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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 681, de 14/12/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 681
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO GARRE LÓPEZ,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm., 25
Página
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la garantía de la accesibilidad de los alumnos con discapacidad en el programa Escuela 2.0. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001291.) ... (Página
2)
- Sobre la atención específica en el ámbito de las personas sordociegas.
Presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001815.) ... (Página 5)
Página
- Sobre impulso de medidas en el sector industrial del juguete en favor de los niños y niñas con capacidad diferenciadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002009.) ...
Se abre la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA GARANTÍA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA ESCUELA 2.0. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001291.)
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Señorías, da comienzo de la sesión la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad conforme al orden del día previsto para hoy, 14 de diciembre de 2010. Antes de iniciar el debate de la
primera proposición no de ley anuncio que la votación no se producirá antes de la una y veinte. Así que, conforme al orden previsto, tiene la palabra para la defensa de la primera de las proposiciones no de ley doña Inmaculada Bañuls.
La señora BAÑULS ROS: Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones en esta Comisión, para transformar la vida de las personas con discapacidad de forma duradera es necesario comenzar por la educación. Ese es el sentido de esta
proposición no de ley relativa a garantizar la accesibilidad de los alumnos con discapacidad en el programa Escuela 2.0.
La propuesta del Grupo Parlamentario Popular es plenamente coherente con la proposición no de ley que se aprobó en la Comisión
de Educación y Deporte en la sesión del día 26 del pasado mes de mayo, que hace referencia a garantizar un sistema de educación inclusivo para los alumnos con discapacidad en todos los niveles educativos y que fue presentada por nuestro grupo. En
dicha proposición se instaba al Gobierno a asegurar los recursos de apoyo que el alumnado con discapacidad precise a lo largo de todas las etapas educativas, estableciendo las ayudas necesarias para que los padres puedan proporcionarles la atención
que precisen, que permita el acceso, la permanencia y la promoción dentro del sistema educativo así como la accesibilidad física a la comunicación, a los contenidos y materiales de aprendizaje, a las nuevas tecnologías y a las distintas actividades
que se realicen con carácter general para todo el alumnado. De un modo más concreto, se pedía atención prioritaria a los alumnos con necesidades educativas especiales en los programas educativos del Ministerio de Educación, por ejemplo, Escuela
2.0, Educa3, PROA, etcétera.
Ante el alto índice de ausencia de formación en los alumnos con discapacidad por sus distintas dificultades para acceder a la misma de un modo normalizado, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos necesario que se haga especial hincapié
en estos alumnos con necesidades especiales, con el fin de no aumentar la brecha educativa que existe en relación con el resto del alumnado.
Se ha demostrado que las nuevas tecnologías son un instrumento eficaz para compensar las limitaciones derivadas de distintas capacidades, por lo que estas deben estar al alcance del alumnado con discapacidad en igualdad de condiciones que el
resto.
Olvidamos con frecuencia que una gran mayoría de personas con discapacidad se encuentra actualmente marginada para el empleo generalizado de las nuevas tecnologías. Por ello, todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
que se pongan al servicio de la comunidad educativa han de estar concebidas bajo el concepto de diseño universal, de forma que no se excluya a nadie y que se priorice a los alumnos que más necesitan estas nuevas tecnologías y que más pueden
beneficiarse de las mismas, que son precisamente los alumnos con discapacidad. En este sentido, el artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad compromete a los Estados parte a promover el acceso de las
personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet. El programa Escuela 2.0, con una previsión más que considerable de aulas completamente digitalizadas para una mejor formación
del alumnado, fue presentado por el ministro de Educación a representantes de todos los países de la Unión Europea en marzo de 2010, según consta en una nota de prensa del ministerio, en la que decía que se basaba en los siguiente ejes: dotar de
recursos TIC a alumnos y centros, garantizar la conectividad a Internet en aulas y domicilios, asegurar la formación del profesorado, generar y facilitar el acceso a materiales digitales a profesores, alumnos y familias.
Nosotros pensamos que hubiese sido deseable incluir referencias en cada uno de estos ejes a los alumnos con necesidades educativas especiales o a la accesibilidad universal para los alumnos con diversidad funcional. No digo que no se haya
contemplado, pero ya que se hacía esa presentación ante representantes de la Unión Europea, incluso expertos de Latinoamérica, según constaba, como he dicho, en nota de prensa del ministerio, hubiese sido un buen momento para incluir referencias a
los alumnos con necesidades educativas especiales y con
diversidad funcional, y a la accesibilidad universal. Por
eso, el Grupo Parlamentario Popular, haciéndose eco de las necesidades reivindicadas por el sector de la discapacidad, cree totalmente necesario que dentro del programa Escuela 2.0 se garantice desde el principio la accesibilidad universal,
con el fin de que los alumnos con discapacidad no queden excluidos de la digitalización del entorno educativo, que tantos beneficios les puede aportar en su formación y en la integración.
Debemos recordar que el Comité español de representantes de
personas con discapacidad se ha manifestado en el mismo sentido, solicitando, a través de un escrito dirigido al ministro de Educación, que la puesta en marcha del programa Escuela 2.0 se haga con medios accesibles para las diferentes
discapacidades. El Cermi ha pedido, una vez más y coincidiendo con el inicio del curso escolar, que sea una apuesta y un medio más que refuerce la educación inclusiva, al mismo tiempo que se amplíe el tratamiento de la accesibilidad tanto al
software como al hardware de los ordenadores y a los contenidos digitales en todos los niveles, y que se cumpla también con la premisa de que sean accesibles para todas las personas. También se recordó desde el sector de la discapacidad, respecto a
la posibilidad de otorgar un distintivo de calidad de la Escuela 2.0, el llamado sello Escuela 2.0, que este no asegura la accesibilidad de los diferentes recursos o productos que pueden ser generados por empresas o entidades para el desarrollo y
mejora de la calidad educativa mediante el uso de las TIC, ya que solo se hace referencia a las condiciones mínimas de accesibilidad establecidas por el Consorcio World Wide Web, y estas condiciones mínimas no aseguran que los recursos sean
accesibles en cuanto a sus contenidos. La legislación vigente exige que todos los servicios de nueva implantación sean accesibles, por lo que el programa Escuela 2.0 debe incorporar el diseño para todos.
