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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 686, de 15/12/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 686
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª M.ª ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 39
celebrada el miércoles, 15 de diciembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre productos falsificados y su impacto en los consumidores.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001969.) ... (Página 2)
- Para la realización de una campaña institucional de concienciación, prevención y detección del VIH/sida en el marco de una adecuada educación sexual. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000623.) ... (Página 5)
- Relativa a la implantación de los cuidados paliativos y el testamento vital. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000877.) ... (Página 7)
- Sobre la declaración de las gafas premontadas como producto sanitario.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/001789.) ... (Página 11)
- Por la que se insta al Gobierno a realizar una campaña de control de mercado de la calidad de los turrones. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001965.) ... (Página 13)
- Sobre planificación de recursos humanos en el sistema sanitario.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002007.) ... (Página 16)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE PRODUCTOS FALSIFICADOS Y SU IMPACTO EN LOS CONSUMIDORES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001969.)
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señorías, vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo para el debate y votación de proposiciones no de ley. Se ha pedido un cambio, por lo que
comenzaremos con la que figura con el número 5, sobre productos falsificados y su impacto en los consumidores, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señora presidenta, quisiera saber en qué orden se va a debatir la proposición no de ley que figura con el número 1.
La señora VICEPRESIDENTA: Será la siguiente.
Tiene la palabra la señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: El motivo que llevó al Grupo Popular a presentar la proposición no de ley que hoy debatimos es el riesgo que supone para la salud, para la seguridad y para los legítimos intereses de los ciudadanos la situación
que se ha creado por el gigantesco auge de las falsificaciones de productos que entran en nuestro país. Por esta razón, en su punto primero se insta al Gobierno a luchar contra todo tipo de comercio o tráfico de productos falsificados o piratas, de
tal manera que esa actuación abarque desde la venta por Internet hasta la venta directa y que se haga no solo, como es lógico y normal, colaborando de forma coordinada con las instituciones europeas sino también cooperando con las organizaciones de
consumidores y usuarios y con los representantes de la industria española. En relación con el punto segundo, el Grupo Popular insta al Gobierno a adoptar un paquete de medidas urgentes para frenar la proliferación y erradicar el comercio de
medicamentos y alimentos falsificados.
Señorías, el requerimiento que hace el Grupo Popular al Gobierno no necesita prácticamente explicación, porque es obvio que las falsificaciones que entran en nuestro país tienen un impacto altamente negativo, como decía antes, para la salud,
para la integridad, para el bienestar, para los legítimos intereses de los consumidores, así como también lo tiene, y es evidente, para el empleo, por tanto, para los trabajadores en general. De hecho, los productos pirata dañan el progreso
económico y el bienestar de todos los españoles desde muchas vertientes, que van desde la violación de los derechos de copyright, marcas y patentes, hasta la pérdida de ventaja competitiva de la industria de un país desarrollado como es España, con
el consecuente daño que para la economía y para la creación de empleo supone.
Como ustedes saben, los productos con alto valor añadido son los más susceptibles de ser falsificados y entre ellos no solo están las marcas de lujo o los CD de los cantantes de moda sino también, y ahora más que nunca, como decía antes,
juguetes, fármacos y productos alimentarios.
Además, se da la circunstancia de que muchos de estos productos que mencionaba, alimentos, medicamentos, etcétera, no solo son dañinos para el consumidor puesto que no responden a las propiedades que
dicen tener sino que, además, contienen ingredientes que son altamente perjudiciales para la salud de quien los consume. Por ello, les daré algunos datos actualizados, señorías, del impacto que tiene en España la falsificación de productos. Nos
parecía importante actualizarlos, porque habrán podido comprobar que en la proposición no de ley que se registró hace dos años los datos no se corresponden exactamente con los últimos de los que dispone el Grupo Popular.
Repito que creo que es importante actualizarlos para ilustrar la importancia que, a nuestro entender, tiene esta proposición no de ley, para la cual pido el voto favorable de la Comisión. Fíjense, señorías, España se encuentra entre los
países de la Unión Europea que detecta más casos de artículos falsificados; he de decir que este liderazgo lo tiene junto con Alemania, Italia, Hungría y Bélgica. También hay que decir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
desarrollaron 4.600 intervenciones por delitos contra la propiedad industrial e intelectual en el año 2009; detuvieron a 5.200 personas y se incautaron de 5.200.000 objetos. Por lo que se refiere a la valoración estimada de la mercancía
intervenida, el 95 por ciento, más de 418 millones de euros, corresponde a propiedad industrial, mientras que el valor de los objetos relacionados con la propiedad intelectual alcanzó los casi 20 millones de euros. Es decir que la valoración total
de la mercancía intervenida ha aumentado un 13 por ciento respecto al año 2008; esto puede parecer una cifra pequeña, pero fíjense, son 438 millones de euros en 2009 frente a 385 millones de euros del año anterior, y eso a pesar de que el número de
productos incautados se redujo casi un 31 por ciento, concretamente un 30,7 por ciento. Estos datos que he querido actualizar creo que dan la medida de la importancia que tiene que el Gobierno actúe con una mayor contundencia y también con una
mayor eficacia.
Según el informe anual de la Comisión Europea, si hasta ahora las infracciones se centraban primordialmente en los artículos de lujo, los conocidos bolsos, relojes, ropa de marca, etcétera, que se venían falsificando, actualmente afecta cada
vez más a productos de uso corriente: cigarrillos, otras labores de tabaco, medicamentos, alimentos, como dije antes, y al mismo tiempo también se va produciendo una especialización por países respecto al producto que se falsifica. Sin duda, China
sigue siendo la principal fuente de productos, con un 64 por ciento del total, pero se extiende y otros países se van especializando en ciertas categorías de productos; por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos en medicamentos, Egipto en juguetes y
Turquía en comidas y bebidas. La variedad de productos falsificados también ha aumentado, por un lado, por la especialización de quienes los producen y, por otro lado, debido a la difusión del comercio por Internet, que abarca toda clase de
productos y una gama, tengo que decir que verdaderamente sorprendente, de fármacos tanto de marca como genéricos, así como de alimentos. Tal es el riesgo, que según un informe de la Alianza Europea para el acceso a medicamentos seguros, los
consumidores adquieren en Internet falsificaciones de medicamentos que en los respectivos países de la Unión solo se pueden dispensar con receta médica.
La importancia de la proposición no de ley que el Grupo Popular somete esta tarde a votación en la Comisión se puede evidenciar por el hecho de que recientemente, creo que fue la semana pasada, el Comité de Ministros del Consejo de Europa
aprobó un convenio con el fin de que se tipifique como delito la falsificación, fabricación y suministro de determinados productos. Por tanto, mi Grupo Parlamentario considera que es absolutamente imprescindible el establecimiento de medidas de
coordinación, de medidas preventivas, de medidas de actuación, de medidas de protección, como decía antes, de la salud, del bienestar de los ciudadanos y de los legítimos intereses de todos, así como de los legítimos intereses económicos de nuestro
país, porque como tantas veces he dicho y repetido en esta Comisión, señorías, para el Grupo Popular la seguridad no es un lujo.
Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, he de decir que mi grupo está en disposición de aceptarla, puesto que la sustitución en el punto 1 consiste estrictamente en cambiar la palabra trabajar por seguir trabajando. Seguro que podremos
llegar a un acuerdo. En el punto 2, en lugar de poner tomar las medidas, la enmienda dice intensificar las medidas. Veo que el Grupo Socialista está dispuesto a votar la propuesta del Grupo Popular y, por tanto, señora Presidenta, haremos llegar a
la Mesa la transacción que acordemos con el grupo de la mayoría.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Nadal. Es una buena noticia.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra don Alberto Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Este cambio de turno en el orden del día nos permite intervenir al inicio de esta Comisión, que trataremos de abreviar en lo posible.
Quiero anunciar que celebramos la presentación de esta proposición no de ley, aunque es cierto que esta iniciativa se registró hace dos años, con las consecuencias que luego pasaré explicar. En todo caso, estamos absolutamente de acuerdo
con el contenido porque refleja una preocupación general de la ciudadanía y, por supuesto, del Grupo Socialista; es una preocupación que está dentro del contexto de globalización que tenemos, que se ha hecho palpable desde la presentación de la
proposición no de ley hasta el día de hoy de manera evidente, incluso dramática, por las propias consecuencias derivadas de la crisis y de la desregulación de los mercados. En todo caso, han planteado una amplia panoplia de preocupaciones o
efectos, desde los productos piratas a los productos alimenticios, los complementos, medicamentos e incluso, de alguna manera cuestiones de salud, porque es un problema global la lucha contra la prostitución, el narcotráfico, la explotación
infantil, etcétera, que no dejan de ser lacras que requieren un tratamiento interdisciplinar, global y amplio.
Esa es nuestra orientación y la forma en que vimos la proposición no de ley, porque estamos hablando de algo que aunque viene a la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo no es estrictamente de consumo, en el sentido de que sí afecta
a los consumidores pero cuyo tratamiento es tan amplio y tan profundo que incluso podríamos plantear un debate a fondo sobre la situación económica y social del mundo en este momento, ya que
esta es una de sus consecuencias. De hecho, tiene dimensiones económicas, como la propia portavoz ha comentado, tanto en los mercados como en relación con la calidad de los productos -podríamos aludir al dumping social que se produce en
algunos países, lo que explica alguna de las invasiones de productos sin las debidas garantías de calidad-, pero también tiene una dimensión social y sanitaria muy importante en torno a la seguridad de los productos y mucho más, evidentemente, a la
seguridad de los medicamentos.
