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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 818, de 11/07/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2011 IX Legislatura Núm. 818
IGUALDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN CALVO POYATO
Sesión núm. 28 (extraordinaria)
celebrada el lunes,
11 de julio de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias en relación con el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Por acuerdo de la Comisión de Igualdad. (Número de expediente 121/000130.)
- De la señora secretaria de Fórum de Política Feminista (San José Serrán). (Número de expediente 219/000826.) ... (Página2)
- Del señor presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Ceapa (Sánchez Herrero). (Número de expediente 219/000827.) ... (Página9)
- Del señor presidente de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Felgtb (Poveda Martínez). (Número de expediente 219/000828.) ... (Página15)
- Del señor secretario confederal de relaciones institucionales y comunicación USO (Fernández Santillana). (Número de expediente 219/000829.) ... (Página22)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD. (Número de expediente 121/000130.)
- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA (SAN JOSÉ SERRÁN). (Número de expediente 219/000826.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión de Igualdad relativa a la visita del listado de comparecientes, que la Mesa decidió tras escuchar a los portavoces, y que forma parte del trabajo legislativo que tenemos que
hacer en relación con el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Como sus señorías saben, hemos pedido habilitación para poder recibir comparecientes en el día de hoy y mañana y también el lunes y el martes de la
semana que viene. Iniciamos la serie de personas que nos visitan desde fuera de nuestra Cámara, a las que vamos a escuchar y a las que vamos a demandar información y opinión para nosotros utilísima, con la primera de dichas comparecencias en la
persona de doña Begoña San José Serrán, que es secretaria de Fórum de Política Feminista, a la que además de darle la bienvenida a la Comisión de Igualdad, Comisión que ella conoce, le agradecemos de manera muy particular que esté hoy aquí con
nosotros. Señora San José sepa que para nosotros en nuestro trabajo de legisladores es sumamente útil conocer de primera mano la información y la experiencia de los ciudadanos densos que articulan la sociedad civil y por tanto tienen un primer
conocimiento de la realidad. Por eso está usted aquí, nosotros se lo agradecemos mucho, necesitamos todo este material para acometer el debate parlamentario del proyecto del Gobierno, depositado en la Cámara, por lo que sepa que la recibimos con
mucho gusto y con mucho interés, las dos cosas. Como se le ha indicado previamente, va a disponer de un plazo de tiempo no muy extenso para que centre la información que considere más importante y después sus señorías van a intervenir en nombre de
los diferentes grupos parlamentarios y usted tendrá la posibilidad obviamente de contestarles para cerrar la información que necesitamos, de manera tan interesante, del conocimiento y del trabajo que hace el Fórum de Política Feminista en nuestro
país. Suya es la palabra por ese espacio de tiempo que hemos cifrado entre diez y quince minutos, que les permita a sus señorías intervenir y a usted cerrar con la información que ellos le demanden a partir de la información inicial que usted les
dé. Muchas gracias, señora San José, suya es la palabra.
La señora SECRETARIA DE FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA (San José Serrán): Muchas gracias a todos ustedes, miembros de una Comisión que al Fórum de Política Feminista nos interesa mucho. Seguimos su trabajo y espero que en las ocasiones en las
que de vez en cuando les mandamos algo también a ustedes les sirva de algo lo nuestro.
El primer punto que quiero decir, no solamente porque creo que condiciona el contenido del resto de la intervención, sino también porque da idea de cómo se ha configurado esta ley general de igualdad de trato, es que las asociaciones de
mujeres no hemos sido consultadas en la elaboración de la ley. En general nosotras percibimos que hay como un retroceso en la actividad del Gobierno en cuanto a la consulta a las asociaciones de mujeres, porque, en tiempos del ministro Caldera y de
la ministra Aído, una iniciativa legislativa de este tipo tenía -y de hecho tuvieron las leyes de aquellos tiempos- la consulta a decenas de asociaciones de mujeres. Ahora eso no lo ha habido como se puede comprobar. No estará comprobado por la
experiencia, pero consta en el dictamen del Consejo de Estado. Se ha consultado a otro tipo de organizaciones que sí que han influido en su configuración en los puntos a los que luego me referiré. Entre las trece organizaciones que intervienen
directamente, según el dictamen del Consejo de Estado y los cuatro consejos de participación, que son los de discapacidad, inmigración, origen y etnia, el económico y social y el de consumidores, no ha sido consultada ninguna organización que tenga
prioridad en la defensa, en general, de la igualdad entre las personas y, en particular, de la igualdad que más extensamente afecta a la población, que es la de mujeres y de hombres.
De los organismos autonómicos del Gobierno que también informan, solamente Andalucía y Canarias lo han hecho a través del Organismo de Igualdad de las Mujeres. El Organismo de Igualdad de las Mujeres de Canarias coincide bastante con
nuestros temores. ¿Cuáles son los temores que tenemos las asociaciones de mujeres? Que una ley contra la desigualdad y la discriminación en general pueda ser, no solamente reforzadora, sino debilitadora de los mecanismos que ya tenemos para la
igualdad de hombres y mujeres, para combatir la discriminación por razón de sexo. Porque en general diluir tanto el análisis de las causas de la discriminación como de los mecanismos para combatirla y los objetivos, las personas, los recursos
materiales incluso para una y otra, pensamos que corre peligro que en vez de ayudar perjudique. En general los mecanismos de lucha contra la discriminación de las mujeres se han configurado desde 1975, con la I Conferencia Mundial de la Mujer, y
actualmente están tanto a nivel internacional, fundamentalmente con el Cedaw, el Comité de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación de Naciones Unidas, como en la Unión Europea con los organismos que establece la directiva
que traspuso la Ley de igualdad de hombres y mujeres de 2007. Sin embargo, ahora de momento se le quitan al Instituto de la Mujer tres competencias, que precisamente se le añadieron en la Ley de Igualdad de 2007,
que son las competencias que exige la directiva europea, la de emitir los informes, la de ayudar a las víctimas contra la violencia y la de hacer propuestas de actuación en visos de eliminar la discriminación de hombres y mujeres. Esto se
le confiere a esa autoridad que se llama general. Esta era la disposición derogatoria única de este proyecto de ley.
Por otra parte, la disposición adicional tercera atribuye al organismo de igualdad ser de representación internacional de materia de igualdad de mujeres y hombres en los distintos foros. En la página 40 del informe de impacto normativo se
dice que la creación y puesta en funcionamiento de la autoridad para la igualdad de trato y no discriminación no supondrá incremento alguno del gasto público, porque la creación del organismo se compensará en todo caso con la supresión de otras
unidades del departamento. Si vamos a vestir el santo de la lucha contra la xenofobia, el racismo u otra forma de discriminación, desnudando al santo de la lucha contra la discriminación de las mujeres, pues hemos hecho un mal negocio.
Leyendo la ley nosotras percibimos que si tal y como solemos decir que las políticas de igualdad se hacen con tres pes, que son la pe de los programas, la de los presupuestos y la de las personas. En materia de programa, la estrategia
estatal para la igualdad de trato y la no discriminación será quien vertebre los objetivos del Gobierno para la aplicación de esta ley. Esa estrategia -dice el artículo 32- la preparará, seguirá y evaluará la Conferencia Sectorial de la Mujer, que
es el órgano que coordina comunidades autónomas y Administración Central y también las administraciones locales cuando tienen competencias en la materia, por lo que será bajo la coordinación del ministerio competente en materia de igualdad.
Ministerios competentes en materia de igualdad, puesto que la igualdad es uno de los cuatro valores de la Constitución son todos, es decir, no sabemos a qué ministerio se reduce o se confiere esa coordinación de la igualdad, no solamente de todos
los colectivos, sino de todas las materias en que sufren la desigualdad los colectivos: el empleo, la educación, la salud, la participación política y social, en todos los ámbitos.
Por otra parte, colgarán de esa estrategia cuatrienal de igualdad planes que en el marco de la estrategia seguirá el Gobierno para cada uno de los colectivos objeto de discriminación. Es decir, ahora tendríamos un intermediario para la
política de igualdad del Gobierno, en vez de depender directamente del Gobierno pasaría por ese órgano, que no es tanto un órgano que en lo material tenga atribuciones, sino que tiene metodologías antidiscriminatorias que creo que no siempre son
idénticas según los colectivos y las materias.
El presupuesto, como ya he dicho, según la memoria, es cero, porque solamente es restar a otro organismo de igualdad. Las personas que van a hacer la aplicación de esta ley son: la ministra o ministro de Igualdad, que a la vez compartirá
otras materias; la Conferencia Sectorial de Igualdad, que coordinará actuaciones en el ámbito autonómico que no están definidas, no se determinan cuáles son, y un nuevo organismo que se llamará la autoridad, que no va a ser realmente como dice la
RAE el poder que gobierna o ejerce el mando, sino una especie de defensor del pueblo para la igualdad con dos características, que nos parece interesante analizar, una de ellas es que no supervisa solamente a la Administración pública, sino también
a las entidades privadas. Conocerán seguramente la experiencia de la Defensoría para la Igualdad del País Vasco, que creó la Ley de igualdad entre mujeres y hombres del País Vasco, que tenía también esta atribución junto al Ararteko, ha existido
durante unos años en el País Vasco una institución específica para la vigilancia de la igualdad en el ámbito privado, que se encontró con muchas dificultades, porque evidentemente la intervención en el ámbito privado es mucho más compleja, como
exponen también los documentos que acompañan a esta ley, que en el ámbito público, pero de todas las maneras abrió -y sentiría que eso se cerrara para siempre- un poco caminos para ver cómo se puede también hacer más efectiva la igualdad en ese
terreno.
En cuanto al otro tipo de personas, que no son del Gobierno, sino no gubernamentales, en el artículo 32.2 se habla de garantizar la participación, en cada una de fases, tanto de elaboración como de aplicación y evaluación de la estrategia de
igualdad, de las organizaciones representativas de los intereses sociales afectados. El artículo 40 dice que en el estatuto de la autoridad se regulará esa participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como
el conjunto de las administraciones públicas -entendemos que este latiguillo de que las administraciones públicas tienen cauce de participación ciudadana es un poco incorrecto, porque la participación ciudadana es justamente para la gente que está
fuera del Gobierno y de la Administración- y las asociaciones y organizaciones de ámbito estatal, legalmente constituidas, en actividades relacionadas con la promoción o la defensa de la igualdad. Relacionadas con, es decir que así como, por
ejemplo, la directiva europea habla de las que tienen como principal objetivo la defensa de la igualdad. Por tanto, allí las organizaciones de mujeres que defienden la igualdad somos interesadas legítimas en que se hagan políticas de igualdad.
Aquí en cambio se ha alambicado muchísimo la participación en el órgano. Desde luego, ahí se ve la mano de las grandes organizaciones que han participado en la elaboración, tanto los sindicatos mayoritarios, la CEOE y la Cepyme, como las grandes de
la acción social, Caritas, Cruz Roja, etcétera, que tienen un afán de monopolizar la interlocución con las administraciones públicas e incluso la intervención, a la que luego intentaré referirme también, en la personación ante los órganos
judiciales. Esto se percibe -y se percibe además más en el proyecto de ley que en la memoria de impacto normativo- cuando además te dicen que las intervenciones de algunas de estas organizaciones consultadas han pedido que se excluyan a otras,
tanto del diálogo con la Administración, para la dinamización de
las políticas de igualdad, como en la intervención judicial, en la tutela judicial efectiva de las personas discriminadas. Ahora que tanto se habla de democracia participativa en la que estamos viendo que es importante que se abra realmente
la participación en los asuntos públicos al máximo de las personas que quieran hacerlo, sinceramente, desde las organizaciones de mujeres percibimos un poco con desagrado el afán que tienen algunas organizaciones sociales de mantener como un
privilegio la interlocución con los poderes públicos y la personación en los órganos judiciales. Afortunadamente hay que decir que el Consejo General del Poder Judicial es menos papista en este aspecto y dicen que la legitimación en los
procedimientos judiciales está bastante más abierta que los dos años de antigüedad, que el ámbito estatal y que todos los requisitos que han adicionado en este proyecto de ley.
Quisiera no ser solamente negativa en cuanto a que las organizaciones feministas estamos a la defensiva en una ley de igualdad de trato. Creo que la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres de 2007 tiene elementos interesantes para este
objetivo que compartimos de lucha contra la xenofobia, contra la homofobia y contra otras formas de discriminación que no son exclusivamente por razón de sexo, sino por otras condiciones de las personas. Creemos que antes de empezar a quitar peso y
atribuciones a la Ley de Igualdad hay que aplicarla más y especialmente en la transversalidad y en tres herramientas de transversalidad que tiene muy importantes. Por una parte la propia evaluación de la ley, la Ley de Igualdad entre hombres y
mujeres establece en el artículo 18 y en la disposición final quinta que se hará una evaluación de su aplicación y nosotras esperamos que esa evaluación sea participativa, es decir, que cuando se hagan las evaluaciones nos dejen opinar a las
organizaciones no gubernamentales, un poco en la dinámica del Cedaw, del Comité de la Convención de Naciones Unidas, que tiene un informe gubernamental y lo que llaman un informe sombra, porque el Gobierno siempre ve lo positivo de lo que hace y las
organizaciones no gubernamentales tenemos la función social de ser críticas con el Gobierno, de ver también las sombras de los procesos. Afortunadamente eso Naciones Unidas lo tiene institucionalizado.
El Fórum de Política Feminista pertenece a la Compi, que es una coordinadora de veintidós organizaciones que a su vez integra a doscientas asociaciones, y estamos preparando para octubre -y me encantaría si pudiéramos compartirlo con ustedes
en algún momento- una evaluación tanto del Plan de Igualdad, que termina en este año 2011, como de los cuatro primeros años de aplicación de la Ley de Igualdad. Además de las evaluaciones de la propia ley y del propio Plan de igualdad entre mujeres
y hombres, el artículo 19 sobre informes de impacto de género es una herramienta muy poderosa para dar transversalidad y dar transversalidad es dar eficacia a la lucha contra la discriminación.
Realmente pedimos que se aplique el artículo 19 de la Ley de Igualdad. Les hemos trasladado a través de la presidenta hace poco una queja por el informe de impacto de género de la ley de reforma de las pensiones. Me parece impresentable
que el Ministerio de Trabajo haya hecho un informe diciendo que la reforma de las pensiones no tiene impacto de género nada más que por un estudio que se va a hacer en su momento. Vivimos en un país donde las mujeres pensionistas cobran un 40 por
ciento menos que los hombres, donde una de cada cuatro mujeres por encima de los 65 años está por debajo del umbral de la pobreza, no se puede decir que el efecto positivo o negativo de género de la reforma de las pensiones es una cosita de un
adorno, de aumentar el periodo de cotización, cuando precisamente la laguna de cotización es la causa principal de la pobreza de las pensiones de las mujeres. Les mandamos a ustedes ese parrafito famoso del informe de impacto de género de la
reforma de las pensiones, que ahí lo tienen porque es a ustedes a los que iba dirigido, donde dice eso de que el único impacto de género es positivo y consiste en hacer un estudio en el futuro.
El artículo 20 de la Ley de Igualdad que es la adecuación de estadísticas y estudios, la obligatoriedad de incluir sistemáticamente las estadísticas desglosadas por sexos en todas las actuaciones de todos los poderes públicos, es una
herramienta muy potente. También se incumple, empezando por algunos órganos de los que la han aprobado, por ejemplo, la comisión del Pacto de Toledo, en su informe sobre la reforma de las pensiones, prácticamente no desglosó por sexo ninguna de las
estadísticas, cuando era facilísimo hacerlo, porque en la propia web de la Seguridad Social están desglosadas. En cambio, nos parece positivo que la memoria del año 2010, del Consejo Económico y Social, sea un modelo de cómo incorporar todos los
datos y todas las valoraciones de los datos reflejando específicamente cómo están impactando sobre las mujeres. En la memoria del Consejo General del Poder Judicial también se ve la mano de la Ley de Igualdad y de la comisión de igualdad que existe
en el Consejo General del Poder Judicial, porque están avanzando en desglosar por sexo los datos que son de elaboración propia. Esta es una experiencia que no hay que parar, que hay que continuar, aumentándola, porque puede ser valiosa también para
otros colectivos discriminados. También le estaba diciendo a la presidenta hace un rato que varias organizaciones de mujeres hemos pedido que esto se aplique a la subcomisión de reforma de la ley hipotecaria, porque también ahí hay sexo. Las
hipotecas no afectan solamente a las familias genéricamente, sino que las familias son diversas entre sí y dentro de sí. Por ejemplo, la sentencia, de marzo de 2011, del Tribunal Supremo diciendo que la igualdad consiste en que después del divorcio
cada cónyuge, independientemente de su situación, pague las cuotas hipotecarias por igual, nos da idea que queda mucho por hacer y que, por ejemplo, en ese terreno habría que aplicar el artículo 20 de la Ley de Igualdad.
El otro artículo de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres es el de las unidades de igualdad en todos los ministerios. También lo hemos apoyado como una herramienta importante para recabar la información estadística, para elaborar
incluso informes y estadísticas de sus propias competencias para asesorar a los órganos. Como la manifestación más clara que vemos de estas unidades de igualdad son los informes de impacto de género decimos que es positivo lo que se ha avanzado en
Hacienda. Estamos muy contentas de que en los Presupuestos Generales del Estado haga ya tres años de que se esté elaborando un informe de impacto de género y nos incorporemos a los países avanzados en esta técnica de instrumentación eficaz de la
igualdad. Sin embargo, todavía hay ausencias y también hay informes que por su calidad no dan la talla.
En resumen, hay que aplicar mejor los instrumentos que ya tiene la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres para atajar la discriminación, no solo de las mujeres, que es la discriminación más antigua, territorialmente más extendida, que
atraviesa todos los colectivos sociales y que se suma como doble o múltiple discriminación sobre otras causas, aunque también es la que tiene mucha experiencia, tanto institucional como social, de trabajo para combatirla y para avanzar hacia la
igualdad y pensamos que eso es necesario no solamente para seguir avanzando en erradicar la discriminación entre hombres y mujeres, sino también como aportación a la erradicación del racismo, de la xenofobia, de la homofobia, es decir, de otras
formas de discriminación que tienen sus causas específicas, que tienen que tener su nombre propio. Es muy importante que cada vez que haya una causa de discriminación socialmente admitida no desdibujemos sus características, sus causas, sus
consecuencias, las personas que la crean, las personas que la sufren y las personas que la combaten.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos ahora el turno de preguntas de los grupos y de sus portavoces. Para iniciar este punto tenemos la presencia del grupo proponente de su comparecencia, por lo que el señor Tardà tiene la palabra. Señorías,
hemos calculado, como bien saben, y así lo discutimos la Mesa con los portavoces en torno a una hora por comparecencia. No podemos saltárnosla demasiado, porque quedaríamos muy mal con quien tiene que esperar, pero seremos flexibles y razonables si
podemos. Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: De hecho seré muy breve porque he escuchado lo que me interesaba, es decir, más o menos teníamos una cierta impresión de cuál era la situación y la señora compareciente nos lo ha ratificado. De hecho debo decirle,
para que no se sorprenda, que igual que ustedes no han sido consultados, este grupo parlamentario tampoco. En ningún momento que se sepa el Grupo Parlamentario Socialista ni el Gobierno ha dedicado cinco minutos a explicar a este grupo
parlamentario -que es minoritario, por supuesto, ya lo sabemos- la orientación de la ley. De manera que estamos donde estamos.
