CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 822

SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GASPAR LLAMAZARES TRIGO

Sesión núm. 47 (extraordinaria)

celebrada el martes,

19 de julio de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia:


De la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola), para informar sobre:


- Las actuaciones llevadas a cabo desde el ministerio en relación a la reciente alerta sanitaria europea producida por el brote de E.coli en su variante O104:H4. A petición propia. (Número de expediente 214/000223.) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Las políticas llevadas a cabo por parte del ministerio en materia de protección de la infancia. A petición propia. (Numero de expediente 214/000231.) ... (Página8)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD, PARA INFORMAR SOBRE:


- LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DESDE EL MINISTERIO EN RELACIÓN A LA RECIENTE ALERTA SANITARIA EUROPEA PRODUCIDA POR EL BROTE DE E. COLI EN SU VARIANTE 0104:H4. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000223.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, tenemos dos puntos en el orden del día de hoy en esta sesión extraordinaria, los dos a petición del Gobierno, con lo cual se puede deducir que alguna comparecencia que había sido pedida, sobre todo en materia
de infancia, por parte de los grupos puede considerarse subsumida en la comparecencia del Gobierno; en todo caso dependerá de los grupos parlamentarios mantenerla o retirarla, porque, como aparece en el orden del día, se trata de una comparecencia
a petición propia del Gobierno en esta materia. En todo caso, los grupos que tienen comparecencias en materia de infancia son el Grupo Popular y el Grupo de Convergència i Unió y lógicamente les daremos la palabra en primer lugar para que
intervengan.


La primera de las comparecencias, que quizás tiene que ver con esta sala Internacional, es la que se refiere al brote de Escherichia coli en su variante 0104:H4, para lo cual intervendrá la señora ministra. Será una intervención breve y,
como algunos grupos parlamentarios me han planteado por incompatibilidad con otras Comisiones, también daremos un turno breve a los grupos parlamentarios con la intención de que el núcleo central de la comparecencia sea fundamentalmente la cuestión
relativa al menor. En todo caso, comenzamos la primera parte de la comparecencia, luego daremos lugar a la intervención de los portavoces y la segunda parte será la de infancia. Empezamos con la comparecencia, como he dicho antes, de Escherichia
coli en su variante 0104:H4, para ello tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, doña Leire Pajín.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Señorías, es un placer volver a comparecer en esta Comisión, como decía el presidente, una Comisión que aborda prácticamente tantas tareas como ocupan al ministerio,
la mayoría de los debates se producen en esta Comisión salvo los de Igualdad y aquellos que se abordan en la Comisión Mixta sobre Drogas o en la Comisión de Discapacidad. Quería comparecer a petición propia para discutir con sus señorías -también
lo hice en el Senado- sobre una de las situaciones de emergencia en salud pública y en seguridad alimentaria que hemos tenido en los últimos meses y poder así dar todos los detalles que sus señorías requieran. También quería aprovechar para tratar
el tema de la protección a la infancia, sabiendo que los grupos parlamentarios tenían interés en debatir y discutir sobre esta cuestión, cosa que ocupa e interesa a esta ministra, y por tanto me parecía oportuno que aprovecháramos esta Comisión y
que el procedimiento no evitara un debate que me parece interesante, que está de plena utilidad y que por supuesto queremos abordar con todos sus detalles. Por eso, señor presidente, quisiera aprovechar, en primer lugar, para agradecer el intenso
trabajo que me consta está realizando esta Comisión; sé bien que no solo por el ímpetu de sus señorías y por el trabajo que hacen en esta Comisión sino también por la cantidad de leyes que hemos remitido a esta Cámara, están haciendo un enorme
esfuerzo que yo quiero valorar. En especial se lo quiero agradecer a los grupos en los que sus portavoces son también portavoces en otras comisiones porque su trabajo y esfuerzo para abordar asuntos claves para nuestra ciudadanía no es menor.


Señorías, en esta ocasión comparezco, como les decía, para abordar dos asuntos en los que el Gobierno y el ministerio en especial está trabajando. Siguiendo el orden del día paso a exponer las actuaciones llevadas a cabo por el ministerio
que dirijo en el brote producido en Alemania por la bacteria E. coli en su variante 0104:H4. Por si hubiera alguna duda aún, quiero volver a reiterar que está totalmente descartado que el origen de este brote haya sido algún producto español o que
tenga que ver con algún producto español. Hay que tener en cuenta, en primer lugar -esa es mi primera reflexión-, el elevado número de enfermos y de fallecidos: han sido 48 muertos en Alemania y uno en Suecia, así como nada menos que 4.000
afectados. Aunque el número de casos ha ido disminuyendo, la realidad es muy contundente; por ello, este Gobierno una vez más ha ofrecido y ofrece su solidaridad y su apoyo para la gestión del brote epidémico al país afectado así como a todas las
instituciones europeas. Eso hemos hecho y eso vamos a seguir haciendo. Pero a su vez hemos manifestado que la gestión llevada a cabo por la Comisión Europea, así como por las autoridades alemanas, había sido claramente inadecuada, y lo ha sido por
una incorrecta utilización de los mecanismos que tenemos y de los que nos hemos dotado para estas actuaciones como, por ejemplo, el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos, y todo ello sin disponer de datos analíticos perfectamente
contrastados. Todos conocen, señorías, las consecuencias, una alarma sobre nuestros productos y hacia la población, perjuicios económicos y de imagen para el sector, así como desconfianza temporal del consumidor fuera de nuestras fronteras. Pero
no solo hemos denunciado y pedido de inmediato explicaciones ante esta gestión, también hemos trabajado para recuperarlo. Quisiera para ello hacerles brevemente un repaso cronológico de estas acciones, acciones que creemos manifiestan la celeridad
y la contundencia con las que respondimos, como es, por otro lado, nuestra obligación.

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Señorías, el 22 de mayo, mediante el sistema de alerta y respuesta temprana, Alemania comunicó un incremento del número de pacientes con complicaciones renales causada por E. coli enteropatógena. El jueves 26 de mayo al mediodía, la
senadora de Hamburgo, la señora Cornelia Prüfer- Storcks, hizo declaraciones indicando como responsables del origen de la infección posiblemente productos españoles, también holandeses, concretamente en nuestro caso pepinos procedentes de Andalucía.
Inmediatamente España inició la activación de los protocolos de seguridad para garantizar la salubridad de los productos españoles, así como la salud de la población, porque es nuestra obligación, y las reuniones de coordinación. A su vez, se piden
explicaciones a la Comisión Europea de forma inmediata, quien solicita tiempo para recabar la información. Ese mismo día a las siete y media, la Comisión Europea nos comunica que Alemania hará comunicaciones a la red de alerta europea, señalando
concretamente a dos empresas españolas de pepinos como el origen del brote. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria a su vez pidió a la Comisión información detallada, ya que se observaban ciertos errores desde el principio. Siguiendo, el 26
de mayo a las nueve horas emitimos una nota informando a la ciudadanía de la situación, con la transparencia que debe actuar una Administración, indicando que pudo deberse al transporte y al manipulado posterior del producto y que, por tanto, en
ningún caso entendíamos que hubiera pruebas fundadas de que el problema estuviera en nuestros productos de origen. Esa misma noche, en una cadena de televisión quien les habla hizo una encendida defensa de los productos españoles y dejó bien claro
que estábamos hablando de una alarma sin ningún tipo de pruebas y que, por tanto, no había ningún problema para consumir productos españoles. Además, ese mismo día, como digo, dejamos claro que la ciudadanía tenía plena garantía de la seguridad y
garantía de nuestros productos. Un día después, el 27 de mayo, el vicepresidente primero, la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y quien les habla seguimos coordinándonos y ofreciendo información, incidiendo en que no había prueba
definitiva de que los productos españoles fueran los causantes de la infección y seguimos poniendo en duda la imputación alemana. A continuación, remitimos a la Comisión Europea la información de las inspecciones que se realizan por la Junta de
Andalucía desde el mismo día 27, que son muestras de agua y suelo en 13 invernaderos de empresas españolas supuestamente implicadas. Paralelamente también constatamos que no hay ningún caso de infección por esa bacteria en España. La Comisión
Europea emite en ese momento, a consecuencia de esta información, un comunicado en el que reconoce que se precipitó y añade que no puede descartar otros focos de infección distintos, apuntando a una posible contaminación durante el transporte,
manipulado o embasado, exactamente lo que habíamos mantenido desde el principio. El 30 de mayo, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Ministerio de Medio Ambiente participan en diferentes audioconferencias, exigiendo a la Comisión
Europea no cerrar fronteras a productos españoles. Además, se forma un comité de seguimiento entre los representantes del sector, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Medio Ambiente, comité que se ha ido reuniendo de forma periódica para la
coordinación de actuaciones e información.


A la luz de estos datos, la senadora de Hamburgo confirma que el agente patógeno detectado en los cuatro de los siete pepinos no coincide con el causante de la epidemia, pero sí estaban infectadas con la bacteria, en otra variante,
manteniéndose así en sus afirmaciones. La Comisión Europea emite el 31 de mayo una nueva nota de prensa en la que asegura que los resultados de los test practicados a los productos españoles objeto de sospecha no confirman la presencia de la
bacteria. El 1 de junio se exige a la Comisión Europea la retirada de la alerta emitida con implicación de los pepinos españoles tras la difusión a través del Rasff de los resultados negativos obtenidos en España de todas las muestras oficiales de
suelo, agua y pepinos, así como las tomadas por las propias empresas españolas. Esa misma tarde, en torno a las ocho, tras las conversaciones que mantengo con el comisario europeo de Salud y Política de Consumidores, el señor John Dalli, la
Comisión Europea retira la alerta a dichos productos españoles y posteriormente informa que considera cerrada toda alerta. También por parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria se solicita la retirada en el portal del Rasff de la notificación
relativa a los productos malagueños al no existir ninguna vinculación con el origen del brote. Esta retirada no tiene efectos prácticos, pero sí es de justicia que las autoridades alemanas la retiren y por eso insistimos, ya que, según el
Reglamento Europeo, debe ser el país notificante el que efectúe la retirada. El día 2 de junio informamos de las gestiones llevadas a cabo a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El 7 de junio
llevamos a cabo una reunión conjunta de la comisión institucional de la Aesan y de la comisión de salud pública del Sistema Nacional de Salud, en la que acordamos con todas las comunidades autónomas elaborar conjuntamente el texto definitivo que
remitiríamos a la Comisión para el estudio de la reforma de la red de alerta europea de seguridad alimentaria. Además, señorías, se ha abordado el asunto en las reuniones mantenidas en diversos grupos de trabajo como el de higiene o el permanente
de cadena alimentaria y sanidad animal, sección biológica.


Como les decía, no solo hemos denunciado y pedido explicaciones ante esta gestión, también hemos trabajado para mejorarlo. En el Consejo Epsco que tuvo lugar el pasado 6 de junio planteé algunas propuestas, entre ellas, seguir reduciendo
tiempos en las notificaciones, sin perder, por supuesto, rigor y unificando las garantías de muestreo de todos los países miembros; mayor implicación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en la evaluación del riesgo desde el primer
minuto, y, por supuesto, que las notas de prensa de la Comisión

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sean comunicadas antes a los países afectados; el estudio de estas medidas, entre otras propuestas, abordarlas en el siguiente Consejo informal de Epsco, y así se ha hecho. Dicho consejo informal tuvo lugar hace dos semanas y he de
decirles que la Comisión Europea se ha comprometido a que, antes de finalizar el año, existan medidas para mejorar los mecanismos de seguridad alimentaria, alerta y comunicación.


A todo esto, señorías, el pasado 25 de mayo se inició una nueva alerta en el sistema de alerta rápida europeo asociada a un nuevo brote de E. coli acaecido en Francia y relacionados con el brote de Alemania. Todo apunta -y digo todo apunta-
a que las semillas de fenogreco afectadas por el brote eran originarias de Egipto. Se distribuyeron desde Alemania hasta un total de once Estados miembros, entre ellos España. Todos los análisis a las semillas suministradas a España -quiero
volverlo a subrayar- han resultado negativos a E. coli y es que, además, las cantidades en nuestro país eran bajas. A todo esto, hemos informado puntualmente y también hemos actuado. En el Comité permanente de la cadena alimentaria y sanidad y
bienestar animal, se aprobó, con mayoría absoluta de los Estados miembros, la adopción de medidas de emergencia aplicables a las semillas de fenogreco y otras semillas y leguminosas importadas de Egipto, entre ellas, retirar y destruir los lotes
afectados y una prohibición temporal de circulación de determinadas semillas y judías de Egipto hasta octubre de este año.


