Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 784, de 24/05/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2011 IX Legislatura Núm. 784
CIENCIA E INNOVACIÓN
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA
Sesión núm. 26
celebrada el martes, 24 de mayo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Investigación (Pétriz Calvo), para informar sobre la financiación de proyectos de investigación del programa de terapias experimentales contra el cáncer que desarrolla el CNIO (Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas). A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001506.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el desarrollo de la Comisión convocada para esta fecha y con el orden del día que conocen todos ustedes.
Comparecencia del secretario de Estado de Investigación, a petición propia, para informar sobre la
financiación de proyectos de investigación del programa de terapias experimentales contra el cáncer que desarrolla el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Está con nosotros el señor secretario de Estado, al que, como siempre, le damos la bienvenida. Tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN (Pétriz Calvo): Antes de empezar, permítanme que en la primera comparecencia ante esta Comisión después de la aprobación de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación agradezca y
felicite a sus señorías, en nombre del Ministerio de Ciencia e Innovación y en el mío propio, por el gran trabajo y el enorme esfuerzo realizado durante el trámite parlamentario de la ley.
Mi comparecencia ante esta Cámara a petición propia tenía el propósito inicial de informar a sus señorías sobre la financiación de los proyectos de investigación del programa de terapias experimentales contra el cáncer que desarrolla el CNIO
(Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas).
No obstante, conocemos también la solicitud del Grupo Popular para que la ministra de Ciencia e Innovación informe sobre la financiación, el funcionamiento y los resultados obtenidos por las
fundaciones dependientes del Instituto de Salud Carlos III, y por ello realizaré una exposición conjunta sobre el funcionamiento de las tres fundaciones, haciendo mención expresa, como era mi propósito inicial, en último lugar al programa de
terapias experimentales de la Fundación CNIO.
En primer lugar, debo indicarles, señorías, que estas tres fundaciones responden en un principio a dos modelos distintos de funcionamiento: por un lado, la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) y la
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) realizan investigación clínica y traslacional que, en el caso del CNIO, se ha plasmado además en la celebración de acuerdos con hospitales. El otro modelo lo constituye la
Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), cuyo objeto es la gestión de otros centros, en particular el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned) y la Unidad de investigación
del proyecto Alzheimer.
Hecha esta previa advertencia, la primera de las fundaciones, la Fundación CNIO, se constituyó el 9 de marzo de 1998 con el nombre de Fundación Carlos III para la Investigación del Cáncer. Posteriormente, en mayo de 1999, el patronato
cambió su denominación por la actual Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO). Es una fundación de nacionalidad española constituida con carácter permanente, sin ánimo de lucro, con fines de interés general y cuyo
objeto es el fomento de la investigación oncológica y la consiguiente promoción de los avances científicos y sanitarios en el área oncológica. La fundación se rige por un patronato, órgano de gobierno integrado por el presidente de honor,
presidente, vicepresidente y los vocales natos y electivos, y por los órganos de dirección y gestión, que son el director del CNIO y el gerente. Destaco a sus señorías que entre los vocales natos hay cuatro representantes de las comunidades
autónomas designados a propuesta del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología por periodos de dos años.
En el CNIO trabajan en la actualidad 500 personas, de las que 451 son científicos y 49 personal de administración. Existen en este momento
ocho programas científicos en los que participan cuarenta y nueve grupos, veintinueve grupos de investigación, quince seniors y nueve juniors, más veinticinco grupos de servicios y unidades de soporte. El CNIO tiene en su plantilla magníficos
científicos: además del director, vicedirector y directores de programa, hay varios jefes de grupo con publicaciones de gran relevancia y reconocimiento por organismos nacionales e internacionales.
Con respecto a la segunda de las fundaciones, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) fue creado por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo en 1999 con la misión de constituirse en un referente internacional de
investigación en esta materia. El 15 de diciembre de 2005, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presidió la firma de un acuerdo por el cual importantes empresas españolas se comprometieron a financiar una parte importante del
presupuesto para el mantenimiento y la actividad investigadora del centro a través de la creación de la Fundación Pro CNIC. Mediante este instrumento, empresas de ámbito nacional se vincularon con la investigación a largo plazo. El acuerdo incluyó
como uno de sus elementos centrales la incorporación de Valentín Fuster al centro. La constitución de esta fundación para canalizar la ayuda empresarial al CNIC es la actuación de mecenazgo empresarial más importante de los últimos años por su
importe, relevancia social y del grupo de empresas que la componen, convirtiéndose en un pilar del innovador modelo de investigación del CNIC. Esta unidad entre el Estado y el sector privado, además de garantizar una financiación estable, fija unos
mecanismos para que las empresas participantes puedan intervenir en las decisiones relevantes y en el diseño de las actuaciones del CNIC a través de su participación en el patronato. Es también una fundación de nacionalidad española, constituida
con carácter permanente, sin ánimo de lucro, con fines de interés general y cuyo objeto, en este caso, es el fomento de la investigación cardiovascular. La fundación se rige por un patronato como órgano de gobierno y por los órganos de dirección y
gestión. El CNIC comenzó
su actual etapa de desarrollo en 2007 con una importante reorganización de su organigrama, de su personal científico y de sus infraestructuras, procesos que están finalizando en este año. En el momento actual existen cuatro grupos de
investigación, en los que trabajan 350 personas, en este caso 240 científicos, 61 en unidades técnicas y 23 en servicios científicos, más 26 en administración. El CNIC cuenta con científicos de gran calidad, con excelentes contribuciones
científicas y gran reconocimiento internacional.
En cuanto a la tercera de las fundaciones, la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas tiene como objeto, como ya he anticipado, la gestión de otros centros: el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Neurodegenerativas, formado por núcleos de investigación básica, clínica y epidemiológica y articulados como centros de investigación monográficos en red, entre los que el Instituto de Salud Carlos III ejerce el papel de coordinador.
El otro centro gestionado por la fundación CIEN es la Unidad de Investigación del Proyecto Alzheimer. El 18 de enero de 2006, Su Majestad la Reina de España, doña Sofía, presidenta de la Fundación Reina Sofía, y doña Elena Salgado Méndez,
como ministra de Sanidad y Consumo y presidenta del patronato de la Fundación CIEN, firmaron un convenio mediante el que se cedió a la Fundación CIEN los locales y equipamientos dedicados a la investigación del complejo del proyecto Alzheimer,
comprometiéndose la Fundación CIEN a la gestión de la unidad de investigación. Esta unidad tiene como fin la investigación prioritaria del Alzheimer y otras demencias y, de forma complementaria, la investigación sobre otras enfermedades
neurodegenerativas, siendo uno de sus objetivos hacer del complejo Alzheimer un centro de referencia de la enfermedad.
La Fundación CIEN, a través de la Unidad de Investigación del Proyecto Alzheimer, funciona como plataforma de servicios y unidad de investigación. Como plataforma de servicios proporciona muestras biológicas y la base de datos de imágenes a
los investigadores de Ciberned y a la comunidad científica nacional e internacional. Como unidad de investigación tiene en el momento actual tres programas científicos que agrupan a una plantilla propia de 24 personas, 4 de administración y 20
investigadores. Hay además 19 personas que conforman el d enominado personal investigador visitante, proveniente de convenios institucionales.
En cuanto a los resultados científicos de estas tres fundaciones, la Fundación CNIO ha sido galardonada en los últimos tres años bajo la iniciativa del Consejo Europeo de Investigación con altas distinciones científicas ligadas a proyectos
científicos de gran nivel. Puedo manifestarles con orgullo que el CNIO es el centro de investigación español con más premios del Consejo Europeo de Investigación y, dentro de su tamaño y ámbito, de los primeros de Europa. En sus trece años de
existencia el CNIO acumula una amplia y brillante producción científica: sus científicos publican en las mejores revistas del ámbito de la biología molecular del cáncer y otras revistas de prestigio de investigación biomédica. En el año 2010 se
publicaron un total de 212 artículos, 108 propios del CNIO, con un factor de impacto medio de 8,45, y 104 en colaboración, con un factor de impacto medio de 8,46.
Si consideramos como indicador las patentes, hay que decir que la situación en el caso del CNIO, al igual que sucede con el CNIC, es muy incipiente debido a la corta existencia de ambos centros. Tengan en cuenta, señorías, que el proceso de
registro de una patente, desde la solicitud inicial al registro, suele tardar un promedio de cinco a diez años. El CNIO, no obstante, ha obtenido el registro de cinco patentes.
Una corresponde al programa de terapias experimentales, y tiene 25
patentes en proceso de registro correspondientes a los ocho programas científicos, de las que 6 corresponden al programa de terapias experimentales.
Con respecto a los resultados de investigación del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC), este centro acumula una amplia y brillante producción científica con publicaciones en las mejores revistas de medicina, de cardiología
y generalistas. En 2010 ha publicado 111 artículos, 56 propios y 55 en colaboración, habiendo obtenido un factor de impacto medio de 7,8. Cabe resaltar que 17 publicaciones han obtenido un factor de impacto superior a 9 y 8 publicaciones superior
a 15.
En cuanto al indicador de patentes, se reproduce la misma situación que en el CNIO debido a la corta existencia del centro. Durante el año 2010 en el CNIC se identificaron y generaron siete resultados susceptibles de ser protegidos, que
fueron analizados mediante un estudio de patentabilidad; cinco fueron protegidos mediante solicitud española de patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas; además, cuatro solicitudes españolas previas fueron extendidas a solicitud PCT,
tres fueron presentadas también ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y una ante la Oficina Europea de Patentes.
