido en el pasado uno de los más afectados por las incidencias causadas por las obras del AVE y desgraciadamente una vez acabadas, la línea del aeropuerto es siempre la primera en resultar
afectada o suprimida cuando hay incidencias que afectan a la circulación de trenes.
Pero el problema que más han manifestado los usuarios de la línea del aeropuerto es la baja frecuencia de paso. Únicamente circula un tren cada treinta minutos entre las 5,33 de la mañana y la medianoche. Como consecuencia de eso los
trenes al aeropuerto van a menudo completamente llenos con mucha incomodidad debido al gran número de equipajes.
Los 32,8 millones de pasajeros que pasaron por el aeropuerto de Barcelona durante el año 2007 son un motivo más que suficiente para mejorar los servicios de cercanías del aeropuerto. Además de este número de pasajeros en el aeropuerto de El
Prat trabajan o tienen instalada su base de operaciones cerca de 15.000 trabajadores.
En aeropuertos de nuestro entorno que a menudo nos sirven de referencia, al margen del transporte público en autobús o taxi, el tren tiene una oferta sustancialmente mejor para unir la ciudad con el aeropuerto. En el caso de París el
aeropuerto Charles De Gaulle tiene servicio de tren cada diez-quince minutos y Orly cada 4-7 minutos con el tren regional rápido de París (RER). En el caso de Londres, el aeropuerto de Heathrow dispone del Heathrow Express que circula cada cuarto
de hora y el Heathrow Connect cada treinta minutos, al margen del metro y otros sistemas de transporte público. En el caso de Madrid, el metro circula cada cuatro-siete minutos para unir el aeropuerto con el centro de la ciudad.
Para convertir el aeropuerto de Barcelona en un gran aeropuerto intercontinental es preciso también que los servicios de transporte público que tienen que unir la ciudad con el aeropuerto tengan una frecuencia adecuada. Eso hace necesario
incrementar la oferta del único medio que hasta ahora une el aeropuerto con Barcelona, cercanías de RENFE, con un mínimo de una circulación más por hora para conseguir que cada veinte minutos haya un tren al aeropuerto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que incremente, como mínimo en una circulación más por hora y sentido, los trenes de la línea C10 de Cercanías que unen la ciudad de Barcelona y el aeropuerto de El Prat, para que en total
haya como mínimo salidas de trenes cada veinte minutos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2009.-Dolors Montserrat Montserrat, Diputa-da.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en relación con el estudio por parte de
RENFE de la nueva situación de los servicios Madrid-Segovia-Valladolid, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Recientemente se han ampliado servicios de tren entre Madrid-Segovia y Valladolid con nuevos trenes AVANT después de que las instituciones segovianas y los partidos políticos hiciesen llegar a RENFE la necesidad de incrementar los servicios,
sobre todo con Valladolid y en determinadas franjas horarias que carecían de servicios, pese a la demanda existente.
A partir del 26 de enero RENFE estableció nuevos servicios, pero los horarios fijados para esos servicios se están demostrando poco o nada útiles, para muchos usurarios de Segovia, que ven así frustrada su necesidad de viajar a Madrid o a
Valladolid en horarios racionales y verdaderamente útiles para sus intereses, negocios, estudios, etc.
Así podemos constatar que después del incremento de los servicios sigue sin haber ningún tren AVANT de Segovia a Madrid, entre las 8 y las 15:25 horas, mientras que entre las 15:25 y las 21:35 horas salen de Segovia hacia Madrid cinco
trenes AVANT.
Este es un ejemplo entre otros que pueden citarse, pero que, en todo caso nos lleva a la conclusión de que es necesario reordenar los actuales horarios y servicios a la demanda de los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentado Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la compañía RENFE estudie la nueva situación de servicios Madrid-Segovia-Valladolid, consulte con las instituciones segovianas (sobre todo Ayuntamiento de Segovia, Cámara de Comercio y
Federación Empresarial Segoviana) y modifique aquellos servicios que puedan redundar en beneficio de los usuarios y de RENFE mejorando la movilidad de los ciudadanos segovianos, madrileños y vallisoletanos, aportando mayor racionalidad y captando
así al mayor número posible de usuarios que ahora se ven abocados a usar otros medios de transporte, cuando la adaptación de servicios a las necesidades reales no resulta de especial dificultad para la Compañía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-Jesús Merino Delgado, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la construcción de la
autovía A-48 entre Vejer-Algeciras, en el tramo Vejer-La Janda para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La construcción de la autovía A-48 entre Vejer-Algeciras es una de las actuaciones recogidas en el Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte (PEIT), encuadrada dentro de programa de vías de gran capacidad.
Actualmente se está redactando el estudio informativo, existiendo distintas opciones sobre el trazado de dicha carretera en el tramo I Vejer-La Janda.
Los vecinos de las pedanías de Vejer, Cañada Ancha y Santa Lucía, han mostrado su preocupación porque alguna de las opciones del trazado puede perjudicarle gravemente al afectar a sus viviendas.
Se han presentado alegaciones al estudio informativo sin que hasta la fecha, por parte del Ministerio se haya procedido a contestar a las mismas.
De las distintas opciones previstas, los vecinos en su mayoría han manifestado que la que menos perjuicios causaría sería la denominada 'Tramo I, opción A'.
Esta opción discurriría de forma paralela a la actual N-340, por el que el número de viviendas y propiedades afectadas sería menor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el trazado de la A-48, en el tramo I, Vejer-La Janda, a su paso por las pedanías de Vejer, Cañada Ancha y Santa Lucía, discurra por el tramo que afecte al menor número de viviendas y
propiedades de dichas pedanías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Aurelio Romero Girón, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre las obras de la travesía de
la antigua N-IV, a su paso por Jerez de la Frontera, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las obras de la travesía de la antigua N-IV, a su paso por Jerez de la Frontera, se incluyó en un convenio firmado entre el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez en el año 1995.
Esta vía de comunicación, una vez construida la Ronda Oeste de la N-IV sería acondicionada como vía urbana; se ha llevado a cabo parte de dicha obra, quedando pendiente de ejecutarse el tramo desde las proximidades del Hospital de Jerez
hasta el inicio de la Ronda Oeste, en su conexión con la autovía Jerez-Aeropuerto.
Precisamente esta vía de comunicación da servicio interior al Hospital, y al mismo tiempo es la entrada de grandes superficies, polígonos industriales y nuevas zonas residenciales.
Por ello la duplicación de dicha vía es muy necesaria, ya que en la situación actual, se sufren grandes atascos que colapsan la circulación en dicha zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar el acondicionamiento de la travesía de la antigua N-IV, a su paso por Jerez de la Frontera, desdoblando dicha calzada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Aurelio Romero Girón, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en relación con diversas mejoras en la estación
del AVE Lleida-Pirineos, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El AVE se ha convertido en uno de los principales medios de transporte en Cataluña. Desde la puesta en funcionamiento del servicio, sólo el trayecto Barcelona- Madrid ha contado con 1,9 millones de pasajeros. Por lo tanto, las estaciones
del AVE en Cataluña se han convertido en un polo de atracción de personas, entre viajeros y acompañantes con el consecuente incremento de la movilidad de vehículos que acuden a las estaciones.
Pero no siempre las estaciones están suficientemente señalizadas y disponen de los servicios para atender a los usuarios. Este hecho, se puso en evidencia con la entrada en funcionamiento de la estación del Camp de Tarragona, donde durante
un tiempo no estuvieron señalizadas las carreteras de acceso a la estación ni hubo suficiente transporte público, taxis ni aparcamiento.
Esta situación empezó a solventarse en Tarragona pero aun está pendiente en Lérida, donde la estación del AVE hace tiempo que no funciona. Los usuarios que quieren desplazarse a la ciudad de Lérida para coger el AVE, no verán señalizadas
las carreteras que llevan a la estación, ni en el propio núcleo urbano. Asimismo, al llegar a la estación no puede aparcarse el vehículo en sus inmediaciones ya que ADIF aún no ha finalizado las obras del nuevo aparcamiento y de los aparcamientos
alternativos no están señalizados.
Asimismo en la estación está instalada la consigna de equipajes pero no está en funcionamiento, así como sólo se encuentra una sola máquina de emisión automática de billetes para el AVE, con el perjuicio que supone el día que está fuera de
servicio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los diputados insta al Gobierno a:
- Señalizar los itinerarios de acceso a la estación del AVE de Lleida-Pirineos en la red viaria de titularidad estatal en Lérida.
- Señalizar los itinerarios de acceso al parking temporal de la estación del AVE de Lleida-Pirineos.
- Instalar una nueva máquina automática de emisión de billetes.
- Poner en funcionamiento las consignas del equipaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2009.-Dolors Montserrat Montserrat, Dipu- tada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión ante la
Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio de trenes semidirectos entre Barcelona y Puigcerdá, con parada en Ripoll y Vic.
Antecedentes
La línea Barcelona-Ripoll-Puigcerdà conforma una infraestructura vital y de gran importancia estructural para la vertebración de las comarcas del Ripollés, Osona y Vallès Oriental, con una longitud de 158 Km., que se inicia en la red
ferroviaria del área de Barcelona y engloba dos servicios diferenciados: el de cercanías (R3 Hospitalet de Llobregat-Vic) y un regional, con llegada a Puigcerdá-La Tour de Querol.
A pesar de la importancia estratégica de la línea en la política de movilidad y de desarrollo socio-económico, el tráfico de viajeros en los servicios regionales ha mantenido una línea descendente en los últimos 10 años, estrechamente ligado
a las lamentables condiciones de la infraestructura y de los servicios actuales, que favorecen la transferencia de viajeros hacia otros modos de transporte, principalmente el privado.
En el año 1983, el Gobierno respondía de la siguiente forma a una pregunta sobre la mejora de la línea Barcelona-Vic Puigcerdà: '(...) RENFE sometió al Gobierno, en la anterior legislatura un Plan General de Ferrocarriles previsto para el
período 1980-1991, que fue analizado por una Comisión Interministerial, pero no llegó a ser aprobado ni elevado a las Cortes.
Dicho Plan contemplaba duplicar la vía en los 60 kilómetros existentes entre Moncada Bifurcación y Vic, dentro de los
planes de cercanías de Barcelona. Ello supondría que de los 162 kilómetros existentes entre Barcelona y Puigcerdà, el 50 por ciento de la longitud correspondiente al trayecto Barcelona-Moncada-Vic-Puigcerdà sería en vía doble (...)'.
Desde el año 1994, diversas inversiones de mejora de la línea han sido incluidas en los Planes de Infraestructuras de los Gobiernos del Estado, sin que la mayoría de ellas se hayan realizado. A pesar de las insistentes reclamaciones de los
usuarios e instituciones y Administraciones Públicas catalanas, la velocidad media en la línea Puigcerdà-Barcelona ha bajado entre los años 2000 y 2008 de 56 a 51 kilómetros/hora.
A la espera de la realización de las inversiones necesarias para la mejora estructural de la línea, en especial el desdoblamiento de la línea entre Montcada y Vic previsto para el año 2016, es razonable que se establezcan medidas inmediatas
para reducir a unas dos horas, las actuales tres horas y diez minutos del recorrido Barcelona-Puigcerdà, que permita hacerla competitiva con el desplazamiento en coche.
Una medida de fácil implantación, que reduce el tiempo de desplazamiento y permite mejorar la competitividad de la línea con el desplazamiento en coche, es la instauración de dos trenes semidirectos al día, uno de ida por la mañana y otro de
vuelta por la noche, que amplíe la oferta actual de servicios y que permita realizar el trayecto Puigcerdà-Barcelona con parada en Ripoll y Vic, con un tiempo aproximado de dos horas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ampliar la oferta de viajes en la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà, en el plazo máximo de tres meses, con dos nuevos trenes semidirectos al día, uno de ida por la mañana y otro de vuelta por la noche, que permita realizar el trayecto
Puigcerdà-Barcelona, con parada en Ripoll y Vic, con un tiempo aproximado de dos horas.
2. Presentar en el plazo de dos meses, en la Comisión de Fomento del Congreso, el calendario completo de inversiones previstas en la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà-Tour de Carol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a los socavones del AVE, para su debate
en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las obras para la llegada de la alta velocidad a Barcelona se hicieron en distintas fases para cumplir con un calendario político que no técnico y sin respetar a los usuarios de las líneas de cercanías de RENFE, los que vieron como el
servicio se canceló completamente durante varias semanas y cuando éste funcionaba, las incidencias, retrasos y anulaciones eran constantes.
La supresión del servicio tuvo que adoptarse por la falta absoluta de seguridad para los usuarios que representaba la aparición constante de boquetes y derrumbamientos del terreno, las que afectaron no sólo a las instalaciones ferroviarias
sino también a las viviendas próximas a las obras.
La voluntad política de ocultar los hechos llevó a los responsables políticos de Fomento en tapar los socavones con cemento cada vez que se producían, sin analizar suficientemente la naturaleza deltaica del terreno por donde discurre la
infraestructura.
Un año después de que la línea del AVE se haya puesto en funcionamiento, los socavones han vuelto aparecer
en la línea del AVE, en el mismo lugar donde ya se produjeron en 2007: En el túnel del AVE al Gomal (Hospitalet de Llobregat). Siendo la solución adoptada por el Ministerio de Fomento la misma: Inyectar cemento.
Este nuevo socavón cuestiona no sólo como se proyectaron y realizaron las obras del AVE en el tramo del Hospitalet sino también como están proyectadas a su paso por el ensanche de Barcelona, especialmente en lo que concierne a la afectación
que la construcción de la línea puede tener sobre las viviendas colindantes y el templo de la Sagrada Familia.
Esta afectación sobre viviendas y el templo es lo que el Ministerio de Fomento ha empezado a revisar, pero las obras de excavación del túnel ya se han iniciado en sus extremos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que, como consecuencia de la aparición de nuevos socavones en tramos ya finalizados y en servicio de la línea del AVE, se revise la estabilidad y consolidación de las líneas ferroviarias del AVE y Cercanías en el tramo de acceso a
Barcelona por L'Hospitalet del Llobregat.
2. Que, como consecuencia de la revisión que ha iniciado el Ministerio de Fomento de los sistemas de protección del Templo de la Sagrada Familia y de la aparición de nuevos socavones en tramos ya finalizados y en servicio de la línea del
AVE, se paren las obras de excavación del túnel ferroviario por el ensanche de la ciudad de Barcelona, en tanto que no se haya finalizado los trabajos de revisión de los sistemas de protección de las viviendas y del templo de la Sagrada Familia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2009.-Dolors Montserrat Montserrat, Dipu-tada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a los accesos del aeropuerto Barcelona-El
Prat, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El transporte público que une la ciudad de Barcelona y el aeropuerto del Prat es bastante deficiente. A falta de metro que no está previsto que llegue al aeropuerto hasta de aquí unos años, las alternativas son el autobús y el servicio de
cercanías de RENFE a través de la línea C10.
Los usuarios de la línea del aeropuerto tienen que sufrir a menudo los cortes del servicio y sobre todo las aglomeraciones fruto de la escasez de circulaciones de la línea que son dos por hora. Por ello, los trenes van a menudo llenos.
Pero al margen de la capacidad y la frecuencia de la línea, al llegar a la estación del aeropuerto los viajeros tienen que salir de la estación por el mismo andén y puertas por donde entran los pasajeros que quieren coger el tren hacia
Barcelona. Este hecho provoca peligrosas aglomeraciones de pasajeros, que al desplazarse por un andén estrecho y normalmente con maletas tienen graves problemas de movilidad y a menudo hay incidentes entre pasajeros debido a las prisas. Además de
ello, los pasajeros entran y salen por los mismos accesos de control a la estación.
Esta situación genera una muy mala imagen de Barcelona al llegar. Las aglomeraciones en la estación del aeropuerto del Prat no sólo representan un peligro para las personas sino que además da una imagen de país tercermundista en cuanto a
instalaciones ferroviaria.
Además, las obras que se están realizando en las inmediaciones de la estación también afectan a la movilidad de los pasajeros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes para evitar las aglomeraciones de pasajeros en los andenes y accesos de la estación de cercanías del aeropuerto de El Prat, habilitando espacios y accesos
diferenciados para los pasajeros que van dirección Barcelona y los que llegan al aeropuerto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2009.-Dolors Montserrat Montserrat, Dipu- tada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
161/000807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la
Comisión de Educación,
Política Social y Deporte, una Proposición no de Ley sobre las ayudas para fines de interés social derivadas de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF.
Antecedentes
El ejecutivo ha facilitado recientemente a las entidades que llevan a cabo programas financiados con cargo a la convocatoria de subvenciones del 0,7 por ciento del IRPF, un borrador de orden gubernamental que va a regular las bases para
acceder a las citadas ayudas. Dicha modificación tiene por objeto limitar la posibilidad de solicitud de las subvenciones, a las entidades de ámbito estatal y, en consecuencia, excluir del acceso a dichos fondos a aquellas que no tengan ámbito
estatal.
Si la modificación acaba haciéndose efectiva, muchos programas desarrollados por ONGs de ámbito catalán se verían afectados. Se estima que las entidades catalanas dejarían de percibir unos 30 millones de euros. Muchos de los programas que
no podrían desarrollarse están destinados a personas que se encuentran en situación de exclusión social.
