CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 785

DEFENSA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN

Sesión núm. 36

celebrada el miércoles, 8 de junio de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Comercio Exterior (Bonet Baiget), para:


- Presentar las estadísticas españolas de exportación y material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, correspondientes al año 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 53/2007,
de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente del Congreso 212/001522.) ... (Página 2)


- Explicar los motivos de la remisión a la Cámara de dos versiones distintas del informe 'Exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2010', una con
fecha de registro de entrada en el Congreso de 19 de enero y la otra de 15 de abril, detallar sus diferencias y las causas de las mismas, entre otras lo acontecido con la exportación de un submarino destinado a Malasia por 171,17 millones de euros.
A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001504.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.



Los dos puntos del orden del día, que serán tratados conjuntamente, corresponden a la comparecencia del secretario de Estado de Comercio Exterior para presentar las estadísticas españolas de exportación y material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso, correspondientes al año 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble
uso. Igualmente, la comparecencia del secretario de Estado de Comercio Exterior para explicar los motivos de la remisión a la Cámara de las dos versiones distintas del informe sobre exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y
de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2010. En el primer caso, la comparecencia del secretario de Estado es a petición propia y, en el segundo, a petición del Grupo Parlamentario Popular.



Se inicia, por tanto, esta comparecencia. Bienvenido, señor secretario de Estado de Comercio Exterior. Tiene usted la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Bonet Baiget): Señorías, les agradezco la oportunidad que esta Comisión me brinda para poder exponer en detalle por primera vez en mi caso las estadísticas españolas de exportación de
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2010. Esta comparecencia contempla, como decía el presidente, los dos puntos incluidos en el orden del día: la presentación del informe del año 2010 y la
aclaración de los motivos que nos llevaron a remitir a esta Comisión dos versiones distintas del informe de las exportaciones correspondientes al primer semestre del año pasado. Tras exponer lo acaecido con el informe del primer semestre del 2010,
estructuraré mi intervención en tres bloques diferentes: en el primero me referiré a aquellos aspectos más significativos del informe de estadísticas de 2010. La segunda parte recogerá las medidas aplicadas por esta secretaría de Estado en las
exportaciones de material de defensa, de otro material y de doble uso a los países del norte de África y Oriente Medio en los que se han producido revueltas a lo largo de los últimos meses. El tercero recogerá las acciones que el Gobierno español
ha creído necesario acometer como resultado del dictamen elaborado por esta Cámara el 28 de octubre de 2010.



Permítanme sus señorías que antes de dar comienzo al análisis de las cifras contenidas en el informe de estadísticas de 2010 me refiera brevemente a ese error que fue detectado en el informe del primer semestre de 2010 y que provocó que se
hiciese llegar el pasado mes de abril un nuevo juego de estadísticas a las comisiones de Defensa y Asuntos Exteriores de esta Cámara. El informe inicialmente enviado incluía la exportación de un submarino a Malasia por valor de 171 millones de
euros, exportación que se había producido ya en el segundo semestre de 2009 y así figuraba en el informe anual correspondiente a dicho año. El error cometido fue en parte consecuencia de la información proporcionada por la empresa española
exportadora al haber comunicado esta en dos ocasiones, en el segundo semestre de 2009 y en el primer semestre de 2010, la realización de la exportación del mismo submarino.
Esta operación fue autorizada en julio de 2009 limitándose a un solo
submarino y la exportación se realizó el 1 de diciembre de 2009. Deseo trasladarles mis disculpas por este error de doble contabilización.



Conviene insistir en que el proceso de obtención, comprobación y elaboración de estas estadísticas implica un notable esfuerzo por parte de la secretaría de Estado. Ello es consecuencia de la voluntad del Gobierno de seguir ofreciendo los
datos, tanto de exportaciones autorizadas como de las exportaciones realizadas. En estas estadísticas se ofrece información de las exportaciones, con el desglose del valor por categorías de productos y países de destino. Dicha información solo es
suministrada por España dentro del grupo de países que cuentan con una industria de defensa de un tamaño significativo. Países como Reino Unido, Francia o Alemania no incorporan datos de exportaciones realizadas en sus informes, e incluso en
algunos casos se entrega a los respectivos parlamentos un único informe anual con un año o año y medio de desfase respecto al periodo al que hacen referencia los datos. Esta secretaría de Estado ha conseguido tener terminados tanto el informe de
estadísticas del primer semestre como el anual en un plazo de cuatro meses desde la finalización del año de realización de las operaciones. Tal y como se ha comentado en anteriores comparecencias, solo Suecia consigue tener finalizado su informe
anual un mes antes que España.



Entrando en el análisis de las cifras de todo el año 2010, cabe indicar que se produjo una disminución del 16,2 por ciento en las exportaciones de material de defensa con respecto a 2009. El valor de lo exportado ascendió a 1.128,3 millones
de euros. Las expediciones a los países de la Unión Europea representaron un 45,5 por ciento del total. En valor, las ventas a países de la Unión Europea supusieron 513 millones de euros. Las expediciones estuvieron distribuidas principalmente
entre Reino Unido, Alemania e Italia. Las partidas principales correspondieron a partes y piezas para el caza de combate Eurofighter F-2000 a Alemania, Reino Unido e Italia y del avión de transporte militar A400M a Reino Unido y Alemania. Otras
categorías importantes en las expediciones a Reino Unido fueron las de partes y piezas de misiles Meteor y la de queroseno de aviación y gasoil naval con especificaciones OTAN. En los envíos a Alemania cabe mencionar también los envíos de
combustible, de partes y piezas de helicópteros dentro del programa Tigre, de carros de combate Leopard y Pizarro y de misiles IRIS-T y Meteor destinados al caza Eurofighter, además de equipos de contramedidas para submarinos.



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Asimismo, destacaron como destinos de las expediciones españolas la República Checa, con 104,1 millones de euros y un 9,2 por ciento del total, materializado en cuatro aviones de transporte y apoyo logístico, y Portugal, con 43,9 millones de
euros y un 3,7 por ciento, consistente en dos aviones de transporte. Los países OTAN absorbieron el 52,1 por ciento de las expediciones o exportaciones. Cabe citar asimismo las exportaciones a Estados Unidos, con 75,2 millones de euros y un 6,7
por ciento del total, materializado en partes y piezas de aeronaves, buques, carros de combate y misiles; combustibles militares, además de arma pequeña con sus municiones. Las ventas restantes, 532,1 millones de euros y un 47,2 por ciento del
total, una vez descontadas las expediciones y exportaciones a países de la Unión Europea y OTAN, se repartieron entre 44 países, entre los que destacaron Venezuela, con 212 millones de euros y un 18,8 por ciento, consistentes en dos buques de
vigilancia del litoral, y México, con 132,7 millones de euros y un 11,8 por ciento, en seis aviones de transporte y partes y piezas para la modernización de aeronaves. Cabe mencionar también la exportación de un avión de transporte y apoyo
logístico a Colombia y un avión de patrulla marítima y lucha antisubmarina a Chile.



Las exportaciones realizadas, 1.128,3 millones de euros, supusieron un 50,4 por ciento de lo autorizado, que fue de 2.238,4 millones de euros, debido fundamentalmente a la autorización de tres licencias individuales de exportación para la
modernización de nueve aviones de lucha antisubmarina por valor de 480 millones de euros a Brasil, una fragata por valor de 400 millones de euros a Noruega y cuatro aviones de reabastecimiento en vuelo por valor de 305 millones de euros a Australia,
que no se llegaron a materializar en su totalidad en el ejercicio 2010.



Si entramos en el análisis de lo exportado por categorías de productos, destacaron las exportaciones de aeronaves, con 585,7 millones de euros, un 51,9 por ciento del total, y en segundo lugar buques de guerra, con 232,8 millones de euros y
un 20,6 por ciento del total. Durante el año 2010 hubo una denegación de licencia de exportación de material de defensa como consecuencia de la aplicación del criterio 1 de la Posición Común 2008/944/PESC y de la Posición Común 2009/788/PESC, del
27 de octubre, sobre medidas restrictivas relativas a la República de Guinea Conakry, que establece un embargo a la exportación de armas a este destino. La denegación consistió en cincuenta camiones todo terreno no blindados para transporte de
personal. Se colaboró en una investigación sobre tráfico ilícito de material de defensa por parte de tres empresas españolas. Como consecuencia de la investigación fue suspendida con carácter temporal la inscripción en el Registro Especial de
Operadores de Comercio Exterior de material de defensa y doble uso (Reoce) de una de estas empresas, denegada la solicitud de inscripción de una segunda empresa y denegadas dos licencias de exportación y cuatro de importación.
Asimismo, se colaboró
en una investigación relativa a un posible delito de contrabando en exportaciones sin autorización previa de material de defensa.



El siguiente análisis se va a centrar en las operaciones de otro material.
Las exportaciones realizadas de material policial y de seguridad ascendieron a 1,9 millones de euros, teniendo como destinos Venezuela, con 1,6 millones de euros y
un 82,6 por ciento, y Perú, con 0,3 millones de euros y un 17,4 por ciento. Las exportaciones realizadas supusieron un 13,5 por ciento de las autorizadas en el mismo periodo, ascendiendo estas a 14,5 millones de euros.



En lo relativo a las operaciones de armas de caza y deportivas, las exportaciones realizadas se situaron en 30,9 millones de euros. Los destinos principales fueron Estados Unidos, con 4,1 millones de euros y un 13,2 por ciento; Turquía,
con 3,4 millones de euros y un 11 por ciento, y Perú, con 2,3 millones de euros y un 7,5 por ciento. Las operaciones restantes estuvieron repartidas entre 59 destinos. La práctica mayoría de estas exportaciones estuvo constituida por cartuchos de
caza. Lo realizado representó el 61,1 por ciento de lo autorizado, 50,7 millones de euros en el mismo periodo. Durante el año 2010 hubo una denegación de exportación de otro material debido al riesgo de desvío existente. La licencia correspondió
a 6 millones de cartuchos de caza destinados a Guinea-Bissau.



En la vertiente de las exportaciones realizadas en 2009 de productos y tecnologías de doble uso, estas experimentaron una disminución del 1,8 por ciento respecto a 2009. Lo exportado ascendió a 97,32 millones de euros. El primer destino en
importancia de las exportaciones españolas fue Irán, con 39,2 millones de euros y un 40,3 por ciento del total. Los envíos consistieron en tubos de acero y válvulas para las industrias de automóvil, petrolífera y gas, petroquímica, acero y plantas
de generación de energía, con repuestos, así como una máquina de electroerosión para la fabricación y reparación de herramientas de corte usadas para fabricar turbinas de gas en plantas de generación de energía. También se exportaron repuestos de
transformadores, conjuntos de motobombas e intercambiadores de calor para una refinería, impulsores de bombas de agua para una planta de energía, así como herramientas, repuestos y refrigerantes para una célula de mecanizado en el sector de
automoción.



Pueden llamar la atención las exportaciones españolas a este destino, por estar Irán sometido a sendos embargos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Las operaciones de exportación a Irán fueron analizadas caso por caso por la
Jimddu, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, y la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, teniendo en cuenta las sanciones contra Irán de las Naciones Unidas y la Unión Europea. En
este sentido, cabe destacar la aprobación de la Resolución 1929/2010, de 9 de junio, de Naciones Unidas, y la Decisión 2010/413/PESC, de 26 de julio, del Consejo, y el


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Reglamento de la Unión Europea 961/2010, de 25 de octubre, sobre medidas restrictivas contra Irán.



Es importante volver a insistir en el hecho de que el incremento en las exportaciones a Irán de productos y tecnologías de doble uso es el resultado de la aplicación de las sanciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, así como de
la llamada cláusula catch-all contemplada en el artículo 4 del Reglamento CE 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de
productos de doble uso. La citada cláusula catch-all es aplicable a exportaciones de productos no incluidos en las listas de control cuando se tenga conocimiento de un posible riesgo de desvío a programas de fabricación de armas de destrucción
masiva o cuando el país de destino esté sometido a un embargo de armas y los productos vayan a tener un uso final militar.
Es decir, en las operaciones a Irán se analiza un mayor número de productos. Las operaciones que fueron autorizadas no
implicaban riesgo alguno de desvío o utilización en programas de proliferación.



La República Popular China fue el segundo destino en importancia con 18 millones de euros y un 18,5 por ciento del total de las exportaciones.
Los envíos consistieron fundamentalmente en máquinas de encintado, fibra de carbono, fibra de
vidrio y sistemas de inspección por ultrasonidos de piezas de material fabricado en fibra de carbono para la industria aeronáutica. También se realizaron exportaciones de sustancias químicas para la producción de hojalata en superficies tratadas en
galvanotecnia; taladradoras para mecanizados de relojes; máquinas- herramienta para los sectores aeronáutico, textil, de generación de energía y de automoción; condensadores eléctricos de potencia para plantas de producción de electricidad,
sector ferroviario y laboratorios; circuitos, microprocesadores y memorias para equipos de telecomunicaciones; además de componentes electrónicos para un satélite de comunicaciones. Al margen de los diez principales destinos, el reducido
porcentaje restante, el 7,7 por ciento, estuvo muy distribuido entre 49 países de diversas áreas. Las exportaciones realizadas representaron un 37,4 por ciento de las operaciones autorizadas, ascendiendo estas a 259,9 millones de euros. En el año
2010, las ventas se concentraron fundamentalmente en las categorías de tratamiento de materiales, 57,3 millones y un 58,8 por ciento del total, y materiales, sustancias químicas, microorganismos y toxinas, 29,7 millones y un 30,5 por ciento.



En el ámbito del doble uso hubo diecinueve denegaciones, de las cuales dieciséis correspondieron a sustancias químicas, con seis casos que tuvieron como destino Siria, cuatro Yemen, tres Pakistán, dos Sudán y uno Jordania. Las tres
denegaciones restantes correspondieron a herramientas, repuestos y accesorios, válvulas y sustancias químicas con destino a Irán. Asimismo, se decidió aplicar la cláusula catch-all en cuatro ocasiones, correspondientes a posibles envíos a Irán de
sustancias químicas, tubos, equipos electrónicos y una instalación de reciclado de aluminio. Se llevó a cabo la revisión de diez casos en los que estaba en vigor la aplicación de dicha cláusula. Se comunicó la renovación de dos denegaciones en el
Arreglo de Wassenaar y la caducidad efectiva de tres denegaciones en este foro. Se renovaron también veinticinco denegaciones en el Grupo Australia, diez en el Grupo de Suministradores Nucleares y doce denegaciones en el Régimen de Control de la
Tecnología de Misiles.
Durante el año 2010, y en el ámbito de las operaciones de doble uso, se colaboró con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales en dos investigaciones sobre posibles envíos de máquinas-herramienta, con riesgo de desvío
a un programa de proliferación, en un caso, y sin autorización previa, en el otro. Se suministró información a dos países miembros de foros internacionales de no proliferación en sendas investigaciones basadas en posibles ofertas de ventas de hojas
de aluminio a un destinatario de preocupación y la exportación de explosivos de uso civil a un destino sometido a embargo. El Departamento de Aduanas, a petición de la secretaría de la Jimddu, aplicó filtros de inspección en seis casos de
exportaciones de empresas españolas y en otros dos de forma genérica respecto a un destino determinado.