El CNIC ha firmado con éxito dos acuerdos de licencia. Uno corresponde al proyecto de codesarrollo de la polipíldora con una importante empresa farmacéutica. Se trata de la primera polipíldora que se está desarrollando y va a ser
comercializada en el mundo. De esta forma, los resultados de investigación que se han generado y se siguen desarrollando en el CNIC favorecen el desarrollo económico y social de nuestro país y la mejora de la atención al paciente cardiovascular,
generando de esta forma una terapia más sencilla, eficaz y económicamente sostenible. La producción científica del CNIC en la primera mitad de 2011 le sitúa claramente como una institución líder en calidad a nivel nacional y muy competitiva a nivel
internacional.
En cuanto a los resultados de la Fundación CIEN, este centro ha realizado importantes publicaciones en revistas de mayor impacto en el ámbito del Alzheimer; acumula
62 publicaciones, 43 de ellas internacionales y 19 en revistas nacionales.
La Fundación CIEN es titular de una patente biotecnológica que ha sido solicitada a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En cuanto al régimen financiero de las tres fundaciones, tercer aspecto por el que se interesaba el Grupo Popular, nos encontramos también con dos modelos de financiación. En el caso del CNIO y la Fundación CIEN, la financiación basal
proviene de los Presupuestos Generales del Estado bajo la forma de transferencias corrientes de capital o como préstamos del capítulo VIII del Ministerio de Ciencia e Innovación o de otros ministerios. En el otro modelo, el de la Fundación CNIC, en
virtud del acuerdo del 15 de diciembre de 2005, importantes empresas españolas asumieron el compromiso de financiar hasta el año 2020 una parte importante del presupuesto para el mantenimiento y la actividad investigadora del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares, a través, como ya he dicho, de la creación de la Fundación Pro CNIC. Esta fundación canaliza la ayuda empresarial al CNIC y constituye la actuación de mecenazgo empresarial más relevante en los últimos años en
nuestro país.
En cuanto a las cifras, en el año 2011 la Fundación CNIO tiene un presupuesto de gasto de 56,9 millones de euros, que serán financiados con 22,9 millones de euros correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de los
Presupuestos Generales del Estado, Micinn-Instituto de Salud Carlos III. El resto de financiación corresponde a financiación externa proveniente de ventas, prestaciones de servicios, donaciones y otros ingresos.
Por lo que se refiere a la Fundación CNIC, en 2011 tiene un presupuesto de gastos de 47,5 millones de euros, financiados con 5,5 millones de euros provenientes de transferencias corrientes y de capital de los Presupuestos Generales del
Estado, Micinn-Instituto de Salud Carlos III, y el resto mediante aplicación de remanentes y financiación externa y proveniente de subvenciones y donaciones de otros organismos, empresas y otras entidades privadas, así como de venta y prestación de
servicios.
Por lo que respecta a la Fundación CIEN, en 2011 tiene un presupuesto de gastos de 845.340 euros, financiados con 825.280 euros provenientes de las transferencias corrientes y de capital de los Presupuestos Generales del Estado, Micinn
(Ministerio de Ciencia e Innovación) e Instituto de Salud Carlos III.
El último punto de mi exposición, como les anunciaba al inicio de mi intervención, lo constituye la mención al programa de terapias experimentales de la Fundación CNIO. Señorías, los fines fundacionales del CNIO están orientados a la
aplicación en los pacientes con cáncer de los hallazgos de la investigación básica oncológica. De acuerdo con dichos fines, en 2005 se formuló en el CNIO, de acuerdo con el patronato, el modelo del programa de terapias experimentales que comenzó a
funcionar en 2006. De modo paralelo se formuló el programa de investigación clínica, que comenzó su andadura durante los años 2007 y 2008. La dirección del centro planteó el modelo de programa de terapias experimentales con una estructura de
costes que precisaba de financiación adicional al presupuesto ordinario del CNIO. Estos recursos extraordinarios se consiguieron sobre la base de préstamos provenientes del Ministerio de Educación, Sanidad, Política Social e Igualdad y de Ciencia e
Innovación. El importe total de los préstamos concedidos al CNIO entre los años 2007 y 2010 ascendió a 44,87 millones de euros, de los cuales en 2011 tiene pendiente de percibir 8,88 millones de euros.
Al mismo tiempo, la dirección del CNIO solicitó en la convocatoria 2010 de la acción estratégica en salud del Instituto de Salud Carlos III nuevos préstamos por valor de 24 millones de euros. Sin embargo, la resolución del Instituto de
Salud Carlos III fue negativa debido a que las bases de la convocatoria específicamente establecieron que no se podían presentar a este programa solicitudes que correspondiesen a actuaciones o proyectos ya financiados en su totalidad o parcialmente
a través de los programas establecidos en las convocatorias del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 y 2008-2011.
Ante esta situación, la dirección del CNIO inició la búsqueda de otros instrumentos de financiación contactando con posibles socios de naturaleza jurídico-privada interesados en participar en la financiación de este programa. La dirección
del CNIO propuso en este momento la fórmula de constituir dos agrupaciones de interés económico, una de financiación compuesta por una empresa colaboradora y el CNIO, en la que ambas entidades se comprometían a realizar aportaciones de capital al 50
por ciento por un valor de 100 millones de euros durante un periodo de cinco años. La participación en esta agrupación permitiría a la empresa colaboradora obtener los beneficios de la deducción fiscal del impuesto de sociedades que tiene este tipo
de entidades y solo participaría con este objeto, correspondiendo los demás posibles beneficios al CNIO. La segunda agrupación de interés económico sería operativa y estaría constituida por una empresa experta en el ámbito biotecnológico,
farmacéutico, y el CNIO; la participación sería de un 99 por ciento del CNIO y el 1 por ciento restante de la empresa asociada. Los beneficios resultantes serían proporcionales a estas aportaciones.
El CNIO comenzó a elaborar los planes de empresas de ambas iniciativas, y con el fin de garantizar la viabilidad jurídica del proceso la comisión delegada, en su reunión del 24 de noviembre de 2010, acordó recabar a una prestigiosa firma de
abogados un informe sobre la posibilidad de constituir una agrupación de interés económico por una fundación pública estatal. En la reunión del patronato del CNIO del 16 de diciembre de 2010 se aportaron tres informes jurídicos: el solicitado por
la comisión delegada, antes mencionado, y otros dos más de carácter interno. A la vista de sus conclusiones contradictorias, el patronato decidió solicitar un dictamen a la Abogacía General del Estado. Este se emitió el 28 de enero de 2011,
concluyendo que las fundaciones no
pueden participar en sociedades mercantiles en las que se responda personalmente. Siendo las agrupaciones de interés económico sociedades mercantiles que responden personalmente de las deudas sociales que contraigan, es decir, se responde
con arreglo al régimen jurídico propio de las sociedades personalistas, entiende la Abogacía General del Estado que las fundaciones no pueden constituir agrupación de interés económico, por lo que no es jurídicamente procedente que la Fundación CNIO
constituya una entidad de esa naturaleza. Posteriormente la Abogacía del Estado, adscrita al CNIO también, emitió otro informe el 11 de mayo de 2011, en el que se concluye que la Ley de Economía Sostenible, Ley 2/2011, de 4 de marzo, no cambia el
marco de la actual Ley de Fundaciones y, por lo tanto, se mantienen las conclusiones del informe del abogado General del Estado de 28 de enero de 2011.
El Ministerio de Ciencia e Innovación asumió las conclusiones de estos informes, y así lo hizo saber a la dirección del CNIO. El ministerio comparte la necesidad de la colaboración privada en la financiación de proyectos científicos, así
como en los procesos de transferencia de los resultados de la actividad investigadora. Sin embargo, considera que los mecanismos de colaboración que se establezcan deben respetar en todo momento la legalidad vigente, y con mayor rigor en el caso de
una fundación pública financiada con fondos públicos.
Según informe del presidente de la comisión delegada del patronato, el CNIO contrató el pasado mes de diciembre a una empresa experta en el sector con el objetivo de realizar una valoración inicial del conocimiento protegido y los resultados
de la investigación. En concreto, se perseguía contextualizar la capacidad productiva del programa de terapias experimentales dentro de la cadena de valor en general y de su entorno competitivo en particular, orientar su valor y viabilidad
económica y evaluar la evolución de los activos del programa. En la actualidad, y sobre las bases proporcionadas por el anterior contrato, se ha lanzado un proceso de contratación a una empresa para promover la comercialización de los resultados de
las investigaciones de titularidad de la fundación, incluyendo tanto las patentes concedidas como las solicitudes de patentes. Este agente sólo estaría autorizado a promover la comercialización de los resultados, pero no tiene atribuido ningún
poder de representación. El Ministerio de Ciencia e Innovación estima que el programa de terapias experimentales del CNIO dispone para llevar a cabo sus trabajos de la financiación aportada en su momento por distintos ministerios, ya que, como les
he indicado, en concepto de préstamos ha recibido 44 millones de euros aproximadamente, de los que en el año 2011 todavía restan 8,8 millones de euros por recibir. Asimismo, a pesar de la difícil situación económica en que nos encontramos, los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación mantienen la financiación pública del CNIO a través del Instituto de Salud Carlos III mediante la aportación durante este año de 22,9 millones de euros. El
CNIO dispone además de activos depositados a medio y largo plazo, que a 31 de diciembre de 2009 ascendían a 14.909.545 euros en inversiones financieras no corrientes y 36.177.270 euros en inversiones financieras a corto plazo. En conclusión, el
Ministerio de Ciencia e Innovación ha apoyado en todo momento financieramente al CNIO así como a su programa de terapias experimentales, que, no olvidemos, es uno de los ocho programas científicos en que trabaja el centro. El Micinn, el Ministerio
de Ciencia e Innovación, está siempre y estará siempre abierto a la colaboración privada en la financiación de proyectos científicos y transferencia y difusión de resultados de la actividad investigadora. Y la reciente aprobación de la Ley de la
ciencia, la tecnología y la innovación impulsada por este ministerio, en especial en su título III, corrobora esta afirmación. Esto comporta, como no puede ser de otra manera, que todo proceso de colaboración debe estar sometido a la legalidad
vigente y deberá adoptar las cautelas financieras necesarias cuando, como es el caso, estamos hablando de fundaciones públicas financiadas con los impuestos de todos los ciudadanos. El Ministerio de Ciencia e Innovación está buscando fórmulas
alternativas a la promovida por la dirección del CNIO para que, manteniéndose dentro del ordenamiento jurídico, se puedan conseguir los efectos pretendidos. La línea del trabajo que se está siguiendo pretende concretar un esquema organizativo
alternativo compatible al formulado inicialmente y que arranca de la posibilidad que el tantas veces repetido informe de la Abogacía General del Estado del 28 de enero reconoce a las fundaciones para constituir o participar en sociedades mercantiles
capitalistas con responsabilidad limitada.
