CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 736

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

Sesión núm. 52

celebrada el martes, 22 de marzo de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Cambio Climático (Ribera Rodríguez), para informar sobre:


- Los planes del Gobierno para la protección de la biodiversidad marina. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001436.) ... (Página 2)


- La actuación del Gobierno en relación con la presente campaña de prevención y lucha contra incendios forestales. A propuesta del Gobierno.
(Número de expediente 214/000185.) ... (Página 2)


Preguntas:


- De la diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre opinión del Gobierno sobre si el proyecto de la Autoridad Portuaria de Vigo de la segunda

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fase de ampliación de los muelles comerciales no va a ser perjudicial medioambientalmente, justo en un momento en que es necesario mejorar la calidad de las aguas de la Ría de Vigo para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.
(Número de expediente 181/002273.) .... (Página 17)


- De la diputada doña María Begoña Chacón Gutiérrez, en sustitución del diputado don Carlos Javier Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre previsiones acerca de la aprobación del Plan estratégico estatal del
patrimonio natural y de la biodiversidad.
(Número de expediente 181/002315.) ... (Página 19)


Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (RIBERA RODRÍGUEZ), PARA INFORMAR SOBRE:


- LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001436.)


- LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PRESENTE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. A PROPUESTA DEL GOBIERNO.
(Número de expediente 214/000185.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca para celebrar una comparecencia de la secretaria de Estado de Cambio Climático, la señora Ribera, en primer lugar, para informar
sobre los planes del Gobierno para la protección de la biodiversidad marina y, en segundo lugar, a petición propia, para informar de la actuación del Gobierno en relación a la presente campaña de prevención y lucha contra incendios forestales. Esta
segunda comparecencia se debe a que por razones ajenas a la voluntad de todos se tuvo que desconvocar la sesión prevista en el mes de diciembre y lo hacemos ahora en esta sesión. Las dos comparecencias se van a sustanciar de forma acumulada, como
se decidió en la reunión de Mesa y portavoces.



Una vez más damos la bienvenida a esta Comisión a la señora secretaria de Estado. Tiene la palabra para iniciar su intervención.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, señorías, por ofrecerme la oportunidad de estar esta mañana con ustedes compartiendo impresiones en relación con distintos asuntos de interés público.
El primero de ellos, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, está relacionado con los planes del Gobierno para la protección del medio marino, una vez terminado el año 2010, con la aprobación de la Ley 41/2010, de 29 diciembre, de Protección
del Medio Marino. Esto se entiende en el contexto de la enorme superficie marina bajo soberanía y jurisdicción española, aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados, lo que nos ubica como el segundo país de la Unión Europea en superficie
marítima, incluyendo la columna de agua, los fondos y el subsuelo marino. Piensen que en este espacio hay una gran diversidad biológica, en gran parte desconocida, merecedora de exhaustivo estudio.
Además, es relevante la intensidad de usos
tradicionales que sobre este espacio existen, como la navegación marítima, la pesca, la acuicultura, lo que se suma a las infraestructuras de transporte, los gasoductos, los tendidos eléctricos y la eventual explotación de recursos mineros; a ello
se suma el previsible incremento en la intensidad de estos recursos, bien por aumento del tráfico marítimo o por la posible instalación de plataformas para usos energéticos renovables, como la eólica marina, la energía mareomotriz, el uso de
corrientes submarinas, la undimotriz o la explotación de recursos mineros a gran profundidad. Si a eso sumamos la potencialidad de nuevos recursos alimenticios y medicinales todavía poco conocidos, los efectos del cambio climático ya percibidos,
aumento de la temperatura, la variación de la salinidad de las masas de agua, el aumento de fenómenos extremos o la elevación del nivel del mar y los cambios sobre los patrones comunes de incidencia en el oleaje, así como el incremento de la
presencia de especies exóticas, bien por transporte marítimo o bien como consecuencia del cambio climático, obtenemos una evidente conclusión, y es que resulta imprescindible conocer y proteger mejor nuestros mares. Por ello voy a intentar dar
cuenta detallada de los planes de aquí a final de legislatura en este contexto.



Saben, como decía al principio, que la Ley 41/2010, de 29 diciembre, de Protección del Medio Marino, constituye


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la norma básica para la trasposición al sistema normativo español de la Directiva 2008/56, de 17 junio, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política de medio marino, con el principal objetivo de lograr o mantener
un buen estado ambiental del medio marino, a más tardar en el año 2020. Para esta finalidad se crean las estrategias marinas como herramienta esencial de planificación en este espacio. La Ley 41/2010 introduce una serie de obligaciones, como la
figura de la estrategia marina, que constituye un plan de acción esencial a partir del establecimiento de diversos pasos consecutivos. Se hace necesaria una evaluación inicial, una definición del buen estado ambiental de estos espacios, la
identificación de objetivos ambientales, establecer programas de seguimiento y poner en marcha los programas de medidas allí incorporados. Además, estas estrategias deben ser actualizadas cada seis años.



Las estrategias se deben elaborar para todos los espacios marinos de soberanía o jurisdicción, para ese millón de kilómetros cuadrados a los que aludía anteriormente, que incluyen el mar territorial, la zona económica exclusiva, la
plataforma continental y la zona de protección pesquera del Mediterráneo. Pues bien, para planificar estas actuaciones, la ley establece una subdivisión del medio marino español en cinco grandes demarcaciones: noratlántica, sudatlántica, el
Estrecho y Alborán, la levantino-balear y la canaria. Cada una de ellas debe contar con su propia estrategia. Además, la ley establece un marco normativo uniforme, completo que permite articular las actividades humanas en el mar, de manera que no
se comprometa la conservación de los ecosistemas; en último término uno de los grandes fines de dicha ley. Se incorporan, para ello, algunas medidas adicionales, como son la creación de una red de áreas marinas protegidas, la protección de
hábitats y ecosistemas marinos y la regulación de los vertidos en el mar. Por ello, todas las políticas sectoriales que se pongan en marcha que puedan afectar al medio marino deben ser compatibles o, en su caso, adaptarse a los objetivos diseñados
en las estrategias marinas. Esto es lo que hace que resulte especialmente importante la participación activa y la colaboración entre las distintas administraciones que desarrollen cualquiera de estas actividades. Por este motivo, la ley dice que
reglamentariamente deberá crearse la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas para la coordinación, elaboración, aplicación y seguimiento de la planificación del medio marino. Nuestra intención es que dicho reglamento y dicha comisión
queden aprobados y constituidos antes del verano de 2011. De esta Comisión formarán parte los departamentos ministeriales con competencias relacionadas con el medio marino. Además, la ley establece también que para cada una de las cinco
demarcaciones debe existir un comité de seguimiento de estrategia marina, integrado por representantes de las administraciones estatal y autonómica afectadas para cada uno de estos espacios. También en este caso el Gobierno considera imprescindible
que dichos comités de seguimiento para cada una de las estrategias marinas queden constituidos antes del final del año 2011.



Déjenme que comente cuál es el calendario para la elaboración y aplicación de las estrategias marinas establecido en la ley y nuestros planes a tal efecto. La ley dice, en primer lugar, que será imprescindible contar con una evaluación
inicial, con una definición del buen estado ambiental y objetivos ambientales antes del 15 de julio de 2012; por tanto, la tarea encaminada al cumplimiento de este plazo debe llevarse a la práctica de aquí al fin de la legislatura. Los programas
de seguimiento se deben elaborar y aplicar antes del 15 de julio de 2014. Los programas de medidas se deben elaborar en el año 2015 y aplicarse ya en el año 2016.
Por ello, estamos llevando a cabo la evaluación inicial del estado ambiental actual
y del impacto de las actividades humanas en el medio marino en cada demarcación, así como iniciando las tareas de análisis económico y social del coste que podría suponer el deterioro de ese estado ambiental. Para ello hemos creado el Grupo español
de estrategias marinas, que tiene un carácter eminentemente técnico y en el que están integradas todas las unidades del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que trabajan en temas relacionados con el medio marino, y en el que además
participan el Instituto Español de Oceanografía y el Centro de estudios de puertos y costas del Cedex, dado que además de ser centros enormemente cualificados cuentan con encomiendas de gestión por parte del ministerio para dar apoyo, para trabajar
junto con nosotros en la elaboración de las estrategias marinas. Este grupo ha impulsado una hoja de ruta que incluye los siguientes hitos temporales. En mayo de 2011 deberemos contar con la descripción general de las características de cada
demarcación marina; en julio de 2011, con la evaluación preliminar de los impactos y las presiones, además de celebrarse durante este mismo mes de julio una serie de reuniones que nos permitan contar para esta fecha con una propuesta estratégica y
metodológica sobre cómo actuar en la siguiente fase: la evaluación inicial del estado del medio marino.
Esta tarea, esa evaluación inicial debe basarse en los criterios e indicadores fijados para todo el ámbito comunitario en once descriptores
incluidos en la Ley 41/2010; once descriptores que afectan a la biodiversidad, a las especies alóctonas, a las especies comerciales, a la redes tróficas, de eutrofización, a los fondos marinos, a las condiciones hidrográficas, contaminantes,
contaminantes en el pescado, basuras marinas y ruido submarino. Por ello, junto con el Instituto Español de Oceanografía, hemos seleccionado a un grupo de expertos que nos ayudarán a analizar la información disponible y a realizar la evaluación del
estado del medio marino para cada uno de estos componentes concretos.
Esta evaluación inicial requiere, además, un desarrollo importante de la cartografía marina, contando con toda la información ya disponible, desarrollando un sistema de
información geográfica específico para las estrategias marinas, en el que se centralizará toda la información relativa al estado


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ambiental del medio marino, a las presiones y a los eventuales impactos.
Este trabajo, como imaginarán, resulta clave para priorizar la evaluación en zonas que se seleccionen bien por su valor ecológico, bien por las presiones humanas a las
que estén sometidas o bien por ser zonas para las que se dispone de información relevante. En paralelo, en coordinación con el estudio de presiones e impactos, se está llevando a cabo, como decía, el análisis socioeconómico de la utilización del
medio marino y del coste que supone el deterioro del mismo. Todo esto se completará con tareas de coordinación con otros grupos europeos o internacionales, dada la especial importancia que la directiva otorgaba a la coherencia de las acciones
nacionales en el desarrollo de actuaciones para cada región marina contemplada a escala regional y global.



Los resultados de esta evaluación inicial, incluyendo la descripción de las demarcaciones, el análisis de presiones, la evaluación del estado ambiental, el análisis socioeconómico, apoyado en los sistemas de información geográfica,
permitirán, para cada demarcación, definir el conjunto de características correspondientes al buen estado ambiental y proponer una serie de objetivos e indicadores asociados. Nuestra intención como Gobierno es poder ofrecerles un borrador
consolidado de toda esta información a más tardar en marzo de 2012 de manera que se pueda someter a consulta de las diferentes administraciones, de las organizaciones, del público en general y así poder cumplir con nuestras obligaciones de plazo
para con las instituciones europeas que, como decía al principio de la intervención, se cifran en julio de 2012.



Junto a esto, la ley 42/2007, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, crea la Red de áreas marinas protegidas, constituida por espacios protegidos representativos del patrimonio natural marino español. Esta red pretende asegurar la
conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad marina, proteger adecuadamente las áreas más representativas y valiosas, conservar los corredores ecológicos y constituir la aportación española a las redes europeas y paneuropeas, de manera que
puedan formar parte de la Red global de áreas marinas protegidas. Este tipo de áreas incluyen áreas marinas protegidas, la Red Natura 2000 marina, otras categorías de espacios naturales protegidos contemplados en la Ley 42/2007 y las áreas
protegidas por instrumentos internacionales, incluidos los convenios regionales para la protección del Mediterráneo y del Atlántico nordeste, así como las reservas marinas reguladas por la Ley 3/2001 de Pesca Marítima. Para alcanzar estos objetivos
estamos elaborando los distintos instrumentos jurídicos y técnicos que nos permitan el funcionamiento correcto de la red. Nuestra intención es que los documentos reguladores de estos espacios estén aprobados a lo largo del año. Esto contiene los
criterios de integración en la red, con los requisitos necesarios para incluir en la misma los espacios de competencia estatal, las directrices para la gestión coordinada y coherente de la red de seguimiento y evaluación y el Plan director de la Red
de áreas marinas protegidas de España.



