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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 720, de 08/03/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2011 IX Legislatura Núm. 720
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN
Sesión núm. 51
celebrada el martes, 8 de marzo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa al cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de 19 de mayo de 2009, por el que se deniega la concesión de permiso de investigación de hidrocarburos solicitada por una empresa privada.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001542.) ... (Página 2)
- Relativa al proyecto de construcción de un embalse en el río Navia (Lugo). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001602.) ... (Página 5)
- Relativa a la renovación del acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/002008.) ... (Página 8)
- Sobre impulso de la inclusión en el etiquetaje de los productos de datos relativos a su impacto en el calentamiento global. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002016.) ...
- Relativa al desarrollo de más instrumentos normativos para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002036.) ... (Página 13)
- Para que el Gobierno se oponga al nuevo capítulo agrícola del acuerdo de asociación de la UE con Marruecos en los términos acordados en diciembre de 2009 para defender los intereses del sector hortofrutícola español.
Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002059.) ... (Página 16)
- Sobre la regeneración de la playa de la Cala Agullana. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001255.) ... (Página
20)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA, DE 19 DE MAYO DE 2009, POR EL QUE SE DENIEGA LA CONCESIÓN DE PERMISO DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS SOLICITADA POR UNA EMPRESA PRIVADA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001542.)
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca para debatir y votar las proposiciones no de ley que aparecen en el orden del día.
Empezamos por la proposición no de ley que figura en el punto 2.º del orden del día y continuaremos en principio y sucesivamente con el resto de los puntos en el orden en que aparecen.
Para la defensa de la proposición no de ley relativa al cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de 19 de mayo de 2009, por el que se deniega la concesión de permiso de investigación de hidrocarburos,
solicitada por una empresa privada y presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: Buscar es una actitud inherente a la condición humana. Podríamos incluso entender la vida como una búsqueda incesante.
Hay quien quiere encontrar la verdad, quien busca la felicidad, incluso cuestiones intangibles
o imposibles, como Shangri-La o El Dorado. El problema es que lo que buscan las compañías petrolíferas es petróleo.
Nadie va a discutir en este momento la legitimidad, la razón, incluso la necesidad de esa búsqueda, pero el problema no es tanto lo
que buscan como el hecho de cómo lo buscan. Incluso, si me apuran, el gran problema es cuando lo encuentran. No son precisamente industrias que se distingan por su delicadeza, no son especialmente sutiles en esa búsqueda, y desgraciadamente su
trabajo es cualquier cosa menos inocuo. No creo que sea necesario describirles en qué consiste la actividad. Todos tenemos en mente cómo trabajan los barcos, los buques y las plataformas dedicadas a la prospección petrolífera, y todo ello, repito,
es una broma si por una casualidad, por un designio del hado, al final dan con el crudo. La menos dañina de las consecuencias sería transformar el litoral valenciano en un bosque de monstruosas plataformas petrolíferas dedicadas a bombear
combustible.
Los valencianos ya hemos encontrado petróleo en nuestras costas. Ese petróleo se llama turismo. Se da la circunstancia de que es nuestra primera industria, de donde procede buena parte de la riqueza y el bienestar de nuestra comunidad y la
actividad que proporciona trabajo al mayor número de valencianos y valencianas, siendo básicamente su medio de vida. Hemos procurado diversificar nuestra oferta, el Gobierno de la Generalidad se ha puesto a ello, pero la realidad es que el eje, la
modalidad básica de nuestra oferta, se centra en lo que se ha dado en llamar el turismo de sol y playa. Para nosotros es una cuestión crítica, una decisión estratégica, vital. Yo quisiera preguntar a sus señorías quién va a extender su toalla
frente a una plataforma petrolífera, quién va a escogernos
con ese fin cuando desde Turquía hasta la Comunidad Valenciana hay miles de kilómetros de costa mediterránea, playas y destinos donde por el mismo precio puedes disfrutar de tus vacaciones sin la inquietante visión de unas instalaciones de
esas características.
El Gobierno Zapatero nos condena, porque nos condena a no poder competir, y eso, en la industria turística, es el principio del fin, el declive, la decadencia. Por otra parte, hay que mantener un mínimo exigible de coherencia en el discurso
político. No se puede gobernar un país inmerso en la peor crisis de su historia reciente, unificar todas las esperanzas de recuperación nacional en una concreta colección de medidas, titularla Ley de Economía Sostenible -no cualquier tipo de
economía sino la sostenible- y, a continuación, empezar a dar permisos para la prospección petrolífera en decenas de miles de hectáreas de nuestras costas. ¿Qué parte de sostenible me he perdido, señorías -me pregunto-? ¿Qué entiende por
sostenible el Gobierno Zapatero? No se pueden gastar miles de millones de euros en medidas proteccionistas, en campañas de concienciación medioambiental dirigidas a sensibilizar a la población, exigir al ciudadano todo tipo de requisitos y poner
toda clase de obstáculos administrativos a su actividad sin otro objetivo que preservar el medio ambiente y, a renglón seguido, autorizar actividades prospectivas a gran escala, actividades que son extraordinariamente peligrosas para el ecosistema.
¿Qué ha quedado del discurso sobre la protección de la biodiversidad, de las praderas de posidonias, de los cetáceos, de la lucha contra la contaminación o, si me lo permiten, la salvación del samaruc -en valenciano-, que es un pececito pequeño? Lo
digo porque van a empezar ustedes a perforar delante mismo del Parque Natural de la Albufera, por citar uno de los espacios naturales que se verán seriamente comprometidos. Al final, uno acaba preguntándose si todo esto no era mentira, si era
filfa. De los efectos para la pesca, que en la Comunidad Valenciana es casi una actividad artesanal pero que supone su medio de vida para buen número de familias, casi mejor ni hablamos.
Quiero acabar mi intervención y permítanme que les desgrane un último argumento. Para ello empezaré contándoles algo. Yo cantaba en la facultad con un grupo de veinticinco o treinta personas y tenía un amigo que era el solista. Como es
lógico, tenía una voz estupenda, magnífica, pero cierta dificultad con los tiempos, siempre se precipitaba o entraba tarde. Sin embargo, cuando acabábamos, siempre se giraba hacia todos nosotros para afearnos que todos nos hubiéramos adelantado o
retrasado.
Él, como todos los solistas, tenía cierto complejo de prima donna y en cinco años jamás concibió que era él el que no entraba nunca a tiempo.
Pues a este Gobierno le pasa algo parecido, tiene complejo de prima donna.
El Gobierno valenciano, la totalidad de las instituciones políticas de la comunidad, diputaciones, ayuntamientos, todo el tejido asociativo, empresarial, vecinal, sindical y, por supuesto, ecologista, y la práctica totalidad de los
ciudadanos de aquel viejo reino, por no citar a este Parlamento, mediante acuerdo alcanzado en el seno de esta misma Comisión el 19 de mayo de 2009, les han manifestado su voluntad inequívoca de impedir las prospecciones petrolíferas en nuestro
litoral. Todo les ha dado igual, han pasado por encima. Yo les pregunto: ¿Estábamos todos equivocados? ¿En contra de la opinión y la voluntad de todos es el Gobierno el único que acierta? ¿Todos hemos entrado tarde o nos hemos precipitado? ¿O
también en esta cuestión es el Gobierno Zapatero el que ha perdido el compás?
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Mixto. El señor Perestelo tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Permítanme, en primer lugar, hoy 8 de marzo, felicitar a las mujeres en su día internacional.
La enmienda que presenta el Grupo Mixto viene como consecuencia de algo que encontrábamos en Coalición Canaria contradictorio. Por un lado, el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley en esta Comisión pidiendo la paralización de
esas prospecciones en las zonas que plantea la iniciativa y, sin embargo, en la prensa de Canarias del día de ayer aparece una noticia del Partido Popular instando a buscar bolsas de petróleo o gas en las aguas cercanas a Canarias. Hace referencia
a un informe de FAES, a solicitud del señor Rajoy, donde incluso se critica al Gobierno por la lentitud en la concesión de autorizaciones en esta búsqueda de energías sobre todo en un momento de crisis como el actual.
Sin duda, compartimos lo
expresado por el señor Ferrer en su intervención. Creo que si hay un territorio en el Estado español donde se dan esas connotaciones que el petróleo significa para el turismo, ese es Canarias. Por tanto, cualquier duda que se pueda plantear sobre
cualquier tipo de prospección indudablemente afectará al turismo que está en este momento en las islas y, sobre todo, al potencial turista, al potencial visitante, que puede cambiar su criterio de destino por esta situación.
Nosotros siempre hemos
defendido que cualquier actuación tiene que ser previamente estudiada y valorada con mucho cuidado para no perder esa actividad fundamental que sin duda es la locomotora del tren de la economía de Canarias.
Coalición Canarias ha presentado esta enmienda porque creemos que lo que se plantea en la iniciativa del Grupo Popular debe ser aplicable también a Canarias. Iniciativa que se propone como consecuencia de una información del periódico de
ayer, lunes 7 de marzo de 2011, donde el Partido Popular en Canarias plantea que se realicen las prospecciones desde ya y se den las autorizaciones para que se puedan hacer ya por una por una compañía privada en Canarias. Entendemos que con el
mismo cariño que se plantea la iniciativa, debe tratarse también esta otra zona que es el territorio archipielágico de Canarias.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Morán.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: En síntesis, la cuestión que traemos hoy a debate en la Comisión es la de rescatar una proposición no de ley, que se sometió a consideración de la Comisión y se votó el pasado 19 de mayo, e insistir en su
contenido.
Esta proposición no de ley, que fue debatida y votada, venía a plantear dos cuestiones: Por una parte, una denegación expresa de la concesión de un permiso de investigación de hidrocarburos en una zona muy concreta de la geografía costera
española, en este caso el golfo de Valencia¸ y, por otra, la paralización de nuevos permisos de investigación, sugiriendo la puesta en marcha de los trabajos que condujesen a la elaboración y aprobación de una estrategia nacional de explotación de
recursos energéticos. Es decir, no se trata hoy de debatir nada que no haya sido debatido con anterioridad. Consecuentemente, nosotros damos por supuesto que los grupos parlamentarios mantendrán el sentido del voto que en su momento emitieron.
Tengo que decir, atendiendo a las manifestaciones del portavoz del Grupo Popular, que estamos hablando de una cuestión de coherencia en los planteamientos y que coincido plenamente con sus apreciaciones. Cuestión de coherencia que nos
llevaría a preguntarnos cuál es la razón para que, frente a la propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista hizo en su momento (ya que el grueso de la proposición no de ley, en su día, trataba de la elaboración de una estrategia nacional de
explotación de recursos energéticos, cuestión que no es propia de esta Comisión sino que sería la Comisión de Industria la que debiera poner en marcha los trabajos previos para elaborar una propuesta en la cual hubiese el máximo consenso posible)
hubiese aquel interés en hurtar a la Comisión de Industria un debate cuando parecía que el grueso de la propuesta iba en ese sentido.
Uno daba por supuesto que esta propuesta, con los argumentos que en aquel momento se expusieron, ya que parecía
que era sencillamente una cuestión de tipo coyuntural para una zona concreta, ya estaba votada en la Comisión de Medio Ambiente y que esto iba a ser debatido en la Comisión correspondiente. Sin embargo, sorprendentemente, no es así. Uno, a la hora
de revisar cuál es el histórico de coherencia al que se hace referencia, se pregunta: ¿Qué es coherencia en relación con la actuación de los diferentes gobiernos? ¿Es más coherente el hecho de que durante los ocho años de Gobierno del Partido
Popular se hubiesen autorizado un total de once investigaciones, a través de prospecciones, en las cosas españolas, o que se hayan autorizado cinco, que pueden ser muchas o pocas, pero que son menos que las que autorizó el Partido Popular? La
reflexión viene posteriormente: si es que de la experiencia de aquellas once prospecciones el Partido Popular llega a la conclusión de que autorizadas aquellas once ya no se puede autorizar ninguna más o si hubo algún problema en aquellas once que
se autorizaron que les lleva a esa conclusión. No encontramos razones que pudiesen llevar a esa conclusión.
Por lo cual, damos por supuesto que en su momento el Gobierno correspondiente autorizó aquellas once prospecciones sucesivamente,
atendiendo a criterios de máximo rigor en la tramitación de los permisos correspondientes y que no parece que nada haya cambiado, puesto que no se ha modificado la norma en las cinco que se autorizaron desde que el Gobierno del Partido Popular dejó
las responsabilidades al frente del Ejecutivo. Por lo cual, alguna otra razón habrá. Y la razón la adelanta en su intervención el portavoz del Grupo Mixto, señor Perestelo, según el texto literal del apartado 29: Proporcionar un marco
administrativo ágil y transparente que permita la exploración de los recursos petrolíferos y gasísticos potencialmente disponibles en territorio y aguas españolas, citando como ejemplo concreto las exploraciones paralizadas en Canarias.
Es decir,
de lo que se trata es de utilizar a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, en un proceso de disputa electoral legítima en un territorio concreto, manteniendo una posición concreta respecto a una cuestión en la cual el Partido
Popular mantiene una posición literalmente distinta de la que nos plantea aquí. No solo no se trata de establecer un mecanismo que llevase a la conclusión de agravar los criterios que permitiesen detener o paralizar los permisos de la exploración,
sino que lo que hace la recomendación es justo lo contrario: eliminar cualquier traba administrativa del tipo que sea porque en estos momentos se entiende que los criterios de autorización son demasiado lentos, establecen demasiados requisitos y,
por tanto, la propuesta en último término trata de modificar la normativa actual.
