CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 721

POLÍTICA TERRITORIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO

Sesión núm. 16

celebrada el martes, 8 de marzo de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria de Estado para la Función Pública (Rumí Ibáñez), para informar sobre las líneas generales de la política que va a desarrollar en materia de Función Pública. A propuesta del Gobierno. (Número de
expediente 212/001157.) ... (Página 2)


Pregunta:


- Del diputado don Miguel Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre justificación del incremento en el personal eventual que muestra el último informe de la IGAE. (Número de expediente 181/003061.) ... href='#(Página21)'>(Página 21)

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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (RUMÍ IBÁÑEZ), PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA QUE VA A DESARROLLAR EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de
expediente 212/001157.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la celebración de la comparecencia de la secretaria de Estado para la Función Pública, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política que va a desarrollar en dicha materia.
Bienvenida, secretaria de Estado, a la Comisión de Política Territorial. Tiene la palabra.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Señor presidente, señoras y señores diputados, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Felicito a todas las mujeres, especialmente a las empleadas públicas. Este
Gobierno es un ejemplo de iniciativa en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Desde mi responsabilidad este ha sido sin duda un objeto de preocupación preferente, porque entiendo que la Administración pública debe ser espejo en el que
se miren otras organizaciones económicas o sociales. Los procesos selectivos de empleo público garantizan la igualdad de oportunidades. En este caso se percibe de manera nítida cuál es el rendimiento de las mujeres cuando las condiciones son
objetivas y para ello solamente daré un dato: hoy en día, el número de mujeres que presta servicio en el conjunto de las administraciones públicas supera el 52 por ciento. El I Plan de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General
del Estado, acordado con UGT, Comisiones Obreras y CSIF y aprobado el 28 de enero, tiene un objetivo claro: avanzar en la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la igualdad en el ámbito de la Administración General del Estado.
Necesitamos seguir progresando y pretendemos dar un nuevo impulso a las políticas de igualdad, por ejemplo, en el acceso de la mujer a puestos de decisión y de responsabilidad. La carrera profesional adquiere un valor estratégico, pues engloba las
oportunidades de ascenso y las expectativas de promoción profesional y es, por tanto, elemento fundamental que permite la participación en la toma de decisiones. No cabe duda de que para romper el techo de cristal debemos trazar una nueva forma de
cooperación, de compromiso entre hombres y mujeres; debemos conseguir la corresponsabilidad, el reparto equilibrado de responsabilidades entre ambos sexos en la vida profesional y en la privada. Desde luego, reconociendo que aún falta para un
pleno equilibrio en el ámbito político, económico y social, lo cierto es que hoy lo tenemos mucho más cerca y, por tanto, es una meta más visible que hace tan solo siete años y que nos acerca a lo que yo personalmente aspiro de una manera ansiosa:
que a este día 8 de marzo se le descargue de su significado actual, es decir, que pase de ser un día reivindicativo de la igualdad a ser un día conmemorativo.



Señor presidente, señorías, esta es la primera ocasión en que comparezco ante la Comisión de Política Territorial -espero que dentro de poco Política Territorial y Administración Pública-. Como saben, aunque hace ya un año desde que asumí
la actual secretaría de Estado, ha habido tres comparecencias sobre esta materia: dos de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega y la última, en diciembre, del vicepresidente Manuel Chaves, en las que han tenido oportunidad de recibir
cumplida información por parte del Gobierno. Sitúo, por tanto, mi comparecencia como continuación de las que acabo de referir, pues a pesar de los cambios existe una continuidad en las políticas de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
materias de las que, por supuesto, daré cuenta a lo largo de mi intervención.



Antes de abordar los contenidos, comenzaré por expresarles dos puntos de partida, dos condicionantes sin los que es imposible entender las líneas de actuación. En primer lugar, hemos sufrido, con los países desarrollados, lo que muchos
consideran la crisis económica más profunda desde 1929. La necesidad de ajustar el presupuesto para reducir el déficit público ha obligado a todos los gobiernos a modificar planes y a realizar ajustes drásticos, incluidas las mayores economías de
la Unión Europea. Todos, sin excepción, han aplicado recortes de gasto que han afectado a la Administración y a los empleados públicos y en no pocos se han desarrollado medidas para prescindir de decenas de miles de esos empleos. A ningún
responsable político le resulta grato verse obligado a bajar los salarios de los empleados públicos ni a aplicar recortes presupuestarios en sus propias actuaciones, pero si las medidas responden a evitar un mal mayor pueden ser comprendidas, como
creo que lo han sido por una gran parte de la población. Aunque en el último año me he visto obligada a gestionar una coyuntura de enorme complejidad, creo que hay motivos para creer que las dificultades pueden resolverse de forma satisfactoria.
El primero es el altísimo grado de responsabilidad de los empleados públicos, factor determinante para que los servicios públicos se sigan prestando sin merma de la eficacia. El segundo es que los objetivos de reducción del déficit se han cumplido
y, por tanto, los sacrificios están sirviendo para dotar a nuestro país de la credibilidad y de la confianza necesarias para superar la crisis. Creo honestamente que para ambas cuestiones resultan decisivos los aciertos del Gobierno, tanto por los
cimientos sólidos que se desarrollaron cuando la situación era propicia como por los que han respondido a la gestión de la crisis.
Porque si bien el recorte de salario ha disminuido el poder adquisitivo de los empleados públicos, no es menos cierto
que durante el periodo 2005-2009 se produjo una recuperación del 4,65 por ciento, mientras que, por ejemplo, durante el periodo 1996-2004 disminuyó el poder adquisitivo


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en un 5,33 por ciento, o las importantes inversiones que se han realizado en ejercicios anteriores en Administración electrónica nos otorgan hoy una capacidad de maniobra suficiente para gestionar los servicios públicos contando con menos
recursos. Por tanto, como primer punto de partida que condiciona la gestión tenemos el de una crisis que ha obligado a tomar medidas de choque, a replantear prioridades y a innovar en soluciones.



El segundo punto de partida es un presupuesto ideológico y tiene que ver con el modelo de Estado de bienestar, íntimamente conectado con el papel del sector público. Ya hace décadas tomaron nuevos bríos los movimientos neoliberales, cuya
receta ante cualquier crisis es la dieta de adelgazamiento del Estado de bienestar. Su remedio para todos los males es disminuir la intervención de la Administración, singularmente las prestaciones sociales, y que el mercado y lo privado dejen cada
vez menos espacio a lo público. Señorías, no estamos hablando de modelos de gestión, sino de diferencias esenciales sobre el papel del Estado, y existen no pocos ejemplos de gobiernos que bajo la premisa del ahorro lo único que han efectuado han
sido contracciones y privatizaciones de servicios públicos, reduciendo tanto su cantidad como su calidad. Debo dejar claro, por tanto, que la defensa de este Gobierno por el Estado de bienestar es clarísima, y la Administración es el instrumento
para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La democracia se fortalece y se amplía contando con unos servicios que son de todos y para todos, y por tanto partimos de que la Administración pública ha de ser lo suficientemente
robusta como para garantizar todos los derechos individuales y sociales. Sin abandonar la finalidad de una Administración que debe garantizar unas cotas de servicios públicos como las que acabo de señalar, el reto que se plantea, sobre todo en una
coyuntura de contracción presupuestaria, es la optimización de la gestión. Por consiguiente, mi segundo punto de partida es la defensa de un estado y una administración garantes de derechos que han de actuar con la máxima austeridad y con la máxima
eficiencia.



Señoras y señores diputados, con estos dos puntos de partida voy a intentar sintetizar el recorrido de la secretaría de Estado, que pasa por el constante impulso de la reforma en la Administración. Como primer bloque abordaré las cuestiones
relacionadas con la Función pública, una materia que, como saben, ha estado sujeta directa e indirectamente a las necesidades de actuación en la lucha por compensar las cuentas públicas.
Si me lo permiten, diría que existen dos órdenes de actuación
en materia de empleo público: por un lado, el que se relaciona con las medidas que tienen su vinculación en la lucha contra el déficit y, por otro, aquellas cuestiones vinculadas a la regulación del empleo público en su vertiente de desarrollo del
estatuto básico. Como medida económica de mayor impacto en los últimos meses se ha adoptado la ya conocida reducción del 5 por ciento de media de retribuciones en términos anuales para el año 2010 y la congelación de las retribuciones para el
presente ejercicio. Junto con ella se ha producido una contención de efectivos tanto en la oferta de empleo público del año 2010 como en la recientemente aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de febrero para 2011. En ambas se limitan las
tasas de reposición al 10 por ciento. Para el año 2011 se ha establecido una única excepción referida al personal de los cuerpos de funcionarios docentes y a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, cuantificándola en el 30 por ciento.
Asimismo, se ha limitado la contratación de personal temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos excepcionales y exclusivamente para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Esto último
ya estaba también reflejado en el año 2000.
Como resultado de todas estas medidas se ha producido ya una importante reducción del 34 por ciento en el uso de la contratación temporal. La adopción de estas medidas es, a mi juicio, un ejercicio de
responsabilidad del Gobierno que ha supuesto, evidentemente, un paréntesis en el proceso de diálogo con las organizaciones sindicales. A pesar de todo, les aseguro -lo han escuchado en varias ocasiones- que ninguna de estas actuaciones ha afectado
a la apuesta prioritaria del Gobierno por el diálogo social y por la negociación como forma de abordar el desarrollo en este ámbito. En estos momentos el escenario es diferente, las perspectivas han cambiado sustancialmente y lo han hecho como
consecuencia del acuerdo con los agentes sociales para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones. No necesito poner en valor un acuerdo histórico que además muchos daban por imposible pero que ha visto la luz gracias a organizaciones
y dirigentes responsables que piensan, ante todo, en el beneficio de nuestro país. La reanudación del diálogo con las organizaciones sindicales de la Función pública es en este acuerdo un mandato expreso, un mandato para dialogar en materia de
clases pasivas, en materia de desarrollo del Estatuto del empleado público y en materia de evaluación de los acuerdos alcanzados en 2009. No crean que hemos perdido un minuto en esta tarea. El Plan de igualdad, con el que he comenzado mi
exposición, es un claro exponente. Sin ánimo exhaustivo, les diré que se ha constituido el Observatorio del empleo público, se está desarrollando la negociación en torno a la agenda de trabajo acordada con las organizaciones sindicales, se están
realizando las elecciones sindicales, el régimen disciplinario del personal laboral en el exterior, el diálogo en relación con la adaptación normativa del convenio único y todo lo relativo a órganos de selección, permiso de paternidad o régimen
disciplinario.



Por su parte, el desarrollo del Estatuto básico del empleado público, en lo que se refiere a la ley de Función pública de la Administración General del Estado, está pendiente, pero, desde mi punto de vista, cualquier regulación del calado de
esta carece de viabilidad sin un proceso de diálogo suficiente para medir las consecuencias y valorar en profundidad la envergadura de las mismas, y diálogo no únicamente con las organizaciones


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sindicales, sino también con todos los sectores interesados, profesionales, académicos y políticos. Deducirán de esta explicación que las circunstancias de estos meses no han permitido abordar, como era nuestra intención, un proyecto de ley
de Función pública de la Administración General del Estado para que fuera aprobado en esta legislatura. Aunque no daré por cerrada esta posibilidad, creo que teniendo en cuenta los tiempos necesarios para desarrollar un diálogo en profundidad y los
plazos parlamentarios, ciertamente reviste alguna dificultad. Pueden estar seguros de que no hemos renunciado a abordar en la mesa de negociación los desarrollos propios del contenido de la ley como la carrera profesional, la evaluación del
desempeño o la función directiva. Mi convicción es que tanto con el horizonte de un desarrollo legal como con otras concreciones viables es posible entablar conversaciones fructíferas que nos ayuden a avanzar en la definición de modelos, en la
acumulación de experiencia y en la concreción de actuaciones que servirán para seguir avanzando en la reforma. Como ejemplo les diré que ya se están desarrollando experiencias piloto en evaluación del desempeño dentro de la Administración General
del Estado.
Hemos desarrollado un plan de actuación en esta materia para extender y coordinar la experiencia piloto en los ámbitos de ministerios, de modo que podamos generar un bagaje que resulte de utilidad a la hora de evaluar su posterior
regulación.



Señorías, las medidas de reforma del empleo público en estas materias son necesarias y lo son a medio y a largo plazo, como otras a las que me referiré más adelante. Todas ellas son necesarias para construir la Administración adecuada que
todos queremos. Sin embargo, quiero dejar claro que el marco regulatorio vigente no ha impedido que los empleados públicos sean, hoy por hoy, el sostén fundamental de la Administración y el principal motivo por el que considero que existe una
apreciable calidad en los servicios públicos que no se ha visto resentida. No solo realizo un reconocimiento sincero de su valía profesional, también lo hago de su compromiso con el trabajo que desempeñan, porque en todos los ámbitos en los que he
tenido responsabilidad he comprobado que la vocación y la conciencia de que su tarea es esencial para la ciudadanía se sitúan por encima de cualquier otra dificultad. Por tanto, les transmito sinceramente mi convencimiento de que los empleados
públicos no solo son conscientes de la necesidad de abordar reformas desde la perspectiva de mejorar la organización, sino que esperan nuevas regulaciones que mejoren su relación profesional con la Administración, que aumenten su motivación, las
expectativas de su carrera, la evaluación, el reconocimiento de su labor y su rendimiento o la flexibilidad en el horario que haga más fácil la conciliación; en síntesis, todas las fórmulas que sean capaces de mejorar la eficiencia del capital
humano, respetando por supuesto y en todo caso las garantías judiciales del empleado público que eviten cualquier tentación de arbitrariedad por quienes lo dirigen. Como saben, yo misma soy funcionaria de enseñanza y me relaciono no solo con los
representantes sindicales sino también con muchos funcionarios en el día a día, y en todos existe una coincidencia en que las reformas son necesarias y deben ser graduales pero constantes. Para alcanzar las finalidades expuestas existen diferentes
caminos, y ahí es donde debe hacerse un diagnóstico correcto de los problemas o de las mejoras pendientes y establecer unos instrumentos que sean válidos tanto para los dirigentes como para los trabajadores, pues en otro caso las medidas estarían
condenadas al fracaso. Insisto en que no nos hemos detenido un momento, estamos desarrollando experiencias que evaluaremos y estamos en contacto con las organizaciones sindicales, y espero que haya resultados próximamente.