En cuanto a las falsificaciones, como he dicho, es un trabajo que corresponde no solo a muchos departamentos sino a muchas instituciones y a muchas áreas de actividad, porque estamos hablando, por ejemplo, de patentes, de la industria, del
comercio, etcétera, y evidentemente es una preocupación amplia para el conjunto de los ciudadanos porque de una u otra manera se ven obligados a participar. También es verdad que durante estos dos años, y ya anteriormente, los gobiernos habían
actuado para frenar este comercio de productos falsificados; concretamente, en estos últimos años se ha creado, por ejemplo, una comisión intersectorial específicamente dedicada a estas labores, a la garantía de los derechos, para que no se
vulneren los derechos de los consumidores, que está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que está plenamente vigente. Pero es que también las comunidades autónomas, porque son competentes, en coordinación con el Instituto
Nacional de Consumo, hacen campañas nacionales para garantizar precisamente esa calidad y esa seguridad en los productos y evitar las falsificaciones. También ha sido un eje prioritario en la Presidencia española de la Unión, en el primer semestre
del año, reforzar la seguridad de los consumidores y, por ejemplo, quiero recordar que se reforzó la Directiva de seguridad de los productos o, por ejemplo, el sistema de intercambio rápido de información, el Rapex, que es muy importante y ya damos
por hecho, como las cifras y los datos que ha aportado la portavoz Popular, que mensualmente tiene su traslación estadística, la de la red Alerta.
No voy a especificar más datos, porque ya los ha dado la señora Nadal, únicamente quiero constatar que efectivamente los productos más notificados de manera global ha sido los juguetes, el 23 por ciento el año pasado, aunque en España el
mayor número de alertas durante el año 2009 correspondió, por ejemplo, al calzado. Por origen, la mayor parte de los productos proceden de países asiáticos, el 60,1 por ciento; los productos de fabricación europea son solo el 16 o el 17 por ciento
y los de origen desconocido también un 17 o un 18 por ciento. Por tanto, coincidimos en que tenemos un problema a nivel europeo en cuanto a nuestras fronteras. También es cierto que nos hemos dotado de una estructura que nos garantiza la seguridad
de los productos si somos capaces de detectarlos a diferentes niveles y llevar a cabo las acciones pertinentes para evitar ese comercio. En cuanto a la falsificación de medicamentos -repito que es una preocupación importante, básica, porque
entramos en el área de la asistencia sanitaria, del derecho a la protección de la salud-, es un problema sanitario global que en los últimos años se ha acentuado notablemente, si bien por las características de su comercio afecta más a los países en
vías de desarrollo que a los países desarrollados, al disponer estos un marco legal que ejerce un estricto control y supervisión sobre la fabricación, distribución y dispensación de medicamentos. Se ha citado la preocupación europea. El Consejo de
Europa persigue los medicamentos falsos y ha acordado la primera regulación internacional que persigue la fabricación, distribución y venta de medicamentos falsos; también actuará si se lanzan al mercado productos que no hayan conseguido la
autorización pertinente, aunque no sean nocivos; Medicrime, que así se llama la convención, también regula las herramientas de colaboración entre los distintos países para perseguir el tráfico de medicamentos falsos. Esta práctica está en auge,
sobre todo por el comercio ilícito facilitado por Internet.
La convención estará lista para que los países la suscriban a partir de enero de 2011. Lo cito de forma prácticamente textual, tal como fue publicado en los medios de comunicación, porque
eso demuestra dos cosas: que se está actuando en el conjunto de Europa y que es una medida interdisciplinar en la que se necesita que se involucren todos los países, incluso organizaciones como la Organización Mundial de la Salud.
Afortunadamente
somos un país que nos hemos dotado de una Ley de garantías y de uso racional de medicamentos y productos sanitarios, que es un marco jurídico muy estricto para garantizar la supervisión y control del mercado farmacéutico, y también nos hemos dotado
de una estrategia, promovida por el Ministerio de Sanidad y Consumo, avalada también por las comunidades autónomas y la comisión de farmacia, apoyada por el pleno del Consejo Interterritorial, de control frente a medicamentos falsificados, que
implica reforzar las medidas de control, establecer sistemas de vigilancia, implantar sistemas de comunicación y retirada ágil de medicamentos, mejorar la concienciación de los ciudadanos, etcétera. Esta estrategia se ha trasladado a efectos
absolutamente prácticos. Por ejemplo, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios colaboró con la OCU financiando una campaña para la detección y análisis de páginas de venta de medicamentos por Internet, algo que evidentemente nos
preocupa sobremanera a todos. Coincidimos en esta preocupación con el Grupo Popular, pero insistimos en que se están haciendo cosas.
Para terminar, quiero recordar que esta iniciativa fue registrada hace ya dos años y que en este tiempo, evidentemente, el Gobierno ha estado haciendo cosas -las he citado-, como son las estrategias, el desarrollo de la ley, etcétera.
Evidentemente, tendremos que profundizar aún más en las acciones, porque todavía nos queda un amplio camino por recorrer.
Estoy seguro de que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, las comunidades autónomas, la Agencia Tributaria, la industria farmacéutica, las organizaciones de consumidores, desarrollarán una colaboración más profunda
para poner en marcha actuaciones específicas que eviten el comercio de medicamentos falsificados.
En ese espíritu creo que podemos alcanzar una transacción y, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular, la trasladaremos a la Mesa en cuanto la tengamos elaborada.
La señora VICEPRESIDENTA: Antes del pasar al siguiente punto vamos a fijar la hora de la votación, que no será antes de las cinco y media.
- PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CONCIENCIACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL VIH/SIDA EN EL MARCO DE UNA ADECUADA EDUCACIÓN SEXUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000623.)
La señora VICEPRESIDENTA: Continuamos con el punto que figura con el número 1 en el orden del día, proposición no de ley para la realización de una campaña institucional de concienciación, prevención y detección del VIH/sida en el marco de
una adecuada educación sexual. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Para su defensa tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Señorías, es evidente que esta proposición no de ley está presentada en una fecha un poco alejada de la actualidad, fue el 1 de diciembre del año 2008, precisamente un día especial para la lucha contra el sida, pero
no nos planteamos en ningún momento renunciar a su discusión en la Comisión, porque hemos pensado, pese a que teníamos previsto que la Comisión se celebrase en fechas anteriores y por tanto que casi pudiera coincidir, que insistir en un tema como
este no es malo.
Creemos que se siguen manteniendo determinadas alertas; desde algunos ámbitos se detecta una cierta relajación en los últimos tiempos y sigue siendo fundamental la detección precoz. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto,
pensamos que no sobra volver a plantear una proposición no de ley que sirva como toque de atención, pero admitiendo que con eso no queremos decir que el Gobierno no esté cumpliendo con su obligación, es más, valoramos positivamente los avances que
se están produciendo.
En el punto 1 pedimos realizar una campaña institucional -lo pedíamos hace dos años-. Somos conscientes de que están en marcha determinadas campañas; basta sólo consultar el Plan anual de publicidad y comunicación institucional de 2010
para encontrar, por ejemplo, una campaña de prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres, de junio de 2010, por importe de 320.000 euros; una campaña para prevenir el sida en personas inmigrantes, de octubre de este mismo año, con un
coste de 100.000 euros; la última, la que está en vigor, de 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2010, aprovechando que es el Día Mundial del Sida, es una campaña de 80.000 euros. Es evidente que se están haciendo campañas, pero también lo es que
los recursos van decreciendo, supongo que como consecuencia de la crisis, por lo que pensamos que se podría mejorar la aportación económica.
También creemos que se deberían reforzar otras líneas, y en ese sentido desde mi grupo pensamos que el impacto debería tender a aumentarse, porque determinadas campañas que se hicieron hace veinte años era más duras y seguramente resultaban
más positivas, al estilo de lo que sucedió con las campañas de seguridad vial. Desde un punto de vista sectorial, pese a que hay campañas interesantes, como, por ejemplo, las dirigidas al colectivo de inmigrantes, nos preguntamos si el canal
utilizado es el adecuado; los cómics, los pósters informativos son positivos, pero no estamos muy convencidos de que no se deban explorar otras vías.
Finalmente, en el punto 3 pedíamos que esa campaña se enmarcase en el contexto de una educación sexual libre y sana. Seguimos insistiendo en ese tercer punto que redactamos hace dos años, porque determinados acontecimientos públicos han
demostrado que la sensibilidad puede ser compartida, como la necesidad de no relajarse, de la detección precoz, etcétera, pero también es cierto que a veces se abordan determinadas campañas -y no lo decimos precisamente por las del Gobierno-
mediáticas desde sectores muy conservadores que parece que tengan miedo a la concienciación en un contexto de educación sexual libre y sana. Los que habitualmente vivimos y trabajamos en Cataluña asistimos con estupor al casi linchamiento público
que se hizo de la Consejera de Sanidad, Marina Geli, precisamente por impulsar campañas de este tipo sin complejos. Por tanto, pensamos que el punto 3 de nuestra proposición no de ley no deja de tener sentido aunque hayan pasado dos años desde que
la presentamos.
En resumen, reconocemos el valor de las tres campañas puestas en marcha este año, pero pensamos que podríamos mejorarlas con más recursos y, sobre todo, manteniendo ese punto 3 al que me refería, que es realizar campañas sin complejos en el
campo de la educación sexual libre y sana.
Valoramos la enmienda presentada por el Grupo Popular que en el fondo nos recuerda, cosa que ya sabemos, que está temporal pero no temáticamente desfasada. Lo que pide la enmienda del Grupo Popular es que
se mejore, y eso ya lo estamos diciendo ahora mismo, pero el punto 3 no acaba de quedar incorporado y por esa razón pedimos que nuestra proposición no de ley se vote tal cual.
La señora VICEPRESIDENTA: La enmienda del Grupo Popular será defendida por el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Aunque he escuchado con la atención que merece al portavoz de Esquerra Republica, vamos a defender nuestra enmienda, puesto que creemos que tenemos razones más que suficientes para mantenerla en su literalidad.
