CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 797

IGUALDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN CALVO POYATO

Sesión núm. 27

celebrada el martes, 14 de junio de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre la retirada de subvenciones y publicidad institucional en los grupos mediáticos que realizan publicidad de prostitución. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/001877.) ... (Página 2)


- Relativa a las medidas a adoptar para avanzar en la igualdad en el deporte femenino. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001980.) ... (Página 6)


- Sobre la racionalización de horarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001990.) ... (Página 8)

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- Para que el Gobierno adopte las medidas necesarias que garanticen la protección de la mujer embarazada. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002040.) ... (Página
11)


- Sobre extensión de los mecanismos de protección en materia de violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002272.) ... (Página 14)


- Sobre violencia de género en la mujer con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002273.) ...
(Página 17)


Se abre la sesión a las once y cuarenta minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA RETIRADA DE SUBVENCIONES Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS GRUPOS MEDIÁTICOS QUE REALIZAN PUBLICIDAD DE PROSTITUCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/001877.)


La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): Vamos a dar comienzo a la Comisión de Igualdad. Como ustedes saben, en esta mañana vamos a debatir seis proposiciones no de ley. De acuerdo con Mesa y portavoces, los ponentes van a tener un
tiempo de diez minutos; para fijar posiciones de cada grupo parlamentario, tres minutos; y para la presentación de enmiendas, cinco minutos. Por lo tanto, sin más, y de acuerdo con todos ustedes... (Rumores.) Vuelvo a repetir, porque parece ser
que la señora Camarero no ha entendido nada. Los ponentes de cada una de las proposiciones no de ley tendrán diez minutos; los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, cinco minutos; y para fijar posiciones, tres minutos, de acuerdo
con Mesa y portavoces.



Sin más vamos a empezar por el primer punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la retirada de subvenciones y publicidad institucional en los grupos mediáticos que realizan publicidad de prostitución. El grupo que la ha
presentado es Esquerra Republicana.
Tiene la palabra su portavoz el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Intentaré ser muy escueto en la exposición, razón por la cual empiezo por el final. Vamos a retirar de votación el punto número 1. Ustedes saben que nosotros reclamamos, o habíamos reclamado, que una manera de
presionar a aquellas empresas que no tenían la voluntad de autorregularse y de acabar con la publicidad de la prostitución, y también a efectos pedagógicos ante la ciudadanía, hubiera sido la no incorporación, la no contratación de publicidad
institucional. Bien, este es un tema que ya ha sido debatido, y los distintos grupos parlamentarios se han posicionado, unos a favor y otros en contra. Entendemos que este debate ya se producirá, emergerá inevitablemente cuando hayamos alcanzado
el escenario que perseguimos hoy con la enmienda de adición que hemos presentado a nuestra proposición no de ley, que lo que pretende es lo siguiente. Pretende que el Gobierno haga de una vez por todas los deberes, es decir que según aquellos
compromisos adquiridos ya el día 25 de marzo del año 2011, cuando los portavoces de esta Comisión recibimos una carta firmada por la ministra diciéndonos que -albricias- ya teníamos el informe del Consejo de Estado que nos daba la razón, tanto a la
posición de la ministra como a la de los distintos grupos parlamentarios, hay que acabar con la lacra de la publicidad de la prostitución. Decía la ministra en esta carta que, gracias a tener ya el informe del Consejo de Estado, podíamos ponernos
en acción de forma inmediata. Es más, a este diputado, al cabo de unos días, el 31 de marzo, en la sesión de control y en respuesta -digo- a una pregunta nuestra en la que le pedíamos máxima diligencia atendiendo a la publicación del informe del
Consejo de Estado, la ministra dijo que no padeciera porque estaba en ello y la acción sería inmediata. Pues bien, han pasado casi tres meses, y de lo dicho nada; de lo dicho nada. Sé de la buena voluntad de la ministra; sé de la buena voluntad
y la gran predisposición de la exministra, señora Bibiana Aído.
No entro en ningún juicio de intenciones respecto a sus voluntades, pero los hechos objetivos son que han pasado tres meses y no ha ocurrido nada.
Es cierto que ha habido una campaña
electoral y que ha habido muchos problemas en el Gobierno, y todos los tenemos, los problemas; pero, oiga, han pasado tres meses. Luego ustedes entenderán que haya utilizado como instrumento, como gancho, esta proposición no de ley que teníamos en
la nevera para que hoy nosotros debatamos y aprobemos instar al Gobierno a que en el plazo de quince días -creo que debería ser siete días, pero vale-, al cabo de quince días o antes de quince días todos los portavoces de la Comisión de Igualdad
hayamos sido convocados por el Gobierno, por la ministra a fin y efecto de poner hilo a la aguja.



Ya les digo cuál es nuestra posición, y termino. Nosotros entendemos que podría ser un buen procedimiento


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-ya se lo dije a la ministra en la sesión de control- actuar de la misma manera que lo hemos hecho en otro tema difícil, por desgracia mucho más difícil, que es la ley que mejorará, incrementará las reparaciones a las víctimas del
terrorismo; una proposición de ley firmada por todos los grupos parlamentarios representados en esta Comisión en la que se integren los puntos de consenso, y que luego esta proposición de ley se apruebe en el Pleno, se active, y evidentemente,
legítimamente cada uno de los grupos parlamentarios durante la tramitación parlamentaria ya intentará alcanzar los objetivos que considere excelentes. De manera que les pido que hoy aprobemos el mandato político al Gobierno de que antes de quince
días -si quieren rebajarlo yo no me voy a oponer- los representantes portavoces de esta Comisión hayamos sido convocados por el Gobierno. En aras de que se apruebe esta enmienda, no me importa, si hace falta corregir un tanto la redacción e
incorporar algún preámbulo; aquí lo que importa son los quince días.



La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): Ha presentado enmienda a esta proposición no de ley el Grupo de Convergència i Unió. Tiene la palabra la diputada señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: La enmienda de mi grupo parlamentario se había presentado al punto 1 de la iniciativa de Esquerra Republicana; como acabamos de escuchar, el señor Tardà retira del debate y la votación dicho punto, por lo tanto
entiendo que mi enmienda ha decaído y me centraré en lo siguiente.



Nosotros, desde Convergència i Unió, queremos agradecer a Esquerra Republicana de Catalunya, y lo quiero personalizar en el señor Tardà, esta iniciativa en la medida en que, como muy bien ha señalado, es un impulso, y esperamos que sea el
definitivo, para que se haga realidad algo que esta Comisión ha debatido y aprobado en muchísimas ocasiones acerca de la publicidad de la prostitución. Me remito al informe de la subcomisión del año 2007, en donde se aprobó la autorregulación, pero
también la disuasión del consumo en la prostitución, y también algo que pasó y se recoge en el plan integral sobre la trata. Tanto la ministra Bibiana Aído como la ministra Leire Pajín, las dos mantuvieron que a raíz del informe del Consejo de
Estado que se había solicitado se adoptarían medidas. Tengo aquí el 'Diario de Sesiones' con la intervención de la ministra Pajín, de 10 de diciembre del año 2010, diciendo que personalmente y como Gobierno no podía considerarse aceptable el que un
periódico por un lado denunciara la trata de mujeres y por el otro publicitara la prostitución. Decía también en diciembre que no solo era un compromiso de la ministra de Igualdad sino de todo el Gobierno, el que se estaría a lo que dijera el
Consejo de Estado. Lo ha dicho muy bien el señor Tardà: el Consejo de Estado se pronuncia en marzo y acto seguido empezamos a tener noticias del Gobierno que hasta fecha de hoy no han cuajado. Digo hasta fecha de hoy porque, señor Tardà, yo creo
que su iniciativa ya ha tenido un primer efecto, puesto que según me acaba de decir la portavoz del Grupo Socialista doña Bibiana Aído está intentando ponerse en contacto con nosotros para tener esta reunión esta o la próxima. Por lo tanto, de
nuevo felicidades.



Queda el tema de cómo está en los medios de comunicación. La autorregulación ha dado resultado con respecto a algunos medios, pero con respecto a otros, no. Por lo tanto nos hemos de plantear si vamos a tirar adelante o no vamos a tirar
adelante. Yo quiero señalar aquí que sé que hay editores que dicen que no se puede prohibir la publicidad de algo que no es ilegal. Yo me remito al tabaco; el tabaco no es ilegal, pero no se puede publicitar. Por otra parte, quiero señalar
también en sentido contrario la declaración de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que dice textualmente, y con ello acabo, señora presidenta: Los anuncios sexuales han sido utilizados por las mafias dedicadas a la trata
de mujeres, según han demostrado varias operaciones policiales, por lo que no se entiende que los medios no hayan comprendido la urgente necesidad de suprimirlos. Con estas palabras acabo en el bien entendido -lo quiero decir así explícitamente- de
que vamos a apoyar el texto que nos somete a votación Esquerra Republicana de Catalunya.



La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): Muchísimas gracias, señora Pigem, por su brevedad.



Seguimos con el turno de portavoces, y también el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, y tiene la palabra su portavoz la señora Rodríguez Maniega.



La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Estamos debatiendo cuál podría ser la fórmula eficaz para luchar contra una realidad que afecta a toda la sociedad.
Este debate lo pide mayoritariamente la sociedad española, que está cada vez más concienciada
en la necesidad de reforzar cada día más la lucha a favor de los derechos humanos y en contra de todo tipo de explotación sexual de ambos sexos. Los anuncios de contactos afectan tanto a hombres como a mujeres, aunque estaremos de acuerdo en que
afectan de forma mayoritaria al sexo femenino, por lo que suponen una publicidad que atenta contra la dignidad de las mujeres y un trato vejatorio para ellas.
Aunque estemos de acuerdo con la intención del grupo proponente, no creíamos que la
solución que proponía en un primer momento fuera la más eficaz, por eso habíamos presentado entonces una enmienda, pero quisiéramos que de aquí, de sede parlamentaria, saliera un acuerdo conjunto para que pudiéramos partir todos de un punto común
para luchar contra este tipo de explotación sexual de las mujeres.



En principio el grupo proponente hablaba de la necesidad de prohibir, pero nosotros creíamos, al igual que lo decía el Consejo de Estado, que una finalidad como la perseguida, constreñir severamente la publicidad de


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la prostitución, pudiera no alcanzarse con la adopción de medidas como la limitación de las eventuales subvenciones públicas a los medios que publiquen este tipo de anuncios, o la limitación de la publicidad institucional en dichos medios.
Nosotros creemos que debemos avanzar en la lucha contra la existencia de anuncios de contacto, ya que atenta contra la dignidad de las personas y vulnera los derechos y valores reconocidos en la Constitución. Creemos que para ello, insisto, hay que
avanzar a partir de un consenso. Por eso queremos recordar ahora el compromiso del presidente del Gobierno, el señor Zapatero, y su grupo, que en el debate sobre el estado de la Nación había anunciado que el Gobierno estaba trabajando en distintas
fórmulas para que esto fuera una realidad. Creemos que la realidad de hoy es semejante a la de hace un año, cuando nos hacía esta promesa. Por eso yo creo que con esta fórmula, con esta enmienda transaccional que sería bueno que todos aprobáramos,
lo que le decimos es que la realidad de hoy es semejante a la de hace un año, y le recordamos al Gobierno y al Grupo Socialista que es necesaria una reunión en un breve plazo de tiempo, porque la lucha la debemos afrontar entre todos y todos unidos.
Por eso insisto en que la enmienda que en un primer momento habíamos presentado la hemos modificado para lograr un acuerdo entre todos y una transacción para salir de aquí con una postura común entre todos los grupos.



La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): También el Grupo Socialista ha presentado enmienda a esta proposición no de ley, y tiene la palabra la señora Cediel.



La señora CEDIEL MARTÍNEZ: Hoy Esquerra Republicana de Catalunya nos presenta esta proposición no de ley; indudablemente es una proposición con la que todos estamos muy sensibilizados y preocupados y que insta al Gobierno a tomar medidas
encaminadas a la supresión de los anuncios publicitarios de prostitución. Ha retirado, como nos ha dicho su portavoz, la parte que exponía de presión con la retirada de las subvenciones o de la publicidad institucional, cosa que consideramos muy
acertada, puesto que no pensábamos, mi grupo no pensaba que fuese lo más eficaz, puesto que lo que todos queremos es la prohibición de estos anuncios, y esto solamente nos podía llevar a que algunos medios prescindirían de las subvenciones, incluso
de los anuncios institucionales, pero no renunciarían muy probablemente a los beneficios superiores que aportan los anuncios de prostitución, por lo que el objetivo final no se habría conseguido.