Puesto que el Consejo de Ministros aprobó reforzar la financiación de este programa el pasado viernes 10 de diciembre, nos parece oportuno o necesario recordar este aspecto. Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular insta al
Gobierno, a través de esta proposición no de ley a: garantizar la accesibilidad universal del programa Escuela 2.0 para que los alumnos con discapacidad no queden excluidos del mismo; impulsar que la implantación de este programa se aplique con
carácter prioritario y urgente a los alumnos con discapacidad y, por último, a garantizar que el profesorado reciba la formación específica necesaria para facilitar que los alumnos con discapacidad puedan seguir su integración en las aulas
digitales. Nosotros estamos convencidos -sé que sus señorías también- de que, como he dicho anteriormente, las nuevas tecnologías son un instrumento extraordinariamente eficaz para compensar las limitaciones derivadas de las distintas
discapacidades, por lo que debe ser prioritario que estén al alcance de los alumnos con discapacidad.
El señor VICEPRESIDENTE: A la proposición no de ley se han presentado enmiendas, la primera de ellas del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, hemos presentado tres enmiendas a esta iniciativa, pero empezaré por decir que comparto no solamente la filosofía sino también la oportunidad de presentarla y que me felicito por que el Grupo Popular
haya planteado aquí el debate, lo haya planteado de esta manera, abordando esta problemática, y por que nos dé la oportunidad no solamente de hacer el debate sino también de adoptar resoluciones que sean eficaces para el sector al que nos queremos
dirigir y al que estamos comprometidos en representar y defender.
Hemos presentado tres enmiendas que pretenden reforzar la iniciativa que ha planteado el Grupo Popular. En la primera de ellas nos proponemos explicitar que todos los medios puestos a disposición de la comunidad educativa en el marco del
programa Escuela 2.0 deban ser accesibles desde el comienzo. Nos parece que esta es una cuestión fundamental en esta materia, desde el comienzo, para que al alumnado con distintas discapacidades, y de acuerdo con el principio de un diseño para
todos, se le garantice el principio de igualdad de oportunidades. No se trata, pues, de pedir que no se excluya, como muy bien ha dicho la portavoz del Grupo Popular; se trata de instar al Gobierno a que en todas las acciones que lleve a cabo se
piense en la comunidad diversa a la que van dirigidas las mismas y de este modo todos los programas de actuación nazcan conforme a los principios de diseño para todos. O sea que accesibilidad desde el primer momento y diseño para todos sería el
objetivo de esta primera enmienda. La segunda va en coherencia con esta primera enmienda de diseño para todos, y por tanto lo que se plantea es coordinar la implantación del programa Escuela 2.0 desarrollándolo bajo el mencionado criterio de
accesibilidad universal, para que todo el alumnado objeto del programa acceda de forma simultánea, es decir, no solamente desde el primer momento sino de forma simultánea en todos los lugares. Y la tercera enmienda busca impulsar el desarrollo de
multimedia formativos que se ajusten a los requerimientos educativos -componente curricular- de diseño universal debidamente tutorados y con una debida estructuración y secuenciación de la información que facilite la implicación del alumno.
En definitiva, no les estamos planteando a través de estas enmiendas ninguna modificación del objetivo sustancial de la proposición no de ley que ha presentado y defendido el Grupo Popular, sino que con el trámite de las enmiendas queremos,
concretar un poquito más la exigencia, universalizar la prestación del servicio, hacerlo accesible desde el primer momento para todos los alumnos y que por tanto su eficacia sea mayor.
El señor VICEPRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado otra enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Concepción Sanz.
La señora SANZ CARRILLO: Señor presidente, señorías, la proposición no de ley que hoy debatimos responde a la necesidad de garantizar la accesibilidad de los alumnos con discapacidad en el programa Escuela 2.0; y podríamos decir que es la
continuación de otra proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación hace unos meses, como ya se ha dicho, donde ya el grupo proponente anunciaba la presentación de la proposición no de ley que ahora valoramos. En ambos
casos, sin género de dudas y de acuerdo con la ponente y del resto de grupos parlamentarios, todos pretendemos un objetivo común: dotar de una educación inclusiva y de calidad a los alumnos con discapacidad en todos los niveles educativos. Como ya
se comentó en la Comisión de Educación, esta es una necesidad acorde a las directrices de diferentes tratados internacionales y al cumplimiento de las normas tanto de la Convención de la ONU como del documento Educación inclusiva, elaborado por el
Foro de la Discapacidad en 2009, y se sustenta tanto en nuestra Ley Orgánica de Educación como en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Así, tanto en el artículo 24 de la Convención de la ONU como en el
resto de las normas ya comentadas se pretende una educación inclusiva, que, dejemos claro, ya está garantizada y lo estará más en el futuro sobre la base del simple desarrollo ineludible de nuestra legislación y del trabajo que el Gobierno viene
desarrollando de forma oportuna en este sentido.
Estamos convencidos de que las medidas que se adopten en la práctica educativa inclusiva serán beneficiosas para todo el alumnado, así como aquellas que deriven de la aplicación del artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los derechos de
las personas con discapacidad, que promueve el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones. Señorías, en este sentido cabe recordar que el proyecto Escuela 2.0 está dirigido a
todos los alumnos y profesores de quinto y sexto curso de educación primaria y de primero y segundo curso de educación secundaria, desarrollándose de una forma progresiva en el transcurso de cuatro años. Es un proyecto que no solo dotará de un
ordenador portátil de uso personal a alumnos y profesores, sino que también transformará el aula habitual donde se desarrollen las clases en un aula digital. Junto a las actuaciones de equipamiento se pondrán en marcha actuaciones de formación del
profesorado en el uso de los nuevos recursos tecnológicos, y se ofrecerán contenidos digitales innovadores que puedan ser utilizados con la nueva metodología didáctica que el proyecto induce. Comprendemos y valoramos cómo en un proyecto de esta
naturaleza deben estar integrados todos aquellos alumnos escolarizados en dichos cursos, que obviamente incluyen a aquellos que tienen alguna necesidad específica de apoyo educativo básicamente debido a que sufren alguna discapacidad sensorial o
motora, y deben participar con el resto de sus compañeros en el desarrollo del proyecto. Esto supone un esfuerzo educativo importante por parte de diferentes sectores. Por un lado, las administraciones educativas deben ofrecer las condiciones
materiales adecuadas a los centros para que dichos alumnos cuenten con herramientas informáticas adaptadas a sus posibilidades; por otro lado, las empresas dedicadas a producir contenidos educativos deben tener en cuenta a dichos alumnos en sus
diseños, y, por último, el profesorado y los equipos de apoyo a la escuela deben incorporar en las actividades de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas, a dichos alumnos.
