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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 63, de 12/09/2008
parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de septiembre de 2008
Núm. 63
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
158/000011 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Defensa, para el desarrollo y estudio de los mecanismos de control parlamentario, especialmente presupuestarios, sobre el envío de fuerzas militares en
operaciones exteriores, en cumplimiento de las previsiones normativas de los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)...
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/000334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la unidad en la lucha contra el terrorismo... (Página 15)
161/000344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se impulsa la compensación a los perjudicados por la incautación de moneda republicana en la época franquista...
161/000353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se insta al Gobierno a incluir diversas medidas en su propuesta de reforma de la Ley
Orgánica de Extranjería... (Página 18)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de apoyo a las actividades culturales previstas en el marco de la celebración de la capitalidad
cultural del mundo árabe en Jerusalén Este... (Página 19)
161/000336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la paralización del intercambio de armamento y la cooperación militar con Israel, tanto
bilateral como en el marco de organismos internacionales como la OTAN... (Página 19)
161/000337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre relaciones con el Gobierno de Guinea Ecuatorial... (Página 20)
161/000338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Sáhara Occidental... (Página 21)
161/000339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre Colombia... (Página 22)
Comisión de Justicia
161/000322 Proposición no de Ley relativa a la querella presentada por ciudadanos españoles víctimas del nazismo ante la Audiencia Nacional...
(Página 23)
161/000323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Juzgado de lo Mercantil en Algeciras (Cádiz)... (Página 24)
161/000325 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que la apología a la pedofilia se tipifique como delito en el Código Penal...
161/000342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación del segundo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social en Algeciras (Cádiz)... (Página 26)
Comisión de Interior
161/000328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre permuta del edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios (OTP) de Las Palmas... (Página 27)
161/000343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del Código Penal o la Ley de Víctimas del Terrorismo para la mejor protección de las víctimas del terrorismo...
Comisión de Economía y Hacienda
161/000316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los criterios de valoración catastral de los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES)... (Página 29)
161/000326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación del Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los
bienes inmuebles de características especiales... (Página 30)
161/000333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para el mantenimiento del carácter público de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)... (Página 30)
161/000350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción...
161/000358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la elaboración de un plan de comprobación de deportistas con residencia en paraísos
fiscales... (Página 33)
Comisión de Fomento
161/000318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre firma del convenio negociado con el Ayuntamiento de Altura (Castellón) y licitación de las obras del acceso de dicha población a la autovía
Sagunto-Somport en el ejercicio de 2008... (Página 34)
161/000340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modernización de los vagones del Talgo Altaria que une Algeciras y Madrid... (Página 35)
161/000341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso al desarrollo del Campo de Gibraltar para reducir la incidencia de la puesta en marcha en la orilla marroquí del Estrecho de
Gibraltar del superpuerto Tánger-Med... (Página 35)
161/000351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para la reforma del sistema aeroportuario con carácter previo a la posible privatización parcial o total de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA)... (Página 36)
161/000363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Director del aeropuerto de Alvedro en A Coruña... (Página 36)
161/000377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de líneas de alta velocidad en Galicia... (Página 37)
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
161/000040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la declaración del año 2009 como Año Ferrer i Guàrdia en el Estado español. Pasa a
tramitarse ante la Comisión de Cultura... (Página 38)
161/000096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas de integración laboral y social de las personas transexuales. Pasa a tramitarse
ante la Comisión de Igualdad... (Página 38)
161/000330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la reforma de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) destinado a otros fines de interés social... (Página 38)
161/000349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la mejora de la financiación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia... (Página 39)
161/000374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha de medidas concretas sobre la conciliación de la vida laboral y familiar... (Página 41)
161/000375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que las bonificaciones en materia de transportes sean acumulables para las familias numerosas... (Página 41)
161/000376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación del Plan Integral de atención para los menores de tres años en situación de dependencia...
(Página
42)
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/000324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la inmediata suspensión de la moratoria impuesta por España a los trabajadores búlgaros y
rumanos... (Página 43)
161/000361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se insta al Gobierno a emprender las reformas normativas necesarias en materia de
Seguridad Social relativas a los años de prestación del servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria... (Página 44)
161/000365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a remitir trimestralmente a la Cámara información sobre la situación de la inmigración en España...
161/000366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la promoción de centros de acogida de menores no acompañados en países de origen... (Página 46)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los biocombustibles... (Página 46)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la declaración de un santuario de túnidos al sur de las Illes Balears...
161/000356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC)... (Página
48)
161/000357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las cuotas lácteas en la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC)...
161/000364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la realización de las obras pendientes para lograr el buen funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Guillarei, en Tui
(Pontevedra)... (Página 50)
Comisión de Administraciones Públicas
161/000327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre acceso a la información pública... (Página 51)
161/000345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la incorporación de las distintas lenguas estatutariamente oficiales en los sitios web de la Administración General del
Estado... (Página 51)
Comisión de Cultura
161/000347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo del Ministerio de Cultura al Patronato de la Fundación Prudenci Bertrana... (Página 52)
161/000352 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la consideración de la cocina y la gastronomía españolas como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural...
(Página
53)
Comisión de Vivienda
161/000354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la crisis del sector de la construcción... (Página 53)
161/000355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Plan de rehabilitación ecológica de edificios 2009-2012...
(Página
54)
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para paliar los efectos negativos del sector financiero con las empresas de innovación... (Página 55)
161/000368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adaptación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)...
161/000369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un nuevo modelo de formación-investigación para jóvenes investigadores... (Página 57)
161/000370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mejorar el apoyo a los centros tecnológicos en el marco de las políticas estatales de I+D+i... (Página
58)
161/000371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para paliar las dificultades del mundo universitario e investigador y de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) en sus
trabajos de organización y ejecución...
(Página 59)
161/000372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de un mecanismo claro de interacciones entre la I+D financiada con fondos públicos y las empresas...
161/000373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la eliminación de barreras de reglamentación comunitaria en los apoyos a la I+D+i... (Página 60)
Comisión de Igualdad
161/000319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha de un Plan Integral contra la explotación sexual... (Página 61)
161/000320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre flexibilización de horarios y el teletrabajo como medida de conciliación personal, familiar y laboral...
(Página
62)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar medidas tendentes a hacer totalmente accesible el aeropuerto de Málaga... (Página 62)
161/000360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de mecanismos eficaces de inspección y control que impidan el juego ilegal, en colaboración con la 'plataforma en
defensa del cupón'... (Página 63)
161/000362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas especiales para personas trabajadoras discapacitadas en materia de protección
social... (Página 64)
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
161/000329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al estudio de mejoras en la señalización de los pasos de peatones... (Página 65)
161/000332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión de la pérdida de puntos por parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano... (Página
65)
161/000346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas necesarias para recoger en la Inspección Técnica de los Vehículos la lectura del cuentakilómetros... (Página 66)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000428 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de las quejas de las empresas españolas con intereses en Argelia por considerar que no están suficientemente defendidos
sus intereses empresariales... (Página 67)
Comisión de Justicia
181/000392 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre intención de unificar los juzgados en la ciudad de Palencia en una sola sede... (Página 67)
Comisión de Interior
181/000372 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre medidas para favorecer el normal desarrollo de la operación Paso del Estrecho 2008 y su valoración... (Página 67)
181/000376 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre valoración de los distintos instrumentos operativos y de coordinación puestos en marcha para la lucha contra la criminalidad organizada...
181/000377 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre medidas para garantizar la seguridad ciudadana en la Expo 2008 de Zaragoza... (Página 68)
181/000381 Pregunta formulada por el Diputado don Aurelio Sánchez Ramos (GP), sobre acontecimientos acaecidos el día 09/07/2008 y medidas tomadas ante la concentración de los sindicatos policiales, SUP, UFP y CEP en las inmediaciones de la
frontera con Gibraltar... (Página 68)
181/000390 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre previsiones del Ministro del Interior de reunirse en próximas fechas con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil...
181/000422 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Tarno Blanco (GP) y doña Carmen Navarro Cruz (GP), sobre circunstancias en las que se produjeron los hechos acaecidos en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, por los que se
produjo un robo de aproximadamente 100 kg. de cocaína, el día 20/07/2008... (Página 68)
181/000429 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), relativa a la planificación sobre la permanencia del centro de internamiento de extranjeros de Algeciras (Cádiz)... (Página 68)
Comisión de Defensa
181/000339 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Reinares Fernández (GP), sobre conocimiento por el Gobierno de los planes de actuación de una determinada empresa en relación con el futuro de las fábricas de armas de Oviedo y de
Trubia... (Página 68)
181/000345 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Reinares Fernández (GP), sobre previsión acerca de desarrollar el protocolo de convenio suscrito el 23 de abril de 2003 entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Oviedo y Santa
Bárbara Sistemas, para crear el Museo Histórico de Tecnología e Industria Militar de Asturias en Trubia (Oviedo)... (Página 69)
181/000353 Pregunta formulada por la Diputada doña Belén María do Campo Piñeiro (GP), sobre intención del Ministerio de Defensa de ceder el acuartelamiento de Atocha al Ayuntamiento de A Coruña... (Página 69)
181/000380 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre coste, desglosado por capítulos, de la Unidad Militar de Emergencias... (Página 69)
181/000382 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre coste total, por capítulos, de la puesta en servicio para la operación del secuestro del 'Playa de Bakio' de los aviones Orión...
181/000383 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre actuaciones llevadas a cabo por los aviones Orión una vez situados en la zona del secuestro del 'Playa de Bakio'...
181/000384 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre orden transmitida para enviar los aviones Orión a la zona de Somalia... (Página 69)
181/000385 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre órdenes transmitidas al Comandante de la fragata 'Méndez Núñez' una vez liberados los pescadores del 'Playa de Bakio'...
181/000386 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre órdenes de actuación cursadas a los respectivos pilotos de los aviones Orión durante su estancia en el teatro de operaciones de
Somalia... (Página 70)
181/000387 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre instrucciones dadas al Comandante de la fragata 'Méndez Núñez' para interrumpir su misión y partir hacia Somalia...
181/000388 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre coste del desplazamiento de la fragata 'Méndez Núñez' a Somalia... (Página 70)
181/000389 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre órdenes cursadas, una vez liberados los pescadores, a los pilotos de los aviones Orión situados en Somalia...
181/000399 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre política del Ministerio de Defensa en relación con el aprovechamiento de sus propiedades con el objetivo de generar recursos para la
modernización de las Fuerzas Armadas... (Página 70)
181/000400 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre coste de la Unidad Militar de Emergencias... (Página 70)
181/000402 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre actuaciones para la implantación de la red de mando y control para la modernización del sistema de información...
181/000414 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre instrucciones que recibió el Comandante de la fragata 'Méndez Núñez' para interrumpir su misión y partir hacia Somalia...
181/000415 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre coste total de la puesta en servicio para la operación del secuestro del 'Playa de Bakio' de los aviones Orión...
181/000416 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre actuaciones de los aviones Orión una vez situados en la zona del secuestro del 'Playa de Bakio'... (Página 71)
181/000417 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre orden que se transmitió para enviar los aviones Orión a la zona de Somalia... (Página 71)
181/000418 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre órdenes que se transmitieron al comandante de la fragata 'Méndez Núñez', una vez liberados los pescadores del 'Playa de Bakio'...
181/000419 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre órdenes de actuación que se cursaron a los respectivos pilotos de los aviones Orión durante su estancia en el teatro de operaciones de
Somalia... (Página 72)
181/000420 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre coste del desplazamiento de la fragata 'Méndez Núñez' a Somalia... (Página 72)
181/000421 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre órdenes que se cursaron, una vez liberados los pescadores, a los pilotos de los aviones Orión situados en Somalia...
Comisión de Fomento
181/000341 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre necesidad de comenzar las obras de desdoblamiento del tramo pendiente de la carretera N-340 entre Algeciras, Tarifa y Vejer (Cádiz) por la primera
de dichas localidades... (Página 72)
181/000347 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Reinares Fernández (GP), sobre situación del proyecto de duplicación de la calzada de la calle Nicolás Soria, en Oviedo, por debajo de las vías del ferrocarril...
181/000354 Pregunta formulada por la Diputada doña Belén María do Campo Piñeiro (GP), sobre previsiones del Gobierno con respecto al cumplimiento de la totalidad del Plan Director del aeropuerto de Alvedro en A Coruña...
181/000356 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones acerca de aumentar el número de inspecciones anuales a buques extranjeros dentro del Marco del Memorando de París (MOU)...
181/000373 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre medidas para favorecer una mayor protección de los motoristas en las carreteras de la provincia de Alicante... (Página 73)
181/000423 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre coste total para la conexión férrea de los grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el arco de la bahía de Algeciras
(Cádiz)... (Página 73)
181/000424 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre fecha prevista para la entrada en funcionamiento de la conexión férrea de los grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el
arco de la bahía de Algeciras (Cádiz)...
(Página 73)
181/000425 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre partida económica que se prevé incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 para llevar a cabo la conexión férrea de los
grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el arco de la bahía de Algeciras (Cádiz)... (Página 73)
181/000426 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre trámites realizados para llevar a cabo la conexión férrea de los grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el arco de la bahía
de Algeciras (Cádiz)... (Página 74)
181/000427 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones para llevar a cabo la conexión férrea de los grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el arco de la bahía de
Algeciras (Cádiz)... (Página 74)
181/000431 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre estado en que se encuentra el proyecto de autovía A-76, entre Ourense y Ponferrada... (Página 74)
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
181/000368 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre número de pensionistas del SOVI a los que la Seguridad Social ha reconocido la compatibilidad con la pensión de viudedad hasta la fecha...
181/000369 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre número de pensionistas de incapacidad permanente total cualificada, mayores de sesenta años que se les ha reconocido el complemento de mínimos por la
Seguridad Social hasta la fecha... (Página 74)
181/000370 Pregunta formulada por el Diputado don José Vicente Muñoz Gómez (GS), sobre fecha de inicio de la campaña de difusión de la cultura, la historia y la identidad gitana... (Página 74)
181/000371 Pregunta formulada por el Diputado don José Vicente Muñoz Gómez (GS), sobre acciones para defender ante la Unión Europea, el respeto a la identidad, cultura y lengua gitana, por parte de los actuales integrantes de la Unión
Europea y como requisito previo imprescindible para la entrada de nuevos miembros... (Página 75)
181/000378 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre valoración del hecho de que la Generalitat Valenciana haya implantado un plan piloto para que el próximo curso, alumnos de once colegios públicos de infantil
y primaria de la Comunidad, utilicen uniforme escolar con la justificación de que la medida 'eleva el rendimiento escolar de los alumnos, incrementa la valoración de la actividad docente y consolida el prestigio de la institución'...
181/000393 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GP), sobre reparto de los 871 millones presupuestados para la Ley de Dependencia entre las Comunidades Autónomas... (Página 75)
181/000394 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GP), sobre recursos presupuestarios que se destinan por las Comunidades Autónomas en relación con la aplicación de la Ley de Dependencia...
181/000395 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GP), sobre grado de aplicación de la Ley de Dependencia, así como número de personas que están recibiendo los servicios previstos en la citada ley...
181/000396 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GP), sobre sustitución de los fondos que se destinaban al Plan Gerontológico... (Página 76)
181/000397 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GP), sobre presupuesto destinado a los mayores no dependientes... (Página 76)
181/000398 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GP), sobre previsiones acerca de la firma de convenios extraordinarios con las Comunidades Autónomas para la aplicación de la Ley de Dependencia...
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/000338 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP), sobre medidas adoptadas en relación con el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel para que pueda conservar su catalogación como Reserva de la
Biosfera... (Página 76)
181/000340 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre valoración del informe que ha realizado Greenpeace sobre la contaminación que sufren las costas de la bahía de Algeciras (Cádiz)...
181/000351 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de que actualmente la flota pesquera española que opera en el Índico esté suficientemente protegida...
181/000352 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre valoración por el Gobierno del estado actual del Parque del Miño en el Ayuntamiento de Lugo, a raíz de las obras acometidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte y de los compromisos asumidos con el citado Ayuntamiento... (Página 77)
181/000391 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre valoración de los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que se celebró el día 15/07/2008...
181/000401 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre razones para excluir a representantes del Congreso de los Diputados del Partido Popular en la inauguración de la Agencia de Pesca en Vigo (Pontevedra)...
(Página 77)
Comisión de Administraciones Públicas
181/000344 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Merino López (GP), sobre opinión de la Ministra de Administraciones Públicas acerca de si considera que se ajusta a derecho y es de igualdad que el Alcalde del Ayuntamiento de
Antequera (Málaga) ceda una instalación municipal a un Diputado Nacional para que dé una rueda de prensa y se le deniegue la citada instalación al Grupo de concejales del PP... (Página 77)
181/000355 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Merino López (GP), sobre opinión de la Ministra de Administraciones Públicas acerca de que sea ajustado a derecho que el Alcalde del Ayuntamiento de Antequera (Málaga) deniegue a los
concejales de la oposición el uso de una dependencia municipal para que puedan dar una rueda de prensa... (Página 77)
Comisión de Cultura
181/000357 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre medidas adoptadas por el Ministerio de Cultura para la promoción del teatro español, similares a las aplicadas en relación al cine, tales como la creación
de un Fondo de Promoción, la reserva de cuotas de escenario y exenciones fiscales... (Página 78)
181/000358 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre iniciativas del Ministerio de Cultura para rememorar el 50 aniversario del fallecimiento de Juan Ramón Jiménez... (Página 78)
181/000359 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre criterios para la distribución de las ayudas del Ministerio de Cultura para la celebración de diversos festivales de cine en varias ciudades españolas...
(Página 78)
181/000360 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre razones de los cambios introducidos recientemente en las bases del Premio Velázquez de las Artes Plásticas... (Página 78)
181/000361 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre montante y objetivo de las ayudas directas concedidas por el Ministerio de Cultura, al Palau de la Música Catalana y al Conservatorio del Liceo...
181/000362 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre contenido del Plan de Digitalización y Consulta en Red de los Archivos Nacionales aprobado por el Consejo de Ministros...
(Página
79)
181/000363 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre planes del Ministerio de Cultura para impulsar una modificación de la legislación sobre el mecenazgo cultural... (Página 79)
181/000364 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre cambios introducidos en la estructura y funcionamiento del nuevo Museo Nacional Colegio de San Gregorio...
(Página 79)
181/000365 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre actuaciones del Ministerio de Cultura para la conservación y promoción de las cuevas rupestres en España, catorce de las cuales han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... (Página 79)
181/000366 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre acciones emprendidas por el Ministerio de Cultura para hacer frente a la piratería cultural en Internet... (Página 79)
181/000367 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre iniciativas del Ministerio de Cultura para contribuir al impulso de la industria del libro en España... (Página 79)
Comisión de Ciencia e Innovación
181/000337 Pregunta formulada por la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP), sobre incidencias y retrasos en la resolución de la convocatoria de becas FPU (Formación del Profesorado Universitario)...
(Página
80)
181/000342 Pregunta formulada por la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP), sobre forma en la que se ha desarrollado la previsión de incrementos presupuestarios interanuales dentro del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 para alcanzar
los objetivos del mismo... (Página 80)
181/000343 Pregunta formulada por la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP), sobre forma en la que se ha llevado a cabo la simplificación de convocatorias anuales prevista en el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011...
181/000430 Pregunta formulada por la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP), sobre establecimiento del procedimiento homogéneo (estandarizado) para la evaluación ex-ante de la calidad y excelencia científica, oportunidad, estrategia
y viabilidad tecnológica, respecto a la evaluación de los proyectos de I+D+i... (Página 80)
Comisión de Igualdad
181/000346 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Catalá Verdet (GP), sobre opinión de la Ministra de Igualdad acerca de la igualdad de derecho de los ciudadanos de Comunidades Autónomas, como la Comunitat Valenciana, Murcia y
Castilla-La Mancha, al agua como bien necesario fundamental y no como privilegio en función de su residencia...
(Página 80)
181/000374 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre actuaciones que se van a llevar a cabo en el CEULAJ (Centro Eurolatinoamericano de la Juventud) durante el presente año...
(Página
80)
181/000375 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca de establecer un régimen sancionador eficaz ante las infracciones que vulneran la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad... (Página 81)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000403 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre valoración del desarrollo del Plan de acción para las mujeres con discapacidad... (Página 81)
181/000404 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área I relativa a 'Imágenes y prejuicios'...
181/000405 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área II relativa a 'Vida familiar, relaciones y maternidad'...
181/000406 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área III relativa a 'Educación'... (Página
81)
181/000407 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área IV relativa a 'Empleo'... (Página 82)
181/000408 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área V relativa a 'Poder y participación'...
181/000409 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área VI relativa a 'Violencia'... (Página
82)
181/000410 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área VII relativa a 'Salud'... (Página 82)
181/000411 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre medidas adoptadas dentro del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, en el Área VIII relativa a 'Protección social y jurídica'...
181/000412 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre presupuesto y vigencia del Plan de acción para las mujeres con discapacidad... (Página 82)
181/000413 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Bañuls Ros (GP), sobre presupuesto relativo a las ocho áreas que contiene el Plan de acción para las mujeres con discapacidad... (Página 83)
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
181/000379 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre valoración de la campaña 'Permiso de conducir por un euro al día'... (Página 83)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
232/000013 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada promovido por más de 50 Senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, contra el artículo único de la reforma del Reglamento del Senado de 22 de noviembre de 2007, por el que
se modifica el artículo 184... (Página 83)
233/000007 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5163/2006 y acumuladas, planteadas por el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, respecto al artículo 153.1 del Código Penal en la
redacción dada al mismo por el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género... (Página 84)
233/000008 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 8202/2005 y acumuladas, planteadas por el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete, respecto al primer inciso del artículo 153.1 del
Código Penal en la redacción dada al mismo por el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género... (Página 85)
233/000009 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 6660/2005 y acumuladas, planteadas por el Juzgado de lo Penal número 2 de Toledo, respecto al primer inciso del artículo 153.1 del Código
Penal en la redacción dada al mismo por el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género... (Página 86)
233/000010 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 9579/2005 y acumuladas, planteadas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Alcalá de Henares, respecto al artículo 153.1 del Código
Penal en la redacción dada al mismo por el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género... (Página 86)
233/000011 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 2013/2006, planteada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Donostia-San Sebastián, en relación con el artículo 153.1 del Código Penal,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución Española... (Página 87)
233/000012 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 51/2007, planteada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Murcia, en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, según redacción
dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por posible vulneración de los artículos 10, 14 y 24.2 de la Constitución Española... (Página 88)
233/000013 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 10487/2006, planteada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución Española... (Página 89)
233/000014 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4655/2006, planteada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, en relación con el artículo 153 párrafos 1.º, 2.º y 3.º del Código
Penal, según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por posible vulneración de los artículos 10, 14 y 24.2 de la Constitución Española...
233/000015 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 8300/2007 y otras, planteadas por el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia, respecto al artículo 153.1 del Código
Penal en la redacción dada al mismo por el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género... (Página 90)
233/000016 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 1/2008 y 2169/2008, planteadas por el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid, respecto al artículo 153.1 y 3 del Código
Penal en la redacción dada al mismo por el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género... (Página 91)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000011
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Defensa, para el desarrollo y estudio de los mecanismos de control parlamentario, especialmente presupuestarios, sobre el envío de fuerzas militares en operaciones
exteriores, en cumplimiento de las previsiones normativas de los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Defensa, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe
final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el
procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Defensa, para el desarrollo y estudio de los
mecanismos de control parlamentario, especialmente presupuestarios, sobre el envío de fuerzas militares en operaciones exteriores en cumplimiento de las previsiones normativas de los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre,
de la Defensa Nacional.
Exposición de motivos
Con la nueva Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, aprobada la pasada legislatura, las Cortes Generales afrontaron la necesidad de actualizar las prioridades y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. De esta
manera, se pretendió dar una estructura moderna a los Ejércitos y capacitarlos para responder a los retos que plantean las actuales circunstancias internacionales -completamente distintas a las de 1980 y 1984, fechas de la aprobación de la Ley
anterior y de su reforma parcial-.
Entre los principales avances modernizadores y de mejora del sistema democrático cabe destacar el papel que la Ley otorga al Congreso de los Diputados. A diferencia del modelo anterior en el que toda decisión se tomaba directamente desde el
Gobierno y sin ninguna obligación de someterla a control por parte de la Cámara, el actual modelo prevé la intervención del Congreso de los Diputados a la hora de autorizar el envío o despliegue de las Fuerzas Armadas en operaciones en el exterior;
lo cual constituye un avance que establece el marco general para desarrollar los instrumentos y habilitaciones necesarias conducentes a crear un modelo estatal de control parlamentario de las operaciones exteriores.
Sin embargo, en comparación a los países de nuestro más inmediato entorno todavía hay un largo camino por andar en la senda de un mayor control parlamentario de la política sobre el envío de tropas en misiones exteriores. Asimismo, el
actual grado de transparencia sobre los distintos programas y fondos destinados a dichas misiones deja mucho que desear. Por ello, creemos pertinente cumplir con el mandato implícito de los artículos 17 y 18 que incluye la Ley 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional, e iniciar el estudio de los mecanismos que permitan desarrollarla de forma.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone la creación, en el seno de la Comisión de Defensa, de una Subcomisión para el desarrollo y el estudio de los mecanismos de control parlamentario, especialmente
presupuestarios, sobre el envío de fuerzas militares en operaciones exteriores.
Reglas de organización y funcionamiento:
A) Composición.
La Comisión determinará el número de representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios en la Subcomisión.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá estudiar el desarrollo y el estudio de los mecanismos de control parlamentario, especialmente presupuestarios, sobre el envío de fuerzas militares en operaciones exteriores en cumplimiento de las previsiones normativas
de los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El mencionado estudio, una vez aprobado por la Comisión de Defensa junto con las
conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/000334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Unidad en la lucha contra el
Terrorismo, para su debate en la Comisión Constitucional.
Desde hace varias décadas hemos sufrido el terrorismo de ETA. Durante todos estos años hemos sostenido un combate duro y difícil. Hoy, la fortaleza del Estado de Derecho es mayor que nunca, y, consecuentemente, aunque ETA puede seguir
atentando, es mayor que nunca su debilidad.
En ese ya largo camino, los avances producidos se han debido esencialmente a la firmeza democrática de la sociedad y a la acción sostenida de tres factores básicos de la lucha antiterrorista: la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad,
la cooperación internacional y la unidad y los acuerdos de las fuerzas democráticas y de las Instituciones.
El atentado perpetrado por la organización terrorista ETA el 30 de diciembre de 2006 en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, que costó la vida a los jóvenes inmigrantes ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando
Estacio rompió el autodenominado 'alto el fuego permanente' iniciado por la banda el 24 de marzo de 2006. Este atentado quebró también el proceso de paz anunciado por el Presidente del Gobierno el 29 de junio de 2006. Posteriormente, en diciembre
de 2007, ETA asesinó en Capbreton (Francia) a los Guardias Civiles Raúl Centeno Pallón y Fernando Trapero Blázquez, al ex Concejal de Mondragón Isaías Carrasco Miguel, el 7 de marzo de 2008, y al Guardia Civil Juan Manuel Piñuel Villalón, en el
atentado contra la casa cuartel de Legutiano (Álava) el 14 de marzo de 2008.
ETA es la única responsable de los atentados que ha perpetrado. Su único camino ha de ser el abandono definitivo de las armas y el cese total de la violencia.
Es un principio consolidado en la historia democrática de España que todo Gobierno debe hacer lo que esté en su mano para buscar los caminos de una paz definitiva y conseguir el final del terrorismo, con respeto absoluto a las reglas del
Estado de Derecho, con fidelidad a la Constitución y a la Ley.
Ahora es el tiempo del diálogo y de la unidad de los partidos frente al terrorismo, porque en dicha unidad nos va la defensa de valores que todos compartimos: la vida, la libertad y la paz.