Siguiendo con la calidad profesional del empleado público, existe una necesidad de capacitación que se ha producido gracias a los sistemas de acceso a la carrera, pero también por la formación que se pone a su disposición y que permite la
puesta al día permanente de sus conocimientos para desempeñar mejor su labor. Y la formación me lleva directamente, señorías, a hablar de uno de los dos organismos autónomos dependientes de esta secretaría de Estado, el Instituto Nacional de
Administración Pública. En la actualidad, las funciones principales, que voy a reseñar, que desarrolla el INAP son la selección de funcionarios y su formación. El INAP se encarga de la que corresponde a la Administración General del Estado, pero
también colabora con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales y tiene también una vertiente que da formación a funcionarios de otros países, especialmente de Iberoamérica. Se articula a través de una amplia oferta de cursos tanto
presenciales como on line. Sus contenidos abarcan desde la dirección y gerencia pública, la política pública, la gestión y apoyo administrativo, pasando por la tecnología de la información y las comunicaciones, junto con el aprendizaje de idiomas.
Estamos poniendo un especial énfasis en lo relacionado con la Administración electrónica, lo que evitará un riesgo del que ya advertía un vicepresidente norteamericano, que es contar para la era de la información y las comunicaciones con una
burocracia de la era industrial. Me van a permitir dos apuntes significativos sobre la intensa actividad desarrollada por el INAP en el año 2010. Se impartieron más de 51.000 horas lectivas, de las cuales más de 7.500 fueron en la modalidad de
teleinformación on line.
Tuvo prácticamente 25.000 alumnos, de los cuales unos 9.000 lo hicieron en esta modalidad de teleinformación on line. Por tanto, nos adaptamos y formamos para dar una mejor respuesta a lo que sin duda es la modernización
de nuestra Administración, que es todo lo que tiene que ver con los medios telemáticos y con el servicio y el canal electrónico. Como saben, la formación para el empleo de las administraciones públicas es un deber y un derecho de los empleados
públicos. De su éxito depende no solo la promoción y el desarrollo profesional sino también la


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eficacia y eficiencia de la organización administrativa y la calidad de los servicios que presta. Por eso constituye un compromiso del Gobierno potenciar esa calidad, el alcance de la formación continua y el reciclaje profesional como medio
para alcanzar altos niveles de eficacia y calidad en la prestación del servicio público a los ciudadanos y la modernización de las administraciones públicas. Como otra muestra de la atención a estos aspectos, les traslado que en 2010 se suscribió
un nuevo acuerdo, el acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas, consensuado en el seno de la Comisión general para la formación continua.
Este acuerdo entró en vigor el 1 de enero de este año, contiene medidas orientadas
a la mejora en la eficacia de la gestión y un nuevo enfoque que hará posible un mejor tratamiento de los planes interadministrativos.
La formación es un elemento indisociable para la calidad en el servicio público, tanto para el servicio público
presente como para el futuro.



Señoras y señores diputados, como segundo bloque de materias me voy a referir a las relacionadas con la organización administrativa, donde se está produciendo un esfuerzo de racionalización de estructuras que se desarrolla en varias fases.
Con el objetivo de conseguir disminuciones significativas en los gastos de personal y de funcionamiento, el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2010 un acuerdo sobre racionalización de estructuras en la Administración General del Estado que
implicaba la reducción de altos cargos y la reordenación del sector público empresarial. El acuerdo se complementó con cuatros reales decretos posteriores que reestructuraron los distintos departamentos ministeriales y modificaron la estructura de
la Presidencia del Gobierno. En el mes de octubre se procedió a la remodelación del Gobierno, con la supresión de los ministerios de Igualdad y de Vivienda. Como consecuencia de todo ello ha habido una reducción de altos cargos de más del 12 por
ciento.
Paralelamente, la racionalización de estructuras está suponiendo una reducción significativa del número de subdirecciones generales. Hasta la fecha se han suprimido 38 órganos con nivel de subdirección general y seguiremos trabajando en
las próximas semanas con la aprobación de reales decretos de estructura del resto de departamentos ministeriales. Pero la racionalización no solo afecta a la organización interna, es sobre todo un importante esfuerzo dirigido a mejorar la calidad
de nuestro marco normativo y a reducir las cargas administrativas. En el entorno globalizado nos corresponde asegurar un marco normativo estable y adaptado a las necesidades de nuestras empresas y ciudadanos, que contribuya a mejorar la
competitividad de nuestro tejido empresarial y a simplificar sus relaciones con las distintas administraciones públicas.
Es, por tanto, esencial disponer de una normativa adecuada si queremos alcanzar los objetivos ambiciosos de un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, definido en la estrategia Europa 2020. El desarrollo de nuestra estrategia desde la aprobación del programa nacional de reformas de 2005 se ha producido en torno a tres prioridades: reducción de cargas,
análisis del impacto normativo y coordinación entre todas las administraciones públicas. El presidente del Gobierno anunció en su discurso de investidura el compromiso de reducir las cargas administrativas para las empresas en un 30 por ciento en
el horizonte del año 2012. Este compromiso es 5 puntos superior al adoptado por la Unión Europea y supondrá alcanzar una cifra en torno a 15.000 millones de euros de disminución en los costes de funcionamiento de las empresas españolas, sin contar
con el ahorro que supone también en la gestión de la Administración. De este compromiso, una tercera parte del esfuerzo corresponde al resto de las administraciones, es decir, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. El 23 de
diciembre de 2010 se aprobó el cuarto acuerdo del Consejo de Ministros sobre reducción de cargas administrativas, y con ello acumulamos ya un ahorro estimado de más de 4.300 millones de euros. El próximo acuerdo, en el que ya estamos trabajando, se
centrará en la ciudadanía. Les adelanto que, entre otras cuestiones, contendrá medidas dirigidas a agilizar tramitaciones de gran impacto, como por ejemplo las relacionadas con los hechos vitales del nacimiento y la defunción. Pretendemos con esto
que la Seguridad Social, por poner también un ejemplo, se dirija al ciudadano para ofrecerle las prestaciones correspondientes sin necesidad de solicitud previa. Nuestra intención, por tanto, señorías, es la de intensificar los esfuerzos para
alcanzar los objetivos, algo que está a nuestro alcance a medida que se intensifique el uso de la Administración electrónica.



Por otro lado quiero mencionar que la reducción de cargas será aún más efectiva si se realiza como criterio de partida en la elaboración de las normas, evitando la imposición de nuevas obligaciones innecesarias. Los análisis de impacto
normativo están permitiendo evaluar de manera integrada y desde una perspectiva global la adecuación de la norma a la necesidad social que se trata de colmar. La política de mejora de la regulación dio un importante paso en el año 2009 con el real
decreto por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, que permite reunir en una sola memoria los análisis de oportunidad y la memoria sobre el impacto económico y de género, con lo que contribuimos a detectar y eliminar de raíz
cualquier impedimento innecesario, y provoca además la elaboración de normas más claras, con una aplicación menos costosa y más eficaz.



Como último aspecto de este bloque quiero mencionar el grado positivo de colaboración de todas las comunidades autónomas. A principios de este mes de marzo todas las comunidades han empezado a realizar una contabilización armonizada de la
reducción de las cargas que están afectando en sus ámbitos de competencia, lo que dará como consecuencia que durante los próximos meses podamos tener un baremo actualizado de su contribución al objetivo global.



Señorías, el tercer bloque de mi exposición es el de la Administración electrónica. La secretaría de Estado que


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dirijo tiene actualmente en la Administración electrónica uno de sus principales pilares de actuación. Las nuevas tecnologías son hoy un motor de cambio constante, una oportunidad estratégica para el desarrollo que requiere el compromiso de
todos y, por supuesto, también de la Administración. La Administración electrónica ha experimentado un gran avance durante los últimos años. Estamos razonablemente satisfechos de los resultados, pero por supuesto continuamos esforzándonos para que
el acceso de los ciudadanos y de las empresas a los servicios electrónicos sea cada vez más universal y más cotidiano. Las inversiones y los importantes avances de los últimos años han hecho posible que España sea hoy un referente en la
Administración electrónica, reconocida por instancias como la Organización de Naciones Unidas o la Unión Europea.
Según el informe que elabora periódicamente la ONU somos el país que más hemos avanzado en un año. Hoy ocupamos el noveno puesto
mundial en Administración electrónica y el quinto en el ranquin europeo. Red Trabaja, la ventanilla única de la Directiva de Servicios, ha sido recientemente reconocida por la Comisión Europea como ejemplo de buenas prácticas. Es por tanto un
instrumento muy apropiado para afrontar dos de los principales retos a los que nos enfrentamos en la actual coyuntura económica, creación de empleo y fomento del tejido empresarial.



La Ley de Acceso a los Servicios Electrónicos, aprobada en el año 2007, instauró el derecho a la relación electrónica del ciudadano con la Administración. Hoy todos los trámites y gestiones ante la Administración General del Estado pueden
iniciarse a través de soporte electrónico, y el 99 por ciento pueden realizarse de principio a fin. Otra muestra del avance que hemos experimentado en la Administración electrónica tiene que ver con el número de personas que tenemos un certificado
electrónico en el bolsillo, es decir, con más de 21 millones de españoles que disponen ya de un DNI electrónico, un documento que, junto con el resto de certificados existentes, permite acceder y utilizar los servicios públicos electrónicos de una
manera segura y personificada. El potencial del DNI electrónico es de indudable alcance, y es un potencial que además pretendemos aprovechar. Para ello creemos que es de vital importancia ejercer una labor pedagógica sobre las posibilidades
actuales que ofrece la Administración electrónica. Estamos convencidos de que un mayor y mejor conocimiento por parte de los ciudadano, no solo del DNI electrónico sino de todos los servicios que el ciudadano tiene a su disposición, contribuirá a
ampliar significativamente el uso de los mismos. Si lo conseguimos, señorías, estaremos avanzando en modernidad, en eficacia y en agilidad, permitiendo al mismo tiempo cuantiosos ahorros a las empresas y a los ciudadanos.



Los datos de uso de los servicios electrónicos reflejan en general un nivel muy similar a la media de nuestros socios comunitarios y, sin embargo, tienen un nivel muy superior a la media comunitaria por parte de nuestros jóvenes. Por tanto,
tenemos que trabajar para romper esa brecha digital. Lo cierto es que en este momento se realizan ya más trámites por medios electrónicos que presenciales con la Administración General del Estado. Más del 50 por ciento de la tramitación total que
efectúan los ciudadanos se hace a través de esta vía, y alrededor del 80 por ciento de la que realizan las empresas se hace a través del canal electrónico. Por supuesto, aún queda camino por recorrer, y precisamente porque somos conscientes de ello
nos hemos marcado un objetivo, ampliar el uso de los servicios electrónicos, no solo para romper esa brecha digital, sino porque tenemos muy claro que teniendo las infraestructuras, teniendo todo el soporte, el objetivo es la difusión y el uso,
porque es en el uso donde está el ahorro. Dentro de ese objetivo se enmarca la campaña de difusión que tuve la oportunidad de presentar ayer mismo ante la prensa; una campaña para dar a conocer veinte servicios electrónicos, para acercarlos a los
ciudadanos y para que estos comprueben que son muchas las tramitaciones que pueden llevarse a cabo de forma electrónica, de tal forma que puedan hacerlo de manera más rápida, más cómoda, más barata y sin desplazamiento. El ahorro potencial del uso
intensivo de estos veinte servicios podría generar una reducción de costes valorada en más de 3.500 millones de euros. Para llegar a esta cantidad hemos aplicado el modelo de costes estándar, basado en la metodología de la Unión Europea y
consensuado para su aplicación en España con todas las administraciones.



La ventaja de haber desarrollado la Administración electrónica hasta los niveles actuales es que ahora ese desarrollo puede soportar una demanda y un uso cada vez mayor de los servicios en línea. Cada incremento de uso de los servicios,
además de sumar ahorros, como ya he dicho, nos situará en el ideal del círculo virtuoso donde se facilite la incorporación de mejoras que a su vez lo hagan más sencillo y, por lo tanto, más atractivo. La Unión Europea promueve la necesidad de que
las administraciones públicas se impliquen activamente no solo en el desarrollo del servicio electrónico, sino en darlo a conocer a la sociedad y realizar campañas para su difusión con el objeto de incrementar la demanda en la sociedad. En
consonancia con estas directrices, el Gobierno quiere hacer de la universalización de la Administración electrónica un factor prioritario para la modernización de nuestras administraciones públicas.



He mencionado antes, señorías, que las grandes infraestructuras de la Administración electrónica ya están a disposición. Ello ha sido posible porque se ha hecho una importante inversión presupuestaria a lo largo de ejercicios anteriores, y
a su vez supone una garantía a la hora de mantener el nivel de calidad y de servicio en una época de austeridad como la que vivimos ahora. Esto nos va a permitir seguir dando de una manera óptima ese servicio. Por tanto, ahora afrontamos una nueva
etapa con nuevas prioridades dirigidas a la difusión y al uso de los servicios electrónicos por parte de la ciudadanía. Igualmente, la necesaria cooperación y colaboración con el resto de las administraciones que nos demanda la


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sociedad está dando buenos resultados. El uso de infraestructuras comunes puestas a disposición de comunidades autónomas y de ayuntamientos sin ningún coste para ellas es una fórmula en la que queremos seguir profundizando, ya que nos
permite avanzar en eficacia y en simplificación técnica. Estamos construyendo, por tanto, una Administración abierta las 24 horas del día, los 365 días del año; una Administración sin costuras, interoperable entre los ámbitos local, autonómico y
estatal; una Administración cada vez más moderna, más eficaz y más eficiente. Como ejemplo de algunas de estas infraestructuras comunes a las que acabo de referirme están la red de comunicación interadministrativa, la red SARA, un sistema de
validación de certificados y firmas electrónicas o un sistema de intercambio de datos para evitar que el ciudadano tenga que aportar documentación que ya obra en poder de alguna de las administraciones. Otro ejemplo de cooperación entre
administraciones que también se promueve desde la secretaría de Estado de este ministerio es el programa de ventanilla única empresarial, un servicio en el que colaboran las cámaras de comercio y cuya función primordial es facilitar la tramitación
para la creación de empresas de una forma sencilla en un único lugar. Tenemos ya ventanillas únicas empresariales en quince comunidades autónomas y en las dos ciudades con Estatuto de Autonomía. A través de este programa son más de 80.000 las
empresas creadas. Estuve esta misma semana en Santander, donde una vez más el ejemplo de esa colaboración fue claro: Administración central, Gobierno cántabro, Ayuntamiento de Santander y cámaras de comercio.



