CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 757

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sesión núm. 27

celebrada el miércoles, 13 de abril de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola), para informar sobre las líneas generales del departamento en la materia. A petición propia. (Número de expediente 214/000210.) ...
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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en la que tenemos el placer de recibir a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, que a petición propia ha
solicitado su comparecencia en esta Comisión para informar sobre las líneas generales de su departamento en la materia. Por ello, y como primera providencia, le damos la palabra.



Tiene la palabra, señora ministra.



La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Quiero empezar mi intervención mostrando mi agradecimiento y sobre todo el orgullo que siento por estar hoy en esta Comisión, que respeto profundamente por el trabajo
que ha venido haciendo en los últimos años desde la concordia, el diálogo y el consenso en favor de las políticas de discapacidad. Y además agradezco que esta sea una comisión que abra sus puertas de forma permanente y cotidiana a las
organizaciones de la discapacidad, que tanto han hecho por empujar -si me permiten la expresión- a las instituciones públicas en la aprobación de diferentes políticas. Debo decirles además que es una comisión que respeto también profundamente
porque su presidente es un exministro que ha hecho mucho en este terreno, del que yo desde luego intento aprender cada día un poco más. Por tanto, agradezco esta oportunidad de poder comparecer en esta Comisión para las Políticas Integrales de
Discapacidad para presentarles desde una perspectiva más general la planificación del trabajo que desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad vamos a seguir en este último tramo de legislatura en lo que a esta materia se refiere.



Quiero explicarles algunos de los proyectos concretos que estamos llevando a cabo y hacer un repaso de las medidas recientemente adoptadas. Además, estaré a su disposición, por supuesto, como no puede ser de otra manera, para abordar otras
cuestiones que deseen plantear y espero que el debate sea fructífero y enriquecedor, como suelen ser los debates de esta Comisión. Estamos ante un objetivo común: seguir mejorando las condiciones de vida, la inclusión y la participación social de
una buena parte de nuestra ciudadanía -un 9 por ciento de la población española-, las personas con discapacidad. Señorías, pueden contar con toda mi colaboración y la del departamento que dirijo para llegar a cuantos consensos sean necesarios.
Nuestras posiciones y nuestro trabajo deben seguir estando a su servicio, al de sus necesidades y al de sus intereses. He de decir que esta Comisión es un referente en este sentido, como decía al principio. Entronca con una tradición parlamentaria
que surge de la I Legislatura para el desarrollo del mandato constitucional recogido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna. A lo largo de estos treinta años, y con los lógicos debates, entre todos y todas hemos sido capaces de desarrollar un
sistema y un modelo de políticas de discapacidad que se encuentra entre los más adelantados del mundo, basándonos, en primer lugar, en la participación directa y efectiva de las personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familias. Las
políticas en materia de discapacidad, como en todas las políticas sociales, se dirigen a la garantía de la igualdad de oportunidades, a evitar la exclusión social y a fomentar el bienestar básico de las personas. Estos objetivos requieren y merecen
el máximo compromiso y el máximo esfuerzo conjunto, algo que no falta sin duda en esta Comisión.
Tengo además la convicción de que las políticas sociales son una parte fundamental de la solución de la actual crisis económica y financiera. La
cohesión y el bienestar social tienen sin duda que constituir las guías del camino del nuevo periodo de crecimiento económico, porque, como se ha dicho tantas veces, las políticas sociales, las políticas de inclusión, no son un gasto, sino una
inversión para aumentar y mejorar el capital humano, dando más oportunidades de contribuir a través de su trabajo y de su realización personal. Por eso es necesario seguir desarrollando las políticas sobre discapacidad como una cuestión de
derechos, de oportunidades, pero también de crecimiento.



Así, la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad del año 2008 nos ha permitido grandes avances en el empleo ordinario de estas personas. A pesar de la situación económica, el empleo de las personas con
discapacidad ha aumentado en más de 60.000 puestos en el año 2010. Esto supone un incremento de más del 19 por ciento en la contratación de las personas con discapacidad respecto al año anterior.
Como dije recientemente en el Pleno de esta Cámara,
todas y todos podemos sentirnos satisfechos, que no complacientes, por el enorme cambio social experimentado en un periodo de tiempo muy corto. En apenas una generación, las circunstancias personales, sociales y económicas de las personas con
discapacidad han cambiado radicalmente. Se ha trabajado muy intensamente, con muchas personas y con muchas instituciones, desde nuestra Constitución, donde se insta además a los poderes públicos a que amparen especialmente el disfrute real y
efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. La Ley de integración de los minusválidos, del año 1982, inició el desarrollo del enfoque social de la discapacidad superando modelos únicamente médicos y,
si me apuran, asistenciales. Este modelo de las políticas de la discapacidad, basado en los derechos fundamentales, culmina a efectos nacionales con la elaboración y entrada en vigor de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal, del año 2003, conocida popularmente como Liondau, una ley que establece una serie de medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. De igual manera,
señala las medidas para garantizar la accesibilidad universal. Estas dos normas tuvieron un enorme impacto en nuestro sistema


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jurídico y conllevaron una reorientación en la actividad de todas las administraciones públicas, que ha supuesto cambios trascendentales en la vida diaria y cotidiana de los millones de personas que viven hoy día en España con alguna
discapacidad.



Durante la anterior legislatura, señorías, como saben bien, el Gobierno impulsó la firma y ratificación del instrumento jurídico hoy por hoy más exigente en mi opinión que recoge en todas sus consecuencias ese enfoque basado en derechos: la
Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos de este siglo. Esta convención, como saben bien sus señorías, fue aprobada el 13 de diciembre del año 2006 tras un proceso
extenso, complejo y participativo que comenzó ya en el año 2001. Como se ha destacado muchas veces, la convención constituye un verdadero cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad, que en el caso de España enlaza, consolida y sirve
de avance para esa línea que comienza con la recuperación de la democracia y de los derechos individuales. España fue uno de los primeros países en ratificar la convención. A partir de este momento en el año 2008 comenzó un proceso complejo de
análisis normativo.



Presidente, señorías, la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es uno de los ejes normativos clave de esta legislatura y es un proyecto de ley que,
como saben, en este momento se encuentra en tramitación en esta Cámara. Este proyecto de ley, además de tener efecto inmediato, constituirá un gran paso hacia delante en el ejercicio de la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad.
Hemos querido recoger en el proyecto de ley el espíritu y el esfuerzo de las organizaciones de personas con discapacidad y de todos los departamentos ministeriales que han trabajado en él durante más de un año. No me detendré ahora en el contenido
del mismo, ya que sus señorías están precisamente en pleno proceso de análisis de enmiendas y ya tuvimos la oportunidad de hablar sobre él durante la última sesión plenaria de este Congreso. Solo quiero decir que estoy segura de que el texto final
será enriquecido gracias al trabajo de sus señorías y de que conseguiremos hacerlo realidad sobre la base del espíritu de diálogo y de consenso al que hacía referencia al inicio de mis palabras. Señorías, como decía, esta norma constituye un primer
paso, pero el cambio de modelo es tan grande que afecta a otras muchas esferas que exigen estrategias normativas diferentes que seguiremos desarrollando. Por ello, dentro del proceso de adaptación a la convención, se está tramitando un proyecto de
real decreto que modificará ocho reglamentos en materias como sanidad y transporte. Esto incluirá la necesidad de elaborar planes de accesibilidad por parte de aquellos medios de transporte que tengan un flujo superior a los 50.000 viajeros anuales
y para aprobar este real decreto tendremos que esperar a la aprobación de la ley de adaptación normativa a la convención.



Dentro del marco reglamentario, la reciente aprobación del llamado Real Decreto de voto accesible es otro paso más hacia la participación real y efectiva en todas las facetas de la vida de las personas con discapacidad. Como saben, se trata
de establecer las condiciones mínimas que afectan a todos los procesos electorales y consultas populares de ámbito estatal, autonómico o local. Se introduce, en primer lugar, el ajuste razonable dentro del ejercicio del derecho al voto, así como
las medidas adecuadas para garantizarlo; en segundo lugar, la garantía de participación política como miembros de las mesas electorales para las personas sordas o con discapacidad auditiva que sean usuarias de la lengua de signos y a las que se les
proporcionará un intérprete; y, en tercer lugar, la accesibilidad a toda la información electoral. Además se elaborarán unas instrucciones a las mesas electorales incluyendo las medidas a tomar en ese sentido. Otra medida recientemente adoptada
es la modificación de la Ley del Jurado, propuesta precisamente en esta Cámara de forma reciente.



También en cuanto al acceso al empleo se han tomado iniciativas en estos meses. Tuve la oportunidad de anunciar recientemente en la Cámara Alta que al menos un 7 por ciento de la totalidad de plazas ofertadas en el acceso a la formación
sanitaria especializada podrán ser cubiertas por personas con algún tipo de discapacidad. También se han adaptado las órdenes de convocatoria a plazas a este tipo de formación mediante la prueba del lenguaje de signos, sistema Braille o adaptación
de la letra o lectura personalizada. Igualmente, estamos trabajando en un proyecto de real decreto de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, algo
para lo que -como digo- tendremos que esperar a la aprobación definitiva de la ley de adaptación de la convención.



Con todo este trabajo en marcha y ya muy avanzado, quisiera informarles igualmente que, por decisión propia y como muestra del compromiso de nuestro país con la Convención de derechos de las personas con discapacidad, España va a pasar el
examen de revisión de cumplimiento de la convención ante el comité de la convención durante el próximo periodo de sesiones -exactamente en el mes de octubre- siendo el segundo país de los firmantes y el primero de la Unión Europea en hacerlo.



Señorías, como he dicho anteriormente, en el caso de la discapacidad -al igual que en toda la sociedad- el gran desafío que tenemos por delante es el del empleo. Para ello resulta absolutamente necesario avanzar en el desarrollo de
estrategias y de medidas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Lo haremos a través del nuevo marco de las políticas activas de empleo que ha surgido a raíz del acuerdo social.
Para el impulso y eficacia de las medidas
contenidas en el recientemente aprobado Real Decreto, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora del empleo y la reforma de las políticas activas de empleo, se ha constituido un grupo


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de trabajo formado por representantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias. En él
determinaremos las acciones fundamentales dirigidas al colectivo de trabajadores con discapacidad que deben ser incluidos en la futura estrategia española del empleo prevista en esta norma. Esa estrategia se aprobará previsiblemente en el mes de
octubre. Además, estamos trabajando también con la ayuda del Cermi en la mejora de la coordinación entre los equipos técnicos de valoración y la orientación de la discapacidad y los servicios públicos de empleo en los procesos de inserción de las
personas con discapacidad en el mercado de trabajo.



También se constituyó recientemente el Foro para la contratación socialmente responsable liderado por la Fundación ONCE y algunas de las grandes empresas. Estamos trabajando con ellos para la elaboración de guías de buenas prácticas y para
elaborar manuales en las diferentes administraciones a la hora de introducir estas cláusulas sociales en los pliegos y en los procesos de contratación. De igual manera, quiero destacar la puesta en marcha del Centro de Normalización Lingüística
creado por la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas. Además, tenemos el Real Decreto 921/2010 para
regular dicho centro. Gracias a este real decreto se ha diseñado toda una estrategia para cinco años y un plan de actuación para el año 2011 que permitirá hacer del centro un espacio de referencia que garantice los derechos lingüísticos de las
personas usuarias de esta lengua.



Quisiera remarcar que en todos los entornos y ámbitos a los que se han incorporado las personas con discapacidad se han alcanzado logros de gran mérito. La actividad cultural, deportiva, económica y en cada uno de los rincones de la vida
social deja día a día excelentes muestras de su esfuerzo y de su valía. Por eso, y porque sus condiciones y calidad de vida sean cada día mejor y en igualdad de condiciones, vamos a continuar trabajando.



Señor presidente, señorías, para garantizar la inclusión social y para luchar contra los estigmas y los estereotipos que amparan la discriminación es necesario seguir impulsando la formación en los principios y los derechos propios de
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad a lo largo de toda la formación, incluida también la educación superior. En ese sentido, el proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación ofrecerá instrumentos de asistencia y
de actuación para la prevención frente a posibles formas de discriminación. También en nuestro plan de trabajo y prioridades se encuentra la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y, en ese sentido, también estamos trabajando
en diferentes líneas de acción que permiten seguir aplicando determinadas acciones positivas a favor de las mujeres con discapacidad. En el recientemente creado Consejo de Participación de la Mujer se ha incluido la participación de una
representación del Cermi y de asociaciones de mujeres con discapacidad.
Otra herramienta muy positiva en mi opinión será la reciente iniciativa del Gobierno para impulsar la educación en la diversidad: el Foro para la educación inclusiva liderado
por el Ministerio de Educación y en el que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad colabora.