Quisiera, señora presidenta, remarcar -ya lo ha reconocido el propio portavoz de Esquerra Republicana- que la proposición no de ley que presentó en su día está ciertamente fuera de tiempo, adolece de cierto grado de obsolescencia. Lo que no
puede ser es que la obsolescencia se refiera solo a una parte del todo; está obsoleta en sí misma, desde el principio al final y, sin que la obsolescencia -permítaseme la expresión- moleste a nadie, desde la cruz a la firma. Quiero decir con esto
que lo que pide la proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya está meridianamente claro en el petitum. En nuestra propuesta de enmienda hemos tenido en cuenta lo que aquí ya se ha dicho, pero esto no es óbice para que lo repitamos.
El pasado 1 de diciembre, la ministra de Sanidad presentó la campaña del Día Mundial del Sida, cuyo lema este año es Quiérete. Hazte la prueba. Usa preservativo. Esta campaña ha sido consensuada por todas las comunidades autónomas y su objetivo
es sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir la transmisión sexual del virus del sida utilizando preservativo y la necesidad de realizarse la prueba si se han mantenido prácticas de riesgo. Para la difusión de esta campaña se han
hecho miles de folletos -casi medio millón-, más de 20.000 carteles y 60.000 tarjetas dirigidas al personal sanitario, que se han distribuido o se van a distribuir por las comunidades autónomas, en centros sanitarios, en organizaciones no
gubernamentales y en otras entidades colaboradoras y, en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en oficinas de farmacia de toda España. Además, van a colaborar entes que no son sanitarios, como Renfe, que van a
exponer 4.000 carteles, del 1 al 9 diciembre, en trenes de cercanías de los núcleos de Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao, con independencia de la difusión de la campaña on line, como se dice ahora, que va a contar con acciones en diarios digitales,
en buscadores, en web afines y en redes sociales.
Por economía de tiempo, ya que la presidenta ha dicho que vamos a votar no antes de las cinco y media y yo quiero ser conciso en mi intervención, no voy a entretenerme, pero hay una estadística sobre el sida que se puede decir ahora, aunque
no va a modificar la posición de Esquerra Republicana, expresada ya antes de escuchar la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Conviene tener en cuenta los datos que ofrece la Coordinadora Estatal de Sida en España, que aseguró
recientemente que en España hay entre 120.000 y 150.000 personas afectadas por sida y que cada año se producen unas 3.500 nuevas infecciones. Además, hay que tener en cuenta la última actualización del Registro de vigilancia epidemiológica del sida
en España, al que cada año se van incorporando más comunidades autónomas: en 2009, un total de 2.264 nuevos contagios en las quince comunidades que facilitaron sus datos, que fueron todas salvo Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y
Castilla-La Mancha.
Por economía de la intervención, señora presidenta, solo voy a hacer algunas reflexiones sobre la detección tardía y la estigmatización de los afectados, que justificaban la literalidad -ya veo que con escaso éxito de consenso- de nuestra
propuesta de enmienda, que está a disposición de todos los señores comisionados. Dado que la proposición no de ley que presentó en su día Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se debate dos semanas después de que la señora
ministra presentara la campaña del Día Mundial del Sida, como dije al principio, cuyo alcance parece muy acotado tanto en su duración como en el número de soportes, creo que tenía sentido -permítaseme la inmodestia- pedir al ministerio que
aprovecharse los materiales de dicha campaña en una campaña de 2011 y ampliase el alcance de la misma. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la siguiente enmienda para su consideración en esta Comisión: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a aprovechar el diseño de la campaña institucional que el Ministerio de Sanidad y Política Social puso en marcha el pasado 1 de diciembre de 2010, con motivo del Día Mundial
del Sida, y a ampliar tanto la duración de la misma como el espectro de soportes publicitarios, con el objetivo de concienciar a los principales sectores de la población afectados acerca de las conductas de riesgo, de la necesidad de tomar medidas
preventivas y de la importancia de realizar las pruebas del VIH para una detección precoz en caso de prácticas no seguras. No sé cuál es el impedimento para aceptar esta enmienda, una enmienda que es amplia, que está suficientemente justificada y
que, en cualquier caso, el Grupo Parlamentario Popular quiere someter a la consideración de todos los señores y señoras comisionados.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Grupos que desean pronunciarse sobre esta iniciativa? Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sanz.
La señora SANZ CARRILLO: Señorías, debatimos esta tarde una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la realización de una campaña
institucional de concienciación, prevención y detección del VIH, en el marco de la promoción de la salud sexual; proposición, señorías, que creemos oportuna, tan oportuna y adecuada que anunciamos con antelación nuestro voto, que por supuesto será
favorable, al ser esta una de las diez prioridades del Plan multisectorial frente a la infección por VIH-sida 2008-2012. Nuestra posición ha quedado bien explicitada recientemente -a pesar de que lo haya dicho con anterioridad el parlamentario que
me ha precedido- con motivo del Día Mundial del Sida, cuando la ministra
de Sanidad, Política Social e Igualdad presentó la campaña Quiérete. Hazte la prueba. Usa preservativo; campaña consensuada con las comunidades autónomas y cuyo objetivo ha sido sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir
la transmisión sexual del VIH utilizando preservativo y la necesidad de realizarse la prueba si se han mantenido prácticas de riesgo.
Señorías, es importantísimo seguir en la línea emprendida en los últimos años, es muy importante no bajar la guardia, ya que en España se estima que entre 120.000 y 150.000 personas están infectadas por el VIH, pero la cuarta parte de ellas
aún no lo sabe, a pesar de que en nuestro país la prueba del VIH es gratuita y confidencial. De este 25 por ciento sin diagnosticar provienen más de la mitad de las nuevas infecciones, afectando fundamentalmente el retraso diagnóstico a aquellos
que adquirieron la infección por transmisión sexual. La existencia de aproximadamente 35.000 personas infectadas por el VIH que, por miedo al estigma o por miedo a la discriminación, por falta de una adecuada percepción del riesgo o por no acudir a
los servicios sanitarios, están sin diagnosticar tiene graves implicaciones sobre la salud individual y colectiva. Por un lado, no les permite beneficiarse de los tratamientos disponibles y de la consecuente mejora del pronóstico y de la calidad de
vida e incrementa el riesgo de reinfección y de otras infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, aumenta el riesgo de transmisión a otras personas por no adoptar las medidas de protección necesarias y por la mayor transmisibilidad derivada
de una carga viral elevada en ausencia de tratamiento.
Señorías, en la actualidad la vía de transmisión sexual es la primera causa de nuevos casos de infección por VIH, observándose un claro aumento en las tasas por millón de habitantes en el caso de la transmisión entre hombres que mantienen
relaciones sexuales con hombres, siendo este el único grupo de población en el que está aumentando el número de nuevos diagnósticos de VIH en nuestro país. Uno de cada diez hombres que tiene relaciones sexuales con otros hombres ya está infectado
por VIH y de ellos el 20 por ciento no lo sabe. Por ello, desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad se realizó una campaña, Ponte una medalla, cuyo objetivo fue sensibilizar e informar a los hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres para que valorasen adecuadamente el riesgo de infección por VIH y adoptasen las medidas necesarias para protegerse. El otro grupo que presenta por lo general una mayor vulnerabilidad frente a la infección por VIH es el de las personas
inmigrantes, para quienes también hemos realizado una campaña, ¿Hablamos? Infórmate y comparte lo que sabes sobre el VIH, dado que se aprecia un aumento del porcentaje de población inmigrante en el total de nuevos diagnósticos. Las razones de esta
vulnerabilidad son varias, complejas e interactúan entre sí, destacando entre ellas la mayor frecuencia de situaciones de precariedad socioeconómica y afectiva en las que se encuentran muchos inmigrantes fuera de su país, las dificultades que en
ocasiones pueden encontrar en el acceso a los servicios preventivos y de atención sanitaria y las barreras culturales y lingüísticas a la hora de recibir estos servicios.
En este contexto, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha previsto incluir en el Plan anual de publicidad y comunicación institucional para el año 2011 tres campañas relacionadas con las actuaciones de apoyo para la
prevención de la infección por VIH-sida, formando parte de la actividad que realizan la Secretaría del Plan nacional sobre el sida y los grupos de trabajo que coordina con las comunidades autónomas y organizaciones implicadas, dependiendo por
supuesto todo ello de la previsión presupuestaria adecuada y quedando supeditado a la aprobación por el Consejo de Ministros.
Señorías, todavía hay una proporción importante de la población que cree en medidas ineficaces para prevenir la transmisión sexual del VIH y que no está adecuadamente familiarizada con el uso correcto del preservativo o que asocia
erróneamente el riesgo de infección con determinados vehículos o mecanismos de transmisión, como la saliva, la donación de sangre o las picaduras de mosquito, y que sigue relacionando el VIH con determinados grupos de población, en lugar de
considerar que el riesgo de infección por VIH está asociado a determinadas prácticas.
En definitiva, estamos de acuerdo con esta proposición no de ley y nos gustaría aprobarla por unanimidad. Señorías, dado que la percepción del riesgo de transmisión sexual del VIH entre la población general es muy baja, esta Cámara y esta
Comisión deberían ser un buen espejo donde puedan verse reflejados aquellos que no valoran la trascendencia de un diagnóstico precoz, incluidos los más jóvenes. Solo desde un compromiso activo, tanto a nivel personal como social, y apelando a la
responsabilidad colectiva e individual podremos conseguir prevenir el VIH y frenar la expansión de esta epidemia.
- RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y EL TESTAMENTO VITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000877.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a examinar la proposición no de ley relativa a la implantación de los cuidados paliativos y el testamento vital, del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Señorías, quisiera comenzar por recordar a los presentes cuáles son los dos propósitos que nuestro grupo parlamentario viene desarrollando en esta materia cuando trata estos asuntos. En primer lugar, queremos
promover una acción política que al final genere un aumento de la calidad asistencial
y de la humanización del hecho asistencial, lo cual tiene mucho que ver con los cuidados paliativos y con las situaciones de los enfermos terminales. En segundo lugar, venimos trabajando en cuantas ocasiones lo hemos podido hacer para
intentar que no solamente desde la política, sino en el conjunto de la sociedad se pueda hablar con propiedad de las cuestiones y de los conceptos que están alrededor de estos asuntos. En estos asuntos queremos hablar de realidades, no crear
conceptos a base de crear expresiones o palabras. Digo esto, porque desde hace ya un tiempo nos estamos dando cuenta de que la opinión pública española está sometida a todo un batiburrillo de conceptos que de una manera reiterada se le van
transmitiendo desde la política y que al final no generan sino una sensación de confusión e incluso de inseguridad en los ciudadanos. Hemos oído hablar, en materias relacionadas con esta que hoy tratamos, de eutanasia activa, eutanasia pasiva,
suicidio asistido, cuidados paliativos, testamento vital; una serie de conceptos que aparecen indeterminados ante la opinión pública y que es nuestra primera obligación definir en sus propios términos para, a través de ello, poder avanzar en
soluciones reales a problemas reales en nuestra realidad sanitaria. Somos conscientes además de que en muchas ocasiones esta mezcolanza de conceptos viene promovida por el propio Gobierno; Gobierno que nos tiene acostumbrados a hacer debutar de
vez en cuando ante la opinión pública determinados asuntos que muchas veces no generan sino más inquietud.
Hablando de la realidad, quiero referirme a cuál es la situación de los cuidados paliativos en nuestro país. En nuestro país hay decenas de miles de profesionales sanitarios que trabajan en el ámbito de los cuidados paliativos, hay cerca de
420 equipos formalizados en nuestra red asistencial que se encargan de los cuidados paliativos, por cierto, no pocos de estos equipos regentados o estructurados dentro de instituciones de acepción religiosa, que son también un reflejo de cómo se
puede generar dentro de nuestro ámbito asistencial una actitud de humanización de la asistencia en cuestiones que tienen que ver con los momentos terminales de la vida humana. Son decenas de miles de profesionales los que trabajan en este ámbito y
ninguno de los aquí presentes puede tener duda de que se hace con una auténtica atención a los principios deontológicos, a los principios de la bioética, que son a su vez los principios que nuestra sociedad tiene asumidos en el trabajo con los
enfermos en estas situaciones. No creemos que en nuestro país se den situaciones de encarnizamiento terapéutico, no creemos que se sobrepasen los esfuerzos terapéuticos necesarios para atender a los enfermos sino, más bien al contrario, que todos
los profesionales que están en este ámbito saben trabajar con unas condiciones, con unas actitudes y con unas maneras de entender al enfermo y su situación en un momento terminal adecuadas a principios deontológicos, bioéticos y de la propia
realidad social. La propia organización colegial médica definió en un documento hace años en qué términos tenían que entenderse el bien nacer y el bien morir y pensamos que tanto los médicos como el resto de los profesionales que trabajan en estos
temas lo hacen atendiendo a ese concepto de humanización asistencial que venimos defendiendo.
En materia de testamento vital, podemos decir lo mismo. Las comunidades autónomas ya han adoptado normativas sobre esta materia y también se ha tratado en el consejo interterritorial. Hablar del testamento vital no es hablar de otra cosa
que no sea el propio consentimiento informado, la capacidad que tenemos las personas de decidir sobre la realidad de los procesos asistenciales que se nos provean por la sanidad.
Queremos reconocer esta realidad, porque es una realidad viva, una realidad constatada en nuestra sanidad. No es nada que nos estemos inventando, pero es mucho que queremos que mejore. Queremos que mejore en los términos que supongo que
podemos compartir con el resto de los grupos parlamentarios. Queremos que en materia de cuidados paliativos se doten mejores recursos, se adapte mejor el cuidado paliativo a la realidad organizativa e institucional de las organizaciones sanitarias
de nuestro país, se mejore el ejercicio de los propios derechos de los pacientes y de sus familiares, reconocidos en los títulos legales, y al mismo tiempo se mejore la formación de los profesionales. No solo lo propone nuestro grupo, no solo
presuponemos que otros grupos también son favorables a estas ideas, sino que hay también instituciones y organismos que han reclamado mayor atención por parte de las autoridades sanitarias de nuestro país a estas cuestiones.
En relación con el testamento vital, venimos defendiendo que se unifiquen las bases de datos y que por tanto el testamento vital sea útil en cualquier circunstancia, también en términos de equidad y de disponibilidad de esas decisiones en un
momento determinado en cualquier punto del territorio nacional.
Finalmente, señora presidenta, señorías, quiero hacer una referencia a cómo el Gobierno ha planteado recientemente en una ley la conjunción de los cuidados paliativos con un concepto denominado de muerte digna.
Estamos realmente
sorprendidos por el hecho de que en el mes de marzo el propio Gobierno dijera que no pretendía abordar legislativamente esta cuestión, la cuestión de la muerte digna, y sin embargo recientemente, hace pocas semanas, el vicepresidente primero y
portavoz del Gobierno haya hablado en una renombrada rueda de prensa de la intención del Gobierno de recuperar ese concepto de muerte digna, asociado a cuidados paliativos e incorporado en un proyecto de ley. No vamos a acusar de nada al Gobierno,
pero sí vamos a exigir, como lo venimos haciendo, que se hable con propiedad, que se hable con adecuación, que se hable en los términos en los que interesa a la gente, que se hable sobre la realidad asistencial, que se hable sobre la mejora de los
cuidados paliativos y no generando conceptos que son, por indeterminados, generadores de cierta inseguridad. Para nosotros la muerte digna no es lo que el señor Rubalcaba
dijo que era. El dijo que era morir sin dolor, pero la muerte digna es mucho más que eso; la muerte digna es morir en atención a las circunstancias de calidad y humanización asistencial que debemos defender y atendiendo también a la propia
voluntad del paciente o de sus familiares, como está establecido en los títulos legales. Hace pocos días el propio secretario de organización del Partido Socialista, preguntado sobre esta cuestión, decía que lo que pretendía la legislación que
planeaba el Gobierno no era otra cosa que proteger al médico. Entendemos que los médicos trabajan protegidos por su propia acepción deontológica y bioética y que trabajan en unas condiciones de desempeño digno de todo reconocimiento y por tanto no
creemos que haya que generar un instrumento legislativo en estos términos. Hoy por hoy, creemos que no es necesaria esa ley que anuncia el Gobierno, que lo que es necesario es un mayor liderazgo del ministerio en esta materia, una mayor dotación de
recursos y trabajar de manera efectiva en la promoción de los cuidados paliativos, pero realmente no encontramos ninguna razón para hacer de esto una ley y mucho menos asociar esa ley a ese concepto tan equívoco de muerte digna.
Nos preguntamos qué
aspecto no está regulado hasta el momento en los títulos legales en materia de autonomía del paciente y de calidad y humanización de la asistencia sanitaria y, por tanto, nos tenemos que preguntar -y de paso preocuparnos por ello- qué tipo de
redención quiere generarse a partir de este instrumento legal que se anuncia por parte del Gobierno. Con el acuerdo que proponemos esta tarde, queremos marcar una senda, una actitud desde esta Comisión, desde esta Cámara en estas materias. Para
nosotros, lo realmente importante es lo realmente efectivo, lo realmente tangible en términos de asistencia sanitaria.
Precisamente en esa actitud que les digo, quiero terminar indicándoles que estamos en condiciones de aceptar la enmienda que se
nos ha presentado por parte del Grupo Socialista, que por una parte viene a actualizar lo que propusimos meses atrás en nuestra proposición no de ley y por otra parte refuerza el papel del consejo interterritorial y por tanto de las comunidades
autónomas en estas materias, lo cual vemos muy adecuado.
La señora VICEPRESIDENTA: Hay una enmienda del Grupo Socialista, que va a ser defendida por la señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: El Grupo Popular nos trae hoy una proposición no de ley registrada el 5 marzo del año 2009, hace exactamente, si no cuento mal, veinte meses; proposición no de ley que he leído con mucha atención y de la que,
señor Cervera, podemos compartir muchas, casi todas las reflexiones de la exposición de motivos. Por otro lado, no alcanzo a comprender el tono un poco más grueso, más envalentonado, podría decirse, de su último párrafo. Aunque en las
proposiciones no de ley la exposición de motivos no se vota, a diferencia de las leyes, y no se enmienda, no quiero dejar pasar esta ocasión para hacerle algún comentario sobre algunas afirmaciones que se hacen en ese último párrafo, en el que se
hacen una serie de suposiciones que sirven al proponente para acusar al Gobierno de abrir falsos debates, de intervencionista social -lo dice ahí- y de desviar la atención sobre la realidad creando otra accesoria.
Tras la lectura de este párrafo, a
la que invito a todas sus señorías, solo me cabe sacar dos conclusiones. La primera, que lo que ustedes afirmaban hace veintidós meses que iba a hacer el Gobierno no se ha cumplido, por lo que siguen sin acertar ni una. La segunda, que veintidós
meses después continúan erre que erre con la misma estrategia: hacer suposiciones virtuales sobre las intenciones del Gobierno sin ninguna base real, sobre las que montan toda una pirámide de acusaciones sobre algo que a veces solo existe en su
imaginación. Para apoyar lo que digo, no tengo más que remitirme a las ruedas de prensa con las que nos deleita su vicesecretario de comunicación cada fin de semana. Da igual el fondo del asunto, da lo mismo si hablamos de controladores, de
operaciones policiales antidoping, de muerte digna o de cualquier otra materia; su objetivo primordial es culpar al Gobierno de todos los males del mundo mundial. Pero no quiero extenderme más, señorías.