Señorías, debemos también ser comprensivos y aceptar que al tratarse de un proyecto innovador de aplicación progresiva los objetivos anteriores se irán alcanzando de forma paulatina en todo el periodo de desarrollo del mismo. Sabemos que
corresponde a las administraciones educativas apoyar al profesorado participante en el proyecto Escuela 2.0 en cuyas aulas se encuentren escolarizados alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para que dispongan de la formación y de los
recursos técnicos y metodológicos necesarios que les permitan integrar a dichos alumnos en las actividades de clase que diseñen, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En este sentido, ya existen programas y
proyectos que se llevan a cabo en las diferentes comunidades autónomas.
Un asunto distinto al proyecto Escuela 2.0 es el uso de las nuevas tecnologías para la mejora en los aprendizajes del colectivo de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que por el grado de sus deficiencias están escolarizados
en centros de educación especial. Para estos casos los objetivos educativos son distintos, así como las tecnologías a utilizar y la metodología de uso. Pero además tanto desde el Ministerio de Educación como desde las administraciones educativas
de las comunidades autónomas se desarrollan desde hace años programas específicos de actuación y dotación tecnológica para este tipo de centros, existiendo en nuestro país un profesorado especialista muy bien preparado, cuestión que se refleja en
los importantes congresos y seminarios que se desarrollan a nivel nacional en el ámbito de las TIC y los alumnos con necesidades especiales.
Ya para terminar, quiero insistir una vez más en que desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos firmemente que avanzar hacia una sociedad donde primen la equidad y el respeto a la diversidad solo será posible por medio de la educación y
de la formación de todas las personas en todos los ámbitos. Por ello, hemos presentado una enmienda de sustitución que creíamos que suponía una mejora en las demandas, pero estamos dispuestos a que pueda ser transada con el resto de grupos,
tratándose de asuntos tan nobles como la educación y la
discapacidad. Se trata de lograr que hoy algo bienintencionado salga adelante con el mayor respaldo posible. Ese deseo solo será factible si aunamos voluntades. La unanimidad sería el mejor regalo que podríamos hacer a personas con hijos
con discapacidad en estas próximas fechas navideñas.
El señor VICEPRESIDENTE: Advierto la presencia de grupos parlamentarios.
¿Quiere alguno de ellos fijar la posición respecto a la proposición no de ley o incluso a las enmiendas que se han presentado? (Pausa.) El señor Olabarría tiene la
palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Va a ser un turno muy breve en relación con la pertinencia de esta proposición. Por tanto, felicito al grupo proponente, y en relación con la suerte que corran las enmiendas después veremos.
Parece que suscitar
esta cuestión en esta Comisión es algo particularmente relevante para quienes conocemos o tenemos una cierta accesibilidad a lo que ocurre en nuestro sistema escolar y los mecanismos o líneas de integración de alumnos con necesidades especiales. El
problema es que quizás yo le pediría a la proponente, a la portavoz del Grupo Popular, volver a plantear la cuestión de que los alumnos que tienen especiales necesidades educativas son fruto en este momento en nuestra normativa educativa de una
regulación demasiado reglamentada. Hay colegios, evidentemente, que tienen líneas de actuación sobre niños con problemas de autismo, síndrome de Down y otras circunstancias que les provocan situaciones de dificultad en materia de aprendizaje, pero
hay otras circunstancias u otras necesidades educativas especiales que están aflorando recientemente y que no han sido objeto de consideración ni son objeto de consideración en la normativa actualmente vigente. Le voy a poner un ejemplo que resulta
casi paradigmático. En este momento se está realizando una experiencia piloto en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Vizcaya, con cinco colegios de allí, en donde se está identificando ya un perfil conductual de los
niños adoptados condiciones de especial o extrema penuria, donde se identifican diecisiete dificultades específicas de rendimiento vinculadas al rendimiento académico e incluso a la actitud conductual de estos niños en los centros escolares. El
sistema educativo no supo o no pudo prever esta circunstancia, y hay otras que yo le podría indicar. Quizá pediría a la señora proponente y a los dos grupos de la Cámara que pensemos en que no están todos los que son en la normativa que prevé
mecanismos de integración o líneas educativas de integración, y que pensemos en dar una mayor amplitud de naturaleza subjetiva a la iniciativa, brillantemente defendida y presentada por la portavoz del Grupo Popular. Este es un tema sobre el que no
he tenido tiempo material para presentar una enmienda. Lo hubiese hecho si hubiese podido y si hubiese tenido los datos de esta experiencia piloto que se está realizando en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como le digo, señor presidente, o a
través de otra proposición o de otra iniciativa, respecto a la cual yo invoco la sensibilidad de los miembros de esta Cámara para que intentemos ampliar el ámbito de las personas o niñas o niños escolarizados que tienen dificultades de aprendizaje o
de integración en un centro escolar, y que en este momento no están incluidos en las normas que configuran -normas de no pequeña dimensión, son normas verdaderamente complejas, pero muy reglamentistas en este ámbito- nuestro sistema educativo.
El señor VICEPRESIDENTE: La señora Bañuls tiene la palabra para manifestarse en torno a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, incluidas las propuestas que ha hecho el señor Olabarría.
La señora BAÑULS ROS: Si me permite, señor presidente, al final de la Comisión intentaremos llegar a una transaccional con las enmiendas presentadas en aras de lograr el mayor consenso y el mayor apoyo a esta proposición no de ley para que
salga adelante. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por una cuestión de orden de menor cuantía, señor presidente. Iba a pedir un favor a todos los portavoces de esta Comisión que consiste en variar el orden de las proposiciones. La última es la relativa a la
atención a las personas sordociegas. (Rumores.) ¿Es la que viene ahora? La cuestión de orden que le he planteado queda anulada.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría, como bien indica el secretario de la Mesa, por la cuestión de desorden planteada.