En un asunto de Estado tan importante y delicado como la lucha contra el terrorismo, las fuerzas democráticas deben evitar siempre la instrumentación partidista de los atentados como arma arrojadiza entre los demócratas. La unidad es la
mejor forma de expresar la fortaleza de nuestra sociedad y su voluntad de no ceder a la extorsión de la violencia.
La presente proposición no de ley relativa a las medidas previas para avanzar hacia un nuevo Acuerdo por la Paz y la Libertad, contra el Terrorismo, tiene por objetivo contribuir al final del terrorismo a través de la más amplia unidad
democrática, aunando fuerzas de todos los partidos democráticos de nuestro país, así como de las instituciones -tanto en el ámbito estatal como en las Comunidades Autónomas especialmente del País Vasco y de Navarra- así como de las asociaciones
cívicas y sociales. Alcanzar este objetivo sigue siendo la esperanza irrenunciable del Estado y la ciudadanía.
En definitiva, centramos nuestro esfuerzo en tres ejes principales: la unidad democrática sin exclusiones, la lógica del Estado de Derecho sin atajos, y la acción política frente al terrorismo.
Por ello es fundamental la construcción de un marco permanente de unidad, abierto a todas las fuerzas políticas democráticas, que actualice y respalde una estrategia conjunta y compartida, recogiendo las experiencias de los anteriores
acuerdos de Ajuria Enea y Madrid, así como del Pacto por las libertades y contra el terrorismo, aunque este último ampliado a todas las fuerzas políticas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por todo ello el Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Trabajar por el fin de la violencia terrorista con respeto absoluto a las regias del Estado de Derecho, con fidelidad a la Constitución y a la ley,
2. Articular con las fuerzas políticas democráticas una respuesta compartida frente al terrorismo; anclada en:
a) La solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo, con la aprobación de una Ley Integral.
b) El rechazo de la utilización de la violencia como método de consecución de objetivos políticos y la deslegitimación social del discurso terrorista y de quienes lo justifican.
c) La unanimidad en la condena de todo acto terrorista.
d) El reconocimiento del liderazgo del Gobierno en la lucha contra el terrorismo, tal y como se establece en el artículo 97 de la Constitución.
e) El compromiso de que este espacio de seguridad compartida permanezca fuera del debate político, renunciando a utilizar la política antiterrorista como arma de confrontación electoral.
f) La aplicación de los instrumentos del Estado de Derecho sin políticas de excepción y con pleno respeto de los derechos humanos.
g) El apoyo al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo.
h) La colaboración institucional entre las Instituciones estatales y las de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra; en todos los ámbitos que incidan en el objetivo común de acabar con el terrorismo.
i) La colaboración con los medios de comunicación y con los ciudadanos para que, individualmente y a través de las asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil en que se integran, trabajen por la desaparición de las actitudes fanáticas,
intolerantes y violentas y por la consolidación de la libertad.
j) El trabajo conjunto en el seno de las instituciones de la UE y a escala internacional, a fin de fortalecer la colaboración política, policial y judicial, prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los
cometen.
3. Compartir información, estrategias y medidas, en un marco de confianza y lealtad con la política antiterrorista liderada por el Gobierno.
4. Avanzar en el futuro hacia un amplio Acuerdo que pueda ser suscrito por todas las fuerzas políticas democráticas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta,
para su discusión en la Comisión Constitucional, la siguiente Proposición no de Ley por la que se impulsa la compensación a los perjudicados por la incautación de moneda republicana en la epoca franquista.
Antecedentes
El 27 de agosto de 1938 el Gobierno de Burgos aprobaba dos Decretos por los que se encargaba al Banco de España las operaciones de canje de billetes puestos en circulación con anterioridad al 18 de julio de 1936 que existían en los
territorios 'liberados' y se constituía el 'Tribunal de canje extraordinario de billetes', encargado de fallar las solicitudes de canje en determinados casos.
El mismo día, otro Decreto prohibía la tenencia de papel moneda puesto en curso por la República, comprendiendo tanto los billetes del Banco de España puestos en circulación después del 18 de julio de 1936, los certificados de plata, los
llamados 'talones especiales', como el papel moneda del Tesoro. Los ciudadanos estaban obligados a depositar en el Banco de España, oficinas de banca privada, autoridades militares, funcionarios de aduanas o ayuntamientos dicha moneda, con la
amenaza de ser detenidos y juzgados por contrabando.
El Decreto especificaba que la aprehensión se debía realizar tanto a los prisioneros y cadáveres del enemigo, los evadidos a través del frente, las personas procedentes de la zona republicana, los habitantes de las regiones 'liberadas', así
como las autoridades civiles y militares. La entrega debía hacerse contra expedición del correspondiente resguardo.
Dichos resguardos constituían documentos acreditativos del cumplimiento de la obligación preceptuada, debiendo constar la autoridad
o establecimiento perceptor, el nombre y domicilio del interesado, la cantidad nominal entregada, la clase del papel moneda y la fecha y firma del receptor.
Los bancos privados, ayuntamientos, autoridades militares y funcionarios de aduanas debían entregar los fondos recaudados en la sucursal más próxima del Banco de España, mediante relaciones duplicadas en las que constaran los nombres de los
dadores y la cantidad aportada por cada uno de ellos. El Decreto, asimismo, convenía que una de estas relaciones debía ser devuelta a la entidad entregante.
El destino de estas incautaciones era el llamado 'Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo', constituido en el Banco de España. Como pone de manifiesto José Ángel Sánchez Asiaín, en su discurso publicado por el Boletín de la
Real Academia de la Historia (Tomo CXC-Cuaderno II, mayo-agosto 1993), dicho Fondo era gestionado por un Comité que tenía por objetivos, entre otros, 'deprimir el curso de los billetes rojos en el mercado exterior' y 'atender el costo de servicios
informativos y humanitarios en la zona aún no liberada'. El mismo autor, manifiesta haber encontrado un libro mayor en el Banco de España con las anotaciones del Fondo, la mayor parte de ellos de pequeños importes, alcanzando, hasta finales de
octubre de 1951, la suma de 73,8 millones de pesetas.
Pero esta cifra pone de manifiesto que no todas las cantidades incautadas se integraron en dicho Fondo, ya que en abril de 1939 los billetes puestos en circulación por la República y recogidos
por el Banco de España alcanzaban los 7.707 millones de pesetas.
En relación a los afectados, y a pesar de las reiteradas reclamaciones realizadas ante el Banco de España en los últimos años, la mayoría de ellos no han visto satisfecho su derecho a ser restituidos por la incautación y se desconoce el
número total de afectados. Otros, además, han perdido los recibos o, en ciertos lugares, se entregaban sistemas sustitutivos del recibo, como ocurrió en Mallorca, donde se entregaban pequeñas cruces de madera.
En la anterior legislatura, la tramitación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura, ofrecía esperanzas a muchos de los afectados para reconocer el derecho a la compensación, finalmente no pudo ser así, a pesar de que diversos grupos parlamentarios así lo defendieron.
No cabe ninguna duda de que, como reclaman los perjudicados, es necesario reconocer y reparar la injusticia que sufrieron muchas personas que fueron obligadas a librar sus capitales en moneda republicana sin que, casi setenta años después,
hayan sido compensadas por ello.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites necesarios para realizar un censo correspondiente a las incautaciones del gobierno franquista de papel moneda puesto en curso por la República, tomando en consideración los recibos emitidos existentes en la
actualidad, así como las relaciones al efecto realizadas en su momento y existentes en los archivos del Banco de España o cualquier otra institución o archivo.
2. Restituir a los perjudicados o, en su caso, a sus herederos, los importes de las incautaciones de papel moneda puesto en curso por la República llevadas a cabo durante la dictadura, actualizando las sumas en razón del tiempo transcurrido
desde la efectiva incautación.
3. Prever la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del importe económico de las restituciones que procedan por las incautaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión
Constitucional.
Esta primera década del siglo XXI es un período de grandes migraciones a escala mundial, como lo fue el final del siglo XIX y el principio del XX, fruto de unas fuerzas económicas profundas en el marco del actual proceso de globalización en
curso. Este fenómeno no puede verse como algo temporal, un problema con el que hay que acabar o para el que sea posible una solución final y definitiva, sino un fenómeno constante en el siglo que está comenzando. España es un país receptor, como
lo demuestra el último padrón, con más de cinco millones de residentes extranjeros, el 11,3 % de la población total. Además, se considera que entre 400.000 y 600.000 personas están insuficientemente documentadas después del proceso extraordinario
de regularización del año 2005.
Los análisis más solventes destacan los efectos positivos que la inmigración ha tenido en nuestro país. Su aportación al mercado de trabajo, a la renta per cápita, al crecimiento económico, al incremento del consumo, al superávit de la
seguridad social y a la natalidad es innegable.
En la nueva coyuntura de retroceso económico, sería injusto que las únicas modificaciones de la Ley Orgánica de Extranjería consistieran en la restricción de las reagrupaciones familiares y en el aumento del período máximo de retención en
Centros de Internamiento, como señala la nueva Directiva europea de Retorno.
La inmigración ordenada, mediante Acuerdos bilaterales con los países de origen, junto al establecimiento de cauces ordinarios de regularización de las personas insuficientemente documentadas, en el marco de una política de permeabilidad
inteligente y vinculada al mercado de trabajo, es la única manera de combatir su explotación ilegal y la competencia desleal que genera la economía sumergida, presionando los salarios a la baja y debilitando la eficacia de los convenios colectivos
de sectores como la construcción, la agricultura y los servicios.
De otra parte, las políticas de inmigración y acogida deben estar orientadas no sólo hacia la inserción en el mercado laboral, sino también hacia la integración social en el marco de una ciudadanía inclusiva, asegurando su participación en
el sistema educativo y en la vida administrativa y civil en condiciones de plenitud.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir en su propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Extranjería las siguientes medidas:
a) El restablecimiento de los derechos fundamentales de reunión, asociación y sindicación, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional;
b) El establecimiento de vías legales estables y efectivas para la regularización individual ordinaria de las personas en situación administrativa irregular;
c) La documentación automática de la persona extranjera objeto de expulsión, a la que no se pueda repatriar o expulsar por no ser readmitida por su país de origen;
d) El establecimiento de cauces legales para la concesión de permisos de trabajo a los menores extranjeros con edades comprendidas entre 16 y 18 años, como base y complemento de medidas de educación, formación profesional e inserción
laboral;
e) El acceso al cambio de actividad laboral y su ámbito geográfico desde el primer permiso de trabajo, con el fin de facilitar la movilidad de los trabajadores extranjeros.
2. Promover en el curso del presente año 2008 las reformas normativas que permitan el reconocimiento del derecho de voto activo y pasivo de los extranjeros no comunitarios residentes en España;
3. Promover las reformas legales pertinentes para combatir la explotación laboral de los trabajadores inmigrantes en situación administrativa irregular, especialmente mediante el establecimiento de sanciones efectivas contra los empleadores
e intermediarios;
4. Velar por que los empresarios agrícolas cumplan con su obligación de facilitar alojamiento digno a los trabajadores de temporada, tal y como recogen los convenios del campo;
5. Reforzar el sistema de garantías y de protección de los menores, como la Convención de los Derechos del Niño obliga; clarificar las competencias de cada administración y la dotación a éstas de los suficientes recursos de acogida, tutela
y prestaciones con el objetivo primordial de la protección del menor;
6. Potenciar la contratación en origen y agilizar la gestión administrativa de los Consulados;
7. Humanizar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), eliminando todo carácter penitenciario, garantizando en todo momento su asistencia jurídica; facilitando el acceso de los familiares y la colaboración de las asociaciones
locales especializadas en la atención a inmigrante; y garantizando el acceso al derecho de asilo y refugio mediante la admisión a trámite de cada solicitud y la diligencia en los plazos de resolución;
8. Cancelar la participación de España en los centros de internamiento en los países de origen y tránsito, y renunciar a la creación de otros nuevos;
9. Incrementar los recursos humanos y materiales que garanticen la eficacia de las Oficinas de Extranjería, la agilidad de los procedimientos administrativos, así como la dignidad y calidad del servicio público a los usuarios, evitando la
formación de filas de espera interminables;
10. Seguir incrementando los recursos necesarios para el Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes;
11. Impulsar el desarrollo del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, garantizando la dotación presupuestaria prevista;
12. Impulsar los trabajos de la Subcomisión sobre Políticas de Inmigración, creada en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Desde el inicio del proceso de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, existe el compromiso internacional de reconocer la soberanía Palestina sobre Jerusalén Este, como capital irrenunciable del futuro Estado
Palestino, de acuerdo con la línea de Armisticio de 1948 y en cumplimiento pleno de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pese a los dictados del derecho internacional, incluyendo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el Muro en Palestina, Israel continúa su política de anexión de facto de la parte Este de Jerusalén, incidiendo en la
segregación de los barrios palestinos y en la construcción y ampliación de los asentamientos colonos israelíes, a todas luces ilegales.
Durante el año 2009, Jerusalén Este mantendrá la capitalidad cultural del mundo árabe, siendo así lugar de referencia para la cultura árabe en particular y para el entendimiento y diálogo entre culturas en general.
Pese a que la estrategia de la cooperación Española en los territorios ocupados de Palestina incluye un fuerte componente cultural, a través de becas y lectorados y protección y rehabilitación del patrimonio histórico, España no mantiene, ni
en Jerusalén Este, ni en los territorios ocupados, ningún centro cultural permanente, ni ninguna delegación del Instituto Cervantes, mientras que sí existen centros culturales de otros países de la Unión Europea, como Alemania o Francia.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar, como línea prioritaria de la política de cooperación española para 2009, las actividades culturales previstas en el marco de la celebración de la capitalidad cultural del mundo árabe en Jerusalén Este.
2. Iniciar las tareas necesarias para la instalación, en Jerusalén Este y en Ramallah, de un nuevo Instituto Cervantes o de un Centro Cultural Español, que permita y facilite el conocimiento, diálogo cultural y mutuo entendimiento entre la
cultura Española y la Palestina.
3. No reconocer ninguna soberanía israelí sobre Jerusalén Este, y considere este territorio como ocupado y nunca como anexado, a los efectos de cumplimiento de los tratados comerciales entre la Unión Europea e Israel, así como de cualquier
acuerdo de cooperación bilateral existente entre España e Israel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
En las reglas de cooperación y asociación de la Unión Europea, se contempla una cláusula que prevé la suspensión de acuerdos con todo aquel país que no respete los Derechos Humanos, cuestión que Israel viola abiertamente desde hace años.
Efectivamente, los dirigentes del Estado Israelí rehúsan aplicar la IV Convención
de Ginebra, no reconocen un Estado Palestino o simplemente el derecho palestino a un Estado en las fronteras de 1967, no respetan los acuerdos firmados, no renuncian a la violencia contra la población civil palestina. Sin embargo que
sepamos no se ha hecho ninguna amonestación europea por ello.
El Gobierno de Israel incluso desprecia el dictamen de la Corte Internacional de Justicia del 9 de julio de 2004, que declara la ilegalidad del Muro de anexión israelí en Cisjordania, y requiere a la Comunidad Internacional que asuma sus
responsabilidades para interrumpir su construcción, demoler las partes construidas, y restituir las tierras y los bienes confiscados a la población palestina. Tampoco se conoce ningún procedimiento para obligar a su cumplimiento.
De igual manera, el asedio al que se está sometiendo a la población en Gaza, con cortes arbitrarios y regulares de suministros, lejos de favorecer los intereses de la paz, acrecienta el sufrimiento del pueblo palestino y provoca una
situación humanitaria largamente denunciada por las organizaciones humanitarias y la propia agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
A lo anterior, se suma ahora el racismo de la legislación israelí, en la nueva 'Ley sobre ciudadanía y entrada en Israel' ratificada por el Tribunal Supremo de ese país, que establece explícitamente la imposibilidad para personas palestinas
y árabes israelíes de casarse y vivir juntas. La ley viola la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y asemeja a la impuesta en el régimen del apartheid de la República Sudafricana con la supremacía blanca en la Ley de Prohibición de matrimonios Mixtos, n.º 55 del año
1949.
De la misma forma que se establecieron medidas de rechazo y presión internacional con el régimen de apartheid en Sudáfrica, que llegaban a excluir a este país en la celebración de actos culturales, eventos deportivos y de la establecer
mecanismos de presión que fuercen a Israel a respetar el Derecho y la Justicia internacional.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Paralizar el intercambio de armamento y la cooperación militar con Israel tanto bilateral como en el marco de organismos internacionales como la OTAN.
2.º Promover la supresión del Acuerdo de Asociación de Israel con la Unión Europea firmado en 1995 donde, entre otras cosas se establece que 'las relaciones entre las Partes (Unión Europea-Israel) se deberán basar en el respeto de los
Derechos Humanos y los principios democráticos que dirigen su política nacional e internacional bien individual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre relaciones con el gobierno de
Guinea Ecuatorial, para su debate en la Comisión de Exteriores.
El régimen político de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial sólo puede ser calificado de feroz dictadura militar. Bastaría consultar los últimos informes de Amnistía Internacional para hacer un diagnóstico de cómo ese régimen viola los
derechos humanos: secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, desaparecidos...
Recientemente se han celebrado elecciones municipales y parlamentarias en Guinea Ecuatorial sin las mínimas garantías democráticas exigibles, donde el partido del Presidente Teodoro Obiang consiguió prácticamente el 100 % de los votos en
todo el país.
Paradójicamente una comisión de 3 parlamentarios españoles que visitó Guinea Ecuatorial emitió una declaración conjunta considerando que los comicios supusieron 'un avance en el proceso de democratización iniciado en el país'
En este contexto, consideramos que la política exterior del gobierno español con respecto a Guinea Ecuatorial está marcada por el continuismo en el acercamiento al régimen de Teodoro Obiang con el fin de convencer al mismo de la necesidad de
iniciar un proceso de democratización de Guinea Ecuatorial.
La grave situación económica y social que vive el país a pesar de su riqueza natural y del petróleo junto a la violación sistemática de derechos humanos hace más que cuestionable la posición que mantiene el Gobierno.
Desde nuestro punto de vista, las relaciones políticas y diplomáticas o las relaciones económicas que se quieran mantener con el gobierno de esa dictadura africana, cualquier política de cooperación al desarrollo que se quiera llevar a cabo
en Guinea Ecuatorial desde el Gobierno español debe estar sujeta a una serie de condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos en dicho país y a la apertura de un verdadero proceso democratizador.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reorientar su política exterior y de cooperación con Guinea Ecuatorial condicionándola al respeto de los derechos humanos y la apertura de un proceso democratizador.
- Liderar e iniciar las gestiones oportunas para que tanto desde el ámbito de las relaciones bilaterales corno desde el marco de la Unión Europea se impulse un proceso de reformas democratizadoras con las garantías de un Estado de derecho y
el respeto a los derechos humanos.
- Iniciar las gestiones oportunas en todos los ámbitos para exigir la liberación inmediata con las garantías propias de un Estado de Derecho de los presos políticos actualmente encarcelados en Guinea.
- Iniciar las gestiones oportunas para conseguir y garantizar el regreso de todos los refugiados guineanos actualmente en el exilio que así lo deseen.
- Condicionar la política de cooperación al desarrollo a la constatación de avances en un proceso de democratización en Guinea Ecuatorial, dando prioridad a proyectos de la sociedad civil, proyectos de ONGs españolas o europeas éticas, sin
vinculaciones con el Gobierno, con experiencia trabajo y contrastado y riguroso en el país, especialmente en derecho a la educación y a la salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Sahara Occidental, para su debate en
la Comisión de Asuntos Exteriores.
Las exigencias perentorias que plantea la actual coyuntura internacional, reclaman por parte del Gobierno la adopción de acciones y medidas en todos los campos geopolíticos en los que España tiene comprometida su implicación y, muy
especialmente, en relación con el Sahara Occidental.
Desde que el Reino de Marruecos y el Frente Polisario acordaran buscar una solución al conflicto en el marco de la ONU hace ya 18 años, este organismo ha presentado cinco planes distintos para tratar de desbloquear la negociación entre las
partes. El resultado ha sido hasta ahora muy limitado, pues desde que se puso en marcha el plan de arreglo en 1991, las autoridades marroquíes no han cesado de aplicar tácticas dilatorias que le han servido para ganar tiempo y mantener su ocupación
de facto del territorio.
El 31 de julio de 2003, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1495 que apoyaba el Plan Baker Il. Este Plan de Paz para la libre determinación del Sahara Occidental contemplaba la celebración de dos
procesos electorales: uno para elegir a los miembros de la Asamblea Legislativa y al Jefe Ejecutivo de la Autoridad del Sahara Occidental. El segundo proceso electoral decidiría sobre el estatuto final del territorio en un plazo de cuatro a cinco
años a partir de su aplicación. Mientras el Frente Polisario anunciaba su disposición a explorar esta nueva vía, el Reino de Marruecos la rechazó categóricamente.
El 17 de mayo de 2005, con motivo del Debate sobre el estado de la Nación, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución sobre el Sahara en la que instaba al Gobierno a promover todas las iniciativas políticas orientadas
a alcanzar un acuerdo entre las partes, que respete la legalidad internacional y el legítimo derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. En el último año transcurrido, sin embargo, y pese a la gira realizada por el Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores en Tinduf y Rabat, el Gobierno parece haber mantenido una orientación condescendiente con Marruecos en el conflicto del Sahara. Las declaraciones del Presidente del Gobierno al término de la VIII Reunión de Alto Nivel entre
España y Marruecos, el 6 de marzo de 2007, en las que valoraba positivamente una propuesta marroquí de Autonomía para el Sahara Occidental, generaron la consiguiente preocupación en el ámbito del Congreso de los Diputados. En consecuencia, con su
aproximación a las posiciones de Marruecos en este conflicto, el Gobierno ha incumplido la orientación marcada por el Congreso de los Diputados. Además, el Gobierno ha apoyado activamente el reciente acuerdo de pesca suscrito entre la UE y
Marruecos, que incluye las aguas del Sahara Occidental, lo que ha sido interpretado por el Frente Polisario como un alineamiento con las posiciones expansionistas de Rabat.
Hoy día, 33 años después del inicio de este conflicto, que comenzó cuando Marruecos ocupó la antigua colonia española en 1975, la situación sigue estancada.
De otra parte, se ha agravado la situación humanitaria a la que están sometidos los refugiados desde hace varias décadas, pese a la ayuda española e internacional, se ha incrementado en los últimos meses, pero es todavía insuficiente.
El Gobierno debería aclarar su orientación y mantener los compromisos de Estado adquiridos como Administración
responsable del territorio y mantener su apoyo al legítimo derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, en cumplimiento de las propias resoluciones de la ONU y conforme al Derecho internacional.
La voluntad de cooperación con el vecino Reino de Marruecos debe ser compatible con esa responsabilidad, máxime cuando aquel país es el principal receptor de la ayuda española al desarrollo. En este sentido, merece ser apoyada la iniciativa
del Ministro de Asuntos Exteriores, que ha pedido a Marruecos y Argelia que trabajen conjuntamente en la resolución del contencioso saharaui, en el marco de la integración regional magrebí.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que:
1. Defienda la necesidad de una solución urgente, justa y definitiva al conflicto del Sahara Occidental, en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo a la legalidad internacional.
2. Promueva todas las iniciativas políticas que contribuyan a conseguir un acuerdo consensuado entre las partes, que respete la legalidad internacional y el legítimo derecho del Pueblo Saharaui a la libre determinación y su ejercicio
mediante referéndum de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad.
3. Contribuya al proceso de consenso y acuerdo liderado por Naciones Unidas, adoptando iniciativas políticas en la Unión Europea y en sus Estados miembros para conseguir una implicación activa en la solución del conflicto y que posibilite
una amplia cooperación entre la Unión Europea y el Magreb facilitando, a su vez, el avance en las relaciones entre España y los países que lo integran.
4. Continúe e intensifique la colaboración con el Frente Polisario en relación a la ayuda humanitaria y la cooperación técnica, especialmente a través de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo españolas a los campamentos de
refugiados saharauis, utilizando a tal efecto todos los instrumentos disponibles de la cooperación pública, tanto de la Agencia Española de Cooperación Internacional, como de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, mejorando la
coordinación entre todas.
5. Continúe y amplíe las medidas necesarias que contribuyan a prevenir de forma urgente una crisis alimentaria en los campamentos saharauis, aportando los fondos necesarios al Programa Mundial de Alimentos.
6. Promueva la negociación entre las partes en el marco de Naciones Unidas y jugando un papel equitativo de mediador entre ellas, absteniéndose de apoyar cualquier medida unilateral que debilite sus posibilidades de desempeñar un papel
equitativo en la búsqueda de una solución justa al conflicto .
7. Instar a las autoridades marroquíes a que pongan en libertad a los presos saharauis encarcelados por el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y a que garanticen el respeto a los Derechos Humanos en este conflicto.
8. Se procuren acuerdos con el Estado marroquí a fin de que se permita visitar sin restricciones los territorios saharauis ocupados a una delegación no gubernamental y parlamentaria española, al objeto de acercarse a la realidad actual de
los ciudadanos saharauis en los territorios mencionados.
9. Insta a revisar las ventas de material bélico y/o susceptible de doble uso en el marco de la vigente ley de comercio de armas y del Código de Conducta de la Unión Europea'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Colombia, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
En Colombia se desarrolla un prolongado conflicto armado interno que afecta la estabilidad política y social del país y de la región.
Este conflicto tiene profundas raíces políticas, económicas, sociales e históricas que se remontan a las guerras civiles y levantamientos armados del siglo XIX y a la época de la violencia de los años 40 y 50 del siglo XX.
En desarrollo del conflicto interno y de acciones de las partes relacionadas con el mismo se han producido miles de desapariciones, secuestros y asesinatos. Existen cuatro millones de desplazados internos y miles de refugiados en el
exterior. Igualmente con el pretexto del conflicto las organizaciones políticas de oposición y las organizaciones sindicales y sociales han sido víctimas de sistemáticas políticas de persecución y aniquilamiento.
El pueblo colombiano reclama el fin del conflicto y la construcción de una democracia plena en lo político, lo económico y lo social.
Del mismo modo, podemos afirmar que existen numerosas experiencias en las que se han puesto en práctica teorías y decisiones políticas para la resolución pacifica de los conflictos. De hecho, el estado español ha participado en diversos
esfuerzos e iniciativas para la búsqueda de una solución política dialogada al conflicto colombiano.
España es un Estado Social y Democrático de Derecho con una amplios y diversos vínculos con América Latina, y concretamente con Colombia, por lo que su gobierno no puede pasar por alto esta situación en la implementación de su política
exterior. Conociendo la gran cantidad de acuerdos existentes con el Estado Colombiano, como por ejemplo: el Programa Financiero, renovado en 2005, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el Convenio para Evitar la Doble
Imposición y, sobre todo, el firmado el 23 de enero de 2008, llamado Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), que coloca las relaciones bilaterales en el más alto nivel y que regulará la relación de los dos Estados en ámbitos como inmigración,
comercio, cultura, cooperación judicial o lucha contra 'el terrorismo y el narcotráfico'. Y además, estando al tanto de las ventas de material militar español a Colombia, concretadas en 13 millones de euros el año 1998 y 11 millones de euros en el
año 2003 por la venta de dos aviones militares CN-235.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Reconocer la existencia en Colombia de un conflicto armado interno con sus orígenes políticos, económicos y sociales.
2. Abogar por el respeto al Derecho Humanitario de la Haya y de Ginebra (protección de civiles, prisioneros de guerra, no utilización de medios y métodos prohibidos en la guerra).
3. Suspender la venta de material militar a Colombia mientras no se solucione el conflicto armado interno que vive el país.
4. Apoyar la adopción de la vía del diálogo y la negociación para buscar la terminación del conflicto que vive Colombia y la reconstrucción del país en paz, libertad, democracia y derechos sociales.