Me gustaría que me ratificara lo que al parecer, si no he entendido mal, se desprende de sus palabras. Si este Gobierno, en la pasada legislatura y en esta misma legislatura, ha avanzado en todo aquello que tiene que ver con la legislación
al efecto para conquistar derechos teóricamente conquistados, pero que no eran susceptibles de ejecutarse, esta ley puede ser que signifique un paso atrás. Uno tiene la impresión de que es bueno aquel viejo aforismo de quien mucho abarca poco
aprieta. Por ejemplo, le diré un tema colateral. La ley no hace ninguna mención a los escenarios susceptibles de desigualdad de trato por razones de lengua, como si en el universo en el que estamos, en nuestra sociedad española, no fuera posible
un escenario de discriminación por razones de lengua. Si la ley pretendía sacrificar la intensidad en beneficio de un universo muy amplio de variables susceptibles de generar discriminación, maldita la gracia de olvidarse de algunas. O todas -digo
yo- o ninguna. En este caso, le pregunto: ¿Usted cree posible separar todo aquello que afecta a la problemática relacionada con la desigualdad entre géneros de aquellos otros ámbitos susceptibles de generar desigualdad de trato?
Por otro lado, sé que la directiva habla de la creación de autoridades. ¿Qué opina sobre la creación de una autoridad estatal, que a la vez será unipersonal y nombrada por el Gobierno sin ningún tipo de control -permítanme la expresión
entrecomillada- democrático? En un momento en el que se habla de incrementar la funcionalidad, la excelencia de las administraciones, ¿no ven todo esto como un alejamiento de la problemática respecto de las administraciones? Puestos a mencionar
instituciones que ya existen, en todas y cada una de las comunidades autónomas existen defensores del pueblo, independientemente de las fiscalías territoriales y otras. ¿A ustedes no les parece que esta ley es muy ampulosa, que tiene pretensiones
de modernidad, hasta que rascas un poco en el texto? Eso sin hacer relación a lo que usted decía sobre la falta de recursos económicos. ¿Ve usted en esta ley un instrumento legislativo realmente moderno o lo ve más como algo superestructural que
no va a resolver de verdad problemas funcionales?
Finalmente, respecto a los recursos económicos, ¿qué sensación le da? Ha utilizado usted un tono muy descriptivo. En algunos momentos me ha parecido que mostraba no indignación, pero sí una cierta sorpresa, pero su actitud ha sido muy
liviana cuando hacía referencia a recursos cero. ¿Cómo lo ven ustedes desde su colectivo?
La señora PRESIDENTA: Señora Moneo, tiene la palabra en nombre de su grupo.
La señora MONEO DÍEZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la compareciente, la señora San José, y agradecerle su importante intervención.
Escuchaba sus palabras, señora San José, y no podía por menos que sentirme reflejada en algunas de sus consideraciones. Le digo en cuáles. Es cierto que mi grupo desde el momento en que se planteó la ley de igualdad de trato y desde el
momento en que conoció el texto legislativo ha manifestado las serias reservas que le produce este proyecto del Gobierno, reservas respecto al objeto de la ley, respecto a su finalidad, respecto a las consecuencias que puede tener su aplicación y en
relación con determinados conceptos, a nuestro juicio ambiguos, que pueden provocar el aumento de la litigiosidad en algunos aspectos. Al Grupo Popular en esta Comisión le produce serias reservas eso a lo que usted hacía referencia, ese paso atrás
que puede suponer la aplicación de esta ley en relación con normativas actualmente vigentes que tratan con mayor o menor fortuna de defender la igualdad entre hombres y mujeres; me estoy refiriendo a la Ley de Igualdad vigente. Mi grupo se abstuvo
en el debate de la Ley de Igualdad, no porque no compartiese su filosofía, sino porque, como usted sabe, nuestra consideración en relación con la política de cuotas difería de la del Gobierno. Sin embargo, es cierto que la Ley de Igualdad tiene
instrumentos que, desarrollados eficazmente, pueden incidir en el logro de esa igualdad entre hombres y mujeres. Es cierto que sus efectos a lo largo de estos años no han sido los esperados. Esta mañana repasaba las cifras del paro y hoy hay
1.300.000 mujeres más que hace algunos años, las mujeres seguimos teniendo una mayor tasa de paro que los hombres y la brecha salarial sigue siendo mayor en las mujeres que en los hombres, alrededor de un 22 por ciento, lejos de lo que marca Europa.
Me gustaría saber si usted cree que este tipo de datos, que al cabo de unos años pueden demostrar que la Ley de Igualdad no ha funcionado, se deben más al propio concepto de la ley que a su eficacia real si hubiese sido implementada en su totalidad
y si la aplicación de la ley de igualdad de trato puede suponer un solapamiento con las competencias de la Ley de Igualdad, sobre todo en relación con los instrumentos que establece y que deben ser desarrollados para luchar, entre otras cuestiones,
contra esas diferencias en el acceso al empleo de hombres y mujeres.
También me gustaría que incidiese en esa nueva figura que crea esta ley: la autoridad de igualdad de trato. No solo es mi grupo el que considera que va a producir un solapamiento de funciones en relación con otros instrumentos de los que
actualmente dispone el Estado de derecho, sino que el Consejo General del Poder Judicial así lo ha estimado en su informe. Es decir, que las directivas europeas hablen de la existencia de un organismo, no implica la creación de un organismo nuevo.
¿Considera usted que en la actual legislación existen instrumentos que pueden asumir las competencias que la ley le atribuye a un nuevo organismo como es la autoridad de igualdad de trato? Y en el caso de que entre en vigor esta autoridad, ¿cree
usted que eso puede suponer un menoscabo de las posibilidades de los instrumentos que contemplan otras leyes?
Por último, una de las justificaciones de la ley se refiere a la trasposición de directivas comunitarias. A mi grupo le sorprende que en la exposición de motivos se haga referencia a algunas directivas derogadas y no, por ejemplo, a la
Directiva 2006/54, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 julio de ese mismo año, sobre el principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, en la que aparece algo tan importante
también como la formación profesional.
La señora PRESIDENTA: Señor Méndez, tiene la palabra en nombre de su grupo.
El señor MÉNDEZ GUILLÉN: Muchas gracias, señora San José, por venir a comparecer a esta Comisión y por tanto a este foro legislativo que será de donde salga la ley. Me ha dado tiempo a consultar a algunos otros compañeros del tejido
asociativo y sé que en el proceso anterior han sido consultadas asociaciones de mujeres. Por ello creo que es muy importante también que usted y todo lo que representa puedan comparecer en esta Cámara -reitero- en mitad del proceso legislativo.
También me alegra estar con una expresidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, comunidad de donde soy, que por desgracia hace cuatro meses pasó a mejor vida, eso sí, acompañado por el Consejo de la Juventud de la Comunidad de
Madrid, para que no se sintiera solo en su larga trayectoria por el desierto.
Este proyecto de ley busca desarrollar el paradigma humanista de igualdad y equidad, por eso me han extrañado las palabras del señor Tardà. Yo no creo que se abarque demasiado. Lo que hacemos es poner negro sobre blanco un concepto
integral de igualdad que nosotros y, sobre todo, ustedes hemos venido desarrollando en los últimos treinta años y en el que en los últimos ocho años se han hecho sustanciales avances; un concepto que no hace más que desarrollar los artículos 14 y
9.2 de la Constitución española. Es decir, esta es una ley que busca prevenir y erradicar la discriminación como un concepto integral. Tal y como usted hacía referencia, no estamos hablando única y exclusivamente de las mujeres, sino también de
jóvenes, de discapacitados, de inmigrantes y de todos aquellos colectivos que históricamente han sufrido discriminación. Lo importante es que ahora todos juntos consigamos avanzar para, por un lado, prevenir y erradicar todo tipo de
discriminaciones y, por otro lado, proteger y reparar a las víctimas. Indudablemente, usted sabe más que yo y que ninguno de nosotros lo que sufre una persona que es discriminada por cualquier razón. Esto es lo que nos tiene que inspirar y nos
tiene que llevar a la conclusión de que esta ley, por lo menos desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, era necesaria. Además traspone directivas. No voy a entrar en si ha habido directivas posteriores o no, lo que sí sé es que se
traspusieron tarde y mal, en la Ley 62/2003, dentro de la Ley de Medidas Fiscales. Esto es suficientemente importante como para que no entre
por la puerta de atrás, sino para que se dé lo que se está dando en esta Comisión esta tarde y lo que se lleva dando en la sociedad hace unos meses, esto es, un debate social importante con los colectivos, que es a los que nos debemos y los
que sin lugar a dudas saben mejor que nadie por dónde tenemos que ir, escuchando a todo el mundo. Entiendo, porque en otros ámbitos me pasa, que haya determinados colectivos que quieran monopolizar los debates, pero no se preocupe, porque siempre
encontraran la puerta abierta de este Gobierno y de este grupo parlamentario para escuchar, para dialogar y para mejorar todo lo que de esta Cámara pueda salir. No lo dude. Mi grupo entiende que los avances sociales de un colectivo ayudan a
construir una sociedad más justa y más equitativa; nos ayudan a todos ser mejores. Como decía, legislativamente hemos avanzado mucho con la Ley de Violencia de Género, con la Ley de Igualdad y con la implantación del tramo cero a tres, que ha
quitado a las mujeres el estigma de tenerse que quedar en casa cuidando a los niños. Todo esto lo hemos ido consiguiendo poco a poco y espero que sea mi generación la que lo integre definitivamente para que nunca más se vuelva a dar. Con el
permiso de paternidad hemos alcanzado también la corresponsabilidad, yendo de la mano ya hombres y mujeres en una lucha que, por desgracia, hasta ahora solo las mujeres habían encabezado. Por suerte ahora, poco a poco, los hombres nos vamos
incorporando a esta lucha que consideramos nuestra. Socialmente hemos conseguido sustanciales avances en ese tiempo. Por tanto, entendíamos que esta ley tenía que ser una ley integral, una ley que se ocupase de todos los colectivos, una ley que
abarcase el tema laboral; sé que sus responsabilidades anteriores en Comisiones Obreras le hacen tener un profundo conocimiento de este tema. Que durante el período de embarazo se mantenga la cotización, que es algo importante cuando hablamos de
corresponsabilidad, y que las mujeres o los hombres que trabajan en casa -mayoritariamente las mujeres, porque hasta ahora ha sido de esta forma- tengan un periodo de cotización en un trabajo que nunca estuvo reconocido son avances sociales
colectivos, porque al final protegemos a aquellos y aquellas que han sufrido discriminación, coordinado además todo ello por un ministerio que hasta ahora no había existido, que es el Ministerio de Igualdad. Tenemos una referencia física en
igualdad, con una ministra, Leire Pajín, que actualmente asume también otras competencias. Es un ministerio importante y potente dentro del ordenamiento jurídico e institucional de nuestro país. Me gustaría que me dijera si cree que a través de
una ley -reitero- que abarca de forma integral el problema de la discriminación se podrá contribuir a eliminar poco a poco esa lacra que es la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que a día de hoy se genera en un 30 por ciento, porque es
verdad que eso es lo que lleva después la diferencia de periodos de cotización. A propósito, hasta lo que tengo entendido -es verdad que no soy jurista y no quiero polemizar-, mayoritariamente la gente se va a seguir jubilando a la misma edad que
ahora, por tanto el problema no es tanto alargar el periodo de cotización, por lo menos para la generación que actualmente está cotizando, sino la lacra histórica que arrastrábamos, que es el 30 por ciento de discriminación diferencial de sueldo
entre hombres y mujeres. ¿Cree que va a poder contribuir a esto? ¿Cree que esta ley y el período legislativo que llevamos viviendo en los últimos ocho años, con las leyes que antes he señalado, han contribuido y pueden seguir contribuyendo a
aumentar la cohesión social dentro de nuestro país, sobre todo en el colectivo de género, entre hombres y mujeres?
La señora PRESIDENTA: Señora San José, tiene la posibilidad de contestar en la forma que considere oportuna a sus señorías en un tiempo razonable para no hacer esperar al siguiente compareciente.
La señora SECRETARIA DE FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA (San José Serrán): Yo no pretendo resolver la discriminación de todas las personas. Entiendo -porque es en lo vengo militando muchos años- de discriminación de las mujeres y de las
políticas y fórmulas que han sido más eficaces en esta discriminación. Por eso me voy a centrar principalmente en ello. Que conste que creo imprescindible que se luche contra otras formas de discriminación que no son por razón de sexo, algunas de
las cuales están a punto de tener efectos explosivos en el país donde vivimos, como por ejemplo la xenofobia. Los inmigrantes están aguantando muy bien hasta ahora la conflictividad social derivada de la crisis, pero, cuidado, porque ahí puede
haber situaciones explosivas. Y digo esto no solo por lo que afecta a mujeres inmigrantes, sino porque creo que las personas que defendemos la igualdad la tenemos que defender para todo el mundo. La historia está llena de gente que ha defendido la
igualdad para unos y ha consentido la discriminación para otros. Quien ha hecho esto, al final ha debilitado su causa. El feminismo pretende la igualdad para todas las personas, no solamente para unas élites o para unos países o para unas
nacionalidades. Sí que creo -y esta es un poco la pregunta de los tres grupos- que quien mucho abarca poco aprieta, como decía el señor Tardà. Esta ley, por querer abarcar todo, no es que pueda debilitar, es que ya debilita, porque en su
articulado ya se están quitando competencias a los organismos de igualdad como el Instituto de la Mujer. La reducción presupuestaria de alguien que no se dice quién es preocupa cuando tú estás siempre en lo último a lo que se da importancia y
cuando se acaba de eliminar el Ministerio de Igualdad porque sí y la tarea de luchar por la igualdad se ha encargado a un ministerio que lleva la sanidad y la política social, que son dos pilares enormes del Estado de bienestar, porque el que mucho
abarca poco aprieta también en el ámbito gubernativo, no solo en el ámbito de la defensa. Creo que las organizaciones feministas más cercanas al partido del Gobierno también están preocupadas por esto. En la única ocasión en la
que lo hemos podido hablar, durante la Presidencia de la Unión Europea, cuando lo presentó la ministra Aido, hubo una asociación más cercana a ustedes que dijo algo parecido a esto, es decir, que si se diluye la lucha contra la
discriminación de las mujeres, que somos la mitad de la población, en otras luchas muy justas y muy necesarias podemos retroceder en vez de avanzar.
Respecto al tema de la autoridad, no he leído los 500 folios que nos han mandado amablemente, pero sí la mayoría de ellos y creo que hay bastante gente que comparte la duda de si es necesario un órgano, un órgano al que además se atribuyen
diecisiete competencias de muy diversa naturaleza, unas más propias del poder ejecutivo y otras más propias de las ONG. Creo que no es imprescindible que haya una autoridad, sino más bien que funcione la transversalidad de la lucha contra todas las
formas de discriminación, es decir, que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, entienda más de lucha contra la discriminación, que no elabore solo las grandes líneas de la política, sino que también aterrice en los efectos que tienen sobre personas
de carne y hueso algunas de las medidas que gestiona. Desde luego, yo pienso -y comparto lo que de pasada han dicho ustedes- que el empleo y la economía son fundamentales ahora mismo. El otro día recordé una frase -que dije que era de Quevedo y me
corrigieron y me dijeron que era de otro-, y es que si estamos fabricando pobres -es decir, por muchos hospitales, por muchos mecanismos antidiscriminación que estemos haciendo, si con las políticas generales estamos aumentando las desigualdades-
nunca llegaremos a sujetar el agua que se sale de la cesta, y el agua son las personas que están en las situaciones más graves de discriminación. Tengo que decir que la autoridad no la veo, pero aunque de lo otro sí que entiendo, de esto la verdad
es que no entiendo mucho. A mí no me gustaría que esto sirviera para que las organizaciones de mujeres tuviéramos que pasar por esas organizaciones grandes o por esa persona para poder llegar a donde ahora ya llegamos a duras penas.
Preguntaba el señor Tardà qué sería lo más importante, lo que más falta. Yo creo que lo que más falta es, por una parte, el funcionamiento de los mecanismos de transversalidad y, por otra parte, el funcionamiento de la interlocución con la
sociedad civil. La democracia participativa, que está ahora tan en la agenda política, necesita pasarse por muchas cosas, desde luego, no solo por procedimientos sino por órganos de participación que se siguen creando y que siempre son los mismos.
Puedes hablar de medio ambiente, puedes hablar de empleo, puedes hablar de hipotecas, puedes hablar de no sé qué, que siempre los interlocutores privilegiados son las mismas organizaciones. Ahí hay algo perverso. Otra cosa que me parece importante
y que tiene relación con la autoridad es que yo percibo que la institución del Defensor del Pueblo -no solamente los defensores del pueblo autonómicos sino también el estatal- está infrautilizada. Hay que revisar cuál es su aportación a los
objetivos que tiene la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y que tiene también la aplicación efectiva del principio de igualdad.
En cuanto a lo que decía la señora Moneo, creo que el avance de la Ley de Igualdad -precisamente su disposición adicional segunda se refiere a la paridad en las listas electorales, con la que sé que ustedes no estaban de acuerdo- es uno de
los que más estamos notando. Acabamos de tener elecciones municipales y autonómicas, que son la prueba del algodón para ver si avanzamos hacia la paridad en la toma de decisiones, porque son las más extensas y han entrado los municipios de 3.000 a
5.000 habitantes. Desgraciadamente el Ministerio del Interior no ha sacado todavía el desglose por sexos, pero nosotros estamos sacando un montón de datos por la cuenta de la vieja y creemos que básicamente se mantiene el 39 por ciento. No es la
paridad, no es el 50, pero se mantiene el 39, que es una cuota muy potable. Son más de 25.000 mujeres las que están a lo ancho de todo el territorio de nuestro país en las instituciones de toma de decisiones y ese es un efecto de la Ley de
Igualdad. Estábamos estancados en unas cifras muchísimo más bajas y esto le ha dado un impulso. Ya veremos qué ocurre cuando se haga la valoración cuatrienal de los planes de igualdad en las empresas, que según la disposición adicional quinta
tiene que hacerse este año. Vamos a ver, porque es evidente que la ley no era un impermeable contra una crisis económica del calado de esta que tenemos, pero de algo tiene que servir y algo tiene que interactuar con la gestión de la crisis
económica que se está haciendo.
