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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 789, de 15/06/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2011 IX Legislatura Núm. 789
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA DELIA BLANCO TERÁN
Sesión núm. 38
celebrada el miércoles, 15 de junio de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía (Campa Fernández), para informar, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, acerca de los datos y las líneas principales en materia de
gestión de la deuda externa. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001500.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión de esta Comisión de Cooperación para la celebración de la comparecencia del secretario de Estado de Economía para informar, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 38/2006, de 7
de diciembre, acerca de los datos y de las líneas principales en materia de gestión de la deuda externa. A petición del propio Gobierno.
En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el señor Campa, secretario de Estado de Economía. Señoría, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Campa Fernández): Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco una vez más ante esta Comisión de Cooperación al Desarrollo para informar, en cumplimiento de lo establecido en la
disposición adicional primera de la Ley 38/2006, de gestión de la deuda externa, acerca de los datos y las líneas principales en materia de gestión de le deuda externa. Es para mí un placer tener la oportunidad de estar hoy aquí y que el calendario
haya permitido que esta comparecencia tenga lugar antes de que finalice el primer semestre del año. En el mes de abril, cuando solicité comparecer ante esta Comisión, se remitió el informe completo sobre la situación de la deuda externa a 31 de
diciembre de 2010 al objeto de que sus señorías dispusieran de tiempo suficiente para su análisis y valoración. Espero, a lo largo de la comparecencia de esta tarde, poder despejar cuantas cuestiones o dudas pudieran haber surgido de la lectura de
dicho informe.
Este informe sobre la deuda externa complementa los informes sobre instituciones financieras multilaterales presentado al Congreso en marzo por esta Secretaría de Estado de Economía como parte de la rendición de cuentas en los ámbitos de
nuestra competencia que tienen incidencia en la cooperación internacional. Este informe incluía como novedad información sobre todos los bancos multilaterales de desarrollo y la contribución de las instituciones financieras internacionales en las
que participa España a la cooperación internacional al desarrollo. Como habrán podido ver, el informe anual sobre la deuda del Estado español como acreedor correspondiente al año 2010 incorpora, al igual que el año pasado, información relativa al
desglose sectorial de la deuda reestructurada desde el año 2009. Además, incluye como novedad, por resultar de su interés, un análisis exhaustivo de la política de España respecto a los países HIPC.
La estructura de mi intervención será la siguiente. En primer lugar, les explicaré con detalle las cifras relativas a la deuda externa que el Estado español ostentaba como acreedor a 31 de diciembre de 2010. En segundo lugar, abordaré la
evolución y situación actual de la deuda con España de los países incluidos en la iniciativa de alivio de deuda de los países pobres altamente endeudados -iniciativa HIPC, en sus siglas en inglés, a los que me referiré posteriormente por este
término-, analizando el cumplimiento de los compromisos asumidos por España y la situación actual y prevista de la deuda de los países beneficiarios de dicha iniciativa. Por último, explicaré las líneas que han guiado la política de gestión de esta
deuda durante el año 2010, nuestras prioridades de gestión para el ejercicio actual y los retos que se presentan en este tema para los próximos años teniendo en cuenta los cambios del entorno internacional.
Comienzo, por tanto, por presentar la situación de la deuda que el Estado español ostenta como acreedor a 31 de diciembre de 2010. Aportaré los datos de los principales países deudores y sectores de destino de las operaciones a las que
corresponde dicha deuda, así como el objeto de los contratos de las operaciones de origen de la deuda. Para completar esta primera parte de la comparecencia centrada en el análisis de los datos, analizaré los datos disponibles sobre cobros e
impagos registrados durante 2010. A 31 de diciembre de 2010, la deuda total de la que el Estado español es acreedor ascendía a 11.672 millones de euros. Esta cifra es superior en un 36 por ciento a la registrada a 31 de diciembre de 2009, que era
de 8.568 millones de euros. La causa fundamental de esta variación es la contribución española al apoyo financiero a Grecia otorgado en 2010 en el marco del acuerdo de préstamos de los Estados miembros de la zona euro, que ascendía, a 31 de
diciembre de 2010, a 2.598 millones de euros. En lo que se refiere a los demás países, como veremos, la distribución de la deuda se mantiene, en términos generales, en niveles muy similares a los del año pasado. El apoyo financiero a Grecia, como
ustedes saben, es parte del refuerzo del marco institucional de la unión económica y monetaria realizado el año pasado, que se ha dotado de instrumentos de apoyo financiero para preservar la estabilidad financiera en la zona euro. Se prevé que este
año se sigan realizando importantes desembolsos a Grecia, lo que incrementará su peso en la cartera de deuda en este año y en el próximo en España. El total máximo de desembolsos que hasta el momento está establecido que este préstamo alcance
asciende a 9.794 millones en tres años. La asistencia a Grecia se ha efectuado mediante un préstamo bilateral coordinado por parte de los países miembros de la zona euro y es excepcional puesto que es anterior a la creación de la facilidad europea
de estabilidad financiera, en vigor, como saben, desde mayo de 2010, y también al mecanismo europeo de estabilización que entrará en vigor, como saben, en julio del año 2013.
Toda asistencia financiera a países del euro posterior al préstamo de
Grecia, y dado que están establecidas estas facilidades, se ha realizado a través de la EFSF -siglas en inglés de la facilidad europea de estabilidad financiera- y a partir del año 2013 se efectuará a través del mecanismo europeo de estabilización.
Me gustaría destacar que los mecanismos de apoyo financiero excepcional como el de Grecia no detraen recursos de la gestión del resto de la cartera de deuda, en particular, no afecta a los com
promisos existentes para el alivio de deuda a los países pobres altamente endeudados.
Antes de analizar la distribución geográfica y sectorial de la deuda a diciembre de 2010, que se incluye en el informe que ustedes tienen, es importante recordar las implicaciones de la reforma de la normativa del Fondo de ayuda al
desarrollo sobre los datos de deuda que hoy se presentan y que son las siguientes. Desde la entrada en vigor en junio de 2010 de la Ley 11/2010, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización, por la que se crea, como saben,
el FIEM, la deuda que tuvo su origen en operaciones FAD, a iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pasa a ser parte del balance del FIEM.
Dado que la Ley 36/2010, por la que se crea el Fondo para la promoción del desarrollo, el
Fonprode, no entró en vigor hasta febrero de 2011, el resto de la deuda, a diciembre de 2010, que corresponde a deudores multilaterales, sigue siendo considerada deuda FAD en el informe que ustedes tienen.
Para facilitar la presentación de los datos en este ejercicio de transición me referiré siempre a la deuda según su origen, al objeto de facilitar su comparación con los datos del año anterior. Una vez hecha esta aclaración metodológica que
considero relevante, procedo a analizar los datos de deuda a diciembre de 2010. La distribución por origen de la deuda muestra lo siguiente. El 45 por ciento es deuda que se deriva de operaciones que se financiaron con cargo al FAD. Se trata, por
tanto, de deuda que corresponde a créditos que en su día se otorgaron a países en desarrollo para la financiación de proyectos. Estos créditos tenían, en cumplimiento de la normativa internacional al respecto, un grado determinado de
concesionalidad o donación implícita, pero lógicamente generaron deuda que debía ser reembolsada aunque a muy largo plazo. El 28 por ciento de la deuda externa a 31 de diciembre de 2010 es lo que denominamos deuda comercial, es decir, procedente de
operaciones aseguradas por el Cesce. Son cooperaciones que no generan deuda en el momento de aprobarse -es un seguro de crédito, como ustedes saben-, sino únicamente si se introduce un impago en esa transacción y el Estado debe asumir la deuda
correspondiente frente al deudor tras indemnizar al exportador que se ha cubierto de este riesgo con el Cesce. El 27 por ciento restante de nuestra deuda corresponde a otros tipos de deuda, es decir, se deriva de financiación bilateral otorgada
como ayuda a la balanza de pagos o en respuesta a situaciones extraordinarias en algunos países, como la República Dominicana, que tiene un crédito otorgado en 1974, Marruecos, en 1983, o Argentina, en 1993 y 2001; o, como se ha comentado, el caso
de Grecia, con el préstamo derivado de la ayuda financiera otorgada en 2010 en el marco del acuerdo de préstamos a los Estados miembros de la zona euro.
En cuanto al reparto geográfico del stock de deuda a diciembre de 2010, la financiación a Grecia hace que las distribuciones de deuda por áreas geográficas cambien sustancialmente respecto a la distribución que había a finales de 2009. La
diferencia principal reside lógicamente en que Europa ha pasado de representar únicamente el 2 por ciento de la cartera de deuda que España ostenta como acreedor, a representar a finales del año pasado el 24 por ciento. A pesar de este considerable
incremento, Latinoamérica sigue siendo la región con mayor peso en la cartera de deuda de España, con el 36 por ciento del total, seguida de los países asiáticos y del norte de África, que absorben cada uno aproximadamente el 12 por ciento de
nuestra deuda. Si desagregamos por países, Grecia se convierte en el principal deudor de España, con 2.598 millones de euros, seguido de Cuba, con 2.094 millones de euros, y Argentina, con 1.066 millones. Estos tres países representan el 49 por
ciento de la deuda total que España ostenta como acreedor. La deuda de los demás deudores más significativos muestra cifras mucho más inferiores; es el caso de la deuda con China, con 749 millones de euros, Turquía, con 486 millones, y Egipto, con
444 millones.
Con respecto a los datos de deuda reestructurada y no reestructurada para los distintos tipos de deuda, los datos muestran que el 66 por ciento de la deuda comercial está reestructurada frente al 4 por ciento de la deuda con origen FAD.
Ello se debe a que un gran número de los países que tenían deuda derivada del FAD han recibido condonaciones fundamentalmente en aplicación de la iniciativa HIPC y de los programas de conversión de deuda. Estas condonaciones hacen que la deuda FAD
de los países con dificultades financieras, por tanto, susceptible de ser reestructurada, se reduzca por esta vía y se proceda en menor medida a la reestructuración de los pagos pendientes.
Por lo que se refiere a la distribución de la deuda a 31 de diciembre de 2010 en función del objeto de los contratos cuya financiación generó la deuda, me gustaría destacar lo siguiente. Respecto a la deuda no reestructurada, el anexo 1 del
informe distribuido da información completa de cada una de las operaciones, especificando el proyecto y su sector, el país, la fecha del acuerdo y el importe en euros sin intereses de demora. El análisis de los datos disponibles muestra que, en lo
que se refiere a la deuda FAD, destacan sectores como el transporte terrestre, con un 20 por ciento del total, y equipamiento social y medioambiental, con un 14 por ciento cada uno. Sin embargo, la deuda no reestructurada que se deriva de
operaciones aseguradas por Cesce que han sido impagadas se concentra fundamentalmente en sectores como bienes de equipo, que supone un 27 por ciento del total, y obra civil, que supone un 16 por ciento del total, con un peso, por cierto, muy similar
al que tenían en el año 2009.