Quisiera además explicar dos planes integrales en los también estamos trabajando. En primer lugar, estamos diseñando junto al Ministerio de Cultura una nueva estrategia integral española de cultura para todas y todos, y con ella pretendemos
establecer los objetivos y acciones que permitan cumplir los mandatos fijados en la convención y avanzar en la integración y participación de las personas con discapacidad también en la cultura. Esta estrategia será aprobada en el mes de mayo
mediante un acuerdo de Consejo de Ministros que hoy ya está muy avanzado. Por otro lado, en esta ocasión en coordinación con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, estamos elaborando un plan denominado Jugamos todos, juguetes para todos y
todas. El objetivo es que los juguetes para niños con discapacidad diferenciada no sean juguetes exclusivos, en el amplio sentido de la palabra, sino verdaderamente inclusivos, juguetes para todos los niños y niñas que favorezcan la estimulación de
sus capacidades. He de decir, señorías, que se ha incluido en las reuniones de trabajo al sector de distribución y que las conversaciones con ellos y con el sector juguetero están muy avanzadas, por lo que esperamos poder plasmar un acuerdo y una
hoja de ruta en un plazo muy breve de tiempo. De igual manera, hemos incorporado un programa de turismo que en la temporada 2010 ha permitido que participaran en torno a 14.000 personas con discapacidad. Señorías, también este Gobierno seguirá
trabajando para mejorar el conocimiento de la discapacidad. Por ello estamos realizando un estudio sobre la sordoceguera, así como un informe sobre la discapacidad en el ámbito rural con el objetivo de elaborar en el futuro una estrategia
específica de acción en este sentido.



Es una agenda seguramente ambiciosa que por supuesto vamos a seguir impulsando y ampliando con la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familias, pero también por supuesto con sus señorías, como se
ha venido haciendo hasta ahora en esta Comisión. Lo haremos con la ambición necesaria para seguir garantizando los derechos y oportunidades de un colectivo que demuestra que cuando apoyamos estas políticas de manera conjunta responden de una forma
muy clara. Las personas con discapacidad saben ahora de primera mano que sus capacidades son muchas, son valiosas y son absolutamente necesarias para el progreso en todos los ámbitos de la sociedad.



Señor presidente, señorías, para finalizar quiero felicitar una vez más el trabajo de esta Comisión, ya que las iniciativas y las proposiciones no de ley que llevan a cabo en su quehacer diario sirven al Gobierno para seguir


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avanzando en esta política. La unanimidad y la relevancia de las mismas hacen que además de seguir dando pasos nos ayuden a sensibilizar al conjunto de la sociedad, una tarea que hemos hecho juntos de una forma muy clara en los últimos
años. Queda mucho por hacer, soy una firme defensora de que hay muchas políticas que todavía podemos desarrollar, pero el eje fundamental de este Gobierno es que sin consenso y sin participación nunca habríamos llegado adonde estamos y tampoco
podríamos seguir avanzando. Por tanto, antes de responder a sus reflexiones y a sus preguntas quiero que mis últimas palabras sean precisamente de tender la mano una vez más para que juntos podamos avanzar en ese camino que iniciamos y que nos hace
una sociedad más democrática, más inclusiva y, sinceramente, mucho más decente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar paso ahora al turno de los grupos parlamentarios. Por tanto, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra su portavoz, la señora Díez González.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Agradezco mucho la presencia de la señora ministra, así como todas sus explicaciones y algunas iniciativas que nos ha anunciado.



Yo le quería plantear una serie de reflexiones que incorporan algunas preguntas sobre cinco cuestiones: la accesibilidad, la integración laboral, los incentivos a las familias en las que hay personas con discapacidad, la Ley de promoción de
la autonomía personal y atención a la dependencia qua ella ha mencionado y, por último, la autonomía personal. Si cuando esté hablando de todo ello el presidente considera que me estoy excediendo en el tiempo no tiene más que decírmelo y reduciré
inmediatamente mi intervención.



El señor PRESIDENTE: Usted es capaz de extractar sus argumentos para ajustarse al tiempo.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias.



En relación con la accesibilidad, yo quería preguntar a la señora ministra si tiene pensado llevar al Consejo de Ministros algunas medidas para garantizar el acceso tanto físico como jurídico de las personas con discapacidad a la justicia
cumpliendo de esa forma el mandato del artículo 12 de la convención y el de esta Comisión por una PNL que fue aprobada por unanimidad el 13 de marzo de este mismo año.
Específicamente, querría saber si tiene prevista alguna medida para garantizar
en todo el territorio nacional que los edificios judiciales ya existentes cumplan los requisitos de accesibilidad y confortabilidad necesaria para su utilización por las personas con discapacidad, al menos en su planta baja, porque ya sé que hay
dificultades de todo tipo y que las económicas no son menores. Asimismo, si está prevista la provisión de los medios formativos y materiales a todas las oficinas judiciales y profesionales vinculadas con la Administración de Justicia para que las
personas con discapacidad puedan acceder tanto de forma activa como pasiva a los servicios relacionados con la actividad jurisdiccional. Es evidente que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de todos los ciudadanos españoles y que
muchas veces los ciudadanos que no sufrimos problemas de discapacidad tenemos muchas dificultades para que dicho acceso sea un derecho efectivo, pero las personas con discapacidad además de tener otro tipo de problemas, tienen problemas físicos.
Por tanto, yo le planteo a la ministra estas reflexiones y estas preguntas.



Paso a referirme a la discriminación por razón de discapacidad para el ejercicio del sufragio en los procesos electorales. Como sabe usted, señora ministra, en España hay muchas denuncias al respecto, ya que se incumple la Convención de la
ONU sobre discapacidad en materia electoral.
El Cermi lleva mucho tiempo formulando esta cuestión y ha vuelto plantear recientemente la necesidad urgente de reformar la Loreg para suprimir las posibilidades de que se pueda privar del derecho a
sufragio a las personas con discapacidad cuando no haya una sentencia judicial expresa que afecte a una persona en esas circunstancias. Aquí lo normal es que se generalice y que por el hecho de tener una discapacidad no se le permita acceder en
esas condiciones. En los dos años que llevamos revisando la Loreg, antes de plantearse y aprobarse la última reforma, no ha sido posible que se introdujeran, no ha habido una mayoría suficiente para introducir este tipo de reformas Yo creo que la
vigente legislación española es incompatible con esa convención que le citaba y, por tanto, incompatible con el cumplimiento de un derecho básico, en este caso con el derecho a acceder en condiciones de igualdad a algo tan fundamental como el
sufragio universal. Lo que yo querría preguntarle es si su ministerio se ha planteado la adopción de medidas que garanticen que las personas con discapacidad, incapacitadas judicialmente, puedan ejercer su derecho al voto y cumplir así los dictados
de la Convención de Naciones Unidas, y si tiene previsto algún plan de colaboración o de formación para los integrantes de la fiscalía a este respecto, porque sabe usted, señora ministra, que la fiscalía ha dado instrucciones recientemente a los
fiscales para que no se actúe de forma automática. Por tanto, querría saber si han avanzado ustedes en ese sentido.



En cuanto a la falta de accesibilidad a las redes sociales, tengo que decirle que en los últimos años -no hay ni que decirlo- las redes sociales de Internet han alcanzado una relevancia extraordinaria como medio de comunicación y relación
personal que hoy utilizan millones de personas tanto en España como en todo el mundo de forma absolutamente habitual. Sin embargo, son muchas las denuncias por inaccesibilidad generalizada a las redes sociales más extendidas, lo que impide o
dificulta enormemente la participación de personas con discapacidad a estas plataformas de comunicación y relación en Internet. Mi pregunta es si tiene previsto el ministerio apoyar alguna acción que promueva que las


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empresas del sector hagan accesible las páginas de las redes sociales; no es una cosa que tenga que hacer el Gobierno directamente, pero sí debe favorecer que las empresas cumplan con este requisito. También hay una cuestión en relación
con la exención de los derechos de autor para la circulación transfronteriza de obras dirigidas a personas con discapacidad visual. De los derechos de autor se ha hablado y se habla mucho en España, particularmente en los últimos tiempos, pero
nadie o muy pocos hemos prestado atención a que, además del debate general, hay personas que viven o que sufren directamente este problema. En relación con una pregunta que nosotros presentamos en noviembre de 2010, que es una propuesta de la Unión
Mundial de Ciegos y que desde España está apoyando la ONCE, hay millones de personas ciegas o con deficiencia visual en el mundo que se ven imposibilitadas de leer libros impresos o con letra en tamaño común, necesitando disponer de unos formatos
accesibles como macrotipos, audio o braille. Como conoce usted, hay una iniciativa europea en la que han participado diputados europeos de todos los grupos y también diputados españoles, y yo diría que de una buena parte de los Estados miembros,
para que se adopte una directiva europea o una iniciativa que posibilite que los países que están más avanzados puedan intercambiarse los libros para poder acceder a ese instrumento de cultura, de comunicación y de formación. No hay nada hasta el
momento presente a nivel de la Unión Europea. No sé si no fue posible o si es que no formaba parte siquiera de las prioridades, señora ministra, no recuerdo ahora mismo, pero creo que durante la Presidencia española hubo una iniciativa no
vinculante que no pasó de eso, de una iniciativa que no llegó a ser vinculante. Mi pregunta es si el Gobierno, ante la propuesta de creación de una norma internacional vinculante basada en las propuestas del tratado preparado por la Unión Mundial
de Ciegos, estaría dispuesto a apoyarla o si está haciendo ya algo para sacar adelante esa iniciativa.



Respecto de la integración laboral, creo que también aquí habría algo más que decir. Usted ha dado cifras que muestran lo que se ha avanzado en los últimos años en este tema. Sabe que siempre hay una manera de ver las cosas; lo de la
botella medio llena o medio vacía. Aquí la cuestión es que no se nos rompa. En esto de que no se nos rompa -por relajar un poco el diálogo- hay un grupo de rock de Lavapies que usted que es tan joven seguramente conocerá, que se llama Murmur que
tiene una canción que se titula Mi vaso no está medio lleno ni está medio vacío, está roto. Aquí la cuestión es que no se nos rompa nada y que todos los avances contribuyan a hacer más vinculantes cada una de nuestras decisiones.
Hemos avanzado,
sí, pero no lo suficiente. ¿Está considerando su ministerio la adopción de medidas legislativas de endurecimiento de las sanciones previstas en la ley a las empresas con más de 50 trabajadores que incumplen la obligación de contar al menos con un 2
por ciento de trabajadores con discapacidad, según lo establecido en el artículo 38 de la Lismi? Porque esa es la cuestión. Hasta ahora hay normativa, pero las sanciones son muy bajas y además no se cumplen. ¿Está en el propósito del Gobierno
modificar la legislación de contratos del sector público, a fin de establecer la reserva de un porcentaje de las limitaciones a favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción para hacer que en vez de una opción sea una obligación de
las administraciones públicas a favor del empleo protegido?


Por último, los incentivos a las familias integradas por personas con discapacidad. Bonificaciones del 45 por ciento en la cuota de cotización a la Seguridad Social para la contratación de un cuidador por parte de las familias en las que
algunos de sus miembros sea una persona con discapacidad o un ascendiente dependiente es algo que hemos planteado y que incluso ha sido sometido a debate y votación. Hay una Ley de promoción de la autonomía personal y atención de dependencia. En
lo que se refiere a esta ley creo que todos compartimos, sin ninguna duda, que ha supuesto un hito, pero, realmente, hasta el momento no se ha desarrollado de forma suficiente. Yo le preguntaría, señora ministra, qué valoración hace el ministerio
del desarrollo e implantación desigual de la ley. Esto es lo que tiene la España plural; tiene muchas ventajas pero a veces los derechos, que son únicos en su ejercicio y en su respeto, se convierten también en plurales en el sentido de que no se
aplican; es decir, no se pueden hacer efectivos. Yo le pregunto qué valoración hace el ministerio sobre esta implantación desigual de la ley, en concreto de las diferencias en el copago de los beneficiarios, que oscilan entre un 8 y un 20 por
ciento dependiendo de la región donde uno viva, que ha provocado el hecho de que sean las comunidades autónomas las que deciden los criterios de la participación en el pago de los servicios. Creo que cuando estamos hablando de derechos básicos no
podemos dejar al albur de la llamada autonomía económica, porque finalmente no es una autonomía política sino que termina siendo una autonomía económica que unos ciudadanos españoles tengan sus derechos garantizados frente a otros que no los tienen.
Le pregunto a la ministra si tiene una valoración crítica al respecto y si no cree que el Gobierno, en el uso de sus competencias, sin recabar competencias que en este momento no le son propias. Y utilizando todos los instrumentos que tiene la
Constitución, no puede hacer algo más para que una ley que supone un gran avance y que ha sido consensuada se cumpla y garantice la efectividad de todos los derechos, sea cual sea la parte de España en la que se viva.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.