Es lo que tengo que decir, y por supuesto, para las consideraciones que quieran hacerme llegar o las preguntas que deseen que responda en este momento, estoy a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Abrimos un turno de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor secretario de Estado, voy a ser extremadamente breve. En cualquier caso, desearía agradecerle las informaciones suministradas, no solo sobre el tema en sí mismo que ha podido suscitar un conflicto, como hemos
podido leer a través de los medios de comunicación, sino que le agradezco especialmente que usted haya situado esto en un marco más amplio. Es convencimiento de mi grupo que estamos ante un problema que ha podido manifestarse en un determinado
ámbito y en unas determinadas circunstancias, pero estamos ante un problema, el de la financiación en general de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es más de fondo. Por lo mismo, más allá de resolver de la forma en que haya de
resolverse un caso particular, es necesario seguir avanzando en esa
reflexión que hemos hecho en parte en la tramitación de la Ley de ciencia y tecnología, pero que no hemos podido acabar. Es evidente que estamos, pues, ante un asunto problemático y mi grupo entiende que urge seguir avanzando en ese debate,
porque pudiéramos estar condicionando, en efecto, el desarrollo del sistema, más allá, insisto, del caso particular que ha motivado esta comparecencia. Le agradezco que usted lo haya situado. Creo, insisto, que va a haber que buscar un marco de
debate todavía más amplio, más de fondo, para ver qué pasa con el sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado, cómo se va a financiar en los próximos años, porque el traje con el que ha venido funcionando ya no va, y creemos que no va a
ir.
Dicho esto, y abogando por que esto no se pare, por que esto siga para delante, también quiero decirle sobre este caso particular que no voy a mostrar ninguna opinión; he escuchado sus informaciones, constituyen una explicación contra la
que es difícil argumentar y, sobre todo, como grupo no tenemos ninguna opinión contraria a lo que usted nos ha dicho. Estamos en una circunstancia, además, bastante específica parlamentariamente hablando, que es la explicación por su parte de la
visión que tienen ustedes; vamos a tener la comparecencia del señor Barbacid y a la hora de fijar opinión como grupo como mínimo habrá que escuchar a los dos, antes de establecer previamente una opinión. De forma que, ya le digo, he escuchado sus
explicaciones, son claras y tienen la lógica que tienen.
Escucharemos al señor Barbacid y ya veremos si a partir de ahí cabe o no alguna iniciativa parlamentaria. Hasta entonces, sería precipitado y, por parte de este grupo, sin fundamento.
Gracias nuevamente por las informaciones, señor secretario de Estado.
La señora PRESIDENTA: Turno del Grupo Popular. El señor Elorriaga tiene la palabra.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, señor secretario de Estado, por la información facilitada.
A nadie se le oculta que esta comparecencia trae causa del impacto público que ha tenido el cruce de declaraciones que se han dado entre el director del centro y el propio ministerio hace algunas semanas. En ese sentido creo que conviene
aclarar con carácter previo dos cosas. Una, enlazando con lo que decía el señor Beloki y con lo que yo estoy muy de acuerdo, es que conviene contextualizar el problema que aquí se plantea, en el sentido de que lo que de alguna manera muestra son
las estrecheces, las tiranteces que el marco legal vigente plantea para hacer determinado tipo de operaciones o seguir determinado tipo de actuaciones. Por lo tanto nuestro interés es, sobre todo y ante todo, conocer cuál es la opinión del
Ministerio de Ciencia e Innovación sobre cuáles deben de ser las misiones a desarrollar en los centros públicos de investigación, cualquiera que sea su forma organizativa, y segundo, cuál es su opinión sobre la idoneidad o no del marco legal
vigente.
Esto segundo tiene un especial interés, dado que hemos consumido los últimos años en esta legislatura precisamente en la tramitación de dos proyectos de ley que inciden directamente en la materia de la que ahora estamos hablando. La mera
explicación de si una determinada operación se ajusta o no a la ley es, desde nuestra perspectiva, completamente insuficiente. No voy a entrar en esa polémica, que yo creo que no nos corresponde en ningún caso y no es materia de esta Comisión saber
si una fórmula es mejor que otra con arreglo a derecho, pero lo que creo que sí es interesante desde el punto de vista de la Comisión es saber si hay un tipo de operación que, siendo deseable, no tiene el marco legal que le permitiría desarrollarlo,
y en ese caso habría que ver por qué no se ha desarrollado cuando hemos tenido oportunidad de hacerlo; y, en segundo lugar, si es que es indeseable esa operación que se pretende hacer.
Voy a intentar ser muy rápido y no me voy a extender. Creo que el secretario de Estado ha explicado correctamente, y para nosotros será un punto importante, los resultados de la investigación del CNIO y del CNIC, los que podrían ser de
alguna manera más homologables, a lo largo de los últimos años. Esto es importante porque se trata de dos proyectos, creados hace poco más de una década ambos, que han recibido cuantiosos recursos públicos y cuyos frutos a estas alturas son ya
exigibles y, por otro lado, son evaluables. En el caso del CNIO, los resultados, digamos, de este experimento organizativo son palmarios. Creo que en los índices más reputados internacionalmente el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es
el primer centro español de investigación prácticamente en cualquier materia, en cualquier área científica que se pueda computar; es un centro de excelencia internacional, está entre los mejores del mundo en su área de actuación y probablemente el
más utilizado, el SCImago, le da nada menos que un índice de impacto normalizado de 2,27, que es prácticamente uno de los mayores índices mundiales en centros de investigación oncológica. Por lo tanto, estamos hablando probablemente de uno de los
mejores, no voy a comparar con nadie, pero estamos hablando de uno de los mejores centros de investigación que existe en España en cualquiera de las áreas científicas en las que aquí se trabaja, insisto, con unos resultados probados.
Por eso el conflicto desarrollado, el conflicto que hemos vivido es especialmente preocupante. Y lo es, entre otras cosas, porque inmediatamente, y como era previsible, ha tenido un impacto internacional enorme que de alguna manera
compromete el funcionamiento del conjunto del sistema científico español. Es decir, si en el mejor centro que tenemos se plantea un conflicto de una forma abierta y ese conflicto trasciende a las mejores publicaciones internacionales en materia
científica, indudablemente tenemos un problema no ya del centro, sino que tenemos un problema general del sistema científico español y de su imagen internacional.
Yo quiero relatar muy brevemente cómo ha sucedido el conflicto. Ante una nota del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, una nota de contenido eminentemente técnico dando noticia del resultado de sus investigaciones y de su publicación en una revista de enorme prestigio internacional en temas de cáncer, se añadía un apéndice, por decirlo de alguna
manera, en el que se expresaba la queja del centro por las dificultades que estaba teniendo para renovar la financiación del programa. Era, evidentemente, una denuncia, sin duda, que se puede considerar o no oportuna, no lo voy a hacer yo, pero en
todo caso era, insisto, una nota de contenido eminentemente técnico donde se incluía una denuncia.
Frente a esa nota -y yo creo que esto en términos políticos es lo único relevante, lo demás me parece que es más de fondo; esto sí que es política pura-, el ministerio sacó un comunicado el 4 de mayo en el que se vertían gravísimas
acusaciones, sobre las que yo creo que el secretario de Estado no puede pasar por aquí sin ratificar o, en su caso, matizar u opinar sobre ellas; pero estas son opiniones oficiales del Ministerio de Ciencia e Innovación vertidas en un comunicado
público que ha sido reproducido por todos los medios de comunicación en España e internacionalmente. En él se decían -resumiendo- tres cosas enormemente graves. La primera es que se calificaba al director del centro como director interino. A mí
me gustaría saber si esa es la consideración que tiene el director para el ministerio. Recuerdo que interino, según nos lo define el diccionario, es aquel que ejerce el cargo en ausencia de otro o el que suple la falta de otra persona. En lo que
yo tengo entendido, el director actual del CNIO manifestó hace ya mucho tiempo su voluntad de dejar las funciones de dirección y continuar exclusivamente con las de investigación dentro del centro, y eso desató un proceso bastante riguroso de
selección de candidatos alternativos, pero en ese proceso, que ha durado ya largamente más de año y medio, en ningún caso el director ha dejado de ejercer sus funciones ni ha actuado en suplencia de ninguna otra persona; simplemente se ha seguido
-entiendo yo, si no es así me gustaría tener una explicación- el procedimiento internacionalmente aceptado para la sustitución ordenada del director de un centro de este prestigio, que obviamente no es una decisión que se pueda hacer de un día para
otro ni que se pueda hacer sin un periodo de consultas elevado. Esto es el primer aspecto que señalaba la nota.