Con respecto a la distribución sectorial de la deuda reestructurada, el informe distribuido en su anexo 2 incluye nuevamente esta información aportada por primera vez, como saben, para el ejercicio 2009, tras el compromiso que asumí ante
esta Comisión en mi comparecencia de noviembre del año 2009. Como ven, en 2010 únicamente se ha firmado un acuerdo de rees
tructuración de deuda FAD con Seychelles. La distribución sectorial de la deuda reestructurada desde 2009 en que se dispone de estos datos muestra que un 61 por ciento del importe vivo reestructurado corresponde al sector de equipamiento
social y un 28 por ciento al sector eléctrico. En el ámbito de la deuda comercial se ha firmado la reestructuración de la deuda con Seychelles y Yibuti. De las trece operaciones reestructuradas de deuda comercial desde el año 2009, el sector de
construcción de obra civil representa el 48 por ciento y el sector de bienes de equipo un 34 por ciento. Con los datos disponibles podemos, por tanto, confirmar que, como adelanté el año pasado, no existen discrepancias significativas entre los
sectores de origen de la deuda reestructurada y la no reestructurada, concentrándose la deuda FAD fundamentalmente en equipamiento social y la deuda comercial en los sectores de bienes de equipo y de construcción de obra civil.
En cuanto a los cobros recibidos durante el año 2010, el importe total, incluyendo principal e intereses, ascendió a 543 millones de euros. De este importe, el 58 por ciento corresponde a cinco países: Argentina, con un 21 por ciento,
Grecia, con el 11 por ciento, Angola, con el 11 por ciento, y Egipto y Méjico, con un 8 por ciento cada uno.
Para concluir con el análisis del stock de la deuda externa, quisiera referirme a los impagos producidos durante el año pasado. Los datos aportados muestran que, a 31 de diciembre de 2010, los impagos acumulados en la deuda que España
ostentaba como acreedor ascendían a 2.859 millones de euros, lo que representa un 24,5 por ciento del total. La distribución de la misma es similar a la de años anteriores. De nuevo los principales países con impagos son Cuba, con 2.094 millones
de euros de impagos, y Argentina, con 402 millones de euros. Entre los dos países acumulan el 87 por ciento de los impagos totales que tiene España. Le siguen Togo, Sudán, Zimbawe y Somalia, pero con niveles muy inferiores a los que he dicho
antes.
Para concluir con el análisis de los datos de deuda a 31 de diciembre de 2010, paso a explicar el incremento del 36 por ciento que experimenta la deuda que España ostenta como acreedor respecto a 2009. Este incremento se debe a que en el
año 2010 la nueva deuda contraída fue de 3.298 millones de euros, los intereses de demora acumulados fueron de 99 millones y el efecto derivado de la evolución del tipo de cambio hizo que el incremento del valor de la deuda fuera de 407 millones,
siendo superiores la suma de estos conceptos a los cobros de principal, que fueron de 390 millones de euros, y a las condonaciones efectuadas, que fueron de 311 millones. La mayor parte de este incremento, como he mencionado anteriormente, se debe
al acuerdo del préstamo a Grecia. Para dar una idea de la evolución del resto de la cartera sin esta operación, la deuda que España ostenta como acreedor hubiera crecido un 6 por ciento en 2010. Este incremento del 6 por ciento puede explicarse
fundamentalmente por la contribución reembolsable al Fondo internacional de desarrollo agrícola de Naciones Unidas, que fue de 285 millones de euros, así como al incremento de los intereses de demora por los impagos de nuestros principales deudores
-Cuba y Argentina, como he dicho anteriormente- y al efecto derivado de la evolución del tipo de cambio, ya que la deuda denominada en dólares estadounidenses y en dólares canadienses aumentó su valor por la apreciación de estas monedas con respecto
al euro.
Estos son, pues, los datos más relevantes sobre la deuda externa de la que el Estado español es acreedor. Permítanme que pase a continuación a ampliarles esta información con lo relativo a la aplicación por España de la iniciativa HIPC.
Como bien saben sus señorías, de acuerdo con el compromiso de seguir mejorando el informe de deuda y aumentando la transparencia de nuestras actuaciones, el informe de deuda presentado al Congreso este año incluye, por primera vez, información
específica sobre la deuda de los países beneficiarios de la iniciativa HIPC. Ciertamente la iniciativa HIPC, que fue lanzada en 1996 y reforzada en 1999, ha experimentado notables avances en los últimos dos años. A día de hoy son treinta y dos
países los que han alcanzado ya el punto de culminación y han recibido las condonaciones correspondientes por parte de los miembros del Club de París y de las instituciones financieras internacionales.
Asimismo, hay otros cuatro países que se
encuentran en el punto de decisión y han recibido el alivio interino. Mi objetivo hoy es presentar a sus señorías en detalle la aportación de España a esta iniciativa.
Me gustaría comenzar el análisis de la contribución de España resaltando que los compromisos que hemos asumido son más ambiciosos que los que se derivan estrictamente de lo acordado en el marco de la iniciativa. Estos compromisos
adicionales se plasman en dos acuerdos del Consejo de Ministros y en la Ley de Deuda. Así, en primer lugar, en el acuerdo de 8 de julio de 2005 España decide llevar a cabo un alivio de deuda que va más allá de los compromisos multilaterales con
estos países, comprometiéndose a condonar toda la deuda FAD posterior a la fecha de corte y anterior al 20 de junio de 1999, para los países beneficiarios de la iniciativa que llegaran al punto de culminación a partir de esa fecha.
En segundo lugar, la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa, aprobada en el año 2006, establece en su artículo tercero que España optaría preferentemente respecto a los países más empobrecidos y endeudados por la atribución de
tratamientos concesionales hasta los niveles más ventajosos permitidos por la legalidad vigente y el marco multilateral e instaba al Gobierno a presentar un plan para tratar la deuda de los países HIPC. Esta obligación se formalizó con la
aprobación de un segundo acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2007, que supone la definición de la estrategia española con estos países a la que obligaba la Ley de Deuda, ampliando los compromisos previos al hacer extensiva la
condonación al cien por cien de la deuda, tanto FAD
como comercial, contraída por estos países antes del 31 de diciembre de 2003.
El alivio de deuda que España ya ha realizado a los países beneficiarios de la iniciativa HIPC en aplicación de estos compromisos ha sido muy elevado, como se muestra en el informe distribuido a sus señorías.
Permítanme destacar los datos
más representativos a diciembre de 2010. En primer lugar, desde que se inició la iniciativa en 1996, España ha realizado condonaciones a los países beneficiarios por valor de 2.491 millones de euros. De ellas, el 42 por ciento son las que se
derivan estrictamente de los compromisos obligatorios asumidos en la iniciativa HIPC y el 58 por ciento son condonaciones voluntarias adicionales realizadas por España. Estas condonaciones se van produciendo a medida que los países beneficiarios
alcanzan las distintas fases previstas en el funcionamiento de la iniciativa.
En segundo lugar, la deuda anterior a 2003 de los países beneficiarios que ya han alcanzado el punto de culminación se ha condonado en su totalidad, con excepción de Togo, República Democrática del Congo y Guinea-Bissau, que llegaron al
punto de culminación en 2010 y cuya deuda está en proceso de condonación actualmente. Los trámites necesarios para culminar estos procesos, consistentes en acuerdos bilaterales y su ratificación, no implican cargas financieras para estos países
beneficiarios.
En tercer lugar, como consecuencia de estas condonaciones, la deuda los países beneficiarios de la iniciativa HIPC en el total de la deuda que España ostenta como acreedor se ha reducido un 47 por ciento, pasando de 1.475 millones de euros
en 2006, año en que les recuerdo se aprobó la Ley de Deuda, a 785 millones de euros a 31 de diciembre del año pasado. En términos relativos, la deuda ha pasado de ser el 15,4 por ciento de la deuda total que España ostentaba como acreedor en el año
2006 a representar un 6,7 por ciento en diciembre de 2010, si bien esta reducción, como sucede con todos los datos relativos a 2010 y he venido enfatizando, se verá afectada por el efecto del elevado aumento de la deuda este año como consecuencia
del préstamo a Grecia.
En cuarto lugar, en el ejercicio 2010 la deuda condonada a los países beneficiarios de la iniciativa HIPC por parte de España ha sido de 262 millones de euros. De esta cifra, el 56 por ciento se deriva de condonaciones asumidas
voluntariamente por España. Los países beneficiarios de estas condonaciones han sido República del Congo, Haití y Mozambique. Por último, en el marco de la iniciativa HIPC, España ha realizado aportaciones a instituciones financieras
internacionales para financiar las condonaciones que realizan estos organismos a los países beneficiarios de la iniciativa, sumando un total de 212 millones de euros. Estas aportaciones fueron: 25 millones de euros al Poverty Reduction and Growth
Facility Trust Fund del Fondo Monetario Internacional, 164 millones de euros al HIPC Trust Fund del Banco Mundial y 22 millones de euros al Fondo de Emergencia Centroamericana, destinados estos últimos a Honduras y Nicaragua. Estos datos se
refieren a la iniciativa HIPC, pero hay que recordar que en 2005, con el interés de impulsar el progreso hacia los objetivos del Milenio, la iniciativa se completó con un alivio de la deuda de las instituciones financieras internacionales a través
de la Multilateral Debt Relief Iniciative, que preveía el cien por cien de condonación de la deuda del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Africano de Desarrollo para los países que hubieran alcanzado el punto de culminación.
La contribución de España a la financiación de los alivios de deuda realizados por las instituciones financieras internacionales mediante la iniciativa del Multilateral Debt Relief Iniciative tiene un coste total estimado de 587,8 millones de euros,
incluyendo las aportaciones ya realizadas y las previstas para el futuro. Desde que se lanzó esta iniciativa hasta el 31 de diciembre de 2010, España ha realizado aportaciones por importe de 160,3 millones de euros.
En conclusión, el coste total estimado para España de las iniciativas HIPC y la MDRI asciende a 3.744,4 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 2.863,4 millones de euros. En definitiva, estas cifras nos permiten afirmar que, pese
al entorno presupuestario, España ha mantenido, y seguirá haciéndolo, un compromiso decidido con el alivio de la deuda de los países pobres y altamente endeudados.
Permítanme, señorías, que antes de pasar a aportar información sobre la gestión de la deuda en 2010 destaque tres conclusiones sobre la situación de la deuda que el Estado español ostenta como acreedor. Primero: el incremento registrado en
la cartera de deuda responde fundamentalmente al acuerdo del préstamo de Grecia, manteniéndose el resto de la misma estable. Sin la operación de Grecia, el crecimiento del 6 por ciento en el importe de la cartera se debe básicamente a la variación
del tipo de cambio. Segundo: los cambios en la distribución de los países del stock de deuda se deben fundamentalmente a que gracias al fuerte compromiso de España con la iniciativa HIPC el peso de la deuda de los países que se benefician de esta
iniciativa se ha reducido considerablemente, en contraposición con el peso de los países de renta media con capacidad de repago de la deuda y alto potencial de crecimiento. Se mantiene sin cambios la situación de Argentina y Cuba. Por último,
también se mantiene estable la composición sectorial de dicha deuda, siendo los sectores de equipamiento social, bienes de equipo y construcción de obra civil los que tienen mayor presencia.