Pues bien, es absolutamente legítimo y razonable que se plantee una propuesta de estas características, pero cuando se plantea debe de hacerse con todas las consecuencias. Nosotros los que haríamos sería invitar al Partido Popular a que
recoja la invitación que se hizo en su momento. Si de lo que se trata es de elaborar una nueva estrategia respecto a la cual en su momento no se nos decía cuáles eran los contenidos de esa nueva estrategia, si de lo que se trata es de liberar de
trabas administrativas los procedimientos de autorización que en estos momentos rigen en nuestro país, que se plantee con claridad. Creo que estamos en condiciones de poder debatirlo y llegar a alguna conclusión concreta que con la aportación de
unos y otros nos llevaría a tener una normativa más actualizada y probablemente más acorde con las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos, pero lo que no es legítimo es plantear en lo concreto una propuesta que conduce exactamente al sentido
contrario de lo que se pretende con carácter general, salvo que estuviésemos ante la situación de que lo que se pretendiese fuesen dos normativas distintas: una para la costa valenciana y otra para el resto de España, aunque conociendo cuáles son
los postulados del Partido Popular, creo que ni mucho menos estamos en esa situación. Con lo cual, en relación con el criterio que en su momento marcó la Comisión de Medio Ambiente en el debate de 19 de mayo pasado, el Grupo Parlamentario
Socialista
lo que no va a incorporar hoy es ninguna propuesta que vaya en el sentido de dejar ni siquiera abierta la posibilidad a que un acuerdo adoptado por la mayoría de un órgano de esta Cámara ponga en duda que sea un acuerdo válido y que, por lo
tanto, mandata en los términos en lo que en su momento se adoptó. En su momento nosotros mantuvimos, por las razones que exponíamos en aquel momento, que veo que hoy se confirman literalmente, una postura de abstención en prácticamente toda la
exposición propositiva del Grupo Parlamentario Popular y apoyamos en uno de sus puntos la propuesta. Hoy, lógicamente, no vamos a cambiar el sentido del voto y nos mantendremos en esa misma posición.
La señora PRESIDENTA: Antes de continuar con el orden del día les anuncio que las votaciones se celebrarán a partir de las doce y media.
- RELATIVA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE EN EL RÍO NAVIA (LUGO). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001602.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3º del orden del día, proposición no de ley relativa al proyecto de construcción de un embalse en el río Navia, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, tengo que advertir que el Bloque Nacionalista Galego, que es el que ha impulsado esta proposición no de ley del Grupo Mixto, ha presentado una enmienda de sustitución a la parte resolutiva de la
misma en la medida en que reconocemos que la redacción original no era afortunada. Por lo tanto, la enmienda de sustitución que hemos presentado es del siguiente tenor: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender definitivamente la
concesión de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca del río Navia, dada la sobreexplotación de la misma y su impacto medioambiental, y, en segundo lugar, permitir únicamente las repotenciaciones de los actuales aprovechamientos
hidroeléctricos, siempre y cuando se realicen sin llevar a cabo movimientos de tierra, se mantengan en el mismo vaso y no se altere el caudal ecológico del río.
Señorías, Galicia es conocida como el país de los mil ríos, pero prácticamente no hay ningún río gallego a salvo de la presión de los aprovechamientos hidroeléctricos. Galicia, para que tengan ustedes una referencia, representa tan solo el
5 por ciento del territorio español, apenas el 6 por ciento de la población total del Estado español, pero produce el 25 por ciento de la energía hidroeléctrica. Esta actividad ha supuesto la asunción por parte de Galicia de importantes costes
sociales y medioambientales sin que prácticamente le reportase beneficio económico alguno. Entre los costes medioambientales están la alteración del paisaje, del microclima, del caudal ecológico de los ríos, de su flora y de su fauna; entre los
costes sociales la imposibilidad de otros aprovechamientos económicos de las tierras anegadas y la emigración de la gente que vivía en estos territorios. Todas estas consideraciones son válidas a la hora de valorar el proyecto de construcción de un
nuevo embalse en el curso alto del río Navia, un río en el que ya existen tres embalses y cuatro centrales hidroeléctricas que ocupan unos 45 kilómetros, algo más del 40 por ciento de su recorrido. Por lo tanto, es evidente que el río Navia soporta
ya un alto aprovechamiento de sus recursos hidroeléctricos.
El proyecto de construcción de un embalse en el alto Navia tiene su origen nada menos, señorías, que en una orden ministerial del 9 de febrero de 1951, una concesión que fue modificada por otra orden ministerial del 1 de junio de 1963. Esta
concesión ha dado lugar, en estos casi cincuenta años, a distintos proyectos, proyectos que suscitaron en todos los casos una fuerte oposición ciudadana, y que no llegaron a materializarse, en unos casos por no recibir una resolución favorable y en
otro por fallo del Tribunal Supremo estimando un recursos presentado por el Ayuntamiento de Navia de Suarna, pero aunque estos proyectos han quedado anulados, no ha quedado anulada la concesión. Así, la sociedad Saltos de Navia ha iniciado la
tramitación administrativa de un nuevo proyecto que contempla una presa con una cota de 289 metros, una capacidad de almacenamiento de 123 hectómetros cúbicos y una cuenca aprovechable de 1.065 kilómetros cuadrados entre Galicia y el límite
administrativo con Asturias. La central hidroeléctrica que se contempla en este proyecto se ubicaría en el margen izquierdo del río Suarna, en Fonsagrada (Lugo), y ocuparía más de 15 kilómetros de la cuenca del río y también anegaría 7 kilómetros
del río Suarna y un kilómetro y medio del río Rao. En resumen, señorías, desde hace cincuenta años estas tierras padecen la amenaza de construcción de un embalse, una situación que hasta ahora solo ha favorecido a la empresa concesionaria, que de
esta manera puede especular con la concesión, ve cómo se revaloriza su recurso, es decir, la posibilidad de aprovechamiento del río Navia para producir energía, al tiempo que se deteriora el valor de estas tierras y consiguientemente el posible
importe de posibles indemnizaciones por la construcción de este aprovechamiento.
Las consecuencias de esta permanente amenaza ya fueron catastróficas para toda la comarca del alto Navia conformada por los municipios gallegos de A Fonsagrada y Navia de Suarna y el municipio asturiano de Ibias; motivó el abandono masivo
de población, desvalorizó los recursos agrarios y naturales de la zona, hizo inviable todo tipo de iniciativa privada por temor a que las tierras fuesen anegadas y la posible construcción de la central sigue condicionando gravemente el presente de
esta comarca e hipotecando su futuro. A los sucesivos proyectos que amenazan el alto Navia se han opuesto los vecinos, las organizaciones políticas implantadas en la
zona, asociaciones ecologistas de Galicia y de Asturias, la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental del Estado e incluso el Buró Europeo de Medioambiente. Hay también pronunciamientos en contra de los ayuntamientos afectados, de
más de cincuenta ayuntamientos de toda Galicia, de la Diputación Provincial de Lugo y un pronunciamiento unánime del Parlamento gallego en el mismo sentido. Las razones de este rechazo unánime al proyecto son múltiples, económicas, sociales y
ambientales, pero sobre todo la razón fundamental es la necesidad de preservar y aprovechar los recursos agrarios, forestales, piscícolas, paisajísticos y naturales de la comarca en beneficio de sus habitantes y de las miles de personas que cada año
la visitan para gozar de su patrimonio cultural y natural. El territorio que se pretenden inundar conserva una altísima diversidad vegetal, una abundante fauna y un importante patrimonio cultural. El embalse destruiría uno de los mejores cotos
trucheros de Europa, afectaría gravemente al lugar de interés comunitario conformado por las sierras de O Courel y Os Ancares, espacio declarado red natura y reserva de la biosfera, y actuaría además como una barrera para el asentamiento y
movimiento de la fauna que acoge la zona. También dejaría debajo del agua la antigua herrería de Vilar da Cuíña, en su tiempo un importante complejo industrial, susceptible de ser recuperado para fines productivos, culturales y recreativos. En
definitiva, señorías, destruiría la única parte que se mantiene viva del río.
Por eso consideramos imprescindible que el Gobierno negocie con la empresa concesionaria para expropiar, anular o rescatar la concesión del aprovechamiento del Navia, como se ha hecho por cierto en otros casos.
Quiero recordarles, señorías,
que la ministra se comprometió recientemente a suspender la concesión de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca del Miño-Sil mientras no esté aprobado el plan hidrológico de la cuenca, dada la sobreexplotación a la que está sometida, y
esta consideración que motivó este compromiso de la ministra para la cuenca del Miño-Sil es también aplicable, aunque no pertenezca a esa cuenca, al río Navia porque se dan exactamente las mismas circunstancias. Consideramos que lo que planteamos
es total y absolutamente razonable, como lo es el texto que acabamos de proponer.
Por lo tanto, les pido por sensibilidad medioambiental, por sensibilidad a la demanda unánime de los agentes sociales, de las fuerzas políticas y de las instituciones
de nuestra comunidad que apoyen esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Señor Jorquera, entendemos defendida su autoenmienda y pasamos a la defensa del resto de las enmiendas que se han presentado a la proposición no de ley, dos presentadas por el Grupo Popular y tres por el Grupo
Socialista. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS FONTAL: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y lo hago de una forma especialmente entrañable, ya que tratamos un tema que afecta a dos municipios de la montaña lucense, a Fonsagrada y Navia de Suarna,
comarca a la que también pertenece mi municipio de procedencia, Triacastela, y muy cerca del cual nace el río Navia, del que hoy estamos hablando; concretamente nace entre los pueblos de Sabugos y Busnullan, que pertenecen al municipio de Pedrafita
do Cebreiro para luego discurrir por tierras de As Nogais y Becerreá, antes de llegar a las ya citadas Navia de Suarna y a Fonsagrada.
Yendo al tema que nos ocupa, quiero empezar diciendo que el Grupo Popular defiende hoy la misma postura que hemos mantenido respecto de una iniciativa similar aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia el pasado 25 de mayo de 2010,
acuerdo que fue debidamente trasladado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por el conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Más recientemente, también se ha tratado en el Parlamento de Galicia, el 8 de febrero pasado,
una moción al respecto que fue aprobada por unanimidad. Además, los ayuntamientos afectados, Fonsagrada y Navia de Suarna, han rechazado por unanimidad de todos los grupos la construcción de este embalse, amenaza que pende sobre estos pueblos desde
hace casi 60 años.
En calidad de diputada gallega considero oportuno trasladar al Congreso de los Diputados la postura del Gobierno gallego en relación con los aprovechamientos hidroeléctricos y la planificación hidrológica. El Gobierno gallego es consciente
de que los ríos de Galicia soportan una acusada presión en sus recursos y que nuestra comunidad dispone en estos momentos de una gran cantidad de centrales de producción hidroeléctrica.
La prioridad de la Xunta de Galicia en estos momentos está en
el impulso de otras energías limpias y renovables. Pese a ello, el Gobierno de Galicia no debe descartar la posibilidad de estudiar ampliaciones de capacidad productiva, las que conocemos como repotenciaciones, en las concesiones actualmente
concedidas y en explotación, sin que ello suponga la creación de nuevos obstáculos en los ríos ni la alteración sustancial de las condiciones ambientales. A este respecto, el criterio será extremadamente restrictivo y claramente contrario a la
autorización de nuevas concesiones en nuestros cursos fluviales. Así se ha venido manifestando desde la entrada en el Gobierno del Partido Popular y así lo demuestra el respeto mostrado en relación con el decreto de suspensión de concesiones de
aprovechamientos hidroeléctricos dictado en la pasada legislatura. En la actuación del Ejecutivo gallego priman por encima de cualquier consideración los condicionantes ambientales, paisajísticos y naturales que permitan preservar y mantener la
calidad de los ríos de Galicia. Son estos los condicionantes que orientan los importantes pasos dados hasta el momento para fijar una línea de protección estable y duradera para el conjunto de los ecosistemas fluviales de Galicia. Dicho esto, que
se ha venido haciendo público y reiterado desde que el nuevo
Gobierno asumió sus funciones, hay que aclarar que no han faltado los recelos, la desconfianza y el cultivo de dudas por parte de la oposición (Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista) en materia de acciones de la Xunta de Galicia.
Frente a estas aviesas intenciones que se le atribuyen de forma gratuita al Gobierno gallego, especialmente por parte del Partido Socialista, a este no parece importarle la realidad de la actuación del Gobierno que su partido apoya en Madrid, a la
hora de continuar con la tramitación de nuevas concesiones en el dominio público hidráulico para gestionar y ordenar el Estado en Galicia. No es una cuestión menor. Estamos hablando de una parte muy importante del territorio de Galicia por donde
discurren todas las aguas tributarias de los ríos más largos y caudalosos de nuestra comunidad: el Miño, el Sil, el Eo y el Limia. Frente a las injustificadas sospechas hacia el Gobierno de Galicia que mantiene la paralización absoluta de las
nuevas concesiones, hay que señalar que el Partido Socialista en Galicia no tiene nada que objetar a las 35 nuevas centrales que el Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil-Limia y de la Confederación del Cantábrico, está
tramitando actualmente en el territorio de la comunidad gallega. Solo en los últimos cuatro años se llevan concedidas por parte del Estado hasta siete nuevas concesiones en los ríos de Galicia que son de su competencia. El actual Gobierno de la
Xunta mantiene paralizada la concesión de nuevos aprovechamientos, mientras continua trabajando de forma decidida en el plan hidrológico que constituye la herramienta imprescindible para cerrar una verdadera planificación. El Ejecutivo gallego
tiene voluntad, ideas claras y una hoja de ruta que pasa por aprobar un plan hidrológico, lo que dará cobertura legal y seguridad jurídica a las decisiones que se adopten en el dominio público de los cauces fluviales de su competencia. Hemos
presentado una enmienda de modificación que creo que modifica poco la del Grupo Mixto y pretende concretar el punto 2 respecto de la cuenca del río Navia y mejorar, si cabe, su redacción final. Estaremos a la espera de ver si aceptan nuestra
enmienda.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Herraiz.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Como se ve por las enmiendas presentadas, estamos de acuerdo en que es importante no aumentar los aprovechamientos hidroeléctricos que hay en la cuenca de este río. Han explicado bien los que me han precedido en el
uso de la palabra las condiciones especiales de este aprovechamiento, el lugar en el que se ubican de interés comunitario: Red Natura 2000, dos reservas de la Biosfera, la saturación de embalses en este río, que tiene tres y que interferiría
claramente en el patrimonio natural, cultural, histórico y paisajístico de los ayuntamientos afectados en los que existen rutas de senderismo en la ribera del río, zonas de baño fluviales, restos de antiguas ferrerías, una de las cuales comentó el
señor Jorquera que se vería inundada, etcétera. Además, la envergadura del proyecto previsto conllevaría importantes infraestructuras, accesos, un puente, graveras para obtención de áridos y ocupación de superficies y riesgos de erosión, caída de
escombros sobre el cauce, desprendimientos, etcétera. Comentó también el señor Jorquera la antigüedad de este proyecto y las distintas vicisitudes por las que pasó. Por eso creo que el primer punto de nuestra enmienda es muy similar y no tenemos
ningún problema para buscar una redacción alternativa a la autoenmienda que ha presentado el Bloque y a la enmienda del Grupo Popular. Nuestra enmienda incorpora un nuevo punto que consideramos interesante y conveniente que es tramitar los
expedientes de caducidad de aquellas concesiones que no se encuentren actualmente en explotación y se demuestren medioambientalmente inviables. Esta concesión deriva de hace más de 50 años; periódicamente resurge porque el que tiene la concesión
tiene derecho para hacerlo, con lo que conlleva de tensiones, de miedos y de riesgos en las zonas que se ven afectadas y que, como decía el compañero Jorquera, repercute en las posibles actividades alternativas y en el valor de estas actividades.
