CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 695

POLÍTICA TERRITORIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO

Sesión núm. 15

celebrada el martes, 21 de diciembre de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública (Chaves González), para informar:


- Sobre las líneas generales de la política que va a desarrollar al frente de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000189.) ... (Página 2)


- De las líneas generales que va a desarrollar en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, tras la incorporación a su departamento de las competencias en materia de Función pública. A petición del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000926.) ... (Página 2)


- Sobre las próximas convocatorias de comisiones mixtas de transferencias al País Vasco, materias que se van a tratar y compromisos asumidos por el Gobierno como consecuencia de los recientes acuerdos adoptados con el Partido Nacionalista
Vasco (PNV). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000933.) ... (Página 2)

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- Sobre las repercusiones presupuestarias derivadas de la reciente remodelación del Gobierno y si ello no supone, como parece, ahorro alguno para los ciudadanos. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 213/000940.) ... (Página 2)


Se abre la sesión a las once de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la comparecencia del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública para informar sobre las líneas generales de la política que va a desarrollar al
frente de su departamento, a petición propia, y para concentrar otras tres comparecencias a instancias del Grupo Popular: La primera para el análisis de las líneas generales que va a desarrollar en el departamento después de la incorporación de las
nuevas competencias en materia de Función pública; la segunda sobre las próximas convocatorias de comisiones mixtas de transferencias al País Vasco y compromisos asumidos por el Gobierno, y la tercera sobre repercusiones presupuestarias derivadas
de la reciente remodelación del Gobierno y si ello supone o no ahorro alguno para los ciudadanos.



En primer lugar, intervendrá el vicepresidente tercero del Gobierno y, por su orden, los proponentes de la comparecencia, con un tiempo de unos quince minutos de intervención, habida cuenta de la concentración de comparecencias que existen.
Bienvenido a la Comisión de Política Territorial y Administraciones Públicas. Tiene la palabra el vicepresidente tercero del Gobierno.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señoras diputadas, señores diputados, comparezco de nuevo ante esta Comisión de Política Territorial -como ha
señalado el presidente de la Comisión- tanto a iniciativa propia como de otros grupos, en este caso para exponerles las líneas generales de mi departamento tras la asunción de nuevas competencias en materia de administración y de Función pública.

Asimismo, informaré de otros asuntos que son del interés de sus señorías, todos ellos derivados de dos acontecimientos relevantes para la vida política, como son la remodelación de Gobierno y el acuerdo de estabilidad institucional alcanzado con el
Partido Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria. Los acuerdos con estos grupos parlamentarios contribuyen especialmente a crear un marco de estabilidad política e institucional, que ayuda enormemente en el esfuerzo que venimos realizando como
país, dirigido a eliminar incertidumbres y asentar la confianza y la estabilidad de nuestra economía. Presumiblemente hoy, con la aprobación de los presupuestos para el año próximo, tenemos un ejemplo. Lo contrario hubiera sido un acto de
irresponsabilidad con consecuencias en la confianza y en la estabilidad de nuestra economía, y un triunfo para los especuladores. Por otro lado, la remodelación del Gobierno supone un nuevo impulso a la acción del mismo, con un Ejecutivo
políticamente reforzado, con una estructura nueva y, en consecuencia, en condiciones de volcarse en lo que deben ser las tareas prioritarias que tenemos como país: completar las reformas para crecer económicamente, crear empleo, y salvaguardar y
fortalecer el Estado del bienestar. Con esta decisión, como saben sus señorías, desde el pasado 20 de octubre el Ministerio de Política Territorial asume las competencias de Función pública y de Administración periférica. En otras ocasiones sus
señorías ya me han oído decir que los gobiernos y sus estructuras se conforman y se adaptan a los objetivos y a los momentos políticos. Y el momento político ahora, y a juicio del presidente del Gobierno que es al que le corresponde, requería un
Ejecutivo como el diseñado. Por lo tanto, en el ámbito de mi responsabilidad, la ampliación de competencias hay que entenderla precisamente en ese marco político y en la evolución de las apuestas propias de cada momento, tanto las de antes,
dirigidas a fortalecer el Estado autonómico y las relaciones con las entidades locales, como las de ahora, en un contexto y en una nueva etapa marcada por nuevos objetivos políticos. Dicho esto, iré entrando en las materias propias de la
comparecencia.



Señorías, las líneas generales de lo que constituye la agenda territorial de mi ministerio ya tuve oportunidad de explicarlas en anteriores comparecencias y, en consecuencia, son conocidas. Por lo tanto, me centraré en informarles sobre las
actuaciones más relevantes que se han producido desde entonces en el ámbito de la política territorial. Pero antes, a modo de declaración de principios -aunque lo haya hecho también en otras ocasiones-, permítanme expresar en sede parlamentaria una
vez más mi plena confianza en el Estado de las autonomías, que está en el título VIII de la Constitución, y mi fe en sus potencialidades. En mi opinión, no es el momento para plantearse retrocesos en nuestro Estado autonómico ni tampoco lo es para
juegos frívolos de cálculo electoral con nuestro modelo constitucional de convivencia. Cualquiera es capaz de ver que nuestro sistema autonómico -que reconoce nuestra diversidad, que la integra en un proyecto común de convivencia- se muestra como
un gran activo que permite aprovechar mejor todas nuestras capacidades y desarrollar las potencialidades de las distintas comunidades autónomas y de


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España en su conjunto. Todos somos conscientes de que el propio desarrollo de nuestro Estado de las autonomías, como ocurre en otros Estados complejos, también ha producido -y produce- disfunciones, duplicidades y solapamientos que hay que
corregir o mejorar permanentemente. Y lo estamos haciendo. Todos los días se hace por las vías propias de un Estado -como ya he señalado- complejo como el nuestro, profundizando en los mecanismos de coordinación y cooperación. Es así como día a
día se actualiza nuestro Estado de las autonomías, generando el máximo de sinergias y capacidades cooperativas, asociando a todos los poderes institucionales y a las administraciones para hacer frente a los principales retos que tenemos planteados
como sociedad. Un esfuerzo de responsabilidad compartida que, en lo concreto, está dando sus resultados, tanto para avanzar hacia la salida de la crisis como en hacer una cooperación más eficiente, en el objetivo común que tenemos de satisfacer
derechos y necesidades de la ciudadanía. Ya que me he referido a duplicidades y solapamientos, aprovecho para anunciarles que he solicitado a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas dependiente de mi ministerio que elabore un informe
relativo a la eliminación de las posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias del sistema, siempre desde el respeto a las competencias que le corresponden a todas y cada una de las comunidades autónomas, y cuyas conclusiones pueden servir de
base de un acuerdo en el seno de la Conferencia de Presidentes y/o de las correspondientes conferencias sectoriales.



Señorías, no voy a entrar en desarrollos relativos a la cooperación a través de sus instrumentos naturales, como es a través de las conferencias sectoriales, los convenios de colaboración o la participación de las comunidades autónomas en
los asuntos europeos. No obstante, si sus señorías tienen interés, en una posterior intervención les puedo ofrecer los datos. Simplemente destacaré el valor de la cooperación y sus resultados positivos, especialmente en estos tiempos de crisis, a
través de las importantes decisiones que se han tomado. Por ejemplo, las medidas financieras en materia farmacéutica adoptadas por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que suponen un ahorro previsible de unos
1.500 millones de euros anuales, lo que contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad financiera del sistema sanitario en la actual coyuntura de crisis económica. Por ejemplo, el acuerdo marco sobre sostenibilidad de finanzas públicas con las
comunidades autónomas y las entidades locales aprobado en marzo, modificado en junio, para adaptarlo al nuevo y más exigente escenario de consolidación fiscal. Igualmente importante ha sido para reforzar la confianza y el compromiso con la
estabilidad, el acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 24 de noviembre para adquirir el compromiso de publicar trimestralmente los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas y constatar que se
van a cumplir los objetivos de déficit en este año.



A través de las comisiones bilaterales y mixtas hemos seguido trabajando para que se alcancen acuerdos que conduzcan a un desarrollo más pleno del Estado autonómico. En esta legislatura se han efectuado setenta traspasos a las comunidades
autónomas, que afectan a 3.987 empleados públicos estatales transferidos a las mismas. Quiero subrayar los traspasos aprobados en cumplimiento de los estatutos de nueva generación, tanto a Cataluña como a Andalucía. En el caso de Cataluña, durante
la legislatura autonómica que acaba de terminar se han aprobado veintidós acuerdos de traspaso, que dan cumplimiento amplio al nuevo Estatuto. De ellos, los más importantes son los acuerdos en materia de ferrocarriles, de cercanías y recientemente
de servicios regionales, aprobados por la Comisión mixta de transferencias celebrada el pasado 17 de noviembre.
También son destacables los correspondientes a la Función pública inspectora, de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, que
vino precedido de los relativos a ordenación y gestión del litoral, comunicaciones electrónicas o autorizaciones iniciales de trabajo para trabajadores extranjeros. En el caso de Andalucía, resulta relevante el traspaso en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos de la cuenca del Guadalquivir, y esperamos cerrar en breve el traspaso en materia de ordenación y gestión del litoral.



Respecto de los traspasos a la Comunidad Autónoma del País Vasco, como ya conocen, hemos aprobado recientemente con el Gobierno vasco un paquete de traspasos en materia sociolaboral que comprenden las políticas activas de empleo. Sobre esta
cuestión no me extenderé, puesto que es algo que ya tuvimos ocasión de debatir recientemente, a raíz de una interpelación y también la consecuente moción, quedando claras dos cuestiones por nuestra parte. Por un lado, que con este traspaso se
transfieren unas competencias que ya tenían el resto de las comunidades autónomas españolas y, por otro, que el elemento diferencial, referido al tema de las bonificaciones o incentivos a la contratación, no afecta a la unidad económica patrimonial
del sistema de la Seguridad Social y quiero decir también que ese traspaso se incardinará en el marco de las reformas de las políticas activas de empleo. Igualmente estamos trabajando con el Gobierno vasco en el traspaso en materia de inspección de
trabajo y nos hemos marcado un calendario para el año 2011, que esperamos culminar con unos quince traspasos más.



El pasado 24 de noviembre se reunió la Comisión bilateral de Castilla y León para aprobar el Plan de convergencia interior, 65 proyectos y 100 millones de euros, con el fin de corregir desequilibrios territoriales, lo que pone de manifiesto
también el compromiso del Gobierno con esta comunidad autónoma. Asimismo el 13 de este mes se reunió la Comisión bilateral de Canarias, la tercera reunión en seis meses. En esta ocasión, además de continuar con el seguimiento de la estrategia
integral para Canarias, se trataron aspectos relativos a la negociación de nuevos traspasos relativos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y bonificaciones a la contratación.



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Asimismo, se creó una subcomisión en materia de costas para analizar conjuntamente los problemas específicos de este sector. También quiero señalar el traspaso de la gestión de los parques nacionales a Galicia, Islas Baleares, Canarias y el
Parque Nacional Picos de Europa a tres comunidades autónomas en una gestión integral, la primera que se conoce en nuestro país, a Cantabria, Asturias y Castilla y León. Igualmente se ha avanzado en los traspasos en otras materias. Así, Aragón y
Canarias han asumido los traspasos en materia de formación profesional para el empleo, que estamos a punto de cerrar también con Extremadura, y en materia de Administración de Justicia se están ultimando las negociaciones con Murcia y La Rioja. En
relación con el esfuerzo permanente que venimos haciendo para hacer efectivos los derechos de todos los ciudadanos en materia derivada de la riqueza de nuestra pluralidad lingüística, quiero señalar que estamos trabajando para asegurar en los plazos
previstos los compromisos asumidos y posteriormente recogidos en iniciativas de esta Cámara. En este sentido, aprovecho para decirles que al final de esta sesión les haré entrega a sus señorías del informe del Consejo de Lenguas correspondiente al
año 2009, comprometido con la Cámara. Asimismo también les quiero informar en esta sesión que la ley sobre la utilización de las lenguas cooficiales ante los órganos del Estado está incluida en el programa legislativo prioritario del Gobierno para
el próximo mes de julio.



Señorías, en el ámbito local el Gobierno no solo ha contado con los ayuntamientos, también ha apostado por ellos para superar la crisis económica y crear empleo. Este compromiso con el mundo local ha quedado demostrado con la enorme
inversión realizada por el ministerio a través del Fondo estatal de inversión local para el año 2009 y del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local para el año 2010. Aun siendo suficientemente conocidas las cifras, no por ello dejaré
de insistir sobre lo que han supuesto en dos años los 13.000 millones de euros de los fondos en materia de creación y mantenimiento del empleo, inversión pública y proyectos de mejora de nuestros municipios. Frente al simplismo, quiero una vez más
recalcar que los fondos han sido una excelente herramienta de gestión que ha permitido, y está permitiendo, avanzar en la lucha contra la crisis económica. Una política cuyo acierto ha sido reconocido recientemente por instituciones internacionales
como Naciones Unidas-Hábitat, que ha concedido al Fondo estatal de inversión local la mención especial de los premios que concede esta institución.
Son injustas, y creo que ofensivas, las caricaturas que cuestionan la responsabilidad de nuestros
alcaldes, acusando a los ayuntamientos de abrir y cerrar zanjas con los fondos del PlanE.



Señorías, gracias a los fondos nuestras ciudades y nuestros pueblos han sufrido transformaciones en un intenso proceso de intervención urbanística y de puesta al día del tejido urbano como jamás se ha conocido. Del impacto de sus
actuaciones, todos somos conscientes. Hoy, por ejemplo, los ciudadanos madrileños disfrutan gracias a los fondos estatales de más y mejores instalaciones culturales, deportivas, zonas verdes y áreas recreativas. Aunque aún siguen ejecutándose
proyectos, la realidad es que los madrileños, por ejemplo, ya disfrutan de iniciativas como Madrid Río y el Centro Cultural Cuartel del Conde Duque, dos proyectos en los que se han invertido más de 235 millones de euros, que no se habrían convertido
en realidad sin el apoyo del Gobierno de España.
También gracias a los fondos, los ciudadanos de Sevilla tienen una completa red de carriles bicis; los valencianos tienen un paseo del Turia muy mejorado; los barceloneses cuentan con un entorno
del Tibidabo más humano, y un largo etcétera que se extiende a todos y cada uno de los municipios de nuestra geografía.



Sin embargo, la apuesta por nuestros pueblos y ciudades no se agota con los fondos. También hemos dado respuesta a las situaciones provocadas por la climatología del pasado invierno, que están siendo mitigadas gracias a 231,5 millones de
euros que, gestionados telemáticamente de manera ágil y rápida, se han puesto a disposición de las entidades locales. A estas inversiones extraordinarias hay que sumar el mantenimiento de las líneas tradicionales de ayuda de la cooperación
económica local del Estado y las mejoras en la financiación local que se han venido realizando desde el Gobierno. Entre ellas, por ser la más reciente, sobresale la medida enmarcada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que
tiene previsto que las entregas a cuenta se incrementen un 12 por ciento para el conjunto de las entidades locales, pasando de 12.246 a 14.747 millones de euros, o, lo que lo es lo mismo, 1.500 millones de euros más que en el año anterior.



Al mismo tiempo el Gobierno también ha contado con los municipios para llevar a cabo el esfuerzo de ajuste presupuestario al que estamos comprometidos ciudadanos y administraciones; en concreto me refiero al esfuerzo y ajuste para evitar
situaciones de endeudamiento excesivo, con especial atención a aquellos ayuntamientos que tienen una situación más crítica, a aquellos cuya deuda viva supera el 75 por ciento de sus ingresos y al objeto de evitar un lastre tanto para generaciones
actuales como futuras. Precisamente este esfuerzo de ajuste presupuestario es lo que hace desaconsejable llevar a cabo en estos momentos una modificación del sistema de financiación de las entidades locales. La inoportunidad de los cambios, más
allá del propio coste que estos supondrían, radica en el hecho de que una situación económica más propicia permitirá negociar unas condiciones de financiación más duraderas y que se correspondan más con la realidad de los ayuntamientos y menos con
la actual situación de ajuste presupuestario. Por otro lado, no deja de ser una contradicción pedir más financiación que generaría más déficit y, al mismo tiempo, pedir menos gasto público. En consecuencia, nuestra posición es que hay que buscar
el momento oportuno para responder a las necesidades y demandas de los ayuntamientos en cuanto a un nuevo sistema de financiación local.



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Como saben sus señorías, el Consejo de Ministros celebrado el pasado 19 de noviembre acordó el calendario de remisión a las Cortes Generales de los proyectos legislativos hasta el final de la legislatura, previendo que en marzo de 2011 se
remita para su tramitación el proyecto de ley del Gobierno local. Este proyecto de ley que tendremos oportunidad de comentar y que espero cuente con el máximo consenso, persigue tres objetivos fundamentales: el refuerzo de la autonomía local y la
adecuación de sus competencias, el aumento de la calidad democrática de las administraciones locales con mayores cauces de información y participación ciudadana, y la mejora del sistema de Gobierno local y su organización. Estos tres objetivos se
buscan a través de una meta transversal, el principio de transparencia, que se concibe como mecanismo de mejora de la calidad administrativa y democrática del nivel local de Gobierno. Quiero hacer especial hincapié en las reformas que adopta el
borrador de anteproyecto de ley en materia de transfuguismo, reflejando lo acordado por todos los grupos políticos de esta Cámara el 23 de mayo del año 2006. Para ello, de forma consensuada se establece la definición de tránsfuga en una norma con
rango legal y se crea una base de datos de transfuguismo, entre otras medidas complementarias a las que conocen sus señorías y que están recogidas en la proposición de ley firmada por cuatro grupos de esta Cámara -Grupo Popular, Grupo Socialista,
Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió- para evitar el transfuguismo elevando la mayoría necesaria para presentar una moción de censura en esos casos.



Señoras y señores diputados, modernizar la Administración del Estado ha sido un objetivo permanente desde que asumimos la responsabilidad del Gobierno hace más de seis años, actuando para ello sobre los tres pilares básicos: la
organización, las personas y el funcionamiento. En mi opinión, desde entonces se ha hecho un excelente trabajo; se ha avanzado y mucho gracias a la buena labor de mis predecesores. La apuesta por lo público, el espíritu de reforma y una tarea
constante de modernización nos está permitiendo tener hoy una Función pública más eficiente, con una Administración pública más próxima al ciudadano, más transparente, más accesible y prestadora de unos servicios públicos de calidad.



Señorías, tanto las comparecencias anteriores de la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, exponiendo las líneas generales para la Función pública, como las circunstancias de la coyuntura económica prefiguran
desde la continuidad lo que va a ser el discurrir de la actuación de mi departamento en esta materia. Para ello, déjenme que parta reiterando tres constataciones o hitos que constituyen la base orientadora para la acción del Gobierno respecto a la
Administración pública. En primer lugar, la constatación de que en los últimos años hemos acometido un conjunto de reformas que nos está permitiendo poner en marcha la Administración pública del siglo xxi, siendo conscientes al mismo tiempo de que
nos queda todavía mucho por andar. En segundo lugar, la constatación de cómo en los momentos de calidad se ha puesto de manifiesto el valor de lo público, el valor de la acción del Estado como garante del interés general y del bienestar social. La
tercera es la evidencia de que la actual coyuntura económica configura una situación excepcional que nos obliga a todos a hacer un esfuerzo igualmente excepcional, lo que no significa renunciar a los objetivos ni a nuestro compromiso de calidad
eficaz y eficiente.



Sus señorías saben que el Gobierno tiene el objetivo de situar el déficit en el 3 por ciento para el año 2013, así como pasar en solo dos años de un déficit del 11,2 por ciento de nuestro producto interior bruto a uno del 9,8 en 2010, que
estamos cumpliendo escrupulosamente, y al 6 por ciento en 2011, que también vamos a cumplir. La contribución de los empleados públicos y de las administraciones públicas orientadas a conseguir este objetivo de país de reducción del déficit es
innegable, en torno a 5.600 millones de euros para el año actual, 2010, y para el año 2011. Este esfuerzo se concreta en actuaciones como la reducción de las retribuciones de los empleados públicos, una media del 5 por ciento en el año 2010; la
congelación en 2011; la limitación al 10 por ciento de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público; la reducción al 5 por ciento del máximo de vacantes de la Administración General del Estado, además de un conjunto de medidas de
racionalización del sector público estatal, la reducción de altos cargos y la reducción de organismos y de ministerios. Aprovecho para manifestar aquí una vez más mi reconocimiento hacia la profesionalidad de los empleados públicos de nuestras
administraciones y hacia la comprensión que están demostrando en el esfuerzo de solidaridad pedida.