5. Vincular los acuerdos con el gobierno colombiano a decisiones y resultados en la observancia y respeto de los derechos humanos y las garantías a los derechos constitucionales de los trabajadores sindicalizados y la oposición política.
6. No tomar ninguna medida que ignore la Proposición no de Ley sobre la suspensión de la venta de armas a Colombia y el condicionamiento de la ayuda al desarrollo al respeto a los derechos humanos aprobada en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados en junio de 2004.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Justicia
161/000322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la querella presentada por ciudadanos españoles víctimas del nazismo ante la Audiencia Nacional para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El 17 de mayo de 2005, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó, con el voto en contra del Grupo Popular, un texto relativo al Holocausto a raíz de una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana que pretendía la dilucidación de las responsabilidades del Estado español en su materialización. El texto aprobado, fruto de una enmienda presentada por el Grupo Socialista al texto dispositivo original, establecía que 'en el
contexto de los actos conmemorativos del final de la II Guerra Mundial y de la liberación de los campos de concentración nazis, el Congreso de los Diputados abordará, en el marco del Informe presentado por la Comisión Interministerial para el
estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, las medidas para establecer un adecuado reconocimiento y lograr la rehabilitación moral, jurídica y, en su caso, económica de las víctimas de la Shoah.'
No obstante, la exposición de motivos de la Proposición no de Ley no fue enmendada por ninguno de los Grupos parlamentarios del Congreso. En ella, se denunciaba el conjunto de Crímenes contra la Humanidad ejecutados por el régimen
nacionalsocialista alemán y, en particular, el asesinato de miles de ciudadanos del Estado español internados en diferentes campos de exterminio a raíz de su detención fuera de las fronteras españolas por parte de las fuerzas de ocupación
hitlerianas como consecuencia de la complicidad puesta de manifiesto entre la cancillería alemana y el Estado español a través de Ramón Serrano Suñer, Ministro de
Interior y de Gobernación entre el 30 de enero de 1938 y el 15 de octubre de 1940 y Ministro de Asuntos Exteriores entre el 16 de octubre de 1940 y el 3 de septiembre de 1942, en el traslado de ciudadanos del Estado español al campo de
exterminio de Mauthausen, y en el que murieron cuatro mil quinientos republicanos considerados 'apátridas'. Por el contrario, la perversa inhibición de las autoridades españolas permitió, en contrapartida, la entrega por parte de la Gestapo de
destacadas personalidades republicanas como Lluís Companys, Joan Peiró, Julián Zugazagoitia, Cipriano Rivas Chériff, etc. Todas ellas ejecutadas.
Aún cuando, el texto aprobado no alcanzaba lo pretendido por el grupo parlamentario proponente, lo cierto es que representaba la adquisición de un compromiso por parte del Congreso de los Diputados respecto a un ámbito hasta entonces tabú en
el parlamentarismo español, máxime cuando incluso se introducía el concepto de rehabilitación 'jurídica'. No obstante, la 'Ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, de 27 diciembre de 2007, obvió fundamentarse en la declaración de la sentencia del Tribunal Militar de Nuremberg de 1946 que califica de Crimen contra la Humanidad el genocidio llevado a cabo por el
totalitarismo nacionalsocialista. Asimismo, la llamada popularmente Ley de la Memoria no reconoció jurídicamente la condición de víctima a las personas físicas y jurídicas represaliadas por los regímenes totalitarios, orilló la condena de Naciones
Unidas del régimen dictatorial español como parte activa del eje nazi fascista, reconoció la legalidad franquista (leyes y tribunales) y, en consecuencia, no cuestionó la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.
Como respuesta, la casi totalidad de las entidades organizadas en favor de trabajar por la rehabilitación de la memoria y los derechos de las víctimas, así como distintas organizaciones internacionales dedicadas a la reparación y
cumplimiento de los Derechos Humanos, se han posicionado de forma crítica respecto a la mencionada ley. Es evidente pues, que el ánimo y la voluntad de consecución de las reparaciones por parte de estas entidades no sólo no se ha visto alterado,
sino que también han supuesto la renovación pública de su compromiso, con el convencimiento que finalmente, la justicia y la democracia se impondrán al olvido.
La querella por Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra presentada el día 19 de junio por parte de diversos supervivientes y familiares de ciudadanos españoles víctimas del nazismo en los campos de exterminio de Mauthausen, Gusen,
Auschwitz, etc., contra cuatro miembros de las SS Totenkopf-Sturmbann residentes en los Estados Unidos, que perdieron la nacionalidad americana porque la justicia probó su pertinencia a dicha organización criminal que actuó en dichos campos, se ha
convertido en una excelente oportunidad para la justicia y una enorme esperanza para avanzar en la consecución de una definitiva reparación de las víctimas. Más aún, cuando en un primer momento ya se ha dado a conocer que la Fiscalía de la
Audiencia Nacional decidió apoyar la querella.
En base a ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de acuerdo con todo lo comprometido por el Estado español con su adhesión en el año 1968 a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los crímenes de Lesa
Humanidad, a impulsar ante la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía General del Estado y en representación de las víctimas, las actuaciones necesarias a fin y efecto que los miembros de las SS Totenkopf-Sturmbann Johann Leprich, Anton Titjung,
Josias Kumpf e Iwan (John) Demjanjuk, residentes en Estados Unidos puedan ser juzgados en el Estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2008.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de un
Juzgado de lo Mercantil en Algeciras (Cádiz) para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En la actualidad, los asuntos de orden jurisdiccional Mercantil que se producen en el Campo de Gibraltar deben ser tramitados y resueltos en el único Juzgado Mercantil existente en la provincia sito en Cádiz, obligando a los ciudadanos
inmersos en procesos judiciales de esta índole a desplazarse hasta la capital gaditana para solucionar estas cuestiones.
El incremento de población que ha experimentado esta comarca gaditana y, con ella, del número de asuntos que se plantean en el ámbito Mercantil, hacen necesaria la implantación de un Juzgado de lo Mercantil en la Comarca del Campo de
Gibraltar. Este aumento poblacional también se traduce, qué duda cabe, en una mayor actividad empresarial, marítimo-portuaria y de
relaciones mercantiles con Gibraltar, ámbito en el que surgen la mayor parte de Ios asuntos mercantiles.
A partir de la aprobación de la Ley Concursal, en julio de 2003, se procede a la creación de los Juzgados de lo Mercantil en toda España, al objeto de enjuiciar los procedimientos concursales previstos en dicha Ley, fundamentalmente
suspensiones de pagos y quiebras de las empresas.
Estos juzgados se crean, en principio, en todas las capitales de provincia, pero admitiendo la posibilidad en dicha Ley de que cuando se den determinadas circunstancias es posible su creación fuera de dichas capitales. En este sentido el
Consejo de Ministros, de fecha 21 de abril del 2006, aprobaba la implantación de dichos juzgados en las ciudades de Gijón y Vigo.
En Algeciras también se dan las circunstancias previstas en la Ley para poder contar con un Juzgado de lo Mercantil con competencias en los partidos judiciales del Campo de Gibraltar, tanto por el número de asuntos que se tratan como por la
distancia geográfica con la capital de la provincia, que hacen ciertamente molesto para los ciudadanos y los profesionales la administración de justicia en este tipo de asuntos.
Argumentos estos que ya sirvieron para la creación en Algeciras de una
Sección de la Audiencia Provincial o el Juzgado Contencioso-Administrativo. Dos actuaciones vitales para que hoy en día la administración de justicia esté completa en cuanto a competencias judiciales, excepto por lo que se refiere a los juzgados
mercantiles creados en el año 2003.
En la actualidad, en la ciudad de Algeciras (Cádiz), está prevista la creación de una Ciudad de la Justicia, y ésta se convierte en el lugar ideal para la ubicación de este Juzgado de lo Mercantil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un Juzgado de lo Mercantil en la ciudad de Algeciras (Cádiz).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.-María Soraya Sáez de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para que la apología a la pedofilia se
tipifique como delito en el Código Penal, para su debate en la Comisión de Justicia.
El abuso sexual infantil es un delito y un tipo de maltrato infantil grave que progresivamente la sociedad ha ido reconociendo, aceptando su existencia e implementando instrumentos (legales, de protección, prevención, etc. para reducir su
incidencia y trabajar para la recuperación de las personas que lo sufren o han sufrido.
En España el abuso sexual infantil tiene una incidencia del 23 por 100 en el caso de las niñas y del 15 por 100 en el caso de los niños menores de 17 años, de los cuales un 60 por 100 no ha recibido ninguna ayuda, según la última estadística
oficial reconocida en estado español correspondiente al año 1994 y publicada por el Dr. Félix López. Estudios más recientes no oficiales como el realizado por la Dra. Noemí Pereda, en el año 2006, con muestras universitarias españolas, han
obtenido resultados similares, un 15,5 por 100 en los varones y un 19 por 100 en las mujeres.
A pesar del trabajo de sensibilización y reconocimiento del abuso sexual infantil todavía queda mucho camino que recorrer, sin ir más lejos en lo relativo a la tipificación como delito de la apología a la pedofilia, respecto la cual algunos
noticias recientes como la polémica convocatoria mediante internet del 'Día Orgullo Pederasta' (que más tarde se ha descubierto que correspondía al año 2006) han puesto de manifiesto que España no cuenta con una legislación para afrontar este tipo
de contenidos a no ser que incluyan alguna foto o vídeo y que por lo tanto puedan considerarse pornografía infantil.
La apología de la pedofilia y el reconocimiento social y legal que persiguen sus seguidores significa tirar por los suelos todo lo que hasta ahora se ha conseguido para erradicar la presencia en nuestra sociedad del abuso sexual infantil.
De entre todos los modelos etiológicos del abuso sexual infantil, el más aceptado es el modelo elaborado por Finkelhor y Krugman, en el que se describen las cuatro condiciones para que el abuso se produzca. Primera condición. Motivación
alta para tener conductas sexuales con un menor, lo cual está asociado con frecuencia a la carencia de otras fuentes de gratificación sexual. Segunda condición, relacionada con la habilidad del agresor para superar sus propias inhibiciones y
miedos, recurriendo para ello al alcohol y las drogas. Tercera condición, por la que se vencen las inhibiciones externas o los factores de protección del niño/a y se consigue la accesibilidad al niño/a. Cuarta condición, que le permite vencer la
resistencia del niño/a, para lo que se recurre al uso de la violencia, de la amenaza, del engaño y de la manipulación.
La apología de la pedofilia refuerza el primer factor puesto que da valor de pseudo ciencia a la motivación hacia los menores y sobretodo refuerza las creencias irracionales y los sistemas cognitivos de este tipo de
personas. De esta manera se sienten justificados y reconocidos socialmente, incluso pueden llevar a pensar que su conducta es beneficiosa para el menor.
No podemos olvidar que una de las características que presentan los pederastas es la falta de empatía, y por esta razón, la apología de la pedofilia provoca el incremento de la indiferencia por el dolor y el malestar de los menores.
Una de las repercusiones del Abuso Sexual Infantil es la hipersexualización y esto es debido a que los niños/as entran en la sexualidad sin respetar su propio proceso evolutivo. El hecho que un menor deba responder a las necesidades
sexuales de un adulto implica entrar en una relación en la que son manipulados, no pueden escoger y no comprenden los juegos sexuales en los que se les hace participar. Si no se respeta el proceso evolutivo del niño/a y se llega a una manipulación
malintencionada de la sexualidad infantil, puede llegarle a ocasionar unas repercusiones psicológicas graves (a corto plazo y en su futuro como adulto).
Organizaciones que trabajan en este campo, como la Fundación Vicki Bernadet, constatan día a día como este problema ha afectado y afecta gravemente a un elevado número de personas, necesitando de un apoyo jurídico y psicológico, personal y
familiar, para mitigar las secuelas del abuso sexual que sufrieron en su niñez. La apología de la pedofilia no tiene en cuenta el sufrimiento de estos menores, que, por encima de todo, merecen un gran respeto y protección ante un delito, así como
la ayuda y la implicación de toda la sociedad con el fin de mitigar el abuso sexual infantil. Así como conlleva un nuevo agravio a las personas adultas que sufrieron abuso sexual en su niñez y que aún hoy padecen sus secuelas.
No debemos olvidar que vivimos en un mundo que se mueve por la Ley de la Oferta y la Demanda. La pornografía infantil estimula, y en ocasiones crea, una demanda que no tiene oferta en el mercado legal. Así pues, aquellos que finalmente
deciden hacer realidad sus 'fantasías' con niños han de pasar necesariamente al terreno delictivo. Si aplicamos la propiedad transitiva llegamos a una conclusión tan clara como evidente: si estos textos y publicaciones estimulan una demanda, y
satisfacer esta demanda es ilegal, dichas publicaciones incitan a la ilegalidad y al delito.
En esta línea, y tal y como ya sucede en los textos que hacen referencia a la apología al racismo y a la xenofobia, se estima oportuna la tipificación como de delito de la apología de la pedofilia, es decir aquellos relatos, textos y
descripciones de abusos sexuales a niños/as.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a realizar las modificaciones legislativas oportunas para que la apología de la pedofilia en España sea tipificada como delito en el Código Penal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el 2.º Juzgado de lo
Contencioso y de lo Social en Algeciras, para su debate en Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La situación de la Administración de Justicia en la provincia de Cádiz se encuentra colapsada.
Por un lado sufre de la carencia de unas infraestructuras judiciales adecuadas, de forma que más del 70 por 100 de los proyectos contemplados en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta de Andalucía y que debía concluir en el 2008
no se han llevado aún a cabo y algunas de ellas acumulan años de retraso como es el caso de las Ciudades de La Justicia de Cádiz, Algeciras y Jerez, o los nuevos Palacios de Justicia de El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando.
Por otro lado una situación aún más grave si cabe es la referida a la saturación generalizada que padecen los juzgados en la provincia de Cádiz.
Según la memoria del Tribunal de Justicia de Andalucía referente a 2007, incrementó de forma importante las denuncias registradas como también lo hizo el número de asuntos pendientes de forma que Cádiz con 12.987 ejecutorias es la provincia
de Andalucía, con más sentencias pendientes de cumplir. Además, queda de manifiesto la sobrecarga de trabajo generalizada a la que están sometidos la mayoría de los juzgados existentes en la provincia, algunos de ellos en límites alarmantes.
El propio TSJA señala la necesidad de seis nuevas salas en la provincia de Cádiz que deberían unirse de forma inmediata a las previstas para el 2008 (el Juzgado de violencia de género de Cádiz capital; el 4.º Juzgado de lo Contencioso en
Cádiz capital y el 3.º Juzgado de lo Social en Jerez) pero que carecen de fecha de entrada en funcionamiento,
Los 6 nuevos juzgados propuestos por el TSJA en el Informe de 2007 son el 2.º Juzgado de lo Contencioso y el 2.º Juzgado de lo Social en Algeciras; el 6.º Juzgado
de Primera Instancia de Jerez (especializado en Familia) y el 5.º Juzgado de Instrucción de Jerez; el 5.º Juzgado de lo Social en Chiclana; y el 4.º Juzgado de lo Social en La Línea.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Justicia, apruebe con carácter inmediato, el 2.º Juzgado de lo Contencioso y el 2.º Juzgado de lo Social en Algeciras, propuestos por el TSJA en su Memoria de
2007.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/000328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 a 195 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta para su debate ante la Comisión de Interior la siguiente Proposición no de Ley sobre permuta del
edificio de la antigua OTP de Las Palmas.
El 29 de marzo de 1946 la Comisión Permanente de la Junta de Obras y Servicios de Puertos de La Luz y Las Palmas aprobó informar favorablemente la cesión de una parcela a la Delegación de Trabajo para construir un edificio de la sección de
Trabajos Portuarios.
Dicha cesión se realizó con una serie de condicionantes entre los que figuraba: 'esta autorización se concede en virtud del carácter eminentemente portuario de la instalación y se considerará anulada si ésta se dedicase a otros fines o
pasase a otros organismos'.
El 18 de julio de 1948 se inauguró el edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios (OTP) en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria. Esta organización fue considerada como una de las grandes obras sociales del momento
pues atendía las necesidades del colectivo laboral portuario y de la familia de estos trabajadores en lo que respectaba a labores del tipo administrativo, médico o social.
Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de mayo, de Servicio Público de Estiba y Desestiba, y conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera, quedó suprimido el organismo autónomo
Organización de Trabajadores Portuarios. No obstante, hasta 1988, fecha en la que el edificio es cedido por el Ministerio de Trabajo al Ministerio de Economía y Hacienda, se continuaron desarrollando en el mismo las funciones y actividades que la
Organización de Trabajadores Portuarios había venido realizando.
En 1993 se dispuso la entrega del inmueble al Ministerio del Interior. El edificio estuvo varios años cerrado, hasta que el Ministerio del Interior lo destinó en febrero de 2004 como sede de la nueva Comisaría de Policía, tras el cierre de
la de Miguel Rosas.
El 'Foro por la Isleta' es un movimiento ciudadano cuya principal lucha, a principios de los años 90, era erradicar la marginalidad del barrio de La Isleta. En aquellos años, uno de los máximos exponentes de la marginalidad era el antiguo
edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios pues estaba abandonado y convertido en un hogar para indigentes.
La Asociación 'Mesa Pro-Patrimonio Cultural de La isleta', movimiento ciudadano que busca recuperar este edificio para transformarlo en un centro polivalente que dé respuesta a las inquietudes culturales de los habitantes del mencionado
barrio capitalino, en particular, y de los de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en general, y que está integrada en el 'Foro por La Isleta', dirige el 15 de mayo de 2002, un escrito a la Delegación del Gobierno de Canarias en el que solicita
la desafectación del antiguo edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios, así como que sea cedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o al Gobierno de Canarias para que sea destinado a un uso sociocultural.
Esta demanda, que surge del movimiento vecinal del barrio capitalino de La Isleta, ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, de las universidades canarias, sindicatos, de varios comités
de empresas, centros de enseñanza, historiadores canarios, asociaciones vecinales, asociaciones culturales y distintas y relevantes personalidades del mundo de la cultura, la política y la sociedad canaria.
El 16 de noviembre de 2006 el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una Proposición no de ley, presentada por todos los grupos parlamentarios en la que la Cámara prestaba su apoyo a la solicitud de desafectación del uso del antiguo
edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios del barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, y en la que instaba al Gobierno de Canarias para que, a su vez, instara al Gobierno del Estado a que ceda al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria o al propio gobierno canario la titularidad del antiguo edificio de la OTP para darle un uso sociocultural.
El pasado 14 de julio de 2008 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó 'la permuta de las instalaciones (edificio administrativo, edificio principal, edificio vestuario y zona exterior) ubicadas en la calle
22 de mayo, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, titularidad
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por el edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios (OTP) sito en la calle Juan Rejón, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, titularidad del Estado (Ministerio del
Interior)', así como el traslado de esta propuesta al Ministerio del Interior para la conversión del antiguo edificio de la OTP en la Casa de la Cultura del barrio de La Isleta, así como, los vestuarios y comedores de Sestiba y la Fundación Puerto
de Las Palmas, dedicada a la producción de actividades culturales y de ocio.
El barrio de La Isleta, situado al extremo norte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es un barrio con personalidad propia, un barrio de orígenes populares que siempre estuvo implicado de manera firme en las distintas luchas por la
mejora de las condiciones de vida de la gente, comprometido con los más débiles, con los que atraviesan peores circunstancias, con los que tienen menos oportunidades; implicado en la solidaria lucha contra la dictadura franquista y en el paulatino
resurgir del movimiento obrero organizado, en condiciones especialmente difíciles, de enorme represión, de cárceles y cementerios; implicado en los albores de la transición, en las incipientes movilizaciones vecinales o en las de apoyo a los
trabajadores portuarios, siempre vinculados al barrio, algunas de consecuencias tremendamente dolorosas.
Sus vecinos estuvieron estrechamente ligados al devenir del Puerto de la Luz y de Las Palmas de Gran Canaria, tanto en sus momentos de esplendor como en los períodos de crisis y sus terribles consecuencias económicas y sociales.
El barrio de La Isleta, está integrado en el distrito Puerto-Canteras, un distrito con más de 72.000 habitantes, y con gran escasez de infraestructuras culturales. Dicho barrio que está caracterizado por un fuerte sentido identitario y un
gran dinamismo social y comercial, ha sufrido importantes transformaciones en las últimas décadas. Sin lugar a dudas, que el antiguo edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios pase a formar parte del proyecto social que demanda el
barrio de La Isleta y sea incluido como infraestructura de uso sociocultural mejorará la calidad de vida de los isleteros y favorecerá su desarrollo social.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que acepte la propuesta de permuta aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas del antiguo edificio de la antigua Organización de Trabajadores
Portuarios, ubicado en la calle Juan Rejón de Las Palmas de Gran Canaria, titularidad del Estado (Ministerio del Interior), por el edificio situado en la calle 22 de mayo, de Las Palmas de Gran Canaria, titularidad de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas con el objetivo de recuperar el primero para darle un uso sociocultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2008.-José Luis Perestelo Rodríguez, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (UPyD), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación del Código Penal o la Ley de
Víctimas del Terrorismo para la mejor protección de las víctimas del terrorismo, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El terrorismo de ETA es posiblemente el más antiguo de Europa y el pueblo español lleva más de cuatro décadas sufriendo el constante acoso de terroristas que asesinan indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños.
Lamentablemente España, y
esto no es bueno, se ha acostumbrado a que estallen bombas en sus calles, playas o aeropuertos. La obligación de cualquier Estado de Derecho y democrático es garantizar la vida de sus ciudadanos y en esta ineludible responsabilidad debe realizar
todos los esfuerzos, poner el 100 por 100 de todos los medios materiales, humanos y jurídicos posibles. La tibieza y la debilidad con los terroristas por parte de cualquier Gobierno es un ataque directo a la vida y seguridad de los ciudadanos y
merma directamente los pilares del sistema democrático y del Estado de Derecho, especialmente los contemplados en los artículos 1.1, 10.1 y 15 de la Constitución Española.
Es obligación de los responsables políticos democráticamente elegidos por los españoles, elaborar las normas jurídicas correspondientes para garantizar al máximo la dignidad (cuya regulación abre nuestro Título I CE) de todos los ciudadanos,
y muy especialmente de aquellos con los que el Estado y los españoles tenemos una deuda simple y llanamente impagable de por vida: las víctimas del terrorismo. La propia existencia en un Estado de Derecho de víctimas del terrorismo ya es un
evidente fracaso de todos en esa finalidad primordial de proteger la vida de los ciudadanos.
En estos últimos meses se están viviendo, especialmente en el País Vasco, situaciones trágicas e inaceptables para una sociedad democrática, sangrantes para las víctimas que, además de haber perdido la vida de sus seres queridos, tienen que
soportar, incrementando su dolor e impotencia, un ordenamiento jurídico que permite
que haya placas en las vías públicas con el nombre de los asesinos de sus familiares, que éstos puedan vivir en tu misma casa o poner un local de negocios en tu mismo edificio o que penas de 3.000 años queden en la realidad reducidas a 18
años. Para los primeros supuestos la sanción de la pena-multa en su máxima cuantía de 400 euros días, podría ser una opción interesante para que abonaran los responsables competenciales del mantenimiento de la placa en la vía pública a los
familiares de la víctima correspondiente por el daño moral causado.
Sólo una sociedad cobarde y sin dignidad puede ceder ante los terroristas y permitir que esto suceda. También parece llegada la hora de que la sociedad española asuma sin complejos la necesidad de que los terroristas con delito de sangre
tengan como justa correspondencia la pena de cadena perpetua, la única sanción mínimamente justa para quien acaba con la vida de los demás.
Por ello la presente proposición no de ley insta al Gobierno para que adopte las medidas legales oportunas para impedir de manera inmediata estas situaciones que atentan directamente contra la más mínima dignidad humana de quienes han
perdido lo más preciado, que es la vida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto (Unión, Progreso y Democracia) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de tres meses un proyecto de Ley Orgánica que contemple lo siguiente:
1. Que ante las situaciones anteriormente descritas se tomen las medidas legales oportunas para erradicarlas inmediatamente, de manera que las víctimas del terrorismo no tengan que soportar en las vías públicas las placas con el nombre de
los asesinos de sus familiares o tener que convivir en el mismo edificio o en un local de negocios perteneciente al mismo con el asesino de sus familiares.
2. Que para ello se estudie si es pertinente hacerlo a través de la Ley de Víctimas del Terrorismo o del Código Penal o de ambas, o de otro cauce jurídico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2008.-Rosa Díez González, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía y Hacienda
161/000316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
criterios de valoración catastral, de BICES, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1467/2007, por el cual se aprueban las normas técnicas de valoración catastral, establece tanto las normas específicas de valoración como los coeficientes correctores diferenciados que deberán de tener en cuenta los
ayuntamientos para fijar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), tales cómo centrales hidroeléctricas, parques eólicos, carreteras, autopistas, etc. La nueva normativa también atribuye
al Catastro la exclusividad para llevar a cabo las ponencias de valores, tomando, como único criterio el método de valoración del citado Real Decreto, que recoge los módulos contemplados en los anexos para cada una de las clases de bienes inmuebles
de características especiales.
Esta nueva legislación afecta negativamente a buena parte de los ayuntamientos gallegos con centrales hidroeléctricas, grandes embalses y presas, ya que con los nuevos criterios de valoración, los valores catastrales de este tipo de bienes e
instalaciones han minorado con respecto a los ya consolidados en el año 2007 y anteriores. De esta forma, la recaudación por el IBI, una de las principias fuentes de ingresos de las arcas municipales ya de por sí deficitarias, ha disminuido
considerablemente.
Por último, es necesario recordar que Galicia ha asumido los costes sociales y medioambientales de los numerosos embalses y centrales hidroeléctricas instalados en su territorio, que han sido fuente de grandes beneficios para sus
propietarios sin que apenas hayan reportado beneficios a la sociedad gallega y, en particular, a sus instituciones, como mecanismo para revertir al pueblo gallego parte de los costes asumidos por estas instalaciones.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el contenido del Real Decreto 1464/2007 en lo relativo al método de valoración de los saltos de agua, presas y embalses, de manera que los nuevos criterios de valoración impliquen
un incremento de valor en los mismos y permita que las Haciendas Municipales compensen el fuerte impacto social y medioambiental que supone su presencia en suelo municipal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Francisco Jorquera Caselas, Diputado.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación del Real
Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Las nuevas normas de valoración catastral del Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, afectan al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en lo tocante a construcciones singulares corno los embalses y presas hidráulicas de más de 30 años.
En este sentido, al modificarse las valoraciones se produce una repercusión negativa en la recaudación de aquellos municipios gallegos en los que están ubicadas tales construcciones. Dado el raquitismo tributario con el que deben atender
sus necesidades los ayuntamientos afectados por la nueva norma y dadas las mayores necesidades de recursos que habitualmente tienen, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Que se modifique el Real Decreto 144/2007, de 2 de noviembre, en el sentido de que dicha modificación establezca una compensación tributaria para que el ayuntamiento afectado por la mencionada norma, no pierda ingresos por la
aplicación de la misma.
Segundo. Revisar los criterios de valoración establecidos y muy singularmente, los que tienen que ver con la valoración de las construcciones de presas hidráulicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para el mantenimiento del carácter público
de AENA y RENFE, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
En nuestro país no se ha realizado una evaluación seria del proceso de privatizaciones y sus implicaciones económicas y sociales, y ni siquiera el Congreso de los Diputados ha participado activamente controlando el proceso que ha supuesto,
hasta la fecha, la desamortización de más de 30.000 millones de euros de activos públicos.
Pero además de la ausencia de control parlamentario en los procesos privatizadores, no es menos importante el mismo vacío a la hora de discutir en sede parlamentaria la política sectorial en materia industrial y de servicios, y el papel del
Sector Público para promover un desarrollo más sostenible, desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La aprobación de la Directiva Europea sobre el Comercio de Servicios en el Mercado Interior de la UE puede ser un paso decisivo hacia la liberalización y privatización de muchos Servicios Públicos de los que depende el bienestar de millones
de ciudadanos, además de amenazar con una ulterior y probable precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de este sector que representa el 70 por 100 del empleo en la UE.