Una vez analizados los datos de la deuda, paso a explicar a sus señorías las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en la gestión de la misma durante el año 2010. Como saben, las decisiones en materia de deuda externa se enmarcan, en
primer lugar, en el ámbito multilateral, pues las decisiones deben tomarse de forma coordinada con el resto de acreedores en el seno del Club de París, del que España es miembro. En el año 2010, en el Club de París se han concluido nueve acuerdos
sobre tratamiento de deuda con Togo, Liberia, Antigua y Barbuda, Comoros, Guinea-Bissau, República del Congo, Afganistán y dos acuerdos con la República Democrática del Congo. De estos ocho países, Liberia, Antigua y Barbuda, Comoros y
Afganistán no tenían deuda con España. Respecto a los cuatro países restantes, las implicaciones de los acuerdos son las siguientes: El acuerdo con la República del Congo ha implicado la condonación de 216 millones de euros. El acuerdo con la
República Democrática del Congo implicará la reestructuración de 11 millones de euros. El acuerdo con Guinea-Bissau supondrá la reestructuración de 9 millones de euros. Y el acuerdo con Togo prevé la condonación de 39,8 millones de euros.
Asimismo, existen acuerdos del Club de París anteriores a 2010 pero cuyo acuerdo bilateral con España se ha formalizado en 2010. Es el caso de Haití, que ha supuesto la condonación de 32,98 millones de euros; Seychelles, que ha supuesto la
condonación de 1,79 millones de euros y la reestructuración de 3,55 millones; y de Angola, que ha supuesto la condonación de 51,62 millones de euros. Por último, en lo que llevamos de 2011 se ha firmado con Togo un acuerdo de condonación de 19,86
millones de euros, derivado de un acuerdo del Club de París del año 2008.
Por lo que se refiere a las cuestiones que se analizan en el marco del Club de París, me gustaría destacar que se está trabajando en el futuro de la iniciativa HIPC y en el impacto que está teniendo la crisis financiera en los países de
renta media y renta baja.
En cuanto al ámbito bilateral, las actuaciones se centran en dos áreas: la aplicación de los compromisos asumidos en el ámbito de la iniciativa HIPC, a la que me he referido ya con detalle, y la gestión de los programas de conversión de
deuda con países en desarrollo. Un programa de conversión o canje de deuda en inversiones públicas, como ustedes saben, es un instrumento mediante el cual la deuda se transforma en inversión pública en el país deudor. La conversión implica la
condonación por parte de España de la totalidad de la deuda afectada. Por su parte, el país beneficiario deposita los importes de la deuda en un fondo de contravalor que financiará proyectos de desarrollo en inversiones públicas. Para los países
con menor nivel de renta se especifica que una parte de la deuda vinculada al programa, el 60 por ciento, se condona directamente y el 40 por ciento restante se desembolsa en este fondo de contravalor. Los desembolsos en el fondo son siempre en
moneda local, para aliviar las necesidades de divisas del país. Con la Ley de Deuda se produjo un salto cualitativo fundamental en la política de conversión de deuda al introducir una sistematización tanto en lo que se refiere a los posibles países
de destino como a los principios de gestión. La ley establece que los programas deben dirigirse a países con problemas de sobreendeudamiento, al tiempo que amplía los compromisos de condonación a los países pobres altamente endeudados. Esto ha
implicado que los nuevos programas de conversión de deuda se han concentrado en países HIPC, con importes muy significativos en varios casos, como Honduras, Bolivia, Nicaragua, Senegal o Ghana. A 31 de diciembre de 2010 España tenía veintinueve
programas de conversión en vigor, firmados con veintiún países en desarrollo. Los más recientes son lo de Mozambique, firmado en 2010 por un importe de 12,9 millones de euros, y Tanzania, firmado este año por importe de 8,05 millones de euros.
Ambos, tanto Mozambique como Tanzania, son países HIPC.
Son, por tanto, un elevado número de programas y el primero de nuestros objetivos de gestión de la deuda en el ámbito bilateral es impulsar la ejecución de estos programas, pues implican la condonación de 908 millones de euros y la inversión
de 494 millones de euros en proyectos de desarrollo. Nuestra prioridad es concluir con éxito la financiación de los proyectos de desarrollo de acuerdo con las prioridades del país beneficiario y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos,
así como una adecuada selección, definición, ejecución y seguimiento de los proyectos. Para ello, la Ley de Deuda estableció unos criterios de gestión de los programas: soberanía local, vínculo con la política de cooperación y participación de la
sociedad civil. Estos principios se alinean con las declaraciones de París y Accra de efectividad de la ayuda. La soberanía local es el principio fundamental, siendo el país beneficiario quien propone sus prioridades y los proyectos a financiar a
través de sus estructuras nacionales, que serán las que utilicen las inversiones públicas. Se establece asimismo una mutua responsabilidad mediante la aprobación de los proyectos en un comité bilateral y un comité técnico, con participación del
país beneficiario y de España. El comité técnico es el órgano más importante para la vinculación con la política de desarrollo mediante la participación de las oficinas técnicas de cooperación y la sociedad civil. Esta participación de la
cooperación española de la sociedad civil la consideramos fundamental y es un ejemplo de coordinación interna y de trabajo conjunto con los distintos actores de la cooperación.
La concentración de los programas de conversión en países HIPC, que tienen carencias institucionales importantes, plantea retos para la gestión. Por ello, adicionalmente a las estructuras de la cooperación española se ha buscado el apoyo en
la gestión de entidades multilaterales de cooperación allá donde éstas están presentes, contando con el acuerdo de los países beneficiarios. Se han firmado acuerdos de colaboración con diversas entidades que suministran apoyo en la identificación
de los proyectos, la gestión de las licitaciones así como la puesta en marcha de mecanismos para la rendición de cuentas. Entre las colaboraciones con entidades multilaterales podemos destacar la colaboración con el Banco Mundial en el área del
África subsahariana, con programas en Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Mauritania, Senegal, Tanzania y Uganda. En Latinoamérica también se está contando con la colaboración de otras instituciones, como el Banco Centroamericano de Integración
Económica, el BCIE, en Honduras, la Organización de
Estados Iberoamericanos en Paraguay y la Corporación Andina de Fomento en Ecuador.
Respecto a la distribución sectorial de los proyectos de inversión pública que se financian con cargo a los programas de conversión de deuda, me gustaría destacar que el primer sector beneficiario es, un año más, el sector de la educación,
con el 46 por ciento de los proyectos. El 33 por ciento de los proyectos se han destinado a infraestructuras, el 15 por ciento a salud y el 7 por ciento a medio ambiente. La preponderancia del sector educación es un resultado claro de la
aplicación de la iniciativa de conversión de deuda por educación lanzada en 2004. El peso de estos sectores en los proyectos financiados con cargo a los programas de conversión de deuda también pone de manifiesto la influencia de estos programas en
la consecución de los objetivos del Milenio, concretamente los objetivos sobre educación, salud y medio ambiente.
El segundo gran objetivo de nuestra gestión es continuar con la aplicación del compromiso de España en relación con los países HIPC pues, incluso en la situación actual de restricción presupuestaria, el apoyo a los países pobres y altamente
endeudados seguirá marcando nuestra política futura.
Llevaremos por tanto a cabo las reestructuraciones y condonaciones correspondientes a medida que los países vayan alcanzando los puntos de decisión y culminación, y se seguirán realizando las
aportaciones comprometidas en el marco de la MDRI.
En definitiva, el compromiso del Gobierno español de seguir prestando máxima atención a una gestión activa y solidaria de la deuda externa es claro. A estos efectos, me gustaría resaltar dos datos, que la ayuda oficial al desarrollo
generada por operaciones de deuda en 2010 se ha situado en torno a los 244 millones de euros y que el coste total estimado para España de la iniciativa HIPC asciende a 3.157 millones de euros, de los que 2.703 millones ya se han hecho efectivos y
262 millones corresponden a operaciones de condonación efectuadas en el año 2010, con un impacto directo sobre el déficit público. Se está haciendo por tanto un esfuerzo presupuestario muy significativo en línea con los compromisos derivados de la
Ley de Deuda Externa y las orientaciones del plan director.
Señorías, concluyo ya. Me gustaría terminar mi intervención con una reflexión sobre la situación de endeudamiento en los países en desarrollo y los retos de la gestión de la deuda externa para los países deudores, los acreedores y las
instituciones multilaterales en un entorno nuevo marcado por un lado por el fuerte crecimiento de los países en desarrollo y, por otro, por los efectos de la crisis financiera internacional.
El hecho más destacable del entorno actual es que se aprecia para el conjunto de los países emergentes y en desarrollo una notable reducción de los indicadores relativos de endeudamiento en la última década. La deuda externa ha pasado de
representar un 36 por ciento del producto interior bruto de este conjunto de países en el año 2000 a un 23 por ciento previsto para finales de este año. Por su parte, la deuda externa del conjunto de los países emergentes y en desarrollo en 2000
representaba un 125 por ciento de sus exportaciones y la previsión para este año es que se sitúe en un 69 por ciento de sus exportaciones; un poco más de la mitad. En una década se ha producido una reducción histórica de los niveles de
endeudamiento con respecto a las economías de estos países.
Por regiones, han reducido también mucho la deuda en términos relativos.
En Asia la ratio de deuda externa con respecto del PIB ha pasado del 28 por ciento en 2000 al 14 por ciento en 2010, y en América Latina del 36 por ciento del PIB en
el año 2000 al 21 por ciento en el año 2010. No obstante, la evolución más favorable del nivel de endeudamiento externo se ha producido en el África subsahariana, donde ha pasado de un 65 por ciento del PIB en el año 2000 a un 21 por ciento en el
año 2010. La única región emergente en la cual los niveles de deuda externa han subido es la Europa emergente, al ser la región más afectada por la crisis, que contaba con el 46 por ciento de deuda externa con respecto al PIB en el año 2000, frente
al 66 por ciento a finales del año pasado.
La reducción general en los niveles de endeudamiento en los países en desarrollo se debe a una combinación de importantes tasas de crecimiento, mejoras sustanciales en los marcos de políticas económicas, en particular una mayor disciplina
fiscal, junto a un contexto internacional de bajos tipos de interés e importantes flujos de capital a los países emergentes, que también han facilitado la fortaleza de los tipos de cambio de estas monedas emergentes. En África subsahariana el
esfuerzo de alivio de deuda de la iniciativa HIPC y la MDRI ha sido fundamental en la reducción de los niveles de deuda.
La reducción en los niveles relativos de endeudamiento y una mejora en el marco de políticas económicas han sido factores que han permitido que los países en desarrollo hayan mostrado una elevada capacidad de resistencia en un entorno de
crisis financiera en los países desarrollados. No obstante, es necesario recordar que, pese a ello, la crisis financiera y la subida de precios de los alimentos han retrasado el progreso en el cumplimiento de los objetivos del milenio.