No he sido capaz de interpretar muy bien la intención que tiene el Grupo Popular al rescatar esta propuesta en este momento, más aún cuando en su comparecencia del 24 noviembre pasado, hace muy pocas semanas, la ministra de Sanidad nos
anunciaba la elaboración de una nueva estrategia frente al tratamiento del dolor en los servicios de salud del sistema nacional. En ese sentido, el pasado 9 diciembre, en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, todas las
comunidades autónomas aprobaron la actualización de la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, con la intención de que fuera un elemento de referencia para la próxima ley de cuidados paliativos y muerte digna que entrará en
esta Cámara en el primer trimestre del año próximo. Aquí permítame que haga un inciso. Claro que es necesario hablar de muerte digna. Desde el año 1994 estamos hablando en esta Cámara de conceptos que -coincido con usted- a veces se confunden:
muerte digna, eutanasia, suicidio asistido, cuidados paliativos, encarnizamiento; términos todos ellos que los médicos manejamos muy bien a veces, que también manejan bien juristas, sociólogos y profesionales sanitarios, pero que a la población la
pueden llevar a confusión. Usted se ha referido a la posición del Gobierno y a la posición de este grupo parlamentario en febrero y en marzo del año pasado, que fueron las últimas veces en las que hablamos de este tema en esta Cámara. Tanto en la
Comisión de Justicia como en el Pleno, esta que está aquí ha coincidido con usted muchas veces en la tribuna con este tema, y este grupo parlamentario y este Gobierno siempre han tenido la misma posición, y a los diarios de sesiones me remito para
no extenderme más.
Como decía, esta actualización, aprobada en Santiago de Compostela, tiene además una serie de nuevos retos frente a la estrategia de cuidados paliativos que se aprobó en el año 2007, retos que son -como bien conoce su señoría- la
generalización de los cuidados paliativos a todos los pacientes que lo requieran -no solamente los pacientes oncológicos-, incluida la población pediátrica, la población infantil, que es muy importante, y, no menos importante, la formación en
cuidados paliativos en los estudios de grado de los profesionales, que son los que luego se van a dedicar a esto, además de una mayor divulgación de la estrategia de cuidados paliativos entre los profesionales de estos cuidados. Por cierto, hay
muchos y muy buenos profesionales que se dedican a los cuidados paliativos en nuestro país, y muchas veces gracias a su impulso hemos podido tener unos cuidados paliativos de calidad, y muchas veces han sido absolutamente incomprendidos; no quiero
recordar el caso de Leganés. Por eso creo que es necesario que hagamos una ley en esta Cámara para evitar casos que luego se judicializan, que no son buenos para nadie, que producen dolor a la ciudadanía -no solamente a los pacientes-, inseguridad
a los profesionales y a veces algún calvario para algunos de ellos, aunque luego la justicia les exima de la mayoría de lo que se les acusa falsamente.
Necesitamos rigor y sosiego, pero como en el fondo del asunto estamos en muchas cosas muy de acuerdo, me gustaría, de manera muy, muy breve, para no extenderme, hacer un recordatorio. El Grupo Parlamentario Socialista también defiende que
la esfera individual de decisión abarca toda la biografía de las personas, incluida, por supuesto, la fase final de la vida, y desde luego está fuera de toda duda que formando parte de este derecho se encuentra recibir cuidados paliativos con
equidad y con calidad. Por ello, desde el año 2004 el Gobierno socialista ha dado un impulso muy importante a los cuidados paliativos en nuestro país.
Recuerdo brevemente: En el año 2005 se organizó una Jornada sobre cuidados paliativos por
primera vez en el Sistema Nacional de Salud, que sentó las bases; después se realizó un análisis exhaustivo de la situación de los cuidados paliativos en nuestro país y en los países de nuestro entorno; en el pleno del consejo interterritorial de
marzo de 2007, consensuada con las comunidades autónomas y las principales sociedades científicas, se aprobó la estrategia de cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud, que pretendía acordar en el conjunto del Estado unos criterios comunes
y homogéneos de atención continuada a estos pacientes, así como el apoyo a sus familias, importantísimo, y ofrecer las herramientas necesarias a los profesionales sanitarios para llevar a cabo esa atención con los mayores niveles de calidad; en
octubre de 2008, un año después, el entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria, presentó la Guía práctica clínica sobre cuidados paliativos y dos meses más tarde se subvencionó a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el
desarrollo de la estrategia y su sincronización en todos los servicios de salud del territorio nacional con la cantidad de 4,8 millones de euros, lo que permitió que durante el año 2009 se recogieran datos en todas las comunidades autónomas para
proceder a la evaluación de la estrategia, que se presentó, como usted conoce y recuerdo a sus señorías, ante el pleno del consejo interterritorial del mes de mayo de este mismo año. Por tanto, en nuestra enmienda hemos suprimido el punto 1 de su
proposición, porque en nuestra opinión ya está todo realizado.
Quizá sea el inconveniente de que la proposición fuera presentada hace ya muchos meses. Ofrezco a su señoría, si no lo conoce, el texto de dicha evaluación, que lo he traído pero no
voy a comentar, porque, al recoger datos pormenorizados de todas las comunidades autónomas, tiene 240 páginas.
Con respecto al testamento vital y al Registro nacional de instrucciones previas, como comenta usted en su proposición, en febrero de 2007 el Gobierno aprobó el Real Decreto 124/2007, que lo regula. Como este registro se nutre de la
información que le proporcionan los registros autonómicos, solo ha sido posible conseguir el objetivo buscado cuando todas las comunidades autónomas han proporcionado las inscripciones y han funcionado sincronizadas. En este momento puedo ofrecerle
un documento, que hemos comentado hace un momento, que muestra que a 2 de diciembre de 2010 -aquí están los datos- hay quince comunidades autónomas que están sincronizadas, tres más en pruebas y una de ellas por el momento en ninguno de los dos
casos y que todas las comunidades autónomas excepto una han enviado inscripciones al registro central, pudiendo decirle que a 2 diciembre, como acabo de comentar, hay registradas 75.006 inscripciones de instrucciones previas en el registro central.
Por tanto, todo el mundo está funcionando y en el camino. Lo que hay que hacer, y por eso lo pedimos así en la parte propositiva de la PNL, es seguir avanzando y continuar mandando instrucciones -por eso estamos de acuerdo y presentamos los puntos
1 y 2 de nuestra enmienda- para ampliar los recursos y conseguir dar facilidades a los ciudadanos en esta materia, pero eso sí, donde corresponde, que es en el Consejo Interterritorial.
Finalmente, señora presidenta, de nuevo por respeto a las
competencias, a través del Consejo Interterritorial, está en el punto 3, que es todo lo relativo a la incorporación de esta información a la tarjeta sanitaria.
Señor Cervera, en nombre de mi grupo parlamentario me gustaría que llegáramos a un acuerdo. Usted ha anunciado que seguramente llegaremos a él, porque efectivamente creo que la acción política se está realizando, que estamos protegiendo
algo fundamental, que es la dignidad también en el último momento de la vida de los ciudadanos, con esa ayuda y ese apoyo y con la formación y la mejora de los profesionales de la sanidad española que se dedican a los cuidados paliativos para
facilitarles su trabajo. Todo ello basado en los criterios de bioética, porque no podemos olvidar que estamos en un país que tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y nuestra obligación es tomar decisiones para
mejorarlo en lo posible, y creo que si llegamos a un acuerdo esto ayudará a conseguirlo.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señorías, cuando hablamos de la Ley reguladora de la autonomía del paciente y de documentación clínica no puedo dejar de recordar con muchísimo cariño a un compañero de partido, de Unió Democrática, que fue
diputado y más tarde senador, nuestro recordado Jaume Cardona, que tuvo un papel importantísimo en el desarrollo de toda esta ley. Esta ley nació en el Senado a instancias de los grupos parlamentarios, y en la que Jaume Cardona -que falleció poco
después-, repito, tuvo un papel importantísimo. Por ello, no he podido evitar recordarlo.
Quiero decir que a mi grupo parlamentario le gusta esta proposición no de ley. Si además han llegado a un acuerdo para aceptar las enmiendas del Partido Socialista, todavía mejor, porque supone actualizarla. También me gustaría poner mi
granito de arena y decir, como he repetido muchas veces en este Parlamento, que quizá no se tendrían que hacer tantas leyes en temas sectoriales que son competencia de las comunidades autónomas sino que desde el ministerio tendrían que desarrollar
más las que están vigentes, hacerlas cumplir y vigilar los reglamentos; es decir, no ir cargándonos de leyes, porque luego algunas quedan un poco cojas.
Simplemente me queda manifestar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.
- SOBRE LA DECLARACIÓN DE LAS GAFAS PREMONTADAS COMO PRODUCTO SANITARIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001789.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto número 3, sobre la declaración de las gafas premontadas como producto sanitario, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán.
Tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señorías, presentamos hoy esta proposición no de ley debido a que, como ustedes saben perfectamente, las gafas premontadas son productos sanitarios y clase I y que, por tanto, tienen que cumplir todos los
requisitos de seguridad, de eficacia y de calidad que ya se establecen en el Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan todos los productos sanitarios.
Estas gafas premontadas, son aquellas, como todos saben, destinadas solamente para su uso en visión de cerca y para lectura e incorporan un par de lentes de visión única de igual potencia esférica positiva, en las cuales su montaje no ha
sido efectuado en respuesta directa a una prescripción o recomendación particularizada de un profesional cualificado, como es un oftalmólogo o un óptico optometrista. En estas gafas premontadas, que ya están sujetas a diversas normativas europeas,
se indican los requisitos de construcción que debe cumplir este producto, tales como la tolerancia, el etiquetado, los intervalos, el marcado, etcétera, pero creemos que últimamente se está haciendo un uso y abuso de ellas. La venta de estas gafas
en establecimientos no sanitarios es la causa y el origen de un problema, que es que el futuro usuario no recibe, porque es evidente que en estos establecimientos no pueden hacerlo, el análisis previo del profesional ni el consejo y el asesoramiento
adecuado. En definitiva, el futuro usuario está realizando un ejercicio de autograduarse o autorrecetarse, ya que se limita a elegir entre las posibles graduaciones expuestas con la que cree ver mejor, cuando en realidad suele estar escogiendo las
gafas con las que ve más grande, como si fueran una lupa. Es tal la proliferación de gafas premontadas que durante el año 2008, según el Libro Blanco de la visión, se han vendido en España más de cinco millones de unidades, cantidad muy similar a
la de las gafas graduadas convencionales. También es de todos conocido que las personas tenemos una diferente distancia interpupilar y es frecuente, asimismo, que cada ojo tenga una graduación distinta; sin embargo, estas gafas premontadas se
construyen, por definición, con una distancia interpupilar estandarizada y con las dos lentes de igual graduación. En consecuencia, es fácil adivinar los posibles problemas inducidos en muchos usuarios: efectos prismáticos indeseados, con las
consiguientes molestias y, tras su uso, si el usuario tiene diferente graduación, la tendencia a prescindir de la visión de un ojo.