Asimismo, aprovecho esta comparecencia para contestar al requerimiento del Grupo Popular respecto a la reducción de ministerios y su ahorro, reiterando lo que otras veces he expresado al respeto. La estructura del Gobierno de España -tanto
la de antes como la de ahora- es muy similar a la de otros gobiernos de Europa, a la de anteriores gobiernos del Partido Popular o también a la de gobiernos de comunidades autónomas. Por otro lado, su configuración y su importancia no vienen dadas
por el número de unidades o funcionarios de que dispone sino por las tareas en función de los objetivos políticos en cada momento, por la trascendencia de sus políticas o las respuestas a las exigencias y a las demandas de los ciudadanos. La
posible reducción de ministerios supone una ahorro limitado, ya que su coste en gasto corriente es bajo; siempre lo hemos dicho así frente a quienes lo proclamaban como la casi solución al déficit. Como saben, tras la remodelación del Gobierno del
pasado mes de octubre se ha reducido el número de ministerios, pasando de los diecisiete que había a quince. La reducción de ministerios es un esfuerzo de austeridad más pedagógico que presupuestario, puesto que la supresión de ministerios no
significa la supresión de funcionarios. Por otro lado, en el proceso de racionalización de las estructuras de dirección de la Administración General del Estado que estamos


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desarrollando en varias fases nos ha permitido hasta la fecha suprimir 42 altos cargos y 26 subdirecciones generales. Del mismo modo, también se está racionalizando el sector público empresarial, el número de representantes en los consejos
de administración, así como en las fundaciones del sector público estatal y los órganos colegiados. El proceso de racionalización de la Administración General del Estado y del sector público supondrá un ahorro superior a los 20 millones de euros
anuales. Es un proceso que continúa realizándose para contribuir al compromiso de reducción del déficit público con la garantía siempre del mantenimiento de la calidad de los servicios que se prestan al ciudadano.



Señorías, es evidente que las medidas de austeridad aplicadas a los empleados públicos y las reacciones a las mismas, con una huelga general y otra ceñida al ámbito de las administraciones, han tenido un efecto claro, como es una merma en
los procesos de diálogo. En las actuales circunstancias, con la consiguiente inflexión en el marco de relaciones que había y en el desarrollo también del acuerdo Gobierno-sindicatos, la posición del Gobierno es la de estar abierto a retomar los
caminos del desarrollo del Estatuto básico del empleado público en el ámbito de la Administración General del Estado a través del diálogo y de la negociación. De la misma manera, el Gobierno también va a explorar, entre tanto, cuantas fórmulas sean
viables que sirvan o contribuyan a desarrollar el Estatuto básico, al tiempo que impulsaremos medidas dirigidas a la mejora y al cambio cultural necesario en el ámbito de la Función pública, en particular potenciando el papel de la formación para
adecuar la capacitación a las nuevas necesidades o demandas y avanzar en un modelo asentado en la profesionalización del desempeño de la Función pública, haciéndolo más productivo. Señorías, nosotros confiamos en la recuperación del diálogo social
y vamos a tomar cuantas iniciativas estén a nuestro alcance para lograr su impulso. Nuestra propuesta, la propuesta del Gobierno, es dialogar, acordar sobre aquellos aspectos en los que es posible el consenso y estoy convencido de que son muchos y
relevantes. En mi opinión, es posible reactivar el espacio del que dispusimos para la negociación y los acuerdos sobre el proceso de reforma de las administraciones y también en cuanto al modelo de empleo público que se contiene en el acuerdo
Gobierno-sindicatos del mes de septiembre del pasado año.



Cuando ha trascurrido un año desde su firma y restan dos de vigencia, permitan que les avance algunos datos sobre el grado de realización del acuerdo que, pese a las circunstancias, es muy importante. Les puedo decir que se han cumplido ya
con plenitud diferentes medidas, entre las que destaco algunas sin ánimo exhaustivo como, por ejemplo, la creación del Observatorio de empleo público, la aprobación del Registro electrónico común, el Plan de formación en Administración electrónica,
la puesta en marcha del sistema integrado de gestión de personal, el acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas, la creación de la Comisión de Igualdad en el marco de la mesa general de las administraciones públicas y la
negociación ya iniciada de un plan de igualdad para la Administración General del Estado, que aprobaremos en breve. La realización del 40 por ciento de sus contenidos resulta sin duda ya un balance importante y positivo que viene a poner de
manifiesto que, más allá de las discrepancias, existen a mi juicio márgenes suficientes para la negociación y el entendimiento en cuanto a lo que queda por desarrollar del acuerdo con los sindicatos.



Señorías, las dificultades tampoco van a impedir que el Gobierno siga en el ejercicio de sus responsabilidades, adoptando iniciativas y políticas de cambio y mejora para las administraciones. Ahora me referiré específicamente a determinadas
dimensiones relacionadas con el empleo público, comenzando por la evolución en cuanto al número de efectivos que ha venido experimentando un crecimiento constante desde al menos mediados de los años noventa. Para valorar la evolución reciente y las
previsiones sobre el volumen de empleo sobre la base del Registro central de personal, conviene aclarar que todavía estamos incorporando efectivos procedentes de ofertas públicas de anteriores años como consecuencia de la duración de los procesos
formativos de los funcionarios. Baste señalar que en estos meses se están incorporando a sus puestos de trabajo más de 10.000 funcionarios de las últimas ofertas de empleo público, fundamentalmente las vinculadas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. A medida que se vayan consumando, se percibirá con más claridad la eficacia de las limitaciones para el crecimiento del empleo público adoptadas por el Gobierno. Por otra parte, el Gobierno también viene actuando para reducir
los niveles de temporalidad en cuanto al empleo en nuestras administraciones. La comparativa entre los meses de enero y octubre de los años 2009 y 2010 expresa una importante reducción, más del 32 por ciento, en el uso de la contratación de
carácter temporal, lo que revalida la eficacia de las medidas que el Gobierno está llevando a cabo en este terreno y que sitúa la tasa de temporalidad de la Administración General del Estado en un 7,3 por ciento.



Sus señorías saben que en el marco de tolerancia cero ante cualquier discriminación venimos desarrollando un conjunto de actuaciones dirigidas a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la accesibilidad de las personas con
discapacidad. Respecto a las personas con discapacidad, hemos estimulado su accesibilidad a la Función pública, reservando ampliamente el cupo de reservas al 7 por ciento de las vacantes, entre otras medidas. Señor presidente, señoras y señores
diputados, la modernización de la Administración pública a través de la implantación tecnológica se está llevando a cabo de manera discreta pero muy cierta y a un ritmo elevado. De hecho, el ranquin de Naciones Unidas ha certificado nuestra
condición como país que en el año 2009 ha experimentado el mayor desarrollo tecnológico global del mundo, habiendo mejorado once puestos en un año y situándonos en quinta posición europea y en la novena mundial. Hoy, tomando un poco de perspectiva,
ya no puede caber ninguna duda en cuanto


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al acierto político que representó la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones del año 2007, un marco legal que consagra un nuevo derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas y que
junto a la determinación del Gobierno ampara y promueve la universalización o extensión del servicio electrónico para hacerlo realidad en el menor tiempo posible.



Señorías, en muy poco tiempo hemos sido capaces de desarrollar una infraestructura tecnológica crucial para impulsar la reforma y modernización de las administraciones españolas y para estar en condiciones de ofrecer a todos los ciudadanos
un servicio público sin la barrera de la distancia física. Hoy, todos los procedimientos de la Administración General del Estado pueden iniciarse a través de medios telemáticos y prácticamente el 99 por ciento del volumen de tramitación que se
genera está totalmente adaptado. Aunque quede cierto camino para completar el acceso electrónico a las administraciones, es evidente que se avanza cada día y que cada vez más los españoles disponen de más posibilidades y utilizan más los accesos
electrónicos. Sin embargo, tengo la impresión de que todavía no percibimos en toda su entidad la naturaleza del cambio que supone hacer una administración en línea con el ciudadano las 24 horas de los 365 días del año. Permítanme que de manera
telegráfica apunte los datos más recientes. Solo en el primer semestre del presente año se registraron más de 200 millones de tramitaciones de la Administración por medios electrónicos. Actualmente, ya más del 66 por ciento de todas las
declaraciones que se efectúan en el ámbito de la Hacienda pública se realizan a través de Internet; quiero recordar que en el año 2007 la cifra era del 35,2 por ciento. Ahora es posible la notificación de multas por Internet y con aviso a móvil.
El año 2010 concluirá con aproximadamente 20 millones de ciudadanos que disponen del documento nacional de identidad electrónico -en el año 2007 no se llegaba a los 9 millones-; podemos estimar que en el año 2015 toda la población española
dispondrá ya del documento nacional de identidad electrónico.
España es el país del mundo que dispone de más certificados electrónicos.
La incorporación del Boletín Oficial del Estado en formato electrónico supone un ahorro de 2.000 millones de
hojas impresas al año, 4 millones de kilos de papel, además de ponerse a disposición del conjunto de la población a las ocho horas de la mañana. También se hace la notificación electrónica de la Dirección General de Tráfico. El uso de los
servicios electrónicos aporta un evidente ahorro en tiempo y espera, en eliminación de papel y en el aumento, que es lo más importante, de la mejora de la calidad de los servicios en su relación con los ciudadanos. Me parece importante señalar que
esos servicios de la Administración General del Estado se están poniendo a disposición de los ciudadanos de forma gratuita, como por ejemplo la llamada Red SARA, que hoy ya permite la comunicación de la Administración General del Estado, las
comunidades autónomas, las administraciones locales, la Unión Europea, organismos autónomos, universidades, es decir, un elemento operativo esencial.



También me gustaría subrayar que a lo largo de este año hemos cerrado el mapa de convenios de servicios electrónicos con todas las comunidades autónomas. Se trata de una cooperación entre administraciones de apoyo, asesoramiento, prestación
mutua de servicios electrónicos que se extiende también a otros terrenos, como el 060, o la reducción de cargas administrativas y que está ofreciendo excelentes resultados. Finalmente, también me gustaría subrayar que, dado que la administración se
halla en disposición de dar un servicio cada vez mayor, la mencionada difusión y la formación vuelven a constituirse en elementos clave para aprovechar el potencial que ofrece una administración en línea con el ciudadano. En coherencia con estos
objetivos hemos puesto en marcha el Plan de formación electrónica que lidera el Instituto Nacional de Administración Pública. Efectivamente, considero que en el terreno de la administración electrónica el futuro inmediato se va a escribir en torno
a estos dos conceptos estratégicos: difusión, para vencer la resistencia e incorporar a su uso al mayor número posible de personas, y formación, para que el empleado público, el funcionario, sea capaz de aprovechar todo su potencial y garantizar el
mejor servicio al ciudadano.



Señorías, junto a la expansión de la Administración electrónica, la reducción de cargas administrativas, es decir, la eliminación de la burocracia innecesaria, es el otro pilar de la modernización que está experimentando nuestra
Administración. Como ustedes saben, desde el año 2008 el Gobierno viene trabajando en esta dirección a través de tres acuerdos que han incorporado hasta 159 medidas de eliminación de obstáculos administrativos, con un ahorro superior a 2.340
millones de euros. En el presente año hemos sumado al mundo de las empresas en el proyecto de la identificación de las cargas. Este trabajo, con CEOE, Cepyme y también con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, nos ha facilitado un mapa que
nos permitirá aprobar en breve un acuerdo del Consejo de Ministros que supondrá un ahorro estimado cercano también a 2.000 millones de euros. Este acuerdo recoge 88 nuevas actuaciones de reducción de cargas dirigidas especialmente a beneficiar a
las empresas y a los ciudadanos. Por ejemplo, a través de Internet los ciudadanos podrán obtener su número de Seguridad Social; podrán solicitar, por ejemplo, en el sector transporte terrestre la tarjeta de conductor para el tacógrafo digital;
las empresas podrán realizar su inscripción en la Seguridad Social por Internet, reduciendo el plazo de constitución y contratación de trabajadores, al igual que para agilizar el inicio de los permisos de maternidad y paternidad de los trabajadores,
que podrán enviar por Internet los informes. Es un camino en el que vamos a seguir, en cooperación con el sector privado y la ciudadanía, como estamos haciendo, para simplificar profundamente la Administración, ahorrando al empresario trámites
innecesarios para el ejercicio de su actividad económica generadora de riqueza y también para facilitar la vida a nuestros conciudadanos. En esa misma línea de


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facilitar la tramitación en la creación de empresas de una forma sencilla en un único lugar, el esfuerzo colectivo entre todas las administraciones está dando sus frutos. A través de las ventanillas únicas empresariales se crean más de
8.000 empresas por año, a través de este programa son más de 80.000 las empresas creadas y más de 100.000 los empleos generados.



Señoras y señores diputados, la Administración española está experimentando cambios de gran calado que sin duda caminan en la dirección de un más fácil acceso, de una mayor eficiencia y un mejor servicio. Más allá de las distintas y de las
legítimas posiciones, de las críticas, de las controversias políticas, podemos compartir que nuestras administraciones han sido capaces de soportar en los últimos años un importante incremento en la población del país y que lejos de ver mermadas sus
capacidades de servicio, las han incrementado y reforzado.
Es un éxito colectivo que a todos nos debiera satisfacer. Para ir terminando, muy brevemente me referiré a tres organismos que dependen del ministerio, como son el INAP, Muface y la
Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Empezando por esta última, les diré que la institucionalización de la evaluación a través de la creación de esta agencia tuvo como objetivo principal incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
públicos, algo que en estos momentos se ha constituido en una gran prioridad. La acción evaluadora se convierte así en un importante vehículo para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, ayudar a incrementar la productividad de las
administraciones, mejorar la calidad del gasto y posibilitar también una mejor asignación de los recursos. Nuestro objetivo inmediato se centra en dos líneas de trabajo prioritaria. La primera consiste en la construcción de un sistema público de
evaluación en el que hemos realizado numerosos avances a través de convenios con distintas comunidades autónomas y ayuntamientos.
La segunda línea de acción prioritaria de la agencia es desarrollar la articulación de la carta de compromisos con la
calidad de las administraciones públicas españolas, que promueve el establecimiento de un enfoque común a los tres ámbitos de gobierno. En cuanto al Instituto Nacional de Administración Pública, este organismo es un instrumento eficaz en la
formación continua de los empleados públicos que va a seguir apostando por la mejora de la gestión, por una formación continua de máxima calidad como medio para alcanzar los más altos niveles de eficiencia en el servicio público. Un ejemplo
palpable es el acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas, que fue alcanzado este año 2010 por consenso en el seno de la Comisión general para la formación continua y que supone un refuerzo evidente en los planes que
afectan a varias administraciones públicas y mejoran la financiación formativa de las administraciones locales. Respecto a Muface, lo dije recientemente en el Senado y ahora lo repito aquí, apostamos por su continuidad, por su mejora, por su
modernización, al objeto de garantizar el ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria de calidad del colectivo protegido por las mutualidades administrativas.
En esa línea estamos trabajando. Es una apuesta por un modelo de futuro en el que la
atención al mutualista y el pleno desarrollo de la Administración electrónica son claves. Como saben sus señorías, en el marco del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno el pasado día 3 y dirigidas a favorecer la inversión y el empleo se
contempla, a los exclusivos efectos de clases pasivas, la integración de los funcionarios de nuevo ingreso en el régimen general de la Seguridad Social, una medida que supone un paso más en la simplificación y armonización de los actuales sistemas
de protección social de los funcionarios públicos. Es, por tanto, un cambio que solo afecta al régimen, sin menoscabo de ningún derecho y que mantiene el mutualismo administrativo, es decir, no afecta a la asistencia sanitaria, a la prestación
farmacéutica o al resto de prestaciones económicas gestionadas por Muface, Isfas o Mugeju ni para los funcionarios en servicio ni para los de nuevo ingreso.



Para finalizar, me referiré a las líneas de actuación en el ámbito de la Administración periférica. La coordinación de la Administración General del Estado en todo el territorio del mismo es de una gran relevancia para el ministerio por la
trascendencia que los servicios que se prestan tienen para los ciudadanos y para la actividad económica. Las principales líneas de actuación en este ámbito se pueden concretar en continuar con la mejora de la coordinación entre ministerios,
establecer indicadores que nos permitan medir los resultados, homogeneizar procedimientos de los servicios territoriales para la mejor gestión de los medios materiales y humanos, continuar con el plan de modernización, conservación y mejora de
edificios y, por último, poner especial atención en la mejora de los sistemas de información y telecomunicaciones para la gestión integrada de procedimientos, en especial en aspectos de mayor repercusión social como extranjería o sanidad exterior.
Una de las actuaciones más relevantes será la culminación de la unificación provincial de los servicios en materia de extranjería en las dieciséis provincias que restan. También introduciremos mejoras en el nivel de respuesta y funcionamiento de
los jurados provinciales de expropiación forzosa para cortar los tiempos de resolución, y mejoraremos la gestión de los puntos de inspección fronteriza, fundamentales para la actividad económica. En definitiva, nos proponemos mantener e impulsar
los mecanismos de coordinación y colaboración con las delegaciones del Gobierno, los departamentos ministeriales, los diferentes servicios territoriales y consolidar una administración pública con identidad en torno a las delegaciones de Gobierno
coordinada, moderna y orientada a las necesidades de los ciudadanos.



Señor presidente, señoras y señores diputados, les he planteado los objetivos y las líneas generales de actuación en el ámbito de las responsabilidades de mi departamento, con actuaciones concretas y los instrumentos necesarios para llevar a
cabo esas políticas necesarias. He hablado de los retos que tenemos como país, de la gestión y modernización de lo público, con una Función


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pública más eficiente y también con una administración pública más próxima al ciudadano. He hablado también del desarrollo de nuestro modelo constitucional de convivencia, progreso y cohesión social, basado en la responsabilidad compartida
y la aplicación de mecanismos como el diálogo, la cooperación y la coordinación. He hablado, en definitiva, de grandes retos que comprometen en el hoy y el mañana a la sociedad española, retos en los que el Gobierno y todos los aquí presentes
estamos concernidos.
Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de sus preguntas y de sus intervenciones. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Comienzan las intervenciones por el Grupo Popular por un tiempo de quince minutos. Sucesivamente tienen la palabra el señor Merino y el señor Barrachina.



El señor MERINO LÓPEZ: En primer lugar quiero dar la bienvenida, como no puede ser de otra forma, al señor vicepresidente a esta Comisión. Pero queremos aprovechar esta primera intervención para dar la bienvenida a que el presidente del
Gobierno, sin que sirva de precedente, haya vuelto al sentido común tras la remodelación que hizo últimamente. Habría que sacar el 'Diario de Sesiones' y leer lo que los portavoces socialistas replicaban al Grupo Parlamentario Popular cuando
decíamos que la remodelación que le llevó a usted a este ministerio, quitándole la Función pública, era un sinsentido, un derroche que no tenía justificación ninguna y una auténtica barbaridad en una época de crisis.
Hay que leer en el 'Diario de
Sesiones' lo que decían los portavoces socialistas al Grupo Parlamentario Popular. Pero qué casualidad que un año y medio después de que nosotros dijéramos eso, desde el minuto uno el presidente del Gobierno ha tenido que rectificar y volver a
darle la Función pública a este ministerio porque era lo lógico, lo razonable, lo sensato, y más en una época de crisis. Respecto a lo que dijo en su primera comparecencia como ministro de Política Territorial, que consta en el 'Diario de
Sesiones', usted es esclavo de sus palabras y de lo que justificó para no tener la Función pública. Hoy tiene nuevamente la Función pública, y nosotros nos alegramos. Ojalá el presidente del Gobierno tuviera en todas las rectificaciones el sentido
común que ha tenido en esta.



Señor vicepresidente, hay un entrenador que últimamente ha puesto de moda lo de darse nota a sí mismo. Si aplicamos el símil, usted hoy en su intervención se ha dado un veinte sobre diez. O usted vive en un mundo o nosotros vivimos en
otro, pero evidentemente no vivimos en el mismo mundo. Señor vicepresidente, la gestión política de este ministerio con usted y sin usted, es decir, con la señora Salgado como ministra de Administraciones Públicas, ha sido cero proyectos de ley en
más de tres años de gobierno en esta legislatura. Esa es la realidad y ahí es donde se mide la capacidad de un gobierno en cuanto a su acción política. Hoy nos plantea usted un mundo de fantasía que es absolutamente increíble.
Habla de los
especuladores, pero hay que hablar de los mercados. ¿Cree usted que los mercados se tranquilizan cuando oyen decir al vicepresidente tercero del Gobierno que ha encargado a la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas un informe sobre las
duplicidades de las competencias de las administraciones públicas? ¿Cree que eso tranquiliza a alguien? ¿Cree que después de llevar ustedes gobernando siete años este país puede encargarle a la agencia que le diga qué duplicidades tienen las
administraciones públicas? Yo se las puedo decir en cualquier momento. Cualquier diputado aquí presente se las puede decir. Cualquier asesor de los que usted tiene se las puede decir. Usted mismo sabe perfectamente cuáles son las duplicidades.
Ese es uno de los problemas que tenemos y que le hemos venido diciendo a usted, a su antecesora y al señor Sevilla. Usted utiliza un argumento que yo le digo con todo respeto que es equivocado. Utiliza el argumento de que no se puede hablar de
nueva financiación local porque eso es aumentar déficit y gasto. Yo le digo que no, que lo que hay que hacer es reformar y reorganizar, y eso no conlleva gasto. Señor vicepresidente, le voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Es sostenible en este
país que el turismo lo lleven los ayuntamientos con organismos autónomos o empresas públicas, las diputaciones con organismos autónomos o empresas públicas, las comunidades con organismos autónomos o empresas públicas y el Gobierno de España con el
ministerio y organismos autónomos y empresas públicas? ¿Es sostenible eso fuera de este país? ¿Hay alguien que entienda esa situación fuera de este país? ¿Cuál es la propuesta que nos hace para reformar esa situación?