No quiero concluir esta parte de mi intervención sin señalar que ha llegado el momento de marcarnos nuevos desafíos. En consonancia con la agenda de la Unión Europea estamos trabajando en el plan de la Administración General del Estado en
Administración electrónica para el quinquenio 2011-2015, un periodo que seguirá siendo decisivo para continuar adquiriendo mayor eficacia en las administraciones a través de la tecnología.



Me refiero a continuación al segundo organismo autónomo adscrito a la secretaría de Estado, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface. Su objetivo es garantizar y gestionar las prestaciones sanitarias y sociales de
los funcionarios de los cuerpos civiles estatales. Muface atiende a un colectivo de más de 1.500.000 mutualistas beneficiarios, lo que por su volumen supondría el equivalente a la décima comunidad autónoma de España. Soy consciente de que en el
ámbito de Muface ha tenido una intensa repercusión en los medios el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. La norma ha
establecido la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de los funcionarios públicos a partir del 1 de enero de 2011, y sobre su alcance me gustaría dejar clara alguna cuestión. El personal que acceda a la condición de funcionario de
carrera o haya sido nombrado funcionario en prácticas a partir del 1 de enero de 2011 quedará encuadrado en el régimen general de la Seguridad Social a los solos efectos de las pensiones, a los solos efectos de clases pasivas. Permítanme que lo
remarque, pero a veces se confunde hasta lo que está claro; esto no ha de tener ninguna confusión. El decreto-ley no modifica absolutamente en nada el régimen de asistencia sanitaria de las mutualidades administrativas, ni para los funcionarios en
activo en estos momentos ni para los que se incorporen.



Dicho esto -y espero que ya no haya ningún tipo de dudas sobre el particular-, me remito de nuevo a las principales labores que realiza Muface. Presta atención sanitaria a mutualistas beneficiarios en territorio nacional a través de
conciertos suscritos con entidades de seguro libre y por los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas. La vigencia del concierto actual finaliza el 31 de diciembre y estamos ya trabajando en el diseño del próximo, y lo hacemos en la
línea de la modernización de la gestión y de la garantía del ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria de calidad. Pero quiero destacar también las principales actuaciones que se han llevado a cabo en Muface en este último periodo dentro de
ese esfuerzo de modernización en el que estamos empeñados. Se ha reforzado la colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con la participación en los órganos del Consejo Interterritorial de Salud; se ha implantado la
prescripción informatizada de las recetas farmacéuticas, la historia de salud digital y la interoperabilidad de datos de nuestros pacientes; se ha firmado el concierto de asistencia sanitaria para destinados o residentes en el extranjero, y se ha
firmado el concierto para la prestación farmacéutica con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, sustituyendo al anterior, que por cierto era de 1989. Este concierto supone la equiparación con los conciertos suscritos por la
Organización Farmacéutica con los servicios autonómicos de salud, posibilitando así la interconexión integral de ambos modelos sanitarios y la asunción de nuevos retos, como la receta informatizada y la facturación electrónica.
Se contempla también
de manera especial la protección a las mujeres funcionarias a través de la nueva configuración de la protección por Muface en las situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. Se ha puesto ya en marcha la tarjeta sanitaria
europea, que otorga el derecho a los mutualistas a hacer uso de los sistemas de salud pública en sus desplazamientos temporales dentro del espacio europeo en las mismas condiciones que los habitantes del país de que se trate. Por tanto, creo que,
aunque sea de manera resumida, se pone en valor el esfuerzo que durante estos últimos meses se ha hecho, no solo por buscar la eficacia en Muface, sino por dar un servicio de calidad y modernizar todos y cada uno de los ámbitos que nos permiten
hablar también de la Administración electrónica en este organismo autónomo.



La Administración española está experimentando cambios de gran calado que sin duda caminan en la dirección de un más fácil acceso, mayor eficiencia y


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mejor servicio. Más allá de las distintas y legítimas posiciones, de las críticas partidistas o de las controversias políticas, podemos compartir que nuestras administraciones han sido capaces de soportar en los últimos años un importante
incremento de la población del país y sin embargo, lejos de ver mermadas sus capacidades de servicio, las han incrementado y reforzado. Es un éxito colectivo que a todos nos debiera satisfacer.
Vivimos ahora un momento de marcadas restricciones
presupuestarias, pero las hemos asumido sin poner en riesgo la capacidad prestadora de servicios de las administraciones. Permítanme que subraye que este Gobierno ha priorizado la garantía de funcionamiento de los servicios públicos para que la
atención y los derechos de los ciudadanos estén plenamente garantizados. Esto ha sido posible por una opción política evidente, alejada de otras que sin más pretenden arrancar de raíz estructuras esenciales de un Estado social como el nuestro, y
también por una coherencia en los criterios de esfuerzo de austeridad, concentrados en aquellas áreas de gasto que así lo permitían. Sería un error confundir austeridad con parálisis, porque la modernización y las reformas no se van a ver
interrumpidas. Seguiremos avanzando porque depende en mayor medida de la voluntad política que de la disposición de un caudal enorme de recursos. Por supuesto, los recursos son importantes, pero las inversiones de los últimos años garantizan para
los próximos la continuidad del impulso modernizador que se está acometiendo. Junto a ello me atrevo a sugerir como deseable, y desde luego como muy positivo, que la cooperación entre administraciones, que es muy satisfactoria, como he dicho antes,
se reflejase también en un diálogo político constructivo para afrontar los cambios que precisa nuestra Administración en un futuro inmediato.



Termino reafirmando nuestra firme voluntad política de continuar con las reformas que modernicen la Administración, que la hagan motor de progreso; reformas para dar mejores servicios a una ciudadanía cada vez más exigente. Nuestro reto es
el de vertebrar una Administración austera y eficiente, donde los recursos humanos se dimensionen se forma adecuada a las necesidades y donde la estructura organizativa, las herramientas de gestión y las tecnologías de la información, empleadas
estas hasta el límite de su capacidad, permitan aumentar la productividad de los presupuestos disponibles. Esta es, a mi juicio, la Administración que requiere el siglo xxi.



El señor PRESIDENTE: Comienza el turno de intervenciones, por tiempo de diez minutos. Tiene la palabra en primer lugar el señor Canet Coma por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor CANET COMA: Brevemente. Quiero agradecer a la secretaria de Estado su comparecencia, decirle que comparto bastantes de los argumentos que ha expuesto y en particular quiero reconocer -porque creo que es de justicia- el salto de
calidad que se ha dado en la Administración electrónica. La secretaria de Estado ha hablado de los veinte servicios básicos y es evidente que en línea se pueden hacer ya una cifra muy elevada; a lo mejor un poco menos del 99 por ciento del que ha
hablado ella, pero en cualquier caso la cifra es muy elevada. Esto permite un aumento seguramente del 15 por ciento respecto al año anterior y el octavo lugar entre los países más desarrollados de Europa. En ese sentido, creo que la felicitación
que ella se ha hecho a sí misma y al Gobierno se puede compartir; en general es un logro de todos los ciudadanos y, en ese sentido, insisto en la felicitación.



Quiero hacer una segunda apreciación, que seguramente no tiene que ver con lo que ha planteado. Aprovechando que al principio de su intervención ha contextualizado hablando de que en algunos casos algunos gobiernos han prescindido de
trabajadores de la Función pública o de que se ha comprendido la necesidad de bajar los salarios para evitar males mayores, quisiera saber -una pregunta reiterada por nuestro grupo y por otros grupos en diferentes órganos del Congreso- qué opinión
le merece una situación a veces complicada de explicar como es que con determinados ministerios con las competencias traspasadas a las comunidades autónomas -los más citados suelen ser Cultura, Sanidad, Vivienda-, con ministerios prácticamente
vaciados de competencias por traspaso a las comunidades autónomas, no haya una posibilidad de racionalizar la Administración, si es que se considera así.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría por el Grupo del PNV.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora secretaria de Estado, espero que no me traicione el subconsciente y le plantee los problemas atinentes a la extranjería y a los menores no acompañados. La verdad es que últimamente, con tantos movimientos y
rotaciones en el Gobierno, la identificación o la visualización de ciertas caras a veces provoca ciertos problemas de ubicación intelectual. Pero vamos a dedicarnos a aquello para lo que estamos aquí ambos en este momento, porque los dos hemos
compartido la otra responsabilidad en tiempos pretéritos y veremos lo que nos depara el futuro a todos.



Señora secretaria de Estado, quizá es un tanto repetitiva -permítame la expresión- o sobreabundante en sus explicaciones porque son muy coincidentes con las comparecencias que usted misma ha citado y que se realizaron en su día por la
anterior vicepresidenta primera del Gobierno y por el señor Chaves. En definitiva, lo que se acredita aquí es que no existe calendario legislativo pendiente por parte del ministerio que usted representa en relación a la Función pública porque todo
se legisló en este ministerio cuando estaba bajo la responsabilidad de don Jordi Sevilla, que fue cuando se aprobaron la Ley de Agencias, la Ley de Administración Electrónica, el Estatuto del Empleado Público y casi


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coetáneamente o poco después la estrategia europea para 2020; todo lo que en este momento están desarrollando ustedes, con eficiencia -yo también comparto las felicitaciones que han sido preconizadas por usted y por el señor Canet-; con la
cronología y eficiencia adecuadas. No obstante lo cual, hago un comentario, obiter dicta, rápido. Usted ha hecho una serie de invocaciones que hacen referencia a la efemérides o a la simbología del día que hoy celebramos y ha puesto de relieve los
logros conseguidos, que usted misma cree, y yo comparto la opinión, que son insuficientes todavía en relación con el acceso de la mujer, sobre todo a puestos de responsabilidad. Lo que pasa es que en el decurso de sus explicaciones no he visto
ningún aumento de los distintos planes o ítems de actuación del ministerio que usted representa, ninguna actuación específica relativa a la mejora de la carrera administrativa o profesional de las mujeres en el seno de la Función pública. No sé si
es porque no existen planes específicos en el seno del ministerio que usted en este momento está representando o porque no consideran que sea específicamente necesario establecer alguna medida de actuación concreta, de cuya pormenorización son
ustedes responsables en este momento. Esa sería la primera cuestión y me llamaba la atención sobre todo por la apología y la relevancia de la mujer, particularmente en el seno de la política y de la Administración también. Son reflexiones que mi
grupo comparte, pero que no se cohonestan con la falta o la ausencia posterior de medidas específicas para potenciar aún más esta presencia de la mujer y las posibilidades de acentuar o garantizar su carrera profesional en el seno de la
Administración.



En segundo lugar, señora secretaria de Estado, ha hecho referencias a los porcentajes de reposición de funcionarios y ha explicitado dos excepciones, que tengo que recordar que hacen referencia a la educación y a la Administración local, a
municipios de menos de 20.000 habitantes. La reposición se me escapa por qué razones tiene que ser homogénea en relación a todos los ministerios o si, dicho de otra manera, todos los ministerios tienen los mismos requerimientos o necesidades en
materia de reposición de funcionarios. Por ejemplo, el Ministerio del Interior probablemente tendrá no solo necesidades vinculadas a la reposición de naturaleza diferente a otros ministerios sino que posiblemente las necesidades de este ministerio
graviten sobre todo lo contrario, sobre el incremento de sus efectivos. De hecho, en los planes previstos por parte del ministro del Interior, cuyo restablecimiento de las dolencias que está padeciendo deseo que se efectúe rápidamente, siempre se
expresa la necesidad de incremento de las dotaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de otros ámbitos de la gestión de este ministerio.
En todo caso, me sorprende la homogeneidad en cuanto al porcentaje de reposición de
funcionarios en todos los ministerios, salvo la excepción que usted ha indicado, excepción que tampoco comprendo, porque puedo comprender que la reposición en el ámbito de la educación es muy compleja porque ya están muy poco dimensionadas las
plantillas, habría que incrementar la dimensión de las plantillas en el ámbito de la educación, pero, ¿por qué es igual en todos los demás ministerios cuando las necesidades de los demás son manifiestamente heterogéneas en el ámbito de la reposición
de funcionarios? Hay ministerios que necesitan más funcionarios, hay ministerios que necesitan menos y hay ministerios que pueden desaparecer sin ningún tipo de dificultad. Es un problema heterogéneo que no admite, por lo tanto, una respuesta de
carácter tan homogéneo como la que ustedes proponen.