Es cierto que los medios de comunicación en estos últimos tiempos se han hecho eco del debate sobre la prostitución. Aceptan que estos mensajes colaboran y contribuyen de alguna forma a la explotación sexual, a una forma de violencia contra
las mujeres y atentan contra los derechos humanos, pero no es menos cierto que a su vez están lucrándose con la publicidad del comercio sexual, y muy pocos han optado por rechazar esta publicidad (solamente Público, 20 Minutos y ahora también La
Razón). Como ya se ha dicho aquí, la prensa de nuestro país obtiene importantes beneficios. No olvidemos que el periódico con más tirada ingresa en torno a los 5 millones al año por este concepto. A pesar de los esfuerzos realizados y de los
avances conseguidos, mi grupo es consciente de la insuficiencia del resultado de las medidas realizadas hasta hoy en este sentido. El Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual recoge 62 medidas que en
su área 1 y en su objetivo 2, relativo a la sensibilidad a la sociedad sobre el problema de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contempla la acción 3, dirigida a promover el control de los anuncios de contactos en los medios
de comunicación. Ante las dificultades y los escasos logros conseguidos con la autorregulación, el ministerio creyó conveniente realizar una consulta al Consejo de Estado sobre la posibilidad de actuar contra los anuncios de contenido sexual y
prostitución publicados en los medios de comunicación. Este informe, que se ha publicado a finales de marzo de 2011, concluye que existen fundamentos para establecer medidas legales limitativas de la publicidad de la prostitución, entre ellas la
prohibición.



La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, al responder a una pregunta sobre el tema en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 31 de marzo, anunció que se iba a iniciar una ronda de contactos con todos los grupos
parlamentarios para llegar a un acuerdo y conseguir el objetivo. También en su comparecencia en la Comisión de Igualdad en el Senado el 5 de mayo reiteró la necesidad de realizar los contactos con los parlamentarios del Congreso y del Senado y con
los medios de comunicación, y además reiteró que algunos ya se estaban produciendo. Hay que entender que entre medias hemos tenido la campaña electoral, pero me consta que se producirán muy probablemente antes de estos quince días de los que habla
la enmienda transaccional. En las conclusiones del Consejo de Estado sobre la prohibición de los anuncios de contactos en la prensa, destacan como para prohibir la publicidad de prostitución que la autorregulación es insuficiente; que la
limitación de la subvención es de dudosa eficacia; que también resulta insuficiente en esta materia la Ley General de Publicidad, la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad; que el Consejo de Estado propone la aprobación de una
disposición con rango de ley para conseguir el objetivo marcado; que en esa norma deberá quedar clara y terminante la prohibición de la publicidad y de la prostitución, e incluir lo referente a teléfonos eróticos y videoclubes pornográficos,
etcétera.



Nosotros habíamos presentado una enmienda, pero hemos llegado a un acuerdo en una transaccional que recoge la sensibilidad de todos los grupos, de lo cual nos felicitamos.



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La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): Ahora, para el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios ha pedido la palabra el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra la diputada señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Efectivamente, quiero manifestar nuestra posición favorable al acuerdo alcanzado entre el grupo proponente y los enmendantes, pero he de añadir que desde el Bloque Nacionalista Galego teníamos previsto votar
favorablemente a la propuesta inicialmente presentada. No es la primera vez que hemos tratado en esta Comisión este tema; algunas de esas veces fue a propuesta de nuestro grupo, y concretamente en la dirección de eliminar los anuncios de los
medios de comunicación. Queríamos, efectivamente, volver a posicionarnos en relación con este asunto. Nosotros entendemos que malamente se puede estar en contra del tráfico de personas, malamente se puede decir que se quiere luchar contra estas
actividades delictivas, en las que se utiliza a personas para incrementar la economía o para hacer grandiosos negocios, logrando incluso que el tráfico de personas y la prostitución sea uno de los negocios más rentables del mundo dentro de esa
actividad delictiva que decía, si por el contrario somos permisivos o nos parece que pueda ser posible que exista, como en este caso, legalmente una publicidad que evidentemente redunda en lo anterior, en lo que no es legal, en lo que es delictivo,
y además en lo que encubre ese tráfico de personas. Es imposible que se pueda saber si muchos de esos anuncios son voluntad de las personas, o quienes se anuncian o a las que van dirigidas los anuncios, me refiero como sujetos activos del mismo,
son personas que están siendo traficadas o forman parte de esas redes inmersas en esas actividades delictivas. Por lo tanto, a nosotros nos parece fundamental si queremos luchar contra el tráfico de personas y la utilización de las mujeres, hombres
y niños y niñas para la actividad de la prostitución o para que sean prostituidos; si queremos realmente decir que estamos a favor de la abolición de la prostitución, tenemos que actuar, y debemos hacerlo en aquellas cuestiones que están al
alcance, pero al alcance mínimo de esa lucha, como en este caso son los anuncios que se emiten en los medios de comunicación.



Repito, nuestro voto es favorable al acuerdo alcanzado, pero también lo sería a la proposición que inicialmente presentaba el señor Tardà.



La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): También quiere fijar su posición el Grupo Parlamentario Vasco, y tiene la palabra el diputado señor Agirretxea.



El señor AGIRRETXEA URRESTI: Intervengo, señora presidenta en nombre de mi grupo, para fijar posición. Siempre que sale este tema en diferentes formatos parlamentarios, sea por medio de interpelaciones, sea por medio de preguntas,
proposiciones no de ley, mociones -yo creo que hemos agotado todas las posibilidades existentes-, mi grupo se felicita, se congratula de que desde perspectivas seguramente ideológicas incluso diferentes, pero coincidiendo en el objetivo final,
lleguemos a plantear esta cuestión en este Parlamento. Por lo tanto, nos felicitamos de que una vez más tengamos esta iniciativa. Pero por otra parte también nos entristece -no es una bipolaridad, sino que es un planteamiento quizá consecuencia
lógica- que tengamos que plantear tantas veces y de tantas maneras diferentes el mismo tema y nunca lleguemos a una solución definitiva con este asunto.



Lo vuelve a presentar esta vez el compañero del Grupo de Esquerra Republicana; mi grupo también, como tantos otros, presentó iniciativas, tanto en pregunta, como en proposición a la ministra de turno, porque no ha sido a una sino a dos,
sobre este asunto, en un principio cuando todavía el tema no estaba tan caliente como ahora o un poquito más tibio por lo menos y el Gobierno tampoco tenía una posición excesivamente clara y excesivamente... -no voy a decir la palabra
comprometida-, quizá sí individualmente como persona, pero no como Gobierno, como tal, hasta que, vista la reacción de los demás grupos, dedicó la atención que le correspondía a este asunto, emitió su opinión y delegó de alguna manera en el Consejo
de Estado, que es quien ya ha contestado con su informe.



Lo volvemos a exigir porque creo que todos estamos de acuerdo en el objetivo final. Quizá difiramos en algunas cuestiones que creo que son matices o planteamientos que no son tan estrictamente coincidentes, pero el objetivo final yo creo
que está definido, y todos queremos que estos anuncios en los medios de comunicación de tirada pública, social, accesible a cualquier persona, a cualquier menor incluso, desaparezcan, entre otras cosas por aplicación de diferentes leyes (entre otras
la del menor y la del derecho a no acceder a esta serie de anuncios que pueda tener un menor); Independientemente de todo, también porque consideramos, por lo menos desde mi grupo, la vejación que supone, y porque sobre todo detrás de todos estos
anuncios todos sabemos lo que hay. No vamos a entrar ahora en una discusión en torno a la prostitución voluntaria, la no voluntaria, la de redes, la de mafias; creo que en eso, también incluso creo que todos o casi todos coincidimos en lo que es
el quid de la cuestión y lo que es el verdadero problema, y las excepciones no dejan de ser excepciones.



Dicho esto, como mi voto iba a ser favorable en cualquier caso; en este también lo será. Solamente quiero mencionar una cuestión; no sé si es un fallo, una errata. En la última línea de la transaccional aparece: necesidad de preceder a
su erradicación. Creo que es proceder. Por lo tanto, si se corrige esa palabra...



La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): Ha quedado debatida esta proposición no de ley. Les pediría a los grupos parlamentarios enmendantes y al grupo proponente que hagan llegar a la Mesa, por favor,


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para que la conozcan todos los grupos, la enmienda transaccional que efectivamente se votará al final de la Comisión.



- RELATIVA A LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA AVANZAR EN LA IGUALDAD EN EL DEPORTE FEMENINO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001980.)


La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): Pasamos a la segunda proposición no de ley, relativa a las medidas a adoptar para avanzar en la igualdad en el deporte femenino. El grupo proponente ha sido el Grupo Parlamentario Mixto, y
tiene la palabra la señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Ser la mejor ultrafondista española no le da para vivir, sino todo lo contrario. Su osadía le cuesta 13.000 euros al año y sacrificar sus vacaciones. Así es como se titula una entrevista que hoy aparece en un
diario de Galicia a la deportista Cristina González, después evidentemente de una serie de respuestas de esta importante deportista, que deja a las claras las dificultades que tienen las mujeres o que tenemos las mujeres para practicar deporte. Hay
una pregunta que se le hace a esta mujer, y es que si del deporte se puede vivir. La respuesta es que dependiendo del país se puede vivir muy bien. Si fuera francesa, alemana, rusa o italiana estaría becada y tendría bastante dinero con las marcas
que tengo, pero en España es un poco complicado.
Traigo a colación esta entrevista porque, curiosamente, aparece hoy mismo en este medio de comunicación. Es una demostración de las grandes dificultades que tienen las deportistas de todo el Estado
español para la práctica del deporte en las diferentes disciplinas.



Nosotros, presentamos esta proposición no de ley después ya de tratar este tema en la subcomisión del Deporte, que elaboró un documento. El Bloque Nacionalista Galego presentó unas propuestas, para añadir al documento que quedaron
incorporadas y que estaban justamente relacionadas con esa discriminación, con esa desigualdad existente en el deporte en general, esa discriminación, esa diferencia de género que existe. Como digo, cuando presentamos esta proposición no de ley fue
después de ver un programa en la televisión pública, en Documentos TV, donde se recogía la situación, en este caso de las mujeres que practican el deporte del fútbol. Nosotros no solamente nos quedamos en ese programa y en lo que en él vimos, sino
que contactamos también con muchas de estas mujeres que están realizando este deporte; efectivamente pudimos comprobar que lo que se decía en el programa no solo era cierto sino que era poco en comparación con la discriminación que estas personas
están viviendo.



A pesar de que la Real Federación Española de Fútbol organiza varias competiciones femeninas, entre ellas una superliga que es equivalente a la primera división masculina, las mujeres que quieren dedicarse a este deporte, sobre todo de
manera profesional, se encuentran con un camino lleno de dificultades y son pocas las que siguen adelante. Había un ejemplo que se demostraba en este documental, y que nos han trasladado asociaciones de mujeres deportistas, y era que en el caso del
fútbol se dio la circunstancia, pero no como anécdota sino como una cuestión prácticamente cotidiana, de que un club quiso fichar a una jugadora de fútbol, en este caso brasileña, y cuando se solicitó a la Federación Española de Fútbol se obtuvo por
respuesta que esta estaba reservada exclusivamente a los hombres. Esto, evidentemente, hace que exista una realidad en la que las jugadoras se mueven en una ilegalidad, digamos, tolerada, para que puedan ser fichadas por los clubes. Estos, para
poder compensarlas de alguna manera, tienen que hacerles contratos de limpiadoras, buscarles trabajos ficticios o pagarles con dinero negro.
Por lo tanto, como decimos, es una realidad ilegal, independientemente de que sea tolerada, pero que
evidencia también además la desprotección de estas mujeres para practicar este deporte y además dedicarse como profesión al mismo.



Por eso nosotros presentábamos esta proposición no de ley, y en ella, además de exponer el gran sacrificio que tienen que hacer las mujeres que quieren dedicarse al deporte del fútbol, también hablábamos de otras disciplinas porque, aunque
les reconocemos una mayor consideración, tanto en lo que puede ser el baloncesto, el balonmano, la natación, remo, etcétera, que tienen un reconocimiento porque existen unos campeonatos internacionales e incluso son disciplinas olímpicas, a pesar de
todo esto, también siguen con esta discriminación que estamos exponiendo de las futbolistas, porque aun con esa legalidad contractual, los niveles económicos de la contratación siguen siendo muy, muy diferentes a los de los varones en estas mismas
disciplinas.