Recientemente, el Gobierno ha anunciado su intención de privatizar parcialmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y modificar la Ley del sector ferroviario.
La privatización de AENA, que ya intentaron llevar a cabo los gobiernos del Partido Popular, podría suponer un empeoramiento generalizado de los servicios que se ofrecen a los usuarios, porque es probable que disminuya el nivel de
inversiones afectando negativamente a la seguridad aeroportuaria y a la navegación. Además, hay que considerar cómo afectaría la entrada de capital privado a los aeropuertos que no son rentables, y que son la mayoría. Solo 15 de las 48
instalaciones aeroportuarias que gestiona AENA aportan beneficios.
La modificación de la Ley del sector ferroviario parece pretender la separación del área de mercancías de RENFE Operadora, mediante la creación de una sociedad independiente y la liberalización de la prestación de los servicios auxiliares al
transporte ferroviario. Esta pretensión también puede provocar la privatización de una parte del operador público y de las terminales de mercancías adscritas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Es necesaria una mayor participación del transporte ferroviario en el sistema de transporte y su integración en el conjunto de la cadena logística, porque no es razonable ni sostenible que el ferrocarril sólo participe en un 3 por 100 en el
transporte de mercancías. Pero las dificultades para aumentar este porcentaje no van a solucionarse con una nueva segregación societaria de Renfe Operadora.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Diseñar una estrategia sobre la configuración y dimensión del sector público para contribuir a la generación de riqueza y empleo estable en nuestro país, y sobre la intervención reguladora del Gobierno en las empresas privatizadas o en
aquellos sectores económicos definidos como estratégicos.
Mantener el carácter público de AENA, tanto en el control del tráfico aéreo, como en la gestión aeroportuaria.
Abrir la participación en AENA a las Administraciones Territoriales, asegurando los mecanismos de financiación y la planificación de inversiones.
Defender la existencia de un operador público de transporte ferroviario y rechazar cualquier medida que desemboque en una privatización parcial o total de los servicios prestados por Renfe Operadora y ADIF.
Desarrollar nuevas infraestructuras ferroviarias para que el ferrocarril aumente su cuota en el transporte de mercancías alcanzando, como mínimo, la media europea del 12 por 100.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000350
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que, en relación con las medidas legales aludidas en la parte dispositiva, que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo de la lucha contra el
fraude fiscal y la corrupción, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Las distintas aproximaciones de organismos de la Unión Europa, el Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto de Crédito Oficial, el Consejo Económico y Social, el Banco de España y el Banco Mundial sitúan la economía sumergida en España
entre el 20 por 100 y el 25 por 100 del PIB, cifra que dobla la media de nuestro entorno europeo y que significa que más de 200.000 millones de euros eluden el pago de impuestos en nuestro país.
Tal y como señala la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado -IHE- a la situación que existe en España desde hace tiempo, con cifras importantes de economía sumergida y fraude fiscal, se le han sumado en los últimos años
dos fenómenos nuevos. Por un lado, una sucesión de casos de corrupción ligados al urbanismo, y de casos de estafas o corrupción de tipo financiero, y, por otro, la consideración de España por los organismos internacionales como paraíso para el
blanqueo de capitales. La situación existente exige una respuesta integral, clara y rotunda, por parte del Gobierno, debiendo adoptar las medidas necesarias de todo tipo para combatir no solo el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, sino
cualquier tipo de corrupción.
Así de entre los datos más recientes que dispone dicha organización cabe señalar el relativo al dato actualizado de los billetes de 500.
Actualmente circulan en España 111 millones de euros en billetes de 500 euros, cuantía que supone un 30
por 100 del total emitido en la Unión Europea y el 64 por 100 del valor total del efectivo en manos de los españoles. La cifra de este tipo de billetes se ha multiplicado por siete respecto de los existentes en el año 2002, año de puesta en
circulación del euro. Según los primeros datos aportados por la AEAT de las investigaciones que se están realizando, la
utilización de estos billetes corresponde en una parte importante a operaciones inmobiliarias.
Sólo el fraude más grave existente en España, que es el fraude Carrusel de IVA, supone, según estimaciones de la Comisión Europea un 20 por 100 de la recaudación de IVA; en España unos 12.000 millones de euros.
También cabe mencionar el reciente macrofraude fiscal en el que se calcula que se pueden haber evadido cerca de 200 millones de euros mediante la colocación de fondos opacos a través de bancos privados, agencias de inversión y asesorías
fiscales y en el que están implicados 198 personas españolas.
Así, haciéndonos eco de las propuestas de los Inspectores de Hacienda del Estado -IHE- resulta imprescindible la existencia de una definida e inquebrantable voluntad política para luchar contra el fraude fiscal y la corrupción que supere la
simple adopción de diversas medidas aisladas pues, como ha ocurrido hasta la fecha, se muestran insuficientes para combatir esta lacra social. Medidas de tipo legal y organizativo que se deben adoptar teniendo en cuenta exclusivamente aspectos
técnicos y profesionales, que han de garantizar en todo caso la independencia de la Inspección de los Tributos en el ejercicio de las funciones encomendadas y que deben venir acompañadas de medios materiales y humanos para su puesta en práctica.
Junto a la tradicional comprobación masiva de contribuyentes perceptores de rentas 'controladas' se debe primar la investigación especialmente en temas como tramas de IVA, sector inmobiliario, operaciones de ingeniería financiera, operaciones con
paraísos fiscales, fraude en las actividades profesionales, facturas falsas en el régimen de módulos o el gran fraude que existe en algunos sectores empresariales.
Por todo ello se presenta la siguiente Proposición no de Ley que persigue el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción implementando las siguientes medidas:
1. Medidas organizativas:
a) Incremento sustancial de los medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria. Concretamente, de la plantilla de Inspectores y Técnicos de Hacienda, dedicada al Control Financiero y Tributario. Paralelamente se procederá a la
eliminación en los Presupuestos Generales del Estado de la limitación de oferta de empleo público que tiene la Agencia Tributaria para paliar la deficiente composición de los equipos y unidades de inspección y la falta de personal administrativo.
b) Aprobación del Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, en la que se definan con claridad las funciones y estructura de esta Organización para acabar con la conflictividad interna que ha lastrado eficacia en la lucha contra el fraude
fiscal en los últimos años y supere la insatisfacción de los funcionarios por la pérdida de poder adquisitivo de sus retribuciones y por la práctica inexistencia de carrera profesional.
Dicho Estatuto regulará un marco jurídico que garantice la máxima independencia en la aplicación del sistema tributario y, por ello, el nombramiento del Director de la AEAT por mayoría cualificada del Parlamento y por un periodo de cinco
años, atribuyendo al Presidente exclusivamente funciones de representación.
c) Reforzamiento de la casi inexistente coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las Administraciones Autonómicas, que también deben involucrarse en la lucha contra el fraude fiscal, en el ámbito de sus competencias.
Mantenimiento de la Unidad de la Agencia Tributaria, y establecimiento de un Pacto de Estado entre el Estado y las Comunidades Autónomas que dé estabilidad a la política tributaria y al sistema de financiación de Comunidades Autónomas y Entidades
locales.
d) Reducción drástica del tiempo de resolución de las reclamaciones contra actuaciones de las Administraciones Tributarias y garantía de la debida especialización tributaria de los funcionarios que ocupan los puestos de vocales y ponentes en
los Tribunales Económico Administrativos.
Para ello se procederá a incrementar los medios en los Tribunales Económico Administrativos, fundamentalmente con funcionarios del Cuerpo de Inspectores y del de Técnicos de Hacienda, se especializarán los Tribunales de Justicia y se
procurará la reducción de la litigiosidad.
Esto redundará en beneficio de la efectividad de las medidas anti-fraude e incrementará la seguridad jurídica de los contribuyentes cumplidores.
2. Medidas legales:
a) Reforma de la figura del delito fiscal como clave de la estrategia de prevención y lucha contra el fraude fiscal con un incremento de las penas y de los plazos de prescripción, así como con la tipificación de nuevos delitos y
circunstancias agravantes.
b) Modificación de la normativa de cesión de tributos a las CCAA para garantizar, en el caso de tributos estatales cedidos, una aplicación homogénea en todo el territorio español de las normas reguladoras y así evitar la deslocalización de
contribuyentes.
c) Aprobación de una Ley Anticorrupción y potenciación de los órganos jurisdiccionales encargados de su represión mediante el auxilio de un mayor número de inspectores y técnicos de Hacienda.
d) Modificación de la normativa del IRPF para que el régimen de módulos se aplique en exclusiva para ventas a consumidores finales.
e) Modificación de los preceptos que facilitan la ingeniería fiscal para evitar una utilización abusiva de los regímenes fiscales especiales, así como suficiente
atribución legal a la inspección de los Tributos de competencias de comprobación de los requisitos para gozar de determinados beneficios fiscales o tributar en regímenes fiscales especiales.
3. Medidas Sectoriales:
a) Concentración de la Inspección en la lucha contra los grandes focos de fraude fiscal:
- Lucha contra la utilización indebida de Convenios Internacionales y la Planificación fiscal abusiva.
- Uso de Paraísos fiscales.
- Redefinición y mayor control de la facturación de los contribuyentes en régimen de módulos. Endurecimiento de las sanciones administrativas y penales por el fraude cometido mediante facturas falsas.
b) Refuerzo del control patrimonial de las personas físicas y jurídicas para detectar incrementos de patrimonio no justificados.
c) Incremento de la colaboración del sistema financiero, para reducir la opacidad de determinadas operaciones y el manejo abusivo del efectivo de alta denominación.
d) Refuerzo de la lucha contra las tramas de defraudación del IVA y el blanqueo de capitales, que tienen un carácter claramente delictivo, mediante:
- La creación de una base de datos europea de estas operaciones liderada por la Agencia Tributaria Española.
- La creación de una Oficina Nacional Antifraude bajo la dependencia funcional de la Agencia Tributaria que asuma las competencias de investigación del blanqueo de capitales y todo tipo de delitos económicos, financieros y de carácter
organizado, de la que dependiera la Policía Fiscal y que integrase, entre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal.
- La creación de una Policía Fiscal en la que se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil junto con Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera.
- La especialización de Fiscales y Jueces en este tipo de fraudes.
- La creación de un régimen especial para este tipo de contribuyentes, que permita su persecución sin endurecer la situación del resto de contribuyentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un plan de
comprobación de deportistas con residencia en paraísos fiscales, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
En España, al igual que el resto de países de nuestro entorno europeo, no existe un régimen especial de tributación para deportistas, sí determinadas ventajas fiscales. Así la legislación sobre el IRPF estipula un tipo de tributación del 43
% que se aplicará a las rentas que sobrepasen los 53.407 euros anuales.
De entre las ventajas fiscales que actualmente gozan los deportistas profesionales y de alto nivel cabe señalar: un régimen fiscal especial en relación con las aportaciones a los planes y fondos de pensiones. Así, además de las
aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados que puedan hacer como cualquier otro contribuyente (con el límite de 10.000 euros anuales), ellos disponen de la posibilidad de hacer otra
aportación adicional a mutualidades de deportistas profesionales por importe de 24.250 euros anuales que pueden empezar a percibir en el momento en que finalice su actividad profesional.
En relación a las exenciones, los ingresos percibidos por los deportistas en concepto de becas pueden quedar exentos hasta el límite de 60.100 euros anuales siempre y cuando la persona tenga reconocida la condición de deportista de alto
nivel y que sean financiadas por el Consejo Superior de Deportes, la Asociación de Deportes Olímpicos, el Comité Olímpico Español o el Comité Paralímpico Español.
Por último, también se contempla la posibilidad de que puedan percibir un 15 % de sus rendimientos como derechos de imagen, hecho que supone una tributación inferior de ese porcentaje de sus rentas, y que no se permite para el resto de
trabajadores por cuenta ajena.
La vida de un deportista de élite es breve pero intensa en términos económicos, hecho que provoca que se haya convertido en un mercado abierto a intereses mercantiles y especulativos. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda
afirma que el fraude fiscal en el deporte de elite es generalizado, y pasa tanto por residencias ficticias como por la canalización de nóminas derivadas, por ejemplo, de campañas publicitarias a través de firmas radicadas en paraísos fiscales.
Una cosa es buscar la mejor planificación de su economía dentro del marco legal existente que le permita asegurarse un futuro en condiciones una vez haya terminado su carrera deportiva y la otra cometer delito fiscal, no porque pague sus
impuestos en un paraíso fiscal sino porque no reside en un país donde ha fijado su residencia.
Partiendo de la hipótesis de que la vida profesional media de un futbolista de elite puede ser entre doce y quince años y que su retribución anual media puede alcanzar aproximadamente, según estadísticas correspondientes a la liga de fútbol
2007/2008 y sin tener en cuenta los derechos de imagen, un millón de euros, podemos concluir que el flujo bruto de retribución media de un futbolista de elite a lo largo de su carrera profesional puede oscilar entre doce y quince millones de euros,
una cantidad claramente superior a la renta media que un ciudadano español pueda llegar a cobrar a lo largo de su vida.
Además, algunos de los personajes más relevantes del deporte estatal se encuentran entre los deportistas con ingresos más elevados, alcanzando cifras de entre diez y veinticinco millones de euros anuales que cobran algunos futbolistas de la
liga española, llegando hasta los treinta y cinco millones de euros por temporada que ingresan las estrellas del automovilismo.
En esta línea, y tal y como manifiesta la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, resulta inadmisible la postura de muchos deportistas que tienen fijada su residencia en territorios calificados de paraísos fiscales, pues si se
consideran españoles para participar en las competiciones deportivas también deberían serlo a la hora de pagar sus impuestos como el resto de sus conciudadanos.
La situación existente en España desde hace tiempo relativa al fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales exige por parte del Gobierno una respuesta integral, clara y rotunda, debiendo adoptar las medidas necesarias para combatir esta
lacra social, pero ninguno de los gobiernos que ha tenido nuestro país ha estado interesado en realizar un estudio en profundidad.
Esta situación resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que las distintas aproximaciones de organismos de la Unión Europa, el Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto de Crédito Oficial, el Consejo Económico y Social, el Banco de
España y el Banco Mundial sitúan la economía sumergida en España entre el 20 % y el 25 % del PIB, cifra que dobla la media de nuestro entorno europeo y que significa que más de 200.000 millones de euros eluden el pago de impuestos en nuestro país.
En este sentido, y haciéndonos eco de las propuestas de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dictar las instrucciones oportunas para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria -AEAT- implemente un Plan de comprobación de deportistas con residencia en paraísos fiscales que
como mínimo contemple las siguientes medidas:
1. La elaboración de un censo permanente de deportistas de nacionalidad española que no tengan fijada su residencia en España, siendo objeto de actuaciones inspectoras para verificar su residencia real.
2. La prohibición a deportistas con residencia en paraísos fiscales, u otros territorios acogidos a un régimen fiscal privilegiado, de no representar a España en acontecimientos o competiciones deportivas.
3. La información relativa a dichas personas relativa a su residencia fiscal declarada y comprobada se hará pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Fomento
161/000318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En la pasada Legislatura el Ministerio de Fomento a través de la Secretaría de Estado de Infraestructuras tenía ultimada la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Altura (Castellón) a fin de conseguir que dicha población tuviera un
acceso directo a la autovía Sagunto-Somport.
El cambio acaecido en el Ayuntamiento de Altura en las elecciones municipales de 2007 ha hecho perder todo el interés hasta ese momento demostrado por el Ministerio de Fomento para la firma del mencionado convenio, en virtud del cual el
Ministerio de Fomento ejecutaría las obras y el Ayuntamiento pondría a su disposición los terrenos necesarios para ello.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Proceder a la firma del convenio ya negociado con el Ayuntamiento de Altura y a licitar las obras del acceso
de Altura a la autovía Sagunto-Somport en el presente ejercicio de 2008.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2008.-Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modernización de los
vagones del Talgo Altaria que une Algeciras y Madrid, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Los vagones del Talgo que cubren la línea Algeciras-Madrid-Algeciras presentan graves deficiencias; deficiencias que han sido incluso denuncias por los propios trabajadores de Renfe, que han calificado estos vagones como los de 'peor
calidad del territorio nacional' de los conocidos como 'Altaria'.
El estado de los vagones en que viajan los usuarios de esta línea férrea acarrea, por un lado, una incomodidad a éstos, por ser obsoletos, además de la mala imagen que ofrece de los servicios públicos que se prestan en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modernización de los vagones del tren Renfe Altaria que cubre el trayecto entre Algeciras (Cádiz) y Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impulso al desarrollo del
Campo de Gibraltar para reducir la incidencia de la puesta en marcha en la orilla marroquí del Estrecho de Gibraltar del Superpuerto Tánger-Med, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Estrecho de Gibraltar es el canal que une el Atlántico con el Mediterráneo y se erige como uno de los puntos clave en el tráfico marítimo mundial, ya que anualmente atraviesan sus aguas unos 100.000 buques.
Conocedor de esta situación y de los beneficios que puede reportarle, Marruecos está construyendo en el estrecho el Superpuerto Tánger-Med, que está llamado a convertirse en uno de los principales competidores en el ámbito marítimo/portuario
de los puertos españoles en el Mediterráneo, especialmente con aquellos más cercanos, donde la competencia va a ser aún mayor: los puertos de Tarifa, y, de manera muy especial, el puerto de Algeciras.
Aunque acaba de entrar en funcionamiento, la apuesta del Gobierno marroquí por esta infraestructura, que ya está planteando ampliaciones en sus instalaciones, va a provocar sin lugar a dudas una incidencia negativa en la economía de esta
comarca gaditana.
Por tanto, es deber de las administraciones el poder prever estos perjuicios a corto plazo y actuar en consecuencia, incidiendo en aquellos instrumentos que deben servir para que la competencia de Tánger-Med tenga la mínima repercusión en
territorio español. En la comarca del Campo de Gibraltar, el principal escollo para el desarrollo de la actividad del puerto de Algeciras y su bahía es la urgente necesidad de acelerar la consecución de infraestructuras portuarias, infraestructuras
férreas, infraestructuras viarias, el desarrollo y ampliación de polígonos industriales, la ampliación de la actuación de la Zona Franca, etcétera, que permitan estar a la altura en lo que a competitividad y prestación de servicios se refiere.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a comprometerse para crear, de forma ágil y lo antes posible, los instrumentos necesarios para mejorar la actividad marítimo/portuaria y posibilitar la creación de empleo en aras a evitar los
posibles riesgos que para la economía del Campo de Gibraltar y el resto de la provincia de Cádiz supone la instauración del puerto marroquí Tánger-Med.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley para la reforma del sistema aeroportuario, con carácter previo a la posible privatización parcial o total de AENA.
Antecedentes
Durante las últimas semanas los medios de comunicación han informado sobre la voluntad del Gobierno de proceder a privatizar parcialmente AENA, la empresa pública responsable de la gestión de los aeropuertos en España, en el contexto de una
amplia reforma del sistema aeroportuario.
La privatización de AENA se ha planteado como una operación financiera que puede permitir rebajar la deuda del ente público, sin que el Estado deje de mantener el control de la sociedad. La importancia de estas decisiones choca con el total
desconocimiento, en el ámbito parlamentario, del futuro modelo aeroportuario que persigue el Gobierno. Por otra parte, la reforma de dicho modelo aeroportuario se plantea en un momento de intenso debate respecto a la conveniencia, o no, de mantener
un sistema aeroportuario centralizado en España, pivotando sobre el aeropuerto de Madrid y la nueva Terminal 4.
Este debate es especialmente agudo en Catalunya donde la sociedad civil y las instituciones públicas catalanas han reivindicado reiteradamente la desclasificación de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell como aeropuertos de interés
general y el traspaso de la gestión del aeropuerto del Prat a un consorcio con participación mayoritaria de las instituciones públicas y privadas catalanas.
Las informaciones de los medios de comunicación apuntan a una primera decisión de privatización parcial de AENA para proceder posteriormente a un cambio de modelo aeroportuario con territorialización parcial de la gestión de cada uno de los
aeropuertos.
No parece oportuno que la reforma de una infraestructura de transportes y comunicaciones tan relevante como el sistema aeroportuario del Estado español deba iniciarse por la privatización parcial del mismo, condicionando con ella toda la
posterior reforma. ¿Quién rompe el monopolio de AENA después de esta decisión?
Además, parecería particularmente incorrecto que este proceso se iniciara sin la preceptiva información previa del Gobierno a las Cortes Generales respecto a las actuaciones y características del futuro modelo aeroportuario.
Y finalmente parecería igualmente incorrecto que la privatización parcial de AENA constituyese la primera respuesta del Gobierno a las demandas de las instituciones públicas y privadas catalanas para participar en la gestión de una
infraestructura económica, de transportes y comunicaciones que resulta fundamental para mejorar la competitividad internacional de la economía, y que en opinión de dichas instituciones, su dependencia centralizada en el conjunto del Estado, no le
permite dar la respuesta oportuna que la economía catalana necesita.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar con urgencia la reforma del sistema aeroportuario, la cual incluirá la apertura de un proceso amplio de descentralización.
2. No adoptar ninguna decisión de privatización de AENA mientras no se haya definido y acordado por las Cortes Generales la concreción de la reforma del modelo aeroportuario.
3. La descentralización del modelo aeroportuario contemplará, en todo caso, la desclasificación de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell, como aeropuertos de interés general y el traspaso de la gestión del aeropuerto del Prat a un
consorcio con participación mayoritaria de las instituciones públicas y privadas catalanas con el acuerdo de la Generalitat de Catalunya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al Plan Director del Aeropuerto de
Alvedro en A Coruña, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Plan Director del Aeropuerto de Alvedro en A Coruña fue aprobado mediante Orden ministerial de 31 de junio de 2001, publicado en el 'BOE' con fecha 12 de septiembre 2001, contempla una serie de actuaciones que permiten al aeropuerto
disponer de una
capacidad suficiente para atender con altos niveles de seguridad y calidad de servicio la demanda prevista hasta por lo menos el año 2015.
El 1 de junio 2005 en la Comisión de Fomento del Senado se aprobó por mayoría el agilizar la ejecución del Plan Director pasados tres años reiteramos esa prioridad.
Por todo ello es necesario acometer en tiempo y presupuestariamente las diferentes actuaciones precisas para atender la demanda, visto que en los dos últimos años el aeropuerto de A Coruña volvió a recuperar el crecimiento de sus tráficos
aéreos.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar la ejecución del Plan Director del aeropuerto de Alvedro en A Coruña sin aplazamientos y priorizando las siguientes actuaciones:
1. Prolongación de la pista de vuelo en 500 metros por la cabecera 04 hacía el sur, así como la construcción de la calle de rodadura de acceso hasta la nueva cabecera.
2. Puesta en funcionamiento de la instalación del sistema antiniebla para categoría II/II del ILS para mejorar la operatividad y facilitar las aproximaciones de las aeronaves en condiciones de muy baja visibilidad.
3. Ejecución de la ampliación de la plataforma sur permitiendo el estacionamiento de tres naves adicionales.
4. Ampliación del aparcamiento de vehículos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2008.-María Belén do Campo Piñeiro, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la construcción de
Líneas de Alta Velocidad en Galicia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Plan Galicia es una iniciativa global, aprobada en Consejo de Ministros en 2003 y que abarca numerosos ámbitos de la realidad socioeconómica gallega, y que surgió como reacción para hacer frente a las consecuencias medioambientales,
económicas y sociales derivadas del accidente del buque 'Prestige' frente a las costas gallegas en noviembre de 2002.
El Partido Popular mantuvo desde siempre una postura clara y firme tanto en el apoyo al íntegro cumplimiento del Plan Galicia como en el control y seguimiento de la puesta en práctica de este compromiso del Estado por parte del Ejecutivo.
Así se puso de relieve al ser el promotor de una moción, aprobada por unanimidad en el Congreso el 22 de junio de 2004, en la cual se instaba al Gobierno a comprometerse a que en materia de alta velocidad ferroviaria determinadas líneas se
encontrasen finalizadas en los siguientes plazos:
AVE Ourense-Lugo: 2009.
AVE Vigo-Ourense (por Cerdedo): 2009.
AVE Corredor Cantábrico: 2012-2014.
AVE Lugo-A Coruña: 2012-2014.
AVE Ponferrada-Monforte: 2012-2014.
AVE Ferrol-A Coruña: 2009.
AVE Vigo-Frontera portuguesa: 2009.
Desgraciadamente, los hechos demuestran que el Gobierno socialista no sólo no ha considerado el Plan Galicia como una prioridad, sino decidió ralentizar e incluso paralizar la ejecución de todas estas infraestructuras. Y ello se ha podido
comprobar tanto en la lentitud de su tramitación administrativa como en la insuficiente dotación de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del calendario fijado en las Cortes.
En ninguna de las líneas de alta velocidad arriba citadas han comenzado las obras salvo en unos pírricos 7,5 km, de modo que todos los plazos de puesta en servicio se verán seriamente afectados.
Es imprescindible para evitar más retrasos acordar unos nuevos plazos de inicio de las obras de estas líneas de alta velocidad en Galicia, así como acordar la utilización del procedimiento de licitación conjunta de proyecto y obra,
imprescindible para acelerarlas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir los siguientes compromisos para la licitación e inicio de obras en las siguientes conexiones de alta velocidad ferroviaria:
- Ourense-Lugo: Licitación conjunta del proyecto y obra antes de rematar 2008.
Ourense-Vigo (por Cerdedo): Licitación conjunta de proyecto y obra en 2009.
Vigo-Frontera portuguesa: Licitación conjunta de proyecto y obra en 2009.
- Lugo-A Coruña: Licitación conjunta del proyecto y obra en 2009.
- Ponferrada-Monforte: Licitación conjunta de proyecto y obra en 2009.
- Ferrol-A Coruña (Betanzos-Ferrol): Licitación conjunta de proyecto y obra en 2010.
- AVE Cantábrico (Ferrol-Bilbao): Licitación conjunta de proyecto y obra en 2010.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2008.-Celso Delgado Arce, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
161/000040
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la declaración del año 2009 como Año Ferrer i Guàrdia en el Estado español, sea debatida en la Comisión de Cultura.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo a la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.- La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 10, de 7 de mayo de 2008.
161/000096
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre medidas de integración laboral y social de las personas transexuales sea debatida en la Comisión de Igualdad.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo a la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.- La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 29, de 9 de junio de 2008.
161/000330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentado Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la asignación tributarla del
0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social, para su debate en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
La reforma de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social tiene como finalidad conjugar la lógica autonómica y estatal optimizando la eficacia de los programas sociales que se llevan a cabo. Para
ello se plantean dos requisitos imprescindibles, se trata de la territorialización a nivel autonómico de la asignación así como el establecimiento de un tramo autonómico.
La territorialización de los recursos asignados a nivel autonómico responde a la necesidad de disminuir la distancia actual entre lo que se recauda y lo que se asigna y conseguir de esta manera una mayor correlación territorial. La
recaudación total en la campaña de renta correspondiente al año 2005 fue aproximadamente de 144 millones de euros.
Según estimaciones de la Taula del Tercer Sector, Catalunya recaudó cuarenta millones de euros; por el contrario, únicamente se
destinaron trece millones de euros para los programas sociales en Catalunya.
Este ejemplo evidencia que más allá de la solidaridad de la lógica solidaridad interterritorial es razonable establecer un criterio que vincule la recaudación y la distribución, más aún cuando la fuente de ingresos no se deriva del nivel de
renta de la población sino de la voluntad de los ciudadanos de un determinado territorio que conscientemente se inclinan por una opción determinada, La media de ciudadanos que marcan la casilla correspondiente a otros fines sociales en la campaña de
renta de 2005 fue del 45 % a nivel de Estado y del 57 % a nivel de Catalunya.