En tercer lugar, y con esto voy acabando mis reflexiones, tengo que indicar que una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado usted sabe como yo, señora secretaria de Estado, que se empiezan a redactar los del próximo ejercicio
presupuestario. Me gustaría saber si existe ya algún tipo de noticia, información, previsión sobre si en el próximo ejercicio presupuestario se mantendrán también las reducciones de las retribuciones o de la masa salarial de los funcionarios por
mor de los requerimientos de la crisis económica y de la austeridad que sabemos que está gravitando de forma en mi opinión desmesurada sobre este colectivo de trabajadores, el colectivo de trabajadores que pertenecen a la Función pública.
Fundamentalmente estas son mis inquietudes. Me imagino que cuando habla usted de índices de reposición de funcionarios se refiere solo a la Administración General del Estado, no está hablando de la Administración de las comunidades autónomas. Lo
digo porque se está sutilmente generando un discurso en donde parece deslizarse la responsabilidad de determinados problemas macroeconómicos del Estado español, particularmente el déficit y otros problemas de naturaleza macroeconómica, a la
actuación o a la mera existencia de las comunidades autónomas y la gestión de las competencias que tienen que desarrollar. Me imagino, porque la conozco a usted hace mucho tiempo y conozco su sensibilidad autonómica, que usted no será de las que
avalen un discurso sedicente y sutil como el que se está configurando, casi trasladando las responsabilidades de la crisis en materia de déficit público a las comunidades autónomas y exonerando en términos exactamente proporcionales a la
Administración General del Estado, donde está la gran bolsa, desde la perspectiva del gasto de la Función pública, de déficit. Ya dije en mi última intervención, cuando compareció el señor Chaves -lo recordará el señor presidente-, que
evidentemente ha habido un deslizamiento importante del porcentaje de funcionarios autonómicos, son más los funcionarios autonómicos en este momento que los funcionarios de la Administración General del Estado, pero este es un dato que induce a
confusión si no se contextualiza debidamente. La Administración General del Estado acompaña o está acompañada de una serie de órganos de naturaleza constitucional de ámbito estatal, de entidades gestoras de ámbito estatal, de reales academias de
ámbito estatal, de sociedades públicas de ámbito estatal o privadas


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donde existe el golden share; en definitiva, de lo que podríamos calificar, parafraseando a Hobbes, de una especie de gran leviatán del Estado, que configuran o que hacen pensar que existen treinta instituciones, vamos a utilizar esta
reflexión genérica, de ámbito estatal, por cada una de las que existen en el ámbito de las comunidades autónomas, según un informe que en este momento no obra en mi poder pero que ha sido elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Luego,
desde esta perspectiva, le agradecería que se circunscriban sus actuaciones en materia de reposición, en materia de optimización de recursos y en materia sobre todo de contratación de trabajadores o no contratación de trabajadores, interinos,
estatutarios o vinculados por contratos de trabajo, a las competencias que a ustedes les corresponde gestionar, que son las estatales, las competencias de la Administración General del Estado y no las autonómicas. Dicho esto, acabo mis reflexiones.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Barrachina.



El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora Rumí. Creo que hoy, día 8 de marzo, el mejor tributo que puede rendir esta Comisión es tenerla a usted, que es mujer y trabajadora acreditada, compareciendo. Le diré que comparto en gran medida su
discurso y ninguno de los resultados de su gestión, de la cual, como le he dicho en alguna ocasión, usted no debe sentirse actora sino víctima de este baile ministerial en el cual la Función pública ha salido perdiendo en cada uno de los trasiegos
ministeriales que viene padeciendo también la Función pública como parte del actual desconcierto gubernativo nacional. No le voy a preguntar por aquellas cosas que mi grupo da por pérdidas, por todo el desarrollo normativo prometido aquí hace un
año y tres días por la vicepresidenta entonces, María Teresa Fernández de la Vega, que nos anunció que en septiembre del año pasado entraría el desarrollo del Estatuto del empleado público y la nueva ley de la Administración General de la Función
pública en la Administración General del Estado. Tampoco le preguntaré por el desarrollo normativo que esa misma ley reclama en su artículo 13 del personal directivo; mi grupo parlamentario da por perdida la legislatura a efectos de Función
pública. Creo que ustedes con la rebaja de un 5 por ciento de los sueldos a los empleados públicos, asimilable tan solo a Irlanda, Grecia, Rumania y Portugal, y con la elevación a los 67 años de la edad de jubilación pueden darse ya por
satisfechos. Mi grupo, señora secretaria de Estado, se conformaría no solo con que ya no hagan nada más sino con que no deshagan.



Como ha terminado usted su comparecencia haciendo una llamada al acuerdo y al consenso político, yo le pido su implicación para evitar la reforma que en estos momentos se trata de perpretar contra la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en España. Dado que la suya es una competencia horizontal y que entre sus competencias está también velar por el conjunto de la Función pública, hay una ley, que usted conoce, del año 1997, pactada entre todos los grupos, aprobada por unanimidad,
que regula, que ordena la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que ahora el Gobierno -ya tengo uno de los borradores fechado de 20 de enero- pretende, como me ha respondido en pregunta escrita, llevar a cabo con la mayor celeridad posible para
-permítame, señora secretaria de Estado- favorecer la absoluta impunidad en algunas comunidades autónomas. Lo que se va a hacer es transferir, trocear en diecisiete partes esta institución, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, creada en
1906, y supondría hechos tan paradigmáticos como que consejeros como Antonio Fernández, que se autoconcedió una prejubilación, dirigiese la Inspección laboral en Andalucía. Por tanto, yo le pido, señora secretaria de Estado de la Función Pública,
que trate de frenar este hecho que hoy se está fraguando y se está negociando en el Ministerio de Trabajo, porque nos parece algo realmente catastrófico. Sería imitar, copiar el modelo griego de inspección laboral, que ha sido censurado por la
Organización Internacional del Trabajo que, a su vez, junto con la Unión Europea ha destacado la profesionalidad, la imparcialidad y el carácter integral e integrado del conjunto de la inspección que ahora se pretende trocear, haciéndolos depender
de los consejeros autonómicos, que serán quienes lleven cabo la formación, la carrera profesional, incluso la sanción de los propios inspectores que en teoría deberían de velar por que no existan los desgraciadamente conocidos fondos de reptiles en
algunas comunidades autónomas. La frase, evidentemente, no es mía sino de un consejero, un director general de su partido. Por tanto, le pido que frene esta reforma que quieren llevar ahora a cabo con toda celeridad.
Entiendo que en el fragor
presupuestario se acordase con el PNV y con Coalición Canaria transferir parte de esas competencias a la Comunidad Autónoma Vasca, y lo respeto; no lo comparto pero lo respeto, aunque me parece muy mal que aprovechen la oportunidad para desguazar
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Me gustaría que atendiese usted, que escuchase a los inspectores de trabajo y a los subinspectores, porque esto es una quiebra más de la unidad de mercado. Supondría que los responsables autonómicos
serían quienes determinarían qué inspecciones de trabajo, a qué empresas y sobre qué hechos en concreto en una provincia sí y en otra no se debería atender. Nos parece que es un daño innecesario que se hace a nuestro actual modelo, que produciría
además reiteraciones de visitas: unos para inspeccionar desde el Estado la Seguridad Social, otros la función preventiva en el trabajo, otros las condiciones laborales. En suma, es una reforma que nadie ha pedido y que mi grupo está tristemente
sorprendido de que sea esta la iniciativa que con toda velocidad, como se responde parlamentariamente, quiere llevar el Gobierno a cabo. Me gustaría conocer su opinión sobre si el actual sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad


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Social, que la OIT ha calificado de excelente, merece ser troceado y entregado a intereses partidarios regionales.



En segundo lugar, también quería preguntarle sobre cuál va a ser el planteamiento salarial para los empleados públicos en el próximo año.
Ayer me sorprendí cuando en su página web, en la página donde se recoge la Función pública, de lo que
se habla no es de la verdad, del recorte salarial mayor en la historia de la Función pública española, sino del acuerdo -todavía lo publicitan como primera noticia- que se alcanzó en septiembre de 2009, por el cual había una revalorización de los
salarios públicos e incluso un cheque electoral durante la precampaña de las generales de 2012. Ese es el acuerdo que se sigue publicitando, y evidentemente a mi grupo y a mí en particular nos parece un uso publicitario fraudulento que se cuente
algo que no es verdad. Aquel acuerdo -la vicepresidenta después reconoció en esta Cámara que había quedado derogado- ustedes lo siguen exhibiendo como un gran acuerdo, cuando ustedes lo han incumplido. Le recordaré que, con mayor solemnidad de la
que probablemente escuche después en sus palabras, en esta misma sala la entonces vicepresidenta, cuando yo le pregunté en marzo de 2010 sobre el acuerdo alcanzado con los sindicatos, me dijo: Estamos aplicando el diálogo sin tijeretazos y sin
decretazos, no se va a tocar el acuerdo -que ustedes todavía publicitan- y se va a cumplir en todos sus términos -en todos su términos, reiteró-. Días después se llevaba a cabo el mayor recorte de derechos económicos de nuestros empleados públicos.
Me sorprende que todavía ustedes sigan dando publicidad al acuerdo y no a la verdad, que es el recorte. Por tanto le pediría que se modifique la situación incomprensible de que se utilicen elementos publicitarios completamente falsos en una página
pagada con el dinero público en su ministerio, en concreto su página web. Me gustaría saber en materia de retribución salarial qué van a hacer ustedes en 2012. Me dirá que es prematuro pero usted y yo sabemos que no. Ese es un planteamiento que
tiene que hacerse ya, durante este mismo mes de marzo.



Ha hecho usted un discurso que mi grupo comparte sobre multitud de medidas que se han llevado a cabo y que han mejorado la productividad, que han avanzado en administración electrónica, etcétera; un planteamiento casi idílico que no tiene
nada que ver con los resultados reales. Nada que ver quiere decir nada que ver. Se supone que la digitalización genera una mayor productividad; una mayor productividad, señora secretaria de Estado, significaría que para hacer lo mismo hace falta
menos gente. Esa es la definición de productividad, para atender las mismas competencias necesitamos menos personas. No ha ocurrido eso, sino todo lo contrario; para hacer menos -porque hoy en el proceso de desguace competencial del Estado hay
menos competencias- que hace tres años necesitamos, concretamente usted necesita, 56.800 empleados públicos más para hacer menos cosas. Se lo digo porque mi grupo y todos los demás -el señor Canet también lo ha dicho- compartimos el discurso
teórico que ha dado en su totalidad, pero cuando uno traduce esa teoría a la práctica usted se ve absolutamente desmentida por la realidad. Entiendo que usted dude de los datos que le voy a ofrecer del Ministerio de Economía, de la encuesta de la
EPA, pero me duele que la Vicepresidencia Tercera dude de los datos de la Vicepresidencia Segunda y luego se pida a Bruselas que se crea los datos de la Vicepresidencia Segunda, de los cuales ustedes mismos dudan.
Como son los únicos datos a los
que la Unión Europea da crédito, no solamente no están consiguiendo los objetivos sino, al contrario, sorprendentemente acelerando la contratación de empleados públicos. Puede resultar sorprendente, pero a mí además me resulta desconcertante. En
2009 hubo una tasa de reposición del 30 por ciento y en 2010 del 10 por ciento.



El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, vaya acabando, por favor.



El señor BARRACHINA ROS: Sí, concluyo. Cómo es posible que la encuesta de la EPA diga que en el último trimestre de 2010, que es el último dato que tenemos, señora secretaria de Estado, ayuntamientos y comunidades autónomas hayan reducido
el personal y el número de los dependientes de la Administración del Estado haya crecido en solo tres meses en 26.200 empleados. Usted me dirá que sus medidas requieren tiempo. Haberlas tomado antes porque, mientras el resto de Europa está
saliendo de la crisis, sus medidas -algunas de ellas compartidas por nuestro grupo- no solo no están suponiendo ningún efecto, sino que, a juzgar por el resultado, están siendo contraproducentes. Desde que comenzó esta legislatura hay en España
295.300 empleados públicos más, 56.800 de ellos en la Administración central y los restantes en comunidades autónomas y ayuntamientos, que usted tiene la obligación de vigilar, porque la suya es una competencia exclusiva. Por tanto, todo eso que ha
comentado de administración electrónica y de productividad es un planteamiento que compartimos, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Respecto al boletín estadístico de su ministerio -al que ha hecho referencia y que es al
que quiere hacer caso-, el último que tenemos, que es el de julio de 2010, también recoge un aumento de más de 5.000 empleados públicos solo en la parte que le atañe directamente a usted como contratante de la Administración General del Estado.



Concluiré -gracias por su generosidad, señor presidente- diciéndole que el plan de racionalización por el que usted dice que se han reducido un 12 por ciento los altos cargos me parece bien. He hecho la división con los datos que nos
ofreció su vicepresidente y en lugar del 12 por ciento me sale el 7,6 por ciento, pero me habré equivocado en la división. Aunque fuese el 12 por ciento, ese dato es la mitad de lo que esta Cámara les exigió, que era el 25 por ciento, para estar
acorde con los ajustes


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y con la plantilla que ustedes recibieron en 2004; esto en los altos cargos, que además han sido, como usted bien sabe, en su mayoría recolocados. Sobre la supresión de las subdirecciones -no seré yo quien lo califique- ustedes se
autoimpusieron la obligación de que a 31 de diciembre pasado hubiera 100 subdirecciones generales menos. Usted ha venido a celebrar que hoy, 8 de marzo, haya 38 subdirecciones menos. Si usted hace la división de 38 entre 100, le da un 3,8, que es
entre muy deficiente e insuficiente en la valoración académica normal en España.
Entiendo que tenga que exhibir 38 subdirecciones menos, pero ese dato es exactamente un tercio de aquello a lo que ustedes se comprometieron.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Batet.



La señora BATET LAMAÑA: El Grupo Parlamentario Socialista quiere dar la bienvenida a la secretaria de Estado de Función Pública que, por fin, puede comparecer en este Parlamento, después de haberlo solicitado con muchísima antelación.