La demostración que nosotros hacíamos al inicio de esta intervención con la entrevista que se le hace a la deportista gallega Cristina González en el día de hoy indica que a pesar de que se ha hablado mucho de estos temas de discriminación
de género en el deporte, a pesar de que se han hecho cosas y se han elaborado documentos, e incluso se ha mejorado la legislación, la discriminación sigue existiendo. Somos conocedoras de que después de este documental, y en concreto en lo que a
las mujeres futbolistas se refiere, se han dado pasos. También hemos tratado este tema en su momento en esta Comisión como una pregunta al Gobierno, y por lo tanto sabemos que se han movido cosas y que se ha incorporado al Reglamento de la
federación un nuevo apartado h) en el que se reconoce también el derecho a la profesión de las jugadoras de fútbol, es decir, al fútbol femenino. Pero, señorías, al margen de que se hayan dado estos pasos positivos, seguimos teniendo conocimiento
de que en la práctica la discriminación sigue existiendo, y por otro lado, la discriminación generalizada en la práctica del deporte.



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Nos parece muy oportuna la proposición no de ley que presentamos, y también nos han parecido oportunas las diferentes enmiendas que han presentado otros grupos parlamentarios, como el Socialista y el Popular, que vemos con agrado para llegar
a una transacción que le haremos llegar a la Presidencia en su momento, porque espero también la exposición de los grupos en la defensa de esas enmiendas para tomar la decisión.



La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): De acuerdo con los grupos enmendantes, con aquellos que han presentado enmienda, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, la señora diputada doña Concepción Bravo.



La señora BRAVO IBÁÑEZ: Vamos a apoyar esta proposición no de ley. Primero de todo porque nos parece justo, y para conseguir el cumplimiento de lo que dice la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, donde se dice claramente que el Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos
los niveles, incluidos los de responsabilidad y los de decisión. Lo hacemos con todo el entusiasmo posible porque incluso el Gobierno considera que el deporte es un ámbito donde siguen existiendo desigualdades por razón de género, en el que es
necesario aumentar el conocimiento sobre los diferentes aspectos de la actividad femenina deportiva y fomentar su práctica. Está claro que las desigualdades existen y que los estereotipos son muy difíciles de eliminar, muy difíciles de salvar.



Si analizamos los hechos que por parte de la diputada proponente han quedado muy claros, en concreto en un aspecto que ella ha dejado claro que conoce, hay unos datos muy relevantes: es evidente que la mujer deportista es menor, en número,
respecto a los deportistas masculinos; es evidente que hay unas desigualdades en cuanto a los sueldos, no solamente en cuanto a los sueldos, sino en otra cosa que nos parece una discriminación todavía mayor, en cuanto a la forma de contratación;
hay desigualdades en cuanto a la resonancia pública de los eventos protagonizados por mujeres deportistas, es decir, por su valoración en los medios de comunicación. Es muy importante que todos los medios de comunicación, Internet incluido en este
momento, tomen conciencia de la situación de la mujer y le den el tratamiento que realmente merece la mujer, en este caso la mujer deportista. Las niñas, las adolescentes no tienen referente de deportistas femeninas incluso las niñas en un tema tan
claro como es el ciclismo no quieren ser Joane Somarriba, prefieren ser Contador. ¿Por qué? Sencillamente porque Contador tiene una proyección mediática, porque es un hombre muy visible. También pensamos en el Grupo Parlamentario Popular que
falta respeto a la hora de transmitir determinadas noticias, y en el caso de la mujer deportista, por desgracia, se prioriza el lado más frívolo antes que resaltar su técnica o su profesionalidad o analizar eso que estas mujeres están dejando en el
camino, eso a lo que estas mujeres están renunciando por abrir una puerta a las generaciones futuras. En los medios de comunicación -además lo dice la sociedad española-, el tratamiento de la mujer deportista es injusto y discriminatorio. La
población considera que los medios de comunicación dedican mucha más atención al deporte masculino que al femenino.



Por otro lado, la consideración social de los deportes femeninos dista considerablemente de tener el valor de los masculinos, hecho que se ve reflejado en la diferencia respecto al refuerzo social y económico, en la escasez, como ya he
mencionado, de modelos femeninos y en la no consideración de estos deportes femeninos como profesionales; es decir, ahí hay una lucha que hay que seguir adelante. Es evidente que el asunto que nos ocupa hoy, el fundamento de esta proposición, como
ya he mencionado, esa diferencia no solo en las remuneraciones económicas, en este caso de las futbolistas en función de si son hombres o mujeres, es tremendamente desigual. Todo esto viene dado en muchos casos por la falta de apoyos políticos, por
el desinterés de los medios de comunicación y los patrocinadores de los deportes practicados por mujeres.



Para terminar brevemente, la mujer no está en la toma de decisiones en el mundo del deporte, es decir, la presencia de la mujer en la dirección, organización y gestión del deporte es prácticamente nula; la mayoría de los puestos de
responsabilidad en el marco de las federaciones está desempeñada por hombres, lo que nos lleva a pensar que la gestión del deporte sigue en manos del mundo masculino. Y de nuevo, también en este apartado, hacen falta medidas para la incorporación
de la mujer no solo a nivel de participación, sino también en el de la toma de decisiones.



La señora VICEPRESIDENTA (Quintanilla Barba): Muchísimas gracias, señora Bravo, también por su agilidad y por su brevedad. Tiene la palabra el siguiente grupo enmendante, el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado señor Méndez.



El señor MÉNDEZ GUILLÉN: Antes de nada quiero agradecer al grupo proponente y al Partido Popular la voluntad de acuerdo que han tenido a la hora de llegar a esta transaccional y por coincidir en el fondo todos.
La equiparación de los
derechos de la mujer en el ámbito deportivo es un interés común; romper con una tradición machista de la concepción del deporte ha sido uno de los principales objetivos de este Gobierno y de este grupo parlamentario. Así lo refleja el manifiesto
por la Igualdad en el Deporte, el Plan A+D, que tiene un apartado específico referido a la igualdad, el convenio entre el Ministerio de Igualdad y Radiotelevisión Española o, como ha señalado la proponente, la subcomisión del Deporte Profesional, de
la que además tuve el honor de formar parte, donde también se hacía referencia a la necesidad


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de igualdad de trato en el deporte. Por lo tanto, compartimos la necesidad de ahondar en el camino ya iniciado, porque creemos que además está dando buenos resultados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) De hecho a iniciativa de
este grupo parlamentario en la Comisión de RTVE, a la que se sumaron el resto de grupos parlamentarios de la cámara, se instó al Gobierno a aumentar en la televisión pública las horas de emisión de deporte femenino, porque es cierto que desde 2009 a
2011 se ha incrementado un 33 por ciento el tiempo de emisión, pero seguimos creyendo que es necesario que siga aumentando. ¿Por qué? Porque hay más de 1.600 medallistas desde 2002 que se merecen ese reconocimiento y porque, tal y como señalaban
las anteriores intervinientes, el artículo 28.1 de la Ley de Igualdad habla de la equidad en el tratamiento de la mujer en las retransmisiones deportivas. También tenemos que alegrarnos de que no exista discriminación de las becas ADO que concede
el Consejo Superior de Deportes y que además se hayan mantenido a partir de estos ocho años las becas durante el embarazo y la maternidad, cosa que antes no se hacía y que también coartaba la carrera de deportistas profesionales de alto nivel en
nuestro país.



Todo esto nos indica que vamos por el buen camino. Comparto, tal y como decía ahora la compañera del Grupo Popular, que la presencia de mujeres en cargos directivos, aunque ha aumentado en este periodo de tiempo, sigue siendo insuficiente.
Además hay que señalar que existen líneas de subvenciones específicas para las federaciones que tienen entre sus miembros directivos a mujeres, amén de la creación de la Comisión, Mujer y Deporte, entre el COE, el Consejo Superior de Deportes y el
Instituto de la Mujer. Por último, respecto de las federaciones, hay que señalar que el 69 por ciento se han sumado al manifiesto, Mujer y Deporte, que busca la integración efectiva de la perspectiva de género en el desarrollo de sus competencias.



En lo referente al fútbol, y gracias al trabajo de asociaciones de fútbol femeninas, al Consejo Superior de Deportes, al Ministerio de Igualdad se ha conseguido que se haya creado una licencia de fútbol profesional femenino en julio del año
2010, que equipara con la masculina y que además encontrará reflejo en la futura ley del deporte profesional, cuyo texto girará en torno a las conclusiones de la subcomisión que salió de esta cámara. Por lo tanto, eliminar cualquier tipo de
discriminación por género es el objetivo del Gobierno y de este grupo parlamentario. Por eso hemos presentado una enmienda en la que ponemos en valor el trabajo realizado, pero en la que pedimos y demandamos que sigamos ahondando en esta senda.
Porque mientras haya iniciativas como esta querrá decir que la desigualdad sigue presente, y el objetivo de este grupo es que este tipo de iniciativas no tenga cabida en el futuro.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos ahora el turno de fijación de posiciones.
Tiene tres minutos, señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: La iniciativa presentada por el Bloque Nacionalista Galego pretende impulsar distintas medidas para avanzar en la igualdad en el deporte, y a nuestro juicio describe tan solo una de las distintas situaciones
discriminatorias que aún hoy en día sufren las mujeres en este mundo, hasta hace, poco masculino masivamente. La evolución que en las últimas décadas ha experimentado la participación de las mujeres en el deporte es sin lugar a dudas positiva.
Ahora bien, no podemos negar que en estos momentos su equiparación con el deporte masculino es un objetivo aún pendiente, de ahí que nuestro grupo parlamentario sea sensible a la pretensión de esta proposición no de ley.



El deporte femenino necesita nuestro apoyo, y de hecho se han llevado a cabo muchas iniciativas para avanzar en la igualdad en el ámbito deportivo, tanto a nivel local como en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal y en el internacional.
En este sentido es interesante recordar algunas de las recomendaciones de las distintas conferencias que se han celebrado sobre esta cuestión. Por ejemplo, la IV Conferencia Mundial de Kumamoto, celebrada en 2006, en donde se trató, entre otros
aspectos, de la necesidad de romper con determinados estereotipos de género en el deporte, y también de las jerarquías, trabajando para conseguir la paridad en cuanto a oportunidades, respeto, representación, remuneración y premios. En definitiva,
trabajar en todos los ámbitos necesarios para conseguir una mayor visibilidad de la mujer en el deporte.



Por esto valoramos positivamente la iniciativa que nos ha presentado el Grupo Mixto, así como también las enmiendas que han presentado tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista, y valoramos también muy positivamente el esfuerzo que han
hecho para llegar a una enmienda transaccional que recoja los distintos aspectos y las distintas sensibilidades de las propuestas de cada uno de estos grupos, una enmienda transaccional cuyo texto han tenido la amabilidad de pasarnos y a la cual
vamos a votar afirmativamente.



- SOBRE LA RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001990.)


La señora PRESIDENTA: Damos por terminado el debate del segundo punto del orden del día de la proposición no de ley correspondiente, y entramos al debate de la tercera proposición no de ley, sobre racionalización de horarios, del Grupo
Parlamentario Popular, para el cual tiene la señora Moneo la palabra por el espacio de diez minutos, como ha establecido la vicepresidenta.



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La señora MONEO DÍEZ: Señorías, España presenta un profundo déficit en relación a la aplicación de medidas efectivas que permitan la plena conciliación de la vida personal, familiar y laboral de hombres y mujeres. De hecho, el 70 por
ciento de los españoles, según el estudio realizado por el Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE Business School, considera que su trabajo no es flexible para conciliar vida personal y laboral. Similares datos arroja el estudio realizado
por el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, en el que apenas un 15 por ciento de los trabajadores españoles se encuentra plenamente satisfecho porque han logrado un equilibrio entre su vida personal y su trabajo. Datos preocupantes
que se incrementan si analizamos minuciosamente ambos informes. Porque en los dos casos se demuestra que la conciliación sigue siendo un monopolio de las mujeres.