Por otro lado, al objeto de alcanzar una adecuada conservación de la biodiversidad marina, la Ley 42/2007 establece que las competencias estatales que deben ejercerse a través del ministerio permitan la declaración y gestión de los espacios
protegidos incluidos en la Red Natura 2000 marina. Por ello estamos coordinando el proyecto Life+Indemares para la designación de lugares de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado español, con la finalidad de completar la identificación de
esta Red Natura 2000 con la participación de todas las partes implicadas en la investigación, la conservación y la gestión; contar con las directrices de gestión y seguimiento; sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar y hacer
un uso sostenible de la biodiversidad marina y contribuir al reforzamiento de los convenios internacionales. En este campo, las principales actuaciones que estamos llevando a la práctica son la realización de estudios científicos a través de
campañas oceanográficas en diez zonas identificadas para hábitat y especies marinas. Estas zonas son: el cañón de Avilés, el banco de Galicia, el seco de los Olivos, las islas de Alborán, el delta del Ebro y Columbretes, cañón de Creus, canal de
Menorca, banco de la Concepción y sur de Fuerteventura. Estamos ejecutando ya campañas oceanográficas y estudios científicos en las áreas de Columbretes y Alborán y en estos momentos estamos finalizando la campaña de teledetección de sonar de
barrido lateral en la plataforma sumergida de la isla de Alborán, permitiendo la identificación preliminar de los hábitat en esta área de estudio. A lo largo de 2001otras campañas en ambas áreas marinas, Columbretes y Alborán, nos permitirán la
identificación de los hábitat representativos de cada uno de los anexos de la Directiva de protección de hábitat a nivel europeo. Por otra parte, somos conscientes de la declaración previa a la entrada en vigor de la ley por parte de todas las
comunidades autónomas con litoral de distintos LIC marinos. Por ello estamos manteniendo una relación fluida con las comunidades autónomas a fin de elaborar los instrumentos de gestión y poder hacer las correspondientes declaraciones de zona de
especial conservación, tal y como establecen la propia directiva y la ley. Para ello estamos ultimando la elaboración de los instrumentos de gestión de estas zonas en la región macaronésica declaradas por Orden Ministerial de 23 de diciembre del
año 2009. Posteriormente seguiremos el mismo proceso de declaración en otros lugares de importancia comunitaria en las regiones atlántica y mediterránea para los que hayan transcurrido seis años desde la aprobación por parte de la Comisión Europea.
Hemos iniciado las reuniones de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas litorales para la futura designación de zonas de especial protección para las aves a partir del inventario de áreas importantes para la conservación de las
aves marinas en España, realizado junto con la Sociedad Española de


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Ornitología y financiado por el Programa LIFE de la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente.



Finalmente, quisiera destacar que, en virtud de la Ley de Protección de Medio Marino, otra de las grandes prioridades es la aprobación y aplicación de planes de recuperación y conservación de especies marinas amenazadas. En este sentido,
consideramos que la tarea realizada que nos ha permitido aprobar recientemente el Real Decreto 139/20011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies
amenazadas constituye un avance sustancial hacia el desarrollo de una ambiciosa política de conservación de la biodiversidad, incluida la biodiversidad marina. En el listado aparecen por primera vez algunas especies y grupos taxonómicos marinos,
como es el caso de los tiburones, hasta ahora inexistentes en los catálogos de especies amenazadas. Todas las especies de tiburón martillo, tiburón zorro, tiburón blanco, tiburón peregrino y la manta se incluyen en este listado de especies
amenazadas. Por esta razón, todas estas especies serán objeto de un seguimiento, con la finalidad de realizar una evaluación periódica sobre su estado de conservación. Con este objetivo estamos elaborando unas directrices para la vigilancia y
evaluación del estado de conservación de las especies del listado y de las especies incluidas en el catálogo, posibilitando conocer el estado y evolución de las poblaciones y permitiendo, por tanto, establecer medidas adicionales para su gestión en
el caso de que resulte necesario. El listado incluye otras especies marinas, como las plantas fanerógamas, como la posidonia y la seba, diversas algas, invertebrados como el coral naranja, caballitos de mar y algunos otros peces; incluye también
la totalidad de mamíferos marinos: ballenas, rorcuales, delfines, zifios, etcétera. De todos ellos también haremos un seguimiento periódico de su estado de conservación. Además, figuran en el catálogo español de especies amenazadas los planes de
recuperación para las especies clasificadas como en peligro de extinción y los planes de conservación para las especies clasificadas como vulnerables, como es el caso de la mayor parte de las especies de cetáceos que a medio plazo contarán con
instrumentos adecuados de gestión que aseguren su recuperación o su conservación en un estado favorable. El motivo que nos lleva a hacer un esfuerzo notable en este ámbito es porque consideramos, como decía al principio, el enorme peso estratégico
y el todavía relativo desconocimiento de la calidad de la biodiversidad marina de cuya tutela y protección es responsable España. Por tanto, forma parte, como lo ha sido a lo largo de estos años, de las grandes prioridades de aquí al final de la
legislatura incrementar el nivel de protección y conocimiento en este campo.



La segunda cuestión sobre la que me gustaría compartir con ustedes información es la que tiene que ver -leo literalmente- con la presente campaña de prevención y lucha contra incendios forestales. Leo literalmente en el contexto del origen
de la pregunta y la petición de comparecencia, como señalaba la presidenta de esta Comisión, a finales del año 2010. Permítanme, por tanto, hacer un sucinto resumen de los principales datos de la campaña 2010 para terminar comentando los datos más
relevantes de la actual campaña de prevención de incendios.



Como ya lo fue en la anterior legislatura, es prioritario para el Gobierno trabajar en la prevención y, en su caso, en la lucha contra los incendios forestales. En esta línea y con esos objetivos hemos continuado desarrollando acciones
preventivas y de extinción. Voy a hacerles un breve resumen de la evaluación de la situación sobre incendios durante el pasado año, como decía, para terminar con unas reflexiones sobre el año 2011. Permítanme, además, iniciar esta intervención
haciendo una especial mención a los seis brigadistas fallecidos el sábado que, si bien no formaban parte de las brigadas del Gobierno, de las brigadas responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino sino del Gobierno de
Aragón, simbolizan el esfuerzo y la continuada dedicación de estos profesionales de la extinción de incendios.



En el año 2010 las circunstancias climáticas fueron especialmente favorables. El análisis de los datos de la estadística de incendios forestales muestra cómo por cuarto año consecutivo se ofrecen cifras muy por debajo de la media de los
últimos diez años. La superficie forestal arbolada afectada ha sido de 10.802 hectáreas, frente a las 41.249 hectáreas de media del decenio, lo que representa el 73,8 por ciento menos que la media de la década. La superficie total forestal
afectada representa un 62,9 por ciento menos y el número de grandes incendios, aquellos considerados superiores a 500 hectáreas, ha sido de doce, frente a los treinta y uno de promedio en el decenio. El programa del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino para incendios forestales en el año 2010 se desarrolló a través de acciones de prevención, de extinción, de coordinación y de planificación. Entre las principales acciones de prevención, me gustaría citar las campañas de
sensibilización e información; entre ellas, la campaña rural y la escolar, el trabajo de los dieciocho equipos de prevención integral de incendios forestales, conocidos como Eprif, las subvenciones a las comunidades autónomas y la inversión directa
del departamento en estas actividades. Por otro lado, constituyen acciones de prevención las subvenciones que este ministerio concede a las comunidades autónomas, como señalaba hace un minuto, especialmente para los trabajos de silvicultura
preventiva de incendios.
En 2010 las transferencias realizadas por estos trabajos ascendieron a más de 13 millones de euros, como he señalado, gestionados por las comunidades autónomas.



Relacionado con lo anterior, me gustaría destacar otra serie de transferencias que, por un importe total de 10 millones de euros, tienen como destino el aprovechamiento de la biomasa forestal residual. ¿Por qué? Porque la retirada de esta
biomasa forestal disminuye el riesgo


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de incendio, además de permitir la generación de energía renovable y crear empleo en el medio rural. En la campaña de invierno-primavera 2010 se trabajó desde diez bases situadas en su mayoría en el cuadrante noroeste de la Península. En
la campaña de verano, el dispositivo constó de setenta aeronaves que operaron desde treinta y seis bases distribuidas por todo el territorio, incluyendo los diecinueve aviones anfibios de este ministerio, junto a los tres del mismo tipo adquiridos
por el Ministerio de Defensa. Estos diecisiete aviones anfibios son operados y mantenidos por el Ejército del Aire mediante un protocolo firmado hace años entre ambos ministerios; el resto de los medios son contratados por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino directamente.



Otra herramienta importante la constituyen nuestras diez brigadas de refuerzo contra incendios forestales, conocidas como BRIF, helitransportadas para que puedan movilizarse por todo el territorio y acudir a las zonas que lo requieran. Como
conocen sus señorías, estas brigadas están integradas por más de 500 trabajadores especialmente seleccionados, entrenados y dirigidos en cada BRIF por técnicos especializados, que constituyen el cuerpo de élite en esta materia en el territorio
nacional. Las acciones de planificación y coordinación son fundamentales en todo caso. En este sentido, hemos potenciado el funcionamiento de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y Biodiversidad y del Comité de Lucha contra los Incendios
Forestales, una herramienta de coordinación entre los distintos niveles de administración que, a nuestro juicio, es sumamente eficaz y viene contribuyendo desde hace años a una mayor coordinación, a una mayor capacidad de gestión y a una mayor
eficacia de resultados de todas las administraciones competentes en esta materia.



Entre nuestros compromisos internacionales y de colaboración, me gustaría destacar la participación de nuestros medios en diversas operaciones de ayuda contra incendios a lo largo del año 2010. Destacan en particular las aportaciones en
apoyo a Portugal y también, durante el mes de diciembre, a Israel, donde se enviaron cuatro aviones anfibios.



A lo largo del año 2011 continuaremos con el compromiso del Estado en esta importante labor, apoyando a las comunidades autónomas y mejorando los mecanismos de coordinación para obtener la mayor eficacia en la prevención y extinción de
incendios y, por supuesto, seguiremos incidiendo en las campañas educativas y de formación. El operativo y funcionamiento del año 2011 será en grandes líneas el mismo que el descrito para 2010: más de 500 trabajadores -516 en concreto-, los mismos
medios aéreos y, en principio, el mantenimiento de las mismas ubicaciones desde las que hoy operan las BRIF, las brigadas de refuerzo en los incendios forestales.



Quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración.



La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar un primer turno de intervenciones, empezando por el grupo que solicitó la comparecencia sobre el primer asunto: la protección de la biodiversidad marina. La segunda comparecencia fue solicitada en su
día por el Gobierno.



Tiene la palabra el señor Morán, por el Grupo Socialista. La intervención será como máximo de diez minutos.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Entiendo que las intervenciones van a ser acumuladas igual que las de la secretaria de Estado.



La señora PRESIDENTA: En efecto.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Agradezco a la secretaria de Estado su comparecencia, que atiende con urgencia una petición del Grupo Parlamentario Socialista, más allá del hecho de que en su momento, por razones ajenas a la voluntad de todos,
hubiese que suspender la que estaba prevista a petición del Gobierno en materia de información sobre la campaña de incendios. En todo caso, ciñéndome a los diez minutos de los que dispongo, voy hacer una breve intervención en relación con el
primero de los asuntos, que es la protección de la biodiversidad marina.