En cuanto a la autoridad, ya le he contestado que no la entiendo mucho. ¿Cuál sería la figura equivalente actualmente? Hay muchas figuras y es bueno que haya muchos referentes para las personas que están trabajando por la discriminación.
A nivel de todo el Estado, en este momento creo que el referente, la figura fundamental a la que concierne esto es la Secretaría de Estado para la Igualdad, más que la ministra, porque la ministra tiene demasiadas cosas que hacer y, en los nueve
meses que lleva, esta no es su prioridad; además a lo mejor no tiene por qué serlo, porque a nosotros también nos interesa que funcione la sanidad y que funcione la Ley de Dependencia, que son grandísimos mecanismos de distribución y de igualdad
entre mujeres y hombres. Es importante que gestione también lo otro, pero debe haber un referente fuerte, que yo diría que es la secretaría de Estado, que por cierto, no sé si tras la marcha de Bibiana Aido ya se sabe quién la va a ocupar.
Creo que esta ley puede ser necesaria para los colectivos que están en la directiva europea, aunque aún no esté aprobada. No está mal que España se adelante a proteger contra la xenofobia, contra la discriminación por razones étnicas o de
origen racial. Me parece bien que se avance en eso, pero cuando se quiera combatir una forma de discriminación hay que combatirla en sus causas concretas. No hay una causa etérea que haga que una persona de raza negra esté discriminada lo mismo
que una persona a la que su novio maltrata. Son meca
nismos diferentes. A cada uno hay que llamarle por su nombre, hay que ponerle las personas víctimas, hay que ponerle las personas que combaten contra ella, hay que ponerle los movimientos sociales que están más involucrados en transformar
eso. Creo que es bueno que se llame a cada forma de discriminación por su nombre y que cada una se combata en sus causas específicas, con las personas específicas, tanto víctimas como, digamos, solucionadoras del problema.
No sé si con eso les he contestado. Cuando alguien quiere hacer algo contra la desigualdad, no me gusta ser aguafiestas, pero lo que sí les pido y se lo pido a todos los grupos parlamentarios es que dejen como está la Ley de Igualdad entre
mujeres y hombres, que no le metan esa disposición derogatoria que quita atribuciones a los organismos de igualdad, que nos dejen completar un poco la aplicación, porque llevamos cuatro años y eso para una discriminación milenaria no es nada de
tiempo. Déjennos que sigamos trabajando en la misma dirección y no nos cambien el rumbo constantemente, porque a la gente que lleva una línea de trabajo más específica, más sistemática en ciertos campos le desconcierta que le estén cambiando
constantemente los referentes.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora San José, por el tiempo que ha regalado tan gentilmente a las diputadas y los diputados de esta Comisión. Sepa usted con toda seguridad que la participación que usted representa y articula será
de mucha utilidad para el trabajo legislativo que esta Comisión tiene que afrontar.
Vamos a despedir a la señora San José. Suspendemos unos minutos, no demasiados, para recibir al siguiente compareciente. (Pausa.)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS, CEAPA (SÁNCHEZ HERRERO). (Número de expediente 219/000827.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos la sesión de esta mañana con el siguiente punto del orden del día, que es la segunda comparecencia.
Damos la bienvenida a esta Comisión a don Jesús María Sánchez Herrero, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Señor Sánchez Herrero, le agradecemos de antemano el tiempo que va a regalar a los
diputados y diputadas de esta Comisión, la información que nos trae, naturalmente su disponibilidad para contestar a las preguntas que sus señorías le formulen y, por tanto, la ayuda extraordinaria que nos va a prestar para el trabajo legislativo de
esta Cámara y para el encargo que esta Comisión tiene, como usted bien sabe, que es elaborar el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Nos sentimos muy honrados con su presencia y por lo que va a aportar a
nuestro trabajo como parlamentarios.
En principio, dispone de diez o quince minutos para realizar su exposición, con la flexibilidad que usted necesite. Después le preguntarán los portavoces de los grupos aquí presentes y usted cerrará contestando de la manera que considere
más oportuna.
Señor Sánchez, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS, CEAPA (Sánchez Herrero): Es para mí un honor estar aquí representando a mi organización en un tema tan delicado como es el de este proyecto de
ley.
En primer lugar, quiero presentar a la organización a la que represento. la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Ceapa, agrupa a cuarenta y dos federaciones territoriales, con más de once mil asociaciones de
padres y madres de alumnos en todo el país, a la que pertenecen más de un millón y medio de familias, en su gran mayoría de la escuela pública. Quiero avanzar que Ceapa comparte el fundamento sobre el que se asienta el proyecto de ley que nos ocupa
por muchos y diversos motivos, pero especialmente por nuestra decidida lucha contra la desigualdad y la discriminación; discriminación que, sin embargo, sigue existiendo en el ámbito educativo. Aunque la legislación educativa vigente sea muy
clara, todavía hay colegios que de forma más o menos clara ofrecen un tipo de educación elitista y discriminatoria, a pesar de recibir fondos públicos, sin olvidar la deslealtad y/o incumplimiento que se produce en algunas comunidades autónomas que
actúan como si la legislación vigente no les afectara o pudieran legislar por encima o de espaldas a la misma.
En Ceapa creemos que la ley que aquí se promueve puede ser un buen instrumento para que no se vulnere el principio de igualdad en el sistema educativo. También quiero avanzarles que en Ceapa nos oponemos rotundamente a que los colegios
segregadores reciban dinero público. Bajo la coartada de la libertad de elección de centro el Estado no puede consentir que exista segregación y mucho menos tiene que costear este tipo de educación contraria a los valores de nuestro sistema
democrático. Además tenemos que preservar los derechos de la infancia, pues todos los niños y niñas tienen derecho a educarse en una escuela que refleje la diversidad de la sociedad en la que actualmente crecen y en la que vivirán cuando sean
adultos.
Sus señorías se preguntarán si existe discriminación en los centros educativos en la actualidad. En Ceapa, desde nuestra observación del día a día de los centros educativos, creemos que sí, que existen al menos cinco tipos de discriminación
que muchos alumnos y alumnas sufren en los centros educativos en España: discriminación por razón de sexo; discriminación por origen racial o étnico; discriminación por razones religiosas o de conciencia; discriminación por discapacidad;
discriminación por orientación sexual. Discriminación por razón
de sexo. Según datos de Ceapa, en España hay sesenta y dos colegios concertados que escolarizan solo a uno de los dos sexos en sus aulas, la inmensa mayoría vinculados a corrientes religiosas de la Iglesia Católica que no podríamos
calificar como moderadas sino más bien radicales. Esta cifra permanece prácticamente invariable en los últimos años. No obstante, existe la posibilidad de que se incremente en los próximos años, porque existe una fuerte campaña a favor de la
segregación y receptividad por parte de algunas administraciones educativas para concertar estos centros si hay demanda. En Ceapa nos oponemos a que el Estado financie escuelas segregadas por considerar que estas atentan contra los principios y
valores de nuestro sistema democrático. Creemos que es muy negativo privar a los menores del derecho a convivir y socializarse con la otra mitad de la población. Las aulas segregadas crean muros entre hombres y mujeres; una de las causas de la
violencia de género reside en la dificultad que tienen muchos hombres para identificarse y ponerse en el lugar de las mujeres por no conocer su mundo y verse diferentes. Financiar estas escuelas con fondos públicos es contradictorio con el intenso
trabajo que desarrollan las propias administraciones y el conjunto de la sociedad, con muchos recursos para erradicar la discriminación de la mujer y la violencia de género. La educación diferenciada no es ningún modelo innovador, como señalan sus
promotores, en todo caso es una vuelta al pasado. La solución contra el fracaso escolar no está en separar a niños y niñas sino en otras medidas de innovación educativa; está demostrado que las personas tienen diferentes capacidades, actitudes y
aptitudes, pero esto no es una consecuencia directa del hecho de ser hombre o mujer sino de la diversidad y pluralidad existente entre todas las personas. La educación debe estar basada en el respeto a nuestros iguales, indistintamente del sexo que
tengan.
Discriminación por origen racial o étnico. Esta es una discriminación más relacionada con la clase social que con la raza, aunque sí hay cierta relación entre ambas. En el curso 2008-2009 solo el 14,2 por ciento del alumnado de origen
extranjero estaba escolarizado en centros privados concertados; el 3,8 por ciento en centros privados, mientras que el 82 por ciento restante lo estaba en centros públicos. Padres y madres inmigrantes y de etnia gitana tienen mayor dificultad para
escolarizar a sus hijos en un centro concertado a causa de las diferentes prácticas disuasorias que utilizan estos centros cuando no quieren escolarizar a determinado alumnado. Con la orientación de Ceapa, hace dos años los informativos de
Telecinco acudieron a un centro concertado en Madrid con una cámara oculta. Primero, a un ciudadano originario de Perú y con rasgos raciales mestizos le informaron de que no quedaba ninguna plaza escolar para su hijo; a los cinco minutos una
ciudadana española acudía al mismo centro y le informaron de cómo hacer la solicitud para matricular a su hijo. Este es solo un ejemplo de práctica discriminatoria, difícil de probar y denunciar, que se produce habitualmente y que explica en parte
las cifras arriba expuestas; es algo que la sociedad española sabe, consiente y calla, con una actitud hipócrita que debe ser combatida con todos los medios posibles.
Discriminación por razones religiosas o de conciencia. En estos momentos se está produciendo una discriminación para todos los niños y niñas que no cursan religión. Es muy cierto que la Constitución protege el derecho de los padres a que
sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones, como lo es también que nuestra Carta Magna no determina que esta formación deba darse en la esfera de lo público, pues sería contrario al espíritu de un Estado
aconfesional como es el nuestro. Pero también es cierto que este derecho no debería generar unas obligaciones injustas, derivadas de unos acuerdos de dudosa constitucionalidad, para las demás familias que se ven obligadas a que sus hijos e hijas
estén aparcados en otra aula sin ningún objetivo específico. El derecho de unos no debería ir en detrimento de otros. Para Ceapa, mientras que la formación religiosa no salga de los centros educativos públicos para impartirse en los respectivos
centros de culto y en el seno de las familias, la solución temporal residiría en que salga del horario lectivo para que sea impartida, por ejemplo, al término de la jornada escolar y siempre únicamente para aquellos que así expresamente lo
quisieran, siendo costeada como el resto de las actividades extraescolares. El Estado garantizaría así el derecho de los padres que quieren que sus hijos tengan formación religiosa y el de quienes no lo desean. Por otro lado, la mayoría de los
centros concertados discrimina al alumnado por razones religiosas y de conciencia en el proceso de matriculación. Si las familias dicen que su hijo o hija no cursará la asignatura de religión católica, el personal del centro le advertirá de que
este es un centro escolar de ideario católico y que, por tanto, tiene la obligación de cursar esta asignatura, algo falso y que conculca la ley; les dirán que si no quieren que su hijo dé religión le matriculen en un centro público. Incluso en
algunos centros públicos muchos padres y madres se ven obligados a matricular a sus hijos en religión por las presiones de la dirección y de algunos profesores del centro que les advierten de que no tendrán profesorado para atenderles y de que será
mejor que estén en clase de religión a que estén desocupados por los pasillos o en el patio, cuando deberían estar atendidos en todo momento dentro del horario lectivo. Muchos padres y madres que temen algún tipo de represalia hacia sus hijos e
hijas finalmente les matriculan en religión. Además, al inicio del curso a las familias se les sigue preguntando en un documento público sobre sus creencias y convicciones éticas y/o religiosas, lo que conculca el artículo 16.2 de la Constitución
que señala que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. En todo caso, el padre o la madre que lo quiera debería hacer llegar a la escuela el deseo de que su hijo o hija asista a clases de religión, sin que haya
necesidad de preguntar al conjunto de las familias. Hay aulas donde todavía
permanecen crucifijos y otros símbolos religiosos, a pesar de que España es un estado aconfesional y, por tanto, no existe una religión oficial. La simbología religiosa no representa a todo el alumnado sino solo a quienes profesan la
religión representada por este símbolo; por tanto, su presencia en un espacio de titularidad pública, como es la escuela pública, es discriminatorio para quienes son ateos, agnósticos o profesan otra religión o creencia. Se debe tener en cuenta
que la laicidad justamente es el respeto a todas las ideologías.
Discriminación por discapacidad. Primero hay que partir de la premisa de que todo el alumnado en distintos momentos puede tener dificultades para afrontar los retos de su propia educación. En este sentido, todos los alumnos y alumnas son
diferentes y requieren una atención lo más individualizada posible. Creemos que sufren discriminación aquellos niños y niñas con necesidades especiales más amplias y que son escolarizados en centros específicos al margen del resto de los niños,
niñas y adolescentes, puesto que consideramos que se les está privando del derecho de conocer y convivir con otros niños y niñas en un ámbito tan importante para su socialización como es la escuela. Pensamos que todos los niños y niñas deberían
estar escolarizados en centros ordinarios. No obstante, esta escolarización podría acometerse de manera que todos los niños y niñas puedan convivir, si no es posible en todos los casos en el mismo aula, al menos en otros espacios y tiempos comunes
dentro del mismo centro escolar. Por otro lado, los diagnósticos que se realizan hoy en día muchas veces estigmatizan y, por tanto, discriminan a los niños con necesidades educativas especiales.
Discriminación por orientación sexual. Es evidente que un centro educativo de carácter religioso donde se promueva la idea de que la homosexualidad es una disfunción y una enfermedad no es el mejor centro educativo para un niño, niña o
adolescente que en el momento de la configuración de su identidad no sea heterosexual. Quiero recordar que los problemas para configurar una identidad propia provocan, entre otros perjuicios, que la tasa de suicidios entre estos adolescentes sea
entre tres y cinco veces superior a la media, algo que consideramos inaceptable y que hay que atajar con urgencia. Los centros educativos deben educar a los menores y a los demás miembros de la comunidad educativa en el respeto a la diversidad y en
la convivencia con las diferencias para que no se produzcan situaciones de discriminación, con diversos recursos sobre orientación sexual para que los adolescentes tengan acceso a la información sobre su condición que les permita formar sus
identidades y desarrollar su autoestima. Por tanto, los centros escolares de ideario religioso fomentarán que este alumnado reprima su identidad y al alumnado heterosexual le inculcarán valores intolerantes hacia estas personas.
Propuestas a modo de conclusión. Ceapa remitió en febrero al Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación y al Foro para la integración social de los inmigrantes un informe con doce propuestas para el entonces
anteproyecto de ley. Aquí quiero resaltar algunas de nuestras propuestas, que espero que sean atendidas por sus señorías. Primero, agregar un nuevo punto al artículo 16 que aluda expresamente a que los proyectos educativos de los centros no podrán
ser discriminatorios, con el objetivo de que ningún centro concertado pueda aprovechar recoveco legal alguno para seguir impidiendo la escolarización de determinado alumnado. Es verdad que el artículo 16 del proyecto de ley señala que las
administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, pero creemos que la norma debe ser todavía más explícita a la hora de impedir que los centros asuman proyectos
educativos discriminatorios, como sucede en la actualidad. Segundo, añadir una disposición adicional que modifique el artículo 116 de la LOE para incluir de manera explícita que los conciertos deben ajustarse a lo estipulado en la en ley integral
para la igualdad de trato y no discriminación. Así, a los centros que incumplan la ley se le retirará el concierto. Tercero, que la ley especifique que las administraciones educativas, en concreto la Alta Inspección de Educación, vigilen el
cumplimiento de esta ley.
En conclusión, creemos que el anteproyecto de ley para la igualdad de trato y no discriminación puede ser una buena herramienta a esgrimir por los ciudadanos y ciudadanas que vean vulnerados sus derechos en la escuela. De ser aprobada, esta
ley será un avance importante, a pesar de que estamos seguros de que algunos colegios encontrarán la manera de evitarla para seguir ofreciendo una educación elitista y discriminatoria. Finalmente, serán los tribunales y la jurisprudencia que de
ellos se derive en casos prácticos la que fijará el ámbito real del cumplimiento de esta ley en el futuro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez, no solamente por su intervención sino también por el ajuste tan preciso que ha hecho del tiempo.
Para formular preguntas sobre la información que usted nos ha expuesto, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Creo que la solicitud de comparecencia era del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Es verdad, es que no es habitual tener a la señora Cediel como portavoz de nuestro grupo y se me ha pasado. Gracias, señora Moneo.
Tiene la palabra la señora Cediel.
La señora CEDIEL MARTÍNEZ: Ante todo, quiero dar las gracias al señor Sánchez por su intervención y por sus aportaciones. También quiero poner en valor la representatividad que sustenta, puesto que son doce mil asociaciones de padres y
madres y millón y medio de familias a las que aquí ha dado voz.
Después de escuchar su exposición me he quedado un poco asustada. Es verdad que de un tiempo a esta parte
se viene hablando mucho en los medios de comunicación del tema de las discriminaciones en los colegios, de la separación de niños y niñas en colegios concertados, en colegios privados realizados sobre terrenos públicos o cedidos por los
ayuntamientos o las comunidades autónomas, cosa que es sumamente preocupante. Es verdad que la segregación de niños y niñas en las aulas -yo también lo entiendo así- no favorece la convivencia no solo en la infancia sino luego en la edad adulta.
Creo que el problema que venimos arrastrando desde hace siglos se perpetúa con estas actitudes y estos comportamientos. En pleno XXI estamos volviendo atrás, a actitudes que creo que estaban superadas y que se había demostrado que no eran las más
adecuadas para la convivencia.
También ha citado el tema de la discriminación por inmigración, el de alumnos con necesidades especiales, chicos y chicas que no cursan religión católica y que verdaderamente están en una situación de dejación durante el tiempo que duran
estas clases, minorías étnicas, niños y niñas, en general, de hogares en situación socioeconómica difícil. Según la ley esto no se puede producir, pero el hecho es que se produce y a mí me llegan noticias de cómo los cortes de nota también influyen
para la aceptación o no aceptación en ciertos colegios, incluso se piden certificados de bautismo de los niños para el acceso a colegios concertados. Creo que esta es una cuestión a erradicar, puesto que la educación se tiene que impartir en un
ámbito de igualdad de trato y sin discriminación, independientemente de la titularidad del centro en la que se imparta.