De todas maneras dentro de este acuerdo, que estoy casi segura que alcanzaremos, me gusta diferenciar los ámbitos competenciales de las distintas administraciones, y yo creo que procuro hacerlo. Estamos hablando de algo que a quien concierne en
primera instancia o quien tiene la última decisión es el Gobierno de España, y hay otras concesiones para las que quien tiene esa última palabra es el Gobierno de la Xunta. No tengo claro que proceda esa mezcla. Avala la toma de decisión que ahora
proponemos que el Parlamento de Galicia votó por unanimidad en términos similares.
Si mezclamos lo que hace un Gobierno y otro, lo que es competencia de una administración y otra, hay que decir que el anterior Gobierno de la Xunta de Galicia
paralizó el gran número de aprovechamientos hidroeléctricos que el anterior Gobierno, presidido por Manuel Fraga, tenía previsto en las cuencas que son de su competencia. Es verdad que en las cuencas de competencia estatal se está elaborando un
plan hidrológico, como supongo que se harán con las correspondientes en Galicia, pero creo que es más conveniente buscar el acuerdo, que me parece que lo tenemos en este tema, y en términos generales procurar mantener cada ámbito competencial en su
terreno.
La señora PRESIDENTA: Señor Jorquera, tiene la palabra para pronunciarse en relación con las enmiendas.
El señor JORQUERA CASELAS: Dado que han presentado enmiendas dos grupos, creo que lo deseable es buscar una transacción que suscriba tanto las propuestas del grupo proponente como de los grupos enmendantes.
Trabajaremos en ello, y creo que
no va a haber ninguna dificultad en hacer llegar a la Mesa una transacción suscrita por los tres.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra en trámite de fijación de posición? (Denegación.)
- RELATIVA A LA RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE PESCA UNIÓN EUROPEA-REINO DE MARRUECOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002008.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que aparece en el punto 4.º del orden del día, relativa la renovación del acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su
defensa tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Señorías, esta proposición no de ley, que traemos a esta Comisión, sobre la renovación del acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos está motivada por el silencio que ha mantenido el Gobierno durante el
periodo de vigencia del mismo; decimos silencio porque quiero recordar aquí una iniciativa de este grupo que solicitaba la comparecencia de la ministra el día 5 de octubre de 2010, hace año y medio, para conocer la posición del Gobierno sobre este
importante acuerdo que tanto afecta a nuestro sector pesquero español. Está claro que el Gobierno no ha querido oír las quejas de los pescadores españoles, unas quejas por falta de rentabilidad que han provocado los flecos, las condiciones técnicas
que se les han impuesto, para llevar a cabo su labor, que incomprensiblemente se dejaron fuera del articulado de la negociación, cosa que es totalmente incomprensible y absurda. No se puede renovar el acuerdo en las actuales condiciones; no se
puede por una razón muy sencilla, porque no ha sido rentable el acuerdo. Todos recordamos que este acuerdo se firmó más bien por motivos políticos que pesqueros. No se firmó el acuerdo con el Partido Popular, en el Gobierno entonces, porque
Marruecos no aceptaba las condiciones que el sector pedía.
Posteriormente, hace cuatro años, fue aceptado por el Gobierno socialista, a pesar de que significó una reducción de pesqueros, llegando a menos de 100 de los 470 barcos que estaban
faenando y dejando fuera los mejores sitios de pesca, las especies más rentables, además de poner una serie de inconvenientes, como ya hemos dicho los famosos flecos, que han propiciado la escasa rentabilidad del acuerdo para la flota pesquera
española. Este acuerdo no era bueno, y como era previsible, y así lo señaló el Grupo Popular, ha sido valorado negativamente por el sector pesquero por la falta de rentabilidad. Además hay una cosa evidente: solamente ha beneficiado
económicamente a las autoridades marroquíes y quizá políticamente un poco a nuestro Gobierno, por aquella famosa foto que consiguió hacerse la ministra de Pesca allí al alba, pañuelito en mano, despidiendo a la flota el día que salía a faenar en el
caladero marroquí, pero que ya no volvió a reunirse con el sector cuando fue requerida para exponerle los problemas de rentabilidad que existían en el acuerdo.
Yo quiero dejar muy claro en esta Comisión que el Partido Popular quiere la renovación de este acuerdo y que además nos alegramos de que se haya prorrogado un año, porque eso nos puede permitir que tengamos tiempo para modificar las
condiciones de pesca del acuerdo para posibilitar la rentabilidad. Además el sector pesquero español no tiene por qué pagar a su costa los favores al Gobierno marroquí de nuestro Gobierno o de la propia Unión Europea. Por ello lo que pedimos al
Gobierno es que aproveche esta prórroga para subsanar los defectos de este mal acuerdo; un mal acuerdo, hay que decirlo aquí, que se firmó a sabiendas del mal estado de los recursos pesqueros. Aquí se hizo una prospección; pedimos además unos
informes técnicos en los cuales el Comité de la FAO para la pesquería del Atlántico Norte señalaba que en los pequeños pelágicos entre el estrecho de Gibraltar y el cabo Nun, que es donde pesca nuestro sector artesanal, se había producido una
disminución de la biomasa de las sardinas. El Consejo de Pesca del Mediterráneo, refiriéndose a los pequeños pelágicos del Mediterráneo -estos recursos son los más importantes del Mediterráneo marroquí, es decir, la sardina, la caballa, el jurel y
el boquerón, que son las especies que pesca nuestra flota-, dice: La última población de sardina muestra una sobreexplotación de recursos y en cuanto al boquerón solo es pescado ocasionalmente desde la drástica caída de los años noventa. Con este
análisis biológico se firmó el acuerdo; se firmó como si aquello fuera jauja y como si allí hubiera unas pesquerías que fueran completamente rentables para nuestra flota, cosa que no ha sido así; además se pagaron unas cantidades muy importantes,
nada menos que 144 millones de euros por la Unión Europea por cuatro años y 67euros por GT al trimestre por cada armador. Nuestros pescadores tenían que pagar una licencia, que no ha llegado a utilizarse ni al 50 por ciento de lo previsto; se han
pagado licencias no para pescar sino para no perder el derecho de pesca, se han pagado y no se han utilizado. Comprenderán que estos recursos que salen del presupuesto de pesca pueden utilizarse de mejor manera y sobre todo para que garanticen la
rentabilidad.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda de modificación y de supresión por parte del Grupo Socialista. No puedo por menos de sorprenderme y rechazarla. Aunque está de acuerdo con los enunciados que hacemos nosotros,
después trata de descafeinarlos, de quitarles todo el valor que pueden tener de exigir al Gobierno lo que el sector está pidiendo y necesita. Así en el punto 1 nosotros señalábamos de que en el marco de colaboración con las autoridades de Marruecos
y con la participación del Instituto Español de Oceanografía los buques de investigación pesquera lleven a cabo una investigación precisa para conocer previamente el estado de recursos de las distintas zonas de pesca. El Grupo
Socialista está de acuerdo con que haya estas relaciones con los marroquíes pero elimina el objetivo de conocer previamente el estado del recurso. ¿Para qué lo van a investigar si al final no va a servir para nada? No sé cuál es el
objetivo. Lógicamente, ya lo he dicho, descafeinar y devaluar lo que son los compromisos exigibles al Gobierno. El punto 2 hablaba de que se valore con la participación del sector y de las comunidades autónomas las condiciones de pesca, los flecos
famosos; que se pueda pescar en zona apropiada; las artes que se pueden utilizar; que se puedan utilizar luces; adecuación de los paros biológicos según las especies; repercusión de la tasa de utilización de los puertos marroquíes; la
formación del personal marroquí impuesta. Son una serie de condiciones, pero el Grupo Socialista propone que se continúen valorando las condiciones técnicas. Yo me pregunto: ¿Continuar valorando para qué, hasta cuándo? Porque llevan cuatro años
negociando, y no se ha avanzado absolutamente nada; estas condiciones deben conformar la posición española, que debe incluirse en el articulado del acuerdo. No se puede dejar al libre albedrío de Marruecos para que haga lo que quiera, imponga sus
condiciones y haga no rentable la pesca de nuestro sector. El punto 3 es ya el colmo. Hay un problema importante con Marruecos, que el 90 por ciento de lo que pesca la flota marroquí, que no está afectada por el acuerdo -la que está afectada es la
española y europea- se vende en los puertos españoles. Es decir, nos hacen una competencia porque hay un dumping social -los marineros no están dados de alta, no tienen los sueldos que tienen los nuestros- y descargan esa pesquería en los mismos
puertos que nuestros barcos que van a Marruecos pero en desigualdad de condiciones y provocando que, por ejemplo, hace unos días en la lonja de Barbate una caja de 9 kilos de boquerones se pagara a 1 euro. Con esta competencia desleal que estamos
propiciando y con el aumento de la oferta para reducir el valor de la mercancía nos estamos haciendo el haraquiri automáticamente, por eso debe tenerse en cuenta en la renovación del acuerdo. Sorprendentemente el Grupo Socialista pide supresión de
ese punto, pero no lo vamos a suprimir, está claro. El cuarto 4 -termino, señora presidenta- pretende que en todas las fases de la negociación del acuerdo se tenga en cuenta la opinión del sector y de las comunidades autónomas, y además que nuestro
sector pesquero lo acepte, porque es el que va a pagar las consecuencias, es el que va a ir a pescar, es el que tiene que tener la rentabilidad. Si nuestro sector pesquero no está de acuerdo, por mucho que el Gobierno imponga -no le van a obligar-
a un armador que vaya a Marruecos a pescar, aun perdiendo dinero, no lo va a hacer; eso es absurdo. La propuesta del Grupo Socialista es continuar teniendo en cuenta todas las fases de la negociación. Esto es un brindis al sol, esto es no decir
nada. Lamentamos que el Grupo Socialista no se haya ocupado en absoluto de las verdaderas necesidades del sector pesquero español. El portavoz socialista tratará de salvar la cara del Gobierno y el portavoz del Grupo Popular está tratando de
salvar el bolsillo de los pescadores. Esa es la diferencia, por eso, señora presidenta, no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez Ramos, menos mal que supongo que el Grupo Socialista no habrá retirado la enmienda porque, si no, habríamos alterado todo el trámite de debate de esta proposición no de ley.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: El Grupo Socialista no da por defendida su enmienda en los términos expresados por el señor Sánchez Ramos. Tenemos una versión diferente de nuestra enmienda, claro está. Lamento que el Grupo Parlamentario Popular siga
sangrando por la herida. Tengo que recordar que el tratado de pesca con Marruecos es ya tradicional, y que en 1999, gobernando el Partido Popular, no se renovó; algo novedoso en la historia de la flota española que faenaba en estas aguas. No se
renovó a pesar de que el Partido Popular desde el año 2000 hasta el 2002 está cantando que el acuerdo es inminente, pero al final no lo hay. Como no se consigue, el Partido Popular por razones de política interna lleva a cabo una campaña de
confrontación con Marruecos -no quiero poner ejemplos de esa campaña; en la mente de todos nosotros están-, que da como resultado que el acuerdo siguiente, que intentamos negociar los socialistas cuando llegamos al Gobierno, sea más difícil porque
hay que normalizar las relaciones, aunque al final fue valorado positivamente por el sector. No es el mejor acuerdo pero es el posible en aquel momento. Este acuerdo es valorado por el Grupo Popular -tengo aquí al lado al señor Sánchez Ramos- como
malo, malo, malísimo, pese a que el sector no tiene esa opinión. El señor Sánchez Ramos, que es una persona a quien yo respeto, en este caso tiene mala información; no digo ya que falsee los datos sino que tiene mala información. Usted habla por
ejemplo de que en el artesanal norte la utilización es al 50 por ciento y las cifras del periodo 2007-2011 dan que la media es el 103 por ciento de aprovechamiento. En el cerco norte es el 82 por ciento, en la artesanal sur bajamos al 54 por
ciento, en los atuneros estamos en el 89 por ciento y el problema está fundamentalmente en la categoría 4, en la pesca demersal; ahí tenemos un problema que hay que estudiar y resolver. En cuanto al arrastre industrial pelágico tenemos pocas
posibilidades porque no tenemos buques para atenderlo.
El problema de la propuesta del Grupo Popular es que es una oportunidad perdida, pero como hay una prórroga habrá tiempo de retomar y acercar posiciones. Es una oportunidad perdida porque el Partido Popular, quizá sin proponérselo, trata a
Marruecos como un protectorado español con el que no se negocia sino que se le imponen condiciones. Coincidimos en la defensa de nuestro sector pesquero, pero eso no debe hacernos olvidar que Marruecos es un Estado soberano con quien negocia la
posición europea desde el respeto mutuo. También, como dijo el señor Arias Cañete cuando era ministro, la negociación
de la Unión Europea con Marruecos es global o así debe ser enfocada.