La segunda parte de mi intervención recogerá las medidas aplicadas por esta secretaría de Estado en las exportaciones de material de defensa, de otro material y de doble uso a los países del norte de África y Oriente Medio en los que han
tenido lugar revueltas. Como saben sus señorías, el criterio 3 de la Posición Común 2008/944/ PESC, de 8 de diciembre, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, impide a
los Estados miembros la exportación de armas que puedan provocar o prologar los conflictos armados o agravar las tensiones existentes y los conflictos en el país de destino. Teniendo en cuenta el citado criterio, y en aplicación del artículo 8.1.a)
de nuestra Ley 53/2007 y el artículo 7.1.
a) del Real Decreto 2061/2008, que la desarrolla, inicié el día 22 de febrero de 2011 el procedimiento de revocación de las dos licencias de exportación a Libia de material de defensa que estaban aún en
vigor.
Dicho procedimiento concluyó el 8 de marzo, haciéndose efectiva la revocación. Desde el inició hasta la finalización del procedimiento, las autorizaciones vigentes fueron objeto de suspensión cautelar. Dichas licencias consistían en mil
gafas de visión nocturna con accesorios por valor de 7,8 millones de euros, y once gafas de visión nocturna con valor cero, al tratarse esta segunda operación de una muestra. Es importante resaltar que no ha habido ninguna operación autorizada a
Libia de material antidisturbios o policial en el período 2006-2010. Con posterioridad al inicio del procedimiento de revocación de las licencias españolas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el día 26 de febrero la Resolución
1970/2011, sobre medidas restrictivas a Libia, por la que se impone un embargo a la exportación de armas,


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la congelación de fondos y la prohibición de la concesión de visados a una serie de personas y entidades. La Unión Europea aprobó la decisión del Consejo de la Unión Europea el día 28 de febrero de 2011 y el Reglamento de la Unión Europea
204/2011, de 2 de marzo. Estas sanciones se plasmaron en la imposición de un embargo a la exportación de veintidós categorías de material de defensa y de once categorías de equipos de posible uso en represión interna y la congelación de fondos y
activos a personas próximas al régimen de Gadafi. La Resolución 1970 fue seguida de la Resolución 1973, de 17 de marzo, por la que se autorizaba una intervención para proteger a la población civil, se creaba una zona de exclusión aérea y se
ampliaba el embargo. Cabe precisar que las exportaciones españolas de material de defensa han supuesto un porcentaje muy reducido en comparación con lo autorizado por otros países de la Unión Europa. Así, las exportaciones autorizadas por España
en el período 2006-2009 representaron el 1,4 por ciento de las autorizadas en el mismo período por Italia, principal país exportador de material de defensa a Libia; con Francia el porcentaje se sitúo en el 1,9 por ciento; con Alemania el 4,6 por
ciento y el Reino Unido el 6,3 por ciento. El conjunto de operaciones autorizadas en el citado período que acabo de describir es consecuencia de un cambio sustancial en las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y los países de
la Unión Europea, por un lado, y Libia, por el otro.



Permítanme, sus señorías, que sitúe el contexto temporal en el que se concedieron las autorizaciones. El 12 de septiembre de 2003 se levantó el embargo de armas comercial y financiero impuesto el 31 de marzo de 1992 por Naciones Unidas
debido al apoyo de Libia a grupos terroristas. La Unión Europea levantó su embargo, impuesto el 27 de junio de 1986, un año más tarde, concretamente el 11 de octubre de 2004. Ello fue la consecuencia lógica de la declaración de renuncia y
desmantelamiento de los programas de armas de destrucción masiva por parte de dicho país, junto con una completa colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica y los inspectores internacionales en la verificación de dicho
desmantelamiento. A partir de finales de 2004, por tanto, Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea iniciaron de nuevo sus relaciones comerciales con Libia, pasando a autorizar en la mayoría de los casos operaciones de exportación de
material de defensa, así como productos de tecnologías de doble uso sometidos a control.



Por otra parte, debo destacar la rápida reacción del Gobierno español ante las revueltas en algunos países árabes y del norte de África iniciadas en febrero de este año. Las licencias de exportación de material de defensa, de otro material
y de productos y tecnologías de doble uso que habían sido autorizadas desde enero de 2006 hasta el inicio de las revueltas en Túnez y Egipto fueron sometidas a un proceso de análisis y revisión en el caso de estos dos países, con especial énfasis en
aquellas que se encontrasen todavía en vigor. Dicho proceso se extendió a todas las licencias que tenían como destino cualquiera de los países en los que empezaron a tener lugar revueltas similares. Asimismo, en el inicio de las revueltas en Túnez
y Egipto, y de acuerdo con los criterios 2 -respeto a los derechos humanos en el país de destino- y 3 -situación interna del país de destino, en concreto existencia de tensiones o conflictos internos- de la Posición Común 2008/944, se decidió
suspender temporalmente la autorización de cualquier nueva solicitud de exportación de material de defensa y otro material a aquellos países de Oriente Próximo y norte de África en los que se estuviesen produciendo estas revueltas. La decisión de
suspender la concesión de nuevas autorizaciones de exportación de material de defensa y de equipos antidisturbios fue refrendada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, la Jimddu, en su
reunión del 7 de marzo de este año. La suspensión se levantó el 11 de mayo, pero las nuevas solicitudes a estos destinos pasaron a estar sometidas a un escrutinio especial. Por lo que respecta a las solicitudes de exportación de productos y
tecnologías de doble uso con destino a estos países, su tramitación siguió los cauces habituales, con la exigencia de las debidas garantías de uso y usuario civiles.



La tercera parte de mi intervención girará en torno al dictamen de recomendaciones elaborado por esta Comisión de Defensa. En la primera de las recomendaciones se instaba al Gobierno a que remitiese el informe de estadísticas con al menos
quince días naturales antes de la comparecencia, para que los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios pudiesen llevar a cabo un estudio y análisis detallado del mismo antes de realizar el debate en Comisión. Es cierto que en las dos
comparecencias anteriores sus señorías dispusieron de muy escaso tiempo para poder estudiar el informe de estadísticas. Hay que tener en cuenta que la creciente complejidad en la elaboración de los datos y la cada vez mayor información incluida en
las estadísticas conducen a que los plazos para su remisión al Congreso sean considerablemente cortos, sobre todo si se quiere seguir estando a la cabeza de aquellos países en los que este tipo de informes se hacen llegar antes a sus parlamentos,
como es el caso español. No obstante, esta secretaría de Estado va a perseverar en su esfuerzo para que el informe de estadísticas llegue a esta Comisión con un margen de tiempo suficiente antes de la comparecencia y, siempre que ello sea posible,
tratar de remitirlo al menos quince días antes.



Otra de las recomendaciones requería al Gobierno para que concretase un mayor grado de detalle en el destino y uso final de lo exportado bajo la denominación de armas de caza, deportivas y municiones, dada la amplia y significativa
diferencia que pueda existir entre los diferentes tipos de armas y calibres. Los informes de estadísticas incorporan ya un elevado grado de detalle en el apartado correspondiente a las exportaciones de armas de caza y deportivas, diferenciando lo
que es el


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producto completo, sus componentes y las municiones. Se indica además para cada país de destino la naturaleza del usuario final.



En la siguiente recomendación se pedía la aplicación de un criterio más restrictivo en las ventas de material antidisturbio y de uso policial, que considera la situación de los derechos humanos y la naturaleza democrática del país
importador, y un mayor grado de detalle acerca del tipo de material exportado. Los criterio aplicados por la Jimddu a la hora de evaluar estas operaciones son los contenidos en la ya citada Posición Común 2008/944, entre los que se encuentra el
respeto a los derechos humanos en el país de destino. De esta manera, la Jimddu informa desfavorablemente cualquier operación a un país en el que se haya constatado la existencia de grandes violaciones de derechos humanos.
También se deniegan
aquellas operaciones en las que exista un riesgo de posible empleo de los equipos con fines de represión interna. En lo referido a la segunda parte de esta recomendación, y atendiendo al deseo mostrado por sus señorías, se ha incorporado por
primera vez en el informe anual de estadísticas de 2010 una descripción más completa de los equipos antidisturbios y de uso policial exportados.



La siguiente recomendación planteaba que se averiguasen las causas y se clarificase la disparidad de la información proporcionada por el sector industrial y el propio Gobierno, así como los datos de exportaciones de aduanas. Es preciso
incidir de nuevo en el hecho de que la secretaría de la Jimddu tiene los datos de todas las licencias de exportación autorizadas, mientras que los datos correspondientes a las exportaciones efectivamente realizadas están disponibles en el
Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda.
La secretaría de la Jimddu recaba directamente de las empresas información sobre las exportaciones efectuadas para así poder corregir cualquier
divergencia en los datos. Esta facultad aparece contemplada en el artículo 9 del Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, debiendo remitir las empresas semestralmente información sobre los despachos realizados. La disparidad en las cifras del
informe de estadísticas con las reflejadas en la página de la Agencia Tributaria se debe a dos razones. En primer lugar, la codificación Taric empleada por los países de la Unión Europea no incluye la suficiente desagregación de las partidas
arancelarias como para poder identificar de forma adecuada los productos que están sometidos a control de acuerdo con la legislación española y la normativa comunitaria. La información de la página de la agencia no puede coincidir, por lo tanto,
con los datos de nuestro informe, al incorporar aquella en muchos casos cifras de posiciones estadísticas que comprenden tanto productos controlados como algunos que no lo están. Algunos ejemplos de lo que estoy diciendo son los referidos al
capítulo 27, combustibles, o al 36, pólvoras y explosivos. En ninguno de estos capítulos se indica si estos productos tienen especificaciones civiles o militares. En segundo lugar, el informe de estadísticas no incluye las exportaciones temporales
que, aunque en número reducido, sí pueden explicar en parte las discrepancias. Por último, las cifras de las estadísticas de esta secretaría de Estado no coincidían con las del informe anual de la anterior asociación sectorial, Afarmade, Asociación
Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad, al utilizar esta las cifras de facturación de las empresas del sector de defensa y de seguridad. Dichas cifras no tenían por qué coincidir y, de hecho, no coincidían con los
datos de las exportaciones realizadas. Por ejemplo, las empresas comunicaban a su asociación unos valores de facturación que comprendían la suma de las actividades que realizaban con cada subcontratista, sin que necesariamente se hubiera producido
una exportación. Les puedo decir que se está trabajando activamente entre esta secretaría de Estado y la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio, Tedae, en la búsqueda de soluciones para tratar de armonizar los
criterios a la hora de obtener los datos. Por otra parte, debo señalar los esfuerzos realizados en este campo por la secretaría de Estado. Así, en el año 2003 se presentó por parte española al Comité del Código Aduanero de la Unión Europea una
propuesta de desagregación del Taric. De manera análoga, en el año 2007 se solicitó al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Economía y Hacienda la apertura en la nomenclatura combinada del arancel de códigos adicionales
estadísticos para determinados productos, tales como combustibles, explosivos y armas de fuego. A tal efecto, se creó en el año 2009 un grupo de trabajo constituido por representantes de ambos ministerios que está tratando de avanzar en dicha
mejora.



En la siguiente recomendación se pedía la suspensión de las autorizaciones de exportación de armas ya concedidas pero no realizadas a Estados cuando la situación interna se agravase y existiese riesgo de ser utilizadas para violar los
derechos humanos. Como sus señorías saben, la legislación española cuenta con los mecanismos adecuados para suspender o revocar las licencias previamente concedidas. Lo anterior aparece debidamente regulado en el artículo 8 de la Ley 53/2007. Un
ejemplo de revocación de las autorizaciones concedidas es el relativo a las catorce licencias de munición de caza que fueron revocadas en aplicación de la Posición Común 2009/788/PESC, de 27 de octubre, sobre medidas restrictivas relativas a
Guinea-Conakry y, más recientemente, las dos licencias de exportación a Libia que fueron revocadas el pasado mes de marzo.



Otra recomendación plasmaba el deseo de que el informe de estadísticas del primer semestre de 2010 se pudiese entregar antes de finalizar el año.
Cumpliendo la recomendación, esta secretaría de Estado remitió el informe de estadísticas a la
Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios en forma y plazo, concretamente el 27 de diciembre de 2010. En otra de las recomendaciones se instaba a que se cumpliese


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escrupulosamente con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 53/2007.
Asimismo, se debería detallar en futuros informes la justificación, basada en informe de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, de las
autorizaciones a destinos de especial sensibilidad.



Debo decir aquí que las operaciones de exportación son analizadas a través de una serie de parámetros fundamentales, como son el producto, el país de destino, los compromisos adquiridos en los foros internacionales, las denegaciones
decididas por otros países, el destinatario y usuario en el país de destino, el uso final y los documentos de control. Asimismo, las autoridades españolas aplican para la exportación de material de defensa cada uno de los ocho criterios de la
Posición Común 2008/944/PESC, los criterios para la exportación de armas pequeñas y armas ligeras aprobados en el seno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, los compromisos derivados de la participación española en
los principales foros internacionales de control y no proliferación, y analizan las denegaciones de los países miembros de dichos foros. De esta manera puedo afirmar que las autoridades españolas no han aprobado operación alguna a tales destinos
que hubiese sido rechazada por otro país, en virtud de la aplicación de los aludidos criterios y compromisos.
Las operaciones denegadas lo han sido en virtud de la aplicación del citado artículo 8 de la Ley 53/2007, habiéndose llevado a cabo un
meticuloso análisis con carácter previo de las circunstancias que acompañaban a cada una.



Como se indicó en la comparecencia del pasado año, las autoridades españolas de control emplean los informes emitidos por los organismos internacionales, Naciones Unidas, Unión Europea y OSCE, y los foros de no proliferación en los que
participa España. Otras fuentes de gran interés se encuentran en los estudios elaborados por organizaciones no gubernamentales como son Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace, Fundació per la Pau y la cátedra Unesco, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, además de centros de investigación ampliamente reconocidos como el Stockholm International Peace Research Institute, el Sipri, o el Small Arms Survey, proyecto de investigación independiente del Graduate Institute of
International and Development Studies, de Ginebra.



De manera complementaria a la anterior recomendación se pedía en la siguiente que no se autoricen exportaciones a destinos en que se pueda prever la existencia de tensiones o conflictos latentes, así como la violación de los derechos
humanos. Dicho enfoque preventivo se basa en la información que proporcionan los cinco departamentos representados en la Jimddu, así como los informes de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos a los que acabo de aludir.
En este ámbito de actuación es fundamental el poder establecer una adecuada colaboración con estas organizaciones. Es por ello por lo que hemos tenido una serie de reuniones con ellas, en las cuales se han valorado las posibles vías de colaboración
para mejorar este enfoque preventivo.



La siguiente recomendación pedía un cumplimiento escrupuloso de la Posición Común de la Unión Europea, aumentando las consultas con otros Estados miembros, y en particular sobre las denegaciones en casos de materiales esencialmente
idénticos. Vuelvo a reiterar que las autoridades españolas no han aprobado operación alguna que hubiese sido rechazada por otro país, en virtud de la aplicación de los ocho criterios de la Posición Común. A tal efecto se realizan las oportunas
consultas al Estado o Estados que hayan denegado previamente, pero siempre que se trate de operaciones esencialmente idénticas en cuanto a destino, usuario y producto. Para la interpretación de los criterios y el empleo del procedimiento de
consulta se utiliza la guía del usuario de la citada Posición Común.