Señorías, termino, en esta situación hemos comprobado el nivel de control, exigencia y profesionalidad del sector y de las autoridades competentes españolas. Quiero, una vez más, poner en valor nuestro sistema de seguridad alimentaria y
nuestra coordinación con las comunidades autónomas en un país descentralizado que ha quedado patente a diferencia de otras actuaciones. Además, quiero decir, señorías, que siempre hemos entendido desde el Ministerio de Sanidad que deberíamos
aprender de esta realidad y que no solo servía con exigir que se indemnizara a los sectores como hemos hecho y seguiremos haciendo, sino que entendíamos que teníamos que aprovechar para mejorar el sistema de alerta y comunicación europeas, una vez
que hemos comprobado que no funciona bien o que tiene, desde luego, recorrido de mejora. Eso es lo que hemos hecho: liderar en el seno de la Comisión y de la Unión Europea una reflexión seria, unas propuestas concretas en coordinación con todas
las comunidades autónomas para mejorar ese sistema de seguridad y de alerta.


Quiero agradecer la magnífica labor que han desarrollado en la gestión de este episodio el sector hortofrutícola español. Sin lugar a dudas, ha estado a la altura en todo momento, ofreciendo la mayor transparencia e información rigurosa que
se ha solicitado. Siempre dijimos que no teníamos nada que ocultar y siempre nos ofrecimos a ser transparentes y a invitar a la Comisión a que viniera a nuestro país, así como a colaborar con ellos porque entendíamos que era la mejor manera de
responder contundentemente a esta situación. También quiero agradecer al resto de instituciones públicas su labor y su coordinación.


Quedo, señorías, ahora a su disposición para aquellas cuestiones que quieran plantearme y que puedan responder a algún tipo de detalle.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tienen la palabra los grupos parlamentarios para hacer preguntas o intervenir sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el ministerio en relación con la alerta sanitaria europea producida por el brote
de E. coli.


En primer lugar, por Convergència i Unió tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora ministra, ante todo quiero agradecerle muchísimo su comparecencia y sus explicaciones sobre la problemática que hemos sufrido durante estos últimos meses, las infecciones y muertes que ha habido en Europa,
además de los miles de afectados por la bacteria E. coli. Por parte de sanidad le agradecemos muchísimo su respuesta.


Quiero quedarme con el final de su intervención. Hace muchísima falta y es muy necesario e importante que el Gobierno, su ministerio, apueste con rotundidad por una reforma de la red de alerta sanitaria en el marco de la Unión Europea para
que se pueda responder de manera rápida y eficaz ante crisis como la que hemos pasado, derivada de la bacteria E. coli. Para mi grupo, más que un tema sanitario, que lo han tenido y muy grave en Alemania y en otros países europeos, España ha
sufrido una crisis económica y agrícola debido a cómo se ha llevado esta cuestión, a la falta de rigurosidad en la forma en que se ha llevado en Europa y a cómo no ha funcionado el sistema de alertas en la Unión Europea, lo cual ha perjudicado mucho
y muy gravemente a nuestro país. Hoy, creo que esta misma mañana, se encuentra en Bruselas la ministra de Medio Ambiente, que ya compareció en esta misma sala y dio muchas explicaciones al respecto, y se está celebrando esta reunión, donde se está
discutiendo también sobre las compensaciones y las ayudas al sector. Creemos que las ayudas de 210 millones que ofreció la Unión Europea van a ser insuficientes. En estos momentos están sobre la mesa y nuestro Gobierno, la ministra ha anunciado
que va a pedir 71 millones, pero eso solo va a incluir cuatro de los productos afectados por la crisis y no se van a tener en cuenta otros como la fruta, el melón o el resto de productos afectados por el cierre de fronteras y por la alarma infundada
que se generó. Además, se han de hacer campañas no solo a nivel español para nuestro consumo interno, sino también para consumo externo, campañas que no deben hacerse, como está diciendo la Unión Europea ahora, en colaboración con los mismos
agricultores, sino a nivel europeo, que son quienes deben pagarlas y ayudar.


Como estos temas ya se están llevando desde otro departamento, mi grupo simplemente quiere agradecerle muchísimo su intervención en esta cuestión. También quiero pedir disculpas -va a ser mi compañero, Carles

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Campuzano, quien se va a quedar para intervenir en el tema relativo a la infancia- porque ahora, como nos pasa muchas veces, tengo que ir a otra Comisión.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Señora ministra, bienvenida una vez más a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.


Comparece usted a petición propia para hablar de la mal llamada crisis del pepino. Fíjese qué injusta es muchas veces la vida y la política, la vida en general, que se habla de la crisis del pepino cuando este no tiene nada que ver en esta
crisis. Se trata de una crisis producida por una cepa, especialmente patógena, de una bacteria común, que produce alteraciones hemolíticas en el organismo, con una repercusión de fracaso renal, produciendo una alta mortalidad, como se ha demostrado
en los hechos acaecidos en el último mes. En primer lugar, mi grupo quiere poner de manifiesto la cooperación con el resto de los países europeos y su preocupación por los afectados, esperando que tengan una pronta recuperación.


En segundo lugar, quiero destacar que la posición de mi grupo en este sentido ha sido siempre extraordinariamente clara y de apoyo al Gobierno. Lo hicimos en los primeros días, que son los importantes, y dijimos que hasta que no se
cumpliera todo el proceso no íbamos a hacer crítica alguna; así lo manifestó mi grupo. La ministra viene hoy después de haber pasado por otras instituciones -Senado, Consejo Interterritorial y Comisión de Salud Pública- a explicarnos el proceso.
Hoy lo ha hecho de una forma más reducida, pero centrando fundamentalmente los aspectos que la ministra considera de mayor trascendencia, buscando un objetivo final, que es decir que el Gobierno ha actuado con diligencia, con transparencia y con
eficacia. La pregunta que nos tenemos que hacer es si el Gobierno lo podía haber hecho mejor y, sinceramente, yo creo que sí, que el Gobierno lo podía haber hecho mejor. No me estoy refiriendo específicamente a la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición o al Ministerio de Sanidad en concreto, sino al Gobierno en su conjunto. Lo podía haber hecho mejor y probablemente tendríamos unas consecuencias menos negativas, porque en los primeros días el Gobierno dejó que fuera el
Gobierno de Hamburgo quien llevara el tema y lo que debería haber hecho el Gobierno español es haber explicado con más rotundidad que nuestro sistema productivo aéreo y por goteo hace imposible que esta cepa contamine los pepinos, que esta es una
cepa que nunca se ha producido en España, muy poco en Europa y más en Norteamérica y que a nuestros productos hortofrutícolas se les hace periódicamente revisiones específicas por laboratorios oficiales e independientes que garantizan su calidad,
como bien está demostrado en la trazabilidad que tienen los mismos. Por tanto, yo creo que dejaron ustedes en manos de Alemania excesivamente este problema mientras que otros gobiernos no lo hicieron, como por ejemplo Holanda y Dinamarca, que
fueron mucho más diligentes a la hora de aportar los resultados. Ellos lo hicieron el lunes, 30 de mayo, y nosotros el jueves, 2 de junio, tres días que podíamos haber ganado en defensa de la exportación de nuestros productos y de la verdad, que
nuestros productos no eran vehículo de contaminación, no eran fuente de enfermedad, sino que estaban sanos. Fíjese usted, señora ministra, que hasta el jueves, 16 de junio, esto es, más de quince días después, todavía figuraban en el registro de
alertas alimentarias de la Comisión Europea los pepinos españoles como causa de la contaminación por Escherichia coli; el día 16. Y por indicación y denuncia de los eurodiputados populares se consiguió que al día siguiente, 17 de junio,
desapareciera de la página de alerta esta autoría o supuesta autoría de los pepinos españoles. Por tanto, señora ministra y señor presidente -hemos acordado que íbamos a ser breves-, creo que el Gobierno podía haberlo hecho mejor y para ello ha
contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, que presentó una proposición no de ley en el Pleno del Congreso, la cual autoenmendamos y buscamos objetivos comunes, llegándose a un acuerdo de todos los grupos de la Cámara. Mi grupo no
pretendía criticar al Gobierno, lo único que pedía era que se defendiera al sector hortofrutícola español e instaba al Gobierno a que hiciera lo que entendíamos que era básico: que exigiera responsabilidades y compensaciones económicas a las
autoridades comunitarias; que redoblaran sus esfuerzos ante la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para que determinara científicamente el origen de la infección, que no eran las frutas ni las verduras españolas; que pusiera en marcha
campañas de promoción con cargo a fondos comunitarios para restablecer la imagen y el prestigio de nuestros productos hortofrutícolas y que desarrollara una labor seria, intensa y diplomática ante la Unión Europea para recuperar la normalidad de los
flujos comerciales de los productos españoles. Por lo tanto, posición de colaboración del Grupo Parlamentario Popular y exigencia en relación con las mayores aportaciones económicas que pueda hacer la Unión Europea a España. Seguimos pensando que
el incremento de los 51 a los 71 millones de euros es escaso y que hay que incrementar esa posición para lograr mayores ayudas al sector.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la señora Grande.


La señora GRANDE PESQUERO: Señora ministra, bienvenida de nuevo a esta Comisión y muchas gracias, además, por haberlo hecho a petición propia y en periodo extraordinario, haciendo posible el acuerdo de Mesa y portavoces que decidió celebrar
ambas comparecencias. Ello demuestra una vez más su respeto por el Congreso

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de los Diputados y su compromiso con los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión.


Señora ministra, dice una frase célebre que los errores son inevitables, lo que importa es cómo respondemos ante ellos. Precisamente esto es lo que podríamos aplicar a la senadora para la salud y protección del consumidor de Hamburgo, la
señora Cornelia Prüfer- Storcks, que bien por la urgencia de una crisis sanitaria grave en la zona de su responsabilidad, o bien por la presión de la ciudadanía alemana, que alarmada veía por cómo el número y la gravedad de los casos aumentaba
rápidamente, cometió el grave error de achacar el origen de la intoxicación alimentaria al consumo de pepinos españoles y holandeses sin ningún rigor científico, ya que en el momento de hacer estas afirmaciones carecía de datos de laboratorio que
las avalaran. Como se decía en la frase, lo importante es cómo se responde ante los errores, y de esa respuesta desde el Gobierno español y más concretamente desde el ministerio que usted dirige es de lo que ha tratado su comparecencia de esta
mañana. Porque si lo importante es la respuesta al error, permítame que en nombre de mi grupo parlamentario le felicite a usted y a su equipo por esa respuesta, especialmente al director de la Agencia de Seguridad Alimentaria y a la directora
general, que hoy nos acompañan, así como a todo el equipo de salud pública del ministerio, porque coordinadamente con otros departamentos del Gobierno, de todo el Gobierno, señor Mingo, la Junta de Andalucía y los productores del sector, como bien
ha dicho la señora ministra, se ha dado una respuesta en tiempo y forma, por un lado, a la crisis alimentaria y, paralelamente, a la crisis del sector hortofrutícola español, más concretamente al andaluz.


A lo largo de su intervención nos ha hecho un relato cronológico detallado de todo lo acaecido desde que la señora Prüfer- Storcks -creo que el 26 de mayo pasado- tuvo la imprudencia de achacar el origen de la toxiinfección a los pepinos
españoles hasta el momento actual, hasta el día de hoy. Como comentó efectivamente la ministra Aguilar en su comparecencia del pasado 20 de junio -lo ha dicho la portavoz de CiU en esta misma sala y usted misma nos lo acaba de corroborar y
detallar- en lo referente a la parte sanitaria, en los seis días que duró la alerta que estuvo colgada el Gobierno español actuó con rapidez, con contundencia y con claridad e intentó dar desde el primer momento una solución europea a lo que desde
luego era un problema europeo.