Nosotros añadimos que es un juego de conversaciones en el que las dos partes deben verse beneficiadas. Con independencia de la empatía o no con el Gobierno de Marruecos,
sin un mínimo respeto a su soberanía es imposible cualquier acuerdo, y ustedes, señores del PP, con sus condiciones imposibilitarían cualquier acuerdo. En tercer lugar, su propuesta, que hoy acomodó al futuro, llega tarde porque estaba dirigida al
acuerdo. Llega a tiempo pero quizá un poco anticipada para tratar de la renovación del acuerdo que se tiene que producir en 2011. A pesar de todo menos mal que la Unión Europea, a instancias del Gobierno de España, prorrogó el actual tratado por
un año más, a petición del sector y en concreto del de Andalucía. No debía ir tan mal la cosa cuando el sector dice: por favor, madrecita que me quede como estoy. Señorías, el sector afectado, aunque el tratado es mejorable como todo -y más si se
contempla de manera unilateral-, quería una prórroga del actual acuerdo, y esto está conseguido. Ahora queda un año para negociar otro acuerdo, y hay que hacerlo contemplando globalmente los intereses de la UE y también los de Marruecos. A nivel
pesquero hay que corregir deficiencias del actual tratado pero asumiendo también que las mejoras, aunque no nos guste, tienen contrapartidas y no nos valen posturas de imperialismos fracasados. Los tratados que hace la UE se basan en el respeto al
interlocutor no en la imposición. Además en este caso los recursos están bajo la jurisdicción o la soberanía marroquí, y así lo ve hasta ahora la UE. Con Marruecos hay que negociar sin imposiciones, con firmeza pero sin imposiciones. La
negociación, como todas, tiene unos trámites, por eso le hablaba de continuar, porque se están haciendo señor Sánchez Ramos. Estos trámites vienen a ser los siguientes. En la negociación de un nuevo tratado o renovación de protocolo la
Administración pesquera española informa al sector y a sus administraciones autonómicas de la negociación prevista, requiriendo a las asociaciones de armadores que formulen sus peticiones de posibilidades de pesca para el nuevo acuerdo o protocolo,
ajustadas a las necesidades reales de la flota y comunicando el nombre y el PDB de los buques, así como las condiciones técnicas y económicas inaceptables para el ejercicio de la pesquería. Estas peticiones son analizadas en reuniones que se
celebran con anterioridad a una negociación entre la Administración y el sector interesado y sus administraciones autonómicas, a las que, en la mayoría de los casos, asisten expertos del Instituto Español de Oceanografía, que asesoran tanto a la
Administración como al sector. En el caso de una renovación de protocolo, antes de formular las solicitudes de posibilidades de pesca se tiene en cuenta la evolución de actividad de la flota en el marco del protocolo que va a ser renovado. Además
de las peticiones de posibilidades de pesca, en estas reuniones se analizan igualmente todas las condiciones técnicas y económicas que puedan ser aceptadas por los armadores para el desarrollo rentable del ejercicio de la pesca en el caladero de que
se trate. Posteriormente, estas peticiones son transmitidas a los servicios competentes de la Comisión de la Unión Europea, que es quien negocia y firma los acuerdos, y defendidas por la delegación española, tanto en las reuniones de grupo de
política exterior de la pesca como en las diferentes reuniones de coordinación que se celebran durante la respectiva negociación. Por ello, nuestra enmienda recoge lo que ustedes pretenden pero eliminando todo aquello que implique intromisión en
las competencias de la otra parte o de la contraparte de la negociación, porque con ese tipo de planteamientos la negociación es imposible.
Por todo lo anterior, dejando por sentado que la Unión Europea es quien negocia y no España y que la Unión Europea no impone, sino que negocia con un Estado soberano, y dejando sentado también que la negociación debe dar como resultado un
tratado respetuoso con el medio ambiente y sostenible económico y socialmente para el sector pesquero español afectado, presentamos una enmienda que recoge estos principios que pensamos, señor Sánchez Ramos, que deberíamos compartir y no descartamos
compartir en un futuro porque aún queda un año para la renovación del tratado. Por último, nuestra preocupación por el bienestar de los trabajadores de la flota afectada por el tratado de pesca con Marruecos no nos debe hacer ser indiferentes al
desarrollo económico y social de Marruecos.
La señora PRESIDENTA: ¿En toma de posición algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Perestelo tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria.
En los asuntos de Marruecos Coalición Canaria debe ser y es sensible; de hecho, hoy vamos a tocar no solo este tema sino también los acuerdos que afectan al sector hortofrutícola español. Comprendemos el planteamiento que hace el portavoz
socialista en cuanto a que el diálogo tiene que ser entre Estados y, por tanto, no se puede plantear desde la imposición, pero nos parecen razonables las propuestas que hace el Grupo Popular en esta proposición no de ley. Tal vez se puedan plantear
desde una literatura diferenciada en función de acuerdos entre Estados y no desde el planteamiento sobre el que parece redactado el acuerdo, pero está claro que estamos en el Congreso de los Diputados de España e instamos al Gobierno de España. A
partir de ahí, está claro que la diplomacia española tiene que operar como plantea el portavoz socialista en la relación entre Estados. Nos parecen propuestas razonables y rigurosas que se pueden y se deben estudiar. Estoy seguro de que el
Gobierno de España en esa negociación con Marruecos las tendrá que plantear y estudiar. Por eso, la mayoría de las enmiendas del Grupo Socialista hablan de continuar, presuponiendo, como es lógico, que estas precauciones y estas investigaciones, y
todo lo que plantea el Grupo Popular, se están haciendo en este momento por parte del Gobierno. Por ello, es deseable un acuerdo unánime en este punto. En esta relación de vecindad con Marruecos, donde todo se escucha y todo
se ve, la unanimidad parece que es buena consejera en este caso en función de los intereses del Estado español y de los pescadores, pediríamos ese esfuerzo de consenso, porque creo que las diferencias son mínimas; en todo caso, vamos a
apoyar esta iniciativa.
- SOBRE IMPULSO DE LA INCLUSIÓN EN EL ETIQUETAJE DE LOS PRODUCTOS DE DATOS RELATIVOS A SU IMPACTO EN EL CALENTAMIENTO GLOBAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002016.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley que aparece como punto 5º del orden del día, sobre impulso de la inclusión en el etiquetaje de los productos de datos relativos a su impacto en el calentamiento global,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, presentamos esta proposición no de ley que pretende impulsar que en el etiquetaje de los productos se incluyan datos relativos al impacto que en su proceso de elaboración y transporte tienen en
materia de calentamiento global. Esta iniciativa parte de algunas consideraciones. En primer lugar, las capacidades que tienen los ciudadanos en sus actitudes y comportamientos individuales de reforzar el conjunto de políticas de lucha contra el
cambio climático. Es evidente que en la lucha contra el cambio climático los grandes ejes responden a regulaciones que se introduzcan desde los gobiernos, a modelos de desarrollo económico, al mix energético, a decisiones con un carácter público
muy considerable, pero también es cierto que los ciudadanos, en sus comportamientos individuales, tienen un enorme poder, una enorme fuerza, y los propios ciudadanos, en tanto en cuanto son consumidores, también pueden tener esa capacidad. Por
tanto, es una proposición no de ley que parte de esa primera consideración: los ciudadanos tenemos capacidad de incidir en la lucha contra el calentamiento global. En segundo lugar, también desde la convicción de que las empresas tienen
capacidades, responsabilidades y posibilidades desde ese punto de vista, ya sea porque las regulaciones de los gobiernos las empujan en una determinada dirección, ya sea porque la gestión de determinados riesgos asociados al calentamiento global les
obliga a tomar ciertas decisiones, o ya sea porque asumen sus propias responsabilidades en este campo. Por tanto, segunda consideración: la lucha contra el calentamiento global también tiene que ver con los planteamientos de las empresas.
Desde este punto de vista, la existencia de multitud de iniciativas de empresas concretas e individuales que en su etiquetaje incorporan datos de cómo el proceso de elaboración o comercialización de ese producto afectan al calentamiento
global, desde la existencia de iniciativas sociales promovidas por plataformas de diverso tipo que promocionan esa información en el etiquetaje sobre la afectación al calentamiento global, o la existencia en algunos países del mundo de iniciativas
promovidas por el propio sector público para clarificar, racionalizar y ordenar ese tipo de información, nos han empujado a plantear una iniciativa muy concreta con dos puntos específicos. Por un lado, convencidos de que estas fórmulas, de que
estos mecanismos que permiten al ciudadano tener más información a la hora de decidir si compran o acceden a un determinado producto en función del impacto de ese producto en términos de CO2 son positivos, pero nos parece que debería ser en el marco
de la Unión Europea, ya que esta no es una cuestión que podamos resolver estrictamente en el ámbito de una comunidad autónoma o en el ámbito del Estado español, sino que estamos convencidos de que una buena información y homogénea, que responda a
criterios que son compartidos, debería ser impulsada en el marco de la Unión Europea. En este sentido, reclamamos el impulso por parte del Gobierno en el seno de la Unión del establecimiento de criterios homogéneos para la medición del impacto
ambiental de los productos en cuanto a emisiones de CO2. Nos parece que la Unión Europea debería ser quien impulsase esta homogeneización de los instrumentos de medición para permitir esa acreditación en el etiquetaje del impacto en términos de CO2
que tiene ese producto. Al mismo tiempo, en el marco de la cooperación con las comunidades autónomas, deberíamos promover, fomentar con las mismas ese etiquetado. No estamos planteando en ningún caso una obligación para las empresas de este tipo,
pero sí esa necesidad de racionalizar, de homogeneizar, en el marco de la Unión Europea y, al mismo tiempo, de promoción por parte las comunidades autónomas. Estamos muy convencidos -y termino- de que esa información podría ayudar también a
sensibilizar al conjunto de los ciudadanos en sus decisiones de compra, especialmente en la compra de alimentos, de los costes que tiene para el conjunto de la humanidad el transporte de alimentos desde países muy lejanos. Cuando nos acercamos a un
supermercado o a una tienda y vemos que los kiwis que se nos ofrecen han llegado desde Nueva Zelanda, si fuésemos conscientes del impacto ambiental en términos de emisión de CO2 que tiene ese producto que vamos a consumir, quizá tomaríamos otro tipo
de decisiones y quizá, al mismo tiempo, reforzaríamos la concienciación de los ciudadanos de comprar productos alimentarios, productos agrarios, mucho más cercanos a su propia residencia, con todo lo que implicaría también de reforzar la capacidad
de la agricultura de nuestras propias comunidades. Estamos convencidos de eso. En este sentido, esta es también una proposición no de ley que apuesta por vincular los productos de proximidad a través de la concienciación de los ciudadanos de los
impactos en términos de CO2 que a menudo se nos escapa. El Grupo Socialista nos ha planteado una enmienda que en términos
globales mi grupo comparte, porque varía algunos aspectos puntuales de nuestra proposición no de ley, sobre la que, señora presidenta, formularíamos una enmienda transaccional que nos permitiría reconocernos perfectamente y espero también
que al conjunto de los grupos de la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra el diputado señor Ferre.
El señor FERRE FONS: El Grupo Socialista coincide plenamente con los objetivos que plantea la proposición presentada por Convergència i Unió.
Por tanto, nuestra enmienda va dirigida en todo caso a enriquecer y precisar lo expuesto en esta
proposición defendida por el señor Campuzano, que hace referencia a que el etiquetaje de los productos incluya datos relativos a su impacto en el calentamiento global. Por tanto, la enmienda que hemos presentado va en la dirección que también viene
marcando desde hace tiempo el propio ministerio y la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, que propone ampliar en el primer punto que en la medición del impacto ambiental de los productos se tenga en cuenta la huella del CO2 y
también el reciclaje y la utilización de energías renovables. Estamos convencidos de que la huella de carbono de un producto de consumo puede crear grandes beneficios tanto para las empresas como para los consumidores. Desde esta perspectiva, la
inclusión de estas medidas en el etiquetaje puede contribuir decisivamente a que empresas y organizaciones de productores sean organismos cada vez más responsables social y medioambientalmente hablando y, por otro lado, puedan representar también un
elemento más de concienciación para la asunción entre los ciudadanos de prácticas mucho más sostenibles. En este sentido, proponemos ampliar otros elementos que pensamos que pueden ser también muy interesantes de transmitir al consumidor, como son,
por ejemplo, conceptos tan importantes como el reciclaje y la utilización de energías renovables, aspectos íntimamente relacionados también con la sostenibilidad y con un modelo de producción sostenible.
En cuanto al segundo punto, nuestra enmienda hace referencia a la cooperación necesaria e imprescindible con las comunidades autónomas para el fomento del desarrollo armonizado de iniciativas destinadas a lograr una información adecuada a
los consumidores en relación con aspectos de sostenibilidad vinculados a los alimentos. En primer lugar, porque las comunidades autónomas deben y tienen que jugar un papel trascendental en este tema, teniendo en cuenta que para nuestro grupo el
enfoque debe ser el de información y etiquetaje voluntarios pero armonizados, con el fin de que los consumidores de aquí y de allí puedan comparar la información entre distintos alimentos, independientemente de la empresa que los produzca o del
lugar de origen, para lo cual son indispensables criterios homogéneos. Es cierto que algunos operadores comerciales, como ha dicho el señor Campuzano, ya están utilizando etiquetas para indicar la sostenibilidad de sus productos, aunque la falta de
acuerdo sobre el nivel de comunicación de la información ambiental en el etiquetado puede restar credibilidad y fiabilidad a la información. En este sentido, hay que señalar la posición de la Unión Europea relativa a la etiqueta ecológica, que
indica que antes de desarrollar cualquier criterio de etiqueta ecológica en la Unión Europea aplicable a los alimentos y piensos, la Comisión deberá ultimar un estudio, a más tardar el 31 de diciembre de 2011. Por tanto, entendemos que es necesario
e imprescindible discutir y acordar en el ámbito de la Unión Europea, con la aportación de todos y por supuesto también de las comunidades autónomas, tanto la definición como las metodologías de cálculo y alcance de la huella de carbono. En todo
caso, también sería conveniente decidir si procede una autodeclaración o una verificación certificación emitida por un tercero.
Falta, por tanto, aun mucho trabajo por desarrollar para disponer de una etiqueta que transmita de manera clara, veraz y comprensible para el consumidor la información relativa a las emisiones de un producto alimentario. Este trabajo -creo
que esto es importante- hay que realizarlo con rigor y precisión. No nos podemos permitir el lujo de caer en el error de que una mala interpretación y vulgarización, o incluso una utilización interesada de algo tan importante como es el etiquetaje
ecológico, acabe desvirtuando y desacreditando una iniciativa tan interesante y necesaria como esta. En este sentido, pienso que va en la buena dirección la iniciativa prevista por el ministerio de proceder, en colaboración con el sector, a
impulsar el desarrollo de proyectos piloto que sirvan de ejemplo y de incentivo para otras industrias en cuanto a la transferencia de conocimientos y que todo ello contribuya a elaborar un estudio que recoja iniciativas de sostenibilidad en la
industria alimentaria realizadas por las comunidades autónomas, por industrias y con un estudio sobre la huella de CO2. De la misma forma, también estoy convencido, señor Campuzano, de que esta proposición no de ley va a contribuir también a que el
etiquetaje ecológico sea un instrumento eficaz para conseguir la reducción de emisiones de CO2 y que tanto empresas como consumidores encuentren un estímulo para asumir decisiones y comportamientos mucho más sostenibles. Estoy convencido también,
señor Campuzano, de que vamos a encontrar un redactado transaccional que de alguna manera acoja nuestras pretensiones.