En otra recomendación se expresaba el deseo de que se impulsase la elaboración y aprobación en el marco de las Naciones Unidas de un tratado sobre el comercio de armas jurídicamente vinculante. Los objetivos plasmados en esta iniciativa son
coincidentes con los que tienen las autoridades españolas. Este Gobierno está plenamente comprometido en el impulso de dicho tratado, habiendo liderado España durante la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, en el primer semestre del año
pasado, la elaboración de un ambicioso proyecto de estructura de un futuro acuerdo.
España presidió en dicho periodo un nuevo grupo de trabajo del Consejo, creado para impulsar esta iniciativa. Este grupo se reunió en cinco ocasiones. A propuesta
de la delegación española se consiguió elaborar un borrador de estructura del tratado que incorpora un preámbulo, parámetros, definiciones, ámbito de aplicación en productos y actividades, cooperación técnica y financiera, mecanismos de seguimiento
y revisión, así como las disposiciones finales. El borrador, que asumió la Unión Europea en su conjunto, contiene una ambiciosa propuesta que está siendo la base de discusión del futuro tratado.



Los trabajos en torno al proyecto de tratado están teniendo lugar en el comité preparatorio de la Conferencia de Naciones Unidas prevista para 2012 para la aprobación final del mismo. El comité cuenta con cuatro periodos de sesiones durante
2010 y 2011. Las actividades de este comité se complementan con la celebración anual de tres seminarios de carácter regional en los que se promueve la iniciativa, y en los que España participa de manera activa. España seguirá respaldando en todo
momento la aprobación de un tratado que cuente con una naturaleza jurídicamente vinculante, y lleve al establecimiento de un nuevo cuerpo de criterios y obligaciones en el control del comercio de las armas aplicable a todos los Estados.



En la siguiente recomendación se solicitaba información sobre la trasposición a la legislación española de la Directiva 2009/43, de 6 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre simplificación de los términos


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y condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad. La directiva dejaba un plazo de dos años, hasta el 30 de junio de 2011, a los veintisiete Estados miembros para trasponer la norma a sus
legislaciones. Los cambios que deben ser efectuados en la legislación española se refieren a la introducción de las llamadas licencias generales y del proceso de certificación requerido en el uso de una de esas licencias. El sistema español de
control dispone ya de las otras dos autorizaciones: la licencia individual y la licencia global, que están contempladas también en la directiva. Las licencias generales se aplicarán fundamentalmente a los envíos destinados a las fuerzas armadas de
los Estados miembros, a aquellos entre empresas debidamente certificadas por las autoridades nacionales, a las transferencias de productos para demostración, exhibición, evaluación, mantenimiento y reparación, y a los dirigidos a agencias de la OTAN
dentro del territorio comunitario.



Uno de los elementos fundamentales contenidos en la directiva es el referido al proceso de certificación asociado al posible uso por las empresas de una de las licencias generales. Dicho proceso consiste básicamente en el análisis de las
garantías ofrecidas por la empresa en la realización de las transferencias, y el cumplimiento de las limitaciones asociadas a estos envíos, el nombramiento de un responsable de las mismas y la posible inspección por parte de las autoridades con
objeto de poder verificar el cumplimiento de las citadas garantías. La adaptación de la legislación española a la directiva dio comienzo en el segundo semestre de 2009, con la elaboración de un proyecto de modificación del reglamento de control de
comercio exterior de material de defensa, otro material y doble uso, cuya entrada en vigor tendrá lugar antes de que finalice este año. Paralelamente a lo anterior se llevó a cabo en 2009 y 2010 un activo intercambio de información con los países
más avanzados en este campo. Asimismo esta secretaría de Estado realizó una labor divulgativa dirigida a las empresas españolas del sector de defensa en torno al funcionamiento y características principales de las licencias generales y del proceso
de certificación.



La siguiente recomendación perseguía la modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. El Consejo de Ministros aprobó el 9 de julio de 2010 la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley
orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Represión del Contrabando 12/1995. Esta modificación tiene entre otros objetivos la adaptación de la legislación a la nueva normativa nacional e internacional de control del comercio exterior de
material de defensa y doble uso. En concreto se actualiza la tipificación del posible delito al comercio fraudulento de material de defensa, de productos y tecnologías de doble uso, y de productos que puedan ser utilizados para la aplicación de la
pena de muerte o tortura. Así, en su artículo 1 se modifican e introducen las definiciones necesarias para la delimitación del delito de contrabando en sintonía con lo dispuesto en la Ley 53/2007, el Real Decreto 2061/2008, y la Posición Común
2008/944. Se procede de esta manera a la ampliación de la tipificación de delito, ya que en la Ley Orgánica 12/1995 no está contemplado en lo que se refiere a las importaciones, asistencia técnica, corretaje y transferencias intracomunitarias de
material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso, así como la exportaciones de los productos utilizados para aplicar la pena de muerte o infligir torturas.



Por otra parte, la reforma adapta la regulación en materia de contrabando al Código Penal. Como consecuencia de ello se modifica el concepto de delito de contrabando, y se fijan los criterios de graduación de las infracciones
administrativas conforme al actual modelo de gestión del control aduanero. En último lugar, se elevan los importes mínimos en la delimitación del delito de contrabando. Se fija en 50.000 euros para los productos que puedan afectar a la seguridad
en general, como en el caso de material de defensa, doble uso o pena de muerte y tortura. Es importante destacar también la modificación del Código Penal. Así, el 23 de diciembre de 2010 entró el vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En esta modificación se incluyen las armas biológicas, las minas antipersonal y las municiones de racimo para darles la misma consideración que a las armas o
municiones de guerra o a las armas químicas.



En la siguiente recomendación se pedía una revisión y mejora de los instrumentos de aplicación y de intercambio de información del Reglamento CE 1236/2005, del Consejo, de 27 de junio, sobre el comercio de determinados productos que pueden
utilizarse para aplicar pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Debo informar a sus señorías de que en la última reunión del comité encargado de la aplicación de este reglamento -reunión que se
convocó a petición de España- nuestra delegación presentó una ambiciosa propuesta de modificación. La propuesta se basaba en dos puntos fundamentales, como eran en primer lugar la creación de una base de datos de denegaciones, en aplicación del
reglamento, y en segundo lugar la ampliación de los anexos 2 y 3 de productos cuyo comercio está prohibido y de aquellos otros en los que está permitido respectivamente. En el primer caso la base de datos se inspiraría en la ya existente para
denegaciones de exportaciones de armas o doble uso, incluyendo un procedimiento de consultas. El segundo elemento de la propuesta recogía las sugerencias efectuadas por Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega sobre el posible
cambio desde el anexo 3 al anexo 2 de las defensas eléctricas o los dispositivos portátiles para provocar descargas eléctricas, así como la inclusión en el anexo 3 de una determinada sustancia química empleada en la fabricación de gases
lacrimógenos. La propuesta española, junto con las propuestas de otros Estados miembros, están siendo


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estudiadas en la actualidad de cara a la mejora de este reglamento.



Otra de las recomendaciones planteadas por sus señorías giraba en torno a la revisión de las operaciones a las que se ha aplicado la cláusula catch-all, prevista en el artículo 4 del Reglamento CE 428/2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control de exportaciones, transferencia, corretaje y tránsito de productos de doble uso. Cabe recordar que determinadas operaciones de exportación pueden ser sometidas a control, aunque los productos no figuren en las listas de
reglamento comunitario de doble uso. En estos casos se utiliza la denominada cláusula catch-all que permite a las autoridades de los veintisiete Estados miembros la aplicación de dichos controles. Este es el ejemplo concreto de la mayoría de las
solicitudes planteadas en la exportación a Irán, como resultado de la adopción en 2006 de medidas restrictivas por parte de Naciones Unidas y la Unión Europea. La Secretaría de Estado de Comercio Exterior llevó a cabo en el primer semestre de 2008
una primera revisión de las operaciones a las que se había aplicado dicha cláusula, siendo seguida de una segunda revisión iniciada en el último trimestre de 2009, y que finalizó en mayo de 2010. Como consecuencia de estos procesos hemos decidido
levantar la cláusula en 18 casos de los 52 vigentes, manteniéndola en los restantes 34 casos, previa revisión de las condiciones de su aplicación.



En otra recomendación se pedía la máxima atención a la hora de aplicar el artículo 8 de la Ley 53/2007 en operaciones de exportación. Esta recomendación es similar a una anterior en la que ya he explicado a sus señorías los criterios y
parámetros utilizados a la hora de autorizar o denegar las operaciones, por lo que me permitirán que no vuelva sobre ello.



La siguiente recomendación sugería la incorporación en las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso de criterios de verificación y seguimiento más restrictivos que los aplicados por el Gobierno, para evitar que este tipo de
material llegue a destinatarios de los que exista fundada sospecha de vinculación a programas de fabricación de armas de destrucción masiva. También se solicitaba que las resoluciones de Naciones Unidas y las decisiones del Consejo de la Unión
Europea que incorporen nuevas restricciones en el ámbito del doble uso fuesen aplicadas inmediatamente, con la revocación de las autorizaciones concedidas o la interrupción de su ejecución. El Real Decreto 2061/2008 incorpora en su artículo 29.3 la
posibilidad de que cuando así lo requiera la Jimddu se pueda exigir la documentación acreditativa de que el material ha sido debidamente importado en el país de destino. La documentación puede consistir en un certificado de entrega o en un
documento aduanero equivalente al despacho a consumo. Asimismo en determinadas operaciones de una sensibilidad especial ya se viene haciendo un seguimiento del empleo de los materiales exportados desde España, bien con la colaboración de la empresa
exportadora bien a través de la misión diplomática.



En lo concerniente a la aplicación inmediata de las sanciones aprobadas por Naciones Unidas y la Unión Europea en la vertiente de doble uso cabe citar, como claro ejemplo de lo anterior, la actuación rápida y coordinada de los diferentes
ministerios implicados en la aplicación de las últimas sanciones a Irán. Estas sanciones se plasmaron en la Resolución 1929/2010, de 9 de junio, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en la decisión del Consejo del 23 de julio y el
Reglamento 961/2010 del Consejo. Como consecuencia de las nuevas sanciones los potenciales envíos de equipos y tecnologías a dicho país fueron analizados con extremo cuidado, denegando aquellos equipos y tecnologías que figuraban en los anexos del
citado reglamento, y cuya exportación está prohibida.



Otra recomendación abogaba por que se restringiese o vetara el comercio de material de defensa de doble uso con aquellos países en riesgo de involución democrática o sin controles democráticos. Para ello la Comisión de Defensa elaboraría
una lista orientativa de países que, a su juicio, no reúnan los estándares para el comercio de estos materiales.
Debo indicar a sus señorías que valoramos muy positivamente esta propuesta, pudiendo representar en el futuro una herramienta
fundamental en el análisis de las operaciones de exportación. En la siguiente recomendación se sugería la inclusión en el informe de estadísticas de la relación de las donaciones de material de defensa, de otro material o de doble uso, junto con
los posibles acuerdos de restricción o acotación del uso del material donado. De manera análoga a la anterior recomendación se solicitaba la inclusión en el informe de la posible venta o cesión de patentes, tecnologías o licencias por parte de
empresas españolas para la fabricación de armas y equipos militares o policiales en terceros países.
Toda esta información se incorporó ya en el informe de 2007, y se ha mantenido en los posteriores informes, con un cuadro específico para aquellas
operaciones que sean donaciones, cesiones, leasing, segunda mano, asistencia técnica y producción bajo licencia.



La última de las recomendaciones sugería, ante la situación económica y la urgencia en el recorte de gastos, que se racionalizara y optimizara el sistema de reuniones, encuentros y seminarios en los que España participa. Desde la década de
los ochenta España participa de manera cada vez más relevante en una serie de foros internacionales de no proliferación y control, como son el Arreglo de Wassenaar, el Grupo de Suministradores Nucleares, el Régimen de Control de Tecnología de
Misiles, y el Grupo Australia. Además de en los anteriores foros tenemos la obligación de estar presentes en tres grupos de trabajo de la Unión Europea. El primero está relacionado con la aplicación de la Posición Común 2008/944, por la que se
definen las normas comunes que rigen el control de exportaciones. El segundo tiene como objeto la elaboración y aplicación de los reglamentos por los que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, transferencia,


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corretaje y tránsito de productos de doble uso, y el tercero se centra en el impulso al proyecto de un futuro tratado sobre el comercio de armas.
Estos foros y grupos abarcan en general dos parcelas diferenciadas. Una parcela técnica, en
la que se definen y actualizan las listas de productos y tecnologías objeto de control, y otra administrativa y comercial, que se centra en los procedimientos de autorización o denegación, así como en el análisis de los países de destino,
destinatarios finales, certificados y garantías de uso y usuarios finales, y autorizaciones y denegaciones de otros países, entre otros aspectos.



Asimismo participamos en una serie de iniciativas surgidas en los últimos años, entre las que cabe destacar la Carta de intenciones para la reestructuración e integración de la industria europea de defensa, el Comité preparatorio del futuro
tratado sobre el comercio de armas, la Conferencia de Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, de julio de 2001, y el programa de acción que la desarrolla, las convenciones sobre minas antipersonales de 3 de diciembre de
1997 y de municiones de racimo de 3 de diciembre de 2008, así como en un conjunto de iniciativas en contra de la proliferación NRBQ -nuclear, radiológico, biológico y químico-. Toda esta actividad internacional se complementa con la participación
en diversas jornadas, conferencias y seminarios de divulgación sobre la legislación nacional y normativa comunitaria. Es cierto que la Presidencia española durante el primer semestre dio lugar a un incremento significativo del número de reuniones,
en las que inevitablemente funcionarios de este departamento tuvieron que participar. No obstante debo decir que una vez finalizada la presidencia, y debido a las restricciones presupuestarias existentes, se está siguiendo un proceso de fijación de
prioridades en la participación en reuniones y en seminarios de carácter internacional.



Con este análisis doy por finalizada mi intervención. Espero que toda esta información haya podido ser de utilidad. Solo me queda agradecer la atención que han prestado sus señorías, y desde luego ponerme a su disposición para cualquier
duda o pregunta que me quieran formular relacionada con estas cuestiones.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)


En primer lugar, lo va a hacer el señor Xuclà como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, habiéndolo solicitado a la Mesa y de acuerdo con quienes le precedían en el turno. Por tanto tiene la palabra el señor
Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: En primer lugar, muchas gracias, señor presidente, por la amabilidad de concederme la palabra en primer lugar, y evidentemente también a los portavoces que así me lo han permitido. Esta tarde tengo que compaginar
dos comisiones y así se lo he trasladado al secretario de Estado, a quien también agradezco su extensa y amplia comparecencia, en la que nos ha ilustrado sobre este informe denominado Estadística de exportación de material de defensa y otro material
durante el año de 2010. Seguramente tendremos que perfeccionar los plazos de entrega al Parlamento, porque entre la entrega a la secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes y la recepción por parte de los portavoces de la Comisión aún no
cumplimos estos quince días. Es un aspecto formal, pero también necesario para mejorar la calidad del debate. Llevamos unos cuantos años realizando esta primera parte del debate, que es la comparecencia, que creo que ha de servir para hacerle
algunas preguntas muy concretas que nos ayuden a ilustrar más nuestro conocimiento sobre el informe, y a partir de aquí realizar el debate en las resoluciones que se van a producir en una segunda Comisión. Señor secretario de Estado, le voy a
formular preguntas muy concretas que en algunos casos le pueden parecer exóticas o no coordinadas unas con otras, pero son preguntas muy puntuales que, insisto, me gustaría que nos ayudaran a tener más elementos para nuestras posteriores
deliberaciones.