Me gustaría pedirle que ahondase un poco más en el análisis del artículo 16.2 y qué dudas le puede plantear esto. También quisiéramos que nos dijese qué importancia concede a la formación del profesorado en esta materia y qué se puede hacer
desde las APA, puesto que es su ámbito de actuación, para detectar y erradicar comportamientos inadecuados y discriminaciones en la escuela. Tengo conocimiento de algún problema de estas características, de que desde las propias AMPA hay actitudes
reprobables en materia de defensa de desigualdades o discriminación. Me gustaría que nos dijera qué mecanismos o protocolos de actuación contemplan en esos casos. Me refiero a actitudes, por ejemplo, como las de que ante la presencia de un
excesivo número de inmigrantes en una clase las APA reaccionan en contra de esto. Espero que me pueda contestar. Muchas gracias por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: En primer lugar, en nombre del Grupo Popular quiero dar la bienvenida a esta Comisión al señor Sánchez Herrero, presidente de Ceapa.
La verdad es que he seguido atentamente su intervención porque la cuestión que nos ocupa quizá sea uno de los temas fundamentales y centrales en esta ley de igualdad de trato, pero me va a permitir que le diga que no puedo compartir muchos
de sus planteamientos, entre otras razones porque diferentes sentencias de Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo no avalan algunas de las exposiciones que usted ha hecho ante esta Cámara. La cuestión fundamental que nos tenemos que
plantear es, primero, si la inclusión de este artículo 16.2 dentro de la ley de igualdad de trato afecta a derechos fundamentales que reconoce la Constitución, como son el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a educar a sus
hijos según sus propias convicciones y el derecho a la libertad de creación de centros docentes.
Creo que tenemos que partir de un punto fundamental, y es que la educación diferenciada no implica discriminación. Esto no es una afirmación del Grupo Popular sino que así lo han reconocido en sus informes tanto el Consejo General del Poder
Judicial como el Consejo de Estado. Voy a ir un poco más lejos. El artículo 16.2 se limita a retirar las subvenciones públicas a los centros de educación diferenciada; es decir, en el supuesto de que estuviésemos hablando de una actitud
discriminatoria, el Estado quitaría la subvención, pero toleraría una actuación discriminatoria dentro del ámbito de sus competencias. Pero precisamente porque no existe actitud discriminatoria es por lo que el Estado arbitrariamente decide, con un
criterio exclusivamente político, limitar estos derechos fundamentales. Tenemos que ser rigurosos en relación con lo que supone la educación diferenciada. La educación diferenciada ni es residual ni es elitista, ni lo es en España ni lo es fuera
de España. En estas últimas fechas me he molestado en analizar lo que supone la educación diferenciada fuera de nuestras fronteras. En el Reino Unido, en el ranquin de las cien mejores escuelas en el año 2008, ochenta y una fueron de educación
diferenciada, veinticinco de las cuales eran colegios públicos. En Alemania varios länder han impulsado experiencias diferentes como solución al absentismo masculino en este caso. Pero es que voy más allá, la Administración Obama, la
Administración demócrata de Estados Unidos, a la que no creo que se pueda acusar de discriminatoria, ha impulsado la educación diferenciada en la escuela pública precisamente como instrumento para combatir el fracaso escolar. En el año 2009 la
diferenciada en Estados Unidos se aplicó en quinientas cuarenta escuelas públicas de todo el país y en cinco años el proyecto que se está desarrollando por la Administración Obama establece que en algunos Estados, como es el caso de Carolina del
Sur, ofertarán este modelo en su totalidad, en todos los colegios públicos como opción de los padres. Por tanto, de lo que estamos hablando, por un lado, es de un modelo pedagógico y, por otro lado, de una opción que hay que dar a las familias. El
Estado o el Gobierno arbitrariamente puede decidir quitar la subvención a estos colegios, pero no está avalado ni por la doctrina del Tribunal Constitucional ni por el Tribunal Supremo ni por las diferentes sentencias que hemos ido conociendo a lo
largo de los últimos meses. Hay senten
cias -y usted las conocerá igual que yo- del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias precisamente en contra de esa limitación que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Asturias había
hecho a la hora de renovar o conceder conciertos educativos a las escuelas diferenciadas. Creo que estamos hablando de un tema muy sensible donde debemos ser lo más rigurosos posible.
¿Sabe lo que creo que es discriminatorio realmente en este país? Que sea una cuestión económica la que limite la libertad que los padres tienen que tener para decidir el modelo educativo y la forma en la que educar a sus hijos. Cuando el
Estado está limitando las subvenciones públicas a una opción pedagógica, lo que está limitando es el derecho que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. También sabe usted, igual que yo, que el hecho de la creación de
centros docentes tiene que limitarse al respeto a los principios constitucionales y que el ideario propio del centro no entra en confrontación con ese respeto a los principios constitucionales. En una sentencia del año 1981 el Tribunal
Constitucional sentó doctrina, habló de las implicaciones de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución y aclara que forma parte de la libertad de creación de centros el derecho a establecerlos por su titular con
arreglo a un ideario educativo propio, dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Constitución y sin tener por qué limitarse a los aspectos religiosos y morales. Por tanto, libertad de los padres, respeto al carácter propio de los
centros y, sobre todo, búsqueda de esa defensa de la elección de los padres del modelo educativo que quieren para sus hijos.
Me gustaría que nos aclarase dos cuestiones a las que se ha referido al final de su intervención. En primer lugar, si considera que este precepto, al referirse a un derecho fundamental, tiene cabida en esta ley o su naturaleza orgánica
implica su desplazamiento a otra ley de naturaleza orgánica. En segundo lugar, cómo valora el hecho de que un precepto educativo de tanta trascendencia haya sido introducido en una ley sin haber sido visto por órganos consultivos importantes, como
puede ser, ni más ni menos, el Consejo Escolar del Estado.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez Herrero, tiene ahora la posibilidad, en la forma que usted considere oportuno, de contestar a las portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS, CEAPA (Sánchez Herrero): Respecto a este tema en concreto, llevamos muchos años en los cuales la coeducación ha formado parte dentro de los
colegios, dentro de nuestras aulas, en todo el territorio español, que no ha funcionado lo suficientemente bien muchas veces por problemas económicos dentro de los centros o por falta de formación del propio profesorado y esto ha hecho que haya sido
un impedimento en alguno de los casos. Este proyecto del que hoy estamos aquí hablando y lo que dice en su artículo 16.2 no es que solamente se circunscriba única y exclusivamente a la retirada del concierto o del no concierto a ese centro
educativo, ya que en el momento en que cualquier centro educativo además de escolarizar a sus alumnos por diferencia de sexo o por diferencias ideológicas o por la diferencia que sea, desde nuestro punto de vista está incumpliendo el principio de
aceptación de las diferencias existentes dentro de nuestro sistema. Por tanto, desde esa perspectiva pensamos que la socialización de los chicos y de las chicas forma parte de su educación y se tiene que dar en el centro educativo de esta forma, es
decir, han de compaginarse, porque nosotros pensamos que el aporte que hace un tipo de alumno a otro alumnado distinto es enriquecedor. La diversidad dentro de las aulas enriquece la educación, enriquece la socialización de las personas, es decir,
es enriquecedora en su más amplio sentido de la palabra. Los cinco motivos que vemos discriminatorios dentro de los centros son palpables, es algo que en el día a día de los centros educativos se está viendo. Los cinco motivos que he resaltado
aquí los estamos viendo. Hay padres y madres que lógicamente para que pongan una denuncia de este tipo dentro de los tribunales es complicado. Es complicado por muchas razones de la familia, de la inaptitud de poderlo hacer, de a qué le conduce,
de si eso merece la pena. Las leyes tienen que ser iguales para todos. En este sentido los conciertos educativos y en sí la enseñanza en general tienen que ser uniformes para ambos sexos, para todo tipo de ideologías y para todo tipo de alumnado,
sea inmigrante, español o sea de donde sea o tenga las creencias o las condiciones católicas o religiosas que tenga.
En cuanto al tema de que esta ley haya pasado por el Consejo Escolar del Estado, probablemente es una ley educativa, por lo que un anteproyecto de ley de estas características se debería haber visto en el Consejo Escolar del Estado de otra
manera, pero estoy de acuerdo en que debería de haber pasado por el Consejo Escolar del Estado. Nosotros, más allá de todo esto, entendemos que en los centros educativos y más en su ideario no puede existir ningún tipo de discriminación en este
sentido. Creo que si esta ley es aprobada reforzará esta idea que tenemos respecto a la igualdad y a la pluralidad dentro de nuestros centros educativos y desde nuestra organización entendemos que es necesario que esta ley salga adelante porque
observamos este tipo de discriminación que nos parece muy muy negativo.
En otro orden de cosas también querría destacar que la LOE, la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 116 enfoca este tema de alguna manera en esa dirección, pero debe de hacerse una disposición adicional que lo deje más claro y que esté
mucho más explícito de lo que en realidad está y de alguna manera no quepa ningún recoveco para poderse eludir en este sentido. He expuesto nuestra idea claramente al principio, hay muchas cosas
a las que yo, entre otras porque estoy algo nervioso, no puedo contestar adecuadamente, ustedes me perdonarán. Pero quiero que quede clara cuál es nuestra idea y nuestra posición, la representatividad y la representación que hoy aquí
ostento, a la cantidad de familias que nosotros representamos y el esfuerzo inmenso que hacemos padres y madres por trabajar con las familias, por trabajar dentro de las asociaciones de padres y madres de alumnos en temas tan importantes como es la
coeducación, como es la afectividad, como es la no diferenciación por sexo, como es la libertad a la orientación sexual, es decir, hay una cantidad de temas que nosotros trabajamos dentro de las familias inmensos que se ven reflejados posteriormente
en este tipo de educación que estamos preconizando, que nosotros desde este punto de vista estamos apoyando. Nosotros cuando conocimos este proyecto de ley y se nos dio la oportunidad de poder hacer aportaciones al mismo, ya dije anteriormente y
tengo aquí enumeradas las que hicimos, entendimos que era una oportunidad única, como lo era hoy poder venir aquí a exponerles nuestra idea, lo que nosotros pensamos al respecto y lo que nosotros estamos viendo en el día a día de los centros
educativos a través de todas las asociaciones de padres y madres de alumnos que tenemos por todos los centros educativos, en su mayoría centros públicos y también en algún centro concertado. Desde ese punto de vista quiero mostrar nuestro apoyo.
Hemos estado trabajando, y seguiremos trabajando, para que esto salga adelante, porque nosotros creemos que es importante.
Una cosa muy importante también es que nuestra organización es una organización apartidista, es una organización que representa a una gran pluralidad de familias existentes, que son de diversa ideología y que dentro de nuestra organización
están sin ningún tipo de problema, pertenezcan al partido político que pertenezcan, profesen la religión o las creencias que profesen, por lo que nuestra organización es una organización plural en la cual tiene cabida todo tipo de pensamientos, de
ideologías y que pone encima de la mesa las cuestiones que en ese sentido nos preocupan. Recientemente, en una comparación un poco fuera de contexto, me preguntaba una madre, en concreto hace unos días, referente a este tema si el Estado podría
permitir que hubiese un colegio, un proyecto educativo, que preconizase ideas de extrema derecha, ideas fuera de lo que es la normalidad de la educación, como una escuela hitleriana o un centro de este tipo. Está un poco fuera de contexto, pero sí
recoge la idea, porque en estos centros educativos nosotros lo que tenemos constatado en algunos casos ya no es solamente la segregación por sexo de los alumnos, sino por su ideario, por su contenido, por su currículo, por su proyecto educativo, no
solamente es el que se matriculen los chicos a un lado y las chicas a otro lado en edificios parejos o que esté un centro a no sé que distancia uno de otro, sino por lo que allí se transmite. Esa es verdaderamente nuestra preocupación y lo que
nosotros entendemos que no beneficia para nada a esta sociedad.
Por otra parte, ya lo comentaba anteriormente, los gobiernos, tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos, están invirtiendo mucho dinero en atajar la discriminación, en atajar la violencia de género y, por otro lado, llama la
atención, cuando menos, que se esté haciendo esta práctica de matriculación o de colegios segregados. Nosotros pensamos que el éxito escolar no depende del tipo de alumnado que se matricule por sexos. Pensamos que las diferencias biológicas no son
determinantes en este sentido. Sí que hay otras medidas que son determinantes y de hecho últimamente hemos visto cómo políticas educativas que han ido acompañadas de presupuestos importantes han mejorado sensiblemente la obtención de titulados en
secundaria. Recientemente hemos visto cómo han avanzado en porcentajes absolutos en los últimos años con políticas económicas y políticas educativas aceptables. Pienso que, desde ese punto de vista, lo que debemos de favorecer y debemos de exigir
a las administraciones públicas es que inviertan en educación, porque es mucho más caro invertir en ignorancia que invertir en educación, a la larga el coste sería muy muy superior. Muchas veces cuando comentamos este tipo de cosas con las
distintas consejerías siempre se alude a la situación económica que atraviesa nuestro país, que es cierto que es la que es, pero nosotros seguimos insistiendo en que precisamente por eso, para salir reforzados de ella y tener una formación
cualificada y tener chicos y chicas mejor preparados para el mercado laboral, para su posterior desarrollo como personas, es importante invertir ahora, precisamente ahora, en educación. Hacer el esfuerzo necesario para que esto se siga manteniendo
en estos presupuestos y, como he dicho anteriormente, esto sí que es determinante en el éxito escolar y no la determinación biológica ni tampoco el determinismo genético al cual aludía recientemente la CEOE en unas declaraciones, muy desafortunadas
a mi juicio, en los medios de comunicación.
Nuestra organización seguirá respaldando este tema al margen de quien lo presente. Nos hubiese dado igual el grupo parlamentario que lo hubiese presentado, porque nosotros somos totalmente apartidistas, ya he comentado anteriormente cuál es
el ideario de nuestra organización. Por tanto, no tengo más que decir al respecto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez Herrero por habernos prestado su tiempo, como decíamos a la anterior compareciente, para nosotros es muy útil la participación directa y la opinión de quienes trabajan en las redes de la
sociedad civil para el trabajo que tenemos que hacer como legisladores. Gracias por su tiempo y gracias por su información.
Señorías, vamos a terminar la sesión de la mañana aquí para despedir al presidente de Ceapa y sus señorías ya saben que a las cuatro continuamos la sesión con las siguientes comparecencias.
Se suspende la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES, FELGTB (POVEDA MARTÍNEZ). (Número de expediente 219/000828.)
La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión que iniciamos esta mañana. Continuamos con las comparecencias previstas para el día de hoy. La tercera comparecencia prevista en el orden del día es la que en este momento iniciamos,
correspondiente a don Antonio Poveda Martínez, presidente de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, a quien en este momento damos la bienvenida.
Señor Poveda, bienvenido a esta Comisión de Igualdad. Le agradecemos mucho que haya venido, que nos preste su tiempo y que nos proporcione la valiosísima información que su organización tiene, que, como se podrá imaginar, forma parte de los
materiales necesarios para esta Comisión, que afronta el proyecto que el Gobierno ha depositado en ella, que es el proyecto de ley de integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Los diputados y diputadas de esta Comisión somos
conscientes de que una parte importante de nuestro trabajo es la que nos trae de manera directa la sociedad a la que servimos. Por tanto, será muy, muy importante lo que usted hoy nos diga aquí y la posibilidad que van a tener sus señorías de
preguntarle. El procedimiento de la comparecencia es el siguiente. Usted tendrá el tiempo que necesite, entre diez y quince minutos, para informar de lo que considere interesante en relación con el objeto de esta ley; después sus señorías le
formularán preguntas y usted las contestará libremente de la manera que considere oportuna.
Señor Poveda, suya es la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BI-SEXUALES, FELGTB (Poveda Martínez): Lo primero que quiero hacer es agradecer en nombre de mi organización la invitación a participar en la Comisión de Igualdad para
comparecer sobre la ley integral para la igualdad de trato. Esta es una ley muy importante para nosotros como organización, porque es una demanda que hicimos en las anteriores elecciones generales a todos los partidos políticos para que incluyesen
en su programa electoral. Por tanto, nuestra organización está viviendo este proceso con verdadera ilusión.
La Federación Española Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales es una organización compuesta por 57 entidades en todo el territorio español, en todas las comunidades y en las dos ciudades autónomas. Es una unión de distintas
realidades discriminadas: lesbianas, gays, transexuales y bisexuales; muchas de ellas además con discriminaciones múltiples. Tenemos grupos de personas que viven con VIH, grupos de jóvenes, personas mayores, personas creyentes y personas con
discapacidad. Esta diversidad de los que formamos esta federación nos ha enriquecido y nos ha hecho considerar cada vez más necesaria una ley como esta por la que hoy comparezco aquí. Somos una organización que ha vivido momentos de verdadera
felicidad en las dos últimas legislaturas. Pertenecemos a una realidad perseguida durante muchísimos años. En la época más reciente, no podemos olvidar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la Ley de Vagos y Maleantes, que perseguía a
las personas por su orientación sexual o por su identidad de género. En esta legislatura hemos visto cómo se nos reconocían derechos que pensábamos inalcanzables, sobre todo el reconocimiento de nuestro derecho a formar familias reconocidas por el
Estado -familias ya conformábamos, puesto que teníamos hijos e hijas, pero sin todos los derechos- o leyes como la Ley de Identidad de Género para las personas transexuales, uno de los colectivos más castigados, más discriminados, cuya resistencia
empezó en 1969. Acabamos de celebrar el Día del Orgullo, que se conmemora el día 28 de junio, porque fue el momento en el que las personas transexuales y travestis dijeron basta ya a los hostigamientos y a las redadas en Nueva York y plantaron
cara. Ellas se llevaron las primeras bofetadas físicas y ahora son las que se llevan en mayor medida las bofetadas sociales. Para ellos y para ellas, para las personas transexuales, es especialmente importante esta ley; una ley que es una
reivindicación planteada por nuestra organización, que plasma la necesidad de una legislación como la propuesta para combatir la discriminación en todos los ámbitos. Cuando nuestra organización se planteó seguir avanzando una vez alcanzada la
igualdad legal en leyes que siguieran protegiendo y que acabarán con la discriminación de la que éramos objeto, teníamos claro desde el principio que no queríamos una ley como las que hay en otros países, específica para lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales. Queríamos una ley para todas las realidades discriminadas. Era el momento en el que habíamos alcanzado la igualdad legal y, por tanto, ya no partíamos hacia la meta de la igualdad con diferencias respecto a otras
realidades discriminadas y era importante que fuésemos de la mano. La ley es un avance, en nuestra opinión, para señalar a quienes discriminan y proteger a quienes son discriminados, pero va más allá, porque busca acabar con la discriminación y
pone las herramientas legales para ello. Las actitudes discriminatorias requieren un reproche social y esta ley abunda en ello. La ley ha de crear condiciones sociales y culturales en el sentido más amplio de la palabra, para que quede claro que
la discriminación es moralmente inaceptable en una democracia, no solo porque una ley sancione las situaciones de discriminación, sino también porque por principio es incompatible con la libertad y la igualdad, con el respeto y la convivencia.