La señora PRESIDENTA: Como el señor Campuzano se ha pronunciado ya sobre la enmienda presentada, en trámite de fijación de posición por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para
expresar nuestro apoyo a la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. El concepto de huella ecológica, señorías, fue desarrollado ya en los años noventa en Canadá. Se trata de un indicador de carácter
global definido como el área del territorio ecológicamente productivo necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos generados por una población determinada. La huella ecológica es, por tanto, un indicador de la
sostenibilidad del estilo de vida de un individuo, de una acción humana o de un determinado producto. Como ya se ha indicado aquí por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, las iniciativas puestas en marcha en la Unión Europea
en el sentido de etiquetar los productos de la alimentación son varias; se etiquetan en función de las emisiones de dióxido de carbono derivadas de todo su ciclo de vida, desde su cultivo hasta su consumo, pasando por el transporte, almacenamiento,
conservación y preparación. Todos estos datos permiten evaluar el impacto del consumo de alimentos sobre el calentamiento global y ayudan a los consumidores que así lo desean a realizar sus compras de la forma medioambientalmente adecuada.
La Unión Europea no tiene previsto en principio regular este etiquetado ni hacerlo obligatorio, aunque sí ha incluido este tipo de estudios entre los futuros planes de acción para combatir el cambio climático.
Recordemos, señorías, que el
Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, incorpora la directiva sobre el etiquetado energético al ordenamiento jurídico español y tiene por objeto garantizar que se proporcione a los consumidores información relativa al consumo de combustible y a las
emisiones de dióxido de carbono de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio español. Se trata ahora, por tanto, de dar un paso más y que las empresas españolas vayan ofreciendo de manera
voluntaria esta información, y recalco, señorías, que para nosotros es muy importante que la ofrezcan de manera voluntaria.
De otro lado y considerando la enorme cantidad de productos de distinta procedencia que encontramos en los supermercados etiquetados con distintos criterios, que pueden confundir al consumidor, compartimos también como se indica en la
iniciativa, que es preciso impulsar en el seno de la Unión Europea el establecimiento de criterios homogéneos para la medición del impacto ambiental de los productos en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. Lo que parece evidente es que
estos criterios homogéneos que queremos que se impulsen en el seno de la Unión Europea, deberían también impulsarse en las distintas comunidades autónomas para tener unos criterios homogéneos también en España. Repito, nuestro voto será afirmativo
a la proposición no de ley que nos han presentado.
- RELATIVA AL DESARROLLO DE MÁS INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE NUESTRAS CIUDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002036.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el punto 6.º del orden del día, la proposición no de ley relativa al desarrollo de más instrumentos normativos para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. La ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Morán.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: El pasado mes de noviembre, el Grupo Parlamentario Socialista elaboró una proposición no de ley que se presentó en el registro de la Cámara el 10 de diciembre y que en un escenario de cierta tranquilidad para
evaluar las necesidades de incorporación de nuevos mecanismos de control de la calidad del aire en nuestro país, pretendía avanzar en la incorporación de nuevos instrumentos que permitiesen a todas las administraciones implicadas en estos objetivos
contar con más recursos, con un escenario normativo más homologado al ámbito de la Unión Europea, es decir, avanzar en una serie de objetivos que en este caso las tres administraciones vienen compartiendo desde hace tiempo.
Es cierto que sucedieron algunas cosas desde aquella fecha del 10 de diciembre, básicamente dos. Una es de todos conocida y ha sido objeto de amplio debate en los medios de comunicación con posiciones de todas las partes que han participado
en el mismo, como consecuencia de la constatación de unos niveles de contaminación de la atmósfera en determinadas ciudades que exceden de los valores admisibles y que vienen a ratificar la pertinencia de la propuesta que en su momento el Grupo
Parlamentario Socialista traía a la Cámara. La segunda circunstancia que se ha producido es que el pasado 28 de enero el Gobierno, en sendos decretos aprobados por el Consejo de Ministros, daba carta de naturaleza prácticamente en sus propios
términos al conjunto de propuestas que el Grupo Parlamentario Socialista incorporaba en aquella proposición no de ley. Fundamentalmente, lo que nos encontramos tras estos dos procesos vividos es un compromiso de las administraciones de incorporar
un mayor esfuerzo con los recursos, los mecanismos, los instrumentos disponibles en estos momentos para conseguir unos objetivos más acordes con la necesidad de garantía de calidad del aire y con ello mejor conservación del medio ambiente y cuidado
de la salud de los ciudadanos; y yo entiendo que podríamos dar por buenos los procesos de debate mediático producidos si ello al final nos conduce a contar con unos instrumentos más adecuados para lo que pretendemos. En esta circunstancia es
evidente que la proposición no de ley está en estos momentos, podríamos entender, ya superada; pero de ninguna manera esto
debería conformar a la Cámara, a los grupos parlamentarios, en los objetivos de trabajar en el esfuerzo de conseguir unos niveles de calidad del aire cada vez mayores incorporando nuevos instrumentos normativos, mejorando la capacidad de
cooperación entre las administraciones y apreciando los esfuerzos de las distintas administraciones que puedan complementar en cada caso a aquellas otras que comparten los mismos objetivos.
En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se han presentado dos bloques de enmiendas, uno por parte del Grupo Parlamentario Popular y otro por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), que en función de la posición que expresen los portavoces de ambos grupos, el Grupo Parlamentario Socialista manifiesta la voluntad de conseguir un texto acordado entre los tres grupos que pueda servir para concitar el consenso de todos los
grupos presentes en la Comisión. No obstante, tampoco quiero perder la oportunidad de incorporar algún elemento de reflexión sobre algunas cuestiones que, más allá de la posibilidad de alcanzar un acuerdo en las propuestas que en este caso los tres
grupos parlamentarios incorporan a raíz de la presentación de esta proposición no de ley, deberían llevarnos a reflexionar hacia el futuro a la hora de colocar los umbrales de exigencia cada vez un poco más allá de lo que en estos momentos
constituyen los parámetros de medida de calidad del aire. Creo que estamos en un momento en el cual se ha definido con relativa claridad en el escenario del comercio de emisiones un espacio de emisiones muy concretas, aquellas que son perfectamente
imputables a la actividad industrial, a la actividad empresarial. Con ellas se ha definido un espacio de mercado internacional que está permitiendo avanzar en esos objetivos, algo en lo que Europa fue pionera y en estos momentos hay otros países,
otras regiones del planeta que están apostando por incorporar estos mecanismos de comercio de emisiones, pero nos deja un gran hueco en el cual yo creo que debemos de abrir una reflexión hacia el futuro, que son las llamadas emisiones difusas. Las
emisiones difusas lo que hacen es precisamente difuminar el concepto de responsabilidad a la hora de asumir compromisos de reducción de las mismas, y es probable que tengamos que explorar hasta dónde los mecanismos de reducción de las emisiones
difusas deben encontrar unos espacios territoriales en los cuales sea posible asignar el concepto de emisión en el volumen de emisión para incorporar los instrumentos de reducción de las mismas. No todos los territorios, no todas las ciudades,
tienen que asumir con carácter solidario en igualdad de condiciones los esfuerzos de reducción de las emisiones difusas, puesto que no todos los territorios, no todas las ciudades, no todos los municipios, generan el mismo volumen de emisiones por
ciudadano, con lo cual es probable que haya que incorporar mecanismos de solidaridad interterritorial que permitan hacer un mayor esfuerzo de apoyo a aquellas ciudades, a aquellos municipios, a aquellos territorios que requieren de un mayor esfuerzo
para la reducción de las llamadas emisiones difusas, y otros municipios que son fundamentalmente territorios sumidero, que probablemente tengan que requerir unos tratamientos diferentes. Creo que deberíamos reflexionar si no estaríamos ya en el
momento en el que sería preciso asignar cuotas de emisiones difusas en términos territoriales, con las fórmulas que técnicamente fuesen viables, con los instrumentos de gestión que pudiesen ser razonables, para poder acometer con rigor y con el
compromiso de establecer calendarios de reducción en el tiempo con los instrumentos disponibles, la reducción de esas emisiones difusas. Y quizás en esa misma línea tengamos que entrar a reflexionar sobre si el mecanismo fiscal vinculado al llamado
impuesto de circulación de vehículos, diseñado en un momento en el que la realidad vinculada al tráfico de vehículos era bien distinta de la que hoy tenemos, no debería evolucionar hacia un impuesto de emisiones de vehículos con más contenido, dando
un salto más allá de los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años de acomodación de este instrumento de fiscalidad y probablemente hacer una modificación prácticamente en todo su contenido convirtiendo el impuesto de circulación en
un impuesto de emisiones. Creo que merecería la pena avanzar también en esta reflexión.
Teniendo en cuenta que probablemente en el espacio de la movilidad se encuentran las administraciones con el territorio en el que más incidencia tienen las llamadas emisiones difusas que condicionan por lo tanto la propia planificación del
territorio, los mecanismos de atención a los ciudadanos en el territorio, al igual que en determinados momentos se fueron incorporando mecanismos de mejora de los planes generales de ordenación urbana en la misma medida en la que se iban
determinando la necesidad de atender a parámetros de calidad que en su momento los planes generales de ordenación no incorporaban -y me acuerdo en este momento por ejemplo de las cartas arqueológicas inherentes a los planes de ordenación o los
mecanismos de determinación de capacidad de suministro de agua, que se han convertido en documentos inseparables de los planes generales de ordenación- deberíamos empezar a reflexionar que en el futuro sería deseable implementar el contenido de los
planes generales de ordenación con planes de movilidad. La ciudad, el territorio ya no solo debe ser ordenado en función de las necesidades de ocupación del suelo, sino también de cómo se ponen en contacto los suelos, de cómo se ponen en contacto
los usos, los servicios, de cómo se mueven los ciudadanos, si es que realmente estamos convencidos de que debemos caminar hacia un modelo de ciudad diferente. Son cuestiones que planteo hoy aquí a modo de reflexión pero en todo caso, en lo que nos
toca a la hora de decidir en último término por parte de la Comisión, comprometo la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista para intentar llegar a un ámbito de encuentro con las enmienda presentadas a fin de conseguir una
proposición no de ley que se convierta en una resolución adecuada a los objetivos que perseguimos.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Cuando vimos que la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista era incluida en el orden del día pensamos que en el trámite que va desde su inclusión en el orden del día hasta su discusión iba a
ser o bien retirada, o bien auto enmendada por el propio grupo, no por nada sino porque todos y cada uno de los aspectos que regulaba o trataba de impulsar esta iniciativa estaban ya recogidos en sendos reales decretos que fueron publicados en el
Boletín Oficial del Estado el día 29 de enero de 2011. Todos los puntos -como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- habían sido superados -utilizando su propio término- por la legislación que se publicaba en el Boletín Oficial del
Estado en enero de 2011. No obstante, hemos presentado una enmienda con el propósito de propiciar que demos un paso más, aunque solo sea que el Gobierno cumpla con los compromisos a los que le obliga la legislación vigente y que no ha cumplido
hasta el momento.
Con el ánimo de llegar a ese acuerdo estamos en ese proceso de diálogo con el Grupo Parlamentario Socialista para tratar de presentar una iniciativa que recoja el sentir de la Cámara y ese es el sentido de la iniciativa que
nosotros presentamos: dar un paso más en la normativa del 29 de enero, recoger lo que ya dice la normativa y que no se está haciendo, y buscar también el consenso con los otros grupos parlamentarios para tratar de encontrar un punto común que nos
encamine en la dirección positiva.
Estoy convencido de que antes de que llegue la votación tendremos un texto que recoja el sentir tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del nuestro, y también del de Convergència i Unió, porque creo sinceramente que son compatibles
ambos elementos. En algún momento pensamos que no era casualidad la apertura de este debate, la presentación de esta iniciativa y la aprobación por el Gobierno de esta normativa, quizás con el ánimo de generar un debate que pudiese ser utilizado
electoralmente en alguna ciudad. Sin embargo, creo que estas cuestiones superan el ámbito partidario y nos sitúan ante la realidad, y es que si queremos afrontar estas cuestiones de manera seria y sensata es más conveniente no hacer uso político o
partidista de estas cuestiones y buscar puntos de encuentro que nos lleven a reflexionar sobre lo mejor para los ciudadanos y para mejorar la calidad de vida en las ciudades. En esa línea de apuntarme a los elementos de reflexión que introducía el
señor Morán -y por supuesto quiero decir que estamos dispuestos a que esa reflexión se produzca en el seno de esta Comisión en la discusión parlamentaria que sea oportuna- creo que es muy conveniente que nos planteemos cómo estamos incentivando la
adquisición y la puesta en circulación de unos vehículos que si bien van siendo cada vez más eficientes en cuanto a la no emisión de CO2, sin embargo son más eficientes en la emisión de aquellos gases que más contaminan las ciudades. Posiblemente
merecería la pena abrir una reflexión para cambiar los incentivos de la normativa actual, que provoca, como digo, la contaminación en las grandes ciudades de una manera importante, y crear otros incentivos que eviten precisamente esta situación. En
ese sentido, estaremos hablando de eficiencia no solamente desde el punto de vista medioambiental sino también desde el punto de vista fiscal, lo que creo que también es una cuestión a considerar en este momento.
Por último, quiero expresar nuestra disposición a llegar a un acuerdo en esta materia con el conjunto de las fuerzas políticas que han presentado la iniciativa y las enmiendas para mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades, y
alejarnos del debate electoral, partidario, que se pueda producir sobre la contaminación atmosférica en las ciudades.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo cree que este es un debate absolutamente oportuno y que esta es de esas proposiciones no de ley que uno tiene en cartera y que a veces tenemos la oportunidad de activar.
Hace tan solo dos semanas se ha
producido un episodio importante, ciertamente recurrente en nuestra geografía, en razón a la persistencia de determinadas circunstancias atmosféricas que encienden las alarmas de la contaminación. Desde este punto de vista, las distintas
características que este último episodio ha tenido en el terreno de las respuestas entre unas y otras administraciones ponen de relieve la necesidad de que todos los entes dispongan de unos instrumentos con capacidad de hacer frente a estas
situaciones. De hecho, yo creo que las distintas comunidades autónomas y algunos grandes ayuntamientos, en el marco de sus responsabilidades, han tomado ya sus iniciativas en forma de distintos planes de actuación y, lógicamente, cada
Administración, en el marco de estas competencias, puede valorar cómo le han funcionado.