La maniobra es especialmente grave por un doble motivo, de una parte, por la interrelación existente entre la decisión ciudadana de asignar los
recursos a fines de interés social y la confianza de su gestión en entidades próximas al ciudadano, próxima al territorio. Con la decisión del Gobierno podría quebrarse esta interrelación. Por otra parte, la modificación es grave por la situación
de crisis que se vive. En un momento de fuertes y crecientes necesidades sociales, y también medioambientales, es imprescindible reforzar las entidades y reconocer el trabajo positivo que realizan, y no al contrario.
La postura del Gobierno contrasta además, con la aportación que desde Catalunya se lleva a cabo en esta materia. Catalunya es la comunidad autónoma más solidaria a partir del IRPF. El porcentaje de declarantes que año tras año decide
destinar una parte de su renta a otros fines de interés social es el más elevado de todas las comunidades autónomas, se sitúa siempre por encima de la media para el conjunto del Estado.
Por otra parte, la posición del Gobierno se opone a mandatos aprobados en sede parlamentaria e incumple de hecho, el nuevo Estatuto de Catalunya.
Las reiteradas demandas de territorialización de los recursos obtenidos del 0,7 por ciento del
IRPF destinado a otros fines de interés social, responden a este planteamiento y se han justificado por diversas razones: Posibilitar el ejercicio de las competencias exclusivas de las CC.AA. en materia de acción social y de asociaciones y
fundaciones; garantizar la dotación de recursos para programas sociales de entidades de ámbito local y autonómico; hacer efectivo el principio de proximidad como elemento rector de la política social; y vincular recaudación y distribución para
evitar el desincentivo que provoca la inexistencia de esta relación.
Ante el cambio de criterios manifestado por el Gobierno para limitar a entidades de ámbito estatal la posibilidad de solicitar subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF, y el desajuste entre esta posición
y las demandas efectuadas por el Gobierno de Catalunya y las entidades del sector, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Detener la modificación de los requisitos para solicitar las ayudas destinadas a fines de interés social derivadas de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF, para limitar la posibilidad de solicitud a las entidades de ámbito
estatal.
- Territorializar por Comunidades Autónomas los recursos recaudados en la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social y a ceder a cada Comunidad un mínimo del 50 por ciento de la recaudación que se haya obtenido
en las declaraciones efectuadas en su territorio, en concepto de la citada asignación, garantizando que los recursos correspondientes al referido tramo sean gestionados íntegramente, por los respectivos Gobiernos autonómicos y destinados
efectivamente, al Tercer Sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2009.-Josep Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, relativa a la protección del patrimonio educativo para su debate en la comisión de Educación, Política Social y Deporte.
Exposición de motivos
Muchos centros escolares han acumulado a lo largo del tiempo un rico patrimonio de indudable valor histórico, cultural y educativo que atañe directamente a la comunidad educativa, pero que, como todo auténtico patrimonio histórico,
constituye un legado para el conjunto de la sociedad.
La situación con respecto a dicho patrimonio varía de unos centros a otros dependiendo lógicamente de su mayor o menor antigüedad. Por cantidad de material y, por lo general, por interés histórico de conservación, los Institutos que
podríamos denominar 'históricos'
que, actualmente, tienen más de un siglo- son los depositarios del grueso de ese patrimonio.
Muchos de ellos albergan un auténtico tesoro patrimonial desde el punto de vista educativo: edificios singulares, bibliotecas, laboratorios, instrumentos y aparatos científicos, mapas, etc. A lo que habría que añadir toda la parte
documental propia de la vida de un centro docente: Actas, calificaciones, matrículas, certificados, memorias de fin de curso, etc.
Todo ello permite recorrer la evolución de las ideas pedagógicas y del concepto mismo de educación a lo largo del tiempo, la progresiva incorporación y uso de utensilios, tecnologías e instrumental científico en el ámbito de la enseñanza,
etc.
Estos Institutos tienen la satisfacción de haber albergado en sus aulas a insignes alumnos, alumnas, profesores y profesoras, que destacaron en las ciencias, las artes, la cultura y la política. Y en casi todos ellos se asistió a las
polémicas científicas características del final del siglo XIX y comienzos del XX, y que tuvieron en el profesorado de estos Institutos algunos de sus más insignes representantes.
Estamos, pues, ante un legado de bienes tangibles, pero igualmente ante una suerte de herencia inmaterial de la que nos hablan esos bienes. Su recuperación, conservación, protección y difusión reclama medidas de distinta naturaleza, pero
también abre una puerta a la labor de investigación que incremente el valor de los bienes culturales en un contexto de discurso educativo, cultural, histórico, con el valor añadido de la aportación testimonial y de reconstrucción de un pasado que
nos incumbe como ciudadanos.
Sostenemos -siguiendo las reiteradas recomendaciones de la Unión Europea y de la UNESCO- que es preciso articular una política y una acción educativa para incrementar el respeto al patrimonio, y que tal formación es la base y el fundamento
del surgir de una conciencia ciudadana responsable y sensible para con el patrimonio histórico. No podemos, pues, dejar de aplicarnos a nosotros mismos nuestra propia receta y acometer la tarea de custodia activa, de salvaguarda y revalorización de
nuestro mayor capital educativo colectivo.
El gran valor histórico, artístico, científico y didáctico del fondo patrimonial que poseen los centros públicos de enseñanza, junto a sus vínculos de identidad con la sociedad, requiere un tratamiento singular en el ámbito de las
instituciones docentes que lo albergan. Muchos de estos Institutos están acometiendo dicha tarea, a veces sólo con la dedicación entusiasta de su profesorado. Pero salvaguardar y dar valor a ese patrimonio debe de ser una acción promovida por los
poderes públicos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulse un plan de actuación específico para recuperar, proteger, poner en valor y divulgar el patrimonio educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2009.-Cándida Martínez López, Diputada. Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la convocatoria de ayudas sociales del
0,7 por ciento del IRPF para su debate en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
El Consejo Sectorial de Asuntos Sociales ha dado la conformidad al borrador de la orden ministerial mediante la cual se regula la convocatoria de ayudas a ONGs para el desarrollo de programas sociales a cargo de los fondos obtenidos
procedentes del 0,7 por ciento del IRPF.
De manera imprevisible y a espaldas del sector, dicha convocatoria impide que entidades de ámbito local o autonómico puedan presentarse, pues para realizar la solicitud se establece como nuevo requisito tener ámbito estatal o actuar en más
de dos comunidades autónomas, hecho que en Cataluña provoca que aproximadamente un 40 por ciento de las organizaciones queden excluidas. Se trata de ONGs sociales que actúan en ámbitos clave para hacer frente al actual contexto de crisis económica
en que las situaciones de exclusión social se multiplican haciendo más que imprescindible la labor que desarrollan.
Además esta nueva limitación es contraria a la moción aprobada en el Congreso de los Diputados, por todos los grupos parlamentarios con excepción del Partido Popular, el pasado mes de septiembre de 2008, mediante la cual se instaba de manera
inequívoca a avanzar en la próxima convocatoria hacia la distribución territorial de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del IRPF destinado a fines sociales así como a la progresiva participación de los gobiernos autonómicos en su gestión.
Cabe recordar que Cataluña es la comunidad autónoma más solidaria (un 57 por ciento marcó la casilla correspondiente a otros fines sociales frente a un 45 por ciento a nivel de Estado), con mayor número de ONGs sociales, y que hasta ahora ha
sido la comunidad más perjudicada por la falta de vinculación entre recaudación (47 millones de euros en 2008) y asignación (17 millones de euros en 2008). La introducción de este nuevo requisito significaría sin duda el debilitamiento de un sector
ya de por sí insuficientemente financiado.
Entendemos que la reforma de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF destinado a otros fines de interés social debe conjugar la lógica autonómica y estatal optimizando la eficacia de los programas sociales que se llevan a cabo y
haciendo realidad el criterio básico de proximidad en la acción social además de respetar las competencias autonómicas en servicios sociales.
De esta manera y recogiendo las propuestas de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revocar de manera urgente el requisito mediante el cual se impide la participación de ONGs de ámbito local o autonómico en la próxima convocatoria del 0,7 por ciento del IRPF destinado a fines sociales, e
2. Incorporar en la próxima convocatoria la reforma de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF en los términos siguientes:
a) La progresiva territorialización a nivel autonómico de la gestión y distribución del 0,7 por ciento del IRPF destinado a otros fines de interés social.
b) El establecimiento de un tramo autonómico del 50 por ciento sobre la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF, el cual será gestionado de manera íntegra por las Comunidades Autónomas en la próxima campaña de la renta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de fe-brero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Dipu-tado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de la Ciudad de las Federaciones,
para su debate en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
Exposición de motivos
El Programa Electoral del Partido Socialista a las últimas elecciones recoge (página 95 y siguientes) un apartado dedicado a compromisos con el deporte. El Partido Popular siempre ha mantenido la necesidad de llevar a cabo una instalación
de carácter singular y representativa que albergue a aquellas Federaciones que no cuenten con instalaciones propias.
En la comparecencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ante la Comisión de Educación, Política Social y Deporte en junio de 2008 anunció la creación de una casa de las federaciones para que aquellas federaciones que tengan
un menor volumen económico o financiero de gasto y que puedan compartir servicios, mejorar la eficiencia, ahorrar dinero y ser más potentes. Posteriormente, en su comparecencia para informar sobre los presupuestos generales de 2009 ante el
Congreso, resaltó la dotación presupuestaria de 100.000 euros para esta iniciativa con la finalidad de hacer todos los estudios y poder iniciar el proyecto.
Habida cuenta de que se trata de una vieja aspiración y de una necesidad para optimizar la gestión de las Federaciones Deportivas. El Grupo Popular comparte la importancia y necesidad de dicho proyecto instando a su impulso y avance pero
además a que dicho proyecto sea respetuoso con el medio ambiente.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Congreso propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar los trabajos para la creación de la Ciudad de las Federaciones como sede de las federaciones deportivas españolas.
- La futura Ciudad de las Federaciones responderá a una construcción singular, sostenible y ejemplo de construcción con los parámetros más avanzados en materia de respeto al medio ambiente aplicados al Deporte, lo que se conoce como
Ecociudad del Deporte, siguiendo los parámetros publicados recientemente en la materia por el SEPES, Entidad Pública del Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda.
- La Ecociudad del Deporte respetará la Agenda 21 del Comité Olímpico Internacional y la normativa medioambiental del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2009.-Francisco Antonio González Pérez, Dipu- tado.-María Soraya Sáenz Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo al deportista
deportista profesional y de alta competición para su debate en Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
Exposición de motivos
En la coyuntura de crisis económica que vive España, las Administraciones Públicas se han visto obligadas a restringir sus presupuestos de inversiones, y en especial la Administración General del Estado del Gobierno de España. Pero los
deportistas no pueden ser una de las víctimas de esta coyuntura.
El Deporte es salud, es calidad de vida, es integración, es educación y contribuye al bienestar social. El deporte necesita de la innovación y de una óptima asignación de recursos por parte de las Administraciones, en un esfuerzo
coordinado. El deporte de competición y alto nivel son bienes que enriquecen a nuestra sociedad y que forman parte de nuestra cultura.
Constituyen un factor de cohesión social y un referente de la proyección de nuestro país en el exterior, a
través de nuestras selecciones, equipos y deportistas.
El deporte profesional y de alta competición constituyen también una responsabilidad de la Administración recogida en la legislación española.
El fomento del deporte de competición y alto nivel, y el desarrollo de los deportistas
profesionales exige de un apoyo decidido por parte de los poderes públicos y requiere una atención integral.
El Plan ADO, y las ayudas de administraciones autonómicas a deportistas no bastan, y por ello es necesario profundizar en nuevas medidas y adoptar otras, complementarias a las actuales, que garanticen que el deporte español pueda afrontar
sus retos de futuro. Para conseguirlo es necesario aumentar la inversión global pública y privada destinada en nuestro país a financiar el deporte.
A tal efecto el programa electoral del Partido Popular en las elecciones de 2008, proponía la aprobación de un Estatuto del Deportista, para garantizar su atención integral, abarcando medidas económicas, su actividad educativa y laboral y su
inserción en el mercado de trabajo.
En definitiva, se trata de garantizar a los que se dedican a la práctica de estas modalidades deportivas, unos medios y medidas que permitan que el deportista no tenga preocupaciones, actuales o futuras que puedan mermar su pleno rendimiento
o reducir sus posibilidades de dedicación a la misma. Así, adoptar medidas de carácter económico, académico, sanitario y laboral, mediante convenios o acuerdos con diferentes administraciones y otros departamentos ministeriales o con el sector
privado, permitirá hacer efectivas ayudas, becas, posibilidad de acceso a cuerpos militares o policiales, o asistencia médica, ... que cumplan con este objetivo.
Para facilitar el cumplimiento de lo que se recoja en su Estatuto y la información, tramitación y gestión de cualquier medida en su favor, se considera conveniente crear un centro especializado de atención a nuestros deportistas de alta
competición.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar un Estatuto del Deportista Profesional y de Alta Competición que contemple una atención integral, desde aspectos económicos a su actividad educativa y laboral y su futura inserción en el mercado de trabajo.
- Crear una Fundación COE-CSD para la formación y reinserción de atletas, especialmente de atletas con necesidades especiales que así lo acrediten, mediante convenios, actuaciones y acciones a favor del joven deportista.
- Establecer por federación un sistema de tutoría de ex-deportistas y de equipos psicopedagógicos para deportistas en activo.
- Crear, en el seno de la Administración del Estado y en colaboración con cada Comunidad Autónoma, un Centro Integral de Atención al Deportista, para la información, tramitación y gestión de una serie de medidas de apoyo para el desarrollo
de su vida deportiva, en función de sus ingresos, recogidas en un catálogo, entre las que se incluyan:
Ayudas al transporte,
Mayores facilidades académicas,
Descuentos en determinados servicios,
Protección de la salud del deportista y asistencia médica específica y de prevención,
Criterios de preferencia en los servicios regionales de empleo a la hora de concluir su carrera deportiva,
Financiación de proyectos empresariales viables, con aval público, formación para el empleo, y tutorías para el emprendimiento.
Todo ello a través de una ventanilla única en la que se utilizarán todas las herramientas telemáticas que faciliten la accesibilidad en todo momento al sistema de información de todos los deportistas de alta competición.
- Elaborar un convenio con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias para la inserción profesional de deportistas de alta competición durante su etapa de deportista activo hasta
la edad de 45 años máximo, mediante pruebas de acceso específicas, que sirva a través de la formación continua para la progresión profesional en el marco del Ejército, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como en los distintos
Cuerpos de Bomberos y Policías Locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de la Conferencia Sectorial del
Deporte, para su debate en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
Exposición de motivos
El impulso a la actividad deportiva escolar y universitaria, nacional e internacional, la dotación de mayor financiación a las actividades federativas, el impulso a las inversiones para instalaciones deportivas de Alta Competición son
objetivos irrenunciables de una política del Deporte en España.
En los últimos años, los esfuerzos en política deportiva de las Administraciones Públicas, la aparición de numerosos y nuevos agentes en la práctica y gestión deportiva hace necesario mecanismos de coordinación y cooperación entre las
distintas administraciones públicas.
La Constitución española establece en su artícu- lo 43.3 un mandato general a los poderes públicos de fomento de la educación física y el deporte. La Ley del Deporte establece entre la competencia del Consejo Superior de Deportes actuar en
coordinación con las Comunidades Autónomas respecto de la actividad deportiva general y cooperar con las mismas en el desarrollo de las competencias que tienen atribuidas en sus propios Estatutos. La naturaleza del hecho deportivo favorece una
gestión desde ámbitos cercanos al ciudadano, como así se recoge en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.
Por tanto, en un Estado donde el ámbito del deporte está sometido a un sistema de concurrencias competenciales perfectamente delimitadas por Ley 10/1990, del Deporte, que permiten intervenir a las diferentes administraciones, incluso para
emprender acciones paralelas con un mismo objetivo, resulta una tarea esencial del Estado y del conjunto de los poderes públicos la actuación coordinada de los órganos de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
El objetivo es conseguir un consenso básico y un compromiso común de las administraciones para optimizar los niveles de prestación y actuación de todos los que intervienen en la actividad deportiva, desde la mera actividad física hasta el
deporte precompetitivo o competitivo.
Y para ello, la creación de una comisión interterritorial del deporte se configura como el órgano de cooperación adecuado, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.
Los éxitos que viene protagonizando el deporte español han llevado al Gobierno a anunciar la creación de un Ministerio de Deporte, y por tanto con la misma voluntad debería acogerse la iniciativa que se propone, como instrumento para
coordinar políticas conjuntas que puedan desarrollarse en ese ámbito al servicio del desarrollo de la política deportiva.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse y promueva, en el plazo de tres meses, la creación de la Conferencia Sectorial del Deporte, como órgano de cooperación y colaboración de la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2009.-Francisco Antonio González Pérez, Dipu- tado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Diputado don Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las asignaciones a entidades sociales producto del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales para su debate en la Comisión de Educación, Política Sociales y Deporte.