Me gustaría decirle al señor Mingo que lo único que nos quedaba era declararle la guerra a alguien, pero yo creo que no era eso lo que había que hacer, sino colaborar y siempre concordar y no confrontar. Yo añadiría además aportando
soluciones científicas, como hizo el Gobierno español, y ayuda técnica a Alemania, que se le ofreció en todo momento durante los días que estuvo dando palos de ciego; colaborando con propuestas como las que usted planteó en el Consejo de Epsco, que
tuvo lugar el pasado 6 de junio y que, como nos acaba de comentar, ha obtenido como respuesta el compromiso de la Unión Europea para que antes de que finalice este año se aprueben medidas para mejorar los mecanismos de seguridad alimentaria, alerta
y comunicación. Con esto, señorías, es con lo que deberíamos quedarnos. Como suelen decir los científicos de manera muy pragmática, como son la mayoría de ellos, la ciencia no es más que un conjunto de respuestas fáciles a preguntas difíciles, y
por ello, con la contribución del Gobierno español y concretamente del ministerio que usted dirige, los ciudadanos europeos, con este cambio de procedimiento para las alertas alimentarias, tendremos una respuesta fácil y trabajada a un problema
difícil, y tendremos la tranquilidad y la seguridad de que ante cualquier situación similar, que desde luego no es deseable que se vuelva a producir en la Unión Europea, obtendremos una respuesta mucho mejor para los consumidores y, desde luego, sin
repercusiones para los productores europeos, y en particular para los que nos interesa, para los productores españoles. Señorías, se dice que responsable es aquel que responde por sus actos, se hace cargo de las consecuencias y aprende de ellas, y
eso precisamente es lo que usted, señora ministra, y el Gobierno de España han realizado durante este tiempo y nos ha expuesto esta mañana.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): En primer lugar, quiero hacer una reflexión que también hacía la portavoz de Convergència i Unió, la señora Tarruella, sobre la reforma de la alerta sanitaria. La
hice también en el Senado, y yo creo que es importante. En esta situación de crisis nos hemos tenido que enfrentar a dos cuestiones. En primer lugar, a una respuesta imperfecta y claramente manifiesta de las autoridades europeas y de las
autoridades alemanas ante esta situación, una situación que entendemos que era compleja y complicada en un país en donde había muchos miles de ciudadanos afectados e incluso fallecidos y donde se tenía que haber respondido de una forma mucho más
certera, mucho más rigurosa y con mucha más contundencia. Pero seguramente lo más importante no ha sido ese problema que queremos ahora subsanar y mejorar con nuestras reflexiones en la Unión Europea, sino la gestión de la información. En este
tipo de situaciones es tan importante la alerta formal y sus mecanismos formales, como la gestión de la información. Todo el mundo sabe que en pleno siglo XXI una declaración hecha a un medio de comunicación en un pasillo, por una vía que no es
formal, tiene un impacto inmediato en todos los medios de comunicación del mundo sin que nadie pueda parar esa situación. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Por eso, en las primeras horas, aunque respondimos de forma contundente desde el primer
día, como he demostrado y ahora volveré a aclarar alguna consideración, tuvimos

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que responder ante una acusación que no conocíamos, tuvimos que responder ante una situación que desconocíamos porque en ningún caso había una acusación formal por parte de las autoridades pertinentes y competentes, sino que había una
declaración a la prensa de una responsable política, que son dos cosas radicalmente diferentes. Ante esa realidad compleja, porque como digo no era una acusación formal, respondimos con toda contundencia y con toda celeridad y exigimos en todo
momento a la Comisión Europea que abordara esa situación, que se pusiera al frente y asumiera el liderazgo que le corresponde en este tipo de circunstancias.


Además, denunciamos otra consideración, y es que en una Unión Europea sólida y fuerte en la que creemos, las instituciones europeas, tanto los institutos de salud pública, que existen y tienen prestigio, como las autoridades de seguridad
alimentaria, que existen y tienen prestigio, deben actuar de forma inmediata en este tipo de crisis cuando estas sucedan en cualquiera de los Estados miembros. Eso tampoco ha ocurrido. La tardanza de las instituciones europeas en su compromiso in
situ y en terreno en esta situación también fue una ausencia clamorosa que pusimos de manifiesto desde el primer día y que queremos que se corrija en el futuro. Si tenemos instituciones europeas de prestigio y contribuimos a que se consoliden, debe
ser, entre otras cosas, para que aclaren esas situaciones y para que no dejen a los Estados miembros que investiguen solos ni decidan solos sobre este tipo de crisis, porque son crisis que no solamente afectan a un país, sino que de forma directa o
indirecta afectan a todos los países de alrededor.


Por otro lado, quiero dejar bien claro que no solamente hemos hecho una reflexión en términos de indemnizaciones -por supuesto hemos peleado y seguimos hoy peleando para que nuestros agricultores y productores tengan las indemnizaciones que
les corresponden-, sino que estamos colaborando con la Unión Europea para establecer campañas de sensibilización en la seguridad alimentaria de los productos españoles, tanto en España como en el resto de los países europeos, y hemos desplegado toda
nuestra acción diplomática para hacerlo también en terceros países que se vieron afectados por esta situación.


El señor Mingo decía que en todo momento la actitud del Partido Popular había sido constructiva, y yo agradezco el tono de su señoría de hoy. En primer lugar, quiero recordarle que efectivamente mi intervención ha sido reducida porque así
me lo han pedido sus señorías. Asimismo, quiero recordarle que no es la primera vez que doy explicaciones en el Congreso; es más, se me formularon varias preguntas en el Pleno y no precisamente en un tono colaborador, pero di todos los detalles
que se me requerían. La ministra que le habla siempre tiene un espíritu autocrítico y procura aprender de todas las situaciones que tiene que abordar y, por tanto, siempre busca la perfección y siempre aprende para mejorar en el futuro. Ahora
bien, hay consideraciones que no puedo compartir y que voy a aclarar de forma rotunda y clara.


Decía el señor Mingo que la alerta alemana se había retirado con anterioridad a la española y que, por tanto, las autoridades alemanas habían respondido con más celeridad y diligencia que las españolas, y no es cierto. La retirada de la
alerta 0702, relativa a la empresa de Almería, se lleva a cabo el mismo día, precisamente el 1 de junio del presente año, que la alerta 707, que es la de Holanda, y unas horas más tarde, pero el mismo día, la Comisión cierra también la otra alerta,
es decir, se cierran el mismo día las alertas españolas y las de Holanda. Supongo que el señor Mingo conoce bien, porque lleva años en esta materia, cómo funciona el sistema de alertas y la página web de la Comisión Europea, pero, por si acaso, se
lo voy a explicar. Hay que aclarar que, además de levantarse al mismo tiempo y, por tanto, desde ese día ambas alertas se dan por finalizadas, eso no quiere decir que la alerta 703 permanezca en el portal de la Rasff, es más, en el portal de la
Rasff hay una base de datos en la que se registran y aparecen todas las alertas que se han producido, con independencia de que las alertas ya estén cerradas. Le diré más, señor Mingo, hay incluso alertas del año 2006 y del año 2007 en el mismo
portal, y estas alertas, como es lógico, están perfectamente cerradas. Por tanto, quiero precisar con todo rigor que se respondió de la misma forma, se levantaron al mismo tiempo y solo permanecieron en esa base de datos del portal, porque así se
suele hacer con todas las alertas que han sido abiertas.


Tampoco puedo compartir con usted que lo dejáramos en manos de Alemania, entre otras cosas porque en todo momento le pedimos tanto a Alemania como a la Comisión Europea que rectificaran el mismo día, la misma tarde, una y otra vez.
Mantuvimos una y otra vez videoconferencias, mantuvimos conversaciones bilaterales con las autoridades alemanas y con las autoridades de la Comisión Europea. ¿Se puede ser más contundente? Seguramente, sí. También se puede tener un concepto de
contundencia discutible. Le invito a que lea mis declaraciones la misma tarde que se produce la negligente intervención en una rueda de prensa de la responsable de Hamburgo y vea si se puede ser más contundente respecto a la seguridad y a la
defensa de nuestros productos, y eso que lo hice con el equilibrio que la ministra de Sanidad siempre tiene que tener. Decían algunas de sus señorías que esta era una parte que afectaba fundamentalmente a los productos agrícolas, y es verdad, pero
podría haber afectado a la salud de los ciudadanos españoles, y mi tarea y responsabilidad son garantizar que los productos están perfectamente limpios y que no hay ningún problema de salud pública para los ciudadanos. Fuimos tan contundentes en la
defensa de los productos como diligentes en la coordinación con nuestras autoridades de salud pública para garantizar la seguridad de los ciudadanos; es más, en ningún momento hubo ningún problema en nuestro país y en todo momento dijimos que se
podían consumir nuestros productos con toda garantía y reiteramos una y otra vez que no había ningún caso de esta bacteria y de su variante en nuestro país. Además les diré que esa

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iniciativa parlamentaria, de la que usted hablaba, venía a decir todo lo que estábamos haciendo en ese momento y todo lo que queríamos seguir haciendo. No ha manifestado su señoría qué le parece la importante reflexión que hicimos en
términos de salud pública y de alerta de la seguridad alimentaria en la Comisión Europea, pero quiero entender que apoya esas reflexiones y que le parece bien que hayamos liderado y conseguido que la Comisión Europea acepte nuestra reflexión y
nuestras propuestas, que pone de manifiesto lo que allí conseguimos, que es demostrar que nuestro sistema de alertas funciona muy bien y que, por tanto, somos un país solvente y, al mismo tiempo, lideramos en el seno de la Unión Europea una
reflexión de presente y de futuro que creo que es muy importante.


Acabo, señor presidente, con una reflexión que hacía la portavoz del Grupo Socialista. No solo comparto esa afirmación y esa frase que citaba, sino que además lo llevamos a cabo. Cuando a los pocos días, producto de la desorientación que
todavía existía como consecuencia de no conocer con precisión cuál era el origen del brote, se nos pidió que hiciéramos declaraciones sobre las supuestas semillas alemanas infectadas, y lo que dijo esta ministra fue que no iba a cometer el mismo
error que había cometido Alemania con España, que no iba, por tanto, a acusar a ningún producto ni a ningún país para que sufrieran los mismos problemas y las mismas consecuencias que teníamos. Fuimos en todo momento contundentes contra sus errores
pero coherentes con nuestra forma de actuar y responder. Y, efectivamente, ofrecimos ayuda técnica, porque siempre entendimos que ofrecer nuestras instituciones prestigiosas en esta materia de investigación, con las que también me reuní, como lo
hizo el vicepresidente primero, y hacer transparente el proceso era la mejor garantía para que en todo momento la Comisión Europea, la opinión pública y Alemania tuvieran garantías de que en España las cosas se hacían bien. Ofrecimos desde el
primer momento que vinieran a nuestro país, que se hicieran muestras, como hizo la Junta de Andalucía, y ofrecimos todas nuestras instituciones para que todo el proceso fuera transparente, porque no teníamos nada que ocultar. Insisto, señoría, le
recomiendo que vea la respuesta que desde las primeras horas dio esta ministra, porque aunque seguramente es discutible el concepto de contundencia, si algo verá allí es contundencia seria y fuerte.


El señor PRESIDENTE: Hemos finalizado la primera comparecencia.


- LAS POLÍTICAS LLEVADAS A CABO POR PARTE DEL MINISTERIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000231.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos, sin interrupción, a la segunda comparecencia, que tiene que ver con las políticas llevadas a cabo por parte del ministerio en materia de protección de la infancia. Tiene la palabra la señora ministra de
Sanidad, Política Social e Igualdad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Presidente, señorías, como les decía al principio, con el conocimiento de que sus señorías tenían interés de abordar temas relacionados con la infancia y desde la
voluntad que también tenía el ministerio de abordar este tema, que es prioritario en nuestra gestión de los últimos meses, he querido comparecer y atender así también a sus solicitudes, con independencia del procedimiento. Por eso, quiero informar
ahora sobre las políticas llevadas a cabo por parte del ministerio en materia de protección de la infancia. Aprovecharé también, señor presidente, para informar sobre el tercer y el cuarto informe de seguimiento de la Convención de los derechos del
niño, algo que los dos grupos de la Cámara habían solicitado y que puedo entender que puede ser de su interés. (La señora vicepresidente, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.)


Señorías, mi toma de posesión coincidió con la publicación del informe sobre España del Comité de los Derechos del Niño, así como con la aprobación del informe de la Comisión especial del Senado sobre adopción nacional y otros temas
relacionados. Ambos han marcado nuestras líneas políticas de trabajo en materia de protección a la infancia en estos meses. En el mes de enero comenzamos un trabajo que ha fraguado en los anteproyectos de ley que presenté conjuntamente con el
Ministerio de Justicia al Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley de actualización de la legislación sobre protección de la infancia y la ley orgánica complementaria. Mis esfuerzos van dirigidos a que este anteproyecto salga adelante. Existe
-soy consciente- una demanda social y hay un consenso político e institucional para ello.


Señorías, quisiera aprovechar la ocasión para poner de manifiesto una vez más el compromiso de España con todos los organismos multilaterales, especialmente en rendir cuentas ante aquellos relativos a la garantía de los derechos humanos.
Este ha sido el caso del Comité de los Derechos del Niño. Como saben, el proceso de evaluación comienza con la elaboración del informe, que tuvo lugar a partir de la información procedente de las comunidades autónomas, Administración central con
competencias en materia de infancia, las corporaciones locales y, por supuesto, con las organizaciones de infancia, principalmente a través de la plataforma de organizaciones de infancia. El día 15 de septiembre del pasado año tuvo lugar el examen
de los informes presentados por España ante el citado comité. El comité se mostró muy satisfecho con la evolución de España en materia de protección y garantía de los derechos del niño y reconoció logros, de los que debemos todos y todas sentirnos
orgullosos porque es tarea y fruto de la labor de todas las administraciones públicas, sin excepción. El comité destacó el compromiso plasmado en relación

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con la elaboración y aprobación, en primer lugar, del I Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2006-2009, en segundo lugar, del II Plan nacional contra la explotación sexual comercial de infancia y adolescencia 2006-2009, en
tercer lugar, del I Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010, así como con la Ley orgánica sobre medidas específicas relativas a la seguridad pública, la violencia doméstica y la integración social de los extranjeros, donde se
especifica el delito de mutilación genital femenina y la persecución extraterritorial del citado delito y, por último, con la modificación del Código Penal, que amplía el delito sobre la utilización de niños y la pornografía e introduce el delito de
acoso sexual cibernético. Igualmente, señorías, el comité reconoce nuestros compromiso por ser uno de los primeros países en ratificar algunas nuevas normas del derecho internacional, como, por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa sobre la
protección de los niños contra la explotación y los abusos sexuales.