Recientemente se tramitó en la Cámara y se aprobó con un amplio respaldo la Ley de Protección del Medio Marino. Probablemente este sea uno de los últimos eslabones en materia de protección de la diversidad marina con los que la
Administración debe contar irrenunciablemente para ejercer sus competencias con la máxima eficacia, un eslabón que se viene a sumar a un corpus legislativo que tiene incidencia directa en esta materia, con la perspectiva de completar el recorrido
normativo con algún proyecto de ley en estos momentos en tramitación en la Cámara. Evidentemente, no descubrimos nada nuevo si decimos que la vocación de aprovechar los recursos del mar en beneficio de quienes vivimos en la tierra no es nueva.
Históricamente ha sido así -es un recurso que tiende a cubrir la carencia de recursos suficientes en el medio terrestre-, pero el recorrido que se ha hecho en relación con la atención que se presta al medio que para nosotros es natural, relegando a
un segundo término la protección del medio marino, obliga en estos momentos a tomar decisiones que están trasladando al escenario internacional un nivel creciente de preocupación, que se ha traducido en todo un conjunto de acuerdos que se han ido
adoptando a lo largo de los últimos años y que tiene su culminación en la reciente cumbre de Nagoya, donde se apuntaron algunos de los objetivos mínimos que deberíamos cumplir todos los Estados en relación con la gestión de un medio que no entiende
de fronteras, como es el medio marino. Esto va a suponer que vamos a tener que enfrentarnos a un examen sobre hasta dónde hemos sido capaces de aprender de los errores cometidos a la hora de establecer los mecanismos de protección de la
biodiversidad en el


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medio terrestre, para trasladar al medio marino el aprendizaje de los errores e incorporar el valor de los aciertos. En esa medida es en la que se están haciendo aproximaciones desde la gestión de la normativa en materia de protección de la
biodiversidad, que tiene un mayor recorrido, para ir trasladándolas a estos nuevos instrumentos de gestión.



Probablemente en estos momentos no estemos en condiciones de asegurar que el nacimiento de este nuevo corpus legislativo está en condiciones de sustituir a una parte importante de la normativa que está ahí y que en algunos casos en estos
momentos parece que se quiere poner en cuestión o se aspira a modificar con la voluntad de mejorar su eficacia. El medio marino ni empieza ni acaba en la costa. En relación con las competencias y las obligaciones de las administraciones en nuestro
país, debemos entender que todo ese trabajo empieza en aguas continentales, tierra adentro. No podemos olvidar que uno de los elementos de regulación históricamente más valorados en nuestro país, que es el que afecta a la regulación de las cuencas
hidrográficas, está en estos momentos en pleno proceso de actualización y definición de los espacios de intervención y de los mecanismos de cooperación en la protección de las cuencas y esto forma parte irrenunciable de la protección de la
biodiversidad del medio marino. No solo no es posible pensar en que los mecanismos de gestión de las aguas fluviales puedan ser objeto de una flexibilización -por llamarlo de alguna manera- de los objetivos de calidad de las aguas, sino que, muy al
contrario, debemos ir incrementando nuestros niveles de exigencia, en la medida en la que cuánta menos intervención haya en términos de regulación artificial de las cuencas, tanto mejor para lo que pueda suceder en relación con la protección de la
biodiversidad aguas marinas adentro.



En el mismo nivel debemos colocar la Ley de Costas. Todos somos conscientes de que lo que ocurra en la actividad humana en tierra está íntimamente ligado a lo que pueda suceder en el medio marino. En el recorrido de la Ley de Costas, desde
el año 1988 hasta aquí, se ha desarrollado un amplio proceso de intervención en la recuperación del llamado dominio público marítimo-terrestre. Ello ha permitido establecer mecanismos de protección y regulación, eliminando elementos de agresión que
ocupaban estos espacios, lo cual ha ido de manera clarísima en beneficio de la calidad de las aguas en los entornos costeros inmediatos.
A las alturas en las que nos encontramos, con un 5 por ciento aproximadamente del dominio público
marítimo-terrestre pendiente de deslindar, debemos hacer una apuesta por impulsar la culminación definitiva de este proceso y empezar una reflexión sobre hasta dónde queremos llegar una vez que este proceso haya culminado y qué instrumentos
legislativos queremos incorporar en beneficio de una mayor exigencia de calidad ambiental en este espacio de colindancia entre el mar y la tierra.



No se nos escapa que en los tiempos que corren la necesidad de suministro energético para la actividad diaria obliga a la búsqueda de todas las posibilidades que tengamos a nuestro alcance para poder subvenirla. Es una necesidad que
históricamente se ha fundamentado sobre la disponibilidad de recursos escasos, fundamentalmente recursos fósiles. En ese sentido, la mirada hacia el aprovechamiento de los recursos renovables no deja al margen las posibilidades que presentan la
costa, las aguas inmediatas, el aprovechamiento de las mareas, la energía eólica y las posibilidades que las condiciones propias del medio marino nos ofrecen, para ir incorporando a nuestro mix energético un espacio de aportación hasta ahora muy
escasamente aprovechado, pero que deberíamos diseñar, prever e incorporar, en términos de estrategia de compatibilidad de la actividad con el propio medio, es decir, en términos de sostenibilidad, hasta donde el medio marino pueda aportar a la dieta
energética del país algunos recursos que en estos momentos son incipientes. Estoy pensando muy especialmente en el aprovechamiento de la energía eólica marina y en la que es la actividad histórica de aprovechamiento del medio marino con más
recorrido, que, como no podía ser de otra manera, es la actividad pesquera. En nuestro país, la actividad extractiva pesquera es un componente de actividad económica y de generación de empleo que está en la cúspide del escalafón a nivel mundial y
debe convertirnos en líderes en la investigación del aprovechamiento de los recursos en términos de sostenibilidad. En estos momentos se está iniciando en la Cámara la tramitación de la ley de pesca sostenible. Paralelamente en el tiempo, Europa
está definiendo una directiva en materia de pesca. Sería razonable incorporar todo el valor añadido de esa reflexión, que a nivel de región europea se está produciendo, al recorrido que hagamos en el trámite parlamentario. En esa medida, sería
deseable que los distintos grupos parlamentarios fuésemos capaces de establecer un proceso de tramitación de esta ley lo suficientemente razonable como para que respondiese a las expectativas generadas dentro y fuera del sector, tal y como creemos
que debería diseñarse desde el punto de vista de la sostenibilidad.



Por último, haré una escasa referencia a la información sobre la campaña de incendios. En la última comparecencia del Gobierno para informar sobre la campaña de incendios de 2009, había una valoración coincidente en esta materia en todos
los ámbitos, desde los grupos parlamentarios hasta las ONG, pasando por todas las administraciones, de que se ha hecho un magnífico recorrido en materia de prevención y extinción de incendios. En aquel momento nos emplazábamos a hacer algunas
aportaciones que nos permitiesen incorporar un valor añadido que fuese más allá del ámbito de la protección y, sencillamente, las voy a apuntar: una mayor insistencia en materia de educación, para lo que es necesario establecer un protocolo de
cooperación entre las administraciones responsables en materia educativa; un mayor esfuerzo desde el ámbito de la coordinación de las administraciones en regeneración de los suelos afectados; un rigor en la aplicación de la ley en lo que se


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refiere a la limitación de uso de los suelos afectados por incendios forestales, que creo que en los últimos años ha dado el resultado que se esperaba, y por último, una íntima cooperación en el despliegue de la Ley de desarrollo sostenible
del medio rural, para que los usos forestales, que son los que permiten en buena medida implicar a la población del medio en la protección, se desarrollen con una aportación de estrategia de prevención de incendios.



Como he superado el tiempo, le agradezco su benevolencia, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Continuamos con las intervenciones del resto de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.



El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: En primer lugar, quiero pedir disculpas por no haberme podido incorporar al principio de la reunión. Por tanto, voy a centrar mi intervención en la segunda comparecencia en relación con los incendios
forestales. Antes, permítame que me una a sus sentimientos de pesar hacia las familias por el accidente al que ha hecho referencia en anteriormente.



Entenderá, señora secretaria de Estado, el hecho diferencial de Canarias.
Tengo que valorar de manera positiva la colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que en el caso de Canarias se extiende
también a los cabildos insulares. Comparto su criterio en relación con la silvicultura preventiva como un medio fundamental a la hora de evitar los incendios forestales -es mejor evitar el incendio forestal que acudir después con medios materiales
y humanos para extinguirlo- y sobre el funcionamiento de las BRIF. Como presidente del cabildo, compartí el nacimiento de una unidad de la BRIF en Canarias, en este caso en la isla de La Palma. Conozco su eficiencia y sobre todo sé lo importante
que es su funcionamiento en la extinción de incendios forestales. Quizás habría que regular el funcionamiento de la UME en la extinción de incendios o tener un protocolo más claro y, sobre todo, que se aplícase por igual en todos los territorios.
Estamos hablando de un territorio archipielágico de siete islas y con cuatro parques nacionales y entenderá que las especificidades se tengan que plantear permanentemente, sobre todo después de un análisis exhaustivo de los incendios forestales en
los últimos años en Canarias. Es evidente que en la época de verano es cuando más incendios se producen, pero también hay una incidencia importante en lo que llamamos precampaña, en los meses de abril, mayo y junio. Esto incluso se manifiesta a
veces de forma diferente en función de la aplicación de criterios de porcentaje afectado tanto en unos años como en otros, desde un uno por ciento en el año 2000 a un 91 por ciento en el año 2001. Por tanto, es evidente que se producen
modificaciones. También hay un hecho relevante, que son las coincidencias, hasta quince veces al año, de incendios forestales en dos islas diferentes. Entenderá la mayor dificultad que entraña unir los esfuerzos a la hora de luchar contra el
fuego. Evidentemente, el tratamiento silvícola previo y la educación ambiental favorecen la no aparición de incendios forestales. Algo que funciona perfectamente es la vigilancia establecida por las unidades de medio ambiente, en el caso de
Canarias, gestionadas por los cabildos insulares.



Por otro lado, entendemos la situación de crisis económica que existe.
Usted ha planteado mantener para el año 2011 -y creo que es un esfuerzo importante- los mismos medios materiales y humanos que en el año 2010, con especial relevancia de
la BRIF. Sin embargo, creemos que es importante que en Canarias se incorpore un nuevo helicóptero de transporte. En un territorio insular es importante tener un helicóptero dotado con helibalde, que pueda intervenir en cualquier incendio, pero
sobre todo que pueda transportar personal cuando sea necesario desplazarse en territorio insular entre islas, al producirse incendios en dos islas diferentes, hecho que se ocurre, como dije antes, quince veces cada año, y que hace necesario duplicar
los esfuerzos.



En todo caso, señora secretaria de Estado, le agradezco su información.
Comparto esos criterios que usted ha establecido y le ofrezco la colaboración de nuestro grupo en todo lo que suponga mejorar el sistema de prevención e intervención en
caso de incendios forestales.



La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.



La señora BUENAVENTURA PUIG: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la secretaria de Estado y agradecerle sus explicaciones. Intervendré brevemente sobre las dos cuestiones.



En relación con la biodiversidad marina, coincidimos con los planteamientos de futuro que el ministerio está haciendo, pero queremos pedirle mayor celeridad, más rapidez. El año 2010 fue el año de la biodiversidad en general, el año mundial
de la conservación de la biodiversidad y se vio perfectamente que no se habían cumplido los objetivos que se habían marcado en años anteriores y que, por tanto, debíamos hacer entre todos un esfuerzo para conseguir la conservación de la
biodiversidad, muy específicamente de la marina, porque si la conservación en general es una asignatura pendiente, el tema marino lo es muchísimo más. Lo que le pedimos en todos estos planteamientos es más celeridad, porque muchos de ellos ya los
tenían ustedes programados. Si no recuerdo mal, a finales de 2009 ya se hablaba de que se protegerían diez áreas marinas, pero estamos en una cuarta parte de 2011 y aún lo están planteando como futuro. Es urgente que todos estos planteamientos se
traduzcan en realidades. Evidentemente, para realizar


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esto se necesitan recursos y presupuesto. Cuando discutíamos los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, uno de los temas que nuestro grupo planteaba era que había disminuido muchísimo el Ministerio de Medio Ambiente y
específicamente el tema de conservación. Por tanto, como decía al principio, le pedimos celeridad.