Quiero empezar diciendo que creo que todos estamos de acuerdo en que las administraciones públicas son actores determinantes en el desarrollo social, económico, cultural y técnico de cualquier país. Los Estados a través de sus aparatos
administrativos se han convertido en agentes decisivos para el progreso y bienestar de toda la sociedad a través del ofrecimiento de servicios que solo el Estado puede proveer garantizando la equidad. La secretaria de Estado empezaba su
intervención precisamente haciendo alusión a la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido creo que las administraciones públicas, muy especialmente en España, han sido claramente pioneras en la búsqueda de esta igualdad real de género, de
esta igualdad real entre hombres y mujeres. De hecho, en los países democráticos avanzados existe una correlación entre el buen gobierno y el progreso de sus sociedades. No descubro nada nuevo si digo que tener unas administraciones públicas con
sumisión a la ley y bajo la dirección del Gobierno y que sirven con objetividad y eficacia a los ciudadanos es una de las condiciones y garantías de la consolidación de la democracia. Por eso mismo la construcción de una administración honesta y
eficiente ha de ser uno de los grandes objetivos de la política democrática, además de tarea prioritaria y obligada de todos los demócratas. Así ha sido para el Gobierno socialista. Eso debe ser así en cualquier circunstancia, puesto que la mejora
de la calidad democrática y de los instrumentos e instituciones que configuran la res pública, la cosa pública, debería estar en el frontispicio de todo gobierno. Así ha sido a lo largo de estas dos últimas legislaturas y a ello me referiré más
adelante. En otras palabras, reformar la Administración General del Estado para los socialistas no ha sido ni es una opción, sino una necesidad vital para fortalecer nuestro Estado democrático y constitucional.



Es cierto además que en estos momentos de crisis económica profunda es apremiante mantener un debate abierto sobre la Administración que queremos en la España del futuro. Todos estamos obligados a ello; obligados a sumar esfuerzos y a
llegar a acuerdos que puedan ser duraderos. Así lo ha pedido la secretaria de Estado en su intervención.
Estoy convencida de que la crisis puede ser precisamente el catalizador de ese cambio y parte de la solución, en tanto que el sector público
tiene un peso específico importante. Si hacemos que ese sector sea más eficiente, más eficaz o más redistributivo redundaremos sin duda en la mejora económica general. Para que las administraciones públicas sigan siendo útiles a la sociedad que
sirven es necesario continuar con las reformas, como se está haciendo por esta secretaría de Estado; debemos avanzar hacia el nuevo paradigma sin prejuicios y sin falsos debates. Por poner algún ejemplo, hemos dedicado gran parte de esta
legislatura -también gran parte del debate hoy en Comisión- a una cuestión de tamaño.
Señorías, desde mi punto de vista, la cuestión no radica en el tamaño.
Creo que el tamaño no importa en este caso, sino que lo que importa es la razón de ser de
la Administración pública, la razón de ser de la Administración General del Estado. Los datos de la OCDE sitúan a nuestra Administración pública, al porcentaje de empleados públicos en la Administración General del Estado de España, en porcentajes
muy por debajo de la mayoría de los países. Nos estamos moviendo en el 13 por ciento, mientras que Noruega tiene el 30, Suecia un 28, Francia un 22, Finlandia un 21, Bélgica un 17, etcétera. No se trata de tamaño, señor Barrachina; el debate de
verdad, señorías, es tener claro para qué sirve la Administración General del Estado, qué funciones tiene, cuál es la mejor estructura para desarrollar esas funciones y qué perfil necesitamos de empleados públicos para que puedan desempeñar mejor
esas funciones y para que puedan coordinarse mejor y cooperar con el resto de administraciones, precisamente para buscar una mayor eficacia y no una carga sobre el conjunto de la sociedad.



Es curiosa la concepción que tiene el señor Barrachina de las comunidades autónomas; habla de transferencias y asimila el término transferencia a impunidad. A lo mejor será en la Comunidad Valenciana. (Rumores.) Yo no creo que el
ejercicio de una competencia por parte de las comunidades autónomas tenga que suponer en absoluto impunidad para nadie, ni representa un desguace ni representa trocear absolutamente nada. También hablaba de los intereses partidarios de las
comunidades autónomas. Será de las comunidades autónomas que ustedes gobiernan porque desde luego intereses partidarios desde las instituciones socialistas no se tienen, señor Barrachina. No creo que la transferencia a una comunidad autónoma
implique debilitar el sector público, el control público o la transparencia; todo lo contrario. En definitiva, desde nuestro punto de vista la Administración General del Estado es fundamental, en primer lugar, para reforzar la legitimidad
democrática, esta calidad democrática que buscamos, y,


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en segundo lugar, para que el esquema constitucional de Estado autonómico funcione bien. Eso no quiere decir tener que hacerlo todo sino simplemente que funcione bien, armoniosamente, entre todas las administraciones porque para eso todas
somos Estado.



En los últimos años de la década de los ochenta y primeros noventa el Gobierno impulsó decididamente un debate sobre la modernización de la Administración e incluso consiguió que en parte estuviera en la agenda política. Fue entonces cuando
se impulsó un cambio en la concepción de la Administración pública, el paso de una administración de poder a otra de servicio al público, el paso de una administración de procedimientos a otra de resultados y la superación de una visión anclada en
el rígido formalismo, una visión muy tradicional de la regla jurídica que suponía que no se tuvieran suficientemente en cuenta la eficacia en la gestión ni la responsabilidad del gestor. Estas líneas estratégicas han ayudado y han marcado sin duda
la continuidad de estos siete años de gobierno. En estos siete años de gobierno se ha articulado una base legislativa necesaria -muy importante pero no suficiente-, con leyes que el propio señor Olabarría mencionaba en su intervención: una Ley de
contratos del sector público que nos ha permitido homologarnos a la Unión Europea; una Ley de Agencias; una Ley de acceso electrónico; un Estatuto básico del empleado público que hemos tardado ni más ni menos que treinta años en conseguir
aprobar; o las leyes paraguas y ómnibus, por ejemplo la de trasposición de la Directiva de Servicios.



Ha habido posteriormente a estas aprobaciones legislativas un desarrollo constante, seguramente menos vistoso pero imprescindible para ir aplicando estas leyes creadas. Se busca con ello un cambio profundo de modelo y para eso se requiere
tiempo, cambio de dinámicas, de mentalidades, de procedimientos, de metodologías, y eso no se hace en dos días. El énfasis ya no se pone en su reforma a través de las leyes, aunque estas sean todavía en algunos ámbitos importantes y necesarias,
sino en una modernización gradual y permanente que actúe sobre aspectos estructurales y funcionales de la gestión con avances en la calidad democrática, con una mejor adaptación al Estado autonómico y con la incorporación también de la nueva era
tecnológica. Ha habido un gran impulso, como ha mostrado la exposición de la secretaria de Estado, quien pormenorizadamente ha expuesto diversas acciones que en los distintos ámbitos de su responsabilidad se han llevado a cabo. Me centraré en tres
elementos de los que ha expuesto y le plantearé también algunas cuestiones para ver si pudiéramos tener algo más de información en algunos aspectos.



En primer lugar me referiré a los empleados públicos, a las personas que hacen posible que la maquinaria administrativa funcione cada día; diría, parafraseando al profesor Nieto, que sin su trabajo la voluntad política se quedaría en un
mero deseo, por tanto para pasar del dicho al hecho o de la promesa a su cumplimiento son sin duda necesarios e imprescindibles todos los empleados públicos. En ese sentido vale la pena destacar la disminución de la temporalidad, con los datos que
ha ofrecido la secretaria de Estado; el alto grado de cumplimiento que ha habido del acuerdo entre Gobierno y sindicatos firmado en 2009; muy especialmente la creación del Observatorio del empleo público constituido precisamente el pasado mes de
enero; que se hayan retomado con intensidad también las negociaciones con los sindicatos cuando así ha sido posible para abordar futuras regulaciones normativas; la reciente modificación del régimen de Seguridad Social de los funcionarios de la
Administración General del Estado, que ha apuntado la secretaria de Estado también con bastante claridad, por tanto no voy a reiterarlo. También quería destacar en materia de discapacidad un nuevo proyecto de ley.



El señor PRESIDENTE: Señora Batet, vaya finalizando.



La señora BATET LAMAÑA: Voy terminando, señor presidente. Se trata de un nuevo proyecto de ley que ha entrado en la Cámara. Me gustaría que la secretaria de Estado nos pudiera explicar un poco más qué consecuencias o qué regulación
específica tiene este proyecto de ley que pueda suponer una mejora para el acceso a la Función pública. Quería resaltar también la importancia de la formación, con la figura del INAP como catalizador formativo no solo de los empleados públicos de
nuestras administraciones públicas sino también de otras administraciones de fuera de nuestro país.
Finalmente, la señora Rumí ha apuntado que se están desarrollando pruebas piloto en evaluación del desempeño, y eso nos parece fundamental. Creo
que era una de las grandes regulaciones que aportaba el Estatuto básico del empleado público, y en ese sentido nos gustaría conocer si es posible saber con un poquito más de detalle en qué han consistido estas experiencias piloto y en qué ámbito se
ha avanzado. En materia de administración electrónica también sería interesante poner algunos ejemplos palpables para que nos diéramos cuenta del antes y el después, de lo que supone realmente para una empresa o para un ciudadano poder tramitar
cualquier procedimiento o mantener relación con la Administración pública por vía telemática. Finalmente, en materia de reducción de cargas de austeridad y de racionalidad también creemos que son importantes los datos que usted ha puesto de
manifiesto.



En definitiva, y con esto termino señorías, el Grupo Parlamentario Socialista celebra esta comparecencia, agradece toda la información que la secretaria de Estado ha ofrecido al Parlamento, concretamente a esta Comisión de Política
Territorial, y ponemos de manifiesto la importancia que tiene para este grupo parlamentario constatar que todos los desarrollos normativos que esta secretaría de Estado está llevando a cabo tienen como protagonistas a las empresas y sobre todo a la
ciudadanía en su conjunto.



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El señor PRESIDENTE: El señor Jané ha tenido que ausentarse para cumplir otras obligaciones. Si los portavoces no se oponen consumiría ahora su turno. (Asentimiento.) Señor Jané, tiene la palabra.



El señor JANÉ I GUASCH: Ahora sí que sí; ahora sí estamos en la Comisión correspondiente a las políticas en materia de Función pública, esta Comisión, antigua Comisión de Administraciones Públicas, ahora lo es de Política Territorial.
Finalmente, ha vuelto a esta Comisión aquel ámbito sectorial, el del empleo público, el de la Función pública, que tal y como ya manifesté como portavoz de Convergència i Unió nunca la debían haber abandonado porque es la Comisión pertinente. Por
tanto, desde Convergència i Unió estamos contentos de tener hoy aquí -le doy la bienvenida- a la secretaria de Estado, Consuelo Rumí. Creo que es aquí donde debemos debatir este ámbito concreto del empleo público, por tanto le agradecemos su
comparecencia. Recuerdo que estaba prevista la anterior en la Comisión Constitucional justamente el día en que cambió la organización del Gobierno, y se tuvo que suspender toda vez que no parecía prudente que una secretaria de Estado, que estaba no
en funciones pero a la expectativa de si sería o no renovada por el nuevo equipo ministerial, acudiera sin estar consolidada en su nueva estructura, en su nuevo Ministerio de Política Territorial. Por tanto, esperemos que esto dé sus frutos
positivos, estar en el ámbito gubernamental que entendemos que le corresponde. Nos alegramos de esa reestructuración.



Su comparecencia ha coincidido, señora Rumí, con la ponencia de un proyecto de ley del cual era ponente, por tanto he tenido que ausentarme durante su exposición. Tal vez por eso alguna de las preguntas que le voy a dirigir puede que se
refiera a aspectos que ya ha tratado; si es así le pido disculpas, pero le quiero trasladar cuál es la posición de Convergència i Unió en los aspectos que afectan a su ámbito de actuación gubernamental. Estamos en un momento de creciente déficit
público, la situación de las finanzas públicas en general no es positiva y los acontecimientos económicos, el diferencial con el bono alemán y el coste que todo ello tiene para nuestras arcas públicas viene en un contexto que es negativo para el
empleado público en general y para las administraciones públicas en su conjunto. No estamos en un momento de expansión presupuestaria sino en un momento de contención y, en ese contexto de contención, a veces se pueden adoptar medidas que puedan
parecer fáciles de aplicar y, en tanto que pueden parecerlo, son las que primero se deciden sin profundizar quizás antes en otras alternativas. Me refiero al tema que en ocasiones afecta a la bajada de las retribuciones de los empleados públicos.
Hemos asistido ya a una bajada a partir del decreto-ley de mayo o junio del año pasado y los tiempos no están para prevenir grandes subidas. En ese aspecto, queremos dirigirle un mensaje: hay mucho de donde recortar, mucho de donde ahorrar, mucho
donde aplicar austeridad, y no necesariamente debemos recurrir a lo más fácil, que es un recorte retributivo o una congelación retributiva. Esa no debería ser la vía inmediata a aplicar, deberíamos siempre, antes de aplicar esa vía, contemplar
posibles alternativas. Una de ellas -usted se ha referido a la misma- es la tasa de reposición, que ya supone un ahorro en el sentido del porcentaje de personas que van a sustituir a aquellos que, por jubilación o por otras circunstancias,
abandonan su empleo público; evidentemente, eso ya supone un ahorro pero, digámoslo también con claridad, supone también una mayor carga de responsabilidad para los que se quedan porque estamos admitiendo que va a haber menos plantilla y, por
tanto, esa menor plantilla va a tener -y lo puede hacer- mayor criterio de eficiencia en su trabajo, ¿por qué?, porque faltarán efectivos que antes estaban y no se van a reponer. Por consiguiente, aquí ya hay una parte de ahorro y los que se
quedan no deberían ver penalizado su salario cuando seguramente van a ver aumentadas sus responsabilidades. Por eso, la animamos desde Convergència i Unió a que esta no sea la salida fácil y que en cada momento sepamos encontrar medidas que
faciliten la austeridad y el ahorro sin pasar necesariamente por el recorte salarial. Ese es el primer mensaje que le queríamos dar desde Convergència i Unió.



El segundo mensaje es que hay mucho camino por recorrer en lo que es evitar duplicidades administrativas, y esto sí que es ahorro y austeridad. La normativa sobre empleo público -estamos aquí algunos de los que fuimos ponentes en el
Estatuto básico del empleado público- permite claramente la movilidad entre administraciones públicas; los funcionarios de carrera pueden pasar a ser funcionarios de carrera de otra Administración pública, y la dinámica competencial nos lleva, nos
debe llevar, a la necesidad de reforzar ese principio de que la Administración autonómica es la Administración ordinaria en su territorio y, en tanto que Administración ordinaria en su territorio, puede perfectamente prestar servicios que
actualmente aún presta la Administración periférica del Estado en ese territorio y así evitar duplicidades. Sin lastimar el empleo de nadie se puede, con los mismos efectivos, reorganizar pro futuro de manera que al final se eviten duplicidades de
puestos de trabajo. Por tanto, la animo también a que se aplique ese principio de la Administración ordinaria, principio que por cierto está ya incluso incorporado en nuestro ordenamiento jurídico cuando el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña
lo contempla como un principio de los que debe regir el funcionamiento de la Administración pública, ese principio de que la Administración autonómica, la Generalitat en este caso, puede y debe ser la Administración ordinaria en su territorio. Ese
modelo nos llevaría a una clara evolución también con criterios de un mejor servicio, una mayor proximidad y una manera de simplificar las estructuras. Por tanto, este segundo aspecto, la Administración ordinaria, creemos que es una asignatura
pendiente y, por consiguiente, le pedimos también que se acoja a aquello que es posible


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y que el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña -y en ese aspecto no ha sido declarado inconstitucional- permite y nos ahorraríamos seguro maneras de actuar que generan esas duplicidades no queridas por nadie.



En cuanto al tercer aspecto, el Estatuto básico del empleado público permite un estatuto del empleado de la Administración General del Estado y unos estatutos de los empleados de cada comunidad autónoma. Hay margen legislativo para que cada
Parlamento autonómico pueda realizar el desarrollo legislativo del Estatuto básico del empleado público y lo hay también para que estas Cortes Generales puedan realizar el proyecto de ley -y aprobarlo- de desarrollo del Estatuto básico del empleado
público creando el estatuto del empleado de la Administración General del Estado.
Esta es una asignatura pendiente de esta legislatura, estaba en los programas de gobierno de los ministros, primero, de Administraciones Públicas y, después, de
Política Territorial cuando comparecieron por primera vez en esta Cámara en esta legislatura y, por tanto, es un compromiso de Gobierno. ¿Qué calendario tiene su Gobierno para legislar en materia de empleo público en el ámbito de la Administración
General del Estado? Porque le corresponde a estas Cortes Generales, a cada uno le corresponde su ámbito y en el ámbito de la Administración General del Estado son estas Cortes Generales las que debemos legislar al respecto a partir, evidentemente,
del proyecto de ley que presente su Gobierno. Por tanto, también le queríamos preguntar cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto al proyecto de ley.



Por último, y agradeciendo una vez más al presidente la deferencia por dejarme intervenir, ¿qué aspectos de política normativa tiene previsto acordar su Gobierno en esta legislatura -queda un año escaso de la misma- que puedan afectar, según
la previsión del Gobierno, a empleo público en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales? ¿Qué aspectos tiene previsto que puedan tener una incidencia en el empleo público de la Administración local y en el empleo público de las
administraciones autonómicas? Una vez conocidas las previsiones, nos gustaría conocer si se está consultando con las administraciones autonómicas competentes y con las administraciones locales para consensuar medidas al respecto. Por tanto,
también le pediríamos la máxima concreción sobre esos aspectos que entendemos que son importantes, porque hay un ámbito competencial autonómico que debemos respetar y nos tememos en ocasiones que venga como una utilización transversal de títulos
competenciales estatales que vayan más allá de aquello que la propia distribución competencial permite. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Olabarría?


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Solo para una cuestión de orden, señor presidente. Los grupos pequeños podemos practicar algo que es casi metafísicamente imposible, que es el don de la ubicuidad intelectual; el de la ubicuidad física, todavía
no hemos llegado a ese nivel de perfección y por lo tanto le pido disculpas a la secretaria de Estado, atenderé a sus respuestas a mis reflexiones y requerimientos en el 'Diario de Sesiones'.



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, son servidumbres de la minoría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nunca mejor usada la expresión servidumbres.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Lo siento mucho, señor Olabarría, porque siempre nos quedamos a medias, no completamos el trabajo. (Risas.)


Señor Canet, le agradezco la intervención como a todos los demás portavoces, sobre todo el reconocimiento del trabajo en Administración electrónica. Simplemente voy a repetir los datos para que quede claro porque a lo mejor ha habido alguna
confusión en cuanto al puesto que ocupamos. Ocupamos el noveno en el ranquin mundial y el quinto en el europeo, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos todos porque esto es posible gracias a que todos hemos hecho un trabajo en cada una de las
administraciones donde tenemos responsabilidad. Como también he dicho, queda todavía mucho por hacer, pero partimos de una muy buena base y de unas infraestructuras que nos van a permitir pasar a esa fase que es tan importante, que es la de la
difusión y el uso que comenzó, como digo, con una campaña que presenté ayer. Siento decirle al señor Barrachina que la primera noticia que aparece en la página web es precisamente la campaña de difusión, no el acuerdo, de lo cual ya hablaremos
después, precisamente desde ayer es la campaña de difusión lo que aparece en la página web, porque lo importante es que todos colaboremos, como así se lo pedí también a los medios de comunicación, en la difusión de los recursos de la Administración
electrónica para que se utilicen y, por tanto, el ahorro sea posible y redunde en otras medidas que tenemos que desarrollar. Con respecto a que hay que racionalizar más, seguimos en ello, por supuesto, todos los días. No puedo nada más que decirle
que, como usted ya se puede imaginar, la configuración del Gobierno la establece el presidente del Gobierno. Por tanto, no tengo que hablar sobre cuántos ministerios deben conformar el Gobierno. Es competencia del presidente del Gobierno, por
cierto, se hizo una remodelación en el mes de octubre con la supresión de dos ministerios.



El señor Olabarría se ha ido, pero le quiero contestar de todas maneras para que, a través del 'Diario de Sesiones', pueda ver las respuestas.
Hablaba de que una gran parte de mi intervención podría tener una serie de similitudes o de
coincidencias con la del vicepresidente


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tercero, pero es que el vicepresidente tercero compareció tan solo hace unos meses. Ya saben aquello de que Zamora no se ganó en una hora, pues es exactamente igual. Es decir, yo he intentado profundizar en algunos de los temas más
concretos de mi competencia. El vicepresidente habló de todo el ministerio, pero, evidentemente, ¡cómo no iba a haber coincidencias en las comparecencias! Sonaría mal e incluso sería objeto de preocupación que mi intervención no coincidiera con la
del vicepresidente. Él hablaba de que compartía el esfuerzo por la presencia de mujeres en el ámbito público y que -y así lo he dicho yo en mi intervención- también nos preocupaba no la presencia en general, que es un 52 por ciento en el empleo
público de las mujeres, sino en los puestos de responsabilidad. Simplemente le quería contestar que, como es compartido, porque ya lo he dicho yo en mi intervención, precisamente por eso se ha aprobado el Plan de Igualdad que, además, es un plan
acordado con los sindicatos. Por tanto, entre otras muchas cosas, un plan para la Administración General del Estado lo que pretende precisamente es potenciar la presencia de las mujeres en los puestos de representación en la toma de decisiones, y
entre algunas de esas medidas está procurar la cobertura de los puestos de libre designación por razón de género, formar también para facilitar ocupar esos puestos, aunque también debo decir que el desarrollo de la carrera de la mujer, por los datos
y por los estudios que hemos hecho, obedece más a cuestiones sociales que a razones objetivas de la Administración que lo impidan. Por tanto, tenemos que procurar esos cambios de cultura que son y siguen siendo necesarios y facilitar esa formación
para poder acceder a esos puestos donde todavía la presencia de las mujeres, aun siendo mayoritaria en la Función pública, no lo es en los ámbitos de representatividad.



En cuanto a la tasa de reposición -creo que el señor Olabarría lo sabe-, se calculan de manera global las bajas previstas a lo largo del año en todos los ámbitos. Por ejemplo, las bajas en la Administración General del Estado este año eran
6.330 y, por tanto, la tasa de reposición que le correspondía con respecto al 10 por ciento eran 633. No sé si el señor Olabarría quería que respondiese a esto, que creo que todos lo tenemos claro, o a quién fija la tasa de reposición. Esta tasa
se fija en la Ley de Presupuestos del Estado y, por tanto, en esta Cámara. También en esta Cámara, a propuesta del Gobierno, se decide cada año si es el 10 o el 15 por ciento y si hay alguna excepción, como las que se aprobaron este año con
respecto a la Administración educativa y a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, a los que se les permitía una tasa de reposición del 30 por ciento. Preguntaba por qué estas excepciones. Estas excepciones se plantearon porque así se
decidió en esta Cámara y recuerdo que fue una enmienda propuesta a la Ley de Presupuestos. Hay una pregunta sobre las retribuciones que se ha repetido por varios portavoces.
Respecto a las retribuciones, no tengo nada más que añadir a lo que ya
dijo el vicepresidente en su comparecencia de hace una semana en el Senado. La pregunta que le hicieron fue: ¿Va a haber una rebaja en las retribuciones? No, contestó el vicepresidente. Por tanto, no tengo nada más que añadir.



Señor Barrachina, usted me hace siempre lo mismo en las comparecencias -aunque haya comparecido por primera vez en esta Comisión, ya hemos coincidido en la de Presupuestos y en algunas otras preguntas que me ha formulado-, usted hace las
preguntas, pero también se las responde, por lo que queda un poco inútil mi presencia aquí; pregunta y responde.
También conozco ya su discurso, pero mi obligación aquí es responder, aunque imagino que, dadas las circunstancias, no llegaremos a
ningún punto de encuentro, cosa que no me satisface en absoluto, porque me gustaría que pudiéramos trabajar todos en un ámbito como es el de la Función pública, tal y como he dicho en mi intervención. Hay cuestiones que necesitan del acuerdo no
solo de las organizaciones sindicales, sino de todos los ámbitos, como el académico y los profesionales, con los que estamos contando, y del ámbito político y, por tanto, de todos los grupos parlamentarios. Decía que no quería hablar del personal
directivo -he tomado nota, porque me ha llamado la atención-, pero sí le voy a decir qué estamos haciendo respecto al mismo. Estamos trabajando en todos y cada de los aspectos que en un futuro tendrán que formar parte de esa ley de Función pública
-como ya he dicho, cuando llegue esa ley- y es importante tener desarrollos y experiencias en los aspectos más significativos de esa futura ley. Además, desde mi punto de vista, debe ser una ley no continuista, porque para hacer algo continuista,
la hubiéramos hecho ya, porque eso es fácil. Tiene que ser una ley que se adapte a una nueva realidad, al igual que estamos trabajando por una Administración que sea la Administración del siglo xxi. Como le he dicho en mi intervención, trabajamos
todos los días y trabajamos por tener experiencias que consoliden esa propuesta, para que sea mucho más fácil gestionarla y debatirla en esta Cámara. Respecto al personal directivo, estamos impartiendo cursos en el INAP -por tanto, formación- para
poder fijar un modelo consensuado con todos los afectados. Hay un grupo de estudio que nos permitirá tener la experiencia suficiente para no incluir en un texto legal algo que no ha tenido ya su experiencia -como luego además le responderé a la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la evaluación del desempeño- y estamos trabajando para tener experiencias que nos armen de argumentos a la hora de hacer cambios significativos en el modelo, porque si no, no tendría mucho
sentido.



Respecto a la Ley de Inspección, a la que ha hecho referencia, me preocupan muchísimo sus palabras, sobre todo porque para hablar de la Ley de Inspección ha utilizado otros argumentos que nada tienen que ver con la misma, ni nada tienen que
ver con lo que estamos hablando hoy aquí.
Usted lo mezcla todo, pero es como si ahora, en esta comparecencia, yo sacara el caso Gürtel u otros o al señor Camps, presidente de su comunidad.



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No lo voy a hacer, porque mi responsabilidad y la de todos es ceñirnos a lo que estamos hablando, y todas las demás cuestiones relativas a enfrentamientos políticos tienen otro foro y otro momento y desde luego no creo que sea esta
comparecencia. Con respecto al texto, está en trámite. Nosotros informaremos de todo lo que tenga que ver con las competencias de esta secretaría de Estado, es decir, de todo lo que afecte al empleo público o a cómo se desarrolle ese ámbito dentro
del texto.



En cuanto a cuál va a ser el planteamiento salarial, lo ha adelantado usted en la respuesta. Yo no me voy a adelantar, lo que sí puedo decir es que se ha aprobado una reducción de salario en 2010 y una congelación para 2011 e insisto en que
el vicepresidente, en una comparecencia en el Senado con motivo de una pregunta sobre si va a haber algún tipo de afectación en las retribuciones, dijo que no. Por lo que se refiere al acuerdo -que no es la primera noticia que aparece en la web,
que es la campaña de difusión-, está en vigor, señor Barrachina. Esto es lo que a usted no se le mete en la cabeza. El acuerdo no está derogado, sino en vigor y solamente están exceptuadas aquellas medidas afectadas por contenidos económicos.
Fíjese si estará en vigor que, además de que hay muchas medidas que se están desarrollando y cumpliendo, otras muchas se están negociando con los agentes sociales en cada uno de los ámbitos correspondientes. Es decir, no hay ninguna parálisis, como
decía en mi intervención; no la hay; aunque haya reducción de presupuestos, no hay parálisis. Estamos trabajando y, por tanto, tiene que aparecer en la página web, porque el acuerdo está en vigor. Por cierto, que el periodo 2004-2010 ha sido el
más fructífero en cuanto a acuerdos con los agentes sociales en materia de Función pública -ha habido hasta veintisiete acuerdos-, por lo que, como digo, seguimos trabajando y avanzando en el diálogo social. En relación con la ley -lo he dicho en
mi comparecencia y esto afecta también al señor Jané-, he manifestado que las circunstancias, los cambios que se han producido, los movimientos en el diálogo social, con dos huelgas, una de la Función pública y otra general, dieron lugar a un
momento de parón en cuanto a la negociación y al trabajo sindical, que se ha retomado gracias al acuerdo económico y social. Estamos trabajando, pero también he dicho en mi primera intervención de la comparecencia que los tiempos no me llevan a ser
muy optimista en cuanto a que podamos trabajar en esta Cámara el texto legal.