Una es la relativa a la denegación de exportación de productos y tecnologías, tanto de material de defensa como de doble uso, sobre un país muy concreto. En la página 85 del informe se hace referencia a los países a los que se ha denegado
la venta de productos y tecnologías de doble uso. Quiero recordar cuáles son estos países porque muchas veces se ideologiza innecesariamente el debate en esta Comisión, y al final la referencia de estos países son los criterios más relevantes desde
el punto de vista de las organizaciones internacionales. Hago referencia a Jordania, a Pakistán, a Siria, a Sudán, a Yemen, a Irán, respecto a la cláusula catch-all, y respecto a ventas por valor superior a 10 millones de uso otra vez a Irán.
Señorías, a algunos de estos países no les es extraño lo que está sucediendo en el día a día de la política internacional. Señor secretario de Estado, me gustaría conocer los elementos que han llevado a la Comisión a autorizar la venta de algún
tipo de material de doble uso a Irán, con el conocimiento pleno de que este material en ningún caso se puede dedicar a programas nucleares con fines civiles, y distintos servicios de inteligencia apuntan a que claramente Irán no lo está cumpliendo.
Concretamente hago referencia a la venta por valor de 17,5 millones de euros.



Sobre Libia no voy a hablar mucho. Usted ha hecho una buena intervención preventiva por lo que pudiera pasar en el debate. Creo que aquí ha habido un elemento de hipocresía colectiva por parte de países, Estados y grupos parlamentarios -el
mío el primero- con respecto a que democracia y mundo árabe parecía que era imposible, que teníamos que tratar con algunos vecinos, y que vendíamos armas a algunos vecinos. Por lo tanto doy por hecho que el Gobierno ha cumplido el embargo y las
resoluciones de Naciones Unidas, la Resolución 1973. Pero en el material de doble uso hay una venta por valor de 88 euros -solo 88 euros- en sustancias químicas para análisis en laboratorios, página 39.



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Me gustaría saber si esta cifra tan irrisoria es exacta, si falta algún cero o si simplemente estamos hablando de 88 euros.



Con respecto a los embargos vigentes me gustaría hablar de dos países concretos. Hay embargos a Azerbaiján con respecto al conflicto de Nagorno Karabaj a partir de la Resolución de la OCDE del año 1992. No hay embargos respecto a Nagorno
Karabaj Armenia y me gustaría saber si esto se produce porque Armenia en ningún caso ha requerido armamento al Estado español, aunque el informe sí hace referencia a venta de armamento a Armenia.



Con respecto al material de doble uso por primera vez en mucho tiempo hay venta de armamento a Taiwán. No hace muchos años España rechazó, en aras de las buenas relaciones diplomáticas con la República Popular China, la venta de armamento
de defensa, concretamente de submarinos, a Taiwán. Por eso me llama significativamente la atención la venta de armamento de doble uso a Taiwán. Me gustaría saber si los criterios de la Comisión y del Gobierno han variado a este respecto, y me
gustaría conocer igualmente si de forma indirecta, formal o informal se ha sondeado al Gobierno sobre la venta no solo de material de doble uso, sino también de material de defensa. Por cierto, las peticiones realizadas a España, que esta rechazó,
después fueron afrontadas por Estados Unidos, un país que también tiene buenas relaciones con la República Popular China.



En la página 69 del informe -ya le he dicho que le haría preguntas muy puntuales- hay una relación de los países a los cuales se han hecho donaciones de armamento. El valor es de cero euros en cada caso. Estamos hablando de unas donaciones
muy concretas, como rifles de caza. Me gustaría simplemente que nos ilustrara sobre estas donaciones, que quizá son estrategias empresariales de las industrias complementarias a la venta de armamento.



Finalmente, en la relación de venta de material superior a 10 millones de euros se detecta una partida notable de 15,31 millones de euros en venta de combustible militar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchos recursos para
combustible militar, por lo que simplemente me gustaría conocer cuál es el destino de este combustible militar, si es para bases instaladas en España o si es para bases americanas en terceros países en el marco de alianzas en las cuales España
participe en misiones internacionales.



Hay una partida muy importante referida a Venezuela. Creo que los distintos portavoces de esta Comisión tienen conocimiento de que se nos ha hecho llegar un documento sobre la oportunidad política o no política del hecho de que un acuerdo
entre dos países, respecto a la venta entre dos empresas públicas, tuviera de por medio una comisión a favor de un privado. No sé si el señor secretario de Estado es conocedor de esta realidad. Esta documentación se nos ha hecho llegar y
simplemente dejo constancia de la misma en el 'Diario de Sesiones' para futuras reflexiones en la presentación de las conclusiones sobre si se debería analizar con más atención, en los próximos informes anuales, la participación de comisionistas en
la venta de armas a terceros países.



Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad. Señor secretario de Estado, me tendré que ausentar durante un momento. Si no estuviera en el momento en que me respondiera, no lo considere una descortesía.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, que es autor de la segunda de las solicitudes de comparecencia, tiene la palabra el señor Cosidó.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Quisiera dar la bienvenida al secretario de Estado de Comercio a la Comisión de Defensa, y agradecerle no solo su presencia, sino la exhaustividad del informe que nos ha presentado, tanto por escrito como hoy
verbalmente. Es un informe, como bien sabe el secretario de Estado, legalmente preceptivo, pero eso no quita el agradecimiento por nuestra parte a su presencia en esta Comisión.



Sin que pretenda en absoluto ser impertinente o quisquilloso con el tema de los plazos, me uno a esa declaración de voluntad que hacía el propio secretario de Estado, e insisto en que tenemos dos recomendaciones. Una es que recibamos con un
poco más de tiempo el informe, ya que tiene mucha información y sería bueno poder trabajar sobre ella con más intensidad.
Él decía que el informe semestral lo habían remitido el 27 de diciembre, y la fecha que yo tenía era el 19 de enero, aunque
luego fue el 15 de abril. Pero insisto en que únicamente le hago la llamada de atención porque sería bueno para el trabajo y el funcionamiento de estas comparecencias poder tener la información en los tiempos preceptivos.



Nos ha aclarado ya el sentido de nuestra petición expresa de comparecencia, que era el misterioso caso del submarino malayo. Nos parece una explicación correcta, y por tanto la aceptamos. Solo me atrevo a hacerle dos sugerencias. La
primera es que hubiera sido bueno que en el segundo informe se hubiera hecho una referencia a la corrección de errores del primero, porque al final teníamos dos informes que decían cosas distintas, y sin ningún tipo de explicación de por qué se
producía esa variación. Habría que haber hecho una mención en el segundo informe.
Y la segunda es para preguntarle si usted se toma la molestia de entrar en su página oficial del ministerio y va a la Secretaría de Estado de Comercio, porque si es
así verá que el informe que sigue apareciendo es el primero, es decir, sigue el submarino malayo, y convendría que dado que hay un informe actualizado lo actualicen para que no generásemos confusión, porque estamos hablando de 171 millones de euros,
que es una desviación casi del 20 por ciento en la cuantía de las exportaciones en ese primer semestre. En todo caso, insisto, nos damos por satisfechos con la explicación que el secretario de Estado nos ha dado.



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La segunda cuestión que le querría plantear es que, como usted mismo mencionaba en su intervención, es el primer año de la última década en que se produce una disminución de las exportaciones de material de defensa, de seguridad y de doble
uso. Estrictamente en material de defensa pasamos de 1.346 millones a 1.128, una disminución de 218 millones, algo más de un 16 por ciento. Querríamos transmitirle la preocupación que tiene mi grupo parlamentario por esa disminución, una
preocupación que tiene que ver con el futuro del sector de defensa y seguridad en España. No es en absoluto de su competencia, pero la caída de la demanda interna está siendo particularmente intensa como consecuencia de la reducción de las
inversiones reales del Ministerio de Defensa. En el año 2009 esa disminución se vio amortiguada por un incremento muy potente de las exportaciones, un incremento de casi el 44 por ciento, según los propios datos de la secretaría de Estado, pero en
el año 2010 nos vamos a encontrar, a una caída mayor de la demanda interna, con una caída importante de las exportaciones, y eso enciende alguna luz roja sobre un sector que cuantitativamente para nuestra economía tiene un peso muy reducido, muy
relativo, pero que por su alto contenido tecnológico, en opinión de mi grupo parlamentario, es un sector especialmente importante para la competitividad de nuestra economía y, además, un sector -usted daba el dato de que habíamos realizado
exportaciones por valor de 75 millones de euros a un país como Estados Unidos- que tecnológicamente es avanzado y que, por tanto, merecería la pena que hiciéramos un esfuerzo por tratar de mantenerlo y consolidarlo después de una década en la que,
analizadas las cifras, las exportaciones se habían multiplicado prácticamente por diez. En ese sentido, y unido a esta reflexión, mi grupo parlamentario en ocasiones tiene la impresión de que hay países de nuestro entorno que se encuentran mucho
más comprometidos con el apoyo al sector, muy en particular en materia de su comercio exterior, en materia de exportaciones. Es verdad que recientemente se creó en la Secretaría de Estado de Defensa la llamada consultoría internacional de defensa y
seguridad, pero sinceramente -y las cifras de este año son una muestra- nosotros creemos que las expectativas que se habían generado con la creación de este nuevo organismo y, de alguna forma, el compromiso que suponía de apoyo a nuestras industrias
de defensa en su actividad exportadora, en buena medida se han visto frustradas. En ese sentido, me gustaría pedirle que nos explicara -aunque esta consultoría no está en su organigrama, no es de su competencia- qué acciones paralelas se han
adoptado desde su secretaría de Estado, desde la Secretaría de Estado de Comercio, en coordinación con el Ministerio de Defensa, en apoyo a nuestras industrias, a nuestras empresas del sector de defensa y seguridad en el mercado internacional.



La tercera reflexión que le quería hacer es la siguiente. Creo que tenemos un sistema de control de las exportaciones que funciona, tenemos un sistema de control que me atrevería a decir que es probablemente de los más avanzados y quizá más
rígidos del mundo, y de alguna manera, reflexionando sobre el caso libio -lo hacía antes mi compañero Jordi Xuclà de Convergència i Unió-, sin entrar en ningún tipo de demagogia y ni siquiera en ningún tipo de crítica al Gobierno, llama la atención
que en el año 2010 estuviéramos exportando a Libia por un valor limitado -usted ha hecho las comparaciones con otros países europeos y realmente las exportaciones españolas a Libia en sistemas de defensa son limitadas- y que un año más tarde, en
2011, tengamos F-18 españoles patrullando el cielo libio y participando en una guerra contra las fuerzas del coronel Gadafi en apoyo a una resolución de Naciones Unidas. La reflexión que yo me hago es que quizás hemos desarrollado un sistema
excesivamente burocrático, pero que al mismo tiempo tiene un cierto déficit de criterio político en las autorizaciones de las exportaciones. Quizá podamos hacer algún tipo de planteamiento. Este sistema lo hemos desarrollado de manera consensuada
y, por tanto, lo aporto como reflexión, porque necesariamente cualquier reforma del sistema debería ser también hecha sobre consenso, pero debería ser un sistema más ágil en el sentido de poner menos trabas administrativas a nuestras empresas, lo
cual en definitiva es también darles más posibilidad de competir en un mercado internacional particularmente duro y en un momento muy difícil como el que he descrito, sin que eso signifique en absoluto reducir la eficacia del sistema e incluso
acentuando el control político sobre algunas de las decisiones de exportaciones que se puedan producir, como es muy evidente en el caso de Libia. Por tanto, yo creo que en la recomendación número 6 no bastaba únicamente con un análisis estático de
cuál era la situación de un determinado país, sino que había un cierto análisis preventivo. Creo que desde una perspectiva política deberíamos acentuar ese análisis y al mismo tiempo ser capaces de flexibilizar el sistema de control burocrático
administrativo.



En cuarto lugar, hechas estas reflexiones generales, hay tres cuestiones más puntuales que a mi grupo le han suscitado alguna preocupación. Desde que se produjo la venta de las fragatas, corbetas, patrulleros de altura o cualquier otra
denominación que queramos hacer al Gobierno de Venezuela, a las fuerzas armadas de Venezuela, mi grupo ha expresado recurrentemente sus dudas, primero, porque entendíamos que en ese país existía un riesgo de involución democrática, segundo, porque
lo considerábamos como un foco de inestabilidad en la zona y, en tercer lugar -y esto es más reciente-, porque en mi condición de portavoz de Interior debo decir que la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo de este Gobierno, en
particular en lo que se refiere a la banda terrorista ETA, es, por ser políticamente correctos, francamente mejorable. Si leemos la recomendación número 9, que instaba al Gobierno a reforzar el enfoque preventivo de manera que no se autoricen
exportaciones a destinos que puedan prever


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tensiones o conflictos latentes o riesgo de violación de los derechos humanos -en el tema de derechos humanos hago una mención expresa a los españoles que han sido expropiados, a veces con muy poco respeto para sus derechos humanos, en este
país-, o si leemos la recomendación número 17, que se refiere a que se restrinja o vete, según se considere oportuno, el comercio de material de defensa y doble uso con aquellos países en riesgo de involución democrática o sin controles
democráticos, yo entiendo que claramente estaríamos en este supuesto. Pero, más que volver a insistir en los argumentos que ya hemos expresado en otras ocasiones, sí hemos tenido conocimiento, exclusivamente a través de medios de comunicación, del
pago de comisiones en la venta de estos buques al Gobierno de Venezuela. A mí me gustaría un desmentido por su parte, porque entiendo que en una operación que fue realizada de Gobierno a Gobierno, con una participación muy activa de quien entonces
era además ministro de Defensa, don José Bono, que hoy es presidente de esta Cámara, incluso con una participación directa del presidente del Gobierno, en mi opinión, tendría poco sentido el pago de comisiones por esa operación. Me gustaría que me
diera un desmentido o, si no me lo puede dar, una explicación de por qué en una operación que claramente fue una operación de Gobierno a Gobierno se produjo el pago de ese tipo de comisiones.



La segunda preocupación tiene que ver con el material de doble uso. Lo ha expresado ya Jordi Xuclà; por tanto, me extiendo muy poco en ese terreno.
Nuestro criterio sería que cuanto más restrictivos fuéramos en el comercio de material de
doble uso a Irán, que es un país, en nuestra opinión, que constituye en estos momentos una clara amenaza a la seguridad internacional, mejor. Apoyamos las denegaciones que se han producido, consideramos acertado el especial rigor en todas las
ventas de material de doble uso que usted ha expresado a lo largo de su exposición e incluso le animamos a que, en función de la evolución que estamos viendo en este país, en próximos ejercicios se sea aún más riguroso si cabe con este país.