Para los países desarrollados acreedores, los retos en la crisis son el mantenimiento de los niveles de cooperación en un contexto de restricción presupuestaria y, a su vez, la prevención de un nuevo ciclo de sobreendeudamiento. En este
contexto, es fundamental la coordinación multilateral para la efectividad de los esfuerzos de alivio de deuda mediante instituciones como las IFI y el Club de París. Estas instituciones centran los esfuerzos de coordinación internacionales en
materia de deuda externa y suministran un asesoramiento a los países deudores que ha sido clave para su mejora institucional. Con la condonación de 316 millones de euros en 2010 queda patente la intensidad con la que a través de la gestión de la
deuda el Gobierno de España está contribuyendo a los esfuerzos internacionales, especialmente
con los países más pobres y endeudados. El mantenimiento de un extraordinario esfuerzo en esta materia en un contexto presupuestario difícil es una señal más del fuerte compromiso del Gobierno con la cooperación. Este compromiso es un
compromiso de largo plazo que se ha venido sosteniendo en el tiempo. El principal reto de cara al futuro es la prevención del sobreendeudamiento. Este objetivo se ha incorporado formalmente a la política de crédito de España dentro de la normativa
del FIEM y del Fonprode. Se articula estableciendo que no se podrán conceder créditos a países pobres altamente endeudados, es decir, aquellos con alto riesgo de endeudamiento insostenible, y solamente de forma excepcional y restringida a aquellos
países que aun teniendo niveles sostenibles de endeudamiento hayan requerido en el pasado un alivio de deuda mediante la iniciativa HIPC. La valoración de riesgos y de la calidad de los proyectos, junto a las condiciones financieras de los mismos,
es en definitiva una guía fundamental para que los nuevos créditos contribuyan a una estrategia de desarrollo sostenible y no vuelvan a alimentar situaciones de sobreendeudamiento que requieran una condonación futura.
Señora presidenta, señorías, quedo a su disposición para comentarios y preguntas. Muchísimas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, gracias por la brevedad y la síntesis en un tema denso como este. A continuación tomarán la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios aquí presentes. Por Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: En primer lugar, quiero agradecer al secretario de Estado sus explicaciones, como ha dicho la presidenta, sobre un tema denso en el que al menos a mí me ha despejado algunas dudas que tenía en ciertos puntos.
Es de justicia trasladarle mi felicitación porque, a pesar de que soy nueva en el lugar, me parece que es el primer año que en tiempo y forma se entrega esta información. (La señora presidenta hace gestos negativos.) No sé, yo llegué en el mes de
noviembre del año pasado y justo entonces llegaba el informe, con lo cual este año al menos en tiempo sí vamos bien. En cuanto a la forma también hay que reconocer la mejora en temas relacionados con la información, sobre todo, como ya ha explicado
el secretario de Estado, respecto a información desglosada sobre la aplicación del Estado español de la iniciativa HIPC, por lo que pedimos que esta información que se ha iniciado este año continúe en años sucesivos. Por otra parte, y a pesar de
reconocer que se ha mejorado, hay aspectos que aún necesitan alguna mejora. Y repito las mismas palabras de mi intervención del año pasado en la que le preguntábamos sobre el objeto del contrato. Es un tema que pensamos que es importante que se
pueda explicar y que haya una transferencia informativa, porque continuamos sin conocer el objeto del contrato para la deuda reestructurada con anterioridad al año 2009; el detalle de las empresas y regiones al que hacen referencia los contratos
sigue sin especificarse, y también echamos en falta un mecanismo que nos permita consultar los pormenores de cada uno de los contratos, con la finalidad de estudiar la legitimidad de la deuda externa española. Ahí estamos exactamente igual que el
año pasado, por tanto solicitamos que se haga un esfuerzo para facilitar esta información. En otros países, como por ejemplo en Alemania, en la web de los ministerios pertinentes se puede consultar, y esto es lo que pedimos. No obstante, como
decía al principio, le felicitamos por el esfuerzo que ha hecho.
Entrando en temas del informe presentado y que hace más de un mes que tenemos en nuestras manos, a nivel de datos generales el tema de Grecia, entendemos que es excepcional. Una de las preguntas que nosotros teníamos es si esto podía
distorsionar la ayuda al desarrollo y la deuda externa.
Por lo que he entendido de las explicaciones que el secretario de Estado ha dado, no; es un año excepcional, está ahí pero no quita de las ayudas que se hayan podido dar a otros países y
además otros años ya no entrará en este cómputo. Es lo que he entendido y me gustaría que después confirmase si es así.
Dentro de los datos generales, otro de los temas que nos preocupa es el de los países de iniciativa HIPC. A pesar de los años que se lleva trabajando, continuamos teniendo, en concreto en este último año, dieciséis países en los que la
deuda externa frente al Estado español ha aumentado. Y podríamos poner ejemplos como el de Burkina Faso, que aumenta su deuda en un 371 por ciento en relación con el año 2009, o el de Senegal, que aumenta su deuda en un 48 por ciento, cuando además
su deuda también había aumentado un 71 por ciento en relación a 2008.
Podríamos ir enumerando los dieciséis países, pero lo que queremos es señalar que ha habido este aumento. Y esto nos hace llegar a una reflexión para la que no pido respuesta
pero que creo que sí deberíamos compartir, ya no solo en esta en esta comparecencia sino en la subcomisión que se ha creado para afrontar los objetivos y retos futuros de la cooperación internacional al desarrollo en España. A lo mejor tendríamos
que cambiar algunas estrategias respecto a estos países, a lo mejor esta iniciativa no nos sirve y deberíamos pensar algún otro sistema para que esto no pasara.
Otro de los temas que me gustaría comentar más en concreto es el de Túnez.
En el caso de Túnez, un país que en los últimos años ha tenido una fuerte relación con el Estado español y que tiene una deuda hasta el año 2009, ha habido unas
revueltas que han cambiado la situación en el país. La pregunta sería si no se está planteando el Gobierno la posibilidad de aplicar la jurisprudencia internacional de lo que se llama la deuda odiosa, mediante la cual, caído el dictador, cae la
deuda que este contrajo contra su pueblo, porque tampoco
sabemos qué se ha hecho por parte del Gobierno de Túnez con el dinero aportado por España. Otra de las cuestiones es si se piensa hacer una auditoría sobre toda la ayuda internacional que hubo al Gobierno de Túnez en el momento de Ben Alí.
Otra cuestión, ya no tanto sobre el informe entregado, es relativa a Fonprode y FIEM. Sus señorías saben que fueron dos leyes que nuestro grupo no suscribió al cien por cien; en una de ellas presentamos una enmienda a la totalidad, no nos
acababa de convencer el cambio entre FAD y Cesce a estas dos herramientas. No obstante ahí están, y una vez que han empezado a funcionar, en concreto Fonprode, tenemos conocimiento por una información que sale en la página web de La Moncloa de algo
que nos preocupa y nos gustaría compartir y conocer el parecer del secretario de Estado: en el año 2010, por los datos que tenemos, se vehicularon más de 60 millones del FAD a distintos fondos de inversión privados, fondos de inversión para
pequeñas y medianas empresas, para infraestructuras en África Subsahariana. Estos fondos, a nuestro entender, a menudo adolecen de falta de mecanismos de control. En principio no tendría por qué ser preocupante que fuesen fondos privados siempre y
cuando existiese un control clarísimo de qué pasa con estos fondos de inversión privados, lo que se hace y se deja de hacer, pero hemos tenido información de que algunos de estos fondos tienen su sede en paraísos fiscales, y esto nos preocupa
bastante. Es la información que hemos ido recogiendo de la web de La Moncloa. Parece ser que alguno tiene sede en Mauricio, y en este caso pediríamos un control exhaustivo porque pensamos que esto no puede pasar y seguro que coincidimos al cien
por cien. Por tanto, muchísimo control con todo Fonprode y si algún fondo tiene su sede en paraísos fiscales pensamos que esto no puede ser y pedimos más control y más información al respecto.
Y en mi primera intervención hay un último tema que nos gustaría conocer, y es qué piensan hacer sobre el impuesto de transacciones financieras. El año pasado en esta misma comparecencia hablamos y usted en su respuesta dijo que es como el
Guadiana, que aparece y desaparece. Ha vuelto a aparecer y además ha vuelto a aparecer esta mañana, el presidente Rodríguez Zapatero en la sesión de control parlamentario ha dicho que se trabajaría y que serían agentes activos en el tema.
Queríamos saber por parte del Ministerio de Economía y Hacienda cuáles son los trabajos previstos al respecto.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer la comparecencia del señor Campa y la información. Este es el quinto informe -si no recuerdo mal- que se presenta en la Cámara en cumplimiento de la legislación en materia de deuda externa
correspondiente a ese mandato de transparencia en esta política pública tan sensible del desarrollo de los países más pobres y vinculada a la propia política de cooperación al desarrollo que el Gobierno español viene impulsando.
En su anterior comparencia ya pudimos observar que, respecto a los anteriores informes, en aquel se habían producido mejoras sustanciales y en este informe también se producen nuevas mejoras, especialmente toda esta información en relación
con la gestión de la deuda externa de los países afectados por la iniciativa HIPC. Por tanto, vamos en una dirección adecuada y mi grupo comparte y da sentido a esta política de información, desmintiendo también quienes tenemos una cierta
perspectiva las prevenciones que en su momento existían en el sentido de que mayor transparencia en este tipo de políticas no afecta a intereses esenciales del Gobierno español ni a intereses esenciales de las economías de los países afectados por
estas políticas; al contrario, esa transparencia nos permite a todos construir mejor nuestros criterios en relación con la política de gestión de la deuda externa. Al principio del informe se afirma que este informe puede contener información
sensible. La advertencia es correcta, puede afectar a riesgos reputacionales de los países afectados pero creemos que, en términos de la discusión que debemos tener en esta Cámara, vamos en la dirección adecuada.
En esta línea de mejora, de cara a próximos años sería bueno que figurase en el propio informe esa información que usted nos daba ahora -incluso más detallada- en relación con la política de conversión de deuda. A la conversión de deuda
hace referencia un artículo expreso en la Ley de Deuda, el artículo 5. En la medida en que en su día el legislador consideró que la conversión de deuda por inversión podía formar parte de la gestión de la deuda externa dándole un valor importante,
el Gobierno hace una apuesta en relación con esta política. Sería bueno que en la información que se nos trasladase hubiese mayor nivel de conocimiento; entre otras cosas, porque en ese artículo de la Ley de Deuda se afirma -usted lo ha recordado
en su intervención- la necesidad de contar con la participación de actores locales, primando el apoyo al tejido productivo y asociativo local al objeto de que las operaciones de conversión reviertan al máximo en el desarrollo de los países
beneficiarios. Sería bueno que tuviésemos información sobre si la conversión de la deuda tiene en cuenta esos criterios.
También deberíamos tener en cuenta las previsiones existentes en el artículo 3 cuando habla de condicionalidad de nuestra política de gestión de la deuda. Afirma la ley que se prestará especial atención a que los países beneficiarios de
tratamientos de deuda se comprometan de forma expresa y verificable a reducir el nivel de pobreza, a avanzar en la democratización del país, a progresar significativamente en el respeto a los derechos humanos, a perseguir el crecimiento económico
sostenible y el bienestar y el pleno desarrollo social y humano de sus pueblos, y la conservación del medio ambiente. Es un planteamiento ambicioso el de la ley. Cuando observamos las condonaciones -incluso voluntarias-
que ha efectuado España, podríamos preguntarnos si en alguno de esos países sus respectivos gobiernos responden a los mandatos de la ley; por ejemplo, el caso de Mauritania, que es un país que ha tenido un importante nivel de reducción de
su deuda HIPC. ¿Estamos cumpliendo con los mandatos de la ley en términos de derechos humanos y de compromiso con las políticas de desarrollo? Esa es una de las cuestiones de fondo que discutimos en esta Comisión y sería bueno que el informe y la
intervención del secretario de Estado de Economía nos arrojasen más luz para saber si los mandatos de la ley se están cumpliendo.