Por estos motivos hemos presentado esta proposición no de ley, pero con una autoenmienda, según habrán deducido de mi exposición, porque hubo un error al presentarla y decíamos que era producto no sanitario cuando en realidad ya lo era. Lo
que estamos pidiendo, pues, es que estas gafas premontadas se vendan exclusivamente en establecimientos autorizados para productos sanitarios, es decir, farmacias, ópticas, etcétera, donde se puedan vender única y exclusivamente productos sanitarios
y donde los usuarios puedan recibir el consejo del profesional. Espero que esta proposición no de ley consiga el consenso todos los grupos.
Voy a pronunciarme sobre la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
En principio, no la íbamos a aceptar, pero ahora estamos negociando una transaccional con dicha enmienda y también con la de otro grupo, y seguramente dentro de unos
momentos podremos llegar a un acuerdo. De esta manera quizá pueda ser aprobada por unanimidad.
La señora VICEPRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Cano.
La señora CANO DÍAZ: Inicio mi intervención insistiendo en que las gafas premontadas son producto sanitario de clase I, reguladas por el Real Decreto 414/1996, que regula los productos sanitarios. Entre los datos que deben figurar en el
etiquetado de los productos que nos ocupan se encuentran el nombre y apellido o la razón social y la dirección del fabricante y del responsable de la comercialización en la Unión Europea, o del importador, según proceda; la información
estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto; el lote o número de serie; las instrucciones especiales de utilización; en el caso de estos productos, en las instrucciones de uso debe reflejarse claramente la graduación
de las gafas y la indicación de que su utilización debe ir precedida de un diagnóstico previo por parte del oftalmólogo o del óptico. Asimismo, estos productos deben llevar el marcado de conformidad en el producto, en el envase exterior y en el
prospecto. Por otra parte, las empresas de distribución y los establecimientos que venden al público gafas premontadas graduadas deben comunicar previamente esta actividad a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas competentes en la
vigilancia y control de los productos sanitarios.
Las gafas premontadas están destinadas a la compensación de una deficiencia visual, que pueden ser indicadas como corrección permanente de la visión en determinados casos de esa deficiencia; lo importante, como ya he dicho antes, es
realizar un diagnóstico previo. Este tipo de gafas se comercializa en todos los países de la Unión Europea. Como saben, el Real Decreto 414/1996 es una trasposición de la Directiva Comunitaria 93/42, por la que este tipo de gafas en concreto tiene
la misma consideración en todo el territorio comunitario, llevándose a cabo los controles sanitarios pertinentes en los países miembros de la Unión Europea. En España, efectuar los controles es responsabilidad de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios y de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Cabe informar que en el momento en el cual la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tuvo conocimiento de que se estaban vendiendo gafas
premontadas graduadas, fundamentalmente para la corrección de la vista cansada, carentes de etiquetado e instrucciones de uso y que no cumplen los requisitos establecidos para estos productos, publicó una nota informativa a tal efecto en junio de
2009, en la que, además de informar sobre la consideración del producto, se incorporaban una serie de recomendaciones generales para su compra que pueden consultarse en la página web de la Agencia Española del Medicamento. En esta nota informativa,
la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios quiere transmitir la obligación de cumplir las indicaciones del etiquetado y las instrucciones de uso de los productos sanitarios, así como las garantías, el nivel de protección y las
prestaciones que correspondan, ofreciendo seguridad a pacientes y usuarios que adquieran este tipo de productos sanitarios.
La limitación de su venta a determinados establecimientos sin una clara justificación por razón de garantía sanitaria iría en contra de la libertad de circulación y de comercio establecida en la legislación comunitaria. A este respecto,
cabe señalar la reciente sentencia publicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la comercialización de lentes de contacto a través de Internet, cuya conclusión es que una normativa nacional que autorice la comercialización de
lentes de contacto exclusivamente en establecimientos especializados en instrumentos médicos se opondría a lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Tratado, así como a la Directiva 2000/31.
Para finalizar, quiero decir que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda y, como bien ha dicho la señora Tarruella, estamos viendo la posibilidad de llegar a un acuerdo a lo largo de la tarde, en cuyo caso lo haríamos
llegar a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA: Esperamos esa transaccional.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ramírez del Molino.
El señor RAMÍREZ DEL MOLINO MORÁN: Las gafas premontadas, popularmente conocidas como gafas-lupa, están diseñadas para la compensación de la presbicia. Son gafas montadas bajo unos estándares que sólo coinciden con el 5 por ciento de la
población con presbicia. Las lentes están fabricadas, en su gran mayoría, con un plástico inyectado y sin ningún tipo de tratamiento, por lo que la imagen que producen tiene una gran cantidad de aberraciones. No están personalizadas para cada
paciente, su uso es muy popular, pero tienen algunas particularidades como que presentan la misma graduación en los dos ojos, cosa que no siempre es así, ya que un paciente que tenga una refracción de base tendrá distinta graduación para vista
cansada en cada uno de los ojos. No incorporan la graduación astigmática; muchos pacientes tienen astigmatismo y este debe ir compensado en sus gafas de cerca. Por último, no tienen en cuenta la distancia interpupilar; siempre que se prescribe
una gafa se ha de especificar esta distancia, que no es más que la que hay entre ambos centros pupilares; el centro óptico de la lente debe montarse delante del centro pupilar, ya que si no se genera un efecto prismático que nos causará molestias
oculares, cefaleas, disconfort visual, etcétera. Hoy en día están siendo distribuidas en canales no autorizados como gasolineras, bazares, quioscos, etcétera, lo que ha alertado a las autoridades sanitarias, ya que se trata de un producto sanitario
destinado a ser utilizado por las personas con el fin de compensar una deficiencia. Por todo ello, creo que son una excelente opción para ser utilizadas ocasionalmente, para firmar un documento, para rellenar una quiniela, para ver un precio,
etcétera, pero no son una opción válida cuando queremos realizar tareas que
requieren fijar nuestra vista durante largo tiempo, como puede ser la lectura o ponerse delante de un ordenador.
La proposición no de ley que se nos presentó por parte de CiU pedía que las gafas premontadas se declarasen producto sanitario, pero ya han comentado que esto es así. Con la autoenmienda que han presentado y la del Grupo Socialista, el
Grupo Popular propone una enmienda in voce para ver si es posible llegar a un acuerdo entre los tres grupos. Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para que desde las comunidades autónomas se lleven
a cabo adecuadamente las labores de autorización, vigilancia y control de la comercialización de los productos sanitarios de clase I, como son las gafas premontadas.
Esperamos poder llegar a un acuerdo entre los tres grupos.
La señora VICEPRESIDENTA: Para aceptación o rechazo de las enmiendas tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Vamos a llegar a una transaccional entre los grupos. Más tarde la pasaremos a la Mesa.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR UNA CAMPAÑA DE CONTROL DE MERCADO DE LA CALIDAD DE LOS TURRONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001965.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto 4 del orden del día, por la que se insta al Gobierno a realizar una campaña de control de mercado de la calidad de los turrones, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Tortosa.
La señora TORTOSA URREA: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la proposición no de ley que hemos presentado relativa a la calidad de los turrones. Señorías, si hay una época en la que especialmente podemos
encontrarnos más sensibles al tema que centra esta iniciativa es, con toda seguridad, en estos días previos a las fiestas navideñas.
Sirva un poco como nota ilustrativa comentar que aunque la almendra y la miel ya fueron utilizadas en Al Andalus para la fabricación de numerosos dulces, los conocedores de su historia nos cuentan que la versión española del turrón nace en
la provincia de Alicante alrededor del siglo XV, pues ya en época de Carlos V los turrones eran un dulce muy famoso asociado a la celebración de la Navidad. También tenemos turrón en otras zonas de nuestro país, como el exquisito de Agramunt,
porque no quiero que se me enfade ninguna compañera. El turrón es un producto caracterizado por su elevada demanda y consumo durante esta época, que gracias al esfuerzo del sector ha conseguido que cada vez tenga más aceptación dentro y fuera de
nuestro país. La mayoría de fábricas de turrón centra su mayor producción en los meses previos, desde septiembre a diciembre, para poder abastecer al resto del mundo. Francia, Italia y Portugal son los países de la Unión Europea que más demandan
este producto, mientras que fuera de las fronteras comunitarias Estados Unidos, Venezuela, Cuba y México son los principales compradores.
Desde el Consejo regulador de las indicaciones geográficas protegidas Jijona y Turrón de Alicante, al que conocemos como el Consejo regulador del turrón -hace unos días, por cierto, inauguró su nueva sede en Jijona-, y desde las propias
empresas no han cesado las diferentes iniciativas que hacen verdaderamente de este sector tradicional uno de los motores económicos de obligada referencia dentro de la Comunidad Valenciana y, en concreto, de Xixona como uno de los municipios de la
provincia de Alicante que genera cada vez más riqueza, con una apuesta decidida por la dinamización económica y la innovación, tanto de sus instalaciones como sus productos. En esta línea, nuevas variedades y nuevos consumos surgen para un futuro
prometedor que está siendo posible gracias a la creatividad y a las ganas de superación de una industria que se reinventa a sí misma, aportando al consumidor una mayor oferta de productos que van desde las nuevas especialidades de turrón -y no se me
asusten, señorías- de azafrán, a la sal, de tomillo o de canela, por señalar las más atrevidas, hasta nuevos usos, intentando fomentar su utilización no sólo como dulce sino, en un sentido más amplio, como materia prima de la cocina, tanto para la
elaboración de un postre como para una sopa, por ejemplo, para extender su consumo a cualquier época del año. La innovación también ha contribuido a que tengamos ya en las tiendas una línea de turrones ecológicos elaborados con materias primas cien
por cien naturales u otras tendencias de consumo como el lanzamiento de productos con menor azúcar añadido relacionados con la salud.