- SOBRE LA ATENCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS SORDOCIEGAS.
PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001815.)
El señor VICEPRESIDENTE: Para la defensa de la segunda de las proposiciones no de ley, sobre la atención específica en el ámbito de las personas sordociegas, que corresponde al Grupo Parlamentario Popular y asimismo al Grupo Parlamentario
Vasco, van a compartir la exposición de la iniciativa ambos portavoces. Tiene la palabra doña Enriqueta Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Quiero comenzar haciendo una referencia a esta iniciativa dado que la misma, en cuanto a la paternidad se refiere, corresponde no solamente al Grupo Parlamentario Popular sino también al Grupo Parlamentario
Vasco, y en el Grupo
Parlamentario Popular quisiéramos, si no hay inconveniente por parte de la Mesa, poder disponer de un tiempo partido entre las dos compañeras que de alguna manera hemos formado parte en la gestación, si no hay inconveniente. Si no hay
inconveniente, ¿podemos intervenir las dos en turnos muy breves? ¿Es posible?
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Seller, el turno sería brevísimo, porque ya lo hemos partido en dos al ser dos los grupos proponentes, así que tendría un turno de treinta segundos.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Discúlpeme, ¿treinta segundos cada uno?
El señor VICEPRESIDENTE: No.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Una de las herramientas que proporcionan una mayor difusión de la información en el mundo revela la dificultad de conocer con estimaciones reales el número de personas que en nuestro país padecen
sordoceguera. Efectivamente, las abundantes noticias diferidas a través de la Red por organizaciones no gubernamentales así como también por entidades varias nos remiten a diversas cifras en nuestro país que rondan aproximadamente las 6.000
personas sordociegas, o también a porcentajes que en el ámbito de la Unión Europea se sitúan en torno a 15 personas cada 100.000.
Este comienzo, señorías, pudiera haber sido una reproducción de lo que en su día fue la génesis del debate parlamentario suscitado a propósito de la sordoceguera tres años atrás; debate que vino en este caso a materializar el texto 27/2007,
de 23 de octubre. Tres años, señorías, han transcurrido desde que el Parlamento diera luz verde a la ley; tres años de parálisis, tres años de demora injustificable, a tenor de lo que piensa el Partido Popular, el Grupo Popular. No estamos, por
tanto, ante un comportamiento responsable del Gobierno, pues a la vista está que no hay estudio de ningún tipo, y sin estudio estamos, naturalmente, perdiendo el tiempo y perdiendo también oportunidades para detectar, conocer y resolver con mayor
concreción la situación, para poder, en todo caso, coadyuvar desde la Administración y también desde la participación de los poderes públicos para que estos puedan cumplir y actuar de forma eficaz conforme al mandato constitucional. ¿Y cómo? Pues
promoviendo en todo caso las condiciones necesarias para avanzar en la libertad y la igualdad de todos, también removiendo todo tipo de obstáculos que impidan o dificulten la participación en la vida económica, social, cultural, etcétera; y
también, cómo no, un mandato constitucional que invita en todo caso a eliminar cualquier tipo de discriminación que impida el desarrollo del individuo como ser humano que forma parte de la sociedad.
Es una lástima, señorías, que una ley con buenos propósitos, que concitó tantas y buenas voluntades entre todos los grupos políticos, sea hoy quizás una de las leyes que más incredulidad y desánimo produce, particularmente en la comunidad de
sordociegos. Consideramos que no es serio ni tampoco comprometido hacer una ley para, a renglón seguido, recortar las dotaciones económicas al plan de acción para personas con discapacidad. Tampoco es serio ni comprometido diezmar los servicios de
intérpretes y bajarlos de 33.000 a 5.000 esta anualidad, servicios tan necesarios para estas personas en el ámbito sanitario, jurídico, educacional, etcétera; un despropósito, tal y como en su día dijo nuestro compañero el señor Barrachina en sede
parlamentaria. Por este motivo, señorías, esta proposición no de ley, firmada conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco y en la que tengo entendido que intervendrá el señor Olabarría, pretende desde el Grupo Parlamentario Popular -y me consta
que es también el espíritu que quiso plasmar mi compañera Marta Torrado- animar a superar todo obstáculo, toda inactividad o demora en la ley, que de alguna manera venga a hacerlo atendiendo directamente al interés primordial, que es el interés
establecido en el artículo 49 de la Constitución española, pues un retraso de más de mil jornadas en la elaboración de un estudio da lugar a más de mil excusas, desde nuestro punto de vista, injustificables. Nuestro compromiso, el compromiso que
debe salir de aquí de todos los grupos políticos, con las personas sordociegas, con sus familias, también con las organizaciones no gubernamentales que aglutinan a todas las personas sordociegas ha de ser, a la par que sincero, que me consta que es,
también real y efectivo, pues toda inactividad contribuye a levantar barreras en lugar de eliminarlas, ahondando por tanto en cualquier caso en un mayor aislamiento de estas personas, que tanto luchan por superarse a diario y que no merecen ser
defraudadas en sus legítimas pretensiones.
Acabo ya, señorías. Quiero aprovechar para decir que efectivamente para el Grupo Popular, y me consta que también para el PNV, es importante no solamente hablar del informe aludido, sino también establecer un plazo de ejecución del mismo,
pues aunque no viene establecido en la proposición no de ley creo que no va a ser muy difícil llegar a un acuerdo en cuanto a la mayor efectividad del cumplimiento y el mismo.
Paso ya seguidamente la palabra a mi compañera para terminar esta intervención.
El señor VICEPRESIDENTE: La palabra se la concedo yo a doña Marta Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Voy a ser muy breve, solamente para dar las gracias al portavoz del PNV, al señor Olabarría, porque es una persona muy sensibilizada con todos los colectivos que tienen alguna discapacidad. En este caso
concreto, cuando estuvimos hablando de la idea de presentar una PNL conjuntamente, el trabajo con él ha sido algo muy importante para nosotros porque hemos visto la gran sensibilidad del PNV.