Exposición de motivos
El 24 de septiembre de 2008, Esquerra Republicana de Catalunya, a través de su Diputado don Joan Tardà i Coma, presentó a debate y votación una moción, consecuencia de una interpelación urgente sobre la gestión y financiación de las
políticas sociales.
Dicha moción, demandaba entre otros asuntos, proceder a la distribución territorial, mediante un proceso gradual, de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF destinado a fines sociales, instaba al Gobierno a transferir a la
Generalitat de Catalunya, en un plazo máximo de seis meses, la recaudación del 50 por ciento que se realiza por el mencionado concepto en Catalunya, a fin de que sea la comunidad autónoma la que, en el ámbito de su competencia exclusiva, gestione
gestione directamente estos recursos, y requería el establecimiento de medidas y criterios de participación y coordinación entre la Administración General del Estado y las CC.AA. en la gestión de los recursos recaudados en este concepto.
Finalmente, el Pleno del Congreso aprobó un texto consensuado que recogía entre otros aspectos, dos de los tres puntos destacados anteriormente: la distribución territorial mediante un proceso gradual de la asignación tributaria del 0,7 por
ciento del IRPF destinado a fines sociales con efectos en la convocatoria de 2009, y el establecimiento de medidas y criterios de coordinación y transparencia que permita a los Gobiernos de las CC.AA. participar en la gestión que la Administración
General del Estado realice sobre lo recaudado por esta vía.
No obstante, y omitiendo el mandato explícito del Congreso de los Diputados, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha presentado, recientemente, en el Consejo Sectorial de Asuntos Sociales una Orden de bases para modificar la
concesión de subvenciones a las oenegés contraria a lo aprobado, y que incluso impide a este tipo de entidades de ámbito autonómico poder optar a la convocatoria.
En definitiva, tras años de debates y búsqueda de soluciones para superar el agravio existente producto del desfase entre el número de contribuyentes que en Catalunya optan por marcar la casilla concerniente al 0,7 por ciento del IRPF para
fines sociales, y lo retornado a las ONGs catalanes para poder afrontar los programas sociales, una mayoría parlamentaria había acordado subsanar dicho déficit. Sin embargo, las declaraciones y actos realizados desde el Ministerio de Educación,
Política Social hasta el momento, son contrarias al requerimiento que el Congreso trasladó al Gobierno, y han suscitado una gran frustración e inquietud entre las ONGs y la opinión pública catalana.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Asumir, en sus términos, la Moción (173/00019) aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados con fecha 24 de septiembre de 2008 por la que se establecen criterios para la distribución territorial, mediante un proceso gradual, de la
asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF destinado a fines sociales con efectos en la convocatoria de 2009 y el establecimiento de medidas de coordinación y transparencia para permitir a los Gobiernos de las CC.AA. la participación en la
gestión que la Administración General del Estado realiza sobre lo recaudado por esta vía.
2. A superar de forma definitiva a partir de la convocatoria de 2009, mediante la incorporación de criterios de proporcionalidad, el desfase existente entre lo recaudado en cada una de las Comunidades Autónomas y las aportaciones recibidas
para subvencionar los programas de sus entidades sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2009.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/000850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
La incapacidad temporal constituye una prestación de capital importancia para garantizar un adecuado efecto sustitutivo de rentas a los trabajadores durante las situaciones de baja médica por enfermedad o por accidente.
Dentro de este contexto, y para que dicha prestación pueda cumplir fielmente los objetivos para los que ha sido creada, resulta esencial contar con mecanismos de control eficaces que eviten cualquier desviación en la cobertura y que
garanticen que la misma va dirigida a las personas que se encuentran realmente incapacitadas para el trabajo.
Así quedó claramente explicitado en el marco del Pacto de Toledo, donde se destacó la necesidad de seguir avanzando en la adopción de medidas destinadas a mejorar el control de las prestaciones de incapacidad temporal, reforzando los
mecanismos de coordinación entre las partes intervinientes.
Fruto de esa prioridad han sido las reformas introducidas por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, y por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, que
han incorporado importantes novedades en materia de control de la incapacidad temporal, posteriormente articuladas a través de diversas resoluciones de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.
Todo ello ha servido como referente para el desarrollo de una intensa labor de renovación de los instrumentos puestos al servicio de una adecuada verificación de las situaciones de incapacidad temporal, en la que ocupan
ocupan un papel determinante las entidades gestoras de la Seguridad Social, pero en la que también actúan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, los servicios públicos de salud y las empresas
colaboradoras.
Se han puesto, en consecuencia, las bases para garantizar la eficacia de la cobertura en un ámbito especialmente sensible, siendo necesario seguir dando pasos adicionales en dicha dirección, en particular en el ámbito de la cooperación y
coordinación entre las diferentes partes actuantes, lo que exige como punto de partida contar con una evaluación de la experiencia acumulada en la materia a lo largo de los últimos años.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el seno del diálogo social, realice un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los nuevos mecanismos de control de la incapacidad temporal, a fin de avanzar en su
perfeccionamiento y en la mejora de la cooperación y coordinación de todas las partes implicadas en el mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2009.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
A lo largo de los últimos años se ha diseñado y puesto en marcha una política de inmigración que ha definido un modelo de integración y movilizado más de 1000 millones de euros para ese cometido.
También se ha realizado un importante esfuerzo de cooperación desde el Gobierno de la Nación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Por vez primera existe un marco de cooperación entre Administraciones y un respaldo presupuestario
permanente desde el Gobierno a Comunidades, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
En definitiva, se ha edificado una política pública que apuesta claramente por la integración y desde la lógica de la responsabilidad compartida entre administraciones y sociedad civil.
En una etapa de crisis, la respuesta tiene que ser firme para mantener y respaldar políticas públicas que fomenten la cohesión social y la integración, evitando los riesgos sobre los sectores más vulnerables.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando una política pública en cooperación con Comunidades, ayuntamientos y organizaciones sociales para promover el sentido de pertenencia al entorno en que se vive y asegure la
integración de todos en un marco de convivencia y respeto a la reglas y valores del estado de derechos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2009.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente proposición no
de Ley para seguir impulsando la celebración de acuerdos en el marco del diálogo social acerca de medidas para reactivar la economía, generar confianza y superar la actual situación económica, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
La VIII Legislatura se caracterizó por el enorme impulso que se dio a las políticas sociales. Se aprovechó una etapa de importante bonanza económica para favorecer la igualdad de los españoles, el bienestar y para ahorrar al mismo tiempo
recursos para las generaciones siguientes.
El progreso económico sirvió al Gobierno socialista para subir el salario mínimo, elevar las pensiones mínimas y generar fondos en la Seguridad Social para las futuras pensiones, así como para crear el
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y reconocer una serie de derechos y prestaciones que han mejorado la calidad de vida de todos.
Otra característica de la pasada legislatura fue el papel protagonista que se le otorgó al diálogo social. Cada medida del Gobierno en materia de política social fue negociada con aquellos sectores de la sociedad a los
que iba destinada. Los pactos con las organizaciones sindicales y patronales posibilitaron la aprobación de numerosas leyes de enorme calado.
Para que la sociedad pueda seguir avanzando y lograr superar la actual situación económica es necesario continuar con una estrategia política de afianzamiento de la concertación social, con protagonismo activo de las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas en cuantas políticas públicas se aborden en el ámbito de las relaciones laborales y la protección social. Todo ello contribuirá, sin duda, a generar confianza y a reactivar nuestra economía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando la celebración de acuerdos en el marco del diálogo social acerca de medidas para reactivar la economía, generar confianza y superar la actual situación económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2009.-Jesús Membrado Giner, Diputado. Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del grupo Parlamentario Socialista.
161/000853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
Uno de los factores claves que justifican la existencia del sistema de Seguridad Social es su capacidad de adaptación a la evolución de la sociedad, dando respuesta adecuada a las nuevas demandas que se producen en su seno,
Dentro de este contexto, ocupa un puesto especialmente destacado la pensión de viudedad, que ha da estar en condiciones de ofrecer una cobertura eficaz ante las necesidades que se producen corno consecuencia del fallecimiento de la persona
que aporta las rentas a la unidad familiar.
Se trata de una perspectiva en la que se ha insistido, tanto en marco del Pacto de Toledo como en el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, suscrito en 2006, y que está en el origen de las importantes reformas introducidas en
ese ámbito por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
Estas reformas han ido dirigidas a eliminar los supuestos de discriminación existentes en el pasado y a reforzar la cobertura de las personas que pueden encontrarse expuestas a un mayor grado de vulnerabilidad, a la vez que a desincentivar
determinadas prácticas abusivas que podían poner en entredicho el buen fin de la protección dispensada.
Se han dado, pues, tos primeros pasas en un proceso de renovación de la cobertura por viudedad que ha de concluir en una reformulación integral de su contenido, eliminando las contradicciones a que todavía se encuentra sometida, para cuya
adecuada plasmación la antes citada Ley 40/2007, de 4 de diciembre, ha dado un mandato al Gobierno a fin de que realice el correspondiente estudio.
Un estudio que, para ser eficaz, habrá de partir de un análisis detallado de la realidad sobro la que actúa la cobertura por viudedad y de la evolución de las necesidades sociales, motivo por el cual será de gran utilidad conocer los
resultados de las reformas que acaban de introducirse en la materia, ya que incorporan factores que apuntan en la nueva dirección que se pretende dar a este ámbito de cobertura.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el seno de diálogo social, realice un análisis de los efectos producidos por las reformas introducidas a través de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, en el ámbito de la protección
por viudedad, con objeto de contar con pautas adecuadas a tener en cuenta pata el futuro estudio de la reforma integral de dicha protección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2009.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la tarifa G4, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La disposición transitoria octava de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009 establece un régimen transitorio para los clientes acogidos a 31 de diciembre de
2008 a la tarifa G.4. Este consiste en establecer que, a partir del 1 de enero de 2009 y hasta la fecha de entrada en vigor efectiva de la tarifa de último recurso, los consumidores que a 31/12/2008 estuviesen acogidos a la tarifa G4 pagarán desde
principios del presente año 13,8156 /kW mes como término de potencia y 0,015824 /kWh como término de energía. Asimismo se aplicarán los complementos por discriminación horaria y energía reactiva. Igualmente se establece que los mencionados
precios se incrementarán mensualmente un 5 por ciento a partir de febrero y se mantendrán las obligaciones contractuales en relación con el sistema de interrumpibilidad.
Como bien es conocido, la tarifa G4 es un tarifa que se aplica a un reducido número de clientes que se caracterizan por su conexión a muy alta tensión y por satisfacer unas determinadas características de consumo. En Galicia, están acogidas
a esta tarifa las factorías de Alcoa en A Coruña y San Cibrao, con consumos de 1.400 GWh/año y 3.500 GWh/año, respectivamente.
Por otra parte, el calendario de liberalización del sector eléctrico -instado por la Unión Europea, iniciado por el Gobierno del Partido Popular y continuado en las dos últimas legislaturas por el Gobierno socialista- materializó la
supresión de las tarifas de Alta Tensión el 1 de julio de 2008, con la excepción de la G4, cuya vigencia continuaba, en principio, hasta final de 2008. En este momento, se esperaba que las empresas acogidas a la G4 y las empresas suministradoras
llegasen a un acuerdo que permitiese la continuidad de la actividad productiva de las primeras con unos precios de (a electricidad que no disparasen su estructura de costes y redujesen su competitividad. Sin embargo, este acuerdo no llegó y el
Gobierno introdujo en su orden de tarifas el régimen transitorio anteriormente comentado.
Somos conscientes de que la resolución de esta situación no debe demorarse en el tiempo, porque cada mes que pasa los costes energéticos se incrementan 5 por ciento y ello introduce incertidumbre sobre la competitividad de las factorías y,
en consecuencia, sobre el futuro del empleo directo e indirecto generado por una empresa clave en el tejido industrial de Galicia.
Consideramos que el Gobierno Central puede participar de forma activa en la resolución rápida de esta situación de dos maneras:
En primer lugar, tutelando la negociación entre el consumidor y la empresa eléctrica para que ambas partes no se demoren más en la consecución de ese acuerdo. Tal como está formulada la cuestión, el paso del tiempo castiga más al consumidor
que a la empresa eléctrica ya que su costo energético aumenta mensualmente. No se deben tolerar posiciones excesivamente cómodas para empresas que, buscando el incremento de) beneficio en sus cuentas de resultados, pongan en riesgo la continuidad
de instalaciones productivas y del empleo asociado a ellas.
En segundo lugar, el Gobierno tendrá que gestionar correctamente las aportaciones hechas desde el sistema eléctrico, en concreto, la fijación de peajes de acceso y un sistema de pagos por interrumpibilidad, para conciliar la continuidad de
estas empresas y su desarrollo con la coherencia global del sistema.
Lamentablemente, estas son las consecuencias de un proceso liberalizador que trajo más problemas que soluciones y que consolidó la prevalencia de los intereses privados sobre los públicos.
Por todo ello, Bloque Nacionalista Galego presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'E1 Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adopte una actitud activa en la negociación existente entre los consumidores acogidos a la tarifa G4 y las empresas eléctricas utilizando cuantos instrumentos estén a su alcance con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el menor tiempo
posible. Este acuerdo deberá garantizar la continuidad de la producción y el mantenimiento del empleo, por encima de los intereses empresariales particulares de los negociadores.
2. Establezca, dentro de la coherencia global del sistema eléctrico, cuantos mecanismos sean necesarios para que los pagos por interrumpibilidad y la fijación de los Peajes de Acceso constituyan, dentro de la normativa vigente, un elemento
que favorezca la continuidad de la producción y el empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2009.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reducción de emisiones en
gasolineras, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
La composición de la gasolina que se utiliza determina el nivel y tipo de contaminantes que salen por el escape del vehículo. En la década de los 80 se comienza a reemplazar el uso de gasolina con plomo a una gasolina sin plomo, y esta
gasolina fue presentada como la solución a los problemas relacionados con la salud y la contaminación del aire en las ciudades. Sin embargo, el sólo cambio a una gasolina sin plomo no es suficiente, ya que la calidad del aire que respiramos se ha
deteriorado como resultado de la utilización de una nueva composición de carburantes durante los últimos años. Así, se ha reemplazado el octanaje perdido mediante la eliminación del plomo de la gasolina, con sustancias llamadas 'aromáticos' que
afectan directamente a la calidad del aire que respiramos: benceno, tolueno, xileno, etilbenceno.
De esas sustancias, el benceno es un cancerígeno humano confirmado que, al evaporarse, produce por inhalación, entre otros efectos, leucemia y linfoma. Además es un precursor del ozono troposférico. Estudios realizados demuestran que
personas que trabajan en refinerías, gasolineras, o en contacto con este combustible, están expuestas a un mayor riesgo de contraer cáncer, y la amenaza para la salud es más aguda para los niños, las personas de edad avanzada y los enfermos.
La liberación de estas emisiones se produce cuando, al repostar, la boca del surtidor deja escapar al aire una importante cantidad de gases y vapores. Una ciudad tan contaminada como México D. F. ha logrado reducir en 1.000 toneladas
diarias sus emisiones contaminantes gracias a la instalación de recuperadores de vapores en las bocas de los surtidores.
Estos dispositivos absorben, aproximadamente, el 80 por ciento de los vapores liberados, y los envían de vuelta a los tanques
de la gasolinera, donde se licúan y se reintegran en el combustible. Una gasolinera de tamaño medio lanza a la atmósfera cerca de cuatro toneladas de vapores de gasolina al año.
Hasta ahora, en España no se ha prestado demasiada atención a este problema, a pesar de que ya la directiva comunitaria 2000/69/CE, sobre sustancias peligrosas, catalogaba al benceno de 'agente genotóxico cancerígeno', y no existe ningún
límite de inhalación por debajo del cual la salud humana no esté en peligro. Hace 6 años, el sindicato Comisiones Obreras y una empresa petrolera han puesto en marcha un proyecto piloto en Tarragona y en Barcelona para probar nuevos equipos de
recuperación de gases durante el repostado (Recuperación de vapores de gasolina fase 2), dotando a los surtidores de un sistema de absorción.
La generalización de este proyecto mejorará la calidad ambiental de las gasolineras tanto para usuarios como para trabajadores, y reducirá el riesgo de incendio o explosión al eliminar los valores del aire.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a que fomente todas las medidas necesarias, incluyendo un plan de subvenciones, para sustituir las bocas de los surtidores de gasolina de las estaciones de servicio por otras que
incluyan sistemas recuperadores de los gases que se liberan durante el repostaje de combustible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Dipu- tado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente proposición no de
Ley sobre la transcripción de la Directiva 2007/23/CE relativa a la puesta en el mercado de los artículos de pirotecnia para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
El 15 de mayo de 1993 se publicó en el DOCE la Directiva 93/15/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles.
Posteriormente, y con la finalidad de trasponer correctamente el contenido de esta Directiva, se elaboró y aprobó un Reglamento de Explosivos que comprende las disposiciones relativas a los explosivos de uso civil, los artículos pirotécnicos
y la cartuchería.
El pasado 14 de junio de 2007 se publicó en el DOCE la Directiva 2007/23/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos de pirotecnia.