Decía usted -y es cierto- que el peso de la deuda de los países HIPC en el monto global de la deuda disminuye, pero si se comparan las cifras de 2009 y 2010 hay un incremento; no es un incremento espectacular, pero hay un incremento del
nivel de endeudamiento de los países más pobres. Nos gustaría conocer cómo explica el Gobierno el incremento de esos niveles de endeudamiento en el caso de Camerún, República del Congo, Ghana, Somalia, Togo o Nicaragua, que pasa de 139 a 162. En
países que deberían reducir el peso de su deuda externa, se incrementa, aunque en algunos casos en pequeña cantidad. ¿A qué responde? Además, eso ocurre en un contexto en el que usted mismo afirmaba que, debido a la crisis financiera, debe
revisarse el funcionamiento de la iniciativa HIPC. En ese sentido, quiero hacer una pregunta concreta: ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la revisión de la iniciativa HIPC? ¿Tiene el Gobierno algún criterio en relación con ella?
Aparece también -y la señora Buenaventura ha hecho alguna referencia a ello- el escenario que se deriva de las revoluciones democráticas que han vivido los países del norte de África. A mi grupo le gustaría conocer si en relación con Egipto
o Túnez el Gobierno, en el ámbito multilateral o en el marco de relaciones bilaterales, tiene previsto proceder a alguna acción de conversión o de reducción de la deuda externa de estos países en la estrategia de impulso a la economía de estos
países. Ni uno ni otro están en el paquete de los HIPC. Se nos ha informado en estas últimas semanas de la decisión del Gobierno de facilitar 300 millones en forma de créditos a estos países dentro de una estrategia de desarrollo, y ello va a
implicar un incremento del nivel de endeudamiento de estos países. Creo recordar que en el caso de Egipto estamos hablando de 443 millones y en el caso de Túnez de 272 millones de deuda. Nos gustaría conocer si en esos países la gestión de la
deuda externa forma parte de la estrategia española para facilitar o ayudar a estos países a superar los problemas de fondo que han llevado a las revoluciones democráticas y que no son estrictamente políticos, sino también socioeconómicos.
Por mi parte, simplemente me queda agradecer la mejora de la información y poder celebrar esta sesión en el mes de junio y, por tanto, durante el primer semestre.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su exhaustiva información -como siempre- y gracias por el esfuerzo para enviar al Parlamento un informe cada día más en línea con lo que venimos demandando en la
Comisión. Es obvio que todavía no es perfecto -si fuera perfecto sería preocupante, porque no tendríamos margen para mejorar- y desde mi grupo vamos a sugerirle que el informe incorpore cuestiones que podrían ser interesantes. En todo caso,
adelanto que la información del informe es exhaustiva, que es complementada siempre por su presencia aquí y que se la agradecemos.
Hay matizaciones puntuales que coinciden con lo que han dicho otros grupos sobre la necesidad de aclarar algunas cuestiones confusas en el informe o que aparentemente presentan contradicciones. Empiezo por las últimas que, aparte de la
lectura del informe, algunas ONG nos han hecho llegar, por ejemplo, el aumento de la deuda en países como Somalia, Sudán, Congo, Guinea, Camerún, Togo, etcétera. Existe a priori una contradicción tanto con la política general de cooperación de
España como con la política de cancelación de deuda. Son países que claramente aumentan su deuda con España, aunque en diferentes porcentajes. Habría que ver cómo se enmarca esto dentro de la coherencia de la política de cooperación española, qué
explicación y qué viabilidad tiene, porque seguramente las tiene que tener.
En segundo lugar, una de las cuestiones que también he echado en falta en el informe de este año -al menos yo no he sido capaz de encontrarla- es una explicitación de las operaciones de canje de deuda por educación y servicios sociales
básicos. Las operaciones de cancelación de deuda por educación y servicios sociales básicos fueron una de las apuestas claras del Gobierno y no he visto en el texto del informe que se nos explique en dónde y de qué manera se han llevado a cabo esas
operaciones. Quiero recordar que la cancelación de deuda por educación fue uno de los objetivos de los diferentes planes anuales de cooperación y no lo veo en el informe. No sé si en este año no se han podido hacer o si los países receptores han
preferido otras alternativas. Me gustaría saber cuál es el estado de las operaciones de canje de deuda por educación y servicios sociales básicos.
Otra aparente contradicción, que también han mencionado algunos portavoces, es que en un contexto en el que el norte de África ha explotado en el sentido casi más literal de la palabra desde el punto de vista político y económico y se nos
abre una serie de interrogantes sobre la estabilidad de estos países y su viabilidad, aparecen datos de deudas importantes en países como Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos; incluso en algunos ha crecido. Por ejemplo, es muy llamativo que Túnez
recibiera un crédito importante en el año 2009 y que Egipto siga siendo uno de los países que tiene una deuda importante con España. Esto es aparentemente contra
dictorio o, por lo menos, necesita una explicación sobre la base de la coherencia de la política de cooperación. Queremos saber por qué vamos a optar. ¿Va a ser un instrumento la cancelación o el alivio de la deuda a estos países? ¿Vamos
a tener eso como instrumento en nuestras políticas? ¿O, por el contrario, vamos a optar por otras medidas porque pensamos que estos países tienen necesidad de más crédito? Porque, como acaba de explicar un portavoz, ayer mismo tuvimos a la
secretaria de Estado de Cooperación con nosotros y lo que nos decía era que se iba a poner en marcha un instrumento que llamaba de facilidad financiera, que era poner a disposición de una serie de países del norte de África a través de un acuerdo
unas nuevas líneas de financiación. Eso aparentemente lo que va a hacer es cargar más a estos países con deuda a España y por lo tanto quizás sería bueno saber cómo van a funcionar los dos mecanismos; es decir, si es que vamos a jugar con la
posibilidad de aliviar la deuda a estos países o si vamos, por el contrario, a facilitar líneas de financiación y esa va a ser nuestra ayuda al desarrollo en estos países.
Y esto tiene importancia porque de la primera legislatura a la segunda
legislatura es evidente que ha habido un cambio de posición claro. Hemos dejado de priorizar lo que era la AOD no reembolsable; de alguna manera, todas las iniciativas que el Parlamento hizo de Ley FAD o de cancelación de deuda tenían que ver con
que la apuesta de la cooperación española dejaba en segundo nivel todo lo que era la cooperación reembolsable y apostaba más por la cooperación, donación o aportación a fondos o a otros instrumentos de la cooperación y hoy sabemos que, seguramente
por circunstancias ajenas a la voluntad de los gestores de la cooperación, la apuesta es la contraria, la apuesta es claramente por la cooperación reembolsable, hasta el extremo de que en este momento hemos convertido en papel mojado la Ley del
Fonprode. Como usted bien conoce, el Fonprode establecía un límite del 5 por ciento en la posibilidad de la AOD reembolsable y en este momento, en el ejercicio 2011, estamos ya en el 15 por ciento de la cooperación reembolsable. Por tanto, hemos
sobrepasado con mucho el límite que el Fonprode ponía para nuestros instrumentos de cooperación. Y además cada nueva información apunta en esa dirección.
Usted ha citado que uno de los instrumentos por el que en estos momentos tenemos deuda registrada este año es una aportación al FIDA, al Fondo de desarrollo alimentario. Su director estuvo con nosotros no hace mucho, explicando y
agradeciendo el instrumento que el Gobierno español pone a su disposición, pero en las repreguntas, cuando le preguntamos al director si realmente ese era el instrumento idóneo, tuvo que reconocer la verdad: que no lo era, que en el fondo era
sustituir un instrumento que no se había podido llevar a cabo, que era la aportación al Fondo de donaciones, tal y como estaba comprometido y no solo por el Gobierno español sino por otras instancias. Precisamente se hizo en España una cumbre de
seguridad alimentaria donde teóricamente se habían comprometido una serie de aportaciones a fondo perdido a ese instrumento. Él reconoció que el 60 por ciento de las aportaciones no se habían hecho y, por lo tanto, había que recurrir a un
instrumento financiero que permitiera aliviar esas situaciones; pero eso de nuevo es apostar por una aportación reembolsable. Yo comprendo que en este momento el objetivo del déficit del Estado es importante, pero eso cambia la filosofía: hemos
pasado de apostar por la donación a apostar por la vía reembolsable, y eso me imagino que al menos en el medio plazo va a tener un reflejo. En los próximos informes que usted -o su sustituto- nos vaya enviando aquí, nos irá mandando reflejos de
estas aportaciones a los organismos internacionales, lo que irá haciendo que nuestra cooperación sea una cooperación más reembolsable de lo que hasta ahora era. Y yo lo que no sé es si eso es coherente con las políticas que hacemos de cancelación
de deuda o con otras cuestiones. En todo caso quedan reflejadas en este informe algunas aportaciones que van en esa dirección, básicamente del FIDA y no sé si hay alguna del Fondo Monetario, pero en todo caso apunta la dirección por ahí, y yo lo
que pregunto es cómo vamos a ser coherentes en nuestras políticas y muy específicamente en el tema del norte África que es en este momento lo que nos tiene más ocupados. América Latina tiene una dinámica hace años que parece, por lo que se recoge
en el informe, que va bien, más allá de la pregunta obligada que le haré ahora sobre Argentina y Cuba; pero sí se abre para la política en general y también para la política económica todo un interrogante que ayer pudimos -insisto- adelantar con la
secretaria de Estado. A mí me gustaría ver cómo vamos a combinar esos instrumentos, que a lo mejor usted nos dice que lo correcto es este instrumento; los países están en condiciones y que lo que les hace falta es crédito. En ese caso yo estaré,
como siempre, dándole la razón, pero me gustaría saberlo; me gustaría saber realmente si esta es una apuesta coherente con nuestra política de cooperación, habida cuenta -insisto- de que en este momento el Fonprode supera con mucho lo que en
principio marcaba, ese 5 por ciento. Y le reitero el tema de la cancelación de deuda por educación.
Usted ha citado el tema de Argentina y de Cuba que siempre se refleja en los informes y ya es un clásico; pero el hecho de que sea un clásico me obliga también a preguntarle eso qué significa, ¿que nos tenemos que resignar a que siempre lo
vamos a ver reflejado allí, pero que no hay en este momento una negociación, no sabemos realmente cómo se va a arreglar este tema, lo tenemos que ver en la contabilidad anual y ajo y agua o, por el contrario, tiene algún sentido, que sigan
recogiéndose ahí? Y por cierto, leyendo con más detalle, también he visto una aportación histórica al Fondo Monetario de hace muchísimos años, del año 1985, creo recordar, que figura en el informe, y yo no sé si esa aportación histórica también hay
que reflejarla en la parte histórica. Si nos puede ilustrar sobre qué sentido tiene seguir recogiendo situaciones que parece que están como encasi
lladas. No sé si tienen que figurar así, en este caso es una aportación en el año 1985, creo recordar, del Fondo Monetario. Eso se recoge como deuda, y quería saber si eso significa que alguna vez el Fondo Monetario lo va a reintegrar o es
una aportación a fondo perdido. No sé qué explicación tiene que eso esté así. Se lo pregunto casi por mera curiosidad intelectual.