Ha dedicado usted más tiempo a hablar de la Administración electrónica que de los ayuntamientos, con la que está cayendo en este país en los ayuntamientos. No han sido capaces de presentarnos un nuevo modelo de financiación local en siete
años de gobierno. Le voy a desmontar su tesis de que en época de crisis no se puede hablar de nueva financiación local.
¿Por qué el Gobierno socialista, el señor Zapatero, en los años de crecimiento económico, gracias a la herencia que recibió del
Partido Popular, no afrontó la financiación local? ¿Por qué cuando este país estaba creciendo más de un 3 por ciento no plantearon un nuevo modelo de financiación local? Ahora es muy fácil excusarse diciendo que como hay crisis no se puede abordar
la nueva financiación local. Pero la nueva financiación local no tiene por qué conllevar más gasto. La nueva financiación local significa reordenar y reorganizar los ingresos que necesitan los ayuntamientos, a lo mejor a costa de quien tiene la
financiación y no está ejerciendo competencias. Ahí es donde se ve la capacidad de un gobierno y la disposición a afrontar los problemas.
Después de su comparecencia de hoy, señor vicepresidente, cualquier alcalde o cualquier concejal de un
ayuntamiento estará mucho más preocupado que antes de empezar la comparecencia, porque ustedes han renunciado a resolver los problemas de los ayuntamientos. Siguen enrocados en lo bien que lo han hecho con los ayuntamientos, con los dos fondos
locales, que ustedes dicen que


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han cambiado este país y estas ciudades, pero el resultado es que los ayuntamientos tienen más deuda que nunca, que la situación de los ayuntamientos es más crítica que nunca, que están teniendo que plantear ERE, que hay cortes de teléfono,
que hay cortes de luz, que no saben cómo pagar las nóminas y que en muchos casos no tienen capacidad de refinanciar. Esa es la realidad de los ayuntamientos de hoy. Usted me dice que escuchan a los ayuntamientos, y yo le digo a usted y a los
portavoces del Grupo Parlamentario Socialista: ¿tanto escuchan a los ayuntamientos que todos los años en los Presupuestos Generales del Estado han votado en contra de las enmiendas que presentaba la Federación Española de Municipios y Provincias?
¿No ha habido ni una sola enmienda de la Federación Española de Municipios y provincias, que representa a los ocho mil ayuntamientos de España que haya merecido al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno aceptar una enmienda de las que
planteaba la FEMP? Alguna credibilidad le darán a la Federación Española de Municipios y Provincias. Sin embargo, tanto que escuchan a los ayuntamientos y a la FEMP, votan año tras año en contra de todas las enmiendas que plantea la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Esa es la demagogia que utilizan y la forma de actuar que mantienen.



Esta situación es insostenible, señor vicepresidente. No puede decir usted que el único proyecto de ley que van a plantear en esta legislatura, en cuatro años, es la nueva ley de gobierno local. Una ley de gobierno local sin nueva
financiación local no tiene ningún sentido. Aquí lo que hay que afrontar es el problema real de los ayuntamientos y de las corporaciones locales, de las diputaciones y de las comunidades autónomas. Ayer salieron ustedes a la carrera presentando el
déficit de las comunidades autónomas para intentar callar un informe que había planteado Moody's.
¿Cuál fue la respuesta? Que la prima riesgo del país subió. Claro, porque lo que los mercados necesitan oír y ver de ustedes son las reformas, no
las palabras, sino las reformas. Se lo venimos diciendo desde hace muchos años: es necesario afrontar la reforma de la financiación local, la reforma de los ayuntamientos, la reforma de las comunidades autónomas y resolver el problema del 30 por
ciento de competencias impropias. Esas son las reformas que necesitan las administraciones públicas, y no nos quieren hacer caso. Ahora, una agencia de calificación sale diciendo que es insostenible la situación de comunidades autónomas y
ayuntamientos, y ustedes salen a la carrera presentando el déficit de las comunidades autónomas; ¿la consecuencia cuál es? Pues que como hay una falta absoluta de credibilidad en este Gobierno, la prima riesgo del país sube. Esa es la situación,
señor vicepresidente. Si usted hubiera hecho hoy una propuesta abierta de negociación de la nueva financiación local, que es lo que nosotros hemos dicho desde el primer día -usted sabe y le consta por las conversaciones que mantiene su secretario
de Estado con miembros del Partido Popular que nosotros estamos dispuestos a hablar de financiación local-, hubiéramos dado una sensación de credibilidad fuera y dentro de España. Pero, claro, lo único que hace esta autocomplacencia que usted nos
ha manifestado hoy aquí es poner más de los nervios a todo el mundo y agravar la situación de crisis que ustedes han planteado.



No quiero extenderme, señor vicepresidente, porque tiene que hablar mi compañero, y voy a ser muy directo. En época de crisis hay que adoptar soluciones. Ustedes no han hecho la línea ICO para cumplir la Ley de Morosidad que necesitan los
ayuntamientos. Ustedes no han permitido -y no estoy hablando de gasto porque esto no es incrementar gasto- pasar del 95 al 98 por ciento en las participaciones. Tampoco permiten la flexibilidad de capacidad de endeudamiento, de renovación de los
ayuntamientos, ni refinanciar los vencimientos de la deuda. Es necesario dar mayor liquidez a las entidades locales, es necesario mejorar la financiación de los municipios con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. Y no hablamos aquí de
incrementar gastos, sino de reducir gastos de otras partidas y aplicarlos a estas nuevas partidas. Asimismo es preciso incrementar los planes de cooperación de las diputaciones. En definitiva, son necesarias muchas cosas, que son todas las que
ustedes no están haciendo, señor vicepresidente, y que han generado y están generando un serio problema a este país. La situación se está agravando por momentos, yo diría que por minutos, y desde luego sus palabras no tranquilizan a nadie, sino que
empeoran la situación que tenemos. Yo creo, señor vicepresidente, que usted podría seguir el ejemplo del presidente del Gobierno en la rectificación que ha hecho al darle la Función pública otra vez al ministerio y rectificar y plantearse en serio
hacer una reforma de la financiación local, porque nosotros estamos dispuestos a hablar de ello, pero evidentemente el Gobierno manifiesta una incapacidad absoluta para afrontar esta situación.



Le cedo ahora la palabra a mi compañero el señor Barrachina.



El señor BARRACHINA ROS: Señor vicepresidente del Gobierno, bienvenido, y sepa que su intervención nos ha causado todavía mayor desconcierto del que ya traíamos a esta Cámara. Ha sacado usted pecho anunciando que hemos crecido en
productividad enormemente, hasta 200 millones de trámites administrativos que ya se hacen digitalmente. Además ha dicho que ha habido setenta traspasos competenciales y doce más que se negocian. Uno pensaba hasta llegar a esta Cámara y escucharle
a usted que la productividad era hacer las mismas cosas con menor número de gente, y sin embargo su Ministerio de Economía le dice lo contrario, le dice que ustedes no hacen las mismas cosas con menos gente, sino menos cosas -setenta traspasos
competenciales- con mucha más gente. Por tanto, lo que usted nos cuenta es la pura teoría, que queda completamente desmentida en el mismo momento en el que uno atiende al último dato de la encuesta de población activa. Buena parte de sus frases
las suscribiría cualquiera, incluido este grupo, sin embargo lo que usted dice se da de bruces con la realidad.



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Usted, señor vicepresidente del Gobierno, debería llegar aquí básicamente con tres obligaciones. La primera es ser capaz de controlar el gasto en materia de personal, ya que el Gobierno de España ha perdido por completo el control del
sector público. La segunda es evitar que esa maraña administrativa, que ese submundo empresarial público siga creciendo de forma descontrolada. Y la tercera es ahorrar en todo aquello que se pueda. Permítame que le diga que usted no está en la
mejor disposición para hacer ninguna de esas cosas, y utilizando datos de su propio Gobierno le puedo indicar que el último dato objetivo con el que a usted y a su Gobierno cabe juzgarles es con el de 3.175.000 empleados públicos que el mes pasado
dijo el Ministerio de Economía que teníamos, en el último trimestre 90.000. Esto quiere decir que en lo que llevamos de crisis el conjunto de las administraciones -algunas responsabilidad directa suya y otras como responsable en el control del
crecimiento de las plantillas de ayuntamientos y de comunidades autónomas- han aumentado, según el Ministerio de Economía, exactamente en 302.700 empleados públicos nuevos mientras que las empresas privadas perdían 2.200.000 empleos. Y le han
puesto a usted, señor Chaves, a vigilar que eso no crezca. Usted, que es quien debe velar ahora por el ingreso a través del mérito y la capacidad, sabe que tras diecinueve años de gestión tiene 25.000 empleados que tratan de funcionalizar en la
Junta de Andalucía por la puerta de atrás y con trampas, permítame que se lo diga.
No es culpa suya, señor vicepresidente del Gobierno, pero sí de Rodríguez Zapatero, que ha puesto al lobo feroz a cuidar de Caperucita durante un año y medio. Es
usted quien debe velar por que eso no ocurra así. No vuelva a decirme que toman las medidas oportunas sobre tasa de reposición, que este año es del 10 por ciento y se supone que de cada diez que se jubilan sacamos una plaza, y el año pasado fue del
30, es decir, que se supone que de cada diez que se jubilaron en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, sacamos tres. El resultado es el que es, y el último dato efectivo del ministerio dice que en el último trimestre hay exactamente
90.300 empleados públicos adicionales. Sé que usted tratará de rebatirme, porque no se pone de acuerdo el propio Gobierno, con los datos del registro de personal. Oiga, si el registro de personal dice que hay 2.600.000 y su ministra y jefa, la
vicepresidenta segunda, la señora Salgado, dice que en lugar de 2.600.000 hay 3.175.000, es porque hay 600.000 españoles que dicen que trabajan y cobran de la Administración pública y ustedes no los tienen registrados; 600.000. El dato no es del
PP, es de la vicepresidenta Salgado. Yo celebro que por fin vuelva la competencia, lo que lamento es que un sector como el de la Función pública sea castigado por el Gobierno socialista. Solamente viendo los últimos treinta años se puede observar
que los siete ejercicios en los cuales los empleados públicos españoles han perdido más poder adquisitivo han sido, escúchenme: 1982, 1984, 1989, 1993, 1994, 2007, 2010 y el octavo será el año 2011. Todos con ustedes en el Gobierno, todos. En los
treinta últimos años los ocho ejercicios en los que más poder adquisitivo han perdido han sido con ustedes. Ahora, finalmente, usted es el tercer encargado, el tercero. Primero fue Salgado, después la vicepresidenta Fernández y ahora usted. Es
decir, en dos años y nueve meses, tres responsables de Función pública, y estoy seguro -lo lamento- de que usted tampoco será el último en esta legislatura en terminar administrando la Función pública española, porque han perdido por completo, señor
Chaves, el control del sector público español. Los empleados públicos, que son los que mantiene la Administración española en ausencia de gobierno en la misma, son víctimas, que no causantes, de esta situación que actualmente padecemos.



Ante esta situación, ha tratado usted de aclararnos -y no lo ha conseguido- lo que tratan de hacer con el régimen de clases pasivas.
Oiga, y si es tan bueno, si eso que van a hacer de que los nuevos empleados públicos ya no van a estar en
clases pasivas sino en el régimen general, si es tan bueno, ¿por qué usted se autoexcluye y el presidente del Gobierno? El acuerdo que han presentado ustedes y que entra en vigor el 1 de enero dice que entrarán todos los nuevos empleados públicos
al régimen general a excepción de los comprendidos en la letra i). Y uno se va a letra i) -que naturalmente hay que rebuscar- y dice que los excluidos son -los que entren a partir del 1 de enero-: presidente del Gobierno, vicepresidentes,
ministros del Gobierno de la nación, presidente del Congreso de los Diputados, presidente del Senado, presidenta del Tribunal Constitucional... Si esto es tan bueno, ¿por qué establece usted un nuevo privilegio? (Rumores.) Estoy leyendo porque
entiendo que asombre esto a los miembros del Grupo Socialista y probablemente a usted también. Y le hago una pregunta directa para que me responda: ¿por qué en el Real Decreto-ley 13/2010, que aprobaron el día 3 de diciembre, ustedes establecen
que veinticuatro o veinticinco personas no pasen a ese régimen general, por ejemplo, el actual presidente del Gobierno -oficialmente solo tenemos uno, Rodríguez Zapatero-, cuando pase a formar parte de los jubilados? Todo el mundo, todos los
empleados públicos españoles de ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado pasarán a estar en el régimen general, excepto los comprendidos en la letra i) del artículo 51, que, como digo, incluye al presidente de Gobierno en activo, los tres
vicepresidentes en activo, los ministros y una serie de altas magistraturas. Yo no discuto que estén o no, le pido que me lo explique. Le pido que me diga si este es el momento procesal oportuno para introducir nuevos privilegios y distinciones.
Si lo que usted nos ha contado es tan bueno, ¿por qué usted, que es el autor, es quien perpetra esta reforma, se autoexcluye? Me gustaría que lo explicase. Si es tan bueno...



El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, transcurrió con creces su tiempo de intervención. Le ruego que vaya acabando.



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El señor BARRACHINA ROS: Voy concluyendo. Le haré una serie de preguntas directamente. ¿Por qué se excluyen de la norma, en primer lugar? En segundo lugar, si produce beneficios, ¿dónde está la memoria económica de esos presuntos
beneficios que van a tener las arcas españolas? Porque a nuestro juicio y también en el sector existen dudas sobre si cada uno de esos empleados públicos -de los que usted dice que los que se jubilen nuevos podrán seguir optando por la sanidad
privada, por Muface- van a tener que cotizar adicionalmente o si se va a pagar. En tercer lugar, si el Gobierno de España dice que los nuevos empleados públicos estarán en el régimen general, ¿por qué ustedes se establecen el autoprivilegio de
decir que la cuota empresarial, que tiene que pagarla el sector público, solo la va a pagar en un 25 por ciento el primer año, en un 50 por ciento el segundo y así progresivamente? ¿Por qué no hace eso al resto de empresarios? Es decir, ¿por qué
es usted mejor para decir que la cuota empresarial se pagará pero que de momento solo vamos a pagar una pequeña parte? ¿Por qué se hacen ustedes esos autorregalos? Me gustaría que me lo explicase, porque a esas pensiones habrá otros que tengan que
contribuir lo que ustedes -ese 75 por ciento- se evitan, y naturalmente esa carga la soportarán los empresarios y aquellos otros que tengan que pechar con aquella parte -repito, el 75 por ciento- que usted no quiere asumir.
Pregunto cuál va a ser
el aumento en el coste para los empleados públicos nuevos que suponga el hecho de que ustedes les coticen íntegramente en el régimen general, y si ellos para optar por el Muface, como hasta ahora, tienen que aportar adicionalmente algo. A nosotros
no nos parece mal nada de lo que este Gobierno haga siempre que lo explique, pero aquí no hay ninguna memoria económica. Todo eso que ha contado usted deberíamos creérnoslo o no -como es el caso-, pero es que usted nos pide un acto ciego de fe, no
nos pide ninguna actuación.



Por último, ha venido usted a desmentir todos los actos de la vicepresidenta anterior, que dijo que en septiembre tendríamos el desarrollo de la Ley del Estatuto del Empleado Público. Cuando lo quieran hacer ya será tarde. Todas las
autonomías están normando, ustedes no, por la pereza y la indolencia que les acompaña respecto a la Función pública, no a la hora del recorte -porque ahí actúan ustedes como alumnos aventajados-, pero sí a la hora de desarrollar esa normativa. Iba
a venir en septiembre, y yo estoy seguro de que usted no va a traer aquí -y me gustaría que me lo desmintiese e incluso que me corrigiese- ninguna norma, ni del directivo público ni del desarrollo del Estatuto del empleado público, es decir, una
nueva ley de la Función pública...



El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, debe acabar ya.



El señor BARRACHINA ROS: Acabo, pero de las cuatro solicitudes de esta comparecencia, tres eran de nuestro grupo. Por tanto, entenderá que...



El señor PRESIDENTE: Sí, pero el tiempo pactado ya sabe cuál es y lo hemos sobrepasado en el doble.



El señor BARRACHINA ROS: Sí, efectivamente, y sé que cuento con su condescendencia...



El señor PRESIDENTE: Le ruego que acabe.



El señor BARRACHINA ROS: La última pregunta. Anunció usted que estaban estudiando ligar el salario a la productividad. Usted no es un teórico, es miembro del Gobierno, y por tanto, si lo está estudiando, como la única novedad de hoy ha
sido que siete años después van a encargar un nuevo informe para ver duplicidades, de ese estudio para primar la productividad queremos saber cuál es la conclusión. Termino ya. Es muy difícil valorar si a un profesor se le paga por el número de
aprobados o por el número de suspensos. Quisiera saber si va a asociar también su retribución y la de los miembros del Gobierno a la productividad. Ahí sí que es fácilmente mensurable: en función del número de parados, en función de los millones
de euros de deuda pública. Por tanto, quisiera conocer si va a asociar usted su retribución también a la productividad.
Me gustaría que, producto de ese concienzudo estudio que sin duda está realizando porque usted mismo lo ha dicho, nos alumbrase
aquí sobre algunas de sus conclusiones.



Gracias, señor presidente, por su condescendencia.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador.



El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor vicepresidente, quisiera agradecer sus palabras y su intervención y empezar compartiendo alguna afirmación que usted ha hecho al principio de su intervención, y es la bondad del diseño constitucional
autonómico. En eso mi partido no tiene fisuras ni puede provocar la crítica que en algún momento pudiéramos hacer de su funcionamiento sobre el marco general. Todos sabemos que forma parte del acuerdo constitucional, del pacto que se instituyó en
el año 1978, y creo que el diseño autonómico es sin duda parte fundamental del éxito de la historia de España de los últimos treinta años. España ha funcionado y ha funcionado mejor con el sistema autonómico, pero es verdad que, como todo sistema y
como toda obra humana, es perfectible, y más cuando, como en el momento que vivimos, padecemos la peor crisis de nuestra historia, iba a decir de nuestra historia reciente, pero seguramente es de toda nuestra historia. Si, como todo el mundo cree,
vivimos el peor de los momentos de nuestro país desde el punto de vista económico y social y si como consecuencia de ello somos más pobres -digámoslo así porque obviamente esta crisis no nos ha hecho ni nos va a hacer más


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ricos-, si pudiéramos cifrar porcentualmente nuestra, pobreza en general como país -un 10, un 15 o un 20 por ciento- entonces tiene lógica y tiene sentido que las comunidades autónomas, como parte de nuestro país, también se adecúen y sepan
y constaten que esa es la nueva realidad que tenemos que afrontar todos juntos. Por tanto, señor vicepresidente, no creo que nosotros tengamos un problema de diseño competencial, pero nuestro marco sí tiene un problema de financiación de
competencias. Es así de simple. No es posible que once países de Europa tengan establecidos sistemas de copago sanitario y que nosotros, con un 20 por ciento de paro, ni siquiera hayamos iniciado o analizado ese debate. No tiene ninguna lógica, o
ellos son muy tontos o nosotros somos muy listos.
Eso no tiene ningún sentido, y no es algo ideológico que tengamos que someter a un debate sobre derechas e izquierdas, sino que se trata de si el gasto sanitario es sostenible o no, como ocurre con
la dependencia, que me parece un pilar fundamental, el cuarto pilar fundamental, pero ¿quién la paga, cómo se paga? Hoy por hoy ese es el debate, esos son los retos que tiene delante su ministerio. ¿Son sostenibles más de 8.000 entidades locales?
¿Debemos o no iniciar en este momento ese debate abiertamente, sentarnos y hablar sobre ello? Es verdad que junto al problema de financiación hay un problema de gestión endógena, eso no lo podemos negar. Esta crisis que padecemos es una crisis de
exceso y es verdad que en la gestión a nivel autonómico, a nivel local, a nivel privado o público, hemos vivido las consecuencias de un exceso y también deberemos hacer algo para acotar -este fin de semana había en un periódico nacional un ranquin
de excesos-. Deberemos afrontar con normalidad qué ha pasado, qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado bien y qué es lo que debemos cambiar o reformar para que siga funcionando bien, porque sin perjuicio de las críticas y de la auditoría que
estamos obligados a hacerle al sistema, creo que es un sistema que funciona.



Es un problema de organización del sistema en tres puntos fundamentales.
Creo que es un problema de descoordinación. La libertad es más cara y más costosa de gestionar que la falta de libertad, y un sistema descentralizado y complejo como
el nuestro para que pueda funcionar requiere obviamente de una coordinación que seguramente en este tiempo no ha existido como debiera. En segundo lugar, es también una falta de control, quién controla a quién, que forma parte seguramente de la
coordinación. Me temo que en el fondo es una falta de convicción en el modelo y en el ejercicio responsable del modelo. Por ejemplo, yo no me consideraría más o menos navarro por el hecho de tener un centro meteorológico propio o nacional. Forma
parte del exceso el abuso, seguro, de la ideologización en alguna de las tensiones competenciales que ha tenido este país. Hace poco nos entregaban un informe de las 180 embajadas autonómicas y locales que existen. No sé si hemos hecho o no una
auditoría ni si hemos tomado cuenta de que efectivamente eso ocurre, pero no sé hasta qué punto hemos sido capaces y hemos racionalizado eso, algo que yo creo que forma parte de las obligaciones que nos tocaría hacer para luego pedir, como estamos
pidiendo a los ciudadanos, una serie de sacrificios muy importantes.