Como consecuencia de esta publicación, y de acuerdo con el artículo 21.1 de la mencionada Directiva, el Gobierno tiene la obligación de trasponer el contenido de la misma a nuestro ordenamiento jurídico antes del 4 de enero de 2010.
Ante esta circunstancia, es nuestra obligación defender que dicha trasposición no afecte a elementos básicos de nuestras fiestas, tradiciones y cultura popular que, en diversas partes de nuestro territorio, enriquecen y acrecientan un
patrimonio, que es de todos, y al que, tanto desde el punto de vista turístico como cultural, no debemos renunciar.
Por ello, es nuestra preocupación que, en el desarrollo reglamentario que se derive de esta trasposición, se
tengan en cuenta estas manifestaciones culturales para que la norma finalmente aprobada no vaya en menoscabo de las mismas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de la trasposición de la Directiva 2007/23/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, se adopten las siguientes me-didas:
1. Que se establezca una normativa específica, para el caso de la pirotecnia y la cartuchería, distinta de la que regula el resto del material explosivo, teniendo en cuenta las especificidades y usos de este tipo de elementos en actividades
culturales y festivas.
2. Que en el desarrollo de la norma reglamentaria que dé respuesta a la necesidad de dicha trasposición, se incluyan disposiciones que, sin perjuicio del mantenimiento de la seguridad pública, permitan la continuidad de las costumbres y
manifestaciones culturales asociadas a la pirotecnia y vinculadas a la cultura del fuego.
3. Que en todo caso, y en el proceso de elaboración de esta norma, se dé audiencia y se tengan en cuenta los intereses y las opiniones de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Asociaciones culturales y de carácter tradicional
afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2009.-Daniel Fernández González y Joan Calabuig Rull, Diputados.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de cuanto establecen los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la Incorporación del Cargadero de mineral 'El
Alquife' de Almería al catálogo de bienes industriales incluidos en el Plan de Patrimonio Industrial para su debate en la comisión de Industria Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
El Cargadero de mineral 'El Alquife' de Almería, popularmente conocido como 'El Cable Inglés', fue declarado como bien de interés cultural por el Decreto 166/1998, de 28 de julio, por el que se declara bien de interés cultural, con la
categoría de monumento, el cargadero de mineral denominado 'El Alquife', sito en la playa de las Almadrabillas, Almería, del Presidente de la Junta de Andalucía.
Este mismo Decreto señala que 'el antiguo cargadero 'El Alquife' es una obra civil singular de gran valor técnico e histórico'. En efecto, este monumento 'es una obra de ingeniería, concebida para utilizarla como medio de transporte,
almacenaje y embarque del mineral procedentes de las minas de hierro de Alquife (Granada) por vía marítima. Esta estructura, diseñada como un muelle de agua profunda, permitía el atraque de buques de gran tonelaje, un sistema de almacenaje mineral,
que al encontrarse a gran altura, posibilita la descarga por la acción de ha gravedad'.
Asimismo, el Cargadero de mineral 'El Alquife' de Almería es una muestra singular de este tipo de estructuras vinculadas con la actividad minera y, como tal, refleja los avances tecnológicos que experimentó la industria minera a principios
del siglo XX.
El estado de conservación del Cargadero de mineral 'El Alquife' de Almería hace preciso abordar una restauración integral del mismo que posibilite no sólo su consolidación, sino también la elaboración de un plan de viabilidad y rentabilidad
social que acerque este monumento aún más, si cabe, a la sociedad almeriense.
El Plan de Patrimonio Industrial de ámbito estatal, que gestiona la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, pretende 'acometer la protección, conservación y proyección
social de dicho Patrimonio y de instrumentar las medidas que lo hagan posible, incluyendo el uso futuro de conjuntos, edificios y elementos industriales, en la convicción de que se trata de un patrimonio que puede convertirse en factor de desarrollo
local, tanto cultural como económico'. En este Plan de Patrimonio Industrial tienen cabida 'todas las manifestaciones arquitectónicas o tecnológicas de las actividades productivas, distribución de la producción o su consumo, así como las fuentes
documentales'.
La incorporación del Cargadero de mineral 'El Alquife' de Almería al catálogo de bienes industriales incluidos en el citado Plan de Patrimonio Industrial posibilitaría que esta estructura representativa del patrimonio industrial almeriense
se beneficiara de las distintas intervenciones que el Instituto del Patrimonio Cultural de España desarrolla en todo el Estado.
Por las razones expuestas, el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar el Cargadero de mineral 'El Alquife' de
Almería al catálogo de bienes industriales incluidos en el Plan de Patrimonio Industrial que desarrolla el Ministerio de Cultura por medio del Instituto del Patrimonio Cultural de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2009.-Carmen Navarro Cruz, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la presente Proposición no de Ley, relativa a la creación del Plan de Desarrollo de Zonas de
Interés Turístico, Medioambiental y Cultural, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio,
Exposición de motivos
El 26 de abril de 2006 el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a crear la figura de 'Zona de interés medioambiental y cultural con potencial incidencia turística'. Por otro lado, desde la aprobación del Plan del Turismo Español
Horizonte 2020 el pasado noviembre de 2007, con uno de los mayores consensos que se recuerda, el Grupo Parlamentario Popular ha venido presentando distintas iniciativas en torno al diagnóstico y conclusiones que ahí se reflejan. Con la presentación
de esta iniciativa damos un paso más ampliando y desarrollando esta figura creada con el apoyo de todos los Grupo Parlamentarios.
En España existen muchas zonas agrícolas, ganaderas, mineras o de cualquier otra índole, que en el pasado han sido explotadas pero que, con el paso del tiempo y con la irrupción de nuevas técnicas de explotación, han ido perdiendo
competitividad y, por tanto, han ido siendo paulatinamente abandonadas. En algunos casos estos lugares se han abandonado de forma natural.
En otras ocasiones la deserción se produce porque son zonas que han sido declaradas parques naturales o reservas de la biosfera, figuras normativas de protección sobre las que pesa la prohibición de, por ejemplo en algunas explotaciones
agrícolas, modificar, mejorar o introducir modernas técnicas de cultivo (como el riego por goteo, por aspersión o bajo plástico), lo que merma considerablemente su rentabilidad y hace prácticamente imposible su competitividad.
En otros casos, en estas zonas confluyen unas determinadas características especiales que, a juicio del Grupo Popular, merecen ser consideradas de forma específica. Se trata de aquellos espacios naturales ubicados en determinados puntos de
la geografía nacional donde el sector turístico o bien es el primer motor económico o bien tiene una gran importancia en el PIB de la zona. Zonas, por otro lado, cuyas singularidades paisajísticas, sus propias especificidades de alto valor
medioambiental y sus tradicionales formas de explotación realizadas por el hombre durante siglos, no sólo suponen un atractivo complementario para el visitante, sino que en ocasiones se convierten en un reclamo turístico de primer orden.
Existen diversos casos paradigmáticos de este tipo de espacios, como son, entre otros, el palmeral de Elche (Alicante), las Salinas del Janubio o la zona de la Geria (estos dos últimos en la isla de Lanzarote). En concreto, a modo de
ejemplo, la zona de la Geria se caracteriza por un tipo de cultivo de viñas prácticamente único en el mundo, donde la mano del hombre ha labrado un espectáculo paisajístico de singular y excepcional belleza. La zona presenta una serie de
características específicas: cincuenta cepas por hectárea; capa de lapilli (ceniza volcánica) de hasta dos metros sobre la tierra vegetal; la imposibilidad de su mecanización; producciones en tomo a 1.200 kg por hectárea, etc. De esta forma,
tanto La Geria como Las Salinas del Janubio son espacios naturales que suponen un importante reclamo para quienes visitan la isla de Lanzarote, cuya economía está basada prácticamente en su totalidad en el sector turístico.
En este sentido, consideramos que por parte de la Administración central se debería arbitrar, para este tipo de zonas especiales (no sólo agrícolas sino de cualquier otro tipo que presenten unas características muy específicas), una fórmula
legal que permita mantener en activo su explotación, cuyas técnicas hoy día no son rentables ni competitivas, con el objetivo de que de estos espacios sigan conservando no sólo su atractivo turístico como ha venido siendo hasta ahora, sino también
su importante valor natural y medioambiental.
Además, desde el punto de vista cultural no se puede echar por la borda unos espacios que, tras siglos de intervención humana, forman parte del acervo cultural de las poblaciones de estas zonas y constituyen un legado histórico para las
futuras generaciones.
Nos debe preocupar que el abandono de la explotación de estas zonas por parte de la mano del hombre, pueda desembocar irremediablemente en la pérdida de todo lo anteriormente expuesto. Eso sin contar con la pérdida de puestos de trabajo que
ello puede suponer. Los gestores públicos debemos intervenir para que eso no ocurra, ya que, más allá de la iniciativa privada, indudablemente se trata de una actividad de interés general, tanto desde el punto de vista turístico, como
medioambiental y cultural, que además facilitaría la generación de empleo y riqueza, como consecuencia añadida.
No obstante, es importante señalar que en el Plan de Desarrollo de estas Zonas de Interés Turístico, Medioambiental y Cultural, se debería contemplar una serie de requisitos que lo harían muy restrictivo en su aplicación,
aplicación, entre los cuales serían condiciones sine qua non las siguientes:
- Que estas superficies no sean excesivamente amplias.
- Que estos espacios tengan una relación directa con el sector turístico y/o cultural.
- Que sean zonas que tengan un atractivo especial para el sector turístico.
- Que el sector turístico, en el área en que se encuentran estas zonas, suponga un porcentaje del PIB elevado.
- Que sean espacios naturales protegidos.
- Que se trate de formas de intervención humana sobre el medio que por su tradición histórica formen parte del acervo cultural de esa población.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. En el plazo de 6 meses presente ante la Cámara para su aprobación un Plan de Desarrollo de Zonas de Interés Turístico, Medioambiental y Cultural, que identifique, defina y dé viabilidad a aquellas zonas mineras, agrícolas, ganaderas o de
cualquier otra índole, que, presentando unas características propias y singulares y no siendo rentables desde el punto de vista de su explotación, tengan un especial valor paisajístico, de forma que, con el fin de conservar su atractivo turístico,
proteger su valor medioambiental y preservar su legado histórico-cultural, lo hagan merecedor de una especial atención.
2. Se arbitren las medidas necesarias para que este tipo de zonas reciban una dotación presupuestaria adecuada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Cándido Reguera Díaz, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la facturación de las tarifas de suministro
de energía eléctrica, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Desde el 1 de noviembre de 2008, la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y domésticas, hasta 10 kW de potencia contratada, se efectúa por la empresa distribuidora con periodicidad mensual. Sin embargo, la
lectura de los equipos para verificar el consumo se realiza cada dos meses.
Este sistema de facturación y lectura fue determinado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre. Esta nueva regulación del Gobierno ha originado el desconcierto y la alarma social.
La imprecisión de la norma ha propiciado un modelo en el que el cálculo del consumo para los períodos sin lectura se realiza mediante consumos medios. Un método que puede provocar una gran desviación con respecto al consumo real, ya que no
todos los meses se consume lo mismo y no todos los años se repite la misma pauta de consumo.
Además, este cambio en el modelo de facturación se ha realizado en el mismo momento en el que se revisan las tarifas, por lo que la confusión se ha acentuado.
La situación ha sido analizada y criticada por todas las partes; productores, consumidores e incluso, el propio Ministerio, cruzándose acusaciones. Nuevamente, la ambigüedad y la ocurrencia de este Gobierno salpican por doquier, siendo
profundamente negativo, y más en la actual situación económica, que las propuestas de nuestros gobernantes y su aplicación desconcierten a la sociedad.
Por ese motivo, independientemente de los expedientes informativos dirigidos a recabar información, la delimitación de obligaciones y sus consecuencias, el Gobierno no debe limitarse a tomar medidas sancionadoras y asumir responsabilidades
para dar una solución a la situación creada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar de forma inmediata el sistema de tarificación autorizado por el Ministerio en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, marcando con precisión, de manera consensuada y de
forma que se eviten los abusos a los consumidores, el sistema de lectura y facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y domésticas, hasta 10 kW de potencia contratada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.- María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre el cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, para su debate en Comisión de Industria.
Exposición de motivos
En enero de 2007, la Vicepresidenta Primera del Gobierno, anunció la intención del Ejecutivo de proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña.
Esta central, con una potencia eléctrica de 466 MW, es la segunda más antigua del Estado Español, tras la de Zurita, que fue clausurada en abril de 2006. Pese haber superado los 38 años de funcionamiento técnico, pues fue inaugurada el 30
de octubre de 1970, actualmente sigue generando energía por haber obtenido, el 5 de julio de 1999, una autorización de explotación que expira el próximo 5 de julio del presente año.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reconocido que la central presenta a día de hoy, 78 elementos que se consideran severamente degradados, y otros 135 con una calificación de degradación medio baja.
Componentes fundamentales como las
baterías de alimentación de emergencia, el circuito primario, y las barras de control, están afectados en mayor o menor medida por quiebras y corrosión.
No obstante, pese a las condiciones descritas y que a lo largo del 2008 se produjeron 5 declaraciones de Incidentes, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibió por parte de las empresas Iberdrola y Endesa, una nueva petición de renovación
de la actual autorización de explotación para un período de diez años más.
Sin embargo, dada su antigüedad y las circunstancias mencionadas, se hace preciso llevar a cabo su cierre en la fecha prevista, para evitar de este modo, no sólo un incremento del riesgo de accidente, sino también establecer un precedente
para la clausura de otras centrales nucleares del Estado como las de Ascó, Vandellós o Cofrents, que en los próximos años finalizarán sus respectivos períodos de funcionamiento técnico y que además acumulan un elevado número de paradas no
programadas desde su conexión a la red eléctrica.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición de no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña cuando finalice el próximo 5 de julio de 2009 su autorización de explotación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2009.-Francesc Canet i Coma, Diputado.- Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el paseo marítimo de la Playa
Larga de Tarragona, para su debate en Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La 'Platja Llarga', situada a tres kilómetros y medio del centro de la ciudad de Tarragona, es una playa de fina arena, de unos 3 km y forma un amplio arco-bahía que continúa por el 'Bosque de la Marquesa' (EIN-Espacio de Interés
Natural-Punta de la Mora), con dos calas conocidas como Waikiki y Roca Plana (o Cala Fonda y Cala Becs). Un espacio natural del que disfrutan las gentes de Tarragona y sus visitantes, un pulmón de la ciudad.
Tiene además una gran riqueza de fauna y flora con muchas especies y variedades protegidas (la lagartija cola-roja y otros animales de duna, la sabina litoral, el lirio marino, el limonium...), algunas de ellas endémicas de la playa, como la
comunidad vegetal Eriantho-Holoschoenetum australis.
Es mucho lo que ya se ha destruido en la costa Mediterránea. Con este sentimiento se constituyó la Plataforma Ciudadana 'Salvem la Platja Llarga', con la adhesión de diferentes entidades sociales, artísticas, ecologistas y políticas.
El Ministerio de Medio Ambiente prevé en el actual proyecto 'Paseo marítimo de la Playa Larga' un paseo de 6 m de ancho a lo largo de la mayor parte del recorrido de la Playa Larga. El Proyecto fue elaborado en abril de 2003 y presupuestado
en Octubre de 2005. Constituye una auténtica agresión a esta playa: la cercena, la desnaturaliza y la afea.
Pedimos que se sustituya por un proyecto ecológico, de mínimo impacto medioambiental y paisajístico, respetuoso con los valores naturales
y sociales del lugar; y que el equipo encargado del proyecto sea pluridisciplinar, con presencia de ecólogos, paisajistas, biólogos, etc.
La oposición a dicho proyecto ha ido creciendo a medida que la ciudadanía ha ido teniendo conocimiento del mismo, ya que implica la desnaturalización de este espacio tan apreciado y disfrutado.
Consideramos que este proyecto va en contra del principio de desarrollo sostenible propugnado desde la Unión Europea y plasmado, por ejemplo, en el Decreto Legislativo 1/2005, cuando entiende por desarrollo sostenible 'utilización racional
del territorio y el medio ambiente que comporta conjugar las necesidades de crecimiento urbano con la preservación de los recursos naturales y los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales', razón por la cual la construcción del
paseo aumentaría el aislamiento y la presión antrópica de la actual zona de especial interés natural de 'Tamarit-Punta de la Mora', conocida como 'Bosc de la Marquesa', lo que comportaría un perjuicio para la conservación de este espacio, de la
flora y sobretodo de la fauna existente, en contra de la normativa relativa a conservación de flora y fauna, etc. (Ley 3/1088 de 4 de marzo, RD 439/90, Llei 12(2006 de la Generalitat de Catalunya, Directiva de Aves 79/409 CEE...).
Por último, en la playa existen monumentos protegidos por la legislación referente a la protección de bienes históricos y arqueológicos (Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Catalá DOGC 11 do octubre de 1993) que de hacerse
el paseo serían derruidas.
Por todo ello se presenta, para su debate en Comisión, la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
Emprenda todas las acciones necesarias para anular el proyecto actual de paseo marítimo y elaborar una nueva propuesta de intervención para proteger y restaurar los ecosistemas dunares y de marisma de la playa Larga.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la planificación forestal y la ordenación
de los montes, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Exposición de motivos
La vigente Ley de Montes recoge en su Exposición de motivos como objetivo: 'constituirse en un instrumento eficaz para garantizar la conservación de los montes españoles, así como promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. La Ley se inspira en unos principios que vienen enmarcados en el concepto primero y fundamental de la gestión forestal sostenible'.