Termino por donde había empezado. Creo que cada año el informe es más completo; tenemos más información. Sería bueno estudiar la posibilidad de que, cuando haya operaciones concretas en los temas que a la Comisión le interesan, de
servicios sociales básicos, educación, que se pudieran reflejar también ahí. Y también, yo no sé si esto es posible, conocer la lista de las empresas españolas, siempre que eso pueda hacerse. Hemos conocido los sectores. Si conocemos los
sectores, que nos los aporta este año en el informe, si sería posible ir conociendo en cada sector qué empresas son las beneficiarias de estos instrumentos. Le agradezco mucho la información.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, su portavoz, el señor Luena, tiene la palabra.
El señor LUENA LÓPEZ: Primero quiero dar la bienvenida de nuevo al secretario de Estado de Economía a esta Comisión y agradecerle su intervención y, como han dicho el resto de los portavoces, la información completa y detallada que se nos
ha dado en este informe. Es esta una comparecencia que se produce con cierta regularidad -esperamos verle el año que viene también por aquí-, este es el cuarto informe de acuerdo con la ley que se aprobó la pasada legislatura, y esto nos permite
valorar el alcance de nuestra política en esta materia.
En la primera parte de esta intervención lo que quería hacer es valorar esta política porque cuando en la legislatura pasada el Congreso aprobó la Ley 38/2006, reguladora de la gestión de la deuda externa, hicimos posible que España se
dotara por primera vez de un marco legal que vincula la deuda externa con el desarrollo. Era un instrumento que debía servir en el caso de los países altamente endeudados no solo para aliviar las condiciones de endeudamiento sostenible para la
economía de un país empobrecido y consiguientemente para poder atender a las necesidad de su población, sino para que los recursos generados como consecuencia de la condonación o del alivio de la deuda se vincularan al compromiso del país deudor a
reducir su pobreza, a avanzar en la gobernabilidad y democratización del país, en el respeto a los derechos humanos o en la conservación del medio ambiente, como bien recordaba algún otro portavoz.
Me refiero, por tanto, a ese instrumento tan
importante como el de la condenación de deuda por desarrollo del que podremos hablar también más adelante.
Y dentro de esta valoración que nos permite esta trayectoria de la ley y la presentación de estos informes, quería recordar a la Comisión algunos principios y orientaciones que inspiran esta ley y la política de este Gobierno socialista,
porque cinco años después de esa aprobación podemos hoy ver aquí, valorar, analizar su evolución. En primer lugar, la vinculación de este instrumento a las necesidades de desarrollo de los países deudores y a las orientaciones de la política
pública de cooperación internacional, nuestro alineamiento con instrumentos y políticas más avanzadas de carácter multilateral con el fin de obtener un mayor impacto y correlación de este tipo de actuaciones entre países donantes y receptores y con
los organismos multilaterales del desarrollo buscando además la prevención de nuevos endeudamientos; la posibilidad de que este Parlamento pueda influir en la orientación de esta política a través de los planes anuales de cooperación mediante este
mecanismo de información, transparencia y rendición de cuentas, que se concreta en este informe anual a esta Comisión y cuyo análisis hoy hacemos. También me gustaría aludir a lo que se indicaba en la propia exposición de motivos de la ley.
Nuestro país, a través de la política de gestión de deuda, responde ante nuestra sociedad y ante la sociedad de los países en desarrollo a uno de los objetivos más relevantes de los objetivos de desarrollo del Milenio, el número 8, meta 15, que se
refiere a la necesaria coherencia de políticas para el desarrollo, cuyos efectos van más allá de la ayuda y atañen a la obligación de la comunidad internacional y de cada uno de los países que la conforman para encarar de manera general los
problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo -esto último literalmente-. Por tanto, a este compromiso de la comunidad internacional es al que responde la
ley, así como su efectiva aplicación para actuar de una forma más activa en la gestión de la deuda externa.
Finalmente, quiero también subrayar la valoración positiva que merece la evolución de esta política, ya que cuando hemos revisado los pactos de Estado contra la pobreza, el pasado 13 de febrero, con los portavoces de los grupos en la
Comisión la propia coordinadora de ONG afirmaba que se había avanzado en la asunción de los compromisos internacionales de cancelación de deuda y las cancelaciones bilaterales, realizándose una política activa en este ámbito con la puesta en marcha
de numerosas operaciones de canje de deuda por desarrollo. En este sentido la nueva Ley del Fonprode completa esta reforma emprendida, dado que se marcan unas orientaciones en relación con la prevención de nuevos endeudamientos a desarrollar en su
reglamento, que próximamente estará aprobado.
En la segunda y última parte de la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, señor secretario de Estado, quiero mencionar tres asuntos y una cuestión, pregunta o sugerencia. Me han llamado la atención -he visto que a algún otro
portavoz también- las aportaciones de cooperación responsable española al FIDA; nos ha llamado la atención en su calidad de fideicomisario de la facilidad financiera para la seguridad alimentaria.
Es posiblemente una línea a continuar marcada
desde el Fonprode en el camino de contribuir a los objetivos de desarrollo del Milenio a través de este tipo de organismos y facilidades. Podríamos denominar este tipo de cooperación financiera como la cuña del desarrollo, dado que en el
año 2010, según leía en el informe, representa el 59,1 por ciento, frente a aportaciones a otras instituciones financieras más tradicionales, como el Fondo Monetario Internacional, que no llega al 6 por ciento. Esto lo he leído en la página 16, en
el cuadro 13 de su informe.
Como han mencionado casi todos los portavoces, por segundo año consecutivo aparece Grecia como país deudor de España, y esto es fruto de la cooperación entre Estados de la Unión Europea como consecuencia de la crisis financiera que estamos
atravesando, lo que nos lleva -lo dejo aquí- a una reflexión del carácter interdependiente de nuestras sociedades ante una crisis sistémica, global, en donde los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad, en este caso en el ámbito de la Unión,
funcionan.
Paso a referirme a la sugerencia o cuestión que antes les decía -creo que el señor Campuzano también iba por ahí en una parte de su intervención-, y es que en relación con Egipto observamos la alta reestructuración que el Gobierno ha venido
aprobando. No sé si cabe aventurar -por eso lo dejo aquí- la utilidad de este concepto de reestructuración en el actual proceso de transición democrática y, por tanto, su extensión a otros países del área, de la zona, todos vinculados a la
primavera árabe, como por ejemplo Túnez, cuya deuda, como también se decía aquí, ha aumentado un 73 por ciento, según se refleja en la página 38 de su informe.
Por último, lo que podría ser el gran titular o la noticia a destacar de este informe por parte del Grupo Socialista -algo de ello decía al principio- es el importante descenso de la deuda total española, ya que desde la aprobación de la ley
en el año 2006 hasta el año pasado hemos reducido la deuda con los países altamente endeudados, los países HIPC, en 8,7 puntos. En esta misma línea y en lo que se refiere al compromiso con estos países, quiero destacar el alto porcentaje de
condonación voluntaria que ha asumido España en relación con la deuda de la República del Congo, de Haití o de Mozambique.
Por nuestra parte nada más. Muchas gracias por el informe, por su intervención y por mejorar cada año. Al contrario que algún otro portavoz, espero verle el año que viene con motivo de este informe.
La señora PRESIDENTA: Para contestar a todos los portavoces tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Campa Fernández): Muchas gracias a todos los portavoces por los comentarios y los parabienes que nos han dado sobre la mejora del informe. La verdad es que lo agradezco mucho, y en particular por
toda la gente del equipo que verdaderamente trabaja en el informe y llevan los datos diarios, ya que son ellos los que intentan mejorarlo, por eso me alegro de que les agrade. Seguiremos intentando mejorarlo en la medida de lo posible, tanto en el
contenido como en el tiempo en que lo hacemos llegar. Creo que el año pasado ya hicimos llegar el informe relativamente pronto, pero la comparecencia se retrasó bastante. Este año por lo menos hemos mejorado en la comparecencia, y espero poder
seguir mejorando en el futuro. Me alegro de que hayan percibido algunas de las mejoras.
La señora Buenaventura me hacía una reclamación que yo diría que es histórica, porque esta es mi tercera comparecencia y siempre me la hace.
Tengo que decirle con toda la buena voluntad del mundo que es sinceramente imposible. Básicamente
pregunta cuál es el objeto del contrato de la deuda reestructurada anterior a 2009. Simplemente, cuando se reestructuraba la deuda se perdía, pero desde el año 2009 lo hemos intentado recuperar como resultado de estas comparecencias, y por eso
podemos mantener la información sobre cuál era la de 2009, cual es la de 2010, el año que viene tendremos también la de 2011 y eventualmente tendremos todo el stock. Como dijo antes el señor Robles hay mucha historia aquí, hay deuda acumulada de
muchos años, con lo cual este será un comentario que tendremos durante tiempo. Estoy relacionando un poco los distintos comentarios, porque el señor Campuzano también se ha referido a que proporcionemos más información sobre los programas de
conversión de deuda, la utilización, la metodología de funcionamiento y, sobre todo, que se cumpla lo que dice la ley en cuanto a la condicionalidad. A mí eso me parece razonable y creo que ahí debemos también avanzar, por lo menos en proveer
garantías sobre la información.
Muchas veces en distintos aspectos de la Secretaría de Estado la transparencia nos ha venido muy bien; en este aspecto también, y yo creo que, por ejemplo, también en el aspecto de la deuda reestructurada y en el
objeto del contrato, ya que desde hace dos años había un poco de mitología sobre cuál era verdaderamente el objeto de la deuda y por qué no aparecía. Cuando lo enseñamos se ve que verdaderamente no hay nada particularmente excepcional, sino que el
concepto de que se reestructure o no viene más bien derivado de una situación sobrevenida. Y respecto a que en la aplicación de la ley se cumplan los criterios de condicionalidad, de profesionalidad y de uso adecuado por la parte del país
beneficiario me parece razonable. Estoy convencido de que nosotros lo intentamos ejecutar y de que en la gestión de la deuda se intenta asegurar eso, y transmitir ese mensaje, por supuesto, a esta Comisión, pero también al resto de la sociedad en
general me parece atractivo, no le veo ningún problema. Hay otros aspectos que tendré que pensar, como por ejemplo sobre qué empresas, no empresas... Son cosas que quizás debemos mirar con más cuidado.
Ya que he empezado con los puntos generales voy a hacer otro punto general sobre el que se me ha preguntado varias veces y que está fundamentalmente relacio
nado con tres aspectos. El primero es el incremento de la deuda de los países HIPC, porque se produce. El segundo -se ha mencionado también en varios contextos- es la relación entre qué significa verdaderamente condonar y dar más deuda a
la vez o si tiene sentido condonar y dar más deuda a la vez, el tercer aspecto, que también se ha mencionado, son las iniciativas concretas en los países del norte de África, Egipto y Túnez.