Por otra parte, el comité acoge con satisfacción la realización de algunas de las medidas que había advertido, como la introducción en el Código Civil del castigo corporal, la aprobación de la Ley 54/2007, de Adopción Internacional, la
incorporación de contenidos de derechos humanos dentro de la asignatura educación para la ciudadanía y la elaboración de planes de refuerzo y apoyo para mejorar los niveles de educación para los estudiantes que se encuentran en desventaja educativa
y los extranjeros. También tuvo en consideración la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual por la que, como bien saben, se limitan los contenidos que puedan perjudicar al desarrollo físico, mental o moral del menor, la aprobación
de la Ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, y la labor desplegada por el Estado en el incremento de la contribución a la cooperación internacional para el desarrollo en esta materia. No obstante, señorías, como es
evidente quedan muchos retos pendientes. Para ello, el comité realizó una serie de recomendaciones, entre ellas, les recuerdo en primer lugar, asegurar que la legislación y las normas administrativas de todas las comunidades autónomas se ajusten
plenamente a los principios y disposiciones de la convención y a sus dos protocolos facultativos; en segundo lugar, seguir mejorando -nos decían- el sistema de coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas para
promocionar y proteger al niño; en tercer lugar, que los siguientes planes estratégicos nacionales de infancia y de adolescencia incluyeran recursos necesarios para mejorar la aplicación efectiva del plan y una mayor participación; en cuarto
lugar, nos recomendaban reforzar el mecanismo de análisis de los datos desglosados, de todas las personas menores de 18 años, haciendo especial hincapié en los niños romaníes, los inmigrantes, los extranjeros no acompañados y los pertenecientes a
hogares desfavorecidos desde el punto de vista económico y social. Nos recomendaban también que se establecieran normas y protocolos que definan los límites y el tipo de atención prestada a los niños con trastornos de comportamiento o en riesgo
social, que los niños y niñas privados de un entorno familiar solo sean enviados a los centros como medida de último recursos, y por último, la adopción de medidas para asegurarse de que el principio del interés superior del niño oriente todas las
decisiones del Gobierno central y autonómico en relación con las disposiciones jurídicas, judiciales y administrativas que afectan a los niños y niñas.


Señorías, a pesar del escaso margen de tiempo desde las recomendaciones del comité -que coinciden con mi toma de posesión- he de decirles que el Gobierno ya ha puesto en marcha una serie de iniciativas, especialmente para mejorar el marco
legislativo de protección de la infancia. Este proceso de reforma obedece a varias razones. La Ley orgánica de protección jurídica del menor ha cumplido ya quince años, tiempo en que evidentemente han cambiado las circunstancias sociales y por
tanto la situación de los menores. Igualmente existe una demanda social e institucional compartida por las comunidades autónomas, a quien más directamente corresponden las competencias en esta materia, así como de otras instituciones como son, por
ejemplo, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y las organizaciones de defensa de la infancia. Esta demanda se materializó en un consenso político muy importante en el Senado, a través de la ponencia que elaboró y acordó la
Comisión especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines; ponencia que recoge una serie de acuerdos de los grupos parlamentarios, a los que el Gobierno quiere dar respuesta. Señorías, partimos de un diagnóstico
compartido de cuáles son los principales problemas actuales de la protección a la infancia y además hemos establecido los objetivos para esta reforma legislativa que anuncié hace pocos días: garantizar la protección jurídica del menor en cualquier
circunstancia de riesgo o desamparo; reforzar la prevención para evitar situaciones de desamparo, mejorando las actuaciones en situaciones de riesgos; simplificar y mejorar los procedimientos para la acogida familiar y la adopción; posibilitar la
adopción de mayores de 18 años, y regular el funcionamiento de los centros de menores con trastornos de conducta. Para ello, en los anteproyectos de ley se introducen modificaciones en la Ley de Protección Jurídica del Menor, Código Civil y Ley de
Enjuiciamiento Civil. Señorías, los anteproyectos son el resultado de un trabajo muy intenso, muy debatido y muy compartido con expertos, profesionales, ONG y comunidades autónomas. El objetivo ha sido seguir creando un marco legal que defienda el
interés superior del menor, que es el mandato principal que tiene nuestro sistema de protección de la infancia, y eso nos hemos propuesto. Si bien es cierto que cada caso es distinto, pretendemos establecer criterios comunes de este principio
jurídico esencial, basándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en los avances producidos en el derecho comparado. Señorías, una novedad que quisiera también destacar es la no discriminación por discapa

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cidad en el derecho del menor a ser oído, una reivindicación que las organizaciones de discapacidad han venido demandando.


Respecto a la regulación en materia de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar. También se regula la exigencia
de estándares de calidad para cada servicio de protección a la infancia. Y otro aspecto especialmente destacable es la prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial, especialmente para los menores de seis años. En todo caso, el
anteproyecto establece expresamente que los menores de 3 años no ingresarán en los centros de protección, salvo que exista imposibilidad muy justificada. Señorías, la reforma incluye el seguimiento y la revisión de la situación al menos cada tres
meses -en la actualidad como saben son seis-, con fin de dar cuanto antes una solución estable para los niños y niñas.


Respecto al acogimiento familiar, el anteproyecto suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo, con el objetivo de simplificar los procedimientos, así como se diferencian los objetivos de acogimiento familiar de los de adopción. Por
otro lado, esta reforma posibilita que las entidades públicas atribuyan funciones de tutela a acogedores permanentes para dotar de más autonomía a la familia acogedora. Y por último, es importante señalar que se establece un régimen de derecho y
también de deberes para los acogedores. Además se posibilita la adopción de mayores de 18 años, en los casos en los que estén previamente en acogida familiar.


Señorías, quisiera hacer referencia a las dos medidas principales para racionalizar, acortar y simplificar los procedimientos judiciales. En primer lugar, el anteproyecto pretende que todos los procedimientos contra las resoluciones
administrativas referentes a cada menor se acumulen en el mismo juzgado. En segundo lugar, se imposibilita la ejecución provisional de sentencias que se dicten en primera instancia, si con posterioridad el Tribunal Superior puede revocar una
sentencia que se estuviera ejecutando provisionalmente. Así, garantizamos evitar constantes cambios de situaciones que originan graves consecuencias emocionales a los niños y niñas. Por último, el anteproyecto de ley orgánica -como les avanzaba-
regula los centros para menores con problemas de conducta; menores que no han cometido delitos pero que persisten en conductas que afectan gravemente a los demás, una situación que exigía una respuesta normativa. La Comisión interautonómica de
directores y directoras generales de infancia elaboró un protocolo básico de actuación al respecto. No obstante, junto a ello, compartimos la necesidad de regular legalmente algunos aspectos de intervención. Por ello, con la reforma propuesta
incluimos la regulación del ingreso e intervención de los centros de menores diagnosticados con trastornos de conducta, incidiendo en los derechos fundamentales de los menores y estableciendo la necesidad de autorización judicial para el ingreso de
los mismos.


Señorías, el anteproyecto también regula las características de estos centros. Establece garantías, como la necesidad de diagnóstico previo, la autorización judicial para el ingreso en centros que usen medidas de contención y restricción de
libertad o la administración de medicamentos, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria respetando el consentimiento informado. Finalmente, se intensifica la actuación de los servicios de inspección y supervisión. Señorías, la Comisión
especial de estudios del Senado trató la situación y regulación de este tipo de centros, por lo que voy a proponer una reunión de trabajo entre el Gobierno y los grupos parlamentarios en la Comisión para abordar esos aspectos, tanto para esta
reforma legislativa como también para la cooperación con las comunidades autónomas.


Señorías, no quisiera dejar de hacer referencia a la ampliación de la intervención del ministerio fiscal como garante de los derechos de la infancia; una labor fundamental que muchos fiscales de España realizan con un gran compromiso y
dedicación y que ahora se va a ver reforzada. El I Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia aportó una visión de conjunto sobre las políticas de infancia. He de decirles que se están ultimando los trabajos de elaboración y preparación
del segundo plan, analizando y valorando en profundidad las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño, así como otras directrices y recomendaciones efectuadas por Naciones Unidas. También se trata de incorporar algunas de
las conclusiones y recomendaciones del informe de la citada Comisión especial del Senado. En septiembre será abordado en el ámbito del Observatorio de la infancia para luego ser llevado al Consejo de Ministros. Otra de las actuaciones que pone de
manifiesto el comité en sus observaciones se refieren a la necesidad de mejorar la cooperación y colaboración entre todas las administraciones públicas competentes en materia de infancia. En este sentido, pretendemos que a través del nuevo plan se
refuercen estos aspectos, garantizando aún más la igualdad en la defensa y la aplicación de los derechos de la infancia y de la adolescencia en todo el territorio.


Finalmente, señorías, otra de las líneas de trabajo que nos ha marcado el comité y la Comisión del Senado y que queremos desarrollar a lo largo de estos meses con las comunidades autónomas y expertos se refiere a la necesidad de una mayor
recopilación de datos. Es evidente -y así lo reconoce el propio comité- la importancia que ha tenido desde su creación el Observatorio de infancia en el ámbito de la investigación, del análisis y de la recopilación de datos. Además de boletines
estadísticos se ha constituido un registro unificado de detección de casos de maltrato infantil on line, con las notificaciones de sospecha de las comunidades autónomas.


Señorías, termino. Los derechos de los niños y de las niñas de hoy dicen mucho del concepto de ciudadanía que tiene una sociedad. Protegiendo a nuestros menores

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hablamos de cómo queremos que sea la sociedad del mañana, donde todos tengan las mismas oportunidades y también los mismos derechos. Se trata de un elemento irrenunciable del Estado del bienestar. Es tarea de todos y todas garantizar que
esto sea así. Este es mi compromiso y sé que también es el de esta Comisión. Por ello quedo ahora a su disposición por si quieren que entremos a debatir en detalle algunas de estas cuestiones.


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Pasamos a continuación al turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el señor Campuzano por Convergència i Unió.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer la comparecencia de la señora ministra y en este sentido señalar que Convergència i Unió también había reclamado una comparecencia para valorar el informe del Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas. También le avanzo, señora ministra, que tendré que ausentarme en la respuesta porque en la Comisión de Trabajo e Inmigración se debate y aprueba con competencia legislativa plena la integración del régimen agrario en el régimen
general de la Seguridad Social y he de estar en esa sesión.


Me gustaría decirle que nos encontramos en el final de la legislatura y que, con independencia de que las elecciones se produzcan en este otoño o en la próxima primavera, lo cierto es que la agenda legislativa que anunciaba tiene un margen
temporal muy escaso para poder ejecutarse. En todo caso, tomo nota de esa invitación a organizar con los grupos parlamentarios una reunión de trabajo para profundizar en este proceso legislativo. Si finalmente no fuese posible aprobar ese nuevo
marco legal, todo ese trabajo y el que se lleve a cabo de consenso con el conjunto de los grupos parlamentarios queda en cualquier caso para la siguiente legislatura, gobierne quien gobierne. Sería razonable pensar que en esta materia todos los
grupos parlamentarios, y singularmente los dos grupos con opciones reales a gobernar, fuesen capaces de alcanzar acuerdos. En todo caso, Convergència i Unió va a participar de este proceso buscando la máxima aproximación entre las distintas fuerzas
políticas.


Me gustaría centrarme en algunas de las cuestiones que el Comité de los Derechos del Niño planteó para conocer la posición de la ministra y del Gobierno. En todo caso, y como le decía hace un momento, leeré con mucha atención su respuesta.
En primer lugar, el comité recomienda a España que revise su legislación para elevar a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio y en circunstancias excepcionales. Al comité le preocupa que pueda existir esta posibilidad a tan solo 14 años de
edad, por lo que me gustaría conocer la posición del Gobierno en esta cuestión. El comité también recomienda que se apruebe una ley integral sobre la violencia contra los niños y pone como referencia la normativa relativa a la violencia sexista y
doméstica, y en este sentido nos gustaría conocer si el Gobierno comparte esta petición. Asimismo, el comité recomienda a España que refuerce el sistema de prestaciones familiares y por hijo para apoyar a los padres en general, prestando especial
atención a familias monoparentales, a las que tienen muchos hijos y a aquellas cuyos padres están desempleados. Esto se produce en un contexto en el que hace poco tiempo Unicef presentó este informe sobre las 'Políticas públicas y la infancia en
España: evolución, impactos y percepciones. Propuestas para la reflexión', donde se abunda en el impacto de nuestras políticas públicas sobre la pobreza infantil y donde se pone en evidencia la debilidad de los instrumentos redistributivos del
Estado para reducir el riesgo de pobreza entre los niños. La debilidad de nuestro Estado del bienestar en este campo es evidente; estamos absolutamente lejos de los estándares de los países de nuestro entorno y el propio comité de Naciones Unidas
insiste también en esta cuestión. En concreto, el comité recomienda a España que formule políticas públicas para que, en particular, aborde el problema de la pobreza infantil y elabore un plan de lucha contra la misma que establezca un marco
coherente para determinar las acciones prioritarias contra la exclusión de los niños con objetivos precisos y cuantificables, indicadores claros, plazos y un apoyo económico y financiero suficiente. Por ejemplo, España lleva a cabo una política de
prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social que en 2008 tuvo algunas mejoras pero que es claramente insuficiente, y en este sentido a mi grupo le gustaría conocer el enfoque sobre la pobreza infantil que mantiene el Gobierno.