La Ley contempla, para la consecución de sus objetivos, la necesidad de realizar una programación a distintos niveles, para la planificación forestal y la ordenación de los Montes. Recoge la necesidad de una Estrategia y un Plan forestal
Español, ya existentes desde 1999 y 2002 respectivamente.
La Ley también hace especial énfasis en la necesidad, por parte de las comunidades autónomas, de elaborar los planes de ordenación de recursos forestales (PORF) como instrumentos de planificación forestal, constituyéndose en una herramienta
en el marco de la ordenación del territorio.
Por último, a una escala menor, la Ley de Montes, con su redacción actual según la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, dedica un artículo a la Proyectos de ordenación de montes y planes
dasocráticos, incluidos otros instrumentos de gestión equivalentes, como un deber tanto para los montes públicos como privados, encomendando a las Administraciones públicas el impulsar técnica y económicamente la ordenación de todos los montes.
En concreto, esta gestión forestal sostenible que integre aspectos ambientales, económicos, sociales y culturales, debe tener unas directrices básicas comunes de ordenación y aprovechamiento cuya aprobación compete al Gobierno, previa
consulta a las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial, al Consejo Nacional de Bosques y a la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, estos dos últimos organismos actualmente en proceso de desaparición y sustitución
tras la aprobación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Finalmente, corresponde a las comunidades autónomas la aprobación de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes, y a los titulares del monte o el órgano forestal de la comunidad, en función de la titularidad del terreno, la
elaboración de los Proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos, debiendo ser aprobados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Estos documentos técnicos representan un sistema de gestión medioambiental del ámbito forestal a corto, medio y largo plazo de un espacio forestal que debe incluir, básicamente, un diagnóstico de la situación con un inventario de los
recursos naturales existente y de la situación socioeconómica del entorno y una propuesta
de actuación y la planificación anual que deben garantizar el uso sostenible del monte.
En cualquier caso, siendo la titularidad pública o privada, la elaboración del Plan supone un gasto adicional, que quizás sea uno de los motivos por el que no se ha desarrollado con más intensidad.
Al ya consabido beneficio social, económico y ambiental, derivado de la conservación de los montes por la gran cantidad de productos y servicios que proporciona y por mantener la biodiversidad y el equilibrio ecológico debemos añadir el
efecto sumidero y de fijación de CO2 y la lucha contra el cambio climático, siempre bajo la amenaza de los incendios forestales.
La ausencia de planificación o gestión forestal supone un riesgo de cara a la lucha contra los incendios forestales, pues puede originar o ser el origen del abandono del aprovechamiento económico del recurso, el aumento de la biomasa
combustible acumulada en el monte o la ejecución de unas malas prácticas silvícolas.
Por estos motivos es necesario tomar medidas para promocionar la elaboración de los Planes que supone asegurar una correcta y sostenible gestión de nuestros bosques y muy especialmente con el objetivo de luchar contra la lacra más
significativa que afecta a los montes; los incendios forestales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promocionar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, la elaboración de los planes de gestión forestal hasta cubrir el 40 por 100 de la superficie forestal española bajo una figura de gestión.
2. Instituir mecanismos financieros destinados a hacer viables los modelos de gestión sostenible en materia de silvicultura y dotar al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad con una partida especifica para la realización de los
Planes.
3. Promover la planificación forestal mediante la valoración prioritaria de los Montes con Proyectos o Planes de Gestión en la adjudicación de ayudas Estatales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Carlos Floriano Corrales, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre derogación artículo 48.3
del Real Decreto 1612/08 sobre producciones mínimas de algodón, para su debate en Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
El artículo 48-3 del Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y ganadería, pretende fijar unos rendimientos mínimos de producción de algodón por hectárea para que los agricultores
puedan acceder a estas ayudas.
Este requisito es contrario a la normativa europea, y sobrepasa lo dispuesto en dicha normativa.
En definitiva, se les obliga a los algodoneros a obtener un mínimo de producción por hectárea y en el supuesto de no llegar a recolectar estos mínimos, pierden la totalidad de las ayudas directas.
Esto supone un riesgo inasumible para los agricultores, ya que se pueden dar factores totalmente ajenos al agricultor (plagas, inclemencias del tiempo etc...) que hagan imposible alcanzar los mínimos de producción que se exijan por las
Comunidades Autónomas.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar el artículo 48.3 del Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Aurelio Romero Girón, Diputado.- María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Administraciones Públicas
161/000805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Administraciones Públicas, una Proposición no de Ley para reinvertir en la mejora de la financiación de los municipios el IVA generado
mediante el fondo estatal de inversión local y los remanentes sobrantes después de las licitaciones.
Antecedentes
El Real Decreto Ley 9/2008, ha creado un Fondo Estatal de Inversión local por un total de 8.000 millones de euros destinado a la inversión pública local. Este fondo tiene como objetivo principal facilitar la ocupación de parte de los
trabajadores desempleados procedentes del ajuste brusco del sector de la construcción.
El mencionado Fondo Estatal de Inversión local realiza una dotación extra de recursos a los municipios, pero al ser una medida destinada a crear ocupación mediante la realización de inversiones municipales, estos recursos no suponen de
ningún modo una mejora de la financiación municipal.
Algunos Ayuntamientos están dando avisos de inminente colapso financiero, especialmente los municipios pequeños y medianos, para mantener los actuales servicios públicos ofrecidos. En este punto, las negociaciones con las entidades
municipalistas están estancadas y no existe todavía un documento base de acuerdo, ni se han iniciado estudios técnicos que materialicen una posible propuesta.
El déficit estructural de la financiación municipal se mantiene en el mismo punto: no existe financiación por los servicios impropios y nuevas competencias; disminuyen las aportaciones incondicionadas de recursos a los Ayuntamientos (PIE);
no se retorna el IVA de las inversiones municipales y no se ha concretado la anunciada flexibilización de la Ley de estabilidad presupuestaria.
Ante la grave situación financiera de los Ayuntamientos y la capacidad demostrada para crear riqueza y empleo, algunas veces con muy pocos recursos, es necesario que los 8.000 millones de euros, previstos en el Real Decreto-Ley, se destinen
íntegramente a los Ayuntamientos. Debido a la actividad económica creada con el Fondo, el Estado va a recuperar 1.100 millones de euros mediante el IVA generado. Esta cantidad podría redistribuirse a los municipios corno transferencia para
operaciones corrientes, con el objetivo de permitir una mejora parcial de su financiación para el año 2009.
Asimismo, como existirá también una cantidad sobrante de recursos, corno consecuencia de las adjudicaciones de obras por importes inferiores a los inicialmente previstos como máximos en la licitación, sería también oportuno que esas
cantidades sobrantes no se ingresaran en el Tesoro Público y que pudiesen contribuir a la mejora de la financiación local.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un Fondo Especial de financiación municipal para el año 2009, dotado con los 1.100 millones de euros del IVA recuperado de las actividades generadas mediante el Fondo Estatal de inversiones locales, destinado a gasto corriente de
los municipios mediante la siguiente distribución:
a) 750 millones distribuidos a todos los municipios según su población.
b) 350 millones a distribuir a los municipios de menos de 75.000 habitantes según su población.
2. Atribuir a las respectivas Corporaciones Locales las cantidades sobrantes de recursos del Fondo Estatal de Inversión local, creado por el Real Decreto Ley 9/2008, como consecuencia de las adjudicaciones de obras por importes inferiores a
los inicialmente previstos como máximos en las correspondientes licitaciones.
3. Acelerar los contactos con las asociaciones municipalistas que permitan llegar a un acuerdo en materia de financiación que permita un incremento substancial de los recursos incondicionados que reciben los entes locales a lo largo de los
próximos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2009.- Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Administraciones Públicas, una Proposición no de Ley para la racionalización de los carteles anunciadores de las obras realizadas con cargo al fondo de inversión local.
Antecedentes
El Real Decreto Ley 9/2008, crea un Fondo Estatal de Inversión local por un total de 8.000 millones de euros destinado a la inversión pública local que tiene
como objetivo principal crear ocupación mediante las obras realizadas.
La disposición adicional séptima del Real Decreto-Ley establece que en los proyectos financiados con cargo al Fondo debe hacerse constar, en un lugar visible, la leyenda 'Fondo de Inversión Local para el empleo-Gobierno de España'. Esta
obligación se concretó mediante una Resolución de la Secretaría de Estado de cooperación local, exigiendo la instalación de un cartel anunciador durante las obras. Hasta aquí nada fuera de lo común.
Pero fue en la Resolución de 13 de enero de 2009 la que finalmente desarrolló las condiciones y modelos de los carteles. Entre las condiciones técnicas sorprendió el tamaño único previsto en todos los carteles, independientemente de la
duración o cantidad invertida en su ejecución. Un tamaño que por sus grandes dimensiones (4 metros de largo por 3 de alto) tiene un coste nada despreciable.
Numerosos municipios y entidades municipalistas han planteado la conveniencia de disponer de diferentes tamaños en los modelos de carteles anunciadores o la necesidad de buscar otras alternativas a la instalación obligatoria de un cartel
para cada obra.
Parece un contrasentido que una medida aprobada con el ánimo de crear ocupación, imponga a los municipios un gasto excesivo simplemente para publicitar las obras. Especialmente, cuando existen alternativas que pueden conseguir el objetivo
de dar a conocer las obras financiadas con este Fondo, en estricto cumplimiento del Real Decreto-Ley, y que son menos gravosas para las arcas de los municipios.
Además, teniendo en cuenta que se han presentado más de 30.000 proyectos, el coste de todos los carteles instalados será aproximadamente de 54 millones de euros. No parece ésta una medida que cumpla el objetivo de austeridad de las
Administraciones Públicas que pretende el Gobierno, ni de respeto a las personas que han quedado en situación de desempleo y no pueden acceder a ninguna de las prestaciones previstas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Articular un mecanismo que posibilite que los Ayuntamientos pequeños, no se vean obligados a poner los carteles anunciadores del Fondo de Inversión Local en todas las obras que ejecuten y puedan utilizar un sistema diferente en formato y
características, que permita abaratar sustancialmente su coste.
2. Permitir a los municipios sustituir la instalación de un cartel para cada obra, mediante la instalación de varios carteles en el municipio que anuncien las obras realizadas en ese municipio y el importe total que el Estado aporta en el
municipio.
3. Eliminar la obligación de instalar carteles en aquellas obras con un coste inferior a 100.000 euros. En el caso que un municipio no tenga ninguna obra superior a dicho importe, el municipio deberá realizar un solo cartel con la relación
de todas las obras realizadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2009.- Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000809
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a los derechos sociales de los funcionarios públicos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a los derechos
sociales de los funcionarios públicos, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Gobierno del Estado ha introducido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2009 (PGE) unas modificaciones en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30
de abril, que afectan a los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de las clases pasivas.
Estas modificaciones introducidas en las disposiciones adicionales decimotercera y decimosexta de la Ley de Presupuestos Generales para el 2009, afectan a las pensiones de incapacidad permanente que se generen a partir del 1 de enero de
2009, reduciendo las prestaciones de las mismas en determinados supuestos.
La llamada jubilación por incapacidad total se reduce en determinados casos hasta un 25 por 100 con respecto a lo que actualmente se percibía, en el sentido de que las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente se
reducirán en un porcentaje siempre que se acrediten menos de 20 años de servicio en el momento del hecho causante, y que la incapacidad o inutilidad del funcionario no le inhabilitase para toda profesión u oficio, se reducirán en un 5 por ciento por
cada año completo de servicio que le falte hasta cumplir los 20 años de servicio, con un máximo del 25 por ciento para quienes acrediten 15 o menos años de servicios. Hay que señalar que la mayoría de las pensiones que se conceden por incapacidad
en el caso de los funcionarios públicos son de este tipo.
Desde el BNG consideramos que un recorte en los derechos sociales de los funcionarios públicos y un ataque parcial al sistema de pensiones no es la mejor manera de afrontar la situación actual de crisis económica, por este motivo,
consideramos que este tipo de medidas que constituyen un claro ataque al sistema de pensiones, deben ser reconsideradas por el Gobierno.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar la Ley de Clases de Pasivas del Estado suprimiendo las reformas introducidas por las disposiciones adicionales decimotercera y decimosexta da la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009,
reponiendo los derechos sociales de los funcionarios públicos a la situación anterior a la citada reforma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2009.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al Fondo de Compensación Interterritorial,
para su debate en la Comisión de Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La Constitución Española, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad contenido en sus artículos 2 y 138, a través del apartado 2 de su artícu- lo 158 previó la creación de
un 'Fondo de Compensación' destinado a gastos de inversión, que serían distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
La sucesiva legislación que se ha venido promulgando, dimanante del precepto constitucional y los acuerdos que se han venido produciendo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, concluyó con la aprobación de la Ley 22/2001, de
27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, que previó, entre otras materias, el importe con el que deberían de estar dotados económicamente y los cifró con un porcentaje que no podría ser inferior al 30 por ciento de
la inversión pública anual, atribuyendo al Fondo de Compensación un 75 por ciento del montante total y el 25 por ciento restante al Fondo Complementario; también dispuso la plena integración de las Ciudades con Estatuto de Autonomía en el sistema
de los Fondos de Compensación Interterritorial para lo que se adicionó con un 1,5 por ciento de las cantidades dispuestas en los Fondos destinados a las Comunidades Autónomas.
Para establecer la base del cálculo del Fondo de Compensación, el artículo 3 de la Ley 22/2001 previó que estuviera constituida por la inversión pública, entendiendo como tal 'el conjunto de los gastos del ejercicio incluidos en los
Presupuestos del Estado y de sus Organismos Autónomos correspondientes a las inversiones reales nuevas de carácter civil'.
La citada Ley, también fijó los criterios de distribución para todas aquellas Comunidades Autónomas que son beneficiarias de los fondos y anualmente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, las determina en función de su desarrollo para
todas aquellas cuya renta por habitante es inferior al 75 por ciento de la media comunitaria.
La Sección 33 de los Presupuestos Generales aprobados para el ejercicio de 2008, que recoge con exclusividad los recursos destinados a financiar los Fondos de Compensación interterritorial, dispuso unas inversiones de 1.337,98 millones de
euros destinados a las diferentes
diferentes Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía beneficiarias de estos Fondos.
En otro orden, el Consejo de Ministros celebrado el pasado día 28 de noviembre de 2008, aprobó el 'Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación'.
El Congreso de los Diputados, en su sesión de 11 de diciembre de 2008, convalidó el Real Decreto-Ley y aprobó los créditos
extraordinarios para atender la financiación de ambos fondos; para el Fondo Estatal de Inversión Local habilitó un crédito extraordinario de 8.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2008.
Si bien es cierto que en el momento en que fueron aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2008 no se previó el importe de esta inversión pública y por tanto no se computó a la hora de establecer la base del cálculo del Fondo de
Compensación Interterritorial para el citado ejercicio, no se puede cuestionar que el Fondo Estatal de Inversión Local, de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto-Ley de creación, se trata de una inversión estatal destinada a 'proyectos que
conlleven mejoras en las dotaciones municipales de infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social' que son de competencia de las entidades locales que el Fondo tiene por objeto 'aumentar la inversión pública' en el ámbito local mediante
la financiación de 'obras de nueva planificación' de carácter civil, que su 'administración, gestión y dirección' corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas y que para la financiación de estas inversiones se habilitó un crédito
extraordinario de 8.000 millones de euros dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2008.
Por tanto, estamos hablando de una nueva inversión pública del Estado, instrumentada a través de los municipios, que reúne las características requeridas por Ley 22/2001 y en consecuencia debería de ser computada para establecer el importe
definitivo de los Fondos de Compensación Interterritorial para el ejercicio de 2008; todo ello con independencia de las modificaciones presupuestarias a que hubiera lugar y la reasignación de los importes correspondientes entre las Comunidades
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía beneficiarias de éstos.
Son cerca de dos mil ochocientos millones de euros, de acuerdo con el porcentaje establecido sobre la inversión pública por los Presupuestos Generales del Estado para 2008, los que deberían de venir a complementar los Fondos de Compensación
Interterritorial destinados a las Comunidades Autónomas más desfavorecidas y a las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para hacer efectivo el principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de nuestra Constitución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que de manera inmediata adopte las medidas adecuadas para que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2009, se habilite el crédito adecuado y suficiente para atender el
defecto de la dotación presupuestaria de los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio de 2008, en orden a mantener los niveles de solidaridad interterritorial, teniendo en cuenta las inversiones del Estado aprobadas por el Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, relativas al Fondo Estatal de Inversión Local, y reasignar las cantidades correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía beneficiarias de estos Fondos, de acuerdo
con lo que dispone la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-Rafael Merino López, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado don Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la jubilación a tiempo parcial de los empleados públicos y en especial del personal estatutario de los Servicios de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
En materia de Seguridad Social, existen distintas normativas que citan la posibilidad de que el Personal Estatutario de los servicios de salud, pueda acceder a la jubilación a tiempo parcial. Dichas normas son la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en Materia de Seguridad Social.