Quiero aprovechar, también en mi condición de portavoz de Interior, para felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque recientemente apareció en los medios de comunicación una operación en la que se había impedido una
supuesta exportación de helicópteros. La verdad es que, vistas las imágenes, parecían aparatos bastante anticuados, pero, en todo caso, eran helicópteros y, por tanto, susceptibles de ser utilizados tanto por las fuerzas armadas como por las
fuerzas de seguridad iraníes, y ahí sí que hay un problema de derechos humanos de primera magnitud. Querríamos saber si nos podría dar alguna información añadida a la que ya hemos conocido por los medios de comunicación sobre a qué se dedicaba
exactamente esta empresa española que pretendía exportar aparentemente un número importante de helicópteros a este país y si se había producido ya alguna operación con carácter previo a la que fue desbaratada gracias a la eficacia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.



Tercera preocupación, el material antidisturbios. Si leemos el punto 3 que usted ha mencionado de las recomendaciones, el criterio de esta Comisión es que precisamente en esta materia tenemos que ser especialmente restrictivos. Nuevamente
vemos que Venezuela aparece como uno de los principales clientes e incluso me gustaría que me aclarara si no solamente hacemos ventas por valor de 7 millones de distinto material, especialmente gases lacrimógenos, sino que le hacemos una donación de
artificios cuádruples lacrimógenos y no sé si estamos ante algún tipo de munición prohibida en cuanto a los cuádruples. Explíqueme usted un poco qué es esto de los artificios cuádruples lacrimógenos que, además, supuestamente, donamos y no vendemos
al Gobierno del señor Hugo Chávez.



Termino con tres últimas cuestiones. Usted nos lo ha intentado explicar; en la parte de aduanas yo le he entendido bastante bien y me parecen razonables las explicaciones que nos han dado para explicar cuáles son las diferencias
estadísticas que se producen, y además tomo nota de los esfuerzos que el Gobierno está haciendo no solamente con el Ministerio de Hacienda, sino en el ámbito de la Unión Europea para tratar que esa estadística sea lo más homogénea posible. Usted se
refería a los anteriores informes de Afarmade, pero es que en los informes de Tedae las discrepancias siguen siendo abismales. Es decir, no es que haya algún criterio contable que pueda justificar las diferencias, estamos hablando de que las
empresas de defensa en su informe nos hablan de unas exportaciones en torno a 3.000 millones de euros anuales y las exportaciones realizadas en su informe hablan de 1.491 millones. Me ha parecido bastante más consistente su explicación al
explicarme las diferencias con aduana, que además son menores, que las explicaciones con el sector, que son excesivas y que estoy convencido de que las hay, pero creo que sería exigible un mayor esfuerzo del Gobierno, por lo menos por tratar de
explicárnoslas porque, si no, significaría que el 50 por ciento de las exportaciones españolas no estarían sometidas a ningún control por parte del ministerio, y eso me consta que no puede ser así.



Usted también se ha referido ampliamente en su intervención inicial a ello, pero en relación con la recomendación número 12, que exactamente pedía especificar el estado de la trasposición a la legislación española de la Directiva 2009/43 de
la Comisión Europea, de 6 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad, nos lo ha explicado bien, pero,
si no interpreto mal, el límite temporal para la trasposición de esta directiva era precisamente este mes de junio del año 2011. Usted nos ha hablado de que previsiblemente el real decreto que haría la trasposición de esta directiva estaría para
finales de este año. Simplemente querría que me aclarara si es así y, en segundo lugar,


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instarle a que, si podemos cumplir los plazos que establece la propia directiva, sería mejor.



No nos ha comentado nada sobre la recomendación número 20, que pide que, en la situación económica y la urgencia en el recorte de gastos actual, se racionalice y optimice el sistema de reuniones, encuentros y seminarios de las diferentes
administraciones, organizaciones, acuerdos, observatorios de los que España forma parte sobre la base de criterios de priorización y austeridad. A lo mejor nos lo ha explicado, pero lo que yo le he entendido es que habíamos participado mucho, lo
cual está bien, pero que había una petición expresa de que se tratara de racionalizar en la medida de lo posible.



Por resumir, y entienda que siguiendo el criterio político de mi grupo parlamentario, en lo que se refiere al cumplimiento global de las resoluciones aprobadas por esta Comisión, además aprobadas prácticamente por consenso año tras año, yo
le pondría un 4,5. Hay siete resoluciones que se han cumplido en su totalidad, tres recomendaciones que se han cumplido parcialmente e -insisto-, según mi criterio, diez que no se han cumplido. A lo mejor, con las explicaciones adicionales que
usted nos puede dar, mi grupo parlamentario le concede el 5 sin ninguna dificultad.
Reconociendo que el Gobierno está haciendo un esfuerzo en este terreno, todavía nos queda un trecho que recorrer, al menos en el nivel de exigencia -que también le
reconozco que es muy alto- que esta Comisión parlamentaria le impone al Gobierno año tras año.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Al igual que mis compañeros que han hecho ya uso de la palabra, agradezco al secretario de Estado su extensa información.
Yo no me voy a atrever a calificarle, no le voy a puntuar en esta intervención. Voy a
limitarme a plantearle una serie de reflexiones y algunas preguntas desde la perspectiva de lo bueno, lo malo y lo discreto o dudoso, para ver si entre ambos aclaramos estas cuestiones que están en el claroscuro. Empezaré por algo que le han
planteado ya mis dos compañeros, que tiene que ver con los plazos, porque, aunque parezca una cuestión de formalidad, señor secretario de Estado, no lo es. Ya lo decía el señor Xuclà. Yo también he entendido sus explicaciones y además comprendo
sus dificultades, no crea que lo digo por cumplir el trámite, pero comprenda usted las nuestras. Yo quiero que usted venga aquí cuando tenga los deberes hechos, pero también me gusta venir con ellos hechos, y la verdad es que, en lo que significa
de tarea parlamentaria, es muy difícil traer los deberes bien hechos con tan poco tiempo. Entendiendo las dificultades que tiene el Gobierno, como decía el señor Xuclà, no se trata de perfeccionar los plazos, sino de cumplirlos. Le hago una
propuesta. Cuando tengan los papeles hechos y nos los hayan remitido, fijamos la fecha de la comparecencia, para que así se cumplan realmente los quince días, en vez de hacer lo contrario, fijar la fecha y luego ver si es posible cumplir los
plazos. Eso sería muy bueno para todos. Esto no me lo tome como una cuestión de criticar por criticar, ni de crítica por formalidad, sino por hacer mejor todos nosotros nuestro trabajo.



Quiero hacer una referencia a las previsiones de negocio o al comportamiento del sector exportador en materia de armas. Es verdad que ustedes fueron muy ambiciosos a la hora de establecer desde el Ministerio de Industria, fundamentalmente,
los datos para las exportaciones del año 2010 y que fueron unos datos realmente muy ambiciosos, que ciertamente no se cumplen en este informe que usted nos ha remitido. Ustedes establecen que se han reducido las exportaciones respecto al año 2009
en algo más de un 16 por ciento, pero quizá por la premura en la lectura de los papeles he llegado a la conclusión de que realmente faltan por consignar un 50 por ciento de las licencias autorizadas, y que, si esas licencias se consignaran,
cumpliríamos prácticamente con el objetivo. Como me ha llamado la atención que usted no lo diga, a la hora de defender el conjunto de las exportaciones como una actividad industrial y económica de España, no sé si es así, pero me gustaría que me lo
confirmara. En cualquier caso, creo que se puede decir que la industria de defensa española está capeando bastante bien el temporal de la crisis, sin perjuicio de que naturalmente siempre nos gustaría que las cosas funcionaran todavía mejor. Lo
cierto es que, según el último informe elaborado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, de Estocolmo, tenemos tres empresas españolas colocadas entre las cien primeras del planeta, desde el punto de vista de las exportaciones:
Airbus, Navantia e Indra. Ya me gustaría tener tres universidades españolas entre las cien primeras del mundo -a mí y a todos, espero-.
Pero ¿significa eso que tengamos que relajarnos? No. Significa que tenemos que saberlo y ayudar a que ese
capital, que es de todo el país, siga creciendo y siga siendo algo de lo que podamos sentirnos satisfechos. Esto podría ser en la parte positiva, en el más.



En el menos, denoto una falta de información sobre operaciones tramitadas, exentas y denegadas, así como más información relativa a empresas con licencias denegadas y los motivos de la denegación. Esto no es una novedad, lo hemos planteado
en debates anteriores. Tampoco observamos en ningún anexo los filtros aduaneros de los que se habla en la página 41.
Se menciona, pero no lo encontramos en ningún sitio y se correspondería teóricamente con ese decálogo de actuaciones. Asimismo,
seguimos sin encontrar información sobre las medidas prácticas para el mejor uso de los agregados de Defensa en el seguimiento de las exportaciones, según una de las recomendaciones de la Comisión de Defensa del año 2009. No hemos encontrado
ninguna referencia al respecto.



Por otra parte, en cuanto a los países -me detendré ahora en algunos de ellos-, nos sorprenden determinadas operaciones realizadas, por ejemplo, con Pakistán,


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a la que se nutre con disparos y partes de bomba para aviación, con Sri Lanka, con Mauritania, que es un Estado fallido, como todos sabemos, con Marruecos, con Venezuela -ya se ha mencionado-, con Líbano, con Cuba o con Libia. En algunos de
ellos me detendré muy brevemente. Con respecto a las exportaciones a Libia, sin perjuicio de lo que ya se ha dicho, refleja algo que yo también pienso. Es difícil anticiparse a todo, pero lo cierto es que ahí no se ha anticipado nadie.
Naturalmente, unos tienen más responsabilidades que otros, pero el común de los países occidentales no se ha anticipado a lo que iba a ocurrir. En relación con las exportaciones a Libia de material de defensa -gafas de visión nocturna, reparación y
actualización de motores de aeronaves-, por valor de 11,2 millones de euros, lo de las gafas de visión nocturna me sugiere una broma que no voy a hacer en este momento, precisamente porque en Libia estamos colaborando en una operación de denegación
de espacio aéreo sobre el país. Ya lo decíamos el año pasado con respecto a Guinea Conakry. Nos ha faltado -esa sería la broma- visión de futuro en determinadas actuaciones en la zona y quiero llamar la atención sobre ello, más que nada para que,
si es posible, no nos ocurra con otro país. Esto podría parecer la ciencia de los economistas, que adivinan lo que ocurre varios meses después de que haya ocurrido, pero en la medida en que sea posible sería conveniente que se tuvieran en cuenta
estas experiencias.



Respecto a la venta en países del norte de África o del Golfo Pérsico, la reflexión vendría a ser la misma. Con revueltas populares actuales, ¿qué postura se ha adoptado en Bahréin, en Egipto? ¿Se han impuesto limitaciones? ¿Ha habido
alguna actuación posterior que no esté determinada por resoluciones de Naciones Unidas, que nos vienen impuestas de verdad y son de obligatorio cumplimiento? ¿Hay una reflexión en el ministerio al respecto? Porque se debe observar que a lo largo
de 2010 se han vendido municiones para armas ligeras y disparos, como decía antes, de aeronaves a países del entorno árabe, que se han visto recientemente envueltos en este tipo de revoluciones, aunque sea entre comillas o no, y protestas. También
nos llama la atención el desvío final que se le pueda estar dando a la munición española destinada a países extrañamente destacables y las cantidades compradas que aparecen en las páginas 74 y 75. El caso de Argelia es otro. Tres millones en
repuestos de aeronaves, pero no hay ningún importe autorizado ni en 2009 ni en 2010. ¿Estamos hablando de autorizaciones anteriores? ¿De cuándo son esas autorizaciones? ¿Se ha hecho una revisión de esas autorizaciones o sencillamente se reflejan
aquí, pero pertenecen a autorizaciones anteriores no revisadas porque no generaban ningún tipo de problema? ¿Estamos hablando de esas licencias que se producen un año, pero que no se concretan hasta dos años más tarde por el tipo de comercio del
que estamos hablando?


Otro país es Cuba. Las exportaciones a Cuba realmente nos preocupan -no es la primera vez que lo decimos- porque son para uso policial en un régimen de dictadura y represión. Vendemos a ese país determinados productos parapoliciales, de
los cuales el 71,79 por ciento, según sus propios datos, va destinado a la policía. Así aparece en la página 63. Se ha comerciado con munición y componentes de rifles por más de 40.000 euros.
Estamos ante un país que no respeta la democracia ni
los derechos humanos, como desgraciadamente sabemos todos nosotros, y que se vale de su policía para imponer sus condiciones. Venezuela es un caso similar, del que ya se ha hablado, y, por tanto, no insistiré.



Las exportaciones a Angola nos plantean otra vez la pregunta en la que año tras año insistimos. Son revólveres, armas de caza y cartuchos para uso privado en el cien por cien, pero la pregunta es si hay garantía de usuario final. ¿Hasta
qué punto tenemos garantías de usuario final? En países como Sri Lanka y Tailandia hago la misma reflexión que he hecho para Cuba o para Venezuela. Nos gustaría saber también qué criterios se sigue en las exportaciones de material de doble uso
para Irán. Algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra ya han dicho aquí que, al igual que en el año 2009, se convierte en nuestro principal cliente con casi 40 millones de euros. Otro país con restricciones como China, con 18
millones de euros, es nuestro segundo cliente y me preocupa esa cuestión por la falta de controles a posteriori. Creo que también hay falta de información sobre el avance en lo referente al tratado sobre el comercio de armas convencionales. Me
gustaría que el secretario de Estado nos diese alguna información complementaria a lo que ha dicho en su intervención y a la que aparece aquí en el documento.



Finalmente, respecto al material de caza y munición deportiva, es compartido y sabido por todos nosotros que este tipo de municiones puede ser canibalizada y canalizada hacia otro destino en países de dudosa seguridad. Siempre que hablamos
de esta cuestión, todos estamos de acuerdo en que hay que evitar que llegue a un destino diferente y siempre se explica la dificultad de garantizarlo hasta el extremo. Pero sigo insistiendo en esta cuestión porque me parece muy importante. Los
cartuchos y determinadas piezas existentes de clasificación para defensa, deportivos y similares, son reutilizables, como usted muy bien sabe, por ejemplo, para munición de otro tipo -entre comillas- mediante la recarga de casquillos o su
adquisición por vías no correctas. Se trata, a nuestro juicio, de alejar cualquier duda o sospecha sobre el fin de estas armas y municiones, dónde llegan y quién las usa. La primera exigencia o control está plenamente definido. Una vez superado
el primer control, estimando que el primero sea completa y extremadamente riguroso, ¿qué pasa después? ¿Qué instrumentos tenemos o estamos utilizando para saber desde ahí a dónde pasan? ¿Qué ocurre cuando descubrimos que armas españolas están en
países a los que no se las hemos vendido directamente? ¿Cómo se investiga por dónde llegaron? ¿Se sanciona al país que las recibió y las vendió? ¿Es tráfico legal o es tráfico ilegal? ¿Se le


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exige al Gobierno al que se le vendió que termine con ese tráfico ilegal o, como no tenemos responsabilidad en la segunda venta, sencillamente lo decimos pero no pasa nada, no sancionamos ni evitamos que ese país vuelva a ser comprador?