Esto lo hemos detectado desde el Grupo Popular porque
nos gusta estar cerca de las personas,
conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas. Precisamente nuestra relación cercana con todos los colectivos y en especial con el de las personas sordociegas hizo que nos manifestaran la necesidad, la urgencia de poner en
marcha esta iniciativa, con la cual queríamos instar al Gobierno para que se revisaran fundamentalmente los baremos que se habían establecido dentro de la Ley de Dependencia. Nosotros entendemos que estas personas requieren un trato específico, de
ahí la iniciativa de presentar esta PNL en colaboración con el Partido Nacionalista Vasco.
Quiero agradecer también el buen talante y la colaboración de los otros grupos, como es el caso de Convergència i Unió y de UPyD, cuyas enmiendas enriquecen el texto. Estoy segura de que con esta iniciativa vamos a conseguir que muchas
personas que a día de hoy, por desgracia, están aisladas según sus estudios se calcula que hay 6.000 personas con sordoceguera en nuestro país, si se aprueba esta PNL, vamos a aumentar la calidad de vida de estas personas, que se lo merecen.
El señor VICEPRESIDENTE: Para la defensa conjunta, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Primero le pido disculpas, señor presidente, por la espuria cuestión de orden que le he planteado antes, pero atender cuatro comisiones simultáneamente sin la capacidad de ubicuidad del señor Mardones, ex compañero
nuestro en la Cámara, no resulta sencillo en todo caso. También deben de existir pocos precedentes en relación con la defensa de una iniciativa parlamentaria por tres portavoces simultáneamente, pero esto indica el carácter innovador de esta
Comisión en todos los ámbitos previstos en el Reglamento. Casi estoy tentado de extender la amabilidad de las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra y dar la PNL por defendida haciendo mías sus palabras, no sin alguna matización,
señor presidente. Lo que han dicho es muy cierto, y además lo han hecho desde una perspectiva de reflexión política. En un sistema democrático la versatilidad de las adhesiones a las iniciativas debe ser una característica casi paradigmática. Lo
digo para aquellos que nos acusan de estar alineados con unos o con otros y salvar determinadas situaciones políticas. No, aquí las sensibilidades y los problemas son diferentes entre sí y los alineamientos o adhesiones a las iniciativas tienen que
tener esa dosis de versatilidad que caracteriza a los sistemas parlamentarios más avanzados y progresistas del mundo. En este punto hemos encontrado una gran sensibilidad parte por del Grupo Popular -les devuelvo la cortesía que han tenido- en el
ámbito de un colectivo, el de los sordociegos, que padece unas dificultades dimanantes de su discapacidad particularmente onerosas. A todo el mundo se le ocurre que este es uno de los colectivos que padece una discapacidad más severa, por utilizar
la denominación técnica, y que deberían estar ubicados todos ellos sin ninguna excepción en el primer nivel de atención de la Ley de Dependencia, por ser su discapacidad particularmente gravosa o particularmente severa y exigir una gran dedicación
por parte de su familia, por parte de los sistemas públicos, autonómicos o estatales, de atención a una necesidad donde la dependencia de una segunda persona es absolutamente imprescindible. Y son pocos los discapacitados que realmente necesitan
sistemáticamente y en todo momento la atención de un mediador, la atención de un cuidador de forma casi permanente.
Se trata, como han dicho las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, de atender a los requerimientos del contenido esencial del artículo 49 de la Constitución; a los requerimientos de la Convención de Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad, que ya fue objeto de ratificación en el año 2007 por el Estado español, por lo tanto vigente; a los requerimientos de la Ley del lenguaje de signos del año 2007, desatendidos en lo atinente a la
problemática específica de este colectivo, el colectivo de los sordociegos. Se ha avanzado, yo se lo reconozco al Grupo Socialista, en los requerimientos o en las exigencias previstas en los artículos 7.4 y 16.2 en relación con la determinación de
las titulaciones oportunas y necesarias para los profesionales de la enseñanza en lengua de signos, pero no se ha avanzado en el cumplimiento de otro requerimiento específico consignado en la disposición adicional sexta, que es la que establece que
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realizará un estudio en el que se determine el número de personas con sordoceguera, sus condiciones de vida que son fácilmente presumibles, señor presidente, su ubicación geográfica, a efectos de
determinar los centros de referencia que se deberán crear, así como el establecimiento de recursos más acordes con las especiales necesidades de este colectivo. Me ha comentado la portavoz del Grupo Socialista que se está haciendo. A mí no me
consta que se esté haciendo, ni consta a las personas que representan a este colectivo, este particular colectivo en el seno del Cermi, que es la organización que aglutina a todas las personas o a todos los colectivos afectos por discapacidades de
distinta naturaleza y distinta dimensión. No sé si se está haciendo o no se está haciendo, pero en todo caso se tiene que hacer. Este es el pedimento, el triple pedimento de nuestra proposición no de ley: instar al Ministerio de Sanidad y
Política Social a que realice ese estudio, al que le mandata la ley de 2007 reguladora del lenguaje de signos, su ubicación geográfica, que determine los centros de referencia, así como el establecimiento de los recursos más acordes con las
especiales necesidades de este colectivo. En segundo lugar, algo que resulta un punto menos que una obviedad y que no requiere particular defensa o particular elocuencia para ser defendido, que es instar al Ministerio de Sanidad y Política Social a
que revise los baremos de la ley de 2006.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE: Un momento, señor Olabarría. Las diputadas que están transando la proposición no de ley, por favor, bajen un poco el volumen. Sigue usted en el uso de la palabra, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: También transar forma parte de los requerimientos de la democracia versátil a los que antes aludíamos, pero se puede hacer con una voz más moderada. Le agradezco el amparo, señor presidente.