La importancia de este producto tan característico hace que la calidad sea una de las propiedades inherentes que siempre han destacado del turrón español, pudiendo definirse como la percepción que de él tiene el cliente asumiendo conformidad
con dicho producto y la capacidad del mismo para cubrir sus expectativas. Me satisface poder comentar aquí que la semana pasada el propio presidente del Consejo regulador, don Enrique Garrigós, constató públicamente que todo apunta a unos buenos
resultados de esta campaña, esperándose un incremento de las ventas que rondará el 5 por ciento; muestra de ello es que este año las empresas de Jijona, agrupadas en el Consejo regulador, fabricarán alrededor de veinte millones de kilos de
productos de Navidad amparados por el sello de calidad. Estos datos los facilito para que tengan idea de la importancia de esta iniciativa.
La buena marcha de la campaña de ventas de este año hace que los turroneros la comparen ya con la del año 2008. Desde el Consejo regulador se atribuye la
buena marcha de las ventas principalmente a dos cuestiones: primero, al esfuerzo que han realizado desde el sector a nivel exportador, que ha logrado un claro incremento del consumo en el extranjero y, en segundo lugar, al esfuerzo en lo
relativo a los precios dentro del mercado nacional, tendente a favorecer y estimular la demanda, y esto a pesar de que el precio de la almendra volvió a encarecerse este año. Además, aunque la crisis influya no lo hace tanto en los productos que se
consumen una vez al año, como es el caso de los turrones y otros productos navideños. Los datos confirman esta tendencia, ya que según un estudio de los fabricantes de turrones, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, el 83 por ciento de los españoles consume turrones y/o mazapanes durante estas fechas con una media de 44 euros de gasto por persona, cantidad que significa entre un 6 y un 8 por ciento de la cesta de la compra en estas fechas. Sin embargo,
el carácter estacional de su comercialización, ligado a la situación económica actual, suscita una preocupación vinculada a que el ajuste del precio de estos productos redunde en la modificación de su calidad; una calidad que viene marcada en la
reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y venta de los turrones y mazapanes, aprobada por el Real Decreto 1787/1982, de 14 de mayo -también aprovecho mi intervención para aclarar que se cometió un error en el texto de la exposición de
motivos de la proposición no de ley, ya que la fecha que se indicaba era 1992.
Fue un cambio de números-, que se complementa con el Real Decreto 496/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para los productos de confitería,
pastelería, bollería y repostería, sobre todo con el ánimo de realizar una aplicación uniforme en todo el territorio nacional y, al mismo tiempo, de favorecer la competencia del sector.
Asimismo, esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista quiere contribuir a apoyar la excelente labor que realiza el Consejo regulador, en concreto a su atribución de inspección y sanción en todos los aspectos de legislación
asociados a estos productos, y también aprovechamos para resaltar lo imprescindible que es su cometido para salvaguardar tanto el propio producto como su futuro. Señorías, nos encontramos en momentos propicios para la cooperación, para compartir la
responsabilidad ciudadana y la responsabilidad social de las empresas que han de combinar la competitividad con el máximo respeto a los derechos de las personas, a su seguridad y a su autonomía. Por ello, para que el cliente manifieste conformidad
relativa con las especificaciones de este producto, debe tenerse en cuenta que no solo debe valorarse el grado en que el turrón cumple con las especificaciones del diseño sino que debe ser controlado a través de inspecciones de mercado y cumplir con
los requerimientos estipulados por las organizaciones que hacen certificar el producto, como es el Consejo regulador del turrón. En definitiva, señorías, la esencia de esta proposición no de ley se encuadra en ese espacio.
Por todo ello, y para terminar, solicito en nombre de mi grupo el apoyo a esta iniciativa para instar al Gobierno a impulsar y coordinar de acuerdo con las comunidades autónomas una campaña de control de mercado de la calidad comercial de
los turrones ofertados a los consumidores, a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos, como una acción más que permita asegurar que el producto cumple con los requisitos que los clientes demandan.
La señora VICEPRESIDENTA: Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra la señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señorías, intervengo para manifestar nuestra posición con respecto a esta proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Socialista en relación con el control de mercado de la calidad de los turrones.
De todos es conocido que actualmente España es el primer productor mundial de turrones, siendo el principal núcleo de elaboración la Comunidad Autónoma de Valencia y, en concreto, las provincias de Alicante y Valencia -estamos hablando de un
60 por ciento de la producción española-, que centra su mayor producción en esos meses previos a la Navidad, pero no solo para abastecer a España sino también al resto del mundo. Es verdad que después de unos años consecutivos de crecimiento del
sector, en la pasada campaña hubo descenso en las ventas como consecuencia de la recesión económica, pero ha sido una caída moderada.
El propio Consejo regulador de la denominación de origen Jijona y Turrón de Alicante cifró en un 6 por ciento la
caída de su sector en el año 2009, afirmando que el motivo principal es el descenso de ventas de lotes y cestas navideñas, ya que la comercialización de turrones artesanales se ha mantenido prácticamente igual que otros años, teniendo incluso un
mejor comportamiento el mercado de libre servicio. También hay que dejar constancia de que ante este descenso el propio Consejo regulador para compensarlo ha adelantado, por un lado, la venta generalizada del turrón al 2 noviembre y así aumentar el
periodo de compra entre quince y veinte días; por otro lado, han confiado claramente en la exportación para así poder corregir esa caída del mercado. Hay que decir que en esta campaña del año 2010 no han bajado sus precios sino que se han
mantenido o incluso han subido ligeramente.
Señorías, hay que destacar que la exportación de turrones compensa la debilidad del mercado nacional, ya que para este año se prevé que durante esta campaña aumentarán en torno a un 12 por ciento las ventas de turrones en mercados exteriores
pero, sobre todo, recuperando a Estados Unidos, Venezuela y Cuba entre sus clientes. Dentro de la Unión Europea, como ustedes saben, países como Italia, Portugal y Francia son los que más demandan este producto, porque consideran el turrón español
como un producto único y diferenciador
por la calidad de las materias primas que usan nuestros maestros turroneros nacionales. En este punto, y dejando claro que desde el Grupo Parlamentario Popular estamos de acuerdo en que se lleven a cabo todos los controles de calidad, nos
preocupa que se pueda poner en duda la calidad de este producto. En la propia exposición de motivos de esta proposición no de ley del Grupo Socialista se dice: Este carácter estacional en su comercialización, ligado a la situación económica
actual, suscita una preocupación vinculada a que el ajuste de precios de estos productos redunde en la modificación de su calidad. Señora Tortosa, tengo que decirle -a usted que es diputada por Alicante- que a pesar del ligero repunte del precio de
la almendra respecto al del año pasado esto no repercutirá en el turrón, teniendo en cuenta que esta industria cuenta con firmas que están amparadas bajo la denominación de origen, lo que garantiza el uso de la almendra española, uno de los
productos básicos en la elaboración del turrón. Señora Tortosa, nos sorprende que con esta iniciativa puedan poner en duda la calidad de este producto, aun sabiendo el esfuerzo que se está realizando tanto por parte de los productores como por
parte del Consejo Regulador del Turrón, que están llevando a cabo, como así nos lo ha confirmado José Enrique Garrigós, su presidente, una serie de controles de calidad cuadriplicados: por un lado, el control de los productos, que proporcionan los
propios sistemas de seguridad y calidad agroalimentarias implementados en las empresas; un segundo control, que viene dado por las inspecciones realizadas periódicamente por los organismos administrativos competentes de cada comunidad autónoma -y a
ello me referiré posteriormente-; un tercer control, que afecta a la mayor parte de las empresas, que les viene obligado por los clientes de la gran distribución, en sus respectivos planes de evaluación de proveedores, y que conlleva constantes y
muy rigurosos controles de aseguramiento de la calidad en los procesos en general, desde la recepción de las materias primas hasta la puesta en comercialización del producto final, garantizando con ello una trazabilidad interna y externa de los
turrones, y en cuarto lugar, el control que afecta a los propios turrones con denominación de origen. Hay que reseñar que las empresas se someten voluntariamente a ese cuarto nivel de control, que consiste en garantizar el cumplimiento de las
condiciones propias de cada denominación de origen, haciendo incluso análisis e inspecciones a través de veedores propios. A esto hay que añadir el control de las administraciones competentes. En ese sentido, me quiero referir a la Comunidad
Autónoma Valenciana -de la que usted también es diputada-, máxima productora de turrón en España, y en concreto a las acciones que se están desarrollando desde la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, que realiza inspecciones periódicas
a las industrias elaboradoras de turrón, conforme al real decreto que regula la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y venta de turrones.
Hay que recordar también que el plan de inspecciones abarca tanto la producción certificada
con denominación de origen, como la que no está certificada. Tenemos que añadir también que en la Comunidad Valenciana existe la figura de calidad Indicación Geográfica Protegida Jijona y Turrón de Alicante, tutelada por la propia Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación, que certifica la calidad del turrón de las marcas que se acogen a esta figura de calidad, bajo el nombre de turrón de Jijona o turrón de Alicante, y que realiza controles e inspecciones de acuerdo con la normativa
comunitaria UNE-EN 45011.