Con respecto al número de empleados públicos, que siempre tenemos la misma confusión y el mismo baile de números, señor Barrachina, no es que aquí nadie dude de los datos del Ministerio de Economía y Hacienda o de la Intervención, no, porque
entonces usted duda de los datos del registro de personal del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
¿Dudamos? No creo que usted dude, sino que utiliza aquellos que pueden poner en una posición más incómoda al Gobierno, pero
yo tengo la obligación de remitirme a los datos de este ministerio, y los datos de este ministerio son los datos del registro de personal, donde se registran todos los empleados públicos. ¿Qué ocurre? Para que conste en el 'Diario de Sesiones', se
utilizan metodologías diferentes y, como son metodologías diferentes, nunca lo podremos comparar y nunca nos vamos a poner de acuerdo usted y yo. En cuando a que hay un número de efectivos y que no han dado resultado las medidas que se han puesto
en marcha, no puedo estar de acuerdo. Usted sabe perfectamente que el número tan menor de aumento en el registro de personal al que me refiero está derivado de la incorporación de los últimos funcionarios a través de las ofertas de empleo
anteriores, fundamentalmente vinculadas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque hemos tenido que reponer -lo dije también en la última comparecencia de presupuestos- el déficit en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ustedes
dejaron cuando ya no gobernaban. Por tanto, estamos reponiendo una tasa adecuada en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La incorporación de efectivos se tiene que hacer paulatinamente conforme se van resolviendo las ofertas de empleo. En
cualquier caso, el número de empleados públicos con respecto a la población española no solo no nos debería preocupar, sino que nos debería satisfacer en la medida en que está muy ajustado a sus responsabilidades y, sobre todo, al número de
habitantes que hay en España. La relación de empleados públicos con respecto al total de la población nos dice que tenemos 12,6 funcionarios por cada 1.000 habitantes. Es un dato similar a la media de la Unión Europea -o incluso está por debajo- y
al que había en el año 2004, que era de 12,5 funcionarios por cada 1.000 habitantes.
Le voy a dar datos globales. En este momento, los empleados públicos representan el 5,71 por ciento del total de la población española. Este número no está
sobredimensionado. Con declaraciones como las que ustedes hacen consiguen titulares en los medios de comunicación que alarman y dan a entender que tenemos una población sobredotada de empleados públicos.
No es cierto. Estamos por debajo de la
media de la Unión Europea y de países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Reino Unido. Por tanto, debemos ser muy discretos a la hora de hacer ciertas declaraciones, porque dan un enfoque distorsionado de la realidad que confunde a la
población y que puede generar incluso un rechazo hacia el empleado público que ejerce muy dignamente y con mucha profesionalidad su trabajo.



En cuanto a la racionalización, volvemos a ver que sus argumentos son a veces contradictorios. A veces dice una cosa y la contraria. La reducción que se ha producido en los últimos meses ha tenido como resultado que hoy existan 310 altos
cargos en este Gobierno. Por tanto, ha habido una disminución del 12 por ciento. Insisto en que son 21 altos cargos menos que cuando ustedes dejaron el Gobierno. En cuando a las subdirecciones, efectivamente, no hemos llegado a la cantidad
prevista, pero seguimos trabajando. Es muy complicado ajustar las plantillas, la tasa de reposición de la oferta de empleo público y la supresión de distintos ministerios a los


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diferentes decretos. No hemos acabado todavía la remodelación como consecuencia de la reestructuración de los ministerios, pero seguiremos haciéndola y seguiremos trabajando. Usted dice que las personas que dejan de ser subdirectores se
recolocan. (El señor Barrachina Ros: No, los directores.) Los subdirectores son funcionarios y, como son funcionarios, cuando se suprimen las subdirecciones no los echamos a la calle como el señor Cameron, no. Esas personas vuelven a su puesto,
al puesto que tenían en la Administración antes de ser subdirectores. ¿Qué lleva consigo eso? Una reducción en el coste de personal, porque cobran un complemento específico menor. Como hay un compromiso de racionalizar, seguimos haciéndolo. Ha
dicho usted que yo celebraba en mi intervención..., yo no he celebrado nada en mi intervención. Creo que he hecho una intervención bastante moderada y plana y, sobre todo, con un objetivo, señor Barrachina: exponer a usted y al resto de los
portavoces de esta Cámara toda la información de la que dispongo. Así lo he hecho con total transparencia y algunas veces es positiva y otras negativa. He señalado -y utilizaré, como usted, el lenguaje de la Administración educativa- dónde
progresamos adecuadamente y dónde nos toca recuperar algo. Lo he dicho con toda transparencia, porque no tenía ningún interés en ocultar absolutamente nada.



Quiero agradecerle a la señora Batet su intervención, así como a todos los intervinientes, porque todos aprendemos -espero que también el representante del Grupo Parlamentario Popular- de todas las intervenciones e intentamos hacer nuestro
trabajo mucho mejor. Esta Administración y esta secretaría de Estado tienen un compromiso claro con la discapacidad y, por tanto, con una línea de trabajo decidida por promover la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad.
Hay varias normas que no voy a mencionar que posibilitan el acceso de las personas con discapacidad al empleo público y que fijan criterios para adaptar los ejercicios, ampliar los tiempos de prueba, los cursos selectivos o incluso el periodo de
práctica de estas personas. Ha ido incrementándose el porcentaje de la cuota de reserva de vacantes en la oferta de empleo público, pasando del 5 por ciento al 7 por ciento en la oferta de empleo público de 2009, de 2010 y también de 2011, y hay
además una reserva del 2 por ciento en la citada cuota de reserva, pero ya para las personas con discapacidad intelectual. Por tanto, creo que hay aquí también un avance y un salto cualitativo para llegar a la igualdad. En el periodo 2003-2009 han
accedido por el turno libre a cuerpos y escalas de la Administración General del Estado un total de 981 personas con discapacidad -creo que este es un dato que les puede interesar-, de las cuales más del 92 por ciento han accedido a cuerpos y
escalas adscritas al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. El Gobierno va a continuar haciendo este esfuerzo que ha realizado durante las dos últimas legislaturas a favor de una integración real y efectiva de las personas con
discapacidad, y va a continuar posibilitando y promoviendo su integración tanto en el ámbito social como en el laboral. Además, he mantenido una reunión esta misma semana con el Cermi precisamente para seguir impulsando medidas y, sobre todo, para
que no haya ni siquiera medio paso atrás en lo que ya hemos conseguido y, por supuesto, para seguir avanzando.



Uno de los trabajos en los que estamos inmersos y que tienen que ver con la otra respuesta que le he dado al señor Barrachina es la evaluación del desempeño, que formará parte en su momento de la ley de Función pública.
Estamos ya en
disposición de poner en marcha un plan relacionado con la evaluación del desempeño. El objetivo es divulgar las ventajas de esta herramienta de gestión entre todos los empleados públicos e ir implantándola. Lógicamente, nuestra experiencia la
hacemos en la Administración General del Estado, y lo vamos a hacer basándonos en actividades formativas dirigidas al mayor número posible de personas, pero es verdad que vamos a empezar primero con aquellos que tienen un nivel de responsabilidad
más alto en la divulgación, análisis, estudio de sistemas de evaluación o experiencias, que ya existen, porque ya se está haciendo en algunos ámbitos de la Administración General del Estado, y ampliarlas junto con la formación dirigida a los
implicados para poder desarrollar estas experiencias de los empleados públicos. Esto es algo que nos ha preocupado y sobre lo que queremos tener cuanto antes un diagnóstico, porque se trata de recompensar el esfuerzo, se trata de incrementar la
motivación, de incentivar la formación y, por tanto, de obtener a través de ella una mejor promoción profesional y carrera, y sobre todo va a servir para garantizar la idoneidad del empleado público o mejorar la calidad de los servicios públicos.
En ello estamos y, desde luego, cuando el plan se ponga en marcha en este mes de marzo y tengamos el resultado intentaremos esparcirlo por otros ámbitos para tener luego un buen diagnóstico a la hora de hacer una propuesta para el próximo texto
legal.



En cuanto a la Administración electrónica, como hemos dicho ya aquí, señora Batet, está representando un verdadero cambio en la relación que tiene la Administración con el ciudadano, del ciudadano con la Administración y con las empresas.
He comentado algunos ejemplos en mi intervención, pero puedo ampliarle algunos sobre esta transformación. Uno de los más significativos es la publicación electrónica del Boletín Oficial del Estado. Hoy ya parece una cosa muy normal, pero esto
hubiera sido impensable hace unos años. Se imprimían anualmente más de 20 millones de hojas, lo que equivalía a 4 millones de kilos de papel al año. Hoy puntualmente a las ocho de la mañana todos los ciudadanos, sin coste, lo pueden tener en la
pantalla de su ordenador. Otro de los cambios significativos me parece que lo ejemplifican los formularios electrónicos a través de Internet. Esto significa que se simplifican cualitativamente los trámites, los tiempos de espera, los
desplazamientos y además se pueden hacer de forma mucho más


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sencilla y rápida incluso en los casos en que haya un abono de tasas, comodidad, por supuesto, para poder consultar on line el estado de una tramitación e incluso en algunos casos se recibe vía SMS. Quizás el más conocido y uno de los más
utilizados en cuanto a Administración electrónica es la declaración del impuesto sobre la renta, con el ahorro económico, de tiempo, con los periodos de devolución, que se han acortado gracias a esta modalidad de presentación. Y las citas previas.
Con ellas podemos hoy obtener o renovar el documento nacional de identidad o el pasaporte o la cita sanitaria, lo que nos permite no tener que hacer colas y sobre todo saber cuándo y a qué hora vamos a ser atendidos. No quisiera dejar de mencionar
algo que también me parece muy importante, que son las más de 1,5 millones de solicitudes de becas que se realizan por Internet ante el Ministerio de Educación y que gracias a la comunicación entre administraciones públicas ha supuesto no tener que
presentar una serie de documentos, como se hacía antes -como por ejemplo fotocopia del carnet de identidad-, y por supuesto sin ningún menoscabo de los controles y de las garantías necesarias. Son algunos de los ejemplos que espero poder ampliar en
la próxima comparecencia porque hayamos avanzado mucho más.



Señor Jané, creo que en mi intervención le he respondido ya a algunas cuestiones como lo relativo a las retribuciones. Respecto a las duplicidades administrativas, usted ya sabe que el vicepresidente ha encargado -lo ha dicho públicamente
en varias ocasiones- un estudio para ver dónde se puede hacer también una racionalización, pero siempre sin menoscabo de las competencias de cada Administración, de cada Estatuto de Autonomía. Yo creo que el resultado de ese estudio nos dirá dónde
podemos intervenir o no. En cuanto a la Administración ordinaria, como usted comentaba, ya conozco cuál es su argumento, pero también usted conoce que el propio estatuto -que conoce mucho mejor que yo- en modo alguno dice que la exclusión de la
Administración periférica del Estado en Cataluña supone la exclusión de la Administración periférica del Estado en Cataluña ni que esta perviva en el territorio de la comunidad autónoma como Administración excepcional. Usted conoce perfectamente -y
lo ha dicho- mi sensibilidad, y además ha señalado el vicepresidente del Gobierno en distintas comparecencias que tenemos que seguir trabajando por reforzar los mecanismos cooperativos con las comunidades autónomas y el resto de las administraciones
públicas para incrementar la eficiencia del Estado autonómico. Estoy segura de que buscaremos y encontraremos las fórmulas que lo hagan posible. En cuanto a su pregunta sobre aspectos de política normativa que puedan afectar a comunidades
autónomas o administraciones locales en empleo público, en este momento solo se me ocurre una. Usted me disculpará si hay alguna más, pero en principio creo que solo estamos trabajando -en la Comisión de Coordinación y Empleo, donde están
representadas las diferentes administraciones- con el decreto de las ETT, las empresas de trabajo temporal. En estos momentos creo que es lo único que tenemos encima de la mesa.



El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a abrir un breve turno de intervención. Le ruego que no sobrepasen los tres minutos. (El señor Barrachina Ros pide la palabra.) Si me permite, señor Barrachina, ¿quiere intervenir, señor Jané?
(Denegación.) Señor Barrachina, está en el uso de la palabra por tres minutos.



El señor BARRACHINA ROS: No me ha respondido la señora secretaria de Estado si comparte la previsible fractura, según el borrador, en la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Permítame que le diga que me sorprende que
ante los desarrollos normativos suyos, los que son su obligación, los que la vicepresidenta anunció que tendrían lugar en septiembre del año pasado, usted diga que esos desarrollos se harán -es una frase suya- cuando sea. Me sorprende esa pereza a
la hora de desarrollar el Estatuto del empleado público con la respuesta que me da el ministerio sobre la Inspección de Trabajo, que dice: con la mayor celeridad posible. Yo no he hecho de esto una cuestión partidaria, como he escuchado a alguna
portavoz de la oposición. A mí me da igual. De hecho, fíjense, lo que estoy defendiendo es que esa inspección siga siendo única y global, y en este momento de quien depende es del Partido Socialista Obrero Español. No estoy defendiendo que pase a
otro partido, no, estoy diciendo que no es razonable, que se arrepentirán siempre si lo transfieren y si las inspecciones, tanto de los ERE como de las infracciones laborales, dependen funcional -como dice el borrador que tengo aquí delante- y
orgánicamente de aquellos que van a ser inspeccionados, es decir, de los mismos consejeros que aprueban esos ERE.
Yo busco la eficacia, y me da igual que gobierne el PP, el PSOE, Esquerra Republicana o quien usted quiera. Busco la eficacia, que es
además lo que España tiene firmado. El Gobierno de España firmó un acuerdo con la OIT de permanencia, de mantenimiento, de sostenimiento de esa autoridad general en la inspección.