Decía que no hace falta particular elocuencia para defender el segundo pedimento, que es revisar los baremos de la Ley de Dependencia de 2006 en relación con las personas sordociegas. Si esta no es una discapacidad severa, ya me dirán los
compañeros de esta Comisión cuál es una discapacidad severa. Y si estas personas no tenían que estar ya ubicadas en el nivel de protección que la Ley de Dependencia ha conseguido -no sin dificultades, sobre todo de naturaleza presupuestaria-
atender, ¿cuáles son los que deben ser objeto de atención? Y por último, instar al Ministerio de Educación a que regule lo que le mandata expresamente la disposición adicional sexta. Usted me dice que se está haciendo; si se está haciendo, que se
haga con más rapidez. Llevamos desde 2007 esperando lo que pretendidamente se está haciendo mediante un instrumento normativo adecuado, que es la cualificación profesional de los mediadores, que no son mediadores como los sordos o como los mudos;
los sordociegos tienen unas características en las cuales la cualificación profesional del mediador es de carácter específico. No solo hace falta reconocer o saber interpretar la lengua de signos, sino que hacen falta unas atenciones que el
carácter oneroso de esta discapacidad exige y que no es menester glosar en este momento.
Yo creo que son tres peticiones muy ajustadas, son requerimientos de justicia social, son requerimientos que deben ser atendidos por un partido que proclama recurrentemente su fenotipo progresista, como es el partido representado por el
Grupo Parlamentario Socialista, que yo no lo niego, no lo refuto. Es una proposición que hemos suscrito con el Partido Popular por esta versatilidad que en el introito de mi exposición decía que debe caracterizar al parlamentarismo moderno, y
perdone la petulancia de esta última proclamación o invocación, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: A la proposición no de ley que debatimos se han presentado tres enmiendas. La primera de ellas, de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra para su defensa la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Empiezo por decir que nos parece muy oportuna, muy puesta en razón la proposición no de ley presentada por el Grupo Nacionalista Vasco y defendida en este trámite por el señor Olabarría, y espero del conjunto de los
miembros de esta Comisión que reciba el apoyo unánime, porque aunque el señor Olabarría en su intervención hacía una apelación expresa a lo que él determina como un partido progresista que tiene en su fenotipo defender este tipo de iniciativas -así
lo he entendido yo-, seguramente todos podemos coincidir en que las políticas progresistas en el verdadero sentido de la palabra no son propiedad ni de la derecha ni de la izquierda; tienen que ver con la justicia y con la igualdad. En la tarea
que aquí desarrollamos cotidianamente se ha demostrado en muchas ocasiones que eso es así, que hay un interés por hacer justicia que es transversal, y que afortunadamente pasaron los tiempos en los que alguien se atribuía para sí mismo
exclusivamente ese deber o ese ADN, que también se lleva mucho decir. Creo que está muy puesta en razón la petición que aquí ha planteado el señor Olabarría y espero que cuente con el apoyo de toda la Comisión, y por tanto de la Cámara.
Hemos presentado una enmienda de adición a la primera petición que se plantea en esta proposición no de ley, que no tiene otro objetivo que concretar más la definición de condiciones de vida de la que habla el proponente, que nos parece una
expresión muy amplia, demasiado amplia, quizá demasiado ambigua. Por eso hemos planteado una enmienda solicitando que se concrete más, solicitando que el censo que se realice contenga datos sobre los recursos económicos de las personas que van a
verse beneficiadas de estos apoyos, el grado de minusvalía y asistencia que estén recibiendo las personas de este colectivo. Asimismo, consideramos que es importante disponer de información de las prestaciones que está recibiendo este colectivo en
todo el territorio nacional, precisamente para evitar desigualdades que puedan devenir del lugar de residencia.
Creo que ambos son objetivos que están contenidos ya en la proposición no de ley que se ha defendido y nuestra enmienda no tiene más
objetivo que mejorarla humildemente en la medida de lo posible para que el objetivo que persigue el proponente se cumpla de la mejor manera.
El señor VICEPRESIDENTE: Hay una segunda enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra doña Montserrat Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Nuestro grupo parlamentario es sensible al objetivo perseguido por la proposición no de ley del Grupo Popular y del Partido Nacionalista Vasco, y teniendo en cuenta las magníficas exposiciones que han hecho los
tres portavoces precedentes, evidentemente no voy a extenderme. Simplemente me voy a limitar a defender nuestra enmienda, que básicamente supone, desde nuestro punto de vista, una mejora técnica. En definitiva, lo que nosotros proponemos es añadir
en el tercer apartado lo siguiente: Instan al Ministerio de Educación a que regule mediante el instrumento normativo adecuado, y en colaboración con las comunidades autónomas -es esa parte la que
añadiríamos-, la cualificación profesional de los media
dores o facilitadores en sordoceguera, de acuerdo con lo previsto en la ley, por lo que se reconocen las lenguas de signos españolas -aquí mencionamos in voce que evidentemente nos estamos refiriendo al castellano y al catalán, que son las
dos únicas reconocidas-, y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas en el plazo de seis meses.
Nuestra enmienda va en la línea de lo que ya se recoge en la propia
exposición de motivos, que en el primer párrafo ya habla de la necesidad de esta atención integral de las personas con discapacidad, con una acción coordinada y conjunta de las distintas administraciones públicas.
Por tanto, es simplemente añadir
esa mejora técnica en la parte dispositiva, porque entendemos que en la exposición de motivos ya se recoge de forma suficientemente clara la necesidad de coordinación y colaboración de las distintas administraciones implicadas que tengan
competencias en este ámbito.
El señor VICEPRESIDENTE: Hay una tercera enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la diputada doña María Virtudes Cediel.
La señora CEDIEL MARTÍNEZ: Me corresponde posicionar a mi grupo, el Grupo Socialista, con respecto a la proposición no de ley que presentan el Partido Popular y el PNV.
La sordoceguera es una combinación de la deficiencia visual y la deficiencia auditiva. La sordoceguera es una discapacidad de baja incidencia, pero crea grandes dificultades a las personas afectadas por el aislamiento que produce, las
dificultades para su autonomía de acceso a la educación, al trabajo, transporte y un largo etcétera. Esta discapacidad se divide en dos grandes grupos, congénita y adquirida, que a su vez se dividen en sordera de nacimiento, sordera antes o después
de adquirir el lenguaje, ceguera de nacimiento, de niñez o ceguera de edad adulta. Sus causas son muy variables, pero en todas ellas es sumamente inhabilitante y requiere ayudas muy específicas.
Mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución que aclara el estado de los temas que plantea la iniciativa presentada por los grupos anteriormente citados. Puesto que la comisión de seguimiento de la Ley 27/2007, por la que se reconoce
la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas y sordociegas analizó el tema de la elaboración del estudio de la población de personas con sordoceguera, a pesar de la situación económica
actual, y aun teniendo en cuenta que la ley no establece plazo de ejecución, decidió que se valoraría por parte del ministerio la posibilidad de asignar recursos para realizar el mismo, y en este momento se encuentra en proceso de trámites
administrativos para efectuar su contratación. El Partido Popular ha señalado que nos faltaba seriedad y compromiso. No es cierto, y esto lo demuestra. De esta forma se sabrá el número de personas, ubicación geográfica y recursos acordes con las
especificidades del colectivo.
Con respecto al segundo apartado, en el que se pide la modificación de los baremos, quiero decirles que por resolución de la Secretaría General de Política Social y Consumo, de 29 de junio de 2010, se publicó el acuerdo del Consejo
territorial del sistema para la autonomía y atención a la dependencia sobre modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, publicado en el BOE de 12 de julio de 2010. Este acuerdo da
lugar a la aprobación de un nuevo real decreto que sustituirá al actual. Este nuevo baremo tendrá en cuenta las especiales circunstancias que pueden concurrir en el proceso de valoración y en la prestación de ciertos apoyos a realizar por una o
varias personas.
Con respecto al apartado tercero de la misma, quiero indicarles que el ministerio está dando los pasos necesarios y oportunos para cumplir con lo dispuesto en los artículos 7.4 y 16.2 de la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de
signo españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas y sordociegas. Por ello se ha elaborado la cualificación profesional de mediación entre las personas sordociegas y la familia profesional, servicios
socioculturales y a la comunidad, de nivel 3, con código SSC 447_3, que ya ha pasado los primeros trámites que marca la normativa y ha sido presentada para su dictamen en el Consejo Escolar del Estado, continuando posteriormente su tramitación hasta
ser publicada en el 'Oficial del Estado'. El Ministerio de Educación también está elaborando y revisando los títulos de formación profesional. Los nuevos títulos tienen como base las leyes orgánicas 2/2006 y 5/2002, y además tienen en cuenta las
directrices fijadas por la Unión Europea. La ordenación general de la formación profesional del sistema educativo recogida en el Real Decreto 1538/2006 establece, en su artículo 7.c) que cada título incluirá al menos una cualificación profesional
completa, por lo que el Ministerio de Educación, tras realizar el análisis pertinente, dará respuesta formativa a las necesidades del sector en este campo profesional. Creo que estamos en el buen camino, y todas las propuestas que se han puesto
sobre la mesa ya están en fase de realización por el Gobierno.
Por otra parte, quiero agradecer a los grupos la sensibilidad que demuestran con la discapacidad en general y la sordoceguera en particular. Esto nos llevará a poder elaborar una transaccional de consenso, y apelo a la vocación de esta
Comisión de hacerlo en innumerables ocasiones.
El señor VICEPRESIDENTE: Para fijar posición respecto de las enmiendas planteadas por los grupos enmendantes tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña Enriqueta Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Únicamente quería decir que, tras haber hablado con el copro
ponente de esta proposición no de ley, hemos sugerido la posibilidad de que en el primer punto se establezca un plazo no mayor de seis meses para la elaboración del informe, de tal manera que quedaría, dentro de la enmienda que ha presentado
UPyD, instar al Ministerio de Sanidad y Política Social a que realice un estudio en un plazo máximo de seis meses. Lo demás, exactamente igual. El segundo párrafo quedaría idéntico a la propuesta que hemos hecho los dos grupos coponentes. En
cuanto al tercer punto, nos parece muy acertada la corrección que hace Convergència i Unió. Igualmente recogemos, o por lo menos así lo estima el Grupo Parlamentario Popular, las aportaciones que haya hecho UPyD en toda esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Olabarría, a los mismos efectos, ¿va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, aquí se nos plantea una cuestión reglamentariamente compleja. Siendo una iniciativa presentada por dos grupos parlamentarios, ninguno de los dos puede individualmente disponer sobre la aceptación
o no aceptación de las enmiendas presentadas por los demás. En principio he hablado con el grupo coproponente y hemos llegado a poder consensuar la aceptación de las enmiendas presentadas por la señora Díez y la señora Surroca en nombre de
Convergència i Unió, y desafortunadamente no hemos tenido la posibilidad de poder consensuar la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, siendo así que los requerimientos reglamentarios en este caso nos impiden utilizar el
espíritu de flexibilidad que invocaba la portavoz del Grupo Socialista, que por cierto se encuentra aquí ahora a mi lado. (Risas.) En esto términos fija la posición sobre las enmiendas mi grupo parlamentario.
- SOBRE IMPULSO DE MEDIDAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL DEL JUGUETE EN FAVOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDAD DIFERENCIADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002009.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día, sobre impulso de medidas en el sector industrial del juguete en favor de los niños y niñas con capacidad diferenciada, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a
cuyos efectos tiene la palabra doña Francisca Medina.
La señora MEDINA TEVA: El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley sobre impulso de medidas en el sector industrial del juguete en favor de los niños y niñas con capacidad diferenciada.
Es bien conocida la importancia que tiene el juego en el desarrollo infantil, influyendo en todas las facetas de la personalidad del niño o de la niña. De la misma manera sabemos que el juguete es un elemento didáctico e integrador
relevante. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008, hace de la discapacidad una cuestión de derechos, de libertades fundamentales y no solo de bienestar social.