En relación con lo que pretende la enmienda de Convergència i Unió, se puede hacer posible algo que salió durante este último episodio y es el hecho de que se puedan tener elementos para comparar las mediciones, es decir, que si una
determinada comunidad utiliza unos determinados parámetros, una determinada situación de las estaciones de medición distintas a otras, lógicamente se hace muy difícil poder proceder a una mínima racionalidad en las mediciones de unos y otros. Por
ello, nosotros planteamos que exista un intercambio de información que permita esta comparabilidad. Nosotros también pedimos que en los aspectos de competencia estatal se pueda facilitar todo el apoyo y colaboración a
las comunidades autónomas de manera que los estudios, la modernización, la garantía de calidad de redes y las estadísticas conlleven esta capacidad de apoyo a las comunidades autónomas para que estas puedan formular sus planes de actuación
con la mayor solvencia posible. Finalmente, tampoco podemos olvidar que el último real decreto que contenía algunos aspectos positivos, como siempre suele hacer el legislador, ha invadido a nuestro juicio competencias autonómicas. Por lo tanto,
creemos que la limitación de las funciones de coordinación es absolutamente indispensable para que no se produzca algo que tampoco deseamos. Como he dicho, en primer lugar, medidas de coordinación, medidas para garantizar el intercambio de
información, pero no todo justifica que se produzcan invasiones competenciales de forma que la Administración General del Estado tome decisiones que en absoluto le competen o tome decisiones que pueden limitar la capacidad de actuación por parte de
las distintas comunidades autónomas. Este es el sentido de nuestra enmienda.
Nosotros vamos a intentar participar -yo saludo la posición del titular de la proposición no de ley-, vamos a intentar llegar a un consenso, pero nos gustaría que quedaran muy claras dos ideas: En primer lugar, la responsabilidad de la
Administración General del Estado en el ámbito de sus estrictas competencias, la responsabilidad de la Administración General del Estado en hacer posible el intercambio de políticas, las medidas de coordinación, tener unos mismos procesos de
medición, etcétera, todo esto que nosotros llamamos el aseguramiento de la comparabilidad de las mediciones. Pero también que quede muy claro que el Estado, en virtud de este criterio, no puede erigirse en rector de los distintos planes de
medición. Me permitirán también que diga, especialmente el Grupo Socialista, que cuando en una determinada comunidad autónoma, como en el caso de Cataluña, hay medidas ciertamente avanzadas y ha habido un debate importante sobre estas medidas,
desde la Administración General del Estado -como ha pasado en otros ámbitos que nada tienen que ver directamente con la calidad del aire- alguien se pueda meter a juzgar la actuación de un determinado gobierno, repito, desde ámbitos competenciales
que además nada tienen que ver. Por tanto, para nosotros hay una ocasión de llegar a acuerdos, deseamos que así sea, pero, repito, para nosotros será también importante que se preserven en este acuerdo las competencias autonómicas que en este campo
son muy importantes, porque son realmente las comunidades autónomas y algunos grandes ayuntamientos los que están en la brega, en la lucha diaria contra la contaminación ambiental.
La señora PRESIDENTA: No hay que pronunciarse sobre las enmiendas porque creo que se está intentando conseguir una transaccional, pero ¿algún grupo desea fijar posición? (Denegaciones.)
- PARA QUE EL GOBIERNO SE OPONGA AL NUEVO CAPÍTULO AGRÍCOLA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN DE LA UE CON MARRUECOS EN LOS TÉRMINOS ACORDADOS EN DICIEMBRE DE 2009 PARA DEFENDER LOS INTERESES DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002059.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, por tanto, al punto séptimo del orden del día, la proposición que presenta el Grupo Parlamentario Popular para que el Gobierno se oponga al nuevo capítulo agrícola del Acuerdo de asociación de la Unión Europea
con Marruecos en los términos acordados en diciembre de 2009 para defender los intereses del sector hortofrutícola español. Para su defensa tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Señoras y señores diputados, el sector hortofrutícola español tiene una enorme importancia: representa el 39 por ciento de la producción agraria, el 64 por ciento de la producción agrícola, tiene un valor de
producción del orden de más de 15.000 millones de euros, de los que se exportan a la Unión Europea cerca de 10.000 millones de euros y da trabajo a cerca de 400.000 personas de forma directa o indirecta. España, nuestro país, es el primer productor
comunitario en tomate, fresas y cítricos. En consonancia con la importancia que tiene el sector, los productores han realizado importantes inversiones para modernizar sus producciones y para escalonar con nuevas variedades la producción, con el fin
de que no coincida con la procedente de Marruecos. El nuevo Acuerdo de asociación UE-Marruecos modifica el vigente, que data del año 2005. Supone la práctica liberalización de todos los intercambios comerciales agrarios excepto para seis productos
sensibles que, no obstante, verán incrementados sustancialmente sus contingentes y disminuidos los precios de entrada. Me refiero a la producción marroquí. La primera consideración que cabe hacer es que este acuerdo perjudica gravemente nuestra
producción hortofrutícola. La cercanía y el calendario de la producción marroquí nos perjudicará gravemente aquí, en España, y en el mercado comunitario. La segunda consideración es que el régimen de precios de entrada y su gestión tiene una serie
de oscilaciones, un marco oscilatorio tan grande que constituye en su aplicación un auténtico fraude como denuncia hasta la propia OLAF. No se cumple, por otro lado, lo acordado. Marruecos vulnera sistemáticamente lo acordado hasta ahora. Y por
último, en cuanto a las condiciones de producción, se viene vulnerando sistemáticamente el principio de reciprocidad, es decir, no se cumplen las mismas condiciones ambientales y las mismas condiciones de restricciones fitosanitarias que se le
exigen a la producción
hortofrutícola comunitaria, lo cual acentúa la deslealtad competitiva de la producción marroquí con la producción comunitaria.
Así las cosas, el aplazamiento del nuevo acuerdo con Marruecos establecido por los servicios jurídicos de la Eurocámara hasta que se aclaren los interrogantes que plantea el nuevo convenio en relación con el Sáhara Occidental es una
magnífica oportunidad para corregir los términos en los que está suscrito el acuerdo UE-Maruecos. Tenemos que aprovechar este aplazamiento para rechazar en el acuerdo los términos que más perjudican a nuestra producción, proteger adecuadamente
nuestros intereses y compensar los perjuicios que pueden derivarse de un nuevo acuerdo. Eso no es lo que pide el Partido Popular, eso es lo que pide el sector afectado, todas las organizaciones profesionales agrarias y todas las cooperativas.
Las
instituciones parlamentarias están denunciando el grave perjuicio que va a ocasionar a la producción hortofrutícola española el nuevo Acuerdo de asociación UE-Marruecos que, afortunadamente, ha sido aplazado por la Eurocámara. Por tanto, nuestra
posición no puede ser más coherente, por un lado, con lo que piden los afectados y, por otro lado, con lo que pide, tal y como se ha pronunciado, el Parlamento de Andalucía por unanimidad. No puede ser más coherente con la declaración conjunta -que
es el punto número 2 de la proposición que hoy presentamos- de los cuatro consejeros de Agricultura de Valencia, Murcia, Andalucía y Canarias.
Fíjense, señorías, en que son consejeros que pertenecen a tres formaciones políticas distintas: al
Partido Popular, al Partido Socialista y a Coalición Canaria, y que se han puesto de acuerdo en la defensa de los intereses del sector y en rechazar el acuerdo en los términos en los que está planteado. No es que se rechace un acuerdo entre la
Unión Europea y Marruecos, porque todos somos conscientes de que la organización común de mercado marca unas pautas liberalizadoras que benefician en algunas ocasiones a unos sectores -me refiero a los comunitarios- y perjudica a otros, lo que se
está planteando es la supervivencia del sector, es decir, que se corrija aquello que perjudica gravísimamente a la supervivencia del sector y que se compense adecuadamente a los sectores perjudicados, en este caso al sector hortofrutícola.
Somos coherentes también con la posición que han manifestado los eurodiputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular, que han hecho todo lo que han podido para aplazar, para congelar el acuerdo en los términos planteados y
pronunciarse, como lo hicieron, a favor del aplazamiento en la última reunión de la Comisión de Agricultura europea, celebrada los pasados días 2 y 3 de febrero en Bruselas, donde la eurodiputada socialista, Iratxe García, se quedó sola defendiendo
el acuerdo. Por tanto, no podemos ser más coherentes con el sector, con lo que dicen nuestros consejeros, con lo que decimos en Europa, con lo que planteamos en el Senado y con lo que hoy, señorías, venimos a plantear aquí. Permítanme que me
dirija a ustedes diciéndoles que es muy difícil entender que en su debut parlamentario la ministra fuera a Bruselas y llamara irresponsables a todos los que se oponen a ese acuerdo en los términos planteados, porque eso es tanto como llamar
irresponsable no solo a todo el sector y a todas las organizaciones, sino a la consejera de Andalucía, que es de su propio partido.
Señoras y señores diputados, la reforma del régimen de precios de entrada y la mejora de su gestión para garantizar una correcta aplicación del acuerdo en vigor es absolutamente esencial para terminar con las prácticas fraudulentas que se
están produciendo en la actualidad y que hasta los propios organismos comunitarios están denunciando. El refuerzo de los controles aduaneros para garantizar el cumplimiento de lo acordado -que Marruecos sistemáticamente incumple- y para
intensificar los controles fitosanitarios no hacen más que garantizar y proteger la salud del consumidor europeo. Es imprescindible que en el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos se exija reciprocidad respecto a las condiciones de
producción de los terceros países en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales. Precisamente en Suecia se ha denunciado que en la producción hortofrutícola marroquí se esté empleando un producto fitosanitario que está
prohibido para la producción agraria europea. Exigimos las mismas condiciones de reciprocidad, porque si no, no se va a poder competir en unas mínimas condiciones de igualdad, que es lo que, en definitiva, pretende el sector.
Por eso, señoras y señores diputados, esperamos que sean ustedes sensibles a este grave problema que se puede ocasionar al sector hortofrutícola español, problema que se puede corregir rectificando aquellos términos del acuerdo que
perjudican gravísimamente a nuestro sector, y establecer las oportunas compensaciones para que los afectados puedan subsistir en una de las producciones agrarias más importantes, que me permito señalar que, desde el punto de vista cuantitativo,
tiene un volumen más importante que la producción de vino y aceite, que son producciones muy significativas del sector agrario español.
La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista que defiende el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Vaya por delante una cierta perplejidad con relación a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, puesto que en el enunciado de su proposición no de ley manifiesta que el Gobierno español se oponga
al nuevo capítulo agrícola, es decir, que vote en contra, que lo impida y, sin embargo, en su intervención está planteando algo con lo que coincidimos, que en relación al acuerdo actual y a los posibles futuros que puedan firmarse, la Unión Europea
introduzca cláusulas que aseguren el cumplimiento de los mismos en relación a precios, contingentes, etcétera, y que exija el cumplimiento de un sistema de
reciprocidad en el cumplimiento de condiciones de producción agrícola: fitosanitarios, medioambientales y de otro tipo. Por tanto, respecto a lo que ha manifestado el señor Llorens en su intervención, podemos decir que estamos de acuerdo,
pero no podemos entender que el literal de su proposición sea la petición expresa -como dice la PNL- de que el Gobierno español se oponga al nuevo capítulo agrícola. No voy a utilizar el término de irresponsables, pero deberían ser un poco más
responsables en un tema sensible -las relaciones con Marruecos y con el norte de África lo han sido siempre- y mucho más sensible en este momento, dada la situación política desarrollada en todo el norte de África y la necesidad de tener a la Unión
Europea posicionada favorablemente en la solución de estos conflictos. No se puede ir, como en muchas ocasiones va el Partido Popular, con las luces cortas, intentando buscar votos en localidades concretas, afectadas por determinadas problemáticas,
sin ser sensibles y responsables con la solución de temas que están muy por encima de pequeñas ópticas municipales o locales, que legítimamente alguien pudiera plantear. Un partido que ha gobernado, que ha suscrito acuerdos y que tiene vocación de
gobernar no debería hacer estos planteamientos.
Con el fin de plantear el tema y de verlo con cierta distancia, les voy a leer, señores miembros de la Comisión, unas declaraciones de un altísimo responsable político español refiriéndose a estos temas de los acuerdos de Marruecos, que de
alguna manera pueden centrar un poquito el tema.
Dice este político al que me refiero: Estoy satisfecho de que haya una gran relación de cooperación permanente entre Marruecos y la Unión Europea, y entre el Reino de España y Marruecos. En otras
declaraciones dice: Estoy satisfecho de que haya un buen entendimiento con el ministro marroquí de Agricultura y Pesca, y espero que eso se traduzca en el bienestar de los ciudadanos de los dos países. En otro momento dice: Nosotros -es decir,
España- no tenemos problemas específicos con Marruecos en materia de Agricultura. En otro momento dice este alto representante político: No hay que ser alarmistas ni hablar de concesiones agrícolas a priori. Y por poner una guinda al tema, este
mismo político, con relación a la problemática del tomate canario, dice que hay que desterrar el catastrofismo subjetivo, puesto que el problema del tomate canario no es de la competencia del marroquí, sino de los problemas de estructuras y posición
comercial que tiene el tomate, el productor canario respecto a otras problemáticas. Alguien de ustedes dirá: ¿Y quién dice estas cosas tan coherentes? Pues estas son declaraciones de don Miguel Arias Cañete, actual presidente de la Comisión Mixta
de la Unión Europea y entonces ministro de Agricultura y Pesca, responsable de la negociación de los acuerdos que la Unión Europea, en su momento, trataba de renovar en materia de agricultura y pesca. Decimos en política los que llevamos mucho
tiempo en esto -y aquí estamos muchos que ya peinamos canas o que hemos perdido el pelo- que no hay como ser Gobierno para ver las cosas de otra manera. Señores del Partido Popular, ustedes tienen que saber algunas cosas y yo estoy obligado a
recordárselas. (El señor Llorens Torres pronuncia palabras que no se perciben.) Estos acuerdos y la revisión de estos protocolos tienen su antecedente y su inicio en el año 1995, en 1995, cuando la Unión Europea -todos los Estados de la Unión
Europea y, por tanto, también España- y Marruecos acuerdan el establecimiento de una zona de libre comercio con los países terceros mediterráneos. Este es un acuerdo que se suscribe en 1995. Se mantuvo vigente durante todo el Gobierno del Partido
Popular y no escuché a nadie cuestionar esta iniciativa de establecer la zona de libre comercio con Marruecos. Este acuerdo se ratificó en la cumbre de Barcelona en el año 2005, y a partir de ese momento la Unión Europea inició un proceso de
renegociación de los acuerdos. Estos quedarán sustanciados cuando finalmente el Parlamento Europeo apruebe o no -la decisión es ahora del Parlamento Europeo, que es donde están- la ratificación de los acuerdos comerciales en materia de agricultura
con Marruecos.