La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora ministra, en primer lugar, cómo no, quiero darle la bienvenida a esta Comisión. Hemos tenido ocasión de escuchar su


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comparecencia en otras comisiones que también compartimos, pero no en esta. Por tanto, quiero agradecerle su presencia aquí a usted y a todo su equipo de colaboradores que la acompañan y que no habíamos tenido ocasión de ver todavía en esta
Comisión.



Desde nuestro grupo no vamos a hacer ahora una valoración muy exhaustiva de lo que usted ha dicho. Compartimos muchos de los proyectos que usted ha anunciado. Y quiero empezar por un tema que en estos momentos tenemos entre manos los
diputados de esta Comisión, que es el proyecto de ley de adaptación a las diferentes normativas, a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Muchos de esos temas, si no estuviéramos discutiendo esta ley, los estaríamos
poniendo sobre la mesa, pero dado que vamos a empezar ya el trámite de ponencia ya tenemos todas las enmiendas presentadas y vamos a empezar la discusión lógicamente los voy a obviar aquí. Creo que en las ponencias hay voluntad por parte de todos
los grupos de intentar llegar al máximo consenso y, por tanto, esperemos que del proyecto de ley que entró al proyecto de ley que salga de este Congreso y vaya al Senado, entre todos, hayamos sabido encontrar el máximo consenso y mejorarlo todo lo
posible. Por tanto, voy a saltarme ese aspecto y voy a centrarme en otros temas que usted ha comentado.



He echado en falta -quizás porque he tenido que ausentarme un minuto- referencias a la Ley de Dependencia, que también la voy a dejar un poco de lado porque de esa ley ya hablamos largo y tendido y muy a menudo en la Comisión de Política
Social por parte de mi compañero Carles Campuzano, que en este aspecto es muy activo.



La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E INMIGRACIÓN (Pajín Iraola): En ese y en muchos. (Risas.)


La señora TARRUELLA TOMÀS: Por eso mismo no voy a meterme en ese terreno, pero sí diré que hace unos días leí en un medio de comunicación que la Ley de Dependencia apenas llegaba a un 4 por ciento de los enfermos mentales. Esto hace
referencia al baremo y sé que están trabajando para solucionar parte de estos aspectos. El baremo no solo afecta a muchos enfermos mentales que no quedan cubiertos, sino también a las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a tener paciencia, vamos
a esperar a los cursos que van a hacer todas las personas que tienen que evaluar todos estos desajustes que se estaban produciendo. Entre todos debemos ser capaces de ajustarlos y solucionar esta cuestión porque hay muchísimas quejas, señora
ministra; no confían en la ley porque piensan que no les van a valorar, y eso es grave. Este es un tema muy serio.



Me ha gustado que dijera que están haciendo un estudio sobre la sordoceguera y también cuando ha aludido a la discapacidad en el mundo rural. Yo vengo de una provincia muy rural y este tema me ha preocupado siempre mucho. Creo que era muy
importante trabajar en esta zona.
Aprovechando que estamos hablando de estudios, le voy a rogar -sé que ni usted ni el equipo que hoy la acompaña son responsables, pero sí el ministerio que usted está ocupando- que podamos tener aquí esos estudios
pronto; que no sean proyectos de estudio, que veamos la luz, porque voy a aprovechar para decirle, esta vez sí, que en Convergència i Unió nos sentimos muy decepcionados. Estamos esperando que se presente aquí un estudio desde el año 2006. Voy a
explicarme -usted no estaba entonces pero ahora es la responsable y se lo tengo que pedir-. En el año 2006 mi compañero Carles Campuzano presentó en esta Comisión una proposición no de ley, que fue aprobada, sobre el estudio del agravio comparativo
que padecían las personas con discapacidad. Se aprobó, se dijo que se presentaría el estudio y acabó esa legislatura sin que se presentara, a pesar de las preguntas que se hicieron. Llegó esta legislatura y yo misma en el año 2008 lo pedí y lo
volví a pedir en 2009. Lo pedí de nuevo varias veces en preguntas escritas y orales. En dos ocasiones -tengo aquí todos los 'Diarios de Sesiones'- las respuestas fueron prácticamente calcadas, aunque había casi medio año de diferencia. Me
contestaron que estaban preparando el estudio, que lo estaban evaluando, que lo iban a hacer... En una de las últimas intervenciones que tuvo aquí la anterior ministra, Trinidad Jiménez, dijo que ese estudio estaba en marcha, que se había encargado
y que se comprometía personalmente a que estuviera aquí antes de finalizar el año 2010. Nosotros también nos lo creímos. Es un tema importante para el sector, que lo pide, y además creo que es importante porque cuando estamos hablando de
normativas, de evaluaciones y de costes económicos hay que tener en cuenta el que ya de por sí lleva una discapacidad.



Una de las últimas respuestas que me hicieron llegar cuando volví a reclamarlo -no sé si por novena o décima vez-, al preguntar por las previsiones, fue que se había encargado el estudio al Instituto Carlos III, que estaba prácticamente
hecho, que solamente faltaba la evaluación y que rápidamente lo presentarían. Esto fue en noviembre de 2010.
Entonces confiamos también, pero han pasado los meses y el 15 de marzo de este año volví a hacer otra pregunta escrita, en la que pedía
que por favor me dijeran cuándo tenía previsto el Gobierno presentar este estudio, donde se supone que se plasmaría el esfuerzo que ocasiona la discapacidad, puesto que el Gobierno manifestó el 25 de octubre que ya había sido realizado, que se
estaba llevando a cabo la evaluación técnica, el análisis de sus conclusiones y que se presentaría ya de forma definitiva. Esa pregunta no ha sido respondida, y no es que le reclame aquí la respuesta, lo que sí le reclamo, señora ministra, es que
presenten el estudio lo antes posible, por favor. Creo que para nuestros trabajos en esta Comisión sería importante tenerlo en cuenta. Usted misma ha dicho que quiere contar con la participación activa de las personas con discapacidad y sus
familias. No tengo ninguna duda. Sé que se está entrevistando con todas las organizaciones y asociaciones


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y nuestro grupo parlamentario está dispuesto a tender la mano, a buscar el consenso para que entre todos podamos conseguir el máximo para avanzar en el campo de la discapacidad.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular su portavoz, señor Vañó.



El señor VAÑÓ FERRE: En primer lugar, bienvenida, señora ministra. Le agradezco especialmente esta comparecencia, que además ha sido a petición suya, lo cual para mí es de agradecer y lo valoro positivamente. No huye usted del toro, lo
afronta, pero déjeme que le hable con toda cordialidad, aunque con toda sinceridad. Cordialidad porque usted sabe que la norma de trabajo en esta Comisión es tratar de buscar los acuerdos por encima incluso de las posiciones ideológicas en muchas
ocasiones, en la mayoría, y velar por las mejores condiciones de vida de las personas con discapacidad que, desgraciadamente, todavía no han llegado a disfrutar de los mismos derechos porque, aunque los tengan, no tienen acceso a su disfrute y, por
tanto, hasta que no se consiga, esta Comisión tiene virtualidad y debemos seguir incidiendo en ello. Todo lo que sea colaborar entre todos los grupos políticos para mejorar esa situación va a ser bienvenido por parte de todos, creo yo. Así que,
muchísimas gracias. También quiero quitar un poco el protagonismo de un solo grupo político en el terreno de la atención al sector de las personas con discapacidad, de esos casi 4 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Creo
que todos coincidimos en esa voluntad y esa vocación de mejorar las condiciones de vida para todos ellos y me gustaría que nadie se arrogara la defensa de esos intereses en detrimento de otras fuerzas políticas. Creo que todos somos un grupo que
trabajamos al unísono.



Le voy a decir dos o tres cosas que no me han parecido bien a lo largo de esta trayectoria que llevamos desde que funciona la Comisión. La crítica no es con ánimo destructivo, incluso pretendo que sea estimulante porque, insisto, la
pretensión, tanto de su comparecencia como de la aportación de cada uno de los grupos, estoy seguro que va a ser mejorar esas condiciones de vida. Este colectivo, que todavía tiene muchas cosas pendientes de conseguir para pasar de esa asistencia
casi de beneficencia a disfrutar de esos derechos, ha mejorado desde 1982, que es cuando toma carta de naturaleza la discapacidad a través de la Lismi. Creo que se ha mejorado, que hemos avanzado y ha sido una colaboración de todos; nadie se puede
arrogar el protagonismo. En ese sentido estamos satisfechos, pero no estamos en el mejor de los mundos. Todavía, desgraciadamente, nos queda mucho para conseguir esa situación de homologación social, hay mucho camino por recorrer. Creo que no ha
sido beneficioso en estos siete años que lleva funcionando la Comisión que pase por cuatro ministerios la atención a las personas con discapacidad, porque en el camino algo se pierde. Recuerdo el compromiso en la primera legislatura del señor
Zapatero de crear una secretaría de Estado específica, monográfica, de personas con discapacidad y dependiente de Presidencia. No fue así, fue una secretaría de Estado diluida entre Asuntos Sociales y Familia. Yo creía que tenía más entidad como
para merecer por sí misma una secretaría, pero bueno, al final hemos acabado en una secretaría de Estado junto con Consumo. Aunque personalmente estoy de acuerdo -luego verá por qué digo esto- en que los temas sociales estén vinculados a los temas
sanitarios, me parece interesante, creo que en este batiburrillo de ahora aquí y ahora allá se pierde un poco y por eso tengo que denunciarlo, insisto, para que se pongan los medios para evitar que siga ocurriendo.



En cuanto al empleo, todos sabemos la situación que tenemos, pero es que este grupo, que de por sí ya tiene una marginación o un riesgo de marginación especial, tiene un sufrimiento mayor en estos avatares en cuanto a la situación de empleo.
Tengo que recordarle -es inevitable que lo haga y usted lo entenderá- que el Partido Socialista se comprometió a crear 200.000 puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Lo que pasa -lo suelo decir siempre, quiero repetirlo y desde mi
grupo estamos convencidos de ello- es que en este sector es preferible no hacer promesas al aire porque luego, hacerlas y no cumplirlas, frustra más. Soy partidario de que se haga lo que se pueda hacer, y seguro que hay vocación de hacerlo, que hay
intención de ello, pero no pretendamos quedar bien de golpe en esta comparecencia y luego no llevarlo a cabo ya que la frustración es mayor porque el nivel de necesidad es mayor para este colectivo. Sabe usted, no hace falta que se lo diga, que
estamos en la cola de Europa en cuanto a empleo de personas con discapacidad; solo dos de cada diez personas con discapacidad en edad laboral está ocupada, por tanto, es algo que debemos fomentar y mejorar. Creo que es necesario que nos lo tomemos
en serio. Nosotros siempre hemos procurado a través de iniciativas parlamentarias evaluar cuál es la situación de la discapacidad, entre otras cosas en cuanto a empleo, porque todo lo que no se conoce en su verdadera dimensión no se puede arreglar
en su verdadera dimensión, no se puede atajar con conocimiento, por lo que siempre hemos propuesto que tanto el INE como otros ámbitos tengan una estadística regular y constante para saber la evolución. Los dos únicos módulos de empleo que
disfrutamos de personas con discapacidad son el de 2002, un módulo del INE en el que había 669.000 personas con discapacidad ocupadas, y el último el de 2008, que son 419.000. Lo digo simplemente porque creo que deberíamos hace hincapié en que ese
módulo se incorporase regularmente para saber la evolución y poder actuar de manera más inmediata a efectos de establecer criterios de compensación para buscar soluciones lo más rápidamente posible. Hay un cauce muy idóneo para conseguir el acceso
al empleo ordinario, que es la pretensión que debemos conseguir entre todos, que son los


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centros especiales de empleo, ya que son una plataforma de lanzamiento para conseguir ese empleo ordinario.



Con buen criterio, después de una situación incómoda económicamente en términos de empleo, en 2009 se propuso pasar en cuanto a las subvenciones del 50 al 75 por ciento, pero no se dotó presupuestariamente ese 25 por ciento. Eso ha sido
algo con lo que han tenido que cargar las comunidades autónomas en general. Cuando se haga algo desde el Estado es conveniente que sea el Estado el que lo afronte, no utilicemos el yo invito y usted paga porque creo que eso no es correcto. Se ha
dicho por parte de mis compañeras que en cuanto a la cuota del 2 por ciento o las medidas alternativas deberíamos buscar algún procedimiento para conseguir que se cumplan, porque solamente el 32 por ciento de las empresas con más de cincuenta
trabajadores lo están cumpliendo. Todo eso son medidas sobre las que creo que debemos reflexionar para buscar qué cauces utilizar para mejorar la situación.



Acabo los reproches pronto porque luego le aplaudiré alguna de las cosas que ha dicho. El Plan de acción para personas con discapacidad he de decirle que ha bajado considerablemente. En 2009 estaba en 5.900.000 y en 2011 está en 1.300.000,
un 80 por ciento menos. Eso déjeme que lo ponga de relieve porque me parece que es un menosprecio hacia el sector.



En cuanto a los patrimonios protegidos, hay un asunto que quiero destacar aquí. En marzo de 2009 el Gobierno se comprometió a traerlo aquí. Esto a lo mejor a usted le pilla de lejos porque entonces no era ministra, no se lo reprocho
personalmente, pero a todos nos gusta que se cumplan los compromisos, sobre todo cuando el que lo está esperando lo necesita. La ley de patrimonio protegido fue un mecanismo que celebraron los familiares con hijos con discapacidad, que pensaban qué
iba a ser de sus hijos el día de mañana cuando ellos faltaran; para eso se estableció esa ley de patrimonio protegido, para poder hacer esos patrimonios que pudiesen ayudar a subsistir a los hijos. Una de las ventajas que tenía que tener para
hacer atractivos los patrimonios protegidos era que las medidas fiscales fuesen favorecedoras de constitución de esos patrimonios. No se llevaron adelante esas medidas fiscales porque ya sabemos que dentro del Gobierno hay un segundo Gobierno en la
sombra que es el Ministerio de Economía y Hacienda, pero el hecho es que el Partido Socialista se comprometió en el Senado en marzo de 2009 a traer un decreto-ley sobre mejora de medidas fiscales para los patrimonios protegidos, que cumplía en
diciembre de 2009. En diciembre de 2009 no se trajo y nuestra obligación fue denunciarlo de nuevo porque era un compromiso que había adquirido el propio Partido Socialista con una enmienda transaccional con CIU en el Senado. En mayo de 2010
presentamos una proposición no de ley para que se cumpliese ese compromiso y además recuerdo que fue simpático porque pedimos que en el plazo de tres meses se trajese a las Cortes las mejoras fiscales del patrimonio protegido y concretamente un
compañero suyo me dijo que en tres meses llegaba julio y agosto y que lo íbamos a dejar para septiembre; al final optamos por una transaccional que era de tres meses hábiles. El hecho es que en septiembre se suponía que debería haber venido ese
decreto ley de mejoras fiscales para los patrimonios y tampoco ha llegado a día de hoy. Mi obligación, insisto, es denunciarlo. Creo que son cosas que debemos entre todos detectarlas y denunciarlas para que se lleven a cabo porque, como he dicho,
los receptores de esos beneficios son personas deseosas de que se lleven a cabo, de que se cumpla lo que aquí se legisla, de que les den expectativas de futuro, de que les den un cierto optimismo de cara al día de mañana. Por tanto, es mi
obligación decirlo así.



En cuanto a la proposición de ley que la semana pasada vimos aquí y a la que nuestro grupo presentó con ánimo constructivo una enmienda a la totalidad no pretendía decir que no nos gustaba lo suyo y que queríamos lo nuestro, no, no, en esa
enmienda a la totalidad había de todo un poco; estaba su proyecto, había enmiendas del Cermi y había una proposición de ley que he de decir que fuimos los primeros que trajimos aquí para adaptar ese compromiso que habíamos adquirido en el Congreso
de los Diputados y en el Senado de adaptar la convención. Trajimos hace dos años una proposición de ley para adaptar una serie de leyes que eran imprescindibles en nuestro ordenamiento jurídico para hacer cumplir esa convención. Era un poco de
todo pero yo, como representante de mi grupo, no tuve inconveniente en decir que si ese no era el procedimiento pactado entre todos podíamos retirarlo; no se trataba de protagonismos ideológicos, se trataba de eficacia en la adaptación de la
convención normativa a nuestro ordenamiento jurídico. Quiero felicitarle porque allí estuvo muy señora en el sentido de que reconoció el gesto -no todas sus compañeras hicieron igual- y yo lo agradecí porque vio que había una buena voluntad de
acuerdo y de mejorar esa situación, sobre todo de resolverla porque ya es un compromiso que hemos adquirido. Simplemente le recuerdo que en el proyecto de ley que venía del Gobierno -que no era malo pero sí insuficiente- se modificaban 11 leyes y
nosotros consideramos que esa adaptación a la convención afecta a 22 leyes. Por lo tanto, ya que destapamos el melón, vamos a comérnoslo entero. Creemos que debíamos hacer frente a ello en toda su extensión. En ese campo quiero recordarle que
estamos dispuestos a colaborar, no queremos protagonismos de nadie, pero entiendan que hay una vocación de hacer algo por el bien del sector; no lo interpreten como si quisiera poner el acento en lo ideológico. He de recordarle que el Consejo
Económico y Social decía que era insuficiente, que no abarcaba todo, o sea que tampoco hay aquí sectarismo por nuestra parte; se trata de que, si lo hacemos, hagámoslo bien.



Para finalizar, quiero decirle tres cosas que son de auténtica necesidad para el sector y que me consta que nos lo ha pedido a todos porque, como muy bien sabe, es un lobby muy eficaz que trabaja muy bien y trabaja con todos. Además me
parece muy bien porque es la


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mejor manera de conseguir resultados. Concretamente al Cermi le tengo admiración porque veo que no solo plantea los problemas sino que habla con todos y plantea alternativas sensatas, razonables y con pragmatismo.
Es un interlocutor que
considero mucho, incluso de broma les digo que es un lobby feroz porque aquí se le tiene muy en cuenta. Yo, como representante del Partido Popular, coincido con ellos en que hay tres cosas en las que usted debe comprometerse como ministra, una de
ellas porque es un compromiso ya adquirido. Hay que modificar la Ley de Propiedad Horizontal en esta legislatura. Eso de que tengamos personas mayores, personas con discapacidad física que no pueden salir de su casa porque no tienen accesibilidad
no es justo hoy en día, en el siglo XXI, tal y como nos desenvolvemos. No es culpa de nadie pero el hecho es que aunque ha mejorado la situación de la Ley de Propiedad Horizontal no hemos llegado a resolverlo. Además, me consta que hay iniciativas
y enmiendas para conseguir que esto se lleve a cabo. Es algo que le pido que se tome usted como cosa personal.



En cuanto a las políticas activas de empleo, sabemos que se va a derogar todo lo que hay; la intención es actualizar, normalizar y aglutinar en una sola norma todo, lo cual está bien, pero hay una sospecha, déjeme que se lo diga. No se nos
olvida lo que acabamos de comentar del compromiso de la ley de patrimonios protegidos. Ustedes se comprometieron en octubre a hacer una refundición en la estrategia global. No se olviden, primero, de contar con el Cermi como representante y,
segundo, de llevarlo a cabo, a ver si derogamos todo lo que tenemos y nos quedamos en el aire. Si ya de por sí la situación económica es mala y el empleo es horrible, se pueden imaginar que el sector de la discapacidad está que no vive.
Cuidémoslo
con cariño porque creo que se lo merece. Le pido que lo tenga usted en cuenta, que se lo tome también a nivel personal como compromiso.
Por último, ya que en esta ocasión el ministerio que usted ocupa es de Sanidad y Política Social, hay una vieja
reivindicación que quería trasladarle; el entorno sociosanitario. Sabe que muchas de las patologías que producen minusvalías están muy directamente implicadas con lo sanitario. Por lo tanto, me gustaría, como ministra de ambas secciones, que nos
dijese cuál es su proyecto. Sabemos que hay previsto un libro blanco, pero queríamos un pronunciamiento que fuese un poquito más allá de vamos a hacer un libro blanco, vamos a crear una comisión de estudio.
Están pendientes de esa respuesta.
También me gustaría que estas tres cosas se las tomase usted a título personal como ministra muy implicada.
He de decirle -perdone que insista pero me parece muy importante- que no se comprometan cuando no puedan llevarlo a cabo, es preferible, de
verdad, se lo va a agradecer más el sector. No les frustren. Hemos hecho mucho entre todos, no quiero excluir a nadie; se ha hecho mucho. Yo conozco este mundillo desde hace ya cuarenta años y he visto que la evolución de una progresión
aritmética se ha convertido en geométrica.
Estamos en una situación en la que yo tengo que transmitirle mi optimismo personal como persona con discapacidad de que vamos por buen camino pero no estamos como Alicia en el país de las maravillas. En
ese sentido, en la colaboración, en el pacto y en el acuerdo, no le quepa duda de que nos tendrá con la mano tendida si usted nos la tiende y va a encontrarnos, siempre y cuando sea en beneficio del sector de la discapacidad. Creo que en este caso
es lo que estamos haciendo entre todos. Además le digo que tienen el beneficio de la duda, pero insisto, no se comprometan a lo que no puedan hacer.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista su portavoz, señora Medina.



La señora MEDINA TEVA: Señora ministra, desde el Grupo Parlamentario Socialista también queremos darle la bienvenida a esta Comisión, así como a su equipo, felicitarle por el contenido de su comparencia y agradecerle el interés que ha
mostrado por venir a comparecer en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. En nuestro país la posición social de las personas con discapacidad es verdad que ha ido cambiando a lo largo de los últimos años y que ha dado un
salto cualitativo enorme.
De una situación de discriminación se ha pasado a otra en la que la igualdad de derechos es un objetivo compartido por todos y todas. Hemos reconocido que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud, al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
Hemos pasado de un concepto concebido solo y
exclusivamente desde un punto de vista sanitario y asistencial a una visión en la que se busca ante todo su normalización. Gracias al esfuerzo de todos y todas, de partidos, de administraciones públicas, del Gobierno, y por supuesto de las
asociaciones y organizaciones del sector de la discapacidad, se empieza a situar a la misma donde siempre debió estar, esto es, en el plano de los derechos humanos y lejos, como decía antes, de concepciones asistenciales. Ahora queda lograr que
esta idea se siga normalizando entre toda la sociedad, ya que solo esto llevará a la igualdad real y efectiva de este grupo social. En esta tarea, señora ministra, señorías, me van a permitir que haga una reflexión, y es que las personas que nos
dedicamos a la política tenemos una especial responsabilidad en cuidar nuestro lenguaje, evitando manifestaciones que minusvaloren a las personas con discapacidad, cuidando también las manifestaciones públicas que hagamos sobre este tema, pero no
solamente sobre este tema, tenemos que tener un extremo respeto a la sensibilidad de todos los sectores debido al mayor impacto, repercusión e influencia que pueden tener nuestras palabras en el imaginario colectivo precisamente por la publicidad y
difusión que de ellas se realizan. Hay muchísimos aspectos que tratar, y ahora me referiré a algunos de ellos, más todos los que han


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puesto sobre la mesa mis compañeros de otros partidos, pero creo que sobre todo en el lenguaje porque al trabajar en igualdad y con el género se acaba sensibilizando uno mucho sobre este tema, una en este caso deberíamos tener especial
cuidado. Lo dejo simplemente a modo de reflexión para que seamos conscientes de la repercusión que muchas veces tienen las manifestaciones que hacemos de manera pública.



Señora ministra, señorías, el Gobierno ha demostrado su claro compromiso con el objetivo de la mejora efectiva de las condiciones de vida y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad durante la pasada legislatura y también
la actual. Quiero recordar que se ha aprobado un paquete de normas en la pasada legislatura de gran interés, en tres áreas principales: la atención de las personas con discapacidad en situación de dependencia, la implantación efectiva de la
accesibilidad universal y el empleo de las personas con discapacidad. A todas ellas se ha referido la señora ministra. Efectivamente, España se convirtió en marzo de 2007 en uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención de la ONU
sobre derechos de las personas con discapacidad, que desde mayo, como también se ha dicho aquí, forma parte del ordenamiento jurídico español. Ha sido también España el primer país en presentar un informe sobre la aplicación de dicha convención.
Quiero también traer aquí a colación que durante la Presidencia de la Unión Europea España ha dado un nuevo impulso a la nueva estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020, también ha sido la impulsora del premio europeo de ciudades accesibles,
cuya primera ganadora -como ustedes recordarán- fue una ciudad española, Ávila, siendo finalista también otra ciudad española, Barcelona. Desde entonces, el Gobierno no ha dejado de trabajar, estableciendo y cumpliendo un calendario para adaptar
nuestra legislación a la convención, un trabajo que ha llevado siempre a cabo con la coordinación y colaboración de las organizaciones de la discapacidad.



El 3 de diciembre pasado, coincidiendo precisamente con el Día internacional de las personas con discapacidad, se aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley de adaptación a la Convención de Naciones Unidos sobre derechos de las
personas con discapacidad que, como también ha referido la señora ministra, saben que se encuentra en esta Cámara y muchas de las cuestiones que aquí se están planteando por el resto de portavoces vienen recogidas en ese proyecto de ley. Por tanto,
tenemos un gran trabajo por delante y una ardua tarea. Sin duda, la convención de la ONU supone un cambio en el concepto de discapacidad, que pasa de ser considerada como una preocupación en materia de bienestar social a ser concebida como una
cuestión de derechos humanos. Esto, señorías, de verdad, supone una auténtica revolución en el mundo de la discapacidad.
En los últimos años España se ha situado a la vanguardia internacional en cuanto a legislación sobre los derechos de las
personas con discapacidad.
Usted, señora ministra, ha enumerado algunas leyes importantes al respecto: la Ley de Integración de los Minusválidos de 1982 y la Liondao de 2003 fueron pasos muy importantes. Sin duda ninguna, el tratamiento para
defender los derechos de las personas con discapacidad es efectivo desde una acción trasversal, este es un punto que creo que es importante y así se ha entendido en todos los decretos y leyes aprobados desde la propia estrategia global de empleo
para las personas con discapacidad al Plan nacional de accesibilidad 2004-2012 o la propia ley de atención personal, la llamada Ley de Dependencia. En cualquier caso, señora ministra, la información que hoy nos ha facilitado en su comparecencia va
en la línea del compromiso que en su día adquirió el Gobierno y que también ha adquirido esta Cámara en distintas iniciativas, tanto en Pleno como en Comisión. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen aún necesidades por resolver y creo
que es importante mirar hacia delante y comprometernos con los retos que ha expuesta la señora ministra: reglamentos en materia de sanidad y transporte; real decreto de voto accesible; el tema del empleo, fundamental; proyecto de ley de igualdad
de trato y no discriminación; la estrategia integral española de cultura para todos o el plan jugamos todos, juguetes para todos. En definitiva, abordar aspectos relativos a la accesibilidad en campos como el consumo, el ámbito sanitario, el
educativo, el medioambiental, turismo, la cultura o el de los juguetes. Nos queda mucho por hacer, sin duda ninguna, señora ministra, pero creo que nadie puede discutir que es mucho el camino recorrido. De cualquier toma. De cualquier forma, esta
Comisión siempre se ha caracterizado porque trabaja en la búsqueda de consensos, porque siempre procura sumar. Por eso queremos seguir aunando esfuerzos trabajando en una causa común. Tenemos también un potentísimo movimiento asociativo que nos
ayuda día a día. Por eso, señora ministra, desde el Grupo Parlamentario Socialista le agradecemos de nuevo su comparecencia y su compromiso político con las personas con discapacidad, ese compromiso que también se ve reflejado en el examen de
revisión que usted misma nos ha anunciado que va a pasar nuestro país en el mes de octubre en cumplimiento de la convención. Por eso, señora ministra, le decía que le agradecemos su compromiso y la animamos a seguir en ese camino, que no es otro
que seguir trabajando para que las personas con discapacidad de nuestro país tengan igualdad de oportunidades respecto al resto, esto es, la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.



El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra para el turno de contestación a la señora ministra haremos una breve interrupción de dos minutos de orden técnico y después continuamos.



Señor Olabarría, después de la contestación de la señora ministra, como seguro que su señoría tenía otras necesidades que atender, le daremos la palabra, y así


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puede usted escuchar la respuesta de la señora ministra. (Pausa.)


Señorías, continuamos la sesión. Tiene la palabra para la contestación la señora ministra.



La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Presidente, señorías, quiero que mis primeras palabras en este segundo turno sean para agradecer el tono de todas sus intervenciones, el carácter y el espíritu no
solo de consenso sino también de sugerencia que sin duda va a ser muy útil para esta ministra y para el equipo que tenemos la obligación de desarrollar políticas en esta materia.



Quisiera empezar por responder a algunas cosas concretas que me han sugerido, empezando por la primera portavoz que ha intervenido, la señora Díez, que abordaba temas concretos que me consta son de interés para las organizaciones de
discapacidad, con las que venimos trabajando desde hace ya algún tiempo. En lo que se refiere a la accesibilidad a la justicia que es, como bien decía, una reivindicación histórica, concretamente en lo que se refiere al derecho al voto y al
sufragio universal, quiero decirle que -como bien conoce su señoría y me consta- cuando una persona está incapacitada judicialmente es el juez el que decide el ámbito de derechos que puede ejercitar autónomamente. En todo caso, como bien decía su
portavoz, el Gobierno está estudiando la revisión de la tutela para buscar modelos de apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad porque nos parece un avance importante. Trabajamos con el Ministerio de Justicia y con las
organizaciones de discapacidad porque creemos que es uno de los pasos pendientes y que puede ser tremendamente importante, sobre todo después de algunas sentencias que conocemos. Es verdad que el clima de consenso aparente que he visto en esta
Comisión ayuda, obviamente, a que esos pasos sean efectivos y podamos avanzar con mayor contundencia en esta materia.



Hablaba al inicio -y también se ha referido a ello la señora Díez- del acceso pleno de los ciudadanos con discapacidad a todos los ámbitos de la vida. Yo hablaba de la cultura, del ocio, de los juguetes y la señora Díez, con buen criterio,
también ha hablado de las redes sociales.
Efectivamente, es un tema que preocupa especialmente a este ministerio.
De hecho, la Fundación ONCE acaba de publicar hace tan solo unas semanas un informe sobre accesibilidad en redes sociales y con leer
el diagnóstico uno concluye de una forma muy rápida que la situación requiere respuestas, respuestas que la propia fundación por otro lado está desarrollando y que nos sugiere a través del portal discapnet, con el que colaboramos y que además nos
ofrece un instrumento de accesibilidad en la red. Quiero decirle que a través de red.es y del Plan Avanza el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad está trabajando con el Ministerio de Industria para que haya líneas específicas dentro de
estos planes, que han conseguido una gran accesibilidad de muchos ciudadanos y ciudadanas a las nuevas tecnologías y a las redes en nuestro país, que han servido para modernizar las administraciones públicas y también para hacer más cercanas las
nuevas tecnologías y los nuevos instrumentos de información a los ciudadanos y para que haya una línea de acceso específico para personas con discapacidad. Trabajaremos, como digo, con las conclusiones de la fundación ONCE y también del Cermi, que
viene reivindicando acciones en esta materia con las que coincidimos plenamente.



También ha hablado su señoría y algunos de los portavoces de algo que nos preocupa a todos y a todas que es el empleo. Aquí quiero hacer dos reflexiones. Es verdad que hemos avanzado en la reserva de puestos, tanto en el ámbito público
como en el privado. Bien es verdad que casi siempre en este ámbito, como en otros ámbitos en materia de igualdad, de derechos, es más fácil avanzar en el ámbito público que en el ámbito privado, pero los planes que se van poco a poco extendiendo
han ido cumpliendo ese 2 por ciento que la legislación mantenía, bien de una forma directa, bien en un ámbito complementario, que es otra opción de algunas empresas. En este momento le puedo decir que hemos creado para este objetivo concreto un
grupo de trabajo con el Cermi y el Ministerio de Trabajo en el sentido de incentivar a las empresas utilizando las experiencias de otras legislaciones en esta materia, para que cumplan de una forma efectiva -bien de forma directa o complementaria-
el 2 por ciento de reserva.



Quiero hacer una reflexión en este asunto. Todos los portavoces se han referido al empleo, pero creo que -como decía la señora Díez y contestando al señor Vañó y a la portavoz de Convergència i Unió- hay una realidad en la que se puede ver
el vaso medio lleno o medio vacío y lo importante es que no se rompa. Desde luego, tratamos no solo de que el cristal sea bueno, sino de que el equilibrio sea tan importante que no tenga el riesgo de caerse. En ese sentido, me siento muy
satisfecha como ministra y, por supuesto, como ciudadana de este país de que en un momento de crisis económica brutal, como el que estamos viviendo, en un momento de pérdida de empleo en todos los sectores de la sociedad -fundamentalmente en algunos
que nos obligan a cambiar el modelo productivo-, el ámbito social y, en concreto, el de la discapacidad haya creado empleo en los últimos años. Eso ha sido gracias a un enorme esfuerzo colectivo que no solo es mérito del Gobierno de España ni del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, sino de todo un plan estratégico que hemos venido desarrollando en el ámbito de la discapacidad y que tenemos que poner en valor porque ese camino, que ha dado frutos en un momento más difícil que
otros, nos da luz para seguir avanzando en esa dirección. A eso le añado el hecho de que en este momento el Gobierno, junto a las comunidades autónomas, ha abierto una reflexión -que en mi opinión es tremendamente importante- sobre el papel de las
políticas activas de empleo en lo que se refiere a encontrar mediadores e instrumentos concretos que permitan a las personas desempleadas


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encontrar una formación adecuada, una inserción en el empleo concreta y adecuada a sus necesidades y a su formación. En este ámbito todas las políticas relacionadas con el incentivo al empleo para personas con discapacidad encuentran una
percha, muy oportuna en mi opinión. No es tanto ponerle un tiempo al hecho de crear la estrategia, sino aprovechar el debate y la discusión que está habiendo en este momento en el seno del Ministerio de Trabajo con las comunidades autónomas para
acercar más los servicios autonómicos de empleo y los instrumentos de formación ocupacional al ciudadano concreto, conociendo sus realidades, para que sea un instrumento mucho más eficaz en materia de discapacidad. Por supuesto, nos preocupa el
hecho de no encontrar una respuesta a tiempo y por eso hemos empezado a trabajar ya. El hecho de decir que en octubre se presentará es porque entendemos que ha habido un tiempo razonable para haber discutido en grupos de trabajo que ya han empezado
a caminar en ese sentido. Trabajamos con toda la determinación para que así sea porque creemos que es el momento oportuno, el momento en el que hay una reflexión de fondo sobre las políticas activas de empleo y sobre cómo podemos acertar para
encontrar una formación ocupacional adecuada, incentivar más y encontrar un perfil concreto a cada persona y sus necesidades, y que las personas con discapacidad puedan encontrar un ámbito mucho más concreto. Insisto, estamos un momento en el que
podemos decir con satisfacción -no con la tranquilidad de haber conseguido todos los objetivos pero sí con cierta satisfacción- que los programas que hemos puesto en marcha en los últimos años y en los últimos meses relacionados con el empleo para
discapacitados han sido tremendamente importantes en un año especialmente duro.



Hay un dato que quiero volver a poner de relieve. Año 2010, año de plena crisis económica, de situación de desempleo muy dura y muy seria en este país, que ocupa a todas sus señorías y desde luego al Gobierno, pues se han creado más de
60.000 nuevos empleos para personas con discapacidad.
Este es un dato que desde luego tenemos que mejorar y trabajamos para ello, pero es un dato muy significativo y que pone de relieve algo que me parece muy importante, que las políticas sociales
no solamente son políticas justas -que lo son-, que generan derechos, que crean mejor sociedad, sino que también son políticas efectivas y sostenibles desde el punto vista económico. Me parece importante que quienes tenemos esa sensibilidad hacia
las políticas sociales destaquemos que en un año de crisis económica hemos creado empleo en el ámbito de la discapacidad y en el ámbito de la dependencia y no en otros sectores económicos de este país. También hay que poner en valor el elemento de
competitividad, de crecimiento económico y de oportunidad de crear empleo en el ámbito social y no solo verlo como una política de solidaridad o una política de gasto; en mi opinión es más bien una política de inversión. Además, esa iniciativa de
la que hablaban sus señorías sobre la adjudicación de subvenciones y contratos a las empresas que acrediten una reserva de empleo para discapacitados se está cumpliendo y por primera vez aparece en la disposición final primera del proyecto de
adaptación a la Convención de Naciones Unidas que presentamos hace una semana en la Cámara y que me parece muy importante porque nos abre un nuevo marco de trabajo y de colaboración para lo que llamamos las cláusulas sociales y el incentivo a las
empresas para que tengan un compromiso social y responsable y que fomenten el empleo y la inclusión de personas con discapacidad. La señora Díez también hablaba de una iniciativa europea que conozco y me parece muy interesante. Me comprometo a
estudiar cómo están avanzando otros países para ver si podemos avanzar en esa dirección porque entiendo que si lo hacemos de forma conjunta desde la Unión podemos avanzar mucho más y puede ser una vía muy interesante para la igualdad de derechos en
esta materia.



Es verdad que algunos de ustedes han obviado que no me haya centrado tanto en mi comparecencia en la Ley de Dependencia y su implantación. Les confieso que lo hago también por una cuestión de respeto. Cuando hablamos en la Comisión de
Política Social nos detenemos -como no puede ser de otra manera- largo tiempo a hablar de la Ley de la Dependencia, por eso creía que en la Comisión de Discapacidad teníamos que abordar temas específicos de políticas de discapacidad que no se agotan
con la Ley de Dependencia, algo que por cierto reivindican, como bien saben sus señorías, las organizaciones de discapacidad, que entienden que no podemos agotar todo el debate con la Ley de Dependencia, entendiendo que esta ha sido fundamental para
la garantía de sus derechos, pero que no todos los problemas ni todos los aspectos se agotan aquí. Hoy he querido centrarme más en aquellos aspectos que no son estrictamente el cumplimiento de la ley, pero sí diré que, efectivamente, estamos en un
momento en el que podemos analizar la implantación de la ley con más rigor porque tenemos un camino recorrido, un camino relativamente breve si lo comparamos con el fortalecimiento y el nacimiento de otros pilares del Estado del bienestar, pero que
tiene ya cierto tiempo y que nos permite, con la evaluación que estamos haciendo, pararnos un rato para ver cómo se está implementando, dónde podemos mejorar más, cuál es la eficacia y los instrumentos que podemos poner en valor y cómo podemos
mejorar y homologar algunos criterios que la señora Díez también ponía encima de la mesa. Soy una firme partidaria de aprovechar este momento, creo que lo debemos hacer. De hecho, ya hemos hecho algunas cosas junto a las comunidades autónomas, por
ejemplo, mejorar el baremo. Después de tres años de recorrido, podemos saber hoy cómo garantizar que aquellas personas que son dependientes no queden excluidas de la ley y aquellas personas que en algún momento han sido calificadas como tales sin
serlo no formen parte de ese derecho. Eso lo hemos podido perfeccionar a medida que el tiempo nos ha dado una experiencia ajustándola en forma de


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nuevas normas. Lo seguiremos haciendo. Este es el año de la evaluación y mi interés es poder aprovechar esa radiografía para tener una discusión exhaustiva y sin ningún tipo de prejuicios para ver cómo podemos perfeccionar todos los
sistemas y mejorar su implantación y su desarrollo. Coincido también con la señora Díez y con la portavoz de Convergència i Unió en que tenemos que ser exigentes en el grado de implantación, en la calidad y el acceso de todos los ciudadanos y
ciudadanas.



Se ha comentado, sobre todo lo ha hecho la portavoz de Convergència i Unió, un tema pendiente, que ha sido reivindicado en varias ocasiones en esta Comisión, concretamente el estudio que nos dé luz sobre el agravio comparativo entre un
ciudadano con discapacidad y un ciudadano que no tiene una discapacidad. Es algo importante e interesante. Es verdad que muchas veces los estudios, la investigación y los informes que se piden van más lentos de lo que al gestor y al representante
de los ciudadanos les gustaría, pero eso no puede ser nunca una excusa para no presentarlos. Tengo que decirle que acaba de llegar el primer resultado de ese estudio a la Dirección General de Discapacidad y que nuestra idea era presentarlo en los
próximos meses junto al estudio que estamos realizando -y por el que su señoría ha prestado interés- sobre la discapacidad en el ámbito rural. En cualquier caso, si tienen interés en que vaya antes el primero, no tengo ningún inconveniente -ahora
que ya hemos recibido esa primera radiografía- en hacérselo llegar ya. Los dos focos son importantes para poder tomar medidas específicas y concretas en dos ámbitos que preocupan y que tienen más problemas en materia de discapacidad. También le
diré, dado su interés -también lo ha mostrado el señor Vañó- sobre lo que tiene que ver con los planes de acción en el ámbito de la discapacidad y de las medidas integrales, que estamos trabajando en dos ámbitos importantes y que además en su
comunidad autónoma hemos encontrado algún ejemplo que podemos poner en valor. Todos hablamos del espacio sociosanitario sin que, en mi opinión -es una opinión muy personal- nos hayamos puesto ni siquiera de acuerdo en qué estamos acotando en ese
debate. En cualquier caso, parece interesante, y así lo compartimos todos, que hay ciudadanos que padecen algún tipo de enfermedad o de discapacidad que hay que atender no solo desde el ámbito sanitario con las mejores terapias, con la mejor
investigación y con los mejores medicamentos, sino que también deben tener una respuesta desde el ámbito social, del acompañamiento social. Eso es lo que tratamos de hacer con todo tipo de patologías y también con las personas con discapacidad.

Este año vamos a probar con diferentes instrumentos algunos proyectos piloto. Más allá del libro blanco, que no es una excusa para no hacer nada, sino para tener certezas -en un mundo donde casi nadie tiene certezas concretas en este ámbito-, vamos
a apostar por algunos proyectos piloto en convocatorias como la del IRPF. Entendemos que puede haber algún espacio en alguna comunidad autónoma que se ponga de ejemplo para ver cómo funciona, si somos más eficaces coordinando y colaborando en
algunos centros que presten doble servicio, viendo experiencias piloto que han surgido en algún punto de nuestro país y que entendemos que pueden despertar respuestas efectivas, sobre todo en el ámbito de la detección temprana de algunas
enfermedades degenerativas o que, como conclusión, producen algún tipo de discapacidad, o en trabajar en la autonomía de las personas. Saben bien que la Ley de Dependencia tiene una parte fundamental -lo sabe muy bien este presidente, que fue quien
lo lideró-, la del desarrollo de la autonomía personal de los ciudadanos de este país, una parte que seguramente los primeros años no ha sido la protagonista, teniendo en cuenta que teníamos que construir un nuevo sistema, que teníamos que intentar
garantizar la prestación directa a las personas que más lo necesitan, pero que no dejamos de lado porque es una parte tremendamente fundamental. En tanto en cuanto seamos capaces de desarrollar las capacidades de las personas y de garantizar una
mayor autonomía, después necesitarán menos prestaciones. No es una cuestión de eficiencia, que también en el resultado seguramente aparecerá, sino una cuestión de derechos de las personas. En este sentido, el espacio sociosanitario se antoja
tremendamente importante. En esa dirección hay algunos proyectos que se han ido implantando en algunas comunidades autónomas que nos parecen importantes, interesantes y que vamos a colocar como proyectos piloto para después poder extender al resto
del país en función de las conclusiones que se saquen.



También se han interesado sus señorías, en concreto el señor Vañó, por el patrimonio protegido. Voy a serle muy sincera. Este es un momento tremendamente complicado en las decisiones del ámbito fiscal. Le diré que, por supuesto, la
ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad va a seguir trabajando y empeñándose en esa dirección porque lo creo necesario, como lo cree su señoría, pero no le voy a negar que este es uno de los ámbitos más complicados en el contexto económico
en el que vivimos y, por tanto, debo decirlo con la sinceridad que me caracteriza y con la sinceridad que su señoría me pedía. No obstante, no podemos bajar la guardia y seguiremos trabajando en esa dirección. Por una reflexión que se ha hecho
aquí, que es adecuada, pero que quiero contestar, también le diré que soy de las que pienso que la garantía de una política es que permanezca en el tiempo, que se vaya construyendo. En alguna ocasión he venido a comparecer en otra Comisión y sus
propios compañeros me han reprochado el hecho de que mis palabras decepcionen, porque son una continuidad respecto a anteriores colegas. Con ello quiero decir que no sé si quedarme con que hay demasiados ministros o que todos hacemos lo mismo.
Prefiero quedarme con que hay un proyecto coherente que, con independencia del responsable, es un compromiso real que vamos cumplir, y no tenga ninguna duda de esta ministra, que va a cumplir con toda determinación.



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En ese sentido, quiero hablarle también de lo que tiene que ver con la reducción del presupuesto en materia de discapacidad, porque es importante que hablemos con claridad. Es verdad que en lo general hemos hecho un ejercicio de
responsabilidad a la hora de valorar la reducción y los ajustes presupuestarios que todos tenemos que hacer y, en un momento de cumplimiento de la reducción del déficit, hemos elegido y hemos preferido reducir en el ámbito de los seminarios y
encuentros del capítulo 2, que no digo que no sean importantes, siempre los he defendido y me parecen tremendamente importantes, pero en este momento en que teníamos que elegir hemos preferido mantener intacta la partida de aproximadamente 5
millones de euros que destinamos directamente a las organizaciones sociales para atender a las personas con discapacidad. Por tanto, ¿hemos tenido que apretarnos el cinturón? Sí, pero hemos elegido para tener un impacto menor. Le diré también que
en el ámbito del empleo hemos mantenido diferentes partidas, porque no hay una partida concreta, como usted bien sabe. Ahora estamos hablando de una nueva estrategia de políticas activas de empleo, de la que tendremos también que responder no solo
cualitativa, sino cuantitativamente. Quería hacer esta reflexión porque es honesto poder hablar de lo importante, de dónde ponemos las prioridades en cada uno de los ministerios.



También quiero hablar de la propiedad horizontal, a la que se han referido varios portavoces de los grupos parlamentarios. Tenemos el compromiso de dar respuesta a esa reivindicación histórica. El marco de la Ley de Economía Sostenible nos
permite poder avanzar de una forma más efectiva en esta dirección. Conozco las iniciativas y las propuestas que prácticamente todos los grupos parlamentarios han hecho con ese objetivo y esa es la mejor garantía de que podamos llegar a un acuerdo y
avanzar juntos. Ese será el espíritu del equipo de esta ministra, intentar conseguir avances en esa dirección, y lo hemos hablado con el Ministerio de Vivienda. Por cierto, quiero reconocer su trabajo, porque en los últimos años sus planes de
accesibilidad han tenido una visión especial con las personas con discapacidad y han contabilizado de una forma muy concreta la accesibilidad a la vivienda y a la vivienda protegida de las personas con discapacidad, cosa que quiero reconocer porque
es justo que lo hagamos y porque además siempre hemos defendido todos los que estamos aquí que la política en esta materia no es solo competencia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, sino del conjunto de la Administración, y así
debe ser para seguir abordando toda esta visión.
Quiero decirles también que estamos trabajando en el seno de los programas del Imserso para seguir dando respuesta a las personas con discapacidad o con enfermedades degenerativas que gocen de ese
tipo de programas, que también están siendo un éxito y que pueden ser importantes para su estímulo futuro.



Por último, una reflexión tremendamente importante. El señor Vañó decía que su grupo parlamentario había hecho una reflexión en torno a la Convención de Naciones Unidas y la iniciativa de ley que habíamos propuesto, y que lo había hecho con
el ánimo de construir. No tengo ninguna duda, ese fue su gesto a la hora de retirarla. Estamos ante una enorme oportunidad en esta Cámara. Después de escucharles, creo que podemos llegar a muchos acuerdos. Es una oportunidad histórica. España,
y todos y todas nos tenemos que sentir orgullosos, ha cumplido en tiempo y forma. Desde luego, como decía la portavoz de Convergéncia i Unió, podemos mejorar mucho una iniciativa que hemos traído a esta Cámara y que, por supuesto, es susceptible de
modificación. Vamos a trabajar con ese espíritu para mejorarla y sobre todo para demostrar una vez más que entre todos y todas, gracias al espíritu de esta Comisión, gracias también al enorme trabajo de las personas con discapacidad, a su madurez y
a las organizaciones que trabajan bien y con mucha eficacia, hemos conseguido ser hoy un país al que miran otros países europeos y del mundo por los avances que en muy poco tiempo hemos hecho. La oportunidad que nos abre no solo el examen, que
vamos a pasar los primeros de Europa, sino la legislación que en este momento está en esta Cámara, es una ocasión para avanzar en aquellos temas que sus señorías han puesto encima de la mesa y que comparto en el espíritu, seguro que encontraremos un
equilibrio para poder avanzar, como hemos hecho en estos años.



Gracias, señor presidente y señorías, por su tono y por sus conclusiones, que desde luego han sido tremendamente importantes para mí.



El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir un breve turno de réplica, y lo que sí haremos, si les parece bien, será comenzar por el señor Olabarría, que no pudo asistir con anterioridad, y después continuaremos con el resto de los grupos.



Señor Olabarría, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy amable, señor presidente, por su generosidad.



Señora ministra, es un motivo de alegría para mi grupo hablar en una Comisión con usted, porque raras son las comisiones a las que personalmente no pertenezco y casualmente usted se ha escaqueado de todas. (Risas.) Las pocas comisiones a
las que no pertenezco son las que corresponden a sus responsabilidades políticas, así que ya era hora de intentar atraparla por algún procedimiento.



No abusando de su amabilidad, señor presidente, quiero indicar que en materia de derechos y libertades fundamentales, que parece ser el primer elemento que ha sido objeto de debate en su primera intervención, se ha avanzado de forma dispersa
y un tanto asistemática en mi opinión; se ha reconocido la posibilidad de participar en algo tan esencial en un Estado democrático como son los comicios o las elecciones, a través de papeletas en braille y se ha aprobado recientemente una
iniciativa interesante que a mí me gustaría poner de


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relieve, que es la participación en la justicia tanto desde la perspectiva activa, como la participación en la institucción del jurado, como desde una perspectiva como justiciable -declaración un tanto deletérea pero que me imagino que será
objeto de ejecución por su parte-, removiendo aquellos obstáculos que impidan la participación en un procedimiento de cualquier orden de la jurisdicción como parte del mismo. Hay discapacidades que realmente provocan problemas para poder realizar
declaraciones, para poder testificar y para poder realizar las distintas diligencias que configuran la totalidad de un procedimiento. Por tanto, yo le pido muy enfáticamente que haga todos los esfuerzos que pueda para remover, en colaboración
seguramente con el Consejo General del Poder Judicial, esta disfunción que en este momento nuestro ordenamiento jurídico no ha sido capaz de resolver.



En segundo lugar -veo que el señor Vañó se ha referido a ello de nuevo- aquí siempre se plantea un dilema de naturaleza kantiana o conceptual consistente en si la discapacidad merece una regulación unitaria, homogénea, dada la heterogeneidad
de la misma. Ya le manifiesto mi opinión de que no es este el sistema o el procedimiento legislativo adecuado, porque la discapacidad tiene un componente de heterogeneidad que no posibilitaría encorsetar o ubicar dentro del contenido material de
una sola ley, que parecía ser la pretensión del Grupo Parlamentario Popular cuando presentó recientemente una enmienda de totalidad. El señor Vañó ya me está refutando mis palabras, luego no debe ser así. También se plantea si lo que deberíamos
hacer alternativamente como legisladores es remover ley a ley aquellas que consignan elementos de discriminación que afectan a las personas discapacitadas. Esta es mi opción, lo que pasa es que tendremos que hacer un esfuerzo entre todos, la
Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y lo más relevante del sector, como el Cermi, la ONCE y otros, para identificar cuántas leyes establecen discriminaciones manifiestamente contradictorias con los requerimientos de
la Convención de Naciones Unidas, de la cual me honro en ser uno de los diputados que forma parte de su comisión de seguimiento, cosa con la que me ha honrado el Cermi y que agradezco enormemente.



Para ir acabando paso a hablar del empleo, que aquí es una cuestión terriblemente vidriosa y complicada. Sin perjuicio de que en las leyes que establecen las ofertas públicas de empleo de las administraciones los porcentajes de contratación
de personas discapacitadas han sido objeto de incumplimiento sistemático desde la aprobación de la Lismi -parece que estamos mejorando las ratios de cumplimiento de estos porcentajes-, aquí, tanto la ley que configura la reforma laboral o que
modifica la estructura del mercado de trabajo como la nueva ley, fruto o dimanante de un real decreto-ley relativo a la nueva configuración de las políticas activas, ya se insta a los interlocutores sociales a incluir en el contenido obligacional de
los convenios colectivos, de la negociación colectiva porcentajes o cuotas de contratación de personas con discapacidad. A mí se me antoja terriblemente sugestiva esta previsión del legislador; ojalá prospere, me gustaría conocer su opinión.



Ha mencionado -y ya con esto acabo, señor presidente- las disfunciones de la Ley de Propiedad Horizontal. A mí me parece sencillamente vergonzoso que para remover los obstáculos de un inmueble el gasto que hayan de asumir las personas que
conviven en él sea de tres mensualidades de los gastos comunes del inmueble, tal y como se prevé en la legislación actual; hay que avanzar manifiesta y notablemente en este ámbito.



Y por último, en materia de dependencia qué quiere que le diga, no le voy a decir nada. Usted sabe las reservas mentales que esta ley generó a mi grupo. Lo sabe mejor que usted quien le acompaña a su izquierda, el señor Caldera, con quien
tuve el honor, la oportunidad y el gusto de discutirla. Yo no encuentro en la Constitución, y la he leído detenidamente -no voy a presumir de conocerla-, ninguna referencia constitucional que genere un derecho de estos que ustedes llaman derechos
de ciudadanía. Ni siquiera podría identificar qué es un derecho de ciudadanía, y la doctrina científica tampoco ha sido capaz. Ustedes recurren a esta locución permanentemente, así que si me puede ilustrar sobre qué es un derecho de ciudadanía se
lo agradecería yo mismo y seguramente la doctrina científica en el ámbito en el que yo me suelo desenvolver habitualmente. Sin más, le agradezco sus lúcidas palabras en esta Comisión.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora ministra, por todas sus respuestas, en las que ha abordado una buena parte de las cuestiones que le he planteado. No tengo tiempo para insistir en algunas de ellas, pero ya tendremos oportunidad de
hablar de las mismas. Sí me gustaría destacar dos reflexiones, así como instarle a que siga usted recapacitando sobre ellas. Una tiene que ver con el sufragio universal. Usted me ha contestado al respecto, pero yo quiero insistirle en lo que le
dije en la primera intervención, efectivamente nuestra legislación electoral permite o contempla que se prive del derecho de sufragio activo o pasivo a las personas incapacitadas judicialmente siempre que la sentencia que declare la incapacidad lo
prevea de manera expresa. Por eso yo le planteaba la necesidad de cambiar la Loreg, la Ley electoral en este sentido. Ya sé que estamos cumpliendo con la ley, pero yo creo que hemos perdido una oportunidad para modificarla en este sentido porque,
siendo cierto esto, también lo es que se han planteado muchísimas denuncias, a mi juicio fundadas, de privación de derechos fundamentales. La propia fiscalía ha instruido a los fiscales para que vayan viendo caso por caso y no haya una respuesta
generalizada privativa de este derecho, ya que privar del derecho electoral es privar a una persona de todos los demás derechos que de ahí dimanan. Por


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eso yo le preguntaba en mi intervención inicial si su ministerio tiene previsto algún plan de colaboración con los fiscales para formarles -permítame la expresión- en este sentido. Es decir, no hemos conseguido cambiar la Loreg en este
punto y no creo que de aquí a final de la legislatura nos podamos poner de acuerdo, pero hay algunas reformas puntuales como esta que hemos sido capaces de construir porque después no tienen que ver con la representación electoral. Por tanto, igual
seríamos capaces de obrar milagro, pero si no lo podemos hacer y está en nuestro espíritu hacerlo de cara al futuro, le insistiría en que desde el ministerio coadyuvaran a esa tarea, ya que el propio fiscal es plenamente consciente de que se está
produciendo una generalización que priva de derechos a ciudadanos con esta discapacidad, de forma legal pero injusta.
A veces las leyes tienen defectos que no son justos y, a mi juicio, este es uno de ellos.



Quiero hacer también una reflexión sobre la Ley de Dependencia. No voy a coger el guante que no me ha querido lanzar el señor Olabarría al respecto. Por ello no haré una reflexión de carácter general, no al menos desde la perspectiva que
él ha planteado, yo la haría desde otra. Por tanto, no voy a plantear aquí algo que saben ustedes que yo sostengo, que aquel que proclama el derecho tiene que tener instrumentos para hacerlo efectivo, es decir, que la instancia política que
proclama el derecho tiene que tener instrumentos para hacerlo efectivo. Pero en relación con esta cuestión sí le quería hablar del cumplimiento desigual -por no llamarlo incumplimiento- y, por tanto, de los efectos de desigualdad que tienen en los
ciudadanos la aplicación de la ley en toda España. Yo no sé si una fórmula -sin entrar en otra disquisición- sería que la acreditación de centros fuera homogénea en todo el territorio nacional.
Es competencia de las comunidades autónomas, lo sé,
pero hay una tarea de homogeneización, una tarea de igualación que le corresponde al Gobierno para velar por el interés general y por la igualdad de los ciudadanos. Yo no sé qué piensa la ministra al respecto, si ella no cree que esa acreditación
de centros debería ser homogénea precisamente para evitar desigualdades, es decir, para que lo que prime a la hora de tomar las decisiones no sea tanto la titularidad de la competencia sino el objetivo final de la misma, que no es ni más ni menos
que el hecho de que los ciudadanos sean tratados en condiciones de equidad e igualdad. En relación con esto mismo, quiero referirme a algo que usted ha suscitado y sobre lo que yo no me he pronunciado en mi intervención inicial; tiene que ver con
la enfatización que se ha hecho en la aplicación de la ley de lo que son las prestaciones económicas. Usted citaba que la ley no solamente tiene esa orientación de las prestaciones económicas, sino también la promoción personal y que precisamente
esa segunda parte se ha dejado más de lado porque teníamos otras prioridades u otras urgencias, vamos a decirlo de esta manera. Pero lo cierto es que las prestaciones económicas representan actualmente, según los últimos datos de febrero que yo
tenía aquí apuntados, el 46,8 por ciento del total, lo que viene en el fondo a contravenir el espíritu de la ley; el espíritu que usted ha definido correctamente y que el anterior ministro que le acompaña en la mesa expresó, durante todo el tiempo
en el que se tramitó la ley y del que yo también aprendí, porque hizo bastante pedagogía a la hora de explicar lo que suponía esta ley. Realmente nos hemos quedado en su aplicación con la parte económica; hay una expectativa que no se ha cumplido
del todo, sí, es una ley joven, es una ley nueva que tiene dificultades, porque hay dificultades, económicas en España en este momento, pero es importante que tengamos en cuenta ese dato del 46,8 por ciento porque eso priva de una serie de derechos.



En relación con este mismo asunto -seguro que la ministra lo sabe- hay un informe encargado por el Ministerio de Economía y Hacienda a expertos independientes del Instituto de Estudios Fiscales donde se concluye que la priorización de
prestaciones económicas, de la que estoy hablando, ha supuesto en el escenario más conservador un ahorro de las administraciones en su conjunto de 25.000 millones de euros, lo cual es un escándalo porque es un ahorro, entiéndanme, entre comillas;
hacernos cargo solo de las prestaciones económicas significa que hay otra parte de cumplimiento de la ley, e insisto en que es un informe del Ministerio de Economía y Hacienda solicitado a expertos independientes. Este ahorro puede ser la causa de
esta tendencia contraria al espíritu de la ley de la que hablaba antes, de calidad del servicio de generación de empleo.
Ahí tenemos elementos que el propio Gobierno nos ha puesto sobre la mesa, porque las dos cifras que yo he citado no son cifras
extraídas por mi parte de expertos ajenos, sino que son cifras del propio ministerio, del propio Gobierno, en este segundo caso que nos orientan sobre caminos que no hemos recorrido y que deberíamos recorrer.



El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella.



La señora TARRUELLA TOMÀS: Simplemente intervendré unos minutos, señor presidente. No quería intervenir en este segundo turno, pero no me he podido resistir. Quiero agradecerle a la ministra sus respuestas, pero en el momento en que he
oído hablar de la palabra sociosanitario me he decidido a intervenir. Le quiero animar, señora ministra, a impulsar este espacio -ya ha hecho referencia a ello el señor Vañó en su intervención y es un tema que aquí yo no había sacado porque lo he
tratado muchas veces en la Comisión de Sanidad y Política Social, pero aprovecho esta ocasión para volverlo a recalcar- porque es muy importante la prevención de las enfermedades que generan dependencia para no llegar a esta dependencia.
Sanidad a
veces no puede atender este espacio de la prevención, como deberíamos hacer todos y hasta que uno no es dependiente no se entra en los servicios sociales. Es muy importante trabajar este espacio y yo le animo a que lo haga. Ya que usted ha dicho
que quería visitar centros piloto, me gustaría invitarla a visitar alguno de los que hay en Cataluña, y así


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podrá ver cómo con recursos que no cuestan demasiado se alcanzan beneficios que compensan, porque no se cae ni se avanza en grados de discapacidad, y cómo la colaboración pública con entidades del tercer sector funciona muy bien. No se lo
había dicho en mi primera intervención porque no quería introducir este tema en la Comisión, pero no me he podido resistir. Desde luego le remitiremos una invitación personal para que usted y su equipo puedan ver qué importante es trabajar esta
prevención.



El señor PRESIDENTE: Señor Vañó.



El señor VAÑÓ FERRE: Intervendré brevemente, señor presidente.



Quiero agradecer a la señora ministra sus respuestas, pero déjeme que remache el clavito un poco más, porque no está de más; prefiero pecar de pesado a que no queden las cosas bien claras. En primer lugar, me alegro de que usted se instale
en el espíritu de esta Comisión, en el pacto y en el acuerdo. Usted sabe que así siempre vamos a conseguir mucho más entre todos. Por tanto, bienvenida. En segundo lugar, quería decirle brevemente algunas cosas. Ha hablado usted del empleo y de
la formación a la carta, que a mí me parecen muy importantes. El empleo previamente debe ir precedido de una buena formación, y en el caso de las personas con discapacidad, debido a las distintas características de las muchas patologías, es
fundamental una buena formación a la carta potenciando las capacidades residuales que cada uno tiene. No puedo evitar remitirme al ejemplo de una figura, el ordenanza o el bedel, que por regla general cualquier persona siempre considera que vale
más que esa función, se considera que está mal empleado o mal utilizado, pero hay personas con una patología que todos conocemos, que es el síndrome de Down, que creo que son idóneas para hacer este tipo de función. Si a cada persona con arreglo a
sus características la formamos y preparamos encontraremos los nichos con más facilidad. Quería hacer hincapié en eso.



Efectivamente tiene usted razón, y estoy de acuerdo, en que ha habido cerca de 61.000 nuevos puestos en el año 2010, pero quiero recordarle que el 64 por ciento -si no recuerdo mal- están creados en centros especiales de empleo; por tanto
cuídenlos. Simplemente tenga usted en cuenta el aumentar al 75 por ciento la financiación o la subvención, porque si la mayor parte los han creado los centros especiales de empleo vamos a cuidarlos, ya que sí que está resultando un buen paso previo
para el empleo ordinario.



Me ha encantado -se lo digo sinceramente- que diga usted que han fallado, que no han podido. No se ha comprometido y ha sido muy sincera. Yo es lo que le he pedido, y es lo que creo que le pide todo el mundo de la discapacidad. No se
comprometan a lo que no puedan llegar, pero no hagan algo que induzca a crear desconfianza. A propósito de la Ley de Patrimonio Protegido he de recordarle que mi grupo votó en contra en el Senado, y cuando vino aquí se me pidió que fuera coherente
con mi voto en el Senado. Con arreglo al compromiso que habían pactado con CiU, me lo creí y dije: voy a desdecirme de lo que ha dicho mi grupo, pero luego me han fallado, y excuso decirle que eso crea desconfianza. Por tanto lo prefiero.
Insisto en que a lo mejor no luce tanto a la hora del primer golpe de efecto, pero es preferible; se lo estoy aplaudiendo, no se lo estoy criticando, critico al Gobierno por no haber cumplido el compromiso en dos ocasiones.



Por cortesía tampoco he querido entrar en que la Ley de Dependencia era más propia de la Comisión de Sanidad, pero como afecta a las personas con discapacidad de forma importante le sugiero que lo considere, que lo tengan en cuenta y lo
cuiden: que promocionemos la primera parte de la definición de la ley: promoción de la autonomía personal, y no tengamos inconveniente en invertir, en potenciar esas capacidades residuales a las que antes me refería, en facilitar que uno explote
todo lo que pueda hacer por sí mismo, porque eso va a quitar efectos invalidantes y va a mejorar la situación, incluso puede evitar un gasto futuro de dependencia.



Lamento si a través de mis palabras o de nuestra enmienda pudo parecer que yo era partidario de una ley gueto. Espero que no me manifestase en ese sentido, y quiero aclararle a mi buen amigo y compañero don Emilio Olabarría que no era mi
intención, por supuesto. Nosotros queremos con esa enmienda, sobre la adaptación de la convención, hacer una propuesta transversal, pero no crear una ley gueto. No queremos hacer una tercera versión de la Lismi o de la Liondau. No, que
intervengan todos. Solo quiero precisar que no era nuestra intención.



Quiero decirle -ya se infiere del tipo de reunión que hemos tenido hoy en la Comisión- que cuente con todos los grupos de la Comisión, que no le vamos a hacer sombra ni le vamos a quitar protagonismo. Creo que hay una vocación de colaborar
y de mejorar la situación; de verdad que va a ser en ese sentido.



Por último, creo que debería -ya lo ha dicho en alguna ocasión el señor presidente- convocar un cuarteto de cuerda porque esto acaba muy bien.
(Risas.)


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, señora Medina.



La señora MEDINA TEVA: Señor presidente, también de manera breve quiero agradecerle a la ministra sus respuestas a las preguntas y a las reflexiones que los diferentes grupos hemos planteado en esta Comisión, e incidir en que tenemos una
oportunidad muy importante con la ley que ahora mismo está en esta Cámara. Vuelvo a decir que tenemos la oportunidad de debatir muchos de los aspectos y de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa y de -no me cabe la menor duda- llegar a
acuerdos y consensos en la tramitación de esta ley. Reitero ese grado de consenso y esa capacidad de la que hacemos gala -no solo hacemos gala, sino que ahí


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están los resultados- en esta Comisión. Por tanto desde el Grupo Parlamentario Socialista volvemos a felicitarla y le decimos que vamos a hacer todo el esfuerzo y a poner todo nuestro empeño en que esta ley salga adelante en las mejores
condiciones posibles.



El señor PRESIDENTE: Por último tiene la palabra la señora ministra para la réplica.



La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Iba a decirle al señor Vañó, en broma pero también con una parte de sinceridad, que muchos ciudadanos seguramente agradecen y prefieren el cuarteto, que le ponga
música a avances de políticas fundamentales en este país que otro tipo de ruidos, con lo cual bienvenido sea ese cuarteto cuando supone avances clarísimos de los ciudadanos de este país en armonía orquestal y política.



Quiero referirme a algunos de los temas que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha puesto encima de la Mesa. Siento decepcionarle, porque sé que me tiene en gran estima personal, pero no voy a entrar en un debate científico porque no
es desde luego mi labor ni me atrevería, pero sí le voy a dar mi opinión política al respecto. Efectivamente los temas de discapacidad, como otros temas de igualdad de derechos, en mi opinión tienen que tener una óptica transversal, legislativa y
de acción, porque si solo se ocupara de la discapacidad -lo he dicho antes en mi intervención- la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad seguramente no avanzaríamos ni la mitad de lo que hemos avanzado. Si no implicáramos al Ministerio de
Trabajo, a las comunidades autónomas, al ámbito de la educación, etcétera, evidentemente no avanzaríamos. Estamos hablando de realidades sociales y no de sectores, sino de ciudadanos y ciudadanas con una discapacidad y por tanto es una realidad.
Bien es verdad que a veces es importante hacer legislaciones transversales o generales que modifiquen otras leyes, y ese es el espíritu de la iniciativa de adaptación de la convención de Naciones Unidas que hemos traído a esta Cámara, que modifica y
afecta a otras legislaciones que ya existen en nuestro país: modifica reglamentos y desarrolla algunos nuevos, y por tanto estamos hablando de esa visión transversal. Y en otras ocasiones, después de esa experiencia transversal o sectorial,
también es necesario hacer leyes más concretas, aunque sean de mirada integral, como por ejemplo la ley de igualdad de trato que traeremos a esta Cámara y que también contempla de una forma muy clara y concreta la discriminación de las personas con
discapacidad. Es una ley que pretende, por ejemplo, clarificar el ámbito legislativo, aunque sea una discriminación integral o transversal; clarificar mucho más en una misma ley, porque nuestra experiencia y nuestra doctrina jurídica nos decían
que hacía falta una mayor claridad en algunas cuestiones. Por tanto a veces es una combinación de ambas filosofías, pero lo digo desde la opinión de esta ministra en el ámbito político y no tanto en el ámbito científico, del que no me atrevo a
decir aquí grandes verdades.



Decía también el señor Olabarría que hemos avanzado en el empleo en la reserva -lo he dicho en mi intervención-, aunque tenemos que seguir avanzando. También hemos avanzado en la especificidad y no solamente hemos pasado de aumentar la
cuota de reserva sino también de incluir por primera vez a los discapacitados mentales, lo cual es ya un avance; hace tan solo una semana anunciaba por primera vez una cuota específica, o una mirada específica en el acceso a la formación del ámbito
sanitario, que me parece una modificación interesante y que también era un déficit de la realidad actual. Por tanto estamos avanzando no solo en el cumplimiento, sino también en mejorar la oferta que hacemos a las personas con discapacidad y
tenemos que seguir en esa dirección sin lugar a dudas.



Efectivamente comparto con el señor Vañó que los centros de formación especiales de empleo ya han adquirido un papel fundamental y tenemos que seguir cuidándolos, como tenemos que ser capaces también de ser imaginativos, y aquí confío en el
espíritu de esta Comisión y en las sugerencias que nos puedan hacer llegar, en esa reflexión que hemos abierto con las comunidades autónomas de acertar en la mirada concreta que queremos hacer como oferta a los ciudadanos en materia de formación,
ocupación e itinerarios de empleo para personas con discapacidad. Creo que estamos en el momento adecuado. Lo decían la señora Díez y el señor Olabarría. Hemos hablado en esta Cámara hace tan solo unos meses de una reforma de calado del mercado
laboral, estamos adoptando ahora la reforma de las políticas activas de empleo en este país, después de muchos años, y creo que tenemos una gran oportunidad. Desde luego recojo el guante de sus señorías porque creo que tenemos que trabajar juntos
en esa dirección, y que se puede avanzar de una forma muy clara y contundente.
Recogiendo también la sugerencia de la señora Díez, hablaré con la fiscalía, con la que trabajamos en muchos ámbitos de una forma muy cotidiana, para conocer su trabajo
y su información en esta materia que creo que nos puede ser útil.



Quiero hacer una reflexión muy rápida sobre algo que han sacado varios portavoces: las prestaciones económicas y la filosofía de la Ley de Dependencia. Con esta filosofía de ver el vaso medio lleno o medio vacío hay unas consideraciones
que me gustaría aportar, porque también las he conocido cuando he empezado a estudiar con profundidad los datos concretos de esta ley. Como le decía al presidente de esta Comisión, que fue quien la impulsó, ahora empezamos a tener perspectiva
porque llevamos tres años de andadura, y por tanto podemos empezar a tener algunos datos que nos arrojen alguna luz. No podemos comparar este recorrido con el de otros pilares del Estado del bienestar, pero esos datos son interesantes.
Por
ejemplo, coincidiendo en que lo mejor es garantizar la prestación, el servicio, y desde luego atender la autonomía -lo he dicho anteriormente porque lo creo profundamente-, las prestaciones económicas, que además han creado empleo y que han
significado


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altas en la Seguridad Social, tienen otra realidad que se desconoce a veces o no se dice del todo. No quiero decir con ello que ese vaya a ser el camino que vayamos a recorrer porque nos parezca el mejor, no, pero sí hemos descubierto
algunas cosas que son positivas, que sé que conocen sus señorías, pero que me parece importante destacar. Por ejemplo, el 87 por ciento de las personas mayores en nuestro país quieren vivir en su casa.
Además tenemos la gran suerte -eso no pasa en
todos los países del mundo- de que la mayoría de ellos tienen una casa en propiedad, y muchos viven además en una zona rural, lo que hace que no quieran sentir el desarraigo que produce irse a una ciudad o a otra población mayor. Sobre esa realidad
las prestaciones económicas o el hecho de que alguien cuide a esas personas en su ámbito familiar, en su vivienda, han hecho que también exista un grado de satisfacción muy alto. Lo digo porque algunos datos que empezamos a conocer desde el inicio
de la Ley de Dependencia van en esa dirección. ¿Significa eso que vayamos como consecuencia a cumplir solo en ese camino y nos olvidemos de lo anterior? En absoluto.
La filosofía sigue siendo la que he descrito, la de garantizar el servicio y la
prestación, la de ahondar en el estímulo y en la autonomía de las personas, pero no podemos dejar de tener en cuenta esa realidad que, por un lado, aflora una situación que ya existía en nuestro país de muchas cuidadoras -digo cuidadoras porque,
como bien saben sus señorías, la mayoría aplastante, no queriendo decir ahora un dato incorrecto, son mujeres- que estaban sin valorar, sin reconocer y sin dotarlas económicamente, y en segundo lugar, ha hecho que esas personas que quieran vivir en
su casa -mientras puedan, porque no necesiten otros cuidados- puedan hacerlo, y por tanto es una realidad que existe. Ahora bien, tenemos que caminar desde luego hacia las prestaciones de calidad y hacia la autonomía de forma muy clara.



Recojo el guante y la sugerencia de la portavoz de Convergència i Unió.
Sabe bien que hace pocos meses fui invitada y visité de forma inmediata un centro que he puesto como ejemplo, porque me parece importante y que tiene un enfoque
sociosanitario, y desde luego todos los ejemplos que vayan en esa dirección los cogeré con interés porque creo que tenemos que avanzar por ahí de una forma muy clara.



Acabo con una reflexión. Creo que en los próximos meses, de aquí a que agotemos la legislatura, tenemos un tiempo muy útil, por el momento, por la legislación que ha entrado ya en esta Cámara, y por los cambios que en otros ámbitos se están
produciendo, como por ejemplo en el ámbito laboral. Creo que tenemos la gran oportunidad de avanzar en materia de propiedad horizontal -comparto las reflexiones que se han hecho aquí- como percha de la Ley de Economía Sostenible con algunas
iniciativas que ustedes han presentado. Creo que podemos avanzar de una forma muy clara en las políticas activas de empleo con una mirada mucho más concreta y que sea quizá mucho más útil, y podemos también aprovechar la reflexión de la evaluación
de la Ley de Dependencia para ajustar mucho mejor, para ser más eficaces y para ser más certeros. Vuelvo a mostrar mi profunda voluntad de colaboración en esta Cámara, de aprender de todo lo que aquí han sido capaces de hacer para avanzar juntos,
no sé si en ese cuarteto, pero sí en la armonía que considero profundamente necesaria, porque la política con mayúsculas es la que sinceramente mejor valoran los ciudadanos.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. Como sabe, siempre tendrá abiertas las puertas de esta Comisión que hace suyo el agradecimiento por la comparecencia, por su sensibilidad y por sus ofertas de cooperación, que desde
luego tomaremos en consideración y desarrollaremos.



Se levanta la sesión.



Eran las seis y veinte minutos de la tarde.