Estos tres puntos están relacionados y creo que hay que
encuadrarlos dentro del criterio básico, y aquí voy a hablar sobre todo del aspecto de gestión de deuda más que del aspecto de política de cooperación, aunque están obviamente interrelacionadas. Desde el punto de vista de la gestión de deuda, que
es responsabilidad de la secretaría de Estado -y esto lo he dicho en mi intervención-, desde luego el objetivo básico de la gestión de deuda es, primero, que sea devuelta; que si hay deuda, que sea devuelta. El segundo criterio básico es que
cuando se concede la deuda se conceda en aquellas condiciones y características que sean apropiadas para que haya una buena garantía y posibilidad de que sea devuelta; esto no quita que después, ex post, ocurran accidentes, cambien las
circunstancias y nos encontremos con situaciones de deuda que creemos que debe ser condonada y donde hay razones subyacentes claras para pensar que la condonación es buena para los objetivos tanto de corto como de largo plazo del país y como
estrategia de medio y largo plazo de España. En concreto, en ese aspecto, la estrategia HIPC es muy clara. Hay países que por razones históricas -podemos discutir cuáles, por qué y cómo-, dada su situación económica, su grado de desarrollo y sus
posibilidades de desarrollo hacia el futuro, tienen una situación de endeudamiento externo que les supone una carga claramente importante y un conjunto de países -y en este caso concreto España- que toman la decisión de condonar esa deuda una vez
que se cumplen una serie de características de carácter multilateral que se reconocen en el contexto del Club de París. Esto está muy bien, todos estamos de acuerdo y desde luego la política del Gobierno ha sido condonar más allá de las
obligaciones del Club de París y de las obligaciones que marca la normativa.
Una vez dicho esto, ¿por qué se incrementa la deuda de los países HIPC? La deuda oficial de los países HIPC, en la gran mayoría de los casos, se incrementa porque hay operaciones, fundamentalmente de carácter comercial -pero no
exclusivamente de carácter comercial-, que han sido dadas a esos países que tienen garantías muchas veces del Cesce, o de otros aspectos, que están funcionando más o menos bien y que de repente llevan a una situación de impago. En esta situación de
impago se ejecuta la garantía y eso implica inmediatamente que España tiene ahora una deuda contra ese país. No implica necesariamente que a un país HIPC se le haya dado más dinero sino que es un dinero que ya estaba comprometido y ya se le ha
dado; concretamente, es el caso de Burkina Faso, que es uno de los que han mencionado y el que más se incrementa, en términos porcentuales, un 369 por ciento -es un incremento de 2 millones de euros de deuda, de 2,03-, con el que teníamos una deuda
en el año 2009 de 0,55 millones de euros. O sea que los porcentajes a veces son muy llamativos o muy dramáticos pero porque la base es muy pequeña y en ese caso era una línea de crédito que se había concedido en el contexto de una operación de la
OCDE que se había licitado en el año 2006 y de la cual se habían dispuesto 3,65 millones el año pasado. Esta es la razón. Obviamente, si es una línea de crédito que está financiando un proyecto que es rentable y atractivo dentro del contexto de un
país HIPC, haría más daño recortar esa línea de crédito porque les recortaríamos la posibilidad de desarrollar ese proyecto. Esto es importante porque en la nueva reforma de la Ley del Fonprode y de la Ley del FIEM, como se sabe, se establecieron
unos criterios, y para la gestión de la deuda de los países sobreendeudados -bien HIPC o con posibilidad de estar sobreendeudados- es necesario un análisis específico del proyecto, de la capacidad de devolución de ese proyecto con cargo a esa deuda,
de la gestión adecuada del riesgo que eso involucra y, además, que se pida autorización explícita a la Comisión delegada del Gobierno, porque es una decisión adicional y es un criterio que a mí me parece razonable. Esto responde un poco a la
primera pregunta de por qué se incrementa la deuda en algunos países, siendo países de deuda HIPC.
La segunda pregunta general era básicamente la de si a países endeudados tiene sentido darles más endeudamiento o condonar. La respuesta es que las dos cosas tienen o pueden tener sentido a la vez. Generalmente pensamos que el flujo puede
ser solo unidireccional pero no tiene por qué serlo. Puede ser perfectamente factible -y este es el caso de los países HIPC- que un país esté en una situación de sobreendeudamiento pero que, al mismo tiempo, haya habido un cambio estructural
sustancial en el país.
Como he dicho al final de mi intervención, afortunadamente ahora hay muchos países en esa situación, hay muchos países que hace diez años tenían entornos institucionales muy poco favorables que les llevaban a tener
perspectivas de desarrollo o de crecimiento muy pequeñas. En aquel momento se adoptaron decisiones de condonación y ahora, por suerte, muchos de esos países empiezan a tener perspectivas mejores. Para conseguir esas mejores perspectivas, para
materializarlas, creo que todos estamos de acuerdo en que el acceso al crédito es importante y facilitar el acceso al crédito, dar deuda a esos proyectos y a esas actividades, es una decisión perfectamente favorable -yo diría que perfectamente
racional-, claramente apoya el desarrollo de ese país y si está bien estructurada y con una buena gestión de riesgo apoya su sostenibilidad.
Sé que es un argumento que digo siempre que vengo aquí, pero la deuda es buena si está bien gestionada y
condonar la deuda no es el objetivo de la Secretaría de Estado de Economía, es gestionar la deuda.
Esto me lleva al tercer punto, que creo que han mencionado todos los parlamentarios, y es el punto de los países del norte de África y, concretamente -algunos han mencionado uno u otro-, en resumen, Túnez y Egipto. Son situaciones un poco
distintas pero las dos tienen algunas características comunes: la característica común que tienen los dos es que formalmente no son países altamente endeudados ni sobreendeudados; tampoco son países de renta muy baja, son países de renta media y,
además, son países con perspectivas de crecimiento, en una perspectiva más de largo plazo, razonables o relativamente altas y, adicionalmente, yo diría que su situación es un poco distinta. Egipto formalmente está intentando involucrarse en un
proceso de discusión con organismos internacionales, organismos multilaterales, para evaluar la situación de su deuda existente. Nosotros, como la iniciativa HIPC, siempre intentamos que las medidas que tomamos en términos de condonación o
estrategias de este tipo, se hagan en un contexto multilateral. Por supuesto, como siempre hemos hecho, estaremos predispuestos -más que predispuestos, decididos- a cumplir cualquier acuerdo que se determine en ese nivel.
En el caso concreto de Túnez, la gran mayoría de la deuda está concentrada en un número muy pequeño de proyectos energéticos, de hecho de energías renovables eólicas; son proyectos que están en marcha, que están muy bien gestionados por la
Empresa Nacional de Energía, que están en buena ejecución, en proceso de ejecución y que claramente van a ser buenos para el país en el medio plazo. De modo que recortar ahora el acceso a la financiación para que se culminen esos proyectos no haría
nada más que disminuir la capacidad de crecimiento de este país en el futuro. Son proyectos que, aunque han incrementado su deuda sustancialmente, vienen de un nivel muy bajo de deuda; se ha incrementado la deuda, de acuerdo con la información que
yo tengo y si no estoy equivocado, por encima de los 150 millones de euros en los dos últimos años sobre un stock de deuda de aproximadamente poco más de 200, con lo cual la posibilidad de darle más financiación puede seguir resultando atractiva.
Desde luego -este es el último punto de los generales que me gustaría resaltar-, creo que debemos ser prudentes -y algunos lo han apuntado- sobre la percepción de la legitimidad de la deuda o de la deuda odiosa de las actividades que hace España en
la concesión de deuda. Ha habido mucha prudencia hasta ahora, según la información que tenemos de todas las operaciones que se han realizado; se ha sido extremadamente escrupuloso en cumplir los principios de la OCDE y los principios generales de
buenas prácticas en la concesión de deuda. No tenemos, por suerte, experiencias -por lo menos medianamente sustantivas y bien documentadas- de que haya habido evidencia de que existan malas prácticas en cuanto a las concesiones de estas actividades
en el pasado, y creo que tampoco debemos resaltar la posibilidad de que haya algo cuando no tenemos ninguna evidencia de ello, o por lo menos yo no la tengo de momento. Creo que eso es importante, con lo cual lo que debemos hacer es evaluar los
proyectos de estos países en los que están siendo utilizados esos dineros, la efectividad de esos proyectos para ayudar al crecimiento a medio y largo plazo de los mismos países y ver en ese contexto también la capacidad que tienen, dadas sus
perspectivas de crecimiento, de hacer frente a sus obligaciones.
Esto me lleva al último punto, que es si debemos seguir concediéndoles dinero o no como política de gestión de deuda. El análisis debe seguir siendo el mismo. Si mirando hacia delante, si viendo las perspectivas de los proyectos a los que
se otorga ese dinero se ve que son proyectos verdaderamente con características de reembolsable, la respuesta es que probablemente, dado un análisis de riesgo adecuado y dados los límites de riesgo que tenemos, tenga sentido, como política de
desarrollo, seguir concediéndoles dinero. Esto es claramente consistente con la política que estamos llevando ahora, con el hecho de que haya una transición democrática en esos países y con el hecho de que estemos apoyando el desarrollo de los
mismos.
Una vez dicho esto, me gustaría referirme también a un comentario concreto -y esto tiene que ver más que con la gestión de deuda con la política de cooperación- sobre el aspecto de reembolsable o no reembolsable. Sin lugar a dudas -esto me
pasaría a mí y les pasaría a todos ustedes-, prefiero dinero sin ninguna condicionalidad y tener que devolverlo, que dinero con condicionalidad y con requisitos de devolución si encima me cobran intereses. Con lo cual, desde el punto de vista del
receptor, la recepción de dinero gratuito siempre es mejor que la recepción de dinero que hay que devolver; o sea que la no reembolsable por supuesto que es más atractiva que la reembolsable. Pero también prefiero tener un dinero que tengo
capacidad de devolver en el futuro que me permita ahora desarrollar proyectos que me generarán más renta en el futuro, que no tener el acceso a esa financiación. Con lo cual la política reembolsable también tiene una gran función como política de
desarrollo y de apoyo al desarrollo. Yo no creo que debamos planificarlas de formas distintas, que una sea mejor que la otra. Las dos son alternativas. Una es más apropiada para situaciones en las que la capacidad de reembolso es mucho más
pequeña; en ese caso no tiene sentido decir: te doy política reembolsable, cuando para lo que la doy subyacentemente es para una capacidad de generación que no es reembolsable, es decir, que no tengo capacidad de creer que me lo van a dar en el
futuro, o hacerlo al revés.
Estaríamos haciendo una mala gestión en lo relativo a nuestra gestión de cooperación si nos engañamos a nosotros mismos en ese solitario; es decir, que hacemos ahora política reembolsable con la expectativa o con el
conocimiento -peor todavía- de que la capacidad de ser devuelta en el futuro no existe o es muy pequeña, porque en ese caso lo único que estamos haciendo, y en el fondo hacemos política no reembolsable, es trasladar artificialmente en el tiempo la
política
no reembolsable. Creo que lo que tenemos que hacer -y desde el punto de vista de la gestión de deuda de la secretaría de Estado somos muy cuidadosos y creo que es lo correcto y debemos de seguir haciéndolo- es que cuando concedamos nueva
deuda reembolsable, los criterios estén ahí para que verdaderamente sea reembolsable. Otra cosa es que el futuro siempre es muy difícil de predecir y al final a quien se le haya concedido ese préstamo tenga la capacidad de devolverlo o no. Pero
como gestión ex ante, es la gestión correcta sin lugar a dudas.