Como decía, para nuestro colectivo hay suficientes razones para defender esta ley. Voy a dar algunos datos que creo que son bastante relevantes para justificarla. Una vez alcanzada esa igualdad legal, teníamos claro que la mejor
herramienta para remover los obstáculos que nos impedían tener esa igualdad social tan deseada era la educación, la educación para transformar la sociedad, pero también la educación para garantizar que los y las adolescentes lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales perciban, vivan y crezcan sin los prejuicios con los que otros hemos vivido. La situación, según nuestros estudios, sigue sin ser demasiado halagüeña. Un estudio nuestro, Jóvenes LGTB, de 2009, subvencionado por el
entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que viene a añadirse a anteriores estudios presentados por nuestra organización, evidencia la gravedad del problema de la homofobia y la transfobia en el sistema educativo y la urgencia de tomar
medidas contra ella y a favor de una población, la LGTB -voy a utilizar este término, que ustedes conocerán, para hablar de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales- adolescente en grave riesgo de exclusión. El estudio habla de unos elevados
índices de violencia física y psicológica, falta de referentes, carencia de recursos y bajo apoyo familiar, educativo y profesional. Estos son algunos de los datos extraídos del informe: un 22 por ciento de los y las jóvenes que han participado en
la encuesta -era una encuesta destinada a jóvenes adolescentes LGTB- nos dice que ha sufrido violencia psicológica o física en el seno de la familia; un 56,2 por ciento en su centro de estudios y un 67,2 por ciento en la calle. En el caso de los
varones, las cifras son todavía mayores: el 12 por ciento ha sufrido violencia física en su centro educativo. Sufren más la violencia los habitantes de lugares pequeños que los de las ciudades más grandes. Un 47,2 por ciento considera negativa la
actitud de su familia con respecto a su homosexualidad, transexualidad o bisexualidad y un 48,2 por ciento la de su centro educativo. La percepción del entorno es peor igualmente en los habitantes de ciudades pequeñas y ámbitos rurales. En las
ciudades de más de 500.000 habitantes los porcentajes se reducen al 37,4 y al 38,9 por ciento. Este es para nosotros un dato muy relevante. Solo un 2,8 por ciento cuenta con el profesorado para resolver dudas sobre su sexualidad o su afectividad.
Una inmensa mayoría considera muy negativa la imagen que se da de ellos y de ellas en los medios de comunicación; un 76 por ciento de las chicas carece de referentes válidos.
Voy a hablar de otro estudio mucho más reciente, presentado este año y encargado por el CIS, gracias a la colaboración con la Felgtb y el Injuve. En esta encuesta sobre jóvenes y diversidad sexual se demuestra la importancia pedagógica de
las leyes. Las leyes del matrimonio y la identidad de género han contribuido positivamente a la aceptación de la diversidad sexual y a la mejora de la autoestima de los jóvenes LGTB. Por eso me gustaría destacar que la derogación de cualquiera de
estas leyes causaría un daño tremendo a la autopercepción de un sector poblacional en grave riesgo de exclusión. Estos son los datos que nos muestran lo que hemos avanzado. Ahora daré otros datos. La juventud acepta y convive positivamente con la
diversidad sexual. Así, un 54,6 por ciento tiene amigos gays; un 37,2 por ciento, lesbianas; un 24,9 por ciento, bisexuales y un 3,5 por ciento, transexuales. Un 86,4 por ciento opina que debería poder hablarse con naturalidad sobre la
diversidad sexual; un 81,7 por ciento acepta relaciones entre varones y un 84,1 por ciento relaciones entre mujeres. Un 76,8% aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo; un 74,1 por ciento acepta las operaciones de reasignación sexual en
personas adultas. La población joven que se reconoce como LGTB es de un 6 por ciento, que corresponde a 540.000 jóvenes en España y unos 180.000 adolescentes LGTB en enseñanza secundaria. Esto quiere decir que en cada centro de enseñanza hay
varias docenas de jóvenes no heterosexuales expuestos al riesgo de exclusión y acoso. Yo siempre digo que en las aulas somos la minoría más mayoritaria. En todas las aulas hay lesbianas, hay gays, hay bisexuales, quizás no tantos transexuales, y
además somos la minoría más mayoritaria en todos los centros educativos, tanto públicos como concertados y católicos. Aquí no hay filtro, no hay posible filtro para impedir que un joven LGTB pueda acceder; luego sí que hay filtros a la hora de que
puedan tener referentes positivos y una educación en igualdad. Todos estos datos muestran que la juventud española poco a poco va aceptando la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, persisten aún en el entorno juvenil -sigo con
el estudio del CIS- rasgos muy evidentes de homofobia y discriminación en diferentes formas, desde la hostilidad estructural hasta la violencia física, del insulto a la risa. Un 77,4 por ciento de la juventud ha escuchado insultos y un 18,1 por
ciento ha presenciado golpes y empujones. El cotilleo, la burla humorística o el insulto no son muchas veces comprendidos como conductas homófonas, de tal modo que se relativizan sus efectos negativos. Yo preguntaría: Si la juventud valora
positivamente la diversidad sexual, ¿por qué se siguen permitiendo estos niveles de agresividad y exclusión que conducen con terrible frecuencia a la depresión, la angustia e incluso al suicidio? El número de suicidios entre población LGTB es dos o
tres veces mayor que en el resto de la población. ¿Por qué el sistema educativo no se toma en serio un problema que se evidencia tozudamente investigación tras investigación? ¿Qué tiene que suceder para que los jóvenes LGTB sean tomados en cuenta
dentro del sistema educativo? No hemos de olvidar que, a diferencia de otras realidades discriminadas, nuestros jóvenes carecen en la mayoría de los casos del apoyo familiar, en muchas ocasiones porque en sus casas no conocen esa realidad. Yo
siempre pongo un ejemplo de una compañera que creo que es muy gráfico. La diferencia entre un adolescente negro y un adolescente gay es que el negro no tiene que contárselo a sus padres y el gay sí; el gay, la lesbiana, la persona transexual o
bisexual. La nueva ley de igualdad de trato puede ser un acicate para conseguir que esta población tradicionalmente maltratada
consiga avanzar un paso más en su reconocimiento social y en su autorreconocimiento.
Una de nuestras demandas, que nos parece muy positivo que se haya reflejado, era que se incluyera entre los motivos de discriminación la discriminación por enfermedad, porque lamentablemente, en el caso del VIH, nos afecta de una forma muy
seria. Es un problema casi de salud pública. La discriminación que sufren las personas con VIH es una realidad que han puesto de manifiesto múltiples estudios, entre ellos el último realizado por Cesida, la Coordinadora Estatal de VIH-sida, sobre
el impacto de la lipodistrofia en la salud psicológica y la experiencia de estigma de las personas con VIH, en el que participaron 728 personas con VIH. Según los datos de dicho informe, un 30 por ciento de las personas se han visto excluidas
alguna vez en actividades sociales. Pero estas situaciones de discriminación se dan también en entornos institucionales. Un 24,2 por ciento lo han vivido en el mundo laboral; un 68 por ciento, en el ámbito sanitario, y a un 20,4 por ciento se les
ha denegado algún servicio de salud en alguna ocasión. Los bancos no les conceden créditos, las compañías de seguros les niegan el acceso a sus pólizas, el personal sanitario les trata con prevención, sus conocidos les rehúyen, sus parejas les
abandonan y ellos y ellas sienten vergüenza, miedo y culpabilidad desde el momento mismo en que saben que viven con VIH, porque si la sociedad les margina, ellos se lo creen, se ocultan y se niegan a cosas como la vida en pareja o el acceso al mundo
laboral.
Otro ámbito para nosotros muy importante es el laboral. De hecho, en el ámbito laboral todos y todas, también las personas LGTB, pasamos casi el mayor tiempo de nuestras vidas. Aunque no hay estudios -y ahora hablaré también de ello-,
sabemos por nuestras propias experiencias que es el ámbito donde más difícil nos es ser visibles. Para nosotros la visibilidad es la herramienta más importante, más potente para transformar la sociedad. Yo siempre digo que lo más político que
podemos hacer lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es ser visibles. Quien ha salido del armario, como se dice coloquialmente, ya no quiere volver, aunque le haya ido mal, a una doble vida en la que aún sigue considerando como una patología la
homosexualidad. Lamentablemente la transexualidad sigue siendo considerada una patología por la Organización Mundial de la Salud, aunque afortunadamente cada vez son más países los que se alejan de esta consideración, entre ellos el Gobierno
español, que se pronunció a favor de que se dejase de considerar una patología la transexualidad. Según un estudio del Programa operativo plurirregional de la lucha contra la discriminación de la Comisión Europea 2007-2013 -estoy hablando en el
ámbito laboral-, las personas transexuales son uno de los colectivos que mayor exclusión y desempleo sufre en el Estado español; entre un 60 y un 80 por ciento de desempleo. A esto se añade la ausencia de referencias y programas concretos
dirigidos a la población transexual, lo que les convierte en una minoría invisibilizada en los problemas de lucha contra la discriminación y, además, en muchos casos con doble discriminación o alguna discriminación más, sobre todo en el caso de las
mujeres transexuales inmigrantes, que no tienen en sus tarjetas de residencia en este país su nombre adecuado a su sexo, por lo que la mayoría se ven abocadas a la prostitución. En este país, gracias a la Ley de Identidad de Género para las
personas transexuales, hemos visto como sobre todo las mujeres transexuales más jóvenes se han ido incorporando al mundo de la Universidad, se han ido incorporando a otros empleos, pero las personas inmigrantes cuyos documentos, aunque ellas sean
María, siguen diciendo que son varón y que su nombre es Manuel tienen muy difícil el acceso al mercado laboral y por eso muchas veces se ven abocadas al trabajo de la prostitución. Consideramos además un valor importante que se puede conseguir en
esta ley que sindicatos, empresarios y gobiernos lancen unitariamente el mensaje del respeto a la diversidad en el ámbito laboral. Las empresas que gestionan bien la diversidad de sus empleados y empleadas son más productivas, más creativas y más
rentables que aquellas que mantienen unas condiciones de trabajo en las que las personas LGTB o de cualquier otra minoría viven mal su diferencia. En los países del norte de Europa y en Estados Unidos muchas empresas, muchas multinacionales tienen
esto cada vez más claro. Gestionar bien la diversidad, que los empleados se sientan bien con su identidad hace que mejore la productividad de las empresas.
También creemos importante esta ley porque vemos que hay una falta de estudios sobre discriminación, tanto generales como específicos por sectores -laboral, educación, sanidad- o por ámbitos: Lgtbi, LGTB, género, apariencia física, edad,
inmigración, lengua o religión. Si comparamos con otros países, vemos que hay un número muy escaso de estudios sobre discriminación. Estos estudios son importantísimos para combatirla. Quiero recordar otra vez -ya lo he dicho, pero es importante
subrayarlo- la situación de especial desigualdad de trato con repercusión de riesgo social para las personas inmigrantes y transexuales que acumulan la doble discriminación. Es imprescindible una fórmula legal para dar una documentación legal
coherente en el género y datos personales, utilizable en España, que les permita escapar de la prostitución y acceder al mercado laboral.
La lucha contra la discriminación, a favor de la igualdad, de la diversidad y de la pluralidad tiene que ser desarrollada por toda la sociedad, por todos los partidos políticos. Por eso desde nuestra organización nos gustaría pedirles
consenso en la aprobación de esta ley, necesaria para toda la ciudadanía, porque todo el mundo antes o después puede ser discriminado por quién es o por su situación fija o transitoria. La lucha por la igualdad y contra la discriminación nos
beneficia a todos y a todas. Esta no es una ley de minorías, es una ley para una amplia mayoría, especialmente para las personas que estamos sufriendo la discriminación de un modo
directo, pero todos hemos sido jóvenes y todos -así lo esperamos- seremos mayores. Por tanto, creemos que esta ley, en contra de algunas declaraciones que hemos oído por ahí, es una ley que nos va a beneficiar a todos y a todas; una ley
que va a hacer de esta democracia una democracia más avanzada, una democracia más sana, una democracia que oiga a los movimientos sociales. Nosotros, como federación, siempre hemos dicho que somos un movimiento político, no partidista. Los
movimientos sociales hacemos política. Cualquier ciudadano o ciudadana hace política, pero no tiene que ser partidista. Esta ley es una reivindicación no solo de nuestra organización. Hemos trabajado con muchas organizaciones del tercer sector
que esperan que esta ley sea aprobada en este Parlamento.
Para nosotros es importante que se amplíen los ámbitos de aplicación de esta ley en tres aspectos importantes. Estamos haciendo llegar a los grupos parlamentarios nuestras enmiendas. En primer lugar, en el ámbito de sujetos de aplicación,
para nosotros sería importante incluir la apariencia física como motivo de discriminación. En nuestro caso, sobre todo para las personas que empiezan el proceso transexualizador, es muy importante que se tenga en cuenta este motivo de
discriminación. En segundo lugar, es muy importante que se incluya dentro de estos ámbitos subjetivos de aplicación la composición de la unidad de convivencia. Las familias, del tipo que sean, no pueden ser objeto de un trato desigual que implique
discriminación. También es importante que se incluya la discriminación social o cultural, esto es, por ser pobre, por ser analfabeto.
Por último, hemos planteado algunas disposiciones adicionales que tienen que ver con la paternidad y maternidad de las parejas del mismo sexo. Una de las disposiciones que nos gustaría que se añadiesen es que se evitase la discriminación de
las parejas de hecho homosexuales en la adopción de menores. Actualmente solo pueden acceder a la adopción de menores aquellas parejas de hecho de distinto sexo. Nos gustaría que se incluyese también a las parejas de hecho del mismo sexo, porque,
al igual que pasó cuando se aprobó el matrimonio, hijos e hijas ya teníamos y de lo que se trata es de que nuestros hijos e hijas tengan la protección legal de sus dos papás o de sus dos mamás, independientemente de la unión de sus padres o de sus
madres, de que sean casados o pareja de hecho.
Me quedan solo dos puntos más. Uno sería la presunción de maternidad. Actualmente, cuando en una pareja de lesbianas una de ellas está embarazada y van a tener un hijo, se les exige que la madre no biológica vaya al notario a declarar que
también es madre de ese niño o de esa niña, cosa que no pasa con las parejas de distinto sexo. Hay un vacío y para las parejas de mujeres es un poco denigrante tener que ir a declarar que es la madre, cuando no se le exige al padre en el caso de
una pareja de distinto sexo.
Lo dejo aquí. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la invitación y solicito de nuevo, creo que en nombre de muchas personas, que esta ley pueda salir adelante, que salga a tiempo y que podamos disfrutar de ella toda la ciudadanía.
La señora PRESIDENTA: Ahora es el turno de las preguntas de los grupos parlamentarios que están presentes en la Comisión.
En nombre del grupo proponente de esta comparecencia tiene la palabra el señor Méndez.
El señor MÉNDEZ GUILLÉN: Gracias, señor Poveda, por comparecer ante esta Comisión. No tenga duda de que desde mi grupo entendemos que todas las familias son iguales, las forme quien las forme, y que encontrará nuestro respaldo y nuestro
apoyo, como lo ha encontrado hasta ahora. Si hay gente que piensa que hay familias de distinto grado, no lo comparto; me da lástima que siga habiendo gente que piense así.
En cualquier caso, gracias a la federación por su trabajo durante tantos años, por su valentía como colectivo y por la constancia que han tenido en sus reivindicaciones, porque es cierto -y esta mañana también se lo decíamos a otros
comparecientes- que los avances de colectivo que han tenido ustedes se han convertido en los progresos sociales de todos. Si no hubiera sido porque hubo gente que decidió dar la cara hace muchos años, desde luego hoy no estaríamos donde estamos y
siendo, por suerte, vanguardia en derechos civiles y sociales a nivel europeo y a nivel mundial. Hemos conseguido algo que ahora suena raro, pero que hace unos años no se entendía, que es la normalidad; la normalidad de que cada uno ame a quien
quiera y como quiera, que cada uno se pueda casar con su pareja en el momento en el que le apetezca y que además le podamos llamar matrimonio para que todos tengamos claro de lo que estamos hablando.
Lo que buscamos como legisladores es dar respuesta a las demandas sociales, a lo que los ciudadanos y los colectivos nos solicitan; así lo hicimos con la Ley del matrimonio entre personas del mismo sexo y lo hemos hecho y lo seguiremos
haciendo con la adopción. Sinceramente, lo único que espero es que estos avances sociales no tengan luego un retroceso, porque uno de los errores en los que solemos caer es en pensar que por tener algo avanzado no puede haber un paso atrás. A mí
también me preocupa, igual que a usted, que una vez que hemos conseguido ser vanguardia, llegar lejos y que todos vivamos en esta normalidad en la que estamos -que es verdad que hace cuatro años hubiera sido más difícil de entender-, corramos el
riesgo de que a partir de dentro de poco tiempo nos digan que ya no somos todos iguales para adoptar ni para casarnos. Tenga por seguro que pase lo que pase -y estoy convencido de que pasará algo positivo y no habrá ningún miedo a que exista un
retroceso- nos tendrán, como siempre nos han tenido, luchando codo a codo por la igualdad y por los derechos de todos y de todas. También nos van a encontrar a su lado con la Ley de rectificación registral, como
ya hicimos en su momento. Tomo nota de su petición, porque efectivamente una persona transexual tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona del colectivo o heterosexual. Intentaremos que también quede reflejado en esta
ley lo que nos ha demandado hoy.
Coincido con usted en la importancia de la visibilidad. Es cierto que no todos entendemos que es importante visibilizarse; parece que unos lo entendemos para que los colectivos consigan visibilizarse y otros lo que intentan, cuando parece
que no les gusta determinado colectivo, es que se visibilicen lo menos posible, como hace pocas fechas vimos en esta ciudad y en esta comunidad; pero también vimos hace pocas fechas que por muchas trabas que se pongan el avance en la igualdad y en
la equidad es imparable y el avance en los derechos de las personas LGTB -a propósito, apoyadas también por las personas heterosexuales- no tiene fin. Creo que debemos sentirnos todos orgullos del trabajo que hemos conseguido hacer hasta ahora.