Por otra parte, nos parecen sospechosas las diez licencias autorizadas a Líbano, considerando que la situación del país no es la más correcta; no creo que haya en este momento ningún tipo de garantía de dónde van a terminar esas armas o
municiones ni de cuál va a ser su uso. Como le decía antes, siguen las exportaciones a países como Ghana o Guinea-Bissau. En este caso son cartuchos de escopeta, pero son destinos de esos que llamamos preocupantes. El destino inicial es
preocupante, pero, sobre todo, no hay ninguna garantía de que no termine en otro país.



Para finalizar, y dentro del informe de este año, quería plantearle una pregunta muy concreta. Seguro que tiene una explicación, pero no la he encontrado. Me llama la atención que en la página 25 del informe nos indiquen ustedes mismos que
en las inspecciones que se realizan se ha descubierto que se perdieron 974 armas durante este año y, de ellas, 415 fueron recuperadas. Yo pregunto: Y las 559 restantes que se extraviaron, ¿dónde están? ¿Se siguen buscando o se considera que un
porcentaje de extraviadas es normal, aunque sean 559? Está en la página 25. Igual es que no lo he entendido bien y hay otra parte del informe en la que se explican esas cosas, pero a mí me ha llamado la atención porque es un número considerable de
armas. No es como el que pierde en un supermercado un porcentaje equis del azúcar que le envían para ser vendido. Estamos hablando de cosas bastante más serias.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.



La señora BUENAVENTURA PUIG: Como los compañeros que me han precedido, quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado, que ha dado largas explicaciones sobre el informe. También repetiré algunas de las cuestiones que han
planteado los portavoces de los otros grupos, como el ruego sobre los plazos de entrega del informe. No voy a reiterar lo que ya se ha dicho, pero es casi imposible en ocho días poder hacer un estudio riguroso del informe y sobre todo los grupos
parlamentarios más modestos, más pequeños, que hemos de compartir esto con otros muchísimos temas. Supongo que serán recomendaciones de las que el secretario de Estado tomará nota para que en los próximos años no sea así. No obstante, quiero
valorar positivamente el informe completo que se hace y -como también se ha dicho- que seamos casi el único país que lo cumple; eso también hemos de valorarlo y hemos de felicitar al ministerio. También quiero valorar positivamente que en este
informe haya una mejor explicación y un detalle claro de operaciones en materia de defensa por un importe superior a los 10 millones. Se explica muchísimo más que otros años, lo cual es de agradecer.



También creemos -entrando en temas ya no de forma sino de fondo- que han sido correctos planteamientos que se han hecho por parte del ministerio en cuanto a denegaciones de algunas licencias de exportación, en concreto una a la República de
Guinea, aplicando la Posición Común 2008/944/PESC, para vehículos todo terreno. También, para material de doble uso se produjeron diecinueve denegaciones de licencias de exportación con destino a Irán, Jordania, Pakistán, Siria, Sudán y Yemen.
Curiosamente eso también liga con la reflexión-preocupación que yo quería plantear y que también han planteado los portavoces de otros grupos, especialmente doña Rosa Díez: la política preventiva. Nos hemos encontrado en 2011 que a partir de enero
estallan, sobre todo en el norte de África, en Oriente Próximo, unas revueltas de liberación, de reivindicación de derechos humanos y que en estos países durante el año 2010 el Estado español ha vendido armas. Si bien es cierto, y también lo
valoramos positivamente, que a partir de la resolución de Naciones Unidas respecto a Libia rápidamente se dejó de vender armas a Libia, sí es cierta -y así lo explicaron en un informe organizaciones no gubernamentales a las que usted ha hecho
referencia, como Amnistía Internacional, Fundación por la Paz, Greenpeace, Intermón Oxfam en febrero de 2011- la situación preocupante por la cantidad de venta de armas que se había hecho en 2010 no solo a Libia sino al resto de países del norte de
África, y que esto podía producir que no se estuviese cumpliendo la Ley 53/2007, sobre todo el artículo número 8, y ahí queremos hacer mención especial a la venta de armas a Arabia Saudí, donde se realizaron operaciones por un total de 5,8 millones
de euros y asimismo fueron autorizadas operaciones por un montante de 7,7 millones de euros en otros aspectos; a Bahréin, que también hubo ventas por un importe de 40.690 euros; a Egipto, que fue el destinatario de repuestos de vehículos no
blindados de transporte por un importe de 2,5 millones de euros; a Israel -además el informe explica clara y extensamente el comercio habido en Israel; es otro de los países del norte de África y Oriente Próximo sobre el que podemos mostrar
preocupación; a Libia, como ya se ha dicho; a Marruecos, además con el agravante de la situación que está viviendo el Sáhara Occidental, y aquí también tenemos claro, y ya no solo, a partir de enero, los posibles levantamientos de la población
marroquí en contra del rey de Marruecos, en contra de un Gobierno no democrático, sino la represión que ha habido sobre los levantamientos del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental, y ahí también ha habido armas españolas-; a Colombia, y a
Pakistán.
Evidentemente Colombia y Pakistán no son el norte de África ni Oriente Próximo, pero sí son zonas donde no está claro que se contemplen los derechos humanos. Como decía anteriormente, mostramos nuestra preocupación y valoramos que se
puedan hacer políticas preventivas


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sobre poblaciones en las que, si bien en estos momentos no puede haber una revuelta, en el futuro sí, y estas armas se utilizan claramente en contra de los derechos humanos de la población.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Beloki.



El señor BELOKI GUERRA: Señor secretario de Estado, debo comenzar reconociendo que en esta comparecencia este diputado se siente un tanto perdido. Voy a intentar explicarlo y de paso me aclaro yo mismo. No sé si estoy yendo o viniendo de
la Comisión y voy a intentar explicarme. La ley dice que, efectivamente, el secretario de Estado de Turismo y Comercio comparecerá e informará de las estadísticas del último periodo. Usted ha venido, nos ha entregado la documentación previamente
-no todo lo previamente que sería de desear- y nos ha vuelto a decir lo que dice el libro: adónde ha habido exportaciones, etcétera. Personalmente debo decir que a este respecto me siento, entre comillas, satisfecho; no busco más información,
casi me sobra. Creo que el volumen de información a este respecto es razonable y que se da con suficiente nivel de detalle. Ojalá de todos los temas pudiéramos tener el nivel de detalle que tenemos sobre este. Desde ese punto de vista casi me
bastaría con que ustedes me remitieran el informe, yo me lo leería y diría: esto es lo que ha ocurrido el año pasado. A nivel informativo.



Cuando en respuesta a algunas de las recomendaciones hechas por el Congreso usted ha dicho cómo van encajando las distintas estadísticas, ha habido un momento en el que me ha dado la impresión de que la Administración que estaba detrás, la
que usted estaba reflejando, era una Administración con manguitos, lápiz, goma de borrar, pásame un papel que vamos a ver si... Esa impresión me ha dado. Y pienso: ¿esto tiene que seguir ocurriendo hoy, que tenemos tanta información y que
debiéramos tener unos sistemas informáticos? ¿Por qué es tan complicado esto? La información finalmente llega, pero cuesta mucho hacerse con la información y me pregunto: ¿por qué será? Porque es cuestión de anotar los datos el día que ocurren,
y si eso se mete en una base estadística...
En fin, no voy a explicárselo a usted que sabe tanto como yo. En cualquier caso, un día llegan las informaciones e insisto en que a mi juicio las informaciones son razonablemente suficientes y que entran
en un nivel de detalle suficiente. Lo único que sería de desear es que si efectivamente vamos a hablar de las informaciones, se cumpla estrictamente la recomendación que le hicimos de que al menos tengamos quince días para leer, porque si no lo que
hacemos es una lectura con usted aquí, y eso es especialmente complicado para los grupos minoritarios, como acaban de señalar. Pero, a mi juicio, aquí no se trata de dar la información por la información, porque la ley que obliga a esto es la Ley
sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Efectivamente, el control también significa decir lo que ha ocurrido -ha ocurrido esto-, pero aquí estamos hablando de otro tipo de control. Y a mí me suscita una cierta
perplejidad que tengamos aquí al secretario de Comercio Exterior teniendo que hablar de qué países son aquellos a los que no debimos exportar porque ahora nos hemos dado cuenta de que eran inestables, etcétera, y no le podamos preguntar sobre lo que
debería ser más suyo: ¿Y esto qué significa en cuanto a la industria del país? Eso sería más propio -entiendo yo-, pero es justamente aquello de lo que, por lo visto, no podemos hablar. Le han enviado aquí a hablar de todo lo que no es suyo, por
decirlo exageradamente: de por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene las relaciones que tiene, o deja de tener, o debe tener sospechas. Usted dice: alguien ha dicho que a este país no se debe exportar porque está en un grado de
inestabilidad o lo que sea. En todo caso, también debo reconocer que, a efectos del control de que se trata, es decir, el control de que no se estén exportando armas a países que están en las situaciones que figuran en la Ley 53/2007, hay un
control más que razonable. Yo subo la nota que le daba el señor Cosidó. Salvo que nos pasemos de listos, y ahora veamos todos que no se debió exportar a no sé qué sitio. Hablando de esto me he acordado de don Shimon Peres, presidente de Israel,
que dio aquí una charla en fechas recientes y dijo que a ellos les había cogido desprevenidos lo que estaba ocurriendo en el norte de África y en Egipto. Y yo digo: pues si a ese señor le ha cogido desprevenido, a un diputado del PNV también le
puede coger y supongo que a otros diputados, por mucho que, a la vista de lo que ocurre a posteriori, todos resultamos ser mucho más conocedores de lo que debió ocurrir. Pero ha ocurrido lo que ha ocurrido y, desde esta perspectiva, el grado de
control establecido me parece que es razonable.



Me ha interesado más la reflexión del señor Cosidó sobre cómo ejercemos nosotros luego administrativa y burocráticamente este control. Algún año yo he luchado para que no haya tanta burocracia, por ejemplo, respecto a las armas de caza y
tiro deportivo y seguiré luchando porque me parece que una cosa es el control que se debe establecer y otra cosa son los términos en los que se establece un control que puede hacer -lo he dicho y lo repito- que determinadas industrias se hundan o
casi. El mundo es el mundo; no está uno en un mundo aislado en el que las condiciones las imponga él. Las condiciones del mundo son unas y las empresas saben perfectamente que juegan con las condiciones que hay en el mundo, no con las que les
gustaría que existieran. Esa reflexión me parece que en el ministerio debe existir siempre, porque no estamos solo y exclusivamente nosotros resolviendo el mundo. Estamos formando parte de un mundo en el que queremos ser responsables, pero no
queremos ser ingenuos, entre otras cosas, y podría utilizar más calificativos. El control es razonable, cumplimos razonablemente bien las cosas, pero esta es una reflexión que sí debería estar presente como actitud como mínimo y como sistemática de
gestión de este control dentro del


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ministerio y de la Jimddu. No voy a preguntarle si usted creía que debimos o no debimos exportar a un sitio o a otro porque alguien decidió que sí y supongo que no fue usted, salvo que al secretario de Comercio Exterior le toquen estas
cosas, que no lo sé, pero me da la impresión de que será más complicado que todo eso resolver qué países son países a los que se puede exportar y qué se puede exportar a cada país.



Voy terminando. El decreto, en su artículo 16 -por el que usted tiene que comparecer para dar cuenta de las estadísticas-, dice también que el secretario de Estado informará en su comparecencia anual de las acciones derivadas del dictamen
que elabora la Comisión, y usted lo ha hecho en la parte final de su exposición. A mí es la parte que más me interesa porque me parece que es la parte que tiene más actualidad, entre otras cosas porque nosotros mismos hemos emitido recomendaciones
y al cabo del año tendríamos que saber si estas recomendaciones se han cumplido o no y su grado de cumplimiento. Desde esta perspectiva, el informe debería elaborarse teniendo en cuenta este criterio. Es decir, no puede ser, o no debiera ser, o no
es conveniente que en el informe se recojan las exportaciones que se están realizando y los términos en que están y, sin embargo, no haya algo así como el informe de cumplimiento de las recomendaciones que la Comisión ha hecho, que eso también
viniera por escrito, porque así tendríamos en principio un material que leído nos permitiría adelantar en lo que ahora es nuestra obligación, que es sacar las conclusiones de cuánto han cumplido o han dejado de cumplir de las recomendaciones y qué
nuevas recomendaciones en su caso podemos hacer.
Porque si uno lee con detalle las recomendaciones, verá que están llenas de adverbios y calificativos: criterio más restrictivo -vaya usted a saber lo que significa eso- o escrupulosamente... Hay
mucho calificativo y mucho adverbio, y es porque nosotros podemos decir: sea usted algo más restrictivo, ponga usted más atención, sea usted más espabilado, etcétera. Y lo que sí nos puede interesar es saber cuáles son los mecanismos con los que
se cumple o se deja de cumplir. Ojalá nosotros supiéramos también decir si cabe establecer algún mecanismo o simplemente emitiremos dictámenes de buena intención. Desde esa perspectiva, para que de alguna forma el trabajo de la Comisión a la hora
de emitir recomendaciones fuera un trabajo más adelantado y facilitado, sería bueno que el informe con el que usted comparece incluyera un apartado específico, en este caso de las veinte recomendaciones que le hicimos y que usted más o menos ha ido
recorriendo. Si lo hace así, subo un poco más la nota.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Suárez.



El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: En el día de hoy me gustaría decir básicamente tres cosas. En primer lugar, que constato de nuevo que el mecanismo con el que en nuestro país nos hemos dotado tanto para autorizar como para controlar -autorizar el
Gobierno y controlar el Parlamento- la venta de armas y material de doble uso, de momento se está mostrando como bastante eficiente y transparente. Buena prueba de ello es esta Comisión en el día de hoy, donde se ha hablado de todo, hasta de
comisionistas y de comisiones. Aquí se ha hablado de todo. Por lo tanto, tenemos un sistema bueno, eficiente y que permite al Gobierno informar y al Parlamento conocer, y desde luego muy transparente. Es un sistema que no tienen buena parte de
los países de nuestro entorno porque se tiende a considerar esta como materia de Estado, como materia reservada, como materia en torno a la cual la prudencia debe ser lo único determinante.
Ese marco del que nos hemos dotado a mi entender tiene dos
pies: uno es que las ventas tienen que ser autorizadas, no caben las no autorizadas, y otro es que esas ventas tienen que desarrollarse en el marco de la reglamentación y legislación que hay en el mundo en que vivimos. Es decir, la reglamentación
de la ONU y los embargos que esta pueda decretar o las prohibiciones y la reglamentación de la Unión Europea o de la OSCE.
Siempre hemos dicho -y es lo sensato cuando hablamos de control de armas- que el combate contra el tráfico ilícito de armas
se tiene que hacer avanzando en lo que es legislación jurídicamente vinculante, buscando, además de la máxima eficacia con esa legislación, garantizar la igualdad al conjunto de la industria del sector de la defensa. Y aquí me gustaría ir a la otra
parte. Se está hablando mucho de Libia, emerge mucho Libia como consecuencia de lo que está ocurriendo en los países árabes y en el norte de África y de las ventas de armas que se le hicieron a Libia.
Nosotros hemos vendido muy poco. Y hemos
vendido desde un radar en 2009 hasta visores nocturnos en 2010, que es el importe más importante, en torno a los 12 millones de ventas, así como material para actualizar el transporte aéreo, es decir, mantenimiento y reposición. Nosotros hemos
hecho eso, y lo hemos hecho porque se podía hacer, porque no había ningún embargo de Naciones Unidas. En el momento en que lo hubo paralizamos la venta de material de defensa a Libia. Pero en este tiempo en el que nosotros hemos estado vendiendo
esto a Libia, me gustaría decir aquí -y el señor secretario de Estado se refirió a ello antes- qué es lo que han hecho los países de nuestro entorno, nuestros socios de la Unión Europea, nuestros socios en términos de valores, nuestros socios del
mundo occidental, los países con los que compartimos cantidad de cosas y con los que nos sentimos muy unidos. El Reino Unido -con datos de la Unión Europea de 2008- le vendió 25 millones de euros a Libia. Francia, 30 millones en autorizado y 44
millones en realizado en material de defensa en 2008. Alemania en 2008 le vendió 53 millones de euros en autorizado.
Italia 118 millones de euros en autorizado y 44 millones en realizado.
Nosotros, 12 millones. Pero países como Portugal, 14
millones; Malta, 80 millones de euros; Bélgica, 22 millones de euros. Todos son nuestros socios de la Unión Europea. Es decir, que al final nosotros somos los que menos vendemos, pero vendemos porque se puede vender, como los demás.