Por otra parte, quiero hacerle algunas preguntas concretas. ¿Cómo está el tema del cañón de cap de Creus? Hace dos años ya estaban hechos todos los estudios, había coordinación con la Generalitat de Cataluña y coordinación con el Estado
francés y, por tanto, ya se cumplían todos los requisitos para poder hacer la declaración de área protegida. Otra pregunta concreta se refiere a las islas Formigas, que si bien no ha mencionado, porque seguramente es un área protegida de pesca,
tienen todas las condiciones para ser un área protegida marina. Es un tema sobre el que hay bastante acuerdo. Quedaban algunos flecos, pero tanto la población como los ayuntamientos y la Generalitat de Cataluña estaban de acuerdo. Pongo otro
ejemplo sobre la importancia de ir rápidos en algunos temas. En estos momentos se ha dado permiso para una prospección marina de hidrocarburos en una zona comprendida entre Valencia e Ibiza. Si tuviésemos más claro el mapa de protección del medio
marino, a lo mejor este no sería el sitio correcto para hacer este tipo de prospecciones. Si no lo tenemos claro, si no lo tenemos protegido, puede pasar que cuando llegue el momento ya no quede nada que proteger.



En cuanto a la lucha contra los incendios forestales, es evidente que estos últimos años han sido buenos en cuanto a hectáreas quemadas, aunque no tan buenos en cuanto a accidentes, porque, por desgracia, cada año ha habido muertos, que es
lo peor que puede pasar. Sin embargo, a nivel de hectáreas o de grandes incendios han sido años que han ido bien; han ido bien seguramente por cuestiones climáticas, pero también porque ha habido un trabajo silvícola, un trabajo de sensibilización
y se han dedicado más recursos para la extinción de incendios. Es importante que esto no se pierda. Nuestro temor es que todo el trabajo de prevención de incendios, que se centra fundamentalmente en trabajos forestales, vaya disminuyendo porque
los presupuestos han bajado. El año pasado, el año 2010, hubo una rebaja importante de inversiones por parte del ministerio a mitad del presupuesto. Al menos, según el conocimiento que yo tengo, que se refiere a Cataluña, había inversiones, había
obras forestales iniciadas y a mitad del año no continuaron por cuestiones presupuestarias. Si no hay recursos suficientes es imposible hacer este trabajo de prevención y nos tememos que, con la disminución de 2011, la actuación que pueda hacer el
ministerio o las subvenciones que pueda dar a las comunidades autónomas sean mucho peores. Evidentemente, la apuesta decidida por la biomasa es importante, porque uno de los problemas que existen en los bosques es que no tienen salida económica.
Las plantas de biomasa, aunque no son la única solución, sino solo complementarias de los temas forestales, seguro que son buenas.



El resumen sería: celeridad y más recursos, más presupuesto. El director general estará encantado de que me sume a él para pedir más presupuesto, porque seguro que él también lo hace.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco la comparecencia de la secretaria de Estado. Voy a centrarme fundamentalmente en la primera parte de su intervención con el objeto de plantearle cinco consideraciones.



En primer lugar, es evidente que en esta política de protección de la biodiversidad marina la colaboración, la cooperación y la coordinación con las comunidades autónomas es fundamental. En este sentido, lo que hay que reclamar al Gobierno
-también a los gobiernos autonómicos, pero en sede parlamentaria, en el Congreso, fundamentalmente al Gobierno- es el máximo esfuerzo de colaboración con la Administración autonómica, especialmente con la configuración legal del actual marco
regulador de la Ley de Costas. Usted sabe que Convergència i Unió ha mantenido discrepancias desde el inicio de esa legislación sobre los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas. Creo recordar que era Miguel Roca el que afirmaba que en
Cataluña había una quinta provincia, que era todo el espacio controlado en la costa por la Administración General del Estado. Dicho esto, es cierto que las comunidades autónomas están obligadas a colaborar en esa política de protección del entorno
marino.



En segundo lugar, hay preocupación -como también manifestaba la señora Buenaventura- por el recorte del presupuesto para el año 2011 del conjunto de la política que afecta a la biodiversidad. En un momento en el que la comunidad
internacional, especialmente después de Nagoya, reclama mayores esfuerzos en este ámbito, después de que instituciones comunitarias se hayan mostrado críticas con nuestra política de protección de la biodiversidad, es evidente que tener menos
presupuesto no es una buena noticia. Por tanto, queremos trasladarle nuestra preocupación en esa cuestión.



Como tercer elemento, precisamente vinculado a esa disminución de los recursos públicos para desarrollar las políticas de atención a la biodiversidad, queremos preguntar al Gobierno si tiene previsto impulsar iniciativas innovadoras desde la
fiscalidad para promover la protección del territorio por parte de la iniciativa privada. Nos parece que en un momento en el que los presupuestos públicos son escasos, en el que no todo va a depender de la capacidad de los Presupuestos Generales
del Estado de desarrollar esas políticas, debemos ser innovadores e imaginativos para movilizar más iniciativa privada para la protección de la biodiversidad, incluida la marina. En


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este sentido, nos gustaría conocer si el Gobierno tiene previsto impulsar, en el ámbito de sus competencias, en la fiscalidad iniciativas que faciliten, que promuevan esa mayor implicación de la iniciativa privada en el diseño, en la
gestión, en la puesta en marcha de áreas protegidas etcétera. En otros países de nuestro entorno existen experiencias interesantes y sugerentes, pero la propia legislación española apunta en esa dirección, de manera tímida, en alguna de las últimas
leyes que hemos aprobado.



En cuarto lugar, la semana pasada en el Congreso debatimos unas enmiendas que se habían incorporado en el trámite del Senado a la Ley de Economía Sostenible que pretendían, de manera inadecuada, prohibir las prospecciones petrolíferas en la
costa mediterránea; digo de manera inadecuada no entrando en el fondo de la materia sino entendiendo que no se iba a resolver una cuestión compleja y difícil como esa en la ley de Economía Sostenible a través de unas enmiendas en el trámite del
Senado, pero es evidente que hay una polémica que afecta a sectores económicos distintos, al sector de la industria extractiva petrolífera, pero también al sector turístico, que tiene consecuencias ambientales importantes en el ámbito del medio
ambiente y en el sector de la pesca. También nos gustaría conocer el criterio del Gobierno en relación con esta cuestión.



Finalmente, creo recordar que fue el portavoz del Grupo Socialista el que afirmaba que en estos momentos también en el seno de la Unión Europea se ha puesto en marcha un proceso de definición de una directiva sobre pesca. Nos gustaría
conocer, desde la perspectiva de la biodiversidad marina, qué aportaciones está realizando el Gobierno español en el marco de la discusión comunitaria sobre dicha directiva.



La señora PRESIDENTA: Finaliza este primer turno de intervenciones con la de la señora de Lara, por el Grupo Parlamentario Popular.



La señora DE LARA CARBÓ: Al igual que mis compañeros, quiero comenzar mi intervención agradeciendo la comparecencia de doña Teresa Ribera para hablarnos de dos temas muy diversos, que ahora han pasado a ser de su competencia. También
quiero lamentar el accidente ocurrido con el helicóptero en el que iban varias personas a la extinción de los incendios. Creo que ha sido muy lamentable que se haya empezado así la temporada. Mostramos nuestra condolencia y nuestro apoyo.



Ha traído hoy aquí el tema de la biodiversidad marina, que posiblemente es uno de los que más unanimidad haya producido en esta Cámara, porque la Ley de Protección del Medio Marino se aprobó por unanimidad, en diciembre del año 2010, con un
objetivo que, por supuesto, todos compartimos. Ha dado una amplia explicación de todos los aspectos y realmente tengo poco que decir al respecto. Solo quería hacer algunas precisiones. Cuando se ha hablado de la Red de áreas marinas protegidas,
quisiéramos saber cuáles son sus objetivos y cómo se compagina esta red con las necesidades pesqueras que tenemos en España. Sabemos que en el pasado ha habido problemas en determinadas zonas por la protección de algunas áreas y quisiéramos saber
cómo lo van a compaginar.



Quiero dejar constancia de que en los diez mensajes para 2010 editados por la Agencia Europea para el Medio Ambiente se realiza un diagnóstico de los ecosistemas marinos en España y en el resto de Europa, observándose que España tiene una
gran cuenta pendiente en la protección de estos valiosos ecosistemas si nos comparamos con otros países, podríamos decir, más civilizados ambientalmente. Solo hay diez áreas marinas protegidas, establecidas inicialmente con el fin de proteger las
pesquerías y no en términos de protección. La Comisión Europea propuso en septiembre de 2010 que las estrategias nacionales para el cuidado de los ecosistemas marinos cumplan una serie de estándares medioambientales relacionados con la
biodiversidad biológica, la población piscícola, la contaminación, la basura, el ruido y la eutrofización. Por consiguiente, creo que estos estándares son los que se van a aplicar para buscar las áreas marinas o lo que queremos proteger de nuestro
entorno.



Quería preguntarle sobre el proyecto Life+Indemares del que usted nos ha informado, que debe desarrollarse entre enero de 2009 y diciembre de 2013, que cuenta con un presupuesto de 15,4 millones de euros, cofinanciado al 50 por ciento por
Comisión Europea. Quisiera conocer si hay propuestas para planificar en las áreas marinas la energía eólica offshore, porque efectivamente en España se ha desarrollado esta energía y ha llegado a un estado en el que podríamos decir que con un nivel
alto del precio del petróleo la energía eólica podría empezar a ser rentable.
Nos gustaría saber si se va a desarrollar la energía eólica marina y qué incompatibilidad puede haber entre la instalación de las plataformas eólicas marinas y los
espacios que van a formar parte de esta Red de espacios marinos protegidos. Repito, quisiera saber si habrá algún tipo de incompatibilidad. Finalmente, quisiera hablarle también de la contaminación marina, qué medidas se van a tomar para evitar la
que se produce, porque efectivamente hay determinados lugares en la costa española en los que la contaminación es totalmente inaceptable.



Ha dicho al principio que había unos temas, como el incremento de temperatura de los mares, la variación de la salinidad, el incremento del nivel del mar y el aumento de especies exóticas que eran pruebas del cambio climático. A lo mejor
son pruebas y a lo mejor no, yo no sé si lo son, pero la salinidad del Mediterráneo ha aumentado en muchas ocasiones a lo largo de la historia y no ha sido por cambios climáticos sino por otras causas. ¿Que ahora aumenta la salinidad por el cambio
climático? Tal vez sí. En cuanto a las especies exóticas, efectivamente se están introduciendo algunas y creo que puede suponer un problema importante, pero no me atrevería a decir


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que es debido al cambio climático que estamos padeciendo.



En cuanto al segundo tema, los incendios forestales, la evaluación de los incendios a lo largo del año 2010 da como resultado que ese año ha sido mejor que otros, usted lo ha dicho, por las condiciones climatológicas favorables, es cierto,
por las medidas que han tomado las comunidades autónomas, por las medidas que ha tomado el ministerio, y yo diría también que porque ha habido suerte, porque durante junio y julio había días de riesgo de incendio alto y afortunadamente no se
produjeron incendios como se esperaba y se temía.



Entre las labores del ministerio usted decía que estaban la coordinación, la prevención y la extinción de incendios. Creo que el ministerio está centrado excesivamente en las labores de extinción de incendios forestales, porque el
presupuesto que tiene que pagar el Gobierno para medios aéreos de extinción se lleva casi toda la partida. Por este motivo, mi primera pregunta es que como en los presupuestos de 2011 en protección y mejora del medio natural, que es donde van los
gastos de prevención y extinción de incendios forestales, ha habido un descenso de 36,47 por ciento, quisiera saber si se van a mantener para la campaña de 2011 los mismos medios aéreos de extinción de incendios forestales que había en las campañas
anteriores. Creo que esto es algo que debe mantenerse. Sabemos que el dinero es escaso en estos momentos de crisis, pero económica, medioambientalmente y en el aspecto humano es mucho peor utilizar menos medios de prevención y de extinción, porque
luego es más costosa la reparación de los daños materiales causados, y no digamos las vidas humanas que se ponen en peligro, que son irremplazables.