Señorías, en nuestro país las mujeres somos prisioneras de la rigidez de los horarios y de una cultura que sigue dando más valor a la permanencia en el puesto de trabajo más allá de la hora de salida que a la productividad real. Todo lo
contrario de lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Y no hace falta que nos vayamos muy lejos, a los países nórdicos, pioneros sin duda en medidas de conciliación: Francia, país vecino, con una tasa de empleo femenino superior al 60 por
ciento, el 60,1 por ciento, lidera las tasas de fertilidad en el continente europeo.
Ello es posible porque tiene una larga tradición en cuanto a horarios laborables flexibles, ayudas económicas que se otorgan por cada hijo a cargo, o permisos de
tres meses renovables hasta un año para el cuidado de familiares enfermos. Lejos está la realidad española, donde el 49 por ciento de las mujeres que trabajan no tienen hijos; un 27 por ciento solo tiene un hijo; el 20 por ciento tiene dos, y
solo el 4 por ciento de las mujeres trabajadoras tiene tres o más hijos. De hecho, el 85 por ciento de las mujeres trabajadoras renuncian a tener otro hijo, y la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que abandonan sus empleos al
convertirse en padres es de 30 puntos en perjuicio de la mujer. Mi grupo considera que sin flexibilidad de horarios no existe conciliación; y sin la posibilidad de conciliar, las mujeres, sobre todo las mujeres, no seremos libres para elegir, nos
obligarán a elegir. Es hora de que España siga la senda europea que permita unas buenas prácticas en materia de conciliación, lo que sin duda repercutirá en la mejora de la calidad de la vida de las personas y redundará positivamente también en las
empresas. La flexibilidad de horarios no está reñida con la productividad, todo lo contrario, la flexibilidad aumenta la productividad. Muchas grandes empresas lo han comprendido; algunas ya han comenzado a ofrecer servicios de guardería a sus
empleados o ayudas directas a los mismos para asegurar la escolarización de cero a 3 años.
El problema, señorías, es que más del 80 por ciento del tejido empresarial español lo compone la pequeña y mediana empresa. Por eso esta proposición,
resultado de una transacción con la enmienda presentada por el Grupo Socialista, contempla estas particularidades. A sabiendas de que los acuerdos que adoptemos tendremos que hacerlos analizando el perfil de nuestro tejido empresarial y en el marco
de la negociación colectiva.



Señorías, es urgente e imprescindible que la flexibilidad de horarios, el trabajo por objetivos, la adecuación de los horarios escolares a los laborales, etcétera, sean una realidad y lo sean ya. Confío por ello en su apoyo para que entre
todos logremos este urgente e imprescindible objetivo.



La señora PRESIDENTA: El Grupo Socialista tiene una enmienda, y para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Gámez.



La señora GÁMEZ GARCÍA: Intervengo, en nombre del Grupo Socialista, para defender la enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la racionalización del horario de trabajo. En esta proposición no de
ley, como suele ser habitual en todas las que tratan sobre políticas de igualdad, confluyen diversas materias como son: las laborales, las de igualdad y las educativo-asistenciales. Respecto de estas últimas, las educativo-asistenciales, como sus
señorías bien conocen, se trata de materias y políticas cuya competencia es de carácter autonómico y en ocasiones local, pudiendo establecerse marcos de colaboración entre administración central y esta. Respecto a esto, les puedo poner como ejemplo
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que desde hace muchos años se ha venido desarrollando este tipo de políticas sociales a través de las llamadas aulas matinales, abiertas desde las siete de la mañana, que permiten a madres y padres gozar de
la tranquilidad de una adecuada atención a su hijo cuando se incorporan a trabajar con anterioridad al inicio del horario escolar. O la universalización de la educación de cero a 3 años de manera gratuita, a través de planes de colaboración con el
Gobierno central. Asimismo, en cuanto a actuaciones del ámbito local podemos poner como ejemplo el que se puso en marcha hace tres años en la ciudad de Jaén con la apertura de ludotecas y bibliotecas municipales fuera del horario escolar y en
horario comercial y en días festivos, con una atención especializada a los menores, o incluso la creación de centros de servicios empresariales en las zonas industriales con una serie de servicios integrales para la conciliación de la vida familiar,
laboral y personal, con guarderías y centros de día para personas mayores. No obstante, a pesar de tratarse de materias de competencia autonómica y/o local, la Administración central realiza actuaciones en este sentido, tales como el llamado Plan
Educa3, que impulsa el desarrollo de medidas en el ámbito educativo que repercuten muy positivamente en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y todo ello aportando recursos y planes en colaboración con las comunidades autónomas,
para que estas los desarrollen en el ámbito de su competencia. En lo que respecta a las medidas laborales, mi


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grupo entiende que la principal actuación que debe impulsar el Gobierno relativa a los horarios de trabajo es trasladar todas las medidas necesarias a los interlocutores sociales en el marco de la negociación colectiva, puesto que será mucho
más fructífero si los agentes implicados, trabajadores y empresarios, acuerdan las medidas concretas para conseguir el fin deseado, una mejor conciliación.



Por último, en lo que se refiere a las medidas de igualdad que se contienen en la proposición no de ley, nos sorprende que el Grupo Popular nos proponga la creación de incentivos en las empresas para la promoción de los usos del tiempo de
trabajo. Ello es así puesto que nos proponen algo que ya está creado, como son los planes de igualdad, el distintivo, Igualdad en la Empresa y el derecho a la distribución de la jornada para la conciliación del artículo 34.8 del Estatuto de los
Trabajadores, medidas todas ellas incluidas en la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la ley que ustedes votaron en contra, que recurrieron ante el Tribunal Constitucional, pero que es perfectamente constitucional, que se encuentra
vigente, y que por lo tanto no se hace necesario que volvamos a legislar lo mismo y en los mismos términos, por lo que entendemos que nuestro trabajo debe basarse en avanzar más en el desarrollo de estas medidas ya existentes.



En definitiva, señorías, el Grupo Socialista ha propuesto una enmienda, que parcialmente nos ha aceptado el Grupo Popular, que entendemos que mejora el texto de la inicial y que conjuga las medidas ya existentes con el impulso de otras
nuevas, el traslado a los agentes encargados de su establecimiento de la necesidad de mejora, y el respeto a las competencias de las distintas administraciones.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Durante la tramitación de la Ley de Igualdad aprobada en esta casa hace algún tiempo nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, hizo mucho hincapié en algunas propuestas de enmiendas que presentamos,
justamente dirigidas a políticas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Sobre todo porque entendíamos que este era un tema que era necesario tratar a través de la negociación colectiva; por lo tanto, acuerdos entre la parte
social y la económica, es decir, las empresas y los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo que éramos conscientes y seguimos siendo conscientes de que si queremos que efectivamente la igualdad entre hombres y mujeres se
pueda dar realmente en nuestra sociedad, hay una cuestión que es fundamental, que es la corresponsabilidad de los asuntos domésticos. Luego, la conciliación de la vida laboral y personal, nosotros la entendemos como la conciliación de hombres y
mujeres en ese espacio de lo privado. Nos parece muy positiva la propuesta que hoy nos presenta el Grupo Popular, aunque nos resulten sorprendentes algunas de las cuestiones, no tanto las que se expresan en la propuesta sino las que ha expresado la
diputada proponente en relación con la disponibilidad o el reconocimiento de empresas para aceptar esta conciliación. Porque nosotros somos conocedores y conocedoras de que está siendo muy difícil aplicar en la práctica esos acuerdos de las dos
partes, la social y la económica, teniendo en cuenta lo que se establece en la Ley de Igualdad en estos momentos, es decir, que los acuerdos que era necesario alcanzar para que se pudieran aplicar muchas de las cuestiones que en la ley se recogen no
están siendo muy posibles, precisamente por la reticencia de las empresas a este respecto.



En consecuencia nosotros entendemos que cualquier iniciativa que, como la que en este momento estamos debatiendo, incida en instar al Gobierno para que al mismo tiempo inste a las partes, como en este caso serían patronal y sindicatos, a
incorporar la racionalización del horario y la conciliación de la vida laboral y personal, va a contar siempre con nuestro apoyo, y eso es lo que vamos a hacer en la mañana de hoy.



La señora PRESIDENTA: Señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: La revisión de los horarios es, a nuestro juicio, no solo una asignatura pendiente sino la gran asignatura pendiente. Si esta asignatura conseguimos en algún momento aprobarla, muchas de las dificultades y
desigualdades caerán por su propio peso. Por eso adelanto ya sin mayor preámbulo que nosotros vamos a apoyar la resolución que aquí se va a poner a votación, máxime después del esfuerzo que se ha hecho por el grupo proponente y por el grupo
enmendante. No obstante, me gustaría dejar en el Diario de Sesiones un par de reflexiones. La primera, que entiendo que no debiéramos asociar siempre la rigidez de horarios, y por lo tanto la necesidad de flexibilidad, con el tema de la mujer. De
alguna manera seguimos vinculando, repetimos el mensaje, de que la mujer, y la mujer madre especialmente, está en peores condiciones para trabajar. Repetimos el mensaje de que tener hijos va cada vez más, a los ojos de los empleadores, a suponer la
posibilidad o tener muy presente que se va expulsando a las mujeres del mercado de trabajo. Yo creo que la rigidez horaria y la necesidad de flexibilidad se ha de aunar a la productividad: España es uno de los países con un horario más largo a lo
largo de toda la jornada para hombres y para mujeres, y es uno de los países que tiene un menor índice de productividad. Esto afecta a las mujeres, pero básicamente afecta a todos, y por lo tanto la primera reflexión sería: dejemos de asociarlo a
las mujeres y asociémoslo a la productividad.



Segundo punto: hay un punto, que se recoge también en la enmienda de sustitución, que dice que hay que promover la realización de actividades en los centros escolares antes por la mañana, al salir por la tarde y durante el periodo de
vacaciones escolares. No nos opo


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nemos, alguna solución hay que encontrar. Pero sí queremos apuntar la reflexión de que si para tener hijos se necesitan servicios, recursos y tiempo: hoy quiero yo poner en valor la necesidad de tiempo, el tiempo que los padres deben estar
con sus hijos y el derecho de los hijos a poder estar con sus padres. Esto hace que no solo se tengan que derivar las necesidades de conciliación a la existencia puntos en donde dejar los hijos, sino que establezcamos un horario de vida razonable
para que el contacto y la convivencia entre hijos y padres no estén siempre sometidos a los largos horarios laborales.



- PARA QUE EL GOBIERNO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002040.)


La señora PRESIDENTA: Terminamos el debate de la tercera proposición no de ley y entramos en el punto 4º del orden del día relativo a la proposición no de ley para que el Gobierno adopte las medidas necesarias que garanticen la protección
de la mujer embarazada, del Grupo Parlamentario Popular. Para el mismo, tiene la palabra la señora Méndez por espacio de diez minutos.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: El Grupo Parlamentario Popular considera necesario establecer un marco jurídico para la protección de la mujer embarazada, por varias razones. Muchas de ellas se han apuntado ya a lo largo de esta mañana en las
diferentes iniciativas que se están defendiendo, porque las razones son de carácter personal, de carácter familiar; entre ellas ayudar a que las mujeres puedan, en primer lugar, tener los hijos que desean, erradicar las desigualdades que se
producen entre la mujer que va a ser madre y la que no, sobre todo en el entorno laboral. No solo no existe igualdad de oportunidades por una deficiente política de conciliación, sino que incluso existe lo que se ha venido a denominar el mobbing
maternal, porque la maternidad se ha convertido en la primera causa de despido en España. La crisis ha agravado esta situación, ya que se han duplicado los casos de despido. La Fundación Madrina, en concreto, ha realizado estudios sobre este
extremo que concluyen que la crisis vuelve a duplicar el problema de las mujeres trabajadoras siendo madres o gestantes, siendo las primeras que sufren la penalización del paro por causa de su maternidad; la falta de medidas de apoyo a la
conciliación e igualdad de la mujer, según la fundación, provoca la mayor discriminación sociolaboral de la mujer madre en España.
La fundación apunta que el 50 por ciento de las mujeres no puede acceder al mundo laboral por el mero hecho de estar
embarazadas, y ocho de cada diez mujeres tienen muy limitado el acceso o mantenimiento de su puesto de trabajo.