Como usted ha dicho, de lo que trata esta ley es de hablar de discriminación en forma global. Hemos hecho grandes avances, en todos los sentidos, con personas discapacitadas, a las que también abarca esta ley; con personas inmigrantes, a
las que también abarca esta ley; con mujeres, a las que también abarca esta ley; con el colectivo LGTB; pero entendemos que es el momento de realizar una ley global que asiente todo lo que hemos conseguido y que ponga dificultades por si alguien
tiene la tentación de dar pasos atrás en la lucha por la igualdad y por la equidad en cualquiera de sus aspectos, y efectivamente, la educación es uno de los pilares fundamentales para que todos seamos más iguales. Desde el Grupo Parlamentario
Socialista siempre hemos entendido la educación como una herramienta fundamental para el progreso, porque -y quiero que quede claro- aquí no se quiere adoctrinar a nadie, aquí lo que se busca siempre es que todos tengamos las mismas posibilidades,
partamos de donde partamos y amemos a quien amemos. Eso es lo que nos diferencia y lo que nos hace sentirnos orgullos como grupo parlamentario. Además, sentimos el respaldo de muchos colectivos sociales, porque por suerte hemos encontrado un
espacio común de encuentro, más allá de estas paredes.
Me preocupa especialmente lo que ha dicho sobre la sanidad. No entiendo que en un país avanzado, con una buena sanidad pública, en pleno siglo XXI, más allá de que en ocasiones vivamos situaciones complicadas en determinados espacios o
comunidades autónomas donde parece que la sanidad pública empieza a ser un lastre y algunos están más en otras cosas, como la sanidad privada o el beneficio pecuniario únicamente, se encuentre aún discriminación hacia el colectivo de personas LGTB.
Me interesaría que ahondara un poco más en esto, porque me parece algo inasumible en pleno siglo XXI. Ha hablado de demandas laborales, que también quedan reflejadas en este proyecto de ley, porque desde luego ninguna persona, ningún ser humano
puede ser discriminado por ninguna cuestión cuando quiere acceder a un puesto de trabajo; debería ser valorado única y exclusivamente -y también recojo su demanda sobre la apariencia física- por su cualidades o por su idoneidad para ese puesto de
trabajo. No es admisible intentar, como se ha hecho en ocasiones en este país, y mucho menos en los tiempos en los que estamos -y usted ha hecho referencia a la Ley de vagos y maleantes-, arrebatar la dignidad a un ser humano, a una persona, a un
ciudadano. No puede ser que tengamos más casos como el de Antonio Ruiz, a propósito, la primera persona que recibe una indemnización, pequeña, es verdad, cuatro mil euros, por el tiempo que pasó en la cárcel por pertenecer a este colectivo durante
el periodo en el que en este país no había libertad para estar con quien uno quisiera. Como yo no soy capaz de medir la dignidad humana, pero sí desde luego soy capaz de distinguir cuándo las cosas son justas o no lo son, por lo menos en este
Estado espero que nunca más tengamos que vivir esto, pero también espero que no tengamos que ver que se dan pasos atrás y que a quienes ahora llaman papá y papá o mamá y mamá dentro de algún tiempo no les puedan llamar de la misma manera.
Esta es una ley para la diversidad, para afrontar el siglo XXI, entendiendo los derechos de los colectivos como avances sociales. Por eso, y para no alargar más mi intervención, me gustaría preguntarle si cree que todos los avances que
hemos conseguido, sobre todo, si lo que esperamos que sea la próxima ley contra la discriminación, cohesionan la sociedad, si hacen que esta sea más justa, más equitativa y nos hacen progresar en el buen camino, para que todos, con nuestras
diferencias, ideológicas, de género, de sexo, podamos hacer en el futuro un país más justo y una sociedad más equitativa.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez Maniega.
La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Señor Poveda, muchas gracias por su presencia en la Comisión.
Ha expresado usted con total claridad y de forma exhaustiva -nos ha aportado muchos datos- su postura, la de la organización a la que usted representa, sobre el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Ha
sido una intervención reivindicativa y muy política, como ciertamente decía. Analizaremos las consideraciones y las propuestas que nos ha presentado esta tarde y esperaremos a que nos lleguen las enmiendas para poder analizarlas también con
interés. Me quedo con una reflexión suya que hablaba de discriminaciones múltiples. Efectivamente, me parece que es un análisis muy acertado y por ello vaya desde aquí mi condena y la de mi grupo a cualquier tipo de acto discriminatorio, agresivo
y lesivo contra cualquier persona, en este caso, contra las personas LGTB.
Nos han pedido que seamos muy breves para no hacer esperar al siguiente compareciente y, sobre todo, para dejarle tiempo suficiente para que pueda hacer una
segunda intervención. Me gustaría que me ampliara, si es tan amable, su valoración general específicamente sobre el proyecto de ley. ¿Cree que este proyecto se adecua a las demandas de la organización a la que usted representa, de la
Federación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales? ¿Qué aspectos del proyecto de ley cree usted que deberían reforzarse? ¿Cuáles son los defectos del proyecto que usted considera que deberían ser subsanados? Ya le he dicho que me ha
interesado mucho la expresión que ha utilizado de discriminación múltiple, porque es cierto que en todos los colectivos que vienen a estas comparecencias normalmente hay más de una discriminación. Quisiera que abundara en la reflexión de que la
desigualdad se sufre en el día a día en todas las materias, en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida, pero me interesa especialmente el empleo. Antes nos ha indicado que la crisis económica afecta al colectivo al que usted representa,
pero me gustaría saber si les influye de forma diferente, de forma agravada. Sabemos que una necesidad básica, un derecho básico de cualquier ciudadano es el empleo y que con casi cinco millones de parados para muchos colectivos resulta muy difícil
el acceso a un puesto de trabajo. Me interesa saber si también afecta al colectivo al que usted representa hoy aquí, sobre todo porque el empleo nos da independencia, mucha más seguridad y bastante más libertad para poder desarrollar la vida que
quiere llevar. ¿Cree usted que esta ley sería la solución para evitar los problemas de discriminación que afectan a su colectivo en cuanto al acceso al mercado laboral? También quisiera saber si cree que esta ley es la solución o si se debe
avanzar algo más para evitar la discriminación en materias como, por ejemplo, la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda y tantas otras, porque en este tema, una vez más, hablamos -como usted hacía al citar la discriminación múltiple- de
transversalidad, puesto que afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas. Por eso nos interesan tanto sus reflexiones acerca de este tema.
No hablo más para dejarle tiempo a usted.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Poveda para contestar a sus señorías de la manera que considere adecuada.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES, FELGTB (Poveda Martínez): En primer lugar, quiero decir a Daniel Méndez, que me habla de las familias, que en la manifestación que hubo cuando se iba a
aprobar la Ley del matrimonio -nosotros la llamamos la Ley del matrimonio igualitario-, frente al lema 'Mi familia importa', el nuestro era 'Todas las familias importan', porque verdaderamente creemos que todas las familias importan, en igualdad de
condiciones. El matrimonio ha evolucionado de una forma clara desde hace mucho. Sin remontarme mucho tiempo atrás, antes de que llegara la democracia el matrimonio no era lo mismo para las mujeres que para los hombres; cuando mi madre quería
tramitar el pasaporte o abrir una cuenta bancaria necesitaba la autorización de mi padre para poder hacer ese trámite. Por tanto, tal como estaba concebido antes, el matrimonio ha cambiado, ha ido evolucionando; y si nos remontamos más atrás
podremos ver que existían otras situaciones que discriminaban y hacían que el matrimonio fuese una figura diferente de la que es ahora.
Eso ha ido avanzando y efectivamente nos hemos incorporado las parejas del mismo sexo. Ya somos más de veintitrés mil las parejas que hemos ejercido ese derecho. Yo tengo pareja desde hace veinte años. Somos una pareja clásica, porque nos
conocimos en 1.º de BUP -cuando digo que son veinte años hablo del tiempo que llevamos viviendo juntos, pero desde 1.º de BUP somos pareja-. Nos costó el reconocimiento de nuestras familias, a diferencia de otras parejas; nos costó el
reconocimiento de nuestros vecinos y vecinas, de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, etcétera. Lo que hizo que además nos hiciésemos activistas por los derechos, fue que queríamos el reconocimiento del Estado, que se nos considerase
iguales, hasta en la última coma. No estábamos por leyes apartheid, no queríamos subir al autobús y que nos dijesen que teníamos que ir en la parte de detrás; queríamos subir al autobús y hacerlo en igualdad de condiciones. Por eso, el recurso
presentado a la Ley del matrimonio nos tiene en la incertidumbre a veintitrés mil familias. Parece que eso no es nada, pero cualquiera que tenga familia sabe la incertidumbre que supone tener recurrida a tu familia; creo que hay que ponerse en
nuestra piel para comprender lo difícil que es saber que a tus hijos y a tus hijas cuando van al colegio -cuando sus dos papás y sus dos mamás tienen el reconocimiento del Estado- les pueden decir que sus dos papás y sus dos mamás no son una pareja
legal. Esto puede suponer un grave daño para esos hijos e hijas que teníamos antes de la aprobación de la Ley del matrimonio, que seguimos teniendo y que seguiremos teniendo, porque no somos estériles. Vamos a tener hijos e hijas, porque
afortunadamente existían leyes antes de la llegada de la Ley del matrimonio, como la de la adopción, que nos permitía adoptar individualmente, o también los que vienen de parejas reconstituidas. Cuando se hablaba de la discriminación y se decía que
por qué no se pensaba en los niños o en las niñas, nosotros siempre decíamos que pensábamos en los niños y en las niñas, en los que ya existían, que tenían menos derechos que los otros niños que tenían un papá y una mamá.
La Ley de identidad de género fue aprobada en el Parlamento, fue votada en el Senado por todos los grupos parlamentarios, aunque después en el Congreso de los Diputados fue votada en contra por el Grupo Popular. Esta ley ha dado mucha
felicidad a las personas transexuales. La ley tiene muchos aspectos que mejorar, pero actualmente es importante y en su momento fue pionera en el mundo. Creo que todos y todas nos tenemos que sentir orgullosos de haber conseguido, diría, por
primera
vez en la historia, ser un país que llega a primera hora a la conquista de los derechos sociales, que no es de los últimos países en subirse al carro de la igualdad.
Vuelvo otra vez al tema del matrimonio para decir que tenemos ahora unas elecciones generales y hay datos, como el que he leído de la encuesta del CIS, que nos dicen, por ejemplo, que el 71 por ciento de los jóvenes votantes del Partido
Popular están a favor de la Ley del matrimonio, que no quieren que se mueva ni una coma. Pediría al Partido Popular, con todos mis respetos, que escuche a sus votantes, especialmente a los jóvenes, que son el futuro de esta sociedad, que están a
favor, repito, de que no se toque ni una coma. No queremos llamarnos de otra forma, queremos que se llame matrimonio; queremos tener los mismos derechos con los mismos nombres, porque la igualdad o es completa o no lo es. Dentro de nuestra
organización tenemos debates, porque llegan las elecciones generales y no queremos hacer una campaña agresiva hacia el Partido Popular; vamos a pedirles que escuchen a sus propios votantes que ya están ejerciendo el derecho al matrimonio, que ya
están ejerciendo el derecho a la Ley de identidad de género y, sobre todo, a los más jóvenes que están a favor de una ley que nos ha dado derechos, pero, sobre todo, dignidad como ciudadanos y ciudadanas; la dignidad que nunca habíamos tenido.
Comparto que la educación es un pilar fundamental -ya lo dije antes- y tiene que servir para que nuestros jóvenes tengan referentes positivos. Aquí voy a ser crítico con las administraciones de todos los colores, con las gobernadas por el
Partido Popular, por el Partido Socialista, por Convergència, por todos. Si en este país tenemos que poner una nota a la educación en la diversidad sexual, a la educación en la diversidad familiar, desde nuestra organización le pondríamos un muy
deficiente. Es muy importante que eso se tenga en cuenta. Vemos cómo se invisibiliza nuestra realidad y para crecer en normalidad es necesario tener referentes positivos. En una de las encuestas de las que yo hablaba nos sorprendía terriblemente
ver que solo un 12 por ciento de los jóvenes LGTB sabía que Federico García Lorca era homosexual. Este es un dato terrible, porque eso forma parte de nuestra historia. Hace poco nos sentimos muy satisfechos de ver cómo en California -estoy hablado
de hace una semana- se iba a incluir en los libros de historia el 28 de junio de 1969, un día en el que empezó una revolución y desde entonces las cosas ya no han vuelto a ser iguales. Conceptos como el de familia, orientación sexual, identidad de
género, matrimonio, derechos humanos de las personas LGTB ya no han vuelto a ser lo mismo, y sigue sin ser reconocido y estudiado en los libros de texto. Somos una revolución; yo me siento revolucionario de una revolución pacífica que con la
poderosa arma de la palabra ha conseguido grandes transformaciones en la sociedad y en este mundo globalizado, aunque todavía queda mucho por hacer.
Comparto también que las leyes alcanzadas hacen una sociedad más justa, la cohesionan y muchos y muchas sentimos cómo de verdad esta democracia avanza y está sana. Una de las críticas que se argumentaba era que esta ley se hacía para una
minoría muy minoritaria, que había pocos matrimonios, pero precisamente lo que hace grande a una democracia es velar por los derechos de todas las minorías, por muy minorías que sean. Creo que eso es importante, que es un papel que tiene desempeñar
toda la sociedad, especialmente los partidos políticos, sobre todo los que tienen representación parlamentaria, evidentemente.
Agradezco a la señora Rodríguez la condena de su grupo parlamentario de toda discriminación hacia las personas LGTB. Aunque hagamos un discurso político -y es verdad que lo hacemos-, como movimiento social siempre vamos a tender la mano a
todos los partidos políticos, de derechas, de izquierdas o de centro, para que se suban al carro de la igualdad; en todas las elecciones generales pedimos que se asuman nuestras reivindicaciones en sus programas electorales. Nosotros decimos
también que otro mundo es posible, que otra sociedad es posible, que otra iglesia es posible y otra derecha es posible, y sabemos que hay gente dentro del Partido Popular que se puede sumar a ese otro tipo de derecha, porque el matrimonio ha sido
apoyado en este Parlamento por partidos conservadores como puede ser el PNV; en Suecia ha sido apoyado e impulsado por partidos conservadores de centro. Por tanto, siempre diremos que ahí está la mano tendida y que ojalá se suban a ese carro de la
igualdad. Además, les pedimos que retiren ese recurso que, de verdad, tiene a veintitrés mil familias preocupadas. Muchas veces digo que si algún día el recurso sale mal para nosotros, las lágrimas de alegría que derramó mi madre cuando vio que su
hijo el pequeño, el gay, por fin se casaba, se las va a tener que tragar. Solo por eso no valdría la pena que ese recurso avanzase.
Aspectos que deberían reforzarse. En las enmiendas -y aprovecho para mencionarlas, porque veía que no me daba tiempo- proponemos algunos aspectos que para nosotros son importantes y que tienen que ver, por ejemplo, con la figura de la
autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación. Planteamos que la autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación debería ser un organismo público de carácter colegiado, compuesto por cinco personas -y no solo por una-,
dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúe en cumplimiento de sus fines con plena independencia y autonomía orgánica y funcional. El nombramiento de las personas que componen la autoridad para la igualdad
de trato y la no discriminación correspondería al Congreso de los Diputados -no al Gobierno-, que debería elegirlas por mayoría absoluta, haciéndose efectivo previa comparecencia ante la Comisión correspondiente, en los términos previstos en el
Reglamento de dicha Cámara. El órgano colegiado elegiría entre sus miembros un presidente, cuyo mandato sería de cinco años, sin posibilidad de renovación -son cambios que nosotros estamos plan
teando-. El cese será acordado por el Congreso de los Diputados, a propuesta de la persona titular del ministerio competente en materia de Igualdad. Se trata de garantizar un mejor funcionamiento, con plena independencia del organismo, de
la autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación.
Cuando hablamos de infracciones, el artículo 44 dice: Los actos u omisiones que constituyan una discriminación directa o indirecta por asociación, por error, así como los que constituyan inducción, orden o instrucción. Nosotros diríamos:
Los actos u omisiones que constituyan una discriminación directa o indirecta, así como los que constituyan incitación y provocación. Eso es lo que añadiríamos. En la letra a) del artículo 44 se dice: en relación con otra persona que se encuentre
en situación análoga o comparable. Ahí añadiríamos: o se trate de usuarios de servicios públicos o privados. De todas formas les haremos llegar las enmiendas; hoy hemos empezado a mandárselas a todos los grupos parlamentarios.
Creemos que esta ley va a ser una herramienta fundamental en todos los ámbitos, en materia de sanidad, en el acceso a la vivienda, en el acceso al mercado laboral, porque garantiza, por un lado, que a quien discrimine no le salga gratis,
porque actualmente salía casi gratis, y, por otro lado, da herramientas para garantizar, en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la vivienda, que no se pueda discriminar y que todos seamos tratados de igual manera. Tendría que hacer un
repaso exhaustivo de la ley. No me voy a extender más, pero desde luego sí que creemos que tiene garantías para avanzar. Para nosotros, que ya hemos alcanzado como decía antes la igualdad legal, creo que es importante garantizar que la igualdad
sea real y una de las leyes que nos puede garantizar esto para llegar a esa meta que buscamos, que es la igualdad social, es esta ley.
La señora PRESIDENTA: Me van a permitir sus señorías, me refiero a los dos diputados que han ejercido de portavoces, una pequeña bondad presidencial porque el señor Tardà ha llegado tarde y le vamos a dejar porque quiere formular una sola
pregunta, aunque procedimentalmente ya no corresponda. Señor Tardà, con mucha brevedad.
El señor TARDÀ I COMA: Solamente voy a hacer una única pregunta y además quizás ya la ha contestado el compareciente. A ver si me puede ilustrar sobre un tema que fue motivo de debate en esta Comisión sobre la despatologización de la
transexualidad, atendiendo a la reivindicación histórica de gozar de libertad para elegir el nombre, lo cual tenía relación con la disforia, es decir, tener que demostrar -cosa que no ha lugar en los tiempos actuales- que tienes una enfermedad para
poder ejercer como ciudadano libre. No sé si usted ha hablado de esto y si no ha hablado, ¿me puede decir en treinta segundos si ha lugar a que en esta ley se plantee esta demanda?