Con respecto al establecimiento de un tramo autonómico del 50 % sobre la recaudación del 0,7 % del IRPF implica que cada gobierno autonómico, en función de las competencias previstas en sus respectivos estatutos, en materia de acción social
y de asociaciones y fundaciones, puedan gestionar en su totalidad la recaudación por este concepto mediante las convocatorias de ayudas que estimen oportunas para hacer efectivos los programas sociales que llevan a cabo las organizaciones sin ánimo
de lucro de su territorio, hecho que, sin duda permite hacer realidad el criterio básico de proximidad en la acción social.
A efectos prácticos las organizaciones autonómicas podrán presentarse a las convocatorias autonómicas y recibirán la asignación del tramo autonómico; las organizaciones o confederaciones que ejecuten programas con lógica estatal se podrán
presentar a la convocatoria de la Secretaria de Asuntos Sociales y recibirán la asignación del tramo estatal; además las organizaciones con carácter estatal que tengan sede en una determinada comunidad u organizaciones autonómicas federadas a nivel
estatal podrán presentarse también a las convocatorias autonómicas cuando sus programas contemplen esta lógica y de acuerdo con las normas que se establezcan.
Además el hecho de que en el presente año se haya pasado del 0,52 % del IRPF al 0,7 % del IRPF implica que el tramo autonómico que aquí se presenta no comportará una pérdida de ingresos a nivel estatal y sí un evidente beneficio para las
organizaciones sin ánimo de lucro que actúan en el territorio.
De esta manera y recogiendo las propuestas de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya sobre la reforma de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno proceder a la reforma de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social la cual deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos:
1. La progresiva territorialización a nivel autonómico de la gestión y distribución del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social.
2. El establecimiento de un tramo autonómico del 50 % sobre la recaudación del 0,7 % del IRPF, el cual será gestionado de manera íntegra por las comunidades autónomas en la próxima campaña de la renta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la financiación de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para su debate en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
La financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) corre a cargo de la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas y las personas directamente beneficiarias -que contribuyen al sistema
doblemente, por vía impositiva y al acceder a las prestaciones-. Según la normativa vigente, la aportación anual de cada comunidad autónoma será, como mínimo, igual a la que efectúe la AGE de acuerdo con el nivel mínimo y el nivel acordado de
protección y se materializará mediante convenios. La aportación extraordinaria -la que se aplica fuera de la vía impositiva- de las personas usuarias se realizará de acuerdo con su capacidad económica (nivel de renta y patrimonio), lo cual puede
resultar disuasorio para acceder al mercado laboral, especialmente al empleo de calidad.
La financiación del nivel mínimo de protección para todo el Estado establecido por la AGE va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y tiene el objetivo de asegurar la igualdad de todos los ciudadanos (art. 9
de la LAPAD). Acorde con este sistema el Estado liquida a las comunidades autónomas el nivel mínimo garantizado en función del número de personas reconocidas. Las cuantías establecidas para el año 2008 son 258 /mes para el grado III,
nivel 2; 175,95 /mes para el grado III, nivel 1, y 100 /mes para el grado II, nivel 2.
Por lo que respecta al nivel acordado entre la AGE y las comunidades autónomas el marco de cooperación se articula mediante convenio. En dichos convenios la AGE y las comunidades autónomas acuerdan los objetivos, medios y recursos para la
aplicación de los servicios y prestaciones e incrementan el nivel mínimo de protección (art. 10 de la LAPAD). En este caso, el reparto no sólo atiende al número de beneficiarios sino que atiende a variables como la población con dependencia,
dispersión geográfica, insularidad, emigrantes retornados, renta por cápita, pensión media de jubilación y otros factores. Cabe señalar que es perverso que el mayor nivel de renta se haga servir para disminuir el importe a recibir por la comunidad
autónoma puesto que un mayor nivel de renta se corresponde con servicios más caros.
La ley también contempla un nivel adicional de protección que pueda establecer cada comunidad autónoma independientemente, y que como en el caso de la Generalitat de Catalunya ya se ha procedido complementando la prestación económica
vinculada al servicio de atención residencial y la relativa a la asistencia personal.
En lo referente a la financiación pública y, a pesar que la LAPAD estipula que el 50 % correrá a cargo de la AGE y el 50 % a cargo de las comunidades autónomas, en realidad y teniendo en cuenta que las comunidades autónomas ya prestaban
servicios de atención a la dependencia que a día de hoy no se contabilizan dentro del marco de financiación de la dependencia, la proporción en el reparto del gasto que se desprende de los datos de la memoria económica de la Ley son 23 % a cargo del
Estado y 42 % a cargo de las Comunidades Autónomas. La previsión de que las personas usuarias financien el 34 % del sistema con aportaciones extraordinarias fuera de la vía impositiva puede requerir fuertes correcciones, si tenemos en cuenta el
bajo nivel de ingresos que se deriva de hechos como tener una tasa de desempleo que triplica la de la población general, pensiones por debajo del IPREM y la generalización de empleos de baja calidad que reportan salarios muy inferiores al salario
medio general. En coherencia con la estrategia diseñada por el Gobierno para crear 200.000 puestos de empleo de calidad para las personas con discapacidad, sería necesario crear un fondo que permita articular medidas reductoras del copago,
incentivando así el acceso al mundo laboral y al empleo de calidad.
A todo ello hay que añadir que las variables que se tienen en cuenta a la hora del reparto de la financiación del nivel acordado no incluyen referencia alguna al coste de la vida de cada una de las comunidades autónomas, hecho que implica
que los servicios de atención a la dependencia sean considerablemente más caros que en otras comunidades.
Así, mientras el precio público de una plaza residencial en Castilla y León es de 8.654 euros anuales, en el caso de Cataluña sería de 15.780
euros (según datos del IMSERSO del año 2006).
Esta diferencia entre la financiación autonómica y la estatal se acentúa todavía más porque los convenios contemplan la financiación de plazas nuevas para el ejercicio presupuestario actual y no el mantenimiento de las ya creadas. De esta
manera anualmente se incrementa la distancia entre la aportación estatal y la autonómica.
Hay que tener en cuenta que la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es parte del ordenamiento jurídico de España desde el pasado 3 de mayo, establece el principio de 'participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad' (art. 3.C), y la obligación de los Estados Parte de garantizar 'la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta' (art.
19.B) y de facilitar 'el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad'. Adecuar a este mandato algunas
prestaciones de la Ley 39/2006 -como el art. 19, que sólo contempla la inclusión laboral y académica, o la DA 3.a que supedita la asistencia tecnológica a disponibilidades presupuestarias- requerirá una financiación extra que podría articularse
mediante la creación de un fondo ad hoc.
Otros aspectos que deberían tenerse en cuenta para la mejora de la financiación de la ley de dependencia son: los costes indirectos de la valoración y gestión de la Ley así como la necesidad de llevar a cabo un mayor esfuerzo inversor en
infraestructuras y servicios.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la reforma del sistema de financiación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el cual
deberá contemplar como mínimo la inclusión de la variable del coste de vida en las diferentes comunidades autónomas, el mantenimiento de las plazas creadas, un plan de inversiones en infraestructuras y servicios y la dotación de un fondo para cubrir
los costes indirectos de la gestión de la Ley. Dicho sistema de financiación también incluirá un fondo adicional para incentivar el empleo de las personas con discapacidad reduciendo el copago y para adecuar las prestaciones a los requerimientos de
la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con el objeto de poner en marcha medidas concretas
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, para su debate en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
Exposición de motivos
La conciliación de la vida familiar y laboral supone un claro incentivo para que las mujeres se incorporen o permanezcan en el mercado de trabajo sin que tengan que renunciar a la maternidad ni a la familia.
El trabajo no puede ser un obstáculo para que la mujer pueda llevar a cabo su derecho a la maternidad. Por ello, se hace necesaria la aplicación y desarrollo de medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar.
El pleno empleo como objetivo irrenunciable de cualquier Gobierno democráticamente avanzado requiere de la participación plena de las mujeres en el mercado de trabajo, tanto en el ámbito público, como en la empresa privada, sin que deban
renunciar a su libertad de elección o a compatibilizarlo con tener una familia.
Para alcanzar este objetivo se hace necesario poner en marcha nuevas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar en nuestro país. El Gobierno se comprometió en la VIII Legislatura a incrementar en 300.000 plazas la oferta de
educación infantil de cero a tres años, sin que este compromiso se llevara a cabo.
Al término de la Legislatura, se aprobó la Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento
de hijo o adopción. En su disposición adicional cuarta se establece que 'el Gobierno impulsará políticas tendentes a desarrollar la escolarización de cero a tres años'.
Nuevamente, se incumple por parte del Gobierno una Ley aprobada, sin que se hayan desarrollado las políticas necesarias para que la escolarización de cero a tres años sea un hecho.
A tenor de lo expuesto, se hace necesario avanzar en todas las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar para que mujeres que quieran incorporarse al mercado laboral, que ya estén incorporadas o que quieran continuar con sus
estudios no se vean obligadas a renunciar a su derecho de maternidad, y por otro lado se pueda alcanzar el objetivo del pleno empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incentivar medidas de conciliación del trabajo y familia, a través de las siguientes medidas:
- Garantizar por Ley, en el marco del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de los padres y madres trabajadores, o de aquellas que cursen estudios, a tener garantizada una plaza en escuelas infantiles o guarderías para sus hijos menores
de tres años.
- Promover acuerdos con los agentes sociales sobre la organización y flexibilidad de los tiempos de trabajo impulsando: la jornada continua, incentivar el trabajo a tiempo parcial, horarios flexibles, en línea con las prácticas habituales
de los países avanzados y el teletrabajo combinado con el trabajo presencial, especialmente para mujeres con cargas familiares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con el objeto de que las bonificaciones en materia
de transportes sean acumulables para las familias numerosas, para su debate en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
Exposición de motivos
Las familias numerosas se han visto seriamente perjudicadas a la hora de disfrutar de los beneficios generales que les otorga la acción protectora de la Ley de Protección a las Familias Numerosas por parte de la Administración General del
Estado.
Entre estos perjuicios, cabe destacar en primer lugar el retraso de más de dos años en la aprobación del Reglamento de la Ley (Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2005) necesario para el desarrollo y aplicación de la norma.
Este retraso impidió a más de quinientas mil familias (tres millones de personas) disfrutar de las bonificaciones del 45 % en las cuotas de la Seguridad Social para los empleados del hogar contratados por los afectados, hasta febrero de
2006, y ello sin efecto retroactivo.
Además, dicho Reglamento presentaba un flagrante recorte de los derechos que habían sido reconocidos por
la Ley de Familias Numerosas, por lo que fue impugnado por la Federación Española de Familias Numerosas.
Uno de los recortes más evidentes, motivo de la demanda, era el relativo a las bonificaciones en materia de transportes, donde el Reglamento establecía que no eran acumulables, cuando la Ley específicamente indicaba lo contrario, que tienen
la naturaleza de mínimos y serán compatibles o acumulables con cualesquiera otros que, por cualquier causa, disfruten los miembros de familias numerosas.
El Tribunal Supremo ha dictaminado a favor de la demanda de la Federación considerando varios puntos del articulado nulos de pleno derecho. Entre los apartados anulados se encuentran los referidos al transporte de viajeros por carretera y
por ferrocarril, donde el TS declara 'nulo' el punto que indica 'estos descuentos no serán acumulables a otros que puedan establecer sobre las tarifas'.
Esto supondrá la obligación, para empresas que presten servicio de transporte terrestre de viajeros, de sumar al descuento que le corresponda a una familia numerosa cualquier otro descuento que beneficie al resto de ciudadanos ya que, de lo
contrario, podrán ser demandadas por incumplimiento de Ley.
De otra parte, en materia educativa, el Supremo también ha declarado nulo un inciso del punto 2 del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Familias Numerosas, que, al establecer el derecho de preferencia de estas familias en el acceso a
becas y ayudas, especificaba 'destinadas a alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos'. El TS considera que no procede hacer distinción de acuerdo a la titularidad de los centros para aplicar el derecho de preferencia de las
familias numerosas, sino que debe entenderse de aplicación en todos los centros educativos, tanto públicos como privados o concertados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las medidas siguientes:
1. Modificar con carácter inmediato los artículos y apartados del Reglamento de la Ley de Familias Numerosas declarados 'nulos de pleno derecho' por la sentencia del Tribunal Supremo, y ello con efecto retroactivo, con la finalidad de
paliar aunque sea en parte los perjuicios ocasionados a dichas familias.
2. Establecer que las bonificaciones en materia de transportes tienen naturaleza de mínimos y serán compatibles o acumulables con cualesquiera otros que, por cualquier causa, disfruten los miembros de familias numerosas.
3. En cumplimiento de la sentencia, se restablecerá el derecho de preferencia de las familias numerosas en el acceso a becas y ayudas a todos los alumnos matriculados en centros educativos, ya sean estos públicos, concertados o privados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la aprobación del Plan Integral de Atención para
los menores de tres años en situación de dependencia, para su debate en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, excluye a los niños de cero a tres años con discapacidad de su ámbito de aplicación y remite su tratamiento a un todavía inexistente
Plan Integral de Atención a los menores de tres años por el que se deberían beneficiar los aproximadamente 17.000 niños que están en situación de dependencia.
Cuando ya se ha superado el año y medio de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el resultado no puede ser más frustrante.
Se han incumplido todos los objetivos que el ejecutivo socialista anunció antes, durante y después de aprobación de la citada Ley. El voto de confianza de la mayoría de grupos parlamentario y el amplio respaldo de la sociedad civil se han
visto completamente defraudados.
En el segundo año de progresiva implantación de la norma, 2008, según la propia Memoria Justificativa de la Ley, deberían estar ya siendo atendidos algo más de 410.000 dependientes (estimándose 210.000 grandes dependientes y 200.000
severos).
Sin embargo según informó el Ministerio a 20-06-2008 había 65.460 con alguna prestación económica o servicio, lo que representa sólo el 16 % de los objetivos.
Pero en la práctica el resultado es aún menor ya que incluso este dato no es indicativo de los beneficiarios nuevos, pues la mayoría de ellos ya estaban siendo atendidos antes de la entrada en vigor de la Ley, y por tanto la cifra de 65.460
representa los dependientes baremados, con PIA (Plan Individualizado de Atención)
y con resolución, pero en ningún caso son realmente 'nuevos' beneficiarios.
La cifra real de beneficiarios nuevos es desconocida, y de tenerla el ministerio no la ha hecho pública por razones obvias, ya que los nuevos atendidos podrían no alcanzar si quiera el crecimiento anual previo a la aprobación de la Ley.
Tampoco los anuncios de generación de empleo se han visto cumplidos.
Se llegó a hablar de 500.000 empleos, y la Memoria Económica de la Ley preveía para 2008 la creación de más de 150.000, hasta 200.000 según alguno de los criterios usados. En enero de 2008 el ex ministro Caldera afirmó que en 2007 se habían
generado 200.000 empleos por la Ley de dependencia, algo milagroso cuando algunos convenios se firmaron el 23 de diciembre de 2007.
La realidad es que el número de empleos generados según la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) 'apenas habrán sido 5.800 las nuevas altas reales producidas en el sector en los últimos doce meses', en un sector que ya
empleaba a 170.000 personas y que ha venido creciendo a ritmo superior al actual sin necesidad de ley.
En el mejor de los casos se habría alcanzado el 3 % del empleo previsto por el Gobierno.
En esta situación se hacen más graves los incumplimientos del Gobierno en su desarrollo reglamentario. El Consejo Territorial de la Dependencia ha demorado hasta septiembre la aprobación de los reglamentos sobre el copago y sobre la
acreditación de centros.
Y existe un compromiso para atender a los 17.000 niños de cero a tres años con discapacidad, que la Ley excluye de su ámbito de aplicación y los remite a un todavía inexistente Plan Integral de Atención a los menores de tres años.
Así la Ley 30/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su disposición adicional decimotercera, dice:
'Protección de los menores de tres años.
En el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se promoverá la adopción de un plan integral de atención para estos menores de tres años en situación de dependencia, en el que se contemplen las
medidas a adoptar por las Administraciones Públicas, sin perjuicio de sus competencias, para facilitar atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses, tras el oportuno trámite en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, apruebe el Plan Integral de Atención para los
Menores de tres años en situación de dependencia, dotado con el nuevo presupuesto necesario para poder atender tempranamente y rehabilitar con la mayor eficacia las capacidades mentales, intelectuales y físicas de las niñas y niños atendidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2008.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/000324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inmediata suspensión de la moratoria
impuesta por España a los trabajadores búlgaros y rumanos, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
El 1 de enero de 2007 se hizo efectiva la adhesión de pleno derecho de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea, pasando de 25 a 27 países, e incorporando treinta millones de ciudadanos a la gran familia europea, consolidándose de esta manera
como unidad política y económica, con pretensión de serlo aún más a través de una Constitución y una Ciudadanía Europea.
Con ello los mercados gozan de la libre circulación y sus ciudadanos también; de residencia y circulación. Los nacionales de Bulgaria y Rumanía pueden trabajar por cuenta propia pero debido al periodo transitorio impuesto por el Estado
español, hay restricciones al hacerlo por cuenta ajena; por lo tanto son menos europeos que el resto.
Consideramos que es necesario analizar esta situación y darle respuesta pensando no sólo en el mercado de trabajo español, sino en el buen comportamiento solidario entre Estados. Aun viéndolo desde un punto de vista de mercado laboral, tal
diagnóstico sería erróneo, pues sin duda centrarnos solamente en el mercado nacional como medida de crecimiento europeo en una nueva Europa es contrario a la idea de un mercado de trabajo europeo.
Los ciudadanos de ningún Estado recién incorporado deberían estrenar su europeísmo en condiciones de inferioridad como ciudadanos de segunda, mucho menos prorrogar dicha situación desigualitaria más allá de los dos años primeros de
moratoria. Entendemos que mientras ha habido trabajo disponible han venido trabajadores
a ocuparlos; ya fuera de forma regular o de forma irregular pues el mercado laboral lo requirió y nuestro modelo demográfico así lo exigía.
La situación ha variado, pero hacer perdurar este periodo transitorio nos acarrearía mayores consecuencias negativas por la prolongación de la situación de irregularidad de muchas personas, rumanas la mayoría, que ya están trabajando de
hecho en nuestro país en la economía sumergida. En consecuencia si establecemos limitaciones al trabajo, al tiempo que no podemos poner limitaciones a la libre circulación y residencia, seguiremos corriendo el peligro de incrementar la economía
sumergida y prorrogar su precariedad.
Otra cuestión a considerar es la sobrecarga inútil de trabajo administrativo en las Comisarías de Policía y las Delegaciones del Gobierno (y Subdelegaciones) de todas las provincias que deberán pasar los nuevos ciudadanos para proceder a
trabajar por cuenta ajena si se prorroga el período transitorio; admitiendo primero registros comunitarios que no autorizan a trabajar y posteriormente modificaciones para trabajo, para acabar volviendo a las comisarías a modificar su registro
comunitario.
La realidad existente es que buena parte de estas personas están trabajando en el mercado español y lo están haciendo en situación de fraude e irregularidad laboral, con el perjuicio que esto causa para ellos y el mercado laboral, para las
empresas honestas que ven una competencia desleal, y para fraude en las arcas de la Seguridad Social española.
Por todo ello, y al no existir riesgo de una supuesta invasión (pues casi todos los que el mercado laboral demandaba, ya están aquí), y además del avance que supondría en las relaciones internacionales con los nuevos Estados, así como la
mejora de las condiciones de todos los trabajadores, así como de buen servicio administrativo de las Delegaciones de Gobierno, la suspensión de la moratoria resulta no sólo necesaria sino urgente.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la suspensión inmediata de la moratoria (o cuanto menos su no prorrogación) impuesta por España a los ciudadanos búlgaros y rumanos para que conforme al espíritu comunitario adquieran
plenamente todos los derechos laborales inherentes a su condición de comunitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a emprender reformas normativas necesarias en materia de seguridad social relativas a los años de prestación del servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria, para su debate en
la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
La reforma de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, introdujo la novedad de que se tuviese en cuenta el tiempo prestado de servicio militar o prestación social sustitutoria por un máximo de un año, a
efectos de acreditar los treinta años requeridos de cotización para el acceso a la jubilación anticipada.
Sin embargo, la modificación del artículo 161 bis de esta Ley que debía de garantizar este derecho, no ha alcanzado las expectativas de aquellas personas que tuvieron que prestar sus servicios en periodos diferentes de tiempo.
Parece lógico pues que la prestación de un servicio de forma obligatoria por parte de millones de mozos de reemplazo sea compensado por nuestro sistema de seguridad social. Por esta razón, es necesario que el tiempo y los esfuerzos que
tuvieron que realizar forzosamente sean reconocidos como años cotizados a efectos de cálculo para la obtención de las prestaciones de jubilación e invalidez.
Por todo lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a acometer, en los próximos seis meses, las reformas normativas necesarias en materia de Seguridad Social, a fin de que los años de prestación del servicio militar obligatorio, o la
prestación social sustitutoria, sean tenidos en consideración para determinar el importe de las prestaciones, y en concreto a:
1. Modificar la disposición transitoria segunda de la Orden ministerial de 18 de enero de 1967, para que sean computados como periodos efectivos de cotización que determinan a su vez el porcentaje aplicable sobre la base reguladora
determinada los años de prestación de servicio militar obligatorio o, en su caso, de la prestación social sustitutoria.
2. Modificar el apartado 2.d) del artículo 161 bis, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que explicite que los años de prestación
del servicio militar obligatorio, o la prestación social sustitutoria, sean tenidos en cuenta para determinar el número de años cotizados a efectos de establecer los coeficientes reductores de la prestación por acceso a la jubilación anticipada.
3. Modificar el apartado 1.b) del artículo 140, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para establecer que en la base reguladora de la
prestación por incapacidad permanente; sean tenidos en cuenta los años de prestación de servicio militar obligatorio o, en su caso, de la prestación social sustitutoria.
4. Modificar el apartado 2.c) del artículo 161 bis, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a efectos de que no quede limitado a un año el
reconocimiento máximo de dichos servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2008.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con el objeto de remitir trimestralmente a la Cámara
información sobre la situación de la inmigración en España, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
España es el segundo país del mundo, por detrás de EE.UU., en flujo migratorio. Y según los informes de Naciones Unidas de 2007, el décimo en número de residentes extranjeros con casi 4.500.000 de inmigrantes viviendo en nuestro país.
A raíz de la pésima gestión del fenómeno de la inmigración de los últimos años por parte del Gobierno, la entrada de inmigrantes irregulares ha aumentado de forma considerable en nuestro país.
El proceso de regularización de 600.000 inmigrantes llevado a cabo por el Gobierno en febrero de 2005 provocó el conocido 'efecto llamada'. Esto dio lugar a que las mafias traficaran con inmigrantes, y a día de hoy siguen llegando pateras a
nuestras costas. Además de llegar por puertos, aeropuertos y carreteras.
Por otra parte, ante un fenómeno que está cobrando cada vez más importancia en nuestro país y que se ha convertido en la cuarta preocupación de los españoles, según el CIS del mes de abril, hay una carencia sistemática de una información
veraz, objetiva y periódica que faciliten el conocimiento real de esta problemática.
Por ese motivo, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó en la legislatura pasada una moción donde se pedía al Gobierno que trimestralmente remitiera información a la Cámara sobre la situación de inmigración en España.
Esta moción fue aprobada por la mayoría de los grupos en el Senado y pedía que el Gobierno informara sobre el número de nuevos ingresos y repatriaciones, el número de autorizaciones de residencias, el número de afiliaciones a la Seguridad
Social, el número de inscripciones en las listas de desempleo, el número de nacionalizados y el número de empadronados.
Sin embargo, a pesar de que la moción se aprobó en mayo de 2006, el Gobierno nunca remitió ninguna información sobre la inmigración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir la moción aprobada en el Senado el pasado 23 de mayo de 2006, donde se instaba al Gobierno de la Nación a que trimestralmente remitiera información a la Cámara sobre la situación de
la inmigración en España referida a los datos que se relacionan:
- Número de nuevos ingresos y repatriaciones.
- Número de autorizaciones de residencias concedidas y rechazadas.
- Número de afiliaciones a la Seguridad Social.
- Número de inscripciones en las listas de desempleo.
- Número de nacionalizados.
- Número de empadronados a 1 de enero del año en curso.
Asimismo, el Congreso de los Diputados acuerda la comparecencia trimestral en Comisión del Ministro de Trabajo e Inmigración, a los efectos de dar cuenta del informe anterior, tras su remisión a esta Cámara.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con el objeto de promover centros de acogida de
menores no acompañados en países de origen, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
La Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros, establece en su artículo 35, apartado 1, que en los supuestos en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no
pueda ser establecida con seguridad se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención necesaria.
El apartado 3 del artículo 35 establece: 'La Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor y previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país
de origen o aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España'.
El apartado 4 establece: 'se considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública. A instancia del organismos que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la
imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se le otorgará una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores'.
El creciente incremento de los flujos migratorios hacia nuestro país ha dado lugar a que una multitud de menores extranjeros no acompañados lleguen a nuestro territorio por diversas vías.
El Partido Popular considera, en todo caso, y siempre que sea posible, que el menor debe estar con su familia y en su entorno familiar.
Los recursos de acogida, para menores no acompañados, en nuestro país no son ilimitados. Y los centros de menores de las islas Canarias, Ceuta y Melilla superan con creces su capacidad máxima, teniendo que trasladar a muchos de estos
menores a la península para que sean atendidos.
Las Comunidades Autónomas son las encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros no acompañados que están en los centros de acogida de menores.
El Grupo Parlamentario Popular es consciente de, que los centros de menores extranjeros no acompañados están desbordados en nuestro país, y por ello considera necesario establecer mecanismos de retorno mediante la creación de centros de
menores en los países de origen, destinando para ello parte de nuestra ayuda al desarrollo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a alcanzar acuerdos de cooperación con los países de origen para el retorno de menores no acompañados, así como para la construcción y puesta en marcha de centros para menores en estos países
que garanticen su protección y amparo, destinando para ello parte de nuestro presupuesto de ayuda al desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2008.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
los biocombustibles, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Durante los últimos meses se está desarrollando una campaña feroz contra los biocombustibles acusando a esta incipiente industria como causante de la crisis alimentaria mundial.
Es cierto que los precios de los cereales y otras materias primas se han incrementado mucho en los últimos meses y la sociedad está preocupada por este asunto, pero parece que se ha encontrado a un chivo expiatorio a quien echarle la culpa
del problema, mejor que analizar en profundidad la situación.
Las causas de la subida de precios de materias primas hay que buscarlas más en los incrementos de demanda de países emergentes como China o India que están incorporándose a los hábitos alimentarios que utilizan carne y leche dieta diaria y a
que se está produciendo una preocupante especulación en el mercado de materias primas.
Los biocombustibles en Europa no pueden ser la causa de estos problemas.
La Unión Europea destina a biocarburantes menos de un 1 % de su producción de cereales y una cifra similar de cultivos oleaginosos.
La Unión Europea fijó hace unos meses unos objetivos en materia de biocarburantes, llegar al 10 % del consumo del sector del transporte.
Este objetivo europeo
no se enmarca en un ámbito agrario, sino en uno más amplio que incorpora el objetivo de mejora del autoabastecimiento energético y las políticas contra el cambio climático. El sector del transporte es responsable de más del 20 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la campaña feroz contra los biocombustibles y otros factores que son objeto de esta PNL harán imposible el cumplimiento de estos objetivos.
La incipiente industria de los biocarburantes en España se ha visto prácticamente bloqueada antes de nacer, los problemas se acumulan, las industrias están sin funcionar y las inversiones sin amortizar. Las más de 20 plantas instaladas o
están paradas o funcionando a un régimen muy inferior a sus capacidades.