Un estudio de la Universidad Complutense también recoge que nueve de cada diez mujeres embarazadas sufre acoso laboral en su trabajo, y que el 25 por ciento son despedidas. Hoy en día la maternidad se ha convertido en un riesgo a la hora de
preservar el puesto de trabajo. Se puede decir que en España el embarazo es un factor de riesgo y supone violencia de género en el 25 por ciento de los casos, y la maternidad un factor de desigualdad social para la mujer. El Gobierno deberá
aportar soluciones y poner en marcha verdaderas medidas de carácter social y laboral, porque en tanto la mujer embarazada la mujer madre no tenga las mismas oportunidades que tiene la mujer que no lo es, no tendremos y no llegaremos a la verdadera
igualdad. Además ha de extenderse un reconocimiento social al hecho de ser madre. Y digo que ha de existir ese reconocimiento porque la protección de la maternidad no tiene tan solo efectos de carácter personal o efectos de carácter familiar, sino
que se han de abordar también desde el punto de vista social porque tiene muchos efectos en nuestra sociedad. No en vano existe una preocupación general sobre el déficit de natalidad en toda Europa, y ese problema demográfico se acentúa, como todas
sus señorías saben, en España. Hemos descendido en 6 décimas en tan solo un año en el índice de hijos por mujer, pasando de 1,45 a 1,39, el índice más bajo de Europa y casi de todo el mundo.



El informe, Proyección de la población de España a corto plazo (2010-2020), hecho público por el Instituto Nacional de Estadística, concluye que a lo largo de este periodo el 20 por ciento de la población total será mayor de 65 años.
Tenemos una sociedad ampliamente envejecida.
Cuando en los países de nuestro entorno se están preocupando de abordar este extremo con políticas familiares y de protección a la natalidad, en España llevamos un camino equivocado. Las políticas
familiares y de conciliación en Alemania, en Italia y en Francia están cambiando la tendencia, y es que para ser eficaz, para atender al interés general, hay que estudiar los datos, hay que tener en cuenta los datos, hay que tener en cuenta las
realidades evidentes, y no legislar tan solo con motivos de carácter ideológico. Digo que se ha elegido un camino equivocado en España porque, en lugar de ayudar a las mujeres embarazadas, sobre todo a aquellas que se encuentran en situaciones de
más vulnerabilidad, se opta por aprobar una ley del aborto, por ejemplo, que lejos de resolver verdaderos dramas, los agrava bajo el perverso disfraz de consecución de un derecho. Porque en la mayoría de los casos las mujeres que se enfrentan al
aborto son mujeres que no pueden hacer frente a situaciones económicas insostenibles, presiones sentimentales, familiares o laborales, y que acuden al aborto no para ejercer un derecho sino para evitar un conflicto que nadie les ayuda a resolver.



Señorías, no voy a entrar en confrontación. Tan solo quiero que reflexionen sobre los datos, porque además de esos dramas personales hay más de 100.000 abortos anuales, y seguimos sin un proyecto de ley de apoyo a


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la maternidad. Digo que no quiero entrar en confrontación ideológica porque seguiremos sin ponernos de acuerdo cuando ustedes me digan que han reconocido un derecho, y yo les pueda contestar que los padres con hijos adolescentes estamos
absolutamente indignados y que nos cuesta mucho esfuerzo explicar a nuestras hijas que los actos tienen consecuencias y que, desde luego, la muerte de su hijo no es para ellas un derecho. Nos cuesta mucho esfuerzo cuando el Gobierno ha legitimado
verdaderas conductas que son intrínsecamente malas. No quiero entrar, les decía, en confrontación, porque ustedes me dirán que el resultado de la concepción no es un ser humano, y yo les explicaría verdaderos tratados científicos serios sobre
embriología. Precisamente ayer estuve en el solemne acto de investidura como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Juan Jiménez Collado, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Real Academia Nacional de
Medicina. Les aconsejo que lean su estudio sobre embriología, que yo no les voy a explicar ahora.
Por eso, en esta intervención tan solo quiero que se reflexione sobre los datos, sobre realidades evidentes, sobre la necesidad urgente de revisar
nuestro apoyo a las mujeres para conseguir la verdadera igualdad. Ya existen leyes en diferentes comunidades autónomas de protección a la maternidad -en Valencia, en Madrid, en Castilla y León-, y también existen resoluciones de diferentes
parlamentos autonómicos, como por ejemplo, la última que se debatió en la Asamblea Regional de Madrid a instancias de iniciativas legislativas populares para crear redes de apoyo para aquellas personas más vulnerables, en concreto en relación con la
maternidad.



Nosotros también presentamos en su día una proposición de ley con diversas medidas de carácter fiscal, social, laboral, de salud. Son muchas medidas las que pueden aprobarse, las que pueden ponerse en marcha, medidas positivas, medidas para
una verdadera conciliación. Nuestra compañera, ahora mismo, Sandra Moneo, portavoz de la Comisión, nos hablaba de horarios flexibles: es que pueden ser medidas de horarios flexibles, medidas fiscales, medidas de subvenciones, medidas de ayudar,
por ejemplo, a las empresas que tienen guarderías en el impuesto de sucesiones con subvenciones de carácter fiscal que ustedes, con los recortes sociales, han hecho también que desaparezcan; es que han desaparecido las subvenciones que existían
para que las empresas construyeran guarderías para ayudar a la mujer embarazada. Por lo tanto, en lugar de ir en positivo hacia una verdadera conciliación, con los recortes sociales se han disminuido las pocas medidas que en la actualidad se
precisan para que exista una verdadera igualdad entre la mujer y el hombre, y sobre todo entre la mujer que tiene hijos y la que no los tiene. Son muchas, ya digo, las medidas que se pueden poner en marcha; nosotros también en nuestro voto
particular, cuando se estudió en la subcomisión sobre el aborto, definíamos una serie de medidas de apoyo a la mujer embarazada para que no tuviera como única alternativa el aborto. Además en su ley, en su proyecto de ley, ustedes dicen que se ha
de informar a las mujeres sobre las alternativas que tienen cuando deciden abortar, y sin embargo no han puesto ninguna medida para que pueda ser eficaz y puedan elegir en libertad, porque esas alternativas no las tienen.



La Fundación Madrina, en concreto, nos decía que tiene experiencia en que de cuatro mujeres, si se les ayuda, tres no llegan a abortar. Solicito, por tanto, de los demás grupos de la Cámara su apoyo para que se pongan en marcha verdaderas
medidas de conciliación y de apoyo a la mujer embarazada para erradicar la discriminación, para que las madres puedan llegar a tener los hijos que desean, para que la mujer embarazada tenga alternativas diferentes al aborto, para resolver el gran
problema demográfico existente en España, para, en fin, considerar la maternidad como un bien social y que obtenga su reconocimiento; para poder llevar a efecto medidas que devuelvan algo de esperanza a nuestro futuro y que nos encaminen a un
verdadero progreso.



Por último les quería comentar, aludir a un dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el papel de la política familiar en el cambio demográfico para compartir las mejores prácticas entre los Estados miembros. Es un dictamen del
mes pasado, del 4 de mayo de 2011, donde se aborda una serie de estudios, de datos, de medidas, de puestas en común; uno de los motivos es afrontar ese déficit demográfico y ese problema de natalidad que existe en toda Europa, y sobre todo que está
agravado en España. Y ya sí que termino diciendo que es urgente esa voluntad política, un compromiso político para que pueda recuperarse la esperanza individual y colectiva, y que el valor que entraña la maternidad sea protegido y sea apoyado. Es
urgente ese apoyo institucional y legislativo para que se pueda dar un vuelco a ese déficit, no tan solo de natalidad sino de algo más profundo, un vuelco a una cultura que destruye el mismo sentido de la vida, un vuelco, por tanto, a una cultura
que destruye nuestro futuro.



La señora PRESIDENTA: Esta proposición no de ley no tiene enmiendas, por lo tanto, pasamos a la fijación de posiciones. Señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para manifestar nuestra postura.
Una cosa es la propuesta que se hace y otra cosa es la intervención de la señora Monasterio en este momento, y nosotros tenemos cuestiones que comentar. Por nuestra
parte, quiero decir, que el Bloque Nacionalista Galego lleva muchísimos años luchando para que se elimine la discriminación que existe en nuestra sociedad contra las mujeres, tanto cuando van a buscar un empleo o cuando, quedando embarazadas, son
despedidas. Me refiero a estos dos asuntos porque fueron también nombrados o expuestos por la señora Monasterio. Una de las cuestiones que hemos defendido siempre es que, desde el punto de vista legislativo esto debería estar penado, y así se
recogió en la Ley de Igualdad. Lo recuerdo muy bien porque fue


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una cosa muy discutida en su momento. Pero también hay otra cuestión que nos parece fundamental para esta discriminación que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de estar embarazadas o de que estén en edad reproductiva, que está muy
relacionada con el esfuerzo que tenemos que hacer para que el coste social y el coste económico de la maternidad sean también un coste social y un coste económico para la paternidad. Es decir, tenemos que igualar la paternidad y la maternidad de
tal manera que desde el punto de vista de la empresa tenga el mismo coste social y económico que el hombre tenga un hijo o que la mujer tenga un hijo.
Cuando consigamos eso, evidentemente estaremos resolviendo el problema de la discriminación que
se ejerce, y que además efectivamente son los datos que la señora proponente nos acaba de exponer.



Pero, señorías, una cosa es eso, una cosa son las grandes dificultades que las mujeres tenemos, o las mujeres en edad de reproducción tienen para mantener el puesto de trabajo o acceder al mismo; otra cosa es la necesidad de políticas de
igualdad y de compatibilizar la vida laboral y familiar, como se dice en la proposición no de ley, y por lo tanto la necesidad de que desde las administraciones y desde las empresas se creen esos servicios y esas posibilidades para permitir esa
compatibilidad; y otra cosa es lo que con la propuesta entendemos que pretende el Grupo Popular. La señora Monasterio en diferentes espacios de su intervención comentaba que no quería hacer una defensa ideológica de la cuestión o entrar en
cuestiones ideológicas, pero realmente la defensa de la proposición no de ley, sobre todo en la segunda parte, fue todo un alegato ideológico, y más que defensa de la mujer embarazada parecía que estaba haciendo una defensa contra la ley del aborto
que se aprobó no hace tanto tiempo.



Dentro de la legitimidad ideológica de defender una cosa y otra, nosotros tenemos que manifestar nuestra posición contraria a esta proposición no de ley, por varias razones; algunas ya las he expuesto, pero otra es que, desde nuestro punto
de vista, la protección a la mujer embarazada radica en aquella protección de índole sanitaria, por un lado, o de salud laboral en las empresas, donde pueden o no pueden trabajar en ese tiempo de gestación, que finalmente viene siendo también una
cuestión de salud.
Y desde nuestro punto de vista, eso, desde la legislación sanitaria de salud laboral, existe. Otra cosa es que no sea debidamente -finalizo, señora presidenta- cumplida por las empresas, pero ahí está efectivamente el trabajo de
la inspección laboral correspondiente y el seguimiento también de los grupos parlamentarios. Pero no entendemos que sea necesario una legislación dirigida a la mujer embarazada.



La señora PRESIDENTA: Señor Pigem, tiene la palabra.



La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió somos sensibles a lo que al menos en la exposición de motivos escrita se plantea, que es la necesidad de impulsar el aumento de la natalidad. Realmente cuando se les pregunta a las
parejas o a las personas cuántos hijos querrían tener, responden que dos o tres, y luego resulta que la media de hijos que tienen es 1,4, como se señala en la exposición de motivos, y esto apunta a que nuestras medidas de protección para que
aquellos que quieran tener hijos los puedan tener deben adolecer de insuficiencias manifiestas. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con este planteamiento. Estábamos menos de acuerdo con el texto en el tema de que las políticas de apoyo y
asistencia se tuvieran que hacer desde este ámbito, desde el ámbito estatal. La señora Monasterio ha explicado durante su intervención, y se dice también aquí en la exposición de motivos, que ya hay comunidades autónomas que han hecho estos
programas de apoyo. Y es que realmente nosotros pensamos que la competencia para hacer programas de apoyo está en las comunidades autónomas. Por lo tanto esta era una objeción competencial que teníamos. Pero realmente la señora Monasterio -lo ha
señalado ya la señora Fernández Davila- ha versado su intervención sobre todo en el tema del aborto. En el tema del aborto, como se sabe ya bien, Convergència i Unió tenemos posiciones plurales, y por lo tanto yo no podría aquí tomar una posición
ni en un sentido ni en otro; y por hacer una votación de síntesis, yo anuncio ya que nos vamos a abstener.



La señora PRESIDENTA: Finalmente tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista el señor Trujillo.