También hablaba de la biomasa. Efectivamente hay una cantidad para recogida de biomasa forestal que se reparte entre las comunidades autónomas que no ha variado desde el año 2007, cuando empezaron a producirse los grandes incendios. La
recogida de biomasa es importante, pero también tengo que decir que creo que es de las pocas medidas que el Ministerio de Medio Ambiente adopta en política forestal, que es la gran olvidada del ministerio porque, evidentemente, no es rentable a
corto plazo. Hay que cuidar mucho más esta política forestal y dentro de ella realizar actuaciones de limpieza de los montes, labores preventivas y recogida de biomasa. Sé que se entrecruzan las competencias de las comunidades autónomas con las
del ministerio, pero la política forestal debe ser un todo en España.



Le quería preguntar si el ministerio ha olvidado ya la idea que se plasmó en varios documentos y en varias cartas de traspasar la Unidad Militar de Emergencia al Ministerio de Defensa; si ha olvidado ya el ministerio transferir a las
comunidades autónomas los medios que tiene para no tener que realizar esta labor de refuerzo en los incendios forestales, que creo que a lo largo de los años se ha mostrado eficaz. Quisiera que me contestara y que me dijera que se ha abandonado la
idea de transferir los medios de extinción a las comunidades autónomas, porque creo que la labor que hace el ministerio, concretamente el Gobierno, para reforzar a las comunidades es insustituible, puesto que en el caso de estos días de verano en
los que se producen incendios en varios sitios, solamente la Administración General del Estado tiene la potestad y la visión para acudir a reforzar a aquellos que más lo necesiten.



Quisiera que me hiciese una valoración de los agentes forestales y de las Brif. Desde nuestro punto de vista la evaluación es buena, creo que son personas que se dedican a la prevención y extinción de incendios, pero lo que lamentamos es
que se les haya dejado de lado, y quizá dejar de lado no es la expresión adecuada. Nos sorprendió mucho el año pasado que cuando acudían a apagar un incendio veíamos al día siguiente en la portada de los periódicos a la ministra de Defensa
fotografiada con la Unidad Militar de Emergencia. Creo que esto era un insulto a las Brif y a los agentes forestales, que son los que pelean día a día para prevenir y evitar todos los incendios. Quisiera conocer su opinión, si considera que la
Unidad Militar de Emergencia es más importante, si cree que tiene que dejar el papel a la ministra de Defensa, porque cada uno tiene su papel.
Desde luego, nosotros apoyamos a las Brif y a los forestales.



La señora PRESIDENTA: Para contestar a las observaciones y preguntas que se han formulado, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): Como siempre, es sumamente estimulante compartir un rato con sus señorías e intercambiar impresiones sobre cuestiones estratégicas básicas para nuestro país y para la
preservación de nuestro capital natural, quizá el más problemático a la hora de mantener, de preservar y de incrementar, por la dificultad intrínseca de regenerar aquello que no sepamos cuidar.



En relación con los dos grandes temas y todos los comentarios que han hecho, permítanme que pase a hacer mis comentarios por el orden de intervención de los distintos portavoces. Quiero empezar, no obstante, subrayando la magnífica noticia
que fue en su momento el gran respaldo dado en las Cortes a la Ley de Protección del Medio Marino. Nos parece, como he intentado explicar en mi intervención, que el medio marino no solamente es una gran fuente de riqueza ambiental, económica y
material sino también, y todavía, un gran desconocido. Por tanto, para poder preservar adecuadamente aquello que constituye un gran capital, una de las grandes líneas maestras que debemos impulsar es su mejor conocimiento y también, lógicamente, en
función de ese conocimiento, una adecuada ordenación de usos. Esto no significa que no haya posibilidad de llevar a la práctica distintos usos en ese espacio, del mismo modo que lo hacemos en otros, significa simplemente que solo podemos hacerlo
bien conociendo y ordenando prioridades en función de la riqueza allí acumulada y de la


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elección que en su momento como sociedad quedamos priorizar. La cumbre de Nagoya pone de manifiesto la importancia de incidir en los planes de protección específicos y en un mejor conocimiento, y a eso estamos dedicando sus esfuerzos.
También creo que la experiencia acumulada en la gestión de la biodiversidad terrestre y a partir del conocimiento que ofrece la explotación, el desarrollo de actividades en el medio marino debe ser empleada para enriquecer y para facilitar el
acierto en nuestras decisiones sobre cómo preservar la riqueza de la diversidad del medio marino.



Decía el portavoz del Grupo Socialista -pero también lo han comentado otros- que la biodiversidad marina no solamente está asociada o recogida en esta legislación, enormemente innovadora, como es la Ley de Protección del Medio Marino, sino
que también tiene su relación con la protección del litoral. Es verdad que tiene una relación relevante con la protección del litoral, pero también lo es que va mucho más allá. Es cierto que el litoral es una franja enormemente densificada,
enormemente explotada, necesitada siempre de protección, y el Gobierno está convencido de que la vigente Ley Costas fue en su momento un gran avance, que también contó con un gran respaldo, y que sigue ofreciendo las salidas y las herramientas para
conciliar razonablemente la buena gestión de los recursos del litoral con su preservación; por tanto, tal y como hemos reiterado en numerosas ocasiones, no nos parecen acertadas algunas de las propuestas que algunos grupos parlamentarios y algunos
partidos políticos hacen en público de cara a su modificación, reduciendo el nivel de protección de dicho espacio.



Es cierto también que otra de las actividades que se desarrolla en el espacio marino es la pesquera. En ese contexto, ahora estamos discutiendo a nivel comunitario esa política pesquera común que con el mismo referente, el mismo componente
que otras muchas grandes discusiones estratégicas abiertas a nivel europeo en este momento, pretende orientar su futuro hacia el reforzamiento de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si algo hemos aprendido en estos años, en particular en estos
últimos meses, es que una de las más desgraciadas consecuencias de la insostenibilidad ambiental es la insostenibilidad económica que va también inminentemente asociada a la insostenibilidad social, con un efecto normalmente perturbador que se
genera en nuestras familias, en nuestros trabajadores, en nuestra actividad económica, suficientemente grande como para introducir como vector transversal ese planteamiento que desde hace ya décadas se viene reivindicando y hacia el que venimos
avanzando de una correcta relación, de un correcto equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad. Esto significa que lógicamente la conciliación entre la actividad de pesca extractiva y la actividad de protección de la biodiversidad
marina, adecuadamente basado en la mejor información científica, forma parte de esa discusión a nivel comunitario, que estoy segura de que forma parte también de los trabajos parlamentarios que se están desarrollando en este momento.



Quiero, además, hacer algunos comentarios relacionados con algunas preguntas que tienen que ver con cuestiones concretas en materia de biodiversidad marina. Señalaba la portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sus dudas sobre si es posible o no incrementar la celeridad en el desarrollo de los trabajos en materia de biodiversidad marina y preguntaba por la situación del cañón cap de Creus, por la coordinación con
Cataluña y Francia en este aspecto o por la situación de las islas Formigas.
Permítanme que conteste estas preguntas concretas.



La primera, en relación con la velocidad a la que se adoptan las decisiones. Es evidente que hasta tal punto consideramos esta una cuestión estratégica que forma parte, lo he dicho antes y lo reitero ahora, de las grandes prioridades de
aquí hasta el final de la legislatura. De hecho, estamos intentando impulsar un uso extraordinariamente eficiente de los recursos presupuestarios y buscar también las posibilidades de apurar los de otras unidades de la propia Secretaría de Estado
que nos permitan incrementar los recursos disponibles para este fin. Pero es difícil tomar decisiones, bien apoyadas o bien sostenidas, sobre la base del conocimiento cuando el conocimiento previo era extraordinariamente limitado. Por tanto,
estamos conciliando el acelerón en el mejor conocimiento con el acelerón en las decisiones de política pública y en las decisiones regulatorias. El calendario que les he ofrecido ya es apretado, es de concertación entre las distintas unidades
administrativas de la Administración General del Estado y las de las administraciones autonómicas en el proceso de toma de decisión y de integración de ese conocimiento científico en el proceso, en las propuestas concretas. Es verdad que una de las
áreas en las que la información disponible es más elevada es el cañón cap de Creus. También sabemos que una decisión que resulte sólida, respaldada, acertada en este espacio requiere de la plena coherencia y del pleno respaldo de las
administraciones autonómicas y locales, así como de los distintos usuarios, vecinos, personas que se sienten directamente implicadas en esta zona, porque solamente con el total respaldo, complicidad y comprensión de los distintos niveles de la
administración y de los ciudadanos es posible garantizar la viabilidad de esta zona. Por ello hemos retomado las conversaciones al respecto con nuestros colegas en la Administración de la Generalitat de Cataluña, que han empezado a contar con los
equipos completos hace relativamente poco tiempo, porque son distintas las unidades afectadas, las de pesca, las de medio marino y medio ambiente, y nuestra intención es avanzar para poder tener cuanto antes una figura de protección específica con
una correcta delimitación de este espacio, que entra en conexión directa con intenciones parecidas por parte del Gobierno francés. Por tanto, creemos que es una magnífica ocasión para mostrar una acción concertada entre los dos


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gobiernos. Las islas Formigas, sin embargo, no están pensadas como un espacio que merezca una protección asociada a la Ley de Protección del Medio Marino sino como una reserva marina. Ciertamente la finalidad en muchos casos puede ser
coincidente, y es que resulten determinadas limitaciones que tienen como consecuencia inmediata una mejor protección de la biodiversidad existente. Pero la figura es ligeramente distinta.



Señalaba también la portavoz de Iniciativa per Catalunya el hecho de que existan unos permisos de investigación para realizar determinadas tareas exploratorias de prospección en el mar, entre Valencia e Ibiza. A tal efecto, permítanme que
les recuerde algo que he dicho al principio.
Necesitamos conocer mejor nuestros mares y su riqueza; necesitamos determinar cuáles son aquellos espacios que por sus especiales particularidades, por su particular riqueza en términos de biodiversidad
merezcan la máxima protección y aquellos espacios en los que para desarrollar cualesquiera sean las actividades económicas concretas se requiera introducir determinadas cautelas. Insisto, se trata de una tarea muy similar a la de la ordenación de
los espacios terrestres. Esto no significa que podamos partir de una exclusión ex ante de cualquier tipo de actividad. Por tanto, creo que deberemos analizar cuáles son las condiciones en las que determinadas actividades, como puede ser el mejor
conocimiento del subsuelo y sus recursos mineros, pueden llevarse a la práctica, pero difícilmente podemos contar con algo negativo de entrada.



En estos temas sobre la biodiversidad marina, señalaban también los portavoces de Convergència i Unió y del Partido Popular algunas otras cuestiones interesantes. Es cierto que en materia de Ley de Costas aparentemente hay discrepancias
entre la posición del Gobierno y la del Grupo Parlamentario Catalán, cosa que lamentamos profundamente, porque entendemos, como decía al principio, que la defensa de la Ley de Costas resulta extraordinariamente importante. Esta es una ley de la que
se benefician los cuarenta y cinco millones de españoles, más todos los visitantes; es una ley extraordinariamente avanzada y en la que si hay situaciones concretas que todavía están pendientes de resolver, ya sean cuestiones de deslinde, ya sean
concesiones que se regían con una legislación previa que resulta incompatible con la ley actual, pero que puedan transformarse en concesiones compatibles con la ley actual, habrá que ir viendo en cada caso de qué tipo de alternativas podemos estar
hablando. No apoyamos ese planteamiento de degradar el contenido de las prescripciones de la ley destinadas a la protección y a la garantía del acceso público al litoral con una finalidad garantista de determinados intereses particulares, por
correctos que puedan resultar para el particular directamente afectado.