Señores del Partido Popular, deben saber que en este momento ya hay una decisión adoptada por el Consejo Europeo. Después de una larguísima negociación en la que ha intervenido activamente el Gobierno español para -entre otras cosas-
mejorar los textos iniciales, el Consejo Europeo ya ha ratificado el acuerdo. En este momento queda pendiente la decisión, su aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo, donde les recuerdo una vez más, señores del Partido Popular, que
tienen mayoría absoluta. Por tanto, deben ser los eurodiputados que ostentan la mayoría quienes -igual que nosotros aquí en este Parlamento- asuman la responsabilidad política de las decisiones que mayoritariamente se toman en las instituciones
europeas. Hasta este momento el Consejo Europeo ya ha ratificado el acuerdo.
¿Cuál es la posición española en relación con este tema? El Gobierno español ha seguido con mucho interés la negociación de este acuerdo y ha conseguido introducir que se preste una especial atención a las producciones sensibles, es decir,
a aquellos productos que por calendario y por capacidad de producción de Marruecos pueden tener consecuencias desfavorables para la producción nacional. En este caso estamos hablando de tomate, pepino, calabacín, clementina, fresa y ajo. Estos son
los productos sensibles para los que se han fijado en el acuerdo unos contingentes con unas determinadas cantidades. Desde la óptica del productor de tomates si estas cantidades no se incrementaran sino que disminuyeran, mucho mejor. Pero son
cantidades que se incrementan a lo largo de un periodo de cuatro o cinco años en cantidades limitadas, y desde nuestro punto de vista no tienen que poner en cuestión la viabilidad de estas exportaciones. En relación con los contingentes, señor
Llorens, el incremento es moderado y esto lo entiende cualquiera.
(El señor Llorens Torres: Los productores no.) El
incremento del contingente se hace de forma escalonada. Por ejemplo, en pepino se pasa de 6.200 a 15.000, cuando las exportaciones de España en este momento son de 450.000 toneladas. Estamos hablando de un porcentaje reducidísimo. En
calabacín se pasa de 20.000 a 50.000, cuando las exportaciones de España a la Unión Europea superan las 250.000 toneladas.
Otro tema importante son los precios de entrada. De acuerdo con la declaración del establecimiento de una zona de libre
comercio, la Unión Europea inicialmente pretendía eliminar los contingentes y los precios de entrada. Sin embargo, se mantiene un sistema de vigilancia y de seguimiento de los precios de entrada de todos aquellos productos que estaban amparados por
el acuerdo y, por supuesto, de los productos sensibles.
Vuelvo a repetir que estos temas hay que verlos con una cierta estrategia.
Los acuerdos con Marruecos no tienen solo cosas negativas. Le puedo reconocer que los productores de estos productos sensibles los pueden ver con intranquilidad.
Es lógico, pero hay otros muchos productores españoles que van a tener las puertas abiertas a Marruecos y a otros países del norte de África para colocar sus productos, porque el acuerdo tiene reciprocidad y es equilibrado. Se rebajan en más del 50
por ciento los derechos arancelarios para muchos productos de la agricultura española y de los productos transformados de la industria agroalimentaria española -especialmente, los de su comunidad autónoma y también de la mía-, que van a poder ver
incrementadas sus exportaciones a Marruecos sobre la base de este acuerdo preferencial. Por tanto, mirada larga y no solo búsqueda de votos de los productores de tomate, aunque estamos con ellos y estamos preocupados porque la situación de precios
es preocupante con acuerdo y sin acuerdo. La rentabilidad de sus explotaciones no está cuestionada por el acuerdo con Marruecos, sino por la situación de bajada de precios en muchos productos agrícolas y ganaderos.
Señores del Partido Popular, este es un tema que ustedes traen de forma recurrente. Hace unas semanas una moción en el Senado prácticamente igual que esta llegó al Pleno, y obtuvo los votos favorables del Grupo Parlamentario Popular y los
votos en contra del resto de los grupos parlamentarios. No sé lo que va a ocurrir hoy. Ustedes con sus ansias de dañar al Gobierno, en vez de intentar buscar mecanismos de mejora del acuerdo actual en línea con su intervención, tratan de ponerle
dificultades al Gobierno en un tema complicado. Siempre lo ha sido.
Siempre han estado relacionados los acuerdos agrícolas con los acuerdos de pesca: rapidez en la formalización de los acuerdos de pesca y retrasos en la de los agrícolas. Estamos
negociando con un reino soberano que también tiene sus prioridades y sus negociadores.
Voy a terminar, señora presidenta, porque creo que ya ha pasado mi tiempo.
Señor Llorens, estamos de acuerdo con ustedes en que el problema en este momento no es el contenido del acuerdo. Con acuerdo o sin él, con el anterior o con este,
debemos ser capaces de establecer condiciones de seguimiento y de cumplimiento que aseguren que los acuerdos sean equilibrados, y que por la puerta falsa no se produzca competencia desleal a los productores españoles por incumplimientos en frontera,
por superación de los contingentes, por exportaciones con precios camuflados, etcétera. En ese línea van nuestras enmiendas, en esa línea va nuestra enmienda. Les sugerimos que las estudien y las valoren. Les pediría en cualquier caso que
retiraran esta proposición no de ley, porque nadie en este momento está pidiendo que el Gobierno se oponga al acuerdo; nadie, excepto ustedes con esta proposición no de ley.
Señora presidenta, perdone mi exceso de tiempo.
La señora PRESIDENTA: Señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Señor Alonso, de todas las intervenciones que he oído quizá esta sea la más pobre; y ya es difícil buscar alguna con menos argumentos.
La señora PRESIDENTA: Señor Llorens, no reabramos el debate. Solo debe pronunciarse sobre las enmiendas.
El señor LLORENS TORRES: Dice que no es necesario introducir una modificación. Entonces, ¿por qué descafeína la que nosotros estamos presentando? ¿Quién se opone a que se suscriba el acuerdo en los términos planteados? ¿Solo el Partido
Popular? También la consejera de Andalucía de su partido, señor Alonso, y todo el sector.
La señora PRESIDENTA: Señor Llorens, entiendo que no la acepta.
El señor LLORENS TORRES: No, es de una demagogia impresionante.
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, ¿algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: De verdad que hemos asistido a la constatación de algo que en Canarias vivimos permanentemente, es ver la botella medio llena o medio vacía en función de que unos estén en el Gobierno y otros en la oposición.
A veces algunos ni siquiera ven la botella con nada de contenido. En todo caso, señor Alonso, compartiendo algunos de los criterios que usted ha expresado, no me negará que hay temas -que usted mismo recoge en su enmienda, como decía ahora el señor
Llorens- que indudablemente hay que corregir y mejorar. Por eso valoramos la iniciativa que presenta el Grupo Popular en el sentido de que creemos que existen una disfunción y dificultades más allá de las que dijera en su día el anterior ministerio
de Agricultura
y hoy presidente de la Comisión Mixta de la Unión Europea, sobre todo en la competencia desleal.
En cuanto al control fitosanitario, no se puede permitir, como decía el señor Llorens, que se empleen productos prohibidos en la Unión Europea -que los productores comunitarios no pueden utilizar- y sí se puedan utilizar en ese tomate que
hace la competencia al tomate producido en nuestro país. Y no hablamos ya de los salarios y de las condiciones sociales de los trabajadores que indudablemente inciden notablemente en esa competencia. Cierto es, señor Alonso, que el señor Llorens y
su grupo parlamentario tienen mayoría en el Parlamento Europeo y, por tanto, es allí donde parece procedente que se opongan a la ratificación del acuerdo. Porque ocurre exactamente igual en el tema del plátano.
Indudablemente Coalición Canaria no
puede oponerse a que esta Cámara ratifique o avale con su voto el acuerdo alcanzado entre varias comunidades autónomas -entre ellas la canaria- en relación a la lesividad de este acuerdo y a la necesidad de revisarlo. Al final estamos en el mismo
planteamiento que en la pesca. Estamos en un tema sensible. Es sensible en relación con Marruecos; es sensible el asunto saharaui en estos momentos y por tanto requiere reflexión. También requeriría -lo pedimos otra vez desde Coalición Canaria-
un esfuerzo de consenso entre los dos partidos mayoritarios de la Cámara. Hay una iniciativa, hay unas propuestas complementarias, en algún caso alternativas, y sería deseable el consenso y el acuerdo porque parece mejor instrumento de negociación
con Marruecos un acuerdo unánime de este Parlamento con relación a ese convenio, a ese acuerdo de libre comercio, y sobre todo con relación a esa defensa de nuestros productores que tienen un significado importante no solo por el número de personas
sino también por la economía que representan en el Estado español, tal como resaltaba el señor Llorens en su intervención.
Coalición Canaria va a votar la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, y en todo caso nos gustaría votar una propuesta de consenso que en definitiva fuera más eficaz y que se pueda aplicar.
- SOBRE LA REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LA CALA AGULLANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001255.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del último punto del orden del día que es el que aparece en primer lugar: Debate de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la regeneración de la
playa de la cala Agullana. La defiende el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: En primer lugar desearía agradecerle a usted, a los miembros de la Mesa y a los grupos parlamentarios que nos hayan concedido la posibilidad de intervenir en último lugar puesto que este diputado no podía estar
presente a primera hora de la mañana. Gracias.
Hoy llega una proposición no de ley que está fechada en el año 2009 que en algunas cuestiones quizá debería incorporar nueva información, pero que en términos generales debo decir que tiene toda su vigencia puesto que el problema, que ahora
pasaré a relatarles, hoy día no está todavía resuelto. Me refiero a cala Agulla que es un paraje del municipio de Capdepera, en la isla de Mallorca, que desde hace años sufre un proceso de degradación puesto que por razones diversas -entre las
cuales está la existencia de temporales que afectaron a la playa posteriormente-, al menos de manera natural, no se ha regenerado. Esto afecta no solamente al equilibrio medioambiental sino también en gran medida al sector turístico ya que el
paraje en cuestión es un paraje natural a partir del cual se ha edificado una buena parte de la actividad turística de aquella zona. Como ustedes saben la convivencia entre los equilibrios medioambientales y la industria turística siempre es
conflictiva. Por eso este tema lleva tiempo coleando, ha sido además motivo de grandes debates políticos también en el ámbito medioambiental y urge su solución. En primer lugar se había propuesto regenerar la playa con arenas procedentes de los
fondos marinos de Banyalbufar, en la misma isla de Mallorca, pero el enorme impacto ambiental que hubiera supuesto esta actuación hizo que finalmente la Consejería de Medio Ambiente de les Illes Balears y la demarcación de costas acordaran que este
proyecto no era viable. De hecho fue la misma Consejería de Medio Ambiente quien elaboró otro estudio que tomó forma de informe para que la regeneración de esta playa se hiciera a partir de arenas de esta misma playa de cala Agulla.
Hasta aquí la solución apuntada. Luego los problemas han sido otros, han sido de ejecución del proyecto. Mientras tanto el debate se ha ido polarizando y aumentando la inquietud del sector turístico al ver como iban transcurriendo los
meses y se resentía su actividad económica en la medida en que los turistas, los usuarios de la playa tenían una imagen -bien porque ya habían estado otras veces en aquel paraje, bien porque lo conocían a través de los medios de comunicación y de
toda la publicidad que conlleva la actividad turística- y se encontraban con una realidad distinta. Entenderá pues que la inquietud haya ido incrementándose hasta el punto de que incluso ha habido movilizaciones como la que se convocó hace unos
meses, en la que empresarios y personas ligadas al mundo del sector dieron un aldabonazo a la situación para que las administraciones pusieran solución al problema. ¿Qué pedíamos nosotros? En su momento pedíamos que se llevara a cabo la ejecución
de los trabajos, pero atendiendo a lo dicho ya al inicio de mi intervención de que han pasado meses desde que presentamos esta iniciativa parlamentaria y ciertamente las fechas que poníamos en el redactado ya no se adecuan al momento en el que
estamos -pero también atendiendo
al hecho de que no se ha hecho nada todavía-, debo decirles que hemos venido a esta Comisión de hoy con el ánimo de llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista, que es el grupo que está en el Gobierno del Estado y también en las
instituciones de Baleares, y con el Partido Popular. Debo decirles que lo hemos conseguido, razón por la cual creo que deberíamos felicitarnos. Déjenme que les diga, como grupo proponente, cuáles son los tres puntos sobre los cuales hemos basado
el acuerdo, acuerdo que han tenido a bien aceptar mis compañeros del Grupo Popular y del Grupo Socialista y que también van a explicar. En primer lugar, que en el plazo de tres meses el sector turístico y la ciudadanía de Mallorca sabrán cuál será
la fecha exacta de inicio de las obras, es decir, en el plazo de los tres meses, como máximo, el Gobierno deberá comunicar el día que se inician las obras. Segundo pilar sobre el cual se basa el acuerdo. Las obras son las de ejecución de todo
aquello contenido en el informe elaborado por la Conselleria de Medi Ambient del Govern de Baleares, trasladado a la Demarcación de Costas con las prescripciones y correcciones que competencialmente le corresponde incluir, si cree necesaria, la
Demarcación de Costas. Tercero, las obras deben estar culminadas antes del inicio de la temporada del año 2012. Así pues, primero, todos sabremos ya dentro de tres meses, como máximo, cuando van a empezar las obras. Segundo, que nadie se asuste,
que deberán hacerse mediante el plan que debe ejecutarse redactado por la consellería y, tercero, que las obras nunca pueden finalizar antes del inicio de la temporada turística de 2012. Acuerdo que celebramos, que entendemos que es un paso hacia
adelante,y consideramos que ya ha llegado la hora de que de una vez por toda se pase a la ejecución del proyecto que tantos meses se ha esperado y tantos perjuicios ha causado.