El informe también aborda una cuestión delicada, y es que el comité afirma que recomienda a España que examine cuidadosamente el fenómeno de la prescripción excesiva de medicamentos a los niños y adopte iniciativas para proporcionar a los
niños diagnosticados con un trastorno de comportamiento amplia gama de medidas y tratamientos educativos y psicológicos más allá de esa excesiva prescripción médica. En este sentido también me gustaría conocer la posición del Gobierno en relación
con esta cuestión. Finalmente, el comité hace referencia a la cuestión de explotación y abusos sexuales -hace unos cuantos meses aprobamos en la Comisión una proposición no de ley-, y en este sentido el comité recomienda a España que intensifique
sus esfuerzos por reunir datos sobre el alcance de la explotación y abusos sexuales a niños, realizando un estudio profundo sobre la explotación sexual infantil.


Hace muy pocos días abordábamos en esta Cámara la reforma de la Ley de Extranjería para mejorar el trato a las personas víctimas de trata, especialmente mujeres, y aparecía también todo lo vinculado a los mecanismos de apoyo a menores
víctimas de trata. Creo que el Gobierno ha aprobado recientemente un protocolo de actuación, pero continuamos sin recursos suficientes para desarrollar esta política pública, especialmente por parte de las comunidades autónomas. Son cuestiones que
a Convergència i Unió le gustaría conocer. Como le decía, me va

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a ser imposible escucharla; en todo caso, le agradezco de antemano la respuesta que nos pueda dar.


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tiene la palabra la señora Méndez del Grupo Popular.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señora Ministra, en primer lugar, muchísimas gracias por la comparecencia de esta mañana. Se trata de una comparecencia a petición propia, sin embargo hace más de dos años nosotros pedimos una comparecencia
para que nos explicara las políticas que en relación con la familia y con el menor se estaban realizando desde su ministerio. Señora ministra, lo primero que le tengo que trasladar es la enhorabuena sin ningún tipo de reserva y las felicitaciones
por parte del Grupo Parlamentario Popular por este anteproyecto que representa el esfuerzo de mucha gente en el Senado, de muchos grupos parlamentarios, de muchas personas que están trabajando día a día con los menores y que al final recoge las
realidades que se producían en el ámbito del menor desde la aprobación hace quince años de la ley vigente en relación con la protección del menor. Su ministerio ha sido ágil en la redacción del anteproyecto, por lo que tenemos que reconocer que ese
trabajo ha sido muy bueno. De la misma manera que en otras ocasiones hemos criticado muy duramente sus políticas porque no coincidimos con el planteamiento general en cuanto a la implantación y aprobación de determinadas leyes y con unas raíces de
defensa de una ideología de género que no compartimos, en este caso le tenemos que felicitar.


Hace escasos minutos el presidente de la Comisión decía que en esta comparecencia también se iba a hablar de los temas de familia y del menor, como habíamos solicitado. Sin embargo, se ha ceñido solamente al tema del menor. De todas
maneras, quería aprovechar, ya que no tenemos la oportunidad de compartir con usted y de preguntarle sobre las políticas que desde su ministerio se están realizando, para que nos comente cómo van y de qué manera usted interpreta todas las
recomendaciones que se hacen desde la Unión Europea e incluso desde Naciones Unidas para las políticas familiares. La última interpelación se produjo hace unos dos o tres meses, la víspera de una reunión que se celebró en Hungría debido a la
Presidencia de la Unión Europea de ese país, donde se estaban comentando las políticas familiares y las buenas prácticas que los diferentes países estaban realizando en las políticas familiares. Europa está muy preocupada con la situación en los
distintos países europeos que tiene como consecuencia que la tasa de natalidad y demográfica esté realmente muy baja. Precisamente España es uno de los países donde la tasa de natalidad es de las más bajas de Europa y además de las más bajas del
mundo, 1,39; ha bajado muchísimo. En cuanto a esa tasa de natalidad, a nosotros nos parece importante ver cómo las políticas, tanto europeas como de Naciones Unidas, ahora mismo están encaminadas a proteger las políticas familiares y cómo en
España estamos a años luz de que ese tipo de políticas sean recogidas en la actuación de su ministerio. En aquella reunión -perdóneme, señora ministra, voy a decirlo con una expresión quizás excesivamente coloquial- las personas que estuvieron
-usted mandó a alguien de su departamento para explicar las prácticas que estaban realizando en España- me comentaron que fliparon porque estaban hablando de políticas familiares y que de su departamento fue alguien a hablar pura y simplemente de
políticas de género. Son dos cosas absolutamente diferentes, no digo que no puedan ser complementarias la una con la otra, pero lo que pasa es que se está hablando de políticas familiares, en lo único en que se basa y se ciñe su ministerio. Por lo
tanto, me gustaría que en esta comparecencia, independientemente de que luego le haga unas preguntas sobre el proyecto de ley de protección del menor, me dijera si usted comparte o no esa declaración que ha firmado hace muy poco tiempo el trío de la
Presidencia de la Unión Europea, donde se establece como conclusiones y recomendaciones que la perspectiva familiar se considere de forma transversal en todas las políticas europeas, sobre todo en la realización de los estudios de impacto ahora
necesarios para toda la legislación europea y forme parte de todas las evaluaciones de las políticas existentes que deban revisarse; si usted está o no de acuerdo en las recomendaciones que desde allí se hacen para que se impulse una verdadera
política de conciliación de la vida familiar; si usted está de acuerdo en lo que allí se dice también de que se tengan en cuenta todo ese tipo de políticas de flexibilidad de horarios, etcétera.


En el documento que surge de todas aquellas declaraciones de diferentes experiencias de países europeos están todos los países menos el nuestro; la verdad es que produce algo de sonrojo que España no pueda estar entre esos países que
explican las prácticas que dentro de sus Estados se están produciendo en cuanto a esas políticas familiares. Por lo tanto, ya le digo que no es menor que se tenga en cuenta una política general familiar para después bajar a analizar las políticas
que se está realizando en relación con las políticas exclusivas y concretas de menores. Bien es cierto que el Comité de los Derechos del Niño hace una serie de recomendaciones que su ministerio recoge, una muestra que se materializa en este
anteproyecto por el cual ya le he felicitado y no me cansaré de felicitarla. Sin embargo, también tengo que hacer las precisiones que hacía mi compañero el señor Carles Campuzano en cuanto a que recomendaciones de ese comité nos hablan del refuerzo
de las prestaciones familiares, sin embargo, ustedes recortan esas prestaciones familiares; en sus políticas y también del impacto sobre la pobreza de la infancia. Tampoco nos ha comentado la ministra nada sobre ese problema grave.


Pues bien, me ciño a este anteproyecto y nos parece muy oportuno, en primer lugar, que se defina de una forma más precisa lo que debe interpretarse como interés superior del menor. Desde hace quince años se ha venido

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aplicando esta legislación y se han observado cuáles son las materias susceptibles de reforma y de mejora. Este interés superior del menor, que es el que debe imperar en todas las decisiones que se tomen, se salvaguarda de manera más
profunda con las modificaciones que se prevén en este texto. Desde la aparición, como decía la señora ministra, de la resolución declarando la situación de riesgo que facilita una actuación preventiva en la familia para intentar no llegar a la
declaración de desamparo y, por tanto, primar que el menor pueda seguir viviendo en su familia de origen, hasta priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial. De especial sensibilidad, señora ministra, nos parece la intervención a que la
ley obliga para aquellos supuestos en que se pueda prever una actuación de riesgo prenatal, asistiendo de manera especial en estos casos. En este texto se reconoce que vivir en una familia debe ser el objetivo de las administraciones por los
infinitos beneficios que produce en el menor sobre el acogimiento residencial, que debe ser subsidiario de otros medios de protección. Nuevamente enhorabuena, señora ministra, porque es la primera vez que desde su ministerio se habla de los
beneficios que produce vivir dentro de una familia. Por eso nos parece muy acertado que se priorice el acogimiento familiar para menores de 6 años y se imponga para menores de 3 años. Se unifican y simplifican los procedimientos en materia de
protección, lo que evidentemente va en beneficio del menor; se les da más competencias a las administraciones públicas, no solo para las declaraciones administrativas de riesgo y desamparo, sino para la constitución del acogimiento familiar e
incluso para el nombramiento de tutor ordinario mediante un expediente de jurisdicción voluntaria y también para establecer o suspender visitas. Nos parece francamente oportuno por la agilidad que se le da al procedimiento. Este aumento de
competencias, junto con las limitaciones en el tiempo para los recursos de impugnación, hace mucho más ágil y, por lo tanto, mucho más beneficioso para el menor la situación que de por sí ya es tensa y agresiva para él. En este texto también se
trata de resolver los conflictos, como también explicaba la señora ministra, que estamos muy de acuerdo que existían entre la posibilidad o no de ejecutarse provisionalmente determinadas sentencias, con los perjuicios evidentes que ello producía
sobre el menor. Este texto, con las modificaciones oportunas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, también lo prohíbe.


En conclusión, nos parece muy oportuno que se prime el acogimiento familiar sobre el residencial. No sé si me está escuchando, señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Estoy escuchando con muchísima atención, como verá en mi respuesta.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora ministra.


Le decía que nos parecía muy oportuno que se prime el acogimiento familiar sobre el residencial; que se amplíen las competencias de las administraciones competentes en aras de procedimientos más ágiles y más próximos que derivan en
beneficio del menor; que se realice un trabajo de prevención con instrumentos más seguros; el acogimiento de urgencia y las vacaciones en familia, que ya se realizan en algunas comunidades autónomas; que se remuevan todos los impedimentos de
carácter procesal para que el interés del menor sea el que se tenga en cuenta en los procedimientos judiciales, y nos parece también muy importante y acertada la reducción de los plazos para la propuesta de adopción de la entidad pública de un año a
tres meses. Ahora bien, nuestra postura, señora ministra, que se irá hilvanando en el trámite de enmiendas parciales -si es que da tiempo antes de que se acabe esta legislatura; si no, a lo mejor tendremos que hacerlo nosotros desde el Gobierno, y
desde luego, también intentaremos aprobar este texto-, aunque estamos de acuerdo en las líneas generales del texto, irán encaminadas a los flecos que han quedado pendientes de las conclusiones y las recomendaciones que se hacían en la Comisión del
Senado como, por ejemplo, crear un registro de familias acogedoras, que nos parece importante, incluso prever el acogimiento profesional o el especial que prevé la ley, pero no lo desarrolla. Una pregunta que me gustaría hacerle es si a la hora de
redactar el anteproyecto no habían previsto desarrollar más la figura del acogimiento profesional, más que nada para casos muy especiales como, por ejemplo, cuando se trata de dos, tres o cuatro hermanos, porque es muy complicado que se produzca ese
acogimiento en una familia. Si se va a desarrollar de alguna forma, porque, como digo, me parece que está simplemente nombrado ese tipo de acogimiento y, sin embargo, no se habla de a qué se refiere el concepto o hasta dónde puede o debe ir.


También nos parecería importante la audiencia del menor, por ejemplo, en relación al régimen de visitas. Nos parecería muy interesante, señora ministra, que además se recogiera en la ley. Sabemos que son competencias de las comunidades
autónomas y es complicado a la hora de saber cuál puede ponerse o no como base, que los abuelos acogedores de los nietos por las necesidades que tienen, sobre todo aquellos abuelos que tienen pensiones y que son acogedores, por las circunstancias
especiales de sus hijos, que en estos casos muchas veces no tienen ningún tipo de ayuda, que se intentara incluir que estas personas tengan una ayuda como tienen las demás familias acogedoras, ya que cuando son los abuelos normalmente no se les dan
y, sin embargo, las necesidades son muchas. Nos gustaría impulsar alternativas como el acogimiento profesionalizado. Nos parece interesante otro de los temas que recogen las resoluciones de la Comisión, que una sentencia firme de abusos sexuales
deba llevar aparejada la pérdida de la patria potestad.

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Termino diciendo que este anteproyecto es un buen paso, pero en esa Comisión del Senado se ponían sobre la mesa muchas prácticas que en cuanto a la gestión de los temas del menor se pueden ir realizando desde el ministerio y que existen
muchos vacíos y muchos problemas, como usted ha dicho, en temas de evaluación, de coordinación, de homologación, de lo que están haciendo todas las comunidades autónomas que se podría perfeccionar desde el ministerio.


Le animo a que vaya por ese camino. Me gustaría que contestara a las pocas preguntas que le he hecho. Enhorabuena, señora ministra.