Por tanto, no podemos aceptar esta proposición no de ley. Vamos a rechazarla, porque este real decreto, al que usted ha hecho referencia, que regula, en su punto 6, la reglamentación de la elaboración de turrones, ya establece, a nuestra
manera de entender, una reglamentación al respecto y un procedimiento de control que es realizado por el Servicio de control de calidad agroalimentaria de la consejería mencionada, además del que se está realizando desde el propio Consejo Regulador
de la Indicación Geográfica Protegida Jijona y Turrón de Alicante, creada precisamente -usted debía ser conocedora de ello- para controlar la calidad del producto certificado, la producción del turrón -certificando la procedencia de la materia
prima-, la forma de elaborarlo y el etiquetado final de producto. Por otro lado -usted debería ser conocedora de ello-, la Consejería de Sanidad también lleva a cabo controles en las industrias elaboradoras, envasadoras, almacenistas y
distribuidoras, con o sin venta directa al consumidor final en esta comunidad, concernientes a los locales de preparación, la manipulación, el envasado, el almacenamiento, las condiciones de procesado, la formación de los manipuladores de alimentos
y la revisión de los planes de autocontrol de la empresa. Aquí me gustaría añadir, porque creo que es un dato importante, que este sector ha sido uno de los prioritarios en la implantación del sistema de autocontrol basado en análisis de riesgos,
cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de la Comunidad Europea 852/2004, y que la frecuencia de ese control se establece sobre la base del riesgo asociado a los establecimientos, ligado tanto a la actividad desarrollada por estos como a sus
condiciones sanitarias, y aprobada en el plan de seguridad alimentaria cada año.
Por todo ello, entendemos que con esta proposición no de ley, señora Tortosa, más que apoyar al sector del turrón le están haciendo un flaco favor, máxime en este momento de crisis económica, al poner en duda la calidad comercial de los
turrones que se ofertan no solo a los consumidores españoles, sino también a los extranjeros, en un momento además en el que el sector, con gran esfuerzo, está penetrando con mucho éxito en Extremo Oriente, en Japón e incluso en países con gran
tradición exportadora de dulces, como son el Reino Unido, Alemania y Francia, sobre todo cuando se es consciente -usted hace referencia al propio Consejo Regulador de la denominación de origen Jijona y Turrón de Alicante- de los controles que se
están llevando a cabo, con el compromiso de garantizar que todos los productos amparados
por esta denominación cumplan todos y cada uno de los requisitos necesarios para pertenecer a la Indicación Geográfica Protegida, que velará por la promoción y por la propaganda de productos amparados para la expansión de sus mercados, la
defensa de las denominaciones, la aplicación de su reglamento, así como por el fomento y el control de la calidad de los turrones elaborados. Por tanto, señora Tortosa, no podemos apoyar esta iniciativa, teniendo en cuenta además que este es uno de
los sectores agroalimentarios -y lo podemos decir con mayúscula- con más tradición de control de calidad, de trazabilidad y de seguridad alimentaria de España, por lo que se han ganado un prestigio y una reputación entre todos los consumidores. No
entendemos que usted, señora diputada, que además lo es por la provincia de Alicante, una de las provincias donde más se produce este producto, nos venga poniendo en duda la calidad de nuestro turrón. Por tanto, señora presidenta, finalizo diciendo
claramente que el Grupo Popular no apoya esta proposición no de ley. (Aplausos.)
- SOBRE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SISTEMA SANITARIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002007.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley, sobre planificación de recursos humanos en el sistema sanitario, del Grupo Parlamentario Socialista, que va a ser defendida por la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: La planificación de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud ha provocado una amplia preocupación en todos los grupos políticos en esta Comisión, como ha quedado de manifiesto hasta ahora mismo y han
sido varias las propuestas que se han venido realizando con este contenido a lo largo del tiempo.
La planificación de los recursos humanos en salud constituye un instrumento imprescindible, que permite impulsar la calidad de la atención sanitaria. Una buena planificación exige contar con un sistema de información que permita el análisis
permanente de los datos, que permita también un tratamiento homogéneo de los mismos. Debe ser un sistema único y compartido por todas las comunidades autónomas, gestoras directas de la atención sanitaria en cada uno de sus territorios. Un sistema
ágil, accesible y compartido permite conocer las necesidades de profesionales sanitarios a medio largo plazo, lo que facilita la planificación de la disponibilidad de los profesionales, pero también orienta la planificación de la formación de los
mismos. El Plan de calidad del Sistema Nacional de Salud ya incorporó la necesidad de la planificación de los recursos humanos. Recientemente, el 18 de marzo de este año 2010, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha alcanzado
un acuerdo para adoptar una serie de medidas y promover la calidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
En este consejo y con la unanimidad de todos los grupos, se aceptó la creación de un sistema común para la
planificación de recursos humanos, creando un registro de profesionales y un sistema de información común y transparente para todos. Por otra parte, la ponencia sobre recursos humanos que ha venido trabajando estos últimos meses en el Senado
concluye también -abro comillas- que la inexistencia de un registro de profesionales sanitarios supone una dificultad para una adecuada planificación de los recursos humanos y por ello recomienda impulsar un registro nacional de profesionales
sanitarios accesible e interoperable entre las diferentes comunidades autónomas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición en la que se insta al Gobierno, por supuesto en colaboración con las comunidades autónomas, a impulsar cuatro puntos que entendemos muy necesarios: primero, realizar
el estudio de necesidades de diferentes profesionales, no solamente personal médico, sino también personal de enfermería; segundo, crear el registro de profesionales y distribuirlo en los territorios tanto en el ámbito público como privado;
tercero, elaborar el sistema común de información, y cuarto, crear un observatorio de recursos humanos. En esos términos hemos presentado nuestra proposición, pero hemos cambiado algunos de ellos durante la negociación de una enmienda
transaccional, ya que el Grupo Popular ha presentado una enmienda a nuestra propuesta. Hemos llegado a un texto común que, como han visto, hemos cerrado en este momento. Lo paso inmediatamente a la Mesa. Espero que el resto de los grupos también
lo apoye y se apruebe por unanimidad.
La señora VICEPRESIDENTA: Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular para cuya defensa tiene la palabra la señora Fernández Pardo.
La señora FERNÁNDEZ PARDO: Quiero comenzar mi intervención, en representación del Grupo Parlamentario Popular, diciendo que compartimos la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Compartimos la
necesidad de la planificación de los recursos humanos en salud, que son fundamentales para impulsar la calidad de la atención sanitaria, para mejorar los sistemas de información, y compartimos también que es necesario conocer esas necesidades a
medio y largo plazo para saber los profesionales sanitarios que necesitamos. Todo esto que -como digo- constituye la exposición de motivos, lo compartimos, pero no sabemos -no puedo dejar pasar la ocasión de decirlo- si el Grupo Socialista ha
descubierto ahora esta necesidad, cosa que nos llama poderosamente la atención, o realmente reconocen el incumplimiento de su Gobierno. Vuelvo a incidir en el motivo con el que comenzaba mi exposición. Compartimos esa necesidad y por tanto estamos
trabajando en la idea de
una proposición conjunta. Creo que la enmienda que ha presentado el Grupo Popular es mucho más acertada, puesto que se trata de dar una prioridad a este registro de profesionales, pero ajustándolo en el tiempo. Creemos que hay que afianzar
un tiempo para dar lugar a ese compromiso que parece ser que el Grupo Socialista y el Gobierno ahora pretenden alcanzar. Es necesario también actualizar la ponencia del Senado en relación con este registro, puesto que todos compartimos la necesidad
de ponerlo en marcha con rapidez y, desde luego, también compartimos la necesidad de dar acceso a estos datos a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, quiero incidir en una cosa. El Grupo Popular lleva siete años insistiendo en
esta necesidad y lo ha hecho a través de su portavoz, Mario Mingo, en reiteradas ocasiones con algunos de sus ministras y ministros de Sanidad, que ya van siendo unos cuantos. No voy a relatarlas aquí, pero puedo decirles que las intervenciones de
nuestro portavoz en este sentido han sido múltiples. De la misma manera, el Grupo Parlamentario Popular ha hecho alusión a esa necesidad del registro de profesionales en el voto particular que presentó en la subcomisión del Pacto de Estado por la
sanidad y ha incidido en ello también en algunas de las enmiendas que ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Por tanto nuestra pretensión es que se ponga en marcha a la mayor brevedad posible, y en ese sentido -repito-
estamos intentando hacer una transaccional, en la que creo que llegaremos a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Grupos que quieran posicionarse en este punto? (Pausa.)
Quedamos pendientes de la transaccional de este último punto para pasar a la votación. Suspendemos la sesión por tres minutos. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación en el mismo orden previsto en el orden del día. Votamos la proposición no de ley número 1, sobre concienciación, prevención y detección del VIH-sida, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 16.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos al segundo punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a los cuidados paliativos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
No tenemos ninguna transaccional. (Un señor diputado: Se acepta la enmienda socialista.)
La señora GRANDE PESQUERO: Lo que vamos a votar es la enmienda del Grupo Socialista que el diputado proponente del Grupo Popular aceptó.
La señora VICEPRESIDENTA: De acuerdo. Se vota en los términos de la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre la declaración de las gafas premontadas como producto sanitario. Tenemos una transaccional. ¿Necesitan los grupos que pasemos a leerla? (Denegaciones.) Votamos la transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 4, sobre el control de mercado de la calidad de los turrones. No tenemos ninguna enmienda transaccional. Pasamos a votarla en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la quinta proposición no de ley, sobre productos falsificados y su impacto en los consumidores. Tenemos una transaccional. ¿Necesitan que la leamos? (Denegaciones.) Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, votamos la proposición no de ley sobre la planificación de recursos humanos en el sistema sanitario, a la que se ha presentado una transaccional. ¿Creen necesario que la leamos? (Denegaciones.) Pasamos a votarla.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Les recuerdo que a continuación de esta sesión tenemos reunión de Mesa y portavoces.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y cincuenta minutos de la tarde.