No obstante, y pese a la existencia del marco normativo enunciado, se hace preciso que este tipo de jubilación
jubilación para el Personal Estatutario de los servicios de salud sea incorporado de manera explícita en el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
con el fin de evitar posibles situaciones de desprotección e inseguridad jurídica.
Buen ejemplo de ello es la existencia de dos sentencias contradictorias en este ámbito por parte del TSJ de Andalucía, y del TSJ de Canarias. Si para el TSJ de Andalucía, 'la posibilidad de jubilación parcial de funcionarios, incluido el
Personal Estatutario de los servicios de salud, queda pendiente del desarrollo reglamentario correspondiente', para el TSJ de Canarias no es preciso, pues resuelve que el artículo 26.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario, es de aplicación directa e inmediata si se reúnen los requisitos establecidos en la legislación de Seguridad Social. En todo caso, será el Tribunal Supremo, en última instancia, el que determine si el actual marco normativo
precisa de ser modificado.
Sin embargo, se hace necesario recordar que el cumplimiento por parte del Gobierno, de la Disposición Adicional Sexta del Estatuto Básico del Empleado Público, así como, de la Disposición Adicional Séptima de la Ley en materia de Seguridad
Social, con la consiguiente modificación o desarrollo del actual marco normativo, hubiera evitado las incertidumbres legales existentes en esta materia hasta la fecha.
En este sentido, el Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su Disposición Adicional Sexta, el deber del Gobierno de presentar un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga,
entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares, y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de otros grupos o categorías profesionales.
En términos parecidos se expresa la Disposición Adicional Séptima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, pues determina que el Gobierno en un plazo ya superado de un año, elaborare un estudio sobre
la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos, así como, del personal de las Fuerzas Armadas y al servicio de la Administración de Justicia. Dicho estudio debería de abordar la aplicación de la normativa
reguladora de tales modalidades de jubilación, las condiciones en las que debería de aplicarse sin que ello generase problemas de sostenibilidad a los sistemas de .protección social, y la homogeneización, en términos equiparables, de los diferentes
regímenes. Asimismo, se llevaría a cabo un análisis de la realidad específica de los diferentes colectivos afectados, incluida la del personal al que le es de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar.
En definitiva, a día de hoy, esta cámara no tiene conocimiento de la existencia de los estudios referidos, y el Personal Estatutario de los Servicios de Salud no puede acceder legalmente a la jubilación a tiempo parcial.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición de no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar, en plazo no superior a los tres meses, el estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios a que se refiere la DA Sexta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en los términos descritos por la misma.
2. Presentar, de forma inmediata, el estudio a que se refiere la DA Séptima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en los términos descritos por la misma.
3. Adoptar las reformas legislativas necesarias para que el Personal Estatutario de los servicios de salud pueda acceder de forma definitiva a la jubilación a tiempo parcial tan pronto como se hayan finalizado los estudios a los que se
refieren la DA Sexta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y la DA Séptima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2009.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
las mejoras en los servicios públicos de extranjería que se prestan en las islas de Ibiza y Formentera, para su debate en la Comisión de Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La mejora de los servicios de extranjería ha sido y es una prioridad del Gobierno. Prueba de ello es el conjunto de medidas que se vienen aplicando para reforzar las dotaciones de las oficinas y unidades de extranjería, tanto en medios
materiales como humanos.
Un esfuerzo, el que se viene realizando, dirigido a alcanzar una gestión eficiente y una atención personalizada
personalizada y de calidad, con actuaciones integrales que suponen la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos, y que tienen como objetivo principal lograr la existencia de una red de oficinas cada vez mejor acondicionadas,
modernas y accesibles.
Entre estas actuaciones destacan aquéllas centradas en la mejora de las instalaciones, así como las mejoras del funcionamiento de las oficinas, mediante la instalación de sistemas de gestión de turnos o la extensión de la cita previa a las
oficinas que así lo requieren. Asimismo, cabe destacar el esfuerzo desplegado para la introducción de mejoras tecnológicas, como el sistema semitelemático para las renovaciones de permisos de residencia y trabajo, la posibilidad de que los
ciudadanos obtengan información del estado de tramitación de un expediente a través de mensajes SMS o Internet o el pago electrónico de las tasas.
Por lo que se refiere a las islas de Ibiza y Formentera, se han llevado a cabo determinadas actuaciones para la mejora de la prestación del servicio. En este sentido y además de la delegación de competencias ya existente a favor del
Director Insular para la resolución de algunos expedientes en materia de extranjería y de aproximar la gestión en esta materia a los ciudadanos residentes en estas islas, se han adoptado una serie de medidas tales como el establecimiento de un
servicio de información por vía telemática que facilita formularios, respuesta a consultas y orientación en la tramitación de expedientes a los residentes en las islas para evitar su desplazamiento a las dependencias administrativas. Asimismo se
han asignado dos funcionarios de la Oficina de extranjeros en Illes Balears a la Dirección Insular de Ibiza-Formentera.
No obstante, la realidad insular y del colectivo inmigrante en las Illes Balears plantea la necesidad de dar un nuevo impulso y seguir mejorando la calidad y eficacia de los servicios públicos que se les prestan a estos ciudadanos desde la
Administración General del Estado, dado que, a pesar de la tendencia a la disminución del número de solicitudes, las tasas de población inmigrante en las islas de Ibiza y Formentera requiere permanentes esfuerzos para satisfacer las demandas de
atención, información y tramitación de expedientes de la población inmigrante.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar los recursos humanos que prestan servicios en materia de extranjería en la Dirección Insular de Ibiza-Formentera, al objeto de mejorar la calidad y la eficacia en la atención y la prestación de servicios en materia de
extranjería a los ciudadanos de estas islas.
2. Incrementar el número de trámites que en materia de extranjería se puedan realizar en la Dirección Insular de Ibiza-Formentera, así como avanzar en la implantación de la tramitación electrónica de expedientes en aquellos asuntos en los
que legalmente sea posible, con el objeto de evitar los desplazamientos.
3. Promover la colaboración entre las diferentes Administraciones de las islas con el objetivo de encontrar una ubicación definitiva para la sede de la Dirección Insular de Ibiza-Formentera, en cuyo inmueble, si las necesidades así lo
determinan, pueda incluirse la instalación de una oficina delegada de extranjeros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2009.-José Manuel Bar Cendón, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000820
A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo
Don Josep Antoni Duran i Lleida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley relativa a la reabertura
de la sede del Centro Europeo del Consumidor de Barcelona.
Antecedentes
El Centro Europeo del Consumidor es, según establece su propia página Web 'una oficina pública de atención al consumidor de cualquier Estado Miembro de la Unión Europea que precise información o asistencia en relación con la adquisición de
un bien o la utilización de un servicio en un país diferente al propio'.
Dicho centro permite asesorar y gestionar las reclamaciones de los ciudadanos en sus compras de productos y en la adquisición de servicios en el ámbito de la Unión Europea y atender las reclamaciones que reciban las empresas de ciudadanos
comunitarios.
En el año 1991 se puso en marcha en Barcelona el primer Centro Europeo del Consumidor, fruto de un impulso coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno autonómico. A éste le siguió otro centro, impulsado por la acción coordinada
del Gobierno español y el Gobierno vasco, en el año 1993, con sede en Vitoria. En el año 2005 se creó el tercer centro en Madrid.
El día 1 de enero de 2007, el Gobierno centralizó en Madrid la sede del Centro Europeo del Consumidor. Se confirmaba así el anuncio hecho por la Ministra de Sanidad en el Congreso de los Diputados, donde compareció a petición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para informar sobre dicho traslado.
Durante la comparecencia, la Ministra afirmó que existían 44 centros en los que se atienden las reclamaciones de los consumidores por transacciones transfronterizas, bien porque sea un consumidor que no sea español, bien porque se haya
adquirido un producto en otro Estado miembro y que dichos centros están relacionados a través de una red telemática.
A pesar de haberse informado de que se trataba de un cierre provisional y de que se estaban efectuando negociaciones, la realidad es que dichos centros continúan cerrados.
El Grupo Parlamentario Catalán ha defendido insistentemente el mantenimiento de las sedes del Centro Europeo de Consumo en Barcelona y Vitoria, que comenzaron a funcionar con mucha antelación a la sede de Madrid, ya que la sede catalana
llevaba más de 15 años funcionando y la de Vitoria más de 10 años. Con el mantenimiento de las sedes de Barcelona y Vitoria se pretende que se reconozca el buen hacer y el buen trabajo realizado por estos Centros Europeos de Consumo, así como su
larga trayectoria, el reconocimiento de su labor de arbitraje.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Efectuar las gestiones necesarias con la finalidad de que se restituya la sede del Centro Europeo del Consumidor en Barcelona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión ante la
Comisión de Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley relativa al incremento de recursos destinados a la lucha contra el VIH/SIDA.
Antecedentes
Si bien desde mediados de la década de 1990, en España, la epidemia de VIH evoluciona favorablemente, con descensos en la mortalidad, la incidencia de sida y la frecuencia de nuevos diagnósticos, la infección por VIH continúa siendo una de
las principales causas de enfermedad y de muerte.
Entre 120.000 y 150.000 ciudadanos están infectados y se estima que más de una cuarta parte aún ignora que lo está. Cada año se producen entre 2.500 y 3.500 nuevas infecciones y unas 1.600 personas
mueren con el VIH como causa principal.
A este escenario debemos añadir que en nuestro entorno han empezado a encenderse algunas alarmas porqué en varios países europeos se están produciendo repuntes de la epidemia y porque hay señales de un retorno de las conductas de riesgo.
El patrón epidemiológico de transmisión de la epidemia en España ha cambiado. La transmisión por vía parenteral del VIH ya no es la más importante y ha cedido su lugar a la transmisión sexual. Además, al parecer las nuevas infecciones se
están concentrando en subpoblaciones objetivamente más vulnerables. Las infecciones de transmisión sexual y el VIH están teniendo un impacto negativo desproporcionado en algunos colectivos. Es evidente que existen sectores de la población con
mayor riesgo de infección por el VIH aunque el riesgo para cada individuo dependa de sus prácticas y no del grupo al que pertenezca.
Sin duda en este contexto, es necesario concentrar más acciones sobre las subpoblaciones en las que se dan, con frecuencia elevada, prácticas de riesgo procurando no incrementar la carga de estigmatización que conlleva la infección. Hacen
falta programas efectivos, innovadores y basados en la evidencia para las personas con una probabilidad elevada de encontrarse con una pareja sexual con VIH y para las personas diagnosticadas, que hayan contado en su diseño, con la participación de
la población diana para evitar el riesgo de estigmatización.
La situación en general se ha hecho más compleja probablemente por la introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), los cambios en la transmisión y la llegada de personas de otros países muy heterogéneos. Las
recientes corrientes de inmigración hacia España se reflejan también ya en los datos de infección por VIH. El porcentaje de nuevos diagnósticos que afecta a personas de otros países ha subido notablemente.
También, la existencia de una elevada proporción de personas cuya infección no está diagnosticada tiene implicaciones muy negativas sobre el curso de la epidemia y sobre la propia evolución clínica de los afectados. Conseguir un diagnóstico
precoz y facilitar el acceso al TARGA es básico tanto desde el punto de vista individual como colectivo, pues la transmisión del VIH disminuye al bajar la carga viral.
Por otra parte, la mayor supervivencia de las personas con VIH hace que sus necesidades sean cada vez más complejas y requieran un abordaje que incluya aspectos sanitarios, psicológicos y sociales.
En consecuencia, hay que adaptar los esfuerzos a un contexto diferente, una situación en la que la mayoría de los ciudadanos vive la epidemia como algo
exterior, con pocas probabilidades de afectarle y en el caso de que eso sucediera, con tratamientos disponibles. Muchas personas consideran, erróneamente, que la epidemia de sida está superada en los países desarrollados como España, y sin
embargo, el número de nuevas infecciones repunta, parece existir un incremento de las conductas de riesgo en determinados colectivos, todavía muchos ciudadanos infectados ignora su estado, y las personas que viven con VIH sufren aún discriminación.
La falta de recursos destinados a los programas de prevención y control del sida supondría un incremento de nuevas infecciones. Algo mucho más caro y con mayor impacto en el conjunto de la sociedad que el coste que supone dedicar hoy
recursos a prevenir, detectar y tratar las infecciones por VIH.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Incrementar en un 20 por 100 este año, las transferencias a las CC.AA para los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre el Sida, previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2009.
- Incrementar también en un 20% este año, las subvenciones a instituciones de cualquier titularidad y otros agentes, para programas de prevención y control del sida, previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2009.
- Territorializar, antes de la próxima convocatoria, los fondos previstos para subvencionar los programas de prevención y control del sida de las entidades sin ánimo de lucro.
- Reforzar de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y ONGs, los programas de prevención y control del sida destinados a las subpoblaciones más vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Vivienda
161/000831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Vivienda, una Proposición no de Ley para incluir a las familias numerosas en el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012.
El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio de 2005, que aprobó el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, preveía una superficie útil máxima para las viviendas de protección oficial de 90 metros
cuadrados como norma general y de 120 metros para las familias numerosas. Posteriormente, en enero de 2008 se amplió a las personas con discapacidad o dependientes a su cargo la posibilidad de adquirir viviendas de hasta 120 metros en régimen de
protección oficial.
El propio Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, que modificó ciertos aspectos del Plan de vivienda 2005-2008, entre ellos la extensión de las familias que podían acogerse a la compra de viviendas de protección oficial hasta 120 metros,
comenzaba su exposición de motivos justificando la necesidad de modificar ciertos aspectos del Plan a causa de la experiencia acumulada. En concreto se iniciaba su exposición de motivos de la siguiente forma: 'Transcurridos los dos primeros
programas anuales del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, procede mejorar la regulación de algunos de los aspectos del mismo, a la vista de la experiencia adquirida a través de su ejecución, tanto por parte del Ministerio de Vivienda como de las
Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que colaboran en la puesta en práctica de dicho Plan, teniendo en cuenta además la situación del sector inmobiliario'.
Con la aprobación del nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 en diciembre de 2008, se ha pasado, en menos de 1 año, de ampliar la posibilidad de adquirir una vivienda de hasta 120 metros en régimen de protección a las familias numerosas o personas
con discapacidad o dependientes a su cargo, a eliminar la existencia de viviendas de protección oficial mayores de 90 metros cuadrados. Sin ninguna justificación por parte del Ministerio ha excluido estas familias del nuevo Plan de vivienda
2009-2012, que únicamente prevé una superficie máxima de 90 metros, sin tener en cuenta la necesidad de proporcionar el espacio de vivienda a los miembros que componen las familias.
Otro cambio, desfavorable para las familias numerosas, es la supresión de la previsión contenida en el artículo 13 del Plan de Vivienda 2005-2008 y que permitía excepcionar a 'las familias numerosas que necesiten adquirir una vivienda de
mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar; u otra vivienda más adecuada a sus necesidades específicas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros' de la excepción a la prohibición de transmitir o de
ceder el uso de las viviendas antes de los 10 años.
De esta forma, el nuevo Plan de Vivienda ha eliminado la posibilidad de venta de viviendas de protección oficial antes de haber residido 10 años, condición de la cual
las familias numerosas estaban exentas hasta el 2008, medida que según colectivos de familias numerosas no permite que las unidades familiares aumenten.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 medidas específicas para las familias numerosas o con personas con discapacidad o dependientes a su cargo, en especial
aquellas medidas ya contempladas en el Plan de Vivienda 2005-2008 y no incluidas en el nuevo, como las siguientes:
a) La posibilidad de adquirir viviendas de hasta 120 metros en régimen de protección oficial para las familias numerosas o con personas con discapacidad o dependientes a su cargo.
b) La posibilidad de venta de viviendas de protección oficial antes de haber residido 10 años a las familias numerosas que necesiten adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar; u
otra vivienda más adecuada a sus necesidades específicas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2009.-Josep Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al Espacio Europeo de Educación Superior para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
El pasado 30 de enero el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Universidad 2015 y su correspondiente Plan de Acción 2009 que tienen como punto de partida el pleno desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y como objetivo
principal el apoyo y modernización de las universidades públicas españolas. Con esta iniciativa el Gobierno concreta su compromiso con una universidad pública de calidad, moderna, accesible a todos los estudiantes con independencia de sus
posibilidades económicas, con proyección internacional y adaptada al EEES.
La Cumbre de Bolonia de 1999 constituyó un impulso decisivo para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. España asistió a la Cumbre y firmó la Declaración en la que se establecen una serie de acuerdos que tienen como
objetivo garantizar la calidad de la educación superior con criterios y metodologías comparables, respondiendo mejor a las demandas sociales y facilitando la incorporación laboral y profesional de los graduados, ofrecer a los estudiantes
conocimientos y estrategias para el aprendizaje permanente así como promover la movilidad en todo el ámbito europeo de estudiantes, graduados, profesores e investigadores.