El señor TRUJILLO GARZÓN: Señorías, yo tengo un sentimiento parecido al que ha expresado la señora Fernández Davila, porque al principio creía q-ue nos encontrábamos aquí ante una proposición no de ley que, quería entender, estaba realizada
con buena intención, con el espíritu que preside esta Comisión, en la que todas y todos tenemos un mismo objetivo, que es la búsqueda de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, más allá de las diferencias y enfrentamientos ideológicos
que puedan separarnos. Por eso, en principio, como digo, una proposición no de ley que pretenda proteger a la mujer en cualquier aspecto de su vida siempre es bienvenida para esta Comisión. Sin embargo, esta proposición se queda simplemente en su
exposición de motivos -no tanto en su exposición por parte de la portavoz-, en una declaración de intenciones sin ofrecer nada concreto. Las mujeres de este país necesitan medidas reales y efectivas y no brindis al sol. No se puede decir que hay
que proteger a la mujer embarazada -¿cómo?- protegiendo a la mujer embarazada. Es como la entrevista que le hacían al señor Rajoy en la que decía que para acabar con el paro había que crear empleo.



En su exposición se refieren a las leyes aprobadas en Castilla y León, y en la Comunidad Valenciana como ejemplos de lo que proponen aquí, pero yo conozco un caso reciente de una mujer que ha sido madre en la


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Comunidad Valenciana y les puedo asegurar que no ha recibido ninguna protección ni ayuda especial de su Gobierno autonómico. Además entiendo que la intención de esta Comisión en este ámbito de la maternidad no debe reducirse únicamente a la
defensa de la mujer embarazada, sino de la mujer como madre. No debemos discriminar a una madre respecto de otra en función de cómo haya llegado a tener a su hijo.



Las reformas legales impulsadas en los últimos años por el Gobierno socialista sí han dotado de una mayor protección jurídica a las mujeres trabajadoras que se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia, tratando de conciliar su estado
de gestación con sus obligaciones laborales, pero en todo caso reglamentando aquellas actuaciones preventivas o paliativas que aseguren un desarrollo normal de su embarazo y sus derechos como trabajadoras. La protección de la salud de las mujeres
durante el embarazo y la lactancia, así como su protección social, la prevención y erradicación de situaciones de vulnerabilidad social y la promoción de la conciliación constituyen cuestiones prioritarias en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En este sentido, esta ley define específicamente la discriminación por embarazo o maternidad en el artículo 8, que amplía la legitimación para la tutela del derecho de igualdad y establece la
inversión de la carga de la prueba. De esta forma incorpora la posibilidad de indemnizar a la trabajadora cuando existe una causa de discriminación por su situación de embarazada. Esta ley contempla además entre los principios de actuación de los
poderes públicos la protección de la maternidad, en especial los efectos derivados del embarazo, la lactancia y el parto; recoge importantes modificaciones legislativas en los ámbitos de salud, Seguridad Social o laboral; establece mecanismos
específicos para garantizar la protección de las mujeres frente a discriminaciones por embarazo o maternidad, así como medidas tendentes a la eliminación de posibles situaciones de discriminación, con especial atención a las situaciones de
vulnerabilidad; y establece medidas específicas para avanzar en la conciliación y en la corresponsabilidad. El tiempo es muy limitado y no puedo decir las diversas medidas que están dirigidas a esta cuestión: exenciones de cuotas, las mejoras del
permiso de maternidad por supuestos de partos múltiples, permisos de paternidad, etcétera. Asimismo esta ley reconoce el derecho a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, y fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y
hombres, con el impulso de firma de convenios con la UPTA, etcétera. Por tanto, la aprobación de la ley y su desarrollo ha supuesto la elaboración de planes y la puesta en marcha de actuaciones que permiten la conciliación de la vida familiar y
laboral. Querer introducir ahora esto en el marco normativo supondría -pensamos- un paso atrás, ya que estamos desarrollando una amplia protección a la maternidad con la ley que tenemos en vigor.



Por supuesto que todo es susceptible de mejora, y más en esta lucha cuyo objetivo, la igualdad real entre mujeres y hombres, es común a todas y todos los que formamos esta Comisión. Por eso les pedimos que traigan a esta Comisión medidas
que sean reales y que mejoren lo ya existente, y nosotros gustosamente las apoyaremos. Hasta entonces, estos brindis al sol no podemos apoyarlos y tendremos que votar en contra de su aprobación.



- SOBRE EXTENSIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002272.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la quinta proposición no de ley, el quinto punto del orden del día, sobre extensión de los mecanismos de protección en materia de violencia de género, del Grupo Parlamentario Socialista. Y para defenderla
tiene la palabra la señora Ros.



La señora ROS MARTÍNEZ: Señorías, esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene como objetivo principal seguir avanzando y mejorando, potenciando y apoyando la extensión de los mecanismos de protección en
materia de violencia de género. Todas y todos somos conscientes de que la protección de las víctimas de violencia de género constituye uno de los elementos fundamentales y prioritarios para abordar el problema y encontrar soluciones que resulten
más efectivas.
Cada mujer que logra distanciarse de la violencia es un éxito del conjunto de la ciudadanía. La realidad que impone todavía el número de víctimas hace necesario que sigamos avanzando en poner en funcionamiento la ampliación de las
medidas de protección. Somos conscientes de la urgente necesidad de emplear cuantos más recursos sean necesarios para frenar y hacer desaparecer esta lacra social del siglo XXI que es la violencia de género. Esta forma de violencia que antes
permanecía oculta, hoy es objeto de rechazo colectivo y de una evidente preocupación social, que se traducen en una demanda de más protección, más seguridad y más ayuda hacia la mujer víctima de violencia de género.



Los poderes públicos no pueden quedar al margen de esta realidad y estamos obligados a ofrecer una respuesta tanto en las medidas de prevención como en la atención y protección integral a las mujeres víctimas de esta violencia. Somos
conscientes más que nunca de que hay que seguir trabajando duro, porque una sola víctima, una sola mujer asesinada sigue siendo una solución más que buscar. Con esta finalidad, el plan de medidas urgentes para la prevención de la violencia de
género puso en marcha, entre otras medidas, el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género. Las nuevas tecnologías constituyen también un elemento funda


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mental en la protección de las víctimas, de las mujeres víctimas de violencia de género, ya que permiten una amplia localización con bastante precisión, por lo que se configuran como un instrumento de protección de la integridad física de
las personas. Y en concreto, el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la violencia de género, conocido más comúnmente como Atenpro, es una modalidad de servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las víctimas de
violencia de género una atención inmediata ante las eventualidades que les puedan sobrevenir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentre. El servicio se basa en la utilización de tecnología de comunicación
telefónica móvil y de telelocalización. Permite que las mujeres puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante
situaciones de emergencia el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/mismas o movilizando otros recursos humanos y materiales.



Para la puesta en marcha de este servicio, el ministerio titular del servicio de Atenpro firmó un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión de dicho programa, iniciativa que también se
encuentra respaldada por el Instituto de la Mujer; el número de usuarias de Atenpro a 30 de abril de 2011 se sitúa en más de 35.323 mujeres. Atenpro tiene como objetivo fundamental, por tanto, prevenir agresiones de violencia de género o minimizar
sus consecuencias si estas llegan a producirse, facilitando el contacto con un entorno de seguridad y posibilitando la intervención inmediata, si bien es cierto que en principio solo podían solicitar dicho servicio las víctimas de la violencia de
género que no convivan con el maltratador, que cuenten con orden de protección judicial y que participen en algún programa de atención especializada. De este modo quedaban excluidas de este servicio las mujeres que, habiendo denunciado ser víctimas
de maltrato, aún no disponían de orden de protección o medida de alejamiento. Por este motivo es fundamental mejorar este servicio para que llegue a un mayor número de mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de aumentar seguridad y
protección. Este es el objetivo fundamental de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, y en especial extendiendo el servicio de Atenpro a las mujeres que no tienen medida de protección por no haber presentado denuncia o haber
desistido de la misma, entre otros supuestos, siempre que pueda acreditarse que están recibiendo atención por la situación de violencia padecida. Y también extender, no solo su aplicación a las medidas cautelares, sino también al control del
cumplimiento efectivo de las penas de alejamiento de maltratadores mediante la revisión y adecuación de los protocolos de actuación aplicables al respecto. En conclusión, señorías, más seguridad y confianza para ampliar y mejorar el sistema de
protección de las víctimas.



Asimismo, si bien es cierto que el pasado 6 de junio la Comisión de Igualdad del Senado aprobó por unanimidad una moción similar presentada por el Grupo Popular y con una enmienda transaccional de nuestro grupo, del Grupo Socialista, quiero
precisar que esta proposición no de ley está presentada por nuestro grupo desde el mes de marzo. Se trata, por tanto, de dar un paso más, un paso que contribuye a agilizar y a ampliar el sistema, ya que los informes para acceder a este servicio son
elaborados por profesionales que están en contacto con las mujeres que padecen violencia de género, que conocen los riesgos que tienen las víctimas, tanto las que denuncian como las que no quieran hacerlo.



Es muy importante que los mecanismos y los instrumentos que estamos poniendo en marcha sigan perfeccionándose, insistiendo en los mecanismos que hoy tenemos y desde los que creemos que hay que trabajar para seguir promoviendo, reforzando y
mejorando el sistema, algo que sin lugar a dudas compartiremos todos los grupos de la Comisión. Evidentemente todavía nos queda mucho camino por recorrer, teniendo en cuenta que hay mujeres que en pleno siglo XXI, y a pesar de todos los esfuerzos
que estamos haciendo, siguen siendo golpeadas por la violencia de género.
Pero esto no nos puede impedir ver también las miles de mujeres que protegemos día a día; tenemos que lanzar a las mujeres un mensaje contundente: que de la violencia de
género se puede salir. Hay muchas mujeres que lo están consiguiendo gracias al sistema de protección, a los recursos económicos, a los convenios firmados con las empresas y a la labor que realizamos. Aun así, todo esto y más siempre es
insuficiente; tenemos que seguir avanzando.



Concluyo diciendo que, en la búsqueda y en la implicación de mejorar la protección de las víctimas, conocer con más profundidad la naturaleza de este singular fenómeno con el fin de aportar más soluciones que nos ayuden a la desaparición de
la violencia de género es el objetivo e implicación de esta proposición no de ley. Por ello es necesario que sigamos mostrando y manteniendo un mensaje de unidad, porque transmitirá más seguridad y confianza a las víctimas.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señora presidenta, como no podía ser de otra manera, quiero manifestar nuestro voto a favor de esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, es su turno.



La señora PIGEM I PALMÉS: Mi grupo también va a apoyar esta iniciativa, pero nos gustaría hacer un par de consideraciones.



Con respecto a la primera parte de la misma, lo ha señalado ya la portavoz del Grupo Socialista, es el


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mismo texto prácticamente que se vio la pasada semana en el Senado, esa vez a propuesta del Grupo Popular con una enmienda transaccionada del Grupo Socialista, y a la que votaron a favor todos los grupos. La reflexión simplemente era en el
sentido de que, a mi entender, lo que se aprueba en las Cortes Generales, bien sea en el Congreso, bien sea en el Senado, es suficiente con que se haga una vez, no solo porque el mandato al Gobierno es igualmente válido y legítimo, sino porque, como
las mayorías son distintas en el Congreso y el Senado, puede llegar la ocasión en que en un lado se apruebe una cosa que realmente no se apruebe en la otra. Y por lo tanto, yo creo que los grupos parlamentarios y todos nosotros deberíamos estar
atentos a no reiterar una y otra vez las iniciativas que ya están aprobadas.



Por lo que respecta a la segunda parte, que realmente es nueva y con la que especialmente estoy de acuerdo, a mi juicio no es suficiente un mandato al Gobierno, sino que es necesario realizar una previsión normativa. Se hacen las medidas
cautelares porque así está previsto en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; si se ha de hacer al salir de la cárcel con las penas de alejamiento, estoy completamente de acuerdo, pero se ha de hacer a través de una previsión
normativa.



Y por último, una reflexión con respecto al primer punto, que ya es una reflexión que se hizo en el Senado: cuando no hay denuncia, cuando se ha desistido de la misma, dice que se pongan estas medidas del servicio de atención telefónica
siempre que pueda acreditarse que están recibiendo atención por la situación de violencia. ¿Quién acredita?