Más allá del trabajo y de la gestión de su propio departamento y sus responsabilidades creo sinceramente -no quiero pecar de pesimista, que lo soy en este momento- que vivimos instalados en el preapocalipsis, sin paliativos. Usted, su
departamento, su Gobierno deberían organizar una permanente -llámelo como quiera-, un observatorio, un gobierno de emergencia, de crisis, etcétera, y convocar a las comunidades autónomas, que son las que gestionan y las que no pueden pasar de perfil
ante la situación económica y social que estamos viviendo, son las máximas responsables en las que se concentra el gasto y son plenamente conscientes de la situación crítica por la que está viviendo nuestro país, y hacerles partícipes de un
diagnóstico como el que tenemos que hacer, de un tratamiento doloroso, muy doloroso, como el que tenemos que hacer pero que es absolutamente necesario.



Me parecen muy bien las iniciativas de su departamento, pero creo que hoy estamos con un infarto y hay que ir, como el médico, a corazón abierto.
No podemos estar poniendo parches permanentemente y solucionando pequeñas cositas, porque hoy
por hoy lo que toca es que Gobierno y administraciones públicas, comunidades autónomas, se sienten, se encierren y lleguen a consensuar una serie de medidas, dolorosas, que ustedes solos no pueden tomar porque tienen un coste electoral imposible
para nadie, pero hay que pedirles ese esfuerzo de generosidad, de lealtad, de patriotismo y obtener ese consentimiento y la adhesión de todos no solo para tomar las medidas oportunas sino para generar una pedagogía que todos debemos asumir, y es que
debemos ponernos como uno de los valores a la hora de analizar los servicios que prestan las comunidades autónomas y las distintas administraciones la sostenibilidad.
Todos quisiéramos gastar, redistribuir, etcétera, pero hoy lo que toca es decirle
al ciudadano qué es y qué no es sostenible, y el modelo, hoy por hoy, si no tomamos las reformas oportunas, no lo es. Hace dos días, en la cumbre europea, se hablaba de esto mismo, se intenta poner medidas y es lo que toca: reforma estructural en
el propio diseño autonómico, porque si no me temo -y ya le dije al principio que yo creo en la bondad del sistema- que podemos morir de éxito, que sería desde luego lo peor.



Haré una última referencia en relación con el uso de las tecnologías por parte de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. La tecnología es de esas cosas en las que el mundo ha cambiado en estos treinta últimos
años. Desde que aprobamos la Constitución y el diseño autonómico somos otro mundo completamente distinto. Ustedes hacen bien -y todos deberíamos hacerlo también- a la hora de aprovechar las tecnologías para simplificar, para unir y no para
separar. No puede ser que convalidar la tarjeta sanitaria de una comunidad autónoma en el servicio de Salud de esa comunidad autónoma te cueste más que la propia actuación


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médica de urgencia que te tienen que hacer. Eso lo tenemos que pensar y repensar y aprovechar la tecnología, desde luego sin prejuicios ideológicos ni identitarios, para hacer más eficiente la gestión de la Administración pública. En eso
tienen un camino y por parte de mi partido estamos completamente abiertos a que eso pueda significar optimizar las administraciones y con ello hacer que su gestión sea mucho más coordinada.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.



El señor CANET I COMA: También deseo agradecer al señor vicepresidente su comparecencia. Voy a intervenir brevemente y se lo voy a poner muy fácil porque creo que el debate estrictamente político ya lo ha empezado a tener con el grupo
mayoritario de la oposición y aunque evidentemente podría plantearle problemas desde una óptica de desarrollo estatutario de Cataluña, sobre si creemos o no que ha racionalizado bien o no el gasto a través de la remodelación del Gobierno, etcétera,
temas que ya han salido en determinadas actuaciones en el Pleno y que ya le han planteado los portavoces de mi grupo, los señores Llamazares y Ridao, preferiría dejar esos temas estrictamente políticos y sobre todo de debate político y ponerme un
poco el traje de concejal de un ayuntamiento.



En calidad de vicealcalde de una ciudad de 45.000 habitantes querría exponerle muy genéricamente y prescindiendo del color político al que pueda representar en este momento que de todo lo que usted ha explicado -efectivamente podría
compartir bastante, por ejemplo la importancia de los diferentes fondos para sacar adelante determinados problemas en los ayuntamientos, que evidentemente han mejorado en muchas actuaciones, urbanísticas o no-, lo que más me ha llamado la atención
en negativo -usted ya lo sabe- es el planteamiento, que puedo entender, cuando literalmente ha dicho que el contexto de ajuste presupuestario justifica que no se vaya a abordar de momento una nueva ley de financiación de los ayuntamientos. La
verdad es que ahora sonarían bien la letra y la música, pero llevamos ya tanto tiempo con ese tema pendiente que seguramente aunque la explicación sea razonable en estos momentos, la situación es cada vez peor. Usted más que nadie está al corriente
del colapso de muchos ayuntamientos. Recientemente en Cataluña un alcalde ha dejado las llaves, por decirlo así, y se ha marchado a casa, y seguro que ha pasado también en otros sitios. La situación puede llegar a ser muy preocupante para las
finanzas locales si se alarga más un cambio radical y no vale dejar en manos de los consistorios resolver determinadas situaciones en un momento de caída brutal de ingresos de la construcción, también de disminución de la aportación del Estado tanto
en términos absolutos como relativos, aunque mejore como usted ya ha dicho la entrega a cuenta. Se va extendiendo cada vez más la percepción de que ser miembro de un gobierno municipal implica ser un mal gestor por sistema, porque el mensaje
siempre es el mismo: no hay dinero, aparecen al final de los ejercicios presupuestarios gastos sin consignación presupuestaria, hay que ir empalmando presupuestos todos ficticios.



Quisiera hacer dos reflexiones. Una es si se ha planteado alguna medida para proteger, entre comillas, la actuación de los gobiernos y también de las oposiciones municipales, por qué no, a la vista de que se va extendiendo esa sensación
entre la ciudadanía de que se es incapaz de gestionar, al margen del color político al cual se pertenezca. Aparte de esta reflexión quizá muy teórica, le pregunto directamente cuánto tiempo cree usted que pueden mantener los ayuntamientos la
situación sin algún tipo de medida, llámela o no ley de financiación o nueva ley de financiación local, porque creo que cada vez más aumentan los ayuntamientos -permítame la vulgaridad de la expresión- que caen como moscas en el tema presupuestario.
Se pueden entender incluso los diferentes niveles a partir de los cuales un ayuntamiento puede pedir crédito. Más allá de si es el 75 por ciento -no voy a entrar en detalles-, la pregunta es muy concreta. ¿Tiene planteado su ministerio algún tipo
de actuación a corto plazo? No se trata de decir que ahora hay un ajuste presupuestario, no podemos. La pregunta es para cuándo, porque francamente es insufrible la situación de la mayoría de los consistorios de este país.



El señor PRESIDENTE: Por el Partido Nacionalista Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor vicepresidente, por su información, que no es sustancialmente diferente a la que ya nos proporcionó en su anterior comparecencia. Estamos analizando las mismas propuestas relativas al calendario
legislativo, con algunas novedades vinculadas al desbloqueo de algunas transferencias con relación a diversas comunidades autónomas, pero no quiero empezar esta intervención, señor presidente, sin hacer un comentario obiter dicta, si me permite la
expresión, que es el siguiente. Nos llama poderosamente la atención que se hayan acumulado tres iniciativas en esta Comisión y desde el Grupo Popular no hayamos oído ninguna reflexión respecto a la tercera de las enunciadas en el orden del día, en
la que se solicitaban explicaciones sobre el pacto presupuestario adoptado entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo del Partido Nacionalista Vasco que me honro en representar. Quiero creer, señor presidente, que quizá de forma sobrevenida
el Grupo Popular ha llegado a la conclusión de la poca pertinencia reglamentaria e incluso política, si me permite la expresión, del trámite. Yo, qué quiere que le diga, señor Merino, los pactos presupuestarios se analizan y se debaten en el propio
trámite presupuestario. Ahí, con prolijidad, sin reservas, sin ocultación, sin clandestinidad, en un régimen basado en el paradigma de la luz y taquígrafos que debe inspirar la actuación parlamentaria, se explicaron las cláusulas o


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los contenidos de este pacto, un pacto con relación al cual no hay absolutamente nada que ocultar.



Por si tuvieron ustedes pocas explicaciones en el debate presupuestario o poca ilustración, ustedes mismos se encargaron posteriormente de presentar una interpelación y luego una moción donde se realizaron amplificaciones en extenso, mayores
explicaciones sobre el contenido de este pacto; pacto en el que, como digo, no hay nada oculto, ni vergonzante, ni clandestino ni inadecuado, analizando la situación económica desde una perspectiva presupuestaria. No sé si esta es la Comisión,
señor presidente, llamada a atender los problemas que afectan a la economía del país, pero este pacto estaba vinculado de forma muy directa a ser un pacto de naturaleza presupuestaria, a la situación económica del país, con algunas cuestiones que
más colateralmente, si quiere utilizar esta expresión, también afectan a la situación económica de este país, que es el cumplimiento de una obligación legal del Gobierno que usted representa, señor Chaves, que es proceder al desbloqueo o a la
transferencia de competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de Gernika que estaban desde hace muchos años pendientes de transferir, desbloqueo que usted ha comentado, en el que se procedería a la transferencia de la competencia en materia de
políticas activas, y ya ha comentado usted que hay quince previstas para ser transferidas en el año que vamos a iniciar los próximos días, el año 2011.



Es tan obvio que no hay nada que ocultar en un pacto de esta naturaleza como que las leyes que constituyen el bloque de constitucionalidad y los estatutos de autonomía deben ser cumplidos. Las leyes con carácter general deben ser cumplidas
y particularmente las que tienen esta relevancia jurídico-formal y que integran el bloque de constitucionalidad. Lo raro, lo reprochable hubiese sido que se mantuviera el incumplimiento de transferencias que deben ser objeto de cumplimiento a la
Comunidad Autónoma del País Vasco en este caso y a otras con relación a las cuales sus estatutos de autonomía están pendientes de cumplimentar. No es una materia disponible para nadie. El bloque de constitucionalidad es jurídicamente indisponible
y usted ha hecho lo que debía hacer. Yo no sé si lo han hecho porque han obtenido el concurso o el apoyo parlamentario de mi grupo, pero por la razón que fuera, no han hecho más que lo que constituye una obligación legal para el Gobierno español,
que es proceder a la transferencia nada menos que de las treinta y una competencias pendientes de transferir que corresponden a las instituciones vascas en virtud de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Gernika.



No todas son previsiones del Estatuto de Autonomía de Gernika. Algunas tienen una manifiesta raíz foral o tienen su tronco originario en los derechos históricos que constitucionaliza la disposición adicional primera de la propia
Constitución. También estas deben ser objeto de transferencia, pero además deben ser objeto de transferencia mediante un mecanismo de financiación específico que solo está previsto para dos comunidades autónomas en este momento: la Comunidad Foral
de Navarra en virtud de su régimen de convenio económico, y la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de las previsiones de la Ley del Concierto Económico, que, a su vez, por extensión, forman parte también del bloque de constitucionalidad en
tanto en cuanto son o tienen la naturaleza jurídica de derechos históricos constitucionalizados también por la disposición adicional primera de la Constitución. Luego si cumplir la Constitución, cumplir los requerimientos del Estatuto de Autonomía
de Gernika y otros, cumplir los requerimientos de la Ley del Concierto Económico, cumplir todo ello en relación con competencias tan importantes y que pueden ser objeto de una eficiente ejecución -se lo aseguro-, particularmente la de políticas
activas en una comunidad autónoma como la del País Vasco, que históricamente se ha caracterizado por actuar eficientemente y de forma adecuada y positiva en materia de empleo; si sobre esto hay que dar explicaciones, sobre el cumplimiento de la
legalidad hay que dar explicaciones, alguna suerte de perversión, señor vicepresidente, se está inoculando en el funcionamiento ordinario de nuestras instituciones y de nuestro sistema político.



Otra cosa es -porque el Grupo Popular no ha inquirido ningún requerimiento, ninguna pregunta o justificación respecto a esta petición de comparecencia- que se intuya que hay cuestiones ajenas a lo que en este momento estoy explicitando,
señor presidente, pero en relación con el desarrollo autonómico, los acuerdos presupuestarios no son más que acuerdos atinentes al cumplimiento de la legalidad, de la legalidad constitucional en primer lugar, de la legalidad estatutaria en segundo
lugar y de los requerimientos de los derechos históricos dimanantes de la disposición adicional primera de la Constitución. Eso no solo es legítimo, señor presidente, eso le aseguro que a los que representamos a los vascos en esta institución nos
congratula o nos reconcilia con esta propia institución. Nosotros estábamos particularmente insatisfechos, en algunas ocasiones alarmados y siempre preocupados por la renuencia de todos los gobiernos, del suyo y de otros anteriores hasta el
momento, hasta este año, a efectos de afrontar la culminación del desarrollo del Estatuto de Autonomía de Gernika sobre todo en el área sociolaboral, donde por presiones -que en este momento no es preciso determinar- de instituciones, algunas de
naturaleza jurídico-privada, no todas de naturaleza jurídico-pública, algunas competencias no eran objeto de negociación y respecto a algunas se llegó a comentar la aberración públicamente de que eran intransferibles a pesar de tener títulos
competenciales claros y específicos. Me estoy refiriendo a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, señor vicepresidente, con relación al cual el Estatuto de Autonomía de Gernika tiene dos títulos competenciales: el 18.2 del mismo,
que prevé el desarrollo legislativo y ejecución de las leyes de Seguridad Social, de las normas relativas al sistema público de pensiones, y la disposición


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transitoria quinta, que prevé también la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.



En relación con las demás cuestiones, señor vicepresidente, quiero comentarle que sus reflexiones sobre el desarrollo del calendario legislativo son las conocidas y no podría ser de otra manera porque la verdad es que la legislatura se está
agotando. No voy a hacer una reflexión tan apocalíptica como la que ha hecho el señor Salvador -él no hablaba de un agotamiento, sino de una especie de destrucción o desaparición apocalíptica de esta legislatura con todas las trompetas del infierno
sonando-, pero queda poco tiempo. No sé si usted sabrá cuánto tiempo queda, pero queda poco para afrontar un calendario legislativo en el que se puedan elaborar en un tiempo prudencial más leyes de las que ya están anunciadas por usted y que no son
irrelevantes, sino muy importantes. Una nueva ley municipal o la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es un requerimiento importante donde hay muchas cuestiones, muchas de las cuales las podría compartir con el señor Merino sin ningún
problema. Hay un problema gravísimo en nuestros ayuntamientos que es la sobredimensión de la asunción de las llamadas competencias impropias pero sin llevar aparejada la financiación. En segundo lugar, está la ley de lenguas -no sé si es una
expresión particularmente forense llamar a una ley la ley de lenguas- o ley de normalización del uso de las lenguas o algún tipo de rótulo más definido y más pulcro que podamos buscar para hacer referencia al otro gran proyecto de ley de los que
quedan pendientes desde sus responsabilidades en relación con los proyectos legislativos. Señor vicepresidente, si cumplimos con este calendario, nosotros nos daríamos por satisfechos y seguramente usted más, o también.



Respecto a los problemas del déficit público, se está articulando ya lo que en nuestra opinión constituye un sedicente o sedicioso discurso en donde sutilmente casi se responsabiliza a las comunidades autónomas y a las instituciones locales
o a la Administración local de estar generando el abultado déficit público con el que convive la economía española.
Quiero decirle que lo segundo es verdad, convivimos con un peligroso déficit público cuya resolución o cuya remoción es muy difícil.
Existe un Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado por el Ecofin -todos lo conocemos- que exige la adopción de medidas correctoras cuando el déficit público de un Estado supere el 3 por ciento. La vicepresidenta segunda del Gobierno tiene una
proyección para llegar a un déficit público del 6 por ciento en este año y del 3 por ciento el año que viene. Sinceramente me parece una quimera la pretensión de afrontar el déficit público de forma tan intensa en tan poco espacio de tiempo.
Seguramente tendremos que afrontar las consecuencias del incumplimiento del déficit público del 3 por ciento y el Estado español terminará siendo sancionado económicamente, que es lo que ocurre con los países de la zona euro que no cumplen con los
requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento previstos por el Ecofin. En todo caso, bienvenidos sean los esfuerzos en todo lo atinente al aligeramiento de la dimensión de la Administración pública del Estado, pero no responsabilicemos a
las comunidades autónomas, que es lo que se está haciendo, de forma grosera en algunos sitios y más sutil en otros pero en casi todas las instancias estatales, porque, señor vicepresidente, le voy a hacer una reflexión de naturaleza comparativa y
con esto acabo mis palabras, señor presidente.



Hay un estudio de su propio ministerio, cuando era Ministerio de Administraciones Públicas, en la época en que su responsable era don Jordi Sevilla, donde se realizó una reflexión comparativa entre órganos de distinta naturaleza de ámbito
estatal y órganos autonómicos. En cuanto a órganos de ámbito estatal, obviamente no nos podemos referir exclusivamente a los órganos que componen la Administración General del Estado o la Administración Central de Estado. Hay órganos estatutarios,
hay entidades gestoras, existen agencias, órganos constitucionales, reales academias, sociedades públicas, sociedades privadas con la golden share reconocida al Gobierno, etcétera. Podría hacer una larga mención del número de instituciones de
ámbito estatal -en el sentido más lato de la expresión etimológicamente hablando-, que proporcionaría en términos comparativos la existencia de treinta instituciones de ámbito estatal por cada institución autonómica. Ahí tienen una idea cabal de
por dónde se produce el déficit público exclusivamente en lo atinente -ya hablaríamos en otras comisiones de los problemas macroeconómicos o de los problemas que hay que remover en la economía española- a la dimensión del Estado en la acepción más
lata del sentido etimológico del término, el gran Leviatán que se configura en el Estado -utilizando la expresión de Hobbes- en instituciones de ámbito estatal de diversa naturaleza frente a las -podríamos decir- modestas dimensiones -aunque
seguramente usted me va a rebatir con el número de funcionarios autonómicos, el número de funcionarios estatales y los presupuestos concernidos- de los órganos y de las administraciones autonómicas.



Señor vicepresidente, acabo diciendo que desde esa perspectiva trataba preventivamente de salir al paso de este discurso que cada vez se oye con más frecuencia y con menos sutileza en el que prácticamente se responsabiliza a las comunidades
autónomas o a instituciones diferentes al Estado de la gran dimensión de déficit público que está sufriendo el Estado español, cuando el Estado español y algunas ciudades que se han convertido casi en ciudades-estado, como la ciudad de Madrid,
tendrían muchos motivos para mirarse en el espejo en relación con quién y por qué procedimientos se ha generado el abultado déficit público que estamos padeciendo. En todo caso, le deseo suerte también en este ámbito, señor vicepresidente, incluso
desde las discrepancias orgánico-administrativas que hemos comentado. Ya sabe usted dónde está el déficit público y por dónde se debe atacar: reformas estructurales; políticas destinadas al crecimiento, a la innovación y a la tecnología y
redimensionamiento de las instituciones estatales y de las instituciones autonómicas -no Administración estatal versus Administración autonómica-,


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pero un redimensionamiento que sea proporcional al volumen de las unas y de las otras.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Hermosín.



La señora HERMOSÍN BONO: En primer lugar, como es lógico, quiero agradecer la comparecencia del vicepresidente tercero del Gobierno en esta Comisión tras la remodelación del Gobierno y la asunción de nuevas competencias por su departamento.
Hemos asistido a una intervención muy completa, muy realista y objetiva sobre la realidad de nuestras administraciones públicas, que ha incluido todos los temas de su competencia.



Por referirme un poco a la primera parte, la comparecencia un poco más general, a petición propia, el señor Olabarría y algún otro interviniente decían que ya habían oído todo esto. Lógicamente. En dos meses los objetivos del ministerio no
pueden tener grandes cambios respecto a lo que ya eran las competencias de la Vicepresidencia Tercera. Respecto a esa parte de las líneas generales del ministerio, como frontispicio de esta intervención, querría resaltar los resultados prácticos,
políticos y de eficiencia en la gestión que pueden ya evaluarse. No me refiero a la parte última de la remodelación sino a la propia existencia de la Vicepresidencia de Política Territorial y ahora también de Administración Pública. Pueden
evaluarse tras haber transcurrido algo más de año y medio desde la creación de este departamento y ahora veremos que con la asunción de la Función pública claramente los resultados son muy positivos. La puesta en marcha de este departamento ha
tenido efectos muy positivos para la normalización y la mejora de las relaciones del Gobierno de España con las comunidades autónomas. Cuando no hay conflictos no se habla de que hay conflictos, pero en muchos momentos del desarrollo autonómico ha
habido tensiones, mayores, menores o medianas, normales si queremos, pero las ha habido. Estamos asistiendo a un periodo difícil en muchas otras cuestiones, pero en las relaciones del Gobierno de España con las comunidades autónomas es una realidad
palpable la buena gestión, amén del valor añadido que desde mi punto de vista la trayectoria política del vicepresidente ha supuesto para este Gobierno.



Como es lógico, el vicepresidente se ha referido a los mayores hitos en la gestión de sus relaciones con las comunidades autónomas y solamente quiero señalar que lo que ha funcionado han sido los instrumentos de cooperación del Estado
autonómico. Quizá no siempre han estado al doscientos por cien o, como decía antes algún portavoz, para sobreevaluaciones o nota, pero sencillamente han funcionado a pleno rendimiento en esta etapa. En la cooperación multilateral y en el marco de
la lucha contra la crisis económica, que de alguna forma está en todas las actuaciones del Gobierno, resaltaría en materia de ahorro farmacéutico el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial de Salud por unanimidad de todas las comunidades
autónomas; el acuerdo marco para la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y de los entes locales; los acuerdos del último Consejo de Política Fiscal y Financiera de mayor transparencia en las cuentas de las comunidades autónomas;
y en el marco bilateral, a lo que se han referido también otros portavoces, los importantes avances conseguidos en las comisiones mixtas para el desarrollo estatutario en aquellas comunidades que tienen ya sus nuevos estatutos, como son el caso de
Cataluña, Andalucía y otras. Quiero resaltar que en Andalucía muy concretamente ha sido muy importante en su momento el traspaso de la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. También citaré el traspaso de transferencias dentro de las
comisiones mixtas al resto de comunidades autónomas, a las que no me voy a referir porque el vicepresidente lo ha hecho con mucha exhaustividad.



Yo aplaudo la iniciativa que nos ha anunciado el vicepresidente respecto a que la Agencia de Evaluación indague sobre las posibles duplicidades para llevar un acuerdo que se pueda tomar por todas las comunidades autónomas.
Me reía un poco
porque el señor Merino lo interpreta todo y dice que todo está sabido ya. No, las cosas hay que hacerlas con más rigurosidad y con seriedad. Podemos intuir que puede haber algunas duplicidades. Tampoco pasa nada y seguramente habrá distintas
administraciones que ejerzan sobre la misma competencia sus competencias propias. Por tanto, eso no quiere decir que solo una administración tenga toda la competencia sobre una materia en un Estado complejo y múltiple. Con tres o cuatro distintos
niveles de administraciones hay que coordinar y racionalizar los recursos para que se funcione mejor. No sé si hay coincidencias -es posible porque todos lo comentamos alguna vez-, pero si las hay, se puede diagnosticar primero y tratar de
solucionar conjuntamente ese mejor funcionamiento de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las diputaciones y del Gobierno de España.



En el ámbito de las corporaciones locales y a pesar de las dificultades que todas las administraciones atraviesan, ha habido un esfuerzo enorme -no hay que emplear mucho tiempo en decirlo- desde el Gobierno para mejorar y apoyar a nuestros
ayuntamientos como eje fundamental de la lucha contra la crisis económica, aun sabiendo las dificultades, las penurias y la escasez financiera por la que pasan muchos ayuntamientos, también es verdad que unos más que otros. Cuando oigo que algún
portavoz acuña como término administrativo lo de las competencias impropias, vamos a sentarnos a ver qué es esto de las competencias impropias y quien tenga competencias impropias que lo diga y que las vaya abandonando, porque una Administración no
tiene por qué ejercer competencias que se dicen impropias, porque este término no está recogido en ningún sitio que tenga un rango que obligue a nadie. Es verdad que ha podido haber una expansión de competencias propias que se convierten en algo
diferente de lo que eran en origen. De todo eso habría que hablar con una cierta tranquilidad.



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El señor Merino dice que solo hablamos de los 13.000 millones. Ha dicho que aquí no se habla de las corporaciones locales, solo se habla de la Administración electrónica. Por supuesto, porque creo que ese es uno de los pilares en este
momento más importantes de la modernización de nuestra Administración pública, en la que ha hecho hincapié el vicepresidente y a la que yo quiero también referirme si me da tiempo.
Respecto a las corporaciones locales, señor Merino, el Partido
Popular tiene muy poca credibilidad para dar lecciones a nadie, y menos a este Gobierno, que con todos los esfuerzos, con todas las dificultades del momento actual, es el Gobierno que más ha ayudado a los ayuntamientos, a pesar de las dificultades y
de las insuficiencias, y lo ha hecho así no solo porque los ha considerado como protagonistas importantísimos en la lucha contra la crisis económica y financiera, sino para que desde ese primer momento de toma de medidas se pudiera compensar la
pérdida de empleo fundamentalmente en el sector de la construcción con la aprobación de los dos planes de los fondos estatales para las administraciones locales de 2009 y 2010, que han supuesto 13.000 millones para gestionar por parte de los
ayuntamientos. Sería una frivolidad que viniéramos aquí y pasáramos por alto una cuestión tan importante como esta. Ustedes en los ayuntamientos no tienen un gran pedigrí -siento que así sea-, porque lo que hicieron fue quitarles facturas a los
ayuntamientos, rebajarles algunos de sus ingresos como el IAE, que hubo que compensar después.
Ahora tienen un aumento de la participación de los ingresos del Estado de casi un 40 por ciento sobre lo que había en el año 2004. Además, se nos ha
anunciado un proyecto de ley de gobierno local, en el que a lo mejor -no lo sé, está todavía en borrador- podríamos reflexionar sobre todo este tema de las competencias y de cómo gestionar mejor las propias de los ayuntamientos sin entrar en otras.
Desde luego, en el tema de la Administración local, ustedes no tienen un gran pedigrí sobre el que basar una crítica, porque en unos momentos como estos, donde primero ha mirado justamente ha sido en las administraciones locales.



En Función pública, me gustaría decirle algunas cosas más al señor Merino porque coincido con parte de su intervención. Yo también considero acertado y positivo que la competencia de la Administración pública esté en este departamento. Me
parece lógico y razonable. Lo que no puedo admitir es lo que usted ha dicho de que esto es un derroche. Ha habido una modificación de la estructura orgánica, que supongo que de gastos habrá tenido más bien cero, porque son los mismos cargos que
estaban, pero que orgánicamente ahora están en un departamento y antes estaban en otro. Es verdad, a mí también me gusta más que esté aquí, pero es una competencia del presidente. De la remodelación que ha habido en el Gobierno, unas cosas me
gustan más y otras me gustan menos. No es que me haya gustado todo por igual, pero esto es razonable.



En Función pública no quiero alargarme mucho, solo quiero poner de relieve las grandes modificaciones y las grandes reformas que se han hecho en la Administración pública española -algo habrá hecho también el PP en sus ocho años de Gobierno,
pero yo tengo la experiencia desde el otro lado, autonómico, y usted también, porque fue alcalde con su partido gobernando y por eso entiendo que tenga preocupación por la Administración local y por la financiación local-, desde la histórica ya Ley
de 1984 de medidas urgentes hasta las grandes reformas que se han hecho en estos seis últimos años, toda la modernización administrativa, la simplificación de trámite, la reducción de cargas a que se refería el vicepresidente, la Ley de agencias
estatales, la Ley de contratos del sector público y, sobre todo, el Estatuto básico del empleado, sobre el que hubo tantísimos anuncios por parte de sus gobiernos y de sus ministros cuando gobernaban de que se iba a sacar el estatuto y nunca lo sacó
un ministro del Partido Popular, tuvo que ser un ministro de José Luis Rodríguez Zapatero quien lo hiciese; la Ley de acceso electrónico, que ustedes muchas veces han querido minimizar. (El señor Merino López hace gestos negativos.) Sí, señor
Merino, cada vez que se habla de Administración electrónica ustedes lo entienden como un tema menor. No se dan cuenta que esa es la realidad en nuestra Administración; una Administración que ya es una Administración electrónica en los trámites más
importantes, desde la tramitación de las multas de la Guardia Civil -peor para los ciudadanos, porque ya se cobran todas las multas, pagamos más multas- hasta las recetas electrónicas para los enfermos crónicos. Es que es mucho, es que la
Administración no es solo la burocracia, que también es necesaria. Son todos nuestros empleados públicos, con su esfuerzo y con su dignidad, a la que debo referirme porque han aceptado de manera digna la rebaja en sus retribuciones, una de las
medidas que todos conocemos que se ha adoptado para poder cumplir nuestros objetivos de déficit.



Las delegaciones del Gobierno y subdelegaciones son instituciones que cumplen con eficacia las competencias del Estado, la coordinación y su presencia en las comunidades autónomas. En algunas comunidades autónomas -en las que más conozco,
aunque sé que en Cataluña también- es importante -y creo que se ha referido algo a ello el vicepresidente en su intervención- mejorar o incrementar los medios fundamentalmente para los temas de inmigración, pues en lo que es competencia del Estado y
aun con las dificultades de empleo que tenemos en nuestro país, sigue habiendo, sin embargo, colas, mucha gente para resolver sus trámites administrativos en las delegaciones del Gobierno.



No quería alargarme mucho más. En Función pública, como es lógico, el vicepresidente ha contextualizado sus competencias en el momento en el que estamos, en un momento en el que ya se han tomado una serie de medidas antes de que él tuviera
estas competencias. Justamente hemos aprobado algunas de esas medidas, incluso las hemos refrendado en el Parlamento, y sobre todo me refiero a la que ha provocado más disgusto entre los funcionarios y entre todos los que hemos tenido que


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apoyarla, que es la reducción de las retribuciones, con una media del 5 por ciento, a todos los funcionarios. Señor Barrachina, no he podido seguir las cifras que ha dado con toda la atención que me hubiera gustado, porque ha estado
mezclando una cosa y otra, Muface... Tampoco he entendido aquello de que los nuevos empleados públicos, los que sean de nuevo ingreso, tengan algo que ver con los ex ministros o los ex presidentes del Gobierno. No quiero calificar esto de nada,
simplemente no he entendido muy bien qué tienen que ver los nuevos empleados públicos. Por cierto, es una reivindicación de los propios empleados públicos y de los sindicatos de la Administración pública ser tratados por el régimen general. ¿Por
qué? Porque les compensa, porque les favorece. Por eso es así. Los que no pueden, no pueden, porque los sistemas son distintos, han pagado unas cotizaciones en unas circunstancias y usted lo ha mezclado todo. Así y todo, lo que ocurrió de 1996 a
2004 fue que ustedes consiguieron que los empleados públicos perdieran 5 puntos de su capacidad adquisitiva, con congelaciones salariales -eso sí, subieron los sueldos a los altos cargos-, con menos reposición en las ofertas. Eso ocurrió en
periodos de crecimiento económico y de bonanza; no sé qué harían en un periodo como este, en el que tenemos tantas dificultades económicas y tantos compromisos para rebajar nuestra deuda, pero eso fue lo que hicieron en una situación buena desde el
punto de vista económico.



Se ha referido al decreto de la Junta de Andalucía para racionalizar el sector público. Señor Barrachina, no debería alentar las actitudes un poco demagógicas y que no se atienen a la verdad ni a la realidad. ¿Cómo va una administración,
la Junta de Andalucía o alguien hacer perder la condición de funcionario a sus funcionarios, que es lo que se dice por ahí? Usted ha dicho algo de eso, que unos van a perder su condición y otros van a entrar por la puerta de atrás. ¿Desde cuándo
van a entrar los funcionarios por la puerta de atrás? Eso no es así. (El señor Barrachina Ros: Pregúntaselo a él.) Hay una racionalización puesta encima de la mesa del sector público andaluz que espero que llegue a su término en el Parlamento de
Andalucía, y allí lo averiguarán. (El señor Barrachina Ros: Comparece él.) Verá cómo no va a ocurrir nada de lo que se está acusando demagógicamente ante los propios funcionarios o contratados de la Junta de Andalucía.



Por otra parte, también se refería al gasto en materia de personal. Según ha dicho usted, está todo totalmente desbordado. No es así. La tasa de empleo público, de empleados públicos en España es del 12,5, varios puntos por debajo de la
media europea. Y si en algún sitio tienen que apurarse y controlar lo que ocurre es precisamente en algunas comunidades autónomas o ayuntamientos muy importantes gobernados desde hace mucho tiempo por el Partido Popular. Es el caso de la Comunidad
Autónoma Valenciana, cuyo gasto en personal es del 15 por ciento, muy por encima de otras comunidades autónomas, y no digamos de los ayuntamientos -a los que ya nos hemos referido otras veces- de Valencia y Madrid, que son los más endeudados de
España, a los que se podrá ayudar, pero desde luego son administraciones autónomas. Usted no va a ir allí a hacerles las cuentas a los ayuntamientos, aunque ahora tengamos que apoyarlos y entre todos buscar soluciones para afrontar las deudas.



Voy terminando ya. Yo creo que...



El señor PRESIDENTE: Sí, debe ir acabando, señora Hermosín.



La señora HERMOSÍN BONO: Sí, voy a ir terminando. Ni siquiera quería consumir todo el tiempo, solo decir que de todas maneras me alegro de haber podido coincidir con el señor Merino en algunas cuestiones esta mañana.



Yo creo que se están tomando las medidas correctas en este momento para afrontar una situación difícil, como todos sabemos. Desgraciadamente, el Partido Popular siempre se ha opuesto a cualquiera de las medidas que se han tomado, del tipo
que sean, incluso a medidas que son muy similares o parecidas a las que se han tomado y se han aplaudido en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido se ha anunciado que se va a echar a no sé cuantos funcionarios; el Gobierno italiano ha puesto en
la calle a 10.000 funcionarios, y la señora Merkel ha anunciado una rebaja importante, de 2 ó 3 puntos, en las retribuciones de los funcionarios. Todo eso se aplaude como algo valiente y bien hecho por esos gobiernos, y las medidas -muy parecidas,
del mismo tenor- que se hacen en España nunca las ha apoyado, desgraciadamente, hasta ahora el Partido Popular. Nosotros creemos que estamos haciendo lo que hay que hacer en este momento. Lo que interesa ahora al Grupo Socialista es apoyar al
Gobierno en todas las medidas, tanto las de la Administración pública -las competencias de este departamento- como en todas las demás, para dedicar todos nuestros esfuerzos, sin distracción alguna, a lo que es más importante, que es la recuperación
del crecimiento y del empleo. Nos gustaría que en esa tarea pudieran tener al menos una actitud más comprensiva, que entendieran que el interés del Gobierno es el interés de los españoles. No estamos en ninguna luz corta electoral. Ya llegará.
No estamos en eso, estamos en sacar a este país de una situación muy difícil. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta de que eso es así, estaría muy bien, porque dejaríamos de hacer daño a los intereses de los españoles, a las expectativas de los
más débiles, a la gente que lo está pasando muy mal, y también a la propia credibilidad externa de nuestro país.



Termino ya. Espero que en adelante, ya que parece que algunas cosas les ha satisfecho de la actuación del presidente del Gobierno -como decía el señor Merino-, los diputados del Grupo Popular en el Congreso tengan una actitud también más
colaboradora para salir de esta situación y afrontar la crisis.



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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor vicepresidente.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, agradezco por supuesto todas las intervenciones de los
portavoces de los grupos parlamentarios, las de apoyo, las más críticas, las más rigurosas y las menos rigurosas, todas, y me van a permitir que conteste a cada una de ellas, empezando por las intervenciones de los portavoces del Grupo Popular.
Nunca había oído una intervención del señor Barrachina; sí había oído antes, en otras ocasiones, las del señor Merino. Es una intervención calco de las anteriores. En definitiva, hay algo, un denominador común en las intervenciones de los dos
portavoces, que es, como siempre, la seña de identidad de la forma de hacer política que tiene el Partido Popular, que es dar una visión apocalíptica, catastrofista de toda la situación. Mucho ruido, mucha descalificación y por supuesto ninguna
propuesta, salvo la que continuamente hacen ustedes de adelantar las elecciones, que es la única que hay encima de la mesa. Por lo demás, críticas desaforadas.
Propuesta que yo conozca, ninguna. Por supuesto, están ustedes en su derecho de no
hacer ninguna propuesta. Permanezcan ustedes de brazos cruzados, permanezcan ustedes en la tumbona, al igual que hacen ante la crisis económica, que no sabemos qué es lo que quieren hacer ustedes, ante el desempleo, ante la necesidad de la
recuperación económica; nos encontramos aquí, en esta sesión, con una situación absolutamente similar, no sabemos qué es lo que quieren hacer ustedes con la Administración pública española, no sabemos que es lo que quieren hacer ustedes con la
Función pública española. De eso ustedes absolutamente nada; salvo la crítica desaforada, nada de nada. Pero yo intuyo algo -señor Barrachina y señor Merino-, intuyo que cualquier funcionario español se echaría a temblar pensando en lo que podría
pasar si algún día ustedes llegaran al Gobierno de España. Lo único que le he oído al presidente del Partido Popular hasta ahora es que ustedes apoyan el plan del señor Cameron, y el plan del señor Cameron consiste, entre otras cosas, en echar a
400.000 empleados públicos a la calle. Eso lo ha apoyado el señor Rajoy, de la misma manera que ustedes han apoyado planes de la señora Merkel, del señor Sarkozy, del señor Cameron, que representan congelación y reducción del sueldo de los
funcionarios. Por lo tanto, ustedes tendrán que aclarar qué es lo que quieren hacer con los funcionarios públicos españoles y, por supuesto, también con la Administración pública. Ustedes, como siempre, en este sentido viven de la crisis,
practican una especie de canibalismo político, se desentienden del interés general, se inhiben ante los problemas y lo único que hacen es debilitar la confianza y la autoestima de los españoles tan necesaria en este momento para la recuperación
económica.



El señor Merino pregunta si cuando hablo de duplicidades y solapamientos no estoy alarmando a los mercados. Señor Merino, si usted acaba de hablar de reforma del Estado autonómico, ustedes habla de remodelación del Estado autonómico,
ustedes hablan de reajuste del Estado autonómico. ¿Eso no alarma? ¿Alarma que nosotros queramos evitar duplicidades y solapamientos propios de un Estado complejo? Ustedes también se tendrán que aclarar, señor Merino. Cuando ustedes hablan de
reforma del Estado autonómico y de reajuste o remodelación del Estado autonómico, ¿qué quieren decir? ¿Están ustedes planteando la reforma, la modificación del título VIII de la Constitución española? ¿Están ustedes diciendo que hay que dar marcha
atrás en el proceso autonómico español, reducir la autonomía de las comunidades, devolver competencias? ¿Se apuntan ustedes a esa corriente neocentralista que muchos de sus dirigentes, de una manera subliminal, están trasladando a la opinión
pública? Yo lo he dicho en mi intervención, señor Merino, señor Barrachina; pienso que la España de hoy no se entiende sin el Estado de las autonomías, es su gran seña de identidad. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la
cohesión territorial, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado nosotros tenemos plena confianza en el modelo autonómico y creemos que es uno de los grandes aciertos del Estado autonómico y de la Constitución española ¿Que hay
disfunciones, duplicidades y solapamientos? Sí, claro que las hay, por supuesto. Pero eso no se puede hacer a través de la devolución de competencias o de dar marcha atrás en el proceso autonómico. Eso se tiene que hacer a través de los
instrumentos que marca la propia Constitución española: la coordinación y la cooperación. Precisamente por eso hemos encargado ese estudio a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, para ver si efectivamente en el marco de las
competencias que tienen las comunidades autónomas podemos evitar duplicidades que puedan mejorar la vida de los españoles, su calidad de vida y por lo tanto aligerar muchas de las cosas que hoy día puedan pesar sobre ellos. No hay que alarmarse ni
que rasgarse las vestiduras, es propio de un Estado complejo. Otros Estados complejos tienen también y han tenido problemas como los que tenemos nosotros, con una trayectoria histórica mucho mayor en el proceso de descentralización política, mucho
más alargada en el tiempo que la que tiene España. Por lo tanto, es importante, y vuelvo a reiterar algo que he dicho y que también han apuntado otros portavoces: creo que hemos avanzado de una manera importante en la cooperación y la coordinación
de las comunidades autónomas con la Administración General del Estado en objetivos de déficit, en limitación del endeudamiento, en las políticas de consolidación fiscal. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera o, el ejemplo que he mencionado,
en la Comisión Sectorial del Sistema Nacional de Salud se ha llegado a importantes acuerdos en este sentido.
Eso también hay que ponerlo de manifiesto como una de las muestras de que el Estado autonómico funciona


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y funciona adecuadamente. Ahora bien, creo que cada uno, lógicamente, también tiene que hacerse responsable de sus cuentas públicas, el Estado de las suyas y las comunidades autónomas de las suyas. Todo eso, por supuesto, tiene que ser
transparente.



Ha sido preocupación del señor Merino, del señor Canet y creo que también del señor Salvador, el tema de la financiación local. Señor Merino, vaya usted a decirles a los municipios españoles, a los ayuntamientos, a sus alcaldes, incluso a
los del Partido Popular, que en lo que tiene que consistir la nueva financiación local es en una reordenación del gasto; vaya usted a decírselo, a ver qué le contestan. Vaya usted a decírselo.
No me venga usted ahora con ese argumento porque,
lógicamente, no tiene ni pies ni cabeza, no hay quien se lo acepte, ni en su propio partido, señor Merino. Que existe una preocupación por la situación financiera de los ayuntamientos se ha manifestado aquí por distintos portavoces, y yo la
comparto. Ahora bien, creo que es necesario tener claras algunas cosas porque, como dijo el señor Rajoy, esto viene de lejos, señor Merino, y usted lo sabe. Viene como mínimo del año 2002, con una Ley de Haciendas Locales que ustedes consideraron
que era la definitiva, la que iba a dar estabilidad financiera a los ayuntamientos españoles. No ha sido así, no solamente no resolvió los problemas financieros de los ayuntamientos españoles sino todo lo contrario, los agravó, los empeoró. Ahora
usted dice que es necesaria una nueva ley y afrontar la financiación local; estoy de acuerdo. ¿Es el momento oportuno para afrontarlo ahora? Creo que ustedes, digan lo que digan, coinciden conmigo en que no es el momento oportuno porque si la
afrontamos ahora seguramente provocaríamos una gran frustración en los ayuntamientos. Creo que no porque la actual situación económica y de crisis explica suficientemente que no es el momento oportuno. Salvo lo que usted ha dicho de reordenación
del gasto, aquí no nos hemos encontrado por parte de ningún portavoz con ninguna propuesta sobre qué es lo que pretenden hacer ustedes con la financiación local.
¿Qué se proponen en estos momentos? Vamos a ser claros porque no hay muchas
alternativas, señor Merino. ¿Aumentamos la recaudación municipal, es decir, subimos los impuestos locales, sabiendo que el 70 por ciento de la financiación local es precisamente de impuestos propios o impuestos cedidos? ¿Subimos los impuestos,
establecemos nuevos impuestos? ¿O aumentamos la transferencia de las comunidades autónomas, aumentamos la transferencia del Estado a las entidades locales? Esas son las dos alternativas, o ambas cosas. Esas son las alternativas que tenemos.

¿Usted está de acuerdo en estos momentos en que llevemos a cabo medidas de esta naturaleza? Si ahora, en esta situación procedemos a una mayor transferencia del Estado o a una mayor transferencia por parte de las comunidades autónomas, habrá más
déficit, más gasto público, es decir, más deuda. Lógicamente, no podemos estar soplando y sorbiendo al mismo tiempo; no se puede estar diciendo que hay que aumentar el gasto público, aumentar la financiación de las comunidades autónomas y al mismo
tiempo decir que queremos reducir el déficit público reprochando al Gobierno que no toma las medidas necesarias para reducir el déficit público. Por lo tanto, esa creo que es una razón de fondo. Creo que ustedes saben que no es el momento para
abordar en profundidad la financiación porque crearíamos una situación de frustración y de inestabilidad.



Dice usted: ¿Para qué la ley de gobiernos locales si no hay una ley de financiación local? Es perfectamente posible poner en marcha una ley de gobiernos locales sin la financiación local, porque en la ley de gobiernos locales, además de
otras cuestiones que afrontamos (transparencia, papel de la oposición, etcétera), establecemos que la transferencia de competencias por parte de la Administración Central del Estado o por parte de las administraciones autonómicas siempre tendrá que
ir acompañada de la financiación adecuada, la que están gastando en estos momentos las comunidades autónomas. Señor Barrachina, me dice que he estado hablando de setenta traspasos y se pregunta si se van a hacer menos cosas con más gente. Debería
saber que cuando se hace un traspaso a una comunidad autónoma se traspasa con los capítulos 1 y 2. En los funcionarios no nos quedamos con el capítulo 1. Se traspasan el capítulo 1 y el capítulo 2.



Le contestaré también al tema del engrandecimiento y ampliación de la Administración. Dicho esto sobre la financiación local, y se lo digo a todos los portavoces, no se puede decir seriamente que el Gobierno ha abandonado a los
ayuntamientos. Hemos hecho muchas cosas. Me he referido a los fondos estatales. Hemos salvado la gestión de muchos ayuntamientos de todo color político. Es injusto decir que esto ha servido para tapar agujeros, para hacer aceras, para levantar
farolas. Esto ha servido para dotar a los municipios de muchos equipamientos que seguramente no hubieran podido abordar hasta dentro de cinco o diez años sin la financiación que han representado los fondos estatales. Este Gobierno fue el que
compensó, lo ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a los ayuntamientos por la supresión del IAE que decretó el Partido Popular. Este Gobierno aprobó una línea de ayuda a 3.395 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Este
Gobierno aumentó la cuantía de la participación en los ingresos del Estado de los ayuntamientos. Ante los Presupuestos Generales del Estado, que presumiblemente se aprueben esta tarde, una de las partidas que más sube, cuando la mayor parte bajan,
es el aumento de la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, que sube cerca de un 12 por ciento, es decir, están presupuestados 1.500 millones de euros. Lo que no se puede decir es que no hay financiación local, que los
ayuntamientos están abandonados y que no tienen una financiación para abordar las necesidades o los proyectos que tienen en estos momentos.



Habla de la línea ICO. Voy a decirle dos cosas, señor Merino, porque de este tema ya hemos hablado, no sé si en


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otra comparecencia o en el Pleno del Congreso. Sabe su señoría que hubo una línea ICO, por un importe máximo de 3.000 millones de euros, para avalar a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos.
La realidad es que solo se utilizaron 106 millones de euros. En segundo lugar, propone que se conceda la nueva línea de apoyo a los ayuntamientos, pero lo que proponen es una línea de ayuda sin garantías. Eso, señor Merino, va en contra del
objetivo de estabilización y contra el déficit, y no lo vamos a realizar. Nosotros sabemos cuál es la situación de los ayuntamientos. La mayoría de los ayuntamientos españoles han hecho una gestión ante la deuda. Su nivel de endeudamiento ha sido
aceptable. La prueba es que la mayor parte de los ayuntamientos españoles van a poder endeudarse porque su deuda viva no supera el 75 por ciento de sus ingresos. Solo algunos no podrán endeudarse, porque no es razonable que aquellos que están muy
endeudados empeoren su situación a costa del conjunto de los españoles de todos los ayuntamientos. Como ejemplo me voy a referir a los dos mandatos municipales. En el año 2003 la deuda de los ayuntamientos españoles era de 22.900 millones de
euros, y en el tercer trimestre de 2010 es de 36.200 millones de euros. Ha subido un 58 por ciento en siete años. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las ciudades de más de 500.000 habitantes? Zaragoza, 45 por ciento; Valencia, 37 por ciento;
Sevilla, 67 por ciento; Málaga, cien por cien; Barcelona, ha rebajado la deuda en un 37 por ciento; Madrid, 390 por ciento. No se puede poner el grito en el cielo, como se ha hecho en algunas ocasiones, cuando la deuda de la Administración
General del Estado es de un 51 por ciento y callarse cuando la de Madrid sube un 390 por ciento, es decir, 7.000 millones de euros. No es lógico, es bastante contradictorio aplicar una doble vara de medir.



Señor Barrachina, entrando en la Función pública, hablamos de los salarios. Se rasgan las vestiduras por la reducción de los salarios de los funcionarios españoles cuando lo que se ha pretendido hacer es un reparto solidario del esfuerzo
del ajuste. Sin embargo, ustedes apoyan el plan Cameron, con lo que representa, apoyan el plan Merkel, con una reducción de los salarios públicos de un 2,5 por ciento, con 10.000 empleados públicos en la calle. El Reino Unido, con cerca de 400.000
empleados públicos en la calle. Irlanda, que es el modelo liberal que han puesto como punto de referencia para sus políticas liberales, 25.000 empleados públicos en la calle, bajada del salario mínimo un 2 por ciento y reducción de los salarios de
los funcionarios. Quiero recordarle lo que ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Entre 1996 y 2004 los funcionarios españoles perdieron un 5,33 por ciento del poder adquisitivo, y entre 2005 y 2009 ganaron un 4,65 por ciento de
poder adquisitivo. Entro, señor Barrachina, en algo respecto a lo cual utilizan, como siempre, la demagogia. Reprochan a la Administración pública que es grande, excesiva, despilfarradora, con exceso de funcionarios, con exceso de cargos públicos,
etcétera. Seamos rigurosos, ni grande ni chica. Lo que persigue el Gobierno socialista es un Estado fuerte, un Estado eficaz que responda a las necesidades de los ciudadanos y que traslade a la ciudadanía confianza y seguridad. Ese es nuestro
objetivo. Si utilizamos los datos comparados, señor Barrachina, tenemos una Administración, un Estado perfectamente homologable con el de los países de nuestro entorno. Habla de un exceso de funcionarios y las administraciones públicas españolas
están por debajo de los niveles de la media europea, según Eurostat, que es quien nos compara con el resto de los países. Solo tiene que ver el último informe de Eurostat y los datos correspondientes al segundo trimestre del año 2010. El promedio
de los datos del sector público sobre población activa correspondiente a la Unión Europea, que es como hace la comparación Eurostat, es de un 6,44 por ciento. Es la media de la Unión Europea. En Francia es un 9,14 por ciento; en España, un 5,89
por ciento; en Alemania, un 6,83 por ciento.
Yo creo que a todos nos debería parecer bien homologarnos con las medias europeas, a no ser que lo que ustedes pretendan sea tomar otro punto de referencia al margen o fuera de la Unión Europea.



Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla del tamaño de la administración. ¿Han aumentado los efectivos de las administraciones públicas? Sí, han aumentado, yo no lo voy a dejar de reconocer. Pero no se equivoque usted, el
sector público en España con todas las administraciones públicas son 2.685.611, y no las cifras que usted ha dado; Administración General del Estado, comunidades autónomas y administraciones locales, incluidas también las universidades. Repito,
2.685.611. En el año 2004, había 12,7 empleados de la Administración pública estatal por cada 10.000 habitantes. Hoy es del 12,8, habiendo aumentado la población y habiendo mucho más servicio. ¿Cuánto han aumentado las plantillas en estos
momentos? Desde el año 2004 al año 2010 la AGE, las comunidades autónomas, las administraciones locales y las universidades han aumentado un 14,13 por ciento. ¿Cuánto ha aumentado la Administración General del Estado, teniendo en cuenta el aumento
que hemos experimentado con el incremento de los servicios públicos y la reposición de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que decreció de una manera alarmante durante la etapa de gobierno del Partido Popular? Treinta mil
policías y guardias civiles o, por ejemplo, 1.700 personas en Justicia. Por lo tanto, en todas las administraciones públicas, incluidas las universidades, un 14,13 por ciento; la Administración General del Estado, un 9,48 por ciento; las
comunidades autónomas, un 16,11 por ciento; las entidades locales, un 15,05 por ciento; las universidades, un 10,07 por ciento. Creo que usted no pretenderá que nosotros reduzcamos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal de
Justicia o los 5.000 funcionarios que hoy en día están trabajando en la Administración pública.



Señor Barrachina, a mí no me corresponde defender aquí la decisión que toma la Junta de Andalucía, pero creo que es necesario evitar la demagogia, la manipulación


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y, sobre todo, la ofensa que se hace a 25.000 trabajadores públicos al decir que se quieren enchufar en las administraciones públicas. No, señor Merino, es una ofensa, no es justo que se diga eso de 25.000 trabajadores públicos. No se van
a hacer funcionarios ni los funcionarios van a perder su capacidad de funcionarios. Después se podrá criticar lo que sea y con toda la dureza que sea, señor Merino, señor Barrachina, pero lo que no es justo es decir que se va a enchufar a 25.000
trabajadores públicos que van a seguir siendo trabajadores públicos y no funcionarios, porque yo creo que no es justo hacerlo con ese número de trabajadores.



En cuanto a los altos cargos, señor Barrachina, le querría decir algo porque no quiero dejarlo pasar, y es que en todo el año 2010 va descendiendo el número de funcionarios, lentamente, pero va descendiendo.
Y en lo que se refiere a la
oferta pública -usted lo sabe-, estamos incorporando la oferta pública de los últimos años, pero le voy a decir que, mientras que en el año 2008 la oferta pública fue de 35.895, en el año 2009 fue de 17.465 y en el año 2010 ha sido de 5.133 plazas.
Le comunico esto porque creo que desmiente lo que usted acaba de decir de que seguimos aumentando el número de funcionarios. Lo mismo ocurre cuando ustedes hablan para poder reprochar despilfarro en la administración y decir que la reducción de
altos cargos subliminalmente es la solución definitiva para el déficit en nuestro país. Pues le quiero decir que en el año 2003 había 358 altos cargos y que en noviembre del año 2010 había 367 altos cargos. Es decir, creo que son diez o nueve
altos cargos más.
Asimismo quiero indicarle que el 75 por ciento de los altos cargos que hay en la Administración pública española son funcionarios. Como he dicho al principio de mi intervención, se han suprimido 42 altos cargos y 26
subdirecciones generales, es decir, que tenemos una situación similar a la del año 2004. Por supuesto, estamos cumpliendo nuestros compromisos de reducir un 10 por ciento los altos cargos de la administración. Ustedes hablan de reducción de los
altos cargos, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, porque todavía no he visto que en ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular ustedes hayan llevado a cabo una reducción de altos cargos, y tengo aquí los datos
comparativos entre la Administración General del Estado y distintas comunidades autónomas. Como usted sabe también, estamos llevando a cabo una reordenación del sector público empresarial con la supresión de cargos directivos, de puestos de
consejeros, la extinción de sociedades mercantiles y la fusión de sociedad públicas, es decir, que estamos en un proceso de adelgazamiento del sector público empresarial, de la Administración pública, precisamente para hacerla mucho más eficaz y que
preste mejores servicios al conjunto de los ciudadanos.



Sabe usted que la estructura del Gobierno -se ha referido a ello el señor Merino, y creo que usted también, señor Barrachina- es muy similar, y yo lo he dicho en mi intervención inicial a la de los gobiernos europeos y a la de los gobiernos
autonómicos. Tras la remodelación se ha reducido el número de ministerios pasando de diecisiete a quince y, como consecuencia de esa reducción, se han reasignado las competencias. Por eso las competencias relativas a la Administración pública y a
la Función pública se han integrado o se han ubicado en el Ministerio de Política Territorial. Afortunadamente, hoy ustedes no han criticado la existencia de tres vicepresidencias. Y no lo han hecho porque no podrían avalar ni ampararse en ninguna
de las cosas que ustedes hacen en otras comunidades autónomas, pero tengo bastantes ejemplos de la existencia del número de vicepresidencias en diputaciones provinciales o en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.



Para terminar, señor Barrachina, creo que se ha liado usted bastante con el tema de la integración de los nuevos funcionarios en el régimen general de la Seguridad Social a efectos de las pensiones. La opción de un funcionario público entre
el régimen general de la Seguridad Social y el mutualismo administrativo es absolutamente libre, totalmente libre.
Hasta ahora ha sido así, y va a seguir siéndolo. Por ejemplo, yo soy funcionario docente y puedo optar entre la protección que me
presta el mutualismo administrativo o la Seguridad Social, e igual que cientos de miles de funcionarios yo he optado por la Seguridad Social. Por lo tanto, a partir de ahora en lo que se refiere a las pensiones, los funcionarios nuevos estarán
dentro del sistema público de la Seguridad Social. En cuanto a otro tipo de prestación, de protección o la asistencia sanitaria, podrán optar libremente. Pero usted quiere meter al presidente del Gobierno, me quiere meter a mí como vicepresidente
del Gobierno y quiere meter a los ministros. Señor Barrachina, los presidentes o los vicepresidentes, cuando reciben las pensiones que les corresponden en función de su cargo no son funcionarios y no tienen carrera de cotización. En consecuencia,
no pueden estar en el régimen general de la Seguridad Social. Esto se lo puede preguntar a algún colega suyo que haya sido ministro y que cobre la pensión. La cobra porque figura en los Presupuestos Generales del Estado. No la cobra ni del
mutualismo ni del sistema público de la Seguridad Social. No se líe usted. El presidente, los vicepresidentes y los ministros cobran su pensión, la que les corresponde por los dos años con naturaleza de indemnización, fundamentalmente a través de
los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, cuando me jubile cobraré mi pensión, la que me corresponda, por el sistema público de Seguridad Social, porque me corresponde. Usted habla del salario. Pues mire, el salario de los funcionarios
será ahora y después el que corresponda a su puesto de trabajo, el que desempeñen como funcionarios. Por tanto, no va a haber ninguna diferencia salarial más allá de la que resulte de la deducción de la cotización que le corresponda. (El señor
Barrachina Ros: Eso es.) No va a variar absolutamente nada. Vuelvo a decírselo, señor Barrachina. Hay una opción absolutamente libre por parte de los funcionarios para optar por un sistema o por otro. Hay cientos de miles que han optado por el
mutualismo administrativo, que esperemos que continúe vigente, modernizándolo,


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y hay cientos de miles de funcionarios que han optado por la Seguridad Social.



Respecto a otras intervenciones de los portavoces, aunque de alguna manera también las he respondido, creo que lo importante, señor Salvador, en el Estado autonómico es que debemos avanzar en relación con la coordinación y la cooperación.
Eso está en el título VIII de la Constitución, en el que figuran las competencias. El diseño del Estado autonómico está en la Constitución. La delimitación de competencias está en la Constitución, las que le corresponden con exclusividad al
Estado, las que les corresponden a las comunidades autónomas y aquellas que son competencias compartidas. Eso ha funcionado, y en eso creo que coincidimos. No quiero que esta contestación la entienda como algo que manifieste desacuerdo con lo que
usted ha manifestado. Nosotros convocamos regularmente a las comunidades autónomas a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a través de la Conferencia de Presidentes o a través de las conferencias sectoriales y llegamos a acuerdos
importantes. Me va a permitir que no los reitere porque los he reflejado en mi intervención inicial y también en esta. Creo fundamentalmente, y en eso coincido con usted, en que es importante iniciar un camino para evitar duplicidades o
solapamientos, por eso la referencia a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, pero no queremos hacerlo, señor Salvador, como algo unilateral por parte del Gobierno central. Queremos hacerlo, si es posible, con un consenso
libremente aceptado por las comunidades autónomas, porque así le evitaríamos algunas cargas al conjunto de los ciudadanos.



Usted se ha referido al copago. Ahora mismo no hay consenso ni coincidencia. No es que no se haya debatido. Se ha debatido en el consejo sectorial del Sistema Nacional de Salud, se ha debatido también en el grupo de trabajo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, pero no hay ningún consenso al respecto. Yo no estoy de acuerdo con el copago.
Tenemos un sistema universal de salud gratuito, el más gratuito del mundo, y ese es un logro de la democracia española, sin perjuicio de
que podamos elevar todas las medidas de racionalización del gasto que sean necesarias. Una de ellas es la que acordó, en relación con el gasto farmacéutico, el consejo sectorial del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, usted ha hablado
también de reformas. Hay una cosa importante.
Usted ha dicho: ¿Quién controla a quién? Hablando de coordinación y de cooperación, señor Salvador, no creo que el tema sea quién controla a quién, entre otras cosas porque -usted lo sabe
perfectamente- no hay una relación jerárquica entre las distintas administraciones públicas de España. Vuelvo a reiterar que tenemos que utilizar los mecanismos de cooperación, de colaboración y de coordinación a los que hace referencia la
Constitución Española.



El señor Canet ha hablado de la financiación local, y creo que he manifestado cuál es mi posición, la posición del Gobierno en relación con la financiación local. Hay un amplio margen para la mayoría de los municipios españoles en relación
con la posibilidad de endeudamiento, respetando el objetivo de déficit que hemos acordado entre todos, el correspondiente a todas las administraciones y el correspondiente a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.



El señor Olabarría no está aquí, pero no quiero dejar de contestarle para que se refleje en el 'Diario de Sesiones'. Las bondades del pacto presupuestario entre el Grupo Socialista y el Grupo del Partido Nacionalista Vasco no voy a
reiterarlas otra vez. Las he manifestado en muchas ocasiones. Lo que sí es absolutamente criticable es que se critique un pacto presupuestario para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, un instrumento absolutamente necesario en los
momentos de crisis económica que estamos viviendo que elimina incertidumbre, que da confianza. ¿Qué es lo que hubiera pasado si en este país no hubiéramos dispuesto de unos Presupuestos Generales del Estado ante la crisis económica? En otras
etapas en las que no se ha tenido mayoría absoluta el Partido Popular ha acudido a pactos presupuestarios, incluso cediendo competencias exclusivas con los partidos nacionalistas, lo cual hay que entenderlo como normal en una democracia cuando no se
tiene mayoría absoluta para gobernar. En ese sentido, coincido con lo que acaba de señalar el señor Olabarría. Hay un compromiso de desarrollo del Estatuto de Gernika, es el compromiso del Gobierno, igual que con el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, con el Estatuto de Autonomía de Andalucía o con cualquier otro estatuto, porque todos forman parte del bloque de constitucionalidad, con las diferencias que representan para el País Vasco y para Navarra el concierto y la aplicación del
cupo.



En relación con el calendario legislativo al que han hecho referencia casi todos los portavoces, tengo que decir que la gestión de un ministerio no se agota exclusivamente en la presentación de proyectos de ley. Muchas veces incluso se le
reprocha o se critica a un gobierno porque hay un exceso de legislación. Ahora bien, vuelvo a reiterarle algo que dije antes al señor Merino. Tenemos dos compromisos de presentar el proyecto de ley del uso de las lenguas cooficiales ante los
organismos del Estado y el del Gobierno local, y creo que es compatible con el hecho de que no haya un nuevo sistema de financiación local. Podemos avanzar en esa dirección y creo que la posición de la Federación Española de Municipios y Provincias
también va en esa dirección, aceptar que de una manera consensuada con los grupos políticos y con la FEMP podamos avanzar en una ley del Gobierno local. En ese sentido estamos trabajando.



Es lo que quería decirles como contestación a las intervenciones de todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Es posible que haya quedado algo a lo que no he podido contestar. Pido disculpas por adelantado. En todo caso, he
querido contestar a todos ustedes y no sé si les habrá podido agradar o podrá coincidir con los planteamientos que ustedes me han hecho. (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: El señor Jané ha tenido que estar en la Mesa del Congreso. Si a ustedes les parece bien, le podemos dar un turno de intervención para que su grupo pueda estar presente con eficacia en esta sesión.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): ¿Me permite, presidente? Es que, como siempre, de los nuestros nos olvidamos. Quisiera dar las gracias a la
portavoz del Grupo Socialista por su apoyo. Perdón por la interrupción, pero no quería ser descortés.



El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema.



Señor Jané, tiene la palabra por un tiempo máximo de quince minutos.