La señora PRESIDENTA: Señor Poveda.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES, Felgtb (Poveda Martínez): Sí, desde luego que en esta ley se podría plantear esta demanda y podría garantizarse. He hablado un poquito de la Ley de
identidad de género y he dicho que necesitaba ya cambios, uno de ellos era eliminar el término de disforia de género, porque las personas transexuales no son enfermas. A la sanidad pública acceden personas que no son enfermas y que son pacientes y
necesitan pasar por el ámbito sanitario. Las mujeres embarazadas no son enfermas y necesitan pasar por el ámbito sanitario. Una persona transexual no es enferma, pero para adecuar el sexo real con el sexo sentido necesitan pasar por un tratamiento
transexualizador sin que por eso se tenga que considerar que tienen ningún tipo de trastorno mental. De hecho, ahora mismo en Andalucía, una comunidad autónoma pionera en el tratamiento de las personas transexuales, estamos trabajando para que las
unidades de trastorno de género, que trabajan con personas transexuales, dejen de llamarse unidades de trastorno de género para pasar a llamarse unidades de género, porque no hay ningún trastorno en la transexualidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Poveda.
Señorías, vamos a hacer una interrupción mínima de unos minutos para despedir al señor Poveda y dar la bienvenida al siguiente compareciente. (Pausa.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO CONFEDERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN, USO (FERNÁNDEZ SANTILLANA). (Número de expediente 219/000829.)
La señora PRESIDENTA: Continuamos la sesión con nuestro punto 4 del orden del día y la cuarta comparecencia de esta sesión del día de hoy y recibimos a don José Luis Fernández Santillana, que es el secretario confederal de relaciones
institucionales y comunicación de USO. Señor Fernández Santillana, bienvenido a la Comisión de Igualdad y sepa usted que le estamos muy agradecidos porque nos preste su tiempo, porque haya respondido a la propuesta de esta Comisión, a la
información que nos va a dar, a la opinión que nos va a formular y a la posibilidad que le va a dar a sus señorías, a los diputados y diputadas, de poder preguntar para tener el material que necesitamos, como usted bien sabe, para el debate
parlamentario y legislativo de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que esta Cámara tiene en este momento como objeto de trabajo. Señor Fernández, muchas gracias, bienvenido a esta Comisión y ahora tiene usted la palabra
para utilizar un plazo razonable de tiempo. Llevamos un día intenso, pero también bastante relajado en el que todos nos estamos portando muy bien en los tiempos. Usted apenas
nos ha tenido que esperar, lo cual para ser nuestro país está muy bien también. Después los diputados y diputadas le podrán preguntar y usted podrá contestar de la manera que libérrimamente considere oportuna. Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO CONFEDERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN, USO (Fernández Santillana): En primer lugar, quiero agradecerles esta oportunidad de comparecer ante esta Comisión de Igualdad en representación de la Unión
Sindical Obrera. Como bien saben somos la tercera confederación sindical de nuestro país y es una oportunidad que tenemos para darles nuestra opinión con respecto a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley integral para la igualdad de trato
y la no discriminación. La USO, en sus estatutos, se define como una organización que aspira a organizar, representar y defender los intereses y reivindicaciones de todos los sectores y categorías que componen la clase trabajadora y afirma la
solidaridad como un valor fundamental y un método insustituible de acción y de organización para construir la cohesión interna de una clase trabajadora fragmentada por los efectos de los procesos de desigualdad y dualidad social, por mutaciones
profundas y precarización del trabajo, que hace de la solidaridad un imperativo para la defensa de quienes sufren discriminación por su condición o situación de paro, juventud, sexo, inmigración, jubilación, por estar afectado por algún tipo de
discapacidad, etcétera. Además la solidaridad es para nosotros el pilar básico de una sociedad cualitativamente distinta y mejor en el plano nacional e internacional.
Entre los objetivos que se establecen en nuestros estatutos está la lucha por la igualdad real de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, entre trabajadores y trabajadoras, fomentando para ello los distintos marcos legislativos y
la negociación colectiva, con la inclusión de acciones positivas, de discriminación positiva o inversa, que garanticen la eliminación de la discriminación por razón de género en el acceso al empleo, en los sistemas retributivos, en la asignación de
categorías y sectores profesionales, en los contratos de trabajo, fomentando la igualdad de los valores profesionales de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género en cualquiera de sus expresiones, tales como acoso sexual, acoso
por razón de sexo, etcétera, en las relaciones interpersonales, laborales y sociales. Quiero decirles que la USO está combatiendo desde hace años cualquier tipo de discriminación que sufra una persona, de manera especial en el ámbito de las
relaciones laborales que nos es propio y lo seguiremos haciendo exista o no esta ley, que ahora está iniciando su andadura, como ya lo hacíamos antes de promulgarse la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la cual tras cuatro
años de vigencia todavía, a nuestro juicio, no ha logrado una total aplicación.
Tras sentar estos principios queremos hacer una primera reflexión sobre la oportunidad de esta norma. El gran problema, señorías, que tenemos en España son los casi 5 millones de personas desempleadas, a las cuales asiste el mandato
constitucional recogido en el artículo 35.1 de nuestra Carta Magna que dice: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Este derecho al trabajo, derecho fundamental, es el que muchos de nuestros conciudadanos hoy no
pueden ejercer y desde la USO nos preguntamos si esto no supone una discriminación o una desigualdad de trato.
Señorías, todos sabemos que las leyes por sí mismas no son generadoras de empleo, pero pueden ayudar a ello, sobre todo a generar un clima de estabilidad y de confianza que ayude al crecimiento económico y a dinamizar nuestra economía.
Creemos que este proyecto de ley, más allá de sus intenciones declarativas, no va a incidir en la creación de empleo, que es una de las mayores preocupaciones, si no la mayor, que tiene hoy el conjunto de la ciudadanía. Por ello nos parece más
importante, en las circunstancias actuales, dirigir las iniciativas legislativas y los recursos económicos a potenciar la generación de empleo y no a seguir legislando sobre derechos ya reconocidos. En todo caso, debemos orientar los esfuerzos a
consolidar leyes como la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuya aplicación todavía no es todo lo que desearíamos, o a potenciar las funciones de la Inspección de Trabajo.
Paso ahora a comentarles algunos aspectos concretos del contenido de la norma. En el preámbulo de la misma, para justificar la ley, se dice: En definitiva, no es una ley más de derechos sociales, sino sobre todo de derecho
antidiscriminatorio específico, que viene a dar cobertura a las discriminaciones que existen y a las que están por venir. Esta expresión: dar cobertura a las discriminaciones, fuera del contexto en el que está, invalidaría por sí misma la norma.
Nos parecería mucho más apropiado y más adecuado expresar que lo que tratamos es de luchar contra cualquier tipo de discriminación y no dar cobertura a ellas, más allá de que se pueda entender con el párrafo anterior que estamos dando cobertura a un
determinado tipo de derecho antidiscriminatorio, pero nos parece que a efectos de claridad de la norma o para que nadie pueda mal interpretar o sacar fuera de contexto lo que se dice en el preámbulo, es algo que debería corregirse.
Con respecto a la no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, voy a hacer algunos comentarios. La lucha contra la discriminación en el acceso al empleo, en este campo, más allá de lo que
dicta la norma, nos seguimos encontrando, como organización sindical, discriminados en materias como el acceso a la formación para el empleo,
ya que esta se reserva a determinadas organizaciones a pesar de las reiteradas sentencias que hemos obtenido reconociendo el derecho de la USO a este respecto, olvidándose de lo esencial que es que el derecho de la formación es de la persona
trabajadora o desempleada y no de las organizaciones sindicales o empresariales más representativas. Igualmente podríamos hablar de la formación y asesoramiento de los delegados de prevención. El derecho a formarse es del delegado, que tiene que
ejercer sus funciones con independencia del sindicato al cual pertenezca, y no todos tienen las mismas oportunidades.
Un ejemplo de cómo la USO combate todo tipo de discriminación se ha dado en una gran empresa multinacional del sector químico. La USO consiguió anular un proceso de selección en el cual sistemáticamente, durante cien años, ninguna mujer
conseguía el empleo en el proceso de producción a turnos. Todo ello antes de promulgarse la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Gracias a la USO hoy en esa empresa están las mujeres trabajando. Por tanto, queremos incidir en este
capítulo, es decir, que hay cosas que tenemos que hacer como sindicato, esté o no en la ley, exista o no esta ley, porque la lucha contra la discriminación, contra cualquier tipo de discriminación, es nuestra obligación hacerla y lo seguiremos
haciendo como ya hemos dado probada muestra de ello.
Cuando se refiere a la representación legal de los trabajadores, indicando que esta velará por la promoción del derecho a la igualdad de trato, esta promoción no debe circunscribirse solo a ella, sino también a la representación del
sindicato en la empresa, esto es, a través de las secciones sindicales. En cualquier supuesto, esté o no contemplado en esta ley, la USO acudirá a las correspondientes instancias, como ya ha hecho, para evitar la discriminación en el ámbito de la
negociación colectiva, como es la que se da como consecuencia de la fecha de ingreso en la empresa, que ocasiona la existencia de la denominada doble escala salarial, cuya nulidad ya hemos ganado en reiteradas sentencias. También para la USO es
discriminatorio -y no se contempla como tal en el proyecto de ley- el cómputo de las cotizaciones sociales para los trabajadores a tiempo parcial o fijos discontinuos, que tendrán que trabajar muchos más años para tener derecho a una pensión.
Cuando se trata del derecho a la igualdad de trato y no discriminación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico, queremos resaltar desde la USO que no solo se debería tratar la no
discriminación en la organización, sino entre organizaciones e incluso entre afiliados de una organización respecto de otra. Para la USO es una discriminación que una organización sindical como la nuestra no pueda promover elecciones sindicales en
empresas donde no esté implantada. Mientras que las que tienen la condición de más representativas sí puedan hacerlo aunque también carezcan de implantación. Para la USO es discriminatorio y contrario a la igualdad de trato que en el ámbito
político, para formar parte de esta Cámara u otras de ámbito territorial, baste una audiencia electoral del 5 por ciento y para tener la condición de sindicato más representativo se nos exija el 10 por ciento. Nos parece que hay que empezar a
equilibrar las varas de medir.
También a nuestro juicio, lo que es más allá de la representación institucional que la LOLS confiere a los sindicatos que tienen la condición de más representativos, se legisla la presencia en órganos consultivos exigiendo esta misma
condición y tienen que ser los tribunales quienes sentencien que la norma ha de modificarse, como ya ha sucedido con el consejo para la responsabilidad social de las empresas. En la misma línea, con el máximo respeto a las organizaciones sindicales
que están implantadas en un ámbito autonómico, estas, con mucha menor representatividad que la USO, son interlocutores en el plano institucional con el Gobierno de España y la USO no. Por último, señorías, finalizando este apartado, consideramos
que en este capítulo II, del título I, al igual que se contempla el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, es en el que deberían incluirse estos principios de no discriminación e igualdad de trato en el conjunto de las administraciones
públicas, que no está.
Para ir concluyendo esta intervención, voy a hacer una mención a lo que ha transcendido más en los medios de comunicación del contenido de esta norma, como es la posible suspensión del concierto educativo en cuanto a financiación pública a
los centros que separen alumnos por sexo. El acceso al concierto está sujeto a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que el centro esté debidamente autorizado y por tanto que reúna los requisitos de legalidad, que nadie cuestiona, y así lo
indica el Consejo de Estado en su informe y, por otro, que tenga demanda de escolarización, es decir, que tenga alumnado suficiente en sus aulas. Si cumple estos requisitos entendemos que el concierto debe existir, ya que queda claro que este tipo
de enseñanza no implica ningún tipo de discriminación, tal y como declara la Convención de la Unesco, aceptada por el Estado español, y el dictamen del Consejo de Estado, en el que se dice que la educación diferenciada no puede considerarse un
supuesto de discriminación por razón de sexo. No sería bueno, pensando en las familias y en los trabajadores y trabajadoras de estos centros, que por una incorrecta aplicación de esta norma se produjese una nueva discriminación, discriminación por
razones económicas, o dicho coloquialmente, el que tenga dinero que se pague la educación que quiere o decirles a los trabajadores y trabajadoras de estos centros que irán al desempleo por razones económicas.
Señorías, concluyo con una llamada a la racionalización del gasto público. En estos momentos, y eso tiene que ver con la necesidad o no de crear la nueva figura, la autoridad para la igualdad de trato y no discriminación, nosotros
entendemos que sus funciones pueden ser asumidas por el Defensor del Pueblo u organismos similares en las comunidades autónomas. Para la USO
lo importante es erradicar cualquier tipo de discriminación y ello debe hacerse siempre desde las legítimas diferencias que puedan existir, las cuales nunca podrán ser objeto de desigualdades. Se puede ser diferente, pero ello no debe
implicar que no se tenga igualdad de derechos y de trato. Muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Es el turno de los grupos parlamentarios y para la primera intervención, en nombre del grupo proponente de esta comparecencia, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Señor Fernández Santillana, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero darle la bienvenida a esta Comisión de Igualdad, agradecerle su intervención, porque en ella ha destacado diferentes formas de
discriminación, que existen, que desgraciadamente están presentes en nuestra vida social, económica y laboral y que esta ley no contempla, esa es la realidad. Esta mañana decía en mi primera intervención que el Grupo Parlamentario Popular tenía
serias reservas en relación con el objeto de la ley, en relación con su finalidad y en relación con su eficacia. Realmente estamos ante un proyecto impreciso, subjetivo en sus conceptos, que va a generar gran incertidumbre y gran inseguridad
jurídica, por la variación de determinados conceptos jurídicos, entre otros la inversión de la carga de la prueba en los procesos judiciales, e impredecible, y ahí me gustaría que nos diese su opinión.
Usted ha hecho referencia a la situación laboral, a esos cerca de 5 millones de parados que merecen la misma igualdad de trato que aquellos que a día de hoy tienen un empleo. Me gustaría que nos dijese si a su juicio esa inseguridad
jurídica en las relaciones laborales, que va a implicar la aplicación de la ley de igualdad de trato, va a incidir positiva o negativamente en la creación de empleo, en la contratación y en la inversión en un momento fundamental para nuestro país.
También a nuestro juicio esa inseguridad va a suponer un incremento de la litigiosidad inasumible en una situación como la que vive España. Nuestro sistema judicial ya está suficientemente congestionado. Por tanto, el coste va a ser, a nuestro
juicio, muy gravoso. ¿Esto va a incidir en el marco de la creación de empleo, de las relaciones laborales, de una forma negativa? ¿Existe algún instrumento dentro de esta ley de igualdad de trato que nos pueda hacer sospechar que no va a ser así?
Por otra parte, usted ha hecho referencia efectivamente a la autoridad para la igualdad de trato, además del aspecto gravoso, me gustaría que nos hiciese una reflexión. Usted ha hablado que existen organismos e instituciones que pueden
asumir las competencias que la ley atribuye a esta autoridad, pero la propia atribución de determinadas competencias cree que va a convertir a esta autoridad por la igualdad de trato en un instrumento también que va a limitar o va a provocar dar un
paso atrás dentro de esas relaciones laborales por ese concepto expansivo de la ley dentro del ámbito de la libertad que va a invadir las propias relaciones entre particulares.
La señora PRESIDENTA: Es el turno del señor Luena en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LUENA LÓPEZ: Bienvenido de nuevo al señor Fernández Santillana, del sindicato USO. Desde el Grupo Socialista le agradecemos su participación, sus opiniones y sus valoraciones sobre todo en este trámite legislativo que para
nosotros es muy importante, porque fortalece la democracia y la parte representativa de la democracia y que más en lo concreto viene a servir y a ser útil para enriquecer, para corregir y para mejorar los textos. Por tanto, muchas gracias a su
sindicato y a usted por estar aquí.
Voy a hacer alguna anotación general y luego alguna pregunta o valoración concreta y podría decir que, después de las intervenciones del señor Fernández y de la señora Moneo, casi una defensa también, como parece lógico que corresponde al
Grupo Socialista y al Partido Socialista, que es el promotor intelectual de este proyecto de ley. Decía alguna defensa, en primer lugar, porque esta ley, para ponerla en su contexto, en su origen no es una ley de derecho laboral o de negociación
colectiva, como bien nos decía mi compañera experta en esta materia, y tampoco es una medida de carácter económico. Por cierto de las pocas que han venido a esta Cámara que no tienen que ver con la política económica, que es lo que necesita el
país. Pero el Gobierno y el Grupo Socialista sabemos lo que es urgente, pero no descuidamos lo importante y en este tramo final de la legislatura hay algunos compromisos electorales y políticos alcanzados con la sociedad que son muy relevantes y
que son elementos centrales de nuestra agenda y por eso están aquí.
Este proyecto de ley viene a completar y a reforzar toda la política, que se ha dicho a lo largo de esta Comisión y por tanto no voy a ser reiterativo, la diferente política en avance y en conquista de derechos individuales y sociales que ha
liderado este Gobierno socialista en los últimos siete años. Esta ley de igualdad de trato y no discriminación viene a completar y a reforzar esa política. Podríamos decir que en esa tradición de defensa de los derechos civiles podríamos estar, no
sé si en el ámbito de nuestra historia, ante una nueva frontera, como proclamó el presidente Kennedy en Estados Unidos. Pero, desde luego, si no ante una nueva frontera, sí que ante una política decidida a destruir barreras para eliminar
discriminación, para eliminar marginación y para que haya más igualdad y más oportunidades y por eso esta ley, que usted conoce bien, es una ley, primero, de garantías, es una ley general y es una ley integral. Es una ley que propone la prevención
y la erradicación, es una ley que propone infracciones, pero es una ley que también contiene medidas positivas, como reforzar institucionalmente la defensa de todos los ciudadanos, sobre
todo de aquellos que pueden tener una discriminación, a través de la autoridad estatal.
Usted se refería a la categoría de su estatus. Yo lo conozco bien. Hablábamos al principio del origen sindical territorial de su secretario general, que es el mío -de vez en cuando hay que hacer un poco de patria, de tierra-, que es La
Rioja. El Grupo Socialista conoce muy bien su estatus, que es la tercera fuerza. De ese origen han venido ciertas reivindicaciones particulares o que su sindicato conoce bien porque le tocan. Le puedo decir que las recogemos y las estudiaremos
para ver si algunas de las cosas que usted planteaba aquí se pueden implementar de alguna forma en el texto articulado de la ley o al menos en su filosofía.
Los objetivos que vienen en sus estatutos en relación con la igualdad son coincidentes con el propósito de esta ley. Hablaba usted de la creación de empleo. El Gobierno y el Grupo Socialista tienen una concepción de esta ley como una ley
para reforzar y consolidar el avance en derechos individuales y en derechos sociales y no, como usted decía legítimamente, como una medida para la creación de empleo.
En el ámbito concreto, ha dicho varias cosas -las tendremos todas en cuenta-, desde el preámbulo, desde la exposición de motivos -que seguramente con técnica jurídica se podrá mejorar- hasta las cuestiones que mencionaba de formación para el
empleo, de los delegados, de lo que ha denominado la doble escala salarial y de la discriminación entre organizaciones y afiliados, que es algo que viene de esa posición de la USO como tercera fuerza sindical.