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tiene la palabra el señor Sahuquillo por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Bienvenida, señora ministra, a su casa. Aunque hablaremos posteriormente de ello, quiero empezar dándole la enhorabuena por el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 8 de julio, sobre el anteproyecto de ley
de protección a la infancia. Desde que España ratificó la Convención sobre los derechos del niño, en el año 1990, se han producido sustanciales avances en el bienestar y aplicación de los derechos del niño, bien es cierto que no de igual forma en
las distintas épocas y con los distintos gobiernos. La convención ha contribuido a generar logros y cambios importantes en muchos aspectos de la infancia y quiero destacar, entre otros, los siguientes: reformar gran parte de la legislación
nacional y autonómica relacionada con la infancia para adaptarla a dicho tratado y creación de instituciones o servicios para su aplicación; importantes cambios estructurales en los sistemas de protección de la infancia y justicia juvenil,
normativa, procedimientos, creación de instituciones e infraestructura para la atención a menores, dotación de recursos y formación de profesionales; también, ampliación sustancial de los períodos de educación obligatoria y de educación gratuita
hasta los 16 años en el caso de la primera, y de 3 a 6 años en el caso de la educación gratuita; importantes avances en la cooperación internacional para el desarrollo que se ha reforzado en términos cualitativos, y de eso usted sabe mucho de su
época de secretaria de Estado, señora ministra, ya que en 2009 se alcanzó el 0,46 por ciento del PIB, y también en términos cuantitativos sobre la base de un firme compromiso para conseguir los logros de los objetivos del milenio; asimismo la
progresiva utilización de la convención por jueces y magistrados como norma de referencia a la hora de interpretar leyes y sustentar sus decisiones; mejorar la planificación estratégica de los temas de infancia en todos los niveles territoriales,
destacando la aprobación del primer Plan estratégico nacional de infancia-adolescencia 2006-2009; mejora en el conocimiento público y la capacitación y formación en derechos de la infancia, incluyendo la formación específica sobre la convención en
la educación primaria; un importante aumento de organismos, tanto públicos como privados, que tienen a los niños y sus derechos en su centro de atención, tales como observatorios, consejos de infancia, defensores del menor, algunas ONG o
movimientos asociativos; también algo importante, la puesta en marcha del proceso para crear la especialidad médica de psiquiatría infantojuvenil.


En los últimos años se han tomado medidas muy importantes que han significado un avance importantísimo en la protección de los derechos de los menores. Medidas sociolaborales como la nueva prestación económica puesta en marcha desde el 1 de
enero de este año para el cuidado de hijos con enfermedades graves cuando los padres o madres reduzcan la jornada laboral en un 50 por ciento. Conseguir que más de un millón de padres ya se hayan acogido al permiso por paternidad, desde que se puso
en marcha allá por el año 2007. Se ha ampliado la duración del subsidio de maternidad no contributivo para madres trabajadoras que no cumplan el período mínimo de cotización. Se ha bonificado con 1.500 euros la contratación de desempleados con
cargas familiares. Medidas educativas como el aumento de plazas en educación infantil u oferta de escuelas infantiles en el tramo de cero a 3 años, el Plan Educa3. Recuerdo, señora Méndez, cuando gobernó el Partido Popular, del año 1996 a 2004,
que en las reuniones que teníamos los que éramos entonces directores generales de infancia y menores, siempre achacábamos a que el Gobierno de España no se tomaba en serio esta situación, cuestión que se está intentando universalizar. Además
medidas asistenciales como la aplicación del sistema de dependencia -se han acogido 705 personas a fecha 1 de junio de 2011-, también los llamados bonos sociales de tarifas eléctricas o telefonía, familias numerosas, o ese recién aprobado por el
Gobierno de España del incremento del importe del salario inembargable. Otras medidas que también han supuesto conseguir algo fundamental para esa universalización que todos pretendemos de cero a 3 años, es la aplicación de más de 131 millones de
los llamados fondos Zapatero, del Fondo estatal de inversión local. Además, el Gobierno plantea objetivos, que la ministra ha estado diseccionando, que son fundamentales para que seamos capaces de conseguir esa protección integral de los niños, por
ejemplo, conseguir de una forma eficiente que las reformas legislativas supongan lo que tanto hemos preconizado.


Me alegro y me congratulo, señora Méndez, de que le diera la enhorabuena a la ministra por ese anteproyecto de ley de protección de la infancia que emana de distintos acuerdos, como decía la ministra, donde el Gobierno simplifica los
mecanismos de acogida y adopción y potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares. Recuerdo esa reforma a la que hacía usted referencia, hace quince años, la Ley del Menor que legisló el Gobierno de España, que se puso en marcha en
el año 1996 y en la que las comunidades autónomas tenían que poner la mayoría del dinero para esos centros de protección o los centros de reforma, lo que suponía

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un gran esfuerzo las mismas. Pero no venda usted la piel del oso antes de cazarlo, ya que dice que serán ustedes quienes tengan que desarrollar ese proyecto de ley. Son los ciudadanos los que deciden libremente con su voto quién quiere que
gobierne, y hasta ahora quien está gobernando es el Partido Socialista que es quien el 8 de julio llevó al Consejo de Ministros este anteproyecto de ley. Le decía que se contemplan medidas muy importantes como que los menores de 3 años no
ingresarán en centros de protección. Se suprime el acogimiento provisional y preadoptivo para acortar los procedimientos. Se permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogimiento familiar o convivencia estable. Se regulan los
centros para menores con trastornos de conducta. Se racionalizan, acortan y simplifican los procedimientos judiciales o se amplía la intervención del ministerio fiscal como garante de los derechos de la infancia. Este importante anteproyecto de
ley tiene el objetivo, como norma fundamental, de simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción y potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo. Recoge, como bien decía la ministra, las recomendaciones de la
Comisión especial del Senado, que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines y que se aprobó por unanimidad. Ese es el consenso que parece ser que vamos a alcanzar los grupos cuando desarrollemos
este anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 8 de julio. Se han tenido en cuenta las aportaciones de todas las comunidades autónomas a quien, no nos olvidemos, corresponden las competencias en esta materia, del Defensor del
Pueblo, de la Fiscalía General del Estado, del Comité de Derechos del Niño, de los expertos y de las distintas organizaciones de defensa de la infancia. Es para estar de enhorabuena, pero además hay que destacar y poner en valor lo que se está
haciendo en otros aspectos vinculados a planes estratégicos nacionales que también se han aprobado recientemente y donde se está dando el impulso definitivo. Por ejemplo, el nuevo Penia 2011-2014, aprobado el 31 de diciembre de 2010, que tiene como
objetivo generar este segundo Plan estratégico 2011-2014, promover una cultura de cooperación entre las instituciones públicas y privadas, comprometidas en la promoción y defensa de la infancia y adolescencia como respuesta a los nuevos retos que se
plantean en relación con su bienestar. Se consolidan así los ejes de una política nacional de infancia y adolescencia, o también el tercer Plan de acción contra explotación sexual de la infancia y adolescencia 2010-2013, donde tenemos claro que la
explotación sexual de la infancia abarca fenómenos como la pornografía y prostitución infantil, tráfico de menores con fines sexuales y la explotación sexual comercial en los viajes.


El objetivo fundamental de este plan, que es prevenir y luchar contra el abuso y la explotación sexual de la infancia y la adolescencia, la trata internacional de menores para los fines de venta de niños o la prostitución y utilización en la
pornografía, es algo en lo que tenemos que fajarnos absolutamente todos, independientemente de las diferencias que tengamos cada uno de nosotros. Como les decía, es para estar de enhorabuena. Hemos sido capaces de poner sobre la mesa planes y
proyectos que redundan en la mejora de esa protección de los menores, que es el objetivo irrenunciable. Me quedo con una frase que decía la ministra en su intervención y que he podido anotar. Decía así: protegiendo a nuestros menores hablamos de
cómo queremos que sea la sociedad del mañana, donde todos tengan las mismas oportunidades y derechos; algo irrenunciable del Estado del bienestar. Enhorabuena, señora ministra, y adelante. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Para contestar a sus preguntas tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): En primer lugar, quiero agradecer el tono y la ocupación de todos los portavoces en esta Comisión en una materia que ocupa y preocupa al ministerio y también a sus
señorías. Por ese motivo decidí abordarlo en una sesión extraordinaria de la Comisión viniendo incluso en el mes de julio porque entendía que era importante que la abordáramos como aquí se está viendo. Quiero decir que hace ya algunos meses, desde
el primer día de mi toma de posesión, adquirimos el compromiso de abordar aquellas situaciones que tanto la subcomisión del Senado como las recomendaciones de instituciones internacionales nos requerían y que implicaban también cambios legales y
normativos y no solo acciones o políticas específicas. Tengo que decirles, señorías, que hemos desarrollado un trabajo duro, serio, riguroso y además compartido, que siempre es más lento pero más certero, con comunidades autónomas e instituciones
que se dedican a velar por la protección de los menores y con organizaciones sociales. Fruto de ese esfuerzo y de ese trabajo es el gran consenso que han suscitado no solo esta norma sino muchas de las actuaciones que hemos venido llevando a cabo
en los últimos meses. Señorías, quiero agradecer su felicitación al equipo que ha llevado a cabo este trabajo. Esta es una ley de todas y cada una de las instituciones que velan por la protección de la infancia, porque la hemos compartido tanto en
su diagnóstico como en las vías de actuación. Quiero destacar el ingente trabajo que han hecho tanto la secretaria general como en especial el director general, el señor Mato. Me consta que se ha desarrollado en un tiempo record, teniendo en
cuenta la complejidad de una norma de estas características y la voluntad de consensuar en esta materia. Creo que es un trabajo que no se agota solo en la legislación y en el debate que esa legislación pueda traer a esta Cámara, donde seguramente
se mejorará, sino que también se extiende a otros espacios de trabajo que acabamos de ofrecer.

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Empiezo así respondiendo al señor Campuzano. Esa reunión que ofrecía esta mañana tiene que ver con abordar otros temas que la señora Méndez también ponía encima de la mesa, y que no se agotan solo en el anteproyecto de ley que hemos
presentado pero que forman parte de la misma reflexión o de las mismas líneas de trabajo. Por eso consideramos que es útil que busquemos un formato más allá de las comparecencias formales que aquí establecemos para trabajar con algunos de los temas
que, tanto las recomendaciones del informe como en algunos ámbitos, hemos compartido y tenemos que seguir desarrollando. Decía el señor Campuzano, portavoz de Convergéncia i Unió, que una de las recomendaciones tenía que ver con la legislación en
materia de violencia hacia los menores. En mi opinión, una respuesta clara y legal al maltrato infantil debe estar situada en una legislación de protección de la infancia; es más clara, es más útil y responde de una forma mucho más contundente a
una situación particular. No debemos fragmentar la legislación porque en muchos casos hemos visto que nos ha impedido tener una legislación más clara y ser más eficaces a la hora de abordar un tema tan importante como es el maltrato infantil. Si
es, en cualquier caso, insuficiente, y así lo consideran los grupos parlamentarios, no tenemos tampoco ningún problema, sino todo lo contrario, en abordar y trabajar sobre ello, como hemos ofrecido hace tan solo unos días, pero quería adelantar cuál
es la opinión a priori después de alguna experiencia en esta materia de no fragmentar la legislación y de situarla en la legislación específica de protección de la infancia.


Hablaba también el señor Campuzano de la pobreza infantil. Quiero hacer aquí una reflexión. Creo sinceramente que el centro de la preocupación debe ser la reproducción de la pobreza en términos de intergeneracionales, y que el instrumento
más claro para abordar esa situación tiene que ver con la educación y especialmente con el esfuerzo que debemos hacer como país y como sociedad en la reducción del abandono escolar, aspecto que estamos abordando de forma coordinada con el Ministerio
de Educación, que en los últimos meses ha adoptado medidas concretas para luchar contra el abandono escolar y para garantizar las cuotas de educación que tenemos en este país, que son esenciales no solo para la inclusión social de los menores, sino
también para garantizar la igualdad de oportunidades en el futuro y la garantía de no caer en la pobreza. También quiero recordar, para que el debate se desarrolle sobre la base de criterios objetivos, que las tasas de pobreza relativa en lo que se
refiere al umbral se sitúa en 16.475 euros netos; lo digo porque a veces hablamos en términos generales, pero conviene que situemos en qué umbral estamos. En cualquier caso vamos a seguir trabajando en esa materia con el Ministerio de Educación y
con las comunidades autónomas. Nuestros planes de inclusión, en los que seguimos trabajando tienen una especial mirada en los sectores más vulnerables. Este país ha hecho una gran tarea en reducción de la pobreza y en la inclusión de las personas
mayores, que hace algunos años eran las personas más vulnerables en situación de exclusión, y eso ha sido gracias al aumento de las pensiones mínimas, donde este Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, y gracias a la protección social que hoy hace que
hayamos reducido de una forma muy clara la exclusión y la pobreza de las personas mayores. Ahora debemos prestar también una atención especial, así lo está haciendo el ministerio en coordinación con otros departamentos, a las parejas jóvenes en
situación de desempleo y con hijos a cargo, que en una crisis como en la que estamos merecen una mirada concreta, al igual que hacemos también con niños y niñas.