Tampoco estoy muy de acuerdo con esa afirmación de una quinta provincia relativa al mar. Creo que el señor Roca es padre de la Constitución y como tal sabe que la Constitución mantiene la titularidad del mar territorial, de su plataforma
continental en manos del Estado. Por tanto, creo que debemos trabajar muy de la mano entre el Gobierno autonómico de Cataluña y el Gobierno de la nación. Creo que debemos ver de qué modo conciliar intereses que en gran medida, estoy segura, son
intereses y objetivos coincidentes y compartidos por todas las administraciones, pero -insisto- me parece que es extraordinariamente importante hacerlo dentro del marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.



Creo que las cuestiones planteadas por la diputada del Grupo Popular en ocasiones tienen que ver con algunos de los comentarios ya realizados y en otras ocasiones tienen que ver con preguntas concretas, específicas de la aplicación de la
ley. Me parece que la cuestión relativa a cómo podrían incidir las plataformas eólicas marinas con la protección del litoral se resuelve, con carácter general, con ese comentario que he hecho. No resulta en una exclusión a priori, pero sí le puedo
avanzar que en su momento, cuando se aprobó el mapa del potencial eólico del litoral, se tuvieron en cuenta cuáles podían ser -insisto, todavía pendientes de conocerlo más detalladamente- las eventuales exclusiones por razones de protección
ambiental y, en su caso, en el supuesto de que haya proyectos concretos en esos espacios concretos deberá someterse a la correspondientes evaluación, caso a caso, de las posibles limitaciones, tanto desde la perspectiva de la Ley de Protección del
Medio Marino como desde la perspectiva de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Evidentemente, la aparición de especies exóticas o la variación de la salinidad en el Mediterráneo tienen que ver en algunas ocasiones con el cambio climático,
pero en otras muchas tienen relación con cambios de origen antropogénico que poco tienen que ver con el mismo. Como país ribereño del Mediterráneo, deberíamos hacer un gran esfuerzo para mejorar la calidad de un ecosistema extraordinariamente rico
en historia y en recursos naturales, que no podemos dejar que se degrade.



Déjenme que comente algunas otras cuestiones asociadas a las preguntas en materia de incendios. Me han señalado cuestiones relativas al planteamiento general del Gobierno en relación con la prevención de incendios, con el presupuesto
disponible y con las tareas que pueden contribuir a la prevención en el sentido estricto, así como algunas cuestiones sobre la gestión. Quiero aclararles que el presupuesto destinado a la prevención de incendios se ha visto reducido, pero se ha
visto reducido en aquellas partidas en las que podemos afinar, bien porque el concurso se amplía a más tiempo del que preexistía, lo que nos permite una estructura presupuestaria diferente -en este momento contamos con un concurso a cuatro años
frente a los dos tradicionales-, o bien porque hemos ajustado las horas de vuelo a las realmente empleadas en promedio frente a una presupuestación al alza. En todo caso, la reducción más significativa en materia de incendios no ha tenido que ver
con las labores de extinción, sino con las tareas de restauración hidrológica o forestal o por otros motivos. No obstante, quiero recordar que ofrecemos un apoyo estratégico a las comunidades


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autónomas, porque entendemos que en los grandes incendios puede resultar necesario disponer de esas unidades de élite, que son las BRIF, para que refuercen la tarea autonómica, pero se trata esencialmente de una función autonómica. Al
respecto, permítanme que les haga tres comentarios adicionales. El primero, que sí otorgamos prioridad, valor y gran aprecio a la tarea de estos grupos, que consideramos la élite en esta materia en el territorio español; una élite que ofrece
también formación a los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias que actúan en estos casos, apoyando las tareas de prevención durante el invierno y apoyando también durante el verano. Es algo distinto y especialmente singular, más
especializado que la propia Unidad Militar de Emergencias y, en efecto, depende del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. De hecho, el apoyo a su tarea, el conocimiento próximo a los medios humanos y técnicos de los que disponen,
forma parte del aprendizaje esencial de cualquier responsable político en esta materia, motivo por el cual, sin ir más lejos, el miércoles pasado quise conocer directamente la tarea que realizan estas brigadas y me desplacé al puerto del Pico para
ver cómo habían venido trabajando en las tareas de restauración tras el gravísimo incendio que se sufrió a principios del mes de agosto del año 2009, para conocer in situ las tareas de los brigadistas y los medios de los que disponen, para
mostrarles una vez más la confianza, el apoyo y el respaldo y para escuchar los mensajes que entendían que debían trasladar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. No sé si he entendido bien la pregunta, pero no creo que tenga
sentido que la Unidad Militar de Emergencias pase a depender del Ministerio de Medio Ambiente.
Depende del Ministerio de Defensa, coordinada por Protección Civil, y se trata de una unidad cuya finalidad esencial es operar en emergencias a nivel
nacional, dando apoyo a los medios especializados. No tiene sentido tampoco pensar en una supresión o en una alteración en este campo.



Finalmente, me gustaría hacer un comentario de fondo con respecto a las tareas de prevención. Las tareas de prevención requieren sobre todo un soporte social fundamental. A lo largo de este tiempo hemos tenido años mejores y peores
climatológicamente hablando, hemos tenido más o menos suerte, como señalaba su señoría, hemos tenido más o menos recursos y hemos contado con unas unidades técnicas magníficamente bien preparadas, pero el mayor éxito está asociado a la voluntad
social de prevenir incendios, a la recuperación del valor de la gestión de los montes, de los bosques, como algo intrínseco a la riqueza de la población próxima; esa gestión que permite que un bosque vivo, que un bosque bien gestionado valga más
que un bosque talado.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos un breve turno de réplica, si lo estiman oportuno, en el mismo orden que anteriormente. Cinco minutos como máximo.



Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Morán.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Más allá de la intervención de la señora secretaria de Estado y de las aclaraciones posteriores, que completan la información inicial, quisiera contrastar algunas cosas que se han comentado con algunas cuestiones
que se han planteado por parte de algunos grupos parlamentarios, porque creo que son relevantes.



En primer lugar, tengo una discrepancia de fondo con el planteamiento que he creído entender de la portavoz del Grupo Popular, sobre si la tibieza a la hora de considerar si las evidencias científicas en relación con el cambio climático, que
se traducen en modificación de las condiciones del medio marino, nos impedirán tomar decisiones estratégicas adecuadas a la realidad si no somos capaces de superarlas. Evidentemente, cualquiera es libre en cualquier momento de poner en duda
cualquier afirmación que venga del ámbito académico, científico o técnico, para eso precisamente se ponen en marcha los mecanismos de estudio y de investigación que llevan a conclusiones razonadas y razonables, pero el recorrido de las últimas
décadas del estudio de las consecuencias que el calentamiento del planeta está teniendo en las condiciones del medio marino, nos lleva a coincidir en que probablemente este sea uno los mayores espacios de convivencia de toda la comunidad científica
a la hora de sacar conclusiones sobre las cuales debemos establecer los mecanismos estratégicos de intervención. Por tanto, discrepo de raíz de la duda que plantea el Grupo Popular sobre si las consecuencias que se adivinan en materia de incremento
de la salinidad, de incremento de la temperatura o de deriva de las especies tienen relación o no con el cambio climático, porque en este caso toda la comunidad científica coincide en afirmar que son consecuencia del mismo. Si queremos tomar
decisiones ponderadas y acertadas de cara al futuro, debemos tener una coincidencia de partida en el análisis y en el diagnóstico de la situación. En ese sentido, deberíamos dar por válido lo que en estos momentos es una conclusión aceptada con
carácter general por toda la comunidad científica.



Otra discrepancia está relacionada no con una apreciación del Grupo Popular, sino con una previsión de posibles apreciaciones que se puedan tener desde fuera sobre si la política forestal puede o no ser rentable a corto o medio plazo y si
eso puede incidir en la toma de decisiones diferidas en el tiempo en relación con la asignación de recursos presupuestarios, de recursos públicos a este tipo de políticas. La política forestal es probablemente una de las políticas más visibles en
términos de rentabilidad social, no en el medio ni en el largo plazo, ni tan siquiera el corto, sino en el inmediato. La visibilidad que supone para cualquier ciudadano la contemplación de un espacio natural adecuadamente gestionado es la
rentabilidad traducida en el momento inmediato. Creo que eso era lo que la portavoz del Grupo Popular


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pretendía trasladar y, como creo que eso era así, coincido plenamente en que cualquier esfuerzo que se haga en este sentido será bienvenido.



Quiero hacer también una invitación al apoyo a los recursos humanos asignados a la prevención y a la lucha contra los incendios forestales y sus consecuencias y a la concienciación ciudadana, en el sentido de intentar poner un poco de orden
entre todas las administraciones en el tratamiento que se da a los agentes forestales. A lo largo de los últimos años se han producido en distintas comunidades autónomas modificaciones legislativas que van en el sentido de rebajar el carácter de
autoridad de los agentes forestales. Deberíamos hacer una reflexión con carácter general, que probablemente nos llevaría a la conclusión de que el incremento de la capacidad de intervención de la llamada policía ambiental debería caminar por el
refuerzo del carácter de autoridad de estos agentes. De todos es conocida la discrepancia que ha habido en los últimos tiempos entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el colectivo de agentes forestales a la hora de discutir sobre hasta dónde este
concepto de autoridad debería tener una presencia efectiva en la normativa, camino por el que deberíamos caminar. Merece la pena que hagamos un esfuerzo en ese sentido.



Hago dos últimas consideraciones en relación con alguna apreciación que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Es interesante abrir una exploración en materia de cooperación con la parte privada en la apuesta por
la protección del medio marino, no sé si en términos de fiscalidad; no de fiscalidad impositiva, sino de beneficios de fiscalidad en relación con algunas actividades. Probablemente este sea uno de los caminos a explorar en tiempos más o menos
inmediatos.



En último término, quiero recoger el guante que lanzaba, en el sentido de que más allá de intentar aprovechar mecanismos o vericuetos legislativos un tanto extraños para tomar decisiones en relación con políticas de carácter general, como
son las estrategias energéticas, es necesario establecer un mecanismo de diseño, con una cierta ambición, de hasta dónde debe alcanzar la estrategia de aprovechamiento energético del medio marino, teniendo en cuenta que las limitaciones ambientales
no solo no deben rebajarse respecto a la situación actual, sino que deberían incrementarse en el futuro. Ojalá el resto de los grupos parlamentarios, especialmente alguno, quiera incorporarse a este proceso, porque creo que de cara al futuro nos
aclararía mucho los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente, aunque no solo de ella.



La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En relación con la Ley de Costas, el problema, señora secretaria de Estado, no es tanto de huevo como de fuero. En la cuestión del huevo no he entrado en mi intervención, pero sí en la cuestión del fuero,
desde la aprobación de la Ley de Costas. Usted sabe que hay una discrepancia entre Convergència i Unió y los sucesivos gobiernos españoles que ha llevado a que esa ley fuese recurrida ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias en
materia de ordenación territorial del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La afirmación de Miguel Roca de la quinta provincia, legitimada precisamente por su carácter de padre de la Constitución, se deriva del debate parlamentario de los años
ochenta en relación con la Ley de Costas. En Cataluña existe un espacio enorme donde el poder y la planificación territorial no residen en el Gobierno catalán, sino en el Estado y quien manda en ese territorio de Cataluña no es el Gobierno catalán
sino el Gobierno del Estado. De ahí esa brillante expresión de quinta provincia.
El tribunal ha resuelto y el conflicto político sigue abierto, al margen de otras cuestiones que hoy están discutiéndose en la Cámara en relación con algunos
problemas que existen por la aplicación de la ley en Cataluña. En ese sentido, no puedo compartir su afirmación de que la Administración General del Estado es quien protege los bienes de interés general y que somos otros quienes defendemos
intereses particulares.
Todos defendemos el interés general -que es algo más que aquello que exclusivamente interpreta la Administración General del Estado-, tanto los gobiernos autonómicos como, si me permite, los propios grupos parlamentarios
representados en esta Comisión. No puedo compartir esa visión de las responsabilidades del Estado ni de las comunidades autónomas ni del papel que ejercemos en esta Comisión.