La señora PRESIDENTA: Para finalizar el debate de esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Camarero, para fijar la posición de su grupo.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, de nuevo traemos a esta Comisión una iniciativa para la protección de las víctimas de violencia de género. Es una iniciativa sin duda positiva, una iniciativa necesaria y una iniciativa importante.
Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la señora Pigem, no es una iniciativa nueva. Se ha traído a debate en distintas ocasiones a lo largo de los seis años de vigencia de la ley integral, y más recientemente en una moción en el Pleno hace unos
meses y en una proposición no de ley presentada por este grupo -el segundo punto de la misma- en esta Comisión y aprobado por unanimidad hace ocho meses, además de la aprobación hace tan solo una semana en el Senado de la primera parte de esta
iniciativa.



Señorías, el Grupo Popular estamos convencidos de que la protección y la seguridad de las mujeres víctimas de violencia debe ser una prioridad; ha sido, es y será nuestro caballo de batalla en este ámbito. Creemos que es necesario, que es
imprescindible que las víctimas dispongan de todos los instrumentos que la ley recoge de la forma más eficaz posible, porque no parece razonable que siempre que tratamos de violencia de género tengamos que hablar del número elevado de mujeres que,
cada vez en más número, insisto, siguen siendo asesinadas por esta violencia. Y sobre todo del número de mujeres que han dado todos los pasos que les hemos pedido, que han presentado denuncia, que cuentan con una orden de protección, que han pedido
ayuda para salir del maltrato y que a pesar de ello siguen siendo asesinadas, demostrando, evidenciando un fracaso del sistema, un fracaso del Gobierno. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: el año pasado, en 2010, 73 mujeres fueron asesinadas;
el 30 por ciento habían denunciado, y 13 contaban con una orden de protección en vigor, algo que no les salvó la vida. En 2011, en lo que llevamos de año, 28 víctimas han sido asesinadas; siete habían denunciado, un 25 por ciento, y 6 tenían una
orden de protección.



Cuando hablamos de la necesidad de mejorar la protección de las víctimas tenemos que hablar de mejorar la valoración del riesgo, de implementar las unidades integrales de valoración, de extenderlas a todo el territorio nacional; hablamos de
una valoración individualizada de la víctima, de una protección adecuada individualizada, de incrementar los efectivos de las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil; hablamos de la utilización de la
teleasistencia y su correcta aplicación; hablamos de la implantación correcta de los brazaletes de control al agresor (no es normal que de los 3.000 existentes solamente se hayan instalado unos 500); hablamos de la necesidad de mejorar de verdad
la protección a las víctimas si queremos salvar su vida.



Señorías, lo decía la señora Pigem, esta iniciativa que trae el Grupo Socialista tiene dos puntos. El primero de ellos fue debatido y aprobado la pasada semana en el Senado. Además, hace tres meses, el pasado 17 de marzo la ministra
anunciaba tras una conferencia sectorial de igualdad con las comunidades autónomas que asignaría 20.000 teléfonos para maltratadas que no denunciaran a su agresor, vendiendo entonces que el sistema se extendería a todas aquellas mujeres que, a pesar
de no haber denunciado, requieren de este sistema. Tres meses después desconocemos si el sistema está en marcha para estas mujeres que no han denunciado y cuántos de estos 20.000 teléfonos se han repartido. Pero comprobamos con tristeza que aquel
anuncio, hecho no solo, como digo, en los medios de comunicación, sino también en la conferencia sectorial delante de todas las comunidades autónomas, no era más que otro brindis al sol de este Gobierno que no se ha puesto en marcha, y que es ahora
su grupo parlamentario, el Grupo Socialista, el que trae esta iniciativa a esta Cámara para que el Gobierno lo ponga en marcha. Señores y señoras del Grupo Socialista, bienvenidos a la reivindicación, más allá de ser complacientes con este
Gobierno: está bien que sean ustedes los que le saquen los colores demostrando que no cumplen con lo que anuncian. El Grupo Popular está hoy más que nunca de acuerdo con los diputados y las diputadas del Grupo Socialista en la


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necesidad de decir al Gobierno que mejore este instrumento y que, tal y como prometió, lo extienda a las víctimas que no han denunciado, que lo haga de la forma más rápidamente posible.



Respecto al segundo punto de la iniciativa, les insisto: es un punto aprobado.



La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene que ir terminando.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Voy terminando, señora presidenta.



Debatido y aprobado, como digo, por unanimidad hace ocho meses, en fecha 26 de octubre de 2010. Evidentemente, nosotros no podemos estar más que de acuerdo con esta iniciativa; queremos y creemos necesario que se mejore también la
aplicación de los brazaletes de los maltratadotes; brazaletes que nosotros pusimos en marcha en las comunidades autónomas donde gobernamos, en Madrid y en Baleares.



Y para terminar, quiero decirles que el Grupo Popular votará a favor de esta iniciativa: primero, por responsabilidad, buscando, como decía la señora Ros, el consenso y la unanimidad cuando se trata de mejorar la protección de las mujeres
víctimas de violencia; y segundo, porque se trata de iniciativas ya aprobadas. Por lo tanto, el Gobierno tiene en reiteradas ocasiones el mandato de esta Cámara de mejorar los sistemas de protección a las víctimas. Deseamos que esta vez no haga
oídos sordos a dicho mandato; que en el tiempo que les queda al frente de la responsabilidad de gobierno cumplan con su obligación de mejorar estos mecanismos, y más concretamente los instrumentos telemáticos; que cumplan con su obligación, dada
hoy de nuevo por el Gobierno, porque eso seguro que ayudará a salvar las vidas y la integridad física de las mujeres víctimas de violencia de género.



- SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA MUJER CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002273.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al sexto punto del orden del día, que coincide con la sexta proposición no de ley que debatimos; en este caso sobre violencia de género en la mujer con discapacidad, del Grupo Parlamentario Socialista, que
tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para defender la proposición tiene la palabra, en nombre de su grupo, la señora García Valls.



La señora GARCÍA VALLS: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una proposición no de ley para seguir avanzando en la prevención, y atención a las víctimas de la violencia de género, en este caso concreto para referirnos a
la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, porque esta es una preocupación constante del Partido Socialista que forma parte de nuestros compromisos con la ciudadanía y que venimos cumpliendo desde el principio. No descubriré nada nuevo
si digo que hablar de mujer con discapacidad es hablar necesariamente de una doble marginación: son mujeres doblemente azotadas por injusticias sociales propias de las que se aplican a las personas con discapacidad, por ser consideradas
tradicionalmente como discapacitadas, tales como exclusión de los espacios habituales, infravaloración de la propia persona con discapacidad y de sus capacidades, y por las injusticias propias por el hecho de ser mujeres.



Así, si tanto la discapacidad, por un lado, como el hecho de ser mujer, por otro, ya de por sí suponen enormes actitudes injustas, ni qué decir cuando estos dos factores se concentran en un solo ser humano.
Contrariamente a lo que podríamos
entender, ya que las personas con discapacidad se desarrollan y se mueven en entornos que propician la sobreprotección, desde el propio núcleo familiar hasta espacios institucionalizados, como hospitales, residencias y centros de día, hay que
reconocer que las mujeres con discapacidad sufren violencia de todo tipo: física, psicológica y/o sexual. La mayor sobreprotección que se ejerce sobre estas mujeres genera mayor dependencia moral y física con respecto a quien las cuida o se
encarga de ellas. A su vez, esta dependencia les imposibilita una independencia económica y les provoca una muy baja autoestima... (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Perdón, señora García Valls. Señorías, queda muy poco tiempo y debemos terminar la sesión. Les pido silencio.



La señora GARCÍA VALLS: Esta dependencia, decía, les imposibilita una independencia económica y a su vez les provoca una muy baja autoestima e incluso una devaluación social. Esto provoca que se queden en una situación de indefensión
frente a las acciones violentas que puedan sufrir.



La Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, marca un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. A partir de esta ley, en la que se aborda de una manera expresa la situación
específica de las mujeres con discapacidad, se han puesto en marcha actuaciones y medidas dirigidas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, teniendo en cuenta las necesidades específicas de estas mujeres. Y es que la doble
discriminación de las mujeres con discapacidad +no es producto de una suma de las necesidades que se plantean por discapacidad y género, sino que al conjugarse ambas variables se produce una situación diferente y especial que es preciso reconocer,
con el fin de que los instrumentos que se planteen para corregir la discriminación favorezcan el acceso a la igualdad de oportunidades y el disfrute pleno de derechos de estas mujeres. Esto se puso de relieve durante los trabajos y posterior
elaboración del informe emitido en diciembre de 2009 por la subcomisión para el estudio del funcionamiento de la Ley de medidas de


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protección integral contra la violencia de género en esta misma casa. El Cermi reconoció el avance que se produjo con la Ley 1/2004 al reconocerse la discapacidad en la misma, así como el hecho de que el Observatorio Estatal de la Violencia
contra la Mujer haya concedido dos vocalías al Cermi, lo que permite incidir más en el tema de la discapacidad.



El III Plan de acción para las mujeres con discapacidad 2009-2011, que está basado también en la normativa internacional, como la Convención de Naciones Unidas de 2007, en los planes estratégicos europeos y en la normativa estatal, establece
la estrategia del Gobierno para esta legislatura. Así, dispone los medios necesarios para cambiar, para invertir la tendencia en lo que se refiere al ejercicio de derechos y disfrute de recursos, fomentando su participación y modificando normas
sociales y estereotipos discriminatorios, y que aborda como una de sus áreas de intervención los abusos y la violencia. Qué duda cabe que todas las áreas son importantes, porque no puede entenderse dar satisfacción a uno de los objetivos sin tener
en cuenta los otros. Las actuaciones han de tener necesariamente carácter transversal, por todo lo expuesto anteriormente, e implicar a todas las administraciones (estatal, autonómica y local) y a los organismos competentes para ello. Todas las
áreas están interrelacionadas: poder y participación, educación y cultura, empleo, salud, la ya mencionada y específica del tema que nos ocupa (abusos y violencia), y la protección social y jurídica. Hay que seguir avanzando por este camino. Qué
duda cabe que para el diseño y aplicación de las actuaciones y medidas contra la violencia de género que se ejerce sobre las mujeres con discapacidad hay que tener en cuenta necesariamente las necesidades y demandas particulares de estas mujeres, lo
que exige sin duda tener un amplio conocimiento de la magnitud del fenómeno violento en este colectivo de mujeres. Así lo determina también el tercer Plan de acción para las mujeres con discapacidad cuando señala como objetivos fundamentales en
esta cuestión conocer las características de los abusos y la violencia ejercida sobre las personas con discapacidad y su relación con la violencia de género; sensibilizar y dar una formación adecuada en materia de maltrato, violencia de género y
discapacidad para prevenir, detectar y atender a las víctimas; adecuar los criterios de funcionamiento de la red de recursos públicos y privados existentes adaptándolos a las necesidades reales de las mujeres con discapacidad víctimas de la
violencia de género.



Por ello incidimos, y en este sentido nuestra PNL, en la necesidad de disponer de más datos, de trabajar con indicadores relativos a la discapacidad, en la necesidad de mayor información sobre la situación real de las mujeres con
discapacidad víctimas de la violencia de género, con el fin de tener un mayor y mejor conocimiento de la incidencia de la violencia de género que sufren las mujeres con algún tipo de discapacidad; la prevención y detección de los posibles casos, y
las causas y efectos de la violencia sobre estas mujeres. Así se contribuirá a visibilizar la situación de mayor discriminación y mayor vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres, puesto que la sociedad todavía no tiene la percepción de
la inmensa vulnerabilidad y dificultad de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Un mejor conocimiento y diagnóstico de la realidad que viven estas mujeres servirá para avanzar y mejorar en los protocolos de actuación
existentes en los casos de violencia de género y adaptarlos a las situaciones de discapacidad existentes, ampliando el conocimiento de estas circunstancias especiales al conjunto de operadores jurídicos y sociales en materia de violencia de género y
con los servicios de atención a la discapacidad, sensibilizando específicamente al conjunto de la ciudadanía al respecto y avanzando progresivamente en la adaptación de las medidas y servicios que se implementen a sus necesidades y demandas
específicas.
Por todo ello es imprescindible adoptar los instrumentos necesarios para disponer de indicadores y datos desagregados dirigidos a analizar la magnitud, evolución e incidencia de la violencia de género en las mujeres con discapacidad,
lo que redundará en la transversalidad y accesibilidad de las medidas impulsadas, en mejorar la accesibilidad a la información, a los recursos puestos en marcha en la prevención y atención, así como impulsar el trabajo en este ámbito de las
asociaciones y entidades especializadas en la discapacidad. En consonancia con lo expuesto es por lo que presentamos en esta Comisión la proposición no de ley, a la que ya señalo que hemos transado la enmienda presentada por el Grupo Popular y para
la que pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios.