Manifestaba el señor Campuzano su interés en lo relativo a la medicación de los menores. Es algo que ocupa y preocupa al Ministerio de Sanidad y Política Social, y por eso quiero responderle con satisfacción que el anteproyecto que hemos
presentado y aprobado en el Consejo de Ministros ya limita la condición de uso de medicamentos a los menores con trastornos de conducta. Esto es algo que forma parte no solo de las recomendaciones internacionales, sino también del informe de la
Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que conocíamos algunas irregularidades a este respecto, fundamentalmente, en los centros. Hemos querido que esas irregularidades de las que tanto se escribió en aquella época no cayeran en saco roto y
fueran abordadas por este anteproyecto de ley, que es exhaustivo y que también contempla los límites en la medicación. El señor Campuzano hacía una reflexión, que también hizo el ministerio en su momento, sobre recomendaciones para elevar la edad
mínima para contraer matrimonio en nuestro país. Quiero repetir lo que dije en su día de que compartimos las recomendaciones y esa reflexión coherente con la edad y otro tipo de obligaciones en nuestro país, pero entendemos también -estamos
hablando con el Ministerio de Justicia- que estamos hablando de una realidad muy minoritaria en nuestra sociedad afortunadamente, por tanto, conviene seguir trabajando sobre ello; es coherente con nuestra reflexión pero, como digo, es todavía una
realidad minoritaria en la que en cualquier caso vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Justicia porque hay bastante consenso en materia de infancia por parte de las organizaciones de infancia. También le diré al señor Campuzano que este
Gobierno no solamente ha aprobado el Plan de lucha contra la trata de explotación sexual en mujeres y niños sino que además lo ha dotado de presupuesto, y que a pesar de la crisis económica se sigue manteniendo la partida precisamente para atender a
las víctimas, que son mujeres y también niños y niñas, que es algo que he podido explicar en el último informe que he llevado al Consejo de Ministros sobre el resultado de ese segundo plan en el que he podido mostrar con satisfacción a mis colegas
del Consejo de Ministros el grado de cumplimiento de ese plan, no solo en inspecciones, no solo en detención de mafias sino también en atención a víctimas, que estamos desarrollando con diferentes organizaciones en diferentes

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puntos de nuestro territorio. Quiero decirle que además de ese protocolo de actuación del que hablaba el señor Campuzano hablaba de recursos y quiero decir que este Gobierno ha dotado de recursos este plan y además ha mantenido esa partida
en época de crisis económica, lo cual demuestra y manifiesta nuestra voluntad clara en esta materia.


Señorías, les diré también que en esa reflexión me gustaría que no nos empeñáramos en distanciarnos en lo que no somos distantes. Puede pensar alguien paradójicamente que los diputados y diputadas socialistas o los miembros del Gobierno
socialista no vivimos en familia, pero afortunadamente vivimos en familia y además apoyamos claramente a las familias, siempre lo hemos hecho. Y lo hacemos no solo con afirmaciones -que están bien-, no solo con manifestaciones en la calle sino
sobre todo con propuestas y con presupuesto, que es como mejor se puede hablar del apoyo a las familias. Eso sí, alguna vez hemos discrepado sobre si considerar a las familias era considerar todos aquellos núcleos con independencia de la opción
sexual, con independencia del número de integrantes como consecuencia de si son monoparentales o si solamente se consideraba familia un tipo determinado de modelo de familia. Siempre hemos apostado tanto por las familias que incluso hemos extendido
derechos a los ciudadanos y ciudadanas de este país que no tenían derecho, por ejemplo, a contraer matrimonio para que pudieran hacerlo en una firme defensa de las familias plurales de nuestro país con las que estamos de acuerdo y además a las que
apoyamos. Como también, por otro lado, es apoyar de una forma muy clara a las familias el haber apostado, de una forma contundente en los últimos años, por mejorar las prestaciones sociales referidas a las familias. Por ejemplo, haber aprobado con
efectos -como se ha dicho aquí- del 1 de enero la creación de una nueva prestación económica para el cuidado de hijos con enfermedades graves o poder decir con mucha satisfacción -como decía el portavoz del Grupo Socialista- que hoy hay un millón de
padres que se han acogido al permiso de paternidad desde su aprobación con este Gobierno en el año 2007 del permiso de paternidad. O cómo podemos también poner de manifiesto la ampliación de la duración del subsidio de maternidad no contributivo
para madres trabajadoras que no cumplen el periodo mínimo de cotización en catorce días más. Esa es una apuesta muy clara por las familias y por las madres trabajadoras. O aprobar una bonificación de 1.500 euros por la contratación de desempleados
con cargas familiares, que ha sido también una apuesta muy clara de esa política. Por no hablar de las medidas educativas, en lo que se refiere a cómo hemos multiplicado la apuesta y la inversión en educación que supera ahora los 3.000 millones de
euros, de los que casi la mitad se destina a becas precisamente para apoyar a las familias que en este momento tienen situaciones económicas muy serias y evitar que los niños o los adolescentes y jóvenes de estas familias se sientan obligados a
dejar el sistema educativo o la universidad como consecuencia de los bajos recursos de sus padres en un momento de crisis económica. Por no hablar también del conjunto de inversiones de la Administración en materia de educación. O si no es ayudar
a las familias aprobar la Ley de Dependencia, que por primera vez garantiza derechos y que además apoya a aquellos miembros de la familia -especialmente siempre mujeres- que están cuidando a hombres y mujeres que tienen dificultades para desarrollar
su autonomía personal. Podría seguir hablando de medidas -si quieren podemos hacerlo- pero en cualquier caso creo que es importante que se sepa.


Permítame la broma a la portavoz del Partido Popular, ha tenido una intervención muy amable y muy constructiva que le agradezco, cuando hablaba de que en la última reunión en Hungría en materia de familia algunos flipaban. No sé cuál es el
concepto de flipar que tiene la señora Méndez pero sí le diré que en esa reunión que comenta la portavoz del Grupo Popular, en la Presidencia húngara el Gobierno de España dio muy buena cuenta de sus políticas y el desarrollo en España del apoyo a
las familias, y fuimos incluso felicitados -por eso le hacía la broma- por muchos países, entre ellos en concreto y efusivamente por Noruega y Bélgica. Además, recordamos -así lo reconocieron otros países, otros Estados miembros- que nuestro gasto
en política familiar ha aumentado de un 1,1 por ciento del PIB -algo que ya le expliqué en mi interpelación- en 2004 a un 1,5 en el año 2008, lo que supone un esfuerzo presupuestario evidente de nuevo de apoyo a las familias. Por cierto, nuestras
políticas de apoyo a las familias están claramente en consonancia con las políticas que en otros países de la Unión Europea, especialmente con los países nórdicos han tenido más éxito en materia de demografía. Somos muy conscientes de la realidad,
del envejecimiento de la población en nuestro país especialmente, también en la Unión Europea, y de las dificultades que tenemos en materia de natalidad. Por eso este Gobierno ha tomado medidas concretas como fue en su día el apoyo a las parejas
que tenían hijos como medidas claramente incentivadoras de la conciliación de la vida laboral y familiar, por tanto, de garantizar que las parejas puedan tener niños.


Aquí es donde quiero hacer una profunda reflexión para no separarnos sino para volver a acercarnos. No sé lo que se denomina como ideología de género, lo que sí sé y tengo muy claro es que para garantizar a haya una mayor natalidad en
nuestro país, y sobre todo, para garantizar que una mujer no esté condenada a elegir entre su vida profesional y su derecho y su opción a ser madre, hay que poner medidas por parte del Gobierno. Y eso no sé cómo se define, pero esa apuesta muy
clara por los derechos de las mujeres y por tanto por la apuesta por las familias es lo que ha hecho este Gobierno. Por eso, me gustaría que esa apuesta primero de extensión de la educación en la fase de 3 a 6 años y ahora de cero a 3 años, que
este Gobierno ha hecho de una forma rotunda, fuera respaldada por todas las comunidades autónomas.

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Estoy convencida de que todos los portavoces de esta Cámara nos seguirán ayudando para que aquellas comunidades autónomas que se han empeñado en no formar parte de ese plan de extensión lo hagan a partir de ahora, porque es muy importante
garantizar esa educación, que además de ser buena desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista educativo, es fundamental para que las parejas de este país puedan conciliar su vida laboral y familiar teniendo en cuenta que hoy,
afortunadamente, las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral. Como también creo que es bueno -no sé cómo se define ideológicamente pero es un apoyo muy claro a las familias y al hecho de poder conciliar- el Plan Concilia que este Gobierno
puso en marcha en la Administración pública o todas las medidas que hemos puesto en marcha en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Como también creo que es importante que en el Plan de igualdad de las empresas que contemplan la
Ley de Igualdad se contemple también la reducción de horarios y el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar. No sé cómo es calificada esa ley, pero me parece que es una apuesta muy clara por las familias y por intentar estimular la
natalidad en este país; sobre todo, como digo, para no condenar especialmente a las mujeres a estar obligadas a elegir entre su vida profesional y su derecho y opción a ser madres.


Asimismo celebro que esta Cámara haya sido sensible a esa situación, siempre ha estado de acuerdo con eso y que haya avanzado de una forma muy clara en el hecho de que las diputadas que son madres y que están en el periodo de lactancia
puedan ser sustituidas o puedan por lo menos votar y ejercer su derecho y su obligación como diputadas, porque eso también son medidas que garantizan esa línea de actuación. Además, quiero decir que no solamente no hemos recortado las prestaciones
sociales sino que las hemos aumentado, he puesto algunos ejemplos. Podemos también hablar de cómo la inversión en políticas sociales, de infancia y de familia ha aumentado de una forma clara en los últimos años, especialmente las dirigidas a planes
de organizaciones sociales que trabajan con la infancia. Solo el IRPF que ha aumentado de una forma clara en el último tiempo, llegando al 0,7, nos ha permitido aumentar de una forma muy contundente los presupuestos destinados a organizaciones de
infancia que trabajan en la exclusión o en los derechos de niños y niñas.


La portavoz del Grupo Parlamentario Popular -a la que agradezco profundamente su reflexión sobre este anteproyecto de ley, que efectivamente es un anteproyecto de ley de todos y de todas con un trabajo muy exhaustivo, que es también de todas
las comunidades autónomas y de todos los colores políticos y entiendo que desde ese consenso podremos todavía mejorarla más cuando llegue a esta Cámara- me ha hecho algunas preguntas interesantes que quiero reflexionar con su señoría. Hablaba del
desarrollo del acogimiento profesional y se refería especialmente a los hermanos. Quiero decirle que la comisión de directores y directoras generales está profundizando en este momento y la vamos a convocar, precisamente, para esa reflexión que su
señoría hacía y que comparto, para aspectos concretos en esta materia como son -como ella decía- el acogimiento profesionalizado, como es también la cooperación entre las diferentes comunidades autónomas, absolutamente necesaria en esta materia para
el acogimiento familiar, para que garanticemos que tenga la agilidad y las garantías que se persiguen con este anteproyecto de ley. Pero hay también otros aspectos que me parecen importantes como el traslado de las familias de una comunidad
autónoma a otra, donde hay detectados algunos problemas que queremos subsanar y que se subsanan con la coordinación obviamente entre comunidades autónomas o la compensación económica de la que su señoría también hablaba, de los acogedores para los
que está prevista; está contemplada en el anteproyecto de ley porque entendemos que debía regularse con más claridad que en la legislación actual y por eso hemos dado un paso en ese sentido. También hablaba de la privación de la patria potestad,
que es una reflexión que hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Esa es una materia, como bien sabe su señoría, del Código Penal y lo hemos propuesto tal cual en el anteproyecto de ley; es decir, la declaración de desamparo implica la
suspensión de la patria potestad, tal y como viene establecido en la Ley de Protección Jurídica del Menor del año 1996. Era importante definir el concepto de desamparo y creíamos que era importante también que tuviéramos instrumentos de actuación
rápida en estas situaciones de desamparo para evitar males mayores a los menores, como hemos vivido en algunas ocasiones en la sociedad, y que a todos nos preocupa de una forma muy clara.


Hacía su señoría una reflexión sobre lo importante que es que agilicemos o primemos el acogimiento familiar para que los niños y niñas puedan vivir en una familia más que en un centro; compartimos totalmente esa reflexión; ese es el
espíritu que abona este anteproyecto de ley. Siempre hemos entendido que es muchísimo mejor para un niño que tenga una garantía de una familia y un hogar que le proporcione estabilidad, educación y la garantía de los derechos del niño que estar en
un centro, y ese es fundamentalmente el espíritu más claro y contundente de este anteproyecto de ley. Decía su señoría que es muy importante seguir coordinando con otras comunidades autónomas; lo comparto, por eso el hecho de que no agotemos con
este anteproyecto de ley toda la coordinación, que queramos tanto con la comisión de directores generales como con los grupos parlamentarios seguir abordando aquellas cuestiones que tienen que ver con la cooperación entre administraciones, que es
fundamental en un país descentralizado como el nuestro; además nos puede garantizar algunos avances que solo con ese espíritu de compartir situaciones y abordar esas situaciones podemos subsanar, y vamos a seguir en el camino que apuntaba su
señoría.