Dicho esto, agradezco el ofrecimiento que hacía portavoz del Grupo Socialista e invito a la secretaria de Estado a explorar fórmulas de estímulo de la corresponsabilidad privada en la custodia del territorio.
Tenemos algunas experiencias
interesantes e incipientes, no en el ámbito marino, pero sí en el ámbito terrestre -por decirlo de alguna manera-, pero necesitamos una política pública más sólida, que puede inspirarse en otras prácticas que se están produciendo en el resto de
Europa. Ahí, insisto, nos gustaría conocer la posición de la secretaría de Estado.



Al mismo tiempo, nos gustaría conocer su criterio en relación con la polémica suscitada por las prospecciones petrolíferas en la costa del Mediterráneo, porque en su intervención no nos ha dado respuesta a ello.
Coincidimos con el portavoz
socialista en que esto no lo deberíamos resolver a través de una enmienda en el Senado al proyecto de ley de economía social, pero ahí existe un conflicto a resolver y coincidiría en que el desarrollo del potencial energético petrolífero no puede
hacerse a costa del medio ambiente ni de las otras actividades económicas que se desarrollan en la zona del Mediterráneo, especialmente la pesca y el turismo. Ahí existe un reto a resolver en los próximos tiempos, en el que sería bueno que el
Gobierno tuviese una posición clara, de liderazgo, y que compartiese ese liderazgo con los gobiernos autonómicos y los sectores económicos afectados.



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La señora PRESIDENTA: Para finalizar este turno de réplica, tiene la palabra la señora De Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: Solamente quiero hacer algunas precisiones. Al señor Morán quería decirle que evidencias científicas hay pocas en el tema de cambio climático y en muchas otras cosas. Lo que hay son aportaciones científicas y
generalmente no toda la comunidad científica coincide en todo. Tenemos que ser correctos. La evidencia científica es que se está produciendo un incremento de las temperaturas medias y no se sabe en qué proporción este incremento es producido por
el hombre y en qué proporción es producido por causas naturales. Dicho esto, como sobre las causas naturales no podemos incidir, pero sí podemos hacerlo sobre la actuación humana, deben tomarse medidas en lo que a la actuación humana respecta.
Aquí tiene usted una persona que lleva mucho tiempo trabajando en temas de cambio climático. Plantearse que yo lo pongo en duda, me ha parecido un poco absurdo.



También quería decir a la señora secretaria de Estado que me ha inquietado lo que ha dicho sobre el ajuste presupuestario que se ha hecho en los presupuestos de extinción del Ministerio de Medio Ambiente. Ha dicho que se han ajustado las
horas de vuelo a las horas realmente empleadas. Se supone que habla de los medios aéreos de extinción que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. No se pueden ajustar las horas de vuelo a las horas realmente empleadas en la próxima campaña,
porque es un dato que desconocemos. Nos tememos que esto pueda incidir de manera negativa, porque nosotros valoramos en un alto grado la función de refuerzo en extinción que hace el Ministerio de Medio Ambiente.



Simplemente quiero hacer una aclaración. Usted no me ha contestado si los medios aéreos de lucha contra los incendios forestales del Ministerio de Medio Ambiente van a pasar al Ministerio de Defensa, como se pidió desde el propio Ministerio
de Medio Ambiente. Se lo leo, señora secretaria de Estado. En una carta, que no ha lugar, que es del pasado año, se dice: Los medios aéreos de lucha contra los incendios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a partir
de la entrada en vigor del presente real decreto, se adscriben orgánica y funcionalmente al Ministerio de Defensa y los créditos para el mantenimiento se transfieren... Luego lo que le estoy preguntando no es surrealista. Se trata de ver si han
abandonado esta idea que, por supuesto, nosotros apoyamos: que sigan en el Ministerio de Medio Ambiente, porque la función de extinción y prevención de incendios forestales pertenece a Medio Ambiente más que a Defensa.



La señora PRESIDENTA: Para finalizar la comparecencia, tiene la palabra la señora Ribera.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): Es cierto que en la primera intervención había alguna cuestión que no he comentado.



En primer lugar, quiero subrayar que efectivamente hay herramientas de tipo fiscal, incentivos económicos -algunas de ellas aparecen de manera novedosa en la Ley de Economía Sostenible, en los artículos 90 y 91-, que quieren encarrilar
actuaciones positivas, favorables a la compensación de emisiones a partir de una mayor inversión en la protección de nuestros bosques, insisto, en esa dirección de consolidar el valor ambiental, el valor económico y el reconocimiento social de una
buena gestión como base para la prevención de incendios, entre otras grandes cuestiones, y servicios ambientales ofrecidos por los bosques, y luego un fondo de carácter público para la compra de compensación, impulsando actividades económicas
asociadas que deberemos desarrollar en los próximos meses desde la iniciativa de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.



Quiero comentar las palabras del diputado Campuzano, porque se ha cruzado algún malentendido entre nuestros comentarios. Por supuesto que estamos convencidos, nunca jamás hemos dicho otra cosa, de la vinculación al interés general de la
actuación de todos los niveles de la administración y evidentemente también de todos los partidos democráticos en este país.
Señalaba la contraposición entre interés general e interés particular, porque a veces, a partir de las propuestas, de los
comentarios y de las iniciativas de algunas personas de relevancia pública, parece deducirse que preocupa más cómo resolver la suma de unas cuantas situaciones particulares que la defensa y el encaje en el interés general en aplicación de la Ley de
Costas. Por tanto, sí creo que los intereses particulares asociados a algunas de esas cuestiones particulares todavía abiertas deben encontrar su solución en el contexto del interés general que prima en la actual Ley de Costas. A esto quería hacer
referencia. Es cierto que cuando comentábamos las palabras del señor Roca con respecto a la quinta provincia, estábamos hablando probablemente de espacios distintos. Una cosa es la franja del litoral, donde hay jurisprudencia del Constitucional y
donde se ha ido materializando una interpretación que permite una gestión de las administraciones más próximas, cosa que seguramente redundará en una mayor sensibilidad asociada siempre al interés público, y otra cosa es la gran franja mar adentro
que la Constitución deja en manos del Estado, con independencia, lógicamente, de la correcta interlocución, de la integración de las preocupaciones y sensibilidades y de la lógica cooperación entre los niveles de la Administración que miran mar
adentro desde litoral.



Con respecto a la mejor custodia del territorio, una cuestión absolutamente básica, tenemos mucho que hacer. Además me consta que en Cataluña hay una elevada sensibilidad al respecto. No es la única región de España donde esto es así. Hay
mucho trabajo avanzado, cada vez a mayor velocidad, en todo nuestro territorio, pero me consta que, a través de los Presupuestos Generales del Estado, se incentiva ese liderazgo ejercido entre


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otros por la Xarxa de Custòdi del Territori, impulsada desde el territorio catalán.



Con respecto a los comentarios de la señora De Lara, quiero explicar algún malentendido asociado a esa pregunta sobre el papel del Ministerio de Defensa. Lo he comentado en mi intervención inicial. Los medios aéreos son gestionados,
dirigidos y mantenidos por los expertos del Ejército del Aire, desde el Ministerio de Defensa, en estrecha conexión con el Ministerio de Medio Ambiente, pero, como he señalado también en mi intervención inicial, no forma parte de nuestros planes que
ese trabajo especializado de las unidades de élite que constituyen las BRIF pasen por el momento a depender de ninguna otra unidad administrativa.



PREGUNTAS:


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO SOBRE SI EL PROYECTO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO DE LA SEGUNDA FASE DE AMPLIACIÓN DE LOS MUELLES COMERCIALES NO VA A SER
PERJUDICIAL MEDIOAMBIENTALMENTE, JUSTO EN UN MOMENTO EN QUE ES NECESARIO MEJORAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LA RÍA DE VIGO PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 181/002273.)


La señora PRESIDENTA: Quedan dos puntos por sustanciar. Son dos preguntas.
Pasamos al punto tercero del orden del día: Pregunta que formula la diputada, señora Fernández Davila, sobre la opinión del Gobierno sobre si el proyecto de la
Autoridad Portuaria de Vigo de la segunda fase de ampliación de los muelles comerciales no va a ser perjudicial medioambientalmente, justo en un momento en que es necesario mejorar la calidad de las aguas de la Ría de Vigo para cumplir con las
exigencias de la Unión Europea.



Tiene la palabra, señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora secretaria de Estado, si hacemos esta pregunta es porque en estos momentos se están llevando a cabo unas obras, que se conocen como mejora de la operatividad de los muelles comerciales y que constan de dos
fases, una de las cuales se está llevando a cabo en estos momentos. Como usted sabe, recientemente se colocó el primero de los 529 pilotes que formarán parte del sistema mediante el cual se ocupará la superficie de agua que se necesita para la
mejora del calado, para que puedan atracar barcos de mayor calibre, aunque no entendemos cuáles, porque en estos momentos los más grandes del mundo, aquellos que se dedican al turismo, están atracando ya en el puerto de Vigo. Digamos que procurando
un mayor calado se están haciendo estas obras, que comenzaron con ese primer pilote. La cuestión, señora secretaria de Estado, es que el proyecto consta de dos fases, como decía, y que una de ellas, si bien es cierto que va sobre pilotes, es en
realidad el 40 por ciento del total de la superficie que se piensa ganar, quedando el otro 60 pendiente de los rellenos correspondientes. Si bien es verdad que valoramos como no negativo que se cubra esta lámina de agua con pilotes, porque permite
la circulación de las corrientes marinas, también es verdad que esto -me refiero los pilotes-, de acuerdo con la información que nos da la Autoridad Portuaria, conlleva el confinamiento de lodos.
Nos gustaría que nos explicara qué quiere decir
esto, sobre todo cuando hay estudios en relación con este proyecto de ampliación de los muelles que indican la necesidad de dragado de las zonas uno y dos del muelle, en la medida en que existen unos porcentajes de materia orgánica importantes, que,
si no se tratan, darán lugar a un proceso biológico que se conoce como marea roja. Usted sabe que la ría de Vigo tiene este problema en muchísimas ocasiones. Es una ría muy rica no solamente en peces sino también en marisco y estas mareas rojas
afectan fundamentalmente a los bivalvos, concretamente a los mejillones que se crían en esta ría.



Por otro lado, está el tema de la segunda fase y los rellenos que se harían vía vertido en la ría de diferentes escombros que en este momento provienen, porque así se ha informado, de las obras del túnel de Maceiras, correspondientes al AVE
a la ciudad viguesa.



Señora secretaria de Estado, la razón de pregunta y la explicación de estas obras está motivada porque a pesar de lo que significan las mismas no cuenta con el estudio de impacto ambiental que nosotros entendemos que debería hacerse y no se
ha hecho porque la Autoridad Portuaria de Vigo y el Ministerio de Medio Ambiente consideran que no es necesario. Se han hecho muchas reclamaciones desde diferentes ámbitos, incluso por algún juzgado de la ciudad de Vigo se ha decretado la
paralización de las obras. No podemos entender la postura del Ministerio de Medio Ambiente de no considerar necesario un informe de impacto ambiental dadas las características de estas obras, y tampoco entendemos -esto correspondería al Ministerio
de Fomento- que se hagan sin tener aprobado un plan de usos del puerto, porque si el calado para los barcos no necesita ese plan de usos sobre la superficie, el resto del relleno sí, ya que nos orientaría para conocer las necesidades que tiene el
puerto de Vigo de ampliar la superficie existente actualmente. Señora secretaria de Estado, no podemos entender que no se considere necesario ese estudio de impacto ambiental, sobre todo, como se señala en la pregunta, cuando está pendiente de
resolverse la situación de contaminación de las aguas de la ría de Vigo que provocó esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2005. Si bien se han tomado medidas para mejorar la calidad de las aguas de la ría, no creemos,
en absoluto, que estas obras vayan a ir en esa dirección.