Los problemas de la industria se han producido sobre todo por la competencia desleal que hacen en el mercado europeo y español los biocarburantes importados de los EE.UU.
Según datos de las asociaciones más representativas de este sector, los biocarburantes americanos copan ya más del 50 % del consumo interno y han demostrado que el biodiésel norteamericano se puede vender en la Unión Europea con un margen de
dumping de casi un 30 %. Es evidente que si no se toman medidas la llegada de biocombustibles desde EE.UU., que en 2007 alcanzó la cifra de un millón de toneladas, seguirá aumentando, ahogando a la industria nacional y europea.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar ante la Comisión Europea una queja formal contra las importaciones de biodiésel subvencionado de EE.UU. para que se adopten, a la mayor brevedad, las medidas de defensa comercial
(antidumping y/o antisubvención) más adecuadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2008.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Declaración de un Santuario de
Túnidos al sur de las islas Baleares, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
Las organizaciones Ecologistas en Acción, GEN-GOB, Greenpeace, WWF/Adena y Oceana han reclamado a las administraciones pesqueras y a las de la UE, España y Baleares que impulsen con urgencia el establecimiento de un Santuario de Túnidos en
aguas situadas al sur de las islas Baleares.
Entendemos por túnidos las especies de atún y especies afines, como el pez espada y marlines.
El del atún rojo es un caso claro del fracaso de la gestión internacional de los recursos pesqueros comunes. La situación del caladero balear es paradigmática de lo que está sucediendo en la pesquería. En este caladero con tres mil años de
antigüedad, las capturas han descendido drásticamente. Sin ir más lejos, en el año 2006 se capturaron tan sólo unas 2.000 toneladas en la zona, comparadas con las 14.000 que se extrajeron en 2000, lo que supone un descenso del 85 por ciento de las
capturas.
Se imponen pues nuevas herramientas de gestión y conservación, como la protección de las zonas de reproducción de esta especie. La declaración de un Santuario para los atunes y especies afines (pez espada, marlines,...) en aguas baleares
aumentaría las probabilidades de recuperación del atún rojo, que se encuentra al borde del colapso según los científicos, y convertiría a las islas Baleares en un referente internacional para la conservación de estas especies.
A tal efecto, Greenpeace y WWF/Adena han elaborado una propuesta conjunta apoyada en un trabajo científico encargado por WWF/Adena. Dicho trabajo pone de relieve los grandes beneficios para la conservación que la protección de una zona de
estas características supondría. Según este estudio, una amplia zona situada al sur de las islas Baleares constituye una candidata perfecta para establecer el que sería el primer Santuario para Túnidos a nivel internacional, en el que la pesca de
túnidos debería estar prohibida (ver mapa adjunto). Aunque la zona propuesta para la creación de un Santuario se encuentra mayoritariamente en aguas internacionales, esta zona ha sido declarada por España bajo su Protección Pesquera, lo que
facilita el seguimiento y control de las actividades realizadas en la misma.
En la zona propuesta se han observado las mayores densidades de huevos de atún rojo en todo el Mediterráneo. En esta zona, no sólo se reproduce el atún rojo, se han encontrado en ella larvas de las seis especies de túnidos presentes en el
Mediterráneo: el atún rojo (Thunnus thynnus), el atún blanco (Talalunge), la malva (Auxls rochei), la bacoreta (Euthynnus alleteratus), el bonito (Sarda sarda) e incluso el atún listado (katsuwonus polamys). Además, en el Mediterráneo mueren cada
año entre 20.000 y 30.000 tortugas marinas corno resultado de su interacción con las artes de pesca. Las tres especies
de tortugas marinas que visitan el Mediterráneo están catalogadas como amenazadas. Las aguas propuestas como santuario para los atunes figuran entre las zonas de más alto riesgo de capturas accidentales de tortugas marinas en la región.
Los beneficios de la propuesta para la conservación del Mediterráneo serían, pues, enormes.
Este santuario sería el primero de estas características establecido en alta mar en el Mediterráneo con el fin de garantizar una explotación sostenible de especies comerciales, y en particular para permitir la recuperación del atún rojo.
Una herramienta como ésta se convertiría además en un sello de imagen para Baleares, y situaría a España a la vanguardia de la conservación de túnidos a nivel internacional.
El Parlamento balear ha aprobado ya una resolución en la que se insta al Estado español a llevar a cabo una serie de medidas para conservar la especie, entre las cuales se incluye la creación de áreas de especial protección.
Si el Gobierno español declarara unilateralmente un Santuario de estas características, estaría en posición de exigir inmediatamente a la Unión Europea la adopción de la medida y de demandar su aprobación también a la Comisión Internacional
para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) que se reúne el próximo mes de noviembre.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo todos los trámites necesarios para que el Gobierno declare la zona que figura en el mapa adjunto, situada al sur de las islas Baleares como Santuario de Túnidos (atunes y especies afines), en el que se prohíbe la pesca de
túnidos, en el plazo máximo de dos meses;
2. Llevar a cabo los trámites necesarios para que dicho santuario sea reconocido como tal por la Unión Europea e incorporado en las normativas pesqueras comunitarias que regulan la pesca de túnidos (atunes y especies afines);
3. Llevar a cabo las negociaciones necesarias para que la delegación comunitaria asistente a la próxima reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico presente una propuesta de recomendación para la
declaración de un Santuario de Túnidos (atunes y especies afines) en la zona propuesta al sur de las islas Baleares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la nueva reforma de la Política
Agraria Común (PAC), para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
La última reforma de la PAC se realizó en junio de 2003 y en ella se determinó que la Comisión presentaría un 'chequeo médico' en el año 2008.
La Comisión presentó la comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, preparándose para el
chequeo de la reforma de la PAC, el 20 de noviembre de 2007 y las propuestas probablemente se aprobarán ahora, bajo presidencia francesa.
El fracaso de la reforma de la PAC de 2003 parece constatarse durante la pasada campaña 2006/2007, al comprobar que la política agraria europea ha sido incapaz de hacer frente a movimientos especulativos que han desequilibrado los mercados
provocando un fuerte incremento de los precios de los cereales. Se ha producido una situación de gran incertidumbre en el conjunto del sector y una grave crisis de los sectores ganaderos, sin que la política agraria europea disponga de instrumentos
de regulación. Tampoco es menor el fracaso de la Ronda de Doha de la OMC, que la UE había utilizado como justificación externa para la reforma de la PAC de 2003.
Ahora, la Comisión presenta otra reforma de la PAC aprovechando el 'chequeo médico' cuyas líneas generales no difieren mucho de las medidas que se pusieron en marcha con la reforma de 2003. Se pretende hacer
obligatorio el desacoplamiento total de las ayudas directas, poner fecha a la eliminación de las cuotas lácteas, o aumentar la modulación obligatoria para trasladar recursos al fomento del Desarrollo Rural.
La Comisión considera que el proceso que se inició en 2003 ha sido un éxito y ha aumentado la competitividad de la agricultura europea y el comercio mundial agrario, pero no parece tener en cuenta las nuevas circunstancias que están
convulsionando los mercados agrícolas mundiales.
Y, desde luego, los agricultores no piensan que haya mejorado su situación de forma general: algunos sectores de producción están en peligro de completa desaparición y las rentas han disminuido en
estos años.
La intención de hacer obligatorio en todos los Estados miembros el desacoplamiento total de las ayudas directas establecido en 2003 puede acabar por deslegitimar nuestro modelo de agricultura social y la actividad que desarrolla el
agricultor profesional. Y se pretende recortar las ayudas, los pagos a los agricultores, para financiar políticas que no quiere financiar la propia UE, como el desarrollo rural, renunciando en paralelo a afrontar la redistribución de las ayudas
directas hacia el modelo de agricultura social y multifuncional predominante en Europa. En estos momentos persiste la injusta distribución de las ayudas directas, de tal forma que el 20 % de los productores recibe el 80 % de los apoyos.
La UE debe asumir el fracaso de su política agraria cambiando las políticas que ha aplicado hasta ahora. Europa debe renovar su apuesta estratégica por la agricultura garantizando un mínimo de abastecimiento alimentario en el marco de la
soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente y el medio rural. Y los agricultores tienen que ver reconocida y valorada su labor con unos precios justos para sus productos, para lo que son precisas políticas de estabilización de los
mercados.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a posicionarse ante la nueva reforma de la PAC defendiendo las siguientes propuestas:
- Rechazo de la propuesta para uniformar el pago único en todas las regiones, con un enfoque territorial, considerando la heterogeneidad de la agricultura española.
- Mejora y simplificación de las normas de condicionalidad en base a objetivos concretos.
- Defensa de las ayudas acopladas a la producción por activo agrario y vinculadas al modelo social de agricultura.
- Establecimiento de límites máximos a las ayudas directas, implementados por activo agrario que trabaje en las explotaciones y de forma decreciente: a mayor tamaño de la explotación menor límite por activo.
- Rechazo de la ampliación de los porcentajes de recorte obligatorio desde el 5 % al 13 %.
- Fortalecer las medidas de intervención y regulación de los mercados.
- Mantenimiento de las cuotas lácteas a partir de 2015 y rechazo del incremento generalizado de la cuota a nivel europeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las cuotas lácteas en la nueva
reforma de la Política Agraria Común (PAC), para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
La última reforma de la PAC se realizó en junio de 2003 y en ella se determinó que la Comisión presentaría un 'chequeo médico' en el año 2008.
La Comisión presentó la comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, preparándose para el
chequeo de la reforma de la PAC, el 20 de noviembre de 2007 y las propuestas probablemente se aprobarán ahora, bajo presidencia francesa.
Las líneas generales de la nueva reforma no difieren mucho de las medidas que se pusieron en marcha con la reforma de 2003. Se pretende hacer obligatorio el desacoplamiento total de las ayudas directas, poner fecha a la eliminación de las
cuotas lácteas, o aumentar la modulación obligatoria para trasladar recursos al fomento del Desarrollo Rural.
En el caso particular de la leche, la propuesta es la supresión gradual del sistema de cuotas. Las cuotas de producción láctea desaparecerán completamente en 2015 y, como medida de transición, la Comisión propone un incremento anual del 1 %
de las cuotas de cada Estado miembro entre las campañas 2009/10 y 2013/14.
En concreto, en marzo de 2008 el Consejo de Ministros de la UE aprobó un incremento del 2 % de cuota láctea lineal para todos los países y se prevé aumentar la cuota un 1 % anual a partir de la próxima campaña, con vistas a su desaparición
en 2015. Además, no se descarta implantar otras medidas como la reducción de la supertasa, permitir transferencias entre Estados
miembros o ajustar la materia grasa, dentro de un informe de situación que se presentará antes de 2012.
La UE es excedentaria de leche, de tal forma que no se entiende bien qué resuelve el aumento de cuotas. La UE cubre con creces sus necesidades de leche y productos lácteos, y exporta el 10 % de su producción, el doble de la cuota láctea de
España.
La UE no necesita más cuota, sino vincular la producción al territorio actuando con urgencia ante la desaparición de las ganaderías de leche y frenando la concentración de la producción de leche en pocas explotaciones y poco territorio. La
desaparición de explotaciones no permite mejorar la renta de aquellos que permanecen en la producción.
No son aceptables aumentos indiscriminados de las cuotas lácteas en la UE, que benefician a los países del Centro de Europa. Es absolutamente rechazable el aumento de cuota a los paises con excedente estructural en la producción láctea.
España, Italia, Grecia y Portugal, entre otros países, son deficitarios en leche y productos lácteos. Pensemos, en particular, que hoy, en toda España, quedan menos productores de leche que los que había en Asturias cuando se ingresó en
1985 en la CEE. Y en Asturias solo quedan con derecho a producir leche el 10 % de todos los que podían hacerlo cuando se produjo aquel ingreso. Y se siguen impulsando planes de reestructuración del sector.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Defender el mantenimiento del sistema de cuotas lácteas más allá del año 2015 apostando por un modelo de redistribución de cuota láctea entre productores en el ámbito de la UE que permita alcanzar un equilibrio entre la oferta y el
consumo.
- Articular las políticas necesarias en nuestro país para garantizar el mantenimiento de los productores, el control y el reparto de la producción lechera y la soberanía alimentaria.
- Priorizar en la distribución de las cuotas lácteas a las pequeñas explotaciones autónomas en la producción de sus alimentos, y mejorar la distribución de las ayudas para mantener y potenciar los sistemas de explotación más autónomos en la
base alimentaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a que se realicen las obras pendientes para
lograr el buen funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guillarei (Tui-Pontevedra), para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Confederación Hidrográfica del Norte de España realizó las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guillarei (Tui-Pontevedra), construcción que finalizó en abril del año 2006.
Esta obra tiene por finalidad el saneamiento de los vertidos urbanos e industriales de la cuenca del río Louro, Caselas, y de la ría Miño, beneficiando a 50.000 habitantes, vecinos/as de Mos, Porriño, Salceda de Caselas y Tui.
Proyecto en el que se invirtieron cerca de 100 millones de euros, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, dentro del Programa AGUA.
Del total de la inversión, 25,5 millones se destinaron a la construcción de la EDAR y 71,4 millones a la red de colectores necesarios para transportar los vertidos de los ríos Caselas y San Martiño, para conducir a la EDAR de Guillarei
(Tuy).
Sin embargo, dos años después la estación depuradora sigue sin recibir ni un solo vertido, es decir, sigue sin estrenarse.
La tramitación administrativa mantiene en suspenso su puesta en funcionamiento y a eso debemos añadir los distintos problemas que los Alcaldes vienen denunciando en el sentido de que faltan por acabar las obras que contemplaba el proyecto y
que no fueron ejecutadas por el recorte presupuestario.
La propia Confederación Hidrográfica exige su puesta en funcionamiento dada la situación medioambiental del río Louro, amenazando a los Municipios y empresarios con las debidas sanciones económicas.
Esto obligará a los Municipios afectados a responsabilizarse del funcionamiento de la EDAR.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de la Confederación Hidrográfica del
Norte de España, se realicen las obras pendientes en los distintos Municipios afectados para lograr el buen funcionamiento de esta EDAR.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2008.-María Nava Castro Domínguez, Ana María Pastor Julián y Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Administraciones Públicas
161/000327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre acceso a la
información pública, para su debate en la Comisión de Administraciones Públicas.
Una parte importante de la participación democrática se basa en el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, partidos políticos, agentes sociales y medios de comunicación.
La Unión Europea viene adoptando iniciativas en este sentido, al objeto de que la información y archivos públicos sean de libre acceso para la ciudadanía.
En España no existe una legislación unificada que obligue al conjunto de las Administraciones Públicas del Estado y se mantienen normativas contradictorias y obsoletas sobre la caracterización de secreto oficial y el acceso a la información
pública.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A presentar en el plazo de un año un Proyecto de Ley de Libertad de acceso a la información pública.
2. A establecer claramente y con carácter excepcional las materias objeto de protección de datos y de secreto oficial que se exceptúan del ámbito general de la ley.
3. A garantizar el ejercicio de este derecho a la información pública mediante la creación de una Autoridad en la materia elegida por el Congreso de los Diputados.
4. A generalizar el acceso a dicha información mediante acceso directo, simplificación de procedimientos y acceso electrónico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión Constitucional, la siguiente Proposición no de Ley de relativa a la incorporación de las distintas lenguas estatutariamente oficiales en los sitios web de la Administración General del Estado.
Antecedentes
En la medida en que la red influye cada vez más en la actividad económica, social y cultural de todos los colectivos humanos, se hace evidente la necesidad de que, en aras a la promoción del plurilingüismo del Estado, la Administración
General del Estado adopte una actitud proactiva en favor de la extensión de las lenguas estatutariamente oficiales.
El artículo 3 de la Constitución española, además de declarar que el castellano es la lengua española oficial del Estado, reconoce la pluralidad lingüística de España y desarrolla el principio de protección de sus lenguas, enunciado en el
preámbulo de esta ley fundamental. De acuerdo con ello, los estatutos de las comunidades autónomas con lengua propia distintas del castellano han declarado oficiales estas lenguas, y sin perjuicio de la oficialidad del castellano, han desarrollado
el mandato constitucional de llevar a cabo medidas para protegerlas. Este reconocimiento tiene también el apoyo de los acuerdos internacionales a los que el Estado español está vinculado o a cuyo favor nuestras instituciones han manifestado algún
tipo de apoyo.
Los mencionados preceptos y acuerdos obligan también, huelga decirlo, al Estado y los organismos que de él dependen a adaptarse al pluralismo lingüístico, y es indudable que la normalización y promoción de contenidos de las páginas webs en
las lenguas oficiales del Estado diferentes del castellano hacen urgentes la adopción de medidas.
El dominio .cat es un dominio de internet genérico que está destinado a la comunidad lingüística y cultural
catalana en Internet. Desde su histórica aprobación por parte del ICANN, la Fundación puntCAT es el organismo encargado de gestionar el dominio y de velar por la vinculación de los registros con esta comunidad. Es evidente que el dominio
propio representa un impulso excepcional a la promoción y proyección de la lengua catalana en el mundo y, asimismo, a su uso en la red. En este sentido, es especialmente relevante recordar que no es un dominio territorial sino que se aplica a toda
la comunidad catalanohablante en la red.
Los contenidos en lengua catalana que ofrecen los diferentes portales y las diferentes páginas web que pertenecen a organismos de la Administración General del Estado no son accesibles a través de un dominio .cat. La incorporación del
dominio .cat a la versión en catalán por parte de la Administración General del Estado significaría un fuerte impulso del uso del dominio, pero sobre todo representaría una ayuda de gran valor a fin de que las empresas privadas que tengan también
versión en catalán en sus webs adoptaran la medida de activarlas a través del mismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar la calidad del contenido de las páginas web y portales en versión de las distintas lenguas estatutariamente oficiales que mantiene la Administración General del Estado, sus organismos y empresas, así como a incrementar su número
extendiéndose a aquellas instituciones públicas que aún no dispongan de dichas versiones.
2. Tomar las medidas que sean necesarias a fin de que la Administración General del Estado, sus organismos y empresas, adopten el dominio .cat en la versión en catalán de sus páginas web y portales de Internet que sean activos y que se
activen en el futuro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Cultura
161/000347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al apoyo del Ministerio de Cultura al Patronato de la Fundación Prudenci Bertrana, para su debate en la Comisión de Cultura.
Motivación
La ciudad de Girona se ha caracterizado siempre por su apoyo al mundo de la cultura y las artes. Prueba de ellos son los Premis Literaris de Girona (Premios Literarios de Gerona), conjunto de galardones literarios en lengua catalana que
cada año convoca y concede la Fundación Prudenci Bertrana, de Gerona.
Estos premios tienen su origen en el año 1967, cuando un grupo de ciudadanos implanta el Premio de Novela Catalana Prudenci Bertrana, a través de una acción basada en la suscripción popular.
A lo largo de sus 40 ediciones, se han ido añadiendo galardones para distintos géneros literarios: el Premio Miquel de Palol de poesía, concebido en 1978, el Premio Carles Rahola de ensayo (1980), el Premio Ramón Muntaner de literatura
juvenil (1986), el Premio Cerverí de letra y de canción (1996) y el más reciente, Premio Webs de literatura catalana (2001).
Estos premios, popularmente conocidos como 'Els Bertrana', no están circunscritos sólo a Catalunya, sino que cuentan con la participación de autores de todo el ámbito de habla catalana.
Debido a la notoriedad social y cultural de los premios y al auge experimentado en las últimas ediciones, que incluso ha hecho necesario un cambio de lugar para la gala de entrega de los galardones, precisan un nuevo impulso de las distintas
administraciones para garantizar los objetivos y éxito de los premios.
Desde el Grupo Parlamentario socialista, consideramos fundamental la participación y el apoyo del Ministerio de Cultura para impulsar más si cabe, el prestigio de estos premios históricos de las letras catalanas, participación que incluso
podría valorarse fuera formando parte del Patronato de la fundación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Cultura a mostrar un apoyo decidido a los Premios de la Fundación Prudenci Bertrana, para que con su presencia, estos galardones sigan estando entre los más prestigiosos en lengua
catalana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2008.-Alex Sáez Jubero, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la consideración de la cocina y la gastronomía españolas como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el año 1996 se firmó un Acuerdo entre la Academia Internacional de Gastronomía y la Comisión Europea, representada por su Comisario de Cultura, declarando la cocina y la gastronomía como parte del patrimonio cultural de Europa.
En ese documento se establecen acuerdos concretos relativos a la recopilación de las recetas y productos que constituyen el patrimonio gastronómico de Europa, así como a rutas turístico-gastronómicas y a la posibilidad de celebrar reuniones
internacionales en las que se ponga de relieve la importancia de la gastronomía como elemento básico de la evolución cultural de los pueblos.
Este mismo año, el Gobierno de España ha promovido la declaración por la UNESCO de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La alimentación, la cocina y la gastronomía forman parte fundamental del desarrollo social, económico y cultural de todas las naciones. España puede presumir de un patrimonio extraordinario en este ámbito, así como de una industria
claramente pujante. Uno y otra merecen el mayor de los reconocimientos y todos los esfuerzos para su preservación e impulso.
El Presidente de la Academia Española de Gastronomía, de hecho, ha requerido formalmente que 'el Congreso de los Diputados declare la cocina y la gastronomía de los pueblos de España como parte fundamental del patrimonio cultural de nuestro
país'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.o Establecer que la cocina y la gastronomía de las nacionalidades y regiones de España constituyan parte fundamental de su patrimonio cultural.
2.o Llevar a cabo las medidas necesarias para impulsar la conservación y vigencia del patrimonio gastronómico cultural de las comunidades autónomas de España, así como su difusión a nivel internacional.
3.o Trabajar para que las diferentes administraciones contribuyan y colaboren igualmente a preservar, actualizar y desarrollar nuestro patrimonio gastronómico-cultural y a difundir los aspectos más positivos de la alimentación, la cocina y
la gastronomía españolas en el mundo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Vivienda
161/000354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la crisis del sector de la
construcción, para su debate en la Comisión de Vivienda.
La crisis del sector de la construcción, además de ser un componente importante de la grave situación económica por la que atraviesa nuestro país, tiene rasgos propios, entre los que destacan la sobreproducción de viviendas, que se ha
manifestado de forma patente tan pronto se ha retraído la demanda especulativa que la alimentaba, y la grave responsabilidad de aquellas Administraciones que han llevado a cabo un urbanismo depredador.
Sin embargo, el Gobierno no ha realizado un diagnóstico claro de esta crisis tan específica ante la que no caben invocaciones parciales a los precios del petróleo, la dependencia energética o la crisis financiera internacional. Un
diagnóstico acerca de sus orígenes y sus responsables, y una identificación de lo que está en juego, de sus repercusiones sobre los ciudadanos en materia de empleo, sobre el derecho a una vivienda y sobre la calidad de vida y del territorio que la
sustenta.
Lo que está en juego en relación con la necesidad de ese diagnóstico y de las medidas precisas no es únicamente el uso y destino de los recursos públicos, con ser importante, sino, sobre todo, el modelo territorial y medioambiental que
surgirá de esta crisis, y la forma en la que se ejercerá en adelante el derecho constitucional a una vivienda digna.
Siendo conscientes de los intentos de los que fueron actores y grandes beneficiarios de la secular especulación inmobiliaria para influir en las políticas públicas de intervención ante esta crisis, sería inaceptable convertir las políticas y
el gasto público en materia de
vivienda y suelo en meros 'balones de oxígeno' de los promotores privados.
Con motivo del concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa, hemos conocido que el Gobierno rechazó, con buen criterio, otorgar un préstamo a través del ICO a esa inmobiliaria para refinanciar su deuda. Sin embargo, sí está dispuesto el
Gobierno a comprar suelo privado para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades, una vez estallada la descomunal burbuja inmobiliaria.
Consideramos inaceptable cualquier trasvase de recursos públicos hacia un sector empresarial en cuyo entorno se han amasado gigantescas fortunas y que, con la complicidad en ocasiones de algunas Administraciones, ha arrasado y desfigurado
nuestro patrimonio territorial, de manera irreversible en muchos casos. Además, a pesar de la ingente actividad inmobiliaria que se ha desarrollado en los últimos 12 años, ese sector empresarial ha impuesto a millones de compradores de vivienda
unos precios abusivos, que están en el origen de las crecientes dificultades de las familias para hacer frente a las cargas hipotecarias que han asumido.
La actual crisis debe servir para consolidar un modelo territorial, de urbanismo y de intervención pública sobre el territorio, y también sobre el sector de la construcción, muy distinto al que pretenden los promotores inmobiliarios.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Mejorar la financiación municipal para liberar al urbanismo de la presión que supone la falta de recursos del municipalismo en nuestro país, conectar la normativa de Ordenación del Territorio con el urbanismo, y reforzar las competencias
de control de las Comunidades Autónomas sobre los Ayuntamientos en relación al planeamiento urbanístico municipal.
- Gestionar el Plan Cuatrienal de Viviendas, hasta que se produzca el traspaso efectivo de las competencias a las Comunidades Autónomas, mediante Contratos-Programa con las Comunidades Autónomas que gestionen sus recursos, adaptar las
normativas urbanísticas de las Comunidades Autónomas a los aspectos básicos del Texto Refundido de la Ley del Suelo, y homogeneizar en el conjunto del Estado los mínimos comunes que definen los regímenes de viviendas protegidas con el objetivo de
elevar la producción de vivienda protegida hasta llegar en una primera fase a un porcentaje del 40 %, destinar de esa producción al menos el 50 % a vivienda protegida en alquiler, y calificar de por vida la vivienda protegida de forma que nunca
aflore al mercado privado.
- Impulsar de forma decidida las políticas de rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, la regeneración urbana y la movilización de vivienda vacía, para reducir al máximo el consumo de suelo y maximizar el uso del
tejido urbano ya existente.
- Modificar la política fiscal para pasar de favorecer la compra a primar el alquiler, mejorar el tratamiento fiscal de la vivienda protegida en relación a la vivienda libre e implantar medidas fiscales que penalicen las viviendas vacías.
- Incrementar progresivamente la participación de la comunidad en las plusvalías que se producen como consecuencia de la acción pública en el urbanismo, hasta lograr la soberanía pública sobre el total de la plusvalía urbanística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de Rehabilitación Ecológica de
Edificios 2009-2012 para su debate en la Comisión de Vivienda.
Desde diferentes estamentos, como la Confederación Sindical de CC.OO. e IUICV, se está planteando la necesidad de activar un plan de rehabilitación ecológica de edificios que mejora las condiciones del parque de viviendas y edificios así
como de su eficiencia energética a la vez que ofrece una alternativa parcial a la inversión y el empleo en el sector de la construcción en el actual cambio de ciclo económico.
Este Plan permitiría abordar distintas cuestiones. En primer lugar los efectos negativos del cambio de ciclo económico del sector de la construcción. Es necesario impulsar la rehabilitación, más aún teniendo en cuenta que la construcción
de vivienda nueva está en retroceso, como salida para las empresas constructoras y de materiales y por el potencial de trabajadores formados en este sector. En segundo lugar, es necesario abordar con ambición la rehabilitación de edificios, más aún
en determinadas zonas estratégicas. En España un porcentaje importante del parque de vivienda tiene mucha antigüedad. Las necesidades de rehabilitación muchas veces no las pueden afrontar las familias, además urge mejorar la accesibilidad de
personas mayores y de personas con discapacidad además de priorizar aquellas unidades familiares con menos recursos mediante la existencia de cláusulas sociales.
Por último, pretende mejorar la eficiencia energética y el ahorro del consumo de agua en los edificios, contribuyendo de esta manera al ahorro y, por tanto a mejorar el cumplimiento de Kyoto así como a la mejora de habitabilidad de las
viviendas y de salud en los centros de trabajo.
Este plan iría dirigido a viviendas (comunidades de propietarios) y edificios de tipo industrial o de servicios (empresas y administraciones locales) e incorporaría medidas de aislamiento acústico, el uso de materiales de construcción más
sostenibles, la instalación de energía solar térmica y calderas de biomasa.