Decía además el portavoz del Grupo Socialista que este país ha avanzado mucho en los últimos diez años y

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que requería ahora de un salto mayor, del salto que damos con esta norma. Esa es la reflexión que hacemos. Desde luego, si echamos la vista atrás veremos que el cambio no solamente en las normas, algunas de ellas ya las he comentado
específicamente, sino en la visión, en el enfoque y en las políticas que hemos venido desarrollando es un cambio claramente contundente. Con este nuevo anteproyecto damos un paso más para actualizar una legislación que ha servido, que ha hecho su
gran papel en esta sociedad pero que lleva ya quince años de vigencia y tiene que ajustarse a lo que es la sociedad española de hoy, que es una sociedad afortunadamente distinta y más evolucionada en muchos aspectos que la de cuando se aprobó esa
primera legislación. He de decir que somos coherentes con otros departamentos del ministerio con nuestra mirada especial en la protección a la infancia. Venimos trabajando de una forma muy clara con las organizaciones de pediatras en los
protocolos de actuación en el ámbito sanitario, por ejemplo, en violencia de género y en violencia hacia niños y niñas. Hemos abordado en coherencia con esa visión las especialidades -como bien reconocía el portavoz del Grupo Socialista- en materia
de sanidad como es el caso de la psiquiatría infantil; entendemos que una mirada en esa materia por parte de un gobierno debe ser transversal, como decía la portavoz del Grupo Popular, y por eso entendemos que debemos ser coherentes en todas y cada
una de las actuaciones que hace el ministerio. Tengo que decirles una vez más que es tremendamente útil sentar en la misma mesa a los responsables de política social y sanitaria, porque en esta materia a veces trabajar conjuntamente significa
garantizar muchas de las actuaciones que hasta ahora no se producían o que costaba mucho más su coordinación, por tanto, de nuevo una reflexión positiva respecto a cómo aborda el ministerio sus competencias y a tener esas competencias compartidas
porque nos hacen avanzar de una forma muy clara.


Insisto una vez más en mi agradecimiento por el tono, la discusión y algunas de las sugerencias que me han hecho todas sus señorías, porque desde luego servirán para seguir avanzando, y mi mano tendida una vez más para seguir abordando en
esta materia políticas compartidas porque solo del consenso y de la forma unánime de trabajar seremos capaces de garantizar más y mejor la protección de los derechos de nuestros niños y niñas.


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Muchas gracias, señora ministra, sobre todo, por venir en periodo extraordinario en el que se produce esta comparecencia. ¿Hay alguna intervención? (La señora Méndez Monasterio pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Méndez. Dos minutos, por favor.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Tan solo dos minutos para decirle a la ministra que estoy de acuerdo en que si nos sentáramos más veces y más tiempo quizá pudiéramos llegar a más acuerdos y todo en beneficio del interés común.


No pensaba realizar esta intervención pero difiero absolutamente de lo que la señora ministra ha dicho en cuanto a las políticas familiares. Creemos en nuestro grupo parlamentario que no se ha hecho una verdadera política familiar, de hecho
creemos que una de las posibilidades de luchar contra la pobreza es una política integral en las familias, como además lo dicen muchísimos expertos y diferentes organizaciones europeas mundiales, que tiene que hacerse una verdadera política integral
en las familias, desde las familias y para las familias para luchar contra la pobreza, que esa es la mayor de las posibilidades para luchar contra ella.


Dos cuestiones más. Usted ha dicho que quiere que la mujer no esté condenada a decidir entre su trabajo y su derecho a ser madre; estamos absolutamente de acuerdo con eso, pero la política de su ministerio ha llevado a unas consecuencias
de que 1.200.000 mujeres ahora mismo están en el paro, o sea, que no es que tengan que decidir entre ser madre o no ser madre, es que ni siquiera pueden trabajar. Nos parece importante el derecho de la mujer a su trabajo, pero también nos parece
importante el derecho a que esa mujer pueda tener una familia y creemos que las políticas que se han realizado en su ministerio han sido muy pobres y escasas en ese sentido. Pensamos que la política que se ha realizado desde su ministerio no es la
adecuada, creemos que desde el Estado no se deben regular afectos, se debe hacer una política de protección a la familia que realiza una función social, porque esa es la razón para proteger a la familia. La familia que realiza funciones sociales de
nacimiento de hijos, la función social de crecimiento, la función social de cuidado, la función social de solidaridad intergeneracional abuelos-nietos, esas son las funciones sociales que realiza la familia, esa es la razón por la cual el Estado
debe proteger a la familia, y no debe inmiscuirse en ninguna otra cosa. La garantía de la libertad ha de ser una de las premisas que garantice un buen Gobierno y el Gobierno no debe inmiscuirse en opciones personales ni en imponer modelos ni en
decir a los padres qué es lo que deben educar o no a sus hijos; debe existir una absoluta libertad y eso es lo que en el Partido Popular propugnamos, una libertad y, por lo tanto, solamente proteger y garantizar que el Estado ayude a las familias
en aquellas cosas donde las familias no pueden llegar, ya que el Estado debe actuar de manera subsidiaria y proteger a aquellas familias que lo que están realizando es una función social. En su ministerio no se le ha dado la importancia que se debe
a este tipo de políticas. Creemos que la dirección de esta política integral de las familias está equivocada cuando desde su ministerio, cayendo la que está cayendo...


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señora Méndez, eran dos minutos.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señora presidenta.

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...Cayendo la que está cayendo, estando en la situación en la que estamos, se ha convocado una subvención destinada a la realización de investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del género para el año 2011 ni más ni
menos que con 1.100.000 euros. En España hay centenares de observatorios, departamentos universitarios, institutos de estudios, organizaciones feministas y demás instituciones privadas dedicadas al fomento de los estudios de género, que deben su
existencia a los fondos públicos que los distintos gobiernos les entregan cada año gracias a los impuestos de los ciudadanos. Nos parece que esa no es la dirección adecuada, señora ministra, haciendo salvedad de que el objeto fundamental de la
comparecencia de hoy, el anteproyecto de protección del menor, es objeto de felicitaciones por mi grupo parlamentario y no me cansaré de decírselo, señora ministra, muchas felicidades, y termino. (El señor Sahuquillo García pide la palabra.)


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señor Sahuquillo.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Treinta segundos porque no da para más.


Usted me había sorprendido en su intervención, incluso me congratulaba de verla, me decía: ha progresado, ha avanzado en la línea de la ministra, pero veo que sigue usted igual. Habría que retrotraerse a ese entrenador de fútbol que tenía
el Barcelona, Van Gaal, que decía: Nada positivo, todo negativo. Usted, ante una comparecencia en la que nos hemos congratulado de medidas importantes de ese anteproyecto de ley, de los planes que se están desarrollando, habla de cuestiones que no
avanzan. ¿Qué es eso de imponer la familia? Son ustedes los que hablan de familia. La familia es diversa, apréndanselo de una vez, que somos 46 millones... (La señora Méndez Monasterio: A la señora ministra, a mí no.) No, señora Méndez, se lo
digo a usted. Somos 46 millones de españoles que somos diferentes, y por tanto las familias son diferentes. No hable usted de una subvención específica, ¿hablamos de las que tienen las comunidades autónomas del PP de Madrid, de Valencia o de la
suya, de Murcia?, ¿hablamos de las subvenciones que dan? Tengamos ese ambiente de diálogo que decía la ministra en estos retos tan importantes que tenemos de cara al futuro; vamos a compartir lo que nos une y a dejar al margen lo que nos separa,
porque su ideología está en las antípodas de la nuestra. Y eso no se lo digo a usted, si no pensaba intervenir; pero, por favor, dejen ya esa retahíla constante de la familia, la familia, un hombre, una mujer y los hijitos. Que no, hombre, que
no, que hay más familias que tienen el mismo derecho, todos los ciudadanos. Esa es la libertad, señora Méndez. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): La señora ministra tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Voy a intervenir brevemente. En primer lugar -insisto-, no nos empeñemos en separarnos cuando hay situaciones que no nos separan. Preguntaba por segunda vez la
señora Méndez si la ministra estaba de acuerdo con una declaración de la Unión Europea, de la que formamos parte, sobre abordar de forma integral el apoyo a las familias -en plural- y le vuelvo a responder que sí. Y no solo eso, sino que me he
permitido detallarle algunas de las políticas plurales en diferentes ámbitos, por tanto integrales y transversales, que este Gobierno ha puesto en marcha, tanto en la conciliación de la vida laboral y familiar como en el ámbito educativo, que he
destacado como más importante. No he dicho que fuera excluyente, sino que ese era un ámbito fundamental. Y también he hablado de la dependencia, del derecho al permiso de paternidad y de la ampliación de la maternidad y el apoyo a las mujeres
trabajadoras, es decir, he hecho un desarrollo de lo que es la transversalidad en el apoyo a las familias, que, por supuesto, compartimos. Por tanto, no se empeñe en separarse porque, de verdad, lo compartimos.


No voy a entrar en consideraciones de opinión, pues cada uno es libre -nunca mejor dicho- de opinar lo que quiera, pero me gustaría hacer una reflexión que creo es importante. Cuando un ciudadano o una ciudadana quiere formar una familia
legalmente, conforme a derecho, y quiere que sea reconocida como tal y no puede, no sé si es más o menos libre -mi concepto de la libertad es mucho más amplio-, pero desde luego no es igual. Por eso apostamos por erradicar la discriminación, porque
cuando hay discriminación en una sociedad no se es libre y cuando no se tienen derechos para poder formar legalmente algo tan importante como es una familia se es profundamente desigual. Por eso este Gobierno no regula afectos, sino todo lo
contrario, los respeta y lleva a la legislación que se respeten, y además regula derechos, derechos y deberes de aquellos hombres y mujeres que quieren formar una familia, dar estabilidad a unos hijos que no la tienen y que ahora pueden tenerla en
el seno de esas familias. A partir de ahora pueden hacerlo mientras que hace algunos años, cuando esas leyes no existían, no podían.


Me gustaría hacer una reflexión final general, no sobre su intervención, sino sobre algunas cuestiones que a menudo vivo. Cuando hablamos de la protección de la infancia, por ejemplo -podríamos abordarlo en otros temas, pero el de
protección de la infancia me preocupa especialmente-, y hablamos de valores, de la necesidad de que determinados valores de protección de la infancia se garanticen en la escuela, nos ponemos todos de acuerdo, pero cuando los vamos a aplicar en una
asignatura que hable de eso, se nos critica. Y cuando hablamos de que la televisión y los medios de difusión masiva son fundamentales para garantizar los valores de esta sociedad, para evitar que se vulneren derechos, por ejemplo de la infancia
-también de las mujeres, pero

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hablo ahora de la infancia-, y se ponen instrumentos prácticos para eso, como un consejo audiovisual, también se nos critica y se habla de imponer modelos. Por eso, señorías, me gustaría hacer una reflexión en esta Comisión de forma
general. Si estamos de acuerdo en que hay que hablar de pautas de comportamiento, en que hay que garantizar derechos y no quebrantar los de algunos ciudadanos especialmente vulnerables, a los que tenemos que proteger, tenemos que tener instrumentos
coherentes para ello, porque si no no los garantizaremos nunca. Esa reflexión la debemos hacer desde el consenso, debe ser una reflexión compartida, pues así avanzaremos, y no utilizar, como a veces se hace, en el debate partidista este tipo de
consideraciones.


Acabo con una reflexión en tono distendido. Señora Méndez, tengo muchas responsabilidades que soy la primera en asumir, pero decir que por culpa de las políticas que mi ministerio aplica hay un millón de mujeres desempleadas es mucho decir.
Es más, la situación de crisis económica en la que nos encontramos es muy dura y muy difícil, y desgraciadamente golpea especialmente a las mujeres, por eso trabajamos con el Ministerio de Trabajo para abordar planes especiales para las mujeres y
por eso aprobamos una Ley de Igualdad, que ustedes no compartieron y que incluso recurrieron, que garantiza medidas concretas activas para el empleo de mujeres y planes de igualdad para la incorporación de las mujeres al mercado laboral y a las
empresas. Simplemente quería manifestar que esa afirmación tan rotunda que su señoría ha hecho es mucho decir. En cualquier caso, insisto en que estamos de acuerdo en lo fundamental de la comparecencia de hoy; vamos a seguir trabajando en esa
dirección y espero que aprovechemos las reuniones que hemos ofrecido para seguir avanzando porque irá en beneficio de todos y cada uno de nosotros y nosotras. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Antes de levantar la sesión, quería preguntar al Grupo Popular si considera que esta comparecencia sustancia la petición que tenía en este sentido.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Pues sí. (Risas.)


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Si no, hubiera estado encantada de volver.


La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Se levanta la sesión.


Eran las doce y diez minutos del mediodía.