El segundo aspecto que se incluía en la nota era una acusación de la máxima gravedad. Se decía en el punto 2.4: el interés que defiende Mariano Barbacid es ilegal. Esta es la literalidad de la nota, no se decía la fórmula jurídica, no se
decía la estructura de agrupación de interés económico. No, no, se decía: el interés que persigue Mariano Barbacid es ilegal. Eso es lo que dice la nota.
Es evidente que no hay ningún debate -seguro que en esta Comisión no lo hay, nos conocemos todos lo suficientemente bien- sobre que todas las actuaciones de la Administración pública, y desde luego de una fundación pública, tienen que estar
rigurosamente ajustadas a la ley. Pero me temo que esta afirmación va un poco más allá y parece poner de manifiesto la existencia de algún tipo de interés ilegítimo en la fórmula que había perseguido el centro. Yo creo que esto merece una
explicación.
Y en tercer lugar, el ministerio lanzaba una acusación pública de enorme gravedad, que también ha sido recogida en algunos medios de comunicación internacionales, aparte de los nacionales. Decía: El Ministerio de Ciencia e Innovación
considera contraria a toda ética científica la generación de falsas expectativas a la sociedad respecto a la lucha contra el cáncer. Considera que las declaraciones realizadas por el director son susceptibles de ser interpretadas más allá de los
límites de la deontología profesional en la actividad investigadora y que revisten la suficiente gravedad como para ser examinadas en el patronato. Esta tercera afirmación, que evidentemente compromete el prestigio de quien hoy es el director del
principal centro de investigación español, creo que merece un comentario por parte del secretario de Estado.
Solo dos cosas más para terminar sobre el fondo del asunto; no ya sobre el incidente público, sino sobre el fondo del asunto. El Instituto de Salud Carlos III y las fundaciones que posteriormente se han ido creando en su órbita siempre han
perseguido una íntima conexión con el Sistema Nacional de Salud y siempre han concebido su labor de investigación con un sentido traslacional. Es decir, precisamente en las terapias experimentales el desarrollo de fármacos eficaces para, en su
caso, combatir enfermedades está en el fin último de la existencia de la institución y, por lo tanto, en el fin último de estas fundaciones. No creo -y de su exposición lo deduzco con claridad- que el ministerio tenga en ese sentido reserva alguna
en torno a este fin último, insisto, que está en los genes, por decirlo de alguna manera, del propio Instituto de Salud Carlos III y en el propio sentido de la creación de estas dos o tres fundaciones públicas allí dependientes.
En ese caso, me gustaría saber cuál es el obstáculo, porque lo que permite la fórmula que propone el centro -y yo creo que es ahí donde de nuevo es posible y necesaria una explicación o un posicionamiento político- es retener al cien por
cien la propiedad intelectual de los resultados de la investigación en el ámbito público. Pudiera parecer por muchas de las cosas que se dicen de colaboración público-privada, de empresas, de agrupaciones de interés económico, que se está hablando
de lo contrario.
No, no, de lo que se está hablando es de que la creación de un spin-off, a través de una sociedad, que es lo que habitualmente se hace en los centros públicos, lo que hace es trasladar la propiedad intelectual en un porcentaje muy
elevado al sector privado, que posteriormente se lucra de esa propiedad. Y lo que aquí se estaba proponiendo y lo que se está proponiendo por parte del CNIO es una fórmula, que puede que no sea la mejor en técnica jurídica, para que la propiedad
intelectual quede en el ámbito público y por lo tanto los beneficios
posteriores de su explotación reviertan en el centro público que ha permitido financiar esa investigación. Sobre esa cuestión es sobre la que me gustaría conocer la opinión del ministerio. Es decir, ¿considera el ministerio mejor, peor o
indiferente que los resultados de la investigación, y por lo tanto estos programas de terapias experimentales de creación de moléculas que permitan transformarse posteriormente en medicamentos, es deseable, o es que es indeseable ese modelo? Porque
si es deseable, entonces la siguiente pregunta es por qué los cambios introducidos en las leyes en los dos últimos años son insuficientes.
A mí me parece difícil entender que la Ley de Economía Sostenible no se refiere específicamente a este caso. Y con toda la brevedad, simplemente leo literalmente lo que dice la Ley de Economía Sostenible. La Ley de Economía Sostenible
-luego hago un pequeño añadido-, en el capítulo dedicado a ciencia e innovación, al definir el ámbito de aplicación en su artículo 53, dice literalmente: Las disposiciones de este capítulo son de aplicación a los organismos públicos de
investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal -que es el caso- y las sociedades mercantiles estatales. O sea, cita expresamente a las fundaciones públicas de investigación dentro del ámbito de aplicación del
capítulo V, dedicado a ciencia e innovación. Y luego hay un artículo específico, el 56. donde se habla de cooperación de los agentes públicos de ejecución, o sea, de esos a los que se ha hecho mención, donde específicamente se les habilita para
participar y asumir riesgo dentro de sociedades mercantiles. Luego, insisto, la pregunta no es tanto si jurídicamente es o no es, que yo doy por bueno, como el secretario de Estado, lo que diga el servicio jurídico del Estado, que para eso está;
lo que pregunto es, si el marco jurídico es insuficiente y la operación es deseable, por qué no se ha modificado en este sentido el marco jurídico.
Por último, recuerdo que tanto a la Ley de Economía Sostenible como a la Ley de Ciencia e Innovación, en el Congreso y en el Senado, mi grupo parlamentario ha planteado enmiendas reiteradamente para facilitar la colaboración entre las
agrupaciones de interés económico y la investigación científica pública, enmiendas que han sido, como es obvio, reiteradamente desatendidas. Luego es difícil decir que no es un problema conocido o que no es una cuestión que haya sido sometida a
debate.
Yo, por lo tanto, me detengo aquí. En la responsabilidad de todos los miembros de esta Comisión está -y yo, desde luego, así lo pretendo- que esta comparecencia y las que se produzcan en el futuro sobre este mismo tema tengan el carácter
más constructivo posible. Creo que lo que nos interesa a todos es velar por el prestigio internacional de nuestras instituciones científicas y hacer las cosas de la manera más ordenada, más profesional, si se quiere decir así, y más inteligente por
parte de todos para que salgan bien. También creo que conviene aprovechar la ocasión que hoy se nos presenta para despejar, digamos, fantasmas, para evitar malos entendidos y para trasladar a la opinión pública nacional e internacional el
compromiso de todos con el mejor funcionamiento de estos centros de investigación y con el máximo respaldo a todos los investigadores que desarrollan su labor dentro de ellos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora, por el Grupo Socialista, su portavoz la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señor secretario de Estado, bienvenido a la Comisión de Ciencia e Innovación. El 4 de mayo el ministerio envía al Congreso una petición de comparecencia, que es la que estamos celebrando hoy, para informar sobre la
financiación de proyectos de investigación del programa de terapias experimentales contra el cáncer que desarrolla el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ese mismo día, el día 4 de mayo, el ministerio también emite un comunicado sobre
las declaraciones realizadas el día anterior por el doctor Barbacid, director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Fueron dos peticiones urgentes, y queríamos hacer una reflexión al respecto y sobre qué es lo que ha provocado esa
petición de comparecencia y el comunicado de aquel día. A pesar del voluminoso dosier que hemos realizado respecto a todo lo que ha aparecido en la prensa sobre artículos y entrevistas del propio doctor Barbacid, si hacemos un relato de los hechos,
vemos que, en realidad, se reduce solamente a cuatro puntos. El primero sería que se indica que el CNIO puede tener en cinco años fármacos contra el cáncer de pulmón. Segundo, para conseguirlo, el CNIO -indica- necesita un dinero que no tiene.
Tercero, la fórmula para conseguir ese dinero es a través de dos empresas privadas, que no indica cuáles son, quiere mantener su privacidad, mediante un instrumento que sería la asociación de interés económico. Y cuarto -aquí lo digo entre
comillas, puesto que son declaraciones del señor Barbacid-: Todo estaba ya preparado, pero el Ministerio de Ciencia e Innovación decidió obstaculizar la iniciativa. No entiendo por qué, no tiene sentido la oposición de la señora Garmendia.
Cierro
comillas.
La verdad, señor secretario, es que son declaraciones duras, declaraciones sorprendentes, porque denuncia: uno, que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas no tiene dinero para financiar sus trabajos, y dos, que el ministerio que
lo sustenta, el Ministerio de Ciencia e Innovación, pone trabas a esto. Esas son las razones por las cuales hoy le agradecemos que haya venido a informarnos y a explicarnos qué es lo que realmente ocurre con este asunto. El Grupo Socialista le
quería formular algunas preguntas simplemente como información, preguntas más bien técnicas, y luego alguna pregunta que nos permita también valorar lo que ha ocurrido.
En cuanto a las cuestiones de información, de estos cuatro puntos que he señalado, el primero eran las declaraciones del señor Barbacid diciendo que el CNIO podría
tener en cinco años fármacos contra el cáncer de pulmón. Nosotros ahí no queremos entrar, porque eso es la afirmación de un científico y no queremos decir nada al respecto; nos parece que si el señor Barbacid, eminente científico, lo dice,
así es. Nosotros solamente queríamos, de alguna forma, tratar el tema, no del señor Barbacid como científico, sino como director de una fundación pública, como director del CNIO. En ese sentido es su máximo responsable, es su voz y es el que lleva
las relaciones institucionales. Por lo tanto, no tiene mucho que ver con la faceta de investigador, sino con una faceta, digamos, más política.