También esto es así para los niños y niñas con discapacidad. A ellos se dedican especialmente los artículos 23 y 24, que aseguran respectivamente el derecho a la vida en familia y a la educación. Concretamente en su artículo 7.1 prevé que los
Estados parte tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con capacidad diferenciada gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
Teniendo en cuenta lo que acabo de exponer, desde el Grupo Parlamentario Socialista señalamos la necesidad de promover en el sector industrial y de distribución del juguete, mediante instrumentos de colaboración, una mayor y mejor
orientación hacia las necesidades de los niños y niñas con capacidad diferenciada. Esta orientación debe entenderse en el sentido de que el juguete no debe ser un juguete exclusivo, en el amplio sentido de la palabra, para los niños y niñas con
capacidad diferenciada, sino inclusivo. Debe ser un juguete para todos los niños y niñas pero que favorezca la estimulación de las capacidades de aquellos. Asimismo, el etiquetado y las campañas publicitarias, en la medida de lo posible, deberán
reflejar en qué medida y qué capacidades contribuye el juguete a estimular.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta iniciativa y esperamos contar con el apoyo del resto de los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE: Para fijar posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Miguel Peralta.
El señor PERALTA VIÑES: No podemos menos que compartir totalmente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista porque entendemos que es absolutamente necesario que los juguetes puedan ser utilizados indistintamente también
por los niños con capacidad diferenciada. Pero al proponer también en las primeras líneas de la PNL que en el ámbito de las competencias de los distintas ministerios se promuevan acuerdos o instrumentos de colaboración con el sector del juguete, yo
propondría que se incorporase a la proposición no de ley dos de manera inmediata; uno que es continuamente reivindicado por la industria juguetera, que es la reducción del IVA al mismo tipo que tienen los libros, dado el carácter educativo que en
multitud de ocasiones tiene el sector del juguete, los juguetes para los niños en general y especialmente para los niños con capacidad diferenciada; y segundo, es que se incrementaran de manera sustanciosa las ayudas a los institutos tecnológicos,
especialmente al Instituto Tecnológico del Juguete, AIJU, en la Comunidad Valenciana, localizado en la ciudad de Ibi, que como saben
es seguramente uno de los centros fundamentales en la producción juguetera de nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque las aportaciones desde el Gobierno de España son muy limitadas, e incluso en algunas ocasiones pueden llegar a rozar el
ridículo. Sin embargo, observamos en otros institutos tecnológicos de otros territorios de España que tienen una aportación realmente importante. Por eso entendemos que es necesario ese incremento de aportación al Instituto Tecnológico del
Juguete, que permita, entre otras cosas, continuar con el programa Custom Child, dedicado al desarrollo de artículos infantiles para los niños con capacidad diferente, que no es más que un nuevo sistema de fabricación que permite la personalización
de los artículos de uso infantil de manera rápida y efectiva, dirigido principalmente a los niños con capacidad diferenciada. Este proyecto pretende poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas un sistema que permite implantar una
tecnología eficiente y económica con la que desarrollar producciones muy cortas o únicas que habrán sido adecuadas a las necesidades de los niños con capacidad diferente, así como la propia empresa. Esto supone desde el punto de vista social una
mejora que revoluciona el proceso de fabricación y permite aumentar la calidad de vida de muchos niños que requieren soluciones personalizadas, porque si bien es cierto que lo importante es que cualquier niño pueda usar cualquier tipo de juguete, no
es menos cierto que en algunas ocasiones la especialidad de algún niño requiere que se le facilite un juguete especial. Por eso, compartiendo desde el punto de vista general la proposición no de ley, entendemos que ya podría el Gobierno de España
incidir en la propuesta que se presenta aplicando esas dos cuestiones que ya he enunciado, como es la reducción del IVA y la mejor aportación y mejor dotación desde el ministerio correspondiente de las ayudas al Instituto Tecnológico del Juguete
radicado en la ciudad de Ibi.
El señor VICEPRESIDENTE: Para posicionarse en torno a la propuesta hecha verbalmente por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MEDINA TEVA: Le agradezco mucho el apoyo, pero también creo que en aras de ese consenso y de esa buena disposición podríamos posponer, puesto que además acabo de conocer su aportación a la iniciativa, estas dos apreciaciones que
me ha hecho para otras posibles iniciativas. El espíritu es poner en valor que todos los niños y las niñas con capacidad diferenciada puedan tener los mismos derechos en cuanto a los juguetes, que en cualquier caso no es poco, pero de nuevo muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Suspendemos cinco minutos a efectos de la votación. (Pausa.)
Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley que se han debatido en la mañana de hoy.
En cuanto a la primera, relativa a la garantía de la accesibilidad de los alumnos con discapacidad en el programa Escuela 2.0, el Grupo Popular -el proponente- más el Grupo Mixto y el Grupo Socialista nos han hecho llegar la siguiente
transacción: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, primero, garantizar la accesibilidad universal del programa Escuela 2.0 en colaboración con las administraciones educativas para que los alumnos con discapacidad no queden excluidos del
mismo. Segundo, impulsar que la implantación del programa Escuela 2.0 se aplique con carácter prioritario a los alumnos con discapacidad para facilitar su implicación.
Tercero, favorecer que el profesorado reciba la cualificación y actualización
adecuada, de forma que se facilite a los alumnos con discapacidad su integración en las aulas digitales. En estos términos votamos la primera proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En cuanto a la segunda proposición no de ley, sobre la atención específica en el ámbito de las personas sordociegas, el punto primero quedaría conforme a la enmienda presentada por UPyD, que les consta a sus señorías; el punto segundo es el
del texto inicial del grupo proponente y el punto tercero, la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Por tanto hay una transacción absoluta entre todos los grupos, a la que no hace falta dar lectura porque todos conocen
íntegramente el texto literal de la misma.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Un momento, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE: Sí.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Discúlpeme, en el primer punto se introducía.
El señor VICEPRESIDENTE: En el primer punto se añade: a que se realice en el plazo máximo de seis meses.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Exacto. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias a usted por recordármelo, señora Seller. Se aprueba igualmente con el inciso que ha hecho la señora Seller. No hay que volver a votarlo. ¿Alguien tiene algo que decir? (Pausa.)
En cuanto a la tercera proposición no de ley, sobre impulso de medidas en el sector industrial del juguete en favor de los niños y niñas con capacidad diferenciada,
se procede a la votación en los términos de la iniciativa primitiva.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Me comunica el letrado que no se ha votado la segunda proposición no de ley, a causa del inciso. Pasamos a votar la segunda proposición no de ley, sobre la atención específica en el ámbito de las personas sordociegas, que no había sido
definitivamente votada con el inciso apuntado por la señora Seller.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.