La movilidad es el elemento nuclear del proyecto ya que el éxito indiscutible del Programa ERASMUS ha permitido poner en valor la movilidad de estudiantes como elemento fundamental para la construcción del EEES, para la construcción de la
Europa de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que partimos de culturas y sistemas diversos y que la diversidad es una de las fortalezas de Europa se proponen medidas que favorezcan la compatibilidad y la comparabilidad sobre la base de un acuerdo en
la estructura de los estudios (Grado-Master-Doctorado) y los créditos ECTS centrados en el trabajo del estudiante.
La Comisión Europea por su parte ha realizado diversas comunicaciones en las que recomienda a las universidades que realicen cambios globales en el ejercicio de una mayor autonomía y responsabilidad. Respecto a la organización de las
enseñanzas se pide a los gobiernos y a las universidades que no se limiten a adaptar los títulos existentes a la nueva estructura sino que realicen reformas comprensivas en el gobierno de las universidades, en sus mecanismos de financiación y de
rendición de cuentas, en su relación con la sociedad, en su relación con otras instituciones, etc., con el fin de ofrecer unas enseñanzas comparables, flexibles, diversificadas, que fomenten la movilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida para
estudiantes que no han accedido a la educación superior por las rutas 'tradicionales' o que compatibilizan empleo y estudio, que impliquen a diversas disciplinas y que estén vinculadas a las necesidades de la sociedad en general.
Las declaraciones fruto de las cumbres ministeriales de Praga, Berlín, Bergen y Londres han ido reforzando el proceso de construcción y revisando la implementación de los acuerdos. El proceso representa un gran valor para los países
europeos, de los 29 países firmantes hemos pasado a 46 y ha despertado el interés de otras áreas del mundo. Aunque se han producido notables avances, la realidad de los análisis realizados en las distintas cumbres y reuniones de trabajo ponen de
manifiesto que algunas líneas de acción
requerirán de un mayor esfuerzo y dedicación. La evaluación externa del proceso de Bolonia prevista para 2010 proporcionará una información más precisa y rigurosa acerca de los aspectos a los que se ha de prestar mayor atención.
Si bien es cierto que España firmó la Declaración de Bolonia, si exceptuamos dos Reales Decretos que establecieron la regulación de los ECTS y el procedimiento para la expedición del Suplemento al Diploma, prácticamente no se produjo ningún
avance significativo hasta 2004. La aplicación de la LOMLOU desde su aprobación en abril de 2007 ha impulsado el proceso de reformas que permiten afirmar que España cumplirá con los acuerdos y con el compromiso de tener implementadas las líneas de
acción conducentes al objetivo de construcción del EEES para 2010.
El nuevo modelo. se basa en una mayor autonomía universitaria de modo que las universidades sean quienes propongan sus títulos y diseñen los planes de estudio. Se trata de un modelo flexible que facilita la conexión entre las ramas de
conocimiento y que se adapta a las opciones de los estudiantes y a las necesidades profesionales. Se flexibiliza la organización de las enseñanzas universitarias, promoviendo diversificación curricular y permitiendo que las universidades aprovechen
su capacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades, lo que les permitirá estar mejor preparadas para las demandas sociales en un contexto abierto caracterizado por cambios rápidos y profundos: Ante los retos que suponen tanto la
globalización como la sociedad del conocimiento, se impulsa un cambio metodológico que sitúa el aprendizaje del estudiante en el centro del proceso desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida.
El fortalecimiento de la autonomía viene acompañado de una rigurosa rendición de cuentas. Los títulos deberán superar un proceso de verificación y una acreditación periódica mediante sistemas de Garantía de Calidad que siguiendo los
Criterios y Directrices adoptados en la Cumbre Ministerial de Bergen (2005) faciliten su reconocimiento internacional. La especial relevancia que tiene en el EEES el aseguramiento de la calidad garantiza que los nuevos planes de estudios aseguren
la adecuada formación de los estudiantes y la necesaria confianza mutua entre las instituciones de educación europeas de modo que el reconocimiento de títulos y períodos de estudio sea una realidad.
Con el objetivo de contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios, especialmente a las familias con mayores dificultades económicas, las becas universitarias se han incrementado hasta alcanzar
un 30 por ciento más de estudiantes becados.
Más de 731 millones de euros en becas para estudiantes universitarios en 2009 constituyen un hito en España. Por primera vez se ofertan Masteres Universitarios oficiales y a precio público, como
especialización y profundización de los estudios en el ámbito académico, científico y profesional. Además de las becas, los Préstamos-Renta Universidad para Master a interés cero y en condiciones muy favorables, que contemplan la no devolución en
casos justificados, constituyen un complemento para los graduados que deseen cursar masteres en España, Europa, Estados Unidos y Canadá con una partida presupuestaria para el curso 2008-2009 de 150 M .
España está participando en un proyecto compartido por 46 países europeos de construcción del EEES, basado en la autonomía institucional, la libertad académica, la igualdad de oportunidades y los principios democráticos. Se trata de un
proceso intergubernamental, con participación, de estudiantes, universidades, el Consejo de Europa, la Comisión Europea organizaciones sindicales y empresariales. La puesta en marcha de un proceso de reformas tan ambicioso y profundo requiere un
esfuerzo de participación de todos los sectores implicados, estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, administraciones públicas y de la sociedad a quien debe servir la universidad. La coordinación con las Comunidades
Autónomas es un elemento esencial para la culminación con éxito de las reformas emprendidas. Puesto que nos encontramos en un momento crucial para el desarrollo de las reformas y con la visión de que habrán de continuar para conseguir el objetivo
fundamental de mejorar la calidad de los estudios universitarios y garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar el diálogo con las Comunidades Autónomas y con la comunidad universitaria en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior en el que estamos inmersos.
2. Impulsar por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una campaña de información sobre el EEES dirigida a toda la sociedad y de forma especial a la Comunidad Universitaria, y en
colaboración con el Ministerio de Educación Política, Social y Deporte una campaña dirigida a los alumnos que cursan estudios en centros de enseñanza secundaria, a sus familiares y en especial a los orientadores de estos centros.
3. Adoptar las medidas necesarias para que cumpliendo con el calendario previsto puedan realizarse los procesos de verificación e implantación de tos títulos con el rigor y la calidad necesarios.
4. Contemplar en el modelo de financiación de las universidades que define el Gobierno con las Comunidades Autónomas, la implantación de los nuevos títulos que constituirán la nueva oferta de las universidades españolas.
5. Incrementar tas becas universitarias para que en los años 2012 se alcance en este concepto la media de los paises que integran la OCDE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Monserrat Palma i Muñoz, Diputada. Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en relación con el establecimiento de un procedimiento
simplificado de obtención de visado para representantes de fundaciones y asociaciones con sede en países en vías de desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Desde la aprobación del Reglamento (CE) número 1932/2006, de 21 de diciembre del Consejo, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2006, muchos ciudadanos de países latinoamericanos están encontrando muchas trabas para la obtención de
visados de entrada a España.
Esta situación, se extiende también a trabajadores de Asociaciones y Fundaciones que actúan como contrapartes de las ONGDs españolas. Muchos de estos trabajadores están encontrado infinidad de dificultades administrativas y burocráticas
cuando son invitados por ONGDs españolas a participar en cursos, jornadas, seminarios y otras actividades de educación y sensibilización para el desarrollo de la sociedad española.
En la mayoría de los casos, estas personas vienen invitadas con los gastos de viaje, seguro, alojamiento y manutención ya cubiertos por la ONGD española, cumpliendo todos los requisitos exigidos para la obtención del visado de entrada en la
zona Schengen. Aún así, los consulados y embajadas de España tramitan con mucha lentitud las solicitudes cursadas, poniendo demasiadas trabas e incluso denegando los mencionados visados con el consiguiente coste de dinero: pérdida de pasajes de
avión ya pagados, seguros, médicos, reservas de hoteles, etc., y de tiempo: tanto en la sede como en el terreno dado que muchas de las personas que solicitan los visados no viven en la zona donde se encuentra la embajada o el consulado, lo que
origina largos y costosos viajes desde sus lugares de origen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un procedimiento simplificado de obtención de visado para representantes y trabajadores de fundaciones y asociaciones con sede en países en vías de desarrollo, para que puedan participar en actividades en España en el marco de
intervenciones de cooperación internacional al desarrollo.
2. Que el contenido de esta Proposición no de Ley se dé a conocer en el menor plazo de tiempo a las Embajadas y Consulados de España en el extranjero'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000642 162/000340
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la adecuada y amplia difusión de los contenidos y valores de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su correspondiente protocolo facultativo, pase a
debatirse en el Pleno de la Cámara.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado a la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
así como notificarlo al Grupo proponente (nuevo núm. expte. 162/000340).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 128, de 22 de diciembre de 2008.
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
161/000849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la aplicación de controles en carretera del consumo de sustancias estupefacientes por conductores de vehículos, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico.
Exposición de motivos
Diversos estudios, llevados a cabo por distintas agencias y organismos, tanto nacionales como internacionales acreditan la influencia en la conducción del consumo de sustancias estupefacientes y con harta frecuencia las pruebas forenses
efectuadas tras accidentes de gravedad así lo denotan también.
Las Islas Baleares, y muy especialmente la isla de Ibiza, son reconocidas internacionalmente como uno de los destinos favoritos del turismo joven de toda Europa, que encuentra en la amplia oferta de discotecas y locales de ocio nocturno una
de sus actividades vacacionales preferentes.
Desgraciadamente, y sin que a estos locales y a su nutrida concurrencia se les pueda atribuir causa directa del problema, sí es cierto que son el medio y el escenario habitual en el que las tasas de
consumo de drogas se elevan de forma alarmante. Así lo atestiguan también las frecuentes intervenciones y requisas llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto en el interior como en los entornos de este tipo de locales. Por otra
parte, la ubicación de los principales locales, en los aledaños de las principales vías de comunicación de la isla, hace que el uso del automóvil particular sea el principal medio de transporte. La alta tasa de siniestralidad, así como la
frecuencia con la que se pueden observar conductas temerarias o negligentes por parte de muchos conductores, vienen generando una gran preocupación, e incluso no poca alarma social, entre la ciudadanía y los propios visitantes.
La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial otorga la calificación de infracción muy grave 'la conducción con presencia en el organismo de estupefacientes, psicotrópicos estimulantes y cualquier otra sustancia de
efectos análogos en niveles que afecte a la capacidad de conducir'. Por otra parte, existen actualmente sistemas, algunos de ellos en fase experimental, para llevar a cabo la detección de la presencia de dichas sustancias estupefacientes en el
organismo de los conductores. De hecho, la propia Dirección General de Tráfico viene experimentando diversos procedimientos desde hace algunos años, en el marco de otros proyectos internacionales (como el 'Rosita' o el 'Druid'), en diversas
provincias españolas, y con tasas de eficacia y fiabilidad muy satisfactorias. Asimismo, han probado su eficacia las Policías Autonómicas del País Vasco y de Cataluña, en sus respectivos ámbitos de actuación.
Tales controles están teniendo no sólo un efecto sancionador sobre aquellos conductores que infringen la norma, sino que pueden tener previsiblemente un efecto preventivo, disuasorio y de concienciación colectiva, tan necesarios en los
ámbitos a los que nos referimos, dada la escasa percepción de riesgo existente entre los consumidores de dichas sustancias.
Es por este motivo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que la Dirección General de Tráfico lleve a cabo controles para la detección del consumo de sustancias estupefacientes en conductores de vehículos en la isla de Ibiza, durante el próximo período estival, en época coincidente con la de
mayor afluencia turística y de apertura de los grandes establecimientos dedicados al ocio nocturno.
2. Dotar al Destacamento de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico de los medios humanos y materiales necesarios para ello, tales como ambulancia, médico, etc., a fin de que dichos controles puedan llevarse a cabo con las máximas
garantías.
3. Dar la máxima difusión al establecimiento de dichas actuaciones, con el objetivo de reforzar su efecto preventivo y disuasorio sobre este tipo de conductas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2009.-José Manuel Bar Cendón, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000051
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Moción consecuencia de interpelación urgente relativa al funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una moción consecuencia de la
interpelación urgente relativa al funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos.
Moción consecuencia de la interpelación urgente
El Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, de Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, regula dicho fondo, las condiciones y requisitos de los beneficiarios a los anticipos y los procedimientos de abono y
reintegro o reembolso.
Dicho Reglamento establece unas condiciones tan restrictivas para poder acceder al mismo, que acaban por desvirtuar el espíritu por el cual fue creado dicho Fondo; así, se establece que los recursos e ingresos económicos de la unidad
familiar computados anualmente no podrán superar la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del IPREM vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos e hijas menores
que integren la unidad familiar, coeficiente que varía en función del número de hijos y que en cifras de 2008, limita que lo puedan solicitar los/as que teniendo un hijo perciban más de 775 euros/mes; si tienen dos, más de 908 euros/mes y si tienen
tres, más de 1.033 euros/mes.
Pueden ser beneficiarios únicamente los menores de edad lo que conlleva que los hijos e hijas mayores de edad pero dependientes económicamente (por estudios, por no haber accedido a un trabajo remunerado...) y que de conformidad con el
Código Civil y con la propia resolución de divorcio de sus padres tienen reconocido un derecho a alimentos, no puedan ser beneficiarios de este Fondo.
El procedimiento que establece el Reglamento para poder acceder al Fondo es excesivamente complicado.
También resulta limitativo el plazo máximo para resolver y notificar al solicitante, que es de tres meses y de dos meses en el procedimiento de urgencia.
Todo ello para percibir una prestación de, como máximo 100 euros por descendiente (aunque lo dispuesto en resolución judicial sea mucho mayor), durante el plazo máximo de 18 meses e incompatible con la percepción de cualquier otra
prestación.
El escaso número de peticiones que ha tenido y que se ha traducido en que se ha rebajado de 10 millones de euros a 300.000 euros el presupuesto consignado en los PGE para el año 2009 para este Fondo, pone de manifiesto que, en la práctica,
queda desnaturalizado el espíritu por el cual se creó, que conviene recordar que no se trata de una prestación social, ni de una ayuda a las prestaciones sociales que puedan otorgar las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos, sino que se trata de
un anticipo que el Estado puede reclamar después del obligado al pago, porque dispone de un título habilitante para subrogarse en el derecho a reclamar que tienen el perceptor y a ello obedece la competencia estatal para regularlo, precisamente a
que se trata de un anticipo y no de una prestación social.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que en el plazo de tres meses realice y remita a esta Cámara un informe en el que analice:
- El funcionamiento del Fondo y en especial las razones por las que el número de solicitudes y resoluciones positivas es tan bajo.
Analice específicamente si obran como elementos disuasorios para la solicitud el conjunto o algunos de los siguientes requisitos contemplados en el Reglamento: El que sea únicamente para menores de edad, el importe máximo de ingresos de la
unidad familiar a la que pertenece el/la menor, el importe máximo mensual
de 100 euros, la duración máxima de la percepción durante 18 meses, el que sea incompatible con cualquier otra prestación o ayuda, el plazo para resolver la solicitud y los trámites y documentación que se deben acompañar a la solicitud.
2. Que proceda a flexibilizar las condiciones para el acceso al Fondo, si del estudio se desprende que las mismas son limitadoras o desvirtúan las razones por las que se creó el mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
173/000052
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente
AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre la autoridad aeronáutica y las administraciones urbanísticas en relación con los aeropuertos de interés general.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de acuerdo con lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de la Interpelación urgente, sobre el
funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre la autoridad aeronáutica y las administraciones urbanísticas en relación con los aeropuertos de interés general.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A la remisión al Congreso, en el plazo de un mes, de un informe de evaluación del grado de cumplimiento, desde su aprobación hasta nuestros días, del Real Decreto 2591/1998, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés general y su
zona de servicio, en relación con los artículos 8, 9, 10 y Disposición Adicional segunda que recoja, cuando menos, los extremos siguientes:
- Relación nominal del conjunto de los Planes directores aeroportuarios que han sido aprobados desde la aprobación del Real Decreto para el conjunto de los aeropuertos de interés general del Estado, especificando los que están en vigor en la
actualidad.
- Relación nominal de Planes especiales o instrumentos análogos que han sido formulados en dicho período por el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea de acuerdo con las previsiones contenidas en el correspondiente Plan
Director del Aeropuerto.
- Relación nominal de Planes especiales o instrumentos equivalentes de desarrollo del sistema general aeroportuario, que han sido tramitados y aprobados, en este mismo período, por las administraciones urbanísticas competentes de conformidad
con lo establecido por la legislación urbanística aplicable.
- Planes especiales o instrumentos equivalentes que en el mismo período han sido informados favorablemente.
- Relación detallada de solicitudes de informe que, en cumplimiento de la Disposición adicional segunda, se han dirigido al Ministerio de Fomento, desde la aprobación del citado Real Decreto por parte de las administraciones públicas
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo con relación a proyectos de planes e instrumentos generales de ordenación urbanística o territorial, o los de su revisión o modificación, así como proyectos de construcción, que afectan
a la zona de servicio de un aeropuerto de interés general o a sus espacios circundantes sujetos a las servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecidas en virtud de la Ley de Navegación Aérea.
- Relación detallada de informes y/o contestaciones remitidos desde el Ministerio de Fomento a todas y cada una de las solicitudes recibidas, especificando en cada caso el tiempo de respuesta y el sentido de la misma.