Hagan la prueba ustedes. Hablen con un inspector o con un subinspector de cualquier provincia, de cualquier municipio, y pregúntenle dónde se siente más seguro, si en un cuerpo en el que se entra por oposición o en ese que van a crear
ustedes, en el que se entrará por oposición o por los concursos que se celebren en cada una de las autonomías; si se siente más seguro ahí cuando quien le va a sancionar, a abrir expediente, es la autoridad autonómica, la misma a la que
inspecciona, o si se siente parte integrante de un cuerpo nacional. Pregúntele usted y verá cuál es la respuesta. Lo que le pido es que, dado que ustedes no van a desarrollar normativamente nada, algo que ya teníamos asumido, en aquello que van a
hacer, como me han respondido por escrito, con la mayor celeridad posible, ahora que han frenado a España y vamos todos ya como máximo a 110, justamente en esto, que es desintegrar parte de lo que ha merecido alabanzas


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internacionales, frenen un poco e intervenga usted. Me gustaría también saber qué piensa usted como responsable de la Función pública. Yo no he dicho que se haya recolocado a los subdirectores. Lo sé. Sé que para ser subdirector hay que
ser funcionario. He dicho a los altos cargos. Las discrepancias no son entre sus datos y los míos, sino entre los suyos y los del Ministerio de Economía. Usted me habla de 310 altos cargos, yo me lo he de creer, pero cuando abro el presupuesto en
vigor me dice que son 506. Ese presupuesto lo aprobaron ellos, no yo, y dice que son 506.
Entenderá que si el presupuesto aprobado dice que son 506 yo tenga que hacer caso a lo que por escrito ustedes mismos aprueban y hoy es una ley en vigor. A
mí no me importa que fuercen las cifras para poder engañarme.
Entiendo que en mi sueldo viene. Pero lo digo para que cuando salgan fuera de España y hagan comparaciones, como han hecho con Francia, con el porcentaje de empleados públicos, ustedes,
que nos representan, también a mí, no hagan el ridículo cuando digan: el porcentaje de empleados públicos sobre la población activa es un 12 por ciento, estamos por debajo de países... No. Si usted coge la población activa, en nuestra población
activa hay 4,6 millones de parados, somos el país 27 de los Veintisiete de la Unión Europea después de que el pasado verano nos adelantase Letonia. Si usted, en lugar de hacer la división de los 3,1 millones de empleados públicos por los 22
millones de población activa, lo hace sobre la verdad, sobre la población ocupada, que son 17,8 millones, en lugar de ser el 12 por ciento, que nos sitúa a la cola, tenemos el 18 por ciento, y entonces la estadística se invierte. A mí no me importa
que me hagan trampas. Lo que me preocuparía sería que ustedes se lo creyeran y cuando salgan por ahí digan que España tiene un porcentaje de empleados públicos sobre el resto de empleados inferior. No es verdad.



El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, por favor, vaya concluyendo.



El señor BARRACHINA ROS: En lugar de un 12 es un 18 si saca a los parados, y para el porcentaje de empleados públicos sobre el conjunto de empleos pido simplemente que se haga la división: 3,1 millones dividido entre 18 millones de
cotizantes da 18 y no 12. No me preocupa que usted dé esa cifra sino que se la crea.



El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Solo voy a contestar, porque quiero que quede claro, que en mi intención no ha estado ni engañarle ni hacerle trampas ni confundirlo. Al contrario, siempre en mi
intención está aclarar, dar toda la información que poseo y, sobre todo, que seamos lo suficientemente responsables como para que cuando hablamos digamos qué fuentes utilizamos y cómo hacemos las cuentas para que nos salgan unos números u otros. No
creo que estemos en contradicción sino que simplemente en función de lo que usted quiera diagnosticar utiliza una metodología con unos recursos. Esto es lo que se hace tanto por un ministerio que como por otro. Insisto, no hay contradicción.
Luego vendrá el tema de los asesores, ya que creo que hay una pregunta después, y estaremos igual. Usted utiliza a los asesores de una manera y yo le digo que los asesores pueden ser asesores, pueden ser eventuales, pueden ser funcionarios y
dependiendo de cómo y de qué utilicemos salen unas cuentas u otras. Yo creo que es inútil seguir en este debate porque usted siempre va a coger aquello que perjudique al Gobierno y yo voy a coger siempre lo que beneficia a la gestión del Gobierno,
pero con una diferencia, que usted no se da cuenta de que muchas veces cuando utiliza ciertos argumentos no es que perjudique al Gobierno sino que está perjudicando a su país, que es el mismo que el mío, que es España. Esa es la diferencia, señor
Barrachina. Yo no oculto de dónde he sacado los datos y cómo lo hago, tengo total transparencia, quien me conoce, además, de todos mis años de trabajo político, tanto en el Gobierno como en la oposición, saben que soy cristalina, clarísima.
Por
tanto, claro que no nos salen las cifras iguales porque no utilizamos los mismos datos. Yo digo que la población de empleados públicos es del 12,6 por ciento, y usted dice que es el 18 por ciento. Pues bien. ¿Le preocupa que haya, según sus
datos, el 18 por ciento de población que trabaja en el sector público? A mí no me preocuparía porque no me parece una cifra como para preocuparse. De acuerdo que usted utiliza para esa división unos datos que yo creo que no son los correctos, pero
entre el 12 y el 18, qué más da. La apuesta es por lo público. ¿Usted apuesta por lo público, sí o no? Lo importante es eso. Yo sí apuesto por lo público, y usted debería apostar por lo público porque es funcionario, como yo, y ha sido director
general, o sea que ha sido también responsable en un gobierno de España. Por tanto, lo que hay que tener claro aquí es que este Gobierno apuesta por lo público, va a seguir optimizando los recursos de lo público y va a trabajar por una
administración del siglo xxi más eficiente, más eficaz y sobre todo para que sea una administración de la excelencia. Ya está. No quiero entrar en más guerra de cifras porque no nos vamos a poner de acuerdo. Alguna vez deberíamos venir aquí con
todos los gráficos, con todas las cuentas, las suyas y las mías, y compararlas, para que el resto de los diputados y diputadas, si tienen interés, vean cómo hacemos cada uno las cuentas.



Respecto a los altos cargos ocurre exactamente igual. Depende hasta dónde hablamos y hasta dónde no hablamos. La comparación que yo le he hecho, señor Barrachina, no la he hecho con el Ministerio de Economía y Hacienda. He cogido lo que
ustedes contaron cuando estaban gobernando en el último año y he cogido exactamente los criterios con los que ustedes contaron los altos cargos en el último año de gobierno, y con los mismos criterios ahora hay 21 altos cargos menos que


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entonces. Este es el único criterio que he utilizado, que es el que ustedes utilizaron, para que hubiera comparación entre su Gobierno y este Gobierno. Y respecto a la inspección, no creo que haya esa fractura. En cualquier caso, lo
estudiaré ya que es un tema que está en debate. No creo que haya esa fractura. Estoy convencida de que se ajustará a los criterios que marca cualquier transferencia que se puede realizar en un estatuto de una comunidad autónoma, como se ha hecho
con otras competencias. En cualquier caso, tomamos nota de ello, porque usted sabe que yo comparto que todo se rija por los criterios de legalidad y se apliquen todas las normas que están en vigor. En cuanto a la frase que ha comentado que yo he
dicho, cuando sea, no sé si lo he dicho o no. Como soy andaluza, muchas veces no se me entiende lo que digo o a veces utilizo dejes o frases que pueden ser interpretadas no con el sentido con el que yo lo he expresado. Si he dicho cuando sea, me
estaba refiriendo, sin duda, señor Barrachina, a que hay proyectos que no pueden venir con la madurez que requieren ni con el acuerdo político, social y académico que necesitan. Por eso me refería a que tendrán que estar aquí cuando estén en esas
condiciones. ¿Cuándo? A lo mejor ese es el cuando sea: cuando sea posible.



PREGUNTA:


- DEL DIPUTADO DON MIGUEL BARRACHINA ROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO EN EL PERSONAL EVENTUAL QUE MUESTRA EL ÚLTIMO INFORME DE LA IGAE. (Número de expediente 181/003061.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con la pregunta que formula el señor Barrachina, que durante diez minutos está en el uso de la palabra.



El señor BARRACHINA ROS: No serán necesarios diez minutos porque seré mucho más breve, señor presidente.



Esta pregunta la registré en septiembre, después de que en agosto conociésemos unos datos que hoy es posible que ya estén casi fuera de lugar. Contrariamente a lo que la señora secretaria de Estado pueda pensar, yo no tengo unos datos
diferentes a los suyos, es el Ministerio de Economía el que tiene datos diferentes a los suyos y son los únicos datos que la Comisión Europea acepta de España como válidos, los del Ministerio de Economía. Por tanto, no es una discrepancia entre
usted y yo; mis datos son todavía peores que las discrepancias gubernamentales que ustedes tienen. Por lo tanto, no son datos míos y datos suyos, todos los datos que yo doy son del Ministerio de Economía. Esto que muestro son fotocopias de dos
documentos con el logo ministerial en los cuales dicen que el número de personal eventual, lo que llamamos coloquialmente asesores, en 2008 era de 674 y, a pesar de que había ya una tasa de reposición en 2009 en vigor, en lugar de 674 al año
siguiente hay 721, que es un 7 por ciento más aproximadamente en el mismo momento en el que estábamos advirtiendo a los españoles que tenían que apretarse el cinturón, ellos sí, y los altos cargos que disfrutan de ese personal eventual -salvo que
usted también me diga que estos libros presentados públicamente por el ministerio son también falsos- no lo hacen. Estos datos hacen una comparación de 2009 y 2008. Tomando el cuadro presupuestario, datos extraídos del ministerio, lo que dicen es
que desde 2004, cuando gobernaba aquel presidente de la España que funcionaba bien, José María Aznar, había 723; hoy hay 863. Será bueno, será malo, pero hay 140 personas eventuales más, en su mayoría asesores, como coloquialmente los conocemos,
que suponen casi un 20 por ciento más y un 48 por ciento más de coste. Yo digo que hoy, con menos competencias y en situación de enorme crisis, no me parece justificado que tengamos que ahorrar en todo, hasta en gasolina, y resulte que hoy cuesta
el personal eventual del que ustedes disfrutan un 48,5 por ciento más. Como usted utilizará otros datos, le digo que es verdad que el último año ha habido un ligero encogimiento, el último año ha habido 12 menos, llegó a haber 875 y ahora hay 863,
140 más que en la etapa anterior, con un coste de casi un 50 por ciento más. A nosotros esto hoy nos parece muy poco razonable. Esta última cifra que le ofrezco son datos extraídos literalmente del documento presupuestario que ustedes aprueban,
generalmente con nuestro voto en contra. Por tanto, no son mis datos frente a los suyos, es que usted, como hace el resto de la Unión Europea, tampoco se cree los datos de Economía si es que no cree que estos datos que yo le doy a usted sean los
ciertos. Por tanto, me gustaría conocer cuál es su opinión sobre ese crecimiento del número de asesores, del personal eventual, que tiene la Administración General del Estado.



El señor PRESIDENTE: También por tiempo de diez minutos tiene la palabra la señora secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibáñez): Va a ser menos tiempo, presidente.



Me voy a ceñir a los datos a los que usted se ha referido y que también tengo, porque no le voy a decir que no coinciden con los del registro de personal, son un poco más bajos, pero no vamos a entrar otra vez en este debate. Es verdad que
hay un incremento en la comparativa por la que usted me preguntaba y también lo tendría con los datos que yo tengo, pero con otros datos también hay un incremento en la comparativa de 2009 y 2008. Ese incremento tiene una incidencia fundamental
como consecuencia de las necesidades de la Presidencia española de la Unión Europea, tanto por la Oficina del Alto Representante para la Presidencia como para personal de otros ministerios. Con ocasión de anteriores presidencias también se produjo
un incremento similar. Quiero añadir,


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aunque con una incidencia muy pequeña, la creación de la vicepresidencia tercera. Pero fundamentalmente el incremento, que era lo que usted me preguntaba, se debe a la Presidencia española de la Unión Europea.



El señor PRESIDENTE: ¿Quiere replicar, señor Barrachina? (Asentimiento.) Muy brevemente, por favor.



El señor BARRACHINA ROS: La Presidencia española duró seis meses, y yo, además de darle el dato de 2008 y 2009, le he comentado los actuales, que, como decía mi compañero Rafa Merino, llegaron para asesorar durante la Presidencia española y
se han quedado. La Presidencia española se acabó hace muchos meses y el número ha seguido aumentando año a año y no ha habido creaciones de vicepresidencias adicionales. Es un mal ejemplo el que da a la opinión pública española el uso exclusivo
que hace el Gobierno de los asesores que legítimamente se ganan su sueldo, porque tienen un carácter, a mi juicio, indispensable en cualquier actividad pública, pero en este momento su desmedido crecimiento no se justifica.
Pudo tener puntualmente
un crecimiento, pero ese crecimiento se ha consolidado y los datos presupuestarios indican que estamos por encima del dato máximo que hubo en el máximo momento de la Presidencia española.



El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra.



La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (Rumí Ibéñez): Al final, quien mucho habla, habla mucho. Me preguntaba por qué había aumentado porque las cifras no se correspondían. Ha habido un aumento y le he dicho por qué. Como
le he dicho que soy totalmente transparente le voy a dar todos los datos actualizados. A 17 de enero de 2011 hay 624 personas eventuales. Por tanto, ha habido una reducción respecto a los años que usted menciona. Estos 624 eventuales significan
el 0,26 por ciento del total de efectivos de la Administración General del Estado, de los cuales, asesores eventuales, esos que tanto le preocupan a usted, 188. O sea, el 0,08 por ciento del total de los efectivos de la Administración General del
Estado. Un ejemplo más de austeridad, de racionalización y sobre todo de rigor, señor Barrachina, porque somos responsables. Este es un gobierno responsable.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.



Se levanta la sesión.



Eran las dos de la tarde.