El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de intervenir en este segundo turno. He escuchado la primera intervención del vicepresidente, también el turno de respuesta, pero cuando les tocaba intervenir a los
grupos este diputado estaba en Mesas conjuntas del Congreso de los Diputados y del Senado y, por tanto, no he podido asistir al primer turno de intervención de los portavoces, y agradezco esta deferencia.



Señor vicepresidente, en primer lugar, quiero agradecer que haya comparecido hoy en esta Comisión del Congreso de los Diputados, agradecerle que haya comparecido con lo que era anteriormente el sombrero con el venía el ministro de su ramo,
que era un sombrero que incluía el conjunto de la política de administraciones públicas, incluyendo también las políticas de Función pública. Era el anterior MAP, que tenía una razón de ser en su concepción. Nuestro grupo no entendió muy bien que
el Gobierno decidiera que parte de las competencias de ese anterior MAP pasaran a Presidencia y, por tanto, se desgajaran. Ahora han vuelto otra vez a lo que era la anterior estructura ministerial. Creo, señor vicepresidente, que se han perdido
unos meses y que a aquellos que en su día no entendíamos el cambio el tiempo nos ha dado la razón. Prueba de ello es que el ministerio -llámese de Política Territorial, llámese de Administraciones Públicas- vuelve a tener esas competencias en
materia de Función pública, que quizá nunca deberían haber desaparecido del mismo.
Nosotros entendemos la estructura final que se ha dado al ministerio y nos sentimos cómodos porque en esta Comisión, señor vicepresidente, volvemos a tener los temas
de Función pública, y no como ocurría hasta ahora que iban a la de Constitucional, lo que no dejaba de ser un tema que no quedaba bien resuelto en la estructura de esta casa. Por tanto, bienvenida sea esta rectificación. Algunos ya lo habíamos
advertido; ojalá nos hubieran hecho caso a tiempo, y no se hubieran desgajado esas competencias.



Señor vicepresidente, algunos temas le queríamos plantear desde Convergència i Unió. Usted anuncia en el calendario, aprobado por el propio Consejo de Ministros, un anteproyecto de ley de gobierno local. Se sitúa ya para el próximo periodo
de sesiones. No nos engañemos, en el próximo periodo de sesiones tendremos elecciones locales el 22 de mayo.
Por tanto, ese intento de querer presentar un proyecto de ley de gobierno local en el mes de marzo llega tarde, señor vicepresidente,
porque será una operación escaparate de cara a las municipales, pero nos tememos que no va a resolver los problemas que los entes locales van a tener a partir del 22 de mayo. Si me lo permite, hemos alterado los tiempos previstos.
Teníamos un
calendario previsto en el que incluso la ley de financiación local debía aprobarse antes de las elecciones municipales y en este año 2010 ya tenía que estar en el BOE la ley de gobierno local. No ha sido así y, por tanto, nosotros estamos a la
espera. Y estamos también a la espera, señor vicepresidente, de que nos remita a los grupos parlamentarios el anteproyecto. Se nos prometió. Si leemos el 'Diario de Sesiones' se nos dijo: Se hará llegar el anteproyecto... Nuestro grupo como tal
no lo ha recibido. Sí que recibimos unos principios rectores, pero no era el texto del anteproyecto. Como se va a presentar en marzo, creo que sería oportuno y útil tener un diálogo con las distintas formaciones políticas, con los distintos grupos
parlamentarios. Sabe que desde Convergència i Unió queremos ser vigilantes en lo que es la atribución estatutaria de competencias a las comunidades autónomas en este ámbito. Por tanto, el nuevo proyecto de ley del gobierno local tiene que ser
respetuoso con el ámbito competencial y con la distribución de competencias.



Ha hablado de la Administración periférica del Estado. También ahora su ministerio vuelve a tener competencias en ese ámbito, que también se había desgajado y que ha vuelto otra vez al Ministerio de Política Territorial, y en este ámbito
desde Convergència i Unió le reclamamos una vez más el principio de administración única. Ahora que estamos en tiempos de adelgazamiento, sabe usted que Convergència i Unió, que aspira a poder gobernar a partir de la próxima semana en Cataluña, en
el ámbito de la Administración pública viene proclamando las tres aes: adelgazamiento, agilidad y austeridad. Esto es lo que nos piden los ciudadanos de una Administración pública en el siglo xxi. Por tanto, debemos evitar duplicidades -y lo ha
dicho usted en su primera intervención-. Qué mejor que cumplir el principio de administración única, que sabe que está además en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su disposición adicional sexta. El modelo es que aquello que pueda
servir la propia estructura autonómica a la ciudadanía, desde el principio de administración única, no hace falta duplicar organismos, entes y de alguna manera ir sobrecargando la estructura. La ciudadanía nos pide mayor agilidad, mayor
adelgazamiento y mayor austeridad. Y en esa línea va también el principio de Administración única que harían bien en cumplir.



Haré una reflexión desde el ámbito de política territorial, al que usted también ha hecho referencia. Hoy


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esta Comisión de Política Territorial se reúne en una sala de la casa, del Congreso de los Diputados, la Sala Constitucional. Nos presiden los siete ponentes de la Constitución. Y justo detrás del presidente, Mariano Fernández Bermejo,
justo detrás, tenemos uno de los siete ponentes, a Miquel Roca. Quiero significar esto precisamente porque Miquel Roca, representante de Convergència i Unió en esa ponencia dio su aval a la Constitución. Participó Convergència i Unió en el pacto
constitucional.
Nosotros hicimos posible también la Constitución y debemos hoy lamentar -y esto tiene forzosamente, nos guste o no, consecuencias- que tras la sentencia del Tribunal Constitucional se haya roto ese pacto constitucional. Entendemos
que la Constitución ha salido perdiendo, porque tiene formaciones políticas que antes se entendían englobadas en ese pacto constitucional, que ahora nos sentimos menos representadas en el mismo. Esto no es positivo. Una cosa es acatar la sentencia
del Tribunal Constitucional, que se ha producido, y otra es criticarla claramente y con vehemencia. No estamos en absoluto de acuerdo con esa sentencia del Tribunal Constitucional, entendemos que tiene efectos muy negativos para la evolución de ese
pacto constitucional y todos deberemos poner de nuestra parte para rehacer puentes, porque la sentencia los ha roto.



Esto para nada es positivo y en el ámbito del autogobierno de Cataluña nos queda, señor vicepresidente, muchísimo camino por recorrer, muchísimo. Y en ese nuevo camino que deberemos recorrer su Gobierno va a tener que poner voluntad
política, porque la sentencia del Tribunal Constitucional abre también posibilidades de desarrollo legislativo para a través de ello cumplir lo que era el pacto estatutario que de alguna manera se ha roto tras la sentencia. Todos deberemos poner la
mejor de las voluntades, pero su Gobierno la mejor de las voluntades políticas, para desarrollar el Estatuto de Autonomía aprobado en el año 2006. Nosotros desde Convergència i Unió nos sentimos claramente legitimados para pedirlo, así lo hemos
hecho ante la ciudadanía de Cataluña hace pocas semanas y entendemos que hemos tenido un respaldo amplio de esa ciudadanía para reclamar hoy aquí que se cumpla ese pacto estatutario y demos el desarrollo que el autogobierno de Cataluña merece, un
desarrollo distinto al que ha tenido hasta este momento. Usted ha aducido algunos traspasos, incluso los ha contabilizado, veintidós acuerdos; veintidós acuerdos pero, señor vicepresidente, hay temas nucleares que están todavía por iniciarse y
entre ellos -repito- uno muy claro, el principio de administración única. Por tanto, vamos a estar en ese ánimo de querer desarrollar el estatuto en su máxima potencialidad y entendemos que, a pesar de la sentencia -sentencia que es, como el propio
candidato Artur Mas dijo ayer en el Parlamento de Cataluña, una sentencia contra el estatuto, nosotros nos la tomamos así y así se lo queremos trasladar también en esta Comisión de Política Territorial-, esa sentencia contra el Estatuto abre también
vías posibles de desarrollo que debemos explorar desde la máxima generosidad desde el Gobierno del Estado. Junto a esa generosidad también le reclamamos, señor vicepresidente, la máxima voluntad política desde su Gobierno y concretamente desde su
Vicepresidencia Tercera y desde su Ministerio de Política Territorial.



Hacía usted referencia, señor vicepresidente, en esta última intervención, como si fuera una crítica en este caso al Partido Popular, a que en tiempos en que no había mayoría absoluta incluso -dice- se cedieron competencias exclusivas del
Estado. Mire, la Constitución, que nosotros habíamos pactado, tiene un artículo, el 150.2, que es plenamente constitucional porque en la Constitución está, y ese artículo abre la posibilidad de que en el ámbito de competencia del Estado se pueda, a
través de leyes orgánicas, transferir o delegar a las comunidades autónomas competencias que sean del Estado. Eso es legítimo hacerlo, está en la Constitución y no debe ser en ningún caso motivo de crítica. Esto nos puede ayudar a solucionar
problemas concretos que se planteen. Por tanto, exploremos también esa vía, porque de la exploración de las posibilidades que la Constitución aún nos da entendemos que a través de la voluntad política somos capaces de avanzar. Esta es la voluntad
que le manifiesta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Como creo que esta será la última sesión de esta Comisión en este año 2010 y estamos ya a las puertas de las fiestas navideñas, agradeciendo a todos los miembros de esta Comisión que nos hayan dejado intervenir, queremos desearles unas
felices fiestas y la máxima prosperidad en el año 2011 y en el futuro.



El señor PRESIDENTE: El señor vicepresidente tiene la palabra para contestar al señor Jané.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señor Jané, le agradezco su intervención y sus aportaciones, y también lógicamente sus críticas. En primer lugar,
ha hecho usted referencia a un tiempo perdido en relación con la asignación de las competencias de Función pública y de Administración pública al Ministerio de Política Territorial. He tratado de explicarlo en mi intervención inicial, también en la
réplica a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Ha habido una reducción de ministerios. Hemos pasado de diecisiete a quince ministerios, y lógicamente cuando se produce una reducción de los ministerios se genera también una reasignación
de competencias. A usted le parece bien -creo que el señor Merino también dijo que le parecía bien-, y yo me alegro de que coincidamos en que en estos momentos las competencias sobre Función pública estén en el ministerio, pero eso no quiere decir
que la gestión de las competencias relacionadas con la Función pública o con la Administración pública no hayan estado bien gestionadas por la vicepresidenta primera, la señora Fernández de la Vega. Creo que ha hecho una gran gestión, y la prueba
está en que la que fue secretaria de Estado de


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Función Pública con la vicepresidenta primera sigue conmigo, reconociéndole por tanto que ha hecho una magnífica gestión en relación con este tema.



En cuanto al segundo tema, ley de gobiernos locales, señor Jané, yo asumo la responsabilidad del retraso en la presentación del proyecto de ley, y es cierto que el compromiso que nosotros tenemos en estos momentos respecto al proyecto de ley
de gobiernos locales es aprobarlo en marzo y remitirlo en esas fechas al Congreso de los Diputados. Es verdad, salvo que queramos establecer un trámite de urgencia, que creo -quizás adelante situaciones- que no va a obtener el acuerdo y el consenso
necesario, que es posible que no esté antes de las elecciones municipales de mayo del próximo año. Pero creo que si alcanzamos el consenso necesario sí podemos hacer que la ley esté en vigor y que pueda ser aplicada a lo largo de la próxima
legislatura, del próximo mandato municipal. Ese es el objetivo que nos deberíamos marcar todos los grupos políticos que estamos presentes en esta Cámara. Me alegra, señor Jané, que usted no vincule ley de gobiernos locales con ley de financiación
local. Creo que podemos llevar adelante la ley de gobiernos locales sin necesidad de que tengamos simultánea o previamente una ley de financiación local.



En relación con el tema que usted acaba de apuntar sobre la Administración ordinaria, le tengo que decir que la colaboración y la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Generalitat han funcionado durante el Gobierno que va a terminar
su mandato y por supuesto le reitero, señor Jané, la predisposición, el compromiso y la responsabilidad del Gobierno de seguir colaborando con el nuevo Gobierno que se constituya en Cataluña a partir de ahora. La misma. Nuestro compromiso sigue
siendo el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Reconozco, señor Jané, que la sentencia del Tribunal Constitucional, que, no lo olvidemos, es el tribunal constitucional de todo el Estado, de toda España, ha causado un impacto social y cívico
importante en la ciudadanía catalana. Lo reconozco. Y eso precisamente llama al esfuerzo que tenemos que hacer todos los partidos políticos, desde el nuevo Gobierno de la Generalitat así como desde el Gobierno del Estado, para desarrollar el
Estado de las autonomías, utilizando todos los instrumentos que establece la Constitución española para que se pueda recuperar la confianza en el Estatuto de Autonomía. Usted ha dicho que hay posibilidades de desarrollo legislativo que están
integradas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y yo estoy totalmente de acuerdo. En esa vía creo que podemos trabajar, como he dicho antes, para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estatuto de Autonomía, para eliminar o evitar el
impacto negativo que causó la sentencia del Tribunal Constitucional. En definitiva, el compromiso del Gobierno de España es seguir trabajando por potenciar, por fortalecer el autogobierno de Cataluña y por dotarlo de las competencias que vienen
establecidas en su propio Estatuto. Por tanto, estableceremos una colaboración máxima con el nuevo Gobierno de Cataluña. También quiero decirle que la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña habla de Administración
ordinaria. Vamos ser rigurosos, señor Jané, no habla de Administración única. Entiendo que Administración ordinaria es Administración principal, pero no es Administración única.
Lógicamente, usted entenderá que lo es, en función de la disposición
adicional sexta o en la medida de las competencias que le sean transferidas mediante los instrumentos que corresponda para que pueda ejecutar las funciones como Administración ordinaria. Pero vuelvo a decirle que no es Administración única. Por
tanto, el Estado querrá, y va a tener, las competencias que le corresponden en Cataluña como en el resto del territorio español. En este sentido, tenemos que caminar en función de lo que dice la disposición adicional sexta y que es Administración
ordinaria. Usted sabe, y lo he mencionado antes, que en el contexto de la colaboración que hemos tenido antes con el Gobierno de la Generalitat -y también creo que Convergència i Unió lo ha planteado su momento- tenemos previsto en nuestro
calendario legislativo la ley de uso de las lenguas cooficiales ante los organismos e instituciones del Estado. Es un compromiso para esta legislatura; de la misma manera que tenemos también el compromiso de reforma de determinadas leyes
orgánicas, entre ellas una que les interesa, que afecta al desarrollo del Estatuto de Autonomía y que está en relación con la Administración de Justicia y determinados órganos de Justicia en cuanto a la descentralización o en función de lo que
establecen los estatutos de nueva generación, no solamente el catalán sino también el Estatuto de Andalucía y otros que recogen algunas competencias en relación con la Administración de Justicia.



Creo que he contestado prácticamente a todas las cuestiones que usted acaba de señalar. Vuelvo a reiterarle, señor Jané -y lo haré lógicamente en el momento en que se constituya el Gobierno de la Generalitat-, nuestra máxima disposición a
colaborar con el Gobierno en el desarrollo del Estatuto de Autonomía y en el fortalecimiento del autogobierno catalán.



El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir un turno de intervención por un tiempo máximo de ocho minutos. Les ruego que se atengan a ese tiempo en bien de todos. Por el Partido Popular tienen la palabra el señor Barrachina y el señor Merino en el
orden en que ellos decidan.



El señor MERINO LÓPEZ: Telegráficamente, por la escasez de tiempo que tenemos, contestando al señor Olabarría, he de decir que no he hecho referencia a la petición de comparecencia respecto al pacto con el Partido Nacionalista Vasco
precisamente porque quería escuchar a las dos partes del pacto, al vicepresidente y al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, como así ha sido. Lo que sí le digo y reitero aquí en nombre del Grupo Popular es, señor vicepresidente, que nosotros
confiamos, esperamos y deseamos que la caja única de


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la Seguridad Social se siga manteniendo; que no entendemos cómo un pacto de transferencia de competencias no se hace con el Gobierno autonómico, en este caso del lehendakari señor López, y se hace con un grupo de la oposición. No tiene
lógica ninguna, es un caso inaudito, porque siempre que ha habido pacto ha sido pacto de gobierno entre gobiernos para transferencia de competencias. Ustedes sabrán qué han negociado. Espero que todo lo que hayan negociado haya sido con luz y
taquígrafos y a la luz pública y no haya pactos escondidos, pero desde luego la delicada situación en la que ustedes han dejado al lehendakari López dice mucho de la forma de actuar del presidente del Gobierno.



Por contestarle brevemente, señor Chaves, usted siempre repite: su discurso es un calco de los anteriores. Es que los problemas siguen siendo los mismos, señor Chaves, no ha resuelto ni uno solo de los problemas. Por lo tanto, por pura
coherencia, hay que mantener el discurso, porque se lo estamos diciendo, y es que usted no ha resuelto ni uno solo de los problemas que tienen en el ámbito local y en el ámbito de las comunidades autónomas. Ustedes siguen con la cantinela de que no
presentamos propuestas económicas, que estamos viéndolas venir. Pues, señor Chaves, lo tiene usted muy fácil como miembro del Gobierno: no vete las propuestas económicas que presenta el Grupo Popular en esta Cámara, que no vete las propuestas
económicas del Grupo Popular el Gobierno de España, porque es un caso inaudito que nunca había sido utilizado y que ustedes están ejerciendo diariamente contra las propuestas económicas del Partido Popular. Otra cosa más: aquellas que aprueba esta
Cámara que sean propuestas económicas del Partido Popular, aplíquenlas. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo: que no se pague el IVA de la factura hasta que no estén cobradas las facturas, porque así ayudarían a muchas pymes y a muchos
autónomos. Esa es una propuesta del Partido Popular aprobada en esta Cámara, desde luego no con su voto, y que ustedes como Gobierno no están aplicando.



Usted no se ha enterado de lo que yo he dicho, señor Chaves. La alarma no he dicho que sea el estudio, la alarma es que usted solicite ahora que se haga el estudio de las competencias duplicadas, esa es la alarma. Que un vicepresidente
diga ahora que se pongan a estudiar las duplicidades evidentemente crea alarma, en vez de estar atajando las duplicidades. Ahí es donde se genera la alarma, en ponerse a estudiar en vez de estar aplicando reformas y soluciones. Yo no sé, señor
Chaves, qué miedo tiene usted a hablar de financiación local con los grupos parlamentarios, sinceramente se lo digo. Da igual que sea crisis que bonanza económica, qué miedo tiene usted a sentarse con los grupos parlamentarios a ver qué punto de
conexión y de encuentro tenemos en cuanto a la nueva financiación local. Es que no me lo explico. No quiero pensar que vayan a entrarles a ustedes las prisas a partir del 23 de mayo, después de los resultados electorales que se van a producir en
toda España, para hablar de financiación local, eso prefiero no pensarlo. Me gustaría que hoy me explicara qué miedo le tiene usted a sentarse ahora con los grupos parlamentarios a hablar de nueva financiación local y a escuchar las propuestas que
podamos tener unos y otros, porque no tiene ningún sentido, haya crisis o no haya crisis. Siempre se puede hablar y se pueden ver los puntos de encuentro.



Habla usted de la línea ICO. Señor Chaves, usted sabe que esa línea llevaba trampa para los ayuntamientos porque les obligaba a devolver la cantidad en el mismo ejercicio, y eso imposibilitó que los ayuntamientos pudieran utilizar esa línea
ICO para pagar a proveedores. Usted lo sabe, lo negará con la cabeza pero sabe que eso es verdad y que imposibilitó que los ayuntamientos pidieran y aplicaran la línea ICO. Por lo tanto, señor Chaves, aquí quien más deuda ha generado de todos ha
sido el Gobierno de España, el Gobierno del señor Zapatero, que ha disparado la deuda en este país, que bien cara la estamos pagando todos. Ustedes siempre hablan del Ayuntamiento de Madrid, de Valencia; oiga, señor Chaves, que lo conoce muy bien,
algún día nombre el Ayuntamiento de Jerez, algún día, uno de estos que a usted se le ocurra nombre por lo menos el Ayuntamiento de Jerez. Creo que las afirmaciones que hace el Grupo Popular respecto a la situación de los ayuntamientos proceden de
un concejal que es además portavoz de un grupo parlamentario aquí. No hace falta que añada más, él ha ratificado todas y cada una de las palabras y la gravísima situación que atraviesan los ayuntamientos. Y usted no ha dado ni una sola solución,
por mucho que hable de fondos locales y de fondos de empleo y todo lo que usted quiera. Señor Chaves, quiero decirle que nosotros le esperamos para hablar de financiación local, le invitamos a hablar de financiación local, con crisis y sin crisis,
porque lo que no puede esperar más es la situación crítica y de auténtica crisis de suspensiones de pago y de quiebra que tienen muchos de los ayuntamientos de este país. Estamos abiertos a la negociación de financiación local y a hacerle las
propuestas, que estoy convencido que usted querrá escuchar y que serán interesantes. Le cedo la palabra al señor Barrachina.



El señor BARRACHINA ROS: Señor presidente, voy a intervenir con toda rapidez. En la intervención del señor vicepresidente ha habido bastante de desahogo y muy poco de respuesta a estos portavoces de la oposición.
Por tanto, me gustaría
reiterarle alguna de las preguntas que he hecho.
Primera. Le he preguntado al señor vicepresidente si va a haber una nueva reducción en el salario neto de los empleados públicos españoles. Me ha dicho que no, que van a seguir cobrando el mismo
salario. Evidentemente, el mismo salario, pero si, como esta norma contempla, va a haber una armonización en su contribución a la Seguridad Social, dado que ahora pagan el 1,69 y tendrán que pagar, como el resto de los empleados del régimen
general, el 4,7, naturalmente habrá una pérdida de salario neto de un 3 por ciento. Me gustaría que usted me desmintiese esto porque se lo he preguntado, usted se ha desahogado con nosotros, ha


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hablado de Cameron, de Grecia, etcétera, y no me ha respondido a esto que es muy importante. Yo sí creo que va a haber una reducción adicional en el salario neto de los empleados públicos con el transcurso de ese periodo transitorio que
usted aduce. Los datos que le pasan son incorrectos. Cojo los datos del Ministerio de Economía y veo lo que ustedes han subido cada año el salario a los empleados públicos y lo que ha crecido el IPC, hago la resta y me sale que hasta 2009 con
ustedes los empleados públicos ya habían perdido poder adquisitivo y no habían ganado un 5 por ciento. Si a eso le suma la reducción del 5 por ciento y que van a contabilizar el nuevo año, el 2011, con el mes de diciembre, en el cual ha habido un
recorte suplementario en la paga extra, creo que usted no está en la mejor de las condiciones, señor don Manuel Chaves, para hablar de los empleados públicos y de la consideración. España es, de los veintisiete, uno de los tres países que peor se
han comportado con sus empleados públicos en la crisis. Usted nos ha preguntado qué haría el Partido Popular. Pues, mire, señor vicepresidente tercero del Gobierno, nosotros lo que no haríamos es cometer grandes errores. (Rumores.) Solamente los
tres últimos suyos cuestan 19.000 millones de euros, solamente las tres últimas meteduras de pata: dos planes E y la paguita de los 400 euros para Botín y otros muchos necesitados españoles. Solo eso suma 19.000 millones de euros. Si no hubiese
derrochado 19.000 millones de euros, ahora no tendría usted que pedirles 6.000 a los empleados públicos o 4.000 a los jubilados españoles. Ha tenido usted que derogar una ley del presidente Aznar de 1997 para poder congelar las pensiones a los
jubilados y pensionistas españoles. Por tanto, le pediría un toquecito de humildad, que se imbuya usted del espíritu navideño que viene y que no le afecte el eclipse lunar que hoy vivimos. Veo que en sus respuestas ese eclipse le ha invadido y no
ha querido usted contestar a lo que este portavoz le ha preguntado. Nosotros no hubiésemos hecho tonterías públicas de 19.000 millones de euros para ahora tener que pedirles a los funcionarios que paguen la cuenta de su derroche.



Segundo. Ha dicho usted que los nuevos, efectivamente, van a poder seguir optando a la sanidad privada -me parece muy bien- a Muface, como hacían hasta ahora. Me parece perfecto, lo que le he preguntado es si eso va a tener un coste
adicional. Supongo que usted me va a decir que no porque ahora ellos van a costear con su cotización a la Seguridad Social en el régimen general las prestaciones, no las sanitarias porque ya hay separación de fuentes sino las prestaciones que les
correspondan, para estar en Muface o en las otras dos mutualidades, que incluyen no solo prestación sanitaria sino un conjunto de prestaciones sociales a las que supongo que podrán acceder con plena libertad. Usted me ha dicho que sí y yo se lo
reitero porque tengo sobradas dudas para preguntárselo. Respecto a lo del privilegio, que pregunta la señora Hermosín que de dónde lo he sacado yo, le diré que no me lo he sacado yo, ha sido su Consejo de Ministros; lo convalidaron ustedes sin
nuestro apoyo la semana pasada. El régimen de clases pasivas contiene once colectivos, el de funcionarios de carrera en activo, el personal militar de carrera, etcétera, y hay uno de los once que dice: ex presidentes, ex vicepresidentes y ex
ministros a partir del 1 de enero. Esa categoría de las once solo excluye una, la suya, y yo le he preguntado por qué. Usted ha empezado a irse por los cerros de Úbeda y yo le he preguntado por qué la excluyen, porque si no hubiesen hecho esa
exclusión... (Rumores.) Entiendo que esto de los privilegios cause revuelo entre los diputados del PSOE.



El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, por favor, vaya usted acabando.



El señor BARRACHINA ROS: Voy a ser conciso, pero entienda usted que el señor vicepresidente ha hecho como unas treinta y una o treinta y dos referencias a los portavoces de la oposición.



El señor PRESIDENTE: Sí, y por eso les he dado mucho más tiempo del habitual, pero, por favor, utilícelo.



El señor BARRACHINA ROS: La señora Hermosín, entrenándose ya para la oposición que le espera, se ha dirigido a nosotros en lugar de al compareciente, que todavía es el vicepresidente tercero del Gobierno, y por tanto debo responder porque
si no va a parecer que encima yo quiera eludir la respuesta; no, yo eludiré las respuestas que no me dé tiempo a contestarles.



Digo que ustedes han incluido esa excepción en el artículo 1 en su primer punto -me sorprende que alguien no haya llegado al artículo 1 en su punto primero en lo que hace referencia a esta modificación- y yo le he preguntado por qué. Me
gustaría saberlo, no me diga que hable con amigos míos que sepan más; no, se lo pregunto a usted, que es supuestamente quien ha aprobado esto. Si no hubiesen incluido la excepción, los ex presidentes, los ex vicepresidentes, los ex ministros y el
resto de personas cubiertas por este artículo estarían a partir del 1 de enero en el régimen general como el resto de los empleados públicos españoles. Ha hecho usted referencia a Eurostat, y le diré que Eurostat toma como número de funcionarios,
de empleados públicos españoles, el de 3.175.000, no el de 2.600.000 que usted da. Por eso le digo que cuando le pasen notas de Eurostat vea usted la pantalla al completo. Ha hecho una división -entiendo que nos quiera engañar a nosotros, pero me
preocupa que mi vicepresidente tercero de España esté también engañado- y ha dicho que nos comparamos con los países europeos y que tenemos un 6 por ciento de empleados públicos en relación con la población activa. Pero es que en España hay 4,6
millones de desempleados que están en la población activa, divídalo por la población ocupada y no le dará el 6 por ciento, le dará el 16 por ciento. (Rumores.) Claro, es que siendo España en Eurostat el país veintisiete, de los Veintisiete de la
Unión Europea, en paro,


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después de que el trimestre pasado Letonia nos adelantase, siendo el número veintisiete, no puede decir usted que, teniendo esta situación de paro, nos comparemos como si no hubiese ningún parado en España, porque no es verdad. Haga usted
la división: 3.175.000 empleados públicos, dividido entre más o menos 18 millones de activos, y no sale el 6, sale el 16 o el 17. Por tanto, entiendo que usted me quiera engañar, pero me preocuparía que usted se creyese esa situación. Eso es lo
que me preocuparía. Ya que he visto que la pretensión es no solo adelgazar, no solo contener esos 25.000 o los que sean que se quieren quedar a perpetuidad sin hacer oposición en la Administración pública, me ha dado la impresión de que lo que
pretendían era alargarlo, y como se han puesto ustedes muy buena nota, voy a utilizar solo un dato suyo. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo que iba a traer la ley en septiembre. Le he preguntado cuántas normas va a traer de
Función pública en lo que queda de legislatura, le he dicho que ninguna, y usted no me ha querido responder, pero ya le indico yo que será ninguna a pesar de las muchas promesas. Dijeron que iban a desaparecer hasta el 31 de diciembre, que es la
semana que viene, 100 subdirecciones generales.
Usted, entre los méritos de su gestión, ha dicho que han eliminado 26; una simple operación, de 100 a 26, sería un 2,6. Si yo tuviese que puntuarle con sus propios objetivos, utilizando sus
criterios y sus objetivos como parámetro, hubiera sacado usted un 2,6 -que es un muy deficiente- en ahorro público.



El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, por favor, vaya acabando.



El señor BARRACHINA ROS: Nada más, señor presidente, muy amable.



El señor PRESIDENTE: Señor Salvador.



El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Brevemente, señor presidente.



Dos apuntes, señor vicepresidente. Yo también creo, como usted, que nuestro sistema sanitario, la red pública y privada, es de mucha calidad, es una red fantástica, de lo mejor que tenemos, unos de los pilares fundamentales de nuestro
Estado de bienestar. Eso es así. Usted además dice que es el sistema más gratuito del mundo, y yo me apunto a que lo siga siendo, pero el problema es si lo podemos sostener, si puede seguir estando así, porque muchos países europeos han tomado
nota de la situación y han establecido sistemas. Gobiernos de derechas y de izquierdas. Y yo digo: nosotros tenemos un 20 por ciento de paro, no rechace ese debate porque además las comunidades autónomas saben lo que cuesta porque lo están
pagando. Yo creo sinceramente que nos podemos morir de éxito si no analizamos bien las cosas y las diagnosticamos. Se lo digo con honda pena, porque yo quisiera que fuera gratuito como es ahora, pero habrá que analizarlo porque creo sinceramente
que no es sostenible.



Segundo. Efectivamente, yo me preguntaba y le preguntaba quién controla a quién. Y usted me decía que esa pregunta no se puede hacer porque no forma parte del sistema. Bueno, pues igual resulta que es parte del problema. Porque si no
podemos responder quién controla a quién, igual resulta que nadie controla a nadie. Sentémonos y veamos cómo podemos hacer para que gestionemos mucho mejor, respetando competencias, con lealtad institucional e introduciendo un criterio que es
sostenibilidad en la prestación de los servicios. Creo que lo tenemos que hacer aunque no queramos porque el nivel de ingresos ha bajado de tal forma que igual resulta que al menos de manera coyuntural tenemos que pensar en hacer alguna
modificación hasta que pase lo que está pasando. Pero no podemos rechazar ese debate. Yo soy un fan de este país y creo que si nos ponemos todos juntos a trabajar, sabiendo efectivamente cómo están las cosas, saldremos mejor y fortalecidos. Pero
no podemos hacernos trampas en el solitario.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Hermosín.



La señora HERMOSÍN BONO: Muy brevemente, señor presidente, también casi por alusiones y por no dejar sin decir nada en esta última intervención del señor Barrachina, que es simpática y en la que él tiene una forma un poco peculiar o
pintoresca de contabilizar en la población activa a unas personas y a otras no y salen las cuentas de cada uno como quiera hacerlas, sumas y restas. Están bien para entretener un poco el patio, pero no es nada serio. Hemos hecho alguna referencia
a lo que ocurre en países cercanos, pero no a los veintisiete, estamos hablando de la eurozona, estamos hablando de países que han tomado medidas similares a las nuestras y que ustedes han aplaudido. Por eso lo mencionaba. Si aplauden cuando
anuncia Cameron que va a poner en la calle a no sé cuántos miles -el vicepresidente lo ha dicho, a 500.000-, queremos saber si ustedes aplauden realmente esa medida. ¿Qué pasaría si algo similar lo estuviéramos haciendo en este país? Porque
estamos tomando medidas duras, lo reconocemos, pero creo que tienen más comprensión entre la ciudadanía que entre los miembros del Partido Popular.



Quiero decirle al señor Merino que antes no dije nada sobre el pacto de estabilidad que ha hecho posible que tengamos los presupuestos para 2011 posiblemente después de las correspondientes votaciones, y creo que es importantísimo que este
país tenga unos presupuestos para el año que viene, como antes dijo el vicepresidente, pero si su preocupación viene por ese aspecto del acuerdo con los partidos, sobre todo con el PNV, que creo que hace un esfuerzo para buscar una estabilidad
política que viene bien en este momento, en cualquier momento; o si su preocupación es el señor López, no tenga tanta preocupación y preocúpese más por lo que dijo públicamente un compañero suyo -al que no voy a citar porque no está aquí, pero
usted sabrá perfectamente quién es-


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respecto a que si un gobierno no consigue tener la mayoría para sacar adelante un presupuesto eso es una tragedia para el país y que el PP haría todo lo posible para que efectivamente no hubiera presupuesto. Yo me preocuparía más de eso que
de otras cuestiones.



El señor PRESIDENTE: Para concluir tiene la palabra el señor vicepresidente.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señor presidente, señoras y señores diputados, me gustaría conocer qué es lo que van a hacer ustedes, y me refiero a
los portavoces del Grupo Parlamentario Popular señores Barrachina y Merino, que sepamos qué es lo que van a hacer ustedes, porque ustedes dicen mucho pero no hacen nada, y cuando se compara la teoría con la práctica -ustedes se ríen pero es así- y
vamos a la Comunidad de Madrid o a la Comunidad Autónoma de Valencia o a otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que es la práctica política de sus políticas, resulta que no es nada de lo que ustedes dicen. (Rumores.)
Absolutamente nada ni en cuanto al endeudamiento, ni en cuanto al control de las cuentas públicas, ni en cuanto a los altos cargos de la Administración, ni en cuanto al número de empresas públicas, ni en cuanto al número de asesores, ni en cuanto a
los mayores salarios que cobran los altos cargos públicos de las comunidades autónomas gobernadas por ustedes. Y tampoco sabemos qué es lo que ustedes quieren hacer con la Función pública. Han tenido aquí la oportunidad de decirlo, como en otras
comparecencias, pero no sabemos lo que quieren hacer ni con la Administración pública ni con los salarios. El señor Barrachina dice: Ustedes son los peores en relación con la Administración Pública en Europa. Señor Barrachina, ¡si el señor Rajoy
ha dicho que está de acuerdo con el plan Cameron y que va a echar a la calle a 400.000 empleados públicos! ¿Lo ha dicho el señor Rajoy o no lo ha dicho? ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? ¿O tengo que traer aquí la entrevista donde se publican
expresamente las palabras del señor Rajoy? ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? (El señor Barrachina Ros: No lo ha dicho.) Léase usted la entrevista en un diario de difusión nacional; quizá usted no sabe leer.
Señor Barrachina, lo que le quiero decir
es que ustedes hablan de Alemania, del Reino Unido o de Irlanda. ¿Cuántos años han congelado los salarios del sector público en Alemania o en cualquiera? ¿Cuántos? Por tanto, no se rasguen ustedes las vestiduras cuando tomamos las medidas que
hemos tomado aquí.



El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un pacto con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) como lo han hecho otros partidos políticos cuando se trata de un Gobierno en minoría para sacar adelante unos presupuestos. Nosotros hemos
contado siempre con el Gobierno vasco. Hemos informado totalmente del acuerdo con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y hemos dejado absolutamente claro que no hay ninguna fractura de la caja única de la Seguridad Social. Eso ya lo tiene
absolutamente claro el Tribunal Constitucional en cuanto a las bonificaciones y los incentivos a la contratación, que no son caja única de la Seguridad Social. Por tanto, creo que ese es un tema que está claro.



Usted me dice que usted repite porque yo repito. No, yo he aportado algo que no había dicho en anteriores comparecencias. Es visión apocalíptica cuando usted dice que el Gobierno socialista no ha resuelto ni uno solo de los problemas de la
Función pública, ni uno solo de los problemas. (El señor Merino López: Ni uno.) ¿De verdad, señor Merino, usted se cree eso? No. (El señor Merino López: Me lo creo.) Pues usted está mintiendo, señor Merino, está mintiendo. Podremos haberlo
hecho mal, podremos haber resuelto o no resuelto muchos problemas, pero ni uno solo de los problemas... (El señor Merino López: ¿Cuál?) Esa es siempre, señor Merino, la visión apocalíptica, la visión catastrofista que ustedes tienen de la
situación en España no solamente en relación con la Función pública y en relación con la Administración pública, sino en relación con todo; en relación con la situación social, en relación con la situación económica, en relación con el desempleo...
Todo. Cuanto peor para la sociedad española, cuanto peor para este país, mejor para ustedes; esa es la máxima que ustedes practican, no la dicen, sino practican. Es lo que dije en mi intervención inicial: canibalismo político.



Deseo conocer, y hemos tenido la oportunidad aquí de conocerlo, cuál es su propuesta sobre financiación local. ¿Aumento de impuestos? ¿Nuevos impuestos? ¿Transferencias económicas de la Administración central, de las administraciones
locales? ¿Ambas? ¿Cuál es su propuesta? Apunte usted algún dato, alguna línea general. No le pido el detalle, pero, por favor, dígalo usted para que los españoles y los que estamos en esta sala conozcamos cuál es su propuesta de financiación
local. Ninguna propuesta? A lo largo de todo este tiempo, al menos el año y medio que yo llevo como ministro, ustedes no hicieron ninguna propuesta. ¿Obviedades? Muchas.
¿Generalidades? Muchas. Así no se crea una alternativa de Gobierno.

Ustedes ya están cantando victoria. Queda un año y pico todavía, quedan muchas cosas por hacer y pueden suceder muchas cosas. No se pongan ustedes en plan triunfalista que algunas veces se han llevado algún chasco cuando se han puesto en ese plan.



Quiero decirles también lo siguiente. Ustedes vuelven a reiterar que es una alarma a los mercados, no el informe, sino que haya encargado el informe. La gallina, por decirlo de alguna manera, algo confuso, señor Merino. No, ustedes son
los que están hablando de reforma del Estado autonómico, de remodelación del Estado autonómico y de reajuste del Estado autonómico. Yo estoy hablando de evitar, por la vía de la colaboración y de la coordinación, duplicidades, que es lo que puede
alarmar teóricamente -porque no creo que produzca ninguna alarma ni una cosa ni la otra- a los mercados. Seamos serios, señor Merino. Como le he dicho, en el tema de la financiación, cuando se habla del ICO, lo que ha ocurrido


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es que los ayuntamientos tenían que poner encima de la mesa todo su estado de deuda y no lo han hecho muchos de ellos.



Señor Barrachina, yo creo que actúo con humildad pero puedo comprender que usted no lo entienda así. Usted me pide humildad y yo le pido rigor, seriedad y responsabilidad; cosas que usted no ha demostrado a lo largo de su intervención. No
manipule. Usted ha manipulado Eurostat. Eurostat es la relación entre sector público y población activa. Señor Barrachina, ¿es así o no es así? (El señor Barrachina Ros: No.) Que a usted le interese personalmente la relación entre el sector
público y la población ocupada es otra cosa, pero la comparación en la Unión Europea en función de Eurostat es entre el sector público y la población activa. (El señor Barrachina Ros: Los parados.) En ese sentido, señor Barrachina, usted está
mintiendo y manipulando. Eurostat -vuelvo a repetirlo- es sobre población activa. (El señor Barrachina Ros: No.) Dice que son 3 millones.
Claro, señor Barrachina, si usted suma los de las administraciones locales y también los de las
administraciones autonómicas, sí. (El señor Merino López: Claro, es que es normal.) Pero usted no se estaba refiriendo a las administraciones locales y a las administraciones autonómicas; usted se estaba refiriendo a la Administración General del
Estado (El señor Barrachina Ros: No, no.) Más de 2.600.000 funcionarios públicos.



Vuelvo a decirle que es injusto que hable usted otra vez del Fondo estatal. Hable usted con cualquiera de los alcaldes de su partido, a los que les ha servido para renovar todo el tejido urbano de sus ciudades, además de la creación de
empleo que ha representado de cara a la crisis.
Podrá discutir si son empleos temporales o indefinidos, pero no ha sido un dinero malgastado o despilfarrado. Pregúnteselo usted a cualquiera de sus alcaldes.



Vuelve usted a hablar de privilegios. Los empleados y funcionarios públicos que están en la mutualidad administrativa y los que están en el régimen general de la Seguridad Social seguirán pagando la misma cotización que hasta ahora. La
misma, señor Barrachina. No alarme usted falsamente. Será la misma. Vuelve usted a hablar de las pensiones -que no son pensiones, sino indemnizaciones- de los ministros. Vuelvo a decirle que no son de la Seguridad Social, sino indemnizaciones
que se pagan y se cobran a través de los Presupuestos Generales del Estado. Usted vuelve a insistir en los privilegios otra vez con acusaciones falsas y otra vez con difamaciones. Hay que tener mucho rigor cuando se habla de privilegios y se hacen
acusaciones falsas contra los representantes políticos y contra el Gobierno, porque al final afectan no solo al Gobierno, sino al conjunto de la clase política de este país. Vuelvo a decirle lo que le he dicho a su compañero; lo que hace falta es
que conozcamos sus propuestas en relación con la Función pública y con la Administración pública.



Señor Salvador, ¿quién controla? Solo quiero referirme a nuestra Constitución. Nuestra Constitución no habla de un control de la Administración central o del Gobierno sobre los gobiernos autonómicos o sobre los gobiernos locales. Las
discrepancias que pueda haber solo pueden ser resueltas -como usted muy bien sabe- por el Tribunal Constitucional de este país. ¿Nos podemos controlar mutuamente a través de la coordinación y de la colaboración? Eso es lo que está haciendo el
Gobierno central, el Gobierno del Estado, a través de la Conferencia de Presidentes, de las comisiones sectoriales y a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso es lo que en realidad está funcionando y creo que debemos seguir en esa
dirección.



Me recuerda el señor presidente que agradezca las palabras de mi compañera, la señora Hermosín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



Quiero terminar, señor presidente, deseando a todos los portavoces de los grupos parlamentarios y a la Mesa de esta Comisión unas felices fiestas.
Que lo pasen ustedes felizmente con sus familias y que entremos bien en el próximo año.



El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión yo también les quiero desear a todos en estos días, y sobre todo en este año que viene, que alcancen todos ustedes esa felicidad que merecen.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.