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Dicho esto, me gustaría entrar en el tema de Venezuela para ver las contradicciones en las que nos podemos mover o, al menos, en las que nosotros no nos queremos mover. Porque al final hay fijaciones políticas a la hora de analizar a qué
países se venden armas; de una orientación política y de otra, pero las hay, y hoy lo hemos visto aquí. No hay nada que diga que no se le pueden vender armas a Venezuela; no hay nada que lo impida. Nosotros lo que le estamos vendiendo a
Venezuela son básicamente barcos que fabrica nuestra empresa Navantia, y hay una cosa que tengo tremendamente clara: que, visto lo de Libia, si esos barcos no los estuviese haciendo Navantia, los estarían haciendo los astilleros franceses, los
astilleros italianos o los astilleros alemanes. Lo estarían haciendo astilleros de nuestro entorno, eso lo tengo tremendamente claro. Y no habiendo embargos, ¿por qué la industria española no puede aspirar a hacerle barcos a un Gobierno como el de
Venezuela, sobre el que no hay ningún embargo? Solo fijaciones políticas pueden llevarnos a rechazar esa posibilidad. Lo que hizo el Gobierno socialista en su día y el ministro de Defensa de entonces fue trabajar por lograr carga de trabajo para
Navantia en un momento delicado para dicha empresa. Ese fue un debate recurrente entonces en este Parlamento y en esta Comisión de Defensa, y la mayoría de los grupos nos manifestamos a favor y no en contra de que Navantia pudiese llegar a un
acuerdo importante con Venezuela para la venta de barcos. A nosotros nos parece bien que Navantia esté haciendo eso, que Navantia pueda ser una empresa capaz de competir con otros grandes astilleros europeos y mundiales en la venta de todo tipo de
naves, sean barcos o submarinos. Dicho esto, después de toda esta crítica a Navantia y a la venta de barcos a Venezuela, lo que me gustaría oír es si se prohibiría esa venta de barcos a Venezuela en el caso de que el Partido Popular ganase las
elecciones.
Me gustaría oírles decir eso para que sepamos cuáles son las consecuencias que se pueden derivar de lo que decimos en esta Comisión.
Me gusta dejar esto claro. El trabajo del Gobierno en su día fue muy importante para Navantia y para
la industria de defensa en nuestro país.
La industria de defensa es lo tecnológicamente más avanzado, con más capacidad innovadora, y ha sido muy importante a lo largo del tiempo la traslación de los avances en materia de defensa y en materia
militar al plano civil. En nuestro país contamos con empresas muy importantes en este sector, capaces no solo de fabricar barcos, aviones, radares y otro tipo de armas militares y de defensa para consumo interno, sino también para exportar. Eso es
muy importante y hay que ponerlo en valor. Es cierto que hay una caída, pero es una caída generalizada como consecuencia de la crisis. ¿O no hablamos todos de reducir el gasto y somos conscientes todos de que en un contexto como este hay que
apretarse el cinturón? A muchos sectores les ha tocado. Ese ha sido también un debate recurrente en los últimos meses en esta Comisión. Las cosas son como son y ahora hay que seguir apostando por la industria de defensa de este país, por sus
potencialidades. Eso debe llevarnos a no cometer errores, como puede ser el error tan repetido en esta Comisión de Venezuela o de otro tipo de países sobre los que no pesa ninguna prohibición de quien lo puede pedir, que es Naciones Unidas o la
Unión Europea. El resto de valoraciones sobran, y más cuando se habla de oídas y se puede poner en entredicho la honorabilidad de personas.



Dejado claro esto, me gustaría valorar positivamente, como el resto de los grupos, el informe del Gobierno. Es un informe que cada vez aporta más información y el dato de que el Gobierno tenga que informar y responder de las resoluciones
aprobadas en esta Comisión fortalece ese mecanismo de control que tenemos en nuestro país, tanto por el Gobierno como por el Parlamento, de la venta de armas y combate una de las grandes lacras de nuestro tiempo, que es el tráfico ilícito de armas,
con las consecuencias tan nefastas en términos de vidas humanas que ello conlleva. Así que valoramos muy positivamente su informe.



El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los portavoces de los grupos tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Bonet Baiget): Muchas gracias a todos los portavoces y a todos los grupos por el interés que han demostrado en estas cuestiones, que ha sido muy alto. Han hecho ustedes un análisis previo
importante y exhaustivo de la información que les hemos remitido, y se lo agradezco, así como el conocimiento que demuestran de las cuestiones por las que tienen mayor interés.



Hay una serie de cuestiones coincidentes en las intervenciones de ustedes.
En algunos casos intentaré responder a las preguntas concretas, que son muchísimas, y en otros intentaré dar respuestas un poco más horizontales.
Había algunas
preguntas muy específicas del señor Xuclà, que siento que no esté en estos momentos en la sala; preguntas referidas a datos muy concretos que intentaré contestar. Exportaciones de doble uso a Libia, 88 euros. Esto es porque hay determinadas
sustancias que aunque se exporten en cantidades de 100 centímetros cúbicos o de medio litro tienen que ser autorizadas, y la cifra de 88 euros de una exportación de sustancia química a Libia efectivamente era esa. Una segunda pregunta,
exportaciones a Armenia. Son dos licencias de escopetas de caza, no son material de defensa. Tercera pregunta, exportaciones de doble uso a Taiwán. Corresponde a sustancias químicas para laboratorio, no son exportaciones de material de defensa.
Cuarta pregunta, exportaciones de combustible militar a Estados Unidos. Son exportaciones que suministran empresas españolas para las bases americanas que están en el territorio español. Es queroseno de especificaciones OTAN. La quinta pregunta
específica que me ha hecho es sobre qué es exactamente la exportación de doble uso de 17,5


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millones que hay a Irán. Le digo que son tubos para una planta de producción de acero; es el resultado precisamente de la aplicación de la cláusula catch-all que les citaba al principio y que ahora si quieren les explicaré con más detalle.
Me preguntaba también el señor Xuclà si había habido una comisión en la venta de los barcos a Venezuela. Puedo decirle que no lo sé, que no tengo conocimiento de esto. Efectivamente, en algunos casos de operaciones y transacciones internacionales
de material de defensa aparecen pagos a intermediarios, pero estos no son necesariamente comisiones sino pagos a entidades o despachos que representan a la empresa durante todo el proceso de fabricación en el país de destino. Pero, sinceramente, no
estoy en condiciones de decirle si ha habido comisión en este caso ni su cuantía.



Antes de seguir con los detalles, déjenme que les explique el tema de Irán, sobre el que creo que han preguntado bastantes de ustedes y que da lugar a cierta inquietud. Irán es uno de los países en los que aparecen nuestras exportaciones de
doble uso especialmente primero, pero, como trataba de explicar en mi intervención, no es porque exportemos más cada año, es porque controlamos más cada año; es decir, hay una serie de listas de productos que están sometidos a control y existe la
posibilidad de aplicar la cláusula catch-all, que lo que quiere decir es que podemos controlar determinados productos que nosotros pensamos que pueden ser peligrosos porque pueden ir desviados a objetivos de proliferación y que no están en las
listas, podemos ver qué empresas españolas están exportando ese tipo de productos y someterlas a control. ¿Qué ocurre? Que al someterlas a control y exigirles licencia, automáticamente eso pasa ya a computar como exportaciones de doble uso a esos
países, pero la diferencia es que los productos que aparecen como exportación de doble uso a Irán son muchos más que los productos de doble uso que aparecen controlados a otros países. Es importante tener esto en cuenta. Los embargos están en
vigor, y nosotros estamos estableciendo, como he explicado también, un sistema de colaboración con aduanas, porque no solamente se han embargado las exportaciones de material de defensa y de doble uso sino también las exportaciones de productos
dirigidos al sector de petróleo y gas, que no son ni material de defensa ni de doble uso, es otra cuestión dirigida a un sector muy específico que es el que genera reservas, recursos y divisas para el régimen iraní y que tenemos que controlar.



Todos ustedes han sacado, con toda la razón del mundo, el problema del plazo de quince días. Les transmito mis disculpas. Hemos hecho lo posible por que este plazo se pudiera cumplir en esta ocasión. Puedo decirles también que en algunos
casos hay ciertos retrasos en la tramitación interna desde que salen los documentos hasta que llegan aquí, pero la propuesta de la señora Díez era muy lógica: ¿por qué no fijamos la comparecencia quince días después de que ustedes tengan el informe
de estadísticas? Creo que generalmente lo que hacemos es tramitar las dos cosas simultáneamente. Yo no habría tenido ningún inconveniente, como ustedes pueden imaginar, en venir la semana próxima y que ustedes hubieran tenido una semana más para
estudiar esta información, pero les repito que lo siento mucho, les transmito mis disculpas de nuevo por este retraso y espero que no se produzca de nuevo.



En cuanto a las cuestiones que ha planteado el señor Cosidó, sobre el submarino malasio puedo decirle que quizás efectivamente tenga usted razón y podíamos haber hecho referencia en el segundo informe a que este informe sustituye al
anterior, en su propio texto, para que no hubiera confusión sobre cuál es el que vale si uno tiene los dos en la mano. Lo que me están diciendo ahora mismo es que se produjo un retraso, en efecto, en colocar este informe en nuestra página web
porque, desafortunadamente, nuestro departamento de informática está intentando actualizar y renovar la página web y no lo hicimos simultáneamente, pero que el informe corregido es el que está ya incluido en dicha página. No sé cuándo lo consultó
su señoría, pero me dicen que si lo consulta usted ahora el informe que está es el actual. Me decía que le preocupaba también la reducción de las exportaciones de material de defensa. Una de las explicaciones quizá podríamos encontrarla en lo que
decía el señor Suárez, en que ha habido ciertos recortes por parte de algunos gobiernos en los presupuestos públicos como consecuencia de la crisis que pueden haber afectado a los presupuestos de adquisición de material de defensa.
En cualquier
caso, no me preocuparía excesivamente. Tengan en cuenta que nuestras estadísticas de exportación de material de defensa presentan alteraciones importantes de un año para otro, porque la exportación antes del 31 de diciembre o después de una fragata
más o menos hace que nuestras exportaciones de material de defensa puedan aumentar en 300 o 400 millones de euros más o menos. Como les he dicho en mi intervención, las perspectivas de las cifras para este año son buenas, en el sentido de que
tenemos tres operaciones autorizadas en 2010 de las que la ejecución ha sido mínima en 2010: 480 millones de euros en aviones de vigilancia antisubmarina para Brasil, 400 millones de euros en una fragata de Noruega, que podría haberse exportado en
2010 y habríamos tenido 400 millones más de exportación pero al final será en 2011, con lo que serán 400 millones que ya tenemos en 2011, y 305 millones de euros de aviones de repostaje en vuelo de Airbus Military a Australia, de los cuales me
parece que hemos entregado uno y nos faltan unos cuantos más por entregar en 2011. Es decir, solamente con la ejecución de estas tres licencias autorizadas tenemos nada menos que 1.200 millones de euros de exportación, que no sé si se van a
producir en uno, dos, tres o cuatro años, pero quiero desmitificar que cada año tienen que crecer las exportaciones de material de defensa. Hay veces que no crecen simplemente por una razón de calendario de alguna operación concreta. Nosotros
apoyamos las exportaciones de nuestras empresas todo lo que podemos.
Puedo decir que el


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Ministerio de Defensa hace una labor importante, y nosotros, desde la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, también, trabajamos conjuntamente con ellos, sabemos que tenemos una gran industria de defensa en determinados sectores y
hacemos todo lo que podemos por apoyarles en sus operaciones comerciales en el exterior.



En cuanto a Libia, comentaban el señor Cosidó y otros portavoces la paradoja que supone que en 2010 estuviéramos exportando material de defensa, a pesar de que fueran gafas de visión nocturna y repuestos para aviones, y que en 2011 estemos
patrullando para contribuir a pacificar una situación muy complicada. Decía que quizá hay un cierto déficit de criterio político. Yo le diría que no es exactamente así. Como otros portavoces han puesto de manifiesto, en 2010 era muy difícil
anticipar lo que iba a ocurrir en 2011. Ni nosotros ni los demás países de nuestro entorno anticipamos que podía haber estas revueltas en los países del norte de África. Puedo decirle que la Jimddu, la junta interministerial que aprueba todas
estas operaciones, no es un órgano estrictamente técnico. Yo soy el presidente de esa junta y en ella están representados cinco ministerios, entre ellos el de Defensa, están la Policía, la Guardia Civil, el CNI, Industria, Aduanas... Está
representada además a nivel político, sus miembros son altos cargos que en algunos casos delegan en colaboradores y en otros no. Puedo decirle que se producen debates intensos en esa junta y las decisiones se toman en ella. Nos corresponde a
nosotros tomar las decisiones sobre las operaciones que se aprueban a un país u otro y en una operación concreta u otra. Pero también quiero desmitificar que el criterio para aprobar y autorizar operaciones sea el país. El país es un criterio más.
Salvo que exista un embargo, que entonces está claro que a ese país no se pueden exportar determinados productos, las operaciones se analizan en función de muchísimos criterios y el país es uno más. Hay siempre tendencia a escribir una lista de los
países problemáticos y difíciles con los que no se podría hacer ninguna operación, y yo pienso que no debe ser así. Hay determinados productos que se podrían exportar a determinados países y otros no, y hay que hacer un análisis caso por caso. Eso
es lo que hacemos durante el análisis de las operaciones en la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. Me planteaba si debería ser más ágil el sistema y tener menos trabas. Con estos sistemas de
control que tenemos en España y en otros países -y yo estoy de acuerdo con quien haya dicho, que no recuerdo en este momento quién ha sido, que tenemos uno de los sistemas más avanzados, porque somos además el que lo ha montado hace menos tiempo y
lo hemos hecho con el estado del arte de los sistemas de control, nuestra ley de diciembre de 2007- lo que hacemos es intentar conjugar dos objetivos que son igualmente legítimos. Uno es exportar productos de material de defensa y de doble uso.
Nuestras empresas tienen derecho a poder exportar el material de defensa y de doble uso, pero en las condiciones que nos imponen nuestros requisitos y compromisos internacionales en cuanto a autorizaciones por países, productos, condiciones,
exportadores, usuarios, uso final, etcétera. Por tanto, hay que encontrar la línea para poder cumplir adecuadamente los dos objetivos, no regular en exceso para no limitar oportunidades de nuestras empresas que a lo mejor podrían haber llevado a
cabo y, por otra parte, tampoco facilitar en exceso las exportaciones de nuestras empresas con el riesgo de incumplir nuestros compromisos internacionales. Creo que hemos encontrado el límite. Estamos en un punto de equilibrio muy adecuado con el
que estamos intentando perseguir estos objetivos. Después volveré sobre las armas deportivas y de caza.