- Evaluación general por parte del Ministerio del grado de cumplimiento de la ley en los aspectos recogidos en los puntos anteriores.
Propuestas y medidas de actuación que entiende el Ministerio necesarias para un cumplimiento eficaz y
eficiente de las previsiones legales previstas en los aspectos arriba recogidos.
2. A la utilización diligente y eficiente, en todo caso, de los mecanismos de colaboración entre la autoridad aeronáutica y las administraciones urbanísticas, mediante el cumplimiento riguroso de las previsiones establecidas en el Real
Decreto 2591/1998, específicamente en los artículos 8, 9 y 10 y Disposición adicional segunda de dicho Decreto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2009.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
173/000053
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Moción consecuencia de lnterpelación urgente sobre la posición del Gobierno ante la fuerte pérdida de puestos de trabajo, el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Moción consecuencia de la Interpelación Urgente al Gobierno, sobre la
posición del Gobierno ante la fuerte pérdida de puestos de trabajo, el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social.
La crisis por la que atraviesa la economía española está teniendo efectos devastadores para el empleo. La brusca caída de actividad en nuestra economía, que ya ha llegado a la recesión según los datos del INE, está provocando un incremento
del paro y una destrucción de empleo muy superior a la registrada en los países de nuestro entorno.
La tasa de paro de la economía española alcanzó en enero de este año el 14,4%, prácticamente el doble de la media de la Unión Europea. Nueve de cada 10 nuevos parados en 2008 en la Zona Euro fueron españoles.
El número de hogares en los que todos sus miembros estaban en el paro en el cuarto trimestre de 2008 era de 827.200. El número de parados alcanzó en enero la cifra de 3.327.801 personas, el peor dato de la historia de España, y supone
1.065.876 parados más que el mismo mes del año anterior, un 47,12% más.
La destrucción de empleo es brutal. La afiliación a la Seguridad Social descendió el mes pasado en 979.055 personas respecto a enero de 2008, lo que supone un descenso del 5,11 %. Nunca antes en la historia de la Seguridad Social se había
registrado un descenso interanual de la afiliación similar.
La recesión se está agravando por momentos. Mes a mes se incrementa el ritmo de destrucción de empleo, que comenzó en junio de 2008 con un -0.10% interanual, hasta el -5.11% de enero.
Es preciso, en consecuencia, tomar medidas eficaces que contribuyan a invertir esta tendencia y a proteger a quienes se están quedando desamparados por las consecuencias de la fuerte crisis por la que atraviesa nuestro país.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en el marco del Diálogo Social, una reforma laboral similar a la acordada en 1997, que tenga como objetivo prioritario la creación de empleo y en especial, el fomento de la contratación indefinida bonificando las cotizaciones
de los nuevos contratos.
2. Sustituir en 2009, para el caso de los trabajadores asalariados y autónomos, la deducción de 400 euros anuales en la cuota del IRPF aprobada el año pasado por una reducción equivalente de la parte correspondiente al trabajador de las
cotizaciones sociales. Dicha reducción sería aportada directamente por el Estado a la Tesorería de la Seguridad Social. De esta manera, todos los trabajadores y autónomos, especialmente los de menor renta, se verían beneficiados por la medida.
3. Considerar como no consumida la percepción de la prestación por desempleo para aquellos desempleados afectados por suspensiones totales o parciales de los contratos (EREs temporales) que, concluido el periodo de suspensión, y antes de
transcurridos dos
años, vean extinguidos sus contratos por las mismas causas que motivaron el ERE.
4. Incluir entre los beneficiarios del programa de renta activa de inserción a los trabajadores autónomos que hayan cerrado su negocio como consecuencia de la crisis y carezcan de rentas de cualquier naturaleza superior en cómputo mensual
al 75% del SMI.
5. Facilitar el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social para aquellas empresas en situación crítica, modificando la regulación reglamentaria prevista al efecto.
6. Ampliar la partida presupuestaria destinada a Escuelas Taller, para la recolocación de los parados que han agotado los subsidios, y con ello dotarlos de una formación mientras perciben un ingreso, con el propósito de facilitar su
reinserción en el mercado laboral.
7. Permitir la colaboración público privada en los servicios estatales y autonómicos de empleo en tareas como la recolocación, la búsqueda de empleo y la formación.
8. Promover el fomento de la contratación indefinida mediante la ampliación de bonificaciones de los nuevos contratos a tiempo parcial.
9. Estudiar fórmulas que permitan que los trabajadores que lleven más de tres meses sin cobrar su salario puedan optar por rescindir la relación laboral voluntariamente sin que ello dé lugar a la pérdida de la indemnización correspondiente,
ni a la pérdida de la prestación por desempleo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/001334
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Hernando Vera
Texto:
¿Cuál es el contenido del protocolo de colaboración en materia de seguridad firmado con la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Antonio Hernando Vera, Diputado.
181/001335
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Hernando Vera
Texto:
¿En qué consiste el convenio firmado con el Ministerio de Fomento sobre el transporte ferroviario de policías nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Antonio Hernando Vera, Diputado.
181/001336
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Hernando Vera
Texto:
¿A cuánto asciende el presupuesto dedicado a Interior en el Fondo Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, Plan E, y cuáles son sus principales medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Antonio Hernando Vera, Diputado.
181/001337
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Hernando Vera
Texto:
¿Cómo ha evolucionado el despliegue del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) en el año 2008 y cuáles son sus principales previsiones para el 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Antonio Hernando Vera, Diputado.
181/001338
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Hernando Vera
Texto:
¿Cuál ha sido la evolución del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados al control fronterizo y la lucha contra la inmigración ilegal en los últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Antonio Hernando Vera, Diputado.
181/001339
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Hernando Vera
Texto:
¿Cómo valora el Ministerio el descenso de la llegada de inmigrantes ilegales a nuestro país en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Antonio Hernando Vera, Diputado.
181/001340
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Hernando Vera
Texto:
¿Cuál es la valoración que hace el Ministerio sobre las primeras elecciones para constituir el Consejo de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Antonio Hernando Vera, Diputado.
181/001341
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Hernando Vera
Texto:
¿Se han cumplido los objetivos del Plan Director para la mejora de la Convivencia y la Seguridad Escolar, puesto en marcha por el Ministerio en el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Antonio Hernando Vera, Diputado.
181/001346
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Qué acuerdos han alcanzado los Gobiernos de España y Malí para la mejora de la lucha contra la inmigración ilegal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2009.-Carlos González Serna, Diputado.
181/001348
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ricardo Tarno Blanco
Texto:
¿Por qué razón ha ampliado el Ministerio del Interior los puestos de mando de libre designación en el Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2009.-Ricardo Tarno Blanco, Diputado.
181/001363
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Razón por la que el Ministro del Interior ha ampliado el número de puestos de mando de libre designación en el Catálogo del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2009.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
Comisión de Defensa
181/001369
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza
Texto:
¿Cuál es la situación actual y la previsión 2009 del proceso de destrucción de las municiones de racimo, dado que la señora Ministra anunció su finalización en junio 2009 y, sin embargo, el Ministerio de Defensa remitió a la Cámara, en
octubre 2008 un informe totalmente diferente? (5.107.538 de euros coste de la totalidad del proceso; sólo una partida, 1.955.309 de euros en 2009).
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2009.-Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.
181/001370
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza
Texto:
¿Cuál es el calendario de destrucción de las 5.589 municiones de racimo y cuál es la situación actual del proceso de destrucción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2009.-Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.
Comisión de Economía y Hacienda
181/001352
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Álvaro María Nadal Belda
Texto:
¿Operaciones de crédito directo concedidas por el ICO desde el 1 de enero de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Álvaro María Nadal Belda, Diputado.
181/001353
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Álvaro María Nadal Belda
Texto:
¿Qué política de precios se ha seguido en las operaciones de crédito directo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Álvaro María Nadal Belda, Diputado.
181/001354
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Álvaro María Nadal Belda
Texto:
¿Qué política de garantías se ha seguido en las operaciones de crédito directo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Álvaro María Nadal Belda, Diputado.
181/001355
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Álvaro María Nadal Belda
Texto:
¿Qué mandatos se han recibido de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en relación con la política de operaciones crediticias directas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Álvaro María Nadal Belda, Diputado.
181/001356
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Álvaro María Nadal Belda
Texto:
¿Se han mantenido conversaciones con los miembros del Gobierno en relación con la política de créditos directos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Álvaro María Nadal Belda, Diputado.
181/001357
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Álvaro María Nadal Belda
Texto:
¿Participa el ICO en algún crédito sindicado en operaciones empresariales desde el 1 de enero de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Álvaro María Nadal Belda, Diputado.
181/001358
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Álvaro María Nadal Belda
Texto:
¿Cuáles son los créditos sindicados en operaciones empresariales en los que actúa como líder el ICO desde el 1 de enero de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Álvaro María Nadal Belda, Diputado.
181/001359
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Álvaro María Nadal Belda
Texto:
¿Qué opinión le merece: el balance, la solvencia, los recursos propios, los recursos técnicos, los recursos humanos, la morosidad y la naturaleza jurídica a la hora de responder los nuevos productos financieros encargados por el Gobierno
vinculados a la crisis económica española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Álvaro María Nadal Belda, Diputado.
181/001360
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Álvaro María Nadal Belda
Texto:
¿Qué riesgo identifica en el nuevo papel del ICO de cara al próximo ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Álvaro María Nadal Belda, Diputado.
Comisión de Fomento
181/001362
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno culminar en su totalidad la Autovía Palencia-Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2009.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
181/001368
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a la construcción de la estación del AVE en Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2009.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
181/001349
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputado don Francisco Antonio González Pérez
Texto:
¿Qué medidas va adoptar el Gobierno para fomentar la participación de los patrocinadores necesarios en el Plan ADO de cara a los Juegos Olímpicos Londres 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2009.-Francisco Antonio González Pérez, Diputado.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/001333
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Aurelio Romero Girón
Texto:
¿Está dispuesto el Gobierno a desacoplar totalmente las ayudas al arroz que reciben los agricultores arroceros a partir del año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Aurelio Romero Girón, Diputado.
181/001347
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Gabriel Mato Adrover
Texto:
¿Entiende el Gobierno que está defendiendo como 'cuestión de estado' a los productores de plátanos de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2009.-Gabriel Mato Adrover, Diputado.
181/001367
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
Texto:
¿Cuál es la previsión de plazos de ejecución de los regadíos de la zona Norte de Granada en el entorno de Baza-Huéscar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2009.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
Comisión de Administraciones Públicas
181/001361
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones Públicas
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Va a exigir el Gobierno algún tipo de responsabilidad al Delegado del Gobierno en Castilla y León por su continuo engaño a los palentinos en relación con la finalización de la autovía a Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2009.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001364
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuál es la opinión del Gobierno en relación con el incremento de la contratación de Servicios Médicos Privados en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2009.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/001365
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Mario Mingo Zapatero
Texto:
¿Ha previsto el Gobierno un plan de choque para afrontar las consecuencias que la crisis económica tendrá en el funcionamiento del Sistema Nnacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2009.-Mario Mingo Zapatero, Diputado.
Comisión de Igualdad
181/001342
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Francisca Medina Teva
Texto:
¿Qué valoración realiza el Gobierno del Informe de UNIFEM 'El progreso de las mujeres en el mundo 2008/2009?' ¿quién responde a las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Francisca Medina Teva, Diputada.
181/001343
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Francisca Medina Teva
Texto:
¿Qué valoración realiza el Gobierno del recientemente constituido foro CON - FLUENCIA con la participación de mujeres e inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Francisca Medina Teva, Diputada.
181/001344
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Francisca Medina Teva
Texto:
¿Qué acuerdos se han alcanzado con las Comunidades Autónomas en la II Conferencia Sectorial de Igualdad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Francisca Medina Teva, Diputada.
181/001345
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Francisca Medina Teva
Texto:
¿Qué valoración realiza el Gobierno de la constitución formal de la Mesa de Igualdad del Diálogo Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Francisca Medina Teva, Diputada.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/001324
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Gonzalo Robles Orozco
Texto:
¿A qué Organismos Multilaterales ha aportado fondos el Gobierno en concepto a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001325
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Gonzalo Robles Orozco
Texto:
¿Qué mecanismos de seguimiento ha establecido el Gobierno para los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo destinados a Organismos Multilaterales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001326
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Gonzalo Robles Orozco
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la presencia de directivos españoles en los Organismos Multilaterales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001327
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Gonzalo Robles Orozco
Texto:
¿Qué programas y proyectos se han financiado en 2008 con la Ayuda Oficial al Desarrollo española destinada a Organismos Multilaterales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001328
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Gonzalo Robles Orozco
Texto:
¿En qué países se están desarrollando los programas y proyectos que se han financiado en 2008 con la Ayuda Oficial al Desarrollo española destinada a Organismos Multilaterales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001329
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Gonzalo Robles Orozco
Texto:
¿Qué aportación ha hecho el Gobierno para seguridad alimentaria en la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, celebrada en Madrid los días 26 y 27 de enero de 2009, y a qué partida o partidas presupuestarias
están cargadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001330
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Gonzalo Robles Orozco
Texto:
¿Cuáles han sido los gastos de organización de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, celebrada en Madrid los días 26 y 27 de enero de 2009, sufragados por el Gobierno español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001331
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Gonzalo Robles Orozco
Texto:
¿Qué países se han comprometido a aportar fondos tras la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, celebrada en Madrid los días 26 y 27 de enero de 2009, y con qué cantidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
181/001332
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Gonzalo Robles Orozco
Texto:
¿Qué Organismos Internacionales van a gestionar los 500 millones de euros comprometidos por España en los próximos cinco años en la pasada Conferencia de Alto Nivel sobre seguridad alimentaria en la FAO, celebrada en Roma en junio de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Interior, las preguntas al
Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
RELACIÓN DE PREGUNTAS
Núm. expte.: 184/023428.
Núm. registro: 27514.
Autor iniciativa: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Objeto iniciativa: Desglose por Comunidades Autónomas y por provincias del número de infracciones penales conocidas por el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (incluidas Policías Autonómicas) en el primer semestre de
los años 2006 a 2008.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 66, de 18 de septiembre de 2008, pág. 878.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001395.
Núm. expte.: 184/023463.
Núm. registro: 27550.
Autor iniciativa: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Objeto iniciativa: Número de inmigrantes ilegales interceptados en aguas territoriales o en costas españolas en el primer semestre del año 2008.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 66, de 18 de septiembre de 2008, pág. 885.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001396.
Núm. expte.: 184/023469.
Núm. registro: 27556.
Autor iniciativa: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Objeto iniciativa: Número de menores no acompañados en situación irregular interceptados en aguas territoriales o en costa en el primer semestre del año 2008.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 66, de 18 de septiembre de 2008, pág. 886.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001397.
Núm. expte.: 184/023470.
Núm. registro: 27557.
Autor iniciativa: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Objeto iniciativa: Número de menores no acompañados en situación irregular interceptados en el interior del territorio español en el primer semestre del año 2008.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 66, de 18 de septiembre de 2008, pág. 886.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001398.
Núm. expte.: 184/023473.
Núm. registro: 27562.
Autor iniciativa: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Objeto iniciativa: Desglose por nacionalidad del número total de menores no acompañados en situación irregular interceptados en España en el primer semestre del año 2008.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 66, de 18 de septiembre de 2008, pág. 886.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001399.
Núm. expte.: 184/023476.
Núm. registro: 27565.
Autor iniciativa: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Objeto iniciativa: Número de extranjeros en situación irregular detenidos por comisión de delitos o faltas en el primer semestre del año 2008.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 66, de 18 de septiembre de 2008, pág. 887.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001400.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000049
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
AUTOR: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5983/2005 y acumuladas, así como votos particulares formulados a las mismas.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata
Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núm. 5983-2005, 8295-2006, 9765-2006, 954-2007, 1264-2007, 2083-2007, 3088-2007, 6968-2007, 7616-2007, 8972-2007, 52-2008 y 2315-2008, planteadas, la primera, por el Juzgado de lo Penal
núm. 1 de Murcia y, las demás, por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, respecto al art. 171.4 del Código Penal en la redacción dada al mismo por el art. 38 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. Han comparecido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer del Tribunal.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7616-2007.
Desestimar las cuestiones de inconstitucionalidad núm. 5983-2005, 8295-2006, 9765-2006, 954-2007, 1264-2007, 2083-2007, 3088-2007, 6968-2007, 8972-2007, 52-2008 y 2315-2008.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 19 de febrero de 2009.
233/000050
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
AUTOR: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por la Sala Segunda del citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 8484/2008.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica
de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez,
Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguienteEn la cuestión de inconstitucionalidad núm. 8484-2008, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria en relación con
el artículo 82.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública de Canarias, por posible contradicción con el artículo 149.1.1,ª 13.ª y 18.ª, de la Constitución. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal
General del Estado, así como el Gobierno y el Parlamento de Canarias. Ha sido ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en su virtud, declarar inconstitucional y nulo el inciso 'en ningún caso el sueldo de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos o escalas del grupo E podrá ser inferior al salario
mínimo interprofesional' del art. 82.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública de Canarias.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 23 de febrero de 2009.