La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, como este no es el procedimiento habitual, ¿tengo que entender que está presentando una autoenmienda in voce y que el resto de los grupos no tienen nada que decir, o van a presentar enmiendas in voce?
Tenemos una proposición no de ley que está defendiendo a la que no se ha presentado ninguna enmienda.
El señor TARDÀ I COMA: Ciertamente, perdone, es una autoenmienda hecha a tres manos. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: ¿Es una autoenmienda in voce y el resto de los grupos presentarán su enmienda in voce en este momento y todos están de acuerdo, incluso los grupos que no van a presentar ninguna enmienda in voce?
El señor TARDÀ I COMA: Yo diría que sí.
La señora PRESIDENTA: ¿Están todos de acuerdo? (Asentimiento.)
Por tanto, en trámite de fijación de posición, grupos que desean intervenir. (Pausa.) Por el grupo Popular tiene la palabra la señora Mercant.
La señora MERCANT NADAL: Señorías, la PNL presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds posee cantidad de buenas intenciones, y por ello anticipo a SS.SS., como ya ha anunciado el señor
Tardà, que arreglando unos flecos que hemos intentado antes debatir votaremos a favor de la misma. El informe de regeneración al que aducen, emitido en julio de 2009 por la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears nos parece adecuado. Los
argumentos ecologistas esgrimidos en la proposición sobre similitud de arenas para la regeneración de la playa donde solicitan la extracción de arena, de lugar cercano y a menor profundidad, se complementan con el argumento económico de ahorro de
maquinaria y mayor simplicidad y eficacia en la operación. La posibilidad de extraer arena de una zona próxima a su orilla, la cual contiene un mínimo de 40.000 metros cúbicos y de los cuales se utilizarían 15.000 para su estabilización, nos parece
totalmente aceptable y de acuerdo con el modelo de desarrollo sostenible, aunque pensamos que la regeneración artificial de cala Agulla constituye una solución transitoria, ya que con la aportación de arena solo se conseguirá aumentar la superficie
de playa de forma inmediata, sin solventar el problema de fondo, que es la pérdida de sedimento. Exigir que las obras se realicen antes de finalizado el mes de abril, cosa que ya hemos subsanado, ya que en plena temporada turística eso sería un
verdadero desastre económico, lo compartimos totalmente. Por otra parte, supeditar el inicio de las obras de regeneración a un informe de Demarcación de Costas puede conjeturar un verdadero canto al sol, ya que en 2010 la Conselleria de Turisme
asumía el proyecto de regeneración de la playa de cala Agulla, el cual pretendía estar terminado a finales del mes de abril. Días más tarde, la Conselleria de Turisme del Partido Socialista manifestaba, durante el Pleno del Parlament, que el Govern
estaba tramitando la redacción del proyecto de regeneración temporal de cala Agulla en el municipio mallorquín de Capdepera, evidentemente, sin fijar plazo alguno, ya que se venía desviando el tema desde 2007, política seguida hasta la fecha.
Nosotros, señorías, deseamos que la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino inicie urgentemente todas las obras de acondicionamiento del litoral de les Illes Balears. También exigimos realizar un
seguimiento y vigilancia de las actuaciones realizadas en la costa balear, de la evolución del frente litoral, de los acantilados y playas y estudiar la dinámica y los problemas de regresión en las playas y calas de les Illes Balears, porque de ello
también depende la economía balear y la española.
Señorías, se preguntarán, pues, ¿por qué dudamos antes de pronunciarnos votando favorablemente si estamos de acuerdo en prácticamente casi todo? Me
explicaré, señorías. La coalición que hoy presenta la PNL en el momento de solicitar la actual proposición, en 2009, participaba en el Govern de les Illes Balears y, al mismo tiempo, en el de la Generalitat de Catalunya, por lo que no puede
aducir falta de rigor por lejanía del problema. Así pues, señorías, este grupo, entonces en el Gobierno balear y en el Gobierno catalán, repite durante, señor Tardà, siete ocasiones la importancia de regenerar cala Agullana. Esto, señorías, nos
confunde sobremanera. El Grupo Popular sabe que Agullana es un municipio español del Alt Empordà, en la provincia de Gerona, señor Tardà, gobernado, por cierto, por Esquerra Republicana de Catalunya, por lo que difícilmente su nombre puede llevar a
confusión a su grupo. En este municipio no tenemos constancia de playa, a no ser que Esquerra quiera construir una en el pantano pirenaico de Boadella, que está muy cercano a la localidad, señor Tardà. (Risas.) Y sabemos, como usted ha explicado
muy bien, de la problemática de la regeneración de cala Agulla -Agulla, que en castellano es aguja-. En Mallorca existe el refrán: possar fil a l'agulla, enhebrar la aguja, cuando hay que ponerse a trabajar. Queremos suponer que este error, que
evidentemente no puede considerarse ortográfico por la reiteración, siete veces aparecido en la PNL en todas y en cada de las localizaciones efectuadas se produce a causa del desconocimiento total de les Illes Balears, cosa que le invito a que venga
a conocerlas, o bien, debido a una superficialidad hacia la PNL, buscando solo oportunismo político, y menciono estas hipótesis, porque no quiero suponer que se deba a un intento de colonización de les illes (Risas.), queriendo renombrar esta
conocida y preciosa cala mallorquina, señores diputados del PSOE, con su municipio pirenaico. (Risas.) Igualmente, instar al Gobierno a que ejecute el proyecto de regeneración antes de abril de 2009, nos parece una exigencia un poco excesiva, señor
Tardà. No se puede reclamar tanta premura a un Gobierno que enlentece no solo los informes urgentes de costas, como se puede comprobar con la tramitación de esta PNL, sino que lo hace, motu propio con casi todas sus acciones, hasta, señor Tardà, en
las autopistas, o mejor dicho señores socialistas.
En definitiva, señorías, si esta acertada y concisa PNL se refiere a cala Agulla y el mes de abril citado es el de 2011 o el de 2012, como hemos quedado, y no el que el cantautor Joaquín Sabina guardaba en el cajón -¿se acuerdan de la
canción?, esta PNL sí ha estado en el cajón un año y medio-, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor con esta transaccional, ya lo ha anticipado el señor Tardà, como no podía ser de otra manera.
La señora PRESIDENTA: Le recuerdo que no es una transaccional, es una autaenmienda in voce de los tres grupos sin oposición del resto de los grupos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ RESTA: Al final, hemos acabado todos liados y no sabemos exactamente si estamos hablando de Mallorca, de Gerona o de qué. No se preocupen, señorías, porque yo se lo intentaré aclarar.
Señorías, para aquellos que no son de Mallorca, durante los temporales de diciembre de 2004, en la zona norte de la isla de Mallorca, en el municipio de Capdepera, se produjo en Cala Agulla una fuerte erosión, provocando la desaparición de
un gran volumen de árido, ocasionando la modificación del perfil, lo que ocasionó que apareciera el sustrato rocoso. Por este motivo, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del anterior Ministerio de Medio Ambiente, contrató
la asistencia técnica para la redacción del proyecto de recuperación y estabilización de la playa en Cala Agulla. El proyecto pretendía aportar arenas hasta conseguir una playa seca de 50 metros de anchura mínima, con una cota de la berma de más de
2,5 metros. Para ello se prevé realizar una extracción de arena de unos 120.000 metros cúbicos en total, procedente del yacimiento de Banyalbufar. Hay que indicar que el banco de arenas de Banyalbufar tiene declaración de impacto ambiental
positiva, no está incluido en ningún área protegida y se encuentra a unas cotas de profundidad de entre menos 25 y 50 metros, zona donde la dinámica litoral es nula.
En octubre de 2007 se remitió el documento inicial al órgano ambiental, que el 30 de noviembre de 2007 contestó que el proyecto estaba incluido dentro de los supuestos del anexo I. Por otra parte, a finales del verano de 2009, la Consejería
de Medio Ambiente del Gobierno balear remitió a la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino un estudio para la regeneración de la playa de Cala Agulla que consideraba la posibilidad de extraer la arena del
perfil sumergido de la playa. Analizado el estudio, se observó que, en primer lugar, no era un proyecto técnicamente aceptable y no cumplía los requisitos mínimos que exige la Ley de contratos del sector público para que se pudiera considerar un
proyecto. Por este motivo y por el grado de carencias que tenía el citado estudio, desde la Demarcación de Costas en las islas se envió a la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno balear un informe enumerando las deficiencias que tenía el
estudio presentado y las correcciones necesarias para su posible tramitación. La actuación propuesta en este estudio consistía en la utilización de la arena del perfil activo de la playa para reponer la playa seca, por lo que se realizaría a
pequeñas profundidades, facilitando el descalce de la playa al desestabilizar el perfil sumergido dentro del perfil activo de la playa. Por otro lado, la zona propuesta como zona de extracción está declarada como LIC y, por tanto, no se deben
ejecutar proyectos que, sin ser necesarios para la misma, puedan afectar de forma apreciable a los citados lugares. A día de hoy, no se ha recibido en la Demarcación de Costas del ministerio un proyecto constructivo ejecutable, ni con los estudios
mínimos necesarios para llevar a cabo un proyecto de estas características y que sea viable ambientalmente. Por otra parte,
desde el ministerio se remitió un informe, indicando que la zona en donde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno balear proyecta extraer la arena se encuentra en una reserva marina, que es una zona de usos restringidos de alto valor
ecológico pesquero, con grados importantes de regeneración de las poblaciones de mero, según recientes informes del Instituto Español de Oceanografía y que se encuentra en la zona LIC número 0000227, denominada Muntanyes D'Arta, informando
negativamente el mencionado proyecto.
Ahora nos encontramos en esta situación. Es verdad que, como indicaba el señor Tardà, el preámbulo de la moción señala el retraso acumulado en la regeneración de Cala Agulla, ya que, como ellos pidieron, debería de estar regenerada para la
temporada turística de 2009. Lo importante es que llegamos -algo tarde pero llegamos- con un acuerdo que suscriben, como hemos comentado, los tres grupos políticos: el Grupo Popular, Esquerra Republicana y el Grupo Socialista. Lo importante es
que Mallorca y el sector turístico no se vean afectados por este paso del tiempo. No podemos olvidar que Mallorca es un destino turístico de sol y playa principalmente y que el turismo es la fuente económica de las islas, pero la playa, el mar
Mediterráneo, el sol y la arena son la fuente de vida y convivencia de todos los ciudadanos. No les explicaré los puntos de la enmienda in voce que hemos presentado todos los grupos porque lo ha hecho perfectamente el señor Tardà, al que también
queremos agradecer su cercanía para llegar a acuerdos con nuestro grupo.
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a las votaciones de las diferentes proposiciones no de ley siguiendo la numeración del orden del día. (El señor Morán Fernández pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Morán.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Como no ha sido materialmente posible trasladar a la Presidencia el texto transado entre los tres grupos respecto a la proposición no de ley sobre la calidad del aire, si le parece, antes de iniciar las votaciones
doy lectura del texto.
La señora PRESIDENTA: Lo haremos cuando procedamos a la votación de esta proposición no de ley sobre la calidad del aire.
Señor Tardà, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley que aparece en el punto 1.º del orden del día, proposición no de ley sobre la regeneración de la playa de la Cala Agulla, con autoenmienda in voce suscrita por el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, sin oposición del resto de los grupos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la proposición no de ley relativa al cumplimiento del acuerdo Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de 19 de mayo de 2009, por el que se deniega la concesión de permiso de investigación de hidrocarburos solicitada por
una empresa privada. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votación de la proposición no de ley relativa al proyecto de construcción de un embalse en el río Navia (Lugo), que se somete a votación con la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la proposición no de ley relativa a la renovación del acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la proposición no de ley que aparece en el punto 5º del orden del día, sobre impulso de la inclusión en el etiquetaje de los productos de datos relativos a su impacto en el calentamiento global. Se somete a votación con
la enmienda transaccional suscrita con el Grupo Socialista y el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Antes de someter a votación el punto 6º, que es la proposición no de ley relativa al desarrollo de más instrumentos normativos para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, se va a dar lectura al texto de la enmienda transaccional
que se ha suscrito por el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El portavoz del Grupo Socialista va a proceder a su lectura. Señor Morán.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Gracias a los portavoces de los dos grupos porque materialmente no hemos podido trasladarla a escrito con firma.
Quedaría en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que en la aplicación de los nuevos instrumentos normativos para mejorar el aire de nuestras ciudades, incorporados a la normativa aplicable en los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 28 de enero y
que traducen a disposiciones legales las propuestas recogidas en el texto de la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso el pasado 10 de diciembre, a saber, la actualización del Catálogo de actividades
potencialmente contaminadas de la atmósfera incluido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera; la incorporación de nuevas obligaciones para las partículas más pequeñas a la normativa hoy existente; la
simplificación de la normativa por motivos de claridad y eficiencia administrativa, sin menoscabo de los objetivos medioambientales, avance en la definición e implementación de nuevos objetivos en el marco de la imprescindible cooperación entre las
tres administraciones en los siguientes aspectos. Primero, elaborar y poner en marcha en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales el Plan nacional de calidad del aire que incluya protocolos de actuación, mecanismos de
colaboración entre las administraciones y medidas concretas para mejorar y reducir la contaminación atmosférica; segundo, el establecimiento de un intercambio de información entre las distintas redes de calidad del aire, asegurando la
comparabilidad de las mediciones, sin perjuicio del establecimiento de medidas de control adicional de protección por parte de las administraciones competentes; tercero, dotar al Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Ciencia e
Innovación, de los recursos necesarios para desarrollar correctamente las actuaciones legalmente asignadas, y cuarto, facilitar el apoyo y colaboración con las comunidades autónomas y las administraciones locales en la gestión de la calidad del aire
mediante investigaciones, estudios, modelización, garantía de calidad en las redes, elaboración de estadísticas y sobre todo en aquellos aspectos cuya competencia ostenta el Estado y resultan importantes para mejorar la calidad del aire de nuestras
ciudades como, por ejemplo, la contaminación generada por los barcos cuando están atracados en los puertos con los motores encendidos para suministrar electricidad.
La señora PRESIDENTA: Los portavoces del resto de los grupos, el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), están de acuerdo en la redacción, ¿no? (Asentimiento.) Por tanto, la sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la última proposición no de ley, para que el Gobierno se oponga al nuevo capítulo agrícola del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Marruecos en los términos acordados en diciembre de 2009 para defender los
intereses del sector hortofrutícola español. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Gracias, señorías, por su asistencia.
Levantamos la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.