Volviendo a preguntas más concretas sobre aspectos específicos, el señor Campuzano me preguntaba sobre la condicionalidad. Pues bien, como le he dicho, creo que en ese criterio sí que estamos cumpliendo la ley. Yo soy el primero en tener
interés en asegurarme que estamos cumpliéndola. Con lo cual espero que podamos avanzar en convencer a la Comisión, a través de los informes anuales, sobre cómo se aplica la condicionalidad, que esta se aplica obviamente de forma consistente con la
ley, pero también coherente con una política de conversión de deuda adecuada, que mejore, sobre todo, la situación del país que está involucrado de esa política.
Sobre el incremento del nivel de endeudamiento, ya le he explicado fundamentalmente las fuentes del incremento de nivel de endeudamiento. En los países HIPC viene por el reconocimiento de pérdidas que incurren en compromisos realizados
previos a que el país estuviera en la situación de HIPC o estuviera en el punto de conversión. Me preguntaba cuál es nuestra posición sobre la iniciativa HIPC. No sé si le he contestado con todo lo que he dicho hasta ahora. La iniciativa HIPC,
sin lugar dudas, es una iniciativa que en el futuro todos desearíamos que no existiera. Es una situación de remedio ante una situación sobrevenida no deseada. Es una situación de sobreendeudamiento por un conjunto de países que no tienen capacidad
de hacer frente a esos préstamos y, además, esa carga está afectando a su capacidad de crecimiento en el futuro. No nos gustaría que eso ocurriera en el futuro. Con lo cual, mi posición, a ser posible, sería: Ojalá que resolvamos el problema del
pasado cuanto antes, ojalá que con las cosas que estamos haciendo no necesitemos una HIPC en el futuro y que tengamos una gestión de deuda adecuada de tal manera que no tengamos bolsas de endeudamiento muy grandes en países concretos que supongan
una carga clara para ellos.
Yo creo que en el entorno internacional estamos en una muy buena situación porque por primera vez -esto creo que lo dije el año pasado y tengo la suerte de poder repetirlo ahora- en la historia de la humanidad -y esto es irónico que lo
digamos en una parte del mundo donde el crecimiento económico ahora no es particularmente alto- hay un crecimiento sostenido en gran parte del mundo y más generalizado que nunca en la historia de la humanidad. Hay grandes zonas del mundo -África
subsahariana, más cerca de nosotros Latinoamérica, obviamente los países emergentes de Asia y países del centro de Asia- que están experimentando tasas de crecimiento que no han experimentado nunca en la historia y algunos de ellos con grados de
estabilidad institucional que esperemos que se mantenga, porque sería muy bueno para el desarrollo económico. En este sentido, la última década ha sido muy buena para el desarrollo económico. Me preguntaba sobre Egipto y Túnez, y sobre eso ya le
he contestado.
El señor Robles me preguntaba sobre el aumento de la deuda de algunos países y espero haber respondido correctamente. Me preguntaba sobre el canje de deuda para educación. Creo que en mi intervención dije los porcentajes, pero se los
repito. De acuerdo con mi información, en los programas de conversión el 46 por ciento del importe total ha sido para programas de educación, que supone unos 66 millones de euros, de un total de 144 millones de conversión; el 33 por ciento fueron
para infraestructuras, que son 46 millones; el 15 por ciento, 21 millones, para salud; y el 7 por ciento, 9 millones, para medio ambiente. En cuanto a proyectos, de 93 proyectos, 67 fueron de educación, o sea, el 72 por ciento de los proyectos.
Me preguntaba también sobre una aportación histórica al FMI. Sinceramente, no tenía ni idea, pero le puedo decir que esto es parte de una aportación de 1994 -yo tenía anotado que usted me había dicho de 1985, pero es de 1994- que se está
devolviendo por el fondo. Es una aportación al Poverty Reduction and Growth Trust, que es un fondo que tiene una parte concesional y una parte reembolsable; la parte reembolsable se está devolviendo, y de ahí que tengamos ese punto histórico en
general. Eso lo estamos fomentando en los últimos años -esa es una pregunta que también me ha hecho el señor Luena-. Teníamos la política de dar créditos reembolsables a través de IFI y creemos que es correcta, sobre todo cuando las IFI tienen una
capacidad de conocimiento específico y de llegar a la gestión a partes del mundo o a zonas donde nosotros como Estado no tenemos esa capacidad de llegar pues no tenemos la infraestructura. Si hay que canalizarlo a través de alguien, las IFI nos
parecen un vehículo muy útil, y el FIDA es un ejemplo de ello. Con lo cual, probablemente aparecerán más de esas cifras en el futuro. Me preguntaba sobre Argentina y Cuba. Esto es una historia larga. Argentina ha estado en discusiones muy
activas con el Club de París. Hubo algún momento en los últimos meses en que creíamos que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de su deuda. Las últimas noticias que tengo es que esto se ha enfriado un poco, porque
Argentina tiene elecciones en octubre y quizá hasta después de las elecciones no se vuelvan a retomar estas discusiones. Pero las negociaciones estarán activas y la verdad es que estaban bastantes próximas a llegar a un acuerdo. En cuanto a Cuba,
hay una deuda histórica grande. Sabe que en el contexto del Club de París solo se puede renegociar bilateralmente la deuda de corto plazo; la otra deuda está a la espera de ese proceso, que desde luego no evoluciona rápidamente. No sé si me había
hecho alguna pregunta más. En todo caso, después me lo recuerda.
El señor Luena me habló de Egipto, de la alta reestructuración. Espero que le haya contestado en el comentario general que hice antes. También he mencionado antes el FIDA. En cuanto a Grecia, es la gran novedad de nuestra política de
gestión de deuda. En cuanto a términos absolutos ha alterado sustancialmente nuestra cartera de deuda externa. Entiendo que en el contexto de esta Comisión quizá sea menos interesante, pero como política de gestión de deuda es la gran novedad del
último año y la gran novedad de los próximos años, porque el compromiso que tenemos es seguir aportando deuda hasta lo que hasta ahora se ha anunciado en el programa actual. Dada la situación de Grecia, en la revisión del programa que ha hecho la
troika en el último mes también existe la posibilidad de que incluso se tengan que incrementar los compromisos de la Unión Europea con Grecia y probablemente no tengan por qué ser a través de préstamos bilaterales que se reflejen específicamente en
nuestra deuda. Pero si pensamos en el conjunto de compromisos, más allá de la deuda, que tenemos con Estados soberanos a través de las garantías que estamos proporcionando a la deuda que está emitiendo la facilidad europea, la estabilidad
financiera y posteriormente los compromisos a las aportaciones de capital que se hagan al mecanismo de estabilidad permanente, esta situación desde el punto de vista agregado de nuestra gestión de deuda es la novedad dentro de la secretaría de
Estado y en cualquier número agregado proporcional es de resaltar en cuanto a nuestra gestión de deuda. Además, como usted dice, es verdad que hemos reducido sustancialmente la deuda total con respecto a los países HIPC y la deuda en el conjunto de
las otras actividades que más tradicionalmente estaban vinculadas a nuestras relaciones de deuda con países fundamentalmente emergentes sigue una estrategia en los últimos años más bien estable.
Paro aquí. No sé si hay alguna pregunta que no he
respondido, pero estaría encantado de intentarlo de nuevo.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar, quiero agradecerle la información que nos ha complementado y solo quiero sugerirle dos cuestiones en la medida de las posibilidades. Cuando vienen los porcentajes de las operaciones de canje de
deuda por sectores -educación, infraestructuras, sanidad...-, sería bueno que pudiera también establecerse el país con el que se hace la operación, no solamente el sector, sino saber con qué país se ha hecho esa operación de canje de deuda.
Efectivamente, los informes traen los porcentajes globales por sectores, pero no traen el país que ha sido beneficiario de la operación de educación. Por tanto, sería bueno que pudiéramos tener desagregada esa cuestión. Le vuelvo a proponer,
aunque ya he visto que el tema plantea algún problema, la posibilidad de saber no solamente los sectores, sino las listas de las empresas españolas. En fin, lo dejo sobre la mesa a criterio del secretario de Estado.
Termino agradeciéndole la información, y recogiendo la afirmación que usted ha hecho, que es evidente que es una realidad no solo por lo que viene en el informe, sino por lo que conocemos de cómo está variando la cooperación española. Es
obvio que en el futuro vamos a ver en el informe más reflejo de aportaciones a IFI, que va a ser un instrumento que se va a usar en el futuro. Es un instrumento más de la cooperación, qué duda cabe, ni siquiera entro a valorarlo en este momento.
Probablemente está además justificado en el contexto en el que nos estamos moviendo tanto España como la realidad exterior, pero eso, qué duda cabe, ya no desde el punto de vista de la Secretaría de Estado de Economía sino desde el punto de vista de
la Secretaría de Estado de Cooperación, va a significar un cambio en los equilibrios entre la cooperación reembolsable y no reembolsable y afecta de lleno al menos sobre lo que tradicionalmente eran los consensos en el tema de la calidad de la ayuda
y la coherencia en políticas. Ese es otro debate, pero es obvio que queda recogido así.
No debe haber dogmas y quizás se hayan utilizado precipitadamente porcentajes de lo que debía reflejarse en una ley o no. No sé si poner el 5 por ciento era
algo que había que haber hecho o no, no lo sé; lo que sé es que eso va a ir recogiéndose y eso claramente afecta sobre el tipo de cooperación que nosotros vamos a hacer. Como usted ha dicho, no es lo mismo otorgar una donación que otorgar un
crédito, o que dárselo a una IFI. En fin, habrá que hacerle un seguimiento desde otros aspectos y saber realmente el uso y el impacto que eso tiene en la cooperación española.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, ¿quiere hacer uso de la palabra?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Campa Fernández): Tomo nota de este cruce país-sector y veremos a ver si lo podemos mejorar.
En cuanto al segundo punto, yo creo que las IFI son un buen instrumento.
Respecto al porcentaje de reembolsable y no reembolsable, solo quiero volver a remarcar el punto que he dicho antes. La situación, por suerte -y creo que es una gran
suerte que tenemos-, de muchos de los países en desarrollo ahora, dada la coyuntura mundial y su evolución, es mucho mejor de la que había sido en el pasado. Por tanto, hay un conjunto de países que ahora están en condiciones de afrontar
estrategias de crecimiento sostenido con gran beneficio para su población y su desarrollo con cooperación reembolsable, con participación reembolsable mucho mejor que teníamos probablemente hace cinco o diez años. Debemos aprovechar esto y ser
coherentes también con esa evolución subyacente de la economía mundial.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, queremos agradecerle profundamente, en primer
lugar, su comparecencia y, en segundo lugar, el ejercicio de transparencia que suponen estas comparecencias en esta Comisión, que a partir de la Ley de Deuda iniciamos. Anteriormente era extremadamente difícil conocer los datos de deuda,
pero el trabajo de los diputados de esta Comisión hizo posible la Ley de Deuda. Quiero darle las gracias a usted, por la transparencia.
En cualquier caso, es un informe que plantea una radiografía bastante clara de cómo está el mundo y también de cómo evoluciona y hacia dónde evoluciona. Está muy bien. Muchísimas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y quince minutos de la tarde.