Actualmente la Certificación Energética (RD 47/2007, de 19 de enero de 2007) se exige para edificios de nueva construcción y rehabilitaciones de cierto volumen. Con el Plan que aquí se propone se conseguiría extender dicha certificación a
todo tipo de edificios. Además este Plan contribuiría al desarrollo y aplicación de las medidas contempladas en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020 para el sector residencial, comercial e industrial.
Para la financiación del Plan, según las estimaciones efectuadas por CC.OO., deberían destinarse 25.200 millones de euros, desglosados en 1/3 a través de subvenciones directas (5.600 provinientes del Estado y 2.800 de las comunidades
autónomas) y 2/3 a través de la inversión privada y de financiación con algún tipo de garantía pública o de créditos ICO (16.800 millones de euros). La regulación normativa y la gestión de dicha ayudas, atendiendo al marco estatutario pertinente,
deberían realizarse por las comunidades autónomas, así como el control de la ejecución de los proyectos y la justificación de los cobros. Hay que destacar que la inversión en rehabilitación supone tradicionalmente un retorno fiscal muy importante
por la vía no sólo de los impuestos que se derivan sino también de la reducción de prestaciones de desempleo a los trabajadores reinsertados en el mercado de trabajo.
CC.OO. estima que mediante la implementación de este Plan se llevarán a cabo 1.400.000 actuaciones (1.260.000 viviendas y 140.000 edificios) además de generar en torno a 350.000 puestos de trabajo de media cada año (1 trabajador/año por
cada vivienda/edificio rehabilitado). Además contribuiría a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, rebajar la dependencia energética de España y mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas y de salud en centros de
trabajo.
En Cataluña desde el año 2004 ya se están otorgando ayudas a la rehabilitación para financiar medidas de ahorro energético e hidráulico en el marco del Plan por el Derecho a la Vivienda y siguiendo los criterios confirmados en el 2006 por el
Decreto de Ecoeficiencia del Gobierno Catalán y el Código Técnico de Edificación. Ahora se trata de hacer un salto adelante en su financiación a través de los recursos del Estado.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la elaboración de un Plan de Rehabilitación Ecológica de Edificios 2009-2012 en coordinación, promoción y financiación con el Ministerio de Vivienda, el de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, contando con la participación de las comunidades autónomas y las administraciones locales con una dotación de 25.200 millones de euros para toda la legislatura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, tendente a paliar los efectos
negativos del sector financiero con las empresas de innovación, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
El entorno financiero que viven las empresas de capital riesgo no favorecen el despegue necesario del sector innovador, principalmente por desconocimiento de procesos de innovación tecnológica.
También es debido, como apuntan los analistas conocedores del problema, a una ausencia de masa crítica suficiente del sector del capital riesgo en España.
Las empresas de capital riesgo no entran en las etapas iniciales de la EBT por la inmadurez de las mismas y por la dificultad de evaluar los riesgos tecnológicos que necesitan asumir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar los incentivos para las entidades de capital riesgo.
2. Favorecer la formación del personal de las entidades financieras para poder evaluar de forma adecuada los proyectos tecnológicos.
3. Establecer mecanismos públicos para favorecer los dos supuestos anteriores.
4. Establecer algún modelo de cobertura de los riesgos para las empresas de capital riesgo, que invierten en el sector, en la misma línea de otros productos tales como sociedades de garantía recíproca o los mercados de reaseguramiento.
5. Establecer un calendario para estas actuaciones antes de diciembre de 2009.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2008.-Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión de Ciencia e
Innovación.
Exposición de motivos
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, son las únicas universidades dependientes de la propia Administración General del Estado y que por tanto el Estado tiene la
obligación de financiar.
Además, la UNED es la mayor universidad de España, con sus más de 160.000 alumnos; con una oferta educativa que abarca 26 carreras y más de medio millar de cursos de formación continua; y con casi 10.000 personas que, desde la sede central
y desde los centros asociados, se esfuerzan por apoyar día a día la dura marcha de los estudiantes hacia la meta de su formación.
Asimismo, no cabe duda que la UNED juega un papel muy importante dentro del territorio nacional, ya que históricamente la UNED ha contribuido a llevar la educación superior a los núcleos de población, alejados de las grandes metrópolis, que
no disponen de universidad a través de la creación de centros regionales y de su peculiar método docente, permitiendo eliminar las desigualdades interterritoriales que existen en el ámbito de la educación universitaria, al garantizar el acceso
universal a la misma de los todos los españoles.
Objetivos como garantizar la igualdad de oportunidades, posibilitando el acceso a los estudios superiores a personas que no habrían podido conseguirlo por razones de renta, por su lugar de residencia o por cualquier otra dificultad, la
incorporación de la mujer a la universidad y al mercado de trabajo, o el acceso a la universidad a personas que alternan su jornada laboral con su formación universitaria hacen de la UNED uno de los pilares del sistema universitario público español.
Además, las tecnologías de la información (TIC) han hecho posible que, en la actualidad, la 'distancia' entre la UNED y sus estudiantes haya desaparecido; lo que la convierte en una opción muy atractiva para un gran segmento de la población
española, que por unas razones u otras, como hemos expuesto previamente, no pueden optar a la universidad presencial.
Ante el cambio frente al que nos encontramos de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de nuestras universidades, es necesario que la UNED juegue un papel decisivo, con una educación de calidad, liderando dicho proceso de cambio
que le suponga un reconocimiento a nivel internacional que beneficie a nuestros alumnos, dando así cumplimiento al fin que en definitiva persigue la UNED en todo el territorio nacional.
Si queremos que nuestra universidad tenga éxito y pueda salir reforzada de este proceso de cambio, los aspectos de financiación cobran mayor relevancia que nunca dado el propio carácter y la estructura de la UNED.
En este sentido, cabe
señalar que con fecha 21 de junio de 2006 la Comisión de Educación y Ciencia (161/001653) acordó instar al Gobierno a suscribir con la UNED un contrato programa que le garantizase los recursos materiales y personales adecuados para adaptarse al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), habida cuenta de las expectativas futuras de financiación que se preveían necesarias ante tal proceso de adaptación y que hoy constituyen una necesidad urgente.
Así pues, desde un punto de vista tecnológico, el EEES exige intensificar la utilización de todo tipo de medios técnicos, informáticos y telemáticos. Y ello a dos niveles: por un lado, en la sede central deben mejorarse las plataformas
virtuales y demás herramientas informáticas que se utilizan ya para los nuevos posgrados implantados conforme al EEES.
Por otro lado, en los Centros Asociados debe llevarse a cabo un esfuerzo inversor en nuevas tecnologías, como ya se está haciendo
a través del plan ATECA y el plan INTECCA (http: //www.intecca.uned.es/).
Además, desde el punto de vista de los recursos humanos, en lo que se refiere a los recursos docentes, es necesaria una adaptación a las nuevas metodologías del EEES. Esto requiere un esfuerzo de la Universidad en el ámbito de la formación
del profesorado. Como parte de las acciones del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, el Instituto Universitario de Educación a Distancia ha puesto en marcha un plan de formación del profesorado para su adaptación a las metodologías
del Espacio Europeo desde el marco de la educación a distancia.
Este Plan de Formación ha partido de un análisis de las necesidades. La formación de los equipos docentes debe combinar el conocimiento de las modalidades y metodologías vinculadas al EEES con el dominio en la utilización de las
herramientas que hacen posible la aplicación de esas metodologías en contextos de educación a distancia mediada por tecnologías.
Es pues que en este contexto, se trata no sólo de la formación de los 1.500 profesores de la UNED, sino de los más de seis mil tutores, que verán claramente modificadas sus tareas como consecuencia de la implantación del EEES.
Esa adaptación de los Centros y de los profesores tutores hacen especialmente urgente el desarrollo normativo específicamente previsto para la UNED en la LOU.
La elevada proporción de estudiantes por profesor y la adaptación de materiales, tanto tradicionales como en red, exigen un apoyo por parte de la Administración del Estado, adecuando convenientemente los techos de plantilla y contemplando
los necesarios incentivos económicos para el profesorado, como ya se contempla en el resto de las Universidades.
Todo esto hace que sea necesario también un apoyo financiero decidido e inmediato por parte del Gobierno respaldando a la UNED en su proceso de adaptación al EEES, por ser además la única dependiente de la Administración Pública con
presencia en todo el territorio nacional e internacional.
Evidentemente, todo ello exige un esfuerzo económico importante. El Ministerio está destinando una serie de cantidades que distribuye entre las Universidades para la implantación del EEES. En esa distribución ha estado incluida la UNED.
Sin embargo, las CC.AA. respectivas están completando esas cantidades con relación a las universidades que dependen de ellas. En el caso de la UNED, tradicionalmente su 'Comunidad Autónoma', es decir, el Ministerio, no ha complementado esa
cantidad sino en cuantías relativamente muy inferiores, lo que supone una clara desventaja para la misma en relación con las demás.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con carácter inmediato incluya en el proyecto de presupuestos para el año 2009 las medidas necesarias y las partidas presupuestarias adecuadas así como los desarrollos normativos que
permitan la adaptación de la UNED al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en condiciones favorables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la elaboración de un
nuevo modelo de formación-investigación para jóvenes investigadores, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
Son muchos los retos que tienen la ciencia e investigación en España para alcanzar los objetivos diseñados en la 'estrategia de Lisboa'. Resulta imprescindible incrementar el gasto en I+D para aproximarse a la media de la Unión Europea, así
como su cuota de publicaciones científicas y el número de patentes; potenciar los organismos científicos de excelencia; promover la transferencia del conocimiento para que pueda valerse de él el tejido industrial, entre otros aspectos. Pero muy
especialmente es indispensable mejorar las condiciones laborales y profesionales de quienes hacen posible el avance científico: su capital humano, los investigadores.
En esta nueva andadura resulta una tarea prioritaria adoptar todas las medidas conducentes a hacer lo más atractiva posible la carrera investigadora y acoger las justas reivindicaciones de los jóvenes investigadores, pilar del futuro de
nuestra investigación: su reconocimiento profesional, en particular, en las fases iniciales de la investigación, en deberes y derechos.
A nuestro Grupo le preocupa, por un lado, la posición negativa que mantuvo el Grupo socialista en la pasada legislatura, para el apoyo de iniciativas a instancias de nuestro Grupo en el ámbito parlamentario, como fue la creación de una
Comisión de Ciencia y Tecnología o mejoras para investigadores del programa Ramón y Cajal. Y, de otro lado, el cumplimiento que tiene pendiente el Gobierno de la Resolución aprobada por la Comisión de Educación y Ciencia, en su sesión del día 25 de
septiembre de 2007, sobre la mejora de las condiciones laborales del personal investigador en fase inicial y experimentado, para aplicar la Carta Europea del Investigador y el Código de conducta para la contratación de investigadores y la regulación
del Estatuto del personal docente e investigador universitario.
En efecto, la Comisión Europea (en su Recomendación del 11 de marzo de 2005) indica que 'deben introducirse y aplicarse nuevos instrumentos para que los investigadores desarrollen sus carreras, contribuyendo así a mejorar las perspectivas
profesionales de los investigadores en Europa', añadiendo que 'unas perspectivas profesionales más amplias y visibles contribuyen también a crear una actitud positiva hacia la profesión
de investigador y, por tanto, animan a los más jóvenes a emprender carreras en la investigación'.
A nuestra inquietud se unen cuestiones como la enmienda al articulado del Grupo Socialista incorporada al último proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2008, (artículo 122.Doce) para reducir la base de cotización para
este personal durante los dos primeros años, bajo la justificación de que 'redundará en beneficio de la existencia de un mayor número de becas para tales personas'.
Compartimos el diagnóstico del Plan Nacional de I+D 2008-2011 que reconoce como 'elemento clave para el desarrollo del SECYT la mejora del actual sistema laboral, caracterizado por una persistente brecha o dualidad entre la situación, en
cierto modo precaria, de los contratos de alta temporalidad y las becas de larga duración, frente a la falta de movilidad de los puestos permanentes de investigación que se encuentran muy restringidos y con un marco regulador estricto'.
Y que es necesario, como apunta su diagnóstico, seguir mejorando la situación del personal de investigación a todos los niveles, no sólo en el ámbito económico (fundamentalmente, mediante la estabilidad laboral), sino también en el del
reconocimiento social, así como flexibilizar las condiciones de trabajo de los investigadores movilidad en los puestos de trabajo, colaboración con el sector empresarial, permitiendo la compatibilidad de la investigación con la enseñanza, y la
necesidad de crear una carrera del investigador homogénea para el sector público y compatible con la carrera del personal docente investigador.
Sin embargo, a pesar de este diagnóstico, la política llevada a cabo hasta ahora y, en particular, los objetivos del Plan en este ámbito no recogen unas condiciones que deberían ser ineludibles en la contratación de los investigadores y en
el desarrollo de su carrera profesional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un nuevo modelo de formación-investigación para los jóvenes investigadores con garantías y estímulos para su futuro, con los siguientes criterios:
- Diseño de una carrera investigadora coherente y atractiva, que esté articulada en fases sucesivas y que responda a las recomendaciones de la Comisión Europea en relación con la Carta Europea del Investigador y con el Código de Conducta
para la contratación de investigadores.
- Contratación de los investigadores desde el inicio de la carrera investigadora con el reconocimiento de los correspondientes derechos sociales.
- Definición y regulación contractual de las dos etapas iniciales de la carrera investigadora: investigador en fase inicial e investigador experimentado, con contratos específicos para cada etapa y fijación de las correspondientes
remuneraciones.
- Establecimiento de procedimientos de selección y contratación abiertos, transparentes e internacionalmente comparables.
- Fomento de todas las formas de movilidad dentro de una política global de recursos humanos en I+D, que garantice el desarrollo profesional de los investigadores.
- Establecimiento de un sistema de evaluación transparente y que responda a criterios objetivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2008.-Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, instando a mejorar el apoyo a los Centros Tecnológicos en el
marco de las Políticas Estatales de I+D+i, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
Los retos que plantean los objetivos fijados en la Agenda europea de Lisboa y el objetivo establecido en el Consejo Europeo de Barcelona del año 2002 (gasto en I+D del 3 % del PIB) necesitan nuevas estrategias en política de I+D+i y nuevos
instrumentos para su implementación de manera que la tendencia actual pueda cambiar permitiéndonos acelerar nuestra convergencia hacia los indicadores de países que están próximos a alcanzar los objetivos mencionados o que ya los han alcanzado.
Los Centros Tecnológicos han demostrado por sus resultados ser una herramienta de extraordinaria eficacia específicamente en aquellos aspectos relacionados con la mejora de la capacidad española de producir cambios tecnológicos e
innovaciones, que empleados en la generación o mejora de productos y procesos permiten a nuestras empresas mejorar sus actuales niveles de productividad y, finalmente, su capacidad de crecimiento en un entorno global fuertemente competitivo. Su
número anual de clientes es de alrededor de 30.000 empresas (de las cuales un 88 % son Pequeñas y Medianas
Empresas), sus ingresos privados por contratación empresarial de su actividad supera el 50 % de sus recursos anuales, acumulan un total de casi 500 patentes desarrolladas en los Centros de las que un 42 % han sido registradas por sus
empresas cliente, y prácticamente un 30 % de las empresas españolas que participan en programas internacionales de I+D lo hacen con Centros Tecnológicos. Además, los datos que maneja la Federación Española de Centros Tecnológicos indican que el
crecimiento en gasto de I+D interna y externa de las empresas que trabajan con Centros Tecnológicos es unas 4 veces superior a la media nacional.
Sin embargo los Centros Tecnológicos no han tenido una presencia relevante en la formulación de políticas estatales en el ámbito de la I+D+i. Su apoyo ha sido fundamentalmente autonómico e internacional (siendo el apoyo obtenido por
programas europeos similar al obtenido a través de programas estatales, alrededor de un 10 % de sus necesidades presupuestarias).
El esfuerzo necesario para impulsar cambios tecnológicos que permitan a nuestra industria mejorar de manera sensible su posicionamiento competitivo a escala global necesita la participación y coordinación de recursos de todas las
administraciones públicas. Sólo de esta manera se permitiría a los Centros Tecnológicos continuar mejorando el valor añadido que ya han demostrado ser capaces de aportar a la industria española. Los apoyos obtenidos de las diferentes Comunidades
Autónomas han permitido en mayor o menor medida su crecimiento y desarrollo hasta la actualidad, pero sus nuevos retos en el nuevo entorno competitivo reclaman también el apoyo decidido de las políticas estatales.
El informe económico publicado en 2007 por la OCDE sobre España establecía entre sus recomendaciones más importantes en materia de I+D+i la necesidad de promocionar los Centros Tecnológicos teniendo en cuenta que, al depender de la demanda
formulada por los usuarios finales, son un magnífico instrumento para fomentar la cultura de la innovación limitando, simultáneamente, los riesgos de despilfarro.
Sin embargo, los recursos presupuestarios a Centros Tecnológicos son insuficientes, además de haber sido congelados en los PGE para 2008.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 a:
1. Reconocer a los Centros Tecnológicos como organismos de investigación generadores de conocimiento tecnológico capaces, además, de permitir su eficaz aprovechamiento por parte de la industria a través de sus múltiples actividades de
servicios y transferencia tecnológica formando parte imprescindible y esencial en la configuración del sistema español de I+D+i adecuando a tal efecto la legislación, normativa y planificación existente o futura.
2. Concertar un plan plurianual para el desarrollo de políticas de apoyo a los Centros Tecnológicos con el objetivo de hacer un planteamiento estratégico que evite la posible volatilidad de las políticas públicas estatales de apoyo a los
mismos a partir del compromiso de los Centros Tecnológicos de mejorar el valor añadido de la actividad de I+D+i que desarrollan para sus clientes, incrementar el volumen de sus clientes y contribuir a mejorar la financiación de la I+D privada en
España.
3. Potenciar los programas existentes destinados a apoyar su actividad mediante una reforma de los mismos que permita dotar de una mayor estabilidad a sus líneas de investigación y desarrollo tecnológico mediante mecanismos de
fortalecimiento institucional empleando sistemas de financiación institucional por objetivos o indicadores de resultados y ampliando su alcance para cubrir su importante labor de formación de tecnólogos y contribuir a la alta especialización de los
mismos incrementando sustancialmente sus recursos, que actualmente suponen poco más de un 3 % de su presupuesto anual, con el objetivo de que alcancen un 10 % del mismo.
4. Potenciar los programas existentes destinados a fortalecer las actuaciones en consorcio y alianzas entre los Centros Tecnológicos incrementando sustancialmente sus recursos, que actualmente suponen tan sólo un 2 % de su presupuesto
anual, con el objetivo de que alcancen un 10 % del mismo.
5. Potenciar los programas existentes destinados a la actualización y ampliación de las infraestructuras de los Centros Tecnológicos que les permitan mejorar y ampliar sus capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
incrementando sustancialmente sus recursos con el objetivo de que alcancen una inversión anual equivalente al 10 % de sus ingresos anuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2008.-Ana Torme Pardo, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, tendente a paliar las dificultades
del mundo universitario e investigador
y de los OPIS en sus trabajos de organización y ejecución, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
El sistema de investigación de universidades y de OPIS presenta problemas de tipo organizativo y estratégico-institucional que va desde un sistema de gestión rígido y no adaptado a las necesidades reales, una amalgama de sistemas de
ejecución y de estructuras excesiva en su variabilidad, y graves dificultades en recursos humanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer con eficacia y eficiencia criterios de gestión menos burocratizados, sobre todo en lo que se refiere a paliar las trabas de gobernanza de OPIS y universidades en:
a) Equipamiento científico.
b) Gestión de compras
c) Contabilidad de costes.
d) Sistemas de control de gasto.
2. Atraer a las empresas a participar en el diseño curricular y a colaborar en la docencia, para generar los RR.HH. adaptados a las necesidades reales de las empresas.
3. Establecer un calendario de actuaciones que refleje estos criterios antes de diciembre de 2009.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2008.-Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
La necesidad de avanzar en una gestión de I+D+i encuentra en España una serie de deficiencias que lastran nuestro sistema de I+D+i.
No es el menor de ellos la deficiente interacción entre los organismos investigadores y el mundo empresarial. A ello no son ajenas causas como diferentes objetivos y barreras culturales de nuestra sociedad y cierta lejanía y desafecto entre
empresas, especialmente PYME y Universidades.
Todo ello causa el llamado 'cuello de botella' que dificulta la transferencia científica y tecnológica en España. Para mitigar esta deficiencia presentamos la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un mecanismo claro de interacciones entre la I+D financiada con fondos públicos y las empresas que tenga en cuenta:
a) Las necesidades reales de la empresa y la situación fiscal y financiera de PYME y las oportunidades del mercado.
b) Exponga soluciones estables para los grandes retos empresariales a través de la transferencia tecnológica.
c) Establezca, a lo largo de 2009, un calendario de medidas fiscales y financieras, que favorezcan estas acciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2008.-Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la necesidad de eliminar
barreras de reglamentación comunitaria en los apoyos a la I+D+i, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
En el proceso que permite la transferencia de conocimiento a desarrollo tecnológico, se detecta una serie de obstáculos que es necesario eliminar para poder
absorber el conocimiento 'económicamente útil' que es fuente de competitividad.
Las empresas también encuentran en la reglamentación propia de la UE aspectos restrictivos, en cuanto a normativa que no permiten, a veces, utilizar estas ayudas comunitarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a exponer ante las autoridades comunitarias la necesidad de:
1. Flexibilizar las normas comunitarias de ayudas de Estado a la I+D en lo que se refiere a actividades realizadas en cooperación público-privada o por organismos intermedios.
2. Ofertar ayudas a otras actividades relacionadas con la innovación que puedan paliar las deficiencias del mercado.
3. Evitar los obstáculos de actividades innovadoras en las empresas.
4. Establecer un marco de actuaciones que deberá estar en vigor en diciembre de 2009.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2008.-Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/000319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la puesta en marcha de un Plan Integral
contra la explotación sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La gran mayoría de mujeres en situación de prostitución están en situaciones degradantes, con privación de su libertad, con fuerte grado de dependencia de las organizaciones por las que están explotadas y sufriendo vulneraciones de los
derechos humanos.
Según la asociación de propietarios de clubs de alterne, el negocio de la prostitución mueve en España dieciocho mil millones de euros (unos tres billones de pesetas) al año.
Los españoles se gastan cincuenta millones de euros todos los días en prostitución, y se calcula que en nuestro país hay unas cuatrocientas mil prostitutas.
El tráfico de mujeres y niños para su explotación sexual y la prostitución es gran negocio a nivel mundial (mueve entre cinco y siete billones de dólares y afecta a cuatro millones de víctimas, según la ONU).
En los países en los que se ha regulado la prostitución se ha incrementado tanto la actividad de la prostitución como el tráfico y la trata de seres humanos.
La prostitución se ha convertido en un lucrativo negocio que está bajo el control de mafias criminales de ámbito transnacional que trafican con mujeres de la misma forma que lo hacen con armas o drogas.
La relación entre tráfico y prostitución es muy estrecha, tal como recogen diferentes informes de instituciones y organismos internacionales y como podemos comprobar por los datos de que disponemos facilitados por los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
En España existe un gran desconocimiento sobre la prostitución debido principalmente a su clandestinidad.
Es necesario, por todo lo anterior, eliminar el tráfico y la trata actuando contra los proxenetas y traficantes e impulsando las tareas de prevención en los países de origen.
En España, hay que resaltar que se ha producido una evolución normativa importante en esta materia.
En la legislatura pasada se creó en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, una Ponencia para el estudio de la situación actual de la prostitución en España y la concreción de orientaciones
y propuestas transversales que debían desarrollarse en todos los ámbitos.
El resultado de dicha ponencia fue un informe con recomendaciones dirigidas al Gobierno, entre esas recomendaciones se encontraba la puesta en marcha de un Plan Integral contra la explotación sexual que contemple medidas en los ámbitos
judicial, social, educativo, policial y de inmigración. Sin embargo, este plan todavía no se ha puesto en marcha.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, un Plan integral contra la explotación sexual que contemple medidas en los ámbitos judicial, social, educativo, policial y de inmigración. El Plan deberá
abordar las siguientes líneas de actuación:
Impulsar la correcta aplicación de la legislación vigente en relación a la persecución del tráfico y la trata de personas con fines sexuales, implicando a todas las
instituciones concernidas mediante el desarrollo de circulares y protocolos, entre otros.
- Defender los derechos de las personas en situación de explotación sexual, que han de tener la consideración de víctimas.
- Establecer políticas de integración e inserción social y laboral para las mujeres víctimas de explotación sexual.
- Reforzar la cooperación internacional entre los países de origen, tránsito y destino, especialmente en la lucha contra el comercio ilícito con fines de explotación sexual.
- Incluir medidas de sensibilización a la sociedad dirigidas a la disminución de la prostitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2008.-Sandra Moneo Díez, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con el fin de impulsar la flexibilización de
horarios y el teletrabajo como medidas de conciliación personal, familiar y laboral, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Los datos señalan que España es uno de los primeros países europeos en cuanto a número de horas trabajadas, mientras que ocupa los puestos más bajos en el ranking de productividad.
Los españoles se encuentran entre los europeos con horarios menos flexibles, ya que sólo tienen jornadas 'a la carta' el 1,2 % de las mujeres y el 1,4 de los hombres, mientras que la media comunitaria es del 11 y el 13 %, según la Oficina de
Estadística Comunitaria (Eurostat).
Respecto a los trabajadores con horario fijo, en España el porcentaje es de un 84,7 % entre las mujeres y de un 83,8 % entre los hombres, cifra por encima de la media de la UE, de un 69,2 % y un 65,5 %, respectivamente.
España sigue rigiéndose por unos horarios muy distintos a los del resto de países de la UE. Sus ciudadanos tienen mucho menos tiempo libre que el resto de europeos, algo a lo que especialmente contribuyen los horarios laborales que siguen
la mayor parte de las empresas: su apuesta generalizada por la jornada partida reduce el tiempo de ocio de los trabajadores y dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar.
Actualmente, muchas mujeres se ven obligadas a dejar su puesto de trabajo para poder cuidar de sus hijos. La incompatibilidad de los horarios laborales y escolares, las jornadas partidas y el coste de una guardería o de una cuidadora son
los motivos principales.
Según una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tener un buen horario aporta mayor satisfacción al trabajador que tener un buen sueldo, sobre todo en el caso de las mujeres.
Existen numerosos ejemplos de que, en primer lugar, existe un conflicto entre trabajo y familia y, en segundo lugar, este conflicto tiene consecuencias negativas para ambas partes. En el caso de la empresa se traducen, entre otros, en
estrés y en general en riesgos psico-sociales, insatisfacción laboral; menor rendimiento y dedicación, etc. En el ámbito privado se traducen en múltiples fenómenos con impacto social derivado como el propio descenso de natalidad, el deterioro en
la educación de nuestros menores o en el cuidado de nuestros mayores.
Por ello, se hace necesario que desde el Gobierno se impulsen políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en nuestro país como la flexibilidad horaria, el teletrabajo, ayudas y apoyos diversos a la maternidad y paternidad.
El Plan Concilia, aprobado por el gobierno central, contempla una profunda racionalización de los horarios de la Administración del Estado. Se hace necesario extender este tipo de iniciativas al ámbito privado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el marco de la negociación colectiva de las empresas, aquellas medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, entre otras: la flexibilización de
los horarios, el desarrollo de las fórmulas de teletrabajo y la jornada de trabajo a tiempo parcial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-Sandra Moneo Díez, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de políticas integrales de Discapacidad
Motivación
Para los socialistas la discapacidad constituye una prioridad. Ya lo dijo el Presidente Rodríguez Zapatero cuando afirmó que el objetivo de este Gobierno era eliminar el déficit de ciudadanía a que están sometidos los discapacitados.
En este sentido, el Gobierno está impulsando importantes medidas de desarrollo legislativo, que favorezcan el acceso al empleo de las personas con discapacidad y también en materia de accesibilidad universal.
En nuestro país hay 3,5 millones de personas con discapacidad, el 9 % de la población. Hay 1,4 millones de entre 6 y 64 años, de los cuales 844.000 tienen problemas de difícil desplazamiento. Además hay otros 2,1 millones con más de 65
años, de los cuales el 70 % tienen idénticos problemas.
En la provincia de Málaga el 9,4 % de la población es discapacitada: estamos hablando de unos 49.000 malagueños con discapacidad.
Todas estas personas tienen que enfrentarse a diario con la existencia de barreras arquitectónicas. Un problema que se intensifica en el caso de personas que necesitan en su desplazamiento silla de ruedas. Además hablamos de un problema
que va a más como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población.
A los socialistas nos parece esencial potenciar proyectos tendentes a conseguir la accesibilidad global, edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones, para posibilitar la integración social y laboral de las personas con
discapacidad. También mejorar la accesibilidad en los aeropuertos.
De hecho, en esta legislatura se ha firmado un Convenio de Colaboración entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con el fin de mejorar las condiciones
de acceso al conjunto de instalaciones y entornos aeroportuarios que gestiona AENA.
El Convenio, que tendrá una vigencia de tres años, ha sido firmado por Manuel Azuaga, Presidente de AENA, y Mario García, Presidente del CERMI y contó con la presencia de la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.
Este Convenio supone que el CERMI, que representa a más de 2.800 asociaciones de discapacitados en toda España, va a asesorar a AENA en el Aeropuerto de Málaga en todos los aspectos relacionados con la accesibilidad en la construcción de las
nuevas infraestructuras que se están realizando, tales como nuevo edificio de aparcamientos o nueva terminal, desde la fase de proyecto de las mismas hasta su desarrollo con el fin de garantizar que resulten plenamente accesibles para las personas
con discapacidad.
Además, también con la opinión cualificada del CERMI, antes de redactar los pliegos de condiciones de los servicios que saque a concurso (asistencia en tierra, etc.) AENA velará porque se preste la atención debida a los requisitos de
accesibilidad y de especialización en el tratamiento y atención a personas con discapacidad en el aeropuerto malagueño.
En esta legislatura Fomento ha realizado ya hasta cinco actuaciones relacionadas con la eliminación de barreras para personas con discapacidad en el Aeropuerto de Málaga.
Se trata de la realización de una Puerta de Acceso Rápido, específica para Personas con Movilidad Reducida (PMR). La señalización de asientos reservados para PMR en todas las puertas de embarque, así como la construcción de un punto de
acceso a 'ambulift' (especie de furgoneta adaptada para dar servicios a los pasajeros con problemas de movilidad, tiene una capacidad para diez pasajeros minusválidos y sus correspondientes acompañantes) en uno de los muelles de embarque.
Además, se ha construido una rampa de acceso a la Sala de Recogida de equipajes y por último se ha redactado un Procedimiento interno de colaboración con las compañías aéreas y las compañías 'handling' para asistencia a Personas con
Movilidad Reducida.
No obstante, cabe demandar al Gobierno que se continúen impulsando medidas de cara a hacer totalmente accesible el Aeropuerto de Málaga.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando medidas tendentes a hacer totalmente accesible el Aeropuerto de Málaga.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2008.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con el objeto de que se establezcan mecanismos
eficaces de inspección y
control que impidan el juego ilegal, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Tanto la ONCE (Organización Nacional de Ciegos) como su Fundación están comprometidas no solo con los ciegos, sino también con todo el conjunto de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, haciendo una función social en
sintonía con el sector de la discapacidad, reconocida por éste y por el resto de la sociedad española.
Por un lado, la ONCE con su obra social atiende la educación y formación de todos los ciegos y deficientes visuales y su grupo de empresas ONCISA fomentan el empleo de los ciegos españoles.
Por otro lado, la Fundación ONCE esta desarrollando en colaboración con distintos Municipios, excelentes programas en accesibilidad y fomento de empleo de las personas con discapacidad; creando centros especiales de empleo con distintas
asociaciones de otras patologías, así como fomentando la formación y el empleo para la inserción de discapacitados en las empresas privadas a través de financiación y apoyo, y con el grupo de empresas Fundosa donde es prioritario el empleo de las
personas con discapacidad.
La Fundación ONCE generó el pasado año 5.088 puestos de trabajo, de los que 4.372 fueron para personas con discapacidad. La cifra acumulada del empleo creado por Fundación ONCE desde 1988 asciende a 52.272 empleos, de los que 44.592
corresponden a personas con discapacidad. Además, se han creado 18.997 plazas ocupacionales.
También hay que destacar, por parte de la Fundación ONCE, el pasado año, la firma de 15 convenios marcos, la redacción de 71 planes de accesibilidad en distintas ciudades, la implantación de 79 taxis accesibles, la instalación de 1.198
semáforos sonoros y la adaptación de 3.249 vados peatonales en distintas ciudades.
Toda esta labor está sustentada por los beneficios obtenidos con la venta del conocido cupón, y el resto de productos de juego de la ONCE, en cuya venta se emplea a más de 23.000 discapacitados físicos y sensoriales, y en el caso de la
Fundación ONCE con el 3 % de los ingresos brutos de la venta de dichos productos.
Con la excusa del empleo de discapacitados tradicionalmente han aparecido distintas rifas y sorteos ilegales que, además de utilizar a las personas con discapacidad y sorteos de ONCE, compiten con el cupón y resto de los juegos legales, de
manera que perjudican seriamente las ventas legales y controladas de la ONCE, causando un grave perjuicio a la labor que a través de ellos se lleva a cabo.
Esta demanda de un mayor control, denuncia y prohibición de estos juegos ilegales que no sólo defraudan al Estado sino que además perjudican la función social derivada de la venta del cupón no sólo es reclamada por la ONCE, también además
por la inmensa mayoría del resto de los representantes de diferentes federaciones y confederaciones de discapacitados de todos los sectores, englobados en el Cermi.
Todos ellos están unidos en esta reclamación en torno a la 'Plataforma en defensa del cupón', organización que es portavoz de las inquietudes y preocupación por la proliferación del juego ilegal en España, por los perjuicios que provoca
dicha competencia en todo el sector de la discapacidad. En dicha plataforma están todos de acuerdo en reclamar un mayor esfuerzo a las autoridades competentes en la inspección y control de las rifas ilegales.
El Grupo Parlamentario Popular se hace eco de dicha inquietud, considera necesario que el Gobierno haga los esfuerzos necesarios y establezca mecanismos eficaces que eviten esta competencia desleal que perjudica seriamente la tarea social
que se lleva a cabo con los beneficios de los juegos de la ONCE.
Por todo ello, y en sintonía con el sector de la discapacidad, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer mecanismos eficaces y adecuados de inspección, control y prohibición del juego ilegal, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en estrecha colaboración con la 'Plataforma
en defensa del cupón'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Francisco Vañó Ferre, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Diputado don Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas especiales para personas trabajadoras discapacitadas en materia de protección social para su debate en Comisión Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En los últimos años a través de incentivos para la inserción laboral y la ocupación estable, así como gracias
a una creciente concienciación social, se ha avanzado considerablemente en apoyo a las personas trabajadoras discapacitadas. Fruto de este progreso, a día de hoy se puede afirmar que la integración social y laboral, pese a estar lejos de
los objetivos deseados, ha experimentado una mejora significativa.
No obstante, esa integración no puede considerarse completa o integral, pues no se han desarrollado medidas específicas para reconocimiento de derechos en materia de seguridad social. Es por esta razón que se impone la necesidad de
reconocer ciertos beneficios que permitan aproximar a este colectivo al resto de trabajadores.
Por todo ello, se deberían emprender iniciativas normativas en ámbito de la seguridad social para mejorar el régimen de protección de estos ciudadanos y ciudadanas que padecen algún tipo de disminución física o psíquica y que precisan de una
mayor atención y protección por parte de todos nosotros, sobre todo en lo relativo a las prestaciones de jubilación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a realizar las modificaciones normativas oportunas:
1. Con objeto de que la pensión de jubilación sea compatible con otras prestaciones.
2. Para que las prestaciones y demás ayudas de los trabajadores discapacitados sea compatible con la percepción de ingresos derivados del trabajo, por cuenta propia o ajena, siempre que estos no superen el 200 % del SMI.
3. Para garantizar el acceso anticipado a la pensión de jubilación de las personas con discapacidad, en función de su capacidad productiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2008.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
161/000329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al estudio de mejoras en la señalización
de los pasos de peatones para su debate en la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial.
El Reglamento General de Circulación en su artículo 168, apartado C regula las marcas de paso para los peatones, con el siguiente texto:
'Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de ésta y que forman un conjunto transversal a la calzada, indica un paso para peatones, donde los conductores de vehículos o
animales deben dejarles paso. (No podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas).'
A pesar de la claridad con la que está redactado y de ser aprobado en el año 2003 son muchas las ciudades que han optado por utilizar otros colores en la pintura de estos pasos de peatones.
Igualmente en los últimos años han empezado a proliferar la señalización de pasos de peatones situados a un nivel superior que el resto de la calzada para obligar a reducir la velocidad de los vehículos en su aproximación al paso de
peatones.
Al igual que en el tema de los colores, en los pasos a diferente nivel se carece de normativa que regule sus características técnicas ni constructivas, actuando cada ayuntamiento a su mejor saber y entender.
Por todo ello y siendo conscientes que debe primar la seguridad sobre la estética y que otros países ya han adoptado hace tiempo nuevos modelos de señalización horizontal y vertical en los pasos de peatones, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Realizar los estudios necesarios que permitan adoptar los cambios normativos en el Reglamento de Circulación Vial, en lo referente a las características constructivas, colores a utilizar y señalización vertical de los pasos de peatones en
sus diferentes modalidades, priorizando la seguridad del peatón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Joaquín García Díez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre supresión de puntos por parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La Ley 17/2005, de 19 de julio, sobre el Permiso de Conducir por Puntos, en el apartado 23 del anexo II, recogió como infracción el 'parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano' con la pérdida de 2 puntos
a fin de ayudar a promover y potenciar el transporte público urbano de superficie.
Las policías locales tienen en cuenta las circunstancias del caso para la formulación de denuncias pero la creciente incorporación de sistemas automáticos de detección de infracciones mediante vehículos que circulan por el carril bus
realizando fotos-denuncia con lectura de matrícula ha puesto de manifiesto determinados problemas en su aplicación que deben ser tenidos en cuenta.
Es el caso de personas discapacitadas que para subir o bajar del vehículo pueden tener que parar en el carril bus para evitar largos desplazamientos y que no parece lógico ni razonable que conlleve la pérdida de puntos.
Es el caso de personas de edad avanzada que, para subir o bajar del vehículo, pueden tener que parar en el carril bus para evitar largos desplazamientos y que no parece lógico ni razonable que conlleve la pérdida de puntos.
Es el caso de la distribución urbana de mercancías que, por carecer de alternativas a distancias razonables, pueden tener que parar en el carril bus para evitar largos desplazamientos y que no parece lógico ni razonable que el ejercicio de
su actividad profesional conlleve la pérdida de puntos.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y habida cuenta que la infracción de parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano puede ser, según sus circunstancias, una infracción a la normativa de
disciplina del tráfico denunciable pero que no constituye un riesgo grave para la seguridad vial ni afecta gravemente a la seguridad de las personas, que es el objetivo o finalidad del sistema de permiso por puntos, se formula la siguiente
Proposición no de Ley:
Por todo lo anterior, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar, en la próxima modificación de la Ley de Seguridad Vial, la posibilidad de suprimir la pérdida de puntos por la infracción de parar o estacionar en los carriles destinados al
transporte público urbano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carlos Corcuera Plaza, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre medidas necesarias para recoger en la Inspección Técnica de los vehículos la lectura del cuentakilómetros, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Uno de los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008 (punto 4.2 del Anexo de acciones clave) era el de establecer una mejora del sistema de gestión del registro de vehículos para proporcionar más y mejores datos del parque.
A este respecto, una las principales fuentes de información indicadora del estado de un vehículo se produce cuando el vehículo se somete a la correspondiente inspección técnica. En esta inspección se someten a control los diferentes
elementos y partes del vehículo y se detectan las posibles deficiencias. El objetivo es que el vehículo circule siempre en las mejores condiciones técnicas para evitar la producción de accidentes, o, en caso de producirse, minimizarse las
consecuencias.
En esta recogida de información un dato resulta especialmente clarificador de la situación del vehículo: el número de kilómetros recorridos. La Estación Técnica no puede verificar o certificar que el número de kilómetros ha sido el que
realmente marca su contador. Sin embargo, la simple lectura y recogida del dato que figura en el cuentakilómetros del vehículo contribuye sin duda a la mejora de la seguridad vial. Con esta medida:
a) la estación que efectúa la inspección conoce el número de kilómetros recogido en anteriores inspecciones, con lo que cuenta con más datos para valorar el estado del vehículo.
b) se crea 'cultura de control' de los kilómetros del vehículo, hasta ahora inexistente.
c) Se contribuye a disminuir el número de fraudes en la venta de vehículos de ocasión, toda vez que el adquirente podrá observar las diferentes lecturas de kilómetros que ha tenido a lo largo de su vida.
d) Se recogen datos especialmente relevantes para la investigación de accidentes de tráfico.
Por todo lo anterior, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para recoger en la inspección
técnica de los vehículos, en aquellos que cuenten con cuentakilómetros, la lectura de los kilómetros que indica el marcador del vehículo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2008.-Carlos Corcuera Plaza, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000428
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cree el Gobierno que son fundadas las quejas de las empresas españolas con intereses en Argelia por considerar que no están suficientemente defendidos sus intereses empresariales por parte del ejecutivo español ante el Gobierno argelino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Justicia
181/000392
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Tiene intención el Gobierno de unificar los juzgados en la ciudad de Palencia en una sola sede?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2008.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
Comisión de Interior
181/000372
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para favorecer el normal desarrollo de la operación Paso del Estrecho 2008, y cómo valora sus desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2008.-Carlos González Serna, Diputado.
181/000376
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de los distintos instrumentos operativos y de coordinación puestos en marcha para la lucha contra la criminalidad organizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2008.-Carlos González Serna, Diputado.
181/000377
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Qué medidas específicas ha adoptado el Gobierno, para garantizar la seguridad ciudadana en la Expo 2008 de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2008.-Carlos González Serna, Diputado.
181/000381
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Aurelio Sánchez Ramos
Texto:
Acontecimientos acaecidos el 9 de julio de 2008, y medidas tomadas ante la concentración de los sindicatos policiales, SUP, UFP, y CEP en las inmediaciones de la frontera con Gibraltar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2008.-Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.
181/000390
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Tiene previsto el ministro del Interior reunirse en próximas fechas con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2008.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
181/000422
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputados don Ricardo Tarno Blanco y doña Carmen Navarro Cruz
Texto:
¿En qué circunstancias se produjeron los hechos acaecidos en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla por el que se produjo un robo de aproximadamente 100 kilogramos de cocaína, haciéndose pública dicha noticia el pasado 20 de julio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2008.-Ricardo Tarno Blanco y Carmen Navarro Cruz, Diputados.
181/000429
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Qué planificación tiene prevista el Gobierno sobre la permanencia del Centro de Internamiento de extranjeros (CIE) de Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Defensa
181/000339
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Jaime Reinares Fernández
Texto:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de los planes de actuación de una determinada empresa, en relación con el futuro de las Fábricas de Armas de Oviedo y de Trubia, y en qué consisten?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2008.-Jaime Reinares Fernández, Diputado.
181/000345
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Jaime Reinares Fernández
Texto:
¿Tiene intención el Gobierno de desarrollar el protocolo de convenio suscrito el 23 de abril de 2003 entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Oviedo y Santa Bárbara Sistemas para crear el Museo Histórico de Tecnología e Industria
Militar de Asturias en Trubia (Oviedo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2008.-Jaime Reinares Fernández, Diputado.
181/000353
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Belén do Campo Piñeiro
Texto:
¿Cuál es la intención del Ministerio de Defensa en relación con la cesión del acuartelamiento de Atocha al Ayuntamiento de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Belén do Campo Piñeiro, Diputada.
181/000380
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuál es el coste, desglosado por capítulos, de la Unidad Militar de Emergencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000382
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuál ha sido el coste total, por capítulos, de la puesta en servicio para la operación del secuestro del 'Playa de Bakio' de los aviones Orión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000383
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Qué actuaciones llevaron a cabo los aviones Orión una vez situados en la zona del secuestro del 'Playa de Bakio'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000384
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuál fue la orden que se transmitió para enviar los aviones Orión a la zona de Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000385
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuáles fueron las órdenes que se transmitieron al Comandante de la fragata 'Méndez Núñez' una vez liberados los pescadores del 'Playa de Bakio'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000386
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Qué órdenes de actuación se cursaron a los respectivos pilotos de los aviones Orión durante su estancia en el teatro de operaciones de Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000387
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Qué instrucciones recibió el Comandante de la fragata 'Méndez Núñez' para interrumpir su misión y partir hacia Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000388
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿ Cuál ha sido el coste del desplazamiento de la fragata 'Méndez-Núñez' a Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000389
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Qué órdenes se cursaron, una vez liberados los pescadores, a los pilotos de los aviones Orión situados en Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000399
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuál es la política a desarrollar por el Ministerio de Defensa en relación con el aprovechamiento de sus propiedades con el objetivo de generar recursos para la modernización de las Fuerzas Armadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000400
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuál el coste, desglosado por capítulos, de la Unidad Militar de Emergencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000402
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuáles son las actuaciones que se están modificando o se van a realizar para la implantación de la Red de Mando y Control para la modernización del Sistema de Información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000414
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Qué instrucciones recibió el Comandante de la fragata Méndez Núñez para interrumpir su misión y partir hacia Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000415
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuál ha sido el coste total, por capítulos, de la puesta en servicio para la operación del secuestro del 'Playa de Bakio' de los aviones Orión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000416
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Qué actuaciones llevaron a cabo los aviones Orión una vez situados en la zona del secuestro del 'Playa de Bakio'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000417
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuál fue la orden que se transmitió para enviar los aviones Orión a la zona de Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000418
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuáles fueron las órdenes que se transmitieron al Comandante de la fragata 'Méndez Núñez' una vez liberados los pescadores del 'Playa de Bakio'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000419
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Qué órdenes de actuación se cursaron a los respectivos pilotos de los aviones Orión durante su estancia en el teatro de operaciones de Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000420
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Cuál ha sido el coste del desplazamiento de la Fragata 'Méndez Núñez' a Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
181/000421
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Texto:
¿Qué órdenes se cursaron, una vez liberados los pescadores, a los pilotos de los aviones Orión situados en Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
Comisión de Fomento
181/000341
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿No considera necesario la Ministra de Fomento, comenzar las obras de desdoblamiento del tramo pendiente de la N-340 entre Algeciras, Tarifa y Vejer (Cádiz) por la primera de estas localidades, puesto que es el punto que más conflicto
plantea, tanto en densidad de tráfico como en accidentes, sobre todo en la época estival?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000347
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jaime Reinares Fernández
Texto:
¿En qué situación está el expediente del Proyecto de Duplicación de la calzada de la calle Nicolás Soria en Oviedo por debajo de las vías del ferrocarril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2008.-Jaime Reinares Fernández, Diputado.
181/000354
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Belén do Campo Piñeiro
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno con respecto al cumplimiento de la totalidad del Plan Director del Aeropuerto de Alvedro en A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Belén do Campo Piñeiro, Diputada.
181/000356
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Piensa el Ministerio de Fomento, a través de Capitanía Marítima del Puerto de Algeciras, aumentar el número de inspecciones anuales a buques extranjeros dentro del Marco del Memorando de París (MOU)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000373
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Qué medidas está impulsando el Gobierno para favorecer una mayor protección de los motoristas en las carreteras de la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2008.-Carlos González Serna, Diputado.
181/000423
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuál es el coste total que prevé el Ministerio de Fomento para la conexión férrea de todos los grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el arco de la Bahía de Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000424
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuándo prevé el Ministerio de Fomento que pueda entrar en funcionamiento la conexión férrea de todos los grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el arco de la Bahía de Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000425
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Qué cantidad tiene previsto incluir el Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 para llevar a cabo la conexión férrea de todos los grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el
arco de la Bahía de Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000426
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuáles son los trámites realizados hasta el momento por el Ministerio de Fomento para llevar a cabo la conexión férrea de todos los grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el arco de la Bahía de Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000427
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Fomento para llevar a cabo la conexión férrea de todos los grandes centros de trabajo del Campo de Gibraltar instalados en el arco de la Bahía de Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000431
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Delgado Arce
Texto:
¿En qué estado se encuentra el Proyecto de Autovía A-76, entre Ourense y Ponferrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2008.-Celso Delgado Arce, Diputado.
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
181/000368
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cuál es el número de pensionistas del SOVI a los que se les ha reconocido la Seguridad Social la compatibilidad con la pensión de viudedad hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2008.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/000369
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿A qué número de pensionistas de incapacidad permanente total cualificada, mayores de 60 años, se les ha reconocido el complemento de mínimos por la Seguridad Social hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2008.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/000370
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputado don José Vicente Muñoz Gómez
Texto:
¿Se ha emprendido la campaña de difusión de la cultura, la historia y la identidad gitana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2008.-José Vicente Muñoz Gómez, Diputado.
181/000371
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputado don José Vicente Muñoz Gómez
Texto:
¿Qué acciones se han llevado o se van a llevar a cabo, para defender ante la Unión Europea, el respeto a la identidad, cultura y lengua gitana, por parte de los actuales integrantes de la Unión Europea y como requisito previo imprescindible
para la entrada de nuevos miembros, tal y como se recoge en los Criterios de Copenhague?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2008.-José Vicente Muñoz Gómez, Diputado.
181/000378
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno que la Generalitat Valenciana haya implantado un plan piloto para que el próximo curso, alumnos de 11 colegios públicos de infantil y primaria de la Comunidad, utilicen uniforme escolar, con la justificación de que
la medida 'eleva el rendimiento escolar de los alumnos, incrementa la valoración de la actividad docente y consolida el prestigio de la institución'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2008.-Carlos González Serna, Diputado.
181/000393
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio
Texto:
¿Cómo se reparten los 871 millones presupuestados para la Ley de Dependencia, entre las diferentes Comunidades Autónomas y para los diferentes conceptos y capítulos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
181/000394
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio
Texto:
¿Cuáles son los recursos presupuestarios que se destinan por Comunidades Autónomas en relación con la aplicación de la Ley de Dependencia y, especialmente, para la gestión de la Ley de Dependencia; para prevención; para mejora de la
calidad; para la coordinación y para el servicio de promoción de la autonomía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2008.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
181/000395
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio
Texto:
¿Cuál es el grado de aplicación por Comunidades Autónomas de la Ley de Dependencia, número de personas de las diferentes Comunidades Autónomas que están recibiendo los servicios previstos de la Ley de Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2008.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
181/000396
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio
Texto:
¿Cómo sustituye el Gobierno los fondos que destinaba al Plan Gerontológico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
181/000397
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio
Texto:
¿Qué presupuesto destina el Gobierno de la Nación para los mayores no dependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
181/000398
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio
Texto:
¿Se van a firmar Convenios extraordinarios con las diferentes Comunidades Autónomas como el que se ha firmado en Galicia de 23 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2008.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/000338
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputada doña Carmen Quintanilla Barba
Texto:
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno hasta la fecha y qué medidas va a tomar de aquí a 2011 para recuperar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de modo que en 2015, fecha marcada por la UNESCO para evaluar si las medidas tomadas por
las distintas administraciones surten efecto, pueda conservar su catalogación como Reserva de la Biosfera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
181/000340
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuál es la valoración del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, del informe que ha realizado Greenpeace sobre la contaminación que sufren las costas de la Bahía de Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000351
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Joaquín García Díez
Texto:
¿Considera el Gobierno que actualmente la Flota Pesquera española que opera en el Índico está suficientemente protegida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2008.-Joaquín García Díez, Diputado.
181/000352
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Joaquín García Díez
Texto:
¿Cree el Gobierno de la Nación que el estado actual del parque del Miño en el Ayuntamiento de Lugo se corresponde con el que había antes de iniciarse las obras acometidas por la Confederación Hidrográfica del Norte y con los compromisos
asumidos con el Ayuntamiento de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2008.-Joaquín García Díez, Diputado.
181/000391
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Joaquín García Díez
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que se celebró el pasado 15 de julio de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2008.-Joaquín García Díez, Diputado.
181/000401
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Joaquín García Díez
Texto:
¿Cuáles son las razones para, desde el Gobierno, excluir a representantes del Consejo de los Diputados del Partido Popular en la inauguración de la Agencia de Pesca en Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2008.-Joaquín García Díez, Diputado.
Comisión de Administraciones Públicas
181/000344
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones Públicas
Diputado don Rafael Merino López
A la Ministra de Administraciones Públicas
Texto:
¿Considera que se ajusta a derecho y es de igualdad que el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Antequera (Málaga), ceda una instalación municipal a un Diputado Nacional, Sr. Heredia, para que dé una rueda de prensa, y se le deniegue la
citada instalación al Grupo de concejales del PP para el mismo uso del Diputado Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2008.-Rafael Merino López, Diputado.
181/000355
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones Públicas
Diputado don Rafael Merino López
A la Ministra de Administraciones Públicas
Texto:
¿Considera ajustado a derecho que el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Antequera (Málaga), deniegue a los concejales de la oposición el uso de una dependencia municipal para que puedan dar una rueda de prensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2008.-Rafael Merino López, Diputado.
Comisión de Cultura
181/000357
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Ha estudiado el Ministerio de Cultura la adopción de medidas para la promoción del teatro español, similares a las aplicadas en relación al cine, tales como la creación de un Fondo de Promoción, la reserva de cuotas de escenario y
exenciones fiscales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000358
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué iniciativas ha emprendido el Ministerio de Cultura para rememorar el 50 aniversario del fallecimiento de Juan Ramón Jiménez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000359
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Con qué criterios se distribuyen las ayudas del Ministerio de Cultura para la celebración de diversos festivales de cine en varias ciudades españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000360
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué razones han motivado los cambios introducidos recientemente en las bases del Premio Velázquez de las Artes Plásticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000361
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Cuál es el monto y el objetivo de las ayudas directas concedidas, recientemente, por el Ministerio de Cultura, al Palau de la Música Catalana y al Conservatorio del Liceo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000362
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿En qué consiste el Plan de Digitalización y Consulta en Red de los Archivos Nacionales aprobado por el Consejo de Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000363
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Tiene el Ministerio de Cultura entre sus planes impulsar una modificación de la legislación sobre el mecenazgo cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000364
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué cambios se han introducido en la estructura y funcionamiento del nuevo Museo Nacional Colegio de San Gregorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000365
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué actuaciones lleva a cabo el Ministerio de Cultura para la conservación y promoción de las cuevas rupestres en España, catorce de las cuales han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000366
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué acciones ha emprendido y tiene previsto emprender el Ministerio de Cultura para hacer frente a la piratería cultural en Internet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000367
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué iniciativas tiene previsto emprender el Ministerio de Cultura para contribuir al impulso de la industria del libro en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2008.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
Comisión de Ciencia e Innovación
181/000337
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia e Innovación
Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños
Texto:
¿Cuáles son las incidencias y retrasos en resolución de la convocatoria de becas FPU?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2008.-Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
181/000342
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia e Innovación
Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños
Texto:
¿Cómo se ha desarrollado la previsión de incrementos presupuestarios interanuales dentro del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 para alcanzar los objetivos del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2008.-Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
181/000343
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia e Innovación
Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños
Texto:
¿Cómo se ha llevado a cabo la simplificación de convocatorias anuales prevista en el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2008.-Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
181/000430
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia e Innovación
parte 1
parte 2