Nos gustaría que nos dijera cuáles son las razones por las que el ministerio no considera necesario hacer esos


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informes de impacto ambiental y si entienden que efectivamente estas obras, tal como están concebidas, no van a ser negativas para la mejora medioambiental de la ría de Vigo, tan castigada por tantísimos rellenos y por otras cuestiones, de
las que hablaremos en otro momento, que perjudican el medioambiente y el ecosistema de la ría.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado para contestar a la pregunta.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): Quisiera empezar aclarando que sobre la ría de Vigo ha habido distintos proyectos y, además, el nivel de información relativo a cada uno de ellos ha ido mejorando a lo
largo del tiempo. En concreto, este proyecto sobre el que usted pregunta está actualmente en fase de evaluación. Hace ahora algo más de un año, el 8 de marzo de 2010, se remitió al promotor y al órgano sustantivo la notificación por la que se
decidía someter al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental la comunicación del alcance que debe tener dicho estudio y la necesidad de incorporar las alegaciones que se reciban durante la información pública en el proyecto,
trasladando también el resultado de las consultas que desde el órgano ambiental se habían hecho a distintas administraciones. La principal motivación de esta decisión fue la posible generación de impactos directos e indirectos sobre las comunidades
biológicas presentes debido a la pérdida de calidad de las aguas de la zona, tanto en la fase de dragado y relleno como en la de explotación posterior que plantea la modificación del muelle. Por eso hemos solicitado la inclusión de estudios de
dinámica del litoral, de batimetría, vientos y estudios de corrientes, la caracterización de los materiales a dragar y los efectos que pudieran producir sobre la calidad de las aguas y las comunidades biológicas de la zona. También hemos indicado
la necesidad de incluir medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar la afección sobre la calidad de las aguas y la propuesta de los mecanismos de control que permitan verificar la producción de alteraciones significativas que
incidieran, como usted señala, en las especies que se crían en esa zona.



De acuerdo con el procedimiento de evaluación, la Autoridad Portuaria de Vigo debe elaborar el estudio de impacto ambiental, ponerlo a disposición del público, junto con el proyecto, en un periodo de información pública y posteriormente
remitir a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para el pertinente análisis de los impactos ambientales todo el proyecto con las correcciones o las motivaciones de la no introducción de las alegaciones y así pasar a elaborar la
declaración de impacto ambiental. Hasta tanto no recibamos y analicemos toda la documentación, será difícil poder avanzar más en la respuesta a su pregunta. Con carácter general le puedo subrayar que a partir de la información ofrecida por la
Autoridad Portuaria, cosa que no había ocurrido en un primer momento con tanto nivel de detalle sobre la incidencia y magnitud del dragado, se tomó la decisión de someterlo a un procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental.



La señora PRESIDENTA: En turno de réplica tiene la palabra la señora Fernández Davila. Le queda un minuto y cuarenta y ocho segundos. ¿Desea hacer uso del turno?


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Espero un poquito de generosidad.



Señora secretaria de Estado, gracias por la información, porque realmente nos satisface que por fin el Gobierno haya decidido que se hagan los estudios para orientarlos en la declaración de impacto ambiental, cosa que hasta ahora no nos
habían dicho. De hecho, en una respuesta que nos daban en abril del año 2010 nos decían que estaban evaluando esta posibilidad. Usted nos habla de que también hace un año que se decidió la cuestión. Lo que nos interesa para quedarnos más
tranquilas, es cuándo se va a llevar a cabo todo esto, porque ya se está trabajando en la primera fase y, evidentemente, una vez finalizada empezará la segunda. Esto nos preocupa, porque además del trabajo de estos rellenos en la zona de los
muelles del Areal se están haciendo otras obras en el muelle de Bouzas, que forma parte del mismo complejo portuario. También nos preocupa que esto que nos dice ahora tenga que ver con la ampliación del muelle del Areal o con el de Bouzas. Nos
gustaría que nos lo aclarase, porque sabemos que en el caso de Bouzas desde la Autoridad Portuaria se está haciendo alguna consulta en relación con informes ambientales.
Entendemos, por lo que comentábamos y usted reconocía, que es necesario que se
haga el informe de impacto ambiental para tener una declaración que oriente sobre lo que hay que hacer en este tipo de actuaciones en la ría de Vigo.



También hay una cuestión, desde el punto de vista de la biodiversidad...



La señora PRESIDENTA: Señora diputada, por favor, debe finalizar.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA:. está el tema del plan de usos que para nosotros es fundamental.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado para finalizar la pregunta.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): Simplemente quiero insistir en la idea de que hay distintos proyectos, algunos ya fueron objeto de declaración de impacto ambiental y se redujo después el tamaño de la
obra proyectada; otros son nuevos o incorporan actividades que requieren una evaluación nueva, como puede ser esta que incide en el dragado.



Para terminar le diré que, en efecto, el plan de usos requiere ser sometido a la evaluación de planes y programas.



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Por tanto, tendremos ocasión de intercambiar más información al respecto.



- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA BEGOÑA CHACÓN GUTIÉRREZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ESTATAL DEL
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.
(Número de expediente 181/002315.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, pregunta que formula la señora Chacón sobre previsiones acerca de la aprobación del Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad.



Tiene la palabra la señora Chacón.



La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Señora secretaria de Estado, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, establece en sus artículos 12 y 13 que ha de elaborarse el Plan estratégico estatal del patrimonio
natural y de la biodiversidad y que este será objeto de un proceso de valoración ambiental estratégica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio
ambiente. Corresponde a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, entre otras, la función de elaboración del Plan estratégico estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad y sus planes sectoriales. En la elaboración de
dicho plan participarán, asimismo, las comunidades autónomas a través de la Comisión estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad que lo elevará para su aprobación a la Conferencia sectorial de medio ambiente, como indica el propio artículo
13 de la Ley 42/2007 anteriormente mencionada.



El Boletín Oficial del Estado de 26 de mayo de 2009 publicaba la resolución por la que se inicia el periodo de consultas a las administraciones públicas afectadas y al público interesado en el procedimiento de evaluación ambiental del Plan
estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad y se acuerda, por razones de interés público y eficacia administrativa, proceder a su publicación. El periodo de consulta de este procedimiento, como usted bien sabe, terminaba el 30
junio del año 2009. El Boletín Oficial del Estado de 12 de enero de 2011 publicaba la resolución por la que se somete la versión preliminar del Plan estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad y su informe de sostenibilidad ambiental a un
periodo de información pública. El plazo para presentar observaciones, sugerencias y alegaciones se cerraba el 5 marzo del año 2011, una vez cumplido el periodo de cuarenta y cinco días hábiles establecido por resolución. Se supone que a día 22
marzo del año 2011 se están analizando las observaciones, sugerencias, alegaciones, a falta de publicar el Plan estratégico definitivo que pasará a ser informado por el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y que estará
aprobado en breve.



Señora secretaria de Estado, ¿qué previsiones tienen acerca de la aprobación del Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad?


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): En efecto, la Ley 42/2007 crea el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y fija su finalidad y los elementos que debe tener. Este Plan estratégico debe ser
aprobado por real decreto y es el instrumento de referencia para la planificación de la política de conservación de la biodiversidad en España, en su sentido más amplio. Usted ha comentado bien que el estudio que debe servir de base como informe de
sostenibilidad ambiental fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en mayo de 2010 y también en el Boletín Oficial del Estado de 12 de enero de 2011 se publicó el anuncio de la resolución por la que se somete la versión preliminar del Plan
estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad y su informe de sostenibilidad ambiental a un periodo de información pública de cuarenta y cinco días. Este trámite, dirigido tanto al público en general como a aquellas personas físicas o
jurídicas que se consideren interesadas, se realiza conforme a lo dispuesto tanto en la Ley del Patrimonio Natural como en la Ley de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.



Cerrada la fase de información pública muy recientemente, hemos recibido ciento veintisiete alegaciones y en este momento las estamos analizando.
Creemos que muestran un interés enorme por parte de los distintos interesados y que muestran
también unas oportunidades de mejora y enriquecimiento notable de dicho borrador. Entre otras, señalaría cuatro grandes cuestiones que queremos integrar en el borrador actual. Primero, una petición de afinar más el diagnóstico en relación con
algunas amenazas de la pérdida de biodiversidad; segundo, una mejor integración en las políticas sectoriales, básicamente en las que son competencia del ministerio, agua, pesca y agricultura, aunque no solo eso, dejando al menos reflejado en el
plan los planes sectoriales que debemos desarrollar; tercero, recoger acciones que sean competencia de las comunidades autónomas de cara a trabajar con las mismas en la Conferencia sectorial, dado que aunque sean competentes en estas acciones son
también sujetos clave en la detección de la pérdida de la biodiversidad y, por tanto, no pueden estar al margen; cuarto, comentarios en relación con las disposiciones presupuestarias. En este momento creemos que los próximos pasos nos deben
conducir a la aprobación


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definitiva de este real decreto consolidando el texto del plan estratégico y elaborando la memoria ambiental definitiva, incluyendo los informes preceptivos de la Comisión estatal del patrimonio natural y la biodiversidad y de la Conferencia
sectorial de medio ambiente, que seguro que nos ayudan a enriquecer aún más este borrador, remitiendo el texto para la adecuada gestión con arreglo a la ley del Gobierno y contando con lo que nos pueda aportar el Consejo de Estado en su informe.
Tras estos trámites, se procederá a la aprobación por real decreto del Consejo de Ministros. Nuestra intención es hacerlo antes de que acabe el año.



La señora PRESIDENTA: Señora Chacón.



La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Sin entrar a valorar el contenido del Plan estratégico, entiendo que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos que legalmente se autoimpone. En concreto, el artículo 13.4 de la Ley 42/2007 establecía un
plazo de dos años para aprobar el Plan estratégico: El plan será aprobado mediante real decreto en un plazo máximo de dos años, previo informe del Consejo estatal para el patrimonio natural y de la biodiversidad y debería ser revisado como máximo
cada seis años. Así lo decía. Eso es fácil de calcular, señora secretaria de Estado. Si la Ley fue aprobada el 13 de diciembre de 2007 el real decreto que desarrollara el Plan estratégico debería haber estado aprobado en diciembre de 2009.
También es cierto que no establecía ningún plazo para la creación de la Comisión estatal y fue el 14 de agosto de 2008 cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto en el que se determinan las funciones y la composición de la Comisión
estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad. La existencia de la comisión era necesaria para la elaboración del Plan estatal. Además, el Consejo estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad no se creaba hasta junio de 2009 y se
constituía en noviembre de ese mismo año. Los planes sectoriales que dependen del Plan estratégico deberían estar aprobados antes del año 2012. Lo cierto es que vemos que el Gobierno no cumple y esta diputada y mi grupo parlamentario pensamos que
esos plazos no se habrán cumplido en esa fecha.



La pregunta ha dado de sí lo que ha dado y esperemos que en esa fecha esté funcionando ese Plan estratégico.



La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Ribera Rodríguez): Agradezco especialmente el interés de su grupo parlamentario por la protección de la biodiversidad y el respeto a la legislación vigente.
Otra cosa hubiera ocurrido si
esto se hubiera aplicado también en situaciones parecidas en Castilla-León, como fue el supuesto de Meseta-ski o recientemente el de San Glorio, con respecto a la legislación básica en materia de protección de montes y biodiversidad y lucha contra
incendios. Nos hubiera gustado poder disponer de este plan en la fecha prevista en la ley, a sabiendas, por cierto, de que nos adelantamos a herramientas básicas que después en el concierto internacional se han incorporado como obligaciones en la
cumbre de Nagoya. Sin embargo, de nuevo nuestra opción fue ofrecer una visión integral y estratégica en esta materia, lo que nos ha llevado algo más de tiempo del inicialmente previsto. Contamos, insisto, con poder tener en vigor este real decreto
antes de fin de año y nos gustará también contar con el apoyo y el compromiso de las comunidades autónomas en este contexto, respaldando y haciendo suyas la aplicación y el desarrollo de las herramientas normativas y de gestión oportunas para la
protección de la biodiversidad en cada uno de los apartados y elementos transversales de las políticas sectoriales que aparecen recogidos en este Plan estratégico.



La señora PRESIDENTA: Finalizamos esta sesión dando especialmente las gracias a la señora secretaria de Estado por el esfuerzo que ha hecho para comparecer hoy en esta Comisión.



Se levanta la sesión.



Eran las once y veinte minutos de la mañana.