El segundo punto es la declaración del señor Barbacid de que el CNIO necesita un dinero que no tiene. Y ahí ya quería yo hacerle las siguientes preguntas. Primera: ¿Tiene el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas financiación
suficiente para funcionar, sí o no? Segunda: Las fundaciones públicas en general, y por tanto el CNIO en particular, ¿pueden concurrir a convocatorias financiadas por el capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado? Me gustaría que me
ampliase un poco esa cuestión que usted no ha nombrado. Y también quién le autoriza a entrar en esas convocatorias. Tercera pregunta sobre este punto: ¿Cuánto dinero tiene el CNIO en su balance destinado a inversiones financieras y cuál ha sido
el resultado? Creo que le he oído hablar de 2009, pero ¿ya hay resultados de 2010?
En el tercer punto, que voy a unirlo con el cuarto, en sus declaraciones dice que la fórmula para obtener ese dinero es mediante una asociación de interés económico y añade que todo estaba preparado -sería la cuarta cuestión- pero el
ministerio decide -subrayo literalmente, entre comillas- obstaculizar la iniciativa. Nuestras dos preguntas serían: ¿Nuestro ordenamiento jurídico permite promover desde el CNIO agrupaciones de interés económico? Y la segunda: Y si no es así,
¿qué es lo que lo impide? Hay una pregunta en la que nuestro grupo tiene mucho interés: ¿Es la ministra quien, como dice el señor Barbacid, impide que se pueda llevar a cabo esta asociación?
Y llegaríamos a las cuestiones alternativas, y con eso acabaría. Las preguntas que le he hecho eran simple información técnica. Pero, claro, es verdad, y estoy de acuerdo con los anteriores portavoces: esto ha tenido una gran repercusión.
Entonces, hay algunas preguntas de valoración del asunto, de cómo está el tema en este momento. Porque si es verdad lo que he leído en la prensa y lo que usted ha indicado de alguna manera, que nuestro ordenamiento jurídico impide a las fundaciones
públicas crear agrupaciones o asociaciones de interés económico, entonces, primero: ¿No se puede hacer nada? Segundo: ¿Es que o se hace la asociación de interés económico o es la nada absoluta, no hay alternativa? El patronato, el ministerio, el
CNIO, ¿están buscando otras fórmulas? Porque, claro, señor secretario de Estado, si existe el problema denunciado por el director del CNIO de que no hay dinero, de que la única fórmula es a través de la asociación de interés económico y de que esa
fórmula la impide la ministra Garmendia o el Ministerio de Ciencia e Innovación, lo que el Grupo Parlamentario Socialista pide es que ese trípode ministerio, patronato de la fundación y CNIO buscasen rápidamente la mejor fórmula que permite nuestro
ordenamiento jurídico.
Porque cuando en La Vanguardia el señor Barbacid dice -también abro comillas-: Si la fórmula no es la AIE, pues entonces que cambie el ordenamiento jurídico, que me hagan un real decreto. Es una forma curiosa de entender lo
que es el Estado de derecho. Nos busca usted la fórmula que le parece mejor y entonces, si no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, hay que cambiarlo. Quizá habría que hacerlo al revés, habría que buscar qué fórmulas de nuestro ordenamiento
jurídico le permiten a usted conseguir los mismos fines, con lo cual se encontraría con informes de la Abogacía del Estado positivos y no negativos, como parece que lo son en este momento. Esa sería la primera cuestión. Yo creo que en la LES y en
la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación recientemente aprobada hay fórmulas más que suficientes para que se produzca una fructífera colaboración entre lo público y lo privado.
Y la última cuestión. Como le decía, si es cierto lo que dice el señor Barbacid, si no hay dinero, si la única fórmula que existe es esa y lo impide el ministerio, yo, como portavoz del Grupo Socialista les digo de nuevo que hay que ponerse
las pilas y arreglarlo. Pero si no es así, si resulta que sí que hay dinero, si el problema no existe, si la ministra Garmendia no se opone y si hay otras fórmulas, que parece que ya las están buscando, pues a lo mejor no estaría de más que usted,
como presidente del patronato, pidiese a un insigne investigador -que dice, y cito sus propias palabras, que el CNIO es el mejor centro de investigación de Europa, pero luego añade que estaría loco por dejarlo-, repìto, si el problema no es cierto,
que fuese más moderado en sus palabras, más cauto en sus declaraciones. Porque me sumo a lo que ha dicho el portavoz del PP, que esto hay tenido una repercusión internacional y por lo tanto está repercutiendo en el buen hacer de nuestros
científicos y del sistema científico español. Quizá habría que pedir lo que le indico: moderación en las palabras y en las declaraciones; si el problema no es ese, sería bueno quizá que el patronato de la fundación le pidiese esa moderación al
señor Barbacid.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, tiene la palabra para dar la respuesta que considere oportuna.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN (Pétriz Calvo): Doy las gracias a los dos diputados y a la diputada que han intervenido; trataré de responder en el orden en que lo han hecho. Comenzaré respondiendo al señor Beloki, aunque
no hay, si lo he entendido bien, pregunta concreta por parte del diputado, pero en todo caso sí que ha hecho una reflexión sobre el marco más general en el que yo he planteado mi intervención.
Y añadiría que lo he hecho porque, aunque inicialmente yo planteara la conveniencia de comparecer ante ustedes por el tema del programa de terapias experimentales, con posterioridad conocimos el interés del Grupo Popular de que se hiciera en
el contexto de las tres fundaciones que dependen del Carlos III. Pero no me limitaría a ello en la reflexión.
Creo que estamos abordando un tema que es más general que el de estas tres fundaciones; estamos hablando de ese debate tan importante y
muy necesitado de soluciones reales para incentivar la financiación desde lo privado al sistema de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Efectivamente, el ejemplo que nos ha traído aquí creo que nos debe llevar a una reflexión más general, y
no solo a una reflexión, sino a actuaciones concretas que faciliten ese foco de atracción desde el sistema de ciencia para la inversión desde el ámbito privado.
No sé si lo ha mencionado en especial, pero en ese momento yo he tomado nota de que quizás en mi intervención podía haber añadido el hecho que todos ustedes ya conocen: la moción en el Senado con motivo de la aprobación del proyecto de ley
de la ciencia, la tecnología y la innovación. En esa moción se dice que el Senado insta al Gobierno a que durante la presente legislatura se revise la actual legislación del mecenazgo, de forma que contemple, entre otros, los siguiente aspectos:
uno, la regulación de la fiscalidad para la promoción de la I+D+i en todos los ámbitos de nuestro sistema de ciencia e innovación, y otro, el relativo a los fondos patrimoniales indisponibles de manera que se garantice la finalidad perseguida en su
uso.
Estoy hablando de un marco mucho más general que el que nos ocupa en particular con la problemática del CNIO, al que estamos dedicándole más tiempo. Queda un trabajo por hacer y, por lo tanto, ese marco al que nos estamos refiriendo debe
avanzar. En la Ley de Economía Sostenible se ha llegado al texto que se ha llegado, y en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se ha llegado al texto que se ha llegado.
Supongo que es fruto de lo que hemos podido hacer entre todos,
que es lo que suelo decir respecto de esos textos, y sin duda tendremos que seguir avanzando en esa dirección.
Respecto de la intervención del diputado don Gabriel Elorriaga, también ha habido, si lo he entendido bien, una primera parte para contextualizar el problema que se plantea, primero en ese nivel un poco más general de las tres fundaciones.
Planteaba dos cosas. Una era si los objetivos de estas fundaciones se estaban cuestionando. Yo he hecho un resumen; se me pedía que hablara del funcionamiento, de la forma de organizar, de la financiación y de la producción de esos centros, de
estas tres fundaciones, pero he entendido que los hechos acontecidos en los últimos días podían dar lugar a que alguien se planteara si hay alguna duda respecto de los objetivos o los intereses para los que se crearon estas fundaciones. Ninguna,
ninguna duda, únicamente la voluntad de dar con el mejor marco, eso sí, legal, para que los instrumentos que plantean desarrollar desde estas fundaciones estén en ese marco legal vigente.
Me ha parecido entender que el ejercicio de verificar si la Administración General del Estado da el visto bueno a esta iniciativa, en particular la constitución de la agrupación de interés económico, no era suficiente; creo que es esa la
expresión. Tengo que decir que desde luego no es suficiente ese ejercicio ni hemos dicho no solo porque la Abogacía General del Estado dice que no. Lo que sí tengo que decir es que, desde luego, suficiente no es, es insuficiente, pero es necesario
ese informe.
Ese informe es necesario porque, por la poca experiencia que puedo tener al frente de la secretaría de Estado, para una iniciativa de esta naturaleza, no porque el patronato lo haya pedido, el trámite al final iba a pasar por un
informe de la Abogacía General del Estado. Desde luego, estarán presentes en esta sala personas que tendrán más conocimiento de estos temas para poder juzgar lo que dice un informe de la Abogacía General del Estado, que concluye el 28 de enero:
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2, inciso inicial, de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y en atención a las consideraciones expuestas en los apartados 3 y 4 del presente informe, la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III no puede constituir válidamente una agrupación de interés económico. Esto es lo que dice, precedido de dieciocho páginas de argumentación, que desde luego no creo que sea el momento de reproducir.
Parece que llega un momento en que, con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, en el apartado de ciencia e innovación, en unos artículos que deben de andar entre el 53 y el 56, surge la duda de si con lo que dice esa ley ha podido
cambiar ese escenario. En ese momento solicitamos un informe a la Abogacía General del Estado, que concluye, y solo voy a leer la última parte: Por lo que ha de concluirse que el artículo 56 de la Ley de Economía Sostenible no ha modificado la
prohibición de que las fundaciones del sector público estatal participen en sociedades mercantiles en las que los socios respondan personalmente de las deudas sociales, que creo que es lo que he dicho en mi intervención. Con estos dos informes, uno
de legislación vigente a fecha de 28 de enero, otro cuando, una vez aprobada la Ley de Economía Sostenible, hay duda sobre si esto puede ser, la Abogacía General del Estado dice esto. Y yo suelo preguntar: ¿Esto es de obligado cumplimiento, o es
un informe no vinculante que lo pido y luego hago lo que.? Pues lo pregunto también, y lo que me dicen, y como secretario de Estado tengo que hacer, es que los informes que se solicitan son para garantizar el acierto y la legalidad de las
decisiones que hayan de adoptarse; que el informe lo pidió la fundación para conocer si era posible, desde el punto de vista jurídico, que una fundación, CNIO en este caso, pudiera constituir una AIE, y que el sentido del informe, por lo que acabo
de decir, es claro y en este caso se considera que la decisión que se ha propuesto adoptar es contraria a ese informe. Y por
si hubiera alguna duda, recuerdo que las consecuencias de la adopción de decisiones y actos contrarios a un informe de la Abogacía General del Estado abarcan incluso el ilícito penal y los gestores responsables de las mismas estarán sujetos
a responsabilidad.
Dicho esto, nunca me he quedado aquí ni me voy a quedar, porque entiendo que los informes me dicen lo que no puedo hacer, pero lo que no me dicen es que me prohíben explorar otras alternativas, otras posibilidades. He hablado en mi
exposición de dos actuaciones que están en marcha, pero es que además en el ministerio, en la secretaría de Estado -también he hablado en la parte final de mi intervención de las alternativas que está explorando el ministerio- precisamente se está
analizando, creemos que con toda seriedad y rigor, se está viendo qué posibilidades serían compatibles, no con la prohibición, que entiendo que es prohibición de los informes a los que he hecho referencia, sino respetando lo que dicen esos informes,
se está viendo qué fórmula es la que permitiría alcanzar los objetivos que se nos han planteado. Y en ese ejercicio de búsqueda de alternativas es en el que nos estamos empleando desde el primer momento en el que se nos dijo que tal como se
planteaba no podía ser.
Yo he tratado de ser breve porque sé que en esta Comisión se me pide brevedad, pero que no quede ninguna duda del reconocimiento del ministerio, de la ministra, del secretario de Estado del prestigio del centro y del prestigio de los
investigadores que trabajan en él; que no quede ninguna duda, que si lo estoy diciendo es para que también conste en acta que en ningún momento se va a poner ese prestigio en cuestión. Y no solamente no se pone en cuestión, es que desde el
Ministerio de Ciencia e Innovación, donde algún ministro suele decir que se expresan muy bien las convicciones, que es en los presupuestos, está muy claro no solo que reconocemos el prestigio, sino que se está haciendo el mayor de los esfuerzos para
que desde el punto de vista financiero el CNIO tenga la mejor solución financiera que a fecha de hoy nos podemos dar.
Otra cuestión, que es la que nos ha traído aquí, es que, en aras a mejorar los mecanismos de transferencia de resultados, de atracción de fondos de naturaleza privada, tengamos que hacer el ejercicio de ver los mejores instrumentos, los
mejores cauces. Y por lo tanto, en esta parte de mi intervención tengo que señalar reconocimiento del personal, reconocimiento del centro, reconocimiento del impacto internacional del trabajo que realizan nuestros científicos, y eso sí, también
reconociendo el impacto internacional y nacional que ha tenido en los medios de comunicación el asunto y que, nada más tener la primera noticia, fue el motivo de mi petición de comparecencia ante sus señorías.
El diputado Elorriaga hacía referencia a tres cuestiones del comunicado del ministerio y ha leído también una parte del comunicado del CNIO.
También la diputada doña Juana Serna ha hecho referencia a algunas cuestiones de este comunicado.
Pero se me plantean, si lo he entendido bien, tres cuestiones en concreto. Una era la del director interino; la expresión del comunicado 'director interino' será lo que escribe allí; yo no lo quiero poner en duda porque es lo que pone. Lo que
quiero decir es que desde hace del orden de dieciocho meses el director actual del CNIO -por cierto, antes de llegar yo a la secretaría de Estado- manifestó en una sesión del patronato su intención de dejar la dirección del CNIO. Y en ese momento
se inició un proceso que le mantenía, desde luego, como director hasta que ese proceso terminara. Este proceso pasó por una búsqueda de candidatos de prestigio a nivel internacional, y cuando ya parecía que las cosas estaban en el momento último de
la negociación, declinaron su interés los candidatos que se presentaron en ese momento. Y ya estando yo en la secretaría de Estado, en una sesión del patronato conocimos que el proceso se había quedado, por entendernos, con la plaza desierta porque
no había candidatos a proponer.
¿Qué se hace en ese momento? Pues en ese momento se adopta un doble acuerdo. Uno, que el propio patronato inicie un segundo proceso, pero que paralelamente se intente también la búsqueda de un director en funciones para ese transitorio
hasta la solución ya definitiva fruto del segundo proceso. En el orden del día de una reunión del patronato ya figuraba el nombramiento del director en funciones, un director en funciones que había manifestado hasta la tarde anterior que estaba
dispuesto, pero esa tarde-noche el patronato conoce que declina en su interés por dirigir este centro. No creo que sea de interés el que yo detalle las razones o la opinión que yo pueda tener sobre por qué se dan estas circunstancias.
Lo cierto es
que son hechos y, por lo tanto, en ese momento de nuevo nos quedamos sin director en funciones y con el lanzamiento de un proceso de búsqueda con una empresa a la que se le encarga que busque candidatos, de nuevo, de prestigio internacional.
Ese ejercicio es el que se ha hecho, y de nuevo nos hemos encontrado en la última sesión del patronato, donde también figuraba en el orden del día: Nombramiento, si procede -menos mal que ponemos si procede-, porque es que, si no, sería un
incumplimiento del orden del día. Por lo tanto llegamos allí siempre pensando un poco a ver si procede y, desde luego, cuando no tenemos candidato para proceder, no se lleva a cabo. Lo que se dijo en la última sesión del patronato, en la celebrada
el pasado día 16, es que se da por cerrado el proceso abierto hasta ese momento, porque habían renunciado los candidatos internacionales que teníamos en esa valoración; también había unas cartas del comité de selección, de valoración de estos
candidatos. Se había quedado la lista con los dos candidatos internos del CNIO, y el patronato participó de la idea, a propuesta del presidente, es decir, de mí mismo como presidente del CNIO, de que ese proceso se cerraba en ese momento y se abría
otro que nos debería llevar al día 22 con una propuesta de un director para elevar al patronato; además se añadió en ese acuerdo que la comisión delegada se
iba a responsabilizar de llevar a cabo ese proceso para tener una propuesta el día 22 de junio, a petición mía también, con una implicación directa del presidente del patronato, es decir, de este secretario de Estado que les habla, en
calidad de presidente. Respecto de la consideración sobre qué significado tenía ese director interino, yo creo que ese comunicado quería traducir más la situación en la que nos encontramos desde hace dieciocho meses pero efectivamente, diputado
Elorriaga, a fecha de hoy y a fecha de los días pasados, cómo no, desde que tiene el nombramiento vigente, el director del CNIO es el doctor Barbacid.
La segunda pregunta que requería explicación, creo que la he contestado.
Era sobre que la constitución desde el CNIO de esta agrupación de interés económico era ilegal. El significado de esa expresión, no sé si del todo correcta o correcta
al cien por cien o absolutamente correcta, yo creo que las cosas son o correctas o no correctas, lo que es cierto es que en el comunicado se quería referir al informe de la Abogacía General del Estado, en donde por dos ocasiones, no sé si el segundo
informe se recibió con posterioridad, en todo caso quería recoger el significado de esa frase final del informe de la Abogacía General del Estado.
La más difícil para mí es la consideración ética del tema que nos ocupa.
Es muy delicada; es muy delicada, voy a tratar de controlar mi intervención y la voy a resumir haciendo la siguiente consideración: que el debate sobre la entrada de
la colaboración de entidades privadas en la financiación de procesos de investigación, en este caso en el CNIO, se pueda debatir simultáneamente o pensando en consecuencias sobre las expectativas de la ciudadanía y de la sociedad en general, en
particular en un sector tan sensible -estamos hablando de la lucha contra el cáncer-, me parece un error tremendo. Que porque estemos hablando de cómo financiamos, qué instrumentos son los que metemos en el sistema de ciencia y tecnología, eso
pueda derivar en consecuencias y en expectativas para un enfermo de cáncer, me parece tremendo. Por lo tanto lamento que las consecuencias hayan sido esas. No voy a hacer el ejercicio de ver en dónde está la raíz de estas interpretaciones, porque
las cosas no son por cómo se dicen, sino por el efecto que tienen, díganse como se digan; las cosas no son como las veo, sino como las ven.
Desde luego, el ejercicio al que yo me comprometo y siempre creo que he tenido presente, es que respecto a
cualquier avance de los procesos de investigación, y especialmente de los relacionados con la lucha contra el cáncer, por muy exitosos y prometedores que sean, yo aconsejaré, recomendaré siempre que sean transmitidos con toda la cautela y todas las
reservas. No estoy responsabilizando a nadie; lo que estoy haciendo es lamentar que se haya provocado lo que ha ocurrido. Sobre todo por esa sensibilidad que implica, al menos desde el punto de vista personal y mientras esté en la secretaría de
Estado, yo haré todo lo posible para que esos dos temas no tengan nada que ver. Y que no tenga nadie ninguna duda de que todo lo que esté al alcance de este ministerio, de esta ministra, de este secretario de Estado, todo lo que esté a nuestro
alcance, las alternativas, los cauces que puedan ser, las modificaciones que tengamos que proponer, no vamos a dejar ni un resquicio en el empeño de abrir todas las posibilidades. En todos los ámbitos de la ciencia, por cierto, pero en este de
manera especial. Me ha parecido que resume muy bien la pregunta: bueno, pues si no hay reserva ninguna en el ministerio, si por parte de la ministra, si por parte de la secretaría de Estado, etcétera, entonces, ¿cuál es el obstáculo? Pues el
obstáculo es que se ha propuesto una fórmula que la Abogacía General del Estado dice que no es válida, que no se puede constituir válidamente.
¿Qué considera el Micinn, que era la siguiente pregunta? Pues lo que he anunciado en mi intervención: que nos estamos dedicando a todos los cauces que vayan en la dirección de los objetivos que se plantean por fórmulas alternativas que no
se nos puedan cuestionar por los argumentos que este informe nos ha puesto encima de la mesa y que nos vamos a dedicar, en silencio, por cierto, porque hasta ahora no hemos dicho a nadie qué alternativas son las que estamos manejando. Además hay
esas dos actuaciones de la comisión delegada, una, el informe del director del Carlos III, que ha proporcionado la información de cómo fue la primera contratación en el mes de diciembre y, dos, el trámite que está haciendo ahora para esa segunda
contratación. Ojalá, vengan de donde vengan, lleguen a esta secretaría de Estado alternativas, porque no solo las estamos esperando sino que las estamos buscando y explorando para llegar a la mejor solución.
Respecto de cambios normativos hay una pregunta natural: pues si parece que la dificultad está en la Ley de Fundaciones, cámbiese la Ley de Fundaciones. Cómo no voy a entender que es legítimo que un ciudadano diga que si ya han localizado
el 24.2, inciso inicial, aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2, cámbiese. No me corresponde, soy secretario de Estado de Investigación. La Ley de Fundaciones dice lo que dice, pero desde luego, antes de cambiar la Ley de Fundaciones en
general por un tema en particular, creo que procede más el ejercicio de ver cómo resolvemos el problema que nos ocupa, generalizarlo en el ámbito que entendamos que se tiene que generalizar, pero no sé si el camino en todo caso no competería al
Ministerio de Ciencia e Innovación. Creo que el Ministerio de Ciencia e Innovación lo que tiene que hacer es el mejor ejercicio para ampliar ese abanico de posibilidades con el fin de elegir la mejor alternativa, la que nos permita alcanzar los
objetivos más próximos a los que se nos han planteado desde el CNIO, compartiendo la conveniencia y la necesidad de mejorar los mecanismos.
En el caso de la intervención de la diputada doña Juana Serna, me ha parecido entender que hay un primer bloque de preguntas que se refieren a temas de financiación. Creo que en primer lugar ha planteado si tiene el CNIO financiación
suficiente para funcionar, creo que
era el primer aspecto. Lo relacionaba también con la posibilidad de que el CNIO, u otras fundaciones, puedan concurrir a convocatorias financiadas por el capítulo 8, y quién autoriza este tipo de convocatorias. Y lo asociaba también, creo
recordar, a si el CNIO tiene suficiente dinero, a cómo ha ido la partida destinada a inversiones y cuál ha sido el resultado.
Yo le diría, primero, que desde luego lo que hemos conseguido, y creo que es la información que he dado, tiene financiación suficiente, considero que sí. En cuanto a acudir a las convocatorias financiadas por el capítulo 8, evidentemente
sí, y en la información y en la historia así ha sido. He añadido durante mi intervención la información sobre la resolución de esa solicitud de los 24 millones que no se ajustaba a las condiciones de la convocatoria; eso no quiere decir que no
pueda acudir a esas convocatorias -a esa en particular no pudo ser-, pero también he hablado de las partidas presupuestarias que vía capítulo 8 habían llegado en los ejercicios anteriores. Además, quien autoriza a participar en esas convocatorias
es el propio patronato, por lo tanto el órgano de la fundación que yo presido. Por la información que tengo es que el resultado del ejercicio 2009 es positivo y ascendió a 1,5 millones de euros en positivo.
Hay también una parte de su intervención en la que creo que hacía referencia a si se podían promover desde el CNIO las agrupaciones de interés económico. Por la información que he dado de la Abogacía General del Estado, en las dos
ocasiones, evidentemente sería contraria a esos informes la constitución de una agrupación de interés económico de esta naturaleza. Creo que me habla también de si podríamos tomar decisiones en contra de este. Creo que también lo he contestado. Y
una última parte, que hacía referencia a si se han propuesto fórmulas alternativas. Desde luego, tenemos estudios de fórmulas alternativas; en este momento nos estamos decantando por una propuesta en concreto, que la tenemos que explorar, tenemos
que ver también si sería ajustada a derecho, y por tanto ha de ser trabajada más en profundidad. Me preguntaba: ¿no se puede hacer nada? Pues yo creo que lo que estamos haciendo: las dos cosas que la comisión delegada aprobó en su día, el
trabajo que en el ministerio se está haciendo. Y decía la diputada Sern: pónganse las pilas. Creo que las hemos tenido puestas desde el primer momento.
He contestado al menos a las cuestiones de las que he acertado a tomar nota. Si hay alguna cosa que no he contestado o no he respondido suficientemente, tampoco sé si la dinámica es un turno de réplica o de contrarréplica.
La señora PRESIDENTA: Si lo piden. (Asentimiento.) Pues entonces, primero tiene la palabra el señor Beloki; máximo cinco minutos, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Sobran, señora presidenta.
Señor secretario de Estado, cuanto con mayor atención escucho las explicaciones de todos los grupos parlamentarios, las preguntas y sus respuestas, va creciendo la impresión en mi grupo de que efectivamente estamos en algo que ya he dicho en
la primera parte de mi intervención, en la necesidad de abordar el sistema de financiación de una forma más global que la que pueda afectar a un centro o a un grupo de centros, pero también va creciendo la impresión de que tenemos que abordar la
reforma del sistema en otros aspectos. Es decir, que no estamos solo ante un problema de financiación; estamos también seguramente ante problemas de organización, gestión, definición de funciones e incluso de selección de personal en los términos
en que se haga, etcétera.
Esta es una idea que la hemos manifestado en las conversaciones que hemos tenido durante la negociación de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, y creo que es una idea que debemos lanzar con claridad: hecha la ley, no sigamos
esperando a que cambie la ley para cambiar las cosas; hay muchas cosas que pueden cambiar con las leyes que ya tenemos y con las que nos hemos dado recientemente. Ese es el papel principal que ahora debemos transmitir a todo el sistema de ciencia,
tecnología e innovación.
Yo no sé si hace falta cambiar la Ley de Mecenazgo para algunas cosas y, si hace falta, mi grupo estará dispuesto a cambiarla porque también ha intentado, y no se ha podido hacer en los términos en que hemos querido, pero
lo que sí hay que transmitir es que no hay que estar mirando al Parlamento para hacer un montón de cosas, porque se pueden hacer, hay que hacer, y ahí quiero ver al Ejecutivo y a todo el sistema, a todos sus agentes.
La señora PRESIDENTA: Señor Elorriaga, tiene la palabra.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Solo quiero hacer tres o cuatro consideraciones y dos ruegos.
Las consideraciones, rápidamente, aunque alguna no viene muy al caso, pero para que no queden malentendidos, que me parece que podrían quedar, sobre cuál es el papel de los distintos órganos dentro de la Administración General del Estado.
La Abogacía General del Estado no es el órgano fiscalizador del comportamiento económico-financiero público, hay otros órganos para eso. La Abogacía General del Estado es un órgano consultivo de una magnífica calidad y al cual hay que atender,
lógicamente, pero en fin, no confundamos los planos de lo que hace cada uno. Cuando un órgano de la Administración solicita un informe al servicio jurídico del Estado, está actuando estrictamente como eso, como un órgano consultivo y punto, sin
ninguna otra trascendencia. Insisto, la legalidad de la actuación en materia financiera del Estado, y por lo tanto de la secretaría de Estado o del Instituto de Salud Carlos III, corresponde a otros órganos de la Administración que en este caso no
se han pronunciado en ningún momento.
En segundo lugar, le agradezco que en la respuesta haya puesto exactamente el punto en el lugar en el que debe estar, haciendo mención a la moción del Senado y a la necesidad de revisión o al acuerdo general para revisar el mecenazgo.
Insisto, y yo creo que esto tiene que quedar muy claro en la comparecencia de hoy: el debate que ha abierto toda esta polémica es si cabe, a través de una determinada fórmula, canalizar una actuación de mecenazgo hacia un centro público de
investigación. Es decir, la agrupación de interés económico, en este caso, es un instrumento para el mecenazgo, en el cual el capital privado que llega al instituto, es verdad que en parte compensa su generosidad con el beneficio de unos incentivos
fiscales, que es precisamente lo que se pretende con la legislación de mecenazgo. Es decir, no estamos hablando, y tiene que quedar muy claro, no estamos hablando en ningún caso de trasladar al sector privado los resultados de la investigación para
que este se beneficie con eso. Esto es muy importante en este caso, porque como usted ha reiterado contestando a parte de las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, el ministerio, en lo que es una práctica habitual en los últimos años, viene
financiando sustantivamente el CNIO mediante de créditos, como a otros muchos centros de investigación. Por lo tanto, si se financian los centros de investigación con créditos tan abundantes como es este caso, o la investigación produce resultados
económicamente rentables o los centros van a la quiebra. No vale decir que el CNIO tiene un remanente o tiene dos o tres millones de activos, no vale, no vale. El CNIO, lo que tiene en este momento son créditos por decenas de millones, que tiene
que devolver a la Administración General del Estado porque los ha recibido a través del capítulo 8, y por lo tanto nuestro compromiso, el de todos, es buscar fórmulas que permitan rentabilizar la investigación y hacer efectiva la devolución de los
créditos a la Administración General del Estado porque cualquier otras cosa sí que sería un fraude financiero.
En tercer lugar, yo le agradezco y doy, por supuesto, por buenas y suficientes las palabras que ha dicho sobre que no se pone en ningún momento en duda el prestigio y que hay un reconocimiento del centro y de sus investigadores. En eso
estamos todos de acuerdo, creo que lo mejor es no insistir y en ese sentido me parece que queda todo claro. Sí que creo que hay un punto sobre el que conviene, en fin, hacer un esfuerzo más, o a lo mejor manifestar una discrepancia, no lo sé. Es
decir, la opinión que el ministerio públicamente emite sobre la consideración ética o no de la nota publicada por el CNIO no se refiere a la vinculación de la financiación pública o no con los resultados, no, no; se refiere literalmente, y voy a
leer literalmente el párrafo, se refiere a cómo se han explicado los resultados de una investigación. Lo que dice la nota es: El Ministerio de Ciencia e Innovación considera contraria a toda ética científica la generación de falsas expectativas a
la sociedad respecto a la lucha contra el cáncer, y rechaza que se transmitan a la ciudadanía descubrimientos prometedores en investigación básica o resultados preliminares en modelos animales, como si estos fueran ya la antesala al desarrollo de
fármacos válidos para el tratamiento de la enfermedad en humanos. La falta de cautela, además de jugar con el dolor y el miedo de la población ante la enfermedad, daña la labor investigadora a largo plazo. Esto es lo que dice literalmente el punto
4 de la nota.Y este punto 4 está en relación con una nota previamente publicada por el CNIO donde se dice: La inhibición de la quinasa c-RAF impide la aparición y el desarrollo del cáncer de pulmón. Y a continuación lo explica. Desde mi punto de
vista, y eso sí es lo que quiero que quede perfectamente claro, en modo alguno esta comunicación, ni ninguna otra hecha antes por el CNIO, puede entenderse como un anuncio, digamos, exagerado o infundado sobre el estado de los avances de la
investigación para la obtención de medicamentos. Como mucho, que puedo no coincidir pero entiendo perfectamente, que al ministerio le parezca mal que un centro de investigación público se queje de que tiene poca o mucha financiación, pero me parece
que son dos cosas que están en dos planos diferentes. Desde mi punto de vista, insisto, creo que en ese sentido, al menos para mi grupo parlamentario la labor de difusión de los resultados de la investigación por parte del centro es impecable, y
ojalá, ojalá, en todo momento y con todo Gobierno todos los grupos parlamentarios hubiesen actuado igual, porque hay precedentes muy señalados de gobiernos del Partido Popular donde ha habido actividades parlamentarias indecentes por parte de grupos
entonces en la oposición ante el recorte o la no financiación de determinadas líneas de investigación, a las que no me voy a referir pero que están en la mente de muchos de los que están en esta Comisión.
Por último ya termino, dos ruegos: uno, por favor, tanto como secretario de Estado como en calidad de presidente del patronato de la fundación, le ruego que el proceso de selección de un nuevo director para el centro se realice con el
máximo rigor, que se recaben los auxilios que sean necesarios, que se tome el tiempo que se necesite, que se haga cuando se tenga que hacer, pero sobre todo que se haga bien; es decir, que cuando se nombre un nuevo director, unánimemente dentro y
fuera de España todo el mundo diga qué buena evolución tiene este centro que a una buena etapa le va a suceder otra siguiente, que no queden dudas. Y segundo, lo ha apuntado ya dos veces, y yo, por supuesto, doy por buenas las sugerencias o las
pistas que nos lanza; ha insistido en que se están buscando vías.
Le ruego una vez más que, por favor, se busquen esas vías para permitir la llegada de financiación privada, insisto, no lucrativa, financiación privada en clave de mecenazgo para la
financiación de terapias experimentales, porque eso redundará en beneficio de todos.
La señora PRESIDENTA: Señora Serna, tiene la palabra.
La señora SERNA MASIÁ: También seré breve, señora presidenta, pero hay cosas. Nosotros no queríamos entrar en ese tema; de hecho, cuando surge la afirmación por parte del señor Barbacid de que el CNIO puede tener en cinco años -puede, no,
lo he corregido antes-, podría tener en cinco años fármacos contra el cáncer de pulmón, en lo que hemos dicho eso está entrecomillado. A nosotros no nos parece mal; ya hemos dicho que no queríamos hacer ninguna valoración del señor Barbacid como
investigador, sino por las cosas que decía en un papel más político, que es como director que lleva toda la gestión de la política de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Porque hay cosas que nos sorprenden. Él es un
investigador y está preocupado por ello. Es que no nos parece. Si él considera que ya puede hacer ahí esa afirmación, ¿qué vamos a decir los mortales? Pues cruzar los dedos, un acto de fe ante una afirmación científica, y decir que ojalá sea así.
Lo cual es chusco. Lo que nos parece incorrecto, no es que diga eso; lo que nos parece incorrecto es que diga que, estando eso tan avanzado, el Ministerio de Ciencia e Innovación, además con el nombre de la señora Garmendia, lo cual es un poco
alucinante, le impide que eso se consiga, porque es que él no tiene dinero. Por eso hemos hecho toda esa serie de preguntas, ¿tiene dinero, sí o no? Sí. ¿Le ha impedido el ministerio buscar la financiación? No. Lo que ocurre es que hay informes
del aparato de un Estado de derecho que dicen que no es posible esa fórmula. ¿Pero es que no son posibles otras? Pues si son posibles, hay que buscarlas. Y dice el secretario de Estado: estamos en ello. Pero es que el señor Barbacid, y yo
insisto, maravilloso investigador, prestigioso, pero a veces dice cosas, no sé, poco moderadas.
Por ejemplo, una pregunta, señor secretario: ¿Es que el señor Barbacid tiene que decidir quién es su sucesor? Porque cuando dice: yo quiero abandonar la dirección con otro director que tenga el nivel que necesita el CNIO, vale. Y
continúa: hay uno de los candidatos que me ha parecido muy bien, pero los otros dos no me gustan nada. ¡Ah!, ¿eso lo dice públicamente? No sé, es que son cosas. O cuando le preguntan: ¿Qué pasa con lo que ocurre del Gobierno?. Hombre, podría
haber sido moderado y decir lo que usted nos acaba de contar, porque lo que usted nos acaba de contar no viene solo del ministerio, viene como presidente del patronato, y dice: Estamos buscando fórmulas, a ver qué tal. Y todo lo que contesta es:
Como dicen Tip y Coll, mañana hablaremos del Gobierno. Yo, ¡que quiere que le diga! Que siendo como investigador una persona absolutamente seria, pues en su papel político de director de un centro tan importante, no me parece lo más adecuado lo que
está diciendo. En ese sentido, la verdad. Por eso he dicho que sería bastante interesante que si él, que dimitió, y es otra cosa que le pregunto al secretario de Estado, porque yo ya no lo entiendo. Parece que en septiembre de 2009 presentó la
dimisión, ¿no? Hombre, una cosa relajada, vas haciendo tu trabajo a la espera de que llegue otro. Y dice: no, no, si yo me voy -es que es el titular-, solo dejo la dirección del CNIO por decisión de la ministra. Realmente creo que es bueno para
el sistema de ciencia español que esta etapa de aclaraciones, declaraciones, etcétera, acabe cuanto antes. Ya que el director del CNIO no es lo más discreto, está muy bien que lo estén siendo el patronato, el Carlos III y el ministerio, y que a la
mayor brevedad posible, o porque se encuentra esa fórmula o porque se encuentra un nuevo director, la verdad, esta etapa un poco chusca, impropia del ámbito del que hablamos, que es el de la investigación, cese cuanto antes, que será lo mejor para
los científicos españoles, para los científicos que trabajan en nuestro país, y sobre todo para el sistema científico español.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN (Pétriz Calvo): El tema que nos traía aquí fundamentalmente era el programa de terapias experimentales y lo que había ocurrido con la propuesta de la agrupación de interés económico. En las
últimas intervenciones se ha incidido un poquito más en el otro tema que tenemos en el CNIO, que es el proceso de selección de un director.
Yo, que suelo hacer el ejercicio de analizar lo pasado pero con objeto de construir el mejor futuro, creo que está muy bien que hagamos el ejercicio que estamos haciendo de ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, pero como
secretario de Estado quiero reiterar la voluntad de llegar a tener el mejor director del CNIO lo antes posible.
Ese proceso, el diputado Elorriaga pide que se haga bien; hay muchas formas de hacerlo bien: hay un modelo que es que la ministra dice
mañana tú, y está bien hecho. Queremos hacer el mejor proceso, pero llevamos ya dieciocho meses con dos procesos, con búsqueda de candidatos a nivel internacional, y la experiencia dice lo que dice. Vamos a tratar de llegar a la mejor solución y
cuanto antes.
En cuanto al segundo tema, que tiene que ver con el segundo ruego, búsquense esas vías, infórmenos de qué vías son las que pueden dar mejor respuesta al problema que nos ocupa, y desde luego creo que ese trabajo debe estar hecho en ese marco
general al que el diputado Beloki se refería.
Si me permiten, ya no alargaría más el debate sobre la componente de la consideración ética del problema. Creo que el prolongar no ayuda a resolver el problema que nos ocupa. En cualquier caso, si lo valoran necesario, estaría dispuesto a
aportar algún elemento más, pero creo, y creo que se puede deducir bien de mi primera intervención, que no sé si le hacemos bien al sistema al alargar ese debate.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por todas sus aportaciones. Y como siempre, le esperaremos hasta la próxima oportunidad.
Queda finalizado el contenido del orden del día y se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.