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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 767, de 04/05/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2011 IX Legislatura Núm. 767
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 27
celebrada el miércoles, 4 de mayo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias:
Del señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), para informar sobre:
- Las líneas generales de la política que va a desarrollar al frente de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000188.) ...
(Página 2)
- Las líneas generales de su acción política como nuevo vicepresidente primero del Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000925.) ... (Página 2)
- El desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante a guerra civil y la dictadura, y presentar el portal web
que contendrá la información correspondiente al desarrollo y aplicación de la citada ley. A petición propia. (Número de expediente 214/000216.) ... (Página 2)
- Las actuaciones del Gobierno en aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura, en relación al Valle de los Caídos. A petición propia. (Número de expediente 214/000187.) ... (Página 3)
- Incumplimiento del artículo 15. Símbolos y monumentos públicos, de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecuciones o violencia durante la guerra civil y la
dictadura. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 213/000442.) ... (Página 3)
- La aplicación de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y de su implementación, a la luz del desarrollo de la
misma. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 213/000466.) ... (Página 3)
- El criterio del Gobierno en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica con relación al Valle de los Caídos. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000910.) ... (Página
3)
Del señor presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (Ramos Torre), para informar sobre la memoria de actividades del CIS correspondiente al año 2010. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001480.) ...
De la señora subsecretaria del Ministerio de la Presidencia (López Fernández), para informar de la obra en curso del Museo de Colecciones Reales, desde el punto de vista económico, arquitectónico y paisajístico.
A petición del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/001443.) ... (Página 36)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIAS:
DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (PÉREZ RUBALCABA), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA QUE VA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000188.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DE SU ACCIÓN POLÍTICA COMO NUEVO VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000925.)
- EL DESARROLLO DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA, Y PRESENTAR EL PORTAL WEB
QUE CONTENDRÁ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA CITADA LEY. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000216.)
- LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN APLICACIÓN DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA
DICTADURA, EN RELACIÓN AL VALLE DE LOS CAÍDOS. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000187.)
- INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 15. SÍMBOLOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS, DE LA LEY 52/2007, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIONES O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA
DICTADURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 213/000442.)
- LA APLICACIÓN DE LA LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA, Y DE SU IMPLEMENTACIÓN, A LA LUZ DEL DESARROLLO DE LA
MISMA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 213/000466.)
- EL CRITERIO DEL GOBIERNO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA CON RELACIÓN AL VALLE DE LOS CAÍDOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000910.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión de la Comisión Constitucional que, como ustedes conocen, tiene nueve puntos en el orden del día. También están avisados de que los puntos 1.º a 7.º -las comparecencias-
serán tramitados acumuladamente.
La primera comparecencia es la del señor vicepresidente primero del Gobierno, ministro del Interior y portavoz del Gobierno, don Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien doy la bienvenida en nombre de la Mesa y de toda la Comisión. El señor
Rubalcaba comparece para responder a las siete peticiones de comparecencia: a petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política que va a desarrollar al frente de su departamento. A petición del Grupo parlamentario Popular,
también para informar sobre las líneas generales de su acción política como nuevo vicepresidente primero del Gobierno. A petición propia del vicepresidente primero del Gobierno, para informar del desarrollo de la Ley 52/2007. A petición propia se
había solicitado a quien ocupaba anteriormente su puesto, la vicepresidenta primera del Gobierno, para informar sobre la aplicación de la ley citada, y así hay cuatro peticiones a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia,
que lo era cuando fueron solicitadas, y cuya respuesta asume ahora el actual vicepresidente primero del Gobierno.
Pasamos a las siete comparecencias tramitadas acumuladamente, para lo que en primer lugar hará uso de la palabra el señor vicepresidente primero del Gobierno. Don Alfredo, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, presidente.
Señoras y señores parlamentarios, comparezco, como señalaba el presidente, en esta Comisión Constitucional a petición propia y también a petición de distintos grupos parlamentarios para informarles de la tarea que vengo desarrollando como
vicepresidente primero del Gobierno así como sobre la aplicación de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida
como Ley de Memoria Histórica. Con independencia del debate que sobre el conjunto de competencias que tengo como vicepresidente primero se pueda mantener detrás de mi intervención, me ha parecido lo más ilustrativo que me centre en esta primera
intervención en la marcha del programa legislativo impulsado por el Gobierno. Ello es así porque el desarrollo de la coordinación política de este programa corresponde a la Vicepresidencia, todo ello al margen de las competencias que cada
ministerio tiene para impulsar los distintos proyectos de ley.
Comienzo, pues, recordando que un mes después de la última remodelación el Consejo de Ministros, en su reunión del 19 de noviembre del año 2010, aprobó lo que en su momento definimos como nuestro programa legislativo prioritario para lo que
restaba de legislatura. Con él no tratábamos, como en su momento aclarábamos, de enumerar simplemente las leyes que teníamos el propósito de remitir a esta Cámara a lo largo del año 2012.
Pretendíamos, por el contrario, recoger en aquel listado un
conjunto de iniciativas dirigidas específicamente a dos grandes objetivos. Por un lado, el de concretar reformas destinadas a modernizar nuestro sistema productivo y combatir así la crisis económica, hacer crecer la economía y crear empleo. Por
otro, perseguíamos mantener y proseguir una de las líneas que identifican la acción del Gobierno desde el año 2004, que no es otra que la de ensanchar la relación de derechos de los ciudadanos.
Aquel programa legislativo
prioritario tampoco pretendía tasar el número de iniciativas que estaba dispuesto a afrontar el Gobierno; solo ponía el acento en aquellas que nos parecían, por estas razones que acabo de mencionar, más relevantes.
La mejor prueba de que
no tasaba esta acción de iniciativa legislativa del Gobierno es que en el tiempo transcurrido desde la comparecencia o la aprobación del Consejo al que me vengo refiriendo, el Gobierno ha remitido a esta Cámara quince proyectos de ley que no
figuraban en aquel programa. Quiero destacar entre ellos los que me parecen más significativos: un proyecto de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; un proyecto de contratos de
créditos al consumo, de dinero electrónico; un tercer proyecto de régimen de personal y derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, así como un proyecto de ley de derechos de información y consulta de los trabajadores en
las empresas y grupos de dimensión comunitaria que se aprueba definitivamente en este Congreso de los Diputados la semana que viene. También se han incluido en este catálogo de proyectos de ley el proyecto general de salud pública, un proyecto de
medidas de agilización procesal, otro de depósito legal y, por citar expresamente el más importante de los últimamente remitidos a la Cámara, el proyecto por el cual se procede a la integración en el régimen general de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta ajena, hasta ahora incluidos en el denominado Reass, régimen especial agrario de la Seguridad Social. Tres de estos quince proyectos han culminado su tramitación parlamentaria y se han publicado en BOE. Me refiero a una ley
sobre coeficientes de inversión, a otra sobre sistemas de pago y liquidación de valores y finalmente a una tercera por la que se establecen medidas para la protección de las denominadas infraestructuras críticas.
Junto a estos proyectos el Consejo en este lapso de tiempo ha informado favorablemente para su aprobación definitiva, una vez que se recojan los informes preceptivos, nueve proyectos que tampoco están incluidos en el programa prioritario al
que dedicaré la parte más sustantiva de mi intervención. Destacaré algunos porque me parecen relevantes: uno de calidad agroalimentaria, otro sobre el contrato de seguros; un tercero que regula los tribunales de instancia, un cuarto referido al
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y finalmente uno de ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, un proyecto que trata de adaptar el cuerpo de la Inspección de Trabajo a la realidad autonómica de nuestro país y a los
distintos estatutos de autonomía aprobados en la última legislatura.
Sumados ambos tipos de proyectos estamos hablando de veinticuatro proyectos de ley ajenos al programa prioritario que se han incluido en esta legislatura; un número que redondearemos con algunos otros que pensamos enviar a la Cámara en las
próximas semanas: uno que afecta a la modificación del sector eléctrico y de hidrocarburos, básicamente para adaptar nuestro sector eléctrico a una serie de directivas y que veremos en el Consejo de Ministros en primera lectura el próximo viernes.
Un proyecto de ley, al que damos la máxima importancia, de silencio positivo y supresión de determinadas licencias locales, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Economía Sostenible, que va a alterar la regla tradicional del silencio negativo,
mejorando así la situación de los ciudadanos antes las administraciones y suprimiendo algunas licencias locales previstas actualmente en la legislación estatal. Un tercer proyecto que regula los servicios funerarios, con el que básicamente
pretendemos asegurar la libre prestación de servicios en este sector, al tiempo que se imponen una serie de condiciones de calidad mínima para asegurar la competencia, que veremos también este viernes en el Consejo de Ministros. Y, finalmente, un
contrato de distribución en materia de energía que dará cumplimiento a lo acordado por esta Cámara en relación con la incorporación de las fuentes de energía renovables.
Centrándome ya en el programa legislativo prioritario que anunciamos el 19 de noviembre, quisiera empezar por decirles a sus señorías que nos encontramos -yo personalmente- razonablemente satisfechos del cumplimiento de este programa que
anunciamos en su momento y que también fue objeto de alguna discusión parlamentaria. De los veintiséis compromisos, ocho se encuentran ya en esta Cámara. Son la ley concursal; la ley reguladora de las tecnologías de la información y la
comunicación en la administración de la Justicia; la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles; la ley reguladora de la jurisdicción social; la ley reguladora del juego, que se aprueba definitivamente la semana que viene en este Congreso;
la ley de residuos y suelos contaminados; la ley de actualización, adecuación y modernización de nuestro sistema de Seguridad Social, a la que hay que añadir dos decretos-leyes que contemplan, entre otras, las iniciativas de reforma de las
políticas activas de empleo. No me extenderé sobre el significado de este conjunto de leyes que en este momento están en tramitación parlamentaria y sobre las que sus señorías tienen cumplida información.
Junto a los anteriores, son cuatro proyectos los que se incluyen en aquel listado inicial que han sido examinados ya por el Consejo de Ministros y que por tanto están a la espera de la recepción de los preceptivos informes pendientes y que
llegarán a esta Cámara, presumiblemente, a lo largo de este mismo mes de mayo. Son el anteproyecto de ley integral de igualdad y no discriminación, que trata de erradicar la discriminación en todos los ámbitos públicos y privados; el anteproyecto
de ley general de las telecomunicaciones, destinado a completar las previsiones de la Ley de Economía Sostenible; el anteproyecto de ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que incorpora a las mujeres del mundo rural a los
rendimientos de las empresas familiares en las que prestan efectivamente sus servicios, su trabajo; y el anteproyecto de ley por el que se regulan los parámetros mínimos de calidad de los servicios de
atención al cliente de las empresas que prestan servicios económicos de interés general.
En este mismo mes el Consejo de Ministros examinará otros ocho proyectos, que con toda seguridad estarán listos para su remisión al Congreso antes de que concluya el actual periodo de sesiones. Son los siguientes: el anteproyecto de ley de
los derechos de la persona ante el proceso final de su vida, la conocida hasta ahora como ley de muerte digna, que pretende dar respuesta a un requerimiento sentido en la sociedad española ante situaciones terminales en las que las familias o los
propios enfermos quieren poder decidir sobre los tratamientos a recibir y sobre la necesaria cobertura paliativa de esos últimos momentos. El anteproyecto de ley de sostenibilidad del medio urbano y de impulso de la seguridad jurídica en el sector
inmobiliario, que trata de favorecer la regeneración y rehabilitación urbana y proteger a los ciudadanos que adquieran una vivienda. El anteproyecto de ley del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que, acorde con su condición preferente de
museo de arte contemporáneo, pretende extender a este centro el régimen actual de autonomía de gestión del Museo del Prado. Un anteproyecto de ley sobre procedimientos de incapacitación para tutelar los derechos de las personas sometidas a dichos
procedimientos. El anteproyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables, que trata de fomentar la eficiencia energética, la promoción de fuentes renovables, la reducción de gases de efecto invernadero y en cualquier caso la seguridad
en el abastecimiento energético. Un anteproyecto de ley de universalización de la cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud; veinticinco años después conviene que cerremos definitivamente la aplicación de la Ley General de Sanidad, hay
pequeños colectivos que saben ustedes que quedan fuera de este sistema y los vamos a integrar por ley. Un anteproyecto de ley de servicios profesionales que potencia la movilidad de los profesionales y la capacidad de competir de las distintas
empresas españolas que suministran dichos servicios. Y finalmente, y con toda seguridad, el anteproyecto de ley de negociación colectiva, una vez que, como esperamos, los interlocutores sociales alcancen un acuerdo al respecto.
Por último, seis proyectos de ley de los veintiséis están en tramitación, tienen más dificultades y por tanto no verán la luz antes del final del actual periodo de sesiones. Son la modificación del Código Civil en materia de tutela, guardia
y custodia y derechos sucesorios; la ley de Gobierno local; una ley de reforma del Poder Judicial; otra de mecenazgo; la regulación por ley de la utilización de lenguas cooficiales; y la ley reguladora del fondo de capitalización para los
trabajadores. Son leyes en las que estamos trabajando. Ya les anuncio que no vendrán al Parlamento antes del 30 de junio, pero pensamos que se incorporarán a la vuelta misma de las vacaciones de verano.
En resumen, señorías, el conjunto de la actividad legislativa del Gobierno, que coordina la Vicepresidencia Primera con independencia de las iniciativas correspondientes a cada uno de los departamentos, afecta a un total de sesenta y cinco
leyes. Soy consciente de que es un gran trabajo para las Cámaras, por lo que el Gobierno manifiesta su agradecimiento adelantado. Pero sobre todo quisiera destacar aquí que lo que evidencian es el ánimo reformista del Gobierno; un proyecto
reformista que pretende favorecer la salida de la crisis, como les decía anteriormente, pero sobre todo pretende promover un cambio en nuestro modelo productivo que, fomentando nuestra productividad y la competitividad de nuestra economía, nos
permita en un futuro resistir eficazmente cualquier nuevo episodio de inestabilidad en los mercados financieros internacionales. Estamos convencidos de que este es el camino para asegurar un modelo de crecimiento estable y a su vez sostenible y de
que, en consecuencia, este es el camino para erradicar de una vez el drama del desempleo en España y sustituirlo por empleos estables y de calidad. Aquí encuentran su sentido iniciativas en materia de energía, de liberalización de servicios, de
negociación colectiva, de mejora del funcionamiento y la agilización de nuestra Justicia, de sensibilidad urbana o de medio ambiente. Es un proyecto reformista que atiende preferentemente las necesidades de nuestra economía pero que no se queda en
ello, sino que extiende sus objetivos al ámbito de la cohesión social.
Esa, como saben sus señorías, es una de las señas de identidad de este Gobierno y, más allá, del grupo parlamentario que le apoya en este Parlamento. Este énfasis explica la
importancia que le hemos dado a la reforma de las políticas de empleo, a la negociación colectiva o a las disposiciones destinadas a asegurar y extender los derechos de la Seguridad Social o los nuevos derechos a los trabajadores. Este es un
proyecto reformista que también pretende ampliar derechos de los ciudadanos. Me refiero a los derechos de cobertura sanitaria a quienes hoy todavía no la tienen, nuevos derechos referidos a la cultura, ante el proceso final de la vida o ante el uso
de las lenguas propias de cada comunidad autónoma. Es un programa que da sentido a este final de la legislatura que en ningún modo el Gobierno, como saben sus señorías, da por concluida hasta que termine en términos legales. Un programa que va a
fortalecer la imagen externa de nuestra economía y por tanto su estabilidad. Un programa que necesita tiempo y que necesita diálogo en esta Cámara, algo que el Gobierno viene desarrollando en los últimos tiempos y que con toda seguridad va a tener
que seguir desarrollando porque estamos convencidos de que este programa reformista contará con apoyos en esta Cámara, apoyos que van a redundar en beneficio de la economía, de los derechos de los ciudadanos y por ello del conjunto de España.
Con este resumen trato de responder a la primera parte de la comparecencia y paso sin solución de continuidad a repasar ante ustedes la situación en la que se encuentran los trabajos que el Gobierno viene desarrollando en relación con la
denominada Ley de Memoria Histórica, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Creo que tres años
después de la aprobación de esta ley, y una vez que hemos puesto en marcha gran parte de sus disposiciones, la mayoría, es un buen momento para proceder a una evaluación ante esta Cámara de acuerdo además con lo solicitado por distintos
grupos parlamentarios. Y para hacerlo me gustaría empezar recordando que esta es una ley impulsada por el Gobierno, por supuesto, pero que tiene su origen remoto en una iniciativa de esta Cámara, concretamente de su Comisión Constitucional -esta en
la que hoy nos encontramos-, una iniciativa del 20 de noviembre de 2002 que aprobó por unanimidad -subrayo por unanimidad- una proposición no de ley en la que se señalaba lo siguiente, y cito literalmente: Nadie puede sentirse legitimado, como
ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de
nuestra sociedad democrática. A esta iniciativa del año 2002 se une otra, también de esta Comisión, del 1 de junio del año 2004, una proposición no de ley por la que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a que elaborase un informe sobre
las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a las personas con motivo de la guerra civil, de la represión efectuada por el régimen franquista y también de los que se hubiesen podido producir durante la transición a la
democracia. Proposición que incluía propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas que en síntesis trataban de mejorar la situación actual. En esta iniciativa el Congreso de los Diputados instaba también al Gobierno a remitir
a la Cámara un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas del régimen franquista para rendirles de este modo un tributo de reconocimiento y justicia. Finalmente la proposición invitaba al Gobierno a informar de la situación de los archivos
sobre este periodo histórico y a facilitar el acceso a los datos que consten en ellos, ya sean de carácter público o de carácter privado.
Señorías, el Gobierno, como bien conocen, cumplió con el Parlamento y con las demandas recogidas en esta proposición no de ley. Una comisión interministerial trabajó durante más de año y medio escuchando a asociaciones, víctimas,
familiares; hizo un informe que sirvió de base para la elaboración del proyecto de ley, que, como saben sus señorías, incorporó numerosas enmiendas de casi todos los grupos parlamentarios que en definitiva mejoraron el texto inicialmente propuesto
por el Gobierno.
Nos encontramos ante una iniciativa, cuyo desarrollo voy a comentar hoy aquí, que es del Gobierno pero que da respuesta a un mandato parlamentario en cuya tramitación se buscó además el consenso más amplio.
Nos encontramos, pues,
ante lo que el Gobierno entiende que es una ley de todos. Pero creo que es también una ley de todos en un sentido más amplio o más profundo, si se quiere. En estos treinta años de democracia hemos aprendido a mirar al futuro pero sin olvidar el
pasado. Si algo ha sabido hacer nuestro país es integrar, unir, cohesionar a una sociedad alrededor de los valores constitucionales sobre los que hemos apoyado nuestro desarrollo social, económico y también político. Y por eso, como afirma la
exposición de motivos de la ley, era -cito textualmente otra vez- la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que padecieron las injusticias y agravios
producidos por unos u otros motivos, políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia. Este y no otro es el objetivo de la ley cuyo desarrollo vengo a comentar hoy aquí.
En mi balance de las actuaciones del Gobierno me referiré a la comparecencia que con este mismo objeto y ante esta Comisión realizó el ministro de la Presidencia el pasado mes de diciembre. Me remitiré a alguno de los datos que él dio aquí,
actualizaré algunas cifras, entraré en algunos detalles y concretaré las próximas actuaciones del Gobierno en materia de memoria histórica, no sin antes recordar brevemente ante esta Comisión que la ley tiene tres pilares básicos o basa su
desarrollo en ellos: la acción conjunta y coordinada de varios departamentos del Gobierno, la cooperación entre las diferentes administraciones públicas en el marco de las competencias respectivas, y finalmente la ayuda a las víctimas y a sus
familiares en las actividades de indagación, localización e identificación de las personas aún desaparecidas.
En primer lugar me referiré al conjunto de previsiones que no necesitan desarrollo reglamentario y que por tanto podían ser aplicadas directamente por el Gobierno. Así ocurrió singularmente en materia de prestaciones económicas e
indemnizaciones. En este sentido quiero comenzar indicando que hemos fijado un nuevo importe de las pensiones de orfandad actualizando a 132,8 euros al mes el importe para huérfanos mayores de 21 años, cuyas cuantías permanecían inalteradas desde
el año 1980 en un valor cercano a 50 euros al mes. Esta medida ha afectado a 13.506 personas. Igualmente se han mejorado las prestaciones que van asociadas al reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor
de viudas, hijos y demás familiares, que afecta a un total de 1.045 personas. Y 382 ciudadanos se han beneficiado de la exención en el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas relativo a las indemnizaciones a favor de quienes
sufrieron privación de libertad.
Aunque no se encuentre recogido en el texto de la ley, quiero hacer una breve referencia a la protección social a los llamados niños de la guerra. La guerra civil española, como todas las guerras, repercutió de modo inmediato y cruel en los
niños. Niños de la guerra son, pues, todos los menores que vivieron la guerra por una u otra causa, los que padecieron sus consecuencias fundamentalmente. Pero de manera específica la expresión se refiere al grupo de menores que tuvieron que
abandonar España durante la guerra civil o inmediatamente después
de su conclusión. Los cálculos más fiables hablan de 30.000 menores evacuados durante la guerra y de otros 70.000 víctimas del éxodo iniciado en el año 1939. La deuda histórica del Estado español con los niños de la guerra comenzó a
saldarse con la promulgación de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se les reconoció una prestación económica. Para el año 2011 la cuantía de la prestación económica asciende a 6.989 euros, de los que lógicamente se deducen aquellos otros
ingresos por pensión o prestaciones de distintos tipos. Actualmente sus señorías deben conocer que existen beneficiarios de esta prestación residiendo en treinta y cuatro países del mundo. Los países con más beneficiarios son México, en donde hay
622; Argentina, 596; Chile, 236; Venezuela, 165; Francia, 158; Rusia, 151, y Cuba, 128.
Me referiré a continuación al segundo gran bloque de disposiciones, que son aquellas que han exigido un desarrollo reglamentario. En este tipo de disposiciones se encuentran algunas de las más significativas de la ley, cuyo desarrollo fue
mayoritariamente aprobado durante los años 2008 y 2009. Siguiendo con las medidas económicas, saben sus señorías que el artículo 10 de la ley establece un reconocimiento a favor de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero del año 1968 y el 31 de diciembre de 1977. En desarrollo de este precepto se aprobó en noviembre de 2008 el correspondiente decreto, que dispone la creación de una comisión de evaluación, adscrita al
Ministerio de la Presidencia, para el estudio y valoración de las solicitudes, cuya sesión constitutiva se produjo en diciembre del año 2008. Hasta mediados de abril de 2011 se han presentado a esta comisión 190 solicitudes, de las que 189 han sido
resueltas, 49 son positivas, 24 negativas y 116 inadmitidas. En lo relativo a quienes hubiesen sido objeto de internamiento por su orientación sexual en aplicación de las leyes de vagos y maleantes o de peligrosidad social, la comisión
correspondiente ha otorgado el reconocimiento de las oportunas indemnizaciones, después de proceder al estudio de 153 solicitudes, a un total de 90 personas; 46 han visto rechazada su solicitud y 3 han sido inadmitidas. Se encuentran en este
momento en tramitación 4 solicitudes adicionales.
Siempre dentro de este segundo bloque de medidas que requieren un desarrollo reglamentario, pasaré a continuación a las denominadas medidas de reconocimiento y reparación. Para ello me gustaría empezar recordando en esta Cámara lo que
establece el artículo 3º de la ley, en donde se contiene una declaración genérica de ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que durante la guerra civil se hubieran constituido para imponer, por
motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones. Este artículo también declara la ilegitimidad del tribunal de represión de la masonería y del comunismo, del
tribunal de orden público y de los tribunales de responsabilidades políticas y consejos de guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas. Asimismo declara ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por idénticos
motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas de cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un
régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas en los derechos y libertades que hoy defiende y protege nuestra Constitución.
En consecuencia con este precepto que acabo de describir, el artículo 4º de la ley prevé la existencia de una declaración de reparación y reconocimiento personal. Hasta la fecha, el Ministerio de Justicia ha recibido 1.398 solicitudes de
este tipo de reparación, de las que en 1.011 casos se han expedido los correspondientes títulos, se han denegado 107 y constan interpuestos 13 recursos de reposición. El resto de los casos, hasta completar los 1.398, están en tramitación o se
encuentran en estudio. Es de destacar que en este periodo se han expedido declaraciones de reparación y reconocimiento a personas tan significativas como Lluís Companys o Miguel Hernández.
Sé que hay quienes consideran insuficientes estas declaraciones de reparación y reconocimiento de ilegitimidad y por ello piden la nulidad de los procesos y las sentencias correspondientes. Tengo que decir que este es un debate que tuvimos
con profusión en la discusión de la ley y que no ha dejado de estar presente en nuestras discusiones. A mi juicio, en un Estado de derecho como el nuestro no hay mayor sanción que la declaración de ilegitimidad. Mientras que la nulidad supone
exclusivamente la privación de efectos jurídicos, un acto ilegítimo, además de ser nulo, lo es porque choca con los valores propios de nuestro ordenamiento jurídico, y por ello es especialmente rechazable y rechazado. Por tanto, en virtud de la ley
las sentencias en litigio son, a mi juicio, nulas por ilegítimas, y creo que no cabe un mayor rechazo por parte de esta Cámara.
La ley establece también, como saben, el derecho de hijos y nietos de quienes perdieron la nacionalidad a causa del exilio a acceder a la nacionalidad española. Es importante destacar que para facilitar el ejercicio de este derecho se han
reforzado en Iberoamérica aquellos consulados en los que se preveía un mayor número de solicitantes, incrementando los correspondientes recursos materiales y humanos. Puedo señalarles que a fecha de 31 de marzo del año 2011, de un total de 321.623
solicitudes, se han aprobado 187.076 y se han expedido 125.609 pasaportes. Una gran mayoría de ellos, en torno a 120.000, corresponden a países de Latinoamérica. En cuanto a la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de
las brigadas internacionales, hay que señalar que de las 22 solicitudes realizadas, menos una de ellas, que no se pudo resolver al haber fallecido el peticionario, todas se han resuelto
positivamente con la concesión de la correspondiente nacionalidad.
Por otra parte, la ley también imponía al Gobierno el mandato de facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de defunciones de los registros civiles dependientes de la Dirección General de los Registros y del Notariado. En
cumplimiento de esta previsión legal, se aprobó en noviembre del año 2008 la instrucción correspondiente.
Paso ahora a hablar de los vestigios, que ha sido también motivo de discusión en esta Cámara y de aprobación de los correspondientes artículos en la ley. Como saben ustedes, en lo relativo a la retirada de símbolos franquistas y siempre con
el debido respeto al patrimonio arquitectónico, se está procediendo a esta retirada de forma constante en todos los organismos donde la comisión técnica de expertos determina que es posible hacerlo. Puedo indicarles que la comisión técnica
dependiente del Ministerio de Cultura ha finalizado sus trabajos y que el informe sobre la retirada de estos vestigios en el marco de la Administración General del Estado ha terminado. Desde su creación, la comisión ha analizado un total de 715
correspondientes a trece ministerios y a otros organismos de la Administración General del Estado a través de la documentación e imágenes facilitadas por los ministerios titulares, así como en algunos casos por exámenes in situ. Como balance,
quisiera indicar que tenemos la constancia de que se han retirado 570 de estos vestigios. El resto está en proceso de tramitación, bien porque se requiera un procedimiento administrativo largo -a veces son licencias municipales- o bien porque su
elevado coste aconseja posponer la actuación.
El tercer gran bloque de medidas al que me voy a referir son aquellas actuaciones distintas de las que la Administración del Estado podía hacer directamente sin un desarrollo administrativo de la ley o aquellas que exigían desarrollo
administrativo. Son actuaciones que en general ha llevado a cabo la Administración del Estado en colaboración con otras administraciones públicas. Entre estas medidas contempladas en los artículos 12 y 13 de la ley que vengo comentando destaca el
mandato de elaborar un protocolo para exhumaciones y un mapa que abarque todo el territorio español en el que se integren las localizaciones de los restos de las víctimas. Estas actuaciones, como sus señorías saben, requieren la colaboración del
conjunto de las administraciones públicas, fundamentalmente de las comunidades autónomas. Al mapa me referiré más adelante.
En cuanto al protocolo de exhumaciones, su elaboración fue encomendada al Consejo de Ministros, a la Oficina para las víctimas de la guerra civil y de la dictadura creada en el Ministerio de Justicia en diciembre de 2008.
El protocolo está
elaborado, fija un íter procedimental y los requerimientos técnicos, materiales y humanos para proceder de manera uniforme a las exhumaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, quiero recordar a sus señorías que, de acuerdo con la propia
ley, para su implementación es necesario un convenio con las administraciones autonómicas correspondientes, un convenio que aún no ha sido ratificado por el conjunto de todas ellas pero que en todo caso no evita que el protocolo esté vigente y que,
por tanto, las comunidades autónomas y las asociaciones que lo han adoptado como método de trabajo puedan llevar a cabo esas exhumaciones con un método reconocido desde el punto de vista científico.
Quisiera referirme a continuación a algunas medidas de carácter institucional. En este apartado y en desarrollo de esta colaboración quiero hablar de la constitución del Centro documental de la memoria histórica, con sede en la ciudad de
Salamanca, que tiene como función reunir, organizar y recuperar todos los documentos relativos al periodo histórico comprendido entre la guerra civil española y la Constitución de 1978 para facilitar el acceso a los fondos de los archivos públicos y
privados. Con este fin se han integrado en el centro documental, además del Archivo General de la Guerra Civil, otros fondos procedentes de adquisiciones a entidades públicas y privadas. En cuanto al Archivo General de la Guerra Civil Española, se
está elaborando una base de datos de todas las informaciones disponibles en los ficheros manuales. El fichero manual consta actualmente de aproximadamente 3.500.000 fichas, de las cuales se han tratado 1.800.000. Esta es una información que está
disponible para cualquier ciudadano o Administración que la requiera mediante la simple solicitud al centro. Por otra parte, se han desarrollado hasta el momento distintos programas de adquisición de fondos documentales del periodo 1936-1978. Me
gustaría destacar a modo de ejemplo el fondo de la guerra civil del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Ginebra. Son cerca de 300.000 documentos que por primera vez han sido cedidos en forma de copia digital y se han incorporado a los
fondos del Estado.
Como tarea complementaria a esta labor que vengo destacando del centro documental me gustaría señalar la actuación que ha desarrollado el Ministerio de Cultura dirigida a la elaboración de bases de datos relacionados con la memoria histórica
que permitan la identificación exhaustiva de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Este trabajo ordena toda la información que se encuentra dispersa en distintos archivos estatales, para lo cual se ha
solicitado la pertinente información, y es una base de datos que cuenta en este momento con más de 750.000 nombres y referencias documentales.
Estimamos que cuando esté completo constará de una cifra cercana a cuatro millones.
Como saben sus señorías, el Ministerio de la Presidencia ha aprobado durante estos años cinco convocatorias para la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones, sindicatos, agrupaciones de personas físicas y desde el año 2010
también a universidades para el desarrollo de proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento moral de
las víctimas. Entre los años 2006 y 2010 hemos desarrollado cerca de 20 millones de euros dedicados a este objetivo que han ido dirigidos a 642 proyectos que desde muy diversos planos trabajan en la recuperación de la memoria histórica y el
reconocimiento moral de las víctimas. La convocatoria del año 2011 mantiene la misma cantidad que el año 2010. Me gustaría señalar que estas subvenciones son un mandato legal, están incluidas en la ley, pero sobre todo suponen un importante nexo
de colaboración entre Gobierno y asociaciones para la recuperación de la memoria y aunque van destinadas prioritariamente a exhumaciones, prospecciones o identificaciones, también han servido como instrumento para la recuperación de testimonios
orales, la elaboración de jornadas de distinto carácter pedagógico e histórico-científico o la dignificación de algunos lugares físicos.
Hasta aquí, señorías, el balance de lo que desde el Gobierno se ha realizado en aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Son un gran número de iniciativas, un número significativo de beneficiarios de este esfuerzo que ha sido
importante como lo son también sus resultados, con toda seguridad el mayor esfuerzo que se ha realizado en nuestro país para recuperar la memoria de quienes sufrieron persecución o violencia. Con ese fin, el Gobierno ha ido en algunos temas más
allá de lo exigido estrictamente por la ley. Me gustaría señalar que en el año 2008 creamos la oficina para las víctimas de la guerra civil y la dictadura en el Ministerio de Justicia, una oficina que ha trabajado con las asociaciones, que ha hecho
un excelente trabajo en estos años y gracias a la cual se han atendido 20.000 llamadas telefónicas, distintos correos y cerca de 350.000 visitas de otros tantos ciudadanos que querían recibir información en relación con la aplicación de esta Ley de
Memoria Histórica.
Finalmente, señorías, quisiera referirme brevemente a algunos puntos de la ley que están siendo analizados por el Gobierno en este momento y por tanto son trabajos pendientes que estamos desarrollando. Empezaré por el acceso a los archivos.
La Ley de Memoria Histórica garantiza el derecho de acceso a fondos documentales de interés para el estudio de la guerra civil y de la dictadura, sin embargo, esta norma no contiene ninguna indicación concreta en cuanto al procedimiento o las
condiciones de acceso a tales fondos; ello ha supuesto que estemos aplicando la regulación general sobre acceso y consulta de documentos depositados en archivos y registros públicos y archivos privados. El Gobierno ha recibido diversas peticiones
de historiadores, asociaciones y particulares para mejorar el acceso a los archivos, sin menoscabar naturalmente ningún derecho fundamental. Para atender esta petición y facilitar el acceso a esta documentación hemos comenzado a trabajar los
ministerios de Presidencia, Justicia y Cultura, de forma que esta Cámara dispondrá de un informe sobre las distintas posibilidades que deben ser necesariamente normativas, modificaciones de leyes para permitir este acceso solicitado, repito, por
historiadores, familiares y particulares en general.
En relación con un segundo tema pendiente, el del Valle de los Caídos, quisiera reseñarles dos asuntos. El primero de ellos ya lo conocen porque lo explicó detalladamente en esta Comisión el ministro de la Presidencia, y es el problema de
la seguridad que surgió en relación con la escultura de la Piedad; en este sentido ya hay planteada una solución para los problemas de seguridad, que está absolutamente garantizada. Otro asunto más complejo sin duda es el futuro del Valle de los
Caídos, es uno de los más complejos de los que se derivan de la Ley de Memoria Histórica. En el Valle de los Caídos yacen los restos registrados de 33.847 personas víctimas de uno y otro lado de la contienda, que desde 1959 hasta 1983 fueron
llevados en 491 traslados desde fosas y cementerios de prácticamente todas las provincias de España para ser depositados en columbarios individuales y colectivos. De los restos inhumados, 21.423 son de víctimas identificadas y 12.410 de personas
desconocidas de acuerdo con la documentación que consta en Patrimonio Nacional. En el templo, el lugar preeminente, al pie del altar, yacen también los restos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco. El Valle de los Caídos, es
evidente, es un lugar con un notorio valor histórico, probablemente el símbolo más importante de la dictadura franquista, pero es verdad, y esta Comisión lo discutió a fondo en la Ley de Memoria Histórica, que el Valle de los Caídos también es una
posibilidad para fijar un monumento, un lugar de memoria para unos y para otros, es decir, para el conjunto de los españoles. Así lo ha querido recoger la ley, que establece en primer término -y sus señorías lo conocen bien- que el Valle de los
Caídos se regirá por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos y que se prohibirán los actos de naturaleza política o de exaltación de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo. He
citado literalmente un artículo de la Ley de Memoria Histórica. Asimismo, la ley contempla que la fundación gestora incluirá entre sus objetivos, en primer lugar, honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la
guerra civil del año 1936 a 1939 y de la represión política que la siguió. En segundo término -dice la ley-, es un objetivo para el Valle de los Caídos profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales y,
finalmente, un tercer objetivo que la ley establece para el Valle de los Caídos es fomentar las aspiraciones de reconciliación y convivencia que existen en nuestra sociedad. Como comentaba anteriormente, se abre una oportunidad para que el Valle de
los Caídos conserve su condición de lugar de memoria, pero dentro del espíritu de reconciliación y de respeto al pluralismo que se incluye en nuestro pacto constitucional. En este sentido les quiero indicar que el Ministerio de la Presidencia está
trabajando en la elaboración de un real decreto para crear una comisión de expertos -se está hablando con los
distintos grupos parlamentarios- que formulen propuestas concretas para el futuro del Valle de los Caídos en el marco de los preceptos legales que acabo de comentar y que sus señorías conocen bien.
Sobre el Valle de los Caídos hay también demandas particulares que solicitan la exhumación de los restos de sus familiares. Hoy puedo informarles de que el informe forense encargado por el Ministerio de Justicia señala que la identificación
de estos restos es de una complejidad extrema; creo que podemos afirmar que va a ser prácticamente imposible. Puedo anunciarles que para comunicar a las asociaciones interesadas en las correspondientes exhumaciones los resultados de este informe
forense, mañana mismo el ministro de la Presidencia se reunirá con once familiares de las víctimas a los que explicará personalmente -repito- las conclusiones de este informe forense, que dice que la identificación de los restos es de una
complejidad extrema. Va a ser prácticamente imposible realizarla.
Termino haciendo referencia a dos temas más; uno es la creación de un portal web de la memoria histórica que hemos desarrollado en el marco del Ministerio de la Presidencia. A lo largo de esta exposición creo que se ha demostrado que uno
de los mayores retos a los que nos enfrentamos es la ingente cantidad de datos de los que estamos hablando; constantemente nos referimos a miles de víctimas y familiares, a decenas de archivos, a bases de datos y fuentes documentales, también a
instituciones y administraciones implicadas, a la colaboración con organismos nacionales, internacionales e incluso transnacionales. Ello explica que una de las críticas reiteradas a la ley que hemos tratado de salvar con el trabajo que vengo
desarrollando ha sido justamente el de acceder a toda esta información. Para atender a esta demanda de información y hacerlo de manera exhaustiva, el Gobierno ha desarrollado lo que denominamos el portal de la memoria histórica, un portal en el que
ha trabajado esencialmente el Ministerio de la Presidencia bajo el impulso personal de su titular, Ramón Jáuregui. El portal, en el que se podrá acceder a la información sobre la ley, a los debates parlamentarios, a todos los archivos, al mapa de
fosas -al que aludiré en el último punto de mi intervención-, a vestigios, prestaciones, subvenciones o enlaces con las páginas de las comunidades autónomas que se relacionan con todo este asunto, repito, es un portal en el que creemos haber
recogido toda la información de la que dispone la Administración del Estado para ponerla a disposición del conjunto de los ciudadanos. Hemos procurado que la página sea de sencillo manejo, que se pueda acceder con facilidad por tanto, y ya les
puedo indicar que mañana a lo largo de la mañana procederemos a abrir este portal para la consulta por parte de aquellos ciudadanos o instituciones que quieran acceder a toda esta documentación.
Termino hablando del mapa integrado de localización de restos. Saben ustedes que este mapa que debemos hacer en la Administración del Estado porque así lo consigna la Ley de Memoria Histórica, es un mapa que nunca hubiéramos podido terminar
-mañana se colgará en la página web a la que vengo haciendo referencia- si no hubiera sido por la colaboración de las distintas comunidades autónomas y de las asociaciones -más de noventa- de recuperación de la memoria histórica. Por tanto, a la
hora de referirme a este mapa, tengo que comenzar obligadamente expresando mi agradecimiento a todas ellas. Es un mapa -repito- que se hace por imperativo de la ley, un mapa que viene a completar el de algunas comunidades autónomas, que ya lo
tienen publicado en sus respectivas páginas web informativas. ¿Qué aporta este mapa, este nuevo recurso? Primero, como es evidente, tratamos de vertebrar y unificar la información procedente de las distintas administraciones públicas,
estableciendo de acuerdo con todas ellas, con las que han querido colaborar con la Administración del Estado, una metodología y un documento común, que es el que mañana pondremos a disposición de los ciudadanos y de aquellas instituciones
interesadas a través de la página web que acabo de comentar. En el ámbito de la Administración General del Estado, la confección del mapa se encomendó a la Oficina para las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, a la que me referí antes,
oficina con la que han colaborado asociaciones y comunidades autónomas. Es un mapa que ha permitido incorporar de forma singular la documentación existente en el Valle de los Caídos a la que me referí anteriormente, una documentación que con el
convenio firmado con Patrimonio Nacional hemos podido estudiar, digitalizar y grabar y que en este momento hemos podido integrar en el mapa correspondiente; una documentación referida, como les decía, al número de personas que están en este momento
enterradas en el Valle de los Caídos. Finalmente quisiera decir en relación con el mapa que, evidentemente, se trata de un instrumento en constante evolución, que no es exhaustivo ni mucho menos -no tenemos todos los datos-, que no está concluido
de forma definitiva y que a medida que las correspondientes investigaciones históricas sobre las comunidades autónomas avancen se producirán las oportunas incorporaciones, de forma que estamos ante un instrumento que tiene que sufrir una continua
actualización. Esa es la pretensión de la Administración del Estado.
Termino, señor presidente, señoras y señores diputados. Estas son las actuaciones más relevantes del Gobierno en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Soy consciente de que una parte de sus señorías no comparten ni las motivaciones ni
los objetivos de la ley, con lo cual me apresuro a adelantar que, probablemente, serán críticos también con las acciones que el Gobierno ha tenido para su desarrollo. Soy asimismo consciente de que hay quien piensa que en esta ley deberíamos haber
ido más allá. A unos y a otros quiero decirles en este final de mi intervención que, aunque consideremos legítimas estas posiciones y podamos comprender que no todo el mundo esté con el texto de la ley, aspiramos a conseguir consensos amplios en el
desarrollo de la misma y con la finalidad de facilitar este consenso, quisiera
acabar esta intervención con algunas reflexiones de carácter general. La primera, como vengo reiterando en esta intervención, es que esta Ley de Memoria Histórica no es una ley contra nadie, sino a favor de muchas personas, una ley de todos
porque pertenece a la historia compartida de nuestro país, a los momentos brillantes y también a los más oscuros.
Estaremos todos de acuerdo en que uno de los logros de estos años de democracia ha sido justamente nuestra capacidad para amparar a
las víctimas de la violencia, de todo tipo de violencia. Esta ley supone la extensión de esta actitud cívica a quienes por unas u otras razones nunca recibieron este reconocimiento. Creo, señorías, que ningún ser humano debe permanecer enterrado
en una cuneta, ningún ser humano merece que al horror de su muerte se sume la indignidad de su tumba y sus hijos y sus nietos, sus familiares, tienen el derecho a conocer las circunstancias en las que murieron sus seres queridos y, por supuesto, el
derecho a enterrar a sus muertos. Este es uno de los objetivos de la ley, objetivo que se enmarca plenamente en el espíritu de nuestra Constitución, que cerró un capítulo de nuestra historia política y abrió otro en el que llevamos por suerte
viviendo muchos años, un capítulo que, entre otras cosas, se basa en la reconciliación; reconciliación a la que esta Ley de Memoria Histórica pretende también servir.
Es una ley que no abre heridas, al revés, lo que ha hecho ha sido contribuir a cerrar algunas que seguían abiertas. Pienso que es una ley que es síntoma de madurez y de buena salud democrática, en definitiva, señorías, es una ley que no
pretende hacer ningún juicio histórico, pero sí justicia. No impone una memoria determinada, como se recoge en el preámbulo de la ley, ni pretende reescribir la historia, sino que viene sencillamente a compensar los efectos de muchos años de un
silencio impuesto, de una memoria selectivamente dolorosa, de un olvido forzado.
No enfrenta a unos contra otros; es una ley de todos porque toda la sociedad gana cuando se reconoce la dignidad de algunos de sus miembros.
Por eso quisiera
terminar subrayando que lo único que esta ley pretende remover es la injusticia, que lo único que quiere remover es la discriminación que sufrieron tantas y tantas familias, que lo único que quiere remover es el dolor de quienes décadas después de
aquella terrible guerra y de la represión de la dictadura aún no pueden disponer de los restos y en muchos casos ni tan siquiera de la memoria de sus familiares.
Señorías, setenta años es tiempo más que suficiente para abordar este ejercicio de reparación sin que ello signifique -de hecho, no lo ha significado- revivir antiguas y dolorosas divisiones entre españoles, porque solo asumiendo nuestro
pasado, con sus luces y sus sombras, podremos encarar el futuro. Les agradezco su atención en esta intervención.
El señor PRESIDENTE: Daré ahora la palabra a los grupos parlamentarios que quieran manifestarse, comenzando por aquellos que han presentado la iniciativa para esta comparecencia. He citado con anterioridad al Grupo Popular y he omitido por
error al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana - Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que también ha presentado la solicitud. En primer lugar, tiene la palabra -me han comunicado que querían repartir el tiempo entre dos miembros
del grupo- don Arturo García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Efectivamente, mi grupo va a hacer una división del tiempo disponible habida cuenta que en la comparecencia el señor vicepresidente primero del Gobierno ha tratado dos temas dispares; uno referente a líneas de
política general y otro al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Yo me voy a limitar, con la brevedad del tiempo disponible, al primero de los aspectos citados. Empezaré diciendo que agradezco al señor vicepresidente primero su comparecencia
en esta Comisión, sin dejar de señalar al mismo tiempo que esta se produce después de una petición que nosotros hicimos el 22 de octubre de 2010 -él tomó posesión como vicepresidente primero el día 21-, es decir, algo más de seis meses más tarde de
lo que pretendíamos que fuera la comparecencia para que explicase las líneas generales del departamento. Tampoco quiero dejar de señalar que esta comparecencia se produce, seguramente por casualidad, en vísperas de unas elecciones autonómicas y
municipales de primera magnitud. Quiero pensar que no es este el momento determinante por el cual ha venido, pero no dejo de señalar esa circunstancia en la cual esta comparecencia se produce.
Entrando en lo que ha sido la intervención y en lo que nosotros pedíamos, el señor vicepresidente se ha limitado a establecer una línea general respecto de lo que él entiende como coordinación de política legislativa, señalando dos aspectos
fundamentales, en el sentido de que toda esta política legislativa del actual Gobierno va dirigida a las reformas del sistema productivo con la finalidad de crear empleo, empleo de calidad, y ampliar los derechos de los ciudadanos, que se trata de
un proyecto reformista y, en definitiva, de un proyecto adecuado o conforme con la situación actual que vivimos. Señor vicepresidente, nosotros -lo sabe bien- no compartimos esta idea. El Gobierno, del cual usted es vicepresidente primero y
ministro del Interior y ha sido persona destacada en lo que va de legislatura, no se ha caracterizado precisamente por ser un gobierno con un proyecto claro y determinado en orden a la creación de empleo. Más bien pensamos -la exposición que usted
hace tiene esta falta- que el Gobierno ha hecho un proyecto sin una idea clara de hacia dónde íbamos, más allá del acierto o no en detectar a tiempo la situación que se avecinaba. Es un Gobierno que ha legislado y sigue legislando a impulsos, con
improvisación, y la prueba es que los distintos proyectos que van saliendo adelante muchas veces no han venido determinados tanto por un proceso de reflexión por parte del Gobierno sino por imposición de las autoridades europeas, que son las que han
venido a establecer unas determinadas líneas. Eso ha llevado, a nuestro juicio y al de otros grupos parlamentarios,
a que en España no se esté produciendo el fenómeno del crecimiento económico en los términos que debería producirse y que se está produciendo en otros países, y también ha determinado y está determinando la falta de creación de empleo en
condiciones suficientes para salir de la crisis y que desaparezcan las cifras de paro o desempleo que actualmente tenemos. No vale, como se decía esta mañana, que en algún momento determinado, como el actual, se haya producido un repunte del
empleo, porque la tónica general que nos demuestra la encuesta de población activa a lo largo de este tiempo ha sido de una pérdida constante del empleo. Además, esto se produce por una auténtica descoordinación entre las distintas áreas,
especialmente las áreas económicas del Gobierno y en alguna que tiene una máxima responsabilidad, como se ha visto últimamente en alguna de las actuaciones del propio presidente del Gobierno. Cito una para que le sirva de referencia. El anuncio
hace escasas fechas en China del presidente del Gobierno sobre un gran aporte de activos financieros, que tuvo que ser inmediatamente desmentido, o lo que está sucediendo en estos momentos con la información o desinformación que se produce entre
ministerios, como Defensa, Asuntos Exteriores o Interior. Esto demuestra, en definitiva, a diferencia de su previsión de que es un Gobierno al que le queda por delante todavía un tramo de legislatura, que es un Gobierno completamente agotado. En
este momento se mantiene el Gobierno por la próxima cita electoral, pero ustedes, en su fuero interno, también están convencidos de que este Gobierno ha terminado su andadura y va a durar poco o más allá de las elecciones municipales y, si me apura
usted, un poco más allá del verano.
Pero no nos adelantemos haciendo pronósticos que a lo mejor no se van a cumplir y vayan a tener ustedes razón y lleguemos al final de la legislatura. Visto como ocurren las cosas en el patio socialista, no me
atrevería a hacer esa afirmación, pero puede suceder porque todo es posible en política. Hay una razón por la que le señalo esto. Usted decía que tenía la seguridad de que iban a encontrar los apoyos pertinentes. En lo que va de legislatura
ustedes han gobernado y siguen gobernando con muy pocos proyectos legislativos -solo hay que ver el 'Diario de Sesiones'-; no es una legislatura pródiga en creación legislativa. En lo que sí ha sido pródiga es en reales decretos-leyes; es el
Gobierno que más reales decretos-leyes ha establecido. Y ha sido también pródiga -llevamos ochenta hasta el momento actual y puede que me falte alguno- en vetos del Gobierno a iniciativas, lo que no deja de ser significativo. Es decir, es un
Gobierno que en sus mejores momentos está gobernando con reales decretos-leyes y con vetos del Gobierno y en los momentos actuales y por las recientes declaraciones de algunos otros grupos políticos parece que mucho apoyo no van a conseguir. De
todas maneras, vuelvo a decirle que la política es el arte de lo posible y muchas veces no se sabe qué puede pasar. Nosotros creemos que este Gobierno está agotado, que no tiene coordinación alguna, que el momento final ha llegado y, por tanto,
poco podemos decir al respecto. Este Gobierno finalizó y vamos a esperar hasta después del verano para ver si se cumplen sus previsiones o las que yo le hago en este momento.
El señor PRESIDENTE: En el mismo turno tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor vicepresidente, muchas gracias por su presencia aquí y por su explicación. Me ciño exclusivamente al otro ámbito de su comparecencia, el de la conocida como Ley de Memoria Histórica. Ha dicho usted, señor
vicepresidente, que el antecedente más remoto de esta ley hay que verlo en la resolución que aprobó por unanimidad esta misma Comisión Constitucional -esta misma en cuanto a institución- el 20 de noviembre del año 2002. El 20 de noviembre no es una
fecha cualquiera, no fue fruto del azar, iba implícito en esa fecha el deseo de enfatizar la voluntad de consenso y de por consenso mirar hacia delante con espíritu de reconciliación. Me permito recordarle, señor vicepresidente, que en aquella
legislatura gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta. Usted es un veterano político y parlamentario y, por tanto, sabe muy bien lo que le quiero decir con eso.
Cuando un Gobierno -usted ha formado parte de muchos gobiernos- tiene mayoría
absoluta puede imponer democráticamente a los demás, aunque normalmente no es bueno, esa mayoría legítimamente conseguida porque los ciudadanos se la han dado en las urnas. El Gobierno del Partido Popular y el Grupo Parlamentario del Partido
Popular y quien nos preside hoy como presidente de la Comisión Constitucional tuvieron una parte muy activa en la consecución de aquel consenso. Yo era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y sabe el señor Rubalcaba que eso fue el fruto
del trabajo y la buena voluntad de muchas partes, que consideraron que había una asignatura pendiente y que debíamos intentar aprobarla entre todos. Ya que habíamos sido capaces de culminar la transición de una manera ejemplar con el pacto
constitucional consiguiendo aprobar una Constitución de consenso, una Constitución de concordia, de reconciliación, que habíamos sido capaces de conseguir una Constitución que no gustó del todo a nadie, lo cual era magnífico, porque nadie se podía
apropiar de ella, en la medida que no gustaba del todo al cien por cien podía ser considerada la Constitución de todos. Por tanto, convenía avanzar en un aspecto muy sensible, como es el que nos ocupa, con voluntad de consenso.
En el año 2002 ya habían pasado muchos años desde la aprobación de la Constitución; se habían sucedido muchos gobiernos, gobiernos de UCD primero, gobiernos del Partido Socialista durante largos años y, en aquel momento, teníamos un
Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, y fue en ese momento cuando se aprobó esa resolución a la que el presidente actual de la Comisión Constitucional, señor Guerra, me ha oído
referirme en la pasada legislatura con añoranza cuando los debates de la Ley de Memoria Histórica. Pero usted ha dicho a continuación: Segundo referente, ya no tan remoto, pero consecuencia del anterior; 1 de junio de 2004, proposición no
de ley aprobada por esta Cámara. Ahí ya no había consenso, señor vicepresidente, algo cambió. A continuación usted ha dicho: Se aceptaron enmiendas de todos, se buscó el consenso y es una ley de todos. Le tengo que decir con todo respeto, señor
vicepresidente, que como deseo está bien, pero no ha sido así. No nos podemos engañar. De la misma manera que la ley tiene un título larguísimo y ha pasado, como usted muy bien ha recordado, a ser conocida como la Ley de Memoria Histórica, algo
falló cuando esa ley ha reabierto profundas heridas en el seno de la sociedad española, ha dividido profundamente a la sociedad española y, por supuesto, a esta Cámara. Si como usted ha dicho, y con razón, el antecedente era esa resolución de la
Comisión Constitucional y gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta y fuimos capaces de aprobarla por consenso, alguien deberá responder políticamente de qué es lo que no se hizo tan bien para que después pasara lo que ha pasado. Como yo
fui ponente de mi grupo parlamentario en esa ley puedo hablar con un especial conocimiento de causa. No se trata de llorar sobre la leche derramada y prefiero quedarme con lo que ha dicho al final, en la parte que me afecta, la Ley de Memoria
Histórica, y muy singularmente el Valle de los Caídos. Usted ha dicho que quiere desarrollar por consenso e ir avanzando en esa ley por consenso. Prefiero quedarme con eso porque, como es el futuro, usted tiene derecho como mínimo a que el
beneficio de la duda esté de su lado. En cuanto a lo que hace referencia a la exposición de lo que ha sido hasta ahora, tengo que decir que discrepo absolutamente. Pero más allá de que yo tenga una opinión y usted tenga otra, los hechos hablan por
sí mismos y es evidente que esa ley no la votó el Partido Popular como tal ley. Sí votamos artículos, y es verdad que participamos activamente en el consenso de un artículo de la misma, el artículo 16, que regula precisamente el Valle de los Caídos
y respecto del que el Grupo Popular y yo mismo participamos con el Gobierno y con otros grupos en un consenso que no fue total pero sí amplísimo. Eso es cierto, pero estrictamente a ese punto se limitó el consenso; ni una sola enmienda de este
grupo parlamentario fue aceptada y tengo que decirle que como ponente no se me llamó ni tuve ocasión de la más mínima interlocución política en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. No creo que a la vista de eso se pueda decir que
fuera una ley que buscó el consenso, una ley de todos.
Es una pena, porque creo que se podrían haber conseguido los objetivos que se pretendían con consenso y sin reabrir heridas. La prueba está en que el 20 de noviembre del año 2002, insisto, se aprobó aquella resolución por consenso. Y no
solo eso, sino que desde el mismo comienzo de la transición, y usted, señor vicepresidente, conoce muy bien la transición, quizá seguramente no tanto -yo tampoco, por supuesto- como don Alfonso Guerra, pero la conocemos, desde el comienzo de la
transición se han ido aprobando -lo sabe muy bien- importantísimas normas con gobiernos de UCD, con gobiernos del Partido Socialista, con gobiernos del Partido Popular que han ido avanzando en el espíritu de la Ley de Memoria Histórica, es decir,
reconocer y ampliar derechos, eliminar situaciones injustas, agravios, etcétera. Yo tengo aquí una relación de las más importantes, no es exhaustiva. La Ley 46/1977, de 15 de octubre, es la más emblemática, podríamos decir que es la ley de
partida, la Ley de Amnistía, con Gobierno de UCD; después hay un decreto con Gobierno de UCD del año 1978, de regulación de la situación de los militares profesionales que tomaron parte en la guerra civil en el ejército de la República, modificado
por Ley 10/1980, de 14 de marzo, Gobierno de UCD; Ley 5/1979, de 18 de septiembre, que reconoce pensiones, asistencia médica, asistencia social, etcétera, a fallecidos en el bando republicano de la guerra civil. Todas estas normas se aprobaron por
absoluto consenso, emanación del consenso constitucional. Ley 35/1980, de 26 de junio, para el reconocimiento de derechos sociales de mutilados de la República, con Gobierno de UCD.
Después, con gobiernos del Partido Socialista, de algunos de los
cuales usted formó parte, se aprobaron distintas normas con diversa jerarquía normativa -leyes, decretos-leyes, decretos- que no crearon la más mínima conflictividad, y todas ellas -lo he repasado- fueron apoyadas por el Partido Popular, señor
Rubalcaba.
Ha citado usted de manera particular una en la pasada legislatura, la de los niños de la guerra. Yo fui ponente también de esa ley y acompañé al ministro de Trabajo, señor Caldera, junto con el resto de ponentes de grupos parlamentarios a
Moscú. Estuvimos en Moscú en el centro que acoge a los llamados niños de la guerra, en este caso niños de Moscú. El ministro de Trabajo de la época, señor Caldera, nos pidió que pudiéramos facilitar la tramitación de ese proyecto de ley mediante
el trámite de urgencia. Se lo concedimos; se aprobó por unanimidad; todavía no habíamos llegado a la Ley de la Memoria Histórica. Hubiéramos podido seguir en esa senda perfectamente, señor vicepresidente, porque los hechos lo demostraban.
Repito, incluso en la pasada legislatura una de las leyes más emblemáticas -la que usted ha citado- la aprobamos por unanimidad, facilitando además, como nos pidió el ministro, la tramitación urgente, con lo que eso significa de consensos precisos
en la Mesa, Junta de Portavoces, etcétera. Todo eso se consiguió, pero llegó un punto en que ya dejó de ser así y creo que lo hemos padecido todos, el conjunto de la sociedad española. Sé que sobre esto evidentemente hay sensibilidades y opiniones
distintas porque la sociedad española es plural; yo le expreso la nuestra ya que, por desgracia, no podemos compartir ese deseo suyo de lo que hubiera podido ser -porque hubiera podido ser-, de lo que en nuestra opinión habría sido deseable que
hubiera sido, pero que, por desgracia, no ha sido. Insisto,
deseo quedarme con la manifestación de voluntad política que usted ha planteado en esta comparecencia, señor vicepresidente, de que desde su actual responsabilidad desea avanzar en el desarrollo reglamentario de la ley por consenso. Quiero
recordarle que nosotros votamos varios artículos aunque solo participamos en el consenso del 16; votamos los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 17 y 18. ¿Sabe cuáles? Todos los que iban en la línea de ampliar prestaciones, de reconocer derechos. Todos
esos, a pesar de que no se aceptó ni una sola de nuestras enmiendas, que eran enmiendas de carácter técnico que desde nuestra posición pretendían mejorar y precisar mejor técnicamente el contenido de esos artículos. No se nos aceptó ni una sola
enmienda y, aun así, los votamos favorablemente. Creo, por tanto, que alguna autoridad moral tenemos para decirle lo que le estoy diciendo.
Concluyo, señor presidente, que con razón me hace señas de que se acaba el tiempo. Nos ha dicho que el Ministerio de Presidencia está trabajando en la elaboración de un proyecto de decreto con la finalidad de que el Valle de los Caídos
pueda ser reconocido como ámbito de reconciliación entre el conjunto de los españoles. Con ese objetivo estamos totalmente de acuerdo, pero, señor vicepresidente, estará de acuerdo conmigo en que en todo caso habrá que hacerlo con plena sujeción a
la Ley de Memoria Histórica. Quiero decir que ese artículo 16 que ha citado fue en el único consenso que participamos, y la disposición adicional sexta no la votamos porque sinceramente creemos que entra en contradicción in terminis con el artículo
16, salvo en lo relativo a la reconciliación, teniendo presente además que la fundación gestora del Valle de los Caídos tiene sus estatutos y normas de aplicación, que son de carácter paccionado. Usted sabe que, por ley, no se pueden modificar los
estatutos o las normas de funcionamiento de una fundación particular porque eso va contra el ordenamiento jurídico, las leyes particulares o singulares, lo cual conviene tener en cuenta. Ahora bien, usted ha anunciado que existe ese trabajo en
elaboración por parte del Ministerio de Presidencia y al mismo nos remitimos. Va a encontrar en nosotros voluntad de consenso si efectivamente se busca ampliar la reconciliación y que esa institución sea más visible como institución de
reconciliación que de división, siempre que no se desnaturalice lo que dice el artículo 16 en el sentido de que es un lugar de culto y un cementerio público y que la política de cualquier signo, de cualquier extremo y de cualquier radicalidad, queda
extramuros del Valle de los Caídos, que es lo que pactamos. Con ese espíritu y si me permite la expresión sin salirnos de esas líneas rojas, hay ámbitos para circular conjuntamente y conseguir el consenso que no fue posible ampliar en el
desarrollo, en el debate y en la aprobación de la ley.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, donde han solicitado también el reparto del tiempo, tiene la palabra en primer lugar el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor vicepresidente, muchas gracias por su comparecencia, por su información. No voy a gastar mucho tiempo en relación con la primera parte de su intervención, solo quiero decirle que mientras hacía usted uso de
la palabra yo iba cotejando lo que decía con lo que en su día dijo su antecesora en el cargo al inicio de la presente legislatura en cuanto a los compromisos respecto a iniciativas legislativas y compruebo que ha hecho usted una antología
legislativa, que es una cosa muy distinta en la medida en que en los compromisos que adquirió la señora De la Vega estaba desde la reforma constitucional, de la que nunca más se supo; en cuanto al desarrollo reglamentario estaba la Ley de Memoria
Histórica pero también el patrimonio incautado a los partidos de la Ley de Asociaciones; en el capítulo de derechos fundamentales, del que luego hablaré, estaba la reforma de la Ley de Libertad Religiosa; en el capítulo de perfeccionamiento del
Estado autonómico estaba la consolidación de la Conferencia de presidentes, así como medidas para disminuir la litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas o la renovación de algunos órganos constitucionales. Es decir, el balance
francamente deja mucho que desear y no se compadece exactamente con lo que usted ha dicho porque, en todo caso, decía que el Gobierno se sentía razonablemente satisfecho de todo ello.
Dicho esto, señor vicepresidente, para desgracia de todos, el signo de la presente legislatura ha sido la crisis económica. En este contexto creemos que no hay mal que por bien no venga. Lo digo porque este es un contexto que ofrecía al
Gobierno, y al grupo que le da apoyo en esta Cámara, la oportunidad de desarrollar un intenso programa que usted ha dicho reformista -podríamos decir socialdemócrata- en materia de derechos fundamentales, de libertades públicas, de laicidad, de
igualdad y también en el terreno de la memoria histórica, particularmente para acabar de metabolizar, al menos en esta legislatura, una parte de nuestro pasado totalitario, usted ha dicho de las horas más adversas de nuestra historia más reciente.
Creemos sinceramente que el Gobierno ha ido en esta legislatura, a pesar del relato que usted ha hecho, con el freno de mano puesto. Es un esquema muy similar, análogo a lo que está sucediendo, por ejemplo -me dirá usted que es muy distinto, pero
tiene algún punto de contacto-, en el tema de la pacificación y la normalización política en el País Vasco. A ustedes les atenaza el Partido Popular, la derecha mediática, el miedo al que dirán y no sé si a veces actúan con un auténtico cálculo
electoral. Lo cierto es que ese programa legislativo socialdemócrata y reformista, que, por cierto, en la anterior legislatura ustedes desarrollaron de forma intensa también con la colaboración de Esquerra y de nuestro grupo parlamentario, en este
momento languidece.
Concretamente, en relación con la memoria histórica no se puede pasar página sin antes haber leído. Parece que es un aforismo, creo que bastante feliz, que no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho de reescribir la memoria. Lo digo
porque se impone de forma creciente en los últimos tiempos un cierto revisionismo, incluso un cierto negacionismo y se impone esa doctrina de la reconciliación que me recuerda aquello que resumía Felipe de restañar las heridas, que quería decir
básicamente un pacto tácito para no reabrir una parte de nuestro pasado, un poco dando alas a la tesis del Partido Popular. Es decir, la memoria histórica es sinónimo de alentar la venganza y, por tanto, ello no conviene y, en definitiva, lo que
ustedes hacen es mantener al ralentí esta cuestión.
Pero, señor vicepresidente, para restañar o para cerrar la heridas, como usted ha dicho -yo no entiendo mucho, no soy médico, usted es doctor químico y seguramente sabe mucho más que yo-, hay que
limpiar y hay que cauterizar la herida antes porque, si no, si se cierra, acaba supurando.
¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha habido un juez de la Audiencia Nacional que ha llegado a instruir una causa general contra el franquismo y ese es el
síntoma más evidente de que hay algo que no funciona y de que hay una cierta voluntad de dar carpetazo y de que todo lo que está en el olvido y cuanto más profundo mejor es un buen dato. La pregunta es ¿acaso en Alemania, por ejemplo, el
conocimiento de la crueldad del nazismo ha reabierto algún tipo de heridas? ¿O en Francia los homenajes que ha habido repetidamente a la resistencia han sido un acto de venganza contra los colaboracionistas del Gobierno de Vichy? ¿O los monumentos
que hay en todo el este de Europa a los partisanos es un acto de venganza también, se revuelven contra alguien del pasado? Nosotros, sabe usted -y estaba usted en esta Cámara como portavoz-, ya juzgamos en su día la Ley de la Memoria Histórica como
una ley insuficiente por muchos motivos, pero básicamente porque era un edificio legal cimentado sobre la ambigüedad de esa transición, no de la legalidad internacional, sino de esa particular o singular doctrina de la reconciliación que emana de la
transición, como ahora recordaba el señor Fernández Díaz, entre otras cosas, porque la ley ya obviaba hablar de crímenes, calificar algunos de ellos como crímenes contra la Humanidad o incluso esa diferencia muy singular entre las víctimas de antes
y después de 1968 o porque no se reconocía el derecho a la verdad o porque no se restituía íntegramente todo el patrimonio incautado o expoliado; es decir, por muchas razones. Pero es que hoy algunas de las fuerzas políticas que están presentes en
esta Comisión que dieron apoyo al Gobierno e incluso un universo muy amplio, un espectro amplísimo de entidades que trabajan en el campo de la memoria histórica no suscriben la ley. Luego pondré algún ejemplo de su desarrollo que lo justifica, pero
básicamente a la luz de ese desarrollo más bien pusilánime que ha hecho el Gobierno, si me permite la expresión y con el debido respeto. Por ejemplo, hoy lo relevante en una cuestión que usted ha citado como es la nulidad o la revisión de los
juicios -por ejemplo, el caso de Lluís Companys- es que esta es una herida que todavía está sangrando. Cito el caso de Lluis Companys, pero podría citar el caso Peiró, el caso Puig Antich, el caso Grimau o muchos otros casos análogos, porque usted
decía que no hay nada más importante en un Estado de derecho que una declaración de ilegitimidad como la que incluye la ley. Por cierto, se trata de un invento insólito de nuestra ley que no está en ninguna parte, porque en un Estado de derecho lo
que se hace es anular y, por tanto, dejar sin ningún efecto jurídico una sentencia. Eso o lo hace una ley o lo hace un tribunal, no un certificado por la vía administrativa expedido por un ministro como el de Justicia. Quizá a usted eso le
satisfará pero a mucha gente no, e incluso no solo no les satisface sino que les duele y muchísimo. Pero es que eso no es lo peor; es que a instancia de ustedes el fiscal general del Estado ha invocado una doctrina por la cual esa declaración de
ilegitimidad es suficiente y, por tanto, no hay que instar ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo la revisión de ningún procedimiento. Es decir, ustedes que podían a través de la Fiscalía instar al menos la revisión de esos procedimientos
invocando una causa nueva, una prueba nueva, de forma sobrevenida han renunciado a hacerlo y ello para mucha gente es ofensivo.
Segunda cuestión. Vestigios, símbolos, nomenclátor. Hace poco días estuve en su Cantabria natal -por cierto, pasé por Solares y otros municipios- y comprobé con auténtico espanto, señor vicepresidente, cómo persisten todavía -y ahora cito
de memoria- la avenida del Generalísimo, como está General Mola, como está Yagüe, como está la División Azul, es decir, está presente en todas partes. Yo me quedé francamente asustado porque eso yo no lo he visto en ninguna parte. Es como si en
Berlín, señor vicepresidente, hubiera una calle dirigida a la Legión Cóndor, o como si hubiera cruces gamadas todavía en algunos edificios públicos en Alemania.
Es una cosa insólita. Eso es inconcebible en 2011 y, por tanto, no ha habido ese celo,
esa intención por parte del Gobierno en colaboración con la administración local para subsanar esa cuestión.
Acabo. Fosas y Valle de los Caídos. Creo que el Gobierno continúa sin una actitud activa y directa en relación con la localización de las fosas y la exhumación. Hay muchos hijos y nietos de humillados, torturados, asesinados por el
franquismo que siguen sin poder localizar y enterrar a sus familiares. Y el Gobierno en serio, en serio lo único que ha hecho -y usted lo ha citado recientemente y dice que mañana conoceremos las conclusiones que no son muy propicias- es iniciar
unos estudios forenses, que técnicamente se llaman catas. Lo ha hecho a hurtadillas porque tuvimos conocimiento de ello a través de un reportaje en Interviú para ver si es viable identificar los cuerpos en base a la solicitud, por cierto, a
instancia de nueve familias. Estamos ante simples prospecciones en las criptas para intentar comprobar el estado de los osarios y poca cosa más.
Valle de los Caídos. A pesar de lo que previene el artículo 16 de la ley, es verdad que no se han realizado en el recinto más actos de exaltación de la guerra civil ni de naturaleza política, pero no es hoy el Valle de los Caídos ni un
cementerio civil, como dice la ley, ni un simple lugar de culto, aunque ello ya es por sí solo preocupante. No sé qué hacen los benedictinos todavía allí oficiando, con el debido respeto para esta orden. Hoy el Valle de los Caídos es todavía un
mausoleo dedicado al dictador y a José Antonio y un lugar, por cierto, dedicado al estudio de la doctrina socialcatólica, que fue la que inspiró el franquismo, como usted sabe. Ni centro de homenaje a las víctimas, ni desagravio a los trabajadores
forzosos, ni una recuperación en serio de las víctimas que ahí están enterradas.
El señor PRESIDENTE: En el mismo turno tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Señor vicepresidente, muchísimas gracias por su comparecencia. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque me he perdido la mayor parte de sus explicaciones. Por tanto, no voy a poder profundizar en muchos
temas y pido disculpas de entrada si en algún caso hago alguna pregunta que usted ya ha explicado. Lo siento muchísimo, pero a los grupos pequeños a veces nos pasan estas cosas.
La comparecencia que usted hace aquí es a voluntad propia, pero también nuestro grupo había solicitado dos comparecencias en junio de 2009, hace dos años. Suponemos que durante estos dos años muchísimas de las cosas que a nosotros nos
preocupaban se han ido solucionando, y es lo que usted ha explicado. Algo he tenido ocasión ya de escuchar: el mapa de las fosas, el tema de los símbolos, un censo; algunas de las cosas que a nosotros nos preocupaban en el año 2009. Piensen que
pedíamos su comparecencia en 2009, pero, por otra parte, interpelábamos al ministro de Justicia en 2010 solicitando también la modificación de algunas de las cuestiones que, a nuestro entender, al entender de un grupo que sí votó esta ley y que
compartimos al cien por cien sus motivaciones y objetivos menos en un punto, el artículo 16 -justo el artículo que el Partido Popular sí consensuó-, eran necesarias. Hemos visto, después de más de tres años -desde el año 2007-, que hay algunos
temas de esta ley que merece la pena modificar para que dé buenos resultados. Uno lo ha mencionado el señor Ridao, el tema de las sentencias, el artículo 3, donde nosotros vamos a proponer una modificación en la idea de la nulidad de las
sentencias. En el artículo 11 también defendemos que haya un planteamiento más claro de acompañamiento por parte de la Administración a los familiares para que no se encuentren con la problemática -a lo que también me parece que hacía mención el
señor Ridao- de que haya familias desatendidas, sabiendo que algunos de sus miembros están en las cunetas y sin tener posibilidades de enterrarlos en condiciones, que es uno de los objetivos de la ley. Ahí nosotros vamos a pedir su modificación.
Por otro lado, pedimos -y tenemos la sensación de que en los últimos meses ha habido voluntad de mejorar la implantación de esta ley- que haya celeridad, más compromiso, más voluntad y, por tanto, más recursos económicos para que los objetivos que
se marcaba esta ley -que, como decía al principio, nosotros compartimos- sean una realidad.
En cuanto a la celebración o conmemoración de los ochenta años de la II República, es una generación que se nos está yendo y merece la pena que nos acordemos de ello y hagamos justicia.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra doña Ana María Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor vicepresidente, muchas gracias por haber comparecido. Yo le tengo mucho afecto, pero me ha dejado usted descontrolada, porque usted comparecía para dar las líneas generales de la política que va a
desarrollar al frente de su departamento y resulta que en el mes de diciembre el señor Jáuregui compareció aquí para explicar las líneas generales de la política que iba a desarrollar su departamento. La primera parte de su intervención ha sido
calcada de la del señor Jáuregui, excepto algún proyectito de ley nuevo o alguno que ha caído de los que dijo el señor Jáuregui. Eso fue lo primero que dijo y en la segunda parte de su intervención usted mismo ha dicho -y era lo que pensábamos
todos los portavoces que llevamos unos meses hablando con el señor Jáuregui- que eso era lo que le correspondía al señor Jáuregui como ministro de la Presidencia. No solo eso sino que en su intervención usted ha dicho frases como las que siguen:
tal como dijo el ministro señor Jáuregui en el mes de diciembre en la comparecencia en esta Comisión; las convocatorias que ha sacado el Ministerio de la Presidencia; lo explicó el ministro de la Presidencia; el ministro de la Presidencia está
elaborando el proyecto; en el marco del Ministerio de la Presidencia; el portal que va a presentar el ministro de la Presidencia. Me parece muy bien que estas sean las líneas maestras de la política que usted va a desarrollar, pero entonces
aclaremos cuáles son las líneas maestras que va a desarrollar el Ministerio de la Presidencia y que venga el ministro de la Presidencia y nos lo explique. Discúlpeme, pero creo que un vicepresidente del Gobierno y portavoz del Gobierno tiene que
venir sobre todo en línea política. Ya que el presidente del Gobierno no comparece en Comisión y este es otro tipo de Comisión, a unos meses -esperemos que amplios- de acabar la legislatura, creemos que debe venir a explicar cuáles son realmente
las prioridades en lo que queda de legislatura, los aspectos legislativos del Gobierno porque hay muchas cosas y, si nos ponemos a ver todas las que están, más las que están atascadas, más las que están presentes, esto es imposible. A lo mejor, en
relación con algunas iniciativas que han caído en cuanto a las prioridades que dijo
el Gobierno hace unos meses, debería decir claramente que en este momento no se considera una prioridad por el Gobierno. Eso es política y eso es línea política y me parece asumible. No voy a hacer leña del árbol caído porque además usted
me cae bien y me parece muy bien todo esto (Risas.), pero yo me quedo impactada.
Segundo asunto: Ley de Memoria Histórica, el Valle de los Caídos. Uno no sabe cuando usted está compareciendo lo que está diciendo, si uno habla de lo que ha estado hablando en las últimas semanas con el ministro de la Presidencia -y aquí
sí ya voy en serio-. No voy a entrar a fondo en el asunto, pero sí quiero decirle una impresión que le dije al ministro hace unas semanas. De toda la gente progresista con la que he hablado ninguno ha ido al Valle de los Caídos. Yo sí he ido y es
un sitio absolutamente siniestro. Yo recuerdo haber ido con mi hija, que tenía en aquella época siete años, y la niña decirme: mamá, vámonos de aquí que me da miedo. En cuanto a ese teoricismo de que ese sitio tan horroroso -porque mete miedo y
no es un problema de que esté Franco o José Antonio; es un problema del efecto de las luces, las puertas y las esculturas que hay; cómo es todo aquello, no tiene nada que ver con los que están allí enterrados- se tiene que convertir en elemento de
reconciliación, yo recomiendo a mucha gente que está teniendo ese discurso que vaya a ver aquello porque de verdad ni los entierros ni los que están allí ni que los saquen ni que los dejen, aquello no tiene arreglo y aquello no te sugiere
reconciliación en ningún caso. Yo creo que en este país tiene que haber realmente un centro de la reconciliación y de la memoria. Se lo digo como opinión de una de las pocas personas que hablan de este asunto y que ha estado allí, porque cada vez
que se ponen a discutir de este asunto lo pregunto y nadie ha ido allí. Recomiendo que hagan una excursión, lo vean y a lo mejor todos decidimos que el centro de la reconciliación y de la memoria en este país tiene que estar en un sitio digno,
agradable, que incite a la meditación y a la reconciliación, y dejarnos de otra serie de cosas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas. Ha hecho una intervención refrescante.
Por parte del PNV tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor Rubalcaba, también me va a tener que disculpar porque he tenido que ausentarme para intervenir y votar en otra Comisión. Después de ese calendario legislativo que nos ha anunciado y en el que ha hecho un
repaso de lo presentado desde la última remodelación del Gobierno y las intenciones que tienen, ha pasado a materias de memoria histórica. Le deseo mucha suerte en el calendario legislativo para lo que resta de legislatura. Ahí no voy a entrar,
pero sí voy a intentar hacer algunas matizaciones que no le van a sonar a nuevas porque ya he hablado en otras ocasiones sobre lo que nos parecía que quedaba por desarrollar y el impulso político necesario para desarrollar la ley, de lo que también
he hecho partícipe al señor ministro de la Presidencia no solo en foro parlamentario, sino también de manera privada.
Discúlpeme si alguna de las cosas que le voy a preguntar usted ya las ha anunciado. Me han llegado determinadas cosas que parecía que estaban bastante avanzadas y que las iba a enunciar. Discúlpeme si incido en algo que ya ha explicado
usted. Parece que el mapa de enterramientos ya está hecho o al menos el mapa de exhumaciones. Creo que ustedes ya han anunciado que va a ser público a través de la página web. ¿Se refieren a exhumaciones realizadas o es el mapa definitivo de
enterramientos donde están localizados? Quiero decir en la medida en que se conoce, porque de ambas cosas habla la ley en su artículo 12. Entiendo que también han avanzado en la configuración del protocolo. Ha pasado mucho tiempo y se ha seguido
haciendo cosas sin que un protocolo esté definido. Ese protocolo ¿ya está aceptado o está cerrado con las comunidades autónomas? Me imagino que, si ya lo tienen definido, se darán los pasos próximamente. Pero yo no sé si usted ha anunciado -si no
lo ha hecho así, le animaría a que el Gobierno lo hiciera- que, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 11.2 de la ley, el Gobierno elaborara un plan de trabajo de actividades de localización, identificación e impulso de los trabajos.
Evidentemente, los instrumentos que se van a poner ahora con el mapa de fosas van a ser importantes para la continuación de esos trabajos, pero, aparte de ese instrumento y de unas subvenciones que están ahí para que las asociaciones
correspondientes puedan utilizarlas para esas exhumaciones, yo pediría un plan de trabajo para impulsarlo. Es decir, dar un impulso político por parte del Gobierno, tener un plan que diga que vamos a ir así, que lo vamos a hacer en estas fases, que
nuestra idea sería que pudiéramos cumplimentarlo así y llegar a estos objetivos en estas fechas y de esta manera. Eso es lo que hasta el momento, al menos, hemos echado en falta.
Hay artículos en la Ley de Memoria Histórica que no dicen cosas porque no se quería que se dijeran. O sea, no es por arte de birlibirloque que algunas menciones desaparecieran, como ahora le voy a citar y es el caso, sino que, por acuerdo
de los grupos políticos que estuvimos implicados en la discusión de esa ley, decidimos eliminar determinadas frases, determinados vocablos; y en otros casos sucedió al revés, decidimos introducirlos. Esta cuestión de introducción de una mención
expresa es lo que sucedió en el artículo 15, que se refiere a símbolos y monumentos públicos: Tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas, otros objetos, etcétera. Y se introdujo a través del acuerdo político una
mención que decía expresamente: Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Se refería a aquellas instituciones o aquellos particulares que quisieran acceder a una ayuda pública, pero que no estén dando
cumplimiento a lo que dice la ley. Yo entiendo que dice podrá. Pero ahí es donde yo le pido un impulso político al Gobierno. Impulsémoslo. Hagamos que eso se pueda mover. No sé si las
medidas tienen que ser muy drásticas o poco drásticas, igual habrá que ir con mucho tiento, yo eso no se lo voy a negar; pero, si está hecha esa previsión en la ley, quizás sí es tiempo de explorarla ya que vemos que, si no, hay
determinados lugares en los que no se producen movimientos per se simplemente porque la ley lo diga.
Hay otro asunto sobre el que quisiera llamar su atención y sobre el que le pediría que el Gobierno pudiera también modificarlo. En concreto, se trata de una instrucción del 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
Notariados, sobre acceso a la consulta de libros de defunciones de los Registros Civiles. Cuando acordamos el artículo 22, usted recordará seguramente que había una mención expresa a dos cosas. Una, que había que justificar las razones que
llevaban al investigador a inquirir acerca de esos documentos, o bien una conexión familiar o bien que estaba realizando una investigación histórica sobre este asunto. Pues bien, eso lo quitamos. Dijimos: debe estar abierto a cualquiera, a un
investigador o interesado o particular. Y había otra mención, que era que se supriman los nombres de aquellas personas implicadas en determinados hechos a la hora de dar el documento concreto.
Si había habido un juez concreto; o si había habido
unos testigos concretos, el texto inicial de la ley decía que esos nombres debían aparecer tachados. Eso lo retiramos de la ley, conscientemente y con un acuerdo político. Pues vuelve a aparecer en esta instrucción, volvemos atrás otra vez. El
artículo 1 vuelve a exigir el interés legítimo fundado en la realización de investigaciones académicas o científicas sobre la guerra civil, franquismo, exilio o transición; y el artículo 3 dice que las notas simples informativas deben quedar
limitadas a datos abstractos, sin identificación individual de las personas. Yo sé cuál es la legislación ordinaria, pero sé también que lo retiramos porque entendíamos que esto iba a ir por otro cauce. Evidentemente, ¿a través de qué? A través
de la normativa de desarrollo que hiciera el Gobierno. Lo último que esperábamos es que hubiera una instrucción de la Dirección General de los Registros en el sentido que marca la ley ordinaria. Por eso yo le pediría que, si pudieran prestar
atención a ello, lo modificaran o adaptaran.
Aunque no quiero alargarme, quisiera hacer otra reflexión respecto al real decreto que usted ha mencionado, el Real-Decreto 1803/2008, que hace un desarrollo de la ley. Es curioso que asuntos que se habían dejado fuera y se habían dejado
fuera por consenso y porque se había dicho: esto mejor ni tocarlo; y algunos, incluso, se habían modificado de repente, en el decreto vuelven a aparecer. Yo entiendo que podamos tener discrepancias, pero también creo que ambos podemos tener una
base de razón para defender lo que defendemos. Quizá usted el decreto, tal y como está, y yo una concepción diferente del decreto. Había aquí dos temas. Uno, que cuando la Ley de Memoria Histórica hablaba de indemnizaciones por lesiones que
constituían incapacidades, etcétera, se refería luego al artículo 10. Le digo en concreto los artículos, es la disposición adicional cuarta, en relación con el artículo 10. En el consenso político se habló de que había que intentar hacer un
paralelismo lo más correlativo posible entre la Ley de solidaridad de víctimas del terrorismo y el desarrollo que se hiciera. ¿Por qué? Porque también las fechas a las que se hace mención en el artículo 10 no son baladíes: la del primer asesinato
de ETA y la Ley de Amnistía. Lo que nos encontramos sorpresivamente es que en el desarrollo del decreto hay supuestos que están incluidos en la Ley de solidaridad de víctimas del terrorismo, pero que están excluidos en estos casos. No incluye las
lesiones que constituyen incapacidad permanente total e incapacidad permanente parcial y las lesiones permanentes no invalidantes. Y las cuantías tampoco están igualadas. Eso no es lo que se había acordado.
Luego hay otras referencias. Usted recordará también que en el texto inicial de la ley se venía a decir que aquellas personas que hubieran fallecido o que hubieran tenido lesiones en defensa y reivindicación -se decía- de los derechos y
libertades constitucionales... Eso se quitó, porque creíamos que debía entenderse de una manera más amplia. ¿Qué dice la ley modificada? Dice: En defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos. ¿Con qué nos encontramos en la
legislación de desarrollo? Volvemos al texto anterior que había sido retirado a través de enmienda consensuada. ¿Qué alcance podrá tener? Probablemente menor, pero es significativo si a esto se une también otro asunto en el que probablemente
discrepamos; pero quiero que entienda mi argumentación, y estoy seguro de que sí porque sabe también quién le está hablando. Usted sabe que el artículo 2, segundo párrafo, punto primero, dice que no podrán causar estas indemnizaciones ni ser
beneficiarios de las mismas quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados. Eso no se decía en el texto de la ley. Y no se decía porque pensamos que eso era mejor no tocarlo. Téngase en cuenta también que la referencia que
aparece en la ley es la Ley de Amnistía. Por tanto, si la ley hubiera querido decirlo, lo hubiera dicho, y no se hizo expresamente -entiendo yo- porque el beneficio de la duda se le debe conceder a un Mario Onaindia, a un Teo Uriarte, a un Jon
Juarista, pero también a un Txiki y Otaegi o a un Puig Antich. Habíamos puesto la Ley de Amnistía como hito. Usted conoce perfectamente que se concede una indemnización, y la medalla también, a Melitón Manzanas, que había sido torturador en la
época franquista.
Nosotros recurrimos esa concesión. El recurso llega al Supremo, pero el Supremo dice: sí tiene derecho a la medalla este señor y a la indemnización porque no sabemos si este señor, al llegar al punto de amnistía, se hubiera
convertido en un gran demócrata y defensor de las libertades. Si esto se le reconoce a Melitón Manzanas, ¿por qué no se les puede reconocer a otras personas? Y sobre todo ¿por qué se hace a través del decreto de desarrollo cuando en la ley
expresamente no se había introducido? Entiendo que podamos discrepar.
Acabo, señor presidente, pero, como comprenderá, quiero dejar esto claro para que no se albergue ninguna duda sobre mis intenciones. Yo sé que el ministro lo sabe perfectamente, pero quizás alguna otra gente que esté escuchando no albergue
tan buenas intenciones como el ministro escuchando a esta persona.
Señor ministro, lo que le solicito es lo siguiente. Estoy seguro de que a algunas de las cosas que le estoy pidiendo se les va a poder dar impulso.
Han pasado ya cuatro años, deberían haberse solucionado, pero lo que le pido sobre todo es
impulso político. Vemos que se acude a los jueces para que ellos muevan y autoricen esta exhumación. Los jueces evidentemente lo pueden hacer, pero no hace falta que lo hagan ellos. Eso se puede hacer desde un impulso político desde el Ejecutivo.
Eso es lo que le pido.
Hagámoslo, y yo creo que daríamos una imagen más unida y más satisfactoria para el conjunto de la ciudadanía española.
El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor vicepresidente, por la información que nos ha trasladado en su comparecencia, que claramente tiene dos partes: una referida a las líneas generales de actuación como vicepresidente primero y
coordinador de la acción del Gobierno y la segunda referida a la llamada Ley de Memoria Histórica y a su desarrollo.
Sobre la primera parte haré una referencia muy breve porque, como ya se ha recordado por parte de algún otro portavoz, en el mes de
diciembre el ministro Jáuregui compareció ante esta Comisión y nos anunció el calendario legislativo del Gobierno, que era más modesto que su anuncio de cincuenta y cinco leyes de aquí al final de la legislatura. También nos ha comunicado que la
voluntad del Gobierno es agotarla hasta el final político y legal, esto es, el mes de marzo o quizás abril del próximo año. Nosotros estamos abiertos y dispuestos a analizar estas leyes. Es un horizonte ambicioso hablar de cincuenta y cinco leyes
hasta diciembre, hasta cuando habrá actividad parlamentaria, y es evidente que a estas cincuenta y cinco leyes que usted nos ha anunciado se debe sumar una ley más, que son los Presupuestos Generales del Estado, ley básica para la viabilidad del
conjunto de la legislatura. Esta legislatura se va a agotar con los apoyos parlamentarios que usted nos ha anunciado que es voluntad del Gobierno explorar y buscar con el conjunto de los grupos de la Cámara a partir de lo que alguien ha definido
como un par de legislaturas de geometría variable. Yo no sé si por definición la geometría puede ser variable, porque es geometría, pero continuaremos con la geometría variable en los meses que quedan. Seguiremos con atención estas propuestas de
ley, pero, sin ningún tipo de prejuicio -porque no se puede valorar sin conocer en profundidad-, usted nos ha anunciado la futura ley de igualdad y la futura ley para el final de la vida de las personas -con la anterior denominación de la ley, de
muerte digna-.
Nosotros no expresamos rechazo frontal a esta ley. Esperamos que sus textos y sus propuestas sean útiles y no sirvan para crear un maniqueísmo social y electoral muy propio de las rectas finales de legislatura, y algo de esto
sabemos del pasado y de la pasada legislatura.
Sin más, voy a la segunda parte de su intervención, la parte referida al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, coincidiendo con el Gobierno y discrepando con otros grupos parlamentarios,
da un gran valor a la nulidad de las sentencias dictadas por tribunales políticos durante la guerra civil y el franquismo, especialmente después de la resolución de la Sala de Fiscales del Tribunal Supremo que dio lugar a un decreto del fiscal
general del Estado. Los fiscales del Tribunal Supremo y el decreto del fiscal general del Estado hacían una lectura integrada de la Ley de Memoria Histórica a partir de algunas aportaciones de enmiendas pactadas entre el Grupo Catalán (Convergència
i Unió) y el Grupo Socialista, el grupo de la mayoría, integrando el artículo 3, donde se hace la declaración de ilegitimidad -usted ha leído la literalidad del artículo 3.1 y no me quiero reiterar-, la derogación de los tribunales ideológicos y
franquistas y, por si fuera necesario también, con una disposición derogatoria que hacía una referencia expresa a cualquier marco legislativo bajo el cual se dictaron las sentencias durante la guerra civil y el franquismo. Nosotros le damos un
valor definitivo. Tal como dice el decreto del fiscal general del Estado, el Poder Legislativo, a través de la llamada Ley de Memoria Histórica, declara nula de pleno derecho cualquier sentencia producida durante la guerra civil o el franquismo.
Suceden dos cosas. La primera es que yo creo que el Gobierno y los máximos responsables del impulso del llamado expediente sobre memoria histórica no han dado el valor suficiente y no han subrayado el valor jurídico, que no político, de
esta resolución de la sala de fiscales, que no quiere entrar en el fondo de un caso concreto -me refiero en el fondo del juicio a Lluís Companys- para considerar nula de pleno derecho la sentencia dictada por parte de un tribunal político durante la
guerra civil.
Y sucede una segunda cosa. El Gobierno conoce y valora la resolución de la sala de fiscales, pero a la vez continúa aplicando el artículo 4 de la ley por el que se han entregado 1.011 certificados de reparación y reconocimiento personal.
En el momento de la tramitación y la aprobación de la ley el Gobierno expresó a los grupos parlamentarios la imposibilidad de afrontar la declaración de nulidad de pleno derecho de las sentencias y ofreció a la Cámara y a los grupos parlamentarios
como alternativa esta declaración administrativa de los certificados de reparación y reconocimiento personal. Usted nos ha trasladado que ha habido 1.398 casos que se han dirigido al Ministerio de la Presidencia y que se han dado 1.011
certificados. Bienvenida sea la reparación moral para estas personas, pero es evidente que en la guerra civil y durante el franquismo se produjeron
bastantes más de 1.100 casos de personas a las cuales se les tiene que dar reparación por el daño causado por las sentencias de carácter político, con lo cual existe una convivencia -estaba a punto de decir una contradicción- entre una
resolución de la sala de fiscales y un decreto del fiscal general del Estado, al cual damos una gran importancia -que declara nula de pleno derecho cualquier sentencia dictada por un tribunal político-, y los llamados certificados de reparación de
carácter administrativo. Deberíamos afrontar esta situación. Por parte de la Fiscalía General del Estado, que tiene una dependencia orgánica del Gobierno, deberíamos dar un nuevo impulso para que todos aquellos ciudadanos que no se sienten
satisfechos con la declaración de reparación y reconocimiento personal puedan tener un certificado que no provenga del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, sino de la Fiscalía General del Estado, certificando desde la Fiscalía General del
Estado aquello que con carácter general ya fue declarado a través de un decreto del fiscal general del Estado. No sé si me he reiterado, no sé si he sido nítido o pedagógico, pero creo que el Gobierno debe impulsar a las muchas personas a las que
parece poco este certificado administrativo. Cuando hemos conseguido lo difícil, señor vicepresidente, deberíamos afrontar lo fácil, y es que el fiscal general del Estado no se quede solo con el decreto, sino que pueda administrar uno a uno los
certificados de nulidad de pleno derecho de las sentencias dictadas durante la guerra civil y los cuarenta años del franquismo. La declaración de ilegitimidad de los tribunales es una declaración nacida de la doctrina de los tribunales de
Nuremberg, es una aportación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, es una aportación de uno de los mejores filósofos de derecho del siglo XX como es Kelsen, es una aportación que al final ha tenido su resultado positivo a través de esta
resolución. Insisto -y termino el capítulo-, una vez hemos conseguido lo difícil, sería bueno culminar lo fácil, que es que el fiscal general del Estado diera satisfacción caso a caso y por fin pudiéramos cerrar este capítulo de discusión política
pero también jurídica que reiteradamente estamos viviendo en Pleno y Comisión desde hace unos cuantos años en este Congreso de los Diputados.
Una breve referencia al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica y a los símbolos franquistas. El artículo 15 es un artículo breve, es un artículo por el cual los poderes públicos y la Administración General del Estado se comprometen a la
retirada de los símbolos franquistas excepto de aquellos que tienen un valor artístico. Evidentemente, la apreciación del valor artístico de algunos símbolos franquistas es un concepto jurídico indeterminado; yo invitaría al vicepresidente primero
y al conjunto del Gobierno a hacer una interpretación más restrictiva del valor artístico de algunos símbolos franquistas. Usted nos ha comunicado que por parte de la Administración General del Estado se ha culminado la retirada de símbolos
franquistas. Yo le quiero trasladar -y lo puedo hacer posteriormente con más detalle porque no me queda más tiempo- que nosotros apreciamos algunos símbolos franquistas en edificios públicos del Estado y en embajadas, y evidentemente las embajadas
en países terceros también son territorio español y se debería tomar nota de este aspecto.
Termino con una referencia al Valle de los Caídos. Usted nos ha trasladado dos noticias relevantes, nos ha dicho que en el Valle de los Caídos hay unas 33.000 víctimas de los dos bandos de la guerra civil enterrados y que es prácticamente
imposible su exhumación por estar confundidos. No quiero caer en lo fácil ni que se entienda una doble intencionalidad, pero la pregunta es muy precisa: algunos de los cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos sí están identificados y usted en
su intervención ha hecho referencia a dos de ellos; me gustaría conocer si es voluntad del Gobierno la exhumación de los cuerpos identificados en el Valle de los Caídos. Finalmente, también nos ha anunciado la creación de una comisión de expertos
para el posible futuro replanteamiento del Valle de los Caídos. En la Ley de Memoria Histórica hay un artículo muy breve referido al Valle de los Caídos, también pactado con el Grupo de Convergència i Unió, y estamos a la espera de estas
conclusiones, que evidentemente se deberían producir en fechas no muy lejanas si queremos poder desplegar durante lo que queda de esta legislatura -además de cincuenta y seis leyes, que son muchas- algunas conclusiones más respecto al desarrollo de
la Ley de Memoria Histórica.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista también repartirá su tiempo. En primer lugar, el señor Quijano tiene la palabra.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: En efecto, la intervención de mi grupo será también compartida y por tanto la mía será breve, anormalmente breve, para referirme exclusivamente a la primera parte de la intervención del señor vicepresidente del
Gobierno en su comparecencia. En esa primera parte ha reiterado en parte, en parte actualizado y en parte rendido cuentas de lo que va siendo el cumplimiento de un programa legislativo; yo no encuentro nada de extraño en esto, incluso en la cierta
clave de humor que creo que adornaba alguna intervención anterior. Lo extraño hubiera sido que el programa legislativo que hoy actualiza, adapta a la realidad y de cuyo cumplimiento rinde cuentas el señor vicepresidente del Gobierno no hubiera
coincidido con el que expuso en su día el ministro de la Presidencia, eso es lo que nos debiera haber provocado alguna preocupación, pero que haya coincidencia no es más que un buen síntoma de la excelente coordinación interna que debe funcionar en
un gobierno.
(Risas.) Por tanto, desde ese punto de vista agradezco la información y le felicito por ella. Seguramente en aquella ocasión ya lo dije, porque efectivamente lo pienso, esta es una buena práctica democrática, ahora que se lleva tanto
lo de las buenas
prácticas en todos los ámbitos, esta es una buena práctica democrática.
Esto es, que se conozcan de antemano las intenciones legislativas de manera precisa, que se priorice y que se informe sobre ellas, que se hagan públicas, no hace otra
cosa que facilitar, primero, la propia información; segundo, la valoración de la coherencia de esas iniciativas con el programa político que la sustenta, los grandes objetivos de gobierno marcados y las propias necesidades de la realidad. Y por
fin, y por si fuera poco, anticipar las iniciativas legislativas no hace otra cosa más que facilitar el control del Gobierno, esto es, quien expone sus iniciativas legislativas asume el riesgo de su cumplimiento o incumplimiento, y esto creo que es
una práctica de profundización democrática y no otra cosa. Por eso haré simplemente esta consideración.
También me ha resultado extraño -o, dicho con sinceridad, no me ha extrañado nada- que frente a lo que es un programa legislativo que ha ido adaptándose a lo largo de la legislatura a unas circunstancias que han sido particularmente
cambiantes, no hayamos escuchado ninguna otra cosa alternativa ni ninguna otra prioridad distinta. Hemos escuchado en algún caso las generales de la ley, si vale la expresión, que en este caso son las generales del argumentario: improvisación y
legislatura agotada. Me ha resultado algo extraño escuchar en esta sede y en este trance las generales del argumentario y no otra cosa, porque la improvisación es radicalmente contradictoria con la fijación de unas prioridades.
Precisamente si
nadie del Gobierno hubiera venido aquí nunca a anunciar un paquete de iniciativas legislativas que luego se adaptan, se revisan, se rinden cuentas de su cumplimiento, de su estado, de si se ha modificado como consecuencia de la evolución de los
problemas sociales o socioeconómicos, eso es lo que daría lugar a la discrecionalidad improvisadora en las iniciativas, pero cuando hay un programa que efectivamente se explicita en la Cámara, eso, como decía, invita al control a posteriori y eso es
todo lo contrario de la improvisación. Como me ha extrañado que se alegue, frente a un programa de iniciativas legislativas, el uso excesivo del decreto-ley. Quienes han estado una gran parte de la legislatura reclamando agilidad en las respuestas
deben de saber que el único instrumento normativo de este nivel que tiene un gobierno democrático para actuar de urgencia es precisamente el decreto-ley; valórese si acaso el contenido, la coherencia, la corrección de las medidas que los
decretos-leyes incorporen, pero no el uso del instrumento, que es precisamente el único que puede dar respuesta a la necesidad de agilidad y de urgencia.
Finalmente, en cuanto a lo de legislatura agotada, yo comprendo que el argumentario tiene sus servidumbres y sus inconvenientes, también tiene sus ventajas: facilita no tener que pensar demasiado, basta con usarlo, pero, claro, tiene
riesgos evidentes. Quienes dieron por terminada la legislatura hace dos años no sé si mantienen un nivel de credibilidad en la reivindicación de la anticipación de elecciones a cada momento.
Hombre, yo creo que todo tiene un límite. En fin, por
si sirve de algo recordar los principios, los principios son estos, que resumo.
El fin de la legislatura lo decide el presidente del Gobierno en función de su libre y autónoma valoración. Es una de sus pocas prerrogativas y debemos respetarla, entre otras cosas porque la mantiene incluso después de haber anunciado que
no va a ser candidato la siguiente vez. Eso no menoscaba su legitimidad. La prerrogativa se mantiene, y precedentes hay.
Gobiernos ha habido en la democracia española reciente que, anunciando esta misma decisión de no volver a ser candidatos con
varios meses de antelación -eso sí, previo proceder a la designación digital, no digitalizada, ¿eh?, digital, del sucesor- (Risas.), mantuvieron su legitimidad hasta el final de la legislatura y, que yo recuerde, esto no se puso en duda porque este
es un principio democrático esencial. La legitimidad de un gobierno dura desde el principio hasta el final de la legislatura y por tanto puede seguir desarrollando su programa legislativo con plena legitimidad democrática. Insisto -y termino-, el
fin de una legislatura lo decide el presidente del Gobierno y no las encuestas, ni siquiera cuando son favorables o parcialmente favorables a la oposición. Esta es mi parte de intervención y le cedo la palabra al compañero, que seguirá con ella.
El señor PRESIDENTE: Si me permite, en el mismo turno, don Daniel Fernández toma la palabra.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: No me importaría seguir escuchando al señor Quijano, pero hay que hablar de memoria histórica y lo voy a hacer con mucho gusto, en primer lugar agradeciendo al vicepresidente la exposición que ha hecho hoy aquí,
intensa, exhaustiva, rigurosa. No es un agradecimiento de ritual, no es el agradecimiento que le toca hacer a un representante del grupo de la mayoría, sino un agradecimiento sentido, pues para nosotros la Ley de la Memoria Histórica es una ley
relevante, que amplía derechos y deberes respecto de aquellos ciudadanos que padecieron persecución por sus ideas durante la guerra civil y la dictadura. Por tanto, vaya por delante el agradecimiento al vicepresidente del Gobierno.
Han pasado ya algunos años desde diciembre de 2007, por lo que durante estos años podemos tener una visión del recorrido de la ley. Déjenme que les diga que me ha sorprendido la intervención de don Jorge Fernández Díaz, porque realmente si
algo podemos constatar hoy, en contra de lo que él ha defendido, y era algo que algunos defendimos ya en 2007, es que esta ley no reabría ninguna herida. Dicho de otra manera, que la sociedad española era y es una sociedad plenamente madura y
democrática como para afrontar el reto de esta ley. Esta ley se ha aplicado con normalidad, ha generado debates, algunos más interesantes y otros menos, ha generado argumentaciones, algunas fundamentadas y otras no, pero en todo caso no ha
reabierto ninguna herida, sino que ha cerrado muchas de ellas y eso no es
patrimonio del Gobierno, que ha hecho su papel, sino del conjunto de la sociedad española. Lo defendimos en diciembre de 2007 y hoy se ha visto que es así, que era realidad lo que entonces predecíamos. En la dirección contraria, el señor
Ridao, que tampoco nos puede acompañar, ha hecho una crítica radicalmente contraria. Ha dicho que prácticamente no se ha hecho nada y ha llegado a decir, casi sin querer, que el Gobierno ha hecho una aplicación pusilánime de la ley. Después de
escuchar atentamente la intervención del vicepresidente del Gobierno, realmente hay que ser muy osado para hablar de aplicación pusilánime, pero lo ha dicho. En todo caso, la posición de Esquerra Republicana no tiene tanto que ver con la aplicación
de la ley, sino con el hecho de que al final ellos no dieron su apoyo a la ley. Tuvieron un papel relevante al inicio -hay que recordarlo y no me importa citar aquí al diputado Joan Tardà-, pero al final no tuvieron un papel determinante en la ley,
no se sumaron al consenso de la ley porque les faltó valentía, porque al final los pactos, los acuerdos y los consensos implican renuncias y para renunciar se necesita una cierta dosis de valentía, como también para reconciliarse, un verbo que
parece que no acaba de conjugar el señor Ridao. Para nosotros, recuperación de la memoria histórica y reconciliación no es algo contradictorio, sino complementario, una reconciliación que, evidentemente, se dio durante la transición, pero que no
nace en la transición. Quiero recordar que el primer partido que habla en este país de reconciliación es el Partido Comunista de España en la década de los cincuenta, por lo que esa reconciliación no nace directamente en la transición.
Para mi grupo, la síntesis de la intervención del vicepresidente es clara.
El Gobierno está desarrollando con determinación y plenitud la Ley de la Memoria Histórica y, ante ese desarrollo pleno, mi grupo tiene que mostrar satisfacción y,
si se le permite, incluso, por qué no, un cierto orgullo. Quiero subrayar solamente tres datos de los muchos que ha dado el vicepresidente que a mi grupo le parecen especialmente relevantes. En primer lugar, 187.000 descendientes, hijos y nietos
de españoles, que tuvieron que abandonar nuestra patria como consecuencia del final de la república, de la guerra civil y de la dictadura hoy tienen la nacionalidad española. Para nosotros, este hecho en sí, solo este hecho, que además nació de una
enmienda del Grupo Socialista al final del debate de la ley, es suficientemente relevante como para dar valor al conjunto de la ley. En segundo lugar, se ha dicho aquí que 1.011 ciudadanos han pedido y obtenido títulos de reparación y
reconocimiento personal de la ilegitimidad de las sentencias y tribunales por los que fueron juzgados durante la dictadura. Para nosotros, que ciudadanos de nuestro país, tantos años después, estén satisfechos con este reconocimiento también es
especialmente positivo, y eso no es contradictorio con que consideremos que la ilegitimidad tiene mayor relevancia política, simbólica, que la pura nulidad. Y no es contradictorio tampoco con una reflexión que ha hecho el diputado de Convergència i
Unió, el señor Xuclà, que compartimos, que es la relevancia del decreto del fiscal general del Estado sobre este tema. No vemos contradicción. Para algunos ciudadanos será suficiente la mera declaración y para otros, evidentemente, hay otro
camino, que es el que hay que seguir recorriendo.
En tercer lugar, otra cifra: 570 símbolos o vestigios del franquismo han sido retirados o eliminados del espacio público de nuestro país. Pues también es muy relevante y además que se haya hecho con normalidad, sin abrir heridas, como
algunos decían. Esto me obliga a hacer una reflexión muy rápida. Estamos en un Estado de las autonomías, en un Estado multinivel, y hay competencias locales, autonómicas y estatales que hay que respetar en todo momento, en todas las leyes, en
todos los desarrollos legislativos. No es lógico tener una visión del Estado descentralizado, autonómico, federal o incluso participar en proyectos nacionalistas o independentistas que reivindican para cada territorio por su capacidad de
competencias y, en cambio, en determinadas leyes, cuando se ve que por motivo de ese autogobierno local o autonómico no se aplican, pedir al Estado que intervenga directamente. Aquí hay una contradicción, pero déjeme decirle que también existe la
contradicción contraria. Hay quienes tienen una visión del Estado muy unitaria, muy centralista y, en cambio, leyes que se aprueban aquí no se aplican luego en determinadas comunidades y localidades. Por tanto, esas contradicciones existen y
explican que algunos elementos de la ley se desarrollen con más lentitud de la que algunos quisiéramos.
Voy acabando, señor presidente. Uno de los temas más relevantes de la ley, en el que más se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer, es sin duda alguna el de las exhumaciones, la recuperación e identificación de cadáveres de padres,
abuelos, familiares, amigos, compatriotas que todavía hoy no han tenido la posibilidad de enterrar dignamente a sus muertos. Aquí hemos avanzado. Conocemos el protocolo de exhumaciones, sabemos del apoyo económico que el Gobierno ha dado a muchas
entidades e instituciones para que se produzcan estas exhumaciones y se nos anuncia que mañana estará operativo un mapa integrado de localización de restos, pero es cierto que queda mucho camino por recorrer, un camino que además tenemos que
recorrer en uno de los temas más hirientes, que nos concierne a todos. En este sentido, mi grupo se atreve a hacer una propuesta al Partido Popular en coherencia con un hecho que es cierto. El Partido Popular no consensuó la ley, pero votó muchos
de sus artículos. De hecho, una parte de su discurso era que esta ley era innecesaria, que se podía haber avanzado por otras vías. Quiero pedir al Partido Popular que reflexione sobre el hecho de que en sus comunidades autónomas, allá donde
gobiernan, es donde menos se ha podido desarrollar esta parte de la ley.
Por tanto, ahora que estamos ante unas elecciones autonómicas y locales abramos alguna vía de diálogo, gubernamental o parlamentaria, la que haga falta, pero que el Partido
Popular se ponga también al servicio patriótico de que ningún
español a estas alturas del siglo XXI tenga que vivir con el hecho de que un pariente suyo todavía no ha podido ser enterrado dignamente. Es una petición formal que hago hoy a los representantes del Grupo Parlamentario Popular.
Acabo. Celebramos ayer un debate en el Pleno sobre el 80º aniversario de la II República impulsado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. De ese debate se desprendió una moción y aprobamos algunos puntos de la misma. Hace
cinco años celebramos el 75º aniversario de la proclamación de la II República. Este Congreso declaró el año 2006 como el Año de la Memoria Histórica. Pasarán los años y tendremos nuevas celebraciones, nuevas conmemoraciones; otros diputados y
diputadas nos sustituirán en la tarea de representar al pueblo español en este Congreso. El objetivo del Grupo Socialista seguirá siendo siempre el mismo y, después de escuchar al vicepresidente, será un objetivo que estará más cercano, el objetivo
de conseguir una memoria completa de nuestro pasado y, al mismo tiempo, una memoria más compartida de nuestro pasado; una memoria más completa, con más luz, y una memoria más compartida. Este es el objetivo de mi grupo y al cual el Gobierno
también sirve cuando aplica exhaustivamente esta ley. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Si el señor vicepresidente primero lo tiene a bien, puede intervenir recogiendo las sugerencias y críticas de los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Quisiera inicialmente agradecer el tono de las intervenciones de todos los portavoces parlamentarios, que han sido muchos, porque era doble el contenido
de mi intervención y, por tanto, ha habido una duplicidad también en los grupos. No recordaba yo que las tardes en el Congreso eran más tranquilas que las mañanas. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Es que esta Comisión es diferente, vicepresidente.
(Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, presidente, por aclarármelo. Me iba a pedir venir siempre al turno de preguntas aquí, por si era el ambiente.
Se agradece mucho el tono y estoy convencido que si algún ciudadano ha visto la sesión también lo agradecerá. Es cierto que algunas intervenciones de algunos parlamentarios han replanteado de alguna manera el debate de la ley -lo han hecho
con respeto y más bien a título de recordatorio que con afán vindicativo- y, en ese sentido, me voy a permitir no entrar en ese debate. La ley se debatió, se aprobó y hay que tratar de mirar hacia el futuro, como he dicho al final de mi
intervención y, en este caso, en lo que a esta Comisión y al desarrollo de la ley se refiere, tratar de mantener y garantizar el consenso máximo, porque es una ley que lo merece. Por tanto, no voy a reabrir debates ni voy a entrar en temas que
fueron objeto en su momento de discusión en esta Cámara sobre los que no se alcanzó un acuerdo pleno; me voy a apoyar en los llamamientos a los consensos o al consenso, que creo que ha sido la tónica general de todos los portavoces que han
intervenido, más allá de sus actitudes críticas hacia el proyecto de ley.
Al señor García-Tizón le agradezco su intervención. Créame, no tiene nada que ver esto con las elecciones. Trataba de encontrar alguna relación, pero no la encuentro. Sé que alguien lo ha dicho, pero no encuentro ninguna relación lógica,
por más que me esfuerzo. Por tanto, tranquilícese usted, no era mi intención cuando he venido aquí buscar ningún tipo de ventaja electoral, al margen de que -repito- no se me alcanza muy bien cuál podría ser ese efecto en las elecciones locales.
No veo a los ciudadanos alborozados votando alcalde distinto en razón de mi intervención hoy aquí. No le encuentro la relación, y nada me gustaría más que decir: qué buena tarde he pasado. No, señor Tizón. Algunas de las cuestiones que le iba a
contestar me las ha pisado, si me permite la expresión, el señor Quijano. Es verdad que oyéndole al señor García-Tizón hablar de que el proyecto del Gobierno no era claro, pensaba: Pues anda, que el de la oposición. (Risas.) Pero no pasa de ser
algo que se me ha ocurrido. No quiero reiterar los debates parlamentarios de la mañana sobre las preguntas, pero quiero recordarle al señor Tizón que hemos afrontado la crisis con tres elementos básicos. Una política de austeridad, que tiene que
ver con nuestra consolidación fiscal; una serie de reformas, todas ellas enfocadas a mejorar el crecimiento, a acentuar un crecimiento que ya está -es verdad que todavía es pequeño para que este crecimiento se traduzca en empleo-, que algunas he
mencionado puesto que tienen que ver con leyes que nos proponemos enviar al Parlamento -en algunos casos ya están en trámite parlamentario-; y todo ello preservando la cohesión social, que tiene que ver, entre otras cosas y con un país que tiene
una tasa de desempleo como la que tenemos, con la cobertura del desempleo que alcanza el porcentaje más alto que nunca ha conocido nuestra democracia, nunca hemos tenido tantos desempleados cubiertos por el seguro de desempleo, me refiero en
porcentaje. Son los ejes esenciales y no los voy a reproducir aquí, ya que no creo que ese sea el objetivo de esta Comisión, pero como usted se ha referido a ellos se los menciono brevemente.
Quiero reconocer, señor García-Tizón, a usted y a su grupo una tenacidad encomiable, porque es verdad que esto de las elecciones anticipadas les gusta, sobre todo cuando no las han ganado; cuando las ganan les gusta un poco menos. Me
recordaba mis debates como portavoz y pensaba, cuando he visto esta Comisión, de qué me sonaba a mí esto de elecciones anticipadas, y no me refiero a los últimos cuatro años sino a antes, y me acordaba de que prácticamente mis primeros debates con
el
señor Zaplana cuando era portavoz y yo también ya pedía elecciones anticipadas. Por tanto, hay que reconocerles contumacia. ¿Que hay una crisis en Grecia? La solución del PP son elecciones anticipadas. ¿Que tenemos un problema de
credibilidad en el sistema financiero europeo? Ustedes tienen una solución inmediatamente al alcance de la mano: elecciones anticipadas. ¿Que tenemos un problema en Portugal? No se preocupen españoles, aquí estamos nosotros que tenemos una
solución, elecciones anticipadas. Reconozco que es una especie de elixir, un ungüento amarillo para todos los problemas, que además manejan con una contumacia probablemente digna de mejor causa, pero esa es ya mi opinión.
Solo voy a hacerle un
comentario, aprovechando que esta es una Comisión más reflexiva y que seguro que el presidente me da un poco de tiempo. Es sobre este asunto de la imposición que ustedes manejan tanto. Quiero explicarle que hay medidas que el Gobierno español ha
traído a la Cámara, decisiones que ha tomado que no son fruto de ninguna imposición, sino de un acuerdo europeo, a no ser que admitamos que, por ejemplo, la consolidación fiscal que todos los países de Europa estamos aplicando es fruto de una
imposición a Alemania, a Italia o a Francia, o que admitamos que las reformas de pensiones que todos hemos abordado es una imposición de la Unión Europea al conjunto. Si esa es la visión del término imposición que usted tiene, que lo que se decide
en la Unión lo aplicamos todos, de acuerdo, pero yo no lo llamaría imposición; si no, le tengo que decir que no, que no es imposición. Hace unos meses tuvimos una crisis financiera de credibilidad de nuestras finanzas, me refiero a las del euro, y
tuvimos que adoptar una serie de decisiones conjuntas que todos los países con distinto ritmo hemos ido adoptando, y no creo que la señora Merkel diga que sus políticas de consolidación fiscal, que son más duras que las españolas, sean una
imposición de Bruselas; no pienso que la reforma del señor Sarkozy del sistema de pensiones, que le ha costado algunos disgustillos, admita él que sea una imposición de Bruselas; más bien pienso que es un consenso, que para eso estamos en la Unión
Europea, para abordar conjuntamente una crisis que, finalmente, afecta a la moneda europea común, al euro, y eso sí que es un problema que nos debe llevar a tomar soluciones. Por tanto, rechazo el término imposición, es más, creo que es
incompatible con nuestra pertenencia a la Unión Europea. No podemos trasladar esa imagen a los españoles. No es una imposición, es un acuerdo que hemos adoptado todos y que todos hemos aplicado en una política común y de defensa de una moneda
común, que es el euro, en el que, por cierto, estamos especialmente cómodos.
Señor Fernández-Díaz, no ha escuchado usted la primera parte de mi intervención, pero se refería en parte a la suya. No quiero reproducir disensos, pero no me resisto a decirle una cosa que decía el señor Fernández en su intervención. He
oído decir en varias ocasiones a representantes del Grupo Popular que esta es una ley que ha creado tensión social y, créame, tengo que decir rotundamente que creo que no.
Más allá de algún debate parlamentario aquí y de algunas intervenciones muy
concretas, no creo que haya una tensión social. No creo que a nadie le haya molestado las cosas que esta ley ha supuesto y no pienso que haya un rechazo, ni tan siquiera a la ley. No creo que haya quebrado nuestra convivencia, no creo que haya
sucedido nada de eso que usted dice. Admito que pudiera usted pensar que eso pudiera pasar. Doy por bueno que ese puede ser un argumento para decir: no lo voto porque creo que esto puede ir por ahí. Reconozca usted conmigo que unos años después
no ha pasado nada de esto, lo cual, por cierto, es una cosa que a ustedes les pasa de vez en cuando: siempre prevén unas cosas que luego no suceden, y en su tierra saben bastante de eso. En todo caso, no voy tanto a eso como a decirle que expresa
una voluntad de consenso, que la hay, que el artículo referido al Valle de los Caídos está consensuado con ustedes y que cuando el Grupo Socialista y el Gobierno consensúa una cosa la defiende hasta el final y, por tanto, ese consenso lo vamos a
mantener. Sé que hay líneas rojas -están en el artículo- y no las vamos a traspasar. Por tanto, tenga por seguro que eso lo vamos a hacer así. Sería bueno que cuanto antes pudiéramos constituir la comisión a la que me he referido, y sería bueno
que los grupos parlamentarios dijeran quiénes creen que les pueden representar en esa comisión. Cuanto antes la pusiéramos a trabajar, mejor, pero en todo caso le reitero una vez más la voluntad de consenso.
No vamos a desnaturalizar lo que se ha
acordado en esta Cámara, no lo vamos a hacer, por tanto puede estar tranquilo en relación con este tema.
Siento que no esté el señor Ridao, aunque es verdad que en parte le han contestado desde el Grupo Socialista sobre temas que yo quería comentar.
Seguro que hay ayuntamientos que tienen calles con nombres como los que él dice, pero no es
fácil desde la Administración del Estado retirar la financiación local a esos ayuntamientos, no lo veo sencillo; ni siquiera me atrevería a decir que lo voy a estudiar, no. Más bien, en todo caso en su momento recabaremos de todo el mundo la
colaboración, pero es verdad que en el tema de los vestigios la ley inteligentemente no hace una referencia solo a la Administración del Estado -que también-, hace una referencia al conjunto de las administraciones públicas. Es cierto que en este
tema, como en el de las exhumaciones, las competencias están donde están y el Estado tiene las que tiene sobre sus edificios, por tanto, señor Ridao, por ahí no podemos ir.
Respecto al Valle de los Caídos, decía que no hemos hecho nada. Sí, sí. Ha empleado una frase: Lo que se ha hecho es una mera prospección en las criptas. No es cierto, lo que se ha hecho es un análisis forense -el primero que se ha
hecho- sobre lo que hay en las criptas; un análisis serio, concienzudo, del cual se ha desprendido una consideración final que he expresado aquí, y es que la identificación, si por tal entendemos este nombre se asocia a estos restos, ciertamente es
difícil. Yo he dicho que creo que en la práctica va a ser
imposible, y es bastante fácil de entender. Basta recordar cómo se creó el Valle de los Caídos, quién fue allí a parar, si me permiten la expresión.
Es verdad que fueron personas de uno y otro bando, como se ha dicho aquí; es verdad que
unas fueron identificadas y colocadas en sitios identificables, aunque algunos de esos sitios se han deteriorado porque ha habido derrumbamientos, etcétera, y es verdad que a priori ahí habría alguna posibilidad, pero no es menos cierto que luego,
durante muchos años, sencillamente las denominadas fosas comunes se fueron vaciando y aquellos restos se fueron trasladando sin identificar para nadie, a veces simplemente con una lista de nombres que no obedecía a ningún expediente administrativo
serio, sino a lo que la tradición oral del lugar decía que hubiera pasado allí, delante de esa valla o delante de esa tapia de cementerio. Eso es así y eso hace extraordinariamente difícil la identificación, y creo que no es bueno que en ese
sentido abramos perspectivas si luego no vamos a ser capaces de colmarlas. Me parece que no hay nada peor que decirle a alguien que vamos a poder hacer lo que no vamos a poder hacer cuando tratamos de un tema tan sensible, tan duro, como ha
recordado aquí el señor Fernández, como son los restos de alguien a quien se quiere enterrar -si me permiten la expresión- como Dios manda.
Desde esa perspectiva, creo que es mejor hacer lo que yo hecho, que es lo que va a trasladar mañana el
ministro de la Presidencia a las personas que se han dirigido al Gobierno interesándose en ese tema en el sentido de decirles que esto está muy difícil, que es prácticamente imposible, y creo que la descripción de cómo se formó, cómo se preparó,
cómo se incorporaron los cuerpos al Valle de los Caídos, da cuenta por sí mismo de un proceso de identificación, repito, que en términos científicos es sencillamente imposible de abordar. Pienso que eso nos marca un territorio de juego, que es un
territorio posible, porque es verdad que se trata de dignificar al conjunto de quien allí está enterrado. Es un territorio posible, pero sin duda tendremos que hablar con las personas que esperaban algo más y decirles que la verdad es la que es y
es exactamente así. En definitiva, todo esto venía a cuento de que no estoy de acuerdo con el señor Ridao; hemos hecho un trabajo exhaustivo -no nosotros sino el equipo forense- que nos ha permitido alcanzar unas primeras conclusiones que hoy les
he trasladado aquí y que mañana, repito, trasladará el ministro a los correspondientes interesados.
A la señora Buenaventura le quiero agradecer el tono, como he hecho con todos los portavoces. Creo que he hablado del artículo 16 en el sentido que usted pretendía que lo hiciera; las cosas están así. Debemos formar la comisión, debemos
consensuar entre todos cómo organizamos eso, respetando que se trata de una zona de culto y de un cementerio al mismo tiempo que de un lugar de reconciliación. Pienso que hay soluciones y estoy convencido de que con un poco de buena voluntad y unas
horas de trabajo conseguiremos un acuerdo y podremos salir de una situación que ciertamente no es agradable para nadie, porque aquel es el último vestigio del franquismo y además no es un vestigio cualquiera. Tomo nota de la celeridad, que en parte
está incorporada a toda mi intervención, y el hecho de que yo haya venido aquí a dar cuenta de esto da buena cuenta del interés político que tiene el Gobierno. Soy consciente de que soy redundante con lo que dijo el ministro Jáuregui, lo cual por
otra parte es absolutamente normal; lo contrario -que no lo fuera-, como señalaba el señor Quijano, hubiera sido lo anormal. Dicho esto, he querido también significar con mi presencia aquí la voluntad política del Gobierno al máximo nivel por
desarrollar una ley que es de todos, como he insistido, pero que es enormemente importante, tal y como vengo diciendo una y otra vez.
Respecto a la señora Oramas y a esta cosa de la simpatía, si yo le digo lo mismo, esta especie de declaración mutua de simpatía, no sé muy bien qué nos traerá a usted y a mí, pero estoy dispuesto a admitir con la misma franqueza con la que
usted ha dicho que yo le caigo bien, que usted a mí también me cae bien. (Risas.) Debe ser porque esto de la simpatía... (El señor Presidente: Que se besen.-Risas.) Aquí me insisten en que se besen, lo cual ya entra en un terreno que desde luego
no estoy dispuesto a compartir, ni siquiera en el buen clima de esta Comisión. Quiero decirle que es verdad, que usted notaba que decíamos cosas parecidas, claro, es que somos el mismo Gobierno. Dicho esto, he intentado exponer un conjunto de
leyes y de darles un sentido político en clave de reformas, que creo que es la preocupación, reformas para mejorar el crecimiento, incrementar el empleo. He tratado de exponerlo y de darle un sentido político a mi intervención. Es verdad que es un
listado, pero creo que tiene sus ventajas, como señalaba el señor Quijano, porque entre otras cosas facilita el trabajo de control parlamentario. Usted siempre me podrá reprochar dentro de un par de meses: dijo usted eso y no lo ha traído. Es un
riesgo que corro, pero las prioridades están bien establecidas. Por otra parte, no voy a entrar en un debate con usted sobre la fealdad o no del Valle de los Caídos. El problema, señora Oramas, no es estético; es un problema distinto. El
problema es que ahí hay 33.000 víctimas, 33.000 personas enterradas, yo diría que muy mal enterradas, y ese es el tema que tenemos que abordar. Tenemos que abordar ese tema y darle un carácter de reconciliación, como la ley concibe. Por tanto, lo
tenemos que hacer más allá de que nos guste más o menos y yo me baso en su voluntad reiterada de consenso para pedirle que trabaje como sé que le ha dicho al ministro Jáuregui en esa comisión.
Señor Esteban, es verdad que algunas cosas que usted comentaba sobre el mapa de fosas, sobre el tema de protocolo, el cual está cerrado, las había dicho en mi intervención. Mañana mismo hay en Bilbao una reunión del conjunto de las
comunidades autónomas para cerrar los convenios con aquellas con las que todavía no hemos convenido. Es cierto que el convenio es un instrumento que no impide que las comunidades puedan utilizar el
protocolo, pero es verdad que mejora el funcionamiento y sobre todo compromete a todos. Eso está acabado. Tomo buena nota del plan de trabajo del artículo 11.2; me parece que puede ser una fórmula para impulsar los trabajos a los que se
refería también la señora Buenaventura. El tema de las subvenciones es más delicado y algo he dicho ya en respuesta al señor Ridao. Me gustaría hacer dos comentarios finales más sobre dos temas que ha planteado usted, el artículo 22 y todo lo
relacionado con el acceso a los archivos, respecto de lo que he dicho que ahí hay problemas porque afectan a leyes que tenemos que revisar y, por tanto, hemos creado una comisión y traeremos las conclusiones de esa comisión a esta Cámara, ya que en
algún caso hay cambios normativos que hacer. Es verdad que probablemente la ley tuvo una voluntad, pero no basta con que la ley tenga esa voluntad, ni que con los grupos parlamentarios hablemos de esa voluntad, ni tan siquiera que lo consignemos en
nuestros debates. Al final las leyes dicen lo que dicen y a veces con la mejor voluntad se quitan cosas que luego resulta que son... Esto es así y yo creo que en ese aspecto la ley no nos ha abierto todas las puertas que debería habernos abierto
en lo que se refiere a entrada en registros, archivos, tratamiento de los datos personales de quienes no tienen una relación directa con aquellos cuyos datos se van a examinar. Todo eso lo estamos revisando porque efectivamente hay una laguna y,
tiene usted razón, hay una deficiencia que algunos grupos, sobre todo investigadores, han hecho notar reiteradamente al Gobierno. Voy a revisar el Decreto 2008 en la línea que usted señalaba, porque es verdad que este decreto sale al paso de
algunas cosas que en su momento en la Ley de Víctimas no pudimos arreglar por debates que usted conoce y que no vienen al caso.
Al señor Xuclà le aclararía una cosa. Las 55 no son todas nuevas, algunas ya están aquí; 55 es la suma de todo lo que yo he dicho aquí. Hay leyes que están aquí ya, hay algunas que están a punto de aprobarse e incluso tres que están ya
aprobadas. En conjunto, sí marcan una intensidad legislativa importante, lo que significa que el Gobierno quiere agotar la legislatura trabajando y ve que el Gobierno necesita trabajar en la Cámara para alcanzar los correspondientes consensos.
Tiene usted razón en las dos cosas, señor Xuclà, y yo se la doy muy gustoso.
Le he escuchado con interés sus reflexiones sobre el tema de la Fiscalía General del Estado y su decreto. No me atrevo a dar una opinión sin haber consultado con quien tiene más visión jurídica del asunto que usted plantea que yo, que es el
ministro de Justicia. Lo que dice usted suena sugerente pero, repito, quiero ver exactamente cuáles son las consecuencias jurídicas de un acto de esa naturaleza que, por otra parte, sería insólito en el ministerio fiscal. Pero admito que es una
vía sugerente para salir de esta tensión, que creo que resolvimos política y jurídicamente bien en la ley con el artículo al que me refería antes. Lo creo sinceramente, pero admito que puede haber insatisfacciones y si hay una vía que pueda dar
satisfacción no será el Gobierno quien se niegue a estudiarlo.
Sobre el tema de los símbolos llamados vestigios, creo que se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Quiero decirle que la consideración o no de su destrucción o, generalmente, de su traslado no corresponde al Gobierno sino a una comisión que
hemos creado, que es una comisión de expertos donde hay gente de urbanismo, arquitectos, gente de patrimonio que nos han dicho esto sí afecta, esto no. Por tanto, hemos sido escrupulosamente respetuosos con lo que ha dicho esa comisión. No hemos
entrado en ello; nos ha parecido que esa decisión no corresponde al Ejecutivo, ni siquiera al Ministerio de Cultura, sino a gente que aporte reflexiones desde distintos ámbitos, también historiadores. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante.
Lo señalaba también el señor Fernández, son quinientos los vestigios que se han retirado y hay doscientos en trámite.
No hemos acabado y puede ser que algunas de las cosas que usted dice no se hayan retirado todavía porque estamos en trámite, en
algunos casos trámites complejos porque afectan a decisiones de comunidades autónomas o, más frecuentemente, decisiones de ayuntamientos. Por tanto, vamos a acabar pero pienso que el trabajo que se ha hecho es importante. No lo hemos hecho solo
nosotros, lo han hecho muchas administraciones autonómicas y locales; no ha sido un trabajo único, aunque es verdad que hay quien arrastra los pies. En fin, se podrán dar más empujones y esta Cámara tiene la ocasión de hacerlo, no solo aprobando
leyes sino con debates como este. Siempre desde una Cámara como esta se hace, además de tarea legislativa, pedagogía política, lo cual a veces es muy importante.
Termino agradeciendo las intervenciones del señor Quijano y del señor Fernández. La del señor Quijano me ha parecido muy puesta en razón y la del señor Fernández, como siempre, enormemente interesante.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos la presencia y las explicaciones del señor vicepresidente y le deseamos suerte en su tarea. (Pausa.)
DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (RAMOS TORRE), PARA INFORMAR SOBRE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CIS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001480.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, continuamos con la sesión de la Comisión Constitucional. Procede ahora la comparecencia del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas para informar sobre la memoria de
actividades del centro correspondiente al año 2010, a petición del Gobierno.
Tiene la palabra don Ramón Ramos Torre.
El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (Ramos Torre): Señor presidente de la Comisión Constitucional, señoras y señores diputados, el 30 de marzo el Centro de Investigaciones Sociológicas remitió a las Cortes y a
todos los grupos parlamentarios la memoria correspondiente a las actividades llevadas a cabo a lo largo del año 2010. A los pocos días la puso también a disposición de quien quisiera consultarla en formato electrónico en su nueva página web. De
este modo, el centro que dirijo cumplía con su compromiso con esta casa de remitir a finales del tercer trimestre la memoria de sus actividades, pero también recogía y aplicaba el principio de máxima transparencia que informa sus actuaciones al
poner a disposición del conjunto de la ciudadanía la relación completa de lo hecho con un grado de detalle que permite un conocimiento puntual y una exacta fiscalización. Al hilo de la presentación de la memoria el CIS, por intermedio de la
Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, pidió comparecer en esta Comisión para presentarla formalmente y responder a las preguntas que sus señorías tuvieran a bien hacer. Agradezco al presidente de la Comisión la rapidez
con la que se ha dado satisfacción a la petición, que ha hecho posible que en el plazo de apenas un mes me encuentre en esta sala para comunicarme con ustedes.
Antes de proceder a la presentación y comentario de alguno de los datos recogidos en la memoria, déjenme hacer una breve referencia a la importancia que para el CIS como institución y para mí personalmente como su presidente tiene mantener
una línea de comunicación continuada y fluida con el Parlamento. A lo largo de la ronda de contactos con los representantes de todos los grupos parlamentarios que he venido realizando en los últimos tres meses, he podido comprobar que, aunque en
ocasiones el acuerdo no sea total o no alcance a todas las actuaciones del CIS, el aprecio del trabajo que realiza está muy generalizado y las actitudes incluso críticas ante sus actuaciones son siempre constructivas y tendentes a su posible mejora,
a una mayor transparencia en su funcionamiento y a la consecución de un mejor servicio en beneficio de la ciudadanía y el sistema de la ciencia social en España. Quiero agradecer esta tónica de sincera colaboración que he creído percibir y reiterar
mi disposición a ahondarla y a hacerla cada vez más operativa y cotidiana.
Espero que nuestras diferencias de fondo sean las menos y sigan siendo muchas las coincidencias, como he encontrado hasta ahora.
Pero entremos en lo que aquí nos reúne, la memoria de las actividades del CIS correspondientes al año 2010. Como sus señorías tienen a su disposición toda la información en el documento que les he hecho llegar, no voy a referirla en sus
detalles sino a centrarme en algunos de sus aspectos que son, desde mi punto de vista, fundamentales para resaltar su significación y las eventuales innovaciones o líneas de continuidad que suponen en relación con lo realizado en años anteriores y
recogido en sus respectivas memorias. Como fija la normativa por la que se rige, es finalidad primera del CIS la realización de estudios sobre la realidad social y política española, la promoción y estímulo de la investigación en ciencias sociales
y el acopio de datos sociológicos y politológicos para ponerlos a disposición de la ciudadanía y de la comunidad científica, ambas cosas. En consecuencia, los aciertos y desaciertos de la institución han de medirse a la luz de su actividad
investigadora en sus tres vertientes fundamentales: la realización de encuestas propiamente dichas, por la cual es más conocida el centro; la recogida, custodia y puesta a disposición de ciudadanos investigadores de los datos que hemos producido
nosotros y, por último, la comunicación del saber científico por medio de nuestra producción editorial. Como se puede comprobar en la memoria, no se limita el CIS a esas actividades, pero reconozco que son las fundamentales. El CIS es
fundamentalmente investigación y, en consecuencia, voy a repasar lo actuado en ese espacio, ligado de forma más o menos directa a la investigación en sentido estricto.
La memoria presentada arroja el dato de que a lo largo del año 2010 se han realizado por parte del CIS 31 estudios, todos ellos, menos uno, estudios de carácter cuantitativo. La cifra es muy semejante a la que se alcanzara en los años
anteriores, siendo prácticamente idéntico -y creo que este es el indicador fundamental- el número de entrevistas personales realizadas; cifra que un año más se aproxima a las 100.000 entrevistas. Que el centro haya logrado mantener este nivel de
actividad investigadora, aun cuando ha sufrido por razones generales de todos conocidas un recorte presupuestario, me parece un sólido indicador de buena utilización de los recursos públicos. Hemos mantenido el nivel de entrevistas a pesar de
contar con menos recursos.
Sobre las características de los estudios me parece destacable lo siguiente. En primer lugar, es de subrayar su variedad temática, de la que es expresiva incluso la lista de los problemas a los que se ha venido dedicando en los barómetros
mensuales no políticos, es decir la mayoría de los barómetros mensuales. Este hecho pone en entredicho una imagen algo extendida según la cual el CIS dedica sus esfuerzos de investigación a temas directamente políticos, cuando no estrictamente
electorales. No es el caso, como puede comprobarse tras la consulta del anexo de la memoria en el que se relacionan todos los estudios realizados. En ellos destaca, a mi entender, la variedad y sobre todo la relevancia de los temas más propiamente
sociológicos. Una segunda característica sobre la que quiero llamar la atención es que casi la mitad de los estudios -catorce en concreto- se han realizado en el marco de convenios firmados con otras instituciones. Son la mayoría instituciones
nacionales y del Estado -ministerios, organismos autónomos-, pero también hay instituciones internacionales y no estatales. Por qué me parece relevante este dato, y quiero subrayarlo, creo que es muy relevante. Me lo parece al menos por dos
razones. La primera es de orden más pragmático y de corto vuelo, aunque desde luego
nada desdeñable desde la óptica de un servidor público como soy yo, y es que gracias a ese tipo de actividades el CIS aporta casi 700.000 euros a su financiación; no está mal. La segunda razón es de orden más elevado y en el fondo, a mi
entender, mucho más relevante, ya que tiene implicaciones de alcance estratégico o me parecen tales. Se trata del hecho de que por medio de esos convenios en los que se asume el estudio de problemas sociales que son del interés de la Administración
pública o de la sociedad en general, el CIS no solo recibe un reconocimiento del prestigio alcanzado como instituto de investigación, sino que además muestra su verdadero papel en el seno de la sociedad reflexiva -algunos la llaman sociedad del
conocimiento- en la que vivimos. Es evidente que en razón de la incertidumbre, la complejidad y la inestabilidad institucional a la que estamos sometidos, no podemos fiarnos de nuestras intuiciones cotidianas como actores sociales competentes, sino
que necesitamos estudiar con distancia y objetividad el medio social en el que transcurren nuestras vidas, y para eso precisamos una aproximación científica con plena garantía. Que distintos organismos se aproximen al CIS para pedirle estudios
sobre los aspectos más variados de la realidad española, es prueba de que ese tipo de conocimiento es necesario para poder actuar en el mundo contemporáneo y que se le reconoce al CIS la competencia para realizarlos, así como la fiabilidad de los
datos que produce. Hay un tercer rasgo de las actividades de investigación realizadas que me parece resaltable. Me refiero al hecho de que en ese ejercicio de 2010, a diferencia de ejercicios anteriores, el CIS ha realizado todas sus
investigaciones cuantitativas, menos dos, recurriendo exclusivamente a su red de entrevistadores. En otras ocasiones, el centro había recurrido al encargo externo de algunos trabajos de investigación.
El año pasado, por el contrario, solo en dos
ocasiones se ha contratado el servicio de empresas externas y en ambos casos por razones de fuerza mayor. En uno por la necesidad de hacer una encuesta telefónica -saben que nosotros no tenemos la infraestructura para hacer encuestas telefónicas,
por desgracia - y en el otro para hacer encuestas por medio de ordenador en el marco de una investigación innovadora en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. Que se haya actuado así asegura que el CIS garantiza plenamente la
calidad de la investigación que realiza, ya que no solo la diseña en su fase inicial, sino que la recorre en todas sus fases hasta alcanzar los momentos de la producción de los datos, su presentación y su eventual análisis. La supervisa desde el
principio hasta el final, la genera desde el principio hasta el final.
Hay un cuarto rasgo relacionado con la modernización de la investigación y el incremento de la calidad de los datos producidos por las encuestas que me parece destacable de lo
hecho. A lo largo de 2010 se ha realizado un trabajo continuado de estudio y preparación con el objetivo de crear las condiciones necesarias para incorporar al trabajo de campo de nuestros entrevistadores la utilización del sistema CAPI, es decir,
del sistema de entrevista presencial con ordenadores portátiles. En efecto, a lo largo del año se han ido produciendo estudios y encuentros con instituciones experimentadas en este campo, y quiero agradecer aquí la colaboración prestada por el INE,
que ha actuado un poco de maestro nuestro, que han permitido hacer un plan muy realista para la incorporación de esa técnica de realización de entrevistas. Todo ello ha permitido dar en el año en curso los pasos decisivos para ir del diseño de este
tipo de encuestas a su plena ejecución, como ocurrirá en los próximos meses y se podrá relatar en la memoria del próximo año.
Señorías, íntimamente ligado a las actividades de investigación están las que realiza el banco de datos. La política que se ha venido desarrollando en los últimos años en este apartado reconoce la importancia creciente que para la actividad
del CIS, de los investigadores, de la universidad y de la ciudadanía en general tienen los servicios que proporciona un banco de datos plenamente modernizado y racionalizado. La revolución tecnológica de los últimos decenios y la consiguiente
aparición de una comunidad de conocimiento dotada de ordenadores en red ha llevado a un replanteamiento del funcionamiento y de la labor de los archivos de datos. No insisto en ello porque todo esto es muy conocido. ¿Qué ha hecho el CIS en este
último ejercicio en pos de ese ideal de poner a disposición de todos la mayor cantidad posible de datos científicos bien ordenados y por lo tanto, utilizables. Me parece que ha hecho al menos tres cosas y las tres han rendido buenos frutos. La
primera de ellas es poner a disposición de los posibles usuarios un número creciente de estudios, no solo de los estudios que se han ido realizando a lo largo del año, sino de estudios que estaban en el banco de datos pero no plenamente
digitalizados y que ahora se encuentran plenamente accesibles y disponibles para todos. El esfuerzo que se ha realizado en este sentido ha permitido poner ya a disposición de los investigadores todos los estudios realizados por el CIS desde el año
2002. En la actualidad, se está trabajando en este sentido para alcanzar en un futuro próximo el objetivo ambicioso de que todos los datos producidos por el CIS desde su creación, incluso los del antiguo Instituto de la Opinión Pública, y estamos
hablando de cincuenta años -el IOP fue creado en 1963-, estén a disposición de los investigadores, todos los datos. Puedo anunciarles que el año próximo nos situaremos ya, una vez completado el 2001, en los datos del 2000 y habremos acabado esta
primera década del siglo XXI.
Lo segundo que se ha conseguido en este campo del banco de datos es hacer más fáciles y rápidos los servicios de petición y recogida de datos por parte de nuestros usuarios. Expresión de estos logros son las estadísticas que aparecen en la
memoria. Muestran que en el año 2010 se han satisfecho unas 400 peticiones de una variedad de usuarios que siguiendo las distintas vías habilitadas se ponen en contacto con nuestro personal para pedirle datos, cruces, series. Pero más relevante
que esto es el crecimiento verdaderamente espectacular de descargas
de datos del banco de datos que se ha alcanzado el año pasado y que continúan en el año en curso. Las descargas se aproximan a las 10.000 y van de la mano del crecimiento, también espectacular, de las visitas de las páginas de nuestra web
el año pasado, que alcanzan los 17 millones y corresponden a unos 200.000 visitantes distintos. Sin duda todos estos datos son fuente de satisfacción para el personal del CIS, no solo por el éxito de su banco de datos sino sobre todo porque de esa
manera se hace evidente que la labor realizada en la producción de datos es de interés general y que solo hacía falta establecer un buen acceso para comprobarlo. En cuanto los datos se han puesto de forma completa y fácil a disposición de sus
posibles usuarios, científicos y ciudadanos, estos han procedido masivamente a recogerlos y a utilizarlos.
No quiero dejar esta breve exposición sobre el trabajo realizado en el banco de datos sin resaltar algo todavía no plenamente logrado pero que está muy cargado de futuro. Me refiero al esfuerzo realizado el año pasado y que se continúa en
el presente de relacionar de forma cada vez más firme y operativa nuestro banco de datos con el de otras instituciones internacionales de modo que en un futuro, espero que próximo, por medio de nuestro banco de datos, se pueda tener un acceso fácil
y funcional a bancos de datos de ciencias sociales internacionales, especialmente a los europeos. La incorporación del CIS al proceso de creación de la nueva infraestructura Cesda-Eric en el seno del VII Programa marco de la Comisión Europea, va en
este sentido. Y se han dado pasos importantes gracias también a la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación y al apoyo de la subsecretaria del Ministerio de la Presidencia, aquí presente.
Señorías, el núcleo duro del CIS no estaría completo si, una vez comentadas las actividades de investigación y puesta a disposición de los datos obtenidos, no se considerara el papel del centro en el sistema español de comunicación de la
ciencia social. En ese sistema el CIS está reconocido como una institución crucial -y no exagero al decirlo- tanto por ser casa editora de la principal revista española de sociología y ciencia política como por los libros que en sus distintas
colecciones y variados formatos edita. La memoria brinda una información completa sobre el trabajo que se ha realizado en este campo específico de la edición, que yo no creo que sea menor. No voy a intentar hacer ni siquiera un repaso somero, sino
que me limitaré a fijar lo que a mi entender es más significativo de ese trabajo hecho en la edición. Hay un primer rasgo en el que merece la pena centrar la atención -y creo que esto es importante y tendrá repercusiones a medio y largo plazo- que
se refiere a la labor de institucionalización del proceso de selección del material que publican tanto la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) como las distintas colecciones de libros. Por institucionalización me refiero a la
fijación de normas públicas y no susceptibles de manipulación para ordenar el proceso de recepción, evaluación y selección de los manuscritos a publicar. En esas normas se garantiza que los manuscritos que nos mandan los investigadores al CIS van a
ser evaluados siguiendo los procedimientos propios de las instituciones científicas y que la decisión final que se alcance, favorable o no a la publicación, proporciona a los autores todas las garantías pues resulta del juicio de especialistas que
han evaluado a ciegas y está siempre argumentada y se la hacemos llegar al autor. Para conseguir este objetivo, el CIS ha ido configurando consejos de especialistas tanto para la REIS como para las distintas colecciones de libros. El objetivo
perseguido ha sido que cada consejo sea independiente, de modo que no se repitan los mismos nombres, y que además esté formado por especialistas -esto me parece muy importante- de orientaciones y de ubicación académica plurales. Por esta razón, a
finales del año y al poco de mi nombramiento, he procedido a una renovación parcial de todos los consejos asegurando que aúnen el máximo rigor científico con el respaldo a la pluralidad epistemológica, metodológica y teórica, tratando de evitar
cualquier sesgo que favorezca a un colectivo de científicos sociales, a una institución de investigación o a una universidad. Es decir tiene que ser universalista y pluralista, y así se han configurado los consejos. Esta política ha obtenido ya
sus frutos y alcanza múltiples reconocimientos. Un indicador del reconocimiento logrado es el premio que la Unión de Editoriales Universitarias ha concedido en 2010 a la colección Cuadernos Metodológicos -una de nuestras colecciones- que el jurado
tuvo a bien considerar como -literal- la más importante colección de metodología sociológica en el mundo hispano. La buena venta de los libros de esta colección y la recurrente reedición de algunos de sus títulos avala plenamente este juicio del
jurado.
La plena institucionalización del proceso de selección del material que el CIS publica ha corrido en paralelo con un proceso de modernización y racionalización de la labor editorial. Hay en este capítulo algunos aspectos más anecdóticos
pero nada despreciables, como por ejemplo haber procedido al rediseño de las cubiertas de todas las publicaciones o la consecución de un volumen de ventas que incrementa un 11 por ciento las conseguidas el año anterior; hemos vendido más, sin que
sean unos resultados para dejar boquiabiertos pero hemos vendido más. A esto se podrían sumar otros como la aparición de una colección, que a mi entender tiene un brillante porvenir -y sobre ella se va a insistir mucho este año y el próximo-, y
que, bajo el título de Clásicos Contemporáneos, pretende poner al alcance del lector hispano parlante libros sociológicos o politológicos de referencia que por distintos motivos no han sido traducidos al español pero que mantienen su plena vigencia
y actualidad.
Son libros publicados desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, es decir de los que nos separan un mínimo de diez años y un máximo de cincuenta. No insisto sobre estos aspectos más de detalle y circunscritos.
Lo que a mi entender es realmente relevante en la política editorial del CIS es esa clara opción materializada a lo largo de 2010 y con una plena continuidad en la actualidad a favor del formato electrónico y por consiguiente de una
presencia activa de nuestra producción editorial en la red. Me limito a centrar la atención en solo cuatro casos que muestran fehacientemente esta opción estratégica. El primero es la decisión de limitar el periodo de carencia de la REIS, de
nuestra revista, de modo que pasado un año desde su publicación los trabajos que publica aparezcan en abierto, es decir sean universalmente accesibles y disponibles. El segundo es la decisión de publicar en formato electrónico y de nuevo en abierto
-por lo tanto accesible a todo el mundo- los libros de la colección Opiniones y Actitudes, una de las colecciones de más éxito del CIS y que en cuanto ha estado en abierto ha recibido realmente una llegada masiva de peticiones y una bajada masiva de
los títulos que se ponía a disposición. El tercer caso es la puesta en marcha del proceso de digitalización de los títulos ya existentes y su puesta a la venta en la red como libros electrónicos, lo que se ha conseguido a lo largo de 2010 con 30
títulos ya, y se está procediendo para conseguir más. Y el cuarto y último caso es algo obvio por sí mismo, pues es en gran parte condición del éxito de los demás. Me refiero a la renovación y puesta a punto de la página web del CIS que permite la
comunicación fluida con la red.
La opción por la alternativa electrónica en sus variantes de comunicación, edición y compraventa no supone dejar de lado o arrinconar la más tradicional basada en la producción, distribución y venta de revistas y libros en papel; se trata
por el contrario de apostar por algo que sigue siendo todavía complementario al papel pero que indica un futuro al que hay que estar abierto desde el principio. Las ventajas que arrastra consigo son obvias, la REIS, por poner un ejemplo, ha
conseguido que sean más los que la visitan en busca de los artículos que publica y que sean muchos más los que descargan su material. Es obvio que el sueño de todo editor -y yo me siento en parte editor- es que sus producciones queden al alcance de
todos y sean leídas universalmente. La conexión electrónica lo hace más fácil. Desde luego en la comunidad académico-científica eso es así, es un hecho incontrovertible. Tiene además la ventaja de ser ecológicamente menos agresiva y abaratar los
costes de publicación: menos papel, menos necesidades de almacenamiento, menos gastos de envío, etcétera. Pero no todo son ventajas y en este campo, como en todos, hay que reconocer que no hay luz sin sombras y hay que ser sincero en este sentido.
¿Cuáles son esas sombras? La posible disminución de la venta de libros -aunque no la hemos sufrido- y sobre todo de suscripciones de la revista y sumar una cierta mengua de ingresos. En el caso de la REIS esto se puede comprobar, ya que ha
supuesto la pérdida de casi un tercio de sus suscriptores. Si está abierta a todos, ¿para qué suscribirse? Aguantaremos un año y después ya podremos leer los artículos. Pero a mi entender esta servidumbre está más que compensada por el aumento de
los lectores posibles y de las lecturas reales. Es más, en la actualidad estamos calibrando dar un paso adicional en esta senda y reducir a medio año -es decir, acortar todavía en seis meses más- el periodo de carencia de la revista, de forma que
se pueda acceder libremente a sus artículos a los seis meses de haber sido publicadas. Es posible que perdamos algunos suscriptores pero es seguro que ganaremos muchos lectores y esto es lo que estamos buscando. En el espacio de la comunicación
académica de la ciencia, la edición electrónica ha dejado de ser el futuro para convertirse en un presente irrenunciable. El que no lo entienda se quedará fuera del juego y el CIS no quiere quedarse fuera del juego, sino que quiere intervenir
activamente. No insisto más sobre este tema apasionante de las publicaciones y la dinámica que está detrás de ellas, la comunicación científica, cómo organizamos la comunicación científica.
No quisiera acabar mi recorrido por las actividades de 2010 sin hacer una breve mención a lo actuado en el campo de la formación, y voy ya acabando porque sé que están todos cansados de una sesión tan larga. Es evidente que el CIS no es una
institución docente, lo tengo claro. Aunque vengo de una institución docente, tengo claro que esta no lo es, pero tiene vínculos muy densos con el mundo de la docencia y con la universidad en particular. Su expresión más alta es la concesión del
Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, que desde 2008 se otorga cada dos años, y que en diciembre de 2010 un jurado que tuve el honor de presidir concedió al profesor don Carlos Moya Valgañón, catedrático de sociología muy conocido, en
reconocimiento de su dilatada carrera académica e investigadora. Hace unos días pudimos celebrar la ceremonia de entrega del premio, presidida por su Alteza Real doña Cristina y por el ministro de la Presidencia don Ramón Jáuregui, otorgándole al
profesor Moya el reconocimiento que todos creemos que se merece. Yendo más allá de este caso tan vistoso o tan llamativo, las actuaciones que se han sucedido en este apartado han seguido un principio de continuidad con lo que se había actuado y
conseguido en años anteriores. En efecto, los datos de la memoria permiten comprobar que el CIS ha dado continuidad a la política de formación permanente de su personal técnico, promoviendo o financiando su asistencia a cursos, seminarios o
congresos. Por otro lado, el CIS ha mantenido la política de becas, muy valoradas por los jóvenes licenciados en ciencias políticas o sociología. Gracias a ellas, ha incorporado, como en ocasiones anteriores, a un grupo de becarios para
perfeccionar su formación a lo largo de un año, integrándolos -y esta es la modalidad- plenamente en el trabajo del día a día de la institución, convirtiéndolos en un miembro más o en un trabajador más del CIS.
Por último, quiero llamar la atención sobre la celebración del curso de posgrado para formar especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos, impartido por el CIS, en un ejemplo de colaboración entre
nuestro personal técnico y profesores provenientes de distintas universidades españolas. El curso se imparte a una veintena de estudiantes, algunos de ellos becarios, tras un muy riguroso proceso de selección. Tiene una duración anual,
permite adquirir un conocimiento muy pegado al terreno y tiene una enorme eficacia. Tan es así que lo estamos intentando reconvertir en un máster para que tenga el carácter de título universitario y, en este sentido, estamos en contacto ya con la
Menéndez Pelayo.
Señorías, alcanzo ya el final de mi intervención. No quisiera acabarla sin mencionar y agradecer el gran trabajo realizado por el personal que forma parte del centro. Si los logros han sido muchos, tal como creo que permite concluir la
información que brinda la memoria, es gracias a la cualificación, dedicación e identificación con la institución que muestran sus trabajadores y trabajadoras, ya sean laborales o funcionarios, y con independencia de su grado de especialización o
titulación académica. A todos ellos vaya mi especial reconocimiento en este año, en el que una vez más se han esforzado en mantener el nivel de excelencia del Centro de Investigaciones Sociológicas en una situación ciertamente de dificultad, porque
es de ahorro y de restricción presupuestaria.
El señor PRESIDENTE: Ahora los grupos tienen la oportunidad de dar su opinión. Señor Gil Lázaro, en nombre del Partido Popular, tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Bienvenido, señor presidente. Presenta usted hoy la memoria de gestión correspondiente al año 2010, un balance temporal, cuya responsabilidad no incumbe plenamente a su función directiva personal, puesto que usted
asumió esta casi al final del ejercicio, en septiembre de 2010. Sí que tengo que decirle que me ha parecido mucho más didáctica, clara e informativa la metodología que usted ha utilizado en su expresión oral hoy que la propia frialdad de los
contenidos de la memoria y, en ese sentido, se lo agradezco y le felicito por ello.
Pero precisamente por lo dicho yo creo que convendría cruzar lo que usted hoy acaba de trasladarnos como expresión de la memoria de gestión del año 2010 con lo que usted mismo anticipó como orientaciones sobre las que quería trabajar en su
gestión en su comparecencia ante esta Comisión el día 23 de septiembre de 2011, porque entiendo que quizá en ese cruce es donde podamos obtener un mayor grado de utilidad a la sesión de hoy. Yo comparto con usted lo que en su momento señaló en esa
Comisión del 23 de febrero. Creo que es un punto de partida que nos vincula por igual a todos los grupos parlamentarios: que los profesionales del centro son magníficos. Pero quizá decir -y apunto, solo quizá-, como usted manifestó en aquella
sesión que al llegar a la presidencia se dio cuenta de que el centro funcionaba admirablemente bien -dijo usted literalmente-, podría parecerle a alguien -yo creo que esa no sería una interpretación adecuada- que de alguna manera autolimita su
impulso de renovación o de perfeccionamiento. Yo creo que no, pero sin lugar a dudas podría parecerlo. Por eso yo creo que la primera pregunta que convendría hoy formularnos es casi obligada: ¿qué cree usted básicamente que es susceptible de
mejorar? Luego habrá que hacer una referencia a algo en donde probablemente esta pregunta que acabo de hacerle deberá enmarcarse con un carácter más general y más sistemático. A partir, por tanto, de esas líneas maestras que usted trazó en su
comparecencia de 23 de febrero y lo que viene -con cierta frialdad, insisto, me ha parecido mucho más satisfactoria su exposición oral- en la exposición literaria de la gestión, quisiera cruzar lo que me parece que podrían ser, desde la perspectiva
de mi grupo, algunas indicaciones que podríamos compartir y que quizá contribuirían a responder a esa pregunta genérica que yo le estoy haciendo: ¿qué es lo que podemos mejorar?
Quizá en los próximos meses convendría seguir avanzando -no dudo que se han producido avances- en relación con la utilización del denominado sistema CAPI -ha hecho usted referencia a ello-, seguir avanzando en cuanto al plan de realización
de estudios cualitativos -también ha hecho usted referencia a ello-, avanzar de una manera sustancial en el proyecto -no hace ninguna mención a ello la memoria de gestión de 2010, pero yo creo que con acierto usted lo mencionó en su comparecencia de
23 de febrero- de encuesta social o general del CIS y, aunque tenga un carácter mucho más concreto, seguir avanzando en esas dos líneas que usted señaló: la conversión del máster del CIS en máster universitario en colaboración con la Menéndez
Pelayo y, desde un punto de vista más técnico, más de infraestructura, culminar la incorporación de una nueva aplicación a la base de datos en la que se está trabajando, si no me equivoco, con la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica
de Madrid, tal como señala la memoria.
Hubo una mención por su parte en su comparecencia del día 23 de febrero -no la hay en la memoria de 2010, y creo que es un proyecto interesante que usted asumió- a seguir avanzando en la reactivación del proyecto Arces. Hoy no ha hecho
usted referencia a él, vuelvo a insistir, porque no tenía por qué hacerlo en la medida en que no viene consignado en la memoria de 2010, pero usted lo asumió como una iniciativa de reactivación. Yo creo que es muy interesante, y en eso convendría
que siguiéramos avanzando en los próximos meses.
Ha hecho usted referencia, igual que la memoria de 2010 -ahí sí se ve directamente su mano-, a la renovación que ha impulsado en los consejos asesores. Yo creo que está bien esa tarea de impulso de renovación, está bien esa declaración de
principios que ha hecho en cuanto a objetivar al máximo y evitar que ningún grupo pueda tener más o menos peso en esos consejos, pero hay algo que se dice en la memoria y que me ha llamado la atención, y es el alto nivel de rechazo de originales.
Lo que no sé -quizá sea una pregunta inconveniente- es si eso responde a unos estándares de calidad exigibles
en el análisis de esos originales, cosa que me parecería bien -todo lo que sea aumentar las exigencias de estándares de calidad me parece bien-, o, si responde lo que me podría preocupar más, a que la calidad de los originales era
objetivamente motivo de que fueran rechazados. En ese caso, ciertamente -aunque no es una cuestión que afecte directamente al CIS, como es natural- me podría producir una cierta inquietud en la medida en que podría delatar una pérdida de sustancia,
por decirlo con un eufemismo, por parte de la comunidad científica que remite esos originales. En todo caso, creo que también es interesante saber en qué estado se encuentran en este momento las negociaciones con la Comisión Europea para la
definitiva constitución del consorcio europeo de infraestructuras de investigación.
Le decía antes que a la pregunta general de qué cree usted que es mejorable, la respuesta completa y metodológica debe enmarcarse en lo que usted también señaló como voluntad suya en su comparecencia del 23 de febrero, es decir, la
definición el plan estratégico del CIS. Quisiera saber en ese sentido cuándo prevé usted que podemos contar, si no ya con ese plan definitivamente, al menos con un esbozo que pudiera usted comentar con esta Cámara. Se que estas cuestiones que yo
le planteo y algunas muy concretas que le plantearé al final pueden ser muy de detalle. Por tanto, en la medida en que quedan consignadas en el 'Diario de Sesiones', perfectamente puede, si lo cree oportuno, contestarlas por escrito, sin necesidad
de que se vea forzado a hacerlo en este acto.
Decía que mañana, si las noticias son correctas, se va a presentar la encuesta correspondiente a las elecciones autonómicas y principales ayuntamientos. Aquí doy por reproducidas las consideraciones hechas en la sesión de 23 de febrero por
mi compañero el señor Bermúdez de Castro. La eficacia de una encuesta se mide por la capacidad de acierto en su predicción. Ciertamente, la primera bajo su presidencia, ciertamente también muy ajustada en el tiempo, pero al menos formalmente la
primera bajo su presidencia, que fue la correspondiente a las pasadas elecciones al Parlamento de Cataluña, volvió a incurrir en los mismos errores predictivos que las inmediatamente anteriores, ya ajenas a su presidencia, gallegas, vascas y
europeas, en lo concerniente a resultados del Partido Popular. Por tanto, haría una pregunta meramente retórica que no espero ni quiero que me conteste en este momento: ¿habrá en esta encuesta que se presentará mañana un mayor grado de fiabilidad
en relación con aquellas otras anteriores? ¿Se ha corregido, porque esta ha sido una reclamación y una reivindicación permanente de todos los grupos, no del Grupo Parlamentario Popular, de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara presentes en
esta Comisión, de una vez por todas en la elaboración de esta encuesta que se presentará mañana la exagerada sobrerrepresentación del voto socialista en sus muestras? Por cierto, a tenor de lo dicho tanto por los señores Bermúdez de Castro como por
el señor Torres Mora en la sesión de 23 de febrero, ¿se va a publicar la fórmula predictiva utilizada para las estimaciones? Se que usted señaló en esa sesión del 23 de febrero que era partidario de llevar adelante esa publicación, que se le diera
un instrumento para poder llevarla adelante.
Tanto el señor Bermúdez de Castro, al que creo interpretar bien, como el señor Torres Mora, al que creo haber leído bien, ambos, en esa misma sesión le dijeron: señor presidente del CIS, sirva la
expresión de voluntad de la que queda constancia en el 'Diario de Sesiones' por parte de estos dos grupos parlamentarios para hacer fehaciente ese instrumento que dice usted que necesita para poder hacer pública la fórmula predictiva. Creo que
hacer pública esa fórmula predictiva sería, sin lugar a dudas, avanzar en las consideraciones generales y además en esos principios de transparencia y de objetividad que, como no puede ser de otra forma, usted relató en la sesión de 23 de febrero
que quieren que presida la elaboración técnica de todos estos instrumentos del CIS.
A la vista de la memoria del año 2010, y con esto concluyo, señor presidente, habría algunas cuestiones muy concretas. ¿Por qué descendió el número de estudios cargados en la base de datos en relación con el año anterior? ¿Qué previsiones
temporales manejan en cuanto a la finalización del trabajo de incorporación de las matrices de microdatos de estudio que en la actualidad alcanzan hasta el año 2002? A algo de esto ha hecho referencia también usted en su intervención. ¿Cuándo se
prevé que finalice el proceso de digitalización del conjunto del catálogo del centro? Por último, desde una perspectiva puramente presupuestaria -y no ha hecho su señoría mención en su intervención a eso, pero entiendo perfectamente que en una
intervención de síntesis no lo haya hecho-, con un presupuesto ya muy ajustado, como es el presupuesto que ha tenido que administrar el CIS en este ejercicio de 2010, ¿por qué el presupuesto de gasto se ejecutó tan solo en un 86 por ciento? ¿Por
qué el presupuesto de ingresos se ejecutó únicamente en un 21 por ciento? ¿Y por qué durante ese año el centro no recibió ninguna transferencia corriente, ni de capital por parte del Tesoro?
Señor presidente, felicitándole porque su exposición oral ha sido más atractiva, más informativa, yo creo que incluso hasta más exhaustiva, a pesar de la limitación, que la fría literalidad de la memoria, hago mío como final lo que ha sido
el principio de su intervención. Usted ha dicho que mantener una línea de contacto permanente con el Parlamento es uno de los objetivos que su señoría se propone. Yo le digo que esa es una buena declaración de principios que debe permitir hacer
juntos, CIS y grupos parlamentarios, un trabajo mejor que es, en definitiva, de lo que se trata. Y, en definitiva también, compartir el tiempo es un buen propósito en quien, como usted, es un magnífico experto en sociología del tiempo.
Creo que
sería bueno ver si entre todos somos capaces de materializar ese empeño.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don José Andrés Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Bienvenido, señor presidente del CIS.
Desde que fue nombrado usted presidente del CIS es la tercera vez que comparece en el Congreso en esta Comisión. La verdad es que para el ritmo de nuestra institución, me siento muy satisfecho porque tenemos una información precisa y
ajustada de cómo funciona una institución a la que le tenemos tanto afecto y por la que tenemos tanto interés. Lo que pasa es que uno no sabe qué decir nuevo, porque el ritmo de las comparecencias es veloz y los cambios que se van haciendo no
pueden ser tan veloces, ya que se tarda un cierto tiempo en ir estableciendo nuevas formas de encuestas, asistidas por ordenador y en poner a disposición de los investigadores y de los usuarios años y años de investigaciones del CIS a través de su
página web. Con todo, lo que compruebo en su tercera comparecencia es que, afortunadamente, usted va cogiendo velocidad y la va imprimiendo a los cambios en el CIS. Y como esos cambios están muy bien orientados y van en la dirección que hemos
pedido en esta casa muchas veces durante estos años, todos estamos muy satisfechos. No tengo demasiadas cosas que aportar después de su última comparecencia, por lo que seré breve.
El señor PRESIDENTE: No es preciso que se esfuerce. (Risas.)
El señor TORRES MORA: Yo creo que hay que insistir en la transparencia, que está muy bien. Me parece muy buena idea hacer más pluralistas los consejos y que se establezcan unos criterios universalistas para la selección de publicaciones.
No he sido paciente, pero he sido testigo alguna que otra vez de la dureza de los criterios del CIS a la hora de seleccionar publicaciones e investigaciones y, sin duda, por ese rigor compite con los mejores centros de investigación y con los
mejores lugares de edición de investigación social del mundo, y nos podemos sentir muy orgullosos. Por tanto me parece muy bien el pluralismo metodológico, porque seguro que hace más sencillo que la gente de distintas escuelas encuentre más
facilidad para publicar, y desde ese punto de vista creo que la transparencia es irreprochable. Me parece que tenía mucho sentido la petición que algunos hicimos muy al principio de que se pusieran los microdatos gratuitamente a disposición de la
comunidad científica, viendo el uso, los accesos y la bajada de ficheros, que me parece espectacular: más de 10.000 descargas de matrices es un dato muy importante. Creo que la mengua de los ingresos económicos es un asunto menor en comparación
con la productividad del conocimiento y de la inteligencia que esos estudios pueden lograr, y por tanto yo animaría al CIS a que siga en ese camino y en el camino de la edición electrónica.
Para ir al grano de lo más polémico, y acabar con esto, hay dos cosas que decía el señor Gil Lázaro, una con la que estoy completamente de acuerdo y con la que me siento absolutamente representado por sus palabras, y otra con la que no estoy
de acuerdo. Estoy de acuerdo desde luego en que cuando el CIS lo estime necesario se haga público el modelo de estimación que hace el CIS, yo no veo en eso ningún problema, ningún impedimento, sino algo científico, algo transparente, algo que
vendrá muy bien a la sociedad española, le hará mucho bien a la sociología, la hará mucho bien al CIS, y le hará mucho bien a la política, esa transparencia de mostrar cómo se hace un modelo de estimación está muy bien, y espero que además sea un
ejemplo para que todo el que haga un modelo de estimación, el que haga una estimación en un periódico o en un medio de comunicación explique cómo ha hecho la estimación, y será muy bueno para la profesión, bueno para la política, bueno para la
democracia y bueno en general.
Desde luego el CIS tiene el apoyo de mi grupo y eso fue lo que dije en la última comparecencia, y sigo pensando igual. Si considera que es mejor que hagamos una proposición no de ley o que planteemos algún tipo de
iniciativa que deje constancia, desde luego cuente con mi máximo interés en el tema. Sin embargo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, y es que cuando salimos de aquí en la sesión del 23 de febrero el señor Bermúdez de Castro me dio
amablemente un documento, un folio donde venía la comparación de las muestras del recuerdo de voto de las encuestas políticas del CIS de los meses de enero, abril, julio y octubre, y es cierto que en las encuestas políticas había una representación
mayor de recuerdo de voto socialista que en las que eran no políticas. Era un verdadero desafío desde el punto de vista intelectual, y les confieso -aunque sea un poco casuístico y muy sencillo- que como era un desafío y en el fondo uno todavía
sigue teniendo esa alma de científico cogí el documento e inmediatamente traté de pensar cómo podía comprobar si había un sesgo. Pensé que quizá hay una pregunta política que es constante en todas las encuestas del CIS, en las políticas y en las no
políticas: cuál es la autoubicación ideológica. Mi hipótesis nula era que en las encuestas en las que hay preguntas sobre política, en los cuatro barómetros de política con intención de voto, como había sobrerrepresentación de los socialistas, la
autoubicación de la muestra tenía que estar más a la izquierda que en aquellas donde había subrepresentación o menos representación de los socialistas; en encuestas con más socialistas, con más recuerdo de voto, lógicamente la media tenía que
desplazarse a la izquierda; en encuestas con menos representación socialista, la media tenía que estar más centrada. En el metro, con la PDA que nos dio el Congreso, me conecté a Internet, me conecté a la página del CIS, y estuve comprobando los
resultados de los barómetros del CIS del último año, y en el propio papel que el señor Gil Lázaro me dio estuve haciendo los números. Finalmente no había más que una diferencia de tres centésimas -lo cual es no significativo
desde el punto de vista estadístico- entre un grupo de encuestas y el otro. La media era la misma; no había un sesgo político desde el punto de vista de la autoubicación ideológica de los dos tipos de encuestas. Creo que el problema tiene
que ver, como dijimos el 23 de febrero, con un efecto del cuestionario que, al preguntar sistemáticamente por aspectos políticos, lo que hace es activar el recuerdo de determinados sectores.
Dicho esto, y perdón, señor presidente, no creo que ese sea el problema.
No hay un sesgo ideológico. No hay un sesgo muestral, y producir un sesgo puede hacer daño a toda la serie histórica de datos del CIS. Por tanto yo sería partidario,
más como académico que como político, de que no se modificaran los criterios metodológicos; aunque sí sería partidario como político, como representante de los ciudadanos, de que se explicitara el modelo porque creo que eso en sí mismo es bueno, y
es bueno políticamente.
En cuanto a la capacidad de predicción -y con esto acabo- las encuestas pueden predecir el resultado electoral si nada cambia entre el momento en que se hace la encuesta y el momento en que se hace la elección. El CIS tiene por costumbre, y
tengo entendido que van a publicar mañana o pasado los resultados de las encuestas -que por cierto- me imagino que se haría el trabajo de campo hace ya unas semanas- antes de que empiece la campaña. Por tanto entre la publicación de la encuesta, no
ya cuando se hizo, sino cuando se publicó, y el momento de la elección media ni más ni menos que una campaña electoral, con lo cual el caeteris paribus es difícil que se cumpla, porque las cosas no permanecen igual.
Muchas gracias, señor presidente del CIS.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del centro, tiene la oportunidad de contestar a las sugerencias.
El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (Ramos Torre): Intervengo de forma breve.
Siento convertirme en una presencia constante aquí, tal vez sea simplemente por lo cerca que está el CIS de esta casa, ya que simplemente se trata de atravesar el Paseo del Prado. Es verdad que en muy poco tiempo he estado ya en tres
ocasiones, la primera en un desconcierto absoluto en la Comisión de Presupuestos, donde se me preguntaba sobre algo de lo que no tenía ninguna idea porque acababa de llegar al CIS.
También es verdad que fueron clementes conmigo y se me reconoció
que no tenía por qué responder a lo que se me preguntaba. De todas maneras se intentó.
Jano, dios del tiempo, tenía dos caras: una miraba para el pasado y otra para el futuro; yo venía aquí a hablarles del pasado y ustedes me dicen que hable del futuro; pues se habla del futuro, a pesar de que yo quería hablar del pasado, y
el pasado es la memoria y lo que se hizo.
Ciertamente lo hizo alguien que no era yo, una cuarta parte de eso lo hice yo, pero por otra parte las instituciones permanecen, las personas cambian, y lo mismo que yo dejaré de estar en el CIS y otro
vendrá, tendrá que asumir el trabajo realizado por la institución. Por eso yo también asumo el trabajo realizado por el CIS anteriormente, que por otro lado me parece magnífico. Además me reafirmo en la idea de que el trabajo estaba admirablemente
bien hecho. Exageraría la nota al decir que yo no he tenido nada que hacer, que me he puesto a sestear porque todo el trabajo salía automáticamente, pero realmente es una institución que funciona muy bien como resultado del trabajo de muchísima
gente a lo largo de muchos años.
¿Qué se puede hacer en términos de mejora? Hice un cierto programa y en relación con ese programa sí se han dado y se van a dar algunos pasos.
Sobre el CAPI se ha dado ya algún paso. Se va a hacer una encuesta piloto con CAPI en este
próximo mes de junio, al hilo de las elecciones autonómicas. ¿Cómo se va a dar el primer paso? Con prudencia. ¿Para qué? Para aprender, porque es una cosa abierta, y siempre que algo es abierto, cabe también el error, y lo que queremos es
aprender de nuestros posibles errores con el consejo de los que saben más que nosotros -no nos da vergüenza especialmente decirlo-, como puede ser la gente del INE, que nos ha ofrecido su colaboración.
Los cualitativos están en marcha. Ya hemos hecho el primer cualitativo del CIS con personal propio. Se está haciendo todavía el análisis, pero se ha hecho ya la transcripción. En un plazo razonable aparecerá la transcripción y después los
análisis. En cuanto a la encuesta social se han hecho ya las reuniones, y está programado también hacer una encuesta piloto para el mes de noviembre. Vamos muy deprisa, pero es que tampoco podemos estar esperando a que las cosas ocurran por sí
mismas. Lo único que nos pone límites es la escasez de recursos, porque si tuviésemos más recursos, más haríamos y en menos tiempo. Por tanto en esto se ha dado un paso. En cuanto a la conversión del curso en un máster universitario las
conversaciones están hechas con la Menéndez Pelayo, y vamos a presentar los papeles antes del mes de junio, de forma que para el curso 2012-2013, el 1 de octubre, empezará un máster de sociología aplicada y análisis de datos.
En ARCE vamos un poco más retrasados, porque tenemos que resolver previamente la infraestructura informática en nuestro banco de datos, y eso evidentemente tiene un problema, y es que cuesta mucho dinero. No podemos meternos a dar un paso
en esto si después no tenemos la infraestructura con la que podamos administrar los datos, porque estaríamos generando expectativas que frustraríamos sistemáticamente. La renovación de los consejos ha sido utilizando ese criterio de pluralidad
incluso geográfica. Desde mi punto de vista había una presencia abusiva de universidades del centro y de Cataluña. He intentado dar mayor diversidad, de forma que hubiese gente y puntos de vista más variados, dentro del rigor, la seriedad y el
amor incondicional por la ciencia.
Está funcionando bien y está dando buenos
resultados. En cuanto al plan estratégico estamos haciendo los primeros contactos, y no se lo puedo anunciar aquí porque el espacio de publicidad extrema lleva a que toda palabra quede ahí, y por eso no puedo comprometerme a una fecha, pero
desde luego antes de que acabe la presente legislatura se habrá adelantado mucho y espero que ya esté hecho.
En cuanto al porqué del rechazo de los originales es ciertamente porque el sistema se ha hecho más estricto. En el sistema de doble ciego uno está analizando manuscritos originales sin saber de dónde vienen, y por tanto rompiendo todas las
dinámicas de solidaridad con la universidad de origen. A veces también se puede administrar con un exceso de severidad y entonces a lo mejor estamos poniendo en marcha una dinámica hiperpuritana que nos lleva a que no podamos publicar nada, porque
nada llega a la excelencia que soñamos nosotros. No se está llegando a eso, pero ha habido quizá un exceso. No lo tengo muy claro, pero ciertamente se están seleccionando trabajos muy buenos que están recibiendo el beneplácito y el apoyo de la
comunidad científica, que es con la que nos relacionamos.
¿Qué pasa con las elecciones autonómicas municipales? Mañana jueves se acaba el plazo, empieza la campaña, y por tanto ya se ha anunciado a la prensa que mañana a las doce y media se colgarán los datos de las autonómicas y municipales. De
nuevo usted me fuerza a ser una especie de maestro del tiempo, quiere saber si voy a acertar en los resultados.
¡Ojalá pudiera meterme en una máquina del tiempo y saber eso! El trabajo está hecho con toda la seriedad que acredita el CIS a lo largo
de su historia, con el rigor máximo y siguiendo procedimientos que están avalados universalmente. El argumento que traía a colación el diputado Torres Mora es evidente: la separación temporal es fundamental. Es más, el trabajo de campo en
relación con las municipales y autonómicas lo hemos empezado a mediados de marzo, esto es dos meses antes del hecho electoral. Todo el mundo estará de acuerdo en que desde mediados de marzo hasta el 22 de mayo las cosas pueden cambiar mucho,
incluso en el plazo de un mes hay un cierto cambio que se percibe en el clima social y político del país. Nosotros vamos por detrás de los acontecimientos porque tenemos una metodología en relación con la cual, si dispusiéramos de una buena
infraestructura para hacer encuestas telefónicas, podríamos estar muy cerca del acontecimiento. Por otra parte tampoco queremos interferir en la campaña porque es un acuerdo tácito que existe.
Tendríamos que dar nuestros datos antes de que
empezara, pero a lo mejor podríamos dar datos que hemos producido hace diez días, con un procedimiento muy serio que es la entrevista presencial, que tiene unas garantías que no tiene otro. Creo que los datos son y se mostrarán sólidos, y si dentro
de unos meses -si sigo viniendo aquí con tanta frecuencia- usted me dice que no he acertado, podremos llegar a alguna conclusión.
El problema de la subrepresentación del PP y de la sobrerrepresentación del PSOE es un tema que se debatió ampliamente en la sesión anterior. Los argumentos los ha dado parcialmente -iba a decir el profesor Torres Mora- el diputado Torres
Mora. Venimos del mismo espacio docente y nos hemos tratado siempre como profesores y ahora tenemos que tratarnos de otra forma. Los argumentos están ahí. Todas las comprobaciones que hacemos sobre nuestras muestras después de las entrevistas, y
sobre el proceso de realización de las entrevistas ponen de manifiesto que no tenemos sesgos.
En la sesión anterior daba datos -no hace falta que los repita ahora- que lo demostraban de manera muy rotunda. No hay sesgos y tampoco las notas de
nuestros entrevistadores nos dicen si la gente se niega a que entren en su casa, o si cuando hay casas con características externas de un tipo o de otro pueden entrar o no. Ciertamente sí nos dicen que es muy difícil entrar en las urbanizaciones,
pero no creo que la presencia de los chalés de las urbanizaciones en las muestras del CIS sea muy alta. Pueden ser cuatro o cinco casos, no más, y no creo que eso sesgue y destroce una encuesta. Insisto en que es algo -lo dije en la ocasión
anterior- que está muy extendido. Por otra parte, la respuesta sobre recuerdo de voto no es una tema conductal, sino actitudinal. Aquí haría falta una buena teoría sobre cómo se construye la memoria. No voy a entrar en ello porque la otra vez se
hizo una pequeña incursión, y no voy a aburrirles con esas cosas, pero el recuerdo de votos es un tema fundamental que no está suficientemente bien estudiado, y desde luego sería un error garrafal -que nadie que sea serio en la profesión hace-
filtrar toda la información de las encuestas a partir del recuerdo de voto. Sería un desastre y llevaría a errores gravísimos. Nadie o muy pocos, y no muy prestigiosos analistas, hacen esas cosas.
Sobre la incorporación de los microdatos de los estudios anteriores intentamos acercarnos al año 1963. Tenemos fichas perforadas que son casi como del Paleolítico superior para la investigación social; fichas de los años sesenta que
estamos mandando a Essex para que nos las traduzcan y poder recuperar esos datos. Será en un plazo razonable, ciertamente no en esta legislatura porque harán falta varias -no sé si varias, pero sí bastante tiempo-, y queremos poner todo eso a
disposición de los investigadores y de los que quieran trabajar sobre ello.
En cuanto a presupuestos imagino que habrá un momento oportuno dentro de poco, en el que tendré que volver aquí para hablar sobre ellos. Sobre el modelo de estimación que resurge continuamente mi posición es clara.
Todos los que me han
precedido lo han mantenido como algo reservado al centro, y que el centro utilizaba para que se hiciese una inversión de confianza en su probidad científica y metodológica. Creo que esa confianza está satisfecha porque el centro se ha portado
siempre adecuadamente. ¿Qué es lo que me parece conveniente? Estoy reflexionando a bote pronto en voz alta, y quizá no sea muy prudente. Digo simplemente que debería haber un acuerdo parlamentario que lo
fijara. Este presidente del CIS ha hecho público graciosamente el modelo, pero podía dejar de hacerlo público en función de su libre voluntad; y desde luego el que me suceda podrá tomar la decisión en un sentido u otro. Yo no tengo
libertad, por ejemplo, para hacer públicos los datos y ponerlos a disposición de todo el mundo a los quince días de recibirlos.
¿Por qué? Porque hay un acuerdo parlamentario sobre eso. No es que esté buscando perder libertad, sino que haya un
acuerdo en el que se fije eso, que me afecte a mí como actual presidente y a los próximos presidentes y presidentas que vengan, y que ese acuerdo se cuaje aquí si se considera oportuno. Con esto creo haber dado respuesta a todo. Si hay algo que me
falte, con gusto se lo responderé por escrito.
En relación con la intervención del diputado Torres Mora a la que ya he hecho referencia, le agradezco su apoyo y comprensión sistemáticos al trabajo del CIS, que además creo que están extendidos. No diría que solo el diputado Torres Mora
es comprensivo con el CIS; la comprensión y el apoyo están muy generalizados y eso nos permite trabajar. En cuanto a lo planteado por usted al final respecto al contacto con el Parlamento, he hecho una ronda con todos los grupos parlamentarios
-que ha sido costosa temporalmente porque me ha llevado tres meses- para encontrarme con ellos, contarles qué es el CIS, que puede hacer y decirles que estoy dispuesto a que me hagan todas las sugerencias o reflexiones que consideren oportuno. Eso
muestra una apertura al diálogo y sigo estando abierto a ese diálogo para cualquier sugerencia o comentario que me hagan. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, pido diez segundos para pura cortesía.
El señor PRESIDENTE: Pura cortesía.
El señor GIL LÁZARO: Para pura cortesía, dos ideas. Su presencia nos es y nos será muy grata y valoramos esa declaración de principios de contactar con nosotros. En segundo lugar, separación temporal entre trabajo de campo y vía
electoral. Quiero dar las gracias -como modesto aficionado a estas cosas me gusta decir profesor- al profesor Torres Mora por los elogios que siempre hace; unas veces -como hoy- implícitos y otras veces explícitos a los responsables electorales de
mi partido, señor brmúdez de Castro y ...
El señor PRESIDENTE: Eso se está pasando de la cortesía. (Risas.)
¿El señor Torres Mora también quiere ser cortés?
El señor TORRES MORA: Por supuesto. ¿Cómo no decir de nada? También quiero decirle al presidente del CIS que lo esperamos como muy tarde en el debate de presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, muchísimas gracias por su presencia y por su información. Seguimos la sesión de la Comisión en un segundo.
(Pausa.)
DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (LÓPEZ FERNÁNDEZ), PARA INFORMAR DE LA OBRA EN CURSO DEL MUSEO DE COLECCIONES REALES, DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICO.
A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 212/001443.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a continuar con la sesión de la Comisión. Corresponde ahora la comparecencia de la señora subsecretaria del Ministerio de la Presidencia para informar sobre la obra en curso del Museo
de Colecciones Reales, desde el punto de vista económico, arquitectónico y paisajístico. Se da la curiosa circunstancia de que esta comparecencia está solicitada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana- Izquierda Unida- Iniciativa per
Catalunya Verds y que no está presente ninguno de los diputados de dicho grupo. Se podría interpretar que al no estar decae, pero por respeto a doña Soledad López, que además lleva ya un tiempo aquí, nos gustaría escuchar sus explicaciones. Cuando
doña Soledad quiera tiene la palabra, a quien recibimos con mucho afecto, especialmente por la paciencia que ha tenido.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (López Fernández): Si es posible, querría pedir que se pasaran estos planos entre sus señorías para facilitar la comprensión del proyecto, dado que es tan tarde y vamos a tener menos
tiempo.
Como les decía, tengo el honor de comparecer en esta Comisión Constitucional del Congreso, como acaba de decir el señor presidente, a petición de don Gaspar Llamazares en representación de su grupo. Hemos decidido seguir adelante con la
comparecencia, y se lo agradezco, señor presidente. Voy a destacar, en primer lugar, unas ideas fundamentales en cuanto al Museo de Colecciones Reales y a las obras en curso. Se trata de un proyecto de Estado, hay consenso político y social; se
integra en un conjunto histórico y artístico de primer orden; constituye una apuesta de gran interés cultural que impulsará el turismo, y que tendrá una repercusión positiva en el empleo; y por último, algo muy importante, permitirá el acceso de
los ciudadanos y de los especialistas a los tesoros de las 42 colecciones reales actualmente en almacenes. En efecto es un proyecto de Estado, y con él
se desarrolla una idea ya acariciada durante el siglo XIX por muy diferentes gobiernos. En mayo de 1936 La Gaceta de Madrid publicaba un decreto de creación del Museo de Armas y Tapices, que se iba a construir en los solares de la calle
Bailén, y que dependería del Consejo de Administración del Patrimonio de la República. El proyecto al que hoy nos referimos inicia su andadura en la primera legislatura del Partido Popular, y recibe todo su impulso del actual Gobierno del PSOE.
Existe acuerdo, consenso, cuenta con el apoyo del Gobierno de España, de la comunidad autónoma y del ayuntamiento de la capital, así como de distintos partidos políticos y de instituciones académicas y culturales.
Con todos ellos ha habido
reuniones y encuentros, y todos ellos han podido expresar su opinión. Se ubica en el Madrid de los Austrias; junto con el Palacio Real, el Teatro Real, la Catedral de la Almudena, los Jardines de Sabatini y la Plaza de Oriente -un lugar que todos
conocemos y disfrutamos- conforma desde luego un polo de atracción a la altura de otras grandes capitales europeas, que debe ser realzado como merece.
Existen en Madrid, en el denominado eje Prado-Recoletos, museos de gran importancia, como el Prado, el Thyssen, CaixaForum o el Reina Sofía. Este nuevo Museo de las Colecciones Reales, por el extraordinario valor histórico artístico de las
piezas que se van a exponer, dotará de un gran valor añadido a la oferta museográfica de otra zona relevante de Madrid, el centro, el Madrid de los Austrias, lo que fomentará el turismo cultural, atrayendo a nuevos visitantes, tanto españoles como
extranjeros. También está siendo ya creación de puestos de trabajo, sobre todo del sector de la construcción y, en el futuro, de los servicios. Las cuarenta y dos colecciones reales tienen casi 155.000 piezas -quiero destacarlo-, un 50 por ciento
de ellas nunca han visto la luz, nadie las conoce, ni especialistas ni ciudadanos. El museo va a permitir, por tanto, que las conozcan y las disfruten.
Destacaré ahora los aspectos arquitectónicos. El museo se sitúa en el lado occidental de la catedral de la Almudena, sobre el Campo del Moro, cuyo arbolado lo oculta parcialmente. Como concepto arquitectónico, el museo se proyecta como un
basamento, un gran zócalo integrado formal y constructivamente en el Palacio Real. Se ha optado por una arquitectura sobria y estable, sin recurrir a sofisticadas decoraciones que desvirtuarían la posterior comprensión de los contenidos de las
colecciones. Las hileras de pilares exteriores irán revestidas del mismo granito gris del basamento del Palacio Real y en la sala de exposiciones vamos a dejar el hormigón blanco visto, tanto en los pilares como en las vigas. El pavimento serán
grandes piezas de granito negro. El edificio cuenta con 40.500 metros cuadrados, que en su mayor parte se encuentran bajo la cota de la explanada de la Almudena. Su fachada, de 145 metros de largo y 40 de altura, se extiende desde la explanada
hasta la Cuesta de la Vega, comportándose, como decía, como un gran zócalo que prolonga la plataforma sobre la que se asientan las construcciones. El museo permitirá exhibir ese número ingente de piezas que hasta ahora no han podido ser
contempladas y admiradas. Al museo se accede -voy a describirlo brevemente- por la propia plataforma de la Almudena. Habrá un gran vestíbulo en una primera planta o de acceso -pueden verlo en los planos-, con controles de acceso, ascensores,
rampas, tienda, cafetería.
En una planta superior a esta de acceso va a haber un gran auditorio, una biblioteca y salas de lectura. El gran esfuerzo de ingeniería y constructivo que se ha hecho ha sido hacia abajo de la cota de la explanada de la
Almudena. La planta que llamamos menos uno será la dedicada a tapices. Es la más alta de todas, tendrá 8 metros de altura, 1.700 metros cuadrados de superficie, que permitirá la exposición simultánea de entre 60 y 120 tapices, de los 3.200 con los
que cuenta la colección. La idea, como en todos los museos modernos como este, es que irán rotando las piezas y se irán exponiendo todas. Quiero destacar y poner énfasis en que en esta planta va a haber importantes restos arqueológicos, a los que
me referiré más adelante. La planta menos dos se dedica a bellas artes, textiles, pinturas, esculturas, instrumentos musicales, artes ornamentales; en la planta menos tres irán los carruajes de distinta época y características; en la menos cuatro
almacenes, necesaria para la rotación de objetos de la que antes hablaba; y ya soterrado, plenamente enterrado, estará el aparcamiento.
Origen y definición del proyecto. La creación del museo de la II República, al que me he referido, el museo de armas y tapices, nunca se materializó. Pocos meses después, el golpe de Estado, la sublevación militar nos abocaría a la guerra
civil. Después de la guerra se organizarían exhibiciones sectoriales en distintos reales sitios. La antigüedad de los lugares, la escasísima propuesta museográfica que se hacía y el transcurso del tiempo hizo retomar la idea inicial, la
construcción de un nuevo museo. Esta arranca en noviembre del año 1998 por un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales. Se publica el año siguiente, en 1999, un concurso internacional de ideas. El jurado quedó
integrado por catorce miembros, que eran, simplificando, de la Administración General del Estado, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento y se le dio también entrada a las reales academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. De las
cuarenta y siete propuestas nacionales e internacionales presentadas, resultaron elegidas siete finalistas. En julio de 2000 el jurado seleccionó el estudio Cano Lasso. Esta decisión fue impugnada retrasando el proyecto varios años. La sentencia
del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6, de abril de 2001, confirmada después por la Audiencia Nacional en enero de 2002, exigía una nueva valoración de méritos, por lo que se procedió a calificar de nuevo todos los proyectos
inicialmente presentados. En noviembre de 2002 se falló el concurso, recayendo el premio en los arquitectos Tuñón y Mansilla. Aquí concluyó toda la fase de selección del proyecto.
Posteriormente, el Gobierno socialista, el Gobierno del PSOE, comenzó el largo procedimiento que culminó con la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de ordenación urbana de Madrid, aprobado y publicado en enero y
febrero del año 2007.
Voy a referirme muy brevemente a los hitos más importantes en este proceso porque son significativos en el sentido de que muestran la colaboración entre las instituciones. Administración General del Estado. Hay una orden de la
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia por la que se declara de excepcional interés público el Museo de las Colecciones Reales. Esta orden es de febrero de 2005. En junio de 2005 el Consejo de Ministros adopta un acuerdo
por el que aprueba iniciar las obras y, sobre todo, conseguir la modificación puntual del Plan general de ordenación urbana de Madrid al que me acabo de referir. El ayuntamiento aprueba el proyecto en 2006. Hay una aprobación inicial por el Pleno
y una aprobación final por el Pleno en enero y junio de 2006, respectivamente. La comunidad autónoma, recogiendo todos los informes tanto de la Administración general como del ayuntamiento, aprueba una orden, la Orden de 2007, por parte de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y, por fin, se hace la modificación puntual del Plan de ordenación urbana.
Coste económico del proyecto. En el momento inicial no se disponía de una cifra fiable del proyecto. Se sabía por trabajos de prospección que se iban a encontrar restos arqueológicos, que luego han resultado ser más importantes de lo que
se pensaba -hay allí un verdadero yacimiento arqueológico-; y que las propias características y peculiaridades de la obra iban a tener una importante ingeniería por el esfuerzo que se iba a hacer de construir hacia abajo, como antes he expresado.
Todos estos motivos, expresados en síntesis, hicieron que el proyecto se abordara por fases. Se parte de un vaciado del terreno que, como se imaginan, ha supuesto el movimiento de un volumen de tierra enorme, en el que ha habido que trabajar con
especial cuidado, no solo por los restos arqueológicos a los que me acabo de referir, sino por el conjunto histórico de edificios que todos conocemos que están en torno al museo.
Asimismo, estamos en unas tierras arcillosas próximas al río
Manzanares y hay que tener una atención también en los trabajos a las aguas subterráneas.
Entrando de lleno en los costes, les diré que desde el inicio de las prospecciones hasta el momento actual -estoy hablando de marzo de 2011- se han invertido un total de 60.666.107 euros. Con este gasto se han cubierto las dos primeras
fases de las tres de que consta el proyecto, incluyendo no solo las obras propiamente dichas sino todos los gastos previos de estudios, consultorías, prospección, protección y conservación de excavaciones e informes geotécnicos. Esto ha supuesto
casi 7 millones de euros. La primera fase ha consistido en obras en solar, o lo que llamamos acondicionamiento del solar, un muro pantalla de contención de la catedral de La Almudena y el vaciado del terreno. Se ha desarrollado entre los años 2006
a 2009, con un coste de 22.514.052 euros. En la segunda fase, que acabamos de concluir el 26 de marzo, hemos realizado la cimentación y la estructura del edificio entre los años 2008-2011 y el importe exacto ha sido de 31.161.208 euros. Finalizada
ya la segunda fase, para concluir la fase constructiva del proyecto queda por realizar una tercera fase que está a punto de ser iniciada y en la que se llevará a cabo las cubiertas y fachadas, el cerramiento del edificio, lo que llamamos el
continente. En esta tercera fase tenemos ya una previsión presupuestaria para el trienio 2011-2013 exactamente de 45 millones de euros. Dentro de esta tercera fase va a realizarse una primera actuación, que va a consistir en acondicionar toda la
explanada que existe entre La Almudena y el Palacio Real, con un coste de 5.930.276 euros. Esta actuación ha sido adelantada por la Jornada mundial de la juventud, que se celebrará en agosto en Madrid, pero, sobre todo, nos gusta haberla hecho
porque va a ser un beneficio para los ciudadanos que ya van a poder disfrutar dentro de un par de meses, en este verano, de las maravillosas vistas que se abren y ofrecen al Campo del Moro y a la Casa de Campo, porque, como saben, ahora hay una
valla de tres metros que no es que la dificulte, es que la impide completamente. Como digo, eso va a estar acabado muy pronto. Por tanto, si a estos 45 millones restamos estos 6 de la explanada, quedan 39 millones, que por la cuantía y por ser
plurianual, un trienio, tenemos que aprobar un acuerdo del Consejo de Ministros, que ya estamos preparando y, a continuación, se hará un concurso abierto para sacar la fase de estructuras y cubiertas.
Recapitulando, desde el arranque del proyecto
hasta 2013, sumando inversiones reales que hemos realizado y asignaciones presupuestarias futuras, el importe total de la obra es exactamente de 105.596.384 euros.
Con la culminación de esta tercera fase tendríamos, por tanto, ya acabado el
edificio. Posteriormente habrá que abordar todos los trabajos relativos a acabados interiores y al proyecto museográfico para los contenidos del museo. Teniendo en cuenta la actual situación económica, vamos terminando el museo a medida que la
disponibilidad presupuestaria lo permite. Tenemos aseguradas -insisto, no ha sido fácil- esas asignaciones para el periodo 2011-2013, finalizando en este último año toda esa fase. Nuestro objetivo último es tenerlo concluido y abierto al público
en 2015, como máximo en 2016.
Hallazgos y conservación de elementos arqueológicos. Me gustaría poder explayarme un poco en este apartado porque el yacimiento arqueológico es significativo, muy importante, como destacaba, pero teniendo en cuenta la hora, voy a resumir al
máximo. Me limitaré a exponer cuáles son los restos más significativos. En primer lugar, las excavaciones han permitido el afloramiento de importantes vestigios de la muralla islámica, levantada entre los siglos IX y XI, que ha aparecido bajo la
plaza de la Almudena y está catalogada como bien de
interés cultural. Se han descubierto seis lienzos, siete torres, son 70 metros de muralla, que será una prolongación de los que existen en los jardines de Mohamed I, que podrán ser contemplados. También quiero destacar por su importancia
que han aparecido restos de barriadas medievales de entre los siglos X y XV, las más antiguas hasta el momento.
En definitiva, son restos de casas, de calles, de torres; hay silos y pozos de agua; pero, sobre todo, quiero destacar la superficie
porque hay un conjunto arqueológico que tiene 1.000 metros cuadrados y otro conjunto que tiene unos 500 metros cuadrados y ambos van a estar en la planta menos uno, en la más grande, por las razones que antes he explicado, en la planta de los
tapices, en la más alta y van a poder ser contemplados y disfrutados a través de láminas de vidrio por el público. También pensamos hacer visitas interiores para especialistas. Quiero destacar también el hallazgo de un enterramiento visigodo del
siglo VIII y cerámica de origen carpetano del siglo I antes de Cristo. Esto en apretada síntesis. Como he dicho, prefiero simplificar y así dejar turno a los diputados.
Sin embargo, quiero hacer unas últimas reflexiones y conclusiones que enlazan con las ideas fundamentales que daba al comienzo. El Museo de las Colecciones Reales ha sido percibido como una necesidad por gobiernos de muy distintas
adscripciones políticas. Se trata, y este es el objetivo clave, de hacer accesibles al público, a los ciudadanos una herencia común de todos los españoles que constituye un patrimonio cultural de la mayor importancia. Aunque el proyecto se inicia
en 1998, ha sido el actual Gobierno del Partido Socialista, en sus dos legislaturas, el que ha apostado por esta inversión cultural, arrancando las obras y además diseñando sus complejas fases de ejecución. El proyecto ha gozado del apoyo de todas
las administraciones -insisto, porque es importante-, Administración General del Estado, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, instituciones culturales más representativas y partidos políticos. El nuevo museo enriquecerá la oferta y la difusión
cultural, atraerá más turismo a la capital y esperemos que a toda España en su conjunto. El edificio respeta la fisonomía de la zona; se integra -como antes he intentado explicar brevemente- como un basamento; es un diseño moderno, por supuesto
una obra contemporánea, pero que va a quedar en ese marco perfectamente encajada. Por último, quiero poner en valor esos hallazgos arqueológicos que van a formar parte del itinerario expositivo, que, como acabo de decir, son muy significativos y
que están permitiendo realizar importantes avances en los estudios sobre el origen de la ciudad. Con esto acabaría mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora subsecretaria, doña Soledad López, por su información.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Lassalle.
El señor LASSALLE RUIZ: En primer lugar, quiero agradecer a la señora subsecretaria la apretada síntesis con la que ha expuesto la evolución del proyecto sobre el que gira esta comparecencia, y también en apretada síntesis, y habida cuenta
de la avanzada hora de la tarde noche en la que nos encontramos y de que quien habla es el portavoz de Cultura y por tanto se siente prestado en esta Comisión, me limitaré a reiterar el valor que tiene este proyecto en el que fluye una voluntad de
consenso sobre un asunto de Estado que trasciende a las divisiones partidistas y a los cambios de legislatura. En consecuencia, más allá de las polémicas que, como la señora subsecretaria sabe, se han producido y están presentes en los medios de
comunicación y que han tenido varios protagonistas durante el largo desarrollo que han tenido las obras y que siguen teniendo, quiero expresarle el agradecimiento por el interés que sé que la señora subsecretaria está poniendo en el desarrollo de
este proyecto, y tan solo a efectos de que así conste en la comparecencia, me gustaría que me respondiera a dos cuestiones de una manera muy somera, porque tampoco entiendo que deba usted explayarse al respecto. En primer lugar, me gustaría saber
si existe realmente una previsión de presupuesto final y de calendario, habida cuenta de los cambios que se han producido en torno a la posible fecha de finalización de las obras. En segundo lugar, si hay también una justificación en las
diferencias de presupuesto, así como si hay previsiones del coste de mantenimiento de la infraestructura durante el largo desarrollo del proceso de realización de estas obras. Por otra parte, y como cuestión puramente anecdótica, me gustaría saber
si se ha considerado definitivamente una ubicación para la estatua de Felipe II.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don Elviro Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señora subsecretaria, en primer lugar, le quiero dar también la bienvenida en nombre del Grupo Socialista y en el mío propio. Asimismo, quiero agradecerle las explicaciones que, a pesar de la alta hora de la noche
en la que nos encontramos, ha dado sobre este gran proyecto cultural para el Madrid de los Austrias, unas explicaciones que además deben servir para aclarar las dudas que algunos han generado en los medios de comunicación sobre este proyecto, que
nada tiene que ver con otros proyectos urbanísticos que se sitúan en esa misma zona. Creo que queda bastante claro en la intervención de la señora subsecretaria que estamos hablando de un proyecto cultural del Estado, un proyecto cultural que es un
ejemplo, como la señora subsecretaria ha señalado, de cooperación, de colaboración entre las administraciones, entre la Administración del Estado, la Administración autonómica y la Administración local; es un proyecto que trasciende incluso los
partidos políticos porque se inició en 1998 y se está desarrollando en estas dos legislaturas, aunque, para decirlo todo, es cierto que el mayor nivel de gasto, de
inversión y de esfuerzo para su desarrollo se está realizando en estos años; es un proyecto que goza del consenso amplio de sectores sociales implicados y de organizaciones de tipo vecinal, de asociaciones de carácter cultural, etcétera.
Eso es bueno y quiero aprovechar la oportunidad de que quede constancia de ello en el 'Diario de Sesiones' sobre este museo, el Museo de las Colecciones Reales.
En segundo lugar, quiero señalar -me lo permitirán siendo diputado madrileño por el Grupo Parlamentario Socialista- que este es un compromiso y una muestra más del compromiso del Gobierno de España, del Gobierno socialista, con Madrid, con
la cultura y con el desarrollo turístico y cultural en Madrid, que es fundamental para la ciudad de Madrid y que es además un recurso, una forma de generar empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid y en la ciudad. Por lo tanto, también quiero
dejar constancia de esta cuestión. Como decía, es un proyecto cultural para Madrid de primer nivel. El eje Prado-Recoletos se ha conformado como una oferta museística en Madrid de nivel internacional y este museo -y el entorno arquitectónico del
Madrid de los Austrias, eje Bailén, como la señora subsecretaria decía: Palacio Real, Almudena, Teatro Real, Jardines de Sabatini, Campo del Moro, Las Vistillas, San Francisco el Grande y otras joyas que están en esa zona-, sin duda alguna,
complementa toda la potencialidad que tiene la zona desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico. Por lo tanto, creo que nos debemos felicitar y aprovechar la oportunidad -quiero hacerlo así en nombre de todos los que han
trabajado en este proyecto, que como decía viene de lejos- para que quede constancia de ello.
Todos somos conscientes también, señorías, de que estamos hablando de una zona de especial protección, y aunque los que han solicitado la comparecencia no han participado aquí, seguramente, si lo hubieran hecho, habrían hecho mención a
cuestiones de esta índole. Estamos hablando de una zona medioambientalmente protegida, paisajísticamente muy relevante, arqueológicamente muy relevante también -la señora subsecretaria lo ha dicho- y desde el punto de vista cultural también.
Precisamente, estos son los motivos por los que el trabajo se está dilatando durante todo este tiempo porque se está haciendo con ese especial cuidado para que haya un menor impacto en todos estos elementos que señalaba: ambientales, paisajísticos,
arqueológicos y cultural. Desde luego, sí he de señalar que, como decía, el proyecto goza del acuerdo de todas las administraciones de Madrid, goza del beneplácito en todo lo que se ha tenido que hacer, por ejemplo, la modificación puntual del Plan
de ordenación urbana de Madrid en esa zona, el visto bueno de Medio Ambiente, de Bellas Artes, de ordenación del territorio, etcétera. Por tanto, no tiene nada que ver, como decía, con esos otros proyectos que han sido incluso declarados ilegales
por atentar contra el conjunto arquitectónico y paisajístico en esa zona en Madrid.
La señora subsecretaria hacía mención también a la relevancia de los restos arqueológicos que están apareciendo. Me parece importante señalarlo -y voy a reiterarlo, si me lo permite-, porque son de una gran importancia. Incluso hay quien
piensa que pueden revolucionar la información que se tiene sobre los orígenes de Madrid. Desde luego, todos esos recursos arqueológicos que están apareciendo van a estar, como decía la señora subsecretaria, a disposición de los ciudadanos y de las
personas que puedan asistir al museo o pasear por él y, por tanto, es un elemento más que refuerza el museo y la zona. Desde el punto de vista paisajístico, es verdad que es un museo que se hace en una zona cercana al Campo del Moro, pegado a la
catedral de la Almudena, una construcción moderna. Y, evidentemente, cuando eso se produce en conjuntos arquitectónicos, como sucede en muchas ciudades del mundo -estoy pensando, por ejemplo, en París, en Florencia, en Roma, en zonas de un gran
valor, de grandes conjuntos arquitectónicos donde se hacen acciones puntuales-, siempre surgen divergencias y distintas opiniones. En estos casos, señorías, las autoridades en estas materias suelen decir que lo importante es que esa nueva acción
arquitectónica, primero, esté perfectamente integrada en el entorno -creo que este museo lo va a estar- y, además, que fortalezca y potencie las oportunidades culturales y arquitectónicas de la zona -creo que esto también se va a conseguir con el
museo-. Por tanto, al Grupo Socialista le parece que este es un proyecto de fortaleza cultural y turística para Madrid y, como decía, me felicito también como diputado socialista. Como comentaba la señora subsecretaria, además el museo va a ser la
oportunidad para que se conozcan muchísimas colecciones y piezas del patrimonio del Estado referidas a la Corona del Reino de España que están en almacenes, que son inéditas para la mayor parte de los ciudadanos. Por tanto, bienvenido sea si de
esta manera vamos a poder disfrutarlo todos.
Concluyo ya. Señora subsecretaria, la felicito en nombre del Grupo Socialista por el trabajo que está desarrollando, en nombre del Gobierno de España, para realizar este proyecto museístico para Madrid -para toda España y para todo el
mundo, por supuesto- y le animo a que siga haciéndolo y siga esforzándose más allá de las dificultades financieras y económicas a las que usted hacía referencia en su intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la señora subsecretaria la oportunidad de responder a algunas de las interpretaciones que se hayan podido hacer.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (López Fernández): Quiero manifestar mi agradecimiento a los dos intervinientes, a los dos diputados, por el tono de su intervención y, sobre todo, por razones obvias, al
representante del Grupo Popular, al señor Lasalle, porque además ha hecho un
esfuerzo ya que no había preparado esta comparecencia, como ha reconocido al inicio.
Me formula preguntas sustanciosas a las que voy a intentar dar respuesta.
Empiezo con las reflexiones de carácter general. Insisto, ha habido consenso, ha habido acuerdo y nos congratulamos por ello y es, sin duda, un proyecto de Estado,
como ha destacado también el Grupo Socialista. Han hablado mucho de mi persona pero aquí está también el presidente de Patrimonio que ha apostado decididamente por este proyecto, Nicolás Martínez Fresno y, por supuesto, el ministro Jáuregui que me
lo ha encargado.
Ha comentado sobre las obras. El tema está ya absolutamente pacificado.
Levantaron cierto revuelo al inicio porque se dijo que iba a haber mucho impacto paisajístico, desde el punto de vista medioambiental, pero yo creo que está mucho más
que pacificado. Ha sido un esfuerzo ingente de ingeniería que ha habido que hacer y que a lo mejor como antes he resumido tanto no lo he expresado bien, pero si ha tenido ocasión, señor Lasalle, de ver los proyectos lo habrá visto con claridad. El
edificio levanta desde la explanada 8 metros hasta la cota de coronación y baja 32. Es decir, más de un 80 por ciento lo hemos hecho hacia abajo. Por supuesto hemos sido absolutamente respetuosos con el acceso público de la explanada. Como decía,
vamos a adelantar el acondicionamiento para que los ciudadanos puedan pasear por allí y contemplar las vistas. En fin, creo que el edificio poco a poco ya se va integrando, porque sí, es necesariamente grande. Estamos hablando de 155.000 piezas
que van a ser su contenido futuro y por tanto es necesariamente grande. Son seis plantas más el aparcamiento y demás, pero va a resultar, con su modernidad y con su estilo, perfectamente integrado y yo creo que los vecinos en un futuro lo aceptarán
plenamente. Ya de hecho, como digo, está sucediendo. Por tanto, las obras ahora mismo están pacificadas. En cuanto a incidencia medioambiental, también, está absolutamente consensuado y pactado. Se ha cumplido escrupulosamente el estudio de
incidencia ambiental que aprobó en su momento el Ayuntamiento de Madrid y que incorporó la modificación puntual del Plan general de ordenación urbana en todo, en flora, en todos los espacios, en todos los puntos que contemplaba.
Me preguntaba por el presupuesto. Si ha quedado claro a lo largo de mi exposición -he intentado ser por lo menos clara y transparente- es que la situación económica es la que es. Lo estamos terminando, estamos abordando las distintas fases
conforme vamos pudiendo porque estamos en época de restricción presupuestaria. Le puedo asegurar que no ha sido fácil conseguir en estos momentos del Ministerio de Economía y Hacienda 45 millones de euros. Es un proyecto cultural importantísimo,
sin duda, pero las prioridades son otras. Las ha explicado el vicepresidente primero durante un extenso tiempo y yo no voy a entrar ahora en cuáles son las prioridades económicas de este Gobierno, pero están claras. Sin olvidar esta apuesta, que
es una apuesta decidida, la estamos haciendo poco a poco. Como digo, en el periodo 2011-2013 hemos conseguido, sobre los 60.500.000 euros que ya se han invertido, 45 millones más. Se pone en 105.500.000 euros. Eso es lo que tenemos amarrado, por
así decirlo en terminología de subsecretaria; eso es lo que tenemos seguro. Esa es la fase constructiva, es cerrar el edificio, eso es no permitir que el edificio se deteriorara, pero desde luego vamos a ir mucho más allá.
Estamos ya trabajando
en paralelo -y es una idea que ha impulsado mucho el actual presidente- en todo el proyecto museográfico. Hasta estos momentos Patrimonio no ha tenido cabida, pero la va a tener porque desde el consejo de administración -y de hecho lo hemos
hablado- vamos a poner nuestro empeño en la idea del mecenazgo, de patrocinios, porque queremos poder ir avanzando en el proyecto museográfico mientras se avanza en la estructura y en esos grandes espacios que se están haciendo. Pero eso lo
haríamos, como le digo, por vía de mecenazgo y patrocinio porque Economía ha cerrado el trienio con esa cifra. Pero con esa cifra tenemos todo el edificio construido, que no es poco. Es una gran obra, es una de las mayores obras que se están
realizando ahora mismo en Madrid, como destacaba el diputado señor Aranda, y nuestra previsión, que también anunciaba en la comparecencia, es que acabando cubiertas y fachadas en 2013, en 2014 abordaremos instalaciones y acabados interiores y el
proyecto museográfico, para el que sin duda se conseguirán nuevas dotaciones presupuestarias, pero en el momento que estamos de legislatura, más allá del compromiso 2011-2013 no me puedo comprometer por razones evidentes y que su señoría sabe y
conoce.
El calendario de apertura ya se lo he aclarado. Me pregunta también por la justificación de cambios en cifras. Aquí no le he entendido bien, porque no ha habido variaciones ni cambios. Los proyectos que han salido de Patrimonio tienen
unas cifras precisas y exactas. Deben ser las especulaciones que ha habido en prensa, porque también se ha dicho que el edificio tiene 60.000 metros cuadrados, se ha especulado con precios, con alturas, con dimensiones. Yo le he dado aquí los
datos exactos, tanto económicos como de longitudes y dimensiones. No sé a qué se refiere. En cada año en presupuestos se da una cifra en el anexo de inversiones, pero ya sabe que para el Ministerio de Economía y Hacienda solo es una cifra
indiciaria, lo que vale es la dotación que da cada año; incluso había dotaciones en la etapa del PP, alguna dotación que nunca llegó a librarse porque no tuvo luego asignación presupuestaria precisa en el año, en el libramiento. Le repito que
aclare porque sí que tengo voluntad de contestarle, pero no le he entendido bien en cuanto a la justificación, eso de cambios en cifras.
En cuanto a la estatua de Felipe II quiero decirle que es del ayuntamiento. En estos momentos está en depósito en el ayuntamiento. En cuanto acabemos las obras de la explanada se puede volver a colocar sin ningún problema. Estaremos al
habla con ellos. El alcalde es consejero de Patrimonio Nacional, del consejo de administración.
La relación de Patrimonio con la alcaldía es estupenda, y si se valora que culturalmente debe estar ahí, se pondrá. Habrá que hablarlo con el ayuntamiento, que es el propietario de la escultura.
En cuanto a la intervención del diputado Aranda, teniendo en cuenta la hora, deseo agradecerle sobre todo su apoyo y que sea casi tan entusiasta como yo -ya veo que sí- en apoyar este proyecto cultural de primer nivel, porque realmente lo
es. Es una apuesta del Gobierno que va a incrementar la oferta cultural, turística, la difusión cultural y va a ser muy importante. Lo vamos a seguir apoyando.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Lasalle quiere una intervención? (Denegación.) Muy bien.
Señora subsecretaria, agradecemos muchísimo su presencia, su información; le pedimos excusas por el tiempo que le hemos hecho esperar y en nombre del grupo que era el proponente, por su ausencia. Muchísimas gracias a las señoras y señores
diputados por la paciencia que han tenido también en una tan larga sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.