Para terminar, en relación con el sistema educativo, la ley contempla el derecho a la no discriminación en la educación. Queda un trámite legislativo importante y se podrá concretar qué se entiende por discriminación en el ámbito educativo.
Conocemos y respetamos los derechos de los trabajadores y la Convención de la Unesco, como también conocemos los estudios que nos dicen que no aporta nada para el avance y el progreso en la educación separar a los alumnos en diferentes aulas según
su sexo. Creo que eso es conocido por muchísimos estudios en el ámbito educativo internacional y en el ámbito sectorial de la igualdad.
En relación con la autoridad estatal, está bastante explicitado en la ley. Creo que es algo bastante comedido y que será un referente institucional en su momento muy útil. No sé si usted podría valorarlo de una manera más profunda, pero
creemos que en su momento se convertirá en una institución, en un espacio posiblemente imprescindible.
No nos ha dado opinión sobre medidas positivas, ni nos ha dicho si su sindicato tiene alguna propuesta concreta que pudiéramos incorporar al texto en cuanto a medidas positivas para reforzar la igualdad y por tanto la no discriminación.
Por último -y ya de verdad termino-, me gustaría saber qué opinión tiene sobre la legitimación que tendrán los sindicatos para ir a procesos de defensa individuales en el ámbito de la discriminación.
Le agradezco de nuevo su participación y su intervención.
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Santillana, tiene la posibilidad de contestar.
El señor SECRETARIO CONFEDERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN, USO (Fernández Santillana): Quiero agradecer las dos intervenciones, porque creo que hay cosas que podemos completar un poquito más.
Sobre la legitimación no he comentado nada porque, esté en la ley o no, es algo que está en el ámbito laboral. De entrada, un sindicato está legitimado para representar a sus afiliados o a aquellos que deleguen en su capacidad de hacerlo.
Por tanto, desde el punto de vista práctico, lo que hay es una legitimación en un ámbito concreto, en lo que se refiere esta materia. Con carácter general, es algo que ya venimos haciendo. Por tanto, ese ejercicio de representación, desde ese
punto de vista, no aporta mucho más. Que se explicite no es ni bueno ni malo. Obviamente, llegados a una situación de este tipo, mejor es que esté a que no esté.
Entrando en la cuestión de fondo, la vida es mucho más rica y va más allá de lo que las leyes establecen. En la práctica, ¿qué sucede? Es muy difícil tasar objetivamente qué va a ser o no una discriminación en algunos supuestos. No se nos
olvide que en todo esto hay un tanto de subjetividad. De hecho, cualquiera de ustedes podría decir que en mi intervención he sido bastante subjetivo, porque he intentado llevar alguna de estas cuestiones a un ámbito concreto y determinado, que es
el que a mí me interesaba destacar aquí. En la medida en que un texto legal no puede llegar a la extenuación, no puede enumerar hasta en el último detalle qué es o no una discriminación y explicitarla, acabaremos siempre ante un tribunal,
acabaremos ante un juez y será el juez el que acabará diciendo si es o no motivo de discriminación. Esto ya viene pasando. Lo que he querido poner de manifiesto en mi intervención es que una organización como la nuestra va a luchar por los
principios fundamentales, por los objetivos, estén o no en la ley, porque es consustancial a ella. Es que ya lo veníamos haciendo. Lo que decimos es: ¿Esto es una prioridad de prioridades ahora, con la que está cayendo? ¿Podemos poner nuestros
esfuerzos en que cosas que no están funcionando del todo bien funcionen mejor? Esta es la cuestión y es una cuestión de prioridades. A nosotros nos parece, por ejemplo, que hay que reforzar la Inspección de Trabajo, porque muchas de estas
cuestiones se pueden resolver si el inspector de Trabajo actúa. ¿Cuál es el problema que tenemos? A veces lo hemos comentado en broma en el sindicato y entiendo que no es fácil. Todas estas cuestiones de igualdad -entiéndanse en sentido amplio,
no solamente igualdad entre hombre y mujer, que es objeto de una ley específica- no son una pandemia, no son una
epidemia, no se curan con tiritas. Entonces, ¿por qué están sanidad? Es la primera pregunta que nos hacemos muchas veces. El Ministerio de Sanidad no solamente abarca sanidad, sino también asuntos sociales, pero en la práctica, en el
común de la ciudadanía, la referencia de ese ministerio es el ámbito sanitario, por tradición, por volumen, por desarrollo y por recursos. ¿Por qué está ahí? Si nos encontramos en una situación que tratamos de remediar y necesitamos que actúen los
mecanismos de inspección, una inspección de Sanidad en esta materia puede servir para algún aspecto muy concreto, pero en el ámbito laboral, que es en el nosotros habitualmente nos movemos y es donde encontramos más discriminaciones, no llega o
cuando llega, dice: Si no llegamos a lo ordinario, esto es algo que nos cae encima. En la práctica, ¿qué va a pasar?, y aprovecho para contestar una pregunta de la diputada del Grupo Popular. Que van a aumentar las demandas y, sobre todo, cuando
haya un cambio normativo pasaremos un sarampión y la gente que se sienta discriminada acudirá al tribunal, se invierte la carga de la prueba y se creará una situación distinta a la hora de plantearlo. ¿Qué va a suceder? Lo que nos dice la
experiencia, lo que nos dice estar día a día viendo como la gente se busca la vida para acceder al empleo, que es algo que ahora mismo nos preocupa bastante, es que muchas ofertas de empleo no se van a publicitar. Va a funcionar el boca a boca,
para no complicarse la vida. Esto lamentablemente va a pasar y esto es lo que tenemos que poner encima de la mesa. Lo mismo puede pasar en el acceso a la vivienda. Oiga, en vez de hacer diez entrevistas, en las que alguno de los entrevistados me
pueda decir que no le he alquilado la vivienda por una cuestión de discriminación, ya lo resuelvo yo, no lo hago público, voy entrevistando a la chita callando y con el que me quede no digo nada y la cosa se hace. Esto es lo que va a pasar en la
práctica. Ojalá no sea así, pero mucho nos tememos que la vida es así y va a pasar. Les voy a poner un ejemplo. Yo me muevo mucho en mi barrio. Soy muy de la calle. Vivo en General Ricardos, en Carabanchel Bajo, un barrio bastante normalito de
Madrid, muy comercial y tengo amistad con los vecinos y con los comerciantes. Muchas veces pongo el ejemplo del de la tienda de deportes, que es un amiguete. Este tuvo un día un problema y me vino a ver y me dijo: Oye, ¿qué hago? Que nadie
malinterprete la situación. Estaba haciendo una selección de personal y una de las personas que estaba entrevistando le dijo: Mira, soy homosexual. ¿Esto va a ser un motivo para que no me contrates? Se lo dijo así, a la primera de cambio. Y le
contestó: Obviamente, no. Pero le entró la preocupación y es humano que esto sea así. Es una persona supernormal y se quedó preocupado por esta situación. Yo le dije: Estate tranquilo, que no pasa nada. Tú haz el proceso de selección que
quieras y se acabó la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se nos puede olvidar que los derechos los tiene la persona por ser persona. Si a alguien se le discrimina por su orientación sexual, por su edad o por cualquier otra cuestión, no
olvidemos que el derecho lo tiene por ser persona. Si alguien se olvida de eso, hay que combatirlo con esta ley o sin ella, porque lo tenemos que hacer, porque en el fondo estamos violentando un derecho constitucional. Eso es lo que no podemos
olvidar y ese es el objetivo que tenemos que plantear.
En cuanto a la autoridad, nos parece que la única parte de la ley que comporta gasto es la creación de esta figura, en la medida en que va a tener un presupuesto, va a tener un personal que se adscribe a ella y va a haber un proceso de
selección. Lo detalla. Es lo único que desde el punto de vista dinerario va a subir una partida del presupuesto. Cuando lo que estamos planteando es que hay que reducir el gasto público, nos preguntamos: Oiga, ¿estas funciones no las puede hacer
ahora mismo el Defensor del Pueblo a nivel estatal o sus equivalentes en las comunidades autónomas, puesto que lo que se establece continuamente son referencias a la colaboración con el Defensor del Pueblo o con las instituciones equivalentes?
Oiga, pues en vez de colaborar, ¿por qué no lo asumen? ¿No sería una tarea propia de esa figura? A nosotros nos parece que podría hacerlo. Se podría no hacer así y no pasaría nada, pero desde el punto de vista de un ejercicio de racionalidad,
ahora mismo, ¿por qué no dotar de una competencia más a esas entidades que están ya previstas y que funcionan? Muchas veces la gente se pregunta: ¿para qué sirven estas figuras más allá de las cuestiones relativas a ámbitos de la Administración
pública? Esto daría, desde nuestro punto de vista, un mayor refuerzo a este tipo de instituciones, porque se abrirían sus competencias a un ámbito que va más allá de la relación entre la Administración y sus administrados, porque estaríamos
hablando de un espacio nuevo que tiene que ver, en definitiva, con entidades de carácter privado, porque al final este tipo de discriminaciones se van a plantear en un campo y en otro. Por eso decía que nos sorprendía mucho que cuando se habla de
no discriminación en el ámbito del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, los autónomos, no haya un capítulo referente a la no discriminación en el ámbito de las Administración públicas, referente a los procesos de selección, referente al
trato entre el conjunto de empleados públicos en sus distintas formas; me da igual funcionarios, funcionarias, personal laboral o personal estatutario. Perdónenme, pero no hay ninguna mención a esta situación. Si queremos extender ese carácter
integral que tiene la norma, no podemos dejar un ámbito de tanta relevancia, con tantas personas trabajando y con potencialidad de trabajar en él, como es conjunto de las administraciones públicas, no solo la Administración General del Estado, sino
también la Administración autonómica o la Administración local. Ahí se podría incidir algo más. Esto no quiere decir que al final no haya algunas referencias o se incluyan algunas cuestiones de modificación del Estatuto básico del empleado público
al final de la norma. Estupendo. Bienvenido sea, pero sería razonable que eso fuese así.
Lo que nosotros les venimos a decir es: Oiga, mire, si tenemos que priorizar algo ahora, esta no sería nuestra
prioridad. Eso no quiere decir que no estemos por la lucha contra cualquier tipo de discriminación, porque eso es algo que siempre está en el horizonte de nuestro trabajo, pero ahora mismo lo que nos preocupa son los cinco millones de
desempleados, es cómo salimos de esa situación, cómo generamos confianza para que a esas personas se les empiece a contratar. No cuestionamos la iniciativa legislativa que corresponde al Gobierno tomar y a la Cámara tramitar. Está en su perfecto
derecho, no lo vamos a cuestionar, pero en este momento a nosotros nos preocupan más otras cosas. Por decirlo así, si hay una escala de valores, ahora mismo nos preocupa más qué va a pasar con la reforma de la negociación colectiva o qué va a pasar
con la reforma de las pensiones, que está a punto de cerrarse y afecta al conjunto de los ciudadanos de este país más que esta propia norma. A la hora de fijar prioridades, es legítimo que cada uno ponga las suyas. ¿Esto quiere decir que esto no
sea importante? No. Eso quiere decir que si tenemos que decir ahora al Gobierno que ponga el acento más en este punto que en el otro, a nosotros nos parece que tendría que poner el acento en ver de qué manera podemos empezar a minorar esa bolsa de
desempleo. Cuando hoy se han dado los datos de la tasa de afiliación a la Seguridad Social y del incremento del número de pensionistas hemos comprobado que estamos en la peor situación de desequilibrio. ¿Qué estamos haciendo para corregirlo?
Seguramente esta no es la Comisión, pero perdonen que aproveche la ocasión. Este es el tema de fondo. Tenemos más de ocho millones de pensionistas, tenemos menos de diecisiete y estamos en menos de 2,5 para reponer. ¡Hombre! Es que no se nos
puede olvidar que el gran drama de este país en que en tres años hemos perdido 2,5 millones de cotizantes. No echo responsabilidades a nadie, pero este es un drama objetivo y digo que es un drama porque nos afecta a todos. Seguramente mi
prioridad, si estuviese en el Gobierno, sería ver qué hago para tener más cotizantes y cotizantes a tiempo completo, para no hacer trampas; perdónenme el término coloquial. Este es el tema de fondo. Esto del dos por uno para mi es una
discriminación. No estoy demonizando el contrato a tiempo parcial, pero eso de contrate a usted dos que le sale gratis la cotización a la Seguridad Social; dos del desempleo fuera y le regalo uno... Esto es lo que está pasando, por eso es el
único tipo de contrato que está creciendo, un contrato que tiene menor protección social que el resto. Puede ser una medida estupenda para conciliar la vida familiar y laboral, cosa que no nos cuestionamos, pero en las tesis que está, si no se
mejora su cotización, es un contrato que discrimina y por tanto lo combatiremos; no el contrato en genérico, sino la situación que se da como consecuencia de ello. Por eso nos parece que este tipo de cuestiones son importantes.
Hay una última cuestión referente al sistema educativo. No vamos a entrar a discutir si es mejor o peor una cosa u otra. Hay estudios para todos los gustos y uno los ha visto. Nosotros esto no lo planteamos nunca como que esto es mejor
que esto otro. Nos da igual. Incluso democráticamente uno puede decir: Hay más centros de coeducación, es decir, de educación mixta, y si tuviésemos que votar parece que sería la opción mayoritaria. Pero en un proceso de convivencia democrática
es parte consustancial el respeto a la minoría. Por tanto, si hay un conjunto de familias que porque les da la gana quieren eso, no se les puede penalizar. Es una cuestión tan simple como esa. No tiene más historia. No se trata de quítate tú
para ponerme yo, sino de que en el ámbito de las libertades hay gente que decide que sus hijos estén ahí. Yo siempre digo, coloquialmente, que entre los derechos que tenemos todos como personas está el derecho a equivocarnos. Por tanto, a estos
padres les asiste el derecho a equivocarse en cómo quieren educar a sus hijos. Ya está. Es legítimo. No se les puede penalizar con una cuestión de carácter económico. Y por supuesto, desde el punto de vista sindical, nosotros defendemos los
puestos de trabajo de la gente que está allí impartiendo la docencia, porque si se retira el concierto se van a ver con una mano delante y una mano detrás. Perdónenme la expresión, pero es así de sencillo. Sin el concierto, esa gente se irá a la
calle a engrosar las listas del desempleo.
Tengo que ir concluyendo. No sé si he contestado a todo. En cualquier caso, les mandaremos algunas cuestiones más en esta materia, porque las venimos ejercitando, porque es el día a día de lo que hacemos. Tenemos la lista. No se la hemos
remitido todavía a los grupos porque hemos visto el calendario de enmienda y se nos había pasado, pero después hemos visto que se ha ampliado otra vez y tenemos una batería para afinar algunas cuestiones. Lo que decimos es que si esta es una ley
integral, una ley que quiere ser transversal, que quiere afectar a todo, y se tocan distintos palos, el problema es que o se toca todo o es muy complicado, porque algunos nos sentiremos agraviados. Por eso he hecho la relación de los agravios que
la USO, como organización sindical, siente. Pero no se trata de la USO, se trata de los más de 150.000 afiliados que tiene la USO, que se sienten discriminados con respecto a sus compañeros que están afiliados a UGT o a Comisiones. ¿Por qué un
delegado de prevención de la USO no tiene derecho a formación o no recibe una cantidad o no tiene el asesoramiento técnico para hacer sus funciones? ¿Por qué tiene que ir a la competencia, coloquialmente hablando? Eso es muy fuerte, lo tienen que
entender ustedes. Es muy fuerte que se nos niegue sistemáticamente, en contra de sentencias del Supremo, el acceso a planes intersectoriales de formación continua. Y se nos sigue denegando. Y tenemos que ir año a año ganando. ¿Qué sentido tiene
que después, por ejemplo, en el ámbito de las Administraciones públicas se nos indemnice porque teníamos razón? Si no queremos la indemnización. Si no vivimos de eso. Por tanto, si quieren hablar de no discriminación, amplíen el horizonte.
Seguramente algunas de las cuestiones que he planteado no sean objeto de esta norma, pero sí se pueden implantar en otras. Y desde luego, si queremos hablar de no discriminación, tenemos que ampliar un
poquito el angular y no quedarnos solo en la casuística. Me pueden decir que yo también he caído en la casuística, soy consciente de ello, pero me parece que si queremos hacer algo bueno tenemos que luchar para conseguirlo entre todos.
Aquí, en una materia especialmente sensible, no tendría sentido que nos dejásemos llevar por el 'y tú más'. Esta ley sí que debería ser objeto de un gran consenso, porque en el fondo estamos hablando de los derechos de las personas y eso no se nos
puede olvidar. Estamos hablando de un derecho fundamental. Si no somos capaces de regular eso con sensatez, con equilibrio y no volver a hacer una ley que nos acabe llevando continuamente a los tribunales, esto no tendría mucho sentido. Entiendo
que esta ley no está hecha para generar empleo -casi ninguna ley genera empleo-, pero puede crear un clima de confianza para poder hacerlo. A veces el problema no es el contenido de la ley, sino lo que se transmite a través de los medios de
comunicación sobre dicho contenido, porque eso crea confianza o crea alarma social. En este momento hemos detectado que se crea alarma y si hay una situación de alarma hay un retraimiento del empresariado y de los autónomos a abrir las puertas a
estos nuevos mecanismos. Así, seguirán funcionando mecanismos de vía indirecta y se seguirá olvidando algo que debería ser esencial, que es la publicidad y lo que se tiene que premiar para acceder a un empleo, que es el mérito y la capacidad. Eso
sería lo que todos tendríamos que apuntar. Desde luego, la USO está en ese tema.
Concluyo con lo que decía al principio. Es bueno que reconozcamos que somos diferentes y que no pasa nada. El hecho de que la gente sea diferente no implica desigualdades. Siempre se lo pongo como ejemplo a los representantes de las
comunidades autónomas o de los partidos con implantación en las comunidades autónomas. Lo que dice la Constitución es que es legítimo que existan diferencias que establecen los distintos estatutos de autonomía, pero eso nunca puede llevar consigo
la existencia de desigualdades. Esa es la clave. Se puede ser diferente, pero la diferencia no debe implicar nunca la existencia de desigualdades.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Santillana, por su información, por sus aportaciones y, en definitiva, por dedicar su tiempo a los diputados y diputadas de la Comisión de Igualdad.
Damos por finalizada la comparecencia del señor Fernández Santillana y también la sesión de la Comisión de hoy y convoco a sus señorías mañana a la diez de la mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde.