CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 737

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sesión núm. 26

celebrada el martes, 22 de marzo de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/002070.) ... (Página 2)


- Para garantizar el acceso físico y jurídico a la justicia de las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/002077.) ... (Página 5)


- Con el objeto de crear una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia a través del Instituto Nacional de Estadística.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002031.)
... (Página 8)

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- Relativa a la adaptación paulatina de los diferentes billetes de euros con la señalización en Braille. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001277.) ... (Página
10)


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/002070.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Como saben sus señorías, la sesión integra en su orden del día el debate y la votación de cuatro proposiciones no de ley.
Dado que a las doce tenemos una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara considero que hay tiempo suficiente para el debate sosegado y, de acuerdo con los usos de esta Comisión, entre las once y media y las doce menos cuarto se podrían producir
las votaciones. Lo digo para el conocimiento de los diversos grupos parlamentarios. Ese es el cálculo que realizo; si vemos que se acelera el paso de la Comisión, daremos otra indicación de tiempo de votación.



La primera proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura. En nombre del
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Montalbán.



El señor MONTALBÁN GOICOECHEA: Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista incide en tres factores esenciales que han de definir a una sociedad democrática: la igualdad de todas las personas al margen
de sus condiciones y posibilidades para vivir y disfrutar los espacios vitales, la no discriminación y por tanto la potenciación de la autonomía personal de quienes sufren algún tipo de hándicap o discapacidad y la utilización de la cultura -del
hecho cultural y también de la obra cultural- como factor importante en la consecución y el gozo de la libertad. La exposición de motivos resulta clara, incidiendo por ejemplo en el hecho de que en ámbitos como el de la cultura son más decisivos y
condicionantes los impedimentos de accesibilidad que afectan a las personas con discapacidad que las propias limitaciones de las personas. La legislación aprobada en las últimas décadas, sobre todo en la última, ha abordado con meticulosidad y
energía las necesidades de potenciar la accesibilidad haciendo que todos, al margen de las características, podamos llegar a todos los lugares y además podamos vivir y disfrutar todas las situaciones y los servicios o productos generados por la
acción humana.



Antes de continuar con la exposición permítanme una digresión para subrayar que los ámbitos y espacios culturales contienen no pocas obras creadas y desarrolladas por personas que tienen algún tipo de discapacidad, de tal modo que obras que
han dado la vuelta al mundo en las más variadas disciplinas y expresiones culturales o que ocupan lugares muy destacados en salas y museos del mundo surgieron a causa o a pesar de determinadas discapacidades que afectaban a sus autores. ¿No creen,
señorías, que sería una injusticia que aprovecháramos el genio de estas personas y sin embargo no hiciéramos todo lo posible para que las personas con discapacidad puedan disfrutar por no poder acercarse a estas obras? Porque Beethoven, por
ejemplo, compuso la Novena Sinfonía -el famoso Himno de la alegría que probablemente todos hemos coreado alguna vez- afectado por una severísima sordera que le aisló durante los últimos doce años de su vida, durante los cuales también compuso la
Décima Sinfonía y la Misa Solemne. Frida Kahlo contrajo una poliomielitis a los 6 años que le afectó durante toda su vida pero su obra pictórica y también su obra literaria están conservadas en determinados museos de México y del mundo. Louis
Braille sufrió un accidente cuando solo tenía 3 años y quedó ciego, precisamente le ocurrió tal percance cuando estaba trabajando en el taller artesano de talabartería que dirigía su padre; después de eso inventó el sistema de lectura y escritura
táctil para invidentes que lleva su nombre. Van Gogh creó la mayoría de su obra en los tiempos intermedios entre sus permanentes problemas psíquicos que incluso le llevaron a desear y a intentar su muerte. Helen Keller quedó ciega y sorda cuando
solo contaba 19 meses de edad pero terminó siendo una importante escritora, lo mismo que su profesora Anne Sullivan, que a causa de un tracoma sufrió problemas graves que deterioraron irremediablemente su vista; sin embargo, junto con Helen, dedicó
su vida al cine y a los espectáculos de vodevil con cierto éxito. Gabriela Brimmer llegó a completar una obra literaria importante, sobre todo en la poesía, a pesar de que una severa parálisis cerebral la


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obligara a comunicarse únicamente con el dedo grueso del pie izquierdo sobre una máquina de escribir. Y Matisse, que fue uno de los grandes artistas del siglo xx, culminó su vistosa y copiosa obra después de quedar postrado en una silla de
ruedas. Uno más diré: Antonio Francisco Lisboa, un escultor y arquitecto barroco brasileño, al que curiosamente acabaron por llamar el Lisiadito, que tras sufrir un proceso degenerativo de sus miembros que le obligó, para poder trabajar, a
amarrarse las herramientas en los brazos y en las manos inmovilizados por su degeneración, llegó a ser un gran escultor que tiene su obra por muchos museos del mundo.



Señorías, reitero que no son pocos los espacios culturales donde pueden admirarse las obras de personas con discapacidad a las que otras personas de sus mismas condiciones no pueden llegar y otros a los que se puede llegar pero no se pueden
admirar las obras con plenitud porque no hay dispositivos adecuados para que ciertas discapacidades puedan ser superadas o atenuadas. Las personas con discapacidad han reclamado con toda tenacidad y con constancia de héroes que quieren ser iguales
a las personas sin discapacidad. La legislación ha avanzado en ese sentido y las instituciones también. La proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista insiste además en las líneas que el Ministerio de Cultura viene ya teniendo en
cuenta, esas líneas tienen que ver con la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en sus disposiciones finales quinta, sexta y novena. Igualmente, la proposición tiene
presentes los desarrollos reglamentarios siguientes: el Real Decreto 505/2007, que aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y las edificaciones; el Real Decreto 173/2010, por el que se modifica el Código técnico de edificación, y el Real Decreto 366/2007, que establece las condiciones de accesibilidad y no discriminación en sus relaciones con la
Administración General del Estado. Así, se ha incorporado ya cuanto contienen tales decretos a los procesos de licitación de los proyectos que han salido en los últimos tiempos y que seguirán saliendo y a las obras gestionadas. En medidas
concretas el ministerio ha dado pasos facilitando, por ejemplo, el uso de Internet a personas con dificultades visuales y también instalando sistemas de conexión inalámbrica o wifi en todas las bibliotecas. La inversión por parte del ministerio ha
sido de 71.255 euros en 2007 y de 95.273 euros en 2008.



Hay más razones que justifican nuestras proposición no de ley pues la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la ONU va en la misma dirección; mejor dicho, esta proposición no de ley va en la misma
dirección que la referida convención, que dice en el artículo 30, que trata de la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a participar en igualdad de condiciones que las demás en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a material cultural con formatos accesibles, que tengan
acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales igualmente en formatos accesibles y que tengan acceso a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales, tales como teatros, museos, cines,
bibliotecas, servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. Igualmente, el artículo 30 dice que los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas
con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual no solo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad, y además los Estados partes tomarán todas las medidas permanentes de
conformidad con el derecho internacional a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales
culturales.



Señorías, nuestra proposición no de ley quiere apuntalar más si cabe el empeño de las personas con discapacidad en superar las desigualdades y la discriminación que aún les afecta y quiere también apreciar y subrayar las acciones que ya
vienen desarrollándose por las instituciones, y en este caso por el Ministerio de Cultura, que viene garantizando la accesibilidad física de los espacios, garantizando además la accesibilidad sensorial mediante los dispositivos técnicos necesarios y
promoviendo el acercamiento activo de las personas con discapacidad a la creación artística. Se trata de fomentar la igualdad a partir de los principios contenidos en la convención de la ONU antes aludida, los principios de no discriminación, de
accesibilidad universal y de autonomía personal.



Antes de terminar quiero decir que hay una enmienda presentada por el Grupo Popular que a nosotros nos parece que en todo caso, aun admitiendo la intención que tiene -una intención importante-, creemos que incide en cada uno de sus puntos en
acciones que ya se vienen desarrollando por parte del ministerio. En un principio habla de consultar durante la fase de diseño de los espacios culturales a especialistas y representantes de las personas con discapacidad, cosa que ya se está
haciendo y en la que además el Ministerio de Cultura cuenta con el apoyo del Consejo Estatal de la Discapacidad, y plantea acortar los plazos de accesibilidad establecidos en la Ley 51/2003. Uno de esos plazos ha vencido ya en estos momentos porque
era de tres a cinco años y la ley es de 2003, pero en todo caso consideramos que se viene desarrollando dicha ley debidamente teniendo en cuenta la realidad en la que estamos en estos momentos.
Valoramos positivamente la intención pero no podemos
aceptar esta enmienda.



Termino, señorías. Con nuestra proposición no de ley se trata de perseguir la igualdad, que es lo que han de procurar y perseguir los hombres y mujeres buenos. Se


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dijo ya en el año 1776 que todos los hombres son creados iguales y dotados de derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y se dijo poco después en Francia, en la Asamblea francesa, que todos los hombres
nacen libres e iguales en derechos. Por fin, en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo completó: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De eso trata nuestra proposición no de ley: de la igualdad
con mayúsculas, solo de eso trata.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra la señora Do Campo.



La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Hoy el Grupo Parlamentario Socialista nos trae a esta Comisión una proposición no de ley que nos parece positiva y oportuna e, independientemente de su postura con respecto a nuestra enmienda -que no la van
aceptar-, anunciamos que vamos a votarla favorablemente. Pero nos hace recordar una vez más el marco internacional y, en concreto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en nuestro país en mayo de 2008
y que en su propio artículo 30 trata de la participación en la vida cultural de las personas con discapacidad. De la misma manera nos hace recordar que ya han pasado dos años desde que se aprobó esta convención y los compromisos que hoy recoge en
esta proposición no de ley a modo de objetivos ya eran indicación del año 2008. Por tanto, ya hay un retraso de dos años. Estamos de acuerdo con los puntos de la proposición no de ley, pero podríamos dar un paso más y de ahí que el Grupo
Parlamentario Popular presente esta enmienda de adición con dos puntos. También queremos hacer referencia al marco internacional, entendiendo que tenemos que resaltar también nuestro marco nacional. Ahí hacemos referencia a la Ley 51/2003, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que en su propia exposición de motivos hace ya referencia a que la Constitución, en su artículo 14, reconoce la igualdad ante la ley, así como a
que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida
política, cultural y social. De la misma manera se hace referencia a la participación cultural en el artículo 1 de esta ley, cuando se habla del objeto de la ley, así como en su artículo 8, sobre medidas de acción positiva.



Querría detenerme en la disposición final sexta, donde claramente se marcan unos plazos: por un lado, para las actuaciones nuevas y, por otro lado, para aquellas actuaciones o aquellas obras que deban ser adaptadas y las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de bienes y servicios a disposición del público.
Como bien claro deja la disposición final sexta, serán obligatorias esas actuaciones según el calendario siguiente. Es verdad que
el portavoz socialista hace referencia a que para una parte de las obras, en lo que son bienes y servicios nuevos de titularidad pública, el plazo era de cinco a siete años, pero nos gustaría incidir en el segundo de los plazos, cuando hacemos
referencia a los bienes y servicios ya existentes y que pueden ser susceptibles de ajustes razonables. Tales ajustes deben realizarse en un plazo de doce a catorce años desde la entrada en vigor de la ley cuando sean bienes y servicios de
titularidad pública o bienes y servicios de titularidad privada que concierten o suministren las administraciones públicas y en el plazo de quince a siete años cuando se trate del resto de bienes y servicios de titularidad privada. Señorías, en
este sentido va nuestra enmienda, entendiendo que se debe reducir ese plazo que, por cierto, ya en el programa electoral del Partido Socialista del año 2008 venía recogido. Y se lo voy a leer textualmente: Acortaremos los plazos máximos
establecidos en la Ley de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal (Liondau) para garantizar la accesibilidad universal a los entornos, productos y servicios. Por lo que vemos es uno más de los incumplimientos electorales a los que nos
tienen acostumbramos, pero esperamos que, aunque sea ya casi al final de la legislatura, tomen buena nota de ello y por fin actúen.



Por otro lado, en el primer párrafo de la enmienda, cuando hacemos referencia a consultar durante la fase de diseño de los espacios culturales a especialistas y representantes de las personas con discapacidad, entendemos que, a la hora de
garantizar la accesibilidad a los espacios culturales o incluso en la promoción de eventos y de diferentes actuaciones en el ámbito de la cultura, debe consultarse durante la fase de diseño a especialistas o representantes de cada colectivo y, en
general, a los representantes de las personas con discapacidad, entendiendo que esto no siempre se hace y que su experiencia será muy útil a la hora de informar para poder garantizar esa accesibilidad. Tanto técnicos, arquitectos o ingenieros
implicados en proyectos de diseño como representantes de colectivos y asociaciones especializadas deben trabajar de manera coordinada, y así es fácil conseguir que el patrimonio cultural sea accesible para todos.



En pleno siglo xxi la accesibilidad universal a la cultura, entendiendo por la misma tanto el continente -como pueden ser edificios museísticos, bibliotecas- como el contenido -colecciones y exposiciones-, sigue siendo una asignatura
pendiente. Aunque en la actualidad las instituciones culturales se van adaptando, poniendo a disposición del visitante todos sus productos culturales, el fácil acceso a los mismos en algunos casos parece no ser una prioridad, significando, a
nuestro entender, uno de los fracasos para la total integración del público con discapacidad. Por tanto, nuestras enmiendas son, en primer lugar, para acelerar los plazos y, en segundo lugar, para que de manera coordinada se pueda trabajar con las
asociaciones y representantes de la discapacidad, para que se pueda conseguir esa tan ansiada accesibilidad en la eliminación de barreras arquitectónicas, tanto en los propios


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edificios culturales como en sus entornos, para seguir trabajando en contar con una señalización adecuada, tanto visual como sonora y táctil, y también en cuanto a la accesibilidad al contenido cultural. Lo ideal es que la persona con
discapacidad pueda aproximarse lo más posible a los productos culturales expuestos.



Finalizo solicitando que el Grupo Parlamentario Socialista reconsidere su posición respecto a nuestras enmiendas, que van, como decía al principio, en positivo y en clara sintonía, y recordando lo que es un compromiso electoral del Partido
Socialista.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)


Señora Tarruella.



La señora TARRUELLA TOMÀS: Quiero manifestar nuestro apoyo y voto positivo a esta proposición no de ley. Ya es hora de que la Administración General del Estado adapte y haga todas las obras necesarias para facilitar el acceso a las
personas con discapacidad. Nuestro grupo parlamentario ha realizado muchas preguntas al respecto en lo que va de legislatura.
Queremos agradecérselo también al proponente de esta proposición no de ley, que ha hecho una muy buena exposición de
motivos, donde nos ha hablado de una serie de personas conocidas, famosas en el mundo de la cultura con alguna discapacidad o enfermedad. Algunos de ellos tengo que reconocer que los he añadido ya a mi lista, pero quiero añadirle una persona a la
suya, porque no la ha mencionao, una persona también muy conocida y famosa, la violinista Jaqueline du Pré, afectada por una esclerosis múltiple que durante muchas etapas le impedía poder trabajar correctamente.



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Solo quiero felicitar al proponente por su elocuente defensa de la proposición no de ley y esperar que sea posible el consenso con relación a la transacción ofertada por el Grupo Parlamentario Popular. Es
importante la profundidad y dimensión de esta proposición no de ley con relación a las personas discapaces ya que, como glosaba el proponente de la iniciativa, no faltan en la historia elocuentes y brillantes ejemplos de personas con discapacidad
que han realizado importantísimas aportaciones a la cultura de la humanidad.
Tampoco he terminado de percibir cuáles son los elementos de discrepancia con la propuesta transaccional del Grupo Popular. Por tanto, estaremos a la expectativa de lo
que ocurre con la transacción, pero tenemos una posición favorable a ambas, tanto a la iniciativa como a la enmienda transaccional.



- PARA GARANTIZAR EL ACCESO FÍSICO Y JURÍDICO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/002077.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley para garantizar el acceso físico y jurídico a la justicia de las personas con discapacidad, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto, en cuyo nombre la señora Díez tiene la palabra
para su defensa.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pido disculpas porque, aunque ya sé que estarán encantados, voy a ser más breve de lo que me gustaría y quizá incluso no pueda escuchar todas sus intervenciones porque tengo una junta de portavoces a las once, pero
voy a intentar que podamos tratar esta iniciativa antes de tener que salir para volver.



Formulamos la presente proposición no de ley con el afán de promover para las personas con discapacidad una mejora de la calidad del servicio público de la justicia en relación con la igualdad y no discriminación, el igual reconocimiento
ante la ley, el acceso a la justicia, la libertad y seguridad de la persona, la libertad de expresión y el acceso a la información. Es imprescindible eliminar barreras para conseguir la igualdad efectiva de las personas con discapacidad y la
justicia material para las mismas en cuanto a su acceso verdadero a la Administración de Justicia en todas sus formas. La Convención de la ONU del año 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad para promover, proteger y asegurar el
disfrute pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad -cita textual-, que desde el 3 de mayo del año 2008 es de obligado cumplimiento en España, en su artículo 13
establece lo siguiente: Primero, los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar el
desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales con inclusión de la etapa de la investigación y otras etapas preliminares.
A mi juicio establece con claridad que hemos de remover los obstáculos para que esta declaración sea efectiva; como digo, está en vigor y es de obligado cumplimiento. Segundo, la misma resolución dice que a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la Administración de Justicia, incluido el personal policial y penitenciario. He aquí las dos cuestiones que recogemos
en nuestra iniciativa: por una parte, el acceso de las personas con discapacidad y, por otra, la formación de las personas que tienen que atenderlas para estar en las condiciones más adecuadas para promover el cumplimiento efectivo de ese derecho
fundamental a la justicia.



Por añadir un elemento más, el congreso de expertos de justicia y derechos humanos constituido en el año 2009 por iniciativa de la Fundación Aequitas, del Consejo General del Notariado y en colaboración con el Ministerio de Justicia español,
con el objetivo inicial de analizar el artículo 13 de la convención que les acabo de


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citar en relación con el ordenamiento jurídico español, ha elaborado recientemente un informe con conclusiones y propuestas de mejora en relación con la eficacia, la eficiencia y la calidad del servicio público de la justicia en los ámbitos
de la igualdad y la no discriminación, el igual reconocimiento ante la ley, el acceso a la seguridad jurídica y la libertad y seguridad de las personas con discapacidad. Además del artículo 13 de la Resolución de Naciones Unidas que es de obligado
cumplimiento para todos y también para España desde hace más de un año, el Gobierno de España tuvo también la iniciativa de promover un estudio que nos dijera cómo hemos de adaptar este artículo 13, y estas son las conclusiones a las que muy
brevemente me acabo de referir.



Desde Unión Progreso y Democracia entendemos que este informe constituye una buena base para lograr que la legislación española se adecúe a los planteamientos de la convención en materia de acceso a la justicia de las personas con
discapacidad y, en este caso, hemos promovido esta iniciativa, que nos parece de la máxima urgencia, de entre todas aquellas que se pueden extraer del informe del congreso de expertos. Hay otras recomendaciones que también son de interés y que
seguramente veremos en fechas próximas en esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Este es el objetivo que ilustra la proposición no de ley que tienen todos ustedes. No me voy a detener a explicar cada uno de sus puntos,
porque hemos tratado de recoger en ellos estas obligaciones y estas recomendaciones. A esta iniciativa he recibido dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular. Estoy trabajando con los dos grupos
enmendantes y espero poder proponerles a ustedes una enmienda transaccional que pasaré a la Mesa en el momento en que haya llegado al acuerdo que espero conseguir a lo largo de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Alberto Garre.



El señor GARRE LÓPEZ: En el transcurso del desarrollo de esta Comisión, al igual que ocurre también en el transcurso de muchas de las sesiones de Pleno, se viene constatando algo que debemos valorar muy positivamente: la separación de
poderes sigue estando viva y Montesquieu no ha muerto.
¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que el propio Grupo Parlamentario Socialista presente una proposición no de ley sobre medidas de garantía de la igualdad de oportunidades para dar
cumplimiento a la Ley 51/2003 pone de manifiesto que la división de poderes existe y que el Legislativo hay ocasiones en las que no tiene tanta dependencia del Poder Ejecutivo.
Vísteme despacio que tengo prisa, y al final terminó confinado en una
isla, en Santa Elena. Algo así está pasando con la Ley 51/2003.



La proposición no de ley presentada por doña Rosa Díez insta en esencia al Gobierno de la nación a garantizar en todo el territorio nacional el acceso físico y jurídico a la justicia de las personas con discapacidad, conforme al párrafo
primero de la referida resolución. En los siguientes párrafos, segundo y tercero, establece con carácter general la obligación garantista del Gobierno de la nación para que los edificios y las oficinas judiciales salven las barreras arquitectónicas
y humanas que el discapacitado se encuentra ante la Administración de Justicia. Por último, en los párrafos cuarto y quinto, ya no de modo general sino de modo específico, se insta al Gobierno a proveer de plantillas profesionales y oficinas de
orientación legal encaminadas a solventar el problema que nos ocupa. La iniciativa, por tanto, se ajusta y se basa en fundamentos de derecho tan claros y evidentes como la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, aprobada por el
Pleno de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 2006, la adhesión de España a la referida convención, de obligado cumplimiento para nuestra nación desde el 3 de mayo de 2008, y, en tercer lugar, el Congreso de expertos, justicia y derechos
humanos, constituido en 2009 para, a través de la Fundación Aequitas, analizar y garantizar en España el artículo 13 de la repetida convención de la ONU, a la que se contrae el mandato a que se insta al Gobierno desde esta Comisión. Los fundamentos
son claros y las fechas también, lo que constata el fracaso del Gobierno. Hay quien se ha referido a ilustres discapacitados y habrá que referirse también a un ilustre incapacitado para dar cumplimiento a esta Ley 51/2003, cuyo nombre me voy a
reservar porque está en la mente de todos. No solo en materia judicial sino desde todos los ámbitos de la Administración pública habría que acometer el cumplimiento de esta ley y, aunque la apoyemos hoy, como hicimos ya en el Pleno del 9 de marzo
de 2010 con motivo de la modificación a que instaba entonces el Parlamento catalán en materia de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto no deja de ser un parche. Como hicimos entonces a través de nuestro portavoz el señor Vañó, también hoy
vamos a apoyar esa iniciativa, instando asimismo a la sustitución o modificación que hemos planteado ante la Mesa de la Comisión.



No pretendemos, por tanto, que se exija el cumplimiento de la ley con carácter general en la Administración de Justicia, puesto que de otra forma hay que bajar al detalle, como hace la moción al bajar al detalle y especificar el contenido
material y humano exigible a la Administración a través del Gobierno de la nación en una materia, la del personal auxiliar al servicio de la Administración de Justicia, que el Estado ha transferido a las comunidades autónomas. Esto queda un tanto
lejos de imponerle obligaciones sustantivas, como se pretende con los párrafos cuarto y quinto de la resolución de la iniciativa, de difícil incardinación competencial y, por tanto, parecería apropiado sustituir o modificar en algún sentido dichos
párrafos por el contenido de la enmienda que la Mesa conoce y que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, modificándolo de tal forma que, lejos de establecer obligaciones en materias que competencialmente han sido transferidas, establece un
protocolo común de aplicación por todas las instancias judiciales


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de la nación conforme a las necesidades que cada comunidad autónoma entienda.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Villagrasa.



La señora VILLAGRASA PÉREZ: Señorías, hoy debatimos una iniciativa presentada por la señora Díez, del Grupo Unión Progreso y Democracia, en la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las tareas legislativas necesarias para garantizar en
todo el territorio nacional tanto el acceso físico como el jurídico de las personas con discapacidad a la justicia.
Como señaló la directora de la Fundación Aequitas, doña Almudena Castro-Girona, en la presentación del informe que se hizo a la
Comisión de Justicia del Congreso, este informe de conclusiones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a la justicia en España está impulsado por la propia Fundación Aequitas y el Ministerio de Justicia,
elaborado por el Congreso de expertos, justicia y derechos humanos. La convención supone, como se dijo en dicha reunión, un cambio de paradigma que provocará una revolución en los juristas, ya que reconoce a este colectivo el principio de capacidad
jurídica de obrar. El informe presentado incluye tres tipos de reformas prioritarias para facilitar el acceso a la justicia: en primer lugar se habla de las reformas de carácter físico; un segundo bloque de índole jurídica, y un tercero de
modificaciones legales propias de las funciones de la justicia. Si volvemos la vista atrás y recordamos el acto de celebración del Día Mundial del Síndrome de Down que ayer tuvo lugar aquí, vemos que ellos mismos nos manifestaban que en todos los
temas querían ser iguales a nosotros. Este es uno de los temas importante de la justicia donde no solamente los discapacitados con síndrome de Down sino todo el mundo tenemos que tener el mismo acceso y el mismo derecho en igualdad de condiciones.



En cuanto a la accesibilidad de la que se habla en la propuesta en los edificios judiciales a los que se refiere el punto 1.º, diríamos que ya se han regulado diferentes aspectos de accesibilidad de aplicación directa. Así, en el Real
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones se establece que
serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2010 para los espacios públicos urbanizados nuevos y para los edificios nuevos, así como para las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en los edificios existentes
y, a partir del 1 de enero de 2019, para todos aquellos espacios públicos urbanizados y edificios existentes que sean susceptibles de ajustes razonables. Estos plazos serán también aplicables a los edificios públicos, salvo las oficinas públicas de
atención al ciudadano. Yo creo que siempre ha quedado demostrada la sensibilidad que el Gobierno socialista tiene en todos estos temas relacionados con la discapacidad.



Por su parte también el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado y su
normativa de desarrollo, dispone que la Secretaría General para la Administración Pública, previa consulta con los departamentos ministeriales afectados, determinará las oficinas de atención al ciudadano existentes que deberán cumplir las
condiciones previstas con anterioridad al 4 de diciembre de 2012; es decir, estamos en plazo aunque parece por las intervenciones que hacía también el representante del Grupo Popular que el Gobierno y el Grupo Socialista no estaban haciendo nada.
A estos efectos se establecerá un calendario de adaptación gradual de las oficinas, que será objeto de actualización y seguimiento periódico.



Quiero comentarles que hemos llegado a una transacción con el grupo firmante de la proposición no de ley e incluso también tendremos en cuenta las opiniones de otros grupos. Lo que sí querría decir es que en la proposición que se nos
presenta añadiríamos también el tema de las comunidades autónomas, porque no hay que olvidar que hay transferencias y que no solamente estamos hablando del conjunto del Estado español sino también de las comunidades autónomas. Es una enmienda que
va a presentar la señora Díez. Por supuesto, como siempre, hemos tendido nuestra mano para llegar a un acuerdo entre todos los grupos.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posición?


Por el Grupo Vasco, señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esta proposición no de ley, oportunamente presentada por la señora Díez, complementa perfectamente la proposición tomada en consideración por el Pleno de la Cámara la semana pasada donde se posibilitaba el acceso a
la institución del jurado de las personas discapaces. Estamos de acuerdo con la totalidad del contenido de la ley y, por tanto, con el reconocimiento de la posibilidad que un justiciable tiene de acceder al servicio jurídico de la justicia tanto
desde una perspectiva activa, participando en los mecanismos de participación que constitucionalmente están previstos con relación a las personas, con relación a la Administración de Justicia, como desde una perspectiva pasiva, que obliga a los
poderes públicos a realizar las obras de remoción de obstáculos arquitectónicos que afecten a personas con movilidad reducida u obstáculos de otra naturaleza que posibiliten ser objeto de una tutela judicial efectiva, como mandata la propia
Constitución.



No obstante, hay una reserva -la única que le inquieta a mi grupo parlamentario, señor presidente-, que es la relativa a la imposición, la obligación o la indicación de protocolos -es la expresión que me parece haber oído al representante
del Grupo Parlamentario Popular- dirigidos a las comunidades autónomas en relación con el ejercicio de aquellas funciones vinculadas a sus competencias


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en materia de provisión de medios materiales y personales a la Administración de Justicia. Esta es una competencia autonómica que no debe ser objeto de armonización necesariamente a través de la fórmula del protocolo ni de cualquier otra.
La Administración de Justicia, en el ámbito de la provisión de medios materiales y personales, constitucionalmente, en un Estado compuesto, está atribuida a las competencias de las comunidades autónomas y, sin perjuicio de que ya existen comisiones
de coordinación tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en otros ámbitos que funcionan eficientemente, mi grupo no cree que sea necesario, señor presidente, la indicación de ningún instrumento de armonización en el ejercicio de estas
competencias.



Por lo demás, nos parece perfecta la proposición en sus propios términos, complementada con las enmiendas que han sido defendidas en esta Comisión.



- CON EL OBJETO DE CREAR UNA CUENTA SATÉLITE DE LA DISCAPACIDAD Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002031.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, punto 3.º del orden del día de hoy. Proposición no de ley con el objeto de crear una cuenta satélite de la discapacidad y la atención a la dependencia a través del
Instituto Nacional de Estadística. Es autor el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la señora doña Inmaculada Bañuls. (El señor vicepresidente, Garre López, ocupa la Presidencia.)


La señora BAÑULS ROS: Como es sabido, según la última encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del Instituto Nacional de Estadística, en España existen un total de 3.847.900 personas con alguna discapacidad
o limitación. El predominio de mujeres en estas circunstancias es muy notable, estamos hablando de 2.300.200 frente a 1.547.700 varones. Estos números, en valor relativo, suponen una tasa del 8,5 por ciento del total de la población española.

Sobre el total de personas con alguna discapacidad o limitación, 424.500 estaban trabajando, es decir, un 11 por ciento, mientras que el resto estaban en diferentes situaciones: jubiladas, recibiendo una pensión, desempleadas, etcétera.



Lógicamente estas cifras suponen que estos colectivos tienen una gran relevancia económica desde todos los puntos de vista, riqueza generada, puestos de trabajo directos e indirectos dedicados a la atención de estas personas, fondos
invertidos, pensiones abonadas, etcétera. Indudablemente este enorme colectivo de casi 4 millones de personas desempeña un papel fundamental tanto en la generación de empleo como de renta. Sin embargo, a pesar de la trascendencia social y
económica de la discapacidad y la dependencia, ni los instrumentos tradicionales ni las fuentes de información disponibles han permitido hasta ahora realizar una medición real del impacto económico. La principal razón de que esto sea así es que
resulta muy difícil delimitar con precisión el ámbito de la discapacidad y la dependencia, ya que no se ajusta a las clasificaciones estándar utilizadas sino que abarca varias parcelas o ámbitos de la realidad económica, constituyendo lo que se
denomina un sector transversal de las demás.



El desconocimiento actual sobre la realidad económica asociada a la discapacidad y la dependencia no favorece la gestión y la mejora de la atención a estas situaciones ni por tanto de la adopción de las políticas más adecuadas en cada caso.
Tal como han expresado muchos autores, todo aquello que no se puede medir no se puede gestionar y, por tanto, no se puede mejorar.



Entre las informaciones que deberíamos conocer con mayor precisión para gestionar mejor y avanzar en la atención a estas realidades sociales se encuentran la generación de empleo asociada a la discapacidad; la generación de actividad
económica que desencadenan la promoción, la atención y la protección de los derechos de estas personas; los recursos que las familias dedican a responder a los retos que la discapacidad y la dependencia plantean a las economías familiares, y
también el potencial de creación de empleo y los efectos económicos de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, tanto en lo que se refiere a la promoción de la autonomía personal, que en la
Convención de la ONU se expresa como el derecho a la vida independiente, como en lo referente a las personas dependientes.



Permítanme un breve inciso en este punto, ya que, de acuerdo con el informe sobre el impacto de la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad en la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y la
atención a las personas en situación de dependencia, del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III, informe realizado a instancias del Cermi, creemos que es muy importante considerar esta distinción
metodológica entre el derecho a la vida independiente y la atención a la dependencia, porque son dos conceptos que frecuentemente tienden a solaparse.



De todo lo expuesto se deduce la necesidad que defendemos en esta proposición no de ley para que, a través del Instituto Nacional de Estadística, se confeccione una cuenta satélite de discapacidad y atención a la dependencia en España para
de esta forma conocer la dimensión económica de estos sectores, su impacto y su aportación a la riqueza nacional. Nosotros, en sintonía con el Comité español de representantes de personas con discapacidad, que ha solicitado al Ministerio de
Economía y Hacienda la creación de una cuenta satélite, creemos que es importante contar con la información que supone la elaboración de este tipo de cuenta específica de la discapacidad y la dependencia. Las cuentas satélite son básicamente un
sistema de información


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económica relacionada con determinados sectores de actividad, diseñadas como satélite del sistema principal de las cuentas nacionales, que permiten medir el impacto del ámbito de que se trate sobre la economía nacional. Como ejemplo de este
tipo de cuentas, el Instituto Nacional de Estadística elabora unas cuentas satélite sobre turismo, sobre agua o sobre emisiones a la atmósfera. Dentro del Instituto Nacional de Estadística las cuentas satélite son elaboradas por la Subdirección
General de Cuentas Nacionales. Ese tipo de instrumento se presenta como un conjunto ordenado de cuentas y tablas basado en los principios metodológicos de la contabilidad nacional y presenta distintos parámetros económicos de la actividad que se
estudia, en este caso la dependencia y la discapacidad, de forma interrelacionada para una fecha concreta. Como ya he dicho anteriormente, la confección de una cuenta satélite, que deberá ser bien definida en un estudio previo en colaboración con
el sector, será una herramienta de primer orden para conocer la situación económica del sistema de atención a la dependencia y de las personas con discapacidad, la promoción de la autonomía personal, sus impactos a nivel económico, la generación de
empleo y la aportación a la riqueza nacional.
Y un mejor conocimiento de estas realidades permitirá una mejora en la gestión y en las políticas que se deben desarrollar.



Hay una enmienda transaccional en la que hemos intentado llegar a una acuerdo en aras a lograr el consenso necesario para que salga adelante.
Lo que lamentamos es que se haya rebajado el nivel de precisión cuando el Grupo Socialista indica
que la inclusión de nuevos datos se realizará con la periodicidad que permita la existencia de medios humanos y presupuestarios suficientes. Nosotros esperamos, confiamos y deseamos que este punto no se utilice para desvirtuar la pretensión
original de nuestra propuesta.



El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): A la iniciativa defendida por la señora Bañuls se ha presentado por el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda de sustitución. Para la defensa de la misma tiene la palabra don José Alberto
Cabañes.



El señor CABAÑES ANDRÉS: Nuestra enmienda era de sustitución, pero, como bien ha dicho la representante del partido proponente, hemos llegado a una enmienda transaccional que ya posee la Mesa.



Esta es una proposición no de ley del Partido Popular y es una interesante propuesta de actuación. A pesar de los miedos de la proponente a que una frase pueda desvirtuar, yo entiendo que no debe tener esos miedos porque nuestro grupo
considera que es una interesante propuesta la que ellos han realizado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Las cuentas o sistemas satélite subrayan generalmente la necesidad de ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional a determinadas áreas de interés social de una manera flexible y sin sobrecargar o distorsionar el sistema
central. Normalmente las cuentas o sistemas satélites permiten: a) Proporcionar información adicional de carácter funcional o de entrecruzamientos sectoriales sobre determinados aspectos sociales. b) Utilizar conceptos complementarios o
alternativos. c) Ampliar la cobertura de los costos y beneficios de las actividades humanas. d) Ampliar el análisis de los datos mediante sindicadores y agregadores pertinentes. e) Vincular las fuentes y el análisis de datos físicos con el
sistema contable monetario. Estas características, aun en forma resumida, ponen de manifiesto funciones importantes del análisis y cuentas satélites. Por una parte, las cuentas satélites están relacionadas con el marco central de las cuentas
nacionales y, a través de ellas, con el cuerpo principal de las estadísticas económicas integradas. Por otra parte, al referirse más específicamente a un campo o tema dado, también están relacionadas con el sistema de información específico de ese
campo o tema. Asimismo, exigen una mejor integración de los datos monetarios y físicos, y dado que preservan su estrecha conexión con las cuentas centrales, facilitan el análisis de campos específicos en el contexto de las cuentas y el análisis
macroeconómico. Las cuentas satélites pueden, además, ayudar a varios campos a conectar entre sí los análisis de algunos de ellos. Por consiguiente, pueden representar un doble papel como herramientas de análisis y como instrumentos de
coordinación estadística.



Como bien decía la proponente, dentro del Instituto Nacional de Estadística las cuentas satélites son elaboradas por la Subdirección General de Cuentas Nacionales. Tanto por la dimensión de la población con discapacidad como por el empleo
que la promoción, atención y protección a sus derechos genera, el Instituto Nacional de Estadística ha desarrollado durante el año 2010, en colaboración con el Cermi, el Imserso y la Fundación Once y con financiación parcial del Fondo Social
Europeo, la estadística del empleo de las personas con discapacidad 2008. Ha tenido carácter de prueba piloto. Para su elaboración se han utilizado los ficheros de las encuestas de población activa del Instituto Nacional de Estadística y la base
estatal de personas con discapacidad del Imserso.
Dado que los resultados han sido satisfactorios, se prevé la continuación del proyecto con periodicidad anual. En las siguientes realizaciones de esta encuesta se tiene la intención de incluir
datos sobre calificación de dependencia. Ello permitirá tener la base para, posteriormente, poder elaborar una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia.



Nosotros sabemos que la realización de todo este tipo de estudios requiere medios económicos y humanos extraordinarios, por eso hemos presentado una enmienda que coincidía totalmente con la propuesta del partido proponente, salvo esta
inclusión final a la que se referían. Pero hemos llegado a dos acuerdos, que la enmienda no sea de sustitución sino que sea transaccional y que a la enmienda se le añada un nuevo párrafo para que quede redactada del siguiente modo: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Instituto Nacional de Estadística, confeccione una cuenta satélite


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de la discapacidad y atención a la dependencia en España para conocer la dimensión económica de estos sectores, su impacto y aportación a la riqueza nacional. La inclusión de nuevos datos se realizará con la periodicidad que permita la
existencia de medios humanos y presupuestarios suficientes, así como la disponibilidad de información en el caso de la atención a la dependencia, a la espera de la nueva encuesta sobre empleo, discapacidad y dependencia que se está realizando. Así
queda la redacción definitiva y la transacción a la que hemos llegado.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Olabarría, en nombre del Grupo Vasco.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nos felicitamos por la transacción o el acuerdo entre el grupo proponente y el Grupo Socialista. Quiero reconocer honestamente la falta de conocimientos suficientes para poder tener una disquisición
particularmente fina en relación con el concepto o la noción de cuentas satélites, señor presidente, pero las argumentaciones brillantemente articuladas por la portavoz del Grupo Popular nos han abierto los ojos parcialmente sobre este importante
instrumento de actuación de la contabilidad pública, que quizás habría que per saltum proyectarlo hacia las que se denominan actividades no monetorizadas, es decir, aquellas actividades que están vinculadas porque no tienen ninguna dimensión
lucrativa fácilmente mensurable.



El señor PRESIDENTE: Monetarizadas, no monetorizadas. Para que quede claro.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No sé si es lo que he dicho, pero monetarizadas es lo que quería decir, señor presidente. No estaba hablando en euskera, a pesar de la proposición que se debatirá esta tarde. (Risas.)


Estamos hablando de actividades cuya dimensión lucrativa no es fácilmente mensurable: el trabajo doméstico, el trabajo para el cuidado de personas discapacitadas, no profesionalizado todavía a pesar de las menciones de la Ley de
Dependencia, y otro tipo de actividades que sin embargo contribuyen a la conformación del producto interior bruto de un Estado, aunque no consten en la contabilidad nacional. Las actividades a las que la portavoz del Grupo Popular se refería,
efectivamente, forman parte ya o tienen una dimensión en donde se puede mensurar fácilmente su aportación o su porcentaje de participación en el producto interior bruto y el perfil o la configuración de una cuenta satélite específica de estas
características nos parece particularmente oportuna y bien complementada con las aportaciones, un tanto quizás herméticas también para no expertos en esta interesante materia, señor presidente, del portavoz del Grupo Socialista. Por tanto, felicito
a ambos por la facilidad en la propensión al acuerdo y por la importancia que tiene desde la perspectiva de la configuración de una buena contabilidad nacional la creación de una cuenta satélite de estas características.



- RELATIVA A LA ADAPTACIÓN PAULATINA DE LOS DIFERENTES BILLETES DE EUROS CON LA SEÑALIZACIÓN EN BRAILLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001277.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, la número 4, relativa a la adaptación paulatina de los diferentes billetes de euros con la señalización en braille. Esta iniciativa la ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Francisco Vañó.



El señor VAÑÓ FERRE: Señores diputados, he de decir que esta proposición no de ley se presentó en octubre de 2009, estaba previsto que se debatiese y se llevase a cabo antes de la Presidencia española, es más, para hacerla coincidir con la
Presidencia española de la Unión Europea de manera que sirviese un poco de aldabonazo en toda Europa. En cualquier caso, aunque por motivos que todo el mundo entiende no se llevó entonces a cabo y tiene que ser ahora, el no retirarla es porque nos
parece de utilidad, sigue teniendo su virtualidad el que vayamos adaptando todas las circunstancias a la situación que nos marca la nueva directiva mundial de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. En la Unión
Europea hubo un momento en el que se consideró interesante utilizar una moneda común para todos los países, y el planteamiento que nos hemos hecho desde nuestro grupos es, por qué no, un planteamiento de una moneda única e igual para todos los
ciudadanos; para todos los ciudadanos significa que se contemple cualquier tipo de ciudadanos independientemente de sus condiciones. En este sentido, he de recordar que en España hay cerca de un millón de deficientes visuales, no necesariamente
ciegos totales, pero sí deficientes visuales, y cerca de 30 millones de habitantes en Europa con alguna deficiencia visual. Por tanto, hay que tener en cuenta este sector importante de la población europea, y además, vinculándolo al concepto tan en
boga hoy del diseño universal. A la hora de diseñar siempre hay que pensar en la persona con más dificultades, más gravemente afectada, ya que lo que es bueno para ella es bueno para todos. Siguiendo ese criterio y el de accesibilidad universal
estamos en la época en la que nos hemos propuesto -a través, insisto una vez más, de las leyes particulares de cada país pero, sobre todo, de la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad- establecer la accesibilidad en
entornos, productos, bienes y servicios, es decir, en toda la amplia panoplia de situaciones de la vida, no solo la accesibilidad física, sino también en los servicios y otro tipo de actividades. En este caso, hemos considerado que una de las
necesidades en las que había que adaptar esa accesibilidad es el uso del dinero. El uso de los billetes para las personas ciegas o deficientes visuales puede tener alguna dificultad en las transacciones comerciales, por tanto consideramos
importante ir adaptando paulatinamente en Europa la moneda


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común europea al braille. Con esto no pretendemos inventar nada, estamos tomando nota de otros países que ya lo han puesto en marcha. Puedo citar un ejemplo concreto que conocemos, que es el de Canadá. Los billetes de dólar canadiense ya
vienen con una inscripción en braille en una esquina para que sea de fácil lectura para personas ciegas o deficientes visuales. Además, en España la actividad principal de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, es la venta de cupones y,
lógicamente, las transacciones comerciales con dinero son muy frecuentes, el riesgo es evidente, por lo tanto cuanta más seguridad, más garantía, mucho mejor.



Por todo ello, proponemos que todos los Estados integrantes de la Unión Europea vayan adaptando los billetes de euro al sistema de lectura braille, de manera que sea cómodo y accesible para los deficientes visuales. A partir de una enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista hemos llegado a una transaccional en la que juntamos ambas para pedir que tanto el Banco Central Europeo como los gobiernos e instituciones europeas vayan adaptando en sucesivas oleadas, a medida que
se vayan fabricando nuevos billetes de euro, la señalización en braille para que sea de fácil acceso para los deficientes visuales y, además, que se traslade a Europa esta iniciativa, que parte del Congreso de los Diputados español, para que sea
compartida por todos los Estados miembros de la Unión Europea. No tendría mucho sentido que solamente fuesen uno o dos Estados, sería interesante que se traslade con el ruego de que se tome en consideración para que podamos favorecer, en la medida
de lo posible, que se lleve a cabo para que se simplifiquen y agilicen esas transacciones comerciales a las personas deficientes visuales.



El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. La señora Pin Arboledas, doña Margarita, tiene la palabra.



La señora PIN ARBOLEDAS: Señorías, ante la propuesta por el Grupo Parlamentario Popular quiero, en primer lugar, expresar la sensibilidad y el apoyo que desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos dar siempre a las personas que sufren
discapacidad visual. Desde el Gobierno socialista se ha trabajado continuamente en garantizar los derechos a todas las personas con deficiencias de visión y queremos que cada vez más en el futuro se garantice que esas personas con discapacidad
funcional tengan un acceso completo a todas las realidades, sin ningún tipo de discriminación. Aunque ya se ha legislado mucho por parte del Gobierno sobre temas de discapacidad, se tendrá que seguir legislando para completar las medidas tomadas en
todos los aspectos de la asistencia, como las etiquetas de productos de consumo, los medicamentos o el acceso a la comunicación audiovisual, televisiva o Internet.



La proposición no de ley que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular plantea que se proponga por el Gobierno español la adaptación paulatina de los nuevos billetes del euro que se vayan fabricando en toda Europa para que se
confeccionen con la escritura braille. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que es muy positivo para toda la ciudadanía con limitaciones de discapacidad la práctica habitual de esta Comisión de trabajar siempre en la búsqueda de
soluciones reales y eficaces, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista piensa que todas las soluciones que sirvan para mejorar las condiciones de vida de esos colectivos, hay que valorarlas, pero ante el texto presentado entendemos que hay que
presentar una enmienda que sería, como ha dicho el proponente, transaccional y que debemos consensuar basándonos en los siguientes motivos. En primer lugar, hay que suprimir por razones obvias -tal como él ha explicado- la referencia a la
Presidencia española al frente de la Unión Europea. Y en segundo lugar, creemos que hay que concretar la expresión de la fabricación de nuevos billetes en los distintos Estados de la Unión Europea porque sabemos que las denominaciones,
especificaciones y reproducción de los billetes en euros son competencia del Banco Central Europeo, que es por tanto quien debería realizar los trabajos correspondientes sobre la viabilidad técnica y el análisis económico para tomar las decisiones
más convenientes. Nuestra enmienda -en este momento, de consenso- sigue la línea de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular, aunque también queremos que se valore que en la realidad ya se tuvieron en cuentas las observaciones
realizadas por la Asociación Europea de Invidentes (EBA), y que los diferentes billetes de euro crecen en longitud y en anchura, por lo que muchos colectivos de invidentes, y en especial la ONCE, manifiestan que sus afiliados y sus afiliadas son
capaces de distinguir esas monedas sin excesivas dificultades. En cualquier caso, después de haber sido consensuada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que respeta el fondo de la enmienda presentada por el grupo
proponente, solicitamos a esta Comisión que se vote por unanimidad.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Denegaciones.) Con esto han finalizado los turnos de debate de las proposiciones no de ley. Según me indica el señor Garre, parece que falta una enmienda transaccional, vamos a
esperar unos minutos antes de iniciar las votaciones. (Pausa.)


Señorías, la señora Tarruella me indicó anteriormente que no podría acudir al momento de la votación debido a sus obligaciones en otra Comisión, ¿les parece que comencemos? (Asentimiento.) Vamos a hacerlo así.



Sometemos a votación, en sus propios términos, la primera proposición no de ley, del Grupo Socialista, sobre medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito
de la cultura.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Proposición no de ley para garantizar el acceso físico y jurídico a la justicia de las personas con discapacidad,


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del Grupo Mixto, con una enmienda transaccional que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a llevar a cabo la tarea legislativa necesaria para garantizar en todo el territorio
nacional tanto el acceso físico como el jurídico de las personas con discapacidad a la justicia. Así, se deberá garantizar que todos los edificios judiciales de nueva construcción cumplan todos los requisitos de accesibilidad y confortabilidad
necesarios para su utilización por las personas con discapacidad -rampas, ascensores, aseos adaptados, orientación y señalización, etcétera- y que en el plazo de dos años los edificios judiciales ya existentes cumplan estos mismos requisitos, al
menos en su planta baja, permitiendo de este modo la accesibilidad física a la Administración de Justicia en todas sus instancias. Del mismo modo, deberá proveerse a todas las oficinas judiciales y a los profesionales vinculados con la
Administración de Justicia de los medios formativos y materiales necesarios para que las personas con discapacidad accedan, en régimen de igualdad con los demás, a los servicios relacionados con la actividad jurisdiccional tanto activa como pasiva.
Específicamente, han de proveerse las plantillas con los intérpretes jurados, psicólogos y asistentes sociales necesarios para la efectiva intervención en todo tipo de actuaciones judiciales de las personas con algún tipo de discapacidad. Dada la
complejidad y tecnicismo de las actuaciones judiciales, se insta también al Gobierno y a las comunidades autónomas a crear oficinas de orientación legal adaptadas en los propios juzgados y tribunales y, en los casos en los que ya existen, arbitrar
la utilización de las mismas, con especial atención a las personas con discapacidad. Se establecerá un protocolo de acceso a la justicia para las personas con discapacidad aplicable a todas las instancias judiciales donde se hará referencia a las
plantillas en las que existan intérpretes jurados, asistentes sociales, psicólogos, etcétera, según las necesidades de los casos, así como a la información y orientación sobre las disposiciones legales específicas destinadas a las personas con
discapacidad.



Esta es la enmienda transaccional y es, por tanto, la que someto a votación.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Proposición no de ley número 3, con el objeto de crear una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia a través del Instituto Nacional de Estadística, presentada por el Grupo Popular, con una enmienda transaccional que
dice lo siguiente -y leo-: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Instituto Nacional de Estadística, confeccione una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia en España para conocer la dimensión
económica de estos sectores, su impacto y aportación a la riqueza nacional. La inclusión de nuevos datos se realizará con la periodicidad que permita la existencia de medios humanos y presupuestarios suficientes, así como la disponibilidad de
información en el caso de atención a la dependencia, a la espera de la nueva encuesta sobre empleo, discapacidad y dependencia, que se está realizando.



Es este el texto que sometemos a votación.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Cuarta proposición no de ley relativa a la adaptación paulatina de los diferentes billetes de euros con señalización en braille, que también tiene una enmienda transaccional que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a trasladar al Banco Central Europeo, a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros la conveniencia de realizar una adaptación paulatina a medida que se vayan fabricando nuevos billetes en los distintos Estados integrantes de la
Unión Europea para que se confeccionen con la escritura en braille.



Este es el texto que sometemos a votación.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.



Eran las once y veinte minutos de la mañana.