La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra, para defender en cualquier caso la enmienda de su grupo parlamentario, la señora Durán.



La señora DURÁN RAMOS: Permítanme que empiece mi intervención coincidiendo con dos grupos, primero con el proponente, el Grupo Socialista, en que algo está haciendo o algo no está haciendo el Gobierno cuando se le tiene que instar. En la
primera PNL del orden del día también uno de los miembros de la Comisión hablaba sobre los deberes sin cumplir del Gobierno de la nación. Cuando hay que instar a un Gobierno por algo tan sensible y que cala tanto en la sociedad y en todos nosotros
como es la violencia de género, repito, aunque es algo que el Gobierno plasma en diferentes leyes y acuerdos, es porque no lo termina de desarrollar. En lo que llevamos de año son ya 27 mujeres las que han sido asesinadas por sus parejas y por el
mero hecho de ser mujeres; todas sabemos que ellas cuentan y encuentran muchas dificultades en nuestra sociedad. Si difícil es para todas nosotras y para un número importante de mujeres, más difícil es para la mujer discapacitada; son mucho más
vulnerables y se enfrentan día a día a muchos más problemas.



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Hace escasamente un año Ana Peláez, defensora de los derechos de las mujeres y en especial de las mujeres con discapacidad, a la que me gusta seguir por su trayectoria y por lo que nos aporta para poder trabajar sobre este tema, comparecía
en esta Cámara para llamar nuestra atención, como lleva haciendo mucho tiempo, y poniendo iniciativas sobre la mesa para acabar con esta lacra. Son también diferentes colectivos, como el Cermi, la Red Internacional de Mujeres con Discapacidad y el
propio Tratado de la ONU, que firmó y ratificó España, los que nos dicen cuáles son los puntos vulnerables a los que tenemos que prestar atención y poner soluciones. Mi grupo, señorías, estará siempre al lado del Gobierno para aportar y apoyar
soluciones y políticas que sean eficaces para conseguir la igualdad plena, con las que las mujeres con discapacidad, que es el tema que nos trae hoy esta PNL, puedan convertirse en poseedoras de derechos y en sujetos de derechos, con plena
participación de la ejecución de los planes y las políticas que les afectan. Aquí también quiero agradecer la buena predisposición de la señora García Valls para llegar a un acuerdo en incorporar esta enmienda de adición que mi grupo ha presentado
a esta proposición no de ley. Es verdad que no queremos leer titulares como El cuerpo maltratado. Eso hay que evitarlo. También nos dicen dónde la vulnerabilidad de las niñas y mujeres con discapacidad y en relación con la violencia está
estrechamente ligada a dos factores: la percepción social de los hombres y mujeres no es igual, lo que supone una dominación social y física de los hombres hacia las mujeres; y la percepción social de la discapacidad, donde los cuerpos de las
personas con discapacidad son vistos diferentes a los del resto, incapaces y enfermos y por tanto no normales. Esto no se debería haber leído nunca, ni ahora ni en tiempos anteriores, pero desgraciadamente es así. Yo creo que entre todos tenemos
que acabar con algo que el tiempo nos plantea, que está ahí y para lo que no tratamos de buscar una solución. Es importante contar con los datos estadísticos, señorías, para trabajar y, lógicamente, acabar con este horror que es la violencia de
género, pero tan importante y más es dotarlo de las herramientas necesarias para que todas tengamos las mismas oportunidades. No me sirve, señorías del Grupo Socialista, instar para mejorar; hay que hacer que esa información llegue y no tarde. No
sirve, señorías del Grupo Socialista, seguir impulsando el trabajo conjunto; hay que hacer que ese trabajo funcione.



Seis años de gobierno del Partido Socialista lleva en vigor la Ley integral de violencia de género, y lo podíamos ver en otra proposición no de ley que se ha tratado también hoy en el orden del día, pero no vemos que esto acabe. En algo,
lógicamente, se está fallando, y lógicamente algo está fallando en este Gobierno; y este fallo no lo pueden estar pagando con su muerte las mujeres, mujeres que ya no están con nosotras y ya no forman parte de nuestra sociedad. En esto es en lo
que tenemos que llegar a acuerdos para que entre todos podamos terminar con esta lacra que tenemos en nuestra sociedad.



Para finalizar, permítanme un recuerdo cariñoso hacia esas mujeres que han fallecido por violencia de género; hemos de pedirles perdón, aunque no por culpabilidad porque el único culpable es el propio asesino.
Nuevamente quiero agradecer
la aceptación de esa enmienda, señora García Valls.



La señora PRESIDENTA: Abrimos, para finalizar el debate de esta proposición no de ley, el turno de fijación de posiciones. Para ello, por tres minutos cada portavoz, tiene la palabra la señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Igualmente, como en la proposición no de ley anterior, vamos a votar favorablemente, porque somos perfectamente conscientes de que estamos hablando de un tema gravísimo, que...
(Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Un momento. Señorías, la sala es muy pequeña y es completamente imposible que quien está hablando lo pueda hacer con un mínimo de concentración y de respeto. Así que, si tienen que hablar algo sálganse, hay dos
puertas además; no solo una, hay dos, está fácil.



Señora Fernández Davila, continúe.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Hablaba de la gravedad del problema de la violencia de género y sobre todo de aquellos aspectos que hacen que incluso sea más problemático trabajar para su erradicación. Es el cambio progresivo, también de
acuerdo a los cambios sociales y culturales, de las actitudes o comportamientos que provocan esa violencia. Por lo tanto, nosotros entendemos necesario que igualmente se precisa mejorar las políticas que se tienen que implementar para erradicarla,
tanto desde el punto de vista legislativo como aprovechando la legislación vigente de acciones o actuaciones del Gobierno para llevar a cabo la mejor y más efectiva política que pueda actuar, de manera que se vaya eliminando esta lacra social, no
solamente las muertes de mujeres sino el maltrato en sí mismo.



Vamos a apoyar estas medidas porque, independientemente de que sean presentadas por el grupo que apoya al Gobierno, nos parece legítimo que lo puedan hacer, aunque evidentemente nos cree perplejidad que el Gobierno, para llevar a cabo estas
políticas, tenga que ser impulsado por el propio grupo que lo apoya. De todas maneras ya digo que nos parece que es legítimo, por lo tanto las medidas nos parecen también positivas para la mejora de esas políticas en relación con las actuaciones
para erradicar la violencia de género.



Queremos decir algo. Así como todos los demás puntos, incluso los que incorpora la enmienda del Grupo Popular, van en la dirección de mejorar y de avanzar en esa política, nos preocupa el segundo apartado de la proposición no de ley cuando
se habla de garantizar el


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acceso de las mujeres con discapacidad a los recursos puestos en marcha para la atención, etcétera. Nosotros entendemos que esos derechos y esos recursos están garantizados por la ley contra la violencia de género. Lo decimos como un matiz
porque entendemos que esa garantía existe, independientemente de que después sean necesarias todas las demás cuestiones dirigidas a mejorar la información, incluso la utilización de diferentes medios que significan barreras arquitectónicas, barreras
a otro tipo de accesibilidades como el Braille, la lengua de signos, etcétera. Evidentemente nos parece positiva la propuesta y esperamos que, al margen de que se apruebe esta proposición no de ley hoy, el Gobierno ya tenga garantizados esos
derechos a las mujeres con discapacidad.



La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, si quiere fijar posición en nombre de su grupo.



El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muy brevemente, señora presidenta, quiero decir que esta es otra materia de las llamadas sensibles en la cual no es deseable, y además es complicado, no estar a favor. Por lo tanto, queda dicho ya de antemano
que mi grupo apoyará esta proposición. Solamente haré una pequeña observación, que creo que hay que tener en cuenta porque a veces confundimos objetivos con metodología; los objetivos, por muy loables que sean, como lo son en este caso, además de
aceptables y compartidos yo creo que por todos los grupos, incluido el mío por lo menos, se dirigen a instancias que no corresponden. Aquí hay cuestiones en que se insta al Gobierno español, cuando él no es el receptor de estas instancias, porque
competen a las comunidades autónomas muchas de las cuestiones que se están pidiendo en la proposición no de ley. Creo que a veces, muchas veces, se olvida el partido proponente de que existen esos gobiernos que son los competentes en la materia
cuando se trata verdaderamente de llevar a cabo políticas activas en torno a esta cuestión. Si lo que verdaderamente nos preocupa es la utilidad o la funcionalidad de ciertos ministerios o ciertas secretarías de Estado, habrá que buscar la
funcionalidad que deben tener. Creo que en esta cuestión son las instancias autonómicas competentes las que tienen que actuar.



Dicho esto, como el objetivo es compartido y es aceptado por mi grupo, apoyaremos esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, para terminar el debate.



La señora PIGEM I PALMÉS: Quiero manifestar que Convergència i Unió va a dar también su apoyo a esta iniciativa, como no podía ser de otra manera.
No obstante ello, hago mías todas y cada una de las palabras del señor Agirretxea, en el
sentido de que se echa aquí de menos -en este sentido si se me admite hago una enmienda in voce- indicar que la Comisión de Igualdad del Congreso insta al Gobierno a realizar, respetando las competencias de las comunidades autónomas, las siguientes
actuaciones.



Una segunda puntualización que me gustaría también que se convirtiera en una enmienda in voce es que, al recabar la opinión del Cermi acerca de esta iniciativa, se me ha devuelto esta opinión en un tiempo no hábil para mí, porque ayer fue
fiesta en Cataluña, para realizar una enmienda.
Parte de lo que allí proponen creo que se podría aceptar, puesto que prefieren la palabra discapacidad a la mención: diversidad funcional. Por tanto, propondría que allí donde se dice diversidad
funcional se dijera discapacidad. Con estas reflexiones y propuestas in voce finalizo mi intervención ratificando que vamos a apoyar la iniciativa.



La señora PRESIDENTA: Hemos terminado el debate de los seis puntos del orden del día, de las seis proposiciones no de ley. Vamos a hacer un receso de cinco o seis minutos para poner en orden las votaciones y para que puedan llegar los
diputados ausentes que deben votar. (Pausa.)


Señorías, reanudamos la sesión para proceder a las votaciones de las seis proposiciones no de ley que constituyen el orden del día de hoy. En relación con la primera proposición no de ley, los grupos, en este caso el grupo proponente y los
grupos enmendantes así como el resto, han transado un texto único que básicamente viene a obligar a la Comisión a reunir antes de quince días hábiles a los portavoces de los grupos en la Comisión para analizar el texto del Consejo de Estado y para
continuar en el camino del contenido de ese mismo texto del Consejo de Estado, que es la eliminación de la publicidad relativa a la promoción de la prostitución en la prensa escrita. Por lo tanto lo que vamos a votar es este texto consensuado por
todos los grupos parlamentarios.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



En relación con la segunda proposición no de ley, que tiene dos enmiendas, los grupos también han transaccionado una única propuesta de un texto que tiene la Mesa y que altera en una parte importante la proposición que se hacía con arreglo a
las dos enmiendas presentadas. Por tanto votamos un texto único.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos a la tercera proposición no de ley, que nuevamente tiene un texto transado que modifica en parte sustancialmente la propuesta que se hacía y que viene


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también respaldado por todos los grupos y, por tanto, lo que votamos también es un texto único.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



En relación con la cuarta proposición que sometemos a votación, que no tenía enmiendas que es del Grupo Parlamentario Popular, obviamente votamos tal cual estaba propuesta en el orden del día.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



La quinta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, que tampoco tenía enmiendas, se vota también tal cual la recogíamos en el orden del día después del debate. Por lo tanto, pasamos a votarla según el texto inicial.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Finalmente votamos la sexta y última proposición del orden del día, que tiene hecha una transacción y una de enmienda in voce de la señora Pigem y que han aceptado el resto de los grupos, puesto que suponía una modificación más de carácter
lingüístico que de contenido. Por lo tanto, votamos el texto con estas dos modificaciones, una transada y otra añadida, y como texto único de todos los grupos.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Señorías, terminada la votación, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.



Era la una y cincuenta minutos de la tarde.