En cuanto al papel de la junta como elaboradora de listas de países a los que podemos o no exportar, creo que ha surgido también el debate en las intervenciones de sus señorías. Es difícil etiquetar de democráticos a unos países u otros en
general. Insisto en lo mismo: creo que tenemos que ver qué tipo de operación se está produciendo a qué tipo de país y tomar las decisiones, porque es muy difícil. Unas de sus recomendaciones, de hecho, a nosotros el año pasado fue que ustedes
iban a sugerirnos una lista de países problemáticos. Como les he dicho en mi intervención, me vendría muy bien. Sé que es difícil ponerse de acuerdo para hacer una lista de este tipo, y por eso yo no soy tan partidario de hacer una lista de países
prohibidos, por decirlo así, como de analizar cada operación por producto, por país, por usuario final y por condiciones en cada uno de los casos, que es así como funciona la junta interministerial. En cuanto al doble uso, me decía que debemos ser
lo más restrictivos posible. Efectivamente, siempre y cuando no perjudiquemos en exceso la capacidad de exportar de nuestras empresas. A Irán, por ejemplo, en todos aquellos ámbitos que no están sometidos a embargo y que están abiertos, como son
todas las exportaciones de equipos, tubos, máquinas, etcétera, para el sector petroquímico, por ejemplo, que es un sector que no está sometido a embargo, aunque sí lo esté el de petróleo y gas, tenemos que disponer de un sistema lo suficientemente
ágil como para permitir a nuestras empresas exportar, y por una simple razón, porque sus competidores de otros países de nuestro entorno lo hacen. Por tanto, tenemos que tener muy claro que nuestro sistema de control de doble uso tiene que estar
muy restringido al control absoluto de lo que es susceptible de proliferación o de un uso distinto al civil, pero en lo que nosotros tengamos certeza de que va al sector civil de la autorización tenemos que facilitarlo en la medida que podamos.



Me pedía también explicaciones adicionales sobre la operación de la exportación de helicópteros que ha sido coartada por la Comisaría General de Información. No puedo darle más información que la que tiene usted porque creo que es una
investigación que sigue abierta y además corresponde, como digo, a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros también estamos encantados de que esto se haya producido porque era una operación simplemente


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de contrabando de material de defensa hacia un país embargado. La misma cuestión se ha planteado sobre Venezuela y los productos antidisturbios.
Hemos analizado las operaciones con los casos concretos e incluso existe una empresa española
que tiene una filial donde ensambla determinados productos en Venezuela y exporta de vez en cuando componentes que allí se ensamblan. A la vista de las distintas operaciones propuestas concretas, estas operaciones en su día se analizaron en el seno
de la Jimddu con la información aportada por todos los departamentos que estamos representados en ellas y decidimos que se podían autorizar.



Respecto a las discrepancias estadísticas, he intentado explicarle en mi primera intervención nuestra interpretación de por qué se producen. Debo decir que en general las discrepancias se producen porque las empresas de Tedae a veces nos
dan en sus informes datos de contratación y nosotros damos datos de exportaciones realizadas antes del día 31 de diciembre, que no es lo mismo. Es lo que le decía antes, por ejemplo, sobre los 1.200 millones de autorizaciones sin ejecutar que
tenemos en estos momentos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con ellos en ese sentido. En cuanto a las reuniones, en mi intervención he hecho referencia a la recomendación de que fuéramos a menos reuniones. Yo he intentado
justificar que para tener un sistema de control como el que queremos necesitamos ir a muchas de estas reuniones. Lo que estamos haciendo es reducir y aplicar los criterios de austeridad no solo porque ustedes nos lo digan, sino porque tenemos
importantes restricciones presupuestarias en nuestro ministerio, como en la mayoría de ellos, y estamos intentando restringir al máximo nuestra participación e incluso reducir el número de personas que van a las reuniones, de manera que a reuniones
de estos foros a las que antes iban dos personas ahora va una.
En cualquier caso, pensamos que si queremos mantenernos en la frontera de los que tienen mejor sistema de control no podemos dejar de participar en las reuniones de los foros de control
más importantes que existen.



En cuanto a la nota de 4,5 que me ha puesto, no la voy a discutir ni voy a pedir revisión.



Respecto a las cuestiones de la señora Díez, del Grupo Parlamentario Mixto, ha insistido en el tema de los plazos, y lo siento mucho pero no voy a volver sobre ese tema. Me ha parecido entender que se refería a que teníamos un objetivo de
exportaciones para 2010 o que no se había cumplido el objetivo de exportaciones. Nosotros no tenemos ningún objetivo de exportaciones, las que exportan son nuestras empresas, nosotros nos limitamos a conceder o denegar las autorizaciones que nos
solicitan. Si hay una evolución positiva, mejor, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que establece nuestra ley. Me decía que quizá tenemos pocas denegaciones. Es verdad que así como tenemos muchas denegaciones de doble uso tenemos
pocas de material defensa. Este año pasado solamente tenemos una de material de defensa propiamente dicho como consecuencia de un embargo. De todas formas puedo decirle que la cifra de denegaciones no responde a la realidad de los hechos, porque
muchas veces a través de la difusión importante que hacemos de qué es lo que se puede y no se puede hacer, nuestras empresas exportadoras de material de defensa ya saben lo que pueden y lo que no pueden pedir, con lo que ya la gran mayoría de las
operaciones que no se pueden hacer ni siquiera nos las solicitan. Otras nos las solicitan, pero en cuanto les hacemos ver que hay dificultades desisten antes de que las deneguemos y las propias empresas dicen: si hay problemas, dé mi solicitud por
no presentada. Por tanto, quizás aparece un número menor de denegaciones de las que se producen en realidad, pero puedo decirle que nosotros aplicamos clarísimamente, a rajatabla, el sistema de comunicación de denegaciones, que es uno de los
grandes activos de este mecanismo, de manera que si cualquier país ha denegado una operación esencialmente idéntica, no la puede aprobar ningún otro. En el caso de que se nos presente una de ellas, nosotros automáticamente la denegamos, y eso es lo
que permite ir equilibrando progresivamente los niveles de exigencia de autorización entre todos los países.



También ha preguntado sobre el papel de los agregados de defensa. Los agregados de Defensa y también los consejeros comerciales de las embajadas actúan en determinados casos. Nosotros no incorporamos en el informe anual las actividades que
realizan los agregados de Defensa de las distintas embajadas en relación con cualquier operación. Hay determinadas informaciones que tampoco debemos plasmar en ese informe. Le han sorprendido también las operaciones que aparecen en algunos países:
Pakistán, Sri Lanka, Líbano, y hay otros que han sido planteados. No sé si quieren que entre en detalle en cada uno de ellos, pero como llevamos mucho tiempo les puedo decir que si quieren información específica sobre alguno de ellos estaré
encantado de dársela. En el informe hay bastante información sobre algunas de las operaciones en estos países, pero estaré encantado de suministrarles más detalles. En cualquier caso, les aseguro que todas han pasado por un riguroso análisis de
las posibilidades de aprobar ese tipo de operaciones. Respecto a Libia, se ha referido a la exportación de gafas o de visores de visión nocturna y piezas para aeronaves, así como la necesidad de intentar anticipar lo que va a ocurrir. Debo decir
que nos habría encantado. Nos habría encantado haber anticipado en el año 2010 lo que ha ocurrido en Libia, pero desafortunadamente no fue así. Lo único que pudimos hacer en el momento en que se produjo el conflicto fue cancelar y revocar todas
las operaciones, haciendo uso por primera vez de una posibilidad que prevé nuestra ley, nuestro reglamento, que es la de revocar en el acto las licencias que estén en vigor en ese momento y que no hayan sido utilizadas.



Me preguntaba si hemos aplicado limitaciones a las exportaciones a países del norte de África en los que ha habido revueltas. Claro que sí. Desde el principio lo que hemos hecho ha sido suspender la aprobación de cualquier


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operación de material de defensa o de otro material, entendiendo como tal material antidisturbios, y estudiar y analizar escrupulosamente todas las licencias que estaban en vigor para identificar su nivel de utilización y la necesidad o no
de revocar las licencias autorizadas. En su intervención también se ha referido al riesgo de desvío que se puede producir en algunas de estas exportaciones. Debo decirle que nosotros intentamos en todo momento contar con los certificados de uso y
de destino final emitidos por las autoridades o por los propios importadores, autoridades de los países de destino, de que las exportaciones de determinados productos se quedan en ese país y no pueden ser reexportados sin autorización del país
exportador, en este caso nosotros. Me ha hecho la misma pregunta para el caso de Angola, y la respuesta sería idéntica. Le preocupan Irán y China. Le he explicado el caso de Irán, insistiendo en que es un mercado importante para nuestras
exportaciones de productos especialmente del sector petroquímico: tubos, válvulas, etcétera. Exportamos bastante y especialmente son pymes las que lo hacen, y queremos buscar un sistema suficientemente flexible para que estos productos que se
pueden exportar a Irán se puedan seguir exportando. En el caso de China se producen algunas operaciones claramente compatibles con las listas de control y las obligaciones que tenemos tras un análisis minucioso de las operaciones. Por lo que se
refiere al desvío de cartuchos, armas de caza y deportivas, a lo que en algunos casos se ha referido también su señoría, tenemos un control muy estricto de las exportaciones de cartuchos a los países de África especialmente. De hecho, tenemos un
control muy estricto de los destinos de estos productos, incluso del tipo de cartuchos que se exportan, para verificar que efectivamente son cartuchos de caza, a determinados países.
En el caso de Líbano, por el que ha preguntado, son armas
deportivas, no material de defensa. No le puedo contestar -no sé si alguno de mis colaboradores me ha pasado información al respecto- en estos momentos sobre las armas que se han perdido y que aparecen reflejadas en la página 25, aunque veo que
tengo una nota -perdone- que dice: Corresponde a la actuación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil a lo largo de todo el año 2010 la recuperación de armas en el mercado a través de investigaciones para incautar armas que
estaban registradas en la base de datos de la Guardia Civil. Hemos recogido aquí una información que corresponde a la Guardia Civil y no le puedo dar mayor información que la que acabo de darle.



La señora Buenaventura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana - Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, me ha preguntado sobre los plazos, sobre la importancia de la aplicación de política preventiva y de nuevo sobre los
destinos preocupantes que habría que cuestionar en relación con la aprobación de operaciones, y me remito a lo citado ya respecto a que no es el país el único criterio a la hora de autorizar.



El señor Beloki, del Grupo Parlamentario Vasco, ha comentado que le ha sorprendido mi explicación de por qué nos habíamos retrasado en preparar las estadísticas, por si éramos una entidad excesivamente burocratizada que hacía las
estadísticas con manguitos. Debo decirle que no es así. Las informaciones de estadísticas de aduanas las tenemos inmediatamente, pero, precisamente porque queremos contrastar y darles a ustedes y a la opinión pública cifras reales sobre
exportaciones, lo que hacemos es contrastar todas las cifras de nuestras autorizaciones que aparecen en aduanas con todas y cada una de las empresas exportadoras. A cada una de las empresas exportadoras en un ejercicio les solicitamos confirmación
de lo que ha exportado sobre la base de las licencias que previamente les hemos autorizado. Esta es una labor complicada porque tenemos que contactar con cientos de empresas durante los cuatro meses que tardamos en elaborar las estadísticas,
pretendemos darles la mejor información, y esto no está informatizado. Esta llamada personal al director de exportación de cada empresa para que nos justifique lo que ha salido sobre la base de las licencias tenemos que hacerla empresa por empresa
y no podemos hacerlo a través de programas informáticos. Una reflexión general ha sido que el control funciona -o que la base para el control la tenemos bien establecida-, pero que lo importante es cómo lo ejercemos.
Además se cuestionaba si hemos
montado un sistema excesivamente complicado y burocrático para la aprobación de operaciones. Repito que hemos de buscar el equilibrio entre la necesidad de controlar todo lo que tengamos que controlar y no controlar en exceso a fin de no coartar la
capacidad para exportar lo que se pueda exportar. Creo que estamos ahí.
En el caso concreto al que se ha referido -aunque ahora veo que el señor Beloki no está-, fuimos enormemente sensibles a la problemática que nos planteó el sector exportador
de armas deportivas y de caza y hemos establecido un sistema más ágil, fácil y frecuente. No solo aprobamos operaciones mensualmente, que es la frecuencia con la que se reúne la Jimddu, sino cada quince días a través de una Jimddu virtual para las
operaciones de armas de fuego de tiro deportivo y de caza. Pensamos que hemos encontrado una fórmula para que este tipo de productos se pueda exportar con el mismo rigor que los demás, pero a través de un procedimiento algo más ágil.



Por último, me ha planteado una cuestión que me ha parecido interesante, y es por qué este informe que ahora les explico de palabra sobre el cumplimiento de las recomendaciones que hace la Comisión no se lo puedo adelantar por escrito. Esto
es algo que no se nos había ocurrido. Como la ley establece que quien ocupa mi puesto debe comparecer aquí todos los años a explicarles las estadísticas del año anterior y además el cumplimiento de las recomendaciones, pensaba que era suficiente
hacerlo así. Pero si ustedes prefieren que les enviemos previamente un análisis del cumplimiento de las recomendaciones que nos hace esta Comisión, después de la comparecencia y después de su análisis de las


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estadísticas, vamos a considerarlo. Creo que no lo vamos a incorporar en el mismo informe porque son dos cuestiones distintas. Una cosa es el informe de exportación de armas, que es un documento -como ustedes saben- público e informativo
sobre lo que ha ocurrido el año anterior, y otra cosa es el informe de recomendaciones, que es un tema diferente.
Consideraremos la posibilidad de enviarles ese informe en paralelo al informe de estadísticas.



La intervención del señor Suárez ha versado básicamente sobre si tenemos que etiquetar los países como sensibles, no sensibles, problemáticos o no problemáticos. Me remito a lo que les he dicho antes. Creo que es mejor analizar las
operaciones atendiendo a todos los criterios, no solo al criterio del destino de las exportaciones, sino a todos los demás elementos que se configuran en cada una de las operaciones.



Siento enormemente que el señor Xuclà haya llegado cuando ya he intentado responder a sus cuestiones.



Les agradezco mucho su interés y su atención.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado de Comercio Exterior, por su presencia y por su información, y le reitero la bienvenida a esta Comisión.



No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



Eran las seis y treinta minutos de la tarde.